Por segunda vez, se manifiesta familia Benton en el Congreso de BCS por supuesto despojo

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Por segunda vez, más de 20 personas de la familia Benton se manifestaron en el Congreso del Estado, para exigir que no se les despoje del predio ubicado en la carretera a Pichilingue en La Paz, del cual señalan que es de su propiedad y no de la inmobiliaria

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por segunda vez, más de 20 personas de la familia Benton se dieron cita y se manifestaron en el Congreso del Estado, para exigir que no se les despoje del predio ubicado en la carretera a Pichilingue en La Paz, del cual señalan que es de su propiedad y no de la Inmobiliaria Turística Salvatierra.

Mario Benton Fiol, integrante de la familia, expresó que no se ha tenido avances en el tema, pues están solicitando tener acceso al expediente del caso, pero no se los quieren prestar, y ante esto, se han amparado ya 3 veces para revisarlo, aunque siguen negándoselo, dijo.

“Pues avances en sí no hemos tenido ninguno, estamos igual con el juicio agrario; lo que pasa es que el expediente no nos lo quieren prestar, ya metimos 3 amparos, a nombre de mi mamá, de mi hermano y mío, y nos salen que no está, que lo tiene el Procurador, que está en revisión, que está extraviado, nos niegan el expediente, tenemos las solicitudes donde lo hemos estado promoviendo y nada más no, aquí de lo que se trata es de qué pasó con el expediente”.

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En los carteles que presentaron durante la sesión del Congreso de este martes, se podía leer frases como “Procurador, la justicia no se vende. Sí a los derechos de la familia Benton”, “Con la ley torcida, desarrolladora y Gobierno despojan a familia Benton del rancho Esthela”, “Señor Gobernador, sus funcionarios le mienten en el caso de la familia Benton”, “Mienten el Secretario General de Gobierno en caso del rancho Esthela”, “¿Dónde está el expediente LPZ/589/AMP-4/2014?”, “Erasmo Palemón Alamilla, no tuerzas la ley, los sudcalifornianos no somos tontos”, entre otros.

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Sobre las declaraciones que emitió el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, en donde dice que el caso ya está resuelto y que el terreno pertenece a la inmobiliaria, Benton Fiol aseguró que éste miente, pues no existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde acredite a la empresa como dueña de la totalidad del predio, sino que fue sólo de 2 hectáreas.

“Claro que miente, porque él dice que el terreno nos lo ganaron con un juicio, que hay una sentencia de la Suprema Corte y no lo hay, hay una sentencia de la Suprema Corte, pero de las 2 hectáreas porque se metió un amparo y ese se negó, pero no la totalidad del predio; entonces, ellos están tratando de engañar a la gente diciendo que con una sentencia se perdió todo y no es así”.

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El manifestante señaló que, quizá, ni siquiera el gobernador, Carlos Mendoza Davis, debe estar enterado de las acciones de sus funcionarios en el tema. “No tanto del Gobierno, sino de los funcionarios del Gobierno, llámese Secretario, Procurador, que son los que tienen metidas las manos, yo creo que ni el Gobernador sabe que están haciendo mal uso del cargo que les dio”.

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Finalmente, Benton Fiol comentó que no sólo es el predio lo que se está perdiendo, sino la tranquilidad, el trabajo, el ingreso familiar, en donde alrededor de 30 personas de la familia se ha visto afectada por la situación.

“Todo, porque se pierde hasta la tranquilidad, trabajo, pierdes todo, desestabiliza a toda la familia; de familia, entre hijos y nietos, somos unos 30 más o menos […] Sí hemos tenido pérdidas económicas, mi hermano tiene un taller que arregla lanchas, pero está adentro y ya sus clientes se fueron, y eso deja de darle mantenimiento al rancho; y pues, los animales se están saliendo a la carretera porque ya no hay que darles de tragar”.

El pasado 14 de julio, tras un litigio de 10 años, en el que se agotaron las instancias desde la civil hasta la SCJN, se llevó a cabo la restitución de derechos de la extensión de tierra en la zona de Pichilingue; la SCJN resolvió a favor, como única propietaria del terreno, a la Inmobiliaria Turística Salvatierra.

Después de desahogar pruebas en las diferentes instancias de justicia “y ante el desacato de la autoridad por parte de Carlos Benton Cota, quien se denominaba propietario de 202 hectáreas de dicho predio, la inmobiliaria solicitó un recurso de restitución del predio a la Procuraduría General de Justicia de Estado”.

La inmobiliaria cerró el acceso a los familiares, quedando afuera hijos y otras personas; y dentro, otros 9 más, quienes, al no poder entrar ni salir, se están quedando sin alimento para ellos y para el ganado, además de medicamentos que requieren.

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