Así arrasó Grupo Higa con propiedades otomíes de Xochicuautla

Gisela Martínez

(San Francisco Xochicuautla, Estado de México, a 11 de abril de 2016).- Gisela recorre los escombros, trata de recordar dónde estaban los papeles importantes: las actas de nacimiento, los recibos de nómina, quizá aparezca la chequera. El drama aumenta, no sólo le han arrebatado su casa, sin esos papeles no podrá jubilarse como tiene derecho.

A las 10 hrs. de este lunes, al menos 800 policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) rodearon la comunidad de Xochicuautla. Al mismo tiempo, entraba también maquinaria pesada de la empresa Teya, filial de Grupo Higa.

La alarma cundió y los habitantes de Xochicuautla corrieron a la casa de Gisela y de Armando García Salazar, “El Doc”, como le dicen. Creían que si se agrupaban dentro de la construcción evitarían que fuera derrumbada.

Según testimonios de los pobladores, la policía nunca mostró orden judicial alguna, únicamente mostraron una copia fotostática del decreto expropiatorio en clara violación a la ley. Armando, enojado, les mostró las sentencias de amparo ganadas por la comunidad para detener la construcción de la carretera. Alcanzaron a entrar a la casa 25 vecinos, incluidas personas de la tercera edad y una bebé de dos años.

La policía reventó la puerta, arrojó gases lacrimógenos y a golpes y rastras sacaron a la gente, mientras afuera rodeaban la vivienda para impedir que se acercaran más habitantes a defender a los de adentro. Ni Armando ni Gisela pudieron sacar sus pertenencias, incluidos documentos personales.

La comunidad de Xochicuautla es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por el riesgo en el que se encuentran y las amenazas que han recibido, pero a pesar de que les otorgaron un botón de pánico que se supone realiza una llamada para activar diversos protocolos de seguridad, nunca tuvieron respuesta, además de que la policía estatal se los arrebató para que no pudieran llamar.

La lucha que emprendió la comunidad indígena de Xochicuautla lleva 9 años. Tuvieron ya varias victorias legales. Recientemente ganaron dos amparos , uno otorgado por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien les concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. Y otro donde logran que les concedan la suspensión del decreto de expropiación.

La violación a las sentencias judiciales tiene graves consecuencias como lo ilustró el caso de el desafuero del Peje, juicio iniciado contra el entonces Jefe del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador por haber violado presuntamente una suspensión judicial.

En el caso de Xochicuautla no sólo está involucrado el gobierno de Eruviel Ávila, sino también la empresa Autovan (Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V.) y la Constructora Teya, S.A. de C.V., parte del Grupo Higa, empresa acusada de corrupción, tráfico de influencias como lo demostró el reportaje de #LaCasaBlanca y en fechas recientes de desvío de recursos y evasión fiscal, según las filtraciones de #PanamaPapers.

“El Castillo” como era conocida la casa de Armando y Gisela, era también parte importante en la organización de la comunidad, era el lugar donde se celebraban asambleas, talleres y también comidas. Estaba a la orilla de Xochicuautla, cerca de la entrada al bosque. Su peso simbólico era notable.

Después de la destrucción de la casa, los granaderos se quedaron rodeando el terreno, muestra que la comunidad interpretó como provocación. La Dirección General Adjunta de Investigación y Atención a Casos de la Secretaria de Gobernación, así como personal del Mecanismo, llegaron al lugar. La intención era crear una mesa de negociación entre la comunidad, autoridades del Estado de México y organizaciones de la sociedad que han acompañado el caso, así como la propia Secretaria de Gobernación.

Después de varias horas acordaron los términos de la mesa: los granaderos y la maquinaria salían de la comunidad, la reunión sería en el sitio indicado por Xochicuautla en el Distrito Federal, y con funcionarios con capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, cuando ya estaban en camino las comisiones, el gobierno del Estado de México rompió con los acuerdos e impuso que fuera en la ciudad de Toluca, algo que la comunidad no aceptó.

Ya en la tarde, habitantes del pueblo instalaron un campamento frente a la casa destruida.

El día de hoy la situación sigue tensa. Esta mañana los policías del CES regresaron a Xochicuautla y amenazan con derribar la pequeña capilla de donde parten las peregrinaciones hacia la montaña, la cual quedaría separada de la comunidad de ser construida.

Xochicuautla está organizándose para impedir que siga la destrucción, llaman a la solidaridad y a realizar una valla humana para impedir que Higa siga avanzando.

http://www.masde131.com/2016/04/asi-arraso-grupo-higa-con-propiedades-otomies-de-xochicuautla/