Bertha Escalante/El Sol de San Luis
9 febrero 2020
No se ha detectado la operación de alguna banda que se dedique a la trata de personas en la entidad potosina, sin embargo se da seguimiento a los casos que se han detectado: comandante
En San Luis Potosí no se ha detectado la operación de alguna banda que se dedique a la trata de personas con fines de explotación sexual, sin embargo se han detectado casos particulares entre estos de migrantes en su cruce por la entidad, quienes han manifestado la desaparición de hijas y esposas durante su trayecto.
Además de los casos de los migrantes, se han detectado otros casos particulares de los que en 2019 se desprendieron siete denuncias ante la Fiscalía General del Estado; cinco en 2018 y al menos una en lo que va del 2020.
En lo que compete al tema de los migrantes, el General de Brigada D. E. M. Guzmar Ángel González Castillo, comandante de la 12ª. Zona Militar comentó que lo que se ha detectado al rescatar migrantes, son las denuncias de éstos de que integrantes de la delincuencia se han llevado a sus esposas o hijas, “que vienen en grupo y de repente se les extravían”, sin especificar el lugar.
“De esa manera hemos ubicado grupos de migrantes que están cruzando el estado, se ha detenido a algunas personas de origen nacional que van encabezando estos grupos”, de entre hay quienes manifiestan estas situaciones.
El mando militar coincidió con el comisario Jaime Pineda Arteaga y Fiscalía General del Estado, en que no se ha detectado la operación de alguna banda en la entidad potosina, sin embargo se da seguimiento a los casos que se han detectado y denunciado.
El más reciente caso de trata con fines de explotación sexual se trata de uno ocurrido en enero de 2020, donde el presunto responsable fue acusado por la víctima en este caso su propia pareja, siendo éste detenido y procesado por tal delito.
La escritora y filósofa, originaria de la India, considera que después de los diversos asesinatos de militantes ecologistas, la protección no encaja en la política actual
Acompañada del fundador del Huerto Roma Verde, Paco Ayala, la activista reconoció el espacio cultural que se le otorga a los ambientalistas que perdieron la vida / Jair Soto | El Sol de México
Jair Soto | El Sol de México, 09 de febrero de 2019
En México, la protección a activistas ambientales no ha mostrado buenos resultados, advirtió Vandana Shiva, una de las principales figuras en el mundo del ecofeminismo.
La escritora y filósofa, originaria de la India, visitó México para participar en la inauguración de un mural en el Huerto Roma Verde, dedicado a todos los militantes ecologistas, que fueron asesinados durante el 2018 y hasta octubre pasado en todo el mundo.
Allí, afirmó a El Sol de México que es probable que las acciones para proteger a los ambientalistas no encajan en la agenda del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Acompañada del fundador del Huerto Roma Verde, Paco Ayala, la activista reconoció, sin embargo, el espacio, sobre todo cultural, que se le otorga en México a los ambientalistas que perdieron la vida en su lucha por defender al Planeta y a los animales.
La filósofa encabeza un movimiento conocido como ecofeminismo, que vela por la protección a los derechos de las mujeres agricultoras en India, su país natal, y es reconocida por su trabajo internacional para colocar a la mujer y la ecología en el corazón del discurso del desarrollo moderno.
En 1993 recibió el premio Right Livelihood, que también es conocido como el Premio Nobel Alternativo de la Paz. En su larga trayectoria como activista ha sumado varios reconocimientos a nivel internacional por su movimiento y su lucha a favor de la defensa de la mujer y el medio ambiente desde un punto de vista unitario.
Actualmente, Shiva es líder del Foro Internacional sobre la Globalización así como miembro destacado del movimiento antiglobalización. En su libro “Manifiesto por una democracia de la tierra” ha propuesto el concepto y la causa de la democracia de la tierra como alternativa al capitalismo.
Vandana Shiva es autora, también, de diferentes artículos, ensayos y libros, entre sus obras destacan “Monocultivos de la mente”, “Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo” o “Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento”.
Su presencia en México se da justamente en el marco del reciente asesinato de dos protectores animales en Michoacán, el primero fue Raúl Hernández Romero, un guía de turistas en la biosfera de la mariposa monarca, cuyo cadáver con signos de violencia fue hallado hace una semana. Su muerte se suma al homicidio de Homero Gómez González, reconocido protector del insecto cuyo cuerpo sin vida se encontró el miércoles pasado.
La muerte de Hernández Romero sacudió al sector defensor de la mariposa monarca, que precisamente el mural del Huerto Roma Verde representa la vida de cada activista asesinado en la figura de una mariposa, en la que se incluye el nombre de la víctima, así como su nacionalidad.
El par de homicidios son los más recientes de un ambientalista en México después de que en agosto del año pasado fuera asesinada a balazos la bióloga y ecologista mexicana Nora López, responsable del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el sureste de México.
En junio de 2018 también fue asesinado a tiros el ecologista José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato, en el estado mexicano suroriental de Tabasco.
En 2018 año fueron asesinados en México 14 defensores medioambientales, de los cuales once eran indígenas, según la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.
Diariamente los activistas enfrentan amenazas, ataques y agresiones por su labor ambiental. La ola de violencia está inclinada hacia las comunidades indígenas, que son las que habitan y protegen el 50% del territorio mexicano y sus recursos.
La pérdida de los activistas ambientales revela el aumento en la explotación de las áreas verdes más importantes del país, y el gran vacío de seguridad en las comunidades indígenas de las montañas.
¿Qué indigna más que los culpables de feminicidio sigan libres o que se planten en el velorio para exigir la custodia de los hijos de la mujer que acaban de matar o… que le coqueteen a las socorristas que presenciaron el asesinato? El Estado de Derecho es una burla
Texto y fotos: Mariana Rodríguez y Diego Santana (estudiantes Ibero Torreón); Ilustración: Sofía Weidner; Diseño: Édgar de la Garza; edición: Quetzali García/ VANGUARDIA MX
Un grupo de señoras, algunas con niños en mano, sostiene una gran pancarta con el nombre y fotografías de sus hijas asesinadas. Ellas se encuentran frente a la delegación de la Fiscalía General de Coahuila, ubicada en Torreón.
Una señora de cabellos plateados, que lleva una playera morada en la que se lee “Nos queremos más libres y sin miedo”, narra a las afueras el poema titulado “País horror”:
– ¡Hoy van a matarla y no lo sabe! Nadie lo sabe. No sé dónde pasará, ni a qué hora, ni de qué camino; a la universidad mientras repasa mentalmente lo que vendrá en el examen del próximo jueves, o al volver del trabajo mientras trata de recordar si aún queda arroz en la despensa, o al recorrer los 347 metros desde la parada del parque donde siempre se quita los audífonos y va más alerta, porque hoy hay poca luz y sabe que es mejor acelerar el paso. Nadie lo sabe, pero hoy van a matarla. Y no solo a ella, hay 10 mujeres en este país que hoy no volverán a casa.
La de la voz desgarrada es Ariadne Lamont, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna
En Torreón “cuidan a las mujeres”
El Centro de Justicia para las Mujeres parecía un buen punto de partida esa mañana de octubre. Después de cruzar el umbral de la puerta, nos reciben mujeres secretarias, amas de casa junto con sus niños, amigas teniendo pláticas casuales mientras esperan y otras trabajan. Mientras tomamos asiento en lo que nos pasan para realizar la entrevista, mandan a hablar a una de las señoritas que, hasta ese momento, esperaba su turno para ser atendida. Se levanta y camina al escritorio.
“¿En qué podemos ayudarla?” -pregunta la joven del otro lado del escritorio.
La mujer toma una silla para sentarse, da un suspiro y responde:
“Quiero poner una orden de restricción contra mi exnovio porque no deja de seguirme.”
¿Y sus sueños?. Así como los feminicidas siguen en libertad y caminan por las calles y viven con normalidad tras haber truncado la vida de sus parejas… Las mamás de las víctimas marchan por ellas, ocupan espacios y no se rendirán.
Toma asiento y comienza a contarle su historia a la joven que escucha atentamente cada detalle. Parece una mañana cualquiera en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde alrededor de 250 mujeres van semanalmente bajo diferentes causas, pero siempre con un factor en común: la violencia de género, que consiste en todas aquellas acciones que atentan contra la libertad y el bien psicológico, sexual, económico, físico y patrimonial de la mujer.
En 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron mil 125 denuncias por delitos sexuales en Coahuila, 24 feminicidios, 10 mil 647 denuncias por violencia familiar, 202 por violencia de género, 8 mil 889 llamadas de emergencia por violencia contra la mujer
Transcurridos un par de minutos nos abren una puerta que da detrás del lobby, donde vemos una serie de oficinas y salas de usos múltiples. Pasamos por una sala de cuidados a menores donde en su interior se encuentran varios juguetes y zonas de descanso para niños, también se ven oficinas y consultorios con diferentes nombres en las placas de las puertas.
Por estos pasillos se han atendido más de 4 mil 500 casos de mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia. El centro ofrece talleres de empoderamiento, becas educativas para estudios superiores, acompañamiento psicológico, atención legislativa, consultas médicas, entre muchos otros servicios completamente gratuitos.
“Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los súpermachos tiene la valentía de confesar ‘la maté por miedo’, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. Es la frase del escritor Eduardo Galeano que se lee a espaldas del escritorio de Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia de las Mujeres en Torreón.
“Antes si tú como mujer ibas a denunciar un caso de violación dentro de tu propio matrimonio, pues si llegabas al mp (ministerio público) hasta se reían de ti”, dice la funcionaria. Rodríguez Romero menciona que ese estereotipo todavía sigue muy marcado en la cuestión de los roles de género.
Al preguntar sobre el incremento de violencia de género en Torreón, la directora responde que lo que ha aumentado es la cultura de la denuncia.
Resalta que su labor no está ni cerca de terminar, ya que para erradicar el problema de violencia de género se necesita trabajar en conjunto con la sociedad el tema de la concientización y la cultura de la denuncia, debido a que muchas veces las mujeres no están conscientes de sus derechos y no denuncian por temor.
Ariadne Lamont, activista y cofundadora de la Red de Mujeres de la Laguna, expone que en el tema de feminicidios existen tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. Las directas son las jóvenes, mujeres y niñas que fueron asesinadas. Las indirectas son su familia, su hijo, su hija, su madre, su padre y las potenciales son todas aquellas personas cuya integridad física se ve en peligro ya sea por impedir o detener la violación a los derechos.
En la Red de Mujeres se han dado cuenta de los fallos en el sistema encargado de hacer justicia. Los casos de feminicidio, recuerda Lamont, los atendía cualquier ministerio público de formación dudosa e incluso algunos desconocían el actualizado sistema de justicia penal acusatorio.
“Nos dimos cuenta que había carpetas completamente vacías”, declara Ariadne indignada.
Aunque poco después se dieron cuenta que el verdadero hallazgo fueron los vínculos que se habían creado entre las mismas madres, que significaban un apoyo emocional y comprensión que ninguna de las mujeres de la Red ni entidades del gobierno habían podido otorgarles: la empatía más pura. Así fue como nació el grupo de Madres Poderosas, haciendo alusión a lo que son: madres que, después de la pérdida de sus hijas, pudieron levantarse para exigir justicia por ellas al mismo tiempo que ven por el futuro de sus nietos. Madres abusadas por un sistema que, encima de que no supo cuidar a sus hijas, todavía abusaba de ellas.
Juntas. Esta es una batalla de todas. Las Madres Poderosas de la Laguna han atravesado un infierno, para que las siguientes sufran menos.
Madres poderosas
En la mañana del 6 de noviembre del 2019, al noroeste de la ciudad, arribamos al lugar donde habíamos constatado una cita con algunas integrantes del grupo y somos bienvenidos por María Elena de la Fuente Cepeda junto con el olor a café, pan recién horneado y dos de sus perros. Al instante nos sentimos en casa.
“¡Hola! Pásenle, pásenle.” apura María Elena animada.
En el comedor se encuentran Rosa María Rocha, Diana Félix y Cristela Soto Contreras bebiendo café y que, al vernos entrar, se levantan para recibirnos con una presentación corta y un beso. Entre los saludos, algunas de ellas charlan:
“Ayer encontraron a una en Lerdo” -dice una de ellas.
“Esa ya tiene rato, ¿no?” responde otra.
Después de los saludos y las ceremonias, tomamos asiento y ante nosotros vemos todo un festín, desde pan dulce, tortillas de harina caseras y café con su respectiva leche y azúcar. Sin duda, habían preparado toda una reunión para recibirnos.
Madres Poderosas lo conforman en su totalidad madres de víctimas de feminicidio y tienen juntándose alrededor de tres años. María Elena considera una desgracia que más mujeres se sumen a este grupo debido a las consecuencias que las llevan a conformarlo. El objetivo de estas mujeres es fortalecerse las unas con las otras porque el dolor que sufrieron y las circunstancias bajo las que perdieron a sus hijas suelen ser complicadas, pero entre ellas encuentran cómo sobrellevarlo.
“El dolor que yo sentí o que todavía siento a veces, porque todavía me caigo mucho, ellas me levantan. Porque ellas comprenden muy bien cada lágrima que se me sale por recordar a mi hija, por la fecha en la que cumple años de muerta, por la fecha en la que cumple años de nacimiento, por las fechas de cumpleaños de los nietos. Nada más ellas que son mis hermanas, nos comprendemos y apoyamos para poder resistir”, dice María Elena al tiempo que ve a sus amigas y todas asienten silenciosamente, como si fueran cómplices de los dolores más profundos de María.
El objetivo del grupo es fortalecer la cultura de la denuncia. Entre sus actividades se encuentran marchas de concientización de violencia de género y feminicidios, ir al Centro de Justicia para las Mujeres con el fin de alentar a las jóvenes a que denuncien cualquier tipo de agresión y que le cuenten a su familia o a quien más confianza le tengan, pero que no lo callen. También están la búsqueda de la patria protestad de sus nietos ya que muchas no la tienen y mejores condiciones para criarlos ante la realidad de que, por la edad de las mujeres, es difícil hacerse cargo de uno, dos, tres, hasta cuatro niños a los que les arrebataron a su madre. La brecha generacional es muy grande entre las madres y sus nietos, lo cual afirman que es un reto.
En Torreón matan a las mujeres.
DANNA
Rosa María Rocha es madre de Danna Milagros Cigarroa Rocha, de 26 años, quien fue asesinada el 11 de octubre del 2015. Rosa María se encontraba en los Estados Unidos cuando se enteró de la muerte de su hija, por lo que tuvo que dejar a su familia para venir a Torreón a proceder y exigir justicia por el caso de Danna.
“La muerte de un feminicidio no es nomás la muerte de nuestras hijas, sino, la derrota de uno de nosotros, que nos tumba, pero mi padre Dios nos levanta, nos mantiene fuertes porque nos dejan a nuestros nietos. Tenemos que salir adelante con ellos”, dice Rosa.
Danna vivía en la colonia Las aves, al oriente de la ciudad de Torreón, al lado de su esposo y sus dos hijos. El esposo siempre la amenazaba con apuñarla y matarla, al igual que a sus niños. Esto fue motivo suficiente para que Danna fuera al Centro de Justicia a pedir ayuda por temor a su vida, pero nada de eso sirvió.
Los hijos se encontraban dentro del hogar, cuando su padre acabó con la vida de su madre. Ese mismo día, el padre fue detenido y llevado preso con 30 años de sentencia, gracias al testimonio de la hija mayor, de 8 años de edad.
El apoyo que se les ofrece a los niños es muy poco a comparación de todo lo que han vivido. La señora Rosa contrató un abogado con sus propios recursos económicos para poder tener la patria potestad de sus nietos porque por parte de las instituciones del gobierno, el procedimiento era muy lento y lleno de obstáculos.
– ¿Los niños han recibido ayuda psicológica?
– Aparentemente sí la tuvieron en el centro de justicia. Ahorita ando con otros trámites y me piden la valoración de los niños, y la pido ahí en el centro de justicia, pero me dicen que como la psicóloga ya no trabaja ahí, entonces el expediente ¡Pug! – hace una seña con sus manos, y al unísono todas las madres dicen:
“Se desapareció”.
-Todo eso fue en vano. Como si no hubiera existido esa terapia para mis niños- replica Rosa María.
Las víctimas indirectas más vulnerables en los casos de feminicidio son los hijos de las madres asesinadas. Los niños que, al no comprender la gravedad de la situación, caen en una clara confusión que no les permite abrirse con cualquiera, por lo que el acompañamiento psicológico es de suma importancia. Según la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, son 21 huérfanos que han resultado víctimas de feminicidio entre los años 2017-2019, y se estima que, bajo las modificaciones de los códigos penales, sea una cifra mayor a la antes mencionada.
Al hacer una solicitud de información a la Fiscalía General de Estado sobre el número de familias a las que se les ha otorgado acompañamiento psicológico entre el 2017 y 2019, la Coordinación del Centro de Atención y Protección a Víctimas respondió que entre el 2017 y 2018 no hubo ningún caso atendido y que en 2019 se atendieron apenas a 12 víctimas indirectas.
ANA KAREN.
Diana Félix, de 46 años, madre de cuatro hijas, salió de su casa en la colonia Jacarandas el día 3 de noviembre de 2016 rumbo a su trabajo en la ciudad de Torreón, cuando recibió una llamada telefónica:
-Oye, regrésate a la casa porque acaba de llegar la niña descalza corriendo porque… este maldito la violó- le dijo su hermana.
Las lágrimas empiezan a brotar de los ojos de Diana, mientras sus compañeras la agarran del hombro. “Yo iba rumbo a mi trabajo. Yo no lo podía creer, yo quería… yo quería volar”-dice entre sollozos.
Una compañera del trabajo acompañó a Diana de regreso a la casa de la hermana. Al llegar, la hermana le dijo: “La niña está en el cuarto. Está hecha bolita”.
Diana corrió hacía la habitación en donde se encontraba su nieta, e intentó calmar su respiración, pues estaba muy acelerada.
-Tranquila mami, no pasa nada, ya llegó tu abuelita. No pasa nada, ya estoy aquí – dijo mientras abrazaba a la niña, de tan solo 10 años.
Diana llevó a su nieta al Ministerio Público, para que le hicieran un examen con un médico legista. De ahí, la mandaron a la Procuraduría del menor, que en ese momento estaba a reventar de personas, incluyendo a médicos, PRONNIF y el DIF.
Mientras su nieta era atendida por el legista, Diana fue llevada con una licenciada para que diera testimonio de lo que pasó. Diana no sabía nada más, solo lo que la nieta le contó en el camino: el novio de su mamá la había amarrado de pies, de manos y boca en una habitación. En algunos ratos, subía él a desamarrarla para poder abusar de ella sexualmente.
“En ese momento, cuando le platico a la licenciada, me dice: ‘¿Y su hija dónde está?’, y dije ‘no sé’. Recuerdo que me dijo mi nieta que su mamá había salido como a las 3-4 de la mañana, y yo molesta le dije: ‘Pero ¿cómo se salió tu mamá? ¿Cómo te dejo aquí sola?’
Después de dar detalles de lo ocurrido, a Diana le vino a la mente que quizás su hija también estaba amarrada o amordazada en algún lugar de la casa, por lo que le pidió a la licenciada acudir de inmediato a buscarla. Ésta argumentó que era imposible entrar a la fuerza en una propiedad privada sin un consentimiento o permiso legal. “Es que yo soy su mamá. Yo autorizo. Vayan y tumben la puerta”, respondió Diana.
Estando ahí, Diana recibió una llamada de parte de su compañera de trabajo, quién le pasó la llamada a una sobrina suya.
– ¿Qué pasa? – preguntó Diana.
-Tía, ya encontramos a Karen- respondió la sobrina.
– ¿Dónde estaba?
-Tía, ese maldito la asfixió. Está sin vida.
Un dolor interno golpeó a Diana, quien, se lanzó encima, entre llantos y enojo, sobre los fiscales y los policías que se encontraban en ese momento. Luego, en una patrulla la llevaron hasta su casa en la colonia Residencial del Norte, ya acordonada, donde estaba el cuerpo de su hija en el suelo. No la dejaron pasar, ni verla, y había olvidado a su nieta en la procuraduría por el impacto de la noticia. El papá biológico, al enterarse, se hizo cargo de la niña mientras era atendida por el médico.
Diana estuvo todo el día en el Ministerio Público soportando comentarios como: “¿tú lo conocías?”, “¿Tú estabas de acuerdo con esa relación?”, hasta casi las 7 de la noche, en que la dejaron irse. Al regresar a la casa, su nieta ya se encontraba también ahí, sin saber aún que su madre estaba muerta.
Ana Karen Aguilar fue asfixiada a los 27 años de edad con una camiseta, y recibió 6 puñaladas con un cuchillo que la misma Diana encontró debajo de un sillón, a pesar de que la casa estuvo tres meses acordonada.
“En tres meses, nunca pudieron encontrar tan importantes pruebas para el Ministerio Público. Y yo, en un día encontré el cuchillo y el celular de mi hija, que se supone, igual ellos debieron tener como prueba.”
Los policías que estuvieron resguardando la casa de Ana Karen, afirmaron que el responsable estuvo rondando el lugar por mucho tiempo, pero que ellos no lo podían detener porque no había ninguna orden de aprehensión. La orden se concretó siete meses después de la muerte de Ana; tiempo suficiente para que el asesino huyera de la ciudad.
“El Ministerio Público no hizo nada porque no había una orden de aprehensión, y ahora que la hay, no sé dónde encontrarlo. De parte de la fiscalía, han ido a Puebla, pues él es proveniente de allá, pero no lo encuentran. Hay gente que me ha dicho que lo han visto ahí, pero cuando va Fiscalía no lo encuentran, porque van limitados a 36 horas para buscarlo. Si en 36 horas no lo encuentran, ellos tienen que salir de la ciudad”.
Son tres años sin saber nada del asesino de Ana Karen. Tres años llenos de dolor, y cero respuestas.
“Es muy duro. Es muy fuerte. Vivir con este dolor, y seguir adelante, por tus nietos. Ya tienes miedo de dejar salir a otra de tus hijas, ya no les das el permiso, ya no confías en nadie. El miedo nadie te lo va a quitar. Tienes que aprender a vivir con ese miedo. Tienes que sobrellevarlo para que tus hijas vivan en una libertad que se merecen, pero que a ti te da terror soltarlas al mundo tan cruel que está allá afuera. Quieres protegerlas, quieres abarcarlas y que nadie les haga daño. Ya te pasó con una y ya no quieres perder otra más.”
DAISY
La noche antes del asesinato a golpes de Daisy Viridiana Martínez, de 23 años de edad, y madre de un niño de 3 años, ésta se encontraba en la casa de su madre Cristela Soto Contreras, de 54 años, cuando Omar, pareja en aquel entonces de la joven, llegó del trabajo y empezó a discutir porque éste quería llevársela a vivir a una casa que tenían juntos. Daisy se negaba a irse a vivir con él, por lo que no era la primera vez que Omar la amenazaba con quitarle al niño si no cooperaba.
A día siguiente, el 21 de julio de 2016, Daisy se encontraba una vez más en la casa de Cristela para despedir a su hermana menor, quien iría a una competencia nacional de taekwondo en Monterrey, cuando recibió una llamada de Omar, con unas copas de más, reclamándole su ausencia en la casa.
Luego de una larga discusión por teléfono, Omar llegó en un camión de personal, y le siguió insistiendo a Daisy en irse de ahí. Sin embargo, el hijo de ambos, también se resistía en abandonar la casa de su abuela.
“Entonces le dije a mi nieto «Hijo, váyase allá con su mamá, porque usted es el único hombrecito y tiene que cuidarla». Por consiguiente, Daisy tomó a Dominick, su hijo, y se fueron junto con Omar en el mismo camión.
No pasaron quince minutos cuando Dominick llegó gritando y llorando a la casa de su abuela. Cristela, quien estaba bañándose en ese momento, salió acelerada con un blusón largo. Dominick pedía ayuda, y salió corriendo junto con su abuela a la calle. Al salir, Cristela se percató de que la pareja se encontraba dentro del camión, e intentó abrirlo desesperada mientras por dentro Omar gritaba. Luego de algunos minutos, Omar abrió la puerta y Cristela al asomarse, vio a Omar arrastrar a Daisy por el suelo, para luego aventarla al pavimento a los pies de ésta.
Omar comenzó a gritar que lo perdonara, que él había cometido un error, que no sabía lo que había hecho. Los vecinos ayudaron a Cristela a levantar a Daisy del pavimento, luego ésta, al cargarla y llenarse las manos de sangre, la acomodó en una silla.
“Hija de mi vida ¿pos’ qué tienes? ¿Qué te hicieron?”, le decía Cristela, sin tener respuesta alguna. Los vecinos llamaron a la cruz roja, quienes en seguida entubaron a Daisy.
-Señora, su hija viene bien grave, y pues nos la vamos a llevar. Díganos qué pasó- le dice uno de los enfermeros.
-No sé, no sé lo que pasó ¡La regué! – contestó Cristela, mientras Omar seguía gritando que lo perdonaran.
Daisy fue trasladada al hospital general del manto de la Virgen, y al llegar, un médico le informó a Cristela que su hija iba brutalmente golpeada, tanto como para perder la vida. Daisy no resistiría. Falleció ese mismo día.
El día del sepulcro de su hija, Omar llegó con una carta, la cual entregó a Cristela en donde se leía que estaba demandada por no quererle entregar al niño. La más grande de sus hijas, se fue inmediatamente para el Centro de Justicia y empezó a llenar trámites para la patria potestad del niño a nombre de ésta.
Un día Omar, junto a una de sus hermanas, llegó a la casa de Cristela, para intentar llevarse a la criatura.
-Présteme al niño- exigía Omar.
-No, nunca te voy a prestar al niño. Óyelo bien. Anteriormente te lo prestaba, pero ahora nunca- exclamaba Cristela.
-Ándele, ya préstemelo.
-No. Si tú me entregas a mi hija, yo te presto con todo gusto a mi hijo, como siempre. Pero entrégame a mi niña primero.
“Mi hijo se escondía debajo de la cama, se cubría con las cobijas, no dormía porque decía que venía el ‘monstro’ por él. En la casa ponía muchas trampas para agarrar al monstro. Decía: mami, deja pongo trampas para agarrar al monstro y ya nada más llamas a la patrulla para que se lo lleve.”
PAOLA
(a petición de Carmen Alvarado, los nombres en esta historia fueron cambiados)
El 11 de febrero de 2018, Carmen Alvarado, de 40 años, junto su familia, tuvieron un desayuno en la casa, donde tíos, abuelos y primos se reunieron. Esa mañana, Paola Montserrat Alvarado, su hija, le dijo que estaba decidida a terminar la relación violenta que tenía con Víctor, su pareja, pues estaba harta del estilo de vida que llevaba al lado de él. Víctor, según Paola, estaba de acuerdo en terminar también.
El día de 10 de febrero, Paola le dijo a su madre que, si algún día le llegaba a pasar algo, nunca dejara al niño en manos de Víctor.
“Mami, ahí te encargo mucho al niño”, fueron las últimas palabras que Paola le pronunció esa mañana antes de subirse a una moto con Víctor y salir a un mandado, según le dijeron a Carmen.
Casi a la media hora de que ambos salieron, el hijo de Paola se levantó llorando, por lo que para calmarlo decidió llevarlo a la tienda a comprarle un dulce. Al regresar, recibió una llamada del celular de Víctor; era la voz de una mujer, quien le informó que la pareja había sufrido un accidente.
“Me valía madre él, yo lo primero que dije fue ‘¿cómo está ella?’ y lo primero que me dicen es ‘señora, ella es la que está muy mal.’ Pues yo salgo corriendo como loca, detrás de mí sale corriendo una sobrina, y detrás de ella, mi hermana en un taxi.”
A la altura de la funeraria Gayoso en periférico, la hermana le gritó por detrás de la ventana que se tranquilizara, que ya había hablado con ellos y que estaban bien. Sin embargo, al llegar al lugar del accidente, Paola estaba tirada con la cabeza muy inflamada. Tres patrullas arribaron, y cuando la desesperación invadió a Carmen, empezó a llorar y gritar. Víctor, se levantó del pavimento, y se paró frente a Carmen diciéndole “yo no tuve la culpa”.
Minutos después, la ambulancia se llevó a Paola al hospital, mientras Carmen se movió por otro medio. Cuando Carmen llegó, un médico la recibió y le dijo: “Su hija va a fallecer en cualquier momento. Viene muy grave.” Ella traía insuficiencia de masa encefálica, las costillas rotas, el cuello fracturado, la pierna golpeada y estaba desangrándose.
“Lo peor es ver a tu hija en la mañana de una manera, y después verla en una caja o en un hospital con muchos aparatos, toda conectada. Fue lo peor. Entré a la habitación, y mi hija estaba toda raspada, con el ojo semiabierto porque traía todo esto desfigurado- dice Carmen mientras señala con el dedo su rostro – yo le gritaba que le echara ganas por el niño. Al pasar los días, los doctores le dijeron que era una mujer muy joven y su corazón apenas estaba empezando a vivir, que era lo que la mantenía viva, pero que ya no estaba consciente, no tenía capacidad de pensamiento.
Víctor también estaba internado en el mismo hospital, y personas del Ministerio lo interrogaron con las cortinas cerradas en donde se encontraba. Ellos jamás se acercaron con Carmen y su hija.
El día 14 de febrero, una testigo del accidente llegó con Carmen y le dijo:
-Señora, este chavo me está mandando mensajes, y me está enamorando. Y se me hace muy feo porque Paola todavía no fallece. Él me está enamorando diciéndome que en el accidente donde yo estaba auxiliando a su hija, yo lo estaba viendo mucho, y lo sonrojaba.
Con esa información, Carmen corrió a presentar la denuncia en contra de Víctor, y pasaron el caso a feminicidios.
El 16 de febrero, tanto fiscales y agentes del ministerio público fueron al cuarto de su hija, donde la descubrieron y le quitaron los vendajes para tomarle fotografías. Una licenciada le dijo que en el momento en que ella falleciera, el cuerpo ya no le correspondería. No podría cremarlo porque en caso de alguna investigación se iba a requerir sacar el cuerpo de nuevo.
En las primeras horas del 17 de febrero de 2018, Paola Alvarado falleció, y al investigar sobre el caso de su hija, con ayuda de la licenciada Ariadne Lamont, descubrió que el expediente de la muerte de Paola nunca existió.
Víctor sigue libre, y el patrón sigue repitiéndose; tuvo una hija con una mujer, a quien llamó con el mismo nombre, “Paola”, y la violencia siguió presentándose. Él perdió la guardia y custodia definitivamente, pero eso no fue impedimento para que Víctor siguiera vigilando y amenazando a Carmen por la custodia del niño.
ALEJANDRA
Era la nochebuena del 24 de diciembre del 2015, aproximadamente las 11:30 de la noche, en el cerro de la cruz en Torreón, cuando Angélica Martínez, de 50 años, iba saliendo de un rosario de una tía. Mientras los familiares se despedían, un sobrino llegó corriendo para decirle que su hija, Alejandra Gámez Martínez y su novio de aquel entonces, estaban tirados sobre el pavimento llenos de sangre. Angélica, cargando en brazos a uno de sus nietos, salió corriendo hasta donde se encontraba su hija.
Al verla en el suelo, sin pensarlo, entregó al niño a una persona que ella no puede recordar, y le gritaba “¿qué te hicieron?”. Angélica se hincó a su hija, la sostuvo en sus brazos y pudo sentir cómo ésta daba un último suspiro. “Ella ya terminó”, pensó en ese momento Angélica. El novio, quien se encontraba a unos metros sobre una piedra, gritaba que había sido Vicente, el esposo de Alejandra. Angélica comenzó a gritar para que llamaran a la cruz roja, a pesar de estar segura que su hija ya estaba muerta. Las nietas más grandes, llegaron al lugar y vieron a su madre cubierta de sangre.
Angélica entró en un shock emocional, que no recuerda a detalle cómo se enteró su esposo, ni cómo enfrentó a sus nietas para decirles que su madre ya no iba a estar para abrir lo regalos de navidad junto con ellas. Alejandra falleció esa noche en el hospital.
El día 26 de diciembre, sepultaron a su hija, y el 28 de diciembre iban en un taxi, su esposo y ella, de camino a la procuraduría a poner la demanda contra Vicente cuando el conductor recibió una llamada anónima:
-Baja a esos hijos de la chingada porque los vamos a matar- se oyó detrás del teléfono.
– ¿Cómo? – dijo asustado el taxista.
-Que los vamos a matar. Bájalos.
– ¿Qué hago? – preguntó el taxista a Angélica y su marido.
El taxista manejó hacía la Alianza para ver si encontraban una patrulla e informarles que los habían amenazado a muerte. Ahí, bajaron del taxi y el esposo les habló a los GATES para que los escoltaran hasta su casa.
Después de ese suceso, tuvieron que salir de su hogar porque también querían matar a la otra hija y esposo de Angélica.
“De ahí, yo ya no supe qué pasó con la demanda. Después volví a ir a la procuraduría, pero pues puras vueltas, y hasta la fecha no hay razón. Ni de él, ni avances, ni nada. A mí nunca me han hablado. Mis compañeras tienen cita porque les hablaron, y a mí nada. ¿De qué se trata? El caso de mi hija y el de ellas, es lo mismo. Es feminicidio”.
Jamás volvieron a saber nada de Vicente. Incluso una vez les llegó la ubicación de dónde se encontraba, por lo que recurrieron al comandante de la procuraduría para decirle que fueran a detenerlo, pero no le hizo caso alguno.
“No, el comandante quería que uno fuera, le tocara la puerta y se lo entregara. No se vale, en verdad no se vale…”
CECILIA
María Elena de la Fuente, de 60 años de edad, tenía junto con su familia un grupo de WhatsApp. La noche del primero de octubre recibieron un mensaje de su hija Cecilia Aidee Egía, de 29 años, confirmando su asistencia a la mañana siguiente al Seguro Social para cuidar a su sobrino, hijo de su hermana Claudia, quien estaba internado durante esos días de octubre.
La mañana del 2 de octubre, Cecilia no llegó al Seguro Social como lo había acordado, y tampoco contestaba ningún mensaje ni llamada. Claudia, sin respuesta alguna, le dijo a María Elena que fueran a buscarla.
Ambas fueron a buscar en la casa de Cecilia, pero nadie abrió la puerta. Después, se dirigieron a la escuela primaria de sus nietos, pero las maestras aseguraron que no habían ido esa mañana. Luego, marcharon hacia la casa de los padres de Édgar, papá de los niños, y con quien Cecilia llevaba un proceso de divorcio debido a la violencia que vivía con él. La madre, abuela de los niños, salió sollozando:
– ¡Yo les dije que no se divorciaran! Yo les decía que no -exclamaba la señora.
-Pues ¿qué pasó? ¿Dónde está Cecilia? – dijo María Elena asustada.
La consuegra permanecía callada evitando la respuesta.
– ¿Dónde está Edgar? – insistía María Elena.
-Se fue con su papá, con el licenciado a ver lo del divorcio.
María y Claudia fueron al hogar de Ceci, en el fraccionamiento “El Castaño” luego de que la madre de Édgar les prestara las llaves del carro de éste, donde también tenía las llaves de la casa.
Al arribar al domicilio, no había absolutamente nadie, y el lugar estaba limpio de pies a cabeza.
“Es que ayer Ceci se fue desde la mañana al seguro, y la casa no estaba limpia. Había trastes sucios, camas sin tender, juguetes regados. Y ahorita mamá, todo está limpio, trapearon hasta los botes con mucho pinol” dijo Claudia, con extrañeza.
Esa situación preocupó aún más a la madre y hermana, quienes siguieron buscando a Édgar la mayor parte del día para que les dijera el paradero de Cecilia, pero no volvieron a saber nada más de la pareja. Al día siguiente fueron a poner la denuncia de desaparición, y tiempo después averiguaron que Édgar había pedido 15 días de vacaciones en su trabajo, pero nunca apareció.
La noche del 2 de octubre, un guardia de seguridad del fraccionamiento, vio salir a Édgar en su carro aproximadamente a las 3 de la mañana, que se dirigía por la Juárez hasta donde se encontraban unos lotes baldíos. El hijo varón de María Elena, tenía un bar por aquellos rumbos, y vio regresar a Édgar a las 4 de la mañana, pensando que éste había ido a donar sangre para la operación de su hijo.
María Elena y su familia empezaron una búsqueda exhaustiva por todos los hospitales de la Comarca.
“Solo quería que él me dijera si le había hecho algo, o dónde estaba, o si la había golpeado, o si estaba escondida para poder llevarla al médico para que se recuperara. Cuando aún tenía esperanzas de que estuviera viva.”, dijo María Elena con una mueca de tristeza en el rostro.
Con ayuda de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo fueron a cada terreno baldío que encontraban de la ciudad, y su sobrino encontró a Ceci, en un estado de descomposición, en un terreno baldío de la colonia ex hacienda La Perla.
El caso pasó de estar desaparecida a homicidio, y ahí empezó un peregrinar constante con las autoridades.
“Las autoridades dicen «ay la mató el esposo, bueno, era el marido» ¿Y eso qué? Yo les decía que fueran a investigar. Casi casi, me los llevaba a rastras a la casa de Ceci para que se pusieran a trabajar”
Meses después, Édgar fue detenido, sin embargo, duró nueve meses en la cárcel. Él había llegado amparado a fiscalía para decir qué es lo que había pasado. Entonces, al momento de decirle que pusiera sus huellas digitales para compararlas con las que tenía Cecilia en el cuello, éste se negó rotundamente. El 14 de julio de 2015, salió de la cárcel tras concederle otro amparo. Édgar confesó cómo había asesinado a su esposa, pero alegaba que lo habían torturado para obtener la información. Por eso mismo, un juez lo dejó libre, sin notificarle nada a María Elena.
“Yo como ciudadana estoy muy molesta e inconforme con el gobierno, porque todo está hecho con las patas. En ese momento, a mí nunca me dijeron «no cremes a Ceci porque tenemos que buscar pruebas. Nunca me dijeron que tenía derecho a un abogado. Nunca me dijeron que tenía derecho, por parte del gobierno, a que se me asignara un abogado penalista. Nada. Nunca. Ellos entre menos tengan que trabajar, mejor”, dice enojada.
Y el poema terminó:
– Qué alguien nos diga de una puta vez: ¿quiénes son? ¿Son padres de familia? ¿Estudian aún? ¿Son dueños de un pequeño negocio? ¿Están locos? ¿Van a la iglesia y se dan golpes de pecho? ¿Besarán a su novia, esposa e hijos cuando vuelva esta noche después de matar a una mujer? ¡10 asesinos que hoy se irán a dormir, y 10 asesinos mañana!, pero en este país vergüenza, la culpa siempre es de ella. En este país horror, nadie sabe nada.
Ariadne Lamont suelta el micrófono, y se incorpora a un lado de sus compañeras de Red de mujeres y Madres Poderosas, que sostienen la pancarta con la mirada de frente, y una leve sonrisa.
Los vecinos de la colonia Amado Nervo afirman que desde que inicio el año decenas de familias no cuentan con servicio de agua potable, y al exigir al SIAPA el vital liquido, estos responden que no les darán servicios ”hasta que paguen”.
Fernando Ulloa Pérez / NCC.MX
Tepic Nayarit.-La mañana de hoy sábado un grupo de mujeres vecinas de la colonia Amado Nervo, denunciaron que desde el inició del presente año decenas de familias que viven en este asentamiento humano no cuentan con el servicio de agua potable.
Las denunciantes, aseveraron que a pesar de que en reiteradas ocasiones han solicitado el servicio de agua potable a través de pipas de agua, los funcionarios del SIAPA Tepic en tono agresivo les han hecho saber que “hasta que paguen” lo que deben les darán el servicio: “
Además, una de las denunciantes de nombre María del Rosario Rico, expresó que los servidores públicos del SIAPA además de negar el servicio, se portan groseros con quienes se atreven a pedir una pipa de agua hasta sus domicilios: “mire yo al igual que mis vecinas desde que inició este año no tenemos servicio de agua potable, hemos hablado con Oscar Medina y nos dice; mientras no paguen no hay agua, hemos hablado con un tal René Herrera y nos manda con una señora que se llama Grecia del Río porque supuestamente ella es la única que puede darnos agua, le hemos hablado por teléfono a este tipa y no nos contesta”.
Otra de las denunciantes de nombre Sonia Enríquez, especificó que ante la falta del servicio de agua potable en sus hogares, tienen que pagar por el servicio de lavandería: “pagamos cocina económica, compramos desechables, hay un jardín de niños en la colonia pero ellos están comprando pipas de agua, pero además, un tipo que trabaja en el SIAPA nos dijo que el pozo de agua estaba colapsado, pero eso no es cierto, se llevaron la bomba de agua los mismos del Siapa, fue un domingo por la tarde cuando se la llevaron y ya no la regresaron”.
Fabiola Regalado Guerrero, Fabby, como amorosamente la llama su familia, desapareció el 8 de febrero de 2017 a tan sólo unas cuadras de su casa en la Colonia Las Águilas en Zapopan, Jalisco. Desde ese día, Rosa María, su madre, y Arlen, su hermana, han encabezado su búsqueda porque se han cansado de esperar a que la Fiscalía del Estado de Jalisco, a través del Protocolo Alba, les dé alguna respuesta o algún avance del proceso de búsqueda.
Es más a tres años, los esfuerzos institucionales por buscar a Fabby se han reducido a las clásicas expresiones: “Tengamos fe y confianza, sí estamos investigando” y “Hacemos todo lo posible por encontrar a su hija”, siendo que los principales sospechosos de la desaparición, a decir de la familia Regalado, siguen libres y sin que la Fiscalía haga el mínimo esfuerzo por capturarles o por, mínimamente, llevarlas a rendir declaración.
Este 8 de febrero se cumplen tres años de la desaparición de Fabiola. Aquí el sentir de su familia que no cesa en buscarle.
Darwin Franco Migues / Zona Docs
-Le pido que me dé su voto de confianza, le aseguro que voy a encontrar a su hija… sólo denme chance.
-Los votos de confianza se me acabaron… se los di todos a Ustedes, pero nada me han devuelto.
Esto es parte del diálogo que Rosa María Guerrero, madre de Fabby, sostuvo con la titular de Protocolo Alba Jalisco, Ruth Virginia Morán Flores, quien en diversas ocasiones le ha solicitado a la familia Regalado Guerrero que le den: tiempo, paciencia y confianza; sin embargo, a tres años de la desaparición de Fabby, las palabras ya valen muy poco frente a las nulas acciones que se han derivado de las cientos de promesas que funcionarios públicos de la Fiscalía del Estado de Jalisco les han hecho para “ahora sí” encontrar a la joven que este 8 de febrero cumple tres años de haber sido desaparecida.
Al interior de la casa donde se espera el regreso de la joven de ahora 25 años, las decenas de fojas que conforman el expediente de investigación y búsqueda de Fabiola Monserrat Regalado Guerrero yacen sobre el sillón. En ellas se notan las horas de lectura y análisis que Rosa María ha dedicado; marcas de colores indican hechos relevantes que no han sido investigados, así como también señalan las irregularidades cometidas en la integración del expediente.
Todo esto se acompaña de notas y recordatorios que la familia ha hecho para no olvidar ni dejar de insistir a quienes dicen investigar su caso en aquellos elementos consideran importantes para encontrar a Fabby, pero que funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco dicen que son dificilísimos de conseguir.
Esto que parece imposible de conseguir son los estados, saldos y movimientos que se han tenido en la cuenta de banco de Fabby, misma que sigue activa a pesar de su desaparición y que Rosa María pide que se investigue porque ahí puede existir un rastro que los lleve al actual paradero de su hija:
“Yo trabajé por más de 25 años en un banco y perfectamente sé que si piden las cosas de manera adecuada no sólo nos pueden dar estos documentos, sino también otros datos relevantes como: desde dónde se hacen los depósitos, por qué cantidades, dónde es que se cobran y cuánto dinero aún se mueve en la cuenta de mi hija y lo más importante quién o quiénes son las que realizan esos depósitos y retiros”.
Cuando Fabiola Regalado Guerrero fue desaparecida, ésta residía en la colonia Las Águilas; ahí compartía la casa con otras tres personas (dos mujeres y un hombre); sin embargo, tras su desaparición es poco lo que se sabe de ellos y es poco lo que la Fiscalía ha hecho para localizarlos, como ha sostenido en múltiples ocasiones Rosa María. Lo que hoy saben, tras una petición de antecedentes penales solicitada a la Fiscalía General de la República es que estas tres personas tienen en Guerrero antecedentes y denuncias por su presunta participación en delitos como: trata, robo de identidad y secuestro.
“Ellos fueron los últimos en verla; ellos fueron quienes después de su desaparición tuvieron en su carro; ellos fueron los que comenzaron a decir que Faby no estaba desaparecida sino que se había ido de viaje. Yo creo que ellos saben qué pasó con mi hija, pero en la Fiscalía no los han investigado. Imagínese andan por ahí libres y mi hija todavía sigue desaparecida, pero eso sí me dicen todo el tiempo que ya casi van a ir por ellos”.
Lo contado por Rosa María es una de sus máximas exigencias, pero también uno de sus principales miedos porque quienes asegura se llevaron a su hija siguen libres y, a su parecer, son sujetos intocables:
“Cómo se explica uno que no les hagan nada, pese a que ya nos dijeron en una presentación que se nos hizo en el área de Análisis y Contexto de la Fiscalía en Desapariciones que en ellos recaían las principales sospechas de la desaparición de mi hija y ni así han hecho nada”, precisó la madre de Fabby.
Y es que resulta difícil pensar en un trabajo coordinado para localizar a Fabby cuando en tres años su familia ha tenido cinco ministerios públicos, media decena de policías investigadores y un par de funcionarios a los que les asignaron su caso hace un año y a quienes no conocen porque éstos no han tenido siquiera la decencia de presentarse con la familia ni de darles alguna información sobre lo que supuestamente están investigando.
Desde que Fabby fue desaparecida el 8 de agosto de 2017, la cantidad de mujeres que se han reportado como desaparecidas en Jalisco es alarmante, pues según datos del Sistema de Información de Víctimas de Desaparición en Jalisco, en el estado están actualmente desaparecidas 1,077 mujeres; el 51 por ciento de éstas desapareció en los últimos tres años. Una de estas mujeres que fue desaparecida y aún no es localizada es Fabiola Monserrat Regalado Guerrero.
“Yo lo que pido a las autoridades es que hagan caso a nuestras demandas y que ya no nos hagan falsas promesas, yo lo que quiero son acciones concretas que me lleven a encontrar a mi hija… yo creo que ella está viva y por eso no me cansaré de insistir en que sigan las pistas del dinero porque creo que eso nos llevará a Fabby… ya no tengo voto de confianza que dar a las autoridades se los han acabado todos, pero sí tenemos en la casa mucha fe en que habremos de encontrar a Fabby”.
Para compartir alguna información sobre el paradero de Fabiola Monserrat Regalado Guerrero su familia ha creado el siguiente perfil de Facebook: https://www.facebook.com/sebusca.fabbyguerrero.7
Foto ilustrativa. Familiares de desaparecidos buscan en las fosas clandestinas lo que queda de quienes ahí fueron escondidos (Foto: Cuartoscuro)
Redacción / Infobae
En Veracruz, una de las zonas más letales, más de 300 voluntarios buscan rastros de sus hijos, padres y madres
Más de 300 voluntarios, en su mayoría familiares, buscan desde el viernes y por dos semanas a desaparecidos en el estado de Veracruz, una de las zonas más afectadas por ese crimen en México, un país en el que hay 61.637 desaparecidos, según las cifras oficiales.
“Las familias, con un profundo dolor, con un profundo hueco, han dejado sus casas para regalarle 15 días de esperanza al país e intentar reconstruir la parte que nos toca”, explicó Juan Carlos Trujillo, hermano de desaparecidos, en la presentación de esta Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En estas brigadas, cuya sede se instaló en Papantla, en el norte de Veracruz, participan 74 colectivos sociales de 21 estados de la República. Las tareas de búsqueda, explicó Noé Amezcua, del Centro de Estudios Ecuménicos, están organizadas alrededor de tres grandes ejes de intervención: la búsqueda en el campo, la búsqueda en vida y la identificación forense.
Además, para estas expediciones se ha ampliado el espectro y también se realizarán pesquisas en escuelas y en iglesias.En enero pasado, una avanzada ya estuvo explorando el terreno y, precisó de nuevo Trujillo, definió que habría “muy pocas posibilidades de encontrar cuerpos porque se detectaron algunos campos de exterminio”.
Las familias en el abandono del gobierno mexicano
Foto ilustrativa. Voluntarios buscando rastros de sus familiares (Foto: Cuartoscuro)
Estos activistas sociales se lanzan a la búsqueda de sus familiares ante la inactividad que denuncian por parte del Gobierno mexicano, que a su parecer no ha hecho avances significativos en la materia bajo la batuta de Andrés Manuel López Obrador.
“Nos hemos visto obligados a buscar formas para recabar fondos para poder ayudarlos. Créanme que jamás imaginé tener que llegar a esto”, denunció María Herrera, madre de Juan Carlos Trujillo y, por tanto, de desaparecidos.
Herrera, de la asociación Enlaces Nacionales, recalcó una disparidad entre las buenas palabras de López Obrador y su poca actuación.”Considero una burla de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que dijo que iba a apoyar y hay unos apoyos de 100 pesos. Digan ustedes si no es una bofetada”, lamentó en referencia a las ayudas al desplazamiento ofrecidas a algunos familiares de víctimas.
Del mismo modo, su hijo aplaudió algunos avances tanto de la CEAV como de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero destacó por encima de todo la falta de esfuerzos. “Para tener una desgracia como la que vive el país, 43 personas que trabajan en la CNB no van a solucionar el problema”, lanzó.
Desde el inicio del mandato de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, hasta el cierre del 2019 desaparecieron en México 5.184 personas, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación.
Desde el inicio del mandato de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, hasta el cierre del 2019 desaparecieron en México 5.184 personas (Foto: Archivo)
La brigada no solo tiene como objetivo encontrar a desaparecidos, sino que pretende ser “un mensaje de paz fuerte y contundente”, explicó el activista de la ONG Marabunta Miguel Barrera.”Cada vez que (los familiares) hacen búsqueda de desaparecidos, es para recuperar la paz para ellos, pero también ayuda a trascender su propia historia”, dijo Barrera.
La seguridad durante las investigaciones es una de las preocupaciones de los participantes, que estarán acompañados por la Guardia Nacional y la Policía Federal, además de tener protección municipal en algunos casos.
César Ortigoza, del Grupo Armadillos Búsqueda y Rescate, afincado en San Diego (California), reveló los peligros a los que se vio envuelto en alguna otra tarea de recuperación de cuerpos.”En Cuerpo Peñasco (Sonora) encontramos alrededor de 7 cuerpos, pero tuvimos que parar esa búsqueda porque nos salió un grupo de sicarios”, relató.
Ante esta situación, Virginia Garay, del Colectivo Nayarit, destacó que cualquier detalle puede importar en la localización de una persona y que se puede dar información de manera anónima.
Se hagan muchos avances o no, los activistas harán algunos actos de memoria durante las pesquisas, tales como poner placas con los nombres de los desaparecidos en instituciones públicas, para humanizar el fenómeno de las desapariciones.”Entre los principales retos, está esa reconstrucción del tejido social”, resumió Garay.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Autoridades, habitantes y organizaciones sociales conformaron el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en la Mixteca de Oaxaca y el estado de Puebla.
Los integrantes de este Frente indicaron que el 1 de febrero se desarrolló la segunda asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca, misma que tuvo como sede Santiago Chazumba.
“Estas asambleas nacieron a partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han estado dando en la región, aunque estas surgieron desde el sexenio de Felipe Calderón y ahorita también han estado saliendo a la luz algunas; entonces nos reunimos con las comunidades y platicamos y se tomó la decisión de formar un frente regional que permita generar buenas acciones”, aseguraron los integrantes de este colectivo.
Dijeron que entre los proyectos mineros que piden que se eliminen son: Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atxala de la concesión minera Newmont Mining Corporation en Cerro Colorado, Tehuacán, Puebla; así como el Parque Eólico Miahuatlán, Puebla; Fumigación de nubes con yoduro de plata en el Valle de Tehuacán y la región Mixteca de Oaxaca; la concesión minera de SIMEX que abarca Zapotitlán, Caltepec y Santiago Chazumba, así como la concesión minera Arco Resources Corporation en Silacayoápam, San Marcos Arteaga y Ayuquililla.
Los miembros de este Frente señalaron que se determinó llevar a cabo el primer Foro Regional contra las Mineras y los Megaproyectos, mismo que se celebrará el domingo 8 de marzo a las 11 del día en el municipio de Santiago Chazumba, en donde se le dará lectura a la declaratoria hecha por este organismo.
También lanzaron la invitación para que académicos, activistas, defensores y demás se sumen a este proyecto, el cual se hace para evitar la explotación de la tierra y la defensa, pues se estima que desde hace una década, empresas mineras extranjeras se están apropiando de los recursos naturales.
Finalmente, los integrantes del Frente comentaron que esperan poder llegar a más comunidades que quieran defender su territorio natural.
En Puebla se reporta la toma de tres municipios por habitantes inconformes por incumplimiento de obras públicas, inseguridad y desvío de recursos de los alcaldes: San Nicolás de los Ranchos, Teopatlán y Tepeyahualco de Hidalgo, mientras que permanecen conflictos municipales en otras tres localidades: Amozoc, Juan C. Bonilla y Tehuacán.
A decir del secretario de Gobernación en el estado, David Méndez Márquez, “se ha mantenido pláticas con los diversos grupos inconformes, pues la intención de las autoridades estatales es escuchar las diferentes opiniones y garantizar la gobernabilidad en el estado”.
La principal queja de los habitantes es que las autoridades municipales no han ejecutado obras públicas y que se han elevado los índices de inseguridad.
Uno de los primeros conflictos que se registró en este año fue en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, donde el 13 de enero los habitantes manifestaron su inconformidad porque no se han entregado obras públicas.
El 23 de enero se reportó otro conflicto municipal en Amozoc, municipio que ya tenía antecedentes de problemas, cuando inconformes, la mayor parte de una agrupación de piperos, cerraron por más de 10 horas la carretera federal Puebla-Tehuacán, además de generar destrozos en las instalaciones de la presidencia municipal y quemar tres autos.
El martes 4 de febrero habitantes de Teopatlán acudieron al Congreso del estado con el objetivo de exigir la destitución de su alcalde, Atanacio Pérez Cañete, de Movimiento Ciudadano, a quien han acusado de nepotismo.
En Juan C. Bonilla la queja de los habitantes es la obra de construcción de un colector de aguas industriales procedente de la Ciudad Textil de Huejotzingo, que desembocará en el río Metlapanapa, pues aseguran que elevará los índices de contaminación.
En Tepeyahualco de Hidalgo, habitantes exigen al alcalde Eyerim Espinoza Sosa la salida de la empresa Granjas Carroll, por acusarla de contaminación a los afluentes de la zona.
CIUDAD DEL CARMEN, Cam. (apro).- La polémica detención de un estudiante de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fichado con otra identidad por el presunto robo de un vehículo, puso en evidencia a la Fiscalía General del estado (FGE).
Carlos Cruz García, alumno de la carrera de Veterinaria de la UNAM, quien realiza su servicio social en Ciudad del Carmen, fue reportado como desaparecido el pasado fin de semana.
Hasta el martes 4 sus compañeros se enteraron que el joven estaba detenido, cuando medios locales difundieron sus fotografías y una nota donde se mencionaba que un reo había escapado de la policía en el Hospital General “Socorro Solís Quiroga”, lugar al que Carlos Cruz fue trasladado para recibir atención médica, luego de que –durante su audiencia de imputación ante un juez de control– manifestó sentirse mal de salud.
Además de las fotografías, en una de las cuales se le veía desmayado, los periódicos dieron a conocer la ficha policial del joven, donde aparecía con el nombre de Miguel Joaquín Ortiz García, de 24 años, originario de Chiapas y de lengua otomí.
El muchacho sufrió un desmayo a las puertas del nosocomio y, aprovechando la distracción de los custodios y del personal médico, se dio a la fuga, pero horas más tarde fue recapturado.
La dirección municipal de Seguridad Pública publicó entonces en sus redes sociales una foto del joven con el sello de “recapturado”.
Desde que se publicaron las imágenes del estudiante, con otra identidad, sus compañeros salieron en su defensa, aclarando a las autoridades que no era Ortiz García.
Medios locales aseguraron que el supuesto Ortiz García traía identificaciones falsas como estudiante de la UNAM.
Los compañeros del estudiante acusaron a la Fiscalía General del estado y a los medios informativos de difamar al joven, e insistieron que en realidad se trataba de Carlos Cruz García, alumno de veterinaria de la UNAM, quien se encuentra en esta ciudad haciendo su servicio social, y para probar su dicho difundieron imágenes sobre sus actividades profesionales.
Los amigos de Cruz García emprendieron una movilización para liberarlo y recaudar fondos para apoyar a sus familiares en las diligencias, dado que –subrayaron– “le están fabricando un delito por incompetentes y corruptos”.
Al respecto, la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM emitió un comunicado para informar que otorgó asesoría legal y apoyo económico a los familiares de su alumno, Carlos Cruz García, quien –confirmó– realiza su servicio social en Ciudad del Carmen.
Expuso que el pasado miércoles 5 el padre el muchacho, Moisés Cruz González, se reunió con autoridades de esa Facultad para analizar el caso, e informó que estará al tanto de lo que resulte de las investigaciones ministeriales y el desarrollo del proceso.
Miguel, quien habitó en las ruinas de Teotihuacán, conoció la realidad de los campos de exterminio de los Zetas. Trabajando en una fosa común, busca devolverles la dignidad a los cadáveres que nadie pudo llorar
Fosa común, dolor universal. Estas son imágenes de la exhumación masiva más grande de la historia de Coahuila, todavía en curso. Fotos: Marco Medina/Omar Saucedo/Jesús Peña
Texto: Jesús Peña; Fotos: Marco Medina/Omar Saucedo/Jesús Peña; Diseño: Édgar de la Garza; Edición: Quetzali García/ VANGUARDIA MX
La foto, – dice Miguel -, es de una excavación en Teotihuacán, en una zona que le llaman Plaza de las Columnas, que no había sido explorada y en la que se encontró un contexto óseo, como un desecho de talla, fragmentos de huesos humanos que tienen evidencias de haber sido utilizados como herramientas.
-¿Huesos humanos?
-Sí.
-¿Por qué?
-En ese tiempo era así. Era normalizado eso de fabricar artefactos con huesos humanos…
Acá, Miguel está en Tetitla, un conjunto habitacional teotihuacano ligado a la élite de la llamada Ciudad donde nacen los Dioses, por la suntuosidad de sus pinturas murales, la planificación, la traza del conjunto, los materiales que se usaron.
Un conjunto residencial típico teotihuacano, sus casas…
Éste – cuenta Miguel – es el cráneo de un niño.
En Teotihuacán descubrieron un lugar, enfrente de la Pirámide de la Luna, donde, igual que aquí, en Coahuila, hay fosas.
Cuando despertó, la masacre seguía ahí * En el país suman 45 mil las desapariciones y 37 mil los cuerpos sin identificar * Así como miles de fragmentos de restos en fosas clandestinas distribuidas en el Estado * Hay 60 colectivos en el movimiento nacional de desaparecidos en todo el país
Rastros. Otro campo de extermino donde se han recuperado restos humanos tras las masacres.
En ese sitio los teotihuacanos cubrieron estelas, unas piedras talladas, y aparte realizaron un entierro de infantes que, al parecer, fueron sacrificados.
Aquí Miguel, en una excavación en el Palacio de Quetzalpapálot, (quetzal – mariposas), donde se descubrió pintura mural teotihuacana, que es suntuosa, con técnicas distintas, plasmada sobre cal al fresco y en la que se utilizaron varios colores para iluminar motivos de jaguares o felinos.
Relata Miguel Ángel López Vargas, 32 años, arqueólogo, mientras despliega con la yema de sus dedos largos y delgados, dedos de arqueólogo, las fotos captadas con su celular en las profundidades de Teotihuacán.
Miguel está en la terraza, con mesita y sillas metálicas, de su departamento, en Torreón, terraza a la que se asciende por una escalera famélica que no se parece en nada a las escalinatas de las maravillosas pirámides del Sol y la Launa, en la Ciudad donde nacen los Dioses, el sitio sagrado en el hasta hace poco vivía Miguel.
Un lugar más donde se han recuperado restos humanos tras la masacre.
Pero eso ya pasó.
Mediodía canicular de finales de noviembre.
En el panteón municipal La Paz, carretera Saltillo – Torreón, el silencio es una nube que asfixia y enerva.
A lo lejos, delante de la cinta ambarina que dice con letras negras y redondas “CRIMINALÍSTICA P.G.R.”, se ve a un piquete de hombres vestidos de blanco que cargan una camilla.
Sobre la camilla va una bolsa gris y dentro de la bolsa gris los restos de un cadáver sin identificar que acaban de rescatar de una multitudinaria fosa común.
Evento catalogado por el gobierno como la más grande exhumación, una exhumación masiva, realizada en Coahuila en los últimos tiempos.
Esto, por la petición de una madre, Lorena Vallejo, quien durante largos ocho años exigió a las autoridades el rescate de su hijo, Cristhian Mundo, desaparecido en Piedras Negras, muerto en una balacera en Saltillo, diciembre de 2011, y enterrado en esta tumba colectiva,
Sin duda – dijeron las autoridades – una exhumación histórica, inédita, sin precedentes, que concluiría, después de tres semanas de trabajos, con la recuperación de 53 indicios: 44 hombres, cuatro mujeres; lo demás, partes de brazos y piernas, provenientes del Hospital Universitario de la ciudad.
“De que están olvidados están olvidados. Y sí, se siente feo que estén aquí abandonados”
MIGUEL ÁNGEL VARGAS, ANTROPÓLOGO FORENSE
Junto a aquellos hombres ataviados de pies a cabeza con esos trajes blancos que parecen como de astronauta, va Miguel.
Más allá, un grupo de familias, que ha venido a buscar entre los muertos a sus desaparecidos, se resguarda del sol y el viento del otoño bajo dos toldos que resaltan, como tensos globos, en medio de la macha de tumbas y cruces del cementerio.
El viento brama y otras veces lanza alaridos como si en su alma cargara una grande pena.
Ya va para un mes que Miguel lleva metido, sumergido, con el resto de la cuadrilla de hombres, en la gran fosa de cuatro metros de hondo por cinco de ancho.
Casi un mes de permanecer en este panteón para rescatar los cuerpos de los muertos que nadie reclamó, que nadie lloró, y que ahora ¿descansan?, en este agujero que mandó cavar aquí el gobierno en 2011, el apogeo de la narcoguerra en la región.
O, como diría Alan García Campos, funcionario de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, en el marco de la ceremonia del 10 aniversario de Fuundec realizada en diciembre pasado.
“y de las víctimas, a nivel nacional, en medio de la violencia favorecida por una estrategia de seguridad fallida de corte militarizado, instaurada en 2006”.
De vez en vez se mira a los hombres de blanco, entre los que hay criminalistas, medios forenses, antropólogos, arqueólogos y panteoneros, entrar y salir del hoyo a través de las montañas y montañas de tierra de la excavación.
Palas y exterminio. Es uno de los 27 campos de exterminio, descubiertos hasta ahora en Coahuila. Miles de fragmentos humanos se recuperan por semana.
“En esta fosa lo que primero hacemos es la técnica de campo, el recorrido de superficie. Se hizo una cartografía del lugar, las alteraciones posibles que hubiera en el terreno para identificar las huellas… Eso fue lo que hicimos, se delimitó el área y se empezó a hacer la excavación, pero ya con un método arqueológico. Ya que el método arqueológico permite hacer una excavación sistemática, no arbitraria como se hace en otros lugares, que nada más es sacar por sacar. En este caso se aplicó en este panteón que a pesar de que es ya un lugar institucionalizado y bien planeado para la disposición de cuerpos en fosa común, se tiene que aplicar la técnica arqueológica. Somos los encargados de la excavación y decimos hacia dónde hay que ir”.
-¿Qué tipo de herramienta utilizan?
-Herramienta menor como la picoleta, la cucharilla, las brochas, herramienta de excavación detallada, que son las que les llaman de cirujano, de dentista, esas son para no dañar el hueso, no dañar el elemento biológico y para hacer una limpieza más detallada, pero también tenemos herramientas más grandes como el pico, la pala, herramienta común de excavación.
Durante alguno de sus escasos ratos de descanso, Miguel, perlina tez, facciones finas, ondulados cabellos, barba de candado, dice que hace menos de un año migró de su natal Iztapalapa, en la Ciudad de México, a esta provincia, para enrolarse como arqueólogo forense en el equipo de Identificación Humana, adscrito a la Fiscalía General de Coahuila.
10 años atrás, siendo estudiante de la Escuela Nacional de Arqueología (ENA), Miguel, había comenzado a trabajar en diversos proyectos de rescate del patrimonio cultural en el Valle de Teotihuacán, pletórico de construcciones prehispánicas, piedras labradas, murales, cerámicas y miles de vestigios más que hicieron de la Ciudad donde nacen los Dioses la mayor entre las antiguas metrópolis de Mesoamérica.
“Necesitamos el apoyo, cuando menos de un médico forense que pueda ayudar al antropólogo y así avanzar. Necesitamos más peritos, más antropólogos, más arqueólogos, más manos”
SILVIA ORTIZ, DIRIGENTE DEL GRUPO VIDA
“Todo el tiempo estuve enfocado a lo que era la parte monumental de las pirámides, Pirámide de la Luna, Pirámide del Sol, toda la zona, digamos, central de la ciudad prehispánica; el Quetzalpapálotl, un edificio suntuoso que está ligado al gobierno, el Palacio de Quetzalpapálotl, en Teotihuacán. Por muchos años se ha estado estudiado el lugar, se puede proponer que estuvo ligado a una élite gobernante, más que al gobierno, a una élite gobernante, pero aún siguen las investigaciones”.
Lugares estos que en nada se parece a la necrópolis de La Paz, con sus sepulcros de tierra, cemento y mármol, muchos de los cuales lucen solitarios, abandonados, aun en la víspera misma de la celebración del Día de Difuntos.
“De que están olvidados están olvidados.
Y sí, se siente feo que estén aquí abandonados, viene uno a veces a dar la vuelta para acá, los mira uno y no sabe uno ni qué eran esas personas ni a qué se dedicaban, qué haya sido de su vida”, dice Héctor Salazar Borjas, ayudante del panteón de San Ignacio, en Ramos Arizpe, panteón que tiene un área de fosas comunes donde yacen alrededor de 30 cuerpos no identificados.
Miguel cuenta cómo fue que se zambulló en el mundo de la arqueología forense.
“Empecé a conocer, a ingresar en todo este contexto forense y la problemática que hay en el país, la problemática tan grave de no identificación, de la falta de identificación de las personas”.
Un día Miguel se enteró por una convocatoria que la Fiscalía de Coahuila buscaba arqueólogos, enfocados en el campo forense que desearan trabajar en taras de identificación humana.
Palas y exterminio. Es uno de los 27 campos de exterminio, descubiertos hasta ahora en Coahuila. Miles de fragmentos humanos se recuperan por semana.
Entonces Miguel viajó a Saltillo, entregó su papelería y se presentó a las pruebas de control y confianza.
Al cabo de algunas semanas Miguel fue aceptado y asignado a la Región Lagunera de Coahuila.
De pronto, se vio embutido en un traje blanco, con capucha y cubreboca,
Uno de esos trajes delgaditos, como de polietileno, que usan los peritos de la policía cuando van a la escena del crimen o a algún accidente vial.
Miguel que se había encantado al contemplar el paraíso teotihuacano, conoció la realidad de los cementerios clandestinos que los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios del país, habían establecido en lugares como Patrocinio, Estación Claudio, Santa Elena, San Antonio de Gurza, por citar sólo algunos de los 27 campos de exterminio descubiertos por el Grupo Vida en la Laguna.
“Tenemos que registrarlos y decir ‘miren, aquí se propone que es un individuo…’, porque al fin y al cabo son seres humanos… Es el respeto a la vida, se tiene que devolver la identidad y el respeto… Es un derecho humano”
MIGUEL ÁNGEL VARGAS, ANTROPÓLOGO FORENSE
Lugares en los cuales los zetas mataban a sus víctimas y luego las quemaban en tambos, a fin de borrarlas de la faz de la tierra.
Miguel empezó a participar también en la recuperación de algunos cuerpos de fosas comunes o entierros clandestinos en Monclova y Piedras Negras, cuando así lo solicitaban los colectivos de familias de desaparecidos.
“Aquí es reconocer en el terreno posibles alteraciones producto de la actividad humana criminal para poder identificar fosas. Contamos con conocimientos de antropología física muy básicos, pero al fin y al cabo nos sirven para poder saber el tiempo en el que un cadáver, un cuerpo se descompone, saber si ya está esqueletizado, cuestión que tiene mucho que ver con las condiciones del terreno, el tipo de tierra, el clima… A partir de ahí establecemos una directriz y la técnica arqueológica tiene que ser muy afinada”.
En las sepulturas teotihuacanas los huesos aparecen muy rara vez en orden anatómico y la mayoría de las veces falta alguna parte del cuerpo.
La muerte en Teotihuacán > En el Templo de Quetzalcóatl se han encontrado grupos de entierros humanos que rodeaban el edificio, individuos sacrificados en un ritual que se ha relacionado con la agricultura. Todos los individuos hombres y mujeres tenían las manos atadas a la espalda y algunos llevaban collares con piezas en forma de mandíbulas. En el centro del edifico se encontraron alrededor de 20 cuerpos que semejaban un verdadero túmulo funerario. > El arqueólogo Leopoldo Batres encontró restos óseos de infantes en cada esquina de lo cuatro cuerpos de la Pirámide del Sol, explorada por él a principios del siglo XX. > En la Ciudad de los Dioses existía un culto a los muertos manifiesto en los enterramientos con gran cantidad de ofrendas y la representación de deidades de la muerte, lo que nos habla de una creencia en el más allá y de una vida después de la muerte. > En las sepulturas teotihuacanas los huesos aparecen muy rara vez en orden anatómico y la mayoría de las veces falta alguna parte del cuerpo. > El descubrimiento frecuente de huesos chamuscados y de vestigios carbonizados de lo que se llama el “fardo del muero”, (el cadáver envuelto en una mortaja se incineraba con las ofrendas), confirma que en la Ciudad de los Dioses se acostumbraba repetir la cremación arquetípica en la que el Señor de Tula se transformaba en energía luminosa. -¿Qué han encontrado en estas fosas clandestinas?
-Son básicamente entierros humanos completos, bien articulados. Algunos de los cuerpos están en proceso de putrefacción, otros ya en estado de esqueletización. Aquí se tiene que hacer una limpieza sistemática, detallada de los huesos, con brochas, con cucharillas, con estas picoletitas de cirujano…
Las fosas clandestinas de Piedras Negras, donde la gente desaparece así, de la nada, como si se la hubiera tragado la tierra.
Pero nunca de los nuncas Miguel había estado en una exhumación tan grande, como la del panteón La Paz.
Era su primera vez.
“Fue complicado por el número de cuerpos que nos señalaron que hay”.
-¿Pesado?
-Es pesado, sobre todo por la carga física. Como en toda excavación arqueológica la carga física es lo pesado.
De vuelta a la terraza de su departamento en Torreón con mesita y sillas metálicas, Miguel platica de cuando era un crío y le gustaban tanto los dinosaurios que soñaba despierto con, un día, llegar a ser paleontólogo.
Su padre, un modesto maestro de biología, y su madre, una secretaria empleada de la SEP, lo habían acercado, a través de la lectura, al mundo de los llamados lagartos terribles.
Más tarde los intereses intelectuales de Miguel viraron hacia todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del cuerpo humano y sus diferentes sistemas y aparatos.
“Mis papás me inculcaron la lectura, el interés más por la ciencia, por la biología, todas estas cosas que tienen que ver con vida. Entonces siempre como que me interesó esta parte”.
Durante sus días de bachiller en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, a Miguel le gustaba visitar la biblioteca y devorar cuanto libro encontraba sobre arqueología.
“El Colegio tenía una buena biblioteca con muchos libros de arqueología. Recuerdo uno que me llamó mucho la atención: “Arqueología. Todas las piedras tienen dos mil años”, de un arqueólogo que se llama Jaime Litvat, muy interesante, fue el que más me apasionó”.
Es importante que la arqueología sirva para otras cosas también, para resolver los problemas sociales actuales, en este caso de violencia y desaparición”
MIGUEL ÁNGEL VARGAS, ANTROPÓLOGO FORENSE
Y ese fue el meteorito que extinguió, sepulto, para siempre su sueño de convertirse en un paleontólogo.
En cambio, una vez que hubo terminado la preparatoria, se inscribió en la Escuela Nacional de, Arqueología (ENA).
Miguel estaba fascinado con las prácticas de campo y el aprendizaje de la teoría en el salón de clase.
Un semestre antes de concluir la carrera ya trabajaba en diferentes proyectos de excavación y rescate en la zona arqueológica de Teotihuacán, a donde con el tiempo se mudaría.
“En la escuela te ponían propuestas de proyectos a los que tú podías ingresar, insertarte para hacer tus prácticas, y estaba Teotihuacán y dije ‘me gusta Teotihuacán’. Adentro de la zona arqueológica hay un albergue. Ahí viven los arqueólogos, los trabajadores, los investigadores que laboran en distintos proyectos. Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas que más arqueólogos tiene. Es uno de los centros de trabajo que más personal tiene. Hay varios investigadores asignados al INAH que son investigadores de tiempo completo y ellos son lo que organizan y planean los proyectos. Estos investigadores tienen su propio personal y se enfocan en distintas áreas en Teotihuacán. Unos trabajan en el Templo de Quetzalcóatl, otros en la Pirámide del Sol, otros en salvamento arqueológico. Hay muchas áreas de trabajo en la parte de restauración de los vestigios arqueológicos”.
Cuando era niño, Miguel había visitado muchas veces la Ciudad donde nacen los Dioses y se había deslumbrado ante majestuosidad de sus paisajes.
¿Quién iba a pensar que algún día hurgaría en sus entrañas de la ciudad sagrada para robar sus secretos?
“De niño era muy bonito estar ahí, pasear, pero uno nunca piensa trabajar en esos lugares, que iba a hacer vida allá o encontrar cosas…”.
Cuando alguien le pregunta a Miguel que por qué fue que cambió el esplendor de la Ciudad donde nacen los Dioses por el desierto de los campos de exterminio de la Laguna y las desiertas fosas clandestinas de la Región Norte de Coahuila, responde:
“Me apasiona. No es algo que tú lo hagas así como que ‘ay que feliz’, pero es material de trabajo y hay que verlo como tal. Siempre habrá este grado de incertidumbre por el tema de seguridad y todas estas cosas, pero uno trata de tomar su material como su objeto de trabajo y ser lo más objetivo posible, entre comillas. A mí me atrajo el aspecto forense en arqueología porque justamente en Teotihuacán conocí muchos colegas que estaban insertados en esto y ellos mencionaban que se necesitaba mucha gente todavía, porque la arqueología en México apenas se está insertando en este campo de lo forense, que se necesitaba mucha gente. que no se daban abasto. Es un nuevo campo de trabajo en México”.
Habla Dolores Soto, arqueóloga, integrante del Grupo Autónomo de Trabajo.
“Contamos con conocimientos de antropología física muy básicos, pero nos sirven para poder saber el tiempo en el que un cadáver, un cuerpo se descompo”
MIGUEL ÁNGEL VARGAS, ANTROPÓLOGO FORENSE
“Tristemente en México no hay una formación de arqueología forense. No puedo entender cómo es posible, dada la tragedia que estamos viviendo, 37 mil personas no identificadas, centenares de restos en campos de exterminio, y que no haya una formación de arqueólogo forense en México. En Europa, en los países donde hubo masacres, la ex Yugoslavia, la arqueología forense está muy desarrollada, es muy vieja ya la arqueología forense 25 a 30 años. Y aquí son contados los arqueólogos que están participando en el tema forense. es vital mayor participación de arqueólogos comprometidos, formados y capacitados en el tema forense”.
Silvia Ortiz, la dirigente del Grupo Vida dice que no solamente se necesitan arqueólogos, sino que urgen antropólogos y médicos forenses, para concluir los trabajos de recuperación y análisis de los restos de fragmentos óseos encontrado en los llamados campos de exterminio.
“Se necesita otro arqueólogo y otro antropólogo. Ahorita tenemos el antropólogo y a Miguel, el arqueólogo, y no se dan abasto, hijo, la vedad no se dan abasto. Los problemas más graves que tenemos acá son: el sol de la Comarca, que contribuye a que se pierda por completo el perfil de los restos; la erosión, porque acá se hacen grandes tolvaneras; los animales que caminan por la zona y escarban. Entonces eso está dañando enormemente todo. Tenemos que darnos prisa para terminar porque de por son restos carbonizados y calcinados, con esto otro que te digo se pierde por completo la posibilidad de identificar.
Al pie del cañón.Los familiares de los desaparecidos, estuvieron un mes acompañando y vigilando el proceso de exhumación, sin certeza pero con la esperanza de encontrarlos.
“Tenemos un enorme rezago en dictámenes, como hemos estado recuperando y recuperando y recuperando, el antropólogo no se da abasto. Necesita el apoyo, cuando menos de un médico forense que pueda ayudar al antropólogo y así avanzar. Necesitamos más peritos, más antropólogos, más arqueólogos, más manos”.
Después de excavar y realizar hallazgos culturales en Teotihuacán por más de 10 años, “vestigios arqueológicos que hablan de la vida cotidiana de Teotihuacán, pedazos de cerámica a los que llamamos tepalcates, en la jerga arqueológica, obsidiana, una pidiera negra que brilla y que muchas veces está tallada y son puntas de flecha, excéntricos, utensilios de la vida cotidiana, pero también de uso simbólico y ritual”, Miguel se descubrió, de un día para otro, en Patrocino, municipio de San Pedro, Coahuila, el comentario subrepticio más grande de los Zetas, y del que Miguel, junto con el equipo de Identificación Humana de la Fiscalía, ha recuperado miles y miles de restos de fragmentos óseos, que en su mayoría no superan el tamaño de una uña.
“Quién se iba a imaginar hace 15 años que un arqueólogo iba a estar haciendo esto…”
RICARDO MARTÍNEZ LOYOLA, TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE COAHUILA.
“Hay que tener un buen ojo para recuperar todos los fragmentos. Muchos están quemados, hay algunos que todavía están en buenas condiciones, completos, se puede….la genética. Tenemos que registrarlos y decir ‘miren, aquí se propone que es un individuo…’, porque al fin y al cabo son seres humanos… Es el respeto a la vida, se tiene que devolver la identidad y el respeto… Es un derecho humano.
“Y creo que la empatía es una parte fundamental del trabajo, obviamente las familias siempre van a querer resultados rápidos y tangibles, con el trabajo de uno. Si uno estuviera en esos problemas pues también iba a querer resultados, por eso uno trata de hacer el trabajo lo mejor posible”.
“Las personas que a lo mejor se dedicaban a, como dice Miguel, ‘yo andaba buscando reliquias, estaba haciendo otros trabajos de carácter muy académico’, tienen que trasladar sus esfuerzos a colaborar con algunas de las instituciones que estamos tratando de identificar esos restos, a esas personas, para podérselos entregar a sus familiares como una obligación del estado mexicano, pero también es un derecho de las víctimas. Quién se iba a imaginar hace 15 años que un arqueólogo iba a estar haciendo esto…”, dice Ricardo Martínez Loyola, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila.
“Las personas desaparecidas no son del pasado, no son números, no son expedientes, son personas que tenían una vida antes de ser desaparecidas…”, dijo Guadalupe Pérez Rodríguez, de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, durante la celebración, en diciembre pasado, del décimo aniversario de Fuundec.
“Mis papás me inculcaron la lectura, el interés más por la ciencia, por la biología, todas estas cosas que tienen que ver con vida”
MIGUEL ÁNGEL VARGAS, ANTROPÓLOGO FORENSE
-¿Cómo ha sido el trabajo en estos lugares de exterminio?
Responde el arqueólogo Miguel Vargas:
-Colectando los fragmentos y no nada más es la colecta, nosotros como arqueólogos necesitamos ubicar, espacialmente, las fosas porque son fosas, a fin de cuentas. No serán como las fosas clandestinas ni como las fosas comunes, son fosas chiquitas que se hacen con la pala para depositar los fragmentos, pero al fin y al cabo son fosas.
•¿Y en Teotihuacán?
•También allá me tocó liberar muchos entierros, pero son distintos. Para empezar, son de miles de años los entierros Teotihuacanos, Mexicas, mosoamericanos, y son distintos, aunque al mismo tiempo tienen una similitud. Hay algunos que tienen evidencias de violencia, por ejemplo. En el caso de los mesoamericanos, de Teotihuacán, hay algunos que son entierros rituales, con sus ofrendas y todo.
De vuelta al campo santo de La Paz en Saltillo se ve al arqueólogo Miguel, junto al resto de la cuadrilla de hombres de blanco, delante de la cinta ambarina, a unos 20 metros de distancia, escarbado en la enorme fosa, cribando tierra, en busca de algún indicio.
“Muchas veces en el sistema penal antiguo una exhumación se hacía arbitrariamente, se podían dejar muchos indicios afuera y se perdía mucha información, porque la excavación no tenía una sistematización. Es por eso que se ha demandado mucho el arqueólogo, en este caso para aplicar la técnica arqueológica al contexto forense. Uno como arqueólogo tiene una idea de sistematicidad y la técnica de excavación. El método te permite recuperar y registrar todo lo que haya en el suelo y darle una posible interpretación”.
José Ángel Herrera Cepeda, fiscal de Desaparecidos en Coahuila, comenta que actualmente se ha realizado una reingeniería de los perfiles con los que debe contar esta dependencia.
De tal manera que hoy el Estado tiene dos equipos de identificación humana, que se dedican, uno, exclusivamente a la recuperación de restos forenses en campo, prácticamente en la zona de la Laguna.
Y otro, que trabaja en el tema de exhumaciones, para la recuperación de cadáveres sin identificar.
Ambos equipos de identificación humanan están compuestos por especialistas forenses que conforman un grupo multidisciplinario.
“No puedo entender cómo es posible, dada la tragedia que estamos viviendo, 37 mil personas no identificadas, centenares de restos en campos de exterminio”
DOLORES SOTO, GRUPO AUTÓNOMO DE TRABAJO, ARQUEÓLOGA
“En la zona de la Laguna está el arqueólogo, un antropólogo, un médico forense, un odontólogo forense y un criminalista de campo. Aquí en Saltillo es el mismo equipo, a excepción, del arqueólogo. Hace unos días tuvimos la invitación de la Comisión Nacional de Búsqueda y se planteó que uno de los grandes retos es que la mayoría de los estados no cuentan con arqueólogo forense, solamente con antropólogos.
Hay una gran necesidad, con esta crisis forense que a nivel nacional, de que cada estado cuente con esos equipos de identificación humana y por lo menos tener un arqueólogo”.
El problema, – dice Miguel -, es que en el país no hay muchos arqueólogos forenses y la mayoría de sus colegas están concentrados en el centro de México y dedicados a la arqueología tradicional, arqueología prehispánica, sitios arqueológicos…
“En este rubro todavía tenemos insuficiencia de personal y es importante que la arqueología sirva para otras cosas también, para resolver los problemas sociales actuales, en este caso de violencia y desaparición”.
Por Zona Franca, 7 de febrero de 2020
León, Gto. El estado de Guanajuato es el más peligroso para niños, niñas y adolescentes; no sólo los 390 homicidios de menores de edad cometidos durante el 2019, sino porque la legislación actual tampoco ofrece garantías para el desarrollo de los más pequeños.
Así lo sentenciaron Rebeca Aguayo e Itzel Hernández, investigadoras del Centro NIMA de Promoción de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato.
Foto: Zona Franca
Rebeca Aguayo, coordinadora del área de investigación de NIMA, mencionó que las autoridades no garantizan las condiciones mínimas de seguridad para el sano desarrollo de los niños, y que tampoco existe una correcta impartición de justicia para quienes son víctimas de delitos como la trata, abuso sexual e incluso homicidio.
Homicidios a la alza
Según estimaciones hechas por NIMA, desde el 2015 hasta el cierre de 2019, en Guanajuato fueron asesinados alrededor de 2 mil niños, niñas y adolescentes; en el último año se contabilizaron 390 homicidios, por lo que la entidad se convierte en la más insegura para este sector de la población.
Rebeca Aguayo, investigadora de NIMA, mencionó que además se deben contabilizar 10 casos de tráfico de menores y otros tantos de corrupción y trata.
Por eso, reclamó tanto a la autoridad estatal como a la federal, que garanticen la seguridad de los menores de edad que habitan en Guanajuato.
“Parece que la violencia hacía niños, niñas y adolescentes no está siendo clave para la agenda pública, para la sociedad. No nos está escandalizando que el estado sea el primer lugar en homicidios de niños, niñas y adolescentes y esto ya nos dice mucho y nos habla de que hay una violación y vulneración, porque no se protege la vida (de los menores), dijo Rebeca Aguayo.
Huecos en ley de protección a menores
La Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato es la legislación que tiene ‘más huecos’ y menos garantiza la protección de los menores de edad en México, así lo destacó Rebeca Aguayo.
La investigadora señaló que de acuerdo a un índice de la Red Nacional de los Derechos por la Infancia, en Guanajuato esta ley de protección a menores tiene la calificación más baja, por lo que se ha intentado que los legisladores la refuercen.
“Hasta julio del año pasado, Guanajuato seguía ocupando el último lugar en cuanto a este índice, con una calificación del 0 al 10, Guanajuato está con un 4.4 (…) pedimos que nos acerquemos a un 10, en el sentido de incorporar derechos que se están dejando fuera como son el tema de la educación sexual y el tema de la salud sexual reproductiva”, dijo.
En agosto del año pasado, los legisladores incluyeron algunos puntos a favor como la creación de una procuraduría especializada en la atención de niños, niñas y adolescentes pero todavía se requieren más aspectos a tratar.
Rebeca Aguayo comentó que es importante que en un estado como Guanajuato, se incluya el derecho a la educación sexual en la infancia, pues esto previene y alerta para que los niños y niñas puedan saber cuando alguien intenta abusar sexualmente de ellos, y les da herramientas para defenderse.
De enero de 1995 al 31 de diciembre de 2019, 8 mil 735 personas están pendientes de localizar, señala un reporte de personas desaparecidas y no localizadas realizado por el Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG).
“El incremento anual más elevado en el número total personas de personas en condición de desaparecidos o no localizados se registró de 2018 a 2019; cuando los reportes de personas del sexo femenino pasó de 166 a 294 registros, un aumento de 77.1 por ciento. En tanto que, para personas del sexo masculino, pasó de mil 359 a 2 mil 002, significando un incremento de 47.3 por ciento”, reza el comunicado.
Al realizar una comparación de personas que fueron localizadas tras estar reportadas como no localizados, el 2.9 por ciento de las mujeres tenían el estatus de desaparecida, mientras que el 97.1 de no localizada. En el caso de los hombres, el 19.5 por ciento estaban como desaparecido y el 80.5% eran no localizado, aclara el IIEG.
El instituto añadió que entre las personas de sexo femenino que continúan pendientes de localizar, el 84.8 por ciento mantiene estatus de no localizada y el 15.2 de desaparecida. De las personas de sexo masculino que están en la misma situación, el 74.6 por ciento tiene el estatus de no localizado y el 25.4 de desaparecido.
“El análisis reporta que 7 mil 651 son hombres, 1mil 076 son mujeres y ocho personas de las que no se conoce edad ni sexo. El grupo con mayor número de personas que se encuentran en esta condición son varones de entre los 25 y 29 años de edad, que representan el 18.2 por ciento del total; mientras que en el caso de las mujeres el rango es de entre 14 y 19 años, con 242 casos y representan el 23.4 por ciento del total del grupo femenino”.
El estudio se basó en los registros estadísticos de personas en situación de desaparición y de no localización, y los de las personas que han sido localizadas del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), hasta el último corte disponible que es el 31 de diciembre de 2019.
El análisis también compara el total de las carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas registradas desde enero de 2012 con diciembre de 2019, donde se encontró que las personas del sexo masculino pendientes de localizar se incrementaron 5.7 veces.
Foto: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
El Colectivo de Familias Unidas Contra los Feminicidios en Jalisco y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), denunciaron con gran indignación, la remoción de la placa conmemorativa del Memorial de los Feminicidios en Jalisco, así como, de los listones con los nombres de las víctimas, que fueron instalados por sus familiares en el Parque de la Revolución o Parque Rojo en Guadalajara, hace más de un año.
Han exigido a la Fiscalía del Estado de Jalisco que lleve a cabo una investigación que determine el origen del atentado y al Gobierno de Guadalajara “asuma la responsabilidad de resguardar el Memorial y reponer la placa alusiva” que recuerda a las mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida en Jalisco.
Dalia Souza / Zona Docs
Este jueves 6 de febrero por la noche, el Colectivo de Familias Unidas Contra los Feminicidios en Jalisco y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), denunciaron con profunda indignación y rechazo, la remoción del Memorial para las Víctimas de Feminicidio en Jalisco. Según precisan en su comunicado, la placa conmemorativa que llevaba inscrito el mensaje:“Porque tenemos memoria y no olvidamos. Memorial feminicidos en Jalisco”, así como, los listones con los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Jalisco, fueron removidos. En el lugar sólo quedó la cruz color rojo que acompañaba el memorial. Este espacio conmemorativo y de denuncia, fue instalado en noviembre de 2018 en una de las jardineras del Parque Revolución o Parque Rojo en Guadalajara; fueron las familias de quienes han sufrido la violencia feminicida las se encargaron de disponer esta marca de memoria y verdad:
“El derecho a la verdad y el derecho a mantener la memoria viva es uno de los derechos establecidas en la sentencia campo algodonero, la sentencia habla de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Se estableció que el derecho a la verdad, tiene como fin promover por una parte la memoria de las víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos como es el caso del feminicidio. La importancia que tiene para las familias de estas víctimas el conocer la verdad de los hechos implica también la memoria viva de su recuerdo y de la forma en que el Estado no garantizó su seguridad y su derecho a vivir una vida libre de violencia. En este sentido, el derecho a la verdad, tiene como fin reivindicar la memoria de las miles de mujeres que han sido asesinadas” señalaron en su pronunciamiento.
Recordaron además, que la Ley General de Victimas garantiza el derecho a la verdad como un principio básico para acceder a la justicia, la reparación integral del daño y la no repetición:
“Es el Estado, quien debe esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, sancionar y reparar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que el derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados” precisaron.
Por ello, argumentan que, este espacio es un esfuerzo para combatir la impunidad y forma parte del “resguardo de la memoria de quienes fueron asesinadas en un Estado machista”.
De esta manera solicitan a las autoridades de justicia en el estado de Jalisco y en el municipio de Guadalajara, atender a la brevedad las siguientes demandas:
1. A la Fiscalía del Estado de Jalisco: realice una amplia investigación por el atentado realizado al Memorial de los Feminicidios instalado en el Parque Rojo por el Colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios; y
2. Al Gobierno municipal de Guadalajara: asuma la responsabilidad de resguardar el Memorial y reponer la placa alusiva que “nos recuerda que ninguna mujer debe ser asesinada por las violencias machistas”.
En los municipios de El Salto y Juanacatlán hay una alta incidencia de enfermedades como insuficiencia renal crónica, mientras miles de residuos altamente tóxicos son arrojadas al caudal del río Santiago.
Manuel Hernández / RT
En el poblado mexicano de El Salto, en el estado de Jalisco, es muy difícil encontrar a una persona que no tenga un amigo o familiar que padezca insuficiencia renal crónica.
Una epidemia mortal que, de acuerdo con algunos habitantes de la región, podría catalogarse como un “genocidio” y crimen de Estado, provocado por la contaminación industrial de un río con la complacencia y complicidad de las autoridades.
RT visitó la zona y platicó con personas que relataron sus historias.
“Actitud de genocidio”
“En el Estado en su conjunto, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, ha habido una actitud de genocidio”, dice Graciela González, activista de la organización Un salto de vida, conformada en 2005 y que busca crear conciencia sobre las afectaciones generadas por las descargas industriales en el Río Santiago, considerado como “el más contaminado de México“.
Graciela pone como ejemplo de esta situación la manera en que el Gobierno de Jalisco ocultó, durante casi una década, un informe que documentaba cómo los niños de la región entre 6 y 12 años tenían en su organismo altas concentraciones de metales pesados como benceno, cadmio, plomo y mercurio.
Pero lejos de remediar la situación, la Comisión Estatal del Agua en Jalisco decretó una reserva a dicho informe, pese a ser realizado con recursos públicos, para evitar que el tema se convirtiera en un escándalo político que pudiera perjudicar las ganancias de aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales que genera el corredor industrial ubicado en El Salto.
“Eso a mí me tiene muy molesta, muy enojada, saber que ese estudio se hizo, que tiene repercusiones muy importantes en la salud de nuestros jóvenes y que, con la cintura en la mano, lo escondieron. Hasta ahorita yo quisiera que fueran a la cárcel quienes tomaron esa decisión“, agrega la activista.
La devastación del río Santiago es evidente al recorrer lugares como las cascadas que dividen a los poblados de El Salto y Juanacatlán, o la presa El Ahogado, donde montículos de espuma blanca cargada con sustancias tóxicas han derivado en una epidemia de mortandad cuya magnitud no ha podido ser determinada con precisión, ante la falta de estudios técnicos en materia de salud pública.
Sin embargo, algunos informes realizados en la última década han logrado documentar el alto nivel de exposición a químicos tóxicos en el que se encuentran viviendo los habitantes de El Salto y las comunidades asentadas a orillas del río Santiago.
En 2011, un informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua indicó que las empresas de la región arrojan al río “un total de 507,5 toneladas de contaminantes convencionales diariamente“, y que aproximadamente el 94 % de las compañías incumplen con la normativa en materia ambiental.
Pese a ello, las sanciones han sido mínimas, debido a la protección que históricamente ha recibido el sector industrial por parte de distintos niveles de gobierno, con la justificación de la creación de empleos. Una política que ha generado la maximización de ganancias para las empresas mientras los ecosistemas y la gente padecen los estragos de la contaminación.
Pero a diferencia de lo ocurrido con el derrame de 40 millones de litros de ácido de sulfato de cobre en el río Sonora, considerada la mayor catástrofe ambiental en la historia de México, el ecocidio del río Santiago ha sido promovido por algunos como sinónimo de “progreso”.
“El costo del progreso es muy alto, porque primero se murieron los peces y luego los árboles, y ahora se está muriendo la gente. En este pueblo la gente muere antes de tiempo, eso es muy grave, no tiene precio. El río vale más que todas las empresas“, sostiene Enrique Enciso, esposo de Graciela. “El costo lo ha pagado la gente y los beneficios lo reciben unos pocos”, señala.
La familia de Enrique y Graciela tuvo que dejar su hogar en El Salto durante un tiempo, tras varios actos de hostigamiento y haber recibido amenazas por su activismo en contra de la contaminación industrial.
“Que nos dejen de matar. Ese es el primer freno más urgente y doloroso para nuestro pueblo“, dice Sofía, la hija de ambos, quien a través del activismo busca que sus hijos pequeños vean al poblado de El Salto “no como el monstruo, sino como la vida”.
Pero el problema no se limita únicamente al estado de Jalisco, ya que el caudal del río Santiago proviene del Lago de Chapala, el más grande del país y uno de los más contaminados, el cual recibe aguas residuales y agroquímicos vertidos en regiones alejadas en el centro del país, incluyendo el río Lerma, otro afluente de agua donde se descargan tóxicos de localidades asentadas en el Estado de México. Tres cuerpos de agua altamente contaminados que forman una misma cuenca hidrológica conocida como Lerma-Chapala-Santiago.
Epidemia tóxica
Algo que salta a la vista al recorrer la región es la gran cantidad de jóvenes menores de 30 años de edad que padece insuficiencia renal crónica de manera “atípica”.
En tan solo una extensión de terreno no mayor a dos cuadras, conversamos con tres jóvenes que presentaron esta enfermedad a pocos metros del centro de Juanacatlán.
Miguel Ángel Baltasar lleva siete años esperando un trasplante de riñón. Asegura que comenzó a sentir un cansancio extremo y debilidad que le provocaban desmayos. Cuando acudió al médico le diagnosticaron insuficiencia renal, lo que significa que los riñones dejan de funcionar con normalidad. Los pacientes de dicha enfermedad son tratados mediante diálisis, proceso que limpia la sangre de toxinas de manera artificial, el cual puede resultar doloroso y con un alto costo.
“Es difícil porque te cambia todo tu entorno”, señala Miguel Ángel, cuyos riñones no se desarrollaron y se quedaron pequeños. Una situación en la que se encuentran al menos ocho personas que él conoce.
“Varios compañeritos están en mi situación, les ha pasado lo mismo. Hemos llegado a la conclusión de que sí puede ser la contaminación“, agrega.
A pocos metros, vive José Francisco Tavárez, de 25 años, quien también padece insuficiencia renal. Su madre murió del mismo padecimiento cuando él fue diagnosticado, hace cuatro años. Se realiza diálisis tres veces a la semana, en un proceso que dura alrededor de cuatro horas, lo que le dificulta conseguir empleo, a pesar de contar con estudios técnicos de electromecánico. Sobrevive “haciendo rifas o a veces pidiéndole a la gente”.
“Mi mamá falleció también de esto y fue lo más doloroso”, relata.
Una calle más arriba vive Emilio Alejandro, de 23 años, a quien tampoco le crecieron los riñones. Comenta que además de los otros dos casos, había otro joven en la misma cuadra que padecía insuficiencia renal, pero murió hace dos años. Tras cinco años en espera de un donante de riñón, Emilio cuenta que “de ir en el lugar 1.580” va “ya en el lugar 1.012”, por lo que todavía tomará un tiempo para que pueda recibir un trasplante en los centros de salud pública.
Historias similares se encuentran en toda la región, como ocurre también en la localidad de El Salto.
José Villaseñor Torres, de 23 años, recibió un trasplante de riñón tras haber recibido tratamiento por diálisis, después de padecer una peritonitis, es decir, una infección que suele presentarse en los pacientes de sufren insuficiencia renal. Como consecuencia del fuerte antibiótico, quedó prácticamente sordo. Cuenta que de niño tenía contacto permanente con los tóxicos presentes en la espuma del río.
“Cerca del río se enferma mucho la gente, de eso. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito. Abrían las compuertas y en todo El Salto había un voladero de espuma. Entonces nos agarrábamos jugando con la espuma y nos la embarrábamos. Con toda esa toxicidad que teníamos en las manos —éramos chicos y no sabíamos— íbamos a comer así, con las manos. Quizá sea eso”, cuenta José, quien conoce al menos 10 personas cercanas con insuficiencia renal.
Josué López ronda los 30 años de edad. Al igual que José, lleva un cubrebocas en el rostro, pues a pesar de que recibió un riñón hace cinco años, toma medicamentos que reducen los anticuerpos con el objetivo de que su propio sistema no ataque el órgano trasplantado. Una situación que, al mismo tiempo, provoca que los enfermos de insuficiencia renal sean más propicios a padecer otras infecciones comunes como gripe.
“Toda la enfermedad es dolor, física, emocional. Mucho dolor”, señala Josué, quien tampoco encuentra trabajo y por ello vende cerveza de raíz cerca de la plaza principal de El Salto. “Yo le echo la culpa al río, aparte que tenemos la basurera y el corredor industrial. Vivimos en un foco de infección muy alto”, apunta.
No hay estudios
Victor Manuel Martínez es el único médico nefrólogo, especialista en riñones, de El Salto. Tiene un consultorio privado y trabaja también en el servicio de trasplante en el Centro Médico Nacional de Occidente.
“El número y la tendencia con la que se ha presentado en los últimos años el incremento en los casos es alarmante”, reconoce el médico, quien, sin embargo, pone énfasis en que no existen estudios suficientes en la región como para determinar con precisión las causas de esta alta incidencia de enfermedades renales.
Un problema que el gobierno estatal pretende resolver con la creación del primer Registro de Enfermedad Renal Crónica en el país, para documentar a detalle los casos que no son registrados en los hospitales.
“La causa número uno de insuficiencia renal crónica en el mundo es la diabetes. Y en Jalisco, la mayor cantidad de pacientes que llegan a trasplantarse no son diabéticos, y la causa es desconocida”, explica.
Sin embargo, a nivel estatal, la cantidad de enfermos por insuficiencia renal crónica en Jalisco se ha convertido en un caso de estudio a nivel global, ya que solo esta región del occidente de México supera los casos registrados en otros países.
En 2016, Jalisco ocupó el tercer lugar a nivel mundial en casos de enfermedades renales terminales, solo por debajo de Taiwán y EE.UU., de acuerdo con un informe del Sistema de Datos Renales de EE.UU. (USRDS, por sus siglas en inglés). De este modo, este estado mexicano supera a otros países asiáticos con una alta actividad industrial, como Tailandia, Singapur, Corea del Sur y Japón.
Pero aunque las causas de los altos padecimientos de insuficiencia renal por la contaminación del río Santiago no está debidamente documentada y reconocida por las autoridades de la salud, la presencia de metales pesados podría estar en el origen.
“Si tú ingieres agua con metales pesados puede haber acumulación en varios órganos, que puede ser el riñón, y causar inflamación general dentro del riñón”, explica el doctor Martínez.
De ahí la relevancia de que la Comisión Estatal del Agua haya mantenido oculto durante varios años el hecho de que prácticamente todos los niños de El Salto, y sus alrededores, registraran altos niveles de metales pesados en su organismo. Un estudio que, paradójicamente, era desconocido por la Secretaría de Salud estatal, según consta en la respuesta de dicho organismo a las solicitudes de información realizadas por la organización Un salto de vida.
Políticas contradictorias
Desde las campañas electorales de 2018 y el inicio de su gestión, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha señalado que la remediación del río Santiago es prioridad de su administración.
“No se trata nada más de apretar tuercas, se trata de darles herramientas para que puedan hacer las obras que se requieren, para evitar que sigamos lastimando el medio ambiente de nuestro estado. Ese es mi compromiso porque va a ser una acción de largo plazo, de largo aliento y no traigo varita mágica, no le puedo hacer así y arreglar el río. Nos va a llevar tiempo”, dijo Alfaro, durante su primer acto como gobernador, realizado el 7 de diciembre de 2018.
A la fecha, el Gobierno de Jalisco asegura haber tomado medidas como la creación de un Registro Estatal Único de Descargas y Aportes Contaminantes, la elaboración de programas de ordenamiento ecológico, así como 358 visitas de inspección, ocho sanciones y 11 clausuras a empresas contaminantes, además de brindar servicios de atención médica en las localidades asentadas a orillas del río, donde viven casi un millón de personas.
El gobierno estatal también reconoció que sus antecesores ocultaron el informe sobre presencia de metales pesados en niños, según informó en un comunicado.
Pero a pesar de los efectos que la contaminación del río ha causado en los pobladores de Jalisco, el Gobierno de Nayarit, estado vecino donde desembocan las aguas contaminadas del río Santiago, pretende realizar una obra de ingeniería conocida como el Canal Centenario, para utilizar dicho afluente para riego agrícola, según una manifestación de impacto ambiental en poder de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal.
Tras años de abandono, dicho proyecto busca ser continuado por el Gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un hecho que ha provocado el temor de las comunidades indígenas, de las etnias wixárika y naya, que dependen del caudal de sus ríos para sobrevivir.
“Es llevar agua contaminada de un río a otro río limpio, San Pedro Mezquital. Eso ni nos parece justo ni es necesario. Son intereses, no sé si políticos o intereses económicos que van a afectar a los pueblos de esta cuenca, en lugar de beneficiarlos”, explica Julián López, habitante de la comunidad indígena Mesa del Nayar, quien viajó ocho horas a pie, tres en bote y 11 horas en autobús para manifestar su preocupación ante la Semarnat, durante una reunión realizada en enero en la capital del país.
Y mientras las autoridades gubernamentales aseguran haber tomado medidas para atender la catástrofe, los habitantes de El Salto y sus alrededores siguen luchando para sobrevivir al exterminio cotidiano impuesto por intereses económicos de empresas que prosperaron en México en las últimas décadas, gracias a los acuerdos de libre comercio y el impulso del modelo neoliberal.
En Veracruz, las instancias estatales dicen que están en contra de los proyectos mineros y las técnicas de fracturación hidráulica y minería a cielo abierto. Sin embargo, en la actualidad, Veracruz es uno de los estados más afectados por esta industria. Ante está situación, diversas organizaciones civiles y populares resisten y luchan contra el despojo y la devastación minera.
Según una nota del 22 de enero de 2020, la empresa Mexican Gold Corp (una entre varias empresas canadienses que operan en México) presumió los resultados que obtuvo recientemente de su programa de exploración a partir de perforación con diamantes. Los objetivos incluyeron: la perforación de relleno en El Dorado, la extensión de la zona de Cinco Señores, la prueba de perforación inicial del prospecto Pueblo Nuevo y la prueba de una anomalía geofísica grande y ciega al norte del área de Cinco Señores. Se perforaron un total de 13 pozos. El artículo demuestra que todos estos sitios son viables para la extracción de minerales.
Mientras eso sucede, otra nota informa que el estado está amenazado por varios “proyectos de muerte” que pretenden instalar mineras en la entidad. Se informa que, además de Mexican Gold Corp, hay otras dos empresas en procesos de exploración: Candelaria Mining Corp Caballo Blanco en Alto Lucero; y la Unión de Ejidos “Licenciado Rafael Hernández Ochoa” S. de R.L. de C.V. municipio de Huayacocotla. En éstas se busca la existencia de oro, plata y cobre.
Además, se afirma que: “existen cinco asignaciones mineras en poder del Servicio Geológico Mexicano que aún no han sido concesionadas a una empresa minera en particular, siendo éstas Gallo de Oro en Chiconquiaco, municipio de Juchique de Ferrer con 3 mil 920 hectáreas de superficie; La Cañada localizada en Tenochtitlán con 3 mil 838 hectáreas; La Aurora localizada en Yecuatla y Chiconquiaco con 4 mil 110 hectáreas; Aurora Primera fracción A en Chiconquiaco y Yecuatla con 200 hectáreas; Aurora 1 en fracción B en Yecuatla, Chiconquiaco y Juchique de Ferrer con 635 hectáreas.”
Las asignaciones fueron firmadas el 30 de noviembre del 2018. Sin embargo, en la entidad ya existen “58 empresas explotando 90 minas y bancos de material no metálicos, de los cuales el 88% se ubican en los municipios de Huayacocotla y Zacualpan.”
Veracruz además es uno de los ocho estados de la República en donde se permite la fractura hidráulica y cuenta con 2 mil 111 pozos fracturados. Esto conlleva riesgos geológicos además del uso irracional del agua.
Frente a este escenario, en distintas latitudes del estado, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de estos proyectos, e intentan organizarse (entre ellas: pueblos originarios de la Huasteca; LAVIDA Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; y la Coordinadora de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan; Iniciativa de Defensa Ambiental; Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, según notas). Exigen la prohibición del fracking y luchan en contra de las concesiones mineras y la minería a cielo abierto.
Por ejemplo, a finales de enero del presente año, “Comunidades indígenas, urbanas y rurales, se congregaron en la Huasteca potosina para hacer un pronunciamiento conjunto en contra del fracking, por lo que además entregaron una iniciativa de reforma para prohibir dicha práctica.” Durante el último trimestre del año pasado también hubo reuniones y pronunciamientos públicos. Por ejemplo, en octubre cientos de personas de Actopan y Alto Lucero, Veracruz se congregaron para mandar un mensaje fuerte y claro “No a la mina, sí a la vida”. Mientras que en entrevistas, integrantes de “Iniciativa de Defensa Ambiental”, demandaron al gobierno de la República detener 3 proyectos mineros en Veracruz autorizados por administraciones anteriores. En noviembre, activistas de LAVIDA aseguraron que Cuitláhuac García les quedó a deber en materia ambiental, mientras integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, exigieron acciones más contundentes para prohibir el fracking en la entidad.
Esto se presenta en un contexto nacional de resistencia y oposición a la minería como bien lo notan algunas páginas dirigidas a potenciales inversionistas y empresarios mineros, por ejemplo el reportaje “Mineras que operan en México enfrentan rechazo de la población“. Donde se victimiza a las empresas mineras, por ejemplo, en la sección que hace el recuento de los conflictos, el ‘reportaje’ afirma: “La víctima reciente de más alto perfil de los conflictos con comunidades es la mina Peñasquito, de Newmont, uno de los mayores productores de oro, plata, plomo y zinc de México. El activo del estado de Zacatecas se vio afectado por dos bloqueos de camioneros en 2019, lo que impactó sustancialmente sus operaciones.”
La Asamblea de los Pueblos de Morelos aseguró que a casi un año del asesinato de Samir Flores, la fiscalía de Morelos poco a investigado al respecto
Integrantes de la Asamblea de los Pueblos de Morelos en Defensa del Territorio exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que frene por completo la construcción de la termoeléctrica de Huexca, así como el esclarecimiento del comunicador Samir Flores.
Queremos que “cumpla su palabra de cancelar la termoeléctrica de Huexca, como dijo durante su campaña electoral, así como el esclarecimiento del asesinato del comunicador indígena Samir Flores Soberanes”, manifestaron.
Durante la visita realizada por el Primer Mandatario al municipio de Villa de Ayala, la Asamblea manifestaron su rechazo al mega proyecto que lo único que ha dejado es amanezas, torturas y muerte.
“Los atropellos que se viven en el país con la imposición de megaproyectos a través de la compra de conciencias, amenazas, tortura y muerte, dejando de lado el cumplimiento de la ley”, expresó la Asamblea.
De igual forma, recordaron a AMLO los 10 amparos conseguidos por los pueblos afectados de Tlaxcala, Puebla y Morelos en contra del complejo gasoducto-termoeléctrica-acueducto de Huexca.
Por tales motivos, la asamblea también solicitó al presidente el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador y defensor del territorio, que a casi un año de ocurridos los hechos, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos ha mostrado “vergonzosa inoperancia al no tener resultados”.
Asesinan al activista Samir Flores
Sujetos armados asesinaron a balazos al activista Samir Flores Soberanes, opositor a la Planta Termoeléctrica y el Gasoducto de Huexca, en Morelos.
La Fiscalía General del Estado, zona Oriente, confirmó el levantamiento del cadáver de Samir cuya oposición al Plan Integral Morelos lo manifestó el 19 de febrero en la asamblea que realizó el gobierno federal en el municipio de Jonacatepec, en el oriente de Morelos.
De acuerdo con el reporte policiaco, los hechos se registraron el 20 de febrero, alrededor de las 05:00 horas, cuando sujetos armados llegaron a bordo de un auto Sentra al domicilio de la víctima en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac.
Ante el desabasto de medicamentos, padres de niños con cáncer de bajos recursos en Veracruz, luchan una batalla más allá de la enfermedad. Desde el 1 de enero de 2020 se ha denunciado el desabasto de medicamento en el sistema de salud con protestas en diversas partes del país. El gobierno federal prometió el 4 de febrero que esta misma semana quedará asegurado el abasto de medicamentos.
Defensores del medio ambiente consideran que la propuesta de la SEMARNAT traería más persecución a los activistas.
Señalan que el contexto y complejidad de las violencias contra personas defensoras ambientales en México ha puesto al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos / Foto: Ilustrativa
MVS noticias, 06 de febrero de 2020
Integrantes de la sociedad civil y defensores del medio ambiente, advirtieron que la violencia y persecución contra activistas podría agravarse, como resultado de la propuesta de la SEMARNAT, de crear un cuerpo especializado de Protección a Ambientalistas con participación de la Guardia Nacional. A través de un comunicado, integrantes y organizaciones defensoras del medio ambiente e integrantes del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, lamentaron los asesinatos en Michoacán de Homero Gómez González y de Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca y del medio ambiente, quienes habían denunciado en diversas ocasiones, la tala ilegal de los bosques.
En este sentido señalaron que el contexto y complejidad de las violencias contra personas defensoras ambientales en México ha puesto al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Las personas defensoras del medio ambiente no solo enfrentan las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades señalan, sino también de la presencia de grupos del crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad. En estos casos apuntaron que uno de los problemas fundamentales es la persistencia de la impunidad y la falta de acción de las autoridades ante las denuncias, por ello es que la propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto a la creación de un cuerpo especializado de protección agravaría la situación debido a que no ahonda en los problemas estructurales que generan las políticas en relación a megaproyectos y que derivan en graves violaciones a derechos humanos.
Dicha propuesta no está enfocada en generar mejores condiciones para la defensa de derechos humanos, sino que consolida la militarización de los territorios, privilegiando así un modelo de desarrollo que prioriza la sobre explotación del patrimonio natural y cultural, poniendo estos elementos por encima de los derechos humanos de las personas, como lo son el derecho a la tierra y al territorio, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros, concluyeron las organizaciones.
Human Rights Watch denuncia que los centroamericanos deportados desde Estados Unidos corren peligro de muerte en sus países de origen. La organización reporta al menos un centenar de asesinatos en los últimos años
Texto: José Ignacio De Alba/ PIE DE PÁGINA
Al menos 138 migrantes deportados de Estados Unidos a El Salvador fueron asesinados desde el 2013. Así lo informa la organización Human Rights Watch. Otros 70 ciudadanos centroamericanos recibieron golpizas, agresiones sexuales o tortura.
La organización con sede en Nueva York, Estados Unidos, denuncia que los perpetradores de la violencia contra los deportados son pandillas, parejas sentimentales y fuerzas de seguridad como la policía y el ejército.
“Hay un número estremecedor de salvadoreños que son blanco de homicidio, violación sexual y otras formas de violencia después de ser deportados. Al tiempo que el gobierno de EEUU limita el acceso de estas personas al asilo y hace caso omiso de los resultados letales que provocan sus débiles políticas”, señaló Alison Parker, directora adjunta del Programa sobre EEUU de Human Rights Watch (HRW).
La organización asegura que el derecho internacional prohíbe la devolución de personas a lugares donde su vida corra peligro.
Violencia contra migrantes que esperan refugio en México
Desde julio de 2019 el gobierno de Donald Trump comenzó a enviar a los solicitantes de asilo a ciudades fronterizas, bajo el programa Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés). Las familias deben esperar varios meses a que una corte atienda su caso.
La organización Human Watch Right alertó en un reporte que “las devoluciones a México son una amenaza contra los derechos y la seguridad”.
“Durante un año, el programa ‘Permanencia en México’ del gobierno de Trump ha privado a los solicitantes de asilo de los derechos fundamentales del debido proceso y los ha puesto en peligro en las ciudades fronterizas mexicanas”, dijo Thomas Rachko, Jr., oficial interino de incidencia del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Este programa es el pilar de los esfuerzos del gobierno para desmantelar el derecho a solicitar asilo en EE.UU., y sus consecuencias han sido terribles”.
Sólo el año pasado Estados Unidos recibió 59 mil solicitudes de asilo. Entre ellos, el gobierno estadounidense envió a 16 mil niños a ciudades fronterizas de México, donde el crimen organizado tiene un control sobre las aduanas y las policías. HRW tiene un registro de 816 casos de secuestro, robo y otras agresiones a los solicitantes de refugio.
HWR asegura que además de la violencia los migrantes se enfrentan a diversos problemas para solicitar el asilo, como la poca accesibilidad a un abogado. La organización reporta que sólo el 4 por ciento de la gente que pide asilo cuenta con asesoría legal.
Se estima que cada año aproximadamente medio millón de personas personas huyen de la violencia extrema y la pobreza en El Salvador, Honduras y Guatemala y se dirigen al norte a través de México en busca de seguridad.
El domingo 2 de febrero la colectiva Vivas en la Memoria se reunieron a bordar para visibilizar la crisis de feminicidios y desaparición de mujeres que existe en la periferia del oriente del Estado de México, de manera pública bordan el primer domingo de cada mes frente al palacio municipal de Nezahualcóyotl, justo a lado de la Antimonumenta que se instaló el 24 de Noviembre del año pasado, un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Vivas en la memoria se reúnen en el espacio cultural CECOS que realiza trabajos con la comunidad y está ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México. La colectiva surgió hace 5 años como parte de un círculo de estudio de mujeres del centro cultural que se reunía para reflexionar sobre las problemáticas de género. En ese andar, analizaron la realidad de su contexto y vieron que estaban asesinando y desapareciendo a las mujeres. Ya antes participaban en mítines político culturales y movilizaciones junto con la comunidad de Nezahualcóyotl, también se articulaban con mujeres de la Ciudad de México en donde denunciaban y visibilizaban la violencia que viven como mujeres en Nezahualcoyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, y es en estos municipios donde bordan como una actividad de denuncia que busca sensibilizar a la comunidad sobre los feminicidios y desapariciones de mujeres.
Ante la violencia, la organización y acompañamiento entre mujeres
Vivas en la Memoria se articulan con familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas y con otras colectivas de mujeres. Los colectivos de mujeres se suman a las convocatorias de las madres que buscan justicia por sus hijas como es el caso de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Buendía quien fue asesinada el 28 de junio de 2010 a los 29 años, a manos de su esposo, un policía ministerial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Apenas el pasado 20 de enero Guadalupe Michel, hermana de Mariana, fue víctima de intento de homicidio en Iztapalapa. Le dispararon por lo menos 6 veces, esto después de acudir ese mismo día a una audiencia relacionada con el feminicidio de su hermana.
Dos días antes del intento de feminicidio contra Guadalupe Michel, en Chimalhuacán, se realizó una marcha para exigir al Estado de México que garantice no más feminicidios y desapariciones, acceso a la verdad y justicia para los familiares de las víctimas. Esta convocatoria fue impulsada por colectivos organizados de mujeres y familiares de víctimas entre los cuales estaban la señora Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio el 2 de julio del 2017 en los límites de Chimalhuacán y Chicoloapan, sin tener hasta el momento ninguna línea clara de investigación. Ese mismo día se contaban dos años de la desaparición de Norma Dianey García García en el municipio de Chimalhuacán después de regresar de su trabajo. La señora Lourdes García, madre de Norma Dianey, sigue en espera de justicia. Las autoridades le informaron que uno de los agresores había muerto en prisión de manera natural y, a principios de 2019, le informaron que el otro implicado en la desaparición de su hija era puesto en libertad por falta de pruebas. El estado no garantiza ni seguridad ni justicia y, ante esta problemática, Vivas en la Memoria se organiza con los familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas y otras colectivas como: Red de mujeres de Oriente, Las Voces de Lilith, Colectiva Morada, Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, entre otras. Reconocen que no han logrado articularse con otros esfuerzos organizativos, que sin duda existen y están haciendo cosas, pero confían en que la situación de violencia hacia las mujeres las llevará a encontrarse ya que ésta permanece y no ha dejado de ir en aumento.
La búsqueda de la verdad y la justicia
Vivas en la Memoria señala que en el municipio de Nezahualcóyotl el cambio que se ve, con la administración del PRD a nivel local y de MORENA a nivel federal, es el incremento de desapariciones y feminicidios.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documenta una tendencia nacional de presuntos delitos de feminicidio en ascenso: En el año 2015 se registraron 411 casos; en 2016, 602 casos; en 2017, 741 casos; en 2018, 891 casos y en 2019, 976 casos.
Las compañeras señalan que aún cuando se tienen datos sobre feminicidios estos no son reales. Hay casos de feminicidios que son catalogados como homicidios para disminuir las cifras oficiales. Peor aún: hay casos que no se investigaron ni se registraron y no se sabe que existen. Las cifras sobre sentencias condenatorias son muy bajas: del año 2013 al 2017 sólo el 15% de carpetas de investigación por feminicidio fueron sentenciadas según un reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Con bordado en mano, la colectiva reconoce que los avances que se obtienen en cuanto a las investigaciones por feminicidio o desapariciones se logran por indagaciones que realizaron los propios familiares con sus recursos y el acompañamientos de colectivos y organizaciones. Con esta información las madres acuden a los ministerios públicos, y ni así los servidores públicos realizan su trabajo. No están capacitados y son indolentes. Los resultados llegan porque las madres se aferran a exigirle al gobierno que les entregue cuentas sobre quién asesinó a sus hijas o quién las desapareció.
“Las madres se vuelven abogadas, investigadoras y oradoras porque tienen que denunciar que no está su hija porque si no lo dicen nadie lo sabe”
El estado no sólo no hace su trabajo, también es un obstáculo: “a los familiares en lugar de facilitarles la búsqueda porque ellos han investigado, lo que hacen es que aún cuando ya tienen información de gente que pudo haber visto o pudo haber escuchado algo, y señalando un lugar donde hay una cámara que pueden revisar para obtener información, amenazan a la gente que pueden ayudar en las indagatorias y les dicen que se van a meter en un problema: “te vamos a mandar a llamar y vas a tener que declarar”. Entonces lo que hacen es intimidar a la gente y la gente ya no ayuda por no meterse en problemas. Aun cuando tienen evidencias que pueden ayudar a dar con el agresor o con quien se la llevó, extrañamente las cámaras nunca sirven y resulta que “no tienen la información”. En lugar de facilitar la investigación, quienes pueden realizarla, la obstaculizan, intimidan a la gente para que no cooperen.
La policía no deja de hostigar, y es que mientras las mujeres bordaban y compartían su experiencia organizativa, camionetas de la policía estatal pasaban una y otra vez de manera constante. Las compañeras dicen que hay policías del municipio que ya hasta las conocen y van a “platicar” con ellas o les toman fotos. En las actividades de denuncia hay una violenta vigilancia del estado y del municipio hacia ellas. Vivas en la Memoria cuentan que otras compañeras de Neza que iban a realizar un video en la antimonumenta, inmediatamente fueron cercadas por la policía. No les permitieron hacer ninguna grabación o video.
Las redes de mujeres que se organizan, realizan actividades, denuncian e informan se van encontrando; las colectivas y familiares de víctimas se acuerpan, se cuidan, se acompañan, se fortalecen, crecen. El estado debe de estar preocupado: ellas hace tiempo saben que ya no sirve, que no garantiza su integridad, ya lo miran como un obstáculo. Ellas encontraron su forma de hacer justicia.
Una red internacional de mujeres
Si hay redes en el oriente del Estado de México y las desapariciones y feminicidios ocurren a nivel nacional, también hay una articulación internacional de mujeres. En diciembre de 2019 se realizó el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en el Caracol Torbellino de nuestras Palabras, en la comunidad de Morelia en Territorio Zapatista, a este encuentro y otros que se han realizado en territorio rebelde acudieron compañeras de Vivas en la memoria.
“Acudimos porque los zapatistas son un referente de lucha y organización para nosotras, miramos su lucha por su autonomía, las mujeres zapatistas nos han enseñado otra forma de vivir que es completamente diferente a lo que nos ha hecho creer el sistema capitalista patriarcal”.
De las zapatistas señalan que les han enseñado a ver que pueden ser capaces de hacer lo que quieran, que es posible organizarse y luchar, que es posible dirigir su destino, aprender a usar un micrófono, un equipo de sonido, a ser choferas. También ven en las zapatistas que no se venden y no se rinden.
Vivas en la Memoria se definen como una organización que no dependen de nadie, son autogestivas, nadie les dice que hacer y ahí también encuentran coincidencias con colectivos y organizaciones que acudieron al Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.
Con esa autonomía decidieron que tenían que hacer el trabajo de bordado porque consideran que es importante que estén los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio o los nombres de las mujeres que están ausentes. Algunas mantas no tienen nombre, tiene la fecha y el lugar donde fueron encontradas. Ellas bordan por las mujeres ausentes porque consideran que es una forma de mantenerlas vivas: “creemos que no pueden desaparecer a la mujer y ya no existe, todas teníamos una vida, un proyecto y alguien, porque tenía la fuerza, el poder, nos quitó esa posibilidad, creemos que es importante seguir bordando. Ahí no se borra su nombre ni su historia. Nosotras creemos que es importante cambiar la realidad y eso es lo que hacemos. Esta realidad no es buena para los seres humanos. Nosotras queremos algo mejor, un lugar donde podamos transitar libremente las mujeres, seguras de que podemos hacerlo y no nos va a pasar nada, eso quisiéramos: poder decidir qué hacer, porque ahora otros deciden por nosotros”.
En marzo tienen planeada una jornada de mujeres contra la violencia en donde tendrán una intervención de bardas en Neza, invitan a esta actividad a las mujeres para que puedan expresar su indignación y su rabia en estos momentos de violencia. También invitan a quien quiera acompañarlas a bordar así como a que puedan apoyar con pintura porque intervendrán varias bardas.
El colectivo AEQUUS-Promoción y Defensa de Derechos Humanos y el colectivo Sabuesos Guerreras van por la destitución de Juan Carlos Saavedra Ortega, comisionado estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa.
“Asistiendo al Colectivo de familiares de personas desaparecidas denominado Sabuesos Guerreras A.C. se ha presentado una Demanda de Amparo, en la que fundamentalmente se impugna el proceso legislativo del Congreso del Estado de Sinaloa y los actos administrativos del Gobierno del Estado Sinaloa, en el nombramiento del C. Juan Carlos Saavedra Ortega, como Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, se señaló por el colectivo.
Víctor Caballero, abogado del colectivo, dijo que se observó el desempeño del Comisionado y las denuncias expresadas por Sabuesos Guerreras sobre omisiones y la necesidad de que se reponga el proceso de elección de comisionado, al mismo tiempo en que se encontró un sustento legal para la impugnación.
“Lo que hicimos fue buscar una figura jurídica que se llama tracto sucesivo, obviamente sobre el proceso legislativo y los actos administrativos que consideramos que son actos de tracto sucesivo, porque se repiten en cada momento en que esta persona se mantenga en el cargo
“Esta persona carecía de los requisitos que establece la Ley de Desaparición Forzada”.
El caso se presentó en línea, con una solicitud de amparo en los juzgados federales con sede en Culiacán, a la espera de que se designe un juzgado específico.
El señalamiento principal es la falta de experiencia del Comisionado de Búsqueda, así como la falta de consenso entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
“Está lleno (el currículum del comisionado) en actividades de rescate de persona, de Cruz Roja, de paramédicos y no había ningún antecedente que nos dijera que tuviera como referente en derechos humanos, salvo un curso que presentó en la Comisión de Derechos Humanos”, señaló el abogado.
En la solicitud de amparo se incluyó que la designación de Saavedra Ortega fue una imposición de Gobierno del Estado, avalado por el Congreso del Estado, sin atender las opiniones y posturas de diversas organizaciones.
El martes pasado, un grupo de alumnos decidió realizar un paro de labores. Foto: Cuartoscuro/Archivo
Notimex
Las actividades académicas y administrativas se reanudarán mañana viernes 7 en los horarios acostumbrados
CIUDAD DE MÉXICO.
La Universidad Nacional Autónoma de México informó que esta tarde fueron entregadas a las autoridades las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Vallejo.
En un comunicado, la máxima casa de estudios afirmó que las actividades académicas y administrativas se reanudarán mañana viernes 7 en los horarios acostumbrados.
La entrega se dio luego de que un grupo de alumnos decidieron realizar un paro de labores en asambleas estudiantes el martes pasado.
El CCH Vallejo se unió al paro que se mantiene desde hace varias semanas en la Preparatoria 9, así como las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, y la de Artes y Diseño, contra el acoso sexual e inseguridad que denuncian existe en los planteles, y por el que en los últimos días han cerrado más de 15 escuelas de la UNAM.
Una vez más las autoridades de la FES Acatlán utilizaron al equipo de futbol americano como grupo de choque para hostigar, amedrentar y agredir a estudiantes.
Luego de que los estudiantes tuvieron una asamblea en la que se discutió y resolvió una serie de acciones (dentro de las que destacan un paro de 48 h y el apoyo a la huelga de hambre del activista, periodista y artista Daniel Rossell) para afrontar diversos problemas que se viven en el plantel, decenas de ellos procedieron a conglomerarse en la entrada principal con el fin de iniciar el cierre de las instalaciones.
Al lugar no solo llegaron los estudiantes organizados sino también diversos funcionarios y Jefes de Carrera movidos desde dirección que tenían como fin impedir la toma de la facultad. Las agresiones iniciaron por parte de las autoridades haciendo que alumnos procedieran a empujar y a gritar a quienes intentaban cerrar las puertas de la entrada.
El punto más álgido se suscitó cuando varios jugadores del equipo de fútbol americano de la facultad llegaron en grupo a golpear y empujar a alumnas y alumnos. Durante el percance pudo verse que las autoridades indicaban a los jugadores a quién amedrentar, dónde ubicarse e incluso se les proporcionó cadenas y candados para asegurar las puertas.
Este hecho trascendió en redes sociales, lo que generó un amplio repudio a la forma en que se utiliza al equipo de americano para golpear estudiantes.
Mientas la Facultad difundía en sus redes un comunicado en el que se mentía diciendo que el paro no había sido acordado, sus funcionarios se encontraban amedrentando y en algunos casos amenazando de gravedad a alumnas y alumnos. Los jugadores de americano, el cerco de funcionarios, el comunicado falso, los golpes, insultos y amenazas, son parte del aparato político de Manuel Martínez Justo, director del plantel.
No es la primera vez
En 2014 durante el contexto de la lucha por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Nora Goris, actual Secretaria General Académica, llamó a jugadores de los equipos de americano (varios de ellos eran abiertamente porros de diversos planteles) para sacar a golpes a estudiantes que tomaron un salón con el propósito de organizar actividades políticas y culturales. Dejando como saldo a varios estudiantes heridos, amenazados y sin ninguna repercusión para las autoridades que dieron la orden.
Quienes encabezan la FES Acatlán provienen de diversos círculos políticos de derecha, hacen uso de las más podridas acciones para conseguir sus fines; corrupción, calumnia, uso de grupos de choque, amenazas, represión y autoritarismo, son parte de su práctica y están dispuestos a usarlas para salvaguardar sus intereses.
La Secretaría de Asuntos Escolares del recinto educativo detalló que la decisión se tomó tras una votación entre la comunidad estudiantil
Ciudad de México.- Estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 ‘Vidal Castañeda y Nájera’ anunció este jueves un paro de 48 horas.
A través de su cuenta de Facebook, la Secretaría de Asuntos Escolares del recinto educativo detalló que la decisión se tomó tras una votación entre la comunidad estudiantil.
“El día de hoy se recibió un escrito en el que se comunica que la comunidad estudiantil del Plantel, realizó votaciones con el objetivo de determinar la realización de un paro de labores de 48 horas los días 6 y 7 de Febrero del año 2020”.
Durante esa jornada, indicó, se harán “denuncias por violencia de género, homofobia y abuso de autoridad, y en conmemoración del vigésimo aniversario de la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM”.
Las clases en el plantel se reanudarán el próximo lunes 10 de febrero en sus horarios habituales.
El paro de la Prepa 4 se suma al que ya hay en las preparatorias 3, 5, 6, 8 y 9, así como los CCH de Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco y Sur.
A nivel superior, continúan en paro la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Artes y Diseño Gráfico, la Facultad de Psicología y la Escuela Nacional de Trabajo Social.
LEÓN, Gto., (apro).- Entre el 2015 y el 2019, poco más de 2 mil niñas, niños y adolescentes han sido asesinados en el estado, que por lo menos en cuatro de esos cinco últimos años ha ocupado el primer lugar en este delito en contra de dicha población en el país, informó el Centro NIMA de Promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato.
Estas cifras, expuso la organización civil, reflejan que el Estado no ha garantizado las condiciones mínimas para la vida y supervivencia de la niñez y la adolescencia en la entidad, y el sistema de impartición de justicia y la legislación local no tiene un enfoque de defensa de los derechos de la población en ese rango de edad.
“En algunos casos, desde los discursos y las prácticas se llega a revictimizar a esta población, e incluso a negar la magnitud de esta problemática”, advirtió NIMA, que en un informe sobre la situación de violencia homicida que afecta a menores de edad hizo un llamado “a escandalizarnos e indignarnos por los homicidios en contra de niñas, niños y adolescentes y exigir el respeto a sus vidas”.
También expuso la necesidad de analizar este contexto incluyendo la disputa por el territorio por distintos grupos del crimen organizado, pues éste es “un factor clave para entender la violencia que se vive en Guanajuato.
“Aquí valdría la penar parar y cuestionarnos ¿qué están ofreciendo estos espacios que ni el Estado ni la sociedad en su conjunto oferta? ¿qué están encontrando en estos lugares, que, en las familias, comunidades, sociedades no los hay?”, planteó NIMA.
La organización guanajuatense citó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha expuesto que cuando se da la inserción de niñas, niños y adolescentes a esos grupos, obedece a que dichas organizaciones se han convertido en estructuras paralelas que cubren vacíos o sustituyen al Estado en ámbitos como la prestación de servicios básicos, incluyendo la vigilancia.
El centro recordó que en un informe del 2018 del Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal y de la organización Seguridad, Paz y Justicia, Celaya e Irapuato figuraron entre las 50 ciudades más violentas del mundo.
El índice delictivo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refleja que Guanajuato ha ocupado el primer lugar con mayor número de menores de edad víctima de homicidios, con excepción del 2016, cuando estuvo apenas por debajo de Tamaulipas.
En total, 2 mil 26 niñas, niños y adolescentes (NNA) fueron asesinados en Guanajuato en ese lapso, víctimas que representan el 15.2 por ciento del total que murieron asesinadas en todo el país, que fueron 13 mil 337.
En el análisis de NIMA, con base en la estadística del SESNSP, el estado ha llegado a duplicar el porcentaje de menores asesinados.
De los poco más de dos mil NNA asesinados en el estado, mil 604 se clasificaron como homicidios culposos y 422 como homicidios dolosos.
Si embargo, la organización alertó sobre la falta de claridad en la clasificación de los homicidios culposos (no intencionales), puesto que la principal modalidad con que se han ejecutado dichos homicidios (el 64.7 %, según la clasificación del SESNSP con base en los datos de la Fiscalía general del estado) es “otro elemento”, sin que quede claro o se precise cuál es el referido elemento o circunstancia por la que se consideró como homicidio culposo.
Y aún en el caso de los homicidios culposos, destacó NIMA, “no se debe minimizar que representan graves violaciones a los derechos humanos” de niñas, niños y adolescentes guanajuatenses.
La segunda causa de los homicidios culposos sí es precisa: accidentes de tránsito.
“Esto refleja el tema de la ‘cultura vial’ necesaria desde un enfoque de derechos” de este grupo de edad en el estado, resaltó.
El número de asesinatos de menores en Guanajuato ha sido además superior a la media nacional en los últimos cinco años
El año pasado, un promedio de 6.6 menores de edad fueron asesinados cada día en el país (hubo 2,425 víctimas de este delito).
En el mismo año, 2019, en Guanajuato se asesinó a un promedio de 1.7 al día, para un total de 390 menores asesinados.
En la revisión de los datos, se encontró que el 77.5 por ciento de los menores víctimas de homicidio fueron hombres y el resto mujeres.
El mes de marzo de 2018 ha sido en el que más menores murieron asesinados en Guanajuato (59), seguido de mayo del 2019, cuando fueron asesinados 53.
La Verdad
Aproximadamente unos seis mil alumnos del Tecnológico de Mérida se encuentran sin clases debido a la huelga que están realizando decenas de maestros de esta emblemática institución educativa en la ciudad.
Según se pudo averiguar, el paro laboral inició este mismo jueves y es parte de las medidas que los profesores han tomado en contra del nombramiento del doctor Heberth Díaz Flores como director de la institución.
Maestros del Tec de Mérida se van a huelga; más de 6 mil alumnos se verán afectados
Los maestros se van a huelga por el nombramiento del actual director del Tec de Mérida.
Los quejosos asistieron como es normal a dicha universidad, pero no han impartido clases debido a su inconformidad con los procesos de elección donde resultó electo Díaz Flores, quien desde enero ocupa el cargo.
Sobre el tema, el director del Tecnológico señaló que ha sido respetuoso con las protestas y los descontentos de los docentes, sin embargo, en esta ocasión tomará medidas, ya que la huelga afecta a la población estudiantil.
De igual manera, exhortó a los maestros a cumplir con sus labores, ya que “es su deber asistir y brindar clases”, pero si no lo hicieran, “pueden incurrir en una falta que se va a sancionar reglamentariamente”, explicó.
Unos 6 mil alumnos afectados por la huelga del Tec
Los quejosos argumentaron que el proceso de elección del presente director no fue incluyente y democrático, por lo alrededor de 600 trabajadores son los que participan en la huelga que estará vigente hoy.
Maestros del Tec de Mérida se van a huelga; más de 6 mil alumnos se verán afectados
Debido al paro de labores, más de 6 mil alumnos del Tec de Mérida se verán afectados.
Debido a la decisión de los profesores de no dar clases, una buena parte de los alumnos optaron por retirarse a sus casas, mientras que otros se fueron a realizar sus actividades extracurriculares del día.
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) participaron este jueves en una protesta para manifestar su rechazo a la realización, dentro de sus instalaciones, del Primer Premio Semper Altius 2020, organizado por colegios católicos de la Legión de Cristo.
Con gritos de “¡fuera curas de la UJAT”! y “¡cuiden a sus hijos de sacerdotes pederastas!”, los jóvenes universitarios, rodeados por policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCT), desplegaron mantas y pancartas a las puertas de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSH), donde se lleva a cabo el evento.
Protesta en la UJAT. Foto: Especial
Convocados por el Frente Crítico Estudiantil de la UJAT, una veintena de alumnos denunciaron que la universidad prestó las instalaciones de la DACSH a los Legionarios de Cristo y suspendió clases por cuatro días, en pleno inicio del periodo escolar, además de que se colocaron figuras religiosas para una “capilla de adoración” y realizar “misas”.
El estudiante Salvador Murillo dijo que la mayor inconformidad es porque se viola flagrantemente la Constitución de la República y la ley Orgánica de la UJAT, que prohíbe realizar actos religiosos dentro del recinto universitario, y representa una “afrenta” al ideal juarista de la institución académica.
“¿Dónde queda entonces el ideal juarista del que tanto hablan las autoridades universitarias?… la Constitución mexicana establece que la educación pública debe ser laica”, recalcó.
El evento, organizado por el Instituto Cumbres de Villahermosa, fue inaugurado anoche por el gobernador Adán Augusto López Hernández en el Centro de Convenciones de esta capital, repleto de más de tres mil profesores, padres de familia, alumnos de primaria y secundaria, y directivos de 55 escuelas de México, El Salvador y Colombia, incorporados a la Red de Colegios Semper Altius de la Legión de Cristo.
Durante tres días, los alumnos participarán en concursos individuales y por equipos en oratoria y declamación, tanto en español como en inglés, y en el uso práctico de las matemáticas, valores, ajedrez, tecnología y arte, entre otras disciplinas.
Carlo Pi, director regional de la Red Semper Altius, explicó que este Primer Premio viene a sustituir al Torneo Académico Intercolegial que durante 15 años se ha realizado en las ciudades más importantes del país y año con año crece en número de participantes.
Destacó que La Red de Colegios Semper Altius es la más grande de colegios de México, con más de 60 años de experiencia en el mundo educativo y con presencia en 19 países de América, Europa y Asia.
Sobre las protestas de los jóvenes universitarios, el gobernador Adán Augusto dijo que están en su derecho porque en Tabasco hay plena garantía a la libre manifestación de las ideas, y celebró que al evento acudan alrededor de 10 mil visitantes, lo que –subrayó– pone de nuevo al estado “en el escenario nacional”.
“¡Bienvenidos muchos más eventos como estos!”, festejó el mandatario morenista y agradeció a los organizadores su “entrega y dedicación” para su realización.
Al preguntarle si se rentó o prestó la DASCH, el gobernador respondió: “Tengo entendido que fue prestado. La universidad no es una oficina de renta de espacios. Así como se pudo prestar a esto, se ha prestado en otras ocasiones”.
–¿Se avisó a los alumnos de esta clase de evento? –se le insistió.
–Yo tengo entendido que sí, se notificó que se retrasaba una semana las clases en esa división –respondió.
En enero pasado la Junta de Gobierno de la UJAT eligió como nuevo rector al maestro, notario y exdirector de la DACSH, Guillermo Narváez Osorio, quien previamente había renunciado como titular de la Secretaría de Educación.
Narváez Osorio es directivo de la iglesia protestante Nueva Generación Internacional.
CONAGUA pide a alcaldes racionar el agua a la población
En la huasteca 4 municipios tienen declaratoria de sequía severa y 16 se sequía extrema
No habrá lluvias para la huasteca hasta el mes de abril
Ciudad Valles, S.L.P.- Declaratoria de Sequía Extrema emite la CONAGUA para el estado de San Luis Potosí, inclusive se ha pedido a los alcaldes de la huasteca que racionen el servicio del vital líquido a la población, debido a que la sequía se prolongará hasta el primer cuatrimestre del año.
El Director Local de la CONAGUA, Joel Felix Díaz, señaló esto durante la sesión ordinaria del Comité de Cuenca del Río Valles, donde dijo que la situación es catalogada ya como severa.
«Las cosas siguen igual hay sequía prolongada de más de 6 meses, por lo que entra en categoría severa, la reunión es para tomar algunos acuerdos para que ayuden mitigar el problema que se está enfrentando, estamos pasando una etapa crítica en todo el estado, el objetivo de la reunión es establecer una agenda un plan de acciones de todos los sectores, y de todos los tipos de actividades para ver como podemos enfrentar este fenómeno, que es totalmente atípico…».
Comentó que de acuerdo a los estudios hidrológicos, esta sequía tenía alrededor de 20 años que no se había presentado, y en lo últimos 10 años ha sido más fuerte y se ha quedado marcado en el comportamiento de los ríos.
«Tenemos una presa en San Luis que sirve para dotar de agua potable a la zona de la capital, pero se encuentran en estado crítico, y todas las presas de San Luis Potosí están por debajo del 50%, salvo el Realito que tiene el 78%, pero igual es una presa que esta fuera del estado, que está construida para darle agua a la zona metropolitana».
Otro de los datos más graves que se manejaron en la reunión, es la situación que se presenta en la huasteca y es que de los 20 municipios 4 tienen declaratoria de sequía severa, y 16 se sequía extrema, este fenómeno se ha prolongado desde hace 16 meses, lo que mantiene al borde del abismo a la región huasteca.
Con respecto a las precipitaciones pluviales para la región, el funcionario dijo que no son nada alentadoras.
La región huasteca tiene una media historica de 19 milímetros de precipitaciones pluviales durante el mes de febrero, para febrero del 2020 se preven 14 milímetros, y se agrava en marzo pues la media historica es de 27 milímetros y la predicción sigue siendo de 20, la tendencia cambia en el mes de abril pues la media historica de lluvias es de 50 milímetros y ahora se pronostican 60 milímetros, este la tendencia a corto plazo que dio a conocer la Comisión Nacional del Agua.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 49 ataques a ambientalistas en 2018 en México, de los cuales 21 tuvieron un fatal desenlace
Fotografía: EFE/ Iván Villanueva
UDGtv con información de EFE, 06 de febrero de 2020
Ciudad de México, México.
Defender el medioambiente es extremadamente peligroso en México, tal y como refleja el reciente asesinato de dos ambientalistas, y buena parte de esta violencia se vincula a la falta de atención de las autoridades y a la impunidad de los casos.
El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en una zona del occidental estado de Michoacán amenazada por la tala clandestina que pone en peligro estos diminutos insectos, emblema de la región.
Estos dos casos vienen a visibilizar, una vez más, que el peligro sigue latente “para las personas que están defendiendo bosques contra la tala ilegal y donde se ha señalado también la presencia de grupos de delincuencia organizada”, declaró este jueves en entrevista con Efe Alejandra Leyva, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En 2018, esta organización documentó 49 ataques a ambientalistas en México, de los cuales 21 tuvieron un fatal desenlace. “En México existe una tendencia violenta en contra de quienes defienden el medioambiente”, indicó Leyva.
La Fiscalía de Michoacán informó el 29 de enero la localización del cuerpo sin vida de Homero Gómez, encargado del Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario, tras el reporte de su desaparición el 14 de enero.
La Fiscalía estatal indicó el 30 de enero que el sufrió un traumatismo craneoencefálico antes de morir ahogado dentro de una poza de agua.
Unos días después, Raúl Hernández Romero, guía de turistas en el santuario de esta especie en peligro de extinción, fue hallado muerto luego de que el 27 de enero se reportó como desaparecido.
El CEMDA ha documentado 440 ataques a ambientalistas, de 2010 al 2018, tales como asesinatos y amenazas, y actualmente se está trabajando en el informe de 2019, que se publicará en marzo, detalló Leyva.
De acuerdo con Front Line Defenders, México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Según esta ONG, en 2019 -el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia- se documentó el asesinato de 24 defensores de derechos humanos en el país, de un total de 304 registros a nivel mundial, adelantó a Efe Sandra Patargo, encargada de la Región Américas de la organización cuyo informe será presentado este 12 de febrero.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, explicó a Efe que este mecanismo actualmente tiene más de 1.500 personas incorporadas en protección. “Es decir, de alguna manera el Estado reconoce el problema”, manifestó.
Sin embargo, los límites del mecanismo están vinculados a causas estructurales, como el acceso a la justicia, la impunidad, la desigualdad, la pobreza y el difícil acceso a medios de comunicación y electricidad.
Reneaum recordó el caso de Julián Carrillo, defensor en la Sierra Tarahumara asesinado en octubre de 2018, quien estaba acogido por este mecanismo, pero que “el teléfono satelital” que le dieron no servía en su zona.
Otra de las fallas del mecanismo es la ausencia de información sobre las investigaciones, que es tarea tanto del Gobierno federal como de las fiscalías locales, agregó Leyva e hizo un llamado a las autoridades a establecer protocolos de actuación y fiscalías especializadas que investiguen delitos contra defensores.
“La impunidad trae consecuencias muy graves porque perpetúa ese mensaje en el tiempo, de: ‘se puede agredir, se puede asesinar y no va a haber ninguna consecuencia que cambie el contexto para las personas que defienden el medio ambiente”, advirtió la abogada.
La impunidad en México es generalizada, con un 99 % de delitos sin resolver, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018.
Homero Gómez y Raúl Hernández no estaban protegidos por este mecanismo y no se ha informado si las defunciones están relacionadas con el crimen organizado. La Fiscalía de Michoacán tampoco ha dado a conocer los avances en las indagatorias, si las muertes están correlacionadas, o si existe una línea de investigación enfocada en derechos humanos.
La megaminería de metales a cielo abierto devasta ecosistemas; produce graves enfermedades por exposición a tóxicos y otros factores nocivos; provoca conflictos y atenta contra la cohesión social, los referentes comunitarios y el patrimonio arqueológico e histórico; desplaza actividades que crean riqueza y empleo; maximiza utilidades a costa de los trabajadores; mina derechos humanos y la autonomía de los pueblos, y estimula prácticas antidemocráticasn advirtió Paul Hersch, investigador del Centro INAH Morelos.
El investigador analizó el tema “Patrimonio Cultural y megaminería”, en el foro “Amenazas socioambientales en Morelos”, realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde agregó que aún con la amenaza a la biodiversidad, “parte de las concesiones ya otorgadas coincide con territorios indígenas, donde están a su vez los ecosistemas más conservados del país”.
Otro efecto es que el agua de los manantiales disminuye o desaparece, pero lo más grave se da en lugares en los que falta agua para consumo humano y para la agricultura, porque la megaminería compite con esos usos. Incluso en estados como Morelos, cuya disponibilidad de agua ha ido disminuyendo en los últimos años, una extracción intensiva como la que pretenden los megaproyectos, agravará la disminución ya existente en todos sus acuíferos, lo cual se se complica con el calentamiento global.
Hersch contextualizó que en Morelos hay concesiones ubicadas en Temixco, Miacatlán, Xochitepec y Cuernavaca, que suman más de 15 mil hectáreas, en un estado cuya superficie forestal original ha sido desmontada en un 70 por ciento. La minera Esperanza Silver pretende establecer su explotación a 12 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca, en una zona que involucra a numerosos asentamientos humanos, entre ellos Acatlipa, Temixco, Xochitepec, la Unidad Morelos, Alpuyeca, Tetlama, Cuentepec, Xochicalco, Palpan, Tlajotla, Coatetelco y Miacatlán.
Refirió que en 2009 el subsuelo de la zona arqueológica de Xochicalco, declarada patrimonio cultural de la humanidad en 1994, fue otorgado en concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver, de Vancouver, por la Secretaría de Economía. La concesión por 278 hectáreas, denominada “Esperanza V” y cuyo título es el número 234,011, vence el 14 de mayo de 2059.
La iniciativa megaminera motivó una movilización social que recabó más de 16 mil firmas contra el proyecto, entregadas en la embajada de Canadá sin respuesta formal alguna, pero la presión organizada de la sociedad civil resultó en el rechazo de la manifestación de impacto ambiental presentada para iniciar la explotación en enero de 2014, pero las concesiones no se cancelaron.
En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en Morelos por 45 millones de dólares a otra firma canadiense, Alamos Gold, que ya ha detectado áreas de interés específico en sus siete concesiones, ubicadas en una de las escasas regiones de conservación natural aun existentes en el poniente del estado.
Otro impacto que destacó el experto es la dispersión aérea de diversos minerales y metales pesados tóxicos, incluyendo elementos radioactivos, provenientes de las explosiones, la trituración y molienda de rocas, el transporte y otras emisiones, ya que el polvo microscópico de minerales, expuesto sin control a las corrientes de viento, puede enfermar a quienes viven en la zona, incorporándose además al agua, las casas, las tierras de cultivo y los caminos.
Los árboles son talados y todo vegetal es destruido. Los animales silvestres huyen de una mina a tajo abierto, ahuyentados por la deforestación, la vibración y el ruido. Los pájaros beben los tóxicos vertidos en el agua y mueren en masa. Los peces y el ganado quedan envenenados por los residuos vertidos en ríos.
Aún cuando los megaproyectos mineros están obligados a rehabilitar las zonas afectadas, ninguna “remediación” o “mitigación” resolverá los daños irreversibles. Incluso si se intenta cultivar la tierra, suponiendo que algo se pudiese producir, ¿quién comería algo que creció sobre residuos tóxicos?
A nivel social, las confrontaciones, generadas por la llegada de las mineras, afectan la calidad de las relaciones humanas y la salud emocional. El ruido de las máquinas, las explosiones y las sirenas, provoca ansiedad y alteraciones del sueño, por lo que muchas personas tienen que emigrar.
El investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Morelos afirmó que los megaproyectos como la megaminería, las plantas generadoras de electricidad a partir de gas y agua y los grandes ejes carreteros, a menudo son impuestos por sus posibles efectos dañinos, pues una comunidad unida los rechazará si conoce sus riesgos.
Por eso se requiere dividirla, lo cual hacen a menudo quienes impulsan dichas iniciativas, y las desavenencias y choques al interior de las comunidades y de las familias facilitan la imposición de los proyectos. A eso se le llama “ingeniería de conflictos”.
Para persuadir a las comunidades, las empresas a menudo aprovechan la precariedad económica, la marginación y el abandono gubernamental de las regiones donde se pretenden instalar; ofrecen dinero y empleo, pero también mejoras y servicios que deben ser aportados por el Estado.
Otro aspecto es que se ocultan y niegan a la población las consecuencias nocivas y múltiples; se esconde lo que las empresas sacan y lo que dejan, así como la precariedad y peligrosidad de los trabajos que ofrecen.
Quienes se oponen a la megaminería tóxica en defensa del territorio son hostilizados y calificados como “ignorantes” por resistir a la devastación programada. Son difamados y confrontados con sus propias comunidades. La división llega a las familias; hay agresiones personales, amenazas directas, allanamientos, secuestros y asesinatos, e impunidad.
Advirtió el experto que como una parte de los asentamientos arqueológicos del país coincide con concesiones ya otorgadas, las zonas con vestigios pueden ser devastadas por las empresas, por lo que el patrimonio arqueológico está amenazado.
Asimismo, hay afectaciones al paisaje porque montañas, planicies, ríos, pasan a ser huecos estériles, enormes agujeros, apilamientos de desechos, territorios de segunda. Mencionó que lo que se encuentra en juego en esta confrontación de visiones no es un discurso, sino el futuro de los territorios, y con ello el de su población e identidad, el de su patrimonio biocultural.
No se trata sólo de advertir una catástrofe, sino de generar soluciones viables ante la situación, ya que en esta tensión del despojo por la imposición de megaproyectos, aparecen los valores de la comunalidad y del bienestar integral y colectivo que algunos pueblos entienden como el buen vivir.
Estimó que la respuesta social es determinante y la respuesta institucional, necesaria. “Las instituciones públicas requieren una política integral e intersectorial de protección, pero debido a sus implicaciones múltiples, no debe recaer en una sola institución ni realizarse al margen de las comunidades afectables, pues la calidad de las respuestas institucionales depende de la participación decisoria de los pueblos.
También mencionó la urgencia de realizar investigaciones sobre el daño a la salud provocado por la minería tóxica, considerando sus múltiples dimensiones: corporal, psicológica, social, espiritual y ecológica.
“Se requieren manifestaciones integrales de impacto, a nivel ambiental, en la salud individual y colectiva, en la dinámica económica y laboral, en la vida social y cultural, en el patrimonio arqueológico y monumental, en el paisaje, pero para ser imparciales y fundamentados, los estudios deben ser pagados por las empresas y realizados por especialistas independientes, y ser accesibles a toda la poblaciòn”, explicó Hersch.
Camargo, Chih.- Cerca de 3 mil productores agrícolas de la zona de Camargo, La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la presa La Boquilla desde ayer, para evitar que abrieran las compuertas y desfogar el agua.
Desde la noche de ayer lunes, comenzaron a llegar los elementos de la Guardia Nacional a las compuertas de la presa La Boquilla y de inmediato los ejidatarios que hacían guardia en el lugar para evitar que la Comisión Nacional de Agua vaciaran empezaron a convocar a todos los agricultores de la región.
Fue cerca de las cinco de la tarde de este martes cuando los ánimos comenzaron a subir de tono y empezaron los empujones entre el grupo de antimotines de la Guardia Nacional y los ejidatarios que llegaron de los municipios de Camargo, La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos.
Además productores agrícolas pertenecientes a los módulos de riego 4 y 5, tomaron las vías del ferrocarril a la altura del crucero de la avenida Tecnológico de la ciudad de Delicias, en protesta por la presencia de los militares en la presa La Boquilla.
Con tractores y camiones de volteo, los usuarios pertenecientes a distintos módulos de riego bloquearon las vías del tren, como hicieron ya en dos ocasiones anteriores en que la CONAGUA había amagado con abrir la presa.
“A los ciudadanos, a todos nos van a afectar. Para empezar el río no está en condiciones de sobrellevar el agua, se va a quedar a medio camino… no está la presa para trasvasar, está al 65 por ciento y no tienen asegurado el ciclo agrícola de este año”, expresó un productor de nombre Samuel García.
Datos que manejaban los ejidatarios, señalan que la Comisión Nacional del Agua pretende extraer mil millones de metros cúbicos para el pago del líquido a los Estados Unidos.
Cabe mencionar que otras movilizaciones se han reportado en tramos de la carretera federal 45, cerca del seccional de Lázaro Cárdenas y la ciudad de Camargo, donde también llevaron a cabo bloqueos.
Se realizará audiencia en caso de mujer acusada por secuestro, quien denuncia tortura
EL SIGLO DE TORREÓN
La audiencia que se lleva en torno al caso Mónica ‘N’, mujer que en el año 2013 fue detenida y torturada por elementos municipales en Torreón, se efectuará dentro de ocho días, en donde el juez estará en condiciones de dictar una sentencia, luego de siete años de permanecer recluida en un penal federal.
Fue el pasado jueves 30 de enero que se tenía programada la audiencia de Vista en el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna en Torreón, no obstante, debido a detalles técnicos, esta fue diferida y reprogramada para el 12 de febrero a la una de la tarde.
Gabriela Carreón Lee, defensora de Mónica y quien es parte de un equipo de abogados del Centro Prodh (Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), informó que esta audiencia será para el cierre del juicio, donde el juez podrá estar en condiciones de dictar una sentencia.
“La fijación de esta fecha es muy simbólica y emblemática para Mónica y su familia, pues siete años atrás, en ese mismo día, fue detenida”, dijo.
Señaló que en caso de dictarse una sentenciarse condenatoria, podría transcurrir hasta un mes para dictarse la cantidad de años que podría pasar en el penal.
No obstante, se espera que la sentencia sea absolutoria y Mónica quede en libertad.
“Sabemos que la sentencia tendría que ser absolutoria, pues no hay elementos para que sea lo contrario. En nuestro análisis, bien exhaustivo del expediente, no vemos elementos para que haya una sentencia condenatoria, pues no existen pruebas lícitas en contra de Mónica”, dijo.
Lo anterior, al recordar que las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), fueron obtenidas a través de violaciones a los derechos humanos.
“Esto fue a través de la tortura y tortura sexual contra Mónica, además de las 14 horas de retención, donde fue víctima y sobreviviente de actos atroces”, aseguró.
Por otro lado, añadió que será en esta audiencia que Mónica podría dirigirse al juez.
“Aunque es una audiencia de trámite, es importante para nosotros, pues será el momento en el que Mónica pueda hablarle al juez y dar un cierre”, resaltó.
ANTECEDENTES
Mónica está acusada del delito de secuestro, posesión de armas y cartuchos; ambos de uso exclusivo del Ejército.
Desde su detención, se encuentra recluida sin haber recibido sentencia en el penal federal 16 de Coatlán del Río, Morelos, que es el único penal federal para mujeres.
Mónica fue detenida en el año 2013 por elementos de la policía municipal junto con su hermano, quien también está privado de libertad y enfrentando proceso.
Fue un 12 de febrero que ambos y la pareja de Mónica, fueron detenidos y llevados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde fueron víctimas de tortura sexual, golpes, tablazos.
En estos hechos, la pareja de ella no sobrevivió y falleció en los actos.
Posteriormente, ella y su hermano fueron presentados ante la entonces PGR, en la delegación de Torreón, y luego trasladados a la Ciudad de México a la Seido.
El Centro Prodh tomó conocimiento del proceso de Mónica porque formó parte del informe “Mujeres con la frente en alto”, donde se documentaron 29 casos de más mujeres que están viviendo una situación similar en diferentes estados de la República Mexicana.
Alumnos en Cecyt 7 del IPN. (Tomada de Rene García)
Selene Flores / Milenio
En su pliego petitorio los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 7 “Cuauhtémoc”, exigen entre otras cosas, el reabastecimiento de materiales de cada una de las especialidades técnicas y de los laboratorios de física, química y biología.
La creación de un apartado en la página web oficial del Cecyt 7 “Cuauhtémoc” para la transparencia y para brindar información verídica, confiable y comprobable de la institución.
Los alumnos exigen una compleja justificación de los ingresos y egresos monetarios de la escuela y una completa justificación del donativo obligatorio, exigiendo que sea opcional.
También piden garantizar la seguridad de la comunidad ante la violencia de género y una ruta de transporte segura, alumbrado fuera de la escuela e incremento de la seguridad en general.
Los alumnos quieren se le de mantenimiento a todas las áreas tanto académicas como recreativas; capacitación pedagógica de todos los profesores y prefectos y ningún tipo de represalias contra los estudiantes, trabajadores y profesores que unan a la fue del pliego petitorio.
Chihuahua.- De acuerdo con una denuncia realizada en Facebook el 25 de enero, la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi) entregó frijol rancio a familias de la comunidad indígena mixteca.
Se destacó que el frijol que recibieron como apoyo venía en tan mal estado que para limpiarlo pueden durar de tres a cuatro horas, aunado a que es casi imposible de cocinar.
En la publicación se expresó lo siguiente:
El alimento que Gobierno del Estado de Chihuahua, a través, de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas hace llegar a las familias indígenas que habitan en Chihuahua.
Frijol Viejo y sucio que te llevara 3 o 4 horas limpiar porque tienes que escoger frijol x frijol. Asimismo, necesitarías mucha leña porque este frijol dejame informarle se tarda mucho en cocer x lo viejo.
No sé, realmente cuál fue la intención ? si ayudar a las familias indígenas y no sabían las condiciones de tal alimento o simplemente recordarnos que del gobierno para los indígenas pues no se puede esperar nada bueno.
Pero al rato ponen en su portal que «miles de familias indígenas fueron beneficiadas de toneladas de alimentos para combatir la desnutrición»
¡Acciones irrisorias y cochinas, no se vale!
¡Qué lamentable!
Entrevistados vía telefónica, lamentaron que la dependencia no hiciera una revisión del producto antes de repartirlo con la comunidad.
“En primer momento pensamos que se trataba de frijol que les donaron como institución y que ellos repartieron sin verlo… cuando nosotros lo abrimos nos dimos cuenta de que es un costal de frijol muy viejo, ya caducado; ellos deberían revisar que el producto esté en buen estado”
Para recibir un apoyo, explicaron, el enlace de Coepi que atiende a las comunidades indígenas urbanas se comunica con ellos para que acudan a algún punto de entrega, lo cual a veces les resulta complicado por las distancias que deben recorrer.
La publicación realizada el 25 de enero
La comunidad indígena mixteca en Juárez vive en Anapra y ampliación Plutarco Elías Calles, dos de las colonias más pobres de la frontera.
“(Las familias) gastan para trasladarse hasta la institución para que los productos que se entreguen no sirven y es una cuestión negativa porque los apoyos que se tienen de la Coepi es sólo cuando hay alguna despensa o dulces, es asistencialista y no toman en cuenta para las políticas públicas o lo que se necesita en la comunidad. Para eso no se toma en cuenta a la comunidad”
Al respecto, el enlace de Coepi en Juárez aseguró que ha tenido comunicación y reuniones con los líderes de las comunidades mixtecas y no le ha presentado una queja o denuncia sobre el mal estado del frijol.
Jesús Vargas, jefe de división de Coepi, explicó que el alimento fue un donativo del Canal 26 de casi una tonelada y media, con la intención de repartirlo a las comunidades indígenas.
Aunque se le mencionó en varias ocasiones que la información fue difundida en redes sociales y, pese a que la pregunta expresa fue qué podían hacer las familias que tenían el problema, el funcionario solicitó a Raíchali los detalles sobre las personas que habían hecho la queja.
“Es la primera persona que me dice que el frijol está en malas condiciones. No ha habido tal queja o denuncia, como usted lo maneja, ni de los representantes que fueron quienes directamente entregaron el frijol”
Hoy se entregó CCH Vallejo, pero el plantel Oriente va a paro de 72 horas; mientras en Prepa 9, paristas nuevamente impidieron el paso de la directora Gabriela Martínez, quien llevaba la respuesta a su pliego petitorio que envió el rector Enrique Graue
Suman 16 escuelas de la UNAM cerradas por paros estudiantiles en apoyo a las protestas de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba, así como exigir a las autoridades universitarias, medidas para terminar con el acoso y la violencia sexual en contra de las alumnas, cometidas por profesores y alumnos principalmente.
Están en paro los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Sur y Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); así como la Escuela Nacional Preparatoria 3, 4, 5, 6, 8 y 9; las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitecutra, Artes y Diseño y Psicología; y la Escuela Nacional de Trabajo Social.
Hoy se entregó el CCH Vallejo, pero se sumó el plantel Oriente a un paro de 72 horas; además en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, un grupo de personas encapuchadas intentó tomar el plantel y llevarlo a paro, situación que impidieron otros estudiantes que estaban en contra de la suspensión de actividades.
Frente al plantel, grupos de mujeres identificadas como feministas hicieron pintas y bloqueos al tránsito vehicular en protesta por la violencia de género dentro del plantel y para intentar tomarlo.
Mientras que en Prepa 9, los estudiantes paristas nuevamente impidieron el paso de la directora Gabriela Martínez Miranda, quien llevaba la respuesta a su pliego petitorio que envió el rector Enrique Graue Wiechers así como retomar el diálogo con las autoridades escolares.
Martínez Miranda convocó a los paristas a una reunión para reanudar el diálogo, el próximo lunes 10 de febrero, a las 11:00 horas para consensuar la normalización de las actividades académicas y el seguimiento de los compromisos aceptados.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Los productores del centro del Estado están haciendo un enérgico llamado a la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas, para que se les apoye en busca de mercados en donde poder colocar sus productos.
Esto luego de que han denunciado ya la falta de apoyos de parte del Gobierno Federal, el cual señalan que los ha abandonado a su suerte.
Y es que miles de productores dedicados a la siembra de naranja están sufriendo los embates de una política pública, donde los han borrado del mapa, además no aparecen ni siquiera como una opción de comercio, pero lo más preocupante es que no tienen recurso para llevar el sostén a sus hogares, señaló Fernando Narváez, quien es productor en el centro del Estado.
Expresó que han tenido apoyos de parte de la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas con el tema de fertilizantes, pero en esta cadena productiva requieren de la participación de todas las autoridades involucradas para lograr acomodar sus productos y comercializarlos.
Tepic, Nayarit.- Miércoles 05 de febrero del 2020.- A pesar de que el gobierno de Nayarit adquirió tecnología de punta para la localización de personas desaparecidas y fosas clandestinas, con las manos o a pico y pala, los Colectivos de Familiares buscan desesperados a sus seres queridos en las tierras cañeras.
Con bombo y platillo, las autoridades presumieron la adquisición de drones y un georadar que vendrían a evolucionar los procesos de búsqueda en campo pero por ironías de la vida, los modernos aparatos están prácticamente abandonados.
En el caso de los drones cuyo objetivo es captar si un terreno fue removido con indicios de una posible fosa clandestina están “parados”, sin proporcionar el servicio porque no existe personal capacitado para manejarlos.
Mientras que el georadar prácticamente está de “adorno” abandonado en la aduana del vecino estado de Jalisco en espera de que haya dinero para traerlo más la contratación de especialistas que puedan darle un buen uso.
De acuerdo al Presidente del Colectivo Familias Unidas Por Nayarit, Santiago Pérez Becerra, indicó que esta época es idónea para la localización de fosas clandestinas dado a que el corte de caña está en su apogeo, de ahí que arrancarán nuevamente con la búsqueda en las parcelas cañeras pero tendrán que hacerlo con sus limitaciones aún cuando el gobierno cuenta con modernos aparatos de exploración.
“Ya se hicieron las compras y fue por licitación pero por ejemplo, el georadar se encuentra en la aduana de aquí de Guadalajara, viene procedente de Canadá, nada más están esperando que el gobierno del estado pague el impuesto para poder liberarlo”.
En el caso de los drones, éstos ya se encuentran en la entidad pero no hay expertos para manejar este tipo de aparatos,
“Retrasa las búsquedas porque las familias ya con la desesperación, salimos a campo pero seguimos haciéndolo de manera rústica con las varillas, con las palas, con la pura mirada pero no con la tecnología que ya se adquirió”.
Otro de los problemas que enfrentan los familiares de las personas desaparecidas es que la autoridad, no les entregan apoyos para sobrevivir dado a la pobreza que padecen al menos 80 familias que pertenecen a este colectivo.
Y es que la Ley General de Víctimas estipula que la Comisión Estatal de Pensión Integral a Víctimas debe dar el apoyo tanto en canasta básica como en arrendamiento a las familias que rentan una vivienda pero se ha retrasado mucho”.
Desde el pasado mes de agosto se estableció el Fondo de Ayuda Inmediata pero hasta el momento, las familias no han recibido ni un peso de ayuda.
“Las familias están desesperadas porque en la mayoría de los casos, los desaparecidos eran los que otorgaban el sustento de la casa”, pero inexplicablemente van seis meses que debieron recibir el apoyo económico pero no hay una respuesta por parte del Comisionado de Atención Integral a Víctimas, finalizó Pérez Becerra.
El colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Por Amor a Ellxs, rechazaron la propuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), para colocar, a modo de memorial, los rostros de sus seres queridos en las ventanas del edificio donde actualmente se encuentran las oficinas de la dependencia.
Las familias del colectivo Por Amor a Ellxs, afirman que esta acción, presuntamente memorial, no les significa y sólo busca, que los funcionarios de la CEDHJ se jacten públicamente de ser sensibles y de trabajar sobre el tema.
Es importante recordar que el pasado martes, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) emitió un pronunciamiento ante la remoción del memorial de un joven migrante desaparecido que se encontraba instalado frente al edificio de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de Derechos Humanos, en éste señalaba a la CEDHJ de no haberse pronunciado sobre los hechos, pese a haber estado presentes durante el evento de la colocación del memorial.
Dalia Souza / Zona Docs
“No vamos a permitir que exhiban las fotos de nuestros familiares con alguien que no ha hecho nada por los desaparecidos” expresó la señora Esperanza Chávez, líder del Colectivo Por Amor a Ellxs, respecto a la propuesta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha realizado a diversos familiares de desaparecidos que forman parte de esta agrupación, para permitirles instalar en las ventanas del edificio de la dependencia, la fotografía de sus seres queridos, a modo de memorial.
A decir de la señora Esperanza Chávez, durante la última semana, familiares que forman parte del Colectivo Por Amor a Ellxs han recibido las llamadas de integrantes de la CEDHJ para solicitarles su permiso para colocar las imágenes del rostro de sus seres queridos en las ventanas del edificio de la dependencia, con el fin de realizar un memorial para las y los desaparecidos del estado de Jalisco.
Sin embargo, en opinión de quienes conforman esta agrupación, la propuesta no les significa y tampoco les representa, ya que, no es un proyecto que encabecen las familias y tampoco representa a sus amores desaparecidos. Por lo que, señalan, colocar las fotografías de sus hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos y hermanas en las ventanas de la dependencia pública, sólo será una acción más de las y los funcionarios que buscan jactarse de estar haciendo algo por el tema:
“La propuesta que quieren ellos es exhibir las fotos de todos los desaparecidos en sus ventanas como un memorial. Ese no es un memorial, eso es querer decir que ellos están apoyando a las familias y es todo lo contrario, no hemos recibido ningún apoyo de ellos y no van a exhibir nuestras fotos como colectivo Por Amor a Ellxs. Porque no estamos de acuerdo en que eso sea un memorial, el memorial es una estructura donde signifique realmente quienes son los desaparecidos” afirmó.
En ese sentido, Esperanza Chávez recordó que durante la administración municipal de Enrique Alfaro, en Guadalajara, se había iniciado una propuesta como colectivo para crear un espacio memorial para sus seres queridos y el de miles de familias en el estado; no obstante, ésta fue rechazada, por ser también omisa a las peticiones de los familiares, las cuales incluyen: que se reconozca, visibilice y nombre a las y los desaparecidos del estado:
“Hay un proyecto que buscó concretarse con las familias cuando el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, era presidente municipal de Guadalajara, sin embargo, no logró concretarse porque éste pretendía instalarse en lugares lejanos al centro de la ciudad, como si se buscase que no fuera visible. Si se va a hacer un memorial, yo lo pediría en la explanada de la Plaza Liberación o en el Parque Rojo, espacios donde les significan a las familias. Que realmente se vea qué problemática hay y que sea un memorial para las familias y para sus seres queridos desaparecidos” apuntó.
Aunque reconocen que los funcionarios de la CEDHJ les hayan buscado para consensuar la colocación de los rostros de sus seres queridos, desconocen qué intención de fondo tiene esta acción que buscan desarrollar y por ello, se niegan a formar parte de éste.
“Le damos las gracias a la Comisión, pero eso que quieren hacer no es un memorial, decir que están apoyando y no es cierto. Nos preocupa que les estén llamando particularmente a las familias. Más de una semana tienen llamando a las familias. Si bien, algunas familias aceptaron, no pensaron en la magnitud de la problemática”.
Habrá que precisar que, el pasado martes 04 de febrero, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se prenunció ante la remoción del memorial de un joven migrante desaparecido que se encontraba instalado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de Derechos Humanos. En éste documento público, señalaba a la CEDHJ por mantenerse omisa ante los hechos, pese a haber estado presentes durante el evento de colocación del memorial y se le insta a levantar una queja oficiosa de la cual hasta ahora no se tienen noticias.
Juanacatlán, Jalisco.– Al pie de un acantilado que permite una vista panorámica, se ubica la primaria “Mártires del Río Blanco”, donde está a punto de repetirse la historia patria. Cual broma macabra, el nombre de la escuela es una fiel metáfora de la lenta muerte que viven los niños que en esas aulas toman clase: la intoxicación por el río espumoso que corre metros abajo.
Los nuevos mártires estudian al pie de la cascada de aguas cloacales y tóxicas que por su belleza era conocida como “El Niágara mexicano” y lugar de vacación por excelencia. Aprenden el abcedario, a sumar y restar, justo donde el río Santiago salta, después de haber recibido los desechos de Guadalajara y su zona metropolitana y arrastrado los químicos vertidos por las fábricas localizadas en el corredor industrial establecido a lo largo de su cauce.
Al brincar por el desnivel que antes era de piedra natural y hoy es una cortina metálica, se forma una espuma blanca que, cual lavadora desbordada, se acumula y crece. Cuando hay viento o llueve esa espuma vuela, cae en el patio escolar, y algunos niños que toca caen enfermos.
Estudiante dentro de esa toxina que se ha vuelto su escuela, el niño Luis Enrique Vázquez dice que desde que ingresó a primaria seguido siente dolores de cabeza y estómago. De las manchas blancas que tiene en la cara, dice que le salieron desde que empezó la primaria.
La niña Daiana Miroslava Huerta dice que a ella la espuma del río le mancha la piel, y le hace doler la garganta y cabeza. El doctor le dijo que es porque tiene la piel delgada y porque está en crecimiento.
Estos son algunos testimonios de niños manchados de la piel como si fueran plantas plagadas; de mujeres locales con mascadas en la cabeza por la quimioterapia que reciben; de jóvenes viudas del cáncer; de personas marchitas que aparecen en el video “Salto de Juanacatlán, donde el agua envenena…”, filmado por IMDEC y “Grupo Vida”, un conjunto de ciudadanos de la zona, que asegura que el río causa cáncer y que se ha dedicado a denunciarlo.
Los integrantes del grupo, todos profesionistas, han acudido a la televisión local, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Salud, al gobierno municipal, estatal y federal, y no han obtenido solución.
El gobierno estatal construyó una planta tratadora para eliminar tóxicos, pero el agua sigue espumosa.
En su desesperación, algunos habitantes de Juanacatlán invitaron al Subcomandante Marcos para que en su gira de La Otra Campaña respirara ese aire tóxico que despide el río, y lo denunciara, para ver si así llamaba la atención de alguien.
Sin embargo, el evento se tuvo que realizar en otro lugar porque es imposible detenerse encima del puente que une a las ciudades jaliscienses de La Piedad y Juanacatlán, donde se inaugura el río Santiago, como llaman a la prolongación del Río Lerma en su camino al pacífico.
Se tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para respirar el olor a gas-cloro-huevopodrido-químicos-ajo-chile-azufre-amoniaco y muerto que se atasca en la garganta, raspa la nariz, provoca lagrimones involuntarios, revuelve el estómago, da náuseas, causa jaqueca y saca ronchas en la piel al contacto.
También lo impiden las enjambres de moscos que se generan en su cauce y que de tan grandes y feroces podría pensarse que son mutantes africanos o que se fortalecieron con tanto químico vertido por las fábricas.
EN LA LUCHA CONTRA EL ECOCIDIO
“Quisimos demandar a las empresas contaminantes, pero ¿cuáles son las que contaminan? Es una suma del corredor industrial y del drenaje de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y los lodos industriales. Entonces, ¿quiénes son los responsables del aumento de cáncer, del olor a huevo podrido, de las infecciones de la piel, de las enfermedades, de las náuseas, los mareos y los dolores de cabeza?”, pregunta Rodrigo Saldaña López, hombre flaco, de pelo y barba canosa.
Sobre el puente que se eleva sobre el espumoso río, intenta articular una frase entera para detallar el problema pero no lo consigue. Cada tanto, este hombre que dirige el “Grupo Vida” suspende la entrevista para aplastar a los bravos zancudos que descubre atacándolo o cierra la boca porque el mal olor hace imposible el habla.
“Hace tiempo morían en El salto dos personas maduras al año, las estadísticas actuales muestran que 28 por ciento de los habitantes mueren de cáncer y que entre los muertos había niños. Esto se pone alarmante para nosotros porque vivimos aquí. No es estadísitica, son gente que conocemos. Los de la Secretaría de Salud dicen siempre que hay muchas causas, ¡pero que nos demuestren que no es el río!”, dice con calma pero indignado.
Desde el 2001, el “Grupo Vida” se acercó a la abogada ambientalista de Guadalajara, Raquel Gutiérrez, en el intento por encontrar una respuesta por las vías judiciales. Al momento de la entrevista, Gutiérrez trae una tremenda jaqueca porque un día antes estuvo varias horas cerca del río documentando el grave problema de salud ambiental.
“En la zona ha aumentado el cáncer, huele siempre a huevo podrido, hay infecciones en la piel, huele tan mal que la gente pone toallas mojadas en las ventanas para que no pasen los olores”, explica la mujer con doctorado en Criminología especializada en Medio Ambiente.
Ella y sus alumnos de la Universidad de Guadalajara se han dedicado a estudiar los impactos de la salud en la zona y asegura que el ácido sulfhídrico que contiene el río está dañando la salud de los ha bitantes de la zona. En los máregenes del río hay 80 empresas industriales químicas asentadas.
“Se supone que antes de descargar, las aguas residuales son tratadas. Tenbemos una contaminación de carácter legal, p’ermitida por las normas oficiales mexicanas, pero como siguen descargando el proceso de contaminación se va acumulando y se hace inmanejable, y eso ya no lo mide la norma”, dice.
Con tres tesis doctorales en mano, la defensora dice que en un estudio que se hizo a 88 niños de la escuela José María Morelos, en la comunidad “El Terrero”, ubicado a los márgenes del Santiago, encontró niños con congestión nasal, ojos llorosos, dolor faríngeo y de cabeza, manchas en la piel, depreción y alteración de comportamiento (síntoma de posible intoxicación), entre otros padecimientos.
En el “Estudio Ambiental de Acido Sulfhídrico como contaminante del aire en las comunidades de Juanacatlán y El Salto”, tesis doctoral del MAestro en Ciencias Juan Gallardo Váldez documentó que 49% de su muestra sufría con frecuencia males respiratorios, 44% dolores de garganta, 4.6% enfermedades de la piel, 83% dolores de cabeza, 7.6% náuseas, 6% conjuntivitis, entre otros padecimientos.
De los entrevistados, 94% declaraba que percibía el olor del río, y para el 83% era a huevo podrido, para el 30% a drenaje y para el 17.5% a productos químicos. Para la mayoría el olor era intenso y lo sentían durante todo el año.
La solución, dice la abogada, no es únicamente limpiar el agua sino sacar los sedimentos acumulados en los alrededores de la zona industrial establecida hace 35 años. Propone además cambiar la norma oficial mexicana para que mida la contaminación acumulada.
LAS SOLUCIONES
De 11 años, El niño Abraham Delgadillo, sobreviviente a la escuela “Mártires del Río Blanco” dice que cuando llueve la espuma de río color nieve a sus compañeros les gusta jugar con ella. Él aprendió a no hacerlo más porque sabe que saca ronchas y enferma.
Lo dice en su casa, detrás del sillón en el que está acostada su mamá, Laura Miranda Gil –una mujer muy delgada, con el cráneo rapado cubierto por una pañoleta que está envuelta en una enorme cobija que la mantiene inmóvil. Se parece a las mujeres marchitas que aparecen en el video del Grupo Vida, que manifiestan tener cáncer.
Está de más decirlo que Laura, como las demás, culpa de ello al río. “¿Qué más pudo ser?”, pregunta desde su debilidad.
En la sala se apila su padre, sus hermanos y hermanas, su hijo, todos alrededor de la enferma, todos culpando al río, todos sintiéndose en la mira. “¿Qué nadie va a hacer nada en contra de las fábricas que contaminan el río? O qué ¿nos tenemos todos que ir de aquí?”, pregunta furiosa, al pie del sillón, su hermana.
Por ahora, esa pregunta no tiene respuesta. No se ve que haya por ningún lado.
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, son las entidades donde ocurren más delitos contra migrantes, señala el organismo civil Impunidad Cero, que agrega que la impunidad que alcanzan los ilícitos cometidos contra quienes cruzan México con miras a llegar a Estados Unidos, es de 99 por ciento.
“La impunidad que existe en México permite que los delitos cometidos contra personas migrantes queden, en su gran mayoría, sin sanción ni reparación alguna, y además, permite que no solo se cometan delitos por parte de particulares y el crimen organizado, sino también por parte de autoridades mexicanas, mismas que están encargadas de velar por los derechos y la seguridad de todas las personas en México”, destaca el organismo en su reporte ¿Cómo afecta la impunidad a las personas migrantes?
Destaca que los principales delitos de los que son víctimas las personas migrantes son el secuestro, abuso por parte de las autoridades mexicanas, el robo y las lesiones.
Y agrega que a nivel nacional, la probabilidad de esclarecer un ilícito es de 1.14 por ciento, mientras que en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, la probabilidad es de 0.53, 0.52 y 0.55 por ciento, respectivamente. De hecho, esas tres entidades se encuentran dentro del ranking de las 10 peor evaluadas en procuración de justicia y además son las que presentan mayores niveles de impunidad en homicidios dolosos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes, estimó que en un semestre, (de septiembre de 2008 a febrero de 2009), las 9 mil 758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares.
En febrero de 2011, la CNDH documentó que para 2010, esa la cifra se incrementó a 11 mil 333 víctimas en seis meses (de abril a septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando como focos rojos los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
De enero a diciembre de 2019, ese organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra, recibió 714 quejas por parte de migrantes.
Según la Comisión, Chiapas es la entidad con el mayor número de quejas, con 205; seguido por la Ciudad de México, con 147; Veracruz, 71; Tabasco, 43, mientras que Baja California suma 28.
En Chiapas, donde gobierna el morenista Rutilio Escandón, las causas por las que se han derivado las quejas son porque las autoridades de esa entidad se han apoderado de un bien mueble sin consentimiento del propietario, detención arbitraria, maltrato, falta de atención médica y retención ilegal, por mencionar solo algunas.
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de los 5 mil 824 delitos cometidos contra migrantes entre 2014 y 2016 en cinco estados, solamente se emitieron 49 sentencias.
El organismo de la ONU consideró que deben quedar completamente claros los motivos por los que murieron los activistas Homero Gómez y Raúl Hernández. Amnistía y la CIDH también lamentaron los hechos.
Las muertes de Homero Gómez y Raúl Hernández ocurrieron con solo unos días de diferencia. (Foto: EFE)
Expansión, 05 de febrero de 2020
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) expresó preocupación tras la “sospechosa muerte” de dos activistas quienes fungían como guías en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán.
Luego de que en menos de una semana fueron hallados los cuerpos de Raúl Hernández, guía de la reserva, y de Homero Gómez, también activista y administrador del mismo santuario, la UNESCO manifestó “tristeza y consternación”.
“La UNESCO pide que se eluciden las circunstancias extremadamente turbias que marcaron la muerte del Sr. Raúl Hernández, ocurrida pocos días después de la muerte aún no resuelta del Sr. Homero Gómez González, también activista y administrador de la misma reserva de biosfera”, se lee en un comunicado difundido este miércoles.
La organización manifestó también sus condolencias y apoyo a las familias de ambas víctimas, y destacó que “proteger el patrimonio mundial natural es esencial para dar respuesta a la crisis climática y se hace cada día más difícil, en México como en muchas otras regiones del mundo”.
A la condena a estos hechos se unieron Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de un mensaje difundido en Twitter, AI se solidarizó con familiares y seres queridos de los ambientalistas.
#México: Preocupación ante las noticias de las muertes de Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de la mariposa monarca en Michoacán, en menos de una semana.
Nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos. #NoMásAsesinatos https://t.co/U3kcqJWH2f
Mientras tanto, la CIDH, además de manifestar su consternación por estos hechos y expresar su solidaridad con las familias de ambos defensores, urgió al Estado a investigar estos hechos “pronta y diligentemente” y a considerar su labor de defensa en las investigaciones.
La @CIDH lamenta la muerte de los defensores de mariposas monarcas, Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero cuyos cuerpos fueron hallados el 29 de enero y 4 de febrero respectivamente en el estado de Michoacán, #México, tras haber sido reportados como desaparecidos. (1/2)
Grupo Formula y El Universal realizaron una investigación que nuevamente pone el “dedo en la llaga” y expone la tolerancia de las autoridades locales
En una investigación conjunta entre el grupo Formula y El Universal, nuevamente ponen a Tlaxcala como el centro de la trata de personas al menos en el país, evidenciando que las autoridades toleran esta práctica que comenzó en un municipio y que se ha extendido a lo largo de más de una decena de localidades que se encuentran principalmente en la zona sur del estado, donde se concentran los llamados “padrotes”, “lenones”, “proxenetas” o “caifanes” como son conocidos quienes se dedican a la explotación sexual.
Los datos que referencian por parte de la Fundación Fray Julián Garcés es que existen sólo 210 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) entre 2011 y 2017, no obstante, sólo hay 9 sentencias condenatorias, lo que muestra que menos del 5 por ciento de los casos en los que las víctimas acudieron a las autoridades, terminaron en un castigo para los explotadores.
Para Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, la trata de personas no es un fenómeno exclusivo del municipio de Tenancingo, sino de 23 de los 60 municipios de la entidad, lo cual es una muestra de que las autoridades han sido cómplices en el crecimiento de este problema que ha puesto a Tlaxcala a nivel mundial como uno de los principales epicentros de la explotación sexual.
La insensibilidad de las autoridades ha funcionado como cómplice y como ejemplo esta la negativa del gobernador, Marco Mena Rodríguez para emitir una Alerta de Género que permita emprender acciones encaminadas a disminuir este problema que aqueja principalmente a la zona sur del estado pero que sigue creciendo en otras regiones que anteriormente no tenían la presencia de este fenómeno.
La muestra de la poca atención del gobierno menista es que de acuerdo con datos de Fray Julián Garcés, de las 154 denuncias que realizaron mujeres entre 2011 y 2018, sólo 26 de ellas fueron canalizadas a refugios para evitar ser explotadas nuevamente o víctimas de alguna venganza y el resto simplemente fueron abandonadas a su suerte.
Peor aún es la masiva desaparición de mujeres, siendo jóvenes y adolescentes las que llenan las portadas de las redes sociales, las cuales se sospecha que pueden estar implicadas en desapariciones que tienen que ver con los tratantes de personas que se refugian en la zona sur de la entidad principalmente.
Ejemplo de que este fenómeno social existe a los ojos de las autoridades, fue el rescate de una menor de edad de la ciudad de Puebla que fue encontrada en el municipio de Tenancingo luego de haber sido enganchada, así como la mujer que en San Pablo del Monte pudo realizar una llamada de emergencias para denunciar que era víctima de explotación sexual.
Un caso muy conocido y que los mismos familiares sospechan que existe una red de tratantes detrás de la desaparición de su hija en San Pablo del Monte es el de Karla Romero Tezmol que a cuatro años de haber desaparecido, no se sabe que sucedió con su paradero, aunque hay indicios de que fue llevada por tratantes de personas para ser explotada primero en la ciudad de Puebla y luego trasladada a la frontera norte del país.
Lo más preocupante es que en su momento la PGJE a cargo de Alicia Fragoso Sánchez y con Mariano González Zarur como gobernador, perdió el video que captaron el momento en el que la menor de edad fue secuestrada por sus captores, lo que resultó muy sospechoso para sus familiares.
El caso de Karla Romero es sólo uno de los muchos que existen en Tlaxcala y en estados vecinos, mientras el gobierno de Marco Mena se niega a realizar acciones contundentes para atacar este fenómeno que cada vez abarca más municipios del estado.
La investigación que realizaron estos medios nacionales, evidencian que hacen una mejor labor que las propias autoridades, ya que a pesar de que han proliferado los moteles cercanos a la vía corta y es evidente la presencia de mujeres cercanas a esta vialidad, las autoridades locales no atienden este problema que es conocido a nivel mundial.
Alumnas y alumnos del CCH, plantel Vallejo, realizaron un asamblea en el marco de las protestas feministas en diversos planteles de la UNAM. En un inicio se negó la posibilidad de iniciar un paro de actividades y la asamblea se centró en las distintas formas de sumarse a las protestas contra el acoso en la Universidad. Diversas colectivas lanzaron la convocatoria, que fue acogida por un numeroso grupo de integrantes de la comunidad, quienes se reunieron en la explanada principal para organizar su movimiento.
Las intervenciones de alumnas y alumnos criticaron con dureza a la directora del plantel, Maricela González Delgado, por su ausencia en tan importante asamblea en donde se decidiría parte de la vida del plantel. Esto lo vieron como un muestra de desdén hacia las demandas estudiantiles. No obstante la ausencia de la directora, profesoras del plantel, cercanas a la dirección, tomaron en varias ocasiones el micrófono y propusieron mesas de diálogo y conversatorios para abordar las denuncias y el descontento contra el acoso.
Sus intervenciones motivaron a varios alumnos a señalar que las profesoras trataban de llevar el movimiento hacia mesas de diálogo para, posteriormente, desmovilizarlo y apoderarse de él. Asimismo, criticaron al Protocolo de Género implementado por Rectoría y lo calificaron de “inútil”, pero el reclamo más significativo fue la desaparición del cuerpo jurídico del plantel por operar siempre a favor de los maestros agresores. Después de esto, un pequeño grupo propuso una votación para la realización de un paro: fue cuando varias profesoras del cuerpo directivo del plantel se arrojaron a gritos contra la propuesta del paro.
Los alumnos, molestos por la intromisión, retomaron la asamblea y comenzaron unas votaciones, ahora sí, orientadas a establecer el paro. A pesar de que los votos favorecieron a las paristas, profesoras del cuerpo directivo continuaron arremetiendo contra el grupo de alumnas, tratando de anular la aprobación del paro que ya había sido votado. Esto llevó los ánimos hacia un peligroso atisbo de violencia; a pesar de ello, los directivos no cesaron de increparlas.
El paro comienza desde las 16:00 horas del martes 4 de febrero, hasta las 16:00 horas del jueves 6. En ese paro de actividades se realizarán mesas de trabajo y discusión entre alumnas y profesoras para tratar de solucionar las denuncias de acoso y los casos recurrentes de profesores agresores que se acumulan en el área jurídica del plantel.
Paro en Facultad de Arquitectura
Tras hacer una asamblea el viernes 31 de enero de manera interna e ilegítima dentro de los talleres, en donde varios estudiantes estuvieron presentes dialogando en una asamblea resolutiva ante la violencia de género, se había aclarado y pactado un paro activo en donde en lugar de clases regulares se llevarían a cabo talleres sobre el tema de estudios de género, círculos de hombres, círculos de mujeres, terapias grupales, defensa personal, micro machismos, diseño arquitectónico inclusivo; sin embargo, en estas reuniones internas organizadas por los directivos del plantel no se convocó a los consejeros técnicos ni se hizo una asamblea general para todos los alumnos.
Debido a los últimos hechos, se decidió hacer otra asamblea resolutiva ante la violencia de género dentro de las instalaciones, y se propuso la Asamblea del martes 4 de febrero 2020 para votar sobre el paro, misma que acordó iniciar suspensión de actividades de 72 horas. Se regresará a clases regulares el viernes 07 de febrero.
En esta asamblea se habló del paro indefinido en la facultad de filosofía y letras y en ciencias políticas, además de temas como las denuncias de acoso sexual que no han sido bien procesadas, los encubrimientos de los académicos dentro del plantel, poca seriedad de las autoridades académicas ante las denuncias anónimas y la inseguridad entre otros temas.
El hecho más notable que llevó a este paro de actividades es el reciente suceso de evidencia en los muros de la facultad, el llamado Muro de la Vergüenza, en donde se publicaron las fotos de todos los que han sido acusados de forma anónima, pese a que no se tiene registro de que estos hechos sean ciertos ni se tenga a la luz una denuncia oficial en contra de ninguno de ellos, existen ya varias denuncias de algunos de ellos circulando en redes.
“Esto es el principio”, dijo Samir Flores Soberanes en una entrevista días antes de su asesinato. A un año de la consulta sobre la termoeléctrica, las palabras del defensor del territorio resuenan por su vigencia
A un año del asesinato de Samir Flores Soberanes, el pueblo nahua de Amilcingo mantiene la guardia en la defensa del territorio, los montes, el agua, donde atravesaron el gasoducto que desembocaría en la Termoeléctrica de Huexca, aquella que estuvo en consulta hace casi un año también.
Primero, el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador decretó el año oficial de Emiliano Zapata en Villa de Ayala. Ahí, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Morelos (APPM) protestaron y exigieron la cancelación del Proyecto Integral Morelos; el biznieto pidió la cancelación de la termoeléctrica en el micrófono.
Luego, AMLO regresó a Cuautla y anunció una consulta. La APPM no cede ante las necedades de los poderosos; durante el evento del presidente no dejaron lugar para el silencio: “Agua sí, termo no”. Ahí estaba Samir. Con dos mantas pintadas entre sus manos. Organizando de manera improvisada una protesta llamativa, arriba de alguna plataforma que jalaron, en donde se treparon, mostraron carteles y exclamaron por la defensa de la naturaleza. Ese día llevaba un sombrero café.
Al terminar el evento, después de que el presidente nombrara a los inconformes “radicales de izquierda” y “conservadores”, y la fecha de realización de la consulta (sólo 15 días después), Samir Flores compartió con el colega Aldabi Olvera y conmigo su última entrevista.
Y ya pasó un año.
La fiscalía local no ha dado cuentas de la investigación. Tampoco la atrajo la Fiscalía General, como ordenó AMLO.
Samir, una persona que conjugaba las resistencias regionales contra el megaproyecto de termoeléctrica y gasoducto que rodea el volcán Popocatépetl, es ahora motivo de una convocatoria nacional del Congreso Nacional Indígena.
Convocan tres días: el 20 de febrero acciones dislocadas o en cada territorio, el 21 marcha por la Justicia en las oficinas de la CFE de la CDMX; el 22 asamblea del CNI-CIG en Amilcingo, Morelos.
A continuación, comparto en este microfilme postal la transcripción íntegra de dicha entrevista, en la que pareciera que el tiempo tiene algo de estático y sus palabras no pierden vigencia:
—¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu comunidad y cómo ves lo que pasó hoy sobre la consulta de la termoeléctrica? ¿Cómo afecta a Amilcingo?
—Samir, de Amilcingo. El tema de la consulta… Pues es lamentable que la consulta sea generalizada en todo el Estado de Morelos. Hay un gancho que desfavorece o amaña la consulta que es el bajar la luz a los morelenses y pues definitivamente, ¿quién no va a querer pagar la luz a la mitad?. Mucha gente va a decir pues yo estoy de acuerdo en que bajen la luz aunque la termoeléctrica me haga daño a lo largo. Es más, ni siquiera sepan que tan perjudicial pueda ser la termoeléctrica.
Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel. Eso me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Una vez teniendo el poder le dice pues déjeme trabajar, yo voy a hacer las cosas como considero y creo que me recuerda esas páginas de la historia.
Lamentable cómo nos ha llamado el día de hoy, cómo hoy está haciendo a un lado, de manera denostativa la manifestación de quienes nos sentimos agraviados desde el 2012. Un proyecto que no fue consultado.
Quizás hoy la consulta está de más porque ya está el proyecto hecho, impuesto, pero debería enfocarse más en las cuestiones técnicas que tiene el Cupreder, UNAM, están algunos otros científicos, que también han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta. No solamente es el asunto de la luz eléctrica que argumentó que estamos comprando muy carísimo.
Hay estudios que hay una sobreproducción en México, hay una sobre producción, incluso se está vendiendo a Centroamérica y a Estados Unidos. Entonces ese argumento me parece un tanto desatinado, pero, pues bueno, pareciera que ya trae consigna, la espada desenvainada en contra de quienes, vuelvo a reiterar, nos sentimos agraviados desde el 2012.
Un proyecto que nos ha traído confrontación en las mismas comunidades, divisionismo que ha causado o han dejado las administraciones pasadas, grupos de choque que han sido brazo de poder para lograr su cometido. El gobierno pasado de Graco Ramírez en Morelos y Peña Nieto en lo federal.
Y pues ahora pareciera que lo retoma. Nos vemos con algunos matices diferentes en comparación con la administración pasada, pero en conclusión lleva la misma línea, lleva la misma orientación. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario pues lo que va pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos y aquí va a ser la misma dinámica.
Es lamentable para un gobierno de transición, para una 4ª. Transformación, como lo llama y apuntarle hacia el mismo lado.
Nos llamó “gente de izquierda”, “extrema izquierda”, “gente ambientalista conservadora”, incluso hasta “pagada por algunas empresas”. Es muy lamentable, inadmisible para quienes estamos desde el 2012 en esta lógica.
Pero pues… bueno, esto es el principio. Y seguro esto estará dando de qué hablar tanto por parte del gobierno, tanto como por parte de los pueblos.
Lo más lamentable de todo es que está en juego el futuro, las tierras, no se considera el agua, no se considera el aire, no se considera a las futuras generaciones. Es muy lamentable como un discurso de desarrollo para las empresas.
—¿Qué estrategia sigue para los pueblos? ¿Qué se puede hacer ante el escenario que están viendo ustedes?, porque ya hay otras consultas, una le fue favorable a Atenco, pero parece que ya estaba cargado, pero luego viene lo del Tren Maya y luego esto.
—Miren, para empezar Ayala depende del agua, es un espacio agrícola, netamente las tierras son de riego. Aunque es inadmisible creer, hay algunos que están a favor de la termoeléctrica, pero la mayoría, entre ellos, los ejidatarios están en contra de que se lleven el agua.
Quizá van a implementar formas de cómo querer lograr un sí, lograr la aceptación. Quizá como lo hizo la administración pasada: quererles entubar el agua, quererles hacer ollas de captación, no lo sé. Indudablemente pueda que quizás, algunos representantes de los ejidos caigan en la tentación del dinero.
Pero lo que sí en otras comunidades pues sí vamos a tener que organizarnos, a tener que retroceder en el sentido de volver a informar como hace más de cuatro años. Volver a informar. Volver a recorrer las comunidades y empezar nuevamente a aglutinarnos.
Si va la consulta pues entonces quizás, que la gente tome conciencia si va a participar en esa consulta; cuáles son las afectaciones de este megaproyecto y qué es lo qué está en juego en lo posterior.
—¿Qué le dirías a la gente sobre lo que implica la consulta en las comunidades afectadas?
—Pues implica el que quizás, en una remota posibilidad poder tener una consulta favorable.
Pero a como están las cosas, el señor Hugo Erick está trabajando con puras mentiras como súper-delegado, está mintiendo en relación a cómo están las cosas en Morelos. Quizás, por eso Andrés Manuel trae esa lógica y pues definitivamente yo les diría que pensemos, analicemos qué es lo que queremos.
Quizá nos pueden bajar la luz, la tarifa de la luz. Quizás pueden decir que van a cuidar o procurar el agua que mane de la termoeléctrica producto del enfriamiento de las turbinas. Quizás pueden tener otros argumentos como el trabajo que pueda haber para Morelos.
Pero pensemos realmente en los riesgos ante una explosión como ya la hemos visto en muchos espacios, lo más reciente en Hidalgo, producto del huachicoleo. Esto también puede ser parte de.
Podemos también considerar el asunto del agua, la tierra, el medioambiente, y también tenemos que pensar si es que nos dicen el trabajo. ¿Bajo qué condiciones nos van a dar trabajo?
Trabajo tenemos, tenemos el campo, mientras tengamos las tierras y el agua eso significa nuestra libertad y nuestra dignidad. Y si no tenemos el campo, no tenemos agua, no tenemos nada en Morelos, como pueblos agrarios, como pueblos zapatistas.
—Samir, vuelve el tema de la defensa de la tierra a 100 años del asesinato de Zapata. Ellos, la vez pasada, parece que sólo querían un homenaje oficial… Y se les vuelve a presentar el tema de la Tierra. ¿Ustedes, como pueblos zapatistas, cómo pueden tomar esa historia que tienen para la lucha de ahorita?
—Pareciera que es moda. Las cosas vuelven a caer en el mismo punto. Como me mencionas: la defensa de la tierra de hace 100 años, bueno que, hablar de 100 años es hablar del asesinato del general Zapata.
Definitivamente creo que el asunto de la disputa de la tierra y el agua ha sido histórico. No solamente en la Revolución, podemos irnos a la época de antes de la Revolución, podemos irnos a la época de Porfirio Díaz, en sus inicios, cuando empezaron a proliferar los ingenios azucareros que demandaban tierras, que demandaban agua y que quizás hubo destellos de enfrentamientos o de lucha por la defensa de la tierra, pero organizada por el hartazgo y tantos atropellos como el de 1910.
Hoy hay modalidades un tanto diferentes pero pareciera que es el mismo modus operandi del sistema: entonces, fregar al campesino y empoderar a los caciques, a los empresarios. Es ese paradigma histórico que es parte de esa dualidad de la contradicción que pudiéramos encontrar en muchas partes de la Historia.
—¿Cómo afecta la termoeléctrica a tu comunidad?
—Pasa que impusieron un gasoducto en 2013.
A finales de 2013, a principios de 2014 impusieron un gasoducto. Decirles que no hubo consulta. Que solamente pactaron con los dueños de las tierras. Que se saltaron los protocolos comunitarios, que son las asambleas comunitarias o asambleas ejidales. Y eso llevó a que la gente no tuviera una participación plenamente informada o previamente consultada.
Hubo un grupo de choque. Nos impusieron para hacer ver ante la opinión pública, también nos impusieron obra con dinero de la CFE, con dinero del gasoducto.
Y esto que les estoy comentando que sucede en Amilcingo, sucede en Huesca, sucede en Jantetelco, sucede hasta Tlaxcala y eso es el mismo modo de operar.
Nos afecta porque pasa muy, muy cerca de las colonias. En Amilcingo, sí pasa un tanto retirado, pero pues bueno son campos de cultivo y, indudablemente en un desastre, ya sea por el huachicoleo, ya sea por un temblor o ya sea por el volcán Popocatépetl, que son los tres riesgos por una posible explosión, definitivamente los más afectados pues serían los habitantes, los lugareños o los pobladores que están cerca.
Desarrollo industrial pone en peligro a la población, dicen especialistas
Crecimiento industrial aumenta riesgos para potosinos
El crecimiento industrial y el interés de varias empresas por establecerse en la Zona Industrial podría incrementar los riesgos a la salud para los residentes de San Luis Potosí, advirtió Viridiana del Carmen Robledo Valero, directora ejecutiva del You I Lab, del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICYT).
Señaló que “la industria tiene procesos que generan muchos contaminantes al ambiente, obviamente deben tener sus procedimientos para recuperar todas estas emisiones, pero la regulación en ese sentido deja mucho qué desear, entonces sí es un riesgo para la población”.
San Luis Potosí se ha caracterizado en los últimos años por un presumible crecimiento industrial, sin embargo toda esta actividad está cobrando la factura en el rubro ambiental y posteriormente se reflejará en la calidad de vida de los potosinos.
Dijo que está demostrado que la actividad industrial, sin importar el país de procedencia, es una de las principales causas de contaminación atmosférica, mantos acuíferos e incluso del suelo.
Embarazadas, un grupo de alto riesgo
Uno de los grupos de riesgo que pueden presentar mayores afectaciones por la contaminación son las embarazadas, los bebés en potencia podrían presentar deformaciones debido a los componentes que se encuentran en la tierra, aire y suelo de San Luis Potosí, coincidieron Viridiana Robledo, directora de You I Lab del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICYT) y Evelyn Van Brucel, toxicóloga del Centro de Información y Atención Toxicológica (CIAT) del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.
Las especialistas señalaron que además de los adultos mayores y los infantes, las mujeres embarazadas corren un fuerte riesgo al respirar partículas PM10 y PM2.5; “esto es porque obviamente están en una condición en la que su cuerpo está demandando mayores nutrimentos y aparte porque tienen un producto que puede ser afectado por exposición a contaminantes”.
Estaciones de monitoreo de aire son insuficientes: Cambio de Ruta
Pese a que la reactivación de las cuatro estaciones de monitoreo de aire fue una de las principales presunciones de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) en el 2019, son insuficientes para medir la calidad del aire de San Luis Potosí, reclamó Luis González Lozano, director general de la organización Cambio de Ruta.
Consideró que son insuficientes porque la zona conurbada de San Luis Potosí, que está conformada por seis municipios, requiere de un monitoreo constante en zonas más alejadas.
Zonas muy pobladas no tienen estación de monitoreo
González Lozano explicó que “Soledad no tiene ninguna estación de monitoreo, y sabemos que vive mucha población; en la parte de Pozos, que es donde siempre se ha estado poblando, hemos encontrado que tampoco hay ninguna estación de monitoreo”.
Dijo que las cuatro estaciones existentes están muy concentradas en un margen muy estrecho, lo que ocasiona un deficiente monitoreo que no va a otorgar datos suficientes para generar políticas públicas preventivas útiles.
“La falta de un monitoreo correcto nos impide que se hagan políticas públicas, que se hagan avisos y que se protocolos de cómo debemos de actuar”.
Ciudad Victoria.- De nueva cuenta, agricultores del municipio de San Fernando volvieron a bloquear este martes la carretera federal que une a Ciudad Victoria con Matamoros, en protesta por la falta de pago en apoyos para el campo.
Desde temprano, los campesinos de esa región comenzaron a reunirse para tomar una decisión y a las 11:00 horas comenzó la manifestación.
El punto del cierre carretero es en el kilómetro 101, a la altura de la bodega La Herradura, en el municipio de San Fernando.
El líder de este movimiento y de la organización Campesinos Unidos de San Fernando, Rogelio Ortiz Moreno, dijo que la protesta era contra el gobierno federal, “por el incumplimiento de su palabra”.
El 24 de enero de este año, en el mismo municipio, los agricultores se habían manifestado de la misma forma con el bloqueo a la carretera federal.
Al igual que en esa ocasión, los campesinos sólo permiten el paso de vehículos particulares, pero no a los autobuses de pasajeros ni a los vehículos de carga.
“Condenamos que la defensa del territorio, los recursos naturales y la biodiversidad convierta a los activistas en víctimas de persecución, amenazas y hechos cobardes como el quitarles la vida”, dice un comunicado de Greenpeace.
Familiares y amigos llevan el ataúd del activista ambiental Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca. 30 de enero de 2020 Foto: .Alan Ortega / Reuters
Alan Ortega / Reuters, 04 de Febrero de 2020
El pasado 29 de enero, fue encontrado muerto Homero Gómez González, un conocido defensor mexicano de la mariposa monarca y sus santuarios, en el estado de Michoacán, tras permanecer desaparecido durante dos semanas.
Tres días después, en el mismo estado mexicano, fue hallado sin vida Raúl Hernández Romero, otro activista de la mariposa monarca, quien había sido reportado como desaparecido desde el 27 de enero.
Una vista de la tumba de Raúl Hernández, un guía turístico que trabaja en una reserva de mariposas monarcas. 2 de febrero de 2020. Foto: Alan Ortega / Reuters
El cadáver de Gómez fue encontrado dentro de un pozo de agua en el municipio Ocampo, cerca de una reserva forestal en las montañas que él mismo protegía desde hace tiempo, por ser el hábitat de las mariposas. Las autoridades informaron que sufrió un golpe en la cabeza y se ahogó.
El cuerpo de Hernández, quien trabajaba como guía turístico en santuarios de la mariposa monarca, fue hallado en el predio Las Balsitas, en la cima del santuario El Campanario, ejido El Rosario, también en el municipio Ocampo. Tenía varios golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, así como una herida en la cabeza, hecha con un objeto cortante.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió la investigación por ambos casos.
El santuario más grande del mundo
Gómez, de 50 años, un ingeniero agrónomo con especialidad en fototecnia, era quien administraba el Santuario El Rosario, el más grande del mundo dedicado a la protección de los lepidópteros, ubicado en el municipio Ocampo.
El santuario está ubicado en la Reserva de Biósfera de la Mariposa Monarca, un lugar declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2008.
Su última publicación en Twitter fue el pasado 13 de enero, antes de que fuese reportada su desaparición. Gómez publicó una fotografía, que acompañó con la leyenda: “En el Santuario El Rosario Ocampo Michoacán. Hoy uniformando a los guías de turismo apoyo”.
Con regularidad, Gómez publicaba videos en los que se podía observar a las mariposas en el santuario, donde llegan procedentes de Canadá y permanecen, aproximadamente, de noviembre a marzo.
La lucha contra la tala y en pro de reforestar
La Reserva de Biósfera de la Mariposa Monarca es, también, un importante espacio de bosques de oyamel, pino, encino y cedro, que atrae a la tala ilegal, contra la que luchaba Gómez.
Junto a otros pobladores de la zona, como Hernández, este hombre se internaba en los bosques en busca de los taladores clandestinos; debido a que las autoridades forestales solo están en los caminos y no entran a estos espacios, de acuerdo a un reporte de La Voz de Michoacán, que en 2018 hizo un recorrido con los activistas, entre ellos Gómez.
“Seguramente estaba afectando intereses de personas que se dedican a talar de forma ilegal en la zona”, dijo a Reuters Mayte Cardona, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
Además de luchar contra la tala ilegal, este ingeniero forestal trabajó en la reforestación de áreas que habían sido tomadas para la siembra de maíz y otras especies.
Gómez “trabajó en la conservación del bosque y a la protección del hábitat invernal de las mariposas, a través de la reforestación de zonas degrada
Peligro para activistas ambientales
“Condenamos que la defensa del territorio, los recursos naturales y la biodiversidad convierta a los activistas en víctimas de persecución, amenazas y hechos cobardes como el quitarles la vida”, señala, por su parte, Greenpeace, en un mensaje de condolencias a la familia de Gómez.
En los primeros nueves meses de 2019, según Amnistía Internacional, fueron asesinadas 12 personas que se dedicaban al activismo ambiental en México; entre ellos la bióloga y ambientalista Nora López, quien era la encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el Parque Ecoturístico Aluxes, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en agosto pasado.
Entretanto, en 2018, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) fueron abatidas 21 personas “por defender la tierra, el medioambiente y el territorio”.
A través de un pronunciamiento público, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), exigió a la Fiscalía del Estado de Jalisco la restitución del memorial de Óscar Antonio López Enamorado, migrante desaparecido en Jalisco desde el año 2010, así como, el inicio de una queja oficiosa por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
En opinión de la organización “el retiro injustificado del memorial”, atenta contra el derecho a la verdad, la justicia, la protesta social y la libertad de expresión de su madre, Ana Enamorado, quien, junto con aliados, organizaciones e, incluso, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco -presentes durante el evento-, instalaron los objetos memoriales que forman parte del proyecto “Huellas de la memoria”.
Por ello han requerido la restitución del memorial a la brevedad y un acto de disculpa pública donde se encuentre presente la madre del joven desaparecido, como forma de reparación.
Dalia Souza / Zona Docs
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se pronunció este martes por el retiro injustificado del memorial del joven migrante desaparecido en Jalisco, Oscar Antonio López Enamorado que permanecía instalado en una de las bardas de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de Derechos Humanos en la ciudad de Guadalajara.
El memorial que estaba conformado por dos losetas color blanco con la imagen del rostro del joven y otra más con las huellas de los zapatos de su madre, fue instalado el pasado 22 de enero en un acto de protesta y resistencia ante la suma de negligencias que su madre, Ana Enamorado, ha sufrido por más de una década, ante el actuar omiso de las autoridades de justicia en el estado quienes han sido incapaces de dar con el paradero de su hijo desde el año 2010.
En compañía del CEPAD, aliados, artistas, periodistas e, incluso, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta madre colocó las dos losetas que forman parte del proyecto Huellas de la memoria, en una de las bardas de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de Derechos Humanos. Sin embargo, a menos de una semana de ser instaladas, éstas fueron retiradas.
Por lo anterior, el Centro de Justicia, quien ofrece acompañamiento a esta madre buscadora, ha denunciado el retiro injustificado de las losetas y con ello, ha señalado que este actuar atenta contra el derecho de Enamorado a la verdad, la justicia, la protesta social y la libertad de expresión.
Haciendo mención de la versión que personal de seguridad estatal ofreció a este medio independiente ZonaDocs, así como, a diversos medios de comunicación, sobre la presunta remoción del memorial a causa de actos vandálicos, CEPAD advierte que, la nula actuación del personal de la Fiscalía evidencia el “incumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad y protección de los espacios para la memoria de las y los familiares de personas desaparecidas”.
Por ello, han condenado estos actos que consideraron “violatorios y revictimizantes” y han hecho una serie de exigencias a la Fiscalía del Estado de Jalisco y a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco que incluyen: la explicación de los hechos, la reinstalación del memorial, un acto de reparación que incluya el ofrecimiento de una disculpa pública y el inicio de una queja oficiosa.
Aquí sus demandas:
Que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado de Jalisco, expliquen las razones por las cuales no llevó a cabo la seguridad del memorial referido.
Que restituyan a la brevedad el memorial en presencia de la señora Ana Enamorado y de los medios de comunicación, y se realice un acto de disculpa pública como una forma de reparación.
Que se investiguen los hechos y que proporcionen públicamente una explicación sobre los mismos, para evitar que se repitan y se sancione a los responsables por acción y omisión.
Que la CEDHJ, cuyo personal estuvo presente en el acto de instalación del memorial, aperture una queja de manera oficiosa y determine las violaciones a los derechos humanos violentados a la señora Ana Enamorado y a la sociedad en su conjunto.
El año anterior, la Fiscalía registró –sólo en Morelia– 51 personas desaparecidas de entre 60 y 96 años de edad, de las cuales, 36 fueron hombres y 15 mujeres
En 2019 fueron reportadas mil 545 personas desaparecidas (Foto: RED 113)
Guadalupe Martínez/ MiMorelia, 04 de febrero de 2020
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La desaparición de personas ha ido en aumento en los últimos tres años en Michoacán, indican cifras actualizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE). En 2019 fueron reportadas mil 545 personas desaparecidas, de las cuales 856 fueron encontradas con vida y 80 fallecidas. Las autoridades están en la búsqueda de 609 ciudadanos.
En tanto, la Fiscalía dio cuenta de que en 2018 se registró la desaparición de mil 092 personas; de ellas, 661 aparecieron con vida, y 65, sin vida; mientras que en 2017 la cifra fue de 935 casos, de los cuales, 570 aparecieron con vida y 45 fueron encontrados muertos. Las principales causas de las desapariciones son los problemas familiares, seguido de conflictos en relaciones de pareja, relaciones personales y, por último, las enfermedades mentales. La mayoría de los casos (más del 70%) se presenta en niños, adolescentes y jóvenes de seis a 25 años de edad, quienes argumentan que tienen diferencias con la madre, el padrastro, los amigos o con el novio, según información proporcionada por la FGE.
En enero de 2020, la Fiscalía ha reportado 24 personas desaparecidas, de las cuales 12 fueron localizadas con vida y tres sin vida: dos hombres y una mujer. En cuanto al acumulado histórico de personas desaparecidas en Michoacán, la federación, el estado y organizaciones de familiares reportan cifras diferentes. Por ejemplo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas del gobierno federal indica que de 2007 a 2019 no han sido localizados mil 269 ciudadanos.
El actual comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán, Marco Antonio Hernández Zaragoza, dijo que de 2006 a la fecha se reportaron tres mil 980 desapariciones, de los cuales el 50% ha sido encontrado, pero dijo que desconoce si con vida o sin vida; el resto aún se reporta sin localizar. Las desapariciones continúan al alza en Michoacán, según lo evidencian las cifras de la FGE en los últimos tres años.
En 2017 se reportaron 935 personas desaparecidas, de las cuales, 570 fueron localizadas con vida y 45 sin vida; en 2018, el número aumentó a mil 092 desaparecidos, de esos, 661 fueron encontrados con vida y 65 sin vida.
En 2019 la cifra creció a mil 545 casos, de los cuales, 856 personas fueron localizadas con vida y 80 sin vida, por lo que el resto aún está sin aparecer. El año anterior, la Fiscalía registró –sólo en Morelia– 51 personas desaparecidas de entre 60 y 96 años de edad, de las cuales, 36 fueron hombres y 15 mujeres. De esa cifra, seis aún están pendientes por localizar.
Debido a que en Michoacán no existe un padrón o base de datos oficial sobre el número de personas no localizadas o personas por desaparición forzada, las cifras no coinciden; por ejemplo, en otras administraciones los delitos fueron clasificados de manera distinta, pues no en todos los casos se acreditan como desaparición, sino como secuestro o privación ilegal de la libertad; por ello, las asociaciones de familiares que se encuentran en la búsqueda reportan otras cifras. Apenas en junio del año pasado el gobierno estatal publicó el decreto de creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, y está señalado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.
“Cifras no coinciden; hay simulación del gobierno federal”: organizaciones
De acuerdo con integrantes de la organización Familiares Caminando por Justicia, no hay una investigación profunda de parte de las actuales autoridades federales, donde participen especialistas, investigadores o personas acreditadas en la búsqueda de personas desaparecidas, pues las cifras que dio a conocer a principios de enero de este año Alejandro Encinas Rodríguez se basan en la información de las fiscalías y que, a su parecer, no son “reales” si se comparan con la “crisis humanitaria” que existe en México desde el año 2000.
(Foto: FB/Familiares Caminando Por Justicia)
Una de las principales dudas de Mercedes Ruiz González, integrante de dicha organización, quien ofreció una entrevista a Publimetro, es por qué sigue sin haber una investigación en campo profunda que revele la verdadera situación de los desaparecidos, pues las autoridades que prometieron un “cambio verdadero” reproducen la misma información de las fiscalías, que en su mayoría no generan confianza a los ciudadanos.
(Foto: Guadalupe Martínez)
Lamentó que ni las autoridades federales ni las estatales han emprendido labores especializadas de búsqueda en campo, y por ello en Michoacán las cifras que se dan a conocer públicamente de personas no localizadas son mínimas, comparadas con las de otras entidades, como Tamaulipas, Veracruz o Jalisco.
Por su parte, Laura María Orozco Medina, también de la organización Familiares Caminando por Justicia, reprochó que los casos documentados por los colectivos de Michoacán no están dentro del registro nacional, por ello el gobierno federal tiene enfrente una labor titánica para unificar todos los registros.
“Mucha gente no denuncia por temor y porque en la misma Fiscalía del Estado son amenazadas las familias. Se les infunde mucho miedo, o también son perseguidas para que no continúen con el proceso penal”, enfatizó. L
as activistas coinciden en que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México sólo han visto “simulación”, y aunque sí ha existido acercamiento con los familiares, no se ven resultados efectivos de aparición de las personas, acciones de prevención y campañas de difusión. “En México continúan las violaciones a derechos humanos, la impunidad en los casos, una grave crisis humanitaria, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y agresiones a defensores”.
Testimonios “Nos obligan a estar en esta lucha; sólo queremos justicia”
De 2008 a la fecha, María Elena Medina Vargas, originaria de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, no ha parado de buscar a su esposo, Leonel Orozco Ortiz, de 45 años, quien desapareció el 3 de julio de 2008. Inmediatamente después, su familia fue despojada de sus propiedades por personas desconocidas que se encontraban fuertemente armadas. Posteriormente, contó que su hijo, de 17 años de edad, Leonel Orozco Medina, estudiante de preparatoria en Cotija de la Paz, desapareció el 18 de abril de 2009, cuando salió de la escuela para dirigirse al pueblo de sus padres. Tres años después, su otro hijo, Moisés Orozco Medina, de 27 años, quien se encontraba en la búsqueda de su padre y su hermano, también desapareció, un 22 de mayo de 2012. Con el dolor, la tristeza y rabia, tuvo que salir de la comunidad con sus hijas, pues era constantemente amenazada por criminales y paramilitares.
(Foto: Guadalupe Martínez)
Medina Vargas asegura que se cansó de presentar denuncias ante las fiscalías, quejas en derechos humanos tanto estatal como federal, de acudir a la Ciudad de México a recibir algún apoyo de las autoridades, incluso para ser escuchada por el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, pero su voz fue ignorada una vez más. “Las madres no queremos estar en esta lucha, pero los gobiernos nos obligan a seguir en la exigencia hasta que tengamos justicia, y eso es lo que hago, no me cansaré hasta encontrarlos”, enfatizó. El 11 de enero de 2018, su hijo José Iván Orozco Medina sufrió un atentado cerca de Peribán por parte de militares, quienes iban a bordo de camionetas color blanco. Este hecho dejó al joven muy grave por los disparos que recibió, y aunque luchó para seguir con vida, en diciembre de 2019 falleció.
“A mí me negaron el expediente de mi hijo, los MP me ocultaron información”
Hace diez años que Mercedes Ruiz González no encuentra a su hijo Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz, de 27 años de edad, abogado de profesión, quien junto con su socia de despacho, Vianey Heredia Hernández, desaparecieron el 29 de noviembre de 2010 en tramo carretero Lázaro Cárdenas-Apatzingán, ya que iban a atender un caso relacionado con las minas en el puerto. La activista contó que una semana previa a que su hijo desapareciera, el gobierno federal anunció la implementación de fuertes operativos militares en el municipio de Lázaro Cárdenas, y después de dos años de presentar la denuncia, cuando pudo tener acceso al expediente, se dio cuenta de que el caso de Guillermo Ortiz estaba relacionado con un reporte de llamadas realizadas desde la Zona Militar de Apatzingán.
“Todo se relaciona, y es por eso que sabemos que en su desaparición estuvieron involucrados los militares. Y aunque he denunciado por todos lados y en todas las instituciones, no me cansaré de pedir justicia hasta ver a los responsables en la cárcel”, resaltó.
Ruiz González consideró que todas las madres que forman parte del movimiento de desaparecidos sienten impotencia, frustración, coraje y tristeza, pero lo que las mantiene en el movimiento es la esperanza de que algún día estarán de nuevo con sus familiares.
Gobierno federal identifica 49 fosas clandestinas en 13 años
De 2006 a 2019 han sido detectadas en Michoacán 49 fosas clandestinas, cifra menor a la de otros estados de la República; por ejemplo, Tamaulipas reporta un total de 440; Veracruz, 432; Sinaloa, 345; Guerrero, 331, y Chihuahua, 318 fosas. En ese periodo se localizaron un total de tres mil 631.
(Foto: RED 113)
El informe no da cuenta de los municipios en donde se encontraron las fosas pero, según las organizaciones, la mayoría ha sido localizada en las regiones de la Tierra Caliente, la Sierra-Costa, el Bajío y municipios colindantes con Jalisco, Guerrero y Guanajuato.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado autoridades encontraron dos fosas clandestinas en el municipio de Jacona. En el predio La Guenumera, perteneciente a la localidad El Platanal, se encontraron restos humanos de tres personas, todas con heridas de proyectil de arma de fuego.
En mayo de 2019, al término de la Quinta Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas “Buscando Encontraremos”, Mercedes Ruiz González, integrante de la asociación Familiares Caminando por Justicia, confirmó la localización de una fosa clandestina en la comunidad de Tizupan, perteneciente al municipio de Aquila, con 43 restos óseos.
Y en enero de 2020, personal de la FGE localizó una fosa clandestina con tres cuerpos en la localidad El Potrero de la Hacienda, en el municipio de Sahuayo.
Personas desaparecidas en la presente administración federal
En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reportaron en Michoacán 25 casos nuevos de desaparecidos, según el Informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas dado a conocer el pasado 6 de enero por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en Michoacán desaparecieron 274 mujeres, y en ese mismo año fueron encontradas 465 reportadas como no localizadas en la entidad. Mientras que a nivel nacional el número fue de 15 mil 835 desaparecidas.
Michoacán se encuentra fuera de las primeras diez entidades del país con más personas desaparecidas. En primera posición se ubica Tamaulipas, con diez mil 032 personas sin localizar, y después Jalisco, que reporta nueve mil 286; Estado de México, seis mil 887; Chihuahua, tres mil 907; Nuevo León, tres mil 799, y Sinaloa, tres mil 137.
Niños desaparecidos
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de ese mismo mes pero de 2019 fueron reportados como desaparecidos 485 menores de edad en Michoacán, de los cuales seis no han sido encontrados, y a nivel nacional la cifra fue de mil 070 infantes desaparecidos. De los años 60 al 31 de diciembre de 2019, un total de 11 mil 072 menores y adolescentes han desaparecido en el país
¿Desde cuándo se han presentado las desapariciones en México?
En entrevista, Laura María Orozco Medina recordó que a partir de los años 60 se presentó un cúmulo de casos de desaparecidos en el país por motivos políticos, es decir, los que pensaban diferente al partido en el poder, o las personas que estaban en contra de las decisiones del Estado, eran perseguidos hasta que ya no quedaba rastro de su existencia. Según el Comité Eureka, Epifanio Avilés Vargas es la primera víctima de desaparición forzada en México de la que se tiene registro oficialmente desde hace 50 años.
A partir de 2006, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el fenómeno de las desapariciones dio un giro de 180 grados, pues ahora los motivos son de tipo social, es decir, por la inseguridad y para “aterrorizar” a las comunidades más pobres.
“Las desapariciones perpetradas por el Estado generan un shock que ninguna otra violación en materia de derechos humanos, porque es un miedo que se presenta en toda la comunidad; es una estrategia para atemorizar y generar sus proyectos extractivistas o de despojo”, explicó la joven activista de Michoacán.
Otro de los factores es que las desapariciones en muchos casos se presentan para desarticular los movimientos sociales y organizaciones, o bien, con la finalidad de despojar a las familias de sus propiedades y tierras, a fin de saquear los recursos naturales con fines particulares.
“Hay que poner en alerta a todo el país, porque hay muchas personas que están siendo desaparecidas, y las autoridades no hacen nada para dar con su paradero. Necesitamos ser escuchados”. Laura María Orozco Medina, de la organización Familiares Caminando por Justicia.
“No tenemos una cifra exacta sobre desaparecidos, y por eso estamos en la construcción de un banco de datos para poder tener control y encontrar con vida a la gente que está siendo buscada por sus familiares”. Marco Antonio Hernández, al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán.
Dato nacional Según las autoridades federales, de 1964 a 2019 desaparecieron 147 mil 033 personas a nivel nacional; de esa cifra, 85 mil 396 fueron localizadas, sin embargo, 61 mil 637 no han sido localizadas; el 74% son hombres, 25.69% mujeres, y del 0.31% se desconoce si son hombre o mujeres. Además, el 53% de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 35 años de edad. Herramientas:
-873 fosas clandestinas identificadas en el gobierno de AMLO
-Mil 124 cuerpos exhumados, de los cuales, 395 han sido identificados, y de éstos, 243 han sido entregados a sus familiares en el país -Sólo 30% de las familias denuncia; el 70% no lo hace por miedo
-En los últimos 10 años se contabilizaron en Michoacán 3 mil 404 denuncias por desaparición de personas -En 2018, la FGE recibió más de mil 100 denuncias por desaparición
-Los municipios con alta incidencia de desaparición son Morelia, Zamora, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro y Aquila.
Ya liberado, López Vega insiste en la causa; los empresarios reiteran la demanda del drenaje.
Norma Marcial | El Sol de Puebla
Juan Crisóstomo Bonilla.- El río Metlapanapa, no sólo representa el corazón ecológico de Santa María Zacatepec, es también un lugar de buenos recuerdos para la mayoría de los habitantes de esta comunidad del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, porque en décadas pasadas “nos dio de comer”, pues se podía injerir su agua y recolectar chapulines, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde residuos arrojados por una granja porcina y la amenaza de presuntas descargas industriales provenientes del complejo Ciudad Textil, ubicado en la jurisdicción vecina de Huejotzingo, advierten que su arroyo podría adquirir un tono “colorado o azul”.
Además “ver contaminado este río mataría los recuerdos e ilusiones, de quienes alguna vez caminamos en su cauce, pues ahora enfermaría a todos los habitantes de Zacatepec, traería muerte”, expresó Miguel López Vega, activista de la zona y quien platicó con El Sol de Puebla, luego de obtener su libertad, tras permanecer encarcelado por cinco días por los delitos de obstrucción de obra, ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte, al oponerse a este escenario en este recurso natural, el cual atraviesa cinco kilómetros del territorio de esta entidad administrativa.
El opositor comunitario, quien suma una trayectoria de más de una década en el activismo y es miembro del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra y el Agua, asegura que fue el primer preso político de la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por levantar la voz en contra del proyecto Ciudad Textil, que comprende el asentamiento de más de 30 empresas en predios de la ex hacienda La Palmilla, en Huejotzingo, y pretende usar el Metlapanapa como fuente de almacenamiento de aguas negras.
No obstante, dijo que pese a su detención y las medidas cautelares que enfrenta por obtener su libertad, seguirá manteniendo su postura de defensa y sus ideales de lucha social, que también es compartida por otros habitantes de Zacatepec, quienes en grupo, mantienen una lucha colectiva desde el 2005 a la fecha, pues primero rechazaron un proyecto ecoturístico, luego se pronunciaron en contra de la realización de una autopista, de la perforación de pozos profundos, de la colocación de torres de alta tensión, de la obra del Gasoducto Morelos y ahora reprueban la contaminación del río.
“No queremos que nuestro río, compita con el Atoyac o con los dos que cruzan Huejotzingo que están muy contaminados y sus aguas ya son coloradas o azules, nosotros pese al miedo que por naturaleza siente el hombre, seguiremos pronunciándonos en contra y exigiendo la cancelación definitiva del proyecto, no solo la temporal”, afirmó.
CIUDAD TEXTIL Y SUS ANTECEDENTES
Frente a la entrada principal de lo que es el polígono industrial Ciudad Textil, el activista, exhibe la primera prueba que justifica sus acciones de rechazo hacia aquellas decisiones gubernamentales enfocadas a la autorización de nuevas firmas, sin antes obligarlas a crear plantas tratadoras de aguas residuales, para evitar la caída de residuos tóxicos en barrancas y ríos de la entidad poblana.
Mientras su silueta se refleja perfectamente en una laguna de aguas contaminadas, que expide una pestilencia acentuada, López Vega sostiene que este mismo escenario le espera al Metlapanapa, si las autoridades continúan apoyando este complejo, el cual apoyan bajo el argumento de que generará más de 6 mil plazas laborales.
Ciudad Textil tiene sus primeros antecedentes en el año 2012, cuando la región de Cholula-Huejotzingo es marcada en el proyecto integral Gasoducto Morelos. Esto deriva el anuncio de la llegada de nuevas inversiones, pero cuatro años después, es cuando empiezan a formalizarse las primeras firmas.
Para el año 2017, el pueblo de Zacatepec se percata de los primeros intentos de contaminación en la zona y se formalizan las primeras intervenciones colectivas de atención hacía el proyecto de industrialización, pues los rumores de ejecutar descargas residuales en territorio de Juan Crisóstomo Bonilla, tomaban más fuerza.
En ese marco, se conoció la intención de ese complejo para enviar aguas negras al río, a través de la edificación de un colector marginal y el tendido de 3.6 kilómetros de red de drenaje, que justamente parte de la entrada de Ciudad Textil y finaliza en un colector instalado a los márgenes del Metlapanapa.
Sin embargo, para los años 2018-2019, se confirma la programación de una obra, por el orden de los 38 millones de pesos a cargo del gobierno del estado para favorecer el rumor referido y en meses pasados es cuando formalmente inician los trabajos a cargo de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla.
El pueblo de Zacatepec, al ver la materialización de las acciones de infraestructuras, inicia la defensa correspondiente, remató.
LA DEFENSA SOCIAL QUE DOBLEGÓ AL GOBIERNO DEL ESTADO
En un recorrido por la zona de conflicto, El Sol de Puebla hizo una segunda parada en un tramo colindante al bulevar Aeropuerto, exactamente donde es visible para cualquier automovilista, una hilera de sellos de clausura colocados por parte de autoridades estatales en estructuras de cemento que forman parte de la red de drenaje referida por el activista, como la línea de conducción para realizar las presuntas descargas.
Ahí, Miguel, dio detalles de cómo vivió su detención por los delitos de obstrucción de obra, ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte, su trato al interior del penal San Miguel y su opinión sobre el actuar del gobierno del estado, respecto a su caso.
“El viernes 24 de enero del 2020, ciertamente fuimos a dejar unos documentos, una acta de una asamblea que se había llevado en la comunidad de Zacatepec, donde por usos y costumbres, elegimos a nuestro alcalde, suplente, aguacil mayor y aguacil menor, al topil y a dos fiscalas, y llevamos a Gobernación y al municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, esta información para pedirles que respetaran nuestra autonomía, pero ya saliendo de Gobernación, ahí fue donde soy detenido, me muestran la orden, me llevan a la Fiscalía y luego a la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo y de ahí me trasladan, por cuestiones raras al Cereso de San Miguel, en Puebla, y pues llegando, como sucede en las novatadas, pues me dieron la bienvenida, y me ingresaron a una celda donde había decenas de personas, pues me colocaron en una donde estábamos más de 30, lugar donde no se puede dormir, ni hacer del baño, y pues eso es algo no deseado para nadie”, externó.
Compartió que, en ese momento, fue cuando tuvo una reflexión, en el sentido de que los empresarios, los verdaderos delincuentes o políticos no viven el momento que él vivía, pues a la cárcel “no entran señores de saco, pese a que contaminan la tierra”.
No obstante, sostuvo que su ánimo se fortaleció cuando vio el compañerismo de organizaciones para exigir su liberación porque era el primer preso político de la actual administración estatal.
¿El gobierno del mandatario Miguel Barbosa, es represor?, le preguntó esta casa editora, a lo que el activista contestó “en su política de gobierno, lo que está haciendo es intimidar a las personas que luchan, es decir a los luchadores sociales, vemos que miente, Miguel Barbosa es mentiroso, miente cuando dice que se forman lagunas pluviales, cuando nosotros ya vimos que son de aguas industriales, también acusó al exsecretario de gobernación Manzanilla Prieto (Fernando) y a un diputado por decir que no existen los usos y costumbres en este pueblo”.
Aunó que, políticamente hablando, en la República Mexicana cambió el color, pero no los proyectos de muerte siguen.
¿Doblegaron al gobierno del estado?, fue otro cuestionamiento lanzado a Miguel, a lo que dijo “claro que sí, imagínate retroceder algo que había dicho, él (gobernador) dijo que el proyecto, porque en éste, también tuvieron injerencia otros gobiernos estatales, como en su momento fue el de Rafael Moreno Valle y Gali (Antonio)”.
TRABAJARÁN POR LIMPIAR EL METLAPANAPA
En el último punto del recorrido, que fue el río Metlapanapa, Miguel López Vega, habló de sus recuerdos que le brotan cuando ve este recurso y uno de ellos lo remonta a su niñez, específicamente cuando caminaba descalzo en su arena mojada y experimentaba una de las sensaciones más placenteras de su vida.
“El río nos daba de comer”, por eso seguiré defendiendo su conservación y rechazaré su contaminación a causa de un proyecto industrial, y el pueblo de Zacatepec trabajará para recuperar este espacio federal, el cual debe estar limpio y con árboles en sus laderas, porque es el corazón ecológico de esta localidad.
Papantla, Ver.- Desde agosto de 2018, vecinos de la ampliación de la colonia Emiliano Zapata 2, han denunciado que una obra de drenaje no fue concluida, por lo que ahora se ha convertido en una pestilente fuente de contaminación y enfermedades por la exposición a heces fecales. Incluso han realizado manifestaciones pero el problema no ha sido atendido.
Esta situación provoca que al menos 90 familias que habitan en este amplio sector de la ciudad sufran debido a que el drenaje no funciona, situación que los obliga a seguir utilizando letrinas y fosas sépticas, las cuales ante la temporada de lluvias se convierten en focos de infección.
Pese a que el cárcamo no funciona, muchos colonos han utilizado la red de drenaje, misma que brota por una coladera y escurre por la carretera que conduce a la localidad Vicente Guerrero, contaminando un arroyo. Según denuncias de los afectados, el problema es que la constructora no introdujo la tubería adecuada y por ende no se concluyó.
Ésta se inició durante la administración de Marcos Romero Sánchez, en el año 2016 y debía estar lista para 2017. A más de tres años de la fecha de entrega de la obra, ésta se encuentra llena de maleza, inoperante y con una fuga constante de aguas negras que afectan a los conductores que se ven obligados a circular por esa vía de comunicación.
Organizaciones civiles, investigadores y representantes de pueblos indígenas presentaron una Iniciativa de Ley General de Aguas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Tina Madrigal, vocera de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Agua, dijo que más de 400 organizaciones participaron desde 2012 en la integración y cuentan con más de 160 mil firmas ciudadanas.
De aprobarse la iniciativa se sentarían las bases para una amplia participación ciudadana y de los pueblos para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.
“La iniciativa propone establecer procesos con planeación para enfrentar el sobre concesionamiento y la contaminación impune en el país. Restaurar los derechos de los pueblos indígenas y los núcleos agrarios. Establecer esquemas de apoyo para las labores de conservación y defensa de las fuentes de agua del país”.
También pretende establecer criterios objetivos de sustentabilidad públicamente medibles para el otorgamiento como condición para el otorgamiento de concesiones de aguas nacionales para restaurar las cuencas y acuíferos para poner fin al ejercicio autoritario.
Con ello se acabarán con proyectos demandantes de agua en zonas de alto estrés hídrico.
“Cerrar la puerta a la privatización de sistemas municipales y de obras hidráulicas. Solo permitir la ampliación de recursos públicos a obras que hayan sido aprobadas a través de una evaluación costo- beneficio para poner fin al despilfarro a favor de mega proyectos hidráulicos”.
En el caso de Veracruz afirmó que contribuirá a frenar la concesión de los organismos que administran el agua en Veracruz y Boca Del Río, así como actividades de fractura hidráulica, y se resolvería el problema de la contaminación por falta de plantas de tratamiento.
Karen Ballesteros y Jordana González / Contralínea
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México no recibieron pliegos petitorios de estudiantes de los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Lo anterior, pese a haber estado presentes durante la lectura de los mismos, en la explanada de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria.
Luego de haber marchado de forma pacífica desde el parque de la Bombilla, estudiantes del plantel 9 de la ENP llamaron a la Rectoría universitaria a aceptar los pliegos petitorios, en los que exigieron la resolución de “todas” las demandas por violencia de género, un servicio de salud de calidad con los insumos suficientes, la prolongación de los horarios de atención en los servicios médicos, así como la no represión contra quienes han participado en los paros y tomas de las escuelas.
Ante ello, Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Raúl Aguilar, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, arribaron a la explanada de Rectoría, y aseguraron estar presentes “para recibir el pliego que traen los estudiantes”.
Sin embargo, al ser cuestionados por los medios de comunicación del motivo por el que se rehusaban a acercarse a los manifestantes, la abogada general aseguró “estamos en Rectoría, en la explanada de Rectoría”; mientras que Raúl Aguilar añadió: “podemos acercarnos”. No obstante, tal acercamiento no ocurrió.
Ante la negativa del diálogo, los estudiantes inconformes “tomaron acción directa” hacia la torre de Rectoría, contra la que arrojaron petardos, rompieron vidrios y quemaron las puertas y el interior de la misma. También fueron escritos mensajes como: “Encubridores”, “Nos falta Mariela”, “Silencio nunca más”.
Al momento en que los inconformes prendieron fuego, una manifestante denunció haber sido agredida con gas pimienta arrojado desde el interior de la torre.
Al mismo tiempo y a pocos metros de distancia, la abogada general afirmaba se había mantenido la atención a las denuncias, durante los paros. “Se han instalado mesas de la Unidad de Atención a Denuncias y en el momento que fueron formuladas las quejas formales, que nosotros requerimos para iniciar el procedimiento legal. Se han iniciado los procedimientos contra las personas señaladas como agresoras y se han tomado medidas urgentes de protección en los casos en que se señaló a personal académico como violentadores en materia de género. Sí se han atendido las denuncias”, dijo.
Mónica González Contró también aseguró que han sido atendidas 17 denuncias nuevas, de las cuales en nueve se han iniciado procedimientos. “Por eso se requiere que los planteles estén abiertos, según la legislación, para identificar a las personas señaladas como presuntas agresoras. Pero la UNAD continúa recibiendo quejas, no solo en los planteles en paro sino dentro de toda la universidad”.
Una estudiante de la Prepa 9 advirtió durante el mitin que “no han dado respuesta a la violencia de género. Los machos y acosadores siguen dando clases”. Mientras que otra de las manifestantes, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño aseguró a Contralínea que es necesario “meter presión para que se resuelvan velozmente los problemas de violencia y acoso sexual dentro de las instalaciones de la UNAM, [por lo que] esperamos resuelvan las demandas de las estudiantes y que también busquen alternativas distintas más allá de sólo seguir un procedimiento penal y también pueden hacer campañas, activaciones más cosas.
En el caso de no resolverse las demandas exigidas por las Mujeres Organizadas de diferentes planteles universitarios, más escuelas “podrían irse a paro, hacer tomas. Lo ideal sería que sí”, advierte una alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Aunque los funcionarios de la UNAM rechazaron aceptar los pliegos petitorios, estudiantes de la Preparatoria 9 alcanzaron a la abogada general en el estacionamiento y le entregaron el correspondiente a su escuela.
La difusión de un estudio sobre la contaminación del Río Santiago -a cargo del periodista José Toral-, y que estuvo oculto durante una década, confirmó el daño al que están expuestos los habitantes de El Salto, compartió la activista Graciela González Torres, integrante de la asociación Un Salto de Vida.
Mencionó que ellos solicitaron reiteradamente esa información para tener más pruebas que sustentaran lo que viven a diario, pero las autoridades se las negaban; ahora, el panorama es desalentador y alarmante.
“Tristemente con sus hijos enfermos de cáncer e insuficiencia renal, con retraso mental; es decir, que los contaminantes y según lo que demuestra el estudio, toda la población estamos sujetos, y creo que ahora más que hace 10 años a un grado de exposición muy alto”.
Mencionó que tras revelarse este documento, ni el secretario de Salud, Fernando Petersen, ni el gobernador, Enrique Alfaro, se han acercado a los afectados, y al contrario, han optado por el silencio en vez de tratar de remediar la situación.
“Nos vuelven a hacer víctimas de su actitud cerrada, de ocultamiento, de negación del caso. Creo que sería más fácil para las autoridades, empezar a actuar que a querer mantener sofocado el tema. El dinero que se están gastando que se tiene que reconducir a la atención de salud en esta población”.
Incluso, mencionó la activista en entrevista para Informativo NTR, el gobierno del estado y el ayuntamiento de El Salto, hace poco anunciaron la ampliación del corredor industrial Del Río Santiago.
“Nos han despojado de los bienes comunes que nos daba el río Santiago, nos daba comida, tranquilidad, sueños, felicidad, modos de vida; llegó la industria paulatinamente, tuvo su auge, y pensábamos que con todo este proceso y conocimiento del daño las cosas podían parar pero el gobernador actual, y nuestro presidente municipal Ricardo Santillán acaban de anunciar que van ampliar el corredor industrial”.
Este lunes pobladores de las comunidades afectadas acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para quejarse por esta situación.
Los datos arrojan que en llamadas al 911 en el estado, más de 9 mil mujeres pidieron auxilio por agresiones.
Durante el 2019, se presentaron 9 mil 287 llamadas de emergencia al 911 que fueron relacionadas con violencia de pareja, cifra que coloca a Tamaulipas en el octavo lugar en todo el país. Organismo no gubernamental de Ciudad Madero, ha detectado que hasta niñas de 12 años sufren este tipo de agresiones.
En el primer lugar de peticiones de auxilio se encuentra Baja California, con 50 mil 766; le sigue Chihuahua con 33 252; Nuevo León, 29 mil 002; Jalisco 23 mil 836; Sonora 18 mil 662; Quintana Roo 18 mil 535 y Aguascalientes con 14 mil 65 llamados.
Caso contrario, los que menos llamados obtuvieron, fueron Tabasco con 417; Tlaxcala 528, Morelos 767; Chiapas 839 e Hidalgo 949. Así lo informó el reporte especial de género publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) correspondiente al año pasado.
Dentro de este apartado se hace referencia a que la agresión infligida por la pareja va ligada con el aspecto físico, sexual, emocional y comportamientos controladores por parte del compañero íntimo.
En total a nivel nacional durante enero a diciembre, se obtuvieron dentro de este rubro 274 mil 487 llamadas, mismas que fueron relacionadas con la violencia de pareja en sus diversas modalidades pero con un común denominador, el maltrato a la mujer.
De acuerdo con las cifras en todo el país, la tendencia ha ido en incremento, pues en el 2016, sumaron 159 mil 589 llamadas durante el año; en 2017 creció a 202 mil 177, mientras que para 2018 ya iban 295 mil 471.
La asociación civil Frente Derecho, Justicia y Libertad en Ciudad Madero, a través de su dirigente Nury Romero, detalló que son niñas de entre 12 y 14 años, quienes más sufren violencia por parte de su pareja sentimental.
Estos últimos resultan ser mayores a ellas e incluso señores Informe de Sesnsp. Los datos arrojan que en llamadas al 911 en el estado, más de 9 mil mujeres pidieron auxilio por agresiones maduros y se presenta más en el municipio de Altamira, dijo se han presentado situaciones en que los ex novios han acosado y amenazado a las chicas, por ello cuatro tuvieron que salir resguardadas a otros estados durante el 2019.
“De los 10 casos que tenemos por semana, el 50 por ciento es por violencia en el noviazgo, estamos hablando de edad muy temprana donde se presenta (12 años). Es muy lamentable que las jovencitas lo vean como algo normal”, agregó.
El hogar, un peligro
El documento también registró las llamadas relacionadas con la violencia familiar, donde Tamaulipas se posicionó en el lugar 18 con 11 mil 141 reportes a través del 911.
Ciudad de México tuvo 85 mil 654; Nuevo León 73 mil 114; Guanajuato 70 mil 387 y Sonora 66 mil 495, cifras que consideran alarmantes activistas protectoras de los derechos del género femenino, pues a pesar de los llamados a esas mujeres a denunciar y seguir procedimientos, continúan soportando esa violencia.
La violación sexual es otro de los temas que se encuentra incluido en el reporte del Sesnsp, donde se muestra que la entidad registró 79 casos, ocupando el 16vo lugar a nivel nacional en esta incidencia, mientras que en todo el país se contabilizaron 3 mil 874 casos denunciados a través de los números de emergencia.
A su vez, las llamadas relacionadas con hostigamiento sexual suman en el estado de Tamaulipas 112, ocupando el lugar número 20.
Durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto, la militarización de la seguridad pública fue promovida y echada a andar como un medio para recuperar y mejorar la seguridad pública en el país, en el caso de López Obrador, ha sido promovida y echada a andar como un medio de pacificación.
El inicio del siglo XXI en México se ha caracterizado por el intenso uso de las Fuerzas Armadas (FFAA, en adelante) para cuestiones de seguridad pública y otras poco o nada relacionadas con la formación militar. Este proceso de militarización no ha sucedido de forma espontánea, para ello ha sido necesario el uso de recursos retóricos que ha permitido a distintas administraciones promocionarlo. En las siguientes líneas resumiré la investigación1 que tuvo como principal objetivo estudiar y conocer la promoción de la militarización de la seguridad pública en México a partir de la teoría de populismo punitivo. Para ello se realizó un análisis de discurso del Plan Nacional de Desarrollo (PND, en adelante) y de los discursos presidenciales durante las administraciones de Calderón, Peña Nieto y los primeros meses de la presidencia del actual presidente, López Obrador2. Esto son algunos de los hallazgos de la investigación:
Durante el sexenio de Calderón se enmarcó al crimen organizado, y en específico al narcotráfico, como los grandes enemigos y amenazas de México. Por lo tanto, ante dicha situación e incapacidad de los cuerpos policiacos, Calderón propuso el despliegue de las FFAA con el fin de defender a la nación y restaurar la seguridad pública a partir de una estrategia de seguridad en la que se emplearía “toda la fuerza del Estado”.
En el caso de la presidencia de Peña Nieto, continuó la misma estrategia calderonista y enfatizó que el uso de las FFAA no podría ser el único eje de su estrategia de seguridad, pero a la vez incrementó el presupuesto y apreciación pública de las FFAA y apoyó la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. Al igual que Calderón, Peña Nieto reconoció que las FFAA eran indispensables para la seguridad interior y necesarias para la protección de los intereses democráticos del país. Sin embargo, esta administración, a diferencia del sexenio anterior, puso menor énfasis en el tema del narcotráfico; manifestación de ello fue que en el PND 2013–2018 no se refiere a este y subrayó que las causas de la violencia se encuentran fuertemente ligadas a la educación, trabajos y temas de salud.
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A diferencia de Calderón y Peña Nieto, el discurso de López Obrador en relación con la seguridad se concentró en la pacificación del país mediante distintas medidas que atenderían las fuentes del crimen y violencia, a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional. Sobre este nuevo cuerpo de seguridad -a pesar de que posee importantes elementos militares- el presidente López Obrador aseguró que no implica continuar la guerra, por el contrario, ésta se encuentra trabajando en el proceso de pacificación del país.
Las tres administraciones manifestaron alta confianza en las FFAA para que realicen tareas de seguridad pública y las caracterizaron como leales, profesionales, patrióticas y lo suficientemente bien entrenadas para combatir al crimen organizado. De igual forma, en los tres casos caracterizaron a los cuerpos policíacos como poco profesionales, escasos e incapaces para realizar tareas de seguridad pública. No obstante, ninguno tomó medidas contundentes al respecto. Además, ninguna de las tres administraciones fue capaz de distinguir asuntos de seguridad interior3 de los asuntos de seguridad exterior. Por el contrario, en los tres casos borraron los límites entre la seguridad interior y la exterior, difuminando con ello los límites de las funciones de las FFAA. Desdibujar estos dos tipos de seguridad, tanto en el discurso como en la práctica, ha significado alterar la distinción entre amenazas domésticas y amenazas externas, entre el cumplimiento de la ley y la guerra, entre cuerpos policíacos y cuerpos militares y, ante la ausencia de dicha distinción, ha sido posible dar pie a un profundo proceso de militarización en México. Asimismo, mediante la decisión de desplegar a las FFAA -así como de continuar esta estrategia con un nuevo cuerpo de seguridad- las tres administraciones han pretendido enviar el mensaje a la ciudadanía de que el Estado mexicano está presente no sólo en el discurso, sino también en las calles, para brindar protección y seguridad a la sociedad mexicana.
En este sentido, los gobiernos mexicanos han visto una oportunidad en el miedo y ansiedad de la ciudadanía derivados del crimen y la violencia, y se han interesado más en tener un impacto positivo en la percepción del público, que en realizar un análisis profundo sobre las verdaderas causas del crimen y la violencia y, consecuentemente, abordarlo de la mejor forma posible a partir de la evidencia. Frases tales como “el uso de la fuerza del Estado”, o términos como “guerra”, “combatir” y “abatir” han buscado manifestar que el Estado mexicano no es débil ni ha fallado, por el contrario, está presente para servir y proteger a la ciudadanía. De igual forma, el despliegue de las FFAA ha sido una forma de demostrar que no existe un estado de ingobernabilidad, pues es el Estado mexicano quien posee el monopolio del uso de la fuerza para castigar y mantener el control en la sociedad. Además, el uso de las FFAA para la solución de problemas sociales ha sido atractivo para los gobiernos mexicanos pues les ha otorgado legitimidad y poder debido a que las instituciones militares han sido estrechamente asociadas con disciplina, profesionalismo, lealtad, patriotismo y como manifestación de poder violento que puede intimidar a cualquier potencial enemigo de la nación.
En síntesis, durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto, la militarización de la seguridad pública fue promovida y echada a andar como un medio para recuperar y mejorar la seguridad pública en el país, mientras que en el caso de López Obrador ha sido promovida y echada a andar como un medio de pacificación.
Finalmente, distintos países en América Latina se encuentran en un proceso de transformación histórica en términos de cómo abordan su seguridad interior y con ello la relación entre Estado y ciudadanía. Dicha transformación ha tenido y puede tener severas y terribles consecuencias sobre la sociedad y la democracia. Por tal motivo, es importante que académicos, tomadores de decisiones, políticos y el público en general tengan muy presente lo que, no sin razón, ha sido una característica central del estado-nación moderno: la seguridad pública debe mantenerse siempre lo más lejos posible de un modelo militar.
* Rebeca Calzada (@RebecaCol) es colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE.
1 Para revisar la investigación completa, disponible aquí.
2 Se realizó el análisis de analizó desde el 1º de diciembre de 2006 hasta el 10 de mayo de 2019.
3 Traducido de internal security que se refiere a las actividades que tienen por objeto mantener la paz dentro del territorio nacional y que buscan defender a los ciudadanos de amenazas internas (Lutterbeck, D. (2004). Between Police and Military, The New Security Agenda and the Rise of Gendarmeries. 39(1), 45–68. https://doi.org/10.1177/0010836704040832)
La tarde de este lunes un grupo de aproximadamente 30 personas tomaron la caseta México-Cuernavaca. Se reunieron en el kilómetro 23 + 750 de la autopista para realizar una protesta que consiste en tomar las taquillas de cobro tanto para ingresar como para salir de la ciudad de México.
Miguel Barrera, dirigente Marabunta, señaló:
“Informar de la quinta brigada Nacional de búsqueda de personas desaparecidas que se va a realizar en Veracruz y para recaudar fondos de manera voluntaria lo que la gente pueda dar, quien no aporte no hay ningún problema, pero lo importante es que mover a 300 familiares de personas desaparecidas a Veracruz”.
En esta ocasión elementos de la Guardia Nacional y de la seguridad privada de la caseta estuvieron vigilando las actividades de los manifestantes para evitar actos violentos como los del pasado sábado en el que algunos encapuchados vandalizaron la estación de cobro.
En algunos taquillas si estuvieron cobrando la cuota de $107 y para los autos $53 para las motocicletasc y $298 para los vehiculos de carga.
La manifestación inició poco antes de las 2 de la tarde y pretenden quedarse gran parte de la tarde.
Hasta el momento no se han registrado enfrentamientos con las autoridades.
Ahora son hondureños, pero hubo épocas en los que la mayoría eran mexicanos. A Europa llegan de África y Europa del Este. En América, la dirección es “el Norte”
Omar Saucedo/ VANGUARDIA MX
Hace frío. Seis sombras se proyectan en las piedras junto a las vías del tren. Tres son más pequeñas que las otras, se mueven rápido, corren, brincan, dan vuelta al fuego.
Una fogata rompe la imagen cotidiana de este lugar de tránsito. Es la salida del municipio de Allende que conecta con el de Villa Unión, al norte de Coahuila. En el paso del tren una familia improvisa un campamento, y uno de los hombres aprovecha para pedir monedas a quienes hacen alto al cruzar las vías.
Un hombre anónimo dice que viaja con su hermano y su cuñada, además de sus tres sobrinos. Llevan 30 días de viaje, desde el día que salieron de Honduras con destino a algún lugar en Estados Unidos. Hoy (puede ser cualquier día) decidieron detenerse, antes de que caiga la noche. Esperan dejar México mañana.
Los niños no se preocupan. Gritan y se emocionan con los extraños. Para ellos es natural no tener una habitación, una casa con vecinos o una televisión que mirar. Llevan consigo unos peluches llenos de manchas, los abrazan. Intentan imitar a su madre y a su padre y atizan el fuego. Mañana ya no estarán aquí.
No queda más que desearles un buen viaje. Tengan cuidado. Sigan Unidos. Protéjanse.
Falta de información y trabas, son factores que enfrentan las familias de personas desaparecidas en Jalisco que buscan saber qué pasó con su familiar. Adriana Méndez, busca a su hijo que desapareció hace un año siete meses, relató que hasta la fecha no ha tenido acercamiento con el agente investigador que debe dar seguimiento a su caso.
“Yo todavía no conozco al investigador que me tocó, no me han dicho que investigador es el que tengo; lo cambiaron y pues no tengo el gusto de conocerlo. Queremos que nos hagan caso, son víctimas los que se llevaron y nosotros que nos quedamos porque estamos sufriendo”, dijo.
La vecina de Tlajomulco explicó que cada que recibe la noticia de la localización de fosas con restos humanos vive con “el alma en un hilo” por la posibilidad de que su hijo pueda estar entre los cuerpos sin identificar. Comentó que acudir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a buscar información se ha vuelto algo cotidiano.
“Créeme que es algo desesperante porque tú quieres ir a ver, abrir bolsas y te tienes que esperar a que pase al Instituto; mientras tú estás con el alma en un hilo y sin saber si ahí está tu familiar. En mi caso yo tengo la seguridad de que mi hijo no está vivo y lo he ido a buscar al Instituto, pero hasta ahorita no he tenido ningún resultado”, comentó.
Martha Leticia García, madre de César Ulises Quintero estudiante que desapareció en 2017 en La Barca, pidió a las autoridades apoyar a las familias afectadas en los diferentes municipios de la Entidad. Explicó que para poder tener información tienen que venir a Guadalajara pues la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda no tienen presencia en el Estado.
“Es necesario que se enfoquen en los municipios, no hay asesoría ni atención precisa, la gente no sabe que hacer o a donde acudir. Nos tienen olvidados, la problemática de la desaparición de personas no se centra sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la problemática es en todo Jalisco”, concluyó.
María de la Luz López busca a su hija Irma Lamas López desde agosto de 2008. Hace un lustro, con tres colectivos distintos, inició la búsqueda en campo de restos de personas desaparecidas. “¿Cómo se les ocurrió hacer tanta barbaridad en esta tierra tan bonita?”, pregunta.
Texto: Daniela Rea; Foto: Heriberto Paredes/ PIE DE PÁGINA
Soy Lucy. María de la Luz López. Yo busco a mi hija Irma Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón, Coahuila. Mucho tiempo anduve sin colectivo, luego me sumo a Grupo Vida y luego fundo Voz que clama justicia.
¿Cómo comenzó todo? Me acuerdo que un día llegó Silvia (Ortiz) y me dijo “conocí a unas personas, a los de Iguala, hicieron búsqueda terrestre, de campo, ¿lo hacemos?”.
Y lo hicimos. Lo hicimos solas, sin el apoyo de las autoridades. Allá nos fuimos a Congregación Hidalgo, porque allá decían.
La primera y segunda vez no encontramos, hasta la tercera. La tercera encontramos a una chica entera, sólo que su cabeza estaba comida por los pájaros, los pájaros. Si hubiera sido un animal grande, se la come toda, pero fueron los pájaros porque empezaron por los ojos, los labios, la lengua. Primero se comen el cráneo los pájaros. Es una impresión muy fuerte, fue un 14 de febrero del 2015 que encontramos a esa muchacha, luego supimos que tenía un mes de desaparecida. Después de eso muchos ya no quisieron ir a búsquedas, se pusieron mal, muy mal porque vieron el cuerpo, porque se imaginaron que así podría estar su familiar.
Ni sabíamos lo que nos esperaba. Nunca nos imaginamos lo que íbamos a encontrar después, restos totalmente calcinados, ahí fue más duro.
En abril del 2015 escuchamos lo que decían de Patrocinio, pero no dábamos con el lugar, nomás caminábamos por el desierto y no dábamos. Luego supimos que los chiveros que andaban por ahí habían visto todo y ellos iban haciendo sus casitas más lejos, se iban alejando cada vez más.
Lo primero que vimos fue el tambo donde los cocinaban, pero nosotros pensábamos que ahí mismo los enterraban. Luego los encontramos a ellos, a los chiveros. Les dije: “Somos familiares de desaparecidos, nos dijeron que aquí venían los malos, que había tambos”. Y él nos dijo que eran 80, 90 tambos. Nos dijo que estaban sembrados, plantados ya para la quema. Queríamos encontrar los tambos, pero nos dijo que la gente ya se los había llevado para el kilo, para vender, pues.
-¿Osea que entonces hubo cientos de muertos aquí?
-No, señora, no eran cientos, eran miles, miles. Llegaban las camionetas cargadas, cargadas de cuerpos. En la noche se oía la gritadera.
Y nos fuimos.
Y apenas donde empezamos a escarbar salían los restos y dábamos un paso y restos y restos y restos y ahí fue cuando descubrimos que los restos estaban fuera de control, que era mucho, era mucho, era mucho…
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Cuando ando en el desierto me paro y me da mucha tristeza, me paro a ver y digo ¿por qué?, ¿cómo se les ocurrió hacer tanta barbaridad en esta tierra tan bonita?, ¿y fueron testigos quién?, ¿el sol?, ¿el puro cielo?, ¿quién fue testigo?, ¿nada más el airecito?, ¿los pajaritos que se escuchan fueron testigos de todo esto?
Mi hija desapareció en la ruta de aquí a Monterrey. Y un día, cuando acabamos la búsqueda, me quedé pensando: ¿quién no me dice que mi hija está aquí entre estos huesos? Me senté debajo de un mezquite y le dije: “tú fuiste testigo de quiénes estuvieron aquí”. Yo quisiera que los árboles hablaran, porque nosotros sabemos quiénes fueron, sabemos quiénes les hicieron esto, quiénes los mataron. Pero no sabemos a quiénes, no sabemos quiénes terminaron aquí.
Buscamos y buscamos y buscamos. A veces me imagino que soy como un animal buscando a su cachorro, hacíamos con las uñas a la tierra buscando. A veces creo que esto no es cierto, que me lo inventé después de ver tanto muerto y lo empecé a contar y a contar y así me lo fui creyendo. Porque, ¿cómo va a ser cierto tanto horror? Pero luego me encuentro a los chiveros y ellos me dicen que sí, que sí fue real, que no me lo inventé.
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Yo creo que sólo estando locas es que hemos podido sobrevivir. Si no, ¿de qué otra manera? Buscar en vida, buscar en muerte, ¿de qué otra manera, si no locas?
Un día soñé a mi hija, soñé que volvía a la casa con sus hijos, uno de 10 años, el otro de 8 y luego la chiquita, una niña. Y luego Silvia me traía una barbacoa a la casa porque íbamos a celebrar. En el sueño yo le contaba todo lo que había pasado tras ella, buscando huesos, ella me decía: “Ay, mami, pero si aquí estoy” y en eso desperté. Como si ella viniera a decirme que ya está en paz, que está en mejor vida.
Aguascalientes, Ags.-Los cinco acuíferos con los que cuenta nuestro estado se encuentran totalmente sobreexplotados, a tal grado que se estima que anualmente su abatimiento es de hasta un metro, informó con preocupación el Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMA), Julio César Medina
.-¿Qué tan cierto es que por esto Aguascalientes va a tener ya problemas en cuanto abasto de agua?
-Aguascalientes hace mucho que tiene problemas en la temática del agua, si bien se tienen cinco acuíferos, pero los cinco están en condiciones de un problema de sobreexplotación, por lo que es un tema que hay que atender de una manera urgente”, expresó.
Acto seguido Medina añadió que al extraer a mayor profundidad el agua del subsuelo, la calidad de la misma va mermando, encontrándose con metales más pesados.
-¿Esta lejos el día cero en Aguascalientes?
-Bueno, pues yo recuerdo que hace muchos años se venían manejando tiempos en los cuales ya podíamos tener problemas del agua, entonces esta es una situación que debemos resolver desde ahora y desde todas las trincheras para evitar que ese llamado día cero sin agua nos alcance.
Aguascalientes, Ags.- El reforzamiento en las políticas migratorias ha ocasionado una disminución en cuanto al flujo de personas comentó Xicotencatl Cardona Campos, director de la Casa del Migrante de Aguascalientes.
“Ya no hay la misma recepción. Nosotros en Casa Migrante seguimos atendiendo a los migrantes que llegan, pero creo que la afluencia ha bajado al menos en un 50 por ciento de personas”, apuntó en entrevista con elclarinete.com.mx.
Cardona Campos adjudicó éste hecho a una serie situaciones que van desde controles más estrictos, hasta lo que llamó medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos hacia México.
“Esto no es una cosa que desconozcamos, sabemos de esas presiones. Pero la gente sigue saliendo de sus países, aunque es más complicado viajar por México ya que por autobús se pide una identidad y por vías ferroviarias está más controlado”, resaltó.
El director de la Casa Migrante mencionó que el mayor número de migrantes que se atiende proceden de Honduras, aunque también arriban procedentes de Guatemala y El Salvador.
Los migrantes que han sido repatriados de Estados Unidos hacia México, son las principales víctimas
En Tamaulipas, el crimen organizado sigue secuestrando y enrolando migrantes, principalmente centroamericanos que pidieron asilo en Estados Unidos y que fueron devueltos a México.
De acuerdo con el periódico Reforma, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha documentado casos en los que personas que han sido devueltas bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) son obligadas a trabajar para bandas criminales.
Según con registros de MSF, 33 de las 44 personas a las que brindaron atención mental en octubre de 2019 dijeron haber sido secuestradas en los siete días previos. Una estadística sin precedentes en seis años de labor de la organización en México.
“Son mercancía para el crimen organizado. Tuvimos un incremento en el periodo que duraba el secuestro, teniendo casos de personas y familias que fueron retenidas por varias semanas, mientras uno u otro miembro de la familia era obligado a trabajar para la organización”, indicó Sergio Martín, coordinador de MSF en México a Reforma.
“Dentro de nuestra consulta terapéutica se reporta el tiempo que duró el evento, y en las narrativas se daba cuenta que el objetivo era obtener dinero, muchos tienen familiares en Estados Unidos, y cuando eso no es posible pues tratan de sacar algo, es cuando son forzados a trabajar”, aseguró.
Desde julio de 2019, el Gobierno de Donald Trump comenzó a enviar a Nuevo Laredo a los solicitantes de asilo para que esperen ahí sus audiencias en las cortes de Estados Unidos.
De esa fecha a diciembre, 11,770 migrantes fueron enviados a esa ciudad, de los cuales, según estadísticas judiciales de Estados Unidos, 4,763 siguen en espera de su primera audiencia, 4,080 ya desistieron del proceso y 2,927 han acudido a más de una audiencia. La mayoría, 5,454, son hondureños.
Ciudades tamaulipecas como Nuevo Laredo y Reynosa, son zonas completamente dominadas por el narcotráfico y el crimen organizado desde hace más de 10 años, y en donde a la par del trasiego de drogas, del narcomenudeo y la extorsión; los grupos criminales han encontrado en el secuestro de migrantes una manera fácil de hacerse de dinero.
Justo en Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010 ocurrió una escena dantesca que le dio la vuelta al mundo: en la zona de San Fernando, 72 migrantes fueron masacrados por criminales que los habían secuestrado para obligarlos a sumarse a las filas del crimen organizado.
Se trataba de los cuerpos de 58 hombre y 14 mujeres. Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados.
Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas había secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU. Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir.
Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza. Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Después de la masacre de migrantes en San Fernando, un año después fueron descubiertas 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio y en 2012 se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León. Desde ese entonces, Tamaulipas no ha dejado de ser escenario de homicidios, balaceras, narcobloqueos y atrocidades.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Ahora, quien secuestra y extorsiona migrantes en Tamaulipas es el Cártel del Noreste y su brazo armado llamado “La Tropa del Infierno”, emanados de Los Zetas, por lo que son sumamente sanguinarios.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene catalogado a Tamaulipas en un nivel 4 en su alerta por violencia, similar a la de Siria y Afganistán, por lo que le advierte a sus ciudadanos que no viajen a esa entidad.
Para evitar ser detenidos por migración y la Guardia Nacional (GN), migrantes prefieren viajar solos y tomar la ruta del tren evitando pasar por la frontera, asegurando que de esta manera tienen mayor oportunidad de avanzar, caso contrario si lo hicieran en caravana.
“Venimos desintegrado, no nos conocemos, pero igual solo vamos a la mano de Dios porque no es fácil estos caminos, es la primera vez que salgo y realmente no es fácil, todos tenemos una historia no tan bonita”, expresó Oliver Guzmán García, migrante hondureño.
Aunque reconocieron que es más difícil cruzar en la “bestia” porque tienen que sujetarse bien para no caerse o muchas veces caminar entre el monte, tratando de huir de la policía que los persigue.
“Realizamos nuestro viaje sin saber en qué nos va a detener en el camino, pero es normal que a veces lo agarren a todo uno en el camino, en caravana a veces es bonito porque ahí te vienes encontrando con mucha gente y tienes apoyo de ambos, en cambio solo no solo digamos en grupos de diez o cinco lleva más tropiezo uno, pero es más rápido escapar”, señaló Danilo Mejía.
Centroamericanos coincidieron que salen de su país porque no hay oportunidades de empleo aun cuando tienen los estudios necesarios, y al no tener un trabajo normal su calidad de vida es precaria.
Aunado a la opresión que viven por parte del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ellos esperan poder continuar su camino hacia los Estados Unidos, con la tradicional ruta del tren. Lamentaron las acciones de la GN y migración de la semana pasada donde emboscaron a la primera caravana que salió de este 2020; la mayoría ya fue deportada a su país.
Es preciso mencionar que en los últimos días se ha observado pequeños grupos de migrantes varados en los bajos del puente de la Avenida Uno en Coatzacoalcos, debido a que la vigilancia se ha reforzado para evitar que suban al tren, por lo que lograr su meta de llegar a la unión americana se complica cada vez más.
Ciudad de México.- Pese a que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señaló que no hay agresiones por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración a la caravana migrante y a quienes intentan transitar por el país, una mexicana evidenció que en una estación migratoria de Tabasco dan choques eléctricos para contener a los centroamericanos.
“No justificamos ningún tipo de agresión, por mínima que sea, pero lo importante es que no se pusieron en riesgo sus vidas”, afirmó Piedra Ibarra, quien fue contradecida por las tres quejas que se han presentado ante la CNDH tras los enfrentamientos con integrantes de la caravana en Chiapas, las cuales son por rasguños, jaloneos y uso de gas pimienta de los elementos mexicanos.
Además, está la denuncia de la estudiantes Dulce Susana Jacobo Cruz, de 27 años, estudiante que se hizo pasar por una migrante de la caravana hasta ser encerrada en la Ciudad Industrial Villahermosa, Tabasco. Denunció el uso de descargas eléctricas, incomunicación e incluso amenazas de llevarse a menores deportados para atrapar a los migrantes cuando escaparon tras un motín, lo que viola sus derechos humanos.
“Las personas se sienten engañadas. Ese no era el trato que estaban esperando. Si hubiesen sabido que estas eran las condiciones no hubiesen aceptado”, señala la morelense originaria de Temixco.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) evidenció que 76% de las familias que integraron la caravana migrante afirmaron tener como intención llegar a EU y solo 23% busca permanecer en México, ya que aseguran que solo esperan libre tránsito por este país al no estar convencidos de los programas de empleo que se ofrecen.
Agradecen cubanos
En contraste, cientos de cubanos lograron ayer llegar a mitad del cruce internacional del Puente Reynosa-Hidalgo, en Tamaulipas, con banderas y flores blancas para expresar su agradecimiento a México y Estados Unidos por arroparlos y resguardarlos.
Defendieron su estancia en México pues dijeron, no se encuentran trasgrediendo las leyes del país y por medio de la marcha, sino que solo deseaban agradecer que se les reciba con amor y se les permita a muchos de ellos, trabajar para continuar sosteniéndose económicamente.
Posteriormente, el contingente se dirigió justo a la mitad del cruce internacional donde entregaron flores blancas y otro documento firmado a elementos del CBP como agradecimiento para el Gobierno de los Estados Unidos.
Combate a polleros
El Instituto Nacional de Migración (INM) reveló que en México operan más de 20 redes de traficantes de personas que cobran cantidades de dinero que pueden rebasar los 200 mil pesos por persona.
Abundó que, según las investigaciones, dichas organizaciones no solo prometen el traslado y resguardo de personas, sino también ofrecen hasta cinco intentos para lograr ingresar a los migrantes a México o a Estados Unidos.
Benito Velázque, ejidatario de la comunidad indígena Emiliano Zapata, en el municipio de Papantla, Veracruz, afirma que Pemex tiene el 30 por ciento del territorio en la zona. Y también, plantea, eso no ha servido para traerles beneficios, apenas hace unos años tuvieron agua potable. Foto: Tomada de video
Flavia Morales / Sin Embargo
Antes aquí era un paraíso, agua limpia, sembrábamos vainilla, pero con la llegada de la empresa [Pemex] los arroyos se volvieron negros”, dice Felipe, campesino del ejido Emiliano Zapata, en Papantla, Veracruz.
La Reforma Energética declaró las tierras como de utilidad pública y abrió las puertas para la ocupación de territorios por parte de la industria petrolera sin consulta previa a las comunidades. En Veracruz, los pobladores han resistido contra ello en medio de la desinformación y la toma constante de su entorno.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidades, Victoria Tauli, examinó la situación de los pueblos indígenas de México y advirtió su preocupación por la Reforma Energética, que obliga a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, lo que de acuerdo con Tauli aumenta el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas.
Ciudad de México, 1 de febrero (Conectas/SinEmbargo).– Benito Velázquez extiende un mapa sobre la mesa de madera y sus dedos no alcanzan a señalar todas las áreas que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en su comunidad.
De las 662 hectáreas del ejido Emiliano Zapata, 206 pertenecen a la empresa. En ellas hay más de 55 pozos petroleros, además de gasoductos, ductos, líneas, compresoras, un quemador, líneas de alta tensión, tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo.
Emiliano Zapata es una comunidad indígena de Papantla, Veracruz, donde se ubica el bloque San Andrés que pertenece al Activo de Producción Poza Rica-Altamira, donde desde 1956 se explota aceite y gas.
En 2012, Pemex abrió acceso a la inversión extranjera privada en este bloque bajo el esquema de Contratos Integrales para Exploración y Producción. Los campos maduros fueron ganados por compañías con inversión mexicana y colombiana.
Cuatro años más tarde, en 2017, la Reforma Energética volvería a tocar la zona, esta vez Pemex asignó 307 bloques del campo para explotación por 20 años y la posibilidad de ofrecerlos al mejor postor.
Velásquez afirma que Pemex literalmente invadió en el pasado su comunidad y el proceso no se ha detenido. “Así vivimos”, sonríe mientras mira el mapa blanco y negro donde la simbología da cuenta de sus palabras.
Aquí fueron aprovechándose de todo, dice Benito, y dentro del ejido hay 55 pozos, además de las áreas donde se encontraban las instalaciones de Pemex: el comedor, la planta de agua, los tanques de almacenamiento, gasoductos, ductos, pozos, caminos, etcétera. Foto: Tomada de video
Aunque la petrolera tenía una planta de tratamiento para el sistema de pozos, apenas hace cinco años el pueblo pudo gestionar su propio sistema de agua potable, que ellos administran y pagan, aunque les falta el drenaje y la planta tratadora.
De tres arroyos de donde se surtían el agua, sólo queda uno. El resto ha resultado inservible por la contaminación de fugas de aceite. El ejemplo es el arroyo Tejones, que tiene una fuga permanente hace dos años, cada tercer día una pipa llega y extrae entre 2 mil y 3 mil litros de hidrocarburo. En el pasado, asegura Velásquez, empleados de Pemex encendían fuego hasta consumir el combustible: “luego nos decían que al agua estaba limpia y nosotros nos dimos por pagados”.
Para Felipe, campesino de la comunidad, ni Pemex ni las compañías que llegaron luego, pueden resarcir el daño que han hecho a la tierra con aporte alguno. “Siguen siendo limosnas en comparación con lo que las petroleras están sacando de la tierra”.
Cuando hace un repaso de los beneficios, recuerda que en Emiliano Zapata, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) de Pemex, tienen una primaria, un comedor y domos. Las mujeres pidieron hasta un costurero. Pero todo eso, reitera, no compensa el daño a su tierra. “Antes aquí era un paraíso, agua limpia, sembrábamos vainilla, pero con la llegada de la empresa los arroyos se volvieron negros”.
Un busto de Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, da la bienvenida al pueblo. En una placa se lee “tierra y libertad”. Suena contradictorio, porque caminar por las calles del pueblo es encontrar letreros de Pemex y de la compañía privada Oleorey que son dueños del 30 por ciento del territorio.
Esta comunidad es un retrato de 100 años de explotación petrolera en Veracruz. La gestión de la riqueza de los hidrocarburos no se ha traducido en la completa atención social de las comunidades y en la satisfacción de necesidades básicas de agua potable, rehabilitación de caminos, y educación. A ello se ha sumado las pérdidas de tierras y recursos naturales.
El panorama no cambió con la Reforma Energética, proyecto bandera del ex presidente Enrique Peña Nieto desde 2014 y con el cual se buscó reforzar la industria petrolera como un motor económico nacional.
Los mecanismos para garantizar la atención del rezago social y ambiental que se crearon han sido presa de la corrupción y la falta de supervisión y la tierra fue declarada de utilidad pública, lo que permite la constitución de servidumbres legales y la ocupación temporal para la imposición de gasoductos, pozos y caminos sin una consulta previa.
Felipe García, campesino de Emiliano Zapata, narra que hace 30 años Petróleos Mexicanos colocó en la comunidad, muy cerca de las casas, un quemador de gas que aumenta el calor y produce un ruido que impide conversar: “Hay que gritarnos para poder oírnos”, dice. Foto: Tomada de video
El petróleo siempre ha sido un tema contradictorio para Veracruz, opina Martín Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.
Luego de la expropiación petrolera en 1939, la industria se planteó en México como un eje del desarrollo del país, y no se pensó en ese momento en un impacto negativo para las comunidades. “Su crecimiento estuvo ligado a la construcción de escuelas, de carreteras, generaba la idea de una abundancia petrolera”.
Sin embargo, con la intensificación de la explotación, comenzaron también las primeras afectaciones ambientales y al mismo tiempo la “industria de la indemnización” y junto con ella la corrupción y el mal manejo de los recursos.
Aguilar afirma que el saldo en general para las comunidades ha sido negativo, porque la relación con las petroleras ha sido paternalista y tiene que ver con la construcción de un estado de bienestar del país, que se acabó.
En el proceso, la desinformación amplifica las inquietudes. Benito Velásquez cuestiona que en el presente nadie les ha informado si habrá nueva explotación, si van a ocupar más tierras o si les corresponden recursos para sus necesidades. Eso, afirma, no es raro, pues ha sido así desde hace 62 años, cuando los petroleros pisaron por primera vez sus tierras.
TAMBIEN TRAJERON CONTAMINACIÓN Y DELINCUENCIA
Oscar Espino, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el Totonacapan, afirma que la historia de la sierra indígena norte de Veracruz está ligada a la industria petrolera desde hace más un siglo, porque sus tierras son parte de la cuenca Tampico- Misantla y el codiciado Aceite Terciario del Golfo.
Los habitantes de la región conocieron la riqueza, pero también el desmantelamiento y en muchos casos la ruina. Pemex pavimentó las calles, abrió brechas y electrificó, sin embargo también expropió tierras e invadió territorios con miles de pozos petroleros.
“En algunos casos hay contratos leoninos. El ejemplo es el caso de Emiliano Zapata. Son contratos favorables a Pemex, la indemnización es irrisoria y la temporalidad no está definida. Es por el tiempo que sea necesario”.
En 2009, Pemex inició con laboratorios de campo en la región y abrió la exploración a la inversión extranjera. Así vieron llegar el Pacma con escuelas, domos, pisos, letrinas, para negociar la participación de las empresas.
“Pemex usó el Pacma y obras de infraestructura para legitimar la introducción de la industria y la voracidad. No había un resarcimiento real del daño y si se atrevían a manifestarse entonces judicializaba las causas y hacia denuncias federales”.
La comunidad Emiliano Zapata está invadida por instalaciones de Pemex y sus habitantes han visto el desmantelamiento y la ruina de su territorio. Pemex pavimentó las calles, abrió brechas y electrificó, sin embargo también expropió tierras e invadió territorios con miles de pozos petroleros. Foto: Connectas
Espino cuestiona que generalmente hay escasa información de parte de los municipios sobre los ingresos petroleros, las donaciones de combustible y cemento, o los detalles de los próximos proyectos de extracción a las comunidades.
Sumado a esto, la Reforma Energética y su Ley de Hidrocarburos aprobadas en 2013 y 2014, significaron una violación a los derechos básicos de los pueblos indígenas donde hay petróleo, afirma Espino.
La Ley establece que las actividades petroleras son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la tierra.
Va más allá, cuando indica que los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con las compañías que deseen explotar y si este no se concreta, se ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le corresponden a cada propietario.
Las empresas contratistas deberán dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre el tipo de contrato a realizar, ya sea de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta, e informar previamente los detalles del proyecto.
Para el caso de Veracruz, donde hay alrededor de 20 contratos de la Reforma Energética firmados, la Sedatu informó a través de transparencia que tiene notificaciones de ocho contratistas que manifestaron su intención de afectar terrenos, pero evitó dar detalles de las negociaciones.
Aunque las compañías contratistas y asignatarias tienen la obligación de informar con detalle los proyectos a realizar, en la práctica hay fallas. Campesinos de la comunidad de El Mamey en Tihuatlán, por ejemplo, denunciaron que la petrolera entró a sus tierras, no tuvieron la intermediación de la Sedatu, y las negociaciones del precio de la tierra han sido injustas.
Moisés Reyes Fausto, líder de la Central Campesina Independiente, afirma que la Reforma Energética ha generado incertidumbre. “Tenemos una grave desventaja. El marco legal protege a las empresas en los contratos y obliga a los campesinos a aceptar las condiciones de las empresas.
Reyes Fausto revela que el plan quinquenal de la Secretaría de Energía (Sener) marca que hay municipios con territorio afectados en un 80 por ciento, pero Pemex no ha informado acerca de los planes de extracción, los derechos y obligaciones de los campesinos. “Las empresas están llegando a platicar con las comunidades, pero no tienen idea de nada, no hay capacidad de una negociación justa”.
A la explotación de sus tierras, habitantes de la comunidad de Emiliano Zapata suman los estragos que les causan instalaciones de Pemex abandonadas, que se han vuelto guaridas de delincuentes y focos de infección, como es el caso de la planta potabilizadora. Foto: Connectas
Para Fluvio César Ruiz Alarcón, ex consejero de Pemex, y quien fuera perfilado como el director de la empresa Exploración y Producción en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esa es una de las fallas principales de la Reforma Energética.
Asegura que es urgente cambiar el artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos que define a las actividades de producción petrolera como de interés social y orden público y por tanto prioridad sobre las demás.
“Esto obliga a las comunidades a aceptar proyectos petroleros por encima de su voluntad. Es preocupante. Si algo tienen que revisar es esto para obligar a consultas públicas de los pueblos”.
Para el caso Veracruz, apenas en agosto pasado, Integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida tramitaron un juicio de amparo colectivo en contra de la licitación de las costas del sur de Veracruz para la extracción de hidrocarburos.
Adicionalmente, seis comunidades de la sierra indígena norte tienen firmadas actas de asamblea ejidal en las que rechazan la llegada de estos proyectos extractivos y de hidrocarburos. Y el municipio de Las Choapas se ha declarado libre del sistema de fracturación hidráulica o fracking, método de extracción novedoso que es considerado especialmente dañino para la corteza terrestre.
Apenas en noviembre del 2017, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), Victoria Tauli, examinó la situación de los pueblos indígenas de México y advirtió de su preocupación por la Reforma Energética que obliga a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, lo que dijo aumenta el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas.
Martín Aguilar, de la Universidad Veracruzana (UV), también coincide en que la Reforma Energética tampoco prevé un modelo claro para repartir los recursos de forma equitativa, pues esa nunca ha sido la intención ni la prioridad de Pemex: “Ellos creen que el bienestar ya es automático cuando se da la explotación petrolera, nunca plantea necesidades de las comunidades, lo cual puede significar un gran conflicto social”.
LAS PROMESAS QUE NO SE CUMPLIERON
Ruiz Alarcón concuerda en que la Reforma Energética planteada como factor de crecimiento económico en el país fracasó y los datos duros respaldan la necesidad urgente de hacer una revisión.
Para sostenerlo menciona dos indicadores: se prometió que tras la reforma se generarían 500.000 empleos y se producirían 3 millones de barriles diarios.
En contraparte, Pemex ha suprimido 30 mil plazas de trabajo, las empresas ganadoras de las licitaciones contractuales no han cumplido con las plazas laborales prometidas y la producción petrolera está por debajo de los 2 millones de barriles diarios de crudo.
“Hoy queda claro que más que objetivos accesibles, las promesas de la reforma sólo eran propaganda, los indicadores están lejos de haberse cumplido”, afirma.
Veracruz es pieza central en el proceso: el Programa Quinquenal de Licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019 señala que la entidad concentra el mayor número de reservas en 188 campos petroleros.
Según el documento, se planea la exploración y extracción de hidrocarburos en 17.000 kilómetros de territorio, 90 por ciento corresponde a áreas no convencionales, es decir se extraerá bajo técnica de la fracturación hidráulica.
Aunque la técnica no es nueva para Veracruz, se utilizó para miles de pozos en el Aceite Terciario del Golfo según un informe público en 2010 . De acuerdo a solicitudes de transparencia en la entidad mil 644 pozos han sido explorados con la técnica de fracturación hidráulica.
Empresas nacionales y extranjeras como Shell Exploración, Repsol, Carso Oil, Jaguar Exploración, Lifting de México, Canamex, Petrolaf, American Oil, Tonalli Energía, entre otras, ya están en Veracruz explorando petróleo con diversas técnicas, incluido el fracking. Foto: Connectas
En 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Pemex, 489 áreas de asignación a través de la ronda cero, un gran porcentaje de ellas en Veracruz. A partir de 2015, a través de las rondas se ha entregado 20 áreas contractuales de la Cuenca Tampico-Misantla, y Sureste, además de contratos en aguas someras y profundas.
Empresas nacionales y extranjeras como Shell Exploración, Repsol, Carso Oil, Jaguar Exploración, Lifting de México, Canamex, Petrolaf, American Oil, Tonalli Energía, entre otras, ya están en Veracruz explorando petróleo.
La Reforma Energética hay sido un tema de enfrentamiento entre los gobiernos del ex Presidente Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, quien la ha calificado de “ vil engaño”.
Peña Nieto aseguró que la reforma permitiría inversiones por 200 mil millones de dólares, el freno al aumento de gasolina y baja en las tarifas de energía eléctrica.
En el documento “Evolución de la Industria Petrolera en México”, presentado en septiembre pasado por el equipo de transición de López Obrador, se dieron a conocer cifras según las cuales con la reforma energética se esperaban inversiones por 4 mil 073 millones de dólares en exploración y producción en el período 2015-2018; pero en total se han invertido apenas 733.4 millones.
De los 107 contratos de exploración y producción, solamente 31 registraron inversión realizada. El máximo año de producción del gas hidrocarburo se registró en 2009 y en 2018 ha registrado una caída acumulada del 40 por ciento, es decir, una caída de 2 mil 612 millones de pies cúbicos diarios.
La llegada de la reforma tampoco trajo crecimiento para Veracruz. Del 2013 al 2016 de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , el crecimiento fue de apenas 1 por ciento y una tasa de desempleo de 3.4 por ciento. Por arriba de la media nacional.
Para paliar la situación, López Obrador ha prometido la inversión de 75.000 millones de pesos para la exploración y extracción de hidrocarburo en el país, adicional a los 65 mil millones que actualmente Pemex destina para talles fines, además de la construcción de una nueva refinería y la rehabilitación de otras seis.
Rocío Nahle, Secretaria de Energía, ha informado que se revisarán los 107 contratos con empresas nacionales y extranjeras antes de enviar las siguientes rondas. El plan es incrementar la producción petrolera paulatinamente hasta el año 2024.
En diciembre pasado, López Obrador presentó el Plan Nacional de producción de Hidrocarburos, donde dijo que se aumentará en 2 millones 400 mil barriles diarios la producción petrolera al terminar su sexenio.
La promesa fue invertir en exploración y perforación de pozos en tierra y aguas someras en Veracruz, Tabasco y Campeche.
En el recorrido que AVC Noticias hizo por dos áreas con asignaciones y contratos a raíz de la Reforma Energética se revelaron inequidades en el proceso de pagos a campesinos por tierras ocupadas para la exploración por parte de Pemex, e incumplimientos por parte de las empresas petroleras de dar preferencia a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo capacitación y contratación, a nivel técnico y directivo.
Además se constató que instrumentos como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), han resultado ineficaces para atender la problemática de contaminación por derrames de crudo en municipios del estado.
Redacción/El Heraldo Aguascalientes
1 febrero 2020
Cerca de 800 denuncias de personas desaparecidas se registraron el año pasado en Aguascalientes, de las cuales una gran mayoría fueron resueltas, sin embargo otros expedientes siguen rezagados en las investigaciones, así lo señaló la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, Violeta Sabás Díaz de León.
Entrevistada en el marco de una Exposición de Piezas Artísticas, la realización de una Mesa de Diálogo y la proyección de fichas de búsqueda del evento titulado “Latidos Ausentes, las Artes Visuales para visibilizar a las personas desaparecidas en Aguascalientes”, organizado por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, PACMYC y el propio Observatorio de Violencia y que tuvo lugar en la Plaza de la Patria, Sabás Díaz de León comentó a El Heraldo que el año pasado tuvieron el registro de tres denuncias al día de personas desaparecidas en la entidad.
En tal sentido, lamentó que no haya un avance considerable en las carpetas de investigación, por lo que las familias llevan a cabo acciones conjuntas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de las cuales buscan visibilizar la situación de desaparición en Aguascalientes y la necesidad de tener acceso a la verdad sobre qué fue lo que sucedió con estas personas desaparecidas. “Es necesaria una política donde se tome este tema como de violencia social y no de procesos aislados de que desaparece una persona y decide no regresar a su casa, como antes se creía, sino responder a toda esta política de seguridad que no ha dado los resultados deseados”.
Asimismo, dijo que siguen a la espera de que se instale la Comisión Local de Búsqueda de Personas, luego de que actualmente corre el plazo de los 60 días que marca la ley, que concluye a finales de febrero, por lo que siguen sin saber quién va a ser el titular, en qué oficinas va a operar, además de insistir en que los familiares de desaparecidos formen parte del Consejo Ciudadano. “Aquí la situación es que como no se ha abierto la convocatoria para nombrar al titular y a las personas del consejo y no sabemos cuándo la vayan a abrir, no hay claridad en ese término tampoco, pero seguiremos insistiendo”.
Cansadas de la incompetencia de la Comisión de Búsqueda de Personas en Colima, integrantes del colectivo Red de Desaparecidos de Colima ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que, además de la falta de apoyo por parte de las autoridades, también carecen del asesor legal que tenían asignado, porque el abogado fue parte del personal despedido a finales de año por parte del Gobierno del Estado.
Además de la situación por la que atraviesan, luego de la desaparición de sus familiares, las mujeres denunciaron que su compañera, Griselda Hernández Dueñas, acaba de ser revictimizada, pues esta misma semana recibió una llamada de parte de la Fiscalía General de Jalisco, versión que aquí le confirmó la Fiscalía local, respecto a que habían encontrado el cuerpo de su hijo desaparecido, situación que no fue cierta.
Explicó que, desde el 8 de octubre pasado, cuando su hijo desapareció junto con otra persona, acudió a levantar la denuncia y entonces proporcionó una muestra de su ADN, la cual también está en manos de las autoridades de Jalisco y de ahí que, cuando le llamaron y le aseguraron que había un 99 por ciento de compatibilidad con los restos de un cuerpo, pensó que al fin podría darle sepultura a su hijo desaparecido.
Sin embargo, señaló que, cuando acudió al Servicio Forense en Guadalajara, no la dejaron pasar a identificar el cuerpo y sólo le mostraron fotografías de una persona con tatuajes y otras señas particulares que no correspondían a las de su hijo.
Bajo estas condiciones, la señora Griselda Hernández consideró que las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos no deberían pasar por este tipo de situaciones, especialmente porque, aunque en Colima les han ofrecido apoyo institucional, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia, nunca tiene tiempo, disposición ni recursos para apoyarlas.
En este sentido, las integrantes de este colectivo consideraron que, como familiares de desaparecidos, merecen un trato digno, atención institucional para resolver la situación que enfrentan y asesoría legal adecuada.
En el mismo sentido, también hicieron señalamientos hacia Myrna Indhira Vizcaíno Jiménez, directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien no ha cumplido a cabalidad su papel de ser vínculo del Gobierno Federal con los familiares de desaparecidos.
Indicaron que esta funcionaria se comprometió a principios de mes a gestionar una camioneta para acudir, por lo menos, una vez al mes, al estado de Jalisco para revisar los cuerpos encontrados en dicha entidad federativa y ahora ni siquiera les contesta el teléfono.
Los medicamentos que faltan son los de enfermedades ‘raras’ señaló la secretaría de salud. Foto: Javier Chávez
Rubén Concepción Góngora / El Heraldo de Tabasco
Silvia Roldán Fernández reconoció que hay un desabasto de medicamentos en Tabasco de un 30 por ciento y que se requiere de mil millones de pesos para estar al 100 por ciento.
La Secretaria de Salud digo que traen cubierto más o menos el 70 por ciento de abasto en las unidades, un poquito tal vez en los hospitales generales, que en los de alta especialidad, ahí traemos un 65-70, estamos en esa cobertura, subrayó la funcionaria estatal.
Acentuó que están procurando conseguir todo el medicamento de toda la gente que necesita, haciendo el mayor esfuerzo. Esto luego que familiares de pacientes de hospitales del estado de Tabasco denunciaron la falta de medicamentos en los nosocomios y debido a ello gastan entre 100 y mil 500 pesos por compra de medicinas.
Indicó “acuérdense que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esto va paulatino, que tal vez para diciembre esteremos respondiendo más a este asunto”.
Hay medicamentos que faltan y son de padecimientos más raros, porque lo común lo tenemos. El medicamento para el cáncer está blindado, estamos blindando toda la parte de enfermedades crónicas generativas, diabetes e hipertensión, que es por lo que más acude la gente.
Pero si yo tengo una aneurisma y tengo que operarme ahorita, tiene que tener todo el equipo que va alrededor insumos, pues no los tengo todos, tengo que empezar a conseguir y ver de dónde
El presupuesto para medicamentos es enorme y va a aumentar con el tema del INSABI, en medicamentos el año pasado invertimos más de mil millones de pesos y llegamos al 70 por ciento, refirió.
La encargada de la salud de la entidad puntualizó que se necesita mil millones de peso para cubrir el 100 por ciento de medicamentos, y siempre tendremos algo que no haya. Existen pacientes que tienen patologías que son verdaderamente raras y hay que conseguir los medicamentos afuera.
Entramos a la compra consolidada del Instituto de Salud para el Bienestar en abril tiene empezar a llegar todo el medicamento y estamos comprando ahorita, destacó Silvia Roldán Fernández.
Hace 26 años que desaparecen mujeres en Ciudad Juárez y la justicia sigue pareciendo un tema pendiente. Esta investigación es una lupa a cómo se ejerce hoy en día el derecho en el tema de feminicidios en Ciudad Juárez, a través de un juicio en el que parecen persistir las mismas irregularidades y omisiones de antaño.
Un testigo que cambió su declaración contradictoriamente en cuatro ocasiones; personas que aseguraron haber visto a las víctimas, ¡mientras estaban presas o fuera del país! ; la teoría no comprobada de que fueron prostituidas; cinco hombres acusados culpables y luego liberados por falta de pruebas; y tres muertos antes de ser sentenciados, ponen en duda la justicia ejercida en este caso.
En el terreno llamado Arroyo El Navajo, ubicado a 94 Kilómetros de esta frontera, entre 2008 y 2013, se encontraron los fragmentos de huesos de al menos 24 mujeres, que fueron secuestradas en Ciudad Juárez, durante el periodo en el que la zona estuvo militarizada por el despliegue de agentes federales y soldados, como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua” ordenado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de recomendaciones en relación a las investigaciones del Arroyo El Navajo, en el que sugirió a la Fiscalía, antes del juicio, no basarse sólo en testimonios de personas que se contradicen sino indagar en pruebas objetivas.
Debido a que la recomendación no fue atendida y finalmente el caso se resolvió con los elementos que se tenían, el equipo de investigación de El Diario de Juárez, decidió hacer una autopsia a este proceso y sistematizar junto con un equipo legal, la información contenida en una muestra de 40 de 100 tomos que forman parte de la investigación 2104/2012, así como una serie de entrevistas con expertos y familiares.
En la revisión a tres juicios orales y un procedimiento abreviado en los que la Fiscalía participó como acusador, estos son los cuatro hilos más delgados que ponen en duda la justicia a las víctimas del cementerio clandestino de mujeres más grande de México:
La Fiscalía de Chihuahua omitió hacer justicia a 11 víctimas
El 12 de enero del 2015 personal de la Fiscalía de Género, le solicitó a Lilia Ortiz que se presentara en sus oficinas, pero sin darle una mayor explicación.
Con la esperanza de que su hija Lilia Berenise Esquinca Ortiz -desaparecida casi cinco años atrás- hubiera sido localizada con vida, ella acudió de inmediato.
La noticia era que su hija, de nacionalidad estadounidense que estudiaba en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP, por sus siglas en inglés), estaba muerta. Sólo se habían recuperado unos cuantos huesos, los cuales fueron guardados dos años y diez meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) mientras ella y su familia la buscaban.
“Ya estaban todos en un cuarto y me hablaron para hacer el protocolo de decirme que habían encontrado los restos de mi hija. Los interrumpí y les dije ¿dónde está mi hija? Me respondieron su hija está muerta, la encontramos en los rastreos del arroyo El Navajo y tenemos sus restos”, recordó Lilia Ortiz.
Su hija, así como otras diez mujeres, Hilda Gabriela Rivas Campos, Lidia Ramos Mancha, Brenda Berenice Castillo García, Marisela Ávila Hernández, Mónica Janeth Alanís Esparza, Andrea Martínez Ramírez, Esmeralda Castillo Rincón, Yasmín Taylen Celis Murillo, Yanira Fraire Jáquez, Virginia Elizabeth Domínguez Amador, quedaron excluidas de los juicios orales y sus homicidios permanecen en la impunidad.
Las víctimas por las que sí se realizaron tres juicios orales en contra de ocho personas y un procedimiento abreviado para otros tres acusados, son María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Áviles García, Perla Ivonne Aguirre González, Idali Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Yazmín Salazar Ponce.
“No han hecho nada, no hay nada, no hay proceso. El proceso de que avientan la carpeta y ya, ellos tienen su vida feliz, cobrando un sueldo y que las madres se rasquen como puedan. Yo me quedé en la calle, sin casa, sin familia, mi esposo me abandonó al año de haber sepultado a mi hija. A mis otros hijos los tuve que mandar a vivir fuera, por su seguridad. Me quedé sola”, expuso Lilia, mamá de una de las víctimas excluidas.
La percepción de impunidad e indignación es compartida por los padres de Esmeralda Castillo Rincón, estudiante de segundo año de secundaria, de quien se recuperaron 30 centímetros de la tibia derecha el 3 de marzo del 2013 en el arroyo El Navajo.
La familia de Esmeralda, quien desapareció el 19 de mayo del 2009, anhela que ella siga con vida y sabe que la Fiscalía mantiene su caso “congelado” en la Unidad de Lesiones. A ellos se les ofreció incluirlos en el “Juicio Histórico”, declaró José Luis Castillo, papá de Esmeralda, quien señaló que a cambio de que aceptaran, les prometieron entregarles 140 mil pesos como reparación del daño y con cargo al erario público.
“Nos decían, ‘ya tenemos detenidos a unos por el arroyo, también que carguen con el homicidio de Esmeralda’. No estamos de acuerdo en que en unas personas caiga la responsabilidad cuando éstos no son culpables y no es que los defendamos, simplemente es si vamos a encarcelar a cualquier persona que se les ocurra a ellos, los delincuentes siguen afuera”, dijo José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda.
“Querían que aceptáramos un resto óseo, una tibia, y que firmáramos donde estábamos de acuerdo en que Esmeralda ya estaba sin vida, nos decían que nos iba a ir bien, que nos iban a pagar la reparación del daño, que nos iban a dar un pie de casa, a dar una camioneta y que el expediente ya estaba en feminicidios”, dijo José Luis Castillo Carreón, papá de Esmeralda.
Tanto la mamá de Lilia Berenise como el padre de Esmeralda, coinciden en afirmar que la indiferencia de las autoridades para el resto de las víctimas es mayor a partir de que se emitió la sentencia en el “Juicio Histórico”.
El principal testigo para acreditar la responsabilidad de los acusados cambió su declaración en varias ocasiones ante el MP y en los juicios
El menor de edad que fungió como principal testigo de cargo -de identidad protegida, públicamente identificado con las iniciales LJRL y de apodo “El Güero”-, fue detenido el 2 de abril del 2013 en la zona centro de la Ciudad, con 48 envoltorios de mariguana, de acuerdo con los expedientes del Ministerio Público para la carpeta de investigación 2104-2112.
Tras el arresto, él aseguró que tenía información en relación al asesinato de una mujer apodada “La Gata” y a partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Menores Infractores lo entregaron a la Unidad de Homicidios de Mujeres, “porque podría estar relacionado con la desaparición y muerte de Andrea Guerrero Venzor, Deisy Ramírez Muñoz e Idali Juache Laguna”, según se documentó en un informe policial elaborado el 3 de abril por agentes del Ministerio Público.
Antes del primer juicio por las víctimas del arroyo El Navajo, en el 2013, “El Güero” rindió al menos cuatro declaraciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, y en las que fue cambiando su versión, lo que quedó registrado en los expedientes de las investigaciones del Navajo.
Inicialmente este “testigo estrella” como fue denominado públicamente, dijo conocer a ocho de las víctimas del Arroyo El Navajo, luego agregó tres más y declaró respecto a 11. Al principio señaló que él y los integrantes del grupo delictivo “Los Aztecas”, secuestraron a las chicas, después se descartó su declaración en la investigación.
También agregó el nombre de presuntos implicados que al principio no mencionó y cambió versiones respecto a las personas que secuestraron a las mujeres, también identificó a través de fotografías a acusados que en un principio no reconoció.
En relación a Jesús Damián Pérez Ortega, apodado “El Patachu”, supuesto integrante de la banda delictiva, el “testigo estrella” lo señala como el principal responsable de secuestrar a las mujeres.
Sin embargo, Pérez Ortega se encontraba desde el 2005 en la cárcel a disposición del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Chihuahua.
El 22 de mayo del 2007, Pérez fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar una multa por 4 mil 861 pesos, por el delito de transportación de marihuana en la causa penal 170/2005. Salió libre el 4 de diciembre del 2012, cuando las víctimas del Navajo ya habían sido asesinadas y localizados los restos óseos, así lo informó la secretaria de ese juzgado, Guadalupe Acosta García en el “Juicio Histórico”.
De acuerdo al análisis de la sentencia del denominado “Juicio Histórico”, emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento -conformado por las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Myrna Luz Rocha Pineda- restó valor a la declaración de la funcionaria judicial y le dio plena credibilidad a la versión del “Güero” aunque desde la etapa de vinculación a proceso la propia Fiscalía retiró la acusación contra Pérez Ortega, precisamente porque estaba preso.
Además, al principio el testigo únicamente recordó que los otros integrantes del grupo al que pertenecía sólo eran “halcones” en el Centro de Ciudad Juárez y en el juicio declaró que se dedicaban a la distribución, homicidio, trata de blancas y extorsión.
En otro juicio oral posterior al primero, el “testigo estrella” afirmó que policías municipales lo torturaron para que confesara. Meses después negó que lo hubieran torturado.
En una entrevista que concedió “El Güero, testigo estrella” a este medio, reconoció que hubo una negociación con la Fiscalía de Chihuahua.
“Iba a salir de la cárcel, iba a estar nada más un largo tiempo en el Centro de Arraigos mientras se resolvía el caso. Hasta eso mis respetos con la Fiscalía porque si me cumplieron en el tiempo que ellos dijeron. Gracias a Dios si salí de la cárcel, ahorita estaría cumpliendo una condena de 15 años, por ser menor de edad, algo así. La verdad si hicieron mucho por mí en ese caso, porque lo más valioso que tiene uno es la libertad y debería de estar (en la cárcel) la verdad”, declaró en una entrevista efectuada a una ciudad fronteriza donde fue llevado en calidad de testigo protegido. Tiempo después, la Fiscalía lo dejó sin protección y volvió al consumo de cristal.
La Fiscalía concluyó que las víctimas fueron prostituidas por meses sin argumentar con pruebas contundentes su teoría
A Jessica Terrazas, una estudiante entusiasta de 18 años, la encontraron en fragmentos en el Arroyo El Navajo: 46 restos óseos, 30 centímetros de su cabello semiondulado y la sudadera de la preparatoria CEPU que sus hermanas le habían comprado como parte del uniforme escolar.
Desapareció el 20 de diciembre de 2010 y 10 meses después (el 21 de octubre de 2011), fue encontrada con la misma ropa del día que desapareció, la sudadera del uniforme, una chamarra con gorro de peluche y sus botas altas.
Junto a ella, un omóplato extra que resultó ser parte del cuerpo de otra víctima, Yazmín Salazar Ponce, de acuerdo con el Dictamen Pericial Complementario de Antropología Forense, emitido hasta el 21 de enero del 2014, por las antropólogas Liliana Dorantes Ortega y Mariel Guadalupe Durán Romero.
Con la misma ropa que traían cuando fueron vistas por última vez, también fueron encontradas Yazmín Salazar Ponce, Jessica Leticia Peña García, Deis y Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González y Beatriz Alejandra Hernández Trejo.
De acuerdo al abogado Gustavo Martínez Montoya, quien lleva años analizando el caso, el argumento expuesto en el juicio oral por la Fiscalía de Género del Estado de Chihuahua, que sostiene que las víctimas fueron retenidas durante meses para ser prostituidas, queda en duda al analizar los expedientes y detectar que siete mujeres traían la misma ropa con la que desaparecieron.
Además, en el caso de Jessica Terrazas Ortega, las peritos en antropología forense determinaron que el pantalón de mezclilla color azul que está asociado a sus restos, tenía manchas de sangre en la parte inferior, generadas como por goteo.
Junto a María Guadalupe se encontraron los zapatos de piso y el pantalón de mezclilla con los que salió de su casa y esta prenda también presentaba una mancha de sangre en la parte inferior de las piernas.
De acuerdo al abogado Martínez Montoya, “ninguno de esos ADNs corresponde a ninguno de los acusados ni de sentenciados en el caso. La Fiscalía encontró prueba objetiva de que las víctimas al momento de desaparecer traían prendas, las prendas que vestían son exactamente las mismas prendas que fueron localizadas en la mayoría de ellas al encontrar sus restos óseos. Es decir se le llama prueba objetiva y científica a la que te permite obtener información confiable. La fiscalía tuvo que recurrir a varios errores para poder pedir la sentencia de las muchachas” argumenta Martínez Montoya.
La Fiscalía encarceló a las personas que señalaron las madres de las víctimas. A seis años de la identificación de los presuntos implicados, 4 están libres, 3 murieron antes de ser sentenciados y a 3 les retiraron cargos
En febrero del 2012, la mamá de Jessica Leticia Peña García veló públicamente los restos óseos de su hija quinceañera, al colocar el ataúd en la explanada de la Fiscalía de Ciudad Juárez, para exigir al entonces gobernador César Duarte Jáquez, el arresto de los responsables.
Los días 18 y 19 de marzo del 2013 ante el Ministerio Público de la FGE de Chihuahua, María García Reynoso, mamá de Jessica Leticia, realizó varios reconocimientos por fotografía y una ampliación de declaración. Previamente había rendido otras declaraciones.
García reconoció a Jesús Hernández Martínez, Rafael Mena, Esperanza Castillo Saldaña, Raquel Haydee Venegas Treviño y Víctor Chavira García, de acuerdo a la carpeta de investigación número 2104/2012 y también a los datos que la propia García aportó el 30 de mayo del 2015 en el “Juicio Histórico”.
Ella declaró haberlos visto en el Hotel Verde, el edificio que identifica la Fiscalía como el lugar de prostitución forzada en el que estuvieron las víctimas.
A principios del 2019 –después de mantenerlo preso más de cinco años- la propia Fiscalía de Chihuahua le retiró cargos a Rafael Mena, por no tener pruebas de que fuera culpable.
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Por otra parte, el 28 de marzo del 2013, el Ministerio Público registró en el tomo 5 de la víctima Andrea Guerrero Venzor, la declaración de la testigo protegida de iniciales LEAH, quien dijo que de noviembre del 2007 a junio del 2008 se prostituyó voluntariamente en el Hotel Verde y para 2009 y 2010 iba a ese negocio, veía a mujeres muy jóvenes prostituyéndose, entre éstas, a cinco de las víctimas localizadas en el Arroyo El Navajo.
En el “Juicio Histórico” LEAH dijo haber visto a las víctimas a finales de diciembre del 2010 y principios del 2011, en el Hotel Verde, ofreciendo servicios sexuales.
Sin embargo ella estuvo presa en ese periodo, del 21 de marzo 2010 a 15 de marzo de 2011, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cocaína con fines de venta. Se le siguió la causa penal 32/2010-I en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua.
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La Fiscalía también retiró la acusación que había presentado en contra de Esperanza Castillo Saldaña y Eduardo Sánchez Hermosillo, respecto a los delitos de homicidio de 11 mujeres y delincuencia organizada.
Castillo y Sánchez fueron sentenciados por el ilícito de trata de 5 de las 11 víctimas: María Guadalupe Pérez Montes, Deisy Ramírez Muñoz, Idali Juache Laguna, Jessica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor.
La Fiscalía identificó al extorsionador Adrián Arturo Roldán de la Cruz como líder del grupo delictivo que supuestamente raptó a las víctimas encontradas en el arroyo El Navajo, él ya había fallecido, fue asesinado el 23 de abril del 2013.
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Otra detención derivada de las investigaciones que realizó María García Reynoso, mamá de la víctima Jessica Leticia Peña, fue la del dueño de “Botas El Caporal”, Víctor Chavira García. Él tenía 69 años, argumentó que utilizaba un chaleco ortopédico porque tenía quebradas algunas costillas por las múltiples caídas que sufría, pues tenía poca visión, a consecuencia de un glaucoma derivado de la diabetes que presentaba desde 30 años atrás.
El “testigo estrella”, dijo que para no pagar la extorsión al grupo delictivo Los Aztecas, Víctor Chavira sometía y entregaba mujeres. A una de las tiendas de Chavira acudió Jessica Leticia en busca de empleo, horas antes de que desapareciera.
Desde mediados del 2009, la familia Chavira estaba pagando cuotas a extorsionadores que los amenazaban con matarlos o quemarles los negocios si no accedían; tres personas fueron detenidas como responsables de extorsionarlos.
El 17 de septiembre del 2013, Víctor Chavira sufrió dos paros respiratorios y fue trasladado al Hospital General donde permaneció hasta el primero de octubre del 2013 y se recuperó. Sin embargo, el 2 de enero del 2014 se presentó un tercer paro respiratorio y murió sin ser sentenciado.
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El “testigo estrella”, también señaló al narcomenudista Pedro Payán Gloria “El Pifas” como “jefe de todo el movimiento de droga y prostitución” en la zona centro. Él fue condenado a 430 años de cárcel en otro juicio oral, el 86/17.
Los integrantes del Tribunal se basaron en la declaración del “testigo estrella”, los abogados defensores presentaron pruebas de que al parecer “El Pifas” estaba en la cárcel cuando el testigo afirma haberlo visto participando en el rapto de las víctimas junto con Pérez Ortega “El Patachú”, quien estuvo preso de 2005 a 2012.
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Otro acusado, José Gerardo Puentes Alba fue encontrado inocente después de permanecer más de seis años preso y luego de ser sometido a dos juicios orales. La Quinta Sala Penal Regional de Ciudad Juárez revocó el último fallo condenatorio porque el “testigo estrella” dijo haber visto a Brianda, una de las víctimas, sujeta a prostitución dos años antes de que desapareciera; los magistrados señalaron que los jueces fraccionaron la prueba a modo.
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A la fecha Jesús Hernández Martínez; Manuel Vital Anguiano; César Félix Romero Esparza; Édgar Regalado Villa, “Piwi”; y José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”, están sentenciados a 697 años y seis meses de cárcel y Pedro Payán Gloria a 430 años de prisión. Ninguno de ellos ha solicitado la revisión del caso por falta de recursos.
Señalan deficiente investigación
De acuerdo al peritaje realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con un catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el conocido “Juicio del Siglo” se desarrolló y juzgó principalmente con la declaración de un testigo protegido y falta de pruebas por parte del Ministerio Público.
Los cuatro especialistas de la Corte indicaron que en algunos expedientes no se incorporaron elementos de prueba objetivos que sostengan las declaraciones de los testigos.
Un grupo de peritos especializados de la CIDH coincidió en un reporte emitido que en el 2015 entregó a la Fiscalía de Chihuahua, en el que señaló que faltaron pruebas en la investigación y que las líneas de averiguación parten exclusivamente de los testimoniales.
Alfredo Limas Hernández, coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirmó que el denominado “Juicio del Siglo” se realizó con “muchas faltas al debido proceso legal”, y por tanto la sentencia del Tribunal no tiene valor jurídico ni político.
“Es una teoría del caso armada al vapor, sin suficientes recursos, está construida sobre dos testigos y en lo que yo conozco, antes de que un juez lo señale, esos testigos tienen testimonios con múltiples inconsistencias, incongruencias, contradicciones, y luego lo que sabemos es que hay evidencias materiales que no han sido investigadas de manera exhaustiva”, concluyó.
“El caso Arroyo del Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de cada madre” denuncia Gustavo Martínez, abogado juarense.
Desde que se implementó en 2005 la AVGM en 11 municipios de Edomex, feminicidios aumentaron y en 2019 delito alcanzó récord con 60 casos
Ciudad de México— Desde que se implementó en 2015 la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 11 municipios del Estado de México, los feminicidios aumentaron en casi todas las demarcaciones y en 2019 este delito alcanzó una cifra récord.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 60 feminicidios en 11 municipios mexiquenses.
En 2015, cuando el entonces Gobernador Eruviel Ávila decretó la Alerta para frenar y erradicar los asesinatos de mujeres se reportaron 30 feminicidios.
El ascenso más notorio se registra en Toluca, donde pasó de tres a 10 feminicidios. Le sigue Ixtapaluca con un aumento de uno a siete y Naucalpan creció de dos a seis feminicidios.
En tanto, en Chimalhuacán incrementó de cinco a siete casos, Nezahualcóyotl pasó de tres a cinco, Tlalnepantla de uno a cuatro, Tultitlán de cero a cuatro y Chalco de uno a tres.
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, expuso que han existido casos en que los Ministerios Públicos del Edomex llegan a perder material probatorio o no investigan los feminicidios.
“Todo lo contrario a los gobiernos, prefieren decir que tienen más homicidios que feminicidios, también por una cuestión política”, dijo Estrada.
Organizaciones civiles también advirtieron la presencia de grupos delictivos, cárteles y bandas pequeñas que se dedican al secuestro de mujeres en municipios mexiquenses.
“Una de las cosas que hay que considerar es el contexto de violencia criminal más allá del ámbito familiar, o sea, operan redes de grupos delictivos, delincuenciales, contextos muy grandes en Ecatepec, en Tecámac, en Neza.
“Tecámac ha sido un Municipio que hemos denunciado porque es como un dormitorio, donde desaparecen muchas mujeres, entonces, esas mujeres desaparecen, pero las encuentras asesinadas en Ecatepec y ahí operan varios grupos delictivos”, explicó.
Consultado al respecto, la Fiscalía de Justicia mexiquense señaló que incrementó en 2019 en un 54 por ciento el número de detenidos relacionados con casos de feminicidios, en comparación con 2018.
Agregó que aumentó el número de carpetas vinculadas a proceso y subió el porcentaje de sentencias condenatorias.
También indicó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó al Estado de México el año pasado en una tasa de 1.18 casos por cada 100 mil mujeres, mientras que a nivel nacional la tasa es de 1.38.
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Duilio Rodríguez
Pie de Página
La Ciudad de México cobrará 35 por ciento más por uso excesivo de agua en algunas colonias. Vecinos de la colonia Roma Sur, en donde no se aplicará la medida, acusan que en su colonia la construcciones de unidades habitacionales de gran plusvalía podrían rebasar los límites determinados por el gobierno
Hace una semana el gobierno de Ciudad de México anunció un endurecimiento en el cobro del agua para que las zonas más ricas de la ciudad paguen más por el uso excesivo del recurso. Esta medida sólo está acotada a unas cuantas colonias de la ciudad.
De acuerdo con la propuesta, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de enero, los usuarios con uso doméstico que sobrepasen un consumo de 60 mil litros durante el primer semestre del año (un promedio de 333 litros por día) deberán pagar un 35 por ciento más de la tarifa de agua.
Dentro del listado de las colonias en las que se aplicará la medida está la colonia Hipódromo y Condesa, sin embargo, no se contemplan a las vecinas Roma Norte y Sur. En todas estas colonias las construcciones de grandes edificios de departamentos ha ganado terreno en los últimos años. En la Roma Sur los vecinos identifican nuevos edificios de departamentos que podrían superar estos límites, haciendo un uso abusivo del agua.
De acuerdo con los datos de consumo por manzana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México los uso doméstico en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, donde se encuentran algunas de estas colonias, difícilmente rebasa dicho límite.
El colectivo Claudia Cortés, formado principalmente por vecinas de la Roma Sur, en conjunto con la organización Geocomunes, identificaron un edificio de departamentos que se construyen en la esquina de Eje 3 sur Baja California e Insurgentes podría sobrepasar el límite de consumo.
Como reportó Pie de Página hace unos meses, este edificio albergará 315 departamentos nuevos que no estarán disponibles a la venta; todos se rentarán. Los vecinos del lugar consideran que, al ser rentados, los dueños del edificio, una empresa identificada como Urban Hub, sería la responsable de hacer los pagos concentrados de los servicios de todo el edificio, entre ellos el agua, por lo que el consumo rebasaría dichos límites escapando a la medida del gobierno, que busca desincentivar el uso desmedido del agua.
Actualmente la cuadra donde se construye dicho edificio consume 500 mil litros de agua al bimestre. De estos, 200 mil corresponden a las 33 viviendas que ahí se encuentran. Lo que significa que cada hogar consume un promedio de 3 mil litros cada meses (100 al día), lo que los deja por debajo del límite de consumo marcado por la nueva política del gobierno.
Tomando esa cifra de consumo, las 315 departamentos nuevos dispararían el consumo de la cuadra 100 veces. Lo que significaría pasar de 200 mil a más de de los 2 millones de litros por bimestre.
Papantla, Ver.- Una vez más Petróleos Mexicanos (Pemex) es orquestador de un caso de contaminación en la localidad Reforma Escolín, denunció la agente municipal de esa localidad, Pastora García Jiménez, quien dijo que por su localidad atraviesa una enorme red de ductos y pozos que no reciben el mantenimiento adecuado, lo que provoca constantes derrames.
La quejosa dijo que esta contaminación arrasa con la poca agua de la comunidad, afecta los campos y además, el constante olor a crudo y gas provocan fuertes dolores de cabeza, así como malestar entre los habitantes y pese a que lo han denunciado, la empresa petrolera no hace nada por remediarlo y mucho menos por coadyuvar al desarrollo de la comunidad.
“No deja ningún beneficio a la localidad, con los constantes derrames de crudo se han contaminado manantiales, parcelas de sembradíos de maíz, lo cual representa pérdidas para los habitantes, además de la contaminación ambiental por los fétidos olores que tenemos que respirar diariamente”, expresó la autoridad auxiliar.
Las muertes se presentan en bahías dentro del perímetro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que se supone vigilado por autoridades de la Conanp
El hallazgo de cinco ejemplares de tortuga verde, especies en peligro de extinción, en playas de Alvarado alertaron a grupos ambientalistas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Las muertes de los ejemplares ocurren en un periodo menor a una semana, lo que significa una incidencia alta para este tipo de casos.
No solo eso, se presentan en bahías localizadas en el perímetro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que se supone vigilado por autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) del Gobierno Federal.
Sergio Armando González, presidente de la agrupación civil Earth Mission aseveró que tal autoridad no ha ejercido ningún tipo de acción para investigar los hechos de manera real, ya que se limitaron a realizar la necropsia de rigor en los primeros casos, pero no a vigilar las prácticas pesqueras.
Por el contrario, las muertes de los animales, protegidos en la Ley Federal de Equilibrio Ambiental y Vida Silvestre, pasó desapercibida por la autoridad, a pesar de que la tortuga verde es una especie protegida por tener un estatus en peligro de extinción.
Tres de los ejemplares, fueron encontrados el sábado 25 de enero en playas de la localidad Mata de Uva.
En estos casos los cuerpos no presentaron ningún tipo de lesión que diera un indicio sobre las causas probables de las muertes.
Pobladores que hicieron el reporte del hallazgo afirmaron que el cuerpo de al menos cinco tortugas marinas más, fueron arrastrados por la corriente mar adentro, lo que de ser cierto duplicaría el número de organismos muertos.
Los cuerpos hallados fueron analizados por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que determinó que la causa de las muertes, fue asfixia, además de encontrarse laceraciones en las aletas.
Sergio Armando González señaló que este tipo de muertes se presenta cuando las tortugas marinas quedan atrapadas en las redes de los pescadores, al ser especies que requieren surgir a respirar al menos cada tres horas.
La falta de vigilancia por parte de guardaparques hace propicio que pescadores incurran en malas prácticas, que generan las muertes de las tortugas, afirmó.
Joel Jiménez, pescador de Mata de Uva, aseguró que existe suficiente conciencia entre los lugareños para tomar las medidas para evitar afectaciones al medio ambiente al momento de ejercer la pesca, al rechazar la versión que responsabiliza a la actividad pesquera.
Aunque reconoce la poca vigilancia de organismos reguladores de la actividad pesquera, afirmó que la muerte de las tortugas pudo deberse al uso de pesticidas para la actividad agrícola.
En la comunidad de Mata de Uva, donde se reportaron los primeros hallazgos, la segunda actividad económica, después de la pesca, es la siembra de Sandía.
Sus campos se extienden a menos de dos kilómetros del arroyo El Salado, un riachuelo que termina desembocando en el mar.
Para especialistas consultados por La Silla Rota Veracruz es poco probable que la contaminación en las aguas sea la causa de la muerte de las tortugas, ya que es extraño que se trate de la única especie afectada.
Sin embargo, acotan que la contaminación en la bahía de Veracruz y el perímetro del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano es un hecho que no puede negarse y que es la causa de la muerte de especies marinas es peligro de extinción o ha modificado los hábitos para que estas hayan migrado a otros sitios.
En ese sentido, no solo se debe considerar los pesticidas arrastrados por el arroyo El Salado en la comunidad de Mata de Uva, sino toda la actividad industrial y urbana que se genera cuenca arriba, en más de 20 municipios que se ubican en el paso de los ríos Jamapa y Cotaxtla que desembocan en las playas de la zona conurbada, así como las mismas ciudades en la línea de costa: Veracruz, Boca del Río y Alvarado.
AMBIENTALISTAS CONFIRMARON HERIDAS DE REDES
El segundo hallazgo de tortugas marinas de la especie tortuga verde en esta semana, ocurrió el 30 de enero en playas de Antón Lizardo, en las inmediaciones del campamento de fauna silvestre La Nueva Rivera Veracruzana.
En el sitio, a unos 20 kilómetros de Mata de Uva, fueron encontrados dos ejemplares, uno juvenil de 30 centímetros de largo y uno de talla adulta.
En estos casos, Sergio Armando González, de Earth Mission, hizo el levantamiento de los cuerpos, bajo la autorización de la Profepa y en su carácter de Comité de Vigilancia Ambiental.
En ambos casos los cuerpos presentaban un avanzado estado de putrefacción que las hacían candidatas inviables para una necropsia, además de que una de ellas había sido consumida en cabeza y extremidades por fauna carroñera.
Sin embargo, el segundo ejemplar presentaba laceraciones en el cuello, características de tortugas atrapadas en redes de pescadores.
El ambientalista afirmó que no existen pruebas para responsabilizar a los pescadores, pero si elementos suficientes para demostrar un descuido evidente de las autoridades.
La Silla Rota Veracruz consultó a personal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, pero no hubo respuesta por el momento.
Por su parte, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente es incompetente para atender el caso, ya que no se encuentra dentro del ámbito de su competencia.
Aunque esta autoridad aclara que se ejercen acciones en localidades ubicadas en la cuenca para ejercer acciones preventivas y de sanción, en caso de ser preciso.
La Fundación Chalchi, otra agrupación ambientalista con años de arraigo en la zona metropolitana de Veracruz y defensora del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruz, alertó sobre el hallazgo de tortugas marinas en playas de la zona conurbada.
A través de sus redes sociales dio a conocer que la necropsia de la Profepa confirmó que las muertes fueron causadas cuando las tortugas quedaron atrapadas en redes de pescadores.
La misma agrupación ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de programas integrales de saneamiento de la bahía, con acciones que obliguen a todas las entidades de gobierno a tomar medidas, incluidos los ayuntamientos ubicados en la cuenca río arriba.
En todo caso, las dos agrupaciones ambientalistas observan la alerta que debe generar la muerte de especies en peligro de extinción, en un área natural protegida por las Leyes Ambientales Federales, de la talla del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
La mañana del 31 de enero, habitantes de las comunidades indígenas de Zacualpan y El Platanar en Colima, y La Astilla y El Mameyito en Jalisco, así como ambientalistas locales, exigieron a las afueras de la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Colima, la cancelación del proyecto denominado Nuevo Taller y Terrero Oriente, promovido por el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, productor de hierro, que pretende la construcción de un nuevo depósito de desechos tóxicos, lo que implicará la remoción de 133 hectáreas de vegetación.
Denunciaron que dicho proyecto, concerniente perteneciente a la empresa ítalo-argentina Ternium, pone en riesgo al menos a 178 especies de flora y a 74 de fauna que habitan en la Sierra de Manantlán, proclamada Reserva de la Biosfera por el Ejecutivo Federal en 1987 y considerada una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes del Occidente Mexicano.
Entregaron a Pablo Zamorano, Subdelegado de Gestión Para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, y a Carlos Alcaraz, Subdelegado de Administración e Innovación de Semarnat, un pronunciamiento donde se enlistan las demandas de las 14 organizaciones que respaldaron la protesta:
Cancelación del proyecto Nuevo Taller y Terrero Oriente.
Realización de una consulta, libre e informada, a la comunidad indígena de Ayotitlán, Jal.
Restauración de ecológica.
Revisión y actualización del Programa Ecológico Territorial del Estado de Colima para que las áreas con uso de suelo de conservación no puedan ser sometidas al aprovechamiento bajo consideración de la autoridad ambiental.
Cancelación de las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia y en áreas de alto nivel ambiental.
Creación de un área natural protegida que albergue la Selva Baja Ceducifolia, vegetación predominante en el estado y poco representada en las áreas protegidas regionales.
Un día antes, la diputada morenista, Livier Rodríguez, dijo en pleno que “el representante legal de la empresa, de nombre Jesús Hernández, ha referido frente a ellos que cuentan con los permisos necesarios para el derribo de los árboles sin mostrar públicamente la existencia de dichos permisos”, y que éste ha afirmado que “no suspenderán definitivamente la tala de los árboles en el lugar a menos que una autoridad así lo ordene”, por lo que llamó al Congreso del Estado a crear “los mecanismos políticos y jurídicos concretos para poder defender a la naturaleza en contra de agresiones que implican violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población colimense”.
Mientras hayan megaproyectos en pueblos indígenas, seguiremos en resistencia, advierte Marichuy en Puebla
La excandidata presidencial impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y defensora de los derechos humanos María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, estuvo este jueves en la ciudad de Puebla para dar su respaldo al ambientalista y procesado político Miguel López Vega, en un acto público efectuado en el zócalo de la capital, donde advirtió que mientras el gobierno federal imponga megaproyectos en las comunidades indígenas, los pueblos continuarán organizándose para frenar estas obras que atentan contra la vida.
La también vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) dijo que la lucha que encabeza la comunidad nahua de Santa María Zacatepec, en contra del entubamiento de aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo al río Metlapana, es una lucha justa que se vive en varios pueblos del país.
Comparó que protestas y movilizaciones similares a las de Puebla se llevan a cabo en el Istmo de Tehuantepec, contra la instalación del Tren Maya, y en Morelos con el gasoducto y la Termoeléctrica en Huexca.
Por esta razón, condenó que a pesar del cambio de gobierno y de régimen en México, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, continúe la represión y el encarcelamiento de defensores del medio ambiente.
Junto al asta bandera del zócalo de Puebla, Marichuy dijo que inicialmente su intención era estar presente en la audiencia donde se dictó libertad condicional a Miguel López, miembro del CNI; sin embargo, el juicio penal se anticipó.
“Estamos juntos celebrando la libertad de Miguel, pero hay todavía cuestiones muy importantes que quedan pendientes: La comunidad de Zacatepec está luchando contra la contaminación de su río, y esta lucha está pasando en todo el territorio de los pueblos indígenas”, denunció.
La médico tradicional informó que la movilización de los pueblos es por la imposición de diferentes megaproyectos de muerte, así como de la industrialización de comunidades originarias que atentan contra la vida.
Por ello, advirtió que “mientras hayan estos proyectos van a seguir existiendo pueblos que se organicen, porque no estamos de acuerdo que se acabe con lo que nos da la vida”.
Rodeada por campesinos de Zacatepec y activistas de diferentes organizaciones sociales, la portavoz del Congreso Nacional Indígena sostuvo que hay pueblos enteros que se organizan en México para defender el agua y la tierra que también da de comer a las grandes ciudades.
“Tenemos tierra, agua y bosque, pero el día que todo eso se contamine se va acabar la vida, por eso los pueblos estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo contra estos proyectos, a los que llamados de muerte”, enfatizó.
Al final de su intervención, Marichuy indicó que su presencia en la entidad es para solidarizarse y dar aliento a las comunidades de Puebla, “porque vamos a continuar en la lucha a nivel nacional”.
No confió en López Obrador: Miguel López
En su oportunidad, el ambientalista Miguel López declaró que “no hay confianza en el gobierno federal, cuando en la región se impuso el Proyecto Integral Morelos”.
Esto en respuesta al anuncio que efectuó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera de este jueves, donde afirmó que el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, se trasladará a Puebla para conocer de cerca el conflicto del pueblo de Zacatepec y, después de un estudio, determinará si se cancela la obra del entubamiento de agua industrial del Parque Ciudad Textil Huejotzingo.
López Vega, quien además es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, dijo que a pesar de la represión y el encarcelamiento continúan en resistencia hasta buscar la cancelación definitiva de la obra estatal.
“No vamos a permitir que empresarios y políticos decidan sobre el destino que es nuestro; nos están despojando de la tierra y el agua”, denunció.
Actualmente, precisó que el pueblo nahua de Zacatepec, ubicado en el área conurbada a Puebla, cuenta con mil 200 hectáreas de tierra de labor, las cuales 70 por ciento fueron destinado en los últimos años a la instalación del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, otras 30 hectáreas compró la familia de José Abed para la construcción de un corredor industrial, a la que se han sumado proveedoras de las armadoras trasnacionales Volkswagen y Audi.
Después de que las organizaciones civiles se movilizaron para demandar el acceso a las estaciones migratorias, el Instituto Nacional de Migración desistió del oficio que les prohibía su acceso. La Secretaría de Gobernación informó sobre otros acuerdos con las organizaciones sociales
Texto: Arturo Contreras Camero
Pie de Página
Ciudad de México –El Instituto Nacional de Migración permitirá la entrada de organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias. En la mañana las organizaciones denunciaron el impedimento como parte de una deplorable política migratoria. Prohibirles la entrada permitió la deportación de más de 2 mil migrantes.
Por la tarde, directoras y coordinadoras de estas organizaciones sostuvieron una reunión con el titular del INM, Francisco Garduño. Entre los acuerdos de la reunión está permitir la entrada a las estaciones migratorias, así como modificar ciertas políticas.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el INM cumplirá con los amparos resueltos a favor de las personas migrantes y que en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) buscarán reunirse con la Guardia Nacional para conocer sus protocolos de actuación.
La dependencia informó que buscará un mecanismo para que las personas migrantes tengan fácil acceso a representación jurídica. Y crearán mesas de trabajo para discutir propuestas de reforma a la Ley de Migración.
Fotografía: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
LAS PROTESTAS
Al mediodía, las organizaciones civiles señalaron que la política migratoria de México nunca había sido tan deplorable como el que se tiene ahora.
La molestia de las organizaciones llegó a su punto culmen hace dos semanas. El 17 de enero miembros de la organización Asylum Access no pudieron ingresar a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
La organización suele acudir a las estaciones para ayudar a migrantes detenidos con sus trámites de asilo en México.
Como ellos, muchas otras organizaciones dejaron de tener acceso a las estaciones migratorias en todo el país. “Nos dijeron que era por la contingencia que no podíamos entrar”, comentó al respecto Alejandra Macías Delgadillo, de Asylum Acces.
Hace dos semanas una caravana de migrantes integrada por cerca de 2 mil personas llegó a la frontera sur del país en su camino a Estados Unidos. La caravana fue recibida por la Guardia Nacional. En esos mismos días el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que había detenido a más de 2 mil migrantes que habían sido llevados a centros de detención. “Hay muchísima población (en los centros)”, continuó Macías Delgadillo. “Nos dijeron que por seguridad de nosotros mismos no podíamos entrar. Ellos mismos admiten que en sus centros hay hacinamiento”.
En su mensaje, las organizaciones acusaron que la contingencia a la que se refirieron las autoridades fue provocada por ellos mismos. Entre las asociaciones que se pronunciaron están la Casa del Migrante en Tijuana, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Sin Fronteras IAP.
Para entrar a los centros de detención migratoria, muchas de estas organizaciones tramitaron permisos ante la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en estos días, para justificar la negativa de acceso el INM aseguró que estaba llevando a cabo una recalendarización, misma que no fue notificada de manera adecuada, pues lo hicieron a través de publicaciones en redes sociales.
El trabajo de las organizaciones en estos centros no sólo se ciñe a la observancia y cuidado de los derechos humanos de las personas. Sino que ayudan a dar seguimiento al trámite de personas susceptibles de refugio por razones humanitarias.
Este tipo de acciones son parte de acuerdos internacionales que ha firmado México, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa. Por lo que no impedir el trabajo de estas organizaciones y continuar con la deportación expedita de los migrantes detenidos, como se ha venido haciendo, significaría ignorar los principios de no devolución de migrantes en situaciones de riesgo.
LA PRESIÓN DE EU Y EL ENDURECIMIENTO MIGRATORIO
El año pasado, por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno de México aceptó el acuerdo Quédate en México, que hace que los migrantes que estén tramitando asilo en ese país tengan que esperar la resolución en territorio mexicano.
“Según el acuerdo Quédate en México, las personas deberían poder quedarse en México o regresar a otros países o moverse. Es una decisión de las personas”, aseguró Lorena Cano de Instituto para Mujeres en Migración, Imumi. “Con la última caravana de este fin de semana, tenemos conocimiento de que esto no se llevó a cabo”.
“El gobierno no cumple con lo que se supone les ofrece a las personas.
Trabajo y derechos. Eso no pasa. A las personas que detuvieron se les engañó. Se les dijo quédense aquí, les vamos a dar papeles para trabajar, pero tienen que subirse a estos buses. Les dijeron que los iban a llevar a albergues y no es cierto, los llevaron a estaciones migratorias”, dijo Lorena Cano.
A través del trabajo de años que estas organizaciones han realizado en las estaciones migratorias pueden asegurar que no son estaciones de albergue. Son lugares cerrados de los que no pueden salir, en donde hay horarios y celdas, señalan.
“Algunos de estos migrantes fueron deportados inmediatamente. A diferencia de lo que dice el gobierno, México no es una opción digna para las personas en movilidad” añadió.
Actualmente estas organizaciones están pidiendo que el Gobierno de México permita la entrada de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una evaluación del cuidado a los Derechos Humanos en los centros de detención migratoria.
“México es el brazo ejecutor de las políticas de Estados Unidos. Son indicios de una política migratoria que no respeta derechos”, concluyó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional.
Fotografía: Arturo Contreras Camero / Pie de Página
LAS PROTESTAS Al mediodía, las organizaciones civiles señalaron que la política migratoria de México nunca había sido tan deplorable como el que se tiene ahora. La molestia de las organizaciones llegó a su punto culmen hace dos semanas. El 17 de enero miembros de la organización Asylum Access no pudieron ingresar a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. La organización suele acudir a las estaciones para ayudar a migrantes detenidos con sus trámites de asilo en México. Como ellos, muchas otras organizaciones dejaron de tener acceso a las estaciones migratorias en todo el país. “Nos dijeron que era por la contingencia que no podíamos entrar”, comentó al respecto Alejandra Macías Delgadillo, de Asylum Acces. Hace dos semanas una caravana de migrantes integrada por cerca de 2 mil personas llegó a la frontera sur del país en su camino a Estados Unidos. La caravana fue recibida por la Guardia Nacional. En esos mismos días el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que había detenido a más de 2 mil migrantes que habían sido llevados a centros de detención. “Hay muchísima población (en los centros)”, continuó Macías Delgadillo. “Nos dijeron que por seguridad de nosotros mismos no podíamos entrar. Ellos mismos admiten que en sus centros hay hacinamiento”. En su mensaje, las organizaciones acusaron que la contingencia a la que se refirieron las autoridades fue provocada por ellos mismos. Entre las asociaciones que se pronunciaron están la Casa del Migrante en Tijuana, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Sin Fronteras IAP. Para entrar a los centros de detención migratoria, muchas de estas organizaciones tramitaron permisos ante la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en estos días, para justificar la negativa de acceso el INM aseguró que estaba llevando a cabo una recalendarización, misma que no fue notificada de manera adecuada, pues lo hicieron a través de publicaciones en redes sociales. El trabajo de las organizaciones en estos centros no sólo se ciñe a la observancia y cuidado de los derechos humanos de las personas. Sino que ayudan a dar seguimiento al trámite de personas susceptibles de refugio por razones humanitarias. Este tipo de acciones son parte de acuerdos internacionales que ha firmado México, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa. Por lo que no impedir el trabajo de estas organizaciones y continuar con la deportación expedita de los migrantes detenidos, como se ha venido haciendo, significaría ignorar los principios de no devolución de migrantes en situaciones de riesgo. LA PRESIÓN DE EU Y EL ENDURECIMIENTO MIGRATORIO El año pasado, por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno de México aceptó el acuerdo Quédate en México, que hace que los migrantes que estén tramitando asilo en ese país tengan que esperar la resolución en territorio mexicano. “Según el acuerdo Quédate en México, las personas deberían poder quedarse en México o regresar a otros países o moverse. Es una decisión de las personas”, aseguró Lorena Cano de Instituto para Mujeres en Migración, Imumi. “Con la última caravana de este fin de semana, tenemos conocimiento de que esto no se llevó a cabo”. “El gobierno no cumple con lo que se supone les ofrece a las personas. Trabajo y derechos. Eso no pasa. A las personas que detuvieron se les engañó. Se les dijo quédense aquí, les vamos a dar papeles para trabajar, pero tienen que subirse a estos buses. Les dijeron que los iban a llevar a albergues y no es cierto, los llevaron a estaciones migratorias”, dijo Lorena Cano. A través del trabajo de años que estas organizaciones han realizado en las estaciones migratorias pueden asegurar que no son estaciones de albergue. Son lugares cerrados de los que no pueden salir, en donde hay horarios y celdas, señalan. “Algunos de estos migrantes fueron deportados inmediatamente. A diferencia de lo que dice el gobierno, México no es una opción digna para las personas en movilidad” añadió. Actualmente estas organizaciones están pidiendo que el Gobierno de México permita la entrada de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una evaluación del cuidado a los Derechos Humanos en los centros de detención migratoria. “México es el brazo ejecutor de las políticas de Estados Unidos. Son indicios de una política migratoria que no respeta derechos”, concluyó Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional.
El activista acusa que el problema ha sido desatendido por las autoridades de las últimas administraciones locales o estatales.
Pánuco vive entre aguas negras
Jorge Torroella, quien fue entrevistado por Imagen Radio, aseguró que el alcantarillado y el tratamiento de residuos en aquél municipio de Veracruz está deteriorado.
Aseguró que esta problemática ha traído una crisis sanitaria en la ciudad, afectando a los más de 100 mil habitantes.
“Las aguas negras brotan por las alcantarillas, hasta meterse a las casas, porque el sistema ya cumplió su tiempo de vida, con más de 40 años de uso”, afirmó el activista en entrevista con Pascal Beltrán del Río.
“Imagínense vivir, desde hace año y medio, dentro de sus casas, con aguas negras, con heces fecales”.
Según el entrevistado, el material de desechos no sólo se estanca, sino que también sale por medio de las rejillas, lo que genera una contaminación insostenible para los habitantes.
“Brotan de las coladeras, del drenaje en general. Ahí están los videos, los pueden ver en redes sociales, dentro de las casas, de lavabos, excusados, regaderas, brotan las aguas negras.
“Los menores de Pánuco viven en la inmundicia”, alertó.
Pánuco vive entre heces fecales
Destacó que esto es visible, incluso, en el primer cuadro de la ciudad, “enfrente del Palacio Municipal, del kiosco donde está todo el comercio, ahí está el brote de aguas negras”.
Dijo que el problema ha sido desatendido por las autoridades de las últimas administraciones locales o estatales.
“Al gobernador Cuitláhuac García, y al presidente Andrés Manuel López Obrador ya se les llamó para que, por favor, ayuden a la población, pero no ha sido de su interés responder”, destacó Torroella.
Existen, al menos, 20 enfermedades asociadas con este tipo de contaminación, por lo que Pánuco se ha convertido en un foco rojo para la salud.
Organizaciones defensoras de derechos de personas migrantes y con necesidades de protección internacional manifestaron en conferencia su rechazo a la política que suspende el ingreso a integrantes de asociaciones religiosas y de la sociedad civil a las estaciones migratorias y estancias provisionales, emitida el pasado martes por Antonio Molina Díaz, en su calidad de director general de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).
Al respecto, Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México, AC, expresó que son 10 las organizaciones afectadas por esta negativa. Por ello, indicó, Asylum interpuso un amparo en contra del oficio INM/DGCVM/0118/2020, publicado el 28 de enero de 2020 en el que se les prohibe la entrada.
“Es un derecho que ya teníamos adquirido: ya se nos había otorgado el derecho de entrar y al estarse negando sin ninguna justificación es que hemos interpuesto este amparo ante un juzgado de Distrito”, explicó.
Apuntó que no sólo en la estación migratoria de Tapachula, se les ha negado el acceso, sino también en las estaciones de Tenosique, Tabasco; Acayucan, Veracruz; Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; y Comitán, Chiapas.
Por otro lado, a pesar de que la Secretaría de Gobernación desconoció el oficio del Instituto Nacional de Migración el mismo día que se emitió –ya que éste no cuenta “con autorización de las autoridades superiores”– y tras publicar el Boletín 035/2020 el 29 de enero de 2020 –donde subrayó que las asociaciones podrán ingresar a las estaciones migratorias a partir del 1 de febrero–, las organizaciones se mantienen firmes ante su pronunciamiento contra las medidas gubernamentales recientes.
Lo anterior impulsado por el conocimiento que éstas tienen de “la negativa de renovar permisos de ingreso solicitados desde al año pasado”. Por ello, los defensores dijeron en conferencia que “no se trata de una acción aislada […], aunado al discurso que desde los más altos cargos de gobierno existe en contra de las organizaciones de la sociedad civil […], nos alerta pues implica una acción de criminalización hacia nuestro trabajo”.
Asimismo, Ana Saiz –de Sin Fronteras, IAP– destacó que la rectoría para las políticas migratorias en el país por ley la tiene la Secretaría de Gobernación, no obstante “muchas facultades de facto se ejercen por la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
En relación con el programa “Quédate en México” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde un gran número de personas esperan respuesta a su solicitud de asilo en el país, Saiz aseguró que la Secretaría del Trabajo es quien se está encargando. “Tampoco entendemos por qué y ni siquiera se les está documentado efectivamente para que tengan acceso a oportunidades de trabajo”.
Es por ello que aseveró que “el INM debe tener claro que está subordinado a la Segob […], este desconocimiento de oficios es un síntoma del desorden que vemos en la manera de implementar la política migratoria en México”.
Para la defensora, es necesario que haya “una política acorde a nuestros principios y leyes mexicanas, a lo que señala la Constitución, la Ley General de Administración Pública Federal, así como con los principios en los tratados internacionales”.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) del gobierno federal evalúa autorizar la instalación de un nuevo gasoducto en el Valle de Puebla y Tlaxcala, que contará con una tubería de presión de 10 mil kilómetros para transportar gas natural a parques industriales, así como a sectores comercial y residencial.
Esto de acuerdo con el expediente 21PU2019G0069, presentado el 5 de diciembre de 2019 en la ASEA por la empresa Natgasmex S.A. de C.V., conocida en Puebla como Maxigas.
Aunque en el documento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional no se da a conocer el nombre de los municipios, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, ha dicho que el nuevo gasoducto buscaría suministrar el corredor industrial de la región de Huejotzingo y San Martín Texmelucan.
El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una red de distribución de gas natural de 10 mil kilómetros de tubería de alta y baja presión, que se construirá en dos etapas, en la primera se establecerán 2 mil 625.64 kilómetros de ducto, 3 city gates y 7 estaciones distritales, y en la segunda etapa se llevará a cabo la proyección y construcción de los 7 mil 374.36 kilómetros de ducto restantes.
Se ubicará en la zona urbana de diversos municipios de Puebla y Tlaxcala que se encuentran en el Valle y la zona central de estos estados y al sur del límite con Tlaxcala para el suministro de gas natural a los sectores industrial, comercial y residencial.
La extensión territorial del polígono es de 568 mil 577 hectáreas de las cuales 357 mil 623 hectáreas se ubican en Puebla y 210 mil 954 en Tlaxcala.
Información recopilada por el Observatorio Ciudadano Igavim indica que en 2019 ingresaron a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 36 estudios de impacto ambiental para instalar estaciones de servicio o gasolineras en el estado de Puebla.
Los municipios donde se instalarían son Amozoc, Atlixco, Chapulco, Chiautla de Tapia, Guadalupe Victoria, Huaquechula, Juan C. Bonilla, Nopalucan, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Ocoyucan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán y Tepeaca.
Cuatro escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México se sumaron a los paros de actividades en demanda de solución a la violencia sexual de género que se padece en los recintos universitarios y del cese a la criminalización contra el movimiento feminista que reivindica el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que suman ya siete escuelas en esa situación.
Se trata de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que determinó parar en forma indefinida –hasta que se resuelvan todas las demandas de todas las escuelas–; la Escuela Nacional Preparatoria 6 –con un paro de 7 días–; y el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y la Preparatoria 2, ambos por 72 horas.
De acuerdo con estudiantes activistas, estas protestas no sólo se deben a los casos de hostigamiento y acoso sexual en las escuelas y la falta de atención a los mismos, sino también a la inseguridad que enfrenta la comunidad universitaria.
El paro de actividades es la medida tomada luego del “encubrimiento” de las autoridades ante los casos de violencia de género y su incapacidad frente a los riesgos y peligros que afectan a los estudiantes, indicaron.
Las otras escuelas que se mantienen en paro indefinido son la Facultad de Filosofía y Letras, desde el 4 de noviembre de 2019; y la Preparatorias 9 y 2, desde el 12 de noviembre de 2019 y el 22 de enero de 2020, respectivamente.
Las autoridades de la UACM, Patricia Chang Arenas, encargada del despacho de la secretaría general y Silvia Paulina Jaime Muguiro, encargada de despacho de la oficina del abogado general decidieron despedir de forma injustificada a la mayoría de los profesores de la asamblea que se organizan por mejores condiciones laborales.
Cada seis meses los profesores de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México son sometidos a un proceso de selección y contratación que se caracteriza por ser opaco y discriminatorio, dado que los comités encargados de seleccionar a las maestras y maestros para impartir cátedra, no ofrecen una justificación de sus decisiones.
“Sus fallos se basan en consideraciones puramente subjetivas, en las que muchas veces, el “no me cayó bien” es determinante para no ser contratados.
En el caso de pasar el filtro y ser llamado para impartir cátedra, el contrato de trabajo dura solamente 4 meses y medio, lo que implica, el pago atrasado, suspensión de las prestaciones sociales y constante vejación de parte de algunos profesores de tiempo completo y distintos funcionarios administrativos contra los de asignatura.
Ante esta situación, varias decenas de profesores decidieron constituir la Asamblea de Profesores de Asignatura en Lucha, con el fin de enfrentar la precarización laboral de la que son objeto y exigir la contratación en términos del Contrato Colectivo de Trabajo de todos los profesores de asignatura de la institución.
En este sentido, la Asamblea desde mediados del mes de noviembre de 2019 viene organizando diversas actividades con el fin de denunciar esta situación y exigir una solución a las autoridades de la universidad.
Ante la presión que han ejercido los profesores organizados, los cargos directivos de la UACM, Patricia Chang Arenas, encargada del despacho de la secretaría general y Silvia Paulina Jaime Muguiro, encargada de despacho de la oficina del abogado general en contubernio con los colegios de la institución, decidieron despedir de forma injustificada a la mayoría de los profesores de la asamblea ya que no fueron seleccionados para el periodo 2020-1.
Esto a pesar de que varios de ellos tenían muchos años de servicio ininterrumpido a la universidad y habían demostrado su compromiso con el proyecto educativo. Este es un claro ejemplo de represión política contra los que se organizan para exigir sus derechos humanos y laborales, trata de ser un escarmiento para todos aquellos que se atrevan a quejarse y luchar por las condiciones de precariedad a la que la universidad y el gobierno estatal y federal ha sometido a los maestros y trabajadores mexicanos.
Sin embargo, el actuar de las autoridades no ha logrado amedrentar la combatividad de los profesores de asignatura, más bien ha tenido el efecto contrario, reavivar el espíritu de lucha y combatividad de profesores que van por la conquista de sus derechos.
MADERO.- A través de WhatsApp y Facebook, jovencitas el sur de Tamaulipas son extorsionadas con difundir sus “packs” en caso de no cubrir pagos de varios miles de pesos.
La presidenta de la Colectiva Feminista Tamaulipeca, Nury Romero Santiago, confirmó que hay casos donde también les piden favores de índole sexual.
La defensora de los derechos de las mujeres, explicó que son tres los casos que tiene reportados, aunque las víctimas desisten de interponer alguna denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.
En ocasiones son creados perfiles de redes sociales falsos, o bien son las propias ex parejas quienes las extorsionan.
“Les piden que regresen, que no los dejen, hay casos donde les piden cantidades de dinero para modo de no publicar o para que sigan manteniendo la relación sentimental como ellos quieran para no publicar la información que tienen”, indicó.
Las víctimas, reconoció, pasan por el trauma de vivir bajo amenazas, pero las más afectadas son aquellas que son exhibidas a través de todas las redes sociales.
El gobierno municipal de Puerto Morelos, presidido por la alcaldesa Laura Fernández Piña, intentó ayer aplicar un “tajamarazo” al iniciar casi a medianoche las obras de remodelación del parque del Casco Antiguo
Cancún.- El gobierno municipal de Puerto Morelos, presidido por la alcaldesa Laura Fernández Piña, intentó ayer aplicar un “tajamarazo” al iniciar casi a medianoche las obras de remodelación del parque del Casco Antiguo, trabajos que fueron frenados por habitantes del poblado, quienes se mantienen en plantón permanente en el sitio.
La forma en que iniciaron los trabajos, intentando sorprender con apoyo de elementos de la policía y la oposición ciudadana, recordó lo ocurrido la madrugada el 16 de enero de 2016, cuando maquinaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entró a devastar el polígono de Tajamar, en la ciudad de Cancún; de ahí el término “tajamarazo”.
El parque a remodelar se localiza en el corazón del poblado, como se conoce al Casco Antiguo; posee vista al mar y aunque no tiene manglares ni fauna silvestre protegida, guarda un alto valor recreativo, de convivencia y apropiación para la comunidad, cuyos pobladores coinciden en que su estado es funcional y no requiere de readecuaciones con valor de 19 millones de pesos, habiendo otras necesidades más urgentes.
El oneroso proyecto, promovido desde octubre de 2019 por el ayuntamiento como “Construcción y Equipamiento de Plaza Cívica”, sin serlo, no fue consultado con la ciudadanía y es el único espacio público cerca del mar para las y los habitantes.
De acuerdo con testimonios de los habitantes, una decena de obreros se presentó para iniciar actividades preliminares de obras valuadas en 19 millones de pesos, con la oposición de la ciudadanía que le ha manifestado a la edil que se necesita un hospital, escuelas, pavimentación y drenaje, no trabajos de ornato.
“Nos estamos manifestando ante la imposición de proyectos que afectan nuestra economía, nuestra identidad y nuestro derecho a una consulta ciudadana, sobre la disposición de nuestros impuestos. Pacíficamente ocupamos el parque, hasta conseguir que seamos tomados en cuenta”, señalaron.
“A medianoche e intentando sorprender, llegó una brigada para poner postes y cercar el área, para hoy entrar con maquinaria. También llegaron patrullas”, indicó una de las personas que radican en Puerto Morelos.
“Hay cosas más importantes que esto que quieren hacer. Las calles están hechas un asco; en vez de que tiren el dinero en una remodelación, que lo usen para algo más importante. Aquí nacieron mis hijos, yo llegué siendo una niña, esto era bonito antes, no queremos que lo destruyan”, apuntaron los vecinos.
“La presidenta ni vive aquí y hace las cosas a su manera; los regidores alzan la mano porque les pagan. Las cosas no mejoran”, manifestaron otro par de personas.
“Van a romper el parque, por el capricho de unos cuantos. El parque no tiene ningún daño, el kiosco está en perfectas condiciones, ahí están los arbolitos súper antiguos, desde que éramos niños los hemos visto aguantar hasta huracanes y pretenden desaparecerlos”, denunció Yazmín Rivas, quien realizó una transmisión en vivo durante los hechos.
La mujer dijo que saben que la remodelación incluye la desaparición del kiosko y de los árboles, sustituidos por una plancha de cemento y una fuente con claro de agua.
Rivas es líder local de los taxistas, quienes se han unido a las protestas porque el sitio de las unidades también será reubicado.
“Lo que pretenden es justificar un gasto innecesario; las calles de la colonia están hechas pedazos, pero quieren remodelar un parque”, mencionó y añadió que entre los pobladores que se oponen hay artesanos.
Uno de los taxistas que tomó la palabra explicó que su reubicación afecta más a los usuarios que dejan de tener un vehículo a la mano.
Les entregaron equipo que no cumple con las normas que establece la Secretaría del Trabajo; vehículos están en mal estado por recorte presupuestal.
Oscar Cervantes / Colima Noticias
Colima, Col.- Combatientes de incendios forestales se manifestaron esta mañana en la Comisión Nacional Forestal, tras recibir equipo y uniformes que no cumplen con las normas que establece la Secretaría del Trabajo, poniéndose en riesgo la integridad física del trabajador.
A pesar de que inició la temporada de incendios forestales de este año, los 44 trabajadores de Conafor se dijeron molestos y advirtieron que no aceptarán ese tipo de uniformes.
Entrevistada al respecto, la secretaria general de la Conafor, Socorro Herrera Díaz, añadió que, además, los vehículos se encuentran con fallas mecánicas y no disponen de las adecuaciones para poder laborar.
Indicó que fueron un total de 2,400 trabajadores afectados en la República Mexicana, de los cuales 44 son de Colima.
Lamentó que esta situación refiera al presupuesto que ha sido proporcionado por parte del presidente de la República.
Explicó que los uniformes son 100% algodón, lo que puede ocasionar que se quemen cuando combatan incidentes.
La líder sostuvo que tanto el Comité como la Conafor deben llegar a un acuerdo a la brevedad, debido a que están próximas las fechas de incendios forestales.
Advirtió que los combatientes de incendios no acudirán a los siniestros de no recibir el equipo adecuado.
En ese sentido, añadió que el uniforme debió entregarse completo en noviembre del año pasado, sin embargo apenas se los quisieron otorgar a finales de este mes.
Cabe hacer mención que el reglamento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en las normas 017 y y 113, son los que establecen los estatutos del uso de uniforme.
Colima, México, Avanzada (30/01/2020).- Colima es el estado donde más asesinan mujeres por cada 100 mil habitantes en el país, seguido de Baja California, Chihuahua y Quintana Roo.
Las cifras de homicidios contra mujeres, permiten deducir que la entidad padece una epidemia de violencia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y María Salguero, creadora del mapa del feminicidio en el país.
En sus redes sociales, Salguero expuso que al superar 10 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes, los estados mencionados, entre ellos, Colima, “tienen niveles de epidemia de violencia, según la OMS”.
En el 2019, 92 mujeres fueron asesinadas en la entidad; mientras que en el 2018, la cifra fue de 79 mujeres.
Según las estadísticas, el 2019 fue el año más violento de la historia reciente para las mujeres colimenses. Por ello, la entidad tiene la tasa más alta del país en homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres.
Además, la violencia familiar en Colima incrementó de manera exponencial en los últimos tres años, pese a la Alerta por Violencia de Género que emitió la Secretaría de Gobernación el 21 de junio de 2017.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que del 2015 al 2017, mil 753 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país, pero sólo se dictaron 293 sentencias.
En su información, la CNDH expone que están trabajando a través de diversos mecanismos para erradicar la impunidad en la que actualmente se encuentran los feminicidios.
El Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local acusó que la obra emprendida en comunidad nahua de Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla es violatoria a los derechos humanos y transgrede a la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que supuestamente pretende dar cumplimiento.
Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián, -organización autora de la Queja a la CNDH en 2011 que llevó a la Recomendación para el saneamiento de la cuenca río Atoyac-Zahuapan- detalló que la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona Industrial de Huejotzingo, obra que se ha impuesto en la región, es contraria y violenta prácticamente todo el sentido del documento emitido por la CNDH.
Explicó que en la recomendación, establece enfáticamente que se requiere un grupo interinstitucional entre dependencias como la Semarnat, la Profepa, la Conagua, la Cofepris, el Gobierno del Estado de Puebla, el de Tlaxcala y varios municipios, para construir un plan de saneamiento para la Cuenca del Atoyac que cuente con la participación de la sociedad civil y empresas que están dentro del corredor industrial.
Situación que a la fecha ha sido trasgredida, pues la obra emprendida a cargo de los empresarios instalados en el Parque Industrial “Ciudad Textil Huejotzingo” como Construcciones del Centro S.A. de C.V. y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue). no sólo no ha contado con la participación de la sociedad civil sino que se ha ocultado la información a la población y se ha usado la fuerza pública para imponer esta obra.
Desde agosto de 2019 la comunidad de Santamaría Zacatepec se han mantenido en resistencia contra el proyecto de construir un sistema de drenaje para desembocar aguas industriales en el río Metlapanapa, del cual depende su consumo y actividades agrícolas.
El pasado 30 de octubre, pobladores y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a golpes en la comunidad de Zacatepec, ante el avance inminente de los trabajos de entubamiento. Para dispersar la manifestación en la que protestaban mujeres, personas de la tercera edad y niños, los agentes lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma.
Fue tras los hechos violentos que el gobierno municipal, a través de un comunicado, aclaró que la obra es una respuesta a la Recomendación de la CNDH dirigida a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala.
El Contrato OP/LP-003/CEASPUE/20180069 con el Folio 20180069 describe una longitud de cuatro kilómetros 160 metros de construcción que considera dos tipos de redes de tubería que tienen como destino de descarga el Río Metlapanapa. Se cita una red de cilindros de 60 pulgadas que transportará descargas pluviales y otra que tubería de 30 pulgadas que descargará los desechos industriales al colector de uso doméstico de la población.
El proyecto de descarga de Ciudad Textil fue elaborado durante la administración del finado Rafael Moreno Valle refiere un compromiso de pago de 50 por ciento de la obra que correría a cargo del gobierno estatal y el otro 50 por ciento sería financiado por los empresarios que tendrían el permiso explícito del municipio de Huejotzingo para ejecutarse en 2018.
Reconoce que serán 30 empresas industriales las que podrán tirar sus aguas tóxicas, entre ellas Portatex, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Draexlmer y Thyssenkrupp Presta, Ajenix y Multiaceros.
La carpeta incluye la descripción de la identificación de puntos de muestreo en la Descarga Final de Ciudad Textil cuyo reporte detalla: grasas y aceites, sólidos sediméntales y suspendidos, fósforo, plomo, cianuro, cobre, cadmio, arsénico, zinc, huevos de helminto, mercurio, níquel, entre otras sustancias.
Defensores alertaron, basados en estas descripciones que no se trata de un entubamiento de “desechos sanitarios”, sino de tácitos desechos industriales. Las mismas sustancias se encuentran ampliamente documentadas como principales contaminantes que han provocado un desastre ambiental de la cuenca del río Atoyac que llevaron a la CNDH a elaborar la recomendación 10/2017 de la CNDH “Sobre la violación a los Derechos Humanos a un Medio Ambiente Sano, Saneamiento del Agua, en relación con la Contaminación de los Ríos Atoyac, Xochiac y sus Afluentes; En Agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado De Tlaxcala”.
Al respecto Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés, explicó que la obra también sería contraria a la firma del gobierno mexicano a todos los convenios en materia ambiental, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que establece entre otros muchos, el principio precautorio que señala que no se puede instalar ninguna actividad que altere el medio ambiente, cuando se tenga la mínima sospecha de que eso va a dañar el ambiente y las comunidades. Con el estudio en el Atoyac se ha demostrado ampliamente los riesgos a la población y a los campos de cultivo.
La Recomendación condensa 15 años de lucha
Documentos del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local han expuesto que la Recomendación 10/2017 es producto de más de 15 años de lucha de los pobladores de varias comunidades tlaxcaltecas, especialmente de mujeres, quienes han insistido —ante la sordera de las autoridades—, que la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y todos sus afluentes es la causa principal de que un gran número de personas de diversas edades, en decenas de comunidades, hayan sido expuestas a múltiples sustancias contaminantes que, además de provocarles enfermedades graves, también les ha ocasionado -directamente o acelerado- su muerte.
Citó que el Centro Fray realizó convenios de colaboración con investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM; Instituto de Ingeniería UNAM y Laboratorio de análisis y tratamiento de agua residual de la UAM-Azcapotzalco.
Y que fue a través de estudios en el agua descargada al río Atoyac, tanto de las industrias como de los municipios; y de análisis sobre la calidad del agua potable en pozos de agua y tomas domiciliarias y de exámenes sobre el daño genotóxico; permitió documentar que muchas de las sustancias existentes en el agua del río no están dentro de la normatividad ambiental y son muy tóxicas, como los compuestos orgánicos volátiles y las que están normadas se encuentran por encima de los límites máximos permisibles hasta en un 500 por ciento como es el caso de la demanda bioquímica de oxígeno.
Así mismo el estudio genotóxico demostró que vivir cerca del río Atoyac y sus afluentes, donde ocurren las descargas industriales, provoca daño en los genes en promedio cinco veces más y de mayor complejidad que una persona que vive en la ciudad de México.
Aseguró que se documentó el registro de 54 casos de violación del derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y dos de daños a la propiedad, en la región de Tepetitla, Texmelucan y Huejotzingo, mismas que se integraron a la demanda por las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en la región del Atoyac.
En el año 2011 integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones al derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la integridad física, a la vida y al desarrollo. Seis años después, en 2017 la Recomendación de la CNDH se emitió sin que a la fecha se registrara el cumplimiento de ésta.
Para el Centro Fray Julián Garcés, los daños ecológicos, físicos por las enfermedades a causa de la contaminación, que en un lapso de tiempo lleva a la muerte a quienes padecen estas enfermedades, no sólo son las consecuencias de la brutal contaminación del río Atoyac, también se han perdido modos de vida y de sustento, cuando los y las agricultoras ya no encuentran esperanza en sus cultivos pues son depreciados en el mercado por ser regados con agua del rio Atoyac.
“En la cuenca del Atoyac, hemos visto que campesinos que riegan sus cultivos con estas aguas negras, su producción de venta es bajísima, son estigmatizados y marginados, no les pagan el precio, la economía y el consumo local se han visto afectados”.
“La historia se repetirá en Zacatepec. Las descargas al río con metileno, tolueno, benceno, catalogado como cancerígeno que afecta a la población. Ya se documentó en la queja en la CNDH . Nuevamente se está violentando los derechos humanos”.
“La Recomendación de la CNDH fue para decir que hay una violación a los derechos humanos pero también para señalar acciones, pero pareciera entonces que el gobierno siempre ha privilegiado la instalación de industrias en nombre del desarrollo, pero bajo el esquema que se extendió con Enrique Peña Nieto sobre la precarización laboral, los contratos por outsorcing, y los sueldos de muerte de 80 pesos, este desarrollo se vuelve ‘nada’ frente al gran daño causado medioambiental y los daños a la salud”, asentó Méndez.
Cáncer, abortos, insuficiencia renal y muerte
Según datos del Inegi, en promedio muere una persona cada cuatro horas en la cuenca por razones vinculadas a la contaminación. Del año 2012 al 2016 han fallecido 25 mil 737 personas por leucemia, cuatro mil 379 por insuficiencia renal y han ocurrido 906 abortos espontáneos, vinculados a las descargas de los corredores industriales y además por giros establecidos, textileros, utilizan cloro en sus procesos de producción que mezclados con materia orgánica crean nuevos compuestos como el cloroformo, reconocido en el sector salud por su efecto en daños renales.
De acuerdo a los resultados del Monitoreo de la Población Infantil por Exposición a Contaminación Ambiental que elaboró la investigadora de la UNAM, Regina Montero Montoya, se documentó que los menores de edad que habitan en la cuenca Atoyac-Zahupan presentan el doble de los niveles de toxicidad en comparación con niños de zonas no contaminadas, por lo que han desarrollado padecimientos renales, cáncer y la reducción de su capacidad de desarrollo corporal.
La doctora Regina Montoya pudo ubicar que la población de la cuenca, no importando a qué estuviera dedicada en promedio tiene cinco veces más daños en sus genes que una persona de la Ciudad de México.
En sus resultados se refiere que estos daños son consecuencia de un ambiente contaminado, lo que vuelve más vulnerable a la población a contraer una enfermedad; Tlaxcala es uno de los estados con mayor índices de insuficiencia renal y casos de leucemia y abortos no deseados.
“Estamos hablando de una omisión terrible, una indolencia gubernamental y un pisoteo a los derechos humanos a pesar de que el gobierno mexicano firmó y ratificó los convenios en materia de derechos humanos, incluso a pesar de que estos tratados se equiparan con la Constitución política mexicana”, señaló la directora del Centro Fray Julián.
Consideró que autoridades y gobierno tendrían que privilegiar el bienestar de la sociedad y tendrían que hacer uso de la legislación que más convenga y proteja los derechos de la población, pero están actuando de manera contraria: favoreciendo la instalación de industrias, condenando a la población a sufrir este tipo de daños a su salud, a la agricultura y a la vida de la comunidad, esto ya documentado y referido.
Universitarios exigen seguridad; acusan hostigamiento de UAEH. Foto: Óscar Sánchez
Adela Garmez / Criterio
El Comité de Lucha Universitario de Hidalgo (CLUH) realizó una marcha a las 12:00 horas de hoy para pedir a las autoridades mayor seguridad y que tomen acciones que permitan acabar con los feminicidios en la entidad.
En la explanada Independencia, Pachuca, los estudiantes dijeron que se pronunciarían contra el hostigamiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en la marcha pasada, denominada Todos regresan a casa, pues algunos catedráticos no dejaron asistir a los alumnos a la protesta bajo el argumento de que aplicarían exámenes o bajarían puntos a quienes no fueran a clases.
A las afueras del edificio central de la casa de estudios, en la calle Abasolo, los quejosos expusieron que, de acuerdo con una encuesta realizada por la organización comunitaria UAEH sin Acoso, 60 por ciento de 80 personas cuestionadas sufrieron atosigamiento por parte de trabajadores de la universidad; sin embargo, solo 10 por ciento realizó una acusación formal ante las autoridades correspondientes.
Los inconformes señalaron que únicamente 25 denuncias fueron hechas de septiembre a diciembre del año pasado: 22 por estudiantes, 2 por personal administrativo y 1 por el colectivo.
Foto: Óscar Sánchez
Asimismo, explicaron que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) debe contar con un registro de desaparecidos, ya que no están conformes con las cifras que dan: dos feminicidios registrados en lo que va del año.
En cuanto a los desaparecidos, añadieron que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito de las personas y no dejar que la inseguridad siga en aumento, pues, señalaron, cada día incrementan las cifras.
Foto: Óscar Sánchez
Recorrido
Los manifestantes salieron de El Reloj de Pachuca y se digirieron a las oficinas de la UAEH, en Abasolo; posteriormente, fueron a las oficinas de Morena, la Comisión de Derechos Humanos del estado, Preparatoria Número Uno y regresaron a plaza Juárez, por Revolución.
Hasta el momento las preparatorias y facultades que han cerrado son: CCH Azcapotzalco, Prepas 1, 2, 3, 6, y 9, así como Filosofía y Ciencias Políticas
Hoy se fueron a paro cuatro planteles más de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta la noche del jueves sumaban ocho los planteles cerrados.
Las preparatorias y facultades que pararon son: CCH Azcapotzalco, Prepas 1, 2, 3, 6, y 9, así como las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales.
Después del llamado que hizo el rector Enrique Graue Wiechers a mantener el espíritu comunitario, hoy se fueron a paro las preparatorias 1 Gabino Barreda, 2 Erasmo Castellanos Quinto y 6 Antonio Caso, así como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Los estudiantes protestan por el acoso y violencia de género en la institución, pero también por la respuesta que ha tenido la rectoría.
El grupo Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tomó las instalaciones de dicha entidad en Ciudad Universitaria, para protestar por la muerte del estudiante Jesús Gómez del CCH Azcapotzalco y por la violencia de género que sufren las mujeres de otras escuelas de la UNAM.
“Esta facultad ha sido tomada y permanecerá cerrada hasta que se resuelvan satisfactoriamente todas las demandas de todos los planteles. Demandas que además no son cosas que se deberían pedir, si no son cosas que deberían ya existir. Las mujeres de la FCPyS no se quedaron calladas sólo porque no es nuestro plantel el que fue afectado directamente. ¡Nosotros sí sentimos la empatía de la rabia!”, señalaron esta mañana en un comunicado.
Luego de una asamblea estudiantil efectuada en la Escuela Nacional Preparatoria 2, integrantes del colectivo el Cubo y el colectivo feministas Alas Revolucionarias tomaron las instalaciones, lo cual generó una confrontación entre estudiantes, donde hubo empujones y gritos. El paro durará 72 horas.
La Preparatoria 6 se fue a paro por ocho días, así como la 1.
En medio de los paros en cuatro escuelas y luego de una nueva confrontación entre estudiantes y padres de Familia en la Prepa 9, el rector señaló que, “frente a las muestras de intolerancia es preciso que los universitarios actuemos con prudencia”.
Graue destacó que la Universidad debe seguir atendiendo los reclamos de las mujeres que se sienten agraviadas y exigen -con razón- igualdad y respeto.
“Mujeres Organizadas” informó que la Facultad “permanecerá cerrada hasta que se resuelvan satisfactoriamente todas las demandas de todos lo planteles”.
Un grupo de estudiantes tomó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Mujeres Organizadas” informó que la Facultad “permanecerá cerrada hasta que se resuelvan satisfactoriamente todas las demandas de todos lo planteles”.
“Exigimos la resolución de las demandas de todas las mujeres organizadas en todos los plantes de la universidad de manera satisfactoria y beneficiosa para todas las mujeres en pie de lucha y para todas aquellas miembras de esta universidad. Por todas ellas y muchas más”, informó.
Asimismo, denunciaron que las autoridades universitarias han permitido el ataque de grupos porriles a compañeros de otras Facultades y de las preparatorias que también se encuentran en paro.
En este sentido, condenaron la reelección del recotr de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue Wiechers, y pidieron su renuncia pues no ha sabido –agregaron– resolver los problemas de las “compañeras”.
“Desaprobamos la poca importancia que se le da a esta temática dentro de la universidad, así como la ligereza con la que se toman las exigencias legítimas de estas mujeres en cuando a su condición de vida y de estudio. (…) Es de nuestro conocimiento que la policía del seguridad UNAM ha estado presente en estas ocasiones, y como siempre, no han protegido a nuestrxs compañerxs”.
En Guadalajara, Aguascalientes, CDMX y Sonora, los mayores encarecimientos; antibióticos y analgésicos, con alzas de hasta 20% en primera quincena de 2020
En medio del caos que enfrentan hospitales y clínicas del país por el desabasto de medicinas relacionado con la nueva estrategia de compras del gobierno federal, las familias de la Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes y Sonora, entre otras localidades, enfrentan un repunte en el precio de medicamentos, sobre todo en antibióticos, analgésicos y material de curación.
Ubicada al sur de Sonora, Esperanza es la ciudad del país donde más subieron, 4.3% en la primera mitad de enero frente a la segunda quincena de diciembre pasado, indica una muestra de 14 tipos de medicamentos que vigila el Inegi.
De todo el país, en esta población fue donde más se encarecieron los antibióticos y analgésicos: los primeros 20.8% y los segundos 13.2%.
En Guadalajara, los medicamentos se elevaron 3.9%, la mayor alza en 18 años, desde la primera quincena de diciembre 2001, cuando entonces se incrementaron 5.9%.
En la Perla Tapatía, las medicinas que más subieron fueron los antibióticos, con 14.2%; seguido del material de curación, con 7.3%; medicamentos dermatológicos, con 3.9%, y analgésicos, con 2.5%.
En la capital de Aguascalientes, el precio de los medicamentos se elevó 2.5% y significó la mayor alza en nueve años (desde la segunda quincena de enero de 2011), mientras en Zacatecas aumentaron 2.6% y fue el incremento más pronunciado desde que hay registro en la entidad.
La Ciudad de México y su Área Metropolitana fue la tercera zona del país donde más subieron los analgésicos, 4.7% que representó el incremento más pronunciado en casi 11 años, desde la primera quincena de marzo de 2009.
En Tlaxcala destaca el repunte de 19.1% en el material de curación, la mayor alza desde finales del siglo pasado, cuando su precio se disparó 25% a inicios de octubre de 1999.
El Inegi cotizó precios en 55 ciudades y áreas metropolitanas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, 35 de las cuales registraron aumentos de los medicamentos en la primera quincena de enero, en 19 hubo disminuciones y en una localidad la variación fue nula.
EL UNIVERSAL consultó a la Profeco y respondió que: “Profeco no ve ese tema, es de los que son de excepción en sus atribuciones”.
Hay diversos hechos que están detrás del mayor precio en los medicamentos, pero el desabasto en los hospitales públicos hace que la crisis sea un poco más grave, opina Jesús Granados, presidente del sector industrial médico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Al no recibir la atención, la población que se atiende en los hospitales del gobierno tiene que comprar sus medicamentos en una farmacia o compañía privada y, por lo tanto, se ve expuesta al aumento de precios, explica el empresario.
“Recordemos que las empresas farmacéuticas son libres de poner el precio que ellos quieren, con base en la oferta y demanda. Quien tiene una problemática urgente debe comprar el medicamento donde primeramente llega y al precio que sea”, comenta en entrevista.
Desde su perspectiva, si bien los medicamentos tienden a subir de precio a principios de año, por la temporada de frío que afecta principalmente a las vías respiratorias, “estos aumentos ya son muy altos y habría que ver los elementos que justican este ajuste tan elevado”.
Granados explica que los incrementos reportados en el salario mínimo, en las gasolinas, en el peaje, en las rentas y en los seguros de transporte por los problemas de inseguridad, han elevado los costos de las empresas para fabricar medicamentos y llevarlos al consumidor final, los cuales están asociados al precio del producto. “Todo suma, son varios factores”.
Familias centroamericanas acompañadas de niños caminan por el Río Suchiate. Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro.com.
Patricia Tapia / Eme Equis
Van de Centroamérica a Estados Unidos y México es su paso obligado. Organizaciones civiles advierten que no se les está dando el trato adecuado a los menores centroamericanos, porque se les orilla a tomar rutas más peligrosas.
El año pasado hubo un mayor flujo de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes de Centroamérica por México hacia Estados Unidos, lo cual se refleja en el número de casos de este grupo, considerado como vulnerable, que fueron presentados ante autoridades migratorias de nuestro país por estar en una situación irregular.
Estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que, de enero a noviembre de 2019 se presentaron a 47 mil 406 menores, esto es 75.6% más que en el mismo periodo de 2018 (26 mil 985).
Del total de menores que se pusieron el año pasado a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), 94% de ellos son centroamericanos (Belice,Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá). El restante 6% corresponde a América del Norte y del Sur, África, Asia, Europa e Islas del Caribe.
Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM, red de la sociedad civil), indica que estas estadísticas son preocupantes desde el punto de vista que no se hace una evaluación ni valoración del interés superior del niño, es decir, acciones para un desarrollo integral y vida digna de los menores.
“Más del 50% de los niños detenidos en estaciones migratorias son deportados o por lo que le llaman ‘retorno asistido’, pero prácticamente están siendo deportados, regresando a las mismas condiciones de marginación y de violencia generalizada por las que salieron”.
Señala que, desafortunadamente, el flujo de NNA ha evolucionando, mientras que el sistema de México que garantice sus derechos no lo ha hecho.
LOS NIÑOS POR GRUPOS
Los NNA de Honduras son los que representan la mayor porción de los que fueron presentados, con un 51%, seguidos por los de Guatemala, con un 33%, y por los de El Salvador, con un 14%. Tan sólo 2% son de Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
De los más de 47 mil menores, casi 28 mil son hombres y 19 mil 486 son mujeres. Por rango de edad 58% están entre los cero y 11 años de edad y 42% entre 12 y 17 años.
Del total, 22% (10 mil 729) no estaban acompañados por algún familiar. Desde 2011, la legislación en materia migratoria reconoce que este grupo es una piedra angular de las obligaciones internacionales de México, la cual determina que ellos no deben estar o permanecer en los centros de detención migratoria. Deben ser acogidos en los centros de asistencia social hasta que se determine la situación migratoria, se haga el retorno asistido o la reunificación familiar, o se les de refugio.
El porcentaje de menores no acompañados ha ido reduciéndose año con año, pues en 2015 se situaba en más de 50%.
UN CAMINO ÁSPERO
Vértiz Hernández apunta que la política de control y contención de migrantes de este gobierno a través de la Guardia Nacional carece de protocolos y de sensibilidad.
“Se les está obligando a cruzar por lugares mucho más riesgosos… lo único que provocan estas políticas es que los tratantes estén al acecho de las personas para secuestrarlas o para pedirles dinero y ofrecerles seguridad para poder pasar por territorio mexicano; es una cuestión lógica, de que si las personas no pueden cruzar por los lugares que son los oficiales, pues van a buscar por dónde”.
De acuerdo con una serie resúmenes informativos realizados por Unicef “La Infancia en Peligro”, los menores y en especial los no acompañados se ven expuestos a una serie de peligros en su camino hacia Estados Unidos.
Por ejemplo, hay menores que sufren accidentes a bordo del tren la conocida “La Bestia”, también pueden ser blanco de redes de trata de personas.
“Ha habido informes indicando que muchas niñas han terminado trabajando en los prostíbulos y los bares de México o Guatemala. El riesgo de violación también es alto: Amnistía Internacional calcula que hasta 6 de cada 10 mujeres y niñas son víctimas de la violencia sexual durante el viaje”, resalta el documento.
¿SUSPENDEN VISITAS?
Un motivo de preocupación para las organizaciones civiles fue una circular del INM que se emitió el martes pasado donde se suspende de manera temporal su ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales, en la cual se argumenta que es a efecto de “no obstaculizar” la operatividad de las instalaciones.
Vértiz Hernández acusa que es inquietante que las organizaciones civiles no puedan realizar sus acciones de monitores, justamente para poder salvaguardar a los menores.
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“Esto es muy grave porque mucho del trabajo que hacen las organizaciones es documentar que estos espacios son espacios torturantes, espacios en donde se cometen malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes. Imagínate que eso ocurría cuando estaban las organizaciones ingresando a monitorear algunos espacios de privación de libertad, ahora lo que pueda pasar cuando no están observando”.
No obstante, la Segob informó que desconocía dicho oficio, que fue firmado por Antonio Molina Díaz, pues no fue autorizado por las autoridades superiores y posteriormente el INM en un comunicado dijo que refrendaba su compromiso de transparencia por lo que las organizaciones que tenían visitas agendadas en los últimos días de este mes podrán ingresar a partir del 1 de febrero.
LOS DE LAS ISLAS DEL CARIBE
Otro grupo de NNA que llama la atención, por un incremento considerable de menores que son presentados ante el INM, son los de las Islas del Caribe, pues en lapso que compara hay un aumento de 1,443%.
De enero a noviembre de 2018 hubo 56 menores presentados por situación irregular y en el mismo periodo de 2019 fue 864, de los cuales 24% son no acompañados.
De los 864 NNA, son 573 de Haití, un incremento de 536.6% respecto a lo de 2018. De Cuba son 284, un aumento de más de 3,000%.
Además, en 2019 se registraron 7 casos de República Dominicana, mientras que en 2018 no hubo menores de este origen.
Sobre este grupo de NNA, Vértiz Hernández explica que no ve razones diferentes en los motivos que llevan a que cada vez más personas busquen migrar para mejorar su calidad de vida.
Algunos medios internacionales, señalan que, en el caso de Haití, muchas personas se han visto desplazadas después del gran terremoto de 2010, que dejó a muchos a sin hogar, lo que se combina con la pobreza de ese país.
OAXACA, Oax. (apro).- El presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Dagoberto Toribio, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las “consultas” amañadas para “la aceptación del megaproyecto corredor transístmico, a cambio de recibir programas sociales”.
En su queja, Toribio señaló que las consultas realizadas en marzo y agosto de 2019 se realizaron sin cumplir los mínimos estándares establecidos, es decir, “no fue previa y no fue libre”.
Según los afectados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria violaron los derechos a la consulta y a la información de los pueblos del Istmo de Tehuantepec.
La información fue insuficiente y sesgada, no fue previa y no fue libre, pues se indujo la aceptación del megaproyecto corredor transístmico a cambio de recibir programas sociales, subrayaron.
Por tal razón, la Ucizoni presentó una queja ante la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y el Cuarto Visitador, Joaquín Aguilar.
Los inconformes esperan que la actuación de ambos funcionarios de la CNDH sea independiente e imparcial.
En julio de 2019 los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas, Dagoberto Toribio Severo, Raúl Martínez de Jesús y Rubicela Toribio Zacarías, presentaron una demanda de amparo indirecto contra la “ilegal” convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec.
Señalaron como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber ordenado el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acusado de “omisión” porque no veló por los intereses y derechos de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directa o indirectamente.
También al exsecretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa; a los actuales secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Graciela Márquez Colín y Javier Jiménez Espriú, respectivamente; al director general del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, y a los oaxaqueños Adelfo Regino Montes, director del INPI, y Ceyla Cruz Gutiérrez, responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas.
Ante la autoridad federal reclamaron por la “expedición irregular e inconstitucional del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario de la Federación el 14 de junio de 2019, sin que se hayan respetado, observado y cumplimentado los procedimientos que se establecen en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas”.
Y como descendientes del pueblo Ayuuk jaay o mixe, denunciaron que a lo largo de décadas “se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación, y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”.
En medio de la guerra mediática que iniciaron varios actores políticos por el agua de la presa El Granero, existe una realidad que pocos han observado a fondo: el daño que le ha causado la tala desmedida y el cambio climático a la Sierra Tarahumara, la región en donde se produce el recurso en conflicto.
Es cierto que México debe pagar 436 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por el Tratado Internacional de Límites y Aguas, también que en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no hay gobernanza porque el nuevo gobierno no ha cambiado a los funcionarios de la administración federal priista.
Otra realidad es que el proceso electoral está cada día más cerca, pero, en ese escenario, el problema mayor está fuera del discurso de quienes han tomado la defensa del agua como bandera:
La captación del agua que nace en la Sierra Tarahumara, la región con los índices de violencia, pobreza y desigualdad social más altos del estado, es insuficiente para la demanda del campo
Aquí no sólo se produce el agua del Tratado y el almacenamiento en distritos de riego, también se envía a Sinaloa y Sonora cerca de 7 mil 200 millones de metros cúbicos anuales para cultivos de hortalizas y forraje.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural, este volumen es siete veces mayor al que requiere el estado para garantizar un ciclo agrícola, pues la superficie que depende del Río Conchos (80 mil hectáreas de cultivos), necesita mil 044 millones de metros cúbicos.
Los alimentos que se producen tanto en Chihuahua como en los estados vecinos, ni siquiera son para el consumo regional, se exportan, lo que genera pobreza y desigualdad.
Las políticas públicas tampoco ayudan pues, en lugar de desarrollar programas de reforestación, para la conservación de suelo, cosecha y captación de agua con las comunidades indígenas, se atiende el hambre con asistencialismo.
LA DEUDA ES CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Los saberes indígenas sostienen la producción del campo chihuahuense.
Los pueblos originarios entendieron hace 700 años que el bosque y los manantiales estaban íntimamente relacionada y, si uno faltaba, no había vida.
Hay evidencias que comprueban que, desde el siglo XIII, desarrollaron sistemas de conservación para retener suelo y humedad con trincheras. Después adecuaron los techos de sus viviendas con troncos cortados en canoa, para capturar el agua y almacenarlas en pozos.
El doctor e investigador Federico Mancera Valencia detalló que en los años 40 se impulsó la industrialización del país con la mecanización del campo. Para ello, en el norte de México, la región más improductiva por la falta de agua, se crean presas que retienen la humedad y generan energía eléctrica.
Comienza la producción en una región que, por ser desierto, únicamente llueve de 250 a 300 milímetros de agua anuales, equivalente a 2.5 centímetros de líquido.
“El desarrollo se basó en el agua y ahí comienza la desgracia porque va en contra del ecosistema.
Ese modelo choca y enfrenta al desarrollo sustentable porque en el desierto no llueve, es un territorio seco, entonces hacen presas para detener el agua que viene de la Sierra Madre Occidental para producir”
El norte se vuelve productivo. Aumentan la población y los tipos de cultivos (como alfalfa y maíz forrajero para la ganadería), por lo que la demanda de recursos naturales es mayor y, en la década de los 90, comienza la explotación forestal.
La tala no se detiene y provocar desequilibrios en el balance hídrico: el agua que cae no se filtra, se escurre en el suelo, y las presas comienzan a acumular azolve.
“Las presas, para los años 90, ya estaban en crisis y los medios de comunicación aprovechan la coyuntura y dicen que hay sequía, que es una gran crisis provocado por la naturaleza porque se cree que debe llover todo el año, pero es absurdo, somos un desierto”
En Bocoyna, el municipio con mayor daño ecológico, social y de seguridad por la tala clandestina, es donde nace el Río Conchos. En condiciones muy similares se encuentra Guachochi, el cual es el segundo municipio que aporta más escurrimientos al mismo afluente.
El resultado es que, 30 años después, la presa El Granero, marca una capacidad aproximada de 216 millones de metros cúbicos, sin embargo, 30 millones son de azolve, por lo que únicamente quedan 186 millones de metros cúbicos de agua útil, lo que tiene en riesgo al ciclo agrícola 2020.
A este panorama, asegura el también profesor del Centro de Investigación y Docencia, se suma el cambio climático.
Sus efectos, mencionó, se han manifestado en que 2019 fue considerado el segundo año más caluroso de la historia, mientras que los incendios en Australia marcaron el inicio de 2020.
“La miseria que se deviene es porque hay extracción de recursos naturales (el agua) que parece ‘natural’. A quienes menos les interesa pensarlo es a los agricultores de riego y es porque el agua que necesitan y el agua para Estados Unidos no ‘se paga’ de las presas: lo pagan los pueblos de la Tarahumara.
Si no hay conservación de agua en la Sierra, tampoco habrá agua para los cultivos en los distritos de riego”
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA SIERRA
Una de las opciones que existen, explicó Mancera Valencia, es la reconversión productiva económica del desierto que, además, garantice el pago de servicios ecosistémicos a las comunidades indígenas y el diseño de políticas públicas para la Sierra Tarahumara.
Los primeros pasos para ello están planteados en el Plan Estatal Hídrico 2040, sin embargo, reconoce que el problema es que se aplique correctamente y se haga de la mano de los pueblos indígenas.
“La Sierra es un territorio para extracción. Se deben desarrollar políticas públicas para que no exista ni una sola casa en Guachochi o en Bocoyna sin sistema de cosecha de agua, para que sean autosuficientes hídricamente”.
Y ¿qué pasó (públicamente) con El Granero?
A principio de enero, representantes de organizaciones campesinas acudieron a una reunión a la Comisión Nacional de Agua para exigir el cierre inmediato de la presa el Granero, al denunciar que, además del pago a Estados Unidos, también se pretende enviar agua a Tamaulipas y Nuevo León.
No se llegó a ningún acuerdo y, tras varias horas de discusión, los agricultores se retiraron de la reunión para manifestarse con el cierre de carreteras, vías del tren y las compuertas de la presa.
El 10 de enero, el diputado panista Mario Mata denunció en Twitter que, pese a las protestas, la Conagua había vaciado la presa que da agua a los municipios de Ojinaga y Coyame.
Actores políticos de varios partidos aprovecharon el escenario para colocarse en medios de comunicación con exigencias y reclamos tanto a la Conagua como al gobernador Javier Corral, a quien pidieron que se pronunciara al respecto y que lleve el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La versión fue desmentida horas más tarde en un comunicado de la dependencia federal, mientras que el secretario de Desarrollo Rural del estado, René Almeida, informó que la extracción había sido por mil millones de metros cúbicos y recordó que el 22 de enero, se reanudarían las mesas de trabajo.
Sin embargo, a la fecha no hay un acuerdo entre Conagua y los productores, quienes han sostenido que no es posible extraer el agua de las presas hasta que llueva.
En esos días el agua era nota diaria en los medios locales. Entre las figuras que dieron su opinión se encuentra el ex líder de El Barzón en Chihuahua Eraclio Rodríguez, quien externó que el conflicto tiene tintes políticos y que, mientras la Conagua no ponga orden, no habrá recurso hídrico que alcance para el campo.
Erika Guevara Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional, exigió que se investigue el asesinato. La familia de Homero Gómez denunció que el defensor ambiental había recibido amenazas de grupos del crimen organizado.
Homero Gómez. Foto: Especial.
Sin embargo, Redacción
Ciudad de México 29 de enero (SinEmbargo).- Activistas mexicanos y extranjeros, políticos y organizaciones se pronunciaron después de que fuera localizado el cuerpo de Homero Gómez González, activista y protector de santuario de la mariposa Monarca.
El activista forestal administraba un santuario de la mariposa Monarca en Ocampo, Michoacán, una región conocida por la presencia de grupos criminales que a menudo sobornan o amenazan a policías locales para que trabajen con ellos.
Desde su desaparición, el pasado 13 de enero, la familia de Homero Gómez denunció que el defensor ambiental había recibido amenazas de esos grupos del crimen organizado, debido a su lucha permanente contra la tala ilegal en el área.
“Descansa en paz Homero Gómez González, defensor de los bosques y protector de las mariposas monarcas. La fiscalía debe investigar este atroz asesinato y poner su labor de defensa como línea de investigación. Solidaridad con su familia y comunidad”, escribió Erika Guevara Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional.
“Hace 10 días que desapareció Homero Gómez. Ni el Presidente AMLO, ni la CNDH, ni el embajador de Estados Unidos en México (que subió fotos de su visita a una reserva este fin de semana) han dicho nada”, reprochó la periodista Verónica Calderón.
“Platiqué contigo Homero Gómez hace tan solo unos días con motivo del inicio de año. Compartimos la necesidad de defender El Rosario y el entorno de nuestras paisanas. Tu lucha en nuestro estado seguirá siendo mía amigo, descansa en paz”, escribió Galván, economista de Michoacán.
“Todos los ataques a activistas ambientales me duelen muchísimo, pero el de Homero Gómez me duele casi al nivel del de Berta Cáceres. Un extraordinario impulsor de la protección de la mariposa monarca. Malditos asesinos. Que se haga justicia”, señaló el doctor Raúl Pacheco Vega.
Fernando Caballero, creador del mapa del coronavirus, lamentó el crimen: “Con inmensa tristeza e impotencia informamos que Homero Gómez, defensor de la Mariposa Monarca y de los bosques, ha sido hallado sin vida tras 16 días de su desaparición”.
El activista Alex Orué indicó que la pérdida del michoacano no solo es irreparable para su familia, seres queridos y comunidad, sino también para el patrimonio de la humanidad al que le dedicó su vida.
Gente por la Defensa Animal, la asociación dedicada a velar por los derechos de los animales domésticos, silvestres y de consumo, lamentó la pérdida de Homero Gómez.
El santuario que manejaba Gómez –cerca de Ocampo– abrió en noviembre pasado como parte de su estrategia para detener la tala ilegal, en un hábitat clave para la mariposa Monarca.
Días antes de su desaparición, Homero publicó entonces, en su cuenta de Twitter, una invitación para visitar el santuario.
También, el 31 de diciembre de 2019, presumió al Santuario El Rosario, de Ocampo, Michoacán, como “el más grande del mundo”.
Homero era ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia. Sus estudios los realizó en la Universidad Autónoma de Chapingo.
Después de su desaparición, organizaciones exigieron a las autoridades de Michoacán que lo hallaran y llevaran a los responsables ante la justicia.
Los asesinatos de al menos 24 defensores de derechos humanos y 11 periodistas han puesto el primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la misma senda de violencia hacia estos colectivos que la registrada en años anteriores en México.
La llegada a la presidencia del político izquierdista, que inició su Gobierno el 1 de diciembre de 2018, anticipaba un cambio en el difícil panorama que viven los defensores y periodistas en este país desde hace más de diez años. Pero la impunidad se mantuvo, perjudicando a ambos grupos.
“La violencia contra periodistas y defensores no es nueva, viene desde 2006 cuando se empezaron a documentar los asesinatos y agresiones a ambas poblaciones”, dijo en entrevista con Efe Mario Andrés Hurtado Cardozo, integrante de la agrupación Espacio OSC.
El miembro de esta agrupación – que articula de organizaciones nacionales e internacionales por la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México– recordó que durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registró una alza en los asesinatos en estos dos grupos debido a que “no hubo un fortalecimiento a las políticas en materia de protección”.
Miércoles 29 de enero, 2020La comunidad de tepehuanos y wixaritari que habita en San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, recibió muestras de solidaridad de organismos adherentes al Congreso Nacional Indígena (CNI) durante la asamblea realizada este fin de semana ante el asedio de un grupo integrado, entre otros, por la familia Flores, a la que responsabilizan de múltiples agresiones.
A pesar de la vigilancia policiaca, en la comunidad hay temor tras la agresión cometida en noviembre pasado por sujetos enviados por los Flores en contra de los comuneros Noé Aguilar Rojas, Ricardo de la Cruz González y Rafael Reyes Márquez, lo que suscitó una condena que incluyó a la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.Los policías vienen un día sí y otro no. Ahora están aquí por la asamblea, pero nomás que se vayan los visitantes todo volverá a lo de siempre, a que andemos con miedo de que nos disparen, nos golpeen o nos desaparezcan, dice una wixárika.
El 10 de enero el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández fue atacado a balazos por sujetos al servicio del presunto cacique Ernesto Flores Sánchez, La Polla.
Entre sábado y domingo, luego de ceremonias tradicionales, se realizó una asamblea comunitaria en la que se refrendó el compromiso de continuar con la lucha jurídica para recuperar 38 mil 240 hectáreas de su territorio ancestral.
A la ceremonia acudió María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del CNI y aspirante a candidata presidencial independiente en 2018, quien dijo a los comuneros de San Lorenzo que su lucha es un ejemplo en el país por la defensa territorial y la unión de dos pueblos originarios en un mismo propósito.
Hemos estado al pendiente de los trabajos que han realizando y sobre todo de las represiones que han sufrido, y aunque a veces no podemos estar con ustedes al momento, donde estemos damos nuestra palabra y hacemos presencia con más hermanos, expresó Marichuy, curandera tradicional nahua originaria de Tuxpan, en el sur de Jalisco.
Pidió a los habitantes de San Lorenzo no pelearnos ni dividirnos porque esa es la meta de quienes buscan seguir invadiendo las tierras de la comunidad. Como los juicios agrarios, esta lucha va para largo.
La defensa de las tierras se inició en febrero de 2015, cuando se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito 16 de Guadalajara la exigencia de reivindicación de 38 mil 240 hectáreas y no las 94 mil 400 que ampara el título virreinal, ante la imposibilidad de recuperar todo ese territorio donde hoy existen poblados.
Colima, México, Avanzada (29/01/2020).- La organización nacional Causa Común alertó que varias entidades del país, entre ellas Colima, observan anomalía al momento de registrar alguno de los diversos delitos que se cometen.
La ONG – especialista en analizar las estadísticas sobre violencia en México- clasificó como una anomalía que Colima haya reportado una disminución de los robos con violencia entre el 2018 y 2019 de un 56 por ciento, es decir, 568 incidentes menos.
La asociación Causa en Común expuso que en el apartado de robo de vehículo con violencia, Colima no registró ningún caso en 2018 ni 2019.
Mientras que el Estado de México reporta 5,153 robos de vehículos con violencia menos entre 2018 y 2019
La organización sentenció que a pesar de la grave situación de inseguridad en el país, algunos datos de delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentan serias anomalías, principalmente, los de feminicidio, secuestro y extorsión y robos.
Señala que algunos estados no registran ciertos delitos, pese a tener numerosos casos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto.
“El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades estén atacando eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan. Estas anomalías indican que la ciudadanía no reporta los delitos, y que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, posiblemente, manipulan sus cifras de incidencia delictiva”.
La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. (Archivo)
Alma Paola Wong / Milenio
El Instituto Politécnico Nacional garantizó que todos los estudiantes podrán inscribirse; sin embargo, los alumnos aseguraron que hasta esta mañana no se había establecido comunicación con las autoridades.
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) en el Casco de Santo Tomás y Zacatenco, y la Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) permanecerán en paro hasta el próximo viernes, en demanda de la ampliación de grupos para las carreras.
Desde ayer, los estudiantes manifestaron su inconformidad con el cierre de los planteles, pues aseguraron que no hay profesores suficientes debido a los esquemas de contratación y modificaciones curriculares, por lo que urgieron a las autoridades del Politécnico resolverlo en breve.
Ayer mismo, las autoridades del Politécnico garantizaron la inscripción de todos los estudiantes.
“El Instituto Politécnico Nacional (IPN) externa su compromiso con la excelencia educativa y por ello garantiza la inscripción de todos los estudiantes acorde a la normatividad Institucional. Se informa que personal de la Dirección de Administración Escolar (DAE) y la Secretaría Académica del Instituto se encuentran atendiendo las solicitudes de reinscripción en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), específicamente, la asignación de alumnos a grupos” , indicó el IPN a través de un comunicado.
No obstante, los estudiantes aseguraron que hasta esta mañana no había habido acercamientos con las autoridades.
A las inconformidades por la insuficiencia de grupos, también se suma la molestia de algunos alumnos por la manera en que se han conducido los trabajos de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP) cuya primera reunión del año fue el pasado 27 de enero.
Ante ello, comunidades estudiantiles de varias escuelas del Politécnico realizarán asambleas este jueves a las 14:00 horas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime) Unidad Culhuacán, la Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco, y la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del campus Santo Tomás.
Según la convocatoria, los alumnos abordarán la insuficiencia de los grupos y la manera en que las autoridades han llevado los trabajos de la CoCNP .
El presunto responsable de la amenaza “fue puesto a disposición de las autoridades”, indicó la FES Aragón de la UNAM.
La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM confirmó que este miércoles hubo un desalojo de sus instalaciones por una amenaza de bomba contra una colectiva feminista.
El supuesto autor de la amenaza, informó la institución, “fue puesto a disposición de las autoridades de seguridad ciudadana correspondiente”, para deslindar responsabilidades.
“Con el apoyo de especialistas antibombas de la Coordinación Nacional de Protección Civil; la Guardia Nacional; del gobierno estatal y del municipio de Nezahualcóyotl, así como las distintas áreas de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, luego de la revisión correspondiente, se descartó la existencia de algún explosivo”, indicó la FES, en un comunicado.
Respecto al presunto autor, la FES señaló que su caso está siendo revisado conforme a la legislación universitaria. “En su caso, será sancionado bajo el rigor de la misma.
La tarde de este miércoles la colectiva Feminista Violetas FES Aragón acusó que un hombre llegó a su cubículo feminista separatista ubicado en el edificio de la carrera de Sociología, a querer regalarles una planta.
“Nosotras la rechazamos, sin embargo, este pseudoestudiante se quedó afuera del cubículo por mucho tiempo hasta que se fue, aproximadamente a las 15:30 horas, dejando la planta afuera”, relató la colectiva.
Después de ese hecho, autoridades activaron el desalojo.
De acuerdo con el grupo feminista, el hombre señalado como presunto responsable había amenazado antes en sus redes sociales con explotar una bomba en contra de ellas.
Los inconformes pidieron a los estudiantes que mantienen cerrada la Preparatoria 9 que se respete la votación en la que se decidió abrir el plantel, y colocaron carteles en la reja con mensajes como ‘Fuera paristas’.
Estudiantes y padres de familia hicieron un nuevo intento por abrir el plantel de la Preparatoria 9 de la UNAM, que se encuentra en paro desde el pasado 12 de noviembre. Hubo diálogo con paristas, aunque no se informó sobre alguna resolución y hasta las 19:30 horas el plantel seguía cerrado.
Los inconformes con el paro pidieron a los estudiantes que mantienen cerrada la Preparatoria que se respete la votación en la que se decidió abrir el plantel, y colocaron carteles en la reja con mensajes como ‘Fuera paristas’.
Al interior del plantel, alumnos que mantienen el paro se replegaron.
El pasado 27 de enero, estudiantes inconformes con el paro y quienes se encuentran al interior del plantel acordaron que este miércoles se llevaría a cabo un diálogo para que se reabriera la escuela.
A las 14:00 horas de hoy, una comisión de 40 estudiantes ingresó a la Preparatoria 9 para llevar a cabo el encuentro con los paristas, sin embargo, minutos después algunos de ellos abandonaron el plantel y denunciaron que no existieron condiciones para el diálogo.
El resto de la comisión de estudiantes permanece al interior de la escuela.
Mientras algunos de los estudiantes inconformes con el paro continúan al interior de la Preparatoria 9, padres de familia y otros alumnos intentaron ingresar por la fuerza.
Los empujones y gritos de padres de familia se detuvieron luego de que personal de Seguridad UNAM pidiera calma para no generar situaciones de riesgo.
Al plantel también arribó personal de Protección Civil de la Ciudad de México, para formar una valla en la entrada del plantel que permita salvaguardar la seguridad de quienes salgan de él.
Las exigencias de padres y estudiantes inconformes con el paro se dan luego de que el pasado lunes se dieran cita a las afueras de la Preparatoria 9 para que se reabrieran sus puertas y se reiniciaran las clases, sin embargo, ante reclamos y forcejeo para romper las cadenas que mantienen cerrada la escuela, los paristas se negaron a entregar el plantel.