No podemos decir que el gobierno de México no está haciendo nada, pero sí que es insuficiente”
Mario Marlo
CDMX, 9 de septiembre 2016.- El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU calificó como una “catástrofe ambiental” lo que sucede en el Río Santiago, ubicado en los municipios El Salto y Juanacatlán, Jalisco.
“Dentro de nuestra visita a México nos reunimos con aquellas comunidades que han sufrido el impacto del sector empresarial […] Hemos ido al Río Santiago donde según nuestro punto de vista está pasando una tragedia, una catástrofe ecológica. El río ya lleva mucho tiempo contaminado y la gente sigue viviendo ahí y cada vez es más difícil para ellos porque esta contaminación afecta su salud y la salud de sus hijos”.
Luego de haber realizado una visita a la cascada del Salto de Juanacatlán en la zona metropolitana de Guadalajara y entrevistarse con organizaciones sociales y ciudadanos afectados, los miembros del grupo de Trabajo declararon: “Estamos muy impresionados con el río Santiago, nunca habíamos visto un río en estas condiciones”.
“En el caso del río Santiago constamos que hay una gran distancia de las acciones de las grandes marcas en sus países de origen y su actuación en Jalisco”, remarcaron.
En su informe preliminar presentado el pasado 7 de septiembre en la Ciudad de México, el Grupo de Trabajo consideró que el río Santiago es uno de los más contaminados en México. El río recibe descargas de más de 300 industrias ubicadas en el corredor industrial Ocotlan-El Salto, afectando a un total de 300 mil habitantes.
Mencionaron que médicos locales citaron un aumento en la incidencia de diferentes enfermedades, incluyendo leucemia, abortos espontáneos y defectos de nacimiento congénitos, entre otros.
En una entrevista del Grupo de Trabajo con autoridades estatales, éstas respondieron que eran conscientes del problema pero subrayaron que se trataba de una cuestión federal. “No podemos decir que el gobierno de México no está haciendo nada, pero sí que es insuficiente e inadecuado” declararon los representantes de la ONU.
En entrevista para Somoselmedio, María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, declaró que para evitar que sigan sucediendo estas “catástrofes ambientales”, es sumamente importante la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular en el ámbito internacional las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de acuerdo al mandato de la Resolución 26/91 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Habitantes de las colonias El Potrero, San Miguel y El Sabino, de El Salto se manifiestan contra empresa fundidora, denuncian problemas de salud y contaminación de acuíferos
En el transcurso del año, se han presentado 28 emplazamientos en contra de empresas que operan en Aguascalientes, de acuerdo con un informe de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Los principales motivos han sido firma de contrato, revisión salarial y revisión contractual de trabajo; hasta el momento, no se ha registrado estallamiento de huelgas en el estado.
Según datos de la Secretaría General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos, las compañías que han enfrentado conflictividad laboral en la jurisdicción federal, de enero a junio de 2016, son Aromáticos y Químicos del Centro; Embotelladora Aga del Centro; Envasadora Aguabon; Servicios Mineros Real de Ángeles; Pavimentos y Maquinaria; Alimentos El Cortijo; Transporte, Maquinaria y Construcciones; Constructora Integral de Vanguardia; Agatso Pavimentos y Construcciones; Auto Express Perla; Constructora Lerma; Omnibus de México; Constructora Valdéz Rodríguez; Bebidas Mundiales; Fermaca Pipeline La Laguna; Mexicana de Caminos y Edificación; Empacadora Dilusa; Empacadora de Carnes San Francisco; Lala Operaciones (planta Aguascalientes); y Construcciones Nirvana.
La información, publicada a través de una solicitud de información, agrega que algunos de los sindicatos han presentado en más de una ocasión el anuncio legal, con el propósito de advertir a los patrones la posibilidad de irse a huelga si no son satisfechas las demandas contenidas en el pliego de peticiones.
La Ley Federal del Trabajo estipula que el escrito de emplazamiento debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, dirigirse al patrón, detallar de manera clara las peticiones del colectivo u organización, especificar el propósito de la huelga, el objeto legal del movimiento, así como la fecha y hora de suspensión de labores o el término de prehuelga, que en su caso debe hacerse con al menos seis días de antelación. El documento debe ser presentado por duplicado a los patrones y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dependencia encargada de atender y tramitar este tipo de procedimientos, desde su inicio hasta el momento de la suspensión de las labores.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la notificación, el patrón deberá presentar su contestación por escrito a la JFCA, que citará a las partes a una audiencia de conciliación, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición de los trabajadores y por una sola vez.
Durante una hora, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se apoderaron de la caseta de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
Los mentores forman parte del grupo que encabeza Ramos Reyes Guerrero, secretario general de la CETEG y se desplazaron desde su campamento, ubicado en la avenida Vicente Guerrero.
Llegaron a la caseta de peaje de Palo Blanco, se apoderaron de los módulos de cobro y voltearon las cámaras de vigilancia.
No eran más de 40 y la mayoría tenía el rostro cubierto con paliacates.
Abrieron la circulación y solicitaron a los automovilistas la cooperación voluntaria de 50 pesos, con el argumento de financiar su movimiento contra la Reforma Educativa.
Permanecieron en el lugar por espacio de una hora y se retiraron cuando al lugar arribaron elementos de la policía antimotines.
Hubert Carrera Palí
San Francisco de Campeche, Campeche
A consecuencia de las detonaciones y excavaciones realizadas por la empresa Monserrat 2000 (también conocida como Campeche 2000), dedicada a la obtención de material pétreo, vestigios arqueológicos mayas han sido totalmente destruidos sin que alguna autoridad haga algo al respecto. En consecuencia, un grupo de quejosos provenientes de la ciudad de Seybaplaya exigieron cárcel de tres a 10 años contra los responsables, de acuerdo a lo que marca el artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos Históricos, Artísticos e Históricos y Zonas Arqueológicas.
Los quejosos, encabezados por Trinidad Mut Cam, Elías Fuentes Cruz y Josué Campos Ramos, realizaron una marcha de protesta contra lo que consideran actos vandálicos por parte de la empresa, la cual está en un predio propiedad de Agustín Barrio García, Antonio, Felipe y Agustín Barrio Esquivel.
El terreno en el que se ubica Monserrat 200, el cual se localiza entre el Puerto de Altura de Seybaplaya y el Faro del Morro, monumento emblemático de la ciudad al cual se los vecinos no tienen acceso desde hace más de 20 años, debido a que todo el predio está cercado y es vigilado las 24 horas del día.
En escrito dirigido al director del INAH Campeche, Antonio Benavides Castillo, los manifestantes exigieron se realice una inspección a dicho predio constatar el grado de deterioro en que se encuentran los vestigios prehispánicos, se proceda inmediatamente a clausurar los trabajos de la trituradora y se aplique de tres a diez años de cárcel contra los responsables de estos destrozos.
Aseguraron que aunque está restringido el acceso al terreno de la empresa, algunos de ellos han logrado registrar fotográfica y videográficamente el grave estado en que se encuentran esos vestigios mayas, producto de las detonaciones y excavaciones que se realizan para sacar el material pétreo que luego es triturado y convertido en cemento para su comercialización al mercado nacional e internacional.
Calificaron de irreparables las pérdidas ocasionadas al patrimonio maya del pueblo de pescadores de Seybaplaya y aseguraron que, en varias ocasiones, funcionarios del INAH que han pretendido dar fe del estado de los vestigios arqueológicos son corridos por los dueños, por tal situación propusieron la intervención de la Marina Armada de México (Semar).
De igual manera, solicitaron el amparo del artículo segundo de la Ley mencionada, para que se les permita ser custodios y guardianes del poco patrimonio histórico que les queda.
A la denuncia, que fue recibida por personal del INAH, los quejosos anexaron registros fotográficos del estado en que se encuentran actualmente estos vestigios y un USB con una videograbación de las zonas arqueológicas destruidas.
Torreón, Coahuila (08/09/2016).- En lo que va del año en Coahuila se han denunciado 53 desapariciones, ninguna de ella tiene que ver con detenciones realizadas por autoridades policíacas, así lo confirmó Gerardo Márquez, delegado de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila en la región Laguna I.
“Todas tienen que ver con desapariciones que no están relacionadas con la autoridad, la forzada si es por la autoridad. En el caso que nos ocupa tenemos un buen número de desapariciones, pero que no tiene que ver con detenciones”.
El funcionario dijo que la mayoría de las desapariciones son de hombres. Recordó que las desapariciones siempre se van a investigar:
“Puede haber imposibilidad material para encontrar datos para la investigación, pero no pierde vigencia”.
El martes al atardecer reunidos en la punta del cerro de La Pila observábamos como el cielo enrojecía como incendiándose sobre la ciudad de Caborca, Sonora. Lo espectacular del momento hacía olvidar el esfuerzo invertido para llegar ahí, no tanto por la distancia como por el dolor que las púas y espinas de los cactus provocan cuando se anidan en los tobillos y que rasgan los pantalones, cortando incluso la piel como en el caso de mi compañero, el fotógrafo Iván Castaneira.
Era el tercer día de un recorrido al que habíamos sido convocados por los centros humanitarios que forman la Red Sonora Migrante y que nos llevó a través del desierto sonorense a las comunidades de Benjamin Hill, Agua Prieta, Nogales, Caborca y Altar. Sobre un peñón del mencionado cerro, nos congregábamos defensores de derechos humanos y decenas de jóvenes migrantes con la idea de conocer y documentar el remoto y agreste lugar que sin otra opción usan como dormitorio en las afueras de la ciudad.
A ellos no les preocupan las espinas o los insectos sino la policía que en recurrentes operativos les reprime quemando sus exiguas pertenencias, como si la brutalidad inhumana pudiera resolver un fenómeno de dimensiones globales en dónde las opciones para miles de personas se reducen a la decisión de migar o morir. En Caborca como ejemplo, la brutalidad y la corrupción es alentada por autoridades que consideran que “los migrantes afean la ciudad” y que estúpidamente concluyen que hay migrantes en sus calles porque los defensores de derechos humanos y personas voluntarias “les dan de comer” en una correlación solo digna de su incapacidad política.
Aquí no se puede dormir”, les dije. Pensaba en las condiciones del desierto de Sonora que en lugares como ese, te puede deshidratar en minutos o llevarte al punto de la hipotermia por las noches.
¿Cómo le hacen? “El frío no es problema”, respondió Ramón Figueroa un adolescente garífuna. Mostrando una contagiosa sonrisa confesó. “La verdad es tanto el frío que por las noches sube por esta loma, que sin pensarlo mucho buscamos a un compañero para abrazarnos”. Mientras todos reíamos recordó algo que lo puso triste. “Lo difícil no es aguantar el frío, sino hacerlo con el estómago vacío. Hoy toca hambrear”.
Quizá al ver el silencio que se formó y aprovechando el espectáculo del atardecer en el desierto, tomó la iniciativa de animarnos con unos versos de rap que de forma alucinante entretejía juntando a las costas del caribe hondureño con el desierto sonorense. A lo lejos y como beat de fondo, la música de banda. Como colofón a nuestro encuentro y con el sol ocultándose, un arcoiris se dibujo en un extremo de la bóveda celeste anunciando las lluvias del Huracán que ese día entraba por el Mar de Cortés. Vaya momento que nos regaló el martes por la tarde. Al bajar nos enteramos que un aburrido partido entre nuestras naciones se desarrollaba.
Toda despedida de una persona que está sufriendo es muy dura así sea fruto de un encuentro fugaz como el narrado. No tanto por esos jóvenes que parecieran formados de acero, más porque te cuestionan de inmediato los privilegios con que cuentas y que pensabas eran derechos de toda persona. Es como si me enfrentara al dilema de pensar que, o ellos no son personas o los derechos no existen.
Encuentros así siempre sacuden mis entrañas porque con mis colegas de la Red Sonora Migrante veo personas cuando la mayoría de los mexicanos ven espectros o sombras y no reaccionan ante el dolor humano. De la misma manera que no hemos sido capaces de frenar el fascismo de los gobiernos de la región que como máquinas de sufrimiento, por ejemplo, deportan de Estados Unidos a una madre mexicana, separándole de sus cinco hijos, sin considerar la amenaza de muerte que en su natal Chiapas. pende sobre su vida. Estancada en Nogales, a tan solo unos metros del muro donde le conocí, infructuosamente espera que una puerta se abra para reunirse con su familia.
El panorama sería desolador sino existiera un puñado de personas que han decido tomar acción. Formado por ciudadanos de Estados Unidos y México, han emprendido la titánica tarea de registrar no solo el nombre de las personas migrantes que atienden, sino sus historias a detalle, incluyendo los abusos de las autoridades y del crimen. En humildes espacios brindan alimento, servicios de salud, compañía y emprenden la defensa de los derechos humanos de los migrantes, no solo mediante la puntual denuncia de los casos, sino de forma innovadora, mediante el registro, documentación y el análisis de los datos que las historias de vida arrojan.
A ello le imprimen las posibilidades amplificadores que el intercambio de protocolos, de bases de datos, de capacidades y servicios permiten. Al hacerlo son vanguardia en conectar esfuerzos sociales incluso entre países. Saben bien que el aislamiento y la división, que como estrategia es promovida desde el Estado, frustra la iniciativa cívica.
Termino estas líneas al momento que aterriza el avión que me trae de vuelta a mi ciudad. Tan solo levanto mi rostro y veo privilegios amontonados. Sigo creyendo en los derechos humanos como parámetros de toda convivencia humana, pero la realidad de estos días me muestra una contradicción fundamental.
Mientras no vea los derechos humanos materializados en ese cerro de Caborca, no conciliaré lo que pienso con lo que veo. Así si las contradicciones no fueran estrictamente temporales, entonces alguien nos engañó y estaríamos en realidad ante las verdaderas reglas.
Maestros del Movimiento Magisterial Sinaloense señalan que sus líderes no defienden el verdadero sentir de las bases en relación a la Reforma Educativa
Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes del Movimiento Magisterial Sinaloense se manifestaron en las oficinas de la coordinación del SNTE sección 27 porque aseguran que sus autoridades sindicales no reflejan la postura del gremio.
Eduardo Salazar Soria, integrante de dicho movimiento, pidió a los líderes sindicales defender los ideales de la base del sindicato y dejar de lado la diplomacia frente a la reforma educativa ante las autoridades de gobierno.
“El resguardo que estamos haciendo en la coordinación es por la nula defensa que nuestros representantes no han estado representando las bases, entonces brillan por su ausencia”.
“La exigencia es que finquen un posicionamiento de acuerdo a las necesidades de las bases y si ellos van a seguir con esa actitud, nosotros estamos promoviendo el deslinde a nuestros representantes sindicales”, comentó.
SE SUMARON.
Asimismo, maestros originarios del estado de Michoacán, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (la CNTE), llegaron posteriormente para reforzar la postura de los maestros sinaloenses. Los docentes mencionaron que la reforma educativa impulsada por el gobierno federal es un “experimento fallido” que ya se realizó en otros países de Latinoamérica, y que sólo perjudicará al pueblo de México.
Una nueva negativa provocaría que regresen a tomar el Aeropuerto de Guadalajara
El grupo de 250 acudirán a tomar el edificio ante la falta de pago por parte del gobierno
Vega lamentó que tras reuniones con representantes del GAP nunca se les ha hecho una oferta. EL INFORMADOR / S. Blanco
GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Si en cinco días las autoridades federales no pagan a los ejidatarios de El Zapote, un grupo de 250 personas que incluirán a sus familiares acudirán a tomar las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la capital del país, informaron los representantes del grupo este jueves. Una nueva negativa provocaría que se regresaran a tomar de nueva cuenta el aeropuerto.
“Vamos a tomar el estacionamiento. Las acciones van a ser más fuertes que la vez pasada, todo esto va a ser en forma pacífica, pero el ejido El Zapote no está dispuesto a quedarse pasivo mientras que un grupo de españoles junto con algunos funcionarios de México se siguen enriqueciendo más a costilla de lo de nosotros”, sentención Nicolás Vega Pedroza, presidente del Comisariado Ejido El Zapote.
Vega explicó que las autoridades tenían tres días a partir del 29 de abril pasado para cumplimentar el fallo protector a favor del ejido por parte del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito. El juzgador resolvió que fue ilegal la indemnización que se ordenó en el decreto expropiatorio de sus tierras el 19 de septiembre de 1975 para la construcción del Aeropuerto Miguel Hidalgo, por lo que dicho decreto es actualmente inválido.
“El ejido ya está desesperado porque no ven ninguna intención de cumplir de parte de las autoridades en el pago, cuando salimos del aeropuerto hicimos un convenio en el que se comprometieron que siete días después de la sentencia iban a pagar. Han pasado más de cinco meses y no vemos la voluntad ni ningún acercamiento para llegar a algún acuerdo”.
Con base en avalúos actuales, los ejidatarios estiman negociar con las autoridades federales a partir de un estimado de dos mil 619 millones de pesos, según los costos comerciales de la tierra.
Vega lamentó que tras reuniones con representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que es el que cuenta con la concesión del aeropuerto, y de la federación, nunca se les ha hecho una oferta.
El siguiente paso de los representantes legales será la denuncia por el incumplimiento a la ejecutoria en contra del Presidente, Enrique Peña Nieto, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz, y los demás implicados.
El 11 de abril de 2016, cuando los hermanos Dulce y José García regresaron de la escuela, su casa ya no estaba.
Había sido derribada por maquinaria pesada, mientras su padre, el doctor Armando García Salazar —acompañado de varios vecinos de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla— observó, al resguardo de cientos de granaderos, cómo en cuestión de dos horas demolieron el patrimonio de su familia, un inmueble que tardaron más de 10 años en construir, y que era un símbolo de resistencia para su pueblo.
“Siempre de camino me fijaba en mi casa. Se veía desde lejos porque la casa era grande. La conocían todos como “El Castillo”, ya que tenía esa forma.
Esta casa no solamente era de nosotros, sino también de todos los que venían a apoyarnos en esta lucha. Era para compartirla, para cualquier evento o junta. Los colectivos que venían hacer actividades, las llevaban a cabo aquí”, cuenta Dulce García, hija de Armando, en entrevista con Animal Político.
Unas horas antes de la destrucción de la casa, representantes del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), acompañados de 600 policías estatales (según la organización defensora de derechos humanos Cencos), así como de miembros de la constructora Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., llegaron al lugar para “notificarle” al Dr. García la demolición de su casa, sin entregarle un documento con su nombre que acreditara la acción.
Ese fue el último día en el que Armando García Salazar se desempeñó como delegado de localidad, cargo que ocupó desde 2013, donde también buscó defender Xochicuautla de la construcción de la autopista.
“Ese día iba a entregar la delegación y alguien llegó y me dijo: ‘sabes qué, regrésate porque en tu casa ya están los granaderos’”, narra el médico.
Lo único que le mostraron al Dr. García fue una copia del decreto presidencial publicado el 9 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se acredita la expropiación de varias hectáreas de San Francisco Xochicuautla para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, que se impulsa en el Estado de México desde 2007, —cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el estado— y es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V (Autovan), una empresa filial de Grupo Higa, en un área natural protegida por el gobierno mexicano desde los años 80.
De acuerdo con la Constitución Mexicana, para expropiar terrenos que le pertenecen a pueblos indígenas, el gobierno mexicano debe de realizar una consulta dentro de la comunidad que resultaría afectada.
A pesar de que el decreto expropiatorio menciona que llevó a cabo dicho ejercicio durante el mes de junio de este año, los habitantes de Xochicuautla aseguran que nunca se les consultó abiertamente y que hasta la fecha no saben quién participó en la reunión.
“De la expropiación no estábamos enterados. A nosotros nos llegó el aviso un 9 de julio de 2015, cuando salió en el Diario Oficial de la Federación. Pero un aviso de que ya estaba en proceso de expropiación, no. Porque las autoridades hicieron todo por debajo del agua. Yo como delegado nunca supe de las reuniones que tuvieron para llenar todos los requisitos de la expropiación”, explica Armando García sobre cómo se enteró de que estaba en peligro de perder el terreno en el que se encontraba su casa.
Como Armando se negó a recibir la supuesta notificación el 11 de abril, las máquinas arrancaron y empezaron a tumbar la casa que él y su familia habitaron por apenas seis meses.
“Fue sin aviso, no nos dieron tiempo de sacar nuestras cosas. Todas nuestras pertenencias se quedaron bajo los escombros. No nada más es mi documentación, es la de toda mi familia. O sea, no tenemos nada. Y eso es lo triste, que te sacan de tu casa, prácticamente como si fueras un delincuente”, explica en entrevista con Animal Político.
La destrucción de la casa de la familia García es uno de los últimos capítulos del conflicto en la región, aunque no ha sido el único caso.
Por lo menos otras cinco viviendas han sido demolidas bajo los mismos argumentos, sólo que en el caso de “El Castillo” se trataba de un punto representativo.
Se trata de hechos que fueron expuestos al grupo de relatores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, con los que se reunieron el pasado domingo para exponer la lucha social y legal que han encabezado para evitar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
En la reunión con los relatores de la ONU, informaron que la destrucción de estas casas se dio a pesar de que en febrero de 2016 el Juzgado Quinto de Distrito con sede en la ciudad de Toluca otorgó una orden judicial (suspensión definitiva de amparo), para detener la construcción de la autopista, en tanto el juez resuelve el fondo del asunto. La suspensión fue solicitada por los pobladores a través de abogados defensores de los derechos humanos.
Bajo el argumento de que hay poca claridad sobre la ubicación de las tierras donde debía de suspenderse la construcción de la obra, los encargados de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan continuaron su curso, sin acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que señalan que la construcción de la carretera debe estar detenida.
Aun con esa restricción la casa de Armando García fue derribada ese día, hecho que ha sido denunciado por los habitantes de Xochicuautla como un intento por intimidar a la comunidad y a la resistencia que han presentado durante los años.
La historia de “El Castillo” de Xochicuautla
La casa en forma de castillo, propiedad de Armando García, era tan importante para la comunidad que cuando la maquinaria pesada se fue tras destruirla, los vecinos de “Xochi” armaron un campamento con tablas y una lona que encontraron entre los escombros. Los que pudieron apoyaron con alimentos y ropa a los García.
“Ese mismo día tuvimos que dormir a la intemperie, prácticamente. Pasamos de 15 a 20 días con esa lona. Después, con el transcurso del tiempo empezamos a construir una choza, que es donde estoy viviendo ahorita. ¿Qué le hacemos, pa’ dónde le damos? Pero ésa también ha sido una forma de presionar. De que nos crean que realmente estamos viviendo”, explica Armando.
La familia de Armando comenzó la construcción de su casa el 28 de marzo de 2005, en un terreno heredado por su padre a finales de los años 90.
“Nos íbamos poco a poco mi esposa y yo, ella enfermera y yo médico, parte de lo que ganábamos se iba invirtiendo. Es el patrimonio de toda mi vida. La casa era mi sueño y lo sigue siendo. Pero de repente lo tienes y de repente ya no”, cuenta.
“En 2007 ya estaban los tres niveles de la casa terminada. Ahí fue cuando nos enteramos que pasaría una autopista por detrás del terreno. Nosotros no queríamos que pasara por ahí para evitar el ruido, pero nunca nos imaginamos que perderíamos nuestra casa”, comenta.
El médico explica que, desde que derribaron su casa, no ha llegado a un acuerdo con las autoridades del Estado de México sobre el monto que recibirá en compensación por la destrucción, debido a que las autoridades han el hecho avalúo correspondiente con base a “suposiciones”. Las dimensiones de la casa y especificaciones como la varilla con la que fue construida y los materiales de la fachada varían en el papel con los que estaban en la casa, denuncia.
El pasado 31 de agosto, después de varias reuniones de trabajo con el SAASCAEM, el médico entregó un avalúo hecho a través de un perito valuador de aproximadamente 6 millones de pesos, en el que únicamente se incluye el costo de la casa, es decir, no toma en cuenta los enseres y demás objetos que estaban en el inmueble al momento de ser derribado.
Armando opina que las autoridades le van a contestar que el tema “está siendo analizado” y, por lo tanto, el pago se retrasará aún más.
“Al paso que vamos, yo creo que va a ser necesario reconstruir ahí mismo. No vemos claridad con el pago del inmueble. Entonces, no nos queda otra más que mantenernos en resistencia, pero también construyendo ahí mismo otra vez. Reconstruir, pues”, explica.
Después de la destrucción de su hogar, a Armando García Salazar le llegó el ofrecimiento de parte de las autoridades para tener en dónde quedarse, en lo que se resolvía su situación.
“Nos quisieron rentar una casa pero era allá con los enemigos. Hay tres grupos en Xochicuautla: los que estamos en contra, los que están a favor y los que les vale un comino. Era como irse a vivir para que te estuvieran hostigando”, señala.
José Luís Fernández, vocero del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, explica más acerca del problema al que se enfrentan cuando intentan frenar la autopista Toluca- Naucalpan: “Xochicuautla sigue en las mismas condiciones, la división sigue igual.
Hasta este momento, el gobierno sigue tratando de dividirnos. Pero lo más importante es que aquí la gente está en contra de que pase el proyecto carretero”.
“Esta es una pérdida para la gente de aquí”
“El Castillo” era tan importante para la comunidad que por eso el fin de semana del 16 y 17 de julio, un grupo de personas integrado por vecinos, así como voluntarios provenientes de colectivos y representantes de universidades, se pusieron a limpiar los escombros que dejó el saldo de la jornada del 11 de abril. La convocatoria se hizo a través de la página de Facebook Frente Juvenil Xochicuautla, bajo el nombre de “Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”. La idea era hacer una reedificación simbólica de la casa de Armando García para demostrarle a las autoridades que no se dejarían intimidar.
Mientras un grupo de gente remueve piedras y varilla, Dulce recuerda cuando era niña y la gente de Xochicuautla también se acercó para ayudarles a construir su casa. “Siento alegría de que todas las personas vienen y nos apoyan como antes. Siento que ahorita no estamos solos, sino que hay bastantes personas que nos vienen a apoyar, sabiendo la situación que tenemos”, explica.
“Siempre en vacaciones nos veníamos a trabajar acá. Rara vez salimos a conocer otros lados. También uno de los recuerdos que tengo de aquí es de cuando hacíamos nuestros convivios en colectivo. Veníamos acá a estar un rato, hacer comida, a bailar, poner música”, comenta por su parte José, mientras juega con un pedazo de piedra.
Ambos jóvenes han vivido buena parte de su vida en este conflicto. Apenas estudian la preparatoria y no son mayores de edad, pero ya saben lo que son las violaciones a los derechos humanos y han tenido que enfrentarse al contacto constante con policías que llegan hasta la puerta de su casa para tratar de intimidarlos.
“Cuando yo estaba más chavo, tenía como siete-ocho años y no me llamaba la atención esto, pero ahora me interesa más. Esto que pasó el 11 de abril no se va a quedar así. Esto es una pérdida no solamente para nuestra familia, sino para toda la gente de aquí”, finaliza.
Desde abril de este año, el destino de la autopista es incierto, pues sigue suspendida. Aunque los habitantes de Xochicuautla tienen ánimos por los amparos que les han favorecido, lo cierto es que el Poder Judicial tendrá la última palabra sobre si el proyecto finalmente continúa o se detiene.
A decir abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Carla Loyo Martínez, quien ha acompañado el caso con asesoría legal, “el panorama no es muy brillante”. “Al final, tenemos confianza de que la resolución se hará conforme a derechos humanos y no conforme a un interés económico, disfrazado de un beneficio para la comunidad”, señala.
Loyo Martínez reconoce que la destrucción de “El Castillo” fue un duro golpe a los pobladores de Xochi que se oponen a la construcción de la autopista, pues se trataba del punto de reunión de todos ellos. Aun así, menciona la abogada, los pobladores se han sabido sobreponer a ese tipo de amenazas y continúan con su lucha de resistencia. Por el momento esperan que este miércoles los relatores de la ONU en derechos humanos y empresas, presenten conclusiones preliminares sobre este caso.
Cronología del conflicto en San Francisco Xochicuautla
Animal Político te presenta la siguiente cronología con las fechas más trascendentes en el conflicto en Xochicuautla:
28 de marzo de 2005: La familia del Dr. Armando García Salazar comienza la construcción de su casa, en un terreno que les heredó el padre del médico.
2007: Los habitantes de San Francisco Xochicuautla tienen el primer contacto con la iniciativa de construir una autopista privada, que fuera de Toluca a Naucalpan, dentro de una área natural protegida por el gobierno mexicano desde 1980. Ese mismo año, los habitantes —que se gobiernan bajo el régimen de usos y costumbres— realizan una asamblea en la que votan en contra de la construcción del proyecto.
2008: Ante la negativa de la comunidad, el Estado Mexicano impulsó la creación del padrón de comuneros en Xochicuautla, con tal de llevar a cabo la construcción de la carretera. Lo anterior llevó a una crisis de representatividad en la toma de decisiones. De unos 8 mil habitantes, alrededor de 800 son quienes toman las decisiones.
2009: Inició la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
2011: Se formó el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, organización formada por las comunidades de San Francisco Xochicuautla, Santa María Atarasquillo y Santa Cruz Ayotuzco para defender los derechos humanos de los pueblos indígenas y combatir la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
9 de julio de 2015: Se publicó un decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación que establece que se despoja a los habitantes de Xochicuautla de 37.9386 hectáreas para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
Febrero de 2016: El Juzgado Quinto de Distrito con sede en el Estado de México, otorgó la suspensión definitiva de la obra a través de cuatro juicios de amparo que se promovieron en favor de la comunidad indígena.
11 de abril de 2016: A pesar de que,el estatus legal de la obra era que debía permanecer suspendida, cuerpos policiacos, acompañados de representantes de Autovan y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), se presentaron en la casa del Dr. Armando García para hacerle saber que demolerían su hogar.
16 y 17 de julio de 2016: Vecinos de Xochicuautla convocan a una reconstrucción simbólica de la casa de la familia García. La jornada transcurre bajo el principio de que la comunidad no se dejará amedrentar por las autoridades.
4 de septiembre de 2016: El grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU visita Xochicuautla para escuchar los reclamos de la comunidad en contra de la autopista. Se prevé que den recomendaciones al gobierno mexicano por el caso.
Todo el mundo ha llorado por alguien aquí.
Ciudad Juárez ya no es ese lugar donde de tanta muerte se quedaban sin bolsas para cadáveres, pero su recuperación esconde dramas de generaciones rotas por la violencia.
Esta ciudad en la frontera con Estados Unidos cargó con la etiqueta de ser la más peligrosa del mundo y se la consideró el peor lugar de México para ser mujer.
Cómo es vivir en el peor lugar para ser mujer de todo México
Los feminicidios aquí han sido tantos que determinar las cifras de muertas y desaparecidas sigue siendo un misterio. Esa fue durante años su identidad.
Y aunque la violencia ya no es la de antes, el drama de Juárez es hoy aún más oscuro, complejo, elusivo. Y quizá ello sea más evidente en los hijos de la violencia que quedaron sin madres y crecen con la huella de no tener claro si son nietos o hijos de sus abuelas.
“Al primer golpe, corran”
Sonríe y abre grandes sus ojos negros y se entretiene arriba del lavarropas que está en la puerta de la casa, casi sobre una calle tan abandonada y poco transitada que los baches los taparon con alfombras viejas.
Luego se aburre y pide que la bajen. Juega con una manguera, se la mete en la boca y después llora cuando le cortan el agua y la diversión.
A los 2 años vive ajena al dolor de su familia aunque le traten de explicar que “mamita” está en el cielo.
“¿Nita?”, responde la niña.
“En el cielo, en el cielo. Ella piensa que soy su mamá, me dice mamá, yo orgullosa de tenerla”, dice su abuela, de 47 años, que prefiere que su nombre no salga publicado por motivos de seguridad.
Su hija murió a los 19 años a causa de los golpes en la cabeza que su pareja le dio entre las tres de la tarde de un lunes y las ocho de la noche del día siguiente.
Llegó al hospital inconsciente, con la sangre en su rostro reseca, estuvo tres semanas en estado vegetativo en Ciudad Juárez y otras tres en El Paso, del otro lado de la frontera, hasta que murió el 6 de agosto de 2015.
Fue una tragedia anunciada.
Las insólitas razones con las que las adolescentes justifican que un hombre le pegue a su pareja
Su madre le pedía que dejara a su novio, pero su padre insistía que no se preocupara. “Perro que ladra no muerde”, le decía, sabiendo que cuando su nieta tenía 4 meses la mordía, la despertaba bruscamente, la enredada en las sábanas para no escuchar los llantos; sabiendo que cuando su hija estaba embarazada de tres meses la había lanzado contra un bloque de concreto.
¡Ay, cómo fuiste pendeja! ¡Mira todo lo que te estás perdiendo!”
El responsable está detenido y pronto se espera una audiencia clave en su juicio.
A la abuela le dijeron que sus familiares quieren pelear la custodia de la niña, han estado merodeando por el barrio y temen algún tipo de represalia.
“Ay, cómo fuiste pendeja (tonta), mira todo lo que te estás perdiendo”, le dice a su hija cuando conversa con ella para reclamarle que no está aquí para ver los primeros pasos de su hija, sus chapoteos en el agua o cómo fracasa en su intento de vestirse sola.
La niña al principio rechazaba a su abuelo y su tío, “como que le daban miedo los hombres, pero pienso que es feliz ahorita aunque no tendremos lujos ni nada”.
La mujer lleva tatuado el nombre de su hija, junto con un símbolo del infinito y un corazón, porque espera que esté en el infinito, en paz, libre, feliz.
“Como le digo, ahora nadie te pega, nadie te dice nada, y espero que sí esté allá, porque ella no era mala”.
Está sentada sobre un cubo de plástico dado vuelta con su nieta en el regazo. Le dice que ahí afuera, señalando al cielo, está su “mamita, desde ahí la cuida”.
Y ella la busca, se queda mirando para arriba: “Nos han de mirar y pensar que estamos locas, pero es la verdad”.
“Al primer golpe, corran”, remata refiriéndose a otras mujeres maltratadas, “que le cuenten a alguien para que las pueda sacar de ese hoyo, que pidan ayuda”.
“Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá”
Bryan tiene 10 años. Extraña a su madre, pregunta por ella: “Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá”. A veces llora adelante de su abuela y a veces se va a la cancha del barrio para que no lo vean.
Su madre, Marisela González Vargas, desapareció el 26 de mayo de 2011 luego de visitar a su hermano en prisión. Tenía 26 años.
Una mujer dice que vio cómo la subieron en un carro, para su prima se la llevaron a El Paso para prostituirla, años después creyeron haber encontrado sus restos, pero eran huesos de perro. Desde su desaparición no se sabe nada de ella. Ni una pista.
Sus cuatro hijos quedaron a cargo de su madre, Irma.
Keyla tiene 6 años, Kevin, 7 y Edgar, 14. “¿Qué sabes de tu mamá, Kevin?, le pregunta su abuela.
Pero Kevin no le presta atención y se va a jugar con un camión amarillo que tiene una rueda rota.
Keyla monta en bicicleta por una calle empinada de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Se cae al piso y llora. Llora y llora y nadie hace nada.
Por la bocacalle se asoma un pedazo de ladera de la Sierra de Juárez y parte de la inscripción hecha con grandes piedras pintadas con cal: “Ciudad Juárez. La Biblia es la verdad. Léela”.
A los más pequeños tenemos que platicarles de la madre porque si no nunca van a entender qué paso con ella”.
Irma
“A los más pequeños tenemos que platicarles de la madre porque si no nunca van a entender qué paso con ella. Les digo que su mamá está con Dios y se ponen tristes. Edgar dice que no, que su mamá está viva”, explica Irma, de 55 años.
Los cuatro niños comparten las únicas dos habitaciones de la humilde vivienda con sus abuelos.
Irma trabaja en una maquiladora fabricando alarmas cada día entre las tres de la tarde y casi la medianoche y cuando ella no se puede hacer cargo de los niños los deja al cuidado de una de sus hijas.
Sus nietos a menudo se ponen mal por su madre, ella los abraza y le pide a Dios fuerzas para aguantar.
Habla y se le llenan los ojos de lágrimas. Sentada sobre el borde de la acera, sostiene una imagen que imprimió de su hija y sus nietos con una frondosa vegetación verde rosal de fondo. Su hija está borrosa y descolorándose.
Durante unos meses Irma llevó a sus nietos a un psicólogo de la fiscalía, pero dejó de hacerlo.
“No me gusta, me siento bien diferente, es más lo que pago de rutas que lo que atienden, esa terapia para mí es como si fuera otra vez lo mismo. Iban los tres chiquitos, ya no los llevé, les preguntaban cómo era tu mamá, la más chiquita casi no la conoció, la conoció por fotos”.
A Irma le preocupa Bryan y cuenta que quiere “sacarle cita para que le den medicamentos para controlarle los nervios, porque es capaz de matar a alguien. Es el más rebelde, es muy violento, hace mucho capricho, avienta zapatazos. Los otros son más tranquilos, digo que todo esto es por lo que pasó con su madre”.
Sus compañeras de trabajo le suelen decir que es una tonta, que no debería a esta edad criar a sus nietos cual si fueran hijos, que debería entregarlos al gobierno, pero ella les responde que como su hija no está, la madre de esos niños es ella.
“Soy su segunda madre”.
Para sus nietos es la única.
“La más chica me dice mamá, me pone alegre que me diga mamá, el más grande me dice mamá”.
“Ellos no se van, somos su familia”
Los nietos de Anita Cuéllar Figueroa fueron hace poco a su primera sesión de terapia, donde debían expresarse a través de dibujos y manualidades.
La menor, Dulce, hizo un dibujo de su familia donde no aparece su madre.
Sabe que desapareció hace cinco años, cuando ella tenía 9 meses, que se llama Viridiana y que tiene dos mamás, una de la cual nació, a la que reconoce por fotos, y otra que la cuida, pero que aunque tenga dos, quiere estar con la que en realidad es su abuela.
Eso también declararon ante un juez sus hermanos Melanie (11), Gabriel (9) y Joselyn (7).
A Cuéllar le desaparecieron a su hija en julio de 2011 y a su hijastra en septiembre.
Jessica Padilla tenía 16 años cuando durante las vacaciones se acercó al centro para buscar un empleo y al día de hoy no hay una línea de investigación clara sobre qué ocurrió con ella. Nada. Una de tantas jóvenes en Ciudad Juárez a la cual se le perdió el rastro.
Su madre piensa que puede estar viva y que si no se comunica es que quizá esté amenazada: “La esperanza no la pierdo, tengo confianza y fe en Dios, él sabe realmente qué está pasando con mi hija, la está cuidando”.
La esperanza no la pierdo, tengo confianza y fe en Dios. Él sabe realmente qué está pasando con mi hija. La está cuidando”.
Anita
Viridiana, la hermanastra de Jessica, se dedicó a buscarla desde el día de su desaparición.
A los 22 años y recién separada, llevaba unos meses viviendo en casa de su padre con sus cuatro hijos.
Un viernes fue a trabajar y ya no regresó y la semana siguiente hizo llegar el mensaje de que no quería saber nada de nadie. Y así, sin más explicaciones, se esfumó.
Cuéllar sospecha que fue amenazada por querer averiguar qué había pasado con su hermanastra y cree que se está manteniendo lejos para proteger a sus hijos.
Joselyn y Dulce corren descalzas por delante de su abuela. “Mamá, mamá, tengo sed”, reclama la menor.
“Los niños siempre tuvieron consciencia y conocimiento de que su tía está desaparecida y de que su mamá también, de que las estamos buscando”, explica junto al mural próximo a la iglesia San Vicente de Paúl que mandó pintar con la imagen de su hija y de otras 18 chicas que también desaparecieron en 2011.
“Estamos de pie porque nos mantenemos en constante oración, pidiendo el regreso de las dos, aunque los cuatro tienen claro que aunque regrese, ellos no se van, somos su familia”, explica.
“Las chicas dicen que ya viven con su mamá Anita y su papá Alejandro”, agrega, “que no son sus abuelitos, sino sus papás. Claro que quieren que su mamá aparezca pero no quieren regresar con ella porque para ellos ya hay una seguridad de familia”.
Hasta 13 puertas
La violencia feminicida en Ciudad Juárez se remonta a décadas, pero el problema sigue vigente.
Para Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, un colectivo de diez organizaciones en la ciudad dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, existen “elementos de carácter estructural que no se pueden obviar” a la hora de analizar los motivos detrás de la violencia de género en la ciudad.
“Ha habido una negación para prevenir la violencia, para atender la violencia y ha faltado capacidad institucional para sancionarla. Si no la prevenimos, si no la atendemos, y si no la sancionamos pues la violencia continúa, y hay una cultura de machismo y misoginia bastante arraigada que lo permite”, explica en conversación con BBC Mundo en su oficina del Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Juárez.
La institución vino a paliar una carencia.
Hasta hace poco una víctima de violencia de género tocaba hasta 13 puertas para le dieran respuesta. Ahora, con un acceso a la justicia menos engorroso, los casos no se dejan de acumular.
Cada día en promedio se atienden entre 50 y 60 mujeres, donde ocho de cada diez acuden por primera vez a denunciar un delito de violencia familiar o sexual.
Los días en que BBC Mundo visitó el centro decenas de mujeres, de todas las edades, la mayoría con hijos pequeños, aguardaban para ser atendidas. Los rostros serios se agolpaban en la sala de espera. Dramas aún sin resolverse.
Los avances no han sido fáciles.
Se ha tenido que luchar contra la desidia de los propios funcionarios del centro que le decían a la jefa que no querían trabajar ahí, que los habían mandado como castigo y que hasta les daba vergüenza atender a las mujeres.
“En mucho tiempo no se le dio respuesta al tema de la violencia contra la mujer, un agente del Ministerio Público tiene 400-450 carpetas de investigación y su ayudante otras tantas, es humanamente imposible que se encarguen de eso, se resuelve un mínimo”, admite la coordinadora del centro, Irma Casas Franco.
Tras la estela de feminicidios en la ciudad, en parte obligadas por sentencias de cortes internacionales, las autoridades no sólo crearon este centro sino que dedicaron más recursos a fiscalías especializadas y a hacer campañas para concientizar a la población sobre la violencia de género.
La violencia continúa. Y hay una cultura de machismo y misoginia bastante arraigada que lo permite”.
Imelda Marrufo, Red Mesa de Mujeres
Ahora se dan casos de niñas de 10 años que vienen con sus madres a denunciar que sus novios las violentaron.
O audiencias donde la jueza determina que un joven de 23 años, acusado de estrujar a su pareja, se someta una terapia psicológica a través de un programa reeducativo, le prohíbe que se acerque a ella durante un año y le advierte que de no cumplir con alguna de las medidas cautelares puede terminar preso.
En la puerta del centro, sentada sobre la acera, fuma un cigarrillo la mujer que el día anterior contaba el caso de su hija muerta a golpes por su novio.
Estaba ahí para denunciar que a su hija del medio le pegó su pareja. Los casos no dejan de amontonarse.
Atender las heridas
La Cruz Roja Mexicana ha sido uno de los pilares a la hora de recuperar la salud mental de los más afectados por la ola de violencia que dejó más de 10.000 muertos, en una ciudad de 1,3 millones, en medio de un cruento enfrentamiento entre el cartel de Juárez y el de Sinaloa para controlar las rutas de tráfico de drogas entre 2008 y 2011.
Desde entonces, aunque julio fue el mes con más homicidios en dos años, la violencia se ha reducido significativamente.
La llegada de recursos para combatir la inseguridad, la unión y la presión de la sociedad civil, sumadas a una reorganización de los carteles en la zona llevó a una cierta pacificación de la ciudad.
Pero las cicatrices siguen expuestas.
A cinco años de la puesta en marcha del programa Abriendo Espacios Humanitarios (AEH), a cargo de la Cruz Roja Mexicana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) y la Secretaría de Educación del estado de Chihuahua, han pasado 22.800 alumnos de secundaria.
Casi siete de cada diez alumnos dijeron haber tenido algún incidente de seguridad y aunque no todos desarrollaron estrés postraumático, unos 4.000 recibieron terapia por tener altos niveles de ansiedad o depresión derivados de la violencia armada que sacudió a la ciudad.
Eran chicos que habían presenciado la ejecución de un familiar o que habían visto la decapitación de un miembro de un cartel. Jóvenes con tendencias suicidas, con ánimo de venganza, violentos o simplemente retraídos, aislados, incapaces de comunicar siquiera las necesidades más básicas como ir al baño, con miedo incluso de hablar con otros compañeros.
Golpeados cada uno a su manera, pero golpeados. Tenían pesadillas, evitaban lugares y cosas que los hacían revivir eventos traumáticos, experimentaban cambios conductuales y problemas de concentración. Un grado tal de estrés derivado de la violencia que vivir en la normalidad era una quimera.
“Jamás esperé oír las historias que escuché cada semana, hasta la fecha no dejo de sorprenderme con la fuerza para salir adelante después de toda la adversidad que les tocó vivir. Fueron personas que les tocó presenciar incluso la muerte de sus padres”, explica Cecilia Orozco, psicóloga de la Cruz Roja Mexicana y coordinadora del programa de apoyo psicológico de AEH.
El programa se extenderá por cinco años más y ya se forma a docentes de primarias y pre-escolares para que detecten de forma temprana elevados niveles de estrés producto de la violencia. Los casos siguen surgiendo porque, pese a su recuperación, Juárez sigue teniendo una sociedad enferma.
“Ser mujer es un delito”
Lo único que le entregaron más de dos años después de la desaparición de su hija Idalí Juache Laguna fueron dos fragmentos del cráneo de 10 centímetros, cuenta entre lágrimas su madre, Norma Ortega.
Su hija fue una de las víctimas del Valle de Juárez, un caso emblemático que marcó a la ciudad.
En un área de 15 kilómetros cuadrados encontraron entre 2011 y 2013 los restos de 17 jóvenes que habían sido secuestradas y forzadas a prostituirse. Se estima que en las últimas dos décadas alrededor de 1.500 mujeres fueron víctimas de feminicidios en la ciudad.
Ortega, de 46 años, cuestiona la forma en que se realizó la investigación de la desaparición de su hija, dice que ella llevaba información a la fiscalía y que se tardaban meses en reaccionar, que la veían en un hotel del centro de la ciudad y que nadie hacía nada para rescatarla. La indignación todavía vive en su tono de voz.
“Yo se lo decía a la policía y no hacían nada, no tienen sentimientos”, señala.
“No saben por lo que uno está pasando y todavía se portan así, lo trataban a uno como si no fuera nada, como si no tuviera uno derechos”.
Un agente que participó en la investigación del caso y pide que no se revele su nombre por motivos de seguridad tras haber sido amenazado de muerte explica que la pesquisa sigue abierta pese a que ya se lograron seis condenas de casi 700 años de prisión.
“Quiero hablar por ellas porque ellas ya no se pueden defender, no les dieron ninguna oportunidad de nada, les privaron lo más valioso que tenían, me pongo en sus zapatos, hay que seguir trabajando por ellas, alguien tiene que darle voz a ellas, ellas ya no pueden”, le comenta a BBC Mundo sobre las jóvenes asesinadas.
Como sea, para la madre de Idalí, ya todo está perdido: “Desde que desapareció mi hija no tendré paz hasta que Dios me mande llamar, todo nos han quitado, la alegría, la felicidad, el deseo de seguir viviendo, de comer, de dormir”.
“Los hombres son muy machistas, piensan que las mujeres son de su propiedad, piensan que son un objeto, aquí en Ciudad Juárez ser mujer es un delito”, remata y tiene en los ojos un poco de bronca y otro tanto de resignación.
Productores del Frente Democrático Campesino tomaron las instalaciones de la delegación de Sagarpa en demanda de regularización de la tierra de más de 2000 campesinos, así como el pago inmediato de los apoyos de Progan y Proagro.
Exigieron se incorpore al padrón de beneficiarios de Proagro a los campesinos que no tienen regularizada la tenencia de la tierra y que recibieron ese apoyo el año pasado por el convenio signado de Sagarpa y el Estado.
Demandaron que Sagarpa y el gobierno del Estado firmen un convenio para regularizar los predios de estos productores.
YAZMíN RUIZ.- Maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior de la Venta (ITSLV), se manifestaron frente al Congreso del Estado para exigir la intervención de los legisladores en el conflicto que prevalece desde hace un mes entre alumnos y el director del Instituto, Manrique Iván Ferrer Sánchez.
Gabriel Jiménez León, docente de esta institución, indicó desde que llegó Ferrer Sánchez han tenido muchos problemas, se han dejado de pagar prestaciones y en vez de ir para adelante se ha retrocedido.
Por ello, expuso que una pequeña comisión en representación de 105 docentes y administrativos, acudieron a la capital del estado para manifestar sus inconformidades y pedir una solución, que sería la destitución del funcionario.
“Desde hace 3 años que llegó como rector Manrique Ferrer, en su administración ha dejado mucho que desear, se han dejado de pagar las prestaciones como IMSS, Infonavit, Fonacot, se ha dejado de pagar a maestros de inglés, maestros del sistema abierto sabatino, no ha cumplido con las prestaciones salariales desde el año pasado que todavía queda a deber”, expuso.
Agregó que además se ha dejado aún lado el apoyo que brindaba a las empresas de Huimanguillo, pues todo lo que se refiere a proveeduría lo ha contratado con empresas de Villahermosa, para que realicen los trabajos que emanan del tecnológico.
“Que lo haga gente de fuera, el tecnológico es una institución que hace una derrama económica importante para la villa y se ha dejado de favorecer a la gente de la zona y a los comerciantes, ahora no hay derrama económica en La Venta”, abundó
Y es que indicaron que ante esta situación el rector del Instituto está amenazando a los maestro para que acudan a dar clases en sedes alternas, pues se tienen tomadas las instalaciones, siendo que los maestros también están inconformes.
“Cuando no cumplen con las condiciones y no tenemos que estar andando en otros lugares, a parte los 2 mil 400 alumnos afectados no están llegando a las sedes”, destacó.
Desmintieron al subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde quien dijo que ya están dando clases, cuando es una totalmente falso.
“Nosotros llegamos todos los días en el vestíbulo del instituto y no nos pueden descontar o dar de baja, llegamos de 9 a 3 de la tarde, que nos quieran llevar a otra sede alterna a firmar con engaño y amenaza eso no se vale”, advirtió.
La constructora Higa dejó sin respuesta al grupo de la ONU que investiga en México posibles violaciones a los derechos humanos, y quienes solicitaron una reunión como parte de su investigación en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, donde construye la Autopista Toluca-Naucalpan por decreto presidencial.
Lo anterior fue dado a conocer en una conferencia de prensa que se llevó a cabo este miércoles 7 de septiembre en la Oficina de Información de Naciones Unidas (CINU).
Ahí la agrupación presentó el informe de resultados preliminares de la visita que realizaron en México, del 29 de agosto hasta este día, en la que se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los tres niveles de gobierno y empresarios, para discutir e intercambiar ideas sobre la labor empresarial en diferentes comunidades del país y las repercusiones que tienen en derechos humanos.
Durante la visita a Xochicuautla, en el Estado de México, el grupo de trabajo identificó una serie de deficiencias en los mecanismos de consulta, de diálogo, de construcción de confianza.
Los relatores detallaron que la única empresa con la que pidieron reunirse para contrastar información, y que ni siquiera respondió , fue Grupo Higa. “Ni siquiera respondió a nuestro correo electrónico, y por lo tanto no sabemos cuál es su postura. Sólo podemos especular —cosa que no es muy bueno— cuáles son las razones por las que hayan decidido restarse de hablar con nosotros con respecto de ese caso”, dijo Dante Pesce, miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.
Los representantes del Grupo de Trabajo explicaron que, de todos los casos incluidos en el informe de resultados preliminares —como lo son el de la contaminación al Río Sonora y el proyecto del parque eólico en Oaxaca—, el único que es diferente es el de la constructora Grupo Higa.
“Todos los demás casos que aparecen mencionados en el reporte, las empresas que aparecen mencionadas, todos aceptaron conversar de buena manera, con transparencia, de manera franca, reconociendo que hay algunas cosas que no se han hecho bien y en la disposición de contribuir al perfeccionamiento de marcos normativos, regulatorios, de políticas públicas. Yo sólo quisiera destacar eso”, agregó Pesce.
Por otra parte, también informaron que, debido a que no pudieron reunirse con autoridades del Estado de México, entidad en la que se promueve la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan desde 2007, les enviaron un cuestionario, a fin de conseguir más información acerca de la problemática en Xochicuautla.
Al finalizar, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, señaló que tardarán de tres a cuatro meses para armar el informe final sobre su visita a México, mismo que presentarán en la 35 sesión del Consejo de derechos humanos, que se llevará a cabo en junio de 2017 en Ginebra, Suiza.
Exigen se restitutyan los 4 mil millones de pesos de ahorros de los trabajadores del estado
Foto tomada de twitter/ @veronika_red
Redacción I Un1ón Jalisco
Trabajadores del Sindicato Independiente de Servidores Públicos se manifiestaron esta mañana para exigir se reponga al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) el dinero de un supuesto desfalco.
Los empleados bloqueraon el paso de vehículos en el cruce de Avenida Américas y Eulogio Parra.
Con mantas y cartulinas exigieron al Gobernador Jorge Ariistóteles Sandoval Díaz restituir el dinero faltante, el cual ascendería a unos 4 mil millones de pesos.
La manifestación rebasó el centenar de empleados, quienes acusaron a magistrados de ser comparsa de otras autoridades para no solucionar el problema y restituir los fondos a Ipejal.
Empresa que pretende deforestar El Nixticuil acusa a los ambientalistas de extorsión y chantaje
Sididh
Ciudad de México, 07 de septiembre de 2016.- La inmobiliaria Spinelli Corporation, que pretende deforestar el jalisciense bosque El Nixticuil para construir un fraccionamiento habitacional, denunció a los defensores ambientalistas del Comité Salvabosque por extorsión y chantaje.
Spinelli Corporation trabaja desde 2015 en la construcción del fraccionamiento Bosque Encantado, en el bosque El Nixticuil ubicado en Zapopan, Jalisco, a lo que se han opuestos los activistas e incluso el ayuntamiento.
“Ante la campaña de intimidación y criminalización que la empresa inmobiliaria #SpinelliCorp ha montado en contra de nuestra organización, demandándonos –sin fundamento– por supuesta ‘extorsión y chantaje’, a nosotros nos queda decir con firmeza que NO TENEMOS MIEDO, y que una vez más Spinelli está mintiendo para proteger sus intereses económicos y continuar destruyendo el #bosque Nixticuil y las casas de nuestras comunidades con su fraccionamiento ecocida Bosque Encantado”, señaló el Comité.
El predio objeto de la disputa ha sido amenazado por los fraccionadores desde hace al menos siete años. Spinelli derribó, en los últimos dos años, al menos 150 árboles en dos hectáreas de terreno.
Hace un mes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) publicó una nota de prensa señalando que hizo un análisis en el predio donde Spinelli Corporation pretende realizar el fraccionamiento y determinó que se trata de un predio no forestal y que no forma parte del bosque Nixticuil, extremo que los ambientalistas -que cuidan el bosque desde hace una década- han desmentido.
En la página Desinformémonos, diversos defensores del territorio se pronunciaron a favor del Comité Salvabosque.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Fiscalía General del Estado que informe respecto a la investigación sobre el homicidio de la ciudadana J. R. O., cuyo cuerpo fue encontrado en el río Copala semi desnuda y con diez impactos de arma de fuego.
El organismo defensor abrió de oficio el cuaderno de antecedentes DDHPO/ CA/1008/OAX/2016 al tener conocimiento por medios de comunicación que, el 3 de septiembre último, personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca encontró el cuerpo sin vida de J. R. O. sobre la ribera del río Copala, en las cercanías de la comunidad de Rancho Viejo, agencia de Constancia del Rosario.
La información proporcionado por los medios de comunicación señala que J. R. O. tenía 25 años de edad y laboraba como docente de educación indígena, así como que al parecer la posible causa de la muerte fueron diez impactos de bala que presentaba en el pecho.
La institución autónoma solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado para que informe a la Defensoría si existe un legajo de investigación respecto a los hechos, y que en caso de existir una indagatoria, la dependencia informe sobre las diligencias realizadas para que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso.
Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llama a las autoridades responsables de la procuración de justicia a que realicen todas las acciones necesarias a fin de investigar los hechos y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Como una repuesta a la campaña que lanzó la industria maquiladora Index Juárez el pasado 25 agosto y que fue nombrada “Maquila de Juárez; trabajo con corazón”, en donde afirman que ofrecen trabajos con corazón, a la cual invirtieron 32 empresas millones de dólares con el objetivo de maquillar la verdad de las cadenas de miseria, abusos, hostigamiento y esclavitud de la clase obrera, así dijo la aboga defensora de los trabajadores, Susana Prieto Terrazas, quien invitó a la clase obrera a ser parte de una verbena popular llamada “El grito maquilador”, la cual se llevara a cabo el próximo 15 de septiembre a las 19 horas, en Monumento a Benito Juárez.
Agregó que con la verbena quieren dar un grito alterno y real, diferente al oficial, durante dicho evento estarían artistas locales, conjuntos norteños, mariachis, así como antojitos mexicanos, rifas y otras sobrepasas.
“Si apoyas las propuestas de aumento salarial, trato digno y respeto a los obreros, cambio de política de estado, alto a los robos y atropellos de los políticos; si estás, enojado o inconforme, con las reformas, educativa, laboral, energética, etcétera, éste es el grito al que debes acudir, con toda tu familia”, se dirigió a los obreros.
Comentó que los obreros apoyaran este movimiento, ya que es por todos y que no tiene los millones que tiene la maquila, pero tienen a los obreros, quienes son víctimas de esto.
“Los jóvenes mutilados por los movimientos repetitivos, los desempleados por la lista negra, las madres solteras sin oportunidad de demandar pensión alimenticia, porque si faltan un día a la maquila para hace cualquier trámite, sus hijos no comen, está dirigido este movimiento” explicó.
También dijo que los padres y madres que tienen mil problemas para educar a sus hijos, porque no los ven dadas sus jornadas extenuantes de trabajo son quienes quieren alzar su voz.
Además precisó que esta es una invitación está abierta, a todos y todas los obreros que son testigos reales de la esclavitud moderna.
Advirtió que la lucha seguirá hasta lograr necesariamente el objetivo fundamental de ella, el salario y trato digno y que son muchos y serán más.
Ciudad de México, 06 de septiembre de 2016.- Colectivos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante la relativa frecuencia que ha presentado sismos como el ocurrido en pasado 29 de agosto en Nuevo León, en una región previamente no caracterizada como susceptible a movimientos telúricos, y demandaron que se investigue la relación de este fenómeno con la técnica de extracción de hidrocarburos conocida como fracking.
“Existe un vínculo directo entre la frecuencia de sismos y la perforación de pozos de inyección, también conocidos por Pemex como ‘pozos letrina’. Los pozos letrina representan un método a partir del cual la industria de los hidrocarburos desecha aguas residuales contaminadas producto de sus operaciones de extracción. El uso de pozos de inyección es frecuente en zonas donde se practica la fractura hidráulica, método utilizado para explotar gas natural, gas condensado y petróleo contenido en yacimientos de lutitas”, explicó la Alianza Mexicana contra el Fracking, que agregó que el campo más cercano de exploración es Pesquerías, a 11 kilómetros del sismo.
La organización explicó que a partir de evidencia recabada en Estados Unidos por William Ellsworth, académico del Servicio Geológico Estadounidense (USGS), se sabe que existe una correlación directa entre la localización de pozos de inyección en la región del “medio oeste” de la unión americana y los epicentros de nuevos sismos. “El efecto de lubricación por los grandes volúmenes de agua contaminada depositados en estos pozos induce el movimiento de fallas geológicas, provocando sismos perceptibles en la superficie mayores a 3 grados en la escala de Richter. La frecuencia de los sismos presentados en estados como Arkansas, Texas, Ohio, Oklahoma y Colorado no tiene precedente. Coincide el aumento en la actividad sísmica de estos estados con la apertura de nuevos proyectos de pozos de inyección”, detalló.
El colectivo No Fracking en Nuevo León, en conjunto con otras organizaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking, exigieron al gobierno federal y del estado a proporcionar a la ciudadanía toda la información existente sobre las actividades de hidrocarburos que se están realizando en el estado. “Necesitamos saber cuántos pozos convencionales, pozos de fractura hidráulica y pozos de inyección se encuentran activos o han sido explotados en nuestro estado. Asimismo, es responsabilidad del gobierno esclarecernos si existe una directa correlación entre la localización de los epicentros de estos nuevos sismos y la existencia de pozos de inyección. Hasta ahora, la información proporcionada por el gobierno ha sido claramente insuficiente. Es necesario que la población conozca si las actividades de Pemex o las empresas privadas contratistas de hidrocarburos son responsables del riesgo en que colocan a la población de Nuevo León”, insistieron.
Los defensores del ambiente ratificaron su demanda de prohibir la técnica en México “ante la creciente evidencia documentada de los impactos negativos del fracking”.
A petición de la PGR, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, buscan identificar a 200 desaparecidos; en las fosas comunes hay por lo menos 500 personas sin identificar
México.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, confirmó que se abrirán en Reynosa las fosas comunes para identificar los restos de por lo menos 200 de 500 personas desaparecidas.
El titular de la dependencia, Ismael Quintanilla Acosta, indicó que lo anterior es a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la SEIDO, pues en estas fosas se han depositado restos de al menos 500 personas fallecidas en diferentes circunstancias y que no fueron identificadas en su momento.
Dijo que la Procuraduría General de la República pidió cotejar la información sobre 200 personas no identificadas y depositadas en fosas comunes principalmente de Reynosa para continuar apoyando a familias que aún buscan a sus seres queridos.
“Estamos ahorita en el trámite de los acuerdos y peticiones y localizando los expedientes primero de cada uno de ellos”.
El Funcionario reiteró que por el momento son 200 los casos de personas no identificadas que serán exhumadas de las fosas para cotejar si son a quienes reclaman sus familiares.
Torreón, Coahuila (06/09/2016).- El director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, Marco Zamarripa confirmó que hasta el mes de julio el municipio ha registrado más de 50 denuncias por violación, situación que preocupa al organismo, aunque no se contempla dentro de la metodología que siguen con otros delitos:
“Te puedo comentar que julio de este año ha sido el mes más alto de denuncias de violaciones en los últimos cinco años en Torreón, además tenemos un acumulado, de enero a julio, que son las últimas cifras oficiales que tenemos de 51 denuncias, también superior a años anteriores”.
Zamarripa cuestionó la información que brinda la autoridad pues en 2014 y 2015 se presentaron solo cuatro y cinco denuncias, respectivamente.
Por falta de pago del bono escolar anual, los 90 policías municipales que iniciaban guardia —secundados por los otros 90 que terminaban turno—, pararon labores a las 8 de la mañana, pero una hora después se vieron obligados a trabajar ante la amenaza de castigo. Hoy les aclararían dudas.
Exigieron que el subdirector operativo Jonny Alberto Morales León y la subdirectora administrativa Ada Patricia Duque Farías, les explicaran por qué aún no reciben el apoyo.
También, saber por qué el tesorero Carlos Flores Olán no se presentó para explicarles sobre el recurso que necesitan para el regreso a clases de hijos y nietos.
Cabe señalar que es el segundo paro de labores por el mismo motivo, pues el 31 de agosto pasado los gendarmes protestaron y les prometieron que el 2 de este mes les explicarían el motivo. Hasta ayer no les cumplían.
LA NUEVA PROTESTA
Los uniformados que iniciarían guardia a las 8 de la mañana se negaron a salir de las instalaciones de la corporación, ubicadas en la esquina de las calles 19 y 42-D, en la colonia Tacubaya.
Se les unieron los compañeros que terminaban jornada laboral, sin embargo, una hora después, bajo amenazas de sanción, iniciaron labores.
Los elementos que iban de salida esperaban que les informaran cuándo les entregarán el bono. Nadie les indicó. Duque Farías solo definió quiénes asistirían a los exámenes antidoping y a otros trámites. Tampoco dio la cara.
Molestos, los 180 genízaros decidieron permanecer en el estacionamiento de la corporación, en espera de respuesta a su reclamo. Los que iniciaban guardia no sacaron patrullas, ni motos.
Ni Duque Farías, ni Morales León, les dieron la cara, pero un subordinado les comunicó que el tesorero Flores Olán aclararía hoy lo del bono.
Surgieron gritos de inconformidad, y en respuesta recibieron la amenaza de sanción si no laboraban. A las 9 acordaron cumplir sus labores, y advirtieron de medidas de presión más severas si hoy no recibían respuesta.
El Ayuntamiento —recalcaron— no puede argumentar falta de dinero para no pagarles el bono, ya que la corporación registra ingresos mensuales superiores a los seis millones de pesos, por multas, infracciones, licencias y otros servicios.
Dinero hay, por eso es injusto que no quieran pagarnos lo que por derecho nos corresponde, recalcaron.
HERMOSILLO, Sonora(GH)
A manera de rechazo contra el grito de Independencia, la delegación en Sonora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció que se realizará una ceremonia de “antigrito” el próximo 15 de septiembre.
El dirigente en Sonora de la CNTE, David Guadalupe Valenzuela, informó que se pactó la movilización el próximo 15 de septiembre en varias partes del País, y en Sonora se realizará en la plaza Emiliana de Zubeldía.
“Se acordó que vamos a movilizarnos el día 15 con el ‘antigrito’, ahí haremos un evento que tiene que ver con una actitud de rechazo ante las políticas antipopulares del presidente Peña Nieto, contra la reforma educativa y contra las reformas estructurales”, comentó.
Valenzuela extendió una invitación a maestros, padres de familia y ciudadanía en general, a asistir a esta ceremonia el próximo 15 de septiembre a las 18:00 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía.
“Vamos a decirle a la gente que no hay nada que festejar, independientemente que se respeta la tradición de nuestro pueblo, el gobierno no tiene nada qué presentar, es una vergüenza que sigan abanderando una ceremonia de grito de Independencia”, recalcó.
Se pagarán 55.41 y 53.80 pesos por metro cuadrado mientras que el estado pagó a JAOS & SGB 357 pesos
León, Gto. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal determinó que se pague, casi siete veces más barato que el gobierno estatal pagó a la empresa JAOS & SGB por las indemnizaciones por los terrenos de Caleras de Ameche y La Norita, en el municipio de Apaseo el Grande, que serán utilizados para la construcción de la ensambladora Toyota.
Este 5 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto mediante el que se oficializa la expropiación de 112.39 hectáreas pertenecientes al ejido de Caleras de Ameche y 4.57 hectáreas de la Norita, por las cuales el gobierno federal determinó que se paguen 55.41 pesos y 58.30 pesos por metro cuadrado.
Esto significa casi tres veces menos del precio de 148 pesos por metro cuadrado que el gobierno de Miguel Márquez Márquez dijo que pagaría a los propietarios de 210 hectáreas que fueron expropiadas de manera directa por el ejecutivo estatal y 7 veces más barato de lo que el gobierno del estado le pagó a JAOS & SGB.
Según el decreto presidencial, de las 112.39 hectáreas de terreno ejidal expropiadas en Caleras de Ameche, 12.29 son de uso común y 110.10 de uso parcelado y por cada una de ellas se pagará 55.41 pesos por metro cuadrado, así que en total, el gobierno federal determinó que se destinen 62 millones 284 mil 333 pesos por el pago de afectaciones.
En el ejido de La Norita, el gobierno federal expropiará un terreno de 4.57 hectáreas por las que pagará 2 millones 668 mil 855 pesos en total, es decir, 58.30 pesos por metro cuadrado.
Estos montos fueron fijados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, quien determinó el monto de la indemnización mediante un avalúo con número RG-22211-ZNB, fechado el 24 de agosto de 2016 y con vigencia a un año a partir de la fecha de emisión y tendrá que ser el gobierno de Miguel Márquez Márquez el que corra con los gastos.
En junio de este año, diversas investigaciones periodísticas, incluyendo Zona Franca, dieron constancia de que existe una empresa llamada JAOS & SGB que compró 294 hectáreas a los ejidatarios de Caleras de Ameche para luego revenderlas al gobierno estatal, en una clara operación intermediaria.
El pago de indemnizaciones fijado por la federación contrasta con el pago promedio de 357.21 pesos por metro cuadrado que el gobierno estatal pagó a la empresa JAOS & SGB en tan sólo 34 hectáreas, aún y cuando Miguel Márquez Márquez siempre dijo que pagaría 148 pesos por metro cuadrado, sin hacer distinción alguna.
El monto de 55.41 y 53.80 pesos por metro cuadrado que está pagando la federación, incluso es menor a los 124.01 pesos por metro cuadrado que JAOS & SGB pagó a los ejidatarios de Caleras de Ameche.
Tras la controversia desatada por las publicaciones que demostraron la existencia de la empresa JAOS & SGB, cuyos accionistas son José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, y quienes tienen nexos empresariales con Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi Beraha, dos empresarios cercanos al gobierno de Miguel Márquez Márquez; la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable presentó al Congreso Estatal un documento en donde explica cuántas hectáreas fueron expropiadas y cuántas fueron compra directa.
La SDES compró directamente a JAOS & SGB un total de 259.99 hectáreas, además de expropiarle 10.17 hectáreas. Además de 210.83 hectáreas que fueron expropiadas directamente por el gobierno estatal, que se suman a las 116.96 hectáreas que ya expropió el gobierno federal.
En el puente peatonal que se localiza en el crucero de Candelaria sobre la carretera Escárcega–Villahermosa y en la cabecera del primer municipio hay pancartas y muñecos colgados, como protesta por los altos cobros de la CFE.
EN ENTRONQUE
La protesta es evidente a la altura del entronque a la vía que comunica a Candelaria.
Hasta ayer por la tarde, ninguna agrupación se había atribuido la protesta. En uno de los carteles que aparecieron se leía “Candelaria, a mí también me robó CFE, por eso me colgué”.
Dos muñecos de trapo amanecieron colgados de una soga en el puente.
Al parecer, los colocaron habitantes de comunidades cercanas al entronque de la carretera, pero que pertenecen a El Carmen.
Aunque elementos de corporaciones policiacas se apersonaron al lugar, los muñecos y letreros no fueron retirados. Sin embargo, investigan.
EN CANDELARIA
Integrantes de la Resistencia Civil Contra el Alto Cobro de Energía Eléctrica instalaron en las principales calles y avenidas de la ciudad muñecos “ahorcados”, en alusión a la situación en que vive la sociedad por la imposición de cobros exorbitantes y a la vez, insinúan que por “eso se cuelgan” de los cables por los abusos que comete la CFE.
Entre las leyendas destacan: “Ya no puedo pagar la luz por eso me colgué”, “A mí también me robó la CFE inventándome una deuda de 280 mil pesos, por eso me colgué”, “Me inventaron una deuda, como no pagué me fabricaron un delito”.
Los policías optaron por no coartar el derecho de manifestación de los integrantes de la Resistencia Civil.
Invasión de tierras, agresiones, amenazas, compra ilegal de propiedad comunal, empleos con salarios ínfimos, uso de químicos que contaminan la tierra y el agua, y que derivan en daños a la salud y en campos inservibles para la siembra, desaparición de hierbas medicinales y de especies animales endémicas…
Estos son, entre muchos otros, los resultados de la acción de empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, agroindustriales, de infraestructura, de explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliarias, de turismo y maquilas en el país, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, donde las mujeres enfrentan en su vida diaria la devastación del entorno, la agudización de su pobreza y los daños en su salud y la de sus familias.
Así lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita México, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
Médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta indígena que se aplicó en el lugar para la construcción de un parque eólico se desarrolló en medio de agresiones y amenazas.
Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las médicas tradicionales, asegura que los proyectos eólicos sí afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. “Al defender la madre tierra, también defendemos nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló.
Isabel les contó que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en el país.
Unida a estos grupos inconformes, la mayoría integrados por varones zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel informó a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.
“CONSULTAS” Y CONTRATOS
Para su aprobación, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó a cabo una Misión de Observación y comprobaron que el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcción de parques eólicos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hay 31 parques eólicos instalados en el país: 21 en la región del Istmo, 12 en Juchitán.
El Grupo de Trabajo escuchó también a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde la población demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), para el parque eólico Piedra Larga.
La activista Guadalupe Ramírez Castellanos asegura que la empresa no respetó la propiedad comunal de la tierra porque “compró” áreas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que está en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.
MINERA Y ENGAÑO
Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.
En 2004, La Platosa rentó al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hectáreas de tierra de uso común –por un millón 200 mil pesos– para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.
Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del engaño, con amenazas la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato.
Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectación en la diversidad de plantas. Además, aunque la empresa ofreció empleos, eran trabajos con salarios mínimos e incluso se le negó la contratación a una mujer por estar embarazada.
Otro caso de daños provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) que se vertieron en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.
Las mujeres destacaron como convocantes de la organización para exigir una solución, pues ellas fueron las más afectadas por la contaminación del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos por el consumo del líquido.
Después de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades indígenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita en México y posteriormente presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Oaxaca.- Estudiantes de las 11 normales de la entidad se empezaron a concentrar en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO). En el patio de esa escuela, ubicada al norte de la ciudad de Oaxaca, los estudiantes están colocando sus casas de campaña. Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) señalaron que convocaron a sus compañeros a concentrarse en este lugar como parte de los acuerdos de la dirigencia de la Sección 22 del no regreso a clases. Al estar en el pliego petitorio del magisterio disidente ante el gobierno federal, en lo correspondiente a las plazas automáticas al concluir sus estudios, explicaron que luego de concentrarse en el CRENO se trasladarán al plantón del Zócalo. Aseguraron que ahí permanecerán hasta que el gobierno federal les dé respuesta a sus demandas y en tanto realizarán diversas movilizaciones. Dijeron que son dos generaciones por cada uno de los planteles los que están en apoyo de la Sección 22 para obtener dicho beneficio.
Oaxaca.- Un grupo de maestros disidentes de la Sección 22 del SNTE bloquearon este lunes los accesos a las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Según la convocatoria de la dirigencia magisterial, correspondió a profesores de los sectores Cañada, Tuxtepec, Istmo, Sierra y Valles Centrales, así como a normalistas, acudir a bloquear el instituto. A pesar del anuncio del regreso a clases de las escuelas que están en poder de la disidencia, una representación mínima de maestros continuará en las movilizaciones a las que se sumarán estudiantes de las 11 normales de Oaxaca, quienes continuarán en paro.
Exigen en el Ángel justicia para periodistas y activistas asesinados. Foto: Alejandro Saldívar
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, 81 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2014, lapso en el que otros 18 comunicadores también desaparecieron.
Así lo dieron a conocer expertos de la Universidad Iberoamericana (UIA), el Instituto de Justicia Procesal Penal de la Ciudad de México y la Universidad de Miami.
En un estudio sobre seguridad de periodistas, en el que retoman cifras de Artículo 19, los expertos destacan que en el caso de estados con altos índices de violencia ligada al narcotráfico, como Veracruz y Guerrero, hay periodistas que se limitan a reproducir lo señalado en los informes policiales, pero también hay algunos que prefieren no publicar nada al respecto.
Y los que buscan promover cambios sociales para el bien público son los que se sienten más presionados, apunta.
En un comunicado, la UIA precisó que los investigadores Mireya Marquéz Ramírez, del Departamento de Comunicación de la Ibero; Marco Lara Klahr, del Programa Medios de Comunicación y Violencia del Instituto de Justicia Procesal Penal de la Ciudad de México, y Sallie Hughes, profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami, recopilaron un directorio con más de mil 200 medios de comunicación de todo el país y generaron una muestra al azar estratificada de 130 de ellos.
Luego de ese proceso seleccionaron de manera sistemática a 377 periodistas, quienes fueron entrevistados vía Skype, los cuales compartieron los tipos de medidas que utilizan para reducir el riesgo de represalias y amenazas directas por cubrir ciertos tipos de noticias.
De acuerdo con los resultados, casi 68% de los encuestados se habían autocensurado en alguna ocasión, más de 64% dejaron de hacer coberturas callejeras y más de 57% se adhieren a las políticas de censura del medio de comunicación a la que pertenecen. La mitad de los encuestados afirmó que suele ocultar información sensible de “personas o de colegas sospechosos en sus propias redacciones”.
El estudio también revela que algunos periodistas mexicanos publican historias anónimas en las redes sociales, de modo que no puedan ser identificados o localizados.
Además de la violencia que agravia a la prensa, apunta, las presiones económicas también obligan a los periodistas a callar voces e informes críticos.
La doctora Mireya Márquez, de la UIA, afirmó que el estudio podría estimular a otros investigadores a realizar sus propias investigaciones, y de ese modo ayudar a los periodistas mexicanos a determinar qué cambios necesita la profesión.
“Puede ayudar a quienes elaboran las políticas y a organizaciones de la sociedad civil a comprender mejor fenómenos complejos como el deterioro de la prensa libre y la vulnerabilidad de los periodistas en algunas áreas”, dijo.
La también coordinadora del Programa Prensa y Democracia (Prende) del Departamento de Comunicación, que cada periodo escolar brinda capacitación a periodistas de distintas fuentes, sostuvo que la investigación también permitirá que el público tenga “otra visión de los contenidos de los medios de comunicación y del mundo de los periodistas en México, quienes enfrentan muchas presiones y dificultades a diario”.
De acuerdo con el comunicado, el estudio fue presentado en la Conferencia de la UNESCO sobre Seguridad de los Periodistas, realizada en Helsinki, Finlandia, con motivo del Día de la Libertad de Prensa a Nivel Mundial de las Naciones Unidas.
El documento será parte de un libro que la UNESCO dedicará al tema en 2017.
Ciudad Valles, San Luis Potosí.- El IPICyT trabajará con tres empresas para Pemex para renovar viejos pozos petroleros en la región Huasteca, pero campesinos u organizaciones se oponen porque creen que se utilizará el método fracking, que contaminaría el medio ambiente.
El dirigente de la CODUC, Fernando León Martínez, informó que les ha llegado información que se renovaran viejos pozos petroleros en la región Huasteca para lo cual el IPICYT trabajará con tres empresas para PEMEX, a fin de recuperar el petróleo que aún existe en los pozos, se presume que esto contempla los que se localizan en la zona indígena.
Dijo que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), junto con tres empresas privadas, rescatarán antiguos pozos a fin de extraer el combustible que aún almacenan, pues dadas las técnicas que utilizaron a principios del siglo pasado, dejaron en su interior hasta el 85 por ciento del combustible.
Señalaron que de esta manera, y según se sabe iniciarán un programa piloto en Ébano con una inversión de 480 millones de pesos con Petróleos Mexicanos (PEMEX), monto que se empleará para utilizar técnicas especializadas de inyección de vapor, que puedan generar al interior de los pozos la presión necesaria para sacar el petróleo que almacenan.
Trabajarán en antiguos pozos ubicados en la Zona Huasteca, específicamente en la zona en donde colindan San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, esto es por una parte, pero se tiene el temor de que también lleguen hasta la zona indígena y exploten los pozos que son de petrolero y de gas.
En la utilización de esta nueva técnica, PEMEX dice ya fue probada a nivel internacional y con éxito, asegura además que no causarán daños, por lo que confía en que pueda ser un cambio vital en la industria petrolera del país, al actualizar a miles de pozos inactivos, generando un nuevo ingreso para la paraestatal, a partir de este año.
Campesinos y organizaciones, organizaciones y el Frente de Defensa de la Huasteca y el Frente contra el Fracking en la región, aseguran que no permitirán se use esta medida que puede contaminar todos los mantos freáticos de la región.
Ciudad Valles, San Luis Potosí.- El IPICyT trabajará con tres empresas para Pemex para renovar viejos pozos petroleros en la región Huasteca, pero campesinos u organizaciones se oponen porque creen que se utilizará el método fracking, que contaminaría el medio ambiente.
El dirigente de la CODUC, Fernando León Martínez, informó que les ha llegado información que se renovaran viejos pozos petroleros en la región Huasteca para lo cual el IPICYT trabajará con tres empresas para PEMEX, a fin de recuperar el petróleo que aún existe en los pozos, se presume que esto contempla los que se localizan en la zona indígena.
Dijo que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), junto con tres empresas privadas, rescatarán antiguos pozos a fin de extraer el combustible que aún almacenan, pues dadas las técnicas que utilizaron a principios del siglo pasado, dejaron en su interior hasta el 85 por ciento del combustible.
Señalaron que de esta manera, y según se sabe iniciarán un programa piloto en Ébano con una inversión de 480 millones de pesos con Petróleos Mexicanos (PEMEX), monto que se empleará para utilizar técnicas especializadas de inyección de vapor, que puedan generar al interior de los pozos la presión necesaria para sacar el petróleo que almacenan.
Trabajarán en antiguos pozos ubicados en la Zona Huasteca, específicamente en la zona en donde colindan San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, esto es por una parte, pero se tiene el temor de que también lleguen hasta la zona indígena y exploten los pozos que son de petrolero y de gas.
En la utilización de esta nueva técnica, PEMEX dice ya fue probada a nivel internacional y con éxito, asegura además que no causarán daños, por lo que confía en que pueda ser un cambio vital en la industria petrolera del país, al actualizar a miles de pozos inactivos, generando un nuevo ingreso para la paraestatal, a partir de este año.
Campesinos y organizaciones, organizaciones y el Frente de Defensa de la Huasteca y el Frente contra el Fracking en la región, aseguran que no permitirán se use esta medida que puede contaminar todos los mantos freáticos de la región.
*No quiere seguir pagando el concepto de cesantía y vejez a 500 personas que tienen también cuentas desde 70 mil a 600 mil pesos por años de servicio.
Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Más de cien jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron está mañana en las oficinas de Afore Banorte en la capital del estado, donde protestaron porque la institución bancaria les canceló el pago que les corresponde por concepto de cesantía y vejez, así como también el fondo por los años de servicio.
Al respecto, una de las afectadas, Arcelia Velasco Rocha, reveló que son más de 500 las personas que se les ha negado el pago “cesantía y vejez”, lo cual consideraron injusto.
Se manifiestan jubilados IMSS contra Afore Banorte2“Tienen trabadas las cuentas, que no quieren entregar nuestros recursos que aportamos durante toda la vida laboral”, lamentó.
Sostuvo que no dejarán entrar al personal de esta oficina hasta obtener una respuesta positiva sobre el destino de su dinero, ya que hay cuentas de 70 mil pesos hasta 600 mil pesos.
“Banorte compró el AFORE 21 y se están amparando y no entregarlo, en todo caso una miseria y el resto dárselo al gobierno federal, pero el que se friega es el trabajador”, apuntó.
En ese sentido, indicó que en la manifestación acudieron 121 trabajadores pero son más de 500 afectados. “Banorte en contubernio con gobierno federal decide ya no pagar las cuentas, dice Afore que no lo entregará porque lo tiene el gobierno”, puntualizó.
Arcelia Velasco cuestionó por qué el gobierno federal quiere adueñarse con estos recursos económicos, y reveló que son 17 estados del país que están tomando las oficinas de AFORE Banorte.
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) autorizó el cambio de titularidad de la manifestación ambiental a otra empresa distinta a INASA al denominarse ahora REIND QUÍMICA S. de R.L de C.V, que sigue con severa contaminación, y además se reservó por tres años la difusión pública de los resultados de los análisis de las muestras en las zonas degradadas, levantadas en junio pasado.
Vecinos afectados y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), consideraron que el cambio de nombre se trata de una maniobra más para proteger a INASA, para que no responda por las enfermedades en la piel, contaminación en tierras y arroyos, entre otras afectaciones a pobladores de la comunidad Benito Juárez de Jalpa de Méndez y ranchería Saloya, Nacajuca.
Esos dos poblados y el medio ambiente han padecido desde hace cuatro años por el procesamiento de lodos de perforación y aguas residuales efectuados por el corporativo INASA.
Pero también los legisladores, tanto de las Comisiones de Ecología, como de los representantes populares originarios de esos municipios han decidido callar ante el tema.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa REIND QUÍMICA S. de R.L de C.V el cambio de titularidad de impacto ambiental, en donde trabaja el consorcio INASA, sin importarle los cientos de personas afectadas por dolores de cabeza, reacciones alérgicas y la muerte de cultivos que provocan los escurrimientos y olores de lodos de perforación expuestos a cielo abierto.
A pesar de las múltiples denuncias que pobladores, asociaciones civiles y legisladores han realizado durante los últimos meses, la ASEA ha manifestado vía Ley de Transparencia que los resultados de la inspección realizada por las direcciones de supervisión, inspección y vigilancia de exploración de extracción de recursos convencionales y vigilancia de exploración y extracción de recursos no convencionales marítimos serán revelados en un periodo de tres años.
El pasado 2 de junio de 2016, la ASEA realizó una inspección en la ahora empresa REIND QUÍMICA, sin embargo, en base al resolutivo de la agencia federal, el encubrimiento de las afectaciones se prolongará tres años pues “la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público”.
El coordinador del área de investigación del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Armando Dorantes Cabrera, indicó que ASEA no puede reservarse la información de la inspección, pues indicó que en caso de no divulgar los resultados que se obtuvieron, violarían los derechos humanos de pobladores.
“Nosotros estamos basándonos en el artículo 112 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública que establece que tratándose de violaciones graves a los derechos humanos no podrá invocarse a la reserva, porque la misma Secretaria de Salud a través del centro de salud que se ubica en la comunidad, han emitido que las personas se enferman por la exposición a lodos de perforación”, indicó.
CUATRO AÑOS SIENDO IGNORADOS
Hace cuatro años, la vida de los habitantes de la comunidad Benito Juárez de Jalpa de Méndez y ranchería Saloya, Nacajuca cambió ante la presencia de lodos contaminados por hidrocarburos y aguas residuales, sin embargo, a pesar de sus múltiples peticiones, han permanecido en las mismas condiciones.
Roberto Jiménez, quien vive a menos de 50 metros de la planta de procesamiento de lodos de perforación ha madrugado y solicitado a las autoridades que ‘volteen a ver’ la comunidad, sin embargo, a pesar de diversas peticiones, la calidad de vida de su familia y vecinos no ha vuelto a ser la misma antes de INASA.
El pasado sábado, indicó que todas las instancias a las que han acudido, han olvidado el tema y han optado por dar ‘carpetazo’ a las afectaciones, pues aseguró que ninguna autoridad contesta sus llamadas.
La unidad del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) en Tabasco informó a Grupo Presente Multimedios (GPM) que el sector hidrocarburos ha repercutido en la calidad de vida de al menos 3 mil personas, quienes al ubicarse en zonas aledañas a empresas petroleras e infraestructura de Pemex, permanecen en vulnerabilidad ante los contaminantes y fugas.
CALLAN DEPENDENCIAS Y LEGISLADORES
A pesar que hace más de tres meses diputados integrantes de la Comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Congreso del Estado dieron un plazo de 15 días a la Semarnat, Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y Comisión Nacional del Agua (Conagua) para dar a conocer su informe sobre los residuos que aquejan a pobladores, las dependencias federales han preferido callar ante el tema.
El pasado sábado 9 de junio, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Atila Morales indicó que ‘ya no pueden hablar sobre INASA’, pues aseveró que recibieron instrucciones de la ASEA para no emitir declaraciones relacionadas con la contaminación de la empresa.
A pesar que anunció en días anteriores que dentro del itinerario de la ASEA se encontraba una revisión en las instalaciones de INASA, en Jalpa de Méndez, la propia agencia nacional anunció que las inspecciones relacionadas con el centro de manejos de residuos INASA no serán divulgadas dentro de tres años.
EXHORTA METAB A DEPENDENCIAS
El integrante del Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab), Javier Torres Sánchez, exhortó a las dependencias federales a no responsabilizar únicamente a la ASEA, pues aseguró que el problema de contaminación en Jalpa de Méndez y Nacajuca afecta a tabasqueños y es necesario regular esta situación.
“Como ya se ha hecho en más de una ocasión, esperamos que la Sernapam y Semarnat tomen cartas en el asunto, y que no se justifiquen con la Reforma Energética, pues el problema de INASA surgió desde antes que se promulgara, por lo que se deduce que ellos no hicieron nada en su momento”, enfatizó.
En ese contexto, Javier Torres Sánchez llamó a los habitantes para que continúen manifestando las afectaciones que les ha provocado, pues los cultivos de cacao han resultado dañados por la exposición de los residuos tóxicos que se encuentran el lugar, y que de la misma forma, han provocado enfermedades a los habitantes de la comunidad Benito Juárez primera y segunda sección.
“Les hago un llamado para que sigan manifestándose porque así pondrán atención a la comunidad, la cual ya ha sido demasiado afectada por esta empresa, la cual hasta ahora no ha dado la cara con los pobladores”, indicó.
Pobladores exigen respuesta
Habitantes de la comunidad Benito Juárez han esperado cuatro años para que sus denuncias sean escuchadas por las autoridades ambientales y por la empresa que ‘envenena’ el medio ambiente del que dependen.
Dependen de la agricultura y la crianza de animales de traspatio, sin embargo, olores de los lodos de perforación y otras sustancias han provocado la muerte de pavos, gallinas e incluso caballos.
Durante el mes de mayo, los diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana y José Atila Morales Ruiz se ‘comprometieron’ con delegados municipales y habitantes para exigir a distintas dependencias realizar estudios por afectaciones en el lugar, sin embargo, hasta hoy sólo les han dado ‘largas’.
“Dijeron que debería ir una comisión de nosotros –los habitantes- a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), pero nosotros lo analizamos y al final de cuentas decidimos que no porque se supone que ellos –los diputados- son nuestros representantes.
Hemos pedido informes pero nadie nos da razón, pero hay inconformidad en la comunidad porque las autoridades acordaron bajar información en los pobladores y pensamos que estarían a la altura de las exigencias del pueblo. La realidad ha sido otra”, Roberto Jiménez
“Desde que vinieron los diputados ya no se hizo nada para combatir los problemas que esta empresa nos provoca. Nosotros lo que solicitamos es que nos cumplan y que de verdad actúen para solucionar este problema”, señaló Jesús Valenzuela Almeida.
“Queremos que la empresa se vaya de aquí porque nos enferma a nosotros, a niños, adultos y ancinos. No soportamos la peste, porque todos los días hay olores que no se soportan, en ocasiones se levanta el vapor y esto nos causa temor. No tenemos ningún apoyo, se ha recurrido a las dependencias pero nadie se ha acercado a investigar de verdad que es lo que está pasando”, señaló José Román González Arias.
“No vemos que todo esto esté caminando, no hay respuesta, los diputados ya no se han movido. Hemos ido hasta tres veces a Villahermosa para hablar con ellos y la problemática que tenemos es la contaminación, a mis hijas les arden los ojos y tienen muchas molestias en la piel”, sostuvo Juan del Carmen Castillo Arias
Desde 2001 han asesinado a 39 médicos, la mayoría de los casos se mantienen impunes; los profesionistas temen que los homicidios estén relacionados con su profesión
Javier Cabrera Martínez / Corresponsal
CULIACÁN, Sinaloa (La Silla Rota)? Rigoberto Bodar Araiza, médico de profesión, a escasos meses de haber instalado su consultorio, anexo a una farmacia en la sindicatura de Quilá, apareció muerto a varios kilómetros de distancia, en un predio enmontado.
En su cuerpo, atado de pies y manos, sus homicidas le colocaron una cartulina con un mensaje, en el que “justificaban su muerte”.
La versión de que su asesinato derivó de conflictos “sentimentales”, no convenció a sus pacientes, ni a su familia, la cual, se refugió en su dolor y selló su silencio sobre el caso.
A su muerte que se registró en abril pasado, se sumaron tres nuevos casos en lo que va del año, con los que sumaron, según el registro del Colegio Médico de Sinaloa 39 asesinatos de galenos entre el 2001-2016.
Víctor Díaz Simental, neurocirujano y presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, explicó que en una entidad con raíces muy profundas de violencia, la profesión médica se convirtió de alto riesgo, ante caprichos y “reclamos de milagros” de pacientes.
“Yo no descarto que algunos de los asesinatos de médicos, se deriven de circunstancias o actividades ajenas a su profesión”.
Pero, estableció que por lo que se conoce en su gremio, se tiene casos, cuyos indicios apuntan que varias muertes violentas, tienen como móvil, el incumplimiento de curas, en padecimientos o enfermedades de alto riesgo para los pacientes.
Díaz Simental, precisó: “No percibo un patrón en las muertes violentas de médicos”.
La tarde del 2 de junio pasado, en su consultorio, que se encuentra en el primer piso de una clínica particular, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, fue privado de la vida de tres disparos el traumatólogo Víctor Godoy Meza.
Una de las primeras versiones sobre el posible móvil de su asesinato fue en el sentido que se trató de un asalto.
Veinte días después, en la colonia Tierra Blanca de esta ciudad, en presencia de pacientes, un hombre armado penetró al consultorio del doctor Israel Payán Félix y sin medir palabra le disparó en cinco ocasiones, después huyó.
Sus muertes motivaron que la comunidad médica, con lonas, cuyos textos alusivos a un alto a la violencia y la impunidad, salieran a las calles a exigir el esclarecimiento de las muertes violentas de sus agremiados.
En su desfile por las calles, médicos y enfermeras desplegaron varias mantas, en una de ellas, en una especie de escudo de color negro y fondo rojo, decía: “Damos vida, no me la quites”.
Gilberto Castañeda Hernández, presidente del Colegio Médico, se quejó del silencio que observan de la autoridad judicial para brindarles información sobre el seguimiento que se tiene en las investigaciones de cada uno de los casos de doctores asesinados.
En un recuento de los homicidios más recientes de galenos citó el caso del neumólogo pediatra, Luis Oswaldo Duarte Jiménez, quien en junio del 2015 fue interceptado por hombres armados, al salir del hospital en esta ciudad.
Días después, su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego y su camioneta Jepp Liberty, semicalcinada, en un punto distinto.
Un año antes, en el mes de marzo, en la colonia Almada de esta ciudad, el ortopedista Juan Francisco Soto Arredondo fue asesinado a tiros presuntamente por un joven bajo el influjo de las drogas.
En la mayoría de los casos, precisó Castañeda Hernández, “no se tienen resultados de las investigaciones y se desconocen los posibles móviles de sus muertes”.
Uno resuelto
La noche del pasado 27 de agosto, en su residencia en el fraccionamiento Scally de la ciudad de los Mochis, el doctor Alejandro Bermúdez, de 45 años de edad, fue encontrado por su familia tirado en su recamara, con una herida de bala.
Sin precisar el móvil, en base a la carpeta de investigación abierta 1714/2016 la autoridad judicial sólo divulgó la detención de Salvador “N”, como presunto homicida del galeno, en base a periciales y huellas dactilares recopiladas en el lugar del asesinato.
Una de las líneas de investigación apuntó que se trató de un asalto al que se resistió el médico por lo que corrió hacia el interior de su hogar, hasta donde fue seguido y lesionado a tiros por la espalda.
Marco Antonio Higuera Gómez, procurador de Justicia del Estado, explicó que la ley lo sujeta guardar secrecía sobre el contenido de las indagatorias del caso.
Sin citar el número de casos resueltos de médicos que han sido privados de la vida en forma violenta sólo estableció que se trabaja en cada caso, con los elementos que surgen relativas a su actividad profesional, familiar y de convivencia.
Hizo ver que en varios de los homicidios de profesionistas de la medicina los avances de las investigaciones que se tienen, marcan rutas de los posibles móviles de actos violentos de despojos de pertenencias, en los que las víctimas se han enfrentado a los delincuentes.
El secretario de Salud del Estado, Ernesto Echeverría Aispuro, dijo que por lo que se conoce, en cada uno de los 39 homicidios de médicos que se tienen registrados entre el 2001-2016, por aparentes móviles y las circunstancias son distintas.
“Las versiones, en los casos más sonados van desde aparentes asaltos, represalias por incumplimiento de servicios de salud, hasta de tipo pasional”.
Precisó que priva la exigencia por su esclarecimiento de cada una de las muertes violentas de galeno y castigo para los responsables de los homicidios.
“Como en toda profesión, el riesgo de ofrecer milagros en la cura de padecimientos graves o en los cobros excesivos de los servicios profesionales, pueden tener consecuencias”.
Pero, aclaró que sin importar los móviles que existan en cada uno de los 39 casos de médicos asesinados, en los últimos quince años, la exigencia, es su esclarecimiento.
Colima, México (5 de septiembre de 2016) Luis, de 14 años de edad; Wilber y Adrián, de 15 años de edad; Irma Jazmín, de 9 años de edad, nunca se conocieron pero tienen dos cosas en común, son menores de edad y fueron asesinados en el estado de Colima, sin que hasta el momento la autoridad haya esclarecido sus homicidios.
En la crisis de violencia que enfrenta el estado de Colima en los últimos cinco años, y que se ha agudizado en este 2016, entre los muertos por la violencia también se contabilizan menores de edad, entre ellos un niño de dos años de edad, que fue acribillado a balazos junto con sus padres en la colonia Santa Elena en la capital del Estado en 2011.
El 23 de febrero de este año, el secretario general de Gobierno Arnoldo Ochoa González señaló que la mayoría de las personas que han sido asesinadas en Colima están ligadas a la delincuencia: “Es entre ellos, no han matado ciudadanos honestos, la lucha es entre ellos”, dijo.
Ese día, insistió que los niveles de inseguridad que se registran en la entidad son consecuencia de una lucha entre cárteles y descartó que el incremento en los índices delictivos tenga que ver con la falta de resultados del secretario de Seguridad.
Sin embargo, hasta el momento, la Procuraduría de Justicia del Estado no ha aclarado, ni ha comprobado las causas por las que fueron asesinados los menores de edad en Colima.
De acuerdo a la información, este domingo por la noche en la colonia Las Torres en la capital del Estado un grupo armado ingresó a una vivienda y abrió fuego en contra de los habitantes de la casa; en el lugar murieron tres personas, entre ellos Luis, un menor de 14 años de edad.
El pasado 31 de agosto, en la comunidad de El Colomo en Manzanillo, un menor de 15 años de edad fue asesinado, aparentemente cuando se encontraba realizando la tarea para irse a la escuela.
Los hechos se suscitaron cerca de la caseta de policías, Wilber de 15 años de edad, recibió un balazo en la cabeza.
El pasado 18 de agosto, Adrián, un joven de 15 años de edad fue asesinado en Tecomán y su cuerpo fue localizado cerca de la comunidad de Cerro de Ortega.
Mientras que el 26 de febrero, una niña de nueve años de edad, de nombre Yamileth, resultó con heridas después de que asesinaran a un joven en la colonia Indeco; la niña se encontraba dentro de su vivienda.
Además, en julio, en una de las fosas clandestinas que se localizaron en Manzanillo fue descubierto el cuerpo sin vida de Fernando Miguel Pina García, de 18 años de edad, quien estudiaba en el Conalep.
El 17 de octubre de 2011, en la colonia Santa Elena en Colima, un menor de dos años de edad fue asesinado junto con sus padres y dos años después, Irma Jazmín, de 11 años fue asesinada en Tecomán enero de 2013; Irma Jazmín tenía huellas de tortura y su cuerpo fue calcinado.
Hasta el momento, ninguno de los casos ha sido esclarecido, por lo que aún se desconocen las causas de los asesinatos de estos menores de edad.
En el caso de Irma Jazmín, en el 2013, el gobierno del Estado boletinó que el asesino de la menor había sido detenido.
El burocratismo que impera en la Procuraría General de la República (PGR), así como en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), deja impune la violencia registrada en Chablekal, comisaría de Mérida, así como la agresión cometida en contra de representantes de organismos no gubernamentales, denunció la encargada del grupo de Indignación, Martha Capetillo Pasos.
A cuatro meses del enfrentamiento provocado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los pobladores así como la ilegal detección de representes de asociaciones defensoras de los derechos humanos, hasta el momento no hay resolutivo alguno y mucho menos una recomendación.
Reprobó el “tortuguismo” que fomenta el delegado de la PGR, Juan Manuel León León, ya hasta el momento no informa sobre el avance en la integración del expediente correspondiente a la denuncia efectuada en contra de elementos de la SSP.
“El caso sigue impune, ya que la PGR nada hace para aplicar la justicia en torno a los hechos ocurridos en Chablekal, el pasado 3 de mayo”, acotó.
Recordó que el día de los violentos acontecimientos, los elementos de la SSP lastimaron a tres integrantes del Grupo Indignación; en el caso de Capetillo Pasos, la jalaron del pelo y le dieron un golpe en el pecho.
Caso similar el de Cintia Chalé, a quien con dolo le propinaron pisotón, motivo por el cual se le inflamó el pie, además de otro integrante de este Organismo No Gubernamental (ONG) que también fue agredido.
Explicó que ambas, junto con Jorge Fernández Mendiburu, estaban a bordo de una camioneta de la SSP con número 6262, la cual los trasladó a diversas comisarías y fraccionamientos de Mérida.
Aclaró que acudieron a la PGR, en lugar de ir a la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que se obstaculizó su labor como defensores de los derechos humanos, por lo que se trata de un delito de carácter federal.
“Nuestra detención arbitraria por parte de la SSP no es un delito del fuero común, por lo que no le compete a la FGE, pero sí a la PGR”, acotó.
Capetillo Pasos lamentó la también lentitud del titular de la Codhey, José Enrique Goff Ailloud, ya que a cuatro meses del incidente hasta el momento aún no envía recomendación alguna.
Comentó que los pobladores de ésta comisaría meridana interpusieron denuncias ante la Comisión, la cual cuenta con material diverso de lo ocurrido, pero hasta el momento no hay una postura en concreto.
Mencionó que el día de los hechos, estaban en Chablekal, ya que de manera injusta se efectuaba un desalojo, y ante la agresividad de la SSP, los pobladores se defendieron, pero fueron reprimidos a golpes y con gases lacrimógenos, los cuales fueron lanzados sin tomar en cuenta a los niños, mujeres y ancianos que ahí se encontraban.
Sin embargo, hasta ahora todos esos hechos han quedado completamente impunes y lo que más llama la atención es el silencio de la Comisión de Derechos Humanos local, que a pesar de la gravedad del caso, no ha hecho ni un solo pronunciamiento, finalizó.
Los Mochis, Sinaloa.- Jubilados del IMSS toman de nueva cuenta las instalaciones de Afores XXI Banorte con la finalidad de exigir sus ahorros.
En noviembre del 2015 y por seis meses mantuvieron tomadas las instalaciones en espera de un resultado favorable. La junta de conciliación y arbitraje #35 les otorgó un fallo a favor pero a partir de febrero Afore XXI se amparó y el conflicto se fue al colegiado de la ciudad de Mazatlán.
“A nosotros solamente se nos da que se aplique la jurisprudencia 185 2008 y con eso nos quitan violentando el dinero fruto de 25 o 28 años de trabajo” dijo Isaura Salas, vocera del movimiento.
Protestantes exigen el pago en una sola emisión de sus ahorros, son 16 estados de la república, quienes de manera sumultanea demuestran su descontento hacía una aplicación inexacta a sus derechos.
Son 685 trabajadores jubilados y pensionados en todo el estado los que buscan llegar a obtener algún resultado por parte de la junta o de la dependencia bancaria.
(Jesús Mejía)
Mérida, Yucatán.- Un grupo de jubilados y pensionados reclamó a la institución bancaria Banorte de esta ciudad la falta de pago y/o devolución de los ahorros generados durante su vida laboral mediante el sistema de Afore (Administradora de Fondo para el Retiro).
Unas 50 personas, la mayoría ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizaron una manifestación pública de inconformidad con carteles, mantas y consignas en contra de la institución bancaria, la cual, subrayaron, ha cometido una estafa con sus ahorros pues se niegan a devolverlos.
Wilebaldo Tovar y Dorís Rubí Pech Canché indicaron haber obtenido un laudo favorable de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, sin embargo, Banorte se niega a devolverles lo que consideran son sus ahorros, más los intereses devengados en el tiempo de depósito.
El señor Wilebaldo Tovar expuso que su caso es aún “más crítico” porque, dijo, “desaparecieron” de su cuenta de Afore cerca de 400 mil pesos y su reclamo asciende a 626 mil pesos más intereses generados.
“Esto es un atraco y exijo devuelvan mis ahorros generados durante mi vida como trabajador”, recalcó.
Pech Canché criticó la pasividad del Sindicato de Trabajadores del IMSS ya que, indicó, carece de su apoyo para dar continuidad a estas demandas que afectan, dijo, a unos 200 mil trabajadores a nivel nacional que tienen sus cuentas con las Afores de Banorte.
Mencionó que a principios de año convinieron con la responsable jurídico de Banorte a nivel nacional, Gabriela Carrasco, que en cuanto obtuvieran el laudo favorable, la institución pagaría lo correspondiente, sin embargo, añadió, esto no ha sido así.
“Se trata del ahorro de toda nuestra vida y no es justo que se queden con nuestro dinero porque eso se llama atraco, un fraude”, subrayó la señora Dorís Rubí Pech, en medio de las reclamaciones de los inconformes frente a la sede de la institución Banorte situada en Paseo de Montejo de esta ciudad.
La inconformidad del grupo de jubilados se suma a las quejas de diversos cuentahabientes de Afore Banorte por la falta de respuesta efectiva e inmediata a sus fondos de ahorro para el retiro.
Ixtacamaxtitlán, Pue.- La empresa Almaden Minerals busca evadir el pago de regalías por la extracción de oro y plata en Ixtacamaxtitlán y ha divulgado que entrega un presunto soborno de 300 mil pesos mensuales al edil Eleazar Hernández Arroyo, por lo que pobladores se reunirán con las autoridades para “terminar con las irregularidades y los daños” del corporativo.
Integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua además, revelaron, que han sido informados de que la empresa a través de su subsidiaria Minera Gavilán interpuso un juicio de amparo en contra del presidente de la república y los legisladores del Congreso de la Unión, con la finalidad de evadir el pago del 7.5 por ciento de las regalías que obtenga sobre la producción de minerales que establece la Ley Minera
Así como contra la tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino.
Aunque la Justicia Federal sobreseyó el amparo, con el argumento de que la Almaden aún no tiene en operación el proyecto Ixtaca, la empresa interpuso un Recurso de Revisión que se tramita ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con el número de expediente 90/2015.
“Esta acción jurídica refleja la verdadera cara de la minera canadiense, a la que sólo le interesa la ganancia económica. Además de su hipocresía, pues han dicho tanto a pobladores, como a las autoridades, que al sacar el oro y la plata de territorio de Ixtacamaxtitlán, el municipio se verá beneficiado económicamente por los impuestos que debe pagar. Pero esto es un engaño”, añadieron.
Otro hecho que a juicio de los pobladores muestra “la doble cara de la minera” es la demanda de nulidad por medio del cual pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que deje de exigirle que cuente con el consentimiento de las comunidades indígenas antes de dar inicio a su proyecto de minería a cielo abierto en territorio de este municipio serrano.
“La minera no respeta los derechos de la población, ni la ley. Ha hecho más barrenos de los que le fueron autorizados y sigue generando daños al medio ambiente. Por esto es que se interpuso ya una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, agregaron.
El soborno
Por ello, indicaron que la tarde de este miércoles serán recibidos en audiencia por el pleno del ayuntamiento que les dará respuesta a estas violaciones y a los señalamientos que ha hecho la minera canadiense que asegura que cada mes entrega al presidente municipal la cantidad de 300 mil pesos.
“Nosotros consideramos que lo están difamando, pero la autoridad nos tiene que dar una respuesta porque incluso la Almaden asegura que es a don Eleazar a quien le debemos exigir cuentas y no a ellos”, indicaron.
Los miembros de la Unión de Ejidos y Comunidades dijeron confiar en que este miércoles 7 de septiembre el alcalde les dé una respuesta pues él también ha sido afectado con la “difamación que han difundido los encargados de la empresa”.
Esperan respuesta
En junio pasado, los opositores a la minera entregaron a la autoridad municipal el informe de impactos a los derechos humanos de los trabajos que ha realizado Almaden Minerals y los que podrían provocarse en caso de iniciar la etapa de extracción de metales preciosos que tiene proyectada.
En estudio que fue elaborado por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Rural y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario se establece que la minera ha realizado un mayor número de barrenaciones y a mayor profundidad que las autorizadas por la Semarnat y ha causado daños a los mantos acuíferos.
De concretarse el proyecto de explotación minera, Almaden abrirá un tajo a cielo de más de mil metros de largo, casi mil metros de ancho y una profundidad de cientos de metros; y al finalizarlo habría almacenadas 165 millones de toneladas de residuos roca en cinco estructuras separadas del tajo, entre otras afectaciones.
A través de sus empresas filiales, la canadiense Almaden Minerals tiene concesionadas 56 mil hectáreas de terreno en el municipio de Ixtacamaxtitlán en los predios Caldera 3-A, Caldera 3B, ambas del 21 de noviembre de 2012 con vencimiento en el mismo día y mes, pero del año 2062.
Desde abril del año antepasado, la empresa informó a sus socios que había terminado la exploración en el proyecto donde hizo más de 400 barrenaciones y determinó que hay 1.35 millones de onzas probadas de oro en los yacimientos: Ixtaca, Ixtaca East, Caleva, Azul Zone y Sol Zone, muy cerca de las comunidades de Tuligtic, Zacatepec, Xiuquenta y Santa María Sotoltepec.
SAN PEDRO CHOLULA, Pue., 14 octubre 2014.- Vista panorámica de la Pirámide de Cholula y la Iglesia de los Remedios ubicados en el Pueblo Mágico de Cholula. Junto los terrenos donde se construirá el Parque de las 7 Culturas. //Agencia Enfoque//
Por Arturo Manzano
San Andrés Cholula, Pue.- El Movimiento colectivo Cholula Viva y Digna alertó que recientemente han sido depositadas camionadas de grava en las inmediaciones del Patio de Los Altares, las cuales podrían ser utilizadas por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) para continuar el proyecto de parque en la zona monumental a pesar de carecer de permiso por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Josué Xicale, representante del grupo, reveló que desde hace ocho días empezaron a ver el almacenamiento de las piedras; “nosotros nos vamos a mantener alerta, no sabemos para que sean esos viaje de grava y cómo para qué los pusieron ahí”, dijo.
Además, el grupo ha documentado la presencia de topógrafos que realizan levantamientos, por lo cual el nivel de expectación del grupo está al máximo para impedir que se avance en las obras que son irregulares en caso que eso se pretenda.
Xicale mostró su confianza, además, de que con la llegada de Diego Prieto, ex secretario Técnico del INAH, en sustitución de Teresa Franco, se fortalezca la protección del patrimonio ya que el funcionario cuenta con el conocimiento previo del caso.
Con respecto al proceso jurídico que se le sigue a su papá y su hermano –Adán y Paul, respectivamente- dijo que no ha habido novedades y que ambos se han presentado a firmar semanalmente al juzgado correspondiente.
Señaló que se percibe una intención clara de alargar el proceso, aunque no de la misma manera que en meses pasados cuando sus familiares permanecían encarcelados.
“Una vez que se han estado dando las resoluciones de los amparos de las personas que tienen una orden de aprehensión, nosotros no lo hemos impulsado, precisamente porque cada vez que se resuelve un amparo nuevo de los compañeros que tienen orden de aprehensión, existen mayores elementos para que ellos puedan salir, mi papa y mi hermano en absoluta libertad”, señaló.
Con respecto al pago por la reparación del daño que el gobierno de San Andrés Cholula está obligado a hacer, indicó que no se ha realizado, de modo que buscarán una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del estado para que se presione a las autoridades a acatar el resolutivo.
Será en Tepeojuma y no en Atlixco donde se construya el complejo residencial Lagoons Country Club a partir de esta semana, a pesar que dicho proyecto representa un daño ambiental en la región, ya que en los terrenos en donde se ubicarán los mil 350 condominios habitan flora y fauna, además que se sitúa en inmediaciones de los ahuehuetes y manantiales del municipio.
El complejo residencial Lagoons Country Clubque se construirá a partir de esta semana en el municipio de Tepeojuma, representa un daño ambiental en la región, ya que en los terrenos en donde se ubicarán los mil 350 condominios habita flora y fauna, además que se sitúa en inmediaciones de los Ahuehuetes y manantiales del municipio.
En un recorrido realizado por CAMBIO, se constató que las 120 hectáreas vendidas por la familia Hernández a la firma, se encuentran lejos de la urbe, lo que significa que la zona residencial de lujo se ubicará en medio de cerros, entre árboles y milpas, pobladas por ardillas, tejones y demás especies locales.
Sin conocer el estudio de impacto ambiental, el Cabildo de Tepeojuma aprobó el jueves pasado la construcción del complejo residencial en la comunidad de El Astillero. La justificación del alcalde, Gustavo Hernández Martiñón es que con la inversión de 115 millones de dólares (alrededor de dos mil 164 millones de pesos) que se prevé en inversión, los campesinos de la zona gozarán de un “buen trabajo” como jardineros, sirvientas, entre otros.
En una indagación a la página de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las empresas Crystal Lagoons y Corporativo MCHno han entregado el estudio de impacto ambiental por lo que se desconoce si la instancia federal ya revisó el proyecto.
Un anuncio colocado en uno de los árboles, advierte que en los predios vendidos no se puede cazar animales y quien sea sorprendido, será remitido a las autoridades correspondientes.
“Dejaremos de ser el pueblo de la caña y los elotes”
En entrevista con el alcalde, aseveró que no participó en las negociaciones de compra-venta de los terrenos pero que sí está convencido en que este proyecto residencial dará nueva imagen a Tepeojuma. “Dejaremos de ser una comunidad que sólo se visita por su venta de cañas y elotes”, comentó a CAMBIO.
Según una breve presentación que le hicieron a finales del año pasado, le informaron que el fraccionamiento de lujo contará con seguridad privada, una planta de tratamiento, barda perimetral, alumbrado tipo LED, una playa artificial de 3.6 hectáreas, una casa club de 12 mil 551 metros cuadrados, un campo de golf de ocho hoyos, un minigolf para niños de 3 mil 500 metros cuadrados, así como la creación de un lago de pesca controlada para quienes compren en estos lotes o bien su condominio.
“La vegetación que habita en la región y que existe en ese tramo es selva baja, son pastizales, cactus, árboles o plantas como guamuchil, tipo de árbol a que abunda en la región, pero además los permisos tendrá que darlos la Semarnat. No somos nosotros la instancia que norme esto y la Semarnat tendrá que hacer lo suyo”, justificó.
Habitantes desconocen el proyecto
En entrevista con diversos vecinos de la región, aseguraron desconocer lo referente al fraccionamiento de lujo que se construirá en la zona.
Quienes se han enterado a través de redes sociales, han criticado el proyecto al asegurar que “secará” los manantiales de la zona para suministrar su playa, además que en la temporada de zafra, la zona se llenará de tizne. Otros, por el contrario, consideran que esta inversión atraerá el turismo.
La obra arranca esta semana y el tiempo de ejecución es de un año, de acuerdo con información de la empresa.
Las preventas de los condominios iniciaron desde hace una semana a través de espectaculares colocados en la zona metropolitana.
Según la página oficial de la empresa, los interesados pueden apartar con inversiones desde 900 mil pesos con diferentes opciones de pago. Los anuncios fueron colocados principalmente en los entronques con los municipios de Atlixco y San Andrés Cholula.
Padres de familia de la Escuela “24 de Febrero” de la colonia del mismo nombre, en el municipio de Yautepec, advirtieron que iniciarán movilizaciones para exigir que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) les devuelva los maestros que le quitó al plantel, después de que sin previo aviso transformó la escuela al sistema multigrado.
Con ello, dijeron, se fusionaron los grupos, pues juntaron a los estudiantes de primer año con los de segundo; a los de tercero con los de cuarto; y a los de quinto grado con los de sexto, lo que repercutirá severamente en la educación de sus hijos.
Aseguran que el IEBEM los tomó por sorpresa al quitarles a los maestros, “ellos llegaron el lunes, primer día de clases, y nos enteramos que solo hay cuatro maestros, cuando tres maestros y un maestro están haciendo labor de maestro y director y así nosotros no creemos que nuestros niños vayan a tener un buen rendimiento escolar”, señaló la señora Maribel Mauricio.
Señalaron que el argumento de las autoridades educativas para reducir la plantilla de profesores es que no hay suficientes alumnos, por lo que exhortaron a los padres de familia a realizar labor social en la comunidad para incrementar la matrícula.
El grupo de padres inconformes señalan que el bajo número de estudiantes se debe a que el IEBEM los ha obligado a pagar gastos de mantenimiento del plantel y el pago de un intendente, lo que ha incrementado las cuotas escolares, situación que llevó a muchos padres a inscribir a sus hijos en otras escuelas.
“Se supone que una escuela multigrado es para zonas rurales y esta escuela no es rural, es el primer punto, y el segundo es que por años no hemos tenido un intendente, cosa que nosotros hemos pagado año con año, más la cuota voluntaria para que nuestra escuela no se caiga y que siga funcionando”, señaló la madre de familia.
Dijo que la escuela Primaria “24 de Febrero” también es conocida como la escuela del cerrito del Tenayo, y al contar con tan solo 60 alumnos se les quitan todos los apoyos, lo que complica más la situación del plantel. “Al ser escuela multigrado se nos quitan todos los apoyos gubernamentales como ya nos informaron, entonces, ahora lo que exigimos los padres de familia es que si no dan solución para el martes se van a tomar instituciones para que ellos nos escuchen y sepan que la escuela existe”, agregó.
Después de pedir ayuda a la Jefatura de Sector y en la supervisión escolar y no encontrar una solución, los padres de familia iniciarán con la toma de oficinas públicas para exigir al IEBEM devolverles los maestros y los beneficios con los que contaban, pues aseguran que los únicos responsables de la situación son las autoridades educativas, al no cumplir con sus obligaciones.
Pahuatlán, Pue.- Acompañados de algunas autoridades ejidales y comunitarias, pobladores de una veintena de pueblos de la sierra otomí-tepehua-náhuatl de Puebla e Hidalgo dijeron no a la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula que la empresa Transcanada construirá en territorio de 3 municipios veracruzanos, 7 poblanos y 13 hidalguenses.
“Tenemos el derecho de decir no a los planes del gobierno y a la ambición de las empresas que sólo se acercan con los ricos y las autoridades para condicionarlas y amenazarlas. No nos tienen respeto ni a nosotros, ni a nuestra forma de vida. Por eso nos organizamos en ejercicio de nuestros derechos que nos da la Constitución”, explicaron.
Voceros de los comités constituidos en cada uno de los pueblos indicaron que la empresa canadiense los ha ignorado y ha empezado a trazar el lugar por donde será instalada la tubería a través de “Transportadora de Gas Natural de la Huasteca”, nombre con el que se “disfrazó” para hacerlos creer que “es igual a nosotros”.
A algunos pueblos, como San Nicolás en Tenango de Doria, Hidalgo y Montellano, en Pahuatlán, Puebla, llegaron los trabajadores de TranCanada, hicieron exploraciones y ni siquiera les dieron su lugar a las autoridades locales. No fueron ni a las oficinas públicas. No informaron en qué consistía su investigación, ni qué proyecto quieren realizar, denunciaron.
Luego llegaron con los dueños de los terrenos, les ofrecieron dinero. Reclutaron a algunos “malinches” que los llevaron hasta las casas de los propietarios, pero nunca han tomado en cuenta a todos los pobladores a pesar de que “el riesgo por la colocación de los tubos por donde circularán millones de barriles de gas, lo correremos todos. A nadie le han querido informar de la contaminación de la tierra y de los manantiales”, se quejaron.
“Algunas autoridades de los pueblos nos toman como unos locos. Dicen que la colocación del tubo no tendrá ninguna consecuencia. Que después de que lo entierren vamos a poder seguir sembrando encima como si nada y que además, el gasoducto va a pasar porque va a pasar, ya hasta lo dijo así el diputado federal Carlos Barragán. No les importamos nada”, agregaron.
Indicaron que se ha minimizado el asunto hasta compararlo con la instalación de una red de agua potable. Por ejemplo, ante la inquietud de la gente y el rechazo al gasoducto, el juez de Ahuacatitla, en Pahuatlán, Rosalino Mendoza López los ha llamado para preguntarles: “’¿Cómo llega el agua a sus casas? Pues en un tubo, verdad. Pues esto es igual y no hay ningún problema’. Pero sabemos que es una vil mentira. Ojalá nos pusieran un tubo de agua de esa magnitud, no padeceríamos lo que padecemos por la falta de agua, pero el gas es un peligro para nuestras comunidades, un riesgo para nuestras familias. No le creemos a esa gente, ni a nuestra autoridad”, explicaron.
Lo que sí saben, dijeron, es que necesitan de la tierra, de sus frutos, de los animales, del agua y de todos los bienes naturales, que no van a permitir que se dañen sus campos de cultivo, bosques y lugares sagrados. También saben, explicaron, que las empresas llegan a sus pueblos a “querernos comprar, aprovechándose de nuestras necesidades. También llegan con la complicidad de algunas autoridades ambiciosas que se prestan a hacer lo que ellas quieren y otra cosa que sabemos es que no queremos ese gasoducto de ninguna manera”.
Ya han afectado la vida comunitaria y los derechos de los pueblos porque tanto la empresa TransCanada como el gobierno han ignorado a las personas y a su derecho de decidir su forma de vida.
Las comunidades, dijeron, tenemos en todo momento el derecho a decir “no a los planes del gobierno y a la ambición de las empresas. “Así que nosotros no hemos dado ninguna autorización para que la empresa suba y baje nuestro territorio, ni se la vamos a dar”, remataron.
El proyecto
Se sabe que el gasoducto Tuxpan-Tula abastecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrá una longitud de 263 kilómetros y transportará 886 millones de pies cúbicos de gas diarios y costará 500 millones de dólares. Se conectará con la línea de gas submarina Texas-Tuxpan, otro proyecto en el que se ha calculado que se invertirán 3 mil 100 millones de dólares y tendrá una longitud de 800 kilómetros.
Según el Plan Quinquenal de Gasoductos del gobierno federal, el Tuxpan-Tula atravesará por los municipios poblanos de Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Jalpan, Tlaxco, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey; por los veracruzanos de Tuxpan, Poza Rica e Ixhuatlán de Madero y los hidalguenses de Acaxochitlán, Atitalaquia, Atotonilco, Tolcayuca, Tulancingo, Villa de Tezontepec, Zempoala, Singuilucan, Tenango de Doria y Metepec.
Con este gasoducto, de acuerdo con información de la empresa, TransCanada pretende complementar sus negocios en México, debido a que además opera los sistemas de tuberías Tamazunchale y Guadalajara y está terminando la construcción de los ductos Topolobampo y Mazatlán, por lo que para el año 2018, espera ser propietaria de los cinco sistemas principales del país.
Cuautla está lejos de ser un lugar donde los estudiantes se sientan seguros. Tras los impactos de bala que recibió un alumno del Centro Educativo “Fénix” en la colonia Emiliano Zapata, al haber estado en el lugar y momento equivocado, el miedo parece acrecentarse entre los jóvenes, quienes se han manifestado contra la violencia y exigido mayor seguridad en las calles.
Al tener la oportunidad de hablar con el secretario de Seguridad Pública en la ciudad, el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC), Jorge Alexis Negrete Torres, externó ese temor y pidió a Jesús Pérez Abarca garantizar la tranquilidad de la comunidad estudiantil, pues constantemente se registran asaltos en los que sus compañeros pierden sus pertenencias:
“Muchos salimos de la escuela y nos vamos al trabajo con nuestras computadoras, y ha habido casos de asaltos que son lamentables, porque esos equipos se adquieren con mucho esfuerzo”, externó.
El joven consideró que la labor de los elementos policiacos no debe enfocarse sólo en proteger el Centro Histórico, sino todas las zonas de riesgo.
“Muchos estudiantes somos trabajadores y eso puede conllevar tener que regresar a casa por la noche, ya muy tarde, cuando los riesgos aumentan”, dijo.
Entre los jóvenes, las quejas más frecuentes en temas de seguridad tienen que ver con los asaltos registrados en pleno Centro Histórico, particularmente al momento de realizar un retiro bancario, debido al esquema del programa estatal “Beca Salario”, que exige a los alumnos retirar dinero en fechas programadas.
OAXACA, Oax., 4 de septiembre de 2016.- Integrantes de la Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS) se quejaron de un presunto hostigamiento laboral en su contra y supuestos malos manejos en los recursos públicos. Los inconformes, que mantienen desde hace dos días una protesta en las oficinas centrales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) argumentaron que no han sido atendidas una serie de demandas presentadas con anterioridad. El secretario general de la gremial, Genaro Villalobos Sánchez informó que personal que trabaja en localidades de alta marginación, supuestamente es acosado laboralmente e incluso varios han sido despedidos. Pidió al encargado de los Servicios de Salud revise la situación en la Coordinación de Fortalecimiento a la Atención Médica, ante el supuesto manejo irregular de los viáticos, la gasolina y las plazas. “Nuevamente abusan del poder, cuando les conviene utilizan el poder patronal y cuando no el puesto sindical”, afirmó. Puntualizó que este gremio sindical ha impedido la recesión laboral de varios trabajadores, como es el caso de lo sucedido este sábado cuando intentaron despedir a tres empleados. Villalobos Sánchez pidió se instale una mesa de diálogo.
Después de reunirse con funcionarios del Organismo de Cuenca Balsas (OCB) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), integrantes de la comisión de comisariados ejidales de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), señalaron que sigue sin haber una solución al conflicto que mantiene un plantón de ejidatarios en el poblado de San Pedro Apatlaco, lugar donde se construye el acueducto de la termoeléctrica de Huexca.
En consecuencia, la guardia de campesinos en el puente Apatlaco, lugar donde se pretende realizar la conexión del acueducto con la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla, se mantendrá reforzada, ante el temor de un desalojo por parte de las autoridades.
Durante la reunión con las autoridades del OCB Conagua se confirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene los permisos para pasar la tubería por canales y el río Cuautla, “pero vienen de oficinas centrales, no de Morelos, no son del Organismo de Cuenca Balsas”, informó Ranulfo Flores Benítez, presidente de Asurco.
Sin embargo, aunque la empresa productiva del estado cuenta con los permisos para la construcción del acueducto, aún no tiene autorización para iniciar el bombeo del agua de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla, es por ello que los campesinos han ratificado su decisión de mantenerse en plantón en el punto donde se pretende realizar la conexión de la tubería, pues existe temor fundado de que de manera ilegal la constructora pueda pedir el apoyo de la fuerza pública para desalojarlos y terminar esa obra.
Para encontrar una solución al conflicto, la Conagua convocará a una reunión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ayuntamiento de Cuautla y el gobierno del estado para dejar en claro que únicamente tienen los permisos para cruzar la tubería por el río Cuautla, más no tienen autorización para disponer del agua, por lo que será necesario que se realicen los estudios correspondientes.
Izúcar de Matamoros es el municipio que tiene la tasa más elevada de muertes de mujeres con presunción de homicidios en Puebla, y también es donde la Secretaría de Salud atendió a más mujeres por lesiones y violencia de todo el estado de 2009 a 2014.
Las Estadísticas Vitales de Mortalidad, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES), indican que Izúcar de Matamoros tiene la tasa más alta de defunciones de mujeres con presunción de homicidio en Puebla de 2009 a 2014, con 6.5 asesinatos por cada 100 mil mujeres. Le sigue Huachinango con una tasa de 5 homicidios por cada 100 mil mujeres.
Los datos del Inegi no distinguen entre homicidios dolosos y culposos debido a que la información es tomada de los certificados de defunción, y la calificación del homicidio la hace el Ministerio Público una vez que se concluye la investigación y consigna el crimen.
De acuerdo con el “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Puebla”, que se publicó en junio de este año, estos municipios presentan una tasa superior a la registrada a nivel nacional. Aunque fue Izúcar uno de los sitios donde los homicidios de mujeres aumentaron más al duplicarse de 2013 a 2014.
Los especialistas que analizaron la pertinencia de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el estado también señalan en su informe que Izúcar encabeza la lista de los municipios con una tasa mayor de atenciones de mujeres por lesiones y violencia en las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud, con 168.3 por cada 10 mil habitantes de 2009 a 2014.
De los cuatro municipios donde más poblanas fueron atendidas por lesiones y violencia tres están en la misma región: Tecomatlán (184.56), Izúcar de Matamoros (168.38) y Tulcingo (115.87), los cuales incluso superan el promedio estatal y nacional. En tanto que Ayotoxco de Guerrero (125.67) se ubica en la región de Tezuitlán, en la Sierra Nororiental.
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Para Natalí Hernández Arias, del Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social AC (Cafis), existiría una relación entre las lesiones reportadas por el sector Salud y los homicidios, dado que la violencia contra las mujeres siempre va en aumento y si no se frena puede terminar en un feminicidio.
—Estadísticamente sí se ha comprobado un incremento de la violencia hasta llegar al feminicidio (…) el violentómetro del IPN (Instituto Politécnico Nacional) habla de una secuencia de cómo van en incremento los episodios de violencia y un poco queriendo explicar que en la medida en que no se actúe respecto a esta violencia pues habrá episodios más recrudecidos.
De acuerdo con las propias estadísticas de la Secretaría de Salud, por lo menos dos de cada tres mujeres que se atendieron por violencia física o sexual regresaron por la misma situación, es decir, que la mayoría volvió a ser violentada.
A pesar de ello la mayoría (98.4%) de las atenciones de mujeres por lesiones o violencia en Izúcar fueron calificadas por la Secretaría de Salud como “accidentales” y sólo menos del 1% como violencia familiar o violencia no familiar.
En el caso específico de Izúcar de Matamoros, Hernández Arias dijo que hay un contexto de violencia contra las mujeres por el incremento de la delincuencia organizada en la zona y también por la migración de hombres a Estados Unidos.
Estas dos circunstancias harían que el personal de salud que atiende a las mujeres víctimas de violencia no lo reporte de forma adecuada, pues tendría que dar parte a autoridades ministeriales y eso generaría problemas mayores.
Otra cuestión que mencionó la especialista es que los trabajadores de Salud no han sido capacitados en perspectiva de género, lo cual hace que muchas de las lesiones se vean como simples accidentes o situaciones de índole personal en las cuales no se tiene que intervenir.
SSA no cumple con norma
A partir de la entrada en vigor de la NOM-046-SSA2-2005 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres y Criterios para la prevención y atención, el 16 de abril de 2009 las Secretarías de Salud estatales están obligadas a notificar los casos de violencia familiar o sexual, así como a brindar atención integral a los involucrados y dar aviso al Ministerio Público.
Según la propia norma “su incumplimiento dará origen a sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables”.
En total, de 2009 a 2014 la Secretaría de Salud estatal registró de 15 mil 536 atenciones a mujeres por lesiones y violencia en Puebla de 2010 a 2014, de las cuales el 18% corresponde a violencia familiar y de acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005 se tiene que dar aviso a las autoridades ministeriales.
A pesar de ello la información disponible del Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia de 2010 a 2014 muestra que Salud estatal sólo dio aviso al MP en un uno de cada tres casos de las lesiones por violencia familiar. En contraste la secretaría notificó el 7.3% de las lesiones accidentales, en 63% de las autoinfligidas y 18.6% de las que se ignora la intencionalidad, a pesar de que la norma marca que únicamente se dé aviso si es violencia familiar o sexual.
Natalí Hernández dijo al respecto que mucho del personal de Salud desconoce la norma, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ello en lugar de reportar al MP los casos de violencia familiar o sexual -como es su obligación-, denuncian los casos de aborto o no atienden a las víctimas de violación hasta que denuncien el delito.
Los municipios con porcentajes más elevados de violencia familiar detectada por Salud estatal están: Xicotepec (62.2%), Tehuacán (54.1%), San Martín Texmelucan (48.8%), Puebla (35.7%) y Huauchinango (25%). En este punto hay que recalcar que después de Izúcar, Huauchinango es el municipio con la tasa más elevada de homicidios de mujeres en Puebla y que en Tehuacán los asesinatos de mujeres crecieron casi cinco veces de 2013 a 2014, según el Inegi y la DGES.
Otro de los datos interesantes que arrojó el informe del grupo de trabajo es que el tipo de violencia familiar más frecuente fue la sicológica, que representa el 50.8% del total de atenciones; después sigue la violencia física con un 25.2% y violencia sexual con un 9.2%.
A pesar de que es deber de la Secretaría de Salud atender los casos de violencia y dar aviso al Ministerio Público, tres de cada cuatro eventos de abandono o negligencia se repiten en el estado, así como 64.1% de los casos de violencia física, en un 67.0% de los casos de violencia sexual, en un 78.9% de los casos de violencia sicológica y en un 86.0% de los casos de violencia económica/patrimonial. Sin embargo el nivel de aviso al MP es menor cuando se repiten los eventos.
Para los expertos que hicieron el análisis, dos académicos nacionales y dos académicas locales, es preocupante esta situación “preocupante toda vez que la falta de aviso al MP de la repetición de los eventos de violencia contra las mujeres en el estado de Puebla, es una omisión por parte de las autoridades de salud respecto al deber de debida diligencia, así como a la obligación de prevenir la violación a los derechos humanos de las mujeres en la entidad, incluso en su expresión más grave como es el feminicidio”.
13-AGOSTO–2011————————-12FOTO: LUIS CORTES————————-IMAGEN DIGITAL————————INFORMACION————————————MUJERES EN LA CARRETERA PUEBLA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, MEXICO.
Por Samatha Páez
El pasado 30 de agosto la titular del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, notificó a la organización Todos para Todos la admisión de la solicitud para declarar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 13 municipios de Tlaxcala, debido a violencia sexual y trata de personas.
De hecho, de manera irregular desde 20 días antes de la notificación Inmujeres lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo para la alerta de género en Tlaxcala, aunque de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es hasta después de que se acepta la solicitud que se debe integrar el grupo de trabajo.
Y un día después de notificar a Todos para Todos sobre la admisión de la solicitud hecha el 9 de agosto, se publicó el resultado de la convocatoria para seleccionar a dos especialistas nacionales y dos especialistas locales, en la que eligieron a Alejandra Silvia Carreras, del Instituto Nacional de Ciencias Penales; Amalia Cruz Rojo, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Óscar Montiel Torres, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y Ángel Christian Luna Alfaro, del Colegio de Tlaxcala.
La organización Todos para Todos, que también fue una de las promoventes de la alerta de género para Puebla, pidió que se active el mecanismo federal para los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla por existir violencia sexual y trata de personas.
Entre los argumentos que brindó la asociación está el incremento de 600% en el número de averiguaciones previas en el país por trata de personas de 2008 a 2014, siendo los estados que más acumulan denuncias por ese delito la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.
También se menciona que 80% de los explotadores sexuales de mujeres proceden de Tlaxcala o realizan sus actividades delictivas en ese estado, así como en Puebla, Veracruz y la ciudad de México.
Todos para Todos señala además que en promedio se detiene a un presunto tratante por cada siete investigaciones abiertas por el delito de trata de personas, pero sólo en 7.2% de los casos el responsable ha sido sentenciado.
Al momento de informar la aceptación de la solicitud de la AVGM en Tlaxcala, la vocera de la organización, Violeta Lagunes Viveros, dijo que existe mayor confianza en que el estado de Tlaxcala se comprometa a emitir la alerta que el de Puebla.
Esto debido a que a casi tres meses de que el grupo de trabajo diera su informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Puebla, no se les ha convocado a las reuniones ni tienen noticia de los avances.
También porque el gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, notificó su aceptación de las observaciones del grupo de trabajo hasta el último día, lo cual demuestra –desde su punto de vista- que no existe compromiso para atender la violencia de género y que se pretende que sea la administración de Antonio Gali Fayad la que tenga que emitir la alerta.
La cortina de un local en la Colonia Obrera. Fotos: Ernesto Alvarez
Algo más tenía que haber detrás de un operativo de esas dimensiones. A las siete de la mañana, el corredor central de la vecindad se llenó de granaderos como si estuviesen buscando la guarida del Chapo Guzmán. Los 500 efectivos de la guardia de choque estuvieron a cargo del propio secretario de seguridad de la Ciudad de México: Hiram Almeida Estrada.
Casi diez días después, cuando este operativo se sume a una larga lista de otros realizados en menos de dos meses en el centro histórico de la ciudad, los desalojados entregarán durante una protesta en las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública un reconocimiento a Almeida como “represor del año: por su esfuerzo, constancia, entrega para garantizar que en la Ciudad de México se anulen los derechos humanos fundamentales de todo habitante”. El reconocimiento fue recibido en la mesa de entrada y tiene el sello correspondiente.
Pero en la mañana del jueves 11 de junio no hay todavía lugar para esto. Los antimotines con sus chalecos y sus escudos ocupan en dos filas todo el espacio del corredor central e impiden la salida y entrada de la gente. La orden es precisa: desalojar el apartamento de Daniel, que tiene una deuda con el banco Banorte.
El edificio de Granadas #130 se construyó en 1995 como un complejo de 100 viviendas de interés social promovidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Como en su momento el organismo gubernamental argumentó no tener recursos para ofrecer a los vecinos que pedían de su crédito, éste fue privatizado: el dinero lo prestó Bancrecer. Este banco se fundió en el año 2001 y fue adquirido por Banorte, que pagó 1650 millones de pesos por el 100 por ciento de las acciones.
“Nosotros nunca firmamos nada con Banorte, simplemente un día empezaron a llegar los estados de cuenta a nombre de este banco y también empezaron a subir las mensualidades. No todos pagábamos lo mismo, pero sí hubo una subida drástica: de 900 pesos que pagábamos nosotros, pasamos a pagar 1500. Eso fue hace 10 años. Como las mensualidad subieron tan rápido, muchos dejamos de pagar.”
Pilar es una de las vecinas que lleva en el edificio casi tanto como fue construído, pero ella no contrajo el crédito original con Bancrecer, sino que compró su apartamento directamente con la dueña primera. No hicieron la transacción por medio de notario y este es un punto importante, sobre el que volveremos más adelante.
Pilar también presenció el operativo policial del 11 de junio, porque su puerta da justo en frente al departamento que los granaderos venían a vaciar: “Nos gritaban que nos metiéramos, que no nos importaba lo que estaba pasando y otras groserías. Casi todas éramos mujeres las que estábamos ese día. Entonces arrojaron una granada de gas lacrimógeno en el pasillo: una parte de los policías subió las escaleras hacia la gente de los departamentos de arriba que se había asomado a mirar. La otra parte entró en el departamento y lo destrozó.”
Mientras conversa sentada en el living de su casa se acerca la madre de Daniel, el joven desalojado: “de adentro de la casa se llevaron al corralón una moto que estaba estacionado porque dijeron que no tenía placas, pero no estaba en circulación, no tenían por qué llevársela.”
El desalojo se tornó más violento cuando dos agentes dispararon en el lugar y un tercero usó su resortera contra los vecinos. Esto motivo un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública admitiendo el uso de armas de fuego en el desalojo de Granadas #130. También una denuncia por parte de los vecinos contra el accionar policial que se radicó en la Agencia del Ministerio Público n° 51, en Cuauhtémoc.
“Debería haber llegado un aviso tiempo antes que te avisa que debes desocupar la casa, o un aviso del juicio, pero acá no llegó nada. Rompieron la puerta, la reja y entraron rápido. No dejaron inventario de lo que se llevaron, pero destrozaron el departamento.”
No les importó a los granaderos que Daniel tuviese un amparo total que había ganado judicialmente para evitar eso que estaba sucediendo. Procedieron con los cargadores y dejaron sus pertenencias regadas sobre la vereda.
ANTECEDENTES. Cuatro o cinco años antes, recuerda Pilar, llegó un aviso de Banorte a los vecinos que ofrecía negociar las deudas a quienes pagaran al contado. “De los cien apartamentos, en ese momento sólo fuimos 4 personas. Habíamos enviado escritos al INVI para que nos apoyara pero respondieron que como ya estábamos con un banco privado, ellos no podían intervenir porque no compran deuda. Pero es una deuda que se generó porque ellos mismos nos derivaron con un financiamiento privado.”
Pilar fue una de las que negoció en ese momento. Además de haber pagado $900 pesos cada mes durante diez años, su familia tuvo que desembolsar 45 mil pesos al contado. En total, terminaron pagando casi 150 mil pesos por un apartamento que costaba 81mil.
La inflación de precios ha sido la constante a quienes ya han negociado con Banorte. Dos años atrás, hubo un intento de desalojo similar al de junio, pero de una mujer mayor que vive sola, Lupita. Los vecinos se resistieron en ese momento y lograron evitar su expulsión.
“Cuando el hijo de Doña Lupita fue a negociar a Banorte le dijeron que ya no había posibilidad de pagar al contado como nos habían ofrecido a nosotros dos años antes. A Lupita, Banorte le cobró 130 mil pesos, además de lo que ya había pagado en las cuotas.”
En estas épocas es que aparece una licenciada, Esther Villegas. Villegas llegaba a la vecindad con una lista de apartamentos endeudados ofreciendo solucionar la cosa por 60 mil pesos al contado. Nadie le hizo caso. La gente aprendió a desconfiar de los trajeados que caían con sus casas en listas de deudores. “Nadie entró a negociar con ella. Venía seguido, una vez por semana, hasta que dejó de venir. Volvió al año, pero el ofrecimiento había subido de 60 mil a 130 mil pesos. Cuando al tiempo volvió con otra abogada, ya pedían 250 mil pesos por negociar y acabar la deuda con el banco.”
Villegas aparece como la intermediadora entre el Tribunal Superior que mandata las órdenes de desalojo, Banorte y los vecinos. Es una recuperadora de deudas. Con ella derivó el banco a Doña Lupita cuando quisieron desalojarla dos años atrás.
NEGOCIACIONES. Es de esa lista vieja que Villegas le trajo hace 4 años que Mario, otro de los vecinos, se agarra para calcular la cantidad de apartamentos que están en peligro porque el banco se niega a darle información precisa de a quiénes y cuándo les caerán los desalojos.
Hace 4 años, eran 35 los apartamentos en la mira del prestamista. Durante ese plazo, Mario sabe y ha participado de la negociación de diez apartamentos. Durante la última semana y tras el desalojo, Banorte abrió la negociación con otros dos apartamentos más. Según estima entonces, hay 23 apartamentos que están en conflicto judicial y que ya han sido adjudicados: son propiedad del banco, parte de los “inmuebles Banorte”.
Roberto Sandoval, contador de la Cartera Externa y Raymundo Hernández, por Créditos son los negociadores de la entidad financiera, que se han reunido al menos en dos instancias con un grupo de vecinos de Granadas, Mario entre ellos.
Cuando les reclamaron la lista de apartamentos en pleito judicial, ya que no saben quiénes son porque las notificaciones no han llegado para nadie, los burócratas respondieron que no tienen esa información y que lo que los vecinos tienen que hacer es llevarles una lista de los apartamentos que ellos creen puedan estar en problemas, para luego checarla con sus registros. El punto está en que la lista debe elaborarse con los nombres de los que contrajeron los préstamos en 1995.
“La mayoría de la gente compró estos apartamentos por medio de contratos no notariados y eso que pagaron por sus casas no vale nada en esta negociación con el banco. Ellos sólo aceptan negociar con los titulares que tienen registrados, pero eso es un gran problema, porque mucha de la gente ni sabe quiénes son, porque en diez o veinte años pasaron 3 o 4 familias por la misma casa. Sí nos confirmaron que aunque hay deudas con otros bancos, Banorte es el único banco que está desalojando gente.”
Los vecinos de Granadas pretendían realizar una negociación en conjunto por la situación de todos los apartamentos del edificio, o bien recibir la asistencia del INVI, cosa que no ha sucedido. Imaginaban tener la chance de pagar las modestas casas donde viven y masticaban una fórmula: pagar $1600 pesos mensuales durante 8 años y 4 meses. 160 mil pesos por un departamento de interés social en una vecindad en Tepito. Además de otros 10 mil pesos extra por regularizar la cuestión notarial de las propiedades. Y pedían que esas mensualidades se mantuvieran congeladas durante el plazo negociado.
Nada fue así. En los dos casos que ya se negocian, Banorte levantó los precios casi 5 veces más de su valor original, entre 300 y 500 % de sobreprecio por refinanciar la deuda de los departamentos.
En uno de los casos, la deuda es de 576 mil 771 pesos. Si el vecino paga al contado, bajan el costo de su casa a 260 mil pesos. Si pide financiación por 10 años, le ofrecen que pague $5700 mensuales, que totalizarán 400 mil pesos. Si es en 15 años, la cuota inicial es de $5200 al mes que se convierten en 430 mil pesos.
En el otro, Banorte afirma que la deuda es de 394 mil 745 pesos, que pagando en contado se vuelven 160 mil, financiado a 10 años, $2800 la cuota para un total de 280 mil pesos; financiado a 15, $3600 la cuota, 300 mil al final del desembolse.
En ambos casos, las mensualidades se ajustan a un 12,9% de interés anual. Suben, no se congelan. En todos los casos, los vecinos deben hacer una entrega inicial del diez por ciento del costo del apartamento.
Pilar no tiene deudas con Banorte, pero igual no está tranquila. En Granadas viven dos familias que fueron desalojadas de un edificio cercano, en Jesús Carranza #40, derrumbado 8 años atrás para construir una de las instalaciones del DIF Nacional (Desarrollo Integral de la Familia). Ellos no tenían deudas, pero fueron desalojados cuando el resto de los vecinos no logró resolver la situación antes de que el edificio fuese vendido. Ninguna de esas familias recibió una indemnización gubernamental por la pérdida de su casa ni tampoco fueron reubicados.
Para Mario, el desalojo de las familias y el alza de los precios hace que las casas, en realidad, queden vacías, como ya ha sucedido con otros apartamentos desalojados por los ahora piden más de 1 millón de pesos. Pero acá somos todos trabajadores, repiten todos y cada uno de los vecinos. ¿Quién tiene esas cifras para desembolsar de un día para el otro? ¿Quién se va a venir a vivir a Tepito más que la gente que ya está acá?
Ciudad de México | Desinformémonos. Es el último día de agosto, una mujer de la tercera edad llega con dos kilos de tortillas, otra más con un guisado y un hombre mayor con varios kilos de tunas mientras integrantes de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán revisa los favorables resultados de los estudios del predio de avenida aztecas 215, entregados el 30 de agosto por el Instituto de Geología de la UNAM.La Opinión técnica concluye que “El agua que aflora en el predio proviene de un flujo somero de agua subterránea de reciente infiltración que alimenta a los mantos friáticos profundos y no de fugas de la red de agua potable”, como lo afirmaron las autoridades.
El estudio, avalado también por laboratorios de la Universidad de California, considera que “no es aceptable que el agua del acuífero se capte y tire al drenaje sanitario” del predio en el que la inmobiliaria Quiero Casa planea construir 377 departamentos en tres torres de ocho niveles y 683 cajones de estacionamiento en tres niveles de sótano.
“En enero los colonos nos dimos cuenta de extrañas excavaciones, ya no había arboles en lugar, cientos de litros de agua se estaban desbordando. Para que no nos diéramos cuenta la empresa usaba tubos por los que sacaban agua del manantial y la llevaban directamente al drenaje”, recuerda María de los Ángeles Fernández Castillo, mejor conocida como doña Fili, histórica luchadora social en defensa del derecho a la vivienda, el territorio y los recursos naturales, entre ellos el derecho al agua.
Para el señor, Mario Martínez, originario del lugar, es increíble reconocer que las autoridades permanezcan omisas: “el agua ha empezado a escasear, hemos estado sin suministro de dos semanas hasta dos meses, cada vez nos llega más cara y ahora se desperdicia para construir departamentos ni siquiera para vecinos del lugar”.
La eliminación de la flora y fauna, la entrada del gas natural, el incremento de tráfico vehicular y la contaminación, son algunas de las afectaciones que traería consigo el megaproyecto, razón por la cual las y los colonos exigen la cancelación de la obra y la expropiación del predio para uso público en beneficio de la comunidad.
Ante la negligencia y omisión de las autoridades de la ciudad de México, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, mantiene un plantón frente a las instalaciones del megaproyecto urbano desde el 29 de mayo pasado.
“Desde los años setenta los primeros habitantes de estas tierras han cuidado los recursos naturales, afirma María Santiago Maqueda, también colona del lugar y quien junto con otras mujeres permanecen en el plantón popular: “Mis padres lucharon a pulso por la vivienda que habitamos, fueron los propios colonos quienes construyeron sus viviendas con trabajo colectivo, labraron sus caminos. Hoy este territorio está en los ojos de las empresas y el gobierno porque además de su ubicación, la zona sólida hace que muy rara vez se sienten los temblores, tanto que fue una de las zonas que resistió cuando el temblor del 85.
Doña Fili, quien desconoce su edad, pero que a pesar de ella, transmite su energía, hace memoria de cómo las propias familias construían las escuelas, aportando tabique, varilla, láminas para el techo o herramientas: “Fue difícil porque el terreno es volcánico pero era la única opción que teníamos para tener un hogar. Nos tocó pelear porque metieran los servicios de luz, drenaje, agua, todo eso costó el tiempo, dinero y esfuerzo de las familias, no de los políticos, de ellos no hemos recibido nada más que amenazas de desalojo y promesas pero nunca cumplían, incluso tenemos una calle a la que nombramos así: las promesas, porque era el punto a dónde llegaban a prometer pero jamás regresaban. A la clase política le hemos demostrado que no necesitamos nada de ellos, cuando la gente se organiza los políticos quedan fuera.
Desde ese entonces hemos construido una base social que los partidos han intentado dividir pero nosotros tenemos claro que no le podemos llamar gobierno a quien desaparece, a quien agrede o a quien explota. Nuestro movimiento es social no electoral, no pertenecemos a ningún partido porque estamos conscientes de que ese sistema no hace avanzar. Hace unos años ejercimos nuestro derecho a la vivienda, hoy defendemos el predio y el manantial que es un manto friático donde yacen doce afloramientos, refiere doña Fili.
La histórica lucha de la colonia los pedregales, es sinónimo de organización y construcción colectiva, desde los 70´s y 80´s las mujeres se organizaban para que mientras unas cuidaban a sus hijos, otras bajaban a trabajar a las casas del sur de la ciudad. Había señoras que cuidaban guajolotes o burros y entre la misma población se generaba la economía y se protegía el tejido social.
El campamento
“Llevamos poco más de 120 días en el campamento, no porque nos guste andar en la calle sino porque es la única opción que nos deja tanto el delegado como el jefe de gobierno de esta ciudad. Y aunque hemos tenido represalias por parte las autoridades que se dicen de izquierda y quienes defienden ‘proyectos de desarrollo económico y social’ nos mantenemos en pie” asegura Rosa María Prado Fuentes, originaria de la colonia.
Si bien Miguel Ángel Mancera ha declarado públicamente la suspensión, la propia secretaria de gobierno Patricia Mercado, declaró que el agua del manantial “es tan mala que hay que tirarla al drenaje”. A decir de los vecinos “habría que tirarla del poder a ella” pues la respuesta de las autoridades ha sido de omisión e intimidación.
“Tan sólo a cuatro días de haber puesto el plantón, 300 ganaderos nos encapsularon. Al campamento arribó también personal de concertación política de la secretaría de gobierno de la Ciudad de México sin embargo, a la fecha no hay responsables del agua desperdiciada, a pesar de los problemas de suministro de agua en varias colonias de la demarcación. Actualmente, algunos trabajadores siguen operando y los departamentos continúan anunciados en internet. A decir de la inmobiliaria, los departamentos estarán listos para mayo o junio de 2017.
Cabe mencionar que a cuatro meses de la instalación del campamento, los colonos reprochan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se han pronunciado ni han documentado la situación que ahí prevalece, “mucho menos se han manifestado contra el ecocidio”.
Represalias y amenazas contra la Asamblea
“Hoy vivimos diversos tipos de presión, nos han subido la luz, el agua y el predial, de 320 pesos que pagábamos en 2013, ahora los recibos del predial nos llegaron de 6 mil 400 pesos y de hasta 9 mil pesos, una forma de presión que busca ahorcarnos. Saben que no podemos pagar esas cantidades por lo que buscan obligarnos a vender nuestras tierras y que desalojemos la zona pero no lo van a lograr, asegura doña María de los Ángeles.
Además de ese tipo de presión, las y los integrantes de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán han sido objeto de diversas agresiones y actos de intimidación. El 21 de julio pasado recibieron la presencia de dos personas que dijeron llegar del ministerio público, luego de haber recibido la información de que los integrantes de la Asamblea mantenían secuestrados a dos personas de la tercera edad, lo cual además de falso era ilógico, ya que al interior del predio se encuentran los vigilantes de la empresa, quienes tienen cerrado por dentro, lo que hace imposible que cualquier persona ajena a la inmobiliaria pueda entrar.
Además de la presencia policial constante, al campamento han aventado botellas de vidrio, vasos e incluso un cuchillo, que al ser lanzado cayó encima del anafre provocando que la persona que se encontraba en la cocina se quemara un pie.
“Después de los resultados de la UNAM, ademas de seguirnos organizado en las asambleas vecinales, con mayor certeza presentaremos una demanda de amparo. El esfuerzo de nuestros padres y abuelos no tiene precio, nos heredaron una vida, un futuro para nosotros y para quienes siguen, por lo que seguiremos defendiendo nuestro territorio y el derecho humano al agua. Hemos presentado nuestra situación al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, porque además de propiciar daños irremediables al medio ambiente, no sabemos si los permisos están regulados ni cuál es el estudio de impacto ambiental, afirma Gustavo López, uno de los defensores más jóvenes de la colonia pedregales.
Para la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, la solidaridad nacional e internacional ha sido fundamental a lo largo su lucha. Particularmente, desde la instalación del campamento han recibido la visita de las madres y padres de Ayotzinapa, de los normalistas, de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, de la comunidad de San Francisco Magú, Coyotepec y de otras luchas con las que se vinculan y construyen nuevas realidades. Desde diversas comunidades se han sumado a la exigencia urgente de la cancelación de la obra y de que se reconozca al predio como patrimonio de los pedregales.
“La lucha no es fácil, nos estamos enfrentando al gran poder del dinero pero no hemos traicionado a quienes nos heredaron estos lugares y no los vamos a traicionar”, asegura doña Fili mientras nos da un recorrido por el campamento. “De los primeros pobladores aprendimos cómo vivir en los pedregales, aprendimos cómo curarnos con las yerbas, cómo hacer una techo. En reconocimiento y respeto a su lucha estamos aquí todavía luchando y organizándonos, seguimos defendiendo estos pedregales porque el proyecto de las inmobiliarias y del gobierno no es nuestro proyecto, ni su vida es nuestra vida, nosotros amamos a los pedregales, ellos sólo ven el signo de pesos, somos nosotros los que decidimos nuestro futuro, porque la vida digna nadie nos la puede negar.”
El sacerdote jesuita, Javier ‘El Pato’ Ávila, denunció una serie de irregularidades utilizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste (TGNN), para simular que la comunidad indígena de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoyna, aceptó en una supuesta consulta, que el gasoducto El Encino-Topolobampo, pase por ahí.
El proyecto de gasoducto pasaría originalmente por la comunidad indígena de Bosques San Elías Repechique, pero los habitantes se negaron y las autoridades desviaron el trayecto.
Una de las opciones fue Arareco, pero la comunidad también se negó y se amparó, pero finalmente, con una consulta inducida y parcial, demostraron que la comunidad aceptó.
“A fin de cuentas, nuevos modelos de conquista, de despojo y de invasión en pleno siglo XXI, ahora con disfraces descarados de progreso y de desarrollo”, denunció el sacerdote, quien ha acompañado a las comunidades junto con el vicario de la Diócesis, Héctor Fernando Martínez Espinoza.
“Las cosas no podrían ser de otra manera viniendo de donde vienen, por más que se hagan promesas y ofertas de respeto a una cultura diferente. Un grupo de personas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad, hace varios meses se fueron metiendo como la humedad en la colonia de San Ignacio de Arareco para convencerlos de las bondades del proyecto que dicha comisión trae con la introducción de un gasoducto, a través de la Sierra Tarahumara”, agregó el sacerdote.
A pesar del amparo promovido, los funcionarios y empresarios insistieron, la CFE envió un equipo con el fin de convencer a quien fuera necesario para permitir el paso del gasoducto por esa comunidad, “lo quieran o no lo quieran y a como dé lugar”, enfatizó el jesuita.
“Tenían la táctica muy planeada: primero habrían que dialogar con quienes hemos vivido en esta región por muchos años y tenemos abiertas las puertas de la comunidad. La relación debe ser de bondad, de respeto, de diálogo, de escucha (…) se mezclaron en las propias ceremonias rarámuri de la Semana Santa. Toda una ingeniería del conflicto. La comunidad se cansó de su presencia, luego de varios meses de encontrarlos en todas partes, ¡hasta en sus celebraciones religiosas de domingo, con gran devoción metidos entre la gente! y la misma comunidad les pidió que salieran y no los volvieran a molestar, que respetaran sus tiempos y los dejaran dialogar solos, en paz”.
Sin embargo, Javier Ávila indica que: “los conquistadores” no desistieron. No se movieron y continuaron en la comunidad, aunque con distancia. “Sin duda fueron las consignas dadas al equipo de CFE, a pesar de que uno de sus jefes hizo a un servidor para secundar la decisión de la comunidad y retirar a sus empleados.
Mazatlán, Sinaloa.- Maestros de la Universidad Pedagógica de Sinaloa pararon labores para exigir que el rector Aniceto Cárdenas Galindo deje su puesto, ya que aseguran que violó los derechos laborales en la otorgación de plazas.
PARO
En medio de la cancha de la escuela se colocó un grupo de estudiantes y profesores, los cuales explicaron cuál era el motivo del paro.
Señalaron que el rector entregó las plazas a personas muy allegadas a él, dejando fuera a maestros con más capacidad y experiencia.
Les informaron a los estudiantes que se tiene un amparo contra la convocatoria en la que se entregaron las plazas a los amigos del rector, y que ese proceso es muy lento, y por eso se manifiestan, a sabiendas que el rector tiene protección política de Malova y Genaro Vargas Landeros.
“Lo único que se quiere es que se resuelva el problema, ya que el rector nunca atendió el derecho de promoción de algunos maestros”, señaló José Manuel León, docente de la UPES.
Los maestros piden que el rector sea inhabilitado para ocupar un cargo público, debido a la falta de transparencia en el manejo de los recursos de la universidad.
Como ejemplo, indicaron los trabajos de construcción de la techumbre y las obras que se están realizando en el plantel, porque hasta el momento no se sabe cuánto gastó.
Los mentores señalaron que si no hay respuesta se seguirán realizando paros.
Los vecinos denunciaron que todos los días son víctimas de asaltos y saqueos a casas habitación, sin que la policía del Mando Único tenga capacidad para contener a las bandas delincuenciales que actúan a cualquier hora, sin importar si es de día.
Señalaron que tan solo en una semana, la mayoría de casas y negocios de una cuadra fueron atracadas por las bandas de delincuentes, lo que despertó el malestar de los vecinos, quienes se organizaron para tomar medidas por cuenta propia, ante la falta de respuesta de parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), a la que le pidieron ayuda en reiteradas ocasiones.
En consecuencia, se organizaron en guardias vecinales para implementar diversas acciones, entre estas el programa Vecino Vigilante, mediante el cual utilizarán mecanismos de aviso para poner en alerta a los vecinos ante la presencia de los delincuentes.
La desesperación -ante falta de apoyo de las autoridades- ha llevado a los habitantes de la colonia Otilio E. Montaño, también conocida como Amilcingo, a advertir mediante la colocación de mantas, que se harán justicia por mano propia en caso de detener a algún delincuente.
Derivado de esta organización vecinal, la Policía del Mando Único les ofreció aumentar los patrullajes, sin embargo sólo se ha destinado una unidad, la cual recorre la colonia cada tercer día, mientras tanto tienen que ser los habitantes quienes vigilen las calles de su colonia.
Zacatepec.- Un grupo de padres de familia de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas de la cabecera municipal exigen a las autoridades educativas la designación de un maestro para uno de los grupos de segundo grado, ya que desde el inicio del ciclo escolar no hubo docente designado y fueron fusionados dos grupos para cubrir el faltante.
Los padres de familia comentaron que desde el inicio del ciclo escolar fueron fusionados dos grupos de segundo grado, ya que de acuerdo con las autoridades educativas, les fue retirado un docente porque durante las preinscripciones únicamente se tenían inscritos 16 estudiantes para ese nivel.
Sin embargo actualmente el grupo de segundo grado quedó de 41 estudiantes, “necesitamos que se separe el grupo y se designe a otro maestro porque son muchos, además de que uno de los grupos tiene cuatro estudiantes con capacidades diferentes”, comentó Ariadna Labra Portillo, vocal del comité de padres de familia.
Mencionó que durante el ciclo escolar se tenían grupos de 20 y 21 alumnos, ya que se contaba con el total de la plantilla de maestros, además de que los salones son pequeños y más de 30 alumnos no caben.
Señaló que de acuerdo al área de servicios regionales, el lunes se dará respuesta a la solicitud de los padres, en espera de que sea favorable, de lo contrario acudirán a la capital del estado para realizar la petición de manera directa al área correspondiente.
MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA
PETO.— Por tercer día consecutivo, ayer se suspendieron las clases en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), subsede Peto, debido a que desde el miércoles 31 de agosto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó el suministro de energía por un adeudo de aproximadamente $18,000 que no pagó la Secretaría de Educación del Estado (Segey).
Entre muestras de indignación, los alumnos indicaron que han aguantado todos los desplantes que les ha hecho la Segey por las condiciones en las que tiene a esa máxima casa de estudios.
Advirtieron que “ya no callarán más lo que sucede” porque consideran que las autoridades educativas deben tomar con la seriedad que les corresponde la obligación que tienen con la educación de los jóvenes.
Toman acuerdos
Durante la mañana de ayer viernes, los estudiantes tuvieron una reunión para llegar a acuerdos sobre las medidas que tomarán por el problema en el plantel.
Surgieron varias propuestas, entre ellas hacer un paro de clases y tomar la escuela; la otra es que cierren la carretera para pedirles donativos a los automovilistas a fin de juntar dinero para los gastos del plantel, pues desde diciembre no dan recursos a la institución ni para los servicios básicos.
Sin embargo, en el transcurso de la tarde se restableció la energía eléctrica en el plantel; aún así, los estudiantes dijeron que la reunión programada para el próximo martes sigue en pie.
Entrevistado al respecto, el coordinador del plantel, Justo González Zetina, dijo que suspendieron las clases pues los alumnos no tienen las condiciones para ello.
González Zetina señaló que ayer, en la reunión que realizaron los alumnos, se les informó de la situación ya que había quienes no sabían con exactitud lo que pasaba, sobre todo los de nuevo ingreso.
—Desde junio la Segey informó que suspendería el pago de la corriente y que sería la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies) la que cubriría esos gastos a partir de julio —informó.
—La creación de esa nueva Secretaría es un acuerdo de cúpula y lo que está sucediendo es una irresponsabilidad y negligencia, y pone en evidencia que el proceso de transición no se está haciendo de manera correcta.
—Lo que no entendemos, es como se atreve la Segey a liberarse de esa responsabilidad sin saber con certeza que la nueva Secretaría cumpliría con lo acordado.
—Desde diciembre no se recibe recursos ni para los servicios básicos —dijo.
—La universidad subsiste de las colaboraciones de los alumnos que cada semestre aportan $100 porque no nos están llegando los recursos que nos corresponden.
Señaló que otra situación que afectará a los estudiantes es que recortarán entre 10 y 15% el presupuesto para becas de Manutención del Programa del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey), lo que significaría que unos 25 alumnos de la UPN, subsede Peto, se quedarán sin beca.—
La explotación de hidrocarburos en Tamaulipas tiene un lado oscuro: el evidente daño a la ecología; pese a las multas impuestas por la Profepa, la deforestación y la contaminación en las zonas rurales parece imparable.
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Más que beneficios, la explotación del gas natural y petróleo en el estado de Tamaulipas, ha traído graves problemas de contaminación y daño a la ecología, luego de que han sido contaminadas y deforestadas por lo menos 90 mil hectáreas en los últimos 5 años.
A esto se le suman los constantes derrames de hidrocarburos a lo largo y ancho del estado, por los cuales en los últimos tres años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apenas ha aplicado multas por 7 millones de pesos a la paraestatal para resarcir los daños a la ecología.
Además, productores ganaderos en municipios fronterizos como Reynosa, Miguel Alemán y Camargo, han reportado que sufren daños en sus propiedades por parte de PEMEX, ya que trabajadores de la dependencia entran a los ranchos sin permiso, tumban cercas, perforan pozos y no pagan, afirmó el dirigente ganadero Gildardo López Hinojosa.
“Es PEMEX el principal enemigo de la naturaleza en Tamaulipas”, afirmó el diputado local Humberto Rangel Vallejo.
Dijo que la contaminación en lagunas y otros humedales en Tamaulipas, se da principalmente en aquellos sitios donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) hace trabajos de exploración.
“Estamos preocupados por la contaminación que registran zonas como la zona del Mezquital en Matamoros, así como en la zona de Reynosa y la frontera chica, con la Cuenca de Burgos”.
Por otra parte el investigador y ecologista Martín González, comenta que Tamaulipas representa uno de los lugares más codiciados para el lucrativo negocio energético en México, siendo la región denominada Cuenca de Burgos la más explotada, y que involucra 19 municipios de los 43 en el estado.
Hay daños en 90 mil hectáreas de la Cuenca de Burgos
“En esta zona se estima que se han realizado la perforación de 90 mil pozos en busca de gas natural, donde se afectó una hectárea por cada pozo, por lo que hay un daño de 90 mil hectáreas que fueron deforestadas, más el impacto a los ecosistemas naturales de esta región”.
Agregó que también hay otras regiones que se han visto afectadas como por ejemplo el caso de las comunidades agrícolas ejido Santa Gertrudis y El Cortineño, ubicados en el municipio de San Fernando, donde se encuentra el complejo petrolero Los Nejos, de donde se extraen millones de litros de derivados del petróleo.
“Las afectaciones del fracking a estas comunidades, se reflejan en 200 hectáreas agrícolas improductivas, además de perjuicios a la flora y fauna como consecuencia de la explosión del pozo 53”.
Además de la agricultura, la pesca y la ganadería como actividades económicas principales, enfrentan el riesgo de daños irreparables por causa de la fractura hidráulica, debido a que la contaminación de fuentes de agua es una de sus consecuencias fatales, ya que una inyección a pozo para extracción contiene más de 700 productos químicos distintos, entre ellos sustancias tóxicas como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.
Las perforaciones podrían provocar sismos
En los últimos años Tamaulipas ha registrado 65 sismos con intensidades que van de los tres a cuatro grados Richter, esto de acuerdo a información del Servicio Sismológico Nacional.
Los sismos y fallas geológicas en regiones sin actividad sísmica histórica son otro resultante de la práctica fracking, en los últimos años.
En los últimos años los sismos en Tamaulipas, se han registrado en la región de San Fernando, Burgos, San Carlos y Altamira, principalmente.
Las exploraciones causan daños en los ranchos ganaderos
Las exploraciones que realiza PEMEX en la región fronteriza de Reynosa, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, han provocado daños en los ranchos ganaderos, luego de que personal de esa paraestatal entra sin permiso, derrumban cercas, perforan pozos y tapan caminos.
Gildardo López Hinojosa, ganadero de Reynosa comentó que tuvieron que pedir la intervención de diputados federales, para que exhortar a Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para que en las acciones de exploración y producción petrolera, impere un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de las tierras.
“En la región fronteriza hay inconformidad, porque los trabajadores de PEMEX, llegan y perforan pozos en sus ranchos y no les pagaron al cien por ciento o les privatizaron caminos, han ampliado brechas más de la medida que deben ser, entre otras cosas”.
Indicó que aparte de los daños, los productores batallan para que la empresa les pague las afectaciones. Fuente Expreso.com
En casi diez años ninguna autoridad ha resuelto la contaminación de Salamanca provocada por la empresa de insecticidas Tekchem.
En el 2007 la compañía vendió el terreno al Gobierno Estatal pero dejó a cielo abierto 28 mil toneladas de polisulfuro de calcio, además de 7 mil 429 tambos con sustancias tóxicas para producir malathión, usado como insecticida.
El argumento de los dueños de Tekchem para no retirar los desechos tóxicos, antes y ahora, es culpar al anterior propietario, Fertimex, de no confinar los materiales contaminantes antes de vender la planta.
Hoy todavía hay contaminantes de Fertimex a unos 30 metros de las instalaciones, a un lado de la vía de ferrocarril en lo que fuera un canal de descargas pluviales que desemboca en el Río Lerma cerca de la colonia El Ranchito.
Fertimex al igual que Guanomex y Velpo, pertenecieron al Gobierno Federal. Las tres antecedieron a Tekchem en el mismo sitio y produjeron insecticidas. Cada una en su época contaminó Salamanca sin control.
Como una empresa privada, Tekchem funcionó 15 años hasta que finalmente no pudo trabajar más ante la oposición de la población y la difusión del hecho de que en otros países se prohibió la producción de insecticidas similares al malathión.
Los inversionistas vendieron los terrenos al Gobierno de Guanajuato y algunos pasivos como las indemnizaciones pendientes de los trabajadores.
A cambio, Tekchem se comprometió a limpiar el sitio para que el Estado construyera un parque público.
Un informe de la Bolsa Mexicana de Valores precisa las cantidades de contaminantes que Tekchem abandonó en Salamanca al dejar de cotizar.
El daño ya causado al medio ambiente y salud de los habitantes de Salamanca quedó registrado en el libro “Agua Subterránea, Gestión y Participación Social en Guanajuato”, escrito por Boris Marañon Pimentel, investigador de la UNAM.
“Las repercusiones se hicieron patentes en la salud de los vecinos de la planta a quienes les ha afectado el contacto con el químico”, asegura.
Hace unos días, am estuvo en la planta que parece cementerio de fierros. Parte de los muros que rodean el polígono de 25 hectáreas están por derrumbarse y a simple vista se encuentran los desechos tóxicos.
El olor a pesticida se percibe a unos 400 metros del tiradero pero resulta insoportable a menos de 50 metros.
A 200 metros de Tekchem hay al menos seis colonias. La más cercana es La Cruz, seguida de El Pitayo, San Juan de la Presa, Jardines del Sol, Obrera y Ampliación Obrera.
Juntas tienen unos 11 mil 500 habitantes de escasos recursos, informa el Municipio.
Ocultan investigaciones sobre desechos tóxicos
Al menos los resultados de dos investigaciones sobre las consecuencias contaminantes de los desechos de Tekchem, están reservados. Las autoridades se niegan a darlos a conocer.
La investigadora de la UNAM Letizia Odeth Silva Ontiveros, en el libro de su colega Boris Marañon Pimentel, precisa que la Cámara de Diputados presentó un informe sobre Tekchem en diciembre de 2006.
El estudio demostró la contaminación de 114 mil toneladas de suelo con desechos peligrosos de insecticidas y la generación de 20 mil toneladas de lodos ácidos y residuos dañinos que se encuentran al aire libre.
Además la empresa fabricaba, precisa la investigadora, plaguicidas como DDT, hexaclorobenceno, toxafeno y endrín, prohibidos en muchos países.
El estudio no volvió a tocarse desde 2007 y quedó archivado como “información reservada”.
El otro estudio fue realizado a instancias del Municipio. Los resultados se entregaron a la Agencia Alemana de Cooperación Técnica GIZ y se firmó un convenio para revisar Tekchem.
A la par, Cofepris hizo un diagnóstico de enfermedades que padecen los salmantinos a consecuencia de la contaminación, pero las autoridades se niegan a mostrar los resultados.
María del Carmen Mejía Alba, titular de Medio Ambiente de Salamanca, informó que el Municipio elaboró una demanda contra quien resulte responsable del daño ambiental ocasionado por la productora de insecticidas, pero no la presentaron para no detener el proyecto de limpiar Salamanca, iniciado este año por Estado, Federación y Municipio.
El tema compete a la Federación y al Estado, precisó Mejía Alba, pero “como Municipio presionamos para que no se olvide el problema”.
“El conflicto legal ha sido un nudo muy complicado al pasar de paraestatal a privada; nadie se hace responsable”, afirmó.
Ooootra vez: prometen solución en tres años
La Federación a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acordó con el gobernador Miguel Márquez, en febrero de 2016, remediar el problema Tekchem a través del llamado “Plan Salamanca”.
La Semarnat anunció que iniciarían con la primera de cuatro etapas que resolverá el 30% de la contaminación ocasionada por los tóxicos.
Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Semarnat, ordenó a sus colaboradores que garanticen mejor calidad del aire de Salamanca en dos años.
Para el alcalde salmantino, Antonio Arredondo Muñoz, este acuerdo es uno de los más importantes en beneficio de la población.
Sin embargo “el avance ha sido lento”, a pesar de que “es uno de los pasivos ambientales, si no es que el más fuerte que tiene el Estado”.
Agregó que la presión de los salmantinos fue un factor fundamental para que el Gobierno Estatal interviniera.
“No se hacía el ruido necesario hasta que interviene directamente el Gobernador, quien se preocupó porque aquí vivimos una situación muy fuerte”.
Arredondo confía que a fines de 2018 la zona esté completamente limpia.
Por lo pronto se destinaron 140 millones de pesos para una primera etapa.
El 38% de la población de Salamanca se ubica en la zona oriente, donde se localizan Tekchem y otras industrias.
En las reuniones del Plan Salamanca participan: Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris por parte del Gobierno Federal, así como el Instituto de Ecología, la Procuraduría Ambiental, el Gobernador y el Alcalde de Salamanca.
“La pelota está en la cancha del Instituto de Ecología para iniciar con el retiro y la Secretaría de Medio Ambiente aportará el recurso”, dijo Arredondo.
Una primera limpieza de residuos tóxicos se hizo hace 9 años, éstos fueron llevados a Monterrey a un planta de confinamiento. Desde entonces todo sigue igual.
Dijo que cuatro colonias son el foco de prioridad, pues están alrededor de Tekchem.
La explosión del 2000
En 2000 se registró una fuga de malathion que provocó una explosión en el interior de la planta de Tekchem. Cientos de personas sufrieron intoxicación.
En esa ocasión, la Procuraduría de Federal de Protección Ambiental (Profepa) ordenó la clausura temporal de la empresa.
Los habitantes más afectados fueron los de San Juan de la Presa, ubicada a 300 metros de la planta. Los mayores recuerdan el día de la explosión como si fuera ayer.
En una de las calles de terracería habita desde hace 45 años Virginia Ramírez, a quien le tocó el estallido.
Entre 5 y 6 de la tarde se escuchó la detonación. Virginia, quien estaba en su casa, comenzó a notar la movilización de la colonia y al salir observó que una nube grisácea cubría la ciudad, por lo que ella y sus vecinos fueron evacuados.
Describe aquel olor como “ajo podrido” que se le quedó impregnado en la nariz.
Desde el estallido químico Virginia Ramírez sufre dolores de cabeza constantes al igual que su hija, pero los médicos le aseguran que no tiene nada, que es solo “estrés”.
Algo similar le ocurre a Natalia, de dos años de edad, hija de Juana Pizano González, habitantes de Las Cruces. Su casa también se ubica en el perímetro de los desechos tóxicos.
“Se me enferma bien seguido del estómago y de las vías respiratorias, sobre todo en época de calor. Y sí nos preocupa porque dicen que estos residuos nos van a hacer daño con el tiempo”, comentó Juana Pizano.
A pesar que el olor es más intenso al medio día, Juana y sus vecinos ya se acostumbraron al aroma a plaguicidas.
Miguel Ángel Martínez, otro de los habitantes del lugar, platicó que su vecino José Concepción durante la fuga de malathion comenzó a sangrar de la nariz, meses después le detectaron cáncer y falleció dos años más tarde.
“El muchacho tenía unos 25 años y se dedicaba a arreglar el sonido de los coches, pero dejó de hacerlo porque se la pasaba malo, le detectaron cáncer y nomás duró dos años y se nos fue”.
A Miguel Ángel también le tocó estar presente en el sepelio de su vecina Modesta, una señora de la tercera edad que no soportó la inhalación del malathión.
Doña Modesta murió dos meses después de la explosión.
Las colonias que sufrieron las consecuencias fueron Jardines del Sol, Reforma, Nuevo México, Nativitas, El Pitayo, Las Cruces y Obrera.
Entre acusaciones de negligencia médica, una adolecente de 15 años dio a luz ayer a un niño en la sala de espera del Hospital Materno Infantil, en Irapuato.
Familiares de Alondra Guadalupe López Tornero, de 15 años, afirmaron que fue rechazada varias veces por médicos y personal del hospital.
Alondra Guadalupe llegó al Materno Infantil alrededor de las 3 de la mañana de ayer, sin embargo, médicos la regresaron a su casa porque le dijeron que no era tiempo del alumbramiento, pese a los dolores de las contracciones.
Jesica Yuliana Raso López, familiar de Alondra, dijo que no se podían regresar porque son de la comunidad Carrizal el Grande y decidieron quedarse en el hospital, ante la negativa del personal médico de atender a su familiar.
“Nosotros somos de una comunidad y no tenemos en que movernos y decidimos quedarnos aquí (en el hospital). La ingresé por segunda ocasión a las 11 de la mañana y ellos me dijeron que me pasara en esa ocasión y me dicen que todavía no, que es muy escandalosa porque es primeriza y me dijeron que siguiera caminando que el bebé estaba bien, nuevamente y por tercera vez la vuelvo a meter a las 7:40 de la noche y la no me la recibió la doctora, me la dejaron caminando, y se le reventó la fuente a las 8:40”, comentó Raso López.
La familiar al ver los dolores más fuertes de Alondra fue a buscar a la doctora –de quien no se proporcionó su nombre– y esta la sacó del consultorio, argumento que estaba ocupada.
“La enfermera me dijo que se calmara que todavía tenía tiempo y mi hermana me decía que ya sentía venir la cabeza del bebé y la enfermera nada más estaba diciendo que se tranquilizara”, comentó.
Raso López comentó que Alondra empezó a sangrar y se machó la bata, y que una de las enfermeras sólo se les quedaba mirando y no hacía nada.
Enseguida, contó la mujer, el bebé nació en medio de la sala de espera del Materno Infantil y fue hasta entonces que empleados del hospital llegaron con una camilla y trasladaron al interior a la mujer y al recién nacido.
Raso López dijo que después de que fue ingresada Alondra, el personal del hospital aún se burlaban.
“Me dijeron que ya me calmara y me saliera que me iban a dar un cheque por haber recibido ese niño, se burlaron de mi los doctores”, comentó.
Raso López también señaló que el mismo personal los amagó con no dejarlos ver al bebé si no le entregaban fotos que tomó del alumbramiento en la sala de espera.
AM buscó hablar con personal médico del Materno Infantil, pero no quisieron atender la petición.
Tijuana.- La violencia generada por los cárteles de la droga es innegable en Baja California, sin embargo las estrategias al combate de inseguridad en 50 municipios del país, anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto buscarán frenar la ola de crímenes, indicó el gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid.
En esta estrategia, el General de División de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, refrendó el compromiso para hacer frente a la lucha contra las organizaciones criminales, señaló el Ejecutivo estatal.
NO HAY MANDO ÚNICO DE CRIMEN ORGANIZADO
En Baja California, no existe el empoderamiento de un cártel, por ello existe una pugna por el territorio. Esto ha dejado como consecuencia que más del 80 por ciento de los crímenes estén relacionados con el tráfico de drogas.
“El problema es que en Baja California no hay mando único en el crimen organizado y esto se debe al trabajo coordinado y eficiente que estamos realizando los tres niveles de gobierno en combatir el trasiego de la droga”, señaló el Gobernador.
De acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en lo que va del año, suman 550 ejecutados tan sólo en el municipio de Tijuana.
El mandatario estatal reconoció que los criminales han incrementado su nivel de violencia en la región, pero a su vez impulsa a las autoridades a fortalecer estrategias.
“Las ejecuciones se están dando y algunas son de alto impacto por la manera tan fuerte y tienen qué ver con la pugna entre los grupos que están metidos en el negocio de la droga y narcomenudeo”, destacó.
Tras realizarse la ceremonia de Izamiento de Bandera en las instalaciones del Cuartel Morelos en Tijuana, Vega de Lamadrid expuso que la mayor parte de la droga en Baja California forma parte del trasiego que tienen como destino Estados Unidos y por ello es necesario cerrar el paso a las rutas que han establecido las organizaciones criminales.
“Lo que yo digo que está fallando, es que tenemos que cerrar rutas en Baja California donde se está moviendo la droga”, señaló.
A la par, reconoció que para hacer frente al combate de la inseguridad “las autoridades tienen claro que requieren eficiencia, información; pero sobre todo, la colaboración de la ciudadanía”.
De acuerdo a la limpia delictiva de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), las organizaciones criminales que trafican heroína, cocaína y marihuana por la frontera de San Ysidro, son el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.
CRECEN DECOMISOS
En Baja California, “la violencia es innegable”, señaló Vega de Lamadrid en atención a medios de comunicación, acompañado por el comandante de la II Zona Militar, general José Ricardo Barcena Rosiles.
Destacó que el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han propiciado que Baja California se coloque entre las entidades con más decomisos en el país, pero a la par también ha tenido consecuencias entre los grupos criminales, mismas que al final se traducen en ejecuciones.
“Hay una violencia que a todos nos molesta y nos preocupa. El que se haga este esfuerzo de decomisos, tiene también incidencia en el crimen organizado porque al momento de dar un golpe importante alguien la tiene que pagar”, planteó.
ESTRATEGIA FEDERAL, FRENO A LA VIOLENCIA
Las autoridades en la entidad, confían que el despliegue de las estrategias anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, tras realizarse la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se sumarán al trabajo que se realiza en los cinco municipios.
“Seguimos trabajando en coordinación en un programa donde participan cincuenta municipios del país, hay municipios fronterizos donde presentamos características muy especiales, pues somos sujetos a un fuerte trasiego de drogas y que esta sea cruzada hacia Estados Unidos”, planteó.
Entre las estrategias federales se aplicarán mayores acciones de operatividad e información.
“Es un esfuerzo adicional para poder detener y eliminar el trasiego de droga (…) yo tengo una amplia fe que a través de ese nuevo esquema de seguridad está basado en información y operatividad haya un resultado positivo”, expuso.
“Esperamos que con esto se reduzcan esta racha de homicidios que hemos tenido en Baja California y el ochenta por ciento están relacionados con el narcomenudeo”, concluyó.
Mexicali, 3 de septiembre.- La Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de las Comandancias de la II Región Militar la Segunda Zona Militar, informa que el personal militar jurisdiccionado a este mando territorial, realizó del 1 al 31 de agosto del año en curso, diferentes actividades de labor social.
Entre las cuales se encuentran 210 consultas médicas, 199 consultas odontológicas, 94 extracciones dentales, 288 cortes de cabello, 122 reparaciones de aparatos electrónicos, 10 reparaciones de instalaciones eléctricas, limpieza de áreas en una superficie de 13 mil metros cuadrados y trabajos de pintura y remoción de escombro.
De igual forma se establecieron módulos de información sobre la campaña de donación de armas de fuego, Servicio Militar Nacional e ingreso a planteles del Sistema Educativo Militar, así como una galería fotográfica.
Con estas actividades 1,831 personas se vieron beneficiadas de forma directa.
Oaxaca.- Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon los accesos a plazas comerciales de Oaxaca, en protesta contra la reforma educativa. Los docentes tomaron las entradas de la Plaza Oaxaca, Plaza del Valle y Macroplaza, en la que impidieron el paso de clientes a los comercios valiéndose de carritos de compra.
Como parte de las acciones nacionales, maestros de Morelos volvieron a salir este jueves a las calles de Cuernavaca para demandar la abrogación de la reforma educativa y exigir la reinstalación de los 25 profesores de la entidad cesados por no haber presentado la evaluación de permanencia.
La tarde del primero de septiembre se congregaron en dos grupos. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación caminaron desde El Calvario hasta el Centro y otro inició el recorrido con una gran manta del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), desde la avenida Morelos sur, a la altura de la colonia Chipitlán, hasta el zócalo.
Señalaron que su lucha continúa porque a nivel federal no se ha llevado a buen puerto la negociación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene la postura de cerrazón.
Los profesores demandaron la liberación inmediata de todos los maestros que siguen detenidos por las acciones realizadas en varios estados del país.
De igual forma, reiteraron que además de las demandas legales, seguirán la vía de la movilización para lograr que sean reinstalados los 25 maestros que fueron despedidos de su puesto de trabajo por la “evaluación punitiva”, cuando en otras entidades no se aplicó el cese por el mismo motivo.
Los integrantes del Movimiento Magisterial de Bases también llevaban pancartas con consignas en contra del actual gobierno estatal.
Informaron que sigue en curso el proceso de demandas laborales por el despido injustificado de los 25 docentes que no presentaron la evaluación. Dijo que en agosto pasado se planeaba notificar a cuando menos tres mil maestros para la segunda etapa de evaluación, pero no se llevó a cabo, lo que para ellos significa que con las movilizaciones sí están avanzando.
Oaxaca, 2 de septiembre de 2016.- Trabajadores sindicalizados del Congreso de Oaxaca pidieron que no se modifique la ley en lo relativo a la aportación del mismo gobierno al fondo de pensiones. Los manifestantes tomaron las instalaciones de la Cámara de Diputados local para solicitar que no se cambie el segundo párrafo del artículo 7 donde señala que el gobierno estatal debe aportar el 18% del salario de los trabajadores cuando dicho fondo esté en riesgo. La delegada sindical del Congreso, Carmela Juárez Martínez dijo que el gobernador Gabino Cué mandó la modificación a la ley pero al protestar los sindicalizados se comprometió a no hacer dicho cambio pero hasta el momento tampoco ha mandado un oficio que revoque la reforma que envió desde un principio. Para creerle al gobernador, dijo, necesitan ese documento en el que retira la modificación a la ley que envió al Congreso. Explicó que una de las afectaciones al fondo de pensiones, en el que están desde los de base hasta mandos medios y de primer nivel, es que algunos titulares de dependencias han pedido préstamos pero no los pagaron. Por ello, piden que no se retire dicha cláusula porque está en riesgo de que se quede sin fondos.
Alumnas de la UNAM marchan de la Facultad de CPyS a Rectoría para denunciar la violencia de género que padecen al interior de esa casa de estudios y contra la campaña Heforshe, que busca que hombres y niños sean
Ciudad de México. Un grupo de alrededor de 50 alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marcharon hoy desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) hasta la Torre de rectoría para denunciar la violencia de género que padecen al interior de esa casa de estudios.
Con los rostros cubiertos realizaron un mitin en la explanada de la FCPyS. Sus compañeros las veían sorprendidos, algunos reían al escucharlas sonar los tambores y exigir a las autoridades universitarias no proteger a los agresores.
Las jóvenes rechazaron la campaña HeforShe, lanzada por ONU Mujeres y a la que se adhirió la universidad esta semana. “Nos nos representa”, objetaron, pues manda un mensaje claro: “no podemos defendernos solas”.
La estrategia, traducida en México como Ellos por Ellas, inició en 2014 y busca que hombres y niños se conviertan “en agentes de cambio” para lograr la igualdad de género, como lo ha explicado en varias ocasiones Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en este país.
“Es una campaña absurda”, expresó Guadalupe, estudiante de la FCPyS. La pancarta que ella preparó decía “Ser estudiante o profesor no te libra de ser agresor”. Un compañero, quien fue su pareja, la agredía física, sicológica y sexualmente, afirmó en entrevista:
Parecería “un asunto de nuestra vida privada”. Pero la violencia también ocurrió en Ciudad Universitaria “sin que nadie hiciera nada”. En lugar de firmar pactos o pegar carteles rosas, la universidad “debería incluir materias sobre igualdad de género para todas la carreras que se imparten”, propuso. Los maestros también deben tomar cursos, “porque el acoso también proviene de ellos”.
A su paso por las facultades, como la de Ciencias, algunos se solidarizaban con un gesto de afirmación, pero la mayor parte de los maestros, alumnos y trabajadores parecían extrañados de ver a sus compañeras exigiendo derechos.
“Queremos asistir a nuestra universidad sin tener que encontrarnos a nuestro agresor en el pasillo, en el mismo salón de clases. No queremos que los protejan objetando su derecho a la educación”, demandaron al llegar a las puerta de la rectoría.
Ahí, señalaron algunos casos como el de una alumna de la Facultad de Filosofía y Letras. Un compañero se metió al baño de mujeres, donde ella estaba, para sacarle fotos. O el de una joven quien fue golpeada por su novio en la explanada de la Escuela de Trabajo Social.
En todos los casos, aseveraron, el personal jurídico no actuó en contra “de los victimarios. Encima nos culpa a nosotras”.
Tijuana, 2 de septiembre.- Mexicali y Tijuana se encuentran entre los 50 municipios más violentos del país donde se aplica un programa especial para combatir el crimen organizado, confirmó el gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, y luego de afirmar que la violencia es “innegable” afirmó que “el problema en Baja California es que no hay mando único en el crimen organizado”, que atribuyó al combate coordinado contra el narcotráfico.
Dijo que está “muy esperanzado” de que la estrategia acordada en el Centro Nacional de Seguridad Pública permitirá salir adelante “vamos a hacer los esfuerzos humanos y sobrehumanos para resolver este problema que nos preocupa y nos preocupa mucho”.
A su vez, el comandante de la Segunda Zona Militar, José Ricardo Bárcena Rosiles, mencionó que es una estrategia basada fundamentalmente en la inteligencia y en la información por lo que pidió a medios de comunicación convocar a la población a que denuncie situaciones que tengan que ver con el tema.
Luego del izamiento de la bandera en el cuartel Morelos, Vega de Lamadrid admitió que “es innegable que tenemos aquí la violencia” que atribuyó a los decomisos de droga que han realizado en los últimos meses, incluso de sustancias que no se producen aquí, y puso como ejemplo la incautación de más de 630 kilogramos de cocaína que reportaron en agosto.
“El que se haga este esfuerzo de decomisos tiene incidencia en el crimen organizado porque al momento de dar un golpe importante a su vez también alguien la tiene que pagar”, dijo y sostuvo que el gobierno “no está parado ni estático”, por lo que se puso en marcha el programa en los 50 municipios considerados violentos.
El gobernador sostuvo que la coordinación es un factor que no han descuidado, sumado a un diagnóstico de las características específicas de cada demarcación.
Reveló que ese estudio arrojó que los municipios fronterizos están sujetos a “un fuerte trasiego de drogas y a su vez que esta droga sea, sobre todo, para cruzar a Estados Unidos”, por lo que insistió en que “yo tengo una amplia fe de que a través de este nuevo esquema de seguridad que se ha implementado vamos a tener resultados mucho muy importantes, sobre todo está basado en información y en operatividad en coordinación y la información”.
Este nuevo esquema se acciona y fortalece al que tradicionalmente hemos traído y estoy muy seguro de que nos tendrá que dar buenos resultados y tendremos que también disminuir -ojalá- en su totalidad -¡ojalá!- esta racha de homicidios que han sucedido aquí en Baja California, que el 80 por ciento de ellos tienen que ver, precisamente, con el tema del narcomenudeo”, enfatizó Vega de Lamadrid.
Confirmó que la información, trabajo de inteligencia y la coordinación es la base de la estrategia que se aplica en los 50 municipios más violentos, pero advirtió que también debe haber participación de otros países porque el trasiego de la droga no es solo de México, sino de Centro y Sudamérica y de Estados Unidos.
Vega de Lamadrid declinó responder si hay alguna falla en los estados que permiten el paso de droga que llega a Baja California, pero afirmó que “cada quién hace su esfuerzo, pero a Baja California le pega”.