Colima, México, Avanzada (01/06/2022).- La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, nombró el lunes como nuevo director general de Seguridad Pública municipal al capitán de fragata Inocencio Guzmán de la Peña, quien apenas un día antes había llegado al estado.
Durante la rueda de prensa en la que fue presentado públicamente, el elemento de la Secretaría de Marina, quien antes realizó labores de seguridad pública en el municipio de Tonalá, Chiapas, fue cuestionado sobre el plazo en el que se lograría disminuir la incidencia delictiva en el municipio, a lo que respondió que no no podía mencionarlo, pues establecer una fecha “sería aventurarme a algo de lo que difícilmente se tendrá la certeza”.
Expuso: “Le soy honesto, yo apenas el día de ayer llegué aquí al estado, tengo nociones de cómo está el tema de la inseguridad, pero se requiere de un diagnóstico preciso, de un diagnóstico puntual para ver los factores que la están generando, decir en estos momentos un día, una fecha, un plazo, creo que sería aventurarme a algo de lo que difícilmente se tendrá la certeza”.
Señaló que en un plazo de diez días se incorporarán a la Dirección de Seguridad Pública más integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, en una cantidad que aún no ha sido definida.
A propuesta de la alcaldesa Gutiérrez Andrade, el Cabildo aprobó la designación de Inocencio Guzmán de la Peña como director general de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil de Villa de Álvarez, en sustitución de Lourdes Edith Pérez Vuelvas, que presentó su renuncia al cargo.
La edil propuso al integrante activo de la Secretaría de Marina Armada de México como titular de las Fuerzas de Seguridad Pública Municipales, en atención a una estrategia de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, tras el incremento en el índice de homicidios dolosos.
De Lourdes Edith Pérez, la presidenta municipal dijo que fue una excelente funcionaria, que se desempeñó a cabalidad los siete primeros meses de la administración municipal, “mostrando lealtad, talento e institucionalidad y logrando con su trabajo la reducción de varios delitos, como el robo a casa habitación y el robo a automóviles, entre otros”.
Al capitán Inocencio Guzmán, Gutiérrez Andrade le informó que en la Dirección General de Seguridad Pública encontrará una gran fortaleza en Rafael Arreguín, director operativo de Seguridad Pública, “una persona confiable e institucional que conoce la corporación y a quien yo le tengo mucha confianza y meto las manos al fuego por él”.
También ponderó el trabajo que en la corporación han realizado Sergio Ernesto Dolores, director de Tránsito y Vialidad; Jonathan Ventura, director de Prevención del Delito; Israel Mendoza, director de Protección Civil, y Aldo Ordóñez, jefe del Área Administrativa.
El capitán de fragata Inocencio Guzmán de la Peña ha sido Comandante de Sección en el Batallón de Embarcaciones y Vehículos Anfibios, Comandante de la Sección de Armamento y Municiones del Batallón de Servicios de Golfo, Comandante de Compañía en el Batallón de Comandos Anfibios y Comandante de Compañía en el Batallón de Infantería número 27, entre otros cargos.
Posteriormente, en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, la Presidenta Tey Gutiérrez le dio posesión del cargo, entregándole la documentación que contiene el estado de fuerza de la corporación y el diagnóstico del municipio en materia de seguridad; además se realizó la entrega-recepción, en la que participó la directora saliente, Lourdes Edith Pérez.
En la rueda de prensa, Guzmán de la Peña agradeció la confianza por haberlo nombrado en el cargo, que se comprometió a desempeñar con la cultura del respeto a los derechos humanos, estricto apego a la legalidad y articulando esfuerzos con los gobiernos federal y estatal.
Colima, México, Avanzada (31/05/2022).- La Red de Desaparecidos en Colima A.C. fijó un posicionamiento en el que expresaron su indignación luego de que el vocero Adrián Joya revictimizara y violara los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas.
En una rueda de prensa celebrada ayer, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, el vicefiscal Gustavo Adrián Joya Cervera, agravió a las víctimas y sus familiares, al revelar información que forma parte de las carpetas de investigación, pero que no forman parte todavía de una sentencia judicial.
Por lo que el colectivo utilizó sus redes sociales para formular preguntas y exigir un cambio completo de quienes nos protegen.
Candelaria Huerta Pizano, representante del Colectivo Solidario de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colima, confirmó que debido a los casos de violencia que se han incrementado entre menores y por el temor que ello provoca, muchas madres de familia han decidido ya no enviar a sus hijos a la escuela, además de colocar retenes ciudadanos para saber quién entra o sale de sus comunidades.
En una entrevista, Huerta Pizano aseguró que en Colima, la tensión va en aumento y las familias se encaminan al pánico, “porque yo también lo tengo con mis hijos menores”.
La activista señaló que hay miedo sobre todo de rancherías, donde se ha optado por avisar a los maestros que sus hijos ya no irán a las escuelas. “Prefieren que pierdan el año a que se los desaparezcan y temen hasta por los niños de 10 años en adelante, entonces sí hay una preocupación”.
El miedo, dijo, ha provocado en la gente muchas dudas sobre qué hacer para cuidar mejor a sus hijos, y entre las medidas que se están evaluando está el de instalar retenes ciudadanos. “Se trata de que nos levantemos a cuidar a nuestros hijos y a través de los retenes, checar quién va a un balneario o para otro, que no traigan armas, cuidar a nuestros niños porque tenemos miedo de todo”.
Huerta Pizano recalcó que cuando detectan a un extraño en las comunidades, así sea un balneario, las alertas se encienden porque ya no confían en nadie. “Todos le ponen cuidado porque no sabemos a qué vienen”.
En la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas hay monos araña y saraguatos, tucanes y águilas elegantes, cacomixtles y loros cariamarillos. Bosques mesófilos de montaña, selva perennifolia y manglares. En ella se han encontrado vestigios arqueológicos que revelan la presencia de los olmecas hace milenios. También hay, desde hace un año, decenas de máquinas retroexcavadoras y camiones de carga para extraer roca de uno de sus cerros, el de Balzapote, a orillas del Golfo de México. Es la secuela que está teniendo a cientos de kilómetros de la península de Yucatán el Tren Maya, el proyecto estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. Activistas y abogados ambientalistas cuestionan la legalidad de la cantera, que está utilizando un permiso invalidado por la Suprema Corte.
La opacidad es total, como un enorme muro de concreto. Entendible por la naturaleza del proyecto, pero no por eso menos sorprendente. La Secretaría de Medio Ambiente no contesta. La Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz no contesta. El Gobierno de ese Estado no contesta. Es como si un pacto de silencio se hubiera posado sobre este asunto, a la vez tan difícil de ocultar a la vista: un peñón comido por la maquinaria, un cerro rebanado casi hasta su base, montañas de piedra recién extraída y triturada, el trasiego continuo de camiones, el polvo de la cantera entremezclándose con la bruma del mar.
Imagen aérea del área de extracción de roca en Balzapote, en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz, el 9 de abril.
Imagen aérea del área de extracción de roca en Balzapote, en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz, el 9 de abril.IVÁN CALDERÓN
Lo que es un hecho es que en abril del año pasado llegaron las máquinas a esa Área Natural Protegida y empezaron a extraer poco a poco la piedra del cerro de Balzapote hasta que lo dejaron en los huesos. La montaña está compuesta por dura roca basáltica, codiciada en los proyectos de infraestructura porque permite estabilizar los suelos. En este caso, el del Tren Maya. En julio de 2021, la Administración Portuaria de Veracruz anunciaba el traslado de 7.000 toneladas de piedra basáltica desde allí para la construcción del tramo 2 del ferrocarril. Cuenta Eduardo Álvarez, de la asociación Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas y quien fuera guía ecoturístico en la zona por más de una década, que solía llevar a los visitantes al mirador que se alzaba en lo alto del peñón. También hacía rápel y escalada libre, disfrutando de las vistas del inmenso Golfo de México.
La explotación del cerro de Balzapote ha logrado pasar casi inadvertida porque cuenta con el aval de los ejidatarios que viven en la zona, dice Álvarez. Las comunidades ya estaban asentadas allí cuando, en 1998, se declaró a Los Tuxtlas como Reserva de la Biosfera. La escasez de trabajo y las necesidades universales de las áreas rurales de México llevaron a los ejidatarios a buscar otras formas de conseguir un sustento y encontraron en las canteras una vía para hacerlo. Ya en los años ochenta se había extraído roca de Balzapote, pero la naturaleza se encargó de regenerarlo con el paso del tiempo. Allí se encontraba, hasta el año pasado, una colonia de monos aulladores, una de las especies más representativas de la zona junto con el saraguato o el tucán. Cuatro décadas después, la historia se repite.
“Ese cerro era como una protección natural contra eventos meteorológicos, como los huracanes. Vamos a estar más vulnerables sin esa protección”, lamenta el ambientalista. “No se tomó en consideración eso, solo ven lo que pueden obtener de recursos y no ven todo lo demás”. El cerro es solo un pequeño punto en la gigantesca reserva, de más de 155.000 hectáreas, una de las más estudiadas de México gracias a la estación de biología tropical de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que lleva allí desde los años 60. La dirección de esa estación también ha preferido no comentar sobre el asunto. En todo caso, los números que ofrece sobre el lugar son apabullantes: más de 3.000 especies de plantas, 565 de aves, casi 140 de mamíferos, 160 de anfibios y reptiles y otras más de 1.000 de insectos. En la reserva también se encuentran siete grandes volcanes, como el de San Martín Tuxtla, y el Lago de Catemaco, el tercer cuerpo de agua más extenso de México.
El cerro de Balzapote, en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, Veracruz, en 2014.
El cerro de Balzapote, en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, Veracruz, en 2014.Eduardo Álvarez
Katya Andrade Escobar, directora de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas -que tampoco atendió a las llamadas de este periódico-, aseguró a medios locales en abril que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) está reutilizando un permiso que había otorgado en 2014 para la extracción de roca en ese cerro, originalmente destinado al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Aquella autorización nunca se consumó, porque por aquel entonces Eduardo Álvarez y otros ambientalistas organizaron un movimiento llamado La roca no se toca, y la presión ciudadana consiguió parar la cantera. También influyó la oposición a la ampliación del puerto, que incluso logró este año que la Suprema Corte de Justicia frenase la obra.
El permiso de 2014 sigue existiendo en la base de datos de la Semarnat. Se busca la clave 30VE2014FD006 y se encuentra una resolución que autoriza extraer dos millones de metros cúbicos de roca de Balzapote, por un periodo de cuatro años. Lo que se desconoce es si están reutilizando ese permiso de forma legal. A las reiteradas preguntas de este diario, la Semarnat ha preferido no dar entrevista y tampoco ha respondido, después de cuatro semanas, al cuestionario enviado. La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Yoatzin Popoca afirma que las autoridades no están respetando la ley porque aquel permiso de 2014 quedó “insubsistente” desde abril de este año. La explicación es que la decisión de la Suprema Corte de frenar la ampliación del puerto de Veracruz invalidó todos los permisos relacionados con ese proyecto, incluidos los bancos de extracción de piedra de Balzapote. “Ya están en la completa ilegalidad si siguen sacando piedra”, dice con firmeza la abogada.
Al ser preguntado por este periódico sobre el tema, el Procurador de Medio Ambiente de Veracruz, Sergio Rodríguez, respondió con un críptico mensaje de WhatsApp: “Traen procedimientos abiertos todos”. Entonces empezó un confuso intercambio de mensajes e intentos de llamadas no respondidas. Su última comunicación: “No te puedo ayudar mucho, porque, repito, están intervenidas y no puedo dar mucha información”. Ocho días de llamadas después, nada.
Imagen aérea de los trabajos de extracción de piedra basáltica en Balzapote.
Imagen aérea de los trabajos de extracción de piedra basáltica en Balzapote.IVÁN CALDERÓN
El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García, sí que se animó a hablar brevemente sobre el caso durante la conferencia matutina de López Obrador en Veracruz el pasado 22 de abril. Al ser preguntado por la explotación del cerro de Balzapote para la construcción del Tren Maya, García respondió: “En efecto, hay bancos en la zona de Los Tuxtlas, todos cuentan con manifestación de impacto ambiental (MIA) federal. El Estado, a través de la Profepa, los ha intervenido, y también estamos ya en la firma del convenio para la remediación y compensación ambiental. Los empresarios están en toda la disposición de colaborar en ello”. Las reiteradas llamadas y mensajes de este diario al responsable de prensa del Gobierno del Estado para ahondar en esa declaración tampoco han sido atendidas hasta el momento.
Lo que está claro es que la Procuraduría del Medio Ambiente estatal está investigando algo, lo que apunta a una sospecha de ilegalidad. Los medios locales también se han referido a otra Manifestación de Impacto Ambiental presentada el año pasado para la explotación de piedra en Balzapote, la que se puede encontrar con la clave 30VE2020ID107. Pero el resolutivo emitido por la autoridad explica que ese trámite ha caducado porque el interesado no presentó la información requerida por la Semarnat. Y, mientras la cuestión legal se enreda, la extracción de piedra continúa.
En cualquier caso, el impacto de la destrucción del cerro de Balzapote es pequeño si se compara con el resto de amenazas que sufre la reserva desde hace décadas, según un biólogo que trabaja en la zona y que se animó a hablar, aunque bajo condición de anonimato por miedo a represalias. “Hay una devastación general en toda la zona núcleo. Hay un grupo de gentes a las que expropiaron, pero que nunca se fueron y ahora están lotificando, deforestando, invadiendo terrenos de otros, es un desastre la situación”. La propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reconoce que, entre 1980 y 2007, la pérdida de cobertura forestal ha superado las 1.000 hectáreas por año. A juzgar por los datos, el Tren Maya es solo la punta del iceberg de lo que está pasando en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas.
Una vez más, un grupo de más de 100 paramilitares armados entraron, atacaron a balazos y destruyeron las viviendas de la comunidad zapoteca de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, en Oaxaca. Así lo denunciaron hoy sus habitantes en un comunicado en el que señalan que la incursión inició cerca de las 6 de la mañana de este sábado (28).
Un habitante de El Rebollero, cuya identidad se reserva por seguridad, explicó por teléfono para Avispa Midiaque las familias de la comunidad (en las que hay mujeres, niñas, niños y adultos mayores) se encuentran escondidas y “acorraladas” en los alrededores, ya que todos los accesos a la comunidad se encuentran bloqueados y el grupo de atacantes se mantiene en las inmediaciones de San Pablo Cuatro Venados, disparando esporádicamente.
“No permiten la entrada ni la salida de la comunidad, estamos esperando a que se retiren porque no hay víveres”, explica el residente, y menciona que las familias desplazadas están “resguardadas de alguna manera entre el bosque”.
El ataque sucede días antes de que la comunidad celebrara la inauguración de su nueva casa de salud y su capilla: “símbolo de la reconstrucción de nuestras viviendas” tal como lo concebían sus habitantes; ya que hace tres años, el 31 de mayo de 2019, más de 500 personas armadas también asaltaron las comunidades de El Rebollero y Rio Minas, arrasándolas por completo.
Según el testimonio recabado por Avispa Midia,en el nuevo ataqueaproximadamente 30 viviendas, incluida la nueva capilla y el centro de salud, fueron destruidas. También fue robado ganado y pertenencias personales. Hasta el momento no hay heridos reportados.
Una serie de ataques armados
Éste no es el primer ataque armado que sufre y denuncia la comunidad de El Rebollero. Apenas este año, a principios de abril, la comunidad fue asediada por un grupo de más de 30 personas que dispararon sus armas de fuego durante una semana aproximadamente.
En julio de 2021, luego de que un helicóptero sobrevolara y descendiera en las inmediaciones de la comunidad, otro grupo de personas armadas también atacó a balazos a las y los comuneros del lugar.
En febrero del mismo año, unas 20 personas volvieron a atacar a balazos a pobladores de San Pablo Cuatro Venados. Específicamente en los parajes “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”.
En 2019, Avispa Midia documentó la destrucción que provocó un segundo intento de desalojo durante el ataque del 31 de mayo y presenció un segundo ataque a balazos el día siguiente. En aquella ocasión derribaron y quemaron 24 viviendas, quemaron el maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras; rompieron el molino comunitarios y las celdas solares; robaron vacas, pertenencias personales, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua.
En cada ocasión, las y los pobladores de El Rebollero han denunciado públicamente los ataques. Apenas en abril del presente año, en conferencia de prensa, informaron que no pudieron recibir a la Caravana por el Agua y la Vida dado el incremento de la violencia paramilitar, y responsabilizaron, entre otros, a la empresa canadiense Continuum Resourses Ltd: “quién ha sido concesionada para realizar exploraciones en nuestro territorio, contaminando el Río Valiente quién sostiene la vida proveyendo de agua nuestra comunidad y otras comunidades”.
Las y los pobladores de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas han agotado vías legales y denunciado su situación ante las instancias correspondientes en los tres niveles de gobierno, para hacer valer sus derechos y su libre autodeterminación como pueblo originario, en medio de un conflicto agrario entre los municipios de San Pablo Cuatro Venados y Cuilápam de Guerrero.
Sin embargo, aseguran que han sido ignorados. “Por ello, responsabilizamos al gobierno del estado, que preside Alejando Murat Hinojosa. Responsabilizamos al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Cuilápam de Guerrero. También a Flavio Sosa Villavicencencio y a su hermano, del partido de Morena sobre estos acontecimientos y los daños provocados”.
Por más de 60 años, el pueblo Wixárika mantiene como herencia el reclamo de 11,500 hectáreas que les arrebataron a modo de guerra. En la última batalla, caminan hasta la capital del país para reclamar al presidente que se hagan valer los 13 fallos judiciales que ordenan la restitución de las tierras, hoy en manos de ganaderos de Nayarit y Jalisco
Darili Oropeza / Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.- Luciana Mijares porta un venado blanco de chaquira en el pecho. Es del Consejo de Ancianos del pueblo Wixárika. Caminó desde San Sebastián Teponahuaxtlán en sandalias. No le importó la lluvia o el calor extremo. Al llegar a la Basílica de Guadalupe, se le salen las lágrimas y se desborda la emoción en su rostro. Dice: «mi pueblo está lejos».
Es una mujer de edad avanzada. Recuerda el arrebato de tierras como una guerra que les hicieron ganaderos de Nayarit y Jalisco. Son 11 mil 248 hectáreas que les invadieron hace 60 años. Lo lamenta por su familia, a quienes ve sufrir. Camina con 200 comuneros más. Exigen la restitución de sus tierras a los pueblos de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Además, las consideran sagradas, herencia ancestral. Realizan esta protesta en caravana de más de 900 kilómetros a pie.
Día y noche hacen una ceremonia. Se guían por el fuego y el sol. Con sus pasos hacen retumbar la exigencia de restitución de tierras. Ofrendan sus callos y sus pasos a la Tierra. Luciana es parte de las autoridades wixárikas caminantes guiadas por la espiritualidad y la palabra colectiva de la asamblea. Reconocida como líder a quien las personas acuden para solicitar apoyo o consejo.
Llegan a la basílica de Guadalupe, lo pidió el cantor tradicional o marakame. Ahí realizarán una ceremonia por la mañana. Llevan 32 días ininterrumpidos de viaje con intervalos de descanso. Desde el 25 de abril no pararon aún con el cansancio, las enfermedades, o el clima extremo. Les llovió en Bolaños, Jalisco, mientras estaban en la pausa a lado del río. Luego el 10 mayo día de las madres en Ocotlán. Después, una abundante lluvia en Zinapécuaro, Michoacán.
Los 200 comuneros colocaron una madera, palo o tronco que encontraron en el parque del Mestizaje, a un costado de la basílica donde pernoctan. Ahí encienden el fuego. Luciana explica que al llegar ofrendan la madera al lugar que llegan para que les reciba con bien esa tierra. La comunicación con Luciana es posible gracias a la traducción de Feliciana González, otra mujer caminata que denuncia que les han ignorado e invisibilizado pese a tener títulos virreinales de sus tierras y juicios a su favor.
Exigencia al presidente
Un acuerdo de asamblea y el propósito de recuperar la totalidad de su territorio les trajo a la ciudad para exigir directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que resguarde los sitios sagrados ancestrales wixárica como se comprometió en marzo de este año en una reunión con autoridades tradicionales y comuneros wixaritari de Jalisco, Nayarit y Durango. Así nació la Caravana Por La Dignidad Y Conciencia Wixárika.
San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños se titularon el 15 de julio de 1953. Cuentan con una Resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de ese año. Con ella les reconocieron 240, 447 (doscientas cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete hectáreas).
Aún así, ambos pueblos wixárikas ya contaban con un título virreinal con fecha de 1718 firmado por la corona española en el cual ya había reconocido su territorio.
Históricamente, los pueblos Wixárikas de la región que comprende tres estados, Nayarit, Jalisco y Durango, han sido invadidas. Sin embargo, han recuperado las tierras por la lucha constante que han emprendido, asegura Carlos González, abogado de los pueblos caminantes.
“Este esfuerzo es único. Mientras por todas partes destruyen la naturaleza, la madre tierra, con la caravana llevan la esperanza de nuestros pueblos para proteger, amar ,esta naturaleza que estamos desgarrando en todos lados”, dijo González en conferencia.
Sentencias a favor
La batalla que ahora dan a pie es porque San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños son los únicos dos pueblos donde persiste el despojo de tierras, incluso le denominaron la zona denominada «el triángulo», de aproximadamente 800 hectáreas entre Puente de Camotlán ( 800 hectáreas) y Huajimic (10, 448 hectáreas), Nayarit. Se suma también el conflicto de límites estatales entre Jalisco y Nayarit.
Desde el 2007, ambos pueblos demandaron ante el tribunal unitario agrario, Distrito XVI de Guadalajara. Los tribunales han fallado a favor de la comunidad, habiéndo agotado todas las instancias legales, durante los años 2016 y 2017. Actualmente existen 16 expedientes en la etapa de ejecución, mismos que los tribunales se han negado a ejecutar, recuerda Carlos González, abogado agrario.
Carlos explica que hay 35 sentencias a favor del pueblo Wixárika, 4 ejecutadas donde hubo restitución, 13 para ejecutar que ordenan la restitución de tierras y 18 recientemente interpuestas.
“Entre los años 2000 y 2005 se habían logrado recuperar más de 25 mil hectáreas, más unas 7 mil hectáreas en la zona de Bajío y Barranca del Tule. Los magistrados y autoridades agrarias del gobierno federal de entonces nos explicaban que los asuntos pendientes con ganaderos vecinos del poblado de Huajimic se podían y debían resolver en los tribunales por la vía de la restitución de manera rápida y expedita porque contenían los mismos elementos jurídicos que los más de 150 juicios sobre 270 predios que ya se habían resuelto contra Puente de Camotlán”.
En el antimonumento 43, dieron una conferencia Oscar Hernández Hernández – presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Sitlali Chino Carrillo, presidenta de la Concertación Agraria, y Carlos González García, abogado de la comunidad.
“Desde hace ya muchos años tenemos este problema de nuestras tierras, queremos la restitución de ellas, la comunidad emitió demandas y los tribunales nos han dado el fallo a nuestro favor hay sentencias ganadas sólo hace falta ejecutar”, aseguró Oscar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.
Sitlali Chino asegura que están cansados de caminar, pero «aquí estamos resistiendo por las tierras que por ley y herencia nos corresponden. Esta lucha también es de mujeres, estamos aquí defendiendo nuestro territorio. No más pueblos indígenas silenciados”, dijo con el micrófono en mano.
En el antimonumento 43, dieron una conferencia Oscar Hernández Hernández – presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Sitlali Chino Carrillo, presidenta de la Concertación Agraria, y Carlos González García, abogado de la comunidad.
“Desde hace ya muchos años tenemos este problema de nuestras tierras, queremos la restitución de ellas, la comunidad emitió demandas y los tribunales nos han dado el fallo a nuestro favor hay sentencias ganadas sólo hace falta ejecutar”, aseguró Oscar Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.
Sitlali Chino asegura que están cansados de caminar, pero «aquí estamos resistiendo por las tierras que por ley y herencia nos corresponden. Esta lucha también es de mujeres, estamos aquí defendiendo nuestro territorio. No más pueblos indígenas silenciados”, dijo con el micrófono en mano.
Las y los habitantes mayas se manifestaron frente a las autoridades y empresarios que permiten que las megagranjas de cerdos contaminen sus comunidades.
Una empleada de la Canaco agredió a los manifestantes arrebatándoles sus pancartas y la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez, huyó del lugar.
Mérida, Yucatán, 27 de mayo de 2022.-Pobladoras y pobladores mayas de las comunidades de Sitilpech y Homún irrumpieron la ExpoForo Ambiental para protestar en contra de las autoridades y empresarios que permiten la grave contaminación que provocan las megaranjas de cerdos de la compañía Kekén.
Las y los manifestaron lograron ingresar al salón Dzibilchaltún del Centro de Convenciones Siglo XXI, sede del evento inaugural, y justo cuando se proyectaba un video con el mensaje del gobernador Mauricio Vila Dosal sacaron sus pancartas, se pararon delante del presídium y gritaron consignas en contra de los daños ambientales que generan esas fábricas en las localidades en donde viven.
Recordaron que las megagranjas de Kekén y sus aparceras, coludidas con el Gobierno de Yucatán, están vertiendo aguas con desechos al subsuelo de sus pueblos y no están cumpliendo con las leyes de carácter ambiental, poniendo en riesgo su salud.
Como parte de la protesta, exhibieron botellas con agua contaminada por excretas de los cerdos y se las ofrecieron a los funcionarios y empresarios para que lo beban, recordándoles que las niñas y los niños de sus comunidades están expuestos a esta afectación.
De pronto, una empleada de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canaco) se aproximó a los pobladores para arrebatarles sus pancartas con una actitud violenta, por lo que hubo un conato de jaloneos. Las y los asistentes se sorprendieron por este intento de represión de la protesta.
El evento inaugural se suspendió y la secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Sayda Rodríguez Gómez, prácticamente huyó del salón y detrás de ellas se salieron el resto de autoridades y empresarios, entre ellos el representante de Kekén, Miguel Carbajal Rodríguez. Los pobladores les gritaron “cobardes” por no quedarse a escuchar sus demandas.
El periodista de Haz Ruido se acercó para entrevistarla, pero en todo momento uno de sus asistentes intentó impedirlo y se la llevó del lugar. De hecho no participó en el recorrido en el Foro organizado por la Canaco.
La funcionaria alcanzó a decir que se fue del lugar porque considera que no era el momento adecuado para la protesta y, según ella, la Secretaría a su cargo siempre tendrá las puertas abiertas para escuchar a las comunidades.
También dijo que la SDS “está al pie de cañón” en la implementación de acciones para prevenir la contaminación y que supuestamente sí han sancionado a las empresas porcícolas que no cumplen con la normatividad ambiental.
Sayda Rodríguez no respondió cuando se le preguntó si su dependencia está coludida con Kekén, como han denunciado los pobladores de Sitilpech y Homún, y se retiró del Centro de Convenciones rodeada de sus asistentes.
Por su parte, las y los manifestantes colocaron un stand en el pasillo del Siglo XXI para, de manera irónica, ofrecer a los asistentes de la ExpoForo Ambiental “botellas de agua fresca” de las comunidades en donde se han instalado fábricas de cerdos.
Cabe mencionar que la empresa Kekén es uno de los principales patrocinadores de dicho evento, por eso las y los habitantes mayas acudieron a protestar para exhibir su incongruencia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México anunció que se han desplegado, entre los meses de abril y mayo, 26, 618 uniformados en servicios específicos en todo el territorio mexicano. Entre ellos, 4,362 elementos se han encargado de las operaciones de seguridad en el Corredor Interoceánico del Istmo Tehuantepec, Oaxaca.
Los principales objetivos, según el informe mensual presentado por las diversas instancias armadas de México, es velar por la infraestructura social productiva en la región, por el modelo de crecimiento, así como realizar acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema.
Remarca el cuidado de la biodiversidad y protección de pueblos originarios, afromexicanos y equiparables “a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales”, reza el informe.
Al menos 1800 militares y Guardia Nacional resguardan la llamada Línea Z, es decir, la línea del ferrocarril que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Otros 1455 militares se encargan de cuidar de la Línea K, que comprende la ruta del ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. El resto tienen en su resguardo las líneas FA, Coatzacoalcos-Palenque, y la Línea Dos Bocas a Ramón Ayala.
Militares con más poder
Los cuerpos militares de México ampliaron su margen de acción al involucrarse en la seguridad, construcción y administración de los llamados “proyectos estratégicos”, como el llamado Corredor Interoceánico” y el “Tren Maya”. Esto debido a que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decretó estos proyectos como “de interés público y seguridad nacional”, dice el decreto de noviembre del 2021.
En un nuevo decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación este martes (24), se amplían las facultades de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina. Las aduanas fronterizas y marítimas serán coordinadas respectivamente por estas instancias de seguridad.
Estos cuerpos militares “podrán participar como Unidades Responsables en los vehículos financieros, tales como fideicomisos públicos sin estructura, constituidos en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que sirvan para recibir y administrar los recursos que deriven de cualquier otro vehículo financiero que reciba la contraprestación prevista en el artículo 16 de la Ley Aduanera”, reza el decreto.
Desde octubre del año 2020 la Sedena ya operaba 17 aduanas marítimas y dos aduanas interiores. Entre ellas están la de Ensenada, Guaymas, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Cancún, Dos Bocas, Progreso, Ciudad del Carmen, Veracruz, Tuxpan, Tampico, Altamira, Pantaco y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“En total participan 2 mil 205 empleados altamente capacitados con cursos y diplomados de comercio exterior”, señaló en conferencia de prensa José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
El presidente López Obrador ha resaltado como certera la decisión de asignar las tareas de vigilancia y administración de aduanas a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, sobre todo, destacando el aumento de recaudación de impuestos.
Colima, México, Avanzada (26/05/2022).- A pesar de que en la entidad hay 415 mujeres desaparecidas, en los últimos siete años la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha abierto tres carpetas de investigación sobre trata de personas.
El caso más reciente fue dado a conocer en las cifras sobre la incidencia delictiva correspondientes al mes de abril de 2022, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se informó de la existencia de un expediente por ese delito durante ese mes.
En los tres años previos no se había informado de ningún caso de presunta trata de personas en la entidad, pues el caso anterior correspondió a mayo de 2019 y el otro fue de enero de 2017, que son los únicos expedientes registrados en el periodo de los años 2015 a 2022.
Sin embargo, según los propios registros del SESNSP, hasta este miércoles 25 de abril había 1 mil 448 casos de personas desaparecidas y no localizadas, de las que 415 son mujeres.
El mayor número de mujeres desaparecidas se encuentra en Manzanillo, con 111; seguido por el municipio de Colima, con 100; Tecomán, con 76; Villa de Álvarez, 46; Cuauhtémoc, 24; Armería, 9; Coquimatlán, 7, y Comala, 6.
En el periodo de 2015 a 2022 se encuentra registrada la desaparición de 255 mujeres en Colima, además de que hay 137 casos sin año de registro, pero por el comportamiento del fenómeno todo indica que corresponden a ese mismo periodo.
Así también, buena parte de las víctimas femeninas de desaparición corresponden a las edades de 10 a 19 años de edad, con un total de 162 mujeres: 51 del rango de 10 a 14 años de edad y 111 de 15 a 19 años.
En otras edades, de 20 a 24 años hay 68 desaparecidas, de 25 a 29 años son 47 víctimas, de 30 a 34 años se contabilizan 31 y de 35 a 39 son 25 mujeres cuyo paradero se ignora.
Izamal, Yucatán; 25 de mayo de 2022 (ACOM).- Padres de familia de la escuela primaria «Benito Juárez» pidieron la suspensión de los trabajos que se realizan por el proyecto del Tren Maya en el tramo Citilcum-Kimbilá debido a que consideran que existen riesgos para la integridad física de sus hijos.
Indicaron que desde hace más de una semana una maquinaria pesada abrió una zanja de casi un metro de ancho por dos metros de profundidad en donde antes estaba la acera que conecta a esta escuela, por lo que sus hijos ahora tienen que bajarse a la carretera para poder llegar a su plantel con el riego de que los atropelle algún vehículo.
Lisa Ek, madre de familia, indicó que la información sobre la situación de escuela es incierta dado que afectación por los trabajos del Tren Maya todavía se está observando ahora que se abren zanjas y nos dicen que van a hacer un puente con lo que quedara totalmente incomunicado cuando eso ocurra.
Aunado a lo anterior también se sumaron propietarios de predios a los que se les afectara con la construcción de un puente que conectara a Kimbilá y Citilcum y que se prevé que ocupé varios predios que serán destruidos con la obra.
Texto: Herbeth Escalante / Fotos: Lilia Balam / Pie de Página
Las agresiones y las denuncias en contra de los periodistas yucatecos han aumentado este año. Uno de los mecanismos que ha empleado el Estado es el hostigamiento judicial, con leyes violatorias de derechos humanos como el artículo 295 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión por difamación
MÉRIDA, YUCATÁN.- Periodistas de Yucatán protestaron en la Plaza Grande de Mérida para exigir justicia por los colegas asesinados en todo el país, en contra de las agresiones físicas y las denuncias de las que han sido víctima los comunicadores locales y por las condiciones precarias en las que laboran.
En la manifestación exclamaron “No hay Estado con periodismo censurado” y colocaron fotografías de los periodistas asesinados en los últimos años en México, así como los nombres de los reporteros agredidos en la entidad.
Recalcaron que en Yucatán el periodismo y la libertad de expresión están en riesgo, ya que se han registrado ataques desde el Estado y el sector empresarial contra trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación, con el único objetivo de censurar su labor de fiscalizar al poder.
Uno de los mecanismos que ha empleado el Estado es el hostigamiento judicial, lo cual ha logrado gracias a leyes violatorias de derechos humanos, como el artículo 295 del Código Penal, el cual establece penas de tres días a dos años de prisión por el delito de difamación.
De hecho, enumeraron los casos de periodistas y medios de comunicación que han sido denunciados y demandados por la vía penal y civil por parte de autoridades y exfuncionarios, por lo que hicieron un llamado al Congreso del Estado a legislar al respecto y acabar con la censura penal.
También precisaron que se violenta, agrede y hostiga a periodistas, situación que pone en peligro su integridad física y su vida. En ese sentido, enfatizaron que las agresiones han aumentado en estos primeros meses del año.
Recordaron que el fotoperiodista Ramón Celis fue agredido por funcionarios del IMSS; el periodista Jaime Vargas fue atacado con un arma blanca en su domicilio; el reportero Jorge Cauich fue intimidado por un hombre supuestamente armado en la puerta de su casa; la comunicadora Maru Luján fue agredida por un funcionario del Gobierno federal; y el periodista Ramón Reyna fue atacado a pedradas por una policía municipal de Kinchil.
De igual manera denunciaron que los trabajadores de los medios de comunicación de Yucatán viven en la precariedad laboral: bajos salarios, carecen de seguridad social, acceso a la vivienda (Infonavit), o un posible retiro (Afore) y quienes lo tienen, resulta ser una miseria.
Asimismo exigieron un periodismo libre y sin censura, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno respondan ante solicitudes de información y entrevistas, y que no ejerza ningún bloqueo informativo o algún obstáculo para poder desempeñar la labor periodística.
“Que los gobiernos no manden a bajar notas que les incomodan, que se garantice el derecho a la libertad de información de la ciudadanía, que no se ataque a las personas que desempeñamos un trabajo periodístico”, sostuvieron.
Al final, hicieron pase de lista de los periodistas asesinados este año en México e hicieron un llamado a organizarse para luchar por sus derechos humanos y laborales.
Fotografías cortesía Coalición de Ex trabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN)
Aletse Torres Flores. / Zona Docs
Afuera del Parque Industrial de El Salto, un grupo de trabajadoras de la empresa Integrated Micro Electronics (IMI por sus siglas en inglés) protestaron para exigir que sus derechos laborales básicos sean respetados.
La manifestación fue el 11 de mayo en su horario laboral, el grupo está conformado por trabajadoras del área de calidad y de producción, quienes se manifestaron ante la disminución de sus sueldos, el maltrato, acoso, hostigamiento laboral que enfrentan en dicha planta y la represión que viven por demandar condiciones de trabajo dignas.
Las trabajadoras expresaron que sus derechos laborales prácticamente no existen en IMI, y las más afectadas son ellas, quienes han “aguantado” por sus hijos, pero cada vez la empresa les quita más derechos.
Un ejemplo de esto, es la falta de servicio médico en la empresa, mencionan que “ni una pastilla para el dolor de cabeza pueden conseguir”; malestar que es ocasionado por los materiales y sustancias que manejan.
“Nos dicen que no tienen nunca un doctor, que si necesitaran del servicio médico tienen que moverse a la otra plata, pero sus supervisores no se los permiten” señaló Amapola López Hernández, coordinadora de la Coalición de Ex trabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN).
López Hernández, comentó que una de las trabajadoras está embarazada y salió a protestar para que ninguna otra mujer embarazada tenga que laborar en las condiciones “terribles” en las que ella lo hizo. Según denunció, dentro de la empresa fue designada -y sin consideración de cambio- a trabajar en un área donde se encontraba expuesta a sustancias tóxicas que le hacían daño:
“Ella se sentía muy mal, vomitaba, pero le decían que no tenía nada que eran sus ideas y la trataron super mal en general”expresó Amapola Hernández.
La respuesta del personal directivo de la empresa y de recursos humanos ha sido la represión y el amedrentamiento, afirmaron, ya que después de la manifestación despidieron a una de las trabajadoras. Sin embargo, el viernes 13 de mayo despidieron a otras quince compañeras, y les dijeron directamente que fue “por estarse manifestando”.
“A pesar de que llevamos máscara trataron de identificarnos con otras características, algunas que corrieron ni siquiera estaban en la manifestación, tan solo por parecer que ellas estaban” declaró la integrante de CETIEN.
La empresa amenazó con continuar despidiendo al personal que se llegase a quejar nuevamente, incluso, con demandar penalmente a quien lo haga. No obstante, Amapola explicó que, pese a los intentos de amedrentamiento, las trabajadoras tienen derecho a manifestarse, más aún, porque las cosas que están solicitando son básicas dentro de la Ley Federal del Trabajo.
Así, pese a la intimidación, el acoso y las amenazas directas, las trabajadoras han decidido seguir
“Las quisieron asustar, pero ellas se vieron muy animadas, quieren seguir hasta el final para evidenciar las violaciones hacia sus derechos y luchar en conjunto por condiciones dignas” expresó Hernández.
Finalmente, las exigencias son: respeto a sus derechos laborales, aumento salarial, vacaciones no condicionadas, atención médica para todos los turnos en la planta y, por supuesto, no ser despedidas por exigir sus derechos:
“Vamos a seguir hasta el final, hasta que nos den lo que nos corresponde por ley y sobre todo, que respeten nuestros derechos” sentenció la integrante de CETIEN.
Mérida, Yucatán; 23 de mayo de 2022 (ACOM).- Habitantes de la calle 13 por 48 y 46 de la colonia San Damián, al poniente de Mérida, cerraron la vía para externar su inconformidad contra la colocación de gasoductos que representa un peligro.
Afirman que por varios meses no hubo ningún trabajo de perforación, hasta que este mes regresaron las maquinarias, al igual que sus temores.
«Dejaron de venir hace como 3 meses y ahorita nos sorprendieron, llegan arbitrariamente a hacer sus perforaciones. La cuestión es que ellos no tienen supervisión de nadie para hacer sus trabajos, no conocen nuestro subsuelo. Nosotros tenemos varias cuevas y nuestra gran preocupación es que eso pueda explotar», señaló Celia Patricia Velázquez, una vecina afectada de este sector.
Informó que las perforaciones generan un grave impedimento de acceso de los vecinos a sus viviendas, así como ruido y otras afectaciones que causan estragos en personas adultas mayores que radican en este sector.
Dijo que los afectados ya han interpuesto 3 amparos en contra de las labores de perforación, aunque señalan que esto no ha impedido que los trabajos continúen.
De hecho, advirtió que podrían estarse utilizando materiales contaminantes para facilitar la perforación del suelo y así colocar los tubos por donde pasaría el gas natural.
«Utilizan un polvo que no sabemos si contiene algún químico y los derechos de ese lodo que extraen de lo que perforan, lo tiran en nuestros pozos pluviales que, se supone, deberían estar libres. Imagínese si vienen y nos llenan de lodo y quién sabe qué ácido, aparte de la contaminación del ruido que generan», mencionó la entrevistada.
Ante esto, los vecinos pidieron la intervención de autoridades estatales y municipales en estas labores, pues afirman que hasta ahora ninguna instancia les ha ofrecido apoyo en su lucha.
Rubén Darío Hau / Fotos: Martín Zetina / Por Esto!
La empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén, mintió desde un principio sobre el daño que causaría al manto freático porque, para empezar, enterró un cenote que tenía en el interior de su predio y ocultó el daño a dos más que están ubicados a 1.5 kilómetros a su alrededor, aseguró Clemente May Echeverría, uno de los coordinadores de los Guardianes de los Cenotes.
POR ESTO! recorrió nuevamente Homún y detectó que hay dos cenotes muy cercanos a las inmediaciones de la granja, Akulá y Polabán, este último operaba como cooperativa y era administrado por un grupo de 12 mujeres, pero el año pasado cerró por falta de visitantes.
May Echeverría dijo que albañiles de la granja de PAPO, en el 2017, se encargaron en silencio de enterrar el cenote, prácticamente le echaron piedras hasta embutirlo y luego lo taparon con cemento con el propósito de que las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizaran el funcionamiento de la filial de Kekén.
También dijo que dos cenotes estaban en grave peligro, el Akulá, que es a cielo abierto y el de Polabán, semicerrado, a escasos kilómetros de donde se ubica la planta y que serían afectados directamente por las aguas que pretendía verter residuales al subsuelo.
POR ESTO! publicó ayer que la granja PAPO ocultó información al no reportar a las autoridades ambientales la calidad del agua en la granja de Homún. Además, en su manifiesto ambiental no reportó la forma de reparar los daños por la posible contaminación ambiental, al cumplirse este 19 de mayo un año del cierre definitivo de operaciones de esta empresa.
Fue en el 2017 cuando por medio de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) la empresa PAPO recibió la autorización para construir su granja para 49 mil cerdos. Mediante el expediente 006/2017, la dependencia estableció una serie de consideraciones para poder abrir la granja, entre ellas “detectar cenotes, cuevas o grutas que pudieran ubicarse en el interior del mismo” y en caso de hallar alguno, la empresa debió de reportarlo.
De acuerdo con May Echeverría, de los Guardianes de los Cenotes, PAPO sí halló un cenote en su interior y en vez de reportarlo lo enterró, y entre otras cosas más, nunca consultó al pueblo maya, y durante los cuatro meses que operó antes de que la población recurriera a las vías legales para defenderse y fuera suspendida, logró movilizar alrededor de 5 mil cerdos.
PAPO pretendía extraer del subsuelo 2 millones 65 mil 446.6 metros cúbicos de agua al año, que equivalía a 2 mil 65 millones 446 mil 640 litros anuales y descargar un millón 149 mil 670 litros de aguas residuales, lo que al año representa 419 millones 629 mil 550 litros de agua contaminada.
Sólo operaron 4 meses
Por fortuna, May Echeverría expuso que la filial de Kekén sólo funcionó cuatro meses y no causó tantos daños y al cumplirse ahora un año da un respiro al manto acuífero, pues en Homún hay más de 300 cenotes, de los cuales 25 están activos.
Homún se encuentra en el Anillo de Cenotes, que es un área natural con protección estatal en Yucatán, en una alineación semicircular de ojos de agua relacionada con la teoría del impacto, hace unos 65 a 70 millones de años, del asteroide que produjo el cráter de Chicxulub.
Es un sistema hidrológico único en el mundo determinado por la alta permeabilidad del subsuelo en un área con alto flujo de agua, conformando una red de cavernas complejas, que actúan como ríos subterráneos, reservas de agua y salientes externas conocidos como cenotes.
Por su parte, la alcaldesa de Homún, Sandra Marisol Góngora, dijo que las autoridades municipales anteriores fueron las que dieron permisos a PAPO, pero ante la presión de la población se le retiró.
Explicó que el 60% de la actividad económica de los 8 mil 100 habitantes de Homún está relacionada con las visitas a los cenotes, y en general al turismo y a la prestación de servicios.
“Nos está yendo bien, la gente está visitando los cenotes, está generando empleo, hay hoteles aunque pequeños o medianos, pero están prestando servicio. Y no sólo eso porque estamos organizando encuentros con municipios de los alrededores promover la actitud artesanal”, dijo.
Dijo que organiza ferias con Huhí, Hoctún y Hocabá para mejorar el comercio y la actividad artesanal y su administración está pintando fachadas para hacerlo más atractivos para el turismo.
Hace varios años, la gente salía del municipio para buscar empleo en Mérida, pero ahora está trabajando en el municipio en la actitud turística y eso es muy bueno.
Consideró como positivo que el juez segundo haya determinado la suspensión de actividad de PAPO y que a un año de eso la gente está viviendo en paz y con tranquilidad.
Familiares, amigos y conocidos se manifestaron en el municipio de Akil para exigir justicia por la muerte de un hombre dentro de una patrulla de Yucatán.
La esposa de Enrique R. M., de 25 años de edad, encabezó una marcha para exigir justicia por la muerte de su esposo dentro de una patrulla de policía en Yucatán.
La mujer estuvo acompañada de familiares y conocidos, el día de ayer, alrededor de las 17:30 horas y caminaron desde la casa de Enrique hasta el Palacio Municipal, donde se manifestaron.
La manifestación estuvo acompañada de pancartas, donde se exigía justicia por la extraña muerte de un hombre dentro de la patrulla, ya que no aceptan el resultado de la autopsia, ya que presumen que el hombre fue asesinado por agentes de la Policía Municipal.
Como informamos en La Verdad Noticias, el pasado sábado 14 de mayo, se reportó la muerte del hombre luego de que fue detenido por elementos de la Policía Municipal y tras la autopsia de ley, se reveló que las causas de su muerte fue por asfixia, sin embargo los familiares no aceptan esta versión, ya que el cuerpo presenta múltiples golpes, así como fracturas que evidenciaron a través de redes sociales.
Ante esta situación, la alcaldesa Higinia Zapata realizó un vídeo el pasado domingo para brindar apoyo a la familia, sin embargo la esposa del ahora fallecido marchó el miércoles hasta el Palacio Municipal para reclamar justicia a la edil.
‘Cuando me lo trajeron tenía golpes, tenía quebrados sus costillas y sus pies. Dónde está Higinia que dijo que va a hacer justicia. ¿Dónde está ella, dónde están los policías?’.
Fueron los gritos de la mujer, quien señaló que su esposo ‘no murió por asfixia’.
Alcaldesa se lava las manos de la muerte del hombre
Tras llegar al Palacio Municipal, la Alcaldesa recibió a la esposa del fallecido e indicó que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que el Ayuntamiento sólo puede darle seguimiento y proporcionar todo lo que la autoridad estatal solicite.
Por su parte la esposa de Enrique señaló a Higinia Zapata de solapar y encubrir a los presuntos asesinos, sin embargo la Alcaldesa indicó que los cuatro oficiales están bajo investigación, sin dejar en claro si serán cesados de sus cargos.
Cabe mencionar que este caso ha cimbrado a la sociedad yucateca, ya que los familiares han compartido vídeos del hombre muerto, donde se pueden evidenciar los golpes en el rostro y su cadáver.
Estación Queréndaro a 19 de mayo del 2022.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM consejo autónomo conformado por autoridades tradiciones de 65 comunidades originarias recibió a la Caravana de la Dignidad y la Conciencia Wixárika en el poblado de Estación de Queréndaro en el Municipio de Zinapécuaro.
La caravana pacífica e histórica de integrantes del Pueblo Wixárika avanzan a pie desde sus tierras ancestrales, poco a poco pero a paso firme continúan caminando y luchando, llevan 23 días marchando desde el Estado de Jalisco y pronto llegarán a la CDMX, en promedio 200 wixárikas caminan 30 km por día. Buscan la restitución de su territorio ancestral, usurpados por ganaderos y pequeños propietarios. Su objetivo es caminar más de 600 km hasta la capital mexicana, para que les sea atendida la exigencia de la restitución de sus tierras comunales.
Fueron recibidos en tierras michoacanas por autoridades de las comunidades indígenas integradas en el CSIM, quienes proporcionaron alimentos y víveres, intercambiaron diálogos de lucha y resistencia y se sumaron a la exigencia histórica de restitución de tierras comunales del Pueblo Wixárika. El CSIM reconoce, admira y acompaña esta reivindicación Wixárika coincidiendo que la lucha histórica y contemporánea más importante de los pueblos originarios es la lucha por la defensa del territorio y la tierra comunal, “es la madre de todas las luchas” expresan.
El día de hoy la caravana continuará su paso firme a la CDMX acompañada por integrantes de las comunidades originarias de Michoacán.
En la Glorieta de las y los Desaparecidos de Guadalajara, colectivos de personas desaparecidas se reunieron este miércoles 18 de mayo, para denunciar que en México hay más de 100 mil personas desaparecidas.
Mario Marlos / Zona Docs
Acompañadas de los retratos de sus seres queridos, los familiares de desaparecidos, colocaron veladoras frente a las imágenes de sus hijas e hijos para exigir que las autoridades municipales, estatales y federales, realmente, busquen a los suyos y que por una buena vez detenga las desapariciones.
La manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos se convocó dos días después de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPDNO), informará que México había superado las 100 mil personas desaparecidas y/o no localizadas
Los familiares recordaron al Gobierno de Enrique Alfaro que Jalisco es el primer lugar en personas desaparecidas en el país.
Según la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), en Jalisco, del año 2000 a la fecha, han desaparecido 12 mil 949 personas (11,073 hombres, 1,874 mujeres y 2 personas con sexo indeterminado), lo que representa el 17% de todas las desapariciones que hay en el país.
Al lugar, también asistieron, amigos y familiares del maestro Omar Verástegui quien fue desaparecido el pasado 16 de mayo, cuando se dirigía a su trabajo.
Por lo que, paralelo a la manifestación realizada por los colectivos de búsqueda, los familiares y amigos del maestro Omar Verástegui se sumaron a la solicitud de la localización inmediata de los más de 100 mil personas desaparecidas en México.
Afortunadamente, alrededor de las 11 de la mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció en sus redes sociales que el profesor Omar había sido localizado con vida.
En el mismo mensaje del gobernador le cuestionaron: “¿Y se podría replicar la estrategia usada en este caso para encontrar a todos los demás? Porque quiero creer que se empleó una nueva metodología que ahora sí dio un buen resultado. ¿O nomás son ideas mías?”; sin embargo, ese mensaje no obtuvo respuesta alguna, pues la cuenta oficial sólo contesta felicitaciones por hacer lo que es su obligación.
Guadalajara, Jalisco. El Comité para la Defensa del Bosque Nixticuil en Zapopan denuncia tráfico de influencias por parte del Gobierno Municipal para favorecer el desarrollo inmobiliario en una área que tiene un alto grado de conservación ecológica.
“Se trata de una zona que es una cañada del Bosque Nixticuil que en 2005 fue eliminada deliberadamente del decreto de Área Natural Protegida para proteger los intereses inmobiliarios de la familia García Arce de la empresa Aga que desde entonces ha venido urbanizado las zonas aledañas a este predio que el pasado lunes comenzaron a alambrar”.
Desde hace 17 años el colectivo ha denunciado la colaboración por parte del gobierno zapopano para permitir la construcción en la zona en lugar de proteger el bosque.
En 2021 a raíz del último incendio suscitado en el predio donde se pretende edificar, el Municipio se comprometió en hacer un decreto de veda para impedir la urbanización; sin embargo, a la fecha no existe tal documento, por el contrario se argumentó a través de redes sociales que la inmobiliaria tiene el permiso para construir.
Actualmente la flora, fauna y los arroyos del bosque se encuentran vulnerables y en riesgo, aseguró, Sofia Herrera, integrante del Colectivo en Defensa del Bosque Nixticuil.
“El impacto ambiental es evidente que sería muy grande porque estamos hablando de una zona del bosque que aunque la hayan sacado del decreto de protección tiene un relevancia en términos hidrológicos por los arroyos que corren ahí, pero además porque forman parte de un corredor hidrológico que permite que el ecosistema entero del bosque se mantenga vivo”.
Añadió que las personas que viven en las colonias aledañas al bosque, también se encuentran en una situación de vulnerabilidad, porque podrían ser despojadas.
Ante tal situación, el colectivo pretende actuar de manera legal para continuar con la defensa del bosque, además de puntualizar que lo que pasa en la zona es un ecocidio, hecho que recientemente en Jalisco es considerado como un delito.
La Caravana de Dignidad y Conciencia integrada la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, perteneciente al pueblo wixárika y ubicada en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, inicio caminata el pasado 25 de abril del 2022, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México y exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras comunales localizadas en los límites de Jalisco y Nayarit
Mónica Contreras / Somos El Medio
En el año 2017, los integrantes de las comunidades wixárikas intentaron hacer la ejecución forzosa de las sentencias ganadas, pero hubo oposición violenta de los posesionarios, por ello la comunidad hizo un reclamo al Estado Mexicano que, en cumplimiento de sus obligaciones, si no puede ejecutarse estas sentencias, que el Estado busque los mecanismos para atender por la vía de convenios la restitución y la entrega voluntaria a la comunidad por parte de las superficies que le han sido invadidas.
El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad Wixárika, el Profesor Oscar Hernández Hernández, explicó que la caravana que comenzó el 25 de abril, fue planeada desde hace un año al observar falta de interés o respuestas por parte del gobierno federal en resolverles, entregarles o restituir las tierras de los integrantes de esta comunidad. Al día de hoy, 16 de mayo del presente a las 12:00 horas, contabilizan una caminata de 22 días, 176 horas de camino a pie, 580 kilómetros recorridos aproximadamente.
El profesor Hernández detalló que el movimiento que se está realizando, tiene la intención de crear conciencia de resaltar el respeto que se le debe de tener a los pueblos originarios, así mismo, buscan que las tierras que les fueron arrebatadas les sean restituidas. La caravana se dirige a Palacio Nacional, con el objetivo de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para concretar la forma en que se procederá la restitución de más de mil 500 hectáreas que hasta el momento están invadidas tienen ganadas en Tribunales Agrarios.
El representante del Comisariado agradeció la ayuda humanitaria que ha recibido la caravana a lo largo del viaje y destaca el hecho de que no tienen apoyo financiero externo alguno en este movimiento. También pide les reciban dignamente, recalcando que su movimiento ha sido pacifico.
El Abogado representante Carlos González García, explicó que en la actualidad la comunidad tiene conflicto en dos zonas significativas; el primer conflicto se refiere a 81 posesionarios del poblado de Huajimic municipio de la Yesca con aproximadamente 10, 448 hectáreas y una segunda zona de conflicto con el ejido Puente de Camotlán que está invadida en 617 hectáreas y 200 más que le han sido tomadas por la fuerza en los últimos años, destacó el abogado, que estos terrenos fueron reconocidos y titulados a la Comunidad correctamente mediante resolución presidencial y precisa que estos dos temas han sido resueltos de forma insignificante, a pesar de la insistencia y esfuerzo que ha hecho la comunidad para resolver.
En el caso del primer polígono, hasta el día de hoy la comunidad ha logrado que se ejecuten cuatro expedientes por 290 hectáreas, lo cual es aproximadamente el dos por ciento de la superficie que reclama la comunidad, a pesar de juicios que llevan 15 años en proceso y la problemática es aún más antigua. El segundo territorio en conflicto, es con pobladores de Puente de Camotlán, el polígono es una invasión de 617 hectáreas y aproximadamente 200 hectáreas más, que han invadido personas en lo individual.
La Comunidad, cuentan con trece expedientes para ejecutarse inmediatamente por 897 hectáreas y 18 sentencias en 18 expedientes, que se dictaron a favor de la comunidad hace unos días, hasta el momento todas las sentencias han sido a favor de la comunidad. También, hace unos meses se interpusieron nueve demandas nuevas, que se refieren a un aproximado de 2 300 hectáreas, con ellas se suma un total de 54 juicios existentes con relación a la superficie que confrontan con el poblado de Huajimic.
Tanto Huajimic, como Puente de Camotlán, son dos poblados que pertenecen al municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit y es donde la Comunidad tiene las invasiones mencionadas. La comunidad está haciendo este gran esfuerzo para exigir los derechos que tiene reconocidos en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de los convenios y en tratados que México ha suscrito a nivel internacional, para que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones. (…) Es una grave violación la que se está cometiendo, porque para la comunidad sus tierras son fundamentales, para su reproducción económica, productiva, cultural y religiosa. Las tierras tienen una importancia significativa y el hecho de que el Estado Mexicano no cumpla con las obligaciones que tiene de impartir justicia a favor de la comunidad, redundan en la destrucción del pueblo Wixárika y de esta comunidad, expresó el abogado representante.
En la conferencia, Luciana Vázquez Minjarez, Comisionada de la comunidad expresó: «El motivo que nos trae a este espacio, son más de 60 años de lucha y resistencia por nuestras tierras, hoy tanto mi compañera y yo, venimos en representación de las mujeres Wixárika comuneras que vienen en la caravana y de igual manera las que se quedaron en la comunidad. La restitución de nuestras tierras es lo único que estamos pidiendo, no es posible que a estas alturas se sigan violentando nuestros derechos como pueblos indígenas.»
Durante su participación, Vázquez Minjarez resaltó que el presidente de México hasta el momento no se ha manifestado ni puesto en contacto con ellos por lo que le solicitaron que los atienda inmediatamente.
«Hace 22 días que salimos de nuestra comunidad, dejando a nuestra familia, a nuestros hijos y venimos caminando como manifiesto para que se nos atienda con la resolución del conflicto, pero hasta la fecha el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto y con esto vuelvo a reafirmar que en México los pueblos indígenas somos los invisibles, los sin voz, los sin derechos. Solo en el discurso está primero los pobres, primero los pueblos originarios, pero ya basta, en México el mismo estado nos despoja de nuestras tierras, de nuestra identidad y también de nuestra lengua porque en nuestro territorio se encuentra todo eso y si no es así, que se nos demuestre con hechos, que se nos atienda el conflicto agrario y lo reafirmo, seguiremos en la defensa de nuestro territorio.»
La Caravana de Dignidad y Conciencia esta integrada por más de 120 comuneros, entre autoridades tradicionales, autoridades agrarias y comuneros, de esos 120 aproximadamente 13 son mujeres. La Comisionada destacó que el papel de las mujeres en la lucha del territorio es muy importante. «La voz de las mujeres es importante y no se nos debe de callar, al contrario, ojalá que esta voz, la voz femenina defensora del territorio se escuche en todas partes.»
Finalmente, la Caravana de Dignidad y Conciencia invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los atienda adecuadamente, «sin trabas de procesos burocráticos con tanta violencia sistemática porque se deben de respetar nuestros derechos.»
Habitantes de Sitilpech, comisaría de Izamal, se manifiestan frente a la sede del Poder Judicial de la Federal, en Mérida, para insistir en que el Juez Primero de Distrito conceda la suspensión definitiva de la granja porcícola, Kancabchén II, aparcera de Kekén.
El pasado 28 de abril, un Tribunal Colegiado ordenó al juez Primero de Distrito conceder la suspensión provisional. Sin embargo, los desechos de la granja porcícola al filtrarse en el subsuelo contamina las aguas que consumen los habitantes de Sitilpech, además, daña los cultivos agrícolas y genera otras enfermedades relacionadas con la piel.
POR ESTO! informó que esa granja ya instaló una red de tuberías en terrenos aledaños para deshacerse de las aguas contaminantes, vertiéndolo en el suelo.
La población no fue consultada sobre las acciones de esta granja y aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias tanto jurídicas como de presión social para defender el futuro de los niños y niñas de Sitilpech, en Izamal
En 2021 y lo que va del 2022 se hallaron 91 fosas clandestinas en Guanajuato, de acuerdo con los registros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEB).
AM, León Gunajauato
Por Daniel Gilberto Martínez Macías
lunes, 16 de mayo de 2022
Guanajuato.- En 2021 y lo que va del 2022 se hallaron 91 fosas clandestinas en Guanajuato, de acuerdo con los registros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEB).El año pasado se registraron 66 fosas y hasta marzo del 2022 otras 25, en estos sitios se encontraron 138 cuerpos.
Se estableció el número de cuerpos aún cuando no se realizaron pruebas forenses para dar cifras oficiales.
Sophia Huett, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo el viernes que hasta no tener estudios forenses, no se puede establecer la cantidad de cuerpos encontrados. Huett se refería al caso de los 18 cuerpos hallados en un cementerio clandestino de la comunidad Hacienda Arriba, de acuerdo con la versión de madres buscadoras.
Las autoridades pusieron en duda la cifra. Los reportes de hallazgos de fosas no señalan ubicaciones exactas en los registros del CEB, aunque la mayoría se encuentra en terrenos cerca de comunidades donde puede llegar a operar el crimen organizado.
Celaya, Salvatierra, Irapuato, Salamanca, Cortazar y Acámbaro destacan por ser los sitios donde se han encontrado fosas que van desde los 18 hasta más de 60 cuerpos encontrados. A ellos se sumó ahora Léon.
Los informes de la CEB, que depende de la Secretaría de Gobierno, difieren de lo que la Fiscalía General del Estado señala, pues esta solo tiene contabilizados 10 puntos donde hay fosas clandestinas en todo el estado.
Los puntos que señala la Fiscalía son las fosas más grandes, como las de Salvatierra, Acámbaro y Cortazar, donde el número de cuerpos superó los cincuenta por cementerio clandestino, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía.
Familias buscadoras de diversas partes del país han llegado nuevamente a Jalisco para ser parte de la Brigada Nacional de Búsqueda que inició el 12 de mayo y culminará el 18 del mismo mes; esta acción impulsada por el Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros estará realizando búsquedas en vida y en campo para localizar a alguno de las personas desaparecidas de las familias que vienen de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Estado de México Nayarit, Coahuila e, inclusive, de Perú.
En rueda de prensa, las familias que buscan a sus seres queridos exigen más apoyo de las autoridades y solidaridad de las personas, pues les piden otorguen información que les ayude a localizar a sus tesoros.
Darwin Franco / Zona Docs
Bajo un sol que pegaba con todo, decenas de familias buscadoras comenzaron a peinar un gran terreno baldío ubicado al fondo de la calle 25 de diciembre en la colonia La Cofradía en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Era 14 de mayo, fecha en que las buscadoras provenientes de diversas partes del país realizaban el tercer día de actividades de la Brigada Nacional de Búsqueda a la que convocó el Colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros de Jalisco.
Entre matorrales y con poca sombra, las buscadoras peinaron el terreno bajo una formación de abanico, la cual permite hacer la búsqueda en campo en menos tiempo, los grupos para hacer la acción estuvieron conformadas por las buscadoras, integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco y mujeres policías que cuidaban la seguridad de cada cuadrilla.
También se contaba con la presencia de un antropólogo forense adscrito a la Comisión Estatal de Búsqueda, el cual iba de un grupo a otro para confirmar o descartar que los huesos localizados en el lugar fuesen de personas; así como dar testimonio de la localización de alguna fosa clandestina. Los únicos huesos localizados en el lugar correspondieron a perros y vacas.
La jornada que duró alrededor de cuatro horas no tuvo ningún hallazgo positivo, pues tanto los puntos que les habían en el terreno, como en las casas abandonadas cercanas a éste resultaron negativos. Todo esto, pese a los comentarios de vecinos de la zona que aseguraron que en ese mismo paraje, en los últimos meses, se habían localizado los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer.
Al final de la jornada de búsqueda, las familias ofrecieron una rueda de prensa en donde exigieron mayor apoyo de las autoridades locales y federales para poder buscar con mayor seguridad; así como solicitaron apoyo a la ciudadanía para que les brinden información anónima que les permita localizar a sus seres queridos.
El siguiente video muestra algunos testimonios de madres y esposas buscadoras provenientes de Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Michoacán, quienes señalan las omisiones de las autoridades en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de sus seres queridos.
Búsqueda positiva en cuarto día de búsqueda
En el cuarto día de búsqueda, las familias buscadoras realizaron una inspección en una vivienda ubicada en Avenida Paseo del Chivatillo en Tlajomulco de Zúñiga, municipio en el que pasadas brigadas localizaron diversas fosas clandestinas dentro en patios delanteros o traseros de viviendas de interés social.
La búsqueda que se ahí realizó porque se tenía autorización judicial inició con contratiempos porque no se tenía el equipo necesario para hacer la excavación, razón por la cual desde las redes sociales de Corazones Unidos se solicitó ayuda.
Tras horas de espera, la ayuda llegó y anunciaron su primer hallazgo positivo. Será hasta las próximas horas en que las autoridades ministeriales y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinen si los restos localizados corresponden a una o varias personas.
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Esta Brigada Nacional de Búsqueda continuará sus labores en la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta el 18 de mayo, aquí un enlace para canalizar ayuda solidaria e información anónima: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078739983177
El colectivo “Madres Guerreras de León” informaron que recuperaron los restos de 10 hombres y ocho mujeres, que fueron inhumados; en un punto cercano a la comunidad de Comanja, fue desmantelado un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en noviembre del 2020.
Por Verónica Espinosa, Proceso
viernes, 13 de mayo de 2022
GUANAJUATO, Gto., (apro).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas en León dieron a conocer que tras dos semanas de exploración y búsqueda en terrenos de una finca aparentemente abandonada en ese municipio, se logró la localización y recuperación de los restos de al menos 18 personas, 10 hombres y ocho mujeres, que fueron inhumados en una fosa clandestina.
Presuntamente, en un punto cercano a este inmueble cercano a la comunidad de Comanja, fue desmantelado un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en noviembre del 2020.
El colectivo “Madres Guerreras de León” difundió el jueves que sus integrantes participaron en una búsqueda en campo junto con personal de la Comisión estatal de búsqueda, la Célula municipal de búsqueda y la Fiscalía estatal, luego de que las buscadoras recibieron datos e indicios de que en una finca de la comunidad Hacienda Arriba, ubicada en los límites con Jalisco, habría restos de personas asesinadas.
Martha Cecilia Cruz, vocera del colectivo Madres Guerreras, y quien busca desde 2017 a su hijo Lucio Uriel Cruz, señaló “me siento un poco contenta y triste porque se dio este hallazgo. Triste porque al final fueron 18 cuerpos, pero también estamos contentas porque 18 familias van a saber de sus desaparecidos”.
El 26 de abril se dio con los primeros restos humanos en el inmueble, ubicado junto a la carretera a Comanja de Corona. Por ello, la Fiscalía general del estado abrió la carpeta de investigación 46058/2022, aunque no ha dado información sobre los hallazgos.
En tanto que el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra, señaló que la Secretaría de Gobierno detallaría los resultados de esta búsqueda, pero la dependencia se negó a informar al respecto.
Por su parte, los colectivos dieron a conocer que al finalizar las tareas de búsqueda, se pudieron exhumar en el sitio los restos de 18 personas, todos los cuales mostraban huellas de tortura y diversas lesiones, y habrían sido ocultados en el sitio en diversos momentos, entre los últimos dos años y los más recientes, hace unos ocho meses.
Por estos hallazgos, hicieron un llamado a personas que buscan a sus desaparecidos a que se acerquen a la Fiscalía estatal para realizar las pruebas genéticas necesarias para cotejar los perfiles y avanzar en la identificación de los restos.
El colectivo “Madres Guerreras de León” agrupa a 25 familias, aunque según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el municipio se ha reportado la desaparición de 289 personas hasta la fecha.
En las próximas semanas, los colectivos y autoridades esperan realizar búsquedas en campo en otros puntos que les han sido señalados como posibles fosas clandestinas en León.
Moelia, Michoacán.- “¿Y si fuera tu familiar el que estuviera desaparecido?”, cuestionaron familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes tomaron la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ante la falta de resultados que, aseveraron, presenta la instancia.
Con carteles y cartulinas, donde exhibieron las fotografías y los datos de sus seres queridos pendientes de localizar, llevaron a cabo la toma de las oficinas.
Asimismo, a su arribo al lugar, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, José Alfredo Tapia Navarrete, fue confrontado por los manifestantes, entre señalamientos de cancelar acciones ya programadas y comprometidas.
Foto: primeraplana.mxFoto: primeraplana.mx
Agregaron que la comisión no realiza la función para la que fue creada y no reconoce el trabajo de las familias de personas desaparecidas.
Semos madres buscadores… semos las familias de los desaparecidos
“No semos esos con desaparecidos, semos las familias de personas desaparecidas, semos madres buscadores, madres rastreadores, madres defensoras de los derechos humanos, tenemos años de experiencia en búsqueda de campo y sólo queremos salir a trabajar para traer a nuestros hijos a casa”, afirmó Evangelina Ceja, madre de Tania, reportada como no localizada desde 2011.
Son más de 100 búsquedas las que están programadas en municipios como Aquila, Uruapan, Apatzingán, Venustiano Carranza, Yurécuaro, en todo el estado, búsquedas que la comisión no va a realizar “porque no tienen la capacidad para ello, son políticos, no buscadores de personas”
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Los casos de larga data, que suman varios años sin resolución, ni siquiera son parte de una agenda de trabajo, “he llevado listas de lugares donde podría estar mi hija, las coordenadas de posibles ubicaciones y nada… pasaporte… pierden esta información”.
Lamentó que se han tenido reuniones interinstitucionales donde se ha demeritado a las familias de personas desaparecidas, “ni siquiera semos ya familias, semos esos de los desaparecidos, y dicen que no tienen por qué apoyarnos, no tienen por qué gestionarnos nada”.
“Hacen búsquedas de 2 horas y se regresan a sentar, dejando que pasen 72 horas para que el caso vaya a la Fiscalía (General del Estado, FGE), y se pierde tiempo crucial para localizar con vida a nuestros familiares”, reiteró.
Foto: primeraplana.mxFoto: primerplana.mx
Evangelina Ceja atribuyó la renuencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas a la negativa a reconocer que “no saben hacer su trabajo y no quieren que nosotros veamos eso, no quieren sentirse vigilados”.
Aseguró que en caso de no obtener respuesta favorable, los familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas tomarán de manera indefinida la instancia.
En el Día de la Enfermera, profesionales de esta área de la medicina marcharon en Morelia para externar sus demandas de mejores condiciones laborales
Juan Bustos / La Voz de Michoacán, 12 de mayo de 2022
Morelia, Michoacán. Las condiciones de las enfermeras tras la pandemia de COVID-19 son iguales o peores previo a la emergencia sanitaria, ya que se les ha incumplido con el bono por esta contingencia para quienes estuvieron en la primera línea de combate a la enfermedad, es así que la precariedad y la inestabilidad laborales continúan para el gremio que, a pesar de tener 16 representaciones sindicales, no ve avances.
Este jueves, alrededor de 120 enfermeras marcharon desde la Plaza Morelos hacia el Palacio de Gobierno en la idea de conmemorar el Día de la Enfermera (que se celebra cada 12 mayo), y señalaron no hay mucho que celebrar ante los pendientes que aún se tienen, expuso María Luisa Lara Gutiérrez, integrante de la Unión Nacional de Enfermería Capítulo Michoacán.
La vocera de las enfermeras aseguró que actualmente existen condiciones laborales complicadas, como falta de medicamentos y material de curación, además de salarios precarios. Asimismo, un contexto de abusos y ser víctimas de actos de corrupción.
“Exigimos a las autoridades que den respuesta a las demandas, como la inmediata profesionalización de las enfermeras michoacanas, un salario justo de acuerdo con sus niveles académicos conforme a la ley, que se realice una auditoría a la entrega de códigos o claves ya que hay personal administrativo con código de enfermería y a la inversa”, atajó María Luisa Lara.
Indicó que otro tema tiene que ver con el reconocimiento de alto riesgo para el personal de enfermería y el servicio de manera equitativa, “existen otros profesionales a los que se les asigna el alto riesgo, pero las enfermeras son catalogadas en riesgo medio, creemos que hay una discriminación en ese aspecto”.
Foto: Víctor Ramírez, La Voz de Michoacán.
Señaló que existe un déficit de personal de acuerdo con los criterios internacionales, pues deberían existir 8.8 enfermeras por cada habitante, cuando en México existen 2.2 enfermeras, lo cual explica por qué hay deficiencias del servicio ante la carga de trabajo que se recibe.
“Se amplían las jornadas de trabajo quedándose tiempo extra y el cual no es remunerado como lo marcan las Condiciones Generales de Trabajo. En ese sentido, un reclamo justo es el pago del bono COVID-19, que fue prometido al personal de la salud. En la Secretaría de Salud hay 16 representaciones de trabajadores y que no han gestionado el tema”, indicó.
La representante del gremio señaló que el recurso de dicho bono COVID-19, de acuerdo con las autoridades federales, se hizo llegar al estado, pero no se ha pagado, “de igual forma pedimos que se pague y aumenten las becas a pasantes de enfermería, solamente reciben 300 pesos a la quincena, no se puede avanzar en estas condiciones”.
Manifestó la profesional de la salud que las enfermeras son a quienes les toca padecer la furia y desesperación de enfermos y familiares ante la precaria situación de los sistemas de salud: “No contamos con lo necesario, la enfermera es la violentada, cuando es obligación de acuerdo con la ley otorgar material y equipo para que el personal realice sus tareas de mejor manera”.
Sin embargo, señaló María Luisa Lara que las profesionales más castigadas en torno a la precariedad laboral son las enfermeras del sector privado, donde los salarios son muy bajos, por lo cual se requiere una mejora de estas condiciones.
“Durante años hemos laborado con un salario paupérrimo, y a pesar de que en los centros laborales nos encontramos con muchas carencias y dificultades, nosotras desempeñamos nuestra labor con esmero y profesionalismo, tanto en el ámbito privado como en el sector público”, apuntó.
Subrayó que con grandes esfuerzos siguen actualizándose, con diplomados, maestrías y hasta doctorados. “Nosotras desempeñamos nuestra carrera con vocación, esfuerzo y sacrificio”, finalizó.
Este 10 de mayo no hay nada que celebrar, así lo expresaron las madres buscadoras integrantes del colectivo Familias Unidas Por Nayarit, quienes se reunieron esta mañana en el Parque a la Madre para rendir homenaje a sus hijos e hijas desaparecidos así como para aquellos a quienes llaman promesa cumplida.
La señora Fidelina Benitez Hinojosa comentó que continúan con la búsqueda, y expresó que el dolor de la pérdida de un hijo es inexplicable, pidió no ser juzgados durante sus manifestaciones y ser apoyados con cualquier información sobre posibles fosas clandestinas, en su caso su hija Aime Guadalupe Arellano desapareció en el año 2017, fue localizada en una fosa clandestina en 2018 y entregada hasta el 25 de enero del 2019.
“Es un dolor muy grande, hoy yo estoy aquí por mi hija, por el grupo, y de aqui yo parto al panteón a llevarle sus flores a mi hija, es un día que por más que digo no voy a llorar, no se puede, es un dolor que aunque pasen los años sigue doliendo, es constante este dolor, aprendemos a vivir con él pero no se puede vivir sin ellos, porque en nuestra mesa tenemos un lugar vacio”.
Por su parte la dirigente de COFAUNAY Gloria Monserrath Tapia Avila informó que son más de 1,200 desaparecidos en el estado de Nayarit según las cifras oficiales, sin embargo en trabajo de campo identificaron al menos 600 casos más de personas que no se atrevieron a realizar las denuncias correspondientes.
“Son 1200 del estado pero estamos hablando nada más con reporte oficial, estamos hablando de más de 1800 personas, 600 más, nosotros nos damos cuenta porque cada mes hacemos una difusión en distintas colonias y foráneas, esto nos permite estar en contacto directo con la sociedad y darnos cuenta de que hay más personas desaparecidas y que no se han atrevido a denunciar por miedo”.
Tapia Avila mencionó que son preocupantes las cifras, pues en los últimos días las desapariciones de mujeres han incrementado ya que por cada 5 varones hay 3 mujeres desaparecidas, el mayor número de casos se registran en la capital nayarita, además en los primeros meses del 2022 ya se han registrado 100 casos.
“Es preocupante porque las desapariciones ahora están incrementando en las mujeres, anteriormente por 4 varones desaparecidos habia 1 mujer, ahorita por 5 varones desaparecidos hay 3 mujeres desaparecidas, estamos hablando de que en lo que va de este año hay más de 100 desaparecidos el municipio de Tepic es el que mayor tiene, de estos 100 un 35% son mujeres”.
De los 1200 desaparecidos sólo se ha logrado encontrar a menos del 20%, además en la Fiscalía General del Estado se tienen 60 cuerpos sin identificar mismos que tienen más de 4 años en este lugar, del 2017 al 2022 se han localizado 15 fosas clandestinas con la extracción de 120 cuerpos.
Contra corriente, ellas han buscado a sus hijos, sin esperar a las pasivas autoridades; lo que les valió ya la desacreditación, las calumnias, los enfrentamientos con gobernadores y fiscalías, incluso cuestionamientos de otras activistas, pero hoy les une la misma causa: Dar con sus muchachas y muchachos, y se preparan para una unión importante, de alcances nacionales, donde ya nada las pueda detener, son: Las Madres Buscadoras.
Liliana, una de ellas en Jalisco, nos adelanta que han conseguido lo que otras organizaciones no: “Sumarnos, más voces y más manos”.
Fueron las buscadoras de Sonora las que abrieron la brecha, reconoce. Y justo ellas no tuvieron un buen recibimiento en Jalisco y en un evento público el gobernador Enrique Alfaro se expresó así de las Buscadoras de Sonora: “Nosotros tenemos un esfuerzo institucional muy serio con este tema. Tenemos comunicación con las familias de cualquier persona desaparecida en Jalisco, pero hay que tener mucho cuidado”.
Luego en otra intervención insistió: “Tenemos que revisar con mucho cuidado de dónde vienen, quiénes son, porque de repente están llegando hasta de otros estados, entonces estamos trabajando en eso”.
Pero a decir de las Madres Buscadoras “eso no es nada, nunca las detuvo y no las detendrá” y es que más que las palabras, las han agraviado los actos de algunos gobiernos que en vez de apoyo, les mandan observadores, verdaderos espías, que las “fichan” tomando fotos, las obstaculizan y promueven toda clase de rumores en contra de ellas.
Como Liliana, están convencidas de que la búsqueda es en el campo y es por ello que se han sumado a la capacitación otorgada por las Madres Buscadoras y por la propia Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
Han experimentado ya como otros grupos se hacen de recursos, reciben donaciones vía cuentas bancarias, rifan electrónicos y otros que les objetos que les regalan y por lo tanto la parte económica les detiene.
Por si fuera poco, se suma a la capacitación el primer grupo de activistas “Luz y Esperanza”. Más de 20 personas de éste, además de integrantes de la Célula de Búsqueda del municipio de Tonalá, ya conocieron de primera mano algunas técnicas de búsqueda en campo, los protocolos que se deben seguir, así como el grado de responsabilidad de cada una de las autoridades que intervienen en la búsqueda.
A ellos les han hecho una demostración de diferentes técnicas de búsqueda en campo que existen, se les explicó cómo funcionan algunos instrumentos tecnológicos que se emplean en búsquedas de campo y, además, se les enseñó a delimitar cuadrantes.
También el manejo del dron fue importante y se les habló de las planimetrías, la ejecución de planes de prospección, tareas de reconocimiento de zonas y puntos de interés y se hizo una demostración del georadar, una especie de escáner, que detecta cambios morfológicos del terreno.
La diferencia es que las madres de Jalisco antes buscaban a sus hijos en el Semefo y hoy hay quienes así seguirán, en torno a la que muchos llaman “la otra fosa”; pero también están quienes están dispuestas a buscarlos en el campo, como lo gritan constantemente: ¡hasta encontrarlos!
Línea de tiempo
20 de Febrero de 2022
*Llegan por primera ocasión las Madres Buscadoras de Sonora para emprender la búsqueda de las y los jóvenes desaparecidos en Jalisco, que en esos momentos sumaban cerca de 15 mil sin ser localizados.
21 de Febrero de 2022
Inician los primeros trabajos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y solo en las primeras horas encontraron dos osamentas. Yadira Estrada, integrante de este colectivo, denunció que las autoridades que se acercaron supuestamente a ayudarles, se dedicaron a tomarles fotos. “Elementos que nos acompañan de la Policía del Estado y del personal de la Fiscalía del Estado, vulneran nuestra identidad y nos tomaron fotografías y videos sin nuestro consentimiento. Los responsabilizamos de cualquier situación de riesgo”, denunció.
22 de febrero de 2022
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pone en entredicho a dicha organización: “Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”.
23 de febrero de 2022
Tras las críticas que motivaron tales comentarios, el titular del Ejecutivo se reunió con las madres buscadoras de Sonora, conoció de voz de ellas su labor y dispuso de la Comisión Estatal de la Búsqueda, de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para darles apoyo.
16 de marzo de 2022
Las madres buscadoras de Sonora reportaron que entre osamentas y bolsas, sepultadas de manera clandestina en predios, casas abandonadas de Tlajomulco, localizaron restos de un total de 80 personas.
19 de abril de 2022
La Comisión Estatal de Búsqueda en Jalisco por primera ocasión propone a colectivo darles capacitación en la búsqueda, la agrupación Luz y Esperanza es la primera en levantar la mano y se suma a las tareas.
26 de abril de 2022
El grupo regresó a Jalisco, pero esta vez no solo a buscar, sino también a dar capacitación a los colectivos que estuvieran dispuestos a sumarse a la tarea.
26 de abril de 2022
Los diversos grupos de Madres Buscadoras convocan una unión nacional y a un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahora no les han querido agendar.
11 de mayo de 2022
Diversos colectivos denuncian que no han encontrado la respuesta requerida por el gobierno federal y este día se manifestarán en la ciudad de México, aseguran que los han re victimizado, son más están convocando a las víctimas del país a realizar actividades urgentes.
“Yo creí que me iban a matar”, narran mujeres torturadas por policías municipales capacitadas como “Policía de género” que detuvieron a 28 personas en la protesta del 1 de mayo; víctimas denuncian que sigue el acoso
POPLab, 08 de mayo de 2022
Con información de Edith Domínguez y Yajaira Gasca
Las manifestantes de la marcha feministas de Irapuato creyeron que no iban a sobrevivir cuando estuvieron retenidas al interior de la Presidencia Municipal de Irapuato, pues policías municipales supuestamente preparadas en temas de género, amenazaron con asesinarlas: “te voy a cortar la cabeza”, “las vamos a quemar”, “las vamos a violar y a desaparecer”.
De acuerdo con el artículo 264 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, un servidor público comete tortura cuando “con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflije a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada”.
Organizaciones feministas, activistas y organizaciones civiles no tienen dudas de que las detenidas en la marcha contra las desapariciones y los feminicidios ocurrida el primero de mayo en Irapuato, fueron torturadas.
Foto: Tomada de videos
Sobre las agresiones, las evidencias quedaron grabadas en vídeos que siguen circulando en redes sociales y por los propios testimonios de las afectadas, quienes hoy aseguran siguen teniendo miedo porque tras la detención siguen sufriendo el hostigamiento de agentes municipales en su hogares y trabajos.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato tiene además una preocupación sobre el probable papel activo que podrían estar teniendo elementos de la policía municipal en casos de desaparición, esto por las amenazas que lanzaron contra la detenidas.
La situación profundiza la crisis de desconfianza que existe contra corporaciones policiacas en Irapuato después del asesinato Ángel Yael Ignacio Rangel, joven estudiante del cuarto semestre de Ingeniería en Agronomía de la División de Ciencias de la Vida (Diciva) de la Universidad de Guanajuato, por un elemento de la Guardia Nacional.
Atemorizan a manifestantes con amenazas; hay indicios de agresiones sexuales
Un grupo de seis mujeres policías con distintivos violeta, supuestamente capacitadas con perspectiva de género, la rodearon y comenzaron a golpearla. Luego la arrastraron hasta la Presidencia Municipal, lo que ocasionó que su pantalón se le bajara y se le raspara la espalda.
Este relato lo hizo una de las víctimas a través de redes sociales. “Me ahorcaron con mi camisa y ya estando adentro nos empezaron a amenazar, nos dijeron que nos iban a cortar la cabeza”, relató.
Aunque fueron 28 las manifestantes detenidas, ella aseguró que había más de 80 mujeres retenidas en el interior de la Presidencia Municipal. Se desconoce si las demás fueron liberadas o qué sucedió con ellas.
Las detenidas fueron liberadas 30 horas después de la manifestación foto: Edith Domínguez
“Nos echaron alcohol en la cara y en el cuerpo y nos dijeron que nos iban a quemar y yo escuché que dijeron ‘pásame los cerillos para quemar a estas culeras’, dijeron que ni siquiera se iban a dar cuenta y que no iban a hacer nada de que nos habían matado”, recordó.
Les bajaron el pantalón a las jóvenes que permanecían retenidas, pero ella aseguró que no se dejó tocar y por ello recibió macanazos en distintas partes del cuerpo, incluida una herida profunda que se hizo en la pierna.
También fue testigo de como a una compañera la “nalguearon” los policías, esto cuando les hicieron bajarse los pantalones a varias de ellas. Esta versión sobre los hechos la han mencionado varias de las afectadas, lo que indica que también hubo agresiones de tipo sexual y amenazas de violación con los toletes que normalmente portan.
Los agentes municipales, de los que se sabe había más de 100 al interior de la Presidencia Municipal, también las amenazaron con violarlas con los toletes que portaban. Las agresiones ocurrieron a la vista de elementos de Protección Civil y de Tránsito, quienes no intervinieron para detener la violencia.
Familias esperaron afuera de los separos a las afectadas Foto: Edith Domínguez
“Vi que a una compañera (una mujer policía) le bajó el pantalón y la empezaron a dar nalgadas, después de eso nos tiraron al piso, no nos dejaban golpear, cada que yo levantaba la cabeza me azotaban contra el piso, todas eran mujeres policía”, señaló otra de las detenidas en una entrevista.
Adolorida del cuerpo y con miedo de hablar sobre los abusos que sufrió, otra víctima de 22 años relató en una entrevista el miedo que vivió durante la detención, pues pensó que no sobreviviría.
“Yo creí que me iban a matar de verdad, yo no pensé salir viva de ahí, me impactó mucho y nunca nunca voy a olvidar, levantaron a una señora y le dijeron ‘cállate o te voy a cortar la cabeza como lo hicimos con Karely y la voy a aventar al río por andar de putas’, de verdad me impactó”, dijo.
Karely es una joven que desapareció en diciembre de 2020 junto a cuatro personas más, luego de haberse reunido en una casa de la colonia Bajada de San Martín, en Irapuato. Un mes después de la desaparición, los jóvenes fueron localizados sin vida.
Karely fue una joven localizada sin vida en Irapuato- Imagen: POPLab
El testimonio de la mujer confirma que le bajaron el pantalón a una de las detenidas y le dieron nalgadas, las obligaron a tirarse al piso y a bajar la cabeza; cada que intentaban levantarla las azotaban contra el piso. Hasta ese momento las agresoras eran todas mujeres policía.
Luego se unieron agentes de tránsito, quienes al presentarse con el mando del grupo un llamado comandante 17, se ofrecieron a participar en los actos de brutalidad y abuso policial; la orden fue “denles en su madre a todas estas”.
“Nos avientan al piso a todas, todas estábamos sobre las piernas de las compañeras nos empiezan a aventar alcohol etílico directamente al cabello y fue cuando todas comenzamos a gritar no, no, y nos empiezan a decir ‘ahora sí las voy a quemar”, confirmó.
De los policías hombres que también llegaron a la Presidencia Municipal también recibieron amenazas y golpes. “Les vamos a enseñar a ser mujeres, ahora las voy a violar (le seguían diciendo los elementos); hubo un momento donde no sentí los golpes ya no sentía golpes, me bloqueé, simplemente pedía que por favor saliera con vida”.
Marchan por familiar desaparecido y reciben más violencia
“Todas empezamos a correr (después de los disturbios) perdimos la vista (a mi sobrina de 10 años) y por eso me llevaron por buscar a mi sobrina. Yo había asistido a la marcha porque estaba en el bloque de desaparecidos porque tengo un familiar desaparecido” recordó otra víctima mientras entrelaza sus manos, evidentemente nerviosa.
Cuando la persecución en la plaza Fundadores estaba en su momento más crítico, ella buscaba con desesperación a su prima y al toparse con una policía ésta le dijo “vete de aquí, vete de aquí culera o te va a tocar a ti”.
“Yo iba caminando callada, no le hacía caso y de repente me paré con unas amigas que me dijeron que ubicaron a mi prima y fue cuando la policía empezó a gritar: ella también es del bloque negro, volteé con mi amiga y le dije ‘yo no soy del bloque negro’ y me agarraron de la mano y me empezaron a pegar con la macana en los pies y en las costillas”. Su amiga también fue detenida.
Ella recordó que tras ser detenida e ingresar a la Presidencia fue recibida por una fila de policías que le dieron cachetadas y la apoyaron contra el piso, también le quitaron su celular.
Foto tomada de videos
“Me quisieron pegar en mis pechos, yo me tapé la cara para que no me pegaran… yo sí pensé que me iba a morir, yo pensé que ya me iba a ir, estaba dormida porque no quiero recordar nada”.
Después las trasladaron en una patrulla hacia los separos, ubicados en el edificio de la Fiscalía General de Guanajuato. Como a todas, les quitaron su dinero y su celular, objetos que nunca recuperó. Tres horas después de llegar, la pasaron con el médico legista en turno, a quien acusó de no registrar las lesiones que tenía y sólo les ofreció paracetamol para el dolor.
Una joven de 19 años evidenció que en el ingreso a los separos, durante la revisión, a la mayoría de las detenidas les tocaron los pechos y confirmó que el médico legista no hizo las anotaciones acordes a la situación. A todas ellas las obligaron a firmar el reporte médico.
“Nos hicieron firmarlo, lo teníamos que firmar, si no después nos afectaría en el proceso; de hecho nos querían tomar huellas dactilares, desconozco para que las querían, querían que firmáramos eso y que nos tomaran fotografías. Ninguna de mis hermanas aceptó esa petición de las huellas dactilares”.
Hacinadas 23 mujeres en una celda y tras mucha insistencia, durante la madrugada les prestaron una colchoneta. Pidieron agua y comida, pero nunca la recibieron, sino hasta el día siguiente cuando pudieron ingresar sus familiares a verlas.
Instalaciones de los separos en Irapuato Foto: Edith Domínguez
“Entré a ver a mi nieta, me la golpearon, tiene 13 años y mi hija me dijo que uno de los comandantes le dijo que si se metía le iba a mochar la cabeza, así le dijo y a mi niña le duelen mucho sus costillas porque la golpearon. Tiene 13 años, ¿cómo es posible que nos hagan ésto estos policías?”, informó la abuela de una joven después de verla en los separos. Hoy se sabe que de las 28 detenidas, cinco eran menores de edad y todas fueron tratadas de la misma forma.
Las manifestantes duraron casi 30 horas detenidas, después de que la organización Las Libres que encabeza la activista Verónica Cruz Sánchez intervinó y pidió información sobre cada uno de los casos. Además, colectivos feministas de diferentes ciudades realizaron movilizaciones a través de redes sociales para hacer la misma exigencia.
Señala activista probable participación de policías en desapariciones
A decir de Raymundo Sandoval, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, las amenazas que hicieron los agentes municipales contra las detenidas dejan en evidencia de que podría haber participación de las corporaciones en la desaparición de personas en Irapuato.
“De ‘las vamos a quemar’, que haya habido tocamientos de carácter íntimo, amenazas de contenido sexual y que se refirieron específicamente al tema de desapariciones de mujeres parece que no solo muestra la intención de ejercer daño, sino que incluso podría configurar la probable participación de estos cuerpos policiacos en las desapariciones; no solo (podría) alcanzar el daño físico, psicológico que infringieron contra el grupo, eventualmente podría hasta considerarse que son afirmaciones de que han participado en otros mecanismos de desaparición los cuerpos policiacos de Irapuato”, recalcó, en relación a la mención de Karely.
Raymundo Sandoval dijo que por el cómo describieron los policías casos particulares de desapariciones “no solamente implica un modus operandi mecánico o instrumental, sino que tiene una lógica basada en redes de criminalidad y en el soporte que se podría dar en este caso pertenecer a un cuerpo policiaco”.
Reencuentro de familias tras detención Foto: Edith Domínguez
“Describen acciones específicas que pueden ser parte del modus operandi de un dispositivo desaparecedor, donde el cuerpo policiaco podría tener un papel activo”, recalcó.
Consideró que los agentes tenían la responsabilidad de detener en flagrancia a las presuntas responsables por los presuntos daños y lesiones, pero realizaron los aseguramientos de forma aleatoria.
“No estaban dirigidas a configurar la flagrancia, no estaban buscando a quienes eran responsables, sino dar un mensaje de miedo e intimidación y eventualmente operar el dispositivo desparecedor y de tortura sexual en contra de las feministas; eso es más grave que una actuación policial, una estrategia orquestada desde el gobierno municipal que además después fue ratificada con el discurso de la propia alcaldesa”.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro García validó el actuar de las integrantes de la corporación, aunque después rectificó y reconoció el abuso policial. Además afirmó que ya hay una investigación a través de la instancia interna de la policía.
Mensaje que compartió la presidenta municipal. Imagen: tomada de POPLab
“Lo sucedido se debe ubicar desde la perspectiva de protesta social y la defensa de los derechos humanos, manifestación que se realizó en función de las desapariciones y feminicidios de mujeres. La configuración de lo pacífico no necesariamente está configurado en función del Código Penal, sino de un estándar más amplio que es la protesta social, ahí no es correcto utilizar la vía penal para calificar el tipo de protesta como adecuado o no”, explicó Sandoval Bautista.
Mencionó que primero las policías tenían que disuadir, luego utilizar la fuerza en función de una escala, pero al pasar directamente a la agresión física va contra las normas nacionales e internacionales, “fuera de la legalidad” y podrían configurarse “las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, las amenazas, la tortura física y la tortura sexual”.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera que la tortura sexual se confirgura generalmente a través de malos tratos, la intención de dañar la integridad, la vida, la seguridad y el cuerpo de las mujeres por ser mujeres.
A través de redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres México) expresó su preocupación por el actuar de los policías y exigió garantías de respeto a los estándares internacionales y la no repetición de estos actos.
“El Estado tiene la obligación de no estigmatizar a las manifestantes y de prevenir situaciones de violencia, por parte de agentes… el Estado no fue capaz de garantizar el ejercicio de la manifestación o protesta.
En caso de que la ONU envíe comunicado al Comité contra la Tortura, explicó Raymundo Sandoval, podría solicitar información e iniciar el “proceso de investigación y el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias” que es un procedimiento especial.
“Puede enviar una carta diciendo que ha documentado el hecho. Me parece que incluso internacionalmente la propia alcaldesa podría ser responsable de la tortura sexual y del abuso de autoridad de esos agentes”, alertó el activista.
Acompañan Las Libres denuncias penales
Al no “haber delito que perseguir” para Las Libres, Verónica Cruz Sánchez aseguró que se buscará que se cierren esas carpetas contra las 28 mujeres y anticipó que también se presentarán quejas por tortura física, sexual, psicológica y robo. Además se ratificarán denuncias ante Derechos Humanos.
“No puede quedarse solo en ese eslabón es quien les dio la orden, porque sabemos que así son estas estructuras y se tiene que responsabilizar a los tomadores de decisiones, porque si no se sanciona en lo individual a las personas y ya, y no puede quedarse solo en ese nivel, si le seguimos abonando a la impunidad se va a volver a repetir”, subrayó.
Cruz Sánchez consideró que en Guanajuato hay un problema serio porque estos protocolos no han funcionado y tampoco las inversiones que se han hecho en capacitaciones. Sobre criminalización de protestas feministas existen antecedentes de represión en León y Guanajuato capital.
Así luce la presidencia municipal. Foto: POPLab
“Por más sensibilización, tanto dinero que se ha gastado en este país, en este estado en sensibilizar en capacitar a policías, a prestadores a legisladores a los tomadores de decisiones y vemos cuando pasan este tipo de cosas que nada ha funcionado, nada sirve, ¿Entonces qué hacemos? pues sí sancionar a quien haya ejercido estos abusos de autoridad”.
Para la activista es necesario que se garanticen los castigos a los responsables, en este caso a elementos de policías que han repetido las agresiones a mujeres y por supuesto que la profesionalización siga, pero que se verifique su cumplimiento.
Operan en Guanajuato rede trata de mujeres
Bibiana Mendoza, lideresa del colectivo de búsqueda de personas Hasta Encontrarte, alertó que existe una red de trata de mujeres en Guanajuato, pues hay una gran cantidad de mujeres desaparecidas de entre 14 y 17 años.
“El contexto de desaparición de las mujeres no es igual al contexto de desaparición de los hombres; desgraciadamente a los hombres los estamos encontrando a diario en las fosas clandestinas… yo creo que el gobierno no ha querido reconocer que en Guanajuato existe la red de trata de personas y estas mujeres que salieron a marchar ese día llevan años guardando todo este coraje, toda esta impotencia y que nosotros como colectivo hemos vivido”.
La activista estuvo en la protesta para exigir la liberación de la detenidas y lamentó que las represión policial se siga replicando en la entidad. El colectivo al que pertenece sufrió actos de violencia en una protesta en julio de 2020.
“No se me va a olvidar que cuando vi a mis compañeras, unas jaloneadas, otras siendo golpeadas, se me acercó una persona, la verdad no recuerdo el nombre: dile a tus compañeras que si se suben a la glorieta ya no las van a golpear. Yo le creí a esta persona que iba por parte del Gobierno del Estado y le dije a mis compañeras que nos subamos a la glorieta que ya no nos van a golpear, ellas acceden”.
“… Todas nos comenzamos a subir a la glorieta y desgraciadamente en la glorieta es donde se da el hecho de que una de mis compañeras resultó con un pie quebrado, que hasta la fecha no ha logrado recuperarse y ya van casi dos años de esa fecha”, agregó.
Aquella protesta terminó con cuatro personas detenidas y el proceso legal continúa contra los elementos involucrados en las agresiones.
ONU Mujeres México ha pedido a las autoridades de Irapuato la no repetición y anticipó que documentará los hechos. De comprobarse los abusos, autoridades municipales podrían enfrentarse a consecuencias internacionales.
Colima, México, Avanzada (08/05/2022).- Madres de personas desaparecidas en esta entidad exigieron a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, que la búsqueda de los colimenses desaparecidos sea una prioridad en su gobierno, y que se manifieste en una efectiva coordinación interinstitucional para el combate a los delitos de desaparición y se haga justicia.
También, demandaron que la mandataria instruya de manera urgente, la capacitación de todas las autoridades ministeriales, periciales y victimales para que éstas cumplan con el Protocolo Homologado de Búsqueda y de la Ley General en materia de Desapariciones.
Además, durante una marcha realizada la tarde de este sábado le solicitaron a Vizcaíno que garantice que se destinen recursos para la atención a víctimas directas de los delitos de desaparición y sus familias.
La manifestación tuvo un recorrido de la Plaza de las Personas Desaparecidas, en la Piedra Lisa, al jardín Libertad, donde las mujeres escenificaron una acción de búsqueda y excavación de fosas clandestinas, frente al Palacio de Gobierno.
En el pronunciamiento final, plantearon que “el Diez de Mayo las madres buscamos… buscamos todos los días sin descanso, sin perder la esperanza, con el corazón roto. Buscamos a nuestros hijos e hijas y luchamos ante la indolencia de un Estado que nos ha fallado”.
Señalaron que para las madres, el 10 de mayo representa “un doloroso recordatorio del vacío que dejaron nuestras hijas e hijos desaparecidos. Un dolor sin tregua que a su vez, nos sigue impulsado a dejarlo todo en su búsqueda, a caminar por lugares inhóspitos, a soportar el prejuicio y la revictimización, a enfrentarnos a la impunidad”.
Dijeron: “No estamos todos, no estamos todas, en Colima nos hacen falta más de mil setecientas personas. Hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres, padres… hombres y mujeres cuyo paradero se desconoce. En el país suman más de noventa y nueve mil personas desaparecidas”.
A la Fiscalía General del Estado le solicitaron que implemente estrategias efectivas que resuelvan las causas de fondo que provocan el rezago en los procesos de identificación y entrega de los restos de sus familiares desaparecidos, “para que no se presenten incidentes en donde nuestros hijos e hijas que se encuentran desaparecidos, sean localizados en las fosas comunes de servicios periciales después de años de búsqueda”.
Asimismo, exigieron que los procesos de entrega de los restos de sus familiares se realicen con apego a los principios de dignidad, gratuidad, debida diligencia y máxima protección que contempla la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima.
“Exigimos el avance en la investigación de las desapariciones y exigimos que pare el ocultamiento de indicios. Exigimos que las familias dejemos de ser señaladas como responsables de las desapariciones de nuestros hijos e hijas”.
De acuerdo con los familiares de personas desaparecidas, nos encontramos ante lo que los expertos han denominado “crisis humanitaria de las desapariciones”, en la que “nuestro estado, como el resto del país, se ha convertido en una gran fosa común en donde sepultan los cuerpos de nuestros hijos e hijas, pero exhiben la inexistencia de un Estado de Derecho, en donde los delitos no son perseguidos y castigados, en donde la prevención no se hace efectiva”.
Advirtieron: “Nuestros hijos e hijas no son un número más en la estadística, son seres humanos que tienen un nombre… personas que comparten una historia, comparten afectos. Nuestros hijos e hijas tienen el derecho a ser buscados y regresar a casa, de encontrar la paz luego de una muerte violenta”.
Las madres y las familias de las personas que se encuentran desaparecidas, exigieron que se respete su derecho a buscar a sus hijos e hijas, así como sus derechos de acceder a la verdad histórica y a la justicia. Reclamaron que pare la revictimización institucional que sufren por parte de las autoridades durante los procesos de búsqueda, identificación y restitución de los restos de sus hijos e hijas. Demandaron que se investigue el fenómeno de las desapariciones a fin de garantizar que ninguna persona desaparezca en el estado y en el país.
De igual manera, pidieron a la sociedad su empatía y solidaridad para con las víctimas directas de los delitos de desaparición y sus familias.
“Las desapariciones en nuestro Estado hacen evidente la situación de inseguridad que vivimos los y las colimenses, nadie está exento de ser víctima de una desaparición, por lo que resulta necesario que se mantengan unidos para exigir soluciones a las autoridades y para trabajar en conjunto por la paz.
A las asociaciones y colectivos les agradecieron profundamente por su solidaridad, “por ser ese brazo amigo que nos acompaña en la búsqueda de nuestros hijos e hijas, en la exigencia de justicia y en difusión de la problemática de las desapariciones. Gracias por hacer posible esta marcha. Gracias por estar”.
El comunicador, cuyo cuerpo fue encontrado en Culiacán, tuvo que huir de Sinaloa en 2011 tras recibir amenazas. Aunque volvió a su estado, siguió sintiéndose en riesgo y ayer se convirtió en el noveno periodista asesinado en México en 2022.
Noroeste
PorManu Ureste
“Yo soy el que sigue”. Desde hace casi siete años, el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años, denunciaba que su vida corría peligro por ejercer su profesión.
“Yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes en el que yo encajo”, dijo en noviembre de 2015 en una entrevista con MVS Radio, luego de que en 2011 huyera de Sinaloa tras recibir amenazas y tuviera que refugiarse temporalmente en la Ciudad de México. Ahí, tuvo el apoyo de la organización Artículo 19, pues en aquel entonces no existía el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este jueves, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó que su cuerpo fue encontrado a las 10:40 de la mañana al borde de una carretera, en mitad de la maleza crecida junto a un taller, próxima a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán. El periodista tenía varios golpes en la cabeza causados con un objeto contundente, que le provocaron la muerte. Días antes, había sido privado de su libertad en una zona cercana a su domicilio en la colonia Los Pinos de Culiacán, según informó el portal Fuentes Fidedignas, del que Ramírez era fundador.
El periodista sinaloense tenía casi 40 años de trayectoria. Además de fundar Fuentes Fidedignas, colaboró con agencias de noticias y medios como El Debate, donde en la actualidad publicaba una columna de opinión. Además, era autor de dos libros, La muela del juicio y La ingobernable, y fue galardonado por su trabajo periodístico en 14 ocasiones, según publicó ayer El Debate.
En la entrevista que dio para MVS Radio en 2015, aseguró que él no escribía sobre “narco”, como tampoco lo hacía Humberto Millán, periodista sinaloense director del medio digital A Discusión, quien también fue asesinado en 2011, el año en que salió huyendo de su estado para refugiarse en la capital mexicana.
“Yo no escribo del narco; yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto tampoco y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y, sobre todo, para conservar su vida”, dijo.
“Y es lo que pasa, Humberto Millán y yo solo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos. ¿Entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”, cuestionaba Ramírez en esa plática con el periodista Luis Cárdenas, en la que sin entrar en detalles señaló al entonces gobernador Mario López Valdez, a quien calificó de “intolerante a la crítica”.
“Hay una situación de riesgo inminente para quienes incomodamos a los políticos. Esa es la situación”, recalcó el comunicador en 2015, casi siete años antes de que fuera encontrado muerto en una carretera de terracería al sur de la capital de su estado.
No estaba en el mecanismo
Leopoldo Maldonado, director de la oficina en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, explicó en entrevista que, en efecto, en 2011 se brindó protección al periodista sinaloense luego de que recibió amenazas.
“Cuando aún no existía el mecanismo federal de protección, Artículo 19 gestionó su desplazamiento, su salida de Sinaloa, por amenazas que recibió, al parecer, de grupos políticos, como él mismo denunciaría años después en esa entrevista con MVS”, dijo Maldonado.
“Estuvo bajo refugio durante un mes y medio, aproximadamente. Y ahora, 11 años después, nos enteramos de la trágica noticia de su muerte. Exigimos a las autoridades que hagan una investigación a fondo”, añadió.
El diario estadounidense Los Angeles Times hizo eco ayer de la muerte del periodista, en una nota para la que entrevistó a Francisco Chiquete, reportero en Culiacán.
“Luis Enrique era un periodista muy profesional, muy capaz”, dijo Chiquete, que si bien hizo mención de que el periodista había denunciado amenazas en 2015, en la actualidad señaló desconocer si había recibido nuevos ataques.
El Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación dijo a Animal Político que Ramírez no formaba parte de esta instancia, a pesar de las amenazas recibidas años atrás.
“El mismo Luis Enrique apuntó en 2015 hacia los políticos. Aunque ahora, a la distancia, habrá que analizar con mucho cuidado si hubo en todo este tiempo nuevos elementos de riesgo, o si hubo agresiones o amenazas más inmediatas”, consideró Leopoldo Maldonado.
“Lo que nos queda claro es que hace 11 años, cuando no existía ningún mecanismo, Luis Enrique logró sobrevivir a las amenazas. Y ahora que existe un mecanismo… pues no vemos que se haya reducido el riesgo para los periodistas”, apuntó el activista. Agregó que, a pesar de que 2022 aún no llega a la mitad, ya se registraron nueve asesinatos de comunicadores en México, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya van 34 homicidios de periodistas.
“Este último suceso lo que nos confirma es que estamos ante una de las peores espirales de violencia contra la prensa y los medios de comunicación de la que se tenga registro en México”, recalcó el director de Artículo 19.
La tarde de ayer jueves, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, prometió que la fiscalía no descartará ninguna línea de investigación en el homicidio.
“Se citará a quien sea necesario para las indagatorias, aunque esto represente llamar a actores de la vida política del estado”, aseguró la fiscal.
El lugar más mortífero para la prensa
Ante la creciente espiral de violencia en contra de periodistas y medios, el pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución para pedir al gobierno de López Obrador que garantice la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores y defensores de los derechos humanos.
La Eurocámara destacó: “México es, desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Este pronunciamiento desató una respuesta del presidente mexicano, quien descalificó a los eurodiputados llamándoles “borregos” que se oponen a su administración.
“Estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México”, criticó el mandatario en la conferencia de prensa matutina del 11 de marzo.
Posteriormente, en un comunicado oficial, el gobierno mexicano acusó al Parlamento Europeo de tener “manía injerencista disfrazada de buenas intenciones”.
Poco antes de la postura de la Eurocámara, el 23 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos mostró, a través de Antony Blinken, secretario de Estado, su “preocupación” por las amenazas y agresiones en contra de la prensa en México. Estas mismas declaraciones también fueron descalificadas por el presidente López Obrador, quien dijo que Blinken estaba “mal informado” o actuaba “de mala fe”.
CIUDAD OBREGÓN, SON.- Para exigir justicia y atención a la violencia de género, la Red Feminista Sonorense (RFS) convoca a una marcha que se realizará este viernes en Ciudad Obregón.
La manifestación iniciará a las 16:30 horas; el punto de partida será en el Callejón de la Mujer, ubicado en callejón República de Colombia, entre Zaragoza y Galeana. La marcha finalizará a las afueras de la Palacio Municipal, en la calle 5 de Febrero.
Leticia Burgos, coordinadora de la RFS, señaló que aunque en Sonora ya se emitió una alerta, los municipios no han tomado acciones para que se pueda ejercer justicia para las víctimas.
En la última semana, dos mujeres fueron asesinadas, una de ellas en Obregón y otra en la ciudad de Navojoa.
“Es insuficiente todo lo que se hace, pues no se ha alertado a la sociedad y las familias se encuentran vulnerables ante tanto crimen”, indicó.
Este grupo de mujeres, desde hace años, busca a sus hijas e hijos en Sonora. Foto: Twitter/Madres Buscadoras de Sonora
Estamos a unos días del 10 de mayo 2022; sin embargo, no todas celebran el Día de las Madres; tal es el caso del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, grupo de mujeres que, desde hace tiempo, llamó la atención del país al buscar a sus hijas e hijos, así como por el hallazgo de fosas clandestinas en la entidad.
Para este grupo, liderado por Cecilia Flores, presidenta fundadora del colectivo, el próximo Día de las Madres representa una jornada más en la búsqueda de sus seres queridos.
Madres Buscadoras de Sonora: ¿cuál es la historia del colectivo?
Aunque la situación de buscar a un familiar puede ser la misma para cualquiera, el origen de este colectivo está íntimamente relacionado con el caso de Ceci Flores, quien desde octubre de 2015, tuvo que lidiar con la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe, de 21 años, quien fue raptado por un grupo de hombres armados en Los Mochis, Sinaloa.
Pese a que levantó la denuncia correspondiente, no obtuvo los resultados y atención que requería, por lo que en 2019, año en el que sus otros dos hijos, Jesús Adrián, de 13, y Marco Antonio, de 31 años, también fueron secuestrados en Bahía de Kino, en Sonora, decidió realizar la búsqueda ella misma, transmitiendo en redes sus acciones, lo que hizo que otras mujeres en una situación parecida se le unieran.
Esto derivó en el nacimiento del colectivo Madres Buscadoras, que, al día, suma alrededor de mil 800 integrantes
La organización sin fines de lucro se ha destacado por realizar brigadas de búsqueda en parajes apartados, en los que ha encontrado osamentas y distintos indicios de los desaparecidos en fosas clandestinas: lo hace con picos y palas en sus manos.
Para llevar a cabo esta labor, que las ha llevado a localizar más de 300 cuerpos y restos humanos, así como a cerca de 600 personas con vida, han solicitado el apoyo de autoridades de Sonora, así como de otros estados y del Gobierno federal.
Como resultado, la organización ha sido acompañada por la Fiscalía sonorense, así como por Gobiernos de otros estados, como es el caso de Jalisco, entidad donde las búsquedas de estas personas las han llevado y donde tuvieron acercamiento con las autoridades.
De hecho, en ese estado también existe un colectivo de Madres Buscadoras
10 de mayo, nada que celebrar para las Madres Buscadoras
Aunque Ceci Flores recuperó a Jesús Adrián, precisamente el 10 de mayo de 2019, la activista y defensora de los derechos humanos, quien hace poco señaló haber encontrado también los restos de otro de sus hijos-que tras pruebas la Fiscalía señaló que no se trataba de él-, destacó que su lucha por encontrar a las personas desaparecidas y a los “tesoros”, como las integrantes del colectivo llaman a los restos que localizan, no ha terminado.
Por lo que cada Día de las Madres, estas mujeres realizan actividades para destacar que su búsqueda continúa, como el año pasado, cuando realizaron una marcha en Hermosillo, o un año antes, cuando se reunieron frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cabe resaltar que, para llevar a cabo sus brigadas y al tratarse de una organización sin fines de lucro, suelen solicitar donaciones para su causa.
Colectivos marcharán este 10 de mayo
Como las Madres Buscadoras de Sonora y de Jalisco, a lo largo del país existen diversas organizaciones que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos, tales como el grupo Madres Unidas y Fuertes en Mexicali, Baja California, o el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, en el estado de Veracruz, por mencionar algunos.
Como sus búsquedas continúan, será este 10 de mayo cuando se lleve a cabo XI Marcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijos e hijas, Verdad y Justicia, cuyo punto de reunión será el Monumento a la Madre a las 10:00 horas y concluirá en el Ángel de la Independencia.
Como ésta, se prevé que se lleven a cabo distintas manifestaciones en los estados del país
Con la frente en alto y buen ánimo, llegó al Área Metropolitana de Guadalajara la Caravana de la Dignidad y la Conciencia Wixárika, integrada por autoridades tradicionales y agrarias de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, que desde hace 11 días comenzó su recorrido.
El reclamo es por la restitución de más de 11 mil hectáreas en la zona de Huajini, que lleva casi 50 años en litigio sin solución y actualmente la posesión la tienen ganaderos de Nayarit, pese a que se resolvió que pertenece a las comunidades indígenas de Jalisco.
La intención es caminar hasta Palacio Nacional y reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y para lograrlo ya recorrieron 353 kilómetros desde sus comunidades, de donde salieron alrededor de 80 personas el 25 de abril y ya suman más de 200 este viernes.
El contingente durmió la noche del jueves en un predio por Carretera a Colotlán y avenida Juan Gil Preciado, en la zona de Tesistán en Zapopan y esta mañana desde temprano comenzaron a caminar, algunos de ellos acompañados de niñas y niños en carriolas que siguen el trayecto por la defensa de su territorio.
“Les está llamando la atención y sí nos piden que no salgamos de Jalisco y creo que sí están tomando cartas en el asunto, esperemos que se dé”, explicó el presidente de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de Bolaños, Oscar Hernández Hernández.
En la caminata la mayoría de wixárikas potan su vestimenta tradicional, pancartas y banderas de México y aseguran que el gobierno federal no le dio la seriedad a las negociaciones previas, por lo que exigen la atención personal de parte del presidente, López Obrador, pues a los otros interlocutores “se les acabaron las fichas”.
Entre bromas, comentan que las ampollas en los pies y el cansancio valdrá la pena y este día la intención es acudir al Congreso del Estado alrededor del medio día, realizar una ceremonia a un costado de la escultura a Francisco Tenamaxtli, ubicada en el centro tapatío y esperar la reunión con el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, quien los recibirá en Palacio de Gobierno cerca de las 18 horas.
Hernández Hernández agradeció a voluntarios y autoridades que durante su trayecto les han ofrecido agua, alimentos y espacio seguro para dormir, sin que al momento se hayan registrado incidencias.
Sinaloa.- “Por todos los niños desaparecidos, gritemos muy fuerte, los queremos vivos”, fueron las palabras que hicieron eco la mañana de este 30 de abril, ya que a diferencia de la mayoría de las familias que se reúnen para festejar el día del niño, los pequeños y madres de desaparecidos encabezaron una marcha en el municipio de Culiacán.
En solicitud de acciones concretas por parte de las autoridades, los hijos de desaparecidos y familiares de niños que se mantienen en alerta Amber, se dirigieron por el bulevar Sánchez Alonso desde el estacionamiento de plaza Forum hasta fiscalía general del estado en dónde se gritó en un solo tono, “ni una alerta Amber más”.
Mayoleth Ayala Montes de 13 años de edad, junto a sus hermanos de 11 y 6 años de edad, con tristeza recordó el gran dolor que causó en su familia el no saber del paradero de su padre Feliz Arturo Ayala, que está desaparecido desde hace 4 años 6 meses, sentimiento que se ha mantenido por no crecer al lado suyo.
“Se siente feo no tener papá, y que lo estemos buscando y no saber nada de él. No queremos que sufran otros niños lo que nosotros sufrimos”, reiteró.
Angela Hernández Mendoza, de 13 años de edad, dijo que son años los que tiene participando en las distintas actividades de los colectivos de búsqueda, esto desde el 2017 que desapareció su primo José Manuel Mancias Mendoza, por lo que su deseo en este día del niño es que ya no tengan que pasar por la situación ninguna familia más.
“Yo pediría que se unan todos para que se acabe esto, para que se acabe la violencia y que se acabe la inseguridad, todos juntos, los niños las mujeres y todas las personas”, destacó.
El caso del estudiante de Agronomía es tema nacional. Cerca de 7 mil alumnos en Guanajuato alzaron la voz por su compañero asesinado por la Guardia Nacional
IVONNE ORTIZ, La Silla Rota
04/05/2022
Guanajuato-. El panal está enojado. Este martes cerca de 7 mil estudiantes y académicos de la Universidad de Guanajuato hicieron eco tomando las calles de la capital para pedir justicia por la muerte de su compañero Ángel Yael Rangel, de 19 años, estudiante del campus de Irapuato que murió por el disparo de elementos de la Guardia Nacional el pasado 27 de abril.
Los estudiantes de todas las divisiones tomaron las calles de Guanajuato, partiendo de las escalinatas de la Casa de Estudios hasta llegar a la Alhóndiga de Granaditas, donde pasaron lista de los jóvenes fallecidos y guardaron un minuto de silencio por Ángel, quien cursaba el cuarto semestre de la Ingeniería en Agronomía cuando le quitaron la vida.
Foto: La Silla RotaFoto: La Silla Rota
Las fotografías de la protesta en la capital son impresionantes. Miles de estudiantes gritaron desde las escalinatas de la UG “Ángel no murió, la Guardia lo mató”. Antes de marchar salpicaron las escaleras con líquido rojo que simulaba la sangre como forma de indignación ante el crimen de su compañero.
“La Guardia no me cuidad, la Guardia me asesina”, se escucha gritar a un centenar de abejas.
La marcha fue encabezada por los padres de Ángel Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, además del rector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino.
Entre las peticiones de los estudiantes está la asignación de un fiscal especializado que lleve el caso de Ángel. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le pidieron no militarizar la seguridad, pues en Guanajuato hay 18 cuarteles de la Guardia Nacional, uno de ellos en la comunidad El Copal, en Irapuato, donde murió el estudiante.
Con velas, flores y una foto enorme de Ángel Yael, los alumnos de la UG hicieron historia para exigir justicia.
Foto: La Silla Rota
ASÍ FUE EL ATAQUE
Fue el 27 de abril cuando cuatro estudiantes de la carrera de Agronomía convivían en un predio de El Copal, en Irapuato. Según la Guardia Nacional, los elementos hacían un operativo contra el robo de combustible porque cerca de ahí está de la zona de ductos de Pemex. Al mirar la llegada de los elementos, los estudiantes decidieron irse para no meterse en problemas, contaron en su testimonio. Sin mediar palabra dos elementos dispararon a la camioneta done circulaban, resultado lesionada Edith Carrillo, de 22 años, y quitándole la vida a Ángel Yael, de 19. Eduardo y Laisa, los otros dos compañeros, resultaron ilesos.
EN LEÓN TAMBIÉN MARCHARON
Este mismo martes, pero en León, marcharon cerca de 300 estudiantes del campus de la Universidad de Guanajuato ubicada en el Forum. Recorrieron la Calzada de los Héroes, el bulevar Adolfo López Mateos y finalizaron en la Presidencia de León.
“Lo que nos trae aquí y a muchas personas es la muerte de Ángel Yael, de la Universidad de Irapuato (…) y pedimos justicia por el catastrófico evento que hubo. Me pudo pasar a mí, le puedo pasar a mis amigas o cualquier compañero“, dijo una alumna de la carrera de Desarrollo y Gestión de Territorio antes de marchar.
El punto de reunión fue en el campus de la Universidad de Guanajuato ubicado en el Fórum Cultural de León. De ahí partieron a las 9:30 a.m. y terminó cerca de las 11 a.m. en la Presidencia Municipal. Entre las consignas que retumbaron en las calles se escuchaba:
“Fue el Estado, fueron sus soldados”, “Ángel no murió, la Guardia lo mató”, “En esta colmena nos falta una abeja”, “Sin abejas no hay UG, no ay UG, no hay UG”, “Señor, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente”.
Foto: La Silla Rota
Los protestantes exigieron justicia por Ángel y Edith, quien está hospitalizada en la clínica T-1 del IMSS en León por el disparo que recibió el día del ataque de la Guardia Nacional.
Al llegar a la Presidencia una de las manifestantes tomó el megáfono y pidió una respuesta “rápida y concreta” para el caso de Ángel. La protesta se da a tres días de que la Fiscalía General de la República anunciara la liberación de Iván “N” elemento involucrado, argumentado que las balas que portaba no coincidían con las que se usaron para el ataque, por este motivo un Juez Federal no lo vinculó a proceso y quedó libre.
Foto: La Silla Rota
“Esta lamentable situación de violencia nos ha arrebatado a un amigo, un compañero, un hermano, una abeja, un alumno. Y esto lo expresamos recorriendo la calles de nuestra ciudad, para mantener en sororidad a nuestra casa de estudios y a la familia de nuestro compañero”, dijo una de las estudiantes de la UG.
“Exigimos que las agendas de las Presidencias tengan como prioridad atender la seguridad de los estudiantes, les recordamos que lo ocurrido refleja el sentir de esta inseguridad que no vemos que se atienda”
Los estudiantes pidieron una coordinación entre autoridades de los municipios de Guanajuato y la comunidad estudiantil para sentirse “seguros”.
Los protestantes pintaron sus playeras blancas con manchas de sangre para simbolizar el grado de violencia al que están expuestos, por el simple hecho de ser estudiantes. “En México es más peligroso ser estudiante que narcotraficante”, decía una de las pancartas.
La marcha fue pacífica y los alumnos despejaron la presidencia cerca de las 11:30 a.m.
El asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato es noticia nacional, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) harán un paro nacional para exigir justicia este 5 y 6 de mayo, en el Zócalo.
Este lunes (2), una comisión de mujeres indígenas chontales acudió a las oficinas del comisionado del Registro Agrario Nacional (RAN), en Oaxaca, para entregar dos solicitudes que demandan el reconocimiento de 39 mujeres como comuneras ante el órgano estatal.
Para ellas, este trámite está en sincronía con acciones que han emprendido sus comunidades para la defensa del territorio. “Para nosotras, la tierra significa trabajarla, cuidarla y el territorio, cuidar de nuestros aguajes, de nuestros bosques, de toda la fauna”, comparte la comisión en entrevista con Avispa Midia.
Las mujeres señalan la importancia de esta iniciativa, pues en el pasado no eran consideradas en las tomas de decisiones en el interior de sus comunidades. “Estamos luchando para ser reconocidas como comuneras, ya nos dieron ese derecho y nos reconocieron en la comunidad, ahora nada más estamos esperando la respuesta legalmente”.
El reconocimiento como comuneras significa tener derechos y obligaciones, además de fortalecer el sistema de cargos comunitarios y la defensa de sus tierras. “Es necesario que haya mas guardianes de los bienes comunales y el territorio que habitamos”, manifestó la comisión que entregó actas que demuestran el respaldo de sus autoridades y asambleas comunitarias en el respeto a sus derechos agrarios.
Tras la reunión con el comisionado, Javier Mancilla Miranda, las mujeres chontales compartieron que, pese a que la respuesta del órgano fue positiva, ahora resta esperar para el trámite administrativo que concrete su reconocimiento legal como comuneras.
La comisión de mujeres chontales que acudió a la capital del Estado representa a las asambleas agrarias de Santa Lucía Mecaltepec y Santa María Candelaria, ambas ubicadas en el municipio de Yautepec, en la sierra sur de Oaxaca.
Antecedentes
Esta no es la primera ocasión en que las mujeres chontales solicitan el reconocimiento legal como comuneras.
En el caso de Santa Lucía Mecaltepec, el RAN negó el registro positivo de las mujeres en su solicitud realizada el 11 de junio del 2018 y confirmó su negativa en la resolución a un recurso de revisión en marzo del 2019. Lo mismo sucedió con la comunidad de Santa María Candelaria en su petición de agosto del 2018 y en la resolución de 2019 que también negó el reconocimiento legal de las comuneras.
En aquellas ocasiones, el RAN argumentó que las solicitantes debían acreditar el acceso a la tierra comunal con la presentación de un certificado de derechos parcelarios o comunes, desvalorizando las constancias de posesión que las mujeres presentaron.
Para las mujeres, el RAN pidió un requisito imposible de entregar. Esto debido a que el certificado de derechos parcelarios o comunes es un documento derivado de la inscripción al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, mejor conocido como (PROCEDE).
“No queremos privatizar nuestra tierra porque eso divide a nuestra comunidad”, reflexionaron las mujeres y enfatizaron que ello pone en peligro el derecho a decidir la manera en que quieren vivir, así como su organización económica, política y social. Por estas razones, la asamblea de las comunidades chontales no aceptó la inscripción al PROCEDE, por lo cual no cuentan con el certificado solicitado por el RAN.
Actividades de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio. Foto: Santiago Navarro F.
La organización Tequio Jurídico, quien ha acompañado a las mujeres chontales en sus demandas, define al PROCEDE como un programa diseñado por el gobierno federal con la finalidad y propósito de fraccionar, dividir, privatizar y finalmente desaparecer a los ejidos y comunidades indígenas del país.
De acuerdo a las comuneras, sus constancias fueron expedidas por el Comisariado de Bienes Comunales y ratificadas por la asamblea agraria, por lo cual argumentaron su validez para acreditar la posesión y el acceso a las tierras comunales de sus comunidades.
Por ello, remarcaron su derecho al territorio y a organizarse según sus costumbres para defenderse ante el riesgo de despojo de sus bienes comunales, razón por la cual decidieron organizarse por tercera vez para exigir el reconocimiento de las comuneras ante el RAN.
“Si ustedes no nos reconocen, ustedes son machistas que estan violando nuestros derechos (…) porque si el RAN no nos reconoce a las mujeres, no podemos ejercer el derecho reconocido en el artículo 37 de la Ley agraria”, sostuvieron las mujeres en comunicado ante su tercera solicitud.
Para Tequio Jurídico, el imponer requisitos rigurosos acentúa la discriminación estructural. “Ello se deja ver en el hecho de que, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Agrario Nacional, en México sólo 4 de cada 10 mujeres fueron comuneras o ejidatarias en el año 2020. En el caso de Oaxaca, el padrón agrario está integrado tan sólo por un 28% de las mujeres”, contextualiza la organización.
Ser comuneras es nuestro derecho
En consonancia con la mas reciente solicitud ante el RAN, las mujeres chontales anunciaron que continuarán con las acciones con las ocho comunidades que integran la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, por el reconocimiento de las mujeres y sus derechos agrarios.
“Definir lo contrario, violenta nuestros derechos a ser reconocidas como comuneras, el acceso a la tierra, al territorio y el derecho a participar en cargos de representación agraria”, declararon las mujeres en comunicado, previo a su reunión con el comisionado.
Según Tequio Jurídico, mediante la campaña “Ser comuneras es nuestro derecho”, buscan dirigirse a las instituciones responsables de resolver los temas agrarios y a otras organizaciones para respaldar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres.
“Queremos trabajar juntos, cuidar nuestros bosques, manantiales y todos nuestros bienes comunales, teniendo derecho agrario tanto hombres como mujeres, así tenemos más fuerza en nuestro territorio”, finalizaron las mujeres chontales.
Los periodistas vallartenses conmemoraron este 3 de mayo el Dia Mundial de la Libertad de Prensa en un sencillo pero simbólico acto realizado en la Plaza de Armas, entre el quiosco y el monumento a Ignacio L. Vallarta.
Recordaron con pase de lista a los siete comunicadores asesinados tan solo en los primeros 5 meses del año 2022, indicando que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.
Por lo anterior se llevó una réplica de ataúd y encendieron decenas de veladoras. La iniciativa fue encabezada por las colegas Martha Ramírez y Carolina Gómez. Fue buena la respuesta, donde prevaleció la solidaridad del gremio de la información.
“Es un día para conmemorar, no para celebrar, a todos esos colegas periodistas, que van ya siete asesinados por esta profesión tan noble, pero con mucha responsabilidad, es un momento para reflexionar, pedir justicia y respeto para nuestra profesión”, señaló Brenda Beltrán.
Portaron pancartas con mensajes alusivos, entre ellos:
No hay democracia sin libertad de prensa
Informar no es un crimen
No se mata la verdad matando periodistas
Periodismo bajo asedio digital
Defiende tu derecho a estar informado
Defiende la labor de los periodistas.
“Pidiendo, exigiendo con todo respeto a las autoridades federales, estatales y municipales, que garanticen nuestro derecho a informar, como periodistas en un medio de comunicación formal nosotros asumimos la responsabilidad de sustentar todo lo que presentamos, con argumentos, y requerimos de las facilidades mínimas como es la seguridad, que no se nos bloquee información, por supuesto que no se agreda”, subrayó Rodrigo López Becerril.
Debido a que no se han puesto en marcha las acciones marcadas por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) establecida en agosto del 2017, la cual obliga a crear medidas para que las mujeres y niñas disfruten de una vida libre de violencia, además de que se les garanticen seguridad, prevención, justicia y reparación de daños; el municipio podría recibir un segundo apercibimiento por omisión.
Todo esto, debido a la presión que han ejercido los colectivos de la región, además de una denuncia que de el colectivo Proyecto Monarca contra el Gobierno de Bahía de Banderas, tras el constante aumento de la violencia contra las mujeres en los últimos años, traducidos en desapariciones y feminicidios, así como el nulo avance en la atención a la problemática, en el que se habla de un avance del 4%.
Ante lo anterior expuesto, la presidenta de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo, reconoció que existe una multa millonaria derivada de no atender la alerta; sin embargo, negó una notificación hasta el momento por parte de la Secretaría de Gobernación.
“Hasta ahorita a nosotros no nos han notificado de la alerta que pueda subir; lo que sí, es que cuando recién iniciamos el 17 de septiembre del 2021 como presidenta municipal, nos encontramos a los 10 días que teníamos una multa de muchos millones de pesos, precisamente por no tener la participación de la alerta de género,” reveló.
A ratos pacífica, a ratos acalorada, un conato de bronca y al unisono el grito “Fuera la Procuraduria Agraria”, unos 300 ejidatarios de Hunucmá, Samahil, Texán Palomeque y Yaxkukul se manifiestan esta mañana frente a la sede del Tribunal Unitario Agrario distrito 34, en Mérida.
Las protestas giran en torno a la opacidad y lentitud como, afirman, se conduce la Procuraduría Agraria, a la que acusan de atropellar los derechos de los ejidatarios.
Los quejosos afirman que esa instancia favorece intereses particulares y retrasa la entrega de títulos que den certidumbre juridica a los ejidatarios sobre sus tierras.
¿De qué acusan los ejidatarios a la Procuraduría Agraria?
Se habla de resoluciones favorables para los ejidatarios desde hace seis años sin que ninguno de ellos, en su pleno derecho, reciba el título agrario sobre sus tierras.
Pancartas en mano, las arengas, los discursos y los señalamientos contra la Procuraduría Agraria se sucedieron unos tras otros.
Los inconformes exigieron al tribunal que cancele todas las sesiones, audiencias y actividades del día para que sus peticiones sean atendidas. Incluso amenazaron con trasladarse hasta las instalaciones de la Procuraduría Agraria para instalarse en un plantón y exponer sus quejas.
En un comunicado que leyó con un micrófono, el señor Manuel Vidal Chuk Ek, ejidatario de Hunucmá, señaló que esta protesta es consecuencia del hartazgo de los ejidatarios de diversos municipios de lo que llamaron la extorsión de la Procuraduría Agraria.
“Con toda la malicia, dolo y mala fe preparan demandas falsas para desacreditar lo que deciden la mayoría de los ejidatarios, pese a que asisten sus representantes y con ello impiden que tengamos nuestros títulos agrarios”, denunció.
Acusan corrupción y opacidad en la Procuraduría Agraria
El documento consigna una relación de casos en los cuales presuntamente la instancia ha incurrido en actos de corrupción, opacidad y lentitud.
“La Procuraduría Agraria radicaliza a personas de Samahil como Lorenzo Balam Canché, Wilberth Chuil Quintal y Gabino Dzib Uc para que ofendan, humillen y organicen plantones a pesar de ser tres contra 415 ejidatarios a los que llaman ‘secuaces’, a pesar de que nadie les afecta ninguna de sus tierras ni sus porcentajes de tierra, ni nadie les causa molestia” (SIC).
“La misma Procuraduría Agraria hizo que Wilbert Chuil Quintal y Gabino Dzib Uc dijeran que les robaron sus documentos originales de certificados agrarios cuando éstos estaban en una demanda del Tribunal Agrario, para dañar y humillar”, refirió.
“Es la misma Procuraduría Agraria que defiende a Gilberto Chan Aké, acusado de no pagar los servicios contratados por el ejido de Yaxkukul y por el cual se ganó un despojo de más de 85 hectáreas, que ahora ha negociado con los despojadores para obtener ganancias”.
Uno de los casos más escandalosos es el de Rodolfo Koyoc Chuc, comisario ejidal de Texán Palomeque en el período 2019-2021, quien durante los tres años que se mantuvo en el cargo cobró a Telcel los $7,000 mensuales que esa empresa entrega al ejido por concepto de renta del espacio donde se ubica unas torres para la transmisión de señal de telefonía celular de la zona.
El desfalco sería del orden de $252,000, monto del cual los 182 ejidatarios acreditados del lugar nunca vieron un centavo.
Conato de bronca en el Tribunal Unitario Agrario
Aunque la protesta fue enérgica, mantuvo un tono pacífico la mayor parte del tiempo, hasta que una persona intentó arrancarle a un hombre su pancarta y arrebatarle el micrófono a quien hacía uso de la palabra.
Casi de inmediato los ahí reunidos se les fueron encima para jalonearlo, golpearlo y patearlo. Personal de seguridad del tribunal salió en auxilio de esa persona y la puso a salvo.
Los ejidatarios exigen al tribunal que intervenga ante la Procuraduría Agraria para atender las demandas y resoluciones que les han sido favorables a la mayoría de los ejidatarios.
También alegaron que, por corrupción, esta instancia no quiere acatar y cumplir.
Crean Red Binacional de Estudios Históricos de Ciudad Juárez y El Paso, Paso del Norte, para generar contrapeso político al proyecto empresarial que busca construir Centro de Convenciones
Ciudad Juárez –A la disputa que están dando integrantes de la sociedad civil por la defensa del Chamizal se sumaron historiadores de ambos lados de la frontera para dar una perspectiva histórica a la importancia de la permanencia de este espacio público, aseguraron.
Este lunes se anunció la creación de la Red Binacional de Estudios Históricos de Ciudad Juárez y El Paso, Paso del Norte, cuyo principal objetivo es “generar un contrapeso político desde la perspectiva histórica. Nos sumamos a partir de esta lucha por el Chamizal, esta lucha binacional”, dijo el historiador Iván González, uno de los integrantes de este grupo.
Los historiadores de El Paso comparten la experiencia de la lucha que llevan a cabo en el barrio Duranguito contra el proyecto de construcción de un estadio de futbol que desplazaría a las familias asentadas en ese lugar.
De acuerdo con los historiadores El Chamizal fue el espacio de paz en el que se asentaron en ambos lados de la frontera los primeros grupos indígenas originarios entre los que destacan los Ndé, Piros, Sumas, Jumanos, Mansos, Tiguas y otros. Esto durante el periodo virreinal.
La intención de ver el desarrollo del Chamizal desde una perspectiva histórica fue, en principio, realizar un mapa del espacio histórico-cultural en ambos lados de la frontera.
A través de la evidencia recabada de diversas fuentes históricas los especialistas aseguran que la versión empresarial que destaca que la zona conocida como Los Hoyos, donde se planea construir el Centro de Exposiciones y Convenciones, es falsa.
“La primera academia de la Patrulla Fronteriza se estableció donde son Los Hoyos, el mismo gobierno norteamericano lo reconoce como Campo Chigas, parte del Chamizal, y los empresarios dicen que ahí no hay nada, que no es el Chamizal. En 1924 se creó la Patrulla Fronteriza. Esta es la parte donde están en la isla de Córdova, el Campo Chigas se destruyó en la reintegración del Chamizal”, explicó Iván González.
La palabra Chiga es la españolización de un término Ndé que significa “mi casa”, explicó el licenciado en Historia por la UACJ y doctor Honoris Causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas, Juan Luis Longoria, originario de la comunidad Ndé en Ciudad Juárez.
“Pugnamos porque se respete el pasado, que no se utilice la historia como un argumento para adjudicarse terrenos que le pertenecen a toda la sociedad”, dijo Iván González.
Con la creación de esta red binacional la lucha por la defensa del Chamizal toma una perspectiva histórica que además servirá para sustentar los argumentos en el campo legal a fin de evitar la construcción por parte de los empresarios del Centro de Convenciones en el espacio público, de acuerdo con Leobardo Alvarado, integrante del Frente por la Defensa del Chamizal.
La Red Binacional de Estudios Históricos de Ciudad Juárez y El Paso, Paso del Norte está conformada por historiadores de ambos lados de la frontera entre quienes se encuentran: el doctor David Romo, maestro David Muñiz, maestro César García, maestro Juan Luis Longoria, y maestro Iván González.
El espacio en disputa está ubicado entre la avenida Lerdo y la Costa Rica, conocido como Los Hoyos.
Mientras un grupo empresarial impulsa el proyecto del Centro de Convenciones, el Frente en Defensa de El Chamizal se mantiene en contra del mismo.
Por una parte los empresarios argumentan un beneficio de derrama económica para la ciudad así como un proceso de reforestación y la creación de un lago y un río artificial que atraviese la zona.
Por otra parte, el frente opositor pide el respeto del origen del parque como un espacio público y buscan que se establezca incluso como área natural protegida para evitar la privatización del lugar.
Los Mochis, Sinaloa.- Integrantes del colectivo Violetas Ingobernables realizaron este domingo una manifestación pacífica para protestar por los feminicidos de Itzel y Debanhi y todas las mujeres desaparecidas que se tienen a nivel nacional.
La protesta se celebró en el área del quiosco de la Plazuela 27 de septiembre, de la ciudad de Los Mochis, en donde las manifestantes colocaron pancartas y expusieron sus principales demandas, así como tendederos en donde colocaron fotos y publicaciones periodísticas de todas las mujeres desaparecidas que se tienen en el país.
“De momento, estamos en una sociedad negligente y, por tanto, cómplice con el agresor”, Justicia para Itzel y Debanhi”, son algunas de los mensajes que portaban las pancartas que fueron colocadas en el lugar.
Principales demandas
Dignora Valdez López, representante del colectivo, reveló que lamentablemente el problema de las desapariciones de mujeres que se presenta a nivel nacional es sumamente grave y lo peor es que por la falta de información que hay, no se sabe a ciencia cierta la cantidad de desaparecidas que hay.
“ Se dice que por día se tienen a nivel nacional 9 mujeres desaparecidas”, destacó.
Lamentó el problema de las desapariciones no haya tenido una solución debido a la tardanza como se activan las autoridades, ya que en ocasiones tardan horas para comenzar a atender los casos y cuando van directamente a las instituciones y dependencias a presentar las denuncias y no son atendidas como se debe por parte de los funcionarios públicos en turno.
“En ocasiones te dicen que tienen que esperar 72 horas y en otras ocasiones te dicen que no está el funcionario que está de guardia y así como estás se dan otras situación, en donde por un lado de invitan a denunciar, pero llegas a hacerlo no te atienden.
Reveló que tomaron la decisión de manifestarse precisamente en la Plazuela 27 de septiembre porque a este lugar acuden los días domingos muchas familias y la idea es concientizarlos de la gravedad del problema y para que extremen los cuidados en el entorno de sus familias, pues ninguna mujer está a salvo cuando sale a las calles.
La siguiente es la primera de una serie de tres publicaciones para documentar los efectos que, sobre los bienes comunes de la región del Istmo de Tehuantepec, se empiezan a observar con el despliegue del proyecto Corredor Interoceánico. Pondremos atención a tres bienes comunes, esenciales para la vida y cultura de la región, pero que también son insumos indispensables a la instalación de actividades industriales: la tierra, el agua y la energía.
En esta entrega analizamos cómo se genera un proceso de industrialización y el efecto que causa en la privatización y especulación de la tierra, conllevando un cambio profundo en el uso que tienen en las comunidades de Veracruz y Oaxaca que hoy en día las poseen.
El proyecto de Corredor Interoceánico prevé, en una primera etapa, la instalación de 10 parques industriales (cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca) llamados oficialmente “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI).
A este listado se puede agregar el PODEBI de San Blas Atempa en Oaxaca, un polo de desarrollo que si bien no aparece en los últimos documentos oficiales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), corresponde a un caso donde se llevó a cabo un proceso de consulta para la instalación de un parque industrial, en la comunidad de Puente Madera, y que ha generado un rechazo de la población por la serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta para la aprobación del parque.
Entre los diez polos industriales que se pretenden instalar en el Corredor Interoceánico, en San Blas Atempa, se tiene proyectado instalar uno de ellos. Pero los indígenas están en resistencia.
Cuatro de estos once parques tienen los terrenos adquiridos, mientras que los demás siguen en proceso de negociación con los dueños de la tierra, que son principalmente núcleos agrarios. Por ello, el proceso de negociación para la posible venta de terrenos para los otros seis parques pone en riesgo de privatización 1,566 hectáreas de tierras ejidales y 866 hectáreas de tierras comunales, principalmente ubicadas en el istmo sur.
Tan sólo considerando la superficie directamente afectada por los 10 parques industriales planeados, se trata de 3,542 hectáreas. A esto hay que sumar las 334 hectáreas del polo proyectado en San Blas Atempa, Oaxaca, y considerar que el de Jáltipan, en Veracruz, aún no especifica superficie.
Además, en un documento oficial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se menciona que se estima una demanda de suelo para industrias de 15,700 hectáreas en la región, lo que representa 4.5 veces más que la superficie anunciada para esos 11 parques industriales. Esto se explica por el hecho que a los 10 u 11 primeros parques industriales, llamados zona primaria, se planea sumar posteriormente otros 19 parques (10 en Oaxaca y 9 en Veracruz) en lo que en el documento oficial llaman zonas secundarias y marginales.
Puedes visualizar la ubicación, la superficie ocupada y la tenencia de la tierra de los parques industriales previstos en el siguiente mapa interactivo:
Si la implementación de parques industriales para las zonas “secundarias” sigue siendo a lo largo de las vías del tren Coatzacoalcos a Salina Cruz, para las zonas “marginales” se expande hacia otras zonas istmeñas, principalmente hacia pueblos que quedan cerca de las vías del tren en proceso de rehabilitación, entre Coatzacoalcos y Palenque, para conectarse con el Tren Maya (como Agua Dulce o las Chopas), o entre Ixtepec y Tapachula (como Unión Hidalgo o Chahuites). Llama la atención los parques industriales previstos en la zona de los Tuxtlas (San Andrés Tuxtlas y Catemaco), regiones que quedan alejadas de las vías del tren, pero que se pretenden conectar con la llamada modernización (ampliación y rehabilitación) de distintas carreteras.
Especulación sobre las tierras
Ahora bien, para considerar la afectación real que la puesta en marcha de estos polos de desarrollo tendría sobre la propiedad de la tierra, habría que considerar la privatización y cercamiento de tierras que se dispararía por el proceso de expansión urbana, siempre asociado a la creación de nuevos polos industriales.
También es necesario considerar el peso que la apertura de procesos de especulación tendría sobre la privatización de tierra, derivado de la puesta en venta de lotes de inversión situados a proximidad de los parques industriales anunciados o a lo largo de las vías del tren.
Este fenómeno especulativo, que dio inicio desde que se dieron los primeros anuncios del proyecto, tiene como resultado una presión sobre la venta o renta de tierra de propiedad social. Algo que detona conflictos en las asambleas agrarias, por la intervención de intereses individuales internos o ajenos en los procesos de toma de decisión, en un contexto de presión para que algunas parcelas del núcleo agrario pasen a dominio pleno, para luego poder venderlas como parcelas privadas para usos industriales o inmobiliarios.
Algunos ejemplos de anuncios de ventas de terrenos en las cercanías del Corredor Interocéanico:
Al momento de dimensionar los posibles impactos y el alcance territorial de este proceso de industrialización y urbanización es importante tomar en cuenta que el corredor transístmico forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración territorial del sureste de México, donde se relaciona con otros proyectos, como el llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Programa Sembrando Vida y la Guardia Nacional.
Estos proyectos buscan funcionar juntos para permitir la circulación de mercancías, muchas de las cuales serán producidas en estos corredores industriales, así como la extracción de recursos como el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad y su tránsito por tren (Tren Maya y Transístmico) para exportarlos a mercados en Asia, Estados Unidos, y Europa.
Además, forman parte de la estrategia de control migratorio que exige Estados Unidos a México para hacer “tapones” que bloquen el tránsito de la población de migrantes más allá de la zona del istmo, insertándola como mano de obra barata en estos corredores industriales.
Por el medio de la rehabilitación de las vías del tren de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, se conectarán los proyectos del Tren Transístmico con el Tren Maya. Existe también la posibilidad de conectarlos con otros dos proyectos ferroviarios anunciados en Guatemala: el Tren Bicentenario Ecológico (interconexión con México en Ciudad Hidalgo y trazo hasta Tecún Uman y Puerto Quetzal en el Pacífico) y el Tren Rápido (que conectará hacia el mar del Caribe en Puerto Barrios).
Con la puesta en marcha y la interconexión de esos proyectos ferroviarios entre ambos países se completará uno de los objetivos previstos en el Plan Puebla Panamá y en el posteriormente llamado Proyecto Mesoamérica: interconectar los países mesoamericanos con EEUU por el medio de carreteras, red eléctrica y vías de tren.
Con la construcción del CIIT el riesgo de división comunitaria, de erosión, especulación y privatización de la propiedad social es muy alto.
Una vez que la tierra comunal o ejidal se renta o se vende para cualquiera de estos proyectos, no hay vuelta atrás: al desarrollar los parques industriales, se despliegan actividades sumamente contaminantes, y no hay manera que se vuelva a reconstituir en esas tierras la vida comunitaria que se sostenía antes.
Es el territorio el que sostiene a la comunidad y por esto resulta imposible mantener o recuperarla cuando ésta se enajena. Si los pueblos y sus comunidades dejan entrar estos proyectos, las tierras dejarán de sostener la seguridad alimentaria de los pueblos, y convertirán sus tierras en áreas de vocación industrial, y a ellos mismos en mano de obra para las fábricas propuestas, o en migrantes desposeídos navegando en grandes urbes.
En la segunda parte de esta entrega, abordaremos el tema de cómo la instalación de estos parques industriales ejercerá una presión fuerte sobre el agua, en una región donde los problemas hídricos son ya patentes, tanto para los propios hogares como para las actuales actividades productivas.
Este primero de mayo -Día de la trabajadora y el trabajador -integrantes de la Coalición de Ex trabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN) en Jalisco salieron a marchar para denunciar las condiciones precarias a las que se enfrentan en sus jornadas diarias, particularmente, en las áreas de la producción electrónica.
En un contingente que partió de la Glorieta La Normal hacia Plaza de Armas en el centro histórico de Guadalajara, las trabajadoras exigieron desde aumentos salariales hasta espacios seguros “para no morir en el trabajo”.
Con carteles y consignas denunciaron que dentro del sector electrónico en Jalisco y el país, las y los trabajadores se enfrentan a una serie de violaciones a sus derechos humanos laborales, entre los que se encuentran: salarios bajos y sin aumentos regulares, acoso y hostigamiento laboral, discriminación por género y preferencias sexuales, malos tratos, falta de servicios médicos internos, despidos injustificados y sin la liquidación correspondiente, así como daños a la salud por químicos o tóxicos, entre muchas otras.
Sí bien, estas violencias y violaciones a derechos son experimentados por hombres y mujeres dentro de las fábricas y plantas, advirtieron que de manera específica son las trabajadoras quienes llenan los puestos de producción y, por lo tanto, son las que más se encuentran expuestas.
Y es que, para las mujeres trabajadoras de la industria electrónica, las fábricas se han convertido en otro espacio donde se viven diversas formas de violencia de género, entre éstas el acoso y el hostigamiento sexual.
Desde CETIEN México acompañan a mujeres trabajadoras que viven estos abusos. Algunas de ellas, estuvieron presentes durante la marcha y denunciaron no haber recibido ayuda en sus empresas cuando alzaron la voz en la exigencia de sus derechos.
Por ello, en su comunicado la Coalición de Ex trabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional, reiteró su llamado:
“¡Exigimos ambientes laborales libres de acoso sexual, libres de maltrato y hostigamiento laboral! (…) ¡Merecemos trato digno, como personas y no como cosas o números!”.
Dalia Villegas Moreno/ Quadratín, 30 de abril de 2022
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://www.quadratin.com.mx/principal/feliz-dia-del-nino-michoacan-tercer-lugar-en-trabajo-infantil-en-2022/?utm_source=pocket_mylist
MORELIA, Mich., 30 de abril de 2022.- Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en trabajo infantil; los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Nayarit mantienen el mayor porcentaje de población infantil ocupada en actividades económicas de producción o servicios.
De acuerdo con el Informe nacional sobre la violencia contra niñas niños y adolescentes 2022, elaborado por la asociación World Vision México, con base en una encuesta en 28 municipios de Michoacán, la principal forma de trabajo infantil es en campos agrícolas, diversas formas de comercio o servicios así como trabajo doméstico.
El informe se construyó con 2 mil 014 encuestas, en Angangueo, Ario, Charapan, Charo Chavinda, Churintzio, Huandacareo, Huaniqueo, Indaparapeo, Jungapeo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Morelos, Múgica, Nuevo Urecho, Ocampo, Queréndaro, Tacámbaro, Tepalcatepec, Tocumbo, Turicato, Tuzantla, Zacapu, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.
En las encuestas realizadas entre grupos distintos de personas: jóvenes, varones, mujeres, personas de 35 a 50 años, adultos mayores, paterfamilias y líderes de la comunidad, quienes más abandonan la escuela son las niñas de entre 8 y 12 años, principalmente porque se les requiere para colaborar en los quehaceres domésticos, algunas veces en condiciones no adecuadas.
De acuerdo con el informe, el trabajo infantil es una actividad normalizada e incluso cultural en varias comunidades, donde al menos 10 por ciento de las personas encuestadas no considera violencia el trabajo infantil ni que esto mine el desarrollo de las y los menores.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 25.2 millones de niñas y niños de 0 a 11 años; es decir, uno de cada cinco habitantes en el país es niño o niña.
En México, el Día del Niño fue reconocido en mayo de 1916, en Tenayuca, Veracruz, pero se oficializó hasta el 30 de abril de 1924. En esta fecha es común ver festivales conmemorativos, entrega de juguetes y golosinas para las y los menores.
Sin embargo, el informe de World Vision México advierte que los derechos de la niñez no están garantizados, por lo que urge a hacer cumplir y actualizar los marcos legislativos para mejorar las condiciones de vida de niñas y niños de todos los contextos socioculturales.
El informe de Incidencia Delictiva del Gobierno de México posicionó a Colima en primer lugar nacional en número de feminicidios.
De acuerdo al estudio han ocurrido 14 asesinatos de mujeres en los primeros tres meses de 2022.
La puntuación del informe es de 3.45 por cada 100 mil habitantes del Estado de Colima.
Los siguientes estados son: Michoacán que ocupa el segundo con 3.31 puntos al registrar 87 y 77 por ciento en casos fatales, por cada 100 mil habitantes.
Mientras Baja California se ubica en tercer lugar de víctimas de homicidio doloso, solo después de Guanajuato.
Además según el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que hasta marzo, Colima conserva la tasa nacional más alta en el delito de violencia intrafamiliar, con 119.6 caso por cada 100 mil habitantes.
En números absolutos, se han denunciado 968 casos de violencia intrafamiliar, cifra más altas que la registrada en caso de mayor población como Chiapas, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.
La estadística también refiere que, en lo que va de este año, 11 mujeres han sido víctimas de extorsión, lo que ubica a la entidad en la tercera posición de la tasa nacional de incidencia en este delito.
Además, se han registrado 35 denuncias por violación sexual; en este delito, Colima presenta una tasa de incidencia de 4.33 casos por cada 100 mil habitantes, ligeramente superior a la media nacional.
La entidad tiene también el primer lugar nacional en la tasa de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, con 7.29 casos por cada 100 mil habitantes.
Mientras que en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, Colima se encuentra en el segundo lugar, solamente detrás de Sonora.
Las cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.
Es decir, se trata de presuntos hechos delictivos registrados en carpetas de investigación iniciadas.
Colima, México. Avanzada (30/04/2022).- La incompetencia de las autoridades ha llevado a intensificar el dolor, angustia e indignación de las familias que durante varias semanas, meses y hasta años viven la pena de buscar a algún hijo, madre, tío, hermana, sobrino.
Al menos 500 familias nucleares viven en Colima no sólo el sufrimiento de la desaparición de algún integrante, sino también la crisis forense que mantiene a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el descuido y la ineptitud por resolver los casos adecuadamente y arrojar arbitrariamente los cuerpos a la fosa común.
Viridiana Tapia Cárdenas desapareció el 18 de mayo de 2019 y apenas este 22 de abril pasado la Fiscalía llamó a la madre de la víctima, Blanca Estela Cárdenas Rodríguez, para informarle sobre el cuerpo sin vida de su hija, que había sido echado a la fosa común desde hace más de dos años atrás.
Viridiana fue buscada con desesperación por su familia por casi tres años. A pesar de que su cadáver fue localizado desde el 7 de junio de 2019 junto a un canal –veinte días después de su extravío- y la FGE tenía muestras de ADN del hijo y hermano de la joven para lograr su identificación, las autoridades del Servicio Médico Forense enviaron el cuerpo a la fosa común sin justificación.
Llena de dolor e impotencia, Blanca Cárdenas manifestó que los últimos casi tres años vivió con el sufrimiento y la esperanza de encontrar a su hija, sin conocer la negligencia de las autoridades. “¿Por qué esperaron tanto tiempo para avisarme? ¿De qué sirve entonces que hayan tenido las muestras de ADN que podían confrontar, si no lo hicieron?”, lamentó la madre desconsolada.
El caso de Viridiana es sólo uno de los que se pudieran estar repitiendo sistemáticamente. De acuerdo a las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación, sólo en el estado hay mil 438 personas desaparecidas. Del total, mil 23 casos, es decir el 71.14 de las desapariciones, corresponden a hombres; mientras que 413, el 28.72 por ciento, son de mujeres; así como dos casos indeterminados.
La Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas expone que desde 1964 a la fecha, hay 3 mil 958 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el estado de Colima. De esa cifra general, un total de mil 438 personas se encuentran todavía en calidad de desaparecidas (mil 328) y no localizadas (110), lo que presenta un 36.3 por ciento del total.
MUERTES SIN NOMBRE
Pese a que el problema existe desde tiempo atrás, no se ha hecho nada por mejorarlo, el problema persiste. En 2019 Colima registró 514 cuerpos no identificados, repartidos entre fosas comunes y las morgues del Servicio Médico Forense (Semefo), de acuerdo a una investigación realizada por el Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C, “Quinto Elemento Lab”.
Para agosto del año pasado, la entidad tenía 177 cuerpos sin identificar que fueron depositados en las fosas comunes, según el informe “La crisis forense en México” realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Recientemente la misma Fiscalía General del Estado dio a conocer, a través de su Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, mediante la solicitud de transparencia 0031072; que desde el primero de enero de 2016 y hasta el 20 de agosto de 2020 envió 383 cadáveres a la fosa común sin identificar.
Los últimos días del mes pasado, en Tecolapa, Tecomán; fueron localizados los cuerpos sin vida de al menos 26 personas. El fiscal especializado en materia de desaparición de personas, Héctor Javier Peña Meza, reveló que la cifra ascendió a 26, además de cuatro que habían sido encontrados en un área cercana a la comunidad de Piscila, municipio de Colima.
Al respecto, el funcionario mencionó que donde se han encontrado las fosas, es “una zona de difícil acceso, con algunas complicaciones; obviamente es una zona muy utilizada por el crimen organizado”.
COLIMA, UN ESTADO DE FOSAS
Pero la historia de fosas clandestinas en Colima no es nueva, se han identificado desde años atrás con cientos de víctimas. En 2020 se recuperaron 89 cuerpos en distintas fosas de la entidad, revela el informe sobre personas desaparecidas que elaboró la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. En el documento anota que Colima, junto con Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas concentró el 75.9 por ciento de los cuerpos recuperados ese año.
También en 2019 Colima encabezó la lista de los estados con más fosas. En seis meses –entre diciembre de 2018 y mayo de 2019-, de los 274 cadáveres hallados en todo el país, 86 de ellos estaban en la entidad, desveló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En septiembre de ese año, el Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas mostró públicamente cientos de fotografías de las personas desaparecidas en Colima, en su mayoría jóvenes. Con la campaña titulada “Colima, fosa común”, los integrantes del colectivo aseguraron que en la entidad se tenía el registro de mil 700 desaparecidos, aunque la cifra es mayor por aquellos casos que no se han denunciado ante la autoridad.
A través de las redes sociales, los integrantes del colectivo expusieron que también podrían orientar a los familiares de los desaparecidos para que la Fiscalía General les tome la muestra de ADN y pueda compararla con los cadáveres que localizan en las fosas clandestinas.
“Esperamos lograr el objetivo, que es que las personas empaticen con nosotros y nos ayuden compartiendo las fotografías, porque posiblemente no pueden acompañarnos a las búsquedas o a las marchas que hacemos, pero sí compartiendo las fotografías de los muchachos porque alguien tendrá información de ellos”, señaló Blanca Ramírez Hernández, secretaria del colectivo, a través de un video que difundió en Facebook.
DESAPARICIONES Y HALLAZGOS
En México, desde 2006 y 2019, “más de 38 mil 500 cuerpos no identificados fueron ingresados a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados”; publicó en septiembre de 2020 el Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C “Quinto Elemento Lab”, en su reportaje “Un país rebasado por sus muertos”.
De ellos, muchos han quedado en el anonimato dentro del sistema forense, incrementándose el fenómeno de manera paulatina hasta llegar a la crisis que hoy continúa: 2006: 178; 2007: 433; 2018: 4 mil 408; y 2019: 4 mil 905 se acumularon. Para la asociación civil ningún gobierno, informe o diagnóstico, “ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos”.
Por otro lado, en el segundo semestre de 2018 un tráiler circuló por Colima y posteriormente fue abandonado en Jalisco con cientos de cuerpos sin vida. Las autoridades apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
En febrero del año siguiente, se localizaron en Santa Rosa, Tecomán, 49 fosas clandestinas y 69 cadáveres sin nombre ni apellido. En 2020, a nivel nacional, Colima se encontraba en la posición número 15 de los estados con menos cuerpos no identificados en el país, en una estadística en la que además se contemplan los cadáveres que están en el Centro Médico Forense Federal (Cemefofe) de la Fiscalía General de la República (FGR); ubicación alarmante tomando en cuenta que es la entidad con menos habitantes.
El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México presentó recientemente un informe sobre la crisis forense en el país, en donde advierte que existen 52 mil 004 cuerpos sin identificar. Mientras, Quinto Elemento Lab reportó hace dos años que a nivel nacional, 38 mil 891 cuerpos que pasaron por algún Servicio Médico Forense entre 2006 y 2019 sin ser identificados. Información del Gobierno Federal anota que en el país se recuperaron, desde diciembre de 2018 y hasta diciembre de 2020, 2 mil 395 cuerpos; de los cuales el 39 por ciento ha sido identificado.
Otro dato aterrador y lamentable es que Colima ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidios doloso por cada 100 mil habitantes, confirmó en febrero de este año el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González. Aclaró que la posición se debe a la cantidad de población que tiene el estado, puesto que el año pasado se reportaron 947 eventos en Colima, mientras que Jalisco, que ocupa el 13 lugar, tuvo 4 mil 483 casos, pero su población es mayor.
EL CALVARIO QUE NO TERMINA
Desgraciadamente el viacrucis de las familias que pierden a un integrante no termina al encontrarle. A la tragedia que acompaña el dolor, la penumbra y la ausencia, se suma la ineptitud e indolencia de las autoridades. Se dan los casos en que todavía tienen que enfrentarse a los trámites y la falta de empatía de la burocracia.
Luego de que le negaron el cuerpo de su hija por más de dos años, ahora la señora Blanca Cárdenas ha tenido que lidiar con la falta de interés por agilizar los trámites. Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., dijo que se han realizado diversas gestiones con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Víctimas y el Ayuntamiento de Coquimatlán para tratar de agilizar el procedimiento, pero no hubo respuesta positiva.
Además indicó que no es el único caso de este tipo que se ha presentado en la entidad, se atraviesa por una situación muy complicada en la que no entregan en tiempo y forma los cuerpos de las personas que habían estado desaparecidas, las autoridades trabajan con grandes deficiencias y retrasos.
Por su parte el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez confirma el problema de la crisis forense que está afectando a los familiares de las personas desaparecidas, por lo que abrió una queja de oficio para el caso de Viridiana, pero faltarían muchos más.
Denunció que se carece de las herramientas que se necesitan para identificar los cadáveres que se localizan y además no hay elementos periciales, “para que con la prontitud que se requiere, se pueda hacer una relación entre los cuerpos que se encuentran y las víctimas de desaparición”.
“Entiendan mi dolor, entiendan mi ansiedad, mi desesperación, que quiero que me entreguen el cuerpo de mi hija. (…) Creo que no es justo esto que estoy viviendo, esto que está viviendo mi familia, es muy doloroso, tengo mucho coraje e impotencia ante toda esta negligencia del gobierno. Yo solo pido a las autoridades que hagan su trabajo como debe ser, que me entreguen a mi niña, ya es mucho tiempo: horas, noches, días caminando por las calles buscándola, no es posible que no se apiaden de mí, ya no puedo esperar””, pidió la madre de Viridiana, una víctima más de las miles que padecen el calvario de ver a su familiar desaparecido, o encontrado muerto, y sin poder tenerlo aún. https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=32256
Indignación A.C. pide a las autoridades estatales que respeten el derecho a la libertad de expresión y un cese al hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras.
Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2022.- Indignación A.C. exigió al Gobierno del Estado y al Poder Judicial del Estado respetar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, luego de que en las últimas semanas se han hecho públicos casos de hostigamiento judicial contra reporteros en Yucatán.
Recordaron que en el primer caso se dio a conocer el pasado 11 de abril, cuando a través de un oficio de la Fiscalía General del Estado (FGE), se informó que la Jueza de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, Beatriz Bonilla González, ordenó a los medios de comunicación “Cambio del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticias al Punto”, “Yucatán al Segundo” y la “Noticia Ciudadana”, eliminar las notas relativas a la revocación de la jubilación de la ciudadana Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), notas de interés público por tratarse de posibles actos de corrupción.
Además, otros periodistas como Félix Bigman y Maru Luján también fueron víctimas de hostigamiento judicial por publicar notas sobre ese tema, de acuerdo con reportes de la organización Artículo 19.
En el documento de la FGE también se agrega que dichos medios debían cumplir la orden en un plazo de 24 horas contadas a partir de haber recibido el oficio, o de lo contrario, se harían acreedores de una de las sanciones estipuladas en el Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales se encuentran una amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto por 36 horas.
Sin embargo, en el oficio no se justifica por qué se impone tal medida.
Cinco días más tarde, el director del portal noticioso “Infolliteras”, Eduardo Lliteras, fue notificado de una demanda en su contra radicada en el Juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue presentada por el ex subprocurador Rafael Acosta Solís por presunto daño moral.
Esto tras la publicación de una nota que compartía información enviada por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida y que fue publicada en la sección “Cartas a la redacción”, en la que se acusa al ex funcionario de despojo de tierras, así como del robo de un bulto con dinero y documentación de los ejidatarios de Samahil, acto realizado en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Mérida, Yucatán.
En ese caso, el ex subprocurador exigió el retiro de la nota y el pago de medio millón de pesos, más los costos del proceso judicial. En el documento de la demanda, consta que el ex funcionario también demandó a los medios “La Jornada Maya”, “Presidio”, “Lector MX” y “Rompecabezas”.
“Estos hechos resultan alarmantes en tanto impiden a periodistas realizar su trabajo: el de fiscalizar al poder y denunciar el actuar de funcionarias, funcionarios, empresarias y empresarios, y mantener informada a la ciudadanía de asuntos de interés público”, señaló la asociación.
De igual manera calificó de preocupante el caso particular del periodista Eduardo Lliteras, quien desde el 2019 ha acumulado dos denuncias penales y una demanda, por publicar notas relacionadas con el despojo de tierras ejidales y posibles actos de corrupción.
Como se recordará, el pasado 16 de febrero periodistas locales presentaron una solicitud formal ante el Congreso del Estado para eliminar del Código Penal Local el delito de difamación, precisamente por tratarse de una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística, particularmente la de aquellas y aquellos encargados de investigar temas de corrupción, despojo de tierras y defensa del territorio.
De acuerdo con criterios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, los tipos penales como la injuria, calumnias y difamación, son calificados como medios de violación indirecta a la libertad de expresión, ya que generan un efecto inhibidor, frente al cual las personas prefieren autocensurarse antes que sufrir las sanciones.
Por ello se han declarado inconstitucionales e inconvencionales: por violar los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, tal y como indica la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2000.
En ese sentido, Indignación indicó que no se puede permitir que periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos sean víctimas de hostigamiento judicial.
Por tanto, la asociación exigió a las autoridades correspondientes respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y cesar los ataques contra periodistas en Yucatán.
Además, pidió detener el hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras y contra cualquier periodista que, en cumplimiento de su labor de informar a la ciudadanía, reciba amenazas, intimidaciones y denuncias, sobre todo, si se trata de medios de comunicación o periodistas independientes que se encargan de vigilar el actuar del Estado y del sector empresarial.
“Reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de periodistas de Yucatán de eliminar el delito de difamación del Código Penal local, y exigimos al Congreso del Estado adecuar la legislación local a los estándares de protección desarrollados en la materia”, finalizó el comunicado. (Foto de iStock)
Alumnas de la Preparatoria 15, ubicada sobre la Avenida 5 de Mayo, en la Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, se sienten desprotegidas. Y por ello, comenzaron a aplicar un protocolo de autoresguardo.
Ellas denunciaron que la zona donde no hay viviendas cercanas, choferes y trabajadores de una cementera regularmente acosan a las estudiantes.
“MIS COMPAÑEROS Y YO NOS SENTIMOS INSEGURAS PORQUE PASAMOS Y SE NOS QUEDAN VIENDO Y NOS DICEN DE COSAS, PUES ES UNA INSEGURIDAD QUE TENEMOS MIEDO O NO SE”.
Por situaciones como esas, las estudiantes comenzaron a aplicar sus propias medidas.
La Preparatoria 15 ya modificó sus horarios para evitar que los estudiantes se expongan a la oscuridad. Por ello, el ingreso es a las 8:00 am para el turno matutino y la salida es a las 19 :30 para el vespertino.
Ellas, por su parte, se organizan mediante grupos de WhatsApp para tener constante comunicación entre sí.
Natalia, estudiante de la preparatoria 15 comenta:
“La verdad yo no he visto mucha seguridad, pero la mayoría de todos nosotros tenemos un grupo y ahí nos pasamos la ubicación para ver si llegamos con bien, sí avisamos cuando salimos, pero en general yo no he visto tanta seguridad”.
Caro, otra alumna agrega que:
“Hay un buen de trabajadores aquí que se sientan y yo creo que no deberían de estar ahí, porque no es un lugar como una banca, y se sientan ahí para chiflarnos, a mirarnos y acosarnos, y se siente incómodo y no se siente bien porque se están viendo y te están viendo una manera perversa, y da miedo e inseguridad”.
Otra medida que han implementado para cuidarse es el acompañamiento durante los trayectos por la calle, con medidas sugeridas por expertos en seguridad.
“Cuando salimos a la tienda o al Aurrera, la más chica del grupo se pone en la orilla donde pasan los carros, porque es la que más está al pendiente si llega un carro, y ya sería la primera en reaccionar. Eso es lo que hacemos”.
Pero los alumnos también le han entrado al cuidado de sus compañeras, conscientes de la inseguridad que se vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Yo, por ejemplo, como hombre, cuando veo que van solas trato de acompañarlas. Hay veces que se van hasta la esquina del Periférico y trato de acompañarla hasta allá, y esperarlas a que lleguen por ellas”.
“A SEGUIR LAS CUIDANDO A APOYARLAS ENTRE NOSOTROS Y PUES SI HAY UN PROBLEMA QUE NO LO HAGAN SABER PARA TRATAR DE CUIDARLAS MÁS”.
El colectivo solidario de búsqueda de personas desaparecidas realizará una kermés en Tecomán para hacerse de recursos y continuar con sus actividades, recorriendo municipios, comunidades y elaborando las fichas de las personas desaparecidas para dar con su paradero, informó Candelaria Huerta Pizano, dirigente de este colectivo.
El objetivo, dijo, es recabar lo suficiente para continuar caminando en comunidades y pegando las fotos de personas que tienen registradas con ficha de desaparición, toda vez que este colectivo no goza de ningún financiamiento, “por eso nos organizamos para el domingo 1 de mayo realizar una kermés en el jardín González Lugo de Tecomán, a partir de las 5 de la tarde a beneficio de colectivo solidario”.
Huerta Pizano extendió la invitación para que las familias acudan a este evento en el que, al mismo tiempo de apoyar, puedan divertirse y llevarse algún producto, ya sea artesanía, comida o bocadillo: “Les pedimos que nos apoyen porque es para obtener recursos para seguir pegando nuestras fichitas, para conseguir dinero para gasolina y así ir a diferentes municipios a buscar. En la kermés habrá pozole, tacos tuxpeños, agua, gelatina, fruta picada, botanas lotería, juegos. ¡Vayan!”
El colectivo que se integra por una gran cantidad de mujeres en su mayoría, gestiona sus propios recursos para buscar a sus familiares, de ahí la petición: “Ojalá que colaboren. Nosotros no pedimos regalado, no es pedir el dinero nada más, queremos que se lleven algo, que consuman o jueguen para saber que no estamos solamente pidiendo, es una invitación a que nos ayuden de esa forma para seguir buscando”.
Redacción / Red Todos los Derechos Para Todos y Todas
Pueblos nahuas de Morelos decretaron que en su municipio está prohibida la minería, pues una empresa canadiense amenaza con instalarse sobre su territorio.
Con el decreto de prohibir la actividad minera, cierra la caravana por el agua y la vida que tuvo presencia en ocho estados del país.
El 23 y 24 de abril se llevó a cabo el cierre de la Caravana por el Agua y la Vida, Pueblos unidos contra el despojo capitalista, que recorrió municipios en seis entidades del país: Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca y Morelos. El decreto que emitieron las comunidades sobre prohibir la minería se presentará de forma legal a través del Congreso Nacional Indígena (CNI), del que forma parte Cuentepec, un pueblo ubicado en el estado de Morelos que actualmente está concesionado a favor de la empresa Alamos Gold. Este recurso legal es una medida de protección y defensa de la tierra y el agua.
Fotografías: Sandra Suaste/ Red TDTT
De acuerdo con datos proporcionados por la Unificación de Pueblos y Colonias en Contra de la Minería en Morelos, la mina afectaría a alrededor de 200 mil habitantes y destruiría el centro ceremonial nahua ubicado en la zona arqueológica de Xochicalco. La minería está planteada a cielo abierto, por lo que representa una amenaza para el ecosistema y la subcuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos,
“La Madre Tierra, la vida que de ella se nace y nuestros territorios son sagrados para nuestro pueblo, para su historia y su memoria, así como para todas nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras. En consecuencia, se prohíbe la minería en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios” dice el primer artículo del decreto del pueblo de Cuentepec.
Este documento de decreto de los pueblos, está basado en el apartado trece del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” respecto a la definición de “territorio”. Las organizaciones, colectivos e integrantes del Congreso Nacional Indígena, afirman que la ley del pueblo es la que se debe instaurar para decidir sobre la forma en que las comunidades originarias habitan sus espacios geográficos.
La Caravana por el Agua y por la Vida recorrió distintos puntos, en donde atraviesan problemáticas de despojo, saqueo y contaminación del agua. En su cierre hacen un recuento:
“Después de estos años de pandemia salimos en caravana para encontrarnos, conocimos los dolores de los pueblos que son los mismos que los nuestros: desprecio, represión, despojo y explotación que son las formas en que se manifiesta la guerra que impone el capitalismo en todo el mundo. Salimos a buscarnos en otras geografías, en otras rabias y otras rebeldías, porque estamos conscientes que sólo con la unión de los pueblos tendremos la fuerza necesaria para vencer a este sistema criminal”
La caravana por el agua y la vida trabajó en tres ejes fundamentales para los pueblos: Agua, Defensa de territorio y Defensa ante la minería.
“El despojo de agua se hace de manera legal, pero no legítima” señalan pueblos vecinos de Xochitepec y Tetlama, debido a la extracción que realizan las empresas en sus pozos. Las personas defensoras del territorio denuncian las agresiones y amenazas que viven debido a su labor. La imposición del Proyecto Integral Morelos es uno de los motivos por los que asesinan y amenazan a defensores de tierra y territorio, afirman.
La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDTT) en conjunto con Peace Brigades International-México (PBI) estuvieron presentes en la actividad para observar la asamblea y el cumplimiento del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos originarios y las garantías de las personas defensoras de derechos humanos para ejercer su labor.
Un nutrido grupo de mujeres vestidas de negro marchó desde la Piedra Lisa hasta el jardín Libertad, en el centro de la capital colimense, para exigir un alto a los feminicidios en la entidad.
Al grito de “¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!” y pancartas con diferentes mensajes que reflejan la inseguridad que actualmente viven las mujeres, terminaron su recorrido en la entrada de Palacio de Gobierno.
Luego de gritar diferentes consignas, el grupo de mujeres guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de feminicidio, mientras mantenían su puño derecho en alto.
Posteriormente, una representante emitió un posicionamiento en el que destacó que su manifestación se debe a que el Gobierno se muestra “indolente” ante la creciente ola de violencia.
En febrero pasado, los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, votaron por un nuevo sindicato. Con un 76% de los votos, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) ganó esas elecciones, derrotando a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que había mantenido el contrato laboral desde 1995.
Ahora, el SINTTIA está buscando un aumento salarial del 19.2%, argumentando la inflación que hay en el país. Sin embargo, la automotriz estadounidense respondió con una oferta del 3.5%, confirmó el jefe del sindicato a Reuters.
Por su parte, GM no quiso hacer pública su contraoferta pero espera que en la próxima reunión con el sindicato, que es el jueves, lleguen a un acuerdo que evite que los trabajadores se vayan a huelga; eso tiene que ser antes del 31 de mayo.
Esta negociación es histórica porque, de concretarse lo que el SINTTIA pide, aumentaría los salarios de los trabajadores de la planta de Silao hasta 135 pesos (6.62 dólares) la hora, según una copia del contrato colectivo más reciente al que tuvo acceso Reuters.
El objetivo de un nuevo acuerdo laboral sería reducir la gran brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y los de México. Aunque, aún así, el salario seguiría siendo mucho más bajo que el inicial de la automotriz en aquel país, donde es de 17.50 dólares por hora.
De acuerdo con Alejandra Morales, secretaria general de SINTTIA, la contraoferta de GM es “una bofetada” sobre todo en un momento en que los trabajadores tienen que hacer frente al aumento de los precios en México. Señaló que muchos empleados de nivel medio ganan alrededor de 60 pesos por hora.
Apenas el año pasado, una disputa sindical en la misma planta de GM en Silao hizo que funcionarios estadounidenses presentaran la primera queja laboral del T-MEC, porque la automotriz no garantizaba los derechos de sus trabajadores de esa fábrica, con lo que amenazaron en aplicar aranceles a las camionetas que ahí se ensamblan.
La planta GM de Silao, Guanajuato, fabrica las pickups Silverado y GMC Sierra.
Luisa Flores Rosales, representante del colectivo Bahía Violeta, compartió en el marco de la movilización nacional que causó el caso Debanhi y que repercutió en el municipio mediante pintas y la pega de fichas informativas de los desaparecidos, que Bahía de Banderas no es ajeno a este tipo de casos, ya que dijo que desde el 2020 se tiene registro de 10 mujeres desaparecidas.
Señaló que solo la semana pasada se registró la desaparición de dos menores de edad de las cuales no se tiene ninguna pista de su paradero y en el pasado mes de febrero desaparición otra joven más llamada Mitzi, por lo que en este 2022 han desaparecido tres mujeres, esto solo de las cuales se tiene alguna denuncia.
“Nosotros hemos contabilizado diez del 2020 a la actualidad, de las que no se sabe nada hasta el momento, uno de los casos más sonados es el de Wendy Sánchez que desapareció hace un año y no se tiene ninguna pista, lamentablemente las autoridades siguen sin crear protocolos de atención a las víctimas de desaparición”, señaló.
Recalcó que es importante que tanto las autoridades municipales y la ciudadanía se enteren y se den cuenta que aunque se vive en un municipio con vocación turística y se vende como un paraíso seguro, este no lo es tanto, situación en la que se debe trabajar ya que no solo son mujeres sino también jóvenes las que están en peligro.
“Es muy importante recalcar que no somos del todo un municipio seguro, también pasa cosas, también desaparecen chicas y chicos, vemos en todo Bahía de Banderas ahorita está tapizado de anuncios de un chico desaparecido que lo está buscando su mamá”, agregó.
Señaló que dicho colectivo sigue luchando en la visibilización de este tipo de actos que suceden en el municipio y que tanto afectan a las familias badebadenses, aún cuando este pueda causar molestia a muchos.
Se pretende fijar un precedente y que las autoridades no se olviden de quienes no han podido volver a casa con sus familias después de más de dos años que no se sabe nada de ellos.
El colectivo Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colima atiende un total de 220 casos de personas no localizadas, aunque de ellas solo 130 se publican fotos por petición de los familiares.
De acuerdo con la representante del colectivo, Candelaria Huerta Pizano, algunos familiares no dan el permiso de publicar fotos de sus desaparecidos por temor o porque han sido objeto de amenazas. Explicó que hay casos en los que no se informa a las abuelas o abuelos, a quienes se les dice “que andan en el ‘Norte’”.
Cabe destacar que integrantes del colectivo dedicaron las últimas semanas a pegar fichas de desaparecidos en rancherías de Tecomán, donde también se realizan acciones de búsqueda. “Siempre pedimos el apoyo de las personas de las rancherías para que nos digan si los han visto trabajando, en calidad de calle o en algún lugar deambulando”, expresó Huerta Pizano.
La activista señaló que siempre son más los hombres que se reportan como desaparecidos, aunque su organización tiene un registro de 17 de mujeres sin ubicar.
Debido al gran número de casos, Huerta Pizano hizo un llamado a los padres de familia para que extremen precauciones al momento de que los y las jóvenes salgan de sus casas. “La recomendación es que tengan cuidado; los jóvenes y jovencitas de 18 años se sienten grandes, pero todavía no son del todo responsables”.
Familiares y padres de unas siete a ocho personas desaparecidas, realizaron labores de búsqueda la tarde de este sábado en los poblados El Guamúchil, San Quintín, San Ignacio y Sayulita con el objetivo de recabar más información del paradero de sus seres queridos.
Durante varias horas realizaron pega de fichas informativas de búsqueda en dichos poblados, así como abordaron habitantes y prestadores de servicios en playa de Sayulita y sobre la Carretera Federal 200.
Con estas acciones se espera enterar a la población de las desapariciones en el estado y del interior de la república, para que aporten información para su pronta localización.
En esta ocasión lo hicieron en cuatro fincas abandonadas de la etapa 3 del mencionado desarrollo habitacional.
En una de las fincas, ubicada en la calle Silao al cruce con Tula, localizaron restos humanos. El hallazgo se dio en el patio trasero de la vivienda.
“Acudimos a este lugar por un llamado anónimo y ya tenemos indicios posibles de que hay cuerpos. Estamos trabajando solamente con un pico y una pala”, detalló Cecilia Patricia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora.
Las buscadoras contaron con el apoyo de policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga, quienes estuvieron garantizando su seguridad durante las acciones de búsqueda.
Vecinos de la zona que se dieron cuenta de la búsqueda que hacían los colectivos en este punto del fraccionamiento se acercaron para preguntar sobre cómo buscar a sus familiares desaparecidos.
Un caso es el de Sergio, quien busca a su prima Karina Venegas Conchas de 25 años de edad, quien desapareció hace un año y hasta hoy no sabe nada de ella.
“Quisiéramos saber si está por aquí. Ya es un año y no sabemos nada de ella. Salió de su casa, estaba con su mamá, salió y ya no volvió, ya no supimos nada de ella”, explicó.
El pasado mes de febrero, del 21 al 26, las Madres Buscadoras de Sonora y Jalisco realizaron la primera brigada en el fraccionamiento Chulavista. En aquella ocasión se localizaron 45 cuerpos.
Alrededor de las 8 de la noche el encapsulamiento que sostenía la policía de la Ciudad de México sobre alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México, en la Alcandía de Venustiano Carranza, comenzó a ser reprimido por los cuerpos policiacos, generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s.
La madrugada de este día fue desalojado el plantón que sostenían familias en situación de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, quienes fueron llevados a un “albergue” en condiciones insalubres en la Alcaldía Venustiano Carranza.
En solidaridad con el plantón acudieron alrededor de 40 compañer@s que regresaban a sus sitios de origen después de haber realizado La Caravana por la Vida. Sin embargo desde las 12 del día, fueron privados de su libertad las familias de desplazados triquis junto con la comisión de la Caravana por la Vida al impedirles la policía salir de la calle donde se encuentra el albergue, sin explicar razón alguna del porque esta medida, ni tratar de entablar diálogo alguno.
Se sabe hasta ahora que son dos encapsulamientos ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath.
Llamamos a todas nuestras hermanas y hermanos a la solidaridad, difusión y condena de estos hechos.
Exigimos al gobierno de Claudia Sheinbum y Andrés Manuel López Obrador:
1. Cese inmediato del encapsulamiento hecho a nuestras hermanas y hermanos en la Delegación Venustiano Carranza.
2. Aparición del niño triqui Samuel y garantizar la integridad física, psicológica y mental de todas las personas que se encontraban en el albergue
3. Castigo a los responsables de los operativos realizados contra la comunidad triqui y Caravana por la Vida
4. Solución del conflicto de desplazamiento de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala.
25 abril de 2022
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS
COMISION DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
En Guadalajara, amigos y familiares exigieron justicia para Quimberly Anay Aceves Franco, joven de 18 años víctima de feminicidio en Tonalá, Jalisco. Su cuerpo fue localizado sin vida, un día después de que se le reportó como desaparecida.
Mario Marlo / Somos El Medio
Guadalajara, Jalisco- La tarde de este domingo, familiares, amigos y ciudadanos marcharon del Parque Rojo a la Anti-Monumenta Guadalajara para exigir justicia para Quimberly Anay Aceves Franco, joven de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 16 de abril en la colonia Jalisco en Tonalá y que, lamentablemente, fue localizada sin vida el pasado 17 de abril con diversas marcas de violencia extrema..
Desde la una de la tarde, familiares de desaparecidas y amigos de Quimberly Anay se reunieron en la entrada de la Estación Juárez, ubicada en el Parque Rojo, de la ciudad de Guadalajara, para sumarse a una manifestación con la intención de exigir a las autoridades de Jalisco que den con los responsables del feminicidio de la joven.
Acompañados de las consignas: ¡Ni una más! ¡Nos queremos vivas!, e interpretando la canción Vivir sin miedo de la cantautora Vivir Quintana, las y los jóvenes avanzaron por la avenida Hidalgo hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco donde escribieron los nombres de las mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en el estado.
En entrevista, una de las jóvenes organizadores de la marcha explicó que en los últimos meses han comenzado a organizarse en grupos de WhatsApp para cuidarse entre ellas, así como salir y regresar en grupo después de salir a pasear o alguna reunión.“Ya no puedo salir yo a la tienda porque ya no hay seguridad, nos pueden desaparecer así de fácil, y el gobierno se lava las manos” denunció.
La última vez que se le vio a Quimberly Anay fue el 16 de abril de 2021 en la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá. Al día siguiente, la Fiscalía del Estado localizó los cuerpos de dos mujeres en una finca en esa misma colonia, pero fue hasta el 20 de abril que las autoridades confirmaron que uno de los cuerpos localizados era de Quimberly Anay.
En Jalisco, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 de enero al 24 de abril de 2022 se ha denunciado la desaparición de 91 mujeres; de éstas la Fiscalía del Estado de Jalisco asegura que ha localizado a 79 víctimas, 77 con vida y, lamentablemente, dos sin ella: Quimberly Anay Aceves Franco y una mujer reportada como desaparecida y localizada sin vida en el municipio de Tamazula de Gordiano.
En general, en Jalisco, están como desaparecidas 2 mil 272 mujeres, siendo Guadalajara (545 desapariciones de mujeres), Zapopan (367), Tlajomulco (239), Tlaquepaque (169), Tonalá (124) y El Salto (120), los municipios que concentran el 68% de las denuncias por desaparición de mujeres en el estado.
Andrés Guardiola/Corresponsal en Guanajuato | 24-04-2022
Excélsior
Cientos de mujeres, familias y colectivos feministas marcharon a través de las calles del centro de León y se plantaron a la puerta de Palacio Municipal para protestar contra las desapariciones y la violencia machista que prevalecen no solamente en Guanajuato, sino en todo el país.
De la mano con las protestas nacionales para exigir justicia por Debanhi Escobar, desaparecida y asesinada en Nuevo León, la protesta en la capital zapatera fue pacífica pero exigió trabajo preventivo y de solución al Gobierno de León y de Guanajuato, así como a la Fiscalía General de Justicia del estado.
Estamos muy preocupadas. Las cosas en el país van de mal en peor, es que no solamente ocurre en Guanajuato, en todo México hay desapariciones y violencia contra las mujeres y se meten con la niñas, es terrible para todos los que tenemos familia y basta ya”, reclamó Ana Lucía, una de las manifestantes que caminó desde el Arco del León de la Calzada hasta el Palacio Municipal.
Cristina perdió a su hija en marzo de 2017 en León y a la fecha nadie sabe de ella. Acusó maltrato de la Fiscalía General de Guanajuato.
Hasta miedo da hablar ahora. Yo he recibido ya muchas llamadas de extorsión diciéndome que saben de mi hija ¿Quién les pasó mi número? ¿Cómo se enteraron del caso? Esto está tan podrido que yo ya no sé a dónde pedir ayuda”, denunció la madre de familia.
Colima, México, Avanzada (21/04/2022).- En los dos últimos meses, sólo dos personas han sido vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas, lo que equivaldría a una persona por mes.
Lo anterior a pesar del incremento en el número de desaparecidos en la entidad, principalmente en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, donde se concentra la mayoría de casos.
Hasta diciembre del año pasado, la Red de Personas Desaparecidas en Colima informó que había alrededor de mil 700 personas desaparecidas en la entidad, aunque la cifra podría ser mayor.
También familiares de personas desaparecidas han denunciado la lentitud con la que avanzan las investigaciones e incluso, han señalado que durante meses las pesquisas son las mismas.
De acuerdo a al reporte de acciones de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas entre el 7 de febrero y hasta el 19 de abril de este año, sólo dos personas fueron vinculadas a proceso, mientras que 256 personas fueron atendidas a través de diversos operativos.
Así también, la dependencia informó que en se lapso se llevaron a cabo 32 operativos de búsqueda, pero no detalla los resultados de dichos operativos.
Con información y fotografías de Lilia Balam. / Haz Ruido
“Nuestras desapariciones no son casos aislados, no es porque estábamos solas, ni porque nuestras amigas nos abandonaron, no es por cómo íbamos vestidas ni por la hora”.
Mérida, Yucatán, 24 de abril de 2022.- Feministas yucatecas se sumaron a la movilización nacional en la que se exige justicia por la muerte de la joven Debanhi Escobar y por todas las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en la entidad y en México.
La protesta fue convocada en la Plaza Grande del Centro Histórico desde donde hicieron un llamado a las autoridades a frenar la ola de violencia feminicida que azota al país.
“Nuestras desapariciones no son casos aislados, no es porque estábamos solas, ni porque nuestras amigas nos abandonaron, no es por cómo íbamos vestidas ni por la hora, lo que está ocurriendo es violencia estructural que tiene que ver con la inseguridad del país, el narcotráfico, con un problema que nos atraviesa de diferentes maneras”, declaró la activista feminista Rosa Elena Cruz Pech.
“No sabemos dónde están muchas de las mujeres reportadas como desaparecidas y al día de hoy ya las han dejado de buscar, porque sabemos que siempre nos olvidan, con el paso del tiempo prefieren que los nombres queden perdidos” sostuvo Cruz Pech.
Dijo que así como ocurre en Nuevo León y en otras entidades del país, en Yucatán las mujeres tienen miedo de caminar solas, de tomar un transporte público y de morir asesinadas.
Como parte de la protesta, las feministas también colocaron un altar para la joven Arlett Heredia Piña, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el año pasado en una vivienda en la colonia Chuburná de Mérida sin que queden claras las causas, ya que su familia sospecha que fue víctima de feminicidio y la Fiscalía de Yucatán asegura que cometió suicidio.
De igual forma marcharon alrededor de la Plaza Grande gritando consignas en las que exigieron que todas las mujeres desaparecidas sean encontradas con vida y que no se repitan casos como el de Debanhi Escobar.
De nueva cuenta, al grito de “estamos en lucha, estamos acá” un grupo de mujeres se manifiestan y cierran la avenida Vallarta, en Guadalajara, a la altura del Parque Rojo, para que la ciudadanía se entere de lo que sucede, luego de la localización del cuerpo de la joven Debanhi Escobar y de más jóvenes desaparecidas.
Feministas de la Mercadita Resistencia piden a las demás mujeres unirse a ellas para exigir protección para todas.
También hicieron un recuento de los casos de desapariciones de mujeres en el Estado y a la vez, se pronunciaron por protección.
Por poco más de una hora, el grupo se diseminó y se dejó libre la avenida e invitaron a unirse cada sábado para realizar la misma dinámica.
En un contexto de ataques y represión, el 13 de abril del 2022, pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca, anunciaban la llegada al estado de la Caravana por el Agua y la Vida, invitando al pueblo en general, a l@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a l@s simpatizantes con las luchas justas por el agua, la vida y el territorio al MITIN Y CONFERENCIA DE PRENSA que se llevó a cabo el miércoles 20 de abril de 2022, en la Alameda de León, en el Centro de Oaxaca (http://www.congresonacionalindigena.org/2022/04/13/la-caravana-por-el-agua-y-la-vida-llega-a-oaxaca/).
La Caravana por el Agua y la Vida tenía como lugar de encuentro en Oaxaca a las comunidades en resistencia de San Pablo Cuatro Venados. Sin embargo, el 16 de abril la comunidad de El Rebollero hizo un llamado de Acción Urgente al CNI-CIG, denunciando que un comando armado llevaba seis días atacando a estas comunidades.
Las comunidades de Cuatro Venados llamaron a esta Acción Urgente, denunciando que se cumplían “seis días consecutivos de hostigamiento, por parte de un grupo armado de más de 30 personas, proveniente de la comunidad de Culilápam de Guerrero, quienes han disparado hacia la comunidad de El Rebollero”. Señalando que en esta ocasión la Guardia Nacional y policía del estado de Oaxaca, llegaron al lugar donde permanecieron menos de una hora, entablaron comunicación con las personas que han disparado contra habitantes de El Rebollero, se retiraron y el hostigamiento continuó.
El 17 de abril, pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca convocaban a la Jornada de Movilizaciones por la defensa del territorio del 19 al 22 de abril en Oaxaca.
La convocatoria saludaba y se sumaba al caminar de la Caravana por el Agua y la Vida en su paso por Oaxaca, compartiendo sus voces de Rebeldía y sumando más voces frente a los proyectos de muerte del capital:
“estos proyectos amenazan la vida misma de nuestras gentes, ya que las grandes empresas pretenden apoderase de tierras y aguas, causando daño a nuestra Madre Tierra y destruyendo nuestras culturas ancestrales. Los proyectos mineros, las represas como Paso de la Reyna, el Corredor Interoceánico, el Libramiento Sur y la defensa de nuestra autonomía y de los derechos de los pueblos de Oaxaca han costado la vida y la libertad de muchos de nuestros hermanos y hermanas”, por ello convocaron a sumarse a esta jornada de movilización que inició el 19 de abril en Santa Rosa Panzacola donde se celebró el Segundo Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida; el 20 de abril por la mañana estaba previsto el Encuentro de la Caravana por el Agua y la Vida en la comunidad de Cuatro Venados y por la tarde un acto político en el zócalo de la capital Oaxaqueña; el 21 de abril se convocó a realizar un acto político en Hierba Santa, Guichicovi en apoyo a las comunidades ayuuk que resisten contra la imposición del Corredor Interoceánico; y el 22 de abril con la comunidad binnizaa de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa”.
El miércoles 20 de abril, durante el mitin y la conferencia de prensa en Oaxaca de Juárez, se dio a conocer el comunicado de los pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca en el marco de la Caravana por el Agua y la Vida; dirigido al EZLN, al CNI-CIG, a la Caravana por el agua y la vida y a la Sexta Nacional e Internacional.
Dieron constancia de su presencia “colectivos y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona integrantes del Congreso Nacional Indígena de la región chontal, mazateca, mixteca y comunidades zapotecas de Valles Centrales”, mientras daban la bienvenida a las y los integrantes de la Caravana por el Agua y la Vida “quiénes han recorrido diversas geografías en resistencia y a su paso han recogido los dolores pero también la dignidad rebelde”. En ese marco declararon y denunciaron ataques, represiones, despojos y megaproyectos que enfrentan cientos de pueblos y comunidades en Oaxaca:
Primero: “A la comunidad de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados se le ha intentado despojar de sus tierras mediante ataques armados, tan solo en la última semana del 10 al 16 de abril un grupo paramilitar atacó las viviendas de las familias de la comunidad de lo cual hacemos responsables a los señores Alejandro Murat Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades de Cuilapam de Guerrero y San Pablo Cuatro Venados de cualquier agresión más hacia nuestros territorios y familias. Asimismo responsabilizamos a la empresa canadiense Continuum Resouses Ltd, quién ha sido concesionada para realizar exploraciones en nuestro territorio, contaminando el Río Valiente quién sostiene la vida proveyendo de agua a nuestra comunidad y otras comunidades. Queda asentado que por el incremento de la violencia paramilitar la Caravana por el Agua y la Vida decidió no arribar a la comunidad por seguridad”.
Segundo: “En el año 2014 el pueblo chontal se enteró de la existencia de una concesión minera denominada «Zapotitlán 1» con una extensión de 5, 413 hectáreas a favor de la empresa minera Zalamera S.A de C.V que está vinculada a la empresa canadiense Minaurum Gold INC. En diciembre del año 2018 se inicia un juicio de amparo en contra de dicha concesión impulsada por la comunidad de Santa María Zapotitlán con el respaldo de la asamblea del pueblo chontal para de la defensa de nuestro territorio; el 23 de enero de 2020 la empresa le solicitó a la Secretaría de Economía (SE) el desistimiento de la concesión minera en el territorio chontal (mientras seguía el juicio) en ese mismo año la SE le autorizó el desistimiento de la concesión a la empresa. Sin embargo en revisiones recientes del mes de abril de 2022 en la plataforma en línea de «CartoMinMex» se observa que el polígono señalado sigue reflejado en dicha cartografía. El territorio chontal sigue riesgo, con altas posibilidades de la existencia de una declaratoria de terreno libre por parte de la SE”.
Tercero: “En San José del Progreso, Ocotlán, el derrame provocado por la minera Cuzcatlán y las obras realizadas sin manifestación de impacto ambiental no han sido sancionadas por el daño causado al contaminar nuestro río, por el contrario, se ampliaron los permisos a otros 12 años más. Mientras que la empresa Don David Gold México S.A de C.V filial de la estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) no ha fiscalizada por sus impactos ambientales”.
Cuarto: “En la Sierra Mazateca hemos resistido frente a los proyectos de muerte, como las exploraciones extranjeras, su saqueo y bioprospeccion en cuevas y sótanos dónde hay agua, ser vital para nuestro territorio. De igual forma hemos denunciado públicamente la biopiratería, en específico con plantas y hongos enteógenos o como nosotros los mazatecos los conocemos «Ndi xi tjo» o «pequeños que brotan», qué son seres de gran importancia en nuestro territorio”.
Quinto: “Denunciamos la violencia que enfrentan las mujeres dentro y fuera de las comunidades, las agresiones a las defensoras del territorio, las desapariciones y los feminicidios de mujeres en todo el territorio oaxaqueño.
En lo que va del año colectivos que buscan a personas desaparecidas y la Fiscalía del Estado han localizado 21 fosas clandestinas, la mayoría de ellas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los puntos con mayor número de víctimas se ubicaron en Chulavista, con 45 durante la primera jornada de las madres buscadoras de Sonora y Jalisco el pasado mes de febrero.
En Alamedas de Zalatitán contabilizaron 31 cuerpos, 12 de ellos pre identificados.
Durante la segunda jornada que realizaron las madres buscadoras en los primeros tres días de abril en Chulavista, Tlajomulco, se contabilizaron 25 cadáveres, 7 de ellos identificados.
En la colonia Francisco I Madero, Tlaquepaque, fueron 12 víctimas y actualmente trabajan en un predio ubicado a 600 metros a espaldas del fraccionamiento Cima Serena, en El Salto, así lo detalló la Fiscalía de Desaparecidos, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.
La muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León le dolió a México entero y esta tarde decenas de mujeres salieron a las calles para expresar su repudio por los feminicidios en el país.
En Guadalajara la concentración fue a un costado de la antimonumenta en la plazoleta Imelda Virgen, el nombre que le dieron al espacio ubicado frente a Palacio de Gobierno, para recordar a las mujeres que han perdido la vida, como Debanhi y como Imelda.
“Ahora tengo miedo de caerme en una alcantarilla”, se lee en una de las pancartas, que a manera de sarcasmo, refleja el descontento de las mujeres por la versión que se dio tras el hallazgo del cuerpo de la joven la noche de ayer en Nuevo León.
Entre las personas que participaron había en su mayoría mujeres, aunque también algunos hombres dolidos por la situación, quienes colocaron veladoras y reprocharon que en México a las mujeres “nos están matando y el estado es cómplice
Con lágrimas en los ojos, recordaron a las que se fueron y en una sola voz se unieron para pedir “ni una menos”, el reclamo que en el país resonó este 22 de abril, luego de despertar con la noticia de la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien estuvo desaparecida por trece días y cuyo cuerpo se encontró en una alcantarilla detrás del motel donde se realizaron las indagatorias desde el primer día de su desaparición.
Colima, México, Avanzada (22/04/2022).- El feminicidio es uno de los delitos que incrementó en la última década en Colima, junto con el homicidio doloso, las extorsiones y los robos a casa habitación, pero las cifras muestran que en la entidad, 8 de cada 10 asesinatos de mujeres quedan sin castigo, según el reporte de Impunidad Cero.
En la investigación titulada: “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020” elaborado por la organización Impunidad Cero se documenta que las agresiones en contra de las mujeres rara vez son castigadas por la autoridad y la mayoría de las denuncias permanecen en la impunidad.
Impunidad Cero documentó que 8 de cada 10 feminicidios que se comenten en el estado, permanecen en la impunidad, lo que agrava la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres.
La misma investigación muestra que en los últimos cinco años, las víctimas de feminicidio aumentaron en un 137 por ciento, con una tasa de impunidad en los casos de 51.4 por ciento a nivel nacional, pero en Colima superó el 80 por ciento.
En el mismo reporte, se explica que existen estados del país donde existe un subregistro en la clasificación de los feminicidios para hacerlos pasar como homicidios dolosos, lo que impacta negativamente el nivel de impunidad en cada uno de los estados que recurran a esta práctica.
El pasado 25 de noviembre, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva afirmó que en su gobierno habrá cero tolerancia en contra de las agresiones a mujeres, “será un gobierno en el que las vamos a escuchar, las vamos a respaldar y las vamos a acompañar en este proceso de dejar atrás cualquier tipo y cualquier forma de violencia” declaró.
Sin embargo, hasta la fecha ni el Gobierno del Estado ni la Fiscalía General de Justicia han informado las acciones que realizan para revisar las carpetas que existen sobre feminicidio, analizar la clasificación de los homicidios dolosos de mujeres y garantizar la justicia para la víctima y sus familiares.
Ciudad de México /
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció el extravío de pruebas que conforman el expediente físico y digital del caso Tren Maya, por lo que el pasado 30 de marzo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a habitantes de comunidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, que han presentado una demanda en contra de la obra, “pues han paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto”.
“A sabiendas de que esta situación ya es del conocimiento del Presidente de la Suprema Corte, se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes”, indicó el Cemda.
Cabe destacar que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que vigila la disciplina y conductas de las personas funcionarias del Poder Judicial y cuyo presidente es el Ministro Arturo Zaldívar.
Asimismo, el Cemda destacó que las conductas en que ha incurrido el Poder Judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.
El Cemda relató que desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del “Tren Maya”, interpuesta por indígenas, comunidades y afectados de dichos estados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.
“Los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional[, al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable”.
La organización indicó que después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se ha declarado competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital están incompletos.
“En un hecho inexplicable, diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda han desaparecido y, si bien las y los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido, hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente ‘extraviadas’ o ‘no localizadas’ y que ha sido solicitado por la parte quejosa”.
El Cemda indicó que esta falta de actuación del Juzgado Primero ha paralizado totalmente la impartición de justicia y ha hecho del juicio de amparo un mecanismo inefectivo para proteger los derechos humanos de las personas.
El proyecto “Tren Maya”, consiste en la construcción de infraestructura ferroviaria de aproximadamente mil 500 kilómetros en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, atravesando por selvas y cenotes, tierras ejidales y ancestrales de comunidades indígenas.
El centro indicó que debido a diversas violaciones a sus derechos humanos, así como a la legislación ambiental vigente, las comunidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán recurrieron a la vía institucional para solicitar la protección de la justicia.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el debido proceso es exigible a los juzgados que diriman los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus argumentos.
“En el presente caso, la paralización total del juicio de amparo no ha observado los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y efectividad que deben regir la actividad judicial”.
Diversas agrupaciones manifestaron que temen por la vida de los ambientalistas debido a la recurrencia de los allanamientos en su hogar y a las amenazas que han recibido
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por tercera ocasión en lo que va de este mes de abril, Miryam Vargas Teutle y Juan Carlos Flores, defensores de derechos humanos y ambientales e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT), fueron víctimas de allanamientos a su hogar en la ciudad de Puebla.
Diversas agrupaciones manifestaron que temen por la vida de los defensores ambientalistas debido a la recurrencia de los allanamientos en su hogar y a las amenazas que han recibido.
Juan Carlos Flores Solís es un defensor de derechos humanos ambientales que como parte del FPDATMPT trabaja como abogado con más de una docena de comunidades nahuas afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM) y desarrollos a gran escala propuestos en la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Miryam Vargas Teutle es una comunicadora indígena Nahua y defensora de derechos humanos de la región Choluteca que, como integrante del FPDATMPT, trabaja en la defensa de sus territorios en contra del megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos.
Durante el último allanamiento, el 14 de abril de 2022, los individuos desconocidos se llevaron papeles de un librero de una habitación, una mochila con varias pertenencias, insignias de eventos políticos y dejaron la casa desordenada.
Antes, el 9 de abril de 2022, personas desconocidas irrumpieron por segunda vez en la casa de ambos defensores ambientalistas. Ingresaron por la ventana de la habitación principal y se llevaron el cuchillo que habían dejado sobre la cama en el allanamiento anterior, esta vez dejaron abierto el armario de Juan Carlos y robaron la bomba de la cisterna, así como un tanque de gas del jardín.
Previamente, el 5 de abril de 2022, la defensora de derechos humanos ambientales Miryam Vargas Teutle encontró su casa abierta, la reja y el candado de la puerta rotos y había señales de que habían cortado un árbol del jardín. Durante el allanamiento los sujetos desconocidos dejaron un cuchillo sobre la cama donde duermen ambas personas defensoras y robaron algunos objetos personales incluyendo una pantalla de televisión, documentos importantes del FPDATMPT y una impresora. Sin embargo, dejaron otros objetos de valor a la vista en el lugar.
Los defensores de los derechos humanos, ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, haciendo constar que desde el 5 de abril su residencia, ubicada en Santa María Zacatepec, Mpio. Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, fue allanada de manera violenta, notificando también la sustracción de objetos personales y documentos, además de la grave amenaza contra sus vidas, al encontrar un cuchillo sobre la cama y la tala de árboles en el jardín.
Ambos reportaron que la policía no respondió a tiempo a la solicitud de acompañamiento que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas solicitó después del primer allanamiento el 5 de abril de 2022.
Cabe recordar que integrantes del FPDATMPT han enfrentado distintas violaciones a sus derechos humanos incluyendo el acoso judicial, encarcelamiento, tortura, amenazas de muerte y asesinatos. Samir Flores Soberanos, asesinado en 2019 era miembro de esta organización comunitaria.
La agrupación Fron Line Defenders emitió una alerta sobre este caso destacando que se producen en un momento en el que el presidente Andrés Manuel Lópoez Obrador se ha reunido recientemente con el líder de la Asociación de Regantes del Río Cuautla (ASURCO), para buscar finalizar la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM) y desarrollos a gran escala propuestos en la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
“Preocupa seriamente que estos actos de intimidación puedan extenderse a otras comunidades de personas defensoras de derechos humanos en la región, particularmente en el contexto del desarrollo de la campaña “Caravana por el Agua y la Vida”, que tiene como objetivo denunciar el despojo y el saqueo de los recursos naturales que sufren las comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro”, señala en un pronunciamiento.
Front Line Defenders expresó su preocupación por la falta de protección por parte de las autoridades a las personas defensoras del medio ambiente, así como por su seguridad y la de otras personas que integran el FPDATMPT y que defienden pacíficamente el territorio de la comunidad.
Considera que la intimidación de las personas defensoras de los derechos ambientales tiene como objetivo obstaculizar su valiosa labor de defensa de los derechos ambientales y territoriales en México, y representa un patrón de violencia contra las comunidades que se oponen pacíficamente a la explotación de sus territorios.
Con información de El Debate, 20 de abril de 2022
León, Guanajuato.- La relación entre General Motors en Silao, Guanajuato y el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) sigue dando de qué hablar, ambas organizaciones sostuvieron hoy una reunión frente a un juez para establecer el contrato colectivo de trabajo.
La Secretaría General del SINTTIA, Alejandra Morales, presentó el emplazamiento a huelga que tiene vencimiento hasta el 31 de mayo. A decir de la líder del sindicato, General Motors no está ofreciendo a los trabajadores lo justo, a pesar de que en febrero se hizo una nueva renovación de sindicato y después de décadas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) salió de General Motors.
Ahora SINTTIA tiene un registro en la Planta de Silao, Guanajuato, de alrededor de 6,400 trabajadores. El emplazamiento a huelga sigue porque no se ha logrado llegar a una expectativa salarial que beneficie a los empleados, argumenta la líder sindical. SINTTIA demanda a General Motors un aumento salarial superior a la inflación de 2021 y al menos la mitad de la inflación esperada para 2022.
La líderesa del SINTTIA, Alejandra Morales mencionó que el aumento salarial que este sindicato está pidiendo a General Motors es justo debido a que con el anterior sindicato (CTM), por años los empleados se estancaron en recibir un salario por debajo de la inflación.
“Buscan dilatar la firma del contrato para el cual tenemos seis meses -vigencia de la Constancia de Representación de la organización sindical- lo que podría afectar la toma de acuerdos”, expresó Alejandra Morales, Secretaría General del SINTTIA.
La líderesa indicó que General Motors no quiere comprender los cambios legales relevantes que se han suscitado en México y ahora con la llegada de este nuevo sindicato no aceptan la nueva reformulación de un contrato digno y justo para los más de seis mil trabajadores. Por su parte indicó que SINTTIA busca llegar al acuerdo con General Motors y tener esta firma justa de contrato colectivo que beneficie a ambas partes.
Exigió al Poder Judicial de Yucatán que en este litigio aplique los más altos estándares en derechos humanos sobre la libertad de expresión para garantizarla y no limitarla.
Ciudad de México, 20 de abril de 2022.-La organización Article 19 emitió un pronunciamiento para rechazar el hostigamiento judicial en contra del periodista Eduardo Lliteras, dueño del portal de noticias de Yucatán «Infolliteras» y exigió al Poder Judicial que garantice el derecho a la libertad de expresión.
Señalaron que el 18 de abril de 2022 el periodista fue notificado de una demanda con el número de expediente 00389/2021 radicado en el Juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado por supuesto daño moral que reclama el empresario Rafael Acosta Solís en contra de una publicación realizada en el medio lnfolliteras.com: Denuncias ejidatarios de Samahil a Rafael Acosta Solis: se robo mochíla con documentos y dinero de ejidatario, afirman.
En ella, el periodista reproduce una carta redactada y suscrita por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, así como diversas autoridades ejidales, en donde señalan algunas irregularidades, tales como presunta corrupción y apropiación indebida de terrenos, así como presuntas intimidaciones y amenazas en su contra, señalando a Acosta Solís.
De igual forma, el empresario demandó por publcaciones similares a otros tres medios de comunicación y dos periodistas, por presunto daño moral, en donde reclama que se eliminen dichas publicaciones y un monto inicial por indemnización de 500 mil pesos a todos los medíos y personas demandadas.
Al respecto, Article 19 señaló en el informe que una de las formas más frecuentes de abusar del poder estatal es a través de la figura de hostigamiento judicial. Es decir, es el abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a las personas que revelan información de interés público, ya sea por su trabajo peñodistico y/o de defensa de derechos humanos.
Dicha figura puede incluir acusaciones criminales, demandas civiles y/o procesos administrativos. Las demandas que se suelen formular son en contra del honor o intimidad de personas funcionarias públicas o de particulares con exposición pública.
Ello provoca procesos judiciales con el fin de intimidar a personas periodistas. En este caso se utilizó la figura de daño moral que se encuentra regulada en los diversos códigos civiles de cada entidad federativa.
La organización recordó que en su informe anual “Negación” se registró que en 2015 se documentó sólo un caso de hostigamiento judicial y un año después se documentaron 13.
Para 2019, ya eran 21 casos, en 2020 escalaron a 39 y en 2021 se documentaron 40, de los cuales dieciocho fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles. Dicho de otra forma, en 2021, se demandó, en promedio, a tres periodistas o medios cada mes por ejercer el derecho a informar.
En este escenario, Article 19 reiteró que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) establece en el principio 13 del a Declaración de Principios sobre la libertad de expresión que cualquier acto dirigido a censurar a personas comunicadoras sociales, son incompatibles con la libertad de expresión pues tienen derecho a realizar su labor en forma independiente.
Asimismo, en la sentencia Palmara lribame vs Chile de 2005, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos dijo que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, por lo que para garantizar efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión el Estado no puede limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones.
Por ello calificaron de preocupante el uso que se le está dando a la figura civil de daño moral para censurar a medios y periodistas. El uso de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación con el objetivo de reprimir, castigar o inhibir la libertad de expresión y de opinión es objeto de preocupación por parte de organismos internacionales.
Estas acciones, conocidas como SLAPP (strategic lawsuit against public participation), son presentadas por actores politicos,servidores públicos o personas con proyección pública y recursos económicos con el propósito de perseguir judicialmente la libertad de expresión e inhibir la publicación, difusión y debate de temas de interés público.
En ese sentido, Article 19 exigió al Poder Judicial de Yucatan, en específico al Juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado, que para términos de dicho caso tome en cuenta los más altos estándares de derechos humanos establecidos tanto en el Sistema Interamericano como en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre lbertad de expresión para poder garantizar el derecho y no limitarlo de manera desproporcionada.
Además pidió que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tome las medidas correspondientes en el ámbito de sus atribuciones, observando este tipo de hechos también como una agresión contra periodistas,que los coloca en situaciones de vulnerabildad. (Foto de iStock)
Por Francisco Orta, AM León Guanajuato, 19 de abril de 2022
Silao, Guanajuato.- El próximo 31 de mayo en la planta de General Motors Silao podría iniciar una huelga laboral de los trabajadores sindicalizados.
Esto sucedería si en los próximos días sigue sin existir un acuerdo en las negociaciones del contrato colectivo de trabajo entre los representantes de la armadora automotriz y los integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA).
Este martes se llevó a cabo la audiencia ante el Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México relacionada a la demanda del SINTTIA por firma de nuevo Contrato Colectivo en GM Silao, en la que debía definirse la solicitud de la empresa de desconocer legalmente al SINTTIA, en una actitud contradictoria con la supuesta intención de la armadora de negociar cuanto antes la firma del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), informó Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del sindicato.
Explicó que en la audiencia el Tribunal se alineó con la empresa con una perspectiva rígida del proceso laboral colectivo que pierde de vista sus objetivos y fondo, violentando la autonomía sindical y los principios procesales de la Ley Federal del Trabajo de inmediatez, celeridad, continuidad, sencillez, y realidad al determinar se archive el emplazamiento a huelga por firma del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Añadió que el compromiso de representación, defensa y mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de GM Silao se enfrenta a la actitud de la empresa de desconocimiento de la representatividad del Sindicato y de negarse a negociaciones auténticas y reales para la firma del CCT.
“Llegando al extremo de reclamar al SINTTIA que se le emplazará a huelga como ordena la Ley para la firma del CCT, incluso informar a la base trabajadora de los avances del proceso y la consulta con voto directo y secreto para la aprobación o rechazo del CCT que se negocié”.
Dijo que desafortunadamente la empresa se niega a entender los importantes cambios legales ocurridos en el país y que ahora tiene enfrente un sindicato auténtico decidido a una negociación colectiva por un CCT que contenga mejores condiciones salariales y de trabajo.
“Su actitud solo alimenta entre los trabajadores la molestia generada por los abusos vividos en la planta”.
Como representante del Sindicato invitó a la empresa a dejar de lado las triquiñuelas legales y avanzar en un diálogo responsable y transparente, con la intención de llegar a los acuerdos necesarios para la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo en beneficio de ambas partes.
“Llamo a la base trabajadora a estar activamente (atenta) al desarrollo en este proceso”
Finalizó comentando que estarán presentando nuevamente su demanda de firma de contrato colectivo con el emplazamiento a huelga como lo marca la ley reiterando la fecha de estallamiento el 31 de mayo.
Siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo con que así suceda ya que por ley unas semanas antes el Sindicato está obligado a consultar si están de acuerdo o no que así suceda.
Rechaza GM señalamientos de SINTTIA
General Motors rechazó que se niegue a entender los cambios legales de México en materia sindical, como SINTTIA mencionó en su comunicado.
La armadora compartió que actúa siempre con integridad, en apego a la ley y ha demostrado su compromiso en cada paso del proceso de la ratificación y negociación del Contrato Colectivo de Trabajo de su complejo de manufactura en Silao.
“GM exhorta a SINTTIA a sostener una negociación seria, dedicando tiempo suficiente para negociar cláusulas administrativas y económicas, con el fin de que demuestren que están también comprometidos con el personal sindicalizado que representan”.
Explicaron que la reunión tuvo como objetivo sostener una audiencia conciliatoria ante un Juez Laboral, como parte del proceso de negociación del Contrato Colectivo de Trabajo para GM Silao.
“Al inicio de la audiencia, el Juez comunicó, tanto a SINTTIA como a General Motors que, debido a un error por el incumplimiento de formalidades de Ley, el proceso de emplazamiento a huelga iniciado por SINTTIA no era procedente”.
Para finalizar en el texto comentan que independientemente de que, por esta situación, SINTTIA tenga que iniciar nuevamente el proceso de demanda de firma de Contrato Colectivo, para GM es importante que las pláticas y negociaciones continúen a la brevedad.
“La compañía propuso que incluso las negociaciones continúen el día de mañana; sin embargo, los representantes de SINTTIA determinaron que serán ellos quienes propongan la siguiente fecha”.
Adriana Varillas / Foto Valente Rosas / El Universal
La demanda fue promovida por espeleólogos residentes en Playa del Carmen, quienes se ampararon en contra de la devastación de selva en el Tramo 5 –que va de Cancún a Tulum– que se realiza desde febrero pasado, sin estudios ni permisos
Cancún.- Ante el “peligro inminente” de que se provoquen daños irreversibles a cavernas, cenotes y ríos subterráneos, debido a la ausencia de estudios y autorizaciones ambientales y, ponderando el principio precautorio que mandata la ley, un juzgado radicado en Mérida, Yucatán, concedió la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del megaproyecto Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
Con ello, el Juzgado 1 de Distrito radicado en Mérida, Yucatán, ordena se “suspenda o paralice” cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur, “de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.
Esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, se lee en el incidente dictado por el juez y consultado por EL UNIVERSAL.
La demanda fue promovida por espeleólogos residentes en Playa del Carmen, Quintana Roo, quienes se ampararon en contra de la devastación de selva en el Tramo 5 –que va de Cancún a Tulum– que se realiza desde febrero pasado, sin estudios ni permisos.
Los estudios aún están en elaboración, de acuerdo con declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador; la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) no se han sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que violenta el marco legal.
El gobierno federal tampoco ha obtenido las autorizaciones en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que mandatan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley Forestal.
El amparo se presentó el 24 de marzo en el Juzgado Noveno de Distrito, por la asociación civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente (DMAS), con sede en Cancún, en representación de tres espeleólogos.
Sin embargo, fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito, en Mérida, debido a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que estableció que todos los asuntos promovidos en contra el Tren Maya se resolverán ahí.
Entre los actos reclamados en el amparo se incluyen las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar los trabajos realizados de manera ilegal.
Las autoridades demandadas fueron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. y la Secretaría de la defensa Nacional (Sedena).
En su resolución, el juez Primero, Adrián Fernando Novelo Pérez, concedió la suspensión provisional por la ausencia de permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, operación y desarrollo del Tramo 5 del Tren Maya”, al no realizarse bajo el estándar “más alto de protección al medio ambiente y al agua de comunidades afectadas”.
También admitió el reclamo por la carencia de participación pública en asuntos ambientales, “ante el impacto que las obras tendrán en la selva maya, red de ríos, cenotes y el sistema de cuevas subterráneas del Caribe Mexicano”, debido a la ejecución del Tramo 5, por lo que concedió la suspensión de los trabajos.
El juzgador advierte que los actos reclamados –las obras– son susceptibles de suspenderse, pues de no hacerlo “existe el peligro inminente que se ejecuten con daños irreversibles, pues tratándose de afectaciones a un ecosistema, por lo general cuando el daño es perceptible, ya es irreparable”.
Además dio por cierto que no existe evidencia sobre la existencia de evaluación de impacto ambiental e invocó criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que señalan que la realización de un proyecto sin la autorización de impacto ambiental “basta para considerar que se ha puesto en riesgo el ecosistema en el que se desarrollará”.
De este modo, con base en el Principio Precautorio –contenido en la propia LGEEPA– “no queda más que tener por satisfecho de manera indiciaria la acreditación del daño inminente e irreparable a la zona”, del Tramo 5 Sur del proyecto, por no contar de manera previa con las autorizaciones de impacto ambiental”.
Novelo Pérez negó la suspensión para efectos de las omisiones de la Profepa, porque los quejosos y DMAS “no acreditaron” ser parte de la denuncia que dio origen al expediente PFPA/ 5.3/ 2C.28/ 00011-20, con relación a la devastación ilegal de la selva.
Tampoco concedió la suspensión para efectos de los decretos expropiatorios que la Sedatu publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), bajo el argumento de que los quejosos no son dueños de propiedades afectadas por la declaratoria de “utilidad pública” que se dio a los terrenos de propiedad privada.
Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.
La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.
De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.
“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.
En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.
Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.
Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.
El conflicto
En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.
Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.
En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.
El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.
Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.
“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.
Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.
La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.
Los Guardianes de los Cenotes y representantes de la niñez, reiteraron que al reanudar las operaciones de la fábrica se pondría en riesgo el derecho a la salud y la libre determinación del pueblo maya.
Mérida, Yucatán, 15 de abril de 2022.- Este lunes 18 de abril se realizará la audiencia en la que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decidirá si quita o no la suspensión definitiva de operaciones impuesta a la mega granja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), localizada en Homún.
Por ello, integrantes de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes), y representantes de la infancia de Homún, a través de un comunicado emitido por Indignación A.C., le recordaron al Juez que, como expresaron en la consulta de 2018, rechazan la fábrica de cerdos en su territorio y exigen a las autoridades velar por el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.
“Las y los habitantes de Homún reiteramos nuestra preocupación ante el hecho de que el Juez Leal Mota ya se había pronunciado a favor de la empresa PAPO: en el 2018, ese juzgador se negó a otorgar una suspensión contra la mega granja, dándole prioridad al discurso del empleo y el mal llamado desarrollo, por encima de la salud humana y ambiental, y de la libre autodeterminación del pueblo maya”, aseguraron.
Como se recordará, el mes pasado especialistas en salud y materia ambiental pertenecientes a universidades y organizaciones internacionales presentaron un amicus curiae, en el cual señalaron que la fábrica de cerdos de Homún amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles. También describieron los graves impactos a la salud, al agua y al ambiente, ocasionados por la industria porcícola en Estados Unidos. Y manifestaron la expectativa de que Leal Mota resuelva a favor de la niñez y el medio ambiente sano de Homún.
De igual forma, a finales de marzo, integrantes de Kanan Ts’ono’ot y representantes de la infancia de Homún, junto con Greenpeace México e Indignación entregaron en el Juzgado más de 181 mil firmas recabadas en una plataforma digital contra las afectaciones de las fábricas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.
Durante la rueda de prensa realizada con motivo de la entrega de firmas, la abogada Lourdes Medina, recordó, que la suspensión fue otorgada en su momento por la Jueza Cuarto de Distrito bajo tres argumentos.
El primero consiste en proteger los derechos de la infancia de Homún, a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo que les permita llevar una vida digna.
De igual manera se consideró la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la Reserva Geohidrológica del Anillo de los Cenotes.
Finalmente, recordaron que no se respetó el derecho a la libre determinación del pueblo maya, particularmente a la consulta y consentimiento del pueblo de Homún.
Precisaron además que el argumento de PAPO acerca de que la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra lista no es suficiente para retirar la suspensión, ya que las razones que motivaron la suspensión van más allá de la idoneidad de la planta de tratamiento de aguas residuales.
En ese sentido, manifestaron que dicho argumento ha sido utilizado tramposamente por la mega fábrica en distintas ocasiones, pese a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en mayo de 2021 los argumentos por los cuales fue otorgada dicha suspensión.
Es por ello que las y los miembros de Kanan Ts’ono’ot y representantes de la infancia de Homún exigieron garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, a la libre determinación del pueblo maya y a que se priorice el interés superior de la niñez, por encima de intereses empresariales y políticos.
“No permitiremos más complicidad entre el Poder Judicial, el Gobierno del Estado de Yucatán y la mega granja de PAPO”, finalizaron.
Ellas no tienen vacaciones. Son las madres y familiares de desaparecidos, quienes como cada martes, aún en Semana Santa, se apostaron en las afueras de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en busca de respuestas. Es Guadalupe Aguilar, fundadora del Colectivo Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).
“NOSOTROS NO TENEMOS VACACIONES, NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ TODO EL TIEMPO EN ESPERA DE RECUPERAR A NUESTROS DESAPARECIDOS”.
Luego de que hace algunas semanas, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizara unas búsquedas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalupe Aguilar señala que su colectivo ha desarrollado distintos métodos de búsqueda de sus familiares.
“Nosotras tenemos otra manera de buscar, por llamarlo así. Nosotras sí sabemos utilizar el pico y la pala, si ellas están trabajando en el municipio Tlajomulco, pues los dejamos. Tristemente hay mucho donde escarbar, hay muchísimas cosas, ya se los he dicho: Jalisco es una fosa y nos da gusto que muchas personas estén buscando y escarbando, porque eso es de mucha ayuda”.
Además, mencionó que:
“YO PREFERIRÍA QUE SACARAN UNOS DE AQUÍ (DEL SEMEFO) EN VEZ DE LAS FOSAS. ADEMÁS, CREO QUE EN LA MADRE TIERRA ESTARÁN MEJOR CONSERVADOS QUE AQUÍ”.
Dos años han transcurrido desde que la señora Lupita González comenzó a buscar a su hijo. Finalmente lo ha encontrado en el Semefo, pero lamentablemente, trámites burocráticos han retrasado su entrega. Ella lo que quiere es darle santa sepultura y terminar con su martirio.
“Hoy estaba con la esperanza de que me lo entregaran, pero el dictamen no ha llegado al Semefo y es lo que yo quiero: que me lo entreguen para ya terminar con eso. La última confronta se realizó el 29 de abril del año 2021 y no me habían dado respuesta hasta hace 22 días y finalmente salió positivo”.
Son las madres de los desaparecidos. Para ellas no existen las vacaciones y en Semana Santa continúan con su búsqueda.
Como parte del proceso para solicitar el retiro de la suspensión de la fábrica de Homún, la controvertida empresa presentó ante el juez un dictamen que supuestamente emitió la UNAM, el cual resultó ser apócrifo.
Mérida, Yucatán, 11 de abril del 2022.-El comité maya Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Yucatán en contra de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), por presentar un documento falso como prueba para solicitar al Juzgado Segundo de Distrito el retiro de la suspensión de operaciones impuesta a la mega granja de cerdos localizada en Homún.
Como se recordará, en octubre del 2018, quien era entonces la Jueza Cuarta de Distrito, Miriam Cámara Patrón, resolvió paralizar las actividades de la fábrica de cerdos ante un potencial riesgo de contaminación al agua, aire y de daño a la salud humana en Homún. Aunque la empresa intentó revocar esa decisión, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó la suspensión.
Ante esa situación, el apoderado legal de PAPO solicitó de nuevo que se quitara esa medida. En esa ocasión, adjuntó un documento con el membrete de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), supuestamente firmado por la Dirección de Obras y Conservación de la UNAM, en el que se concluyó que el sistema de tratamiento de las aguas residuales que se ha instalado en la granja tiene las etapas necesarias para entregar agua tratada con la calidad que estipulan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de forma que “no causará problema alguno, el agua no se evaporará por las condiciones climáticas de la zona, no se filtrará al subsuelo ni podrá llegar al manto freático o acuífero”.
Como respuesta a este documento, los representantes de la infancia de Homún y del colectivo Kanan Ts’ono’ot, solicitaron en agosto del 2021 información del mencionado documento a la Máxima Casa de Estudios. Un par de días después, recibieron respuesta de Jorge Barrera Gutiérrez, Director General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, quien como representante legal de la institución contestó que el oficio presentado como prueba “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”.
Esto se dio a conocer al Juez Segundo de Distrito, a quien se le solicitó remitir el caso a la FGR para que inicie una investigación conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo. El Juzgado decidió no hacerlo, sino suspender el procedimiento incidental, porque existía una queja pendiente de resolverse.
Con todo esto, se presume que PAPO, su apoderado legal y otras personas podrían ser responsables de falsificar documentos de la UNAM, con la finalidad de revocar a como dé lugar la suspensión definitiva impuesta a la megagranja.
Ante la falta de acción del juez , Kanan Ts’ono’ot decidió presentar una denuncia ante la FGR, con la finalidad de exigirle a las autoridades que investiguen los hechos, se deslinden responsabilidades y en su caso, se sancione a quienes hayan cometido este delito, al aportar pruebas falsas durante un juicio de amparo, con el único fin de influir en la decisión del Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, para que retire la suspensión de actividades contra de la mega granja porcícola de PAPO, decisión que será resuelta el lunes 18 de abril.
“Es inaceptable el uso de documentos falsos para pedir que se reactiven las actividades de la megagranja de 49 mil cerdos que afectará el derecho al agua, el medio ambiente sano, la salud y la libre determinación de la niñez y el pueblo maya de Homún. Por ello esperamos
que el Poder Judicial tome las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de la infancia y la comunidad de Homún”, sostuvieron dicho comité y la asociación civil Indignación.
En cuanto a la actuación de PAPO, aparcera de Kekén, recordaron que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecen que las compañías deben de respetar todos los derechos humanos, incluyendo esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los derechos en su cadena de suministro. Además, no deben entorpecer procesos judiciales.
“Ante las acciones de PAPO, preocupa que Kekén no niegue públicamente cualquier posibilidad de trabajar con esta empresa ahora y en el futuro”, indicaron.
En el seminario Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron, de nueva cuenta, sobre los riesgos más allá de las vías férreas, con mayor presión sobre los territorios y bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.
“Por esta razón buscamos con este seminario visibilizar la opinión académica sobre la esencia del proyecto del Tren Maya desde una perspectiva efectiva ecológica, social y jurídica”, dijo la investigadora mexicana, Marisa Mazari Hiriart.
El proyecto se anunció en el 2018, días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara al poder. Desde entonces la comunidad académica se pronunció en una carta para detener la velocidad del plan.
Los investigadores hicieron análisis de las primeras manifestaciones de impacto ambiental, además de solicitudes para discutir el tema con distintos organismos del Estado, así como para involucrar a la sociedad. Pero nunca hubo respuesta.
Hasta hace unas semanas, dijo el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, al recordar la campaña de artistas populares que no fue bien tomada por AMLO. “¿Dónde estábamos hace 30 años? Estábamos peleando por la selva Lacandona. Nada más nos descalifican y no hay paso adelante. Que nos ponga a platicar con quienes él considera que son ambientalistas y san, se acabó”, agregó el investigador del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín Legorreta.
No hay plan definido
El Tren Maya recorrerá una distancia de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según la plataforma digital habilitada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para informar, de forma limitada, sobre el proyecto.
Para Medellín Legorreta, los trenes han sido subestimados y sub apoyados por todas las administraciones. La última inversión la hizo Porfirio Díaz en el siglo XX, aún cuando representan una gran posibilidad de detonar el desarrollo sustentable, “si se hace bien”.
Hasta ahora, dijo que no hay un plan definido, no es sustentable ni compatible con el desarrollo socioeconómico de la Península ni con el futuro de sustentabilidad desde el punto de vista de la biodiversidad o de los beneficios de los pueblos mayas.
Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplió Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Alanís dijo que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.
Península heterogénea
Cualquier megaproyecto debe ser planeado de acuerdo a las características del territorio, “el flujo del agua, como en cualquier territorio, va ser lo que permita la conexión entre ecosistemas”, dijo la también investigadora del Instituto de Ecología, Luisa Falcón.
Puso el ejemplo del corredor transversal costero del sur de Quintana Roo que representa flujo de agua tanto superficial como subterránea y permite la interacción e interconexión de sitios como Laguna Bacalar a través de una serie de canales de otras lagunas tanto en Chetumal hasta llegar al Mar Caribe.
“Entonces hay desplazamiento de un sinfín de especies muchas de ellas endémicas de la Península de Yucatán que van a desplazarse siguiendo estos flujos hidrológicos”. La región es frágil porque la geología es distinta, “es fantástica”.
Además, explicó que el 50 por ciento de sus manglares están a lo largo del litoral, por ello insistió “se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien antes de ocasionar un mal mayor”.
Uno de los problemas que señalan especialistas y ambientalistas es el daño a la naturaleza debido al cambio de ruta del tramo 5 del Tren May
En este entorno, Ana Esther Ceceña del Observatorio Latinoamerica de Geopolítica, consideró la importancia del peso de los dos trenes, de pasajeros y de carga, en un piso que es calcáreo y quebradizo, “no se han discutido los argumentos que llevamos tres años presentando”.
En el caso de Calakmul, Campeche, existe la cueva más importante de murciélagos en la región Neotropical. En términos de números, se trata del refugio de 3,000,000 quirópteros de mayores dimensiones desde el centro de México hasta Argentina.
Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, aproximadamente. El 70 por ciento de estos invertebrados son plagas de la agricultura, expuso Rodrigo Medellín Legorreta.
“Si tiran eso me voy a ir con todo porque están destruyendo uno de los grandes aliados de la agricultura. Tengo entendido que cambiaron el trazo para pasarlo por detrás del cerro donde está la cueva lo que también va a traer montones de destrozos en un corredor donde sabemos que cruzan jaguares porque es la zona cercana a la reserva de la biosfera de Calakmul”.
En esta parte de Quintana Roo, del tramo cinco, tampoco hay Manifestaciones de Impacto Ambiental que puedan ser consultadas, para que los académicos puedan ver las medidas de mitigación que resuelvan las preocupaciones por el mega proyecto.
Originalmente el trazo estaba planeado para ir entre las carreteras de cuatro carriles que conectan Cancún con Tulum, “luego resultó que, por los hoteleros, no por temas técnicos de ninguna manera, sino por la preocupación de los hoteleros se cambió el trazo para meterse cinco kilómetros dentro de la selva”, agregó Medellín.
La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó artículos que demuestran que la mayor cantidad de jaguares de México están precisamente en la Península de Yucatán. Los investigadores dijeron que, incluso los pasos de fauna, tampoco están bien ideados.
Borrar la historia
En el 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 7,274 puntos de valor arqueológico en esa región. De acuerdo al Fonatur, cuando iniciaron los trabajos del primer tramo del Tren Maya se encontraron 5,300 hallazgos arqueológicos.
En el mapeo, no se muestran todos los vestigios arqueológicos, porque se descubrieron con el avance del proyecto del tren y, hasta ahora, no hay registro. Se trata de piezas pequeñas y grandes edificaciones que, a la fecha, pueden alcanzar las 13,000, descubiertas durante este proyecto de la “cuarta transformación”.
La investigadora Ana Esther Ceceña, consideró que los hallazgos continuarán en la medida que se vaya ‘rascando’ por la zona, “lo que está puesto en riesgo es de enorme importancia y dimensión desde todos los puntos de vista histórico-cultural”.
“Somos un país que en el momento de la conquista le fue borrada su historia y su historia se está recuperando a través de la experiencia de los pueblos, pero también de los hallazgos arqueológicos qué hoy están realmente amenazados”.
Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas que habitan la región, pero al no estar reconocidas en las estadísticas no son consultadas ni visibilizadas, pese a ser parte fundamental de la conservación de la selva.
Ceceña agregó que, de los 68 grupos lingüísticos reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 44 están en esta región que jurídicamente es indispensable que den su consentimiento para el Tren Maya.
Narcotráfico y migración
La académica Ana Esther Ceceña, sumó que no se cuenta con un estudio de factibilidad económica del proyecto, mientras la promoción que se hace del empleo está ligada a la propia construcción de las vías y no al resto de las actividades.
En la zona donde comenzaron los trabajos del tren, existe un incremento de 8% anual de personas asalariadas, pero se trata de trabajo temporal y precario “aunado a esta dinámica urbanizadora, tienden a disminuir la calidad de vida de las personas que están incorporadas”.
Dijo que la región es una de las zonas más ricas del país en la que se pueden generar proyectos sin dañar ni romper las condiciones de sustentabilidad; pero el Tren Maya fue anunciado como proyecto de urbanización.
Recordó que hace 40 años, Cancún tenía 3 mil habitantes y un territorio urbano de mil hectáreas que ahora se extendió a 13 mil, es decir “se comió el área donde se producían alimentos y eso tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de los mismos”.
Esto, a su vez, provoca intensificación de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, la agroindustria que aumenta “el área de colonización urbana”, que contribuye a la contaminación del planeta.
Ceceña explica la importancia geoestratégica de la zona donde se está implementando el megaproyecto
Para la investigadora, a la situación social, económica y ambiental se agrega la presión de Estados Unidos con la política migratoria, pues la zona de detención justamente es la franja transístmica, “además de que Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes del narcotráfico”, con Estados Unidos y Europa, por el lado atlántico.
“En la medida que se va rompiendo el tejido social y la organización comunitaria con todo el contexto tiende hacerse más frágil la defensa de la población frente a estos grupos y quedan en manos del crimen organizado que promueve la trata de personas”.
Ceceña agregó que es un punto estratégico, “habría que imaginar qué pasa si de repente todos los grandes competidores o las grandes licencias del comercio mundial aparecen interesadas en este paso, ¿Qué va pasar con la región? ¿Vamos a entrar en guerra por el territorio o cómo se va diluir el problema?”, cuestionó.
Los investigadores coincidieron que el proceso de restauración ecológica será 10 o 20 veces más caro que la conservación actual del ecosistema, asimismo que el proyecto del tren transístmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, “hay que revisarlo porque también tiene serios problemas”.
El gobierno mexicano apuesta por los beneficios de este proyecto ferroviario, liderado por el consorcio Bombardier-Alstom. Pero el descontento es grande.
En junio del 2021, el consorcio formado por Alstom-Bombardier en México anunció tener a su cargo la entrega del Tren Maya.
Este proyecto ferroviario de gran envergadura, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cubrirá una distancia de más de 1.500 km y pasará por los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Se dividirá en siete tramos y dará servicio a unos 7 millones de personas, además de a los turistas, a través de decenas de estaciones a lo largo de su recorrido.
Según el gobierno de México, el denominado Tren Maya, está pensado para “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable.”
No todos están de acuerdo con esta afirmación.
Pedro Uc Be, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, lleva años luchando contra la llegada del tren maya. Este proyecto, según él, ni es un tren, ni es maya.
“No es un tren, porque no es una vía por la que pasen unos cuantos vagones, sino un proyecto de reordenación territorial que pretende convertir la Península de Yucatán en un corredor industrial. […] Y no es maya porque no está pensado para o por los pueblos indígenas, y mucho menos para responder concretamente a las necesidades que tenemos aquí.”
Pedro Uc Be, escritor, filósofo y defensor del territorio maya en Yucatán, oriundo del municipio de Buctzotz.
Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez
El activista explica que el “Tren Maya” estará vinculado al otro gran proyecto del actual gobierno mexicano, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Este último, según Uc Be, pretende transportar mercancías entre el Océano Pacífico y el Golfo de México.
Además, según Pedro Uc Be, a dos años de iniciada la construcción de la ruta del tren, ninguna de las comunidades de la Península de Yucatán afectadas directa o indirectamente por ella se está beneficiando.
“El tan cacareado empleo que el gobierno anunció con bombo y platillo no se ha cumplido, como tampoco la salud, ni la vivienda, y mucho menos la educación.”
Más bien son las empresas que participan en la construcción del tren las que se benefician, dice. “Algunos de ellos han duplicado, triplicado y cuadruplicado su patrimonio en sólo un año”, dice Uc Be.
Pedro Uc Be y la Múuch’ Xíinbal no están solos en su lucha. Varios grupos de la sociedad civil y científicos están cuestionando todo el proyecto.
El 31 de marzo, científicos y académicos del Instituto de Ecología, el Instituto de Economía y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alertaron sobre los graves impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto ferroviario.
Des militants de Greenpeace Mexique ont déployé une bannière portant le message Protégez la jungle maya, pour protester contre la construction du chemin de fer, le 28 mars 2022.
Foto: Greenpeace Mexico / / Paola Chiomante
Greenpeace también lanzó una petición en la que afirma que si el proyecto sigue adelante sin tener en cuenta los impactos ambientales, “se perderá la riqueza natural que ha hecho de México uno de los países más bellos.
Especies como el jaguar, símbolo del patrimonio cultural maya, se verán privadas de su único hábitat”, escribió el grupo medioambiental.
El contrato ganado el 9 de junio de 2021 por el consorcio franco-canadiense y otras pequeñas empresas incluye el diseño, la fabricación y la puesta en marcha de 42 trenes X’trapolis, así como el diseño, la fabricación y la instalación de la tecnología del sistema de señalización, incluyendo la gestión del tráfico y las telecomunicaciones.
También está prevista la construcción de talleres de mantenimiento y la puesta en marcha de un servicio posventa para diversos equipos.
Bombardier y Alstom tienen una larga historia en México. En 1992, la empresa canadiense adquirió la empresa pública mexicana Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril.
En ese momento, la empresa era el mayor fabricante de material ferroviario de México.
Deux des principaux modèles de trains construits par Bombardier (en 1982 et 2002) pour le métro de Mexico.
Foto: Sistema de transporte colectivo Metro de la Ville de Mexico.
Bombardier construyó los vagones del metro de Ciudad de México y los trenes ligeros de Guadalajara, Monterrey y el distrito de Xochimilco de Ciudad de México.
La división también suministró vagones para el metro de Santiago en Chile y 200 vagones de carga para Venezuela.
Una oportunidad para hacer bien las cosas
Para el subsecretario de Comunicaciones y Transportes de México, Rogelio Jiménez Pons, el Tren Maya forma parte de una serie de inversiones en infraestructura del actual gobierno que son “muy importantes y tienen características positivas”.
“[El tren] sustituirá a muchos de los camiones que actualmente circulan por la región, lo que tiene un efecto muy importante en el medio ambiente. Tiene un factor social, porque integra a algunas comunidades en diferentes aspectos del proyecto. ”
Gracias a este proyecto, se desarrollarán nuevas poblaciones y servicios en torno a las estaciones y se contribuirá a “estructurar una región que estaba abandonada”, afirma.
Rogelio Jiménez Pons, sous-secrétaire aux communications et aux transports du Mexique.
Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez
Para Jiménez Pons, quien antes de su actual cargo fue director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo gubernamental responsable del Tren Maya, lo que propone este megaproyecto es un antídoto contra el desorden territorial donde reina el caos urbano y suele infiltrarse el crimen organizado. México no quiere revivir la experiencia de Acapulco, argumenta Rogelio Jiménez Pons, con cuyo “paraíso” se crearon desigualdades sociales y no se atendió a tiempo.
“Allí se invirtió en la industria de la zona costera, pero el interior quedó completamente abandonado. Así se generan contrastes y condiciones de escaso desarrollo social que dan paso a la desigualdad y la delincuencia. Esto es lo que hemos heredado de los últimos veinte años de abandono de los problemas.”
El arquitecto Jiménez Pons dice estar consciente de la magnitud de un megaproyecto de transporte como el Tren Maya y admite que su principal reto es conseguir que las comunidades sepan cómo aprovecharlo y que entiendan lo que se les propone.
Explicar el proyecto y aprovechar el impulso del tren
Durante tres años, Lilia González Moreno trabajó para el Tren Maya, encargándose de explicar sus pormenores a muchas de las comunidades afectadas. Foto: Radio Canadá Internacional (RCI) / Rosa Esther Aguilar Macías
Esta especialista en desarrollo comunitario en la región de la Península de Yucatán estuvo a cargo de la vinculación territorial del Tren Maya en Quintana Roo, particularmente en el tramo seis del tren, que va de Tulum a Bacalar.
González sabe que se trata de un proyecto complejo desde el punto de vista de la diversidad territorial: 1.500 kilómetros, cinco estados mexicanos, zonas urbanas, rurales, arqueológicas y biológicas muy dispares. También es compleja en términos de diversidad social: 7,5 millones de habitantes con la renta per cápita más baja del país, de los cuales casi un millón pertenecen a la nación maya.
Por eso, según Lilia González, explicar el tren y sus beneficios ha supuesto una serie de retos para su equipo. Sin embargo, el proceso tuvo algunos aspectos fascinantes y únicos, dice.
“Si no era un reto medioambiental, era arqueológico. Si no era arqueológico, era de la propiedad del terreno o técnico, y en el peor de los casos eran todos esos retos juntos. Pero formar parte de este mecanismo de articulación del conocimiento comunitario, de la biodiversidad territorial, y poder llevarlo a una mesa en la que se tomaban decisiones importantes sobre el destino del Sureste mexicano, fue lo que me dio la mayor satisfacción.”
En la actualidad, Lilia González dirige Kanché, una asociación civil especializada en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.
La máster y doctora en Estudios sobre Paz, Conflictos y Desarrollo explica que algo que le gustaba decir a las comunidades afectadas por el tren era que había dos posibilidades: una, que el tren les pasara por encima, y otra, que se unieran al equipo para desarrollar herramientas de gobernanza que les permitieran beneficiarse del impulso del tren.
No hay beneficio, sólo despojo
Una vivienda en proceso de ser demolida en el pueblo de Kimbilá, Yucatán para dar paso a la ruta por la que pasará el Tren Maya, que se ve al fondo de la imagen. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez
Para Pedro Uc Be, no es posible aprovechar el impulso del tren.
El activista, cuya vida ha sido amenazada en varias ocasiones por oponerse al monocultivo de soya, por vociferar su apoyo a los apicultores y por combatir a las empresas porcinas que contaminan la tierra y el agua de la región, no ve más que “el círculo de despojo” que se cierra.
“Los que cultivan soja o crían cerdos pueden ahora transportar y vender sus productos en tren. Los propietarios de un parque eólico o solar pueden vender electricidad a los hoteleros. La empresa turística dispondrá de un tren para trasladar a sus turistas. Por eso digo que no se trata de poner vías, sino de un paquete de despojo a través de estos diferentes proyectos que han venido a ocupar nuestra península, una parte del país que aún preservada. ”
Lilia González rescata por su parte que a pesar de todo lo complejo del proyecto y las particularidades humanas que le son intrínsecas, ya era tiempo de que esa región mexicana fuera atendida. Sin embargo, admite que el mayor reto es el tiempo.
“Es difícil pensar que el tren debe ser terminado en un sexenio. Y si a eso le sumas el número de kilómetros y la diversidad del escenario, resulta complejo. Pero México es conocido por ser creativo y por encontrar soluciones. Las instituciones ya están ahí. Con este tren, están forzando a que se completen los procesos inacabados. Y ahí es donde veo que progresa el Sureste mexicano, con independencia. ”
La independencia es precisamente lo que defienden Pedro Uc Be y la organización que representa.
La asamblea Múuch’ Xíinbal, que en lengua maya significa “caminamos juntos”, está luchando en los tribunales contra el gobierno mexicano.
“[Y juntos] defendemos la idea de que la tierra no se vende ni se alquila. Somos independientes y no estamos dispuestos a entrar en ningún tipo de acuerdo o diálogo con los partidos políticos ni a recibir dinero de los donantes que suelen dar a las ONG. Somos las comunidades directamente afectadas y defendemos nuestro territorio.”
Adriana Varillas y Manuel Espino Fotos Diego Prado/ El Universal
Playa del Carmen.— Las retroexcavadoras no paran y aceleran la deforestación de la selva para abrir paso al Tramo 5 del Tren Maya.
El ruido de las máquinas se combina con el aroma de árboles recién cortados que se percibe en la brecha que corre por el nuevo trazo —selva adentro—, que cruza avenida Juárez, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
Hace un mes inició la tala de vegetación virgen, que incluye árboles de chicozapote, chacá, chechén y palma chit. A su paso, la maquinaria va dejando montones de árboles apilados que se secan con el paso de los días, aunque algunos se niegan a morir porque retoñan de entre los troncos trozados que se aferran a la tierra, constató EL UNIVERSAL durante un recorrido.
Los accesos a las obras del Tramo 5 Sur—que va de Playa del Carmen a Tulum, y viceversa— fueron cerrados y acordonados con cinta amarilla. “Prohibido el paso a personas no autorizadas”, se lee en letreros colocados en el entronque de avenida Juárez con el trazo del tren.
Trabajadores que vigilan la maquinaria confirmaron que “desde el sábado ya no se permite la entrada” a las obras. Sin embargo, fue posible recorrer a pie varios kilómetros. Ante este escenario, aseguran expertos, es mucho lo que se pierde y poco lo que se gana.
Un golpe a la “fábrica de agua”
A decir del colectivo Sélvame del Tren, las actividades de tala y desmonte —que carecen de estudios previos y autorizaciones federales a los que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente— dañarán corredores biológicos para la vida silvestre y la fuente de agua dulce para la región.
Entrevistados por separado, el arqueólogo Guillermo de Anda, fundador del proyecto del Gran Acuífero Maya (GAM), y el presidente de la organización Jaguar Wildlife Center, Raúl Padilla Borja, coinciden en que la “fábrica de agua” más importante del sureste mexicano se encuentra justo entre Playa del Carmen y Tulum.
Este reservorio natural de agua —explican— depende en buena medida de la selva, cuyas raíces funcionan como venas que atraviesan la roca caliza para abastecer al acuífero subterráneo que desemboca hacia el mar, del otro lado de la carretera federal 307.
“Todo esto está amenazado y toda esta fábrica de agua, que es Quintana Roo, y su biodiversidad están amenazadas por el trazo del Tren Maya, que también está asociado a los polos de desarrollo, a las ciudades en crecimiento que van a traer más deforestación y, por consiguiente, descargas de aguas residuales al manto freático”, sostiene Padilla Borja.
La caverna Yorogana
Al final de la avenida Juárez, en Playa del Carmen, colindando con la selva, integrantes del programa “Cenotes Urbanos” localizaron semanas antes de que se iniciaran los trabajos de iniciada la deforestación, una caverna llamada “Yorogana 3”.
En su interior lograron registrar más de 75 especies diferentes, entre ellas al pájaro Toh o pájaro reloj, un grisón hembra con dos crías y la Dama Blanca, una de las dos especies de peces ciegos originarios de la Península de Yucatán.
El grisón (Galictis vitttata) es un animal que vive en la selva, pero su avistamiento es muy extraño; tanto, que “para el estado de Quintana Roo tenemos solo una observación de este animal, así de raro es de verlo y ese día encontramos una hembra con dos crías”, subraya el biólogo Roberto Rojo, fundador de la iniciativa de ciencia ciudadana Cenotes Urbanos.
Este proyecto forma parte del Círculo Espeleológico del Mayab, asociación fundada en 2013 por Rojo, para la preservación de cuevas a nivel peninsular, con cinco líneas de acción: Exploración, investigación, divulgación, educación y conservación de las cuevas de la península.
Cada domingo, desde hace cuatro años, entran a mapear las cuevas de la ciudad con gente voluntaria, que suma a más de 350 personas, entre infantes, adolescentes, jóvenes y adultos.
“En cuatro años llevamos 81 cuevas mapeadas de las más de 300 que sabemos que hay en el área urbana de Playa del Carmen. Lo hacemos porque estamos buscando la conservación de esas cuevas: dónde están, qué forma tienen, qué vida hay dentro, cuál es su problemática.
“Además de hacer el mapa de la cueva, hacemos levantamiento biológico, es decir, registramos cuántas especies hay en la zona. En esta cueva de Yorogana, en dos horas de trabajo registramos decenas de especies”, explica en entrevista.
“Yorogana” se mapeó en febrero pasado. Sin embargo, luego del paso de las retroexcavadoras que abren camino devastando la selva para el Tren Maya, la cueva quedó casi cerrada con ramas de árboles a su alrededor, una cinta de advertencia y afectación a su flora y fauna.
El Tramo 5 del Tren Maya también afecta la selva de Akumal, al sur de Playa del Carmen y cerca de un Santuario del Mono Araña, visitado anualmente por miles de turistas nacionales e internacionales.
La zona de obras
El Tramo 5 del Tren Maya corre de Cancún a Tulum y medirá unos 121 kilómetros, según el proyecto del gobierno federal. Este tramo se divide en Norte, de Cancún a Playa del Carmen, y Sur, de Playa del Carmen a Tulum.
Actualmente, los trabajos de tala y desmonte se realizan desde distintos puntos entre Playa del Carmen y Tulum, según pudo constatar EL UNIVERSAL.
Integrantes de Sélvame del Tren calculan que se han devastado 40 kilómetros lineales.
“Es una situación dramática porque el volumen de selva depredada va a ser incluso mayor”, advierte Padilla Borja, la primera persona que detectó, a finales de febrero, el arranque de los trabajos de deforestación detrás del fraccionamiento Marsella, dentro del Tramo 5 Norte.
El panorama en la zona devastada es del rompimiento desordenado de la selva, donde se han localizado cuevas, cavernas, vestigios y hundimientos que el personal a cargo de los trabajos va acordonando, como señal de obstáculo para la vía.
“No son acahuales”
El pasado 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a las obras en este tramo, dijo: “No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros… y no es monte alto, no es selva, es un acahual”.
Al respecto, el arqueólogo Guillermo de Anda rechaza que la vegetación existente en el Tramo 5 sea de acahual (selva impactada por actividades agrícolas).
“Sin duda es selva. No basta más que caminar por ahí para darse cuenta de que es una selva, no es una zona deforestada con mucha vegetación todavía”.
Subraya que “en el monte” —como coloquialmente se le llama aquí a esa selva— hay evidencia científica sobre la presencia de felinos y mamíferos, cuyo hábitat será fragmentado.
En efecto, los daños por la fragmentación de la selva maya ya son visibles. Durante el recorrido, se observó a dos monos araña cruzando con dificultad la brecha. Los animales buscaban el arbolado, que ya no existe, para continuar con su recorrido.
El naturalista Raúl Padilla también refuta lo dicho por López Obrador: “Son selvas muy bien conservadas y pertenecen a las mejores selvas del país.
“El tipo de suelo kárstico siempre ha hecho crecer una selva baja, pero es una selva tropical (…) No son acahuales, aquí hay jaguar, puma, ocelote, venado temazate, venados cola blanca, primates, mono aullador y mono araña”, refuerza.
Por ello, con la construcción del tren —insiste— “es mucho lo que se va a perder y muy poco lo que se va a ganar”.
Cerca de 540 hectáreas de Motul pertenecen a un extranjero de nombre Olivier Dutoit Caldairou,
quien logró obtenerlas corriendo a los ‘acasillados’ del municipio.
Obtenidas durante el reparto agrario de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, las tierras de decenas de ejidatarios en la zona de Motul están quedando en manos de un extranjero de origen francés, Olivier Dutoit Caldairou, quien adquirió el casco de la hacienda de Santa Teresa y una vasta extensión del ejido en su alrededor. También buena parte de las tierras de este municipio está ya con los llamados loteros, que venden espacios de fantasía en la periferia de la cabecera municipal.
De acuerdo con Julián Can y Chuc, quien fue presidente del Consejo de Vigilancia del ejido de Motul del 2015 al 2018, la influencia de Dutoit Caldairou en la actual directiva que encabeza Arcadio Tamayo Angulo es muy fuerte. Además del casco de la hacienda, con apoyo de la fuerza pública logró correr a los “acasillados” que ahí habitaban e influyó para que la asamblea ejidal le venda 540 hectáreas que están en los alrededores de la exhacienda Santa Teresa.
POR ESTO! recorrió la zona aledaña a la exhacienda y encontró seguridad privada desde la carretera principal, en la propia entrada del inmueble y en las afueras, que confirman la versión de Can y Chuc.
Dutoit Caldairou es propietario de la Inmobiliaria Gran Puente, y quien se vio involucrado en un despojo de tierras, según acusaron ejidatarios de Suma de Hidalgo en el 2017. En ese entonces, el francés movió los “hilos” de influencia en la Procuraduría Agraria para cerrar el paso de un proyecto de un parque eólico que pretendía beneficiar a los ejidatarios.
La molestia del extranjero fue que logró obtener la renta de 2,500 hectáreas del ejido de Suma para sus proyectos inmobiliarios, pero los ejidatarios le negaron otros 2,500 hectáreas porque éstas ya estaban comprometidas en un proyecto de energías limpias (un parque eólico). En ese momento, los ejidatarios encabezados por el comisario ejidal, José Anastasio Cervantes Ancona, pidieron la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM)para que actúe y expulse al francés dedicado a la especulación de tierras.
También el francés fue vinculado con la destitución del Procurador Agrario en Yucatán, Alfredo Ramírez Gómez, en el 2019, luego de que varios campesinos efectuaron plantones frente a las oficinas en Mérida de esa dependencia federal.
El ejidatario Can y Chuc resaltó que la actual directiva ha olvidado y retorcido los postulados de Felipe Carrillo Puerto y también ha dilapidado las tierras que recibieron del prócer socialista y del reparto cardenista, pues ahora están en manos de un extranjero, para colmo.
“Lo que yo he pedido es que ningún ejidatario venda más sus tierras y eso le ha molestado a Tamayo Angulo”, dijo.
De hecho, exhibió un documento de carácter judicial en la que se le ordena acudir a firmar cada día cinco de mes respecto a un litigio en que fue vinculado por Arcadio Tamayo Angulo, quien lo acusó junto con otros ejidatarios, de violencia y secuestro. “Pero cómo voy a ser violento y secuestrar, siendo viejo como soy”.
Asamblea informativa
Cerca del mediodía de ayer, Tamayo Angulo convocó a sesión informativa para anunciar un amparo contra la decisión de las autoridades judiciales que favorecieron a Can y Chuc y a otras personas. Pero en vez de abundar sobre el tema lo que hizo fue huir de los reporteros y dar vueltas en las propias instalaciones del edificio del comisariado ejidal, ayudado por sus seguidores.
Según Can y Chuc las tierras del Ejido de Motul que pertenecen a 1,744 campesinos han sido dilapidadas, quedando como 10 mil mecates y a eso se suma que la directiva dispone a su antojo de 16 pesos mensuales por el cobro de la renta del local a vendedores de frutas y verduras y también por el uso del espacio trasero como estacionamiento.
También el alcalde Roger Aguilar, apodado El Zorro, está vinculado al tema de despojo. En el 2015, ejidatarios de Motul demandanron al Alcalde y a Juan Itzá Balam, ex comisario ejidal, por apropiarse de varios terrenos ejidales con alto valor económico y comercial por estar ubicados en zonas privivilegiadas. La causa penal es la 081/2015, interpuesta an el Tribunal Agrario.
En la demanda, los ejidatarios explicaron que de manera fraudulenta la directiva le otorgó a Roger Aguiar terrenos sin que se lleve a cabo alguna asamblea ejidal. En uno de los terrenos construyó una “casa-bodega”. Los terrenos no están a nombre del alcalde, porque no es ejidatario ni avecindado del ejido, además nunca medió una asamblea para darle legalidad a esa cesión de terrenos que despojó.
Proyectos de lotes
POR ESTO! detectó en los alrededores de Motul tres proyectos de lotes de inversión, uno del grupo GEA, ubicado en la parte posterior de un rancho, que al parecer es del alcalde. En la entrada se pudo observar un yate montado sobre una estructura de soporte, varios vehículos oficiales como una ambulancia y una camioneta rotulado de Protección Civil, y en el fondo una casa de descanso.
En la parte trasera del rancho se ubica el proyecto de lotificación que tiene un acceso posterior.
Durante el recorrido se detectó más venta de lotes. Uno está al lado del cuartel de policía en el periférico de Motul y uno más por el mismo rumbo de 444 lotes, todos ellos en el monte.
De acuerdo con el ejidatario Can y Chuc, las tierras que ahora están en venta pertenecieron al ejido, pero que los dirigentes se han encargado de ofrecerlas al mejor postor.
La representante en el estado del Colectivo Solidario de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Candelaria Huerta Pizano, dijo que es preocupante el aumento de personas sin ubicar en Tecomán, pues hasta el momento se espera a 90 personas, la mayoría hombres.
“Cuesta trabajo identificarlos porque ya son restos óseos y muchas veces se encuentran esparcidos, por eso se tienen que ir a estudios de genética y son lentos o nos dicen que no tienen material. Tardan hasta un año para entregar los restos”, relata.
Pidió el apoyo del Gobierno para que “aprieten las tuercas” y aceleren su trabajo, pues de ello depende que la familia tenga paz. “Muchas veces la familia dura 2 años buscándolos y para cuando nos damos cuenta, resulta que el cuerpo ya tenía 2 años en el Servicio Médico Forense (Semefo)”.
Lamentó que en esas situaciones, mientras los familiares siguen cualquiera pista, no se notifica la posibilidad de haberlo encontrado “hasta que uno se mete y habla y habla”.
Huerta Pizano refirió que las principales denuncias llegaron de Tecomán, en particular de la comunidad de Madrid, y resaltó la dificultad de apoyarlos debido a los procesos complejos de identificación y los trámites gubernamentales para aplicar las pruebas genéticas.
Ejemplificó que en una semana en que se encontraron y se entregaron 2 víctimas con vida, desaparecieron 5.
“No avanzamos, al contrario, vamos sumando y sumando. Hasta ahorita en puro Tecomán buscamos 90 personas”, se quejó.
Manifestó que las y los integrantes del Colectivo se han dedicado a buscar y compartir los datos de las personas a través de fichas, “y ninguna es repetida, siguen aumentando los desaparecidos, pero lo más preocupante es Tecomán”.
“No todas las adquisiciones de terrenos ejidales son ilegales, pero muchas son inmorales porque quienes las realizan se aprovechan de los propietarios, que ven malbaratado y perdido su patrimonio por necesidad o por ignorancia”, señaló Jesús Alberto Campos Núñez, jefe distrital número 8 del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Esto lo dijo en una reunión con ejidatarios de Ucú, a la que invitó a la prensa, que presentaron una denuncia ante la Procuraduría Agraria (PA) por el presunto despojo de tierras a manos de un empresario que se ostenta como representante legal de ese ejido.
La reunión se llevó al cabo en la casa de Genny Martín Sosa, jefa suprema municipal de Ucú ante el citado consejo. Ahí se denunció públicamente el despojo de tierras del que está siendo el ejido de Ucú a vista y paciencia de Miguel Ángel Magaña Tun, quien, dijeron, se ostenta como comisario ejidal a pesar de que su nombramiento hace poco más de un año fue ilegal, pues se realizó en una asamblea no constituida para ello, y por ende no ha sido ratificado.
Según comentó Genny Martín, el señor Magaña Tun fue “apadrinado” por el empresario Ángel Azael Ruiz López para acceder al organigrama del ejido de Ucú en su calidad de asesor e intermediario para las ventas de tierras, sin consenso de la asamblea ejidal ni el visto bueno de los 355 ejidatarios con derechos del lugar.
Esta persona se dio a la tarea de dividir las últimas tierras que quedan en Ucú: 90 hectáreas de Xtobó, 20 de Yokdzonot y 625 que colindan al norte con el ejido de Chuburná.
Estas 625 hectáreas son la manzana de la discordia, pues se trata de tierras cercanas al desarrollo inmobiliario Ciudad Maderas, el cual le ha dado una mayor plusvalía a las mismas.
No obstante, algunos empresarios les dicen a los ejidatarios que sus tierras no valen nada y les ofrecen $12.50 por metro cuadrado.
“Hay irregularidades por todos lados”, comenta Genny Martín. “Comenzando con el comisario ejidal Miguel Ángel Magaña Tun, que ejerce sin estar legitimado porque se nombró comisario en una asamblea ejidal falsa sin el respaldo del pleno de los ejidatarios y teniendo como visitador de la PA al señor David López Ambrosio, que en aquel momento ya no trabajaba ahí”.
“El empresario Ángel Azael Ruiz López apadrinó la campaña de Magaña Tun, para entrar al ejido y desde ahí autonombrarse asesor ejidal e intermediario para la venta de las tierras ante los empresarios que llegan con sus ofertas de compra”.
“El último empresario que trajo Ruiz López ofreció pagar a los ejidatarios $12.50 por metro cuadrado de las 625 hectáreas del norte de Ucú, las que colindan con Ciudad Maderas”.
“Unos 200 ejidatarios, abrumados y desesperados por la situación que atraviesan por la pandemia y la falta de recursos económicos tuvieron que aceptar, pero el resto no estamos dispuestos a ser despojados en forma tan inmoral”, advirtió la entrevistada, quien aseguró que no hubo asamblea para determinar la venta y los montos de las tierras.— Emanuel Rincón Becerra
“La gente asiste a reuniones informativas, no son asambleas ejidales porque carecen de toda formalidad del caso; el comisario y este empresario las hacen ver como si fueran asambleas constituidas y oficiales, eso es ilegal”, subrayó.
Genny Martín recordó que hace cuatro años unas tierras adquiridas por el gobierno del Estado en los límites de Chuburná se pagaron al ejido a razón de $25 el metro cuadrado. Tan solo en Ciudad Maderas hoy el metro cuadrado se vende desde $2,600.
Las poco más de 3,000 hectáreas vendidas durante la administración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para fincar el desarrollo inmobiliario de Ciudad Caucel se entregaron por $360 millones.
Sin embargo, el ejido solo recibió $301 millones, nunca se supo qué pasó con los $59 millones que se les debe.
Genny Martínez, Jesús Alberto Campos y Pedro Quijano, coordinador estatal del Frente Campesino de Defensa de la Tierra y la Vida, coincidieron en que los empresarios se aprovechan de la necesidad y de la ignorancia de los ejidatarios.
Esos empresarios, dijeron, se infiltran en las estructuras organizativas del ejido y desde el interior gestan el despojo de las tierras ante la complacencia de los comisarios y la falta de acción de las autoridades agrarias, pues recordaron que a un mes de haber puesto la demanda por los hechos en Ucú la PA no ha dado respuesta al asunto.
Trabajadores exigen el pago de sus sueldos por participar en este evento
El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura(SNDTSC) impidió la realización del espectáculo de luz y sonido, “Ecos de Uxmal”, como medida de protesta ante diversos conflictos que enfrentan con el INAH.
Daniel Vega Cepeda, secretario general de la agrupación sindical, aseguró que se mantendrá paralizado el evento, en tanto las autoridades no atiendan una serie de peticiones planteadas y que esperan poder resolver en estos días.
Las peticiones incluyen el pago inmediato de las quincenas pendientes del luz y sonido para los trabajadores que laboran en esta actividad, así como el establecimiento de una fecha para definición de un calendario de pago y actividades de los espectáculos nocturnos.
También, se solicitó una reunión mixta de operación para Uxmal y en general, para la Ruta Puuc.
“Lo que queremos es el pago de las jornadas atrasadas, pues por esto ha sido de mucho atraso de estas jornadas, estamos solicitando un calendario de los procesos administrativos que se realizan entre Cultur, INAH, trabajadores de Uxmal. De no haber uno de los tres compromisos resueltos, no va a haber Ecos de Uxmal”, insistió.
Refirió que se solicitó la atención de un problema de personal que hay en la zona arqueológica de Kabah, así como el establecimiento de una mesa de diálogo para solucionar los conflictos.
Señaló que las autoridades se comprometieron a hacer los pagos y atender las peticiones de los trabajadores.
Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.
Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.
La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.
Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.
Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.
Agresiones
Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.
“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.
También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.
“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.
Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.
Vecinas y vecinos de San Antonio Xluch están hartos de quedarse sin energía eléctrica durante horas en esta época de calor.
Mérida, Yucatán, 7 de abril de 2022.- Anoche, vecinas y vecinos de la colonia San Antonio Xluch protestaron en contra de los apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quemando llantas en las calles, pues están hartos de quedarse sin el servicio durante horas en esta época de calor.
De acuerdo con los afectados, desde hace días sufren los estragos de quedarse sin energía eléctrica, tanto en esa colonia como en otras del sur de Mérida, como San José Tecoh.
Comentaron que la situación empeora en las noches, pues debido a las altas temperaturas no pueden descansar adecuadamente.
Además, productos alimenticios se echan a perder debido a que no cuentan con electricidad para mantenerlos refrigerados.
Un profesor de la zona declaró que sus alumnas y alumnos no podían desempañarse bien en las clases, ya que no pudieron descansar en sus casas en la noche.
Las y los afectados del sur de la capital yucateca se están organizando para continuar con sus protestas en contra de la CFE para que resuelva este problema que viven año con año en la temporada de calor.
Playa del Carmen.— En la selva de Paamul, entre Playa del Carmen y Tulum, existe un circuito de cenotes y cavernas subterráneas que se verá impactado por la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.
Es todo un ecosistema subterráneo milenario, hogar de cientos de especies animales y que alimenta los acuíferos de la región, el que está en peligro. Además, la obra del tren, cuya inauguración está proyectada para diciembre de 2023, está en una zona de riesgo ante posible colapso por la fragilidad del suelo.
En la selva de Paamul está Garra de Jaguar, una caverna subterránea semi inundada descubierta en 2012, considerada una joya hídrica, geológica e histórica por la riqueza natural y paleontológica que resguarda.
“Esto representa un gran riesgo porque el tren va a pasar sobre Garra de Jaguar, por lo que tienen que poner un puente con grandes columnas, tanto dentro como fuera de la cueva, para soportar la vibración y el peso de un tren de carga y uno de pasajeros que pretenden cruzar esta parte de Garra de Jaguar.
“[La obra de construcción] se va a topar no solamente con ésta, sino con muchos sistemas de cuevas que van hacia Tulum, y que serán más difíciles de sortear para los ingenieros”, advierte el ambientalista Raúl Padilla.
El impacto de las obras sobre Vencejos, como se llama la entrada de mayores dimensiones de dicha cueva, será directo, de acuerdo con espeleólogos como Peter Sprouse, quien se ha pronunciado sobre el tema, o de exploradores como Raúl Padilla, del Jaguar Wildlife Center, entrevistado por EL UNIVERSAL.
Explica que el acceso a la caverna es resultado del desplome de un techo de delgado grosor y conduce a una galera de unos 80 metros de ancho, sostenida por pocas columnas naturales.
El mundo de Garra de Jaguar
Para llegar a esta cueva hay que atravesar la selva, caminar entre árboles de especies endémicas, como el chacá, el chechén o la palma chit —esta última, protegida por la NOM 059—, y recorrer senderos que se abren paso sobre un suelo accidentado, repleto de hojas y roca caliza.
Los registros hechos por diversos científicos ubican al sitio como hábitat de una vasta cantidad de insectos, de 54 tipos de murciélagos y de aves como el pájaro toh o pájaro reloj, nativo de la península de Yucatán.
Ese ecosistema también es hogar de unas 114 especies de mamíferos terrestres, siendo el jaguar, especie en peligro de extinción, la más emblemática.
Dispersas entre la selva surgen las entradas a Garra de Jaguar.
La caverna abarca casi 47 húmedos kilómetros, a una profundidad de dos a tres metros en su parte más superficial, que se acentúa en sitios en donde es imposible ver sin lámparas.
Ahí, el paisaje subterráneo se colma de bóvedas que alcanzan más de cinco metros de altura en algunos tramos, con paredes que han sido talladas por el agua que, gracias a la porosidad del suelo kárstico, penetra el subsuelo hasta deslavar la roca, como parte de un lento y antiguo proceso estudiado y documentado por la comunidad científica y especialistas en hidrogeología.
Esa agua proviene de la falla geológica de Holbox, que corre paralela a la carretera federal 307 Cancún-Tulum, pero a más de 10 kilómetros selva adentro.
El fundador del Círculo Espeleológico del Mayab, Roberto Rojo, explica que en esa falla se acumula el agua de lluvia, la cual escurre hacia el subsuelo y corre de la tierra hacia el mar, alimentando el acuífero subterráneo a través de las raíces de los árboles.
Los techos de Garra de Jaguar están repletos de afiladas formaciones calcáreas llamadas estalactitas. Para recorrer la caverna se transita por caminos intrincados, resbaladizos y fangosos; en algunos tramos, rodeados de caprichosas y milenarias formaciones geológicas de puntas redondeadas que surgen del suelo al techo, llamadas estalagmitas.
Al juntarse ambas formaciones, reciben el nombre de espeleotemas, los cuales deben ser esquivados durante el trayecto, que a momentos se angosta y, en otros, se abre a plenitud.
Tesoros escondidos
A lo largo de casi cinco kilómetros de ida y vuelta, durante más de cinco horas de recorrido, Raúl Padilla va encontrando y mostrando detalles que escapan a la vista o al conocimiento de quienes no son especialistas.
El naturalista, conocedor de estas cavernas, identifica las huellas de un felino, posiblemente un ocelote o tigrillo, y explica que tan sólo en esa cueva se ha identificado la presencia de 16 jaguares. Emocionado, detecta una diminuta rana ladradora yucateca, cuyo cuerpo y color se confunden con la roca blanca. En una de las innumerables oquedades del techo, localizada en un área de poca altura, descubre el nido de una familia de falsos murciélagos “vampiro”, caracterizados por sus orejas de gran tamaño.
En otro punto del trayecto, muestra restos óseos de mamíferos apilados en el suelo; menciona que en el lugar hay sitios de adoración maya y ubica lo que pudo ser un metate prehispánico. Incluso, señala sobre el piso las espinas de un puercoespín, el cual pudo haber sido atacado recientemente.
Riqueza, en riesgo
Consternado por las implicaciones ante la construcción del tren, Padilla comenta que el Tramo 5 Sur del megaproyecto atravesará sobre Garra de Jaguar.
La caverna forma parte de un sistema que podría alcanzar unas 300 cuevas subterráneas de Cancún a Tulum, de las cuales sólo 82 están mapeadas y registradas, precisó el biólogo Roberto Rojo.
Datos aportados por la doctora Patricia Beddows —especialista en sistemas kársticos e hidrología— refieren que apenas se conoce 10% de las cuevas existentes en la región.
“Hay zonas sin exploración, pero no hay zonas sin cuevas”, aseguró en Cancún el pasado 22 de marzo, al afirmar que los techos de muchas de esas cavernas se desplomarán debido a la alta fragilidad del suelo, que no soportará la maquinaria pesada, asociada a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, y la propia operación del ferrocarril.
Proyecto inviable
Parado en Vencejos, la entrada más grande a Garra de Jaguar, Raúl Padilla calcula que los trabajos con motivo del Tramo 5 —que va de Cancún a Tulum— no tardarán más de 15 días en reflejarse en la zona, por el veloz ritmo que llevan, y tomando en cuenta la presencia de los ingenieros militares que arribaron el pasado fin de semana.
En su opinión, la obra es inviable no sólo en el Tramo 5, sino también en el 6 y el 7 —que irán de Tulum a Bacalar y Chetumal, en Quintana Roo, y continuarán hacia Calakmul, en Campeche.
Recordó que el tren pasará por zonas de influencia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de alta relevancia internacional, como la Reserva de la Biosfera de Sian Kaan, en Quintana Roo, y la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en Campeche.
Padilla afirma que el tren será una “trampa mortal” para el jaguar, porque se fragmentará el ecosistema que ese felino comparte con monos araña o aulladores, y otras especies de flora y fauna silvestre.
Alerta que con la construcción de estaciones y la creación de nuevos centros de población, aumentará la contaminación del manto freático, la deforestación de la selva, la urbanización y la problemática ya existente en esta zona, altamente presionada por el turismo y el desarrollo urbano mal planificado.
El también activista insiste en que la oposición a los tramos del tren en Quintana Roo no son “golpeteos políticos” ni un ataque al Presidente. Finalmente, reitera la invitación al Mandatario para que recorra con científicos y especialistas estas cavernas y cenotes, para que comprenda su riqueza y valor, que rebasa el interés nacional, al ser patrimonio de la humanidad.
Este miércoles, diferentes colectivos de mujeres de Puerto Vallarta, señalaron que el Ayuntamiento municipal, quitó la cruz rosa que estaba colocada en el parque de las Mujeres desde el 2018 y que forma parte de un memorial de las víctimas de feminicidio en esta ciudad, por lo que exigen que sea nuevamente puesta en su lugar.
En este sentido, recordaron en rueda de prensa, que fue en el 2018 cuando se instaló esta cruz rosa de madera de parota y con un tamaño de 4 metros; incluso días después se colocó una placa para recordar que este anti-monumento es un memorial para las mujeres víctimas de feminicidio en el municipio de Puerto Vallarta y la región. De todo lo anterior se hizo del conocimiento a la administración municipal en turno.
Sin embargo, el pasado fin de semana varios colectivos feministas se percataron que dicha cruz fue retirada desde su base y de acuerdo a investigaciones que hicieron, se señaló que fue personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento, quienes estaban realizando trabajos en el área.
Por lo anterior exigieron que se haga de su conocimiento quién o quiénes son los responsables de tal acto de revictimización hacia las mujeres asesinadas y hacia sus familias como víctimas indirectas.
Además de que los responsables sean sancionados, ya que tal decisión carece totalmente de perspectiva de género, respeto a la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio y respeto a los derechos de las familias y víctimas.
Aunado a ello, manifestaron que ya localizaron las 21 cruces moradas que habían sido retiradas de las letras de bienvenida a Puerto Vallarta, y estas se encuentran en las instalaciones que comparten Parques y Jardines y Alumbrado Público en la colonia Los Sauces. Cabe señalar que esas cruces también habían sido arrancadas desde su base el año pasado, pero el municipio argumentó que no sabía nada.
Asimismo, se estarán presentando las evidencias a diferentes instancias, entre ellas la CONAVIM, la diputada local, Yussara Canales y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
La segunda brigada de Madres Buscadoras de Sonora, Jalisco y de algunas otras entidades de la República sigue activa. En su quinto día de labores los colectivos denuncian amenazas por parte de la Policía de Tlajomulco, así como desinterés de la Fiscalía Estatal por acudir y hacer el procesamiento.
Integrantes de los diferentes colectivos acudieron este martes al fraccionamiento El Roble en donde han estado trabajando y se encontraron con la zona resguardada por cordones amarillos que les impedían el paso.
Volvimos al lugar del hallazgo de ayer y vemos que removieron cintas, había gente cruzando el área acordonada, y sorprendimos a esta patrulla de la municipal que además de amenazarnos, se comprobó que @FiscaliaJal no ha acudido al lugar. ¿Qué pasa Salvador Zamora, Enrique Alfaro?”, publicó en Twitter el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Por su parte, los Jóvenes Buscadores de Sonora también se pronunciaron.
“Más de 12 horas que se realizó el hallazgo el día ayer (lunes) en el municipio de Tlajomulco, Colinas del Roble y ante hacer el llamado a la Fiscalía de Jalisco no se han presentado al lugar, es importante que asistan ya que personas extrañas a nuestra labor podrían hacer mal uso del área”.
Este lunes, en su cuarto día siguieron trabajando en el fraccionamiento El Roble, de Tlajomulco, ante los múltiples reportes anónimos de puntos de inhumación clandestina. En total fueron hallados seis puntos positivos
En uno de ellos se encontró un cráneo y más restos con cinta canela y cobijas.
También manifestaron en redes sociales que se les estaba complicando el resguardo por parte de la Policía de Tlajomulco.
“Estamos batallando mucho con el resguardo de cadáveres encontrados en Colinas del Roble, Tlajomulco; ya hicimos el trabajo difícil, y Policía Municipal del Gobierno de Tlajomulco se quiere retirar del lugar”.
Cabe mencionar que durante los tres primeros días de esta segunda brigada, los colectivos inspeccionaron 97 fincas, siete lugares abiertos entre parques y terrenos baldíos, localizando tres fincas que dieron posibles puntos positivos a inhumación. Además en dos inmuebles se encontraron diversos indicios, entre ellos casquillos de arma de fuego, también se encontraron 22 bolsas con indicios.
Los integrantes del Colectivo Luz de Esperanza y su asesor, Francisco Jiménez Reynoso, denunciaron ante medios de comunicación amenazas.
Por una parte, el investigador de la UdeG dijo que desde que se supo públicamente que asesora al Colectivo, comenzó a recibir llamadas de números desconocidos y provenientes del reclusorio, mismas que no atendió.
Esto lo tomó como un hecho de inseguridad hacia su persona pues las llamadas fueron a sus dos teléfonos personales.
El Colectivo añadió que una de sus integrantes fue atacada en la vía pública y sufrió intento de desaparición.
“El domingo quisieron levantar a una mamá y a su hija, entre 7 y 8 de la mañana, le marcaron para decirle que ya nos tenían ubicados, que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo. No les puedo dar nombres por la investigación, pero en el mismo sentido, han empezado a haber casos de amenazas. Gracias a dios no se pudieron llevar a la señora porque puso resistencia, se metió debajo de un carro y la demás gente vio y estas personas desistieron el intento”. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=180413
Quintana Roo presenta un problema de seguridad que golpea a su principal ingreso, el turismo. Los registros elaborados por organizaciones de apoyo revelan que casi 60 por ciento de los casos de extranjeros desaparecidos en Quintana Roo están activos, es decir, ninguna autoridad en el estado ha podido dar razón a las embajadas de los países las víctimas.
En el caso de las desapariciones de mujeres, las acciones del Protocolo Alba se reducen a las alertas en redes sociales, mientras que familiares y organizaciones buscan por separado. Este escenario se desarrolla en el marco de “mesas de trabajo” con embajadas y consulados de países europeos.
Ludovico Armando Zamora Herrera, vocero del colectivo de familiares de desaparecidos “Verdad, Memoria y Justicia”, realizó un análisis de las alertas por desaparición y no localización de personas desde 2007.
Sus datos arrojan que hay 74 extranjeros desaparecidos en Quintana Roo; 42 casos siguen activos, es decir, no hay paradero ni respuesta sobre la condición de la persona reportada; cuatro se localizaron sin vida y 28 vivos y ya están con su familia.
“El primer caso que tengo en el registro fue el de una joven israelí, Dana Rishpy, quien era vacacionista y desapareció en Tulum. Quince años después, no hay información sobre ella. Cabe aclarar que no todos los casos analizados se tratan de turistas; también hay gente local”, explicó.
Zamora ha dedicado tres años de su vida para especializarse en desapariciones y desapariciones forzadas, por lo que en breve recibirá la certificación profesional en Búsqueda de Personas, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El abogado explicó que hay un serio problema respecto a las desapariciones de mujeres, en general, y en este caso las extranjeras. Se trata de la falta de aplicación del Protocolo Alba para la localización de niñas, adolescentes y adultas.
“Este protocolo consiste en la búsqueda inmediata de cada reportada como desaparecida en tres fases. En este caso hay responsabilidad por parte de las autoridades de toda índole, pues es forzoso que se integre un comité técnico con los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, las direcciones de Seguridad Pública de los ayuntamientos involucrados, la Secretaría de Salud y la de Turismo. Poco se sabe si están coadyuvando a localizar a las víctimas de estos casos internacionales y de los quintanarroenses”, señaló.
Protocolo Alba, ausente
Las fases del Protocolo Alba fueron publicadas el 10 de mayo de 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, pero, según los registros consultados, poco se conocen. Únicamente se hallaron registros de asistencia o recibos de dieta de los funcionarios implicados del Gobierno de Carlos Joaquín González.
Las tres fases del protocolo consisten en un solo objetivo, hallar a la mujer desaparecida. La fase uno, que dura 48 horas, se enfoca en rastrear toda la información cercana para dar con el paradero de la víctima. Este protocolo, aunque se inicia por denuncia en el 911 (Servicio de emergencias a nivel nacional), se debe considerar como proceso de oficio en cualquier evento de este tipo.
En esta etapa, el contacto con los cercanos de la víctima es lo más importante, así como la asesoría jurídica para los denunciantes.
La fase dos trabaja con un análisis con todos los datos obtenidos en la primera fase y se despliegan operativos focalizados para su hallazgo. En este caso ya se difunden alertas de búsqueda en hospitales, instituciones oficiales, centros de asistencia social y cárceles estatales.
En esta parte se puede solicitar material de archivo de las cámaras de videovigilancia en el punto cercano o exacto referido en la denuncia.
Finalmente, la fase tres comienza al no haber tenido resultados en las dos primeras. En este caso, los fiscales responsables tienen que integrar toda la evidencia e información en el expediente (que debe de abrirse desde la fase uno) para coordinar, ahora con otras autoridades de otros lugares, la búsqueda.
En esta parte del proceso, se tienen que lanzar alertas en todo el país, solicitadas por la Fiscalía que lleva el caso. La escalada de anuncios para la localización debe hacerse en aeropuertos, hospitales privados, centros comerciales y cualquier lugar con afluencia de público.
“En ninguno de los casos de mujeres desaparecidas que apoya el colectivo de familiares de desaparecidos, hay constancia de alguna acción de este tipo. Ninguna secretaría, ni la de Seguridad Pública, se involucra en el tema. Sólo hay declaraciones someras por parte del Secretario de Gobierno y nada más. El protocolo es de respuesta inmediata y, desde el primer minuto de denuncia, hay presunción del delito, en el resto de los casos es a partir de las 72 horas de no localización”, explicó.
Zamora Herrera aclaró que, en la mayoría de los casos, tanto de mexicanos como de extranjeros hallados sin vida en Quintana Roo “no es por un trabajo arduo de las Unidades de Análisis de Contexto de la Fiscalía; los hallazgos de cuerpos se dan por casualidad, la gente va caminando y encuentran el cadáver”.
Según los datos del colectivo de familiares, Cancún es el punto rojo de desapariciones de extranjeros. Hay 17 hechos consignados. Le sigue Othón P. Blanco, con nueve activos; Solidaridad, con siete denuncias abiertas; y en Tulum hay tres.
Mesas de trabajo
Casi dos semanas después del último avistamiento de la rumana Mirela Stefania, la Fiscalía General del Estado sostuvo mesas de trabajo con miembros de una “Delegación Europea conformada por representantes de la Unión Europea y agregados de policía de las embajadas de España, Francia, Rumania, Italia, Alemania y Polonia a fin de intercambiar información y experiencias en materia de procuración de justicia.”
El recorrido fue por las instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5) para “fortalecer y consolidar técnicas de investigación”.
Se tienen conocimiento, además del caso de la rumana desaparecida el 13 de febrero, del paraguayo Francisco Alberto Talavera, que se extravió el 6 de marzo.
“Lo más preocupante es que no hay avances certeros en ningún caso, ni en los extranjeros ni de locales. La Fiscalía tiene en un completo abandono a las familias de las víctimas”, concluyó el analista.
El biólogo y espeleólogo Roberto Rojo alerta sobre el ecocidio que se cierne en la península, denuncia que el cambio de trazo en el Tramo 5 se hizo sin estudios e ignorando los datos científicos, “por presión de los hoteleros”, y manifiesta la impotencia por la falta de escucha del gobierno: “es como hablarle a una roca”, lamenta.
A pesar de la evidencia científica desde distintos ángulos y especialidades que ha sido presentada sobre el impacto que tendrá y está teniendo la construcción del Tren Maya, particularmente en Quintana Roo, el tema no pintaba en la agenda social. Bastó un video de un grupo de actores y cantantes que alertaba sobre “el ecocidio” que se está perpetrando, para que tirios y troyanos hicieran arder la aldea virtual.
“Nosotros hemos venido diciendo desde hace años que la obra es inviable, , y hemos presentado toda la información y las evidencias de que están cometiendo un ecocidio, no solo por la construcción del tren sino por las consecuencias que va a carrear después, pero nadie nos había escuchado, y gracias a estas figuras la sociedad y la academia están volteando a ver esta situación y se están preocupando”, dice Roberto Rojo, biólogo y espeleólogo con sede en Playa del Carmen y con trabajo de décadas en la región.
Roberto Rojo compartió con El Economista los datos del deterioro ecológico que ha venido sufriendo en décadas la Península de Yucatán.
De acuerdo con cifras del Inegi (2014) citadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las selvas húmedas en México, el ecosistema representativo del sureste mexicano, han perdido 49% de su territorio y de lo que aún se conserva, el deterioro alcanza el 66%, todo ello producto del crecimiento de la mancha urbana, incendios forestales, tala inmoderada, y el aprovechamiento irracional para construir instalaciones turísticas.
Las cifras que da Roberto Rojo son aún más drásticas: de los 254,800 kilómetros cuadrados (25.4 millones de hectáreas) que había hace unas décadas, hoy sólo quedan 40,086 km2 (4 millones de ha). Señala que Quintana Roo es el estado con la tasa de deforestación más alta, de 2014 a 2018 perdió 1,070 hectáreas, y en los últimos 45 años la superficie de selvas y bosques se redujo 57 por ciento.
El biólogo asegura que los ecosistemas de la región sobrepasaron su capacidad de carga desde hace mucho tiempo, pero que la construcción del Tren Maya sería “la estocada final”.
“No sólo es la construcción de la obra, sino los nuevos centros urbanos que se van a construir, 12 o 19, según anunciaron, lo que va a traer más población demandando más servicios y recursos, más desechos, mayor contaminación de los acuíferos y más deforestación”.
Contraargumentos
Rojo rebate dos argumentos se han hecho circular en los últimos días: que el tren maya es superficial, por lo tanto no dañará el acuífero ni las cuevas subterráneas, y que se sembrarán más árboles de los que se van a derribar.
Sobre lo primero, señala que “la península de Yucatán es un gran bloque de roca caliza”, donde el suelo es de apenas 15 centímetros, y de allí hacia abajo hay estructuras kársticas que abrigan cuerpos de agua y construcciones mayas, algunas aún inexploradas, por tanto, suponer que no habrá impacto es ilusorio y una percepción errónea, ya que el golpeteo de la maquinaria pesada está desgastando los techos de esos abrigos de piedra caliza, que son muy frágiles, “y se van a seguir topando con cuevas y cenotes en toda la ruta, como ya lo hemos visto, y como ya se los habíamos dicho”, además de ello, se debe calcular también el peso del tren y su paso constante, el impacto de la rodadura, ver qué tanto impactará en los suelos. Pero esos estudios no se han hecho, refiere.
El espeleólogo aseguró además que el pilotaje de un tren de carga que correrá de norte a sur, por encima de esta red de ríos y cenotes, cuyas aguas fluyen de oeste a este, indefectiblemente afectará o incluso podría hacer colapsar el sistema de captación de aguas de esta zona.
“Los va a tronar, te lo digo literalmente, porque sí o sí van a tener que pilotar el tren cada 10 o 20 metros”, aseguró.
Respecto a la pretendida reforestación de la que ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que han replicado en innumerables tuits sus seguidores, el biólogo revira que no se trata sólo de la cantidad de árboles que se vayan a reponer, sino de conservar la diversidad.
“La diversidad de los árboles no se está reponiendo, el número no es lo más importante sino la diversidad”, afirma.
De acuerdo con la Conabio, el ecosistema de selvas húmedas está conformado por especies de ceiba, olmo, caoba, ramón, lianas, palmas, epífitas y plantas trepadoras.
El pasado 24 de marzo, el presidente López Obrador argumentó que en los 1,500 kilómetros del tren se sembrarán “hileras de árboles que dan flor, como el guayacán, el maculí, el flamboyán, en toda la ruta del tren, y se está reforestando”.
Rojo añade que además de la deforestación, la región ha venido soportando la contaminación de los mantos acuíferos, la extinción de colonias de corales, erosión de las playas, el azote del sargazo, fragmentación de la selva, con impacto en especies de flora y fauna, sobrepoblación y turismo masivo. “Los ecosistemas están rebasados”, reitera
Sin embargo, asegura que no se oponen al Tren Maya, sino a la manera como se está ejecutando la obra y a la cerrazón del gobierno para considerar una ruta menos destructiva.
“No es que estemos en contra del tren, sino que estamos aterrados y preocupados por lo que están haciendo, no es posible que hayan emprendido esta obra sin Manifestación de Impacto Ambiental, como lo marca la ley, sin estudios de geofísica, sin escuchar a los científicos, apurados por los tiempos electorales y bajo presión de los hoteleros.”
“Necesitamos replantear el proyecto respetando el triángulo de la sustentabilidad: naturaleza, sociedad y economía, en ese orden. con criterios más saludables para todos, de modo que todos tengamos un mundo mejor”, considera.
“No mires abajo”
Aprovechando la reacción que han tenido las voces de famosos que se han alzado pidiendo rectificar el Tramo 5 de la ruta ferroviaria (Tulum-Playa del Carmen) y el impacto que tiene el cine en la toma de conciencia de la gente, ambientalistas, científicos, espeleólogos, arqueólogos subacuáticos y miembros de la sociedad civil han emprendido una campaña en redes sociales enarbolando la consigna “No mires abajo”, en alusión a la película “No mires arriba” (Don´t look up), con el objetivo de justamente poner el foco de atención de la que considera una “emergencia ambiental”.
“Parece que estoy viendo la misma película. Por más que les hemos presentado evidencia científica del impacto de esta obra en los ecosistemas, y de la amenaza que representa para el medioambiente, para el acuífero, para la ciencia y para los yacimientos arqueológicos, no nos escuchan. Es como hablarle a una roca”, lamenta. “Vamos a tirar la selva y dejaremos un terreno yermo, sin vida”.
Sin cenotes no hay paraíso
Para Roberto Rojo, miembro del Círculo Espeleológico del Mayab, “el caribe mexicano comienza en las cuevas subterráneas” y en sus ríos y cenotes, que son, además de conectores naturales de los ecosistemas, “cápsulas del tiempo”, dice, donde está inscrita una huella de la naturaleza con 1.8 millones de antigüedad. “Las estalactitas conservan el registro arqueológico de la vida”.
Conocedor profundo de estos abrigos subterráneos, en la amplitud de la palabra, Rojo teme por el colapso de estas cuevas y cenotes, conocido como el sistema Sac Actún, hoy por hoy el más extenso del mundo y la reserva de agua dulce más grande del país.
¿Pero qué han encontrado dentro de estas cuevas? Roberto enumera grosso modo lo que han reportado los espeleólogos: restos de 45 especies megafauna, como osos perezosos, gliptodontes (armadillos gigantes) y gonfoterios, hoy extintos; 11 esqueletos humanos de la Edad de Hielo, ciudades subterráneas construidas por los mayas y altares y ofrendas que revelan la cosmovisión de los ancestros.
Todo eso está en riesgo en la obra que se construye en el Tramo 5 de la Península (Tulum-Playa del Carmen), justo allí, por donde pasará el ferroviario, está debajo el sistema de cuevas y cenotes Sac Actún y los cuerpos de agua que conectan la falla de Holbox con el mar Caribe. Ese paraíso que atrae a millones de turistas cada año.
Presión de hoteleros
Rojo dice que la ruta original del Tren Maya en ese tramo (lateral a la carretera federal 307 con derecho de vía) era menos invasiva y representaba una menor destrucción de la selva, pero las presiones de los hoteleros obligaron al gobierno a mover el trazo selva adentro.
“Se hizo un cambio de ruta, que no respondió a datos científicos, geológicos ni nada, sino a presión por parte de hoteleros. Echando a la basura todo lo invertido ya en la ruta original y metiendo la nueva ruta a un territorio completamente desconocido y técnicamente más difícil”, asegura.
El especialista comparte que los hoteleros de la zona, entre los que se encuentra Grupo Vidanta, cuyo fundador, Daniel Jesús Chávez Morán, es supervisor honorario del Tren Maya, argumentaron que se verían afectados por el caos que iba a producir las obras de construcción frente a sus hoteles, que ello retrasaría la movilidad de sus huéspedes y afectaría la vista de sus resorts.
“Entonces decidieron mover el trazo y llevarlo más adentro de la selva, sin datos científicos, solo para proteger los intereses del turismo”.
“A la larga este ecocidio también va a afectar al turismo, porque sin cenotes no hay paraíso”, concluye.
Desde febrero de este año, ciudadanos han impulsado una petición en change.org ‘No al Tren Maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo’, que al momento suma más de 130,000 firmas.
Vecinos de la colonia Roma Norte volvieron a salir a las calles para protestar contra la corrupción inmobiliaria.
Este es el segundo viernes consecutivo que realizan bloqueos de vialidades, en donde denuncian la gentrificación que generan las construcciones.
Dijeron que por la especulación inmobiliaria el metro cuadrado de suelo en la colonia Roma fluctúa entre los 70 mil y 80 mil pesos.
Eso hace imposible el pago de servicios e impuestos para los actuales residentes, acusaron.
A ella se suma el deterioro en la calidad de vida y de los mismos servicios por la proliferación de bares, antros, terrazas y nuevos departamentos de más de seis niveles.
Este viernes bloquearon parcialmente la avenida Cuauhtémoc a la altura de la calle de Coahuila.
Ahí acusaron que las reuniones sostenidas con autoridades de la PAOT, la Seduvi y Sedema son justas estériles en las que no se resuelve nada.
Ana Aparicio, en representación de sus vecinos, dio lectura a un pronunciamiento en el que acusó que el cártel inmobiliario ha provocado la precarización de la vivienda en La Roma.
Recordó el alto impacto que tienen los sismos en la zona y aún así se autorizan inmuebles de niveles considerables.
También dijo que los nuevos edificios de departamentos no se llegan a ocupar por completo, pues sólo están habitados a un 50 por ciento.
De esta manera, denunció, no se crea vivienda social, lo que contradice el discurso de las autoridades capitalinas.
En voz de Ana Aparicio los vecinos pidieron un diálogo público con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con diputados locales y con la Conagua.
Pidieron que se frenen las autorizaciones de obras en tanto no se autorice un nuevo Plan General de Desarrollo de la CDMX, un Programa General se Ordenamiento Territorial y un Plan de Desarrollo de la alcaldía Cuauhtémoc.
Dijeron que en toda obra debe tomarse en cuenta el Atlas de Riesgo de la colonia Roma y se respeten las consultas públicas para grandes construcciones.
Al Congreso le pidieron que se legisle para suspender hasta por 20 años las construcciones donde se hayan otorgado permisos de manera ilegal.
Además de que se finquen las responsabilidades administrativas y penales a funcionarios, particulares y directores responsables de obra que hubieran otorgado un permiso ilegalmente.
Como sucede con grupos vecinales de otras zonas de la Ciudad afectados por inmobiliarios, también pidieron la destitución de Lilian Guigue Pérez.
Acusaron que la directora de Regularización Ambiental de la Sedema opera como facilitadora y gestora de proyectos inmobiliarios en detrimento de los vecinos.
Los habitantes de la Roma también pidieron la suspensión de construcciones de pozos de agua, pues favorecen únicamente a proyectos privados.
Ya inaugurado el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, habitantes del barrio de Teyahualco, en el Estado de México, ubicado a lado de la vía ferroviaria, no han sido informados por el Gobierno federal sobre el impacto a sus viviendas y al acceso al agua por las obras de ampliación del Tren Suburbano Lechería-Santa Lucía.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– Las vías de ferrocarril de Ferrovalle comenzaron a rechinar, el conductor advirtió con el silbato a autos y peatones sobre su paso, el tren de carga de Ferromex (Grupo México) avanzó rápidamente aunos 12 metros de viviendas ubicadas por la avenida Doctores del barrio Teyahualco, en Tultepec, en el Estado de México, el único poblado donde están paradas las obras de la ampliación delTren Suburbano que se planea deLechería hacia el recién inaugurado Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
Para facilitar la conectividad de los pasajeros provenientes de la Ciudad de México y de los municipios Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, que actualmente sólo pueden arribar en vehículo particular o Mexibús, el Gobierno federal y el concesionario Ferrocarriles Suburbanos invertirán 25 mil millones de pesos para la extensión de 23 kilómetros del Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA, con la meta de concluir en el segundo semestre del 2023.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encargada de la obra, ya cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) desde enero, pero ante la falta de una consulta ciudadana informativa los colonos de este barrio mexiquense prevén que impactará a sus viviendas, a su movilidad por la instalación de vallas, su derecho al agua por el boom inmobiliario alrededor y a su tradicional trabajo pirotécnico.
Viviendas a menos de 15 metros del derecho de vía en Teyahualco, Estado de México. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
En noviembre pasado, Berenice, cuya casa y taller de bicicletas está a unos metros de las vías, recibió un citatorio para “un proceso de mediación” por parte del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República (FGR). No sabía por qué y se sintió “agredida”, ya que consideró que “no era la forma”, pues pudieron haberse acercado en persona a avisarles con anticipación.
“El propósito del citatorio es que nos recorriéramos porque según ellos [Secretaría de Comunicaciones y Transportes] estábamos dentro de su territorio, metidos demás, pidieron que nos recortáramos para liberar los 15 metros –entre vía y casa– que están solicitando”, dijo Berenice parada frente a su casa, la cual ya tuvo que recortar con sus propios recursos. Ella vive con un niño y un adulto mayor.
Los vecinos del barrio de Teyahualco tienen tradiciones que les requiere pasar por las vías. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
A los vecinos de Teyahualco les preocupa la instalación de una valla alrededor del derecho de vía, ya que se cuestionan cómo pasarán de un lado al otro. En el barrio es tradición cargar el féretro en peregrinación hacia la iglesia y realizar mayordomías con recorridos o festividades con toritos con pirotecnia. Están acostumbrados a caminar entre las vías, piedras y durmientes, pero con la obra quedarán partidos e incomunicados.
“No nos estamos oponiendo porque creemos que es un beneficio para todos de alguna forma, pero estamos pidiendo apoyo u opciones a las instancias para evitar problemas a largo plazo, como daños viales y a domicilios”, aseguró.
Berenice se refiere a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la de Desarrollo Urbano (Sedatu) y a Gobernación (Segob), dependencias federales a las que se acercaron para disipar la incertidumbre patrimonial.
El aeropuerto más emblemático de Alemania durante la Guerra Fría da lugar a una exposición de arte
Un familiar de Berenice sentado afuera de su casa frente a las vías. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
Los representantes de las instancias les pidieron “paciencia” para mostrarles en una reunión los detalles del proyecto y sus impactos ambientales y sociales en los municipios mexiquenses Tultepec, Nextlalpan y Tultitlán.
SinEmbargo pidió una postura a la SCT, pero no obtuvo respuesta.
La SCT sólo ha informado en boletines oficiales y en las conferencias de Palacio Nacional que los trabajos implicarán reubicar 64 mil metros de vías principales de carga, 3 mil 500 metros de patios existentes, 6 mil 300 metros de vías secundarias, 13 mil 400 metros de construcción de un patio de maniobras y la construcción de 28 kilómetros de vía doble sobre vías en operación, sin suspender el servicio de carga que se presta en el Valle de México, especialmente a las industrias asentadas a lo largo de la vía. Para ello necesitan liberar el derecho de vía.
Pero hasta el momento, ante la falta de una consulta ciudadana, Berenice continúa con varias dudas y rumores sobre los daños del proyecto a sus propiedades. Aunque se siente más “tranquila” a diferencia de sus vecinos de las casas de enfrente, ubicadas mucho más cerca del paso del tren y apenas citados por el órgano especializado de la Fiscalía. Entre la incertidumbre, algunos temen ser desplazados o tener que “mutilar” parte de sus casas, algunas con antigüedad de 100 años.
Entrada al barrio de Teyahualco, del municipio de Tultepec. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
Jesús, estudiante de arquitectura, es uno de ellos. Desde niño ha escuchado y visto pasar el tren de carga frente a su casa, pero ahora que las vías se ampliarán y se instalarán patios de maniobra para el Suburbano, su familia deberá cortar el jardín y tal vez parte de su hogar.
“La SCT, Sedatu, el Gobierno del Estado y Ferrovalle exigen su derecho de vía de 30 metros, es decir, desde el centro de la vía hacia los extremos (15 metros de cada lado). Mi casa está a 12.5 metros, estaría metido en el derecho de vía 2.5 metros según a lo que se refieren ellos”, planteó.
La SCT ha anunciado que el transporte ferroviario recorrerá un trayecto de 42 kilómetros de Buenavista al AIFA en 39 minutos, incluyendo las paradas programadas en las cuatro estaciones existentes (Buenavista-Cuautitlán) y las seis nuevas estaciones del ramal.
Jesús también lamenta que cerquen las vías, lo que les cortará el flujo entre el barrio, por lo que como comitiva proponen que el tramo por el barrio de Teyahualco sea elevado para que no “dividan” sus tradiciones identitarias. La SCT les argumenta falta de presupuesto.
“Para poner cualquier obra en un sitio, lo más importante es la aprobación de quien va a vivir ahí. No nos pueden venir a quitar nuestras festividades y tradiciones por una maxiobra”.
Estaciones planeadas para la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA. Mapa: Google maps.Un tren de carga de Ferromex pasa por la casa de Jesús. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
A lo largo de las vías de avenida Doctores del barrio de Teyahualco, donde habitan al menos 75 familias, también está el ducto del gas de Pemex, drenaje, bodegas de traileres y camiones y “Los hilos”, una fábrica.
El Tren Suburbano es operado en México desde 2005 por una concesión de Ferrocarriles Suburbanos, integrada por la española CAF y Omnitren, y por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
UN LUGAR FIESTERO
Kilómetros más adelante a lo largo de la vía ferroviaria con dirección al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, a la altura de la zona conocida como “trampas de Mamut”, entre la maquinaria y trabajadores de las obras de ampliación del Suburbano y de pasos vehiculares, peatonales y viaductos elevados, resaltan locales de polvorín.
“Prohibido fumar”, alertan.
El municipio de Tultepec tiene unos 150 años de tradición pirotécnica y gran parte de sus habitantes se dedican a este arte, pero se han registrado diversas explosiones mortales. Apenas el viernes pasado hubo una explosión en un polvorín en la zona de La Sauceda, lo que dejó a dos personas lesionadas.
Desde abril del año pasado, un grupo de pirotécnicos de Tultepec y Zumpango se manifestó en el Zócalo de la Ciudad de México contra la construcción del AIFA y del Tren por considerarlo riesgoso.
Locales de polvorín para la pirotencia en Tultepec, Estado de México. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
Para no ser desplazados de su trabajo, requirieron que se garantice un cinturón de seguridad y de amortiguamiento que proteja la zona de producción y comercialización pirotécnica, además de la movilidad intermunicipal.
El manual de seguridad aérea del Organización de Aviación Civil Internacionalplantea que no deben usarse fuegos artificiales cerca de cualquier aeropuerto por su potencial daño al tráfico aéreo. Tultepec está a unos 7 kilómetros en línea directa del “Felipe Ángeles”. Los fuegos artificiales inesperados, argumenta, pueden distraer a los pilotos o causar daños a las aeronaves.
Desde el kiosko de Teyahualco, poblado también conocido por sus tamales, el habitante Ángel ironizó sobre la ausencia de una consulta. “El Gobierno federal tanto aboga por las consultas ciudadanas, pero al momento de hacer megaproyectos como es el Aeropuerto y el Tren suburbano no consulta a la gente, aunque perjudique muchísimo a las tradiciones y a nuestra agua”, dijo.
DERECHO AL AGUA
Desde el cerro de Tultepec, donde hace unos 15 mil años los habitantes cazaban mamuts y actualmente se observa lejana la Torre de Control del AIFA, el académico y habitante de Tultepec, Edwing Solano, expuso que el agua es un tema que está en boca de muchos locatarios, incluyendo del barrio Teyahualco, el cual no tiene pozos propios y se alimenta de los aledaños.
“Tultepec está asentado sobre el acuífero Cuautitlán-Pachuca, el cual está sobreexplotado, se va mucho más agua de la que se recibe. Nosotros estamos dentro de la franja del cambio climático y la precipitación fluvial es menor que la que se da cerca de Toluca, acá llueve menos. No hay una recarga y menos cuando ahora vemos al fondo el Aeropuerto y se hará una zona industrial”, dijo Solano.
Obras de ampliación del Tren Suburbano rumbo al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
El Gobierno federal, afirmó el investigador social, ha planteado que al Aeropuerto y desarrollos aledaños se llevará agua del Valle del Mezquital, Hidalgo, a través de un acueducto, el cual no se ha construido y, evocó, el agua del río Tula está contaminada con metales pesados por la actividad industrial.
“Hasta el momento no hay ningún acueducto, se construyó el Aeropuerto con el agua del acuífero”, afirmó.
Ángel, solo considerando el boom inmobiliario que surgirá alrededor del Aeropuerto “Felipe Ángeles” y de las nuevas estaciones del Tren, estima que en Teyahualco sufrirán de sequía.
Tráileres llenos de mangles talados que salen de noche; camiones de volteo que entran de día con material de construcción; negocios familiares en quiebra; un movimiento que cuestiona la “turistificación” y la llegada de empresarios que se apoderan de la costa yucateca. Todo esto ocurre en Sisal, un pueblo del noroeste de Yucatán, que en 2020 fue declarado Pueblo Mágico.
Sisal, que creció en medio de la Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares y la Reserva Estatal El Palmar, vive tiempos de auge para los inversionistas. Este puerto, a 53 kilómetros de la ciudad de Mérida, atrae las miradas de nacionales y extranjeros que buscan vacacionar o invertir su dinero en una residencia de verano frente al mar.
Las autoridades dicen que la adhesión de Sisal al programa de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo (Sectur) es para impulsar su desarrollo turístico y económico. Pero los pobladores sostienen, al contrario, que ha encarecido la vida. Restaurantes de familias locales, por ejemplo, resintieron los primeros impactos de la designación: la marisquería El Comanche se despidió en julio de 2021, después de 47 años de servicio, porque el alquiler se quintuplicó de un mes a otro.
—Si antes la renta de una casa costaba 1,800 pesos mensuales, ahora no bajan de 2,500 –cuenta una vecina.
Los habitantes de Sisal consideran que el nombramiento de Pueblo Mágico ha atraído a muchas personas, sobre todo extranjeras. Pero temen que el crecimiento demográfico ponga en peligro los ecosistemas naturales porque la construcción de hoteles, multifamiliares y fraccionamientos exclusivos está provocando sobreproducción de basura y la devastación de manglares y dunas costeras.
Vista aérea del lado oriente de Sisal. De un lado, el mar, y del otro, los humedales. Foto: Cortesía de Martín Zetina para Corriente Alterna.
Resistir al crecimiento turístico
La mañana del 5 de julio de 2021, un grupo de sisaleños cerró el acceso al andador principal del puerto y limitó el paso de automóviles con el objetivo de exigir la revocación del certificado de Pueblo Mágico. Los habitantes protestaron con una manta que, hasta el día de hoy, está expuesta en la avenida. En ella se lee, con letras rojas y negras: “Sisal dice no a más concesiones y no a más privatización de playas. Sisal dice no a Pueblo Mágico y sí a la salud. Sí a carreteras dignas, sí a espacios públicos dignos”.
La protesta llegó hasta entonces porque los 2,078 habitantes de este puerto no fueron informados ni consultados por ninguna autoridad federal sobre la designación del lugar como Pueblo Mágico.
Un mes después de la manifestación, el movimiento se apagó porque algunos negocios locales enfrentaron obstáculos en la renovación de sus permisos y son “monitoreados” semanalmente por autoridades estatales del sector salud.
Pero, también, porque algunos de sus integrantes fueron intimidados. Aseguran que autoridades estatales les dijeron que “dejaran de alborotar el gallinero o ya saben lo que pasa”. Solo un grupo de personas mantiene la protesta que promueve la preservación de los ecosistemas.
Una de estas personas, que pide omitir su nombre por motivos de seguridad, expresa sus razones: “Yo no ando con el temor de que me maten. Pero, si un día pasara, sería por una causa muy hermosa para mí. Si voy a morir, que sea preservando donde yo vivo: la naturaleza”.
Una cerca de tablas y alambre impide a los sisaleños el acceso a la playa. Foto: Mariana Beltrán / Corriente Alterna.
Tierras en venta
La vista es turquesa y celeste. La franja arenosa donde se construyó Sisal es la frontera del mar con los humedales, donde cada año anidan y se alimentan cientos de flamingos. Los manglares y dunas costeras son barreras naturales que protegen a la población de tormentas y huracanes tropicales, además de dar refugio y alimento a hormigas, flamingos, cocodrilos y ocelotes, entre muchas otras especies.
Los lugareños se dedican, principalmente, a la pesca tradicional en pequeños botes o al “chanchuy”, que consiste en tirar redes en la orilla de la playa. Lo obtenido es para autoconsumo y venta.
Esto era Sisal. Pero ya no hay tierras de uso común porque están parceladas y existe un proceso de privatización de las mismas, aseguran los pobladores. El sitio web del proyecto de venta de lotes de inversión, Paraíso Sisal, expone que 70% de sus clientes son extranjeros. Al poniente del puerto, donde se ubican los terrenos que se ofertan en ese portal de internet, estacas amarillas que van del 1 al 120 delimitan los mil metros cuadrados que mide cada terreno del proyecto inmobiliario que avanza por el litoral yucateco. Esta superficie equivale a casi dos veces el Estadio Azteca.
Al extremo oriente de la localidad emerge un “segundo Sisal”, dicen los pobladores. Uno con proyectos como Vía Costela y Maramar, que ofrecen una “mezcla de lujo, belleza tropical y tranquilidad” para quienes “planean vivir en una casa de ensueño”, con parques, lobby y hasta un mirador.
A lo largo de 22 kilómetros de costa se repiten letreros con la leyenda: “Prohibido el paso, propiedad privada”, aunque en México, según la Sectur, no existen playas privadas.
—¿Por qué a nosotros no nos dan concesiones y a las personas que tienen dinero sí? —cuestiona un palapero.
Sobre la playa sobresalen casas con acabados de piedra y madera, más grandes que cualquier otra del pueblo de Sisal.
—Llegan extranjeros a ocupar tremendas casonas, pero no salen de ellas. Hacen su supermercado en Mérida y regresan para encerrarse —detalla, molesto, Mario, un hombre alto, de ojos grandes y piel morena. Aparenta unos cuarenta años.
Tiendas como Oxxo, de la empresa Femsa, o Maxicarnes, del Grupo Porcícola Mexicano Kekén —el mayor productor de carne de cerdo en México—, con 17,400 y 480 tiendas en todo el país, respectivamente, han hecho ofrecimientos a pobladores para comprar sus terrenos ubicados a la entrada del pueblo.
—¿Qué puede vender un Oxxo que no pueda vender la tiendita de la esquina? ¿Qué sabor puede tener un Starbucks que no lo pueda dar un restaurante de Sisal? Eso es lo que queremos, que se consuma local y que haya una derrama económica para la población —dice Miguel, un guía de turismo con gesto serio.
Anuncio en inglés de la venta de lotes de inversión en Sisal. Foto: Cortesía de Martín Zetina para Corriente Alterna.
El valor económico de los Pueblos Mágicos
Con la promesa de la derrama económica para los habitantes, las autoridades impulsan el turismo en algunas localidades del país. Sin embargo, desde que en 2001 se creó el programa de Pueblos Mágicos, ni los gobiernos estatales ni el federal tienen datos suficientes sobre el impacto económico de esta estrategia turística.
Apenas en diciembre de 2021, la Secretaría de Turismo publicó el Primer Estudio Económico de Pueblos Mágicos. En ese informe se reconoce que, hasta 2018, únicamente 36 de las 132 localidades con esta denominación tenían información estadística de su actividad turística. “Lo que imposibilita que, a más de 17 años de operación del programa, se dimensione el impacto real del turismo en dichos destinos”.
El estudio expone que el valor económico del turismo en los Pueblos Mágicos fue de 8,702 millones de pesos en 2003. En 2018 alcanzó los 42,154 millones de pesos. Sin embargo, los recursos que genera esta actividad turística aportan apenas 0.13% a las economías de los estados donde se ubican los Pueblos Mágicos.
Luis, un joven guía de turismo con aire desenfadado, reconoce que “el cambio de pueblo mágico ha sido muy fuerte” porque, económicamente, hay un beneficio para la población dedicada al turismo; pero, sostiene, a costa de consecuencias ambientales y sociales.
La devastación del manglar
Para los sisaleños, hasta ahora, el impacto visible de vivir en un Pueblo Mágico es el daño a su entorno. En agosto de 2021, algunos pobladores presenciaron que maquinaria del gobierno de Yucatán talaba manglares y removía dunas costeras, aun cuando es un delito ambiental. Medio año más tarde, ya había bardas que delimitan la zona.
La devastación del mangle y de la duna costera es evidente, y en aquellos espacios desnudos se construyen casas. La maquinaria no para: entra y sale de la comunidad con gravilla, bloques y cemento.
Arriba de su kayak, el guía de turismo de nombre Ramón dice que la maquinaria y la deforestación son un problema para que las especies aniden, pues al no ser un sitio silencioso deciden irse a otro lado. Eso reduce el avistamiento de aves como el flamingo, una de las principales atracciones del turismo en Sisal, Celestún y Río Lagartos.
A raíz de las construcciones que iluminan la playa y devastan las dunas, agrega Ramón, las tortugas se confunden y no llegan a anidar a Sisal, que cada año se convierte en el segundo principal sitio de desove de tortugas Carey. Para darse una idea, en 2018 se contabilizaron 38,000 huevos; en 2019, más de 54,000; pero en 2020 se reportaron poco menos de 18,000. Un informe del gobierno de Yucatán expone que, como consecuencia de las inundaciones, la erosión y la pérdida de dunas, hubo “un menor número de nidos registrados” que en años anteriores.
Turistas caminan cerca del muelle, una zona de captación de turismo en Sisal. Foto: Mariana Beltrán / Corriente Alterna.
Se acelera la “turistificación” de Sisal
—Cuando se declara Pueblo Mágico a una comunidad, lo que se hace es cambiar las prioridades del espacio público para el turismo. A esto se le llama “turistificación” —explica Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho, de Monterrey.
En Sisal se puede ver el embellecimiento de la imagen urbana en los espacios de captación de turismo. Hay bancas vanguardistas y focos led que cuelgan de las palmeras. El andador principal es colorido, al igual que las letras monumentales. Es para tomarse fotos. Pero a 110 metros se acaba la magia.
Las calles tienen baches, hay basura en las calles y las banquetas tienen fracturas. En noviembre de 2021, Edna Marisa Franco, alcaldesa del partido Morena que gobierna Hunucmá, municipio al que pertenece Sisal, anunció la repavimentación de trece calles. Cuatro meses después, solo una vialidad, además de la calle principal, se encuentra en buen estado.
Una vecina joven de Sisal, con rostro afilado y cabello largo dice:
—Hay problemas locales que no están observando estos proyectos y que están dejando de lado (las autoridades), porque no viven aquí ni saben cuáles son las necesidades. Llevan a cabo un plan que no va con el sitio ni con las personas.
El caso de Sisal es paradigmático, dice Escoffié, porque demuestra la forma en que la Península de Yucatán es explotada. Tanto la industria turística como la inmobiliaria están generando afectaciones graves e irreparables en el medio ambiente, en la dinámica social, habitacional, en la dinámica de los pueblos y comunidades porteñas.
La especialista sostiene que las autoridades debieron establecer y realizar un protocolo de consulta, atravesado por sesiones de información para explicar qué cambios habría en Sisal o qué medidas se tomarían para mitigar cualquier tipo de daño ambiental, habitacional o social. Y después pasar a una etapa de deliberación conforme al protocolo acordado. Pero nada de esto se aplicó en Sisal.
—El Estado ha sido bastante paternalista al minimizar las críticas o al usar el argumento de que el proyecto es beneficioso porque traerá empleos. Ése siempre es el argumento de los megaproyectos, como si las personas no tuvieran empleos o estos significaran una mejora en la calidad de vida —agrega Escoffié.
Basura plástica al lado de los botes de pescadores en Sisal. Foto: Mariana Beltrán / Corriente Alterna.
Playa platino
Un mes antes de la designación de Pueblo Mágico, Sisal fue nombrada playa platino por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), homóloga estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Una playa platino “está certificada internacionalmente” por alcanzar “la excelencia en la gestión de residuos sólidos urbanos”. Pero en Sisal los pobladores limpian las playas desde mucho antes de recibir ese certificado del que se apropió la dependencia estatal para atraer turismo.
A Luis, guía turístico, le parece curiosa esta certificación:
—Si una comunidad hacía basura antes, imagínate ahora con el monstruo del desarrollo. Ahora es el doble de basura la que sacamos.
Mientras la sobreproducción de residuos va a parar al basurero municipal que se encuentra en la carretera Sisal-Mérida, paralelamente los pobladores observan la contaminación de ciénagas y manglares que, en teoría, cuentan con protección.
Luis señala que los manglares se llenan de residuos plásticos por la falta de conciencia ambiental de “los turistas y los pescadores”.
En los manglares habita un tipo de lagarto, explica Luis: el crocodylus moreletii. Convive con él desde muy chico porque bajaba al manglar a recoger jaibas. También sabe que el sitio es hogar de serpientes sin glándulas venenosas y 17 especies endémicas de aves, además de las que migran por temporadas. Sin embargo, las autoridades y empresas que impulsan a Sisal como Pueblo Mágico no han considerado ninguna estrategia para preservar este ecosistema natural.
—¿Cómo huele un manglar no contaminado? —le pregunto a Luis.
—Huele a la descomposición natural de las hojas, no a putrefacción.
Los manglares ubicados rumbo a Paraíso Sisal huelen a basura y animales en descomposición que se acumulan en sus raíces.
A un año de denunciar el saqueo del agua de su comunidad, habitantes de Santiago Mexquititlán, Querétaro, exigieron en Comisión Nacional de Aguas que les restituyan el control del pozo de donde se surtían pipas particulares
CIUDAD DE MÉXICO.- Habitantes de la comunidad hñöhñö de Santiago Mexquitlán, Querétaro, se manifestaron en las inmediaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la capital del país, para reclamar un pozo de su comunidad.
Demandaron a la institución federal que intercediera en el conflicto que desde hace un año los habitantes de esta comunidad libran en contra del saqueo y escasez de agua provocado por los malos manejos y opacidades de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA).
El pozo está concesionado a la CEA, que en repetidas ocasiones ha afirmado que desconoce la procedencia de las pipas, sin levantar ninguna investigación al respecto.
Durante la manifestación, las y los hñöhñös, acompañados de la comunidad otomí residente en Ciudad de México, bloqueron durante un par de horas la avenida Insurgentes para solicitar una audiencia con los directivos de Conagua.
Posteriormente, un cuerpo de granaderos llegó a disuadir la protesta. Fue hasta ese momento en que los funcionarios de Conagua recibieron a una comisión de la comunidad para dialogar.
Racismo y desprecio por parte de autoridades
Mientras los manifestantes bloqueaban la avenida, una funcionaria de Conagua, que evitó proporcionar su nombre, dijo que desconocía el conflicto de las y los habitantes de Santiago Mexquititlán.
Esto, pese a que meses atrás, y a través de su Consejo Autónomo de Gobierno, el pueblo de Mexquititlán había presentado solicitudes ante las oficinas de la dependencia federal en Querétaro.
Por su parte, los representantes de la comunidad denunciaron que cuando han exigido respuestas a las autoridades del estado de Querétaro, estos les han dado “contestaciones discriminatorias y racistas, enviándonos a consultar la información a internet, o mandándonos a entregar documentos sin que haya nadie que nos los reciba”.
“Nos dicen que no pueden regresarnos el pozo, pues los empresarios dicen que no se les debe regresar el pozo. Esas son las respuestas de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, claro, con otro lenguaje, poco entendible para nuestra comunidad”.
No es un conflicto nuevo
El 31 de marzo de 2021 los habitantes de Santiago Mexquititlán retuvieron una pipa privada que extraía agua del pozo que abastece a la comunidad. Desde ese día, el pueblo, mediante asambleas, ha decidido establecer un campamento para defender su agua.
Posterior a ese día, no han sido pocas las reuniones que la comunidad hñöhñö ha sostenido con representantes del ayuntamiento de Amealco, el gobierno del estado de Querétaro y la Comisión Estatal de Aguas. Ninguna autoridad, sin embargo, ha cumplido los acuerdos establecidos.
La respuesta, en cambio, ha sido la persecución y detención de dirigentes y jóvenes que participan en el campamento del pozo. Detenciones que se han hecho sin órdenes de aprehensión y de manera arbitraria por parte de la Fiscalía del estado.
De igual forma, los habitantes han denunciado que el actual alcalde, René Mejía Montoya, no tiene interés alguno en resolver el conflicto. Mejía, durante la administración de Anaya Aguilar, fue delegado de la Comisión de Aguas en el municipio de Amealco, donde se ubica Santiago Mexquititlán.
Los habitantes creen que hay un claro conflicto de intereses entre los negocios del exalcalde Rosendo Anaya (constructoras, y proyectos de obra pública), con los negocios de Mejía Montoya (pipas privadas). Por ello decidieron acudir a la Conagua.
Pese a esto, la dependencia federal ha dado largas a las peticiones de la comunidad. Inclusive, durante esta protesta, sólo tras un bloqueo de avenida Insurgentes la Comisión de Aguas recibió las peticiones de las y los hñöhñös.
Hasta el momento, ningún funcionario queretano se ha pronunciado por los hechos. Asimismo, la comunidad asegura que ni Mejía Montoya, ni el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri, se han acercado a dialogar con ellos.
Ante la Conagua, los habitantes de Santiago Mexquititlán solicitaron el acompañamiento para realizar la transición del traslado del pozo a la comunidad, con asesoramiento técnico, legal, administrativo. Exigieron el alto a los actos de criminalización.
Por su parte, la dirección general de Conagua recibió las peticiones de la comunidad y estableció un canal directo de comunicación con representantes del Consejo Autónomo de gobierno de Mexquititlán para resolver su única petición: que les restituyan su pozo de agua para que el pueblo lo maneje. La comunidad de Santiago Mexquititlán logró obtener una segunda mesa de diálogo con la Conagua.
De igual forma, la subdirectora de Conagua, Jean Elaine Burns, se disculpó por la presencia de granaderos.
En el pueblo de Xoco, donde habitantes de la zona mantienen una férrea oposición al desarrollo inmobiliario de Mítikah, autoridades capitalinas construirán un nuevo pozo de agua.
A decir de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la construcción de ese y otros pozos en la alcaldía Benito Juárez son parte de obras de mitigación de desarrollos inmobiliarios.
“Estamos trabajando en la perforación de tres pozos, algunos de ellos como obras de mitigación o la mayoría de ellos como obras de mitigación que quedaron pendientes de desarrollos inmobiliarios”, dijo Sheinbaum el pasado jueves al instalar el Gabinete del Agua en Benito Juárez.
Según la mandataria, se trabajará conjuntamente con la alcaldía que encabeza el panista Santiago Taboada, para que esos pozos estén listos muy rápidamente.
AGRESIÓN A VECINO
El anuncio de Sheinbaum llega cuando en el pueblo de Xoco la lucha vecinal no ha amainado.
Por el contrario, arreció motivada por la agresión de la que fue víctima un vecino de esa comunidad por parte de trabajadores de Mítikah.
La agresión ocurrió sobre la Calle Real de Mayorazgo, esquina Puente de Xoco, aproximadamente a las 20:00 horas.
En ese punto el vecino Francisco Torres fue agredido físicamente por personal de construcción de la empresa Mitikah.
El vecino se encontraba en su bicicleta, en el espacio de la calle donde se ubica la entrada a lo que será el edificio de la tienda Liverpool.
Pero personal de seguridad privada le pidió que se retirará del lugar pues se trataba de propiedad privada.
La negativa de Francisco a retirarse y su argumentación sobre la defensa del espacio público, sirvió para que los vigilantes cedieran su puesto a un grupo de trabajadores de obra.
Uno de los trabajadores se acercó y después de advertirle al vecino «Yo por los polis», le retiro sus lentes y golpeo en la cara.
Los vecinos de Xoco acusaron que en los últimos meses han estado en constante señalamientos, desacreditaciones, descalificaciones, agresiones físicas y en redes sociales.
Acusaron de esos ataques al grupo «La voz de Xoco», la Mayordomía de Xoco y personajes particulares como la Señora Teresa Palomares (Mayte Palomares en su cuenta de Twitter y facebook).
LOS TRES POZOS
Sobre la construcción de los tres pozos de agua, el director de Sacmex Rafael Cardona, precisó los sitios en donde estarán ubicados.
Uno de ellos estará en el parque San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl Del Valle.
El segundo pozo se ubicará en la Glorieta de la SCOP, en Narvarte.
Ahí se pondrá en funcionamiento un pozo ya perforado pero que no había entrado en operación.
El tercer pozo, el de Pueblo de Xoco, se localizará en la calle de Mayorazgo y Avenida Universidad.
Justo en ese punto los vecinos de esa comunidad han denunciado la privatización del espacio público para entregársele a Mítikah, con el contubernio de la Secretaría de Medio Ambiente.
Hasta agosto del 2020, solo había 2 mil 601 trabajadoras del hogar en Edomex dadas de alta en el IMSS.
El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas. Un trabajo que realizan 249 mil 936 personas en el Edomex ––la mayoría mujeres––, quienes se enfrenta a la falta de prestaciones, contrato de trabajo, horarios fijos, discriminación y violación de derechos humanos. De hecho, 99 por ciento de las trabajadoras domésticas en Edomex no tienen seguridad social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del total de tabajadoras domésticas registradas durante el primer trimestre de 2021, 129 mil 711 ganaban solo el salario mínimo – alrededor de 5 mil pesos– y 119 mil 727 más del mínimo, aunque no se específica cuánto.
¿Qué es el trabajo doméstico?
El trabajo doméstico es una ocupación que incluye las actividades de cocineros, cuidadores de niños, personas ancianas o enfermas; jardineros; lavanderos y planchadores; choferes; vigilantes y porteros.
Es una tarea realizada primordialmente por mujeres que ha sido invisibilizada y menospreciada. De ahí que las condiciones laborales precarias a las que se enfrenta este sector sean comunes, según señalan estudios de organizaciones internacionales.
Por ello, OXFAM México explica, en un documento publicado en el 2021, que el principal reto a superar es la invisibilidad, precarización y nulo reconocimiento de esta labor. Situación que impide a las mujeres que desempeñan este trabajo a acceder a educación, salud, empleo digno, participación política, contextos libres de violencia y a construir vidas plenas.
En el Edomex, el 97.3 por ciento de quienes desempeñan el trabajo doméstico son mujeres. El 42.4 por ciento tiene entre 25 y 44 años, y el 37.6 por ciento, entre 45 y 64 años.
Condiciones de las trabajadoras domésticas en Edomex
El porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico en la entidad es de 6.4 por ciento. Esta cifra coloca al Edomex en el puesto 12 a nivel nacional. Sin embargo, es el segundo estado con mayor número de empleadores de personas trabajadoras del hogar, con 13 por ciento.
Aunque el Estado de México tiene uno de los porcentajes más altos, la mayoría de las trabajadoras domésticas vienen del sur del país. De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría del Trabajo de la entidad y la Organización Internacional del Trabajo, es recurrente que las trabajadoras domésticas se trasladen de estados del sur al centro del país para emplearse.
Uno de los problemas más recurrentes de quienes se emplean en este sector es la falta de contrato de trabajo, por lo que no tienen acceso a servicios de salud, horario fijo, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones. De hecho, hasta agosto del 2020, solo había 2 mil 601 trabajadoras del hogar en Edomex dadas de alta en el IMSS.
Además, son víctimas de burlas, discriminación y racismo por su origen:
“[Nos enfrentamos] a la discriminación estructural, que es esta falta de acceso a nuestros derechos porque no son una obligación para los empleadores […] En los espacios de trabajo la violencia es psicológica, verbal, física […] se refieren a nosotras usando palabras despectivas, siendo tajantes. En algunos casos hay empujones, insultos y sobajar a las personas para hacerles saber que son subordinadas”, explicó.
En los últimos días se han vivido momentos tensos en este pequeño puerto del oriente de Yucatán, ya que las y los pobladores no permiten la construcción de un complejo hotelero que amenaza el medio ambiente y su tranquilidad.
Tizimín, Yucatán, 2 de abril de 2022.- Las pobladoras y los pobladores de El Cuyo se han organizado para impedir la construcción de un complejo hotelero que pondría en peligro su medio ambiente. Pero sobre todo, han mandado un fuerte mensaje al Ayuntamiento de Tizimín y a los gobernantes de que no permitirán la imposición de proyectos que sólo beneficien a empresarios a costa de su tranquilidad y paz social.
En los últimos días se han vivido momentos tensos en este pequeño puerto del oriente de Yucatán, sobre todo cuando agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) intentaron detener a la comisaria municipal Neydy Puc Gil, quien exhibió las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento para favorecer al hotel Beach Front Riad Romero.
De hecho, mostró ante el pueblo que fue el propio alcalde panista Pedro Couoh Suaste quien firmó y otorgó los permisos para su construcción, como la Licencia de Uso de Suelo, en beneficio de los empresarios de dicho complejo.
El miércoles pasado sonaron las campanas de la iglesia de El Cuyo y el pueblo se congregó para impedir el arresto de su comisaria y prácticamente expulsó de la comunidad a los agentes que, sin que quedaran claras las razones, intentaron detenerla.
Ante la población enardecida, Neydy Puc también acusó al presidente municipal de intentar sobornarla con 100 mil pesos y un camión recolector de basura para que permitiera la construcción del hotel.
No quieren un turismo depredador
Las y los habitantes del puerto El Cuyo manifestaron a través de una carta pública que desean velar porque los desarrollos de infraestructura, económicos y turísticos no deriven de la destrucción de la naturaleza, ni de la violación de los derechos de la comunidad. Por tal razón, se oponen a empresas inmobiliarias que desatan un turismo depredador, como lo es el proyecto inmobiliario Riad Romero.
“Este noble y pintoresco puerto no está preparado para la desigualdad económica, tampoco para poder controlar el acceso que genera masificación y densidad de residuos; queremos evitar la depredación del medio ambiente por ser parte de un ecosistema protegido, hogar de flora y fauna muy importante; de igual manera no puede vivir en medio de incertidumbre por la falta de seguridad, además de otros servicios públicos”, precisaron.
Aclararon que no están en contra de la construcción hotelera, más bien exigen información clara de este tipo de proyectos y que se garantice que se protegerá su medio ambiente.
“Amigos inversionistas, no estamos cerrando las puertas de nuestra casa, se requiere crear un estado de confianza, como con los muchos inquilinos nacionales e internacionales que hoy día tienen un asentamiento y hasta negocios aquí; exhortamos su compromiso para el desarrollo de proyectos responsables, que mantengan armonía y nuestra esencia viva”, sostuvieron.
No quieren el hotel
La noche del pasado jueves se llevó a cabo una reunión entre los pobladores, autoridades y representantes del hotel en el domo del puerto, en donde quedó claro de que no se permitirá su construcción.
De hecho, la gente solicitó a los inversionistas que se retiren definitivamente del puerto y recalcaron que antes de iniciar algún proyecto inmobiliario primero tienen que consultárselo al pueblo.
De igual manera sostuvieron que ya no permitirán la imposición de este tipo de negocios privados que ponen en riesgo su entorno mientras los funcionarios corruptos del Ayuntamiento obtienen millonarias ganancias.
La representantes de Riad Romero, Paulina Navarrete, aseguró que tiene los documentos en regla y que dicha obra dejaría derrame económica a los habitantes.
Sin embargo, el pueblo le recordó que han cometido diversas irregularidades y que se han conducido con mentiras, como por ejemplo, que el hotel no consta de cuatro niveles sino de seis, y que en realidad se tratan de dos proyectos.
Además, que la superficie donde construirán no es la plasmada en los permisos si no que abarcaran gran parte de la reserva federal. De igual forma recalcaron que no genera empleos, ya que trajeron a más de 60 albañiles de Campeche para construirlos.
Recaban firmas
A través de la plataforma de activismo digital Change.org, el pueblo de El Cuyo está recabando firmas para impedir la construcción del complejo hotelero que amenaza su medio ambiente.
“La linda vista y la tranquilidad están en riesgo de destruirse. Actualmente hay obras que buscan llenar El Cuyo con concreto. Demasiada densidad y demasiada altura acabara con las cosas que hacen El Cuyo un lugar especial”, se lee en la petición.
Aseguran que la altura de los edificios del hotel alejará a las aves migratorias que pasan por ahí cada año; que las luces desviarán a las tortugas que hacen sus nidos en la playa; y que la densidad generará más contaminación, sobre todo porque las aguas negras se filtrarán al subsuelo y al mar.
“¡Preservemos la paz! ¡No a la construcción masiva, no a gobernantes que insultan los deseos de los pobladores, no a convertir El Cuyo en otro Holbox, no a la destrucción del medio ambiente!”, sostuvieron. (Con información y foto de Por Esto!)
Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la “represión y violencia” en el operativo de la Guardia Nacional y el INM contra migrantes que salieron en caravana de Tapachula.
Migrantes detenidos por el INM y la Guardia Nacional. Foto: Twitter @robledo_gomez
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la “represión y violencia” en el operativo que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzaron hoy contra personas que salieron de Tapachula en caravana, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano señaló que las personas migrantes lanzaron la caravana “tras meses de nula respuesta de las autoridades sobre los procedimientos migratorios, barreras en el acceso a derechos básicos y pocas posibilidades de vida digna”.
“Hacemos un llamado URGENTE (sic) a la Secretaría de Gobernación, el INM y la GN al respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas del grupo que se desplaza actualmente por la carreCon el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en el sureste y la multiplicación de operativos para impedir el paso a personas indocumentadas, Tapachula se convirtió en una olla de presión, donde miles de personas están varadas y en espera de conseguir papeles que les permitan salir de la zona fronteriza.
El activista Pedro Uc, integrante de Múuch’ Xíinbal, sostuvo que pareciera que el Poder Judicial tiene consigna del presidente López Obrador.
Señaló que el pueblo maya está enojado, triste y preocupado por esta decisión que impacta su medio ambiente.
Mérida, Yucatán, 1 de abril del 2022.-“La decisión de levantar las suspensiones impuestas a los tres primeros tramos del Tren Maya por parte del Poder Judicial es incongruente y peligrosa, ya que atenta contra la vida del Pueblo Maya de la Península de Yucatán que tiene el derecho constitucional de habitar en un ambiente sano”, manifestó Pedro Uc Beh, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.
Como hemos informado, con argumentos ilegales e injustificados, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa retiró las suspensiones definitivas al Tren Maya, es decir, ya no existen las medidas cautelares y podrán continuar las obras de construcción.
Al respecto, Pedro Uc declaró que el mensaje del Tribunal es negativo y demuestra que recibió la orden por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La señal que nos mandan es que tienen consigna, nos parece que han recibido una orden seguramente del presidente de la República y por eso están decidiendo de esta manera”, aseveró.
En ese sentido, Pedro Uc señaló que este hecho sería una incongruencia desde el Poder Judicial, porque anteriormente otro Juez les había dado la razón al mantener las suspensiones.
“Esto no es una broma, es un tema importante y relevante que nos preocupa como pueblos mayas que estamos tratando de cuidar el espacio donde vivimos”, declaró.
Por ello, dijo que quitar dichas suspensiones constituyen una decisión peligrosa que atenta contra la vida y visión de este sector, pues según la Constitución tienen el derecho de habitar en un ambiente sano.
Manifestó que el pueblo maya desde el principio se posicionó en contra del megaproyecto porque se desconocía su impacto ambiental y con todo lo que ha sucedido, actualmente la comunidad se encuentra enojada, triste y preocupada por los resultados obtenidos, a pesar de que ellos siempre han buscado el diálogo.
Dijo que desde que el Tren Maya fue anunciado de forma oficial por López Obrador, comenzaron a discutir el tema y coincidieron en que no era el proyecto de desarrollo que se necesitaba en la Península de Yucatán, por lo que a partir de ese momento buscaron los diferentes caminos legales para hacerse escuchar.
Recordó que hasta ahora este Tren no cuenta con un verdadero estudio de impacto ambiental, lo que se ha demostrado con los constantes cambios en la ruta.
“Si en un Estado de Derecho no se respeta la ley y no se protege al que injustamente se le está atacando, entonces hay un problema de fondo y nos están dejando en un estado de indefensión”, puntualizó.
Uc Beh reiteró que estas situaciones no deberían suceder en una democracia que presume de la división de Poderes.
“Hemos visto cómo estos vicios de hace 500 años siguen siendo el vicio de los gobiernos de diferentes colores e ideologías. Este gobierno se presume de izquierda, pero pega más duro que la derecha”, finalizó.
