Los centroamericanos intentan cruzar la frontera ante la falta de respuesta de López Obrador al pedido de que se les deje transitar hacia Estados Unidos
Agentes mexicanos impiden la entrada de migrantes en la frontera, entre Guatemala y México. En video, agentes migratorios detienen migrantes en las carreteras de Tabasco (México). FOTO: REUTERS (JOSÉ CABEZAS) I VIDEO: AFP)
Pablo Ferri/ EL PAÍS
Cientos de migrantes han tratado de cruzar a México este lunes por el río Suchiate, en Chiapas, en una acción desesperada por continuar su camino al norte. A la vez, cientos de elementos de la Guardia Nacional mexicana se han desplegado por la orilla del río, conformando un muro humano, evitando el paso de los migrantes. En los caminos cercanos al río, migrantes y militares han chocado, incluso se han tirado piedras. Pasado el mediodía, los migrantes recuperaban fuerzas en el río, poco caudaloso en esta época del año. Enfrente tienen un dilema: se dan la vuelta o pasan a México por el puesto fronterizo. Si eligen la segunda opción, saben que la deportación es más que probable.
El cruce por el río ilustra la frustración de los migrantes. Más de 2.000 llegaron a esta frontera el sábado, como parte de la última caravana centroamericana, la primera que se organiza este año. La caravana salió el miércoles pasado de San Pedro Sula, en Honduras. Unos eligieron una ruta algo más al norte, por El Ceibo, que conduce al Estado de Tabasco. Otros tomaron el camino habitual, que les llevó a Tecún Umán y al Suchiate, límite natural entre Guatemala y México. Cuando llegaron al río, la intención era seguir subiendo, llegar a Estados Unidos, pero la frontera les ha recibido con ambigüedad.
México ha desactivado la última caravana migrante a base de cansancio. Su burocracia la ha fagocitado. De los dos grandes grupos de ciudadanos hondureños que llegaron a la frontera, uno, el de El Ceibo, ya no existe. Eran más de 1.000 y la mayoría aceptó la oferta del Gobierno mexicano, una oferta sin condiciones claras, que ha acabado por ser una deportación encubierta. El otro, el de Tecún Umán, ha aguantado a duras penas. Muchos eligieron pasar por el puesto fronterizo. Otros se han decantado por el río.
La frontera sur de México ha cambiado mucho en pocos años. La imagen de enormes masas de gente esperando ante fronteras cerradas se ha mudado varios miles de kilómetros al sur, al embudo que separa México de Centroamérica. En los últimos seis meses, Estados Unidos ha firmado acuerdos con sus vecinos que, en la práctica, aleja el flujo migratorio de sus puertas. Lo detiene, lo retrasa, lo desespera. Más allá del tándem que han formado el Instituto Nacional de Migración, INM y la Guardia Nacional en el sur, México ha desarrollado una estrategia basada en el silencio y los hechos consumados. La consecuencia es obvia para los migrantes: cuando uno está cansado y le dicen que ya va a pasar, se alegra y se llena de ansiedad. Cuando le dicen que se suba a un autobús, se sube.
Desde el sábado corría el rumor en El Ceibo de que los permisos de entrada que estaba dando el Gobierno mexicano no eran más que deportaciones disfrazadas. A última hora de la tarde, cientos de hombres todavía esperaban su turno para pasar. Las mujeres y los niños ya habían cruzado. Algunos murmuraban, “¿no nos irán a deportar?” Pero nada hacía pensar eso. Cuando los portavoces oficiosos de la caravana iban y volvían del portón de la garita fronteriza, la información era otra: les iban a dar trabajo. De hecho mencionaban una cifra, 4.000 empleos, que el mismo presidente de México había mencionado un día antes. Así lo había dicho Andrés Manuel López Obrador, había 4.000 empleos para los migrantes en México. “Todo el mundo merece una oportunidad”, decía Wilfredo Murillo, de 31 años, oriundo de Comayagua, Honduras. Mientras lo decía, Murillo parecía esforzarse en creerlo.
Por la mañana, la señora María Elena Cárcamo, 53 años, vecina de Tegucigalpa, la capital de Honduras, decía: “Voy para Monterrey porque tengo familia allí, pero ahora escucho que nos van a dar trabajo en Tabasco”. La señora Cárcamo cruzaría la frontera horas más tarde. Subiría a uno de los autobuses blancos del Instituto Nacional de Migración mexicano, rumbo a Villahermosa, la capital de Tabasco. La señora Cárcamo desconocía qué sería de ella, pero no pensaba que la fueran a deportar. No tiene teléfono ni manera de comunicarse con nadie. Quizá por Facebook, si en una de esas consigue conectarse a internet. Es probable que nunca llegue a Monterrey.
El domingo por la tarde, el Instituto Nacional de Migración, INM, difundió un comunicado en que desvelaba finalmente sus cartas. El texto decía que entre el sábado y el domingo había “recibido” a 1.087 personas. Y que “en la mayoría de los casos (…) se procederá al retorno asistido a sus países”. Esto es, a deportarlos. El comunicado seguía: “A quienes se internaron ayer por los puertos fronterizos de El Ceibo en Tabasco y Ciudad Hidalgo (Tecún Umán) en Chiapas, se les dio información acerca de los programas gubernamentales “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” que se aplican en esta región, incluidos en sus países de origen”.
Es decir que sí se les ofrecía trabajo, pero en sus países de origen, de donde huían por la falta misma de trabajo, por los puestos de empleo mal remunerados, de condiciones abusivas, por la violencia y la extorsión.
El drama de esta epopeya moderna es que el objetivo no es volver a casa, es tratar de no volver. Y muchas veces, los migrantes vuelven. Les devuelven. Lo peor es que ahora todo parece un engaño porque México ocultó sus intenciones. De haberlas sabido, muchos habrían optado por cruzar la montaña por su cuenta. O el río, en el caso del cruce de Tecún Umán a Ciudad Hidalgo.
De los pocos que lo hicieron desde El Ceibo, muchos han acabado igualmente en manos del INM. Este domingo, media docena de camionetas del instituto recorría la carretera entre El Ceibo y Tenosique, la primera población más o menos grande que aparece de este lado de la frontera. Es una carretera de 55 kilómetros y los migrantes entraban y salían de la pista al ritmo del paso vehicular. Cuando veían una camioneta, echaban a correr para evitar a los agentes.
Parecía una versión caricaturesca del juego del gato y el ratón, una distorsión macabra. Las camionetas marchaban con la puerta abierta, los agentes veían a los migrantes, que dejaban el asfalto corriendo, las camionetas se paraban, ocupando toda la carretera. Los agentes salían a perseguirlos… Después del mediodía ya no se veía a nadie.
La imagen contrasta con la del puente de Tecún Umán este lunes. A diferencia de la respuesta de la Guardia Nacional en el Suchiate, los agentes de migración no querían ser vistos. Evitaban las cámaras de los reporteros y tomaban de nuevo carretera, en busca de otro grupo de migrantes. De alguna manera ambas imágenes condensan la ambigüedad del mensaje del Gobierno mexicano a la última caravana: hazme caso y lo más probable es que te deporte. No me hagas caso y lo más seguro es que te deporte también.
Huajuapan de León, Oax.- Integrantes del colectivo Ñuu Savi, pidieron al Gobierno Federal la cancelación de una concesión minera para la extracción de silicio en comunidades de la Mixteca oaxaqueña y poblana, al señalar pone en riesgo el medio ambiente.
A través de una asamblea informativa realizada en Santiago Chazumba, señalaron que derivado de las acciones realizadas por una empresa de Alemania en comunidades de ambas entidades, se ha iniciado con la destrucción del medio ambiente y generado afectaciones a los habitantes en la zona.
“La concesión minera se otorgó a una empresa alemana que se llama SUMEX, la cual quiere explotar aproximadamente mil 500 hectáreas durante 50 años por la extracción de silicio”, comentaron.
Por ello, exigen la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para cancelar las concesiones otorgadas durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa
“Podemos darnos cuenta que existe una agenda para la extracción de minerales en la Mixteca oaxaqueña y poblana que de alguna forma es preocupante porque estos proyectos traen contaminación a ríos y tierra”, explicaron.
Manifestaron que las acciones realizadas por empresas instaladas en Tehuacán, Puebla, han generado problemas en el medio ambiente, así también provocado daños irreversibles en las comunidades.
Ante esta situación, señalaron que seguirán realizando acciones para conformar un frente de autoridades municipales para exigir al Gobierno Federal ponga un alto a las acciones cometidas en contra de las comunidades indígenas de la Mixteca. Para tal fin realizarán otra asamblea de organización el próximo 1 de febrero en Santiago Chazumba, para impedir la instalación de mineras en Oaxaca y Puebla.
En una región en donde los pequeños agricultores dependen de la lluvia para mantener sus cultivos, Carlos Lozano de la Torre cuenta con concesiones de agua que le permiten manejar sus propios pozos
Redacción/Infobae
21 enero 2020
En una región en donde los pequeños agricultores dependen de la lluvia para mantener sus cultivos, Carlos Lozano de la Torre —gobernador de Aguascalientes entre 2010 y 2016— no tiene problemas para regar sus tierras: él cuenta con concesiones de agua que le permiten manejar sus propios pozos. Por esa agua que utiliza en sus ranchos, en la cría de ganado y en sus plantaciones de olivo no desembolsa un peso. Como él hay varios políticos en todo el país que tienen concesiones de agua, así lo documenta en una investigación “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”.
A pie de la carretera 68 y a escasos 500 metros del rancho La Campana se encuentra San Antonio de Montoya, pequeño asentamiento en donde no hay tubería que lo dote de agua potable. Cada mes, una pipa del ayuntamiento surte cinco mil litros de agua a cada una de las 13 casas —de las cuales solo tres o cuatro están habitadas en forma permanente— por 91 pesos. La gente la almacena en tinacos o, si tiene, en aljibes, y la reparte entre su consumo, la limpieza, un par de cerdos, vacas y perros.
Hermelinda Castro vive ahí desde hace 20 años con su esposo Heriberto García. Su casa y la de su suegra son de adobe, les faltan puertas y ventanas. Tampoco tienen un excusado. En la pequeña comunidad tampoco hay drenaje ni alumbrado público.
Hermelinda dice que la gente de Montoyita —como llaman a esta colonia— ha ofrecido a Carlos Lozano, exgobernador del estado de Aguscalientes, ayudarle a pagar la luz a cambio de que les proporcione agua. Él les ha dicho que sí, con la condición de vayan por ella.
“Pero a veces no tenemos dinero para la gasolina que está bien cara o hay veces que la camioneta no funciona y no hay para repararla”, dice la mujer, que deja en el piso de tierra una cubeta con agua que llevaba del corral a la cocina. Lo dice como resignada. Incluso sonríe. Lo mismo cuando cuenta que su esposo anda en muletas desde que se accidentó cuidando los caballos de aquel rancho.
Heriberto, el esposo de Hermelinda, cuenta que han intentado durante mucho tiempo, alcalde tras alcalde, que el municipio El Llano extienda hasta Montoyita la tubería que surte de agua al ejido El Milagro, ubicado a dos kilómetros de donde ellos viven. El hombre ya no cree que eso suceda. Lo que sí espera es que la temporada de lluvias no termine antes de tiempo: tiene ocho hectáreas de tierra para sembrar el maíz y el frijol que comerán su familia y sus diez animales.
Para Heriberto, Hermelinda y los pequeños agricultores del ejido El Milagro, lo que no se puede agotar es la esperanza de que la lluvia caerá de su lado.
Políticos que riegan sus ranchos sin problema, mientras sus vecinos resienten la sequía*
Los habitantes del ejido El Milagro se entusiasmaron cuando cayó el primer aguacero de 2019. Esa era la señal de que la temporada de secas terminaba y ellos podían comenzar con la siembra de maíz y frijol. El agua llegó a principios de julio, justo a tiempo para que sus cultivos libraran las heladas de octubre.
En el ejido El Milagro —al oriente de Aguascalientes, en el municipio El Llano— hay un poco de todo: pocos jóvenes, poco trabajo y poca agua. Aquí las sequías se resienten, sobre todo, entre marzo y julio. En ese tiempo se miran los campos agrietados y la tierra suelta en los caminos acentúa la sensación de sed.
La población, que vive de cultivos de temporal y de la leche que dan sus vacas, colecciona cubetas y tinacos para almacenar agua. Aquí la gente sabe que el clima no tiene palabra: en 2011, una sequía leve evolucionó a extrema y se prolongó hasta enero de 2012. El Llano y otros nueve municipios de Aguascalientes se declararon zona de desastre natural.
A 2.7 kilómetros hacia el oriente, por la carretera 68, el panorama es diferente.
En el rancho La Campana crecen árboles de olivo, la alberca está lista para usarse y los rayos del sol se reflejan sobre un jagüey. Estas tierras pertenecen al exgobernador priista de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, a su esposa y a su hijo mayor.
Las 262.59 hectáreas —367 veces la cancha del Estadio Azteca— que forman parte del rancho La Campana están dentro del ejido El Milagro. Lozano adquirió parte de esas tierras en 1989. Para entonces ya había sido, durante 12 años, secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes. En 2017, un año después de terminar su periodo como gobernador —el cual ejerció entre diciembre de 2010 y noviembre de 2016—, la extensión del rancho casi se duplicó.
A diferencia de sus vecinos, Lozano tiene agua garantizada para su rancho.
El exgobernador cuenta con tres concesiones para aprovechamiento de agua subterránea, otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las cuales le permiten extraer hasta 147 mil metros cúbicos de agua, es decir 147 millones de litros al año. Esa cantidad equivale a 58 mil 800 tinacos con una capacidad de 2 mil 500 litros cada uno.
El exgobernador no paga por el agua que utiliza en su propiedad, ya que las concesiones que le otorgó Conagua son para “uso agrícola”. La Ley Federal de Derechos, en su Artículo 224, establece que las concesiones para uso agrícola o pecuario están exentas de pago. Su única obligación es instalar un medidor y no utilizar más volumen del concesionado.
Este no es el único beneficio que tienen los titulares de concesiones para uso agrícola. Además de no pagar por el agua que utilizan, también pueden acceder a un subsidio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga a los productores agropecuarios; eso les permite pagar una tarifa mínima por la electricidad que emplean para el funcionamiento de las bombas con las que extraen el agua de sus pozos.
Carlos Lozano también es dueño —junto con sus hermanas— del rancho La Esperanza, localizado en los límites de los municipios de Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo. En esta propiedad, los hermanos Lozano de la Torre tienen dos concesiones que les permite tener un mismo número de pozos para extraer agua para “uso agrícola”.
La Esperanza es un rancho más pequeño que La Campana: su extensión es de 80.31 hectáreas, poco más de 114 veces la cancha del Estadio Azteca. Aún así, tiene autorizado extraer hasta 216 millones de litros de agua al año.
Los hermanos Lozano de la Torre tampoco pagan por el agua que usan en La Esperanza. Y, por tener concesiones para “uso agrícola”, también gozan de un subsidio en la tarifa eléctrica.
¿Bien público o patrimonio privado?
Juana y José Luis viven en una de las dos únicas calles pavimentadas del ejido El Milagro. José fue comisario hace tiempo y junto con otras personas logró que el gobierno estatal pavimentara esa calle y la de la escuela. Pero no consiguió que los 146 habitantes del Milagro lograran tener acceso al agua de un segundo pozo que se construyó en 2013 y que, hasta agosto de 2019, seguía sin funcionar.
Los habitantes del Milagro reciben agua potable de un solo pozo que opera desde hace 18 años y que se ubica a siete kilómetros de distancia, en la comunidad vecina de Jaltomate, en el municipio de Aguascalientes. Ese pozo surte, en promedio, mil 410 litros diarios por persona a 230 habitantes de El Milagro y el ejido Las Flores, según la respuesta que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (C.A.P.A.S) del ayuntamiento de El Llano entregó a una solicitud de información.
Los pobladores dudan de esos datos; aseguran que otras comunidades aledañas también dependen del mismo pozo y, por eso, ellos reciben poca agua, mucho menos de lo que reporta la autoridad. En El Milagro, por ejemplo, un día se surte de agua a las casas del lado oriente del ejido y al día siguiente les toca a quienes viven en la zona poniente. Por esta agua pagan, en promedio, 91 pesos mensuales.
Para enfrentar los días en que no llega agua, los pobladores la almacenan. Cuando ésta tampoco les alcanza, la alternativa que tienen es comprar al municipio una pipa, de 10 mil litros, cuyo costo es de 530 pesos. A veces, también llegan a comprar agua a los dueños de ranchos que tienen pozos en comunidades vecinas.
En este ejido tener agua suficiente y en abundancia es un milagro.
Y eso lo sabe Carlos Lozano de la Torre. Él intentó llevar parte del agua de la comunidad a su rancho. Entre los pobladores del ejido hay diferentes versiones del por qué su plan no se concretó:
“Quería poner una manguera o tubería para agarrarla de los tubos que vienen de Jaltomate… Pero los comisarios (entonces era mi esposo y otro señor de abajo) no lo dejaron”, asegura Juana Salazar.
“(Lozano de la Torre) vio que era tan poca el agua que a él tampoco le iba a solucionar mucho el problema, porque pues él tiene, no sé, 400 vacas. No le iba a dar abasto —dice Servando Richarte, encargado de operar el pozo que da agua a los ejidos de El Milagro y Las Flores.
La opción que encontró Carlos Lozano de la Torre para tener agua en su rancho fue obtener títulos de concesión para uso de aguas nacionales y así operar sus propios pozos. Para ello utilizó una “transmisión de derechos”, trámite que contempla la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y que permite a los titulares de las concesiones ceder, a otra persona física o moral, una parte o la totalidad del agua que tiene permitido utilizar.
En los hechos, una “transmisión de derechos” es la compra-venta de un título de concesión para uso de aguas nacionales. Esta práctica ha propiciado la existencia de un mercado negro del agua en todo el país, en donde campesinos y pequeños productores que tenían a su nombre concesiones otorgadas por Conagua terminan vendiéndolas a grandes empresas o a particulares.
Para el rancho La Campana, Carlos Lozano obtuvo tres concesiones de pequeños agricultores que habitan en ejidos vecinos al Milagro. Laurencio Montoya Guadalajara, de Las Adjuntas, le entregó 60 mil metros cúbicos; Francisco y Benito Esparza de Lira, ejidatarios de El Muerto, le transmitieron dos títulos más de 27 mil y 60 mil metros cúbicos cada uno.
De los hermanos Esparza solo sobrevive Benito, él recuerda que Carlos Lozano pagó cinco pesos por cada metro cúbico, es decir 435 mil pesos por las dos concesiones.
—Un hermano mío trabajaba con él… por medio de él buscaba títulos (para comprar). Él ya me dijo: “oye, ahí ta Lozano” —asegura Benito Esparza, quien recuerda que el acuerdo fue que Carlos Lozano pagaría un anticipo al iniciar el trámite de transmisión de derechos ante Conagua y el resto, al concretar el cambio de titular.
Para este reportaje se obtuvieron, a través de solicitudes de información realizadas a Conagua, copias de los expedientes de los títulos de concesión que están a nombre de Carlos Lozano de la Torre. En esos documentos se consigna que las transmisiones de derechos se concretaron en 2006. Lo que no se encuentra en los expedientes es la copia del convenio o contrato de cesión que Lozano celebró con los hermanos Esparza de Lira —en el expediente del título de Benito solo se cita una “carta intención o proyecto de contrato o convenio que formaliza la transmisión”— y con Laurencio Montoya, requisito previsto en el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Los títulos originales, a nombre de los ejidatarios, tenían vigencia de diez años a partir de 2003. La dirección de Conagua en Aguascalientes —entonces a cargo del panista Julio César Medina Delgado— autorizó las transmisiones de los títulos de los ejidatarios al exgobernador y aprobó aumentar de 10 a 25 litros por segundo en el gasto requerido, y extraer los 147 mil metros cúbicos de agua que amparan las tres concesiones en un solo pozo.
Cuando una concesión de aguas cambia de titular mediante una transmisión de derechos y se otorga una parte o el total del volumen autorizado en el título, la Ley de Aguas Nacionales permite que los pozos se cambien de ubicación, con la única condición de que se ubiquen dentro del mismo acuífero. Eso ocurrió con los tres títulos que Carlos Lozano obtuvo para su rancho: de acuerdo con los expedientes obtenidos por transparencia, los pozos de los hermanos Esparza de Lira estaban en el ejido El Muerto y el de Laurencio Montoya, en Las Adjuntas. Al pasar a nombre de Carlos Lozano, se movieron al rancho La Campana.
La cesión de derechos de agua a favor de Lozano de la Torre se inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) hasta 2015, cuando él ya era gobernador de Aguascalientes y la dirección de Conagua en el estado estaba a cargo del priista Salvador Gaytán Rangel. En los expedientes no hay algo que explique por qué el trámite tardó una década. Lo que sí se encuentra es un documento en el que el funcionario federal argumenta que la demora impidió a Lozano solicitar en tiempo la prórroga de sus tres títulos por otros 10 años y por eso le amplió automáticamente su vigencia hasta 2022 y 2023.
La doctora Cindy McCulligh —investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas y quien ha dedicado varios años al estudio de los conflictos ambientales y la gestión del agua— considera la transmisión de las concesiones de agua un ejemplo de “corrupción institucionalizada”, término que utiliza para señalar la generación y aplicación de normas “con sesgos que favorecen intereses privados agrícola o industriales”.
El rancho crece
Los habitantes del ejido El Milagro recuerdan el 9 de julio de 2016, no porque haya llovido, sino porque afuera del rancho La Campana llegaron cerca de veinte patrullas y un helicóptero de la policía estatal sobrevoló el lugar durante varias horas. Adentro se celebraba la boda de Blanca Lozano —hija del entonces gobernador Carlos Lozano— con Jorge Gómez, empresario originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ese día el rancho La Campana recibió a la actriz Yadhira Carrillo —sin su esposo, el abogado Juan Collado—, al entonces gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, con su esposa Sandra Albarrán; a Manlio Fabio Beltrones y a Ricardo Monreal, entre otros invitados, de acuerdo con lo reportado en medios locales.
Las imágenes que ese día captó el fotógrafo Ben Olivares muestran algunos detalles arquitectónicos del rancho La Campana: una construcción con muros de calicanto, puertas de madera tallada; caminos y guarniciones empedrados, jardineras con altos órganos, una alberca con azulejo de talavera y una escultura de piedra. Además, una capilla con fachada anaranjada —que recuerda a las haciendas coloniales— con su vitral redondo, una cruz sobre la entrada y techo de bóveda.
El 8 de marzo de 1989, Carlos Lozano compró la primera fracción del rancho con su entonces socio, Carlos Armando Ponce Guzmán, de acuerdo con los testimonios notariales obtenidos en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes.
Lozano y Ponce Guzmán adquirieron 153.47 hectáreas de terreno de temporal, el casco del rancho y terreno circundante por 50 millones de viejos pesos; es decir, 32.58 pesos de la época por metro cuadrado. Pocos meses después, obtuvieron un crédito hasta por 170 millones de viejos pesos para completar una inversión de 264.4 millones —poco más de 264 mil pesos actuales— en un tractor, una rastra, un arado, una cultivadora, dos remolques y 60 vaquillas Aberdeen Angus.
En 1995, Carlos Armando Ponce perdió su parte del rancho cuando un juez ordenó que se rematara esa fracción de la propiedad para pagar un crédito que Ponce había incumplido. Lozano —que tenía preferencia por ser dueño de la otra mitad y entonces era secretario de Desarrollo Económico en Aguascalientes— compró esas tierras por 157 mil 488.33 nuevos pesos: 20 centavos por metro cuadrado.
En las escrituras del rancho La Campana no se registraron cambios hasta 2011, cuando Blanca Rivera Río, esposa de Carlos Lozano, compró 20.7 hectáreas de terreno contiguo a la propiedad. Ese año el ejido El Milagro vivió uno de sus peores tiempos de secas, tanto que la Secretaría de Gobernación declaró al municipio El Llano zona de desastre por sequía severa. Y también en ese año, de acuerdo con los expedientes de los títulos de las concesiones obtenidos a través de solicitudes de información, Lozano pidió un permiso para aumentar la profundidad de su pozo de 350 a 500 metros.
La última extensión del rancho La Campana se concretó dos meses después de que Carlos Lozano dejara la gubernatura. El proceso para adquirir 98.42 hectáreas comenzó el 29 de septiembre de 2016, cuando José Carlos, hijo del entonces gobernador, realizó un préstamo por tres millones de pesos a Julio Marduk Serrano Jáuregui, dueño de terrenos que colindaban con el rancho. En el contrato del préstamo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, se acordó que Serrano Jáuregui pagaría en seis meses y con un interés de dos por ciento mensual. La deuda se saldó veinte días antes de vencer el plazo con las tierras de los predios “rancho La Campana y Corpus Cristi”.
Esas tierras se valuaron en 4.9 millones de pesos, por lo que Juan Carlos Lozano Jr. devolvió una contraprestación de 1.9 millones de pesos al recibir el predio. El convenio de pago del terreno incluye una cláusula de confidencialidad que obliga a pagar un millón de pesos si alguno de los involucrados revela detalles del acuerdo.
Julio Marduk Serrano Jáuregui no ha tenido ni tiene otras propiedades registradas a su nombre en el municipio El Llano, además de los predios que entregó a Carlos Lozano Jr., de acuerdo con la información disponible en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes.
Uno de los requisitos para obtener una concesión de aguas nacionales es el presentar los documentos que avalen que el solicitante es dueño de las tierras en donde se construirá el pozo. En teoría, Marduk no debería tener una concesión de agua, pero hay una a su nombre: es para uso agrícola por 64 mil metros cúbicos y se inscribió en el REPDA el 8 de enero de 2018. Según las coordenadas que aparecen en el registro, su pozo se ubica a 20 metros del rancho La Campana.
Desde la ampliación de 2016, La Campana no ha sumado más tierras, pero sí ha diversificado su producción. Mientras los agricultores del ejido El Milagro esperan las lluvias, el rancho del exgobernador cosecha olivo y vid. Además, la familia Lozano Rivera Río ha emprendido nuevos negocios.
El 24 de junio de 2019, Carlos Lozano, su esposa y sus tres hijos registraron dos empresas: Olivoil y Unión Productora Vinícola Bonagens, ambas sociedades de producción rural de responsabilidad limitada y dedicadas a la producción, industrialización y comercialización —incluida la exportación— de derivados de olivo y uva, como aceite, aceitunas y vino.
Carlos Lozano tomó el nombre del rancho cuya propiedad comparte con sus hermanas para fundar el tercero de sus nuevos negocios: Granja La Esperanza, otra sociedad de producción rural constituida por él, su esposa y sus tres hijos. La empresa quedó inscrita en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía en junio de 2019, donde reportó que se dedica a la engorda de ganado para producción de carne.
Desde que dejó la gubernatura, en 2016, Lozano se había mantenido alejado de la vida política hasta el pasado 9 de julio, cuando reapareció en Zacatecas como parte del Consejo Estatal de Desarrollo Económico del gobierno que encabeza el priista Alejandro Tello Cristerna.
Para este reportaje se buscó a Carlos Lozano, a través del Comité Directivo Estatal del PRI y de quien fuera su secretario particular, Víctor Vera; además, se envió un mail con la solicitud de entrevista y se acudió a las oficinas del ingeniero Lozano, donde informaron que contactarían a la reportera. Hasta la publicación del trabajo no se ha tenido respuesta del exgobernador.
¿Qué políticos tienen concesiones de agua?
Exgobernadores, ex presidentes municipales, senadores, diputados y actuales secretarios de estado y sus familiares más cercanos tienen concesiones de agua.En algunos casos, los títulos están a nombre de sus empresas. Para conocer cuántos titulos tienen selecciona el nombre.
Expresidente de México por el PAN. Fue gobernador de Guanajuato. También tienen concesiones de agua sus hermanos, su sobrino, su cuñada y su actual esposa, Marta Sahagún; así como la empresa El Cerrito, cuyos accionistas son José Luis Fox Quesada y su familia.
Las historias que presenta la esta investigación de “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”, muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.
Reporteros Hoy
Izamal, Yucatán; (ACOM).- Unas 100 personas fueron a buscar a su casa al comisario Ejidal Casiano Pat May a fin de que dé explicaciones sobre la presunta venta de tierras ejidales que se encuentran dentro de la reserva de terrenos para el crecimiento urbano de la localidad.
El actual comisario tuvo que salir de su domicilio y dirigirse al local del comisariado ejidal en donde después de varios minutos y sin los argumentos necesarios tuvo que comprometerse a echarse para atrás de su decisión.
Según los quejosos que momentos antes habían hecho una asamblea en el palacio municipal de Kimbilá, mencionaron que Pat May habría incurrido en posibles delitos en contra del patrimonio de los ejidatarios al repartir una superficie indeterminada de terrenos que se localizan a la salida de la población con rumbo a Hoctún.
El origen de esta decisión se desconoce, ya que los molestos campesinos argumentaron que no existe una acta de asamblea que avale el permiso de los ejidatarios para que se procediera de esta manera.
Indicaron que a unas semanas de que concluyan su periodo existen diversas versiones sobre los negocios que hizo al amparo del cargo que le otorgaron hace tres años los campesinos de esta población.
Los terrenos que presuntamente repartió o vendió la actual autoridad ejidal se encuentra en una zona con plusvalía ya que la superficie está ubicada a un costado de la vía de comunicación (carretera que lleva a Izamal) y casualmente en estos últimos tres años han surgido diversos comercios en esta zona ocupando tierras ejidales.
COLIMA, Col. (apro).- Con una tasa de 85.4 asesinatos por cada cien mil habitantes en 2019, la entidad se colocó por cuarto año consecutivo en el primer lugar nacional de la incidencia de ese delito desde el punto de vista proporcional, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En segundo sitio se ubicó Baja California con una tasa de 72.65, seguido por Chihuahua (57.55), Morelos (45.04), Guanajuato (44.95), Guerrero (43.44), Quintana Roo (40.66), Sonora (34.96), Michoacán (34.50) y Zacatecas (30.82).
En números absolutos, Colima registró 760 asesinatos (749 homicidios dolosos y 11 feminicidios) en el año recién concluido, lo que representa un incremento de 5.5% en comparación con 2018, cuando la cifra ascendió a 720 (707 homicidios dolosos y 13 feminicidios).
Al número de asesinatos registrados en 2019 se suman los 146 cadáveres localizados en fosas clandestinas en Colima durante los primeros 13 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya contabilización se realiza de manera independiente.
Luego de que en 2015 la entidad cerró con una tasa de 22.45 asesinatos por cada cien mil habitantes, en 2016 se dispararon las cifras para pasar a una tasa de 68.33, en 2017 se elevó a 93.37 y en 2018 a 81.02.
En lo que se refiere a feminicidio, concluyó 2019 en tercer lugar, con una tasa de 2.83 casos por cada cien mil habitantes, sólo superada por Morelos (3.74) y Veracruz (3.60), mientras que en cuarto lugar se colocaron Nuevo León y Sonora, con 2.42, y en quinto sitio aparece Sinaloa con 2.35.
En el delito de robo a casa habitación Colima también ocupa el primer lugar nacional, con una tasa de 282.59 denuncias por cada cien mil habitantes, seguido de Baja California Sur, con 255.42, Aguascalientes (199.02), Quintana Roo (182.13), Durango (169.68) y Baja California (155.34).
Colima, México, Avanzada (21/01/2020).- Habitantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán, de la franja limítrofe de Jalisco y Colima, se movilizaron para exigir la suspensión de la tala de árboles que realiza en sus bosques la minera trasnacional Peña Colorada, que se ha dedicado a la extracción de hierro en esa zona desde hace casi 50 años.
Decenas de lugareños de los poblados La Astilla, El Mameycito y El Platanar realizaron una protesta en el predio Piedras Negras y frenaron temporalmente el derribo de la vegetación, en demanda de la presencia de un representante de la empresa extractiva.
Al lugar acudió el gerente de relaciones con las comunidades, Jesús Hernández Mier, quien sin mostrar evidencias aseguró que Peña Colorada cuenta con todos los permisos para el corte de árboles y se negó a suspender definitivamente los trabajos, a menos que una autoridad así lo determine.
Señaló que desde 2012 la compañía minera rentó una superficie de 801 hectáreas al ejido Ayotitlán, al que desde entonces le paga mensualmente por el uso de ese territorio, y que los trabajos que se realizan actualmente tienen como base ese convenio.
Faustino Contreras de la Cruz, representante de La Astilla, denunció que mientras la empresa minera aprovecha las tierras de las comunidades, muchas de éstas no cuentan con servicios básicos, ni apoyos sociales para sus habitantes.
Mostró su inconformidad con el hecho de que el ejido haya rentado superficies que pertenecen a las comunidades, sin tomarlas en cuenta.
“Estas tierras son nuestras, yo las he trabajado desde niño, eran de mi abuelo y después de mi padre y no es justo que vengan a quitárnoslas y sean unos cuantos ejidatarios los que se beneficien de esto”, comentó Faustino Contreras.
Por su parte, Fermín Flores Elías, representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla”, de la comunidad indígena Ayotitlán, señaló que la tala de árboles que está realizando Peña Colorada en la zona generará daños ambientales irreversibles en los ecosistemas, el oxígeno y el agua.
Advirtió que para realizar esos trabajos se debió hacer una consulta previa, libre e informada entre las comunidades indígenas afectadas, por lo que a su juicio no tiene valor ningún contrato de arrendamiento de la empresa con el ejido.
Así también, Flores Elías anunció que la organización que representa y las comunidades indígenas de Ayotitlán procederán legalmente a nivel federal para exigir a Peña Colorada el pago de los perjuicios ocasionados durante todos los años de operación en la zona, así como las indemnizaciones correspondientes.
Ante la exigencia realizada de que se frenen los actuales trabajos de la minera en el predio Piedras Negras, el representante de Peña Colorada señaló que los trabajos no serán detenidos y ofreció una mesa de negociación con habitantes de las comunidades para la canalización de apoyos.
Jesús Hernández dijo que la empresa cuenta con los permisos de todas las instancias correspondientes y se mostró de acuerdo en que el asunto se dirima en las instancias legales.
Entrevistado al final de la reunión, Francisco Aguilar Roblada, representante de El Platanar, dijo estar inconforme con los resultados, pues según su punto de vista el representante de la minera trató de intimidar a los comuneros.
“El daño ambiente ya no se recupera; cuántos árboles han destruido; hay un cerro tapado de residuos de la mina, para mí esto es puro engaño, lo que se habló no es confiable”, indicó.
En tanto, a través de un comunicado el presidente del Comisariado Ejidal de Ayotitlán, desmintió que la empresa Peña Colorada esté despojando de tierras a habitantes de las comunidades de La Astilla, El Mameycito y Las Pesadas, como lo denunció la Red Jalisciense de Derechos Humanos.
El presidente del ejido, Juan Aguilar Díaz, dijo que desde 1998 ese núcleo agrario ha firmado contratos de arrendamiento de tierras con Peña Colorada para la realización de actividades mineras en superficies de uso común con el propósito de dar continuidad y ampliación operativa a la empresa.
A cambio, aseguró, además de las aportaciones económicas que se reciben, en conjunto con la empresa se lleva a cabo un programa integral de desarrollo social que procura las mejoras de las condiciones de los habitantes de las comunidades del ejido, en las áreas de salud, educación, proyectos productivos, infraestructura, cultura y deporte.
“También se garantiza que la empresa cumpla con lo establecido en la legislación vigente en cuanto al cuidado al medio ambiente, seguridad y bienestar de los habitantes de nuestras comunidades. Informamos que en las superficies arrendadas no existen desarrollos urbanos, ni asentamientos humanos que impidan las actividades que desarrolla la compañía minera, por lo cual desmentimos la información que ha circulado en algunos medios recientemente, sobre el supuesto desalojo de los pobladores de Mameycito, Las Pesadas, y La Astilla”, sostuvo el dirigente ejidal.
A su vez, el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí, dijo que el único acuerdo alcanzado en el encuentro de comuneros con representantes de Peña Colorada en La Astilla fue “instalar en Ciudad de México, a fines de enero, una mesa de negociación para que la comunidad indígena demuestre al consorcio los derechos preferentes que le asisten en relación a los del ejido, pues éste ya claudicó a rescatar el territorio y los usos y costumbres de la comunidad indígena como comunidad agraria”.
Entonces, añadió, “ambas partes se verán las caras ahora en la capital del país, con la asistencia de las dependencias federales competentes para dirimir sus diferencias de más de 50 años que los enfrenta de forma irreconciliable”.
21 de enero de 2020.- Lagos de Moreno, el municipio que tiene cuatro nombramientos de atracción turística, durante 2019 registró 98 homicidios dolosos, lo que lo hace el año más violento.
De acuerdo a una nota publicada por el diario A.M. este lunes 20 de enero, se destaca que “nuevamente este ‘Pueblo Mágico’ rompió récord de homicidios en relación con los años anteriores, y el número de asesinatos en 2019 subió más del 46 por ciento en comparación con 2018”.
Esto representa un incremento del 46.27 por ciento, debido a que en 2018 se cometieron 67 homicidios, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo a la relación de homicidios dolosos por mes, el más violento fue febrero con 16 homicidios. Incluso en este mismo, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez decidió que el ‘Pueblo Mágico’ de Lagos de Moreno y la zona de Los Altos se incluyeran como prioritarios en materia de combate a la inseguridad.
Para marzo, las autoridades municipales anunciaron que la región de Los Altos era integrada al programa “zonas prioritarias” del Gobierno Federal en materia de seguridad pública, por lo que se designarían cerca de 700 elementos del Ejército Mexicano y 100 policías federales, teniendo como base Lagos de Moreno.
El segundo mes con más homicidios dolosos fue noviembre con 12, mientras que el más pacífico fue en abril con dos crímenes.
El mes de septiembre registró ocho asesinatos, entre ellos el del comisario de Seguridad Pública Municipal, Vany Rodríguez Méndez y sus dos escoltas, quienes perdieron la vida después de ser atacados a balazos.
De acuerdo al texto publicado por A.M., “la violencia en este municipio coincide con la que ocurre en el País, pues el 2019 también fue el más violento para México al cometerse 34 mil 582 homicidios dolosos”.
yer, el Gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que “hay certeza en las investigaciones de que una de las camionetas con los cuerpos de los músicos fue aventada a un barranco y la otra no cayó porque estaba incendiada, y que de primera vista sin duda se trató de un homicidio doloso”.
Y el sábado, el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos, afirmó en conferencia de prensa que la FGE no ha localizado pruebas, casquillos percutidos o indicios que permitan conocer cómo fueron asesinados los diez músicos.
Chilpancingo, Guerrero, 21 de enero (ElSur).– Entre reclamos de justicia y castigo a los responsables, fueron sepultados ayer cinco de los 10 músicos indígenas de Alcozacán, municipio de Chilapa, asesinados la tarde del viernes cerca de Mexcalcingo.
Mientras tanto, familiares de los otros cinco que fueron incinerados se trasladaron a Chilpancingo resguardados por la Policía Estatal para tomarse las muestras de ADN para la identificación de los cuerpos.
Simultáneamente, el bloqueo que mantienen indígenas de las 16 comunidades que integran el territorio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) continuó y las autoridades de los pueblos pusieron un ultimátum hasta ayer para que si los gobiernos no les resuelven sus demandas, este martes trasladarían su bloqueo a la carretera Chilpancingo-Tlapa.
Y, mientras tanto, la mañana de ayer un indígena de la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, fue levantado cuando cosechaba su siembra de maíz en su tierra de labor pero después del medio día se escapó de sus captores.
El coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, informó que en el sepelio de los cinco músicos de Alcozacán ayer, los pobladores de las 16 comunidades que integran el sistema comunitario de la CRAC-PF exigieron a los gobiernos federal y estatal justicia, castigo a los responsables y el desmantelamiento del grupo delictivo de Los Ardillos a quienes señalan como los autores de la masacre.
Advirtió que las autoridades de las 16 localidades acordaron en su asamblea regional después del sepelio que no retirarán el bloqueo hasta que se resuelvan sus demandas, a pesar de que denunció que el Gobierno del estado los está presionando para que desbloqueen la carretera.
Informó que por la mañana de ayer se presentó con ellos un representante de la Dirección de Gobernación, Jorge Miranda Huesca, quien en nombre del Gobierno estatal les pidió que abran el paso.
Asimismo, dijo que un grupo de transportistas de Hueycantenango, que suponen fueron enviados por el Gobierno estatal, también fueron a exigir que se desbloquee la carretera.
Se quejó de que los gobiernos estatal y federal están actuando de manera parcial y a favor del grupo delictivo, “cómo es posible que nosotros que exigimos justicia por nuestras víctimas y hemos denunciado que nos están matando a nuestros compañeros, nos presionan para que retiremos el bloqueo y a los que bloquearon ayer en Amate Amarillo, en el Crucero de Ayahualulco y en Tixtla, que están pidiendo que la Guardia Nacional no nos atienda aquí en nuestro territorio los toleren y no les digan nada, ¿por qué a ellos no les exigen que se quiten de la carretera?”, reprochó en referencia a tres bloqueos que se instalaron ayer en la carretera Chilpancingo-Tlapa y que según la CRAC-PF fueron promovidos por gente de Los Ardillos para inmovilizar a la Guardia Nacional que iría al territorio de la CRAC.
Sánchez Luna denunció, asimismo, que los militares que se encuentran en el crucero de Rincón de Chautla, cerca de Paraíso de Tepila han abierto en dos ocasiones el paso en el punto denominado La Yerbabuena de la carretera Chilapa- Hueycantenango, en donde la CRAC-PC cerró con árboles el camino para evitar el paso de los integrantes del grupo delictivo hacia Alcozacán donde tiene el bloqueo y evitar una agresión.
Aseguró que el sábado los militares fueron a retirar los árboles y abrieron el paso, pero que una comisión de integrantes de la CRAC-PF fue a cerrar nuevamente la carretera pero ayer nuevamente desbloquearon los soldados.
Agregó que ayer una comisión fue nuevamente a cerrar la carretera y a pedir a los militares que ya no abran, “pero se pusieron agresivos y nos acusaron de que los fuimos a amenazar, cuando solamente fuimos una comisión y un grupo de comunitarios”.
Sánchez Luna denunció que los soldados se posicionaron en forma de ataque, “como si nosotros fuéramos los delincuentes”.
Insistió: “por todo esto nosotros, las autoridades municipales, los coordinadores y la ciudadanía, vemos que le están dando prioridad y les hacen más caso al grupo delictivo que a nosotros como pueblos indígenas”, se quejó.
Dijo que otra muestra de parcialidad que se está viendo de parte del Gobierno, es la versión que ha dado a los medios de comunicación sobre las circunstancias en que murieron los 10 indígenas de Alcozacán.
Ayer, el Gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que “hay certeza en las investigaciones de que una de las camionetas con los cuerpos de los músicos fue aventada a un barranco y la otra no cayó porque estaba incendiada, y que de primera vista sin duda se trató de un homicidio doloso”.
Y el sábado, el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos, afirmó en conferencia de prensa que la FGE no ha localizado pruebas, casquillos percutidos o indicios que permitan conocer cómo fueron asesinados los diez músicos.
Sánchez Luna dijo que es claro que quieren desviar los resultados de las investigaciones para favorecer a los responsables del ataque.
“Esa es su versión, pero los comunitarios de Ayahualtempa (municipio de José Joaquín de Herrera) escucharon los disparos a las 2 de la tarde, “¿cómo no van a morir con disparos, si se escucharon los balazos que tiraron esas personas del grupo delictivo?”, reclamó.
Informó que los familiares y la CRAC-PF exigieron a las autoridades que les dejaran los cuerpos en Alcozacán para que vieran las condiciones en que murieron, pero que se negaron y se los trajeron en helicóptero a Chilpancingo.
Agregó que los cuerpos que entregaron el domingo a los familiares iban envueltos en una lona sellada y les “recomendaron” que ya no los abrieran, por lo que no pudieron confirmar si llevaban disparos.
Sin embargo, dijo que el comisario de Mexcalzingo les aseguró que murieron con disparos de armas de fuego y que también escucharon los disparos a la misma hora que fueron emboscados.
Sánchez Luna indicó que en el sepelio, los familiares y pobladores de las 16 comunidades que pertenecen al sistema de la CRAC-PF, exigieron la detención de los responsables. Insistió que la emboscada fue cometida por gente del grupo delincuencial de Los Ardillos.
Exigieron, asimismo, la entrega de los otros cinco cuerpos que permanecen en el Semefo de Chilpancingo, debido a que aún no han sido identificados porque fueron incinerados.
“Seguimos exigiendo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venga a la comunidad de Alcozacán en donde estamos reunidas las 16 comunidades, ese fue el acuerdo de la asamblea regional ayer”, informó por teléfono.
Añadió que acordaron, además, seguir con el bloqueo y emplazó a las autoridades estatales a atender sus demandas, si no a partir de este martes trasladarán su bloqueo a la carretera Chilpancingo-Tlapa.
Agregó que en la asamblea de ayer, después del sepelio de sus compañeros, se acordó no abrir el paso porque el Gobierno solamente les ha respondido con promesas “y no ha cumplido las demandas que tenemos”.
EL GOBIERNO NO APOYÓ PARA EL SEPELIO
Sánchez Luna reprochó que el Gobierno informó que apoyaría para el sepelio a los familiares y con pensiones a las viudas y madres que se quedaron como únicas cabezas de familia. Sin embargo, denunció que para el sepelio de las cinco primeras víctimas ayer los familiares no recibieron ningún apoyo y que los funerales se realizaron con la solidaridad de los pobladores.
“Le exigimos que cumpla todo lo que dice, que no nada más lo anuncie, le pedimos al Gobernador que también venga con el Presidente aquí donde estamos reunidas las 16 comunidades”, insistió el coordinador de la CRAC-PF.
Precisó que sus demandas son la entrega de los otros cinco cuerpos, la detención de los responsables de la masacre, el desmantelamiento del grupo delictivo Los Ardillos, la instalación de campamentos militares en los cruceros de Tula y El Jaguey, la libertad del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes y la cancelación de 60 órdenes de aprehensión que hay en contra de policías comunitarios.
Asimismo, la CRAC-PF incluyó un pliego de 23 demandas que entregaron a las autoridades estatales y federales en agosto del año pasado.
A dos años de la desaparición forzada de Ulises Adair Cardona Flores, el 22 de enero de 2018 por elementos de la Secretaría de Marina en Tecalitlán, Jalisco, existen datos de prueba que sustentan la presencia de dicha corporación de seguridad federal dentro de la región sur, durante los acontecimientos que terminaron en la comisión de actos de tortura y crímenes de lesa humanidad en contra de dos menores de edad por miembros del Estado.
No obstante y pese a que existe una sentencia condenatoria por la privación ilegal de la libertad del joven ante un Juzgado de Distrito, la Secretaría de Marina, continúa sin reconocer su participación en estos crímenes.
Foto: Zona Docs
Dalia Souza / Zona Docs
“Uli, si tú por ahí me puedes escuchar hijo, quiero que sepas que te extraño mucho, y estés como estés, quiero que regreses. Te extrañamos muchísimo, tu hermanita diario ora por ti. Espero pronto volver a verte hijo, te extrañamos mucho, te amo”.
Dos años sin Ulises y pareciera que no ha pasado el tiempo. Los días que transcurren sin su presencia, asegura su madre, la señora Norma, se sienten como los primeros.
Ulises Adair Cardona Flores, fue desaparecido forzadamente a los 17 años de edad, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, dentro de la región sur del estado. Ulises, quería ser marino y la madrugada del 22 de enero de 2018, fue desaparecido por esos mismos a los que admiraba. Junto con él se encontraba su amigo Moisés; ambos estaban afueran del centro nocturno Galaxy en la misma población, cuando elementos de la Marina a bordo de sus patrullas comenzaron a intimidarles y a amenazarles. Los menores de edad, asustados comenzaron correr en sentidos opuestos, sin embargo, fueron capturados. Moisés consiguió escaparse después de sufrir tratos crueles y tortura, pero Ulises no.
Por estos hechos, la familia de Ulises interpuso al menos dos denuncias, una ante la delegación regional de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR) en Ciudad Guzmán y otra más ante la delegación regional de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el mismo municipio; sin embargo, explica la Lic. Rocío Rincón, abogada a cargo del proceso judicial, la autoridad estatal tuvo que declinar su competencia dada la naturaleza del delito. De esta manera, la carpeta fue canalizada a la actual Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en la Ciudad de México, donde hasta ahora permanece abierta por el delito de desaparición forzada.
Con ello, se promovió un amparo ante el Juzgado de Distrito en Guadalajara por la privación ilegal de libertad de Ulises, cometida por elementos de la Secretaría de la Marina- Armada de México (SEMAR) y, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el actuar de los mismos.
A Ulises se lo llevaron los marinos, así lo reconoce la sentencia condenatoria que se desprende del amparo interpuesto por privación ilegal de la libertad ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara (expediente 167/18-IV); en ésta, además, se obliga al Estado a la búsqueda y localización del joven, según explica la Lic. Rocío Rincón quien se encuentra a cargo del caso:
“Se han agotado mecanismos judiciales como el amparo en materia federal por la privación ilegal de la libertad, donde se han obtenido resultados como una sentencia condenatoria en la que se le obliga al Estado a la búsqueda y localización de la persona”.
En éste, asegura la abogada, existen datos de prueba que señalan que los elementos de la SEMAR, estuvieron en el tiempo y el lugar donde sucedieron los hechos que llevaron a la desaparición del joven. No obstante, acreditar la presencia de los marinos ha sido complicado, ya que, durante estos dos años y hasta el día hoy, la corporación de seguridad federal, continúa sin reconocer su responsabilidad, aun y cuando ésta no pudo acreditar lo contrario; es decir, que sus elementos no estuvieron en el sitio y la fecha en la que fue desaparecido Ulises:
“Ellos siguen sin reconocer la responsabilidad, (la SEMAR) dicen: yo no reconozco que mis elementos hayan estado ahí, aun cuando hay indicios que señalan el lugar, la temporalidad, y esos datos de prueba que datan en expedientes dentro del juzgado de distrito”.
¿ DÓNDE ESTÁ ULISES?
La señora Norma aún recuerda esos primeros días tras la desaparición de Ulises, donde ni el sol, el hambre o la lluvia, detenían las brigadas de búsqueda que junto con vecinos, familiares y amigos realizaban en brechas y caminos de la región para dar con el paradero de su hijo. A dos años, dice, no es que el ánimo ni la esperanza se hayan agotado, sino que, con el tiempo y frente el aumento de la violencia y la inseguridad, reconoce que esto ahora le toca al Estado:
Yo hice mis búsquedas alrededor, a la periferia de donde fue la desaparición de mi hijo, pero pues no, ningún resultado. Duramos días, tal vez una semana, un poquito más, con ayuda de gente de aquí mismo, que la verdad le estoy muy agradecida por tanto apoyo, porque me ayudaron muchísimo a pesar de que nos caía el calorón, hubo lluvia, nos llegaba la noche, el hambre. Pues ahorita ya salir a buscar yo ya no le veo caso, porque luego de repente siguen las desapariciones siguen hacia el lado de Jilotlán, por allá también lo buscamos un poquito, pero ya más para allá la verdad da miedo porque puede que hasta uno no regrese, por los enfrentamientos que ha habido de carteles últimamente; entonces pues ya mejor eso que le toque a las autoridades.
Si bien, la Lic. Rincón asegura que a dos años de la desaparición de Ulises, “las autoridades han hecho mucho” aún “falta muchísimo por hacer”:
“Hemos caminando persistentemente en la carpeta. Las diligencias que se tienen que desahogar, se desahogan y hemos tratado de que la carpeta no tenga vacíos… Jurídicamente tenemos avances pero materialmente no lo hemos conseguido y la pregunta queda al aire, ¿cómo se materializa todo esto en papel en acciones para traer de vuelta a Ulises?” precisa la abogada.
¿Y DÓNDE ESTÁN TODOS?
La señora Norma, sólo quiere que las autoridades se pongan a trabajar y encuentren a su muchacho y a todos los que, como él, han sido en el país víctimas de una desaparición; pues reconoce que no sólo se trata de su “Uli”, sino de otros muchos jóvenes que cada día siguen desapareciendo.
“Quisiera que ya den resultados, no sé, que se pongan ya, a trabajar más, porque no solamente es mi hijo, hay muchos, y cada día siguen desapareciendo más jóvenes, niños, de todas las edades y la pregunta es dónde están todos ellos y por qué tanto joven sigue desapareciendo y las autoridades no saben nada o no pueden resolver el caso”.
Para ella, los abrazos que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña bajo el ocurrente mensaje “abrazos, no balazos”, son insuficientes para acabar con el contexto de violencia e impunidad que, hasta el día de hoy, favorece que las autoridades permanezcan sin llevar a cabo acciones concretas que le permitan dar con el paradero de su hijo y que, los responsables en el Estado continúen sin reconocer su participación en la comisión de este delito:
“Yo quisiera decirle a nuestro Presidente, al señor Andrés Manuel, que ya no quiero abrazos, quiero resultados, quiero ver a mi hijo, ya lo quiero de vuelta, quiero que vuelva a ser el niño feliz, el que llegaba “ma, ya llegue”. Eso de abrazos no está funcionado porque siguen las desapariciones y eso no se va a acabar nada más con abrazos”.
Ulises es un joven muy alegre, muy noble e independiente, con muchos sueños que de manera forzada y por quienes admira, fueron puestos en pausa. Cada día su madre y hermana oran por él, por su regreso, y desean, al igual que toda su familia, que no sea olvidado, que sepa la sociedad, que sepan los gobiernos en el estado y en la federación, que “Uli” como le nombran con cariño, fue desaparecido forzadamente por elementos de la Secretaría de la Marina en Tecalitlán, Jalisco y que no se cansarán de exigir justicia hasta encontrarlo.
“Yo la verdad no me puedo hacer a la idea de que él llegara a no estar con nosotros, yo día a día lo espero, cada noche pido por él y a cada momento lo tengo muy presente, yo no me puedo olvidar de mi hijo y no quiero que nadie lo olvide, porque espero en Dios que algún día él sí va a regresar, yo tengo la esperanza en que sí, en que sí vuelva”.
En sólo 20 días, 12 mujeres fueron asesinadas -todas por disparo de arma de fuego- en el estado de Oaxaca. Dos de los últimos casos, madre e hija, se cometieron en Putla Villa de Guerrero, municipio con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
“La situación no mejora, sino que está tendiendo a ser más violenta. Si ya se establecieron estas estrategias, es aún más preocupante que madre e hija hayan sido asesinadas en este municipio. Esto nos preocupa porque por un lado se habla de un discurso en donde se están estableciendo todas las estrategias y acciones de la declaratoria y sin embargo, los niveles de violencia no disminuyen”, señaló Angélica Ayala, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
La persistencia de asesinatos en municipios en donde desde el año pasado se instalaron en su totalidad los Consejos Municipales para la Atención de la alerta, habla de que no hay una capacidad operativa para poder implementar programas de prevención y, por otro lado, también de que no hay voluntad política con recursos suficientes como para poder implementar las acciones que salvaguarden la vida de las mujeres.
Angélica Ayala destacó que los 12 asesinatos en 20 días, apuntan a que este año podría ser todavía más violento que 2019, en donde en todo el mes de enero, 15 mujeres fueron asesinadas.
Autoridades no están cumpliendo
Por su parte, la activista feminista Vilma Katt Ulloa indicó que las autoridades no están cumpliendo con su trabajo.
“La alerta no está teniendo los resultados porque las autoridades no están haciendo el trabajo adecuado. Las autoridades han sido indiferentes, omisas e indolentes”, declaró.
En tanto -indicó- instancias como la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas (SMO) y la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, tendrían que realizar una reestructuración de sus planes de trabajo para los siguientes dos años de lo que queda de la administración de Alejandro Murat.
Vecinos del municipio Santillán Tequisquiapan, denunciaron una serie de atropellos que ha sufrido 19 familias propietarias de tierras
Vecinos del municipio Santillán Tequisquiapan, de Querétaro, denunciaron ante las autoridades correspondiente una serie de atropellos que ha sufrido 19 familias propietarias de tierras ejidales por parte de Conagua que, señalan, no otorga agua para riego.
Según reza la denuncia entre los atropellos de los que se quejan está el cobro de cuotas de inscripción que fluctúan entre los 10 mil y los 100 mil pesos. También refieren que les pide ayudas voluntarias que resultan ser obligatorias para mejoras a la comunidad con aportaciones de 3 mil pesos mensuales.
Por otro lado, también se les cobran multas por faltas de asistencia a las reuniones convocadas, que van de entre 600 a 3 mil pesos. También se quejan de la venta de agua con costo por hectárea y por cada siembra desde 50 mil a los 200 mil pesos
Además también se les cobra por reparaciones por año de las tuberías del pozo con una cuota de recuperación de 5 mil pesos por cada uno de los 19 agremiados.
También se les pide apoyos de convivios obligatorios de compra de alimentos, alcohol de los representantes para las relaciones sociales con los funcionarios del ayuntamiento y Conagua y apoyo para papelería.
Entre otras anomalías de las que se quejan es la de venta extra de metros cúbicos de agua.
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
20 enero 2020
Se niega el secretario de Salud a atender el tema, argumentan que es debido a que no se reconoce dicha identidad en el Código Civil
Con el Protocolo se buscará sensibilizar al personal médico y hacer más eficiente su atención hacia este sector
Deficiente, la atención que recibe la comunidad trans por parte del sector salud en el estado. A cuatro meses desde que Miguel Ángel Piza Jiménez asumió la dirección del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea), no se ha dado seguimiento al Protocolo de Atención a Personas Trans, proyecto que inició en el 2018 durante la administración de Sergio Velázquez García e inclusive ya estaba muy consolidado al momento en que dejó el cargo.
“En el sector salud justifican que, como no hay una modificación del Código Civil, no es reconocida la identidad en Aguascalientes”, señaló la coordinadora de la Red de Mujeres Trans en Aguascalientes, Susan Any Muñoz Rodríguez, quien recordó a funcionarios del Issea que el protocolo no es una ley, solamente una herramienta para mejorar la atención a este sector vulnerado.
En el Código Civil del estado, en el capitulo XI del titulo cuarto, que habla precisamente sobre la nulificación, rectificación, modificación, aclaración y reposición de los registros del estado civil, no tiene establecido un artículo que hable sobre una modificación del acta por reasignación de sexo y ni siquiera tiene una definición acerca de la identidad de género.
Con este protocolo, se buscaría sensibilizar al cuerpo médico con respecto al trato de las personas trans en donde se consideraría un nombre social y el nombre legal, así como la prevención de discriminación antes, durante y después de la consulta médica.
Muñoz Rodríguez reconoce que Sergio Velázquez, el anterior secretario de Salud, sí tuvo la apertura de atender temas de la comunidad LGBT, pero Miguel Ángel Piza no ha tenido ni la apertura hacia los activistas argumentando que éste no ha tenido un nombramiento oficial.
La Red de Mujeres Trans en breve se reunirá con J. Asunción Gutiérrez Padilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes, en donde se presentará el protocolo de Atención a Personas Trans.
Susan Muñoz también señala que se han puesto dos quejas contra sicólogos del Centro de Salud Mental Agua Clara por una mala atención y un diagnóstico a las personas trans.
La introducción de ductos de gas natural dañó la tubería del servicio de agua potable en la colonia Juan Morales / Cortesía | Javier Anzúrez
Emmanuel Ruiz / El Sol de Cuautla
La introducción de un ducto de gas natural en la colonia Juan Morales, del municipio de Yecapixtla, ha causado problemas de escasez de agua de manera reiterada, según expuso el ayudante municipal Javier Anzurez Medel, quien sostiene que se trata de un gasoducto que conectaría a la termoeléctrica de Huexca con la zona industrial de Civac.
De acuerdo con el ayudante municipal, desde el mes de abril de 2019, fecha en la que asumió el cargo como autoridad auxiliar, la tubería del sistema independiente de agua potable se ha roto entre 35 y 40 veces, lo que ha causado deficiencias en el servicio cada vez que debe ser reparada. El ayudante señaló que las averías se deben a que, al momento de ser introducidos los ductos, la tubería de agua, paralela a éstos, quedó “resentida”:
Entonces, por la presión, se rompe a cada rato, quedó sensible la tubería como tal, afirma.
Se trata, dijo, de un tramo de tres kilómetros, cuya solución ideal sería su reemplazo por tubos nuevos. Pero esta situación, agregó, ha abierto una nueva interrogante para el sistema independiente y la ayudantía: cuando haya que intervenir la tubería, ¿acarreará un riesgo su cercanía con los ductos?
Si se necesitan hacer trabajos de reparación con maquinaria pesada, la ‘mano de chivo’ agarra parejo y, si daña el tubo, sale todo el gas, porque viene a presión, advierte Anzurez.
Hasta ahora, la introducción de los ductos ha causado únicamente cortes de agua en los hogares de la Juan Morales y, de acuerdo con las reuniones que el ayudante ha sostenido con funcionarios del gobierno estatal, no existen riegos de una catástrofe.
“Esta vez que fuimos al gobierno del estado ellos verbalmente dijeron que sí es el gasoducto”, relata, al referir que dicho problema ya fue informado a las autoridades del gobierno estatal.
Un brazo de la termoeléctrica
De acuerdo con Samantha César Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) el gasoducto que atraviesa por la colonia Juan Morales es un proyecto adicional al Proyecto Integral Morelos (PIM), con el que se busca que el gas que sea enviado desde Tlaxcala a Huexca sea redistribuido a otras regiones de Morelos, como el Parque Industrial Cuautla y la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac). Sin embargo, se trataría de proyectos concesionados a otras empresas.
Después de la crisis de diciembre pasado salen a la luz nuevos hechos de acoso sexual y laboral que incriminan al director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la UG, Benito Rodríguez Haros
Algunos días se manifestaron en el teatro Benito Juárez en protesta por el acoso. Foto: Excelsior
Andrés Becerril / Excelsior, 20 de enero de 2020
La Universidad de Guanajuato (UG) está convertida desde hace un lustro en un campus de opacidad, violencia e inequidad de género. Los hechos que ahora se develan, habían permanecido ocultos por las autoridades de la UG, incluyendo a su rector, Luis Felipe Guerrero Agripino.
Los sucesos documentados a través de la Unidad de Transparencia de la UG y de los cuales Excélsior obtuvo copia, tienen como antecedente y corren en paralelo con el caso Kala: la agresión sexual de un profesor a una estudiante en agosto de 2015 y que hasta la crisis de diciembre de 2019 tuvo como consecuencia la destitución del académico Julio César Kala.
El 10 de enero de 2020, la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la UG respondió una solicitud de información hecha un mes antes, diciendo que “reservó” a partir de ese mismo 10 de enero y hasta el 2 de marzo siguiente, el contenido de un trabajo titulado Estudio e investigación sobre género en los cuatro Campus de la Universidad de Guanajuato, realizado entre abril y noviembre de 2017 por la consultoría Estudios y Estrategia para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ).
Este estudio, solicitado a través del folio Infomex 03257719, y que tuvo un costo de 823 mil 439 pesos, fue realizado por un equipo, en el contexto de la violencia e inequidad de género, que se empezó a vivir a partir de 2015 en la UG. Edith Olivares Ferreto confirmó a este diario la elaboración del estudio reservado por la UG y ante la solicitud de obtener una copia dijo que era propiedad de la universidad.
En el acta CIG-2018-1 de la primera sesión del Comité de Igualdad de Género, del 8 de febrero de 2018, el entonces secretario general de la UG, Efraín Rodríguez de la Rosa, pidió a los miembros del comité integrado por 28 personas incluidos el cuadro administrativo de primer nivel designado por el rector Guerrero Agripino, más profesoras e investigadoras de todos los campus de la UG, que el estudio se use de forma “responsables” y pidió “se use al interior del comité y no con personas externas”. La maestra Margarita Arenas Guzmán sugirió se adjunte un acuerdo de confidencialidad.
En abril de 2015, el entonces director de Departamento de Estudios Sociales, campus Celaya-Salvatierra, Benito Rodríguez Haros, fue señalado por una profesora de acoso sexual. En julio de 2017, ante el Programa UGénero —creado a partir del caso Kala—, Rodríguez Haros, que para entonces ya era director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del campus Celaya-Salvatierra, fue denunciado por hostigamiento laboral. Este hecho terminó con el despido de la profesora-investigadora acosada.
El viernes, Excélsior contactó a Rodríguez Haros para conocer su posición ante estos señalamientos. En primera instancia el académico buscó la manera de detener la publicación y después se comprometió a devolver una llamada telefónica para fijar su posición, cosa que no ocurrió.
De acuerdo con la solicitud de información Infomex 00421918, Rodríguez Haros está relacionado con dos casos, uno en 2015 y otro en 2017, aunque de acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos de la UG, “sólo una cumplía con las condiciones para ser investigada por esta unidad, le informo que una de las denuncias no fue tomada como válida, esto por no corresponder a un evento de carácter laboral, sino académico. Por lo que respecta a la denuncia restante, se dio el seguimiento correspondiente por la DRH en tiempo y forma”.
En ese mismo documento se anexó una tarjeta informativa, fechada el 11 de mayo de 2015; en el punto “asunto”, se lee: Análisis de investigación administrativa, por conducta deshonesta y acoso sexual imputada al Dr. Benito Rodríguez Haros.
Para este trabajo se buscó a la profesora que el 20 de abril de 2015 hizo la denuncia en contra de Rodríguez Haros. Las personas para contactarle expusieron que ella prefería mantenerse al margen, ya que ha sido amenazada e incluso responsabilizada del movimiento estudiantil que se desató a finales del año pasado, luego de la muerte de la estudiante Ana Daniel Vega, a principios de diciembre de 2019.
En la tarjeta informativa de referencia se lee: “Narra acoso sufrido por parte de doctor Benito Rodríguez, esto es, la persigue, le envía flores, se presenta en su domicilio particular sin ser invitado, le realiza llamadas telefónicas a altas horas de la noche sin que ella le conteste, realiza comentarios
inapropiados sobre su cuerpo, incluso debe esconderse porque él la espera al término de sus labores; sin embargo, no aporta prueba alguna al respeto. Al momento de levantar acta de hechos refiere contar con registro de llamadas telefónicas sin que pueda exhibir las mismas (mencionó no encontrarlas)”.
En el mismo documento Rodríguez Haros negó todo y aludió que la relación con su denunciante se limitaba “a un trato respetuoso y cordial”.
No obstante que Recursos Humanos de la UG da por hecho que no hubo acoso sexual, su sugerencia final es: “Realizar un extrañamiento al doctor Benito en el sentido de mantener una sana distancia así como un trato respetuoso con (su denunciante) ello en beneficio de ambos”.
En la solicitud de información 032566319, para conocer cuántas quejas habría tenido Rodríguez Haros en los últimos 15 años, formulado a distintas instancias de la UG, la Rectoría contestó que no tenía registro sobre el particular. Igual que la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario.
En contrapunto, la Contraloría universitaria contestó:
“Sin embargo, y con la intención de proporcionar la información solicitada, me permito señalar que a partir de la fecha señalada se detectaron siete asuntos que, además de otros servidores públicos, involucran a una persona de nombre Benito Rodríguez Haros; sin embargo, cabe aclarar que esto fue resultado de una minuciosa búsqueda en los archivos físicos de esta unidad, dado que en los registros electrónicos no aparece su nombre en el apartado de la persona señalada como responsable.
En esa misma respuesta, la Contraloría ofrece fechas del tiempo que llevó a las autoridades universitarias investigar los siete casos, sancionarlos y desecharlos, que van entre el 27 de octubre de 2016 y el 7 de noviembre de 2019.
En el currículo de 26 páginas que Rodríguez Haros presentó y firmó en agosto de 2016 para obtener la dirección de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la UG, en el punto 39 Atención de conflictos, el académico señala que “En ejercicio de mis obligaciones como Director del Departamento de Estudios Sociales he enfrentado situaciones adversas, mismas que debo agradecer a las personas que las inspiraron y materializaron, ya que, con ello han contribuido a mi formación y fortalecimiento personal y profesional…”.
De inmediato se refirió “al caso del citatorio de fecha 30 de abril de 2015 signado por el Jefe de Relaciones Laborales, Lic. Alberto Ramírez Moncada. En el cual presuntamente se me acusa de “acoso sexual” a una profesora. En la respuesta que presenté, el día 7 de mayo de 2015, exigí a dicha coordinación la aplicación de las sanciones correspondientes por falsas imputaciones. Falsas declaraciones y difamaciones. Recibiendo, en cambio, amenazas de parte del Lic. Luis Manuel Orozco Arroyo. Director de Recursos Humanos de la Universidad de Guanajuato para que me retractara de la declaración y de esa manera llegar a un acuerdo. Asunto que no acepté, y en su momento lo hice del conocimiento de la honorable Junta Directiva. Pendiente atendido y finiquitado”.
Sobre el caso de acoso laboral denunciado ante el Programa UGénero en contra de Rodríguez Haros, el 28 de julio de 2017, la Secretaría General denominó como violencia laboral el hecho.
En ese caso, el entonces secretario general de la UG, Héctor Efraín Rodríguez, de la Rosa responsable del programa género, fue el encargado de esconder la denuncia, no la entregó a la Dirección de Recursos Humanos, hasta que la denuncia había perdido su validez jurídica, el 28 de agosto de 2017, según la solicitud de información Infomex 00610318, lo que impidió que Recursos Humanos de la UG investigara la situación. La profesora-investigadora que denunció a Rodríguez Haros fue despedida meses después, calificada de “conflictiva”.
Detonante
La situación basada en el profesor Julio César Kala (imagen) fue el detonante para que alumnos de la Universidad de Guanajuato salieran a manifestarse contra los casos de acoso.
A partir de ahí se suscitaron más incidentes y la institución los indaga.
La organización pro defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, Pueblo Sin Fronteras, ha denunciado que elementos de la Guardia Nacional han recibido con “fuerza bruta, gas lacrimógeno y represión” a las personas migrantes integrantes de la Caravana Migrante 2020 que cruzaron esta mañana de lunes el Río Suchiate para llegar hacia los Estados Unidos. El contingente decidió abrirse paso en la frontera luego de negociar pacíficamente la entrada al país y ante la negativa del Gobierno Mexicano quien reiteró que México “no será un territorio sin ley” para las personas migrantes, por lo que no otorgará visas de tránsito y tampoco salvoconductos.
Por Redacción ZONADOCS; Fotografías PUEBLO SIN FRONTERAS
La mañana de este lunes, integrantes de la Caravana Migrante que salió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado miércoles 15 de enero, decidieron cruzar el Río Suchiate, que divide a Guatemala de México. Lo hicieron después de recibir una respuesta negativa del Gobierno Mexicano a la carta que enviaron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el texto las personas migrantes solicitaron que se les permita pasar por el puente Rodolfo Robles (cruce fronterizo entre Tecún Umán, Guatemala y Ciudad Hidalgo, México) y se comprometen a mantener “el orden en territorio mexicano” en su tránsito hacia los Estados Unidos.
No obstante, frente a la presunta respuesta negativa del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, algunos cientos de personas provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Cuba, optaron por cruzar por el Río Suchiate, según lo han documentado medios de comunicación y organizaciones.
Es importante precisar que, durante el fin de semana también se registró un intento de ingreso; situación que desembocó en el cierre del acceso y el reforzamiento de la seguridad por parte de agentes de Migración y de la Guardia Nacional quienes intentan evitar a toda costa el paso de las personas migrantes.
Al respecto, la organización Pueblo Sin Fronteras, quien vigila que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes que integran este contingente, denunciaron a través de sus redes sociales que, México le ha dado la bienvenida a esta Caravana con elementos de la Guardia Nacional, quienes han hecho uso de la fuerza bruta, el gas lacrimógeno y la represión, “formando así la verdadera patrulla fronteriza del gobierno de Estados Unidos”.
Con fotografías han denunciado los hechos y con ello, el proceder de los elementos de seguridad. Según han advertido, los elementos permanecerán en la zona para “atrapar a los que se quedaron acorralados en El Paso del Coyote”.
Por su parte, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, denunciaron que desde la salida del contingente de Honduras y tras su llegada a la frontera sur entre México y Guatemala, “la ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional” han sido el común denominador por parte de las autoridades; así como, “la falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria” que en algunos casos han derivado en situaciones de separación familiar.
También, han señalado “la ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas” lo anterior respecto a las personas detenidas durante el intento de cruce el pasado fin de semana.
Finalmente, han coincidido en que “el protagonismo de la Guardia Nacional durante todo el dispositivo de contención” “evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país”. Incluso, “por encima del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad”.
Texto: Verónica Galicia, Fotografía: Alfredo Valencia / La Voladora Radio
Chimalhuacán, Estado de México, 19 de enero.- Al cumplirse dos años de la desaparición de Norma Dianey García García, en el municipio de Chimalhuacán, y dos años y seis meses del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, familiares de las víctimas y la Red de Mujeres del Oriente del Estado de México que Luchan convocaron a una marcha en este municipio mexiquense.
Bajo la consigna “¡Ni una asesinada más!, la marcha que partió de la calle Quetzalli y 4° Torre avanzó por las calles del municipio.
Garantizar no más desapariciones y feminicidios en el Estado de México, acceso a la justicia y la verdad para las familias víctimas de desapariciones y feminicidio; así como, mecanismos de búsqueda, localización e investigación reales y eficientes, fueron parte de las demandas de esta movilización.
Durante el recorrido, el contingente hizo una primera parada en la Unidad Especializada de la policía para la atención a las víctimas de violencia familiar y de género (UEPAVIG) de Chimalhuacán. Afuera, María de Lourdes García, mamá de Norma Dianey, exigió justicia y solución en el caso de la desaparición de su hija y “todas las mujeres víctimas”, expresó.
Al micrófono también llegó la voz de Lidia Florencio, mamá de Diana, joven asesinada el 2 de julio de 2017, en los límites de Chimalhuacán y Chicoloapan, quien señaló la ineficiencia en las investigaciones.
“Desde ese día hemos visto pasar 2 años, 6 meses, 17 días, y hoy nuevamente recorremos las calles de Chimalhuacán, porque estamos en el hartazgo de ver que nuestros procesos son largos y cansados; llenos de indiferencia e ineptitud. Hasta esta fecha no hemos visto claro una línea de investigación para poder dar con los responsables del feminicidio de Diana Velázquez”.
Frente a policías municipales que resguardaban la entrada de la UEPAVIG, doña Lidia denunció los obstáculos que enfrentan las familias víctimas al momento de acudir a levantar una denunciar: “Cuando acudimos a hacer una denuncia lo primero con lo que nos topamos es con la indiferencia y revictimización [que hacen] los servidores públicos”.
Durante su intervención, Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Rivera, asesinada el 3 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, conminó a los policías a dejar de tomar fotografías a las mujeres ahí reunidas. Sentenció que mientras no aparezcan con vida todas las mujeres desaparecidas, seguirán saliendo a las calles.
“Hoy estamos aquí porque este sistema de desigualdad, de falta de oportunidad para las mujeres, de falta de ejercicio de nuestros derechos es el que nos mantiene saliendo a las calles. […] Estamos aquí para decirles que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos hasta que haya justicia y hasta que hayamos encontrado a todas y cada una de las mujeres que nos han arrebatado. Hasta que hayamos obtenido justicia.”
La marcha continúo su camino. La segunda parada fue sobre la avenida Bordo de Xochiaca. Alrededor de una ofrenda de flores y semillas, el sonido profundo del caracol, y los rostros de mujeres desaparecidas o asesinadas, las participantes realizaron una ceremonia.
Después de unos minutos, las mujeres se enfilaron con rumbo al Río La Compañía. Ahí, dos enormes cruces de madera pintadas de color rosa y con la leyenda inscrita “Ni una más”, aguardaban la llegada de la marcha.
En ese lugar, se colocó la lona con la imagen de Diana Velázquez y Norma Dianey García. Las cruces fueron ataviadas con flores, contrastando con lo sórdido del lugar. En ese lugar, quienes acompañaron el recorrido recordaron que las mujeres asesinadas y desaparecidas, ni sus familias están solas, “que no estamos todas, porque nos faltan ellas.”
Al cumplirse dos años de la desaparición de Norma Dianey García García, sus familiares se manifestación en las calles de Chimalhuacán para exigir justicia
CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.- En enero se recuerdan dos crímenes contra mujeres en Chimalhuacán. Dos años atrás, de regreso del trabajo a su casa, Norma Dianey García García desapareció. Y hace un año, Giselle Garrido Cruz fue asesinada, tenía 11 años. El asesino, de 51 años, era el dueño de un ciber café al que ella acudía.
Este domingo, Jackeline, de seis años de edad, marchó en memoria de Norma Dianey García. Con el rostro cubierto con una pañoleta verde y una bandera violeta con un “Ni una menos” escrito en blanco, Jackeline caminó los cuatro kilómetros de la ruta de protesta junto a las manifestantes. La niña estudia en la misma primaria a la que asistió Giselle Garrido.
A dos años de la desaparición de Norma Dianey, su madre convocó a la protesta ya que la investigación está congelada y desconoce dónde está su hija. Uno de los imputados por su desaparición murió en prisión; el otro fue liberado.
“Ya está luego espantada ella. Si pasamos donde hay muchos hombres le da miedo. Me dice: ‘Me da miedo que te vayan a hacer algo’. Por todas las cosas que ve y vio mucho lo del caso de la niña” cuenta Diana, madre de Jackeline, quien pidió ser citada únicamente con su nombre de pila.
Diana y sus tres hijas viven desde hace varios años en Chimalhuacán. Cuenta que una de ellas le contó que el asesino de Giselle Garrido la llegó a ver raro una de las muchas veces que asistió al cibercafé. Usualmente la familia iba a ese negocio. Saber que el encargado del local fuera el asesino les impactó mucho.
Cuando pasó lo de Giselle Garrido, Diana no pudo acompañar a su familia, ni los ritos de luto que realizaron los días siguientes al asesinato.
“La verdad no fui porque es muy triste todo eso. Cuando me dijo m’ija que había sido una persona con la que íbamos diario… la sorprendió mucho porque íbamos casi diario ahí. Yo siento que sí ha aumentado (la violencia) pero tratamos de estar cerca de ellas”, recuerda la mamá.
A Jackeline le gustan las consignas, para ella son cantos: “(Me gusta) que cantemos y que vayamos así juntas”, cuenta. Su hermana mayor le enseñó un video que un grupo de documentalistas hicieron sobre la desaparición de Norma Dianey García, explica su mamá.
Andrea Alvarado durante la protesta para exigir justicia por Norma Dianey García y Diana Velázquez. Sostiene una cartulina con una de las consignas que gritó durante la protesta.
A unos pasos de Jackeline y Norma, una niña tomó el megáfono para gritar consignas una y otra vez. Andrea Alvarado, de 10 años, es parte de la Asamblea de Nos Queremos Vivas Neza, ahí aprendió las consigas que lanzó por las calles de Chimalhuacán.
Desde hace dos años, Andrea Alvarado y su madre, Guadalupe Alvarado, son parte de la asamblea. La mamá explica que juntas han ido aprendiendo cómo hacerle frente a la violencia hacia las mujeres.
La menor no tiene consigna favorita, le gustan todas y no por una sola razón, entiende que la mayoría de las consignas tienen significado para varias personas. ¿Qué le gustaría que no vivieran sus amigas ni ella en el futuro?
“Que empecemos por el respeto a las personas y que no hayan personas que te discriminen, porque por eso empieza la violencia a las mujeres y a los hombres, porque se discriminan a sí mismos. Me gustaría que se haga justicia cada vez que una mujer, una chava o una niña desaparezca, la violen o la asesinen”, dice la niña.
Su mamá, Guadalupe Alvarado, cuenta que a partir de que entraron al Colectivo Nos Queremos Vivas Neza su percepción de la violencia en Chimalhuacán, donde vive desde hace 40 años, cambió. No porque antes no existiera, sino que no se enteraba. Sin embargo vive con esperanza:
“Tengo mucha esperanza. Sé que no vamos a poder cambiar todo el mundo o por lo menos el país, pero sí estoy enfocada en cambiar la vida de mis hijas”.
Patricia Álvarez, integrante del colectivo Mujeres del Oriente del Estado de México que Luchan, enfatiza que para las mujeres vivir en las periferias es complicado.
“Es el lugar más complicado para vivir. Donde a los hombres les intimida que una mujer sea autosuficiente. Por esta razón te colocan trabas en el camino, no les agrada que las mujeres se independicen y aprendan a no necesitarlos”, señala Álvarez.
“En Chimalhuacán la violencia hacia las mujeres no es nueva, esto viene desde hace más de 30 a 40 años. Hoy se está agudizando, y por lo tanto no deja de ser un problema social”, añade.
Lidia Florencio, madre de Diana Velazquez Florencio, asesinada en 2017 junto con sus hijas, Laura y Camila siempre se acompañan en todas las protestas y acciones.
Para Diana Betanzos, integrante de la Colectiva Nos Queremos Vivas Neza, ni las niñas, ni ninguna de las mujeres que protestó, deberían estar en las calles exigiendo seguridad y justicia, pero no ve otra opción. Al contrario, cree muy importante que este tipo de información llegue a las menores.
“Sabemos que es a las salidas de los horarios escolares en los que las mamás han visto carros tomando fotos o donde las niñas han sido robadas. Las niñas deberían estar en su casa jugando, si están aquí es porque saben que es real. Sus compañeras de clase son desaparecidas, no regresan y son ausencias que, ¿quién está conteniendo?, ¿cómo una niña de once años, de ocho años, o de la secundaria vive la desaparición de su compañera de salón, de su mejor amiga?”.
Betanzos sabe que muchas personas pueden no estar de acuerdo con que las niñas enfrenten a tan corta edad temas tan duros de violencia, pero la situación de riesgo en la que viven lo vuelve necesario:
“Creo que es importante que ellas estén aquí y que sepan que nosotras vamos a estar con ellas para cuando lo necesiten. Por ejemplo, Andreíta es nuestra compañera de asamblea, está con nosotras, convive con nosotras. Quizá para mucha gente eso no es lo correcto, dicen, ‘no, eso no lo debe saber una niña’, pero lo tienen que saber, porque está en peligro, más que cualquiera”.
La manifestación terminó en las cruces rosas que colocaron en el Bordo de Xochiaca, en los límites del Canal. Ahí Lourdes Arizmendi, madre de Norma Dianey García García, y Lidia Florencio, madre de Diana Velazquez Florencio, colocaron una manta en memoria de sus hijas. Y la promesa de no parar hasta conseguir justicia se fue en los corazones de todas las mujeres que las acompañaron y acompañan en el camino.
Ejidatarios de la Sierrita denuncian la contaminación y explotación de tierras por parte de una empresa minera. Los daños están haciendo mella en la población, en sus animales y cultivos. Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje. Aquí el agua dejó de ser vital, para ser letal
Por: Jesús Peña
Fotos: Jordi Sifuentes
Video Alejandro Guzmán
Diseño: Édgar de la Garza
Edición: Quetzali García
Desde arriba del gran bordo donde descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de estar en un paraíso.
Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.
Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.
Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.
Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.
La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.
ILUSIÓN. Parece un paraíso, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa. Fotos: Jordi Sifuentes
“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos, estamos en la ruina”.
Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.
La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, solo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.
En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.
“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos, estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado ejidal de este poblado.
“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está contaminando aquí”.
SIN ACCESO Al AGUA. Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido.
Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje desértico una belleza inusitada.
César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios, (agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura,
Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios de varias compañías lácteas de la región.
“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total disponible”, dijo la fuente.
” Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí, está en lo que nos estamos comiendor.”
CIRILO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DIRECTOR DE LA FACULTAD AGRICULTURA Y ZOOTECNIA, DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, (UJED)
Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.
“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes, derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.
“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.
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El Ing. Juan Márquez señala que La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal de la zona.
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Juan Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La Sierrita denuncia la contaminación.
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Carlos Godoy, secretario del comisariado, dice que la minera puso letreros de “agua no apta para consumo humano” más tarde fueron retirados .
Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.
“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal, una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada, pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se alimenta el acuífero principal”.
“Las vacas de los ejidatarios que andan aquí sueltas, se han muerto porque toman agua de ahí y luego les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí.”
CÉSAR PULIDO BARRÓN, EJIDATARIO Y PRESIENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA SIERRITA.
Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter químico no apta para fines de consumo humano”.
Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, (IPN), en Ramos Arizpe.
El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es de sólo .025.
MIGRACIÓN.Unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.
César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin permiso, en tierras de la comunidad.
En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.
“La carne de los animales que toman agua de esa, sale quemada, son los daños que está haciendo esta agua contaminada. No sirve la carne, está muy negra.”
JUAN ENRIQUE MÁRQUEZ SILVA, INGENIERO AGRÓNOMO, EXPERTO EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA.
Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto, afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”
Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal derramado por la empresa.
“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita.
¿CÓMO VIVEN EN LA SIERRITA?. La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe.
Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas, tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes quemadas, ennegrecidas del animal.
“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer, que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua.
Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:
“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.
“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Quieren que salga lo más lejos posible. Ellos están haciendo su negocio, están vendiendo agua para la siembra y están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso”.
JUAN GUADALUPE ZAMARRIPA GONZÁLEZ, EL PRESIDENTE DEL COMISARIADO DEL EJIDO LA SIERRITA
“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.
Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.
Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.
TESTIGO. El tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.
“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra, ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo quemó”.
Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este desierto.
“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya no sale el zacate”.
“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra, ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo quemó”.
CÉSAR PULIDO, EJIDATARIO
Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato de calcio y magnesio.
“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir, después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que crezcan nopales…”.
Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.
RECUERDO . Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.
“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña (propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de la mina”, dice César.
“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón, ejidataria.
“Con el gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,
“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no es suyo? ¿Y por qué el gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a nosotros no…?”, dice Verónica.
Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda provocar esta contaminación, causada por la minera.
“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y discúlpeme, pero puro desmadre.”
VERÓNICA PULIDO,EJIDATARIA
“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo. Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.
Al respecto una investigación realizada hace una década por la Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos, tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.
“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.
“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar.”
CIRILO VÁZQUEZ, INVESTIGADOR
Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.
“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí, está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.
Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La Sierrita.
Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.
Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este reportaje.
Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
ALFALFA CONTAMINADA. Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen en los establos.
Por su parte Román Galán Treviño, encargado del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la contaminación en La Sierrita.
“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o planteamiento del ejido”.
-¿Conocía el problema?
-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.
José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y uso del agua en las mineras.
Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.
“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.
INSERVIBLE . La planta purificadora de agua está en desuso por falta de mantenimiento. Los filtros no alcanzan a limpiar el veneno.
Detalló que entre 2006 y 2018, la Procuraduría ha realizado al menos unas siete visitas de inspección a la minera Excellon en las que se han encontrado algunas irregularidades referentes al manejo de residuos peligrosos y al proceso de la actividad que realiza le compañía, y se ha sancionado.
“Pero con relación a lo que es el tema del agua no hemos llevado a cabo alguna actividad. No se tenía mayor información del caso.
-También la contaminación del agua es una cuestión de medio ambiente…
-En el tema referente al agua ahí quien interviene o quien directamente se encarga de verificar el cumplimiento de la normatividad es la Comisión Nacional del Agua.
La platosa, una mina… de problemas
La Platosa es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad. Produce plata, plomo y zinc.
Está situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y es operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Hay una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.
Años sin pagar un solo peso por la renta de las mil 100 hectáreas de tierra donde se encuentra la mina.
ANIMALES EN RIESGO.Muchas especies han perecido tras beber aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera.
“Tienes ahí un problema de contubernio y de falta de responsabilidad bien fuerte, – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero -, además de los vacíos donde no se le sanciona a nadie, por ejemplo, en este caso del arsénico, que además va a productos de consumo ya sea de manera directa o indirecta, y nadie sanciona nada por la permisividad de la ley y ese es un problema que tenemos en todo México. Es un tema súper fuerte, muy oscuro, que no está para nada legislado. Ni siquiera está bien legislado en la ley minera para los trabajadores, menos para los arrendatarios de las tierras. Es un tema que se mueve literalmente en la impunidad y Profepa y Semarnat, como siempre, se refugian en que tienen un marco legislativo que no pueden mover más allá y que por eso luego se ven, como dicen ellos, incapaces para parar procesos. Es un tema bien complejo y bien fuerte. Y aunque ya no nos den más concesiones, como dice el López Obrador, con las que tenemos es suficiente pa que acabemos con México. No se trata que den más concesiones, cómo paramos las que están, cómo hacemos que caigan en rendiciones de cuentas porque generan un montón de muerte…”.
Los ejidatarios de La Sierrita dicen que ya están hartos, aburridos, de esta lucha en contra esta minera, que aparte de afectar su hábitat, lleva ya ocho años sin pagar un solo peso por la renta de las mil 100 hectáreas de tierra donde se encuentra la mina.
DENUNCIA . “La tierra es de nosotros. No hay de otra… Que se vayan, ¿no quieren pagar?, que se vayan”, dice la ejidataria Verónica Pulido Barrón.
Toda vez que ha incumplido con otras cláusulas del contrato de arrendamiento como la instalación de una planta tratadora de agua residuales para la comunidad.
“Nosotros ya al último lo que queremos es que ellos se larguen, aunque no nos paguen, pero que se larguen ya de aquí.
Ya que nos dejen nuestra tierra y se larguen los pinches canadienses”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido La Sierrita.
“La tierra es de nosotros. No hay de otra… Que se vayan, ¿no quieren pagar?, que se vayan”, dice la ejidataria Verónica Pulido Barrón.
Últimamente los campesinos de La Sierrita han interpuesto ante los tribunales otro recurso legal en el que solicitan a las autoridades el cese de la actividad de La Platosa, en tanto no se solucionen los conflictos con el ejido.
“Estamos esperando que llegue la sentencia, a ver cómo sale, si sale a favor que bueno, si sale en contra pos también…”, dice Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado del ejido.
DATOS
7 visitas de inspección a la minera Excellon en 12 años. Hubo irregularidad en el manejo de residuos peligrosos. 8 años sin pagar un peso de renta por los mil 100 hectáreas de tierra donde se encuentra la mina.
El Ejido 7, ubicado en Ciudad Mante Tamaulipas, México, fue utilizado por miembros del crimen organizado, del grupo delictivo denominado los “Z” para tener cautivos a las personas secuestradas y asesinarlas para después incinararlas. El Grupo Mylinalli Red ha denunciado estos lugares y su trabajo de recolección de restos humanos inicio este 12 de mayo del 2019.
Francisco Camargo busca a su hijo Francisco Camargo Barragán, que fue secuestrado el 2 de enero de 2017 en un parque de Mante, Tamaulipas. Con el colectivo Milynali Red se unió a las búsquedas de restos humanos en los campos de exterminio de Los Zetas
Texto: Daniela Rea
Fotos: Mónica González
Soy Francisco, Paco me dicen. Soy papá de Francisco Camargo Barragán, desaparecido desde el 2 de enero del 2017. Ahorita debe tener, si está vivo, como 19 años cumplidos. Yo no vi, no estuve ahí cuando se desapareció. Pero sí supe que estaba en un parque. Más tarde, como a las siete y media, le marco. Suena pero no me contesta. Anda jugando, pienso; su teléfono lo dejó por ahí… No me contesta, no me contesta y voy a buscar y no hay nadie. Me entra la desesperación.
Y de ahí empiezo a buscarlo con los amigos y nada. Así pasó la noche. Al día siguiente fuimos al MP (Ministerio Público): “No se preocupen, a lo mejor están vivos, a lo mejor se fueron de parranda”. Luego pusimos la denuncia y supimos que una mamá puso una denuncia de otro joven desaparecido a las mismas horas y días de mi hijo. En total, ese día, tres muchachos fueron desaparecidos.
Rumores me llegaron que decían: “ni los busquen, si se lo llevaron los mañosos ya ni los anden buscando”. Y pues uno como padre no puede quedarse así. Lo íbamos a buscar entre canales, entre cañaverales y esperar y esperar y esperar. Rumores me llegaron de que si lo tenían “ellos” a los 15 días lo iban a regresar. Regresaron a los otros dos, pero a mi hijo no.
Los chicos que volvieron se ocultaron en sus casas, ya no salen. Como si ya no existieran. No quieren hablar conmigo, no quieren decirme si vieron a mi hijo. Luego supe que a uno lo mataron y al otro, que se lo llevaron, que lo traían trabajando; los traen secuestrando, levantando gentes, el trabajo que hacían ellos.
Un día llega una persona a mi casa, un chavo que conocía mucho a mi hijo. Llega a las cinco de la madrugada. El chavo andaba ebrio, en una moto. Me dice: “Don, vengo a decirle que yo traté de defender a su hijo, me hice pasar por su hermano, pero con el tercer mando ya no pude hablar, el primero y segundo sí pude hablar con ellos, pero ya el tercero ya no”. Yo le pregunté si lo mataron, no supo decirme, como que se le salían las lágrimas. A partir de ese momento pensé pues a mi hijo sí lo fregaron.
Un día una vecina me habla de un colectivo y me sumo a Milynali Red, con la señora Graciela, para presionar más a la Fiscalía. Al año detienen a un hombre involucrado con la desaparición de mi hijo y él hace un croquis, todo mal hecho, pero indica el Ejido 7. Y así, con este croquis y con ayuda del colectivo, es que logramos llegar al sitio. Llegamos en el 2018.
Es un lugar pegado a la sierra, lo tomaron todo, no dejaban arrimar a nadie, ni a campesinos, ni a los lugareños. La gente dejó de ir a ese lugar. Es un camino que tienes que pasar por sembradíos, donde hay potreros y llegas al monte. Es un monte donde da miedo caminar, silencioso, con muchos caminitos que siguen hasta llegar a la punta, como 800 metros para llegar hasta arriba.
Yo digo que los llevaban vivos porque no se tomaban trabajo en llevarlos muertos; no, sino que ellos mismos caminaran. Tenían que subirlas vivas porque es muy difícil subir cuerpos, pienso que los obligaban a caminar y a cargar cosas.
Dicen por ahí que una vez un chavo escapó, que él cuenta que le taparon la cara y lo llevaron al monte, que recuerda que pasaban entre las cañas, que escuchó un arroyo, que corría agua, que lo caminaron por un monte, que tenían que ir agachados, que había muchas personas disfrazadas con traje militar. Que lo dejaron en un monte amarrado con árboles, que lo vendaron y lo encintaron. Que iban ahí y lo tableaban, lo golpeaban. Que en la noche, en la tarde, a él lo pusieron a escarbar, escarbó un pozo, que lo acostaron ahí amarrado. Que un día lo soltaron, le dijeron que no lo querían ver ahí, lo abandonaron en camisa y boxers. Un chavo de 15 años. Que pagaron para liberarlo.
Es un punto muy cercano a Mante, donde se trabajó mucho, donde el delincuente ya no hacía sus “cocinas” hasta arriba, ahí abajo, en las faldas de la sierra los cocinaban. Cuando levantamos los primeros restos, había huesos como cuando haces un caldo de pollo, no estaban totalmente deshidratados. Piezas importantes para sacar un perfil.
Yo, cuando estoy en este lugar, tengo un presentimiento de que sí me lo mataron. Buscarlo aquí, en este cerro, es difícil. Donde salen estos restos, que los tomo como un adelanto de un perfil (genético) que marcará si es él. Yo no le hablo a los restos como algunas compañeras, pero yo sé que si mi hijo está aquí, por ahí en un resto de esos, pues yo confío mucho en Dios que sí se va a manifestar.
Un día, cuando estaba en la criba, encontré un diente. Y pensé que estoy buscando a mi hijo en esas condiciones. Eso es muy fuerte, pero yo digo que lo más fuerte ya me pasó, toda la desaparición… me tardé más de un año en poder hablar, responder, sentir, soportar. No soportaba nada. Mas ahorita, pues no sé, tengo la esperanza.
La primera caravana de 2020 fracasó. No consiguió recorrer Centroamérica como un éxodo granítico y masivo, ni alcanzar la frontera de Estados Unidos. El nuevo muro mexicano demostró ser eficiente y la mayor parte de los cientos de hondureños y el puñado de salvadoreños que llegaron a Tecún Umán y El Ceibo accedieron a subirse a autobuses de la migración mexicana para iniciar un trámite incierto. El gobierno de López Obrador ya ha anunciado que deportará a la mayoría.
El muro de la Frontera Sur se tragó a la última caravana. La extinguió, no dejó rastro de ella, la absorbió entera en un suspiro. Y anuncia que la deportará.
De las casi cuatro mil personas que partieron hace cuatro días de San Pedro Sula, en Honduras, no quedan sino migajas esparcidas en el mapa de Guatemala y algunas cuantas acechando errantes el sur mexicano, sin que nadie pueda llamarles ya caravana. México demostró ser el muro eficiente que prometió a la Casa Blanca de Donald Trump a la hora de contener la migración centroamericana.
Y lo hizo con la audacia y la velocidad del prestidigitador. Y con los engaños del peor político.
Al mediodía del sábado 18 de enero, tras atravesar a pie o en buses Guatemala de frontera a frontera, se habían plantado frente al portón de la aduana mexicana en la remota frontera de El Ceibo, en el departamento de Petén, lindante con el Estado de Tabasco, unas mil personas según los cálculos hechos por un teniente del ejército de Guatemala. Querían seguir subiendo en el mapa y la mayoría, después de quemar naves en sus países, llegar a Estados Unidos. Tenían, dijeron, la determinación inquebrantable de rechazar los embelesos con que los agentes migratorios mexicanos intentaban seducirlos para que desistieran.
“Nadie se va a subir a esos buses, lo que queremos es que nos dejen caminar juntos”, dijo en voz alta Ricardo Cortez, un hondureño veinteañero que se convirtió de la noche a la mañana en el líder más visible del éxodo. La gente que lo rodeaba asintió haciendo ademanes exagerados y vitoreando la determinación de Ricardo, el guía sabio.
Ante la llegada de una caravana de migrantes, las autoridades mexicanas cerraron por completo el acceso en el paso fronterizo El Ceibo. Mas de 800 personas se plantaron durante horas sobre la calle principal del pequeño poblado de El Ceibo. Foto: Víctor Peña.
Algunos agentes de migración mexicana se habían aproximado minutos antes, desde su lado del portón, para hacerles una oferta: los dejarían pasar en grupos de veinte, los subirían a autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM) y los llevarían a “un lugar seguro” sin especificar, para “procesar” su trámite migratorio y, eventualmente, ofrecerles trabajo.
Aquello les sonó a los centroamericanos como un tramposo canto de sirena, lleno de cartas tapadas, y dieron por cerrada la negociación. Ni se dejarían separar, ni se subirían a los buses de la migra, ni permitirían que se les encerrara en ningún sitio. Permanecerían, dijo Ricardo, plantados frente a la aduana hasta que las puertas se abrieran de par en par.
Así que los tres periodistas que cubríamos la marcha de aquel millar nos pusimos a imaginar escenarios, a predecir jugadas, Y decidimos que lo que ocurriría es que, llegado el hartazgo, los migrantes se aventurarían en grandes grupos por puntos ciegos en la selva. Y nos fuimos a buscar los puntos ciegos. Subidos en una lancha, recorrimos parte del río San Pedro, que bordea la línea fronteriza, sin ver más que pájaros pescando. Ni un migrante. Ni un guardia mexicano a la espera.
Cuando volvimos a la aduana un par de horas más tarde, unas 300 personas se habían subido ya a los autobuses y el resto hacía cola a la espera de su turno. Era el propio Ricardo el que en el calor húmedo organizaba a su grey, dando instrucciones a gritos: los mexicanos lo habían dejado pasar a su lado del portón y eso le confería una autoridad extra. Parecía ese joven un poquito dueño de esos buses y del destino al que se asomaban todos.
Cuando chocó con el muro mexicano, la caravana carecía de líderes. Desde su inicio en San Pedro Sula el 15 de enero fue un éxodo desperdigado por calles y fronteras distintas. En la imagen, Óscar Santos intenta controlar al grupo, que comenzaba a discutir formas de cruzar a México por puntos ciegos. Foto: Víctor Peña.
Por alguna razón la presencia de un funcionario del gobierno federal les había cambiado. Un hombre de bigote y maneras de profesor de secundaria les había inspirado la confianza suficiente para aceptar lo que antes les parecía inaceptable. Julio César Sánchez se presentó con un cargo cuya mención exige tomar aire: Director general de asuntos especiales de la Secretaría de relaciones exteriores del Gobierno federal mexicano. Y dijo “Ustedes son el grupo más organizado que hemos visto”; “Así como les pedimos que confíen en nosotros, nosotros queremos confiar en ustedes”; “Se quedarán con sus familias a trabajar en el estado de Tabasco”; “Tendrán techo, comida y podrán regularizar su situación laboral”. Eso dijo Julio César Sánchez a la multitud, y a su cansancio y a su hambre, y a sus pies llagados, y a sus niños asoleados, y a sus bolsillos famélicos, y a su incertidumbre. Y logró que se subieran al bus.
Lo que Julio César Sánchez no les dijo es si sus promesas eran para todos, o a condición de qué, ni cuánto tiempo tomaría cumplirlas. Y sobre todo no les dijo dónde estarían mañana ni bajo qué condiciones.
—Es la tercera vez que usted me pregunta eso —me dijo, la tercera vez que se lo pregunté.
—¿Es un secreto el destino de esta gente?
—No es un secreto, es información propiedad del Gobierno de México. La seguridad de esta gente es nuestra responsabilidad.
—¿Dice que la decisión de no revelar el destino de los migrantes es por su seguridad?
—Así es.
Lo único que se sabía es que los autobuses llevarían a lo que fue una caravana hacia Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, a cuatro horas en vehículo de la frontera de El Ceibo.
Las primeras en subir fueron las mujeres y los niños; luego los hombres de esas mujeres y esos niños; luego algunos hombres que habían aguardado pacientes, durante horas, en fila india. Y luego… el cupo se agotó. Se oscurecía la tarde y un funcionario parco como una cucharada de sal apareció para anunciar que no habría más buses “hasta nuevo aviso” y apostilló a los migrantes que si deseaban ir a probar suerte en otros puntos fronterizos estaban “en todo su derecho”.
Y los dejó ahí: unos 300 hombres jóvenes, formados como tontos en filas, frente a un portón vacío y cerrado con candado, con la palabra en la boca. Algunos habían visto subir a sus mujeres y a sus hijos a aquellos buses, otros habían quedado separados del grupo con el que viajaban. Uno comenzó a rumorar que habían caído en una trampa, otro se quejó de no haber derribado aquel portón cuando aún tenían los números a su favor. Los rumores y los lamentos comenzaron a fermentarse en medio de la noche.
Ya en ocasiones anteriores, los migrantes que habían creído en las promesas de la migra mexicana terminaron encerrados en estaciones migratorias, bajo condiciones semi carcelarias, sin posibilidades de comunicarse con el exterior y, muchas veces, separados de sus familias. A menudo terminaron siendo deportados. Pero esas promesas falsas a las caravanas predecesoras las había hecho y traicionado el gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dicho ser distinto.
Entonces en El Ceibo se fue la luz.
En el caserío El Ceibo habitan alrededor de mil 600 personas. A diario, un goteo migratorio rodea sus veredas de manera clandestina. Esta vez, cientos de hondureños y unas decenas de salvadoreños inundaron sus calles y convirtieron El Ceibo en el centro de la frontera cerrada mexicana. Foto: Víctor Peña.
La esperanza de El Ceibo
La última vez que El Ceibo vio a tanta gente pasar hacia el norte no había una aduana aquí, ni una calle pavimentada, ni un portón mexicano. En realidad no había casi nada, salvo unas casitas aisladas que formaban una aldea aún más remota que hoy día. Eran los años ochenta y este era un punto ciego: los viejos recuerdan los días en que los migrantes de El Salvador y Honduras pasaban en grupos de 500, siguiendo a un solo coyote y trajinando a pie las veredas selváticas y oscuras que se internaban en México.
En 1997, Guatemala y México formalizaron este paso fronterizo y pusieron funcionarios aduaneros y portones. Pero nunca fue tan transitado como antes. El Ceibo tiene un par de hotelillos de paso, unas pocas cantinas, un río cercano y la parsimonia pegajosa de lugar recóndito. Aunque hay un albergue para migrantes, no suele recibir a grupos de más de diez personas, que aparecen y se van fugaces. La electricidad se suspende a las diez de la noche y se reanuda a las cinco de la mañana, cuando el poblado abre los ojos con los ruidos de los animales desperezándose.
Una buena parte de esta caravana que inaugura 2020 pensó que sería audaz intentar cruzar por un sitio tan inesperado, aunque exigiera caminar 100 kilómetros más que la ruta que han seguido todas las caravanas anteriores, que cruzaron a México a través de la frontera de Tecún Umán, cerca del pacífico centroamericano, que conecta con el municipio de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas.
Así llegó hasta El Ceibo Óscar, con sus 19 años a cuestas y cargado con toda la muerte que le cabe a una vida tan breve si se vive en el barrio Rivera Hernández de San Pedro Sula, Honduras. Óscar tenía sólo 12 años cuando una pandilla asesinó a su hermana con un sadismo al que no atrapan las palabras. Tenía sólo 13 cuando unos matones confundieron su casa y entraron disparando y le partieron la cara a su primo con la punta de una escopeta. Ha visto morir a tantos amigos. A los 16 se “robó”, dice, a una niña de 14 y la embarazó para dar inicio a una vida de pareja. Ahora huyen juntos, con el espanto a flor de piel, con un bebé de un año y cuatro meses en brazos. Ella, Katheryn, acaba de cumplir 17 años y está otra vez embarazada, de cinco meses. En su vientre lleva a una niña. Ni ella ni él habían viajado jamás fuera de su barrio bravo y la ignorancia sobre casi todo les asoma por los ojos como una araña malvada. Juntos descubrieron que el mundo tenía más anchura que el Rivera Hernández. Soñando con no volver vendieron todo –todo– lo que les pertenecía: dos mesitas de vidrio, dos estufas, una freidora, dos teléfonos, una hamaca y un ventilador, y consiguieron una fortuna de 70 dólares de los que al llegar a la frontera no quedaban ni centavos.
Katheryn y Óscar vendieron todo lo que tenían y huyeron de San Pedro Sula. Ella tiene 17 años. Él, de 19, sostiene al hijo de ambos, de un año. Katheryn está embarazada de nuevo. Foto: Víctor Peña.
También trajo el grupo a Carlos, veterano caravanero. Viajó hace un año con la madre de todas las caravanas, la de octubre de 2018. Llegó hasta Tijuana en multitud, contrató un coyote para que lo introdujera en Estados Unidos y, a pocos kilómetros de llegar a Los Ángeles, la migra estadounidense le hizo parada al vehículo que los transportaba. Y el viaje se acabó. Pasó tres meses en una estación migratoria, detenido, y fue deportado a Honduras. Cuenta que intentó en vano conseguir un trabajo y cuando se le apareció la noticia de una nueva caravana no se lo pensó dos veces. Pero en él algo ha cambiado: sus sueños se han movido hacia el sur. Casi 5 mil kilómetros hacia el sur. Carlos no contempla más la idea de llegar a Estados Unidos y ahora aspira, dice con las metas degradadas, a quedarse a vivir en México, en el lugar que sea, y buscar la vida ahí.
El problema es que la oferta mexicana también está degradada: hace exactamente un año, cuando el presidente López Obrador se estrenaba en el cargo, una caravana gigante se encontró con las puertas abiertas de par en par y unas promesas felices e increíbles: México otorgó en aquellos primeros meses de 2019 más de 13 mil visas humanitarias con toda suerte de beneficios, que incluían la posibilidad de entrar y salir del país libremente, recorrerlo entero, acceso a la salud y a la educación públicas y, sobre todo, el dulce permiso de trabajo que significa la vida y la muerte para un migrante. Todo eso con cinco días de espera, sin necesidad de estar recluidos. Hoy, un año después –amenazas de Donald Trump mediante–, las promesas del gobierno de López Obrador son significativamente más baratas: ser recluidos quién sabe dónde, durante quién sabe cuánto tiempo, para obtener, si acaso, un permiso de trabajo temporal limitado al estado de Tabasco.
Aún así, para Carlos aquello sonó a una buena oferta.
El fin de la caravana
Este éxodo masivo será, tal vez, el último. O al menos marcará un antes y un después muy claro: si antes los caminantes centroamericanos soñaban con atravesar el muro estadounidense de Tijuana y se desesperaban al comprender que esas latas frías son inamovibles, ahora soñarán con cruzar el muro mexicano. La Frontera, así con mayúsculas, se movió hacia el sur igual de inamovible e inconmovible. Y ese hecho, que parece escrito en piedra, lo reveló la más loca caravana hasta el momento.
El grupo se comenzó a destartalar desde que salió de San Pedro Sula el 15 de enero: se había nutrido de varios grupos de Whatsapp que giraban instrucciones completamente diferentes y señalaban direcciones a veces opuestas. Un grupo ingresó a Guatemala por la frontera de Entre Ríos, en el departamento de Izabal y otro por la frontera de Agua Caliente, en el departamento de Chiquimula. Unos se dirigieron a la capital guatemalteca, algunos se fijaron como destino la aduana de Tecún Umán, en el departamento de San Marcos, y otros El Ceibo, en Petén. Unos estaban convencidos de que el resto estaba equivocado. Y viceversa.
Todos tuvieron el mismo destino: México, que en el último año ha sembrado las rutas migratorias con Guardia nacional y soldados y policías federales y agentes migratorios, y que puso cadenas y candados a las cadenas, dejó claro que no abriría sus portones ni aquí ni allá. También los migrantes que llegaron a Tecún Umán fueron subidos a autobuses y trasladados a varias horas de camino, hasta Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, a un recinto adaptado para albergarlos con las mismas certezas –la misma falta de certezas– que sus alejados compañeros.
Cuando amaneció en El Ceibo, la mañana del domingo 19 de enero, los rezagados seguían guardando sus puestos en la fila. Habían dormido frente al portón mexicano, entre quejas y selosdijes, sumisos y pacientes.
Hasta que llegaron de nuevo los autobuses.
A las 11:57 de la mañana del 19 de enero, el último grupo de migrantes ingresó a las oficinas del paso fronterizo El Ceibo para registrarse. El gobierno de México les prometía trabajo, y llevarlos a un lugar seguro en el estado de Tabasco. Foto: Víctor Peña.
A las 11:57 de la mañana del 19 de enero, el último grupo de migrantes ingresó a las oficinas del paso fronterizo El Ceibo para registrarse. El gobierno de México les prometía trabajo, y llevarlos a un lugar seguro en el estado de Tabasco. Foto: Víctor Peña.
Si la primera caravana, la de 2018, abominó la sola posibilidad de abordarlos, escupió sobre ese ofrecimiento y en muchos casos se lanzó a los ríos para cruzarlos, la de 2020 los vio llegar con alivio, casi con alegría. Los agentes migratorios mandaron a los migrantes ponerse de pie y ordenar bien la fila y, en grupos de 20, el portón se los fue tragando hasta que el último pasó por la puerta de barrotes blancos y ésta se cerró.
Horas después, ya en la tarde, el INM emitió un comunicado marcial, triunfante, crudo: “los esfuerzos por parte de personas migrantes de entrar a territorio nacional de modo desordenado fueron infructuosos”; “se ha dado atención e información a mil 87 personas migrantes que provienen de Centroamérica, la mayoría de Honduras, que solicitaron su ingreso a México a través de la frontera en los estados de Tabasco y Chiapas”; “en la mayoría de los casos y una vez revisada la condición migratoria particular, se procederá al retorno asistido a sus países de origen en caso de que la situación así lo amerite”.
Donde Julio César Sánchez decía confíen, trabajar, techo, comida, el Boletín No. 025/2020 dice “revisión”, “condiciones específicas”, “retorno asistido”. Es la voz del muro mexicano tras superar la primera prueba del año: pudo más que una desordenada caravana y anticipa literalmente que deportará a la mayoría de quienes creyeron que los buses de El Ceibo los llevarían a otra vida.
Una promesa cumplida de México al presidente Trump, que ha conseguido que Mesoamérica entera sea su centinela. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece decidido a desgastar, hasta agotarla, la esperanza de quienes la encontraron en las caravanas, en la utopía de migrar juntos para estar seguros, ahorrar lo que no tienen, ser una voz. Pero si México dinamita las caravanas condena a cientos de gentes, a familias enteras que dejaron todo, a volver a caminar en las sombras y a merced de sus lobos, del crimen organizado, de las extorsiones, robos, palizas y violaciones a las que los migrantes centroamericanos han estado expuestos durante décadas.
Horas después del engaño, en El Ceibo se volvieron a abrir los portones. Hierros solitarios al final del caserío, en medio de dos países, fingiendo ser una pequeña aduana remota y mustia que nadie busca.
Minutos después de que la caravana ingresara a México la calle principal de El Ceibo volvió a la normalidad, a la rutina vacía de una frontera remota. Víctor Peña.
MÉRIDA, MX.- Los cientos de yucatecos que salieron a marchar como muestra de inconformidad por la gestión que realiza Mauricio Vila Dosal reportaron actos de represión por parte de policías, incluso, acusaron de que lanzaron gas lacrimógeno.
Con tal de impedir la protesta que en un inicio fue pacífica, policías del Estado de Yucatán acudieron al punto de reunión para impedir continuar con su desarrollo, incluso, para evitar que los manifestantes llegaran al Centro Internacional de Congresos (CIC), sede del primer informe de Gobierno de Mauricio Vila Dosal.
Los yucatecos que se manifestaron reportaron también empujones y actitud agresiva por parte de los elementos policíacos. (Noticaribe | Con fotos y videos de ‘La chispa de Yucatán’)
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hizo público -el que podría ser- el tramo número 4, de la vía del tren que forma parte del Proyecto Interoceánico. La empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. DE C.V, presentó un documento que evalúa el daño ecológico en la zona, conocido como Manifiesto de Impacto Ambiental, en el que da a conocer alrededor del 20% del total del proyecto. La vía abarca 4 municipios: Matías Romero (Oaxaca), San Juan Evangelista, Jesús Carranza y Sayula de Alemán (Veracruz).
Se trata de un recorrido de poco más de 63 kilómetros, con un derecho de vía de 70 metros (35 de cada lado a partir del centro). Se contempla que se retirarán las construcciones que hayan “invadido” esta zona, así como las malezas y la vegetación. En el camino existen algunas áreas pobladas, como el caso del municipio Jesús Carranza (Veracruz). La meta es abarcar casi 133 kilómetros, según el proyecto “Modernización y Rehabilitación de la vía férrea del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”.
Mapa: Regeneración Radio
Al inicio de año, las comunidades ikoots y binnizá de Oaxaca manifestaron su total rechazo a la instalación de un “patio de maniobras, para la carga y descarga de mercancías sobre un supuesto muelle” que sería parte del Corredor Interoceánico.También recalcaron que las empresas trasnacionales pretenden despojarlos de sus tierras y mar para explotarlas y este tren forma parte de la infraestructura necesaria para lograr ese objetivo.
Esto se dio a conocer el 17 de enero de 2020, publicado por la SEMARNAT/DGIRA/0003/20 con el número de expediente 20OA2020V001.
ACAPULCO. Pobladores de 16 comunidades de Chilapa, que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), bloquearon el crucero de Alcozacán, de la carretera Chilapa-Hueycantenango, y no se retirarán hasta que les entreguen los cuerpos de los 10 músicos que fueron asesinados el pasado viernes en el camino a MexcalzingoTlayelpa.
Los pobladores temen a que las autoridades de la Fiscalía General del Estado se lleven los cuerpos a Chilpancingo y no se los entreguen ahí.
Los músicos indígenas e integrantes de la CRAC-PF del poblado de Alcozacán, en Chilapa, fueron emboscados y asesinados por integrantes de un grupo delictivo cuando regresaban de Tlayelpa, en el municipio Chilapa.
El fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, confirmó la muerte de los músicos e informó ayer que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.
VIOLENCIA EN ZIRÁNDARO
Autoridades integrantes de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz aseguraron que no cuentan con evidencias ni denuncias que comprueben el supuesto asesinato de 13 personas en el municipio de Zirándaro de los Chávez, en la Tierra Caliente de Guerrero.
Señalaron que no existe una crisis humanitaria en este municipio y argumentaron que las personas vulnerables están siendo atendidas por las instituciones del gobierno del estado como el IMSS.
Suma 11 mil niños desaparecidos en el país, “alerta amber no sirve”. Para la Red por los Derechos de la Infancia en México, no existen protocolos oficiales, reales y eficaces.
Las familias de 11 mil 72 niños desaparecidos hace años no saben si sus seres queridos están vivos o muertos.
Datos de la Segob indican que, de 47 mil 820 menores desaparecidos entre la década de los 60 y diciembre pasado, 36 mil 748 fueron localizados y del resto, 23% del total, no hay certeza de su paradero.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019 hubo dos mil 720 niños desaparecidos.
De la cifra mil 713 fueron hallados y de mil siete aún no se sabe su paradero.
Juan Martín Pérez, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirmó que las redes sociales se han convertido en una herramienta crucial para buscar a niños ilocalizables ante la inexistencia o ineficacia de mecanismos oficiales, como la Alerta Amber.
Todos los días decenas de anuncios que preguntan si ¿lo has visto? inundan las redes sociales, estaciones del Metro y calles, pues México busca a sus 11 mil niños que se encuentran desaparecidos.
Son los estados de Tamaulipas, México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, los que más casos reportan, de acuerdo con el último informe de laSecretaría de Gobernación.
Las principales víctimas de desaparición son las menores de edad, pues, a decir de organizaciones civiles, muchas veces son usadas para la explotación sexual.
De acuerdo con el Informe de fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas de la Segob, de 47 mil 820 menores de edad desaparecidos 36 mil 748 fueron localizados.
Sin embargo, no se especifica si fueron encontrados vivos o muertos.
Por otra parte, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 había dos mil 720 menores de edad desaparecidos, de los cuales mil 713 fueron localizados, es decir, 62.98%, y el resto no se supo de su paradero, es decir, de 37.2%.
Por rango de edad de 10 a 14 años, las niñas encabezan la lista, y entre los 15 y 19 años no hay gran diferencia en el número de desaparecidos entre ambos sexos, según el reporte de Gobernación.
Modo de elección en el cual las personas se forman frente al representante que eligen. Así, frente a la comunidad de Zacatepec, eligen alguacil o persona encargada de la seguridad del pueblo. Foto: Daliri Oropeza
Después de destituir al presidente auxiliar por no defender el río Metlapanapa, la comunidad nahua de Zacatepec, Puebla, nombró representantes de gobierno a través del sistema normativo interno de los pueblos indígenas
Texto y fotos: Daliri Oropeza
CHOLULA, PUEBLA.- Al momento de hacer filas, habitantes de la comunidad nahua de Santa María Zacatepec se miran unas a otras. Sonríen. Observan quién está en cada fila, cuál es más larga.
Decidieron ejercer la libre determinación y elegir su propio gobierno por sistema normativo interno, ante la amenaza de un drenaje tóxico en el río Metlapanapa.
Así, la persona que tuviera más habitantes formados en su fila sería la elegida para ejercer un cargo comunitario.
De esta asamblea dominical sale un acta con la cual determinan revocar la autoridad actual, modificar el sistema de elección de autoridades y elegir Concejo Mayor formado por un alcalde (o el equivalente en el anterior sistema a presidente auxiliar), un alguacil mayor, encargado de una seguridad comunitaria, y un fiscal, responsable de la administración de los recursos.
La convocatoria para la asamblea fue pública y abierta. También asistieron personas observadoras de las otras comunidades del municipio de Juan C. Bonilla y de la Comisión de Derechos Humanos.
“Se tuvo que llegar a este límite porque ya estamos cansados de los partidistas. Han venido panistas, perredistas, verdecologistas, priistas, morenistas. Creímos en ellos; nos bajaron las estrellas. Yo fui de sus votantes, pero nos dimos cuenta a tiempo de que votamos por nuestra propia destrucción. Porque no están velando por nosotros, ni lo que les pedimos, como rechazar el drenaje tóxico en nuestro río, ellos le dan prioridad y cuidan a los empresarios, no a nosotros”, asegura José Leovido Nicolás Cinto Tepale, elegido como alcalde con una larga fila detrás de él.
Foto: Daliri Oropeza
Asamblea histórica
Parecía que no llegaría mucha gente. Citaron a las 10 de la mañana en la plaza principal. Pero poco a poco, mientras ajustaban el sonido, las familias fueron llegando.
Ya estaban sentadas varias mujeres adultas mayores en las sillas que colocaron justo en el centro de la cancha de básquetbol, bajo una lona que cubre del sol y de la lluvia. En el tablero había una manta: “Zacatepec unido y sin partidos políticos”.
Al comenzar la asamblea, cerca de las 10 y media, el perímetro de la lona estaba repleto.
Para el acta de revocación de autoridad, modificación de sistema de elección y elección de autoridades por el sistema normativo interno del pueblo originario de Santa María Zacatepec, el moderador leyó que se basaron en el Artículo 1 apartado A, y los artículos 4 y 9 de la Constitución.
Aseguró que para elegir, debía haber debate entre las personas presentes. Pidió a quienes tuvieran propuestas lo hicieran explícito. Explicó que lo que iban elegir es un Concejo Mayor y que las personas presentes deberían definir si son las suficientes para tomar esta decisión.
El moderador, quien es comunicador popular en Radio Zacatepec, explicó que también tendrían que elegir a sus suplentes.
“La comunidad se encuentra muy preocupada y se siente reprimida porque observa que los empresarios de Ciudad Textil y los tres niveles de gobierno quieren imponer a la fuerza dos sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario y pluvial hacia nuestro sistema de drenaje comunitario y río Metlapanapa”, leyó.
“Maurilio Teutle Huelic no nos quiso representar de manera adecuada”, se escuchó la rechifla a lo lejos. Las mujeres comentan unas con otras sobre la insensibilidad del presidente municipal que destituyen.
—¿A quién proponen? — dice el moderador en el discurso. Ya hay más personas en la lona y su perímetro. Todo se vuelve un tumulto cuando después de decidirlo con voz alta, quedan tres hombres al frente para desempeñar el cargo de alcalde.
—Comiencen a formarse frente a la persona que crean que puede desempeñar mejor el cargo —el moderador tiene el micrófono, alienta a las personas a ponerse de pie. Se miran unos a otros y de manera discreta caminan con pasos cortos pensando delante de quién colocarse.
Otras personas estaban más decididas y pronto se colocaron frente a quien les parece mejor representante. Con mayoría, la comunidad formó la fila más larga delante de José Leovido Nicolás Cinto Tepale.
Integrantes de la comunidad estuvieron pendientes del proceso. A cualquier persona externa, incluidos los periodistas, les pidieron que dijeran la verdad de lo que está pasando.
El registro de la asamblea a de 244 asistentes que colocaron sus nombres y firmas, cifra suficiente para validar la asamblea comunitaria como lo acordaron.
Cada que eligen a una nueva persona para un carga, hay aplausos.
La comunidad deja detrás el sistema electoral de urnas para retomar lo que documentaron como su modo originario de ejercer el gobierno desde antes del periodo colonial.
Habitantes de Zacatepec firman el acta con la que modifican el sistema de elección de representantes y eligen Concejo mayor. Foto: Daliri Oropeza
Derechos en juego
“El pueblo se está convenciendo de que existen esta forma de gobernarnos de nuestra manera antigua, como lo hacían nuestros abuelos. Es algo muy bueno porque se quita la envidia, el egoísmo. Se quitan las barreras, y no importa si tu hermano está en la otra fila, formado para votar por un representante diferente al que tu votas, no va haber represalias como sucede con el gobierno partidista, desde que te compran el voto con láminas, te difaman o te amenazan”, describe Mari Torres, comunicadora popular nahua y locutora de Radio Zacatepec.
Describe su propia experiencia en este proceso de libre determinación que realizan hoy. Concuerda con otros asistentes que mencionaron: “esto es histórico”.
Integrantes de la Radio Comunitaria del pueblo documentaron en archivos virreinales la historia y el porqué son un pueblo indígena que existió desde antes de la invasión colonial. Estos archivos portan sellos de la realeza. Con ellos demuestran que la organización de gobierno descrita conlleva los cargos que hoy eligen en asamblea. Este documento fue avalado por un juez federal.
Con este ejercicio de libre determinación que realiza Zacatepec, se abre la posibilidad de considerar el derecho colectivo de los pueblos contemplado en el Convenio 169 de la OIT, en rango constitucional.
“Nos vimos en la necesidad de retomar nuestros modos de gobierno de nuestros abuelos. Esa obra no nos conviene, no hay garantías con ese proyecto, a nosotros no nos beneficia, no genera empleo, nada. Sólo amenaza la vida del río.”, asegura Cinto Tepale.
Nuevo concejo mayor de Zacatepec toma protesta. Foto: Daliri Oropeza
Libre determinación de los pueblos
El derecho a la libredeterminación de los pueblos, de acuerdo con el abogado Francisco López Bárcenas involucra reconocerles la personalidad y capacidad de proveer su existencia y futuro.
En esta asamblea, la comunidad de Zacatepec ejerció el derecho a la autoafirmación, que es capacidad de un pueblo para proclamarse existente, “consciencia étnica”, sugiere el doctor e investigador López Bárcenas.
A su vez, el derecho a la autodefinición, el pueblo determina quiénes lo constituyen.
En entrevista, Cinto Tepale dice “Yo me comprometí a reconocer nuestros límites territoriales”, como primer paso desde que empiece a ejercer el cargo al que acaban de elegirlo. Ese es parte de otro derecho indispensable para considerar que es libre determinación: el derecho a la autodelimitación determinar los límites del territorio.
Con esta asamblea, la comunidad de Zacatepec mira el inicio de una nueva etapa de su derecho a la autodisposición, que es el derecho de todo pueblo a organizarse de la manera que le convenga. “En su facultad interna se traduce en la facultad de determinar su estatus político y su futuro colectivo, junto con el resto de la población y al Estado a que pertenece”, describe López Bárcenas en su libro Autonomías y derechos indígenas en México.
La asamblea terminó con un coro: “El pueblo, único, jamás será vencido”.
“Es importante para manifestarle a las autoridades que sí podemos defender el río, que no nos van a cohibir o espantar mandándonos policía ni a su Guardia Nacional. No nos van a detener, vamos a levantarnos con más ganas y vamos a apoyar a las personas que acabamos de elegir. Vamos a estar con ellas. Sirve de ejemplo para las demás comunidades. Unidos vamos a hacer algo juntos por nuestro municipio de usos y costumbres”, dice Mari Torres, comunicadora popular de radio Zacatepec.
“Invito a las comunidades afectadas a retomar sus usos y costumbres, porque no contamos con las autoridades, nos dan la espalda y sólo ellos sabrán si son compromisos económicos o políticos. Da igual porque nosotros no nos vanos a dejar en que violen todos nuestros derechos”, exclama el alcalde que acaban de elegir.
Autoridades informaron sobre el asesinato en Ciudad Juárez, Chihuahua, de Isabel Cabanillas, activista y artista plástica de 26 años, que era parte del colectivo Hijas de su Maquilera Madre, a favor de los derechos de las mujeres.
“Una mujer que fue encontrada sin vida en la vía pública, entre las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero, en la zona Centro, fue identificada por su respectiva familia como Isabel Cabanillas de la Torre, de 26 años”, indicó la Fiscalía de Chihuahua, en un comunicado.
“La causa de muerte de esta femenina estableció que murió debido a sufrir una laceración de bulbo raquídeo producida por proyectil de arma de fuego en cráneo”, agregó.
Este domingo, mujeres y activistas se manifestaron en calles de Ciudad Juárez, para exigir justicia por el asesinato de Isabel.
“Nuestra lucha es por ti, hermana, por ti y por las miles que este sistema feminicida asesina diariamente”, se lee en el perfil de Facebook de Hijas de su Maquilera Madre.
En un video publicado el año pasado por el sitio YoCiudadano, Isabel habló sobre la satisfacción que le dejaba pintar y ver la emoción de la gente ante su obra:
Pasa de 26 mil nuevas plazas en el 2018, a sólo 1,582 puestos un año después, revela el Tec de MonterreyFuente: STPS
El Economista/El Mañana
18 enero 2020
Pasa de 26 mil nuevas plazas en el 2018, a sólo 1,582 puestos un año después, revela el Tec de MonterreyFuente: STPS
CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien la generación de empleos formales en el país presentó durante el 2019 su nivel más bajo en una década, seis estados dibujaron una tendencia diferente, es decir, incrementaron este indicador laboral respecto al 2018.
En sentido opuesto, Tamaulipas encabeza la lista de 20 entidades, las cuales mostraron menor generación de plazas laborales el años pasado, respecto al 2018, reveló Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey.
Tamaulipas mostró una variación negativa de 94.1%, pasando de 26,649 nuevas plazas en el 2018 a sólo 1,582 puestos labores un año después.
Le siguieron Hidalgo (-91.5%, de 8,869 a 750), Baja California Sur (-80.2%, de 11,824 a 2,336) y Baja California (-70.3%, de 46,469 a 13,824).
“En Tamaulipas, la caída en la generación de empleos se dio tras los malos resultados de la industria nacional, además de que los niveles de violencia han modificado la confianza empresarial; por ende, las inversiones se han trasladado a otras zonas del país, limitando la puesta en marcha de nuevos proyectos en la entidad”, indicó Héctor Magaña.
Seis estados libran declive
Las grandes excepciones fueron: Nayarit, Oaxaca, Campeche, Jalisco, Colima y Querétaro.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido al estancamiento económico, el año pasado, México creó 342,077 trabajos asegurados, que representó una caída anual de 48.2%, así como la menor cifra desde el 2009, cuando se perdieron 171,713 plazas -año de la crisis económica y financiera-.
Los de mayor crecimiento
El mayor crecimiento anual fue para Nayarit, al mostrar una variación de 558.7%, al pasar de 2,051 nuevos empleos en el 2018 a 13,509 puestos en el 2019, convirtiendo al Estado en el noveno mayor generador de trabajos en todo el territorio mexicano. Sobresale este dinamismo debido a que es la economía número 30 en tamaño, con una aportación de apenas 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
A Nayarit le siguieron Oaxaca, con una variación de 556.9% (pasó de 390 a 2,562 nuevos asegurados en el IMSS en el periodo de referencia); Campeche, con 70.5% (de 4,924 a 8,395); Jalisco, con 19.9% (de 43,132 a 51,699); Colima, con 14.8% (de 3,501 a 4,018), y Querétaro, con 14.3% (de 27,177 a 31,061).
Primeras posiciones
Únicamente en el 2019, los cinco mayores generadores de trabajos formales fueron la Ciudad de México (59,207 asegurados), Jalisco (51,699), Querétaro (31,061), Nuevo León (24,701) y Guanajuato (19,700).
Llama la atención el caso queretano, una economía que alcanzó la tercera posición a nivel nacional, cuyo tamaño la ubica en el lugar 15 (2.4% del PIB de México).
Empresa canadiense pretende explotación de minerales a cielo abierto
Redacción / El Siglo de Torreón
Norma Adriana Garduño Salazar denunció que la empresa canadiense Álamos Gold pretende explotar una mina a cielo abierto para la extracción de metales preciosos.
“Pertenece a la comunidad de Tetlama que se ubica en el municipio de Temixco, es un municipio que colinda con Cuernavaca, el proyecto minero pretende desarrollarse a solo 12 kilómetros en línea recta de la ciudad de Cuernavaca”, expuso la participante en la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz.
“Es un proyecto bastante grande, pero por lo mismo es bastante destructivo, desafortunadamente están implicados tres municipios densamente poblados y alrededor de diez núcleos agrarios, desafortunadamente las cosas se hicieron de tal manera que de la noche a la mañana nos enteramos que éramos parte de una concesión minera, así de absurdo”, denunció.
Explicó que inició el proyecto una empresa canadiense de nombre Esperanza Silver, el proyecto se conoce como el Cerro del Jumil.
“En 2013 logramos que las manifestaciones de impacto ambiental que fueron tres, las echáramos abajo, o sea se presentó suficiente argumentación para demostrar que lo que ellos que estaban planteando no era real y bueno, la Secretaría de Economía y Semarnat las tuvo que detener y se dio una suspensión temporal”, expuso Garduño Salazar.
Añadió que en los últimos dos, tres meses en el estado (de Morelos) ha habido una campaña informativa muy fuerte, todos los días aparecen desplegados en periódicos o reportajes en televisoras, hablando de que la empresa se echa a andar.
“Cuando Esperanza Silver tiene la suspensión temporal, vende a otra empresa a la Alamos Gold, y hoy está ésta al frente del proyecto minero, incluso –dice-, están contratando gente, no han iniciado la etapa de explotación porque aparentemente no tienen los permisos, ellos declaran que sí”, expuso.
“No se tienen los permisos –aseguró-, sin embargo, todos estos años se quedaron en la población trabajando cuestiones sociales, es una zona altamente marginal el nivel de la población educativo es muy bajo y el hambre es muy canija, es muy bruta. Mucha gente se ha ido con el espejito del oro.
“Ahorita les pagan una mensualidad, piensan que esa bonanza va a ser para siempre y no recapacitan en la devastación que provocará el proyecto. Hay un grupo poblacional que lo defiende, pero también hay muchos que no están de acuerdo”, afirmó la denunciante.
Indicó que los empresarios aseguran que será minería sustentable, pero mencionan que harán parques de lixiviación, lo que significa que ocasionará contaminación, lo que provocará daños al medio ambiente y a la población que radica en la región.
La Asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos indicó haber localizado cinco osamentas en tres fosas clandestinas en los acantilados de la Colonia La Mira del puerto de Acapulco.
Por Redacción / Bajo Palabra
Acapulco, Guerrero.- La presidenta de la Asociación de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Emma Mora Libetato, informó que se encuentran a espera de una resolución por parte de la Fiscalía General del Estado para que coadyuben a explorar mar a dentro.
Ayer el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Secuestrados del Estado de Guerrero indicaron haber localizado cinco osamentas en tres fosas clandestinas en los acantilados de la Colonia La Mira del puerto de Acapulco.
En entrevista, Mora Libetato señaló que este hallazgo fue por parte del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Secuestrados del Estado de Guerrero, pero llamó autoridades para que coadyuben con la búsqueda dentro y fuera del mar y garanticen la seguridad en algunas áreas donde en ocasiones es difícil explorar.
“Es una posibilidad que nosotros estamos considerando, se hizo una propuesta ya a la Procuraduría General de la República y con la Comisión Nacional de Búsqueda para la candelarización de nuestra asociación en Acapulco, estamos en espera de una resolución por parte de la Fiscalía General del Estado, pero estamos considerando una búsqueda para mar adentro”, expresó Mora Liberato.
Llamó autoridades para que se sensibilicen en el tema de personas desaparecidas y ayuden con las labores de exploración, pero sobre todo pidió que apoyen con la seguridad que se requiere en algunos lugares del puerto de Acapulco, como es el cerro del Veladero donde el terreno es difícil de explorar.
Mora Libetato señaló que como asociación han encontrado en el puerto de Acapulco 68 cuerpos, que fueron identificados y entregados a sus familiares.
Habitantes del fraccionamiento La Pradera, ubicado en el municipio de El Marqués, se manifestaron la tarde de este sábado en las inmediaciones del anillo vial Fray Junípero Serra para exigir la salida de la empresa concesionaria Aqua, que dota del vital líquido a los habitantes de la zona, además de que sea la Comisión Estatal de Aguas (CEA) la administre este servicio.
Poco después del mediodía de este sábado, se concentró un grupo de aproximadamente 100 personas, quienes llevaban consigo pancartas y mantas, en las cuales denunciaban irregularidades en el servicio que presta la empresa que actualmente mantiene la concesión.
Señalaron que los cobros son altos y que son muchas las condiciones que ponen para brindar el servicio, por lo que exigieron a las autoridades municipales y estatales que se dé marcha atrás a la concesión, y que sea la Comisión Estatal de Aguas (CEA) la encargada de administrar el abasto, así como la instalación de las tomas de agua.
Destacar que para esta manifestación los inconformes cerraron dos de los tres carriles del anillo vial Fray Junípero Serra, en dirección de La Pradera hacia Juriquilla, lo que causó afectación al tránsito en la zona.
Elementos de la policía municipal de El Marqués y oficiales estatales resguardan el sitio, además de que apoyan a dar vialidad.
Querétaro, Qro., 18 de enero de 2020.- Un grupo de mujeres feministas protestó la mañana de este sábado en las principales plazas del Centro Histórico de Querétaro, para mostrar su molestia e indignación por los asesinatos de mujeres en la última semana, así como recordar a la joven Marlene, quien este día hubiera cumplido años.
Durante esta protesta, las mujeres recrearon el performance titulado “El violador eres tú”, el cual se ha utilizado como himno del movimiento en contra de los feminicidios a nivel internacional.
Personal administrativo y personal académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se manifestaron este jueves en distintos puntos de la entidad, en contra de lo que dicen, es una falta de respeto a sus salarios y a la autonomía de la máxima casa de estudios en nuestro estado.
Con la presencia del rector, Juan Eulogio Guerra, la comunidad universitaria acusó que hasta el día de hoy no han llegado los recursos financieros ordinarios correspondientes al año 2020, lo que ya comenzó a afectar el pago de salarios del personal de la UAS; la primera quincena de enero aún no la reciben.
Hay que recordar que para el cierre del 2019, la autónoma de Sinaloa requirió de un préstamo de 200 millones de pesos, aunado a otros 200 de adelanto del presupuesto que les otorga el Gobierno del Estado, pero el presupuesto federal está en el aire, y ya comienza el temor de que comience a verse afectado el pago y prestaciones de más de 15 personas que devengan salario de la UAS. Por su parte la comunidad universitaria se muestra unida en esta lucha por sus derechos, pero sin suspender labores en ningún momento.
La minera Grupo México ha evitado castigos administrativos, penales y económicos debido a la gran cantidad de ventajas y posibilidades para los infractores incluidas en las leyes ambientales, denunciaron investigadores del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop). Ello, luego de que la empresa de Germán Larrea vertiera 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre sobre el Río Bacanuchi y 3 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés.
El estudio Residuos peligrosos y medio ambiente, ¿quién paga el daño? –elaborado por Gabriel Fernández Espejel, investigador del Cesop, y Víctor Dávila, filósofo de la Universidad Nacional Autónoma de México– señala que existen diversas irregularidades en las leyes, normas y reglamentos nacionales que sancionan los residuos peligrosos y que protegen el medio ambiente, tales como la falta de revisión y posterior actualización.
Entre las normativas que fallan citan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que están por cumplir 15 años sin renovarse; y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) que posibilita a los infractores eludir los castigos de compensación de daños y las multas económicas.
Al respecto, destacan que por esos vacíos en la LFRA “se perdona la compensación por daño ambiental cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación parcial o total del perjuicio”.
Para los investigadores, es un “panorama inadmisible de por sí, si se tiene en consideración que los deterioros ambientales y en la salud de la población son la mayoría de las veces irreversibles e incalculables económicamente hablando”.
Además, en esa ley “se abre la posibilidad de una reducción de dos terceras partes del monto [la sanción económica] en caso de que el responsable confirme la existencia de al menos tres de las siguientes cinco condiciones (no haber sido sentenciado previamente por daños ambientales […], que sus empleados, representantes y directivos no hayan cometido un delito previo de igual naturaleza […], tener un órgano de control interno encargado de verificar las leyes ambientales […], disponer una garantía financiera […], contar con alguno de los certificados resultado de las auditorías ambientales)”.
En concordancia, las NOM reconocen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como las entidades gubernamentales responsables de la observancia de la normatividad, donde vienen especificadas las reparaciones de daño por medio de compensación, restitución y multas económicas de 300 a 50 mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México para persona física y de 1 mil a 600 mil días de salario mínimo vigente para persona moral.
No obstante, prevalece la falta de regulación en las sanciones. Al respecto, los investigadores ejemplificaron con el caso de Grupo México, compañía minera mexicana, quien el 12 de agosto de 2014 informó desde sus instalaciones mineras de Buenavista del Cobre que 6 días antes habían sido derramados “por accidente” 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre sobre el Río Bacanuchi, provocando que cerca de 24 mil personas sufrieran afectaciones en su salud.
Por lo que se creó una Comisión Especial integrada por varios órganos del gobierno para conformar un Fideicomiso que apoyara a la población afectada, cuyo monto sería de 500 millones de pesos. Sin embargo, las versiones de los pobladores afectados dicen que no se cumplieron las promesas de saneamiento ofrecidas por el gobierno en turno y por la empresa, ni se atendió la potabilización de agua de uso en la población, aunado a que el Fideicomiso “había sido turbio y discrecional”, pues para febrero de 2017 ya había sido agotado en su totalidad.
El otro accidente que refieren es el del 9 de julio de 2019, cuando la empresa minera Metalúrgica de Cobre, perteneciente a Grupo México, reportó que en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, habían sido vertidos 3 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés. Hecho que no fue castigado, debido a que el 16 de julio del año pasado, Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Semarnat, apoyó lo dicho por la minera mexicana cuando ésta manifestó que el incidente había sido controlado con la aplicación inmediata de los protocolos de emergencia correspondientes.
Decisión contraria a la de la Profepa, la cual determinó clausurar temporalmente las instalaciones de la Terminal Marítima de Guaymas, así como sus operaciones para realizar los trabajos vinculados al manejo de ácido sulfúrico, tras inspeccionar la zona donde había ocurrido el incidente.
“La acción de la Profepa contradice a Grupo México y a la Semarnat […] resulta inverosímil que la Secretaría no haya calificado como algo mayor el verter 3 mil litros de residuos peligrosos al Mar de Cortés […] parece que el daño ambiental quedará impune y que ninguna acción de reparación del entorno natural será llevada a cabo”, declararon los expertos.
Y ante ello, subrayaron la necesidad de que México firme la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos, establecida en 2018, ya que, apuntaron, “aunque la Enmienda ya suma el total de firmas para entrar en vigor, el Estado mexicano no lo ha ratificado”.
Dicho acuerdo cancela explícitamente a los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos?, de la Unión Europea y a Liechtenstein la posibilidad de exportar sus desechos peligrosos en el país mexicano, así como sus convenios establecen los criterios para informar y generar conciencia en los individuos respecto a las consecuencias negativas a la salud y al medio ambiente que implica la producción de desechos peligrosos.
El diputado panista Fernando Ascencio Barba fraccionó sin los permisos correspondientes la Sierra de Santa Rosa, considerado el pulmón en Guanajuato. Sin contar con las autorizaciones, las residencias ya están a la venta en internet
Foto: Juan José Plascencia / PopLab
Carmen Pizano / PopLab,17 de enero de 2020
GUANAJUATO.- Bajo el amparo del gobierno estatal, el gobierno municipal de Guanajuato y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), el diputado panista Sergio Fernando Ascencio Barba atenta contra uno de los pocos “pulmones” de la capital del estado: la Sierra de Santa Rosa.
El desarrollo inmobiliario de la empresa Loma de Irapuato, cuyo único administrador es el legislador panista representante del distrito 15, ha provocado una indiscriminada tala de árboles.
La resistencia de los habitantes a proporcionar agua potable de la Presa del Peralillo para los fines comerciales del empresario derivó en un conflicto social.
Sin hacer algún trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el empresario y político irapuatense inició con el proyecto de construir un hotel en la Sierra de Santa Rosa.
Con el aval del organismo operador del agua, bajo la dirección de José Lara Lona, consiguió la firma del Comité del Agua de Santa Rosa, para el suministro del líquido en el hotel. Esta decisión trajo la inconformidad de los habitantes.
Meses después, el legislador del PAN cambió el proyecto a un fraccionamiento residencial. Le pareció más rentable fraccionar los 67 mil 680 metros cuadrados del predio conocido como Cucursola. Más demanda de agua
El cambio de proyecto de hotel a fraccionamiento residencial implica que el suministro de agua se duplique. En el documento original presentado al Comité de Agua de Santa Rosa, el desarrollador solicitaba 700 metros cúbicos mensuales para la operación del hotel. En el nuevo proyecto presentado ante el Simapag para fraccionamiento residencial, la empresa del diputado panista solicita 1 mil 800 metros cúbicos de agua.
Al llegar como delegada de la comunidad Santa Rosa, Blanca Cabrera Martínez advirtió del riesgo que correrían los habitantes de la zona por el desabasto del agua, al ceder el recurso de la Presa de Peralillo para un desarrollo habitacional como el impulsado por Sergio Fernando Ascencio Barba.
De la Presa de Peralillo se abastecen de agua comunidades de la Sierra. Foto: Juan José Plascencia / PopLab
Ascencio ha pedido la colaboración del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez para liberar los permisos estatales y municipales. El alcalde panista Alejandro Navarro Saldaña ha permitido en los últimos meses la lotificación y, sin permisos, la empresa ya ofrece a la venta los terrenos residenciales.
El Comité del Agua de Santa Rosa aseguró que no habrá suministro para el fraccionamiento, porque así lo han pedido los pobladores. Pero la incertidumbre del abasto del líquido no ha frenado al diputado, quien comenzó a ofrecer los predios de entre 1 mil y 1 mil 200 metros cuadrados.
Origen del desarrollo
Durante la gubernatura de Miguel Márquez Márquez y el gobierno municipal de Édgar Castro Cerrillo se dieron las primeras autorizaciones para el desarrollo en el predio conocido como La Rosita. Esto, sin que exista ningún permiso por parte de Semarnat, según confirmó el exdelegado de la dependencia federal, Israel Cabrera Barrón.
El ahora diputado local por el PVEM comentó que hasta marzo de 2018 no existió en Semarnat ninguna autorización para el desarrollo. PoPLab confirmó con fuentes del gobierno federal que no existe ante Semarnat ningún tipo de trámite en los últimos dos años para el desarrollo habitacional.
Loma de Irapuato, empresa del ahora diputado federal, realizó todos los trámites para la construcción de un hotel que no tendría más de 70 habitaciones sólo ante las autoridades de Guanajuato.
El Comité del Agua de Santa Rosa, con la intervención del entonces director de Simapag José Lara Lona, autorizó que pudieran extraer hasta 700 metros cúbicos de agua cruda al mes.
Foto: PoPLab
Sin aviso a las autoridades, Ascencio cambió el proyecto a un fraccionamiento residencial.
El descontento entre la población obligó al Comité de Agua que preside Francisco Granado a negar una nueva autorización para que el fraccionamiento pueda tomar agua de la Presa de Peralillo. Ésta abastece del líquido a Santa Rosa de Lima y comunidades aledañas, como Monte de San Nicolás y Las Flores. ¿Quién es Sergio Fernando Ascencio Barba?
Empresario dedicado al ramo turístico. Llegó a la diputación federal después de aspirar a ser el candidato del PAN a la presidencia municipal de Irapuato en el año 2018.
Es nieto del empresario, ya fallecido, Fernando Barba, desarrollador de Villas de Irapuato. Es sobrino en segundo grado de Rafael Barba Vargas, compadre del ex gobernador Miguel Márquez, señalado reiteradametne por realizar tráfico de influencia durante su sexenio.
Trabajó durante un año como jefe de departamento en el área de Planeación de Sedesol, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. De 2014 a 2015 fue integrante del Consejo Municipal de Vivienda de Irapuato.
Ascencio Barba es propietario de Hotel One; director general del Centro Corporativo Stern; director de Stain Hotels y presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Irapuato, actividades que combina con la tarea de legislador, según consta en el currículum publicado por la Cámara de Diputados.
Sergio Fernando Ascencio Barba. Fotografía de Diputados PAN LXIV Legislatura.
Tala a cambio de donativo de árboles al municipio
El terreno rústico conocido como La Rosita, donde actualmente se trazan 51 lotes que van a conformar el fraccionamiento Cucursola, luce talado. Tiene varios caminos que serán los que dividan una casa-habitación de otra.
En entrevista, el director de Medio Ambiente precisó que el uso de suelo de la zona es ecológico, por lo que bastaba con garantizar que los lotes serían de más de mil metros cuadrados para otorgar la autorización.
“De los 1 mil metros cuadrados nada más se puede construir el 30 por ciento y el resto quedar arbolada… Lo que tumbes tienes que mitigar y compensar con siembra de árboles, y aportar de otro tipo de especies al municipio”, dijo Delgado Zárate.
Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
La tala de árboles no solo representa un atentado para el “pulmón de Guanajuato”, que es la Sierra de Santa Rosa, sino para la fauna que habita en la zona.
En un recorrido que hizo PoPLab por la zona, lugareños comentaron su preocupación por el posible desabasto de agua y el riesgo para especies como el venado cola blanca o el águila.
El gobierno de Alejandro Navarro, sin embargo, no puso mayores trabas para validar la traza de los 51 lotes y la colocación de un tanque elevado.
De hotel a fraccionamiento
Juan Carlos Delgado Zárate manifestó que desde octubre de 2018, cuando llegó a la dirección de Medio Ambiente, conoció del desarrollo en Santa Rosa. Al revisar la documentación constató que durante el gobierno de Édgar Castro Cerrillo se dieron las autorizaciones para la construcción de un hotel, no un fraccionamiento.
Confirmó que, sin dar aviso a las autoridades, el desarrollador cambió el proyecto. Acceso al fraccionamiento residencial. FOTO: POPLAB
Confirmó que, sin dar aviso a las autoridades, el desarrollador cambió el proyecto.
“Cuando yo llegué les dije: ‘a ver, vengan acá. Suspendo las obras (los representantes de la empresa), sacan todo el expediente con validaciones el hotel, y los planos del fraccionamiento sin validar. Nos sentamos a platicar, (me dicen) que ya no le conviene el hotel, se pone sobre la mesa un fraccionamiento”.
Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio ambiente y Desarrollo Territorial.
Para cuando la dirección municipal se dio cuenta del cambio, sin aviso de la constructora, ya tenían al 50 por ciento la construcción de una casa club para el fraccionamiento residencial en la Sierra de Santa Rosa.
PoPLab tiene copia del único documento que firmó el Comité del Agua de Santa Rosa para ceder líquido de la Presa Peralillo a Loma de Irapuato para la operación de un hotel. El documento aparece con la firma de Sergio Fernando Ascencio como administrador. En el Registro Público del Comercio la empresa tiene como único administrador al diputado federal.
El convenio para ceder agua al fallido hotel viene con la firma del diputado federal .En el Registro Público del Comercio también aparece como único administrador de la empresa Loma de Irapuato.
Lotes a la venta sin permiso
Sin permiso para la venta, la empresa administrada por Ascencio Barba comenzó a ofrecer los lotes del fraccionamiento Cucursola.
A pesar de que la comunidad de Santa Rosa está en contra de otorgar agua, panfletos con la difusión de la zona residencial ya están en circulación.
Sin el permiso del municipio, como lo confirmó el propio director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, no se podrían estar vendiendo los terrenos.
“Hablar de venta lo veo lejano, hay que hablar de las licencias de urbanización… Formalmente no se puede vender lotes”, declaró Juan Carlos Delgado.
En los panfletos donde se ofrecen los terrenos se proporciona la dirección de una página web para las personas interesadas.
Incluso, en Facebook ha comenzado a circular la oferta de los terrenos. En una publicación hecha por Ana Isabel Asencio se ofrece el metro cuadrado en 3 mil pesos. De acuerdo con Delgado Zárate los lotes no pueden tener menos de mil metros cuadrados; es decir, cada terreno del fraccionamiento residencial costaría alrededor de 3 millones de pesos.
Los terrenos comenzaron a ofrecerse en redes sociales desde agosto pasado. Sin la factibilidad de las autoridades para el abasto de agua y los permisos de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Descontento social
Habitantes de Santa Rosa reciben agua cada tercer día. A pesar de ello, no consideran que tengan problemas con el suministro. Se unieron, sin embargo, por el temor de perder el servicio.
Los pobladores exigen al Comité de Agua no otorgar permisos al nuevo fraccionamiento hasta que se les garantice, con estudios profesionales, que las comunidades tendrán abasto de agua en los próximos 30 años.
Durante la reunión a la que se convocó en Santa Rosa en noviembre, la postura fue clara: no habrá agua para el desarrollo habitacional del diputado federal sin los estudios técnicos.
Los pobladores exigieron al Comité de Agua no firmar un nuevo permiso para el empresario irapuatense, sin antes presentar los estudios técnicos.
En la última semana de noviembre habitantes de la zona se reunieron con la delegada y el Comité del Agua, acordaron no ceder el líquido al fraccionamiento del diputado panista.
El cambio de proyecto, de hotel a fraccionamiento, dejó sin efecto el permiso que había dado el Comité de Agua, expuso Francisco Granados, presidente del Comité en Santa Rosa.
Confirmó que los representantes de la empresa los volvieron a buscar para que les firmaran un nuevo documento. Pero ante la inconformidad de los habitantes, aseguró que no permitirán que se extraiga agua de Peralillo para el fraccionamiento residencial.
“Nos buscaron porque querían la firma del nuevo documento… Esperan que les demos la firma, no les podemos dar nada”,
Aunque el compromiso del Comité para no dar una nueva autorización se hizo frente a la comunidad, Francisco Granados comentó que fue el exdirector del Simapag, José Lara Lona, el que les dijo que “la presa sí daba” para compartir el líquido con el nuevo desarrollo.
“A nosotros no nos pueden obligar (a dar el agua de la presa Peralillo) porque cambiaron el proyecto”.
El presidente del Comité del Agua comentó que uno de los compromisos que hizo la empresa Loma de Irapuato, a cambio del permiso para extraer agua, fue la colocación de un tanque elevado para hacer más eficiente el suministro en la comunidad; sin embargo, ese tanque elevado se colocó en el nuevo fraccionamiento.
Presa de Peralillo. Fotografía de Juan José Plascencia.
Navarro ignora solicitud para intervenir
Del conflicto que se agudizó en las últimas semanas del 2019 tuvo conocimiento el gobierno de Alejandro Navarro. La delegada de Santa Rosa, Blanca Angélica Cabrera presentó un escrito en la presidencia municipal donde le pide al panista intervenir.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato pidió a Cabrera no intervenir porque era un asunto que debería de tratar el Comité local que preside Francisco Granados.
Después de más de dos meses de que la delegada presentó el documento en el que se le pide frenar el atentado contra la Sierra de Santa Rosa, Alejandro Navarro no ha respondido.
El documento presentado ante la oficina de Alejandro Navarro no ha tenido respuesta después de casi dos meses.
“Desconocemos la existencia de estudios serios y técnicos que garanticen a las comunidades que dependemos de la Presa del Peralillo no nos vamos a ver amenazados por el abasto de agua”, comentó la delegada de Santa Rosa.
“Dependemos totalmente de la presa de Peralillo. Es muy importante (advertir) que por un fraccionamiento nos vayamos a quedar sin agua, vamos a estar comprando pipas para mantenernos”.
En el documento que tiene el sello de recibido en la presidencia municipal se le expone a Navarro la resistencia de la empresa de presentar a la delegada los estudios de impacto ambiental, permisos de construcción y el cambio de uso de suelo.
“Estamos hablando de cuidar el medio ambiente, que somos responsables de todo lo que está sucediendo con la contaminación, pero el gobierno no se está dando cuenta que con los permisos que se están otorgando todo lo que está ocasionando, estamos tumbando el pulmón de Guanajuato”.
Fraccionamiento duplica el uso de agua
Con el aval del Simapag, ahora la empresa de Sergio Fernando Ascencio Barba pretende obtener 1 mil 800 metros cúbicos de agua mensuales para el fraccionamiento, 1 mil 200 metros cúbicos más que lo solicitado para el hotel.
Mario Ortega Rodríguez, director del Simapag, confirmó que en el estudio que presentó Loma de Irapuato al Simpag se plantea que para el proyecto de 51 lotes se necesitan 0.71 metros cúbicos por segundo, lo que se traduce en alrededor de 1 mil 800 metros cúbicos al mes.
La presa está inmersa en la Sierra de Santa Rosa
A pesar de que el Simapag no tiene la atribución de otorgar el agua al desarrollador en Santa Rosa porque la comunidad tiene su propio Comité de Agua, entre las funciones que tiene el organismo operador del agua está revisar y validar los proyectos de inmobiliarias.
Mario Ortega confirmó que el 18 de diciembre de 2019 se otorgó la viabilidad para extraer agua para el fraccionamiento residencial.
A cambio de la validación, Simapag pidió al desarrollador infraestructura que consiste en la colocación de dos tanques elevados, uno en la comunidad y otro en el fraccionamiento, además de una planta potabilizadora.
“Lo que el desarrollador solicita es un proyecto validado, nosotros no otorgamos el servicio (de suministro de agua en Santa Rosa), damos una factibilidad. Lo que hacemos es la revisión técnica, entre los requisitos indispensables para el desarrollo está que no se afecte la fuente de abastecimiento (Presa del Peralillo)”.
El director del Simapag dijo que la validación se dio porque la presa alcanza a abastecer las comunidades de la Sierra y para el fraccionamiento residencial. Sin embargo, no supo cuántos metros cúbicos consumen los habitantes de la zona.
(CNN Español) — En una escalada de violencia en la región fronteriza de Tamaulipas, el ejército mexicano abatió a once presuntos delincuentes en el municipio de Miguel Alemán; en otro incidente, la policía estatal detuvo a tres civiles armados tras una persecución y balacera en la zona centro de Reynosa, mientras que en la ciudad de Río Bravo se suscitaron enfrentamientos a balazos entre grupos delictivos durante este jueves.
El grupo de Coordinación para la Seguridad y la Paz de Tamaulipas informó que una patrulla del Ejército Nacional fue emboscada por civiles armados en el poblado Los Ángeles.
Como respuesta a la agresión y tras un enfrentamiento de media hora, once presuntos delincuentes fueron abatidos.
Personal forense de la fiscalía del Estado, resguardado por un convoy de ocho vehículos militares, recogieron los cuerpos y los trasladaron al anfiteatro de esa ciudad fronteriza.
MIRA: Más de tres menores mueren a diario por la violencia en México, según Redim
Las autoridades además aseguraron doce armas largas del tipo AK-47 y un artefacto explosivo de fabricación artesanal.
En otro hecho violento, esta vez en Reynosa, policías estatales marcaron el alto a un vehículo con civiles armados quienes no obedecieron y empezaron a disparar contra los policías.
Tras una persecución finalmente fueron detenidos.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se reunía con empresarios en la misma zona cuando ocurrió el incidente.
Por la noche, usuarios de redes sociales, reportaron diversos enfrentamientos entre grupos de civiles armados, situación que provocó el temor de los residentes quienes buscaban resguardo de los tiroteos que se escuchaban
en las afueras de sus viviendas.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles de lo ocurrido. CNN ha solicitado información pero no ha recibido respuesta.
El lunes pasado, tres miembros de la Guardia Nacional y uno del ejército murieron en un enfrentamiento con civiles armados, confirmaron autoridades estatales.
Según cifras del gobierno de México, al menos 48 personas han muerto de manera violenta en Tamaulipas en los primeros 16 días de enero.
Colima, México, Avanzada (17/01/2020).- Médicos residentes del Hospital Regional Universitario se encuentran en paro de labores porque la autoridad estatal nos les ha cubierto el pago de la quincena y el aguinaldo que les corresponde.
Los residentes son aquellos médicos generales que están estudiando una especialidad y que son enviados a diferentes partes del país, como parte de su formación académica.
Este viernes, los médicos instalaron la Asamblea Académica para definir las acciones que estarán realizando en las próximas horas por la falta de pago.
En entrevista señalaron que ayer hablaron con la secretaria de Salud, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, sin embargo, no ofreció ninguna respuesta concreta a su petición, “y eso es lo que nos preocupa más. La propia encargada de la secretaría de Salud no sabe cuándo se nos estará pagando; solo nos dijo que iba a investigar, pero no hay más información”, explicó uno de los médicos afectados.
Indicaron que el 90 por ciento de los residentes provienen de otros estados del país; la mayoría están casados y con hijos, “nuestra familia depende económicamente de nosotros y necesitamos el pago”.
Explicaron que el recurso con el que se les paga es federal y se radica al Gobierno del Estado de Colima, “no sabemos si ese dinero llegó o no, pero lo que sí conocemos es que en otros estados del país se les pagó a tiempo a los médicos residentes y sólo en Colima, no”.
Puntualizaron que además del adeudo de la quincena, tampoco les han otorgado los uniformes, batas y zapatos, “desde hace 5 semestres nos adeudan ese material y hemos sido muy pacientes, pero creemos que ya es justo que nos paguen lo que nos deben”.
Magdalena ”N” de 14 años de edad, fue asesinada a golpes en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes, informó la Fiscalía del Estado.
Derivado de estos hechos la Vicefiscalía regional inició las indagatorias con protocolo de feminicidio por la muerte de la menor que fue atacada en un terreno baldío frente a su domicilio ubicado en la localidad de San Miguelito.
Tras el crimen de la niña Magdalena, la Comunidad Feminista de Aguascalientes exigió a las autoridades una investigación con perspectiva de género y sin revictimizaciones.
“A la sociedad en general, les pedimos no culpar ni juzgar a la menor, la culpa no fue de la adolescente de 14 años, la culpa fue del agresor que cometió el feminicidio”, publicó la Comunidad en sus redes.
Por su parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes exigió revisar las cámaras de seguridad en la zona para dar con el agresor de la menor.
“Exigimos a las autoridades encargadas de la procuración de justicia que trabajen en coordinación y articulación adecuada con todas las instancias necesarias, así como la debida aplicación de protocolos que garanticen la perspectiva de género en la investigación”.
De forma extraoficial se informó que existen dos líneas de investigación sobre el feminicidio de Magdalena; el primero que es integrante de un grupo que se droga cerca de la zona y la segunda, que es una persona conocida de la víctima.
MÉRIDA, MX.- Más de 400 personas denuncian la falta de equipos, uniformes y apoyos para enfermeros y personal de vectores en Yucatán, por lo que han declarado que desde el lunes pasado están de brazos caídos y continuarán de esta manera hasta tener solución.
Tras realizar una manifestación a las afueras del Palacio de Gobierno, Juan Aké Pérez, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sector 68, informó que desde febrero del año pasado han presentado carencias, pues en el caso de los trabajadores de los programas de vectores, no cuentan con uniformes y equipos de protección que son necesarios, ya que trabajan con insecticidas.
Además, los trabajadores de estos programas dijeron que los vehículos con los que cuentan se encuentran en pésimas condiciones y no tienen gastos de camino, es decir, cuando salen fuera de Mérida, no reciben viáticos.
“Estamos de manos caídas desde el lunes pasado en las Jurisdicciones Sanitarias 1, de Mérida; 2, de Valladolid y 3 de Ticul porque no hemos tenido respuesta desde el año pasado en cuanto a estos temas”, detalló Aké Pérez.
Incluso recordó que se reunió recientemente con el secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, quien sólo les informó que no se cuenta con recursos federales para suplir las necesidades que demandan.
Por otra parte, los que trabajan en fumigaciones para evitar las enfermedades que se transmiten por el mosco Aedes Aegypti, tales como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla, denunciaron también que no han recibido los pagos correspondientes al Ramo 30, el cual asciende a uno 700 pesos aproximadamente por trabajar en áreas de riesgo.
Entre los más de 400 trabajadores, se encuentran alrededor de 100 personas de enfermería que cuentan con el código o contrato de vectores, por lo que al pedir su cambio al que les corresponde, es decir, con un puesto de enfermería, sólo han tenido negativas.
A pesar de que esperaron una respuesta por parte del Gobierno de Yucatán, lo único que se les pudo otorgar fue una cita para el próximo lunes para exponer de nueva cuenta los puntos que hoy externaron.
De acuerdo con información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta finales del año pasado se habían confirmado más de 200 casos de dengue, sin embargo, en la primera semana de enero no se registró un nuevo caso.
Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tecomán, encabezados por su líder Audelino Flores Jurado, se manifestaron en el exterior de la Presidencia Municipal para exigir al Gobierno de Elías Lozano Ochoa el pago de la segunda parte del aguinaldo, que debería haber sido depositada desde el pasado 15 de enero.
En este sentido el líder sindical aseguró que se requieren aproximadamente siete millones de pesos para el pago de esta prestación y derecho que tienen todos los trabajadores y aunque precisó que se les ha dicho que no hay dinero, se tiene conocimiento que actualmente el Ayuntamiento tiene alrededor de 11 millones de pesos “lo que les ajusta perfectamente para pagarnos”.
Lamentó que en varios medios de comunicación se diera la noticia que este pago de la segunda parte del aguinaldo ya se había entregado a los trabajadores, lo cual es mentira, pues a nadie se le ha depositado lo que por ley les corresponde.
Aseguró que desde el día de ayer (15 de enero) se tuvo comunicación con el alcalde Elías Lozano, quien se comprometió a revisar esa situación y resolverla, pero “salió de la presidencia a mediodía y ya no regresó”, mencionó el líder sindical.
Finalmente, Audelino Flores reiteró que la fecha límite de pago era el día de ayer, 15 de enero, por lo que continuarán exigiendo el pago correspondiente, “no queremos conflictuarnos, nos deben y solo queremos que nos paguen”.
Esta situación ha causado contaminación de mantos acuíferos, mortandad de especies y malestar entre la población
Papantla, Ver.– Luego de realizar un recorrido por diversos puntos del municipio donde se han registrado fugas de hidrocarburos, el coordinador regional de la Secretaría de Protección Civil, Othón Gutiérrez del Ángel, detectó que la empresa petrolera ha contenido los escurrimientos, pero no saneado las áreas afectadas.
Cuestionado al respecto, el funcionario destacó que se han detectado este tipo de incidentes en localidades como: Emiliano Zapata, Reforma Escolín, Talaxca, Donato Márquez, Vicente Herrera, Tres Cruces, así como Pital y Mozutla. Esta situación ha causado contaminación de mantos acuíferos, mortandad de especies y malestar entre la población.
La indolencia de la empresa petrolera será denunciada este viernes en la reunión de autoridades conocida como Mesa para la construcción de la paz, donde el funcionario asistirá como invitado, con el objetivo de que esta situación sea atendida con prontitud.
Luego de movilizaciones y protestas de ciudadanos opositores a los llamados “proyectos de muerte” en la Sierra Norte de Puebla, el Cabildo de Ahuacatlán revocó la autorización de cambio de uso de suelo y licencias de movimiento de tierras y construcción municipal a hidroeléctrica que pretendía instalarse para beneficiar a empresas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos a pesar de la oposición de la mayoría de la población.
El secretario general de Ahuacatlán, como portavoz del presidente Juan Luis Pérez Pastrana, hizo pública en plazas públicas el Acta de Cabildo donde consta que se revocaron las licencias otorgadas desde otorgadas en 2009 para el desarrollo de la obra denominada proyecto hidroeléctrico Puebla 1 por las empresas Deselec 1, S. de R.L. de C.V. y Comexhidro.
Reconoció que los permisos que ayuntamientos anteriores son ilegales y que la construcción de la hidroeléctrica pondría en riesgo los derechos de comunidades totonacas que habitan en el municipio de Ahuacatlán.
Este acto ocurrió luego que el 12 de enero de 2020, ciudadanos totonacos del municipio de Ahuacatlán Puebla, integrantes del Consejo Regional Totonaco en Defensa del Territorio se movilizaron en una marcha y mitin al Ayuntamiento para exigir que cumpliera su compromiso con la comunidad.
En un comunicado publicado en el sitio electrónico del Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla y firmado por el Consejo Regional Totonaco en defensa del río Ajajalpan, se expone que las razones que justifican la revocación de los permisos municipales son sumamente graves ya que evidencian mala fe, abuso de poder y ocultamiento de información de anteriores servidores públicos, que se prestaron a actos de corrupción favoreciendo a empresas privadas el despojo en nuestro municipio. Entre las irregularidades que encontró el cabildo están:
La falsificación del logotipo y sello municipal en el documento de autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del período 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, el cual además fue otorgado de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia de construcción deben ser aprobados en sesión de Cabildo, lo que nunca ocurrió con los permisos que se dieron a Deselec 1.
El uso de información falsa en un supuesto convenio entre Comexhidro y la población de San Mateo Tlacotepec, así como uso indebido del sello oficial. Cabe apuntar que este Convenio fue presentado por la empresa ante el juez de amparo.
“Con indignación denunciamos estos hechos que evidencian complicidad de algunos servidores públicos de pasadas administraciones con la empresa, favoreciendo así su entrada a nuestro territorio, lo que violentó nuestros derechos indígenas”, señala el documento.
El Consejo Regional Totonaco en defensa del río Ajajalpan manifestó que el actual Ayuntamiento, con el presidente municipal a la cabeza, asumió con honestidad y responsabilidad la exigencia a las autoridades municipales para que cumplieran con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos de los pobladores, dándose a la tarea de formar una comisión que durante varios meses realizó una investigación a fondo y actuando conforme a derecho y de manera transparente, acordó en sesión de Cabildo la pertinencia de revocar las autorizaciones y licencias que de manera irregular se dieron a la empresa Deselec 1 en el 2009 para construir la hidroeléctrica Puebla 1.
“Los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades de Ahuacatlán refrendamos nuestra solicitud al Ayuntamiento de Ahuacatlán para que en ejercicio de sus funciones prohíba futuros proyectos extractivos y la privatización del agua en el municipio y continúe cumpliendo con su obligación de respetar el derecho a la libre determinación del pueblo totonaco y reafirmamos nuestra decisión de no permitir despojo y daños en el territorio totonaco heredado por nuestros antepasados y del que depende en buena medida la vida de las futuras generaciones”.
CHILPANCINGO, Gro., 17 de enero de 2020.- Diez indígenas nahuas pertenecientes al grupo musical Sensación de la comunidad de Alcozacán, Chilapa, fueron asesinados e incinerados sobre la carretera, en ese municipio de la región Centro del estado.
El asesinato de los 10 músicos ocurrió esta tarde cuando regresaban de la comunidad Tlayelpan, municipio de Chilapa, donde acudieron a tocar con motivo de una fiesta patronal. El grupo musical fue emboscado por personas armadas cuando pasaba por la comunidad Mexcalcingo.
De acuerdo con el dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), David Sánchez Luna el ataque a los músicos ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde y, hasta las 9 de la noche los cuerpos de los músicos no han sido levantados por las autoridades “porque por la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera no han pasado”.
Sánchez Luna pidió a las autoridades que los cuerpos de los 10 músicos sean entregados a sus familias e indicó que más de mil personas de al menos 16 comunidades que pertenecen a la CRAC-PF bloquean la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera para impedir que el Servicio Médico Forense (Semefo) traslade los cadáveres a Chilpancingo.
También demandó que los instrumentos de los 10 músicos sean entregados a las familias, así como la camioneta en la que viajaban.
Las víctimas fueron identificadas como: Juan Joaquín ‘N’ de 42 años de edad, José Julio ‘N’ de 37 años de edad, Crescenciano ‘N’ también de 37 años, Marcos ‘N’ de 36, Lorenzo ‘N’ de 32, Antonio ‘N’ de 24 años, Regino ‘N’ de 24, Israel ‘N’ de 24, Cándido ‘N’ 20 e Israel ‘N’ de 15 años.
Segunda Marcha contra el aumento del 20% al transporte; pulveriza el incremento a los salarios mínimos, advierten
Docenas de estudiantes e integrantes de diversos colectivos, se lanzaron por segunda ocasión a la calle, para demandar la cancelación del llamado “tarifazo” en el Estado de México y demandar de nueva cuenta la renuncia del gobernador Alfredo del Mazo y de su secretario de movilidad, Raymundo Martínez Carbajal.
Al grito de “Renuncia Del Mazo, tu gobierno es un fracaso”, “Abajo el alza a mi madre no le alcanza” y “Esta marcha llegará a la huelga general”, entre muchas otras consignas, los inconformes, partieron del Cosmovitral poco después de las 15:00 de la tarde, para luego perfilarse a la sede del Poder Legislativo, donde realizaron un plantón y más tarde se encaminaron al Palacio de Gobierno para lanzar las consignas frente a la sede del ejecutivo.
Más tarde marcharon a las afueras de la Secretaría de Movilidad del gobierno mexiquense, como lo hicieron en la primera jornada de protestas.
Los jóvenes que encabezan las movilizaciones en Toluca, desplegaron lonas y gritaron consignas, a lo largo de su trayecto sobre l Lerdo de Tejada y más tarde otras avenidas, lo que provocó momentáneos congestionamientos en diversos puntos de la capital.
Más tarde el contingente, entre el que se encontraban niños, adolescentes, estudiantes y algunos adultos mayores, marcharon a la sede del Palacio de Gobierno, donde también hicieron un plantón y gritaron consignas como: “Renuncia del Mazo tu gobierno es un fracaso”, “Abajo el alza a mi madre no le alcanza” o “Esta marcha llegará a la Huelga General”, en alusión a que continuarás las movilizaciones.
Entre los asistentes había feministas, universitarios, ambientalistas e integrantes de movientos disidentes. A la expectativa, en las inmediaciones, docenas de policías se mantuvieron al acecho…
En el palacio legislativo, entró una comisión de inconformes para entregar el pliego petitorio, en el que entre otros puntos reclama la renuncia del secretario Raymundo Martínez Carbajal, que el Congreso Local intervenga y recupere el “carácter público del transporte” en Edomex; que se legisle para que el transporte tenga tarifas preferenciales para estudiantes, dispacitados y adultos mayores,; mesas de diálogo para discutir estrategias entre todos los sectores y la salida del gobernador Alfredo del Mazo.
Los vecinos han obtenido con esta, cuatro suspensiones para frenar la construcción de las torres de departamentos que representaría la llegada de alrededor de seis mil 500 nuevos habitantes a la comunidad
Rafael Hernández / UDGTV
Guadalajara, Jalisco.
Habitantes de los alrededores del parque San Rafael, en Guadalajara, exigieron al ayuntamiento que cumpla una nueva suspensión que se les otorgó para frenar la construcción del complejo habitacional denominado Gran San Rafael.
Leticia Lopez, una de las integrantes del colectivo de Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, dijo que pese a que en el ayuntamiento ya fueron notificados de la decisión del juez de distrito para que se frene la construcción de las 14 torres de 15 niveles que se edifican donde antes estaba el club deportivo Chivas San Rafael, la obra continúa.
Debido a que desde el año 2017 los vecinos enfrentan una batalla legal en contra no sólo del Ayuntamiento sino de la constructora grupo San Carlos, los deterioros al medio ambiente han sido cuantiosos según se dijo, no sólo por la deforestación de muchos árboles, sino por la pérdida paulatina de especies de aves endémicas, algo que fue motivo de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) al Ayuntamiento tapatío para que cenaran estos trabajos.
Los vecinos han obtenido con esta, cuatro suspensiones para frenar la construcción de las torres de departamentos que representaría la llegada de alrededor de seis mil 500 nuevos habitantes a la comunidad; tienen también una recomendación de derechos humanos a su favor, y tramitan Jean juicio de desacato por las omisiones del Ayuntamiento. http://udgtv.com/noticias/vecinos-san-rafael-piden-cumpla-suspension-construccion-gran-san-rafael/
Algunos hacían fila en el módulo de atención y orientación de la Unidad Médica para pedir información sobre su tratamiento
Isaura López Villalobos / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. En la Unidad Medicina Familiar número 2 del IMSS Jalisco derechohabientes denuncian la falta de medicamentos.
Algunos hacían fila en el módulo de atención y orientación de la Unidad Médica para pedir información sobre su tratamiento o bien, les entreguen un vale para el surtimiento completo.
La mayoría de las personas que hacían fila en el módulo de atención de la Unidad Médica número dos del IMSS, ubicada en tradicional barrio de Santa Teresa eran en edad productiva y de la tercera edad.
Tecomán, Col.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tecomán, encabezados por su líder Audelino Flores Jurado, se manifestaron en el exterior de la presidencia municipal para exigir al gobierno de Elías Lozano Ochoa el pago de la segunda parte del aguinaldo que debería haber sido depositada desde el pasado 15 de enero.
En este sentido, el líder sindical reveló que se requieren aproximadamente 7 millones de pesos para el pago de esta prestación, derecho al que tienen todos los trabajadores. Y aunque precisó que se les ha dicho que no hay dinero, dijo tener conocimiento de que actualmente el ayuntamiento posee alrededor de 11 millones de pesos; “lo que les ajusta perfectamente para pagarnos”.
Lamentó que en varios medios de comunicación se diera la noticia que este pago de la segunda parte del aguinaldo ya se había entregado a los trabajadores, «lo cual es mentira, pues a nadie se le ha depositado lo que por ley les corresponde».
Aseguró que desde el día de ayer (15 de enero) se tuvo comunicación con el alcalde Elías Lozano, quien se comprometió a revisar esa situación y resolverla, pero “salió de la presidencia a mediodía y ya no regresó”, mencionó el líder sindical.
Finalmente, Audelino Flores reiteró que la fecha límite de pago era el día de ayer, por lo que continuarán exigiendo lo que les corresponde; “no queremos conflictuarnos, nos deben y sólo queremos que nos paguen”.
Redacción / La Voz de Michoacán, 16 de enero de 2020
Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio por la afectación a la salud de la población, derivada de la contaminación del Río Lerma en el municipio de La Piedad.
De acuerdo con publicaciones periodísticas, vecinos de la colonia Cuatro Milpas denunciaron públicamente la mortandad de peces y los olores fétidos que se registran en la zona por la contaminación de río.
Según declaraciones del presidente de la Asociación Salvemos al Lerma, la localidad es el epicentro de padecimientos de leucemia y cáncer infantil, así como de neurocisticercos.
El visitador Regional de Zamora, Víctor Villanueva Hernández, inició la queja ZAM/016//2020 por violación al derecho a la protección de la salud, a la preservación y mejoramiento del medio ambiente y al disfrute de un medio ambiente sano.
La queja será turnada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la acción u omisión de autoridades no solo del ámbito estatal y local, sino también federal, para la atención de esta problemática.
La CEDH señaló que el derecho a la conservación del medio ambiente es la prerrogativa de todo ser humano a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y su bienestar; implica la obligación del Estado a llevar a cabo las conductas tendientes a impedir la incidencia negativa, o fomentar la incidencia positiva de los componentes físicos, químicos, biológicos y sociales en los seres vivos y en las actividades humanas; así como para crear y mantener la infraestructura de servicios necesaria para la protección y conservación ambiental.
Es un derecho establecido en el DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) que se refiere a aquellos derechos que posibilitan a las personas y sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado.
Estos derechos están también consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.
Urgen a atender contaminación de la Cuenca Lerma-Chapala.
Puebla, Pue.- La construcción del drenaje continuará ya que es necesario para que se desahogue el agua del parque industrial y del Aeropuerto de Huejotzingo, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pese a la oposición de pobladores de Santa María Zacatepec, perteneciente a Juan C. Bonilla.
Ante los constantes bloqueos que han llevado a cabo un grupo de pobladores, como la carretera federal México-Puebla, como medida de presión para que se cancele este proyecto, el gobernador dijo que su administración es tolerante.
Acusó que solo un grupo de 100 personas se han dedicado a provocar a las autoridades con el cierre de las presidencias en Juan C. Bonilla y de la junta auxiliar Santa María Zacatepec; son los que se oponen a la construcción del colector industrial que conectará a Ciudad Textil y el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, pues los inconformes argumentan que se trata de un “proyecto de muerte” ya que el desfogue contaminará el río Metlapanapa.
El jefe del Ejecutivo estatal aseguró que su gobierno es “muy tolerante” y respetuoso de los conflictos sociales como el que se presenta en Juan C. Bonilla, debido a que no han respondido jurídicamente, además de que no han hecho uso de la fuerza pública, luego de que este grupo de pobladores se han mostrado con una “actitud radical” por la construcción una capilla por donde atraviesa el drenaje.
“Este es un asunto de complicaciones raras, hace unos días cerraron carreteras y son 50 gentes que son las que han mantenido una oposición radical, violenta contra la obra, queman llantas, tuberías, una patrulla, incluso construyeron una capilla por donde pasará el drenaje y lo hacen para confrontar a las autoridades”, sostuvo.
En entrevista indicó que de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Gobernación, los pobladores tienen una radio comunitaria para informar a la población sobre las manifestaciones y bloqueo de vialidades, además de la quema de llantas, con el fin de que se cancele el proyecto; no obstante, garantizó que su administración jamás reprimirá a ninguna persona u opositor.
Apenas este lunes, habitantes de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, cerraran la carretera federal México-Puebla, a la altura del acceso al aeropuerto, hasta donde avanza la obra del colector industrial proveniente de la zona industrial de Huejotzingo.
El bloqueo se dio luego de que con apoyo de granaderos se reabriera la presidencia auxiliar, que fue cerrada el pasado viernes cuando los pobladores acusaran a Maurilio Teutle de oponerse a la obra, la cual acusan solo traerá muerte y enfermedad.
Los inconformes aseguran, como lo hacen desde el año pasado, que la obra nunca fue consensada, además de que solo generará enfermedades como ocurre a las personas que viven en la franja del río Atoyac y no quieren que ocurra lo mismo con el río Metlapanapa, que además es alimentado por varios manantiales.
Raúl Ramos Guzmán, originario de Guerrero, quien trata de conseguir donadores para que puedan operar a su hijo de 9 años (Fotos: Mariluz Roldán)
Mariluz Roldán / La Silla Rota
Alrededor de 50 niños no han recibido su quimioterapia en el Hospital Infantil por desabasto de medicamentos
El Hospital Infantil de México Federico Gómez enfrentó desabasto de medicamentos desde el año pasado y en lo que va de 2020 también han faltado fármacos para quimioterapias en dos ocasiones, situación que preocupa a los padres de los niños atendidos ahí. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades del Sector Salud niegan que haya problemas de abasto.
“Pido más que nada, que dejen de estar jugando, porque a final de cuentas son vidas, que tengan un poco más de coherencia incluso en sus comentarios, porque mucha gente nos han catalogado que no somos madres o padres con niños con cáncer, que solamente somos alborotadores y pues dices si estuvieran en mi situación harían exactamente lo mismo y hasta más, porque tienen los medios más a su disposición”, enfatiza Esperanza Paz, mamá de Hermes, uno de los niños que se vio afectado por el desabasto.
La Silla Rota dio a conocer el lunes pasado el caso de Hermes, quien no pudo recibir su quimioterapia porque en el hospital no tenían ciclofosfamida. Este jueves por fin le aplicaron el tratamiento porque la familia compró el medicamento, aunque no consiguieron la dosis completa.
Este jueves en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador y el gabinete de Salud aseguraron que no hay desabasto de medicamentos oncológicos y que si faltan en el Hospital Infantil de México es porque el director no los ha pedido.
“Bueno, los medicamentos especialmente, el Metotrexato no hay desabasto, se compró en el extranjero. Actualmente la semana pasada llegó un embarque de 17 claves de 24 oncológicos que ya teníamos en el radar de que iba a haber demanda por el mismo problema de la empresa. Los hospitales donde reportan desabasto normalmente son los institutos nacionales, el infantil, y ellos en cuanto nos pidan el medicamento, el director nos pida, nosotros a las 24 horas, 48 horas surtimos”, aseguró Alejandro Antonio Calderón Alipi, titular de la Coordinación Nacional de abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del Insabi.
Sin embargo, alrededor de 50 niños no han recibido su quimioterapia en el Hospital Infantil porque no hay ciclofosfamida ni vincristina. Esperanza explica que el problema es que tampoco los pueden adquirir por fuera, ya que no hay en las farmacias. Ella consiguió el de su hijo gracias a que un compañero que ya está en vigilancia se lo vendió por 2 mil 400 pesos.
“Ahorita la situación real en todo el país es que no se puede conseguir, porque no lo hay, aunque nos den la receta, no lo encontramos por ningún lado. Están esperando para que le den acceso al país al medicamento”, destaca.
Respecto al comentario de que si falta medicamentos es porque el director no los pidió, Esperanza dice que “eso sería como algo absurdo, porque a diario el doctor está tratando de conseguirlo. Aquí la situación es que a partir del día 31 (de diciembre) acabó el contrato de la empresa con el hospital. Ahorita, a partir del 1 de enero pues ha habido más desabasto, pero no solamente aquí, es totalmente nacional”.
El pequeño Hermes tiene 4 años 11 meses y desde hace un año tres meses en atendido en este hospital de alta especialidad. Ya se encuentra en la etapa final de su tratamiento, le faltan dos quimioterapias para concluir.
A Esperanza le preocupa porque no sabe si dentro de un mes, cuando le toca la siguiente quimioterapia a su hijo, tendrán que volver a pasar por esta misma situación. “Está ya en la recta final, la preocupación es qué es lo que realmente va a pasar, por ejemplo, ahorita nos decían que hasta el día lunes se iba a surtir este medicamento, pero realmente es incierto, no sabemos si realmente lo traigan ese día”, destaca.
Israel Rivas, padre de Dhana que también es atendida en este hospital, enfatiza que lo que dijeron las autoridades respecto al abasto “es una mentira. No hay el medicamento, ni siquiera en farmacias. Como siempre, me parece que el gobierno se quiere justificar y quiere buscar culpables en lugar de buscar soluciones y eso es lo grave”.
Aunado a esta situación de desabasto, en el Hospital Infantil hay incertidumbre por el cambio en el sistema de salud, con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.
En las entradas hay letreros en los que se indica: “El Hospital Infantil de México Federico Gómez, como Instituto Nacional de Salud, no otorga atención de primer y segundo nivel, le conviene ir a su clínica porque el servicio es gratuito. Con base en la ley, los padecimientos no incluidos en el antiguo Seguro Popular deberán pagar las cuotas de recuperación correspondientes”.
El nuevo Insabi no cubre al tercer nivel de atención, aunque de acuerdo con las autoridades, se prevé que antes de que concluya 2020 ya todos los servicios sean gratuitos. De hecho también en la mañanera, el presidente López Obrador lanzó un llamado para avanzar en la gratuidad de los servicios.
“Le pido a los directores de los institutos que nos ayuden y que levanten la mano los que quieran iniciar el proceso. Si son 21, 23, a ver, por dónde empezamos”, expresó el mandatario.
Mientras tanto, los familiares de pacientes tienen dudas, como María Elena Pérez, quien estaba esperando afuera del hospital para que le dieran una cita a su hija, quien tiene 11 años y necesita ser atendida porque se le inflamaron los ganglios del cuello.
“Yo sí tengo el Seguro Popular, pero está el letrero de que ya no nos lo van a hacer válido. Creo que lo están aceptando cuando ya tiene pacientes con tratamiento, ahí sí les están recibiendo sus pólizas, pero yo que vengo de nueva vez, ya no me lo van a hacer válido”, dice preocupada, ya que no sabe cuánto tendrá que pagar por los estudios que requiere su hija.
Afuera del hospital también estaba esperando Raúl Ramos Guzmán, originario de Guerrero, quien trata de conseguir donadores para que puedan operar a su hijo de nueve años. Su pequeño sufre de convulsiones a causa de un coágulo en la cabeza.
Ellos vienen desde Moyotepec de Juárez, del Hospital de Tlapa los enviaron a la Ciudad de México para que el menor fuera atendido. Raúl explica que en el Centro de Salud que hay allá, ya no tienen medicamentos ni doctores.
“En la montaña prácticamente no contamos con servicio médico y si va uno, pues luego dice que los vecinos son malos. Siempre le ha pasado así a la comunidad en donde estamos, los doctores siempre buscan un pretexto para salirse de ahí, esa es la dificultad que tiene el pueblo de Moyotepec”, detalla.
“Yo no veo mucho cambio de este gobierno, porque casi está lo mismo y no puede mandar personal para el centro de salud. Espero que de aquí en adelante pueda mandarnos médicos a las montañas marginadas de Guerrero, porque estamos casi abandonados, allá no contamos con servicio”, pide Raúl, quien espera poder regresar pronto a casa con su hijo.
Mover el foco de atención de la organización y las manifestaciones feministas de la capital hacia sus periferias es una necesidad para las mujeres que las habitan. La Red de Mujeres del Oriente del Estado de México planea recorrer esas calles el próximo domingo, 19 de enero
Esta Igualada decidió convertirse en un canal para recibir una mini respuesta a tres preguntas que van de la mano de una reflexión sobre lo que puede germinar cuando las mujeres se encuentran y lo que cultivaremos si somos capaces de apreciarlo: ¿Qué convoca a un grupo de mujeres diversas a unir sus luchas? ¿Cuáles son las prioridades de las habitantes de la periferia de la capital que piden descentralizar el movimiento feminista? ¿Cuál es la invitación que hacen a otras y otros habitantes de esos territorios periféricos asolados por la violencia machista?
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Hay diversas circunstancias que distinguen a las integrantes de este grupo de mujeres reunidas un sábado por la mañana a unas cuadras del palacio municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México: la generación, la profesión, las vivencias personales. Pero basta una razón para unirlas: todas son habitantes de esa demarcación o de otra colindante, Chimalhuacán. Es preciso decir que son mujeres de la periferia de la capital mexicana. Están ahí para acordar los últimos preparativos para el domingo, 19 de enero, día en el que han convocado a una manifestación como Red de Mujeres del Oriente del Estado de México para acompañar a familiares de mujeres desaparecidas.
Platican de manera colectiva sobre lo que las lleva a estar reunidas ahí, son un coro que cuenta una historia que comienza en 2018, cuando varias de las integrantes asistieron al primer Encuentro de Mujeres que Luchan del que las zapatistas fueron anfitrionas.
En ese evento, que podría decirse fue el punto de partida de esa Red, decidieron que iban a organizarse junto a otras mujeres del lugar en donde habitan porque esa fue una de las tareas que las zapatistas dejaron a las más de cinco mil asistentes al finalizar las actividades: “Acordamos seguir vivas y seguir luchando, cada quién según su modo, su tiempo y su mundo”, dijeron.
Al regresar de Chiapas, lo siguiente que hicieron quienes imaginaron la Red fue comenzar a vincularse con organizaciones, colectivos y grupos de mujeres que ya trabajaban en lo mismo que ellas: parar la violencia machista, y desde el mismo sitio que ellas. Para ello convocaron a una nueva reunión, esta vez en su territorio: el encuentro de mujeres del Estado de México. Ese evento les permitió ver que el nombre les quedaba muy grande porque a él asistieron al rededor de 50 mujeres, pero solo de los municipios Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec. Así que, al final, para ser más precisas, se nombraron mujeres del oriente del Estado de México.
Luego vinieron las marchas del 8 de marzo en Ecatepec y la del #24N Descentralizado en Chimalhuacán en la que participaron por primera vez con una insignia: las máscaras que portan y ellas mismas confeccionan para representar a las mujeres desaparecidas y asesinadas de Chimalhuacán y Neza.
Y es que la prioridad de las integrantes de esta Red es dar acompañamiento a familiares de mujeres y niñas víctimas de violencia en su territorio, uno tremendamente asolado por la violencia feminicida, potenciada por las desigualdades sociales propias de esa periferia. Su objetivo es organizarse porque saben que es una necesidad para cambiar eso que quieren sea diferente, buscan acompañarse para sanar juntas.
Mover el foco de atención de la organización y las manifestaciones feministas de la capital hacia sus periferias es otra necesidad para las mujeres que las habitan. Ellas, en el oriente, necesitan mayor visibilidad de sus problemáticas y que más personas se enteren que están unidas en la defensa de la vida —con todos los riesgos que eso implica en un territorio donde los poderosos imponen la muerte—, organizadas en resistir pero también en construir. Así, esperan por fin reaccione la sociedad civil desactivada a través de la política de la impunidad.
En el camino que han recorrido durante casi dos años, el último de sus sueños colectivos es la creación de un refugio para mujeres violentadas en Chimalhuacán. También han pensado en continuar manifestándose en los sitios donde nadie más lo hace porque saben lo simbólico que es salir a protestar en las mismas calles que la violencia machista y feminicida invade, porque dimensionan la importancia de reclamar como propios esos espacios que les han querido arrebatar.
La Red de Mujeres del Oriente del Estado de México, una pequeña semilla que germina y necesita riego, planea recorrer esas calles el próximo domingo, 19 de enero.
Por:Patricia Torres / Noventa Grados, 15 de Enero de 2020
Comunidades P`urhépecha a 15 de enero del 2020. A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo de autoridades civiles, comunales y tradicionales que agrupa alrededor de 60 comunidades, denunció la represión de comuneros, mujeres y adultos mayores de las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen quienes se manifestaban el día de ayer en instalaciones del Ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal.
Los actos de represión denunciados, fueron encabezados por la Guardia Nacional, la Policía Michoacán, y la Policía Municipal, quienes “intimidaron, insultaron, golpearon, robaron celulares y reprimieron a cientos de manifestantes, realizando incluso múltiples disparos, resultando de estos hechos, herido por un proyectil de arma de fuego Roberto J Lucas Huerta de 52 años de la comunidad de Nahuatzen”, de igual forma denunciaron públicamente que “el día de hoy, el comandante de la policía Municipal de Nahuatzen, C. Joel Campos, amenazó de muerte a integrantes de los Concejos de Gobierno Comunal de Comachuén y Nahuatzen”.
Finalmente, emplazaron al Gobierno Federal y Estatal a privilegiar el diálogo y la no represión, ni la criminalización, para la resolución de los conflictos de las comunidades originarias y se declaramos en alerta máxima, convocando a todas las comunidades integrantes del CSIM a prepararse para una toma de carreteras general en todo el estado.
Sandra Soraya Castro / Cambio de Michoacán, Miércoles 15 de Enero de 2020
Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n59580
Si lo cita por favor cite la fuente, manteniendo un enlace a la información original. Derechos Reservados, Sociedad Editora de Michoacán S.A. de C.V.
Morelia, Michoacán.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció la toma y cierre de carreteras general en todo el estado y declararon persona no grata a la presidenta municipal de Nahuatzen, Mayra Lucia Morales, quien aseguraron, será expulsada de las comunidades originarias. Lo anterior tras denunciar la represión de comuneros, mujeres y adultos mayores de las comunidades de Sevina, Coamachuen y Nahuatzen. En un comunicado señala que los hechos ocurrieron cuando las víctimas se manifestaban en el Ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció la toma y cierre de carreteras general en todo el estado (Foto: Especial)
“Los actos de represión fueron encabezados por la Guardia Nacional, la Policía Michoacán, y la Policía Municipal, quienes “intimidaron, insultaron, golpearon, robaron celulares y reprimieron a cientos de manifestantes, realizando incluso múltiples disparos, resultando de estos hechos, herido por un proyectil de arma de fuego Roberto J Lucas Huerta de 52 años de la comunidad de Nahuatzen”, se señala. En tanto, el Ayuntamiento de Nahuatzen rechazó que haya habido represión contra los indígenas y dijo que los comuneros intentaron linchar a dos elementos policiacos, uno de los cuales recibió un impacto de bala en la pierna. Lamenta que los indígenas sigan siendo utilizados como “carne de cañón” y asegura que las autoridades municipales han acatado los mandatos impuestos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y se han realizado depósitos bancarios (9 y 14 de enero) a favor de la comunidad de Comachuén y Sevina, para que sus autoridades ejerzan recursos de manera directa. “La intromisión del Concejo Supremo no se justifica, apelamos al estado de derecho y solicitamos a las Autoridades Estatales y Federales procedan en apego a las leyes que nos rigen para que tomen cartas en el asunto y no se permita que nuestro municipio siga viviendo en vacíos legales”, concluye el Ayuntamiento.
Insabi se comprometió a regular entrega de insumos: Ramírez Argüello
Esta semana la Federación distribuirá medicamentos y material de curación a Querétaro, que actualmente tiene un desabasto de 25%, informó Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud estatal.
El pasado lunes por la tarde, el funcionario se reunió con Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien comprometió la regularización en la entrega de los insumos para las clínicas y hospitales.
“Estamos haciendo el ajuste en cuestiones del abasto, estamos entre 70% y 75% y llegaremos a 95% antes de que termine enero, hay disposición para que manden inmediatamente”, expresó.
Recordó que, en 2019, con la centralización del presupuesto del sector Salud, las entidades dejaron de comprar medicinas y material de curación —como lo hacían anteriormente con recursos del gobierno federal, de manera que el gobierno de México dispuso de hacer compras masivas para después distribuir a las entidades.
Esta transición provocó retrasos en las entregas y abasto para todas las entidades; actualmente, Querétaro tiene pendiente la entrega de medicamentos del año pasado, y a partir de abril se entregarán los insumos correspondientes a 2020.
“Sí nos pegó el año pasado por todo lo que implicó de las compras consolidadas, hay medicamento para envío inmediato; la compra consolidada de 2020 se comenzarán a surtir en abril y la compra consolidada que quedó de 2019 empieza ya”, explicó.
El secretario de Salud tuvo un primer acercamiento con el titular del Insabi el pasado sábado, en el que se aclaró que los servicios en centros de salud y hospitales son gratuitos, así como las medicinas y demás insumos; la gratuidad total funciona desde el 1 de enero e incluye todos los niveles de atención.
Además, los servicios son para el público en general, sin que presenten póliza de afiliación al Seguro Popular (dependencia que ya no existe), por lo que el impacto es para 100% de la población.
El secretario reportó que, en la segunda reunión, la del lunes, se realizó el análisis de documentos con relación al abasto de medicamentos y material de curación que presentó Querétaro.
“Nos dijeron que esta semana inicia el abasto en las unidades de primer y segundo nivel de atención, y se estará revisando este proceso con la finalidad de realizar los ajustes que se requiera para avanzar de forma gradual a fin de que no falten medicamentos”.
Recordó que el Insabi comprometió recursos suficientes para la entidad, afin de garantizar la operación de todos los servicios de salud, que incluyen la entrega de recursos para el pago de nómina, servicios administrativos y atención médica.
Mientras, los servicios seguirán siendo administrados por el gobierno estatal, igual que en otros siete estados de la República; estos temas serán tratados directamente por el gobernador Francisco Domínguez Servién en la reunión que tendrá con Juan Antonio Ferrer el próximo lunes 20 de enero.
Nuevamente un grupo de ejidatarios de Jojutla, se colocaron sobre los dos carriles de la autopista Siglo XXI “Arco Sur”, para demandar de nueva cuenta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pago de indemnizaciones a 45 trabajadores del campo, por el uso de sus tierras.
Ciro Olguín Malpica, presidente del Comisariado Ejidal, detalló que el pasado miércoles, cuando acudieron a las oficinas de la delegación de la SCT, para tratar el tema, las autoridades les comunicaron que en breve les llamarían para pagarles.
Sin embargo, los días pasaron y nunca les hablaron, por lo que decidieron volver a la vía federal, a instalarse en plantón, hasta en tanto no les entregan el dinero.
“Estamos demandando un precio justo para cada metro del ejido de Jojutla y la expropiación de la carretera, principalmente el precio justo, una retroexcavadora y unos tractores, que quede claro para que no digan que pedimos gasolineras o las perlas de la virgen”.
Los ejidatarios se dijeron molestos de que no se cumplan los acuerdos, así que consideraron que la SCT no tiene palabra, por lo que hasta que no les den el pago, seguirán bloqueando.
Se quejan de Policías estatales que violentan la Ley de protección de datos personales, al exigir para una infracción que la Identificación muestre la dirección completa.
San Juan del Río, 15 Enero 2020.- Se quejan de Policías estatales que violentan la Ley de protección de datos personales, al exigir para una infracción que la Identificación muestre la dirección completa.
De acuerdo a los reportes que se han estado recibiendo en la redacción de Rotativo de Querétaro, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de que se agazapan entre los árboles para sorprender a los automovilistas, los obligan a proporcionar los datos personales.
Esto es dirección completa, que de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, no estás obligado a tenerla en los documentos oficiales de identificación como el INE.
Las quejan coinciden que además los estatales, se llevan a varios metros tus documentos del vehículo y de identificación y que les toman fotografías, por lo que el ciudadano corre el riesgo de que después pueda ser víctima de un delito.
“No hay transparencia en la elaboración de las infracciones, reconozco que si excedes el límite te ameritas la infracción, pero se llevan tus documentos unos 50 metros y es hasta allá donde te hacen la infracción y le toman fotos a tus papeles”.
Las quejas han sido reiteradas, debido a que el denominado ‘operativo radar’ de la Policía Estatal, es itinerante y lo mismo te los encuentras en una carretera que en otra, lo que ha incrementado de manera importante las infracciones que son de alrededor de mil 600 pesos.
Muchas de las veces los límites de velocidad son excedidos con muy poco y sin embargo no hay tolerancia, además de que al mismo tiempo han llegado a parar a un vehículo y a una motocicleta, aunque se supone que el redar solo puede leer una de las dos unidades.
El grupo de alumnas que mantiene el paro en la Facultad de Filosofía presentó sus demandas a las autoridades, en las que destacan implementar acciones concretas contra el acoso sexual.
Alumnas integrantes del grupo Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dialogaron este miércoles con autoridades universitarias para exigir soluciones a los casos de acoso y violencia de género.
Las estudiantes expusieron sus demandas; las autoridades se comprometieron a revisarlas y dar pronto una respuesta, en tanto el paro en la Facultad continuará.
La mesa de diálogo se instaló en la zona de pilares de la facultad, ahí de un lado de la mesa se encuentran el director de la Facultad, Jorge Linares, y representantes de la Rectoría y del abogado de la UNAM. Del otro lado están las estudiantes.
Las alumnas pidieron a las autoridades de rectoría que firmaran una carta compromiso de diálogo directo con todas las facultades que se han ido a paro en estos meses, a lo que accedieron las autoridades.
Entre las primeras demandas que hicieron las estudiantes está que se modifiquen en estatutos de la UNAM para sancionar violencia de género.
Ante esto, las autoridades de la comisión de género dijeron que ya está la propuesta pero van a hacer un foro abierto para socializarlo. Informaron que jueves se realizará la primera reunión de unidades de género de todos los planteles UNAM para coordinarse.
Una segunda demanda fue la destitución del secretario general de la Facultad, Ricardo García Arteaga y del abogado general Jesús Juárez.
Las estudiantes señalan que García Arteaga renunció a su cargo pero la Facultad no asumió la responsabilidad y que él sigue dando clases. Sobre Juárez dicen solo lo reubicó, aunque tiene queja ante Comisión de Derechos Humanos.
Las autoridades justificaron que como no había denuncias formales no podían investigarse los casos. Sin embargo las estudiantes señalaron que el despido de García Arteaga es una condición obligatoria para liberar las instalaciones que están tomadas desde hace dos meses.
Sobre la demanda de crear una comisión tripartita de equidad de género (profesoras, estudiantes mujeres y trabajadoras), las autoridades señalaron que ya se está trabajando en su creación. Las alumnas pidieron que ambas partes revisen los perfiles de quiénes la van a integrar, para que haya psicólogas, y alguien con enfoque multidisciplinario.
Las alumnas pidieron cambios en los planes de estudio para incluir en el propedéutico para entrar a la Facultad temas de perspectiva de género, además de una materia de feminismo en todas las carreras del plantel. Las autoridades aceptaron esta condición.
La dirección se comprometió a presentar una propuesta de propedéutico este lunes.
Las alumnas pidieron que se contrate a tres psicólogas por una no es suficiente; señalaron que tampoco funciona que los envíen a la Facultad de Psicología pues el servicio está saturado.
Las autoridades se comprometieron a canalizar siempre a quienes que necesiten atención psicológica y revisar el tema de la contratación de psicólogas.
Las autoridades aceptaron firmar una carta compromiso para no criminalizar a las alumnas que participan en el paro. Autoridades de las prepas 7 y 9 – que también están en paro – se han negado a firmar esta carta, lo que ha detenido el diálogo.
Verónica señala que ellas tienen Seguro Popular, pero que no les hicieron válida la póliza porque son de Veracruz. (Especial)
Mariluz Roldán / La Silla Rota
La hermana de Verónica acaba de tener bebé en el Hospital de la Mujer, pero lograr que le brindaran atención fue complicado; aunque tienen Seguro Popular no les hicieron valida la póliza porque son de Veracruz
“Mis hijos todavía nacieron con la ayuda del Seguro Popular, asívya no me cobraban, nada más de repentev algún medicamento que no hubiese en el hospital, pero ahorita por ejemplo, con mi hermana sí fue difícil”, destaca Verónica Trujillo, mientras espera afuera del Hospital de la Mujer, en la Ciudad de México.
Su hermana acaba de tener un bebé, pero lograr que le brindaran atención fue complicado, ya que no querían recibirla en otros hospitales, porque venía de Veracruz y también por las complicaciones que presentaba.
“No me la recibían porque ella tenía preeclampsia, en otros hospitales pedían estudios y eso y ella no tenía, aquí me la recibieron de emergencia y porque según yo, reciben a las mujeres con embarazo de alto riesgo”, indica Verónica.
Explica que por la cesárea de su hermana tuvieron que pagar mil 400 pesos, ahora sólo les falta cubrir el costo por la atención al bebé, quien presentó algunas complicaciones y tuvo que quedarse algunos días más. Espera que la cantidad que tienen que cubrir no sea muy alta, por ejemplo, por día de hospitalización le dijeron que son 60 pesos.
Verónica señala que ellas tienen Seguro Popular, pero que no les hicieron válida la póliza porque son de Veracruz. Explica que en ocasiones anteriores sí habían usado los servicios a los que tenían derecho, por lo que ahora tiene dudas de qué va a suceder con la atención.
“A nosotros que sí lo usábamos, sí se nos complica bastante, porque de repente hay dinero, de repente no. Ahorita por ejemplo, a mi hermana la dejó su marido y no tiene quien la apoye más que yo y mis otras hermanas, pero somos amas de casa, el Seguro Popular sí nos ayudaba bastante”, destaca.
Debido a los cambios que hay en el sistema de Salud con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, Verónica le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Salud: “Que estén al pendiente de su personal, porque en sí ellos sólo mandan de arriba, pero no se dan cuenta de lo que está pasando en cada camilla de cada paciente, con las enfermeras. Ya si me van a empezar a cobrar, mínimo un respeto, tolerancia hacia los pacientes. Digo ya si voy a pagar que estén al pendiente de su personal”.
El Hospital de la Mujer es uno de los seis hospitales de referencia que hay en la Ciudad de México y la zona conurbada, igual que el Juárez de México, el General de México, el Gea González, la Unidad Médico-Quirúrgica Juárez Centro y el Nacional Homeopático.
Los hospitales de referencia son en los que se brinda atención especializada que se considera de tercer nivel, por lo que el Insabi aún no otorga los servicios médicos gratuitos a los pacientes que llegan ahí. El nuevo Instituto cubre sólo primer y segundo nivel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que se haga todo lo necesario para que a más tardar a finales de este año la universalidad de los servicios llegue hasta el tercer nivel de atención, pero mientras se hacen las adecuaciones necesarias, las familias tienen dudas sobre cuánto gastarán cuando se enferman.
Un caso similar es el de Alejandra Sánchez, quien salió molesta de su consulta en el Hospital de la Mujer: “Me dicen que no hay para que hagan análisis. Como le estoy diciendo al doctor, ya aquí ni estudios de sangre hacen, ¿entonces?”.
Ella ha vivido un peregrinar de un hospital a otro desde que le detectaron cáncer de matriz hace tres años, ya que ha tenido que buscar en dónde le pueden hacer los estudios y los procedimientos que necesita.
“He ido al Gea González, a Cancerología, al Juárez, al Hospital General, a todos esos me han mandado hacer los estudios”, declara Alejandra, quien viene desde Michoacán en busca de atención médica, ya que necesita continuar el tratamiento para cáncer, pero su condición se agravó por otros problemas de salud.
En esta ocasión regresó al Hospital de la Mujer en búsqueda de apoyo, ya que uno de sus riñones dejó de funcionar a causa de un procedimiento que le realizaron de manera equivocada, pero después de tres años ya no encontró a los médicos que la trataron en aquella ocasión.
Relata que en 2016 la operaron por el cáncer de matriz en el Hospital de la Mujer. En esa época también tenía problemas en un riñón, por lo que le habían hecho una nefrostomía en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.
Sin embargo, dice que la nefróloga del Hospital de la Mujer le retiró la sonda de la nefrostomía y le indicó que ya estaba bien. Ella continuó con su vida de manera normal porque no sentía malestar, pero a mediados del año pasado el dolor regreso, fue entonces cuando buscó atención médica de nuevo.
“Yo tardé dos años sin tratarme el riñón ni nada, ya cuando quise, mi riñón no trabajaba. Ahorita vine a ver, porque sí quería hablar con ella (la nefróloga) y me dan la noticia de que ya no están aquí ni ella ni el otro doctor que me operó”, expresa.
Alejandra detalla que en septiembre del año pasado la operaron del riñón en el Hospital General y que le cobraron 20 mil pesos por el procedimiento. Aunque se encuentra estable, le preocupa cuánto va a necesitar para continuar con el tratamiento, tanto del riñón como del cáncer.
Aquí no me cobraron la consulta, pero todos los estudios me los mandaron hacer fuera. La nefrostomía que me hicieron me costó 20 mil pesos, me la hicieron en el Hospital General. En el Juárez me mandaron hacer otro que me costó 4 mil pesos
“Ahorita me manda el doctor a hacerme el Pet allá a Cancerología y también me sale caro, la verdad, como en 2 mil 500. Yo la mera verdad ahorita no tengo para tenerlo en febrero, en un mes no puedo juntar el dinero, me quedé bien atrasada”, expresa con preocupación esta mujer, quien viajó acompañada por su hermana.
Alejandra quiere que la ayuden a transferirla al Instituto Nacional de Cancerología, pero con los cambios que hay actualmente en el sistema de salud con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, le preocupa cuánto tendría que pagar.
Por eso hace un llamado a las autoridades: “Que haya más atención para los enfermos y que tengan todos los aparatos para que aquí hagan los estudios, que lo atiendan. También los costos, porque yo aquí en el Hospital de la Mujer tengo también el nivel 1 y no me cobran mucho, para qué, pero como uno que viene de lejos, el pasaje, y todo y pues sí afecta”.
Antes de este gobierno federal ya se les apoyaba poco, ahora nada. Se prometió una nueva estrategia pero no se cumplió. Los mexicanos que emigran de su pueblo a trabajar en los campos agrícolas están solos en el mercado de la oferta y demanda laboral.
Desaparecieron las pocas becas para sus hijos y no existen ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en los lineamientos y reglas de operación de la Secretaría de Bienestar.
Se estima que alrededor de 2 millones 800 mil personas trabajan como jornaleros agrícolas con base en una encuesta nacional levantada en 2009 por la Universidad Autónoma de Chapingo y la SEDESOL.
El 75.4 por ciento de la población potencial jornalera se encontraba en condición de pobreza, y el 23.6 por ciento en pobreza extrema. Es decir, la incidencia de pobreza extrema entre la población potencial es mayor al doble de la media nacional (9.5 por ciento). El 97.2 por ciento presenta al menos una carencia social, 55.6 por ciento presenta al menos tres.
La carencia social con mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social (89.1 por ciento), seguida de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (57.1 por ciento), por acceso a la alimentación (40.0 por ciento), por rezago educativo (35.7 por ciento), calidad y espacios en la vivienda (29.5por ciento), y acceso a los servicios de salud (21.2 por ciento).
Los niños, niñas y adolescentes que llegan a los campos agrícolas no tienen garantía de acceso a la educación, mientras el promedio nacional es de 8.1 años, entre los jornaleros es de 4.5 años.
Los alimentos que se proveen en los campos no siempre son suficientes comparados con la intensidad de la jornada. Existen aún campos y cuarterías sistemas de endeudamiento a través de tiendas de abarrotes y comedores. Por otro lado, en los casos donde migran las familias, ellas mismas se proveen sus propios alimentos, así como los utensilios para la elaboración de estos. La dieta jornalera es limitada en variedad y cantidad de alimentos. Es común encontrar grandes cantidades de carbohidratos y muy poca o nula presencia de alimentos frescos y nutritivos.
La CNDH propuso la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la situación de los jornaleros agrícolas, la generación de programas sociales que garanticen sus derechos, la conformación de un registro único de empresas agrícolas receptoras, el desarrollo de instrumentos para prevenir delitos y recibir denuncias, la aplicación de esquemas de vigilancia en materia de condiciones laborales y vivienda dignos, y que se garantice la prohibición de que los menores de edad trabajen en el campo.
Específicamente, a la secretaria Albores le solicitó aplicar la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, “diseñar un programa que integre el enfoque de derechos humanos”, delimite las responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno y “considere la instalación y, en algunos casos, la mejora de los albergues para el alojamiento” de los trabajadores y de las Unidades de Servicios Integrales a nivel nacional.
Lo poco e insuficiente que había, desapareció y nada vino ni a mejorarlo ni a sustituirlo.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no existe ninguna alusión a los jornaleros agrícolas.
En la reforma laboral recientemente aprobada tampoco se incluyó un esquema especial para población jornalera agrícola, por lo que la mayoría sigue excluida de la seguridad social.
La condición de pobreza debilita la capacidad de negociación de la población jornalera ante los empresarios que los contratan. La retribución a su trabajo es definida bajo una situación familiar de muchas premuras y necesidades insatisfechas. Las ofertas de la contraparte significan la única opción.
No reciben ningún apoyo federal pues no son adultos mayores, no son jóvenes desempleados, no son estudiantes de bachillerato, no tienen tierra que sembrar. Son trabajadores del campo.
Es imprescindible una política pública para estos millones de mexicanos que trabajan con enorme esfuerzo físico, que buscan la vida recorriendo miles de kilómetros y que alimentan a México y a otros países.
Artículo publicado el 12 de enero de 2020 en la edición 885 del semanario Ríodoce.
Los trabajadores realizaron paros escalonados en oficinas centrales, hospitales, institutos y centros de salud este lunes ante la segunda dispersión de aguinaldo 2019
Isaura López Villaobos / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. Sin afectar el área de urgencias, trabajadores del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Jalisco realizaron paros escalonados en oficinas centrales, hospitales, institutos y centros de salud este lunes ante la falta de pagos y la segunda dispersión de aguinaldo 2019.
Otras de las inconformidades es la falta de insumos, de personal de limpieza en las unidades de trabajo e ineficiente desempeño resolutivo en las situaciones de seguridad e higiene.
Este lunes de 9 a 12 horas se realizaron las acciones de inconformidad como parte de las instrucciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 28.
A través de una circular se indica que las acciones fueron en contra de la titular del OPD Servicios de Salud, Consuelo Robles Sierra, quien ha contravenido los acuerdos establecidos entre el Sindicato y el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Asimismo, se le pide al trabajador sindicalizado no dejarse amedrentar por falsas amenazas de directivos.
Su edificación como el manejo de recursos son provenientes del gobierno federal
Paula Montero/El Sol de San Luis
14 enero 2020
El primer cuartel de la Guardia Nacional será construido en el municipio, y tanto su edificación como el manejo de recursos, provenientes del gobierno federal, estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Informó lo anterior el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, tras informar en sala de Cabildo que este miércoles será colocada la primera piedra de dicho inmueble en donde se establecerá la Guardia Nacional como uno de los tres cuarteles proyectados en todo el estado.
En 2020; Reclutamiento GN, coordinación y disuasión del delito
Añadió que lo anterior brindará un sentido de seguridad a todos los habitantes del municipio, reiterando por parte de su gobierno, representa el respaldo y apoyo necesario para que lleven a cabo sus tareas de la mejor manera posible.
Acompañado de la secretaria general, Yolozochitl Díaz López; la Contralora, Mayra Alejandra Martínez y el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Adolfo González Valentín, el Jefe de la comuna soledense, dijo que el cuartel se construirá en un terreno de 24 mil metros cuadrados entre la colonia La Virgen y el fraccionamiento El Toro.
Cuestionado sobre los recursos que se invertirán dijo que ese dato quizá se dé a conocer mañana, ya que los mismos provienen del Gobierno federal y serán administrados por los mandos militares.
Lo que se plantea es un despojo de tierras, y no lo vamos a permitir: Comisariado
Emanuel Landeros/El Sol de San Luis
14 enero 2020
La Comunidad de San Juan de Guadalupe no está de acuerdo con las decisiones del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que se manifestará en contra de ellas.
Así lo afirmó el comisariado de aquel lugar, Rodolfo Valdez García, quien anunció una serie de acciones en contra de algunas determinaciones “que nos atañen y sentimos que nos afectan directamente ya que pretenden evitar que en la Comunidad podamos tomar decisiones en el tema de infraestructura”.
Consideró que el Instituto Municipal de Planeación denota falta de conocimiento sobre la realidad que vive San Luis, “tenemos conocimiento de que algunas personas que trabajan en el desarrollo de este plan ni siquiera viven en San Luis Potosí”.
De igual manera refirió que en San Juan de Guadalupe habitan 328 comuneros, de los cuales cada uno tiene en promedio 40 hectáreas “cada uno de ellos estaría dispuesto a disponer de seis hectáreas cerriles, en los que no se puede cultivar nada, sin embargo, hoy nos dicen que no podemos disponer de nuestro patrimonio”.
Ante esto advirtió que existe “preocupación” sobre lo que pudiera pasar en las próximas semanas.
Finalmente, el líder indicó que lo que se plantea, en pocas palabras, es un despojo de tierras por parte de la autoridad “esto es algo que no vamos a permitir, por lo que en los siguientes días anunciaremos acciones concretas para la defensa de nuestro patrimonio”.
Por Daliri Oropeza
Fotos: Colectivo La Flor Peri Odico
CHOLULA, PUEBLA.- “Que muestren la documentación o que paren la obra”, fue la consigna. Cuando arquitectos e ingenieros reactivaron la obra para un drenaje de desechos industriales que desembocaría en el río Metlapanapa, en el municipio de Juan C Bonilla, una comisión de pobladores nahuas se les plantó enfrente, y exigió ver los permisos.
Las cuatro comunidades nahuas del municipio llevan una semana de tensión por la nueva incursión de las retroexcabadoras y la tubería para el drenaje industrial. Van cuatro asambleas donde negaron los permisos para que se construya este proyecto en el municipio, que se rige por usos y costumbres.
La comisión de pobladores se citó a las 10 de la mañana del 13 de enero para asistir juntos a donde están los ingenieros y la maquinaria. Les pedirían los papeles o frenar la construcción, que ya invade la carretera en zona federal que va rumbo al aeropuerto de Puebla.
Gobernantes que no obedecen, se van
Ese mismo día, antes, a las 9 de la mañana, sonó el anuncio por Radio Zacatepec: “A todo el pueblo le avisamos que quieren reabrir la presidencia municipal”.
Y es que, la comunidad de Zacatepec decidió en asamblea del jueves 9 de enero destituir al presidente de la junta auxiliar, Maurilio Tehutle Huelic. Ello, “por omisión a sus funciones públicas; por no cuidar, vigilar y defender los intereses comunes del pueblo, por no hacer acto de presencia en las asambleas. Asimismo, por haber incumplido con el compromiso de elaborar un amparo solicitado por la comunidad para defender al pueblo de el proyecto de drenaje de aguas residuales e industriales del parque industrial ciudad textil Huejotzingo”.
Desde ese jueves quedó cerrada la presidencia auxiliar de Zacatepec, hasta este 13 de enero que llegó Maurilio Tehutle. Él llegó respaldado por Joel Lozano presidente municipal emanado de Morena y una delegación del gobierno de Puebla intentaron aperturas la presidencia auxiliar para que continuara en el cargo. Esto el mismo día que el pueblo tenía planeado ir de comisión a pedir los papeles a los empresarios.
Los habitantes enfurecieron, pues fue decisión por usos y costumbres el destituir, clausurar y volver a elegir a alguien para el cargo; “alguien que sí esté comprometido con el pueblo, con el río y con la salud de la gente”, exige Alejandro Chocolatl, vecino de la comunidad de Zacatepec y comunicador popular.
Las empresas que están involucradas son Portatex, Seamless, Triton, Skypue, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Lupinni by OTT México, Draexlmer, Thyssenkrupp Presta, Ajenix, Multiaceros, Espintex, Neptuno, Aunde México, Skyfelt, Titan Textil, Stone Lav, Concours Mold, Posco Mesdc, Productos Químicos Industriales, Tae Global Foods, Ero Metrón, Autopartes y Pinturas.
El drenaje está vinculado al Proyecto Integral Morelos.
Dos puntos de tensión: la presidencia y la maquinaria
Los habitantes de Zacatepec descubrieron que el presidente municipal y el auxiliar intentaron aperturar la presidencia, por lo cual convocaron por la radio, por grupos de mensajería celular y por medio de las campanas de la iglesia a más personas de la comunidad.
Días antes intentaron elegir por usos y costumbres al presidente auxiliar, pero les amedrentaron con policía estatal el día de la asamblea y lo pospusieron por lo cual las oficinas premanecen cerradas.
Ya estando en las oficinas de la presidencia auxiliar, mujeres, hombres, mayores y jóvenes vieron que los encargados del gobierno no solo iban resguardados por policía estatal. También les acompañaba un grupo de agitadores, vestidos como cholos con cachuchas de béisbol gringo y pantalones aguados los cuales se movían bajo instrucción de Joel Lozano, presidente municipal de Juan C Bonilla. Estaban siempre en formación frente a los policías.
Los nahuas no quedaron conformes hasta cerciorarse de que sacaron por completo a los elementos del gobierno morenista de las oficinas, pues por acuerdo de asamblea del pueblo, permanecerá clausurado hasta que la comunidad nombre su propio presidente auxiliar.
“Al presidente municipal le fue barato. Violó los sellos, los candados y con la policía estatal abrió la presidencia auxiliar, violando los acuerdos de usos y costumbres que puso el pueblo”, describe Chocolatl.
Pero el pueblo de Zacatepec, junto con las otras 3 comunidades nahuas que conforman Juan C Bonilla, ya tenían una actividad programada: ir a exigir rendición de cuentas ante los ingenieros que están destruyendo con maquinaria el territorio. Así que aprovecharon que estaba el presidente municipal, Joel Lozano, la delegación de la secretaría de gobierno de Puebla, y el presidente auxiliar destituido Maurilio Tehutle, para llevarlos al lugar de la destrucción.
Cuando comentaron a caminar, Lozano se encapsuló entre un grupo de policías estatales que lo protegieron y llevaron para otro lugar. Así escapó y fue a pedir los papeles a los constructores. Llegando al lugar, solo dos personas de la delegación estatal estuvieron presentes: Domingo Pedraza, delegado de Gobernación y Lino Romero Posadas, enviado de la secretaría general de gobierno de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
Foto: Colectivo La Flor Peri Odico
¡Que se lleven las máquinas!
De frente a la maquinaria, a los encargados del gobierno, a los policías, la población subió el nivel de presión ante el hartazgo de la incursión de maquinaria en su territorio y la amenaza al río Metlapanapa:
—¡Qué se lleven las máquinas!— grita desde la orilla una mujer.
¡No queremos la obra!— se escucha un murmullo colectivo en voz alta mientras comienzan poco a poco las mujeres y hombres a rodear a los delegados del gobierno.
—¡Que se detenga la obra eso es lo que pide el pueblo!— grita una mujer más joven. Domingo Pedraza, delegado del gobierno está en medio del círculo que los habitantes hacen para interpelarlo justo en frente de la valla de policía estatal.
—¡Queremos la explicación de un representante, no somos ignorantes, son 500 empresas y tienen dinero para entubar! — Le habla en alto un hombre de bigote blanco y sombrero.
¡No queremos el proyecto, ya se acabó! — grita un hombre más joven.
Mujeres y hombres caminan frente a la policía que está resguardando tubería de gran magnitud.
Al fondo de la valla están los empresarios que se niegan a dar la cara.
—Ustedes nos van a matar con esos tubos que van a traer las aguas tóxicas! —el hombre atrás de los policías intenta decirle que tienen los permisos —¡Todas esas aguas son químicas! ¡Ustedes no tienen permiso— revira de inmediato la mujer que lleva un sombrero para cubrirse del intenso sol de invierno.
—Ustedes vienen para cuidar al pueblo no a los empresarios! ustedes son pueblo!— grita un hombre a los policías, resguardando el área con la maquinaria.
En el municipio de Juan C Bonilla, las mujeres nahuas han impulsado la defensa y cuidado del río. Foto: Daliri Oropeza
Civiles armados, del lado empresarial
Quienes estuvieron ahí, se asustaron ante la presencia de civiles armados que testigos vieron bajar de las camionetas de los empresarios. Estaban presentes entre 400 y 500 personas de los cuatro pueblos nahuas que defienden el río.
También los policías eran muchos. Chocolatl contabilizó nueve camionetas estatales estacionadas, cada una con por lo menos 10 policías, porque las bateas iban llenas; más lo granaderos que eran como 50, más la Guardia Nacional que llegó al final y los policías civiles sin uniforme y civiles armados.
Foto: Colectivo La Flor Peri Odico
El documento que cancela las obras
“Hubo buena participación, y esta fuerza que defiende el río va creciendo. Cada vez se suma más gente, en algo más fuerte más gente se va a sumar. Las cuatro comunidades están dispuestas a unirse por el río”, asegura Alejandro Chocolatl, comunicador popular del pueblo de Zacatepec.
Él no pierde la esperanza. Como activista y comunicador le ha tocado defender a su pueblo de una carretera, de torres de alta tensión, de gasoductos y ahora de una creciente zona industrial que viene desde San Martín y en Huajotzingo no ha parado de crecer. El cinturón de empresas se extiende hasta Morelos.
Con su experiencia, valora que esta experiencia es positiva pues si bien hubo tensión, la lograron bajar con organización y diálogo; además de que el pueblo está consciente de lo que implicaría la contaminación de las industrias: la muerte del Metlapanapa, como pasó con el Atoyac, “estamos conscientes de eso”, afirma.
En la minuta firmada este 13 de enero, en el mero lugar donde frenaron las máquinas por no contar con la documentación ni con los permisos. Ahí la comunidad realizó una minuta que escucharon Domingo Pedraza, delegado de Gobernación y Lino Romero Posadas, enviado de la secretaría general de gobierno, pero que solo firmó el presidente auxiliar destituido Maurilio Tehutle ya que los estatales se resguardaron detrás de la policía y se negaron a firmar.
La minuta tenía dos puntos muy claros: la suspensión de las obras de drenaje industrial así como el retiro de las máquinas y la policía. Esto sucedió horas después de que los pobladores lo pidieran.
“El gran monstruo es el gasoducto, porque viene con muchas cosas de despojo. Ahorita las industrias se instalan a un costado del gasoducto. la esclavitud y enfermedad de nuestra propia gente. Es un monstruo que le pisas una cabeza, luego otra, y ahora lo vivimos con este proyecto de descarga, analiza Chocolatl.
“Sabemos que van a regresar (la maquinaria acompañada de policías). No se ve voluntad política del gobierno del estado, dijeron que se elaborara una minuta por parte del pueblo pero los delegados se negaron a firmar”, denuncia el comunicador popular.
Pero no pierde la esperanza:
“Hubo buena participación del pueblo, y la fuerza que defiende el río va creciendo. Cada vez se suma más gente,las cuatro comunidades están dispuestas a unirse por el río. La gente disfrutó ese momento de aparente victoria. Pero sabemos que van regresar a querer continuar a construir el drenaje. Pero la gente se queda con la satisfacción de saber que si se une no la reprimen, y es más fuerte y visible. No la tienen fácil esos empresarios”.
Al no existir protocolos específicos sobre el registro de casos de personas desaparecidos, los datos sobre este rubro carecen de fiabilidad, señaló el Centro de Justicia para la paz y el Desarrollo (Cepad).
El Centro de Justicia explicó que Jalisco ocupa el primer lugar en personas desaparecidas de acuerdo con cifras del gobierno federal. En Jalisco continúan desaparecidos nuevo mil 286 personas desde los años sesenta a la fecha, pero de los últimos 13 meses van dos mil cien personas desaparecidas.
Ante estas cifras, la Cepad solicitó información a la Fiscalía sobre la metodología que utilizan para el registro de datos relacionados con la comisión de delitos, el registro de víctimas de desaparición y el registro de averiguaciones previas y carpetas de investigación.
La repuesta de la Fiscalía fue que existe un sistema web de información y no se cuentan con información relativa a manuales, reglamentos, protocologos o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de información.
Porque no existe un sistema de supervisión sistematizada de los datos y actualización de registro de personas desaparecidas, para Cepad dichas cifras carecen de fiabilidad.
Exhorta al gobierno de Jalisco y a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas a transparentar y establecer protocolos y metodologías rigurosas y homologadas para la clasificación y elaboración de registros propios.
Que las autoridades estatales y municipales reconozcan su responsabilidad ante la problemática de desaparición cuyo saldo hasta la fecha es consecuencia de la falta de prevención, aumento de personas desaparecidas, incremento en el hallago de fosas clandestinas, la existencia de casas de inseguridad, el allanamiento de domicilios para la sustracción de personas y alto grado de impunidad en las investigaciones.
También, la Cepad pide realizar acciones para posibilitar el apoyo de las instancias internacionales ante la falta de investigación en cada uno de los casos de las personas desaparecidas en Jalisco
Las investigaciones iniciadas por agravios de índole sexual en los campus de la Universidad de Guanajuato se dispararon en 2019, el cual registró un incremento del 163% en comparación con el año anterior, y del 455% con respecto a 2017
Foto: Periódico Correo
Jazmín Castro /Peridico Correo, 13 de enero de 2020
León.- Las denuncias por acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de Guanajuato (UG) se dispararon en 2019, al registrar un incremento del 163% en comparación con el año anterior, y del 455% con respecto a 2017.
En 2016, la máxima casa de estudios creó ‘UGénero’, departamento especializado en la atención y erradicación de todo tipo de violencia en el entorno estudiantil, y que habría incidido en que las quejas se elevaran al existir un área específica para la investigación de casos.
Sin embargo, sólo en una ocasión –enero del 2018- la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario, dio a conocer que seis trabajadores fueron sancionados con ocho días de suspensión este tipo de faltas.
Desatan protestas
Entre 2017 y 2019, en todos los campus y sedes de la UG se denunciaron 78 casos de acoso sexual y hostigamiento sexual, en contra de docentes y/o directivos de la casa de estudios.
El campus Guanajuato fue el que más denuncias acumuló en esos tres años, con 24, sin embargo, es importante advertir que en éste se encuentra la mayor población de estudiantes y docentes, en comparación con el resto de las sedes.
Bajo esa tesitura, resulta más relevante que el campus Irapuato-Salamanca acumulara 17 denuncias en el trienio, seguido por las ocho surgidas del campus Celaya-Salvatierra, de acuerdo con datos obtenidos mediante la solicitud de información 3234019.
En total, por ambos delitos se contabilizaron nueve denuncias en 2017, cifra que al año siguiente creció a 19, hasta alcanzar 50 expedientes al cierre de 2019.
En diciembre pasado, una serie de marchas y protestas por parte de los alumnos hicieron eco a nivel nacional e internacional, con un llamado para que las autoridades educativas atendieran los casos de acoso y hostigamiento sexual, y violencia de género.
El paro estudiantil propició las renuncias de la titular de UGénero, Lourdes Gazol Patiño; y el profesor de la Facultad de Derecho, Julio César Kala, quien sumaba varias denuncias de alumnas por supuesto acoso sexual, de las cuales la propia UG, a través de la Comisión de Honor y Justicia, lo exoneró.
¿En qué consiste cada falta?
Acoso sexual: es cualquier comportamiento —físico o verbal— de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo.
Hostigamiento sexual: es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.
Área Natural de Xochimilco , el Periférico Sur y el su camellón que alberga canales y árboles endémicos como los ahuejotes En el lugar descenderá el distribuidor vial. Foto: Xochimilco Vivo.
Montserrat Antúnez Estrada / Sin Embargo
La construcción de un puente vehicular que pasará por Xochimilco, en la Ciudad de México, alerta a habitantes de la Alcaldía por los daños ambientales que traerá, aunque la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum ha defendido en eventos públicos que se trata de un proyecto “indispensable para zona”.
Pobladores y un ecologista que se ha dedicado a estudiar los recursos naturales de Xochimilco exigieron más transparencia en el proyecto, mientras que la Sedema aseguró que ésta se ha tenido y aseguró qué los daños serán prevenidos, y en su caso, compensados.
Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció desde diciembre de 2018 la construcción de un puente vehicular para conectar Periférico Sur, Cuemanco y Canal Nacional. El proyecto colindará con el Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, lo que pondría en riesgo a especies de flora y fauna y abonaría a los daños al medio ambiente en la capital, de acuerdo con lo alertado por pobladores y personas expertas. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente local (Sedema) asegura que el impacto ambiental será resarcido.
La empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. (Idinsa) obtuvo el año pasado la concesión para construir el Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional con una inversión de 679 millones 911 mil 87 pesos, el fallo fue publicado en septiembre por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en él se indica que tendrá que estar terminado el 29 de diciembre de 2020. El puente tendrá 23 mil 242 metros cuadrados de superficie de rodamiento y contará con tres carriles por sentido donde se permitirá circular a una velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora.
Datos del Gobierno muestran que el proyecto medirá mil 745 metros de longitud, aunque la Sedema informó a este diario digital que la longitud aproximada será de 3 mil 574.25 metros. El ANP con la que colindará el puente se ubica en Xochimilco, declarada desde 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Mundial; además, en 2004 le fue otorgada la distinción de Sitio Ramsar que considera a la zona como un humedal de importancia internacional y a las autoridades nacionales se les ofrece cooperación internacional para conservarlo mientras se comprometan a cumplir con su mantenimiento.
La Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema, Andrée Lilian Guigue Pérez, reconoció en entrevista con SinEmbargo que la obra, “como cualquiera que se realice en en un ANP o en cualquier punto de la ciudad, es decir, todo lo que se construye, tendrá un impacto al medio ambiente”, y precisó que para este proyecto la dependencia realizó una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Específica (MIA-E), que contempla acciones para prevenir, mitigar y compensar el daño ambiental, mismas que tendrían que ser cumplidas por Idinsa durante la construcción.
Camellón del Periférico Sur. Foto: Xochimilco Vivo.
Pero para vecinos de la Alcaldía organizados en el colectivo Xochimilco Vivo y doctor en ecología Luis Zambrano González, la construcción del puente destruiría el entorno natural de Xochimilco.
“Xochimilco es el último remanente del humedal, por lo que da muchos servicios ecosistémicos a la ciudad. Funciona de regulador ambiental, gracias a él tenemos menos contaminación y aun así es bastante; sirve como filtro de temperatura porque tiene mucha agua. Si se daña afectaría a toda la ciudad porque la temperatura podría subir mucho en época de calor”, alertó Zambrano González fundador del Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El investigador destacó que no se trata sólo de una vía, sino que el puente detonará más urbanización, lo que provocará, por ejemplo, más ruido y afectaría a animales sensibles al sonido. “No detener la urbanización es matar a todas las especies, aunque estén a 500 metros o a un kilómetro de donde pase la obra, o del otro lado de la Ciudad. El humedal se perjudicará. Probablemente se pueda perder Xochimilco por completo y entonces vamos a sufrir los más de 21 millones de habitantes de la ciudad.”, expuso.
Recordó que la construcción de una vialidad elevada también puede generar cambios en la migración de aves. “[El puente] podría traer cambios a los patrones posibles de vuelo de especies migratorias como los pelicanos, que llegan al Parque Ecológico Xochimilco. Ponerles una estructura de metros de altura modificará la geografía por donde las aves pueden volar”, dijo.
Se estima que el ANP de Xochimilco es refugio de alrededor de 212 especies diversas especies de aves residentes y migratorias. Desde el 2013, investigadores de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad alertaron en un análisis de la zona que la pérdida de dicho ecosistema representaría un asunto de preocupación internacional, pues si las rutas de migración de las aves cambias podrían afectarse ecosistemas de México y otros países.
Al cuestionar a la Directora Guigue Pérez qué se planteó para no afectar las aves y otras especies de la zona, aseguró que la Manifestación de Impacto Ambiental realizada por la Sedema contempla protegerlas al “trasladar estos ejemplares a un espacio que les garantice o aumente su probabilidad de vida en el espacio; eso se contempla en el estudio y nosotros pediremos todos los informes para garantizar que todas las acciones se están llevando a cabo”, dijo.
Mientras que para atender otra problemática que preocupa a habitantes de Xochimilco, como lo es el daño a la flora, la funcionaria explicó que aunque la MIA-E contempla derribar 652 árboles, se plantarán tres por cada uno de ellos. Defendió que 394 de los árboles a derribar son eucaliptos y que las condiciones de cada uno “son bastantes malas, el inventario árbol por árbol muestra que es un arbolado que necesita ser restituido, rehabilitado”.
Explicó que los eucaliptos fueron introducidos a la Ciudad de México, pero han generado problemas, por lo que se buscarán restituir con ejemplares nativos. Sin embargo, Alejandro Palmerin, integrante del colectivo Xochimilco Vivo, externó en entrevista que entre los árboles talados podría haber ahuejotes, una especia nativa de la Alcaldía.
La organización de locatarios ha denunciado que las obras del puente vehicular ya iniciaron, pues en el ANP ya se observa maquinaria, esto aun cuando los habitantes de la Alcaldía no cuentan con la información clara de los daños ambientales que traerá.
HAY DOBLE DISCURSO: VECINOS
El defensor Palmerín y el investigador Luis Zambrano coincidieron en que el Gobierno de la Ciudad de México “maneja un doble discurso”, pues el año pasado la mandataria Claudia Sheinbaum anunció en agosto de 2019 el inicio de trabajos para restaurar el Canal Nacional y, un mes después, informó que su administración se comprometería a recuperar el Parque Ecológico de Xochimilco.
“[Las y los habitantes de Xochimilco] en un principio pensamos que había interés en conservar el Área Natural Protegida, pero que promueve la construcción del puente vehicular lo interpretamos como un doble discurso. Está invirtiendo para conservar Xochimilco pero también para destruirlo. No hay coherencia en inversión pública”, criticó el defensor.
A lo largo del camellón, hay lagunas de regulación, alertan pobladores. Foto: Xochimilco Vivo.
En ese sentido, el ecologista Luis Zambrano explicó la problemática al asegurar que el Gobierno capitalino “quiere que nos fijemos en un árbol que plantan cuando están destruyendo todo el bosque”.
Ambos consideraron que la actuación de la Sedema ha sido opaca, pues la MIA-E no es de acceso público, como lo ha sido con otros proyectos. “¿Por qué con este proyecto existe esa opacidad? ¿Por qué la Sedema es cómplice de esta opacidad? Porque no habla? Apoya lo que quiera hacer la Jefa de Gobierno, y lo que la quiere es hacer segundos pisos y distribuidores viales a costa de destruir el entorno natural que queda en Xochimilco”, acusó Alejandro Palmerín.
Ante los señalamientos, la Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema recordó que todas las construcciones son aprobadas por la Sobse y la principal tarea de la Sedema es garantizar que los impactos ocasionados puedan ser atendidos.
“Estamos cuidando mucho las medidas de forma que no perdamos recursos ambientales, sino que sean restaurados a partir de establecer condiciones y criterios para compensar esos impactos”, abundó.
La funcionaria aclaró que la MIA-E ya fue publicada en un diario, pero reconoció que falta ser digitalizada para que la ciudadanía tenga acceso a ella. El doctor Luis Zambrano defendió que el estudio ambiental debe estar al alcance de cualquier persona porque permitiría que investigadores, habitantes y la sociedad civil hagan pronunciamientos al respecto. Por su parte, Andrée Lilian Guigue Pérez afirmó que la Sedema está abierta a dialogar “con toda disposición” con los colectivos y personas expertas sobre el tema.
LA VISIÓN “CARROCENTRISTA”
La construcción del Puente Vehicular no es la único que ha amenazado la conservación de Xochimilco. Durante el Gobierno perredista de Marcelo Ebrard (2006–2012) se propuso que el tramo Muyuguarda-Bilbao de la Autopista Urbana Oriente pasara por ahí, pero se frenó como consecuencia de la oposición de organizaciones comunales y porque la MIA-E realizada presentaba irregularidades y la firma que ganó la construcción no presentó una nueva.
Así luciría el puente vehicular Xochimilco una vez construido. Foto: Gobierno CdMx, tomadas de video.
El defensor Alejandro Palmerín adelantó que podrían presentar una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México por las violaciones al Artículo 4 Constitucional, que plantea el derecho de las personas a acceder a un medio ambiente sano, con la construcción del puente.
Luis Zambrano lamentó que sólo mediante exigencias y procesos legales las autoridades frenen construcciones que dañarían el ecosistema de la Alcaldía. “Creímos que con este Gobierno no tendríamos que luchar y ahora vemos que, entonces, la lucha es eterna”, dijo.
El biólogo que se ha especializado en el estudio del ecosistema en Xochimilco opinó que la construcción es muestra de que el Gobierno apuesta por una “visión carrocentrista”, pues promueve una obra que solo beneficiará a quienes tienen automóvil y no a quienes usan transporte público, por lo que la construcción “generaría más contaminación y tráfico”. Mientras que la Sedema llamó a entender que si la obra ya fue aprobada por la Secretaría de Movilidad, por lo que se acreditó su pertinencia.
Carlos Arrieta, Corresponsal / El Universal, 13 de enero de 2020
Morelia, Michoacán.- Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana tomaron este lunes las oficinas de las Rectoría, la Tesorería y el Departamento de Nóminas de la casa de estudios para exigir que les paguen sus sueldos y aguinaldo pendientes.
Las autoridades universitarias confirmaron que la actividad académica no se ha visto afectada, pero sí la administrativa, por las áreas tomadas con reducidos grupos del SUEUM.
Los agremiados de esa expresión Sindical se han visto afectados en el pago de sus dos quincenas de diciembre, el aguinaldo y la prima vacacional porque su dirigencia se ha negado a firmar el acuerdo para las modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones de las UMSNH.
Esa condicionante la fijó el gobierno federal el 21 de diciembre del 2018, para que la máxima casa de estudios accediera a fondos extraordinarios y aminorar la crisis que enfrenta.
La cláusula establece que solo podrán acceder a esos recursos, los agremiados de los sindicatos que firmen las modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones a propuestas por la Rectoría.
En este caso, el pasado lunes, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH) firmaron dicho acuerdo y ya accedieron a los recursos.
Caso contrario, el del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, se negó a avalar el documento, lo que dejó sin pago a sus agremiados.
En consecuencia, sus cuatro mandos medios, mil 703 trabajadores administrativos y 826 jubilados, no tuvieron ese beneficio por una decisión de sus liderazgos, lo que provocó unas desbandada en ese sindicato.
Los empleados administrativos buscan ya su adhesión al STUMICH, para acceder a los recursos extraordinarios y que les sean saldados los pagos pendientes.
Los agremiados, informaron que decidieron abandonar esa expresión sindical, en algunos casos por corruptelas y malas decisiones de su liderazgo que los han perjudicado en lo económico.
A pesar de lo anterior, el SUEUM emplazó a huelga para este próximo 16 de enero.
MIRIAM SERRANO/ NTR Zacatecas, 13 de enero de 2020
JIMÉNEZ DEL TEÚL.- Luego de que el pasado 4 enero se llevó a cabo una asamblea en el Ejido Atotonilco, se informó que ejidatarios de esta localidad y de El Potrero de manera unánime ratificaron su rechazo a la autorización de construir en sus tierras la presa Milpillas.
Tal como se informó en estas páginas, la asamblea se realizó; sin embargo, las autoridades ejidales no habían revelado el resultado de la misma, fue a través de un comunicado difundido por La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) donde se informó que, pese a las confusiones infundidas por gobierno del estado para provocar confrontación, los ejidatarios siguen en la postura de no permitir que sus tierras sean utilizadas para dicho fin.
Se informó que lo días 4 y 9 de enero se llevaron a cabo las asambleas en ambas localidades y la decisión fue unánime.
Víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en la Sierra Tarahumara solicitaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que presente al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para la atención del desplazamiento forzado en México, que responda a la problemática que afecta a miles de personas en el país.
La principal demanda de las personas desplazadas por inseguridad en sus comunidades, es abatir la impunidad y legislar para un retorno seguro.
Durante la visita al municipio de Nuevo Casas Grandes, el grupo de personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan sus casos, solicitaron a López Obrador acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno para que integren “con debida diligencia, las carpetas de investigación”.
Asimismo, exigieron que se sancione a los responsables del homicidio del activista Cruz Soto Caraveo, quien fue privado de la libertad y asesinado, a pesar de tener medidas cautelares de seguridad.
Otra petición fue la investigación, sanción y pacificación de las zonas de expulsión y la garantía de seguridad de la población para un retorno seguro; el otorgamiento de viviendas propias y un empleo digno, así como condiciones adecuadas para que las personas desplazadas tengan mayor estabilidad, y quienes son indígenas puedan reproducir su cultura, base de supervivencia.
A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) pidieron que realice, sin demora, el reconocimiento de la calidad de víctimas de las y los desplazados y garantice sus derechos derivados de esta condición.
En un oficio entregado al presidente de la República, le dicen que, sabiendo de su interés por las personas, se acercan para reiterar que el desplazamiento forzado no ha cesado en el estado de Chihuahua desde 2014, cuando llegaron a la capital las primeras familias que han acompañado organizaciones de la sociedad civil.
“A pesar de los esfuerzos para visibilizar y denunciar los casos, las autoridades estatales no han logrado sancionar a los responsables de las más de 100 personas que se acompañan desde entonces; tampoco se han realizado acciones contundentes para que las familias logren el regreso a sus hogares en condiciones de seguridad. Incluso, en el caso de Cruz Soto Caraveo, quien se encontraba en situación de desplazamiento desde el año 2014 y en octubre del año pasado fue privado de su libertad y encontrado asesinado, no hay a la fecha resultados concretos”, reiteran.
Y es que los casos se han acumulado. Hay víctimas de desplazamiento cuyos casos son apoyados por organizaciones civiles y otros que han sobrevivido sin apoyo.
En el oficio entregado a Andrés Manuel López Obrador, explican que, en el caso de Chihuahua, el desplazamiento forzado interno es consecuencia de la impunidad y la falta de justicia que se han vivido por largo tiempo.
“Es una reacción de cientos de familias a la violencia e inseguridad generalizada provocada por integrantes del crimen organizado que operan en grandes territorios y que se dan, en presencia, en ausencia y en ocasiones en connivencia con instituciones del estado”, señalan.
En el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de la comunidad indígena de El Manzano, del municipio de Uruachi (colinda con el estado de Sonora). La solicitud al Estado mexicano es la adopción de las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las y los integrantes de la comunidad, medidas cubiertas parcialmente.
“Esta problemática atrajo la mirada internacional con la visita de la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, en septiembre de 2018. La visita de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en 2017, quienes manifestaron la necesidad de afrontar la problemática en conjunto con las autoridades federales”.
Y advierten:
“Las afectaciones del desplazamiento son la imposibilidad de que las personas desplazadas puedan vivir en su comunidad y el impedimento de realizar su vida de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, poder desarrollar sus labores, sin seguridad alguna, al no contar con recursos propios, acceso a una vivienda digna, servicios de salud y educación, además de empleo estable, entre otras muchas situaciones”.
Las organizaciones que los acompañan son Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Consultoría Técnica Comunitaria y Alianza Sierra Madre.
Un grupo de manifestantes de colonias Pedro María Anaya y Patria Nueva piden que Jumapa asuma el control del pozo
Por Ricardo Aguilar, Zona Franca, 13 de enero de 2020
Celaya, Gto.- Un grupo de aproximadamente 25 personas, representantes de las colonias Pedro María Anaya y Patria Nueva, se manifestaron en Presidencia Municipal para exigir un cobro justo por el servicio de agua potable, que desaparezca el comité de agua y que el pozo sea administrado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa).
Los manifestantes entraron a los patios de Presidencia con cartulinas en las que se podía leer frases donde mostraban su inconformidad: “No cobros excesivos”, “No más comités” y “No negados a pagar pero que sea justo”.
Foto: tomada de Zona Franca
Los manifestantes reconocieron que desde hace un año y tres meses tienen adeudos por el servicio de agua, pero se niegan a liquidarlo, dado que el comité les exige un pago de 85 pesos mensuales por recargos cuando su cuota es de 45 pesos al mes.
Sin embargo, culparon al comité de aguas de no poner a funcionar el pozo para abastecerlos del servicio y por ello, desde hace tres meses no tienen agua, por esta razón se han visto afectadas 800 familias de la colonia Pedro María Anaya y 600 familias de la colonia Patria Nueva.
Con el lema “porque cada día que pasa su ausencia duele” familiares de personas desaparecidas en Jalisco convocaron a la primera marcha pacífica del año para demandar el regreso de sus seres queridos. La caminata se llevará a cabo el próximo domingo 26 de enero a las 11:00 a.m. y tendrá como punto de partida la glorieta de La Minerva.
Redacción / Zona Docs
A través de un evento de Facebook familiares de personas desaparecidas en Jalisco convocaron a la primera marcha del año; pretenden, de manera pacífica, caminar de la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, para demandar a las autoridades el regreso sus seres queridos quienes fueron desaparecidos en el estado.
La acción ha sido convocada a través del perfil de búsqueda en Facebook: “Desaparecido Dillan Desaparecido Pepe”, dos jóvenes que fueron víctimas de desaparición el pasado 11 de diciembre de 2019. De acuerdo con esta cuenta, José de Jesús Mejía Ramos de 22 años y Dillan Francisco Gutiérrez Castro de 19 años, salieron de su domicilio ubicado en Zapopan para dirigirse a la colonia Pinar de las Palomas en el municipio de Tonalá, sin embargo, nunca regresaron a casa.
La marcha, que han advertido, será pacífica, saldrá a las 11:00 a.m. de la glorieta La Minerva en el centro de Guadalajara para dirigirse a Casa Jalisco. Los convocantes han pedido a los asistentes llevar una playera blanca, junto con pancartas y/o fotografías de sus seres queridos desaparecidos.
El pasado lunes 6 de enero, durante el primer informe del año 2020 sobre Fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas en México, presentado por la Secretaría de Gobernación, el Estado Mexicano reconoció oficialmente que en el país existen 61 mil 637 personas desaparecidas. En dicho informe también se anunció que, a 13 meses del arranque de la administración de Andrés López Obrador, Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país durante 2019 con 2 mil 100 desapariciones.
No importa la edad o a qué se dedican: las víctimas de desaparición son estudiantes, madres, mujeres que un día estaban en casa, en su trabajo, pero después no se supo nada de ellas
Foto: Víctor Ramírez. Uno de los casos de desaparición que ha dolido a la sociedad es el de Nilda Rosario, la estudiante nicolaita que aún no aparece.
Redacción / La Voz de Michoacán, 13 de enero de 2020
Morelia, Michoacán. Salieron a la escuela, a su trabajo, a realizar cualquier actividad de su vida diaria, como si fuera un día normal. Pero ya no regresaron a casa, al menos, el 25 por ciento de los 456 casos de mujeres que desaparecieron entre enero y octubre de 2019 en Michoacán, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).
A la semana, en promedio 10 mujeres fueron reportadas como desaparecidas durante los primeros 10 meses del año. De los casi 500 casos registrados, 8 fueron encontradas sin vida y 115 aún son buscadas, pues no se sabe dónde están.
No importa la edad o a qué se dedican: las víctimas de desaparición son estudiantes, madres, mujeres que un día estaban en casa, en su trabajo, en la calle, pero después no se supo nada de su paradero. Algunas fueron localizadas, la mayoría. En otros casos sus familias aún las están buscando.
Como Martha Elena Zamudio Martínez, de 50 años de edad, quien el sábado 11 de enero de 2020 salió de su domicilio en la colonia Ampliación El Porvenir, en Morelia, sin referir a dónde se dirigía, y hoy no se sabe dónde está.
Ella es la décima mujer reportada como desaparecida en lo que va de este año, junto con otras michoacanas como Karen Guadalupe Herrera Guzmán, de 28 años, cuyo caso fue notificado el 11 de enero ante la Fiscalía, aunque la última vez que se le vio fue el 25 de diciembre de 2019 en Jacona, cuando se encontraba sobre la calzada Madero de dicha ciudad.
Algunos casos trascienden por la violencia con que sucedieron. Como el de María Guadalupe del Toro Morales, de 36 años de edad, quien fue vista con vida por última vez el 23 de diciembre de 2019. Al siguiente día, en Nochebuena, su familia denunció su desaparición y comenzó su búsqueda, que terminó una semana después, el 30 de diciembre, cuando su cuerpo fue encontrado cubierto con tierra en inmediaciones del camino a La Aldea, en Morelia.
De acuerdo al resultado de la necropsia, falleció víctima de asfixia mecánica por estrangulamiento. Un día después, el 31 de diciembre, su esposo, Martín G., fue detenido señalado como el presunto responsable de su feminicidio.
Martín fue internado en el Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez para ser presentado ante el órgano jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.
¿Dónde estás Nilda?
Un caso de desaparición que no ha sido resuelto es el de Nilda Francisco de la Cruz, una joven estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que fue vista por última vez hace casi 10 meses.
En diversas ocasiones alumnos de la casa de estudios se han manifestado en exigencia de que se agilice la búsqueda de Nilda, luego de que ya hay un detenido por su desaparición.
Nilda estudiaba el noveno semestre de la carrera de Veterinaria de la Universidad Michoacan y fue el 17 de marzo cuando la joven desapareció y el 26 del mismo mes se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Foto: La Voz de Michoacán.
Nilda salió de su domicilio de la Casa del Estudiante, «Rosa Luxemburgo», sin referir a dónde se dirigía, y ya no regresó, el último contacto que tuvo su familia con ella fue a través de una mensaje de WhatsApp
Aunque el 25 de junio se detuvo a Nicolás G., novio de la estudiante de la UMSNH, por su posible responsabilidad en la desaparición de la joven, a la fecha las autoridades no han dado con el paradero de la chica.
En abril, el papá de Nilda subió a redes un sensible video, pidiendo ayuda para encontrar a su hija.
“Yo recurro a ustedes con el corazón en la mano, hablándoles, que se sensibilicen un poquito. Si alguno de ustedes sabe alguna información o puede proporcionar una información que pueda localizar a mi hija”, expresó entre lágrimas, Fortunato Francisco.
El padre de la joven solicitó apoyo de las autoridades, comunidad universitaria y ciudadanía para encontrar a su hija, de quien hoy no se sabe nada.
Morelia, peligrosa para las mujeres
Morelia se ha convertido en una ciudad peligrosa para las mujeres, al menos así lo demuestra la taza de agresiones contra ellas: en este año la capital michoacana ha registrado 7 de los 11 feminicidios contabilizados en Michoacán en 2019.
El documento “Información sobre violencia contra las mujeres” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que Morelia se ubica en el puesto 23 de las ciudades que han registrado mayor número de feminicidios durante el año 2019, ya que la ciudad capital de Michoacán acumula un registro de 7 casos y una tasa de 1.65 delitos por cada 100 mil mujeres.
Con la misma cantidad de feminicidios que Morelia, se ubican ciudades como Acapulco en Guerrero y Córdoba en Veracruz. Por encima de la capital michoacana están Cuernavaca en Morelos y Toluca en el Estado de México con ocho casos cada uno, Guadalajara en Jalisco y Tijuana en Baja California con 11 casos cada uno, así como Culiacán en Sinaloa con 14 casos y finalmente Monterrey en Nuevo León encabeza el listado con 17 hechos.
En el caso de Michoacán, la entidad se ubica en el lugar 22, aunque existen varios señalamientos de organizaciones de que el número de feminicidios debería ser mayor, simplemente no se han calificado los casos de tal manera pese a evidencia que parece contundente. A mediados de noviembre se ubicaron los cuerpos de dos mujeres que fueron asesinadas con violencia en la tenencia de Capula, perteneciente a Morelia.
Aunque se esperaba que estos casos fueran tipificados como presuntos feminicidios debido al estado en que las víctimas fueron encontrados, este mes no se reportaron nuevos feminicidios en la capital michoacana, que se mantuvo con los mismos siete registros desde el mes de octubre.
La plataforma Semáforo Delictivo hace referencia a que se registraron dos feminicidios en Michoacán durante el pasado mes de noviembre, sin embargo, no los atribuye a ninguno de los 22 municipios que forman parte de su muestreo de datos y entre los que se encuentran Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Jacona y Zamora.
El documento “Información sobre violencia contra las mujeres” también precisa que, en el conteo de los estados con mayor número de feminicidios durante el presente año, Michoacán se ubica en el puesto número 22 con una suma de once casos. Sin embargo, en lo que se refiere a mujeres que fueron víctima de presunto homicidio doloso, la entidad está en el puesto número seis nacional con 153 casos hasta noviembre pasado.
MÉRIDA, MX.- Con las actividades económicas que detonaría el Tren Maya en los diversos puntos de la Península de Yucatán, investigaciones de Pronatura afirman que sí se corre el riesgo de que especies como el jaguar, puma, ocelote, tigrillo y jaguarundi, pierdan población, pues las zonas de mayor grado de conservación son aledañas a la ubicación de las vías del tren.
Sobre este tema, el doctor Anuar Hernández Saint Martín, responsable del Programa de Conservación de Felinos y sus Presas en Pronatura Península de Yucatán, indicó que han identificado seis zonas en las que se registra presencia de dichas especies, las cuales se podrían ver afectadas con el desarrollo de este megaproyecto.
Fue a través de un taller en el que participaron más de 50 especialistas donde se identificaron seis Unidades de Conservación de Jaguar y Ungulados (UCJU) las cuales se encuentran en el macizo forestal desde el norte de Quintana Roo hasta Sian Ka’an; el complejo de Calakmul, Balamkú y Balamkax; la región de la Laguna de Términos; el Palmar; la Sierra de Puuc en Yucatán, Dzilam de Bravo y Río Lagartos.
El especialista detalló que estos sitios son muy grandes y que sirven como unidades geográficas de conservación.
“Una vez identificados estos sitios sabemos que son áreas que necesitamos mantener unidas o conectadas, pues en donde hay conexión llevamos a cabo acciones específicas para mantener la especie”, señaló.
No obstante, calificó al Tren Maya como un tema particular, porque a pesar de que muchos de los puntos por los que pasarán las vías ya cuentan con infraestructura, lo que no se ha expuesto es que se corre mayor riesgo con las actividades socioeconómicas que se van a detonar cuando el proyecto comience a estar activo.
“Las actividades que se van a detonar pueden provocar que empiece a ocurrir cambios de uso de suelo en diferentes sitios, sin embargo, lamentablemente se está reduciendo el impacto ambiental solamente a la presencia de las vías en la zona”, apuntó.
Las UCJU que hallaron sí se encuentran cerca de algunos puntos por donde pasaría el tren
“Se ha detectado que en muchos de estos sitios ya existe una vía y al ser una vía con poco uso, actualmente está rodeada de vegetación y por lo tanto hay felinos”, puntualizó.
No obstante, desde su colaboración, señaló que buscarán implementar estrategias en las que sea posible trabajar con las comunidades cercanas para que se formen figuras de conservación de tierra, que es así como surgen las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Asimismo, Hernández Saint Martín aseveró que estarán al pendiente de que los proyectos turísticos que se detonen no vayan en contra de la conservación biológica y los podrían orientar para desarrollar actividades sustentables.
“Se puede tratar de implementar actividades económicas sustentables, formas que les permitan a las personas tener un modo de vida, conservar la biodiversidad y volverse resilientes a la presencia del tren, pues somos firmes creyentes de que las acciones de desarrollo se pueden realizar en armonía con la naturaleza”, comentó.
En este sentido, agregó que otras de las amenazas que presentan estas especies es la disminución de población de sus presas debido a la cacería desmedida, pues venados, armadillos, tejones, mapaches, tapires, entre otros, también son de consumo humano.
Además, ante la falta de alimento en su hábitat, los felinos se acercan a zonas pobladas en donde luego se registran ataques a ganado equino y bovino, incluso hasta perros domésticos.
Cabe señalar que la Península de Yucatán concentra cinco de las seis especies de felinos en todo México, ya que el Gato Montés se ubica en la zona del Istmo de Tehuantepec.
Sobre el trazo del proyecto del Tren Maya, en un estudio publicado en marzo de 2019 por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se observó que la ruta cuenta con una gran diversidad biológica y cultural, además de innumerables cuerpos hídricos subterráneos como cenotes.
En ella se encuentran 49 zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 15 áreas naturales protegidas de carácter federal; 20 áreas naturales protegidas de carácter estatal; 24 humedales reconocidos como sitios Ramsar y 24 áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Texto y fotos: Efraín Tzuc (@efra_tzuc) / Pie de Página
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incumplió con la recomendación emitida por violar los derechos humanos en el transfemicidio de Paola Buenrostro y dejó en libertad al presunto responsable. Después de que activistas presentaron una queja ante la CNDH y se manifestaron públicamente, la Fiscalía se comprometió a presentar avances
Este lunes, activistas y defensoras de personas trans denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no cumplió con la recomendación emitida sobre su mala actuación en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, asesinada el 30 de septiembre de 2016.
La denuncia sobre el incumplimiento de la recomendación 02/2019 fue presentada por Kenya Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias, y otras integrantes de esta organización civil.
En entrevista con Pie de Página, Cuevas aseguró que la recomendación que emitió en junio la ahora Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) sigue sin cumplirse. Esto, pese a que la Fiscalía aceptó los agravios en contra de Paola Buenrostro y la misma Kenya Cuevas.
En la recomendación, la CDHCM reconoció que los agentes del ministerio público no investigaron con la debida diligencia el transfeminicidio de Paola Buenrostro. Tampoco aplicaron la perspectiva de género y el enfoque diferenciado, que era indispensable al tratarse de mujer trans.
La nueva queja presentada ante la CNDH para hacer valer su derecho al acceso a la justicia es la 2763/2020.
Posteriormente, las manifestantes bloquearon Periférico Sur con un féretro en el que se encontraba la misma Kenya Cuevas. Exigieron que la Fiscalía capitalina cumpla con la Recomendación ya emitida y detenga al presunto responsable del transfeminicidio de Paola, prófugo desde 2016.
En respuesta, la fiscal Ernestina Godoy se comprometió a entregar la siguiente semana avances sobre los transfeminicidios de Paola Buenrostro e Itzayana López.
Disculpa pendiente
La CDHCM documentó una serie de actos de discriminación por la identidad de género, tanto hacia Paola Buenrostro como a Kenya Cuevas, que obstaculizaron su derecho a acceder a la justicia.
Asimismo, la CDHCM ordenó que la Fiscalía realizara un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad, que no ha ocurrido.
“La Procuraduría tenía 60 días para dar una disculpa pública, que regrese la dignidad de Paola y a mí, y no se hizo. No se ha logrado una reunión con la Procuraduría. En la reunión (que acordaron previamente) me dejaron plantada, un mes después de la recomendación”.
Recomendación incumplida
Kenya Cuevas no ha sido informada sobre el cumplimiento de los otros puntos de la Recomendación de la CDHCM.
Entre ellos, se establece que la Fiscalía “generará y ejecutará un plan integral individual de reparación” para Kenya. Este plan debe contemplar el daño material, inmaterial y sobre su proyecto de vida.
Sobre las garantías de repetición, la Fiscalía debe diseñar procedimientos para incorporar el análisis de contexto en sus investigaciones. También, la revisión y modificación de procedimientos periciales y el propio Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la comunidad LGBTTTI.
Kenya Cuevas acusa que la CDHCM no ha dado un seguimiento a su propia recomendación. Apenas el pasado sábado, una vez que difundieron en redes sociales la invitación a la presentación de la queja ante la CNDH, la Comisión local la volvió a contactar, después de siete meses de silencio.
Justicia ausente
En la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Poala Buenrostro, una mujer trans trabajadora sexual, fue asesinada con un arma de fuego poco después de abordar el vehículo de un cliente en la avenida Puente de Alvarado, al norte de la Ciudad de México. Varias compañeras, entre ellas Kenya Cuevas, presenciaron el asesinato.
A pesar de que “Arturo D” fue detenido dentro del vehículo en el que aún se encontraba Paola, ya sin vida, y de que Kenya y sus compañeras dieron a las autoridades capitalinas sus testimonios y un video, los agentes del ministerio público no aportaron pruebas suficientes para que sea vinculado a proceso: ese mismo día “Arturo D” fue dejado en libertad.
Han pasado más de tres años y, pese a una orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía no ha logrado localizarlo.
Nuevo compromiso de la Fiscalía
La acción pública de Kenya Cuevas y sus compañeras de Casa de las Muñecas Tiresias tuvo eco en la Fiscalía de la capital. En una reunión realizada el mismo lunes, Ernestina Godoy, titular de la dependencia, se comprometió a dar seguimiento a los puntos de la Recomendación y giró instrucciones para que la siguiente semana rindieran cuentas sobre los casos de Paola Buenrostro e Itzayana López, otra mujer trans cuyo caso también acompaña Cuevas.
“Dijo que no quería dar una disculpa pública antes de tener acciones”, relató en entrevista Kenya Cuevas, al finalizar la reunión con la fiscal. Sin embargo, la activista notó que los oficios que le mostraron habían sido fechados tres días atrás. A pesar la apertura mostrada, Kenya considera que la Fiscalía ha tenido omisiones al no comunicarle los avances tanto del caso como del cumplimiento de la Recomendación.
Según la activista, en la reunión Ernestina Godoy argumentó que no era necesario que se manifestaran, sin embargo, ella tiene claro que sin esa manifestación no habrían podido acceder a la fiscal.
Crímenes de odio contra mujeres trans
De acuerdo con el informe “Violencia extrema contra personas LGBTTT en México. Saldos del sexenio 2013-2018”, de la organización Letra S, en México 473 personas LGBTI fueron víctimas de crímenes de odio, el 55 % de estos, es decir 261, fueron contra mujeres trans.
Por su parte, un conteo de The Associated Press reportó que, hasta septiembre de 2019, al menos 22 mujeres trans fueron asesinadas.
Padres de familia exigieron a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), atienda sus peticiones de seguridad.
San Juan del Río, 13 Enero 2019.- Debido a los constantes robos ocurridos en el jardín de niños, José Nieto Dorantes, padres de familia exigieron a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), atienda sus peticiones.
Y es que aseguran, en lo que va del ciclo escolar, 2019-2020, se han registrado por lo menos 8 robos, en los cuáles, ha sido sustraído el material didáctico de los alumnos y por lo menos 8 cámaras de seguridad.
De acuerdo con el presidente del comité de padres de familia, Joel Gonzaga, su principal petición es que se atiendan los oficios que han sido presentados en la USEBEQ, al referir que esta situación cada vez es más frecuente.
“HEMOS ENTREGADO OFICIOS COMPLETOS, DENUNCIAS COMPLETAS, PAPELEO COMPLETO Y SIEMPRE NOS REGRESAN QUÉ PORQUE NO LES COMPETE A ELLOS Y SE VAN ECHANDO LA BOLITA”, DENUNCIÓ.
Indicó que han solicitado que se aumente la altura de las bardas perimetrales, debido a que estas no cuentan con una altura adecuada para impedir el ingreso de delincuentes.
Sin embargo, la propia supervisora de USEBEQ, aseguró que “ni poniendo una barda de 20 mil pisos, vamos a impedir que los rateros entren”, lo cual desató aún más la molestia de los padres quienes también cerraron la circulación de la calle Galeana en el centro de la ciudad.
“Durante los robos que hemos tenido solamente nos han dicho que nos van a reponer un vidrio que rompieron para poder entrar, eso no nos ayuda en nada”, señaló.
Explicaron que las cuotas anuales son de 800 pesos, recursos con los que se adquirieron las cámaras de seguridad y se ha dado mantenimiento a algunas aulas, acciones que asegura, debería realizar la USEBEQ.
“Somos nosotros los que hemos puesto piso, y aunque se supone que la escuela tiene un seguro y debería responder por los materiales y lo que se han robado no hacen nada”, apuntó.
De ahí que los padres de familia advirtieron que no dejarán de insistir hasta que la USEBEQ atienda sus peticiones, esto, al subrayar que en año pasado un sujeto intentó ingresar al jardín de niños cuando los menores estaban en clases.
“¿Qué están esperando? ¿Qué pase algo con los niños para que nos escuchen?, nos vamos a seguir manifestando hasta que nos hagan caso, ya sea afuera de la escuela, en sus oficinas, en las calles, donde sea pero que nos hagan caso”, indicaron.
Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar Nº 7 del IMSS en San Juan del Río, denunciaron la falta de medicamentos y materiales para ser atendidos.
Cris Mesa Ramírez / Rotativo
San Juan del Río, 13 Enero 2019.- Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF), Nº 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Juan del Río, denunciaron la falta de medicamentos y materiales para ser atendidos.
Explicaron que desde hace ya varios meses, la falta de medicamentos los ha obligado a tener que surtir sus recetas en farmacias particulares, lo cual representa un gasto adicional.
Y es que aseguran, muchas veces el personal del IMSS les pide que regresen en los próximos días mientras les surten el medicamento, sin embargo, muchas veces el paciente no puede esperar.
“A mi me recetan cuatro medicamentos, solo hay dos y los otros dos pues yo los tengo que comprar”,indicó una derechohabiente de la tercera edad.
Así mismo, informaron para Rotativo de Querétaro que además de la falta de medicamentos, la Unidad de Salud no cuenta con los materiales para realizar estudios como ultrasonidos, electrocardiogramas entre otros.
“Desde diciembre mi nuera está mal, le mandaron a hacer análisis y un ultrasonido y pues aquí no los están haciendo, solo a las embarazadas, de todo lo demás no”.
Por otra parte, una de las derechohabientes explicó que su hija sufrió una trombosis cerebral, debido a esto, requiere de consultas cada mes, sin embargo, aseveró, actualmente ya no le otorgan cita y debe formarse todo el día en espera de una consulta.
“Ya no me dan citas, tengo que venir a formarme todo el día, y eso a ver si me toca, si no, pues tengo que regresar mañana,”, apuntó.
De la misma manera, reveló que por lo menos en dos ocasiones, la unidad de salud no ha tenido el medicamento que su hija requiere para la coagulación de la sangre, por lo que ha tenido que comprarlo en más de tres mil pesos.
“Yo la compro y el Seguro no me reembolsan nada, pero mi hija no se puede quedar sin su medicamento”, indicó.
Además, el personal de la farmacia de esta clínica señaló que están a la espera de que en los próximos días les llegue medicamento, no obstante, refirió que únicamente podría ser paracetamol y diclofenaco.
Comienza el 2020 con la economía mexicana estancada y con amenazas de recesión. El pago de las deudas y sus costos, que no sube tan rápido como en gobiernos anteriores pero sube, enriquece a los bancos con los dineros del pueblo y de la nación. Sin embargo, se afirma que la firma del T-MEC y los yacimientos de litio y de petróleo, ya licitados para su explotación por trasnacionales, traerán el soporte que evite la fase recesiva de la crisis. Algunos señalan que las nuevas disposiciones laborales que impone el T-Mec, así como las ventajas para Estados Unidos llevarán a inversionistas a dejar de invertir en México. La verdad es que el amplio diferencial de salarios entre México y el resto de los países, y la ventaja competitiva de localización con escasas normas seguirá atrayendo a las trasnacionales.
Los salarios : producir consumidores
Las condiciones de vida de la mayoría de la población aparentan una mejora con el pacto empresarial con el gobierno y los burócratas sindicales para elevar en un 20% los salarios mínimos llegando a 123.22 pesos diarios en el país y de 5% en la frontera norte donde llega a $185.56. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, subraya: “para entender la dimensión del deterioro es necesario asociar los niveles de ingreso y consumo de la clase trabajadora.” El saldo del primero de enero de 1982 al 26 de octubre de 2018 arroja una pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario de 88.71 por ciento, con referencia al precio de la Canasta alimentaria Recomendable CAR. Por lo que el aumento para 2020 sólo alcanza para cubrir una canasta individual y queda muy por debajo de la que se recomienda para una familia promedio.
Apenas 1.6 millones de trabajadores de la economía formal serán beneficiados directamente con el aumento de 20 por ciento al salario mínimo. La cifra representa sólo 2.8 por ciento de los 55.2 millones de mexicanos que trabajan y 6.6 por ciento de los 24 millones que lo hacen en la economía formal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Si casi 11 millones de mexicanos ganan hasta un salario mínimo, 85 por ciento labora en la economía informal y nada indica que éstos reciban el beneficio del aumento al mínimo.
En los hechos, solo será el 11 % de la población que gana hasta un salario mínimo la que podría estar “segura” de que se le pagará tal aumento ya que en México hay 10.95 millones de personas ocupadas que ganan hasta un salario mínimo, que equivale a 19.8 por ciento de la población con empleo, pero de ella el 85.2 por ciento labora en la informalidad.
El desprecio a la fuerza de trabajo
El gobierno actual no reconoce que 6 de cada 10 de los 55 millones de empleaos en México trabajan en el sector informal. Cuando a ellos se refiere, lo hace buscando cómo lograr que las empresas comerciales y de servicios paguen impuestos y por esa vía den su cuota al IMSS para la seguridad social de su personal ocupado. La otra insistencia es simular que esa población empleada en la informalidad es atendida por sus programas sociales, los que ocupan jóvenes, asisten a mujeres y a ancianos. En esos casos se trata de asistencia social individual, no son derechos colectivos. También hay programas para “emprendedores” con proyectos de inversión mínima y de tandas que pretenden reanimar a los pequeños productores y comerciantes ante e l de s p l a z ami ento que padecen por la competencia de las grandes empresas. Estos subsidios no logran superar el ingreso en esos sectores, y mucho menos aumentar el empleo formal.
En 2019 el empleo se desaceleró en sectores industriales y de la construcción, y en el del gobierno por los recortes del programa de austeridad y el cierre de programas institucionales. Por ello, entre enero y noviembre, los mexicanos han sacado de las cuentas de las afores 11 mil 194 millones de pesos. Es muestra de la desocupación en aumento y el número de trabajos formales con una caída de 30 por ciento.
El empleo seguirá precarizado también por los procesos de tercerización de los contratos (outsourcing), intocables hasta para reformas leves, principalmente fiscales, como la que proponía el charro sindical y senador Napoleón Gómez. Igual se desprecia al empleo por las vías de contratación a prueba, eventual, los trabajos a domicilio y la uberización de empleos. Quien trabaja paga los costos de ser esclavizado por las compañías que lo registran en sus negocios.
Las ganancias y los ganones
ucir entre los más ricos el mundo a una decena de empresarios “mexicanos”. Además en el México actual los bancos y grupos financieros se llevan las más altas ganancias, de manera comprobada ganan hasta 10 veces más que en sus países de origen. En el caso de las afore, ellas y el Estado gozan sin medida de utilizar los miles de millones de pesos del ahorro para el retiro, más las altas comisiones y hasta los rendimientos por “invertirlos” en proyectos, que incluyen aquellos que subsidian a empresas constructoras de los mismos o a los dueños y concesionarios de los aeropuertos, las autopistas, hidroeléctricas, gasouctos, trenes, eólicas y hasta mineras. De enero a noviembre de 2019, la ganancia que obtuvieron las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore) por invertir el ahorro de los trabajadores mexicanos ascendió a 14 mil millones de pesos, en diciembre superó a los 13 mil 900 millones de pesos que registraron durante todo 2018.
La ganancia es un botín que pelean los diferentes empresarios y gobiernos, aunque las trasnacionales y el capital financiero se llevan la tajada del león no sólo por la composición orgánica y técnica de sus capitales, sino por las facilidades de despojo, depredación y corrupción que implantan mundialmente. A pesar de ello, si las y los trabajadores no consumen por falta de ingresos y hasta dejan de pagar sus deudas (tarjetas, hipotecas, abonos “chiquitos”), la venta en el mercado interno y la fuerte competencia internacional a las exportaciones obliga a aumentar los salarios como ahora sucede en México.
Pero el “costo” de ese aumento lo paga con impuestos indirectos la población como son el IVA y el impuesto especial para producción y servicios, IEPS, mochando salarios para pagos como el transporte (ver el descarado aumento al transporte público en el estado de México, en Puebla y otras entidades), lo que además trae inflación por el traslado de alimentos y bienes básicos.
En cambio, el gobierno federal no eleva el impuesto sobre la renta a quienes más ganan, Los empresarios tienen una tasa de evasión de 56 por ciento, que representa 0.3 por del PIB, equivalente a 60 mil millones de pesos. Y los arrendatarios tienen una tasa de evasión de 73.5 por ciento, lo que representa 0.1 del PIB, o sea 20 mil millones de pesos. Tampoco se atreve el gobierno a aumentar las pensiones conforme el salario mínimo y dice que “lo está pensando”.
¿Qué hacer?
Carlos Marx mostró las contradicciones del capitalismo que confronta el salario como pago al precio de la fuerza de trabajo muy abajo del valor que esta agrega a las mercancías, deja una masa de valor excedente que los capitalistas se reparten como ganancias. Es una contradicción antagónica. Ningún pacto entre los líderes y patrones, ni la mano falsamente neutral del Estado resuelven la constante explotación, expropiación de derechos y despojo a la población trabajadora del campo y de la ciudad.
La emancipación de las y los trabajadores, sólo será posible por obra del pueblo trabajador que requiere construir en la lucha de manera conciente y orgaizada, desde ahora y desde abajo, su poder y ejercerlo en todas sus expresiones.
Tras la primera muerte, viene la vida orgánica: aun
a pesar
el cabello
crece
y las uñas.
un cuerpo ocupa espacio,
una persona en cambio hace un lugar,
algo que se llama pausa.
“Persona”, de Yolanda Segura
Después de conocer el trabajo de las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, el contador retirado Rubén se les unió en la búsqueda. Aprendió a distinguir los restos humanos en los cerros y valles, para ayudar a esas personas a volver a casa
Texto: Daniela Rea; Foto: Mónica González / Archivo PIE DE PÁGINA
Soy Rubén, contador público, trabajé 30 años y ahorita estoy retirado. Tengo dos hijos, mi esposa y yo y nada más.
Yo seguido leía en el periódico que las mamás de los desaparecidos en Torreón hacían marchas, sobre todo el Día de la Madre, el día del desaparecido. Yo las veía y decía “¿pues qué pasó?”. Y luego en el 2015 fue cuando se organizaron para salir en las búsquedas a campo y veía en el periódico y en la tele que empezaron a encontrar restos. Y yo pensaba en esas señoras, tenía la inquietud de integrarme al grupo y vi que se reunían en una iglesia y fui a buscarlas ahí.
Ya tenemos más de 2 dos años de conocernos. Al principio me vieron con desconfianza, pero ya con el transcurso vieron que mi interés era auténtico. Ya nos reímos todos y compartimos. A veces lloramos también y me agradecen y yo les digo “el agradecido soy yo, de conocerlas, de convivir, de tener estas experiencias”. En todo esto hay muchas cosas que, no por minimizar a las mujeres, sí se necesita que un hombre haga: cargar cubetas con tierra, vaciar cubetas con tierra, cargar cosas, bajar cosas. No porque no puedan hacerlas, pero en esos caso es cuando puedo ayudarles yo.
A mí se me hace difícil, por ejemplo, cuando salimos, verlas que andan en el sol, porque aquí el sol es muy duro, en la tierra, pues les importa poco andar allí en la tierra.
Me acuerdo que la primera vez que fui a buscar con ellas íbamos caminando y “¡ay! ¡aquí hay restos, aquí hay restos!”, y yo: “¿dónde, dónde? No, pos no los veo”. Ya hasta que me los fueron mostrando, los fragmentos óseos quemados, y ya me empezaron a explicar el proceso que utilizaron aquí para desaparecer a las personas, por qué quedaron así los fragmentos calcinados, triturados y demás.
Yo tenía mis dudas en ese momento, si serán restos de personas, de seres humanos, ¿no se equivocarán o no verán cosas que no son en el deseo de encontrar? Ya en una segunda búsqueda me sorprendió mucho que aparecieron dientes, muelas y todo, y dije “¡ah, caray!, sí es de una persona esto, lo que hay aquí sí es una persona”. Independientemente que encontramos unos fragmentos, calcinados y todo, pero empezaron a aparecer dientes, fue cuando dije: “¡ah, caray!, no nada más son pedacitos de hueso que quedan ahí”. Entonces yo empecé a procesar eso, cómo era esto de recuperar, de encontrar. Antes confundía los huesos con pedacitos de madera o de piedra, pero ahora puedo identificar: “fíjese en los bordes, fíjese en los poros”.
Y es cuando dices “sí es cierto, aquí hay personas que murieron y que fueron calcinadas” y es cuando me cayó el veinte en ese momento. A los que han apresado, han detenido, ellos han dicho: “Aquí los matamos, los metemos en tambos de 200 litros, se les ponía diésel, se les prendía fuego por toda la noche y ya después lo que quedaba con la pala lo vaciábamos y lo enterrábamos”. Eso es lo que han declarado los que han detenido.
A veces vamos a caminar para ver qué es lo que encontramos y empezamos a caminar con las famosas varillas. A veces hay muestras de la tierra quemada o de la tierra con diésel, porque se supone que cuando vaciaban los tambos con los restos, la tierra se quedaba manchada y hasta huele a diésel. A veces los animales desentierran, o los animales carroñeros toman alguna parte y se la llevan lejos, a lo mejor a su madriguera, o la botan por allí. Eso también encontramos.
Cuando camino voy pensando en la posibilidad de encontrar algo y al mismo tiempo no puedo dejar de admirar el paisaje que tiene uno a su alrededor: los cerros: los arbustos, la fauna; hay muchas liebres, coyotes. De repente va caminando uno y no más oye el pataleo de la liebre y la ve que sale corriendo. Son cosas que solamente uno andando allí las va a ver.
En mi caso no puedo dejar de admirar el paisaje, a pesar de sea un desierto. Hay muchas cosas bonitas que ver en el desierto. Uno se imagina que el desierto está vacío, pero está lleno de cosas, de pájaros y de animales. Hay algunas piedras que forman como un hueco, una hendidura y ahí se junta el agua y puede durar días y ahí los animales van y toman agua… hay muchas cosas que observar ahí en cuanto al paisaje, al terreno y todo eso, ¿no? Andando caminando ahí.
Cuando las mamás encuentran, cuando encontramos, hacemos una oración en el lugar, rezamos por las personas que están ahí. Es innegable que están ahí, todavía no han salido de ahí… Rezamos por ellas, por lo que pasó, como tratando de sanar el lugar, sacar lo malo que hubo y tratar de demostrar que, pues sí, vinieron gentes malas e hicieron todo eso, pero ya llegamos gentes que traemos otra intención y tratamos de sanar y de recuperar eso, el cambio. Un cambio de que algo que estuvo mal, ahora estamos tratando de hacer algo bien, tratando de sanar eso, la mala vibra que puede haber allí.
Cuando a veces encuentra uno algo, entonces da satisfacción. Ésa es la esperanza, encontrar algo.
Ser buscador es buscar a estas personas desaparecidas, ayudarlos a regresar: estas personas que hemos encontrado o los restos que hemos encontrado van a regresar a su casa porque nosotros vamos por ellos. Estos pedacitos de hueso calcinado son personas…
Yo sí creo que son personas. En mi caso, que mi papá y mi mamá ya murieron, ellos físicamente no son nada, pero para mí son un recuerdo, son un sentimiento. A una persona la hacen los recuerdos, el pensamiento.
La comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán denunció una agresión a tiros contra el ex comisariado Jesús Manuel Aguilar Hernández por parte de “personas al servicio del cacique” Favio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla.
En el ataque, sucedido el pasado viernes 10 de enero, el ex comisariado de bienes comunales habría resultado ileso de los disparos en su contra, mientras se encontraba dando de beber al ganado en el río, cerca del paraje El Tecolote.
A través de un comunidaco, se detalla el nombre del presunto agresor: Manuel de Jesús Aguilar Herrera, quien recurrente mente ejerce ciolencia en la zona por órdenes del cacique.
Los agresores lograron escapar en una motocicleta luego del ataque.
La comunidad autónoma wixárika subraya que no es la primera vez que estas personas atentan contra niños, mujeres y ancianos de San Lorenzo de Azqueltán.
“Favio Ernesto Flores Sánchez y sus grupos de choque, con armas, continúan actuando en la región con absoluta impunidad, por lo que la organización de nuestra resistencia en defensa del territorio ancestral no se detendrá, sino que continuaremos sembrando la dignidad para nuestros hijos y nietos.
“Hacemos responsables a Favio Flores, alias “La Polla”, a Manuel de Jesús Aguilar Herrera y al gobierno municipal de la integridad de nuestras autoridades y comuneros. Seguiremos exigiendo justicia para nuestra gente y nuestra comunidad”, finaliza el comunicado.
Texto y fotos: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Dos semanas y media después del incendio que afectó a la mitad del mercado de San Cosme, las obras de remoción de escombros apenas inician. Los locatarios creen que la alcaldía Cuauhtémoc, encargada de atenderlos, no quiere trabajar, por lo que sus quejas llegaron a la jefa de Gobierno
La entrada del mercado de San Cosme está cerrada. A través de la cortina de acero, se alcanza a ver los trabajos de remoción de escombros. Iniciaron apenas el pasado viernes 10 de enero, 19 días después del incendio del pasado 22 de enero, pese a que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que las obras empezarían inmediatamente.
“Ahí van. Para ser domingo, están trabajando. Ojalá que sea así toda la semana”, dice Miguel González, vendedor de frutas que heredó el puesto de su padre, y él de sus abuelos. “Van a quitar todo lo de arriba”, dice mientras señala al techo. “Y dicen que si no están dañados los pilares pilotes, en 5 meses está rehabilitado, pero si sí están dañados, se puede ir hasta un año”.
Miguel se asoma desde la entrada del mercado, que está cerrada. A través de la cortina de acero, se alcanza a ver el interior devastado. “Ahorita ya bajó el olor, porque ya están haciendo cosas, pero hace unos días, aún apestaba a quemado y a todas las cosas podridas y chamuscadas que se habían quedado ahí dentro”, asegura.
Estas obras no son gratuitas, creen los locatarios. Si no hubieran hecho presión a través de escritos y en medios de comunicación para iniciar los trabajos, habrían tardado más. “El pasado jueves 9 vinieron los de la tele y luego luego, al siguiente día iniciaron los trabajos”, asegura Bertha Mendoza, una locataria que no fue afectada directamente por el fuego, sin embargo, por la falta de gente en el mercado, sus ventas se desplomaron.
Bertha asegura que les daba miedo que les fuera pasar como a los comerciantes del Mercado Hidalgo, en la colonia Doctores, que llevan 2 años sin poder regresar a sus locales, después de un incendio parecido.
Ella espera que, después de las obras de restauración, también se arregle el desorden que había en las instalaciones eléctricas y de gas. “Habían locales que sacaban ramales de sus tanques y los llevaban a locales en otros lados, donde no están permitidos. Imagínese, en mi techo habían 5 tanques, eso es un peligro, y aquí en esta zona no estaban permitidos”.
Pocos días después de la visita de Claudia Sheinbaum, los propios locatarios afectados tomaron el estacionamiento del mercado, sobre Ribera de San Cosme, y un carril de la calle Gabino Barreda para empezar a vender sus productos; también por iniciativa de los comerciantes, según cuenta Miguel González, el vendedor de frutas.
“El gobierno sí nos había dicho que podíamos vender aquí afuera, pero estábamos esperando a que nos asignaran los espacios”, dice. “Así estuvimos hasta el 28 (de diciembre), cuando por la desesperación de uno, empezamos a traer productos y nos pusimos la fuerza. Necesitábamos generar algo de dinero, porque cinco o seis días nos quedamos sin nada por estar llevando trámites, trayendo papeles y atendiendo juntas”.
De los casi 540 locatarios del mercado, 190 fueron afectados directamente por el incendio, y otros 60 indirectamente, según los propios cálculos de los comerciantes.
La esperanza en los apoyos del gobierno, poco a poco va disminuyendo, según explica Miguel. Para él, la opción de capitalizar sus puestos con un préstamo de hasta 25 mil pesos, sin intereses a pagar a 2 o 3 años solo va a hacer que se endeude, y su economía no está para eso.
Lo que sí aceptó fue el seguro de desempleo que le ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, que le entregará 2 mil 500 pesos al mes, por seis meses. De hecho ya hizo los trámites, pero hasta el momento no lo ha llegado el dinero.
“Cuando tengan todo listo, nos van a entregar la pura plancha del local, así sin nada. Ya luego tienes que levantarlo y adaptarlo a tu giro, poner los anaqueles y demás”, dice Miguel. De momento, se preocupa por resistir el tiempo fuera de su local y las bajas ventas que eso le representa.
Afuera del mercado, los comerciantes afectados luchan por que sus negocios sobrevivan. Adentro, en las zonas que no fueron afectadas, hay algunas mercerías, peluquerías y papelerías abiertas, también alguna tienda de utensilios de hule, pero son las menos. La mayoría de las cortinas de los negocios están cerradas.
Ninguno de los comerciantes que operan tienen servicios como agua o luz, y los pocas que tienen energía, sacan extensiones de sus locales y comparten la electricidad con otros locales y con los puestos instalados en la calle.
En uno de los locales que no fueron afectados está Estefanía. Tiene una mercería donde también hace bordados. Últimamente no ha podido trabajar, por la falta de luz. Está esperando a que quiten los escombros para que tenga luz y pueda echar a andar su máquina de coser y empezar a trabajar, de mientras, lo único que le queda es esperar y ahorrar todo el dinero que le queda.
Juchitán, Oax., Por segundo día consecutivo, juchitecos que arriendan tierras en el polígono Biniza a la empresa Eólica del Sur, filial de la japonesa Mitsubishi, tomaron la subestación generadora de energía Arquitecto Ignacio Chávez López ante el incumplimiento de contrato de arrendamiento en que ha incurrido la compañía, donde solicitan contrato definitivo para hijos de los propietarios que llevan ya dos años laborando sin esa prestación de ley.
Arturo Martínez Ruiz, representante del comité de propietarios, expuso que la empresa tampoco ha cumplido con el pago que les corresponde luego de la entrada en operación comercial de este parque –10 de diciembre de 2018–, aunque fue inaugurado en mayo de 2019 por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.
La subestación es considerada la más grande de Latinoamerica; su construcción tuvo un costo de mil 200 millones de dólares y se hizo en mil 322 hectáreas de Juchitán y El Espinal; tiene instaladas 132 turbinas con capacidad para generar 396 megavatios.
La ventanilla de medicamento en el Hospital Regional Universitario (HRU) se mantiene cerrada. Los familiares de pacientes internados acuden y encuentran que no hay servicio disponible, por lo que deben surtir la receta en las farmacias.
El guardia de seguridad recomienda a los familiares de los pacientes internados que guarden el recibo de los medicamentos que vayan comprando porque hay la promesa de que se les regresará el dinero, y que esto aplica desde julio de 2019.
Un grupo de personas descansando en la banqueta a las afueras de Urgencias observa un paquete de medicinas. Les costó alrededor de mil quinientos pesos pero ya no la necesitan porque su familiar internado recién falleció. Dijeron que la darían en donación al HRU para cuando se necesite ayudar a otros pacientes.
En la oficina de Trabajo Social no quieren hacerse responsables de una declaración respecto a la situación que guarda el Hospital Regional, casualmente, los encargados de comunicación se encuentran de vacaciones, al igual que muchos médicos especialistas. El director del HRU se encontraba, justo en esos momentos, en una cirugía.
Mientras tanto, varias personas permanecían en la sala de espera. Una señora y su hija tendieron un pequeño acampado en las sillas. Su apariencia denotaba cansancio y evidencia de varios días de permanencia en el lugar. Acumulaban ya dos semanas ahí y hoy, en este momento, continúan ahí.
Miguel Ponce Cias se accidentó en las vacaciones. Fue a un río y creyendo que estaba hondo se aventó un clavado. Pegó de cabeza en una roca. Sufrió traumatismo craneoencefálico y permanece hospitalizado. Su madre, Norma Cias Ponce, lo cuida desde hace dos semanas. Personal del hospital le están cobrando 150 mil pesos por concepto de gastos médicos. Las medicinas son aparte. Esas las ha estado comprando la señora Cias a precios que varían entre mil y mil doscientos pesos.
Durante la entrevista la señora Norma Cias llora desconsolada al recordar las causas del accidente de su hijo. Su pena aumenta y se convierte desesperación. Ha vivido los últimos días pidiendo limosna en la calle junto con su hija y su nieta. Las tres son de Manzanillo. Han acudido a la Secretaría de Bienestar, sin resultados; han platicado con el director del Hospital Regional, quien se dijo impotente, a la expectativa de que se regularice el INSABI; ha buscado a los diputados, sin encontrarlos. No conoce bien la ciudad de Colima, no sabe con quién más hablar.
La UNAM no emitió ningún pronunciamiento sobre el fallido diálogo de este viernes en la Prepa 7, que se sumó a la falta de acuerdos el jueves en Prepa 9, a una semana de que debieron reiniciar las clases.
La mesa de diálogo realizada este 10 de enero entre alumnos que mantienen tomada la Prepa 7, Ezequiel A. Chávez, y autoridades escolares fracasó, por lo que el plantel seguirá sin clases. Al encuentro no acudió la directora interina, sino solo representantes universitarios, por lo que los jóvenes decidieron que quieren contacto directamente con Rectoría.
A las 10 de la mañana estaba citado el encuentro en la reja de la Prepa. Al interior había poco menos de 100 jóvenes, que no estaban encapuchados: la regla fue que para sentarse a hablar había que mostrar el rostro. Al exterior, representantes de la dirección general de Escuela Nacional Preparatoria (ENP), del plantel, del abogado general de la UNAM, de la defensoría de Derechos Humanos y de la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD).
El diálogo empezó con testimonios de los alumnos contra sus profesores: algunos anónimos leídos por compañeros, otros de viva voz. La letanía duró más de una hora e incluyó a alrededor de 20 maestros. El que ha tocado a alumnas en el cuarto oscuro mientras revelan fotos; el que pide a las chicas con falda sentarse adelante; al que señalan de homofóbico porque a estudiantes gays les ha preguntado si ya se hicieron “la jarocha” (operación de cambio de sexo), para cambiarles el nombre; el que es racista; el que dice que las mujeres solo sirven para tener hijos; la que cobra por los materiales de clase; el que pide dinero cuando alguien va a reprobar…
Los representantes universitarios tomaron notas y agradecieron la valentía de los muchachos. Pero insistieron en la que ha sido la postura institucional: que hacen falta denuncias formales. Ante lo cual, los jóvenes se quejaron de que no les tomaban las denuncias o no pasaba nada con ellas.
Uno de los puntos exigidos en esta Prepa, como en otras, es la destitución de los abogados del área jurídica. Apenas este viernes la UNAM les dijo que ya habían sido separados de su cargo, a pesar de que antes se había dicho que ninguna destitución se podía hacer mientras la escuela estuviera tomada.
Las acusaciones de los jóvenes llegaron hasta la entonces directora, María del Carmen Rodríguez Quilantán. Una chica contó que cuando organizó un “tendedero” con fotos y quejas de los maestros, cansada de que al interior nunca se hiciera nada contra ellos, la Dirección la mandó llamar para decirle que dejara el activismo, o se arriesgaba a perder definitivamente su lugar en la UNAM. Otro joven relató que pertenece a un grupo deportivo y que cuando en 2018 se organizó un movimiento contra la presencia de porros en la Universidad, la directora les dijo: “Se les va a necesitar para calmar a los demás”, y trató de presionarlos para que violentaran a otros estudiantes, pero ellos no accedieron.
Otro de los puntos del pliego petitorio de los estudiantes es directamente contra la exdirectora y todo su equipo de trabajo. El paro en Prepa 7 inició el 19 de noviembre, justo el día en el que se presentaría una terna para elegir nuevo director o directora de la escuela, en la cual podía estar apuntada Rodríguez Quilantán para un nuevo periodo. Este proceso quedó interrumpido y el cargo de la directiva terminó el 13 de diciembre, por lo que se nombró un interinato. Según la legislación universitaria, podía ser el profesor decano del Consejo Interno, o la secretaria general, Diana Labastida, considerada una especie de subdirectora, que fue quien se quedó en el cargo y que los alumnos inconformes rechazan.
Después de más de cuatro horas de iniciada la mesa, en la que autoridades ofrecían levantar nuevas denuncias, porque si no, no habría cese de maestros por presunción de inocencia, y los alumnos mantenían su desconfianza por la falta de atención que han sentido hacia estos casos, el diálogo se levantó.
Los alumnos que mantienen tomada la Prepa 7 hicieron pública una carta en la que respondieron a las declaraciones hechas un día antes por el rector Enrique Graue, reprobando el paro que se mantiene en las Prepas 7 y 9 y en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo invitaron a que él directamente entable un diálogo con la comunidad estudiantil, ante la imposibilidad de las autoridades de cada plantel para resolver el conflicto.
“En caso de que el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers rechace o simplemente esté ausente en esta mesa de diálogo demostrará su desinterés en las problemáticas de la comunidad estudiantil”, señalaron.
La UNAM no emitió ningún pronunciamiento sobre el fallido diálogo de este viernes en la Prepa 7, que se sumó a la falta de acuerdos el jueves en Prepa 9, a una semana de que debieron reiniciar las clases.
En Filosofía y Letras será hasta el miércoles 15 de enero cuando haya un nuevo encuentro entre autoridades y paristas para tratar de llegar a una solución para reabrir la Facultad.
Comentó que bajo su opinión, la forma en la que mantienen silenciadas a las familias de desaparecidos es dándoles dinero y ahí es a donde se va todo el presupuesto de esta comisión.
Debido a la alza que ha estado habiendo en la ciudad, María Isabel Cruz Bernal, del colectivo de Sabuesos Guerreras, comentó la mañana de este viernes que las autoridades deben «ponerse las pilas», ya que al parecer no entienden que el tema de los desaparecidos en lo que va de este año ha sido terrible.
Ante los casos de alertas amber, explicó que en la actualidad hay cinco activas, sin embargo lamenta que los elementos de seguridad no estén trabajando como deberían, ya que «las horas clave son las primeras por lo que las autoridades deberían agilizarse en sus movimientos».
Por esta razón, Isabel dio el llamado al Comisionado Estatal de Búsqueda, Juan Carlos Saavedra Ortega, con el motivo de que si no está cumpliendo bien su trabajo, simplemente renuncie y de esta manera desde el gobierno busquen a alguien que si pueda realizar las labores de la comisión.
«Simulan que buscan, lo acaba de decir el comisionado en su entrevista».
El que no se avance en estos temas, explicó, es preocupante y demuestra que se tienen en la cabeza a personas que no están sensibilizadas con temas de derechos humanos ni perspectiva de género, ya que tantas personas desaparecidas es algo preocupante.
Se cuestionó hacia donde va todo el dinero que se está gastando la Comisión de Búsqueda, ya que el comisionado señaló que gastaron 5 millones de pesos en 35 búsquedas, de las cuales no tuvieron resultados positivos.
«¿Cómo es posible y a dónde se va ese dinero?, entonces está simulando que está buscando… Ellos no hacen nada», dijo.
Comentó que bajo su opinión, la forma en la que mantienen silenciadas a las familias de desaparecidos es dándoles dinero y ahí es a donde se va todo el presupuesto de esta comisión.
Marchas paralizan tránsito en ciudad de Toluca; gobierno analizará tarifa especial a estudiantes
Toluca, Méx.— La movilización de colectivos, estudiantes de la UNAM, UAEMéx, IPN, FES Cuautitlán y ciudadanos contra el tarifazo en el Estado de México dejó un saldo de tres jóvenes detenidos por policías municipales de Tlalnepantla —efectivos que patearon a mujeres en la protesta— así como enfrentamientos verbales entre agentes estatales y manifestantes en Toluca, y el bloqueo de vías primarias en varios puntos de la entidad por más de cuatro horas.
Los integrantes del Movimiento Contra el Tarifazo Edoméx entregaron al Congreso mexiquense, a las secretarías de Movilidad, Justicia y Derechos Humanos, un pliego petitorio con seis puntos en el que demandan —sobre todo a diputados de Morena—, que exijan la destitución del secretario de Movilidad (Semov), Raymundo Martínez Carbajal, y revertir el alza de dos pesos a la tarifa del servicio concesionado, vigente desde enero de 2020.
Tras las protesta, el gobierno estatal informó que el titular de la Semov sostendrá una reunión con empresarios del servicio concesionado de mediana capacidad de transporte público en la que se prevé firmar un convenio para que las personas de la tercera edad y estudiantes paguen sólo 10 pesos de pasaje y no 12 pesos en los primeros cinco kilómetros de recorrido.
La determinación, dijo Martínez Carbajal en un comunicado, “ayuda a la economía de esos sectores de la población. El compromiso del gobierno mexiquense es atender de manera prioritaria y permanente a los grupos vulnerables, como son los dos mencionados, a fin de otorgarles tarifas especiales”.
Ayer se registraron protestas, sobre todo de estudiantes, contra el incremento al pasaje.
En Tlalnepantla, cerca de las 13:00 horas estudiantes del IPN, UNAM , UAEMéx y FES Acatlán marcharon desde la explanada de Tlalnepantla hasta la vía Gustavo Baz, donde se ubican las oficinas de la Secretaría de Movilidad. Durante el bloqueo en ambos sentidos de la vía, policías municipales patearon a varias mujeres que participaban en la protesta, además de que detuvieron de forma “arbitraria” a Saúl Carmona, Marco Meléndez Ortiz y José Antonio Ocampo, jóvenes acusados de lesiones contra policías, daño y obstrucción de vías. Ahí llegaron efectivos con brazaletes de la Guardia Nacional.
Más tarde, en Toluca, desde las 15:00 horas y hasta las 18:45 horas, los estudiantes bloquearon diversos puntos de la capital. En el Palacio de Gobierno, los estudiantes reclamaron el reforzamiento de la seguridad en la zona donde había al menos 100 efectivos. Al no poder entrevistarse con el titular de la Semov, marcharon hacia la Terminal de Autobuses y ahí bloquearon Paseo Tollocan, lo cual culminó cerca de las 19:00 horas y acordaron protestar el 17 de enero.
Vecinos protestan en avenida Cuauhtémoc, contra ampliación de Línea 3 del Metrobús. | Jorge Becerril
Jorge Becerril / Milenio
Los manifestantes muestran pancartas en los semáforos de la avenida, a la altura de Eugenia, sin bloquear la circulación.
Habitantes de la colonia Narvarte protestan en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Eugenia, en contra de la ampliación de la Línea 3 del Metrobús.
Los manifestantes muestran pancartas en los semáforos, sin bloquear la circulación vehicular, y prevén realizar una clausura simbólica a las obras de ampliación.
La policía capitalina recomendó como alternativas viales las avenidas Universidad y División del Norte.
Desde hace varios días habitantes de la colonia Narvarte han manifestado su inconformidad para la extensión de este transporte público a través de bloqueos y manifestaciones.
Amanece Celaya en semáforo rojo, podrían declarar precontingencia ambiental en el transcurso del día.
Por: José Trinidad Méndez Valadez / AM León Guanajuato, 10 de enero de 2020
León, Guanajuato.- El Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (Seica) informa que Celaya amanece en semáforo en rojo, por altos niveles de contaminación, por lo que se podría declarar en el curso del día una Precontingencia.
Los municipios de Silao, Irapuato y Salamanca, también presentan altos niveles de contaminación, pero en semáforo amarillo de “no satisfactoria”.
León es el único municipio del Corredor Industrial que presenta una calidad de aire como “buena”, semáforo azul, con niveles menores a los 54 PM10, partículas en suspensión.
Quema principal causa de contaminación
En Celaya la estación de San Juanico registró niveles de 188 PM10, lo que generó la alerta de semáforo en rojo.
Se informó que una de las principales causas de la contaminación sigue siendo la quema indiscriminada esquilmos, pata de sorgo, en el campo, y pastizales, lo que generan grandes columnas de humo, perceptible a varios kilómetros.
VALLADOLID, MX.- Las más de 300 mujeres artesanas que conforman las 35 agrupaciones que ocupan los locales del Centro Artesanal “ZacÍ”, se oponen al turismo secuestrado que maneja Xcaret, es por eso desde hoy la empresa anunció su retiro de las instalaciones.
“Las ganancias que nosotros obtenemos es a través del turismo local, nacional y extranjero, pero aquellos que vienen por su cuenta y no las personas que vienen secuestradas por guías de Xcaret y otras empresas que no les permiten ni entrar a los locales y hacer compras”, aseveró María Aída Poot Chan, representante de los 35 grupos de mujeres artesanas.
Tras la llegada de trabajadores del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán (Cultur), en representación del director general, Mauricio Díaz Montalvo, a las instalaciones del centro artesanal para anunciar de manera oficial el retiro de la empresa Xcaret, Poot Chan dijo que se enteraron de la llegada de la empresa a través de una invitación que les hicieron llegar el miércoles en la noche que decía de la siguiente manera:
“Tienda Xangarito del grupo Xcaret. Estimado artesano, te invitamos a que el día jueves nos acompañes a conocer el desarrollo de nuestro proyecto tienda Xangarito, que estará ubicado en el centro artesanal de esta bella ciudad. La cita es a las 9:00 a.m. en el interior del centro artesanal, esperamos contar con su presencia”.
Ante dicha invitación, las artesanas se reunieron muy temprano el jueves para establecer la forma en la cual demostrarían su inconformidad ante el establecimiento de esta tienda y fue así como lo hicieron de manera pacífica.
“Entendemos que Xcaret quería venir a un espacio que no le corresponde porque la empresa a donde quiera que llega se adueña de todo y ese es nuestro temor porque el centro artesanal fue creado para nosotras las artesanas y no es justo que una empresa tan prestigiada venga”, añadió la mujer que representa a otras que diariamente viajan desde comisarías vallisoletanas como Dzinup, Ebtún, Tixhualactún, Xocén y Tikuch.
Poot Chan explicó incluso que hay grupos de artesanas que tienen que compartir locales, pues sólo hay 26 para los 35 grupos y hay otros dos espacios, ubicados en la parte de enfrente que están cerrados y uno de ellos es el que ocuparía Xcaret.
Tras el comunicado de prensa que envió Cultur, en el que señala que la directora Ejecutiva de Operaciones de Xcaret, Elizabeth Lugo, dijo que desde el pasado 1 noviembre firmó un convenio con Cultur por tres años, a fin de colaborar de manera productiva en Valladolid, con la posibilidad de generar una derrama económica importante a ese mercado artesanal, las artesanas se niegan rotundamente a colaborar con la empresa.
Incluso, en el comunicado se señala “en ese convenio nos comprometimos, entre otras cosas, a generar un espacio comercial acorde con el concepto del Centro Artesanal, garantizando en todo momento que los productos que ahí se comercializaran, no generarían competencia alguna a ninguno de los artesanos, sino por el contrario, les daría la magnífica oportunidad de tener una enorme exposición de sus productos artesanales a más de 200,000 visitantes anuales de los “tours” a zonas arqueológicas que Grupo Xcaret tiene en esa zona”, pero desde hoy se ha dejado de lado la posibilidad de trabajar en ese espacio.
Cabe señalar que las mujeres dicen luchar por estos espacios dignos, ya que hace más de 12 años estaban en el parque central y a través de un acuerdo con el Gobierno del Estado, se les otorgaron estas instalaciones que anteriormente correspondían a una escuela llamada “Delio Moreno Cantón”.
Actualmente cada grupo está conformado entre 10 y 15 personas, incluso hay uno que está integrado por 28 mujeres, todas dedicadas al sector textil, y hay días en los que cada grupo vende solamente una o dos blusas, aunque reconocen que hay temporadas altas, pero con lo que obtienen en ganancias tienen que pagar una renta actual de 1,042 pesos.
Tras la visita de los trabajadores del patronato de Cultur, las mujeres indicaron que buscarán un encuentro con el director general para que se les apoye con publicidad para promocionar el centro artesanal y reiteraron que no aceptarán el ingreso de alguna empresa turística, pues es un espacio para artesanas.
Cabe señalar que el grupo Xcaret ya cuenta con un proyecto denominado “La Casona”, en el centro de Valladolid, en donde se promociona la gastronomía de Yucatán a través de diversos platillos de la región.
Al interior de la misma hay un local denominado “El Corazón de Zoila Rosa”, en donde es posible hallar diversas artesanías mexicanas, por lo que las mujeres del Centro Artesanal “ZacÍ” afirmaron que no quieren terminar siendo empleadas de este grupo.
Cabe señalar que a finales del año pasado, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció nuevas inversiones por 11,164 millones de pesos en el sector turístico, y dentro de las empresas que concretaron esta inversión se encuentra el grupo Xcaret, el cual anunció una inversión total de 3,314 millones de pesos para la construcción de 3 hoteles boutique en las zonas oriente del estado.
Cada hotel tendrá 33 habitaciones y se prevé que las obras se terminen en 2021, no obstante, se estima que próximamente culminen las obras del parque natural Xibalbá, el cual estará ubicado también el oriente del estado, y con el cual las inversiones por parte del Grupo Xcaret ascenderán a más de 5 mil millones de pesos.
Mérida, Yucatán; (ACOM).- La sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) anunció hoy un paro de brazos caídos a manera de protesta por la falta de recursos federales.
Eulogio Piña Briceño, secretario general de la sección, aseguró que la instancia estatal ha ignorado a las peticiones que se les ha hecho desde que inició la actual administración estatal.
El dirigente se reunió con unos 100 trabajadores que iniciaron la protesta este día en la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud estatal, ubicada sobre Circuito Colonias, en donde les externó su respaldo y anunció que continuará las gestiones que hoy se solicitan.
“Lo único que les quiero decir, los pagos retrasados, los uniformes, hay infinidad de cosas, los uniformes que se dieron hasta la fecha, no todos han recibido, ni siquiera la primera parte, independientemente de la calidad de los uniformes. Cuando se les dice a las autoridades afirman que lo revisarán pero después, no te cumplen”, dijo.
Los trabajadores denunciaron que se ha violado los derechos laborales en dicha jurisdicción sanitaria, en temas como falta de uniformes, falta de pago de estímulos a los que tienen derecho, así como grandes carencias en cuanto a seguridad e higiene en su centro de trabajo.
De igual manera, denunciaron que se les ha hecho descuentos a sus salarios sin justificación, además de que aseguraron que la Secretaría de Salud ha incumplido con pagar prestaciones que sí se les descuenta. Por ello, decidieron tomar medidas de presión para que las autoridades cumplan con sus demandas.
Asimismo, advirtieron que hubo despidos de personal, como es el caso de Hervé Novelo, aunque el propio Eulogio Piña aseguró que esto ha sido una constante en la actual administración.
“Si nosotros permitimos que despidan a un solo trabajador de base federal, además de la manera más injusta, ya abrimos la puerta para que hagan los despidos que ellos quieran, como han hecho a nivel estatal, y no ha habido una respuesta de parte de su secretario general, más de 3 mil trabajadores fueron despedidos y su secretario general no dijo esta boca es mía”, apuntó.
Ante todos los señalamientos, los trabajadores optaron por iniciar el paro indefinido, aunque la dirigencia del sindicato amenazó con tomar las oficinas de la dependencia estatal, en el barrio de Santiago, si no se cumple con las demandas de los trabajadores.
Piña Briceño dejó en claro que esto dependerá de las negociaciones que haya con las autoridades, y afirmó que se dio de plazo los primeros días de la próxima semana para el cumplimiento.
Otros trabajadores presentes denunciaron que recientemente se dijo que no les pagarían una prestación denominada “Concepto 30”, por lo que pidieron a su líder determinar si esto es cierto.
Asimismo, se le pidió hacer extensiva la manifestación a los trabajadores de las otras tres jurisdicciones, de modo que las autoridades vean la unión que hay en el gremio, lo que se ofreció analizar.
El líder sindical adelantó que ningún trabajador será sancionado por participar en la protesta, aunque les pidió a todos unirse a la misma.
Posteriormente, se retiró a las oficinas de la Secretaría de Salud a iniciar las gestiones en torno a las peticiones de los trabajadores.
Cansados de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no libere los recursos para el pago del retroactivo salarial y de prestaciones correspondientes al 2019, decenas de profesores de los 72 planteles del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) realizaron ayer manifestaciones pacíficas con carteles y pancartas para exigir a la Federación el depósito de los recursos a la nómina de los dos mil 400 maestros afectados.
La medida, tomada previo acuerdo entre las delegaciones del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México (Sitem), se realizó en tiempo de descanso u “horas libre” para no afectar a los estudiantes en la impartición de clases durante la jornada.
Los docentes afectados comentaron que continuarán con estas medidas de presión hacia el Gobierno Federal y en dado caso que la SHCP no libere los recursos antes de la siguiente semana, emplazarán a una huelga de “brazos caídos” hasta que se les deposite el pago faltante.
Elvira Caamal Vázquez, secretaria general del Sitem en Yucatán, recordó que desde el 15 de mayo el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó con la Secretaría de Educación Pública (SEP) un incremento de 3.35 sobre el salario y 1.8 en prestaciones para todos los maestros.
Indicó que a los profesores de educación básica el retroactivo se les otorgó en junio del mismo año; sin embargo, a los docentes del Cobay (al tratarse de un organismo descentralizado) se les ha dado “largas” con el pretexto de que se realizan las gestiones, aunque ya han pasado casi ocho meses.
Comentó que después de dialogar con las delegaciones del organismo, se acordó realizar manifestaciones pacíficas. A esta acción se sumaron las sedes de Valladolid, Teabo, Acanceh, Seyé, Hunucmá, Cholul, Cuzamá, Dzidzantún, Popolnáh, Chankom, Progreso, Umán y Dzilam González.
Fernanda Duque/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Los 422 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Quintana Roo comenzaron el año con un paro de brazos caídos que afecta a alrededor de mil 500 alumnos que están en proceso de regularización.
Cristina Berlanga Enríquez, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores del Cecyte en la entidad (Sitacecyteqroo), explicó que los colaboradores de los nueve planteles en el estado emprendieron esta medida debido a que no se les ha otorgado el retroactivo salarial que se les adeuda desde el año pasado y porque les continúan pagando sus prestaciones conforme el salario que cotizaban en 2018.
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“Desde febrero del 2019 se autorizó un incremento salarial para nosotros que es del 4.35%, pero hasta la fecha no nos dan fecha del pago de este retroactivo”, dijo la entrevistada.
El principal motivo que señalaron las autoridades del ámbito local, fue que el gobierno federal no ha aportado el recurso suficiente para hacer efectivo el incremento a los docentes y administrativos de este subsistema.
Sin embargo, la titular del Sitacecyteqroo señaló que en otros estados (que tampoco obtuvieron los fondos necesarios), ya se actualizó el monto del pago de las prestaciones utilizando dinero de la entidad, “es decir que a ellos sí los han apoyado con recurso estatal”.
“No es posible que ya iniciamos el 2020 y nosotros sigamos recibiendo salario de 2018, todo el año pasado la situación fue la misma. Como trabajadores ya estamos cansados de estar peleando cada una de estas prestaciones que nos corresponden por ley, pero solo se ‘echan la bolita’ entre el estado y la federación, y nadie nos resuelve”, dijo.
Cabe recordar que en varias ocasiones durante el 2019 este subsistema convocó a paros, afectando a más de 11 mil estudiantes, quienes perdieron días de clase, debido a la inconformidad salarial de los trabajadores.
En esta ocasión, alrededor de mil 500 alumnos son quienes están siendo perjudicados, debido a que son quienes están llevando algún proceso de regularización, previo al inicio de clases, programado para el 20 de enero.
“Esperemos que la situación se resuelva antes de esta fecha porque a los maestros del Colegio de Bachilleres ya se les pagó, solamente quedamos nosotros, una vez más somos los últimos”, señaló.
Con una capacidad de almacenamiento de 2,040 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, lo que es igual a 816 mil albercas olímpicas, la megapresa de jales de Buenavista del Cobre, de Germán Larrea, se levanta como una nueva amenaza hacia la población de los 7 municipios de Sonora que, además, siguen exigiendo remediación efectiva por el derrame de lixiviado de cobre de hace 5 años en la misma mina.
“¡Lo puso Grupo México!”, grita un niño a la pregunta de quién puso un cine en la plaza principal de Huépac, en Sonora. El niño, de unos 4 años, quizá no sepa que esa misma empresa que hoy le da diversión, afecta desde hace muchos años su vida y la de su familia y vecinos, debido a la contaminación ambiental. Sus amigos mayores parecen saberlo y mientras le dicen que se calle, él señala a dos mujeres y asegura que ellas son las trabajadoras que montaron una pantalla y un proyector para que pudieran ver Toy Story 3. Ellas, con la intención de huir, tímidamente aceptan que sí, son parte del departamento de desarrollo social de la minera propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Las empleadas de Grupo México prometen que se pondrán en contacto para agendar una entrevista, cosa que hasta el cierre de este reportaje, no sucedió.
Hay muchas actividades estos días de octubre: talleres para emprendedores, cine club, presentación de espectáculos musicales y rodadas en bici, organizadas por Grupo México de la mano de los Ayuntamientos. Estos eventos suceden al mismo tiempo que cuatro servidores públicos de las áreas de Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), recorren siete municipios de Sonora para escuchar a las personas afectadas por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviado de cobre de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, ocurrido en agosto de 2014.
La preocupación principal de la gente es clara; la falta de acceso al agua limpia y el contacto con agua contaminada, dado que no hubo una remediación real después del derrame, provoca miedo, desconfianza y enfermedad en la gente. Destaca lo que varios pobladores apuntaron en las reuniones y en entrevistas con PODER, el calvario no ha terminado para ellos y ahora además, enfrentan la amenaza de una nueva presa de jales que está construyendo Grupo México adentro de su mina.
El Proyecto Nueva Presa de Jales para Buenavista del Cobre, es la pieza clave en el proyecto de expansión “Gran Visión”, de Grupo México, y se suma a los demás factores que ya ponen presión al acceso al agua de la Cuenca del Río Sonora: concesiones de agua para proyectos mineros pero obstáculos para los pobladores que quieren renovar sus permisos, así como la contaminación del agua provocada por Buenavista del Cobre hace cinco años.
La radiografía de la megaempresa
“Se alcanza a ver desde el camino, es un muro grandísimo. Es algo inmenso, sólo se ve una parte, pero ha de estar gigante por dentro”, dice Gloria Simpson, habitante de Bacanuchi, a PODER. Se refiere a la cortina contenedora de la presa de jales, que una vez terminada medirá 175 metros de alto y 10 kilómetros de largo. Ya actualmente la cortina contenedora por arriba tiene 20 metros de ancho, que son usados como camino para los vehículos de Grupo México y sus proveedores contratados para la construcción de la presa.
La presa de jales sirve para depositar los residuos resultantes del proceso de separación de metales en la mina. Los residuos que se depositan incluyen solventes contaminantes, pero no minerales ni ácido, a diferencia de lo que contenía el lixiviado derramado en 2014.
Sólo 27 kilómetros, casi lo mismo que recorren en un par de horas quienes hacen el medio maratón de la Ciudad de México, separan a Bacanuchi de la presa, que ocupa 3,326 hectáreas de superficie y tiene capacidad de almacenar 2,040 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, o lo que es lo mismo que 816 mil albercas olímpicas. Para más contexto, dentro del vaso de almacenamiento, cabría el poblado de Bacanuchi 138 veces.
El miedo de la gente es que un derrame proveniente de la nueva presa de jales podría arrasar con todo el pueblo de Bacanuchi y sus habitantes, y afectaría de forma directa a más de un millón de personas, incluidas aquellas que viven en los siete municipios que usan el río como forma de vida.
Lejos queda la idea de comunidad que quiere generar Grupo México con sus eventos después del amparo ganado por Bacanuchi en 2018. El reclamo era que la empresa había iniciado en 2013, y con un Informe Preventivo aprobado por las autoridades, las obras de la presa de jales sin consultar a las comunidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a las autoridades responsables a informar sobre los aspectos técnicos de la presa, las medidas preventivas y garantizar su derecho a la participación.
Para la implementación de esa sentencia, el 5 de julio de 2019 la Semarnat tuvo una reunión en Bacanuchi, donde recogió las preocupaciones de las comunidades sobre la nueva presa de jales y se comprometió a que la Profepa haría una inspección para verificar que Grupo México estuviera cumpliendo con las medidas de prevención y mitigación. Los resultados debieron llegar en octubre, según su compromiso. Pero han pasado más de dos meses desde esa promesa y las autoridades no han devuelto a la comunidad las conclusiones de la inspección.
Las irregularidades
Del análisis del Informe Preventivo se desprende que Buenavista del Cobre no cumplió con requisitos estipulados en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. No identificó ni estimó adecuadamente las emisiones, descargas y residuos, así como medidas de control. No describió todas las posibles sustancias generadas producto de las operación de la mina y que serán llevadas a la presa de jales.
En cuanto al agua, en el informe la empresa no demostró que no pondría en peligro los cuerpos de agua, pues “no incluye en su análisis los impactos que genera en la zona de recarga del acuífero del río Bacanuchi”, según informó PODER en julio de 2019 1.
En un inicio tampoco se explicó a profundidad cómo resolvería emergencias derivadas de un posible derrame, colapso por inestabilidad o sobresaturación de la presa. La NOM-141-SEMARNAT-2003 indica que si hay un acuífero vulnerable o hay aprovechamiento alrededor y el jal es peligroso, deben construirse obras de ingeniería complementarias que garanticen la no afectación de los acuíferos.
Así que actualmente se pueden ver pequeñas bardas construidas a 2 kilómetros de la cortina contenedora, que supuestamente detendrían un derrame. Sin embargo, estas bardas no parecen tener proporción con la cantidad de desechos que la presa es capaz de contener y que podrían liberarse en un accidente. La empresa aceptó en su Informe Preventivo que existe “un riesgo para el sitio del proyecto que podrá afectar las aguas subterráneas del acuífero de Bacanuchi con las aguas contaminadas de jal”.
Sobre la NOM-141-SEMARNAT-2003, la empresa señala en su informe que la cortina contenedora siguió los lineamientos de la misma y que realizó un estudio de estabilidad para probarlo. Pero no ha hecho público ese estudio, ni lo anexó en su Informe Preventivo, por lo que es imposible conocer si la cortina cumple con los requisitos de seguridad sin desglosarlos ni comprobarlos.
Profepa informó el pasado 6 de septiembre que del 19 al 23 de agosto realizó la inspección de la megapresa de jales. Todavía no se conocen los resultados de la misma.
Quiénes construyen la presa
El Proyecto Nueva Presa de Jales forma parte de la planta Concentradora de Cobre II, que a su vez es parte del plan de expansión de Grupo México, llamado Gran Visión y que se proyecta que dure hasta 2055. La expansión también incluye el sistema de bandas Quebalix IV, una planta ESDE III, un patio de lixiviación llamado Tinajas, la construcción de 3 represos (Tinajas 1, Tinajas 2 y Álamos) y un área de Tepetate llamada Tinajas (terreros de desecho de cobre menor a .25%), según documentó PODER en 2015.
Los esfuerzos de construcción de la presa de jales, y en general para la expansión de la mina, son enormes. Y no sólo es Grupo México la involucrada. La empresa ha contratado a otras compañías para lograr su objetivo de ser la mina de cobre más importante en América Latina.
Los proveedores o subcontratistas de Buenavista del Cobre suman a 52. Aunque no se puede conocer los contratos entre las empresas privadas, sí se pueden conocer qué contratos públicos tuvieron al menos 42 de esas empresas aliadas de Grupo México en la expansión de su mina.
Desde 2009, cinco años antes del derrame de lixiviado de cobre, que es el mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México hasta la fecha, el gobierno de México erogó a esas 42 subcontratistas de Grupo México más de 47 mil millones de pesos a través de 1,327 contratos, de los cuales 482 fueron dados en adjudicación directa. Sólo 10 de esas firmas, como ICA Flour Daniel, Siemens y Grupo Construcciones Planificadasson las involucradas en la construcción de la Concentradora de Cobre II, y ellas pero suman más de 41 mil millones de pesos por 829 contratos públicos.
Y aunque sí existió una sanción por el derrame de 2014 de lixiviado de cobre por 23,565,938 pesos de multa, además de los 2 mil millones de pesos para el Fideicomiso Río Sonora 2 (de los cuáles se aportó sólo el 60% y que fue cancelado por la empresa y el gobierno de forma unilateral), las empresas detrás de la expansión de Buenavista del Cobre podrían haber pagado la sanción 28 veces sólo con sus activos provenientes de los otros contratos con el gobierno en los últimos 10 años.
Descrubre a las contratistas de Grupo México
Desconfianza justificada
Los habitantes no quieren la nueva presa de jales, así lo expresaron a los representantes de Semarnat y Profepa durante las reuniones. Después de que en cinco años desde el derrame no han recibido la remediación prometida y merecida, no tienen ninguna razón para confiar en las nuevas promesas de la administración de Andrés Manuel López Obrador ni en las de Grupo México; sin embargo, asisten a cada reunión para expresar su malestar.
“El miedo es que pueda volver a suceder un derrame, que todo se traslamine y contamine los mantos. Es una bomba de contaminación”, dice Elda León, habitante de Banamichi, sobre la nueva presa de jales, a Alicia Tamez y Miguel Sánchez, del área de participación ciudadana de Profepa y a Víctor Larraguivel y José Luis Bravo, del área de participación ciudadana de Semarnat, durante la primera reunión con pobladores afectados por el derrame de hace cinco años.
A la par que algunas personas toman el micrófono (prestado por los mismos habitantes del municipio ante la desorganización de los servidores), para expresar su malestar, Larraguivel reparte formatos para que quienes no desean hablar, escriban sus peticiones. Pero los servidores públicos tampoco llevan plumas. De a poco algunas plumas van pasando de mano en mano, otra vez como préstamo de vecinos.
Después de esa primera reunión, los servidores de Semarnat y Profepa se presentaron los siguientes días con bocina y plumas propias, escucharon atentamente e invitaron en diferentes ocasiones a que la gente participara.
En diferentes reuniones, José Luis Bravo Soto, Director de Participación Ciudadana de Semarnat, dijo que por órdenes del presidente, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, asistiría a Sonora en la semana del 20 de noviembre. Han pasado dos semanas desde esa fecha y nadie ha devuelto propuestas resultantes de las reuniones a los pobladores de los municipios visitados ni se ha presentado el secretario en la región.
PODER solicitó entrevista con Benjamín Berlanga, Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y de Transparencia de Semarnat, y a quien varios pobladores en Sonora expresaron que esperaban ver en las reuniones de octubre, para preguntar sobre las acciones a tomar después de los encuentros con los habitantes. Pero de último momento el servidor público no se presentó a la entrevista pactada.
Derechohabientes muestran recetas con leyenda de “medicina pendiente”. Tampoco hay dermatólogos
Felipe Cárdenas/El Sol de San Luis
10 enero 2020
Desde diciembre pasado centenares de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí no han recibido su medicamento para el control de sus enfermedades crónico degenerativas.
El argumento del personal del IMSS es que el Gobierno Federal no ha comprado la medicina, y por ende no han surtido las farmacias de las clínicas y hospitales de la institución.
Un caso específico es lo ocurrido en la clínica 47 del Seguro Social que se localiza en el barrio del Montecillo en la capital potosina donde los pacientes trataron de surtir sus recetas que tienen pendientes desde diciembre del año pasado y la respuesta en Farmacia fue “no hay”.
Los preocupados enfermos entregaron copias de sus recetas a El Sol de San Luis para sustentar sus dichos.
“Por si fuera poco yo tendría que ser atendida por un dermatólogo en el Hospital de Cuauhtémoc y me dijeron que no hay, que nadie quiere trabajar por el salario que ofrecen y la excesiva carga de trabajo que se tiene, ¿entonces qué voy a hacer? ya que mi diagnóstico es cáncer de piel”, narró la señora María Luisa N.
Lo mismo ocurre en otras especialidades donde las citas de seguimiento se programan con una diferencia de entre dos y tres meses, entre una y otra.
Propietarios de tierras donde se encuentra el parque eólico realizaron una protesta.
JUCHITÁN, Oaxaca.- Un grupo de propietarios de tierras del polígono del parque eólico “Biniza” (viento del sur), se movilizaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos de arrendamiento con la empresa Eólica del Sur, que se ha olvidado de las promesas.
Los inconformes cerraron el acceso a la subestación de este parque en Juchitán, lleva por nombre “Arquitecto Ignacio Chávez López”, exigiendo un diálogo con los representantes de la empresa eólica.
Así lo dio a conocer este jueves, Arturo Martínez Ruiz, encabezando a los inconformes quienes forman parte del comité Binni cubi, señalando que aún existen deudas a propietarios y que la empresa, propiedad de Mitsubishi México, se niega a cubrir.
Señaló que desde el año pasado se firmó un acuerdo con la empresa eólica; entre ellos, la basificación de los hijos de los propietarios, que llevan ya dos años laborando sin un contrato y sin gozar de ninguna prestación.
“Estamos luchando por ellos, para que tengan un trabajo digno y tengan por ley lo que les corresponde”.
Además, dijo que no se ha cumplido cabalmente con los pagos que les corresponde con la entrada en operación comercial de este parque -el 10 de diciembre del 2018- aunque fue inaugurado en mayo del año pasado.
Repudió la actitud del representante local de la empresa Eólica del Sur, Ramón Cruz Martínez, quien a pesar de ser istmeño, está convertido en un verdadero opresor, a quien dijo, le importan más sus intereses que el de los propietarios.
Los inconformes denunciaron también ser víctimas de amenazas; ya que hace unos días uno de sus compañeros fue llevado a la fiscalía regional en Tehuantepec, donde fue interrogado y prácticamente obligado a decir que era uno de los responsables del bloqueo de la subestación.
Pescadores alzan la voz
Apenas este miércoles, un grupo de pescadores ribereños agrupados en el Frente de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Juchitán, anunciaron una próxima movilización para mostrar su molestia contra la empresa Eólica del Sur, que se ha negado a cumplir con la entrega de apoyos para obra social.
El representante de la organización de Pescadores de la Séptima Sección de Juchitán, Sebastián Hernández Baltazar, señaló que los representantes de la empresa Eólica del Sur, otrora Mareña Renovables, se han negado sistemáticamente a cumplir con un acuerdo pactado hace años.
Dijo que el director general de Eólica del Sur, Eduardo Centeno Garza Galindo, los engañó al prometerles que los pescadores tendrían apoyos para obra social, si apoyaban a la empresa en la Consulta Ciudadana, que dio paso a la construcción del parque “Bi Nisa”.
Sin embargo, una vez que este proyecto fue aprobado y construido, Garza Galindo se olvidó de sus compromisos y se niega a cumplirle la promesa de los pescadores ribereños.
“Tenemos pendiente el apoyo del 2019; queremos que se entregue junto con el apoyo de este año para que se tenga una bolsa que pueda servir para la realización de obras de beneficio para los pescadores”.
En ese sentido señaló que el recurso serviría para realizar proyectos de desazolve y desmonte de seis pequeñas lagunas donde realizan sus actividades de pesca, acciones que vendrían a favorecerles mucho.
Indicó que las instancias del Gobierno del Estado ya están enteradas de este reclamo, por lo que esperan que su intervención permita una salida pronta al conflicto y no tengan que llegar a bloquear el parque.
“Vamos a bloquear los accesos y si podemos también la subestación eléctrica; buscaremos con estas acciones que se nos escuche y se cumplan con los acuerdos pactados”, advirtió sin revelar la fecha en que llevarán a cabo estas acciones.
Juan Martín Pérez, director de la Redim, dijo que el ataque de esta mañana no sucedió porque el pequeño estuviera influido por algún videojuego.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lamentó los hechos registrados en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde un menor de edad presuntamente disparó a sus compañeros y su maestra, y también señaló que este caso es producto del “contexto de guerra” que vive el país.
Juan Martín Pérez, director de la REDIM, dijo que el ataque de esta mañana no fue “un hecho mágico” ni sucedió porque el pequeño estuviera influido por algún videojuego, sino que fue producto de la violencia que se ha vivido desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.
En esta cultura de guerra y militarización que tenemos en el país, este pequeño de 11 años reproduce social y culturalmente esta dinámica de violencia armada, y claramente el mensaje que se tiene en el entorno es que las cosas se resuelven a través de la fuerza”, señaló Juan Martín Pérez.
Expresó que como en todos los países en guerra hay armas, por lo que hizo un llamado para que el gobierno de la República siga trabajando con Estados Unidos para inhibir el tráfico de armamento.
“El que este pequeño tuviera acceso a armas pequeñas y ligeras, pero al final letales, nos habla de esta cantidad impresionante que podemos mencionar por millones de armas pequeñas que circulan, ya sea porque las familias se quieren proteger y se arman de manera ilegal, sea porque están en un entorno de crimen organizado y circulan estos instrumentos letales”, dijo el experto.
También pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabajar para prevenir que más casos como éste ocurran, debido a que los menores de edad pueden presentar signos o alertas antes de cometer cualquier tipo de crimen.
La REDIM es una coalición de más de 70 organizaciones sociales dedicadas a la protección y promoción de los derechos de la infancia. El colectivo de ONG ha advertido el contexto de violencia en que viven los menores de edad y que deja un saldo de al menos cuatro niños, niñas y adolescentes asesinados al día.
Texto y fotos: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Después del incendio que afectó a más de mil locatarios del mercado de La Merced, el gobierno anunció que es necesario demoler y volver a construir la parte afectada. Los trabajos deberán estar listos en julio. Los comerciantes temen que sus negocios no sobrevivan los trabajos de restauración
“Nos cae mal la noticia”, dice Mariela Silva, locataria de La Merced, donde vende semillas y botanas finas. “No tenemos a dónde ir”. Unos momentos antes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que, por las afectaciones del incendio del pasado 24 de diciembre, una parte de la nave mayor del mercado tendrá que ser demolida y construida de nuevo.
En las últimas semanas algunos locatarios arreglaron, como pudieron, sus locales para seguir vendiendo y tener un ingreso mínimo. Muchos lo hicieron sabiendo que la demolición era una probabilidad. Hoy, la noticia es uno de los peores escenarios, pues significa que no podrán usar sus locales por el tiempo que duren las obra.
Como parte de la atención a los locatarios afectados, el gobierno de la ciudad aseguró que habilitará unas carpas en el estacionamiento norte de La Merced donde los comerciantes podrán seguir con sus actividades, pero muchos de ellos no tienen ninguna esperanza en que esto les vaya ayudar.
En febrero de 2013, el mercado sufrió un incendio mayor, por lo que miles de locatarios tuvieron que dejar sus locales para dar paso a la remodelación de la nave mayor. Desde esa fecha hasta ahora, muchos no han podido regresar a sus locales.
“Más que nada hay que aceptar la realidad. Si nos quieren chingar nuestros locales o no, es lo de menos. Ya de nada nos vale saber si (el incendio) fue provocado”, dice Darío Cruz, comerciante de La Merced. Su familia gastó cerca de 200 mil pesos para reparar uno de los locales que tienen, ahora temen que eso solo sume a las pérdidas que ya suma.
-¿Crees que en el estacionamiento puedan vender y seguir con su negocio?
Con la cabeza baja, moviéndola de lado a lado, responde: “Pues como dijeron ya los compañeros. Puede que sobrevivamos, pero puede que no nos podamos quedar ahí”.
Junto a él, está su esposa, Viridiana Huerta, cuya familia lleva ya muchos años en La Merced, recuerda lo que pasó con los locatarios que hace siete años fueron afectados por el incendio. “Ellos prácticamente renunciaron a su espacio. Los que estaban hasta adentro (en el lugar más remoto de donde los reubicaron) vendieron sus espacios. Muchos se negaron al lugar”.
Darío completa la idea. “Es como si te dijera ‘te doy un auto viejo’. Pues ya sabes que no va a funcionar y no lo quieres”.
Según el anuncio de las autoridades, las obras de reparación del incendio de hace 7 años estarán listas en julio, así también las del nuevo incendio, por lo que los locatarios no pasarán mucho tiempo afuera de sus puestos, pero la mayoría duda de que se pueda cumplir en ese tiempo.
Mientras los comerciantes dejan el auditorio de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se dio el informe, uno de ellos comenta: “Si ya ves cuánto se tardan construyendo un centro comercial, crees que un mercado tan inmenso lo vayan a hacer en siete meses. ¿Nada más cuánto se tardaron del último incendio para acá?”.
De acuerdo con los censos realizados por el gobierno, 500 locales fueron directamente afectados, mientras que hay otros 654 con daños indirectos. A las personas afectadas, el gobierno les ofreció un crédito de 25 mil pesos sin intereses a pagar en dos o tres años. También el seguro de desempleo de la Ciudad, un préstamo a fondo perdido que por seis meses que se le dará al locatario y a dos empleados por 2 mil 641 pesos al mes.
Sin matenimiento
Si bien el gobierno asegura que el incendio se debió a un corto circuito, y no nombra a un responsable, los locatarios creen que la mala administración del mercado tiene mucho que ver con los desperfectos que provocaron el incendio.
“En la parte nueva que abrieron no hay medidas de seguridad”, dijo otro de los locatarios durante la sesión de preguntas y respuestas que se organizó después del anuncio de las autoridades. “Apenas el jefe vulcano (uno de los bomberos) se subió al techo del mercado. Se dio cuenta de algo que ya sabíamos: en más de 50 años no se le había dado mantenimiento. Afuera hay cables, adentro hay cables, es un desastre. Ese es el problema”.
Viridiana Huerta asegura que para conseguir una línea de luz había que pedírsela y pagársela a la administración, que mes con mes cobra cuotas para la instalación eléctrica, pero es un servicio que no se debería cobrar, pues en el resto de los mercados de la ciudad es un servicio que se otorga sin costo adicional.
“También tiene mucho tiempo que los de protección no habían ido ni nada al mercado”, dice Viridiana. “Hacen mucha falta los señalamientos de protección civil, salidas de emergencia, puntos de reunión, todo eso sí hace falta. Antes, cada dos puertas había un extinguidor y un hacha, ahora ni eso hay, dejaron de existir”.
Entre las demandas de los locatarios al gobierno está el cambio de administración por una que “tenga verdadero sentido de servicio público”, pues la que existe actualmente solo se dedica a la extorsión por cualquier tipo de servicio que deberían dar, acusan.
“Ese es un factor que nos afecta mucho, el del administrador. Y la culpa es de todos”, dice otro locatario. “Yo no sé cómo es que los eligen, bueno, tú ya sabes cómo, pues con dinero. Digo, de qué otra forma podría seguir ahí”.
-¿Crees que la culpa del incendio tenga que ver con la mala administración?
“Sí, completamente, la culpa es de ellos”, lamenta. “Hacemos mucho que nosotros mismos nos echamos la soga al cuello”.
Entre otras demandas de los locatarios también está la liberación de los estacionamientos y los andenes de descarga, ocupados por ambulantes.
También piden una reubicación en condiciones adecuadas y dignas, libres de extorsión. Así como una mayor presencia policial en la zona, para seguridad de los comerciantes y de los clientes.
Hasta antes del incendio, los comerciantes estiman que en el mercado había un movimiento mensual de 225 millones de pesos que daba de comer a más de 150 mil personas. Temen que muchos de ellos queden en la calle, literalmente.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Durante el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, se ha incrementado en un 12% la violencia feminicida hacia las oaxaqueñas, denunció el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”(GESMujer) al contabilizar 384 casos de mujeres asesinadas.
Tan solo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 registraron 135 mujeres asesinadas y que lo convirtió en el año con mas violencia feminicida, aunque lo preocupante es que la Fiscalía General de Oaxaca no se contemplen como feminicidios los asesinatos violentos contra mujeres.
De acuerdo al monitoreo feminicida de GESMujer, la forma en que fueron asesinadas las mujeres y las niñas es otra expresión de misoginia y violencia extrema, ya que 82 de ellas murieron por impacto de balas, 12 fueron apuñaladas, a 8 se les asesinó a golpes, 3 fueron degolladas, 2 murieron a causa de quemaduras, 2 por asfixia, 1 por estrangulamiento y del resto no se especificó.
Detalló que en 2017 sucedieron 117 asesinatos violentos de niñas y mujeres, en el 2018 se incrementó a 123 y en 2019 se registraron 135 casos.
Al hacer un “recuento de los daños”, para el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, mencionó que “nos causa una profunda preocupación que aún y cuando la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca, se mantienen los altos índices de violencia feminicida.
Y agregó que no solo se mantiene sino que se extendió la violencia feminicida en Oaxaca aún con la Declaratoria de Alerta por violencia de Género y es que desde el 30 de agosto de 2018, a casi finalizar el 2019, 167 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, lo que significa que aún y cuando se hizo un llamado al gobierno estatal, de implementar acciones inmediatas para detener los altos niveles de violencia feminicida, no hay resultados que garanticen la libertad, la integridad y la vida de las oaxaqueñas.
De acuerdo a sus registros hemerográficos, un 65% han sucedido en municipios con alerta de género, lo que significa que un 35% ocurrieron en municipios sin alerta, lo cual podría significar que ante la falta de acciones contundentes por parte de los tres niveles de gobierno, no se ha logrado detener la violencia feminicida y más aún, que ésta se está extendiendo a municipios no considerados en situación de riesgo.
Por citar un ejemplo, Tuxtepec es el municipio que con 20 casos de asesinatos violentos de mujeres y niñas representa el 15% de la totalidad de casos en Oaxaca.
Considera que es urgente que las políticas orientadas a la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas, cuenten con una estrategia que pueda ser monitoreada, a fin de evaluar resultados.
Insistieron que durante la actual administración 384 familias han enfrentado el dolor de perder a una madre, una hermana o una hija, familias que son víctimas indirectas y que dan una dimensión más grave a la problemática, pues por cada caso hay una historia y una demanda de justicia que nunca reparará el daño.
Consideran que los altos niveles de impunidad en los casos de asesinatos violentos de mujeres y niñas, es una violación más a sus derechos humanos, pues se les niega el derecho de acceso a la justicia.
Mencionaron que Istmo, Valles Centrales y Papaloapan, son las regiones de mayor peligro para las mujeres.
En el 2019, la violencia feminicida se concentró con un 61% en tres regiones: Istmo 24%, Valles Centrales 19%, Papaloapan 18%. De acuerdo a los registros del GESMujer “Rosario Castellanos”, si bien han variado a lo largo del año, ubicándose a veces en primero, segundo o tercer lugar, lo que sí ha sido permanente es que éstas tres regiones son las de mayores niveles de violencia.
Respecto al perfil de las mujeres y las niñas asesinadas de manera violenta precisaron que el 45 % de las mujeres asesinadas de manera violenta correspondieron a mujeres en etapa productiva y reproductiva, tenían entre 16 y 44 años.
Con la limitada información con la que cuentan, en un 66% se desconoce la ocupación o la actividad a la que se dedicaban, pero de los datos con que sí se cuenta, se puede decir que eran amas de casa, estudiantes, maestras, comerciantes, agricultoras, ganaderas, empleadas, enfermeras, meseras, es decir era mujeres que aportaban con su trabajo a la sociedad.
Esta violencia feminicida genera también víctimas indirectas, hasta ahora invisibilizadas, sus hijas e hijos, quienes quedaron en la orfandad, pues se carece de información puntal de la cantidad de niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha arrebatado su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
Aun y cuando la ley establece que las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la supervivencia de niñas niños y adolescentes, un 3% de los asesinatos violentos lo sufrieron niñas menores de 15 años, por lo que urge investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida de estas niñas.
Finalmente dijo que existe desconfianza en la tipificación del delito de feminicidio y de acuerdo a la información disponible, en el 92% de los casos, se desconocía a la o las personas agresoras, lo que significa que en cada uno de esos asesinatos violentos se inició una carpeta de investigaciones, pero se desconoce si se abrió como feminicidio.
Ese es el primer criterio de controversia con la FGO, porque consideramos inaceptable que se les clasifique como homicidio, sin que medie una investigación que determine si las víctimas tenían alguna relación de pareja, laboral, escolar o cualquier otra que implicara subordinación con el agresor; o si habían sido previamente amenazadas, o que en sus cuerpos hubiera signos de violencia sexual.
Esta falta de actuación profesional quedó de manifiesto en el caso de la saxofonista María Elena, pues la carpeta de investigación se abrió por el delito de lesiones, sin que durante los tres meses de “investigaciones” hubieran identificado razones de género, aún y cuando se presentaron pruebas de que previamente había sido amenazada, por una persona con quien había tenido una relación laboral y sentimental. De ahí la desconfianza sobre la actuación de la Fiscalía porque no aplican el protocolo, como quedó de manifiesto ante la opinión pública y gracias a la presión mediática se reclasificó el delito como tentativa de feminicidio.
La desconfianza tiene historia, pues este año también se conoció el caso de la joven de 20 años María Eugenia, cuyo cuerpo fue abandonado en una playa de Puerto Escondido, quien había sido reportada como desaparecida, semidesnuda, con signos de violencia sexual, todos y cada uno son criterios para tipificar el delito de feminicidio, sin embargo para la fiscalía su determinación fue de muerte por asfixia.
Por ello nos preocupa que no se contemplen como feminicidios los asesinatos violentos de las 26 mujeres y niñas, cuyos cuerpos fueron localizados en lotes baldíos, parajes lejanos y solitarios, pues otro criterio para iniciar una carpeta de investigación como feminicidio es que el cuerpo haya sido abandonado, expuesto o arrojado en un lugar público, como fue en el 20% de los casos ocurridos en el 2019. Cabe mencionar que esta manera indignante de abandonar los cuerpos, es un acto de misoginia que expresa la desvalorización y el odio hacia las mujeres.
En menos de 30 años y desde que fue modificado el artículo 27 constitucional ejidatarios de Yucatán han perdido la propiedad social de sus tierras
Desde que la Ley agraria fue modificada, en 1992, hasta mayo de 2019, al menos 22 mil 600 parcelas que representan una superficie de 192 mil 600 hectáreas dejaron de ser tierras ejidales para convertirse en propiedad privada y hasta minifundios en Yucatán.
Este proceso es particularmente grave en la Península de Yucatán, donde se emplea la presión para que las comunidades y los campesinos cedan sus territorios para instalar megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas seudolegales, incluyendo consultas viciadas como el caso de San José Tipceh.
Otro esquema que representa un esquema de despojo es la “renta” de las tierras por sumas muy bajas, explica Sergio Madrid del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Existen contratos de renta por decenas de años, a precios muy bajos y con cláusulas para poder prorrogar otros 20 o 30 años el contrato de convenir a quien lo renta.
El despojo del territorio, la privatización de las rentas tiene consecuencias muy profundas, dijo.
No solo implica la pérdida de la tierra, sino la transformación forzada de los modos de vida ancestrales asociados a los territorio y a la alteración drástica de las relaciones sociales de las comunidades.
Los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas de Yucatán son quienes han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, son depositarios de recursos hídricos, así como del 60% de los bosques y selvas y al pasar las tierras a la propiedad privada se pierde esta custodia de la biodiversidad.
”Nosotros creíamos que mínimo nos iban a dar 2 millones de pesos para la gestión 2020, pero 402 mil pesos, creo que solo nos va durar un par de meses”, señaló el coordinador general del colectivo, Santiago Pérez Becerra.
Foto: Ilustrativa
Fernando Ulloa Isiorda / NNC.MX
Tepic Nayarit.-Santiago Pérez Becerra, coordinador general del colectivo Familias Unidas por Nayarit, ante diversos medios de comunicación declaró que fue muy poco el recurso que les destinaron a esta asociación civil.
Reveló, que a la Comisión de Búsqueda solo le asignaron 402 mil pesos para realizar acciones de búsqueda y localización de sus familiares desaparecidos o el rescate de los cadáveres.
Pérez Becerra, consideró que el recurso destinado para estas acciones es muy poco, pues dijo que los 402 mil pesos se deberán de aplicar durante todo un año: “nosotros creíamos que mínimo nos iban a dar 2 millones de pesos para la gestión 2020 pero 402 mil, pero yo creo que no va a durar más que escasos dos o tres meses o se va acabar y van a tener que dejar de hacer acciones de búsqueda”.
Especificó, que las acciones de búsqueda de familiares desaparecidos se realizan en las diferentes cárceles del país, lo mismo que en hospitales y en centros de rehabilitación contra las drogas en todo México: “y para estas acciones se requiere de personal para trasladarse a los estados, se necesita combustible, se requiere un experto para que pueda manejar los geolocalizadores, el que pueda manejar los drones, o sea, se requiere contratar personal que este capacitado en el tema, entonces no se puede hacer una acción de búsqueda en todo el Estado con únicamente 402 dos mil pesos para todo el año”.
Porque no ha habido un freno total como se prometió, habitantes de Juanacatlán interpondrán cuatro amparos colectivos, a fin de que se eche para atrás el proyecto de la termoeléctrica “La Charrería”, así como las obras del gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara.
Este jueves, en conferencia de prensa, habitantes refirieron la urgencia por actuar de todas maneras posibles para generar frenos reales por las vías jurídicas, ya que se corre el riesgo de que la empresa encargada de la termoeléctrica (Fiesterra), se ampare para continuar el proyecto.
Tan solo en diciembre pasado el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez anunció la cancelación de este proyecto por no ser viable en materia ambiental.
Sin embargo, habitantes de Juanacatlán exigieron congruencia pues al menos desde el municipio, el cabildo -incluyendo regidores de MC- no han hecho nada por revocar los acuerdos y demás acciones que dieron pie a que la termoeléctrica avanzara.
“Los regidores de MC se negaron a votar la revocación de los acuerdos que se llevaron a cabo en la administración anterior y que dieron pie al avance en las negociaciones del proyecto. No se revocaron los acuerdos sobre la aprobación del Programa de Ordenamiento Ecológico y de Desarrollo Urbano, ni el acuerdo para el cambio de uso de suelo para el gasoducto, el cual se aprobó de manera irregular”, refirió Humberto Castillo, uno de los habitantes de Juanacatlán”.
Si bien dentro del anuncio del Ejecutivo Estatal se dijo que el gasoducto seguía en pie por los avances que llevaba el proyecto, ciudadanos expresaron que existe el mismo riesgo de emisiones en Jalisco -que fue el argumento para frenar la termoeléctrica- por el uso de gas natural para combustión que de todas formas habrá en la zona.
Recordaron que parte de las afectaciones en la zona, con ambos proyectos, se registrarán de manera directa en la calidad del aire, pues habrá una desregularización de los ciclos para los procesos de producción de vida que el territorio todavía se dan, sin contar claro, los daños a la flora y la fauna.
“Los argumentos centrales (para los amparos) son los daños al territorio, al medio ambiente y a la salud de la población que ocasionaría la instalación y funcionamiento de la termoeléctrica; que no existen programas adecuados de ordenamiento territorial que correspondan al grave daño que existe en la región; y que no existió una consulta previa, libre e informada a la comunidad”.
Los amparos acusan o señalan a 19 instituciones, tanto federales como locales, y en ellos exigirán se respete el libre consentimiento del territorio que tienen como comunidad, así como congruencia de las autoridades locales y estatales en torno a frenar la termoeléctrica.
Jairo Magaña /Foto: Fernando Eloy / La Jornada Maya
San Francisco Magaña
Pobladores de Chiná, Campeche, manifestaron su inconformidad ante el proyecto del Tren Maya debido a que aún no saben cuál será el procedimiento respecto a los que podrían ser desalojados, si habrá indemnización y que pasará con los familiares de ferrocarrileros y ex ferrocarrileros.
Afirmaron que llegarán a las últimas instancias para evitar el proyecto si no logran un acuerdo.
Solicitaron la creación de un comité representativo del poblado y su integración a las reuniones entre las autoridades federales, estatales y el organismo ONU-Hábitat.
Los manifestantes acusaron que los únicos que han asistido a reuniones con el goberno federal como primeros interesados son los ejidatarios, mientras que los demás ciudadanos no han sido convocados.
Otra de sus propuestas fue prepararse con abogados para estar listos ante cualquier procedimiento jurídico.
El coordinador federal del Tren Maya, Xavier García Romero, aclaró que el acuerdo es sólo de reubicación con la promesa de un título de propiedad oficial sin indemnización extra, cuestión que los pobladores de Chiná desconocían.
El coordinador estatal del proyecto, Ramón Arredondo Anguiano, dijo que la ONU-Hábitat realizará en su momento talleres informativos para que todos los que sientan vulnerados sus derechos tengan información concreta, por lo que invitarán a los habitantes de Chiná y barrios tradicionales como Santa Lucía, la Ermita y Camino Real.
Destacó que la promesa del gobierno federal fue continuar con el proceso informativo, para resolver las dudas de los inconformes.
Sobre los Polígonos de producción que generará el proyecto con la instalación de estaciones del Tren Maya, dijo que aún están trabajando en ello ya que no tienen por completo definido cuántas estaciones habrá en Campeche, ya que hay propuestas del sector privado de construir algunas y que sean concesionadas a beneficios de estos, entre otras.
En todo caso dijo hay que continuar con el proceso para que con el paso, la información llegue no solo a representantes, sino a todos los ciudadanos que sientan inconformidad.
ILUSIÓN. Parece un paraíso, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa. Fotos: Jordi Sifuentes
SIN ACCESO Al AGUA. Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido.
¿CÓMO VIVEN EN LA SIERRITA?. La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe.
TESTIGO. El tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.
ANIMALES EN RIESGO.Muchas especies han perecido tras beber aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera.
DENUNCIA . “La tierra es de nosotros. No hay de otra… Que se vayan, ¿no quieren pagar?, que se vayan”, dice la ejidataria Verónica Pulido Barrón.
