Integrantes del colectivo Únete Huentitán ven como una simulación la clausura de las obras de Iconia, en el sitio aún hay trabajadores laborando, constató NTR en un recorrido.
Luego de que el Ayuntamiento de Guadalajara clausuró las obras de Iconia, desde el pasado viernes, y ante las declaraciones del alcalde tapatío Pablo Lemus sobre el incumplimiento de las contraprestaciones al Municipio por parte de la Operadora Hotelera Salamanca (OHS), integrantes del colectivo Únete Huentitán exigen al munícipe que mañana, en su primer informe de gobierno, se pronuncie sobre el tema.
Arturo Mendoza, integrante del colectivo Únete Huentitán, ve en la clausura una mera simulación, hoy en el predio había trabajadores laborando sin la menor restricción, por lo que presume el activista, esto es sólo “para lavarse la cara previo a su primer informe y de frente a las elecciones del 2024”.
NTR acudió al predio donde se construye este proyecto inmobiliario, comprobando que aún con los sellos de clausura puestos en el cancel de ingreso y en la caseta de informes de ventas, hay trabajadores al interior haciendo labores como cortar varillas; hay vehículos circulando al interior y se apreciaron al menos 10 hombres haciendo trabajos diversos.
Además, los integrantes de este colectivo retaron esta mañana al edil Pablo Lemus para que mañana en su informe: “se pronuncie claramente en contra de las obras y cumpla su dicho de campaña de que en Iconia no se pondría un ladrillo más”.
El Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika que elaboró esa comunidad indígena de Jalisco y que le fue entregado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene entre sus principales demandas la restitución de tierras invadidas, el reconocimiento de sus autoridades, así como acciones en materia de medio ambiente, seguridad y servicios públicos.
En el mes de abril de este año, una caravana del pueblo wixárika partió desde la zona norte de Jalisco para marchar hacia la Ciudad de México y reunirse con el presidente, López Obrador, lo que se concretó el 30 de mayo pasado, y donde la principal exigencia se centró en la recuperación de más de 10 mil hectáreas que se encuentran invadidas por ganaderos de Nayarit.
Plan de Justicia para el pueblo N’ayeri, desde Nayarit https://t.co/qHJ3OpbB7V
El Plan de Justicia que se expuso este fin de semana, sin embargo, trasciende por mucho la mera problemática vinculada con la invasión de tierras, de acuerdo con la síntesis que hizo Patricio Ortiz de la Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata.
La primera demanda que planteó Ortiz de la Cruz estuvo relacionada con la protección de los lugares sagrados del pueblo wixárika.
“Este plan da especial importancia a nuestros lugares sagrados por ser la esencia, existencia y supervivencia de los wixaritari. En los últimos años hemos padecido múltiples agravios a nuestros derechos culturales y espirituales, en espacios, lugares donde se teje nuestra sabiduría, que es el legado de nuestro conocimiento ancestral”.
“Los wixaritari reconocemos un amplio territorio sagrado, marcado por puntos que son destino de peregrinaciones por parte de todas nuestras comunidades (…).
“Es necesario que en los lugares sagrados se detengan acciones de deforestación, contaminación, maltrato y hasta destrucción. Por eso, se necesita que su gobierno, en coordinación con nuestras comunidades adopten políticas públicas efectivas de atención, sensibilización y protección de los lugares sagrados”
Los wixaritari también están solicitando acciones para la protección del medio ambiente y para la contención del cambio climático.
“En lo que respecta a nuestros recursos naturales, planteamos diversas acciones, entre las que destacan, proyectos de la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, captación de lluvia, regeneración de suelos y reforestación, entre otras”.
Con este documento, además, los wixaritari están buscando revertir la falta de reconocimiento de sus autoridades y de su sistema normativo por parte del Estado mexicano, lo que ha redundado en que dichas autoridades tengan dificultades para ejercer sus funciones y para coordinarse con las instancias del Gobierno de México.
“Proponemos en este Plan de Justicia la realización de acciones para lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos wixárika, en particular, sobre su autonomía y la libre determinación”.
Servicios rezagados
El resto de las demandas que contiene el Plan de Justicia están más enfocadas en el mejoramiento de los servicios públicos, incluyendo la seguridad pública.
“Nos preocupa mucho el tema de altos índices de inseguridad y violencia en nuestra región que afectan nuestro libre tránsito y vida cotidiana, por lo que es fundamental reforzar la seguridad en los puntos estratégicos ya identificados”.
Sin embargo, las solicitudes del pueblo wixárika también están relacionadas con los ámbitos educativo, de salud pública, de infraestructura básica (caminos, agua potable y saneamiento, red eléctrica y telecomunicaciones) y de promoción económica.
“Para impulsar la producción y comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros, forestales, turísticos y artesanales, además que se implementen acciones de capacitación y acompañamiento técnico”.
El presidente, López Obrador, les respondió el 10 de septiembre pasado que daría cumplimiento al plan que le presentaron.
El pueblo wixárika le pidió al presidente López Obrador la recuperación de más de 10 mil hectáreas que se encuentran invadidas por ganaderos de Nayarit
Devolver tierras invadidas al pueblo wixárika
Con respecto a la problemática del despojo de tierras que ha sufrido el pueblo wixárika, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, expuso el siguiente diagnóstico:
“Con relación a las tierras despojadas a la comunidad de San Sebastián Teponahuastlán, y su anexo Tuxpan de Bolaños, es necesario informar (…): Uno. La superficie reclamada es de alrededor de 10 mil 357 hectáreas. En 13 de 45 oficios (sic) interpuestos se ha obtenido sentencia favorable, lo cual implica 897 hectáreas.
“Se ha logrado restituir hasta el día de hoy 290 hectáreas y están pendientes por devolver 73 hectáreas ya convenidas. Hay otros juicios en los que se reclaman cinco mil 600 hectáreas que están pendientes de resolución definitiva, y hay tres mil 860 hectáreas respecto de las cuales no se han interpuesto acciones legales”.
El presidente dijo al respecto que lo mejor era llegar a un acuerdo.
“Si ya se tienen avanzadas resoluciones en lo agrario ya en ciertas instancias buscar la conciliación, y decirles a ustedes, que son los dueños originarios de las tierras, porque esa es la verdad, decirles que, de todas formas, tenemos que hablar con los propietarios o poseedores actuales, a los particulares y ofrecerles alternativas, esto es compensarlos, se llama indemnización, podemos hacerlo, y todo ese recurso que se requiera está disposición de ustedes. (…) Y yo espero que antes de que termine nuestro gobierno podamos cumplir restituyéndoles sus tierras”.
Para la protección de los cinco lugares sagrados, Regino Montes señaló que están trabajando para que con la anuencia del pueblo wixárika pudiera nominarse la Ruta Wixárika ante la Unesco, que sería darle un reconocimiento internacional a estos lugares sagrados.
“El primero de ellos (los lugares sagrados), es Tatéi Haramara, que se encuentra en San Blas Nayarit; Tee’kata, que es acá en este centro ceremonial de Santa Catarina Cuexcomatitlán; Xapawiyemeta, en Lago de Chapala, Jalisco; Huaxamanaka, que es el Cerro Gordo, en Durango, en territorio o’dam, y Wirikuta, en San Luis Potosí”.
Los wixaritari también solicitaron acciones para la protección del medio ambiente y para la contención del cambio climático
Redacción/El Heraldo Aguascalientes
13 septiembre 2022
Buscará el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes posicionar con la gobernadora electa Tere Jiménez Esquivel los temas de prevención a la violencia feminicida y el de la atención prioritaria en la búsqueda y localización de personas, destacó su coordinadora, Violeta Sabás Díaz de León.
La activista comentó que actualmente buscan tener una reunión con la mandataria electa, dado que al Observatorio le preocupa muchísimo la problemática de las personas desaparecidas.
Apuntó que en la localización de personas, si bien ya se logran ubicar en su gran mayoría por parte de las autoridades, sobre todo cuando se reportan de inmediato, gracias al barrido que hacen de las calles y mediante el establecimiento del protocolo de resguardo, sin embargo, la problemática se da con quienes llevan meses o años desaparecidos porque en la realidad ya no las buscan. “En estos caso no hay absolutamente ningún movimiento y eso es muy grave porque se supone que la Fiscalía debería estar en investigación constante, pero la realidad es que se enfocan mucho en las personas que desaparecen al momento, pero no ocurre lo mismo con las personas desaparecidas en años atrás”.
Asimismo, dijo que han hecho mucho énfasis en la revisión de los perfiles dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y con el cambio de administración no hay hasta el momento claridad de quiénes van a integrar dicho órgano o quiénes van a seguir, en caso de que se decida dejar a toda la plantilla actual.
Destacó que también han avanzado en las mesas de trabajo con la autoridad alusivas a este mismo tema y han tenido una buena respuesta. “Se han acercado incluso titulares de las instituciones, por ejemplo de la Fiscalía Especializada con quien hay un diálogo más abierto. Ya nos reciben cuando vamos a hacer este análisis y revisión de carpetas, eso lo vemos positivo y esperamos que con todos estos cambios que habrá, pues siga así”.
Subrayó que buscan motivar que esas mesas de trabajo sean más oficiales, porque si bien ahorita, es un poco más a voluntad. “Con la nueva administración entrante queremos posicionar estos temas: la prevención a la violencia feminicida y la atención prioritaria en la búsqueda y localización de personas y expectantes de cómo entra el nuevo Gobierno Estatal, que sea abierto al diálogo y generar estrategias en estas problemáticas”.
Derechos Humanos respalda los cambios aprobados en el Congreso de la Unión y publicados por el Presidente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que no presentará acción de inconstitucionalidad por las reformas que traspasan el control de la Guardia Nacional al Ejército.
En un comunicado, el ente autónomo afirmó que “entiende” la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica los cambios.
Según un amplio posicionamiento, las reformas no incluyen “un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia”.
También asegura que “en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores. Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador”.
Dicho lo anterior, esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad.
Con estos argumentos, la CNDH afirma que no impugnará ante la Suprema Corte las recientes reformas y que incluso acompañará los cambios.
Además, la comisión pide al Congreso que legisle para adaptar el ejercicio de las fuerzas armadas “a los más altos estándares de derechos humanos”.
Marcela Nochebuena/Animal Político
13 septiembre 2022
Un recuento del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, señala que el caso de la niña Heidi Mariana dista de ser el único donde fuerzas de seguridad causan la muerte o lesiones a población civil.
El homicidio de la niña de cuatro años Heidi Mariana Pérez Rodríguez en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se suma a cuando menos cinco presuntos ataques injustificados a civiles por parte del Ejército o la Guardia Nacional que han provocado en los últimos dos años el fallecimiento de otras tres personas y lesiones a seis en esa ciudad fronteriza. Además, desde 2011 hasta la fecha, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado 24 fallecimientos de civiles.
“Tamaulipas es la evidencia más clara de que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no funciona, y casos como el de Heidi Mariana —y 12 años antes Martín y Bryan Almanza Salazar— evidencian que quienes están pagando la factura de este proyecto de militarización son los inocentes, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres, los estudiantes, y por el lado contrario, quienes están siendo menos castigados por la justicia en México son las Fuerzas Armadas”, asegura Raymundo Ramos, presidente del comité.
Heidi Mariana falleció por una herida de bala la noche del 31 de agosto, mientras era trasladada al hospital por un dolor de estómago, luego de que Griselda, amiga de su familia y quien conducía el automóvil, desviara su ruta al ver un vehículo militar y después comenzara a escuchar disparos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sentido de que se trató de una bala perdida durante un enfrentamiento. La familia de la niña y organizaciones de derechos humanos insisten en evitar exoneraciones a priori, pues aseguran que existe evidencia de que se trató de un ataque directo. De acuerdo con el recuento del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, no sería la primera vez.
Consultadas respecto de los presuntos ataques injustificados que refiere el comité, la Guardia Nacional y la Sedena no dieron respuesta hasta el cierre de esta publicación.
Casos que se acumulan
Según las reconstrucciones de la organización, el 8 de abril de 2021, Jorge Rivera Cardoso terminaba de comer con un amigo en un puesto de mariscos a unas cuadras de la avenida Ocampo, en el corazón de Nuevo Laredo. Después de subirse a su camioneta, se dirigieron hacia el puente internacional número uno. En el trayecto, se encontraron de frente a cuatro elementos de la Guardia Nacional caminando por las banquetas.
Los pasaron sin problema alguno, circulando de sur a norte, pero a los 100 metros comenzaron a escuchar disparos; una de las balas mató a Jorge. Él iba manejando y su acompañante relató más tarde el hecho. Jorge perdió el conocimiento, la camioneta se subió a la banqueta y atropelló a dos personas: un vendedor de aguas y una mujer que caminaba con unas bolsas de despensa.
Más tarde, la Guardia Nacional indemnizaría al vendedor y a la señora, pero no a la familia de Jorge, bajo el argumento de que los elementos de seguridad habían sido agredidos primero.
De los hechos que la organización describe este año, el primero se trata de la lesión del herrero Pedro Eduardo Bartolo Trejo. El 25 de enero de 2022, estaba pescando en el Río Bravo. Al terminar, cerca de las 6:00 o 7:00 de la tarde, se subió a su camioneta y comenzó a escuchar disparos a la altura del puente internacional número uno. De frente, alcanzó a ver a cuatro elementos de la Guardia Nacional persiguiendo a un joven.
Ante el escenario de violencia, se distanció, giró a la derecha y a los 100 metros volvió a escuchar disparos y se sintió lesionado. Se trasladó a un hospital particular, donde le curaron una herida ocasionada por una bala que había entrado por la espalda y salido por el costado. Tras el hecho, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo promovió una querella contra la Guardia Nacional.
Dos meses más tarde, el 24 de marzo de 2022, otro suceso que involucra a la Sedena dejó a tres lesionados en la colonia ISSSTE: Carlos Eduardo Orozco, Alfredo Rodríguez y Francisco Javier Espinoza, tres amigos, dos de Nuevo Laredo y uno de Monterrey. Después de recoger a uno de ellos en la central de autobuses y antes de llegar a su casa, les persiguió y disparó un convoy militar.
Carlos Eduardo sobrevivió a heridas de gravedad, mientras que a Alfredo Rodríguez le han hecho varias cirugías para salvarle el pie y su familia ha gastado más de medio millón de pesos en la reconstrucción de su talón. Francisco Javier, que era un menor de edad, fue el menos lesionado.
El 28 de junio pasado, Christian Uribe, de 21 años, hablaba por teléfono con su esposa cuando él mismo le advirtió que iba a colgar porque venía la Guardia Nacional. Le dispararon y lo mataron sin mediar ningún enfrentamiento. Cuando dejó de responder el teléfono cerca de cinco o diez minutos después, mientras su esposa le volvía a llamar insistentemente, ella se enteró de que había una balacera en la colonia Lomas del Río. Cuando llegó al punto, su esposo ya había muerto.
Justicia pendiente y militares prófugos
De los casos que involucran al Ejército, el de Javier Flores del Ángel, ocurrido el 27 de febrero de 2021, ha sido una de las batallas más largas para el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Esa noche, él estaba en casa de unos amigos en el fraccionamiento Colinas del Sur. Eran más o menos las 11:00 de un sábado.
El grupo salió a comprar cerveza. En el camino, se encontraron con tres vehículos militares: uno de ellos los rebasó, se les puso enfrente y comenzó a dispararles sin advertencia. Javier, que era el conductor, recibió tres disparos en el cuerpo y quedó agonizante al volante. “Órale, cabrones, bájense a la chingada”, gritaron los demás militares después de rodear el auto. Finalmente, los sometieron boca abajo en el piso, según la reconstrucción del comité.
El copiloto resultó ileso, pero los dos amigos de atrás quedaron heridos en un brazo y en una pierna. Entre 30 y 45 minutos esperó Javier para recibir atención médica; nunca llegó y falleció en el lugar, a pesar de que uno de sus amigos se la pedía insistentemente a los militares. Ninguno había hecho o llevaba algo ilegal. Los bajaron del carro, se llevaron a los heridos en una camioneta y a Javier le sembraron un cuerno de chivo.
“Hacen un parte informativo, que ahora se llama informe policial homologado, y justifican que Javier y los ocupantes del vehículo los agredieron, y que al ver en riesgo sus vidas, dispararon en defensa propia”, explica Ramos. Sin embargo, tras el peritaje que solicitó la organización, se conoció que los disparos iban de afuera hacia dentro; no hubo rastro de ninguno en el sentido inverso. Todos salieron negativos a la prueba de rodizonato, para saber si habían disparado el arma. Además, otro peritaje evidenció que esta ni siquiera fue disparada, pues tenía el seguro puesto.
“Por lo tanto, un juez determinó que era falsa la versión de los militares, y demostramos con el testimonio de los sobrevivientes que no solamente privaron de la vida a Javier, sino que le sembraron un arma, y se les cae la versión de la agresión. Dos de esos militares ahorita desertaron y andan prófugos. Les dieron todas las facilidades, durante cuatro meses se suspendieron tres audiencias porque no se presentaron, y cuando se hace la audiencia de imputación, ya no pertenecían al Ejército, ya habían causado baja por deserción. Así es el Ejército, así son las Fuerzas Armadas”, advierte Ramos.
Se trata de hechos documentados —subraya—, donde existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), y en el último, incluso órdenes de aprehensión. Además, se han promovido quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sin que hasta ahora exista alguna recomendación. Para él, esta instancia es “omisa, sometida a las Fuerzas Armadas y complaciente”.
En Nuevo Laredo, recuerda Ramos, se han vivido dos décadas de violencia, y Tamaulipas fue de los primeros estados, junto con Michoacán y Chihuahua, donde se usó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. “Son dos décadas de impunidad, de violencia; dos décadas demostrando que los militares y los marinos y la Guardia Nacional no son la solución para la inseguridad. Tamaulipas hoy es uno de los ocho estados más inseguros del país”, enfatiza Ramos.
Con respaldo al Ejército y sin atención, como hace 12 años
El pasado jueves, después de ofrecer una conferencia de prensa, los familiares, el abogado y las organizaciones que acompañan el caso de Heidi Mariana acudieron a Palacio Nacional en busca de una audiencia con el presidente. No fueron recibidos. Como respuesta, se les remitió con funcionarios de atención ciudadana, así que estarán a la espera de que Presidencia les dé una cita.
El viernes regresaron a Nuevo Laredo para definir las siguientes acciones, pero una de las primeras será recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, pues consideran que la intervención de la CNDH ha sido insuficiente. Además, la familia ha denunciado que elementos del Ejército siguen rondando las inmediaciones de su domicilio.
Juan Martín Pérez García, coordinador de #TejiendoRedesInfancia, destacó durante la conferencia del jueves que, hace 12 años, la organización Redim elaboró el informe Infancia y conflicto armado en México, luego del homicidio de Martín y Bryan Almanza Salazar durante el sexenio de Felipe Calderón.
Los hermanos, de cinco y nueve años, fueron asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando al cruzar un retén militar, los soldados dispararon contra un vehículo sin motivo alguno. La versión de la Sedena fue, al igual que en el homicidio de Heidi, que el automóvil había quedado en medio de un enfrentamiento con un grupo delictivo que supuestamente disparó primero contra los militares, quienes repelieron la agresión.
El informe de la Redim recupera los detalles del caso; entre ellos, la investigación que realizó la CNDH para aclarar las circunstancias de la muerte de Martín y Bryan. El 16 de junio de 2010, concluyeron que la investigación de la Sedena no tenía sustento ni apego a las evidencias, pues no había existido enfrentamiento alguno entre sicarios y militares, además del indebido levantamiento de indicios y preservación de evidencias, así como el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles, omisión de auxilio y alteración de la escena de los hechos.
“(Desde entonces) se ha multiplicado por cientos y miles de casos; Heidi no tenía que morir porque, el 4 de marzo de 2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad basada en la militarización por el alto número de muertes de niños y niñas, por el alto número de personas desaparecidas. Le pidió en 2015, otra vez, al Estado mexicano, con todavía más datos graves de homicidios, desapariciones, actuaciones extrajudiciales, revisar la estrategia, y el Estado mexicano se ha negado a cumplir estas recomendaciones”, señaló Pérez García.
Acusó que el presidente López Obrador está repitiendo el mismo patrón que generó Calderón de salir inmediatamente a defender a los militares. En aquella ocasión, Calderón incluso señaló a la familia de tener vínculos criminales para evadir la investigación. “Si tenemos ahora al presidente también saliendo antes de que las autoridades hagan su trabajo de investigación y que un juez determine lo que sucedió, en realidad lo que estamos teniendo es complicidad y encubrimiento”, acusó.
La tarde del pasado viernes, el gobierno federal hizo oficial, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma mediante la que se incorpora la Guardia Nacional a la Sedena, con lo que la segunda tendrá el control operativo y administrativo de la primera.
Este domingo se realizó en Quintana Roo la primera jornada de búsqueda de personas desaparecidas encabezada por la sociedad civil. Se trata de personas que trabajaban o en el sector turístico o en la construcción, las dos principales actividades económicas de la entidad, ante el asedio del crimen organizado
QUINTANA ROO.- María Dolores Patrón apresuró el paso cuando oyó los truenos. Me voy antes de que empiece a llover, le había dicho a su esposo antes de partir. Estaba en El Ideal, un pueblito de Quintana Roo que hace frontera con Yucatán. Estaban ahí velando a un familiar y eran las tres de la madrugada cuando partió, pero igual se fue porque no podía faltar a la cita que tenía. Caminó unos 40 minutos hasta la carretera, donde tomó una combi que la trajo hasta Cancún.
“Llegué a las cinco, cuando ya estaba lloviendo, pero me dejó bien lejos y tuve que caminar hasta acá”, dice.
“Acá” es Paseos del Mar, una de las colonias con los mayores índices de violencia contra la mujer en Quintana Roo, que es justo donde desapareció en junio de 2020 la hija de María: Francisca Mariner Flores Patrón, de 17 años. Y María llegó a Cancún al amanecer de este domingo porque ella y demás miembros del colectivo Verdad, Memoria y Justicia planeaban realizar lo que se convirtió en la primera jornada en la historia de Quintana Roo de rastreo de personas desaparecidas llevada a cabo por la sociedad civil.
“Vengo con sentimientos encontrados. Por un lado, queremos buscarla con vida, queremos que vuelvan con vida, pero también la estamos buscando por si aparece su cuerpo en esta área”.
María Dolores Padrón, madre de Francisca Mariner Flores, de 17 años.
Si bien es la tercera jornada de búsqueda en la que el colectivo participa, las dos anteriores habían sido lideradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y no obedecían a las inquietudes y estrategias de las familias.
En esta ocasión, María y una pequeña comitiva, acompañadas de miembros de la Sedena y Guardia Nacional, recorrieron palmo a palmo un área de vegetación en los límites de Paseos del Mar, cercano a la casa de Francisca, porque ahí arrojó su última ubicación el dispositivo móvil que llevaba.
Con palas, picos y barretas, entre la tupida vegetación y los montones de basura; en los estrechos hoyos que dan a los ríos subterráneos característicos de la región y bajo la ligera lluvia que nunca cesó, el equipo rebuscó sin encontrar ningún indicio que diera con el paradero de Francisca.
27 desapariciones en zona turística
María Esther Barrera ha perdido a tres hijos. El primero, de muerte de cuna; el segundo por una intoxicación; del tercero no sabe de su paradero, pues en diciembre pasado fue víctima de una desaparición forzada, en pleno corazón de la Riviera Maya, en México, donde cada vez son más frecuentes estos casos.
“A los otros dos he tenido el honor de enterrarlos, pero a mi hijo Artemio no”, dice María Esther en entrevista.
Desde 2018, entre Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, los destinos turísticos más importantes del Caribe mexicano, localizado al sureste del país, se acumulan 27 carpetas de investigación por desaparición forzada, informó Carlos Maya Girón, vicefiscal general de la zona norte de Quintana Roo.
Se trata de personas que trabajaban o en el sector turístico o en la construcción, las dos principales actividades económicas de la entidad, que recibe al año, en sus 118 mil cuartos de hotel edificados, más de 10 millones de turistas, que dejan una derrama superior a los 10 mil millones de dólares.
Artemio Lorenzana Barrera, el hijo desaparecido de María Esther, nació en Tecpan de Galeana, en el también turístico estado de Guerrero, en 1968.
En búsqueda de trabajo, a los 17 años, Artemio decidió partir, primero a Jalisco, luego a Oaxaca y finalmente a Quintana Roo, donde se asentó y permaneció hasta el día de su desaparición, el 11 de diciembre de 2021.
En Playa del Carmen, Artemio había conseguido fundar una pequeño negocio de tours. En una diminuta caseta apostada en la Quinta Avenida, la más transitada del destino, ofrecía paquetes turísticos. María Esther narra que un grupo del crimen organizado no sólo lo despojó de su negocio sino que lo obligó a trabajar para éste.
“Lo obligaron a trabajar para ellos, pero él pidió permiso de irse, porque no quiso estar ya ahí. Como al inicio no protestó ni nada, lo dejaron, pero tuvo que pagar para irse”.
Guadalupe Lorenzana, prima hermana de Artemio, presente en la entrevista.
Artemio se fue a Tulum, a otra caseta de tours, en donde trabajaba Érika Hernández del Valle, su expareja, madre de una de sus tres hijas, quien está acusada ante la Fiscalía de su desaparición y se encuentra detenida y procesada junto con dos sujetos más.
“La desaparición fue por un particular, por esta señora. No sabemos por qué lo desapareció. No sabemos dónde está, si está vivo o lo tienen en algún lado. Lo único que sabemos es que ella participó, pero aún no tenemos justicia”, dice Érika.
El control comercial del crimen organizado
Ángel Jhoan de la Cruz fue otro joven desaparecido. Originario de Macuspana, Tabasco, Ángel llegó a Quintana Roo para trabajar como ayudante de albañil en las obras del lujoso resort Planet Hollywood, erigido en la zona continental de Isla Mujeres. El 15 de junio de 2020 se presentó a trabajar y el sábado fue retenido por unos sujetos porque, según cuenta Vicente de la Cruz, padre de Ángel, el contratista de la obra les debía dinero.
“Fue para presionar al contratista”, cuenta el padre. Y como éste no pagó, lo mataron y arrojaron su cuerpo, junto a otros cuatro, a un costado del hotel, en lo que sería una de las primeras fosas clandestinas conocidas del Caribe mexicano.
El crimen organizado controla la mayoría de las obras de construcción en la zona conocida como Isla Blanca, según relatan fuentes oficiales, los propios trabajadores, algunos contratistas y especialistas en materia de seguridad como James Tobin, miembro del Consejo Nacional de Seguridad.
Tobin explica que los grupos criminales se han apoderado de las obras. Primero, explica, infiltran a uno de sus miembros en la obra, a fin de obtener información sobre los contratistas, personal y sobre los “dueños de la plaza”. Posteriormente llegarán más miembros de la organización criminal, contratados con base en amenazas, encargados de vender marihuana y otras sustancias. En caso de negarse, los albañiles, pasteros, carpinteros y demás obreros tendrán que pagar una cuota que oscila entre los 300 y 500 pesos. Mientras tanto, los contratistas tienen que pagar una cuota que depende del personal que manejen.
Por el ambiente que se vivía en Planet Hollywood, Óscar Carlos Inacua Magaña decidió dejar el trabajo que tenía ahí como plomero. Al poco tiempo consiguió emplearse en las obras de Waldorf Astoria, uno de los hoteles del complejo Amankaya, desarrollado por la marca Hilton en la Carretera 307, en Cancún. Pero un día de febrero de 2021, Óscar entró a la obra y de él no se supo más.
“Él llevaba muy poquito trabajando ahí. Entró a trabajar y ya no volvió a salir. Fue 11 de febrero. En resumidas cuentas no hay nada. Nosotros fuimos a denunciar y nos decían ‘sí, no se preocupen, vamos a investigar’. Ha pasado más de un año y no nos resuelven nada”, cuenta Lizbeth, su hermana, quien detalla que Óscar desapareció junto con otro trabajador.
Un arquitecto que trabajó en el diseño del hotel, quien pidió el anonimato, confirma que en las obras había presencia del crimen organizado.
“Muchos se hacían pasar por trabajadores solo para estar monitoreando la zona y hacer sus cosas, vender droga, saber quién es el que tiene el derecho de piso, para hacer de halcones”, cuenta.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, familias y colectivos se han unido para buscar a los desaparecidos
Elizabeth Ibal y Víctor Chávez / El Occidental
En Jalisco, el drama de las desapariciones alcanza dimensiones dantescas, no sólo por sus cifras, más de 13 mil que lo ponen en el primer lugar a nivel nacional, sino por las historias que se han escrito en el camino: fosas clandestinas dentro de algunas de las más de 15 mil viviendas abandonadas en Tlajomulco, la diferencia de cifras entre el estado y la Federación, la depuración de los listados, la segunda fosa en la que se ha convertido el Semefo, donde algunas madres han recuperado los restos de sus hijos seis meses o hasta un año después de ser localizados, y las prácticas sistematizadas que los colectivos han denunciado cómo el afán del gobierno en desaparecer a los desaparecidos.
Por si fuera poco, de los cerca de 464 millones de pesos destinados a la búsqueda de personas, tres de cada cuatro pesos se van en el pago de la nómina de quienes laboran para cuatro dependencias.
Para empezar, de acuerdo al Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del Estado de Jalisco, al 31 de julio de 2022, hay 13 mil 463, de los cuales 11 mil 612 son hombres y mil 851 son mujeres.
El Registro Nacional para Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación en cambio, actualizado al 1 de septiembre del 2022, destaca que son 13 mil 16 personas desaparecidas a partir del 1 de diciembre del 2018, es decir, cuando comenzó esta administración. Se destaca que 6 mil 590 personas han sido localizadas, pero 957 de ellas sin vida, la mayoría dentro de fosas clandestinas, donde también Jalisco es primer lugar.
En febrero de 2021 se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de Declaración Especial de Ausencia, en la que se contemplan 30 días en los tiempos legales para solicitar la declaración de ausencia, que se podrá solicitar aunque no exista denuncia ante la Fiscalía Estatal, y posteriormente, el 5 de marzo de ese mismo año, se emitió la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco que contempla ya la Comisión Estatal de Búsqueda, que comenzó a funcionar hasta 2022 por carecer de presupuesto.
Sin embargo, el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo CEPAD ha documentado que a los 46 compromisos posteriores, las autoridades no le han dado cumplimiento. Para este 2022 las cuatro dependencias cruciales en la búsqueda de personas: Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ), tienen un presupuesto total de 463 millones 939 mil 461 pesos y de éstos 313 millones 679 mil 15 pesos se van al pago de la nómina de los funcionarios.
Desaparecer a los desaparecidos
Martha Leticia García Cruz, cofundadora del colectivo Entre cielo y tierra, relata que, ante la indiferencia y los largos procesos para buscar a las personas desaparecidas desde el gobierno estatal, las y los familiares han tenido la iniciativa de unirse para hacer sus propias investigaciones y búsquedas ante un incremento sostenido de los casos.
Ella es madre de César Ulises Quintero, desaparecido en 2017, y advierte que la práctica de desaparecer a los desaparecidos comienza desde el primer momento en que quienes acuden a denunciar una desaparición en las fiscalías regionales o a las policías municipales reciben amenazas e intimidación directas por parte de los funcionarios, incluso en sus domicilios.
Héctor Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza, recalca que hay una estrategia de las autoridades estatales para minimizar los casos de desaparición y entorpecer las investigaciones al manipular a las instituciones y las cifras, a fin de que la sociedad no vea el problema y le apueste al olvido.
Héctor es papá de Daniel Flores Hernández, sustraído por presuntos elementos de la Fiscalía General de Jalisco, en conjunto con el crimen organizado, en 2021, y asegura que aunque hay hasta 45 denuncias por día, sólo en el 10% son encontradas con vida.
Como muerta en vida
María de Lourdes Ruiz Bravo, es madre de José Marcos Alejandro Maldonado Ruiz, desaparecido el 22 de julio de 2015 y de María de Lourdes Maldonado Ruiz, quien fue privada de la libertad por un comando el 13 de agosto de 2020, cuando se encontraba dándole de comer a una de sus dos hijas.
Para ella ha sido un calvario lidiar con la ausencia de sus dos hijos y con la indiferencia de las autoridades.
“Para mí ha sido muy doloroso. Yo siento que estoy muerta en vida con la desaparición de mis hijos. Si ya tenía a uno desaparecido y ahora me desaparecen a mi hija. Me siento completamente muerta en vida”, dice entre llanto la señora Lulú.
Las dos hijas de María de Lourdes son su aliciente para despertar todos los días con ánimo, pese al dolor que siente por dentro.
“Tengo que luchar por ellas. Tengo que apoyarlas a que estudien, a que salgan adelante y seguimos con la esperanza de encontrar a su mamá”.
Todos los días al despertar le pide a Dios fortaleza para seguir buscando a sus hijos.
Me siento sola
Doña María de Jesús Solís, sufre la pérdida de su hijo Jaime Adrián Ramírez Solís, quien desapareció el 18 de sep- tiembre de 2020. Desde entonces su vida ha sido un calvario en el que ha ido de la depresión a sentirse sola.
A unos días de que su hijo cumpla dos años de su desaparición, cuenta que ha sido un proceso muy doloroso. Ese día él le dijo que más tarde regresaría a su casa, pero ya nunca volvió y hasta la fecha no tiene noticias de su paradero.
“Mucha tristeza. Estoy sola como dice uno. Tengo familia, tengo marido, tengo hijos que me esperan en casa, pero esta lucha como mamá es sola. No me han abandonado, pero sí me siento sola”.
Narra la desesperación que es tener que dividir su vida entre buscar a su hijo; seguir con sus hijos que la esperan en casa y fortalecer su familia.
Durante los primeros seis meses de la desaparición de Jaime Adrián, la señora María de Jesús cayó en depresión.
Sus cuatro nietos menores de edad fueron su motor para salir adelante y sobrellevar el dolor, por lo que ahora tiene más ánimos que nunca de continuar la búsqueda y seguir apoyando a otros familiares con los que comparte el mismo sufrimiento.
“Ahorita que ya ando activa, todo el día ya lo tengo ocupado en marchas, entrevistas, búsquedas aquí, idas a Semefo, citas al Fiscal, en eso se nos va la vida a nosotras como madres buscando y la familia no lo entiende o no quieren darnos ese apoyo como debería ser”.
También el colectivo Luz de Esperanza, un grupo de apoyo en el que realizan terapia grupal y de integración, pero en el que además ha encontrado acompañamiento y amistad.
Mayra Tristán/El Sol de San Luis
11 septiembre 2022
Las cifras de potosinos desaparecidos “no cuadran” en San Luis Potosí, pues mientras a nivel federal se maneja una estadística de 700 personas no localizadas, a nivel local la Fiscalía General sólo registra un promedio de 100.
Con una diferencia marcada, no hay un registro certero sobre la cantidad de personas desaparecidas en la entidad potosina, el pasado mes de mayo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que en San Luis Potosí había 600 personas en dicha condición, y a finales de agosto, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense estableció una cifra de 720 desaparecidos, que pudiera coincidir con una actualización entre ambos meses.
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Sin embargo, el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, ha señalado en más de una ocasión, que el promedio de personas desaparecidas es de 100, y que se trata de una cifra que varía por día e inclusive por hora, pues así como se localiza a una persona de un momento a otro, pueden desaparecer una o varias más al mismo tiempo; sobre la disparidad con la estadística federal, señaló que pudiera obedecer a que la Secretaría de Gobernación maneja registros de varios años atrás, mientras que los 100 que él refiere son “recientes”.
Pero, ¿qué pasa con las familias cuando uno de sus integrantes desaparece? mujeres adheridas al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros coinciden: lo que sigue, ya no es vida.
En 2012, Emiliano Cuevas de 15 años y su tío Leobardo Castillo desaparecieron en el trayecto de San Luis a Jesús María, en el camino fue localizada la motocicleta en que se trasladaban, pero no encontraron rastro de ellos; su hermana María Guadalupe Cuevas presentó la denuncia en la entonces Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, pero al salir del Ministerio Público fue amenazada, “fueron varias veces, no una vez, me amenazaron mucho, yo no subía una foto al face por miedo, me decían que si me sentía muy chingoncita me iban a fregar”.
Con 25 años de edad, niños pequeños y embarazada, María Guadalupe tuvo que contenerse y no pudo buscar a Emiliano, hasta que en 2017 ella y una de sus hermanas se unieron al colectivo, y con su apoyo, fueron a “desempolvar” el caso, mismo que sigue sin avances en la Fiscalía. La desaparición de Emiliano generó una ruptura familiar, pues hubo quiénes le recomendaron a María Guadalupe que dejara de buscarlo, “me decían: ya déjalo, ya pasó; ¡¿cómo voy a dejar de buscar a mi hermano?!”.
También afectó de manera importante a su madre, “mi mamá se acabó, se le fue la vida ahí, ya es una adulta mayor y tiene la ilusión… dice: espero encontrarlo para poderme ir”. María Guadalupe reconoce que ella se volvió una madre sobreprotectora, ahora tiene un hijo de 20 años que “no puede salir si no me avisa a dónde va”, y es que señala que después de una experiencia como esta, “ya no vive uno, uno trabaja, camina, sale adelante por los que tiene, pero ya no vive uno igual, vive con el miedo de a qué horas te va a volver a pasar, a qué horas te vuelven a quitar uno”.
Del ámbito federal, el mayor número de encargos a los militares tienen que ver con tareas que debieron hacer Semarnat (30), SCT (14) y Sedatu (12), según el inventario Nacional de lo Militarizado, realizado por el Programa de Política de Drogas del CIDE.
El gobierno federal le ha asignado al Ejército Mexicano realizar alrededor de 240 tareas que debieron hacer otras dependencias federales o bien gobiernos estatales o municipales.
De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de 2007 a 2021, se le ha encargado al Ejército realizar al menos 133 tareas que debieron ejecutar otras dependencias del gobierno federal y 101 que debieron hacer autoridades estatales y municipales.
De los encargos del ámbito federal hechos a los soldados, entre 2007 a 2017 se les transfirieron 58 nuevas responsabilidades y de 2018 a 2021 fueron 75. Del ámbito local 59 nuevas tareas fueron asignadas al Ejército de 2009 a 2017 y 42 de 2018 a 2021.
Los encargos vinieron con el correspondiente presupuesto para ejecutarlas. De 2007 a 2021, el Ejército recibió 78,413 millones 727,614 pesos de 65 nuevas tareas del ámbito federal. No se sabe cuánto recibió de las otras 68.
De 2018 a 2021 recibió transferencias para realizar encargos del ámbito federal por 75,634 millones 583,764 pesos por 31 encargos. No se sabe cuánto recibió de otros 42.
Para realizar las encomiendas adicionales a su labor, del ámbito local, de 2009 a 2021 se le transfirieron 5,269 millones 332,579 pesos de 46 obras. No se sabe cuánto más para realizar las otras 55 tareas de las cuales no se cuenta con datos de las transferencias.
Del ámbito general el mayor número de encargos a los militares tienen que ver con tareas que debieron hacer Semarnat (30), SCT (14) y Sedatu (12), aunque hay 13 tareas que hizo la Sedena con presuuestos que no fueron transferidos y por lo tanto tuvieron que comprobar otras dependencias como la CFE, INM y Conacyt.
A pesar de que Edwin intentó asesinar a su expareja ahorcándola en dos ocasiones, la juzgadora Elsy del Carmen Villanueva Segura determinó que su intención sólo fue lesionarla, por lo que no quiso vincularlo por delito de tentativa de feminicidio.
Mérida, Yucatán, 10 de septiembre de 2022.- La jueza de control Elsy del Carmen Villanueva Segura se negó a determinar la vinculación a proceso de Edwin A.L. por el delito de feminicidio en grado de tentativa, a pesar de que intentó asesinar a Astrid “N” en dos ocasiones. Sólo lo acusó por lesiones, así que el peligroso sujeto continuará en libertad, representando un riesgo para las mujeres.
En la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Fiscalía General del Estado y la abogada de la víctima presentaron los elementos de prueba en contra de dicho individuo, en los que explicaron que la ahorcó con sus manos para intentar matarla cuando ella se negó a restablecer la relación de noviazgo.
El intento de feminicidio ocurrió el pasado 14 de abril en la vivienda de Astrid, hasta donde llegó el sujeto para intentar asesinarla por la vía de ahorcamiento. Entre la pruebas está el reporte de la médico legista de la Fiscalía de Yucatán que constató los moretones en el cuello y en otras partes del cuerpo.
Sin embargo, la jueza del Juzgado Segundo de Control de Yucatán, Elsy del Carmen Villanueva Segura, no aplicó perspectiva de género en sus deliberaciones y consideró que Edwin A.L. no tuvo la intención de asesinarla, por lo que lo vinculó únicamente por lesiones.
Según la jueza, a pesar de que el sujeto la ahorcó en dos ocasiones, Astrid se encontraba tan alterada al momento de los hechos que su percepción de la realidad fue errónea, ya que “no hay indicios de que él tuviera intenciones de matarla, sino sólo de ocasionarle una lesión”.
Por si fuera poco, la defensa del violento sujeto argumentó que no había manera de que pudiera asesinarla, ya que, desde su óptica, Astrid es más alta que él y no podía someterla.
Los abogados de igual manera indicaron que Edwin la soltó voluntariamente, porque en realidad no pretendía quitarle la vida.
Villanueva Segura tomó en cuenta esos argumentos y desestimó por completo los testimonios de la hermana de la víctima y la de un amigo, quienes narraron cómo durante la relación de noviazgo, Edwin ejerció violencia en su contra.
En su intervención, la jueza recalcó que Astrid estaba alterada por los hechos violentos y que por eso interpretó que Edwin quiso asesinarla, cuando en realidad sólo trató de agredirla. Por eso lo vinculó por el delito de lesiones y como medidas cautelares únicamente estableció que no se acerque a la víctima y que no salga del territorio yucateco durante el tiempo que dure el proceso judicial.
Al terminar la audiencia, Astrid lamentó la postura de la juzgadora y recalcó que en el peor de los escenarios pensaba que su agresor sería vinculado a proceso por violencia familiar, pero jamás se imaginó que lo imputaran por un delito menor.
La joven recordó que en la noche del 14 de abril, Edwin llegó a su casa porque sabía que estaba sola y su propósito era asesinarla porque no quiso regresar con él. La tomó del cuello en dos ocasiones y la amenazó diciendo: “si de todas formas me voy a ir a la cárcel, mejor termino lo que empecé’.
El sujeto la soltó sólo porque ella juró por su madre y hermana que no lo denunciaría ante las autoridades. Ella está viva porque luchó en todo momento, mientras que su agresor seguirá libre.
Cabe mencionar que cuando Astrid dio a conocer su caso en redes sociales, otras mujeres también alzaron la voz para dar sus testimonio en contra de Edwin, a quien acusaron de acoso sexual, violencia y hasta violación.
La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se hizo oficial, luego de que la noche de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con la publicación de las reformas a distintas leyes, la Sedena tiene el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a partir de este sábado, que entra en vigor el decreto.
El decreto, publicado en la edición vespertina del DOF, informa las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Entre otras cosas, en el documento se anuncia la homologación de grados entre la Guardia Nacional y el Ejército, en donde se respetará la antigüedad, derechos y beneficios adquiridos.
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Detalla también que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana transferirá a la Sedena, dentro de un plazo de 60 días, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales, gastos de operación de la Guardia Nacional y recursos materiales destinados a su operación.
También señala que el personal de la extinta Policía Federal dejará de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos.
En el caso de la Secretaría de Marina, ésta también deberá de transferir a la Sedena recursos financieros y presupuestarios para cubrir los servicios del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional.
La publicación del decreto que realizó solo unas horas después que el Senado aprobó el proyecto y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara al secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, como encargado de la operación de la Guardia Nacional.
La madrugada del viernes, con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó en lo general el dictamen sobre la Guardia Nacional.
El único disidente fue el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quién tuvo la única abstención.
Tras la aprobación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de inconstitucionalidad como lo propuso la mayoría de su Consejo Consultivo.
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En tanto, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, advirtió que el hecho representa un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos y profundiza más la militarización de las fuerzas de seguridad.
Más presupuesto para la Sedena
Para el presupuesto del próximo año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) manejará en 2023 la cantidad más alta de recursos económicos en su historia, de aprobarse propuestas del gobierno federal.
A los casi 112 mil millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para el año que viene, se les sumarían más de 34 mil 500 millones de pesos contemplados para Guardia Nacional (GN), monto que también representa un presupuesto récord para esa corporación.
A la Fiscalía de Jalisco no le importan las muertes violentas de las mujeres, además de darles carpetazo a las investigaciones, no da seguimiento a menos que los familiares lo soliciten, denunció Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) Jalisco.
Explicó que el estudio que realizó la pasada administración sobre muertes violentas revela que en ocho de cada 10 casos no hay investigaciones y se da carpetazo, pero además se criminaliza a las mujeres al solicitar únicamente exámenes de alcoholemia o drogas y no de golpes o violación.
Sandra Quiñones reiteró que la Fiscalía de Jalisco no aplica los protocolos de feminicidio para las muertes violentas de las mujeres y deja a la familia de la víctima la responsabilidad de aportar pruebas. Además, no investiga los casos con perspectiva de género.
“Si la familia no se apersona y aporta elementos, la Fiscalía no hace nada, que terminamos o como conclusión que las muertes violentas de las mujeres a la fiscalía no le importan porque no hacen actos y son de oficio, estas muertes violentas, también corrobora que tenemos un fiscal y un aparato altamente misógino”.
Sandra Quiñones explicó que el caso de Luz Raquel Padilla Gutiérrez es un claro ejemplo del actuar de la Fiscalía de Jalisco, donde a través de peritajes lo único que se busca es culpar a las víctimas de lo sucedido.
Añadió que en el caso de suicidios o aparentes suicidios, al no judicializarse las carpetas de investigación, las autoridades no investigan los casos.
“Si en las muertes violentas tenemos un problema espantoso, en los casos de suicidio este problema se agudiza todavía más porque el hecho de que se aparente un suicidio le da pie a la Fiscalía para de inicio poner la carpeta como no judicializable y eso ya evidencia toda una complicación”.
Además, señaló que en los casos de suicidio se perpetúa la idea de que las mujeres están locas, son emocionales o tienen problemas hormonales. Sandra Quiñones consideró que la Fiscalía se niega a investigar las muertes de mujeres con perspectiva de género porque entonces se evidenciaría que a las mujeres las matan por razón de género, que los principales agresores son las parejas y esta ruta es más difícil y optan por abandonar el tema.
Judith Galván/El Sol den Centro
10 septiembre 2022
Informó para El Sol del Centro Juan Carlos Gallardo Rodríguez, vocal seccional del estado de Aguascalientes y representante del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura del Sector INAH, que hace seis meses tomaron las instalaciones a nivel nacional por primera vez para exigir mejores condiciones laborales entre otros puntos, sin embargo, al no cumplir con lo solicitado vuelven a protestar.
Las problemáticas que tienen los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes son: falta de presupuesto general, la necesidad de más personal, pues actualmente son pocos los basificados y unos son contratados por contratos temporales;
son nueve agremiados, la mayor parte trabaja en el museo, se tiene dos custodios, por necesidades hay compañeros que brindan apoyo en otras áreas, tenemos pocos trabajadores
Juan Carlos Gallardo Rodríguez, vocal seccional del estado de Aguascalientes
La misma fuente reconoció que todo ese déficit se viene arrastrando desde la pandemia, dijo que en vez de ir subiendo va en decadencia, además enfatizó que se batalla para la gasolina; “hubo un tiempo que no había personal de limpieza, aunque reconocemos que con la llegada del nuevo director se han resuelto algunas necesidades, pero meses atrás no había ni gasolina, ni servicio de limpieza”.
Los trabajadores están a la espera de la respuesta por parte de la Secretaría de Cultura del Sector INAH, sino se resuelve nada, amenazaron con cerrar museos y zonas arqueológicas y si esa medida no funciona, se tomarán nuevamente los centros INAH.
Los problemas a nivel nacional principalmente tienen que ver con el déficit presupuestal, además piden que se respete el derecho a las promociones por grado académico de los trabajadores del INAH y solicitan el siguiente paquete de dictaminaciones comprometidas por el director general, Diego Prieto, además solicitan herramientas y equipos de calidad y acordes a las necesidades de trabajo a realizar en los centros de trabajo, así como combustible insumos necesarios urgente atención de los procesos de admisión y escalafón de plazas vacantes, exigen la liberación y regularización de los recursos presupuestales del 2021 pendientes y del 2022 particularmente de madres niños y del concurso “Así somos, así pensamos”, entre otras peticiones.
Los 82 sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche pararon labores en apoyo a la manifestación nacional, por lo que no habrá atención al público hasta el lunes; por su parte el Secretario General, Pedro Samuel Dzul Moo, advirtió que de no haber acuerdos con la Dirección cerrarán zonas arqueológicas y museos de forma aleatoria, que en la entidad podría ser Edzná.
Indicó que en Campeche requieren de 100 plazas para cubrir principalmente el área de custodios para las zonas arqueológicas, además que respaldan la petición de contar con un mayor presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura, conservación y atención de los sitios prehispánicos y del personal.
Reveló que desde hace tres años solicitan herramientas para la conservación en las zonas arqueológicas y a la fecha no las entregan, pese a que ya llegaron algunas que pueden repartirse en las que están abiertas al público.
Señaló que ante la propuesta de que los sitios de Jaina, El Tigre y Edzná se rehabiliten como atractivo en la ruta del Tren Maya, es necesario también contar con el personal para la custodia y conservación, sobre todo en Jaina que requiere una inversión mayor en el camino que está en pésimas condiciones.
Planteó que otras de las peticiones es dotar de dos cuatrimotos a Calakmul, ya que son 60 kilómetros para salir del sitio arqueológico y en caso de un accidente no hay una unidad automotriz para el traslado de los trabajadores a un hospital, sino que tienen que esperar hasta que la camioneta del INAH acuda para retirarlos al término de la jornada laboral.
Indicó que solicitan el cese del hostigamiento laboral que en Campeche fue de dos trabajadores, a quienes les levantaron actas administrativas sin realizar una investigación para determinar la responsabilidad en las acusaciones, y aseguraron que aunque este tema está en conciliación, exigen que acabe este tipo de actitudes de la autoridad federal.
Manifestó que la solicitud presupuestal a la Secretaría de Hacienda es para que considere los planteamientos expuestos en el pliego petitorio e incluso tengan gel antibacterial, ya que no en todas las áreas proporcionan esta medida sanitaria.
Especificó que el movimiento contempla el paro laboral en todo el país, jueves y viernes, mientras dialogan con la Dirección General, y el sábado 10 el cierre del Museo Nacional de Antropología e Historia y para el domingo 11 de forma aleatoria cerrarían las zonas arqueológicas.
Consideró que en la entidad puede ser Edzná por el número de visitantes que recibe, y aunque remarcó que la intención del movimiento sindical no es la de afectar al público, la medida fue aprobada por la dirigencia nacional para exponer las demandas para la mejora de los trabajadores.
El pliego petitorio solicita regularización presupuestal y laboral de las condiciones generales de trabajo ante la Secretaría de Hacienda; autorizar el presupuesto para la plantilla real ocupada de plazas del INAH; solución a las vacantes de plaza de los últimos cinco años; y herramientas y equipos de trabajo de calidad para mantenimiento de museos y zonas arqueológicas.
Además, respeto a los derechos y prestaciones de los trabajadores, ya que algunos están en suspensión como las promociones por grado académico y las prestaciones de 2022 que todavía no entregan; regularización de premios y estímulos por antigüedad desde 2016; respeto y reconocimiento para pago de quinquenio y vacaciones extraordinarias; y solución a la problemática al pago de personal de limpieza y calidad en los insumos de limpieza.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) manejará en 2023 la cantidad más alta de recursos económicos en su historia, de aprobarse propuestas del gobierno federal. A los casi 112 mil millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para el año que viene, se les sumarían más de 34 mil 500 millones de pesos contemplados para Guardia Nacional (GN), monto que también representa un presupuesto récord para esa corporación.
Lo anterior sería resultado de la reciente reforma legal planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya aprobada por el Senado, la cual plantea que la GN continúe adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero que su manejo operativo y administrativo, incluyendo el 100% de su presupuesto, se transfieran a la Sedena.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados propone para la Guardia Nacional un presupuesto de 34 mil 525 millones 322 mil 208 pesos. Se trata de la cifra más alta de recursos contemplados para dicha corporación de seguridad en sus casi cuatro años de existencia.
En comparación con lo que la Guardia Nacional recibió este año, se trata de un incremento de 4 mil 721 millones de pesos y, tomando en cuenta la inflación, el alza en el presupuesto de esta corporación sería de 11.5%.
El Paquete Económico enviado por Hacienda a la Cámara baja inscribe dichos recursos dentro del presupuesto global de la SSPC, dependencia a la que se encuentra adscrita la Guardia Nacional. De hecho, el presupuesto de la GN representa más de la tercera parte de todo el gasto que se le pretende asignar a esa dependencia.
Sin embargo, en realidad dichos recursos no serían manejados por la SSPC, sino por el Ejército. Así se establece en el artículo sexto transitorio del dictamen discutido por los senadores, que refiere que, en un plazo no mayor a 60 días, la secretaría debería transferir a la Sedena “los recursos presupuestarios y financieros” que correspondan a la GN.
Esto fue previamente aprobado por todas las dependencias involucradas y así quedó asentado en el oficio 315-A-3496 de Hacienda, fechado el pasado 30 de agosto, en el que literalmente se señala que la SSPC transferirá los recursos que se asignen a la Guardia Nacional hacia la Defensa.
En ese contexto, la institución militar que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval tendría en sus manos un presupuesto récord para 2023. A los 111 mil 911 millones 638 mil 277 pesos que se le estarían asignando, se les sumarían los recursos de la referida corporación; con ello, se acumularían más de 146 mil millones de pesos.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por este medio, el presupuesto asignado a la Guardia Nacional es manejado actualmente de forma parcial por la Defensa, pero a través de convenios firmados con la SSPC, situación que —una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva reforma— ya no sería necesaria.
Por otra parte, en el proyecto de presupuesto de la Sedena se contempla una partida de 836 millones 230 mil 355 pesos para la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, SA de CV, que pertenece al Ejército y que es responsable de la administración y operación del aeropuerto que lleva el mismo nombre.
Más para marinos, menos para reclusorios
El proyecto de presupuesto para 2023 también prevé asignar a la Secretaría de Marina (Semar) recursos que, de ser aprobados, ascenderían a 41 mil 878 millones 142 mil 593 pesos que, en términos reales, representan un incremento de 6.7% respecto de lo que se asignó para 2022. Es un incremento de poco más de 4 mil millones de pesos.
Al igual que ha ocurrido con el Ejército, los marinos han visto crecer año con año su presupuesto. De aprobarse el nuevo proyecto, en 2023 estarían recibiendo 10 mil millones de pesos más que en 2018.
En donde sí se plantean recortes es en el presupuesto asignado a los reclusorios federales. El gobierno del presidente López Obrador perfila asignarles en 2023 un total de 23 mil 179 millones 552 mil 961 pesos, una reducción de casi 5%. Ello, pese a que la población privada de su libertad en penales estatales y federales ha ido en ascenso en los últimos años.
En la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena y del PRI se perfilan hacia avalar la iniciativa priista para extender de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al tiempo que la Comisión de Puntos Constitucionales ya circuló el predictamen sobre el tema y citó formalmente a sesión el martes 13 de septiembre.
En la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, se estableció que, mientras esta corporación se consolida, el presidente de la República pueda tener hasta 2024 para recurrir a soldados y marinos para combatir la inseguridad.
Ahora, el predictamen plantea avalar la propuesta de la priista Yolanda de la Torre, respaldada públicamente por Morena a través de su coordinador Ignacio Mier, para que ese despliegue se mantenga hasta 2028. Esto, bajo el argumento de que la Guardia Nacional todavía no se ha consolidado y se necesita que los militares permanezcan en las calles.
“Se debe reconocer que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa; por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello”, señala el documento.
“Como la Guardia Nacional no se ha consolidado y se habían otorgado al Presidente de la República facultades para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, es claro que dichas facultades deben ampliarse, como se propone en la iniciativa de 5 a 9 años, a efecto de que alcance hasta el año 2028, tiempo que se considera suficiente para lograr la consolidación de la Guardia Nacional”, expone.
La Comisión de Puntos Constitucionales está citada a sesionar el martes 13 de septiembre para discutir y votar el predictamen.
Al tratarse de una reforma constitucional —al artículo quinto transitorio del decreto del 26 de mayo de 2019 que creó la Guardia Nacional—, esta requiere de mayoría calificada para ser aprobada.
En la comisión, Morena y sus aliados PT y PVEM tienen 22 de los 40 votos. Si se les suman los seis del PRI, ya alcanzarían las dos terceras partes requeridas.
Para ser aprobada, la reforma también necesitaría mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados. Ahí, Morena, PT y PVEM acumulan 277 votos. De sumárseles los del PRI, tendrían 346, es decir, arriba de los 334 indispensables.
La propuesta priista ha generado al partido tensiones con sus aliados de la coalición Va por México, el PAN y el PRD, e incluso con sus propios militantes, en particular en el Senado.
Esta semana, las dirigencias del PAN y del PRD anunciaron que suspenden su alianza con el PRI por esta reforma, pues consideran que profundiza la militarización de la estrategia de seguridad pública. En respuesta, la dirigencia del partido, encabezada por Alejandro Moreno —hoy diputado federal—, defendió el planteamiento porque considera que se necesita extender más tiempo el despliegue de los militares.
“La Guardia Nacional no está lista (…) No podemos saltar al vacío. No podemos dar pasos en falso. No podemos regatear al pueblo de México la seguridad que le aporta la presencia del Ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país”, justificó Moreno en conferencia de prensa este miércoles.
Colectivos mayas y organizaciones civiles se indignaron por el evento “Desarrollo hacia una porcicultura sustentable”, que se llevará a cabo hoy en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y mostraron su extrañeza con la casa de estudios al brindar espacios a empresas extractivistas del territorio maya en Yucatán para la promoción de una industria porcícola que avanza por medio de abusos y desigualdades.
Los firmantes
Los organismos firmantes, la Esperanza de Sitilpech, Articulación Yucatán, Ka’anan Lu’um Chapab, Kanan Derechos Humanos y UADY sin acoso, señalaron que las empresas porcícolas se han dedicado a dañar a los pueblos originarios y generar ambientes inseguros e insostenibles derivado de la instalación de megafáabricas de cerdos que traen consigo olores insoportables, agua sucia, problemas de salud y represión a la organización y lucha de los pueblos mayas que la cuestionan y se oponen a ella.
Asimismo, mostraron su descontento porque el evento sea organizado por el empresario Jorge Antonio Zumárraga Novelo, dueño de una empresa porcícola, la cual produce más de 48 mil cerdos anuales a tan solo unos kilómetros de la pequeña comunidad de Chapab.
Agregaron que el título y espíritu del evento resulta incoherente consigo mismo y con el quehacer de la UADY, dadas las afectaciones ambientales y falta de análisis de impacto social del quehacer de esas empresas, por lo que exigen a la casa de estudios cuidar sus principios éticos, críticos y de autonomía bajo los que idealmente se ha erigido esta universidad e impedir que se lleve a cabo el foro.
En lucha
Las agrupaciones recordaron las luchas de los pueblos indígenas, lo que ha publicado POR ESTO! Señalaron que a través del colectivo “Kanan Lu’um Chapab”, la población se ha organizado contra megafábrica porcícola de Zumárraga Novelo, mientras que la “Esperanza de Sitilpech” han emprendido un proceso legal contra una megafábrica ubicada en su territorio. Ambos pueblos mayas comparten el hartazgo e incertidumbre de vivir con estas empresas invadiéndolos, que velan por beneficios particulares a costa del medio ambiente, el agua y de sus derechos a la libre determinación.
Señalan que les resulta indignante que los representantes de esta industria busquen a las universidades como aliadas para la difusión de sus empresas sumamente peligrosas para la vida. Por ello, exigen a la UADY, así como de personas académicas del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Marista y de la Universidad Nacional Autónoma de México que participarán en el evento, “que no se presten para seguir fortaleciendo un discurso por demás insostenible para la salud de los pueblos y las autonomías de sus territorios”.
Ante todo esto -concluyeron-, “exigimos la cancelación del evento. No vamos a tolerar que se continúe promoviendo esta clase de industrias en el Estado”, inviables, simulatorias y violentas de una idea falsa de desarrollo “que jamás se ha planteado desde las posturas y necesidades de los pueblos, un desarrollo que le llena la bolsa a quienes ven con ojos utilitaristas a los pueblos y los trata como un objeto de sus beneficios y de su lástima”.
Después de 12 horas de sesión, entre reparticiones de culpas y reclamos, la madrugada de este viernes (9) el Senado mexicano aprobó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el visto bueno del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin modificar una sola coma del proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ejército mexicano asumirá las funciones administrativas, financieras y operativas del cuerpo de seguridad militar desplegado en México desde 2019.
“Se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios”, argumenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha alertado acerca de los riesgos de la profundización de la militarización en las labores de seguridad pública en México.
De acuerdo al Centro Prodh, la iniciativa profundiza la militarización de México pues también otorga el control a las Fuerzas Militares en aspectos sustantivos de la GN, además amplía la intervención del cuerpo de seguridad militar en tareas de investigación, labores de inteligencia y prosecución de delitos.
La organización de derechos humanos ha remarcado que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, implica riesgos de mayor corrupción y de politización del sector castrense.
Manifestantes exigen al Senado que rechace el proyecto de decreto de AMLO para integrar a la Guardia Nacional en las fuerzas armadas.
Mientras tanto, un bloque de legisladores integrado por partidos de la oposición anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma.
Militares con mayores atribuciones
Por mucho ésta no ha sido la única organización crítica de la medida. La Red Feminista Antimilitarista, que aglutina organizaciones internacionales y mexicanas, alerta que la iniciativa para reformar la Ley de la Guardia Nacional incluye la permanencia al personal castrense para seguir protegido por el fuero militar, a pesar de que constitucionalmente la GN sigue siendo de carácter civil.
Sobre este punto, el Centro Prodh, que ha dado seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos de la GN, señala que “los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.
A pesar de que, en 2019, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para proceder con la creación de la Guardia Nacional fue que dicho organismo respondería a mandos civiles adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la aprobación del decreto se militariza completamente la cadena de mando de la GN al quedar suscrito a la Sedena, lo cual viola el carácter civil que se le reconoce a dicha corporación de seguridad en el artículo 21 constitucional.
Protesta fuera del Senado durante el momento de la discusión del proyecto de decreto presidencial.
La Red Feminista Antimilitarista también señala que la reforma que dio creación a la GN establecía el uso, extraordinario y con condiciones y límites, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, lo cual va en sentido contrario a la iniciativa impulsada por el presidente AMLO y los legisladores de su partido, Morena, quienes buscan concretar las labores del ejército en seguridad pública de manera permanente.
Por otra parte, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se posicionaron para rechazar la aprobación en el Congreso de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.
Las comisiones estatales advirtieron que la incorporación de la GN a la Sedena reducirá el margen de acción de los organismos públicos de protección de derechos humanos pues “se generará un vacío en la atención de las víctimas”, toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional no es competencia de los organismos locales sino de la CNDH, organismo que no se ha pronunciado sobre la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas.
Aplanadora
La aprobación del proyecto de decreto promovido por AMLO recorrió rápidamente los trámites en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las cuales procedieron a enviar la iniciativa a votación en la cámara alta del Congreso.
Pese al llamado de distintas voces civiles, organizaciones y otras fuerzas políticas para convocar espacios de discusión para examinar a detalle la iniciativa, la mayoría de votos de Morena y sus aliados aceleró el trámite del decreto enviado por AMLO apenas el 2 de septiembre pasado.
Entre los principales argumentos de los senadores a favor del decreto se enunciaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, la cual afirma que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen un nivel de confianza entre la población mexicana. De la misma manera, el proyecto de decreto argumenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana califica de “efectivo” el desempeño de la GN en 2022.
Para el Centro Prodh, la ausencia de visión estratégica – donde se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales – permite la continuidad de la violencia, pese a la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
“El despliegue de fuerzas armadas es una medida de contención de presencia en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en este sexenio que es el de la acción decidida de la justicia, para desarticular redes criminales, con herramientas criminológicas del siglo XXI”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro Prodh para entrevista con medios nacionales.
Más presupuesto
Según el Centro Prodh, con esta acción se dota de más recursos presupuestales a Sedena, quien no cuenta con controles externos civiles robustos para fiscalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a elementos de la GN.
La Red Feminista Antimilitarista también alerta sobre la eliminación del control civil sobre el presupuesto de la Guardia Nacional, lo que le permitiría a la Sedena el uso discrecional de dichos recursos.
“El decreto otorga un poder sin precedentes a la Sedena. Le otorga recursos materiales, económicos y humanos que continuarán fortaleciendo a una secretaría que actualmente es la segunda institución con más plazas dentro de la administración pública federal, sólo después del Instituto Mexicano del Seguro Social”, advierte la Red.
Con la incorporación de la GN a la Sedena, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que las Fuerzas Armadas contarán con un aumento de más de 60% de presupuesto para el año 2023, con más 160 millones de pesos, lo que equivale a los recursos destinados al valor total de 12 secretarías entre las que se encuentran la de medio ambiente, energía, hacienda, economía, entre otras. Con la aprobación del decreto se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Claudia Rodríguez Loera/La Jornada Aguascalientes
9 septiembre 2022
Docentes trabajan bajo protesta para exigir su basificación
Señalan varias arbitrariedades contra sus derechos laborales
A partir de esta semana, docentes de 11 planteles adscritos a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) del estado de Aguascalientes iniciaron trabajo bajo protesta para exigir sean respetados los derechos de los maestros a ser basificados, luego que ingresaron por examen de oposición y respondiendo a los criterios de la Ley General del Servicio Profesional Docente entre los años 2014 al 2019.
Esta manifestación pacífica y sin dejar de lado su trabajo docente, se realiza con el respaldo de la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y tiene como exigencia la basificación urgente de los docentes que fueron considerados idóneos para realizar la labor que desempeñan, así como la reactivación de sus pagos y que se cumplan los acuerdos derivados de las negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE.
Los manifestantes señalaron que a partir de la derogación de la Reforma Educativa de Peña Nieto, los docentes que ingresaron al servicio en el Nivel Medio Superior de los subsistemas federales (DGETI) han vivido una serie de atropellos a sus derechos de manera constante, principalmente el corte de pago cada 6 meses por terminar sus contratos y la tardanza en la reactivación del mismo que en ocasiones se ha llegado a prolongar hasta por un año.
Aunando a lo anterior, siguen es espera de ser basificados con todos los derechos que esto representa, con el argumento que no existe soporte presupuestal para las plazas y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha autorizado el Analítico de Plazas que les permitiría gozar de los beneficios a los que tienen derecho. Advirtieron que la manifestación continuará por parte de los docentes de las 11 escuelas hasta que sean atendidas sus demandas.
El director del Instituto de Educación, Ulises Reyes Esparza, dio conocer la situación por la que atraviesa la planilla docente de los DGETI y señaló que si bien estos subsistemas son coordinados por la federación y no es atribución del IEA poder basificar a los profesores, les apoyarán con las gestiones para que se establezca el diálogo con la federación “al más alto nivel”.
Navidalia, Calaverandia y Alteacorp se van del parque Metropolitano para regresar al parque Ávila Camacho. Aunque recibieron con entusiasmo la noticia, los vecinos del parque Metropolitano anunciaron que su lucha no terminará hasta que el parque se deje de usar como “salón de eventos” para otras atracciones como el Festival de la Cerveza y la muestra anual de ElLago de los Cisnes.
Andrés de la Peña / Zona Docs
El 6 de septiembre a mediodía, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que había ordenado cancelar la concesión del parque Metropolitano a Alteacorp. Esto ocurrió después de una campaña liderada por el colectivo Ecológica y Sustentable Arcos de Guadalupe A.C., que convocó a diversos grupos y activistas para formar la organización informal “El Parque Metropolitano es de Todos” y denunciar el contrato entre Alteacorp y la Agencia de Bosques Urbanos (Ambu).
La Agencia de Bosques Urbanos es el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco que se encarga de la gestión de los parques Agua Azul, Bosque los Colomos, Alcalde, Morelos, La Liberación, Ávila Camacho, Huentitán, Metropolitano, Solidaridad, Montenegro y Bosque Urbano Tlaquepaque.
Sin embargo, Diana Bernal, vocera del colectivo Arcos de Guadalupe A.C., informó en entrevista con Zona Docs que Calaverandia y Navidalia no son los únicos eventos que trastocan el área verde y que, por lo tanto, no termina su lucha. En esta entrevista, Diana detalló los daños que Alteacorp ya generó en el parque y lo que sigue para el colectivo en la defensa del parque.
En el parque también se celebra el Festival de la Cerveza, la muestra anual de El Lago de Los Cisnes, y ahora será una sede alterna para eventos relacionados con las fiestas de octubre. Con todo esto, pidió: “no nos quiten los ojos de encima”.
La activista criticó que la Agencia de Bosques Urbanos “ha levantando la mano como si fuera una agencia de eventos”, ofreciendo los parques públicos como si fueran “terrazas”, y dijo “si realmente ocupamos recintos para esto, que dejen de estar vendiendo predios públicos y se pongan a construir recintos de entretenimiento”. El colectivo identificó varios eventos que pueden dañar al parque, los cuales disputará para que tengan, como mínimo, una manifestación de impacto ambiental.
Además, encontraron que el más reciente reglamento del parque, publicado por la Agencia de Bosques Urbanos, introdujo cambios importantes que prohíben ciertas actividades (como la venta de alcohol), pero que las permiten para eventos y entes privados seleccionados a discreción de la Dirección General. Igualmente, detectaron que el uso de pirotecnia que programó Alteacorp se permitió aún estando prohibido en el reglamento. Por estos motivos, anunciaron que buscarán una modificación.
Finalmente, el grupo “El Parque Metropolitano es de Todos” no descansará hasta que el parque haya sido regresado a su estado original por Alteacorp . Consiguieron el contrato original con fotografías del estado en el cuál la empresa recibió el parque, y ahora buscarán que no se abandone el sitio hasta que no quede reparado todo el daño posible.
En cuanto a los daños que denuncia el colectivo, Zona Docs pudo constatar la instalación de tres castillos de andamios, el recubrimiento de dos caminos del parque con impermeabilizante similar al asfalto, golpes y mutilaciones en algunos de los árboles ocasionados por el paso de maquinaria y camiones de volteo, y evidencias de disposición ilegal de escombros dentro de un canal natural del parque.
En la visita fue posible entrevistar a un funcionario de la Agencia de Bosques Urbanos, que supervisaba los trabajos de Altea mientras se retiraban los andamios y se regresaban toneladas de tierra a su lugar de origen. En una discusión con integrantes del colectivo Arcos de Guadalupe A.C., el funcionario explicó la lógica de la agenda de eventos de la Ambu:
“A nivel internacional los parques son para uso diverso”, pidió al colectivo “no se apasionen” y mencionó que “de todo quieren sacar raja política”.
Confrontando al funcionario, la vocera del colectivo preguntó por qué no se hacían más actividades afines a un área verde, como avistamiento de aves, clases para niños, eventos con mascotas o talleres sobre flora y fauna. El funcionario expuso la percepción que la Ambu y la Administración Estatal tienen sobre los parques públicos al mencionar que en Europa no está fuera de lo común ver conciertos y festivales de gran tamaño en parques públicos.
El mismo funcionario aclaró al reportero de Zona Docs que el camino de asfalto se incluyó como contraprestación del contrato a Alteacorp y que, aunque no existe ninguna deficiencia presupuestaria para el mantenimiento del parque, sí la hay para la realización de obras extraordinarias como la pavimentación.
En cuanto a la “gestión integral” de los parques, Diana Bernal criticó acérrimamente la nueva agenda de entretenimiento, pues consideró que lo que se busca es generar plusvalía, turismo, y negocios, pues los vecinos ya han expresado que ellos mismos aportarían recursos de manera voluntaria al parque y la Agencia de Bosques Urbanos si se los pidieran.
“Donde ven verde, ven plusvalía. Ven bonito y piensan que esto es una terraza de eventos. Esta no debe ser la tónica de un bosque urbano”, fue lo que mencionó.
Contra el colectivo, se ha levantado crítica por haber aceptado el apoyo de Hagamos y del Partido Revolucionario Institucional a través de Paola Cosío, abogada, activista y presidenta de la Red Juventud Popular Jalisco. Ella asistió a El Parque Metropolitano es de Todos en el trámite del recurso de amparo y en la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos humanos, y anunció que apoyaría a este grupo para exigir una declaratoria de Área Natural Protegida para el parque que pueda acabar, de una vez con todas, con usos que puedan dañar a su fauna, flora y suelos.
Sobre esto, Diana Bernal explicó la cronología de acciones que se llevaron a cabo, demostrando que el la movilización se inició mucho antes de recibir el apoyo de partidos, por parte de vecinos que llevan años cuidando el mismo parque, y que conforman una asociación “genuina y apartidista”, donde la agenda es una de protección de las áreas verdes y el espacio público. Esto es importante porque es común que se intente desacreditar a cualquier asociación civil como un proyecto electoral.
Más allá de ello, Diana Bernal incluso consideró que el movimiento que en toda la ciudad se ha dado para defender espacios públicos y parques es, en cierta medida, parte de un movimiento de mujeres que trasciende afiliaciones políticas y juegos electorales.
Este medio también entrevistó al presidente de la asociación vecinal de Jardines del Country, quienes viven al costado del parque Ávila Camacho a donde “volvió” Alteacorp y donde se celerbarán Calaverandia y Navidalia. Ahí, la problemática también puede tornarse compleja: además de las fiestas de Alteacorp y los eventos en el estadio de los Astros, el Circ du Soleil ocupará el predio junto a Plaza Patria, el cual solía funcionar como estacionamiento para Calaverandia y Navidalia. El resultado es que los vecinos temen no solo por inconvenientes viales, sino por su misma seguridad.
La postura de los vecinos del Ávila Camacho es similar a la que compartieron los vecinos del parque Metropolitano: “el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado tienen terrenos. ¿Por qué tiene que ser un parque?”, añadiendo “Si son tan visionarios, busquenle un lugar que sea rentable, que sea negocio, donde no tengas la incomodidad de las personas”.
La columnista Daniela Sánchez realizó un recuento de varias irregularidades, recopilando datos del activista y especialista Álvaro Quintero, así como varios medios de comunicación, documentando los favores y chiqueos que recibe Alteacorp de parte del Gobierno del Estado.
En los últimos años, Alteacorp ha recibido 40 millones de pesos en contratos con entes públicos; durante los dos primeros años de operación de Calaverandia, no pagó por el uso del parque Ávila Camacho sino en especie; en el parque Metropolitano, solo se planteó cobrarle por 44 de los 108 dias de operación, con descuento en el cobro por eventos fuera de horario, y con un precio de uso de suelo de 47 centavos por metro cuadrado cuando a un vendedor ambulante se le cobran 8 pesos con 60 centavos.
Por eso, no sorprende que tres asociaciones vecinales del parque Metropolitano, la junta de colonos, y, sí, incluso líderes políticos, hayan decidido emitir un mensaje a la Agencia de Bosques Urbanos: con los parques y el espacio público no se hace negocio, y nadie fuera del sector empresarial les ha pedido un plan para maximizar la plusvalía de los mismos.
Carmelita y don Memo salieron de su casa antes del amanecer del 10 de octubre de 2009; su hijo menor, Moi, no contestaba el celular y temían que hubiera tenido un accidente. Preguntaron en todos los hospitales, en los separos y en el Servicio Médico Forense, hablaron con sus amigos y recorrieron las calles en busca de su coche o alguna pista que indicara dónde estaba él y sus tres amigos.
Moisés Gámez Almanza, de 23 años, iba acompañado de Luis Francisco Medina, Marco Antonio y Julio César Coronado. Carmelita los vio salir de su casa la noche anterior, iban a una fiesta en la colonia Jardines del Oriente, en la capital del estado, con sus excompañeros de trabajo.
Unos meses antes, los cuatro jóvenes habían colaborado en la campaña política del entonces gobernador priísta Fernando Toranzo Fernández.
Don Memo recuerda que le hablaron a un buen amigo de Moi que era policía estatal, el He Man, Mario López Zambrano. El joven policía tranquilizó a los angustiados padres y prometió que él buscaría a su amigo, pero el He Man también desapareció, quedó su carro negro afuera de las oficinas de la policía, constatando su ausencia.
Con cinco muchachos desaparecidos para aquel entonces, los Gámez Almanza y las familias de los otros jóvenes intentaron hablar con el exjefe de sus hijos durante la campaña política: Gerardo Aldaco, quien era titular del Instituto Potosino de la Juventud e iría a la fiesta del 9 de octubre.
Tras varios días de insistencia, Aldaco accedió a hablar con ellos, pero fue tajante:
“La orden de no moverle al caso venía desde arriba. Lo mejor era olvidarnos de nuestros hijos porque era peligroso y jamás iban a regresar”, recuerda don Memo.
Después de esperar 72 horas, las familias Gámez, Medina y Coronado presentaron la denuncia por la desaparición de sus hijos, entonces llegaron las extorsiones. A la familia de Moi le pidieron 100 mil pesos de rescate por él. El agente encargado de la investigación, Andrés Velázquez, aconsejó dar el rescate y, por el bien de los secuestrados, decidió que la entonces Procuraduría General del Estado no participaría en la diligencia.
Los padres de Moi juntaron el dinero y se encaminaron a entregarlo a los supuestos secuestradores. Carmelita recuerda que no ha vuelto a sentirse en tanto peligro como aquel día, pero no lograron recuperar a su hijo, todo fue un engaño y los policías e investigadores de la Procuraduría fueron los principales sospechosos de aquella extorsión contra las familias.
La desaparición de Moisés, Luis Francisco, Julio César y Marco Antonio es el primer caso registrado en la zona Centro del estado durante el sexenio del doctor Toranzo Fernández, que había tomado posesión como gobernador a finales de septiembre; es a partir de este caso que el delito de desaparición comienza a ser una constante en el territorio potosino.
Pero, como señalamos en la entrega anterior, la capital y la zona conurbada tenían dos años viviendo episodios violentos sin precedentes: los primeros asesinatos en vía pública, balaceras y persecuciones que atravesaron la ciudad, camionetas o autos que “levantaban” a ciudadanos que circulaban por las calles, y escuchamos de los primeros secuestros.
Las fichas de búsqueda activas publicadas por la Fiscalía General del Estado nos cuentan que al día siguiente de la desaparición de los jóvenes, el 11 de octubre de 2009, la maestra Graciela Flores Nieto fue “levantada” junto a dos de sus hijos en la misma colonia, Jardines del Oriente. Cuatro días después, el 14 de octubre, otro hombre fue desaparecido en la colonia Las Águilas.
Mi sospecha es que las autoridades están coludidas
Carmelita Almanza porta una camiseta con el rostro de su hijo Moi Almanza, desaparecido en 2009 en la capital del estado, y un panfleto con los cuatro jóvenes desaparecidos durante una manifestación en Ciudad Valles.
Casi dos años después de la desaparición de Moi y sus tres amigos, el 6 de junio de 2011 arribó a San Luis Potosí la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia. Ahí estuvieron los padres de los cuatro muchachos, haciendo presente la ausencia de sus hijos.
Desde aquellos tiempos, ya se sabía que la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón Hinojosa estaba afectando directamente a la población. Sin embargo, las familias de desaparecidos eran constantemente criminalizadas por el destino de sus seres queridos ausentes, que eran señalados por las autoridades de “andar en cosas malas”.
Esta narrativa estigmatizante y equivocada, que fue replicada por los medios de comunicación, ha justificado que las autoridades no investiguen los delitos de desaparición de personas.
Aún con la cercanía que los jóvenes universitarios tuvieron con Toranzo Fernández al participar en su campaña, tras su desaparición, las familias no pudieron reunirse con él a lo largo del sexenio.
Don Memo recuerda que intentaron buscar respuesta de todos los funcionarios quienes solo les daban promesas. Durante los seis años del mandato de Toranzo, las familias no tuvieron acceso a la investigación por la desaparición de sus hijos.
“Menciona (la mamá de Luis Francisco) que en el caso salió a relucir el nombre de Iván Martínez Blanco, a quien los jóvenes contactaron poco antes de desaparecer para pedirle una botella, cuando salían de la fiesta a la que asistieron. El hombre fue llamado a declarar y dijo haberse enterado por guardias de un establecimiento donde se encontraba, ubicado sobre la avenida Pinos, que una camioneta había obstaculizado el paso de los dos automóviles en que viajaban los cuatro, los habían obligado a subir a ella y se los habían llevado. ‘Todos esos datos nunca los investigaron, él sabía dónde estaban pero sólo lo interrogaron. Luego supimos que había órdenes de no hacer nada más, órdenes de arriba. Desgraciadamente, de seis años a la fecha nunca investigaron nada. Mi sospecha por todos los acontecimientos es que las autoridades están coludidas con estas desapariciones”, reportó la periodista Verónica Espinoza en un artículo de la Revista Proceso que recapitula el sexenio de Toranzo.
En esos seis años tampoco se investigaron las sábanas de llamadas de los teléfonos ni se analizaron las grabaciones del C5, de la zona donde circularon los carros de los desaparecidos.
Ahora, a casi 13 años de la ausencia, sabemos que hubo colusión e/o inacción de agentes del Estado, pues el delito se investiga como desaparición forzada. También sabemos que a la última persona que Moi llamó, quizá para pedir ayuda aquel 10 de octubre, fue a Luis Gerardo Aldaco, quien no respondió.
Carmelita y don Memo continúan buscando a su hijo Moi y a Luis Francisco, Julio César, Marco Antonio y Mario, el amigo policía. De 2018 a 2021, los Gámez Almanza, junto con familias del colectivo de búsqueda de personas Voz y Dignidad por los Nuestros exploraron varias hectáreas en el municipio de Moctezuma, último lugar donde el celular de Moi marcó geolocalización y un espacio donde, ahora se sabe, se incineraban cuerpos de personas desaparecidas.
Sobre la historia de dicho vertedero, esta serie de entregas profundizará en una próxima edición.
La desaparición garantiza impunidad
“La desaparición, sin duda alguna, es una técnica que en su corazón lo que garantiza es la impunidad”, afirma el historiador Camilo Vicente Ovalle y señala que fue entre 2009 y 2010 que la desaparición comenzó a ser útil para actores no estatales, como el crimen organizado.
El aumento de la violencia en el estado, desde el sexenio del gobernador Marcelo De los Santos Fraga, trajo una sospecha en la ciudadanía de la existencia de alguna organización criminal operando en la zona. En febrero de 2011 la duda fue confirmada, cuando Los Zetas asesinaron en la carretera 57, a la altura de Matehuala, al agente federal estadounidense Jaime Zapata, que junto a su compañero, Víctor Ávila, trasladaban equipo táctico a la Ciudad de México.
Según el reporte DI-19-0071 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde unos meses antes, cuando se comenzó a planear la misión, se conocía que la zona de San Luis Potosí “estaba muy caliente”.
Y la guerra continuó y la violencia siguió escalando niveles. En agosto de 2012, a la mitad del sexenio de Toranzo, nos enteramos del hallazgo de una camioneta con 14 cuerpos originarios del estado de Coahuila, que fue abandonada en una gasolinera localizada sobre la carretera a Zacatecas, todavía en la capital del estado.
“Es la primera vez que se realiza un hallazgo de este tipo en el estado, similar a los registrados hace unos meses en Jalisco, Veracruz y Nuevo León”, reportó el medio Animal Político.
Las denuncias por desaparición de personas también aumentaron en el gobierno de Toranzo. Según las fichas de búsqueda activas en la página de Fiscalía, se tiene registro de 14 reportes de desaparición previos al gobierno del doctor Toranzo. Durante su administración, de septiembre de 2009 a septiembre de 2015, se reportaron 132 casos de desaparición, de las cuales el 30 por ciento (40 casos) se reportaron en la zona Centro del estado, que fue superado por la región Huasteca.
En la zona Centro, los casos de desaparición durante el sexenio de Toranzo se concentraron en la capital del estado y Soledad de Graciano Sánchez, salvo la desaparición de un hombre en abril de 2010 en el municipio de Villa Arriaga. El 87 por ciento de los casos eran hombres jóvenes, la edad promedio era de 31 años.
“Sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”, mencionó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU en el informe presentado en abril de 2022.
Violencia contra la mujer: Cuando existe impunidad, el delito se replica
Los papás de Lupita González Velázquez muestran una manta de búsqueda con el rostro de su hija y su nieto Alán Tadeo, desaparecidos en la capital del estado en 2014.
En San Luis Potosí, actualmente se lleva a cabo el juicio por la desaparición de Lupita González Velázquez, perito de la entonces Procuraduría, y su hijo Alán Tadeo Morales, desaparecidos el 26 de octubre de 2014 en la capital del estado.
El 19 de agosto de 2020, la familia González Velázquez recibió la noticia de la detención de Cruz Alfonso N., expareja de Lupita y papá de Alán, principal sospechoso de la desaparición. Sin embargo, no hay rastro alguno del paradero de la madre y de su bebé; confirmando lo dicho por el historiador: a pesar de lo avanzado del caso, la impunidad prevalece.
Según las fichas de búsqueda de la Fiscalía, el único caso registrado en 2014 en la zona Centro del estado fue la desaparición de Lupita, de 33 años, y su hijo Alán de ocho meses, que tiene síndrome de down. Veinte días antes de su desaparición, la perito puso una demanda por pensión alimenticia en contra del papá de su hijo, quien también era su jefe en la Procuraduría.
“El vehículo (de Lupita) fue encontrado tres días después de su desaparición, los primeros en llegar a la escena fue la (policía) estatal. Sabemos que hubo una violación al debido proceso porque alteraron la escena, limpiaron el carro”, explica Marco Antonio, hermano de Lupita.
Tras la desaparición, sus amigos y compañeros de trabajo cayeron en un largo silencio, no es que no quieran recordar a Lupita, es que Alfonso era un hombre poderoso. Cuando se pregunta concretamente por él, se produce un silencio largo e incómodo. Todas las personas entrevistadas, de alguna u otra forma, sienten miedo al hablar de él.
Se dice que Alfonso se dedicaba a vender servicios en criminalística a gente peligrosa, a los que cometieron algún crimen y pudieron pagar sus favores. Nadie ahonda en su modus operandi. Pero sí se sabe que era una persona importante, protegida y poco cuestionada por las autoridades. Ese poder, sumado a la impunidad generalizada en el delito de desaparición, lo hicieron intocable por casi seis años.
Karina Ansolabehere, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, comenta que las desapariciones de mujeres no están aisladas de la violencia, pero se debe de investigar tomando en cuentas sus características de género.
“Se les desaparece por ser mujeres. Muchas veces lo hacen personas cercanas, su pareja sentimental o familiares, o también las toman como botín de guerra en las disputas territoriales”, señala la experta.
Las desapariciones no disminuyeron con el cambio de gobierno. En septiembre de 2015 tomó posesión Juan Manuel Carreras López como gobernador del Estado. En 2016 se registraron el doble de desapariciones que un año antes, pero el patrón cambió: el 50 por ciento de los casos correspondían a mujeres, según las fichas de Fiscalía. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 2016 fue el único año donde la zona Centro del estado registró un mayor número de mujeres desaparecidas que de hombres.
También es a partir de 2016, que comienzan a registrarse desapariciones en otros municipios de la zona Centro del estado: se señala a Villa de Reyes, donde desapareció una niña de 14 años; y a Ahualulco, donde desapareció una mujer de 20. También vemos por primera vez a Zaragoza y Mexquitic, donde desaparecieron a un hombres mayores de 35 años en cada municipio.
Este aumento de desapariciones de mujeres, pone sobre la mesa la sospecha de que sí existe el delito de trata en la zona Centro del estado. De forma cíclica, nos vamos enterando por redes sociales que existen personas que “levantan” mujeres en la vía pública.
En marzo de 2018, alrededor de las tres de la tarde, la periodista y artista gráfica potosina María Alejandra Ruiz fue atacada por unos hombres que la subieron a una camioneta con vidrios polarizados y placas de Tamaulipas.
“Grité que no los conocía, había como cinco personas en la calle y ninguno se animó a hablar a la policía. Me subieron a la camioneta que se dirigía al bulevar Río Españita. Me rompieron toda la ropa”, relata María, quien en cuestión de segundos se aventó por la ventana de la camioneta y corrió.
En el estado no se ha implementado el Protocolo Alba, el mecanismo operativo que coordina la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, a pesar de que existe la documentación de diversos casos.
Análisis de las fichas de búsqueda de la zona Centro
Según las fichas de búsqueda de la FGE, del año 2000 al 2019 se reportaron 559 personas desaparecidas en el estado, de las cuales el 31.66 por ciento (177 casos) se registraron en la zona Centro, superado por la Huasteca.
El primer caso en la zona se reportó en julio del 2000, cuando desapareció un hombre de 60 años que se dirigía a Estados Unidos y salió de la capital potosina. La primera mujer registrada también se dirigía a la frontera, pero ella viajó en octubre de 2008 y su última ubicación conocida fue en la capital del estado.
Desde 2016, el primer año de gestión del priísta Juan Manuel Carreras, se ha reportado mes con mes alguna persona que continúa desaparecida.
De las 177 fichas de búsqueda en la Zona Centro, 127 son hombres (el 72 por ciento) y 50 mujeres. Los perfiles son personas jóvenes; el promedio de edad en hombres es de 33 años y en mujeres 24.
Desaparición de niñas, niños y adolescentes
Regresemos un poco en el tiempo a los primeros meses del gobierno de Carreras López, el 27 de diciembre de 2015, la niña Zoé Zuleica Torres Gómez, de cinco años, fue desaparecida. Carolina, su mamá, no ha dejado de buscarla desde entonces.
Aquella noche, la familia Torres Gómez se encontraba en una fiesta en un salón de eventos ubicado en Soledad de Graciano Sánchez. La pequeña Zoé, que se había quedado dormida, fue sustraída de la camioneta familiar durante la madrugada. La madre sospecha de una tía de su esposo que vive en Estados Unidos y que, desde entonces, no ha regresado a México.
“La línea de investigación que decía que Zoé estaba en Estados Unidos, ya no se le dio seguimiento. En realidad, todas las líneas quedaron abiertas, no descartaron nada y, por lo que veo, va a seguir igual en este gobierno porque el caso está congelado… A nosotros nos llegó un papel de Estados Unidos que decía que no podíamos realizar la búsqueda allá porque Zoé no se perdió allá, desapareció en México”, relata la señora Carolina.
Las denuncias por la desaparición de niños, niñas y adolescentes en la zona Centro del estado aumentaron en 2018, con el reporte de 10 casos de niños y niñas con fichas de búsqueda activas. La mayoría de estas fichas especifican que los menores de edad fueron sustraídos o se encuentran en compañía del padre o la familia del padre. Este señalamiento nos indica que la desaparición tiene que ver con violencia vicaria, una violencia de género que se ejerce sobre los niños y niñas para herir a la madre.
Según datos del Frente Nacional de Violencia Vicaria, el 81 por ciento de las madres que viven ese tipo de violencia sufren la separación forzada de sus hijos e hijas; y en el 71 por ciento de los casos, los niños y niñas sufren agresiones por parte del padre o la familia extendida del agresor.
No podemos olvidar que la desaparición de personas quiebra completamente las dinámicas familiares y comunitarias. Por cada persona desaparecida, hay una familia devastada que anhela su regreso y su búsqueda es un acto de amor profundo. Como dice la periodista Daniela Rea: “Un amor dolido, un amor desesperado, un amor consumido. Pero finalmente un amor”.
“Hija Zoé: Si algún día ves esto, no te olvides de tu mamá, que te busca desde el primer momento. Nunca me voy a rendir, siempre te voy a buscar porque eres parte de mí. Eres parte de nuestra familia y el hueco está en mi corazón”, comenta la mamá de Zoé.
OAXACA.- Con una toma en las instalaciones de la refresquera Gugar, pobladores zapotecas de San Bartolo Coyotepec, ubzapoteicado en los valles centrales de Oaxaca, exigieron que la empresa se vaya de su territorio, debido a que ha saqueado el agua provocando su escasez.
La protesta comenzó en la madrugada de este lunes, en donde los lugareños exigieron el cierre definitivo de las instalaciones por tiempo indefinido.
“Ya no queremos negociación ni nada, lo que deseamos es que Gugar se vaya de nuestra casa, porque se está acabando nuestra agua y eso no lo vamos a permitir”.
Según los manifestantes, Gugar llegó a San Bartolo Coyotepec ubicado a 16 kilómetros de la capital de Oaxaca en el año 2002, con la promesa de construir una fábrica de taparroscas y derivados de plástico, pero con el tiempo se aprovechó y construyó otra empresa envasadora de agua y refresco.
Teresita Andrés Castillo, inconforme con Gugar, explicó que llevan 10 años de lucha contra la empresa, y que inclusive han ido a los tribunales, pero sigue operando de forma clandestina.
“Ahora Gugar nos quiere cobrar por las mejoras que hizo en nuestro territorio, cuando quien violentó fueron ellos, entonces es una situación bastante preocupante. El Tribunal Agrario ya nos dio la razón, pero ellos ahora exigen que les paguemos por las mejoras, pero de dónde vamos a sacar tanto dinero, eso sí que no”.
Teresita Andrés, pobladora.
Además dijo que mientras no exista una mesa de negociación con autoridades estatales y los responsables de la empresa, la toma de la empresa continuará.
“Nosotros ya decidimos en una asamblea que a Gugar no lo queremos en nuestro territorio, queremos que se vaya porque nos está dejando sin agua, diariamente hemos detectado 40 carros a repartir agua y lo hacen tres veces por día, eso sí que no”, enfatizó.
Por su parte, los integrantes del Comité de Agua de San Bartolo Coyotepec advirtieron que anteriormente los pozos daban 12 litros por segundo, y ahora se ha reducido a la mitad, además de que los tanques elevados se llenaban en un lapso de 6 horas y ahora es el doble e insuficiente.
La empresa Gugar, por su parte, reporta en su página oficial que la empresa es orgullosamente oaxaqueña y que elabora productos como agua purificada, bebidas gaseosas, cítricas y de sabores y cuya misión es consolidarse como una de las refresqueras más eficientes de México.
En los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 30 de agosto de 2022, muestra un panorama de la violencia en la escuela contra las mujeres de 15 años a lo largo de su vida escolar y en los últimos 12 meses del año.
Según los datos de la ENDIREH, Colima es el tercer estado con mayor prevalencia de violencia de las mujeres en el ámbito escolar, solamente por debajo de Querétaro y del Estado de México. En términos numéricos, 105,199 mujeres han sido violentadas en la escuela. Este dato ha aumentado en los últimos años, debido a que en 2016, 23.6% mujeres habían sufrido violencia, por el 36.3% de 2021, es decir, un incremento de 12.7%.
En lo que respecta al último año escolar, el 20.7% (10,361) de mujeres colimenses vivieron violencia en los centros escolares, lo que lo ubica por arriba de la media nacional y en el lugar 15. Querétaro, es el estado con mayor prevalencia de violencia a las mujeres en el último año, con un 29.4%.
En cuanto al tipo de violencia recibida por las mujeres en las escuelas de Colima, 22.2% de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia física, 16.7% psicológica y 20.5% sexual a lo largo de la vida escolar. En el último año escolar, 13.5% ha experimentado violencia de tipo sexual, 12.9% psicológica, y 5.1% física.
En relación a las personas agresoras, en los últimos 12 meses, en el estado de Colima, de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito escolar, 47.2% señaló que la principal persona agresora fue un compañero de la escuela, 19.3% un maestro, 11.7% una persona desconocida de la escuela, 10.1% una compañera, 4.8% un trabajador de la escuela, 3.8% otra persona de la escuela, 1.2% la maestra y 0.5% una trabajadora de la escuela.
Referente al lugar de ocurrencia de la violencia en el ámbito escolar, en los últimos 12 meses, 72.2% señalaron que la escuela fue el lugar principal de ocurrencia de violencia, seguido 18.6% calle, parque o lugar público cercano a la escuela, 4.6 % calle , parque o lugar público lejos de la escuela y 1.8% en una casa particular.
Las presentes estadísticas modelan una situación desfavorable en términos de igualdad de género, por lo que las autoridades educativas tendrían que diseñar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en la escuela que sufren las mujeres.
Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/
Este día martes un grupo de ejidatarios bloqueó la autopista en el entronque que conduce a la comisaría de X´Can, municipio de Chemax porque no les construirán sus dos ciclopistas.
De acuerdo a Víctor Manuel, secretario de consejo de vigilancia del ejido de X´Can, comentó que la empresa ICA les había prometido construir dos ciclopistas en los costados de la autopista, ya que con el proyecto del tren maya se cerrará el paso y ya no tendrían acceso a sacar sus cosechas del campo.
La empresa se había comprometido a construir 14.75 kilómetros de ciclopista, pero un presunto ingeniero de nombre Luis les dijo que siempre no se hará.
Situación que molestó a los 1,117 ejidatarios, quienes precisaron que únicamente el paso se cerró para los volqueteros que trabajan para el proyecto del tren maya, es decir los demás vehículos si pueden transitar.
Los ejidatarios aseguran que permanecer en el lugar hasta que la empresa les cumpla.
Ante la amenaza de que Kekén reactive su planta porcícola en Sitilpech, un grupo de ejidatarios de esa comisaría de Izamal se plantó a las puertas de la sede del Poder Judicial de la Federación en Yucatán, para exigir un alto legal a la empresa.
“El de Conagua (Comisión Nacional del Agua), es un título, una licencia para que la empresa porcícola utilice el agua a su conveniencia, a su gusto”, afirmó Roberto Sánchez, integrante de Kanán Derechos Humanos A.C.
Destacó que esa licencia es suficiente para que el juez modifique la resolución y determine a favor de Kekén, “pero eso es absurdo, ya que la propia Conagua comprobó en meses pasados que la granja porcícola está contaminando el agua y el medio ambiente, con estudios que demostraron una gran concentración de coliformes fecales que incluso superaban por mucho las normas sanitarias”.
Indicó que el juez debe contemplar estos estudios para emitir el dictamen y fallar a favor de los ejidatarios, que aplique el principio precautorio, “porque hay certeza que contamina”, señaló Roberto Sánchez.
Unos 40 ejidatarios se plantaron a las puertas de las instalaciones federales desde las 8:00 horas, con pancartas y coreando: “El agua no se vende, se cuida y se defiende”, preocupados por la licencia que le dio Conagua a Kekén para el uso del líquido.
Los quejosos, de La Esperanza de Sitilpech, acudieron para presionar al juez I de Distrito, Adrián Fernando Novelo Pérez, para que dictamine a su favor, en la audiencia definitoria que se llevó a cabo ayer.
“Venimos a presionar al juez para que dictamine a favor de nosotros. No venimos a escuchar el sí a favor de Kekén, sino a recibir justicia, porque somos pobladores indígenas que queremos salvar el agua; año con año, la conservamos, por lo que no es justo que luego venga un grupo de empresarios y la dañe, y luego quién la va a reparar”, apuntó Mario, uno de los líderes de la Esperanza de Sitilpech.
Señaló que los ejidatarios están preocupados por el título que le brindó Conagua a Kekén, “ya que implica acabar con el futuro de los niños, los ancianos, las familias, los animales y los cultivos”, ya que su producción es de 49 mil cerdos, que crían y engordan, cuando se sabe que por cada kilo de carne se utilizan seis mil litros de agua.
Recordó que han estado luchando un año y cuatro meses, “de una manera pacífica y responsable, pero el pueblo se cansa, y si no nos dan la razón por las buenas, el pueblo se levantará”.
Comentó que la población ya despertó y está unida con la lucha que llevan a cabo los ejidatarios de Homún, Uayalceh y otras comunidades, así como con las organizaciones que los apoyan, como el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Greenpeace e Indignación, de lo que ha informado POR ESTO!
Luego de 12 horas frente a las puertas del Poder Judicial de la Federación en Yucatán, en la colonia Petronila, sin importar la lluvia que cayó en la tarde, el juzgado informó a los ejidatarios que hasta hoy martes darán su resolución.
“Estamos confiados en que el Juzgado dictamine a nuestro favor, ya que tenemos todas las pruebas de la contaminación que están causando al agua, la tierra y el medio ambiente”, apuntó Roberto Sánchez.
Sin embargo, señaló que en caso de que la resolución vaya en contra de los ejidatarios, apelarán ante el Tribunal Colegiado. “La lucha terminará hasta que se cierre la planta de Kekén”, recalcó, a su vez, Mario.
Aunque y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Colima sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos contra mujeres, las autoridades registran cero feminicidios, lo cual es muy dudoso, señaló la vicepresidenta y vocera del Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) “Griselda Álvarez”, Clementina Nava Pérez.
“Nos dicen que hay cero feminicidios, lo cual nos parece dudoso desde el CAM, en el sentido de si esos homicidios dolosos que reconocen realmente se han investigado como debiera. No sabemos si se están tomando en cuenta las características de los feminicidios en las investigaciones que hacen cuando mueres una mujer asesinada”, indicó.
Nava Pérez consideró que los datos oficiales de cero feminicidios en Colima dan la impresión de que las autoridades están rebasadas y no están haciendo las investigaciones como debieran y de acuerdo a los protocolos y a lo que la ley señala.
Recordó que de acuerdo con la ley, toda muerte violenta de una mujer, de inicio, debe ser investigada como feminicidio, y al parecer no se está haciendo en Colima. Como ejemplo, dijo, está el caso de las 2 mujeres asesinadas el mes pasado en Manzanillo, donde las características son las de un feminicidio, ya que sus cuerpos desnudos y desmembrados fueron arrojados a la vía pública.
Refirió que según datos del Gobierno del estado, de enero de este año al 16 de julio se han registrado 60 homicidios dolosos de mujeres, los cuales no se están considerando como feminicidios, aunque para el CAM sí lo son.
Además, mencionó que no se sabe qué está pasando con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues los presuntos delitos de violencia familiar, que Colima ocupa también el primer lugar, no se están tomando desagregados por sexo y las estadísticas que muestran los contabilizan por habitantes. “No menciona si las víctimas de violencia familiar son mujeres, son niñas o niños, o son hombres, que también pudiera darse el caso, aunque nosotras por el conocimiento que tenemos de la problemática podemos decir que la mayoría son mujeres”.
Expresó que el Secretariado toma los datos de las fiscalías, por lo que no se sabe si el problema es de origen.
Colima, México, Avanzada (05/09/2022).- Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado reconoció la localización de seis cuerpos sin vida y restos humanos en fosas clandestinas en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán. Unos meses antes, en Tecolapa, en el mismo municipio se exhumaron 28 cadáveres que estaban semienterrados.
La tragedia que viven los familiares de los desaparecidos los ha conducido a buscar bajo la tierra de Tecomán, el municipio que entre diciembre de 2018 y el 7 de abril de 2021, se convirtió en el lugar con más fosas clandestinas localizadas en el país, con 108, de acuerdo a los datos más recientes que reveló la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
Las fosas de Caleras y Tecolapa no han sido los únicos hallazgos que muestran uno de los rostros más crueles de la violencia, pues en febrero de 2019, en la pequeña población rural de Santa Rosa, también en Tecomán, se localizaron 49 fosas clandestinas de donde se exhumaron 73 cuerpos.
Hasta el pasado 30 de abril, en el reporte sobre la localización de personas desaparecidas se informó que son 10 los municipios que concentran el mayor número de fosas clandestinas en el país. La primera posición era para Tecomán y en el octavo sitio, se encontraba Manzanillo.
El segundo municipio con más fosas fue Úrsulo Galván, en Veracruz; y en la tercera posición apareció Acapulco, en Guerrero, ambos con 77 hallazgos.
En Colima, la semana pasada los familiares de desaparecidos solicitaron al gobierno estatal a frenar las desapariciones y ayudarlos a localizar a sus seres queridos que fueron privados de su libertad de manera ilegal.
Un grupo de vecinos representantes de la colonia El Refugio, de la zona Centro de Guadalajara, se manifestaron durante el inicio de los proyectos de vivienda en Distrito Creativo.
Los vecinos precisaron que no quieren el desarrollo inmobiliario porque llegará a acentuar las problemáticas con las que ya cuenta esta zona de la ciudad.
Mencionaron que ya intentaron entablar diálogo con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y con el presidente municipal Pablo Lemus Navarro, pero no los han atendido.
Ellos afirman que ya cuentan con problemas de falta de agua, redes de drenaje insuficientes para las viviendas ya existentes, además hay problemas con la recolección de basura, inundaciones e inseguridad.
Todo esto, se acentuará si llegan más construcciones de este tipo ya que se instalarán en zonas de infiltración de agua de lluvia y no se contemplan acciones para reforzar los servicios públicos.
Es un fraude constitucional trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, afirmó Causa Común.
Causa en Común, en colaboración con el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, exhortaron a los partidos, académicos, y ciudadanos en general, a manifestar su oposición ante la militarización en el país.
“Vamos hacia un régimen político que limitará derechos y libertadores“, indica el comunicado emitido por las organizaciones.
Señalaron que la creación de la Guardia Nacional en marzo de 2020 y la carga de responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas son una contradicción del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus compromisos durante su campaña política.
Además, clasificaron de “inconstitucional e inconvencional” el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional.
Cabe recordar que el pasado miércoles, 31 de agosto, el presidente López Obrador entregó la iniciativa para otorgar el control de la Guardia Nacional al Ejército; entre sus principales argumentos está que el crimen organizado se ha convertido en una fuerza “cuasimilatar” que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas.
Al respecto, las organizaciones declararon que esta acción consuma un “fraude constitucional y evidencia una clara contradicción a la postura que desde un inicio asumió el partido –Morena-“.
Asimismo, resaltaron que el acuerdo presidencial de mayo de 2020 pretendió eliminar cualquier dique a la operación de las Fuerzas Armadas, ya que no especifica los ámbitos temporal y geográfico de su despliegue, ni incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas, como lo exige la Constitución.
Por último, invitaron a los ciudadanos a “manifestar su oposición a esta deriva militarista, incompatible con cualquier democracia”.
Esta postura se suma a la alerta emitida por Amnistía Internacional que advirtió que la iniciativa presidencial convierte a las fuerzas armadas en la institución más poderosa y con más presupuesto de todo el país, lo que también provocará más impunidad.
Las plazas en las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) de México se incrementaron hasta un 20% en los primeros cuatro años del Gobierno de Andrés López Obrador.
Según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación citados por El Universal, en 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional tenía 215.243 puestos de trabajo disponibles. En los años siguientes, el número se incrementó hasta que la cifra llegó a 259.689 en 2022. Por su parte, la Secretaría de Marina arrancó el mandato de López Obrador con 66.505 y aumentó este año a 78.526, lo que significa un crecimiento del 18%.
Asimismo, tres cargos de la Sedena superan el sueldo del mandatario, pese al llamado a los funcionarios, establecido en la Ley Federal de Remuneraciones, para que nadie gane más que el jefe del Ejecutivo.
Por otra parte, a pesar de que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, la mayor parte de sus integrantes tienen una plaza en la Sedena. El pasado martes López Obrador destacó que hay más de 118.000 elementos de esta institución, superando el número de policías estatales, y resaltó que no quitará “el dedo del renglón” hasta llegar a los 150.000 efectivos desplegados en el país.
En tanto, la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó el sábado pasado la iniciativa para que la Guardia Nacional sea transferida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Sedena.
Reynosa, Tamaulipas. – Migrantes haitianos se manifestaron en la entrada del Albergue Senda de Vida en Reynosa, en demanda de una respuesta rápida para que puedan cruzar hacia los Estados Unidos.
Uno de los manifestantes comentó que desde hace una semana están solicitando al director del albergue Héctor Silva, que informe sobre la situación en la que están miles de migrantes que han solicitado su ingreso legal a Estados Unidos, a través de abogados, pero no han recibido respuesta.
Lo que quieren, dijo, es llegar a un acuerdo con el director del albergue y saber además el trabajo que están haciendo los abogados.
“Queremos llegar a un acuerdo con el pastor, para saber qué está pasando con los abogados, porque él maneja los abogados y no hay respuesta desde la semana pasada”, expuso el migrante.
Dijo que a los abogados se les está pagando entre mil y dos mil dólares para que realice sus trámites para su ingreso a Estados Unidos, y no tienen ninguna respuesta y afirmó que la gente está sufriendo mucho, ya que algunos viven en la calle.
Fue tanta la presión que ejercieron los migrantes ante las puertas del albergue que se llamó a la policía, llegando al sitio elementos de la Policía Estatal, pero la situación no pasó a mayores.
Y es que se desconoce el criterio que se aplica para el cruce de migrantes, pues se ha visto a grupos de haitianos cruzando a Estados Unidos a través del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, con el propósito de aplicar para obtener una visa ya sea humanitaria o política.
El colectivo Luz de Esperanza realizó, este 4 de septiembre, una serie de acciones de protesta y exigencia de aparición con vida de sus familiares desaparecidos en Jalisco; entre ellas estuvieron la pega de losetas de búsqueda en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco, así como una misa para mantener la fe en el regreso de sus tesoros.
Para finalizar, impulsaron el “Exhorto nacional por la Dignidad y los Derechos de las y los Desaparecidos”, donde participaron tanto las familias buscadoras como figuras políticas y representantes de organizaciones civiles del estado.
Aletse Torres Flores / Zona Docs
30 nuevas losetas de búsqueda fueron colocadas, la mañana del 4 de septiembre de 2022, en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco por el colectivo Luz de Esperanza, esta acción formó parte de una serie de actividades que concluyeron con “Exhorto nacional por la dignidad y los derechos de las y los desaparecidos”.
Desde el lugar que ha fungido para las familias buscadoras como guardián de la memoria de sus seres queridos, estas nuevas losetas de búsqueda contienen los nombres, datos y las fotografías de sus desaparecidos.
Antes de colocar cada loseta, las familias integrantes de Luz de Esperanza gritaron: “Presente” como una forma de visibilizar a quienes aún no han regresado a su hogar.
Mientras colocaban las losetas, también se realizó una misa por la memoria de todas las personas desaparecidas en el estado de Jalisco, las cuales -al 4 de septiembre- suman 15 mil 033 personas desaparecidas.
Durante la ceremonia religiosa, con cantos y rezos las familias buscadoras pidieron el regreso con vida de sus “tesoros desaparecidos”.
“Ustedes son la luz y esperanza de sus hijos, esposos, hijas, madres y familiares. Sigan con su búsqueda”, comentó uno de los sacerdotes que ofició la misa en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco.
Al finalizar la misa, las familias guardaron un minuto de silencio por todas las personas que no han vuelto a casa y por quienes, lamentablemente, fueron localizadas sin vida. Tal es el caso de José Manuel López Calvillo, quien fue localizado sin vida, el pasado 28 de agosto, luego de permanecer más de ocho meses desaparecido. Su familia forma parte del colectivo Luz de Esperanza.
Asimismo, tomaron sus lonas y fichas de búsqueda para mostrarlas en su camino hacia el “Exhorto nacional por la Dignidad y los Derechos de las y los Desaparecidos”, el cual se realizó en el Hotel Fénix, ubicado en el centro de Guadalajara, Jalisco.
“Únete, únete, que tu hijo puede ser” o “Por qué los buscamos, porque los amamos” fueron algunas de las consignas que se escucharon por las calles de la ciudad mientras las familias caminaban a manera de protesta.
Las y los integrantes del colectivo Luz de Esperanza invitaron a quienes pasaban caminando o en automóvil a unirse a su lucha y a pedir justicia por sus amores desaparecidos; sin embargo, algunas personas mostraron su molestia sonando el claxon por cerrar las calles o, simplemente, les arrebasaron en su vehículo sin importar las indicaciones de las policías de vialidad.
Casi al medio día, dió inició al “Exhorto nacional por la Dignidad y los Derechos de las y los Desaparecidos”, en este participaron familiares de personas desaparecidas, diversas figuras políticas y representantes de organizaciones civiles.
El señor Hector Flores, representante del colectivo Luz de Esperanza y padre de Héctor Daniel Flores Fernández -quien fue desaparecido, el 18 de mayo de 2021 en Guadalajara, Jalisco-, expresó que existen diversas violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades, las cuales van desde la negación de una carpeta de investigación hasta la atención indigna hacia las familias que acuden a preguntar por la investigación y búsqueda de sus amores desaparecidos.
Por otra parte, la señora Lupita Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) y madre de José Luis Arana Aguilar -quien fue desaparecido el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco-, manifestó que todos los colectivos de búsqueda deberían de unirse para enfrentar la obstaculización de la búsqueda de sus seres queridos.
“Necesitamos que nos traten con respeto, que traten a todas las caritas que ven colgadas el día de hoy y a las que no también, con dignidad. Ellos tenían sueños, familia, y hay alguien que los espera en casa” concluyó el señor Hector Flores del colectivo Luz de Esperanza.
En el evento realizado en el Hotel Fénix, lo que más resaltó fueron las voces de las familias que dieron el contexto de las desapariciones en el estado; el resto de los participantes en lugar de sumarse a las demandas de los colectivos de búsqueda optaron por centrar su discurso en criticar al actual gobierno de Jalisco y en exaltar las acciones del gobierno federal.
Kevin presenció el asesinato de su hermanita, cuando era llevada al hospital del IMSS para ser atendida de dolor estomacal
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Kevin, hermano de Heidi Mariana, la pequeña de 4 años que falleció por una bala perdida a manos del Ejército Mexicano, fue internado en una clínica local para ser atendido por las heridas que le provocaron esquirlas de bala, así como para recibir atención psicológica.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, informó que desafortunadamente, Kevin presenció el asesinato de su hermanita, cuando era llevada al hospital del IMSS para ser atendida de dolor estomacal.
“Kevin padece estrés postraumático, una afectación emocional muy fuerte, padece insomnio, no quiere probar alimentos y cuando escucha ruidos fuertes se pone nervioso y muy asustado”.
Kevin recuerda el momento en que su hermanita estaba sangrando
Además, Kevin tiene miedo de salir a la calle, así como de abordar un vehículo pues recuerda el momento en que su hermanita estaba sangrando.
“Kevin fue llevado a una clínica particular para ser atendido de las esquirlas de bala que presenta en la cabeza y rostro, que hicieron impacto en el vehículo en donde se trasladaba a la niña”.
Ramos Vázquez pidió que algún psicólogo atienda a la familia en general ya que se encuentran sumamente afectados, dijo además que acudirán a la Fiscalía General de la República para formalizar la denuncia contra elementos del Ejército Mexicano ya que aún no han sido presentados, ni puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Susana R.G. era maestra de educación física. Ella falleció tras haber sido agredida físicamente por Jhovany N., con quien se caso hace tres meses.
Con su feminicidio suman cien mujeres privadas de la vida en lo que va este 2022 en Oaxaca.
“#Justicia para Susana: No estaba en la calle a altas horas de la noche, ni vestía provocativa tampoco “se lo busco”. Susana era una mujer tímida, trabajadora, docente comprometida con su profesión y en casa fue asesinada… tenía muchos sueños y metas como todas nosotras, a ella también le arrebataron todo eso en su propia casa. ¡No fue asesinato, fue feminicidio! Porque la violencia de género no descansa ni en la pandemia y no estamos seguras ni en nuestras casas”, expresaron internautas a través de las redes sociales.
De acuerdo con información revelada por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), Susana era integrante de la zona escolar 029 y pertenecía al nivel de Educación Física del Sector Culcatlán, región de la Cañada.
Angélica Ayala Ortiz, directora general del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos indicó que éste como los asesinatos acumulados a lo largo de los últimos cuatro años evidenciaron el fracaso de Alerta de Género contra las Mujeres.
“¿En dónde encontramos los elementos para decir que es un fracaso ? En materia de prevención se ha hablado de la urgente necesidad de que las mujeres que viven violencia sean atendidas de manera preventiva y sin embargo nos hemos encontrado de que se revictimiza en los servicios que requeriría darle este acompañamiento, es decir cuando llegan a los ministerios públicos, a las fiscalias a todos los espacios a decir estoy viviendo violencia. En ese momento hay un vació”, apuntó.
“No protegen a las mujeres”
Agregó que cuando se logra una orden de protección ésas no tienen un seguimiento de tal manera que se vuelven un papel, pero no protegen la vida de las mujeres.
Por otro lado -abundo- las y los jueces no tienen una perspectiva de género y por lo tanto cuando se integran las carpetas de investigación y llega a los juzgados, lo más probable es que sean desechados y las personas responsables dejados en libertad.
Agrego que existe una carencia en materia de albergues y refugios para las mujeres sus hijas e hijos.
“La violencia feminicida es la consecuencia de factores estructurales, donde el machismo y la misoginia se expresa en las relaciones de pareja, pero también está presentes en las instancias de atención y procuración de justicia, que no solo ha mostrado incapacidad para atender las violencias por razón de género, sino que las revictimiza en multiples formas “, sostuvo.
Colectivos cumplen el sueño en vida de Debanhi Escobar, asesinada en Nuevo León, e instalan por unos minutos lo que era parte de una campaña de turismo y hoy promueve entidades con altos índices de feminicidio.
La frase #VisitaMéxicoFeminicida se ha colocado en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León. Aquí sentenciaron que: “Ser mujer es un estado de emergencia. ”Ni una más en Nuevo León, ni una más en Jalisco. Ni una más en todo México”.
Colocaron el gran letrero en un costado de la plaza de Armas, entre el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.
Explicaron integrantes de este movimiento que Debanhi compartió su deseo por visitar distintos lugares para subir a redes sociales fotografías en los letreros característicos que invitan al turismo en distintas partes del país.
Como ya todos sabemos este sueño fue interrumpido abruptamente con su asesinato entrampado en su momento por la deficiente actuación de autoridades investigadoras, al grado de que se necesitaron varia autopsias y que interviniera el gobierno federal.
Meses después en Jalisco, Luz Raquel Padilla fue hallada en la vía pública con graves quemaduras en su cuerpo y días más tarde murió..
Raquel en vida denunció las amenazas que atentaban contra su vida sin que las autoridades atendieran su caso. Por el contrario, desde su fallecimiento la han revictimizado y en fechas más reciente fue citado el fiscal al Congreso del Estado, para que explique el caso, pero se determinó por los diputados de Movimiento Ciudadano junto con los de Morena y del Verde Ecologista, que fuera en audiencia privada, sin acceso al público ni a medios de comunicación.
Se informó por parte de los colectivos que con esta acción simultánea en Monterrey y Guadalajara “continuamos exigiendo a las autoridades escuchen a las miles de mujeres y familias de las víctimas de feminicidio y transfeminicidio”.
Quienes también demandamos que las autoridades atiendan oportuna y eficientemente todos los casos y no solo los que logran tener cobertura mediática. Les recordamos que no deben esperar a que los casos sean noticia para actuar. Los feminicidios no deben esperar a ser coyunturales para ser atendidos.
Quienes encabezan el movimiento explicaron que “#VisitaMéxicoFeminicida es una intervención que busca poner en la mirada de la sociedad esta situación de violencia que vivimos las mujeres. El México turístico que el mundo conoce es también un país en el que 11 mujeres son asesinadas todos los días”.
– Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, se exigió en la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM
– Decenas de colectivos y organizaciones respondieron al llamado de estudiantes, profesores y pueblo en general a celebrar la resistencia de los Caracoles Zapatistas.
– Con música, baile, talleres y diversas actividades la lucha zapatista contra el capitalismo resonó en la Ciudad de México.
Colectivo Grieta, 02 de septiembre de 2022
Ciudad de México.- Convocado por estudiantes, profesores, trabajadores y pueblo en general, el Festival por la Vida y por la Paz. Vivan los Caracoles Zapatistas se convirtió en un espacio de encuentro y celebración de la resistencia y rebeldía zapatistas. Música, fotografía, danza, entre otras expresiones llenaron de color la explanada de la Biblioteca Central de la UNAM en la Ciudad Universitaria. Con la presencia del Congreso Nacional Indígena y la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno María de Jesús Patricio, grupos musicales expresaron su solidaridad con las comunidades zapatistas en una jornada que se prolongó desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, momento en el que la actividad se trasladó al auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, para la proyección del documental ·La Vocera”
Elaboración de mantas como parte del festival. Foto: Colectivo GrietaDurante el evento, se realizaron diversos talleres, como el de La Otra Salud. Foto: Colectivo GrietaDecenas de personas participaron en los talleres que se realizaron como parte de la celebración.El mapeo colaborativo para la resistencia formó parte de las actividades de este festival de abajo y a la izquierda. Foto: Colectivo GrietaLa música hizo sonar la lucha de las mujeres a través de la voz de Marica. Foto: Colectivo GrietaEn la Explanada de la Biblioteca Central de la UNAM resonó el horizonte zapatista de Democracia, Libertad y Justicia. Después de Marica, Zeiba Kuicani & Flores, Leticia Servín, Soultik, EL Mastuerzo y Argelia Guerrero y León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomo completaron la programación musical y dancística. Foto: Colectivo GrietaDiversos colectivos, espacios de producción autogestiva, organizaciones políticas y adherentes de la Sexta organizaron la mercadita, en la que se distribuyeron de manera directa distintos productos, desde alimenticios hasta libros y ropa elaborada artesanalmente. Foto: Colectivo GrietaEn el festival estuvo presente la lucha y resistencia de los pueblos originarios a través del Congreso Nacional Indígena. Foto: Colectivo Grieta.El recorrido de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno por el país fue rememorado tanto con una exposición fotográfica como con la proyección, horas más tarde, del documental “La Vocea”, en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Foto: Colectivo Grieta.A lo largo del día, miles de personas convergieron, se reencontraron e intercambiaron ideas en el Festival que denunció las agresiones contra las la comunidades zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno. Estas agresiones son orquestadas por los tres niveles del mal gobierno en México en colusión con grupos narco paramilitares. Foto: Colectivo Grieta.Al cierre de las participaciones musicales en la jornada de lucha y resistencia, León Chávez Teixeiro y los prófugos del manicomio celebraron la lucha zapatista por la vida y contra el capitalismo. Foto: Colectivo GrietaEl Alto a la Guerra se escuchó fuerte en Ciudad Universitaria. Foto: Colectivo GrietaEl público asistente disfrutó de diversas expresiones musicales, del soul al hip hop, del rock urbano a los ensambles de danza. El arte se hizo presente en la lucha anticapitalista. Foto: Colectivo GrietaNo morirá la flor de la palabra. La lucecita que las comunidades zapatistas entregaron sigue ardiendo con ternura, dignidad y alegre rebeldía. Las milenarias lavas del Xitle fueron testigo. Foto: Colectivo Grieta
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del sábado las reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. En una sesión maratoniana, los legisladores dieron avance a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador con 265 votos a favor, 219 en contra y una abstención. La polémica decisión, que apunta hacia la militarización de la seguridad pública, deberá ser aprobada también por el Senado en los próximos días.
El proceso ha sido acelerado a petición del Ejecutivo. López Obrador anunció en la primera semana de agosto que publicaría un decreto para trasladar el mando de la institución a las Fuerzas Armadas, y que al mismo tiempo enviaría una serie de reformas al Congreso para que la Secretaría de la Defensa Nacional pudiese ejercer el presupuesto y las tareas administrativas del cuerpo de seguridad, creado en 2019. El 31 de agosto, a minutos de que la nueva legislatura arrancara, envió al Legislativo la iniciativa que ha sido aprobada este sábado.
Así, en un encendido debate con la oposición, los legisladores de Morena y sus aliados han dado luz verde a los cambios de cuatro leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea. De esta forma, López Obrador ha evitado reformar la Constitución, un proceso para el que habría necesitado de algunos votos de la oposición. La Guardia Nacional cuenta con 115.000 elementos distribuidos en todo el país.
El enfrentamiento de Morena con los partidos de oposición en este tema parte, principalmente, de un acuerdo que hicieron en 2019 en el que el Ejecutivo prometió que el mando de la Guardia Nacional sería civil y que únicamente recurriría a las Fuerzas Armadas en un caso extraordinario. La oposición accedió entonces a votar en favor de la creación del cuerpo de seguridad, pero ante el giro en la estrategia del Gobierno, los partidos han decidido dar la espalda a López Obrador. “Tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”, ha reclamado el presidente al explicar esta nueva estrategia.
Pese a firmar un acuerdo con los pobladores de Tlaltenango, Zacatecas, para cerrar el relleno sanitario por incumplir las medidas ambientales, el cabildo municipal no se desistió de un amparo contra Profepa que impide terminar con el basurero
Texto: Kau Sirenio
Fotos: Rema
Pie de página, 02 de septiembre de 2022
CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas de la comunidad indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, acusan a los gobiernos municipal y estatal de negligencia por no cumplir con el cierre definitivo del relleno sanitario.
De acuerdo con el acuerdo firmado el 14 de julio de 2022 por autoridades estatales y municipales con la comunidad, el cierre comenzaría el 1 de agosto y sería terminado el pasado 31. Sin embargo, ni siquiera han iniciado, explicó la activista comunitaria Clarisa Trejo.
En entrevista telefónica, Trejo señaló que el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, solo cumplió con la sesión de cabildo para el cambio de uso del suelo del relleno sanitario, pero no le dio seguimiento al convenio que firmaron en julio.
El problema se alarga
Sin proyecto de verificación, monitoreo y cumplimiento de la Resolución de Impacto Ambiental emitida en 2017, fue inaugurado el relleno municipal de Tlaltenango, Zacatecas, en junio de 2019. Dos meses después, la comunidad indígena de Cicacalco denunció daño ambiental y en su salud ante las autoridades competentes.
Luego de tres años de lucha, los pobladores lograron un acuerdo para el cierre definitivo del relleno sanitario que se había presumido como uno de los más avanzados del país, así como la reparación de los daños ambientales que ha provocado.
Para ello, el alcalde debía someter a sesión de cabildo para que se modifique el uso de suelo y desistirse de un amparo que él interpuso contra la Profepa. Sin embargo, el alcalde Salvador Arellano Anaya no lo hizo.
“No les importa lo ambiental”
“En un conflicto largamente administrado por las autoridades y que partió de la mala ejecución y la peor operación del basurero municipal de Tlaltenango, hoy, como antes, nos topamos con la ineficiencia, la complicidad, la irresponsabilidad y la desfachatez de autoridades y dependencias de los tres niveles de gobierno, a quienes no les importa el tema ambiental, ni cumplir de forma decente y honesta con sus funciones como servidores públicos”, acusó Clarisa Trejo.
El convenio que firmaron el 14 de julio señala que el 28 de julio en sesión de cabildo abierto del ayuntamiento de Tlaltenango se aprobó el cambio del uso del suelo del basurero, pero el jurídico mantiene la demanda de amparo municipal en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el que se impide la clausura definitiva del relleno sanitario.
Clarisa Trejo Luna acusó al alcalde y regidores de Tlaltenango que se opusieron a que se sometiera a votación el desistimiento del amparo.
“El único tema que tenían para votación era el cambio del uso de suelo del relleno sanitario, a pesar de que integramos una comisión para cabildear con los regidores para que se sometieran a votación el desistimiento de amparo, no lo conseguimos ni siquiera nos dejaron discutirlo en asuntos generales”, dijo Clarisa en entrevista con Pie de página.
Focos de infección en el relleno sanitario de la comunidad indígena de Cicacalco. La comunidad denuncia al ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas de daño al medio ambiente. Fotos: Rema
Para activista, el cambio de uso de suelo no resolvió el problema, porque no no le dieron continuidad a los acuerdos que firmaron en la capital zacatecana:
“Mientras el cabildo no se desista del amparo no ayuda en nada el cambio de uso de suelo del relleno sanitario porque Profepa no puede clausurar definitivamente el basurero. Además, el alcalde no cumplió con lo que acordamos, no acudieron a retirar los sellos de clausura y tampoco visitaron el basurero”.
Para el cierre total del relleno sanitario en Cicacalco, al alcalde de Tlaltenango, Zacatecas, Salvador Arellano Anaya, tenía que someter en sesión de cabildo el cambio de uso del suelo, desistirse del amparo que interpuso el 5 de octubre de 2021, en contra de la Profepa, para que las autoridades federales, estatales, municipal y la comunidad inicien lo trabajos para clausurar el relleno, sin embargo esto no ocurrió.
Otra de las demandas que el ayuntamiento no atendió era la denuncia penal en contra de los activistas de la comunidad de Cicacalco:
“Si bien es cierto que no está dentro del convenio, pero se expresó en cada reunión, es la demanda que el ayuntamiento mantiene en contra de los compañeros que participamos en la movilización para el cierre definitivo del basurero, pero eso ni siquiera se habló en la sesión de cabildo”.
El convenio lo firmaron las autoridades federales, estatales y municipal: el director de Contacto Ciudadano de SEMARNAT, Yves Eduardo Gonzáles Villa; subdelegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Zacatecas, José Luis González Orozco; la encargada de despacho de Profepa Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores; la secretaria General de Gobierno de Zacatecas, Gabriela Evangelina Pinedo Morales; la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez; el presidente municipal de Tlaltenango, Salvador Arellano Anaya; y representantes de la comunidad de Cicacalco.
Clarisa Trejo cuestiona el convenio: “Desde su origen, dejó muchas complejidades: como los tiempos de respuesta de las dependencias, las omisiones por parte de las mismas, la revisión administrativa del caso, la transparencia y rendición de cuentas. Pero, sobre todo, la aplicación de medidas de urgente aplicación que en cuanto se firmó, dejaron de ser urgentes”.
“Sin una argumentación clara, con muchos huecos y recovecos, pero mostrado como un paso decisivo para la resolución de la problemática, el convenio solo sirvió para justificarse, mostrarles avances a sus jefes y dejarlo en el olvido. Estamos estancados en los puntos que no se han realizado a más de un mes de la firma del convenio, el cual, denunciamos, se ha incumplido por parte de las autoridades, a quienes no les interesa solucionar de fondo la contaminación que se ha estado suscitando desde hace más de tres años. A la fecha, las autoridades no han explicado por qué no han dado seguimiento, dado que la información sigue sin fluir hacia nosotros, aun cuando hemos solicitado por medio de oficios al municipio, y a las autoridades tanto estatal como federal. Simplemente no dan respuesta a nuestras solicitudes”, denuncia.
La periodista Priscila Roco, colaboradora del medio Playa al día, fue privada de la libertad y golpeada por hombres armados en Cancún, Quintana Roo.
De acuerdo con el medio, un carro Versa color gris la siguió y un hombre armado y una mujer la subieron bajo amenazas.
Incluso, señaló que antes del secuestro, la periodista había sido amenazada desde un número telefónico que ya denunció ante la Fiscalía General de Quintana Roo.
El secretario de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo, Lucio Hernández, publicó que “se tienen las evidencias del caso y se trata de un tema de venganza y diferencias personales”.
Hasta ahora, en México van 15 periodistas asesinados en lo que va del año.
En los primeros seis meses del año, los ataques contra periodistas y medios de comunicación no solo se incrementaron, sino que aquellos realizados por integrantes del crimen organizado se dispararon 150%, a comparación del primer semestre de 2021, de acuerdo con el informe semestral La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste, de la organización Artículo 19,
Texto: Ricardo Hernández / Foto: Elizabeth Ruiz / Pie de Página
Metales pesados y restos fecales por descarga de aguas negras en una exclusiva zona hotelera de Cancún han sido hallados en el Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, colindante con un Área Natural Protegida
QUINTANA ROO.- La actividad turística y urbana, así como la descarga de aguas negras en la exclusiva zona hotelera de Cancún han contaminado todo un sistema lagunar –colindante con un Área Natural Protegida–, al grado de cambiar químicamente la composición de sus aguas y deteriorar su calidad, lo cual representa un riesgo a la salud humana y una amenaza para los humedales y arrecifes de coral del lugar, coinciden dos estudios científicos recientes.
Aguas negras, metales pesados como cadmio, evidencias de restos fecales como enterococos, altas concentraciones de nutrientes como nitritos, nitratos y fósforo, además de cafeína –prueba fehaciente de descargas residuales ilegales–, fueron algunos de los hallazgos de varios científicos en el Sistema Lagunar Nichupté, ubicada en Cancún, la ciudad más joven de México con apenas 52 años de vida.
Al filo de la década de los 60, luego de recorrer por vía aérea cientos de kilómetros de costa mexicana, un grupo de banqueros expedicionarios dio con el sitio imaginado: una fina franja de arena blanca entre el Mar Caribe y una prístina laguna. Aquella comitiva conformada de personal del Banco de México, que buscaba fundar en el país una nueva ciudad con vocación turística con el propósito de atraer divisas del extranjero, decidió que aquel lugar era el indicado para crear el primer Centro Integralmente Planificado de México.
A la planeación se le sumó la Secretaría de Hacienda y el Infratur, hoy Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quienes elaboraron decenas de estudios justificativos: de demanda, costo beneficio, prospecciones y hasta ambientales.
Como aún no existía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni los proyectos de Manifestación de Impacto Ambiental, en 1971, Antonio Enríquez Savignac, quien se desempeñaba como delegado fiduciario de Infratur, solicitó al Instituto de Biología de la UNAM un estudio sobre los posibles impactos que provocaría un polo hotelero en la zona, especialmente sobre la laguna Nichupté, rodeaba de la franja de arena de 30 kilómetros que ahora conocemos como zona hotelera y a donde ya se han levantado 201 hoteles.
Eric Jordán Dalhgren, uno de los seis biólogos que realizaron el estudio, investigador fundador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en Puerto Morelos, en Quintana Roo, recuerda en entrevista que hicieron una particular advirtieron sobre la fragilidad de la Laguna Bojórquez, una de las más pequeñas del Sistema Lagunar, porque es un cuerpo de agua muy cerrado, con escasa conectividad y, en consecuencia, vulnerable ante los contaminantes, que le son difíciles de expulsar.
“Cosa que les entró por aquí y les salió por allá”, se queja Jordán.
En 2008, para proteger el humedal que rodea al Sistema Lagunar, la Conanp decretó la creación de una nueva área natural protegida en una parte de ella: el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.
Por su importancia ecológica, por albergar selva baja caducifolia, humedales, especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción como los mangle rojo, negro, botoncillo y blanco, así como el cocodrilo, la rana leopardo, la iguana y la tortuga blanca, se incluyeron 914.49 hectáreas correspondientes a los cuerpos de agua de las lagunas Del Amor y Río Inglés.
Con el tiempo, los canales naturales de interconexión de la Laguna Bojórquez con el resto del sistema y con el mar fueron obstruidos debido a la construcción de hoteles, según se reconoce en el capítulo ambiental del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún de 2014.
Para 2015, Christine McCoy, investigadora de la Universidad del Caribe, en su tesis de posgrado advirtió de la contaminación de este cuerpo lagunar a causa de 10 descargas clandestinas de agua residual y 30 provenientes de alcantarillas pluviales.
A medio siglo de la fundación de la zona hotelera, no solo Bojórquez sino todo el Sistema Lagunar está contaminado.
Advierten contaminación
Existen dos estudios recientes sobre la calidad del agua del Sistema, dos oficiales, realizados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y por la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Cancún, y otro por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (Cicy). Ambos advierten sobre su franco deterioro, especialmente de Bojórquez, aunque el primero de ellos es más contundente.
La SICT realizó el Diagnóstico ambiental del agua en el Sistema como parte de la MIA del puente vehicular de 8.8 kilómetros que atravesará la Laguna Nichupté, proyecto prioritario para el gobierno federal y actualmente en construcción.
El Sistema se dividió en cinco zonas para su estudio (Bojórquez, Norte, Tajamar, Centro, Sur y Río Inglés). Entre los valores a medir incluyeron a la cafeína, por ser “indicador de presencia de aguas residuales de origen antrópico”, pues solo el humano consume café, que luego de procesarlo lo desecha y va a parar a las cañerías. El valor más alto se encontró en Bojórquez y fue 31 veces más alto que el nivel más bajo monitoreado.
“La zona con mayor presencia de cafeína y por ende de aguas residuales fue Bojórquez con 606.66 nanogramos por litro (ng/L), mientras que la zona Norte fue la de menor concentración, con 19.34 ng/L”, se lee en el documento.
Las aguas residuales podrían provenir por el vertido de aguas negras sin tratar, por fallas en las plantas de tratamiento o por fosas sépticas, de acuerdo con los autores.
Otro de los indicadores medidos fue la clorofila-a, un pigmento muy común por el desarrollo vegetal, pero que cuando es alto puede advertir sobre el cambio químico del agua, propicio para que algas crezcan y colonicen el ambiente. El mayor registro hallado fue en Bojórquez.
Sobre los nutrientes, en específico, nitritos y nitratos, los niveles más altos se encontraron en las zonas Río Inglés, Tajamar y Centro.
“Si bien las tres zonas presentan manantiales y descargas de agua dulce, en el caso de Tajamar y en mayor medida la zona Centro, se encuentran muy cercanas a la zona urbana de Cancún. Estas concentraciones pueden estar relacionadas con las descargas de aguas residuales de origen doméstico, hoteles y fertilizantes inorgánicos, mientras que en el caso de Río Inglés altas concentraciones podrían tener su origen en la materia orgánica de los humedales circundantes”, apuntan.
En estas mismas zonas y por las mismas causas –aunque probablemente también por la actividad natural del manglar– se hallaron los índices más elevados de amonio.
El estudio concluye que el Sistema Lagunar se ha degradado y su calidad ha pasado al peor escenario medido de acuerdo con el Índice trófico (TRIX).
“El índice TRIX señala que la condición general del sistema es hipereutrófico, y que la calidad del agua es mala. Las zonas de Bojórquez y Tajamar presentaron una mala calidad de agua. En el caso de Bojórquez, la actividad turística y la descarga de aguas residuales, sumado al mayor tiempo de residencia del agua, promueve un mayor deterioro en esta zona y aumentando el estado trófico. Los resultados obtenidos en la concentración de Cl-a, son síntomas de dicho proceso”, concluyen.
Otros factores que influyen en el deterioro es el desmonte de manglar, el tráfico de embarcaciones y dragados que se han hecho. De hecho, el estudio indica que 36.18 hectáreas de manglar que rodea al Sistema está muerto, a causa del deterioro del ecosistema.
Coincide Cicy
El estudio auspiciado por el Cicy y realizado por el investigador Eduardo Cejudo entre 2018 y 2019, cuyos resultados fueron publicados hace un año en la revista Regional Studies in Marine Science, tiene resultados muy similares. Altos índices de amonio, nitrito, nitratos, fosfatos, silicatos, clofila-a y nitrógeno. Este último, se apunta en el documento, supera la concentración sugerida como límite permisible para la protección de la vida acuática en zonas costeras.
Cejudo, amplió el espectro de muestras para incluir al cadmio, que es un metal pesado, y enterococos, un microbio usado como indicador de contaminación fecal de aguas, prueba también de las descargas de aguas negras.
En el Sistema Lagunar, comenta el especialista en entrevista, hay entre 5 y 10 nmp/100 mL (número más probable de enterococos por 100 mililitros), lo cual es superior a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como valor guía para riesgo de enfermedades gastrointestinales.
En tanto, el cadmio fue detectado en mayor medida en la zona centro del Sistema.
Importancia de sistemas costeros
Los sistemas costeros como los del Sistema Lagunar Nichupté son de suma relevancia pues es en ellos donde se concentran los ecosistemas con más elevada productividad primaria, casi el triple que en los océanos abiertos, destaca la bióloga, Patricia Santos González, especializada en bioquímica y con décadas de experiencia de trabajo en este complejo lagunar.
Es en esta franja donde encontramos a los arrecifes de coral, manglares, pastizales y un sin fin de especies marinas y lagunares, destaca.
“El 70 por ciento de las especies de importancia pesquera lo constituyen organismos estuarinos o aquellos que algún período de su vida lo transcurren en un ecosistema lagunar estuarino, y que en su mayoría están asociados a manglares en zonas tropicales”, ejemplifica Santos.
Las lagunas costeras, enfatiza, hacen que las ciudades sean más seguras para vivir, por mitigar los impactos de fenómenos hidrometeorológicos; por ser biofiltros bacterianos contra toxinas, pesticidas y demás desechos de la actividad humana; brindan servicios climáticos, pues hacen a las ciudades más frescas y agradables para vivir.
Además, tienen una importancia económica, este Sistema Lagunar en particular da empleo de forma directa a mil 065 familias y de forma indirecta a otras 4 mil familias, con relación a actividades de snorkel, jungle tours, pesca deportiva, parasailing, motos acuáticas, barcos con cena, canoas, kayaks, entre otros.
“¿Qué implica buscar a una persona desaparecida en Oaxaca?” fue la pregunta que con justa rabia y dignidad respondieron integrantes de colectivos de búsqueda de este estado en el marco de la Caravana Nacional de Memoria y Narrativas de la Desaparición en México, que realizó la colectiva Técnicas Rudas en la Alameda Central en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Dalia Souza y Darwin Franco / Zona Docs
En Oaxaca, oficialmente, sólo se reconoce la desaparición de 495 personas; sin embargo, las familias y colectivos señalan que, por lo menos, en la entidad existen más de tres mil personas desaparecidas.
Pese a ello, durante todo el gobierno de Alejandro Murat, éste siempre se negó que existieran desapariciones en su estado; por ello, es que familias se han organizado y unido en diversos colectivos para señalarle al gobernador que no están dispuestos a que se minimice e ignore esta grave crisis.
Pues, como precisa la periodista de Página 3, Paula Ríos, “Oaxaca, en efecto, si es un estado que lo tiene todo, incluidas, las desapariciones”.
Aquí una crónica audiovisual donde las familias señalan lo que implica buscar a una persona desaparecida en Oaxaca.
Colima, México, Avanzada (01/09/2022).- A pesar del aumento de los casos de personas desaparecidas, en Colima sólo 8 agentes del Ministerio Público son los responsables de investigar las más de mil 400 denuncias que existen por desaparición.
En entrevista con medios de comunicación, la integrante del colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tecomán, Candelaria Ochoa Pizano indicó que el número de agentes investigadores detiene los trabajos para localizar a las víctimas, “pues no se dan abasto con tanto”.
En los últimos cuatro años y en distintos municipios, familiares de las víctimas de desaparecidos han reclamado la lentitud en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y señalaron que en ocasiones, durante meses no hay ningún hallazgo o información sobre su familiar.
Este martes, durante la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición forzada, Candelaria Huerta Pizano explicó que como colectivo tienen una coordinación con la Fiscalía General del Estado, pero sentenció que los trabajos se frenan momentáneamente por la cantidad de trabajo de los agentes investigadores “son sólo ocho las personas asignadas para la búsqueda”, expresó.
Así también mencionó que en lo que va de este año, tienen el reporte de un total de 183 personas desaparecidas en Tecomán, entre ellas, 30 mujeres y el resto, hombres de diferentes edades.
Precisamente en Tecomán sucedió la desaparición el 17 de mayo de 2017 de Kelsy Naomi, una niña de 8 años de edad que salió a vender donas con una vecina y ya no regresó a su casa.
Desde que se denunció la desaparición y hasta la fecha, don Roberto Córdova, padre de Kelsy, sostiene que en la Fiscalía General los avances para la localización de su hija eran prácticamente nulos y por meses, no había ningún movimiento en la carpeta de investigación.
Uayalceh es otra víctima de Kekén, y la comisaría de Abalá ya presenta una importante contaminación en el agua que pone en riesgo grave de salud a sus habitantes, denunció Cuauhtémoc Jacobo Femat, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán.
El problema es que los ejidatarios firmaron, hace 20 años, un convenio leonino, que dificulta proceder contra la empresa. Pactaron con Kekén la instalación una granja porcícola que les generaría empleos y ganancias a los habitantes del ejido.
“Es tan grave lo que establece ese convenio de aparcería, qué palabras más, palabras menos, dice que la empresa no se compromete a que la granja sea un negocio rentable”, señaló Jacobo Femat.
Los campesinos conformaron una sociedad de producción en la que se comprometían a aportar el agua necesaria, a través de la perforación de pozos e incluso a solicitar créditos para construir las naves y los edificios para la engorda de cerdos; Kekén, por su parte, sólo se comprometía a comercializar los cerdos. Los pobladores también sufragaron los gastos de la tecnología para el tratamiento de las aguas residuales.
“Y los ejidatarios seguimos pagando los créditos de una obra que le sirve a Kekén para sus actividades, que son las que contaminan el agua y el medio ambiente del pueblo”, dijo.
Recalcó que los ejidatarios debieron recibir asesoría de la Procuraduría Agraria, “que está obligada a participar cuando se firman este tipo de convenios, y en lugar de asesorarnos nos empujaron a firmar”.
Con el paso del tiempo, se han dado cuenta que no hay garantías de ganancias; pagan por algo en lo que la empresa está obligada a invertir, mientras Kekén solamente debe entregar los cerdos y proceder a la comercialización, y, por tanto, los costos mayores los absorben ellos.
Por medio de este convenio, apuntó, la empresa se lava las manos y sin ningún candado opera y contamina, porque puede argumentar que no es una tarea suya el tema ambiental, ya que los ejidatarios son los supuestos dueños.
El activista dijo que, de los 30 ejidatarios que iniciaron como socios, sólo quedan tres, y ni los que salieron de esa sociedad, ni los que permanecen, han visto beneficio alguno, y si deterioro del agua del poblado y del medio ambiente.
“Toda esa promesa con la que siempre se presenta Kekén, de generar empleo, generar desarrollo y beneficios, no existe y los habitantes de la población y sus familias lo hemos vivido todo este tiempo y seguimos en malas condiciones y cada vez peores, ya que el olor de los cerdos ha invadido la población en el vivero del programa sembrando vida están muriendo plantas por la contaminación del agua”, afirmó.
Sobre los efectos que se ven en la población, comentó: “En el centro de salud encontramos casos de enfermedades en niños, personas adultas, y no se ha prestado atención a eso, ni se le quiere prestar atención. Estamos hablando de una afectación a una población de poco más de cinco mil habitantes, y eso es gravísimo”, recalcó.
Para el activista es un tema en el que la corrupción parece evidente, porque para Kekén todo ha sido un regalo, y no hay al momento represalias legales ni judiciales al respecto.
“Aquí en Yucatán se les ha servido todo en charola de plata: territorio, mano de obra barata y probablemente bajo costo en la cuota de uso de agua, misma que contaminan”, apuntó.
Familiares de la menor dicen que la pequeña recibió un balazo de militares, que tirotearon el coche en que viajaba. Ni la Fiscalía ni la Secretaría de la Defensa han informado del caso
Una niña ha muerto a balazos este miércoles por la noche en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un evento algo confuso que involucra a varias patrullas militares. La niña se llamaba Heidi Mariana Pérez y tenía cinco años. Según ha informado su abuela a medios locales, la niña, su hermano, de siete años, y la persona que los cuidaba iban en un carro al hospital. La abuela, Adriana Rodríguez, ha explicado que la niña sentía “un malestar”, por lo que acudieron a consulta al centro médico, donde, además, trabajaba la madre de la pequeña. Poco antes de llegar, una ráfaga de balazos impactó en el vehículo, hiriendo a la cuidadora, que conducía, en el hombro izquierdo. Una bala alcanzó también a la niña en la cabeza. La pequeña murió en el acto.
La abuela de la menor ha explicado a los medios este jueves que militares que estaban en varias patrullas en la zona dispararon contra el vehículo en que viajaba los menores. No queda claro en qué contexto ocurrieron los disparos, si los militares, por ejemplo, participaban en un enfrentamiento o una persecución. Hasta este jueves por la noche, la Secretaría de la Defensa no ha informado sobre lo ocurrido. EL PAÍS ha enviado mensajes a varios integrantes de la dirección de Comunicación Social de la Defensa para preguntar por el caso. Ninguno ha contestado. Una fuente de la Fiscalía de Tamaulipas ha informado de que hay una investigación abierta: “Hay muchas versiones en redes de que fue el Ejército, no tenemos certeza de que hayan sido ellos, pero lo estamos investigando”.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una asociación civil de la ciudad con una larga trayectoria de denuncia de violaciones a derechos humanos, ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos este mismo jueves por los sucedido. “Este atentado del personal militar hacia las víctimas habría ocurrido en la avenida 20 de Noviembre, entre las calles González y Doctor Mier, cuando supuestamente perseguían un vehículo de civiles y los elementos del Ejército Mexicano intentaban detenerlos disparando sus armas de fuego”, dice el texto de la queja.
Manifestación a la entrada de la Zona Militar 8-A, en Nuevo Laredo por la muerte de Heidi Mariana, este jueves.
CORTESÍA (COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO LAREDO)
La asociación señala que al menos tres carros del Ejército estaban cerca de la zona de la balacera, dos camionetas tipo pick up y un vehículo blindado. “Es importante mencionar que esta no es la única ocasión en que personal del Ejército Mexicano priva de la vida de forma arbitraria a menores de edad y adultos durante actos de persecución o enfrentamientos con civiles armados. Es del conocimiento público que suman alrededor 11 víctimas inocentes documentadas por este Comité de Derechos Humanos desde 2015 a la fecha en la ciudad”, añade el documento.
En la tarde del jueves, familiares y amigos de la niña se han concentrado a las puertas del cuartel militar Macario Zamora, de Nuevo Laredo, en protesta por lo ocurrido. La abuela, Adriana Rodríguez, ha encabezado el plantón: “¿Cuál fue el pecado que cometieron, tener los vidrios ahumados?”, ha dicho, en alusión a una de las explicaciones que las fuerzas de seguridad han dado estos años, ante situaciones parecidas. La oscuridad de los vidrios los confundió. “Señor presidente de la República, quiero justicia para mi nieta, justicia para la niña. Usted, señor presidente, fue padre y abuelo, pónganse en mis zapatos. ¡Quisiera arrancarme el corazón para que vean lo que estoy sufriendo!”, ha exclamado.
En Tamaulipas son habituales los señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra el Ejército o la Armada. Parte de la cuenta del Comité de Derechos Humanos es el caso, por ejemplo, de la familia Ruiz Rojas, acribillados en 2018, cuando circulaban en su vehículo por la ciudad. Marinos a bordo de un helicóptero abrieron fuego contra la familia. Dos niñas y una mujer murieron por los disparos.
También son habituales las acusaciones de violaciones a derechos humanos por parte de militares, casos de ejecuciones o desaparición forzada. Actualmente, la Fiscalía General de la República tiene abiertas investigaciones por la desaparición de 47 personas a manos de personal de la Armada.
Hopelchén es hoy uno de los principales productores de soya en el país. Ocupar ese lugar ha tenido un costo muy alto para la biodiversidad. En 20 años este municipio del estado de Campeche perdió, por lo menos, 153 mil 809 hectáreas de cobertura arbórea, superficie que representa tres veces el territorio de la isla de Cozumel.
La expansión de la soya en esa región ha ido de la mano con procesos de arrendamiento y privatización de tierras que antes eran ejidales bajo tenencia colectiva, y subsidios gubernamentales que benefician, sobre todo, a grandes productores.
En los últimos siete años, las autoridades ambientales no han autorizado ningún cambio de uso de suelo forestal en Hopelchén, aún así los desmontes siguen y se han intensificado en los últimos años, de acuerdo con imágenes satelitales.
Si se mira desde lo alto, el campo menonita Nuevo Progreso es un manchón de tonalidades cafés que se extiende en forma irregular sobre una alfombra verde. A ras de suelo sólo se ven cultivos uniformes que parecen prolongarse al infinito. Es difícil imaginar que en ese paisaje ocre y homogéneo existía, hace 35 años, selva.
En el norte, sur y centro de Hopelchén —municipio a 94 kilómetros de la capital de Campeche, en la Península de Yucatán—, las imágenes satelitales más recientes y que están disponibles en la plataforma Google Earth, muestran el mismo panorama: la pérdida del bosque tropical, conocido como selva maya, y cómo su lugar es tomado por extensos campos de cultivo. Ese patrón, de acuerdo con las imágenes, se agudizó a partir del año 2000 y se aceleró después del 2004.
En Hopelchén se pierde el bosque tropical a un ritmo vertiginoso para dar paso a un modelo de agricultura industrial, que tiene a varios protagonistas: colonias menonitas, ejidatarios que les han vendido o arrendado sus tierras, empresas agroindustriales instaladas en la ciudad de Mérida, Yucatán, y, en especial, las políticas y subsidios que han alentado la siembra de la soya.
Antes del año 2004, en Hopelchén no se cultivaba soya o, por lo menos, su presencia era tan discreta que ni se notaba. Ese año, la leguminosa originaria del este asiático fue introducida en los campos agrícolas del municipio que fueron abiertos desde los años ochenta y en donde ya se cultivaba, sobre todo, maíz híbrido. Los datos del anuario estadístico de la producción agrícola del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) permiten conocer que las 220 hectáreas donde la soya se sembró no representaban ni el 1% de las 37,090 hectáreas de tierras que se trabajaron ese año en esa región de Campeche.
Lo que vino después fue inusitado. En tan sólo 17 años, la superficie de soya sembrada en este territorio maya creció más de 22 mil veces. Hopelchén se ubicó, con 49,870 hectáreas, como el municipio con la mayor producción de soya a nivel nacional durante el 2021.
Esta expansión se dio en lugares que ya se ocupaban para otros cultivos, pero también en terrenos que tenían cobertura forestal, sitios en donde antes había selva.
“Lo que más me preocupa es que si esto sigue así, al paso a como va, de aquí a 20 años ya no habrá bosque aquí en la península”, dice uno de los apicultores que nació en una de las comunidades mayas de Hopelchén y ha sido testigo de cómo se ha transformado el territorio.
Un análisis realizado por Global Forest Watch (GFW) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI)-México, compartido con Mongabay Latam para este trabajo periodístico, muestra que de 2001 al 2021, el municipio de Hopelchén perdió, por lo menos, 153,809 hectáreas de cobertura arbórea, superficie que representa tres veces la isla de Cozumel, una de las más grandes del país.
El doctor Edward Allan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, quien desde más de una década da seguimiento al proceso de deforestación en la Península de Yucatán, ubica el 2005 como el momento en que se disparó la pérdida de selva en Campeche; ese fue el segundo año en que se sembró soya en Hopelchén, abarcando 2,315 hectáreas de terreno, más de 11 veces el área que había ocupado en 2004.
Los subsidios del gobierno para fomentar la siembra de soya, la estabilidad en los precios pagados por la leguminosa y la cercanía de Hopelchén con la zona industrializadora de granos y oleaginosas, ubicada en Mérida, Yucatán, han sido elementos que incidieron en la expansión de la soya en este municipio. Así lo ha documentado en publicaciones científicas Flavia Echánove Huacuja, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Campos agrícolas van ganando terreno a la cubierta forestal. Foto: Robin Canul.
Desterrar a la biodiversidad
El campo menonita de Santa Fe, al norte de Hopelchén, es otra área que le ha ido ganando terreno, literalmente, a la selva. Los menonitas comenzaron a instalarse en ese sitio desde la década de los ochenta, dice un campesino y apicultor de la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén, vecina del asentamiento.
En donde hoy se ubica el campo menonita de Santa Fe —recuerda el apicultor— antes crecían especies como el dzidzilché (Gymnopodium floribundum Rolfe), árbol muy apreciado por los apicultores por la alta calidad de la miel producida a partir del néctar de sus flores. También había kitinchés (Caesalpinia gaumeri), jabines (Piscidia piscipula) y tzalames (Lysiloma latisiliquum). Hoy sólo pervive una hilera de kibixes — arbusto cuyas flores también son polinizadas por las abejas—, detrás de la cual se extienden campos de arroz, otro monocultivo que en los últimos años se impulsa en Hopelchén. El apicultor explica que en otras temporadas en estos terrenos se sembró soya.
El desmonte de esta zona también ahuyentó a los animales que ahí vivían.
“Había pavo de monte, puerco de monte, venados; en la aguada —acumulaciones de agua que se forman en las depresiones naturales durante época de lluvia— había como cuatro o cinco cocodrilos grandes, pero pues al llegar esos menones (como algunos pobladores les dicen a los menonitas) a enterrar las aguadas y todo, pues ya los animales se fueron yendo, fueron perdiendo su hábitat”, dice el apicultor de 67 años. La diversidad de árboles también permitía que ahí se instalaran apiarios. Eso también se perdió.
Terreno en donde se eliminó la cubierta forestal para transformarlo en campo de cultivo. Foto: Lizeth Ovando
El apicultor rememora ese pasado sentado a la sombra de un árbol, en el centro de la comunidad. A unos metros, un colorido mural con la imagen de una abeja recuerda la importancia de este insecto en Hopelchén, el segundo municipio que más miel produce en Campeche, de acuerdo con el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Además de sostener económicamente a unas 1,500 familias apicultoras de Hopelchén, la abeja también es parte de la identidad maya y símbolo de la lucha por la defensa del territorio: “Nosotros trabajamos así poquitas áreas, pero ellos (los menonitas) empezaron a llegar y empezaron a destruir cantidades de hectáreas”, recuerda el apicultor. “Imagínate cuánto monte se destruyó, cuánta fauna no se ahuyentó, cuántas aguadas no se perdieron”.
Los menonitas, un grupo religioso de origen europeo y que forja su existencia alrededor de la agricultura, llegaron a México en la década de los veinte, con el apoyo del presidente Álvaro Obregón. En ese entonces, se instalaron en Chihuahua, al norte del país.
Décadas después, la falta de agua y búsqueda de tierras nuevas para la agricultura los llevó a migrar al sur. A partir de los años ochenta, comenzaron a instalarse en Hopelchén. Ahí recibieron todas las facilidades de los gobiernos municipal y estatal para hacerse de territorio, sin importar que con ello se abriera aún más la puerta a la pérdida de la selva maya que ya se vivía en el lugar por la ganadería y el impulso de la agricultura mecanizada.
Los menonitas viven fuera de las comunidades mayas, en espacios conocidos como campos que suelen colindar con los poblados tradicionales o con terrenos ejidales. El límite entre un espacio y otro se reconoce cuando al terreno deforestado le sigue un área cubierta de árboles. En los últimos años se han agravado los conflictos entre menonitas, ejidatarios —incluso mayas— que rentan o han vendido sus tierras para cultivos agroindustriales y apicultores o pequeños productores que buscan conservar la selva. La tensión que se vive en la zona se nota, incluso, cuando la gente de las comunidades, como el apicultor de San Juan Bautista Sahcabchén, pide no ser identificada en las entrevistas para evitar represalias.
Una de las zonas en donde los menonitas reúnen su producción agrícola. Foto: Lizeth Ovando
Desmonte que sigue impune
Eliminar la vegetación de un área forestal para darle otro uso a ese terreno no se puede hacer a voluntad. Para realizarlo, se requiere contar con un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dependencia puede otorgar esa autorización de manera excepcional, siempre y cuando se demuestre que se mantendrá la biodiversidad de los ecosistemas afectados y que se mitigarán impactos como la erosión de los suelos, la reducción del agua o el deterioro de su calidad. Así lo señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La ley también indica que en terrenos donde la pérdida de cubierta forestal haya sido ocasionada por desmonte, tala o incendio, la Semarnat no puede autorizar cambios de uso de suelo sin que hayan transcurrido 20 años y que se haya acreditado la regeneración de la vegetación forestal.
A quien desmonte, destruya la vegetación natural, tale árboles o cambie el uso de suelo forestal sin contar con la autorización de Semarnat, el artículo 418 del Código Penal Federal precisa que se le “impondrá una pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa”. Eso representa entre 12 mil y 370 mil pesos (de 575 a 18 mil dólares). En Hopelchén estas disposiciones han sido ignoradas.
De 2015 a febrero de 2022, las autoridades de la Semarnat no autorizaron cambios de uso de suelo forestal en el municipio de Hopelchén, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información.
En ese mismo periodo, sólo en una ocasión se solicitó un cambio de uso de suelo en terrenos forestales para transformarlos en terrenos agrícolas en Hopelchén. El ejido Xmabén fue el que presentó la solicitud en 2020. La autorización se negó. Aún así, la pérdida de cobertura forestal avanza implacable en los terrenos del ejido, de acuerdo con las imágenes satelitales.
En el mismo periodo, de 2015 a febrero de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de vigilar que se cumpla con la ley ambiental, abrió 69 procedimientos (acciones administrativas) por el posible cambio de uso de suelo forestal en Hopelchén. De hecho, fue el municipio de Campeche donde más procedimientos se realizaron, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información.
“Hay deforestación ilegal todos los días. Hay esta omisión de parte de las autoridades competentes para sancionar a quienes estén incurriendo en esta actividad ilegal”, dice con firmeza una apicultora sentada en el pórtico de su casa.
La mujer, que habla de cómo se pierde la selva, es integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, organización que trabaja en la defensa del territorio maya desde hace poco más de una década. El detonante de su lucha fue una inusitada y masiva muerte de abejas que se registró en 2010.
Al investigar por qué encontraban muertas a cientos de abejas descubrieron que en los grandes campos agrícolas menonitas se utilizaba un gran volumen de plaguicidas. El uso intensivo de agroquímicos se relacionaba, a su vez, con la popularidad que ganaba la soya —la mayoría transgénica y comercializada por la trasnacional Monsanto— como un cultivo más rentable que el maíz híbrido. Eso provocaba el desmonte de la selva para ampliar la superficie de producción. Y todo esto era incentivado por el propio gobierno.
Descubrir lo que estaba detrás de la muerte masiva de abejas fue como jalar de una hebra suelta que termina deshilachando una prenda, pues reveló una cadena de problemas que estaban ocurriendo en el municipio. En el centro de todo estaba una vez más la expansión de la agroindustria.
Un camino en una de las zonas que todavía conservan cubierta forestal. Foto: Robin Canul.
Abrir paso al desmonte
En Hopelchén, un factor que ha favorecido la deforestación es el cambio en la propiedad de la tierra, pues ha permitido tanto a menonitas como a grandes productores agroindustriales —entre ellos, algunos mayas— hacerse de terrenos ejidales, a través de su compra o arrendamiento. Incluso, se han parcelado y vendido tierras de uso común con cubierta forestal, pese a que está prohibido por la ley agraria.
En los terrenos ejidales, la única transacción legal posible es que los ejidatarios establezcan contratos de arrendamiento o usufructo de tierras. Así que desde mediados de la década de los noventa son frecuentes los acuerdos entre algunos ejidatarios con productores agroindustriales, sobre todo menonitas, pero también algunos mayas y empresarios de otros estados.
La doctora en ciencias sociales Gabriela Torres-Mazuera, autora de varias investigaciones sobre este tema, ha documentado que la renta de tierras se intensificó a partir de 2010. Una razón fue el impulso del cultivo de la soya, que en ese año ya se extendía por 7,469 hectáreas de Hopelchén.
Un caso excepcional ocurrió con el ejido de Xmabén, al sur de Hopelchén: una sexta parte de sus 36,808 hectáreas de superficie terminó en manos de menonitas.
En el municipio de Hopelchén, la selva se ha ido transformando en extensos campos de cultivo. Área en el ejido Nuevo Durango, Foto: E. Chablé.
De acuerdo con la investigación de Torres-Mazuera, a finales de 1990, un grupo de menonitas negoció con los ejidatarios de Xmabén para comprarles 5,656 hectáreas (unas 3,500 eran selva). En 1999 se concretó la negociación: 21 menonitas fueron reconocidos como avecindados del ejido —cuando en realidad no lo eran— y casi de inmediato como ejidatarios. La asamblea ejidal les asignó 5,100 hectáreas en usufructo por 30 años.
Algunos ejidatarios denunciaron la ilegalidad del acuerdo, ya que los menonitas no cumplían con un requisito de ley: ser avecindados del lugar, es decir, llevar un tiempo viviendo en el ejido. De nada sirvieron sus reclamos, las autoridades de la Procuraduría Agraria no invalidaron el proceso.
En 2008 el ejido Xmabén se dividió legalmente y los menonitas crearon el ejido Nuevo Durango que abarca 5,669 hectáreas, de acuerdo con el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Esa extensión representa casi 17 veces el tamaño del Central Park de Nueva York. Las imágenes satelitales muestran que a partir del 2000 (al año siguiente de que la asamblea ejidal los dotó de tierra), el lugar comenzó a perder su cobertura forestal.
Tan sólo en cinco años, los terrenos que se encuentran entre el ejido Xmabén y el campo menonita Nuevo Durango perdieron aproximadamente 971 hectáreas de cobertura forestal, de acuerdo con un análisis de imágenes satelitales realizado para este trabajo periodístico.
Subsidios que ignoran a la selva
Una política gubernamental clave para el impulso de la siembra de soya fue la reconversión productiva en la Península de Yucatán, de acuerdo con la investigación La nueva política en México agrícola en México y los pequeños productores de maíz en la Península de Yucatán (2019-2021), de la investigadora Flavia Echánove Huacuja.
En 2009, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón implementó un programa para sustituir cultivos, como el maíz, por oleaginosas, entre ellas la soya, ya que su producción no sólo se consideraba más rentable, sino necesaria para disminuir las elevadas importaciones de soya.
Esta reconversión se dio a través del Proyecto Estratégico Pro Oleaginosas. De acuerdo con Echánove, este programa gubernamental apoyó mayoritariamente a medianos y grandes productores, para quienes los subsidios fueron un incentivo para mantener o emprender cultivos de soya, mientras que los pequeños productores de maíz quedaron desprotegidos.
Campeche fue el principal escenario del cambio del maíz a la soya, lo que permitió su expansión y fortaleció aún más el modelo de agricultura industrial en esa región, de acuerdo con Echánove. Aunque en los dos últimos años del sexenio calderonista la siembra de soya en Hopelchén disminuyó, se dinamizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces sólo ha ido en aumento, a pesar de que el programa Pro-Oleaginosas dejó de operar en 2017.
La soya que se produce en Hopelchén, Campeche, se transporta a Mérida, Yucatán, ciudad en donde están las empresas que la procesan. Foto: Robin Canul.
Otro programa que favoreció la producción de soya fue el de Agricultura por Contrato, que formalizó acuerdos de venta anticipada con los compradores, es decir que aseguraba el mercado, además de dar incentivos por cada tonelada vendida. Según la investigación de Echánove, este apoyo se daba en cultivos de soya, siendo el principal ingreso para quienes la trabajaban, “importante razón por la que cada vez más personas se interesan por sembrarla”.
A partir de 2008, los productores y compradores de soya de la Península de Yucatán empezaron a recibir subsidios de este programa, siendo los principales beneficiarios los productores menonitas de Campeche y dos grandes productoras de soya, según la investigación. Estos subsidios se otorgaron sin importar si la soya se producía en terrenos donde se había dado un cambio de suelo forestal sin contar con autorización.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el programa de Agricultura por Contrato. Eso no ha impedido que la producción de soya siga recibiendo estímulos gubernamentales. Por lo menos así fue en 2019.
Campos agrícolas en Hopelchén, Campeche. Foto: Robin Canul.
El padrón de beneficiarios de apoyos a la comercialización otorgados por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), y el más reciente que está disponible en su página, muestra que durante 2019 se entregaron más de 168 millones de pesos (alrededor de 8 millones de dólares) en estímulos a productores de Campeche. De ese monto, 120 millones (poco más de 5 millones de dólares) fueron para productores de soya, así como para Sociedades de Producción Rural (SPR), figura que facilita adquirir insumos y créditos, pero que también se ha usado para privatizar terrenos ejidales, según lo ha documentado la investigadora Torres-Manzuera. Las SPR recibieron los mayores montos de estímulos gubernamentales en 2019, de acuerdo con el listado de beneficiarios.
El 61% de los beneficiarios ese año fueron menonitas, quienes recibieron apoyos de manera individual y a través de las SPR. Entre las sociedades apoyadas y que pertenecen a menonitas de Hopelchén, de acuerdo con información disponible en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, están Agro Productos de Hopelchén, Agro Servicios La Trinidad, Comunidad Durango Hopelchén, El Valle del Temporal, Los Temporales Hopelchén y Patio Rosa Yalnón. En conjunto, estas SPR recibieron 26 millones 230 mil pesos (alrededor de 1 millón 256 mil dólares) en 2019.
Otras Sociedades de Producción Rural que recibieron apoyos son La Temporada (11 millones de pesos; unos 500 mil dólares), Productores de los Chenes (10 millones 300 mil pesos, casi 500 mil dólares), Sol del Jardín (poco más de 9 millones de pesos; 430 mil dólares) y Las Flores de Kauenhofen (más de 8 millones de pesos, alrededor de 383 mil dólares).
Compradores de soya
Identificar una planta de soya es fácil. Sus vainas son parecidas a las de los chícharos, pero con pequeños pelillos; su semilla suele ser redonda y amarilla. Es precisamente esa semilla la que hace tan codiciada a esta oleaginosa en la industria de alimentos a nivel mundial, pues se utiliza para obtener aceite, proteínas o harina para elaborar alimento para el ganado.
Los autores del estudio La larga sombra del ganado, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa para la Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD, por sus siglas en inglés), publicado en 2006, destacan que el aumento en la producción de carne a nivel mundial y la reducción del precio de los granos desde 1950, favoreció que cereales y oleaginosas fueran más atractivos para la elaboración de piensos para el ganado. Esta combinación de factores derivó en un boom del cultivo de granos para la elaboración de alimento para animales. En el caso de la soya, su producción se intensificó a principios de los 2000, sobre todo para abastecer la demanda de piensos.
Una investigación sobre cadenas de valor de la soya, realizada por el Proyecto México para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, se señala que el 90% de la soya producida en la Península de Yucatán es adquirida por la empresa Proteínas y Oleicos, que es también la principal importadora de soya. El 10% restante lo compra la compañía Pollo Industrializado de México (Grupo Crío), que la utiliza para alimentar a sus aves.
Vainas de soya antes de ser cosechadas. Foto: Robin Canul.
La empresa Proteínas y Oleicos fue creada el 17 de abril de 2002 y se dedica a la siembra, exportación, importación e industrialización de granos y semillas para obtener aceite comestible y grasas vegetales, de acuerdo con los documentos disponibles en el portal del SIGER. Se trata de una compañía que forma parte del Grupo Industrial Xacur, cuyo presidente es Jacobo Xacur Eljure. La familia Xacur, de origen libanés, tiene una notoria influencia económica en el sureste del país por la diversidad de sus negocios: son productores de harina, tienen franquicias de comida rápida, han incursionado en la ganadería, el transporte de carga y los empaques de cartón.
Además de tener una empresa dedicada al procesamiento de soya, Jacobo Xacur también la produce. A través de la Sociedad de Producción Rural El Yibel, Xacur siembra soya en El Cenit o Rancho El Cenit, ubicado en los límites de los municipios de Hopelchén y Campeche. En un estudio de impacto ambiental presentado ante Semarnat en 2009 se señala que ese rancho producía 2 mil toneladas de soya al año.
Proteínas y Oleicos ha sido también una constante contratista del gobierno federal. Entre 2005 y 2021 recibió 860.4 millones de pesos (unos 42 millones de dólares) a través de 1,916 contratos con Diconsa, empresa de participación estatal mayoritaria que abastece de productos básicos a poblaciones rurales en el país. En todos esos años, la empresa sólo concursó por uno de esos contratos; el resto le fueron otorgados por adjudicación directa para la compra de aceite vegetal, manteca vegetal y aceites comestibles, entre ellos de soya.
Para este trabajo periodístico se solicitó entrevistas con representantes de las empresas Proteínas y Oleicos y El Yibel, para conocer sobre la trazabilidad de su producto y cómo garantizan que la soya que usan no proviene de terrenos deforestados, pero no recibió respuesta.
Trabajos de apertura de drenes para el riesgo de los campos agrícolas en Hopelchén. Foto: E. Chablé.
Territorio maya sin selva
Al recorrer los caminos que conducen a las comunidades mayas de Hopelchén es posible ver los extensos terrenos para agricultura mecanizada y las parcelas tradicionales que se extienden al pie de las elevaciones de terreno, los lugares en donde aún se preserva la selva.
La preocupación de apicultores, que forman parte de organizaciones como el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, es que si la deforestación continúa, la selva se pierda por completo, y con ello la apicultura. Hace una década, la soya transgénica fue la primera amenaza a la apicultura y por eso desde 2012, cuando tuvieron las primeras evidencias de que había esta semilla en su territorio, emprendieron una batalla judicial para que se prohibiera su uso. Eso lo consiguieron en 2015.
Los apicultores sospechan que la soya transgénica se sigue sembrando en la región. Pero a esa amenaza se ha sumado la del uso del glifosato —herbicida asociado a esta semilla— y otros agroquímicos como carbofurán y clorpirifós, considerados altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Uno de los agroquímicos que se comercializan en Hopelchén, Campeche. Foto: Robin Canul.
El uso de plaguicidas no es la única consecuencia de la deforestación en Hopelchén. Estudios científicos han señalado que la destrucción de hábitats naturales a causa de la deforestación también causa que la vida silvestre se quede sin refugio, los periodos de lluvias y sequías se alteren y se acelere el cambio climático. Además, se amenaza el modo de vida de las comunidades que dependen de esos hábitats para su sustento.
Un problema adicional —explica el doctor Ellis— es que la fragmentación de la selva provoca la degradación de la cubierta forestal, es decir, empieza paulatinamente a tener menos biomasa y, por lo tanto, menos agua y biodiversidad. Al final, esos bosques pierden la capacidad de proveer servicios ambientales. “Donde hay deforestación —explica el investigador— hay mucha degradación, casi el doble. No necesariamente las áreas degradadas son áreas de pequeños agricultores o de milpa, sino son estas zonas más de agricultura comercial y de ganadería”.
A nivel mundial, la deforestación que ha provocado el cultivo de soya en lugares como la Amazonía ha prendido las alarmas desde hace varios años.
Vista aérea de los campos agrícolas que se han instalado en los últimos años en Hopelchén, Campeche. Foto. E. Chablé.
En noviembre de 2021, la Comisión Europea propuso que las empresas que quieran exportar sus productos a los 27 países miembros de la Unión Europea deben cerciorarse de que su cadena de suministro no esté asociada a la deforestación. Esta iniciativa incluyó varios productos, entre ellos la soya.
Mientras en otras latitudes se han empezado a tomar acciones y responsabilizar a toda la cadena que participa en la industria, en el sureste mexicano la deforestación no hace sino avanzar. Lo que ocurre hoy en Hopelchén ya se replica en otros municipios de la Península de Yucatán.
En Tizimín, Yucatán, de no cultivar soya, en 2013 empezaron a aparecer cultivos hasta alcanzar 6,000 hectáreas en 2019. También en el municipio de Campeche la siembra de soya creció entre 2012 y 2020.
En el municipio de Bacalar, Quintana Roo, a partir de 2013 también comenzó a sembrarse soya, desde entonces cada año se han sembrado por arriba de las mil hectáreas, de acuerdo con datos del SIAP. Ahí, grupos menonitas también han rentado y comprado tierras.
Pérdida de cobertura arbórea en el Ejido Salamanca, colonia menonita,
localizada en el municipio de Bacalar, Quintana Roo.
Un acuerdo y muchas expectativas
El 12 de agosto de 2021, la Semarnat instaló lo que llamó “una mesa permanente de diálogo” cuyo objetivo es detener la deforestación en Hopelchén. En ella participaron autoridades federales y representantes de las comunidades menonitas de Santa Fe, Santa Rosa, Chaví, Nuevo Progreso, Trinidad, Nuevo Durango, Yalnón, Temporal y Valle Nuevo.
Los acuerdos que se establecieron ese día son que las comunidades menonitas se comprometían a detener todas las actividades de deforestación, que participarían con las autoridades municipales, estatales y federales en el ordenamiento ecológico, y que se tendría una mesa de atención permanente, explica en entrevista la titular de la Semarnat, María Luisa Albores.
Uno de los temas que atendería esa mesa de trabajo es “agilizar gestiones ante la Semarnat para regularizar y legalizar actividades productivas”, según el comunicado oficial sobre el acuerdo. “Esto de regularizar la parte de lo que ya está deforestado —remarca Albores— es hacer una revisión técnica. Nuestro objetivo es trabajar directamente con los parceleros, los dueños (de la tierra), y a lo mejor buscar esquemas que económicamente les sean viables”.
Albores rechaza que una regularización fomente la impunidad para quienes han realizado cambios de uso de suelo forestal sin tener autorización o que sea un incentivo para que se siga haciendo. “Al contrario, el objetivo es completamente diferente: ordenar”.
La industria utiliza la semilla de esta oleaginosa se utiliza, entre otras cosas,para hacer aceite y harina para elaborar alimento para el ganado. Foto: Lizeth Ovando
El acuerdo también establece que se revisarán las denuncias administrativas y penales que existen en contra menonitas, así como acciones de reparación y mitigación de daños ambientales. Hasta abril de 2022, la Profepa no había establecido algún acuerdo de reparación y mitigación en Hopelchén, según respondió a una solicitud de información.
Para el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, las mesas de diálogo con los menonitas son una respuesta insuficiente, “porque no hay un mecanismo de seguimiento (…) Entonces mientras a uno no le duela el castigo, pues lo va a seguir haciendo”, considera una de sus integrantes.
Ni el Colectivo ni la sociedad civil de Hopelchén fueron incluidos en las mesas de diálogo, porque se trataba de un acuerdo directamente con las comunidades menonitas, justifica Albores
La funcionaria también señala que han empezado a dar seguimiento a denuncias de apicultores y que, paralelamente al proceso de elaboración del ordenamiento ecológico, se han desarrollado jornadas informativas con los núcleos agrarios de Hopelchén.
Quienes padecen los impactos de la deforestación esperan acciones más contundentes y rápidas. La urgencia no es pueril. La deforestación ya provoca conflictos dentro de las comunidades, según el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Para sus integrantes, una solución real tiene que estar bien planeada, ser estratégica y proponer alternativas a los productores.
“Yo en realidad no estoy en contra de los menonitas, estoy en contra de la forma de su cultivo”, dice el apicultor maya de Bolonchén de Rejón. Más allá de los menonitas, dice, ha sido desde el gobierno que se han favorecido intereses económicos en detrimento del cuidado del ambiente. Y con ello se ha transformado no sólo el panorama de Hopelchén, sino las vidas de sus habitantes. “¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Realmente me da coraje, porque como se lo digo, cambian un cultivo por una forma de vida”.
* Imagen principal: Terreno que se prepara para el cultivo de soya en el campo menonita de Nuevo Durango, Hopelchén, Campeche. Foto: Robin Canul.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, conmemorada cada 30 de agosto, un centenar de familiares de personas desaparecidas se manifestó en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en donde sus consignas coincidieron en punto: la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) no investiga el paradero de las personas que faltan por localizar.
Ante ese panorama, las víctimas indirectas recalcaron que han decidido conformar colectivos que realicen las búsquedas que las autoridades no hacen.
Uno de los colectivos creados a partir de las omisiones es el de Jóvenes Buscadores de Jalisco, cuya lideresa, Kristian Muñoz, describió que no ve acciones para dar soluciones a la problemática.
“Son nulas las investigaciones, por eso venimos aquí a exigirle que nos den seguimiento, no solo a la carpeta de mi mamá, sino a todas las carpetas que existen aquí en el estado. En todo el estado hay desaparecidos, son más de 100 mil personas desaparecidas en el país (y) pues tienen mucha chamba”, expuso.
Un ejemplo de los fallos de la FEPD es el caso de Ramón Guerrero Miranda, joven de 26 años que fue privado de la libertad por un comando armando el 12 de abril en Zapopan. Su madre, quien por razones de seguridad prefirió no dar su nombre, señaló que a ella le avisó un testigo vía telefónica.
A pesar de que ya pasaron cuatro meses, la fiscalía no ha acudido una sola vez al lugar donde ocurrió la desaparición. Las autoridades tampoco han indagado si hay cámaras de seguridad en la zona en la que se registró el hecho y no ha buscado testigos para conseguir indicios. Lo único que ha hecho fue abrir una carpeta de investigación que está intacta desde abril.
Por el nulo avance del caso la mujer decidió alojarse y arroparse del colectivo Corazones Unidos, con cuyos integrantes ha realizado acciones de búsqueda, tocado puertas y salido a campo a buscar a desaparecidos.
El colectivo que ha apoyado a la madre de Ramón, el de Jóvenes Buscadores, Luz de Esperanza y otros más participaron en la manifestación. A las 10 horas partieron de la glorieta por Chapultepec para después tomar Hidalgo y llegar a palacio de gobierno.
“(La acción es para) decirle al gobierno que nosotros no olvidamos a nuestros familiares desaparecidos. Que nosotros no nos olvidamos, si ellos no hacen su trabajo, nosotros estamos aquí para recordarles que ellos existen y que nos hacen falta en casa, nos faltan como sociedad, cómo trabajadores y como familia en general. Esa es la importancia de estar aquí hoy, recordarle a nuestro gobernador que Jalisco es uno de los primeros lugares en desaparición en todo el país”, añadió Kristian Muñoz.
A las afueras de palacio de gobierno, familias exigieron al gobernador Enrique Alfaro Ramírez tener empatía hacia los casos de desaparición y crear instancias que en realidad funcionen, pero ahí nadie los recibió.
CRISIS FORENSE SE INTENSIFICA
Las familias narraron que, además de no investigar, la FEPD y más autoridades incurren en más irregularidades que provocan, entre otras cosas, que se intensifique la crisis forense en el estado.
“(En una) brigada pasada tuvimos desafortunadamente que encontrar restos en un predio en el que ya había sido exhumado (un) cuerpo. Dejaron muchas fracciones del cuerpo, del cadáver. Es lamentable, ¿los restos que están incompletos en el Semefo es porque ellos lo dejaron incompleto o porque realmente estaban así?”, cuestionó Muñoz. El colectivo liderado por Kristian ha sido acompañado por el de las Madres Buscadoras de Sonora para realizar búsqueda de fosas clandestinas en Tlajomulco.
Ante el desdén en palacio de gobierno, los manifestantes se trasladaron a las 13 horas a la FEPD, en donde tampoco los atendieron, por lo que decidieron cerrar por varias horas la calzada Independencia en su cruce con Hospital.
Así permaneció la manifestación hasta pasadas las 16 horas. En lugar de atender a las familias, el gobierno estatal, por medio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), optó por suspender el servicio del Macrobús el tiempo que permaneció bloqueo.
Al final, las familias se retiraron sin respuesta alguna.
No abandonan la fe ante la problemática
Familias de personas desaparecidas participaron ayer en tres misas simultáneas para orar por las víctimas, pero también por quienes se encargan de perpetrar las desapariciones y por las autoridades que toman decisiones.
En la glorieta de Las y Los Desaparecidos, y guiados por el sacerdote Ricardo Díaz, las víctimas indirectas del delito pidieron a la Virgen de Zapopan que les dé fortaleza para seguir, pero también para entender a los perpetradores por el daño que ocasionan.
“Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte, dales el don de la comprensión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades”, señalaron a una sola voz.
Durante la homilía, el sacerdote pidió a las autoridades y a la población en general tener empatía hacia los colectivos buscadores. Solo así, añadió, podrán continuar con sus búsquedas y encontrar a sus desaparecidos.
“Que la Virgen de Zapopan dé a ustedes la fortaleza, el consuelo y que lleguen a sentir también que la lucha, además de que no están solos, siempre se vitalicen, se animen y puedan también así ustedes alcanzar la dicha de tener las respuestas a todo esto que están cursando”.
A las familias y colectivos les pidió mantener la unidad tanto para hacer búsquedas por su cuenta como para presionar a las autoridades para que por fin establezcan los mecanismos necesarios para frenar las desapariciones y localizar a los que faltan.
Entre los familiares se reconoció que hay ocasiones que no tienen más en qué apoyarse que en la fe y se pidió a la población ser solidaria, incluso a los delincuentes para entregar a los desaparecidos aunque ya hayan acabado con sus vidas.
Líderes de colectivos de búsqueda señalaron que el gobierno de Jalisco le apuesta a desaparecer a los desaparecidos como la única estrategia para tratar de terminar con esta problemática.
Guadalupe Aguilar, del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), describió que tanto el gobierno estatal como el federal no han hecho nada efectivo para atender la problemática y esto ha provocado que en los últimos tres años se desborde la desaparición de personas.
Lamentó la actitud del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pues no ha cumplido con los compromisos que asumió cuando inició su administración.
Por su parte, Marlety García del colectivo Entre el Cielo y Tierra, precisó que esta indiferencia de las autoridades es la que ha orillado a las madres a organizarse en colectivos para realizar las acciones de búsqueda que debería realizar la autoridad.
En el foro, Darwin Franco, periodista especializado en derechos humanos, describió que hay cuatro desapariciones de una persona: la desaparición física, la desaparición de los registros, la desaparición que realiza la sociedad al ser indiferente al tema, y la desaparición mediática, pues muchos medios de comunicación tampoco están interesados en visibilizar esta problemática.
Rubén Martín, también periodista especializado, describió que la estrategia de desaparecer a los desaparecidos se clarificó a partir de marzo de este año cuando el gobierno de Jalisco “rasuró” del registro nacional más de mil personas desaparecidas sin ninguna explicación y, a pesar de que las estadísticas dicen que desaparecen en promedio cien personas al mes, el registro no crece, señal que no se están reportando los casos. Desde ahí, comienza la estrategia.
Por último, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, habló sobre la desaparición que se da en el Semefo, donde no hay un orden ni un registro claro de los cuerpos que están en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que provoca que los cuerpos queden perdidos por meses o años.
También lamentó que la apatía de la población que ha normalizado la violencia en Jalisco y, ante esto, no da la magnitud necesaria al problema de la desaparición.
En México, la protección de los defensores y periodistas únicamente está en el papel, las comisiones encargadas no son homogéneas ni cuentan con presupuesto o personal capacitado.
En Jalisco, durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval se creó un consejo, nombró a sus integrantes y simuló que trabajan, pero en el actual gobierno de Enrique Alfaro Ramírez no hay ningún interés, ni los nombramientos se renovaron, relató la periodista Elizabeth Rivera Avelar, coautora del trabajo ‘Comisiones de papel’.
“El consejo que debe defender a defensores y periodistas está acéfalo y sin presupuesto y tiene tres años sin sesionar, de esta manera nos sorprendió descubrir que algo que no estaba trabajando, una de sus conclusiones es que desde su creación en la anterior administración con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz este consejo solo simuló trabajar o no tuvo resultados eficientes”.
Cuando estaba instalado el Consejo tres personas intentaron integrarse al mecanismo de protección, dos defensores de derechos humanos y un periodista, pero nunca se aclaró si fueron integrados o no, indicó Elizabeth Rivera Avelar.
Otro de los descubrimientos que realizaron fue que el consejo encargado de defender a los activistas y periodistas ni teléfono o correo electrónico para contactarlos o denunciar casos tenían, señaló Elizabeth Rivera.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos y familiares de personas desaparecidas en Colima marcharon de la Piedra Lisa al Jardín de la Libertad, para exigir que aparezcan con vida.
La presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., María del Carmen Sepúlveda Gómez, dijo que, de acuerdo con los datos que ellos tienen, de enero de 2022 a la fecha son casi 250 personas desaparecidas en el estado, de las que han sido localizadas alrededor de 50.
Consideró que, en comparación con años anteriores, en 2022 ha empeorado la situación de desaparecidos y también de la violencia en general.
“En la Fiscalía (General del Estado) tenemos nueve o 10 agentes para el tema de desaparecidos, llegan nuevos expedientes de personas desaparecidas y las carpetas que ya están se van quedando rezagadas, porque tratan de sacar lo que ellos consideran principal, entonces a nosotros nos van rezagando”, lamentó la activista al agregar que es muy bajo el número de agentes investigadores.
Con fotografías de sus familiares y gritando consignas, los colectivos y familias de las y los desaparecidos marcharon de la Piedra Lisa al Jardín Libertad.
Una vez en el jardín, Alejandro Campos Sepúlveda hizo un pronunciamiento oficial por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
LOS DESAPARECIDOS
NO SON NÚMEROS,
SON PERSONAS
“México es una gran fosa común, en donde cada día desaparecen 14 personas. Actualmente suman más de 259 mil 543 víctimas, de las que 105 mil 109 continúan desaparecidas. En Colima, se reportan mil 476 casos de desaparición, pero sabemos que lamentablemente ese número está lejos de ser real.
“En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, queremos recordarle al gobierno y a la sociedad, que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos que nos han sido arrebatados”.
Campos Sepúlveda indicó que por eso que debemos comprender y apoyar a quienes sufren a causa de las desapariciones. “Las familias que con la fuerza del amor por sus seres queridos, bloquean calles, alzan la voz y exigen la localización de sus hijos e hijas.
¿Cuándo se volvió más importante la movilidad que la vida de un ser humano? Si fuera tu hijo, si fuera tu hija, ¿tú qué harías?”.
RECHAZAN
CRIMINALIZACIÓN
“La criminalización de las personas desaparecidas y sus familias es una estrategia para dividirnos como sociedad y para desviar la atención de la crisis humanitaria que México atraviesa a causa de las desapariciones.
“Para que no nos demos cuenta que existe un problema real”, mencionó el familiar de desaparecidos.
“Debemos comprender que la desaparición de un ser humano no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Ya que al justificarlo, legitimamos la violencia. Esa violencia que hoy nos convierte en una sociedad atemorizada y dividida. Que nos roba la tranquilidad de salir a las calles y que restringe nuestra libertad. No debemos permitirlo”
Insistió en que si la sociedad se uniera como debiera, “temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra”.
Exigimos al Gobierno del Estado de Colima ¡No más desapariciones!
En Catedral, el rector Osiris Juan Pablo Aguilar Castañeda ofició una misa especial para los familiares de la red de desaparecidos.
Por el día Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, algunos colectivos y familiares se reúnen para conmemorar a los desaparecidos
Familiares y colectivos de personas desaparecidas se manifestaron en Aguascalientes en la plaza principal, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este 30 de agosto, además de exigir justicia y que se les siga investigando a todos los casos de personas desaparecidas en la entidad.
Por su parte Sergio de Lara y Javier Espinoza, dos activistas comentan que desde hace casi 10 años han estado buscando a sus familiares, sin encontrar algún rastro de sus cuerpos.
“La próxima semana tenemos una reunión con la Comisión Estatal de investigación de Búsqueda, estamos detectando que hay algunas omisiones y que la autoridad no quiere hacer nada, aunque le exigimos que se conforme un consejo para nosotros tener voz dentro de la Comisión”, expresó Javier Espinoza.
Por otro lado, explicó la experta Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes que cuando ocurre una desaparición las primeras horas son cruciales para lograr localizar a la persona o implementar el protocolo, más cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, y comentó que también se tiene que presumir que todas las personas que son víctimas de desaparición están siendo también víctimas de un delito.
“Esto es especialmente grave porque la fiscalía no busca como si fueran víctimas de un delito si no implementan otras búsquedas pero ni siquiera son búsquedas coordinadas o vinculadas entre otras instituciones, además el protocolo homologado de búsqueda dice que todas las instituciones tienen que detonar una búsqueda en cuanto desaparece una persona”, enfatizó Violeta Sabás.
Dijo que en esos casos, se tiene que subir una ficha en la plataforma a nivel nacional en todo México y todas las fiscalías y todas las comisiones de búsqueda tendrían que estar buscando a esa persona, sin embargo, mencionó que eso no se hace.
“Eso es imposible porque de las 105 mil personas desaparecidas actualmente en el estado solamente un porcentaje muy mínimo es el que se continúa buscando”.
Violeta Sabás, Coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género
Por otro lado dijo que en en el país se cometen más de dos millones de delitos, México es el tercer lugar en el mundo con el número más alto de comisiones, ocurren 30 mil homicidios al día considerando los tres mil feminicidios,“entonces las autoridades tendrían que tener puertas abiertas de manera permanente para atender todas las omisiones todas las negligencias pero de manera especializada los delitos más graves son violaciones a derechos humanos y la desaparición de personas.”
El acceso al agua es crucial en tiempos de emergencia climática
A tres horas de la Ciudad de México y en el corazón del país, el estado mexicano de Querétaro, con gran riqueza biocultural y atravesado por una cadena de volcanes y demontañas, enfrenta una grave crisis hídrica que se agrava con el manejo desigual del agua. Frente a una nueva ley que regula los servicios de agua, la ciudadanía protesta y algunos defensores de derechos humanos están penalmente perseguidos.
Gran parte del deterioro ambiental es consecuencia directa de la pérdida de zonas de infiltración de las aguas subterráneasy de recarga derivado de lasobreurbanización. Esto ha detonado inequidad para el acceso al agua, costos elevados en el servicio de distribución, cortes irregulares y el creciente desabasto.
#NoTeLoPierdas Problemas de agua: Conflictos sociohídricos marcan la historia reciente. Además del estrés hídrico y la sequía que amenazan a nuestra entidad, el agua ha sido motivo de al menos 14 conflictos sociales y ambientales.
Organizaciones civiles, ambientalistas, personal de academia y comunidades locales se han movilizado por más de tres meses ante la denominada Ley Concesiones, aprobada en mayo de este año y criticada porque promueve el concesionamiento del servicio a operadoras privadas, sin contemplar la ecología del agua, ni asegurar el acceso humano a ella, además de favorecer el acaparamiento por parte de desarrolladoras inmobiliarias. Gracias a la concesión urbanizan en áreas indebidas y controlan el reparto del agua exclusivamente en unidades habitacionales que les son rentables.
Ilustración de la sequía en México a principios de agosto 2022, elaborado por el Subgerencia de Climatología y Servicios climáticos de México. Querétaro está en sequía severa y moderada.
Los defensores enfatizan que la nueva regulación es contraria a las recomendaciones por parte de los últimos dos Relatores de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua, y niega las advertencias de otros casos de fracaso de este modelo para el abastecimiento equitativo del agua en el mundo.
#PeriodismoCN 💧¿Cuál es la relación entre el boom inmobiliario y la sequía de agua en #Queretaro?
Hablamos con activistas y expertas científicas que se oponen a la Ley de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento aprobada por el Congreso https://t.co/xV1umgDXpFpic.twitter.com/pbZcWDlk82
Las acciones de protesta por parte de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) y otros actores organizados, de mayo a agosto, han incluido movilización en calles,festivales ciudadanos, conversatorios, creaciones artísticas y ruedas de prensa locales, nacionales e internacionales, así como acciones legales, actualmente en curso. Entre ellas la medida suspensiva provisional a través de la cual el poder judicial confirma el riesgo de la ley a derechos específicos, no obstante que es aún una resolución intermedia que no resuelve el problema de fondo.
#Territorios | La comunidad de Santiago Mexquititlán obtuvo una suspensión provisional de la #LeyDeAguas en Querétaro, que privatiza la gestión del agua, debido a que se violentaron sus derechos indígenas. 💧 ✍️Por @A_Ruiz9https://t.co/42J1yKZTqP
Distintos frentes de la sociedad civil estiman que la respuesta del estado de Querétaro a la defensa del agua ha sido de hermetismo y persecución política. El 10 de junio, durante una movilización pacífica la policía estatal reprimió a las y los manifestantes, incluidas infancias, mujeres y personas mayores. Tres jóvenes defensores fueron levantados con abuso de fuerza y privados de su libertad. Horas después y ante la presión social local y nacional, fueron puestos en libertad, pero no absueltos de la investigación penal. Ante estos y otros acontecimientos la sociedad local ha denunciado a nivel nacional estigma, hostigamiento y criminalización de la defensa del agua.
Comunicado | 🗣️📢🌎
Desde el Festival Agua que Corre hacemos saber a la opinión pública local, nacional e internacional, nuestro posicionamiento ante la criminalización de la defensa del agua en #Querétaro
— Festival Agua que Corre (@AguaquecorreF) June 12, 2022
A dos meses de la detención, los defensores del agua siguen siendo investigados penalmente, por lo que la sociedad, que ha mantenido vigente la problemática a través del hashtag #AguasConLaLeyDeAgua exige su libertad incondicional. El caso, que ya ha llamado la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de la Red Internacional de Derechos Humanos, no es el único caso de agresiones a defensores del territorio en los últimos años.
Por ello, activistas apelan a la solidaridad internacional, para presionar por el cierre de las carpetas penales y visibilizar la violencia sistemática del estado en contra de quienes defienden el agua, la principal fuente de vida en el planeta. Una defensa crucial en tiempos de emergencia climática.
En la CDMX se ha instaurado desde hace lustros una política gubernamental que favorece al sector inmobiliario de lujo y a las grandes construcciones comerciales para que se apropien del agua.
Las concesiones vigentes entregadas por autoridades dan cuenta de 4 millones 911 mil 776 metros cúbicos de agua al año otorgados a 16 proyectos inmobiliarios.
TRAMPAS
Con trampas jurídicas, tanto el Sistema de Aguas (Sacmex) como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han permitido a esos privados la apertura ilegal de pozos en toda la Ciudad.
La operación de esos pozos se permite a pesar de que se mantiene vigente una veda impuesta desde 1954 para la creación de nuevos pozos en todo el Valle de México.
Vecinos organizados en colectivos que se han visto afectados por las obras inmobiliarias relataron la forma en la que los desarrolladores se benefician de esas trampas jurídicas.
Alejandro Velázquez, de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, explicó que cuando un pozo se agota debe cerrarse.
Sin embargo, Sacmex y Conagua autorizan la apertura de nuevos pozos a pesar de la veda de 1954 y lo que hacen es asignarle el nombre de un pozo ya cerrado y agotado al nuevo pozo.
Alejandro Velázquez estimó que son cientos de pozos de agua los que se han abierto en la Ciudad bajo esa trampa, a lo largo de casi 70 años.
Explicó que desde hace aproximadamente 10 años los desarrolladores inmobiliarios no piden conectarse a la red de suministro de agua.
Ahora optan por solicitar concesiones para la apertura de pozos, explotarlos por ellos mismos y donar una fracción del agua extraída al Sacmex, como parte de una obra de mitigación.
Así ha ocurrido con proyectos como el de la Torre Mítikah en el pueblo de Xoco o en una obra de Prolongación Granada 46, en la colonia Granadas.
BENEFICIARIOS
Entre los grandes desarrollos inmobiliarios y empresas beneficiados por esa empatía gubernamental están Televisa, Carso y Grupo Kaluz.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua, a Televisa se le autorizó extraer 450 mil metros cúbicos de agua para el proyecto Conjunto Estadio Azteca.
A Grupo Carso se le autorizaron 223 mil metros cúbicos para el proyecto Torre Monet en la colonia Granadas.
Grupo Kaluz tiene una concesión para extraer 720 metros cúbicos dentro del proyecto Torre Reforma Colón.
Pero el proyecto que se lleva las palmas por el gran volumen autorizado es el de Simetric Grupo Inmobiliario, para la edificación de una torre de departamentos de lujo denominada High Park Reforma.
Ese plan inmobiliario ubicado en Santa Fe, tiene aprobada la extracción de 2 millones de metros cúbicos de agua.
Ese solo volumen para High Park Reforma casi equivale al que de forma global se autorizó en 2019 a través de distintas concesiones, para que inmobiliarios extrajeran 2 millones 464 mil metros cúbicos de agua.
PRIVATIZAR EL AGUA
El modelo en que Sacmex y Conagua operan esa entrega del líquido se convierte a la postre en una privatización del agua.
Esto a pesar de que se trata de un bien que constitucionalmente no debería ser sujeto de usufructo privado.
La Ley de Aguas Nacionales permite a privados comprar los derechos de explotación de pozos, pero al mismo tiempo les permite revenderla a otros privados.
Así se crea un mercado de agua del agua que se extrae del subsuelo de la Ciudad.
RELATORÍA
La apropiación, acaparamiento y explotación de grandes volúmenes de agua por parte de inmobiliarios y empresas es un fenómeno que lograron documentar vecinos de diferentes colectivos.
Ahí están el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y el Encuentro por la Defensa del Territorio de Pueblos, Barrios y Colonias de la CDMX.
Este miércoles esas organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar el acaparamiento del agua de la CDMX por parte de privados, con la anuencia de autoridades.
PETICIÓN
En la conferencia, los vecinos explicaron que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua está facultada para reasignar los volúmenes de agua otorgados a inmobiliarios.
Esa es la petición concreta de los colonos aglutinados en esos colectivos, así como que la Conagua no otorgue más concesiones para la apertura de pozos en la CDMX.
Explicaron que legalmente una causa de nulidad para la entrega de concesiones es no haber consultado a pueblos originarios si es que los pozos se abrieron en el territorio de esas comunidades.
Ese es el caso del pueblo de Santa Úrsula Coapa, en donde los vecinos cancelarán el pozo que se pretenda abrir para el Conjunto Estadio Azteca, con el argumento de que no se consultó a esa comunidad.
OMISIÓN
Lamentaron que el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para consulta pública no incluye ninguna acción o referencia a revisar el consumo de agua por parte de grandes concesionarios.
Así, criticaron, se mantiene la política de priorizar el agua en favor de grandes torres de oficinas, departamentos de lujo y plazas comerciales, pero en detrimento del consumo doméstico.
Además, el proyecto del PGOT destaca la propuesta de un mercado de agua tratada, pues ese proceso de recuperación de aguas residuales se enfoca como negocio.
En el marco del día internacional contra la desaparición forzada, el colectivo por la paz y buscando a nuestras y nuestros desaparecidos colocaron un tapete y fotografías de sus desaparecidos frente a palacio de gobierno para exigir celeridad en lo casos
Flavia Morales / Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- Colectivos de desaparecidos se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir nuevamente cumplir con la ley de desaparecidos en Veracruz y avanzar en los casos de larga data e identificación forense rezagados.
En el marco del día internacional contra la desaparición forzada, el colectivo por la paz y buscando a nuestras y nuestros desaparecidos colocaron un tapete y fotografías de sus desaparecidos frente a palacio de gobierno para exigir celeridad en lo casos y abrir el tema a las familias tras dos años de silencio por la pandemia del Covid-19.
María Elena Gutiérrez del Colectivo en búsqueda de nuestras y nuestros desaparecidos quien busca a Rafael Espinoza desaparecido en 2013, exigió al gobierno hacer su trabajo y avanzar en los casos de larga data – más de diez años- cuyas investigaciones están abandonadas y sólo si la familia investiga hay respuestas.
En opinión de Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lo único que debe hacer el gobierno de Veracruz es cumplir con la ley de desaparecidos que se aprobó en 2018 y a la fecha hay herramientas ahí plasmadas que no funcionan ni hay claridad en la transparencia del uso de los recursos en materia de desaparición.
Según el seguimiento de los colectivos de desaparecidos apenas se ha avanzando en la identificación del 1 % de los restos hallados en fosas clandestinas.
Por ejemplo, en la fosa de colinas de Santa Fe se exhumaron casi 300 restos, pero solo han sido entregados a su familia 35 cuerpos.
En la fosa de Arbolillo en Alvarado donde el Colectivo Solecito acompañó la exhumación de más de 70 cuerpos, solo han sido entregados 6 desaparecidos.
En la fosa de La Guapota en Úrsulo Galván donde por primera vez se realizó un plan de intervención forense con apoyo de Cruz Roja Mexicana se trabaja en uno de cuatro sectores de donde se han exhumado 67 cuerpos, pero solo seis se han entregado a sus familiares.
Mientras que en la fosa de campo grande en Ixtaczoquitlán en la zona centro del estado, el colectivo encabezado por Aracely Salcedo, logró la recuperación de 53 cuerpos, de los cuales se han entregado 18.
Palacios advierte que además de estas fosas hay otras que siguen rezagadas como las halladas en la primera brigada nacional de búsqueda en Amatlán de los Reyes en 2016, de donde las familias ni siquiera saben dónde están resguardados los restos.
“Además hay fosas en otros puntos del estado donde tampoco hay gran avance, un ejemplo es la fosa en Playa Vicente que fue descubierta en 2020 y aunque se hizo un plan de intervención forense, esté sigue rezagado y no hay avance notificado a las familias”, dijo.
Se calcula que los restos recuperados de fosas clandestinas suman más de 500 y una mínima parte ha sido identificado por falta de confrontación con pruebas de ADN con familiares de desaparecidos.
No hay recursos que alcance para la tragedia que vive Veracruz, y aun con el nuevo centro de identificación forense en Nogales el rezago continuará y sigue la impunidad, porque hay una falta de comunicación entre la Fiscalía y la dirección de servicios”, dijo.
Por su parte, Sara González del colectivo por la paz quien busca a su hijo Ivanhoe Mass González desaparecido en marzo del 2010, advirtió que las desapariciones no se han frenado con la llegada del gobierno de Morena “ Ahora desaparecen niños, adultos mayores, de todas las edades ¿ Quién está pasando?, el gobierno no está trabajando” .
Según los datos de la comisión de búsqueda Veracruz registra más de 7 mil desapariciones, de las cuales más de 2 mil están registradas desde el 2018 a la fecha.
“A nosotros no nos pueden engañar con sus cifras que dan risas, de verdad estamos aquí en un día triste y doloroso y lo único que queremos es justicia y derecho a la verdad y se respete el derecho a vida”, dijo.
En Veracruz las familias de colectivos de desaparecidos realizaron marchas y plantones en Veracruz, Poza Rica, Córdoba y Tihuatlán.
Buscadores del Colectivo Familias Unidas por Nayarit (COFAUNAY) conmemoraron el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, instalando un memorial frente a Casa de Gobierno del estado, en la Plaza Benito Juárez, donde hicieron un llamado a las autoridades para continuar con las búsquedas, así como garantizar justicia y verdad.
En el lugar, 145 familias formaron un corazón con las fotografías y zapatos de las personas ausentes, se realizaron testimoniales y haciendo referencia a la desaparición forzada, mencionaron la participación de servidores públicos -policías y funcionarios- en la desaparición de hombres y mujeres principalmente entre 2013 y 2017, en el gobierno de Roberto Sandoval y el ex fiscal Edgar Veytia -sentenciado por narcotráfico en los Estados Unidos-.
Pero también indicaron que entre 2019 y 2022 siguen desapareciendo personas, incluso mujeres, que antes era menor su número, explicó la vocera del COFAUNAY, Gloria Ávila.
La intención de llevar a cabo esta actividad, dijo Ávila, fue para visibilizar y sensibilizar a la población Nayarit respecto al fenómeno de la desaparición y las repercusiones que tiene; no solamente en estas familias con la ausencia de sus familiares sino con la sociedad en general, ya que se convierte en un instrumento generador de miedo.
Justicia para los desaparecidos
Durante un mensaje que dirigió a la población hizo un llamado a las autoridades a cumplir con los acuerdos que se han establecido para continuar las búsquedas, pero sobre todo para que las investigaciones puedan llevar a conocer la ubicación de las personas que aún no se encuentran, qué sucedió con ellas, por qué las desaparecieron y principalmente llevar ante la justicia a quienes perpetraron este flagelo.
Defensores de derechos humanos de los gobiernos estatal y municipal de Tepic, Daniel Sepúlveda y Karen Aguayo, respectivamente, dieron a conocer algunas acciones que se han emprendido para atender las necesidades de estos grupos, como la próxima construcción del Centro de Identificación Forense; y la capacitación de policías municipales para dar acompañamiento a las familias buscadoras.
I. El inicio de la práctica de la desaparición de personas
Tere Castillo cuenta que cuando su hija Perla era una bebé, no quería alejarse de ella ni un minuto; no le gustaba que nadie más la cuidara, incluso, piensa que la llegó a sobreproteger. Desde junio de 2013 no sabe dónde ni cómo está Perla y aquel recuerdo de madre primeriza se volvió muy doloroso para ella.
“Yo que me la pasaba hablando por teléfono para saber que estaba bien cuando se la llevaba la familia de mi esposo, mira lo que nos vino a pasar”, comenta la menuda mujer que vive en el municipio de Rioverde, en la zona Media del estado.
La madrugada del 14 de junio de 2013, un grupo de encapuchados que portaban armas largas irrumpieron en la casa de la familia Gallegos Padrón, en el municipio de Ciudad Fernández, y se llevaron a Perla Guadalupe Padrón, de 26 años, y a su esposo José Alberto Gallegos, de 22 años.
La madre de José Alberto fue testigo del violento incidente. Horas después su otro hijo fue detenido por colaborar, supuestamente, en un robo y fue torturado por la policía. El joven, que era menor de edad, fue liberado, pero su hermano y Perla continúan desaparecidos.
Los vecinos denunciaron haber visto, días antes, a Genaro Sandoval Plascencia, inspeccionando la colonia y los alrededores de la casa de los Gallegos. En aquel momento, el general Sandoval era el mando único en la región y es uno de los principales sospechosos de la desaparición forzada del matrimonio.
Hoy 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es decir, que el delito de desaparición sea cometido por servidores públicos o por personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Este texto es la primera entrada de un proyecto que busca brindar mayor claridad sobre la dinámica regional de la desaparición de personas, a través de las historias de las familias que buscan a sus seres queridos ausentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Es también un ejercicio de activación de la memoria, evocando a los inicios de la búsqueda y de la resistencia de las familias.
Al día de hoy, se reportan más de 582 personas desaparecidas en San Luis Potosí, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Siendo el 2021 y lo que va de 2022, los años que más denuncias se han presentado por dicho delito en el estado. Por esta razón, es importante no olvidar. No olvidar a nuestros desaparecidos, no olvidar sus historias y no olvidar las historias de lucha de sus familias.
Comprendiendo la desaparición y la ausencia
La desaparición de personas es una estrategia para generar terror que ha sido utilizada en México desde hace muchos años. En los inicios de la práctica de este delito en el país, el perpetrador fue el Estado, utilizándolo como una estrategia de control político.
El historiador Camilo Vicente Ovalle, experto en desaparición forzada, refiere que existen casos documentados de los años 30, donde la desaparición era utilizada como castigo para disidencias políticas. Pero es a partir de 1940 que se comenzó a construir esta práctica como una estrategia que se volvió sistemática a finales de los 60’s y principios de los 70’s, durante la contrainsurgencia y la primera declaración de la guerra contra las drogas, donde “la violencia ejercida por el Estado formaba parte de la administración del Estado”, dice el académico.
Desde entonces, el gobierno se encargó de construir la imagen de las personas desaparecidas como vidas dispensables, práctica que se sigue utilizando actualmente.
En el 2000 llegó la alternancia y, posteriormente, la llamada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderon Hinojosa, declarada el 11 de diciembre de 2006.
Ahora constatamos que las técnicas de la violencia son pedagógicas cuando no existe la justicia. La guerra contra el narco descentraliza la desaparición de personas, que comenzó a ser utilizada, principalmente, por el crimen organizado cuyo principal objetivo continuó siendo el control, pero ahora no es sólo político, también es control territorial y económico.
Aunque se agregaron perpetradores y las dinámicas violentas evolucionaron, la responsabilidad por la desaparición de personas sigue recayendo en el Estado, por acción, inacción, omisión o colusión.
La militarización que trajo la guerra contra el narco aumentó los niveles de violencia y la desaparición comenzó a ser una práctica frecuente que es reconocida, actualmente, como una crisis humanitaria, con más de 105 mil personas desaparecidas en el país.
“Ninguna persona está exenta de vivir la desaparición que destroza la vida de las familias”, cometa Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que busca a sus hijos Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, de 16 y 20 años; a sus sobrinos Aldo Pérez y Milynali Piña, de 20 y 13 años; y a su hermano Ignacio Pérez, de 52 años, desaparecidos el 14 de agosto de 2012, cuando regresaban de vacaciones, en la carretera que atraviesa Ciudad Mante, en Tamaulipas, territorio dominado por el crimen organizado.
El cuarto de Alexis y José Arturo continúa como lo dejaron hace más de diez años. En una visita a la casa de la familia Dominguez Pérez, en Tamuín, en el 2018, Edith relataba que frecuentemente entraba a la recamara de su hijos y cambiaba las sábanas y las cobijas; sacudía sus zapatos y metía a lavar la ropa que se había empolvado. “Para que cuando regresen, tengan algo limpio que ponerse”.
La desaparición devasta la vida de las familias, pero el amor impulsa la búsqueda, a pesar de la violencia, y trae esperanza de encontrarlos con vida.
Parados en San Luis Potosí
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el primer aumento significativo en las denuncias por este delito se da en el 2009. Pero, se comenzaron a vivir crímenes violentos desde el 2007, casi a la mitad del sexenio del gobernador Marcelo de los Santos Fraga.
Algunos periodistas señalan el 13 de septiembre de 2007, como el día que inició la violencia en San Luis Potosí, con el asesinato de Jaime Flores Escamilla, titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
Se dice que aquel día, alrededor de las tres de la tarde, el comandante fue atacado por un grupo de personas con armas de alto calibre que circulaban a bordo de una camioneta blanca Suburban y un carro rojo, marca VolksWagen Bora. Flores Escamilla, que manejaba una camioneta azul, iba a comer mariscos con su esposa y su hijo de 11 años en la colonia Valle Dorado. Hasta la fecha, este crimen continúa impune.
Dos meses después, aproximadamente a las siete y media de la noche del 30 de noviembre de 2007, se vivió un enfrentamiento entre tres camionetas con civiles armados y corporaciones policiacas y militares, que inició en pleno centro, en la avenida Carranza y atravesando hasta la avenida Juárez, los delincuentes escaparon por la carretera 57 y la carretera a Guadalajara.
Entonces los potosinos comenzamos a escuchar rumores de autos o camionetas que se llevaban a personas que caminaban o circulaban en sus autos por las calles de la capital o Soledad de Graciano Sánchez, llamados “levantones”. El 24 de abril de 2008, el subdirector de averiguaciones previas de la entonces llamada Procuraduría General del Estado, Raúl Santamaría Casas, fue “levantado” y posteriormente asesinado.
Cuatro policías ministeriales fueron señalados como presuntos asesinos, entre ellos el director de la Policía Ministerial del Estado, pero 20 meses después, en diciembre de 2009, fueron absueltos, acusando al gobierno de De los Santos de construir los cargos falsos en su contra.
Así como los policías fueron los primeros en ser asesinados, también fueron de los primeros en ser desaparecidos. A principios de 2009 fue desaparecido un policía ministerial en Soledad, cuya ropa fue entregada a su familia con la advertencia de “no lo busques”; no es nombrado por seguridad, aunque su familia aún desea poder encontrarlo.
Pero no solo fue en la zona Centro del estado, una de las primeras denuncias en Rioverde, el 16 de enero de 2011, fue por la ausencia del policía municipal Edgar Daniel Hernández, de 22 años.
Marisela Torres recuerda que comenzó a buscar a su hijo, desesperadamente, entonces llegaron las amenazas. La familia decidió desplazarse de su lugar de origen, Marisela, que es una excelente cocinera, puso un restaurante en la ciudad de San Luis Potosí, donde vive desde hace 10 años.
Aún con las amenazas y el cambio de domicilio, Marisela no ha parado de buscar a Edgar Daniel, pero señala que no hay pistas que digan dónde está. Unas semanas antes de la desaparición, su hijo le comentó que quería cambiar de trabajo porque la región se estaba volviendo peligrosa. Ella piensa que, quizá, le ofrecieron algo a su hijo y él lo rechazó.
Con el paso del tiempo existe mayor claridad para comprender, un poco mejor, qué pasó con los primeros casos de desaparición registrados en el estado. La búsqueda de las familias ha dado las principales pistas para determinar si la ausencia de sus seres queridos se investiga como desaparición forzada o como cometida por particulares.
La desaparición de personas es un delito costoso. Para esfumar todo rastro de una persona es necesario tener recursos, sobre todo si el delito se masifica.
La desaparición de un ser querido y la incertidumbre que genera su ausencia destruye las dinámicas familiares. También destruye las dinámicas comunitarias, las personas prefieren no salir por miedo. “Tenemos que entender que desaparecer no es normal”, cometa Edith Pérez.
Redacción/El Universal San Luis Potosí
30 agosto 2022
Fotos: Fabiola Juárez
En las vallas que rodean el edificio gubernamental fueron colocadas mantas con fotografías de los desaparecidos potosinos; piden continuar con su búsqueda hasta encontrarlos
En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, familiares e integrantes del colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros” se manifestaron de forma pacífica frente a Palacio de Gobierno en la capital potosina.
En las vallas que rodean el edificio gubernamental fueron colocadas mantas con fotografías y fechas de los desaparecidos potosinos, entre ellos Calep Adonai Maldonado Moncivais, de 19 años de edad, quien desapareció el 26 de julio de 2021 cuando se dirigía a Guadalajara con otros tres compañeros de trabajo.
También entre los manifestantes se presentó María del Carmen Almanza Baruch, madre de Moisés Gámez Almanza, desaparecido desde el 9 de octubre de 2009 en la avenida José de Gálvez. Este 2022 se cumplirán 13 años de su búsqueda sin haber rastro de él.
Moisés Gámez Almanza es uno de los cuatro desaparecidos de Toranzo, él junto a tres jóvenes, Luis Francisco Medina Rodríguez, Julio César Coronado Noriega y Marco Antonio Coronado Castillo, apoyaban la campaña del exgobernador potosino Fernando Toranzo cuando fueron víctimas de desaparición.
Martha Martínez Hernández busca a su hermano Juan Carlos Martínez Hernández, desaparecido el 1 de abril de 2017 en El Naranjo. Ella pide que se respete el presupuesto asignado para seguir con la búsqueda de sus desaparecidos. Señaló que “no son paseos, sino que es un trabajo”.
En México ante la crisis de personas desaparecidas los familiares se convierten en buscadores, abogados y activistas para encontrarlas.
Ante la falta de recurso hay una búsqueda en pausa en el municipio de Ciudad Fernández, diligencias que también están en pausa a falta de espacio en el Servicio Médico Legista (Semele) de San Luis Potosí.
Recuerdan a personas desaparecidas en Reynosa y en Ciudad Madero mediante protestas pacíficas en Tamaulipas
Reynosa, Tamps., Agosto 30 (OEM-Informex).- Familias en Reynosa y Ciudad Madero que tienen a uno de sus parientes reportados como personas desaparecidas realizaron protestas pacíficas para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas como cada 30 de agosto.
Tanto en Reynosa como en Ciudad Madero se llevaron a cabo estos actos para recordar a quienes desde hace años se reportan como no localizados.
En Reynosa se plantaron en el bulevar José María Morelos
Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas, activistas y ciudadanos en general se reunieron en el estacionamiento del supermercado HEB sucursal Morelos a las 17:00 horas de este martes.
En el contingente participaron madres, hermanas e hijas de personas que tienen familiares desaparecidos, portaron playeras y cartelones con la fotografía de su familiar.
Posteriormente caminaron por todo el bulevar José María Morelos hacia la plaza principal Miguel Hidalgo, frente al palacio municipal.
Una vez en el centro de Reynosa, dieron un pronunciamiento recordando a sus seres queridos que han sido privados de su libertad.
Solicitan apoyo a Américo Villarreal para encontrar a sus familiares
Las lonas con fotografías que llevaban las tendieron en la explanada del punto de reunión, exigieron justicia y solicitaron al gobernador electo, Américo Villarreal Anaya que atienda esta problema de inseguridad y desaparición esta entidad.
Dentro de la manifestación, los colectivos fueron acompañados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además por elementos de Protección Civil y Transito.
Exigen apoyo para encontrar a las personas desaparecidas en Reynosa | Jaime Jiménez
Aunque no se tiene estadísticas reales en cuanto a desaparecidos, aseguraron que Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en desapariciones.
A la par, señalan que muchas de las familias que han sido víctimas tienen el temor de denunciar por amenazas o represalias.
Tanto en Reynosa como en Ciudad Madero se llevaron a cabo estos actos para recordar a quienes desde hace años se reportan como no localizados | Jaime Jiménez
También en Ciudad Madero se manifiestan en memoria a personas desaparecidas
Colectivos buscan a sus familiares desaparecidos en el sur de Tamaulipas, con fotografías y mantas acudieron a la explanada de la presidencia de Ciudad Madero para pedir el apoyo de las autoridades.
Buscan a sus familiares desde hace 11 años
María del Pilar Arenas Navarro, madre de Héctor Manuel, señaló que desde el 24 de agosto del 2011 su hijo se encuentra no localizado, que a decir de ella falta apoyo por parte de las autoridades estatales y federales para obtener información que lleve al paradero de sus seres queridos.
Comentó que es urgente que las autoridades de Tamaulipas, Federación y de la Comisión de Búsqueda pongan atención y realicen las búsquedas pertinentes en las zonas donde se tenga indicios de fosas clandestinas.
También en Ciudad Madero se manifiestan en memoria a personas desaparecidas | Juan Hernández
“Nosotros somos un colectivo que buscamos a nuestros hijos, hijas, madres y esposos, todo tipo de familiar desaparecido desde el 2010, estamos formados por puros familiares que los buscamos a nuestros seres queridos, no buscamos culpables solo encontrar a nuestro familiar”, aseveró.
Marchan y protestan de forma pacífica para recordar a personas desaparecidas en Tamaulipas, señalando la necesidad de más apoyos para localizarlos.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) publicó su investigación “La infancia cuenta en México: niñez y desapariciones”.
El documento que se divide en dos partes retrata a las “Infancias desaparecidas” y a las “Infancias buscadoras”. Su propósito es exponer las situaciones a las que se enfrentan las infancias y adolescencias frente a la problemática de las desapariciones en México, un país donde 17 mil 605 personas menores de edad han sido víctimas de una desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Aleste Flores Torres / Zona Docs
Las niñas, niños y adolescentes son víctimas de diversas formas de desapariciones en México, un delito que está en aumento y que tiene múltiples causas, desde la violencia producida por las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, hasta la propia violencia que se genera en los hogares.
Frente a esta violenta realidad, surge la investigación “La infancia cuenta en México: niñez y desapariciones”, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Este lunes en el marco del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la organización presentó los hallazgos de este trabajo que releva el impacto que tiene para las infancias la crisis de desapariciones que se vive en el país.
El documento se divide en dos partes, la primera “Infancias desaparecidas”, donde se expone un diagnóstico sobre las causas y los efectos de la desaparición en les, las y los menores de edad. Este apartado recopila las voces de personas expertas, autoridades que trabajan en la materia, datos oficiales, investigaciones periodísticas y las voces de las madres que siguen en la “búsqueda de sus amores”.
La segunda, “Infancias buscadoras” incorpora la voz de algunos niños y niñas que han sufrido los efectos de la desaparición de sus familiares y seres queridos. Sus voces revelan la pesada carga que llevan a cuestas, así como sus madres y otros integrantes de sus familias.
La niñez desaparecida
Durante 2021, 17 personas de entre 0 y 17 años fueron reportadas como desaparecidas,no localizadas o localizadas diariamente en México, una cifra que se incrementa a medida que pasan las horas. Esta crisis no es algo nuevo, puesto que, desde el año de 1964 al día en que se terminó este documento, se han registrado 84 mil 160 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Este mismo conteo histórico reconoce que 17 mil 605 niñas, niños y adolescentes permanecen desaparecidos o no localizados en todo el país.
“Se evidencia también la profunda desatención que en la actualidad tiene la crisis de desapariciones … hoy las desapariciones y en particular la de niñas, niños y adolescentes sufren invisibilización, incluso estigma, y un silencio que ha embargado la vida ciudadana en México”, señaló Tania Ramírez, directora de REDIM durante la presentación de este informe.
Para la directora, es importante entender esta situación “qué pasa, por qué están desaparecidos, quiénes se los llevaron, en dónde y cómo sucedieron estos delitos”. La investigación expone algunos datos que permiten entender qué pasa en el país.
A decir de REDIM, el 40% de los casos registrados se concentra en 3 de los 32 estados del país:el Estado de México con 3 mil 904 (23.1%), Tamaulipas 1 mil 776 (10.4%) y Jalisco 1 mil 233 (7.5%).
En el caso de Jalisco, el estudio detectó cómo las alertas de búsqueda no se emiten adecuadamente, así como tampoco se aplican los protocolos de búsqueda, lo que refleja algunas de las tantas dificultades que padecen las familias que buscan a niñas, niños y adolescentes desaparecidos en esta entidad.
Además, los datos recabados confirman también graves problemas de comunicación entre las fiscalías y las Comisiones de búsqueda tanto la nacional como las locales. En consecuencia, la falta o negación de información entre instituciones está obstaculizando el acceso a la verdad y complejiza aún más la posibilidad de hacer búsquedas efectivas. .
La investigación detalla que la mayoría de las personas desaparecidas de 0 a 17 años son mujeres (55%) y las personas mayores de 12 años (74.4%) son más vulnerables a ser víctimas de este delito.
¿A dónde va la niñez desaparecida?
Los resultados del trabajo explican que entre las causas que generan la desaparición de la niñez y adolescencia en México se encuentran una mezcla de factores que permiten que sucedan, involucrando a varios actores y tipos de modus operandi, como el secuestro, la trata y explotación sexual.
Asimismo, denunciaron que la delincuencia organizada recluta a las infancias en mayor estado de vulnerabilidad, aprovechándose de sus condiciones de vida marcadas por desigualdades, la deserción escolar o falta de acceso a la escuela, el consumo de drogas y la falta de oportunidades.
Las redes sociales, señalaron, se han convertido en la principal fuente de captación de este grupo de la población; en dicha modalidad se destaca el reclutamiento de todos los niveles, no sólo para actividades delictivas sino también actividades lícitas que exponen a las infancias a otras formas de explotación.
Por otra parte, la investigación identificó que las desapariciones pueden ser consecuencia de las violencias que viven dentro del hogar las niñas, niños y adolescentes. Esto, como una estrategia de sobrevivencia, la cual puede arrojarles a ser víctimas de la delincuencia organizada.
Casi el 100% de impunidad en casos de desaparición de la niñez
La impunidad es una constante en la crisis de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Esta dinámica estructural permite que el delito se siga cometiendo sin ninguna consecuencia.
Al respecto, solamente hay 36 sentencias en más de 100 mil casos, acorde a datos oficiales recogidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Es decir, existe casi un 100% de impunidad en temas de desaparición.
Dentro de la investigación se observa que son 0 casos los que han sido adecuadamente investigados, se ha establecido la responsabilidad o se ha dictado una sentencia por la desaparición de algún niño, niña o adolescente.
La niñez que busca a sus amores
Las madres, los hermanos, tíos, abuelas o primos van a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, pero a su lado les acompañan sus hijas, hijos, sobrinos o nietos. La niñez buscadora es una realidad en México.
En el segundo apartado, se narran las historias de Fernando, Valentina, Monse, Jade, Sebastián, Rubí y Emiliano, quienes buscan en las fosas clandestinas junto con sus familiares.
Fernando, era bebé cuando se llevaron a su tío, pero creció escuchando de él porque compraba su leche, sus pañales y en su casa no pasan un día sin hablar de Tomy Vergara, quien fue desaparecido en Huitzuco, Guerrero en 2012.
El empezó a buscarle desde los cinco años, cuando todavía era alumno de kínder junto con su madre Mayra. Actualmente, tiene diez años, cursa quinto grado de primaria, le gusta estar con su abuela y de grande quiere ser ingeniero.
En su casa escucha sobre noticias, leyes, autoridades incompetentes o un dato que les pasó alguien por WhatsApp diciendo dónde enterraron personas.
Fernando narra que son temas que platican durante las comidas, al levantarse, al irse a dormir. La vida cotidiana de una familia que ha sido golpeada por la ausencia y a eso responden juntos sin pausa, “todos son energía pura”.
En Coahuila se encuentra Valentina Gámez, niña que viste de una playera verde, el uniforme de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fuundec), la organización en la cual participa su abuela Esther Contreras.
Ellas vienen desde Torreón, pero cada año traen a Valentina a la marcha del 10 mayo, día de las madres en México.
“Mi tío es Jesús Antonio Mena. Desapareció el 29 de junio de 2010, ya casi doce años de que…de esta búsqueda, pues. Sí es algo triste venir, hacer esto, ver a mi abuelita…me gustaría que estuviéramos así, todos juntos, la verdad”.
Monse y Jade, llevan la fotografía de su hermana Andrea Michael Dávila Martínez, ella fue desaparecida en Ecatepec el 6 de agosto de 2014 a sus 15 años, su edad actual es 23 años. Ambas extrañan a su hermana.
A Monse le tocó transitar su adolescencia en medio de ese tiempo oscuro, como ella le nombra. Sus padres comenzaron a pelearse, luego se divorciaron. Se disolvió la familia, y menciona que “poco a poco perdieron la alegría y todo fue oscuridad, tristeza, miedo”.
En Puebla vive Sebastían, quien tiene 14 años y con su mamá llegó a la VI Brigada Nacional de Búsqueda, esfuerzo conjunto de familias y organizaciones por entrar a terrenos peligrosos a los cuales no pueden ir solos, únicamente en bola. Él busca a su hermano Juan de Dios junto con su madre María Luisa Núñez Barojas.
No obstante, Sebastián se ha sentido desatendido por sus padres, puesto que “han dejado de verlo” porque su vida se ha convertido en encontrar a su hermano mayor.
Estas cuatro historias no son las únicas, alrededor del país hay miles de niñas, niños y adolescentes que acompañan, acuerpan y resisten junto con sus familias en las búsquedas de sus tesoros desaparecidos.
¿Qué podemos hacer?
¿Qué tenemos que hacer? es la pregunta que busca responder la REDIM, las personas activistas y defensoras que les acompañan y las autoridades. Por ello, al final del documento proporcionan una serie de recomendaciones para combatir la crisis de las desapariciones de las infancias y a su vez, llamar a la acción para sostener a aquellas que acompañan en la búsqueda:
Crear unidades de análisis de contexto en todas las Fiscalías especializadas y Comisiones Locales de Búsqueda.
Incluir a las Comisiones Locales de Búsqueda en las Coordinaciones Estatales de la Alerta Amber y a la Comisión Nacional de Búsqueda en el Comité Nacional del Programa Alerta Amber, para permitir a dichas instituciones detonar la alerta y no tener que esperar a que la detone la Fiscalía correspondiente.
Intensificar la capacitación a todas las autoridades involucradas en la aplicación del Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de herramientas de aprendizaje a distancia y presencial.
Llevar a cabo campañas masivas de difusión sobre la existencia y el uso del Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigidas a niñas, niños y adolescentes así como a sus familias.
Armonizar entre sí los tres protocolos existentes aplicables a niñas, niños y adolescentes desaparecidos (PABNNA, Alerta Amber y Protocolo Alba) para evitar duplicidades de acciones y procedimientos.
Crear una guía sobre buenas prácticas de crianza, dirigida específicamente a las familias buscadoras, que incluya un conjunto de herramientas de apoyo y asesoramiento para conciliar las tareas de búsqueda con las tareas de cuidado, de una forma que priorice el sano desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Mejorar la capacidad operativa y política del SIPINNA y su Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA) para enfrentar la grave crisis de violencia.
Impulsar la implementación de políticas públicas que avancen en garantizar la supervivencia y vida digna de la niñez.
Evaluar el adecuado funcionamiento de los protocolos existentes para atender la violencia y dar acogida a niñas, niños y adolescentes que buscan huir de situaciones de violencia y riesgo dentro de sus hogares o comunidades.
La desaparición de un familiar arrasa a todos y les rompe, advierte este informe. Las familias dejan de cuidar a las niñas y niños que no están desaparecidos, aunque es necesario cuidarlos para que no sean víctimas de este delito también, escucharles y acuerparles en sus procesos de lucha.
A 12 años de La Masacre de los 72, 9 víctimas siguen sin ser identificadas y seis familias guatemaltecas y una brasileña quieren exhumar los cuerpos que les entregaron para corroborar la identidad de las víctimas
CD. VICTORIA.- A finales de agosto de 2010, 72 migrantes fueron torturados y asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. La Masacre de los 72 dejó en evidencia la grave situación de violencia contra las personas migrantes en México.
En un comunicado, organizaciones que defienden los derechos de la comunidad migrante subrayan que, a 12 años de este evento atroz, 9 víctimas siguen sin ser identificadas, “denotando la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región, para enfrentar la crisis de desapariciones y forense”.
Además, advierten que, igual número de familias permanecen en la búsqueda de sus seres queridos desde hace más de una década, “sin saber que éstos se encuentran en un anfiteatro”.
También, durante este tiempo, seis familias guatemaltecas y una originaria de Brasil continúan esperando la revisión e identificación de los cuerpos que les fueron entregados “fast-track”, sin documentación o pruebas que confirmen que se trata de sus seres queridos. No están seguros de que los cuerpos que les entregaron corresponden a sus familiares.
Advierten que la “excelente relación democrática” que mantienen México y Guatemala no ha servido para abrir el camino a la justicia y la verdad para estas familias.
“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.
Las organizaciones destacan el caso de Mayra Izabel y su madre Ángela Pineda Morales, quien murió hace un año sin saber con certeza si los restos que el gobierno de México le entregó son los de su hija. “No podemos seguir permitiendo que más madres, esposas, hermanas fallezcan sin saber en dónde están sus seres queridos”.
Para las organizaciones, queda claro que este y otros casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos en contra de la comunidad en movilidad humana trasnacional “ha colocado la urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países”.
Las organizaciones enlistaron al menos cuatro masacres posteriores a la tragedia de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. La última de éstas ocurrió en Camargo, Tamaulipas en enero de 2021, donde 19 personas migrantes, 16 de origen guatemalteco fueron encontradas calcinadas.
LAS EXIGENCIAS
En el comunicado, las más de 50 organizaciones exigen que, a 12 años de La Masacre de los 72, es urgente necesidad de crear una Comisión Especial que investigue este caso y otros, pues el caso permanece en la impunidad.
Señalan que no ha existido una colaboración regional para investigar las masacres y desapariciones de personas migrantes a través del tiempo.
“Los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”.
De ahí que sea vital e urgente la confirmación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, la cual fue una recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México.
La misma deberá contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales. Su objetivo será ofrecer “una visión transnacional de la justicia, con un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluye países de origen, tránsito y destino” explicaron las organizaciones.
Y es que manifiestan que mientras las personas migrantes permanecen “siendo objeto de discriminación, abusos y múltiples delitos, como secuestros, extorsión, violación, trata con fines de explotación laboral y sexual, y homicidio”, los gobiernos de sus países de origen, tránsito y destino –México, Guatemala, El Salvador y Honduras– cierran los ojos.
LAS INVESTIGACIONES
Sobre las investigaciones que se han desarrollado, solo hay dos sentencias relacionadas La Masacre de los 72; sin embargo, éstas corresponden a los delitos de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego, más no por los 72 homicidios de personas migrantes.
“El patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes, la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a los derechos humanos hace imprescindible, a 12 años de la Masacre de los 72, empezar a generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias”.
Herbeth Escalante / Foto: Archivo Herbert / Pie de Página
La Policía de Tixkokob golpeó a Alexis hasta romperle la mandíbula, mientras que Manuel acusa a la corporación de Valladolid de cortarle la mano. Se tratan de actos violentos que evidencian los alarmantes abusos policiales y las violaciones a los derechos humanos en Yucatán, el estado más seguro del país
MÉRIDA, YUCATÁN.- Alexis fue detenido por la Policía Municipal de Tixkokob luego de sufrir un accidente en motocicleta en la carretera que comunica con la comisaría de Nolo. No quedaron claras las razones de su detención ni por qué los agentes lo golpearon hasta fracturarle la mandíbula y el pómulo derecho de su rostro.
El joven de 25 años de edad fue víctima de la brutalidad policiaca en Yucatán, el estado considerado como el más seguro del país por sus bajos índices delictivos, y en donde las corporaciones violan derechos humanos y cometen tortura.
“Ya no soporto el dolor de la mandíbula quebrada y no puedo comer, y si lo hago es con mucho dolor, porque el hueso está partido. Estoy por cumplir un mes de puro dolor y ya no aguanto”, exclamó desesperado desde su hogar, en donde reposa mientras se programa una cirugía maxilofacial en el hospital “Ignacio García Tellez T1” del Seguro Social (IMSS) en Mérida.
Alexis Polanco Miam se dedica a la albañilería, pero desde que fue atacado por los policías de Tixkokob no ha podido trabajar, situación que golpea la economía familiar, ya que viven al día. De hecho, sus padres tuvieron que hacer un préstamo para poder cubrir los gastos médicos y viajar de Tixkokob a la ciudad para recibir atención hospitalaria.
Los hechos violentos ocurrieron el pasado 6 de agosto cuando fue trasladado a la cárcel pública y, a pesar de la gravedad de sus lesiones, hasta el momento no ha sido intervenido quirúrgicamente. No sabe qué hacer, pues se ha intensificado el dolor en la sien, en varias partes de la cabeza y en su ojo izquierdo, además de que su nariz sangra constantemente debido a las fracturas.
Su madre, Rosa María Miam, contó que cuando se enteró del arresto de su hijo, fue a visitarlo a los separos y le llamó la atención que estaba únicamente con ropa interior en la celda y, aparentemente, se encontraba bien de salud. La mujer le dijo al comandante en turno que no tenía dinero para liberarlo ni para rescatar la moto, pues le estaban exigiendo 4 mil pesos, por lo que regresaría más tarde por él.
“Pero a las pocas horas la Policía vino a mi casa a pedirme que vaya por Alexis porque estaba muy alterado y al llegar me di cuenta que estaba súper golpeado. Le pregunté al comandante qué le habían hecho y sólo me dijo que no sabían lo que ocurrió, que quizás él mismo se aporreó en las rejas de la celda. Él no estaba así cuando lo fui a visitar, fueron los policías quienes lo golpearon”.
Rosa María Miam, madre de Alexis.
Debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, Rosa María y su esposo pidieron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo a un hospital de Mérida. Durante todo el trayecto, el joven escupía sangre y no podía respirar.
“Al principio no nos quería decir qué había pasado, creo que los policías lo amenazaron. A los tres días de estar ingresado en el hospital y ante la insistencia de mi esposo, Alexis confesó que tres policías lo golpearon salvajemente”, declaró.
A nivel nacional, Yucatán es considerado un “paraíso” por ocupar las primeras posiciones en las estadísticas sobre seguridad, al grado de que las autoridades gubernamentales la presumen como el estado más pacifico de México.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el periodo de enero a mayo de este año, Yucatán tuvo la menor incidencia delictiva, al registrar una tasa de 74.21 delitos por cada 100 mil habitantes. Esto significa que es una cifra nueve veces menor a la media nacional de 677.90 delitos.
Además, como ha ocurrido en años anteriores, la entidad se mantiene con la menor tasa de homicidios dolosos de todo el país al registrar 0.78 casos por cada 100 mil habitantes, lo que significa 10 veces menos a la nacional, que es de 8.24.
Pero lo que no dicen las cifras oficiales es que las corporaciones policiacas, tanto las municipales como la estatal, están siendo acusadas de cometer todo tipo de delitos en contra de la población, desde detenciones arbitrarias, tortura y hasta homicidios.
La asociación civil Indignación reveló que tan sólo de 2019 al 2021 se interpusieron 965 denuncias por el delito de tortura ante la Fiscalía General de Yucatán (FGE), cantidad que catalogó de alarmante y que evidencia que la entidad atraviesa por una crisis de derechos humanos que se pretende esconder.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) calcula que en el último año y medio tiene abiertas 10 quejas vigentes sobre tortura que aparentemente fueron cometidos por integrantes de las Policías yucatecas.
Asegura que los policías le cortaron la mano
El caso de Alexis no es el único de violencia policiaca en el estado, pues hace unos días se dio a conocer que a un hombre, identificado como Manuel “N”, le cortaron la mano derecha como represalia por haber cometido un robo. Él acusa directamente a agentes municipales de Valladolid.
En sus primeras declaraciones ante la Codhey, desde el hospital en donde está internado, relató que fue arrestado por los policías quienes lo llevaron al monte para castigarlo: le apuntaron la extremidad. Dijo que logró escapar y que llegó a una comisaría del municipio vecino de Chemax, en donde fue localizado por las autoridades a la orilla de un camino, desangrándose.
El ombudsman yucateco Miguel Óscar Sabido Santana declaró que se trata de un caso gravísimo el cual están investigando como tortura. Precisó que nunca antes había ocurrido algo así en Yucatán, por lo que se han prendido los focos rojos sobre las alarmantes actuaciones de las corporaciones municipales.
La Codhey interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y pidió informes de lo ocurrido tanto a la Policía de Valladolid como a la de Chemax, así como al Hospital General de Valladolid para que los médicos determinen las posibles causas de la amputación. Sin embargo, hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.
“Es algo que no había ocurrido, no había sucedido en muchos años, es algo gravísimo, recriminable y lamentable, por lo que tenemos que hacer las investigaciones pertinentes para poder tener la verdad completa. Desde luego que le damos el valor a la queja y a los dichos del afectado, porque le tenemos que creer a las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Miguel Óscar Sabido Santana, comisionado estatal de Derechos Humanos.
Reveló que de 2021 a la fecha, están vigentes entre siete y 10 quejas que fueron calificadas como tortura, investigaciones en las que solicitaron el apoyo de peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder aplicar los protocolos de Estambul.
En ese sentido, confesó que hace falta personal especializado en la Codhey para investigar estos casos de lesa humanidad, por lo que están recibiendo capacitación al respecto.
“No tenemos los peritos suficientes, por lo que los estamos capacitando para que puedan realizar los dictámenes, análisis, calificaciones e integren las quejas de la mejor manera, para que de esta manera puedan calificar estos casos como lo que son: tortura”, aseveró.
Apenas en abril de este año, el Congreso local aprobó una reforma de ley que busca fortalecer a las instituciones del Estado en sus atribuciones para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que suelen cometer las corporaciones de seguridad.
El promovente de dicha iniciativa, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Legislativo, Gaspar Quintal Parra, lamentó que sigan ocurriendo este tipo de hechos violentos perpetrados por quienes deberían cuidar a la población y respetar la ley.
“Todavía existen mucha deficiencias en algunas corporaciones municipales en cuanto a sus protocolos de control; es muy lamentable que se den ese tipo de hechos en Yucatán, como los de Tixkokob y Valladolid, por lo que se debe castigar a quienes resulten responsables y reforzar las medidas para evitar casos como esos en el futuro”, recalcó.
Impunidad y violencia para grupos vulnerables
Para el abogado y activista de Indignación Jorge Fernández Mendiburu, la crisis de violaciones a derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas en Yucatán no es nueva, lo que sucede es que la mayoría de los casos denunciados permanecen impunes porque las víctimas pertenecen a grupos socialmente vulnerables, por lo que prácticas como la tortura se siguen repitiendo.
Señaló que las detenciones arbitrarias y las torturas se realizan en el contexto de una “policía preventiva”, y que evidentemente no ha habido ningún tipo de voluntad política de establecer mecanismos que les pongan freno.
Lamentó que a pesar de las múltiples recomendaciones que emiten los órganos internacionales en materia de derechos humanos para mejorar las políticas públicas en cuanto a la vigilancia de la actuación policial, pareciera que en Yucatán las autoridades gubernamentales estatales y municipales prefieren soslayar estas violaciones.
“Y por lo tanto, la impunidad genera la repetición de violaciones a derechos humanos, de esa impunidad se cuelgan las corporaciones policiacas para repetir esos actos en contra de la población, sobre todo las más vulnerable”, apuntó.
La diferencia, dijo, es que ahora existen cada vez más medios de comunicación, tecnologías de documentación y redes sociales que están difundiendo al resto de la sociedad lo que está sucediendo con las policías y se están visibilizando sus prácticas violentas.
En ese sentido, Fernández Mendiburu señaló que dichos actos no son aislados, al contrario, con constantes y sistemáticos que en ocasiones culminan en hechos más graves, como los homicidios. Enfatizó que si en Mérida hay impunidad, en los municipios del interior del estado la situación es peor.
“La violencia no es nada más cuando la delincuencia organizada mata personas, como ocurre en otras regiones del país, pues tiene otras facetas o caras que no se contemplan cuando los gobiernos o instituciones hacen análisis sobre cuáles son los mejores estados para vivir. Claro que Yucatán es un buen lugar para vivir, pero sólo para ciertos sectores”, declaró.
Jorge Fernández Mendiburu, Indignación.
Por lo tanto, sostuvo que en Yucatán hay otras violencias, como el despojo territorial, el racismo, la discriminación, la de género y por supuesto, la policiaca, por lo que decir que “en la entidad no pasa nada o es pacifica”, es demasiado ilusorio y falso. Es un espejismo en el paraíso de la seguridad.
“Aunque no estamos en los niveles de muertes como en otros estados, podemos afirmar que hay una violencia sistémica en Yucatán, y que una de esas violencias es la que cometen los cuerpos policiacos, la cual está destinada a los sectores que están en situación de vulnerabilidad social y económica. Pero mientras las policías no toquen a las clases sociales altas, para las autoridades no hay violencia”, concluyó.
Maria Abi-Habib, Alejandro Cegarra / The New York Times
‘Tiene que hacerse bien’: expertos y científicos advierten sobre los peligros del Tren Maya en México
Aunque fue presentado como una forma de desarrollar la región más pobre del país, la obra se ve amenazada por un presupuesto que crece y una construcción apresurada en un terreno frágil. El presidente se ha negado a ralentizar su construcción.
PLAYA DEL CARMEN, México — A lo largo de una franja de selva recién cortada, había amontonados troncos de árboles retorcidos en pilas altas, como miles de cerillas usadas que se extendían hasta donde alcanza la vista. Este camino deforestado en el sur de México fue despejado recientemente para construir un ambicioso proyecto gubernamental: el Tren Maya.
El Tren Maya es una de las joyas de la corona del presidente Andrés Manuel López Obrador, un proyecto emblemático en el que ha apostado su legado y que ha sido presentado como un medio para revitalizar la región más pobre del país, que también es una de las menos conectadas.
Un portavoz del gobierno de la agencia a cargo del proyecto lo definió como un “gran detonador” para la economía de la región sur del país.
Pero la línea ferroviaria para trenes de carga y pasajeros, que tendrá una longitud de unos 1500 kilómetros, se perfila como el proyecto más polémico del presidente hasta el momento. Como mínimo, está muy por encima de lo presupuestado, es posible que no impulse la economía como se prometió y será subsidiado por los contribuyentes en los próximos años, dicen analistas y funcionarios del proyecto. En el peor de los casos, podría derrumbarse debido a una construcción apresurada, advierten los funcionarios gubernamentales y los contratistas del proyecto.
A pesar de las numerosas preocupaciones planteadas por funcionarios, asesores, científicos e incluso simpatizantes del ferrocarril, López Obrador se ha negado a retrasar el proyecto y está empeñado en inaugurarlo antes de que finalice su mandato en 2024.
Se trata de la iniciativa más grande de una serie de importantes proyectos de infraestructura —valorados en unos 45.000 millones de dólares— que el líder mexicano se comprometió a entregar, pero que hasta ahora no han producido los beneficios económicos o políticos que prometió.
El presidente “no es alguien que escuche”, dijo Gemma Santana Medina, una consultora del proyecto que renunció el año pasado tras criticar la planificación. Ella, y varios funcionarios actuales y anteriores, dijeron que el presidente no ha prestado atención a los expertos en la materia.
“La suya es una visión verdaderamente dictatorial”, dijo.
La entrada a una cueva debajo del recorrido propuesto para el Tren Maya en Playa del Carmen
El tramo 5 unirá las famosas playas de arena blanca que se extienden de Cancún a Tulum a la península de Yucatán
La parte más polémica del trazado del tren, el Tramo 5, unirá las famosas playas de arena blanca que se extienden desde Cancún hasta Tulum en la península de Yucatán. Para minimizar la deforestación, la construcción se planeó inicialmente a lo largo de una carretera. Pero ahora serpenteará a través de la segunda selva más grande de América, habitada por jaguares en peligro de extinción. Las vías se extenderán sobre el río subterráneo más largo del mundo y sobre cientos de cuevas inexploradas que se ha descubierto que albergan ruinas antiguas de la civilización maya que le da nombre al ferrocarril.
En medio de la creciente presión interna, López Obrador invocó un decreto de seguridad nacional en julio para reiniciar los trabajos del Tren Maya y protegerlo del escrutinio, luego de que una orden judicial detuviera la construcción por preocupaciones ambientales. Un juez federal también falló a favor del gobierno este mes para continuar los trabajos.
El mandatario dijo que el decreto “lo que está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima” que había sido paralizada por “los pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos”.
Los retrasos le habían costado tiempo y dinero al gobierno, dijo López Obrador, y ya no serían tolerados. El Tramo 5 no atravesaba la selva, agregó, descartándola como si fuera otra cosa que un acahual, o arbusto, y contradiciendo las evaluaciones de los ecologistas, incluido uno que asesoró ese proyecto.
El gobierno también despidió a los contratistas civiles que estaban construyendo el Tramo 5 y puso a los militares a cargo, lo que dificulta aún más la supervisión pública. El ejército mexicano no está obligado a divulgar públicamente información sobre ningún proyecto que emprenda, a diferencia de los contratistas.
“Está abusando del decreto de seguridad nacional para impulsar este proyecto que ha sido turbio desde el principio”, dijo el biólogo José Urbina Bravo, sobre el presidente.
Urbina y otros involucrados en la medida cautelar dicen que al principio apoyaron el Tren Maya, con la esperanza de que ayudaría a revitalizar la economía del sur de México. Dicen que solo se opusieron al proyecto cuando, en febrero, el gobierno trasladó el Tramo 5 a la selva sin llevar a cabo los estudios ambientales exigidos legalmente. En ese momento presentaron una demanda, lo que provocó la orden judicial que detuvo la construcción.
“Está abusando del decreto de seguridad nacional para impulsar este proyecto que ha sido turbio desde el principio”, dijo del presidente José Urbina Bravo, un biólogo.
El tren es el más grande de importantes proyectos de infraestructura con valor de unos 45.000 millones de dólares que el presidente de México prometió entregar, pero que hasta ahora no han producido los beneficios económicos o políticos que prometió.
Desde el principio, el Tren Maya se ha visto complicado por un presidente obsesionado con entregar numerosos proyectos a gran escala durante su mandato de seis años.
Funcionarios del gobierno e ingenieros que trabajan en el plan dijeron que se necesitaban hasta 15 años para planificarlo y ejecutarlo, como ha sucedido con ferrocarriles de tamaño similar que han sido construidos en otras partes del mundo. En cambio, López Obrador le dio al proyecto un plazo de cuatro años.
Cuando se anunció el plan en 2018, dijo que era más que un simple ferrocarril. El tren conectaría las principales ciudades del sur de México, y cada estación crearía un nuevo centro urbano con espacios comerciales en expansión que se alquilarían para financiar el proyecto e impulsar la economía.
El presidente prometió que la vía férrea se construiría de manera rentable para ahorrarles a los contribuyentes una deuda considerable, y se construiría sobre vías o carreteras existentes para preservar el frágil ecosistema de la Selva Maya.
“Ni un solo árbol” sería derribado para el proyecto, aseveró López Obrador.
Pero, dos años después, pocas de esas promesas se han cumplido.
Desde el principio, el Tren Maya ha sido complicado por la obsesión del presidente de entregar proyectos emblemáticos de gran escala durante su sexenio.
Inicialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no cortar ni un solo árbol durante la construcción de la línea de ferrocarril.
El gobierno ya ha superado su presupuesto sin completar ninguna de las siete vías previstas. El tren podría llegar a costar hasta 20.000 millones de dólares, anunció recientemente el presidente, casi tres veces más que la estimación inicial.
Además, las ambiciones de desarrollo del proyecto se han reducido con el fin de que pueda ser terminado antes de que el presidente deje el cargo, dijo un alto funcionario del gobierno cercano a López Obrador que pidió permanecer en el anonimato para poder discutir los planes libremente. El ferrocarril ya no atravesará Mérida, la metrópolis y centro económico más grande de la región, ni Campeche, otro importante centro urbano, un revés para la promesa gubernamental de conectar la región.
Muchos de los espacios comerciales que se diseñaron para complementar las estaciones y ayudar a financiar las futuras operaciones del Tren Maya también han sido recortados discretamente, según el alto funcionario. Sin ellos, es probable que el tren esté cargado de deudas en los próximos años, advirtieron el funcionario y un contratista del proyecto.
Un portavoz de Fonatur, la agencia gubernamental que supervisa el Tren Maya, cuestionó estas afirmaciones e insistió en que el tren estimularía el crecimiento en la península y generará ganancias.
“El presidente Andrés Manuel ve el Tren Maya como un importante motor de desarrollo económico que busca cerrar las brechas de desigualdad”, dijo Fernando Vázquez, el vocero.
Y agregó que el tren atraerá visitantes a otras partes del sur, difundiendo el turismo y, por lo tanto, el desarrollo, aunque muchos han argumentado que los turistas que visitan sitios como Cancún a menudo quieren quedarse en sus hoteles. Vázquez agregó que el gobierno también invertirá en proyectos de desarrollo como escuelas y viviendas a lo largo de la vía férrea.
Ezequiel Navas esperaba que el Tren Maya llevara oportunidades de empleo a su pueblo de Chemuyil, México.
La nueva ruta del tren ahora atravesará la segunda mayor selva de América, en la que habitan jaguares en peligro de extinción.
Aunque el gobierno encargó estudios económicos y ambientales, el proyecto ha cambiado tantas veces que los hallazgos de esas investigaciones ya no son relevantes, según funcionarios que trabajan en el Tren Maya. Dichas modificaciones, como cambiar la ruta siete veces, se realizaron para acelerar la construcción y cumplir con el plazo de finalización en 2024, explicaron los funcionarios.
Al comienzo, se suponía que el ferrocarril sería financiado de forma privada en un 90 por ciento, lo que atrajo compromisos de los principales bancos de Wall Street, incluidos BlackRock y Bank of America. Ahora, el gobierno de México pagará la mayor parte de la obra después de que el presidente decidiera que las tasas de interés que ofrecían los inversionistas eran demasiado altas.
Incluso algunos de los que al principio apoyaron el proyecto, incluidos varios arquitectos, ingenieros y funcionarios del proyecto, están empezando a tener dudas.
El tren es “es necesario, desde el punto de visto del desarrollo territorial y del desarrollo del sureste”, dijo Carlos Veloz, un urbanista en Cancún. Pero si no se realiza de forma adecuada, “lo único que estamos generando es más desigualdad, más problemas”, advirtió.
“Tiene que hacerse bien”, agregó.
Ahora existen importantes preocupaciones de seguridad sobre el Tramo 5.
Después de que los hoteleros se quejaron del tráfico que la construcción estaba causando a lo largo de la carretera, López Obrador accedió a mover la ruta para atravesar unos 112 kilómetros de la Selva Maya, según el vocero de Fonatur.
La nueva ruta corre a través de las frágiles extensiones de piedra caliza de la Selva Maya, donde la belleza natural de la zona podría resultar peligrosa, advierten los geólogos. Miles de cuevas abundan en el terreno de piedra caliza que se erosiona naturalmente como un queso suizo, pero los trenes que pesan hasta 217 toneladas podrían cruzar directamente sobre estos suelos inestables.
Un cenote en Chemuyil
Una carretera cercana, edificada en un terreno similar, se derrumbó por el peso de los automóviles y las construcciones en al menos dos tramos en los últimos años.
“El tiempo y los estudios deben hacerse con mucha anticipación”, dijo Zenón Medina-Domínguez, exdirector del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, quien hace décadas estudió el terreno antes de la construcción del aeropuerto de Cancún en un terreno similar.
“Nuestra labor es trabajar con terreno difícil y encontrar formas de construir sobre él”, dijo, y agregó que los estudios del terreno del aeropuerto demoraron hasta seis meses. En cambio, el gobierno empezó a arrasar varios kilómetros de selva antes de hacer algún estudio.
También están en riesgo las reliquias arqueológicas no descubiertas.
Los exploradores que encontraron algunos de los restos humanos más antiguos del continente en una cueva submarina cerca de Tulum dijeron que les tomó meses de buceo peligroso poder descubrirlos. Les preocupa lo que podría destruirse mientras el gobierno se apresura a llenar las cuevas con cemento o torres de alta tensión para construir. Los antiguos mayas veían las cuevas como puertas al inframundo y, a menudo, dejaban artefactos en ellas.
Sin embargo, el presidente sigue decidido sobre su fecha límite, a pesar de las advertencias.
“Todos los que conocen la zona, científicamente hablando, están preocupados por el sitio donde va a pasar el tren: sobre una de las cuevas y sistemas submarinos más grandes del planeta”, dijo Gerardo Ceballos, profesor de ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Ceballos fue uno de los primeros consultores del gobierno en el proyecto. Ahora tiene dudas sobre el reciente desvío hacia la selva.
Haciendo referencia al colapso del metro de la Ciudad de México el año pasado, que mató a 26 personas y dejó a decenas más heridas debido a una construcción apresurada, Ceballos dijo: “Se va a caer”.
Oscar Lopezcolaboró en este reportaje desde Playa del Carmen, México.
Sedena trabajará con la CFE para colocar las torres y antenas sitios como el Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y campos militares.
La Secretaría de la Defensa tiene una nueva encomienda asignada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora será la encargada de construir y colocar las torres y antenas que hagan falta para llevar internet a todo el territorio nacional.
“El presidente giró instrucciones a la Secretaria de la Defensa Nacional de apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, identificando terrenos propiedad de la nación en los que se pueda instalar la infraestructura requerida”, dijo Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.
De acuerdo con el funcionario, los ingenieros militares trabajaran con los especialistas designados por la CFE para realizar un censo de sucursales del Banco de Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y campos militares en donde se instalarán las antenas.
Sandoval explicó que las torres y antenas se colocarán en los lugares que por su ubicación y disponibilidad de espacio se ajusten a los parámetros requeridos para lograr la mayor cobertura de internet.
“Tengan la certeza que los ingenieros militares cumplirán con la tarea asignada”, dijo Sandoval.
Internet para todos es el programa social en el que el gobierno federal quiere llevar esta tecnología a todo el país, priorizando las zonas más alejadas del país.
“Nos importa mucho el internet porque logramos tener Internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país, con el internet será una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones”, dijo el mandatario durante un encuentro con trabajadores de la CFE en Sinaloa.
Esta no es la única tarea que el presidente ha dado a las Fuerzas Armadas. El 21 de agosto, López Obrador anunció que la Marina se encargaría de la operación de los aeropuertos de Ciudad Obregón y de Guaymas.
En febrero de 2022, López Obrador anunció la creación de la empresa “Olmeca, Maya Mexica” para administrar los aeropuertos Felipe Ángeles, de Tulum, de Chetumal y el de Palenque, además de los mil 500 kilómetros de vía férrea del Tren Maya.
Durante la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana en Santa Lucía, el mandatario dijo ante militares que esta empresa va a destinar el 75% de sus utilidades para las pensiones de marinos, soldados e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Invitan a todos los colimenses a participar en la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el próximo 30 de agosto
Noni Medina / VDN Noticias
En el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el día 30 de agosto, integrantes de la Red de Desaparecidos en Colima A.C. coloca mantas con las fotografías de sus familiares no localizados, en la Rotonda de Las y los Desaparecidos en el Parque de la Piedra Lisa, a fin de recordar la lucha que día a día enfrentan para encontrarlos.
En este contexto, también invitan a la población en general y a quienes tengan un familiar desaparecido, pertenezcan o no a algún colectivo, a participar en la próxima marcha que se estará desarrollando el próximo martes 30 de agosto, a partir de las 4:30 de la tarde, la cual iniciará en el Parque de la Piedra Lisa y concluirá en el Jardín Libertad, para las 7 de la noche celebrar una misa en Catedral.
Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta del colectivo, lamentó que, en ocasiones anteriores, en las marchas se ven pocos familiares de personas desaparecidas, pudiéndose tratar de que se puedan sentir intimidados o avergonzados, aunque “también se está viviendo un momento muy difícil para todos, y creo que como ciudadanos nos debemos apoyar”.
“Si toda la sociedad se uniera, se uniera como debiera, temblarían los poderosos del cielo hacia la tierra”, comentó, “yo creo que a la sociedad le falta mucho corazón, porque lo hemos vivido y sentido, de diferentes maneras”, externó.
Reiteró la invitación a todos los colimenses, que tengan o no un familiar desaparecido, unirse a esta marcha en donde se recuerda que la lucha por encontrarlos es permanente, “hasta encontrarles”, remembro
La Fiscalía del Estado no tiene credibilidad al presentar peritajes contra Luz Raquel Padilla y se necesitan dictámenes independientes, enfatizó la feminista Belinda Aceves Becerra.
La activista fundadora de la colectiva Abuelas Brujas y Sabias anticipó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que hacer un análisis de lo investigado hasta ahora por la instancia local, pues desde el inicio se han enfocado en culpar a la fallecida por su muerte.
“No estamos contentas, ni satisfechas, ni creemos los discursos que están diciendo de que ella hizo todo, lo prepararon para decir que ella se suicidó. Creemos que hace falta otras voces más fidedignas, no una sola voz del peritaje, sino necesitamos que existan y haya dos o tres peritos o peritas especialistas en grafología y demás para que puedan dar otros testimonios, pero que no sean de la Fiscalía de Jalisco”.
“Que se vaya el caso y se jale como lo han pedido otras muchas y lo pedimos y exigimos las feministas, que se vayan a nivel federal para que lo investiguen, lo jalen, lo atraigan y puedan entrar otros peritos a este análisis. Estamos muy muy molestas, muy insatisfechas, una ira que ni la gente más sencilla que no conozca de la impartición de justicia cree esta forma de violentarse”, recalcó.
Para Aceves Becerra, la Fiscalía del Estado se ha caracterizado por una forma inadecuada de investigar el caso y han tapado las omisiones que existieron desde que Luz Raquel acudió a pedir protección a Zapopan.
Cuestionó la rapidez con que la Fiscalía buscó la manera de cerrar el caso con su versión de suicidio, cuando en otras investigaciones se tardan meses.
“Vuelve a ser un caso impune, o sea, se va sin la aplicación adecuada de la ley primero. No nos deja vulnerables, o sea, si lo que quieren oír es que estamos tristes deprimidas y tristes, hay dolor, hay tristeza, pero nos estamos organizando más”, abundó.
“Este caso deja una herida, deja un dolor, pero hemos aprendido que de los dolores se saca fuerza, se saca información”, reflexionó, “por ejemplo en Zapopan lo que tendrían que haber hecho y no hicieron adecuado en la prevención de las violencias, todo el hueco que dejaron de hacer prevención sin perspectiva de género para ver si esto fue un problema vecinal, tenían que haber aplicado la mirada entre los vecinos para no llegar a tanto”.
La rabia que hace sentir la muerte de Luz Raquel ha motivado a las mujeres a reunirse para leer y para hablar del cuidado que se dan entre ellas para sustituir el que no reciben de las autoridades.
Imagen: Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ del ITESO
“Nadie merece desaparecer” es el nombre del diagnóstico que expone la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que les acompañan.
El documento estuvo a cargo del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez (CDUJ) de la Universidad ITESO y tiene como objetivo transformar la narrativa con la que se aborda esta problemática, reconociendo que tiene impactos y consecuencias diversas.
Aleste Tores Flores / Zona Docs
“Seguro andaba con el novio”; “¿en qué estaba metido su hijo?”; “eso le pasa por andar en malos pasos”; y “andaba de fiesta” son algunas de las frases que escuchan las familias cuando acuden ante las autoridades para denunciar la desaparición de algún ser querido.
“Nadie merece desaparecer” es el nombre del diagnóstico que documenta estos eventos y pone de manifiesto la estigmatización hacia las personas víctimas del delito de desaparición, sus familias y las organizaciones que les acompañan.
Los datos fueron recolectados entre mayo y agosto de 2021. En su elaboración participó Concepción Sánchez, académica del ITESO, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez (CDUJ).
El proyecto fue presentado al público el pasado 24 de agosto en el ITESO. En la mesa participaron: Andres Marcelo Díaz, oficial de derechos humanos en United Nations Human Rights; Camilo Vicente Ovalle, director de enlace para la estrategia de atención en derechos humanos; Leticia Vázquez Camarena, integrante del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Esperanza Chávez, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas Por amor a ellxs y Martha Leticia Cruz, integrante del colectivo Entre cielo y tierra.
Alejandra Nuño, directora del CDUJ, explicó que este proyecto surge tras identificar que dentro del trabajo de defensa de derechos humanos siempre hay estigmas sobre las víctimas, usualmente responsabilizándolas de los delitos o violaciones que han sufrido:
“Deciden culpar a las víctimas del delito del que son víctimas, por eso no investigan, no escuchan y no les importa a las autoridades”.
La académica puntualizó que el estigma no son solo ideas o palabras, es violencia que tiene consecuencias directas en las personas que sufren estas situaciones, en ese caso en las familias de las y los desaparecidos.
Siguiendo esta misma línea, aseguró que el equipo eligió la problemática de las desapariciones forzadas por el contexto actual de crisis que enfrenta el país. Recordemos que en México se han reportado 104 mil 825 personas como desaparecidas o no localizadas desde que se tiene registro hasta el 24 de agosto del 2022, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
En el caso de Jalisco, se han registrado 15 mil 036 casos de personas desaparecidas y no localizadas, cifra que posiciona al estado como la entidad con mayor número de desapariciones a nivel nacional.
El diagnóstico incluye 26 entrevistas y se hizo bajo un enfoque horizontal, en el que las familias de las víctimas fueron prioridad en la construcción del mismo.
Como parte de la metodología se realizó un “taller de devolución” en el que las personas responsables de la investigación regresaron con las familias para mostrarles el estudio y preguntarles a quién querían que se les hiciera llegar.
Por su parte, Andrés Díaz, manifestó que el diagnóstico concentra las voces de las madres y las frases e ideas –que lamentablemente- han escuchado de parte de la sociedad o las autoridades sobre sus seres queridos desaparecidos. El oficial expresó que estos estigmas vulneran aún más los derechos de las personas buscadoras y de las víctimas directas del delito:
“Ya no sólo es el dolor y el coraje, ahora tienes que pasar pruebas para comprobar que tu familiar no es lo que dicen”.
Martha Leticia Cruz, integrante del Colectivo Entre Cielo y Tierra, es madre de Cesar Ulises Quintero Cruz quien fue desaparecido el 4 de agosto del 2017 en Ocotlán, Jalisco y desde entonces “lo espera con la luz encendida”.
Desde el primer momento, Martha buscó a su hijo todo el día y la noche, pero pasaron los días, semanas y los años y Ulises sigue sin regresar a casa. Esta madre reconoció cómo la presión de las autoridades la llevó en algún momento a dudar de su propio hijo, producto de estos prejuicios y estigmas que rodean a quienes han sido desaparecidos::
“¿Será que no conozco con quien vivía? Dudé y pensé que lo que me decían de él era verdad. Entonces revise todo su cuarto, en busca de un arma, drogas o un indicio de que era cierto. No encontré nada y le pedí perdón a mi hijo”.
Para la madre ya no existe confianza alguna hacia las autoridades, solo con las otras madres que siguen buscando a sus amores y jamás la han juzgado.
En ello coincidió Camilo Vicente Ovalle, quien compartió que el estigma es un componente de los discursos de la violencia, puesto que, la violencia “no cae en seco”, la violencia se acompaña de un discurso que la viabiliza y legitimiza:
“Nadie en su sano juicio podría apoyar estás prácticas de violencia, por ello necesitan un discurso de violencia” sentenció el director.
Este conjunto de estigmas permite socializar la violencia, pensar que alguien desaparece “por andar en malos pasos” nos produce una tranquilidad moral, nos permite moralmente seguir caminando con la tranquilidad de que “no nos va a pasar”, explicó.
Esperanza Chávez, integrante del colectivo Por amor a ellxs, denunció que la estigmatización de las personas desaparecidas se convierte en una batalla contra las autoridades. Ella busca a su hermano Miguel Ángel Chávez Cárdenas, quien fue desaparecido el 16 de mayo del 2014 a pocas cuadras de Casa Jalisco.
La defensora es consciente de que las personas desaparecidas son víctimas de un delito, no culpables del mismo, pero las familias terminan invirtiendo tiempo en comprobar que aquello que se dice no es cierto.
“Ya no solo batallamos en buscar, estamos generando acciones para defender a nuestros amores”.
Pese a que ellas saben la verdad, la situación es desgastante y desconsoladora. Por ello, están seguras de que los estigmas son consecuencia de la falta de empatía y solidaridad a su causa:
“Resulta fácil juzgar cuando no se tiene este dolor, nuestros familiares no son todo aquello que dicen. Tampoco somos lo que dicen de nosotras, somos madres buscadoras, somos defensoras de los derechos humanos, somos víctimas como nuestros amores”.
“Mi hija no se fue con el novio, a mi hija la desaparecieron” comentó Leticia Vázquez, madre de Erika Cueto, mujer que desaparecieron el 12 de noviembre 2014, mientras conducía su auto de Puerto Vallarta, Jalisco a San José del Valle, Nayarit.
Después de 8 años, la familia de Erika sigue sin saber nada de ella, el caso ha pasado por siete Ministerios Públicos, cuatro Fiscales y aún no hay noticias de su tesoro:
“Me han dicho que se fue con el novio, que vestía provocativa, la culpan a ella, en lugar de buscarla”.
Leticia señala que la mayor arma de las autoridades es su indiferencia, el discurso de que “todo está bien”, situación que impide el reconocimiento social de la crisis de las desapariciones en Jalisco y en todo el país.
“Ellos apuestan a que nosotras nos cansemos, ojalá ya se están dando cuenta que no vamos a parar. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos” exclamó la madre.
Familias de las 72 personas migrantes asesinadas y torturadas en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010 han hecho nuevamente un llamado a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos y brindarles justicia por sus seres queridos, en el marco del doceavo aniversario en el cual, dicen, no se han logrado avances.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Este año marca el doceavo aniversario de lamasacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010. En cuatro mil 383 días que han pasado desde entonces, restan nueve víctimas sin ser identificadas, no hay una sola sentencia emitida al respecto de los hechos, y los compromisos hechos por las autoridades mexicanas en ese entonces para garantizar la seguridad de personas migrantes siguen sin cumplirse, e incluso expertos consideran que las condiciones de migración han empeorado.
Lizeth Yanira Euceda recuerda el día que su hermano menor, Marvin, partió desde la ciudad hondureña de Comayagua con rumbo hacia Texas, Estados Unidos: fue el 2 de agosto de 2010. Se vieron por última vez el 28 de julio, y aunque mantuvieron contacto durante su travesía por México, fue siete años después cuando pudo darle el verdadero adiós, siete años después de que su cuerpo fuera encontrado junto con los de 71 otros migrantes en San Fernando.
Ella lo recuerda como la alegría de la familia. “Era el quinto de la familia, una familia de 10 hermanos, y él era la alegría de la familia, el que movía todo, el que estaba pendiente de todos. A pesar de ser muy chico, era el que estaba siempre moviéndonos a hacer, a actuar. Fue el primero de la familia en tomar la decisión de salir del país por querer ayudar a la familia. Somos una familia de escasos recursos y él, viendo la necesidad de la familia, quería ayudar”, recuerda Lizeth.
Marvin partió de Honduras el 2 de agosto de 2010, pero no llegó a su destino. Foto: Especial.
Marvin, que tenía 20 años recién cumplidos, le escribía a Lizeth todos los días. Se intentó comunicar con ella por última vez el 15 de agosto, cuando le pidió a su hermana mayor que le marcara, pero al momento de que lo hizo, él ya no respondió.
Cuando la familia de Lizeth se enteró de la masacre de San Fernando, empezaron a presentir que Marvin estaba entre ellos, pero no hubo una identificación inmediata de su cuerpo.
“Nosotros sospechábamos de la muerte de él cuando pasó lo de la masacre, y luego cuando trajeron a las demás víctimas que fueron identificadas en su momento. Yo hice todo el papeleo y mandé todos los documentos, pero no le hicieron tanto caso. Fue hasta que la organización Cofamicenh (Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras) nos ayudó a encontrarlo, siete años después”, lamentó.
Última foto de Marvin antes de su partida hacia Estados Unidos. Foto: Especial.
En el aniversario de los hechos, Lizeth hizo un llamado al Gobierno mexicano a que se haga justicia para las familias de los migrantes fallecidos. “Definitivamente uno ya no espera nada de los gobiernos, pero uno no se resigna. Son cosas que duelen, que jamás lo olvidamos, pero viendo la indiferencia y apatía de los mismos gobiernos ante estas situaciones, lo que exigimos es justicia y verdad de los hechos”, recalcó.
“No porque con lo que hagan me vayan a regresar a mi hermano, no. No exigimos plata, no exigimos nada, lo único exigimos es justicia y verdad, porque tal vez con esto se pare un poco la violencia y la discriminación hacia muchos migrantes que aún toman la decisión de tomar esta ruta migratoria”, dijo la hondureña.
“SAN FERNANDO FUE UN PARTEAGUAS”
Para Óscar Misael Hernández, profesor-investigador en el Colegio de la Frontera (Colef), la masacre de los 72 migrantes en San Fernando fue un “parteaguas”.
“El asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue un parteaguas en la historia de la migración no sólo en México, sino de América Latina en general. Fue un parteaguas que marcó las historias y los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en particular, por el Golfo de México”, consideró.
A pesar de haber pasado ya años del hecho, el académico acusó que ni en la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ni en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han habido avances significativos para esclarecer los hechos y brindar justicia o reparación del daño a los familiares de las víctimas.
Ciudadanos colocan una ofrenda de Día de Muertos en el Antimonumento 72, el cual está dedicado a los migrantes que fueron asesinados por supuestos polleros en San Fernando Tamaulipas, en esta imagen de archivo. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
“Aún cuando esto se trató de un crimen que pudo haber sido catalogado como de lesa humanidad, el Gobierno mexicano no actuó, ni en su momento en el Gobierno de Felipe Calderón, ni mucho menos hasta la fecha con el Gobierno del Presidente López Obrador”, expresó. “Se hizo un compromiso de esclarecer los hechos, de aprehender a los autores no sólo materiales sino también intelectuales, y también de hacer reparaciones del daño e implementar la justicia con los familiares de las personas asesinadas. Esto es, obviamente, parte del compromiso público, del performance institucional que hace el Gobierno mexicano en su momento, pero por supuesto nada de esto se cumplió”.
Añadió que el Gobierno mexicano ejerció poca presión hacia la Fiscalía de Tamaulipas y el Gobierno del estado para dar resultados, e incluso para hacer la identificación de todos los cuerpos, que a la fecha faltan nueve víctimas por identificar.
“Hay familias que todavía siguen exigiendo –eso también lo estábamos discutiendo en el evento del 2020–, todavía siguen demandando, exigiendo que los cuerpos se exhumen y se hagan identificaciones, obviamente que esto obedeció a fallas en los peritajes, a tal grado de mandar el apoyo de organizaciones forenses extranjeras que dieron otros indicios”.
ONGS EXIGEN CREACIÓN DE COMISIÓN DE JUSTICIA
En el aniversario de los hechos, más de 30 organizaciones de derechos humanos y activistas hicieron un llamado al Gobierno de México a conformar la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México.
“Los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”, acusaron ONGs como Fundación para la Justicia (FJEDD) y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otras.
De acuerdo con las organizaciones, la Comisión Especial debería de contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales, un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluya países de origen, tránsito y destino.
Protesta de migrantes centroamericanos en agosto de 2012 para exigir justicia por los 72 migrantes ejecutados. Foto: Cuartoscuro.
El doctor Óscar Misael Hernández explicó que, en caso de conformarse dicha comisión, también sería importante que incluya a observadores internacionales.
“En primer lugar, tienen que ser grupos o comisiones integradas no solamente por personas que son peritas en distintas disciplinas o áreas de conocimiento, sino también por observadores internacionales, debido al riesgo que viven las personas que integran este tipo de comisiones o de grupos, en México. El segundo criterio es que el Estado mexicano debe de entrar en un proceso de transparencia de todos aquellos archivos o documentos relacionados con el caso de San Fernando, y no solamente con lo que pasó en el 2010 con los migrantes masacrados, sino también con lo que pasó en el 2011 con las más de 40 fosas clandestinas encontradas en esta región tamaulipeca”, expresó al respecto.
En un tercer momento, indicó, se debería de considerar que aquellas instituciones gubernamentales y las organizaciones civiles que integraran las comisiones rindan informes de transparencia. “De otra manera, no se va a poder implementar este tipo de comisiones y, de ser así, difícilmente van a poder lograr el objetivo para el cual fueron creadas”, sentenció.
CONDICIONES PARA MIGRANTES EMPEORAN: EXPERTOS
A 12 años de la masacre, las condiciones para personas migrantes que transitan por o llegan a México no han mejorado.
“Ha cambiado la situación desde entonces, se ha vuelto más atroz para los migrantes”, opinó el investigador del Colef. “Es un cambio para mal, y creo que hay muchas evidencias de esto”.
Según cifras del Missing Migrants Project de la Organización Internacional de Migración (OIM), cuatro mil 049 personas migrantes han muerto o desaparecido en la ruta de cruce entre México y Estados Unidos desde 2014, año en que se inició el recuento.
El 2021 fue el año más peligroso para personas en contexto de movilidad, con 728 personas desaparecidas o fallecidas en este trayecto, lo cual representó un incremento del 52.94 por ciento con respecto al año anterior. En los ocho meses que han transcurrido del 2022, se han reportado 396 personas migrantes en esta situación, siendo junio el mes más peligroso desde diciembre de 2015, con 124 casos.
Las causas más comunes de muerte han sido: ahogarse, deplorables condiciones de comida, agua o refugio; accidente vehicular; violencia; muerte accidental y enfermedad por falta de acceso a servicios de salud.
El académico analizó que, aunque la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador inició en el 2018 con un discurso público de una política migratoria con un enfoque de seguridad humana y de puertas abiertas, pasó a una estrategia en hechos que contradecía esta idea.
“Pasó a una acción que contradecía esta supuesta política de seguridad humana en la frontera, se pasó más bien a una política de securitización fronteriza, es decir, una política de control, de falta de respeto a los derechos de los migrantes, y obviamente esto obedeció a las presiones que en su momento el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos estaba ejerciendo hacia México, de recorrer la frontera del sur de los Estados Unidos hacia el sur de México propiamente, la frontera México-Guatemala, con presiones económicas”, profundizó.
“Desafortunadamente migrantes que siguen cruzando la frontera viven una serie de riesgos no solamente por parte de criminales, asaltantes o secuestradores, sino también de las propias autoridades de migración, o incluso de la Guardia Nacional, como lo hemos identificado en algunas entrevistas”, expresó respecto a otros riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad.
Los migrantes, en muchas ocasiones, viajan en condiciones de hacinamiento dentro de tráileres. Foto: Twitter @INAMI_mx
Incluso, Hernández consideró que los gobiernos están implementando una necropolítica, “una estrategia que para matar a los grupos vulnerables”.
“Los casos de los tráilers donde mueren los migrantes los he denominado como un ‘sacrificio de frontera’, como una forma de escarmiento, una forma bastante sádica que tienen algunos estados o grupos de poder para amedrentar a los otros y decirles: ‘Esto es lo que les puede llegar a pasar si llegan a cruzar nuestras fronteras’. Esto se traduce en que no hay respeto a los derechos de personas migrantes en general, y también si lo vemos en términos de violencia, parece ser que vamos retrocediendo”, aseguró.
En este sentido, propuso que el Gobierno mexicano adopte una política de seguridad humana que se base en un respeto total a los derechos de los migrantes, incluyendo acceso a servicios como de educación y salud independientemente de la existencia o ausencia de la documentación requerida para transitar o establecerse regularmente en México.
Luego de 12 años de la tragedia de San Fernando, Tamaulipas donde 72 personas migrantes fueron asesinadas de manera brutal por integrantes del crimen organizado, aún restan 9 cuerpos de las víctimas por identificar y siete familias continúan en la exigencia de la exhumación de los restos que les fueron entregados, esto por la falta de pruebas que confirmen que sí se trata de sus seres queridos.
Las organizaciones acompañantes en México y Centroamérica, así como colectivos de familias, han señalado la necesidad de crear una Comisión Especial para investigar esta y otras masacres y desapariciones cometidas en contra de personas migrantes.
Fotografía de portada Mario Marlo / @Mariomarlo
En agosto de 2010, 72 personas migrantes fueron torturadas y asesinadas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. La tragedia que sería conocida como La Masacre de los 72, dejó en evidencia “la grave situación de violencia contra las personas migrantes” en ese momento y que permanece vigente en México, así lo señalaron con un comunicado diversas organizaciones que defienden los derechos de la comunidad migrante y con necesidades de protección internacional en la región.
A 12 años de este evento atroz, 9 víctimas siguen sin ser identificadas, “denotando la falta de capacidad de articulación y colaboración entre México y los países de la región, para enfrentar la crisis de desapariciones y forense” denunciaron. Además, advirtieron que, igual número de familias permanecen en la búsqueda de sus seres queridos desde hace más de una década “sin saber que éstos se encuentran en un anfiteatro”.
También, durante este tiempo, seis familias guatemaltecas y una originaria de Brasil continúan esperando la revisión e identificación de los cuerpos que les fueron entregados “fast-track” sin documentación o pruebas que confirmen que se trata de sus seres queridos.
Y es que advierten que la “excelente relación democrática” que mantienen México y Guatemala “no ha servido para abrir el camino a la justicia y la verdad para estas familias”:
“No hemos contado con la voluntad de alto nivel del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, para llegar a un acuerdo que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.
Destacan el caso de Mayra Izabel y su madre Ángela Pineda Morales, quien murió hace un año sin saber con certeza si los restos que el Gobierno de México le entregó son los de su hija. “No podemos seguir permitiendo que más madres, esposas, hermanas fallezcan sin saber en dónde están sus seres queridos” precisaron.
Para las organizaciones, queda claro que este y otros casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos en contra de la comunidad en movilidad humana trasnacional “ha colocado la urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países”.
Entre sus exigencias, a 12 años de La Masacre de los 72 está la urgente necesidad de crear una Comisión Especial que investigue este caso y otros, pues a pesar de ser un evento de “trascendencia social, política y en materia de derechos humanos, el caso permanece en la impunidad”.
Señalan que no ha existido una colaboración regional para investigar las masacres y desapariciones de personas migrantes a través del tiempo “los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática de muertes y desapariciones de personas en contexto de movilidad”, precisaron.
De ahí que sea vital e urgente la confirmación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, la cual fue una recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México. La misma deberá contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales. Su cometido será ofrecer “una visión transnacional de la justicia, con un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluye países de origen, tránsito y destino” explicaron las organizaciones.
Y es que manifiestan que mientras las personas migrantes permanecen “siendo objeto de discriminación, abusos y múltiples delitos, como secuestros, extorsión, violación, trata con fines de explotación laboral y sexual, y homicidio”, los gobiernos de sus países de origen, tránsito y destino –México, Guatemala, El Salvador y Honduras– cierran los ojos. Situación que no puede seguirse repitiendo.
Respecto a las investigaciones judiciales que se han desarrollado, solo hay dos sentencias relacionadas con los imputados que derivaron de los hechos, sin embargo, éstas corresponden a los delitos de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego, más no por los 72 homicidios de personas migrantes.
“El patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes, la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a los derechos humanos hace imprescindible, a 12 de la Masacre de los 72, empezar a generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias” manifiestan las organizaciones.
Después de Los 72
Las organizaciones enlistaron al menos cuatro masacres posteriores a la tragedia de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. La última de éstas ocurrió en Camargo, Tamaulipas en enero de 2021, donde 19 personas migrantes, 16 de origen guatemalteco fueron encontradas calcinadas.
Según informan las organizaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo las investigaciones de los casos; no obstante, hasta la fecha “no se ha concretado” y por lo tanto, tampoco se han reportado avances.
Durante estos 12 años, afirman, comités de familias de víctimas, organizaciones aliadas y algunas autoridades han dado pasos para adelante en la construcción de instrumentos como el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE), el cual tiene como fin que familiares de personas migrantes denuncien los delitos de los cuales han sido víctimas sus seres queridos desde sus países de origen. Además de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, que fue creada en noviembre del 2021 por el Sistema Nacional de Búsqueda.
“Aún falta la voluntad política para crear un sólido marco normativo y operativo, así como para la asignación de recursos necesarios. Si la justicia se siente, la impunidad para” finalizaron.
Señalan que ha sido nula la coordinación del titular de dicho organismo con organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas
Atropellada la creación y operación de la Comisión Estatal de Búsqueda en Aguascalientes, y es que desde hace dos años de su existencia, provocada ante la presión de colectivos y familiares de personas desaparecidas, el titular ha pasado desapercibido en el cargo.
Al respecto, Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes, la Comisión Estatal de Búsqueda se creó en 2018 como un mecanismo de urgencia y emergencia ante la crisis de desaparición, “Aguascalientes fue uno de los últimos estados en crearla, fue a raíz de la insistencia de las organizaciones a las autoridades, a la anterior Legislatura, pasaban las semanas, presentamos un amparo y a los dos meses ya estaba la comisión, fue por presión y obligación de generar la comisión”.
La activista agregó que luego de la creación de la comisión, colectivos fueron convocados a una mesa de trabajo en la que “no se respetan los puntos, fuimos a platicar sobre los perfiles que iban a integrar la comisión para saber si cumplían con la ley, no se nos habló cuando se nombra al comisionado y esa fue la única ocasión que quiso reunirse con la sociedad civil y con las familias, se reúne en lo disperso pero como mesa de trabajo no”.
Dijo además que cuando se generaron mesas de trabajo mensuales para ver avances en tema de búsqueda, el comisionado acudió molesto por señalamientos y no se avanzó porque dijo “vine porque me invitaron, porque me obligaron pero no estamos para darles información, daremos la información de manera particular”.
Violeta Sabás destacó las fallas que han detectado en la Comisión Estatal de Búsqueda, como lo son la opacidad sobre le plan de búsqueda, la inexistencia del Consejo ciudadano de Búsqueda de Personas, el cual se compone por siete integrantes entre familiares, representantes y expertos en la materia, “dejan fuera a las familias de la comisión, son dos años y es violación a la ley, al protocolo nacional homologado de búsqueda y creación de la comisión”.
Lamentó que las autoridades realizan acciones y no son tomados en cuenta, no nos enteramos como organización civil ni como familiares.
“Esto violenta el derecho a la verdad de la familia porque muchas de ellas no saben que sucede en las carpetas de investigación que se han generado por la búsqueda de una persona” dijo Violeta Sabás Díaz de León, Coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes
Finalmente, resaltó que el observatorio ha insistido con la SecretarÍa de Gobierno, a fin de sostener una reunión en la que se puedan señalar las fallas, “no nos hemos reunido, no tenemos acuerdos pero está la petición, accedieron, no se lleva a cabo y veremos que deriva con todas las fallas que hemos identificado”, concluyó.
Comunidades están concentradas principalmente en tres alcaldías; sufren odio, carencias y retraso en su desarrollo cognitivo, dice Luis Enrique Hernández, activista social
Cleo y Gío, de diez y siete años, respectivamente, son dos pequeños que a su corta edad ya se han enfrentado a una de las realidades más complicadas para los habitantes de cualquier urbe: vivir en las calles, un fenómeno que se presenta principalmente en tres alcaldías: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
En el cruce entre Eje 1 Poniente y Puente de Alvarado, en la colonia Buenavista, las cobijas y colchonetas colocadas en la acera ya son parte del paisaje.
Aquí mismo, justo a las afueras del Metro Hidalgo, donde cientos de capitalinos transitan cada día, hace cuatro meses fue hallado el cuerpo de un hombre de 70 años de edad que perdió la vida en la vía pública, a la vista de todos.
En esta esquina es donde estos hermanos, cuyos nombres fueron cambiados para proteger su identidad, comen, juegan y hacen su vida. Cleo, la mayor, está en una edad de muchos cambios y se enfrenta a su primer periodo menstrual. El pequeño Gío va a pasar a tercer año de primaria, pero aún le cuesta trabajo leer.
Ellos, al igual que los miles de menores que viven en estas condiciones en la Ciudad de México, son invisibles para la sociedad y para las autoridades.
Los niños que viven en las calles se enfrentan a un sinfín de problemas que hacen del suyo un entorno hostil, dice a La Razón Luis Enrique Hernández, director de la organización civil El Caracol, la cual tiene más de 25 años de trabajo con menores en situación de calle.
Sufren odio, carencias, violencia, falta de cobertura de sus necesidades básicas, estigma y discriminación de parte de la sociedad y de las autoridades, quienes los culpan de delitos que no cometen, los desalojan “pensando que afean el entorno urbano” o los institucionalizan a la fuerza, afirma el experto.
Luis Enrique explica: “Estos niños que van creciendo en la calle se enfrentan a un retraso en su desarrollo cognitivo de hasta dos años. Un bebé que nace en la calle, cuando tenga cuatro años es probable que todavía tenga un desarrollo como de alguien de dos”.
Acusa que antes de dar alternativas a las jóvenes que se embarazan en la calle, quienes no cuentan con documentación, el Estado les retira a sus hijos.
Añade: “La política que existe antes de ofrecerle a la mamá una alternativa de protección o desarrollo es decirle: usted no es apta e atender a este bebé”.
En las calles, las dinámicas familiares y lo moralmente correcto cambian por completo. Cleo y Gío viven con su madre —aunque no lo sea biológicamente del varón— de 31 años, y su padre, un hombre que se gana la vida limpiando parabrisas y que nunca ha tenido un hogar.
Ellos conforman lo que se conoce como una “familia de calle”, es decir, gente que no necesariamente son parientes de sangre, pero que en las calles cumplen estos roles.
La menor Cleo sí lleva los apellidos de su madre, pero el pequeño Gío no, pues se unió a esta familia tras el abandono de su padre biológico, cuyo nombre es impronunciable para él.
El último recuento fue hace cinco años
Uno de los vacíos que existen en la Ciudad de México referente a las poblaciones de la calle, es la falta de censos que permitan tener conocimiento de la cantidad de pequeños que viven en estas condiciones.
De acuerdo con el Censo de Poblaciones Callejeras de 2017, el último conteo que se ha hecho al respecto, hasta ese año en la ciudad había unas seis mil 754 personas en situación de calle, la mayoría concentrada en únicamente tres de las 16 alcaldías. De esa cifra, 11.26 por ciento correspondía a niñas y niños. Es decir, hasta hace un lustro se estimaba que en la capital había unos 760 menores de edad en esta circunstancia.
Sin embargo, para 2020, con motivo de realizar un diagnóstico ante la pandemia de Covid-19 y sus alcances en esta población, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) afirmó que para marzo de ese año sumaban mil 226 personas en situación de calle en la ciudad, cifra que bajó a 932 personas para diciembre de ese año.
Mientras Gío corretea a uno de sus dos perros —dos animales que duermen arriba de las instalaciones del Metro—, su madre afirma a este medio que a ella le gustaría que sus hijos tuvieran una vida “muy diferente” a la que ella experimentó en su niñez.
Aunque se trata de una mujer de edad joven, ya ha sufrido mucho en su vida. Dejó a su madre a los 15 años, después de soportar malos tratos y falta de cuidados.
“Mi vida no ha sido muy buena, yo trabajé desde los cinco años, mi mamá tomaba mucho, crié a mi carnal, prácticamente no tuve niñez, toda mi vida fue trabajar, cuidar a mi hermano, ya después me salí de mi casa, dije: en vez de mantener a mi jefa y la vida que estoy viviendo, mejor voy a tener hijos”, explica.
Para ella, lo más difícil de vivir en la calle ha sido aprender a ser madre y lidiar con el temor de que le quiten a uno de sus hijos, pues asegura que las autoridades ya le retiraron al más pequeño Gío en una ocasión.
“Yo he vivido toda mi vida en la calle, no soy una persona de respeto, soy una chava de la calle, aquí es pura bandita, no como en un hogar”, explicó.
Cuatro pueblos nahuas de Cuajimalpa protestan contra el “sistema de registro y documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México por omitir su derecho colectivo y ser discriminatorio.
“Enaltecerás a tu pueblo no elevando las azoteas
y viviendas de tus casas, sino conservando
las tradiciones de tu comunidad…”
Refrán de pobladores.
CIUDAD DE MÉXICO. – San Pedro, San Pablo, San Lorenzo y San Mateo son pueblos de origen prehispánico, situados al poniente de la capital. Actualmente, estos pueblos se niegan a desaparecer ante el incremento de la gran mancha urbana. Son herederos de tradiciones que, al paso del tiempo, han venido en detrimento.
Son cuatro pueblos de origen nahua que aún conservan sus tradiciones, estructura religiosa y cívica en mayordomías, fiestas patronales, toponimia. Ahora, también defienden su identidad ante el registro que inició en mayo en la Ciudad de México: el “sistema de registro y documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”. Este registro, consideran pobladores, afecta sus derechos colectivos. Además, aseguran, tiene requisitos excesivos, que además son discriminatorios; y condicionan a los pueblos al registro.
Los pueblos de Cuajimalpa persisten a pesar de la conquista, cuando Hernán Cortés, en 1534, otorgó algunas tierras al pueblo; las nombró San Pedro Cuauhximalpan. Esto fue así hasta su participación en la Revolución, y vivieron atravesados por la urbanización voraz de las ciudades corporativas que vivimos actualmente.
Estos pueblos conservan su estructura religiosa y cívica, pues aún se eligen las figuras de mayordomías o fiscales para sus fiestas patronales. En “San Pablo Chimalpa” se encuentran los Sargentos y fiscales, prácticas políticas del virreinato, donde una zona era mandada por un Teniente.
Su máxima autoridad son los sargentos, los cuales, a veces se conforman hasta de 8 compañías que en total suman a 24 integrantes. Su toma de decisiones es horizontal, y hasta ahora no han permitido la injerencia de los partidos políticos. Hay grupos que surgieron como guardianes de estos modos, propios de los cuatro pueblos de Cuajimalpa.
Oswaldo Pérez es coordinador del grupo “Amigos del Justo Juez”, en la parroquia de San Pedro Cuajimalpa. Su bisabuelo fue Don Máximo Pérez Hidalgo, quien participó en las filas del Ejército Libertador del Sur, como muchos otros “héroes anónimos” que habitaron por acá.
En entrevista comenta que “Amigos del Justo Juez” es un grupo de tradiciones que se encarga de fomentar las principales prácticas establecidas. Estas prácticas han sido trasmitidas de generación en generación. De las fiestas de su pueblo, él destaca la celebración de la semana santa, su fiesta patronal. A esta la llaman cera nueva, y es ahí donde se acudía al panteón a visitar a los difuntos en el mes de noviembre. También habla de la fiesta de San Miguel, donde cada 29 de septiembre se acudía hasta el cerro que lleva el mismo nombre que el santo.
Oswaldo Pérez ve que las nuevas generaciones son más apáticas. También coincide que la mancha urbana es un factor que amenaza las ritualidades, pues ahora los que han llegado a vivir ahí se enojan por la pirotecnia; los juegos mecánicos; el cierre de vialidades; y hasta por el sonido de las campanadas. Él dice que “antes, (ellos) deberían de informarse, ver las tradiciones del lugar, pues los pueblos ya existían desde antes de la conquista, y esas tradiciones son herencia de los abuelos”.
Oswaldo aún conserva su milpa, pues lo ve como un símbolo de identidad. A él lo han presionado ciertos desarrolladores inmobiliarios que les han ofrecido dinero por su propiedad; pero recuerda que sus abuelos le inculcaron el amor y respeto a la tierra, porque era el vínculo con su comunidad.
Ahora ve con tristeza que construcciones verticales superan el nivel del campanario. Ya sea por fallecimiento o por necesidad, algunos propietarios originarios han vendido sus terrenos. Durante la entrevista, Oswaldo recalca que ha recibido quejas de feligreses. Sus denuncias estriban en que después de que acuden a las jornadas notariales para regularizar sus predios, algunas personas ajenas llegan y despojan a los dueños, sobre todo a aquellos que pertenecen a grupos más vulnerables que no pueden acudir a una notaría o tienen acceso a un abogado.
El 3 de agosto de 2022 se presentaron autoridades de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) a Cuajimalpa para “platicar” de la consulta para los pueblos y barrios originarios.
La constitución Política de la Ciudad de México menciona que los pueblos y barrios originarios –así como comunidades indígenas residentes y sus integrantes–, tienen derecho a laautoadscripción, donde la conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la Constitución.
Oswaldo, advierte que, bajo su óptica, el registro que está solicitando no conviene:
“Porque pierden derechos, pues no necesitan un reconocimiento del gobierno para realizar sus tradiciones históricas, pues es la organización de la población quien se ha encargado a través de los siglos. En cambio, existiría la posibilidad de seguir abriendo espacio a las construcciones inmobiliarias, encareciendo los servicios de la población”.
Oswaldo Pérez
Registro de pueblos y barrios originarios
El pasado 30 de mayo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso para constituir el “sistema de registro y documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”. Su fecha límite es el 30 de agosto.
Habitantes los cuatro pueblos originarios manifestaron su inconformidad debido a que nunca fueron consultados. Aseguran que lo ven como una imposición por parte de la SEPI, ya que los requisitos que establecen son excesivos y discriminatorios; y además condiciona a los pueblos y barrios al registro. Su afirmación se basa en que, en el caso de que su registro no sea favorable, sólo serán considerados como grupos sociales y no como pueblos indígenas, afectando su condición de sujetos colectivos de derecho.
En la misma Constitución Política de esta Ciudad (y en diversos tratados internacionales) se reconocen a los pueblos y barrios originarios de acuerdo con lo siguiente:
Artículo 57:
“Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes”.
Artículo 58, 1
a)Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas.
Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes.
Su carácter jurídico. Los pueblos y barrios originarios tienen derecho a la libre determinación en virtud de que definen libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural.
Libre determinación y autonomía Se entiende como su capacidad para decidir e instituir prácticas propias con el fin de desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales y culturales, así como de manejo de los recursos naturales y el medio ambiente
La ciudad frente a los pueblos
El 5 de agosto de 2022 activistas de pueblos, barrios y colonias de la ciudad marcharon rumbo al zócalo capitalino. Durante la manifestación, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac alertaron que el gobierno de la ciudad podrá decidir sobre sus espacios geográficos, lo cual amenaza con nuevos despojos a sus territorios.
Según lo que ellos ven, en materia de desarrollo urbano, lo que se impone con esto es el modelo llamado «ciudad mercancía». Este modelo, dicen, desprecia a los pueblos y barrios originarios, favoreciendo al desarrollo inmobiliario bajo la lógica del mercado, en la que el lucro y la ganancia de una minoría está por delante de la mayoría de los habitantes.
“Las políticas inmobiliarias de las diferentes administraciones ha dado como resultado una especulación y concentración de los activos inmobiliarios que impactan en los territorios de los pueblos y barrios, aumentando los costos de vida, situación que se refleja también en altos precios de las viviendas, asimismo, se detectan continuamente estafas y contubernios de políticos con inmobiliarias donde los más afectados son los compradores de vivienda porque no tienen una certeza jurídica del bien que están adquiriendo y donde los “vicios ocultos” muchas veces rayan en el drama de ver su patrimonio afectado por derrumbes y hasta en pérdidas de vidas por estas acciones”.
Actualmente sólo se han registrado 3 pueblos originarios de los más de 1398 pueblos y 58 barrios originarios que existen, hasta ahora siguen sumando juicios de amparo y acciones de protección de derechos humanos.
La historia de Cuajimalpa
Después de la conquista de Tenochtitlán, en 1534 Hernán Cortés otorgó algunas tierras al pueblo, nombrándolas San Pedro Cuauhximalpan. También concedió terrenos a otras a varias poblaciones de la región de San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango y San Pablo Chimalpa. Dese ese momento, esas tierras aparecieron listadas entre los bienes de Cortés como parte de su reino particular.
Sus vocablos tienen su origen en la voz náhuatl. Donde Chimal significa escudo y Pan, lugar “En el lugar de los escudos o Sobre el lugar de los escudos”. En Acopilco, su toponimia significa “lugar de las aguas de Copilco”. Tras la llegada de Hernán Cortés en 1547, este le da el nombre de San Lorenzo, quedando como San Lorenzo Acopilco. Tlatlenango tiene su significado como “tierra amurallada”.
En 1865, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota visitaron el convento del Desierto de los Leones; también lo hicieron en los pueblos vecinos. A raíz de este encuentro, los pobladores de Cuajimalpa presentaron el Códice Techialoyan ante un juzgado para su traducción y autenticación. Ese mismo año, una persona de nombre Francisco Rosales realizó ese proceso. En la actualidad, el Códice Techialoyan de Cuajimalpa se encuentra bajo resguardo del Archivo General de la Nación.
La Arquitectura Colonial en Cuajimalpa se manifestó en la construcción de sus Parroquias edificadas entre los años de 1628 y 1755. Años en que se declararon formalmente terminadas.
En la lucha de independencia, el territorio formó parte de los pueblos usados por las gavillas insurgentes que operaron en la zona. También en la revolución mexicana, Cuajimalpa fue ocupada varias ocasiones por el Ejercito Zapatista. San Pablo Chimalpa, por su parte, atestiguó batallas militares entre zapatistas y carrancistas. Éstas ocurrieron durante los años de 1915 y 1916.
**Joel Cabrales es asesor jurídico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.
Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.
Caciquismo
Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.
En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.
Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.
“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.
Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.
Persecución
A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.
De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.
El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.
Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.
“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.
Integrantes del colectivo Luz de Esperanza volvieron a protestar a las afueras de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), en donde insistieron en que hay omisiones en el procesamiento de fosas clandestinas.
El secretario general del colectivo, Héctor Flores González, señaló que la dependencia está dejando fosas abiertas con el pretexto de que sólo tiene una sola máquina.
“Entonces eso es lo que está deteniendo ahí. Me imagino que se están contaminando sobremanera todas esas fosas clandestinas porque pueden entrar perros, pueden entrar animales carroñeros, gente. No hay ningún control”, comentó.
Consideró que el gobierno del estado siempre encuentra la manera de sufragar otro tipo de gastos, por lo que exigió que destine presupuesto a rentar maquinaria para trabajar de inmediato las fosas clandestinas que están pendientes de procesar.
Más allá del tratamiento a sitios de inhumación clandestina, el activista lamentó que los funcionarios de la FEPD traten de una manera inhumana a personas que buscan a sus seres queridos.
“Sigue habiendo las mismas violaciones a derechos humanos que hemos estado señalando desde un principio: la mala atención, la revictimización, criminalización de las víctimas, malos tratos, les gritan, los agreden, son prepotentes aquí en Fiscalía, las mismas autoridades directivas salen y dicen ‘haz lo que quieras, hazle como quieras, no va a haber atención’”, narró.
La situación, añadió, parece una orden desde el Ejecutivo del estado: “Así como él (Enrique Alfaro) trata tan indolente, para abajo es igual o peor el trato que nos dan a todas las víctimas sin excepción. Entonces no es justo, vamos a seguir nosotros peleando y batallando (para) que nos traten con dignidad a nosotros, los familiares, a los desaparecidos”.
Durante la protesta de ayer, la sexta realizada en lunes de manera consecutiva, los integrantes del colectivo exigieron que la FEPD atendiera a todas las personas que protestaron, pero personal de la dependencia les dijo que sólo recibirían a tres.
Entre los manifestantes estaba una mujer a quien no le han entregado los restos de su familiar desaparecido a siete meses de haberlo encontrado. La razón: fue cortado en pedazos y se necesitan dictámenes de comparativa genética para cada segmento anatómico.
Ante ese escenario, el colectivo acusó que cada dictamen puede llevar varios meses, por lo que el proceso de entrega podría demorar años.
“A pesar de que hay mesas de trabajo, todo es una simulación. No hay avances. Hay muchas inconsistencias en las investigaciones y aparte no se están llevando a cabo los cateos de forma ordenada ni correcta, se están dejando los cateos a medio trabajar porque sólo tienen una máquina”, detalló el representante del colectivo.
Ciudad Valles, S.L.P.- Localizan nueva fosa clandestina en Valles, tras una denuncia anónima la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, acudieron a la colonia La Pimienta donde comenzaron los trabajos de búsqueda.
El operativo comenzó a las 9 de la mañana en un predio deshabitado en la calle Francisco Zarco y Roble en el populoso sector, arribaron elementos de la Guardia Civil del Estado y Municipales, para cerrar el perímetro. Iban acompañados de elementos de Investigación para notificar a unos particulares que se emprendería un cateo en el predio aledaño a su vivienda.
Como una de las habitantes se negó a aceptarlo y permitir el ingreso de los elementos y personal de peritos, criminalistas e integrantes del colectivo, solicitaron el apoyo a efectivos de la SEDENA, arribando un convoy del 36 Batallón de Infantería.
Tras los hechos comenzaron a trabajar en la zona, se presume que en el sitio se encuentra una fosa donde se presume estaban los restos de un niño de 10 años que desapareció hace 10 años.
Lupita Mendiola Coordinadora de Derechos Humanos, e integrante del colectivo de «Voz y Dignidad por los nuestros», dijo que se realizan trabajos para confirmar si la denuncia de la presencia de restos óseos era verídica.
Dijo que en Valles se ha realizado solo una búsqueda que corresponde a la de este día; pero en municipios como Tamasopo, Cárdenas y Rioverde si se han detectado restos óseos.
Finalmente dijo que se va a trabajar durante todo el día, y se dará a conocer de manera posterior si se localizan los restos del menor.
Colima, México, Avanzada (22/08/2022).- En el marco de la guerra del Cártel Independiente de Colima (CIC), encabezado por José Bernabé Brizuela Meraz “La Vaca”, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante los primeros siete meses del presente año se cometió en la entidad un total de 524 homicidios dolosos, cifra que ya igualó a la registrada a lo largo de todo el 2021.
La incidencia registrada de este delito en el periodo enero-julio de este año permitió a Colima colocarse en el primer lugar nacional con la tasa más alta de homicidios dolosos, con 64.76 casos por cada cien mil habitantes, muy lejos del segundo lugar, Zacatecas, que tiene una tasa de 44.39; seguido por Baja California, con 41.85; Michoacán, con 32.46; Sonora, 32.35; y Morelos, 31.41.
Los estados con las menores tasas de homicidios dolosos en el mismo periodo de este año son Yucatán, con 1.04 casos por cada cien mil habitantes; Aguascalientes, con 2.45, y Coahuila, con 2.48.
Además, los 524 asesinatos registrados en los primeros siete meses de 2022 en esta entidad de apenas 750 mil habitantes rebasan los 466 crímenes ocurridos en la Ciudad de México en ese mismo periodo.
Los meses con el mayor número de homicidios dolosos en Colima durante 2022 han sido marzo y mayo, con 96 casos cada uno, mientras que el mes con la menor cantidad fue enero, con 50.
José Bernabé Brizuela Meraz, detenido la noche del jueves en la Ciudad de México, encabezó a principios de este año una célula que se escindió del CJNG, con el que durante los últimos meses disputó el control del territorio de la zona metropolitana del estado, conformada por los municipios de Colima y Villa de Álvarez.
El punto de quiebre partió de la riña ocurrida el pasado 25 de enero en el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, donde fueron asesinados nueve internos y ocho más resultaron heridos, por lo que a partir de los primeros días de febrero se inició la ola de violencia que hasta la fecha no se ha detenido y provocó que 2022 se convirtiera en el año más violento para Colima desde que se tiene registro.
Cerca de 150 ejidatarios que tienen sus parcelas cerca de las ex vías de ferrocarril del Tramo 2 Escarcea–Calkiní entre las comunidades de la colonia rural “La Chiquita” y el ejido Miguel Colorado, manifiestan su inconformidad ante el incumplimiento de acuerdos de funcionarios de Fomento Nacional de Turismo (Fonatur) desde hace cerca de tres años que les prometieron que les respetarían o les construirían los pasos a sus parcelas y en estos momentos que avanza la obra del Tren Maya les obstruyen estos espacios, así lo hizo saber el ejidatario Guadalupe Chablé Salazar, acompañado de un grupo de campesinos afectados.
Chablé Salazar declaró que referente a los caminos de acceso a sus parcelas de los ejidatarios, los primeros días que iniciaron los convenios de funcionarios del Tren Maya con ellos y que se reunieron en el ejido Don Samuel, Escarcea, se tomaron los acuerdos, que todos los ejidos que están pegados en ese entonces a las vías férreas se llegó a un acuerdo con todos los comisarios.
El anterior consistía que les construirían caminos con acceso a sus parcelas y en estos momentos al entrevistarse con una representen del Fonatur de apellido Ross, que no tienen contemplado realizar estos pasos, se pregunta qué paso con los acuerdos que tomado hace más de tres años en el ejido Don Samuel, lo que pasa ahora tiene a cargo de la obra a unos ingenieros y licenciados, cinco meses y los cambien y llegan otros y estos no reconocen los convenios anteriores
Les preguntan de los acuerdos y le contestan que no son válidos porque los funcionarios que los hicieron se fueron y ahora los compromisos no las cumplen y los tienen engañados, que solo les comentan que se los van a hacer, pero no se ven los avances, y ante esta negativa, lo pusieron en conocimiento de la asamblea en la la comisaría de Escárcega.
Los ejidatarios afectados se juntarán y se dirigirán a donde se encuentran sus parcelas y se darán cuenta de que están obstruidos sus accesos a sus propiedades y aparte tiene que aguantar las afectaciones que hace la maquinaria a sus cercas de alambre que las destruyen y hacen que sus animales se escapen y en estos momentos tiene dos vacas perdidas que se pregunta Chablé Salazar quien les va a pagar.
Existen varias irregularidades referentes a la obra del Tren Maya, con los ejidatarios, pide a las autoridades que acudan a verificar las afectaciones que tienen los 150 ejidatarios, exigen una pronta solución antes que tomen otras acciones.
Texto: Ricardo Hernández / Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro / Pie de Página
Trece policías del sexo masculino denunciados por la represión violenta a la protesta feminista en Cancún siguen libres a casi dos años del evento donde tres manifestantes fueron baleadas. Una mujer policía es la única detenida
QUINTANA ROO.- Después de casi dos años del 9N, de aquella represión de una manifestación feminista frente al Palacio Municipal de Cancún que terminó con tres heridos de bala, una policía que participó en los hechos fue detenida y recluida.
Wendy Galarza, una de las sobrevivientes de los hechos, informó que el pasado sábado las autoridades detuvieron a la mujer en Cancún, quien fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso), localizado en esta ciudad turística. Es la única de los 14 elementos denunciados que se encuentra en prisión.
La detención se deriva de una de las tres carpetas de investigación que existe, con número de identificación 765-2020, interpuesta por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), quien denunció a 11 policías, entre los que figura Nancy, la detenida.
Se detuvo tras más de 21 meses de los hechos y para efectos de que pase en prisión preventiva el proceso judicial, que se encuentra en etapa intermedia.
El día del 9N
El 8 de noviembre de 2020 se informó sobre el hallazgo del cuerpo de Bianca Alejandrina, conocida por sus amigas como “Alexis”, en condiciones indecibles, en dos bolsas negras tiradas en la periferia de Cancún.
Un día después, el 9 de noviembre («9N»), se realizó una manifestación convocada por organizaciones feministas, en la que participaron solo mujeres, la mayoría jóvenes menores de edad.
Se reunieron en el kilómetro 0 del Boulevard Kukulkán, que es la entrada a la zona hotelera de Cancún, y el plan era marchar hacia la Vicefiscalía General del Estado.
Condolidas, entre lágrimas y caras desencajadas, más de 300 mujeres salieron a exigir un alto a la violencia feminicida y a clamar justicia para “Alexis” y las otras 23 mujeres asesinadas en el estado en lo que iba del 2020.
Pero era tanta la rabia que, de manera insólita, la protesta se tornó álgida, violenta.
A las pintas en la Vicefiscalía se sumó la destrucción del escudo que colgaba en la pared de la institución; el incendio de una carpa instalada en la entrada, alimentado con cualquier desecho que encontraban a su paso; el intento de derrumbe de la puerta de la dependencia, y gritos a voz en cuello de parte de amigos de la víctima y de desconocidos.
Como la furia colectiva no cesaba, el contingente se movilizó hacia el Ayuntamiento para reclamar justicia, ahora al gobierno local, que ya no alcanzó a tapiar todas las entradas del edificio.
Una vez en la explanada, las manifestantes pintaron más consignas en las paredes, rompieron los vidrios, quitaron las maderas que tapaban la entrada, ingresaron al recinto y extrajeron cajas con varios documentos a los que prendieron fuego. Fue en ese momento, a las 19:55 horas, cuando más de 70 policías –adscritos al Mando Único estatal– irrumpieron desde un costado del Ayuntamiento con detonaciones de armas cortas y largas, al aire y en contra de la multitud, que salió en estampida. Los inmovilizados por el terror y los más desprevenidos fueron aporreados por los agentes.
Esa noche, los elementos de seguridad que disolvieron la protesta retuvieron a siete mujeres, a quienes empujaron, les jalaron el cabello, robaron sus pertenencias, propinaron macanazos, golpes con escudos, arrodillaron, tocaron e intentaron violar en el interior del Palacio Municipal, según consta en la queja por violación a los derechos humanos. El uso desmedido de la fuerza pública también dejó como saldo otros tantos lesionados y tres heridos de bala: dos reporteros de la fuente policíaca y la propia Wendy Galarza.
Y desde entonces no hay ningún sentenciado. La justicia no llega aún.
Largo proceso judicial
Por los hechos hay tres carpetas de investigación. La primera que se judicializó fue la que lleva Ceaveqroo, donde se acusa a 11 policías.
“Pero las audiencias se habían diferido porque, primero, no terminaba de resolverse el amparo que tramitaron los policías. A nueve de los policías les concedieron el amparo que interpusieron en contra de la medida cautelar oficiosa, de prisión preventiva, dictada desde marzo de 2021”, cuenta Galarza.
Entre esos policías se encuentra Eduardo Santamaría, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en Cancún y que estuvo presente en el operativo.
“Pero los otros dos policías llevan abogados diferentes. Y aunque tramitaron también por separado amparos contra la medida cautelar, a ellos no se los conceden”, dice Wendy.
Como no se los conceden, prosigue, ambos alegan que contrajeron Covid y se ausentan de varias de las audiencias.
“Hace dos semanas nos convocaron ya a una audiencia intermedia, pero tampoco se presentaron. Y yo creo que fue por la presión que les estábamos haciendo a la Fiscalía General del Estado, porque debían cumplir con la prisión preventiva, que detuvieron a Nancy”, dice Wendy.
“Pero me siento con emociones encontradas, porque qué casualidad que a la única mujer es a la que detienen y los demás policías hombres, incluido Santamaría, están libres”.
Wendy Galarza.
En tanto, la defensa del grupo de los ocho policías solicitó al juez suspensión condicional, a fin de no pasar a etapa intermedia porque el caso “no era delito grave y porque preveían que se podía llegar a un acuerdo con las víctimas”.
“La defensa pide la suspensión condicional porque dicen que nosotros ya estamos reparados de los hechos. Y que tan es así que Ceaveqroo ya nos dio la reparación económica. Lo que no contaban ellos es que nosotros estábamos amparados contra el dictamen de reparación del daño dictado por Ceaveqroo, por lo mal que está. Y por eso el juez no se lo concede”, dice.
Una segunda carpeta de investigación es contra otros tres policías que supuestamente participaron en los hechos.
Y la tercera se interpuso contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; la entonces presidente municipal de Cancún, hoy gobernadora electa, la morenista “Mara” Lezama. Sin embargo, la FGE decidió unilateralmente cerrar esta carpeta.
“Desde hace cinco meses nosotros exigíamos a la Fiscalía que nos diera informes de la carpeta. ¿Dónde está esa carpeta?, les preguntamos varias veces. Queremos saber cómo va esa carpeta, les repetíamos y repetíamos, pero nunca nos informaban. Y es hasta que Amnistía Internacional solicitó información, que informaron que ya la habían cerrado. Así, sin informarnos nada”, se queja Wendy.
“No sé cómo le vamos a hacer, pero queremos reabrirla”, añade.
En Los Tuxtlas, maquinaria pesada trabaja para extraer roca del cerro de Balzapote, con el fin de que sea triturada y sirva para las obras del Tren Maya. Los trabajos en esta región de Veracruz se realizan pese a que los permisos correspondientes no están vigentes.
Carlos Ramos, Mariana Beltrán y Paris Martinez / Animal Político
Una densa nube de polvo se cierne sobre la comunidad de Balzapote, en la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas, Veracruz. Es la esencia de uno más de los cerros de la zona, que desaparece para ser triturado y transportado vía marítima hasta la ciudad portuaria de Progreso, en el estado de Yucatán, a 970 kilómetros de distancia, donde es transformado en rocas de no más de cuatro centímetros para dar soporte a los durmientes que cargarán el Tren Maya.
Tal como revelan registros oficiales, la extracción de la roca en esta reserva natural inició en abril de 2022 y se mantiene hasta la fecha sin permisos vigentes, y al amparo de autorizaciones que fueron canceladas en febrero, a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La población de esta comunidad, cuyo nombre se debe a los grandes árboles de zapote que habitan su territorio, apenas rebasa los 400 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020, y sus contadas casas están rodeadas de un paisaje montañoso y tupido de árboles, que pertenece a las 155 mil hectáreas de un área vital para la conservación del mono araña, el cacomixtle, la guacamaya y el loro cabeza amarilla, entre otras especies bajo alguna categoría de riesgo. Sobre su hábitat natural avanzan las obras irregulares de extracción.
El saqueo
Una banda arroja piedra triturada, mientras maquinaria pesada la recolecta al interior de la planta donde se extrae roca basáltica en Balzapote, Veracruz. FOTO: Félix Márquez
Balzapote ha sido el corazón de roca de varios megaproyectos en México y sobre sus cerros ausentes se soporta la construcción de la Terminal Marítima de Dos Bocas, en el estado de Tabasco; la ampliación del Puerto de Veracruz que, si bien no se realizó porque la SCJN ordenó su cancelación, tampoco impidió que la roca fuera explotada, y, recientemente, el Tren Maya, proyecto insignia de este sexenio.
En 2014, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto buscó llevar a cabo la ampliación del Puerto de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó los permisos en materia de impacto ambiental, para que las tierras forestales del Ejido Balzapote fueran consideradas suelo para el “aprovechamiento y explotación de roca basáltica”.
El volumen de roca que se autorizó extraer en ese momento fue de 2 millones de metros cúbicos. Mientras que, para el Tren Maya, en sus tramos 3 y 4, el suministro requerido y abastecido por la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (Asipona) es de casi 1 millón 800 mil metros cúbicos, de acuerdo con Fonatur Tren Maya y Asipona.
Hoy, esos permisos, sin efectos a raíz de la sentencia de la SCJN, son exhibidos por la empresa extractora, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para continuar la explotación de la roca en Balzapote.
En 2021, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, encargada de la ampliación del puerto, tramitó ante la Semarnat la cesión del permiso de explotación a la empresa Fancicom Proyectos y Cimentación, SA de CV.
Sin embargo, en el amparo 54/2021, resuelto en febrero de 2022 por la Primera Sala de la SCJN, se determinó que la Semarnat debía dejar sin vigencia los permisos que anteriormente se habían otorgado para la ampliación del Puerto de Veracruz, incluidos aquellos relacionados con la extracción de roca en Balzapote; por ejemplo, el registrado con clave 30VE2014FD006, cuya última prórroga autorizada lo mantendría vigente al 26 de julio de 2022, habría perdido su vigencia con el pronunciamiento de la Corte en virtud de sustentarse sobre un permiso nulo.
Desde que esta resolución judicial fue emitida, la Semarnat no ha reportado ningún nuevo permiso que avale las obras de extracción en Balzapote, tal como se desprende de la Gaceta Ecológica de este organismo, medio en el cual se publican los proyectos ingresados, evaluados y resueltos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.
Escombros
Situado en la costa veracruzana, después de casi 40 kilómetros de camino desde su cabecera municipal, San Andrés Tuxtla, Balzapote nació como una colonia militar, con el reparto agrario impulsado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, a finales de los años 30 del siglo pasado, pero las familias de soldados que recibieron estas tierras no las ocuparon y estuvieron abandonadas hasta que campesinos de pueblos vecinos levantaron en ellas sus casas, con paredes de ramas y techos de palma. Esto originó un conflicto por la tenencia de esas tierras que duró más de 30 años y culminó con la dotación de tierras a 63 familias en conflicto, bajo el régimen ejidal.
Se trata de una comunidad históricamente desatendida, sin señal telefónica, en la que 40% de la población no cuenta con cobertura médica, donde el grado de escolaridad máximo para la mitad de la población es sexto de primaria, únicamente dos de cada 10 personas mayores de edad tienen algún estudio posterior a la secundaria y solo cuatro de sus 117 familias poseen una computadora. Para la mayoría de los habitantes de Balzapote, no existen condiciones de desarrollo.
De las esas mismas 117 familias, solo 63 son ejidatarias. Pero ni siquiera las ganancias que le genera al ejido que los cerros enclavados en sus tierras sean explotados se distribuyen entre todos sus integrantes.
—¿Usted está de acuerdo con la extracción de la roca? —se consulta a un anciano ejidatario de Balzapote, en recorrido por el poblado.
—Pues no me queda otra, yo soy solito y la mayoría está de acuerdo, pues ya que tengo que hacer, a mí no me toman en cuenta para los acuerdos que toman con la compañía.
—¿Estaría de acuerdo con que se lleven la roca, siempre y cuando a usted le pagaran?
—Ah, cómo de que no. Pues sí, es que es algo de lana —dice, entusiasmado—. Cuando han repartido (beneficios) otras compañías, nada más ve usted bajar los carros llenos de colchones, camas, estufas, se reparte buen billete. La compañía da 50 o 100 mil pesos o más por piocha.
Décadas atrás, ese mismo anciano fue parte de una comisión del ejido, que acudió a la capital del país para solicitar la autorización de explotar uno de sus cerros. El permiso se obtuvo, recuerda, porque al funcionario encargado le pareció que lucían muy “pobres”. El permiso, sin embargo, no lo tramitaban para aprovechar directamente los recursos de sus tierras, sino para que una compañía privada pudiera hacerlo.
—¿Qué hubo? —narra el anciano—: hubo robo, muerte y dinero… nada. ICA ya estuvo aquí, explotó la mayor parte del cerro y hubo repartos, unos repartos muy buenos.
Al final, dice el hombre que ha sido testigo de la destrucción de Balzapote: “Todo esto era pura montaña, todo, la mayor parte, y ahorita es puro potrero y escombros”.
El costo
Un camión de volteo de la empresa ICA atraviesa la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas cargado de roca extraída del cerro en Balzapote, Veracruz. FOTO: Félix Márquez
En la planta donde se tritura la roca en Balzapote, decenas de trabajadores sudan durante turnos de 12 horas. Varios aseguran que hay COVID-19 dentro de las instalaciones, pero ninguno descansa. Muelen la roca en grandes máquinas esperando no correr, en el puesto menos deseado, la misma suerte que su compañero que, ahora en su hogar y en el abandono que le procuran sus precarias condiciones laborales, espera recuperar la movilidad de su brazo.
En cambio, hay quienes dirigen retroexcavadoras y camiones de volteo que, al menos cada ocho minutos, salen de la zona de trabajo cargados de roca, para conducirla a escasos metros de distancia, a un banco de material en Balzapote, desde donde el material es trasladado a Yucatán por barco.
Aquí, en la planta, a los hombres que ocupan los cargos de mayor rango les llaman, indistintamente, “ingenieros”.
Vecinos organizados de Altamira Tercera Sección en Zapopan, Jalisco, se han organizado para defender el parque público ubicado en su colonia, pues éste ha sido entregado en concesión para los próximos 15 años al empresario deportivo Mario Aníbal Berruti Chiorri so pretexto de que el lugar presentaba abandono.
Con la venía del Cabildo del Ayuntamiento de Zapopan, el Consejo Municipal del Deporte (Comude) y la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Altamira, instancia que no socializó el proyecto entre todos los vecinos, lo que hoy es un espacio de recreación y encuentro será convertido en canchas privadas de tenis y pádel a las que sólo se podrá acceder mediante el pago de cuotas.
Darwin Franco / Zona Docs
A la entrada del parque público Altamira -ubicado entre las calles Crónlech y Asirios en la colonia Altamira 3ra. Sección en Zapopan, Jalisco- cuelga una lona que muestra el sentir de las y los vecinos: “Los parques son de todos, no para los que pueden pagar: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL PARQUE”.
Esta y otras lonas fueron colocadas alrededor de este espacio público –que ha fungido como punto de recreación y de encuentro vecinal, desde hace más de 50 años-, como una forma de protesta y resistencia ante la entrega en concesión del parque por parte del Ayuntamiento de Zapopan al empresario deportivo Mario Aníbal Berruti Chiorri, a quien se le otorgó el espacio por 15 años para desarrollar un club deportivo privado para la enseñanza del tenis y pádel.
Durante este tiempo, Berruti Chiorri podrá explotar el espacio público con el único compromiso de invertir para su acondicionamiento y mejora 4 millones de pesos, cantidad que permitirá la remodelación de la reja perimetral del parque, así como de la cancha de tenis y la de usos múltiples que ya existen en el lugar, así como la construcción de, por lo menos, tres canchas más de tenis y pádel en una zona donde hay diversos árboles y juegos infantiles.
La molestia de los vecinos es que nada de esto les fue socializado, pues fue hasta hace tres semanas que se enteraron que el parque sería privatizado para construir un club deportivo.
“Tenemos tres semanas que nos dimos cuenta de que todo ya estaba aprobado; es decir, que el Cabildo de Zapopan ya había dado la concesión, también supimos que todo había iniciado desde noviembre de 2020 cuando, en plena pandemia, la asociación de colonos otorgó su aval para que se entregara el parque al empresario, pero de esto nadie supo nada hasta ahora que nos dicen que el parque será privado (…) a nosotros no nos parece correcto que un sitio que es de toda la comunidad, únicamente sea explotado por una sola persona”, expresó Dora Esther Rodríguez, vecina y usuaria activa del parque Altamira.
La noticia también provino de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Altamira y del propio empresario Berruti Chiorri, quienes comenzaron a notificarles a las y los usuarios del parque que, a partir del mes de septiembre, se comenzaría a cobrar la entrada porque dejaría de ser un espacio público para convertirse en una escuela deportiva; así que si querían seguir disfrutando del lugar se les podría dar un descuento: “Del 50% en un horario de 11:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y de 12:00 a 22:00, sábados y domingos; en los demás horarios el descuento será de un 30% para el uso de las instalaciones deportivas (todo bajo previa cita)”.
“Este parque desde que inició el fraccionamiento es un espacio común, entonces, al privatizarlo dejará de ser para todos. Nuestra lucha es para que no se privatice, queremos que siga siendo un espacio para todos, para cualquier persona que quiera entrar; sobre todo, para los niños o personas mayores que vienen aquí para hacer ejercicio”, explicó Liliana Martínez, quien usa el parque todos los días para la recreación de sus hijos.
La justificación de las autoridades municipales para otorgar este espacio público a un particular es que se trataba de un lugar deteriorado y abandonado; sin embargo, se trata de un espacio vivo que se mantiene por la voluntad y esfuerzos de quienes lo usan, “los deterioros son porque las propias autoridades municipales dejaron de invertir en este espacio”, coincidieron los vecinos de la colonia Altamira.
Desde el 27 de septiembre de 2012, el parque estaba bajo el resguardo y responsabilidad del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan (Comude), instancia que debía hacerse cargo de su mantenimiento y del fomento de actividades deportivas en su interior; sin embargo, han sido las y los vecinos quienes se han encargado de reforestar y cuidar las áreas verdes, así como de pintar las canchas donde, por ejemplo, por las tardes se dan clases de básquetbol a niños y jóvenes.
Al respecto, Sofía Guzmán -vecina y usuario del parque- considera que es importante que se sepa que como vecinos no están en contra de que alguien pueda cobrar por enseñar algún deporte, pero a lo que sí se oponen es a que se privatice el parque:
“Este es un espacio que es de todos, así que nos oponemos a que éste se cierre para sólo aquellos que tienen los recursos necesarios para hacer uso de las canchas”.
Así que uno de las primeras acciones que realizaron para defender al parque fue acercarse con las y los regidores de Zapopan para pedirles una explicación del por qué tomaron esta decisión y si era cierto o no que existe un convenio de concesión por 15 años a favor de Mario Aníbal Berruti Chiorri.
“Hemos tenido reunión con las autoridades, pero al principio, incluso, nos comentaban que no sabían si el convenio ya había sido o no firmado. Nosotros solicitando información por transparencia sabemos que ya se firmó; por ello, solicitamos una reunión para encontrar una forma de revertir esta decisión”, puntualizó Sofía.
La reunión con las autoridades, la asociación de colonos e, incluso, con el propio Mario Aníbal Berruti Chiorri se realizó el pasado 18 de agosto en el propio parque Altamira; ahí las vecinas y vecinos mostraron su desaprobación al proyecto y exigieron que se dé marcha atrás a la decisión que tomaron, ya que la mayoría de los vecinos desaprueba la privatización del parque y no están dispuestos a apoyar una decisión que no se les fue socializada y que, por tanto, no representa la postura de la mayoría de los vecinos de la colonia.
El aval que otorgó la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Altamira al proyecto privatizador que presentó Mario Aníbal Berruti Chiorri ocurrió en noviembre de 2020. Dicha reunión vecina celebrada en plena pandemia, sólo acudieron 30 personas de un censo de mil 800 vecinos.
En esa ocasión, 28 personas votaron a favor del proyecto y dos lo rechazaron; esto significa que el 1.6% de quienes viven en la colonia Altamira 3ra. Sección avalaron la petición del empresario deportivo para solicitar la concesión del parque público.
La pelota siempre se puso en la cancha del empresario
Para entregar en concesión del parque al entrenador de tenis, Mario Aníbal Berruti Chiorri, las autoridades del municipio de Zapopan tuvieron que realizar diversas gestiones que involucraron varias comisiones del Cabildo, así como también la labor de distintas direcciones municipales, instancias que hicieron todo lo posible para entregar la concesión al empresario, todo justificado como un acción que impulsaría en Zapopan y dentro del parque Altamira, el desarrollo de actividades deportivas de alto rendimiento para toda la población.
Todo el proceso inició el 13 trece de julio de 2020, fecha en que por escrito Mario Aníbal Berruti Chiorri presentó al municipio la solicitud para que se le autorizara “la entrega bajo la figura jurídica correspondiente de la Unidad Deportiva “Altamira”
“Es mi intención poder exponer un proyecto para acercar el tenis a la ciudadanía dejando de lado la etiqueta de que es un deporte “giffen” solo para estatus económico alto y aprovechar este espacio, con la finalidad de buscar el desarrollo y alcance del mismo, el ofrecer instalaciones deportivas públicas dentro de Zapopan, de alto fomento del tenis además del Padel. Un proyecto co programas para personas de escasos recursos, trabajando de la mano con dependencias adecuadas para otorgar programas para niños con capacidades diferentes, iniciación, adultos y desde luego, alto rendimiento y eventos espaciales.
Entiendo en el contexto de la información obtenida que, hoy dichas instalaciones presentan con urgencia su recuperación, pues se encuentran en muy mal estado y con espacios que no están aprovechados o al menos no para el fomento deportivo, por tal motivo, este proyecto pretende invertir para la rehabilitación de la unidad y hacerla apta para el tenis y el padel, con instalaciones funcionales y de primer nivel para la práctica de estos 2 deportes”.
La Secretaría del Ayuntamiento asignó a su solicitud, el número de expediente 90/2020,y lo turnó para su estudio y dictaminación a las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Desarrollo Urbano, de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, y de Juventud y Deportes.
Mediante los oficios 404/A/2020/228 y ADMON/U.P./0934/202O, la Dirección de Integración y Dictaminación, así como la Director de Administración y la Unidad de Patrimonio, le notificaron, en agosto de 2020, al empresario deportivo que:
“resultaba improcedente atender de manera favorable la petición realizada por el particular, toda vez que el inmueble señalado se encuentra entregado en administración al Consejo Municipal del Deporte COMUDE con una vigencia hasta el 21 de junio del año 2049”.
Esta primera dificultad de Mario Aníbal Berruti Chiorri fue sorteada mediante el cabildeo con los entonces regidores como: Claudio Alberto de Angelis (actual Presidente de la Comisión del Deporte de Zapopan y anterior integrante de la Comisión de Juventudes y Deportes de Zapopan) y Mónica Paola Magaña Mendoza (Actual diputada local y ex integrante de la Comisión de Juventudes y Deportes de Zapopan), quienes siguieron apoyando la iniciativa en el parque Altamira; incluso, esta última remitió – el 30 de noviembre de 2020- a la Dirección de Integración y Dictaminación, el oficio (número OF-0100/051/2020) la carta de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Altamira, en la que todos los vecinos otorgaban su anuencia al proyecto de Berruti Chiorri.
El 14 de diciembre de 2020 mediante el oficio 404/A/2020/493, la Dirección de Integración y Dictaminación, solicitó al Consejo Municipal del Deporte Zapopan (Comude), su opinión sobre la propuesta, la cual se discutió en pleno de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, máximo órgano del consejo, el 17 de diciembre de 2020.
En ese entonces, dicha Junta de Gobierno era presidida por el actual presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, este órgano escuchó de viva voz a Berruti Chiorri, quien les presentó el proyecto y solicitó su autorización para hacerse cargo del espacio bajo la figura jurídica de concesión, lo que implicaba que el Comude tenía que descentralizar el parque público de sus bienes para entregarlo nuevamente al Ayuntamiento, instancia que podría entregarlo mediante la firma de un convenio al particular.
Sin muchas oposiciones y cuestionamientos, como consta en acta de sesión, la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan acordó apoyar su iniciativa, no sin antes recordarle al interesado que todo el tema del dinero no se tendría que tratar con la asociación de colonos, sino con la autoridad municipal porque el parque no era de ellos, sino del municipio. Aunque quedaba en su buena voluntad o no, apoyar a la asociación vecinal.
En esa reunión, la entonces regidora Mónica Paola Magaña Mendoza de Movimiento Ciudadano, aclaró que no habría problema con los vecinos de la colonia Altamira:
“Llevamos mucho tiempo trabajándolo (…) no podríamos pensar en la concesión de un espacio su la sociedad alrededor del espacio deportivo no está de acuerdo, tras ocho meses de cabildeo con los vecinos llegamos a un acuerdo con ellos”.
Lo cual resultó falso, pues los vecinos que hoy se oponen a la privatización del parque Altamira, se enteraron del convenio de concesión hace tres semanas.
Finalmente, en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, realizada el 21 de diciembre de 2021, se autorizó por unanimidad de votos que el predio denominado “Altamira” ubicado en la calle Crónlech frente al 640 esquina Asirios, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco fuera desincorporado de lo espacios públicos deportivos que se encuentra bajo la administración del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
En esa reunión, además, se acordó realizar “una gira a la Unidad Deportiva para verificar su estado, y escuchar la opinión de los vecinos adyacentes a dicho espacio“. Esto ocurrió el 14 de enero de 2022, a la gira acudieron las y los regidores Ana Luisa Ramírez Ramírez, Claudio Alberto de Angelis Martínez y Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias; así como quien encabeza la Asociación Vecinal, Gerardo Contreras.
Sus conclusiones fueron que el parque estaba deteriorado y en pleno abandono, aunque nunca se mencionó la responsabilidad que tenía Comude, pues era la instancia obligada de darle mantenimiento. Con esa visita, se dio un espaldarazo más al proyecto de privatización del parque.
Ya en enero de 2022, al descentralizarse la propiedad del parque de la Comude, el parque público regresó a ser propiedad del municipio, tal y como lo era desde que le fue donado, el 23 de noviembre de 1970.
El match point que obtuvo Berruti Chiorri a su solicitud para hacerse del parque Altamira, ocurrió el 28 de abril de 2022 cuando en Sesión Ordinaria el Cabildo del Ayuntamiento de Zapopan autorizó:
“La celebración del contrato de concesión de prestación de servicios públicos municipales con el C. Mario Aníbal Berruti Chiorri, por un término de 15 quince años, en su modalidad de para la prestación de los servicios de parques, jardines y su equipamiento, del servicio público de centros deportivos municipales, así como del bien de propiedad municipal del dominio público consistente en la Unidad Deportiva “Altamira”, la cual se encuentra ubicada en la Calle Crónlech frente al número 640, esquina con la calle Asirios, para su remodelación, mantenimiento y administración”.
La renuncia expresa del C. Mario Aníbal Berruti Chiorri a cualquier tipo de indemnización, respecto de las mejoras que lleve a cabo con relación al servicio público concesionado y del bien afecto a él, o en su caso, a construcciones autorizadas por el Municipio hechas en propiedad municipal.
El manejo de la información que se genere por los servicios prestados, será de la exclusiva responsabilidad del C. Mario Aníbal Berruti Chiorri, el cual deberá garantizar su correcta utilización, informando al Municipio del personal que lo administra, de igual manera se informará a la Comisaría General de Seguridad Pública del personal que realice labores de seguridad (policía privada).
La concesión se otorgará por un término de 15 quince años, contados a partir de la firma del contrato respectivo.
Las obligaciones laborales contraídas para pagar al personal, así como los gastos que genere por el suministro de servicios tales como el de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, o cualquier otro que requiera contratar el C. Mario Aníbal Berruti Chiorri, correrá por cuenta exclusiva del concesionario, quedando exento el Municipio de cualquier obligación por estos conceptos.
Ante esta serie de tratos a modo hacia el empresario y la incapacidad de escucha de las autoridades municipales para atender las exigencias de las y los vecinos que se oponen a la privatización del parque Altamira, es que estos se han organizado para resistir a la imposición gubernamental y, por tanto, están dispuestos a ceder porque el parque forma parte integral de su vida comunitaria:
“Este es un parque vivo, un parque que se vive todos los días, así que es mentiras que éste abandonado, pues somos los vecinos quienes lo cuidamos, pues con el cambio de administraciones se ha ido quitando los apoyos. Nosotros sí podemos con el parque, nosotros podemos seguirlo manteniendo con o sin el apoyo de las autoridades. Queremos que el parque se quede sin cambios, aunque sí con mejoras”, señaló Liliana Martínez, vecina de Altamira 3era. Sección.
Por su parte, Sofía Guzmán fue enfática en señalar por qué defienden al parque:
“Este parque representa al final del día representa un chorro de cosas que realmente es lo que muchos partidos políticos abanderan, pero al buscar privatizar el parque todo esto se les está olvidando simplemente porque aquí quieren realizar un negocio”.
Por su parte, Mario Aníbal Berruti Chiorri negó que el proyecto que propone sea un negocio; al contrario, se trata de un plan para el desarrollo deportivo; así lo señaló ante los vecinos presentes en una reunión, el pasado 18 de agosto, donde incluso dijo que está dispuesto a escuchar propuestas, pues aunque ya se haya firmando el convenio de concesión, a éste no le interesa tener ningún conflicto.
Este espacio de escucha y presentación de alternativas durará hasta el próximo 5 de septiembre, fecha en que vecinos opositores a la privatización al parque, autoridades municipales y el concesionario tomarán una decisión, la cual podría llevar a modificar el proyecto o, incluso, a cancelar la entrega del parque al empresario de deportivo.
Una de las definiciones de resiliencia menciona que esta es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro, eso es lo que pasa en San Fernando, Tamaulipas.
Esta localidad a 177 kilómetros al norte de la capital de Tamaulipas que vivió hace 12 años uno de los episodios más violentos de su historia, poniéndolo en el reflector mundial.
El 22 de agosto del 2010 fueron descubiertos los cuerpos de 72 migrantes en un rancho del ejido el Huizache. En abril del 2011, de nueva cuenta Tamaulipas era nota mundial, pues fueron halladas 48 fosas y 196 cuerpos, de nueva cuenta, en San Fernando.
Foto: María López
Las familias que hoy viven y trabajan en esa localidad, recuerdan esa época con tristeza, pues se vivía con incertidumbre de lo que podría pasar, muchos negocios cerraron sus puertas pues eran extorsionados y quienes pudieron se fueron de allí, pero muchos más, se quedaron.
Anabel Garza Rivera, recuerda todo eso, pero también la fuerza de la gente, “la fortaleza que llegó a adquirir toda una sociedad sanfernandense, aprendimos a sobrellevar, a enfrentar esta situación, tomándonos de la mano de Dios”, dijo a MILENIO.
Recuerda las iglesias y templos llenos de gente que pedía auxilio, tanto en lo personal como en lo espiritual, “fue un tiempo que nadie esperaba para nuestro San Fernando, hoy, está más tranquilo, a pesar de que se siguen viviendo casos”.
Foto: María López
Ella sabe lo que dice, pues su familia lo ha vivido en carne propia, su esposo y otros familiares de él han sufrido secuestros y su propio hijo, Luciano, en julio del 2020 fue secuestrado y posteriormente sus captores le arrebataron la vida, cuando apenas tenía 15 años.
Tamaulipas, paso de migrantes
Tamaulipas sigue siendo paso obligado para miles de migrantes que año con año buscan llegar a Estados Unidos a cumplir su propio sueño americano. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, informa que tan sólo en el primer semestre del año, ya han sido presentados y canalizados 7 mil 664 extranjeros que no contaban con papeles oficiales.
La pobreza, violencia, la búsqueda de un mejor futuro para sus familias, son las causas principales de las personas que emprenden viajes de miles de kilómetros desde sus países para llegar a Estados Unidos.
Foto: María López
Sin embargo, en muchos de los casos se enfrentan a grupos delictivos que los secuestran y extorsionan a sus familias. Los peligros a los que se enfrentan en el camino son muchos.
El 23 de enero del 2021 fue descubierta otra masacre en el ejido Santa Anita del municipio de Camargo, esta vez se trató de 19 cuerpos calcinados encontrados, la mayoría de ellos en la caja de una camioneta, presentando impactos de arma de fuego.
En este caso, 12 elementos de la policía estatal fueron detenidos y se encuentran enfrentando un proceso, acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad.
En cuanto a las 72 migrantes encontrados en la bodega del ejido el Huizache y luego las 48 fosas y 196 cuerpos en San Fernando, apenas en mayo de este 2022, fueron dictadas sentencias para 18 personas detenidas durante el desarrollo de las investigaciones en 2011.
Foto: María López
Las penas que se dictaron, van desde los 13 años de prisión hasta las 58 años y multas desde 281 días hasta los 13 mil 650 días.
La participación de elementos de Seguridad Pública también se evidenció en las investigaciones en San Fernando, donde en su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a 17 policías municipales y acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros.
Los policías colaboraban con los delincuentes, interceptando a los migrantes que llegaban a la central de autobuses de San Fernando y los entregaban a cambio de un pago. Hoy, hay 13 policías municipales quienes aún se mantienen en prisión, sujetos a un proceso penal federal, que se encuentra en etapa de instrucción.
A 12 años del asesinato de 72 migrantes, los jóvenes de esa época, recuerdan que algunas familias se fueron y con ellos, amigos, “había mucho movimiento en la calle, de gente armada, no sabíamos de qué tipo, a nosotros nos privaron de no salir, estábamos nada más encerrados en nuestras casas”, señala Javier, al recordar ese 2010.
Foto: María López
Recuerda al vivir cerca de la funeraria a donde primero llevaron los cuerpos de los migrantes masacrados, el olor característico “de muerte”, lo que avivó el miedo, sin embargo, dice, tenía que salir a continuar su día a día.
Hoy, aunque dice que siguen pasando algunas situaciones de inseguridad en San Fernando como en otras ciudades del país, ya no está presente ese miedo que se vivió en esos momentos.
“En esa época salíamos y había el miedo de si íbamos a regresar o nos fuera a pasar algo, hoy sales pero ya con un poco más de libertad a salir a donde tú quieres”, para él San Fernando es una ciudad bonita y “un pueblo muy bueno”.
Foto: María López
En las calles de San Fernando la vida es de trabajo, los negocios están abiertos, la gente sale a trabajar, a estudiar, a pasar un momento en la plaza, donde una placa, recuerda la lucha de una madre por encontrar primero a su hija y después darle justicia, aún a costa de su propia vida.
Es el San Fernando de Miriam Rodríguez, de Lucianito Leal, de Dulce Yamellí, de los migrantes, donde el recuerdo de lo ocurrido en aquella época violenta del 2010, sigue tan vívido en la memoria de la gente, pues hoy también algunas familias tienen algunas experiencias de horror que los ha obligado ver migrar a los suyos.
En medio de una crisis familiar, las autoridades de Yucatán arrebataron a Margarita la custodia de su hijo de 15 años. Luego el adolescente «se extravió». Ningún funcionario informó a la familia, ni hay responsables. Óscar lleva más de un mes desaparecido
MÉRIDA, YUCATÁN.- Oscar Gabriel González Fernández tiene 15 años de edad y desapareció el 12 de junio. Se encontraba bajo la custodia del Estado de Yucatán en el albergue Casa Moisés. Ninguna autoridad notificó a la familia, que se enteró hasta el 19 de julio, cuando una tía habló por teléfono a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) para pedir un día de visita.
La excusa de la Prodennay es que no tenían por qué avisarles, ya que el Estado era el tutor del menor. Sin embargo, ya había pasado más de un mes desde que desapareció y tampoco se había publicado una Alerta Amber.
“Llamé para pedir la fecha de visita y ver a mi sobrino y la licenciada de la Prodennay me dijo que no viaje a Mérida, que ya no tenían a mi sobrino, que no saben dónde está porque se escapó del albergue desde el 12 de junio”, relató la tía de Oscar, Eloísa Fernández.
“Le pregunté si ya había informado a su mamá al respecto, a mi hermana, me respondió que no y que no tenía por qué informarle a nadie porque no había un tutor legal familiar, que en ese momento el tutor era el Estado de Yucatán”, lamentó la tía.
Óscar se encontraba en un albergue para menores de edad que tiene convenio con el DIF de Yucatán, y que recibe a niñas, niños y adolescentes que por distintas situaciones deben ser separados de sus núcleos familiares.
En su caso, las autoridades yucatecas acusaron a su madre, Margarita Fernández Juárez, de ejercer violencia familiar contra él.
¿Por qué Óscar fue separado de su madre?
Óscar es originario de Xalapa, Veracruz, y hace un año, a través de redes sociales, inició un noviazgo con una adolescente de 14 años, que vive en Yucatán. En abril de este año, la menor y su madre, Yesenia acudieron a visitarlo. La mamá de Oscar, Margarita Fernández no sabía nada de la relación sentimental, ni que él las invitó a hospedarse en su domicilio.
Margarita aceptó recibir a ambas en su casa por una semana. Decidió que quería darles una oportunidad por su hijo. Terminó su estancia e invitaron al Óscar y su madre para ir con ellas a Mérida, Yucatán; habían viajado en una camioneta y tenían dos lugares disponibles.
“Ya en Mérida averigüé cosas que no cuadraban de lo que me platicaron. Comencé a ver agresiones hacia mi hijo, la menor lo golpeaba, incluso llegó a escupirlo delante de mí. La señora quería permitir ciertos acercamientos entre los menores, que no me parecían”, relató Margarita.
“El 30 de abril decidí regresar a Xalapa, pero cuando le dije a Oscar se enojó tanto que me agredió, me empujó contra la pared y me insultó. En el afán de contenerlo yo acepto que perdí los estribos y le di una bofetada, por ese motivo él salió corriendo de la casa”, dijo apenada.
Óscar desapareció por 16 horas, la madre de su novia, Yesenia salió a buscarlo en la camioneta y Margarita se quedó con la menor.
Un rato después, ella también salió a buscar a su hijo y al no tener éxito, decidió llamar al 911 y pidió apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se comunicó con Yesenia para informarle que pediría ayuda a la policía y en ese momento ella manifestó que Óscar ya había regresado.
“Los policías dialogaron con mi hijo y la señora; él (Óscar) les manifestó que por consejo de la señora iría a la Fiscalía a levantarme una denuncia por maltrato infantil. Al final, fue la señora quien levantó la denuncia en mi contra”, comentó Margarita.
La madre del menor no entiende por qué la Prodennay decidió enviar a su hijo a un albergue. Él manifestó delante de la psicóloga que la señora Yesenia le dijo que se escape, la agreda y hasta un croquis le entregó para esconderse.
“Las autoridades me dijeron que regresara a casa en Xalapa, Veracruz para hacer el trámite y recuperar a Óscar”, recordó.
A partir del 1 de mayo, Óscar ingresó al albergue Casa Moisés y quedó bajo la tutela del Estado de Yucatán. Margarita asegura que su hijo fue manipulado por la madre de su novia Yesenia; y teme por su integridad.
Las tías de Moisés intentaron obtener la custodia del menor
Eloísa y María son hermanas de Margarita y tías de Óscar. La primera vive en Tabasco y la segunda en el Estado de México; y al enterarse de la situación viajaron a Mérida para pedir a la Prodennay, que permitieran que alguna de las dos sea la custodia temporal del menor.
Ambas iniciaron el trámite correspondiente, pensaron que sería más rápido; y Margarita aceptó porque no quería que su hijo estuviera lejos de su familia.
“Una licenciada se presentó como la tutora legal de Óscar, platicamos con ella, nos recibió la documentación de mi hermana, quien en ese momento podía acreditar el parentesco directo con mi sobrino. Nos piden que para que sea más rápido el proceso llevemos los antecedentes no penales y el examen toxicológico”, apuntó Eloísa.
Los días 24 y 31 de mayo les permitieron visitarlo en las instalaciones de la Prodennay. Les dijeron que se encontraba en el Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede). No sabían que estaba en el albergue Casa Moisés hasta que desapareció.
La otra tía de Óscar, María, reiteró que, además, de no avisarles que su sobrino escapó tampoco activaron la Alerta Amber. Para ella nadie hizo nada por buscarlo.
“Viajamos de nuevo a Mérida y fuimos a la Procuraduría, ahí dos licenciadas se sentaron a los costados y nos hacen notar que estaba desaparecido desde el 12 de junio. Pero tampoco habían hecho nada por buscarlo, fue ese mismo día que estábamos ahí que publicaron la ficha de búsqueda”, especificó.
El caso de Óscar es desaparición forzada: abogada
La abogada, Daryana Quintal se encuentra acompañando a la familia, quienes en al menos dos ocasiones protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la presentación de Óscar.
La litigante señala: se trata de desaparición forzada. En primer lugar, porque el adolescente desapareció mientras se encontraba bajo la custodia del Estado; y además fue perpetrada por servidores públicos, tal como marca el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Precisó que también la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) no realizó la investigación debida para separar al adolescente de su núcleo familiar y tampoco existía un juicio de pérdida de patria potestad, que privara a la madre de Óscar de estar al tanto del bienestar del menor.
“Separan a Oscar de forma arbitraria, sin hacer una investigación, en Yucatán basta con que alguien te señale de maltratar a tu hija e hijo para que retengan a los menores. Una de las arbitrariedades es que el menor no fue remitido a su lugar de origen ¿qué investigación podría hacer la autoridad? si el entorno no estaba aquí en Mérida”, expresó Daryana.
En el albergue Casa Moisés no hay cámaras, así que no hay pruebas de que Óscar escapó.
“No existen pruebas de que él escapó. Hablamos de que sí fue así del 12 de junio al 19 de junio que le informaron a su tía, que estaba en calidad de desaparecido, ni la Fiscalía y Prodennay garantizaron sus derechos, ni activaron la Alerta Amber”, precisó la abogada.
De la Alerta Amber que no se publicó hasta el 21 de junio, que la madre y tías de Óscar fueron a la Prodennay, Daryana relató que la autoridad estaba obligada a publicarla y no lo hizo.
“Supuestamente hicieron una prealerta en donde notifican a las instituciones y se da un plazo de 72 horas y después de esto tienen que activar forzosamente la Alerta Amber, pero se hizo hasta el 21 de junio que nos presentamos a Prodennay”, sentenció.
¿Qué dice el Estado?
A través de un boletín de prensa, el Gobierno del Estado de Yucatán informó que realizan un trabajo coordinado con los estados de Veracruz, Quintana Roo y el Estado de México para buscar a Óscar.
“Ya se hizo la solicitud oficial para su colaboración en los trabajos de búsqueda, que se mantienen de manera ininterrumpida”, se lee en el texto.
De la Alerta Amber, se limitaron a especificar que se emitió una prealerta.
“Luego del reporte de su ausencia que derivó en la activación de la pre Alerta Amber en primera instancia y posteriormente en una Alerta Amber con el objetivo de conocer su paradero, las acciones de búsqueda continúan y se mantendrán hasta conocer su paradero”, relataron.
Esta situación ha sido expuesta varias veces, incluso después de que estas actividades parecen rebasar su jurisdicción
El día de ayer en Piedras Negras fue evidenciada en video, la detención de un migrante por parte del personal de ‘Enlace Municipal’ con lujo de violencia.
El personal trató de someter al migrante utilizando lenguaje verbal indebido y ejerciendo violencia, mientras que entre jaloneos la víctima gritaba que tenía su documentación en regla.
A pesar del forcejeo, el migrante no logró escapar, y al final lo trasladaron a los vehículos oficiales del Instituto Nacional de Migración.
Esta situación ha sido expuesta varias veces, incluso después de que estas actividades parecen rebasar su jurisdicción.
Así mismo, un grupo de siete migrantes venezolanos han denunciado actos de violencia sufridos durante su andar por la carretera federal 57, ya que señalaron a un grupo armado sin identificación que golpeándolos los subieron a una camioneta blanca de doble cabina, para ser entregados al puesto temporal del INM.
Esta situación ha sido expuesta varias veces, incluso después de que estas actividades parecen rebasar su jurisdicción
El día de ayer en Piedras Negras fue evidenciada en video, la detención de un migrante por parte del personal de ‘Enlace Municipal’ con lujo de violencia.
El personal trató de someter al migrante utilizando lenguaje verbal indebido y ejerciendo violencia, mientras que entre jaloneos la víctima gritaba que tenía su documentación en regla.
A pesar del forcejeo, el migrante no logró escapar, y al final lo trasladaron a los vehículos oficiales del Instituto Nacional de Migración.
Esta situación ha sido expuesta varias veces, incluso después de que estas actividades parecen rebasar su jurisdicción.
Así mismo, un grupo de siete migrantes venezolanos han denunciado actos de violencia sufridos durante su andar por la carretera federal 57, ya que señalaron a un grupo armado sin identificación que golpeándolos los subieron a una camioneta blanca de doble cabina, para ser entregados al puesto temporal del INM.
“Fue un grupo de 6 o 7 personas que nos pararon cerca de la refresquera, vestían camisetas blancas con chalecos reflejantes anaranjados, nos amenazaron con un arma y nos hicieron subir a una camioneta; estando ahí las autoridades nos quitaron el permiso y todos los documentos”, aseguró Milka Alexander Rodríguez, uno de los migrantes de este grupo.
Dicha descripción de las autoridades señaladas, coincide con las unidades y vestimenta del personal del departamento de “Enlace Muicipal” de Piedras Negras, mismos que se han visto envueltos en usurpación de funciones y maltrato contra migrantes.
Además denunciaron que las condiciones en las que son tratados en los puestos del Instituto Nacional de Migración (INM) son inhumanas, recibiendo maltratos de parte de algunas autoridades y recibiendo comida insalubre.
“Llegamos a este lugar sin miedo alguno, gracias a los permisos que nos dieron, pero resultó que solamente al llegar nos quitaron los permisos y nos dijeron que esos documentos no valen nada, nos treparon a una camioneta y nos llevaron a un lugar en donde la comida estaba podrida; no queremos un trato ´VIP´, pero al menos que sea humano”, declaró Luis Ángel Murillo.
Tanto Milka Rodríguez y Luis Ángel Murillo fueron retenidos 5 días en el INM en condiciones inhumanas y regresados hasta Tapachula, teniendo que volver a gastar su dinero para volver al mismo punto donde fueron maltratados.
El Colectivo Luz de Esperanza continuó hoy con sus actividades de búsqueda en campo, pero esta ocasión en el municipio de Tlaquepaque. En esta ocasión, localizaron una fosa clandestina en la colonia San Martín de las Flores.
El colectivo mencionó que realizaron acciones con apoyo de los perros entrenados K9 de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Los animales indicaron el punto exacto de la fosa, pero esta fue corroborada por la insistencia y tenacidad de las personas buscadoras, toda vez que las autoridades descartaron el punto cuando el georradar no localizó nada.
El colectivo describió que, pese a este resultado del equipo tecnológico, ellos siguieron excavando y, después de un rato, localizaron una osamenta.
“Estuvimos por varias horas peinando la zona, específicamente en un terreno se metió el apoyo de los K9 (perros entrenados) y apuntaron a un punto. Se escarbo un poco y se optó por meter el Georadar, resultando negativo. Pero nos aferramos al punto que dio el canino, seguimos escarbando y dimos con una osamenta”, precisó el colectivo.
En los alrededores de la fosa también localizaron varias prendas quemadas. Entre ellos se pudo observar un pantalón de vestir marca Nina París talla 32, tenis Puma color blanco con rojo del número 5 y algunas prendas más que, por estar quemadas, no se tienen características, describió Luz de Esperanza.
El 19 de agosto del 2021 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y vecinos fueron desalojados por la madrugada con violencia por parte de policías, luego de meses de plantón pacífico en aras de protestar en contra del desarrollo inmobiliario Iconia que se quiere llevar a cabo en la zona de Huentitán.
Es por ello que este viernes, en rueda de prensa, vecinos y Javier Armenta, líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), llamaron de nueva cuenta a autoridades de Guadalajara a reconsiderar su actitud e impedir este desarrollo que nada más traerá mayores complicaciones al medio ambiente.
“A los depredadores inmobiliarios, a los políticos corruptos y a las autoridades de lado del dinero, el 19 de agosto es un día que no vamos a olvidar. Lo dijimos hace un año, no daremos ni un paso atrás en la defensa del Parque Resistencia Huentitán. Durante más de un año lo hemos defendido, dando la lucha en la calle y los tribunales”, aseveró Armenta.
Aseguró que desde que iniciaron la lucha por este espacio están conscientes que se enfrentan a un pacto entre autoridades y empresarios para lucrar a costa de los recursos naturales de la ciudad y por ende la calidad de vida de los ciudadanos, razón por la cual –reiteraron– seguirán en la batalla.
Han implementado al menos 16 recursos ante diferentes autoridades
Tras recordar un poco lo que fueron los hechos violentos a los que se enfrentaron hace un año, manifestaron que a lo largo de la lucha han implementado por los menos 16 recursos ante diferentes autoridades, de los cuales quizá solo tres puedan tener un curso favorable: un amparo por el desalojo de hace un año que sigue su curso; y dos amparos por la vía administrativa a la espera de suspensión.
“Iconia es un monumento a la corrupción, es un negocio millonario para tantos que a pesar de que el contrato venció hace años, y la autoridad municipal tiene todos los recursos para recuperar el predio, no lo hace porque no existe la voluntad, porque han decidido ponerse del lado de los depredadores inmobiliarios. Por eso le volvemos a exigir al presidente, Pablo Lemus, que rompa el pacto de impunidad; es momento de dejar el doble discurso”, añadió.
Lamentaron que no se respete la suspensión obtenida para frenar las obras, ya que han observado que se han hecho trabajos en la zona, y llamaron a la ciudadanía en general a no comprar en Iconia y no poner en riesgo su patrimonio, ya que el espacio en donde se pretende construir todo esto es de la ciudadanía.
Las y los diputados deben actuar con voluntad sobre el tema: “Es una decisión muy personal, pero ninguna mujer se embaraza para abortar, por eso se está promoviendo la legalización del aborto para las mujeres que por diferentes razones llegan a tomar esta difícil decisión”, apuntó Guadalupe Cortés, una activista de colectivos feministas
Fernando Ulloa Pérez / Meridiano.mx
El aborto no es un crimen, es una decisión personal de cada mujer; para lograr despenalizarlo en Nayarit, es necesaria la voluntad de las y los diputados locales, que promuevan y aprueben su legalización en el estado, declaró en entrevista Guadalupe Cortés, integrante de la Colectiva Feminista Nayarit y de la agrupación Marea Verde.
Explicó que en el estado de Nayarit se siguen realizando abortos clandestinos, incluso en menores de edad que fueron abusadas, pero al no ser legales estas acciones médicas se pone en riesgo la vida de las mujeres.
Detalló que de acuerdo a estadísticas, en el estado se ha incrementado el número de muertes maternas: “Y muchos de estos decesos pueden ser por abortos y justamente por eso, se debe de abrir un programa para atender los casos de aborto, porque estamos seguras que si se llega a legalizar el aborto en la entidad bajaría el número de casos de muertes maternas en el estado, es por eso que estamos pugnando por la despenalización del aborto”.
Cuando se le preguntó sí el aborto no era, en su opinión, un crimen, Guadalupe Cortés respondió: “Es una decisión muy personal, pero ninguna mujer se embaraza para abortar, por eso se está promoviendo la legalización del aborto para las mujeres que por diferentes razones llegan a tomar esta difícil decisión”, apuntó.
TULUM, QR (AP) — Un frenesí por construir edificios en Tulum, un balneario del Caribe mexicano que supo ser muy tranquilo y ahora está de moda, hace que muchos empresarios planeen levantar condominios y hoteles en un barrio pobre erigido en tierras ocupadas.
Mientras que la policía trata de desalojar a los residentes para que se puedan construir grandes condominios junto a casitas de madera y cartón asfaltado, los ocupantes dicen estar hartos de los inversionistas extranjeros que no permiten a los lugareños disfrutar de su propia costa.
En el enfrentamiento más reciente, del 27 de julio, la policía se presentó con una topadora e intentó derribar algunas viviendas junto a un condominio con balcones. Disparó gases lacrimógenos, pero el viento cambió de dirección y llevó los gases hacia su sector, por lo que se tuvo que retirar en medio de una apedreada.
El contraste entre ricos y pobres no podría ser más grande. Hay edificios de cuatro pisos con nombres alusivos a la cultura maya y slogans en inglés como “Live in the Luscious Jungle” (Viva en la selva sabrosa) y “An immersive spiritual experience” (Una experiencia espiritual inmersiva) pegados a chozas construidas con palos, cajas, lonas y techos de zinc.
En una costa en la que la construcción irrestricta de hoteles ha cerrado el acceso público a la mayoría de las playas –hay unos pocos puntos de acceso público en una faja de 130 kilómetros (80 millas) conocida como la Riviera Maya–, los residentes en estas tierras ocupadas se preguntan si los mexicanos pobres podrán disfrutar de estas playas alguna vez.
Las autoridades del estado de Quintana Roo han dicho que reubicarán o desalojarán a unos 12 mil residentes del caserío 2 de Octubre, que ocupa 137 hectáreas. Fue fundado en el 2016 en terrenos otrora públicos, muy valiosos, a pocas cuadras de la calle principal y a unos 2 kilómetros (1,5 millas) de la costa.
Estas invasiones de terrenos son comunes en México. A menudo los ocupantes son desalojados al poco tiempo. Pero a veces estos asentamientos se integran a la ciudad. Se calcula que unas 250 mil personas podrían estar viviendo en comunidades surgidas en terrenos ocupados en las afueras de Cancún.
Las autoridades afirman que los “invasores” han creado una comunidad semianárquica que alimenta la reputación de Tulum como un sitio donde abunda la violencia y amenaza el turismo, vital para la zona.
Uno de los líderes de los ocupantes, José Antonio León Méndez, un soldador que vive entre Cancún y Tulum desde hace tres décadas, dice que él y muchos otros “paracaidistas”, como se les dice en México a los ocupantes ilegales de tierras, trabajan como cocineros, jardineros y albañiles en los condominios y hoteles de la zona. Y que le molesta el hecho de que él jamás podrá comprar una casa en localidades llenas de extranjeros.
“¿Como un mexicano puede ser invasor en su tierra? Es como decir un ladrón que roba lo suyo”, expresó León Méndez. “No tenemos ningún problema personal con los extranjeros, pero que respetan nuestros derechos”.
Agregó que la resistencia de 2 de Octubre es un símbolo de la batalla de los mexicanos que son expulsados de su propia costa porque no pueden pagar los precios que se cobran allí.
La comunidad es parte de 200 hectáreas de tierras públicas que fueron vendidas a empresarios de la construcción mayormente extranjeros en los años 2000. Los condominios a sus alrededores, y algunos bien adentro de la comunidad, se venden por entre 100.000 y 150.000 dólares. Las publicidades para su venta usan dólares y también hay que pagar en dólares para acceder a muchas instalaciones costeras.
En la zona de Tulum, un ingreso de 20 dólares diarios es considerado un buen sueldo, pero a un mexicano que percibe esa suma le tomaría décadas poder comprar una de esas propiedades.
El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dice que desalojará a los ocupantes ilegales.
“Ya tenemos las denuncias de los propietarios y las órdenes de desalojo de los jueces”, declaró. “Pero cada vez que lo hemos intentado, pues inmediatamente todos se reúnen, nos cierran las vías de comunicación y se genera un problema mayor”.
Hay otros obstáculos: pilas de piedras, neumáticos y madera listos para que les prendan fuego.
Mateo Cruz, quien alquila una habitación en la que vive con sus dos hijos en la comunidad, muestra el moretón que le dejó en un muslo una granada de gas lacrimógeno tirada por un policía.
“Nos dijeron que teníamos que salir y que sacar nuestras cosas”, expresó, en alusión a los incidentes del 27 de julio. El sitio donde vive se encuentra frente a un condominio nuevo de cuatro plantas. “¿Cómo se les ocurre lanzar gas en medio de tanta gente?”, preguntó Cruz.
Montes de Oca dice que las autoridades piensan reubicar a los ocupantes.
“Vamos a ofrecerles terrenos que va a poner el estado fuera de esa zona. Los empresarios se van a encargar de poner el dinero para construir casas”, aseguró.
Pronosticó que el 70% de los ocupantes se irá voluntariamente y dijo que con el 30% restante se “aplicarán otras técnicas”.
León Méndez no quiere saber nada de ese ofrecimiento.
No les vamos a dar el gusto de que las sigan vendiendo a extranjeros. Nos quieren mandar a 20 kilómetros (12 millas), a la montaña. Eso no se puede negociar”.
Con lo que cuestan los taxis y autobuses, pensados más que nada para los turistas, el transporte al trabajo les costaría a estos trabajadores una cuarta parte de su salario diario.
Las autoridades dicen tener otra preocupación.
La venta callejera de drogas está detrás de la muerte de varias personas en el asentamiento 2 de Octubre. Y en el resto de Tulum. En octubre, dos turistas, incluido un bloguero de California nacido en la India y un alemán, fallecieron al ser alcanzados por un fuego cruzado en un restaurante en la calle principal de Tulum.
Lucio Hernández, jefe de la policía estatal, dice que cámaras de seguridad detectaron que muchos traficantes se refugian en el asentamiento.
Un líder de los ocupantes, Rafael Hernández Juárez, admite que aumentan la violencia, las ventas de drogas y los asesinatos. Afirma que tratan de evitar a los traficantes, pero que denunciarlos podría ser riesgoso.
“Yo ya no me meto. La gente es más violenta ahora. No denuncio. Mejor no saber nada”.
Víctor Reyes, un residente de Tulum que trabaja en el sector inmobiliario, calcula que el 70% de las compras de condominios son de empresas extranjeras y que cobran en dólares “porque tienen que recuperar sus inversiones en dólares”.
Se hace eco de las sospechas de algunos acerca de los ocupantes de terrenos.
“Las organizaciones se volvieron una mafia. Lo lograron en Cancún, en Playa del Carmen, y ahora llegaron a Tulum”, manifestó. Agregó que movilizan a la gente “y usan a las mujeres y los niños como carne de cañón”.
Los “paracaidistas”, sostuvo, “se sacaron la lotería” al instalarse en terrenos tan valiosos.
Los ocupantes, que generalmente apoyan al Partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, consideran sus humildes moradas como haberse sacado la lotería.
Muchos agregaron habitaciones y alquilan sus construcciones originales a otros mexicanos. Algunos vendieron sus lotes de 10 x 20 metros por entre 8.000 y 12.000 dólares. Pareciera que todos usan cualquier dinero que obtienen para agregar habitaciones, a veces de madera, a veces de ladrillo.
Pero ninguno cuenta con agua corriente ni con conexiones con desagües, a pesar de que los condominios construidos en el mismo sector sí los tienen. Algunos condominios tienen incluso piscinas.
Los ocupantes usan conexiones eléctricas ilegales y pozos y primitivos tanques sépticos instalados taladrando un suelo rocoso, una combinación bastante problemática.
Por más que vivan en terrenos muy cotizados, la vida es una batalla diaria para los ocupantes.
Lenín Solís Vega, obrero de la construcción, está levantando su propia casa un bloque de cemento a la vez. Fue desalojado en dos ocasiones de lotes del asentamiento, uno de ellos a 20 metros del que ocupa actualmente y donde se planea construir un condominio.
“Ahora dicen que nos quieren sacar, que por qué construimos. Somos mexicanos y nos quieren sacar de aquí, a nosotros que no tenemos nada”, manifestó.
Algunos ocupantes sacan provecho de sus vecinos más pudientes, que les compran comidas baratas.
Lorena, oriunda del estado de Campeche, se pasó años cocinando para turistas en hoteles y restaurantes en los que se le prohibía hablar en su lengua natal maya. Pidió que no se usase su apellido por temor a meterse en líos con las autoridades.
Desde que construyó su casa con madera y lona –con árboles que plantó ella misma y un estanque con peces dorados–, se mantiene vendiendo comida en un puesto frente a su casa.
Aprendió incluso a recitar su menú en inglés. A los turistas de los condominios que pasan por allí les ofrece empanadas de “beef, chicken, pork”.
Todos los empresarios son bienvenidos”, dijo Lorena. “Pero no nos pueden discriminar ni hacernos menos porque somos humildes, no pobres”.
El joven albañil sigue ingresado en el hospital y, debido a la gravedad del caso, la Codhey intervino e interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
El alcalde Fabián Rivera ignoró a la familia de la víctima y su corporación aún no envía el informe de lo ocurrido.
Mérida, Yucatán, 17 de agosto de 2022.-El pasado 6 de agosto, el joven Alexis Polanco Míam sufrió un accidente en motocicleta al derrapar en la carretera que comunica a la comisaría de Nolo. Al poco tiempo llegaron elementos de la Policía Municipal de Tixkokob, quienes lo detuvieron sin razón alguna, aseguraron su vehículo y lo golpearon salvajemente hasta fracturarle su mandíbula, su pómulo y un dedo.
El joven de 25 años de edad y de oficio albañil “se barrió” en la carretera y sólo presentó raspones en su cuerpo, por lo que pidió a los agentes que lo llevaran a su domicilio. Sin embargo, los policías se negaron, lo detuvieron arbitrariamente y le exigieron a su familia una cantidad de 4 mil pesos para que le devolvieran su motocicleta.
Cuando su madre, Rosa María Miam, se enteró del accidente y de que su hijo estaba arrestado, fue a visitarlo a la cárcel pública de Tixkokob. Le llamó la atención que estaba únicamente con ropa interior en la celda y aparentemente se encontraba bien de salud. Fue entonces que le dijo al comandante en turno que no tenía dinero para liberarlo, por lo que regresaría más tarde por él.
“Pero luego la policía vino a mi casa a pedirme que vaya por Alexis porque estaba muy alterado y al llegar me di cuenta que estaba súper golpeado. Le pregunté al comandante qué le habían hecho y sólo me dijo que no sabían lo que ocurrió, que quizás él mismo se aporreó en las rejas de la celda”, relató la mujer.
Debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, doña Rosa María y su esposo José Luis pidieron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo al Hospital O´Horán en Mérida para recibir atención medica. Durante todo el tiempo, el joven escupía sangre y no podía respirar.
“Al principio no nos quería decir qué había pasado, creo que los policías lo amenazaron. A los tres días de estar ingresado y ante la insistencia de mi esposo, Alexis confesó que tres policías lo golpearon salvajemente”, señaló.
La afligida madre acudió al Palacio Municipal de Tixkokob para pedirle al alcalde Fabián Rivero Frías que castigue a los policías involucrados en la golpiza y que le apoye con los gastos médicos y de transporte, ya que su familia no cuenta con recursos económicos suficientes. Sin embargo, él nunca la recibió.
“Me mandó a su secretaria para preguntarme qué quería. Dijo que no podía apoyarme porque le interpuse una denuncia y ya, no salió a dar la cara, se quedó en su oficina”, declaró Rosa María, quien efectivamente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Alexis estuvo internado varios días en el O´Horán en donde prácticamente no le hicieron estudios y su salud no mejoraba. Fue entonces que su familia solicitó que sea traslado al Hospital Juárez del Seguro Social (IMSS) en donde le confirmaron fracturas en la mandíbula y el pómulo.
Durante este tiempo, su madre le ha preparado alimentos especiales porque no puede comer y acude a cuidarlo todos los días, con los gastos en transporte que implica viajar de Tixkokob a Mérida. Apenas este miércoles lo trasladaron a otro hospital, el “Ignacio García Tellez T1”, pues sólo ahí cuentan con atención especializada maxilofacial.
“Yo quiero justicia, que se castigue a los policías responsables. Esto no es la primera vez que ocurre en Tixkokob, los policías son muy violentos y el pueblo sabe cómo son, están muy molestos por la forma en la que actúan”, recalcó.
Sobre este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) abrió el expediente de queja 148/2022, denunció los hechos ante la Fiscalía y pidió informes a la Policía de Tixkokob y al Hospital O´Horán.
El Oficial de Quejas de este organismo, Eduardo Osorno Kuyoc, declaró que se trata de una caso grave en el que se habrían violado varios derechos del joven Alexis, pues hubo una detención arbitraria, se le negaros servicios públicos y le provocaron daños a su integridad física, entre otros.
Dijo que lograron entrevistar al joven en el nosocomio, quien relató que tres policías lo golpearon tras llevarlo a la cárcel pública y que incluso los puede reconocer.
El funcionario indicó que el pasado 12 de agosto solicitaron a la corporación que presente un informe de lo ocurrido y que el plazo vence el 27. También interpuso una denuncia por hechos posiblemente delictuosos.
“Analizaremos el expediente para determinar si se emite alguna recomendación, pues ahora sólo tenemos las declaraciones del joven y le creemos, tan le creemos que ya denunciamos los hechos ante la Fiscalía. Vamos a seguir integrando el expediente de queja”, recalcó.
PLAYA DEL CARMEN, QR (Proceso).- Doña Antonia Rodríguez Castro habita, junto a 100 personas más, la comunidad Vida y Esperanza. El asentamiento rural se ubica unos 17 kilómetros al norte de Playa del Carmen, entre la selva, alejado del bullicio relacionado con el destino turístico de la Riviera Maya.
En julio pasado el sitio cobró relevancia porque una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Norte del Tren Maya, elaborada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mencionó el lugar relacionado con una demolición para el paso del ferrocarril.
Desde esas fechas los habitantes del lugar viven con incertidumbre. Apenas hablan públicamente del asunto, pues no quieren que se les caigan las negociaciones con el Fonatur, que prometió pagar a los afectados directos 75 pesos por metro cuadrado. Son cinco pesos más que a los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, quienes comparten su inquietud, pues el órgano federal tampoco les ha informado con claridad.
Al fundar este asentamiento, sus pobladores pretendían vivir alejados del turismo urbano y la exigencia laboral que existe en Playa del Carmen. Sin embargo, sienten que la fragmentación de la comunidad es inminente:
“Es algo que no esperábamos. Si nos va a beneficiar, pues qué bueno, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar con nuestro camino (…) No tenemos información clara, sólo sabemos que va a pasar el Tren Maya. Todos somos campesinos, no tenemos nada de ciudad… Hace poco entró la Marina… Vivimos muy tranquilos, en paz, pero no sabemos qué pasará más adelante”, dice doña Antonia.
Ella es fundadora del lugar. Ocupada en la atención de una tiendita con apenas lo básico a la entrada de la comunidad, observa de cerca la cotidianidad de Vida y Esperanza.
Relata que en julio pasado permitió a elementos de la Secretaría de Marina Armada de México acampar en el patio de su vivienda. Pese a ello, no le informaron puntualmente sobre las obras del Tren Maya, sólo realizaron recorridos por el posible trazo de la ruta ferroviaria y se marcharon.
“Entre pláticas de la gente se dice que nos van a reubicar, que Vida y Esperanza será mejor, pero hay personas a las que sí les va a afectar, que les van a tirar sus casas”, expresa.
Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es en qué situación quedará una escuela unitaria atendida por jóvenes becarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. El plantel se encuentra a un lado del punto donde se iniciará el desmonte para el paso del ferrocarril, según el proyecto técnico.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2389 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 14 de agosto de 2022.
La Ley de Manifestaciones Públicas del Estado de Aguascalientes, “transgrede flagrantemente los parámetros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación pública y pacífica», asegura el FLEPS.
El pasado 9 de junio de 2022, el Panista, diputado Luis Enrique García López presentó una iniciativa para la creación de la Ley de Manifestaciones Públicas del Estado de Aguascalientes, presentada ante el Congreso del Estado con el argumento de «regular» las marchas en Aguascalientes.
Ante esto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), denunció que esta iniciativa es un grave retroceso en materia de protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos en dicha entidad federativa.
«La iniciativa presentada en el Congreso del Estado por parte del diputado Luis Enrique García López (del Partido Acción Nacional), criminaliza la protesta social, buscando “regular” las manifestaciones públicas que tengan lugar en Aguascalientes»
A través de un comunicado el FLEPS recordó que en México«las manifestación en espacios públicos son un derecho fundamental reconocido en nuestra propia Constitución, así como en diversos instrumentos nacionales e internacionales firmados y ratificados por nuestro país, mismo que ejercemos, por ejemplo, como respuesta ante la impunidad que existe en nuestros barrios, comunidades, municipios, estados y país.»
Por lo que el FLEPS denunció que esta ley intenta disgregar las manifestaciones tomando medidas represivas en contra de los manifestantes; las cuales atentan contra los Derechos Humanos; haciendo saber que éstas se podrán disolver por una autoridad competente, en cualquier momento, utilizando el uso de la fuerza cuando se les considere contrarias a las “buenas costumbres.”
«Las manifestaciones en México son un derecho permitido por la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su artículo 102 apartado B, dice que está permitido que los individuos protesten de manera pacífica en contra de las impunidades del propio Estado, del país y de los barrios, comunidades y municipios, para pedir se corrijan los malos actos.»
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que, “la protección de los derechos y libertades de otros no deben ser empleados como una mera excusa para restringir las protestas pacíficas.”
Las organizaciones integrantes del FLEPS recordaron la marcha del 8 de marzo del 2021, “Día Internacional de la Mujer”, donde la Policía Municipal y Estatal reprimió la manifestación causando agresiones físicas y psicológicas graves a las participantes.
Durante la represión, mujeres periodistas que se encontraban cubriendo dicha manifestación también fueron encapsuladas, agredidas por el cuerpo de seguridad y posteriormente detenidas abriéndoles una carpeta de investigación donde se les imputaron delitos graves.
Por ello el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), exigió al Congreso del Estado de Aguascalientes que no apruebe esta iniciativa que viola el derecho a protesta social.
Finalmente el FLEPS advirtió que de aprobarse la Ley de Manifestaciones Públicas del Estado de Aguascalientes permitiría implementar medidas como:
Prohibir el derecho de reunión, asociación y manifestación cuando se persiga un fin contrario a las “buenas costumbres”, concepto ambiguo que puede servir como pretexto para la represión de cualquier protesta legítima que sea contraria a los intereses del Estado y, por ejemplo, a la agenda de específicos grupos de interés.
Legitimar el uso de la fuerza en contra de manifestantes, al emplear frases como “la autoridad competente podrá disolver la manifestación”, “la autoridad podrá ‘disolver’ la manifestación cuando considere que se perturbe el orden público”, o “la autoridad podrá tomar las medidas necesarias para ‘rencauzar’ a las personas manifestantes a las zonas permitidas, haciéndose efectivas las sanciones previstas”, expresiones que involucran conceptos que, de forma subjetiva, pueden ser empleados para justificar actos de represión en contra de las personas manifestantes.
La obligación de las y los ciudadanos de notificar por escrito a la Administración Pública Estatal por lo menos con 48 horas de anticipación sobre la realización de la manifestación, precisando lugar, recorrido, finalidad, número de participantes y las demandas sociales que la motivan, circunstancia sin precedentes a nivel nacional y que acarrea el riesgo de un uso planeado y desmedido de la fuerza pública. Asimismo, se establece la facultad de la autoridad para negar la referida solicitud o, en su defecto, realizar modificaciones en cuanto horario, fecha y recorrido.
Imposición de un único horario en el que se “permiten” las manifestaciones y protestas, siendo éste el comprendido entre las 11 y 18 horas.
Deber de identificar a las personas manifestantes con el uso de brazaletes u otros medios suministrados por la Secretaría de Seguridad Pública a fin de supervisar de mejor forma su comportamiento y el desarrollo de la marcha.
Posibilidad de que la Secretaría de Seguridad Pública emita “estándares” bajo los cuales podrá impedir o modificar la realización de manifestaciones, argumentando supuestos “riesgos de protección civil” y “posibles contingencias ambientales”, lo que resulta arbitrario y puede ser empleado como pretexto para obstaculizar la protesta legítima.
La implementación de cursos para la “realización de manifestaciones”, lo que deja ver la estigmatización que versa sobre las mismas y el deseo de imponer un rígido modelo para que las y los ciudadanos expongan sus inconformidades e inquietudes frente a los gobiernos.
Prohibición de realizar las manifestaciones y concentraciones en vialidades de un solo carril, asimismo impone la obligación de manifestarse “en términos de ley”, cuestión que en sí misma desnaturaliza la protesta social como conjunto de actos espontáneos y orgánicos, derivados de las circunstancias de emergencia que impulsan una rápida respuesta de las y los ciudadanos.
La criminalización de la iconoclasia, mediante la imposición de sanciones pecuniarias y corporales.
El establecimiento de una serie de sanciones e infracciones -incluida la privación de la libertad mediante la figura del arresto- para las personas manifestantes que no cumplan con las pautas señaladas, sin perjuicio de las diversas sanciones administrativas, civiles o penales que también busquen imponerse por parte de la autoridad.
La posibilidad de que el Ejecutivo Estatal pueda emitir un “Reglamento de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Estado de Aguascalientes”, entre otros instrumentos normativos que restrinjan de forma ilegal la protesta y coloquen en mayor riesgo de vulneración a los derechos fundamentales de las y los hidrocálidos.
La escasez del agua en zonas de la ciudad donde se tienen planeadas grandes construcciones inquietan a los habitantes y ponen en riesgo al agua subterránea que se encuentra ya en estado de sobreexplotación.
El número 42 del Circuito Estadio Azteca es la entrada a un predio arbolado y sin pavimentar a las espaldas del parque de Santa Úrsula, en Coyoacán. El vigilante de la entrada explica que el lugar es un vivero, pero dice no saber que esta zona podría convertirse en una megaconstrucción comercial y hotelera.
El Conjunto Estadio Azteca, su nombre oficial, es un proyecto de usos mixtos que consiste en un centro comercial de cuatro niveles, un hotel de siete pisos, así como un estacionamiento sobre banqueta y sótano.
El propósito es que esté listo para el Mundial de Fútbol 2026 que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá.
Los dos predios en los que se planea su construcción pertenecen a la empresa Televisa. El primer inmueble está ubicado en Calzada de Tlalpan 3475 para las obras de remodelación del Estadio Azteca y el segundo en la zona del parque de Santa Úrsula para el centro comercial, a unos 10 metros del actual estacionamiento del estadio.
En octubre pasado, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que se realizaría una consulta vecinal para que la población pudiera conocer los impactos del megadesarrollo y opinar al respecto.
Una de las principales inquietudes que ha surgido entre vecinos es que para la operación del Conjunto Estadio Azteca se requerirán más de 567 mil 731 litros de agua diarios (207 millones de litros al año), de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental () del proyecto que actualmente está en revisión.
El consumo diario solicitado es equivalente al uso promedio de 5 mil 670 personas al día en una zona donde el agua se recibe por tandeo. A esto se suma la remoción de 582 árboles, la afectación de más de 34 mil metros cuadrados de áreas verdes y los impactos en la movilidad para calles con tráfico habitual.
Circuito Estadio Azteca, número 24. Foto: Patricia Ramírez.
“El agua es uno de nuestros principales motivos de movilización. Somos de las colonias que tiene un tandeo (abastecimiento por horarios) bastante espaciado. En época de calor realmente es complicado tener acceso al agua, puede ser hasta una vez por semana, más o menos”, explica Natalia Lara, de 29 años, integrante de la Asamblea Tlalpan Coyoacán contra las Megaconstrucciones.
“La gente se ha acostumbrado a vivir con el mínimo, lo cual es una violación al derecho humano al agua”, agrega.
Natalia, al igual que sus vecinos de la colonia Pedregal de Carrasco, había escuchado sobre la posibilidad de una construcción en el Estadio Azteca, pero se enteró oficialmente el pasado octubre, cuando llegaron módulos de información y encuestadores para la consulta vecinal.
Si bien se informó que la obra tiene previsto un consumo de 207 millones de litros anuales, no se mencionó que el predio ya cuenta con una concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgada a Televisa desde 2019 por el equivalente a 450 millones de litros al año.
Decidieron llamarle Contrainforme porque es la respuesta técnica a los estudios que se están realizando para conseguir los permisos y autorizaciones de la obra. Por ejemplo, la MIA y el Dictamen de Impacto Urbano que actualmente están en proceso de revisión.
La encargada de los estudios técnicos por parte del Conjunto Estadio Azteca es Plumarc, consultora que también ha sido contratada para complejos como Mítikah, construcción de usos mixtos con un historial de suspensiones provisionales durante sus obras en el pueblo de Xoco, Coyoacán.
En el caso del centro comercial del Estadio Azteca, para poder extraer los 207 millones de litros de agua anuales que se están solicitando se propone como medida de mitigación perforar un pozo.
“Un pozo de extracción con capacidad de 2 mil 592 millones de litros al día que será administrado por Sacmex (Sistema de Aguas de la Ciudad de México) en un predio de 400 metros cuadrados donado por el promovente en la calle Circuito Estadio Azteca”, señala el sitio.
Con este nivel de extracción, el Conjunto Estadio Azteca recibirá el 21.9% de la capacidad para la operación del centro comercial y el resto del agua extraída será enviada a la red pública.
Sobre la disponibilidad del agua que llenará el pozo, ninguna autoridad o promovente ha dado detalles.
Predios de construcción del proyecto. Imagen: Consulta Vecinal Conjunto Estadio Azteca.
Los usuarios de Conagua
A la fecha de publicación de este reportaje, en la Ciudad de México se han otorgado 729 concesiones de agua, de las cuales 274 están vigentes, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua.
La concesión de 450 mil metros cúbicos al año de aguas subterráneas que tiene Televisa ocupa el sexto lugar en la lista de las vigentes.
Para la Ciudad de México, una cuenca sin salida al océano, las aguas subterráneas son las más importantes porque el 75% del abastecimiento de la capital proviene de lo extraído de ellas.
Principalmente del acuífero de la Zona Metropolitana al sur poniente, mismo que actualmente se encuentra en estado de sobreexplotación.
En cuanto a la lista de concesiones vigentes, el primer lugar en volumen está a nombre de Capricho Habitacional por 2 millones de metros cúbicos anuales en la alcaldía Álvaro Obregón. Son 2 mil millones de litros, considerando que cada metro cúbico son mil litros.
Siguiendo las coordenadas registradas en el REPDA, Capricho Habitacional es un terreno arbolado y cercado en Santa Fe, que está localizado a un costado de la torre de departamentos High Park Reforma.
A esta concesión le siguen Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes, S. de R.L. de C.V. con 1 millón 128 mil metros cúbicos al año en alcaldía Cuauhtémoc; Procter & Gamble (P&G), propietaria de marcas como Pantene, Ariel y Downy, con 551 mil metros cúbicos anuales en Azcapotzalco; y la Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo Lala, con 551 mil 888 metros cúbicos en Azcapotzalco.
En el listado, siguiendo las coordenadas de las concesiones, también está el complejo residencial Torre Monet, localizado en Plaza Carso, con 223 mil 665 metros cúbicos; y la Plaza Tepeyac en Lindavista con 99 mil 690 metros cúbicos al año.
Todas las mencionadas son concesiones para aguas subterráneas.
“Estamos en una crisis del agua y se atribuye al cambio climático o a que somos muchos (en población). Eso tiene que ver, pero también tiene que ver la falta de planeación con respecto a lo que sí hay disponible”, explica Carlos Vargas, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida.
Durante los últimos dos años, la Coordinadora ha trabajado con las concesiones que otorga Conagua para identificar a los principales usuarios.
Aunque el proyecto sigue en elaboración, hasta el momento han ubicado a minas, embotelladoras, papeleras, inmobiliarias, centros comerciales, empresas textileras y automotrices como los usuarios de mayor volumen de agua concesionado en el país, tanto subterránea como superficial.
Mítikah, el gigante oculto
Mientras las obras se revisan en el Conjunto Estadio Azteca, al norte de la alcaldía Coyoacán hay otras que están por inaugurarse.
Real Mayorazgo, la calle empedrada a la salida del metro Coyoacán donde está el pueblo de Xoco, ahora es un nuevo corredor de concreto que contrasta con unas casas de paredes empedradas que siempre han estado allí.
Hay señalamientos, obra negra y decenas de trabajadores con chalecos fosforescentes y cascos de construcción. El sonido de los taladros y la maquinaria operando se une al del tráfico de las avenidas.
Los cambios son resultado del proyecto Mítikah de la desarrolladora Fibra Uno (Funo). Una torre de 267 metros de altura ubicada en Avenida Río Churubusco 601. En sus 62 pisos hay una oferta de departamentos para vivienda, oficinas de trabajo y un centro comercial cuya apertura está prevista para septiembre.
El proyecto inició hace 13 años, pero las movilizaciones del pueblo de Xoco que reclamaba por los impactos urbanos y ambientales de la obra consiguieron extender el proceso.
El primer reclamo fue el derribo de 119 árboles, así como el talado sin autorización de 80 por los que la empresa recibió una sanción de más de 40 millones de pesos.
Tras una serie de suspensiones provisionales, la última otorgada a finales de 2021, los jueces de circuito optaron por dejarlas sin efecto argumentando que Mítikah cumple con todos los requisitos legales para su construcción.
“Ha sido una constante. Desde hace más de 10 años hemos realizado diversas denuncias y recurrido a instrumentos legales de todo tipo, pero los megadesarrollos siguen”, describe René Rivas, quien fue asesor jurídico del pueblo de Xoco desde el principio de las reuniones.
Ante este escenario, Rivas resume que los vecinos están divididos entre quienes consideran que Mítikah es una oportunidad económica, e incluso vendieron su propiedad o están trabajando en la construcción, y quienes se han posicionado en contra del proyecto donde uno de los principales temas es el suministro de agua.
A pesar de las múltiples reuniones con autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y los documentos oficiales publicados para consulta pública, no hay datos de la cantidad de agua concesionada que tiene este proyecto cuyas dimensiones duplican las del actual Estadio Azteca.
“El tema del agua es algo que nos cansamos de preguntarlo, reunión tras reunión, solicitud de información tras la solicitud de información y hasta el día de hoy no ha sido aclarado para nadie cuánta agua concesionada tiene Mítikah”, apunta Rivas.
Obras de Mitikah en la calle Real de Mayorazgo. Foto: Patricia Ramírez.
Lo que sí se conoce sobre Mítikah y el uso del agua es que hay una Declaratoria de Cumplimiento Ambiental para la construcción de un pozo que tendrá una extracción anual de 946 millones de litros al año, cuya operación estará a cargo del Sacmex.
Al igual que en el megaproyecto del Estadio Azteca, la medida es parte de las medidas de mitigación que fueron acordadas con las autoridades durante el proceso legal.
“El agua extraída del pozo será utilizada para satisfacer las necesidades de agua potable de la población que haga uso del proyecto (Mítikah), así como de la población que habita la zona de influencia del mismo”, indica la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental elaborada por la consultora Plumarc.
Mítikah no es el único proyecto comercial en incógnita sobre las concesiones que le ha otorgado Conagua.
En el localizador del REPDA hay concesiones que están bajo un titular que no se relaciona conforme a la actividad empresarial o tipo de uso de la concesión. En algunos otros casos, como la mayoría de los centros comerciales o desarrollos de usos mixtos, la información no está disponible.
“Es urgente que el REPDA sea verificado. La información que lo construye es sólo el 10% de los pozos que sí se están inspeccionando que el caudal sea el real, con el tipo de uso para el que se solicitó”, explica Teresa Gutiérrez, directora general de Agua.org.mx.
Para poder evitar lo que se ha llamado un mercado clandestino de derechos del agua, organizaciones como la Coordinadora Nacional Agua para Todos impulsan iniciativas para una nueva Ley de Aguas Nacionales que, entre las diversas acciones, permita otorgar la información completa respecto a las concesiones.
“La población tiene que estar informada respecto a cuánto tenemos (de agua), cuánto podemos tomar y qué proyectos están siendo prioritarios”, añade Carlos Vargas de la Coordinadora Nacional.
Entrada de la Torre Mítikah en Río Churubusco 601. Foto: Patricia Ramírez.
Mitigar o parar
A menos de 4 kilómetros metros a la redonda de Mítikah hay otros 10 centros comerciales: Galerías insurgentes, Torre Macanar, Portal San Ángel, Plaza Inn, Pabellón Altavista, Plaza Loreto, Oasis Coyoacán, Patio Universidad y City Shops Del Valle.
En medio de la opacidad, los proyectos comerciales siguen construyéndose con el nombre de plaza, patio, parque, oasis, y convirtiéndose también en espacios para vivienda, hoteles y oficinas.
En otros casos, sus estructuras se complejizan incluyendo lugares de entretenimiento como la construcción del centro comercial Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo a Madero, anunciado con uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica; o el Parque Las Antenas en Iztapalapa que tiene un parque de diversiones.
Además de las repercusiones al suministro de agua que traen, también se ha expuesto el incremento del predial, los costos más altos en los servicios, el derribo de arbolado, la privatización del espacio público y los problemas de movilidad.
Sin embargo, el argumento que sustenta su crecimiento es la apuesta por un desarrollo económico en las zonas donde se establecen. Para el Conjunto Estadio Azteca se prevé que la zona genere mil 66 empleos directos para la etapa de construcción y 2 mil 720 en su etapa de operación.
“Son edificios que son muy rentables y es factible que proliferen en zonas centrales de la ciudad, pero lo son para quienes captan la productividad de esos espacios, grupos muy pequeños”, señala Rosalba Loyde, urbanista en la Ciudad de México.
“Se generan empleos temporales que duran lo mismo que el proyecto y que para mantenerlos querría decir que tendremos que estar construyendo permanentemente en la ciudad… Quiere decir que hablamos de un desarrollo a nivel macro, porque si lo vemos a pie de calle los beneficios se van reduciendo, sobre todo para los habitantes originales”, agrega Loyde.
Entrada del Estadio Azteca. Foto: Patricia Ramírez.
Como parte de las medidas de mitigación para aminorar los impactos de la demanda de agua, Mítikah y el Conjunto Estadio Azteca incluyen el reforzamiento de sistemas de tuberías.
Lo que para algunos consultores de infraestructura hídrica es un beneficio debido a que, así como hay escasez de agua, también existe una falta de inversión que genera fugas frecuentes.
En el Estadio Azteca también se contemplan ahorradores de agua y sistemas de recolección. Mientras que Funo, desarrolladora de Mítikah, dijo que se invertirían 370 millones de pesos en obras de mitigación y mejoramiento de infraestructura en los alrededores del proyecto.
Pero para René Rivas ver el parque de concreto en el que se convirtió el pueblo de Xoco y para Natalia Lara vivir con el suministro de agua escaseando, no hay una medida que compense las alteraciones.
“Con un centro comercial o la ampliación de un estadio, como el caso del Estadio Azteca, no necesariamente van a tirar un bosque o una selva para hacerlos, pero eso no representa que no exista una huella hídrica enorme y un impacto ambiental que en conjunto trae daños gravísimos”, resume Teresa Gutiérrez, directora de Agua.org.mx
El pasado lunes 8 de agosto, en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», concejales de Santiago Mexquititlán se pronunciaron contra la Ley de Concesiones de Agua en Querétaro.
Al grito “no es sequía, es saqueo” y “el agua no se vende, se ama y se defiende”, las concejalas reafirmaron que su lucha es por el agua y por la vida.
En conferencia de prensa, Carlos Gonzáles García, abogado de la comunidad de Otomí de Santiago Mexquititlán explicó que el pasado primero de agosto, el juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Querétaro, concedió el amparo 907/2022 a favor de la comunidad de Otomí, para que no se prive de los derechos a la comunidad.
Gonzáles García, puntualizó que la Ley es inconstitucional e inconvencional y que violenta derechos de los pueblos indígenas de Querétaro y de la sociedad en general.
«Violenta derechos y garantías fundamentales que están reconocidos en los artículos 1ero, 2do, 4to, 27 y 31 constitucionales y violenta de manera grave disposiciones de convenios y tratados internacionales.»
González, afirmó que la Ley contiene un violación grave por no haber sido consultada a las comunidades y pueblos indígenas de Querétaro; los acuerdos entre los poderes legislativos y ejecutivos del estado crearon y expidieron dicha Ley.
«La suspensión se concedió, dada la gravedad de los actos señalados y de la afectación de los derechos sustantivos de la comunidad, el 09 de agosto, a partir de una audiencia incidental. Esperamos la suspensión definitiva a la comunidad para que no se privatice el agua.»
Por su parte, Estela Hernández, integrante del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, señaló que en reunión con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Comisión Estatal de Aguas (CEA), ambos organismos en coordinación, acordaron la restitución del pozo de agua potable del Barrio Cuarto de la comunidad originaria, sin embargo, en una segunda reunión, la CEA se retractó del primer acuerdo y, en el tercer diálogo la CONAGUA permaneció con la disposición, pero la CEA argumentó que la Ley de Concesiones impedía cumplir su promesa del primer diálogo; ante las posturas de las organizaciones los diálogos quedaron suspendidos.
«La CEA saqueaba nuestra agua a través de pipas y de tuberías a empresas privadas y comunidades que no son del estado de Querétaro, mientras en las comunidades del estado sigue existiendo escasez. El agua potable es de mala calidad, y se niegan a devolverla al pozo de agua al Barrio Cuarto de la comunidad», resaltó Estela Hernández.
Conferencia de la Ley de Aguas en Querétaro Foto: @yazminvalois
Ante esto, la comunidad autónoma de Santiago Mexquititlán, denunció que la Ley de Concesiones del Agua en Querétaro, viola su autonomía y sus derechos al agua.
«Nos están robando esa autonomía de manera descarada cuando nos quieren cobrar tributo por todo, para entregárselos a las empresas a costa de la miseria en nuestra comunidad.»
El pasado 20 de julio, la Defensoría de Derechos Humanos y la CNDH, emitieron comunicados donde explicaban que la Ley no violentaba el derecho al agua sino que permitía concesionar los servicios de la red de agua potable y no el vital líquido, por lo que la Ley no era inconstitucional.
Estela Hernández cuestionó el actuar de las autoridades, las cuales buscan que los pueblos y comunidades indígenas sean representados por instituciones, para que desistan de su lucha, con tanto trámite burocrático.
«Es inconcebible que siempre nos pongan a alguna institución para que hable por nosotros y, entre tanto trámite burocrático nos vayan perdiendo y, además, vayamos perdiendo el ideal de una vida digna, ante esto te meten tanto miedo para que te conformes a ser sumiso ante ciertas falsas autoridades y malos gobiernos.»
FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Cerca de 30 maestros del Instituto de Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron este mediodía a las afueras de este plantel para exigirle a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) que cumpla con los acuerdos pactados desde mayo pasado, o de lo contrario evaluarán llegar a un paro de labores, que podría afectar el inicio del siguiente ciclo escolar.
De acuerdo con los docentes, todos afiliados a la Siteqroo, a pesar de que en distintas ocasiones han firmado acuerdos y minutas ante representantes enviados por la SEQ, las condiciones laborales de la plantilla magisterial continúan siendo las mismas.
Efren Turriza Borges, uno de los agraviados, señaló que entre sus principales exigencias se encuentran la asignación de plazas con transparencia, pago de bono a docentes que ya cumplieron sus años de servicio en la institución, y la expedición de la convocatoria para el concurso de estímulos administrativos.
Por su parte, Larissa Francelia Canul Arévalo, secretaria general del Siteqroo, con las últimas minutas firmadas en sus manos, señaló que una de los acuerdos incumplidos que más les preocupa es el pago del bono de año de antigüedad, que debió de efectuarse durante la primera quincena de agosto.
Asimismo, Canul Arévalo agregó que a todo esto se suma el caso del maestro César P. F., aparentemente no sindicalizado, quien presuntamente abusó sexualmente de una trabajadora de confianza de este plantel.
“El maestro estuvo acosando sexualmente a una trabajadora de confianza, pero no por eso no quiere decir que no se la va apoyar a la compañera, de hecho ya hay una demanda en la fiscalía, se dio la instrucción de que lo separaran del cargo y hasta la fecha no lo ha pasado. Tengo entendido que sigue laborando en Yucatán, su lugar de origen”, añadió.
De igual forma, los docentes exigieron a las autoridades la liberación de nuevas plazas magisteriales, las cuales deberían estar disponibles desde el año pasado, y que pertenecían a maestros ahora fallecidos.
Finalmente, los maestros aseguraron que se sienten vulnerados en su libertad de expresión, toda vez que en días pasados habían colgado lonas con consignas en la fachada de este plantel, las cuales fueron después retiradas, al parecer por directivos de esta casa de estudios. (Agencia SIM)
Elizabeth Luna y un grupo de madres, hermanas e hijas integrante del colectivo Luz de Esperanza cerraron ayer la calzada Independencia en su cruce con la calle Hospital, en Guadalajara, para protestar por la falta de avances en los casos atendidos por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), ubicada en el punto.
La mujer vestía una playera blanca con el rostro de su hermano, José Manuel Alejandro López Calvillo, joven de 26 años que fue desaparecido en la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan, el 9 de diciembre de 2021.
Desde entonces, relató, la FEPD lo único que ha hecho es amedrentar al único testigo que hay del caso, el cual fue encontrado por la familia de la víctima y no por la autoridad. La acción, añadió, terminó por bloquear el principal indicio del posible paradero de José Manuel.
“No hay ninguna línea de investigación. Teníamos un testigo y la Fiscalía me lo amedrentó, lo asustó y este testigo era fundamental para poder ingresar la carpeta junto con otro muchacho desaparecido, porque desaparecieron los dos juntos”, reclamó frente a la FEPD.
Por ese motivo se plantó a las 10 horas frente a los vehículos que circulaban por la Calzada para obstruir su paso. El objetivo de cerrar la vía no fue perjudicar a los ciudadanos, sino ejercer presión para que la FEPD trabaje y atienda los casos de los más de 15 mil desaparecidos que hay en el estado.
“Queremos avances en todas las carpetas de todos los muchachos. Son muchísimas carpetas para todos los MP (ministerios públicos) que se encuentran trabajando en las instalaciones y el tiempo es vital para un desaparecido. Mi hermano ya tiene ocho meses y no hay nada. No puede ser que ni cámaras ni investigación (existan), no puede ser que haya nada. Entonces nos manifestamos porque haya avances en las carpetas de investigación que tenemos en la Fiscalía”.
Elizabeth también lamentó la falta de empatía de muchos ciudadanos, pues lejos de sumarse o apoyar la causa se molestaron por el cierre vial. Incluso un par de motociclistas vestidos de negro estuvo a punto de atropellar a las madres tras negarse a desviar su camino; de hecho, las manifestantes tuvieron que abrir espacio porque los conductores aceleraron.
Aunque la protesta del colectivo terminó hasta las 15 horas, las mujeres no fueron atendidas en la FEPD. Lo único que ahí les dijeron fue que debían hacer cita vía correo electrónico para acceder a la carpeta de investigación de sus familiares.
Según el IMSS, en el Estado se ha presentado una baja de cuatro mil 673 obreros entre marzo y julio del 2022.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La industria maquiladora en Tamaulipas ha recortado casi cinco mil empleos en cuatro meses, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Con base a la estadística del IMSS, en el estado se ha presentado una baja de cuatro mil 673 obreros entre marzo y julio del 2022.
Aunque la industria maquiladora es considerada en Tamaulipas la que más empleos genera, las más de 250 fábricas que se encuentran en la zona fronteriza del estado han realizado ajustes a las plantillas, causando casi cinco mil despidos.
El 21% de los casos de violencia vicaria que se denuncian a nivel nacional ocurren en Jalisco; así lo informó el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), organización que además señaló la impunidad es alta porque 9 de cada 10 agresores son funcionarios públicos que reciben algún tipo de protección.
En entrevista con ZonaDocs una de las madres víctimas de esta violencia e integrante del FNCVV, relató cómo le ha afectado esta situación.
Luisa Pérez / Zona Docs
La violencia vicaria es una violencia machista que se manifiesta de diversas maneras, siendo las madres las principales víctimas. Se puede identificar cuando el progenitor utiliza a las hijas, hijos e hijes como armas, con el único fin de perjudicar y seguir ejerciendo violencia contra la mujer.
Elisa Celis, Cofundadora del FNCVV, fue la encargada de explicar las diversas formas en las que se vive este tipo de violencia; además expuso algunos datos estadísticos relevantes para entender su gravedad, pues Jalisco se encuentra en el primer lugar de los cinco estados de la República Mexicana con más casos de violencia vicaria con el 21% de todas las denuncias presentadas.
Por otro lado, explicaron que 9 de cada 10 agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales que hay en su contra, ya que ejercen algún cargo público; por tanto, consideran que existe un alto tráfico de influencias con el que encuentran la manera de alargar y/o detener el proceso.
Otro de los factores que promueven la impunidad es que muchos victimarios tienen un alto poder económico que usan para detener los procesos legales.
Otro de los datos que más les alarma es que el 38% de los niños que han sido recuperados fueron violados sexualmente, ya sea por su progenitor o por algún otro familiar con el que estuvieron viviendo después de la sustracción del seno materno.
Anel Villasana y Janeth Velázquez, madres sobrevivientes de la violencia vicaria, tomaron su papel como voceras en representación de todas las madres e hijxs víctimas de este tipo de violencia, y al hacerlo exigieron justicia para que el proceso legal, no solo de ellas sino también el de cientos de madres, sea atendido y juzgado bajo una perspectiva de género y de derechos de las infancias, así como bajo un estricto apego a la ley y a los derechos humanos
Sobrevivir a la violencia vicaria y a las autoridades indolentes
Una de las madres víctimas de esta violencia vicaria nos brindó su testimonio. Nancy*, así como cientos de madres más, está en medio de un proceso legal que no ha tenido la atención y el seguimiento adecuado.
“Tres años sin ver a mis hijos y sin contacto alguno, tengo yo. Le dieron al padre de mis hijos la custodia el 28 de diciembre del 2020, no me notificaron y yo me entero hasta agosto del 2021 porque todo lo mantenían oculto, mientras tanto yo inicio un juicio anterior a esa fecha y la institución a cargo extravía mi expediente y así duró varios meses extraviado en Ciudad Judicial
En este momento no tengo juzgado, ya que los jueces se niegan a conocer de mi caso sin explicación alguna. Tengo así desde noviembre del 2021. He acudido a buscar apoyo, en algunos casos, el apoyo que se nos permite es el único que tengo.
Cuando un Juez Federal me otorgó la autorización para que viera a mis hijos, fui al Centro de Convivencia de Zapopan, el DIF en Zapopan, pero ellos se niegan a apoyarme para reestablecer los lazos maternos filiales con mis hijos. No me dejan hablar con ellos, no me dejan verlos y ni siquiera me avisan cuando llegan mis hijos, a mí me ocultan: «váyase a aquel salón y espere».
¿En qué consiste la función de un Centro de Convivencia del DIF? Yo ni siquiera he logrado ver a mis hijos, ni tocarlos, ni abrazarlos. ¿En dónde está el interés superior del menor?, y ¿en dónde están mis derechos humanos como madre para convivir con mis hijos?
Pese a que hay una orden dictada por un juez, y pese a que hay un reglamento en esos Centros de Convivencia que están hechos para ayudar a los niños a reestablecer los lazos con sus progenitores como un derecho superior de los niños ¿en dónde están los derechos de todas nosotras y de todos nosotros?”.
Finalmente, Nancy decidió invitó a todas las madres que padecen esta violencia a unirse al Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, cuyo objetivo es buscar justicia para todos los casos que se registran en todo el país.
Así como generar empatía de la sociedad para que así se trabaje en pro de los derechos de las madresa maternar, pero sobre todo para proteger los derechos de las infancias que también sufren los efectos de la violencia vicaria que ejercen sus padres.
Foto: Colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros (Facebook)
Román Ortega / El Occidental
Este lunes se cumple un mes desde que el Colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros comenzó a excavar en una fosa clandestina en la colonia El Tizate, en Zapopan.
Roxana, fundadora del colectivo, señaló que en este período han recuperado 32 bolsas con restos humanos y al menos tres víctimas ya fueron entregadas por las autoridades a sus respectivas familias.
“Ha localizado hasta el día de hoy 32 bolsas con restos humanos, de las cuales, ya empezaron a reconocer y a llevar a sus familiares a casa, a darles cristiana sepultura. Tenemos aproximadamente tres personas que nos han dado las gracias en la página de Facebook”.
El 15 de julio, las integrantes del colectivo comenzaron a buscar en un terreno pegado a la barranca ubicado en el cruce de las calles Dalias y Álamos, en la parte alta de la colonia.
En el sitio se encuentra una casa de dos plantas que fue asegurada por la Fiscalía del Estado.
Los trabajos por parte del colectivo continuarán hasta descartar por completo la presencia de más restos humanos en la zona.
En total, se estiman que hay más de 6 mil puntos de vestigios arquitectónicos, de los cuales únicamente se han descubierto poco más de 2 mil y de éstos sólo 6 se encuentran bajo resguardo de las autoridades federales del INAH.
Arturo Molina / La Voz de Michoacán, 15 de agosto de 2022
Michoacán. Huertas de aguacate devoran sitios arqueológicos del estado de Michoacán. Aunado al impacto ambiental por cambio de uso de suelo, contaminación y otros problemas, la destrucción del pasado prehispánico de los michoacanos por los monocultivos es una realidad.
La extensión de la franja aguacatera y el incremento de la actividad agrícola ha pasado por encima de los miles de vestigios arqueológicos de la cultura purépecha y otros pueblos indígenas en total impunidad en los últimos años.
En voz del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Marco Antonio Rodríguez Espinoza, la situación es de alerta por la pérdida de las antiguas construcciones.
En total, se estiman que hay más de 6 mil puntos de vestigios arquitectónicos, de los cuales únicamente se han descubierto poco más de 2 mil y de éstos sólo 6 se encuentran bajo resguardo de las autoridades federales del INAH.
Por lo anterior, el especialista reconoció como un foco rojo por el riesgo de perder gran parte del legado de arquitectura prehispánica del estado en cuestión de años. Hasta la fecha, no se tiene un censo o estudio que permita identificar cuántos vestigios ya fueron destruidos, no obstante, “se presume que han sido muchos”.
Yo podría destacar por lo pronto un proceso de destrucción que se está dando en Zacapu, en Cuanajo, en un sitio arqueológico que en el afán de poner infraestructura de riego destruyeron una plataforma muy importante. La propia zona más importante de Tingambato, la pirámide está en una zona de aguacates y tiene árboles encima de aguacate y no la hemos podido recuperar. Esto nos da cuenta de lo que estamos pasando”, manifestó el delegado del INAH.
La instalación de monocultivos como el aguacate, las berries y otros frutos de alto rendimiento requieren además de las tierras de cultivo, de la instalación de ollas de agua e infraestructura de irrigación con el desmonte de grandes superficies de tierra, la perforación de suelos y otros procesos que terminan por arrasar prácticamente con todo lo que encuentran a su paso.
Actualmente, autoridades no han podido cuantificar cuántas ollas, pozos perforados e infraestructura fue instalada sin permiso en los últimos 40 años a expensas de las reservas de agua, suelo, bosques y mucho menos, de sitios arqueológicos.
Foto: Especial
Por su parte, el arqueólogo José Luis Punzo Díaz, especialista del INAH en Michoacán, advirtió que nuestro estado solo cuenta con cuatro especialistas trabajando en la recuperación de los vestigios de las culturas prehispánicas del estado.
En este sentido, lamentó la impunidad con la que se siguen destruyendo los basamentos y otros vestigios que se encuentran en el campo Michoacano y que, junto con los bosques ancestrales, son destruidos para la instalación de huertas de aguacate.
En la franja aguacatera hay más de 2 mil 100 sitios arqueológicos. Esto es muy grande en terrenos como Zacapu, Acuitzio, Cuanajo; estamos viendo esto como focos rojos, pero en la zona aguacatera; Salvador Escalante, Tacámbaro, Ario de Rosales, Ziracuaretiro, todos tienen este problema de que invaden zonas arqueológicas. Esto nos impide llevar a cabo la investigación porque el acceso a las huertas no es factible en muchos de los casos”, manifestó el arqueólogo.
Si bien a finales del siglo pasado la región de Uruapan era la principal productora del llamado oro verde, en menos de medio siglo la industria del aguacate se apoderó de más de la mitad del territorio estatal. Actualmente son más de 70 Municipios los que presumen huertas, mientras que más de la mitad del desarrollo se ha logrado fuera del marco de la ley.
Por su parte, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció que en próximas semanas la crisis de los vestigios Arqueológicos será planteado ante las comunidades originarias y se pondrá sobre la mesa una campaña para recuperarlos.
“Nosotros también estamos poniendo el tema sobre la mesa. Los pueblos originarios somos capaces de recuperar nuestros vestigios nosotros mismos y lo vamos a poner en marcha en unas cuantas semanas”, destacó.
La historia en nuestro país, ha demostrado que es la población femenina la que más ha sufrido las consecuencias de una política de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas
El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, elementos policiales de la entidad realizaron un operativo en San Salvador Atenco con la intención de disolver el movimiento de protesta que surgió en rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se pretendía construir en Texcoco.
Durante el operativo, dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas fueron detenidas.
Las mujeres no solo sufrieron la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, sino que también sufrieron tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia.
El caso de Atenco se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad y puso en la mira de activistas y organizaciones feministas, a aquellas otras víctimas del uso excesivo de la fuerza militar: las mujeres.
Este 12 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo pública y explícita su intención de que el Ejército y la Marina continúen de manera oficial sus labores en la seguridad del país, de ser necesario, realizando modificaciones a la ley.
Al mismo tiempo, volvió a insistir en la importancia de que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y negó la posibilidad de que llegara “otro Felipe Calderón” a declarar otra guerra contra el narcotráfico.
Sus declaraciones han vuelto el debate de la militarización a la discusión pública y han encendido las alarmas, sobre todo para aquellas “víctimas colaterales”.
Y es que diversas investigaciones llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), han revelado que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha representado un impacto negativo y letal en la vida, sobre todo de las mujeres y las niñas.
“Las mujeres de X’oyep” Chenalhó, Chiapas. 1998 / Estudios de ONGs han demostrado que en México, la presencia de los militares está relacionada con el incremento de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en comunidades indígenas (Foto: Pedro Valtierra/Secretaría de Cultura México)
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por última vez en 2016 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan solo en el año previo a la encuesta, un aproximado de 97 mil mujeres mayores de 15 años en el país fueron violentadas por militares o marinos.
De las agresiones que sufrieron a manos de militares y marinos, es destacable, por ejemplo, que 13.7% reportaron haber sufrido manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa; 19.7% declararon haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones; 18% dijeron haber sido vigiladas o seguidas y 4% aseguraron haber sufrido violaciones o intentos de violación por parte de los soldados.
Agregado a esto, datos recabados por el mismo INEGI en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), el 41% de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, en comparación con 5% en el caso de los hombres.
Fuerzas Armadas trastocan la vida de las mujeres
Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena me’phaa, tenía 17 años cuando fue víctima de violencia sexual por parte de miembros del ejército mexicano mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa, ubicada en Barranca Bejuco, municipio de Acatepec. Sucedió un 16 de febrero de 2002 mientras la interrogaban sobre la ubicación de varios hombres de su comunidad para dar con su paradero.
Inés Fernández Ortega, igual de origen me’phaa, vivió algo similar: fue asaltada sexualmente por militares que allanaron su domicilio en Barranca Tecuani, una comunidad de la zona serrana de Ayutla de los Libres, el 22 de marzo de 2002.
La violación sexual y tortura que padecieron estas mujeres indígenas, se dio en el marco de la militarización de los territorios indígenas de la Región de la Costa-Montaña del estado de Guerrero.
Mujeres víctimas de tortura sexual durante un operativo en 2007 en Atenco, 2018 (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)
Quetzalli Villanueva, abogada y defensora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, comentó en entrevista con Infobae México que en la entidad guerrerense se tienen muchas experiencias que comprueban que la presencia de militares trastoca de manera negativa, la vida de las comunidades y en especial de la población femenina:
Las mujeres no están seguras en las calles mientras los cuerpos militares deambulen por los poblados con la “excusa” de contener las actividades de grupos delincuenciales o del narco. Y esto no solo los sostiene la defensora —quien ha acompañado varios casos de crímenes por parte del ejército contra integrantes de comunidades indígenas—, ni lo que les sucedió a Inés y Valentina fueron casos aislados.
En una exploración hecha por investigadores de Intersecta, en la CIDE-PPD, que es una base de datos publicada por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el 2016, se comprobó que la mayoría de los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos delictivos no fueron resultado de una actuación jurídica o de inteligencia por parte de estas autoridades. Fueron, más bien, resultado de patrullajes o de las autoridades deambulando, ocupando el territorio.
Años de lucha, ¿en vano?
Los casos de Inés y Valentina, fueron conferidos a la “justicia militar”, es decir, fueron investigados durante años por la misma institución que se señalaba como culpable. Sin embargo, gracias a que llegaron a instancias internacionales en 2011, fueron trasladados de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria.
Además, debido a las exigencias de sus comunidades y de defensores de derechos humanos en el caso de Valentina, se lograron aprobar las reformas al Código de Justicia Militar, en las que se establece por primera vez una restricción al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos de personas civiles pasaron de ser juzgados por tribunales militares a estar en manos del sistema ordinario de justicia.
Inés y Valentina, mujeres indígenas víctimas de violencia sexual militar, han luchado acompañadas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para obtener justicia por sus casos (Foto: cejil.org)
La facultad de investigación de delitos que tiene actualmente la Guardia Nacional —la misma que fue derogada tras el caso de Valentina—, se formalizarían en el papel y pasaría a manos de la misma Sedena, de integrarse la primera a la última, advirtió Quetzalli.
Lo que ya se había logrado con la sentencia de Valentina, que representó años de exigencias y trabajo de defensa, se puede venir abajo de oficializarse la integración de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública.
La solución, ¿capacitar en derechos humanos a los militares?
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero, “las mujeres (principalmente, las de comunidades indígenas) siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como Fuerzas Armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”.
Frente a esto, tanto los mandos del Ejército como el mismo presidente López Obrador, han presumido que sí se ha capacitado a las Fuerzas Armadas en la materia e incluso se ha dicho que dicho proceso de formación “es una muestra del giro histórico que se dará a las funciones de las Fuerzas Armadas con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos”.
No obstante, la realidad es otra y lo cierto es que las instituciones militares en México, no están asumiendo la obligación de capacitar a su personal, al menos no con la rigurosidad necesaria, según un informe realizado por Data Cívica, Equis Justicia e Intersecta titulado “Falsas salvaguardas”
El documento concluye que la existencia de una estrategia de capacitación en derechos humanos y género, por sí misma, no garantiza que los militares que las reciben, estén, en efecto, capacitados y respeten derechos humanos al ejercer sus labores.
Por una política de seguridad no militarizada
Quetzalli opinó que por toda esa violencia que recae sobre los cuerpo de mujeres, niñas y personas de comunidades que han sido históricamente marginadas y que, además, ha quedado comprobada en investigaciones, testimonios e incluso cifras, la política de seguridad no puede apostarle a la militarización, a los grupos armados, sino que tendría estar hecha considerando la garantía de estos sectores a una vida libre y en paz.
En contradicción con sus promesas de campaña, López Obrador propone militarizar la seguridad pública en el país (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)
Las contradicciones del presidente, siguen sembrando dudas y confusión en aquellos que vieron al menos el esbozo de un cambio, por más pequeño o grande que fuese:
“Esto no está en concordancia con lo que en un principio se había prometido en las campañas, porque sabemos que la Cuarta Transformación y el gobierno de AMLO, ha sido una promesa para muchísimas personas que durante mucho tiempo vivieron en los regímenes sumamente represivos de Calderón, Zedillo, Fox…”
Tan pronto como iniciaron las clases en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo), los profesores realizaron una protesta en las mismas instalaciones de la máxima casa de estudios para exhibir las condiciones en las que trabajan, además de denuncias que están sin aumento salarial desde hace 7 años.
Así mismo, para entregar evidencias a los medios de los supuestos actos de corrupción de las autoridades del plantel educativo ubicado en el municipio de José María Morelos.
En esa protesta que inició en el acceso al Centro de Innovación para el Desarrollo Apico Sustentable, terminó en la plazoleta de eventos culturales, ubicada frente a la torre B de la máxima cada de estudios del municipio.
Participaron unos 20 trabajadores con pancartas en mano en donde escribieron sus exigencias entre otras cosas; en una de ellas se leía: ‘Por un verdadero crecimiento institucional’, ‘No más Corrupción Pantoja’.
Los trabajadores afectados por la falta de aumento salarial desde el 2015, según el líder del Sindicato Independiente de la Uimqroo, Abel Navarrete Benítez, son 35 en total.
Los integrantes del Colectivo señalan que aún no hay información sobre el lugar en el que estará el vertedero, además de que la empresa tiene la posesión de las 38 hectáreas en el ejido de Tala
Isaura López Villalobos /UDGTV
En la plaza principal de Tala, este domingo se reunieron habitantes de tres poblados El Refugio, Ruiseñores y de Tala como parte de las actividades por el primer aniversario de la resistencia social en contra del vertedero metropolitano, del Centro Integral de Economía Circular de la empresa Caabsa (CIEC TALA).
El Colectivo Resistencia Civil por el Valle se mantiene en alerta sobre las posibles políticas públicas que los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco realizan con Caabsa en las propuestas de un vertedero, luego de la clausura de Laureles y suspensión del CIEC en Tala.
Los integrantes del Colectivo señalan que aún no hay información sobre el lugar en el que estará el vertedero, además de que la empresa tiene la posesión de las 38 hectáreas en el ejido de Tala, sin que a la fecha se dé la revocación de la autorización emitida por la
SEMADET ni en el juicio de amparo que se sigue en los juzgados administrativos y del trabajo de Ciudad Judicial.
A un año de resistencia, el Colectivo mantiene reuniones con el objetivo de crear conciencia social y ambiental sobre lo que hubiera significado tener el basurero metropolitano en Tala.
Sus integrantes han compartido experiencia sobre la participación social en la defensa y protección del medio ambiente al manifestarse en contra del vertedero y aunque hay una suspensión definitiva judicial en amparo, señalan que no significa una revocación o cancelación del proyecto.
Tuvieron que pasar 103 días para que el Gobierno de Puerto Vallarta, Jalisco ofreciera una disculpa pública por la remoción del primer memorial para las víctimas de feminicidio, que desde el esfuerzo de las familias, colocaron el 25 de noviembre de 2018. En el acto del 13 de agosto fue recolocada una cruz rosa memorial para cada mujer asesinada en el municipio costero.
Luis Alberto Michel Rodríguez, alcalde de Puerto Vallarta leyó un discurso preparado, luego de una serie de acciones revictimizantes que cometió el ayuntamiento hacia las familias de las víctimas de feminicidio tras el retiro del memorial.
La reinstalación fue posible gracias a la resistencia e insistencia de estas madres que exigen justicia junto a defensoras de los derechos de las mujeres en el municipio. Por ello, las asistentes negaron que las palabras del funcionario hayan sido honestas y mucho menos reparadoras del daño ocasionado para las 69 víctimas que han registrado en su mayoría de 2015 a la fecha.
La Fiscalía de Jalisco apenas ha contabilizado 15 de ellos hasta junio de este año.
Leslie Zepeda / Zona Docs
Adriana Palma tardó dos años en hablar públicamente sobre el feminicidio de su hija María del Carmen Pérez Palma. El 18 de junio de 2020, tras permanecer dos días como desaparecida, encontraron su cuerpo sin vida en el fondo de un barranco en San Sebastián del Oeste, municipio vecino de Puerto Vallarta, donde María del Carmen vivía con su familia
Durante estos dos años Adriana no pudo hablar sobre esa última vez que vio a su hija salir de casa. Mientras tanto, ese Estado que no le garantizó la seguridad, integridad, ni la vida a su hija, tampoco fue capaz de resguardar su derecho a no ser olvidada y a exigir justicia, pues indolente decidió tirar a la basura el listón color morado que su madre colocó con su nombre y fecha de asesinato en la antimonumenta y memorial para las víctimas de feminicidio en el municipio de Puerto Vallarta:
“Ahora, después de dos años puedo hablarlo, porque no podía, y aquí estamos, el dolor se está convirtiendo en lucha y aquí vamos a estar como familia, porque yo no quiero parar hasta que se le haga justicia a mi hija”, afirmó la madre en el acto de reinstalación de este memorial el pasado 13 de agosto.
Adriana Palma es clara en reiterar que tuvieron que pasar 103 días para que el Gobierno de Puerto Vallarta les escuchara y repusiera el memorial que con esfuerzo las familias y las colectivas feministas gestionaron desde el 25 de noviembre de 2018 para conmemorar el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y que fue retirado del Parque de las mujeres el 3 de abril de este año.
Así lo denunciaron públicamente a través de las diferentes organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en la región, ya que, tras la remoción responsabilizaron públicamente a Parques y Jardines, un área del Ayuntamiento. A pesar de ello, el municipio nunca se hizo responsable de la participación o al menos involucramiento en la acción que fue revictmizante para las familias.
Emma Noriega, coordinadora de Mujeres de Puerto Vallarta coincide con lo anterior, sobre todo, porque no considera que la recolocación de la cruz rosa antimonumenta y el memorial para las víctimas de feminicidio sea un regalo de la autoridad, por el contrario, advierte que se trata de un compromiso hacia las familias :
“Este no es un regalo ni un favor a las familias, esto es una muestra de que van a empezar a trabajar con ellas, es la continuación; porque las familias van a continuar en la lucha, van a seguir exigiendo justicia y una reparación integral del daño que tienen muy claro, porque saben que tienen derechos y eso es lo más importante, las familias se están empoderando y están conociendo sus derechos, y le están exigiendo tanto al estado como al municipio, a la federación, a quien le toque, que se los restablezcan estos derechos y que les cumplan”.
La activista insistió en que no se trató de un favor hecho por el presidente municipal Luis Michel Rodríguez “no les hizo ningún favor y no les regaló nada, no, cumplió una parte de una obligación”, aseguró y lamentó que no haya expresado a las familias una disculpa también por haber permitido que les arrebataran a sus hijas.
La nueva cruz rosa, colocada por el Gobierno de Puerto Vallarta mide casi 6 metros de altura, cuando la que fue gestionada desde la colectividad no pasaba los tres metros. Para las organizaciones, no es suficiente con una cruz de mayor tamaño, para la cual, consideran, posiblemente se hizo uso de mayor presupuesto. Con esta acción, dicen, las familias no olvidarán que esta misma autoridad fue la responsable de removerla y, con ello, lastimar sus derechos a “mitigar el dolor, reconstruir la verdad sobre lo ocurrido y divulgar memoria histórica”, estipulado en la Ley General de Víctimas.
Adriana Palma recordó el silencio que hubo de parte de las autoridades municipales luego de la remoción del memorial y se cuestionó: “¿Por qué quitar una verdad que está pasando en Puerto Vallarta?”
En el pronunciamiento compartido por la colectiva Mujeres de Puerto Vallarta, Familias Unidas contra los Feminicidios y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco (CLADEM Jalisco) durante la recolocación de la antimonumenta y memorial para víctimas de feminicidio en el Parque de las Mujeres, emitieron una exigencia puntual ante la indolencia del gobierno municipal:
“Que el Ayuntamiento realice una investigación y nos informe de quién o quienes ordenaron, retiraron, trasladaron, almacenaron, dañaron y/o destruyeron tanto las 21 cruces de las letras de bienvenida a Puerto Vallarta y la cruz rosa del parque de las Mujeres y se proceda a sancionar con despido a los jefes, coordinadores, subdirectores y/o directores que tomaron tales decisiones o tuvieron conocimiento de tal hecho tan revictimizante y agraviante para las familias, las colectivas feministas y las mujeres que queremos una vida libre de violencias machistas”
Adriana Palma respalda estas palabras que ella misma leyó frente a las diferentes autoridades municipales que no mostraron impresión alguna.
“Que el presidente se haga realmente responsable de lo que sucedió, de las cruces que se quitaron y que como dice él, que cuide a las mujeres de justicia, y que se haga justicia que es lo que todas exigimos. Nosotras seguimos en pie de lucha, en pie de justicia, queremos justicia pero hay gente que nos pone el pie”, declaró Adriana Palma.
¿Disculpas públicas? cuestionan colectivas
Durante la recolocación de la cruz rosa, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez leyó a modo de disculpa pública un discurso planificado en poco más de un minuto y medio. Esta acción había sido una exigencia al mandatario municipal desde el pasado 10 de mayo debido a la conmemoración del Día de las Madres, pero en su lugar sólo recibieron un comunicado digital un día después.
“A todas las mujeres y niñas que residen en Puerto Vallarta, a aquellas que nos visitan, a cada uno de los familiares de las víctimas de feminicidios y a las que ya no están aquí, yo les ofrezco esta tarde una disculpa pública porque retiraron las cruces de muchas de las personas, de las mujeres que fueron víctimas de feminicidios”, leyó ante las personas presentes Luis Michel Rodríguez.
Para las colectivas y las familias llegó tarde y con un sinsabor la disculpa que desde el punto de vista de Emma Noriega, coordinadora de la colectiva Mujeres de Puerto Vallarta y representante de ClADEM Jalisco en la región, dejó ver su falta de sensibilidad, pero sobre todo su falta de capacitación en el tema
“Hay mucho que analizar, primero, fue un discurso previamente preparado, estructurado y luego fue un discurso más espontáneo y lamentablemente ese discurso espontáneo dejó ver que el discurso preparado no era realmente lo que pensaba y sentía el presidente, y que muchos de los términos que se usan para las familias víctimas indirectas de feminicidio, no los entiende el presidente y que por supuesto no tiene la sensibilidad para tratarles en sus diferentes contextos e interseccionalidades que tienen las familias”.
Precisamente así sintió la disculpa emitida por el alcalde, Adriana Palma, quien comentó que en ningún momento sintió sinceras las palabras emitidas por el mismo, ya que ni siquiera entendió el simbolismo de la cruz rosa que para ellas representa el viacrucis al que se enfrentan en la búsqueda de justicia ante las diferentes instancias gubernamentales, más allá del sentido religioso que refirió el presidente municipal:
“No sentí sinceras su disculpa, porque él se salió de contexto, lo que dijo no tenía nada que ver, verdaderamente si él se pusiera a pensar el verdadero significado de la cruz, es el viacrucis que estamos pasando nosotras como madres, como hermanas, como hijas de esto que está pasando en Puerto Vallarta, que maten a nuestras hijas, a nuestras mujeres y que pase el tiempo y no hay justicia”.
María del Carmen Pérez Palma, una joven habitante de Puerto Vallarta fue víctima feminicidio en junio de 2020, y ahora, tras más de dos años de haber iniciado una carpeta de investigación, la Fiscalía de Jalisco no tienen ninguna persona vinculada a proceso, por lo que, no se vislumbra luz de justicia en el panorama para su madre Adriana Palma.
Ella se suma a las 69 mujeres asesinadas en razón de género de 2015 a la fecha en el municipio, aunque, la Fiscalía de Jalisco, reduce a 15 esta cifra -respectó a los casos que sí reconoce como feminicidios-.
Si el Gobierno de Puerto Vallarta tardó 103 días en recuperar una cruz rosa, una antimonumenta que representa el viacrucis que viven las familias de víctimas de feminicidio ¿Cuántos días pasarán para que María del Carmen Pérez Palma obtenga justicia y su familia una reparación integral del daño?
