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Aumenta en 12 % de la violencia feminicida en gobierno de Alejandro Murat; 2019 año feminicida con 135 mujeres asesinadas (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Durante el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, se ha incrementado en un 12% la violencia feminicida hacia las oaxaqueñas, denunció el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”(GESMujer) al contabilizar 384 casos de mujeres asesinadas.

Tan solo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 registraron 135 mujeres asesinadas y que lo convirtió en el año con mas violencia feminicida, aunque lo preocupante es que la Fiscalía General de Oaxaca no se contemplen como feminicidios los asesinatos violentos contra mujeres.

De acuerdo al monitoreo feminicida de GESMujer, la forma en que fueron asesinadas las mujeres y las niñas es otra expresión de misoginia y violencia extrema, ya que 82 de ellas murieron por impacto de balas, 12 fueron apuñaladas, a 8 se les asesinó a golpes, 3 fueron degolladas, 2 murieron a causa de quemaduras, 2 por asfixia, 1 por estrangulamiento y del resto no se especificó.

Detalló que en 2017 sucedieron 117 asesinatos violentos de niñas y mujeres, en el 2018 se incrementó a 123 y en 2019 se registraron 135 casos.

Al hacer un “recuento de los daños”, para el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, mencionó que “nos causa una profunda preocupación que aún y cuando la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta por violencia de género en 40 municipios de Oaxaca, se mantienen los altos índices de violencia feminicida.

Y agregó que no solo se mantiene sino que se extendió la violencia feminicida en Oaxaca aún con la Declaratoria de Alerta por violencia de Género y es que desde el 30 de agosto de 2018, a casi finalizar el 2019, 167 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, lo que significa que aún y cuando se hizo un llamado al gobierno estatal, de implementar acciones inmediatas para detener los altos niveles de violencia feminicida, no hay resultados que garanticen la libertad, la integridad y la vida de las oaxaqueñas.

De acuerdo a sus registros hemerográficos, un 65% han sucedido en municipios con alerta de género, lo que significa que un 35% ocurrieron en municipios sin alerta, lo cual podría significar que ante la falta de acciones contundentes por parte de los tres niveles de gobierno, no se ha logrado detener la violencia feminicida y más aún, que ésta se está extendiendo a municipios no considerados en situación de riesgo.

Por citar un ejemplo, Tuxtepec es el municipio que con 20 casos de asesinatos violentos de mujeres y niñas representa el 15% de la totalidad de casos en Oaxaca.

Considera que es urgente que las políticas orientadas a la prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas, cuenten con una estrategia que pueda ser monitoreada, a fin de evaluar resultados.

Insistieron que durante la actual administración 384 familias han enfrentado el dolor de perder a una madre, una hermana o una hija, familias que son víctimas indirectas y que dan una dimensión más grave a la problemática, pues por cada caso hay una historia y una demanda de justicia que nunca reparará el daño.

Consideran que los altos niveles de impunidad en los casos de asesinatos violentos de mujeres y niñas, es una violación más a sus derechos humanos, pues se les niega el derecho de acceso a la justicia.

Mencionaron que Istmo, Valles Centrales y Papaloapan, son las regiones de mayor peligro para las mujeres.

En el 2019, la violencia feminicida se concentró con un 61% en tres regiones: Istmo 24%, Valles Centrales 19%, Papaloapan 18%. De acuerdo a los registros del GESMujer “Rosario Castellanos”, si bien han variado a lo largo del año, ubicándose a veces en primero, segundo o tercer lugar, lo que sí ha sido permanente es que éstas tres regiones son las de mayores niveles de violencia.

Respecto al perfil de las mujeres y las niñas asesinadas de manera violenta precisaron que el 45 % de las mujeres asesinadas de manera violenta correspondieron a mujeres en etapa productiva y reproductiva, tenían entre 16 y 44 años.

Con la limitada información con la que cuentan, en un 66% se desconoce la ocupación o la actividad a la que se dedicaban, pero de los datos con que sí se cuenta, se puede decir que eran amas de casa, estudiantes, maestras, comerciantes, agricultoras, ganaderas, empleadas, enfermeras, meseras, es decir era mujeres que aportaban con su trabajo a la sociedad.

Esta violencia feminicida genera también víctimas indirectas, hasta ahora invisibilizadas, sus hijas e hijos, quienes quedaron en la orfandad, pues se carece de información puntal de la cantidad de niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha arrebatado su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.

Aun y cuando la ley establece que las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la supervivencia de niñas niños y adolescentes, un 3% de los asesinatos violentos lo sufrieron niñas menores de 15 años, por lo que urge investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida de estas niñas.

Finalmente dijo que existe desconfianza en la tipificación del delito de feminicidio y de acuerdo a la información disponible, en el 92% de los casos, se desconocía a la o las personas agresoras, lo que significa que en cada uno de esos asesinatos violentos se inició una carpeta de investigaciones, pero se desconoce si se abrió como feminicidio.

Ese es el primer criterio de controversia con la FGO, porque consideramos inaceptable que se les clasifique como homicidio, sin que medie una investigación que determine si las víctimas tenían alguna relación de pareja, laboral, escolar o cualquier otra que implicara subordinación con el agresor; o si habían sido previamente amenazadas, o que en sus cuerpos hubiera signos de violencia sexual.

Esta falta de actuación profesional quedó de manifiesto en el caso de la saxofonista María Elena, pues la carpeta de investigación se abrió por el delito de lesiones, sin que durante los tres meses de “investigaciones” hubieran identificado razones de género, aún y cuando se presentaron pruebas de que previamente había sido amenazada, por una persona con quien había tenido una relación laboral y sentimental. De ahí la desconfianza sobre la actuación de la Fiscalía porque no aplican el protocolo, como quedó de manifiesto ante la opinión pública y gracias a la presión mediática se reclasificó el delito como tentativa de feminicidio.

La desconfianza tiene historia, pues este año también se conoció el caso de la joven de 20 años María Eugenia, cuyo cuerpo fue abandonado en una playa de Puerto Escondido, quien había sido reportada como desaparecida, semidesnuda, con signos de violencia sexual, todos y cada uno son criterios para tipificar el delito de feminicidio, sin embargo para la fiscalía su determinación fue de muerte por asfixia.

Por ello nos preocupa que no se contemplen como feminicidios los asesinatos violentos de las 26 mujeres y niñas, cuyos cuerpos fueron localizados en lotes baldíos, parajes lejanos y solitarios, pues otro criterio para iniciar una carpeta de investigación como feminicidio es que el cuerpo haya sido abandonado, expuesto o arrojado en un lugar público, como fue en el 20% de los casos ocurridos en el 2019. Cabe mencionar que esta manera indignante de abandonar los cuerpos, es un acto de misoginia que expresa la desvalorización y el odio hacia las mujeres.

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