Medio para armar
26/08/16. Ante las amenazas y agresiones, la ambientalista Esperanza Salazar se fue de Colima
Diario Avanzada
09/01/15. Colima, quinto lugar nacional en ataques contra ambientalistas: Cemda
Diario Avanzada
02/06/15. Denuncian amenazas de muerte contra activista en Colima
Proceso
26/08/16. Exigen revertir privatización del agua y modificar ciclovía en Puebla
El Sol de Puebla
08/08/16. Presenta amparo ante ciclopista “Frente Puebla con Árboles”
Intolerancia Diario
02/08/16. Puebla tiene 4 veces menos áreas verdes de lo recomendado por la OMS
Lado B
31/07/16. Vuelven a manifestarse contra la ciclovía en el Hermanos Serdán (Puebla)
El Sol de Puebla
24/07/16. Por segunda vez, protestan contra ciclovía Hermanos Serdán; interponen amparos (Puebla)
Ángulo 7
20/07/16. Hacen costumbre arrancar obras sin permisos en Puebla
e-consulta
17/07/16. Ciudadanos y ONG’s dicen NO la ciclopista del bulevar Hermanos Serdán por ecocidio (Puebla)
Periódico Central
26/08/16. Veda en golfo de Ulloa es para establecer minera submarina Don Diego, asegura Víctor Castro
BCS Noticias
18/08/16. Pescadores del Golfo de Ulloa se amparan ante Sagarpa por veda de pesca en Comondú
BCS Noticias
Empresa minera (Minera Don Diego) busca extraer minerales del océano
03/06/16. México, el país con más conflictos mineros en América Latina
Forbes
12/05/16. Minera Don Diego intentará por tercera vez dragar el fosfato del mar (Baja California Sur)
BCS Noticias
12/05/16. Minera submarina ‘Don Diego’ insiste en dragar el fondo marino de BCS
SDP Noticias
09/09/15. La minería marina, un peligro para el ambiente en Baja California Sur
La Jornada
20/04/15. La criminalización del periodismo en Baja California Sur
Contralínea
04/03/15. Demanda empresa de minería submarina a reportero
Peninsular Digital
04/03/15. Minera marina se ubica en área que Semarnat destinaría para protección de caguama
BCS Noticias
03/02/15. Extraerán en México minerales del océano
El Golfo Info
03/02/15. La ballena podría modificar su ruta de iniciar operaciones la minería marina en Comondú
BCS Noticias
a Paz, Baja California Sur (BCS). El coordinador de Comités Municipales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aseveró que el único interés de imponer la veda a los pescadores del Golfo de Ulloa es el establecimiento de la minera submarina ‘Don Diego’.
“Quiero tocar un tema, de una zona afectada por una política criminal del Gobierno de Peña Nieto, la zona del Pacífico Norte, que es López Mateos, San Carlos, la parte de Cadejé, toda la parte del Golfo de Ulloa, han suspendido las pesquerías, ¿cuál es el propósito?, está quedando más claro que el propósito de suspender las pesquerías ahí es el interés de compañías extranjeras que pretenden establecer la minera submarina de Don Diego”.
En ese sentido, Castro Cosío expresó su oposición a esta política que – asegura – fue impuesta por el Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto. “Por eso nos oponemos a esta política del Gobierno Federal impuesta hace unos meses a esta región del Pacífico Sudcaliforniano”.
Por otro lado, el excandidato a la gubernatura de Baja California Sur, manifestó su apoyo a las diversas luchas sociales que se han levantado en la entidad, como lo es a los pescadores de Punta Lobos, a los trabajadores de la minera ‘El Boleo’, a la familia Benton y a la no minería tóxica.
“Quiero ratificar el apoyo a los pescadores de Todos Santos, de manera decidida, a los mineros de Santa Rosalía, a la familia Benton, que pretende ser despojada de su terreno; y por supuesto, nos sumamos a lo que planteó el presidente del partido, no a la minería tóxica en Baja California Sur ni en el país”.
Crónica
Mariana Primero
Un grupo de alrededor de 500 campesinos se manifestaron en las instalaciones de las diferentes delegaciones federales en Chihuahua, como es el caso de Sagarpa, Conagua y la CFE, a fin de exigir que el gobierno federal atienda las necesidades del sector productor del estado. Con lo anterior, provocaron el desalojo de empleados de las primeras dos dependencias.
Como parte de la jornada “Armando Villarreal Marta”, líder agrario asesinado en Nuevo Casas Grandes en el 2008, las agrupaciones de campesinos El Barzón, Agrodinámica Nacional y Unión Campesina Democrática decidieron hacer una manifestación en las diferentes instalaciones de las dependencias federales.
Peticiones. En primera instancia, al exterior de Sagarpa fueron los miembros de la Unión Campesina Democrática quienes exigieron se atiendan las necesidades del campo con el cumplimiento de los programas federales en tiempo, ya que los retrasos afectan las cosechas y su comercialización.
La disminución en el costo del diésel agropecuario, baja en las tarifas de electricidad, mayor volumen de compra de leche y apoyos dentro de los programas para productores de granos, son algunos de los requerimientos de los campesinos, manifestó el líder de El Barzón, Heraclio Rodríguez, quien se reunió con funcionarios de Gobernación en la Ciudad de México.
En la Secretaría de Gobernación, Rodríguez Gómez solicitó a los funcionarios federales apurar la entrega de los apoyos al campo que fueron autorizados en el Diario Oficial de la Federación desde el ejercicio del 2016, pero que a ocho meses del año siguen sin entregarse a los productores.
Heraclio Rodríguez recordó que fue la misma Secretaría de Hacienda a nivel federal la institución que les prometió una reducción en el costo del diésel que utilizan para producir, a fin de que los campesinos locales puedan competir con los extranjeros y posicionar sus cosechas de forma medible entre los productores locales que cotizan su producción en la Bolsa de Valores de Chicago.
Específicamente en Aserca, paraestatal de Sagarpa, sólo se han desahogado 500 de las 5 mil solicitudes de apoyos para la cosecha y venta de granos, como frijol y maíz, a pesar de que los productores se incorporaron al programa desde el inicio del año y hasta el momento no cuentan con los apoyos que podrían mejorar sus cosechas y comercialización.
Minutos más tarde, miembros de El Barzón, liderados por Martín Solís Bustamante, tomaron las instalaciones de Conagua, a fin de exigir que se escucharan las peticiones y, al tiempo, se prestaran las instalaciones para reunirse ahí con todos los representantes de las delegaciones federales involucradas en los conflictos.
En este sentido, Martín Solís agregó que también exigen regulación y atención en el tema de extracción de agua, ya que son muchos los productores que operan de forma ilegal los pozos y los yacimientos de agua potable.
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/979890.html
Por
Redacción
Tijuana, 26 de agosto.- Autoridades civiles, militares y de la Marina acordaron reforzar las estrategias de seguridad en el estado; sostuvieron una reunión en la que pidieron a la población “trabajar de la mano, en ese sentido y sin descanso para evitar que la delincuencia afecte la tranquilidad de las familias de Baja California”.
En el encuentro se estableció continuar con la aplicación de los operativos para el combate a los grupos delictivos, tomando como base la inteligencia policial, así como los sistemas tecnológicos para capturar a los responsables de delitos como homicidios, robos, extorsiones telefónicas, entre otros, informó el gobierno estatal en un comunicado de prensa.
El gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, exhortó a los integrantes del Grupo de Coordinación a mantenerse cercanos a los ciudadanos, a fortalecer ese lazo con la sociedad para trabajar de forma integral en la prevención del delito y fomento de la participación ciudadana.
Dijo que esas acciones “sin duda generan confianza en el trabajo que se realiza por el bien de la seguridad, ya que trabajar en un mismo rumbo permitirá fortalecer la armonía social en cada comunidad de los cinco municipios de la entidad”.
Enumeraron que el reporte estadístico indica una reducción general de 7 por ciento en la incidencia delictiva, por lo que se seguirá trabajando en ese sentido, ya que en el tema de seguridad pública se debe ser constante y con resultados positivos que beneficien a la población en general.
En la reunión participaron el jefe del Ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid; el comandante de la Segunda Región Naval, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, y el jefe de Estado Mayor de la Segunda Zona Militar, Francisco Javier Hernández Vélez, para definir las medidas.
También se contó con la participación del alcalde de Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis; el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; la procuradora general de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya; el delegado estatal de la Procuraduría General de la República, Pedro de Jesús Torres Salazar; el delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, y el coordinador estatal de la Policía Federal en Baja California, Pedro Hernández Hernández.
Asimismo, los directores de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Alejandro Monreal Noriega; de Tecate, Juan Bartolomé Lam Canto; de Playas de Rosarito, Joaquín Olea López y el encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, José Luis López Medina.
Pedro Zamora Briseño
Colima, México, Avanzada (25/08/2016).- Ante el creciente clima de amenazas y riesgo para su integridad personal, la coordinadora general del grupo ambientalista Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, se vio forzada a emigrar de esta entidad, bajo el resguardo de escoltas del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En los preparativos de su salida de la ciudad, la activista estuvo acompañada por Jennifer Moore, representante para América Latina de la organización canadiense MiningWatch; Miguel Angel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Marco von Borstel, del Colectivo Ollin.
Sin embargo, durante los trabajos de empaque y mudanza de las pertenencias de Salazar Zenil, ella y sus acompañantes sufrieron el hostigamiento de individuos vestidos de civil, así como de agentes de la Procuraduría General de Justicia y de la Policía Estatal, según un reporte presentado por Moore, Mijangos y Von Borstel ante Amnistía Internacional México, Brigadas de Paz Internacional y Front Line Defenders.
El documento, del que fue proporcionada una copia al reportero, señala que el acoso experimentado en esta ocasión “ratifica una vez más” el tipo de amenazas sufridas por Esperanza Salazar por parte del gobierno estatal, además de que “se confirma el grado de inseguridad y riesgo en el que se encontraba la compañera”.
Con más de dos décadas de activismo en defensa de medio ambiente en Colima, Salazar fue en los últimos tres años una de las impulsoras del movimiento contra la explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso en la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala.
Algunas de las luchas previas de Bios Iguana tuvieron que ver con la oposición a la tala del mangle para la ampliación del Puerto de Manzanillo y con la defensa de la Laguna de Cuyutlán ante la Construcción de la planta regasificadora construida en el sexenio de Felipe Calderón, cuyas violaciones a la normatividad ambiental todavía se dirimen en tribunales internacionales por gestiones del grupo ecologista.
A petición de habitantes de Zacualpan inconformes con el proyecto minero, desde los últimos meses de 2013 los integrantes la organización defensora del ambiente brindaron asesoría y acompañaron en su primera etapa la conformación del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), que logró destituir a la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales —que pretendía imponer el proyecto— y obtuvo la declaratoria del pueblo como “territorio libre de minería”.
Esta situación provocó una serie de amenazas y agresiones contra integrantes del CIDTZ y de Bios Iguana, de las que esta última responsabilizó a seguidores del expresidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán; a la entonces delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera —recientemente destituida del puesto— y al gobierno estatal.
Antes del exilio de Esperanza Salazar, ya se había retirado del activismo la mayor parte de los integrantes de Bios Iguana, algunos de los cuales también se fueron del estado y otros sólo dejaron de participar en el movimiento, tras haber sufrido incidentes que ponían en riesgo su seguridad personal y la de su familia.
En los últimos meses, frente al peligro para la integridad personal de Esperanza Salazar, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas había colocado en su domicilio un sistema de seguridad que entre otras cosas incluía cámaras de vigilancia.
En el documento enviado a los organismos internacionales con fecha 17 de agosto de 2016, Jennifer Moore, Miguel Mijangos y Marco von Borstel señalaron que la salida de la activista del estado de Colima se produjo “debido a las repetidas ocasiones en que su integridad física se ha visto en riesgo a causa de la violencia y amenazas de las que ha sido víctima desde hace 3 años, fomentadas por diversas instancias del estado, mismas que han sido documentadas en el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del cual ella forma parte”.
Narraron que desde su llegada al domicilio de Esperanza para acompañarla en la mudanza, el pasado 2 de agosto, detectaron que su casa presentaba una irregularidad en una puerta interior, ya que fue desprendida una tabla de la puerta del segundo cuarto dejando un agujero aproximadamente de 40 por 60 centímetros, lo que evidenció que había sido allanada en su ausencia.
Durante el día, los escoltas que acompañaban a los activistas detectaron que en la esquina más cercana al domicilio de Esperanza Salazar había un grupo de hombres vestidos de civil vigilando, cuyo número se incrementó paulatinamente de dos al mediodía a ocho al anochecer.
Por lo anterior, decidieron pernoctar en un hotel al que llegaron después de realizar varias maniobras para burlar a los ocupantes de dos automóviles particulares que los siguieron, uno de ellos con placas FTL 9728, a la vez que en el trayecto se sintieron hostigados por la patrulla estatal 1481, que se les cruzó en tres ocasiones.
Durante toda la noche, los escoltas permanecieron vigilando la entrada del hotel para evitar cualquier percance.
De acuerdo con el documento, cuando al día siguiente regresaron a la casa a continuar empacando las pertenencias de Esperanza Salazar, fueron hostigados por hombres que los cuestionaron sobre lo que hacían en ese lugar y tras pedirles que se identificaran dijeron ser los agentes ministeriales Oscar Sánchez Macías y Francisco Javier Sánchez Ávalos, quienes argumentaron que “estaban apoyando a turistas”.
Los dos individuos habían estado platicando antes con el dueño de una zapatería ubicada en la esquina, cuya familia “tiene intereses en el proyecto minero en Zacualpan”, señala el reporte.
Mientras tomaban fotografías de las placas del automóvil de los escoltas y de la camioneta donde iba a ser trasladada la carga, los policías continuaron realizando preguntas sobre el número de personas que iban, si había niños, en dónde se hospedaban, entre otras.
“Entonces Miguel (Mijangos) salió y los increpó reclamándoles que no tenían ningún atributo para estar haciendo esas supuestas labores de apoyo a turistas, diciéndoles que era evidente que desde ayer había gente hostigándonos y que en ese sentido no habían recibido ningún apoyo al respecto; uno de los policías le contestó que se atuviera a ello porque estaban en Colima, a lo cual él le contestó argumentando que Colima no es un territorio independiente sino parte de la República Mexicana y la Constitución debía ser respetada”.
Alrededor de las cinco de la tarde terminaron de empacar y cuando ya se retiraban para salir de la ciudad fueron interceptados en la esquina por un vehículo color blanco y otro rojo, ambos manejados por los policías ministeriales con los que habían discutido horas antes, uno de ellos frenó enfrente de Miguel Mijangos y “nos encararon con injurias”.
Además de la situación anterior, en su documento los activistas hicieron notar que toda la protección que se instaló en la casa de Esperanza Salazar, la cual consta de cámaras, rejas, chapas de seguridad, alambrado y malla de protección perimetral, tiene varias deficiencias o puntos vulnerables que no garantizan la seguridad plena del sitio.
“Tantas debilidades en el sistema de seguridad de la casa la hacen inadecuada y vulnerable para acciones de protección que ponemos a su consideración porque deben ser superadas en otros casos, pues de ello depende la integridad física de las personas y son parte de la instrumentación del mecanismo de seguridad”.
Finalmente, los representantes de MiningWatch, Rema y Colectivo Ollin expresaron su preocupación por “el riesgo permanente en el que se encuentran las y los otros miembros de Bios Iguana A.C. que aún quedan en Colima, así como las y los integrantes del Consejo
Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, quienes continúan siendo violentados por el grupo priista que apoya al empresario minero”.
25/08/16. Baillères, el heredero de la sierra tarahumara
La Adobe
30/03/16. Controla crimen organizado actividad minera en Chihuahua: estudio
Entrelineas
05/16/15. Convertirán en zona minera Samalayuca
El Diario
10/02/16. Chihuahua es de los estados con mayor número de conflictos ambientales: investigador
Entrelineas
20/11/15. Minera canadiense contamina los arroyos de la sierra de Chihuahua, en riesgo salud de los habitantes
Revolución Tres Punto Cero
18/06/15. Chihuahua tiene 16 proyectos mineros certificados
Entelineas
09/03/15. Planean explotación de cobre en reserva natural de Chihuahua
La Jornada
04/03/15. Empresas mineras extranjeras buscan invertir 4 mil mdd en Chihuahua
La Jornada San Luis
09/02/2015. En Chihuahua es negocio envenenar al pueblo
Proyecto Ambulante
Eliana Gilet
Desalojo en Jesús María #36, el 9 de junio de 2016
Esta mañana, antes de las siete de la mañana, 200 elementos de la gendarmería desalojaron otra persona de su casa, ubicada en la calles Zapata #68. Se trata de una persona mayor de edad que vivía sola. Según relataron los presentes, en este caso los oficiales de la policía no encabezaron el operativo como en todos los otros desalojos que se han realizado en los últimos dos meses en el centro histórico y en la colonia morelos, sino que lo hizo un actuario judicial.
La situación de las centenas de personas que fueron desplazadas de su hogar es múltiple y variada y no responde a un patrón común. Entre los 38 edificios desalojados hay inquilinos y moradores precarios que en su mayoría son personas con más de 10 o hasta 20 años en esos edificios.
Los vecinos desalojados se han reunido y organizado para reclamar por lo que consideran un atropello a sus derechos: no sólo por la violencia con la que fueron desalojados por la fuerza de choque, sin aviso previo a primeras horas de la mañana, sino por la arbitrariedad de que de un día para el otro, son corridos de sus casas.
La Asamblea de Barrios se acercó a los vecinos desalojados del centro histórico y esta mañana realizaron una protesta en distintos puntos del centro y en el Zócalo, reclamando una mesa de negociación con el gobierno de la ciudad para que atienda la crisis habitacional que han creado la ola de desalojos.
Del edificio de Zapata #68 ya había sido desalojada otra familia y se amenaza con que hay más apartamentos en peligro.
Por Gabriela Hernández
PUEBLA, Pue. (apro).- A un mes de que la planta Audi en Puebla inicie operaciones, la automotriz alemana está de nuevo envuelta en un escándalo por corrupción, luego de tener que despedir a dos ejecutivos quienes, presuntamente, se apropiaron de recursos que correspondían al pago de contratistas.
El líder de la CTM en Puebla, Leobardo Soto Martínez, informó que el vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México, Matthias Rust, fue dado de baja la semana pasada, mientras que Horacio Garmendia Salman, encargado de Relaciones Laborales de la armadora, fue cesado de su cargo este miércoles por el mismo caso.
Aunque existen versiones de que Rust estaría preso en Alemania, hasta ahora la empresa automotriz no ha confirmado esa información.
Ambos ejecutivos estarían relacionados con un supuesto fraude, cuyo monto hasta ahora se desconoce, pero que se calcula entre 10 y 20 millones de pesos. Presuntamente, ese dinero sería destinado al pago de trabajos realizados por empresas contratadas para la construcción de la planta, ubicada en el municipio de San José Chiapa.
Durante los últimos meses, empleados de las empresas IC Infraestructura, JC Construcción y Sigsa han realizado dos bloqueos a la planta Audi que se construye en esta entidad, para reclamar el pago de sus salarios.
Representantes de las compañías explicaron que fueron subcontratadas por las compañías españolas Rubau, Aldesa y Topisa, las cuales les dejaron de pagar sus contratos desde mayo pasado bajo el argumento de que Audi no cumplió con sus pagos.
La primera manifestación de los trabajadores se llevó a cabo el pasado 13 de julio. La segunda fue este jueves 18 de agosto. Con carteles que decía “Audi no paga” y “Audi rata”, los obreros se quejaron de que tenían meses de no recibir pago por su trabajo y que el adeudo superaba los 21 millones de pesos.
La automotriz se comprometió primero a cubrir 50% del adeudo, aunque insistió en que los pagos sí se llevaron a cabo conforme al calendario establecido en el contrato.
Desde la semana pasada, columnistas de Puebla manejaron la versión de que el alto ejecutivo Matthias Rust fue el primero en salir de la compañía, supuestamente por estar vinculado con este faltante.
Rust tiene el antecedente de haber piloteado a los 19 años (en 1987) una avioneta en la Plaza Roja de Moscú, con la que logró evadir a las defensas aéreas soviéticas.
Garmendia estaría vinculado al gobierno de Rafael Moreno Valle, ya que al inicio del sexenio fue nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, y en 2012 fue delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal en Puebla.
Audi, filial de la automotriz Volkswagen, también se ha visto afectada por el “Dieselgate”, luego de que se confirmó que vehículos de esta marca usaban un software que manipulaba los reportes de emisiones contaminantes.
Entre ellos se encuentra la camioneta Q5 que, precisamente, será el vehículo que se ensamblará en la planta de San José Chiapa y que ahora tiene prohibida su comercialización en su principal mercado que es Estados Unidos.
Ante esta situación, el gobierno de Rafael Moreno Valle ha sido criticado por invertir más de 10 mil millones de pesos en infraestructura para que la planta se instale en Puebla.
Además de adquirir terrenos, construir las plataformas donde se instalará, así como carreteras, conexiones ferroviarias y demás infraestructura básica para su operación, el gobierno poblano erige actualmente una “Ciudad Modelo” para que la habiten los trabajadores de la planta Audi de San José Chiapa.
En tanto, el Congreso del Estado autorizó la condonación de impuestos para la armadora por 12 años. Incluso, antes de que empezara a trabajar, procedió a la firma de un contrato laboral considerado de “protección” para la parte patronal, ya que incluye cláusulas como el llamado “banco de horas” y fija con anticipación los aumentos salariales de los primeros años de operación.
http://www.proceso.com.mx/452442/audi-puebla-despide-a-dos-ejecutivos-presunto-fraude
Eduardo Suárez
Vecinos de las unidades habitacionales de Copilco protestaron contra la construcción de un helipuerto que realiza Grupo Imagen Multimedia en la avenida Universidad.
El cierre de la avenida Universidad con su cruce con Eje 10, interrumpió el tráfico mientras vecinos con grandes pancartas con la leyenda “NO al proyecto Grupo Imagen Multimedia (Radio, TV y Prensa) en Copilco-Universidad” gritaban consignas contra la familia Vázquez Raña.
Javier Bañuelos, uno de los voceros de la Asamblea de vecinos de Copilco, explicó que están en contra de este proyecto construido en donde estaba una sucursal de la empresa Hermanos Vázquez, porque en los alrededores viven más de 30 mil personas que se verán afectadas en su salud y calidad de vida.
Algunas de las repercusiones que tendría este helipuerto, son daños auditivos por los ruidos de las aeronaves y contaminación electromagnética con sus antenas, además rebasa los límites establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para zonas residenciales y escolares.
Detalló que desde hace dos meses comenzaron a reunirse en asambleas vecinales cada semana para discutir las acciones a tomar en contra de este proyecto del que nunca se les aviso o pidió consulta.
Indicó que ante la negativa de las autoridades delegacionales de Coyoacán, la SEDEMA, PAOT y SEDUVI de resolver sus preocupaciones, decidieron cerrar simbólicamente por algunos minutos la avenida Universidad e informar a los ciudadanos del peligro de este proyecto para la zona de Copilco, donde también está una parte de la UNAM.
Esta casa editorial realizó un recorrido por la zona de la obra de Grupo Imagen y se percató de que efectivamente hay varias zonas habitacionales y escuelas alrededor de este proyecto que plantea la empresa.
El vecino externó que la preocupación más grande es porque dentro de las instalaciones de esta empresa de medios de comunicación tendría una subestación eléctrica, que ubica sus tanques de combustible junto a la subestación de gas y ductos de Pemex.
Otro de los vecinos de la unidad Habitacional Integración Latinoamérica, explicó que esta obra no tiene los permisos correspondientes para poder realizar un proyecto de esta magnitud, porque no prevé el impacto socio ambiental que tendrá para miles de familias de Coyoacán.
La señora Elsa, vecina de la zona, coincidió en que este helipuerto traerá contaminación auditiva para la familia afectando su calidad de vida y de fauna en la zona.
Isaac López, de la Dirección General de Concertación Política de Coyoacán, propuso a los más de cien vecinos que se manifestaban pacíficamente, una reunión el próximo miércoles con las autoridades locales, sin embargo, los manifestantes se negaron solo si se comprometía la asistencia del jefe de Gobierno, Miguen Ángel Mancera.
http://elbigdata.mx/city/protestan-vecinos-de-copilco-contra-helipuerto-de-grupo-imagen/
Por Pilar Pérez
Con una tercera manifestación, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron la llegada de PISA Farmacéutica como distribuidor de las bolsas de diálisis peritoneal en lugar de Laboratorios Baxter y afirmaron que son más de 50 pacientes quienes han resultado con efectos negativos a partir de esta transición.
Como una amenaza, pacientes y familiares que se plantaron ayer frente a las instalaciones del Hospital General Regional Número 36 “San Alejandro”, notificaron que hasta que el organismo cambie la línea de las bolsas de diálisis, como ellos lo demandan, continuarán con los cierres viales cada miércoles a las 10:00 horas.
Por su parte el IMSS en Puebla, como ya lo había manifestado, notificó que a nivel local no le corresponde a la Delegación realizar el cambio de la licitación, ya que se trata de un proceso federal y señaló que a cada uno de los pacientes se le está brindando la atención personalizada.
Acusaron que no se trata de un grupo minoritario como declaró el pasado 17 de agosto el delegado Enrique Doger Guerrero, por el contrario se trata de una fuerza importante, ya que tan solo el día de ayer se reunieron más de 50 firmas de personas que exigen el cambio de la bolsa.
Con historias diferentes los pacientes contaron las penas que han sufrido una vez que Baxter dejó de prestarles en servicio, en tanto que acusaron que PISA les ha provocado daños a la salud como el incremento de infecciones peritoneales así como los ingresos hospitalarios.
Padres, esposos, hermanos e hijos, todos ellos enfermos de insuficiencia renal crónica, han presentado estos problemas de salud e incluso acusaron que de febrero a la fecha que ingresó PISA en lugar de Baxter, se han reportado decesos de personas que antes no tenían problemas graves de salud, más allá de los ocasionados por la insuficiencia renal.
“Queremos calidad de vida porque PISA nos estás matando. IMSS, escúchanos y ayúdanos, es nuestro derecho y queremos a nuestros familiares vivos. Doger, no somos 10, somos más”, se pudo leer es una de las lonas que los quejos utilizaron para cerrar la 10 Poniente y de esta forma impedir el paso de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Cabe mencionar que intentándose aprovechar del movimiento, un par de sujetos a los que no lograron identificar se acercaron a las puertas del nosocomio, donde –a decir de las versiones de quienes estaban en el lugar- pidieron dinero en beneficio de la protesta y al ser descubiertos, decidieron retirarse.
De la misma forma se contó con presencia de personal de PISA quien tomó nota de la manifestación, aunque argumentó que no podía dar una postura sobre el tema, ya que eso le correspondía al área de Relaciones Públicas.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, fue abucheado este día por miles de maestros durante una entrega de reconocimientos en Ecatepec, Estado de México.
Ecatepec es el municipio donde Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, fue dos veces Alcalde. Se supone que es uno de los “bastiones” más importantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo en esa entidad, sino en México.
El hecho ocurrió la tarde de este día durante la entrega de estímulos y reconocimientos a trabajadores de educación básica (Proeb) en las canchas del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).
En un video que circula en redes sociales se puede escuchar cómo varios de los presentes gritan “¡Fuera, fuera, fuera!”, mientras que el orador intenta dar su discurso.
Es un “¡Fuera, fuera, fuera!” prolongado. Una foto de MegáfonoMX muestra a Nuño y a Eruviel con el rostro desencajado.
De acuerdo con el diario Reforma, los profesores abuchearon al momento en que se presentó Nuño y cuando el dirigente de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Héctor Ánimas Vargas, mencionaba su nombre.
El evento duró sólo 15 minutos, pues tras las manifestaciones de inconformidad, se cancelaron los discursos del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y del titular de la SEP para proceder a la entrega de reconocimientos y cheques, señala el medio.
Previamente, Nuño había dado inicio a los Foros Estatales del Modelo Educativo 2016 en el auditorio del TESE y posteriormente se trasladó a las canchas al fallido acto.
El funcionario federal ni el Gobernador han hecho comentario alguno sobre el hecho.
Aunque la mayoría del magisterio del Estado de México es controlado por el SNTE, maestros de ese estado han manifestado su oposición a la Reforma Educativa con marchas y bloqueos de avenidas de Texcoco y Toluca, al menos.
Mientras que escuelas de educación básica en Ecatepec y Nezahualcóyotl se han desplegado mantas en las que acusan que las modificaciones constitucionales no son más que un cambio a sus condiciones de trabajo.
Los maestros mexiquenses ampliaron su participación en las manifestaciones tras el fallido desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho muertos.
Héctor Santoy
Ponciano Jiménez Vázquez, vecino de la localidad de Yolotepec (Santiago de Anaya), exhortó su inconformidad por las acciones que realiza una empresa cementera y que atentan contra el medio ambiente del lugar.
En entrevista para Capital Hidalgo dijo que desde hace un tiempo una industria que contamina el valle poco a poco absorbe los recursos naturales con diversas acciones, una de ellas la extracción de grandes cantidades de agua que en poco tiempo se desviará para surtir a Tizayuca y Querétaro, situación de la cual vecinos de la localidad han manifestado su inconformidad.
Subrayó que la empresa que antes era conocida como Trituradora Santa Anita, hoy Fortaleza, gasta cerca de 2 mil 500 litros por cada tonelada de cemento, por lo que hace un llamado a autoridades correspondientes y público en general para hacer conciencia de este tipo de acciones que a largo plazo tendría consecuencias en el tema ambiental.
Refirió que en anteriores ocasiones han entregado documentos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su intervención; sin embargo, hasta hoy la respuesta ha favorecido a la empresa.
También expresó su inconformidad respecto a que empresarios tienen el permiso para perforar pozos, situación que para el caso de los pobladores es penada por las autoridades.
http://www.capitalhidalgo.com.mx/zona-verde/cementeras-deben-contrarrestar-dano-al-medio-ambiente/
SIT/ DIARIO PRESENTE
El conflicto que enfrentan estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta con su Director Manrique Ferrer Sánchez se agudizo al mediodía del jueves al bloquear los jóvenes inconformes la carretera federal tramo Coatzacoalcos-Cárdenas
El conflicto que enfrentan estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta con su Director Manrique Ferrer Sánchez se agudizo al mediodía del jueves al bloquear los jóvenes inconformes la carretera federal tramo Coatzacoalcos-Cárdenas, demandando a la Secretaría de Educación, la destitución del impugnado titular de la casa de estudios al acusarlo de presuntos desvíos de recursos financieros.
La protesta de un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta (ITSVLV), estalló poco antes del mediodía, cuando tomaron la determinación apoyados con un grupo de ciudadanos de cerrar la carretera federal por tiempo indefinido en señal de protesta porque hasta el momento la Secretaría de Educación, no les ha dado una respuesta positiva a su demanda de destitución del Director Manrique Ferrer Sánchez.
Los inconformes quienes evitaron proporcionar sus nombres para no enfrentar demandas judiciales, refrendaron su decisión de mantener este bloqueo carretero por tiempo indefinido y con estrangular la circulación a todo el sureste mexicano, quedando incomunicados los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, exigieron a la Secretaría de Educación a cargo de Víctor Manuel López Cruz, para que se proceda a la destitución inmediata del Director, Manrique Ferrer Sánchez a quien acusan de una serie de irregularidades en detrimento de la educación de la comunidad estudiantil.
Ante el cierre de la carretera federal tramo Coatzacoalcos-Cárdenas, cientos de unidades del transporte público de pasajeros, de carga y automóviles, quedaron varados al intentar circular en ambos sentidos de la vía federal, mientras llegan al lugar del conflicto en el entronque de la carretera circuito del Golfo a la entrada de Villa La Venta, funcionarios del gobierno del Estado para mediar el dialogo y resolver el conflicto estudiantil.
La Adobe
Ana Cristina Ramos y Patricia Mayorga
GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA.- “Es una destrucción total, eso es lo que va a pasar”, pronostica el presidente seccional, Manuel Velázquez Villanueva. A un lado de la oficina municipal, él y su esposa atienden un pequeño puesto de comida, desde donde ven pasar cada día decenas de camiones y pick up diariamente. El ruido no cesa. Y tampoco los lamentos del hombre: “Ya no hay tierras, ya no pueden sembrar a la redonda, está terminado todo y la tierrita que hay, ya no hay quien la trabaje, porque antes los chavos trabajaban, pero ahora están en la mina”.
San Julián era un poblado de unas 14 familias que se dedicaban al negocio maderero. Hasta que llegó a la comunidad la empresa Fresnillo PLC, perteneciente al tercer hombre más rico del país, Alberto Baillères González, con un proyecto de explotación de oro y plata y la promesa de generar 3 mil empleos para los habitantes de tres municipios de la zona: El Parral, Balleza y Guadalupe y Calvo.
Y en un par de años todo cambió. El “progreso” llegó aparejado del “desarrollo minero” al pueblo de San Julián, clavado en la sierra Tarahumara, una de las regiones más pobres y abandonadas del país. Ahora, los madereros han adecuado sus camiones para ser parte de ese desarrollo. Manuel Velázquez lo recuerda así: “Desde el 2000 más o menos, empezó a venir un señor que se llevaba a los chavos al cerro y que ‘ándale, llévanos unas soditas’ y ‘llévame esto’ y les pagaba. Andaban sacando piedritas. Ahí venía y hacía sus ensayos. De repente empezó a venir más gente con maquinaria. Era plan con maña. El señor ese venía solo, ahí con su mochilita. No había camiones como ahora, había veredas. Luego entraron las compañías, hace unos 8 años, y comenzaron a componer. Rehabilitaban el camino de día. Nosotros no conocíamos ni una retroexcavadora. ‘¿Pues qué será? Sepa’, decíamos. Fue entre el 2007 y 2008. Los que se beneficiaron fueron los que vendieron o regalaron, como haya sido. Pero se beneficiaron y se fueron de aquí. Y ahorita está destruido”.
Con la mina, dice, llegó mucha gente de fuera, los madereros se convirtieron en mineros, y ahora no se sabe ni quién entra y quién sale del pueblo.
“Ahí donde están los edificios –dice señalando un campamento de trabajadores–, dijo mi compradre: ‘Oiga, yo aquí sembraba’. Pero yo dio: sí, sembró y nacieron edificios”.
El municipio en el que se ubica la mina, está en el llamado Triángulo Dorado, donde se cruzan las sierras de Chihuahua, Sinaloa y Durango, una zona golpeada por el crimen organizado, principalmente por el Cártel de Sinaloa, que además de homicidios, secuestros, extorsiones, ha generado los dos últimos años, un éxodo silencioso de comunidades indígenas. Desde el 2011 ha registrado una tasa de 205 homicidios por año según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, una tasa que supera a ciudades como San Salvador, o San Pedro Sula, en Honduras. Por eso, en la mina San Julián hay un fuerte resguardo de seguridad.
El proyecto minero está diseñado para 13 años, tiempo en que el gobierno de Chihuahua asegura que se convertirá en “la principal fuente de trabajo” del estado.
Manuel Velázquez no lo cree. “No tenemos un trabajo, los grandes, ni número de seguro, ya no admiten a uno trabajando. La mina no nos ha servido, sólo puede haber trabajo de velador”.
Un clan minero-banquero
Los pobladores de San Julián no saben que la mina que les ha quitado la calma es propiedad de una familia que ha amasado su fortuna construyendo minas y desarrollando bancos para mineros.
La familia Baillères tiene conexión con la minería desde principios del siglo XX. El patriarca, Raúl Baillères, dejó el negocio familiar de semillas en Silao, Guanajuato para mudarse a la Ciudad de México y entrar en el comercio de oro, plata y cobre en Casa Lacud. Al final de la década de los años 20, aprovechó las reformas de ley en materia de recursos minerales para comprar tierras de inversionistas extranjeros, explica en su tesis “Raúl Baillères y su Imperio” el sociólogo Jorge Zuarth.
Así se convirtió en el jefe de una familia de plateros. El siguiente paso fue crear, en 1934, el Crédito Minero y Mercantil, que era un puente entre el Banco Nacional y todos los orfebres y joyeros nacionales. Raúl Baillères constituyó en cinco años tres créditos y tres bancos, dos de ellos orientados a apoyar la minería, lo que le permitía tener información privilegiada de todas las empresas que buscaban su apoyo.
En 1961, después de 30 años en el negocio, compró –junto con José A. García- el 51 por ciento de las acciones de Industrias Peñoles, una compañía minera constituida desde 1887. Eran los días de la mexicanización de la industria minera y los extranjeros ya no podían operar en territorio mexicano si una empresa mexicana no era accionista mayoritaria.
Raúl Baillères murió en 1967 y el timón familiar pasó a su segundo hijo, Alberto, quien diez años después conseguiría tener todas las acciones de Metalúrgica Mexicana Peñoles y convertirla en la primera empresa minera cien por ciento mexicana.
Alberto siguió los pasos de su padre y en 1978 creó Banca Cremi a partir de la fusión de cuatro créditos: Crédito Minero Mercantil, Crédito Hipotecario –ambos fundados por su padre-, Crédito Hipotecario del Sur y Banco Minero y Mercantil. Aunque en realidad, la historia de Banca Cremi se remonta a 1905, con el antiguo Banco de Cananea, que daba servicio a los mineros de Sonora, según describe Javier López Cuellar en su tesis “Modelo para la selección de la mejor alternativa de reestructuración financiera”.
Para 1982 Banca Cremi se ubicaba entre los 10 bancos más importantes del país. Pero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entró en el primer paquete de bancos a desincorporar, y en junio de 1991 pasó a manos de Grupo Empresarial de Occidente G.E.O y finalmente, en 1996 fue absorbido por BBVA Bancomer. En los hechos, regresó a sus creadores, pues Bancomer había sido fundado en 1936 por Raúl Baillères, Salvador Ugarte, Mario Domínguez y Ernesto J. Amezcua y Alberto Baillères es, actualmente, miembro de la junta directiva del grupo financiero.
Belisario y el clúster
En noviembre de 2015, Alberto Baillères recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto la máxima distinción que el Senado de la República da a un ciudadano: la medalla Belisario Domínguez, que se entrega “a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad.”
El empresario, de 85 años, que según el proyecto aprobado btuvo la distinción “por su contribución a la generación de empleos, filantropía, e impulso a la educación y la salud”, exhortó a los legisladores y a la sociedad a seguir luchando contra las injusticias, como en su momento lo hizo el político chiapaneco. Uno de los 13 senadores que rechazaron la propuesta fue el panista Javier Corral (ahora gobernador electo de Chihuahua). Su argumento era simple: “Este no es el momento propicio para distinguir un perfil así en medio de profundas desigualdades, la enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos es el problema fundamental y estructural de México”, dijo.
En Chihuahua, Grupo Peñoles tiene 3 mineras: Bismarck, Naica y San Julián; a través de siete empresas subsidiarias, Baillères acumula 107 concesiones para explotar 354 mil hectáreas, lo que equivale a dos veces el territorio de la Ciudad de México.
Entre 2009 y 2015 las mineras de Baillères extrajeron oro equivalente a más de 200 mil millones de pesos. Pero sólo se quedó el 1.18 por ciento en el estado. Y en la Tarahumara, la región donde está la mina San Julián, mucho menos que eso. “Para uno como viejo no hay ningún beneficio”, insiste Manuel Velázquez.
El gobierno mexicano no lo ve así. Dos meses antes de que Baillères fuera condecorado, en septiembre de 2015, la titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Rosario Robles, participó en la instalación del Comité para el Desarrollo Regional de Zonas Mineras de Chihuahua y ahí, acompañada del gobernador César Duarte, anunció que se canalizarían 241 millones de pesos para infraestructura, combate al rezago y pobreza en las comunidades que extraen minerales. El recurso, dijo, sería derivado de los impuestos mineros.
La promesa de apoyar a los pequeños y medianos mineros ha sido una constante de los últimos 80 años. Primero fue a través de la Comisión de Fomento Minero (Cofomi) que se creó en 1934; luego fue Minerales no Metálicos Mexicanos (un fideicomiso para fortalecer la participación de ejidos, comunidades rurales y pequeños propietarios); y finalmente se el Fideicomiso de Fomento Minero, un fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía del gobierno federal.
En 2008, el Fifomi autorizó un programa para el proveer una cartera de crédito mediante el impulso de clústeres mineros. Un clúster es una cadena de suministros de proveedores para las unidades mineras, con el propósito de que tengan, en un tiempo corto, todos los insumos necesarios para la actividad. Hasta 2013, sólo había clústeres constituidos en Zacatecas y Chihuahua, dos de los estados donde están las minas de Baillères. En 2014 nació el clúster de Sonora.
Aunque Baillères no puede considerarse un minero pequeño o mediano, tampoco es ajeno a estos instrumentos. El presidente del Clúster Minero de Zacatecas (Clusmin), por ejemplo, es Jaime Lomelín Guillén, un ingeniero químico que ha trabajado con la familia Bailléres desde hace 45 años y que fue Director General de Peñoles durante dos décadas.
Además, forma parte de la junta directiva de 14 empresas de Grupo BAL, el corporativo que aglutina a las empresas de la familia Baillères, entre ellas, la cadena de tiendas departamentales Palacio de Hierro; la aseguradora Grupo Nacional Provincial GNP; el Grupo de Salud Médica Móvil; la administradora de pensiones Grupo ProFuturo; la casa de Bolsa Valores Mexicanos (Valmex); el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Peñoles; y de reciente creación, Grupo Petrobal.
En 2008, el mismo año en el que Fifomi autorizó el programa para impulsar clústeres, Peñoles reestructuró sus operaciones mineras, que dividió en dos empresas: la de metales preciosos (oro y plata) y la de metales base (zinc, plomo, cobre). Para la explotación de metales preciosos se creó Fresnillo PLC. Peñoles tiene 77 por ciento de las acciones.
En todo caso, el programa no ha tenido la demanda esperada, según el informe de cuentas de Fifomi 2006-2012. A pesar de que en 2015 aumentó de 5 a 25 millones de pesos el crédito para las empresas y que este año el Fondo Minero entregará 444 millones de pesos a los alcaldes de 16 municipios que tienen actividades mineras (para obras sociales), la Cámara Minera de México (Camimex) asegura que las pequeñas empresa no están obteniendo los apoyos necesarios.
De Naica a San Julián
Naica fue la primera mina en explotar plata, plomo y zinc en territorio mexicano. Sus primeras vetas salieron a la luz en 1794. Por muchos años, diversos grupos excavaron en la región, hasta 1962, cuando se cerraron las puertas para todos (excepto para Peñoles).
El 1 de enero del 2015 flujo extraordinario de agua proveniente de la estructura geohidrológica inundó todo: la mina, la plata, los cristales y el futuro de los habitantes de Saucillo, Chihuahua.
La empresa tenía una concesión para extraer más de 66 mil metros cúbicos de agua de un pozo a 200 metros de profundidad, según la investigación de Cartocrítica y Fundación Heinrich Böell .
El 21 de octubre de 2015, Naica cerró y Peñoles liquidó a 700 empleados. Según Fernando Alanis, CEO de Industrias Peñoles, a 200 de ellos se les trasladó a trabajar a la nueva mina de la empresa: San Julián.
Por el cierre de la mina Naica, el municipio de Saucillo dejó de recibir cerca de 8 millones de pesos del Fondo Minero. Hasta ahora el presupuesto de 2015 sólo contempla el encarpetado de cuatro calles como beneficio para la comunidad. Es lo que dejó la mina más vieja de México a la población de Saucillo.
A 400 kilómetros al sur de Saucillo, en Guadalupe y Calvo, industria Fresnillo invirtió 515 millones de dólares para la exploración y construcción de la mina en la que, además del oro y plata, se encontró Coltán, un mineral conocido también como “oro azul” que sirve como conductor de energía eléctrica, tiene alta resistencia a la corrosión y se utiliza en la elaboración de productos de alta tecnología.
Ahí es donde empiezan los problemas. Las autoridades de Guadalupe y Calvo han comenzado a presionar a la comunidad de Chinatú, en donde se ubica un manantial considerado reserva ecológica, para que compartan el agua con otras comunidades cercanas. Sin embargo, los pobladores acusan de que comenzaron a contaminarse las salidas de agua. La Secretaía de Medio Ambiente y Recursos Naturales diagnosticó que todo está en regla, pero en Agua Amarilla, los indígenas han detectado un cambio del color en el agua, porque el agua comienza a llegar sucia de los trabajos que realizan en la mina, según denunciaron las autoridades indígenas en una reunión de gobernadores.
Ángela González concede la entrevista con la condición de que sea breve, porque ahora que debe atender una fábrica de tortillas de harina en su rancho, La Papa, no tiene tanto tiempo como antes. La Papa está ubicada a unos 20 minutos de San Julián. Es una comunidad rodeada de un paisaje majestuoso, como toda la Sierra Tarahumara, que lentamente ven morir sus habitantes.
“Era un rancho sencillo –dice-. Se alteró la manera de convivir. San Julián antes era un pueblito como La Papa y ahora el agua en el río está muy contaminada, de hecho antes la usábamos en tiempo de secas para lavar, para ir a bañarse uno. Ahora ya no sirven para lavar, está muy blanca, ya no la utilizamos”.
http://ladobe.com.mx/2016/08/bailleres-el-heredero/
David Chan
Ex empleados de Sotuta, realizaron una protesta la mañana de hoy en Palacio de Gobierno, para exigir la intervención del gobernador para que éste obligue al alcalde y les pague el millonario adeudo por el juicio que emprendieron 35 trabajadores despedidos en el 2010 y 2013.
Explicaron que ganaron el juicio laboral, sin embargo, el actual edil se niega a cumplir con el mandato judicial que por ley les corresponde.
Una comitiva fue atendida en Palacio de Gobierno, sin embargo, no les dieron una respuesta concreta.-
http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/ex-empleados-sotuta-piden-se-les-pague-adeudo
Maestros del Edomex se movilizan contra la reforma educativa
25/08/16. Maestros corren a Aurelio Nuño de Ecatepec, bastión del PRI, al grito de “¡Fuera, fuera, fuera!”
Sin Embargo
23/08/16. Integrantes de la CNTE de Chiapas y Oaxaca organizan protesta en Nezahualcóyotl
Activista MX
15/07/16. “Ninguna reforma vale la pena si se realiza con sangre”
El Universal
09/07/16. Protestan en el Estado de México a favor de la CNTE
El Informador
08/07/16. Marchan en el Oriente del Edoméx para apoyar a la CNTE
Hoy Estado de México
17/05/16. Profesores de Chicoloapan y del Estado de México realizan movilizaciones en el marco del Paro Nacional convocado por la CNTE contra la mal llamada “reforma educativa”
El Portal de Chicoloapan
13/05/16. Maestros mexiquenses no harán evaluación en el SNEE
Reporteros en Movimiento
28/11/15. Profesores del Estado de México condenan presencia policiaca en Oaxaca
Agencia Notiméxico
21/11/15. Maestros de Edomex protestan contra evaluación docente
El Universal
En el Edomex se movilizan contra la represión a la CNTE en Nochixtlán
02/07/16. Padres de familia bloquean autopista en apoyo a maestros del CNTE
Agencia Notiméxico
28/06/16. Manifiestan estudiantes de la Normal de Tenería apoyo a CNTE
Ultra
28/06/16. Maestros mexiquenses reciben descuentos en sus quincenas, hayan o no asistido a movilizaciones en contra de la reforma educativa
Reporteros en Movimiento
23/06/16. Marchan en apoyo a la CNTE en Toluca
El Sol de Toluca
23/06/16. Maestros marchan en apoyo a la CNTE en Neza
Hoy Estado de México
22/06/16. Padres de familia cierran escuelas de Neza en apoyo a maestros de Oaxaca
Reporteros en Movimiento
21/06/16. Universitarios de la UAEM se solidarizan con la CNTE
SN Noticias
Se reúnen normalistas en rechazo a la reforma educativa
20/02/16. Comunidad normalista, en resistencia y en construcción de proyectos alternativos de educación
Desinformémonos
18/02/16. Comienza el primer Congreso Nacional de Normales de México
Desinformémonos
Maestros del Edomex denuncian consecuencias de la reforma educativa
06/02/16. Magisterio Mexiquense denuncia conflicto por pago de energía eléctrica de escuelas
Somos el Medio
Maestros de la CNTE se movilizan por sus compañeros presos
16/12/15. Protestan integrantes de la CNTE en el Altiplano
Ultra Noticias
16/12/15. Exige CNTE liberación de cuatro miembros
Edomex al Día
25/08/16. Audi Puebla despide a dos ejecutivos por presunto fraude
Proceso
18/08/16. Audi: Segundo bloqueo de trabajadores sucontratados, por falta de pago (Puebla)
La Jornada de Oriente
17/08/16. VW conjura huelga; aumentará 4% directo al salario de trabajadores en Puebla
El Financiero
17/08/16. Sin avance la negociación para evitar una huelga en VW
e-consulta
01/08/16. Gobierno de Puebla ha invertido más de mil millones de pesos en Ciudad Audi
Periódico Central
24/07/16. No habrá tercera armadora en Puebla, por fin de sexenio
El Economista
15/07/16. Sindicato rechaza plan laboral de VW en Puebla
El Universal
13/07/16. Audi de México se queda sin dinero, sostienen empleados (Puebla)
El Popular
12/07/16. Gobierno de Puebla ha gastado 10 mil millones de pesos en Audi
El Universal
24/08/16. Amanece Tláhuac con despliegue de fuerzas federales y militares por inseguridad
El Big data
Daniel Flores
El operativo se realiza en diferentes vialidades de la demarcación tras el incremento de violencia en las últimas semanas
Vecinos de distintas colonias de la delegación Tláhuac reportaron desde temprana hora un despliegue de fuerzas federales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, militares y la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en diversas vialidades de la demarcación.
Lo anterior, argumentaron los residentes tras el repunte de violencia que se ha registrado en la demarcación en delitos como robo a transporte público, asalto a casa-habitación, asaltos a transeúntes y presuntas extorsiones a operadores de rutas del transporte concesionado en las últimas semanas.
“Iba circulando sobre avenida Tláhuac cuando me percaté del retén que de fuerzas federales y militares, a casi todos los automovilistas los están revisando desde las seis de la mañana”, refirió Iván Hernández, habitante de poblado de Mixquic en entrevista con esta casa editorial.
El operativo se mantiene en colonias como La Turba, La Nopalera, Agrícola Oriental, San Andrés Mixquic y Avenida Tláhuac de acuerdo con la ciudadanía.
El Big Data Mx buscó la versión del jefe delegacional, Rigoberto Salgado Vázquez; sin embargo, no emitió ninguna respuesta sobre este tema, al término de la reunión semanal con el Gabinete de Seguridad de su administración delegacional.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ha realizado por lo menos tres operativos más en el último mes con apoyo de policías del Estado de México en la zona limítrofe de la capital del país.
Esta casa editorial dio a conocer que ante el alza de incremento de asaltos e incluso la aparición de “casas de seguridad” y la falta de respuesta de las autoridades locales y federales, detonó que pobladores de la demarcación amaguen con crear el primer grupo de autodefensas de la Ciudad de México.
http://elbigdata.mx/city/amanece-tlahuac-con-despliegue-de-fuerzas-federales-y-militares/
Los muebles rotos que ocupan el centro de la calle Argentina pueden pasar desapercibidos entre el movimiento de los puestos en el día, pero no al caer la tarde. Desde el viernes19 de agosto, se sumaron las pertenencias de otras seis familias desalojadas de sus casas en el centro histórico de la Ciudad de México. Al menos dos de las seis viven en la vereda desde entonces.
Estiman que en los últimos dos meses, 38 edificios de esa zona y también de la Colonia Morelos, sobre todo del barrio de Tepito, la policía sacó por la fuerza a la gente de sus casas, tuviesen deudas o no, amparos judiciales o contratos vigentes.
A Argentina #99 llegaron temprano, antes de las siete de la mañana, sin aviso previo. Quince minutos más tarde habían sacado del edificio a los seis inquilinos que restan en el lugar. El resto son propietarios. Ninguno de los desalojados tenía deudas con su arrendatario: la policía llegó preguntando por el nombre de una inquilina anterior, que antes rentaba todo ese espacio.
El edificio es una vecindad de disposición y tamaños de otra época: un patio interior al que dan los apartamentos que son tan amplios que los 6 inquilinos, en realidad, se repartían los cinco cuartos de apenas uno de los que ocupa la primera planta. Los propietarios ocupan departamentos completos.
Irene frente al departamento del que fue desalojada en Argentina #99 Col. Centro. Foto: Ernesto Alvarez
Cuando Irene fue desalojada, abrió la puerta de su cuarto donde dormían su compañero y sus dos hijos y vio el patio interior inundado de granaderos. Calculan que entre 200 y 300 efectivos armados de escudos y palos. Como si fueran a una marcha. No alcanzó a hablar cuando la bajaron por las escaleras a la fuerza. Ella reclamó que sus hijos dormían que la dejaran pasar por los niños, por favor, su bebé de siete meses. Las mujeres policía le impidieron el paso. El uniformado que recogió al niño no lo entregó a su madre sino que lo depositó en el piso del patio como si fuera un mueble. En realidad a los muebles los aventaban por la escalera. Todo iba a parar a las sábanas de manera desordenada. Entre la ropa limpia, la comida comprada días antes. “A dos señoras mayores que no tenían más familia las sacaron bien feo y decían que iban a desalojar a todo el inmueble. Los policías iban al frente. Nos sacaron como si fuéramos delincuentes.”
Israel también fue desalojado. Cuenta que los precios de los cuartos variaban entre $600 y $800 pesos a la semana, por lo que pagaban unos 2500 pesos al mes. Llevaba 18 años viviendo en ese lugar.
Además de lo que rompieron en el desalojo, hubo mucho que los policías no sacaron, pero los cuartos fueron clausurados y los desalojados amenazados con cárcel si entran por lo que quedó adentro. Las fotos pegadas en la pared. La mercadería de muchos, que son comerciantes independientes de la zona y que viven al día, con lo que ese material les reporta. Eso si no se lo robaron, como sí pasó en el desalojo de Jesús María #36.
“Uno de los vecinos vio como los policías tenían otro auto en una de las esquinas para llevarse lo que le gustaba de nuestras casas”. Primero desalojaron 2 apartamentos, el 9 de junio y al mes, el 14 de julio, un tercero. Se llevaron su dinero, mercadería, los tenis de sus niños, chamarras. El refri y la estufa corrieron maratón por los escalones de la vecindad empujados por la amabilidad policial. Quedan seis familias viviendo con la amenaza sobre su techo, literalmente.
Uno de los niños sin casa después del desalojo con granaderos en Argentina #99 Col. Centro. Foto: Ernesto Alvarez
Cuando desalojaron a Marta, en la primera tanda, cuenta que oyó que pateaban la puerta de su apartamento y uno de los niños corrió a abrir. Cuando quiso acordar una decena de granaderos habían invadido su cuarto, dónde dormía un rato antes. Fue sacada con la misma amabilidad y golpes de escudo en la espalda. La actuaria judicial que participó del desalojo gritaba “Sáquenla, sáquenla” y la insultó diciendo cosas que no quiere repetir. Se cayó al piso y uno de los agentes le pisó la mano, y así siguieron hasta que estuvo en la calle. Ahí quedó con sus tres nietos a cargo. A veces duermen en el altillo de la azotea de un familiar. Los muebles que sobrevivieron a la violencia policial se fueron a un galpón en Tacubaya.
Teo, uno de los vecinos desalojados de Argentina #96, el 12 de julio, dice que todo fue muy cruel y que entiende que se violaron los derechos de las personas que viven ahí. El único lugar disponible que encontró para irse a vivir fue en Valle de Chalco, donde le han hecho el paro. Viaja a diario a atender el puesto que antes le quedaba a una cuadra de su casa y no a $50 pesos de distancia en pasajes como ahora.
“Primero cierran las calles, las cortan para hacer el operativo. Toman por asalto el predio, lo sitian para después empezar a sacar a la gente de su domicilio. Llegan sin decir agua va, no tienen derecho a tratarnos así…”
En Argentina #96 la policía desalojó el edificio completo: 42 viviendas y 4 locales comerciales. No dieron ningún aviso previo y tampoco le dejaron ver la orden de desalojo a los desalojados. Al final de este artículo puede encontrarse una liga a uno de los videos tomados por los vecinos durante este desalojo que muestra como la gente fue sacada a rastras de sus casas. Todos los consultados llevaban más de diez años viviendo en esos lugares: Irene alquilaba ahora, pero se crió en el departamento de más arria, donde vive su madre; Marta, 21 años. Teo, 16.
Los desalojados de Argentina #96 fueron uno de los grupos más numerosos y como fue desalojado por completo, los policías no necesitaron de usar la intimidación a los otros vecinos, como si fue manifiesto en el desalojo de Granadas #130.
El pasillo de la vecindad quedó tupido de uniformados, quienes para ejecutar el desalojo activaron granadas de humo y según difundió la Secretaría de Seguridad Publica en un comunicado enviado ese día a la prensa: “algunos otros activaron sus armas de fuego, arma que fue activada en dos ocasiones y una de las balas causara la ruptura de una tubería de PVC, en tanto otro elemento contaba con canicas y una resortera las cuales fueron lanzadas a una vecina así mismo otros uniformados se dieron a la tarea de subir departamento por departamento para amedrentar a los habitantes amenazando que también iba a ser desalojados, claro ejemplo de que el Mando no supo controlar a su personal.”
La historia de los intentos de desalojo es algo más larga y compleja en este caso, pero el modus operandi represivo fue el mismo, hasta más aparatoso que en las vecindades céntricas. El desalojo policial de Granadas #130 estuvo a cargo de Hiram Almeida Estrada.
Pilar, una de las vecinas que estuvo ese día recuerda cómo fue ese jueves 11 de agosto: “antes de las siete de la mañana estaban adentro de la vecindad. El vecino tenía un amparo para evitar el desalojo, pero no les importó. No traían orden ni nada. Se formaron en dos filas de granaderos en el corredor de entrada, que no permitían entrar ni salir a nadie. Comenzaron a insultarnos y a romper la puerta. Nos gritábamos que nos metiéramos, que eso no nos importaba.
En el caso de la vecindad de Granadas #130, de su vecino del número #126 y de otro de la calle Peñón # 78, sí saben claramente de dónde vino la orden de desalojo: de los bancos que tienen las carteras de esos apartamentos, que originalmente eran viviendas de interés social. Sólo en el #130, hay cien apartamentos y se estima que al menos otros 35 están en situación precaria, 15 de ellos en inminente desalojo. Ahora se entiende hacia quienes iba dirigido el mensaje de rudeza y el humo del desalojo de uno solo apto. A los otros 99 que miraban.
Israel muestra el departamento de donde fue desalojado en Argentina #99 Col. Centro. Foto: Ernesto Alvarez
La situación de cada edificio es diferente de la reciente ola de desalojos forzosos, e ilegales, según denuncian los vecinos, pero todos cosecharon la misma respuesta al intentar denunciar los abusos policiales en los operativos. Que no podían tomarles la denuncia. Se lo dijeron esta semana a los desalojados de Argentina #99 en el Centro de Legalidad y justicia, de la calle Paraguay esquina Brasil y también en el Ministerio Público de la delegación Cuauhtémoc.
Los vecinos han respondido juntándose. El martes 23, en un ratito, unas 70 familias se reunieron en la entrada de una de las vecindades de junto a dónde vivían para discutir cómo van a reclamar por el atropello.
A los del centro histórico se les ha acercado la Asamblea de Barrios, mientras que los de Tepito negocian en conjunto con el banco una solución para el edificio. La presión por estas zonas es manifiesta, pero sólo se ven los resultados más visibles de esa presión: la participación de la fuerza pública como nuevo protagonista en un conflicto civil, entre partes o privados.
Esta semana, los del centro histórico se movilizarán reclamando una solución para la precaria situación en la que han quedado decenas de personas, que se teme que de ahora en más sigan en aumento. Desde la asamblea de barrios se promueve el diálogo con Jesús González Schmal, autoridad del centro histórico, reclamando un Programa emergente de vivienda de interés social para la zona centro de la capital, que incluya la inversión privada para las zonas comerciales y la edificación de viviendas sobre los locales para evitar que la población histórica del centro sea desplazada. Que se gentrifique, pues.
Para la gente, lo más claro es que ellos no quieren irse de ahí, porque su supervivencia – además de sus afectos y su historia – están ligados al centro.
“A veces vuelvo y me siento en la puerta de la casa para tener contacto con los vecinos y poder seguir vendiendo mi mercadería. Como me habían echado del puesto en la calle, vendía en casa, ellos sabían dónde vivía y me iban a golpear la puerta.”
El interior de Argentina #99 Col. Centro, en donde con cientos de granaderos desalojaron a seis familias. Foto: Ernesto Alvarez
Desalojo del edificio de Argentina #96, en el centro histórico de la ciudad de méxico, tomado por los vecinos, el 12 de julio de 2016:
Por Martín Hernández Alcántara
Campesinos de San Felipe Tepatlán denunciaron que emisarios de Comexhidro, quienes supuestamente hacen investigaciones de campo en biología y antropología, acuden al pueblo para intentar provocar una agresión y así justificar una intervención policiaca que ayude a la imposición de la hidroeléctrica.
Los labriegos señalaron a esta casa editorial que la empresa no ha cesado en su intento de llevar a cabo el proyecto, a pesar de que la mayoría de las comunidades en la zona lo rechaza.
Advirtieron que no caerán en provocaciones, pero también dejaron claro que ya hay un sistema de vigilancia y alerta en esa población de la Sierra Norte para alertar sobre la llegada de cualquier persona ajena a la localidad.
La empresa Comexhidro en el pasado reciente ha utilizado a hombres armados para amendrentar a la población con la finalidad de imponer una hidroeléctrica en la Sierra Norte, concretamente el proyecto Puebla 1, en el municipio de San Felipe Tepatlán, denunciaron los Guardianes del Río Ajajalpan, Organización Tutunaku–Nahutal en Defensa de la Tierra, del Territorio y de los Pueblos.
El 25 de febrero en el municipio de San Felipe Tepatlán, trabajadores de Deselec1–Comexhidro iniciaron sin autorización de la población la construcción de esa hidroeléctrica en la Sierra Norte de Puebla.
“Ante esta situación, una comisión de la comunidad fuimos hasta el lugar de los hechos para exigirles que dejaran de dañar a la madre tierra con sus excavaciones. Cuando llegamos allí uno de los trabajadores sacó un arma con intención de amedrentarnos y provocarnos, generándose momentos de mucha tensión. Por tal motivo nuevamente denunciamos públicamente que la empresa Comexhidro utiliza la violencia para imponer el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que traería graves daños a la madre tierra y a nuestras vidas”, denunciaron Los Guardianes del Río Ajajalpan en esa ocasión.
Los Guardianes del Río Ajajalpan han exigido que se respeten los acuerdos tomados en la asamblea del 5 de julio 2015, en la cual participaron autoridades del gobierno estatal, federal y municipal y más de mil personas de la comunidad de San Felipe Tepatlán, quienes rechazaron el proyecto de la hidroeléctrica en la Sierra Norte.
24/08/15. Asesinados de Actopan eran activistas
Crónica de Xalapa
Por David Arcos
En las comunidades Ojital, San Juan Villa Rica, El Limón y Mesa de 24, donde fueron levantadas y asesinadas las ocho personas, se concentra la mayor resistencia contra la minera El Cobre, antes conocida como “Caballo Blanco”.
Las personas asesinadas en la región de Actopan y Alto Lucero participaban en acciones de resistencia contra proyectos mineros. El crimen, registrado el pasado viernes, se relaciona de manera estrecha con esta problemática social, consideró el integrante de Lavida, Guillermo Rodríguez Curiel.
Las pretensiones por reactivar el proyecto minero “Caballo Blanco” han aumentado. Las empresas transnacionales han ingeniado un nuevo plan para llevar a cabo estudios y, posteriormente, explotar el lugar.
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha dado seguimiento al caso de manera cercana. Hace seis años, los movimientos sociales y los pueblos de Actopan y Alto Lucero lograron detener el proyecto mencionado, propiedad de la minera canadiense Gold Group.
El activista recordó que, el año antepasado, la minera Gold Group vendió acciones a otra empresa e instruyó a la Minera Gavilán efectuar los estudios de prospección en el municipio de Actopan.
“En esa zona pretenden instalar una minera que le llaman Minera El Cobre y la empresa Almaden Minerals es la responsable de realizar los estudios de prospección y la explotación, si es que la dejamos”.
En las comunidades Ojital, San Juan Villa Rica, El Limón y Mesa de 24, donde fueron levantadas y asesinadas las ocho personas, se concentra la mayor resistencia contra la minera El Cobre.
“Esas personas que fueron asesinadas no eran integrantes de Lavida, pero sí estaban en la resistencia contra la minera El Cobre, participaban en asambleas, pintas, reparto de volantes, conferencias”, apuntó Rodríguez Curiel.
El entrevistado consideró que los homicidios recientes tienen el objetivo de “aterrorizar” a los campesinos que se oponen a dichos proyectos. Promover miedo para evitar que la gente proteste e impida la explotación de sus tierras.
“Eran campesinos (las víctimas), a una mujer le dispararon por la espalda, cayó de frente, los otros dos muchachos con sus botas, son de una quesería, muy queridos en el barrio, todos son campesinos, todos se dedican a la ganadería y a la agricultura. Estos crímenes tienen por supuesto su relación con la minera El Cobre”.
La minera utiliza químicos, como el benceno, para realizar los estudios de prospección, lo que contamina mantos acuíferos y acrecentaba el descontento social.
El integrante de Lavida destacó que en Veracruz las instituciones no garantizan la seguridad de los ciudadanos, ni la conservación del medio ambiente. Por ello, la sociedad debe organizarse y defender, de manera pacífica, su entorno.
“Está demostrado que en Veracruz la delincuencia parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya se demostró públicamente en Tierra Blanca, ya se demostró públicamente en Orizaba, ya se demostró en Xalapa, ya se demostró en Paso del Macho, ya se demostró en el puerto de Veracruz, están descubiertas 52 fosas clandestinas”, culminó.
http://cronicadexalapa.com/asesiinados-de-actopan-eran-activistas/
Jesús Aranda
Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo más en contra de la reforma educativa. En ésta ocasión un grupo de profesores del estado de Veracruz argumentó que son servidores públicos de un estado “libre y soberano”, por lo que no les es aplicable una norma federal.
También demandaron, sin éxito, que la reforma educativa es inconstitucional por discriminatoria, debido a que reciben un trato distinto (como la promoción y permanencia en el empleo) al de los maestros del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los ministros de la sala apoyaron el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco en el que validó diversos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.
En su argumentación, los docentes cuestionaban que la norma federal señale que los que no pasen las evaluaciones correspondientes (los que tienen base) podrán ser readscritos para continuar en otras tareas de la “función pública” o del “servicio público”. Por lo que, en todo caso, se les tendría que aplicar la ley de servidores públicos de la entidad para dirimir los conflictos laborales, por lo que quedaron en estado de indefensión, toda vez que se les aplicará un ordenamiento federal.
Los ministros rechazaron también el argumento de que la Ley General del Servicio Docente viola el artículo 5 constitucional, al no permitirles ejercer la profesión para la cual contratados, siendo además que se trata de un derecho adquirido y no pueden ser obligados a prestar trabajos sin su consentimiento.
La sala negó que la reforma distinga “dos tipos de evaluación para trabajadores con la misma función de maestros o docentes”, uno para los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional y otro para el resto de los maestros que laboran en otras instituciones.
Franco precisó que no existe un parámetro objetivo de comparación que permita llevar a cabo un juicio de igualdad entre los sujetos comparados, toda vez que el IPN “cuenta con facultades para gobernarse a sí mismo, además de que el artículo tercero constitucional le exime de la aplicación de Ley del Servicio Profesional Docente.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/24/maestros-de-veracruz-pierden-amparo-contra-la-reforma
Héctor Santoy
Restan menos de tres semanas para que se apruebe de manera oficial el “Proyecto Pachuca”, que permitirá movilizar los jales de la ciudad capitalina a Epazoyucan, para lo cual vecinos del municipio se encuentran alerta y no bajan la mano en la lucha para evitarlo.
En entrevista, Ana Laura Vargas García, secretaria de la Asociación Civil Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyucan, dijo que las familias que se verían afectadas se mantienen en resistencia y coordinados en búsqueda de una solución legal que evite el traslado.
Recordó que el movimiento no implica sólo el traslado de miles de toneladas de jales, sino de más cosas de las que poco se habla como es una planta de beneficio, un relleno sanitario a cielo abierto para verter los desechos y el desvió del arroyo “El Salto”; se agrega también la afectación a la salud de miles de personas de Pachuca, Epazoyucan y lugares circunvecinos.
Refirió que al existir una aprobación legal del traslado hace de este tema algo difícil de enfrentar; sin embargo, se han sumado diferentes instancias como Cemda, organización no gubernamental formada por un grupo de abogados que hace investigaciones sobre medio ambiente, documenta agresiones contra los ecologistas, aplica acciones concretas en ecosistemas amenazados y monitorea sitios con alerta ecológica.
http://www.capitalhidalgo.com.mx/zona-verde/continua-lucha-social-por-tema-de-jales/
Margena de la O y Raymundo Ruiz Avilés
Los maestros disidentes tomaron la Dirección General de Secundarias y bloquearon una avenida del Centro de la capital del estado, como parte de las acciones contra la reforma educativa que diseñaron a nivel nacional.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en su plan de acción decidido el fin de semana pasado, fijaron que para hoy en los estados tomarían edificios públicos.
La fracción de la Ceteg ubicada en el Zócalo, tomó esas oficinas que dependen de la SEG y están ubicadas sobre Ignacio Ramírez, ubicadas a un costado del hospital privado Anáhuac. Una vez ahí, los maestros bloquearon la avenida.
Desde el equipo de sonido los maestros informaron que las actividades tienen que ver con el plan de acción nacional, también insistieron en que el movimiento magisterial seguirá hasta que consigan la abrogación de la reforma educativa.
Para mañana también está diseñada una acción similar y para el viernes prevén una marcha estatal, con maestros de todas las regiones del estado
La toma del edificio duró un par de horas a partir de la 13:30 horas. También el bloqueo de una de las avenidas más céntricas de la ciudad.
Paro magisterial no ha terminado
“El paro magisterial no ha terminado, por eso estamos en movilizaciones y en acciones para derogar la reforma educativa, porque el gobierno federal no ha cambiado ni una coma a la ley, como se comprometió”, advirtió Arturo Nava, de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg).
Dijo que el regreso a clases está funcionando, para hacer el brigadeo informativo entre los padres y madres de familia sobre la situación que prevalece con la reforma educativa.
Expresó que el acuerdo de regresar a las aulas, proviene de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que desde ahí, se informe “correctamente de lo que está ocurriendo con la reforma, que no es más que laboral”.
“Hasta el momento –informó– estamos haciendo asambleas con padres y madres de familia, asambleas con maestros y maestras, alumnos y organizaciones sociales; todo para reorganizar el movimiento magisterial”.
Advirtió que el paro magisterial no ha terminado, porque “no se le ha movido ni una coma a la reforma educativa. En ese sentido no vamos a descansar hasta ver abrogada la modificación”.
Dijo que siguen en la lucha, organizándose con los sectores para también terminar con las reformas estructurales.
Indicó que hay un compromiso con los padres y madres de familia de regresar a las aulas en dos frentes: uno, para cumplir con la obligación como maestros, y la segunda, para informar lo que sucede con el movimiento.
Expresó que se continuarán con los brigadeos informativos en el estado, convocando a marchas y movilizaciones sociales contra la reforma.
En cuanto a los supuestos docentes cesados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), informó que ninguno lo ha sido ni lo será, así como expresó que se han estado regularizando la quincena caída, cuando salió la lista de los presuntos despedidos, y faltan unos cuantos por recibir su recurso.
SEG continúa con descuentos
La fracción de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), que mantiene su plantón en el Zócalo de la ciudad, denunció que la SEG continúa aplicando descuentos a los maestros movilizados contra la reforma educativa.
Las movilizaciones que efectúan los dos grupos de la Ceteg son parte del plan de acciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajados de la Educación (CNTE).
La organización magisterial consiguió a nivel nacional que en los estados terminaran los descuentos y que cancelaran los ceses de maestros por no participar en las evaluaciones.
Pero, los acuerdos entre el magisterio y el gobierno no trascendieron y continúan las movilizaciones.
La fracción cetegista del Zócalo denunció que la quincena pasada reciente, no les llegó a los maestros de las zonas Centro y Norte.
En conferencia de prensa, Adriana Catarino, integrante de la dirigencia de esa fracción de la Ceteg, denunció que tienen casos de docentes que no perciben salario desde hace más de dos meses.
El dirigente del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), del que forma parte esa fracción de la Ceteg, Víctor Flores, reveló en esa misma conferencia de prensa los resolutivos de su Congreso Estatal que hicieron el pasado fin de semana: buscar una mesa de diálogo para analizar el tema de los presos políticos en la entidad y sumarse al llamado de los campesinos que no recibieron fertilizante subsidiado.
Los cinco policías comunitarios de Ayutla recién liberados, recordó el dirigente, tienen que trasladarse a firmar su registro de pre liberación desde su municipio, en la Costa Chica, hasta Tlapa, en La Montaña. “Cada semana se gastan más de siete mil pesos en dicho trámite y no tienen dinero suficiente para cubrir ese costo”, comentó.
Agregó que campesinos de diferentes partes del estado no recibieron el fertilizante subsidiado del gobierno estatal, y que desde ahora, esa demanda también es del MPG.
Regresan a clases escuelas que no iniciaron el ciclo escolar
Este martes regresaron a clases la mayoría de las escuelas de la capital que ayer no iniciaron el nuevo ciclo escolar por estar contra la reforma educativa.
El magisterio disidente ayer reveló que 50 por ciento de las escuelas no iniciaron el ciclo escolar, como una medida de reacción porque no trascendió la mesa nacional de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (SG).
Pero en un recorrido por la ciudad se contabilizaron algunas escuelas, en las que hoy ya había labores normales, por ejemplo en la primaria Lázaro Cárdenas, de la colonia Electricistas.
En esa escuela está asignado el maestro Carlos Botello Barrera, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), además de que la mayoría son militantes de la organización magisterial.
También iniciaron clases en la secundaria federal Antonio I. Delgado, ubicada a un costado de la alameda Granados Maldonado, pero lo hicieron con la demanda de mobiliario a las autoridades educativas.
También convocaron a los padres de familia a que les apoyen con butacas.
Los números que ayer dio la Ceteg como parte del movimiento contra la reforma educativa en la apertura del nuevo ciclo escolar, es que al menos en la ciudad de Chilpancingo la mitad de las escuelas estaban cerradas, además de 110 escuelas estatales. Pero la SEG informó que sólo 121 planteles no iniciaron ciclo escolar en todo el estado, particularmente en zona Centro, La Montaña Alta y Acapulco, es decir sólo 1 por ciento del total de escuelas del nivel básico.
De uno de los grupos de la Ceteg, Adriana Catarino aseguró que el nuevo ciclo escolar inició “bajo protesta”, porque las autoridades educativas no les cumplieron sus demandas.
Además, de que contabilizaron los problemas añejos del sistema educativo, como la falta de maestros.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/08/24/index.php?section=sociedad&article=006n1soc
A las comunidades de La Canoa y Paso de la Canoa se une Huitzatarito y Santa Cecilia, para poner a salvo a los habitantes en riesgo
EDITH DOMÍNGUEZ
Abasolo, Gto. Autoridades de este municipio decidieron evacuar este miércoles la comunidad de La Canoa y Paso de la Canoa por seguridad, aun cuando hay cerca de 200 personas que no quieren salir de sus casas. Por la noche se anunció que los habitantes de la comunidad de Huitzatarito y Santa Cecilia también serían desalojados.
Luego que sesionó el Comité Municipal de Contingencia, se tomó la determinación de evacuar las comunidades de Canoa y Paso de Canoa como medida de seguridad, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano. Se estima que se van a evacuar 270 personas, aunque no todas quieren irse al refugio, optarían por irse con familiares.
Los animales así como mascotas y ganado estarán en jaulas en dos refugios, uno de ellos en las instalaciones de la feria.
Como manera preventiva, el camino estatal al Tule en su tramo de la comunidad Estación Joaquín al Paso de la Canoa se cerrará el paso de vehículos. El camino está muy mojado y la tierra está blanda.
Se habilitó la Casa de la Cristiandad como refugio, otro albergue, es en el Gerontológico, donde esta tarde había ya 88 personas.
En los albergues hay catres, colchonetas, cobijas, alimentación, sanitarios, servicio médico, atención a escolares por parte de Educación Municipal en coordinación con Sabes (Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior), además de actividades por parte de casa de la cultura, los albergues estarán siendo coordinados por DIF Municipal, Protección Civil del Estado y municipio.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por su parte, realiza labores de reforzamiento y revisa niveles de agua en bordos.
La comunidad más afectada es Huitzatarito y Santa Cecilia, ubicada a un costado de la comunidad Estación Abasolo, ha sido inundada la gran parte.
Los habitantes de la comunidad de serán evacuados debido a que el agua ya ingresó a unas viviendas, el nivel del agua en algunas casas aquí ha superado el metro.
Sin embargo algunas familias no quieren evacuar porque temen perder su ganado, para esto el gobierno municipal les ha puesto un camión de redilas para trasladar a los animales a un lugar seguro.
Afectados exigen a Conagua no liberar más agua
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Más temprano un grupo de unos 30 habitantes de la comunidad Huitzatarito y Santa Cecilia se manifestaron para exigir que la Conagua no libere más agua de las presas porque también afectaría a esta comunidad que se ubica a un costado de la comunidad Estación Joaquín, lo que finalmente pasó.
Con pancarta en mano afuera del Poliforum, los quejosos exigían al alcalde Samuel Amezola que diera la cara, “Samuel, tengo animales, dónde los voy a poner, ¡en tu casa!, queremos una solución”, “Samuel Amezola, da la cara, haz algo por el pueblo”, “…hay canales vacíos, da la cara” entre otras.
Después de varios minutos, los inconformes a quienes el día de ayer elementos de bomberos entregaron costales vacíos, una comisión de cinco fueron atendidos por el alcalde Samuel Amezola y el delegado de Conagua, Humberto Navarro de Alba, quienes se encontraban en una reunión en ese momento.
Ahí acordaron realizar reforzamiento de bordos para poder bombear del Drenaje Abasolo al Arroyo Feo y de Arroyo Feo al Río Turbio para bajar los niveles de agua, además pactaron que pasando la temporada de lluvia se trabajará en un proyecto para resolver dicha problemática, que este día ha afectado por lo menos siete viviendas en Huitzatarito, por lo que esos habitantes decidieron reubicarse con familiares.
En tanto en la comunidad Estación Abasolo, el agua se trasmina por las vías del tren y ya entró a varios hogares, afectando a más de 80 casas, que ayer se podían ver a un costado de donde se desbordó el bordo y donde el nivel ha superado los 2 metros de altura.
Abren centro de acopio
Autoridades municipales abrieron el centro de acopio en las instalaciones del DIF Municipal para ayudar a las familias afectadas por las lluvias.
Piden a la ciudadanía a solidarizarse con víveres no perecederos, ropa nueva, pañales de bebé y adultos así como toallas sanitarias, papel higiénico.
El centro de acopio está en el DIF Municipal de la calle Rayón, colonia Guadalupe.
Atención de eventualidades por lluvias
Autoridades estatales y municipales de Protección Civil, dieron seguimiento a las eventualidades causadas por las lluvias registradas en dos municipios del estado, además de Abasolo, está Cuerámaro, donde se atendió el reporte de encharcamiento en el camino que conduce a la comunidad Cerrito de Agua Caliente, además de mantener el monitoreo en la presa Valsas del Coyote.
En tanto en la comunidad Sexenal, se presentó la introducción de agua en 40 viviendas, por lo que se activaron dos refugios temporales sin que acudiera ninguna persona, mientras en San José de Ojo de Agua, se registró el daño a una vivienda, siendo evacuadas preventivamente siete personas que decidieron reubicarse con familiares.
Mientras que en la comunidad El Burro, se evacuaron de manera preventiva 15 personas de siete viviendas y en el Rancho El Sabino, derivado del escurrimiento de un bordo se registraron algunos encharcamientos sin afectación a viviendas.
Pronostican más lluvias, sobre todo al sur del estado
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se esperan lluvias aisladas acompañadas de tormentas eléctricas con mayor incidencia en la región sur en la entidad.
De acuerdo al reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la región central del país presenta efectos de un canal de baja presión, humedad proveniente de ambos litorales, combinados con las ondas tropicales número 23 y 24. La tormenta tropical Gastón se encuentra en el atlántico lejos de las costas nacionales
Por ello, en el Estado de Guanajuato, se mantienen las temperaturas frescas por las mañanas y noches frescas, con un día ligeramente cálido y algunos bancos de niebla matutinos.
Las temperaturas máximas para la zona norte serán de 28 a 30°C y las mínimas de 09 a 11°C, mientras que para la zona centro y sur serán de 31 a 33°C las máximas y las mínimas de 12 a 14°C.
Las autoridades pusieron a disposición de la población guanajuatense el número telefónico gratuito 01 800 7147 911 para reportar cualquier emergencia.
24/08/16. Maestros de Veracruz pierden amparo contra la reforma
La Jornada
11/07/16. Maestros bloquean la autopista Veracruz-Villahermosa; apoyan a la CNTE
Diario Xalapa
11/07/16. Manifestantes cierran la autopista Acayucan-Cosoleacaque
E-Consulta Veracruz
26/06/16. Maestros del sur de Veracruz bloquean la pista Tinaja-Cosoleacaque en apoyo a la CNTE de Oaxaca
El Piñero de la Cuenca
24/06/16. Indígenas del sur de Veracruz se movilizarán en apoyo a maestros de Oaxaca
El Demócrata
20/06/16. Marcha CNTE-Veracruz en apoyo a docentes oaxaqueños
XEU
13/06/16. Maestros son intimidados para no acudir a marchas de la CNTE
E-consulta Veracruz
28/11/15. Periodistas de Veracruz piden tipificar delito de agresiones contra la libertad de expresión
Eme equis
23/11/15. Policías se enfrentan con profesores opositores a la evaluación magisterial en Veracruz; hay al menos 6 heridos
Animal Político
22/11/15. Policías del gobierno de Duarte golpean a maestros y periodistas en Veracruz
Proceso
El representante de una de las ocho tribus asegura que el gobierno federal y la empresa que encabeza el proyecto que pasa por sus tierras burlaron y corrompieron a las autoridades de los otros pueblos. Dice que negociaron en “lo oscurito”
Loma de Bácum
“Unas burladas, otras corrompidas, así actuaron siete de nuestras ocho autoridades yaquis al firmar un contrato con el gobierno y la empresa IEnova para introducir el gasoducto”, dijo Teódulo González López, comisionado para la Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos de la Etnia.
Actualmente la obra está paralizada porque el gobernador de Loma de Bácum no sólo no firmó la concesión del territorio, sino que entabló un proceso judicial en contra.
Esta semana, EL UNIVERSAL hizo un recorrido por la reserva yaqui, donde se detectaron kilómetros de tierra deforestada en un ancho de más de diez metros para la introducción de infraestructura.
González López dijo que en el “despojo”, existió la complicidad de las siete autoridades yaquis que autorizaron el paso por la reserva indígena del Gasoducto Sonora, segmento Guaymas- El Oro, en una longitud de más de 90 kilómetros a razón de pago a peso por metro cuadrado por año, en un término de 30 años.
Las irregularidades y omisiones fueron incurridas en contubernio por el gobierno federal y la empresa, quienes “se llevaron a negociar a las autoridades tradicionales y duales a lo oscurito”, en reuniones que sostuvieron en Ciudad Obregón y en Hermosillo, donde aceptaron el trato a espaldas de los 33 mil yaquis de los ocho pueblos, aseveró.
Recordó la cansada y larga trayectoria de la lucha judicial de la tribu para impedir la construcción y la operación del Acueducto Independencia, el cual aún se encuentra en litigio y trasvasando agua del Río Yaqui hacia Hermosillo.
Y con tristeza señaló que la lucha férrea por la defensa del agua no termina cuando ya se configura un nuevo despojo, ahora de la tierra, esto sólo fomenta más la división interna, pues de los ocho pueblos yaquis, hay 17 gobernadores, unos tradicionales y otros duales [no reconocidos por parte del pueblo], dijo. Los ocho pueblos yaquis donde habitan 35 mil personas, pertenecen a tres municipios diferentes: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem, al municipio de Guaymas Sonora; Loma de Bácum, al municipio de Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit) al municipio de Cajeme.
Obra paralizada en Bácum. En un aviso oficial de la tribu, resultado de la consulta realizada el 28 de mayo del 2015, se advirtió: “La presente es para ratificar que la Nación Yaqui de Loma de Bácum, pueblo indígena con poderes soberanos de autogobierno, reconocidos y protegidos a nivel nacional e internacional, no concedió permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con propósito de llevar a cabo actividades con relación al proyecto de Gasoducto Guaymas-El Oro”.
Lo anterior fue resultado de una consulta con la Tropa Yoemia, representantes eclesiásticos, autoridades y comunidad en general, donde se rechazó por unanimidad el megaproyecto del Gasoducto.
El documento está firmado por el gobernador de la tribu yaqui de esa comunidad, José Bacaumea Espinoza, donde se le ordena a la empresa que cese y desista de toda actividad en el territorio, de lo contrario, advirtió medidas drásticas de acuerdo a los usos y costumbres de la etnia.
Posteriormente, se interpuso un amparo encabezado por Bacaumea y los representantes de Pueblo Mayor, capitán, comandante y secretario, donde se exige respeto a la autodeterminación en lo relativo a la decisión de no otorgar el consentimiento para el paso del gasoducto.
Aclaró en la demanda de amparo se trata de un terreno comunal reconocido por el Estado mexicano en 1940 y aun cuando siete autoridades tradicionales hayan dado su consentimiento, las decisiones se toman por unanimidad de los ocho pueblos, no por mayoría, ni 50% más uno, como se rige en algunas figuras legales del derecho mexicano escrito.
El gobernador de Loma de Bácum, comunidad perteneciente el municipio de Bácum, refirió en la demanda está defendiendo legalmente las 485 mil hectáreas que constituyen en territorio ancestral sobre la obra.
Exigió, además, la reparación de los daños materiales a casas, parcelas, cerro del Boca Abierta, arroyos, zanjas, deforestación, corte de plantas medicinales, de pastoreo, agostadero, daño ambiental, afectación social, cultural, religiosa y cosmogónica generados con más de 40% por ciento de avance de la obra.
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, informó que se ha hecho la consulta previa libre e informada donde siete tribus ya dieron su consentimiento, sólo falta que la empresa que está haciendo el gasoducto negocie con el pueblo de Bácum.
“Hay que ver el lado positivo de los gasoductos, van a permitir que los sonorenses tengan energía más limpia, que las plantas de combustóleo que hay se reconviertan, como está sucediendo, que emitan 70% menos de gas en efecto invernadero.
“Permitirán tarifas cuatro veces más baratas, que traerán un desarrollo industrial impresionante; los estados que van a progresar son los que tengan disponibilidad de gas natural”, subrayó el funcionario.
Sin embargo, González López, quien asegura que representa a 10 mil yaquis inconformes, reitera que “no se dio cumplimiento fiel a los procedimientos establecidos en el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
Los yaquis. El territorio yaqui, ubicado en el sur de Sonora, guarda historias milenarias de hombres y mujeres que a través del tiempo han defendido con sangre sus derechos sobre 485 mil hectáreas otorgadas por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas.
El 90% vive en pobreza y 60% padece de pobreza extrema. Convertidos en peones de sus propias tierras que rentan por falta de recursos para hacerlas producir.
Son alrededor de 35 mil yaquis o yoremes ,como se hacen llamar, asentados en las comunidades de Vícam (la natividad del Señor), Pótam (Santísima Trinidad), Tórim (San Ignacio de Loyola), Rahum (La Ascensión del Señor), Bácum (Santa Rosa de Lima), Huirivis (Santa Bárbara), Cócorit (Espíritu Santo) y Belem (San Miguel Arcángel), que viven en su mayoría con analfabetismo y marginación.
Son dueños de 50% de las aguas de la Presa Álvaro Obregón que se sirve del Río Yaqui, y carecen de agua potable, sólo una parte de Vícam, cabecera de los ocho pueblos, tiene agua entubada, pero no potable; tampoco pavimentación y drenaje hay en Pótam, pero está colapsado, expresó Teódulo González López.
Para ellos, los servicios básicos de salud son insuficientes.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/08/24/gasoducto-divide-los-yaquis
http://revistamalinali.com/minera-penasquito-esta-envenenando-a-zacatecanos-selenio/
ZACATECAS, Zac., 24 Agosto.- Derivado del reportaje publicado hace unas horas por la Agencia Internacional de Noticias REUTERS, en el sentido de que la Minera Peñasquito, perteneciente a la transnacional canadiense Gold Corp e instalada desde el 2008 en el municipio de Mazapil, ha ocultado desde hace tres años los altos niveles de contaminación por selenio y otros metales, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exige una investigación internacional a fondo tanto a la empresa como a las dependencias federales mexicanas, pues es claro que hay un contubernio y corrupción porque no se ha cumplido con el reglamento preestablecido en la Ley Ambiental.
Felipe Pinedo Hernández, a nombre de la CNPA y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), aseguró que existe un contubernio histórico entre la transnacional y sus filiales en México con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras instancias encargadas de regular el medio ambiente.
“Siempre hemos tenido la razón al estar denunciando la forma de explotación, porque Peñasquito no sólo ha contaminado desde hace años con selenio, sino con arsénico, plomo, mercurio y flúor, lo que significa que el método que utiliza en sus lixiviados ha rebasado los niveles permitidos y está matando a la gente”, reiteró.
Por ello se observan diversos problemas de salud, como la caída del pelo, de uñas y de dientes entre la población de aquella región, así como daños severos a la tiroides y el sistema inmunológico y daños al duodeno, al aparato digestivo, el hígado y los pulmones, a causa de la selenosis e ingesta crónica.
Pinedo Hernández afirmó que estas son las consecuencias que han derivado de la explotación a cielo abierto que siempre ocultaron, pues el selenio es peligroso con altos niveles de daños permanentes a la salud.
Aseveró que se ha extendido la contaminación a los mantos freáticos, sobre todo los que están cerca de la presa de jales en las comunidades Cerro Gordo, Cedros, Matamoros y El Vergel, que convergen a la minera y que rodean el agua con un alto riesgo contaminante.
Por ello, se exige una investigación profunda a la minera y a las instancias de protección ambiental. Ello, en función de varios acuerdos internacionales para prevenir la contaminación, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Trabajo de la Mesa del Atlántico Norte, entre otras.
En este sentido, Felipe Pinedo advirtió que el peor de los casos, de no tomarse medidas drásticas internacionales, será la muerte masiva de la gente de las comunidades del semidesierto zacatecano.
“Hacemos responsable a la empresa porque de los jales desemboca en un colapso de riesgo total de muerte a la población, por la principal fuente de contaminación a causa de los métodos equivocados de la explotación de metales pesados y peligrosos que contaminan las aguas fósiles de la región”, advirtió Felipe Pinedo.
Finalmente, dejó en claro que la CNPA exige la indemnización y cumplimiento para litigar en el impacto ambiental y que se informe de los riesgos a la población, porque no es posible que durante tres años apenas salga a la luz esta información que agudiza el riesgo latente de contaminación y daños severos a los habitantes, y que generará un efecto multiplicador negativo y trágico.
24/08/16. Gasoducto divide a los yaquis
El Universal
22/02/16. Continúa la lucha del agua de la Tribu Yaqui
Contralínea
07/12/15. Liberan yaquis carretera de cuatro carriles en Sonora
El Reportero de la Comunidad
13/09/15. Yaquis bloquean las obras del Parador Turístico
Tribuna del Yaui
23/06/15. La tribu yaqui consume agua con plomo y arsénico, como castigo a la oposición del Acueducto Independencia en Sonora.
Desinformémonos
04/06/15. La tribu yaqui. Una historia incansable de lucha y resistencia. Capítulo I
SubVersiones
20/05/15. Finaliza Caravana Nacional en Defensa del Agua y otorgan nuevo amparo a Tribu Yaqui
Boca de Polen
19/05/15. Nuevo amparo ganado por la tribu yaqui en el caso del Acueducto Independencia
La Jornada
18/05/15. Comunicado de la Tribu Yaqui
Carvana por la vida
25/04/15. Convocatoria a la Caravana “Por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida”
Caravana por la vida
21/04/15. La estigmatización de las minorías en México, el caso de la tribu yaqui
Más de 131
20/04/15. Políticas de discriminación y exclusión social en el noroeste de México
Subversiones
20/04/15. Claves de la alianza otomí-ñatho con la Tribu Yaqui en Semana Santa
Más de 131
3/03/15. Activistas, académicos y abogados de la Tribu Yaqui insisten al Estado piden poner fin al acoso
Sin Embargo
03/03/15. Obra de acueducto atenta contra la cultura yaqui
La Jornada
20/02/125. #justiciayaquis por la reivindicación de la lucha
Boca de Polen
25/02/15. El acueducto Independencia está derrotado legalmente: tribu yaqui
La Jornada
25/02/15. Sonora: la nueva guerra contra los yaquis
La Jornada
25/02/15. El gobierno federal respalda a Padrés para quitarle el agua a los yaquis, acusa vocero
Sin Embargo
18/02/15. Acueducto afecta tradiciones yaquis: INAH
No Pasa Nada
16/02/15. ONGs lanzan campaña #JusticiaYaquis que denuncia violaciones a la comunidad
Sin Embargo
13/02/15. Demuelen presa de Guillermo Padrés
La Jornada
12/02/15. A los yaquis, como al resto de los indígenas: represiones
Contralínea
12/02/15. Misión civil de observación presenta informe actualizado sobre proceso de consulta a la tribu yaqui frente al acueducto independencia.
Radio Zapatista
12/02/15. Amnistía Internacional exige a las autoridades adoptar medidas inmediatas para evitar daños irreparables a la Tribu Yaqui
Amnistía Internacional México
11/02/15. Incumplen gobiernos sentencia de la Corte sobre acueducto: tribu yaqui
Proceso
11/02/15. Informe completo de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui: “Una sentencia fallida” / Febrero 2015
Misión Civil de Observación. Consulta a la Tribu Yaqui
11/02/15. El incumplimiento del Gobierno Mexicano con la Tribu Yaqui
Mujeres y la Sexta
10/02/15. Yaquis tachan de ‘bebeje’eri’ (maligno) a Padrés por su presa particular
Proceso
03/02/15. Padrés tiene 10 días para demoler su presa privada que construyó siendo Gobernador: Conagua
Sin Embargo
07/10/15. Yaquis sufren saqueo de agua y construcción de gasoducto
La Jornada
07/10/15. La lucha de la Tribu Yaqui continúa: Mario Luna
Subversiones
06/10/15. Líder yaqui recién liberado protesta contra gasoducto de Agua Prieta
Proceso
24/09/15. Mario Luna: fui víctima del odio racial que Guillermo Padrés desató en Sonora
Sin Embargo
23/09/15. El yaqui Mario Luna libre, pendiente de liberación el río Yaqui
Centro de Medios Libres México
02/09/15. Entrevista con Fernando Jimenez Tribu Yaqui
Revista Pluma
30/08/15. Los 337 días que pasé en la cárcel no detendrán mi lucha: líder yaqui
La Jornada
29/08/15. Liberan a Fernando Jiménez, líder yaqui opositor al Acueducto Independencia
La Jornada
28/08/15. Yaquis: Libre Fernando Jiménez, pendientes de liberar Mario Luna y Río Yaqui
Centro de Medios Libres México
20/05/15. Carta de Fernando Jiménez Gutiérrez, preso político de la Tribu Yaqui.
Carvana por la vida
09/04/15. El sacrificio Chapayeca: Una plática en prisión con el yaqui Fernando Jiménez
Más de 131
07/04/15. Ordena sentencia auto de libertad para líder yaqui Fernando Jiménez
La Jornada
03/03/15. Fernando Jiménez: de los otros y de los nuestros. Preso político de la tribu yaqui
Desinformémonos
17/02/15. Amnistía Internacional visita a voceros de la tribu Yaqui detenidos en Sonora por su labor de defensa al agua
Amnistía Internacional México
16/02/15. Exige Amnistía juicio justo para líderes yaquis detenidos
Proceso
Hubert Carrera Palí
San Francisco de Campeche, Campeche
El persistente acoso y el despojo de los recursos naturales de que son objeto las etnias peninsulares los mantienen en un estado de vulnerabilidad, acusó Romell González Díaz, presidente del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil.
El líder maya manifestó que empresas nacionales y trasnacionales están exterminando todos los recursos naturales con que cuentan las etnias de la península, sin dejar un solo beneficio económico para sus comunidades, gracias al apoyo con que cuentan por parte de las instituciones gubernamentales.
Se pronunció en contra de la siembra de palma africana, soya transgénica y uso de energía solar, o alternativa, debido a que sólo son depredadoras del medio ambiente; además de que en el caso de la energía limpia, “no sabes cómo la van a producir, nos ocultan el daño que causa a nuestro entorno, cuánto costará el servicio y qué beneficios dejará a las comunidades indígenas”.
En el caso de la soya transgénica, es una depredadora de los montes. Su producción causa graves problemas a la salud, está concesionada a una empresa trasnacional y no deja ningún tipo de beneficio para las comunidades indígenas, pero sí graves enfermedades y padecimientos como cáncer y problemas de carácter urológico porque su aprovechamiento requiere del uso de químicos dañinos como lo es el glifosfato, que ha provocado además contaminación al manto freático, aunque las autoridades como la Conagua pretendan minimizarlo.
El dirigente indígena lamentó la postura de las dependencias gubernamentales, que en vez de apoyar a las etnias sólo lo hacen a favor de las empresas nacionales y trasnacionales que vienen a acabar con los recursos naturales.
Consideró que esa es una situación que vulnera la vida de los indígenas, pues a diario están expuestos a perder lo más preciado que tienen, que es su medio ambiente, en pos de lo que llaman modernidad para producir “mejores y más granos”.
Lamentó que los gobiernos no informen de inversiones, impacto y beneficios que pueden causar estos cultivos o el uso de energía eólica, “que como se sabe no será gratuita y sí es destructiva del medio ambiente, en detrimento de las etnias asentadas en la península de Yucatán”.
A lo anterior se suma el problema de tenencia de la tierra, ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), junto con la Procuraduría Agraria, han sido incapaces de regularizar importantes extensiones de tierra, situación que todavía crea más incertidumbre entre las etnias.
En síntesis, opinó González Díaz, hay una acumulación de despojo por la firma de convenios de control entre gobierno y empresas, con lo que buscan apropiarse indebidamente de todo lo que puedan sin tomar en cuento a sus verdaderos dueños y mucho peor, no dejan ningún tipo de beneficio económico.
“Al pretender, al quitarnos nuestros recursos buscan también quitarnos nuestras autonomía, para lo cual recurren al acoso y al despojo, de ahí que las etnias estén viviendo una situación muy vulnerable”, concluyó el dirigente.
https://www.lajornadamaya.mx/2016-08-23/Comunidades–asediadas-por-trasnacionales
Víctimas de procesos irregulares en el destino turístico de Tulum denuncian que con los derribos de edificaciones se busca borrar evidencia y alegar que se trataba de terrenos baldíos.
Por: MARIEL IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
Ejidatarios y propietarios afectados por el despojo de predios en la línea costera de Tulum, Quintana Roo, denunciaron que el fin de semana comenzó el derribo de construcciones en dos terrenos que fueron desalojados en junio a través de juicios irregulares.
Se trata de una casa habitación y un pequeño hotel que, desde hace dos meses que fueron arrebatados a sus propietarios, se mantienen tapiados, cerrados con cadenas y vigilados día y noche por personal de seguridad privada.
Esta situación prendió nuevamente las alarmas entre dueños de hoteles y propietarios quienes señalan que con esto se busca borrar evidencia de la posesión de los predios que se tenía y poner trabas para la recuperación de sus hoteles y tierras.
El despojo realizado el 17 de junio en Tulum es el más grande y reciente registrado en este destino turísticos, y que fue ejecutado por orden del juez oral de instrucción de primera instancia Gustavo Efraín Chan Camaal, luego de resolver dos juicios civiles promovidos por los supuestos dueños contra los dos arrendatarios de los predios que dejaron de pagarles renta.
El vocal ejecutivo de la Asociación de Colonos de Tulum, Eddie Villarreal, explicó que debido a que la sentencia del juicio civil por el que se desalojaron el pasado junio 16 hoteles y tres predios en Tulum señala que se trata de predios baldíos y no de hoteles, se tiene la intención de demolerlos.
“El contrato de los supuestos arrendatarios que nadie conoce en Tulum se basa en un fraude, pues supuestamente les rentan a dos personas predios desocupados y baldíos con base en escrituras no válidas y viciadas de origen. El objeto de derrumbar las construcciones es con el objeto de que cuando vengan los actuarios de los juicios de amparo, ellos va a alegar que no hay hoteles y son sólo predios que se arrendaron a las dos supuestas personas porque si existieran los edificios se podría alegar que esos edificios no pertenecían a esa personas”, indicó Villarreal, que es uno de los afectados con los desalojos.
En julio, Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron la existencia una maquinaria institucional que ha arrebatado propiedades y dinero líquido a empresas, particulares y ejidatarios en la entidad a través de juicios laborales y civiles a modo.
El común denominador es que ninguno de los afectados se entera de que hay juicios en su contra o que afectan su patrimonio hasta que un actuario llega a cumplimentar embargos, desalojos o se dan cuenta de que sus cuentas bancarias están congeladas, con lo que se ha cancelado por completo su derecho de audiencia para que puedan defenderse.
Una de la afectadas —quien prefirió mantener su identidad en el anonimato— confirmó la demolición de la casa que había habitado por más de 16 años, y que en junio fue víctima de los desalojos.
“Las demoliciones no se deberían permitir, estamos en un proceso, nosotros nos estamos amparando, y esto no es correcto, buscan alterar las propiedades”, señaló la afectada, quien asegura que desde el día de los despojos en la zona existe una gran incertidumbre y miedo de que se siga haciendo esto.
“En la zona se siente temor, ahora ya no se puede caminar seguro por la calle pues hay grupos de choque cuidando los hoteles desalojados, se siente el ambiente muy pesado. Además, en todos los hoteles hay temor de que sigan los desalojos, que afecte al turismo en la zona. Incluso he sabido que hay empleados que ya se niegan hacer el turno de la noche, por miedo a que les toque un desalojo”, manifestó.
De 2011 a la fecha, 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas de la franja costera fueron arrebatados en el ejido José María Pino Suárez a través de juicios civiles y de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje local.
Para denunciar la falta de estado de derecho que existe en la zona y exigir a las autoridades que tome cartas en el asunto con la intención de que se les restituyan sus predios, este martes un grupo de afectados tienen previsto reunirse con senadores del PRD y ofrecer una conferencia al respecto en la sede de la Cámara alta.
23/08/16. En medio del acoso y el despojo, etnias mayas luchan por mantener su autonomía (Campeche)
La Jornada Maya
13/03/16. CRIPX exige respeto a compromisos en Reserva de Calakmul
Págin@bierta
24/07/15. Calakmul repuntará como sitio turístico por excelencia en 2016
Comunica Campeche
24/07/15. Dan 120 mdp para rescatar selva de Campeche
Expreso de Campeche
24/07/15. Afinan proyecto de turismo sustentable en Calakmul
Expreso de Campeche
Por segunda vez, más de 20 personas de la familia Benton se manifestaron en el Congreso del Estado, para exigir que no se les despoje del predio ubicado en la carretera a Pichilingue en La Paz, del cual señalan que es de su propiedad y no de la inmobiliaria
La Paz, Baja California Sur (BCS). Por segunda vez, más de 20 personas de la familia Benton se dieron cita y se manifestaron en el Congreso del Estado, para exigir que no se les despoje del predio ubicado en la carretera a Pichilingue en La Paz, del cual señalan que es de su propiedad y no de la Inmobiliaria Turística Salvatierra.
Mario Benton Fiol, integrante de la familia, expresó que no se ha tenido avances en el tema, pues están solicitando tener acceso al expediente del caso, pero no se los quieren prestar, y ante esto, se han amparado ya 3 veces para revisarlo, aunque siguen negándoselo, dijo.
“Pues avances en sí no hemos tenido ninguno, estamos igual con el juicio agrario; lo que pasa es que el expediente no nos lo quieren prestar, ya metimos 3 amparos, a nombre de mi mamá, de mi hermano y mío, y nos salen que no está, que lo tiene el Procurador, que está en revisión, que está extraviado, nos niegan el expediente, tenemos las solicitudes donde lo hemos estado promoviendo y nada más no, aquí de lo que se trata es de qué pasó con el expediente”.
En los carteles que presentaron durante la sesión del Congreso de este martes, se podía leer frases como “Procurador, la justicia no se vende. Sí a los derechos de la familia Benton”, “Con la ley torcida, desarrolladora y Gobierno despojan a familia Benton del rancho Esthela”, “Señor Gobernador, sus funcionarios le mienten en el caso de la familia Benton”, “Mienten el Secretario General de Gobierno en caso del rancho Esthela”, “¿Dónde está el expediente LPZ/589/AMP-4/2014?”, “Erasmo Palemón Alamilla, no tuerzas la ley, los sudcalifornianos no somos tontos”, entre otros.
Sobre las declaraciones que emitió el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, en donde dice que el caso ya está resuelto y que el terreno pertenece a la inmobiliaria, Benton Fiol aseguró que éste miente, pues no existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde acredite a la empresa como dueña de la totalidad del predio, sino que fue sólo de 2 hectáreas.
“Claro que miente, porque él dice que el terreno nos lo ganaron con un juicio, que hay una sentencia de la Suprema Corte y no lo hay, hay una sentencia de la Suprema Corte, pero de las 2 hectáreas porque se metió un amparo y ese se negó, pero no la totalidad del predio; entonces, ellos están tratando de engañar a la gente diciendo que con una sentencia se perdió todo y no es así”.
El manifestante señaló que, quizá, ni siquiera el gobernador, Carlos Mendoza Davis, debe estar enterado de las acciones de sus funcionarios en el tema. “No tanto del Gobierno, sino de los funcionarios del Gobierno, llámese Secretario, Procurador, que son los que tienen metidas las manos, yo creo que ni el Gobernador sabe que están haciendo mal uso del cargo que les dio”.
Finalmente, Benton Fiol comentó que no sólo es el predio lo que se está perdiendo, sino la tranquilidad, el trabajo, el ingreso familiar, en donde alrededor de 30 personas de la familia se ha visto afectada por la situación.
“Todo, porque se pierde hasta la tranquilidad, trabajo, pierdes todo, desestabiliza a toda la familia; de familia, entre hijos y nietos, somos unos 30 más o menos […] Sí hemos tenido pérdidas económicas, mi hermano tiene un taller que arregla lanchas, pero está adentro y ya sus clientes se fueron, y eso deja de darle mantenimiento al rancho; y pues, los animales se están saliendo a la carretera porque ya no hay que darles de tragar”.
El pasado 14 de julio, tras un litigio de 10 años, en el que se agotaron las instancias desde la civil hasta la SCJN, se llevó a cabo la restitución de derechos de la extensión de tierra en la zona de Pichilingue; la SCJN resolvió a favor, como única propietaria del terreno, a la Inmobiliaria Turística Salvatierra.
Después de desahogar pruebas en las diferentes instancias de justicia “y ante el desacato de la autoridad por parte de Carlos Benton Cota, quien se denominaba propietario de 202 hectáreas de dicho predio, la inmobiliaria solicitó un recurso de restitución del predio a la Procuraduría General de Justicia de Estado”.
La inmobiliaria cerró el acceso a los familiares, quedando afuera hijos y otras personas; y dentro, otros 9 más, quienes, al no poder entrar ni salir, se están quedando sin alimento para ellos y para el ganado, además de medicamentos que requieren.
Ignacio Pérez Vega
Luz Atilano
23/08/16. Por segunda vez, se manifiesta familia Benton en el Congreso de BCS por supuesto despojo
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11/08/16. Caso Benton en La Paz, ya está resuelto; terreno pertenece a inmobiliaria: Gobierno de BCS (VIDEO)
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04/08/16. ¿Dónde está la justicia? (VIDEO)
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03/08/16. Tras amenaza de despojo familia está secuestrada, sin comida, dentro de su predio en La Paz
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14/07/16. Familia se defiende de guardias por un terreno en donde vivió más de 50 años (VIDEO)
SDP Noticias
23/08/16. Maestros se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara contra la Reforma Educativa
Canal 44
23/08/16. Maestros en la región de Los Altos trabajan bajo protesta (Video)
Canal 44
27/07/16. Bloquean maestros casetas
AM Lagos de Moreno
17/07/16. Frente Magisterial advierte acciones
Ntr Guadalajara
04/07/16. Abuchean a Aurelio Nuño en Jalisco
Proceso
23/06/16. Marchan 5 mil contra la violencia en Oaxaca
Ntr Guadalajara
23/06/16. Médicos y maestros de Vallarta toman las calles en protesta contra gobierno federal
Alternativo Noticias
22/06/16. Jornada de manifestaciones en Ciudad Guzmán
El Sur de Jalisco
19/06/16. Golpes, palazos y gas contra profes
Ntr Guadalajara
02/06/16. Profesores del Sur de Jalisco salen a manifestarse
Canal 44
22/05/16. Reclaman con mitin reinstalación de docentes
NTR Guadalajara
16/05/16. Maestros de Vallarta celebra su día con marcha y evento cultural en el malecón
Alternativo Noticias
15/05/16. Grupos afines a la CNTE protestan frente al Degollado
NTR Guadalajara
27/04/16. Maestros cesados no han sido dados de baja, sólo les retienen el salario
Página 24
16/04/16. Se manifiestan docentes de la entidad para exigir la reinstalación de 180 compañeros despedidos
El Occidental
08/04/16. Padres de familia dicen impedir clases en 12 escuelas; SEJ lo rechaza
Informador
06/04/16. Padres de familia cierran escuela en protesta por despido de maestros
Alternativo Noticias
29/03/16. Se quejan maestros en Derechos Humanos
Ntr Guadalajara
23/03/16. Con la evaluación pisotearon nuestros derechos: Maestros
Página 24
03/03/16. Movimiento Magisterial de Jalisco se manifiesta en la Secretaría de Educación
El Occidental
25/02/16. ‘Entierran’ maestros reforma educativa
Ntr Guadalajara
15/11/15. Maestros toman las sedes de exámenes
Ntr Guadalajara/Crónica de Sociales
15/11/15. Acusan agresión de fuerza pública a maestros de CONALEP en Puerto Vallarta
La Jornada Jalisco/Crónica de Sociales
31/10/15. Protestan contra reforma educativa
Ntr Guadajara/Crónica de Sociales
13/10/15. Maestros de Vallarta se unen al Paro Nacional Magisterial con mitin en la DRSE
Alternativo Noticias
23/08/15. Policías impiden a 200 maestros del FMJ llegar a Casa Jalisco
La Jornada Jalisco
31/07/15. Maestros de Jalisco entregan amparos contra reforma educativa
Informador
16/07/15. ¡No al examen, no a la reforma!
Página 24 Jalisco
05/07/15. “¡Oaxaca aguanta, Jalisco se levanta!”, 5 mil maestros marchan en protesta
La Jornada Jalisco/Crónica de Sociales
30/06/15. Por Reforma Educativa, maestros protestaron en Ciudad Judicial
Proyecto Diez
28/06/15. Se unen agrupaciones de maestros para oponerse a la evaluación
La jornada Jalisco
Pedro Matías, Oaxaca.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por lo menos 25 bloqueos carreteros reactivó la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en la entidad para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la abrogación de la Reforma Educativa, la libertad de presos políticos y justicia para los caídos de Asunción Nochixtlán.
A 100 días de que la Sección 22 se declaró en paro en “defensa de la educación”, la asamblea estatal acordó realizar bloqueos carreteros de 48 horas en las ocho regiones de Oaxaca con la modalidad de dar paso libre a particulares, no así a transportes de empresas transnacionales.
Entre los bloqueos sobresalen el del crucero al aeropuerto de esta capital, el de Hacienda Blanca que se encuentra en la entrada a Oaxaca y el de Nochixtlán en la carretera Oaxaca-México.
Los inconformes también cumplieron dos días de mantener cerradas las escuelas en poder de la Sección 22 al determinar que “no hay clases por culpa del gobierno” debido a que hasta el momento, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong se han dedicado a administrar las demandas justas del magisterio, aparentando a través de una campaña mediática, que se sienta a dialogar y ofrecen respuestas.
Entre el “menú de acciones magisteriales” se encuentra el bloqueo en el crucero a Telixtlahuaca que incomunica a la región de la Cañada, mientras que en la Costa se impedirá la circulación en el puente de la Barra de Colotepec en Puerto Escondido, otro en el reten Militar, en las Mancuernas Pinotepa Nacional y en el Mirador de Santiago Jamiltepec, así como en el crucero de Pochutla.
En el Istmo de Tehuantepec se instalarán bloqueos en La Noria, Salina Cruz, Tequisistlán, el canal 33 en Juchitán, la supercarretera en Ixtepec, Matías Romero y Zanatepec.
Y en la Mixteca todos los sectores se instalarán en el crucero del puente de la Comisión en Nochixtlán y en la entrada y salida a Putla de Guerrero, mientras que en la región del Papaloapan bloquearon desde las 08:00 horas la caseta Caracol que comunica a Oaxaca con Veracruz, otro en Temazcal, Ojitlán, la carretera a Palomares y en el puente de Valle Nacional.
Por lo que se refiere a Valles Centrales, los maestros bloquearon el crucero al aeropuerto de esta capital, el de Hacienda Blanca y el monumento a Juárez.
Insistieron en que la Sección 22 acordó “no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 en tanto el Gobierno Federal no abrogue la mal llamada reforma educativa que lacera, vende y privatiza la educación pública en nuestro país”.
Además, hasta este momento y después de dos meses de la masacre en el pueblo mixteco de Nochixtlán, las víctimas no han tenido justicia y las demandas justas no han sido atendidas.
El pueblo ha sido testigo de las visitas de instancias de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quienes prometieron ayuda y justicia para los caídos y heridos del pasado 19 de junio, sin embargo, nada ha sido cumplido a cabalidad.
“La abrogación de la mal llamada reforma educativa, es una demanda primordial del magisterio y padres de familia, demanda de la que no desistiremos hasta conseguir echarla abajo, al tratarse de nuevas formas de llevar a los padres, maestros y alumnos, a pagar por una educación que debe ser gratuita”, puntualizaron.
Ernesto Mendez
San Luis de la Paz, Gto. Empresa dedicada la producción de cianuro solicitó permiso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para instalar un planta que produciría 60 mil toneladas de cianuro al año, lo que ha movilizado a la sociedad en su contra.
La empresa en mención se denomina The Chermous Company Mexicana S. de R.L., la cual en días pasados publicó en un medio de comunicación local un desplegado donde revelaba sus intenciones de instalarse en este municipio.
En dicho desplegado la empresa informa que el pasado 1 de agosto de este año ingresó ante la Semarnat la manifestación de impacto ambiental Modalidad Particular y Estudio de Riesgo Ambiental.
Lo anterior con el fin, señala, de que se lleve a cabo el Procedimiento de Evaluación correspondiente.
En el desplegado menciona también que el proyecto denominado “San Luis de la Paz”, consiste en la preparación del sitio, construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta para la producción de cianuro de sodio.
Dicha planta estará ubicada en el kilómetro 72 de la carretera 57 con dirección San Luis Potosí-Querétaro, sin embargo, no señala el sitio exacto o cerca de qué comunidades quedaría.
The Chermours, en su comunicado dice que han considerado en su estudio de Riesgo Ambiental, la medidas necesarias para prevenir y mitigar dichos impactos, tales como la instalación de equipos de prevención y control de emisiones a la atmósfera y transferencia de compuestos al agua.
Ciudadanía debe conocer el proyecto y decidir: Alcalde
Por su parte el presidente municipal Guillermo Rodríguez Contreras dijo que la ciudadanía debe conocer a fondo este proyecto y decidir, ya que hablar de cianuro impacta, aseguró.
La ciudadanía debe tener el derecho de estar informada y saber a ciencia cierta qué es lo que pasa con este proyecto y conocer de primera mano lo que implica para la salud de las personas y el medio ambiente, dijo el alcalde.
De igual manera mencionó que tienen una invitación por parte de dicha empresa para que visiten la ciudad de Memphis, Tennessee en el vecino país de Estados Unidos, donde se supone tiene su matriz.
Movilización contra la instalación de la planta
Mientras tanto la sociedad de San Luis de la Paz se ha comenzado a movilizar a través de la sedes sociales, donde crearon una página denominada “Di no a la planta de cianuro”, en la cual expresan su malestar por la probable instalación de esta empresa.
En los comentarios y mensajes de la página convocan a marchas por las calles de la ciudad y manifestar así su inconformidad con la instalación de la planta.
A continuación reproducimos algunos de los mensajes de los ciudadanos inconformes:
“Vamos a impedir que no instalen esa bomba de veneno en nuestro San Luis de la paz, no vamos a permitir que contaminen nuestro aire puro del campo y contaminen nuestro campo”
“Estoy de acuerdo con la participación como ciudadanos, haciendo conciencia en los pobladores del riesgo de salud que correría nuestra familia, hacerlo de una forma respetuosa pero enérgica, y si es marcha llevar a nuestra familia por lo menos para hacer presión, sobre todo a los niños que a la larga serán los mas afectados”.
Ángel Zohar Ramírez/UnoTv
Los profesores que no acudieron a impartir clase en el inicio del ciclo escolar 2016-2017 serán sancionados con el descuento de un día de trabajo, informó la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).
En total son 100 docentes que en su mayoría se unieron al paro nacional como parte de las protestas contra la reforma educativa a quienes se les aplicará la sanción, informó el Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary.
El funcionario señaló que hasta el momento sólo una escuela de las siete que no iniciaron clases se mantiene sin actividades, mientras que el resto de los planteles se encuentran operando de manera regular.
Por otra parte, las autoridades educativas se encuentran en pláticas con padres de familia de tres escuelas en donde se reportan inconformidades, tanto por la infraestructura en los planteles, así como un desacuerdo con los directivos de las mismas.
www.unotv.com/noticias/estados/queretaro/detalle/sancionan-a-100-profesores-queretaro-563756/
23/08/16. Sancionan a 100 maestros de Querétaro por unirse a paro nacional
UnoTv
13/08/16. USEBEQ, sin justificar cese de maestros
AM Querétaro
03/08/16. Maestros se manifiestan pacíficamente en la caseta de Palmillas
AM Querétaro
02/06/16. Querétaro: Profesores exigen respeto a sus derechos afuera de la oficina del gobernador
Libertad de palabra
23/05/16. Profesores cesados en Querétaro se unen a la movilización nacional
AM Querétaro
18/03/16. Se manifiestan por despidos de maestros en Cobaq
AM Querétaro
26/08/15. Maestros de Querétaro anuncian movilizaciones contra reforma educativa
Códice informativo
25/08/15. Usebeq miente sobre paros, asegura vocera de docentes; fueron cerca de 500 escuelas Códice Informativo
Códice informativo
21/08/15. Marchan maestros y asociaciones en protesta contra las reformas
Códice informativo
23/08/16. Afectados acusan demoliciones en predios desalojados de QRoo
Expansión
20/06/16. Punta Piedra sitio constante de violentos desalojos (Quintana Roo)
La Palabra del Caribe
19/06/16. Violento desalojo en Tulum (Quintana Roo)
Diario de Yucatán
18/06/16. Terror en ‘Punta Piedra’ (Quintana Roo)
Quequi
18/06/16. “Grupos de choque” resguardan predios (Quintana Roo)
Por Esto!
17/06/16. Autoridades ejecutan orden de desalojo en hoteles, casas y lotes de Tulum
Proceso
15/03/16. Hoteles costeros desafían a las autoridades locales
Sipse
10/03/16. Se han clausurado nueve proyectos en Tulum: Profepa
Expresión Libre
21/01/16. Profepa clausura hotel en Tulum
Sipse
20/10/15. Cierran nueve proyectos turísticos en Tulum, Quintana Roo
El Informador
07/09/15. Se desnuda el negocio hotelero del gobernador de Quintana Roo
Periódico Central
Martín Flores
Nezahualcóyotl, Méx.-
¡Ni una lucha aislada más! clamaron las más de 300 personas participantes en la marcha mitin realizada la tarde del 19 de agosto, de la Cabeza del Coyote al Palacio Municipal, en defensa de la educación pública y para exigir la abrogación de la reforma educativa y alto a la represión al magisterio democrático agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En la movilización participaron diversas organizaciones, convocadas por la Coordinadora Nezahualcóyotl con el Magisterio Nacional en Lucha. Los manifestantes exigieron también la destitución del rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Noé Molina Rusiles, y la reinstalación inmediata de profesores despedidos injustificadamente de esa institución.
De igual manera, llamaron a rechazar la reforma energética y los altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se pronunciaron en contra del pago de las cuotas escolares “voluntarias” durante la inscripción de los alumnos.
La marcha no se detuvo pese a la pertinaz lluvia que cayó sobre la ciudad. Algunas personas se retiraron, pero la marcha continuó hacia el palacio Municipal.
Al llegar al palacio Municipal, la llovizna seguía. Los oradores subieron a la pirámide que está al costado izquierdo de las estatuas de Cuitláhuan y Cuauthemóc. Detrás de éstas se concentraron los manifestantes.
Los representantes del magisterio democrático de las seciones 7, del estado de Chiapas, y 22, de Oaxaca, señalaron que no claudicarán en su movimiento y que están realizando asambleas con los padres de familia, para hacerles saber que continuarán el paro indefinido en esos estados, en Guerrero y Michoacán, entre otros, hasta lograr la abrogación de la reforma educativa.
Refirieron que se cumplieron dos meses de la agresión a los pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, y de los integrantes de la CNTE, la cual calificaron como una “masacre” y demandaron al gobierno federal que se realice una investigación de esa represión y que participe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que “no hay confianza” en las instituciones.
Reiteraron su demanda de que se instalé una mesa de diálogo de la CNTE con la Secretaría de Gobernación, en torno a su exigencia de que sea abrogada la reforma educativa.
También se pronunciaron en contra de la llamada Ley Eruviel y exigieron su abrogación por considerar que es represiva y atenta contra los derechos de manifestación y expresión.
Un representante de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Electrica se manifestó en contra de las altas tarifas impuestas por la CFE. Expresó su apoyo al magisterio democrático que lucha contra la reforma educativa.
Los manifestantes se retiraron luego de que una comisión entregó un pliego con sus demandas en la Presidencia municipal.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) demandaron la destitución del presidente del comisariado ejidal, Humberto Lizalde, a quien responsabilizan de haber encabezado a un grupo de golpeadores que desalojaron el campamento de campesinos opositores a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Naicm).
Regeneración, 22 de agosto de 2016. El viernes pasado, el presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Tocuila, Humberto Lizalde organizó a un grupo de golpeadores sindicales para atacar y destruir el campamento de campesinos que se oponen a vender sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Naicm).
Ejidatarios de Tocuila, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigieron la destitución de Humberto Lizalde como presidente del comisariado ejidal por encabezar al grupo de golpeadores que desalojaron a los campesinos opositores a las obras del Naicm el fin de semana.
Voceros del FPDT señalaron que la Procuraduría Agraria (PA) ha amenazado a varios campesinos con dejar encerrada su fracción ejidal e impedirles pasar a sus tierras por negarse a venderlas para la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco.
Al comisario Lizalde, “lo protege la Procuraduría Agraria y juntos defienden a las empresas Lince y Cypsa Vise (constructoras de la autopista). Se ha vendido y actúa arbitrariamente contra el núcleo ejidal. Lo peor es que encabezó golpeadores para desalojarnos”, denunciaron.
Anunciaron que convocarán a una asamblea para promover la destitución de Humberto Lizalde. Sólo así podremos quitarlo.
Tocuila tiene 506 ejidatarios. En su más reciente asamblea, unos 150 se manifestaron en favor de la venta de tierras. El pasado 15 de junio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó a Humberto Elizalde dos cheques (números 19305 y 19307) por un total de 3 millones 300 mil pesos para autorizar la enajenación de los predios.
Sin embargo, los campesinos que se oponen cuentan con el amparo 349-2016-II que les otorgó el juez noveno de distrito, Jorge Cristóbal Arrendondo Gallegos.
Los ejidatarios de Tocuila instalaron ayer una mesa de información en la plaza principal del poblado para enterar a la comunidad de las agresiones que sufrieron el pasado viernes.
El 19 de agosto pasado un grupo de golpeadores armados con palos, piedras y tubos presuntamente contratados por las empresas Lince y Cipsa Vise agredieron a campesinos del FPDT de Texcoco y San Salvador Atenco para desalojar su plantón en el ejido de Tocuila.
La construcción de la carretera continuó el fin de semana. El FPDT responsabilizó al gobierno federal de la integridad física de sus integrantes.
Con información del FPDT y La Jornada.
http://regeneracion.mx/exigen-destituir-al-comisariado-de-tocuila-por-desalojo-contra-fpdt/
Por Martín Hernández Alcántara
Ayer se realizó en San Isidro Huilotepec, Atlixco, un peritaje del único amparo interpuesto por comunidades campesinas cercanas al volcán Popcatépetl, en contra del proyecto del Gasoducto Morelos. Acuden a la diligencia de inspección, peritos del Juzgado Octavo de Distrito, de los habitantes de las localidades de Santa Lucía Cosamaloapan, San Jerónimo Caleras, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo, amén de representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impulsora de la obra.
Los representantes de la empresa han admitido en pláticas informales con labriegos e investigadores del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder) que hay “50 por ciento de probabilidades y 50 por ciento de que no” (sic) ocurra una erupción mayor del Popocatépetl, por la zona que atraviesa la tubería conductora del energético.
A pesar de que también han evidenciado su ignorancia sobre la profundidad a la que se encuentran los ductos -a veces diciendo que están a 1.10 y otras a 1.50-, el personal de la CFE ha insistido en que la instalación es segura, pues la tubería es flexible, tiene una zona suficiente de amortiguamiento y si hay un evento volcánico riesgoso: “ya no va a haber gente porque con el semáforo rojo todos van a ser evacuados y las tuberías se van a cerrar”.
Cuando se le cuestionó a la gente de la CFE cómo se garantizaría que el sistema satelital que detecta los riesgos y cierra automáticamente las válvulas, funcionará en caso de que haya ceniza que impida al satélite advertir un peligro, no supieron qué contestar.
Diana Sánchez Juárez, perito en Seguridad Industrial, quien estuvo presente en el recorrido de ayer por la zona, advirtió que uno de los riesgos del Gasoducto Morelos que atraviesa por esa parte de Atlixco es que la ruta de la línea de conducción del combustible no es totalmente recta, pues presenta varias desviaciones para rodear terrenos que no pudieron ser adquiridos por la CFE.
Ese tipo de trazo entraña el peligro de una reacción que en argot de la Seguridad Industrial es conocida como “golpe de ariete”, la cual se puede detonar por un error humano, cuando las válvulas se cierran de manera rápida y entonces la presión del gas choca con las curvaturas de la red, generando la posibilidad de que éstas revienten y haya una explosión como consecuencia.
Sánchez Juárez explicó a esta casa editorial que cada litro de gas que se transporta por los ductos, aumenta su cantidad hasta en 600 veces por una fuga.
Un área que ejemplifica perfectamente el riesgo advertido por Diana Sánchez Juárez se encuentra entre los Ejidos Flores Magón y Revolución, donde la negativa de un campesino venderle sus lotes a la CFE obligó a que el trazo del Gaseoducto Morelos tuviera que sortear el terreno con tres quiebres de dirección en un área no mayor a 300 metros, formando casi un cuadrado.
Armando Domínguez Márquez, quien funge en el amparo directo 1881/2014 tramitado ante el Juez Octavo de Distrito del Estado de Puebla, como representante común de los habitantes de San José El Recreo, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y san Jerónimo Caleras, afirmó que uno de los peritos de la Comisión Federal de Electricidad le confió que el tiempo promedio para cerrar las válvulas del Gaseoducto del Proyecto Integral Morelos, es de aproximadamente tres minutos.
No obstante, el luchador social enfatizó el peligro de que una conflagración por accidente en la obra afectaría de inmediato a los asentamientos humanos que se encuentran a una distancia promedio máxima de 800 metros de los terrenos de cultivo donde se encuentra la tubería.
Riesgos por la obra de la CFE
El peligro del que hablan los investigadores, activistas y campesinos no es ficción ni asunto de alarma.
Ayer, durante la inspección que encabezaron los peritos del Juzgado Octavo de Distrito, los enviados de esta casa editorial pudieron constatar al menos dos fuentes latentes de riesgo.
En los terrenos de cultivo que en esta temporada reverdecen a punto de asombro, destacan varios tubos verticales en el amarillo chillante que suele utilizarse para resaltar las guarniciones y banquetas. En la parte superior, con letras negras esas estructuras tienen una leyenda: “Precaución, ducto de Alta Presión Bajo Tierra. Gas Natural. No Cavar, No Golpear, No Construir, gasoducto Morelos” y luego se informa un número de emergencia.
Paradójicamente, en el recorrido de ayer, en dos terrenos alejados uno del otro, se pudo observar tractores laborando en las tierras de cultivo donde se encuentra el gaseoducto, a pocos metros de las banderolas de advertencia. No sólo eso, había maquinaria pesada haciendo excavaciones y removiendo lodo y tierra de un camino rural, a no más de 10 metros de la zona señalada como riesgosa.
Al fondo, de esta escena, del volcán Popocatépetl emanaba una fumarola que se confundía con las nubes. El riesgo de un error humano y el de una sacudida de la naturaleza, estaban presentes justo a la hora del peritaje.
La normatividad
En el diálogo informal que tuvieron con los peritos de la CFE, Argelia Arriaga García, investigadora del Cupreder cuestionó a uno de los ingenieros de la compañía si había una normatividad específica para construir un gaseoducto como el Morelos en una zona de alto riesgo de erupción volcánica, a lo que el representante de la empresa admitió que no existe.
Cuando la misma investigadora les comentó sobre las explosiones en Veracruz, el emisario de la Comisión Federal de Electricidad le contestó que ese era un caso “fortuito”.
Para la diligencia de desahogo de pruebas que se consigna en esta nota, el personal del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla, llevaba impreso en una lona el mapa georreferenciado con la ubicación exacta de la tubería que fue enterrada de manera impositiva por la CFE con el apoyo del Ejército Mexicano a finales de 2014.
Ese mapa fue la guía principal para la caravana de una decena de camionetas y coches que hicieron el recorrido a partir de las 11:30 de la mañana y hasta pasadas las 15:30 horas.
Grupo México ha sido señalado por hechos como el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, y otras afectaciones a comunidades.
CANANEA, SONORA.- El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.
Grupo de Carlos Slim explota minas en polígono de área natural protegida
“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.
A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.
Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.
“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.
A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.
El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.
Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.
En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.
La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.
“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.
Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.
Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.
Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.
La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.
Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.
Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.
En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de outsourcing.
Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.
Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.
Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajador murió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.
En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.
El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.
El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.
Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.
Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.
“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.
A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.
En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.
Un despojo selectivo
En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.
El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.
La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.
Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.
Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.
El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.
Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.
* * *
El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.
Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.
Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.
Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.
¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.
En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.
Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.
Veneranda Mendoza
Activistas de al menos diez organizaciones exigieron al gobernador Eruviel Ávila, a los procuradores general de la República y estatal, Arely y Alejandro Gómez respectivamente, y a los presidentes de los 11 municipios mexiquense con Alerta por Violencia de Género cumplir con cada una de las acciones que la declaratoria obliga.
El llamado, a un año de la declaratoria, es suscrito por la Red Denuncia Feminicidios Estado de México, el Observatorio Ciudadano de Género, Movidas por Encontrarlas, Fundación Anayansi AC. Coacalco, Feminicidios en México Esta es la Verdad que se Oculta, Bienestar para las Familias, Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Comité de Derechos Humanos Vida Digna, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y la Escuela de Formación Política “Simón Bolívar”.
Las ONGs advierten que, tan sólo en lo que va de 2016 en el Estado de México sigue incrementando la cifra de desaparecidas y la violencia machista sigue cobrando víctimas, producto de la incapacidad y nulo interés de las autoridades.
Por esta razón advierten como urgente la rendición de cuentas de todas las instancias de gobierno y organizaciones involucradas en la alerta, y transparencia en las acciones de gobierno de los 3 niveles que implique un ejercicio de presupuesto público.
Es necesario, destacaron, que rindan un informe de recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de feminicidios.
“Les exigimos que exista apertura y funcionamiento de oficinas de violencia doméstica (intrafamiliar) con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección; garantías para la protección de las víctimas y familiares de violencia”, refirieron.
También apelaron a la implementación de monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia; la creación de hogares/refugio en la emergencia, hogares de día para víctimas y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
Es imprescindible, prosiguieron, reformar la Ley de Extinción de Dominio para garantizar que las propiedades, muebles e inmuebles decomisadas se destinen al uso y goce de familiares de las víctimas.
“Nuestra lucha no parara hasta lograr una vida libre de violencia. Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos”, insistieron.
http://trespm.com.mx/crecen-violencia-machista-y-numero-de-mujeres-desaparecidas/
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La Jornada
Este fin de semana fue allanado el despacho de la abogada, activista y comunicadora Teresa Guerra Ochoa, ubicado en el centro de Culiacán, en Sinaloa, donde desconocidos sustrajeron documentos relacionados con sus denuncias periodísticas.
La columnista del diario El Debate afirmó en entrevista que el sábado por la noche sujetos desconocidos habrían entrado a la oficina y el domingo por la mañana una persona que llegó a trabajar al lugar se percató de lo sucedido.
Guerra Ochoa es abogada, columnista y comentarista en la radio Línea Directa, espacios donde ha expuesto el desempeño público de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien de 2005 a 2009 fue rector de la Universidad de Sinaloa.
A la activista llamó la atención que no se llevaran computadoras e impresoras y que sólo robarán documentos sobre las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción en esa casa de estudios.
También se llevaron papeles con información sobre su entrada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, al cual ingreso como persona beneficiaria de medidas de protección en abril pasado.
La abogada dijo que en marzo pasado fue demandada por daño moral por Cuén Ojeda, quien actualmente preside el Partido Sinaloense, por lo que considera que este robo podría tener relación con esta querella.
Ayer domingo se levantó un acta de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del estado y se informó de lo sucedido al Mecanismo de Protección, quien previamente le había dado un botón de pánico a la activista.
Sobre el reciente incidente, asegura que se trató de una llamada intimidante para mandarle un mensaje y que ella sepa que los agresores saben cómo se mueve y dónde está.
Cabe decir que de acuerdo con datos del Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, en 2012 y 2013 se presentaron 86 casos de violencia contra mujeres periodistas.
No dejaremos nuestras casas ni nuestro pueblo, advierten habitantes
Desde 2008 los habitantes de este poblado, así como de Acasico y Palmarejo pelean contra la injusta determinación del Estado mexicano, la Conagua y los gobiernos estatales de inundar sus poblados, para que la presa El Zapotillo funcione; pero su construcción está parada
Por Francisco Andalón López
Hasta que llegue el agua a los talones, chingue a su madre, yo soy nacido de aquí, ajuste 86 años ayer o antier, aquí me crie y aquí estoy, yo no dejo mi casa ni mi pueblo, si me toca morir, voy bien encaminado”.
Esta es la postura que desde hace 11 años, cuando se anunció la construcción de la presa El Zapotillo, se mantiene entre algunos pobladores de la región de Los Altos como Santiago Hernández Martínez.
En 2008 se anunció que para su funcionamiento óptimo, tendrían que desaparecer los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se encuentran en el municipio de Cañadas de Obregón, debido a que habría un cambio en la altura de la presa, pasando de 80 a 105 metros.
A partir de entonces, los habitantes y algunos activistas que se oponen a las presas por su escaso tiempo de vida y porque no resuelve el problema de abasto de agua, han llevado a cabo diversas acciones legales para evitar que estas comunidades pasen a la historia.
“Yo no me salgo de aquí, aunque me ahogue yo aquí, a mí no me van a poder sacar a fuerzas ni los soldados, ni el gobierno ni nada, porque mi casa vale mucho más”, según Juan Manuel Jiménez Iñiguez, habitante de Temacapulín, en entrevista con Página 24.
El proyecto original contemplaba la construcción de una presa para el aprovechamiento del agua del río Verde, que podría contener 450 millones de metros cúbicos con una cortina de 80 metros; el 70 por ciento del agua iría para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y parte de Los Altos de Jalisco y el resto, para la ciudad de León, Guanajuato, según el acuerdo firmado por el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña.
Con la llegada de Emilio González Márquez y a petición del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se firmó un nuevo acuerdo para explotar aún más el río Verde, para lo cual se construiría una cortina de 105 metros de altura, con la captación de 900 millones de metros cúbicos de agua, con el mismo porcentaje de distribución para Jalisco y Guanajuato, según el proyecto original, pero tendrían que desaparecer tres poblaciones.
Pero como Emilio González no pidió permiso al Congreso del Estado para hacer esta adecuación al contrato, diputados de la LX Legislatura y habitantes de estas demarcaciones, acudieron a la Suprema Corte, dándoles la razón, por lo que mandataron que la cortina no tenía por qué superar los 105 metros de altura, sin que hasta el momento y desde hace ya dos años, se mantenga sin saber qué es lo que va a pasar con la obra.
“Pues todavía sentimos la incertidumbre de qué va a pasar, pero todavía tenemos mucha confianza de que vamos a ganar, que Temaca no se va a inundar, pero siempre a veces nos llega, el pensar eso nos da miedo, nos da horror, pero seguimos luchando, seguiremos luchando hasta el final”, de acuerdo con María Abigail Agredano Sánchez, presidenta del Comité Salvemos Temaca.
El poblado de Temacapulín los fines de semana se encuentra vivo, con la presencia de habitantes y visitantes, que principalmente acuden a los balnearios de la zona, aunque según los vecinos, también entre semana se encuentran viviendo una gran cantidad de familias, que se niegan a que les sean ‘cortadas’ sus raíces.
En tanto que en el ingreso a la presa El Zapotillo, en el poblado que lleva el mismo nombre, personal de una empresa privada de seguridad impide el acceso a la presa, a menos que se cuente con un permiso especial y que desde hace ya dos años, se encuentra sin el ingreso de trabajadores, por la suspensión que se ha obtenido.
Existen otras alternativas
Las voces de oposición no solamente se han quedado en decir no a la construcción de la presa El Zapotillo, sino que las críticas van en el sentido de que no se cuenta con un plan hídrico que permita la recuperación de acuíferos que se han visto afectados por las grandes construcciones de la ciudad y se pretende obtener agua de cualquier lado sin importar los costos y afectaciones.
“No es que satanicemos las presas, no es que no querramos que no se haga nada, queremos que las cosas se hagan con orden y entonces el ciclo del agua se convierte en el esquema rector de la planeación hídrica y no nada más la necesidad de traer agua y traerla a cualquier precio”, señaló en entrevista con este Diario Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Aunque el proyecto es federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, diversos actores se han pronunciado, como Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuando era gobernador electo, quien dijo que Temacapulín no se inundaría por la construcción de la presa, sin que hasta el momento, se haya cumplido su palabra.
Y en este año, este tema es el que ha enfrentado al mandatario estatal con el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien también se ha subido al ring del debate.
“Para lo que Jalisco no está es para más mentiras, que Jalisco ya no aguanta más mentiras de sus gobiernos que Guadalajara la ciudad no va a aceptar más simulaciones en torno al tema de la presa El Zapotillo, queremos que se resuelva el tema del agua para Guadalajara, queremos que el gobernador de Jalisco defienda a Jalisco”, señaló el alcalde tapatío el pasado 28 de abril.
Aunque al gobernador no le gustó este comentario, de ahí que el mismo día, 28 de abril, emitió una declaración en el marco de una feria del empleo que se llevó a cabo en plaza de la Liberación.
“Al presidente de Guadalajara, a los presidentes, aquí no estamos para reclamarnos, quien nos reclama es la gente, estamos para sumar esfuerzos y poder dar resultados, generar oportunidades de trabajo, generar oportunidades para que puedan vivir mejor evitar que se nos incremente, la gente tiene sed, no hay agua en muchas colonias, juntos lleguemos a darles soluciones a la gente, resultados, soluciones concretas, no quiere más palabras ni discursos de nosotros”, arremetió.
Pero esto, no ofrece calma a los habitantes de Temacapulín, puesto que, hasta que no les digan que la presa no se construirá, podrán estar tranquilos, sin que crean ya en las declaraciones de cualquier político, como fustigó María Abigail Agredano Sánchez.
“Él nunca va a cumplir su promesa, no son personas de palabra, son personas mentirosas que sólo quieren conseguir gente, conseguir votos y eso, la verdad la política es un asco”.
http://pagina24jalisco.com.mx/2016/08/22/jamas-nos-iremos-de-temacapulin/
Alfredo Méndez
El terreno de 450 mil metros cuadrados que hasta 2012 albergó la planta de Kodak en Zapopan, Jalisco, donde se proyecta construir en próximos meses una miniciudad –que incluirá áreas industrial, comercial, hotelera y de vivienda–, está contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y cadmio, según consta en un memorando elaborado por la dirección de ecología del municipio de Zapopan, del que La Jornada tiene copia.
El estudio, que ya es del conocimiento de Pablo Lemus, alcalde de Zapopan –el municipio otorgó en 2014 las licencias para la lotificación del predio–, refiere que esos metales pesados tendrán considerable impacto en el medio ambiente de la región y graves repercusiones en la salud de los futuros habitantes.
“Este informe tiene el fin de ir alertando sobre los posibles avances de los trabajos de gestión de los desarrolladores ante este ayuntamiento, en la dirección general de obras públicas y en las áreas de planeación y control territorial. Se indica por ello que se ponga especial atención en el estudio de impacto ambiental, ya que lo encontrado en el terreno pone en riesgo la salud pública”, refiere el documento enviado el 11 de noviembre de 2014 al presidente municipal de Zapopan.
Habitantes de la zona contrataron abogados y notarios públicos de Jalisco para que el próximo miércoles presenten una queja ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y/o denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Jalisco por las presuntas irregularidades administrativas cometidas al otorgar los permisos y los probables delitos ambientales derivados.
En la mayor parte de la miniciudadse construirá vivienda de clase alta y media alta, por lo que vecinos de la zona han enviado cartas al alcalde Lemus para advertirle que es necesario negar los permisos de construcción y lanzar advertencias a los posibles compradores, ante el peligro que representará para su salud vivir en esa zona.
“Ya estamos elaborando las denuncias de hechos que presentaremos esta misma semana ante las autoridades competentes y el miércoles tendremos una reunión con el parlamento de colonias y con los vecinos aledaños a los terrenos”, informó uno de los abogados que asesoran a los inconformes.
El litigante entrevistado, quien pidió no mencionar su nombre, añadió que el alcalde Lemus, quien contendió por Movimiento Ciudadano, “conoce perfectamente el peligro para la salud de quienes vivirán en el complejo habitacional que construye Quest Media, pero no sabemos por qué rehúsa negar los permisos de construcción. Nos hace pensar que está comprometido con los desarrolladores”.
Según funcionarios de ese municipio consultados por este diario, la firma Quest Media, contratada por los propietarios del inmueble para las edificaciones, ya tiene listo el plan maestro para construir el proyecto, que incluirá un centro comercial de 135 mil metros cuadrados, con 185 locales.
La compañía es encabezada por el empresario Jorge Gómez Vivanco y cuenta con el apoyo del grupo IQ Real State, de José Luis Quiroz, que se encargará de vender el centro comercial, programado para 2017. Los socios de Quest Media ya están enterados de que el terreno está contaminado con metales pesados que ponen en riesgo la salud de los jaliscienses.
La empresa promotora de inversión Motfour, una sociedad anónima relacionada con Grupo Quest, adquirió a principios de 2012 los terrenos en Zapopan donde operaba Kodak.
En julio de 2012, Antonio Hernando, representante de Quest, sostuvo en entrevista que “lo que estamos buscando es hacer un proyecto muy representativo de la ciudad, y por eso hay que hacerlo con cuidado. Vamos a esperar a que el mercado nos diga qué se puede y qué no se puede hacer”.
http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/zapopan-plagado-toxicos-suelo-megadesarrollo/
Víctor Chávez Ogazón
El predio ocupado por 42 años por la empresa Kodak, hoy en la mira de empresas desarrolladoras, presenta observaciones en el estudio impacto ambiental desde el 2014, para que se analicen las cantidades de mercurio, plomo, plata, cadmio y cromo, entre otras sustancias y metales pesados, detectados entonces.
La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Zapopan con fecha 11 de noviembre del 2014 emitió el memorándum.
Hay que recordar que en ese predio del municipio de Zapopan se instaló la mencionada empresa desde el año de 1970 y que la misma dejó de laborar a partir del jueves 29 de noviembre del 2012. En los siguientes días fue desmantelada, sus máquinas y equipos fueron rematados.
Durante ese tiempo en ese sitio fabricó cámaras, película fotográfica para aficionados y profesionales y todo lo relacionado con los rayos “X”, tanto equipo como consumibles. Esto implicó, por lo tanto, el manejo de sustancias peligrosas.
Una revisión a través de un estudio de Mecánica de Suelos y Análisis Geofísico sobre el predio denominado Kodak, ubicado en la avenida Mariano Otero, en el municipio de Zapopan, Jalisco, señalaba en carácter de “urgente” y con ánimo de “alertar” sobre “los posibles avances de los trabajos de gestión de los particulares y desarroladores ante este Ayuntamiento en la Dirección General de Obras Públicas y en las Áreas de Planeación y Control Territorial”.
Cita la dependencia que en el estudio de Impacto Ambiental se advierte que “lo encontrado pone en riesgo la salud pública” y el estudio de impacto Urbano- Ambiental se refiere al tema, en lo que son los proyectos en los que se podrá definir causas, mitigación y manejo del subsuelo de dicho predio.
Menciona que el citado documento que “Los impactos de sustancias encontradas de manera preliminar en dicho estudio al que tuvimos acceso son los siguientes: mercurio, plomo, plata cadmio, cromio y cromo. Dichos materiales en algunos de los casos no sólo se encuentran contenidos en las capas geofísicas subterráneas, sino que también en los mantos freáticos que pasan por el predio”.
La recomendación es: “Se tendrá que ver el análisis del Impacto Ambiental para que se chequen los porcentajes que se encuentran. Esto es debido al tiempo y uso de suelo industrial de alto impacto que tuvo el predio, en donde se manejaban dichos materiales entre otros y que conforme a la normas y sus actualizaciones, a lo largo del tiempo se vinieron adecuando los manejos de control y mitigación, pero que en dado momento es posible que estas no hayan sido en el conveniente manejo de control y por lo tanto se presentan dichos elementos y en cantidades considerables a tomar en cuenta”.
Esto fue en la pasada administración, no se sabe si se le ha dado seguimiento por parte de la autoridad, pero los desarrolladores ya tienen en la mira el mencionado predio.
Adriana Muñoz
CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Se detectó la presencia de 37 menores de edad trabajando como jornaleros en los campos guanajuatenses, gracias a las 62 inspecciones realizadas de mayo a la fecha por la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. Además de que detectaron algunas irregularidades en cuanto a las obligaciones patronales.
La subsecretaria María Libia Gómez Padilla, dijo que los operativos de revisión inician en mayo, temporada en que empieza el arribo de trabajadores provenientes de otros estados de la república y concluyeron a principios de agosto, debido a la migración a otros lugares para la temporada de cosecha.
Jornaleros foráneos llegan a Guanajuato para trabajar las tierras de Dolores Hidalgo, Valle de Santiago, Silao, León, San Francisco del Rincón y Romita.
Durante estas supervisiones se encontró la presencia de 37 menores de edad en los campos agrícolas y se presentaron cinco denuncias ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades; además se detectaron algunas irregularidades en obligaciones patronales, con las que productores y empresas agrícolas podrían ser sancionados con multas.
Gómez Padilla mencionó que la Dirección de Inspección del Trabajo seguirá realizando visitas de inspección a empresas agrícolas y reforzarán en las temporadas que jornaleros arriban al estado; la Subsecretaría, también realizó trabajo preventivo con productores agrícolas, a quienes se les ofrecieron sesiones informativas en las cuales se les dieron a conocer los derechos y obligaciones laborales de sus trabajadores y de ellos como patrones.
Sonora ha sido una de las entidades más afectadas por la contaminación de las mineras. En 2014, siete municipios aledaños al Río Sonora se vieron afectados por el mayor desastre ecológico de la minería en la historia reciente; ese año, la mina Buenavista de Cobre, de Grupo México, derramó en el afluente 40 mil metros cúbicos de tóxicos y metales pesados. A dos años de la tragedia ambiental, los pobladores aún exigen al Gobierno que limpie el caudal y que frene los daños.
Samantha Macías Lagunas/SIN EMBARGO
Ciudad de México, 22 agosto (SinEmbargo).– México es el país con más conflictos mineros de toda América Latina: 80 socio-ambientales y 22 laborales. La industria minera es cada vez más cuestionable por sus implicaciones ambientales y por la explotación que ejerce contra sus trabajadores. Organizaciones civiles han denunciado que la corrupción de las autoridades de los tres niveles de Gobierno les ha permitido quedar impunes cuando contaminan.
La minería es la actividad de mayor consumo de agua y es también su mayor fuente de contaminación, ya que altera al nivel del subsuelo por lo que las aguas subterráneas presentan residuos tóxicos como arsénico, plomo, cadmio, cianuro y mercurio. En tanto, los desechos de esta industria y las presas de jales almacenan contaminantes diversos que se evaporan y son absorbidos por la vegetación, y otra parte se escurre a los ríos o arroyos o se filtra al subsuelo contaminando aguas y pozos.
Más de 400 habitantes tan solo en Sonora han sufrido diversas afectaciones a la salud como dermatitis, alopecia, urticaria, gastritis, diarreas, cefaleas, conjuntivitis y enfermedades reumatológicas a causa del contacto con los residuos tóxicos que son fuertemente nocivos para la salud.
La extracción de agua a gran escala produce como principal efecto la desertificación masiva, sequías y agotamiento de agua. Además, el ruido y las vibraciones que produce la gran maquinaria perjudica directamente a la flora y fauna, e incluso repercute en la salud de las personas que habitan cerca de una mina.
La gran puerta de entrada para la instalación de grandes empresas mineras en México, de acuerdo con los activistas, es la corrupción. Misma que les permite permanecer impunes cuando un desastre ecológico se suscita en torno a ellas.
En 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había registrado más de 32 derrames de tóxicos en aguas del territorio nacional a lo largo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto; cuatro de ellos corresponden a fallas por mantenimiento en presas de jales de las compañías mineras y el resto por fugas de hidrocarburos, cianuro y queroseno.
Estos han sido los derrames tóxicos más desastrosos y que han tenido serias repercusiones ambientales en los últimos años.
LAGUNA SAN JOSÉ DE BACIS, DURANGO (ENERO DE 2013)
El colapso de la laguna de oxidación en la mina de San José de Bacis, en Durango, registrado en enero de 2013, provocó la muerte de tres personas, mientras que más de 130 kilómetros del río Los Remedios también resultaron contaminados.
El hecho ocurrió cuando la laguna que contenía desechos de la mina La Herradura se derramó y el afluente arrastró a una familia. El entonces titular de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad, Jaime Fernández Saracho, señaló que elementos de Protección Civil del estado y personal de la empresa se encargaron de las labores de limpieza así como en la búsqueda de las personas desaparecidas. La multa impuesta a la compañía minera fue de sólo 194 mil pesos.
En tanto que la entonces delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Durango, Nora Loera de la Paz negó la contaminación del río Los Remedios en el municipio de Otáez.
DERRAME DE CIANURO EN RÍO YAQUÍ, SONORA (AGOSTO 2013)
En agosto de 2013, la volcadura de una pipa, de la Mina Mulatos productora de oro y plata, sobre la carretera federal 16 Hermosillo-Yécora, ocasionó la muerte de una persona y el derrame de 3 mil litros de cianuro sódico.
Las autoridades detallaron que la pipa de la transportista Prosabro S.A. de C.V. se derrapó y por consiguiente provocó el derrame de dicho químico, por lo que se tomaron medidas para cerrar las compuertas de la presa El Novillo.
Sin embargo, luego de un análisis que se realizó en la zona, se determinó que se trató de cianuro sódico, y pese a que el derrame fue controlado casi de inmediato, se suspendió toda actividad y el consumo del agua en ese caudal por una temporada.
El entonces director de la unidad estatal de Protección Civil, Víctor Manuel Landeros Arvizu, señaló que algunas aves y reptiles murieron y cerca de 10 personas tuvieron que recibir atención médica por haberse expuesto a los vapores.
DESASTRE ECOLÓGICO EN RÍOS SONORA Y BACANUCHI (AGOSTO DE 2014)
En agosto de 2013, la volcadura de una pipa, de la Mina Mulatos productora de oro y plata, sobre la carretera federal 16 Hermosillo-Yécora, ocasionó la muerte de una persona y el derrame de 3 mil litros de cianuro sódico.
Las autoridades detallaron que la pipa de la transportista Prosabro S.A. de C.V. se derrapó y por consiguiente provocó el derrame de dicho químico, por lo que se tomaron medidas para cerrar las compuertas de la presa El Novillo.
Sin embargo, luego de un análisis que se realizó en la zona, se determinó que se trató de cianuro sódico, y pese a que el derrame fue controlado casi de inmediato, se suspendió toda actividad y el consumo del agua en ese caudal por una temporada.
El entonces director de la unidad estatal de Protección Civil, Víctor Manuel Landeros Arvizu, señaló que algunas aves y reptiles murieron y cerca de 10 personas tuvieron que recibir atención médica por haberse expuesto a los vapores.
DESASTRE ECOLÓGICO EN RÍOS SONORA Y BACANUCHI (AGOSTO DE 2014)
Otro de los grandes desastres mineros ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de solución de cobre de la mina Buenavista de Cobre, los cuales contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora.
La mina Buenavista del Cobre derramó 40 mil metros cúbicos de tóxicos y metales pesados en el caudal. El derrame fue catalogado como la peor tragedia ambiental de la minería en México, y la noticia tardó hasta dos días en difundirse por los siete municipios afectados del Río Sonora y muchos de los pobladores bebieron y se bañaron con agua contaminada.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), responsabilizó de forma directa a la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, la mayor compañía minera del país, por el derrame.
La empresa en ese momento intentó deslindarse del accidente aludiendo el desastre a las intensas lluvias. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desestimó esa posibilidad, pues no hubo reportes de lluvias en esas fechas. El hecho fue enfocado directamente a la negligencia con la que operaba la minera en aquella región.
Las consecuencias se centraron principalmente en el arroyo Tinajas, el Río Bacanuchi y el Río Sonora, lo que afectó a los municipios aledaños los cuales se quedaron sin acceso a agua potable tras haberse cerrado 322 pozos.
El entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, indicó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos podrían haber representado el peor desastre medioambiental en México que, además afectó directamente a 24 mil personas.
Luego de conocerse la tragedia, Grupo México y el Gobierno federal constituyeron el Fideicomiso del Río Sonora y con él llegaron las promesas: 28 plantas potabilizadoras, una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEAS), un plan de reactivación agropecuaria, remediación ambiental y la atención a la salud hasta 2029. Sin embargo, muchos de esos compromisos no fueron cumplidos en su totalidad.
Grupo México pagó una multa de 23.5 millones de pesos así como el fideicomiso de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones en la zona a nivel ambiental y social.
DERRAME DE CIANURO EN “EL ORO”, DURANGO (AGOSTO 2014)
En agosto de 2014, una de las presas de jale ubicada en el ejido Magistral del Oro, en el municipio El Oro, al norte de Durango, sufrió el percance debido a las lluvias registradas en esa temporada. El depósito perteneciente a la empresa Cananea de Grupo México, se sobresaturó y derramó parte de la solución tóxica, la cual corrió por la tierra hasta llegar al arroyo La Cruz que a su vez conecta al río Magistral.
Los pobladores del ejido habían reportado la muerte de varios animales, sin embargo, días después, la Profepa, en un comunicado, informó que el escurrimiento se incorporó al arroyo La Cruz y afectó 400 metros cuadrados de suelo natural, por lo que se procedió a interponer medidas de urgente aplicación para la reparación de los daños ambientales que hubieran ocurrido, además de la iniciación del proyecto administrativo correspondiente contra la empresa.
DERRAME DE CIANURO EN ALTAR, SONORA (ABRIL 2016)
El pasado mes de abril, la empresa Santa Rita, subsidiaria del grupo canadiense Aurico Gold Inc., provocó un derrame de 400 metros cúbicos de solución de cianuro el cual contaminó a una zona aledaña en el municipio de Altar, Sonora, en la zona desértica del norte de la entidad.
Varios trabajadores de la mina habían asegurado que el derrame se debió a deficientes medidas de seguridad y falta de mantenimiento. Aseguraron que semanas antes del derrame ya habían reportado una falla por el desperfecto en un tubo, sin embargo, los responsables hicieron caso omiso.
Algunos obreros narraron que varias horas después de haberse iniciado el derrame la empresa ordenó semienterrar la zona contaminada, sin aplicar debidamente los protocolos de seguridad para evitar una mayor contaminación, por lo que consecuentemente se provoco la absorción del cianuro en la tierra lo cual podría afectar mantos acuíferos.
Por su parte, el delegado de la Profepa en Sonora, Jorge Carlos Flores Monge informó que el derrame se debió a una falla de la unión de la tubería con una válvula, por lo que de inmediato los contaminantes fueron desviados a una pileta de residuos tóxicos.
Cerca del 50 por ciento de la producción nacional de minerales proviene de Sonora, donde la minería es la principal generadora de empleos y derrama económica. Sonora es el estado que produce el 84 por ciento del cobre del país y un 28.6 por ciento de oro.
Sonora además representa al estado de mayor producción minera de todo el país con un 50 por ciento del total nacional superando los 31 mil 500 millones de pesos.
INVESTIGAN 2 DERRAMES TÓXICOS EN COAHUILA
Ejidatarios del municipio de Ocampo, en Coahuila, denunciaron que la mina de plata “La Encantada”, operada por la empresa canadiense First Majestic, registró una fuga de cianuro que contaminó una presa donde los animales bebían agua. Es la segunda fuga en menos de dos meses.
El derrame ocurrió a causa de las fuertes lluvias registradas en los últimos días por lo que uno de los tanques de la mina se desbordó, así lo aseguró Mario Valdés, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlán, en el desierto de Ocampo.
Los pobladores afectados aseguraron que los daños ocasionados por el derrame se están evaluando; sin embargo, denunciaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúa sin da a conocer los resultados de los estudios del derrame que se registró hace menos de dos meses, el pasado 26 de junio.
La empresa minera First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.
La mina adjudica que desde que inició a utilizar cianuro en el 2011 su producción aumentó. “El cianuro basta menos de un gramo para matar una persona. Y en esto , se utiliza en metros y metros de ese material. Todo el material es extraído de la mina es finamente molido, y después lavado, con infames cantidades de agua”.
En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio y que se encuentra a punto de resolver en los tribunales agrarios.
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El operativo sucedió después de que dos mujeres jóvenes, menores de edad, lograron escapar de la casa de seguridad y avisar a las autoridades al rededor de las dos de la tarde.
Elementos de la municipalidad, respaldados por la Policía Estatal, realizaron un operativo en la casa ubicada en la colonia La Laguna, sobre la periferia de la ciudad. Sin embargo cuando llegaron, los traficantes abrieron fuego contra los policías.
Después del intercambio, los elementos de seguridad detuvieron a los coyotes y liberaron a más de 90 personas, 17 de ellos menores de edad. Al lugar llegaron también miembros del Instituto Nacional de Migración para atender la situación de las personas liberadas.
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19/08/16. Golpeadores agreden a pedradas a reporteros en la zona del conflicto en el ejido de Tocuila
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19/08/16. Agreden golpeadores a ejidatarios en plantón contra el NAICM (video)
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18/07/16. Plantón en el Ángel de la Independencia por Nuevo Aeropuerto
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21/06/16. El gobierno federal quiere apoderarse de 50 hectáreas para el nuevo aeropuerto
Reporteros en Movimiento
17/06/16. Edomex: Empresa minera reanuda trabajos ilegalmente
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05/06/16. Fracasa asamblea ejidal en Tocuila para vender la tierra para autopista
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24/05/16. Otra agresión más contra el pueblo de Atenco; expulsan y golpean a defensores e instalan malla y postes en 150 hectáreas
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04/05/16. Hace 10 años, el Gobierno no consultó a Atenco; hoy, tampoco
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27/04/16. Denuncian nueva incursión de maquinaria en tierras ejidales por ilegal construcción de nuevo aeropuerto AICM
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La Verdad
12/04/16. Alerta por incursión del Ejército en Atenco
Somos el Medio
11/11/15. Atenco: continúa lucha contra aeropuerto y la defensa de la tierra
La Izquierda Diario
11/11/15. Dueños de los Tlateles en Chimalhuacán se manifiestan en Gobernación, SEDATU, CNDH, diputados para exigir pago justo de sus tuerras
Reporteros en Movimiento
25/10/15. Protesta en Atenco: “Peña Nieto no es el dueño de estas tierras”
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20/10/15. Se amparan ejidatarios de Atenco ante obras de autopista Pirámides-Texcoco
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22/09/15. Habitantes de Texcoco protestan contra nuevo aeropuerto de la CDMX
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20/09/15. Concreteras, a la puerta del NAICM
Milenio
17/09/15. Anuncian protestas contra NAICM
El Universal
10/09/15. Pese a la oposición vecinal, la SCT inicia licitaciones del nuevo aeropuerto
Proceso
05/09/15. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra apoya protesta de afectados por autopista Pirámides-Texcoco
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05/09/15. Denuncian despojo de tierras en Tezoyuca y Acolman por proyecto aeroportuario
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04/09/15. Desalojan predios por autopista que llegará al nuevo Aeropuerto
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20/08/15. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, manifestación de cinismo ambiental
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16/08/15. El nuevo aeropuerto costará 15 veces más que la presa La Yesca
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15/07/15. FPDT exige cancelación inmediata del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
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15/07/15. Precio de la tierra es la sangre: vecinos Atenco; “hay conflicto de intereses en Semarnat por aprobación ambiental”
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13/10/15. Flores, rostro y esperanza a las victimas de feminicidios en el Río de los Remedios
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11/10/15. Ecatepec despierta los demonios de Ciudad Juárez
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02/10/15. Feminicidio contra madre de tres menores en Edomex, denunciado ante la CIDH
Proceso
21/09/15. Ecatepec: cómo es vivir en el peor lugar para ser mujer de todo México
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03/09/15. En Edomex 36 feminicidios en 2015: Procurador
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16/07/15. Alerta de género debe darse a todo el Edomex: ONGs
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15/04/15. The Guardian evidencia “epidemia” de feminicidios en el Estado de México
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17/02/15. Las desaparecidas de Ecatepec: un problema que sale a flote
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Grupo México ha sido señalado por hechos como el derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, y otras afectaciones a comunidades.
Héctor Guerrero
José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas/PIÉ DE PÁGINA/ ANIMALPOLÍTICO
CANANEA, SONORA.- El gobierno de Sonora les ofreció trabajo como barrenderos para que dejaran de buscar oro en los montes. Ellos, integrantes de la Unión de Gambusinos de El Parián y concesionarios de 500 hectáreas de tierra rica en mineral, rechazaron la oferta.
“Todo empezó porque encontramos un cerrito que tenía oro”, dice Francisco Serrano, el bigotón y corpulento líder del grupo de mineros artesanales.
A partir de entonces, acusa, el alcalde de Bacoachi, Adolfo Salazar Espinoza, y los ganaderos del Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe les cerraron el paso al lugar.
Bacoachi es un municipio al noreste del estado de Sonora, donde el oficio de buscar oro arañando la tierra pelea contra la explotación de minerales a gran escala. Durante 500 años, los pobladores de esta región han sobrevivido de la venta a pequeña escala. Con picos, palas, mazos y bateas, Serrano y su familia se van a los montes en busca de vetas de oro, un oficio que aprendió de su padre, y él, a su vez, de su abuelo, y del que puede sacar unos 200 pesos al día.
“Lo que debería de hacer el gobierno, en vez de quitarnos nuestras tierras, es enseñarnos cómo explotar más, que nos ayude a tecnificarnos”, lamenta el gambusino.
A 70 kilómetros al norte de Bacoachi, en Cananea, está la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de cobre del mundo.
El grupo de mineros artesanales, que aglomera a más de 100 familias, sospecha que el bloqueo a sus actividades tiene relación con los intereses del poderoso grupo empresarial: “Como es una concesión y saben que hay oro, a lo mejor quieren favorecer al grupo (México) o no sé a qué gente. Quitarnos a nosotros que les estorbamos para quedarse con la tierra”.
Un pueblo al que le creció un tumor
Grupo México tiene una extensión concesionada para explotación minera en Sonora de casi 6 millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.
En 1990, mediante una subasta, la empresa compró al gobierno mexicano la mina Buenavista del Cobre por poco más de 400 millones de dólares, una cantidad muy por debajo de su precio real, estimado en 3 mil millones de dólares.
La familia Larrea, propietaria del emporio, no siempre se dedicó a la minería. Su negocio, hasta 1990, estaba en la industria de la construcción. Ahora, la fortuna familiar proviene de la minería, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos.
“La colaboración de los miembros del grupo empresarial con el régimen salinista les fue ampliamente retribuida; un ejemplo de esto fue la participación de muchos de ellos en el proceso reprivatizador”, sostiene la politóloga Marcela Briz en su libro El Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Surgimiento y Consolidación.
Grupo México es dirigido por Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre conocido por su poca afición a la vida pública. En el Consejo de Administración figura Claudio X. González, uno de los empresarios más influyentes de México y que, paradójicamente, nació en Cananea hace 82 años.
Cananea es un pueblo de mineros, de hombres que regresan a dormir a casas de huéspedes con la nariz irritada y los ojos rojos. La mayoría de los habitantes son hombres. La prostitución y las peleas de cantina son cosa de todos los días.
Desde 1899, cuando William Cornell Greene fundó The Cananea Consolidated Copper Company y catapultó la extracción del cobre que abunda en la región, Cananea ha sido el centro minero más importante del país. Aunque su fama se debe a la huelga que iniciaron el 1 de junio de 1906 más de 2 mil mineros de origen mexicano contra los entonces dueños extranjeros de la compañía. La huelga fue sofocada rápidamente, pero en la historia mexicana se considera el inicio de la Revolución.
La mina y el pueblo de Cananea están juntos. Primero se abrió el socavón y después se asentaron los habitantes, que durante décadas se beneficiaron de la producción minera… hasta que llegó el Grupo México. Hoy, la tierra muerta ha crecido tanto y tan rápido que, visto desde el cielo, el pueblo parece tener un tumor. Su presa de jales (dónde se tiran todos los desechos tóxicos) tiene una superficie del tamaño del poblado entero. La cohabitación es tal, que todas las tardes suena una sirena que precede a la explosión de dinamita. El estruendo cimbra las casas y estremece a los habitantes.
Los nuevos mineros
Desde que Grupo México adquirió Buenavista del Cobre, la empresa dijo que compró una mina no un sindicato, cuenta Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del sindicato minero, convencido de que la empresa empeoró a propósito las condiciones de seguridad.
Lo cierto es que la relación laboral se modificó. En 2007, mil 200 trabajadores de Cananea anunciaron un paro de labores. Pero, como en porfiriato, los mineros llevaron las de perder: Fernando Gómez Mont, abogado corporativo de Grupo México, se convirtió en Secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón y “el gobierno se convirtió en abogado de la empresa”.
En 2009 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró terminada la relación laboral entre el sindicato y la empresa, y un año después, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia. Luego, se adjudicó a la Confederación de Trabajadores de México el contrato colectivo de trabajo y Grupo México comenzó a subcontratar personal por medio de outsourcing.
Los nuevos mineros llegaron del sur, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Veracruz. Eran trabajadores sin arraigo en la comunidad y que poco saben del orgullo que representa para sus pobladores trabajar en la mina.
Las amenazas y las persecuciones judiciales disuadieron a los mineros en su protesta. La casa de Moisés Miranda fue atacada a balazos y él se libró de la cárcel con libertad condicional. “Algunas casas de compañeros las quemaron los esquiroles de la empresa”, cuenta el hombre, el último de una familia minera. La esperanza de que sus hijos heredaran su empleo -el mismo que tuvieron su padre y abuelo- se terminó en 2010, cuando Grupo México puso sus apellidos en la “lista negra” de despedidos. Ese año la empresa inició un plan de expansión para elevar 180 por ciento la producción de cobre hacia 2016.
Para los trabajadores, las condiciones de vida son peores. Un minero que lleva un año y medio trabajando en Buenavista del Cobre, con jornadas de 12 horas diarias y un sueldo que no le alcanza para mantener a su esposa e hijo, asegura que en el tiempo que lleva en la mina ha sabido de unos 15 compañeros muertos. Sólo entre marzo y mayo de este año hubo tres accidentes graves dentro de la mina: en el primero, un trabajador murió al caer en un molino que tritura piedra; el 20 de abril, otro minero se fracturó las dos piernas al caer de un trascabo; y dos semanas después, otros tres mineros fueron aplastados por un camión de volteo.
En su informe de 2014, el último disponible en línea, Grupo México no desglosa el número de accidentes en sus minas, sólo dice que la tasa de “accidentes incapacitables” y enfermedades en la división minera disminuyó entre 2012 y 2014. En cambio, presume acciones del “Tren de la Salud”, un proyecto filantrópico que es ampliamente publicitado a través de la cadena de cines Cinemex, que también es propiedad de la familia Larrea.
El peor desastre
El 6 de agosto de 2014 una represa de jales con químicos tóxicos derivados de la mina de Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La cuenca se pintó de rojo y cobre. La muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur, y la afectación alcanzó 7 municipios de la región.
El “desastre ecológico más grande de México”, como dijo Juan José Guerra, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afectó a 22 mil personas de la zona. Así lo reconoció, en una de las primeras reuniones, el abogado de la empresa, Horacio Sánchez Urzueta -ex gobernador de San Luis Potosí, ex diputado federal y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1972-. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora estimó las pérdidas económicas en 2 mil millones de pesos las pérdidas económicas. En cambio, Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper, una de las mineras propiedad de Grupo México, respondió que decir eso era una exageración: “es el peor desastre en Sonora, pero a nivel nacional tenemos muchos”.
Un minero que estuvo presente en el derrame y que pide el anonimato, lo explica a su modo: “Ese ácido (el derramado) desbarata toda piedra que agarra, hazte de cuenta que más fuerte que la sosa o que el ácido muriático”. La empresa, dice el minero, “es consciente de lo que está contaminando”.
Un año después, la organización no gubernamental Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación) documentó que el derrame fue ocasionado porque Buenavista del Cobre operaba sin acatar normas básicas de seguridad exigidas por la ley, como tener un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos supervisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, la mina almacenó la solución de sulfato de cobre acidulado en instalaciones que estaban en construcción y no tenían sistemas de detección y control de derrames.
“La minera ha sido negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera”, concluye Poder.
A pesar del desastre, las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvieron estables y no les suspendieron la concesión. Y un mes después del derrame, el 9 de septiembre, el equipo de prensa de Presidencia distribuyó una fotografía de Germán Larrea saludando a Enrique Peña Nieto en una reunión de Banamex.
En marzo de 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a Grupo México con una multa por 23 millones de pesos, debido a que incurrió en 55 “irregularidades”; el monto representó 0.22 por ciento del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. Además de la multa, Grupo México debió pagar 2 mil millones de reparación del daño, a través de Fideicomiso Río Sonora, que no llegó a los campesinos.
Un despojo selectivo
En Cananea los coches están corroídos por el ácido que flota en el aire y las láminas de los autos empiezan a ponerse amarillas. Roberto González habitante del pueblo, cuenta que revierte el efecto en su camioneta lavándola con ácido de aluminio.
El kinder Charles Darwin tiene de vista en su traspatio un par de tinas donde se almacena ácido. María, una vecina del lugar, dice que los niños que toman clases ahí sufren de vómitos constantes.
La venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame; las familias tienen que gastar más en agua purificada, comprar productos foráneos que son más caros y movilizarse a ciudades aledañas para comprar productos que antes compraban en la región, según una estimación de costos del derrame elaborada por investigadores de la Universidad de Sonora.
Rosa Guayante, líder del Frente Femenil Cananense, explica que cuando remplazaron a los mineros, la producción de la compañía aumentó, pero también empezó a haber más contaminación. Relata que hace un par de años la pequeña huerta de cilantro y tomate en el jardín de su casa se secó. Ella jura que lo que mató sus plantas fue el aire enrarecido y el olor a huevo podrido que desprende una bodega donde se procesa molibdeno con sulfhidrato de sodio, a menos de un kilómetro de su casa.
Ahora, dice, a través del presidente municipal, la minera está promoviendo reubicar a 150 vecinos del lugar por las quejas de la contaminación. Ella no piensa irse y le puso precio a su casa: “50 millones”, dice entre risas. Aunque su resistencia sí ha tenido un costo: cuando sugirió a los demás propietarios el precio para vender sus viviendas, el Ayuntamiento la dejó de invitar a las juntas de negociación.
El historiador de la Universidad de Sonora, Juan Manuel Silva, ha dedicado varias investigaciones a los proyectos mineros en el estado. Uno de sus hallazgos importantes es que la contaminación, si bien no es hecha a propósito, las empresas mineras sí la han sabido capitalizar.
Los dirigentes sindicales cuentan, por ejemplo, que después del derrame, Grupo México compró las rancherías La Mexicana, El Cuatro, El Jaralito, El Alacán, La Morita, Las Tinajas y parte del ejido Los Nogales. Todos esos son lugares afectados por el derrame, pero también futuros terrenos de explotación minera.
* * *
El 19 de febrero del 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad de Grupo México, una explosión mató a 65 mineros que quedaron atrapados. La minera se empeñó en decir que fue un “accidente”; han pasado 10 años y los cuerpos de los mineros no han sido rescatados. En Perú, donde Grupo México encabeza el proyecto minero Tía María, paralizado en 2015 por la inconformidad social de las comunidades indígenas de Arequipa, la represión gubernamental a la resistencia ha dejado cuatro personas muertas.
Son los antecedentes de una empresa que, en los hechos, no se ocupa de las condiciones mínimas de seguridad de sus trabajadores, ni de las afectaciones a las comunidades aledañas, que en lugar de vivir de la mina, como en el pasado, ahora son despojadas de su trabajo y de su tierra.
Grupo México es la empresa minera que más agua consume en el país con más de 90 millones de metros cúbicos al año, según el estudio sobre las concesiones de agua para las minas presentado este año por Cartocrítica y la organización alemana Heinrich Böll.
Bacoachi, dice su cronista, Zoila Salazar, significa río de víboras, pero ya no hay víboras. El nivel de agua ha bajado porque “bombean el agua, para surtir a Cananea y a la mina de agua y la mina la regresa a ese represo pero ya contaminada y envenena el nacimiento del Río Sonora”.
¿Qué costo tiene la empresa por estas afectaciones? En agosto, tras cumplirse dos años del derrame, Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias “han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de información pública” relacionada con el derrame, por lo que la organización mexicana tuvo que acudir a las cortes de Estados Unidos y ha tenido que ser un juez de Distrito de Arizona, donde tiene su sede Southern Copper Corporation (la empresa matriz de Buenavista del Cobre), el que falle a favor de que Semarnat y la empresa entreguen información.
En México, en cambio, conforme a los datos obtenidos vía transparencia, la denuncia penal interpuesta por Profepa contra Buenavista del Cobre, “no ha causado estado”. Tampoco hay detenidos. Y por la solicitud de información realizada para este reportaje, la investigación fue clasificada bajo reserva por cinco años.
Quizá en el año 2021, las 22 mil personas afectadas puedan conocer qué fue lo que sucedió el día que los ríos se espesaron de color rojo.
* * *
Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas. El trabajo forma parte del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto en http://www.piedepagina.mx
Texto: José Ignacio De Alba y Jade Ramírez Cuevas
Fotografía: Héctor Guerrero y José Ignacio De Alba
Gráficos: Arturo Contreras
Chietla, Pue.- Tras 25 días de protesta, ejidatarios afiliados a la organización Antorcha Campesina liberaron el acceso a la mina La Campa, en San Antonio Coayuca, comunidad perteneciente al municipio de Chietla.
Salomé Tlaseca Nájera, representante de los dueños del ejido, recordó que al menos 57 personas mantuvieron un plantón en el acceso a la cantera desde el 28 de julio, a modo de protesta en contra de la empresa La Campa por incumplimiento de acuerdos.
Explicó que en segunda reunión con la Secretaría General de Gobierno del Estado firmaron una minuta en la que se benefició tanto a los empresarios como a los ejidatarios.
En ese sentido, precisó que se determinó que la empresa siga explotando 22 hectáreas de la mina, pero otorgará 11 hectáreas para que sean explotadas por el núcleo ejidal de San Antonio Coayuca; área cuyos terrenos no podrán ser vendidos.
Tlaseca Nájera agregó que mientras los ejidatarios no exploten el área que se les asignó la concesionaria está obligada a otorgar el 8 por ciento anual en pago a regalías del total de la producción, a partir que se abrió el acceso de la mina.
Por último, indicó que cuando el núcleo ejidal comience con la explotación y extracción de yeso en las 11 hectáreas que les corresponden, la empresa está obligada a otorgar solamente el 5 por ciento anual como regalías del total de la producción.
En su momento, el presidente del comisariado ejidal, Domingo Palma, indicó que impidieron el acceso a camiones que transportan el material que de la cantera se extrae, pero las actividades dentro de ella continuaron.
Recordó que la inconformidad acrecentó luego que el empresario morelense, Israel Carrillo Vital, incumplió con el pago anual de 70 mil pesos para que los vehículos con la materia prima extraída de la mina pasaran por los terrenos.
Señaló que tampoco les cedió parte de la mina, a pesar que se acordó que se les entregaría un espacio de la mina para que fuera explotado por los ejidatarios.
Por Karina Palacios
CIUDAD DE MÉXICO.- Según el Índice de Esclavitud Mundial 2016, en México habría aproximadamente 376 mil 800 personas que se encuentran en esta situación, lo que lo ubica en el lugar 20 de 167 naciones, con un porcentaje de vulnerabilidad de 47.02.
Además, el Reporte de Tráfico de Personas 2016, emitido por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, señala que el gobierno mexicano no cumple plenamente los estándares mínimos para eliminar el delito de trata de personas.
En el continente americano, este delito se localiza principalmente en Brasil, Guatemala, México, Chile, República Dominicana y Bolivia, mientras que en Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguay y Canadá existe una tasa mínima de vulnerabilidad.
La trata de personas también es conocida como esclavitud moderna, donde las víctimas son utilizadas en su mayoría para la explotación sexual en burdeles, bares y salones de masaje y, en menor grado, para el trabajo forzado en minas, campos agrícolas o incluso como servidumbre.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 2015 Chiapas fue la entidad donde se registraron más casos de trata de personas con 167, seguido de Puebla con 111 y la Ciudad de México con 37.
Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango Nayarit, Sonora y Yucatán registraron la menor incidencia, al no tener ningún caso.
Los gobiernos estatales trabajan en coordinación con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), supervivientes, líderes comunitarios y el sector privado para desarrollar estrategias de prevención, ya que en la mayoría de los casos el tratante es un pariente o conocido de la víctima y la situación surge de la violencia intrafamiliar o por falta de recursos económicos.
En la Ciudad de México algunas mujeres víctimas de trata para explotación sexual son trasladadas a la zona de la Merced, donde es común encontrar hoteles adaptados, prácticamente uno junto a otro.
Neli y Patricia
En distintos hechos y años, Neli y Patricia llegaron a la capital del país procedentes de Veracruz bajo el mismo modus operandi: el enamoramiento.
“Alex” y “Pedro”, como se hacían llamar los tratantes, se aprovecharon de la vulnerabilidad de las jóvenes que, en ese entonces, habían perdido a un familiar muy cercano, acontecimiento que tenía destruidas a ambas familias.
En el caso de Patricia, “Pedro” le propuso matrimonio y le pidió que viajara a Puebla para que hicieran los preparativos de su boda. Mientras que “Alex” se presentó con la familia de Neli para crear la impresión de ser una persona amorosa y responsable.
Durante un mes, las víctimas vivieron con sus tratantes sin ningún problema, hasta que ellos fingieron problemas económicos y les exigieron a las jóvenes trabajar para ayudar en los gastos del hogar.
“Su propuesta fue que me metiera a bailar a un table dance, yo le dije que no lo haría, pero al final no me quedó de otra”, recuerda Patricia.
Otras sexoservidoras les enseñaron cómo debían vestirse, maquillarse, sonreír, pararse y “atender” a los clientes.
“A las niñas que éramos nuevas nos ponían a la entrada del hotel Las Cruces para que los hombres se dieran cuenta; las más grandes hacían la pasarela”, cuenta Neli a Milenio.
Dice que el hotel estaba descuidado y no contaba con ningún estándar mínimo de calidad e higiene; la base de la cama era de concreto con una colchoneta arriba, que probablemente no era limpiada adecuadamente; la puerta no era más que una cortina que podía ser abierta en cualquier momento.
Patricia comenta que se encontraba en shock, por lo que era una de sus compañeras la que les tenía que cobrar a los hombres que decidían tener relaciones sexuales con ella.
“El primer día que estuve ahí atendí por lo menos a 50 hombres”, asegura.
No pasó mucho tiempo para que Neli y Patricia fueran rescatadas durante distintos operativos. Sin embargo, afirman que declarar contra las personas de las que se habían enamorado fue uno de los pasos más complicados, ya que no se reconocían como víctimas.
Víctimas rescatadas
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México señala que, desde la creación en 2012 de la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Trata de Personas, han sido rescatadas mil 259 mujeres y se ha detenido a 648 responsables del delito.
En este lapso, la fiscalía tiene registradas 138 indagatorias con detenidos y la delegación con más casos ha sido Cuauhtémoc con 72, seguida de Iztapalapa con 17 y Venustiano Carranza con 11.
La fiscal Juana Camila Bautista destaca que cualquier persona que se encuentre dentro de un bar o un antro vendiendo su cuerpo, aunque sea por su voluntad, para la ley es trata de personas.
Señaló que el trabajo del organismo comienza con una investigación que surge de diversas denuncias ciudadanas.
En lo que va de 2016, por ejemplo, se han efectuado 122 operativos en la Ciudad de México y 264 personas fueron rescatadas.
Las mujeres reciben asistencia legal, médica y psicológica a corto plazo; posteriormente son canalizadas a ONG que las ayudan a rehabilitarse por completo, como Neli que en los próximos meses tendrá un negocio propio y Patricia que estudia derecho.
Además, ambas son voluntarias de la Fundación Camino a Casa, donde apoyan a niñas víctimas de este delito.
“Cuando hablamos de esclavitud la gente piensa que estamos con las cadenas y atadas. Sí hay cadenas, pero son invisibles”, puntualiza Patricia.
http://sipse.com/mexico/esclavitud-mexico-trata-personas-victimas-218726.html
21/08/16. Slim el Voraz
Lado B
21/07/16. Bloquean la Minera de San Felipe Empleados Inconformes
Radio Patrulla
20/07/16. Paro y bloqueo en la mina de San Felipe
PSN en Línea
20/10/11. BC: ejidatarios dueños de yacimientos de oro y plata enuncian estafa de minera
La Jornada
18/02/16. Adquirió Grupo México terrenos para proyecto minero en precios ventajosos
La Jornada Baja California
24/10/15. Denuncian invasión de una mina en BC
Reforma
07/09/15. Media Ensenada, de mineras y empresas de energía eólica
La Jornada Baja California
06/08/15. Denuncian pescadores de San Felipe contaminación en el Mar de Cortés
Lindero Norte
25/04/15. Constatan avances de proyectos mineros al sur de Ensenada
El Vigía
22/02/15. Buscan abrir mina en zona protegida
El Golfo
03/02/15. Explotan extranjeros 11 minas en BC en busca de oro, plata, litio y hierro
La Jornada
29/01/15. Red Mexicana de Afectados por la Minería exige a Semarnat no autorizar El Arco
BCS Noticias
24/01/14. Peligrosa minería
Zeta
11/08/11. Grupo México: Otra mina en polémica
Sin Embargo
21/08/16. “OHL y DAMO sólo se echan la bolita”; trabajadores exigen pago de salarios
Revolución 3.0
21/08/16. Desaparecen trabajadores obra de tren, sólo maquinaria sin actividad
Tres PM
El día de ayer trabajadores de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca realizaron actos de protesta a través de la movilización social y el bloque carretero con el fin de exigir el pago de sueldos.
La empresa DAMO, encargada de contratar personal para obras, debe al menos 100 trabajadores tres semanas de salario, es decir entre 6 y 9 mil pesos a cada uno, quienes han trabajado en distintos puntos de la obra como Toluca, Lerma y Zinacantepec, denunció para Reforma el empleado y manifestante Érick Fernández.
El bloqueo carretero inició a medio día y aproximadamente a las 15 horas fueron desalojados por policías estatales; y hasta las 17 horas un representante de OHL, empresa encargada de la construcción y el director de DAMO, Dionisio Mora, llegaron al lugar para dialogar con los manifestantes a quienes prometieron pagar una parte del adeudo el día de ayer y otra el próximo miércoles.
“Sólo se echan la bolita, los de OHL dijeron que ya le pagaron a la empresa las facturas y los DAMO dicen que no han sido liberados los pagos”, declaró uno de los trabajadores a dicho medio.
Algunos de los trabajadores vienen desde Veracruz y Michoacán por lo que es necesario el pago de sus salarios porque además de mantenerse deben proporcionar dinero a sus familias, recalcó Fernández.
Es importante señalar que “el Tren Interurbano no es para beneficio social. Es una mega obra más que actuará bajo un esquema mixto de financiamiento: se pretende desarrollar con presupuesto público y privado, pero una vez concluida será concesionado a una empresa privada” expresó anteriormente para Revolución TRESPUNTOCERO Karina Bolaños, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Eleazar Barajas
En abandono, es como lucen las obras del tren interurbano México-Toluca luego de que este sábado alrededor de 300 trabajadores pararan los trabajos de construcción y se manifestaran para exigir el pago de cuatro semanas.
A pesar de que se tenía previsto que los empleados de las empresas Construcciones DAMO y OHL se volvieran a manifestar en el cruce de Pino Suárez y Avenida Solidaridad Las Torres para exigir pagos de hasta 12 mil pesos, esto no sucedió.
En el lugar se observa la maquinaria abandonada, y de acuerdo con los trabajadores, desde el lunes de la semana pasada, el personal administrativo de la obra se retiró de las oficinas o las casetas, sacaron computadoras, teléfonos, quitaron la luz, entre otras maniobras, además de prometerles una semana de bonificación si terminaban un colado, pero a la hora del cobro, el personal responsable simplemente no apareció.
El sábado, por más de seis horas , calles desde el centro de la ciudad, Heriberto Enríquez, Juárez, en las colonias Juárez y Centro además de Pino Suárez a la altura de Galerías Metepec, en Pabellón, quedaron como estacionamientos. En el cruce donde se originó la protesta se encontraban estacionados tráileres de refresqueras, en algunos tramos había ambulancias, autobuses que salieron de la Terminal de Toluca y que no podían llegar a su destino ni avanzar hacia ningún sitio.
El Tren Interurbano México Toluca será el primero en Latinoamérica, capaz de atender una demanda diaria de 230 mil pasajeros, que podrá hacer el recorrido completo de Zinacantepec al metro Observatorio en la Ciudad de México en 39 minutos y tendrá dos estaciones terminales y cuatro intermedias: Central de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe. Se estima que entrará en operación a principios del 2018.
http://trespm.com.mx/desaparecen-trabajadores-obra-de-tren-solo-maquinaria-sin-actividad/
021/08/16. Al aire 77 lotes por “prestanombres”. Acusa ejido de San Ignacio al RAN y a varios empresarios (Yucatán)
Diario de Yucatán
PROGRESO.— El ejido de la comisaría de San Ignacio ha sido víctima de acaparadores de tierras y prestanombres que usan a los mismos ejidatarios para apropiarse de los terrenos, afirma René Francisco Chan Canché, comisario ejidal.
Precisa que Pedro Castillo Castellanos, Ariel Zapata, Gabino Guzmán y Miguel Pérez, quien es corredor de lotes y se encarga de engancharlos, forman el grupo de aparadores de tierras del ejido de San Ignacio.
El comisario ejidal considera que las autoridades del Registro Agrario Nacional participan en las maniobras fraudulentas para que los empresarios se apropien de tierras, pues les permitieron usar actas de asambleas de años anteriores en los que se aprobaron cambios de uso común de terrenos, para que parezcan legales las operaciones, pero en la mayoría de los casos el ejido no aprobó esas operaciones.
A las 8:30 de anteanoche viernes, 60 de los 82 ejidatarios del padrón ejidal celebraron una asamblea general y, ante el despojo de sus tierras, acordaron por unanimidad que los socios del ejido que son usados para prestar sus nombres, para que un grupo de empresarios se apodere de lotes, entreguen a la directiva ejidal los títulos de propiedad que les expidan por las autoridades agrarias.
El comisario dice que de 1,300 hectáreas de terrenos que tenía el ejido de San Ignacio cuando se fundó en 1948, le quedan sólo 33 hectáreas de uso común, pero no las pueden repartir ni vender porque una parte está dentro del área de las 103 hectáreas que tienen en litigio con Castillo Castellanos.
El ejido ya repartió parcelas, de una hectárea, a los ejidatarios, quienes en su mayoría ya las vendieron.
Chan Canché informa que además del litigio con Castillo Castellanos, en el Tribunal Agrario denunciaron a Gabino Guzmán, porque le vendieron 150 hectáreas de los ex planteles henequeneros de San Alonzo y Candelaria, pero se apropió de 13 hectáreas más.
—La audiencia en el Tribunal Agrario está programada para el próximo miércoles 24 a las 10 horas.
Piden devolución
—Lo que pedimos es que Gabino Guzmán devuelva las 13 hectáreas que se apropió y presuntamente ya las tiene escrituradas a su nombre.
—Con Ariel Zapata utiliza a ejidatarios como prestanombres para apropiarse de terrenos —abunda.
—Esto los detectamos los directivos ejidales cuando revisamos los planos para vender dos lotes y nos encontramos con que un terreno de 3,875 metros cuadrados está a nombre de Jorge Javier Cauich Barrero y otro de 4,891 a favor de Aurelio Chay Tuyín; los dos son ejidatarios, pero el ejido nunca se los otorgó —detalla.
—Los dos lotes que saldrán escriturados del RAN a favor de esos dos ejidatarios serían para Ariel Zapata —indica.
Sin embargo, la asamblea ejidal acordó anteanoche viernes que tanto Jorge Cauich como Aurelio Chay, cuando reciban las escrituras, las entregarán a la directiva ejidal y la asamblea determinará qué se hará.
En la revisión que hizo el comisariado ejidal se detectó que Aurelio Chay tiene 18 lotes, su hijo Daniel Chay González, 20 terrenos; Eligio Chay Tuyín, 18; Javier Cauich, seis, y Guadalupe Noh, 15 lotes, pero sólo son prestanombres de Ariel Zapata.
Los lotes deben ser de 30 metros de frente por 80 metros de fondo, en total 2,400 metros cuadrados (m2), pero se apropiaron de más, pues esos 77 terrenos miden 3,500 m2 en promedio cada uno.
Esos lotes se ubican en el sur de la entrada principal, por el lado del cementerio de San Ignacio.— G.T.V.
http://yucatan.com.mx/yucatan/al-aire-77-lotes-prestanombres
Investigación y redacción: Celia Guerrero
Fotografía: Iván Castaneira
Gráficos: Arturo Contreras Camero
SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA. Este es un lugar donde el mar y el desierto se unen. La diferencia cromática del cielo y el océano apenas se distingue. Mamíferos marinos llegan al Golfo de California para reproducirse y en invierno la nieve cubre las montañas que se alzan en medio de dunas de arena junto a la costa. Especies endémicas proliferan en tierra y agua.
En el camino de la ciudad fronteriza de Mexicali al puerto de San Felipe, el paisaje pasa de urbano a agrícola; se muestran exuberantes los campos de cultivo alimentados por las aguas del río Colorado. Más adelante, rocas volcánicas y dunas desérticas auguran un espectáculo cuasi extraterrestre. Luego, aparecen amplias planicies delimitadas por el horizonte celeste y la huella del agua salada que va y viene se percibe en fronteras blancas sobre la tierra seca.
Al llegar al kilómetro 123, desde la carretera federal número 5, se alcanza a ver lo que parece una pirámide, que se levanta entre las montañas a la orilla del camino y que se distingue del resto por su forma simétrica y caras planas. Entrometidos en el paisaje, aparecen camiones, oficinas móviles, cintas transportadoras de materiales, una brecha y, al fondo, una nubarrón de polvo que emana de la montaña desecha.
Es la plataforma de lexiviación del complejo minero San Felipe. Un espectáculo que cualquier turista puede observar; un paisaje al que los habitantes se han acostumbrado: a un lado de la carretera, un área protegida por su rica biodiversidad y especies endémicas en peligro de extinción; al otro lado, uno de los más importantes proyectos megamineros en México, cuyo propietario es el hombre más rico del país.
Comprar “de a poquitos”
En 1994, Comp2añía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera Frisco, inició operaciones en Baja California. El proyecto a su cargo, una mina de oro y plata en la región Sierra Pinta, hoy es considerado por el Servicio Geológico Mexicano uno de los principales desarrollos mineros en el país.
Desde entonces, la mina San Felipe ha ido creciendo como la mayoría de los negocios del magnate Carlos Slim: de manera paulatina, pero contundente. Un hecho que pasaría desapercibido para la mayor parte de la población, si no fuera porque la mina se encuentra peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP) Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Elisa Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, indica que en un inicio este proyecto no llamó la atención, a pesar de encontrarse a un lado de una zona natural protegida, porque se presentó por partes. “Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil”, afirma.
Las primeras autorizaciones se las dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1993 y 1995. Entonces la Compañía San Felipe utilizaba el minado subterráneo, pero ya comenzaban a considerar la técnica de minería a cielo abierto para mejorar su esquema de explotación lo que requeriría ampliar la superficie de trabajo y una enorme inversión.
En 2001 la empresa suspendió temporalmente actividades. Compañía San Felipe no hizo públicas las razones, sin embargo, en su reporte anual de 2000, Frisco consideró que las condiciones del mercado minero eran poco favorables, por el estancamiento del precio de los metales.
Ocho años después, en 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, realizó un contrato de arrendamiento y ocupación de las instalaciones de la mina. Este nuevo proyecto cambió radicalmente las operaciones: pasó de ser una mina subterránea a una mina a cielo abierto.
El método de minería a cielo abierto y separación de metales por medio de cianuro es un sistema prohibido en Montana, Estados Unidos, y otros países como Turquía, Grecia, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica por sus efectos tóxicos y devastadores para las sociedades y el medio ambiente.
El nuevo desarrollo fue presentado ante Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010, como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado); un circuito de trituración de minerales; patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata); tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro); tepetatera (pila de material estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes de diesel y explosivos); tres subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.
Seis meses después, en septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición (en donde se precipitan los metales y funden en lingotes). Y en agosto de 2011, se autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.
Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. La mina San Felipe procesó en 2013 -de acuerdo con el reporte anual de Frisco- 37 mil toneladas diarias de material. Cinco veces más que el año anterior.
Un proyecto del tamaño de la Ciudad de México
La prueba de que el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 a 2009, está en la adquisición de las concesiones. También es un ejemplo de cómo una compañía madre utiliza a sus subsidiarias para expandirse.
Frisco ha adquirido concesiones mineras en el área de Sierra Las Pintas, Mexicali -donde se encuentra la mina San Felipe-, desde 1994. Lo ha hecho a través de tres diferentes subsidiarias: Compañía San Felipe, Minera María y Minera Real de Ángeles.
La historia es así:
Entre 1994 y 2003, la primera empresa de Frisco en recibir la titularidad de concesiones fue Compañía San Felipe. Le otorgaron 29.
En 2003, 2005 y 2009 -durante el periodo de suspensión de operaciones-, Minera María continúo adquiriendo concesiones para Frisco en la zona. Obtuvo 40.
En 2009, Minera María cedió a Minera Real de Ángeles los derechos de las 40 concesiones.
Y finalmente, en 2011, Minera Real de Ángeles recibió tres concesiones más por su cuenta.
Entre las tres empresas obtuvieron 72 concesiones mineras para Frisco en Mexicali, en una superficie acumulada de 127 mil 600 hectáreas (unos mil 276 kilómetros cuadrados). Es decir, casi la superficie de la ciudad de México.
¿Quién gana y quién pierde con la mina?
Unos 70 kilómetros al sur de la mina está el puerto pesquero y turístico de San Felipe. Es el lugar de vacaciones de miles de familias de la capital del estado, que está a un par de horas de viaje en carretera. También es la primera playa turística que suelen visitar los estadounidenses que cruzan a México por Mexicali. Varias colonias residenciales son ocupadas por extranjeros que huyen de sus fríos inviernos a climas más cálidos.
Sin embargo, la mayor parte de la población local y la población flotante parece indiferente a la mina. Sólo un grupo reducido de ejidatarios del Plan Nacional Agrario -del que forman parte los terrenos en donde se encuentra el complejo minero- y algunos pescadores cuestionan el proyecto.
Con 520 mil hectáreas, el ejido Plan Nacional Agrario (PNA) es uno de los más grandes del país.
En 1991 los ejidatarios rentaron a Minera Frisco las primeras 63 hectáreas y en menos de 10 años la mina San Felipe ya tenía arrendadas mil 840 hectáreas del ejido.
En 2010, cuando la mina reinició trabajos, la empresa intentó comprar los terrenos, pero un grupo de los ejidatarios reclamó un pago más justo, considerando las ganancias que la mina obtiene de sus tierras. Ricardo Rivera de la Torre, ex abogado del ejido, calculó que ese pago en un millón de dólares por ejidatario (dado que después de terminados los contratos, el lugar permanecerá contaminado durante décadas y ninguna actividad económica podrá realizarse). Para entonces, los ejidatarios estimaban que Frisco había extraído del lugar 36 millones de dólares en oro.
En 2011, rompieron las negociaciones. Algunos ejidatarios iniciaron juicios en contra de la empresa -en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- por ocupar sus terrenos de forma irregular, adueñarse del agua y contaminar los mantos acuíferos.
Manuel Martín del Campo, actual representante legal del ejido, señala que, de acuerdo con la ley agraria, un contrato de explotación, así como un contrato de ocupación temporal de los terrenos, es ilegal, porque están dentro de los terrenos de uso común del ejido. Por su parte, los integrantes del comisariado ejidal se quejan del trato inequitativo de las autoridades, pues cuando firmaron los contratos de ocupación temporal, la Procuraduría Agraria lo aceptó en un día; en cambio, cuando ellos acudieron a presentar su denuncia, solo los desinformaron.
En todo caso, las demandas no han logrado que la mina detenga su expansión. Y los ejidatarios ahora se ven los efectos sociales: uno de ellos es el agua.
De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua, Frisco es la empresa minera que más agua tiene concesionada en Baja California, un estado con escasos recursos hídricos.
La empresa tiene dos concesiones de agua, una por 9
00 mil y otra por 203 mil metros cúbicos anuales.
En 2015, los ejidatarios demandaron a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que se clausuren los pozos que la empresa instaló en terrenos de los que no tienen contrato. Calculan que extraen de manera ilegal 120 litros por segundo. Pero las autoridades no sólo no han dado seguimiento a la denuncia, sino que en enero de 2016, argumentaron que no la encuentran.
La doble cara de la filantropía ambiental
En la minería a cielo abierto extraen los minerales explotando (literalmente) la montaña. Luego, los materiales son molidos, colocados en la plataforma de lexiviación y regados con agua con cianuro para iniciar la separación de los metales. Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean “especiales problemas de salud pública”).
A pesar de que ello, la construcción piramidal de la minera San Felipe se alza a escasos metros de la carretera que delimita la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado, y a menos de 30 kilómetros del mar de Cortés o Golfo de California, un lugar en donde viven una de tres especies de mamíferos marinos.
Desde hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita marina, una especie de mamífero marino endémica de Golfo californiano, en peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por la redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo.
Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental), detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.
Profepa respondió que los niveles de mercurio en el agua son normales y tienen mucho tiempo, pero que le darían seguimiento a la denuncia.
Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.
Otros opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la zona que sufren de malformaciones, asma y alergias.
¿Por qué no hay una gran oposición de ambientalistas al complejo minero? La investigadora Jeanneht Armendáriz considera que la política conservacionista y de desarrollo sustentable promovida por Carlos Slim, a través de sus fundaciones, es una inversión para sus otros negocios.
La Fundación Carlos Slim invirtió 2 mil 200 millones de pesos –sólo en 2010- en el convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Secretaría de Medio Ambiente para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluida el Alto Golfo de Baja California.
“El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales (…) tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, con influencia directa hacia el Alto Golfo y Delta del Río Colorado”, sostiene Armendáriz en su tesis para tener el grado de doctora en ciencias, en la que estudia la relación de las Áreas Naturales Protegidas y Minería.
En cambio, el Programa de Conservación y Manejo de la Reserva, publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), dedica cinco renglones a la actividad minera y de la salinera.
Para las autoridades ambientales la conclusión es simple: el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales a tiene “solo un impacto local” y “no hay evidencias de impacto en la Reserva”.
Por Susana de la Ángeles/ Lado B
La construcción del nuevo sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra, al sureste de Puebla, amenaza con causar impactos ambientales y sociales, como la privatización del agua y el despojo de tierras en los municipios indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz.
El conjunto de tres hidroeléctricas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat) se construirán en la zona montañosa de la Sierra Negra, cuyo ecosistema se compone de bosques de coníferas y mesófilos.
A lo largo de 7 kilómetros se instalarán presas en los cauces de los ríos Atzalan, Huitzilatl y Coyolapa, las cuales producirán energía eléctrica para empresas y mineras, durante los siguientes 30 años.
El proyecto tendrá una inversión de mil 327 millones de pesos y será ejecutado por las empresas Compañía Hidroeléctrica de Puebla y Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, filial del Grupo Ferrominero Mexicano (GFM) durante tres años.
Aunque las obras están previstas para el próximo año, los representantes campesinos y pobladores de 17 comunidades indígenas se han organizado para formar un frente de resistencia civil, que busca revertir el proyecto, como ocurrió en la Sierra Norte con la hidroeléctrica Puebla 1.
Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán advirtió que la construcción de las hidroeléctricas ocasionarán daños severos al ecosistema, la agricultura y la ganadería. Además de que habrá disminución de los acuíferos, la eliminación de la fauna acuática y la liberación de gases a la atmósfera.
En efecto, según el proyecto ejecutivo, en Zoquitlán se talarán más de 77 hectáreas de zona boscosa, equivalentes a la superficie de 12 estadios Azteca, además removerán la cubertura vegetal para la instalación de tuberías, harán excavaciones e instalarán torres de alta tensión para el cableado de la línea de transmisión.
Mientras que en Coyomeapan se afectarán 6.7 hectáreas de bosque de coníferas, perforarán túneles y harán excavaciones y pavimentaciones.
Según los proyectos, para 2030 las hidroeléctricas se ampliarán. En Coyolapa se extenderán 2.3 hectáreas y en Coyomeapan 10 hectáreas más, lo que implicará el desmonte de más superficie boscosa. Está previsto que estos trabajos impactarán a unos 160 mil habitantes de comunidades indígenas de la Sierra Negra.
“El presidente (de Zoquitlán) está vendido con la empresa, parece representante legal no alcalde. En una reunión (con los representantes de la empresa) llevaron una pantalla, una maqueta del proyecto y un camión de cerveza para repartirlo entre la gente”
El próximo 28 de agosto en Zoquitlán se efectuará el primer encuentro de resistencias contra los megaproyectos, el 18 de septiembre se hará un segundo encuentro en el municipio Tlacotepec de Porfirio Díaz y el 12 de octubre una caravana en defensa de la tierra.
El megaproyecto
En marzo la Semarnat autorizó los proyectos de impacto ambiental para la construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que prevé la construcción de tres hidroeléctricas en los ríos Coyolapa, Atzala y Huitzilatl, para los siguientes tres años.
En Zoquitlán se asentará el proyecto principal, la empresa Proyectos Hidroeléctricos Puebla del Grupo Ferrominero Mexicano invertirá 635 millones de pesos en una presa de 11 metros de altura sobre el cauce del río Coyolapa y en obras complementarias: tubería, casa de máquinas y una línea de transmisión.
En Tlacotepec de Porfirio Díaz se construirá una subestación eléctrica y se pavimentará el camino de acceso a la casa de máquinas. La infraestructura servirá para la operación de las hidroeléctricas en los ríos Atzala y Huitzilatl.
Pero la energía eléctrica que produzcan estos sistemas no será para dotar de electricidad a las comunidades pobres de la esa región, según el proyecto ejecutivo servirá para abastecer los hornos de la Compañía Minera Autlán en Teziutlán, proveedora de ferroaleaciones en la fabricación de acero y filial del GFM.
Afectaciones sociales
Además de los efectos ambientales, la construcción del sistema hidroeléctrico en la Sierra Negra traerá otras implicaciones sociales, como la compra-venta de terrenos a bajo precio, la privatización del agua de los ríos y los engaños para convencer a los pobladores de que acepten las obras.
En conferencia de prensa, Martín Barrios Hernández, representante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán dijo que el proyecto está condicionado a la aceptación de los pobladores, pero el alcalde de Zoquitlán, Fermín Gómez León y los representantes de la empresa intentan convencer a los pobladores por todos los medios.
“El presidente (de Zoquitlán) está vendido con la empresa, parece representante legal no alcalde. En una reunión (con los representantes de la empresa) llevaron una pantalla, una maqueta del proyecto y un camión de cerveza para repartirlo entre la gente”.
Además le ha prometido a los pobladores, que la hidroeléctrica traerá empleos y desarrollo; sin embargo, -dijo- estos beneficios no serán para los indígenas de la región.
“La empresa trae a sus propios trabajadores y es mentira que vayan a contratar a la gente de aquí para esas obras”.
En los siguientes días, los inconformes recorrerán las comunidades para informar a los habitantes sobre los daños que traerá el proyecto, además recurrirán a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI) y la Semarnat para presentar documentos de inconformidad y de ser necesario, buscarán el amparo de la justicia federal para frenar el proyecto.
Jorge Martínez
Las cifras entregadas por la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo (PGJH) muestran que de 2013 hasta el primer semestre de 2016 se han tenido registro de 61 casos.
Con tiro de gracia, incineradas en vida, asfixiadas o muertas a golpes, son encontradas un mayor número de mujeres en Hidalgo, lugar en el cual los feminicidios se han incrementado, ya que de 2013 a 2015, el número prácticamente se duplicó.
Las cifras entregadas por la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo (PGJH) muestran que de 2013 hasta el primer semestre de 2016 se han tenido registro de 61 casos.
Al desglosarlas, se muestra que mientras en 2013 se registraron como feminicidios 11 casos, en 2015 se llegó a los 20 asesinatos cometidos contra mujeres.
Estas cifras no coinciden con las consideradas por organizaciones civiles como el Seiinac (Servicios de Inclusión Integral AC) que contabilizó, a través de sus distintas áreas de estudio y análisis, citó que en 2015 se registraron 32 muertes violentas que pudieron ser calificados como feminicidios.
De acuerdo con las causas de muerte, la PGJH expuso como reiterada la asfixia con algún objeto o bien con las manos; desangrado por lesiones cometidas con armas punzocortantes; fracturas craneales a causa de golpes contra el piso o con objetos; disparos de arma de fuego.
En todos los casos prevalece el factor de violencia desmedida, al existir algunos en donde se habla de multifracturas craneales, debido a fuertes impactos.
Luego de las nueve muertes de mujeres registradas en 2013 en la región de Tula, fue tipificado en Hidalgo el delito de feminicidio, año de partida para el recuento oficial.
Sin embargo, organizaciones como Seiinac, mostraron que las muertes violentas de mujeres se han reportado en la zona del Valle del Mezquital, al igual que en Tulancingo y Tizayuca.
El lunes anterior, relata la nota roja de un medio regional de Tula, fue encontrado un cuerpo femenino sin vida, flotando sobre la presa Endhó. La fotografía muestra el dorso de la mujer desconocida que fue trasladada a Pachuca para la práctica de la necropsia legal, bajo protocolos de feminicidio.
Violeta Meléndez
El predio municipal donde se pretende construir vivienda y un centro comercial denominado Iconia no es un terreno baldío, como ha insistido el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, se trata de la última parte de una cadena de áreas verdes conectadas a la barranca de Huentitán y su vocacionamiento es de conservación ecológica, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco (POET) vigente.
Según establece el POET, el terreno tapatío en cuestión forma parte de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 209, cuya política es de protección, debido a la interacción que aún mantiene con la barranca a través de la cadena de áreas verdes de la que forma parte, pero que la urbanización ha ido mermando.
Con base en dichas características, la UGA 209 establece que dichos terrenos, donde también están abarcados los del Planetario, El Disparate y otros de la zona, prioritariamente deben estar enfocados a proyectos relacionados con la conservación de flora y fauna, mientras que los desarrollos inmobiliarios interesados en establecerse en una de estas zonas estarían condicionados a una serie de obligaciones.
De hecho, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Guadalajara reconocen que el subdistrito 2 del distrito urbano Huentitán, donde se ubica el terreno en el que se quiere construir Iconia, casi íntegramente es abarcado por la Unidad de Gestión Ambiental, de ahí que el mismo documento señale que en ese polígono predominan las áreas naturales conservadas.
Sin embargo, el alcalde Enrique Alfaro Ramírez ha dado a conocer que 5 hectáreas de las 13 con las que cuenta el terreno se entregarán a Grupo Salamanca para desarrollar un número indeterminado de torres habitacionales y puntos comerciales, a cambio de 600 millones de pesos en inversión para otros puntos de Huentitán.
“Esa zona está destinada a uso de conservación, realmente su vocación natural es que haya áreas verdes en la franja de la Barranca del río Santiago, máxime porque Guadalajara es la ciudad que menos áreas verdes tiene dentro de la zona metropolitana”, declaró a NTR Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) e investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“La sustentabilidad y los servicios que ofrecen esos predios, que no son lotes baldíos, son mucho mayores a cualquier cantidad de dinero que puedan traer a esa zona. Lo que deberíamos de preguntarnos es si todos los servicios ambientales que esta área ofrece para Guadalajara, valen menos”, añadió.
Por su parte, el alcalde e integrantes de su gabinete han repetido a los vecinos, académicos y activistas inconformes con el acuerdo que hizo con dicha empresa que los terrenos en cuestión carecen de valor ecológico y que a los detractores les falta información.
Actualmente el predio mencionado sí está en abandono, pero sus características distan de ser un simple lote, pues de acuerdo con Gutiérrez Nájera existe vegetación nativa, propia de la barranca, porque es una extensión de la misma. Además, añadió que la condición de descuido que presenta debería ser atendida con restauración ecológica, reforestar, abrirse al público en congruencia con la vocación del predio.
“Una zona de protección (como sería la barranca) debe tener un área de alrededor de 3 kilómetros para que sirva de amortiguamiento, por eso decimos que el terreno debería ser utilizado para restaurar áreas verdes, porque esa es la vocación de toda esa zona que ya está muy comprimida y lo que necesita es la generación de un área que proporcione oxígeno”, agregó la investigadora.
“Se tendría que reforestar esa propiedad de los tapatíos porque tiene bastante vegetación propia de la zona que se debe recuperar, no devastar”.
Viola ley
No obstante, Alfaro Ramírez ha señalado que el proyecto que tiene acordado con Grupo Salamanca es un hecho y las construcciones se van a hacer, a pesar de que la socialización con los vecinos fue incompleta, solamente informando que contarían con las obras por 600 millones de pesos que pagaría la desarrolladora a cambio del terreno, que actualmente es público.
“Lo que no podemos pensar es que en Huentitán no va a pasar nada, ‘es que yo no quiero que haya más casas en Huentitán’, a ver, eso no va a pasar. Huentitán también es un distrito urbano que va a tener crecimiento, pero con orden (…) nosotros nunca dijimos que no queríamos un desarrollo en ese terreno”, dijo Alfaro Ramírez el 20 de julio.
“Ese terreno es susceptible de desarrollarse, ese terreno es uno de los proyectos que nos pueden ayudar con la ruta de redensificación de la ciudad, está fuera del Área Natural Protegida, no tiene ningún tipo de afectación ambiental, pero tenemos que hacerlo con orden”.
Sin embargo, urbanizar un área susceptible de restaurarse ecológicamente para entregarse a intereses privados contraviene el artículo 9 fracción XVII de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece los criterios con los cuales se debe regir la política ambiental.
“No deberá anteponerse el beneficio particular por sobre el derecho de la sociedad a un ambiente sano y el equilibrio de los ecosistemas en su totalidad”, se lee en la legislación vigente; mientras que el artículo 10 señala que se debe planificar con base en un ordenamiento ecológico territorial, en este caso el POET, que está siendo violentado con el proyecto Iconia.
Asimismo, se violenta el artículo 25 de la Ley Estatal de Acción ante el Cambio Climático, pues la urbanización en un predio, considerado como Unidad de Gestión Ambiental, va contra las medidas de adaptación que los gobiernos están obligados a implementar en el contexto del cambio climático, establecidos en dicho artículo.
Israel Rodríguez
Regresan algunas de las compañías expropiadas en 1938
Algunas de las empresas que formaran parte de las llamadas Siete Hermanas y cuyos activos fueron expropiados en 1938, los gigantes petroleros estadunidenses Exxon Mobil y Chevron en sociedad con Hess Corp, acordaron participar juntas en la búsqueda de crudo en aguas profundas de México, reportó el jueves Bloomberg, citando a una fuente con conocimiento del tema.
Las tres firmas estadunidenses planean participar juntas en la licitación de licencias de las 10 áreas de exploración en aguas territoriales del Golfo de México que se ofrecerán en diciembre como parte de la apertura petrolera, dijo la fuente a Bloomberg.
Para esta licitación también están inscritas 26 empresas que iniciaron su proceso de precalificación; destacan: Shell, Repsol, Petrobras, Lukoil y BP, entre otras petroleras internacionales, revelan informes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Petroleras internacionales, para aumentar sus deducciones en los costos de recuperación de gastos e inversiones y eludir el pago de impuestos, recurren a la falsa facturación, ampliamente documentada en el revelador informe de Global Financial Integrity, http://mexico.gfintegrity.org/es/, en el que se concluye que: “los flujos financieros ilícitos (o la fuga ilegal de capital) procedentes de México durante el periodo comprendido entre 1970 y 2010 se elevaron a 872 mil millones de dólares.
“Estos flujos financieros ilícitos son el producto de corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales, y esfuerzos por ocultar riqueza a las autoridades fiscales”.
En la mira de British Petroleum (BP) están los proyectos de exploración y explotación de reservas no convencionales, incluso en aguas profundas, por ejemplo el bloque Trion, con reservas posibles de alrededor de 485 millones de barriles de petróleo y la posibilidad de convertirse en el primer desarrollo de aguas profundas en México, quizá la reserva más grande de hidrocarburos del país en tierra firme.
Liliana Razo
Por las constantes descargas del vertedero de Picachos y de la empresa Hasar’s, y por las afectaciones a las tierras, animales y personas, comuneros entregaron ayer un pliego petitorio en el que exigen al gobierno de Zapopan el cierre de estos lugares.
“Vamos a entregar el documento, un pliego al presidente municipal de Zapopan, básicamente le decimos que no les estamos pidiendo migajas ni favores especiales, sólo que sean congruentes con lo que han venido prometiendo su gobierno y que dejen de contaminar las cuencas de los ríos Milpillas y La Soledad del municipio de Zapopan. La demanda concreta que le hacemos al presidente municipal es que no sólo proteja la zona y que deje de tirar el lixiviado, le exigimos el cierre total y definitivo del basurero metropolitano Picachos, así como el basurero de la empresa Hasar´s, ambos ubicados en Milpillas, porque están cometiendo delitos graves de tipo ambiental. Y también planteamos el saneamiento total de la cuenca de Milpillas y el pago de los daños a los afectados, además de la acción para el mantenimiento del basurero de Copalita, y que paren las descargas residuales de fraccionamientos como el de Molinos”, aseveró el comunero, José Casillas Martínez.
“Nuestra demanda total es el cierre, porque ya no da para más, que busquen otros métodos de tratamiento de basura. Todavía ayer a las 9 horas se realizaron descargas del basurero de Hasar´s. Hay un canal de desagüe de agua de lluvia y en lugar de agua de lluvia, drena lixiviados”.
Aseguró que los más afectados son los habitantes de Milpillas, Huaxtla y San Lorenzo, pero también afecta río abajo, incluso al Santiago. Además de que “el ganado se muere, los animales domésticos mueren, los animales nativos y plantas endémicas. Están dañando una zona natural protegida. Hay árboles centenarios como el del mango barranqueño, a muchos paseantes se les permite que se bañen. Son los gases, plagas de perros salvajes del basurero y agrega las condiciones en las que trabajan los pepenadores, ya ha habido accidentes, pero se han quedado callados e incluso hay menores de edad”.
Asegura que no existe respuesta pronta, pues han puesto denuncias a nivel estatal y federal e incluso se firmó un convenio en 2009 entre comuneros, Hasar´s y gobierno, pero nunca se cumplió.
“Cuando firmamos el convenio quedaron que 24 horas al día iban a revisar que no se tiraran los lixiviados, y nada. Hemos puesto denuncias con Proepa y Profepa (procuradurías estatal y federal de medio ambiente), pero no hacen nada, no actúan. En hasar´s, a pesar de que firmamos un convenio y habíamos quedado en que podíamos entrar ahí, nos tienen cerradas las puertas y los camiones entran con lonas para no ver lo que tienen; sus represas en lluvias se han reventado”.
“Lo que se está pensando es interponer una demanda de carácter penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). La próxima semana vamos a ir al vertedero y haremos un recorrido. Ahorita vamos a entregar el documento para que haya materia de diálogo, aunque ya hubo un pliego que entregamos en 2015, nunca respondieron”.
CALKINÍ.- Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam) plantel 13, se declararon en paro de labores de 07:00 a 20:00 horas de ayer como medida de presión contra la Dirección General, al no cumplir con acuerdos ni respetar los contratos de los trabajadores.
Por tal motivo los alumnos se retiraron desde las 09:30 horas, informó José Manuel Uc, delegado del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (Sutcobacam) en Calkiní.
Agregó que hay muchas informidades de la base, pues en la Dirección General que preside Adlemi Santiago Ramírez, se toman acuerdos que afectan a los trabajadores. No sabemos porque se está actuando de esta manera.
El delegado dijo que hay compañeros que han sido despedidos, no les pagan su liquidación conforme a la ley, les ofrecen ciertas horas y luego les informan que no existen, así como el pago de incrementos, lo que afecta a los maestros y se refleja en sus familias.
Tenemos compañeras que no están basificadas aunque ya tienen muchos años de servicio, sabemos que está cerca el servicio profesional docente y no hay seguridad en el trabajo y eso nos preocupa, especialmente por la actitud de las autoridades educativas. Los años pasan y el día menos pensado solo les agradecen su labor y se lavan las manos.
Añadió que en Calkiní se necesita personal docente, un responsable de laboratorio de química, una bibliotecaria y la base de una compañera. Hay maestros comisionados en otros lugares y pertenecen a este plantel.
Esto genera problemas y la Dirección General nunca los ha atendido, por lo que nos manifestamos y pedimos la intervención del gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas pues confiamos en él porque está haciendo un trabajo excelente, ojalá lo imiten las autoridades educativas.
Por el plantón están siendo afectados 720 alumnos, por lo que pido comprensión a los padres de familia por la lucha del Cobacam en donde laboran cerca de 44 maestros y personal de apoyo e intendencia.
http://tribunacampeche.com/municipios/2016/08/20/paralizan-labores-cobacam/
Los Mochis, Sinaloa.- Una vez más, profesores que integran el Movimiento Magisterial Sinaloense marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la reforma educativa y el nacimiento de un nuevo modelo educativo, el cual califican como “más de lo mismo” y “hecho al vapor”. Después de las 18:00 horas, en el Parque Carranza, el grupo de maestros que pertenece a la CNTE (Coordinadora Nacional de los Trabajadores la Educación), con pancartas en mano y cantos, manifestaron su inconformidad contra las autoridades federales por no actuar a tiempo y abrogar la mencionada ley.
Carlos Alberto Barrera, vocero de la protesta, explicó que la manifestación es con el fin de apoyar el movimiento de maestros del sur, los bloqueos y la falta de negociación por parte de las autoridades para reinstalar a los profesores cesados y la falta de pago a muchos de ellos.
“Queremos dar a conocer la exigencia que se tiene y no solo decir que no se quiere la reforma, es decir, que queremos hacer una transformación entre todos; por ejemplo, la Coordinadora a nivel nacional ha estado haciendo foros educativos, pero la SEP no los pela”, dijo.
Asimismo, el profesor de nivel básico mencionó que a pesar de la poco afluencia de los maestros en la marcha, considera que sí existe inconformidad, pero se resisten por las supuestas amenazas. Expresó que es necesario que se debe de modificar la reforma educativa en los renglones de evaluación y laboral.
“En Sinaloa hay 47 maestros cesados, se había dicho que en las mesas de negociación en México se iba a solucionar ese problema, pero la Secretaría de Gobernación dio ciertos puntos como regresar a los cesados, levantar movilizaciones, reintegrar salarios, pero en la práctica no se ha hecho, porque vemos que en Sinaloa ya mandaron sustitutos a los cesados”.
Cabe destacar que la manifestación culminó en las calles Obregón y Zaragoza donde los profesores bloquearon la vialidad y realizaron un mitin.
http://www.debate.com.mx/losmochis/Los-maestros-no-se-dan-por-vencidos-20160820-0099.html
Rocío González Alvarado
Suman 38 los lanzamientos efectuados en mes y medio con la participación de granaderos
Desoye la Secretaría de Gobierno propuesta para hacer un albergue provisional en la calle de Haití
Postergan autoridades instalar una mesa interinstitucional para revisar cada caso
Desde hace mes y medio se desató una oleada de desalojos en distintos inmuebles del Centro Histórico, en los que sin mediar diálogo, los inquilinos y sus pertenencias son echados a la calle por supuestos dueños
, pues no acreditan la propiedad, con operativos en los que participan entre 500 y 800 granaderos.
En total suman 38 los lanzamientos efectuados en este periodo, en los que destacan ocho por el nivel de violencia con que se han realizado, como los ocurridos en Argentina 96, Emiliano Zapata 68 y Jesús María 36, donde primero ingresa un grupo de asalto, con uniformes negros y armados
, aseguró Francisco Alvarado, representante de los afectados.
Una vez que toman control del inmueble con golpes y amenazas dan acceso a los granaderos, y después vienen los cargadores que sacan las cosas, pero aprovechan para robarse las de mayor valor
, añadió.
A principios de julio, después del desalojo en Emiliano Zapata 68 los departamentos fueron desmantelados, para evitar el regreso de los inquilinos. Rompieron todo: puertas, baños, instalaciones eléctricas, hasta los calentadores
, contó Alfonsina Aguilar, quien aseguró que desde hace más de 50 años vivió con su familia en ese inmueble.
Unos días antes, en el edificio de Argentina 96 se repitió el modus operandi y tras el lanzamiento el inmueble fue tapiado en su totalidad.
El episodio más reciente se vivió ayer en el predio de Argentina 99, donde fueron desalojados cuatro familias. Me salí del cuarto porque estaban golpeando a mi hermano y cuando regresé ya no me dejaron entrar ni por mi bebé de ocho meses que había dejado adentro, me lo dejaron después en el suelo
, relató Irene Sánchez, una de las afectadas.
Sin ninguna opción para albergarse, algunos de los desalojados instalaron un campamento sobre la calle de Argentina, donde se pueden observar parte de sus pertenencias entre los puestos de los vendedores ambulantes. Guisamos en la calle y como no levantan los puestos nos quedamos a dormir ahí
, expresaron.
Francisco Alvarado señaló que le solicitaron a la Secretaría de Gobierno, tras exponerle la situación que viven, que se hiciera un albergue provisional en un cobertizo en la calle de Haití, pero hay una insensibilidad terrible
.
Indicó que se había acordado con las autoridades capitalinas instalar una mesa interinstitucional, donde participe el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que se revise cada uno de los casos y detener los desalojos, pero hasta ahora se ha hecho caso omiso. La reunión fue el 8 de agosto y de entonces a la fecha han ocurrido nueve lanzamientos con la misma tónica
, expuso.
En muchos de los inmuebles del Centro Histórico, detalló, la propiedad está desierta, lo que se ha sido aprovechado por particulares que inician demandas en juzgados en otras entidades. Ahí ganan y ordenan exhortos al Tribunal Superior y aquí, en cumplimiento, hacen los desalojos, sin tomar en cuenta a los inquilinos
, apuntó.
“Tenemos muchas familias –añadió– que legalmente tienen derechos y hay en cursos procesos de prescripción y amparos contra las acciones ilegales de los falsos propietarios. No puede ser que el gobierno se ponga de lado de esa mafia, por lo que exigimos respeto a una defensa jurídica legal.”
El Sol de San Luis
Alfredo Espinosa Estrada
Villa Juárez, San Luis Potosí.- .- Por casi una hora, unos 400 trabajadores del Invernadero Las Fincas, que se localiza en el municipio de Villa Juárez, bloquearon la tarde del viernes el paso de vehículos por la Supercarretera, a la altura del kilómetro 43 a 15, antes de la caseta de cobro en Cerritos, lo que obligó a los autovilistas a tomar la carretera estatal, vía alterna a esta carretera de cuota los manifestantes exigían el pago de salarios de parte de la empresa que les deben desde hace un mes.
Al lugar arribó el Subprocurador de Justicia en la Zona Media Lic. César Itzcóatl Torres Zúñiga, y con él varios agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), asignados a la Supercarretera, quienes platicaron con los inconformes jornaleros a quienes pudieron ver las cosas de que era incorrecto tomar esta vía de comunicación y que estaban afectando a terceras personas.
El bloqueo se realizó en el kilómetro 43 de la supercarretera número 75, precisamente donde está ubicado el invernadero citado, hasta ahí acudió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a quienes relataron que los directivos de esa empresa les pagan sólo 60 pesos diarios, pero tenían un mes sin recibir sus salarios, por lo que ante el desentendimiento de los directivos del invernadero decidieron tomar esta acción como medida de presión.
Relataron además que los alojan en condiciones inhumanas, pues no cuentan con agua caliente y deben dormir en galeras sin sanitarios, además los alimentan con sopa solamente.
Los manifestantes también fueron atendidos por el director de supervisión y control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Patricio Bravo Rivera, quien propuso una reunión con una comisión de trabajadores y representantes de la empresa, así como distintos funcionarios del gobierno del estado y CEDH, para solucionar las inconformidades.
Cabe señalar que después de una hora de bloqueo los más de 400 trabajadores se retiraron y se mantienen a la espera de la reunión entre las dependencias de Gobierno y directivos del Invernadero las Fincas a fin de ir resolviendo uno a uno los problemas que les quejan
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n4261130.htm
Martín Coronado/EL DIARIO
Debido a la depreciación del peso, el salario promedio que pagan las maquiladoras en el estado de Chihuahua calculado en dólares ha bajado cerca de 13 por ciento, según un cruce de datos oficiales.
Especialistas indicaron que aunque la industria tiene margen para aumentar los salarios, no lo ha hecho porque las leyes laborales implican que aunque el tipo de cambio retroceda ellos deben sostener el alza, y también implica costos mayores en Seguridad Social (IMSS, Infonavit y Afore), e incluso en el porcentaje que el Gobierno quita a los empleados como impuestos.
Indicaron que ante la dificultad para conseguir mano de obra, lo que las maquiladoras están haciendo, es usar ese sobrante salarial que les genera el tipo de cambio para ofrecer a los empleados más vales, bonos y otros beneficios, que no implican compromisos a futuro, pero que no abonan a la seguridad social de los trabajadores.
José Yarahuán Galindo, presidente de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (Amac-Index Juárez), explicó que el tipo de cambio sí hace rendir más el presupuesto destinado a la nómina, pues se estima en dólares y se paga en pesos.
Según datos oficiales, sólo por el efecto del tipo de cambio, el salario maquilador promedio en el estado de Chihuahua ha bajado un 13 por ciento si se convierte a dólares.
La encuesta realizada en la Industria Maquiladora de Exportación (IMMEX), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en mayo de 2015 el salario promedio mensual por trabajador en el estado de Chihuahua era de 6 mil 942 pesos, mientras que el tipo de cambio promedio de ese mes, según el Banco de México, fue de 15.2629 pesos por dólar.
Eso significa que en promedio, durante mayo del año pasado, cada trabajador recibió 454.83 dólares como salario.
En mayo de este 2016 (el último medido por el INEGI) el salario promedio maquilador en el estado subió a 7 mil 183 pesos, es decir, 241 pesos o 3.5 por ciento.
Debido a que en mayo el dólar promedió 18.1616 pesos, los 7 mil 183 pesos significaron 395 dólares. Eso significa que en el quinto mes de este año los empleados recibieron 59.32 dólares menos que un año anterior, lo que equivale a una baja de 13 por ciento.
El salario promedio diario en mayo de 2015 equivalía a 14.44 dólares diarios, pero para el mismo mes de este año había bajado a 12.56 dólares por jornada.
Si bien, el salario promedio actual es de 12.56 dólares por día, las empresas contratan obreros de primer ingreso hasta por debajo de los mil pesos semanales, según dieron a conocer encargados de reclutar.
Eso significa que los trabajadores de nuevo ingreso ganan 7.90 dólares diarios a un tipo de cambio de 18.08 reportado ayer.
Yarahuán Galindo dijo que ciertamente el dólar caro representa una ganancia a la hora de pagar los salarios.
Sin embargo, explicó que la industria no puede subirlos porque en México la ley impide volver a bajar los salarios si el dólar vuelve a bajar.
Además, agregó que la industria maquiladora trabaja por ciclos económicos, y tarde o temprano debe despedir gente y el esquema laboral de México encarece mucho las liquidaciones.
En esto coincidió Érika Donjuán Callejo, directora de Agencia Estadística y de Mercados.
Explicó que la maquiladora tiene producción cíclica, y por eso es normal que su necesidad de personal suba y baje, lo que obliga a estas empresas a contratar y despedir personas según la fase en la que se encuentre la economía.
Cuando se aumenta el salario a un empleado, dijo, se tendrá que pagar más impuestos, y se tendrá que pagar más al despedirlo, y será más costoso enfrentar una demanda, por eso es que no pueden compensar de inmediato el alza del dólar en los salarios.
Yarahuán Galindo dijo que otra de las razones es que para que las operaciones sigan en Juárez deben ser competitivas, lo que requiere, entre otros aspectos, que sea tanto o más barato que en otros países.
“Por ejemplo, en China los salarios son la mitad de lo que se paga aquí, así que en determinado momento, resulta más barato hacer ciertos procesos allá y por eso es que hay que mantener los costos”, indicó.
Yarahuán Galindo dijo que para esquivar el encarecimiento que genera el esquema laboral, se ha recurrido a mecanismos totalmente legales para subir los ingresos de los trabajadores, como vales y bonos que no son gravables, y que no generan más obligaciones y mayores pagos a las empresas.
El gasto en prestaciones por cada empleado ha crecido según la misma encuesta del Inegi. En mayo del 2015, cada empleado implicó un gasto por prestaciones sociales de mil 896 pesos, mientras que para mayo del 2016 había subido a 2 mil 147, es decir, un 16.3 por ciento.
http://diario.mx/Economia/2016-08-18_c8fa0869/salario-maquilador-en-dolares-baja-13/
La Opción de Chihuahua
Chihuahua.- Maestros integrantes de la disidencia magisterial de la sección octava, realizarán un mitin el próximo lunes 22 de agosto, exigiendo a la dirigente sindical, Rosa María Hernández, se cumple lo acordado en el congreso donde se eligió a la misma, donde se llamaría a paro indefinido por parte de la misma sección.
Lo anterior, lo dio a conocer la maestra Rocío Martínez, integrante de insurgencia magisterial y Resissste, quien señaló que durante el congreso sindical para la renovación de la dirigencia se tuvo como resolución el paro indefinido para sumarse a la movilización nacional en contra de la reforma educativa y exigir su abrogación por violar los derechos laborales de los docentes y eliminar el carácter laico, gratuito y público de la educación, situación que al momento no se ha cumplido.
El comité sindical indicó que solicitaría permiso al sindicato a nivel nacional para convocar a este paro, sin embargo en el congreso se definió ir al paro y el pleno del congreso tiene más autoridad que la dirigencia sindical, por lo que los docentes llamaron a las autoridades sindicales a cumplir con los acuerdos.
Recalcó que esta semana se tuvo una reunión para abordar las acciones en contra de la reforma educativa, donde se definió la construcción de una organización magisterial única que confluya a diferentes actores docentes de todos los niveles educativos.
http://laopcion.com.mx/noticia/148339/exigen-disidentes-a-la-seccion-octava-convocar-a-paro-el-lunes
Daniel Ángel Rubio
TIJUANA, BC. (OEM-Informex).- La llegada de migrantes al Estado, en busca de asilo en Estados Unidos ha bajado en aproximadamente 60 por ciento en las últimas semanas, mencionó el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.
“Al estar disminuyendo, esperamos que se normalice la situación. Van a seguir llegando; todos los días llegan a esta frontera, Tijuana y Mexicali. Hoy llamó la atención porque fue un número importante”, mencionó.
Particularmente en Tapachula, Chiapas, recordó, los migrantes en tránsito están siendo informados sobre el rechazo de las solicitudes de asilo.
“No les podemos, de ninguna manera, coartar ni prohibir el tránsito a nuestro Estado, pero sí podemos inhibir con información precisa”, mencionó.
La reciente oleada de migrantes extranjeros, aseguró, fue “extraordinaria” porque salieron de Brasil, donde habían trabajado en las obras con motivo de los juegos olímpicos.
“Vamos a estar, de todos modos, atentos y pendientes de si sucede eso atenderlo de igual manera”, respondió sobre la probabilidad de otra intensa llegada migrantes.
Francisco Rueda Gómez reiteró que además de los alrededor de seis mil extranjeros que llegaron desde finales de mayo, hubo connacionales y tijuanenses que quisieron aprovechar la oportunidad.
“Han estado ingresando a las instalaciones de CBP, por sus siglas en inglés, y han estado siendo rechazadas sus solicitudes. Prácticamente el 100 por ciento de las solicitudes de asilo que han estado recibiendo las autoridades norteamericanas, han sido rechazadas”, insistió Rueda Gómez.
En cuanto al padrón de autos con placas extranjeras, el secretario general de Gobierno indicó que estarán dando a conocer el avance de los registros semanalmente.
Todas las oficinas de recaudación en el Estado está realizando los registros, y el portal del Gobierno estatal también está disponible, indicó.
“Hemos visto una buena afluencia, lo cual demuestra un interés de los ciudadanos de estar en orden”, comentó.
Por: Francisco Rodríguez
Fotos: Francisco Rodríguez y Federico Jordán
Edición: Kowanin Silva
Diseño: Edgar de la Garza
Lourdes Herrera se imagina a su hijo Brandon Esteban un tanto alto, algo robusto, con ojos muy expresivos, parecido a ella. Tiene 8 años que no lo ve, al igual que a su esposo, Esteban Acosta Rodríguez, padre de Brandon. Desde aquella temprana mañana del 29 de agosto de 2009 en que se despidieron para llevar a los tíos Gualberto y Gerardo al aeropuerto, y no volvieron. Era sábado.
Desde entonces, la mochila de la escuela que Brandon dejó en el suelo sigue intacta. Con sus cuadernos de primaria adentro. Las botas aterradas que usó unos días antes cuando fue a un rancho, siguen igual de aterradas, igual de inofensivas que un niño de ocho años. Ahí siguen las cajas con canicas, con cochecitos, con monos de luchadores, los transformers, el muñeco del hombre araña, su súper héroe favorito, sus camisas de vaquero. Todo sigue en su lugar.
También están las cartas que solía escribirles a sus padres. “Mami te quiero mucho, eres la mejor mamá”, escribía en papeles que encontraba.
Hoy Brandon tiene 15 años pero Lourdes lo sigue soñando como niño, tranquilo y cariñoso. En su imagen se mantiene la de un niño ocurrente y sentimental que solía ahorrar dinero para obsequiarles algún detalle a sus padres. La imagen de un niño caballeroso, con las atenciones de un adulto. La imagen de un niño que le gustaba siempre ganar aunque fuera con trampa, terco. Que le gustaba que lo apapacharan y cargaran, como a un niño. Sobresaliente en la escuela. Persiste la imagen del niño limpio y ordenado que usaba gel de moco de gorila y que quería ser doctor para ayudar a la gente.
En Coahuila hay 295 menores de edad desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), la base de datos del gobierno federal que registra las personas no localizadas a partir de denuncias ante la autoridad ministerial. La mayoría de las personas del sistema desaparecieron a partir de 2006, en los inicios de la guerra contra el narcotráfico. En el país, según el RNPED, hay 5 mil 153 niños y adolescentes desaparecidos.
En números concretos, Coahuila es el quinto estado con la mayor cantidad de menores desaparecidos, detrás del Estado de México, Baja California, Tamaulipas y Nuevo León. Sin embargo, si se analizan los datos proporcionalmente a la cantidad de población, Coahuila ocuparía la tercera posición con 9.7 menores desaparecidos por cada 100 mil habitantes, detrás de Baja California y Tamaulipas.
En Coahuila, de los 295 menores desaparecidos, 190, el 64.4% son mujeres. Saltillo es el municipio de la entidad con el mayor número de menores desaparecidos, con 109 de los 295 que aparecen en el RNPED. Le sigue Torreón con 85, Monclova con 29 y Piedras Negras 25.
El 2009, el año de la desaparición de Brandon, otros 22 menores de edad no volvieron a casa en Coahuila según el RNPED. Aunque según la base de datos, ese año no hay registro de un menor de 8 años, la edad de Brandon. Lo anterior refleja una problemática: en México no se cuenta con una cifra exacta de niños desaparecidos y mucho menos una base de datos oficial y confiable, lo que provoca una disparidad de cifras entre instituciones de gobierno y organizaciones civiles. Mientras el RNPED documenta arriba de 5 mil casos, organismos civiles hablan de 45 mil niños desaparecidos cada año. Alerta Amber en Coahuila, por ejemplo, únicamente tiene publicadas alertas de 24 menores desaparecidos en el estado.
Menores desaparecidos en México: 5153
Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas
[Ver vabla interactiva en fuente: ver original]
El día que cambió todo
La suegra de Lourdes había entrado en coma y sus cuñados Gualberto y Gerardo viajaron a Saltillo desde Estados Unidos para verla. El día que desaparecieron, iban con rumbo al aeropuerto. Lourdes se fue al hospital. Esteban, el esposo, era Jefe de Seguridad y Custodia del penal de Saltillo. Una noche antes avisó en su trabajo que llegaría a las 12 del día.
Después de las 12 Lourdes empezó a marcarle a su celular porque no pasó al hospital antes de irse al trabajo. El celular estaba apagado. Gualberto, uno de los cuñados, viajaría a Tijuana. “El vuelo ya aterrizó y no salió Gualberto”, dijo del otro lado del auricular la cuñada.
Lourdes se comunicó a la aerolínea para ver si había registro del abordaje de su cuñado. Únicamente le dijeron que de 82 pasajeros registrados, 81 habían abordado. Eran las 5 de la tarde. Los teléfonos de sus cuñados también estaban apagados.
Lourdes acudió a lo que antes era la Fiscalía y miró asegurada una camioneta Escalade blanca, con sellos de la Fiscalía y una leyenda marcada: sábado 29 de agosto de 2009. Llegó un comandante y le dijo que la llevaría al edificio de Antisecuestros, que entonces dirigía Guillermo Olivas Jurado. La pasaron a una oficina y en el escritorio vio un tenis de su esposo y un par de tenis de su cuñado Gerardo. Lourdes pensó en un accidente de coche.
Le dijeron que a las 7:30 de la mañana, a la altura del aeropuerto de Ramos Arizpe, se activó el Código Rojo. “Unos decían que por un accidente, otros que un secuestro, otros que unos autos rodeaban un malibú color arena, nuestro coche, otros que había hombres armados”, cuenta Lourdes.
El primer auxilio fue de un policía de Ramos Arizpe que declaró que siguió a los vehículos pero no logró alcanzarlos. En la carretera encontraron el tenis de su esposo y dejaron abandonada la Escalade blanca porque se les había ponchado, la misma que había visto Lourdes en la Fiscalía. El malibú arena de la familia no estaba.
Todos los días llamaba, todos los días la misma respuesta: “No tenemos nada”.
Nadie habló, nadie se comunicó, nunca pidieron rescates, nada. Lourdes se fue de su casa cuatro meses. Pidió permiso en su trabajo como maestra de preescolar. Su suegra despertó del coma y falleció el 7 de septiembre, sin saber que sus hijos y nieto estaban desaparecidos.
–Yo quería morirme, me torturaba, quería que me llevara, no podía vivir sin mi hijo, estar sin él. Era muy cobarde. Reaccioné que tenía abandonada a mi hija a raíz de la muerte de mi suegra –platica Lourdes desde el sofá de casa de su mamá, donde se hallan retratos de una familia que está incompleta.
Ningún rastro
Desde la desaparición, no ha existido ningún rastro. Ninguna llamada sospechosa. Ni una amenaza. Nada. En el lugar donde aparentemente los desaparecieron, había cámaras urbanas pero ese día no funcionaron, al menos eso le dijeron a Lourdes.
Meses después, un 19 de diciembre del mismo 2009, se reunió con funcionarios de la entonces Fiscalía y con el entonces diputado federal y hoy gobernador del estado, Rubén Moreira. “Recuerdo esa vez porque él (Rubén Moreira) reconoció que estaba muy peligroso y nos dijo que por eso sus hijos no estaban en el estado”, dice Lourdes.
Humberto Moreira la recibió hasta 2010, junto a otras familias que forman parte de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec). Les asignó “padrinos” para cada caso, la misma táctica de dispersión que usó con los deudos de Pasta de Conchos.
Lourdes veía como normal el trabajo de su esposo de 34 años entonces, hasta después dimensionó la magnitud y el peligro del mismo. El 17 de julio cumplieron 18 años de casados.
Como familia les gustaba de ir al cine, al parque, andar en las bicicletas, jugar al futbol; eran aficionados al América. Les gustaba ver televisión en familia, cantar canciones de José José y ver las caricaturas de súper héroes con palomitas.
Con los años, si la hermana de Brandon se compraba algo, le compraba también a hermanito. Siguió comprando las películas de súper héroes. Eran tan unidos que solían salir de la mano agarrados de la mano.
Esa navidad, Brandon y su hermana iban a descubrir quién era Santa Clós. “Eso me duele mucho. Le dejaban una carta, le dejaban galletas y leche y santa clos les dejaba un mensaje que eran niños muy buenos”, lamenta Lourdes. También iba a entrar a la iglesia a servir como acólito. Iba a ingresar a un equipo de futbol. Tenía 8 años.
Era cerillito, no volvió a casa
Una semana antes de desaparecer, Cosme Humberto Alarcón Balderas fue con su mamá y dos hermanos menores al centro comercial de Torreón. Fueron al cine, a comer, al teatro, a divertirse como niños.
Les habían dado boletos para el cine por el día del niño. Cosme tenía 16 años, uno de 12 desaparecidos en Coahuila con esa edad, según la base de datos del RNPED.
Marcela, la madre, carga con el retrato de su hijo, el mismo que lleva a marchas, plantones y protestas. Es una fotografía que le tomó aquel fin de semana en que se divirtieron hasta que la mandíbula les dolió de tanta risa. Cosme posa con los dos pulgares levantados. La camisa blanca que trae puesta Cosme, es de lo poco que aún guarda Marcela. “Ver sus cosas me dolía y no me hacía ir para adelante, a buscarlo”, cuenta la mamá.
Cosme estudiaba la prepa técnica en máquinas y herramientas y trabajaba como cerillito en un City Club al oriente de la ciudad. Ya contaba con un currículum de cuatro años como cerillito y el dinero que ganaba era para la escuela, el lonche y lo que sobraba para ayudar a su mamá, que trabajaba en una panadería de Soriana.
El 5 de mayo de 2011, Cosme llegó a trabajar pese que ese día no tuvo clases. A las 5:30 de la tarde, Marcela registró que su hijo se conectó al Facebook y a las 6:30 le llamó pero no contestó. “Quizá se le terminó la batería del celular”, pensó Marcela. Cosme solía escuchar a los Temerarios o a Apache en el celular, otras veces música cristiana y por eso la pila del móvil se terminaba fácilmente.
–Quedamos de vernos a las 8 de la noche en Soriana oriente, donde trabajaba otro hijo de cerillito pero no llegó. Ya me empezaba a sentir desesperada. El teléfono no daba línea –relata la mamá.
Pensó que quizá se había regresado a casa a ver la lucha libre americana pero ese día no había transmisión. Marcela y su otro hijo llegaron a la casa y no estaba Cosme. Desesperada, llamó a una patrulla y salió a buscarlo. “Se tiene que esperar 72 horas”, le dijo el oficial. “Búsquelo, les doy algo, les pago, ayúdeme”, les rogaba Marcela, quien tiembla de coraje y frustración al contarlo, como si viviera otra vez esos momentos de desesperación. “Vaya primero a hospitales, semefos”, respondieron los policías.
Pusieron una denuncia en el Ministerio Público, donde le dijeron que se había ido por voluntad propia. Así nomás, la autoridad se excusó de buscar al menor de 16 años.
Ese año, 2011, desaparecieron 44 menores de edad en Coahuila, según el RNPED; 15 fueron en Torreón. En general, es el año de más desapariciones en la entidad, 273 personas de todas las edades que no han vuelto a casa.
[Aquí mapa interactivo: ver original]
295 menores de edad hay desaparecidos en Coahuila, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
Sentimiento de culpa
Marcela se imagina a Cosme, a punto de cumplir 21 años, muy alto, con una gran sonrisa; siempre respetuoso y acomedido. Le gustaba cantar, jugar futbol y salir de paseo.
Pero de su paradero no hay rastro. Lo más cercano a una pista es que el 9 de julio de 2013, en su Facebook, apareció una fotografía de una calavera con una pistola. El único movimiento en la página en 5 años.
–Es como si se lo hubiera tragado la tierra. No creo que no puedan encontrarlo, que nadie lo haya visto. Él estaría conmigo si me hubieran ayudado. Estoy muy cansada de ver que no trabajan, no sé como esté, si come o duerme o lo maltratan. Te desgasta estar con la angustia, de pensar en que cometí un error. Me siento culpable por momentos.
Un día le habló un Ministerio Público que tenía unas fotografías de un joven muerto con las características de su hijo. Marcela habló con la gente de Fundec y le recomendaron ir acompañada. “Mejor después la veo”, le dio la vuelta el ministerial. Y no lo volvió a ver.
En otra ocasión, un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) le echó que ya no buscara. “Ya no hay investigación, su hijo está muerto”, le soltó. “Pues lo mataría usted para poderme decir eso”, le respondió Marcela enojada.
De los 295 menores de edad desaparecidos en la base de datos del RNPED, 174 tenían entre 15 y 17 años (59%), la edad de Cosme.
–Él no puede vivir sin mí, ya se hubiera comunicado. Le gustaba salir conmigo a solas. Me platicaba, me tomaba como su amiga, no me ocultaba nada. Si le pasaba algo me decía.
El 15 de octubre Cosme cumplirá años. Su mamá perdió el empleo por andar pidiendo permiso para buscar a su hijo, y desde entonces no tiene empleo fijo. Su matrimonio se vino abajo. Los hermanos menores sufren de los nervios. Les da miedo salir, miran camionetas, patrullas y sienten temor.
Marcela siente miedo porque a veces sueña a su hijo que le dice que ya no llore, que mejor atienda a los ‘mocosos’, como le decía a sus hermanos. Otras veces lo ve que tiene hambre. Esa noche que no volvió a casa, su mamá le había preparado una carne que le gustaba.
Una semana antes de desaparecer, cuando fueron al centro comercial, Cosme, como niño, se metió a una burbuja inflable y caminó sobre agua. Cuando salió le dijo a su mamá: “Te imaginas meterme en una bola de esas e irme en el mar y flotar y que no me pase nada”.
20/08/16. Bloquean supercarretera Trabajadores de invernadero de Villa Juárez exigen pago de su salario, SLP
El Mexicano
29/05/16. Invernaderos del Altiplano atraen miles de jornaleros de los pueblos más pobres del país
El Sol de San Luis
19/08/16. Por falta de dinero, Gobierno de Oaxaca no ha concluido repatriación de migrantes muertos en EEUU
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17/08/16. Oaxaca, primer lugar en repatriación de migrantes
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14/08/16. La “cacería” del INM a María de Jesús y sus pequeñas hijas en Oaxaca
En el Camino
Jaime Guerrero, Oaxaca.
OAXACA, (#página3.mx).- La LXII Legislatura demandó al gobernador Gabino Cué Monteagudo, al secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas y al Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), ordenen la terminación de trámites pendientes para la repatriación de cadáveres de migrantes oaxaqueños en Estados Unidos.
En lo que va del año, aproximadamente 65 migrantes oaxaqueños han perdido la vida, algunos en su intento de cruzar la frontera y otros más ya establecidos en el país vecino del norte, de los cuales el 80 por ciento son oriundos de la región Mixteca.
Frente a ese escenario, la presidenta de la Comisión de Migración del Congreso del Estado, Rosalía Palma López, urgió al Gobierno del Estado atender la problemática porque a la fecha hacen caso omiso a las peticiones de apoyo.
Palma López recordó que el pasado 24 de septiembre del 2015 fue aprobada la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de Migrantes y sus Familias para el estado de Oaxaca.
Dentro de su capítulo segundo denominado, “De la asistencia social y repatriación de cadáveres”, señala que el IOAM y demás autoridades tienen que brindar apoyo en la medida de las disposiciones presupuestales, a los oaxaqueños y oaxaqueñas localizados temporal o definitivamente en el extranjero que requieran apoyo para ser trasladados a su localidad de origen en el estado, en caso de deportación, enfermedades graves o catástrofes naturales”.
Así también como cuando un oaxaqueño u oaxaqueña fallezca en el extranjero, el IOAM con las autoridades estatales y municipales, conforme al ámbito de su competencia deberán brindar todas las facilidades para el trámite de la documentación oficial que les sea requerida.
En caso de enfermedades graves los migrantes y sus familias carezcan de recursos económicos suficientes para su tratamiento en el lugar en que se encuentren serán canalizados a las instituciones de salud para su atención.
Además, de que la ley establece que es obligación y facultad del Poder Ejecutivo coordinar las políticas públicas y sociales entre las dependencias a su cargo.
Sin embargo, no se cumplen con los preceptos legales, como es el caso de repatriación de 8 cadáveres de oaxaqueños fallecidos en los Estados Unidos, debido a la demora en la liberación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca.
Refirió que en la década pasada, la globalización ha incrementado el número de personas con deseos y capacidad para trasladarse a otros lugares. Ese fenómeno de movilidad ha instaurado, para las familias oaxaqueñas, nuevas oportunidades y grandes adversidades.
Mario Vega, Morelos.
Ayala.-Campesinos de los ejidos de Anenecuilco, Ahuehueyo, Moyotepec, Tenextepango y Abelardo L. Rodríguez del municipio de Ayala se presentaron este jueves junto con un actuario federal en las inmediaciones donde se llevan a cabo las obras de construcción del acueducto que pretende llevar agua a la termoeléctrica de Huexca.
El objetivo fue verificar el presunto desacato en el que incurre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al haber reiniciado los trabajos aún y cuando existe una suspensión provisional dictada por un juzgado federal, señaló José Felipe Franco Neri, abogado de dichos núcleos ejidales.
“Como saben, nosotros promovimos unos amparos hace unos años y tristemente nos damos cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad empezó a desacatar los amparos por lo tanto el juzgado federal nos envió junto con el actuario federal, para dar fe de que están trabajando y están violentando la suspensión que se nos fue otorgada a través de los juzgados federales”, señaló.
A pesar de que los elementos del Mando Único que se encuentran resguardando los trabajos intentaron impedir que los ejidatarios ingresaran a la zona para realizar la verificación, finalmente tuvieron que permitirles la entrada al mostrar la orden del juzgado federal que ordenaba tal diligencia.
De esta manera se pudo recorrer la calle Niño Artillero, donde las máquinas y trabajadores avanzan a toda prisa con la colocación de la tubería. También se recorrieron las inmediaciones de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla, donde será conectado el acueducto.
El abogado de los ejidatarios, denunció presuntos actos de intimidación por parte de las autoridades: “el día martes la Policía se me cerró y me quiso bajar de mi vehículo, ni siquiera me dieron una explicación, nada más me jalaron las manijas, tenía los seguros automáticos no pudieron bajarme, me estaban apuntando y me querían bajar no me dijeron por qué, ninguna palabra nada más se bajaron armados y me querían bajar del vehículo, ahí tengo los videos. La semana próxima daré una conferencia de prensa precisamente con esa situación”, apuntó.
Asegura que ese fue un intento porque esta diligencia no se llevará a cabo, “lo que pasa que ellos ya sabían que se iba a llevar a cabo, a nosotros nos notificaron el lunes que se iban a llevar a cabo estas inspecciones, yo supongo que él quería que no se realizara por ningún motivo, la falta de abogado iba a ser que no hubiera inspección, yo creo que por esa situación que la Policía actúo de esa forma”, aseguró.
Ciudad de México, 19/08/2016.- El día de ayer representantes de los jornaleros de San Quintín Baja California junto con una decena de activistas, realizaron un Boicot a la empresa Driscoll principal exportadora a nivel mundial de Berries, la actividad se llevo a cabo en el Superama de Coyoacán dónde se le explico a los clientes de este supermercado perteneciente a la cadena Wal Mart la realidad detrás de las fresas y frambuesas de la compañía Driscoll.
Marcos Santiago
TOCUILA, Méx. 19 de agosto 2016.- Golpeadores al servicio de la empresa Lince Cipsa Vise agredieron con piedras a un grupo de reporteros que se encontraban en el ejido de Tocuila, cubriendo la información sobre el desalojo que realizaron en contra de campesinos que se oponen a la construcción de una autopista privada que comunicara al nuevo aeropuerto que se construye en el ex lago de Texcoco.
Además, los jóvenes golpeadores contratados por esa empresa mantienen retenidos a los periodistas y nos los dejan moverse para cubrir la noticia de la represión del gobierno federal contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) que se encontraban en su campamento en el ejido de Tocuila.
Desde la mañana, hay tensión en ese predio que limita con la zona donde se realiza las obras del aeropuerto y durante un primer enfrentamiento entre ejidatarios y campesinos, hubo lesionados, principalmente al recibir pedradas en las piernas. Además, de causar daños al parabrisas de un vehículo.
Los campesinos lograron replegar a los golpeadores hacía la autopista Peñón-Texcoco, pero la gente contratada por la empresa Lince Cipsa Vice está con la consigna de provocar un mayor conflicto.
La agresión en contra de un grupo de reporteros inició cuando los golpeadores impidieron el paso del reportero gráfico de la Jornada, Alfredo Domínguez, quien además fue expulsado del lugar.
Los periodistas, en su afán de defender a su compañero, se agarraron a pedadras contra los golpeadores que por ser mayoría, replegaron a los reporteros y los mantienen retenidos en una zona, sin dejarlos mover.
Marcos Santiago
Texcoco, Méx. Apoyados por un grupo de presuntos golpeadores, personal de la empresas Lince y Cypsa Vise, que pretenden construir la autopista Pirámides-Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), desmantelaron parte del plantón en los ejidos de Tocuila, que mantienen desde abril integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Texcoco y Atenco, para reanudar la obras de edificación de la carretera.
El grupo de unos 80 golpeadores, en su mayoría jóvenes quienes portaban palos y tubos y a quienes abiertamente se les repartió cerveza y solventes, se encararon con el grupo de ejidatarios y tiraron las lonas del plantón, intentado desalojarlos.
Así protegieron la entrada de la maquinaria de las empresas que esta tarde reanudó los trabajos de edificación de la autopista y que se mantenían detenidos por el campamento de los ejidatarios. Dos trascabos y decenas de camiones de volteo, depositaron el cascajo para la cimentación de la vía.
En la acción también participó el presidente del comisariado ejidal de Tocuila, Humberto Lizalde, quien se dedicó a coordinar la acción de desalojo. Los campesinos del FPDT no respondieron a la agresión y se limitaron a observar el trabajo de las máquinas.
Denunciaron que esta agresión forma parte de la estrategia del gobierno federal para terminar con su oposición al proyecto del NAICM; además de que viola el amparo número 349-2016-II que les otorgó el juez noveno de distrito, Jorge Cristóbal Arrendondo Gallegos, el pasado 12 de abril para que no sean privados de la posesión de sus tierras y se utilicen para la autopista que forma parte de la infraestructura aeroportuaria.
Los campesinos sostuvieron que volverán a colocar las lonas y su campamento para continuar con su oposición a la autopista e hicieron responsable al gobierno federal de un posible enfrentamiento con el grupo golpeador contratado por las empresas.
La autopista Pirámides-Texcoco prevé conectar las autopistas México-Piramides y Peñón Texcoco además del corredor México-Tuxpan con el NAICM.
El gobierno federal comenzó la construcción de la autopista desde hace casi dos años y en septiembre del 2015 abrió a la circulación el primer tramo de cuatro kilómetros que une Acolman y Tezoyuca para lo cual utilizó la expropiación de terrenos y derribó varias viviendas.
Sin embargo, aún faltan por edificarse casi 13 kilómetros más, los cuales se prevé atraviesen los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, la Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcomac, y Nexquipayac.
18/08/2016. Encabeza León feminicidios en Guanajuato
Reforma
20/06/2016. Piden alerta de género en Guanajuato
am
03/02/2016. Aumentan los feminicidios en Guanajuato
Zona Franca
28/11/2015. Suman 79 Feminicidios en Guanajuato
Kuali
20/09/2015. Marchan en Guanajuato exigiendo poner fin a violencia contra las mujeres
Zona Franca
19/07/2015. Mujeres en Guanajuato marchan en contra de la violencia de género
AM
13/07/2015. Registra 2015 alza en violencia de género en Guanajuato: 45 asesinatos de mujeres en lo que va del año
Zona Franca
10/07/2015. Guanajuato: tres feminicidios en 48 horas; suman 40 este año
La Jornada
18/04/2015. Matan a 23 mujeres en lo que va del año
AM
Mario Vega, Morelos.
Ayala.- Habitantes de la comunidad de San Pedro Apatlaco del municipio de Ayala, de la zona donde se llevan a cabo las obras de construcción del acueducto de la termoeléctrica de Huexca, temen ser agredidos durante los trabajos debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno del Estado han empezado a etiquetar a los vecinos de las calles Niño Artillero y Niño Perdido, para poderles autorizar el paso a sus viviendas e impedirles el acceso a quienes no porten los gafetes oficiales.
Los inconformes denunciaron que los funcionarios de gobierno y de la CFE a cargo de la obra, les han anunciado que pretenden sitiar la zona con fuerza pública, por lo que los vecinos del callejón Niño Artillero y algunos de la Huerta están preocupados debido a que los gafetes no se los están otorgando a todos, “a mi tía que no lo quiso recibir, las señoras vulgares le dijeron que era su problema si se la chin… que se la chin…”.
Dijeron que los gafetes “los están entregando las señoras Gloria Buendía y Matilde Chavelas, empleadas de CFE, y que su jefe es el doctor Ramón González Ortiz. Sólo se los están dando a algunos vecinos que para que puedan entrar a sus casas. Hacemos responsables a CFE, al gobierno del Estado, al gobierno municipal y al federal si nos pasa algo a los que sí vivimos aquí”, dijo la señora Hortencia Martínez.
Agregó que ante la agresividad que han mostrado las autoridades con la utilización de elementos antimotines para resguardar los trabajos del acueducto, en cualquier momento podría estallar la violencia en ese lugar, “el secretario de Gobernación dijo ayer que con la ley en la mano, y con esa misma ley los hacemos responsables, ya que constitucionalmente no pueden dañarnos nuestra persona ni nuestros bienes”, indicó.
Por Martín Hernández Alcántara
Desde las 8:00 horas hasta el mediodía de este miércoles media centena de trabajadores de empresas subcontratadas por Audi en San Lorenzo Almecatla, mantuvieron cerrados los accesos a la planta armadora en San José Chiapa.
Según representantes de los afectados, la marca germana les adeuda 70 millones de pesos, por concepto de salarios no pagados en un periodo aproximado de un año.
Hasta el cierre de esta edición ningún directivo del gobierno estatal o de la compañía teutona se ha acercado a los quejosos.
Antes otra propuesta en Audi
Esta es el segundo bloqueo a la planta de Audi, el pasado 13 de julio, empleados protestaron durante ocho horas reclamando el pago del 50 por ciento de la deuda que tenía la armadora de automóviles con las empresas constructoras, a las que dejó de pagar desde mayo del año pasado.
El pago debió ser efectuado antes del 25 de julio, previo acuerdo notarial y peritaje del Colegio de Ingenieros, pues la empresa no reconocía el adeudo global de 21 millones de pesos; de lo contrario los constructores amagaron con regresar a la movilización.
En esa ocasión fueron trabajadores de las proveedoras Aldesa, Rubau y Topisa quienes mantuvieron tomada la planta automotriz Audi, en San José Chiapa, debido al incumplimiento de pago a las empresas.
Decenas de empleados se apostaron con vehículos para bloquear el acceso al área de construcción así como en la zona de Aduana de la armadora alemana, que iniciará operaciones en un mes.
