Tijuana, 11 Abr (Notimex).- La empresa Eaton´s Cooper Lighting Business-Mexicali puso cadenas para evitar que sus trabajadores salieran del establecimiento, por lo que le fueron suspendidas sus actividades.
Así lo informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Sergio Moctezuma Martínez López, y señaló que las cadenas las ponían desde el interior de la maquiladora.
Comentó que la empresa estaba quebrantando la ley al no enviar a resguardo domiciliario a sus 800 trabajadores, además de que el obstruir las salidas es una irresponsabilidad, en caso de que se presente una emergencia.
Martínez López señaló que la empresa Terminados Rogers, SA de CV, dedicada al engargolado y compaginado de material, además de tener a sus trabajadores laborando, le fueron encontrados 27 menores de edad trabajando, por lo que enviarán el reporte a la Fiscalía General del Estado para que proceda con lo conducente.
Agregó que otra empresa de Mexicali, dedicada a la producción de calentadores de agua, fue cerrada ya que se negó a entregar datos de su plantilla laboral, al igual que una empresa dedicada a la reparación de equipo electrónico, la cual fue cerrada por el mismo motivo.
Noticaribe / Agencia SIM
CANCÚN, MX.- Agentes policiacos expulsaron a más de 200 trabajadores de la construcción, que diariamente se instalan en el Parque de El Crucero, impidiendo que acuda gente a traerles de comer, como ya venía sucediendo desde hace dos semanas.
Por años, este parque ha sido punto de reunión para albañiles, fontaneros, eléctricos, chalanes y otros trabajadores, en búsqueda de ser contratados para alguna obra; sin embargo, desde que inició la actual emergencia sanitaria, por el COVID-19, dejaron de recibir trabajo, empezando a padecer hambre. En respuesta, distintas agrupaciones y ciudadanos han acudido al lugar a llevarles de comer, lo que hacía que regresaran al lugar, pese a no existir posibilidad de trabajo.
Hoy, sin embargo, ayer, agentes policiacos acordonaron el parque con cinta y les indicaron a los presentes que se retiraron. Tres sujetos fueron detenidos por resistirse a salir, en tanto que hoy continúa la vigilancia de la zona, interviniendo los agentes para impedir que gente traiga de comer.
Víctor Martínez Alvarado, albañil desempleado, les dijeron que tenían la advertencia de irse de la zona, pues “no los quieren ver”, ni siquiera alrededor de parque, sino que deben regresar a su casa.
“Quieren que estemos encerrados, pero no tenemos qué comer. Hay quienes se pusieron al brinco, y a tres se lo llevaron con esposas ayer”, comentó.
Indicó que varios han recibido sus despensas en sus hogares, pero al no tener estufa o gas, de poco sirve esta ayuda.
“Éste”, dijo, apuntando a un compañero, “tiene tres hijos, éste cuatro, yo tres. Varios aquí no tienen qué comer”, comentó. “Llegó una familia a traer comida. Hicimos cola, y apareció la policía y nos corrieron a la ching… a la familia también”.
Ya les dijeron los policías que no dejarían que les dejen comida, por lo que mejor se regresen a sus casas, algo que muchos se resisten a hacer.
En plena contingencia, grupos de vecinos reportaron tala de árboles por la madrugada para la construcción de un puente vehicular en el fraccionamiento Lomas de Atizapán, en el Estado de México, con ayuda de granaderos y la Guardia Nacional.
Foto: Vecino de Lomas de Atizapán
Los vecinos informaron que fueron agredidos con gas lacrimógeno y balas de gomas por parte de los elementos de seguridad cuando salieron a manifestarse, sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines en el tramo de la bajada de Galerías de Atizapán.
Anteriormente los vecinos ya habían mostrado su incoformidad con la construcción del puente vehicular y la tala de árboles.
Ante la emergencia sanitaria que se vive en el país y en el mundo por el virus COVID-19 está prohibido cualquier actividad no esencial y se pide evitar concentraciones de personas, los vecinos señalaron que el gobierno de Atizapán Zaragoza está rompiendo la cuarentena y poniendo en riesgo la salud de los vecinos, que en su mayoría son personas de la tercera edad.
Los días sábado, domingo, miércoles y jueves, Leopoldo, Miguel, Elia y Daniel realizan los encargos de
las personas vulnerables, mientras que los martes y viernes llevan los pedidos hasta la puerta. Fotos:
JUAN BOITES
Alexis Ortiz / El Universal
Cuatro jóvenes crean el Huerto Móvil; con ello ayudan a la gente vulnerable a hacer despensa
Leopoldo Caudillo y su equipo de trabajo recorren los pasillos de una bulliciosa Central de Abastos que se niega a parar sus actividades. De puesto en puesto, el grupo de jóvenes pregunta los precios de la fruta, la verdura y la carne. Su objetivo es llevar a sus clientes los productos de mayor calidad con el menor gasto posible.
Debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), Leopoldo, Miguel, Elia y Daniel tuvieron que buscar una manera de sobrevivir y ayudar a los demás. A través de la página en Facebook cuidan.do.tribu se ofrecieron a comprar los alimentos de quienes están en cuarentena y se los llevan hasta la puerta de su casa.
Los sábados, domingos, miércoles y jueves recolectan los encargos de la gente que vive en la zona centro-sur de la Ciudad de México. Los martes y viernes entregan los productos desinfectados a cambio de una comisión con la que el equipo subsiste, pues, como muchos otros, perdieron su empleo al menos hasta que la emergencia sanitaria acabe.
Los cuatro jóvenes también invitan a las personas a realizar “compras solidarias”, es decir, adquisiciones para que éstas se entreguen a sectores vulnerables: adultos mayores, madres y padres solteros, y personas que perdieron su empleo debido a la pandemia.
“Es impresionante, entre 28% y 30% de las compras que hacemos son solidarias. La respuesta ha sido sorprendente, hemos tenido una maravillosa respuesta de gente que a ciegas dice: ‘Tengo que hacer algo’, y realmente lo está haciendo a través de nosotros”, comenta Leopoldo en entrevista con este diario.
Asimismo, recolectan alimentos enlatados, arroz, pasta, sopas y toda clase de insumos que a la gente le haya sobrado o que no utilice para entregarlo a los sectores vulnerables.
Los fundadores de esta iniciativa se surten de productos en la Central de Abasto; también promueven el autocuidado y la sanitización a los vendedores.
Con guantes y cubrebocas, el equipo acude a la Central de Abastos y puntos de venta en Xochimilco para encontrar precios bajos. En sus recorridos también utilizan caretas de plástico para llamar la atención y concientizar sobre prevenir los contagios de coronavirus.
“Nos comieron todos en el mercado, éramos como la botarga del Covid-19, pero estamos con un tema de autocuidado y queremos preservar la vida”, comparte Leopoldo.
Alternativa
Antes de que la pandemia llegara a México, Leopoldo se dedicaba a la sicopedagogía en colegios, traducía la lengua de señas y era terapeuta; sin embargo, perdió temporalmente estos empleos.
Fue así como el pasado viernes llegó a la colonia Santo Domingo para entregar melón, jitomate, zanahoria, chile, ajo, cebolla, nopales, naranja y plátano a una familia que solicitó los servicios del Huerto Móvil —así llamaron Leopoldo y sus compañeros a su iniciativa.
El mismo viernes entregaron alimentos a un convento e hicieron una entrega solidaria a un guardia de seguridad que trabaja en una unidad habitacional de la zona sur de la capital del país.
Quienes requieran los servicios del Huerto Móvil pueden realizar el pago de sus compras en efectivo o con una transacción bancaria. Para realizar compras solidarias o donar insumos que no utilicen, la gente además se puede poner en contacto con los jóvenes a través de las redes sociales como Facebook.
En medio de esta pandemia, Leopoldo lanza un mensaje a todos los mexicanos para que se abstengan de estar en la calle: “Entiendo que buscamos un equilibrio entre lo económico y el bienestar, pero si no tienen que salir de casa, no salgan, esa es la manera de evitar un repunte en la curva epidemiológica”.
Colectivo Grieta, 11 de abril de 2020.
Ciudad de México.- En un comunicado fechado el 5 de abril de 2020, las estudiantes de la Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias (AMOFC) de la UNAM denunciaron la agresión de la que fueron objeto sus compañeras de la la colectiva “Argüenderas y revoltosas” de la FES Acatlán. En la noche entre el 4 y el 5 de abril, las estudiantes, que ocupan parte de las instalaciones de la FES Acatlán fueron agredidas física, sexual y psicológicamente por un grupo de golpeadores que ingresó a las instalaciones universitarias. Estas instalaciones fueron ocupadas como parte de las protestas, por parte del movimiento de mujeres contra la violencia de género en la UNAM.
En su comunicado, las estudiantes de Ciencias denuncian el ataque que sufrieron sus compañeras en Acatlán cuando, entre las 03:00 y las 04:00 hrs. “un grupo de aproximadamente 10 hombres equipados con bates, bombas molotov, armas de fuego y chalecos antibalas, ingresaron al plantel a violentar y amedrentar a las compañeras. Ente los hechos se registraron detonaciones y agresiones sexuales, lo cual derivó en que algunas de nuestras compañeras presenten heridas de gravedad como fracturas, quemaduras y contusiones”
Frente a la actitud de las autoridades universitarias, las cuales han condenado genéricamente los hechos de violencia, las estudiantes de la Facultad de Ciencias subrayan que dichas autoridades “no hacen mención alguna de la violencia a la que nuestras compañeras fueron sometidas; silenciando nuevamente el abuso de poder que ejercen contra las colectivas de mujeres organizadas y desentendiéndose de sus responsabilidades”.
Además, las estudiantes organizadas de la Facultad de Ciencias, señalan la inconstitucionalidad de la criminalización de la que son objeto las colectivas y espacios en las que se ha organizado libremente para luchar por el fin a la violencia de género dentro de la universidad.
En su comunicado las estudiantes responsabilizan al Director de la FES Acatlán, Manuel Martínez Justo; al rector dela UNAM, Enrique Graue Wiechers; al secretario de Prevención y Atención a la Seguridad Universitaria Raúl Arsenio Aguilar Tamayo; así como al gobierno del Estado de México, en particular a la titular de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, y a la policía municipal de Naucalpan “por la constante represión en contra las colectivas feministas y estudiantiles que resisten en las instalaciones debido a la falta de respuesta a las exigencias en torno a la violencia de género”.
Las estudiantes de la AMOFC exigen que las autoridades responsables reactiven el servicio de luz y agua hacia la FES Acatlán y demandaron “una investigación exhaustiva y justa de los hechos ocurridos, que lleve al grupo de encapuchados a responder por sus agresiones, para lo cual se requiere que toda la información sobre lo ocurrido sea pública y transparente”.
Finalmente, las jóvenes de la Facultad de Ciencias señalan en su texto que desde la AMOFC, “rechazamos cualquier acto que trate de deslegitimar la lucha feminista, y nos solidarizamos con nuestras demás compañeras en pie de lucha. Demandamos la pronta solución y cumplimiento de los puntos de los pliegos petitorios de todas las entidades que se encuentran en paro y toma en
la UNAM”.
Tomado de The San Diego Union-Tribune / Por Vanguardia
Por WENDY FRY / ALEXANDRA MENDOZA
Foto: Alejandro Tamayo/The San Diego Union-Tribune
Durante el aguacero del viernes, una pequeña multitud de pacientes se acurrucó debajo de un toldo fuera de la Clínica IMSS 20, otro hospital general en Tijuana. Muchos de ellos tosían y usaban máscaras mientras esperaban más de 30 minutos para que los dejaran entrar para recibir atención médica.
Un médico fuera del hospital dijo que no estaba autorizado para hablar con los medios sobre lo que estaba sucediendo dentro.
Reyna Beltrán, ex presidenta del Colegio de Enfermeras Quirúrgicas de Baja California y vicepresidenta de la Federación de Enfermeras Quirúrgicas de la Región Norte, trabaja como enfermera en la Clínica IMSS 20.
Ella estimó que al menos 20 profesionales de la salud, incluido el director del hospital, las enfermeras, los médicos, el supervisor de la sala de emergencias y varios asistentes están enfermos con sospechas de infecciones por coronavirus, algunas de forma crítica.
Ella dijo que tuvo que buscar en sus farmacias de Tijuana máscaras y guantes a precios razonables para sus colegas porque “la gente se enferma” y el hospital se está quedando sin suministros.
“Hay un brote de COVID-19 entre médicos y enfermeras, debido a un mal proceso de diagnóstico y porque no teníamos el equipo de protección personal …”, dijo Beltrán.
El jefe de medicina interna del Hospital General, el Dr. Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez, envió una carta urgente el jueves a los funcionarios de salud estatales destacando la necesidad del hospital de más equipos de protección personal, incluidos guantes, máscaras N95 y cubiertas de zapatos.
La carta de Gutiérrez decía que el equipo de protección personal “se usaría para atender a pacientes con neumonía atípica, sospecha y confirmación de infección por SARS-COV2”. La redacción es significativa porque Gutiérrez es el primer médico local en vincular oficialmente los casos de neumonía atípica con las infecciones por coronavirus.
Muchos miembros de la comunidad y algunos profesionales de la salud médica han alegado que los funcionarios de salud mexicanos están ocultando la verdadera cantidad de casos de coronavirus al clasificarlos en su lugar como casos de “neumonía atípica”. Las autoridades han negado esas afirmaciones.
Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Pero entre los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.
Hugo López-Gatell, quien se desempeña en el Ministerio de Salud de México como subsecretario de promoción y prevención de la salud, dijo el miércoles que el número de casos reales de coronavirus es “casi seguro” 8.3 veces más que el número de casos confirmados. López-Gatell dijo que basó sus estimaciones en el mismo modelo y extrapolación que los funcionarios de salud ya usan para rastrear casos de influenza.
Hasta el viernes, Baja California tiene 304 casos confirmados de coronavirus, y 25 pacientes han muerto por la enfermedad. Sin embargo, los expertos en salud consideran que ese número es solo una fracción del total de casos porque las pruebas están severamente limitadas en Baja California y México. La falta de pruebas disponibles también ha sido una preocupación en todo el mundo, incluso en San Diego.
Los paramédicos voluntarios en Tijuana temen que si la situación empeora, ya no podrán ayudar a las autoridades transfiriendo pacientes con coronavirus o neumonías atípicas a los hospitales locales.
“Responderemos dentro de nuestras capacidades”, dijo Mario Montes, presidente de la Asociación de Grupos de Rescate de Tijuana. “Pero también tenemos familias, por lo que debemos ser seguros y responsables”.
Foto: Alejandro Tamayo/The San Diego Union-Tribune
En Tijuana, la Cruz Roja y el departamento de bomberos responden a todas las llamadas médicas de emergencia. Las asociaciones civiles, como los grupos de rescate voluntario y las ambulancias privadas, sirven como una línea de defensa adicional.
El jueves, una coalición de grupos de rescate voluntario y paramédicos advirtió que carecen del equipo necesario para proteger a los pacientes y a ellos mismos.
“Si usa una ambulancia para COVID-19, debe descontaminarla, de lo contrario está poniendo en riesgo a más personas”, dijo Montes.
Y se espera que los casos en Tijuana solo aumenten.
“Cuando las cosas se salgan de control, tendremos que responder”, dijo Montes. Sin embargo, si no hay máscaras y guantes disponibles, no podrán ayudar, dijo.
Orlando Jiménez, miembro del grupo Rescate Tijuana, ha trabajado como paramédico durante 24 años y dijo que nunca imaginó una emergencia de esta magnitud.
Él dice que los grupos de rescate han celebrado reuniones desde que vieron la situación en China, anticipando que las cosas podrían complicarse en Tijuana.
“No hay equipo de protección incluso para médicos y enfermeras. ¿Qué podemos esperar de nosotros? dijo Jiménez.
Funcionarios de salud mexicanos dijeron el viernes que un avión lleno de equipos médicos y de protección personal desde China estaba programado para llegar este fin de semana.
El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dijo el viernes que solo 113 pacientes con casos confirmados de coronavirus están hospitalizados en todo el estado. Sin embargo, reconoció que el verdadero número de casos en la comunidad es probablemente mucho mayor, e instó a las personas a continuar practicando el “distanciamiento seguro” y permanecer en sus hogares.
“Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédese en su casa “, instó.
El equipo profesional de baloncesto de Tijuana, los Zonkeys, han donado su estadio para servir como un hospital adicional, y ya se han instalado 92 camas de hospital allí, dijo.
Todavía no recibe pacientes porque los hospitales públicos en Tijuana aún no están 100 por ciento llenos, dijo Pérez Rico.
“Este es nuestro Plan B. Tenemos un Plan C y ya estamos elaborando un Plan D”, dijo el viernes el funcionario de salud estatal.
La semana pasada, el estado creó un formulario de Google para reclutar voluntarios con experiencia en atención médica para atender a pacientes con COVID-19.
Un total de 865 personas se habían inscrito hasta el jueves. Pérez Rico dijo que todos los aceptados en el programa recibirán capacitación.
El fotógrafo Alejandro Tamayo contribuyó a este reportaje
Usos y costumbres: toma de decisiones en asamblea.
En entrevista, el pasado 22 de febrero, durante un descanso en la Asamblea en Amilcingo, Morelos, en el marco de las Jornadas “Samir somos todas y todos”, los compañeros de Juan C. Bonilla abundaron sobre su proceso de construcción política y de toma de decisiones. Los compañeros dijeron que las asambleas comunitarias siempre habían estado ahí, para atender cuestiones importantes en el pueblo, como las fiestas y las mayordomías.
“Sobre la pregunta que hacían sobre de cuándo viene la toma de decisiones y los usos y costumbres… yo recuerdo que sí se ha hecho eso siempre, es la costumbre del pueblo de hacer asambleas cuando hay temas trascendentales, sobre todo más en la cuestión de las fiestas patronales y mayordomías. Siempre ha sido independiente de la política de los partidos.”
Sin embargo la forma de toma de decisiones comunitaria en asamblea, se empezó a usar con contenido más estrictamente político a partir de la acción del capital y de los distintos gobiernos que le ayudan en contra de las comunidades:
“Pero a raíz de estos ataques sistemáticos que han venido haciendo los malos gobiernos de todos los partidos, porque en 2006 estaba saliendo Fox y estaba entrando Calderón, en 2009 pues seguía él, pero en 2012 llega Peña, entonces está el PAN, el PRI […] Pero este último golpe que le dan al pueblo de querer imponer a fuerza el desagüe de aguas industriales y conectarlo al río Metlapanapa […] fue lo que llevó al pueblo a pensar distinto”.
Los compañeros dijeron que este último ataque hizo que los pueblos se radicalizaran y se dieran cuenta que en la política de allá arriba, no hay cambio verdadero, y no hay gran diferencia:
“Ya esto último, yo creo que el pueblo igual con la experiencia se ha dado cuenta de que desde el 2002, luego 2006 y luego 2009, 2012, como que la buena fe de pueblo, pienso yo, que decía, ‘bueno vamos a seguir votando y aparte tenemos nuestra organización’. Pero ya lo último con el compa preso Miguel y la forma de la represión, sobre todo pensando en el contexto de que ya hay una nueva administración, con este proyecto supuestamente nuevo de la ‘4ta Transformación’, que al final se da uno cuenta que se vendió una idea de cambio y se cambiaron solamente los colores, un poco los estatutos, pero el proyecto sigue igual. Es decir, como dicen los compas zapatistas: “Cambio un poco el capataz, pero los finqueros siguen siendo los mismos. Ahí fue cuando la mayoría del pueblo dijera: ¡No más partidos políticos!”
Foto: tomada de FB-La Flor Peri Odico
Articulación con el CNI
Los compañeros relataron que empezaron a articularse con el CNI (Congreso Nacional Indígena) desde el 2012, si bien desde antes ya había articulación con otras organizaciones con las que se estaba trabajando en conjunto contra las diferentes imposiciones que había en la zona, como en el Nororiente de Morelos. Pero ya el proceso organizativo con el CNI inicia a raíz del problema del gasoducto.
La Radio comunitaria Zacatepec fue resultado de la lucha, pero también sirvió para alimentarla
Los compañeros nos contaron sobre su participación en la Radio comunitaria Zacatepec, que también ha sido reprimida y golpeada en dos ocasiones con grandes operativos en los que participaron judiciales y alguna fuerza militar: “No sé si era ejército o Guardia Nacional”. Afirmaron que les han inventado cargos como el de ser narcomenudistas, y con ese pretexto jurídico los atacaron. En esa ocasión la lucha fue por vía legal, y después les ofrecieron una disculpa: “Usted disculpe, no hay elementos suficientes para sostener la acusación… y se liberó la casa.”
Foto: tomada de periodicoenfoque.com.mx
La Radio comunitaria se fundó hacia el año 2005, afirman, y el primer ataque fue en el 2006; mientras el segundo ataque se dio en 2013. El Radio se empezó a articular en torno a la lucha en contra de la imposición de la autopista que iba a ir del aeropuerto hasta la carretera siglo XXI, pues se vio la necesidad de informar lo que estaba aconteciendo, pues estaban comprando terrenos a 30 pesos el metro, luego fue subiendo a $90, $150, $300, $500 y finalmente hasta $1,500. La Radio Comunitaria ha cumplido una función fundamental para informar a la comunidad, y ha sido parte de la resistencia.
Los compañeros contaron que la radio empezó a funcionar, desde el punto de vista de los de arriba, como una radio ilegal, y fue fuertemente hostigada. Pero finalmente se consiguió una concesión entre dos comunidades, Tlaxcalancingo y Zacatepec, y fue una de las primeras concesiones a nivel nacional para radios comunitarias indígenas.
Hermandad de Radio Zacatepec con Radio Amiltzinko y Samir Flores
También hablaron de la relación entre la Radio Comunitaria Zacatepec y la Radio Comunitaria Amiltzinko. Los compañeros contaron cómo se consideran radios hermanas se conocieron en la lucha y desde el 2012 tenían el mismo objetivo de informar y resistir.
Foto: tomada de 24horaspuebla.com
“De hecho, nos han platicado los compañeros Ale y Migue, que ellos son los que vienen para acá en el 2012. Hacen jornadas de difusión e información. Aquí conocen a Samir, aquí el pueblo en Amilcingo no sabían nada, se rumoraba que la termoeléctrica iba a ser una escuela, un hospital. Porque ya habían comprado el terreno y ya habían levantado una barda […] Pero son compas de allá de Zacatepec que empiezan a investigar más sobre este asunto y se dan cuenta de que este es un proyecto integral: que es una termoeléctrica en Huexca, acueducto y el gasoducto que atraviesa los 3 estados.”
Esos compañeros fueron a Morelos y llegaron a Amilcingo y empezaron a volantear y a vocear con megáfono. Incluso hacían proyecciones de cine. Los compañeros contaron que a las primeras reuniones llegaba Samir y otros 4 ó 5 compas. Contaron que Samir ya tenía una fuerte presencia importante en el pueblo, sobre todo por el cariño que le tenía la gente. Fue a partir de ese acercamiento que se logra tejer una relación de amistad y lucha entre las dos comunidades y en concreto con Samir.
“A través de la facilidad que él [Samir] tenía para platicar y compartir con otras personas es que él empieza a generar una organización con el pueblo. Pero es a partir de como dice el compa, del 2012 con el gasoducto y el Proyecto Integral Morelos que ambas comunidades se encuentran y rompen el límite y la imposición impuesta por el Estado mexicano y recuperan su identidad nahua. Somos pueblos nahuas, aunque el mal gobierno diga acá es Morelos y acá es Puebla, pues nuestra identidad y nuestra lengua es lo que nos vincula, más que las divisiones geográficas y políticas.”
La muerte de Samir: una herida abierta.
Los compañeros contaron como el 19 de febrero, antes del asesinato de Samir, hubo una asamblea del CNI en el local de UNÍOS, en la ciudad de México, y ellos asistieron. La asamblea se extendió y salieron tarde:
“Entonces se hizo la asamblea y se hizo tarde… íbamos llegando de regreso a Zacatepec como a las 10 de la noche. Entonces nos quedamos ahí, y al día siguiente, temprano le hablaron a un compa, y le dijeron: ‘Ya Samir… ya nos dejó’.”
Los compañeros lo relatan con mucho coraje. Cuentan cómo López Obrador había ido a Anenecuilco: “Antes de eso, vino el Andrés Manuel, a donde nació Zapata, a Anenecuilco, vino y ahí hubo una asamblea. Y ahí estaba nuestro compañero Samir, y ahí lo señalaron: el mismo Andrés Manuel lo señaló que él es el que lo está provocando. Y entonces lo vieron lo que hicieron ese ‘favor’ entonces para el otro día, en la mañana ya… lo mataron.”
Foto: tomada de FB-La Flor Peri Odico
“Fue muy sentida la muerte de Samir. Porque fue un ser un humano en todo su esplendor, un hombre cabal. Luchaba por algo común. Y sí sentimos muy fuerte la pérdida, y más la forma, ¿no?, la indignación. Porque se creyó en ese gobierno que pues no iba a matar, no iba a perseguir y fue el primero de los muertos que hubo, creo…”
Otro compañero remató:
“Uno de sus principios de este mal gobierno dice: no robar, no mentir, y no traicionar. Y fue lo primero que hizo, ahí marcó su sexenio.”
Los compañeros relatan con resentimiento cómo AMLO, en Huejotzingo y durante su campaña presidencial había dicho que era necesario rescatar todo lo que habían dejado lastimado los malos gobiernos. Dijo que había que defender el agua y la tierra. “Dijo: aquí va a haber trabajo, y aquí va a haber agua y tierra. Ya no hay que malgastar y el abono lo voy a regalar cuando entre yo de presidente […] Entonces ¿dónde está? Que lo va a bajar la luz, que lo va a bajar la gasolina, que lo va a bajar el gas… todo eso, ¿dónde está ahorita?”
Otro compañero, confiesa: “Yo sí voté por Morena, así directo te digo. Porque pensé que no había para dónde hacerse. Pero sí fue muy inmaduro sus promesas, habló antes de tiempo, no visualizó la magnitud del poder económico que estaba, o de la élite que gobierna. Entonces sus discursos de campaña, pues ya los conocemos… Pero ya el después, pues ya también lo conocemos: somos radicalistas izquierdistas y de todo.”
El Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra en CIDECI Chiapas
Durante la plática, los entrevistados platicaron sobre la visita que algunos compañeros de su organización hicieron a Chiapas apenas en diciembre de 2019 a los eventos convocados por el EZLN en marco del Combo por la vida, en particular al Foro en Defensa del territorio y la Madre Tierra en el Caracol Jacinto Canek en el CIDECI, San Cristóbal de las Casas.
Foto: tomada de FB-La Flor Peri Odico
Explicaron que lo que ahí vieron fue: “una nueva forma de gobierno, la autonomía de los pueblos… o sea que pues ya tenían que empezar a florecer los pueblos y a articularse.” Contaron que ese no fue el primer acercamiento al zapatismo, sino que ya se habían articulado o acercado desde el 2006, en el proceso de la Otra Campaña. “Empezamos desde el 2006, ya los vimos a los de Chiapas, vinieron y luego hubo la invitación.”
La Otra Campaña sí pasó a Puebla, pero no mero a sus comunidades. “Pasó a Puebla, pero como tal a los pueblos de la región de los volcanes… llegó a una región de la mixteca poblana, estuvo también en la Sierra Norte, y llegó a un pueblo que es cercano a los volcanes que se llama Coronango, ahí pasó la Otra Campaña. Fueron las tres paradas que hizo el ‘Delegado Zero’ en aquél entonces, en Puebla. Yo creo que desde ahí sí fueron los primeros acercamientos, porque varios de nosotras y nosotros estábamos ahí, más jóvenes obviamente, pero estábamos en el proceso y otros más grandes ya en la plenitud de la organización. Pero sí, como dice el compañero, desde el 2006 que se acerca la Otra Campaña es cuando es el primer contacto con los compañeros zapatistas.”
La campaña de Marichuy, vocera del CIG (Conejo Indígena de Gobierno) y su paso por Puebla
Los compañeros nos contaron cómo vivieron ellos el paso de Marichuy por sus pueblos y la campaña de recolección de firmas. Reflexionando, un compañero dijo que como todo, una lucha es un proceso de muchos años, y que la campaña de Marichuy había sido muy importante, pero que todavía faltaba tiempo para cosechar los frutos que esa campaña había sembrado.
Otro compañero dijo:
“Para nosotros fue muy importante que la compañera nos visitara porque, como su palabra nos dijo, no nos va atraer promesas, ni mentiras. Nos va a traer más trabajo, y ese trabajo es la organización. Hace rato lo platicábamos en las mesas de trabajo, una de las grandes enseñanzas en su mensaje y que las compañeras voceras nos compartieron cuando nos hablaron fue ‘mirar más abajo’. Mirar a los pueblos, porque ahí está la fuerza. Como comunidades lo estamos viendo clarito con todo lo que ya comentaron los compañeros: son los pueblos, en realidad, las personas organizadas que defienden su vida y su tierra las que van a permitir hacer la fuerza. No va a ser el Estado, no va a ser la ley, no van a ser personas de fuera: vamos a ser nosotros los pueblos, y siempre organizados.”
Dijeron que para ellos la experiencia fue muy importante. Un compa dijo “Es que la palabra de Marichuy fue un espejo, o sea, nosotros nos veíamos reflejados ahí… en todos los sentidos […] La palabra de la compañera Marichuy nos dio mucha fuerza, nos permitió entender algo que siempre hemos dicho: que no vamos a conocer a las personas, a los compañeros, si no es en el trabajo. Sólo es en trabajo, en la práctica, donde conocemos a los compañeros y ese fue el mensaje que nos llevamos de la palabra de Marichuy.”
Además reflexionaron sobre el trabajo y la gran responsabilidad que quedó después de lo que dijo Marichuy, primero con los pueblos mismos, porque se juega la vida, el trabajo, la salud, la tierra… “la autonomía de los pueblos la que va de por medio en la lucha contra el gran capital. Pero también con los compañeros del CNI y del EZLN. Entonces pues sí fue una gran enseñanza, la verdad.” Contaron de cómo la acompañaron por su recorrido en Tlaxcala y Morelos y también en los Caracoles. También señalaron qué tan importante fue que ahora fuera una mujer la representante y vocera de los pueblos y cómo eso había dado tanta fuerza en las comunidades.
El horizonte es la autonomía.
Para cerrar la entrevista, los compañeros reflexionaron sobre la lucha, el horizonte y su mirada. Hablaron palabras poderosas. Un compañero afirmó:
“En lo personal, no termina nunca. O sea, nosotros nos vamos a morir, y la lucha va a seguir. Pero nuestro horizonte es la autonomía, que todavía no la vemos construida en su totalidad, que vamos paso a paso, poco a poco. Es una semilla apenas, pero nuestro horizonte es la autonomía. Porque es la libertad de los pueblos, el derecho a decidir qué queremos y qué no queremos. Qué queremos dejarle a nuestros hijos.”
Afirmaron que la lucha siempre se da a lado de compañeros, que el camino nunca es solos, que la lucha es de todos los pueblos, que hay que caminar con más gente. Dijeron que lo más bonito y lo más difícil es que la lucha no acaba nunca, que es para siempre.
Foto: tomada de FB- La Flor Peri Odico
Así, en tierras poblanas, en el México de abajo, en uno de esos rincones que luchan en contra del capitalismo, que no están en los caminos trillados de los medios de comunicación de paga ni en la agenda del poder, se siembra una semilla, se cultiva una tradición de lucha y se pone la mirada en el horizonte que se llama autonomía.
El legado de la lucha de Zapata sigue vivo en territorio poblano. Durante las Jornadas “Samir somos todas y todos” en Amilcingo, Morelos, los compañeros del municipio Juan C. Bonilla nos contaron su experiencia de lucha en contra de los proyectos capitalistas que se han intentado imponer en sus tierras durante los últimos 20 años.
El municipio Juan C. Bonilla se encuentra al Centro-Poniente del estado de Puebla, en la región Cholulteca, y está conformado por los pueblos nahuas de Zacatepec, Nextetelco, Ometoxtla y Cuanalá.
La lucha contra la contaminación del río Metlapanapa
La historia reciente de su resistencia se remonta al 2018, cuando a mediados de mayo empresarios del Corredor Industrial Ciudad Textil pretendieron construir un colector de desechos industriales que desemboca en el Río Atoyac. Los compañeros de la comunidad de Santa María Zacatepec detuvieron las obras y exigieron los permisos correspondientes. La respuesta de los encargados de la obra arguyeron que los permisos los tenía el presidente municipal de ese entonces, Filemón Aguilar, que era del PRI. Pero era falso, no tenían permisos. Entonces se realizó un cabildo donde el pueblo decidió que rechazaban el proyecto.
Pero el problema no paró ahí ni con la entrada de la nueva administración: un año después, ya con Joel Lozano Alameda como presidente municipal proveniente de Morena, pretendieron reactivar las obras, nuevamente, sin permisos.
Foto: tomada de FB- La Flor Peri Odico
Los compañeros contaron cómo se volvieron a hacer asambleas, en donde se acordó el rechazo de los proyectos.
“Nosotros pedíamos que nos mostraran el permiso del municipio, permiso de CONAGUA, permiso de SEMARNAT, manifiesto de impacto ambiental y pues nunca los mostraron. Entonces como pueblos decidimos hacer una asamblea pública el 14 de agosto del 2019.”
A esa reunión llegaron representantes de SEMARNAT, de CEAS-Puebla (Comisión Estatal de Agua y Saneamiento), del Aeropuerto Hermanos Serdán, delegados de Gobernación, el presidente municipal, los auxiliares y comisariados ejidales. También estaban los pueblos y organizaciones invitadas por los pueblos: el Centro Fray Julián Garcés por su trabajo para conseguir la recomendación 10-2017 de Derechos Humanos donde se establece que estas empresas se deben hacer responsables de los desechos que han tirado al Río Atoyac. También invitaron a un colectivo de mujeres que se llama “Por un Atoyac con vida”, ya que ellas tienen varios años organizándose porque sus familiares han muerto por cáncer e insuficiencia renal por culpa de la contaminación de este río y sus afluentes (los ríos Xochiac y Xopanac). Además invitaron a expertos en el tema.
Foto: tomada de FB-La Flor Peri Odico
En asamblea, se pusieron sobre la mesa las dos versiones: la del pueblo y la de los empresarios. La del pueblo estuvo sustentada con información técnica y científica; las de los empresarios sin información, sin permisos, sin nada, con ningún respaldo. En esa asamblea el pueblo decidió rechazar el proyecto.
“En esa asamblea pública, nosotros como pueblos decidimos, por usos y costumbres, por el derecho a la libre determinación que tenemos como pueblos originarios y por la asamblea, pues negar el proyecto.”
Las empresas y el gobierno rompieron esos acuerdos e intentaron imponer con uso de la fuerza el proyecto. De esos dos intentos, los compañeros de Juan C. Bonilla narraron lo que sucedió el 30 de octubre, cuando fueron atacados por la Guardia Nacional y policías estatales. Nos dijeron que lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma (dispararon así en horizontal, no al suelo ni al aire, dispararon a dar) y piedras, además jalonearon y empujaron a compañeras. A pesar de su despliegue de fuerza no pudieron imponer su proyecto.
Foto: tomada de FB-La Flor Peri OdicoFoto: tomada de FB-La Flor Peri Odico
La lucha es larga, no empezó hace 2 sino hace 20 años
Pero la lucha no empezó ni hace dos, ni hace diez años. Los compañeros cuentan que la lucha empezó en el 2002, en contra de las múltiples formas en que los proyectos del capital para la región han querido imponer sus formas a costa de los pueblos:
“Es desde el 2002, cuando se llamaba “Transportadora de Gas Zapata” que pasaba por San Lucas Nextetelco. Los compas más grandes se organizaron y dos veces lo replegaron a ese gasoducto.” Años después, ya se impulsó lo mismo como Proyecto Integral Morelos; pero es que -explican- todo está relacionado: el gasoducto, la contaminación del Río Atoyac, la construcción del recolector de desechos industriales… todo es parte de un gran proyecto que quiere imponer el capital en la región.
“Nosotros somos compañeros de la lucha en contra del gasoducto, de hecho el Corredor Industrial es consecuencia del Proyecto Integral Morelos, es que quieren hacer toda esa zona el corredor industrial más grande de toda Latinoamérica. Somos los mismos, digamos que el problema del capital sigue siendo el mismo, pero las problemáticas se van haciendo de diferente nombre pero se van entrelazando.”
En el 2006 quisieron imponer una carretera que iba a ir desde el Aeropuerto de Huejotzingo (Aeropuerto Internacional de Puebla) hasta la autopista siglo XXI. Viendo un mapa, queda claro que ese proyecto de carretera que amenazaba la región desde el 2006, es el mismo que hoy ocasiona los conflicto de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla y de la autopista Siglo XXI y que se enlazan con el desarrollo del Proyecto Integral Morelos.
Años después, en 2009, quisieron bajar una línea de alta tensión, con sus torres y todo, desde Cholula hasta la Ciudad Textil: dicha ruta atraviesa tierras de los pueblos. Otra vez se organizaron los pueblos y otra vez lo impidieron.
Los compañeros de Juan C. Bonilla explicaron cómo todo el proceso está conectado. Es decir, de la misma manera que su resistencia durante estos 20 años está enlazada por una línea de tensión, lo está el proyecto del capitalismo para la zona:
“Si nos damos cuenta, ha sido sistemático. Si nos vamos por años, 2006 es el intento de la carretera desde el aeropuerto a Siglo XXI; luego 3 años después lo de la línea de alta tensión; luego lo del gasoducto en 2012 y ahora esto del drenaje, de la ciudad industrial, bueno de la ciudad textil. La idea del mal gobierno y de los empresarios, era de que esa zona la quieren convertir en la zona industrial o el parque industrial más grande de Latinoamérica. Se está proyectando… ahorita ya hay 80 empresas asentadas, pero se está proyectando que haya más de 500. Entonces el gasoducto para ellos es fundamental porque van a conectar ramales a toda esa zona industrial, va a rodear el volcán, que es zona sísmica, zona volcánica y todo el peligro que eso representa.”
Foto: tomada de FB-La Flor Peri Odico
Los compañeros de Juan C. Bonilla explican su lucha, a través de 20 años y distintas generaciones, como una lucha en contra de un proyecto transexenal del capitalismo: no importa qué partido administre, la lógica detrás de los proyectos en la zona siempre es la misma. El capitalismo quiere sacarle dinero, quiere convertir la tierra en un territorio del gran capital. La tarea de los pueblos es clara frente a eso: nunca dejar de luchar.
Esta nota continua en una segunda parte, donde los compañeros de Juan C. Bonilla explican su horizonte de lucha…
Habitantes de 6 colonias de Pátzcuaro reportan falta de agua
Foto: Tomada de patzcuaronoticias.com
Pobladores de varias colonias de Pátzcuaro reportan la falta de agua en plena contingencia por el coronavirus COVID-19. Hasta el momento, son vecinos de por lo menos 6 colonias de Pátzcuaro los que exigen a las autoridades una solución inmediata al tratarse de un elemento indispensable para evitar el contagio del COVID-19.
A través de redes sociales, ciudadanos han manifestado su inconformidad por el mal servicio prestado por OOAPAS Pátzcuaro. El malestar en los habitantes se ha incrementado por la contingencia de salud que atravesamos en estos momentos.
Algunos vecinos de colonias de Pátzcuaro reclaman la falta de agua es desde hace meses FOTO: Jeronimo Moreno / CUARTOSCURO. Tomada de patzcuaronoticias.com
Desde hace meses no hay agua
De acuerdo a los reportes, las colonias en las que reportan la falta de agua son:
El Cristo
Jamuquen
Fraccionamiento la Concepción
El Saucillo
Puente de Ajuno
La Eréndira
Señalan que en las mencionadas colonias falla mucho el suministro o hay nula presión del vital líquido. Incluso, algunos vecinos reclaman que la falta de agua es desde hace meses.
Es bien sabido que las finanzas de OOAPAS no son sanas, es decir, hay un rezago importante en el pago de este servicio por parte de la ciudadanía. Sin embargo, hay otros casos en los que ciudadanos sí pagan el servicio pero no reciben agua en sus hogares.
Actualmente, una de las principales recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud para evitar los contagios del Covid-19, es lavarse constantemente las manos. Por lo anterior, el suministro se vuelve indispensable para los ciudadanos en estos tiempos de contingencia.
Patricia Mayorga/Revista Proceso
Foto: Eduardo Miranda
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– De los 16 decesos por covid-19 reportados en el estado de Chihuahua, 14 corresponden a Ciudad Juárez y de, de ellos, ocho trabajaban en una empresa maquiladora, sector que no dejó de trabajar cuando los gobiernos estatal y federal decretaron la cuarentena para evitar el incremento de contagios del coronavirus.
Chihuahua reportó este sábado cinco fallecimientos más por covid-19 ocurridos en las últimas horas, de acuerdo con el director médico Zona Norte de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela Zorrilla.
En el informe diario, el jefe de prestaciones médicas de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Humberto Campos Favela, confirmó las muertes de trabajadores de la maquiladora, ya que esos decesos ocurrieron en esta institución.
Informó que la institución ha detectado 13 pacientes con coronavirus entre trabajadores de las plantas maquiladoras.
“Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos identificados hospitalizados 13 pacientes, de esos 13 pacientes han fallecido 11 y tenemos la confirmación para covid-19 en ocho pacientes y estamos en espera de tres resultados”.
El galeno agregó que están tratando de ubicar a los otros trabajadores con quienes convivieron las personas contagiadas, para conocer su estado de salud, y están monitoreando a los familiares.
Se supo por empleados
Ni las autoridades ni los empresarios dieron a conocer primero los contagios de covid-19 en las plantas maquiladoras.
En un comunicado difundido esta semana, los empleados de una de las plantas maquiladoras, titulado “Muerte de 6 obreros de maquiladora por covid-19, desata pánico en Juárez”, dieron a conocer las muertes esta misma semana.
Además de las víctimas mortales que pertenecían a distintas áreas de la empresa, otras seis se encuentran internadas en el hospital número 66 del IMSS, y otros contagiados son pacientes ambulatorios.
“La zozobra tiene ya tintas de franca angustia, porque dicen que, de aquí en adelante, sólo ruegan que no les toque morir a ellos en este juego de la ruleta rusa en el que ya se encuentran expuestos a la fatalidad”, dicen los empleados en el correo.
Recordaron que trabajadores de otra planta ya se habían amotinado para exigir el paro indefinido hasta que la empresa se comprometiera a cumplir con la disposición del gobierno federal.
“Ellos no quieren seguir amontonados, exponiéndose al contagio como hasta ahora”, dice el relato de los trabajadores.
Explican que hubo temor por los directivos de las plantas de una rebelión por los trabajadores, pero la medida fue sólo cambiarlos por separado a distintas áreas, que resultó contraproducente porque quedaron amontonados en otra nave.
“En recursos humanos los amenazaron con que, si se querían ir a descansar a su casa, ‘va a ser sin goce de sueldo’. Encararon a la directora de recursos humanos y confrontaron a uno de los supervisores, ante la presencia de más de cien compañeros que no dejaban de pedir solución a gritos. ‘¡A la casa, a la casa, a la casa! La consigna fue generalizando”.
Sobre la demanda de los trabajadores de la primera empresa, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal dio a conocer a Apro que la maquiladora Lear Corporation, planta Río Bravo, suspendió labores el 1 de abril de 2020.
“Por lo que hace a la información de los decesos y posibles contagios, la autoridad que podría corroborar dichos datos es el IMSS, que es la que los atiende y, en su caso, reporta los fallecimientos y las causas de sus asegurados”, respondió el área de comunicación social de la empresa.
Suman 16 decesos en Chihuahua
Valenzuela Zorrilla informó que, de los 16 decesos en la entidad, 14 son en Ciudad Juárez, uno en la ciudad de Chihuahua y otro más en Cuauhtémoc. El 69 por ciento de los fallecidos son hombres.
Hasta el último corte, se registran en la entidad 61 casos confirmados: 41 de Ciudad Juárez, 12 de la ciudad de Chihuahua, dos de Bachiniva, dos de Namiquipa, uno de Cuauhtémoc, uno de Ojinaga, uno de Meoqui y uno más de Julimes.
De los casos positivos, 23 los pacientes se encuentran hospitalizados y, de ellos, ocho se encuentran estables, 13 en condición grave y dos en condición grave intubado. Asimismo, ocho de los confirmados mantienen un
tratamiento ambulatorio y 12 recibieron el alta sanitaria.
Hasta ahora, de los casos estudiados han resultado negativos 182 y 109 están en calidad de sospechosos.
Respecto de los pacientes que murieron, cuatro tenían entre 25 y 44 años y 11 entre 45 y 60. El 37 por ciento presentaba problemas de diabetes como comorbilidad, 18 por ciento con hipertensión y otro 18 por ciento tenía obesidad.
“Es decir que tres cuartas partes de los fallecimientos tiene que ver con problemas de tipo metabólico”, dijo Arturo Valenzuela.
Saludable, bebé de mujer que murió por covid-19
El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS informó además que, después de permanecer hospitalizada durante 13 días, la mujer que se contagió de covid-19 estando embarazada, presentó problemas respiratorios, por la que le practicaron la prueba con resultados positivos.
La mujer tenía 25 años de edad, su bebé nació el 27 de marzo por cesárea, que se complicó por un cuadro de preclampsia (presión alta al momento del parto) y murió el 8 de abril en la Unidad 66 del IMSS en Ciudad Juárez. El niño pesó 4 kilos 400 gramos.
Durante la conferencia, Campos Favela aseveró que el bebé contará con los programas prioritarios de la institución, como la atención a recién nacidos y se le dará seguimiento en la Unidad de Medicina Familiar a la que está adscrito el papá
“Ahí se dará seguimiento a la curva de crecimiento, al estado nutricional y, sobre todo durante esta fase de contingencia que estamos viviendo, a identificar datos de alarma de problemas respiratorios y de ser necesario, para canalizarlo a unidades de segundo nivel, a hospitales”, explicó.
Por ahora vigilan la evolución del bebé y los síntomas de alarma que pudiera presentar para tomarle una muestra inmediatamente.
“Hasta el momento no es necesario aplicarla porque no tiene definición operacional”.
RIOVERDE, SLP., 10 de abril de 2020.- En medio de la contingencia por Covid 19, se registra una agresión más a trabajadores de la salud, esta vez en un Centro de Salud de la comunidad El Jabalí de este municipio donde un grupo de jóvenes gritaron consignas a las enfermeras y huyeron del sitio sin ser identificados.
El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal y Estatal este jueves por la tarde, quienes recorrieron la zona en busca del auto descrito, pero no fue localizado.
De acuerdo a la versión de José Ramírez, jefe de seguridad del parque estatal la Media Luna y de un paramédico que se encuentra asignado al Centro de Salud de El Jabalí para atender traslados de pacientes con síntomas de Covid 19, el grupo de jóvenes que agredieron verbalmente al personal de salud viajaba a bordo de un vehículo tipo Jeep blanco.
“Necesitamos alertar sobre este tipo de situaciones a otros Centros de Salud y las autoridades para que este pendientes y evitar que se presenten”, dijo el también conductor de ambulancia. Los tipos gritaron “maldita infectada” al ver en el exterior a una enfermera de las tres que laboran ahí.
Jacqueline Ponce León/Conexión Migrante
10 abril 2020
El Instituto Nacional de Migración está trasladando migrantes de las estaciones migratorias a ciudades fronterizas del sur y los abandona a su suerte.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió que los derechos fundamentales de los migrantes varados en la frontera son violentados. Además, están expuestos a diferentes riesgos sanitarios como el Covid-19.
Según declaraciones de Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del organismo nacional en Reynosa; en los centros migratorios de Tamaulipas hay al menos 300 migrantes centroamericanos hacinados cara a cara. Esto representa un riesgo de salud.
“Uno de los temas principales es la atención de migrantes cuyas quejas se han incrementado porque en los centros migratorios donde están falta atención. La saturación crea hacinamiento y eso aumenta los riesgos”, dijo Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del organismo nacional en Reynosa.
La CNDH solamente tiene contacto con migrantes localizables. En otras palabras, los que permanecen en los centros migratorios, albergues o campamentos independientes como el de Matamoros, Tamaulipas.
Es casi imposible atender a los migrantes que se encuentran dispersos en la frontera de Tamaulipas.
“Es complicado atenderlos porque si no hay una violación a los derechos humanos, es en los centros migratorios, en los albergues que les dan asilo o que ellos anden aquí por el Estado, pues es imposible atenderlos”.
Los migrantes varados en Tamaulipas son alrededor de 13 mil migrantes, según cifras de Noticias de Tamaulipas.
A través de redes sociales, organizaciones y activistas han reprochado al Instituto Nacional de Migración por dejar a los migrantes en la frontera sur y abandonarlos a su suerte.
Claudia Rodríguez Loera/La Jornada Aguascalientes
10 abril 2020
Recurrente que sindicatos blancos negocien a espaldas de los obreros
La autoridad debería monitorear convenios laborales a partir de pandemia
Trabajadores de las maquilas textiles de Aguascalientes se retiran a la cuarentena con salarios reducidos e incertidumbre sobre la conservación de su fuente de trabajo, señaló la integrante de Colectivo Raíz, Sara Montes Ramírez.
Si bien para algunos trabajadores del sector textil resulta un aliciente ir a confinarse a sus domicilios con la mitad de su salario y la seguridad de que, una vez que termine la cuarentena, podrán regresar a sus puestos de trabajo, otros no tienen esa certeza.
Destacó que la preocupación mayor para el colectivo es respecto a las condiciones en las que regresarán las trabajadoras, situación que es necesario que la autoridad laboral debería estar monitoreando, pues es una acción recurrente de los sindicatos blancos el negociar con las empresas a espaldas de los obreros y al no ser transparentes pueden perjudicar la certeza de que cuentan con su puesto de trabajo: “No sabemos cómo va a resolverse, necesitamos que la información llegue de forma confiable a los trabajadores respecto a cómo se están resolviendo los convenios legales para esta contingencia, porque además los juzgados laborales no están activos”.
Aseveró que el Colectivo ya recibió varias denuncias que demandan que las empresas no pagan el salario íntegro, en su mayoría solo recibirán la mitad de que lo que generalmente percibían antes de que dejaron de acudir a sus centros de trabajo.
La representante del colectivo a favor de los derechos laborales, en especial de las trabajadoras de la industria textil, reconoció desconocer el número de maquilas instaladas en el estado, al señalar que la desaparecida Cámara Nacional de la Industria Textil local (Canaitex) es la que debería llevar un seguimiento oportuno, dado que la labor de la organización es informativa y de vinculación: “Hemos recibido denuncias particulares en algunas empresas, pero esas empresas están alertas pues les pueden implicar problemas de tipo legal, entonces las compañeras están haciendo negociaciones que les permitan al menos pasar la emergencia sanitaria más dignamente”.
Expuso que sin duda las medidas que toman las empresas contrastan con las indicaciones del Gobierno Federal, pues los salarios deberían entregarse de manera íntegra o el que se define a través de las negociaciones con los trabajadores que habrán de pagará hasta el 30 de abril, pero reiteró que las decisiones se toman sin su participación: “Por el momento, de las denuncias que estamos en este momento atendiendo, las trabajadoras sí tienen asegurada la atención ante el Seguro Social, pues inclusive hay compañeras con problemas de asma que fueron las primeras que enviaron a descansar”.
CHETUMAL, MX.- Al confirmar que en el Hospital General se “maquillan” cifras al calificar de neumonías atípicas los posibles casos de COVID-19, personal de enfermería confirmó la situación que prevalece al interior del nosocomio al estar expuestos al contagio por la falta de un área aislada y de equipo e insumos para atender a los pacientes.
Por tercera ocasión en dos semanas, los trabajadores se manifestaron para denunciar que hasta el momento no han recibido el equipo de protección comprometido por el director Arturo Arcos Aponte y la secretaría de Salud y únicamente les han entregado un cubrebocas y material que no reúne las especificaciones por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender esta pandemia.
María Isabel Pérez Crisanto denunció que los derechos laborales del personal son violentados al ser obligados a permanecer en el hospital a pesar de encontrarse dentro del grupo vulnerable y que debe permanecer en sus casas por decreto presidencial y ser rotados por todo el hospital. Incluso, dijo que están siendo amenazados para trabajar en áreas posiblemente contaminadas.
Están poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias y ya estamos cansados porque nos mandan a la guerra sin fusil, afirmó.
Dijo que como trabajador del sector salud tienen obligaciones, “pero también derecho a que la Secretaría nos proporcione el equipo y uniforme necesario, ya que no tenemos cubrebocas N95 y solo nos han dado uno cuya durabilidad es de media hora o quizá tres”.
Reiteró que la Secretaría, la dirección del nosocomio y el síndico no respeta el decreto presidencial de que las personas con enfermedades crónico degenerativas deben estar en sus casas
“Somos trabajadores responsables y no nos negamos a trabajar, pero exigimos que nos entreguen el equipo y uniforme para garantizar nuestra salud y de nuestras familias”, subrayó.
Pérez Crisanto confirmó que hay casos que se manejan como neumonía atípica y se manejan en áreas que no se encuentran aisladas “y el riesgo es demasiado alto para todo el personal”.
A lo mejor lo están manejando así para no alarmar a la población pero la verdad nos estamos viendo muy afectados y llegará el momento que nos neguemos a trabajar si no nos entregar el material y uniforme necesario, explicó.
A nombre de sus compañeros, confirmó que hasta el momento la Secretaría no ha entregado el equipo comprometido desde hace dos semanas para atender a pacientes con COVID-19, y “desde que ponemos un pie en el hospital el riego es para morir porque no tenemos como protegernos”.
Los trabajadores inconformes han enviado una carta al gobernador del Estado Carlos Joaquín González y a la comisión de Derechos Humanos para darles a conocer la situación al interior del Hospital General
Del 1 de diciembre de 2016 al 10 de abril de 2020 registran 419 casos de mujeres asesinadas.
*Se contabilizan dos feminicidios infantiles: GESMujer
Pedro MATÍAS
OAXACA. (pagina3.mx).- Con la ejecución de cuatro mujeres en las últimas 24 horas, suman 419 casos de mujeres asesinadas en el gobierno de Alejandro Murat, informó GESMujer.
El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) expuso que solo del 1 enero al 10 de abril del 2020 documentaron 36 mujeres asesinadas.
Entre ellas, el caso de dos feminicidios infantiles; el de una niña de un año y ocho meses en Zaachila.
Otro, el de una niña de escasos seis meses, quienes además fueron abusadas sexualmente y asesinadas.
Según el seguimiento hemerográfico de GESMujer, del 1 de diciembre de 2016 al 10 de abril de 2020 registran 419 casos de mujeres asesinadas.
Feminicidios por regiones
De los 419 casos de mujeres asesinadas:
Istmo con 90 crímenes (21%) ocupa el primer lugar,
Valles Centrales con 86 (21%)
Costa 68 (16%)
Papaloapan con 66 (16%)
Mixteca con 51 (12%)
Sierra Sur con 30 (7%)
Sierra Norte con 17 (4%)
Cañada con 11 (3%)
Detalló que desde que se declaró la Alerta de Género en Oaxaca se han cometido 204 asesinatos más de mujeres.
Asesinatos de mujeres por sexenios
José Murat Casab, se cometieron 429 asesinatos de mujeres.
Ulises Ruiz Ortiz bajó a 283.
Gabino Cué, la cifra se disparó a 527.
Alejandro Murat ya suman 419 en sus tres años de gobierno.
Sandy E. Ramírez Gutiérrez, Josué G. Veiga / Imagen Salvaselva.org / América Latina en Movimiento
El Tren Maya (TM) es uno de los proyectos de infraestructura emblemáticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo en 2018. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 reconoce al TM como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo. Adentrarnos detenidamente en su estudio nos da elementos para señalar algunas de las contradicciones y continuidades de la llamada Cuarta Transformación con respecto al “viejo” régimen neoliberal del cual se busca diferenciar.
El proyecto está siendo impulsado por una narrativa de revivir la promesa del progreso jamás cumplido en la región sur-sureste del país. Se asume que existe un problema de “atraso” en la región y que su única salida es la construcción de grandes obras de infraestructura que conecten sus riquezas con los flujos comerciales del mercado mundial. Así, se ha anunciado al TM “como una oportunidad de abatir la pobreza y generar desarrollo regional y sustentabilidad” en base a una “nueva visión de turismo sustentable, enfocado a un desarrollo sostenible, integral, cultural y social, teniendo en el centro del proyecto a las personas”.
Con esto, lo que se evade es el cuestionamiento de fondo sobre el hecho de que muchas de las problemáticas que se viven en la región no se deben a la “falta” o al “poco desarrollo” existente, sino más bien al modelo de “desarrollo” que ha sido implementando desde hace más de 500 años: un modelo extremadamente polarizado de concentración de riquezas, extracción y explotación de recursos destinados al exterior, con una fuerte exclusión social, acoso y saqueo de los territorios y rechazo de las formas de vida. Lo que habría que criticar no es la falta de desarrollo sino la lógica de éste.
Habría que aclarar algunos puntos…
En primer lugar, no es solo un tren
El proyecto del TM implica la imposición de un amplio complejo de ordenamiento territorial de todo lo existente en la región: re-localización de los asentamientos en torno a las necesidades de los nuevos centros urbanos, ampliación de las plantas industriales, explotación de las reservas de agua y otras riquezas naturales, expansión de las zonas turísticas y otras atracciones disneylandizadas al servicio del mercado mundial.
La gran infraestructura proyectada supuestamente facilitará la movilidad de cargamento (petróleo, minerales, ensambles) a lo largo de toda la península y en conexión interoceánica y vía terrestre hacia el centro-norte del país. Abrirá rutas y enclaves comerciales que profundizarán la conexión con el principal socio comercial, Estados Unidos, y con la región asiática. Su efecto de arrastre podrá desencadenar en la expansión económica de otros sectores que han adquirido mayor relevancia en los últimos años: turismo, industria inmobiliaria, agroindustria y energía.
En el mediano y largo plazo, la viabilidad económica provendrá de los ingresos del transporte de carga. Actualmente, el tránsito de carga en la región se realiza mediante vehículos de autotransporte; con la nueva infraestructura se espera que gran parte de la carga migre al ferrocarril por ventajas competitivas en los trayectos de largas distancias. Se estima que la demanda inicial parta de 2.4 millones de toneladas por año y logre alcanzar los 10 millones de toneladas, con las consecuencias que eso tendrá en el ambiente.
Durante decenios, en Campeche, Tabasco, Yucatán y Chiapas se configuró una estructura productiva basada en la extracción de petróleo, maderas preciosas, café y fibras naturales. Más recientemente, la superficie agrícola de la península yucateca fue destinada a otros productos como palma africana, soya y carne de cerdo, actividades que requieren enormes superficies de terreno libre y consumen una gran cantidad de agua.
Por ejemplo, entre las empresas que presumiblemente serán beneficiarias del tren, el tercer ingenio azucarero del país, San Rafael de Pucté, se localiza en Yucatán. Con una capacidad de molienda mayor a dos millones de toneladas de caña de azúcar en un periodo de zafra, este ingenio puede consumir casi 40 mil metros cúbicos de agua al día. Flores y Deniau señalan que este ingenio tiene la concesión sobre 6 pozos de agua subterránea cuya capacidad equivale a 57% del total del volumen concesionado para uso industrial en Umán, municipio donde se encuentra. Del mismo modo, en Campeche, Chiapas y Yucatán se ha fomentado el cultivo de palma en gran escala con un enorme consumo de agua. En Campeche, tres empresas consumen alrededor de 14.5 millones de metros cúbicos de agua: Palma Real, Consorcio Agrícola de Oleicos y Frutoka (Flores, Deniau y Prieto, 2019). Además, se ha detectado la presencia de empresas como Agroimsa, Oleopalma, Propalma, Aceitera chiapaneca la palma y Procesadora de aceite de palma en Chiapas y Aceitera del Golfo e Industria Patrona en Yucatán. Entre las empresas porcícolas, resalta Kekén, el mayor productor de carne de cerdo del país y el principal exportador a Japón y Corea del Sur.
El complejo turístico también implica una fuerte presión sobre las riquezas naturales y culturales de la península yucateca. En lo referente al turismo en la península, está concentrado en cadenas hoteleras de capitales de origen español (Grupos RIU, Barceló, Meliá, Iberostar, Oasis, H10 y Princess), estadounidense (Grupos Royal Resorts, Hyatt y Hilton Resort) y algunas firmas nacionales como Grupo Posadas, Palace Holding, AM Resorts y Grupo Xcaret. En el desarrollo habitacional “solo diez empresas [nacionales] concentran el 34% del negocio inmobiliario” (Flores, Deniau y Prieto, 2019: 22) donde destacan el Grupo Sadasi, CORPOVAEL, Grupo Vivo, Casas ARA, Cocoma, Inmobiliaria VINTE, Conjunto Parnelli, Grupo BMV (Casas Javer), Empresa ICA e Industrias Curator.
Al mismo tiempo podrían abrirse nuevos mercados e industrias para aprovechar las condiciones naturales de la región (petróleo, inmensa biodiversidad, etc.) y los bajos costos del nuevo transporte, así como la mano de obra barata. Finalmente, no debe perderse de vista que la península de Yucatán pertenece a la región denominada “Gran Caribe” caracterizándose por las interconexiones con el mercado mundial (mediante diferentes vías de comunicación, corredores multimodales y conexiones interoceánicas) (Ceceña, 2019). El tren es solo el pretexto, es la punta de lanza, que abrirá camino a nuevos negocios que antes estaban limitados o que se veían en impedimentos por el artículo 27° sobre la propiedad de la tierra ejidal.
En segundo lugar, no es social ni ecológicamente sustentable
La implementación del proyecto conlleva una profunda reestructuración, relocalización y rearticulación de los socio-ecosistemas determinados por las múltiples interacciones entre los elementos y dimensiones que conforman las prácticas culturales materiales y los procesos geofísicos del territorio. La Península de Yucatán forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano que pertenece a la denominada Amazonia mesoamericana, cuya contribución al clima del hemisferio norte es fundamental. La construcción pone en riesgo el hábitat de una zona megadiversa: tan solo la ruta del tren atravesará por 15 Áreas Naturales Protegidas destacando la Reserva de la Biosfera de Calakmul (Campeche), reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y segunda reserva más grande del continente americano, sólo después de la Amazonia brasileña.
La operación del tren generará mayor presión sobre la naturaleza debido a la urbanización y a su uso como contenedor de mayores desechos y contaminación. Uno de los temas más delicados es la alteración del ecosistema de la península como regulador del clima (local, regional e incluso global).
Hacer que un proyecto con estas especificaciones sea económicamente rentable mediante los ingresos del turismo, implica que sea un turismo de masas para alcanzar a cubrir los enormes costos del TM. El estudio costo beneficio elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020) calcula que 42% de los beneficios del desarrollo del TM serán por derrama turística. Esto significa que se pretende que aumente la demanda de transporte (hasta 100,100 pasajeros al día) y que se incrementen los complejos turísticos disponibles para el turismo nacional y extranjero. Aunque Quintana Roo ya tiene la mayor infraestructura hotelera, se plantea que siga aumentando y llevar ese modelo a ciudades como Mérida en Yucatán. El desarrollo “incluyente” que impulsa el TM se orienta al trabajo asalariado precario de las maquiladoras, manufacturas y al turismo de masas. Un turismo caracterizado por transformaciones drásticas de los paisajes, el avance de una urbanización desordenada, contaminación y depredación sin contemplaciones de ecosistemas y regiones muy amplias. Además, se prevé un aumento exponencial de la violencia directa y estructural junto con un incremento en la concentración de riqueza y desigualdad social.
En tercer lugar, no es maya, es un proyecto neoliberal
El TM despoja y se apropia de significados e imaginarios colectivos de la cultura maya para trastocarlos y venderlos como marca de un proyecto nacionalista. Homogeneiza a todos los pueblos y con ello oculta el caleidoscopio de diversidades culturales y naturales que cohabitan la península. Además, las intenciones de abrir el sureste mexicano mediante grandes obras de infraestructura no es producto de la genialidad del actual gobierno. El TM sintetiza la renovación de viejos programas de ordenamiento territorial de gobiernos anteriores. La mayoría de ellos fracasaron o se llevaron a cabo parcialmente, pero la visión de “integrar” o abrir la región sur-sureste al mercado mundial ha sido un deseo constante. Los riesgos del TM son muy altos. El TM presenta varios rasgos de continuidad con una visión de mundo, de negocios y de intereses completamente neoliberales: una baja presencia del Estado en la inversión, aumento de la privatización incentivando la participación de grandes empresas locales y extranjeras un profundo impulso de expropiación nunca antes visto en el sur-sureste (de derechos, de territorios, de saberes), ruptura de lazos sociales, identidades culturales y prácticas económicas. El riesgo que se corre es demasiado alto y se debe reflexionar si lo que se desea es fortalecer el derecho de la libre autogestión para que las comunidades locales decidan las rutas y los caminos de su propio porvenir o bien imponer, desde una visión paternalista de Estado, un proyecto externo a las necesidades de las comunidades locales que además redistribuirá las riquezas de la región para fortalecer la concentración de los grandes intereses privados.
Reflexiones finales
El proyecto del TM está diseñado para transportar personas (turistas y pasajeros locales) y cargamento (energéticos, comestibles, construcción y otros); pero también moverá intereses de muy diversa índole: políticos, económicos, financieros y geopolíticos. Su construcción implicará un reordenamiento territorial en función de las necesidades del mercado mundial, el fortalecimiento de crecientes intereses económicos locales y la llegada de capitales foráneos. Se facilitará la conexión, la extracción y explotación de recursos para otros, mientras las necesidades locales quedarán subordinadas y relegadas a un segundo plano. Lejos de promover un crecimiento económico menos desigual –sin contar todas las afectaciones ambientales, culturales, arqueológicas que el proyecto conlleva– el proyecto del TM profundizará las asimetrías económicas y el patrón de polarización de exclusión y concentración entre grandes empresas (agroindustria, extracción de petróleo o minerales y complejos turísticos) poniendo en riesgo la diversidad cultural y ecológica de la región.
El TM no es sólo una obra de gran infraestructura, es la materialización y territorialización de una visión de mundo y un modo de vida impulsado por los intereses que lo componen. En pocas palabras, el Tren Maya ni es maya, ni es solo un tren, ni es social ni ecológicamente sustentable, es la continuación por otros medios, del proyecto neoliberal del mercado mundial.
Sandy E. Ramírez Gutiérrez es doctorante del Posgrado de Estudios Latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) y del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales, en el IIEc, UNAM. sanerag@gmail.com
Josué G. Veiga es maestrante del Posgrado de Estudios Latinoamericanos e integrante de OLAG y del Laboratorio de Estudios de Empresas Transnacionales, en el IIEc, UNAM. josuegave@hotmail.com
Referencias
Ceceña, A. (2019), “Megaproyectos para el mercado mundial”, Avances de investigación. Tren Maya, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, IIEc-UNAM, México, http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2019-12/OLAG-2019-TrenMaya-Avancesdeinvestigacio%CC%81n.pdf
Flores, A., Deniau, Y., Prieto, S. (2019), El Tren Maya. Un nuevo proyecto de articulación territorial en la Península de Yucatán, GeoComunes, http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf
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En medio de la contingencia sanitaria que impide salir a las calles a manifestarse, el nombre de Anapaola se replicó por decenas en carteles colocados, desde el aislamiento y distanciamiento social, en ventanas, rejas y puertas de las casas sonorenses.
Este fin de semana, no hubo calles repletas de personas protestando en memoria de la niña de 13 años que fue víctima de feminicidio en Nogales, Sonora, la tarde del jueves 2 de abril.
La agrupación feminista Pan y Rosas fue quien invitó a través de las redes sociales: “Debido a las medidas de resguardo para prevenir el contagio de COVID-19, se nos imposibilita manifestarnos de una manera que pueda exponer nuestra salud y la de los demás.
Convocamos a manifestarnos a través de un mensaje colocado en nuestras puertas, ventanas, cercos, vidrios de nuestro carro y cualquier parte visible”, escribió.
Un día antes, también amanecieron varias mantas moradas en lugares como puentes peatonales, el Ayuntamiento y oficinas del Poder Judicial en Nogales.
Para este martes 7 de abril, se convocó al evento “Luz para Anapaola”, donde, en una acción colectiva, se encenderá una vela desde casa, en ventanas, patios o jardines.
De manera injusta, la escuela privada pretende recortarle entre 600 y mil 500 pesos a las y los maestros, a pesar de que sí cumplieron con dar clases a través de internet en esta contingencia.
La Universidad intenta excusarse con la solicitud del gobernador Vila Dosal, planteada ayer, pero en realidad ya había cobrado las colegiaturas en los primeros días de marzo.
Herbeth Escalante /Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 10 de abril de 2020.- Directivos de la Universidad del Sur avisaron a sus maestras y maestros que no les pagarán sus honorarios completos en la actual contingencia sanitaria. Argumentando que no todas las y los estudiantes cumplieron con sus colegiaturas, les pretenden descontar entre 600 y mil 500 pesos, situación que ha generando inconformidad en el personal docente.
De hecho, la mencionada escuela privada se está excusando del anuncio hecho ayer por el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien pidió a las instituciones educativas que apliquen descuentos, exenciones o condonaciones de las cuotas de inscripción, colegiaturas o cuotas generales durante los meses de contingencia en los que no hay clases presenciales.
Lo irónico del asunto es que la solicitud del mandatario se hizo en abril y la Universidad del Sur pretende descontarles a los docentes los honorarios de marzo, cuando en realidad la colegiatura de ese mes ya se la cobraron al alumnado.
Las y los maestros afectados precisaron que la Universidad del Sur les paga a través de recibos de honorarios y que ayer les pidieron un ajuste a la cantidad que recibirían, por lo que los recortes irían de los 600 a los mil 500 pesos.
Los directivos señalaron que ello forma parte de una estrategia para revertir las afectaciones económicas por el Covid-19, por lo que determinaron aleatoriamente no pagar los honorarios del 20, 23 y 24 de marzo, días en los que la plataforma denominada “Academy Unisur”, creada e implementada por la propia universidad para dar clases, se cayó, es decir, no operó correctamente.
Ante tales irregularidades, las y los profesores recordaron que desde el día en el que se suspendieron las clases en Yucatán, implementaron el uso de distintas plataformas digitales y correos electrónicos tanto para impartir las clases del mes de marzo por videoconferencia, como para recibir las tareas asignadas a los alumnos a fin de no afectar su aprendizaje, designando incluso, mucho más tiempo para el cumplimiento de tal fin. De lo anterior, existe la evidencia que fue enviada a los coordinadores de cada área, o bien a la prefectura, respectivamente.
Por lo consiguiente, recalcaron que la universidad estaría cometiendo una ilegalidad, pues en ningún momento se pactó o convino con las y los docentes reducción alguna a los honorarios que se generaron por las clases efectivamente impartidas.
“Los honorarios generados durante el mes de marzo, corresponden a las colegiaturas pagadas por los alumnos durante los primeros días de dicho mes, por lo que, en todo caso, la afectación que resienta la Universidad, debe ser durante el mes de abril, a pesar de que a los alumnos se les sigue cobrando la colegiatura sin ningún descuento”, precisaron.
De igual forma, recalcaron que el oficio signado por el gobernador fue girado en fecha reciente, después de que las y los maestros ya habían facturado los servicios prestados durante marzo, por lo que, incluso, si se tratara de un Decreto dotado de obligatoriedad, no podría aplicarse en forma retroactiva en perjuicio de ningún docente.
Declararon que están en toda la disposición de llegar a un acuerdo razonable con la universidad respecto de los honorarios que se generen durante el mes de abril debido a la actual contingencia sanitaria, pero exigieron que sean pagado íntegramente sus sueldos de marzo.
Advirtieron que en caso de no recibir el pago de los honorarios completos, no continuarán dando clase a través de ninguna de las vías planteadas por la Universidad del Sur.
(Fotografía de Manuel Larena de El Quincenal de las Californias)
Gabriel Graniel Herrera / Foto: Notimex / La Jornada Maya
Ciudad del Carmen, Campeche
Sábado 10 de abril, 2020
Por presentar cuadro febriles y síntomas de COVID-19, cuatro trabajadores petroleros fueron trasladados a tierra, de la plataforma Abkatún Alfa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche; mientras que obreros a bordo, vía telefónica reportan más de 21 compañeros con sintomatología similar, entre ellos el médico de la instalación.
Un reporte médico del personal de la plataforma Abkatún Alfa señala que los trabajadores que fueron trasladados a tierra responden a las iniciales de R.T.H., G.T.S., J.A.P., e I.G.R.H., los cuales viajaron por vía aérea, en medio de un fuerte protocolo de seguridad e higiene, para ser trasladados al Hospital Regional de Pemex, en donde fueron ingresados a la zona de aislamiento, ubicado en carpas climatizadas en la parte posterior de este nosocomio.
Habrían 21 sospechosos más
Un reporte electrónico del personal médico a bordo del Centro de Proceso Abkatún Alfa, informa que de la misma manera, se han presentado al menos 21 casos con síntomas febriles en los últimos días, entre personal de Pemex.
Uno de los casos con cuadros febriles en esta instalación marítima de Pemex, es el médico de la misma, por lo que se sugiere a la petrolera nacional, su reemplazo inmediato.
En tanto que vía telefónica, los petroleros en la plataforma Abtakún Alfa, dieron a conocer su preocupación ya aseguran, que puede ser de 40 los casos de obreros infectados, por el contacto con quienes hoy fueron enviados a tierra como casos sospechosos.
Aseguran que uno de los trabajadores que fue trasladado a tierra, había dado positivo en la prueba de COVID-19, sin presentar síntomas, por lo que estuvo laborando 12 días entre ellos.
Hasta el momento, Pemex no ha emitido comunicado alguno sobre los trabajadores que fueron trasladados a tierra con síntomas de COVID-19.
Cabe destacar, que el Centro de Proceso Abkatún Alfa, se encuentra ubicado a 79 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen, siendo uno de los más importantes campos de producción de Pemex, con más de 439 mil barriles de crudo al día, proveniente de los campos Ixtal, Manik y Onel.
CHETUMAL, MX. – Debido a que son obligados a trabajar en áreas consideradas de alto riesgo en el ISSSTE con la contingencia sanitaria por el COVID-19, sin contar con el equipo de protección, empleados de la empresa privada de seguridad y limpieza “Servicios Chetumal” manifestaron su inconformidad y exigieron que sean respetados sus derechos.
Los aproximadamente 10 trabajadores de limpieza llegaron al centro laboral y se negaron a entrar aunque el encargado de la empresa negó cualquier irregularidad y aseguró que únicamente se trató de la mala interpretación de una persona que invitó a medios para denunciar malos tratos.
Sin embargo, Deysi Maribel Reyes Ocampo, una de las empleadas afectadas, confirmó que han sido amenazados con ser despedidos de no cumplir con los trabajos de limpieza.
Explicó que una de sus compañeras se negó a limpiar un área donde estaba un paciente sospechoso de COVID-19 precisamente por la falta de equipo de protección.
Sólo nos han dado unos guantes y con nuestras batas normales tenemos que trabajar, afirmó.
Dijo que los 2,200 pesos que les paga la empresa a la quincena los necesitan para atender a sus familias y que no se niegan a trabajar, pero lo que piden es la dotación de equipo de protección para no correr riesgos.
Los médicos del Hospital La Perla pidieron de manera urgente la dotación de insumos para atender a pacientes con Covid-19.
Personal médico del Hospital General La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México, inició un paro de actividades para exigir a las autoridades de salud la dotación de insumos para la atención de pacientes con Covid-19, luego de que se confirmara la muerte del titular del área de Urgencias de este nosocomio a causa de este nuevo coronavirus.
Médicos anuncian paro de labores en el Hospital La Perla
El paro comenzó la noche de ayer jueves. En un video difundido en redes sociales se observa que médicos, enfermeras y personal administrativo están reunidos en una de las áreas del hospital a la espera del director Martín Rosales para que escuche y atienda sus demandas.
Algunas trabajadoras de La Perla denunciaron que el director del nosocomio les pidió trabajar en espacios donde se atienden a posibles pacientes con coronavirus Covid-19 sin contar con equipo adecuado para evitar ser contagiado.
“Dicen que nada más es con la bata, guantes y listo. La verdad es que no se me hace justo porque creo había material y había una donación que ya se había terminado para nuestra guardia”, reportó una enfermera.
También comentaron que los cubrebocas los deben utilizar hasta por ocho días pues no les proporcionan más equipo, además, cada médico debe comprar sus mascarillas a fin de cuidar su salud.
En el video el personal médico recordó que el pasado 26 de marzo se manifestaron afuera de este hospital adscrito a la Secretaría de Salud del Estado de México para solicitar el abastecimiento de insumo y capacitación para atender los casos de coronavirus, y a pesar de que las autoridades se comprometieron en atender su petición, hasta el momento no han visto acciones, por tal motivo decidieron irse a paro.
Imagen tomada de: laverdadnoticias.com
“Vamos hacer una falta colectiva, todos estamos de acuerdo, hoy en el Hospital General La Perla no nos quieren dar los insumos para poder trabajar, somos personas vulnerables”, anunció Jorge Montero, quien es vocero del personal de ese centro.
Decenas de mujeres trabajadoras sexuales duermen en las calles. Foto: Sugeyry Romina Gándara
Sugeyry Romina Gándara / Sin Embargo
Tan sólo en la Ciudad de México hay al menos 7 mil 500 trabajadoras sexuales, de las cuales, a menos el 20 por ciento tiene diabetes, y un 10 por ciento son adultas mayores. Estas poblaciones es donde se agudiza la crisis que enfrenta este sector.
Ciudad de México, 10 de abril (Sin embargo).- Sin trabajo y sin casa, decenas de mujeres trabajadoras sexuales duermen en las calles luego de la contingencia por el COVID-19, reportó la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”.
Elvira Madrid Romero, presidenta de la organización que por 30 años ha trabajado con este sector, recordó que a raíz de la contingencia por el coronavirus cerraron los hoteles donde se ejerce el trabajo sexual en la Ciudad de México, lo que ha dejado en la calle a decenas de trabajadoras sexuales.
“Solo dejaron unos poquitos en el Puente de Alvarado y ahorita estamos gestionando que abran otros lugares como en La Merced y Tlalpan, donde hay trabajo sexual, aunque sea uno o dos para que las compañeras puedan ejercer”, dijo la activista en entrevista con SinEmbargo.
En la Ciudad de México hay al menos 7 mil 500 trabajadoras sexuales, de las cuales, a menos el 20 por ciento tiene diabetes, y al menos un 10 por ciento son adultas mayores. Estos sectores es donde se agudiza más su situación y son quienes representan mayor condición de vulnerabilidad.
El cierre de los hoteles u hostales se hizo sin previo aviso desde la semana pasada, algunos ni siquiera respetaron las pertenencias de las mujeres, denunció la activista. Brigada Callejera estima que son al menos 150 mujeres las que se quedaron sin un lugar donde dormir.
“Desde el pasado viernes en la noche comenzaron a cerrar unos hoteles sin avisarles, solo les dijeron que tenían que sacar sus cosas a otras ni siquiera les dieron oportunidad de sacar sus cosas porque las mujeres se habían ido a trabajar y cuando llegaron ya estaba el hotel cerrado, eso es una falta de respeto”, resaltó.
Tan sólo en la Ciudad de México hay al menos 7 mil 500 trabajadoras sexuales. Foto: Cuartoscuro.
Brigada Callejera realiza recorridos en diversos puntos donde laboran las trabajadoras sexuales para recabar y saber cuáles son sus necesidades. Identificaron que no solo han sido desalojadas de los hoteles donde trabajan, sino algunas también las sacaron de donde vivían porque no tenían para pagar la renta.
“Hay quienes tienen a sus hijos enfermos o ellas mismas tienen muchas complicaciones, muchas con diabetes”, expresó.
El Gobierno habilitó un albergue temporal ubicado al lado del deportivo Cuauhtémoc, sin embargo, ahí sólo se permite un máximo de 30 personas, y fue solo por dos días, explicó Madrid Romero.
Algunas de las trabajadoras sexuales que han sido desalojadas colocaron un campamento cerca del Metro Hidalgo, en donde cerca de 60 personas pernoctan hasta obtener una solución.
“Nosotros exigimos al Gobierno que pague un hotel, porque ellas no tienen para pagarlo. Un funcionario dijo que ya había conseguido que de 400 pesos bajarán el precio a 200 pero, pero eso no es posible porque ellas conseguían hoteles donde pagaban 50 o 100 pesos, pues no van a poder pagar uno de 200 y mucho menos sin trabajo que hay”, expresó Elvira Madrid.
VIVEN AL DÍA Y LOS ATAQUES CRECEN
Las trabajadoras sexuales son mujeres que, al igual que otros sectores del comercio informal, son personas que viven al día. Elvira Madrid estima que el bajó hasta un 95 por ciento.
“La semana pasada si ellas hacían cinco ratos al día o diez, las jóvenes, ahorita están haciendo uno al día o a veces se van sin nada. Las señoras adultas ya llevaban dos semanas sin poderse hacer un rato y las de mediana edad, uno cada tercer día. Entonces, la situación sí está muy crítica”, platicó.
La defensora puso énfasis en que son las trabajadoras de la tercera edad quienes más padecen la crisis.
“Hay señoras de 65 hasta 85 años de edad, y que solo dependen de sí mismas, sino también a veces los hijos o hijas tienen nietos que mantener porque se los dejaron y se quedaron con la custodia de su nieto”, abundó.
La sociedad civil ha emprendido campañas de apoyo y donación de despensas. Foto: Brigada Callejera.
La Brigada Callejera recopiló al menos unas 550 despensas para repartir entre las trabajadoras y gestionaron que el Gobierno de la Ciudad de México otorgara al menos unas 300 despensas. “Hablamos con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Martínez, y se pudo que pudieran lograr despensas, que son insuficientes, pero al menos es algo para empezar”.
En el caso de quienes tienen complicaciones médicas, la organización civil es quien les brinda apoyo con algunos medicamentos en algunos puntos de trabajo, pero no se dan abasto.
Por otro lado, la violencia y ataques a las trabajadoras ha crecido durante este periodo de aislamiento. Elvira Madrid explicó que al no tener un lugar donde trabajar, algunas les ofrecen que hagan sus “ratos” en autos o algunos otros lugares, pero esto ha provocado que algunas de ellas sean víctimas de violación, secuestro exprés y robo.
La organización tiene conocimiento de al menos 15 ataques, entre violaciones, robos y secuestro exprés, abundó Madrid.
TARJETAS Y PROMESAS INCUMPLIDAS
Elvira Madrid denunció que lograron que las autoridades capitalinas les otorgaran algunas becas de desempleo por medio de tarjetas, sin embargo, la entrega de los apoyos se ha atrasado y se han incumplido acuerdos.
“Ahorita solo quedaron de darles mil pesos, pero ese no fue el acuerdo, sino que fueran becas para seis meses del seguro de desempleo, pero por la emergencia se tenían que dar rápido esas tarjetas para que posteriormente les puedan dar esas ayudas”, comentó.
Las activistas y afectadas demandaron que el apoyo económico sea entregado a todas las trabajadoras, pero hasta el momento son más de 3 miltrabajadoras inscritas para el apoyo, de las cuales, sólo al 60 por ciento les entregaron sus tarjetas, pero sin fondos.
Brigada Callejera denunció que las autoridades prometieron entregar tarjetas entre el sábado y domingo, pero tampoco cumplieron el acuerdo.
“La funcionaria Ixchel Anguiano de la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, volvió a incumplir su palabra. Ahora resulta que el martes se iban a entregar las tarjetas de ayudas económicas (que faltan), hasta que cierren el padrón de beneficiarias. Ahora dicen que van a entregar las tarjetas hasta el miércoles o jueves de esta semana, pero no sabemos”, informó Elvira Madrid.
En entrevista con SinEmbargo, la activista aclaró que justo este martes se entregaron algunas tarjetas, pero aún faltan muchas por otorgar.
PIDEN ABRIR UNOS HOTELES
“Si las autoridades no dan solución en cuanto a instalar algún albergue que tenga capacidad para quedarse todas las compañeras, de perdida que el Gobierno deje que algunos hoteles funcionen”, detalló Madrid Romero.
La activista reconoció que es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de México otorga apoyos a este sector, sin embargo, enfatizó que es insuficiente.
“Ellas nunca habían recibido ningún apoyo. Hay programas para viejitos, madres solteras, estudiantes, pero el sector que están con más vulnerabilidad, que son un montón y que proveen a sus hijos, son trabajadoras sexuales, nunca se había recibido, por ese lado una palomita, pero aun es insuficiente mil pesos, no alcanza, más porque ya subieron los alimentos”, destacó.
Entre las trabajadoras sexuales ya hay desesperación porque incluso con las ayudas que han recibido no les alcanza, ni para alimentos ni para medicinas que algunas necesitan.
“Ya están desesperadas y solo llevamos días, por eso es que exigimos que se abran más hoteles para que puedan trabajar. Los hoteles donde han trabajado, ellas les han dejado mucho dinero, de todo ese dinero agarren un hotel para que las que no tengan donde quedarse puedan hospedarse ahí para que no anden padeciendo y que las dejen trabajar”.
La Brigada Callejera comenzó una campaña para –además de donativos y despensas que ya recopilaban desde hace días atrás– también han solicitado donativos de cobijas, casas de campaña y artículos para las trabajadoras que acampan en las calles de la ciudad.
“Hacemos un llamado a la gente a que done víveres, dinero porque también tenemos que ayudar a las compañeras que las desalojan de sus viviendas, nosotros tenemos el medicamento básico, pero ahorita con todo lo que ellas están pasando, se está agudizando la salud de las compañeras”, explicó la defensora.
A la sociedad pidieron comprensión empatía y que dejen de estigmatizar a las mujeres de comercio sexual: “Que dejen de verlas como si ellas son las malas, que están porque les gusta, que ganan mucho dinero, infinidad de cosas, que todas son víctimas de trata, son víctimas de trata del sistema, porque no tienen, la manera de solventar sus gastos”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El contagio por covid-19 por cumplir con su labor que corresponde como parte del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no está siendo considerado como riesgo de trabajo, situación que merma en un 40% el salario de los galenos infectados.
Así lo denuncia Y. una de los 89 médicos del IMSS que se encuentran incapacitados por haber resultado positivos a la prueba del coronavirus, que en su caso fue adquirido en el Hospital General de Zona número 32.
En entrevista con apro, la cirujana atribuye el contagio a negligencia de autoridades hospitalarias y del personal del nosocomio, por no tomar las medidas de protección adecuadas para la atención de la pandemia.
Aislada en su casa después de haber sido notificada como covid-19 positiva, Y. cuenta que pese a la alta incidencia de contagio que tiene el virus, se le obligó a acudir a su hospital para tramitar su incapacidad, así como realizar otro trámite “mucho más engorroso”, para que su padecimiento sea clasificado como producto del riesgo de trabajo a que se vio sometida.
“De entrada el IMSS te paga la incapacidad como enfermedad general, lo que significa que no te pagan el 40% del salario; tengo que reunir la aprobación de unas siete personas, para determinar que fue riesgo de trabajo, tanto en el hospital con en la clínica familiar; eso implica que para que me paguen lo que por derecho me corresponde, tengo que deambular por el hospital y la clínica, poniendo en riesgo a mucha gente, lo que me parece absurdo”, abunda Y.
La médica cuenta cómo se contagió y describe la falta de medidas de protección que “desde siempre” han imperado en el IMSS y que pueden desencadenar en mayores contagios a de los que están siendo reportados.
Imagen tomada de: www.proceso.com.mx
De 37 años, cinco de ellos adscrita al HGZ 32 en el turno nocturno, Y acudió al área de urgencias a revisar a dos pacientes graves a quienes tendría que intervenir de manera urgente, el 21 de marzo.
En el espacio de 10 por 15 metros del área de urgencias, “donde suele haber hasta 50 pacientes”, dos pacientes estaban aislados en un área improvisada, a una distancia de unos cinco o siete metros de los enfermos que ella estaba auscultando, “con todas las medidas de seguridad, llevaba guantes, gorro, cubrebocas N95, bata quirúrgica, y a esos pacientes que estaban aislados, todavía no se les diagnosticaba covid-19, uno de ellos murió más tarde”.
Apunta que, si bien ella había tomado las medidas de protección necesarias, reconoce que el área de urgencias del hospital en el que trabaja, “los urgenciólogos revisan a todos los pacientes, todo mundo manipula los expedientes, a mí me tocó trabajar en esa área, hacer papeleo, usar su computadora; después me enteré que los médicos que atendieron a los pacientes con covid-19 no tomaron las medidas de seguridad necesarias”.
Hospital General de Zona número 32 del IMSS. Foto: Google Maps
Una semana después, Y empezó a sentir molestias en los glóbulos oculares y dolores de cabeza, que atribuyó en un principio al cansancio por su horario de trabajo, pero al agudizarse los síntomas y sentir molestias en faringe, considero que era fuera de lo normal, por lo que al llegar al hospital se dirigió al área de urgencias y pidió ser revisada.
“El médico que me revisó no llevaba guantes ni cubrebocas, yo le advertí que no podía revisarse sin medidas de protección, pero me dijo que no pasaba nada; de entrada, descartó que tuviera síntomas de covid-19, a lo que le exigí una prueba, al principio se resistió pero logré que se me aplicara la prueba, y yo misma realicé el papeleo y subí la información a la plataforma, lo que me dio tranquilidad”, agrega la cirujana.
El 2 de abril, vía telefónica le comunicaron a Y que había resultado positiva su prueba, y fue citada al día siguiente al hospital para tramitar su incapacidad.
“Me pareció absurdo que me pidieran que acudiera mi centro de trabajo, me hicieron deambular por todo el hospital, y aunque yo iba con guantes y cubrebocas N95, estaba poniendo en riesgo a mucha gente, el subdirector que recibió mis documentos no estaba protegido, se lo hice ver y me dijo que él ya estaba viejito y que no le iba a pasar nada”, abunda.
Y dice que no ha concluido sus trámites para que su enfermedad se considere riesgo de trabajo, porque “la literatura médica dice que es un virus altamente contagioso, y creo que por responsabilidad médica, no debo exponer a más personas, sin embargo, lo absurdo es que se me siga pidiendo acudir a mi hospital y a mi clínica familiar para que me paguen lo que me corresponde, cuando la tecnología te permitiría realizar esos trámites a distancia”.
La especialista cuenta que una vez que su hospital fue declarado como receptor de enfermos por covid-19, al menos dos semanas antes de contraer ella el virus, decidió aislarse de su madre y su hija, así como tomar medidas de seguridad extremas como no ingresar directamente a su domicilio con la ropa ni el calzado de trabajo, así como ducharse de manera inmediata.
“Con todas esas medidas de seguridad me infecté, y al pensarlo veo que no podía ser de otra manera cuando ves el descuido del personal médico, de ropería, de camillería de enfermería, que no llevan equipo de seguridad, porque la institución no proporciona el equipo adecuado, pero además nunca lo ha hecho, lo que estamos haciendo es improvisar y comprar nuestro propio equipo de seguridad, por ejemplo una mascarilla N95 que antes te costaba 30 pesos, ahora la consigues entre 130 y 190 pesos”, advierte Y.
Entre la falta de equipo de protección proporcionado por el IMSS y una práctica negligente, insiste, es que está contagiada, en tanto en su entorno, habría otros diez médicos, entre ellos quien la auscultó, con síntomas de ser portadores de covid-19.
La especialista sostiene que, a pesar de su molestia con el Seguro Social por no clasificar su padecimiento como riesgo de trabajo, está tranquila por haber tomado medidas preventivas que evitaron que su familia estuviera contagiada.
“La separación de mi madre y mi hija ha sido muy dura, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, al igual que haber exigido que se me aplicara la prueba del covid-19, sólo pienso en las consecuencias que hubiera tenido quedarme callada, hubiera esparcido el virus por todos lados, a mis pacientes, a mi familia, por eso me sigue pareciendo injusto que no esté reconociendo como riesgo de trabajo el contagio al que hemos estado expuestos los médicos del IMSS, por realizar nuestro trabajo”, lamenta Y.
De acuerdo con cifras de la fundación migrante Pies Secos, cotejada con diversas organizaciones, de los 80 mexicanos fallecidos en Estados Unidos, 28 provenían de Puebla, particularmente de la región Mixteca del estado.
Por Osvaldo Valencia / Zona Franca
Puebla, (Periódico Central). La pandemia del coronavirus ha azotado a la población migrante poblana en Estados Unidos, pues hasta el momento ha cobrado la vida de 28 poblanos por esta enfermedad.
Hasta la mañana del 9 de abril, el Gobierno del estado informó del deceso de 23 poblanos migrantes en Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo con cifras de la fundación migrante Pies Secos, cotejada con diversas organizaciones, de los 80 mexicanos fallecidos en Estados Unidos, 28 provenían de Puebla, particularmente de la región Mixteca del estado.
El presidente de la fundación, Ricardo Andrade Cerezo agregó que 45 poblanos más se encuentran hospitalizados con estado delicado de salud por enfermedades respiratorias, complicadas a causa del COVID-19.
Son las semanas más difíciles porque está el crecimiento de la pandemia aquí en Estados Unidos a su máximo contagio”.
El presidente de la fundación refirió que los poblanos fallecidos en su mayoría son provenientes de los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma, Huaquechula, Chietla, Zautla, Tulcingo del Valle, Chinantla y Coatzingo.
Comentó que aproximadamente 15 migrantes poblanos de los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Chietla, Acatlán de Osorio, Piaxtla y Tulcingo del Valle lograron regresar a la entidad, antes de que cerraran la frontera norteamericana
Ricardo Andrade detalló que hasta el momento no se han registrado deportaciones por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, pues las actividades se han frenado por la escalada en el número de casos de contagios por COVID-19.
Lo que es California, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y ya en muchos estados de las 17:00 horas a las 9 de la mañana hay toque de queda, únicamente se puede salir a comprar alimentos, únicamente una persona y de ahí a resguardarse”.
El representante de la fundación Pies Secos indicó que la mayoría de los poblanos migrantes afectados por la suspensión de actividades radican los barrios del Bronx, Brooklyn, Queens y la costa este de Nueva Jersey.
Enfatizó que por los protocolos de seguridad en Estados Unidos aún no se tiene una fecha estimada para la recuperación de las cenizas de los poblanos fallecidos y cremados.
Hasta la mañana del 9 de abril, el Gobierno del estado informó del deceso de 23 poblanos migrantes en Estados Unidos.
Del 1 de enero al 8 de abril de este año han sido presentadas ante la autoridad migratoria 436 personas extranjeras, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, en territorio poblano, confirmaron fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Tomando en cuenta que de enero a febrero, de acuerdo con el último reporte de la Unidad de Política Migratoria, se registraron 209 eventos de presentación, esto significa que 52 por ciento de las “detenciones” tuvieron lugar en las últimas cinco semanas, en plena contingencia sanitaria.
Guillermo Yrízar Barbosa, académico responsable de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (Idhie) de la Universidad Iberoamericana, explicó a este medio que lo más preocupante es que policías estatales y locales estén actuando por cuenta propia al realizar las detenciones.
Detalló que de 2018 a 2019 las detenciones de migrantes prácticamente se duplicaron, pasando de mil 305 eventos a 2 mil 807.
“Estos operativos tienen que ser encabezados por Migración, con el acompañamiento de la Policía Federal y la Guardia Nacional,” comenta respecto del caso de un grupo de migrantes que fueron detenidos sin la presencia del INM en otro estado, y posteriormente fueron enviadas a la estación migratoria de Puebla.
El pasado 2 de abril, organizaciones, redes y universidades firmaron un exhorto para que paren las detenciones, por el riesgo de contagio de los migrantes.
No hay medicamento suficiente para pacientes aislados, denuncian trabajadores.
No hay suficientes medicamentos para aplicarles a los ocho hospitalizados con Covid-19 de la Clínica 7 del Seguro Social, trabajadores dieron a conocer que de cinco solo tienen dos, además, a los pacientes contagiados los cambiaron al segundo piso del bloque B.
Los doctores Hugo Maciel, un Jefe de Enseñanza, Jefe de Enfermeros Uvaldo, continúan entubados y en estado grave desde hace semanas, además de otros pacientes de la ciudadanía en general. El doctor Arturo Teotl fue dado de alta la tarde de ayer junto a otra paciente femenina, es un rayo de esperanza para el personal médico como la ciudadanía en general.
Médicos y enfermeras, siguen solicitando insumos como guantes, caretas, overoles, cubre bocas n95 y más, pues aunque organizaciones y el ayuntamiento les ha dado, no es suficiente para laborar y dar un servicio de calidad a los pacientes, sobre todo a los que luchan cada día contra la enfermedad.
“Hace días faltaba equipo, tenemos una bomba de infusión pero falta una manguera, se trata de un equipo especial para medicamentos específicos con cuidado de administración, son dosis exactas. También hacen falta medicamentos para los pacientes aislados, son esenciales”. El trabajador dijo, es una tristeza ver a sus compañeros delicados y que su salud no va mejorando, el no poder ayudarlos porque les falta material y no porque les falten ganas o fe. Hasta la tarde de ayer había nueve personas hospitalizadas, los bajaron al segundo piso del bloque B.
El practicante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reynosa, Tamaulipas, Luis Gerardo Ramos denunció en redes sociales que una mujer le arrojó cloro cuando se encontraba realizando compras en un centro comercial de dio municipio.
“Llegué a la tienda con mi cubrebocas y uniforme. La señora gritaba que nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando. Yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven a cabo las indicaciones que nos siguen dando de que quedarse en sus casas”, señaló.
Eje Central publicó que Luis Gerardo aseveró que él y sus compañeros, así como otro personal médico de la ciudad, no trabajan matando gente, sino cuidando a personas cuando más lo necesitan.
“Ese es mi trabajo y el de muchos compañeros de esta ciudad, creen que vaciándonos una botella de cloro nos vamos a desinfectar?”, cuestionó.
El prácticamente pidió a la población leer sobre el virus e informarse bien y aseguró que el suceso no le molestó, pero sí le provocó pena y tristeza que aún piensen que el personal de Salud somo bichos infectando gente por doquier, me da tristeza que tengan que hacer este acto por pensar que somos los culpables.
Al final de su publicación, reclamó que no se pueda salir a la calle con uniforme porque puede ser agredido, después no vaya a ser una botella con ácido, señaló.
Xalapa, Ver.- Organizaciones ambientalistas y personas dedicadas al cuidado del medio ambiente exigen a las autoridades el esclarecimiento del asesinato del activista Adán Vez Lira, ocurrido este miércoles 8 de abril, cerca de La Mancha, en el municipio de Actopan.
En una carta firmada por diferentes grupos y ciudadanos, se exige un alto a los ataques en contra de las personas defensoras de la vida y el territorio.
“Exigimos a las autoridades federales y estatales competentes que se realice una investigación diligente sobre este hecho delictuoso, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo la defensa de los derechos humanos en pro del territorio. Demandamos que se esclarezca quien o quienes son los presuntos responsables o autores materiales e intelectuales de este asesinato y que se imparta justicia sobre quienes resulten culpables”, se lee en el texto.
Vez Lira fue un activista y promotor de la vida y el territorio, quien laboró incansablemente por proteger los manglares, las dunas y todos los ecosistemas de la zona centro de Veracruz, se desempeñó como Ecoguia de La Mancha.
“Siempre se preocupó por los problemas ambientales de su municipio, organizó múltiples festivales de Las Aves, eventos de reforestación y educación ambiental. En años recientes, Adán participó activamente en la defensa de la región frente a la imposición de grandes proyectos de minería por tajo a cielo abierto”, destacan.
Finalmente, solicitaron a las autoridades se garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos.
Carlos Manuel Juárez/Aristegui Noticias
9 abril 2020
El gobernador Cabeza de Vaca argumentó que el crédito es necesario para evitar la caída en la economía de la entidad.
Foto: Archivo Agencia Cuatoscuro
El Congreso de Tamaulipas autorizó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitar un crédito por 4,600 millones de pesos para atender la emergencia por Covid 19.
La iniciativa presentada por el mandatario estatal no especifica los proyectos o necesidades puntuales a los que se asignará el recurso económico. El crédito se pagará en un plazo de 20 años con cargo a las participaciones. García Cabeza de Vaca ha solicitado tres líneas de crédito en lo que lleva de su gestión al frente de Tamaulipas.
De acuerdo con la iniciativa del Jefe del Poder Ejecutivo, 4 mil 390 millones de pesos se destinarán para infraestructura urbana, Infraestructura de salud, infraestructura hidráulica, adquisiciones de bienes e inmuebles, acciones para seguridad y fondo de reserva y gastos generados por la contratación del crédito.
En el documento, el gobernador argumentó que el crédito es necesario para evitar la caída en la economía de la entidad. La iniciativa aprobada compromete el 8.5 por ciento de las participaciones en los fondos general de participaciones federales para solventar la deuda.
Un día antes de solicitar el crédito, Francisco García anunció que donaría el 100 por ciento de su sueldo y compensación correspondiente a abril. A su vez, hizo un llamado para que secretarios, subsecretarios y directores donaran un porcentaje de sus salarios al plan económico contra el Covid. A pesar de que a través de videos funcionarios han aceptado la propuesta del gobernador, hasta ahora el gobierno de Tamaulipas no ha informado cómo operará el manejo de las posibles donaciones.
Las integrantes comentaron que el servicio será puesto a disposición de quienes necesiten de una comida corrida a bajo costo; el paquete de frijoles, arroz, agua de sabor y guisado, costará entre 25 y 30 pesos.
Integrantes de los tres colectivos de trabajadoras sexuales transgénero y transexuales que laboran en la zona tolerada de Toluca, luego de perder el 99 por ciento de clientes tras la emergencia sanitaria por el COVID-19, inauguraron un comedor comunitario que estará abierto al público y que servirá para ayudarse.
Es en la casa de Rudy, la sexoservidora más antigua de la capital mexiquense, donde se colocó el negocio que tiene un par de mesas de láminas y sillas que llevaron desde sus casas. Además, un garrafón con agua de sabor y floreros.
Las integrantes comentaron que el servicio será puesto a disposición de quienes necesiten de una comida corrida a bajo costo; el paquete de frijoles, arroz, agua de sabor y guisado, costará entre 25 y 30 pesos.
Tania de la Vega, representante de la comunidad, lamentó que esta fuera la única forma que encontraron para salir adelante durante la cuarentena por COVID-19.
Imagen tomada de: revistacambio.com.mx
Cabe mencionar que en la entidad no existe una ley de identidad sexogenérica que las respalde y que puedan acceder a los microcréditos que ofertó el gobierno estatal, pues sus documentos oficiales no corresponden a su personalidad.
“Somos el sector más vulnerable, que más han dejado en el abandono porque la verdad es que primero tratamos de emprender una estética, porque muchas conocemos o somos empleadas de este oficio, pero no logramos ni siquiera un crédito en el banco, porque nuestros documentos oficiales no nos identifican”, dijo.
Mencionó que inicialmente invertirán los ahorros de varias trabajadoras, pero están abiertas a recibir donativos, ya que no será suficiente para iniciar el negocio.
19 infectados son médicos residentes, es decir, doctores que acaban de obtener el título y que están realizando una especialidad; aseguran que los atendían sin protocolo ni protección.
Desde antes de que se decretara en México la Fase 2 de contingencia por coronavirus el pasado 24 de marzo, personal médico del Hospital Regional 72 del IMSS en Tlalnepantla alertó a las autoridades sanitarias sobre la falta de insumos y de material de protección sanitaria, sin que nadie les hiciera caso.
Como resultado, a pesar de la alerta del personal médico, que hizo mediante oficios, reuniones con el sindicato y con la directiva del hospital, e incluso por medio de protestas en las instalaciones del hospital 72, al menos 19 médicos dieron positivo por COVID-19.
Los casos fueron confirmados ayer por el IMSS. Sin embargo, el director de esta institución, Zoé Robledo, negó en una conferencia de prensa que exista un “brote hospitalario” entre el personal de esta clínica mexiquense, como sí sucedió en otra clínica de la dependencia en Monclova, Coahuila.
“Se tomaron las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contactos y, efectivamente, hay 20 doctores confirmados -luego el IMSS rebajó la cifra a 19-, pero no porque se haya iniciado el brote en el hospital”, subrayó Robledo, que dijo basarse en un estudio epidemiológico que habría hecho la dependencia para asegurar que las infecciones se produjeron fuera de la clínica.
Animal Político solicitó al IMSS copia de ese estudio, pero la dependencia respondió que no era posible entregarlo porque contiene “datos personales”.
Tras las declaraciones del director del IMSS, personal del Hospital Regional 72 de Tlalnepantla, que pidió anonimato por temor a represalias laborales, aseguró a este medio que el número de infectados, entre médicos residentes, médicos internos de pregrado, y personal médico adscrito, incluyendo enfermería y camilleros, es de al menos 34 casos, de los que envió a Animal Político copia de las pruebas de coronavirus con el resultado positivo.
Este medio cotejó el nombre de las personas que dieron positivo con el portal gubernamental Nómina Transparente, y corroboró que, en efecto, son trabajadores del IMSS, aunque en esta herramienta no se precisa para qué hospital o clínica trabajan.
De los 34 casos reportados por el personal médico, 19 infectados son médicos residentes; es decir, doctores que acaban de obtener el título y que están realizando una especialidad.
Animal Político contactó a tres de los médicos residentes que dieron positivo por COVID-19. En entrevista, denunciaron que recibían a pacientes sospechosos de coronavirus y que, a pesar de dar la voz de alarma, tenían que atender los casos sin protocolos ni equipo de protección.
“Los pacientes llegaban muy mal y no respondían a los tratamientos. Más bien empeoraban y en dos o tres días fallecían”, dijo una de las residentes.
“Alertamos tanto a los médicos adscritos, como al jefe de Medicina Interna y al coordinador, que estos casos cumplían con la definición técnica para ser casos sospechosos de COVID-19, pero nos ignoraron, y nosotros teníamos que atenderlos sin equipo adecuado y sin protocolo”, añadió.
Fue hasta que los residentes empezaron a presentar síntomas, como tos y dolor de cabeza, que les aplicaron el cuestionario que le aplican a todo caso sospechoso de COVID-19 para determinar si amerita la prueba.
“A nosotros –afirmó otra de las residentes entrevistadas– ese es el único estudio epidemiológico, si se le puede llamar así, al que nos han sometido, ese cuestionario. Y claro, la prueba que al final sí nos hicieron, aunque nos obligaron a tomarnos la muestra entre nosotros, sin capacitación previa para esto, sin el equipo adecuado de protección, y ahí en una de las aulas del hospital”.
Finalmente, los tres doctores dieron positivo y enfermaron.
Material de baja calidad, riesgo de contagio alto
Otro médico entrevistado, que está a la espera de los resultados de la prueba, explicó que desde el 20 de marzo, días antes de que se decretara la Fase 2 del coronavirus, se planteó en una reunión en el auditorio del Hospital Regional 72 de Tlalnepantla las inquietudes del personal médico por la falta de protocolos y de material e insumos, luego de que esta clínica fuera elegida como una de las ‘clínicas Covid’ que hay en el país para atender a pacientes con síntomas del virus.
Pero las inquietudes no fueron escuchadas, y el 26 de marzo un grupo de al menos 50 enfermeras y empleados del Hosptial se manifestó al exterior de la clínica para denunciar la falta de personal, insuficiencia de medicamentos y falta de equipos de protección.
En respuesta, se proporcionó al personal médico unas “tarjetas de acción”, en las que se les explicó los protocolos a seguir, el equipamiento que debían de usar, y las medidas de seguridad que deberían tomar tanto ellos, como los pacientes. Además, se determinó que se dedicaría toda el área de cirugía ambulatoria y todo el segundo piso como ‘zona cero’ para atender a los pacientes sospechosos.
Pero, de nuevo, la mayoría de las cosas se quedaron en el papel.
El 3 de abril, el departamento de Anestesiología del Hospital mandó un escrito con sello de recibido tanto por el sindicato del IMSS, como por la dirección del Hospital, y cuya copia tiene Animal Político, en el que denunció que el material de protección sanitaria para atender a los pacientes Covid-19 es “inadecuado” y de “muy mala calidad”, por lo que el riesgo de contagio del personal médico era “elevado”.
Además, en el escrito también se denunció que en la ‘zona cero’ hay barreras físicas, como cadenas, que impiden el libre paso de las camillas y del personal que ingresa al lugar, lo cual puede generar “una contaminación” del personal y de los pacientes que están en esa área.
Sobre este punto, personal médico envió fotografías a este medio en las que se muestra que el personal de vigilancia que custodia la ‘zona cero’ está sin cubrebocas y sin equipo de protección, a pesar de su proximidad con los pacientes sospechosos.
Y no son los únicos.
En otra junta este martes 7 de abril con los directivos del Hospital y del sindicato del IMSS, el personal médico denunció que el personal de laboratorios, camillas, enfermería, y hasta del servicio de limpieza, tampoco tiene la protección adecuada, o los materiales que usan son tan deficientes que prefieren ir directamente con los proveedores y comprarlos de su bolsillo.
Animal Político también guarda copia de facturas, en las que se da cuenta de gastos de hasta 8 mil pesos en la compra de mascarillas N95, protectores faciales con soporte tipo casco, guantes desechables, gel antibacterial, overoles, y lentes de seguridad.
“Todo se salió de control en el hospital, no se siguieron los protocolos de seguridad”; “¿por qué se nos niega el informe quirúrgico?”; “nos están dando equipo quirúrgico reutilizado”; “no nos dan suficientes guantes ni cubrebocas”; “ya llevamos casi un mes de contingencia y este es el primer cubrebocas que me dan”, fueron otros de los reclamos expuestos por el personal médico en la reunión con el personal directivo del hospital y del sindicato de la sección V del IMSS.
Al término del encuentro, se firmó una minuta de trabajo -de la que este medio tiene copia- en la que directivos y sindicato se comprometieron, entre otros puntos, a darle seguimiento a “todos los casos de trabajadores que han estado en contacto directo con pacientes y trabajadores que su prueba ha sido positiva de Covid y casos sospechosos”, y a capacitar a todo el personal del Hospital 72, y a “buscar la estrategia para dotar de mascarillas N95 al personal que trabaja en las áreas con pacientes sospechosos y positivos”.
“Tenemos miedo de ir al Hospital”
Germán, que pidió que se le llame así para evitar represalias, dijo que, a pesar de estas promesas, el personal médico vive con miedo a los contagios. De hecho, él mismo fue enviado a su casa, “como muchos otros compañeros del Hospital”, porque presentó síntomas de COVID-19.
Hoy le darán los resultados de la prueba que se hizo por su cuenta, en un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respirtarorias (INER). Precisamente, sobre este punto, el médico explicó que varios de sus compañeros que fueron enviados a sus casas optaron también por hacerse la prueba por su cuenta, en laboratorios externos.
“Tal vez por eso las cifras del IMSS sean solo 19 casos confirmados. Pero la realidad es que son más”, aseveró.
“Y la realidad es que nos estamos quedando sin médicos y sin personal sanitario cuando aun no entramos a la fase crítica del coronavirus”, añadió Germán, que aseguró que no están pidiendo nada fuera de lugar, “solo equipo adecuado y bien superviado para hacer frente a un problema tan grave”.
La cirujana Janeth, que también pidió que se le modifique el nombre, también está a la espera del resultado de su test. Desde hace varios días tiene fiebre y tos seca, dos de los síntomas del coronavirus.
“Desde mucho antes de que entrara la Fase 2 avisamos de la situación tan deficiente que enfrentamos el personal médico”, recalcó la médica.
“Les preguntábamos qué iba a pasar con nosotros si no teníamos los equipos de protección adecuados. Pero no nos hicieron caso, y ahora el resultado es que muchos compañeros ya están infectados, o estamos a la espera de una prueba para saberlo”, lamentó Janeth, que dijo que ella y muchos de sus compañeros van con miedo a trabajar al Hospital.
“Los niveles de protección son muy deficientes. Deberíamos estar trabajando con niveles de bioseguridad de nivel 4 -trajes de cuerpo entero cerrados con provisión de aire-, porque es un virus desconocido y para el que aún no hay vacuna ni tratamiento. Y, en cambio, estamos sin cubrebocas. Por eso, vamos a trabajar con miedo”, concluyó la doctora.
De manera pacífica y sin trastocar la vialidad, los médicos manifestaron que sus peticiones son legítimas. Foto: Twitter @AxelCuevasC
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Unos 500 médicos residentes del Hospital General de México realizaron una “caminata por la dignidad” de su centro de trabajo a la Plaza de la Constitución para entregar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, entre otros puntos, demandan el pago de compensaciones atrasadas.
De manera pacífica y sin trastocar la vialidad, los médicos manifestaron que sus peticiones son legítimas y que su movimiento tiene otro propósito secundario: Generar conciencia social y colectiva de la situación actual del Residente en México, proponer nuevas maneras ordenadas de expresión y sentar las bases de una relación laboral saludable.
Ataviados con batas blancas y un listón azul en uno de los brazos, los médicos entregaron el documento y regresaron a su centro de trabajo para continuar con sus labores regulares.
La manifestación de médicos residentes en la Plaza de la Constitución. Foto: Twitter De manera pacífica y sin trastocar la vialidad, los médicos manifestaron que sus peticiones son legítimas. Foto: Twitter @AxelCuevasC
Ayer, vía Twitter, el Comité de Residentes se pronunció en total desacuerdo con el retraso de pagos, así como en la disposición de descontar el importe correspondiente al bono sexenal otorgado en diciembre de 2018, como se informa en la circular número DGRHO-15-2019.
Texto y foto por Heriberto Paredes / Pie de Página
Adán Vez Lira, ambientalista del estado de Veracruz, fue asesinado con un arma de fuego. Su muerte deja un gran vacío en la defensa del territorio contra la instalación de proyectos mineros. Esta es una entrevista con él que se reproduce con la intención de escuchar su voz sobre las balas.
Adán Vez Lira fue un ambientalista que durante más de veinte años defendió el medio ambiente en Veracruz. Estuvo al frente de un proyecto en la región costera de La Mancha, que buscaba conservar el entorno con participación de la comunidad. Ese proyecto se llama La Mancha en Movimiento.
Adán fue asesinado este 8 de abril de 2020. Le dispararon con un arma de fuego mientras recorría el tramo de La Mancha (Actopan) a Palma Vieja. Deja un gran vacío en la defensa del territorio y en la promoción de la biodiversidad de la región.
Antes de ser asesinado el periodista Ehécatl Ríos y yo entrevistamos a Adán cuando investigábamos sobre la oposición a un proyecto minero que pretende construirse en tierras del municipio de Actopan, Veracruz, cuyos sus efectos dañarían los ecosistemas de toda la región, incluyendo al municipio colindante de Alto Lucero.
Adán nos recibió con una sonrisa que se podía distinguir a varios metros a la distancia. Esperamos que esta entrevista, realizada hace dos años, dé cuenta del trabajo que realizaba y de que las condiciones de amenaza para los defensores y el medio ambiente en la región no han cambiado. Que sus palabras hablen por encima de las balas:
Para la entrevista le acompañan Lena, Vanesa y Elvira, mujeres que son parte de este trabajo y es este el inicio de una investigación de lo que ocurre en la zona.
“Estamos en un campamento ecológico –comienza la entrevista Adán– que se llama El Mangal y es aquí donde están nuestras instalaciones y donde está nuestro centro de operaciones para actividades que hacemos al aire libre, con grupos de escuelas que nos visitan. Hacemos turismo de naturaleza mediante visitas guiadas a distintos ecosistemas de La Mancha”.
—¿Cuál es la biodiversidad de esta región y cómo se construye la importancia de la conservación de las montañas, las lagunas y la costa?
—Nuestro proyecto nace a raíz de la falta de sensibilidad de la gente para el aprovechamiento y explotación de recursos naturales. Anteriormente la gente de aquí cazaba, talaba sin ningún tipo de miramiento, simplemente se usaban los recursos y se extraían. En un inicio se trató de hacer conciencia para que la gente de la región, supiera de inicio, que esos recursos son importantes en el lugar dónde se encuentran, que si los deterioramos estamos deteriorando nuestra propia vida, puesto que los recursos naturales son los que nos proveen lo indispensable para vivir.
Lo indispensable es el agua y el aire.
La Mancha es una región con mucha diversidad biológica. Existen varios ecosistemas que se forman en la cercanía de la montaña con la costa, se forman microclimas y microcuencas y a su vez se transforman en diversos temas como humedales, como lagunas costeras, manglares, incluso por estar cerca de la costa, también se forman las dunas costeras.
Todos estos ecosistemas son sumamente importantes porque nos dan servicios que no nos pueden dar ninguna institución, ningún programa, ninguna dependencia, son servicios que sólo la naturaleza nos puede dar.
En la región, que abarca cerca de 20 km, parte del municipio de Actopan y parte del municipio de Alto Lucero, hay 6 lagunas costeras, 2 de estas son lagunas tectónicas, es decir, que son de agua dulce y que no tienen nacimiento, simplemente son puntos de almacenamiento de agua que se utiliza para actividades pesqueras y turísticas, pero también para riego. Una es Laguna Verde y otra es Laguna del Farallón. Las otras 4 lagunas son salobres y alrededor de éstas hay manglares, que son proveedores de nutrientes para las especies que viven en las lagunas y para las aves.
Los manglares son zonas de amortiguamiento entre fenómenos naturales, ya sea que vengan del mar o que vengan de tierra, es un lugar de descanso entre aves, animales terrestres, acuáticos, crustáceos y reptiles.
Toda esta región costera, hasta Palma Sola en Alto Lucero, es rica de la misma manera que La Mancha. Este lugar ocupa el número uno en biodiversidad en el estado de Veracruz y el tercer lugar a nivel nacional.
Tratamos de generar conciencia para conservarlos y de cómo, desde cualquier ámbito, podemos influir para que estos ecosistemas se deterioren o se mantengan y conserven.
Foto: Heriberto Paredes
—¿Cuáles serían algunas acciones concretas que la gente puede hacer?
—No tirando basura porque aunque estemos lejos, la basura tiende a llegar a las zonas costeras a través de los arroyos, ríos, incluso a través del aire. Pero hay muchas formas de que la contaminación llegue. Estamos tratando de que los recursos naturales se mantuvieran y podamos disfrutar de ellos y que las diferentes generaciones que nos siguen puedan disfrutar de un aire limpio, de agua limpia, de las selvas, las montañas. Que persistan las especies de flora y fauna que viven esta región.
Ese es el principal motivo de que nos hayamos organizado, que sea esto una ventana al mundo, un ejemplo para que la gente trate de hacer lo mismo o algo parecido.
—Sabemos que hay amenazas de todo tipo rondando, en particular proyectos mineros de extracción de oro, ¿cómo afectaría un proyecto de extracción minera a cielo abierto?
—La minería a cielo abierto, según entiendo, es una práctica que se realiza usando explosivos y varios químicos, entre ellos el cianuro. Este químico es un elemento venenoso muy peligroso, perjudica a las plantas, a los animales y al ser humano. Esta es una zona donde hay unos vientos huracanados y el cianuro, y cualquier químico, podría transportarse muy rápidamente a cualquier distancia por el aire.
Considerando que en nuestra zona las principales fuentes económicas son la ganadería, la agricultura y el turismo, esta práctica de minería arruinaría todas las actividades que se realizan. De estos trabajos sobrevive mucha gente, se le da trabajo a todos los pobladores de la zona, todos tenemos algo de qué vivir.
La minería dice que nos ofrece una alternativa, pero una en la que a lo mejor le van a dar trabajo a un 1 por ciento o 2 por ciento de la población de nuestra zona, lo cual no compensaría lo que se perdería de empleos debido al desastre natural que se vendría.
Las zonas costeras dependen de las zonas altas, de las zonas montañosas, si una laguna costera o un humedal se mantiene en buena forma, descontaminado, esto se debe a que la zona montañosa está en plenitud de condiciones ecológicas. Si nosotros permitiéramos que se contaminara la parte de arriba, las partes bajas tenderían a contaminarse, se arruinarían las actividades pesqueras, las actividades turísticas. ¿Quién va a consumir un pescado contaminado con cianuro o algunos otros minerales como el cadmio, el plomo o el azufre y el zinc?
Todos esos minerales quedarían expuestos y tenderían a escurrirse, los mantos freáticos se contaminarían, los manantiales donde beben agua las vacas, los ganaderos se contaminarían, con las explosiones se perderían los escurrimientos subterráneos. En la agricultura sería un desastre porque el agua vendría contaminada.
Por eso es preciso que se conserven las montañas como tales, las piedras, los árboles, los animales que viven en la zona alta para que la parte baja se mantenga. Nosotros estamos en la punta, en un espacio tan único que incluso las aves lo seleccionan para pasar, para migrar, es el corredor de aves más importante de América y si hablamos de rapaces es el corredor más importante del mundo. Pasan alrededor de 13 millones de aves que se detienen a descansar, a alimentarse y que si nosotros deterioramos este entorno, ellas no tendrían dónde recargar energías y completar el ciclo de venir y regresar para proliferar.
En un lugar que fuera contaminado por la minería no quedaría ninguna clase de fertilidad en el suelo, por lo que las semillas tenderían a perderse. Para nosotros sería el peor desastre, peor que un huracán, tormenta o temblor, que se destrozara la zona montañosa por la minería.
—¿Qué están haciendo para impedir que la minería a cielo abierto se establezca en estos municipios?
—De acuerdo a nuestra visión y a nuestro entorno, estamos conscientes que cualquier proyecto minero, de cualquier índole, pero peor a cielo abierto, sería un desastre. Como grupo estamos en contra de la minería a cielo abierto y a nivel de ciudadanos hacemos campaña con la gente de que no apoye a la minería.
Hemos hecho reuniones con personas de la zona y estamos dándoles a conocer lo desastroso que es esta práctica y la mayor parte de la gente coincide en que así es. Una vez que se platica con la gente, todos estamos en la misma sintonía en contra de la minería pero también estamos pidiendo, mediante firmas consensos, que esta zona de alrededor de 83 mil hectáreas se declare área natural protegida, en calidad de reserva de la biósfera.
Nos hemos reunido con agentes municipales y ciudadanos y hasta ahora todos coincidimos en que no queremos la minería.
Foto: Heriberto Paredes
—¿Qué piensa de los argumentos de las empresas mineras y del gobierno que hablan de que no se va a contaminar y de que habrá muchos empleos?
—Es demagogia. Quienes quieren imponer la minería están conscientes de que el pueblo no va a mejorar, no va a progresar. Quien va a progresar es el dueño de las empresas. En el país hay la costumbre de que personas ajenas se llevan la riqueza, a nosotros no nos estorban, pueden quedar enterradas toda la vida y no pasa nada. Si alguien se encuentra 1 gramo de oro pues sería magnífico pero nuestros gobernantes quieren seguir vendiendo lo nuestro, el oro, la plata y todas las riquezas.
Quienes quieren imponer la minería se van a llevar toda la ganancia, supuestamente pagan un impuesto pero no pagan nada. Lo que es muy probable es que haya una negociación con quienes autorizan este tipo de actividades y que ellos si se vayan llenos de dinero, pero a nosotros nos dejarían en la pobreza. Si disminuye la agricultura, la ganadería, el turismo y la pesca aumentaría la delincuencia, nos moriríamos de hambre y moriríamos por envenenamiento.
Así dure 10, 20 o 30 años la minería en esta zona, después vamos a quedar en un lugar desierto que no es lo adecuado. Hemos visto lugares en Zacatecas, Baja California, Puebla, donde la gente se queja de la minería y que tienen que pasar cientos de años para que se restaure ese espacio que ellos destrozaron
Como vivimos, vivimos bien, no tenemos necesidad de minería ni de vivir amenazados de que nuestros pueblos vayan a desaparecer algún día porque no hay condiciones para vivir.
MÉRIDA, YUCATÁN, 08MARZO2020.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer cientos de mujeres se reunieron en el Monumento a la Bandera para exigir sus derechos, como vivir una vida sin violencia machista. Posteriormente marcharon por la avenida paseo de Montejo, de ida y vuelta, mientras gritaban consignas exigiendo justicia por las mujeres víctimas de feminicidio que han ocurrido en el país. FOTO: MARTÍN ZETINA/CUARTOSCURO.COM
Itxaro Arteta / Animal Político
En total fueron 812 llamadas alertando sobre casos de violencia de género; en febrero habían sido 409 y en enero 194.
La Línea Mujeres de Locatel de la Ciudad de México recibió en marzo pasado una cantidad inusual de llamadas por violencia de género: cuatro veces más que el promedio mensual de los últimos años.
En total fueron 812 llamadas catalogadas con la temática “violencia de género”. Es el doble de las 409 que se recibieron en febrero, lo cual ya duplicaba las 194 de enero.
Durante 2019 y 2018, el promedio de llamadas mensuales por esta causa había sido de 210 y 208, y un año antes, de 149, por lo que este 2020 está rompiendo muy por arriba la estadística.
La Agencia Digital del gobierno de la Ciudad de México hizo pública esta base de datos abiertos y la estará actualizando semana a semana a partir del 6 de abril, para que se pueda analizar si se incrementa la violencia doméstica antes y después de la contingencia sanitaria por COVID-19.
Diversas autoridades y organismos nacionales e internacionales han advertido que así será —como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la ONU—, y los primeros indicios, como este récord de llamadas, lo confirman. La semana pasada ya el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Cdmx, que también tiene una línea de emergencia, advirtió que había recibido 65 llamadas de violencia familiar, 33% más que en febrero, y nueve de ellas incluían una agresión con arma blanca.
Los datos arrojan que la alcaldía con más violencia de género en el año y en particular en marzo fue Iztapalapa, de donde salieron 110 llamadas el mes pasado. Desagregado por colonia, se puede ver que las que más tuvieron, arriba de 5 llamadas cada una, fueron Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, José López Portillo y San Miguel .
A Iztapalapa, que es también la alcaldía más poblada, le siguieron la Gustavo A. Madero, con 71 llamadas; la Cuauhtémoc, 54; y Tlalpan y Coyoacán, con 46 cada una. Este orden coincide con lo que ha ocurrido años pasados.
De los municipios metropolitanos del Estado de México, de donde también se reciben llamadas, encabeza la lista Nezahualcóyotl, con 29, y Ecatepec con 25.
No solo las llamadas a Locatel por violencia de género tuvieron su máximo en marzo, sino todas las que tienen que ver con violencia en la familia y pareja.
Clasificadas como “violencia familiar” se recibieron 460 llamadas, 3% más que en febrero y 45% más que el promedio del año pasado. Por “violencia en la pareja” fueron 163, 15% más que el mes anterior y 111% más que el promedio de 2019. Y de “violencia en el noviazgo” han tenido 14, que está dentro de los parámetros mensuales.
Nuevamente, Iztapalapa, la Gustavo a Madero y Tlalpan encabezan la lista.
En total, de estas cuatro categorías se recibieron en marzo mil 449 llamadas, cuando el promedio mensual de 2019 había sido de 617, menos de la mitad.
Además, hay también un aumento de reportes por “violencia infantil”: fueron 91 el mes pasado, 5% más que en febrero y 28% arriba del promedio.
A nivel federal aún no hay cifras actualizadas de llamadas de emergencia por violencia familiar al 911, ya que se hacen públicas hasta el día 25 de cada mes.
En el primer bimestre del año hubo mil 756, lo cual implica un aumento de 7%. Pero la organización Causa en Común alertó el pasado martes que solo un tercio de esas llamadas se convierten en investigaciones ante Ministerios Públicos.
“Ante la grave situación a la que se enfrenta la seguridad de muchas mujeres y familias en el marco del distanciamiento social que vive el país, el organismo lanza un llamado urgente a mejorar los protocolos y la capacitación del personal que atiende estos casos por medio del 911, exige se abran todas las investigaciones correspondientes y no solo un tercio de ellas, actualizar los protocolos de atención a las víctimas y dar seguimiento puntual a todas las denuncias”, señaló.
Causa en Común detectó que los 5 mil 600 operadores del 911 trabajan turnos de 12 y 24 horas, en los que reciben en promedio 10 llamadas por minuto, sin un mínimo obligatorio de horas de capacitación para atender a mujeres víctimas de violencia, sino que lo hacen con un protocolo creado en 2016 y que, según su análisis, tiene grandes carencias.
El miedo al coronavirus ha llevado a extremos peligrosos la conducta de pobladores, tal como sucedió la noche del pasado miércoles, cuando la enfermera Melody Rodríguez Navarrete, quien trabaja para la Secretaría de Salud de Nayarit, en el hospital de San Francisco, se dispuso a regresar a su domicilio en la comunidad costera de Lo De Marcos, pero una turba le impidió el ingreso, acusándola de ser portadora del COVID-19.
Esto fue en el crucero de la entrada al pueblo, donde autoridades y vecinos instalaron un cerco sanitario. Melody narró que días antes marcaron su carro con una raya de pintura, como señal que transita por estas comunidades.
Pero ayer fueron más estrictos y le exigieron identificarse, pese a que por razones de seguridad no lleva el uniforme, pues por protocolo del hospital se cambian de ropa antes de salir. Al dar a conocer que era enfermera enardecidos la corrieron.
LA ACUSABAN DE ESTAR INFECTADA DE CORONAVIRUS
La enfermera recordó el difícil momento de cuando se pusieron frente a su vehículo, teniendo que orillarse para dialogar y tratar de convencerlos, pero ellos la acusaban de estar infectada y ser un foco de propagación de coronavirus.
Entre la muchedumbre, recordó, resaltaban los gritos de una señora de nombre Marisela, quien incluso llegó al extremo de ofrecerle pagar la renta de un cuarto en otra población, todo con tal de que no entrara a Lo de Marcos.
EL DELEGADO RODRIGO PEÑA TAMBIEN LA DISCRIMINÓ
El delegado municipal, Rodrigo Peña, en un principio fue conciliador, pero al final cambió su actitud y se sumó a quienes expulsaban a la trabajadora de la salud, y con un lacónico “Lo siento, pero te tienes que retirar” la condenó.
También le expuso su situación a los policías que ahí se encontraban, quienes también intentaron hablar con la gente, pero al final también se pusieron de parte del pueblo, y elevaron más la voz, “ya con nadie se pudo hablar”, lamentó.
Incluso iba con ella otra compañera de su trabajo, quien ante la impotencia de la incómoda e injusta situación, por unos momentos transmitió las imágenes por redes sociales, pero le exigieron dejara de grabar y la amenazaron.
PARA PROTEGER SU INTEGRIDAD SE FUE
Finalmente, a través de llamadas y presión de otros compañeros del sector salud, al parecer tuvo que intervenir el presidente municipal Jaime Cuevas, quien ordenó a la policía y al delegado dieran acceso a la vecina.
pero ya temerosa sólo entró por pertenencias personales, custodiada por la patrulla, seguida por unos vecinos, y se fue a resguardar a la casa de una compañera que le dio asilo en San Pancho.
Les comentó que ella entiende que tienen miedo, pues ella también lo siente, pero es parte de su trabajo, y en el momento que ellos lo necesiten dejó en claro que ahí estará para atenderlos junto con sus compañeros enfermeros.
CORAJE Y TRISTEZA
Un día después, aún con los sentimientos a flor de piel, reconoce estar asustada. Respira hondo y comparte sentir un poco de coraje, incertidumbre y miedo.
Lamenta que no puedan usar ya ni su uniforme, por miedo a ser estigmatizados y agredidos.
Con un nudo en la garganta expresó su tristeza, ellos como personal de la salud, después de una larga jornada, no puedan llegar a descansar a su casa, porque los ven como infectados y los traten así, cuando su intención es solo apoyar a la misma comunidad.
El riesgo de adquirir el virus SARS-CoV-2 y enfermar de Covid-19 es el mismo para todas las personas, sin embargo, el acceso a la atención médica y apoyos, no lo son.
Las comunidades indígenas que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, así lo denunciaron ante medios de comunicación. Alrededor de 200 mil indígenas habitan la metrópoli, pero no tienen acceso a seguridad social, misma que se les ha negado por el simple hecho de ser inmigrantes.
“Se cuenta con población considerable de adultos mayores, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, madres solteras, que no tienen acceso a los servicios de salud básicos”,
Por esta razón, de presentarse casos de Covid-19 en alguna de sus comunidades, verían complicada la manera de recibir atención médica.
El problema es que no solo es la falta de servicios médicos al alcance de las comunidades indígenas, sino que muchos no hablan español, lo que dificulta aún más, el acercamiento.
Tuvieron que dejar de trabajar porque les cerraron los espacios. La mayoría de los indígenas urbanos están dentro de la economía informal. Van al día. Obtienen el recurso de oficios como jardinería y aseo de casas, pero también del comercio de artesanías, frutas, verduras y demás.
Por esta razón, piden que el gobierno del estado conforme una bolsa especial de acceso a recursos para los indígenas, pues el realizar el trámite en internet y en español, es excluirlos de tajo.
“Además, la mayoría no sabemos hablar o dominamos plenamente el español. No tenemos acceso a internet. No sabemos hablar o escribir, ni estamos familiarizados con los sistemas que están abriendo vía tecnologías de la información. Siendo excluidos de la oportunidad de recibir los apoyos económicos mediante las distintas plataformas”.
Además, no solo se trata de los indígenas en la zmg, sino de todo el estado, pues los que se encuentran en el norte y el sur de Jalisco, están en una situación igual o peor. Estiman que en total hay 800 mil personas indígenas.
Esta petición ya la hicieron llegar a la Comisión Estatal Indígena con la finalidad de que sea atendida por el gobierno del estado lo antes posible.
Texto: Vania Pigeonutt y Lydiette Carrión
Foto: Especial
Pie de Página
Luego del ataque en contra de estudiantes en la Facultad de Estudios Superios Acatlán de la UNAM, estudiantes, activistas, padres de familia y defensores de derechos humanos exigieron a la univeridad en cese a la violencia en contra de las alumnas
Estudiantes, defensores de derechos humanos, padres de familia y activistas exigieron cese a la violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en este contexto de pandemia por covid–19, tras la denuncia del colectivo estudiantil feminista Argüenderas y revoltosas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) sobre agresiones físicas y sexuales hasta ocasionarles fracturas.
De acuerdo con la narración del colectivo, entre siete y 10 hombres ingresaron al plantel armados. Agredieron sexualmente a mujeres y golpearon a varones –uno de ellos tendrá que ser intervenido quirúrgicamente– e iniciaron fuego. Sin embargo, horas después de la denuncia de la colectiva, fue filtrado un video de seguridad del propio plantel Acatlán, donde se aprecia que dos hombres y una mujer inician fuego en unas oficinas.
La breve grabación contrapone la versión que las estudiantes. Ya que de acuerdo con estas últimas, los agresores iban vestidos como “grupo de táctica”, e iban armados. En el video, quienes inician el fuego parecen estudiantes.
La agresión y el incendio se dan en un contexto complejo: en nueve planteles, colectivas feministas han mantenido paros para exigir castigo a profesores, administrativos y estudiantes que han incurrido en violencia sexual y acoso. Muchas de estas tomas están por cumplir seis meses.
La colectiva emitió un comunicado en el que informan: “tenemos conocimiento de los videos que comenzaron a difundirse, sabemos que la confusión se ha incrementado y comprendemos que eso pasaría porque las autoridades siempre han tenido todas las herramientas jurídicas, políticas, mediáticas, y del uso de la violencia para tergiversar la información a su favor y criminalizar los métodos de protesta para borrar las atrocidades que ellos hacen”.
Reiteraron: “por seguridad jurídica, mediática, de integridad personal y colectiva no podemos dar información detallada de los videos que circulan. Pero nos parece realmente indignante que tanto las autoridades de la Facultad como de la UNAM en general, intenten incitar a la Comunidad para ponerlos en nuestra contra, tratando de opacar los actos violentos que atentaron con nuestra vida y darle prioridad al espectáculo respecto al daño de las instalaciones”.
En Acatlán: activismo de alto riesgo
El caso de la FES Acatlán es especial. Se trata de uno de los planteles periféricos con más problemas. Así lo expresaron alumnos y exalumnos, que pidieron omitir su nombre por miedo a exponer su integridad física. En particular, expresan, hay intereses oscuros al interior de las instalaciones: narcomenudeo y mafias locales. Esto implica que hacer activismo al interior de Acatlán sea de más alto riesgo que en otras sedes de la universidad.
De nuevo, con miedo, debido a represalias, alumnos y exalumnos narran el contexto en el que se dio este ataque.
Rosell: La desaparición que pasó desapercibida
Después de la Huelga de 1999-2000, se quedó un grupo de activistas que continuaron con trabajos dentro del plantel. Sin embargo, con los años fue deviniendo también en ambulantaje –venta de chicharrones, dulces– y actividades similares.
De ese grupo, provenía Daniel Rossell, activista y artista que, a inicios de año, se plantó en huelga de hambre en la explanada del plantel. Eran demandas viejas del movimiento estudiantil: comedor, frenar el porrismo (encarnado en esta parte de la ciudad por jugadores de futbol americano), detener la violencia.
Sin embargo el 15 de febrero desapareció. Algunas versiones dicen que su tienda de campaña fue removida por las autoridades de la UNAM y el huelguista pudo haber sido víctima de la comisión de un delito. Otras versiones dicen que podría estar escondido. Lo cierto es que, hasta la fecha, sigue en calidad de desaparecido.
Las mujeres
En marzo de este año, y entusiasmadas por la multitudinaria marcha feminista del 8 de marzo pasado, algunas estudiantes de Acatlán tomaron el A-6.
Pero casi inmediatamente se vino la contingencia sanitaria por el covid-19. Se cerró el plantel. La colectiva de Acatlán decidió quedarse y cuidar su espacio, a pesar de que no impulsaban un paro como tal. ¿Por qué lo decidieron así?, se les pregunta a los entrevistados. Probablemente por la misma dinámica de Acatlán, donde es muy difícil hacer activismo, y las autoridades son agresivas con los estudiantes organizados.
La noche de la agresión, el ataque fue dirigido contra ellas. Pero hay otros colectivos que tienen espacios ahí. Uno de ellos, de corte anarquista, apoyó y defendió a las feministas, a pesar de no ser tan cercanos políticamente.
Entre los estudiantes y exestudiantes, hay pocas dudas. El ataque sí pasó. Sin embargo, quedan dudas sobre el origen del incendio.
Argüenderas se defiende
Una de las estudiantes agredidas comentó que están asesoradas jurídicamente y por eso evitarán comentar sobre este incidente. Dijo que los comunicados que han colocado en sus redes sociales son una narración fehaciente los hechos, tratando de juntar cada detalle y que quienes participaron en su elaboración estuvieran conformes con lo expresado.
En el primer comunicado después del 5 de abril, explicaron que esa madrugada: “Salimos a ver qué sucedía mientras observamos que venía un grupo de entre siete y 10 hombres, al poco tiempo comenzaron a golpear los vidrios del espacio. Les gritamos preguntando quiénes eran, [pero] no respondieron y rompieron los vidrios”. El ataque: “pasó demasiado rápido”.
Los nueve planteles que decidieron mantener la toma de sus escuelas, consideraron medidas de higiene y protección recomendadas por las autoridades de salud, la misma UNAM dotó de gel antibacterial y materiales de limpieza a estudiantes.
Se mantienen en paro estudiantes de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Medicina Veterinaria y Zootecnia, las Escuelas Nacionales Preparatorias 3 y 6; los planteles Sur y Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Alto a la violencia, convocan en conversatorio de violencia contra estudiantes UNAM
En este contexto de tomas y covid–19, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal organizó un conversatorio virtual cuya exigencia a la UNAM fue cese a la violencia y represión contra los estudiantes. Recordaron casos emblemáticos de violencia feminicida como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en mayo de 2017 o el de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la FES Cuautitlán.
Dian Como La Flor, una defensora de derechos humanos que empezó con la exigencia de justicia por el feminicidio de Lesvy, lamentó los hechos de Acatlán. “Como existe un vacío jurídico, no hay nadie que esté poniendo el ojo sigue la violencia. Ha habido una serie de violencias contra compañeras paristas; muy grave con la de Acatlán”.
Para ella la seguridad debería ser comunitaria. Que se modifiquen estos círculos de poder en la UNAM, porque ha comprobado, durante estos meses de acompañamiento en los distintos paros, que es la misma institución la generadora de violencia en muchos casos.
Además los casos no son investigados, tienden a la criminalización del mismo estudiantado, como en esta ocasión que la UNAM se pronunció más por un edificio que por las vidas en riesgo de quienes fueron agredidas, comenta Dian virtualmente. Recuerda un episodio: al inicio del paro de Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFYL), un sujeto intentó darles comida con veneno de ratas.
Fue casi al inicio de la toma que comenzó el 4 de noviembre de 2019. “El constante hostigamiento… En la preparatoria 9 hubo violencia. Eran ataques muy violentos. Incluso las compañeras defensoras estuvimos acompañando el resguardo de las instalaciones. Peligraban nuestras vidas. Eran grupos porriles, padres de familia que se organizaban para realizar amenazas, apologías del delito, apologías a la violación sexual. Eran padres de familia que estaban haciendo estas amenazas”.
En el caso de Azcapotzalco, la activista denuncia que eran grupos de seguridad privada que utilizaba la universidad para desestabilizar el movimiento contra la violencia sexual. “Parece que hay un nexo entre las instancias de la Ciudad de México y el Estado de México, porque no hubo ninguna injerencia. Le pedimos a la abogada general que se pronunciara, que denunciaran en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se hizo”.
Para Dian, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han puesto atención al movimiento estudiantil, en varios casos separatista. Han pedido medidas cautelares y éstas no se han brindado.
En este contexto de pandemia, considera que es importante seguir articuladas. Las activistas no dejarán de estar pendientes ante el silencio–considera–, de las autoridades universitarias que cumplirán seis meses sin dar cabal cumplimiento a las demandas de las mujeres.
Padres respaldan a mujeres organizadas
María de Lourdes Mejía Aguilar, de la coordinación de familiares víctimas de la violencia, cuyo hijo fue asesinado y aún no tiene justicia, llamó a la UNAM a no dejar solas a las estudiantes y a los estudiantes.
“La procuraduría, comisiones de derechos humanos no hacen nada por parar esta violencia. Llevamos documentados más de 90 casos de estudiantes que han sido asesinados afuera de CU y no se hace nada más obstaculizar todos los casos para que no haya justicia”.
Dijo que los familiares seguirán apoyando a los estudiantes en paro.
Víctor Caballero, del comité Aeequs, recordó que la violencia ha ido en aumento a partir del feminicidio de Lesvy. Las autoridades, dijo, no han querido escuchar. Han criminalizado los movimientos y la protesta estudiantil.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un nuevo caso de contagio del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, ahora en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, que afectó a dos de sus trabajadores.
El 24 de marzo pasado un paciente masculino ingresó a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades con un cuadro clínico de endocrinología (hipoglucemia). En los siguientes 4 días su estado se complicó y al presentar fiebre muy alta y otros síntomas, se le aplicó la prueba y dio a positivo a Covid-19. Al sexto día de internamiento falleció.
Consultado por Contralínea, el IMSS explicó que se trató de “un paciente sin ningún síntoma o signo de sospecha clínica por COVID-19, por lo que no siguió la ruta del Triage Respiratorio, sino el Triage de admisión continua: se le realizaron estudios y se le trató por el padecimiento por el que acudió a urgencias”.
Agregó que para el día 28, “el paciente tuvo una descompensación en su salud y fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva (UCI), se le realizaron nuevos estudios, mismos que prendieron las alertas como paciente sospechoso. A partir de ese momento, en la UCI se le aisló y se tomaron las medidas de protección personal necesarias para el equipo médico que lo atendía. Se le realizó la prueba por COVID- 19”.
El resultado de la prueba SARS-CoV-2 reportó positivo después de su deceso, ocurrido el 30 de marzo. “Una vez confirmado el reporte [el hospital] realizó un cerco epidemiológico”. En total, de 15 personas que pudieron tener contacto con el paciente –los tres turnos de medicina y enfermería–, dos fueron confirmadas como contagiadas.
De acuerdo con el IMSS, “éstas presentaron síntomas leves y se les da seguimiento puntual en aislamiento domiciliario. El resto fueron puestos en cuarentena y el área de Epidemiología da seguimiento puntual para saber su evolución.
“Como se ha referido en las conferencias informativas del sector Salud existen casos asintomáticos que no son detectados por indicios de enfermedades respiratorias.”
Finalmente el Instituto indica que “la UMAE Hospital de Especialidades cuenta con un protocolo de COVID-19, una torre completa incluyendo cinco quirófanos dedicada a la atención, con un Triage Respiratorio y un Triage normal para los casos que llegan”.
El Hospital General Regional No. 72 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México, tiene reportados hasta el momento, 27 trabajadores contagiados de COVID-19.
Hospital General Regional No. 72 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México tiene al menos 27 personas contagiadas de Coronavirus (COVID-19), debido a que no se llevaron a cabo los protocolos y no había material de sanidad, por lo que exigen atención de las autoridades e insumos.
“Desde que se eligió el Hospital No. 72 para atender casos sospechosos o confirmados con COVID-19, se acordó que los pacientes fueran atendidos exclusivamente en urgencias, si el servicio se saturaba teníamos que utilizar los siguientes pisos; sin embargo, se fueron atendiendo casos sospechosos y se diagnosticaban como neumonías atípicas u otras enfermedades respiratorias, así, se subían al piso de medicina interna, a pesar de que el acuerdo era otro con las autoridades”, informó el medico internista, que no quiso dar su nombre, al programa de radio “Así las Cosas”.
La mayoría de los contagiados son médicos residentes que se encuentran en el hospital, a pesar de que se dijo que los pacientes contagiados solo se atenderían en urgencias, pero no fue así.
“Desde el 24 de marzo empezamos a atender a los pacientes con COVID-19, pero como se tenía el acuerdo que no se iban a pasar a otro tipo de pacientes, no se nos daba otro tipo de protección, porque estaba destinado al área de urgencias, por lo que nos vimos obligados a comprar nuestro material para protegernos, hasta las mascarillas N95, así como también el de higiene y limpieza”, continuó
Además, comentó a Gabriela Warkentin y a Javier Risco que la mayoría de los pacientes solo llegaron a fallecer de edema de pulmón, insuficiencia respiratoria o/y neumonía atípica. Los directivos se negaron a tomar las pruebas confirmatorias de coronavirus; debido a eso se tomaron, muestras entre los mismos médicos residentes, que no es lo ideal.
Finalmente, la médica externó que de las pruebas que se realizaron entre los integrantes del hospital, resultaron “19 de 26 residentes de medicina interna salieron positivos para COVID-19; de los médicos internos de pregrado 7 son positivos y también una doctora adscrita, pero aun así falta los demás departamentos. Los que puedo confirmar son 27 personas contagiadas en el Hospital”.
Pese a la cuarentena declarada para mitigar la expansión del COVID-19, la comunidad de Santiago Mexquititlán continúa organizando su Concejo comunitario, donde además de construir mecanismos comunitarios para atender la seguridad, la educación y el comercio, también apuestan a la salud comunitaria.
En un comunicado emitido por pobladores y pobladoras de Santiago Mexquititlán, en Amealco, señalan que funcionarios del Partido Acción Nacional, junto con militares, policías y elementos de protección civil agredieron a las y los comerciantes del tianguis comunitario.
Pese a que las y los vendedores acataron las medidas de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud, la administración estatal rompió las recomendaciones al concentrar a más de 50 personas para el desalojo de las y los comerciantes.
Pese a la cuarentena declarada para mitigar la expansión del COVID-19, la comunidad de Santiago Mexquititlán continúa organizando su Concejo comunitario, donde además de construir mecanismos comunitarios para atender la seguridad, la educación y el comercio, también apuestan a la salud comunitaria.
Así lo señalan en el comunicado firmado por tianguistas originarios de Santiago Mexquititlán, donde resaltan que: “ante la indiferencia de los gobiernos, sabemos de ante mano que el resultado de esta pandemia para nuestras comunidades será desastroso por lo que solicitamos la solidaridad del pueblo de México a donar productos respecto a las necesidades básicas y material médico para nuestro concejo de salud que está capacitándose para atender a nuestra población, y hacer pie a la pandemia”
Los insumos médicos que la comunidad solicita son los siguientes: “Lancetas, Glucómetros, Baumanometros, termómetros, cubre bocas, googles y todo el material de protección que se necesita, también cloro, pinol, jabón, canasta básica, pañales, para hacer frente a esta crisis.” así mismo ponen a disposición un número de teléfono para adquirir más información, el cual es 4423698304.
El comunicado exhorta a Rosendo Anaya, presidente municipal de Amealco de Bonfil, a que capacite a su personal en la atención y medidas sanitarias necesarias para prevenir el brote en el municipio de Amealco, así mismo, hace un llamado a las instancias federales correspondientes para sancionar a las y los funcionarios que impidieron la instalación el tianguis comunitario.
Héctor murió en su cama sin ser diagnosticado. (Foto: Jannet López Ponce)
Jannet López Ponce / Milenio
En las primeras horas del 1 de abril, perdió la batalla con intensos dolores que le impedían ponerse de pie, con fiebre y apenas lograba respirar. Murió luego de esperar siete horas una ambulancia.
Héctor murió a los 63 años, agonizando en su cama con todos los síntomas del covid-19: problemas respiratorios y falla de los principales órganos. Pero su caso ni siquiera aparece en las estadísticas.
En las primeras horas del 1 de abril perdió la batalla con intensos dolores que le impedían ponerse de pie, con fiebre y apenas logrando respirar. Murió luego de esperar siete horas una ambulancia que era la única que podía llevarlo a un hospital con un protocolo especial. Pero el transporte nunca llegó. Ni siquiera cuando ya había muerto y tenían que recoger su cuerpo.
Su historia la narran familiares que accedieron a contar los pormenores de su fallecimiento. En plena contingencia por el covid-19, su caso simboliza el de una parte de la sociedad: aquellos sin seguridad social y sin redes de protección, equivalente al 57.3 por ciento de la población.
Hasta su muerte, Héctor vivió en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tenía lo que ahora parece una sentencia de muerte, ‘factores de riesgo’, que en este caso tomaron la forma de una terca hipertensión y problemas en el corazón y de tiroides. Trabajaba en una agencia de seguros y, disciplinado como era, siguió laborando incluso en plena contingencia.
Lo que ocurrió fue tan rápido que en su familia aún tratan de entender lo sucedido. Cinco días antes de su muerte, el esposo de una clienta fue personalmente a informarle que su pareja había resultado positiva de covid-19 y como seis días antes había tenido contacto con él, prefirió notificárselo para que tomara las medidas necesarias.
Don Héctor se aisló y de inmediato comenzaron los síntomas. Optimista, los asumió como una simple gripa por el cambio de temperatura, por las lluvias, por el clima. Pero el martes 31 de marzo su estado se tornó crítico.
Alrededor de las 17:00 horas, cuando Héctor se veía ya muy mal, sus familiares siguieron el protocolo que han escuchado en las noticias y que a diario repiten las autoridades: pedir ayuda en la línea covid que, a su vez, los remitió al 911. Los síntomas eran evidentes: era un candidato de coronavirus y por su estado debía ser hospitalizado.
La operadora del 911 fue clara: “no lo pueden mover, no lo toquen, no se acerquen, no intenten hacer nada por su propia cuenta porque se pueden contagiar y porque sería negligencia. Una ambulancia especializada debe ir por él para hospitalizarlo”. Pero eso nunca pasó.
Las horas transcurrían. La familia realizó al menos 10 llamadas intentando presionar que llegaran por Héctor que de un momento a otro comenzó con fiebre, dolores y falta de aliento que le impedían moverse.
Luis y Adriana, sus sobrinos y quienes contaron a MILENIO su historia, narraron que tras dos horas de espera y al verlo sin reaccionar sus tíos salieron a la calle a buscar ayuda. Una unidad de seguridad ciudadana de la Ciudad de México pasó por ahí y le pidieron auxilio. Con un reporte solicitaron una ambulancia que llegó en 30 minutos, les ayudó a darle oxígeno pero se declararon incompetentes para hacer más.
“Nada más lo ayudan con oxígeno para que se pueda reincorporar otra vez y se van, no dan un parte médico formal porque no tenían la autorización ni el carácter para decir si tenía coronavirus o no, pero sí comentan que todos los síntomas son de covid-19. Nos dicen que no tienen ni el equipo ni la capacitación para atender esos casos. Y otra vez lo mismo, esperar la ambulancia especializada, seguir el protocolo”, dijo Adriana.
Seguir el protocolo: Adriana luce harta de esa frase. Como lo expresó en sus redes sociales el día de la muerte de su tío: el protocolo, al menos conforme a lo que establece este caso, no sirvió.
Como Héctor no tenía seguridad social, comenzaron a llamar a los hospitales del IMSS para garantizar que lo recibirían. Ninguno contestó.
Hicieron lo mismo con las clínicas privadas y tampoco tuvieron éxito. Así que comenzaron a hacer un recorrido personalmente. Nueve lugares en donde les fueron sinceros y poco esperanzadores: “en ese estado ya no lo atendemos, nosotros solo hacemos pruebas pero no damos atención, sí lo recibimos pero ustedes deben traerlo o pedir una ambulancia especializada al 911”. Otra vez, seguir el protocolo.
“Seguíamos monitoreando la ambulancia. En un inicio sí nos contestaban ‘ahí va, espérense, ahí va’, y nos decían ‘ni lo muevan, no lo muevan porque en el estado en el que está los va a contagiar, es negligencia, nosotros llegamos’. Después ya ni contestaban, ya nada, entonces pues nunca llegó, ni antes, ni en la primera llamada, ni durante y obviamente ni cuando ya era tarde”, dice Luis.
Era claro, el reto ahora era conseguir una ambulancia particular que aceptara trasladarlo a un hospital privado.
Luis contó a MILENIO que llamaron a varias “ambulancias privadas famosas” en donde la respuesta tampoco les garantizaba salvar a su tío.
“Nos decían ‘sí podemos hacer el viaje o el traslado pero sería programado’, y eso nos lo ofrecían hasta el otro día”.
El médico de cabecera de Adriana la contactó con un colega que tenía este servicio pero al llamarle también le habló con sinceridad: “mira, yo sí tengo ambulancia equipada, lamentablemente no me he dado abasto para transportar enfermos de covid-19 porque estoy en friega y ahorita estoy en el proceso de desinfección; te puedo atender si me hablas a las 06:00 horas para que a las 8 de la mañana vaya por tu tío”.
Parecía que por el estado de don Héctor esperar a que amaneciera no era opción. Pero aceptaron ambas, solo para tener un plan B.
Alrededor de las 23:30 horas, tras seis horas de agonía, uno de los familiares trajo al fin una buena noticia: un amigo de protección civil podía contactar una ambulancia con equipo especial que llegaría al menos en media hora.
“Llega la ambulancia que nuestro familiar hizo el favor de contactar, empiezan a hacer el protocolo, se empiezan a preparar para subir a ver a mi tío, a cubrirse todo, su protocolo de seguridad y de higiene, se tardaron como 15, 20 minutos en lo que hacen eso y en ese proceso la evolución de mi tío cambia drásticamente hasta que bueno, cuando suben ya no había nada que hacer en ese momento”, explicó Luis.
Héctor dejó de respirar por completo poco después de la media noche y fue hasta cuatro horas después que las autoridades llegaron a dar fe de lo sucedido… pero sin ambulancia.
Luis piensa que “como falleció por covid-19 nadie se avienta la responsabilidad de ir a ver qué es lo que está pasando. No tienen ni la higiene, ni cubrebocas, ni guantes, no tienen absolutamente nada, pues por eso no se quieren acercar”.
Desde antes de que Héctor falleciera, personal de una funeraria ya estaba en la puerta ofreciendo sus servicios a la familia. Y cuando las autoridades llegaron, los trabajadores de la funeraria a quien nadie llamó, ya estaban listos con uniforme especializado para mover el cuerpo con el virus mortal.
La tragedia no terminó ahí. Pues tanto las autoridades como la funeraria recomendaron poner como causa de muerte neumonía. Pues si insistían en que era coronavirus tardarían días en entregarles el cuerpo, y eso, si es que acudían al llamado de ir por él, lo que no hicieron en las 11 horas que ya habían transcurrido.
“Te ponen en una disyuntiva de qué hacer, te presionan con una decisión y evidentemente tienes varios problemas, tienes un fallecido en tu casa que empieza en descomposición y que aparte propaga un virus”, cuenta Luis un tanto arrepentido pero sabiendo que en ese momento parecía que no tenían más opción.
Ahora saben que no hay nada por hacer, pero quieren que su historia se sepa, pues no dejan de pensar en que el caso de su tío puede ser el de muchos otros. Quizá porque en su estado, a su edad y con esas enfermedades prefieren dar estos casos por perdidos. Quizá porque dan prioridad a aquellos que tienen más posibilidades de sobrevivir. O quizá solo ellos tuvieron mala suerte.
El acta de defunción de Héctor registra como causas de muerte insuficiencia cardiaca y problemas en el corazón. Eso a Adriana no deja de taladrarle la cabeza. Eso y la negligencia ante la vida de una persona, no solo la de su tío, la de quien sea.
“Lo más macabro o perturbador es que le pusieran que fue por neumonía porque ahí es cuando empiezas a hilar hacia atrás y a hacer conclusiones: ¡Pues entonces no iban a ir por él nunca!; y que pareciera que hay un acuerdo entre ellos porque los de la funeraria así llegaron, sin que nadie les llamara. De hecho preguntamos ‘oye, ¿el cuerpo todavía infecta?’, y respondieron ‘ah no te preocupes, nosotros vamos preparados y les entregamos sus cenizas… desinfectadas”.
En México, al menos 2 millones de personas migran de su lugar de origen a los campos agrícolas para emplearse como jornaleras agrícolas
(Imagen: Plumas Atómicas / Alejandro Echeverría)
Alina Escobedo, Plumas atómicas /8 de abril de 2020
En México, al menos 2 millones de personas migran de su lugar de origen a los campos agrícolas para emplearse como jornaleras agrícolas y corren riesgo de contagiarse de COVID-19, denunció la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJA).
Orilladas por la violencia y la falta de servicios tan básicos como el agua, las personas jornaleras salen principalmente de entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero y se dirigen a entidades como Baja california, Sonora y Guanajuato, explicó Paulino Rodríguez, integrante de la RNJA en Guerrero.
(Imagen: Plumas Atómicas / Alejandro Echeverría)
“Se enfrentan a las situaciones de salud, trabajo e higiene que año con año viven y ahora se suma la contingencia sanitaria que posiblemente les va a colocar en mayor discriminación. También hay incertidumbre entre los propios mitos en torno al Coronavirus, las familias se preguntan cuáles son las medidas que se tienen que tomar”, explicó Mayo Meza, integrante de la RNJA en Guanajuato.
(Imagen: Plumas Atómicas / Alejandro Echeverría)
Las personas jornaleras agrícolas suelen ser contratadas verbalmente, sin un documento de por medio; expuestas a agroquímicos, tienen jornadas de más de 12 horas y habitan lugares hacinados que les proporcionan sus empleadores. Según la CNDH, todo esto ocurre sin prestaciones laborales.
“En el campo donde llegué a observar, el salario era de $235 pesos. Se puede considerar como bien, pero si vemos que no tienen Infonavit, Seguro Social, otras prestaciones, prácticamente es nulo”, abundó Eduardo Calvario, integrante de la RNJA en Sonora.
En un comunicado, la RNJA denunció que a las condiciones adversas históricas como falta de prestaciones, precariedad salarial y hacinamiento, este año, la pandemia de Coronavirus pone en riesgo a las personas jornaleras agrícolas debido a que no cuentan con equipo para trabajar seguros y a la barrera lingüística que les dificulta el acceso a la información.
A falta de insumos, denunciaron que el personal médico y de enfermería solo se pone bolsas de plástico encima.
Personal del Hospital de Zona 01 “Demetrio Mayoral Pardo” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Oaxaca, denunció condiciones insalubres, y falta de insumos y de equipo de protección para enfrentar la pandemia por #COVID19.
De acuerdo con el personal del IMSS, el área del hospital que se dispuso para atender los casos de COVID-19, como se muestra en las fotos, incumple con las condiciones mínimas de higiene.
Asimismo, denunciaron que aun no les otorgan los uniformes que donó la fundación Alfredo Harp Helú.
Reportaron que solo una línea roja divide el área sucia del área limpia y por ese mismo pasillo ingresa el paciente y se le entregan sus alimentos.
“El personal está expuesto ya que esa área da directo al pasillo donde están los elevadores. Asimismo, por ahí se están transportando a otras áreas del hospital”, reportaron.
A falta de insumos, denunciaron que el personal médico y de enfermería solo se pone bolsas de plástico encima.
Por ello suspendieron la atención en la consulta externa, laboratorio y cirugías programadas.
Se atenderán solo a pacientes que tengan consultas de tercer nivel en Puebla, consulta de ginecología de embarazos del alto riesgo, displasias y sospechas de cáncer de mama.
También se atenderá oncología quirúrgica, oncología médica, hematología, nefrología, cirugías de urgencia y gineco-obstetricia.
Todos esos servicios se brindarán en la unidad médica ambulatoria (UMA). La UMA se encuentra separada del hospital y a un costado.
Directivos del IMSS informaron que no se atenderá a pacientes estables que solo requieran consulta médica.
Para consultas de patología sin alteración respiratoria y patologías leves, deberán acudir a las clínicas médicas de medicina familiar.
El IMSS Oaxaca pidió a toda la población respetar las decisiones y recomendaciones de la unidad y evitar aglomeraciones para evitar contagios entre los derechohabientes.
El hospital del IMSS ya está atendiendo a sospechosos y confirmados de COVID19, es por ello que deben extremarse precauciones.
El director de protección civil, Agustín Ramos Pérez confirmó el fallecimiento
Sergio A. Rodríguez/ EL SIGLO DE TORREÓN
El subdirector administrativo del Hospital General de Zona número 7 (HGZ No. 7) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mario Trejo, falleció en las primeras horas de este miércoles.
El director de protección civil de Monclova, Agustín Ramos Pérez, confirmó el fallecimiento del funcionario federal diagnosticado con coronavirus.
El servidor público municipal indicó que respecto al subdirector del hospital, días atrás había sido diagnosticado con COVID-19.
El Comité estatal de salud confirmó el Monclova a la muerte de una persona de 43 años de edad, confirmada con coronavirus el pasado 30 de marzo, pero no reveló que trató o del subdirector administrativo del Hospital.
En el corte informativo del mediodía de este miércoles, las autoridades confirmaron siete nuevos casos de 19 en el estado, de los que cinco corresponden a Monclova.
Con esto suman 69 confirmados en Monclova con la enfermedad, dos más en el municipio de Frontera como parte de su zona metropolitana, y seis defunciones del total de estos casos.
Los migrantes indocumentados que enferman en Estados Unidos están a su suerte. El sistema de salud es tan obsoleto, inasequible, y ha sido diseñado de tal modo, que excluye por completo a los trabajadores indocumentados
Texto y fotos: Kau Sirenio/ PIÉ DE PÁGINA
La activista Magali Licolli lo dice directamente, sin tapujos: el sistema de salud de los Estados Unidos es obsoleto, inasequible y caro. Y “los migrantes indocumentados sufren tres veces más: por ser migrantes, por no contar con seguro médico y la falta de un salario justo que les permita contratar a la seguranza de un carnet médico; porque si no los tienen, los hospitales simplemente nos los atienden. En este país racista no se respetan los derechos humanos”. Así lo expresa en entrevista telefónica.
La activista trabajó en una clínica comunitaria en el Noroeste de Arkansas, donde apoyaba a jornaleros migrantes que llegaban a pedir medicamentos o atención médica. Después fundó la organización Venceremos espacio que le permite hacer trabajo comunitario con jornaleros avícolas.
“Sé del problema de salud de Estados Unidos porque trabajé en una clínica comunitaria, donde ayudaban a los migrantes mexicanos para su atención médica, porque no tenían para pagar la hospitalización. Muchos indocumentados se quedaron fuera de servicio médico, porque el requisito del programa que implementó el gobierno no les ayudó en nada”, expone Licolli.
Nacida en León, Guanajuato, Magali Licolli habla en entrevista con Pie de Página sobre la crisis que padecen los miles de migrantes latinos que se encuentran en Estados Unidos. Con cinco años de experiencia en clínica comunitaria la mexicana pone el dedo en la llaga.
Los empleos que dañan la salud… y las empresas que no hacen nada
“Cuando hablé con los trabajadores de las polleras, supe lo que es vivir sin derecho a la salud. Esto me rompió el corazón. Muchos jornaleros avícolas no tienen acceso a un médico. Los migrantes de nuestra comunidad tienen necesidad urgente de recibir atención médica. Porque quedaron heridos de por vida en las polleras. Tienen dañados los pulmones por haber estado expuestos a accidentes químicos de los cuales la compañía no se hizo responsable” expone.
Agrega: “Los obreros ni siquiera pudieron trabajar, salieron por cuenta propia porque ya no pudieron seguir en el trabajo, se quedaron sin seguro que le proveía las polleras el Tyson, George’s, Cargill y Walmart”.
Obamacare no cuidó de los migrantes
Ahora los migrantes de bajos recursos tendrán que cargar con la pandemia. El acuerdo que firmó Barak Obama en 2013 –que en teoría garantizaba a toda persona el acceso de servicio médico– dejó afuera a los migrantes.
El proyecto del expresidente tenía muchas limitaciones en sus apartados. El principal, que se daría atención médica “siempre y cuando los usuarios adquirieran compromiso con la compañía de seguranza. Dejaron fuera a los indocumentados al impulsar las cuotas y el ingreso salarial, esto no alcanzaba para recibir una atención médica, cuando alguien se enferme y va al hospital, lo primero que te piden es el seguro médico. Es realmente una crisis ya que es algo imposible obtenerlo”.
En la administración de Barak Obama, se establecieron reglas y guías para acceder al servicio médico: “Organizaron a la población en pobres, clase media, y el ingreso por familia. Con este parámetro se les iba a dar a todos el Obamacare, el cual consistía en que el gobierno pagaría el seguro médico. En pocas palabras la salud en mano de compañías privadas” dice Magali.
Sin embargo, los habitantes de los estados pobres no alcanzaron a juntar el mínimo que se le pedía para poder acceder a la ayuda del gobierno federal. “Para resolver este problema, los gobernadores, en su mayoría demócratas, impulsaron medicare estatal, por lo que había dos tipos de enfermos, los enfermos ricos con medicare federal y los pobres con medicare estatal” narra la guanajuatense.
Lo cuestionable del sistema de salud de los Estados Unidos, es que si los migrantes no presentan su seguro médico al presentar su declaración de impuestos se les multa. “Las constantes violaciones a los derechos humanos de los indocumentados era la multa que pagaban cada año por no poder comprar el seguro medicare”.
Agrega: “Las familias pobres que alcanzaron entrar al medicare estatal por los gobernadores demócratas volvieron a quedar fuera de servicio de salud cuando ganaron los republicanos y Donald Trump. Este pequeño avance se interrumpió de nuevo y otra vez a mendigar la atención médica”.
La resistencia
En la entrevista Magali Licolli habla también de cómo se organizan en medio de la pandemia:
“Nos organizamos por vía telefónica, WhatsApp o Facebook. Hay que aprovechar estos medios, antes de que llegará el covid-19, habíamos denunciado el uso de químicos en todas las plantas de pollos. No hay medidas sanitarias y afecta a los trabajadores. Unos tienen problemas respiratorios, padecen de asma, entre otros padecimientos”.
Licolli agrega: “La semana pasada Tyson anunció que le iba a regalar 500 dólares a cada trabajador, como bonos de gracia y reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ellos. En total fueron 13 millones de dólares. Pero no incluyó el costo de las consultas y propuso cinco días de descanso por el covid-19”.
Egresada de la Universidad de Arkansas como actriz de teatro, Magali dice que le preocupó los 500 dólares de bono que la pollera anunció: “Es una burla para los trabajadores, lo que nosotros proponemos es el incremento de salario. Ese bono le será entregado a los trabajadores hasta junio, para poder ser acreedor no deben de faltar durante seis meses, no es justo para nosotros, ellos nos están estafando”.
La mayoría de los y las trabajadores sexuales se quedaron sin empleo y duermen en la calle ante el cierre de hoteles y posadas por la pandemia.
Ante la vulnerabilidad tras el cierre de hoteles y posadas por la emergencia sanitaria que representa el coronavirus (Covid-19), trabajadoras sexuales instalaron el martes un campamento temporal ante la falta de albergues para pasar la cuarentena en la Ciudad de México.
A través de redes sociales, trabajadoras sexuales e integrantes de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Elisa Martínez’ A.C., denunciaron que recibieron algunas tarjetas de apoyo sin fondos por parte de autoridades capitalinas, además que, con los hoteles cerrados se están quedando en la calle.
Esta semana, el Gobierno de la Ciudad de México entregó apoyos a personas que realizan trabajo sexual a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y en coordinación con asociaciones y personal de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM), mediante el Programa Orquídeas, gestionado junto con Brigada Callejera.
Los apoyos fueron a través de tarjetas de débito, por tres meses, debido a que las trabajadoras sexuales se vieron afectadas ante la cuarentena y el cierre de hoteles donde ofrecían sus servicios y vivían.
Sin embargo, varias trabajadoras denunciaron que las tarjetas no tienen fondos.
Además, organizaciones y colectivos realizan colectas de cobijas y víveres para que puedan sobrevivir en medio de la pandemia.
AMATEPEC, Edomex.-8 abril 2020.-Por temor a contagiarse del virus Covid-19, los principales accesos al municipio e igual que en Tlatlaya han sido cerrados utilizando grava y retenes provisionales para evitar que llegue gente que no sean residentes.
En la vialidad a San Felipe se colocaron montículos para impedir el paso de los vehículos, con ello, se pretende que las personas ajenas no puedan contagiar a los habitantes de la región con la pandemia.
La medida a causado comentarios en contra aunque otros ciudadanos apoyan las acciones implementadas para impedir la propagación de la enfermedad entre la población de la región conocida como «tierra caliente».
En otras demarcaciones de la zona sur se han desplegado filtros de revisión a los automovilistas y se pide disminuir el número de tripulantes.
Imagen tomada de: edomex.quadratin.com.mx
En el Estado de México se contabilizan más de 300 casos positivos incluso se han registrado ocho decesos por el coronavirus de acuerdo con el último reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud.
El traslado de migrantes se realizó en varios autobuses, Foto: Archivo
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Más de 480 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron abandonados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en la línea fronteriza de México con Guatemala, luego de que el gobierno de este último país rechazó el ingreso de los centroamericanos tras sellar su frontera por la pandemia del covid-19.
La mañana de este miércoles, ante los ojos de observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), agentes de la Guardia Nacional y del INM perdieron el control en el proceso de deportación masiva que pretendían hacer por el paso fronterizo de Talismán, municipio de Cacahoatán.
Ante el rechazo de las autoridades migratorias del gobierno de Guatemala, los agentes mexicanos no pudieron concretar la deportación y tampoco tuvieron la opción de regresar a los centroamericanos porque ya hay espacio en la Estación Migratoria Siglo XXI, que se encuentra saturada.
Los migrantes a bordo de nueve autobuses, procedentes de Acayucan, Veracruz, y Matamoros, Tamaulipas, empezaron a rebelarse y a bajar de las unidades.
Al final todos descendieron y quedaron en la carretera, intentando ingresar por brechas y caminos hacia Guatemala, pese a que les han impedido el ingreso.
Los pobladores de la región guatemalteca se niegan a recibir a los migrantes y han manifestado su temor al virus ante esa multitud.
La CNDH urgió al gobierno mexicano a “atender la situación de las 480 personas migrantes abandonadas en la frontera de Talismán” e hizo un llamado al INM y a la Guardia Nacional “para que actúen con responsabilidad y sensibilidad durante la emergencia sanitaria”.
Por su parte, Irineo Mujica, del organismo Pueblos Sin Fronteras, denunció que una vez más el INM “actúa de una manera irresponsable, cruel y sin ningún tipo de control”.
Añadió: “Debe de haber alguien que los pueda hacer responsables. Alejandro Encinas, subsecretario de Migración y Derechos Humanos, tiene una larga trayectoria de derechos humanos, apelamos a sus principios y años de servicio para resolver este peligro eminente para todos”.
Los pobladores, dijo, tienen razón en el rechazo natural ante la pandemia, pues es irresponsable dejar 500 personas en plena carretera sin comida, sin agua y con nubarrones que amenazan con llover.
Mujica remató: “El comisionado (Francisco) Garduño tiene que ser responsable de su desastre ¿O es que en la 4T a nadie se le hace responsable y están por encima de la ley? Legalmente el subsecretario Encinas sigue siendo el responsable y moralmente aún más”.
Agencia SIM / Noticaribe
JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Productores de maíz de la comunidad San Felipe I, temen por las cosechas de este año, pues en estos momentos no existen compradores que quieren ingresar hasta su comunidad, debido por las alertas que se han emitido en torno del COVID-19.
“Tenemos elotes en producción pero no hay quien pueda comprarlo, debido a que las fronteras están cerradas; siempre hemos tenido compradores que siempre nos sacan nuestra producción pero hoy en día nadie quiere entrar”, dijo María Margarita, productora de maíz.
Cabe destacar que la única posibilidad de vender el producto es yendo a la cabecera municipal a tratar de ofertar a precio por debajo de lo previsto.
“Tenemos más de una hectárea de elote de buena calidad, muy grandes”, concluyó.
Piecitos Danzantes es un grupo infantil con presencia en Puebla y Nueva York que promueve las danzas mexicanas para fortalecer las redes comunitarias, para enfrentar, ahora, la pandemia
Piecitos Danzantes es un grupo infantil con presencia en Puebla y Nueva York que promueve las danzas mexicanas para fortalecer las redes comunitarias, para enfrentar, ahora, la pandemia
Texto y fotos: Heriberto Paredes/ PIE DE PÁGINA
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La escuela está desierta, sólo algunas familias se reúnen en el comedor para cambiar a sus hijas e hijos y ponerles la ropa con la que suelen presentarse como Piecitos Danzantes. En la entrada de la escuela pública 164 ‘Caesar Rodney’, una guardia me recibe y me pide que anote mi nombre. Usa guantes de látex y me indica que puedo usar el gel antibacterial que hay en la mesa. Al entrar al comedor reconozco a Xugey López, coordinadora del grupo y madre mexicana originaria de la ciudad de Puebla, aunque con más de la mitad de su vida en Estados Unidos.
Es 13 de marzo y estamos en Borough Park, uno de los barrios de judíos ortodoxos en el corazón de Brooklyn. En toda la ciudad hay una pausa en la vida pública y poco a poco el distanciamiento social cobra fuerza, debido a la emergencia del contagio masivo del covid-19 en el estado de Nueva York. No se han cerrado las escuelas públicas todavía, pero en retrospectiva, este será el último día.
Piecitos Danzantes es un grupo cultural que se dedica a promover las danzas mexicanas como parte de las actividades curriculares en esta escuela. Se trata de un grupo binacional que tiene presencia en el estado de Puebla y en Nueva York y forma parte de la Red de Pueblos Transnacionales, un esfuerzo por visibilizar colectivos e iniciativas generadas desde las comunidades indígenas mexicanas migrantes en esta zona de Estados Unidos.
“En 2017 yo trabajaba con grupos de gente adulta, y los niños siempre quedaban fuera, no sabían qué hacer con ellos, así que decidí hacer algo al respecto. En México, un grupo de danza le hizo bullying a mi sobrina y se decidió hacer un grupo allá también” comenta Xugey, quien trabaja en un laboratorio oftalmológico en Nueva York. Hay apertura para que cualquier persona, no necesariamente mexicana, se integre.
“Es un grupo fuerte y sencillo, enseña la cultura que los niños no saben es la de sus familias”.
Xugey López
Shows a distancia
Originario de Iguala, Guerrero, Julio Casimiro vive en Nueva York desde los nueve años pero conserva un amplio apego a su lugar de origen. Para él, el trabajo cultural de rescatar las danzas es fundamental, ayuda mucho a mejorar la sociabilidad de las niñas y niños. Padre de dos niñas y un chico adolescente, esposo de Xugey, Casimiro explica, además, que la tecnología ha hecho posible que, a distancia y ahora en tiempos de distanciamiento social, las tradiciones no se pierdan.
“Hay grupos de danzas que graban sus shows y los transmiten por internet y de ahí los vemos para aprender”.
Para Xiomara, de nueve años, una de las hijas de Xugey y Julio, estar en Piecitos “es una muy buena experiencia y un buen ejercicio. Nos sentimos cómodas en el grupo”. Hablo con ella y su hermana por teléfono, días después de conocernos, ahora bajo las reglamentaciones para permanecer en casa que se dieron a todo el estado.
“Desde mi punto de vista, el grupo es un lugar para ayudar al otro también, aprendemos nuevas cosas y trabajar juntos es algo muy bueno”. Su hermana Ximena, de 12 años coincide: “En el grupo funcionamos como un equipo y nos sirve para sociabilizar mejor”.
Se aprovecha lo que será el último día de apertura de la escuela para tomar una foto del grupo en el auditorio. Algunas familias faltan, pero la mayoría está presente. No danzarán pero se visten para la foto. Las niñas usan falda azul y blusa blanca, una de ellas porta una falda de colores y lleva listones amarillos en el peinado. Los niños usan pantalón de mezclilla azul y camisa blanca. Hay sonrisas y al final de la foto habrá una convivencia con pizzas, refrescos y gel antibacterial, el nuevo bien preciado.
A pesar de estar organizadas, en esta comunidad hay preocupación por el cierre de las escuelas. “No pueden cerrar las escuelas porque muchos no tenemos dónde dejar a nuestros hijos mientras vamos a trabajar. Yo trabajo en una pizzería, ¿y quién va a cuidar a mis hijos?», señala preocupada otra madre (quien prefirió no dar su nombre), quien lleva 15 años viviendo en Estados Unidos sin documentos y tiene 4 hijos.
Dos días después de la toma de la foto, el 15 de marzo de 2020, por orden del gobierno del estado de Nueva York, todas las escuelas públicas fueron cerradas y se estableció la distribución de almuerzos para que las familias que lo necesitaran, sin embargo esta medida, a consideración de algunas personas, no fue suficiente. «No sólo se trata de almuerzos, también tenemos otras necesidades, ahora que estamos en esta crisis se nos va a acabar la comida y luego no sabemos qué hacer» afirma Olivia Tochimani, también de Cholula, quien forma parte del grupo cultural junto con sus hijos. Ella aún trabaja como trabajadora doméstica encargada de la limpieza de una casa, aunque con horarios reducidos en medio de esta crisis epidemiológica.
Tras el cierre de las escuelas, el gobierno estatal de Nueva York, encabezado por Andrew Cuomo fue dando los puntos geográficos con mayor índice de contagios confirmados. En Brooklyn, con poco más de 2.5 millones de habitantes, según cifras del propio gobierno de la ciudad en 2018, uno de los puntos rojos resultó ser Borough Park. Este es el mismo barrio en donde las y los niños de Piecitos Danzantes van a la escuela.
Desde una lógica discriminatoria, se puede leer que esta área tiene las mejores condiciones para volverse un foco de infección: una predominante comunidad judía ortodoxa en colindancia con otros barrios predominantemente chinos y mexicanos. Pero ahí, a pesar de todo, el ejercicio de la cultura propia se ha vuelto un camino para generar inclusión social.
En pausa indefinida
Con un trabajo incansable, el grupo cultural Piecitos Danzantes ha sabido forjarse un lugar al interior del currículum que se imparte en la escuela pública a la que asisten sus integrantes. Ha sido un espacio de convivencia y de formación que les ha permitido relacionarse mejor con el resto de las comunidades locales. «Aquí en Estados Unidos se pierde mucho la dignidad de los niños, no conocen eso» enfatiza Xugey.
Bajo la nueva situación de aislamiento o distanciamiento social y riesgo de contagio de covid-19, Piecitos Danzantes ha suspendido sus actividades por completo, las familias permanecen en sus casas con temor, algunos niños tienen ya algunas muestras de desesperación por recuperar su vida normal a pesar de sus clases en línea.
Buena parte de los miembros de la comunidad migrante no cuentan ni siquiera con las condiciones de protección para seguir trabajando. Xugey, quien también es miembro de la sociedad de familias de la escuela 164 comenta: «Mi hermana trabaja en la limpieza de un banco, como sigue abierto pues tiene que ir, y allá no le dan los tapabocas o lo necesario para protegerse, lo tiene que poner ella».
Quien puede quedarse en casa lo hace con incertidumbre y quien sigue trabajando no tiene las mejores condiciones.
La señora Tochimani señala que está muy contenta con el grupo de danza porque así los niños se mantienen motivados y contentos, «no como ahora, que muchos nomás están en la televisión o con los aparatos electrónicos. Espero que pronto volvamos a la rutina de siempre. Me siento como en una pecera, con los pecesitos alrededor, nomás comiendo, el agua se ensucia y ya, es como una depresión que nos da».
Las familias que integran Piecitos Danzantes comienzan a resentir esta frustración, las niñas y los niños quieren volver a su escuela, aunque se adaptan a la situación, y aprovechan la tecnología para hacer video llamadas y verles la cara a sus amigos y hablar con ellos, aunque sea a través de una pantalla. «Nos preocupa de dónde conseguiremos la comida más adelante, pero trataremos de estar bajo control» comenta Olivia con tono preocupada.
Las hijas de Xugey, sin embargo, tratan de ser optimistas y resaltan lo aprendido en estas condiciones de pandemia, justo cuando Estados Unidos se convierte en el principal país con casos confirmados de contagio en el mundo según las cifras dadas por el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (331,151 casos identificados al momento de escribir este texto). «En mi perspectiva, lo que he aprendido es que hay que pensar en las otras personas también. Hemos aprendido a ser cuidadosas de lo que tocamos y sabemos que tenemos que lavarnos las manos antes y después de comer», señala Xiomara.
Para Ximena ha sido una oportunidad: «Al principio para mi era difícil porque dejé de ver a mis amigos y de ir a la escuela, pero ahora sé que puedo pasar más tiempo con mi familia»
El gobierno federal ha ampliado las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril, pese a que hace tan sólo unos días Donald Trump había afirmado que el país se abriría de nuevo para las fiestas de Pascua. Con esta perspectiva de más tiempo en casa, las cifras de contagios confirmados y las defunciones al alza en Nueva York, además de convertirse en el epicentro de la pandemia, los estragos sociales están convirtiendo esta situación en una crisis social inminente.
Al igual que los contagios confirmados, el desempleo registra cifras inauditas luego del comienzo de esta pandemia en la unión americana. Según datos del New York Times, para finales de marzo había poco más de 3 millones de personas perdieron su empleo debido al cierre de centros laborales y la gran pausa que tuvo la economía estadounidense.
Diversidad correcta y diversidad negada
Marco Castillo es originario de la Ciudad de México, lleva varios años viviendo entre ese lugar y Nueva York, aunque finalmente se ha instalado en la Gran Manzana. Es miembro de la Red de Pueblos Transnacionales, desde su fundación hace 3 años, aunque ha acompañado a diversas organizaciones y comunidades binacionalmente desde hace más de 10 años. Ahora se mantiene en casa, atendiendo la petición de no salir a las calles para aplanar la curva de contagio del covid-19 que tiene en pausa a casi todo el planeta.
Para Castillo esta pandemia aparece como «otro momento de tensión entre el centro y los márgenes. Muchas personas no entienden el sentido del coronavirus ni de las precauciones que se está pidiendo que se tomen. Ha sido difícil detener las cosas y que no sea frustrante».
La Red de Pueblos Transnacionales la conformamos personas que se identifican como mexicanos miembros de las comunidades y los pueblos indígenas. Trabajan en esta parte de la costa este, en Nueva York principalmente pero también en Nueva Jersey y Connecticut. Desde hace muchos años, quienes integran la Red de Pueblos se han dado cuenta de la discriminación y la invisibilidad que padecen, no sólo por parte del gobierno estadounidense sino del mexicano. «La cultura de estas comunidades es muy específica y está totalmente invisibilizada, y el concepto de lo latino ha contribuido mucho a esto» subraya Marco.
«La Red de Pueblos Transnacionales ayuda a nuestras comunidades y al movimiento a conservar nuestras tradiciones y nuestras lenguas, que se están perdiendo» me comenta Julio el último día de actividades en la escuela donde se tomó la foto colectiva de Piecitos Danzantes. Las comunidades viven con mucha intensidad su identidad, sus formas de vida, sus calendarios de fiestas y sus visiones políticas, sus maneras de organizarse. Pero estos se llevan a cabo, como afirma Castillo, «siempre en los márgenes de la ciudad, en los sótanos, en los salones de fiestas privados, mientras que en el mainstream de Nueva York los blancos y la cultura latina ocupan las marquesinas, las plataformas culturales e ignoran por completo las distintas formas de vida».
Existe una gran necesidad de espacios donde las personas puedan acceder y ejercer sus derechos, en sus formas y en sus tradiciones. La construcción de esos espacios se plantea como una necesidad urgente. Tan sólo en la ciudad de Nueva York se contabilizan más de 350 mil migrantes indígenas mexicanos, pero que contando a los que viven en el estado y en los estados aledaños se puede hablar de millones. «Muchos de ellos son repartidoras y repartidores o taxistas y ahora en tiempos de distanciamiento social y pandemia, son quienes no pueden parar de trabajar. Acatar las reglas es un tema de privilegios, es un tema de condiciones, la gente que vive al día no puede hacerlo» subraya Marco.
La misma situación que se vive en México de discriminación y folclorización de la cultura, de explotación y opresión a los pueblos indígenas se ha trasladado a esta gran urbe y se le ha sumado la ignorancia del aparato estatal estadounidense. Frente a ello, eliminar las divisiones es una tarea urgente, «si no nos unimos no podemos crecer como comunidad» señala Julio.
Existe una capa en donde está la diversidad que ha hecho célebre a Nueva York, pero debajo existe otra capa de identidades que son los pilares y que no son reconocidas. «Existe una diversidad muy respetada, incluso está penado no respetarla, pero es el poder establecido, el blanco hegemónico, el que decide cuál es esa diversidad y cuáles son sus límites, entonces si tu práctica cultural rebasa estas limitaciones ya no es diversidad», define Castillo. «El nivel de persecución es mayor, por ejemplo, el costo de hacer una fiesta sonidera en la calle sin permiso, es policía y cárcel segura».
En el contexto de la pandemia, explica Marco que «en cuanto haya menos comida, y cuando la crisis sea más profunda, lo que saldrá a flote es lo profundamente desigual que es Nueva York: estarán quienes se enfermarán pero sobrevivirán, e incluso pueden salir adelante, y los que van a perderlo todo. Y ahí la gente de los pueblos va a echar mano de las redes comunitarias, como siempre lo han hecho».
Dos de las grandes automotrices instaladas en el país, sostendrán el paro técnico hasta el 30 de abril, la incertidumbre sobre el salario y los despidos se hace presente entre los trabajadores.
En un comunicado del vicepresidente de Nissan Aguascalientes, Armando Ávila, indicó que el paro técnico en la fábrica se alargará hasta el 30 de abril, 15 días más de lo que habían planeado.
Ávila aseguró que la decisión se tomó para acatar las recomendaciones del gobierno federal, así mismo Nissan aseguró que supuestamente pagarían el salario íntegro de sus trabajadores. Por su parte la dirección del sindicato, encabezada por Rogelio Padilla León ya anunció que están dispuestos a aceptar el 50% del salario, pero no menos. Poniendo sobre la mesa la complicación que vivirían las familias obreras que de por si con el 100% del salario apenas llegan a fin de mes.
Por su parte la fábrica de la automotriz coreana KIA en Nuevo León también anunció que el paro técnico se ajustaría a la recomendación del gobierno federal reanudando actividades hasta el 30 de abril. Sin embargo, la propia trasnacional no ha asegurado el pago al 100% para sus trabajadores.
Nissan reportó ganancias entre abril a junio del 2019, el periodo de menos ganancia para la empresa, de 59.3 millones de dólares. Por su parte KIA reportó ganancias netas en 2019 de 1,600 millones de dólares.
En la fábrica de Nissan hay por lo menos 8 mil trabajadores y en KIA 2,500 trabajadores, hablamos de más de 10 mil familias que no van a llegar a fin de mes para preservar las ganancias millonarias de dos multinacionales.
Es un atropello que se suma al de otras trasnacionales como Toyota que redujo 30% del salario de sus trabajadores, Volkswagen que redujo el 50% y Mazda al 50%
Esta situación comprueba el discurso del presidente asegurando que no habría despidos ni recortes salariales, es insuficiente para garantizar que las familias obreras no paguen la crisis económica.
Por eso es necesario legislar o decretar una ley de prohibición de despidos y licencias con goce de sueldo al 100% todo el periodo que dure la pandemia.
Las y los estudiantes de Medicina arremeten en redes sociales tras el nuevo acuerdo de la Facultad con la Secretaría de Salud, pues temen contagiarse de Covid-19.
Herbeth Escalante / Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 8 de abril de 2020.- A 24 horas de que la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) anunció que retiraba a todas sus médicas y médicos en formación de las instituciones de salud, emitió un nuevo comunicado: llegó a un acuerdo con la Secretaría de Salud estatal (SSY), por lo que las y los pasantes tendrían que regresar a las clínicas para continuar con sus labores de servicio social en la actual contingencia del Covid-19.
Como informamos en Haz Ruido, dicha Facultad ordenó retirar a sus estudiantes de las clínicas yucatecas al detectar que no les entregaban equipos e insumos de protección para evitar contagiarse y su seguridad estaba en riesgo.
Sin embargo, la Universidad se retractó este miércoles, pues llegó a un acuerdo con el titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, quien “asumió el compromiso de velar por la salud de los pasantes de servicio social”.
Según el nuevo comunicado, la dependencia se comprometió a entregar a todos los pasantes un “kit de protección acorde a lo establecido por las normas de seguridad para las contingencias epidemiológicas”.
En ese sentido, estudiantes de la UADY lamentaron que ese kit consiste básicamente en cubrebocas, gel antibacterial y una careta de acrílico, lo que consideran como insuficiente.
Otro de los compromisos de la SSY es capacitar a las y los becarios, darles insumos permanentemente, además de que no habrá sanciones para quienes hayan acatado las disposiciones del anuncio anterior.
Por cierto, llamó la atención que el director de la Facultad, Carlos José Castro Sansores, emitió el mencionado documento, pero éste no lleva su firma.
La nueva disposición generó malestar entre las y los estudiantes que tundieron a dicha escuela en las redes sociales, criticando que ninguna institución se hará responsable si se contagian de coronavirus.
“Exponernos de esa manera sin el equipo correcto es mandarnos a la guerra sin fusil”; “ninguno va a regresar sin la protección correcta”; “si nuestra casa de estudios nos da la espalda, nosotros se las daremos hasta recibir protección digna”, fueron algunos de los comentarios publicados en el muro de Facebook de la Facultad.
“En caso de que un pasante resultara positivo para Covid-19, ¿quién va a cubrir sus servicios médicos?”; “Si alguno de nosotros enferma y en el peor de los casos llegase a morir, que el peso de su conciencia cargue con ello”; “Ojalá conocieran las carencias reales de los centros de salud y hospitales donde realizamos nuestro servicio, incluso antes de la pandemia no teníamos lo necesario”, fueron otros de los reclamos.
“Los supuestos kit y protección que nos ofrecen parecen más una broma… sólo seremos un medio de contagio más, tanto para nuestra familia como para los pacientes que atendamos”; “el pasante, como siempre, es carne de cañón, mano de obra barata. Ellos son la primera línea de contacto, y en muchos países, los de primer nivel son los que más se contagian”, fueron algunos de los comentarios del alumnado.
Aunque la UADY con este comunicado prácticamente está pidiendo a las y los pasantes que regresen a las clínicas, éstos recalcan que no lo harán durante la contingencia y que lo harían hasta el 30 de abril.
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
8 abril 2020
Acusan al ICA de querer aparentar productividad, justificar que se hace algo a pesar de no tener actividades
Actividades culturales no son indispensables según el DOF
Denuncian trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) que, a pesar de que el decreto de emergencia sanitaria no considere su actividad como esencial, se les obliga a asistir a sus lugares de trabajo y sin tener alguna actividad asignada, van a calentar la silla durante ocho horas.
Según información publicada en el Diario Oficial de la Federación este lunes, en resumen, las actividades que son esenciales y que no podrían parar durante esta contingencia sanitaria son las relacionadas a la producción de acero, cemento y vidrio, de tecnologías de la información, empresas de mensajería, de comercio electrónico y las relacionadas con el suministro de energía. Por consiguiente, algunas secretarías e institutos de orden gubernamental tampoco se pueden detener como lo es el sector Salud, Seguridad Pública y Servicios Públicos.
El trabajo del ICA es muy loable en materia de promoción cultural, pero la realidad es que gran parte de actividad cultural presencial ha quedado suspendida. Los museos ya han cerrado para evitar la conglomeración del público, actividades como talleres y clases han sido suspendidas en su totalidad, sin embargo, gran parte del personal administrativo debe de seguir asistiendo a pesar de que no tenga actividades laborales en el día.
Ante esta situaciones, varios trabajadores del ICA, principalmente de la Dirección de Museos y Galerías, han manifestado su preocupación por el tener que abandonar el aislamiento para tener que asistir a sus trabajos en donde son pocas las medidas sanitarias que se implementan, además de que sólo se les provee de gel antibacterial y no hay cubrebocas.
“No entiendo para qué nos quieren en las oficinas si todas las actividades están canceladas, literalmente nos están pagando para calentar la silla por ocho horas. No entiendo la necesidad de las autoridades de justificar que se está haciendo algo, muchos podrían ser más productivos desde casa. Tienen una política obstinada de aparentar productividad a pesar de que la cultura pública no es una empresa lucrativa”, externó uno de los trabajadores.
El personal se mostró preocupados por su salud, pues temen que al acudir a sus trabajos o en el trayecto sean contagiados, en la calle o al tomar el camión urbano, por lo que piden que se implementen medidas como home office o una asistencia escalonada a los lugares de trabajo
A pesar de que aseguró el ICA que se ha comenzado a trabajar desde casa, trabajadores de esta dirección externan que no se les ha permitido laborar de esta manera y que les ha obligado a asistir a sus áreas de trabajo en donde no hay mucho qué hacer.
Según los inconformes, aquellos trabajadores que deseen faltar para poder aislarse, deberán acudir a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser valorado y analizar si es apto para una incapacidad.
También señalaron se les ha amenazado con que, de suspender labores, esos días serán considerados como vacaciones y no como descanso por contingencia, a pesar de que, según el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones deben de ser acordadas entre el trabajador y el patrón; y las establecidas en el capítulo VII del título séptimo.
MÉRIDA, MX.- Mientras que el Gobierno de Yucatán anunció ayer el cierre del programa Seguro de Desempleo, aún hay cientos de yucatecos que exigen el apoyo pues también perdieron sus trabajos en medio de esta contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).
El día de ayer, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que fueron más de 57 mil solicitudes las recibidas a través de las ventanillas virtuales, por lo que se decidió cerrar la convocatoria.
No obstante, este día, personas que dicen necesitar este apoyo, acudieron a la sede del Palacio de Gobierno, en donde, sin respetar las medidas de prevención como el uso del cubrebocas o el metro y medio de distancia, se aglomeraron para pedir ser incluidos dentro de la lista de personas que se van a apoyar con los dos mil 500 pesos mensuales.
Quienes acudieron este día, llevaban los documentos en mano y pedían que les fueran recibidos, ya que no alcanzaron a ser tomados en cuenta a través de la plataforma virtual.
No obstante, el Gobierno del Estado dio a conocer que para este segmento de apoyo sólo se cuenta con 231 millones de pesos aproximadamente, por lo que no les sería posible apoyar a toda la ciudadanía en esta misma circunstancia.
Cabe señalar que la documentación que llevaban las personas sí fue recibida, pero será el área de Atención Ciudadana la que determine quiénes recibirán los apoyos.
Ayer en redes sociales, tras el anuncio del cierre de convocatoria, cientos de personas consideraron injusta la forma de proceder para entregar los apoyos; mientras que otros usuarios, el día de hoy criticaron la forma en la que las personas acudieron a Palacio de Gobierno, sobre todo, sin respetar medidas de prevención.
Este caso fue criticado, tal como lo sucedido en el municipio vecino, Tecoh, en donde el Ayuntamiento ofreció apoyo para que las personas pudieran comprar pollo a 10 pesos el kilogramo, pero se olvidaron de hacer hincapié en las medidas preventivas, por lo que se causó aglomeración.
Son 6 empresas del estado las que se ubican en el listado de empresas a nivel nacional con “destrucción total de empleos”
Isabel Bareño / El Occidental
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República informó que del 13 de marzo al 6 de abril durante la pandemia del Covid-19 en el país se perdieron 346 mil 878 empleos formales registrados ante el IMSS, de los cuales Jalisco perdió 21 mil 535 fuentes de empleo. Son 6 empresas de Jalisco que se ubican en el listado de empresas a nivel nacional con “destrucción total de empleos”.
En el listado de cerca de 80 empresas a nivel nacional que las ubican como las que registraron “destrucción total de empleos del 13 de marzo al 6 de abril” ante el Covid-19 se ubican 6 de Jalisco: Corporativo Vidav S.A.de C.V; Sistema de Servicios de Agua Potable; Especialización directiva Asociada; Empresa de Transporte y Comunicaciones Carlos Enrique Navarro Orozco; Artzelz Servicios para Empresas y hogar; Stentech para comercio.
Lamentan que el presidente tenga prisa por construir ese megaproyecto en la actual emergencia por el Covid-19, poniendo en riesgo la salud de la población maya.
Herbeth Escalante / Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 8 de abril de 2020.- Integrantes y activistas de la asociación defensora de derechos humanos Grupo Indignación cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por continuar con los trabajos de construcción del Tren Maya en plena contingencia por el Covid-19, pues aseguran que está poniendo en riesgo la salud de la población mayahablante.
A través de un video que circula en redes sociales, lanzaron preguntas en maya y en español dirigidas al mandatario federal sobre por qué sigue en pie este megaproyecto, cuando las autoridades de salud han pedido a la gente quedarse en casa y a las empresas que dejen de operar durante la emergencia de sanitaria.
“¿Es más necesario que hagas el Tren Maya o es más necesario que tengamos salud? ¿De verdad quieres hacer ese trabajo en este tiempo en el que la enfermedad está matando a mucha gente? ¿No puedes esperar que pase esta enfermedad? ¿Por qué tanta prisa, señor presidente? ¿A quién quieres beneficiar?”, fueron algunos de los cuestionamientos.
“¿Qué es más importante para usted? ¿La salud de los mayas o los trabajos del Tren Maya que continúan pese a la contingencia de salud por la que atravesamos actualmente?, ¿Por qué no nos pregunta si lo primero que queremos es reactivar la economía con nuestros empleos o conservar la vida y la salud?”, preguntan.
En entrevista para Haz Ruido, uno de los abogados de Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, criticó que López Obrador haya dispuesto que continúen las obras de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya pese a la crisis por el Covid-19 en el país.
“En situación de cuarentena, esos trabajos ponen en riesgo la salud de la población, cuando la recomendación del propio gobierno federal es que nadie salga, que todos se queden en casa. Es totalmente contradictorio que sigan esos trabajos en este contexto, sobre todo cuando hemos visto la situación y experiencia en otros países de cómo ha afectado el coronavirus”, señaló.
Recordó que en el caso especifico del Tren Maya no existen estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental y se realizó una consulta indígena simulada para su aprobación, entre otras arbitrariedades, por eso mismo cuestionan la prisa para que siga su construcción. “¿A quién se quiere beneficiar al seguir con la obra en un contexto de contingencia sanitaria?”, volvió a preguntar el activista.
Fernández Mendiburu dijo que la justificación oficial de que este proyecto detonaría la economía del país no es válida, porque tampoco existe algún estudio de impacto económico.
Las protestas de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos de hospitales a lo largo del país ponen en evidencia el desmantelamiento del sector salud y la falta de equipos y personal para enfrentar la actual crisis sanitaria.
Foto: Charbell Lucio, El Universal
Colectivo Grieta, 08 de abril de 2020
Ciudad de México.- En las últimas semanas las protestas de médicos y enfermeras por todo el país han vuelto a llamar la atención sobre las condiciones de precariedad y abandono del sistema de salud pública en México. La llegada del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19 a México ha sido el contexto en el que se han revitalizado protestas de los trabajadores del sector salud. Dicho sector, que ya se encontraba en un estado lamentable por la falta de equipos e insumos básicos, ha sufrido una reducción presupuestal en términos reales a partir del gobierno de la autodenominada Cuarta transformación, con López Obrador como presidente de la República. Las consecuencias de estos recortes no solamente limitan las capacidades del país para hacer frente a la pandemia, sino que, como revelan las múltiples protestas y los casos de contagios y decesos entre el personal sanitario, han tenido como consecuencia que los trabajadores de la salud deban realizar su labor en condiciones de riesgo que se podrían evitar si la vida humana fuese una prioridad.
Recortes presupuestales, desabasto de medicinas
Desde mayo de 2019, diferentes movilizaciones, tanto de médicos residentes como de enfermeras denunciaron el desabasto de medicinas y equipo en al menos 24 Estados del país. Estas protestas no solo han abarcado a familiares de pacientes de niños con cáncer, las cuales recibieron el centro de la atención mediática, sino que desde mediados de 2019, fueron los propios médicos y empleados de diferentes instancias de seguridad social quienes comenzaron a señalar la falta grave de medicamentos en distintas partes del país, en hospitales del IMSS, el ISSSTE, los Institutos Estatales de Seguridad Social e incluso algunos hospitales de referencia nacional en la Ciudad de México, acentuándose a inicios de 2020.
Además del desorden administrativo y las disputas entre niveles de gobierno y sectores de la clase política, el desbasto de medicinas se debe a un gasto público en salud. El gasto en salud en el gobierno de la 4T se ha reducido porque si bien ha habido incrementos en el monto nominal del gasto en salud (1.3 y 3.4% para 2019 y 2020 respectivamente), estos incrementos no compensan la inflación acumulada para esos años (4.37% para 2018 y 3.3% en 2019 de acuerdo a cifras del INEGI). Con ello, el gasto per cápita en salud permanece desde 2016 en los niveles más bajos de que se tenga registro.
Un caso particularmente fuerte y relevante para crisis actual el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), primer hospital de referencia a donde se dirigen los pacientes con síntomas de COVID-19. A este hospital para 2020 se le disminuyó el presupuesto 22% con respecto al 2019. Aquí trabajadores de la salud se han manifestado en más de una ocasión denunciando el desabasto de insumos básicos para tratar cualquier enfermedad, así como la falta de información y protocolos para atender a pacientes con síntomas de COVID-19.
Por ello, en estados como Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Tabasco, las protestas por desbasto de medicinas y falta de equipos se desarrollan desde el año 2019. Particularmente notable ha sido la escasez de medicamentos contra el cáncer y de algunas vacunas, como la triple viral, pero también se ha denunciado la falta de elementos tan indispensables como el agua en al menos una clínica de Michoacán. También a lo largo de 2019 se realizaron movilizaciones de médicos pasantes en protesta por las condiciones laborales, los despidos injustificados y el maltrato del que son objeto en hospitales federales y estatales.
Foto: Riodoce
Por todo el país, médicos reclaman material, personal y equipo suficiente para enfrentar la emergencia sanitaria
Aunque en días recientes el gobierno Federal declaró la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, los reclamos que desde hace semanas han hecho los trabajadores de la salud siguen sin atenderse debidamente. En múltiples hospitales se reporta la carencia de materiales elementales como cubrebocas y guantes, para no hablar de los respiradores, equipo esencial para el tratamiento de los enfermos de COVID-19 en estado grave. Muchas de estas carencias ya se experimentaban desde antes de la actual pandemia, pero ésta las ha hecho más evidentes.
A raíz de la llegada del virus SARS-CoV2 a México, se ha evidenciado la falta de protocolos y equipo para atender no sólo los casos graves de COVID-19, sino incluso otras enfermedades infecciosas. Quizá el caso más grave sea el del Hospital Regional de Zona No. 7 del IMSS en Coahulia, convertido en un verdadero foco de infección por el abandono gubernamental y la falta de protocolos adecuados de atención. Allí, desde el pasado 24 de marzo, médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social de Monclova denunciaron que estaban “trabajando sin protección para evitar contagios del COVID-19”, a pesar de que a diario estaban recibiendo a pacientes con “sintomatología del padecimiento como insuficiencia respiratoria, tos, fiebre”. Además revelaron que los enfermos con estos síntomas estaban siendo “instalados en una sala común de urgencias y no en un área asilada como lo indican organismos de salud a nivel mundial”. En este caso, la indiferencia gubernamental ha llevado a que casi 40 trabajadores de la salud se hayan contagiado y a que al menos un doctor y una doctora hayan fallecido a causa del coronoavirus.
Por ello, las protestas no han sido solo de médicos, por ejemplo, la asociación Médica de Enfermeros de Chihuahua, ha denunciado la falta de insumos médicos, así como la nula garantía en las condiciones de seguridad para los trabajadores de la salud en el estado. Por su parte, en distintas partes médicos exigen que se les respete sus derechos laborales porque, además de estar ejerciendo en condiciones inseguras, sin material indispensable, los contratos de trabajo son precarios. En el contexto actual, los trabajadores de la salud han tenido que comprar con sus precarios salarios materiales como gel gel antibacterial y cubrebocas. Esto sucede también en Puebla, donde incluso han sido los propios pacientes quienes han comprado los guantes de exploración para que ausculten a sus pacientes e incluso parte de las medicinas, como se explicaron médicos del Hospital Regional Sur.
Aunque hasta ahora han ocurrido de manera no coordinada a nivel nacional, las protestas de los y las trabajadoras de la salud se han dirigido contra los tres niveles de gobierno. Desde el caso de los médicos que protestaron contra la presidencia municipal de Ciudad Juárez , de los hospitales estatales de Colima (Clínica “Dr. Miguel Trejo Ochoa” del ISSSTE y Hospital General de Tecomán, del hospital General No. 1 del IMSS en Sinaloa, en la Clínica Hospital Mérida y en el Hospital Juárez de Yucatán y en hospitales de referencia a nivel nacional (INER de la Cd Mx).También se han realizado protestas en hospitales de Tamaulipas y Zacatecas, siempre señalando la falta de condiciones materiales para que los trabajadores de la salud desarrollen su trabajo y puedan protegerse del contagio y eviten ser vectores del virus: escasean los cubrebocas, los guantes, los lentes y las caretas de protección, hay pocas áreas de aislamiento para pacientes con COVID-19, no hay jabón ni gel antibacterial, faltan respiradores, no se aplican correctamente los protocolos de tratamiento. El desmantelamiento del sistema de salud en México ha ocurrido a escala nacional.
Las protestas han llegado al extremo de tener que realizar paros en los hospitales para que la voz del personal de atención a la salud se haga notar. Han ocurrido paros en clínicas y hospitales de Coahuila (Clínica 51 del IMSS), en las clínicas de Michoacán por parte de los pasantes de medicina y en al menos una clínica familiar del ISSSTE en Ciudad Victoria. Los médicos y enfermeras han realizado cierres de calles y avenidas en Morelos y Veracruz.
Delicias.- A cuatro días de trabajar bajo protesta, personal médico del Hospital Regional volvieron a salir para protestar por la nula respuesta del sector salud. Foto: La opción de Chihuahua
Además de la escasez de medicinas y equipo de protección, los médicos han denunciado la falta de pruebas diagnósticas para SARS-CoV2 en los hospitales de Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí y Morelos. En el otros extremo, hospitales que sí cuentan con reactivos para diagnosticar vía PCR (reacción en cadena de la polimerasa) el SARS-CoV2, como el INER y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el personal ha denunciado que no alcanzan a aplicar la prueba porque los espacios destinados al diagnóstico en aislamiento de enfermos con síntomas del COVID-19 están saturados. Y esto cuando presuntamente no se ha alcanzado el pico en la tasa de contagio. Tampoco al personal de salud que ha estado expuesto se le ha aplicado pruebas de diagnóstico molecular, y eso ha sido otro motivo de las protestas, por ejemplo en Coahuila y Jalisco .
Gran parte de estas protestas ha ocurrido por fuera de las instancias tradicionales de representación, como explicó un enfermera veracruzana de Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del IMSS: “(Nuestras demandas) siempre han sido ignoradas tanto por el sindicato como por la empresa, por eso tuvimos que hacer esto, en contra de lo que realmente tendríamos que haber hecho: guardar nuestra sana distancia y cuarentena. Pero ponemos en riesgo la vida de nosotros, la de nuestros familiares y la de la sociedad a la que nosotros atendemos”.
Las y los trabajadores del campo y de la ciudad generan todos los días con su trabajo la riqueza del país. La emergencia sanitaria ha revelado como esa riqueza no es utilizada para garantizar el derecho básico a la salud, pues el capital y los gobiernos a su servicio, tienen otra prioridad: las ganancias, para eso viven. Más aún, las voces de protesta de los médicos y enfermeras hacen ver como los trabajadores de la salud no les importan a los gobernantes, quienes desde arriba prometen salvar al país y llaman a la pasividad social. Esas voces de protesta comienzan a convertirse en gritos. Aún es temprano para saber si esos gritos se convertirán en organización.
Familiares no descartan la posibilidad de demandar al IMSS por las negligencias e irresponsabilidad que han tenido, además de que ocultan cifras reales de los decesos por el Covid-19
Roberto Ortiz/ EL TIEMPO
Con tristeza, con enojo, con sentimientos encontrados, personal de la Clínica 7 del IMSS, realizaron un pequeño pero emotivo homenaje post mortem a sus compañeros Elisa Amaya y Walberto Reyes, ambos fallecidos al ser contagiados de coronavirus y considerarlos como víctimas de la irresponsabilidad de directivos por no actuar en tiempo y forma.
Fue bajo del puente vehicular frente a la Clínica 7 del IMSS, donde un grupo de trabajadores del IMSS se reunieron para rendir homenaje a sus compañeros caídos en el cumplimiento de su deber, realizando además una oración.
En el sitio, con dos grandes pancartas dedicadas en su honor, los trabajadores de la salud encendieron veladoras y llevaron rosas rojas, recordando la enorme e invaluable labor de sus compañeros, quienes siempre demostraron el amor a su profesión.
Durante la oración, varios de los presentes señalaron que era necesario seguir alzando la voz a efecto de que en el IMSS, los directivos y la gente del Sindicato se percaten que están más unidos que nunca y que se debe de tener la responsabilidad de enfrentar las situaciones que viven y no dejar al personal a la deriva.
Sostuvieron que la pérdida de sus compañeros y el estado en que se encuentran otros médicos también contagiados, les parte el corazón al ser todos una familia.
PODRÍAN DENUNCIAL AL IMSS
¨En el IMSS dejaron morir a mi hermana, la abandonaron cuando más necesitaba,¨ detallaron familiares de la doctora Elisa Amaya, quienes analizan ya la posibilidad de demandar al Seguro Social por la irresponsabilidad que ha tenido el IMSS, donde se empeñan en engañar a la ciudadanía escondiendo las verdaderas cifras de muertes por COVID-19 el cual disfrazan aseguraron con dictamen de neumonía atípica.
Con lágrimas en sus ojos, Rosy Amaya, hermana de la doctora Elisa Amaya, quien lamentablemente falleció el pasado domingo, sostuvo que en el Seguro Social están actuando de forma irresponsable al tratar de engañar a la población diciendo que las personas mueren por neumonía, cuando, sostuvo, ellos saben que es el COVID lo que está matando a las personas.
Aseguró que a su hermana la dejaron morir al no haber médicos en el área de urgencias y no contar con las pruebas correspondientes, ni los aparatos necesarios para hacer frente a la situación, con lo que además de dejar en el desamparo a su hermana, al doctor Walberto Reyes y a todos los que se han ido.
Sostuvo que por la presión que ejercieron y gracias al respaldo que les dio su hermano Raúl Amaya, quien es médico en el IMSS de Piedras Negras, fue que el Seguro Social, se decidió a realizar la prueba de coronavirus a su hermana, dando positivo al COVID-19.
CHILPANCINGO, Gro., (apro).- Infantes de Marina, con equipo antimotín, expulsaron a decenas de turistas que arribaron a las playas de Acapulco, pese a las restricciones impuestas por el gobierno federal y estatal para evitar la propagación del Coronavirus.
Reportes oficiales indican que esta tarde, los marinos acompañados por policías turísticos porteños irrumpieron en la playa Revolcadero, ubicada en la zona Diamante del principal destino turístico de la entidad, para realizar un operativo y garantizar que la franja turística permanezca cerrada.
Marinos y vacacionistas en Acapulco. Foto: Especial
Marinos con escudos antimotines. Foto: Especial
En la zona fueron desalojados decenas de turistas, en su mayoría procedentes de la Ciudad de México que son atendidos por prestadores de servicios que se niegan a cerrar restaurantes y alquilar espacios de recreación.
Las imágenes muestran a los infantes de la Marina portando equipo antimotín, irrumpiendo en una playa donde se ubican restaurantes y exclusivos condominios en la franja costera de Acapulco que conecta con el balneario de Barra Vieja.
Mientras en la zona popular del puerto, los sectores más desprotegidos salieron nuevamente a bloquear las calles para exigir despensas y ayuda económica para comerciantes ambulantes y semifijos que se quedaron sin trabajo ante el cierre de playas, hoteles y restaurantes en Acapulco.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha anunciado un plan económico.
Periodista narra la odisea que pasó su familia por el fallecimiento de su padre
La periodista Ana Velia con su padre Roberto Samuel Maldonado.
Monclova, Coah.- Los casos de fallecimiento por “neumonía atípica” siguen registrándose en Monclova sin que a la fecha se tenga un número determinado de cuántos casos se han certificado por esta causa y menos aún si se les realiza la prueba de Covid-19 para lograr un panorama real de la pandemia.
Lo anterior es el caso del padre de Ana Velia Maldonado, reconocida periodista de la localidad, quien perdió a su ser querido el señor Roberto Samuel Maldonado Ramos el pasado sábado, víctima de este virus, pero a quien su diagnóstico pudo quedar sin ser descubierto.
La comunicadora detalló que de no ser por la prueba que le practicaron a su padre antes de su internamiento, hubiera sido imposible conocer la verdadera causa de su deceso, la cual, además no fue conocida, cuestionada, ni mucho menos registrada por el IMSS.
“En el IMSS no nos dijeron nada, no le hicieron prueba, nada más que fue por neumonía atípica y así le pusieron en el certificado, pero mi papá murió por coronavirus”, expresó al obtener el resultado post-mortem el pasado lunes.
Su padre de 67 años, con una diabetes controlada, ingresó al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS en Monclova el pasado viernes con severa dificultad para respirar, sin embargo, un día había acudido al Hospital Amparo Pape al considerar que tenía síntomas de coronavirus donde se le realizó la prueba.
Ese día, jueves 2 de abril, se les dijo que el resultado se les entregaría el lunes próximo, sin embargo, al día siguiente, el viernes por la tarde, la situación del paciente se agravó y fue internado de inmediato en la Clínica 7 del IMSS.
Relató que de ahí, lo subieron al tercer piso, cuando lo suben al tercer piso. “Es para enfermedades respiratorias donde ya no te permiten verlo porque son posibles contagios de Covid, a partir de ahí nosotros ya no pudimos verlo”.
“Fue muy rápido todo y me di cuenta que era el contagio por el resultado que nos da la Secretaría de Salud por los exámenes. El certificado médico fue por neumonía atípica, pero no nos dijeron nada, el IMSS no supo que hicimos la prueba, no nos dijo nada, simplemente que fue por esa causa y así le pusieron en el certificado”.
Paro en la empresa Newell, de Mexicali. Foto: Jesusa Cervantes.
MEXICALI, BC (apro).- Cientos de trabajadores de empresas manufactureras estadunidenses instaladas en Mexicali realizaron paros de labores para exigir que los envíen a sus casas, ya que corren el riesgo de infectarse de covid-19, porque en algunas de esas compañías ni siquiera les dan cubrebocas y no se puede mantener la debida distancia para evitar el contagio.
En la empresa Newell, dedicada a la fabricación de plumas para escribir –es decir, actividad no esencial–, el encargado leyó a los trabajadores una circular donde se señala que la fabricación de dichos bienes “son tan importantes para un médico, como un ventilador, por lo que deben seguir trabajando”.
Ayer, 10 empleados de Newell no acudieron al trabajo porque presentaron síntomas de coronavirus, y la semana pasada otros 30 pasaron al área médica debido a que se sintieron mal, sin embargo, los gerentes de las empresas les dijeron que no pararán labores.
“Una pluma tiene el mismo valor que un ventilador para un médico”, insistió el encargado de Newell.
En respuesta, una de las empleadas, quien pidió el anonimato, soltó: “Es un absurdo, lo menos que quiere un médico es una pluma. El sector médico lo que quiere es que el gobierno los abastezca de ventiladores, de cubrebocas, de insumos para atender el virus”.
#Video Cientos de trabajadores de empresas manufactureras estadunidenses instaladas en Mexicali realizaron paros de labores para exigir que los envíen a sus casas ante riesgo de contagiarse. pic.twitter.com/EZe3vOU6D1
Otra de las empleadas de Newell dijo a Apro que hablaron a la Secretaría de Salud en el estado y les aseguraron que la industria para la que trabajan “no es esencial y que estábamos arriesgando nuestra vida al venir a trabajar”.
Para convencerlos de que no pararan, la empresa les entregó este martes un kit con gel antibacterial, desinfectante y una toalla amarilla, “para que nos limpiemos antes de entrar a nuestras casas, cuando lo que queremos es que nos envíen a casa con nuestro sueldo, por la contingencia, eso dice el decreto del presidente (de la República)”.
Y lo mismo ocurre en Spectrum, una industria maquiladora ubicada en el parque industrial Siglo XXI, dedicada a elaborar chapas para las puertas.
Poco más de cien empleados del turno de la tarde en esa compañía pararon labores con la misma demanda: que los manden a casa con el salario pagado, “como dice el decreto del presidente, porque esta industria no es esencial”, apuntó un joven de 25 años que labora en ese lugar.
Otro señaló: “Vea el emblema que hay en la entrada, ‘¡seguridad antes que producción!’, pero en realidad es al revés: producción antes que seguridad, pues ni tapabocas tenemos”.
El encargado de la empresa les prometió hoy que llegarían 14 mil cubrebocas para que puedan estar protegidos, pero desde que empezó la contingencia, ni gel antibacterial les han dado en los camiones que los trasladan. “Dicen que es gel, pero en realidad es pura agua lo que nos dan”, denunció una jovencita del turno de la mañana, quien manifestó que hay miedo en su área de trabajo para parar labores.
Sin embargo, en el turno vespertino, donde hay madres de familia, incluso algunas con bebés de nueve meses, sumaron fuerzas y pararon. “Yo salgo a las 2 de la mañana y al llegar a mi casa, mis hijos están limpios, pero yo ando sin tapabocas y totalmente expuesta. Si me enfermo los puedo contaminar, y primero está su salud, por eso me atrevo a parar”, dijo una de las empleadas.
Empleados de LG, industria que se dedica al ensamble de televisores; Eaton, que elabora componentes electrónicos, y Honeywell, que fabrica partes para aire acondicionado y elementos para aviones, también realizaron paros este día.
En Eaton, que hace dispositivos de cableados, protección de circuitos eléctricos, racks y gabinetes, justificó en su página de internet que continúe operando: “La crisis de COVID-19 requiere hospitales de campo e instalaciones de prueba sin precedentes. Es por eso que estamos trabajando con la industria de la salud, contratistas y consultores para brindar experiencia y soporte de administración de energía donde sea importante”.
En estas industrias maquiladoras, el salario que reciben las y los trabajadores es de entre 190 y 204 pesos por día, más las prestaciones de ley como seguro social, caja de ahorro y aguinaldo.
En cada una, los gerentes aseguraron que debido al covid 19, la demanda de trabajo aumentó, por lo que no pueden parar labores.
En Clover, otra industria maquiladora en Mexicali, también pararon labores para exigir que se cumpla con la orden de quedarse en casa, con su salario íntegro. A decir de algunos empleados de Spectrum, a ellos les cumplieron “y ya no están arriesgando su vida”.
Todos los entrevistados, de los cuales se cuenta con video y fotografías, solicitaron que no aparecieran sus nombres, ni rostros, porque les han dicho que están buscando a quienes empezaron los paros. Por esa razón, y para protegerlos, se omiten sus nombres.
La nueva cárcel de los migrantes mexicanos es el encierro decretado por el alcalde de Nueva York desde el pasado 13 de marzo. Los migrantes no cuentan con ninguna ayuda por ser indocumentados, la única que recibieron algunos es la despensa que sus patrones les entregaron al cerrar negocios. Conforme pasan los días se van quedando sin dinero, sin comida y sin trabajo
Texto: Kau Sirenio/ PIE DE PÁGINA
Foto: Unsplash / Dan Calderwood
David Castro habla desde Nueva York: “Este domingo empezó la cuarentena, nadie puede salir de la casa. Si los policías ven un grupo de más de tres personas en la calle, la multa es de 500 dólares, y si reinciden, la sanción es de hasta 5 años de cárcel”.
Nueva York es la ciudad preferida de los guerrerenses. Desde que emigraron de la costa y montaña de Guerrero viven ahí, pero ahora no saben qué hacer. Los días pasan y no pueden trabajar.
David dice que no ha enviado dinero a sus familias desde que empezó la cuarentena porque lo poco que tiene ahorrado es para sobrevivir, o de lo contrario tendrá que recoger comida en banco de alimentos de la ciudad que instalaron distintas congregaciones religiosas.
Nacido en Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco, Guerrero, radica en Nueva York desde hace ocho años. Trabajando en restaurantes mexicanos:
“Desde el 13 de marzo dejamos de trabajar todos los restaurantes. Aunque en otros negocios siguieron trabajando dos semanas más, pero está semana pararon todos. Conforme pasan los días se pone más complicado porque no hay siquiera cubreboca o guantes látex”.
Agrega: “Dijeron que el cubreboca y guantes es para personas que están enfermos, pero después cambiaron de opinión y ordenaron que todos debemos usarlos. ¿Pero con qué dinero lo vamos a comprar, si no estamos trabajando?”.
Viene lo más difícil
Lo más difícil apenas viene, dice David: “El problema que viene para todos ahora, es la renta. Muchos no estábamos preparados para esta contingencia. En la plática con los paisanos sé que muchos no van poder pagar la renta, aunque el alcalde y gobernador decretaron una orden ejecutiva que nadie puede ser desalojado por 90 días. Lo único que va a salvar a muchos morosos es el cierre de las cortes donde se llevan casos por adeudos de arrendamientos, es lo único que va a evitar que muchos no sean desalojados”.
Castro Cano enumera otros gastos del mes, como el servicio de telefonía e internet: “A partir de 12 de abril me quedaré sin servicio telefónico, No sé si pueda comunicarme con mi familia porque se vence mi línea. Las compañías de teléfono dijeron que no suspenderán los servicios, pero no cumplieron, al contrario, subieron el costo. Lo mismo pasa con los productos de canasta básica, lo que costaba dos dólares lo subieron a cuatro dólares. Unos quieren regresar, mientras que otros van a esperar, porque no hay vuelos a México”.
Sin dinero, sin comida y sin acceso a la salud los migrantes están condenados a la muerte, desde el día de la Entrevista con David Castro Cano, hubo defunciones, ambos de Puebla. “Se siente feo estar lejos de la familia o de tu país. En esta semana murieron dos migrantes poblanos por COVID-19. Este gobierno suspendió la repatriación del cuerpo por miedo de contagio y serán cremados aquí en la ciudad”.
En los hospitales sólo dan tylenol
“Los hospitales están lleno de pacientes, todos de la tercera edad. La recomendación de los médicos es que si uno no está muy grave, que se quede en casa. Que solo vayan a emergencia si están muy graves. En los hospitales solo dan Tylenol, ibuprofen”.
Una de las ventajas en Nueva York es que hay distintas organizaciones comunitarias y religiosas que reparten alimento a las personas que no tienen qué comer. “En cada condado, hay organizaciones humanitarias, que en su mayoría son inmigrantes nacionalizados. No he ido porque aún tengo comida que me regalaron de mi trabajo. Pero cuando se me acabe tendré que ir”. Entre risas y nostalgia David habla de la ayuda humanitaria: “Hay una iglesia en la 103 Corona Queens donde ayudan a las personas con alimentos, solo piden la persona realmente necesite la ayuda, sin importar estatus migratorio”.
Después de una larga pausa, David retoma la conversación: “En mi trabajo nos regalaron comida ya preparada. Además de otros alimentos como pan, frutas, verduras, carne, leche, huevos, tortillinas, queso y aguacate. La despensa me ayudó dos semanas. Antes ya había surtido mi despensa, como lo hago cada semana. Creo que me va a durar por lo menos un mes”.
Agrega: “Muchos no tuvieron la misma suerte con sus patrones, porque no les dieron nada. Afortunadamente tengo algo de dinero para un mes, después tendré que pedir prestado o ir por la comida de las iglesias. Hasta ahora trato de que la comida me rinda y pueda compartir con los paisanos”.
A pesar de la severa crisis que David enfrenta como migrante indocumentado, no tiene planes de regresar a México. Dice que sería volver con los brazos cruzados: “No. No pienso regresar por ahora. En este tiempo no quiero regresar. Qué tal si presento síntomas de Covid-19 cuando esté en México, además allá no hay suficientes hospitales. Lo digo por los familiares que están allá, prefiero regresar después de la contingencia”.
Suspendieron labores y se manifestaron en el patio exterior de la empresa
Fabiola P. Canedo/ EL SIGLO DE TORREÓN
Trabajadores de la empresa Yura suspendieron labores y se manifestaron en el patio exterior de la empresa, pues trascendió que una empleada será aislada por presentar un cuadro sospechoso de COVID-19.
Los operarios expusieron su temor de que exista un contagio al interior de la maquiladora y consideraron que falta mayor información de parte de la empresa hacia el personal, además de que ven insuficientes las medidas sanitarias que se han tomado frente a la emergencia por la pandemia.
Los inconformes externaron su preocupación porque consideran que no se guarda una sana distancia de 1.5 metros entre sus espacios de trabajo, por lo que aseguraron que ya se han comunicado al gobierno estatal para denunciar esta situación, pero no han recibido respuesta.
“No se están cumpliendo las medidas sanitarias, nos dan dos cubrebocas por semana, nos están intimidando con despedirnos y la persona enferma sigue trabajando, no la mandan a su casa, no queremos contagiarnos, queremos trabajar pero también tenemos familias, no tenemos cubrebocas, no tenemos gel antibacterial, necesitamos que se respeten las medidas”, comentó una de las empleadas que participaron en el paro.
Al haberse ya asignado como hospital para COVID-19, personal de la clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra temeroso en el tema de los insumos. Aunque señalan que sí hay material, les preocupa que no se den abasto, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía.
Dentro de este nosocomio, sin señalar cifras, el personal de Enfermería indicó que, como en otros hospitales de la ciudad, se han generado permisos a personal que se ubica dentro de la población de riesgo ante los contagios por COVID-19, por lo que se redujo la planta de trabajadores, sin embargo mencionan que sí hay personal suficiente.
De lo que se encuentran con desconfianza es si contarán con el material de protección necesario para atender los posibles casos que llegaran a esta clínica con contagio de coronavirus.
Por lo anterior, a través de una publicación de Facebook, solicitan a la sociedad que se les pueda apoyar con la donación de gel antibacterial, cubrebocas N95, caretas, overoles y guantes.
Las entregas se pueden generar en el mismo hospital. Los interesados en apoyar únicamente se tendrían que comunicar de manera previa al número 871-200-2691 para que alguno de los integrantes del personal de este instituto pueda recoger la donación.
Además piden a la sociedad no realizar compras de pánico de dichos insumos, ya que estos están escaseando y son los profesionales de la salud quienes en algún momento tendrán más demanda de adquisición de los mismos para atender a los pacientes que pudieran llegar con contagio de COVID-19.
Alrededor de 70 comerciantes de diferentes tianguis de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), pero mayormente de El Baratillo, se manifestaron ayer a las afueras de palacio de gobierno para exigir a las autoridades que los dejen trabajar, ya que sus negocios son considerados no esenciales y por ende tuvieron que cerrar.
Adultos mayores y jóvenes permanecieron por alrededor de una hora a las afueras del edificio gubernamental.
En entrevista, argumentaron que se encuentran en una situación de extrema urgencia, pues el impedimento de vender sus productos los está llevando a no poder sostener sus hogares.
“Vivimos al día, de lo que vendemos. Tengo más de 20 años viviendo de lo que vendo en El Baratillo. Ya van dos fines de semana que no me puedo instalar, me lo prohíben, pero tampoco me dan soluciones o apoyo”, refirió uno de los inconformes, de 73 años de edad.
Aunque informaron que fueron atendidos por las autoridades, los manifestantes no precisaron con quién o quiénes se entrevistaron.
CHETUMAL, MX.- Un joven de 19 años de edad, detenido por 36 horas en los separos municipales la semana pasada, acusó al coordinador de la Policía Municipal, Osiris Ceballos Díaz y a tres elementos más de abuso de autoridad y tortura.
Mario Bernardino G. V., explicó que fue detenido la semana pasada cuando se reportó que un grupo de jóvenes en motocicleta pretendían asaltar una pizzería ubicada sobre la avenida Maxuxac, de la colonia Proterritorio en Chetumal.
Aseguró que al ser detenido, tres policías municipales lo despojaron de 3 mil pesos, un celular de alta gama y una cadena de oro, además le cortaron el cabello con una tijera y causaron cortadas en el cuello cabelludo.
Agregó que una vez en las instalaciones de la Policía Municipal fue inmovilizado y Ceballos Díaz, coordinador de la policía municipal le propinó varios puñetazos que le causaron fractura en la mandíbula, además fue golpeado en costillas y testículos.
Los tres policías, de la patrulla 12043 le propinaron 20 “tablazos” cada uno ocasionando lesiones y quemaduras en los glúteos, costillas, brazos y cara, además que le apuntaron con una pistola en la sien y le pusieron una bolsa para asfixiarle.
La tortura se prolongó por casi dos horas y tras dejarlo semi inconsciente, lo pusieron en una celda donde permaneció 36 horas convaleciente.
Mario Bernardino aseguró que el director de la Policía Municipal lo pateó en las costillas y golpeó en la boca del estómago y los testículos. Acusó que un comandante, al cual identifica como “galaxia”, que le hostiga permanentemente, estuvo entre aquellos que le torturaron.
Después de 36 horas en la cárcel municipal recibió atención médica y posteriormente interpuso una queja ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto abuso de autoridad, robo, lesiones y lo que resulte. De igual manera interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
Reconoció temer represalias por denunciar este hecho, pero exigió a las autoridades deslindar responsabilidades.
Las personas que insistan en meterse a la Playa Miramar, en el sur de Tamaulipas, pasarán hasta 36 horas tras las rejas
Foto: Especial
Las personas que insistan en meterse a la Playa Miramar, en el sur de Tamaulipas, pasarán hasta 36 horas tras las rejas y tendrán que pagar una multa económica de hasta tres mil 500 pesos, informó el secretario del ayuntamiento de Ciudad Madero, Juan Antonio Ortega Juárez.
Dio a conocer que tras una reunión con autoridades de la Policía Estatal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, la administración del alcalde Adrián Oseguera Kernion, determinó proceder con la indicación de los arrestos.
Las personas que sean sorprendidas en la zona de la Playa Miramar, serán arrestadas y tendrá que permanecer hasta 36 horas tras las rejas, además de pagar una multa económica superior a los mil pesos, advirtió el secretario del ayuntamiento de Madero, Juan Antonio Ortega Juárez.
Foto: Especial
Recordó que la zona costera se encuentra cerrada al público como una medida de prevención contra el coronavirus, sin embargo hay personas que quitan las cintas y se siguen metiendo.
Incluso con camionetas se meten por accesos conocidos como Tildillos, Fundadores, Independencia, Caracol, entre otras, donde la playa es de alto riesgo.
“Les comento que tomamos la decisión en relación a las personas que entran a la playa, a pesar de que está prohibido entrar por los cierres que se hicieron, ahora cualquier persona que sea sorprendida en la playa en calidad de diversión y recreo será arrestada”, indicó.
Aseveró que el bando de policía y buen gobierno, les permite que se realicen este tipo de arrestos en una crisis sanitaria.
“El llamado es para la población para que se abstenga de meterse a la playa, por que lo siguen haciendo por el área de fumadores, de la independencia”, añadió.
Ortega Juárez, insistió en que lamentable hay muchas personas que se siguen metiendo a la playa, por lo que como una medida de protección deben abstenerse o serán arrestados.
Colima, México, Avanzada (07/04/2020).- Durante su periodo, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez ha despedido más de 2 mil trabajadores de la administración estatal, con el pretexto de ahorrar recursos, pero ha dejado desprotegidas de sus ingresos a una gran cantidad de familias que han visto afectada su fuente de ingresos.
A menos de un mes de haber asumido la gubernatura, a finales de febrero de 2016, el gobernador decidió echar a la calle a alrededor de 1,500 trabajadores, con el argumento de que el gobierno anterior, de su antecesor Mario Anguiano Moreno, dejó un desorden en las finanzas públicas y era imposible continuar sosteniendo la gruesa nómina gubernamental.
Esa decisión fue duramente criticada en algunos espacios de opinión, donde se cuestionó que fuera el sector más débil, el de los trabajadores, el que pagara las consecuencias de una mala administración en el manejo de los recursos.
Otro de los despidos masivos ocurrió el diciembre de 2019, cuando fueron 600 empleados los que se sumaron a las listas de despedidos del gobierno estatal, con lo que supuestamente el gobierno estatal se ahorró 135 millones en pago de nómina.
El gobierno de Colima responsabilizó de esta situación a los recortes del gobierno federal y a la baja percepción de ingresos propios, lo que “hace imposible seguir manteniendo la nómina actual, por lo que no se renovarán los contratos a varios trabajadores”.
Según el gobierno de Peralta Sánchez, hubo una grave reducción del presupuesto en 2019, cuando disminuyeron los ingresos en el presupuesto por mil millones de pesos y se espera que para 2020 la reducción sobrepase los mil 300 millones, por lo que está sometida a una fuerte presión financiera que este año ya se vio reflejada en la falta de liquidez para solventar los compromisos contractuales de fin de año.
Nuevamente, la administración de Peralta volvió a culpar al gobierno del priista Mario Anguiano Moreno de haber sumido a la entidad en la “peor crisis financiera” de su historia.
A principios de abril, el gobierno estatal continuó con su dinámica de despedir trabajadores, ahora con la separación de diez integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, además de presionar y hostigar a muchos trabajadores más para que se desistan de una demanda interpuesta desde octubre pasado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en busca de su basificación laboral.
De acuerdo con la secretaria general del sindicato independiente, Ana Cristina Navarro, los trabajadores están siendo citados en su centro de trabajo, donde se les ofrece la disyuntiva de firmar su desistimiento de la demanda, bajo la amenaza de ser despedidos si no lo hacen.
Este lunes 6, miembros de ese sindicato se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Colima, donde exigieron la reinstalación de sus compañeros y el cese de los actos de represión para que renuncien al ejercicio de sus derechos, pero el gobierno de Ignacio Peralta no los atendió.
Organizaciones que se oponen al proyecto de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, denunciaron que directivos de esa transnacional pretendieron sobornar a representantes de la comunidad de Tecoltemi para que se desistieran del juicio de garantías que tramitaron por haber concesionado su territorio a la empresa canadiense, sin su consentimiento.
En un comunicado dado a conocer este mediodía, la Comunidad y Ejido de Tecoltemi, la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra del Agua y de la Vida “Atcolhua”, el Consejo Tiyat Tlali y Fundar Centro de Análisis e Investigación señalaron que el pasado 24 de marzo, tres representantes de Tecoltemi, entre ellos el presidente del Comisariado Ejidal, acudieron a Apizaco, Tlaxcala, convocados por Gilberto Gutiérrez Márquez, quien ofreció la gestión de proyectos productivos.
Al llegar a la ciudad tlaxcalteca, “se les pidió ir a un restaurante, donde ya les esperaban los señores David Santamaría y Rusbelt Vázquez, vicepresidente y administrador respectivamente de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, que pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde Tecoltomi se encuentra”, se relata en el comunicado.
“El personal de la empresa pidió expresamente a los integrantes de Tecoltemi ‘destrabar’ el juicio de amparo que la comunidad tiene interpuesto desde 2015 en contra de las concesiones mineras sobre las cuales Almaden pretende implementar su proyecto, ofreciendo a cambio 20 empleos solo para Tecoltemi; ante la imposibilidad de convencerles, subieron su ofrecimiento a 30 o 35 puestos durante los 14 años que dure la explotación. Además, aseguraron que la minera pondría el dinero necesario para que la comunidad pueda implementar el proyecto productivo propuesto por Gilberto Gutiérrez”.
Las organizaciones condenaron el intento de soborno y exigieron al Estado Mexicano “garantizar que cesen este tipo de actos”, además de hacer un llamado a la solidaridad nacional e internacional para estar atentos y evitar cualquier acto de presión sobre los habitantes de Tecoltemi.
“La Comunidad y Ejido de Tecoltemi, La Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida ‘Atcolhua’, así como las organizaciones Consejo Tiyat Tlali y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que acompañamos a Tecoltemi en el litigio contra las concesiones mineras, condenamos el actuar deleznable de Almaden Minerals; incluyendo la utilización de una persona conocida de la comunidad para intentar sobornar a las autoridades ejidales para generar división comunitaria en beneficio de la empresa. Condenamos el uso de este tipo de prácticas empresariales que buscan inhibir las acciones de defensa, y exigimos respeto a la decisión de Tecoltemi y del resto de las comunidades de Ixtacamaxtitlán que le apoyan, de defender su territorio ante la imposición de unas concesiones y un proyecto minero que violan sus derechos y que comprometen el agua y la salud de la población”.
Se arremolinan. No les importa mucho en ese momento la sana distancia. Lo que ellos quieren es ser escuchados. Son un grupo de trabajadores médicos del Hospital General Regional número 1 del IMSS de Culiacán. En los pies de la escalinata de ingreso al nosocomio, sacan sus pancartas y protestan.
Le hacen falta palabras al diccionario. Adjetivos. La molestia e inconformidad la expresan en su manifestación en la exigencia de mejores condiciones de seguridad, y que los insumos para llevar a cabo sus labores sean asequibles y no un lujo. Así lo expresa uno de los manifestantes.
“Nosotros estamos comprando nuestro material, nosotros estamos atendiendo a los pacientes; en la televisión siempre es más bonito, siempre todo es mejor pero eso no es cierto, no es cierto”.
El temor de los trabajadores tiene su origen no sólo en lo que diariamente se observa en el hospital. El 31 de marzo el IMSS informó mediante un comunicado de prensa la muerte de un médico familiar que laboraba en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 57, de Zacatecas.
La muerte ocurrió la noche del día anterior, el lunes 30 de marzo en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1, de la capital zacatecana, según el boletín oficial del IMSS. Luego del deceso, en el comunicado, el instituto informó que la Unidad de Medicina Familiar 57, donde laboraba, no había tratado hasta esa fecha pacientes por Covid-19.
El problema tiene su traducción en Culiacán y al igual que en Zacatecas esas versiones difieren de las de los trabajadores. La autoridad desestima el riesgo o no informan sobre la atención, y el trabajador se las ingenia para seguir adelante con su labor a pesar del riesgo que conlleva.
Hasta el sitio arriban el delegado del IMSS en Sinaloa, Rafael López Ocaña y el líder sindical, Alfredo Jiménez Noriega, a dialogar con los trabajadores y tratar de disipar la manifestación.
“Hemos invertido más de 5 mil pesos en material de protección por cada uno, cada vez que vamos otra vez a surtirnos ya no hay o está más caro, ¿o sea que toda nuestra quincena se nos va a ir en eso? No pedimos más que los recursos que necesitamos para nosotros y para nuestros compañeros”, acotó uno de los manifestantes al delegado, quien responde.
–Si fuera eso, una pregunta, ¿por qué no están todos los trabajadores aquí?
–Porque tienen miedo de represalias. Necesitamos que nos escuchen, todos somos IMSS, no queremos ser otro Monclova (donde murió un médico y se contagiaron decenas)… no podemos atender a la población con estas carencias.
En Culiacán, en el HGR1, el delegado Rafael López Ocaña habló únicamente de casos sospechosos pero los trabajadores tienen otra versión. A pesar de intimidaciones por parte del líder sindical, durante su protesta lo expusieron.
La cifra que manejan en el HGR1 es de 10 pacientes sospechosos de Covid-19 atendidos en el área destinada para ello, justo a un costado de urgencias médicas, y nombrada como TRIAGE respiratorio, instalada hace tres semanas, según el propio delegado.
Y eso es puesto en duda por gente del área médica del propio IMSS. El cuestionamiento suena lógico: “si se han reportado casos positivos en el ISSSTE, Hospital General en Culiacán e incluso privados como el Hospital Ángeles, ¿por qué en el HGR1 del IMSS ninguno, si aquí se atiende al 50 por ciento de la población?”.
Todo el control
La reserva de información no solamente del IMSS sino de la Secretaría de Salud estatal y del ISSSTE cobra una mayor relevancia a la hora de contrastar las versiones de trabajadores de hospitales con los de la autoridad.
Ya en las semanas anteriores trabajadores de salud del estado han manifestado su inconformidad no solamente por el tema de seguridad sino de desabasto y condiciones de infraestructura, llegando a manifestaciones en el Hospital de la Mujer en Culiacán y en el Centro de Salud de Mazatlán.
Cada noche, la Secretaría de Salud emite una tarjeta informativa y en ella se precisan algunos datos como la cantidad de pruebas realizadas, casos positivos, sospechosos y decesos. En algunos casos señalan cuántos pacientes están hospitalizados pero no en qué institución. La información, fluye, pero esta no puede ser contrastada.
Tampoco puede ser revisado el esquema bajo el cual el gobierno del estado aplicará los 85 millones de pesos emergentes para atender la epidemia. Apenas este viernes el Gobierno del Estado autorizó a la Secretaría de Salud realizar compras sin licitación durante la pandemia de Covid-19.
Publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial del Estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dictó las medidas urgentes para llevar a cabo esta acción que consiste en adquirir todo tipo de bienes y servicios, a nivel local, nacional o internacional sin necesidad de llevar a cabo licitación pública alguna.
Ninguna organización no gubernamental o civil tiene injerencia para vigilar el destino de esos recursos.
Además, en Culiacán será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional el nuevo Hospital General el cual será utilizado durante la contingencia para atender pacientes por Covid-19.
Y mientras el estado lucha por combatir una epidemia, los problemas que quedaron al desnudo en el sistema de salud siguen surgiendo.
Debido al temor por un contagio masivo de Coronavirus, hay municipios de la Sierra Norte y de la Mixteca de Puebla donde las autoridades y los pobladores montaron retenes policiacos para impedir el paso a vendedores, turistas y migrantes.
La medida tomada por las autoridades se debe a que este 5 de abril con el Domingo de Ramos comenzó la Semana Santa y hay familias ‘que no entienden’ y buscan dónde vacacionar, además de que tienen reportes de un regreso masivo de paisanos provenientes de Estados Unidos, donde hay cientos de muertes por Covid-19.
Pahuatlán es uno de esos lugares donde están protegiéndose con retenes, es un pueblo mágico ubicado al norte de Puebla en los límites con Hidalgo. Debido a su ubicación, hay cientos de familias que llegan a vacacionar.
En los accesos a este municipio hay policías verificando que las personas que desean entrar sean originarias o que estén radicando actualmente en alguna de sus localidades, esto como medida de prevención.
“Solo se deja pasar a residentes”, justifican en Pahuatlán
Uno de los mensajes colocados en uno de los accesos dice:
Se le comunica a todas las personas que viven en diferentes lugares y que tienen pensado viajar a Pahuatlán, se está llevando un retén en Honey-Pahuatlán, el cual no se está dejando pasar sin excepción alguna, solo a las personas residentes, no te molestes, la única finalidad es cuidar a nuestro pueblo y nuestra gente, por tu comprensión Dios te bendiga, gracias”.
En Pahuatlán hay un río conocido como Zacapehuaya, donde también fue colocada una manta con un mensaje que dice:
Covid19: Zacapehuaya, toma medidas, se prohíbe el acceso al río hasta nuevo aviso”.
Son una ‘amenaza’
Debido a que Semana Santa es una de las temporadas cuando más registros hay del regreso de migrantes a sus comunidades de la Mixteca, hay localidades como Cuexpala y Tilapa, donde también montaron retenes policiacos.
Lee: Gobernador de Puebla inicia entrega de paquetes alimentarios de 25 kilos para enfrentar el Coronavirus
En la comunidad se prohíbe el ingreso a vendedores, ambulantes y migrantes, a fin de no correr riesgos que lleguen personas contagiadas con el Covid-19 y provoque una infección a la población.
“¡Aviso Urgente!
El pueblo de Cuexpala también participa en las medidas preventivas de cuarentena contra el virus COVID-19, debido a esto se prohíbe la entrada a los visitantes a esta comunidad, debemos tomar las precauciones necesarias para evitar contagios, respetando las indicaciones federales.
Por favor evite bañarse en el río, evita el contacto y sigue las indicaciones de contingencia. En caso de no ser respetada se tomarán otras medidas
Atte. Presidencia auxiliar municipal Cuexpala, Tilapa, Puebla”.
NOGALES._ Ana Paola, una niña de 13 años, fue violada y asesinada en Nogales y la Fiscalía Estatal ya investiga el caso como feminicidio.
Los padres de la menor reportaron su desaparición al número de emergencias, por lo que autoridades respondieron con la activación del protocolo de búsqueda por parte de elementos municipales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes la localizaron sin vida.
El cuerpo de la menor fue hallado el 2 de abril a las 18:04 horas, abajo de la cama en una de las recámaras del domicilio ubicado en la colonia Real del Arco, en Nogales, su rostro presentaba signos de violencia.
En un comunicado, la fiscalía informó que inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, por los hechos donde una menor de edad de 13 años, fue privada de la vida.
Detalló que el papá de Ana Paola, se comunicó con la madre vía telefónica, y le informó que la niña había desaparecido, por lo que ella se trasladó al domicilio, el cual estaba asegurado por elementos de la policía municipal.
Al sitio, también arribó personal de Servicios Periciales de la fiscalía estatal, quienes realizaron el procesamiento de la escena, aseguraron indicios y trasladaron el cuerpo, para que el área de medicina legal efectúe las pruebas que permitan determinar las causas del deceso de la niña y así llegar a él o los responsables.
A través de redes sociales, familiares de la víctima manifestaron su indignación por el asesinato cometido contra Ana Paola; informaron que desconocidos ingresaron a robar al domicilio, y ahí lograron abusar sexualmente de la menor hasta privarla de la vida.
“Entraron a robar a casa de mi prima en Nogales. Violaron y mataron a mi sobrina de 13 años. Cualquier reflexión sobre solidaridad, ciudadanía y economía está de más. Hoy México, Gobierno y mundo, no cuentan conmigo. Váyanse a la chingada.”, twitteó un familiar de la víctima.
En tanto, diversos colectivos de feministas de Sonora, también expresaron su indignación ante el suceso y posicionaron en redes sociales el hashtag #JusticiaParaAnaPaola; señalaron que a consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en está ocasión no saldrán a marchar para evitar aglomeraciones y contagios.
Refrendaron su compromiso de exigir justicia a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues aseguraron que aún con el coronavirus la lucha feminista continúa.
El reporte que los familiares dieron a las autoridades de Seguridad Pública estatal indica que desde las 21:00 horas del 1 de abril ya no respondió llamadas.
De acuerdo con sus compañeros de trabajo, el periodista había sido amenazado hace unos días por integrantes de la delincuencia organizada en Acapulco. Sus colegas dijeron que por temor no darían más detalles de los hechos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por la desaparición de Álvarez Chávez.
El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa emitió un comunicado este domingo, en el que condenó la desaparición del periodista y exigió su presentación con vida.
Esta es la ficha elaborada tras la desaparición de Álvarez Chávez. (Especial)
A esa exigencia se sumaron los integrantes del Club de Periodistas y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos.
La organización internacional Artículo 19 también informó que ya solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales que implementen el correspondiente protocolo de búsqueda para la localización de Álvarez Chávez.
“Exigimos a las autoridades estatales una efectiva coordinación y la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas para garantizar la inmediata localización con vida del periodista”, demandó la agrupación.
Apenas el 30 de marzo, en la otra costa del país, la periodista María Elena Ferral fue asesinada en Veracruz .
Una reportera de Monclova reportó el deceso de su padre, quien habría estado de visita en el IMSS 7 con un paciente, en medio de la llegada y la atención del “paciente cero”. Foto: Archivo
VANGUARDIA MX
Aunque la neumonía fue la causa del fallecimiento de la médico, su hermana exigió a través de una publicación, aplicar al cuerpo la prueba de COVID-19 y que esclarezca la situación de su muerte
Luego de la ola de contagios de coronavirus que padeció el Hospital General de Zona número 7 del IMSS Monclova, fue reportado el fallecimiento de una médico y del padre de una reportera que se encontraban en el lugar en medio de la atención al “paciente cero” que generó la mayor cadena de contagios en el Estado.
Fue poco después de las 5:00 horas de este domingo, cuando familiares de la doctora Elisa María Amaya Cruz del HGZ, dieron a conocer la noticia del fallecimiento, del cual les han informado hasta estos momentos fue causa de una neumonía que se le complicó a un día de haber ingresado a hospitalización donde presentó problemas con su respiración.
Aunque la neumonía fue la causa del fallecimiento, la hermana de la médico que era madre de una menor de 12 años, exigió a través de una publicación, aplicar al cuerpo una prueba de COVID-19, que esclarezca la situación del caso, y que a su vez amplíe las medidas para evitar mayores contagios.
También, una prima de Elisa Amaya, realizó una publicación donde pidió a la población tomar en serio la situación, y manifestó que a este grado, ya se ha vuelto innecesario repetir las recomendaciones que ha dado el sector salud.
“Hoy falleció víctima de esta situación que muy pocos están tomando enserio”, expresa.
“Hasta el momento las autoridades del IMSS no han reportado oficialmente nada. Lo que se sabe es por redes, lo cual no es información oficial”, expresó la Secretaría de Salud de Coahuila tras el cuestionamiento.
Por otro lado, una reportera de la misma región, reportó el deceso de su padre, quien habría estado de visita con un paciente, en medio de la llegada y la atención del “paciente cero” que propagó una serie de contagios en la unidad médica.
Tras el fallecimiento de este último hombre, la hija quien se dedica a los medios de comunicación, reportó que su padre esperaba resultados de la prueba de COVID-19 este lunes.
Estos datos exponen que la cifra de muertos en Monclova habrían aumentado a cuatro, además de los 49 contagios oficialmente reportados de los cuales, más de 30 son de personal médico del HGZ 7 del IMSS.
Texto: Lydiette Carrión
Fotos: Cortesía Argüenderas y Revoltosas y FES Acatlán UNAM
Pie de Página
La madrugada del 5 de abril, entre siete y 10 individuos armados con pistolas, tubos y bates golpearon, agredieron sexualmente y lesionaron de gravedad a estudiantes que mantenían tomados dos cubículos. Además rociaron con gasolina e incendiaron el inmueble. Las autoridades de la UNAM sólo aludieron al incendio
El colectivo estudiantil feminista Argüenderas y revoltosas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) denunció que en la madrugada del 5 de abril, ingresaron al plantel entre siete y 10 hombres armados, que agredieron sexualmente a mujeres y golpearon gravemente a estudiantes varones hasta ocasionar fracturas. Los amenazaron de muerte y quemaron un cubículo estudiantil, causando quemaduras a otros estudiantes.
Las estudiantes difundieron la noticia por la mañana en un comunicado. “Se escucharon ruidos afuera del espacio anarquista, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada.”
“Salimos a ver qué sucedía mientras observamos que venía un grupo de entre siete y 10 hombres, al poco tiempo comenzaron a golpear los vidrios del espacio. Les gritamos preguntando quiénes eran, [pero] no respondieron y rompieron los vidrios”.
Lo demás, agrega el comunicado, “pasó demasiado rápido”. El colectivo se comprometió a hacer una relatoría extensa que publicaron por la noche del mismo domingo.
Abuso sexual, balazos a los pies, quemaduras
La relatoría extensa la publicaron antes de las nueve de la noche en sus redes sociales. Ahí, los activistas dividieron los hechos en dos ataques: uno contra el salón A-906 y otro contra el cubículo del edificio A-6.
En el primero, fueron agredidos un hombre y una mujer.
Oficina de la Unidad Jurídica / Foto: Fes Acatlán UNAM.
El ataque al A-906
Entre las 3 y las 4 de la madrugada, dos jóvenes resguardaban el salón. Uno de ellos, un hombre, salió al baño, pero a los pocos minutos llegó corriendo. Detrás de él entraron unas seis personas, quienes los golpearon con tubos, ensañándose, sobre todo con él. Mientras, la mujer trató de llamar a los estudiantes del otro cubículo, pero los agresores le exigieron su celular, y le advirtieron que si no se lo daban la “dormirían”. Además, cada vez que su compañero trataba de defenderla, lo golpeaban aún más.
Cada vez que trataban de levantarse, los aventaban y golpeaban aún más. En uno de estos tirones, uno de los agresores desnudó a la joven completamente. Luego la subieron a una mesa y la golpearon.
“A lo lejos se escucha una voz que dice: ‘Wey, ya no le hagas nada’”. Entonces la bajaron y ataron de pies y manos. La tiraron de nuevo al piso y le advirtieron que se tapara la cara, si no, la matarían.
Mientras todo esto ocurrió, a su compañero lo golpearon entre cuatro o cinco personas. “Venían con tubos, armas de fuego y chalecos antibalas”.
Los agresores los interrogaron sobre las personas en el otro cubículo. “Amenazan insistentemente con matarlos, así que terminan por decírselos”.
Finalmente se fueron. Uno de ellos regresó y cubrió a la joven con una toalla, y le dice “que se tranquilice”. Pero su compañero estaba completamente ensangrentado y “a punto de perder la conciencia”. Trató de levantarse y cerrar la puerta del salón, pero no lo logró. Su compañera logró quitarse las ataduras de pies y manos y lo auxilió.
Poco después salieron a encontrarse con sus compañeros en el cubículo A-9. Los encontraron golpeados y quemados. Esto fue lo que los últimos relataron:
Estudiantes de la FES Acatlán que se encontraban en paro fueron agredidas durante la madrugada del domingo 05 de abril en las instalaciones de su facultad. / Foto: Colectiva Argüenderas y Revoltosas.
La quema contra el A-6
La relatoría narra que entre siete y 10 agresores, vestidos con chalecos antibalas, armados, llegaron haciendo ruido y gritando: “¡Esto es por los dulceros!”, y “¡Van a valer verga, los vamos a matar!”, “¡Es mensaje de los dulceros y Erasmo!”.
Poco después rociaron con gasolina la puerta del cubículo estudiantil, y prendieron fuego. Además rompieron los vidrios. Patearon la puerta hasta abrirla.
“El espacio comenzó a incendiarse y enseguida pudieron darse cuenta de que un compañero tenía fuego en la cabeza, cuando decide salir atraviesa forzosamente por el fuego que se irradió en la entrada”. Cuando el joven se tiró al piso para apagar las llamas, los agresores aprovecharon para patearlo.
Otra estudiante salió a auxiliarlo; a ella también la agredieron e intentaron desnudarla. “Ella les gritó: ‘¿Qué más quieren? Ya nos salimos, ya déjennos en paz’”. Pero los agresores respondieron:
–Se la estaban pasando muy a gusto, ¿no? por eso las violan y las matan. Por vergueras.
Continuaron las amenazas e intimidaciones, hasta que los agresores se alejaron en dirección al estacionamiento del plantel. Fue entonces que los jóvenes pidieron ayuda y se acercaron miembros de seguridad universitaria.
En su cuenta de Twitter, el colectivo publicó su relatoría.
La versión de la autoridad
Por su parte, la dirección de la FES Acatlán envió su comunicado, y luego la UNAM como institución central emitió otro. En ambos se refrendaba la misma versión: alrededor de las 4 de la mañana un grupo de desconocidos ingresó al plantel e incendió la Unidad de Jurídico del plantel.
“El incendio fue iniciado poco después de las 4:00 horas de hoy por un grupo de personas, algunas de ellas embozadas, que ingresó ilegalmente al plantel”. Así lo narró el comunicado, y se detalló que el incendio provocó visibles daños al inmueble, al mobiliario, a los equipos de cómputo y a documentación que se encontraba en el lugar, particularmente en la Oficina Jurídica y en las Salas Académicas de esa Facultad. “El fuego fue sofocado por el cuerpo de bomberos del municipio de Naucalpan”.
“Del incidente resultaron lesionadas dos personas del sexo masculino y en el sitio fueron hallados algunos artefactos explosivos, como bombas molotov, petardos y botes con gasolina.”
Entre paros feministas y emergencia sanitaria
Hasta la fecha hay nueve planteles universitarios en los que hay un paro u otra forma de protesta contra la violencia de género. La demanda de las colectivas es detener las agresiones y hostigamiento contra las mujeres en la Universidad.
Además, México se encuentra en fase 2 de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, y la UNAM está cerrada desde el pasado 20 de marzo.
Esta no es la primera vez que, en plena contingencia sanitaria, los paros feministas son agredidos. Por ejemplo, estuvo el caso de Prepa 6, que, bajo pretexto de la contingencia, se convocó a una asamblea que desembocó en golpes contra estudiantes menores de edad. Finalmente las estudiante de bachillerato dejaron las instalaciones el 21 de marzo.
Este mismo 5 de abril, la UNAM lanzó otro comunicado. La Coordinación para igualdad de Género entregó cartas a las paristas de los nueve planteles tomados:
“En la misiva, la titular de la Coordinación, Tamara Martínez Ruiz, señala que el bienestar de la comunidad universitaria debe ser el centro de la toma de decisiones en la UNAM y que el cuidado es un principio fundamental para alcanzar cualquier tipo de objetivo universitario.”
Por ello, se les entregarían insumos para prevenir el contagio por coronavirus: jabón, gel antibacterial, cubrebocas, termómetros.
La vulnerabilidad de la periferia
Sin embargo, los planteles llamados periféricos de la UNAM, como es la FES Acatlán o la de Aragón u Cuautitlán, siempre han tenido mayor vulnerabilidad frente a los grupos de poder locales, el porrismo y la violencia. De ahí que los estudiantes que optan por el activismo o la organización política al interior de sus planteles lo pasen más difícil. Tal es el caso de las colectivas feministas, que a lo largo de estos meses han denunciado abuso y hostigamiento. Es en este contexto que se enmarca la última agresión.
OAXACA, Oax. (apro).- En Oaxaca se cometió otro feminicidio infantil, ahora en San Francisco del Mar. Se trata de una bebé de seis meses, quien perdió la vida después de una agresión sexual.
El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que por ese hecho fue detenido S. F. M. M. y llevado ante el Juzgado de Control por el delito de homicidio.
S. F. M. M., en prisión preventiva, es señalado como probable responsable del crimen cometido el pasado viernes 3 en la región del Istmo de Tehuantepec.
Tras una exhaustiva investigación, agentes estatales de investigación aprehendieron al sujeto, quien de inmediato fue presentado ante la autoridad judicial que lo requirió.
De acuerdo con la carpeta de investigación 11810/FIST/FMUJ/TEHUANTEPEC/2020, los hechos ocurrieron en un domicilio particular ubicado en San Francisco del Mar, donde el imputado habría agredido a la bebé de seis meses, quien finalmente perdió la vida.
La presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, señaló que, pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la violencia feminicida se mantiene en la entidad, con 198 asesinatos violentos de mujeres y niñas desde que se lanzó la medida.
Además, agregó, la violencia feminicida se extiende a municipios que no cuentan con el mecanismo de acción-reacción y a víctimas cada vez más pequeñas, como el caso más reciente en San Francisco del Mar.
“Este caso causa una profunda indignación, pues muestra los niveles incontrolables de violencia hacia las mujeres y las niñas”.
Otro feminicidio infantil, dijo, debe ser motivo de alarma y de exigencia de justicia, pues en lo que va del año 13% del total de asesinatos violentos corresponde a menores de 12 años y 23% a menores de 18.
“Hechos lamentables y dolorosos que no deben quedar en la impunidad, pues las consecuencias de la falta de acciones contundentes en la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres y las niñas está teniendo un costo muy alto, donde se coloca en riesgo su libertad, su integridad y su vida”, recalcó.
De acuerdo con Ayala Ortiz, a nivel de prevención urge implementar acciones contundentes contra la misoginia, tanto en los hombres en general, como en quienes tienen a su cargo la responsabilidad de procurar e impartir justicia.
“Es un tema prioritario a atender, ya que expresa la desvalorización y el odio hacia las mujeres y las niñas, así como continuar trabajando a favor del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, para que su vulnerabilidad no las exponga a situaciones de riesgo, porque en éste y tantos otros casos donde las víctimas son niñas, las madres también lo son, por lo que investigar desde una perspectiva de género implica entender y no culpabilizarlas a ellas por actos que los agresores cometen abusando del poder que las costumbres sociales les otorgan sobre las mujeres”.
Y como presidenta de GESMujer demandó “que este indignante caso se investigue como feminicidio infantil, pues la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género, producto de la violación a sus derechos humanos tanto en el ámbito privado como público y está conformada por conductas sociales y de Estado que pueden culminar en la muerte violenta de las mujeres y las niñas”.
Remató: “El feminicidio infantil es la máxima expresión de que está en riesgo la población que por ley debe ser protegida de manera prioritaria frente a todas las formas de violencia”.
Trabajadores del Hospital General #76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el municipio de Ecatepec, protestan por la falta de insumos para tratar casos sospechosos de COVID-19.
Por segunda ocasión, un grupo de médicos y enfermeros se manifestaron la tarde de este lunes cerrando dos carriles de la Vía Morelos con dirección hacia San Cristóbal, por la falta de insumos como cubrebocas, guantes, entre otros.
“Los insumos son insuficientes, nada más los dan para algunos compañeros, a veces tenemos que estar reciclándolos, no nos dicen sobre los pacientes si son o no positivos de COVID-19, nos están arriesgando a todos en general”
Fotos: Osvaldo Muller
Los inconformes, con mantas y pancartas que se decían “Exigimos más insumos, Trabajamos por tu bienestar, Arriesgarte no es justo”, “La culpa no era mía.. Era el insumo que lo tenía, El material lo tienes tú”, se mantuvieron protestando sobre la vía.
Ante ello, exigen a las autoridades federales dotar de insumos. Los trabajadores mencionaron que esperan no tener represalias, inclusive aseguraron que fueron amenazados por autoridades.
Recalcaron que personal de su sindicato no los apoya, sin embargo, enfatizaron que vale más su salud y de sus familias ante algún contagio de coronavirus, asimismo mencionaron que seguirán protestando hasta que las autoridades les otorguen los insumos necesarios.
Debido a que las que actividades económicas están paralizadas por la emergencia sanitaria del Covid-19, no pueden salir a pescar ni a trabajar de albañilería, por lo que se han quedado sin dinero.
Al final, el ayuntamiento del puerto les ofreció 150 pesos en vales de despensa.
Por Redacción / Haz Ruido / (Foto de El Faro Yucateco)
Progreso, Yucatán, 6 de abril de 2020.- Aproximadamente 200 pescadores de Progreso protestaron este lunes frente al Palacio Municipal del puerto para exigir apoyos a las autoridades, pues debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 se encuentran sin trabajo y sin dinero.
Indicaron que no todas las embarcaciones están saliendo al mar a pescar y tampoco hay trabajo de albañilería en tierra, por lo que se han quedado sin opciones económicas.
A manera de presión, los pescadores bloquearon la calle principal de la sede del Ayuntamiento para demandar apoyos para sobrellevar la emergencia sanitaria.
De hecho se vivieron momentos ríspidos, pues al principio los empleados municipales “recomendaron” a los quejosos que se trasladaran a Mérida para pedir esos apoyos al Gobierno de Yucatán, lo que provocó que se enojaran más.
Tuvo que salir el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, para dialogar con los hombres de mar y tratar de llegar a un acuerdo, mientras que los agentes de la Policía Municipal resguardaban las instalaciones del Ayuntamiento.
Al final, acordaron que les entregarían vales de despensa de 150 pesos, por lo que los pescadores se formaron afuera del Palacio Municipal para recibir dicho apoyo.
Debido a que la protesta fue tensa, tuvieron que llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional para, a la distancia, constatar que no se salga de control.
Instalaciones de la Estación Migratoria de Tenosique. Foto: INM
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la vulnerabilidad de las personas migrantes concentradas en estaciones migratorias frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, 28 ombudsperson que forman parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exigieron al gobierno federal buscar “alternativas a la detención” en estos centros, para evitar mayores riesgos hacia esta población.
Los 28 organismos firmantes consideran que los disturbios ocurridos en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, el pasado 31 de marzo, hechos en los que una persona perdió la vida y varias más resultaron heridas, alertan de los peligros que enfrentan los migrantes, enunciados desde semanas, “particularmente ahora, ante el contexto de emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia covid-19”.
Recuerdan que por esos hechos y otros disturbios ocurridos en otras instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), organismos internacionales han señalado que la detención de migrantes “debería ser la excepción y no la regla, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad como lo son mujeres, familias, niños, niñas, adolescentes, solicitantes de asilo, personas mayores, entre otros”.
Por ello, han recomendado al “Estado mexicano la implementación de alternativas a la detención, así como garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, junto con las condiciones de higiene, salud, alimentación y esparcimiento para la población”.
El pronunciamiento, que no fue firmado por las comisiones de derechos humanos de Guanajuato Tlaxcala, Morelos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que formalmente están integradas en la FMOPDH, pide acatar las recomendaciones emitidas por el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
“Para proteger a las personas privadas de la libertad durante la pandemia covid-19, en las que se destaca considerar la reducción de la detención de migrantes; evitar la detención de niñas, niños y adolescentes y con ello proteger la integridad física y mental de las personas en contextos de movilidad humana”.
Los organismos públicos de derechos humanos enumeran cinco acciones primordiales, como “reforzar las medidas de atención y prevención” de personas que se encuentran en las estaciones migratorias, particularmente las que están en mayor riesgo, establecidas por la Secretaría de Salud para la población en general; así como articular esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil, que atienden a la población migrante.
Consideran indispensable “promover alternativas a la detención para la población, priorizando a grupos en especial contexto de vulnerabilidad”, de manera particular a la niñez migrante, quienes “no deben estar en detención, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los organismos estatales de derechos humanos sugieren a las autoridades migratorias acelerar “los procesos de resolución de casos, priorizando la no detención e incluso regularizando a la población migrante” así como “fortalecer el trabajo interinstitucional con otras dependencias que permitan implementar medidas de atención y prevención que se tomen”.
El documento fue firmado por los ombudsopersons de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El abogado Jesús Suárez, quien representa a los trabajadores cesados del INEGI, explicó que se está gestando un movimiento nacional para ejercer presión y lograr que se paguen los salarios pendientes
Ignacio Pérez Vega / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. En el Área Metropolitana de Guadalajara, se calcula que son 420 los encuestadores y verificadores despedidos por el INEGI, a raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Un grupo de alrededor de 40 trabajadores se manifestaron frente a las oficinas centrales del organismo público autónomo, localizadas en avenida 16 de Septiembre y Mexicaltzingo, para exigir que les paguen los salarios que quedaron pendientes tras la cancelación del Censo Nacional de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE).
Diego Armando Díaz, verificador del Censo de Población, expresó que se les debe pagar una quincena de trabajo, en el caso de los encuestadores y 12 días adicionales a los verificadores.
“Es lo que nosotros estamos peleando y es lo que nosotros le estamos exigiendo al INEGI, porque nosotros salimos a trabajar sin descanso prácticamente, partiéndonos el lomo y para qué nos dé la espalda el INEGI. La verdad, no se nos hace justo”, reclamó.
A su vez, Cecilia Medina, quien trabajó en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, también participó en la protesta y dijo que ante la falta de respuesta del INEGI, van a presentar una demanda laboral.
“Yo me asesoré y están terminando la relación laboral, no la están posponiendo y en este caso nos dejaron totalmente a la deriva. Es totalmente injusto, indigno y cómo podemos ver, somos miles en todo el país, sobre todo más en el Censo, pero hay otros proyectos también quedamos igual”, expresó.
El abogado Jesús Suárez, quien representa a los trabajadores cesados del INEGI, explicó que se está gestando un movimiento nacional para ejercer presión y lograr que se paguen los salarios pendientes.
“Así es. Si no hay ninguna conciliación por medio del INEGI, nos iríamos a una demanda laboral y en su momento la presentaremos. Cuando sea el momento oportuno, vamos a presentar las pruebas contundentes. En total son entre 380 y 420 aquí en Guadalajara y en otros estados también se está organizando para que hagan lo correspondiente”, precisó.
Los empleados cesados del INEGI bloquearon un carril de la avenida 16 de Septiembre. Sin embargo, como no salió nadie del organismo público, los inconformes concluyeron con la manifestación.
En otras ciudades del país, hubo protestas similares a la de Guadalajara.
Miguel Ángel Mora El Sol de San Luis/La Prensa
6 abril 2020
Autoridades lo atribuyen a una fuga que obligó a suspender un pozo
Miguel Ángel Mora
San Luis Potosí, S.L.P., 6 de abril.- Vecinos de 12 colonias de la zona metropolitana de esta capital, se manifestaron en la Unidad Administrativa Municipal (UAM), para exigir el servicio de agua que desde hace varios días, dejó de llegar a sus hogares, lo que el organismo operador de agua Interapas, atribuyó a la rotura de una tubería que obligó a apagar un pozo.
Durante la manifestación, los inconformes intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones municipales, lo que les fue impedido por porteros de la dirección general de Seguridad Pública Municipal, lo que derivó en algunos jaloneos.
El Interapas dio a conocer que hace unos días, un contratista del Ayuntamiento de Soledad que realizaba una obra provocó una fuga de agua considerable, por lo que fue necesario suspender labores en el pozo “Huerta del Ángel”, para la respectiva reparación, lo que afectó el suministro en más de una docena de colonias en la zona metropolitana.
Se aseguró que de inmediato se dispuso del envío de pipas para suministrar agua gratuita a los colonos afectados; sin embargo, los manifestantes aseguraron que los pocos camiones que han acudido les llevan agua sucia.
Colima, México, Avanzada (06/04/2020).- En el primer bimestre de este año en Colima asesinaron a 18 mujeres, pero sólo tres casos fueron clasificados como feminicidios por la Fiscalía General del Estado.
El pasado 23 de enero, la organización civil Causa en Común advirtió que había entidades del país que estaban haciendo un sub registro de delitos como el feninicido, pues la mayoría de los asesinatos de mujeres los clasificaban como homicidios dolosos, que podrían confundirse con actos relacionados con la lucha entre los carteles y no, con un problema de violencia familiar.
Pese a la clasificación realizada por la Fiscalía, la entidad continúa con la tasa más alta en el país de homicidios dolosos de mujeres y también de feminicidios por cada 100 mil mujeres.
En el rubro de feminicidios, Colima ocupa el primer lugar en la tasa nacional de incidencia, con 0.76 casos por cada 100 mil mujeres, le sigue el estado de Morelos, con 0.67 delitos.
Mientras que en homicidios dolosos, con 16 casos, el estado de Colima también encabeza la tasa nacional, con 3.8 delitos de ese tipo por cada 100 mil mujeres; en segundo lugar se ubica Guanajuato, con una prevalencia de 2.6 caso.
El pasado 22 de enero, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, advirtió que el problema del feminicidio es más grave del que reflejan las estadísticas.
Indicó que al negarse la problemática, se evita que la autoridad tome medidas necesarias para erradicar este flagelo que en el país causa la muerte de 10 mujeres por día.
Expuso que es común que los casos de muerte de mujeres no sean indagados como feminicidios y se inicien investigaciones por homicidio culposo o doloso, por lo que existe un subregistro.
Colima, México, Avanzada (06/04/2020).- Con un equipo insuficiente de protección y la escases de insumos básicos trabajadores del Hospital Regional Universitario (HRU) atienden a una persona que estaría contagiada de Coronavirus.
A través de una serie de denuncias recopiladas por este periódico digital, personal de enfermería y del área médica, señalaron que el jueves pasado ingresó un hombre sospechoso de Coronavirus, sin embargo, el personal de salud que se encuentra en este nosocomio, no cuenta ni si quiera con mascarillas N95, o batas desechables.
Los inconformes lamentaron las condiciones en las que están laborando, y recordaron que enfrentan una un virus altamente contagioso, con serias deficiencias de material e infraestructura que ponen en riesgo su salud, y a su familia.
Refirió que hasta el momento es el sindicato de Salud el que ha repartido algunos insumos básicos para atender los casos sospechosos pero no se otorgaron a todos los enfermeros y médicos.
En la queja, sentenciaron que el jueves pasado ingresó al área de urgencias un hombre, que resultó ser sospechoso de padecer Coronavirus, “de ahí se envió a hospitalización, y se está esperando los resultados. Pueden ser negativos, pero lo que queremos exponer es que no tenemos, ni si quiera las mascarillas N95. Necesitamos material con urgencia”, afirmaron.
Recordaron que desde tres años, a través de diferentes protestas han denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentra el sistema de Salud en Colima, “esto que nos pasa no es nuevo, lo terrible es que enfrentamos una emergencia, sin los recursos que se requieren. El año pasado se suspendieron cirugías por falta de material quirúrgico, no había ni gasas. Ahora las condiciones no son mejores, necesitamos el equipo para poder protegernos y realizar nuestro trabajo”.
Insistieron que no cuentan con cubre bocas, batas desechables ni lentes, equipo indispensable para atender a los enfermos.
Señalaron que de las autoridades no han recibido nada, y que apenas el viernes, el sindicato de la Secretaría de Salud entregó algunos insumos que no fueron suficientes para todos los que laboran en el HRU.
Trabajadores de varias maquiladoras de Reynosa realizaron este día un paro de labores, en protesta por las nulas medidas de seguridad e higiene que se tienen en sus centros de trabajo.
Reynosa, Tamaulipas. – Trabajadores de varias maquiladoras de Reynosa realizaron este día un paro de labores, en protesta por las nulas medidas de seguridad e higiene por la pandemia de Covid-19 que se tienen en sus centros de trabajo.
Sin embargo, el secretario de organización del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa (Siamar), Bayron Cavazos, se presentó alrededor de las cinco de la mañana en algunas maquiladoras para decirles a los trabajadores que regresaran a sus casas.Les aseguró que su salario se les pagará al 100 por ciento, porque afirmó que están amparados por un decreto presidencial.
“Así que no teman, este es un asunto sanitario, es un asunto laboral, no es un conflicto es una defensa por la vida, nosotros estamos a favor de la vida y la salud. De que le sirve a la empresa tener trabajadores enfermos o pero aún, que alguien perdiera la vida”, expuso.
Aunque, dijo que se trata de una invitación que le hicieron a los trabajadores, sin embargo, señaló que quien quiera presentarse a su trabajo está en plena libertad de hacerlo, pero bajo su propio riesgo.
Bayron Cavazos afirmó a los trabajadores que el Sindicato estaría al pendiente de que se les pagara su salario íntegro, además de que no sean despedidos por faltar a sus labores y que la licencia laboral sería hasta el 30 de abril, dado que no son actividades esenciales para el país.
Entre las empresas donde se registró este paro de labores por parte de los trabajadores están BBB Industries, Hoffman y Sensa en la ciudad de Reynosa.
Desde el pasado 17 de marzo, comenzaron a desatarse las protestas por parte del personal de salud médico y enfermería en distintas partes del país, quienes en varias ocasiones han reclamado la falta de insumos y medidas de protecciones para hacer frente a la pandemia que ha dejado ya 125 muertos en el país, según las cifras oficiales.
Tan sólo en marzo de este año, la Asamblea Nacional de Residentes señaló que 200 hospitales de toda la República no contaban con mascarillas N95 para el personal médico, según una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCC).
Además, la información también señala que el 71 por ciento del personal carece de guantes y el 56 por ciento de lentes protectores en estos hospitales.
Apenas el pasado 1 de abril durante la conferencia de prensa sobre el informe del covid-19, las autoridades de Salud confirmaron que han fallecido tres médicos contagiados del virus: uno en Zacatecas, otro en Ciudad de México y uno más en Coahuila. Sin embargo, a esta cifra se suma uno más en el estado de Hidalgo.
Además, se han registrado decenas de casos de contagios entre los trabajadores de la salud.
Por ejemplo, en Monclova, Coahuila, se registró un brote comunitario en la Clínica del IMSS número 7. Al menos 39 médicos y enfermeras contrajeron en virus por la falta de medidas sanitarias en los hospitales.
En Querétaro, un médico más fue diagnosticado de covid-19, según medios locales el médico atendió a un paciente procedente del extranjero.
Por otro lado, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dio a conocer que se tienen registros de cuatro casos positivos de covid-19 entre personal del área médica.
El miedo al contagio entre médicos, enfermeras, afanadoras, etc., de todos los estados del país, ha aumentado y con él, el llamado a las autoridades locales y federales a resolver el problema de salubridad que los mantiene en riesgo.
“Nos están dejando morir”, decían médicos y enfermeras del Hospital General de la Zona 46 del IMSS en Tabasco, el pasado 22 de marzo.
Protestas en Tabasco
Los médicos han denunciado la falta de insumos y equipo de trabajo de protección sanitaria para laborar en la atención de la pandemia.
Un día después, en el Hospital General Zona Norte y del Hospital General Zona Sur de la capital en Puebla, médicos protestaron -además de la falta de insumos- la falta de capacitación para los trabajadores de la salud.
En Veracruz, enfermeras de la Clínica 71 del IMSS denunciaron que se gastan hasta 700 pesos de su sueldo para comprar mascarillas y atender en los hospitales, pues según dijeron, los directivos de dicha institución han dicho que solo se les darán los insumos hasta que se reporte un caso de covid-19.
En Guanajuato, por ejemplo, los médicos de la clínica 58 del IMSS en la ciudad de León, dijeron que atienen a los pacientes sin instrumentos como las mascarillas especiales, cubrebocas, guantes, goggles y overoles. Enfermeras de ese hospital señalaron esto, a pesar de que ya se encuentran pacientes con coronavirus.
En la Unidad de Medicina Familiar No. 35 del IMSS en Hidalgo, médicos aseguran que las autoridades subestimaron la situación y perdieron tiempo valioso que habría servido para adquirir los insumos necesarios y dar la capacitación adecuada.
En ese hospital, médicos entrevistados por La Silla Rota, aseguran que se gastan alrededor de 2 mil 500 pesos en equipo y en otros materiales para su seguridad.
En los destinos turísticos la situación es la misma. Médicos de Acapulco, como de Cancún, han protestado debido a la falta de insumos para enfrentar la pandemia.
Protestas en Acapulco
En el hospital General de Cancún los médicos han -incluso- pedido donaciones a la sociedad ante el desabasto de materiales.
Ahí también se denuncia la falta de infraestructura hospitalaria. Y en Sinaloa y Morelos la situación es la misma.
“No queremos ser otro caso Monclova” dicen los médicos del Hospital General Regional 1 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, refiriéndose al brote comunitario entre médicos y enfermeras.
Mientras que en Morelos, las protestas se tornan a la falta de hospitales que dejó el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Uno de los cuatro fallecidos en NL por COVID-19 no fue diagnosticado a tiempo; 11 trabajadores del IMSS que tuvieron contacto con él se encuentran aislados.
Cuartoscuro
ANIMAL POLÍTICO
Debido a que uno de los cuatro fallecidos en Nuevo León por COVID-19 no fue diagnosticado a tiempo, porque sus síntomas se confundieron con otra enfermedad, médicos del Seguro Social pusieron en cuarentena a 11 trabajadores que entraron en contacto con esta persona.
La Directora del Hospital 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Beatriz Maldonado, explicó este lunes, que el paciente venía identificado de Monclova, Coahuila como enfermo de endocarditis infecciosa (cuyos síntomas son similares a los del COVID-19); diagnóstico que estaba erróneo.
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La clínica 34 del Seguro Social en Nuevo León es la unidad de alta especialidad en temas cardiovasculares que brinda servicio al noreste de la República. No se trata de un hospital que atienda urgencias o pacientes sin el pase clínico correspondiente, avalado por un especialista.
En este sentido, dijo Beatriz Maldonado, “habíamos estado muy bien prácticamente el primer mes de la pandemia”.
“Sin embargo, el jueves cambió la historia cuando recibimos a este paciente de Monclova que no estaba considerado por su clínica como portador del COVID, él ingresó con una patología cardíaca. Este paciente tenía datos de una endocarditis infecciosa”.
“Ya estando en el hospital se detectaron varios factores donde se consideró como sospechoso, se tomó la muestra, efectivamente salió positivo y se ejecutaron las acciones con el personal que estuvo en contacto”.
La directora de la clínica 34 del IMSS aseguró que este criterio médico erróneo con el que se identificó al paciente en Coahuila, les sirvió de lección y ahora todos los pacientes externos son considerados como sospechosos y se les aísla hasta obtener los resultados de las pruebas.
“La historia cambio, nos han seguido llegando pacientes con enfermedades cardiacas y aunque no se apegan a la función operacional del COVID, nos alertó, hemos aprendido este fin de semana y reforzamos las medidas para poder detectar a estos pacientes”.
Además, explicó, al personal médico se le dotó del equipamiento necesario para tratar todos los ingresos como si de facto se tratara de un contagio de la pandemia, esto para reducir los riesgos de propagación del virus.
“Están 11 trabajadores de diferentes categorías de la clínica aislados en su domicilio y les estamos dando seguimiento puntual a través de la epidemiología del hospital”, concluyó.
Cerro Azul, Ver.- Fuerte inconformidad se registró este domingo, entre la base trabajadora del hospital de esta comunidad, debido a que no cuentan con los insumos médicos necesarios de seguridad para enfrentar la pandemia en este nosocomio, por lo que alzaron la voz en contra de las autoridades sanitarias.
Trabajadores del hospital civil de la comunidad hicieron notar fuerte inconformidad, colocando una lona en el acceso principal al hospital, debido a que temen contagiarse del COVID-19, por no contar con el equipo médico de seguridad necesario para atender casos de la pandemia, quienes no cuentan ni con un guante, faltan batas, cubrebocas, entre otros insumos, informaron.
Empleados piden equipos de protección personal, un área que cumpla con los requerimientos necesarios tanto en espacios, ventilación y un área de descontaminación para el personal médico, administrativo y de enfermería, quienes se encuentran expuestos.
Por otra parte, también requieren de un área cuya circulación sea diferente a la de los familiares de pacientes con otras patologías, para evitar contagios a personas no infectadas, destacando que el hospital atiende a los ciudadanos de los municipios de Tancoco, Tepetzintla y comunidades de Tamiahua y Álamo.
Piden al secretario de salud Roberto Ramos Alor y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, envié los insumos médicos necesarios para atender posibles casos de coronavirus y evitar su contagio o de lo contrario, tomarán otras acciones para manifestar este fuerte descontento.
Pese a que el Gobierno federal ha insistido en que los patrones no pueden despedir a sus trabajadores, empresas recortan personal ante la pandemia de coronavirus.
Foto: AFP
Por Zedryk Raziel /Animal Plítico, 05 de abril de 2020
Nota del editor: todos los nombres fueron cambiados para cuidar la identidad de las personas entrevistadas y por petición expresa de todas ellas.
“En la empresa empezaron a despedir a la gente, pero yo nunca me imaginé que me tocaría a mí, porque yo tengo en cuenta que a las mujeres embarazadas no nos pueden despedir de los empleos”, cuenta Cecilia, que tiene cinco meses de embarazo. “Pero después me hablaron a mí de Recursos Humanos y me dicen: ‘es recorte de personal’, y les dije: ‘oye, no me puedes despedir porque estoy embarazada y voy a perder el seguro’, y ellos me dicen: ‘yo no sé’”.
Cecilia, de 32 años, quien será –aclara- madre soltera, perdió su empleo el 24 de marzo pese a que se encuentra entre la población vulnerable ante la pandemia de COVID-19 y a que el Gobierno federal ha insistido en que los patrones no pueden despedir a sus trabajadores con motivo de la emergencia sanitaria.
Ubicada en León, Guanajuato, la empresa para la que trabajaba Cecilia “a destajo”, Safi, S. A. de C. V., dedicada a la producción de calzado industrial, no le pagó liquidación, aunque ella había trabajado ahí ya un año y ocho meses.
“El contador me dijo: ‘yo no tengo nada contra nadie, simplemente te tocó el recorte de personal’, y yo le dije: ‘es que no pueden correrme’, y dice: ‘sí podemos despedir’”, detalla.
Al día siguiente de su despido injustificado, Cecilia fue a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero la encontró cerrada, como parte del mandato oficial de que los funcionarios públicos de sectores no esenciales del gobierno se ausentaran de los centros de trabajo.
“Fui a conciliación al siguiente día pero tampoco me dieron respuesta, sólo me dieron un teléfono, ni siquiera me atendieron adentro, porque está cerrado”, cuenta.
Cecilia, que pide reservar su identidad, no sólo fue despedida arbitrariamente, sino que además se encuentra desprotegida por la autoridad laboral.
La Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) habilitó tres líneas telefónicas para dar asesoría a personas afectadas por abusos laborales, y publicó el martes una guía rápida en la que reitera que no existe fundamento legal para que las empresas despidan a sus trabajadores ni para pagarles el salario mínimo; el jueves, Animal Político intentó establecer comunicación en varias ocasiones con las líneas de la Profedet, pero, o bien no contestaron o ni siquiera se enlazó la llamada.
A su vez, la defensoría laboral de la Ciudad de México habilitó cuatro líneas de WhatsApp en las que asesores se limitan a recomendar a las personas despedidas no firmar ningún documento, y les informan que sólo hasta que se levante oficialmente la emergencia sanitaria podrán iniciar el trámite de conciliación o demanda, esto es, al menos, hasta el 30 de abril. Ello significa que, durante un mes, o más, los trabajadores estarán desprotegidos.
Animal Político lanzó en internet un formulario abierto para recibir denuncias de despidos injustificados y les dio seguimiento, consultando tanto a las personas afectadas como a las empresas señaladas. El ejercicio demostró que varios patrones han recurrido a prácticas como no pagar a sus trabajadores una liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo, forzarlos a firmar cartas de consentimiento o convencerlos de tomar días de descanso sin goce de sueldo.
Cecilia rechazó firmar el documento que le entregaron personas de recursos humanos y el contador de su empresa, por lo que sólo le pagaron la semana de sueldo que le correspondía: mil 600 pesos. Se trata del culmen de una cadena de malos tratos. Antes de ser separada de su puesto de trabajo, Cecilia trabajó un año y medio sin seguro social, que le fue concedido sólo hasta que tuvo un accidente que puso en riesgo su embarazo.
“Me acababan de asegurar en enero porque tuve amenaza de aborto, pero no estaba asegurada, ya tenía trabajando un año y medio ahí, les pedí el seguro cuatro veces y no me hicieron caso nunca, hasta que tuve amenaza de aborto. Cuando regresé de los dos días que me dieron de reposo, ya no me pusieron en mi lugar, me cambiaron y me bajaron el sueldo”, indica.
Animal Político contactó al teléfono de Safi, pero una persona señaló que el personal administrativo podría atender la petición a partir del 20 de abril y no proporcionó otro medio de contacto.
Vania fue despedida el pasado 26 de marzo a través de una videollamada mientras realizaba home office. La empresa que la despidió se llama Another Company, una agencia de comunicación con filiales en otros seis países de América Latina y el Caribe y que tiene entre sus clientes a una treintena de marcas nacionales y transnacionales.
“Mi directora me dice que han tomado la decisión de recortar personal y que yo he sido elegida. Nos dice recursos humanos que no es por falta de desempeño, no es por incumplimiento de contrato, al contrario, es por la crisis, y obviamente el discurso de: ‘nosotros no queríamos llegar a esto, nos duele mucho, pero se va a tomar esta decisión’”, relata.
Vania, que labró un año y 8 meses en la compañía, fue citada días después para firmar un “convenio de término” de la relación laboral.
“Me dijeron que mi contrato trae una cláusula donde se puede finalizar en determinado momento con un convenio monetario, digamos que un finiquito, ellos lo manejaron como ‘finiquito’, pero en realidad era una liquidación”, señala.
En respuesta, la empresa reconoció que ha tomado “decisiones difíciles”, pero rechazó haber hecho recortes de personal.
“También tomaron decisiones difíciles derivado de la contracción del negocio en industrias estratégicas con las cuales trabajamos, en vista de mantener la operación con el menor impacto posible”, informó vía electrónica Carla Mucharraz, directora de talento humano de Another Company.
“En atención a los hechos actuales, podemos asegurarte que estamos en línea con la declaratoria de emergencia que recientemente comunicaron las autoridades, y a partir de ese momento, nuestro grupo no ha tomado decisión alguna que conlleve un recorte de nuestro personal o cualquier otra acción que contraponga estas nuevas medidas”.
Vania asegura que, junto con ella, fueron separadas de su trabajo otras 30 personas. La situación de despido en medio de la crisis sanitaria le ha causado problemas de ansiedad.
“Yo trato de no rendirme, no apanicarme, porque yo sé que vienen tiempos muy difíciles: si me voy al extremo de la ansiedad y al pánico no me va a servir de nada, sólo me voy a afectar a mí misma; trato de tomarlo con calma, seguir buscando oportunidades laborales, ver si, aunque la crisis esté en un punto grave, se puede seguir buscando oportunidades”, comenta.
Knotion, empresa basada en Morelia y con filiales en Guatemala y Chile, despidió el pasado 20 de marzo a alrededor de 75 empleados, a decir de Mariana, quien trabajó 3 años y medio para esta empresa que diseña software educativo para instituciones de educación. Entre sus socios se encuentran 22 organizaciones internacionales y marcas como Apple, CNN, BBC y Discovery.
“Mencionaron que fue por recorte de personal y que, debido a la contingencia sanitaria, tenían que adelantar ese recorte, porque ya era un ultimátum del corporativo y que ese día era nuestro último, así que tenían que hacerlo sí o sí ese mismo día”, relata Mariana.
“Nos dijeron que nos esperáramos para firmar nuestra ‘liquidación’, nos hicieron esperar entre 3 a 5 horas, sin decirnos los motivos de por qué nos habían seleccionado a nosotros para el recorte, y al momento de que entramos nos hicieron llamar con el abogado y nos hicieron firmar (un documento) donde literalmente nos decían que era una renuncia voluntaria”.
Tras los años que trabajó contratada en un esquema de “doble nómina”, expone, en el que cotizaba con el salario mínimo en el seguro social (fue subcontratada mediante la empresa de outsourcing GTM Organización de Servicios Empresariales), Mariana recibió 30 mil pesos menos de lo que le correspondía por ser despedida.
“Les dejé en claro que no estaba de acuerdo, pero que, debido a la contingencia, necesitaba el dinero”, comenta. Agrega que un grupo de 50 personas afectadas se organizó para emprender una demanda contra la empresa, pero se encontraron con el cierre de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“No estamos hablando de 3 o 4 días, es un mes completo lo que ellos (la Junta) no van a estar trabajando, y en lo que proceden estas denuncias se vuelven hasta tres meses, y así nosotros quedamos fuera hasta de nuestro seguro en dado caso de no encontrar trabajo”, alerta.
El abogado de Knotion, Eduardo García, rechazó hacer un posicionamiento respecto de los señalamientos de despidos injustificados.
“Es un malentendido y creo que se está tomando provecho de la situación, pero sin comentarios, gracias por tu llamada. Que ellos procedan legalmente y adelante. Sin comentarios”, dijo.
Roberto fue despedido el 26 de marzo de Auditor Service, empresa para la que trabajó 3 años como operador telefónico. Especializada en la investigación de mercados, la compañía forma parte de la firma De la Riva Group, que agrupa a otras cinco empresas del mismo giro. Además, Auditor Service ha tenido convenios con marcas como Apple, Nissan, Comex y Grupo Modelo.
“Me dijeron que el proyecto ya no iba a poder sustentar a más personas, cuando días antes nos dijeron que habían vuelto a firmar contrato con un cliente, o sea que no iba a haber problemas de correr gente. Días después pasa esto. Me hablan a mí y a otras personas y me dicen que no podían pagar más el proyecto, que por la situación que estaba pasando”, expone Roberto, a quien quisieron hacerle firmar una hoja en la que declaraba que renunciaba voluntariamente.
“No me querían decir directo que me estaban liquidando, sino que me dijeron que regresando de la contingencia lo más probable es que nos volvieran a contratar; fue cuando les dije: ‘entonces me estás liquidando’, y me dijeron que sí; ya que empecé a leer la hoja que me dieron a firmar decía que era de renuncia voluntaria, y les dije: ‘’es que esto no es de liquidación, esta carta es de que yo estoy renunciando’, y me empezaron a decir que eran cosas ‘internas’ de la empresa para ellos declarar ante la ley; obviamente no firmé la hoja”.
Una de las abogadas de la empresa intentó persuadir a Roberto para que firmara con el argumento de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje estarían cerradas, cuando menos, hasta junio, lo que él mismo corroboró posteriormente al ponerse en contacto a los teléfonos de WhatsApp de la Procuraduría de Defensa del Trabajo de la Ciudad de México.
“Me dijeron que los trámites se ponen en pausa, que toda la validez que pudiera tener este proceso se pone en pausa, y a partir de que vuelvan a abrir es que empieza otra vez el tiempo, este tiempo no te lo cuentan, es como si fuera día inhábil”, explica.
“Estoy esperando a que se reactiven todas las oficinas gubernamentales para poder proceder legalmente. Planeo primero ir a asesorarme y a ver si se puede ir a juicio, porque la verdad no es honesto lo que están haciendo (Auditor Service), y aparte de correrte en estas fechas y que no te den lo que corresponde a la liquidación”.
Animal Político buscó contacto con la empresa vía telefónica y correo electrónico, pero no recibió contestación.
Otras compañías decidieron separar de sus puestos de trabajo a trabajadores que fueron contratados hace poco tiempo, como en el caso de Fernando, quien había sido contratado a finales de enero como vendedor en una tienda de la boutique de ropa Aldo Conti Italia, que tiene sucursales en 24 estados de la República. A Fernando y otros trabajadores les pidieron descansar 10 días sin goce de sueldo, y al término de ese periodo fue que les notificaron su despido por teléfono.
“A algunos compañeros les empezaron a marcar para comunicarles que los iban a dar de baja ‘temporalmente’, porque como éramos de nuevo ingreso no podían ellos cubrir nuestros gastos para la cuarentena y la pandemia. Hasta que se comunicaron conmigo y me notificaron lo mismo, que debido a eso, por la pandemia, no podrían ya pagarnos y que nos iban a liquidar”, cuenta.
“Hasta ahorita no he firmado nada. Nos llamaron por teléfono y yo les expresé mi molestia y dije que no era justo, yo había dejado otras opciones de trabajo por estar con ellos y ahorita, darme de baja en esta situación, está complicado, yo no tenía problema con que me pagaran lo mínimo y seguir laborando”.
Roberto tiene un hijo de 3 años y paga renta y una colegiatura de una universidad en línea. Él ubica al menos a otras ocho personas despedidas de tiendas de Aldo Conti del oriente del Estado de México, zona donde él trabajaba.
“Nos afecta a todos, porque somos gente que vive al día, no contamos con otro apoyo, no tenemos ninguna otra beca, somos gente que, a pesar de que estudia y trabaja, no recibimos ningún apoyo de nadie y nos está costando, y decirnos que ahora nos quitan el trabajo, así de la nada, pues tampoco podemos tener la oportunidad de salir y buscar otro, porque está paralizado; se me hace injusto”, reprocha.
El responsable de relaciones públicas de la empresa, Alan Morones, reconoció que fueron despedidos trabajadores “temporales”, aunque no precisó cuántos.
“Actualmente, más de mil 600 colaboradores de tiendas, corporativo, fábrica y centro de distribución, aun con las tiendas cerradas, siguen recibiendo salario. No han existido despidos injustificados dentro de Aldo Conti ni los habrá.
“No hubo despidos justificados ni injustificados. El único personal que ya no está con nosotros son todos los temporales que teníamos contratados para apoyo durante nuestra temporada pico (enero a marzo)”, respondió a través de un correo electrónico.
Nadia, quien había sido contratada en febrero como promotora de ventas, fue despedida el 19 de marzo de Grupo Estrella Blanca, empresa que cuenta con al menos ocho submarcas de autobuses que cubren gran parte del territorio nacional.
“Yo vi a la licenciada con varios sobres y pensé: ‘me van a decir adiós’, y sí, me dicen: ‘es que por la contingencia el patrón está pidiendo que se despida a todos los chicos nuevos que tienen menos de un mes’. Y aparte de mí habían cinco chicos más esperando afuera. Me hicieron firmar dos renuncias, una que ellos llaman la ‘larga’ y otra ‘corta’. La larga decía que estoy renunciando por motivos personales, que es voluntario. Hasta la licenciada me dijo que a lo mejor a ella le recortaban el sueldo o la recortaban de la nómina porque tenía ocho meses de haber entrado a la empresa”, recuerda Nadia.
Con un hijo de 20 años y renta por pagar, firmó y recibió un pago de alrededor de 3 mil pesos, que incluía su sueldo de una semana laborada.
“A la licenciada que me estaba despidiendo le sugerí: ‘¿por qué no me mandas a mi casa sin goce de sueldo?’, y me dice: ‘es que a mí no me lo tienen permitido, a mí me dijeron que te liquidara y te estoy finiquitando’, fue la palabra que usó, ‘finiquitar’, y me dieron como 3 mil pesos, incluyeron mi sueldo y dizque una semana más de sueldo”, añade.
“Mi idea era sacar una casa de interés social, irla pagando, esa era mi idea, pero me despiden y ya todo se viene abajo; físicamente estoy bien, pero moralmente sí estoy un poquito consternada, porque digo: ¿por qué me tocó a mí?”.
Estrella Blanca no respondió a llamadas telefónicas al área de recursos humanos ni a un correo electrónico enviado a la gerencia comercial.
Activistas recalcan que las pandemias no se pueden combatir con medidas represivas, por lo que se tiene que garantizar que esos puestos no impidan el derecho al libre tránsito.
Señalaron que esta disposición también genera alarma, pues se le está dando más poder a una institución que se caracteriza por tener varias denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Por Abraham Bote / Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 5 de abril de 2020.- Activistas y personas defensoras de derechos humanos externaron su preocupación por las medidas que está aplicando el Gobierno del Estado al instalar retenes en algunos puntos de la ciudad con el fin de «invitar» a la población a no salir de sus casas, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, las cuales, advirtieron, pueden ser no constitucionales al limitar o restringir el derecho al libre tránsito.
Además, agregaron, esto también genera alarma, pues se le está dando más poder a una institución policíaca que se caracteriza por tener varias denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por tal razón, hicieron un llamado a que el Estado garantice las garantías como marcan la ley y la Constitución.
Como se ha informado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colocó diversos retenes en varios puntos de Mérida, como en Ciudad Caucel, Las Américas y en la avenida García Lavín. Al respecto, hubo personas que expresaron su miedo y preocupación en redes sociales, pues hay quienes deben salir a trabajar, comprar comida o visitar a un familiar enfermo, entre otras.
«¿Qué pasa si tengo que salir mañana con mi esposo porque solo yo puedo salir a hacerle compras a mis padres y él tiene que ir al aeropuerto?», preguntó una usuaria de Twitter.
«Puedes hacerlo, al súper seguramente si vas acompañada no te dejarán entrar, lo idea es que vaya solo una persona, es momento de cuidarnos entre todos. Saludos», respondió el gobernador Mauricio Vila Dosal en su cuenta personal.
“Los retenes son para invitar a la gente a quedarse en casa, si trabajas en un hospital, no tendrás problema en llegar. Saludos» y «Para invitar a la gente a quedarse en sus casas y así cuidarnos entre todos, no tengas miedo, unidos vamos a salir adelante. Saludos», son otros de los comentarios del mandatario estatal.
Sobre estas acciones, Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Grupo Indignación, opinó que no se puede decretar el Estado de Excepción o Estado de Sitio porque no estamos en una situación de guerra. Dijo que si se quiere establecer algo parecido se tiene que recurrir al procedimiento constitucional respectivo, es decir tiene que haber una justificación y tiene que pasar por todos los Poderes para que tomen ese tipo de medidas, de otra manera es un arbitrariedad.
«Es una decisión que toman los tres Poderes de la nación, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no puede ser unilateral de ninguna administración pública», precisó. Entonces, si estas medidas, colocar retenes, están restringiendo derechos humanos, son evidentemente violatorias, agregó.
El abogado insistió en que no puede haber una limitación a los derechos humanos, a su vez, el gobierno tiene que tomar en consideración que hay gente que tiene que moverse para ir trabajar, para ganarse la vida. «No puede ser que con medidas represivas se enfrente la pandemia, pues este tipo de medidas no han resultado en ninguna parte del mundo, en ningún contexto», sostuvo.
Por otro lado, dijo que es preocupante que haya un sector de la población que aplauda este tipo de acciones que tienen tintes autoritarios y consideró que es importante que se informe sobre los procesos históricos en los que se han aplicado y sus resultados. «Si empezamos a justificar este tipo de medias en el futuro vamos a justificar cualquier otra que sea restrictiva de los derechos humanos», advirtió.
Para Carlos Escoffié Duarte, abogado y activista, en momentos de crisis las personas tienden en apoyarse en el Estado y sus instituciones policíacas, pues son aquellas donde se suelen refugiar en momentos de peligro, a pesar de que no sean idóneas para atender una pandemia.
Más poder a la Policía
Por su parte, el abogado Fernández Mendiburu reflexionó sobre lo preocupante que es darle más poder un cuerpo policíaco que tiene muchas denuncias de violaciones a derechos humanos en casos de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y denigrantes. «Estamos creando un estado policíaco en lugar de tomar otras medidas sanitarias desde las ciencias sociales, el análisis y la reflexión, pareciera que no hay más que la restricción y es grave, sobre todo en un estado que en teoría es democrático», manifestó.
Escoffié Duarte, por su parte, dijo que no necesariamente es negativo que la Policía invite a las personas a quedarse en sus casas o no salir por la contingencia, pero preocupa que esta medida se realice en el marco de las declaraciones previas en las que Vila Dosal indicó que se iba hacer uso del derecho penal para garantizar que las personas cumplan con el aislamiento.
«Vemos como en otro lugares como en Perú, donde ahora son más la personas detenidas por no cumplir con las medidas de aislamiento que los casos confirmados», comparó.
Lo único que se genera con estas acciones punitivas son focos de contagio en los lugares de detención. Por lo tanto, opinó que habría que confirmar si estos retenes solo están invitando a la gente a quedarse en sus viviendas o están autorizados para detener a personas.
De todos modos, recalcó, hasta el momento no se puede restringir el libre tránsito porque no hay declaratoria de suspensión de derechos conforme al artículo 29 de la Constitución al federal.
Si bien, reconoció que se trata de una situación excepcional, que requiere medidas excepcionales, éstas deben respetar los derechos humanos, el Estado debe funcionar como un Estado de Derecho, que se apegue a las garantías que están reconocidas en la Constitución.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, hizo un llamado a las autoridades municipales a no extralimitarse en las medidas implementadas por la contingencia de salud, causada por el Covid-19, ni violentar el artículo 11 constitucional que protege el derecho al libre tránsito.
“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, apuntó.
Personal del sector salud que atienden a pacientes coronavirus en Chihuahua, Jalisco y Veracruz están en alerta debido a que circulan mensajes en redes sociales que incitan a la población rechazar, discriminar e incluso agredir a enfermeras y médicos.
En un perfil falso de Facebook publicaron un mensaje que exhorta a choferes del transporte público a bajar de sus vehículos a trabajadores de la salud, pues señala que “las enfermeras y doctores portan la peste china”, y a quienes se nieguen a hacerlo, deben ser golpeados por los usuarios.
El usuario de la cuenta que tiene como foto de perfil a la muerte también pide a dueños y empleados de establecimientos negar la entrada a personal de la salud.
Donde se han registrado casos de rechazos es en el Puerto de Veracruz, donde una tienda de abarrotes colocó un letrero en la entrada, el cual señala que no da a servicio a personal del IMSS.
“Por seguridad no atendemos a nadie del IMSS”, se lee en el anuncio.
Para evitar ser discriminados, enfermeras, enfermeros y médicos han implementado medidas como no portar el uniforme en las calles.
“Es triste porque durante mucho tiempo hemos usado nuestros uniformes de una manera orgullosa, de una manera en la que sabemos que nuestra entidad es parte de nuestro uniforme, y es difícil que ahora, por ignorancia y miedo de la gente, no podamos usarlo”, dijo Patricia Cervantes, quien se ha desempeñado como enfermera desde hace 20 años.
Dos hombres detenidos en 2015 y 2016 y pasaron un año y nueve meses de encierro, respectivamente. México debe pagarles una indemnización.
FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM
Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO
José de la Paz Ferman Cruz, de 58 años, huyó de Anamorós, departamento de La Unión, en El Salvador en 2015. “Me perseguían para matarme. Mataron a mi madre y violaron a mi hija de doce años”, dice. Apenas había puesto un pie en México cuando fue arrestado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que lo encerraron en la estación migratoria Siglo XXI. Pidió protección a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y permaneció en cautividad durante casi un año. Ahora el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria considera que el salvadoreño fue víctima de una detención inmotivada y pide a México una reparación del daño, así como una indemnización.
El grupo de trabajo sobre detención arbitraria, adscrito al Consejo de Derechos Humanos, emitió el 18 de febrero la opinión A/HRC/WGAD/2019/54 en relación a las quejas de dos extranjeros detenidos en México. Se trata del salvadoreño Ferman Cruz y de un ciudadano ruso, Aren Boyazhyan, detenido en Tijuana en 2013.
En ambos casos los expertos de la ONU consideran que se produjo una detención arbitraria, por lo que instan a México a conceder “el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, dice el documento.
“Tendría que ser un mensaje para reevaluar la política migratoria”, dijo Simón Hernández, académico de la Ibero en Puebla y el abogado que ha defendido el caso. Se trata de la primera vez que la ONU califica como “detención arbitraria” un arresto administrativo contra un migrante.
La opinión del grupo de trabajo no es vinculante jurídicamente, explica Hernández. Sin embargo, destaca que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al contrario que sus antecesores, ha cumplido con las recomendaciones llegadas desde instituciones internacionales.
Animal Político consultó con el INM y la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Esta recomendación viene en un momento de tensión en las estaciones migratorias. La pandemia por COVID-19 ha provocado el cierre de fronteras en Centroamérica, lo que impide que México pueda deportar a quien se encuentra en situación irregular. Al mismo tiempo, se han registrado motines en centros de detención de Sonora y Tabasco. En este último, un solicitante de asilo de origen guatemalteco murió asfixiado después de que los internos prendiesen fuego a unos colchones para denunciar su situación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido diversas recomendaciones para poner fin al hacinamiento y ha denunciado que instalaciones como la de Tenosique, Tabasco, no cumplían con los derechos humanos. Además, instituciones como Acnur, Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional han solicitado la libertad de los migrantes que se encuentran en detención administrativa, especialmente en un contexto de pandemia en el que el hacinamiento incrementa el riesgo de contagio.
Denuncias de malos tratos en el centro de detención
Relata Ferman Cruz es un agricultor salvadoreño que no fue a la escuela, que nunca aprendió a leer y que ahora está convertido en pastor. Explica en entrevista telefónica que sus problemas comenzaron por una propiedad que le vendió su madre. “Me hice enemigos”, dice.
Entre 1980 y 2000, el hombre había vivido en Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos. Es decir, que estuvo fuera durante todo el periodo de la guerra civil, de su país que se extendió entre 1980 y 1992. Con el inicio del siglo, dice que recibió “la llamada de Dios al ministerio” y regresó a su país para levantar la Iglesia Restauración Genice. Allí se hubiese quedado de no ser porque su vida corría peligro.
El 10 de octubre de 2015, Ferman Cruz entró en México. Un día después fue arrestado por el INM en Tapachula. Denuncia las condiciones en las que estaban encerrados los migrantes, en pleno operativo Plan Frontera Sur, aquella iniciativa con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso contentar al gobierno de Barack Obama y frenar el flujo migratorio hacia el norte. Algo similar a las políticas implementadas actualmente por López Obrador tras su acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El salvadoreño denuncia las malas condiciones en las que se encontraba en el centro de detención, tanto en Tapachula como en Ciudad de México.
“Apenas te dan de comer, en las celdas hay demasiada gente, uno tiene que estar sentado”, relata.
Según su explicación, él solicitó asilo a la Comar, lo que impedía que fuera deportado. Sin embargo, durante todo el tiempo sufrió presiones para que firmase su devolución voluntaria.
“Está pensado para destruir al migrante. La gente está sufriendo. Lo regañan, lo tratan mal, lo pegan”, dijo.
Durante más de un año, entre el 11 de octubre de 2015 y el 8 de noviembre de 2016, Ferman Cruz estuvo peleando su libertad. En este período, según su relato, fueron continuas las amenazas y represalias por parte de funcionarios del INM.
“Fue crítico. Estaba con puras amenazas de que me iban a matar. Querían que firmara deportación, pero si llegaba a El Salvador no contaba con vida”, dice.
Después de varios amparos y de solicitar su condición de refugiado insistentemente, el salvadoreño obtuvo su libertad tras recibir un oficio de Comar. “No obstante, no se ha reconocido la arbitrariedad de la detención ni las irregularidades en el proceso”, alegan sus abogados.
Intento de deportación pese a ser solicitante de asilo
El caso de Aren Boyazhyan es distinto, aunque tiene las mismas consecuencias. El hombre es originario de Sebastopol, en Crimea, territorio en disputa actualmente bajo administración rusa pero que Ucrania no reconoce. En 2013 se mudó a México para vivir con su pareja y entró con visa de turista, por lo que se encontraba en situación irregular. El 16 de marzo de 2016, agentes del INM irrumpieron en su domicilio en Tijuana, Baja California, y lo arrestaron por no tener papeles. A pesar de ser solicitante de asilo y, por lo tanto, no expulsable, tuvo varios intentos de deportación que él eludió negándose a subir al avión. El 1 de diciembre de 2019 fue reconocido como “apátrida” y recibió la protección de Comar.
Su defensa denunció un proceso sin garantías en el que ni siquiera se tomó en cuenta que apenas hablaba español y malos tratos por parte de funcionarios del INM.
En sus alegaciones ante el procedimiento extraconvencional del sistema ONU, el gobierno mexicano defendió la actuación de sus instituciones. “Teniendo en cuenta que la presentación y alojamiento de los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan se dio en virtud de una base legal, al no contar con documentos que acreditaran su estancia regular en territorio, así como que la misma era necesaria, proporcional y razonable, y que incluso ambos peticionarios se encuentran en libertad, el Gobierno solicita que la detención sea considerada como no arbitraria”, dijo.
“La Constitución establece que las detenciones administrativas no podrán exceder de 36 horas. Sin embargo, la medida de alojamiento prevista en la ley puede ser por 15 días o prolongarse, bajo ciertos supuestos, hasta por 60 días o de forma indefinida. Se reclama que la suspensión del procedimiento migratorio implique la prolongación de la detención, sin estar sujeta a un plazo máximo ni a salvaguardas como la revisión periódica”, argumentaron los abogados de los dos migrantes.
Los razonamientos del gobierno mexicano no convencieron a la institución internacional.
“Solicitar asilo no es delito”
“El tema clave a ser analizado en el presente caso es el régimen de privación administrativa de la libertad de las personas migrantes”, dicen los expertos de la ONU. Es decir, que al margen de los dos casos particulares, estos sirven también para analizar la problemático en su conjunto.
“El Grupo de Trabajo recuerda que las personas migrantes no deben ser privadas de su libertad de manera automática y obligatoria, mientras que cualquier privación de la libertad, que excepcionalmente se vaya a imponer, debe estar limitada en el tiempo sin prolongaciones innecesarias. Además, toda detención migratoria debe estar sujeta a revisión periódica y a una supervisión judicial adecuada2. En el presente caso, la forma en que se produjo la detención de las dos personas migrantes demuestra que no se tuvo debidamente en cuenta ninguna alternativa a la privación de la libertad, por lo que la misma fue impuesta de manera obligatoria”, indica.De este modo, el procedimiento extraconvencional del sistema ONU consideró que ambos extranjeros fueron víctimas de detención arbitraria. Por eso, instaron al gobierno a compensarles y a pagar una indemnización.
Además, solicitó al gobierno que “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”. Por último, remitirá el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
Ahora, México deberá decir, a través de la secretaría de Relaciones Exteriores, si acepta las recomendaciones. En caso de que así sea, las dos personas deberían pasar a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, que sería la encargada de gestionar sus trámites. Además, también existen amparos en la justicia ordinaria.
“Esto tiene un impacto significativo”, dijo Simón Hernández, que destacó que la opinión se centra en “lo que ocurre en las estaciones migratorias”. En su opinión, decisiones como esta deberían impactar en las políticas del gobierno. “Por un lado habla de derechos humanos pero por otro está deteniendo, deportando, encerrando a menores y separando a familias”, dijo.
Ferman Cruz, por su parte, se mostró cauto. Por un lado, aseguró estar satisfecho de que una institución internacional le de la razón. Pero, por otra, afirmó que sigue sin sentirse seguro en México, ya que las amenazas siguieron a pesar de haber abandonado la estación migratoria.
“El Grupo de Trabajo ha encontrado que la única razón por la que los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan fueron detenidos es por su estatus migratorio y por solicitar protección de conformidad con la ley. En efecto, sus acciones se basaron en intentar disfrutar de sus derechos, como el de solicitar asilo, reflejado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo ha afirmado reiteradamente que solicitar asilo no es un delito y no puede ser el único motivo de privación de libertad”, reitera.
La doctora Elvira Quiñonez Soto, presidenta de la Asociación de Médicos, Enfermeros y Trabajadores de Gobierno del Estado A.C., solicitó al gobernador Javier Corral cumplan con los derechos que como empleados de la salud tienen “nosotros si tenemos derecho a pedir que se nos proporcione una bata, unos guantes o un cubre bocas para atender a los enfermos de los hospitales que usted representa, aquí no hay lucro señor gobernador, aquí hay un derecho con el que ustedes no están cumpliendo”
Señor gobernador –expresó en rueda de prensa- estamos cansados de tantas injusticias, del mal trato por parte de sus directivos, de poner dinero de nuestra bolsa para comprar insumos hospitalarios que son propiamente su obligación.
“Mientras ustedes buscan la manera de bajarnos el salario o la compensación, nosotros atendemos pacientes enfermos con el riesgo de contagiar a nuestros familiares porque no tenemos equipo de protección, mientras ustedes dedican el tiempo en buscar excusas para justificar la desabasto, nosotros hacemos polla para comprar batas” comentó la doctora Quiñonez.
Mientras ustedes –dice- nos tienen bajo honorarios profesionales o por contrato para que no generemos antigüedad, nosotros le ponemos cinta adhesiva a las ventanas y puertas para la protección de los pacientes porque ustedes no son capaces de darle mantenimiento a las instalaciones.
“Lo que es más grave es su indiferencia con el personal médico que en estos momentos están haciendo un esfuerzo descomunal y extraordinario para atender y cuidar que no se expanda la epidemia del corona virus en el estado” expuso ante los medios de información al dar lectura a una misiva que enviaron a Palacio de Gobierno.
Pidió el apoyo de Gobierno del Estado hacia los médicos y enfermeros que trabajan en situaciones extremas y que realizan sobre esfuerzos para que las cosas funcionen “algo que ustedes como gobierno no están haciendo”
También solicito que el personal que ya tiene más de 10 años trabajando y que no tienen derecho a aguinaldo, basificacion o servicio médico “l el cual es muy necesario en esta situación de Covid-19”
“Nosotros no nos vamos a echar para atrás ante la situación que se está viviendo en los hospitales ni con los pacientes enfermos, ni aunque la epidemia se empeore en nuestro estado, por lo que le pedimos que usted tampoco lo haga con sus trabajadores, sin salud no hay trabajo, y sin nuestro trabajo no hay salud” finalizó.
Delicias.- A cuatro días de trabajar bajo protesta, personal médico del Hospital Regional volvieron a salir para protestar por la nula respuesta del sector salud.
El gremio que pertenece al Sindicato de médicos enfermeras y empleados del Instituto Chihuahuense de la Salud (SMEEICH) se reunión en el exterior para manifestarse.
Colocaron una lona para exhibir que la sociedad médica que trabaja por honorarios no cuenta con servicios médico, no tienen derechos laborales y con precariedad laboral.
Exigimos base al Gobierno del Estado, como lo han hecho desde hace tiempo y hoy las acciones aumentan para dar a conocer sus necesidades para combatir la pandemia del coronavirus.
El personal médico aclara que no se va afectar el servicio a los derechohabientes, pues la intención es que sepan en las condiciones en las que realizan su trabajo.
Enfermera pro-AMLO causa alarma en Twitter por mensaje en el que acusa falta de reactivos para las pruebas de COVID-19 e insumos en su clínica, ubicada en Matamoros, Tamaulipas
A través de su cuenta en la red social del pajarito azul, la tuitera Koko Gracia (@kokoGracia11), destacada por su participación en pro de la 4T y miembro activo de las redes de seguidores de AMLO, denunció la falta de insumos en la clínica del IMSS de Matamoros, Tamaulipas, lugar donde labora.
En un mensaje en el cual arrobó al director del IMSS nacional, Zoé Robledo; al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y a la cuenta de twitter del IMSS, la servidora pública envió el siguiente mensaje: “Con todo el dolor de mi corazón”, en Matamoros, Tamaulipas, “no tenemos reactivos ya para realizar la prueba del covid 19 espero me ayuden a dar RT y que llegue a los funcionarios de salud, es triste denunciar esto pero ayúdenos, medicamento, insumos faltan.”
De igual forma, mostró su desacuerdo con el hecho de que si los casos siguen aumentando en la entidad, no dejarán salir a los trabajadores de la salud, ya que los pondrán en cuarentena: “Nos informan y fue una orden directa, que si el número de casos positivos y sospechosos x covid 19 el hospital del IMSS en matamos nos pondrán en 40tena, no podremos salir y ni entrar si esto se descontrola…… Y eso no puede pasar, somos un hospital nos faltan reactivos.”
Las reacciones a su petición no se hicieron esperar, y hubo quien dudó de la veracidad de la declaración, pero rápidamente salieron en su defensa al argumentar que se trataba de una persona pro-AMLO, por lo que debe ser cierto lo que está diciendo: “Se ve que no conoces a Koko, es una de las mejores defensoras y partidarias de la 4T, ella trabaja en el único Hospital del IMSS que hay en Matamoros, si ella lo está diciendo es que es cierto”, expresó el usuario Manuel Ramírez.
Dos supuestos menores de edad iniciaron los insultos, mientras que su madre se lanzó a los golpes contra la trabajadora del sector salud
La lucha de los trabajadores en el sector salud va más allá del coronavirus y sus largas jornadas dentro de los hospitales, ahora también se deben cuidar de los ataques en la vía pública, pues una segunda enfermera reportó un atentado en su contra por llevar uniforme blanco.
A través de las redes sociales, una enfermera identificada como Sandra Alemán Arellano reveló que fue víctima de la violencia en las calles de San Luis Potosí, donde fue golpeada por desempeñar su profesión dentro de un hospital.
En la narración de los hechos, Sandra detalló que pasó a comprar un café antes de iniciar su camino rumbo al hospital, inmediatamente después de llevar a su hija a casa.
El inmueble comercial de la escena fue un OXXO en Damián Carmona, San Luis Potosí. Al salir de las compras fue abordada por dos menores de entre 10 y 12 años, según la descripción original, quienes la rociaron con jugo, refresco y café al momento que gritaban “COVID, no te nos acerques culera”.
Arellano aseguró que su respuesta fue pedirle a los niños que no le faltaran al respeto, acción verbal presenciada por la madre de los menores, quien lanzó el primer golpe contra el rostro de la enfermera.
Sandra intentó defenderse de los golpes hasta terminar en el pavimento. Lamentablemente sufrió la fractura de dos dedos en la mano derecha. Ahora se encuentra incapacitada por tiempo indefinido, lo que imposibilita la realización de su trabajo.
“Qué te pasa, México. Sólo vamos a trabajar. Yo te cuido, pero tú a mí no. No más agresiones al personal de salud”, escribió para finalizar su texto.
En las fotografías que adjuntó se puede ver el vendaje en su mano, así como parte del uniforme blanco que porta todos los días manchado de las sustancias antes descritas e incluso roto por el contacto con el pavimento.
En Sinaloa, otra enfermera identificada como Imelda “N” por El Universal, denunció que fue rociada con una botella de cloro mientras caminaba por la calle.
El relato sugiere que Imelda fue abordada por un sujeto que portaba la sustancia cuando salió de su trabajo en la clínica familiar 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la calle Girasol de Terranova, Culiacán.
Preocupada por su salud, imposibilitada para defenderse, la enfermera prefirió irse a su casa para lavarse con cuidado en rostro y partes del cuerpo alcanzadas por el cloro. Dependiendo de la cantidad y tiempo de exposición en el cuerpo, este líquido es capaz de causar irritaciones en la piel, los ojos o problemas en el sistema respiratorio.
A pesar del ataque y de sufrir hipertensión arterial, lo que eleva el riesgo de contraer COVID-19, Imelda seguirá laborando hasta que termine la lucha contra el coronavirus en México.
En México continúa el aumento de pacientes confirmados con un contagio de coronavirus. El último corte de la Secretaría de Salud Pública reveló que hay 1,890 personas con COVID-19, además de 79 fallecimientos a nivel nacional.
Por otra parte, se apuntó que se han examinado 17,184 personas en todo México. Hasta el momento hay 5,827 casos sospechosos, además de 9,467 casos negativo. El subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la Fase 3 de los contagios en el país podría iniciar a mediados de abril de 2020.
Trabajadores con más de 10 años de antigüedad aseguran que sólo los quieren liquidar con 10 mil pesos
Alba Espejel / El Sol de Puebla
La mañana de este 4 de abril la empresa Lorpen México despidió injustificadamente a sus 32 trabajadores, argumentando bajas ventas a raíz del coronavirus. La mayoría de los trabajadores llevaban más de 10 años laborando en este establecimiento y los quieren liquidar sólo con 10 mil pesos.
En entrevista con este medio, una trabajadora que no quiso dar su nombre por miedo a represalias, compartió que cuando llegaron a su trabajo la mañana del sábado, los directivos estaban acompañados de abogados y les notificaron que todos serían dados de baja. Al preguntarles si serían finiquitados con el recurso justo, les respondieron que a cada uno les iban a dar 10 mil pesos y esa era la única opción, si se negaban a recibir dicha cantidad, no les iban a dar “ni las gracias”.
Diez personas aceptaron dicha liquidación pero el resto se mostró en contra, mencionando que esa cantidad no es suficiente para hacer frente a la contingencia sanitaria y en suma, es muy complicado encontrar otro trabajo en estos momentos.
Nos reunieron a todos y estaban con dos abogados, nos dijeron que ya no había dinero y que si queríamos nuestra liquidación bien y sino pues no había otra opción. Se nos hace injusto que nos quieran dar solo 10 mil pesos por mas 10 años de antigüedad y ahora estaremos aquí en la empresa hasta que nos solucionen, no nos vamos a ir dijo.
La empresa se dedica a elaborar calcetines y su principal cliente era el país vecino de Estados Unidos, por tal motivo, los trabajadores consideran que los patrones tuvieron que haber tomado sus medidas desde que se registraron los primeros brotes de coronavirus, ya que ahora por la contingencia la venta bajó considerablemente. “No sabemos con quien acudir, nos agarraron sin respaldo y ellos como empresa tuvieron que haber tomado sus previsiones porque ahora van a dejar a muchas familias sin el sustento ”, agregó.
Como fueron pasando las horas de la mañana del sábado, los trabajadores notaron que llegaron camiones para desalojar el lugar y llevarse todos los productos, pero al existir el temor de que los encargados huyeran y no les pagaran lo justo, no permitieron que se llevaran las cosas.
Al cierre de esta edición los colaboradores seguían en la empresa sin ninguna solución, por lo que pidieron al titular de la Secretaría del Trabajo, Abelardo Cuellar, ayudarlos ante esta situación y al gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, le pidieron que exhorte a los empresarios para que no despidan al personal mientras dure la contingencia.
También realizaron una colecta de alimentos ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19
Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, un grupo de personas del municipio de Nezahualcóyotl realizaron una colecta de alimentos, víveres e insumos médicos para apoyar a personas de escasos recursos, así como para el personal de hospitales de esta localidad.
Por medio de redes sociales y páginas como Que Belleza la de Neza, La Vox de Neza, Coyotv, Nezeando, Soy de Neza, Neza Radio, Coyote Hambriento, Aquí en Mi Nezota y El Apestado fueron algunos de los organizadores quienes convocaron a la ciudadanía a donar víveres.
“Este es el momento de actuar, hagamos a un lado las mezquindades, los intereses personales, la falta de solidaridad, tengamos unidad, porque hasta en este momento los jaloneos de política barata están a la orden del día”, recalcaron los organizadores.
La colecta tuvo lugar este sábado en la explanada municipal donde decenas de personas acudieron a donar productos como papel higiénico, cloro, arroz, frijol, huevo, azúcar, aceite, sopa, sal, cereal entre otros.
Los organizadores informaron que con lo recaudado se harán despensas, las cuales serán entregadas a personas de escasos de recursos, así como a gente que por la contingencia sanitaria se está viendo afectada.
Asimismo se recolectaron cubrebocas, guantes, gel antibacterial y alcohol, los cuales se entregaron en el Hospital General La Perla.
Durante la donación se tomaron las medidas precautorias utilizando gel antibacterial y cubrebocas, y pidiendo a las personas de no agruparse.
El Coyote de Nezayork junto con La Vox de Neza anunciaron que próximamente realizarán el Nezaton, en el cual se pretende que los habitantes donen juguetes para niños de escasos recursos.
Trabajadores de las plantas APTIV-2 y Johnson Electric, ambas ubicadas en Guadalupe, revelaron que la parte patronal los envió a sus casas a consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 con una reducción en su salario de 30 y 50 por ciento, respectivamente.
Esta situación se replica en la tienda de ropa Cuidado con el Perro; trabajadores del lugar, quienes solicitaron el anonimato por temor a perder su trabajo, dijeron que a nivel nacional fueron notificados que deberían estar en casa con sólo el 50 por ciento de su salario.
La única garantía que dieron en todos los casos fue que las prestaciones se pagarán al 100 por ciento durante el tiempo que los trabajadores estén en sus casas.
Estas medidas van en contra de lo que anunció el gobierno federal: los patrones están obligados a pagar el salario completo a sus empleados al menos hasta el próximo 30 de abril.
Petra García, dirigente sindical en la planta APTIV, explicó que este acuerdo se tomó el martes pasado con la empresa y que afecta de manera grave a los empleados.
“Porque a muchos trabajadores se les descuenta sus créditos con el Infonavit y Fonacot, entonces les llegará muy poco dinero en la quincena”, explicó.
La líder sindical agregó que esta medida de mandar a las persona a sus casas y reducir el salario “fue para todas las plantas instaladas en el estado”.
En el caso de la planta Johnson Electric, una trabajadora quien solicitó el anonimato por temor a perder su trabajo, dio a conocer que se les obligó a firmar un documento en el cual aceptaban recibir el 50 por ciento de su salario.
Reconoció que no hubo ninguna amenaza de despido, “pero no teníamos opción porque en este momento está muy difícil conseguir trabajo”.
Agregó que carecen de la certeza de cuándo volverán al trabajo, “porque en la hoja decía que debíamos reincorporarnos el 13 de abril, pero luego nos dijeron que nos hablaban para confirmarnos”.
Agregó que al ser varias líneas de producción, esta medida sólo se aplicó en la Planta 2, “en la 1 siguen con el trabajo, sólo les dan cubrebocas y gel antibacterial como medidas de precaución”.
En el caso de Cuidado con el Perro, no tuvieron elección y el total de la plantilla laboral, que de acuerdo con las fuentes son alrededor de 40 personas, se vio obligada a aceptar las condiciones.
“Nos preocupa mucho que nos descuenten Infonavit y otras cosas”, comentaron los trabajadores de la tienda de ropa.
Mencionaron que esta situación la vivirán al menos hasta el próximo 30 de abril, que es cuando las autoridades federales determinarán la finalización de la cuarentena.
INEGI obliga a encuestadores de Guanajuato firmar su renuncia. Foto: Tomada de LaVerdad, Guanajuato.
por LaVerdad, Guanajuato, 04 de Abril de 2020
A partir del lunes 30 de marzo, personal de confianza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenzó a recoger mochilas, uniformes, dispositivos electrónicos, credenciales, cuestionarios y etiquetas a los encuestadores y ayer viernes, fueron obligados a firmar su renuncia al señalar que el Censo de Población y Vivienda 2020 quedó suspendido por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Los verificadores fueron contratados por el INEGI para trabajar hasta el próximo 17 de abril, sin embargo, el organismo le ha exigido firmar su renuncia, argumentando que es “por su seguridad”.
INEGI pide la renuncia de los verificadores en Guanajuato
Lulú Cano Tafolla, coordinadora de Verificación de Zona del INEGI –que comprende los municipios de Pénjamo, Irapuato, Romita, Manuel Doblado, Cuerámaro y Silao-, exigió a los verificadores que firmaran la renuncia, según la publicación de La Jornada.
INEGI obliga a encuestadores de Guanajuato firmar su renuncia. Foto: tomada de LaVerdad, Guanajuato.
Menciona que a través del oficio 1318,5/655/2020, con fecha del tres de abril, el coordinador estatal del INEGI, Jorge Humberto Dueñas Acuña, informó a los verificadores de la conclusión de sus trabajos, a pesar que en el mismo documento refiere que fueron designados en el cargo del 21 de marzo al 17 de abril.
El oficio tiene un machote sobre la contingencia sanitaria por el Covid-19 y argumenta que de acuerdo al artículo 46, fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que “el nombramiento de los trabajadores deja de surtir efectos, sin responsabilidad para los titulares de los órganos por la causa consistente en la conclusión de la obra determinante de la designación”.
Por lo anterior, a los encuestadores se les pidió que firmaran la renuncia con el título de “Acta de Entrega”, donde señala que entregarán materiales, que está terminada la relación laboral y que “así mismo declaro que el INEGI no me adeuda a la fecha ninguna cantidad o prestación, siendo todo lo que tengo que declarar”.
Encuestadores del INEGI se niegan a firmar la renuncia
Stephanie Cecilia López, una de las verificadoras afectadas comentó que la funcionaria Lulú Cano Tafolla exigió a unos 20 verificadores que de forma inmediata firmaran su renuncia y “que lo que se debe sería pagado en la próxima quincena, no quisimos firmar porque señalan que no se nos debe nada”.
Pié de Página / Texto: Kau Sirenio; fotos: Pablo Mendoza.
Los jornaleros en el norte de México temen que los contagios del COVID-19 inunden los campos agrícolas y ya no puedan trabajar. El otro riesgo es volver a sus pueblos en Oaxaca, Chiapas y Guerrero sin ahorros para sobrevivir la otra parte del año
Sonora.- A pesar de la aridez y sequedad de los campos agrícola del Valle de Hermosillo, los jornaleros esperan cosechar uva en esta temporada primavera-verano. Sin embargo, ante la contingencia todo es incierto, los agricultores enfrentan la peor pandemia del siglo. Patrones y jornaleros están en la encrucijada.
Cada año llegan a Sonora miles de jornaleros de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A la poda y la cosecha de uva. Los jornaleros que llegaron en esta temporada esperan trabajar a pesar de la contingencia nacional de COVID-19.
“En al campo Don Elías nos dijeron que bajáramos a Pesquéira a comprar lo necesario para no tener contacto con la gente de afuera. La compra se hizo muy rápido para no estar mucho tiempo en la tienda, que no estuviéramos con personas que estornudan y utilizáramos cubrebocas” dice jornalero Carlos Uriel.
Ubicado al norte de Pesquéira, Hermosillo, el campo Don Elías trae desde el Sur a jornaleros al corte de la uva, luego se hacinan en cuartos de 3 metros por 3 metros, durante seis meses.
En la habitación caben cuatro literas hechas a granel por un herrero. Las literas no tienen nada, solo una tabla que sirve de colchón y si el trabajador agrícola no trae su cobija corre el riesgo de dormir bajo el frío del desierto.
“Sólo pusieron gel antibacterial, pero no hay jabón ni agua para lavarse las manos. Cuando hay enfermos los llevan a Pesquéira. El contratista paga los medicamentos. El cuadrillero (capataz o mayordomo) tiene un botiquín que contiene unas que otras pastillas como naproxeno, para la fiebre y jarabe para la tos, cuando un jornalero tiene malestar entonces pide la dosis”, explica Carlos.
La inminente crisis que se avecina en la producción de la uva en Sonora ante la pandemia de COVID-19 alerta a otros estados que dependen directamente de la producción de hortalizas en los estados de Sinaloa, Baja California y Baja California, San Luis Potosí y Michoacán.
Hortalizas de San Quintín
Para Luis Solano, apenas pasó lo bueno de su trabajo. Pero lo poco que ahorró en el corte de fresa en al Valle de San Quintín no le va alcanzar para mucho, porque en la cosecha de hortaliza no augura nada bueno ante la pandemia que azota a gran parte del mundo. Está el riesgo de que los campos agrícolas de Baja California se queden sumidos en el contagio, por ser vecino de Estados Unidos.
A mediados de marzo, empezó la cosecha de fresa. Termina en dos o tres semanas más. Sin embargo, no todo está perdido porque viene la pisca de tomate y pepino en el rancho Los Pinos. Lo que echaría a perder la esperanza de los obreros agrícolas es el COVID-19.
Nunca antes los jornaleros estuvieron en un dilema de su vida: regresar a su comunidad de origen o quedarse: “El problema no es que me quede o me vaya a Oaxaca. No, ese no el problema, mi preocupación es que si me quedo y no hay trabajo cómo voy a sobrevivir acá. Y si me voy existe el riesgo de contagiarme en el camino. La verdad no sé qué hacer”, contesta desganado Martín Ponce.
En marzo de 2015, miles de jornaleros tomaron la carretera Transpeninsular para protestar en contra de las condiciones de trabajo en los campos de las regiones agrícolas más productivas del país, porque las empresas no aumentaban el salario.
En el Valle de San Quintín se cultivan frutos rojos: fresa, frambuesa, mora y arándano. Mientras que los pequeños productores siembran: calabaza, lechuga, pepino, tomate, chile, col de Brusela, chícharo, ejote…
Las cinco principales hortalizas que se cultivan en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos, Veracruz, Baja California, Guanajuato y Jalisco son: jitomate, chile verde, cebolla, elote y pepino.
El traslado de migrantes se realizó en varios autobuses, Foto: Archivo
