Las personas contagiadas laboran en empresas instaladas en Tijuana. Foto: Zeta.
Los 60 trabajadores enfermos laboran en empresas instaladas en el municipio de Tijuana, mismas ya que son supervisadas.
Por Isabel Mercado.
Tijuana, Baja California, 22 de abril (Zeta).– El número contagiaos por COVID-19 en médicos y enfermeras de los hospitales de Baja California continúa en aumento, sumando hasta la fecha un total de 80, al igual que en las maquilas de Tijuana, sector que registra 60 casos positivos de coronavirus, dio a conocer Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud del estado.
Indicó que el caso de personal médico afectado “está siendo un área muy crítica”.
De los 80 trabajadores del área médica positivos, “algunos ya se están recuperando, porque ya pasaron más de 14 días, están saliendo ya negativos y se están reincorporando”.
Sin embargo, no descartó que continúen aumentando el número de afectados, toda vez que “el riesgo inherente del personal de salud es estando trabajando directamente con los pacientes muy sospechosos o ya francamente confirmados y dos, el sector salud sí tiene que salir a realizar una actividad esencial, tiene que desplazarse de su casa al trabajo y se arriesga en el trayecto”.
Precisó que la mitad del personal de salud contagiado de coronavirus pertenece al sector salud del estado y el 50 por ciento restante son trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Respecto a los 60 trabajadores de infectados, anotó que todos laboran en empresas instaladas en el municipio de Tijuana, mismas que son supervisadas.
WASHINGTON (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva para suspender por 60 días la emisión de residencia permanente (green cards, en inglés) a inmigrantes extranjeros, como parte de su estrategia para proteger a estadunidenses desempleados.
En conferencia de prensa en la Casa Blanca, para actualizar a la ciudadanía de su país sobre la pandemia de covid-19, Trump dijo que había firmado la orden ejecutiva con el objeto de garantizar que ningún estadunidense desempleado sea reemplazado por extranjeros.
“Para proteger a nuestros grandiosos trabajadores estadunidenses, acabo de firmar una orden ejecutiva para temporalmente suspender la inmigración a Estados Unidos”, declaró ante los pocos reporteros a quienes se permite el acceso.
“Esto garantizará que todos los estadunidenses desempleados, sin importar sus antecedentes, serán los primeros en la línea para beneficiarse en cuanto se reabra nuestra economía”, agregó.
El mandatario manifestó con que con esta orden ejecutiva incluso se ahorrarán recursos en materia de salud pública, porque no tendrán que gastar en personas extranjeras que requieran asistencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
Trump precisó que la suspensión de la emisión de las residencias permanentes está enfocada en extranjeros que se encuentran fuera de Estados Unidos, padres o familiares directos de ciudadanos estadunidenses por naturalización.
Y, como ya es su costumbre, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ayudar a su gobierno a contener el flujo de inmigrantes indocumentados con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera común.
López Obrador, aclaró, tiene desplegados a 2 mil 700 soldados y no a elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México, para detener el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes indocumentados.
Por ello no escatimó en agradecimientos al mandatario mexicano, aunque se acreditó la baja en el flujo migratorio a la edificación del cerco de acero en algunos puntos de la frontera común.
“Tenemos que respaldar a los trabajadores estadunidenses y por eso acabo de firmar la orden ejecutiva; muy importante, muy importante será que la enmiende o extienda, cuando sea el momento adecuado”, subrayó.
Edecanes y modelos que laboraban en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, protestan por un apoyo ante la contingencia por la pandemia
Aguascalientes. – Edecanes y modelos que trabajan en la Feria Nacional de San Marcos, en el estado de Aguascalientes, se manifestaron para solicitar apoyo ya que ante la contingencia por el Covid-19, perdieron su manera de obtener ingresos.
Algunas mujeres decidieron ir a protestar luego de que ante la pandemia por el Coronavirus, muchos eventos con gran clongomeración de gente como es la Feria Nacional de San Marcos tuviera que suspenderse por las medidas preventivas que implementaron las autoridades federales, con el objetivo de evitar contagios del virus.
Las edecanes protestaron frente a Palacio de Gobierno, luego de que por la cancelación de la Feria perdieran su empleo siendo esta la manera de llevar un sustento a sus familias, señalan en un video que circula en internet.
A través de una bocina y con micrófono en mano, las muejeres solicitan apoyo de parte del Gobierno de Aguascalientes, pues mencionan que las cuentas se tienen que seguir pagando y los recibos continuan llegando.
“No nos estan dando ningún apoyo, ningún descuento por parte de los servicios, ni alimentos ni absolutamente nada, es por lo que estamos pidiendo apoyo al Gobernador” señaló una de las edecanes a través del micrófono.
En algunas de las pancartas que traen las modelos se puede leer ‘Necesitamos de su apoyo’, ‘Nuestras familias dependen de nosotros’, ‘Somos el rostro de Aguascalientes’, entre otros con los que solicitaron la ayuda por parte del mandatario estatal.
“Yo aporto gastos a mi casa, entonces ahorita es imposibles, los ahorros que teniamos pues ya se fueron, es por que estamos solicitando el apoyo hoy en día” señala otra de las edecanes de acuerdo a los medios locales.
Según los medios locales, la Feria Nacional de San Marcos del 2019 rompió record en cuanto al derrame económico que se registró informó el entonces Secretario de Turismo, Jorge Lopez Martín, con un reporte de más de 107.8 millones de pesos solo en huespedes de hoteles.
Conforme a los medios locales, las mujeres señalan que este es uno de los acontecimientos más esperados del año pues el ingreso que les deja es bastante, mencionan las edecanes que en un evento normal ganan entre 500 y mil pesos por día, mientras que en un solo día de la Feria ganan 2 mil pesos por trabajar de edecan.
Solicitan el apoyo ya que señalan que muchas de ellas son madres, son esposas y brindan aportación económica en su casa, además de pagar cuentas y gastos, de acuerdo a los medios locales.
Benito López Agencia Reforma/El Nuevo Heraldo
22 abril 2020
Agencia Reforma
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas — La Secretaría General de Gobierno exhortó a los albergues de la frontera de Tamaulipas a no recibir a más migrantes mientras dure la cuarentena por el COVID-19 para evitar nuevos contagios.
El lunes en Tamaulipas se confirmó que 14 migrantes, de un total de 16, adquirieron el contagio en un mismo albergue de Nuevo Laredo.
“Vale la pena en el contexto se les pide a las casas que tienen esta labor altruista que ya no reciban a los migrantes, al menos en lo que está la contingencia (del coronavirus) porque el riesgo, la verdad, es que sigue siendo alto”, manifestó la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Garza Jiménez.
El lunes, autoridades tamaulipecas reportaron los primeros casos de cepa en migrantes, en un albergue de Nuevo Laredo.
Garza precisó que se trata de seis migrantes originarios de Honduras; cuatro mexicanos, ninguno de la entidad; tres cubanos; así como una persona proveniente de Camerún y una más de Guatemala.
Dijo que por medio de la Secretaría de Salud se notificó a las embajadas de sus países.
Sin embargo, precisó, no se ha tenido contacto con gente de la embajada de Camerún.
La funcionaria de la Secretaría General de Gobierno mencionó que los migrantes positivos se encuentran aislados en el albergue, de acuerdo a los protocolos sanitarios y estándares internacionales para su atención.
Las personas están al cuidado del sacerdote Mario López, que dirige el refugio de la frontera, a la espera de que pase la cuarentena, y decidan trasladarlos a su lugar de origen.
“El Estado a través de Coepris y de la Secretaría de Salud tomaron las medidas necesarias para evitar que se siga propagando entre la comunidad del migrante o entre los habitantes de Nuevo Laredo, que es donde está la casa del migrante”, señaló.
En tanto, rechazó que el albergue haya sido clausurado, cuyo espacio permite el aislamiento de los migrantes hasta que transcurra el período de la cuarentena obligatoria.
“Y el tamaño de ese albergue da para que esas personas pueden estar ahí mismo, vale la pena repetir que es un albergue que es de personas altruistas y ahí se encuentran aisladas”, subrayó.
Otras 58 personas entre migrantes y personal que cohabitó con los migrantes contagiados, dijo, resultaron negativos luego de las pruebas del virus.
Desde que empezó la emergencia por COVID, los Servicios de Salud de Nayarit, no le brinda servicio a los pacientes con cáncer e insuficiencia renal, denuncian afectados
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Miércoles 22 de abril del 2020.-
Desde que comenzó la pandemia por Covid-19, la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) niega el servicio de hemodiálisis a los pacientes con insuficiencia renal y tratamiento a personas que padecen cáncer, así lo denunciaron afectados.
La vida de decenas de personas están en riego, al negarse presuntamente a otorgar este servicio, el cual anteriormente era gratuito y hoy los pacientes y sus familiares deben pagar por él, así lo aseguraron.
Y es que los tratamientos eran subsidiados por la Beneficencia Pública, institución que dejó de otorgar “vales” a quienes tienen ambos padecimientos para destinar el dinero a la emergencia sanitaria del coronavirus.
Miryam Hernández Flores tiene un hijo que requiere tres hemodiálisis a la semana, y dos de ellas eran subsidiadas por la Beneficencia Pública, la tercera ella la pagaba con muchos sacrificios, ya que es viuda y labora como empleada doméstica.
Cada hemodiálisis tiene un costo de mil 200 pero al requerir tres, debe cubrir 3 mil 600 pesos semanales, lo que es imposible para ellos.
Pero la UNEME si no hay vales o condonación, no les da el servicio, ya empeñaron todo lo que tenían de valor pero para esta semana ya no tienen dinero, y no recibió su tratamiento esta semana, misma situación pasa con decenas de pacientes también de cáncer, quienes seguían el mismo mecanismo.
“Yo fui a la Beneficencia y me dijeron que sí había vales pero no pueden darlos porque genera muchos gastos”, indicó Hernández Flores.
Han expuesto el caso ante varias autoridades pero les dan atole con el dedo sin importar que los enfermos de hemodiálisis y cáncer se están muriendo porque no tienen los medicamentos.
“Muchos enfermos de hemodiálisis se les sube el agua al pulmón”, y eso es señal que de un momento a otro puedan fallecer.
De no obtener una respuesta por parte de las autoridades de salud para que los enfermos reciban su tratamiento de forma gratuita en la UNEME, sin importar la contingencia sanitaria, los familiares se van a manifestar con todo y enfermos para que puedan constatar las precarias condiciones de salud de los enfermos que requieren ya, sus tratamientos.
Colima, México, Avanzada (21/04/2020).- La pandemia del covid-19 tomó “muy desprevenido” al sector educativo y la Secretaría de Educación Pública (SEP) “nos está aventando a los maestros al ruedo a dar las clases a distancia, pero no estamos preparados”, advirtió J. Refugio Olague Soto, representante en Colima de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Consideró que no funcionará la estrategia de educación a distancia porque los maestros “fuimos preparados en normales para trabajar frente a grupo, pero no estamos preparados para trabajar en línea”, además de que “los padres de familia no tienen el tiempo suficiente, la paciencia ni la preparación para explicar las dudas a los niños”.
Aunado a lo anterior, añadió, las condiciones tecnológicas del país no permitirían que las clases lleguen a todo el alumnado porque no en todos los hogares hay computadora o servicio de internet, menos en los del medio rural.
Además, dijo que los maestros no tienen manera de contactar por medios tecnológicos a los padres de familia, porque por ejemplo “no todos tenemos grupos de whatsapp con los padres de familia, porque fue una indicación de la misma SEP que no los formáramos”.
—¿Entonces no es viable retomar las clases a distancia? —se le preguntó en entrevista.
—Sería nada más un cumplido, no es viable, nunca va a sustituir la tecnología a las clases presenciales. En todo caso sólo se podría trabajar actividades mecanizadas, pero no serían auténticas clases, sino que serían actividades para justificar a la SEP que estamos trabajando. Sería un engaño, un autoengaño.
“Si se quiere que entretengamos a los niños o que repasen actividades, adelante; en ese sentido sí, pero no todo mundo tiene acceso a la tecnología; si quieres justificar los miles de millones que se destinan al sector educativo, adelante”.
El dirigente magisterial estimó que la SEP debe dejar que el Sector Salud determine en última instancia cuándo será posible el retorno a clases presenciales y si en la fecha prevista no están las condiciones para reanudar las clases, entonces debe transitarse ya a la preparación del nuevo ciclo escolar y dar por concluido el actual donde se quedó.
Indicó que si se declara terminado el ciclo escolar y los niños ingresan al grado siguiente que les corresponde, “los maestros tenemos muy claro qué contenidos son básicos para poder dar continuidad a los temas del nuevo ciclo escolar; sabemos perfectamente cómo combinar el nuevo plan de estudios con el anterior que no concluyó”.
NEZAHUALCÓYOTL, Edomex.-22 abril 2020.-Para protestar por el retiro de los puestos que están considerados como no esenciales, comerciantes de la colonia La Impulsora mantienen bloqueada la avenida Central, piden apoyos y que los dejen trabajar.
Los manifestantes llegaron al cruce de la calle La Noria para cerrar los carriles lo que ha provocado afectaciones en la circulación, luego de la implementación de los operativos para bajar cortinas de negocios.
Nezahualcóyotl es uno de los municipios que mayores casos de Covid-19 registra en el Estado de México por lo que las autoridades han endurecido las medidas sanitarias para evitar más contagios del virus.
Profesores del Centro de Estudios de Naucalpan (CEN), Estado de México, denunciaron que fueron suspendidos de sus labores sin goce de sueldo ante la presencia el Covid-19 en el país.
El pasado 16 de abril del 2020, el personal docente recibió una carta en la que se establece la situación sanitaria.
En el documento, también se indicó su permiso para ausentarse de sus labores sin recibir pago, el cual les fue obligado a firmar.
Imagen tomada de: la-prensa.mx
Además, indican que no se cumplieron sus contratos y que muchos trabajadores fueron despedidos sin su correspondiente liquidación.
Asimismo, los trabajadores indican que los responsables de los despidos son los directivos Simón Mondragón Bernal y Daniel Estrada Niño, a quienes también acusan de malos manejos dentro de la institución.
Finalmente, los trabajadores hacen un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto.
Asimismo piden apoyo de los padres de familia y alumnos de la institución.
Trabajadores de los 10 embarcaderos de Xochimilco resienten las tres semanas que suman sin actividades por la contingencia sanitaria. Sobre las trajineras vacías, lamentan la ausencia de los más de un millón de turistas que cada año acuden a la demarcación
Juan Carlos tiene 18 años. Desde hace tres trabaja en las trajineras del embarcadero de Nativitas en Xochimilco. En ese periodoidentifica cuatro crisis que golpearon este característico lugar al sur de la ciudad: el H1N1, el temblor del 19 de septiembre del 2017, la muerte de José Manuel, un joven de 20 años que en su festejo de cumpleaños cayó al agua y murió ahogado; y la cuarta y peor, lal covid-19.
Su compañero, Wilfredo Díaz, un hombre de 43 años, cuenta que la muerte del adolescente les afectó mucho. Tanto que esperaban la Semana Santa con mucha ilusión para reponerse:
“Semana Santa según era la buena. El dinero que entraba era bastante. Simplemente esto no daba abasto, los canales se congestionaban, pero como no hubo nada…con esto nos fuimos a ceros”, lamenta Díaz.
Para evitar contagios de covid-19 los 10 embarcaderos de Xochimilco permanecen cerrados desde principios de abril.
Negocios cerrados en el embarcadero de Nativitas, Xochimilco. / Foto: María Ruiz
José Carmen Luna, de 68 años y Francisco Arellano, de 75 años. Músicos afectados por el covid19. / Foto: María Ruiz
El sol pega fuerte en las trajineras, es por eso que Juan Carlos “de las trajineras”, como prefirió nombrarse para no dar su apellido, y Wilfredo Díaz acuden a darle mantenimiento a las trajineras de su “patrona”. Si no las humectan, el sol afecta la estructura. Pero este trabajo es prácticamente voluntario, porque aunque le dedican varias horas al día, no reciben ningún pago.
“Si no te ven que estás trabajando, te dicen que no tienes ganas. Nosotros venimos para no perder el trabajo”, cuenta Díaz.
Dos músicos de edad avanzada coinciden con los trabajadores del embarcadero: ésta es la peor crisis de las trajineras de Nativitas. Ambos recorren el embarcadero vacío con un contrabajo y un acordeón.
En días ormales, hay tantas trajineras que es difícil ver el agua el agua. / Foto: María Ruiz
Wilfredo Díaz y Juan Carlos dan mantenimiento a una de las trajineras en las que trabajan. / Foto: María Ruiz
Tanto Juan Carlos como Wilfredo Díaz trabajan como remadores de las “trajas”. / Foto: María Ruiz
A sus 15 años, Juan Carlos comenzó a trabajar como remador. Además trabaja con su suegro, soldando camiones. / Foto María Ruiz
El canal despejado se ve claro. Algunas aves aparecen entre la vegetación verde y uno que otro habitante pasa sus horas pescando. Otros, más al fondo, sentados junto a la orilla miran a la nada. Los negocios están cerrados. Normalmente venden comida, pero como no hay ni visitantes ni turistas, tampoco tienen trabajo. De hecho, cualquier persona que circule en una trajinera puede ser multada. Sólo pasan las canoas en las que los habitantes llegan o salen de sus casas.
Dos niños juegan afuera de su vivienda. / Foto: María Ruiz
Reunión de niños y adolescentes, habitantes de la zona. / Foto: María Ruiz
El canal también se vuelve remedio para el calor. Los niños prueban su valentía con clavados desde la orilla, otros más audaces desde los techos de las casas. Con ropa, chalecos salvavidas e, incluso, uno se lanza con todo y bicicleta.
En el día 36 de cuarentena, el canal que conecta al embarcadero de Nuevo Nativitas con el de Caltongo ya no le pertenece a los turistas que buscan experiencias exóticas, ni a los visitantes que aprovechan el viaje para alcoholizarse. Se ha vuelto de los niños que patalean entre algas, risas y peces.
Pero nadar en estas aguas no es cosa rara, Juan Carlos y su compañero Wilfredo Díaz cuentan que es costumbre. Incluso hacen sus reuniones a las orillas y comen tripas de pollo antes del darse un chapuzón. La diferencia es que ahorita no hay trajineras que les estorben, lo tienen todo para ellos y su diversión.
Pero la diversión no es trabajo, ni tampoco les pagan por ella. Antonio García, originario de la zona lacustre de Xochimilco, es otro de los habitantes afectados por el coronavirus. Él no está enfermo, él produce y vendía flores. Pero con la contingencia sanitaria perdió el 80 por ciento de sus ganancias.
“Las ventas bajan, el comercio está apagado. Ya no tenemos los empleados que necesitamos. De cuatro, me quedan dos porque el negocio no está bueno y no podemos dejarles sin su pago”, cuenta García.
Ese 20 por ciento de ganancias lo obtiene de sus ventas en el mercadopero con eso, dice, sólo le alcanza para comida. Pero aún así no tiran la toalla.
Acá, en Xochimilco, no le preocupa no usar el cubrebocas; pero cuenta que hace poco tuvo que ir al centro de la Ciudad de México y ahí sí fue con protección. En sus jardines, durante las horas que pasa en cuidando de sus girasoles no usa ni guantes, ni cubrebocas.
”No nos preocupamos tanto por un cubrebocas, creo que en la zona en la que estamos podemos respirar un poquito mejor. Trabajamos con plantas naturales, tenemos más resistencia. Tenemos compañeros que se han enfermado pero de cáncer, por los químicos con los que trabajamos”.
García menciona que a diferencia de los vendedores y a los trabajadores del embarcadero, ellos no dependen de la gente y del turismo. Sin embargo reconoce que no habían tenido crisis como ésta.
“A nosotros nos han pegado las heladas negras, las inundaciones, el sismo… pero yo he llegado a pensar que no ha habido algo más fuerte que esto que estamos viviendo ahorita. Somos nativos de aquí, 100 por ciento chilangos xochimilcas y no recuerdo en toda mi vida un suceso como éste”, rememora. .”Esto para mi es un suceso que espero jamás vuelva a suceder” concluye.
-¿Qué le pediría al gobierno?
“Que hagan un censo donde pregunten qué nos hace falta. Que en verdad apoye a la gente que lo necesita. Que no llegue la parte burocrática de que si me prestas tal documento sí te doy apoyo”, pide el agricultor.
Girasoles del huerto de Antonio García. / Foto: María Ruiz
Por lo pronto, tanto Juan Carlos como Wilfredo Díaz esperan que la alcaldía apoye a los trabajadores de los embarcaderos. Hace una semana metieron sus papeles, CURP, INE, comprobante de domicilio, cuenta bancaria, cédula, placa de la trajinera… este marte les avisan si habrá apoyo o no.
El domingo 19 de abril alrededor de 20 personas ingresaron por la fuerza al hospital acusando falta de información oportuna sobre el estado de sus familiares.
Los cuatro médicos que estuvieron el fin de semana en el área de medicina interna del Hospital General de Zona #27 del IMSS, en Tlatelolco, debieron atender este domingo 19 de abril a 16 pacientes con COVID-19, y 32 sospechosos de tenerlo, además de a 37 con otros padecimientos. Con esa carga de trabajo les queda poco tiempo para dar informes y sí a veces se les hace tarde.
Este 19 de abril eso pasó, de acuerdo al relato de dos de los médicos adscritos del hospital. Los especialistas no habían terminado su recorrido de reconocimiento con todos los pacientes, por eso no habían enviado la información a la subdirectora, que es quien se encarga de salir a dar los informes, casi siempre, en esta contingencia.
En una jornada normal, estos se daban a las 12 del día y los familiares estaban adentro. Ahora solo el personal puede estar en el interior del hospital y se generan retrasos al proporcionar los partes médicos. Familiares disgustados por esto irrumpieron a fuerza en la institución, alrededor de las 5 de la tarde de este domingo.
“Entraron unas 20 personas, pero no eran familiares de los pacientes con COVID o sospechosos, porque a ellos los tenemos en el primer piso, eran los familiares de personas con otros padecimientos, y se fueron directo al segundo piso de medicina interna”, narra Ramiro, uno de los médicos, a quien llamaremos así para proteger su identidad.
Algunas de las personas que irrumpieron, dice, sí lograron ver a su familiar. Las autoridades del hospital tuvieron que llamar a la policía, que tardó alrededor de 15 minutos en llegar, para que los sacaron.
“No se usó la fuerza eso sí. La policía les pidió que se retiraran y no se usó la fuerza en ningún momento. Tampoco hubo agresiones hacia el personal médico. Pero si no se permite a ningún familiar estar en ninguna zona del hospital en estos días es por el peligro de contagio, es por su seguridad”.
Estos son los problemas que se generan, dice “Juan”, otro de los médicos de HGZ 27, cuando tienes un hospital híbrido como este, es decir, con pacientes COVID y no COVID, porque quienes tienen adentro familiares con otros padecimientos como diabetes, insuficiencia renal o falla cardíaca sienten injusto no poder estar adentro y se desesperan más ante el riesgo de contagio de su familiar.
No entienden, dice, que no dar informes no es una negligencia ni un trato inhumano deliberado hacia los familiares.
“Estamos rebasados. Eso es todo. Hay cuatro médicos en medicina interna en fin de semana para todos esos pacientes. Sabemos que la gente quiere saber de su familiar, pero los médicos de todos los turnos estamos sobre cargados de trabajo, no tenemos apoyo ni de personal administrativo porque no pueden estar en área COVID, así que debemos tomar muestras, sacar placas, intubar, hacer trámites, preparar informes, en ocho horas no hay un minuto de descanso”, explica Ramiro.
La sobre carga de trabajo se ha generado también por las bajas en el personal que ha tenido que irse a su casa por ser de los grupos de riesgo: mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con algún padecimiento como diabetes o hipertensión. “Hasta 30% de los compañeros se fueron a casa”, dicen los médicos.
A eso hay que agregarle los que, a decir de los dos especialistas, han dado positivo a COVID y se han ido a aislamiento. “Son ocho médicos adscritos y tres residentes. Hay además otros cinco residentes a los que no se les ha hecho la prueba pero empezaron con síntomas y se fueron también a casa”, precisa Ramiro. Animal Político tiene copia de al menos cuatro de los resultados positivos de médicos de este hospital.
Con esa merma en el personal, los que quedan deben atender a los pacientes, con el agravante de lo que implica dar atención a pacientes COVID.
“Para entrar a verlos hay que ponerse el traje especial y el equipo de protección, del que además nosotros compramos los trajes especiales blancos, porque en el hospital solo nos dan batas quirúrgicas tipo impermeable que no cubren por completo y también compramos las mascarillas N95 porque a las del hospital se les rompen las bandas elásticas y no sellan de forma adecuada. Ponernos el traje nos lleva hasta 20 minutos y al salir hay que quitárselo y es el mismo tiempo”, relata Juan.
Además, agrega, “portar todo ese equipo nos causa una fatiga adicional, a las cinco o seis horas empiezas a sentir que te ahogas. La jornada dura ocho horas y no puedes salir del área de aislados y menos quitarte el traje. El sudor no nos deja ver a través de los googles y para desempañarnos hay que sanitizarse las manos, retirarlos, limpiarlos, sanitizarlos. Es agotador”.
El especialista refiere que de los cuatro médicos que están en fin de semana en medicina interna, a dos les toca atender a los pacientes COVID y sospechosos por la mañana, mientras otros dos ven al resto, y después se intercambian.
“Es lógico que no dé tiempo a veces de dar los informes a tiempo. Pero no es un descuido, los médicos de todos los turnos, no solo los de fin de semana, hacemos lo que podemos”, dice Ramiro.
Incluso cuenta que los pacientes con COVID o sospechosos a veces escriben cartas a sus familiares contándoles cómo están y preguntando cómo va todo en casa. “Esas cartas las pegamos en la zona donde se colocan los informes para que los familiares las lean”.
Para el personal médico, cuenta, “todo esto es muy duro también. No podemos considerar estable a ningún paciente. Sabemos que de un momento a otro se agravan y eso nos desespera. Aunque también hay buenas noticas. Ya ha habido seis altas de pacientes COVID, así que eso nos da esperanza”.
Elementos de la Sedena, Marina Armada y Guardia Nacional desplegaron un operativo en instalaciones y almacenes del IMSS en Colima, a fin de garantizar la seguridad del personal médico y de enfermería y proteger material y equipo médico.
Este operativo forma parte de las medidas tomadas por el Consejo de Salubridad Nacional que hoy decretó la fase tres para mitigar la epidemia de coronavirus.
Otras acciones tomadas en Colima son la obligatoriedad del Aislamiento Social, el uso de cubre bocas y la cancelación inmediata de todas las actividades comerciales, empresariales y laborales no esenciales.
Colima, México, Avanzada (21/04/2020).- Conforme avanzan las medidas de aislamiento social, la crisis económica se agudiza en diferentes sectores y ahora son los transportistas turísticos los que claman por ayuda pues su actividad prácticamente está detenida y no tienen trabajo desde hace varios meses.
Este lunes, los trabajadores del transporte turístico expusieron que desde el pasado mes de enero su actividad disminuyó de forma considerable, pero prácticamente se paralizó desde las medidas de aislamiento social, lo que pone en riesgo económico a 500 familias que prácticamente no tienen ningún tipo de ingreso.
Los transportistas refirieron que desde los primeros meses de este año, se suspendió el turismo religioso a diferentes partes del país, los viajes escolares o los viajes a los destinos de playa.
Durante su marcha al Congreso del Estado, explicaron que han enviado cartas, tanto al gobierno de Colima, como al Federal, para que apoye la situación en la que se encuentran.
Indicaron que están solicitando préstamos personales de 25 mil pesos, pero que les permitan pagar mensualidades de mil pesos, de lo contrario, su situación económica empeorará porque los viajes turísticos están detenidos en todo el país.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que los cierres de bases industriales y de manufactura, “particularmente en México”, están afectando seriamente sus cadenas de suministro. Foto: Kai Försterling/Archivo/EFE
México anunció hoy la entrada del país a la Fase 3 de la pandemia del coronavirus, lo que implica mayores medidas de seguridad sanitaria para la población, y más llamados a que empresarios manden a sus empleados a confinarse en sus casas. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos pide a México reincorporar cuanto antes a trabajadores de las maquiladoras que le surten todo tipos de suministros para la seguridad y las guerras que mantiene ese país.
Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que los cierres de bases industriales y de manufactura, “particularmente en México”, están afectando seriamente sus cadenas de suministro.
Ellen M. Lord, Subsecretaria de Defensa para la Adquisición y el Mantenimiento, dijo ayer en conferencia de prensa que está trabajando con el Departamento de Estado de EU y con el Gobierno mexicano para reabrir esas empresas. “Estas compañías son especialmente importantes para nuestra producción de fuselaje estadounidense”, aseguró Lord desde el Pentágono, en Washington, DC.
El Departamento de Defensa estadounidense es el responsable de proporcionar las fuerzas militares y los equipos necesarios en los conflictos bélicos, y proteger la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con la descripción que se hace en su página oficial en la Internet.
Frente a los medios de comunicación, la Subsecretaria añadió que su oficina rastrea cuidadosamente el estado de la base industrial militar en las grandes compañías principales, y la Agencia de Logística de Defensa monitorea a los proveedores más pequeños.
De las 10 mil 509 compañías principales, 106 están cerradas, dijo Lord, y otras 68 compañías más habían cerrado, pero ya han reabierto sus puertas. De las 11 mil 413 compañías basadas en proveedores, 427 están cerradas, con 147 que cerraron, pero ya han reabierto.
La funcionaria también proporcionó una actualización de las acciones actuales de COVID-19 tomadas por el Departamento de Defensa y afirmó que trabajan en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias; por ello, contrataron alrededor de 500 millones de dólares en suministros y equipos para salvar vidas a los miembros del servicio y agencias federales.
Este soporte, agregó, incluye proporcionar 60 sistemas de descontaminación que pueden esterilizar hasta 80 mil máscaras KN95 por día. Eso, dijo, está en orden y los equipos han sido entregados.
Ya esta mañana, Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer que está haciendo lo posible por salvar las cadenas de suministro que se crearon entre México, Estados Unidos y Canadá en las últimas décadas, ya que es “posible e imprescindible cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas”.
“Estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro que se crearon a través de las últimas décadas. Es posible e imprescindible cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas. La integración económica de Norteamérica exige coordinación”, escribió a través de su cuenta de Twitter.
Más tarde, la Secretaría de Economía de México escribió que los dos gobiernos “sostienen conversaciones para proteger la salud de sus conciudadanos y, al mismo tiempo, la integración productiva de sus economías”. No proporcionó más detalles.
El CASO LEAR
La labor de los funcionarios estadounidenses se produjo incluso mientras más empleados organizaron huelgas y protestas en las maquiladoras por los temores sobre que las instalaciones se han convertido en focos de infección de coronavirus. Las protestas más recientes ocurrieron en plantas de Electro Componentes de México en Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas.
“Este es un paro laboral”, dijo Susana Prieto, abogada laboral y organizadora de la manifestación en Ciudad Juárez. Publicó fotografías de decenas de empleados que protestaban en el estacionamiento de la compañía, muchos de ellos portando mascarillas.
Señaló que docenas de trabajadores de la maquiladora están infectados con el coronavirus y algunos han fallecido, incluidos 16 empleados en plantas operadas por la fabricante de asientos para autos, Lear Corp.
Lear ha reconocido que han habido muertes por coronavirus entre sus 24 mil empleados en Ciudad Juárez, pero no dijo cuántas.
La compañía añadió que sus 10 plantas en la ciudad “están actualmente cerradas y permanecerán cerradas hasta que tengamos un plan que cuente con el soporte de nuestros colaboradores y se sientan seguros para regresar a trabajar”.
Prieto dijo que creía que han habido tres fallecimientos en distintas plantas de Electro Componentes en Ciudad Juárez, pero no se pudo contactar a la compañía para confirmar la información.
Los problemas en las maquiladoras son un arma de doble filo: Al principio, muchas de las plantas se rehusaron a cerrar en conformidad con las órdenes del gobierno de suspender actividades en negocios “no esenciales”. Ahora, Prieto dijo que muchas empresas quieren enviar a los trabajadores a casa con permisos de dos semanas con la mitad de su salario, que en muchos casos podría ser de menos de 30 dólares a la semana.
El Gobierno del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, “hizo un llamado a no estigmatizar a la industria maquiladora” en medio de la pandemia.
Informó que decenas de plantas han cerrado y 180.000 de los 300.000 trabajadores industriales se encuentran inactivos. Para resaltar las complejidades de la situación, señaló que 33 plantas consideradas “esenciales” seguían operando plenamente y 35 funcionan de manera parcial.
El Gobierno estatal también señaló que 28 plantas consideradas no esenciales se han rehusado a cerrar, por lo que, dijo, las autoridades las han visitado para exigirles que suspendan actividades.
Gabriel Chan / Diario de Yucatán
MÉRIDA.- “Ya no hay recursos, ya se solicitó al Gobierno Federal para que podamos atender a todos”, afirmó un funcionario público a personas que acudieron a protestar y reclamar ayuda en el Palacio de Gobierno “para poder comer”.
Otra respuesta fue que a todos los que pudieron inscribirse para la ayuda ante la contingencia por el coronavirus y obtuvieron la ayuda los están “checando” para quitarles el apoyo en caso de que no lo necesiten.
“Mientras ¿qué vamos a comer?”, señaló Gilberto Tec al trabajador del Gobierno.
“Es que hay mucha necesidad ahorita”, le respondió el joven e ingresó al Palacio de Gobierno para recibir más documentos de personas que se están sumando a la larga lista de espera para poder acceder a un tipo de ayuda.
A punto de salirse de control
Policías municipales, guardias del Palacio y otras personas escuchaban atentos y tomaban fotos y nombres de los quejosos, mientras la discusión se iba saliendo de control, pero no pasó a mayores.
La situación económica de los sectores más vulnerables cada vez se pone más difícil y la gente sigue llegando al Palacio de Gobierno para poder acceder a los apoyos.
La gente, en su desesperación, pide trabajo para poder tener ingresos para comer.
“Entiendan, se recibieron más de 68 mil solicitudes y solo se pudo dar 48 mil apoyos, hay mucha gente en espera”, dijo uno de los guardias a otro manifestante.
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
21 abril 2020
Sin ingresos quedaron los meseros al prohibir la realización de eventos
Gobierno del Estado prometió hacerle entrega a la brevedad de apoyos económicos
Meseros que son contratados por eventos se manifiestan afuera del Palacio de Gobierno, pues ante la baja actividad en el estado se quedaron sin algún ingreso. Fueron atendidos por autoridades estatales prometiéndoles la entrega de apoyos a la brevedad. A la manifestación se le unieron músicos y otras personas de trabajos informales.
Ayer lunes 20 de abril, posterior a las 10:00 de la mañana, un grupo de personas se reunió frente al palacio de gobierno pues también pedían ser considerados en la entrega de apoyo pues ante la baja actividad se han quedado sin ningún ingreso.
Este grupo de meseros laboraba por eventos, principalmente en sindicatos, sin embargo, al no haber actividad de este tipo en la ciudad bajó drásticamente sus ingresos por lo que se les ha complicado comprar alimentos y pagar los recibos.
A pesar de que ambos niveles de gobierno ya habían anunciado la entrega de despensas y otra clase de apoyos, los protestantes afirmaron que a sus familias no ha llegado nada.
Por esa razón, pedían estos meseros ser considerados en la entrega de apoyos económicos a aquellas personas que quedaron desempleadas.
Según una de las protestantes, señalaron que dentro de los meseros que solicitaban apoyo se encontraban madres solteras, personas con discapacidad: “Incluso falleció una compañera por la misma presión de dinero, le dio un infarto, por lo mismo que no tenemos un ingreso”.
Al ser atendidos por las autoridades estatales, se les externó que ya se entregaron los apoyos por lo que se les pidió que se anotaran en una lista para posteriormente hacerles llegar lo que solicitan.
Mathieu Tourliere / Foto Alejandro Saldívar / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cerca de 200 de las principales organizaciones de la sociedad civil mexicana y decenas de intelectuales urgieron hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que suspenda las obras del Tren Maya durante la emergencia sanitaria decretada; rechazaron que se trate de una actividad “esencial” y sostuvieron que pondría en riesgo “la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras (…) así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”.
“Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria”, denunciaron.
En una carta, las organizaciones deploraron que las comunidades opositoras al proyecto se encuentren en un estado de “indefensión” legal ante el megaproyecto –los tribunales no funcionan con normalidad, lo que impide la interposición de amparos–, mientras que la parálisis del sistema de transparencia impide acceder a información clave sobre el megaproyecto.
El pasado 6 de abril, López Obrador decretó la suspensión de labores para las actividades no esenciales en el país por la emergencia sanitaria, pero exentó a las actividades relacionadas con los megaproyectos que impulsa y financia su gobierno, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía o el Corredor Interoceánico.
“Nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península”, deploraron las 194 ONGs, entre ellas Greenpeace, Artículo 19, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) o la asamblea Múuch’ Xiinbal.
“El acuerdo que ordena mantener la construcción del llamado Tren Maya a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas”, señalaron.
Piden diálogo real con afectados
Y recordaron que el proceso de participación realizado por el gobierno federal en noviembre y diciembre pasado incumplió con los estándares internacionales “mínimos” en materia de consulta indígena. Por lo anterior, pidieron a López Obrador que pasada la pandemia inicie un “proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información y que cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
El exhorto de la sociedad civil llega unos días antes del otorgamiento de los primeros contratos multimillonarios a grandes consorcios del sector de la construcción para los tramos uno y dos del Tren Maya: el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió 14 propuestas para el primer tramo y 15 para el segundo, y dará a conocer los nombres de los ganadores en los próximos días.
Entre los consorcios que compiten por las obras destacan los encabezados por empresas paraestatales chinas, así como las empresas constructoras de los multimillonarios Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, David Peñaloza Alanís, Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari–, ICA, así como varias constructoras españolas.
“Hasta el momento hay información de que este (megparoyecto) beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social”, deploraron las organizaciones.
Varios médicos y enfermeros mexicanos protestaron durante buena parte de marzo y las dos primeras semanas de abril para que se atendiera su reclamo de acceder a una mayor seguridad que impida su contagio con el coronavirus. Sputnik conversó con uno de estos profesionales de la salud, quien explicó la situación y las respuestas de la autoridad.
Las protestas del personal sanitario que habían ocurrido desde comienzos de marzo en la zona norte de México, fundamentalmente en Monclova (Coahuila) tuvo su réplica en Ciudad de México. El 31 de marzo, personal del Hospital General de zona número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cortó la circulación vehicular en el cruce del Eje Central y el eje dos norte de la capital mexicana, para exigir exámenes y material de trabajo básico para el personal médico y administrativo de esa casa de salud.
Diez días después, la autoridad sanitaria confirmó que había al menos 20 médicos con COVID-19 en el Hospital regional de Tlalnepantla (Estado de México, conurbado a la capital) número 72 del Seguro Social. Para el día 13 de abril, fue el turno de los enfermeros del Hospital 1 de Octubre —también del IMSS— quienes cortaron la avenida Politécnico con pancartas que rezaban “no quiero ser una más en la lista de los contagiados” y denunciaban la muerte de un enfermero del Hospital, a raíz del nuevo coronavirus.
En el caso de los trabajadores del Centro médico La Raza, su protesta fue el 27 de marzo. “Hemos tenido la necesidad de alzar la voz y salir a manifestarnos porque los insumos no estaban llegando de manera oportuna”, dijo a Sputnik Raúl Vega Ortiz, terapista respiratorio del mencionado complejo hospitalario ubicado al norte de Ciudad de México.
Protestas y respuestas
El complejo médico La Raza está compuesto por cuatro hospitales: el Hospital General, el de especialidades, el de infectología y el de gineco-obstetricia. Desde el inicio de la atención de la pandemia, parte de las instalaciones de su Hospital General fueron seleccionadas para atender a los enfermos del nuevo coronavirus que se presentaran en la capital mexicana.
“A comienzos de abril nos informaron que el Hospital General del complejo, dónde laboro, era uno de los centros de atención de COVID-19 y que por esto se habilitaría el área de urgencias en la planta baja, así como el tercer, cuarto y quinto piso para la atención de pacientes con este virus”, explicó el técnico a este medio.
“En febrero, nos comentaron que si no tomábamos las medidas de seguridad correspondientes, el Hospital de infectología que es el más pequeño del complejo, se iba a saturar rápidamente”, agregó. Así, dos de los cuatro hospitales de La Raza reciben a los pacientes sospechosos de haberse contagiado.
“De inicio nos empezaron a dar capacitación, con mucho énfasis en el lavado de manos y en extremar el cuidado al estar junto a un paciente con sospecha de ser infeccioso. Nos dieron capacitación de cómo ponernos los uniformes que fueran llegando, previo al trato con el paciente; pero el material no llegó de manera oportuna y nos empezamos a sentir rebasados cuando algunos compañeros resultaron infectados”, dijo la fuente.
Dos de los trabajadores infectados en este Hospital del Seguro Social fallecieron tras haber contraído el virus SARS-Cov2: un enfermero y la subdirectora del área de infectología.
“Entonces se levantaron las voces de alarma y empezamos a salir a manifestarnos a la calle para exigir insumos, aunque las autoridades no nos hicieron del todo caso”, explicó el profesional que participó de la protesta del 27 de marzo. Aunque no lograron ser recibidos por la autoridad hospitalaria ni sanitaria de la ciudad, la protesta replicó en redes sociales y fue la ciudadanía la primera en atender este llamado.
“Optamos por convocar a la población mexicana a que nos ayudara con caretas, guantes, cubrebocas, alcohol en gel, todo lo que pudieran aportarnos para protegernos del contagio. Ese material fue dejado directo en el área médica y se repartió de mano en mano porque si los damos a las autoridades del Instituto, podía suceder que no se nos entregara”, señaló Vega, quien hizo evidente la desconfianza que reinaba entre el personal de base y las autoridades durante los primeros 45 días que transcurrieron tras haber sido detectado el primer caso en México, el 27 de febrero.
La fuente señaló que tras las protestas y con el correr de los días, el material ha ido llegando lentamente al Hospital General de La Raza y que el viernes 17 de marzo se colocó un filtro “Los directivos del Hospital se han tenido que ir metiendo más a fondo y las visitas que el Sindicato de trabajadores del Seguro Social han hecho aquí, influyeron en una mejor organización de la atención. Creo que esto, junto a las manifestaciones y donaciones ciudadanas de material, han hecho que las autoridades se dieran cuenta que hacía falta dar un poquito más y empezaron a liberar el apoyo”, dijo la fuente.
Mientras la situación inicial de crisis parece haberse regulado, el crecimiento de casos que registrará la capital mexicana en las próximas semanas, puede poner nuevamente al sistema de salud en jaque, ya que se espera para los próximos 20 días se registre el mayor crecimiento acumulado de contagios del COVID-19 en el país.
Según explicó a Sputnik el matemático Gustavo Cruz Pacheco, México entró desde este 19 de abril en su pico de contagio, registrando 746 nuevos casos con respecto al sábado 18 y se calcula que tendrá su pico de prevalencia en torno al día de la madre, que en México se celebra cada 10 de mayo.
Un juez le concedió garantías de licencia con goce de sueldo hasta que el Instituto acredite que se le proporciona equipo suficiente de protección en su desempeño.
Al demandar que no se le ha proporcionado el equipo ni insumos necesarios por parte del IMSS para evitar un contagio por covid-19 en el desempeño de su labor, la doctora Azalea Citlali Castro Hernández, interpuso un amparo para evitar presentarse a trabajar hasta que se le garantice protección, mismo que le fue concedido por un juez. La doctora, originaria del municipio de Acuña, Coahuila, obtuvo una resolución a su favor por parte del Juez tercero de distrito en el estado con residencia en Piedras Negras, Juan Marcos Dávila Rangel, que representa el primer precedente en el país de este tipo. De esta forma se le concedió la suspensión de plano y con efecto inmediato para que no la obliguen a asistir a trabajar hasta que el gobierno federal garantice que cuenta con el equipamiento y las medidas de seguridad y protección para el desempeño de su función, además de que continuará percibiendo su sueldo al 100 por ciento. “Debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo, ya que el tomar en cuenta que sus menores hijos, pertenecen a un grupo vulnerable se puede traducir en el contagio del virus SARS-Cov2 (covid-19) e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute del derecho humano a la salud y a la vida”, destaca el documento. A la par de trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la doctora está al frente de la dirección de Salud del Ayuntamiento de Acuña, y debido a que el Instituto no ha emitido una respuesta, según especialistas en derecho consideran que podría éste ser un factor para determinar que se encuentra expuesta por otras vías. De acuerdo al resolutivo “Se le permite no presentarse a laborar si no cuenta con el equipo médico apropiado para evitar pueda contagiarse, sin que ello implique un descuento por ausencia, pues debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo”. CALE
Tepic, Nayarit.- Martes 21 de abril del 2020.- Las clases en línea en Nayarit o son fracaso o de plano un relajo, las constantes fallas en la señal de televisión o plataformas digitales, impide el puntual aprendizaje de los alumnos del nivel básico.
La denuncia parte del Presidente de la Asociación de Padres de Familia, Leopoldo García López, quien indicó que todo se ha complicado por la falta de internet, televisión, celular o este tipo de aparatos modernos o la poca habilidad tecnológica de los maestros.
El colmo de males es que la señal abierta de televisión no llega a municipios cercanos a la capital como es el caso de San Blas, mucho menos a las zonas serranas, las plataformas de forma continua “se caen”, además, los horarios para los niños de prescolar son inadecuados.
“Me dicen los padres de familia que o se les va la señal o se presentan fallas a cada rato”, lo que provoca que los menores se distraigan con mayor facilidad.
Además, los horarios de transmisión del Programa “Aprende en Casa” difundidos por las mismas autoridades educativas no concuerdan con los transmitidos en la televisión por lo que deben estar cachando la hora que les corresponde.
Los padres de familia sufren dolores de cabeza debido a la presión para que sus menores hijos cumplan pero ante la falta de herramientas digitales, les es imposible.
De acuerdo a García López, una de las quejas más recurrentes es la relacionada con las clases en línea para los niños de preescolar, las cuales se llevan a cabo de siete a las nueve de la mañana, un horario complicado, tienen que madrugar los menores para tomar sus clases.
“Es muy temprano para los niños, porque hay que despertarlos con tiempo para que puedan estar completamente despiertos y listos para captar las enseñanzas”, por lo que piden los padres de familia, un cambio en el horario, por lo menos de una hora más tarde.
La educación a distancia en estos tiempos del coronavirus tiene sus fallas, pero los padres de familia confían en que durante la presente semana se resuelvan estos “problemitas”, recalcó el dirigente de los Padres de Familia.
En cuanto a los cuadernillos que se iban a distribuir en la comunidades más alejadas y de pobreza extrema donde no conocen los celulares, y la señal de televisión es nula, éstos aún no llegan a las alumnos y duda mucho que en plena contingencia se distribuyan como se ha cacaraqueado.
El colectivo Luchadores Por el Medio Ambiente, lleva dos semanas ofreciendo desayunos a personas de la delegación Ixtapa que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria.
Alfonso Marcial, uno de los colaboradores, mencionó que se reunieron un grupo de amigos de esta delegación y todos los días, desde las nueve de la mañana y hasta que se acabe la comida sirven a las personas desayunos.
Toda vez que la gente les dona ya sea pollo, carne, huevos y más productos para continuar con esta causa.
Las personas solo necesitan llevar su contenedor ya que todo es para llevar y si llegan muchas personas deben de hacer fila pero tomando distancia. La semana pasada se atendieron a más de 700 personas.
Asimismo, el profesor Alfonso Marcial, hizo un llamado a las personas que quieran donar con gusto se aceptan productos para preparar los desayunos, incluso muchas donaciones han sido anónimamente y con ello alimentan a cientos de personas a la semana.
Si desea apoyar puede llevar los víveres a Iturbide 212, colonia centro de la delegación de Ixtapa o bien pasar ahí para que se lleve el desayuno del día.
Ciudad de México. El Estado de México (Edomex) acumuló 17 mil 510 muertes violentas de mujeres de enero de 2015 a diciembre 2019, pero desde que inició la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad hasta el 15 de marzo de 2020 (casi cinco años), el gobierno estatal sólo ha conseguido 125 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio.
Esto de acuerdo con datos obtenidos por Cimacnoticias vía transparencia y lo que dio a conocer la Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la violencia de Género de Edomex, Dylcia Samantha García Espinoza de los Monteros, al participar en el foro nacional “El combate al feminicidio a ocho años de su incorporación al sistema de justicia: experiencias y desafíos”, que organizó la Cámara de Diputados.
La Fiscal informó que desde que se declaró la primera AVG en el Estado de México (en julio de 2015) hasta el 15 de marzo de 2020, se radicaron un total de 420 carpetas de investigación por el delito de feminicidio; 212 de ellas fueron judicializadas, de las cuales 125 terminaron en sentencia condenatoria. En el caso de las sentencias, en la mayoría consignó a los agresores a entre 40 y 88 años de cárcel y cuatro fueron vitalicias.
Al presentar los datos, la Fiscal señaló “Para acreditar con datos soportados que sí se puede tener acceso a la justicia (…) tenemos asuntos muy importantes como los de “los caníbales de Ecatepec”, que también ya han sido sentencias de condenas. Tenemos un gran éxito con otros feminicidas seriales y vamos muy bien, y vamos por más”.
Los asesinatos de mujeres superan por mucho el número de sentencias
De acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia, desde enero de 2015 hasta diciembre de 2019, la entidad mexiquense ha reportado 17 mil 510 muertes violentas de mujeres. La gran mayoría asesinadas con armas de fuego o armas blancas.
Sin embargo, la base de datos revisada por esta agencia reveló que la gran mayoría de esas muertes violentas fueron catalogadas como homicidios dolosos y no como feminicidio, ello a pesar de que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó por el caso Mariana Lima (asesinada en 2010 en el municipio mexiquense de Chimalhuacán) investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio.
Con base en los datos obtenidos vía transparencia, de las 17 mil 510 muertes violentas de mujeres contabilizadas desde 2015 y hasta diciembre de 2019, sólo 407 fueron registradas como feminicidio; esto quiere decir que sólo 2 de cada 100 asesinatos de mujeres en esa entidad se investiga como feminicidio.
Durante estos años, la entidad mexiquense ha contado con recursos millonarios para cumplir con los objetivos de la AVG, entre los cuales está, además de prevenir la violencia feminicida, garantizar la impartición de justicia para las víctimas.
Sin embargo, como documentó Cimacnoticias en el reportaje “En Edomex gastan dinero para AVG en camionetas y equipo de cómputo”, al menos dos de los municipios con más índices de violencia contra las mujeres en la entidad (Nezahualcóyotl y Chimalhuacán) han destinado estos recursos a la compra de camionetas y computadoras.
De acuerdo con esa investigación, Chimalhuacán recibió para atender la AVG de 2015 a la fecha un total de 2 millones 616 mil 451 pesos, en tanto que Nezahualcóyotl recibió tan solo en 2019 un total de 2 millones 249 mil 833 pesos, pero los ayuntamientos decidieron gastar el dinero de la Alerta en la compra de camionetas, camiones, impresoras, equipo de cómputo, pinta de bardas para campañas y carteles sobre la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En tanto, las familias de mujeres desaparecidas o asesinadas acusan a las autoridades municipales de revictimizarlas, ser omisas en las investigaciones, obstaculizar el aporte de pruebas y de negarles recursos económicos para que ellas hagan sus propias diligencias.
Al participar en el foro de la Cámara de Diputados, la Fiscal del Edomex reconoció que se requiere reforzar las instancias de procuración de justicia para conseguir la acreditación del feminicidio, ya que se necesitan fortalecer los datos de prueba de carácter científico dentro de las carpetas de investigación.
San Juan del Río, 21 Abril 2020.- En medio de la contingencia por el Civid-19 y el anuncio de la fase 3 de las medidas de contención de la epidemia, las enfermedades degenerativas y respiratorias, se han incrementado.
Lo anterior se desprende de la gran cantidad de gente que se aglomera diariamente en las unidades de medicina familiar y clínicas de salud, para que puedan obtener una consulta o recibir atención médica.
El personal de salud que atiende en la clínica del IMSS en el Boulevard Hidalgo, en San Juan del Río, refiere que incluso las gripas fuertes o diagnósticos respiratorios, se llegan a confundir con la portación del virus del Covid-19, si los pacientes no se han realizado la prueba.
Una de las problemáticas a las que se enfrenta una gran cantidad de gente, son las consultas y abastecimiento de medicamentos, al referir que muchas veces el médico les extiende la receta pero en farmacia no tienen las medicinas.
Imagen tomada de: rotativo.com.mx
Es precisamente en estos lugares donde existe un alto riesgo de contagio al covid-19, debido a que la mayoría de la gente es de condición baja y no tiene los recursos para poder obtener por lo menos el cubrebocas, debido a que también se trata de un productos que está agotados en muchos lugares y en otros el precio se ha elevado desproporcionalmente.
“Cómo vamos a traer cubrebocas si no hay en las farmacias y dicen que muchos venden en internet pero los precios son muy caros, no tenemos trabajo y apenas alcanza para el pasaje”, dijo una mujer que llevaba en brazos a su hijo y que pretendía ingresar a la clínica del IMSS para que lo vacunaran.
Las filas diariamente son grandes, en algunos lugares tienen que acudir desde varios días antes para que les toque cita y si se trata de una emergencia, no hay atención porque el personal médico está ocupado en atender los casos de Covid-19.
Ciudad Juárez –Los contagios por COVID-19 detectados en los centros de trabajo van en aumento en la ciudad. Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, reportó este lunes que se han registrado cuatro brotes en maquiladoras del estado de Chihuahua, de los que tres se desataron en Juárez.
El funcionario aseguró que esas plantas cerraron, pero no proporcionó más detalles sobre ellas.
Los datos de los brotes de coronavirus en maquiladoras se dieron a conocer al tiempo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal forzó el cierre de 14 empresas de carácter productivo no esencial; ocho de ellas con sede en Ciudad Juárez, el resto está en Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral
La dependencia federal informó que se activó un operativo en varias ciudades de la entidad para detectar a empresas que desafían el acuerdo del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, con relación a la pandemia provocada por el virus Covid-19.
En ese documento se específica qué sectores fundamentales de la economía puede continuar su actividad en medio de la pandemia, estos son:
1.- Las actividades para atender a la emergencia (médicos, paramédicos, servicios de salud integrales, abasto de medicamentos, manufactura farmacéutica, equipo médico, tecnología de la salud, sanitización, etc).
2.- Seguridad pública, soberanía y la defensa nacional, procuración e impartición de justicia y las funciones legislativas federal y locales.
3.- Sectores fundamentales de la economía (financiero, recaudación, energético, alimentación, tiendas de autoservicio y mercados, estancias infantiles, seguridad privada, telecomunicaciones, medios de información y servicios funerarios).
4.- Programas sociales del gobierno.
5.- Todo lo relacionado con la conservación y reparación de la infraestructura de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, gas, etc).
Toda actividad que no se encuentre en alguno de esos cinco puntos se considera como actividad no esencial y deben mantenerse sin actividades. Sin embargo, no todos lo cumplen.
Por al desafío a esa disposición, ocho empresas –en su mayoría maquiladoras– fueron obligadas por la STPS a suspender actividades en Ciudad Juárez este lunes, estas son: BPI Manufacturing Juárez, TPI Composites, Motores Electrónicos de Juárez, Hansuh Automotive de México, Controles de Temperatura, la tienda Coppel, NAPS-Juárez y el Centro de Rehabilitación Oral e Implantes Dentales.
En Cuauhtémoc, las empresas clausuradas son: Hermanos Batta, Grupo Remolques del Norte, Leoni Cable, Tu Mejor Agencia Automotriz, dio a conocer la dependencia.
La STPS informó que en Chihuahua se procedió contra Papel Kino y en Hidalgo del Parral, se obligó al cierre de Fundición Parral.
Los cierres forzados de empresas y los datos sobre los brotes de contagio en maquiladoras trascendieron en medio de quejas y protestas de empleados de varias compañías de la industria manufacturera que denuncian falta de medidas contra la pandemia, externan su temor a contagios y exhiben su inconformidad porque son enviados a casa con la mitad de su salario.
LOS BROTES, LOS CONTAGIOS
Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal, informó que hasta este lunes, 24 empleados de la industria manufacturera fueron contagiados por el virus, de los cuales 13 murieron, siete aún continúan hospitalizados y cuatro fueron dados de alta por tener una buena evolución.
El 14 de abril, Humberto Campos Favela, jefe de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer que 13 trabajadores la maquiladora Lear habían fallecido por Covid-19.
El brote en Lear, que ha causado casi la mitad de las 29 muertes por coronavirus reportadas en la ciudad hasta este lunes, fue el primero que trascendió públicamente.
Ahora se sabe que suman cuatro los brotes de coronavirus en maquiladoras. Aunque hasta ahora las autoridades no han revelado cuáles son esas industrias.
En los últimos días trabajadores de Regal, TPI Composites, Norma Group, Electro Componentes, y Honeywell han realizado paros de labores para exigir a sus directivos que cierren o extiendan el aislamiento por temor a contagios, debido a que varios de sus compañeros han contraído el coronavirus, de acuerdo con reportes periodísticos.
Los empleados de Regal protestaron este lunes porque su empresa les informó que deben regresar a trabajar este 23 de abril. Ellos pararon el 16 de este mes luego de que varios de sus compañeros presentaban síntomas de contagio por COVID-19.
Los trabajadores dicen que Regal informó que tres integrantes del equipo murieron presuntamente contagiados por el virus.
“Se sospecha que el coronavirus (Covid-19) puede haber contribuido a su muerte”, se lee en un mensaje que la empresa, ubicada en parque Río Bravo, supuestamente entregó a sus empleados para comunicarles que ya se han tomado las medidas con las que garantizan su salud y seguridad en la planta, con el fin de que regresen a sus labores este jueves.
En el escrito, la empresa que asegura se dedica a la fabricación de productos farmacéuticos, así como para aplicaciones de atención médica, alimentos y bebidas, no indica dónde se contagiaron sus trabajadores.
Los empleados de Electro Componentes de México en Ciudad Juárez, planta 1 y 2, también realizaron este lunes una manifestación frente a las instalaciones de la empresa en el Parque Industrial Juárez, en protesta porque aseguran que la maquiladora frenó su producción por el coronavirus y les informó que solo les pagará el 50 por ciento de su salario, que es de 185 pesos diarios.
El paro de actividades se mantendrá hasta el 4 de mayo, dijo una de las mujeres en la protesta. La empresa no se pronunció al respecto.
Los inconformes dicen que no pueden aceptar porque va en contra de lo que ha informado el gobierno y piden intervención de las autoridades laborales. Aseguraron que entre los manifestantes hay mujeres embarazadas y con padecimientos de hipertensión y diabetes.
Ante las protestas y la desobediencia de las empresas no esenciales, el delegado de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera De la Rosa, llamó a la concientización de los empresarios acerca la importancia de que el mayor número de personas se resguarden en sus casas y sigan los protocolos sanitarios que indica la Secretaría de Salud federal para evitar contagios.
“Hacemos un llamado y confiamos en el profesionalismo de las empresas maquiladoras para que se haga todo lo posible y que trabajen las que son estrictamente esenciales y con la menor cantidad de trabajadores. Las demás empresas que frenen operaciones para que los trabajadores se mantengan en sus casas”, afirmó.
Ximena Torres, Sebastián Sánchez, Daniela Luna y Arianne Chévez / Zona Docs
A las niñas y niños en México, históricamente, se les ha negado el poder decidir sobre su identidad de género. Los adultos consideran que no tiene conciencia ni capacidad para tomar esta decisión.
Quien también decide por ellas y ellos, es el Estado Mexicano porque, a la fecha, no existen leyes que reconozcan los derechos de las infancias trans, lo cual afecta todos los ámbitos de la vida de quienes se reconocen a sí mismos con un género diferente al que les fue asignado al nacer.
En México, sólo se puede ser niña o niño. La transexualidad, como una opción de identidad de género, no existe dentro de un sistema jurídico; en consecuencia, para niñas y niños trans no hay posibilidad de elegir y, mucho menos, el derecho que les garantice esa opción.
Socialmente hablando tampoco hay aceptación ni comprensión sobre la diversidad sexual, la cual incluye infinidad de manifestaciones cuyo centro reside en poder ser quien se desea.
A León Alexander, de 19 años; André, también de 19, e Itzel Adriana, de 21, fueron tres de esos niños a los que se les negó la opción de decidir su identidad de género a temprana edad.
Imagen tomada de: www.zonadocs.mx
En el caso de León, él recuerda cómo a sus cuatro años siempre completaba la frase: “cuando yo nazca niño…”, con todas las cosas que quería hacer.
Itzel Adriana, en cambio, jugaba a las muñecas y prefería los vestidos de sus primas en lugar de la tejana y pantalones que le ponía su papá.
André optaba por usar playeras, short y tenis cuando era pequeño, aunque su clóset estaba lleno de vestidos.
Para sus familias y el resto de la sociedad, no siempre fueron los hombres y mujeres que son ahora. Cuando a los tres les aclararon que el cuerpo con el que habían nacido les dictaba un camino diferente al que querían, se sintieron incómodos, incluso, llegaron a pensar que algo estaba mal en ellos y ellas.
Ese sentimiento llevó a León a pedirle a Dios, cuando estaba en la primaria, que le permitiera despertar con su cuerpo real. Sí con aquel que él se veía y sentía; sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que entendiera que el sexo de su cuerpo no tenía nada que ver con su identidad de género.
Fueron años de autoconocimiento, pero también de mucha violencia.
A León su papá lo corrió de la casa muchas veces siendo menor de edad, después, en la preparatoria, lo inscribió a una escuela católica para que lo “reformaran”, sin importar lo que fuera necesario.
André también sufrió en esa etapa y vivió muchos momentos deprimido en su cuarto, recuerda que en el colegio no podía ir al baño porque no era aceptado en el de hombres ni en el de mujeres.
Finalmente, a Adriana su papá la corrió de la casa a los 17 años, después de darle una golpiza por ser afeminada y verse como mujer.
HORIZONTES Y SIGNIFICADOS DE VIDA PARA LA COMUNIDAD TRANS EN MÉXICO
La esperanza de vida de las mujeres trans oscila entre los 30 y 35 años de edad, esto conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si esto se compara con la media mexicana de vida que es de 71.5 años, de acuerdo al Consejo Nacional de Población; una mujer trans en el país sólo puede aspirar a vivir la mitad de esa vida.
Por si esto fuera no poco, las mujeres (53.3%) y hombres trans (40.9%) en el país son los grupos de población a los que más se les han negado injustificadamente sus derechos por su identidad de género; así lo comprobó la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), realizada por el INEGI.
Sin embargo, el estigma y la discriminación que padecen las personas trans se hace más grave cuando se habla de la niñez, así lo considera Edgar Rosales, sexólogo por el Instituto Mexicano de Sexualidad (IMESEX) y director de la organización tapatía Familias en la Diversidad (FADIS); esto sucede así debido a la ignorancia sobre los diferentes conceptos de la sexualidad y una visión “adultocentrista”, se cree que los y las menores no tienen capacidad de elección sobre sí mismos.
“La niñez trans sigue estando en una situación de mucha mayor vulnerabilidad que la de los adultos y adultas trans. No hay una cartilla que reconozca específicamente sus derechos. El cambio de reconocimiento que existe a nivel legal sólo es para mayores de edad. Además, muchos profesionales no reconocen que la identidad de género en la niñez es una realidad”, explica Edgar.
Según el sexólogo, para entender esa realidad y la situación de la comunidad trans es necesario diferenciar cinco conceptos básicos de la sexualidad que están presentes durante toda la vida de los seres humanos: sexo, género, identidad de género, orientación sexual y expresión de género.
Ser conscientes de que el sexo es hormonal, gonadal y no tiene relación con ninguno de los demás conceptos, es la clave para entender que una persona puede haber nacido con ciertos órganos, pero su reconocimiento personal es independiente de ellos. Al igual que su género, orientación y expresión.
Edgar Rosales explica que los elementos básicos que conforman la sexualidad humana están presentes desde el nacimiento, pero que cuando éstos se manifiestan de manera distinta a lo que la sociedad impone como “normal“, las personas se confunden o entran en conflicto y terminan por creer que el reconocimiento de los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ sobre sí mismos es incorrecto; tal y como alguna vez se los dijeron a León, Andre y Adriana cuando eran niños.
La ENDOSIG también señala que casi la mitad de los hombres y mujeres trans encuestados (49.1%), identificaron su identidad de género no normativa durante la infancia.
Además de esto, los niños y niñas están sujetos a las expectativas que sus padres y tutores tienen sobre sus cuerpos y vidas. A veces, desde antes de su nacimiento, en forma de fiestas de revelación de sexo en las que el rosa y el azul inundan los espacios.
Las expectativas son una carga muy fuerte para los y las menores y, muchas veces, se vuelve la primera manera de reprimir su identidad de género, lo cual genera que las personas vivan una autodestrucción, procesos de depresión, situación de calle e, incluso, suicidio.
“Cargar a mi hijo con expectativas fue algo que yo viví. Nació y como mamá ya me lo había imaginado a los 20 años, ya sabía qué iba a estudiar, a lo que se iba a dedicar, si iba a tener hijos. Hice la historia sin darle oportunidad de elegir nada. Ese era mi problema y fue el duelo más difícil cuando él empezó su transición a los 17 años”, cuenta Lourdes Castellanos, mamá de André.
Ella y su esposo Fausto reconocen que no sólo Andre transicionó, sino que también ellos pasaron por un proceso lleno de emociones complicadas para comprender la situación de su hijo y poder darle todo el apoyo que necesitaba. “Cuando nos dijo que era un hombre trans nosotros ni siquiera sabíamos lo que eso significaba”, recuerda Fausto.
Pero este caso es extraordinario, explica Izack como hombre trans y presidente de Impulso Trans A.C., una asociación que trabaja en pro de los derechos de esta comunidad en Guadalajara.
La habitual incomprensión del tema por parte de los papás y mamás, provoca que las niñas y niños trans no tengan un espacio seguro en casa y sean víctimas de violencia psicológica, económica y hasta física. Además de tener que enfrentarse a las instituciones en soledad.
Los datos de la ENDOSIG 2018, muestran que tener una identidad de género no normativa produce mayores niveles de rechazo familiar respecto a una orientación sexual diversa. Además que los padres y madres son quienes más rechazan o se disgustan, con 69.3% y 63%, respectivamente.
EN JALISCO, LEGALMENTE, LAS NIÑAS Y NIÑOS TRAS NO PUEDEN TENER IDENTIDAD
En México, los niños y niñas no pueden rectificar su identidad de género ante instancias legales. A pesar de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declarara en su Opinión Consultiva OC-24/17, que:
“en lo que respecta a la regulación de los procedimientos de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, los niños y las niñas son titulares de los mismos derechos que los adultos y de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana”.
Lo más cercano a lo que señala la CIDH en México, es una iniciativa presentada en la Ciudad de México en noviembre de 2019, que quedó en pausa después de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sugiriera una revisión de organismos internacionales.
Edgar, León, Adriana, Andre y toda la comunidad trans en Jalisco, no sólo tuvieron que esperar a ser mayores de edad para pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, sino que además tuvieron que viajar a la CDMX para hacerlo.
El Código Civil del Estado de Jalisco no contempla el procedimiento y, en consecuencia, atenta contra todos los demás derechos de las personas.
“El niño trans más chiquito que yo conozco tiene ocho años, que tenga que esperar hasta los 18 para que el gobierno diga ‘ah sí, sí eres válido’ no está bien. A mí me pesó es tiempo que esperé y fueron dos años. Si hubiera podido, hubiera hecho el cambio antes”, cuenta Andre.
Según Izack sí han habido propuestas para legislar el tema en el estado, pero a los representantes del Congreso de Jalisco les falta voluntad política para sacarlas del congelador.
Esto provoca dos escenarios violatorios de derechos humanos de la comunidad trans, pues quienes no tienen recursos para viajar a la Ciudad de México no tienen acceso a una identidad de género con reconocimiento legal; mientras que quienes sí pueden hacer esa travesía y obtienen el reconocimiento legal no lo pueden hacer válido en Jalisco, ya que aquí se enfrentan a señalamientos y humillaciones en cada institución pública a la que tiene que ir para homologar sus dos actas de nacimiento.
La familia de André tuvo que demandar a uno de los Registros Civiles de Guadalajara y presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDH), para que aceptaran la rectificación de su acta. Eso hizo que el costo de todo el trámite (el viaje a la CDMX y los abogados en Jalisco) se elevara de 4 mil hasta 12 mil pesos.
Otro caso es el de León Alexander, que ha perdido dos cuatrimestres de su carrera en psicología porque el bachillerato en el que estudiaba no ha emitido su nuevo certificado de preparatoria.
En cuanto a los servicios de salud para someterse a un tratamiento hormonal o una cirugía de reasignación de sexo, las instituciones públicas también han sido omisas en la atención tanto a adultos y adultas como niños y niñas.
En 2018 Impulso Trans y FADIS promovieron en conjunto el “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual y Guías de Atención Específicas”.
Aun después de esto, las organizaciones jaliscienses han registrado casos en los que se le niega el servicio a la población trans, se demora el tratamiento solicitado hasta dos o tres años o se les dirige a las personas a psiquiatría, esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad desde 2018.
“Como el personal de salud no conoce el protocolo, es casi de suerte que no te toque un doctor que piense en la identidad de género como una enfermedad. Por eso el acompañamiento médico que ofrecemos en FADIS e Impulso Trans es sobre todo en el ámbito privado” explica Edgar.
Una persona que sigue al pie de la letra el tratamiento hormonal y va al médico con regularidad puede gastar hasta tres mil pesos cada tres meses, como la familia de Andre.
A otras mujeres y hombres no les queda más que asumir el riesgo de automedicarse para gastar menos dinero. En ambos casos, los servicios de salud pública son los que deberían de solventar el costo de las transiciones y dar el seguimiento médico necesario derivado del uso de hormonas. Por ejemplo, cuidar la reacción que pudieran tener en combinación con otras medicinas o indicar la reducción de ingesta de alcohol.
El avance para visibilizar a la comunidad trans mexicana es lento en todos los ámbitos.
Ante ese escenario, los derechos de niños y niñas quedan en una situación muy vulnerable, donde las organizaciones de la sociedad civil y las familias que transicionan para apoyar a sus hijas e hijos son la opción para este sector de la población hasta ahora ignorado.
Samuel Adam y Daniel Melchor/MCCI / Animal Político
Trabajadores de Grupo Salinas señalan que pese a que se registraron cinco casos de COVID-19 en sus oficinas deben acudir a trabajar, aunque empresas no realizan actividades que se consideren esenciales.
En las oficinas de Grupo Salinas habría cinco casos de COVID-19, según denuncian colaboradores de la empresa Elektra. Estos contagios corresponderían al mes de abril.
Sin embargo, los empleados en las tres torres del consorcio, que albergan en promedio a 3 mil personas, continúan asistiendo a trabajar, lo que podría constituir un incumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el gobierno para evitar más contagios.
Además, fotografías obtenidas por MCCI a través de empleados de Grupo Salinas, muestran cómo trabajadores de limpieza improvisaron equipo de protección con bolsas de basura para sanitizar la zona donde supuestamente trabajaron los contagiados. De acuerdo con testimonios, las imágenes fueron tomadas el viernes 3 de abril.
En el corporativo conocido como Torre Esmeralda, ubicada al sur de la Ciudad de México, trabaja personal de Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca e Italika, todas empresas de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
En un grupo de WhatsApp donde están directivos de Elektra, la directora general de Recursos Humanos, Ángela Sofía Cárdenas Yeogusuku, confirmó el 8 de abril que tres trabajadores de la Torre 3 se habían contagiado de COVID-19.
MCCI tuvo conocimiento de las conversaciones de esos chats a través de propios empleados de Elektra. Además de los chats de Cárdenas, una de las fuentes confirma al menos tres casos dentro de esta empresa en la Torre 2.
Pocos días después, el pasado 13 de abril, Cárdenas anunció a los directivos la existencia de dos casos más en el piso 8 de la Torre Esmeralda 2, que corresponden a trabajadores de Grupo Elektra.
“Tenemos dos casos confirmados en el piso 8, los cuales han sido reportados (…) Se realizó el fin de semana el proceso de limpieza y hoy se está haciendo el de sanitización (debió ser el fin de semana, pero no sucedió)”, escribió Ángela Sofía Cárdenas el lunes 13 de abril, de acuerdo con testimonios de otros colaboradores de Grupo Salinas que tuvieron acceso a esa conversación de WhatsApp.
“Las personas que se sentaban cerca de las personas confirmadas como positivo, están desde casa evaluando síntomas y se reincorporan en caso (sic) no tengan nada, a fines de esta semana”, dijo Cárdenas a pesar de que las autoridades sanitarias recomiendan estar completamente aislado al menos dos semanas.
MCCI logró identificar que el chat está conformado por Fabrice Deceliere Márquez, Director General de Elektra; Elisardo Antonio Pérez de Mata, Director de Área de Excelencia Operativa; Ana Elia Calderón Merino, Jefa de Negocios, y la propia Ángela Cárdenas, entre otros directores, de los que MCCI corroboró que trabajan en el grupo.
A pesar de que las autoridades anunciaron la Fase 2 el 24 de marzo, los empleados de Grupo Salinas siguieron trabajando, aunque sus servicios no son considerados actividades esenciales, excepto el servicio de banco. El personal de TV Azteca, que como medio de comunicación debería entrar en la categoría de actividad esencial, y que también forma parte de ese consorcio, no labora en Torre Esmeralda.
Una de las medidas que Grupo Salinas tomó para proteger a los empleados es que las distintas empresas que albergan las tres torres tengan diferentes horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones. También se determinó que personas vulnerables trabajaran desde casa vía remota.
Durante la segunda semana de abril, el equipo de limpieza fue asignado para limpiar la zona donde trabajó un empleado infectado de Banco Azteca en la Torre Esmeralda Tres, dijeron las fuentes.
En fotografías obtenidas por MCCI se observa que el personal acudió con instrumentos básicos de limpieza. En total, se ven cinco personas con bolsas de basura en el cuerpo, cubrebocas de tela, y con los ojos descubiertos en vez de protección de material especial. Al mismo tiempo se observa a oficinistas, sin protección alguna, dentro del lugar donde están desinfectando.
Personas identificadas plenamente por MCCI solicitaron el anonimato para relatar las condiciones laborales en las que se encuentran en Grupo Salinas durante la pandemia, mismas que confirmaron los contagios en Torre Esmeralda.
Una empleada de Elektra, que trabaja para esa marca desde hace más de 6 años, comenta que el estrés entre los trabajadores ha crecido desde que se conoció el primer infectado de coronavirus en la torre 3.
“Hay mucha gente indignada en la empresa. Da tristeza que no se preocupen por los empleados. Yo, por ejemplo, vivo en casa de mis papás. Y mi papá tiene diabetes”, comentó.
De acuerdo con la empleada, al menos dos de sus colegas ya rentaron un departamento cerca del trabajo para no arriesgar a sus familias.
Otro trabajador de Elektra señaló que distintas secciones, de manera independiente, se habían puesto de acuerdo para trabajar en su mayoría desde casa, ya que, calcula, alrededor del 80 por ciento del trabajo administrativo puede hacerse vía remota.
Sin embargo, luego de los comunicados de Grupo Salinas respecto a que la que la mejor manera de combatir la pandemia era trabajando, los empleados tuvieron que volver a las oficinas.
El pasado viernes 17 de abril, en el noticiero nocturno de TV Azteca, que forma parte de Grupo Salinas, el conductor Javier Alatorre hizo un llamado a no hacer caso a los números que diariamente reporta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
MCCI buscó la versión oficial de Grupo Salinas a través de su departamento de comunicación vía e-mail y teléfono, sin embargo, hasta la publicación de la nota hayan contestado. También se buscó a Ángela Cárdenas, Directora General de Recursos Humanos de Elektra, tanto en su extensión como en el celular de la empresa, y tampoco se obtuvo respuesta.
Debido al desabasto de medicinas para la atención a niños con cáncer, en el Instituto Estatal de Cancerología (IEC), padres de los menores temen que sus hijos puedan tener un retroceso en su tratamiento, advirtieron familiares de los pacientes.
Además, “el medicamento lo estamos comprando y es caro”, dijo Verónica Mendoza Rodríguez, familiar de un paciente, quien indicó que esta semana los niños necesitarán medicinas, pero hay desabasto.
Añadió que “el director del Instituto dice que el problema de desabastoes a nivel nacional, pero se necesita que haya medicamento suficiente para los niños, porque hay quienes llevan avance en su tratamiento y van a retroceder”.
Indicó que “son varios los medicamentos que se requieren, sobre todo aquellos que componen las quimioterapias, aunque también hay uno que los niños necesitan cada semana”. Dijo que son aproximadamente 30 pequeños afectados por el desabasto.
“No les otorgan el medicamento desde la semana pasada y no se abastece a todos los niños”, señaló.
Otra madre de familia señaló que “mi hija no ha llevado las quimioterapias necesarias por la falta del medicamento. Cuando no es por una cosa es por otra (el desabasto), primero por el cambio de gobierno y ahora por el coronavirus, en sí no se han tenido las quimioterapias, porque no hay todo el medicamento que necesitan llevar”.
En el contexto de la crisis económica y la contingencia sanitaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló los recursos destinados al Programa de Becas 2020 del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, denunciaron los beneficiarios.
Por ello manifestaron su inconformidad ante la decisión, ya que afecta a 78 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado provenientes tanto del Instituto como de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.
Los estudiantes exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología la reanudación “inmediata” del Programa de Becas y el descongelamiento de los recursos asignados para su formación académica. Además de señalar de “acuciante” el retiro financiero, dado que “vulnera” su condición de estudiantes en plena pandemia provocada por el SARS -CoV-2.
Y es que, de acuerdo con el convenio firmado el pasado 4 de febrero, “el carácter de los estudiantes de tiempo completo” consiste en no contar con otro apoyo similar, otro trabajo o tener un cargo o contrato como prestador de servicios profesionales en la administración pública federal, indica el comunicado de los afectados.
El retiro de los recursos los sitúa en “un funesto panorama” dado que “se dificulta el ejercicio laboral o la solicitud de otros recursos para nuestra manutención y solvencia económica”. Por lo que se verán afectados no sólo en el ámbito académico sino también familiar, al ser “despojados” de su sustento para vivir, señalaron.
Vecinos de la colonia Parake Buenavista ignoran sana distancia y bloquean Ermita Iztapalapa. / Foto: José Antonio García.
José Antonio García / Excelsior
Vecinos de la colonia Paraje Buenavista, alcaldía de Iztapalapa, indicaron que desde hace 90 días no cuentan con el líquido y tienen que pagar hasta mil pesos por una pipa
Vecinos de la colonia Paraje Buenavista bloquean la circulación vehicular de la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la avenida Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.
Denunciaron que desde hace 90 días no tienen agua, además, los cobros excesivos en el suministro de agua a través de pipas. Los afectados aseguran que están pagando entre 800 y mil pesos por una pipa de agua.
Aseguraron que en la colonia Buenavista viven aproximadamente 15 mil personas, pero también hay escasez en las colonias aledañas, por lo que podría llegar a 30 mil el número de afectados por la falta de agua.
Pidieron una reunión con la alcaldesa Clara Brugada, autoridades del gobierno central y con el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
Se trata de alrededor de cien personas que permanecen en la calzada Ermita Iztapalapa.
la delegada federal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera. Foto: Twitter @NancyOrtizOax
OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades municipales de la región de la Costa calificaron de “irresponsable” e “insensible” a la delegada federal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, por realizar eventos masivos sin respetar las medidas de prevención y mitigación para evitar el contagio de covid-19.
Por tal razón, “hacemos directamente responsable de propagar el virus en nuestra comunidad” a la delegada federal Nancy Ortiz Cabrera y por poner en riesgo a la población cuando “se dice que en dicho evento (realizado el viernes 18 de abril en Santa María Huatulco) existe la confirmación de un caso positivo de covid-19.
El comunicado está firmado por las autoridades municipales de Candelaria Loxicha, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santa María de Morelos, San Miguel del Puerto, San Pedro Pochutla y Pluma Hidalgo, quienes hacen un llamado contundente a Nancy Ortiz Cabrera para “responder por esta acción tan irresponsable, insensible y, sobre todo, demostrando poco respeto al bienestar que promueve nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.
OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades municipales de la región de la Costa calificaron de “irresponsable” e “insensible” a la delegada federal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, por realizar eventos masivos sin respetar las medidas de prevención y mitigación para evitar el contagio de covid-19.
Por tal razón, “hacemos directamente responsable de propagar el virus en nuestra comunidad” a la delegada federal Nancy Ortiz Cabrera y por poner en riesgo a la población cuando “se dice que en dicho evento (realizado el viernes 18 de abril en Santa María Huatulco) existe la confirmación de un caso positivo de covid-19.
El comunicado está firmado por las autoridades municipales de Candelaria Loxicha, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santa María de Morelos, San Miguel del Puerto, San Pedro Pochutla y Pluma Hidalgo, quienes hacen un llamado contundente a Nancy Ortiz Cabrera para “responder por esta acción tan irresponsable, insensible y, sobre todo, demostrando poco respeto al bienestar que promueve nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Y agregaron:
“No vamos a poner en riesgo a nuestros ciudadanos (por lo que pedimos) que la autonomía de los municipios debe ser respetada y más ahora cuando el trabajo en equipo y la comunicación son la clave principal para superar esta pandemia”.
Entrega de apoyos sin aviso
Resaltaron que en la costa oaxaqueña han tomado muy seriamente las medidas establecidas por el gobierno federal y estatal para prevenir durante esta emergencia sanitaria la propagación del covid-19, “por lo tanto no podemos tolerar cuando una autoridad de cualquier índole, viole estas medidas de seguridad”.
Cuestionaron que durante estos días y sin previo aviso a las autoridades municipales se realizó la entrega de apoyos económicos del programa federal “Producción para el Bienestar”, sin tomar en cuenta las medidas de sana distancia que la misma secretaría de Salud del gobierno de México han establecido.
“Como municipios estamos a favor de que los ciudadanos reciban los apoyos que tanto necesitan, pero totalmente en contra de exponer la salud de los beneficiados, si esta entrega de apoyos hubiera sido comunicada, se les brindaría como siempre todas las facilidades y personal de seguridad para cuidar debidamente a la ciudadanía”.
Cabe mencionar que esos eventos masivos se han replicado en la mayor parte del estado en plena pandemia, razón por la que la delegada federal ha sido duramente cuestionada.
Incluso a través de su cuenta de Twiter la funcionaria ha llamado a respetar la política de sana distancia implementada por el gobierno federal.
*Personal médico tiene miedo de contagiarse y morir por hacer su trabajo; lo peor, sería lamentable que fuera por falta del equipo. | *Protestan en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” y en el de Tuxtepec donde no hay equipo.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “Aquí todos tenemos miedo de contagiarnos de COVID-19, de enfermarnos y hasta de morirnos porque también somos padres, tenemos hijos y tenemos familia.
“Aquí trabajamos para salvar vidas humanas y lo único que pedimos es que nos den equipo de calidad y en cantidad para hacer nuestro trabajo”, clamó el personal médico del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”.
En tanto, el personal médico del Hospital Regional de Tuxtepec realizó una protesta para emplazar a las autoridades de Salud a que en un término de 72 horas les doten de equipo necesario para hacer frente al Coronavirus; de lo contrario, realizarían un paro de labores por la falta de insumos para seguir en la primera línea contra esta pandemia.
En una conferencia de prensa en la capital oaxaqueña, directivos y profesionales médicos del Hospital Civil de Oaxaca volvieron a desmentir al gobernador Alejandro Murat Hinojosa respecto al supuesto robo que denunció y a la entrega de equipo que dice entregar cuando el 70% de los insumos con que cuentan es resultado de donaciones.
En ambos hospitales refirieron que el personal médico se ha visto disminuido porque tan solo en el Hospital Civil se fueron 300 trabajadores por cuestiones de salud o de edad al ser vulnerables al COVID-19 y en el de Tuxtepec de los 450 trabajadores el 60 % se retiró por las mismas medidas.
Entonces, si de por sí ya se ha visto disminuido el personal de Salud, qué podría pasar si se contagia el personal médico que se encuentra en la primera línea para combatir el COVID-19, que la población se quedaría sin protección.
LAS CARENCIAS EN EL CIVIL
El subdirector del Hospital Civil, Marco Adulfo Barroso Rojas, dijo que ante la pandemia, la dirección tuvo a bien implementar acciones para el combate del COVID-19 como instalar, desde hace 3 semanas, un consultorio que está en la parte externa.
Además, dijo, “se está implementando un área de hospitalización que es atendida por médicos de medicina interna; sin embargo, esta área no está habilitada porque nos hacen falta recursos para la apertura. Están los médicos, las enfermeras, los camilleros y personal de limpieza pero nos faltan insumos para abrir el área”.
A su vez, jefe del servicio Pediatría, Alberto Paz Pacheco, manifestó su preocupación por las declaraciones del gobernador Alejandro Murat, y del titular de Salud, Donato Casas Escamilla, porque en ningún momento mencionan al hospital como área COVID.
“Menciona al Hospital de la Mujer, de Especialidades y de la Niñez, pero nosotros somos el hospital de referencia y es donde llega la gran cantidad de pacientes como primer contacto”.
La realidad es que “sí vamos a atender nacimientos con mamás con COVID confirmado o sospechosos y eso nos preocupa porque el Hospital de la Mujer no está habilitado para eso y en el momento que tengamos los primeros nacimientos con alto riesgo nos vamos a meter en un gran conflicto y el conflicto está porque no se cuenta con el equipo de protección”.
QUEREMOS ATENDER A PACIENTES, PERO CON EQUIPO
Aclaró que “el personal no se opone a atender a los pacientes, los que preocupa es que no se cuenta con el equipo de protección”.
Detalló que “de pronto las autoridades mandan equipo y lo que ha recibido es material o equipo de donación, el 70% del equipo es de donación y muy poquito de las autoridades federales y aún así se intenta trabajar”.
Entonces, “la postura del servicio de pediatría es que sí trabajamos pero no se cuenta con equipo. Si tenemos un paciente con COVID, un solo paciente tendrá que consumir 20 o 24 horas y no se cuenta con equipo, lo que no queremos es que vaya a fallecer ningún paciente”.
El médico Alfonso Yuri Roldan mencionó que aunque “Oaxaca está entrando más tardío en esta epidemia, si llegamos a tener muchos casos, los Hospitales de la Mujer y de Especialidades pudieran no ser suficientes por esa razón es importante que este hospital sea abastecido de insumos.
De entrada, dijo, “estamos preocupados porque cerca de 300 trabajadores de este hospital se tuvieron que retirar por cuestiones de salud o de edad y eso hizo que personal de este hospital se vea disminuido y para que el personal no se pueda enfermar, estamos solicitando a las autoridades nos den el equipo necesario para poder trabajar y atender a los enfermos”.
Y es que “además del equipo, el hospital tiene muchas carencias, no tenemos soluciones, algo tan sencillo y básico para la atención de un enfermo carecemos de ello”.
INSUMOS INSUFICIENTES
Considera que “no es suficiente los insumos que les dan, es para pocos días. El motivo es que estamos preocupados de cuidar al personal de Salud que de por sí ya estamos menguados ahora que nos den el equipo necesario para apoyar al pueblo de Oaxaca”.
El jefe de servicio de Medicina Interna, Miguel Ángel Cruz Reyes, reconoció que “no tenemos para atender a pacientes de rutina, a los el día a día, a los traumatizados, infartados, con VIH, pacientes con patología oncológica, embarazadas, si no tenemos para solventar esos pacientes, menos para pacientes tipo COVID”.
Insistió en que “nadie se niega atender pacientes, lo que exigimos es equipos de calidad como marcan las normas internacionales en tiempo y forma, suficiente no solo por una semana sino por todo el tiempo que dure la contingencia.
“Oaxaca, no solo por estar en el sur, merece menos y mucho menos en calidad y cantidad que otros estados, somos México y somos exactamente iguales”.
Entonces, lo que “necesitamos es apoyo para cuando seamos designados como área COVID y tengamos lo suficiente para trabajar”.
PROTESTA EN TUXTEPEC
Finalmente, la subdelegada del sindicato de Salud en Tuxtepec, de la Sección 35, Irene Cruz Cruz, manifestó que hoy trabajadores del Hospital Regional de Tuxtepec realizaron una protesta para “alzar la voz” para exigir a las autoridades dotación de equipo para su protección.
Luego de que ya les fue notificado un caso de Coronavirus en Tuxtepec han solicitado a la dirección guantes, cubrebocas y más equipo porque lo que les llega solo les alcanza para un día.
“Con el material que sobreviven es el que ha donado la sociedad civil porque lo que les llega de la institución solo es por un día, entonces, decidimos ejercer presión porque ya estamos trabajando con pacientes positivos de Coronavirus”, remató la enfermera.
A través de una denuncia pública, la extitular de la instancia de la Mujer de Tlacolula de Matamoros, Christian Montserrat Matías Díaz, señaló al presidente municipal de dicho ayuntamiento, Carlos León Monterrubio, como autor intelectual de tentativa de feminicidio en su contra.
Matías Díaz, quien es también activista feminista, fue golpeada la mañana del lunes por dos mujeres con aspecto de origen centroamericano, quienes durante la acción le indicaron que habían sido enviadas por el edil, mismo que en otras ocasiones ha sido señalado por actos misóginos.
De acuerdo a lo informado, fue alrededor de las 11:00 horas cuando cinco personas dos mujeres y tres hombres, ingresaron a su negocio en donde vende alimentos. Tras recibir el servicio los hombres se retiraron, mientras que las mujeres se quedaron y la agredieron físicamente.
Posterior a ello, elementos de la policía municipal le indicaron que se presentara a interponer su denuncia ya que habían logrado la captura, sin embargo, minutos más tarde por instrucciones del comandante Jorge Roque Altamirano, dejaron libres a las agresoras.
A través de su cuenta en Facebook, Matías Díaz hizo un llamado a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña.
“Hoy estoy preocupada porque esta lucha por el derecho de las mujeres, pueda significar un riesgo para mi vida ya que por la mañana fui cobardemente golpeada por dos mujeres que bajo la frase: traemos órdenes del presidente de madrearte, me agredieron pretendiendo terminar con mi vida. Esto ocurrió a plena luz del día, frente al Palacio Municipal y frente a mucha gente que transita por estas calles. Quizá sea esto lo más preocupantes, que puedo contar esto gracias a la oportuna intervención de un amigo, sin embargo, la policía municipal fue testigo y cómplice de estas agresiones”, señaló.
Matías Díaz, fue una de las mujeres que se pronunció en contra de las actitudes misóginas del edil que se hicieron públicas por un video circulado en redes sociales en las que el munícipe alardeaba de haber tenido muchas parejas y posteriormente calificarlas como pendejas. Por este hecho el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un llamado al León Monterrubio para que ofreciera disculpas públicas.
“Yo sólo deseo no ser una cifra, no ser una más, deseo que esto se investigue sin corrupción y se llegue hasta los autores intelectuales de esta agresión, de este intento de feminicidio y que mi vida y seguridad pueda ser garantizada”, expuso.
Esta agresión, se suma a los actos intimidatorios que ha lanzado el munícipe contra quienes han cuestionado su actuar. Cabe hacer mención que en fechas pasadas también interpuso una demanda penal en contra de la activista feminista Elizabeth Sánchez.
No se les permite descender ni hacer cambio de guardia ante la crisis de Covid-19, el departamento de Sanidad Internacional no les da respuesta
Técnicos, ingenieros, personal de apoyo, mantenimiento e incluso médico que laboran en las plataformas del sistema de extracción Arenque / Antonio Sosa
Técnicos, ingenieros, personal de apoyo, mantenimiento e incluso médico que laboran en las plataformas del sistema de extracción Arenque, localizadas frente a las costas de Tamaulipas, y las ubicadas en la zona de fondeo del Puerto de Tampico, aseguran que llevan más de 40 días sin poder descender a tierra.
La negativa para que bajen de las estructuras es por parte de las autoridades de Sanidad Internacional de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, al argumentar que se trata de una medida aplicada por la crisis de coronavirus que se vive en el mundo.
“Habemos quienes llevamos a bordo 31 a 52 días, pero por causas del Covid-19 Sanidad Internacional de Tamaulipas no autorizan el desembarque del personal de estas tres unidades ni el embarque del personal de relevo” refirió a El Sol de Tampico uno de los obreros atrapado en la plataforma, quien pidió no revelar su identidad.
En la comunicación vía WhatsApp precisa que “afortunadamente nos encontramos sanos, sin brote de este virus a bordo”.
Aseguraron que han solicitado al Director de Sanidad Internacional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Tamaulipas, Oscar Luis Teran Lara, el desembarque “pero no ha sido recibida la autorización”.
Los desesperados integrantes de la tripulación hicieron un llamado a las autoridades sanitarias para que autoricen el cambio de guardia del personal que en su mayoría han superado el mes abordo de esta estructura petrolera.
El Sol de Tampico buscó la postura del área del titular de Sanidad Internacional de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en Tampico, pero se negaron a establecer los motivos de la negativa de desembarco, si es que se detectó algún caso positivo y la cantidad de personas que permanecen a bordo de plataformas.
ARENQUE
El sistema Arenque es operado por la empresa Pretrofac, contratista de Pemex, ubicadas sus plataformas en el Golfo de México a unos 35 kilómetros frente a la costa tamaulipeca. Cubre una superficie de 2,035 kilómetros cuadrados; contiene los campos Arenque, Lobina, Jurel, Merluza y Náyade.
FONDEADAS
En tanto la plataforma Bicentenario arribó al área de fondeo del Puerto de Tampico el 25 de Septiembre del 2018; la Centenario, el 16 de junio 2018; y La Muralla IV el 19 de marzo de 2019, según la Hoja de Programación del Puerto de Tampico.
Las estructuras fondeadas se encuentran en espera de indicaciones para entrar en operatividad por lo que tienen solo el personal indispensable para su mantenimiento.
14 migrantes en el albergue Nazareth, de Nuevo Laredo, se contagiaron tras la llegada de otro deportado procedente de Houston, Texas, que desconocía ser portador de la enfermedad.
La Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas informó sobre 16 migrantes dieron positivo en el test por COVID-19. De ellos, 14 estaban alojados en el albergue Nazareth, de Nuevo Laredo, donde se contagiaron tras la llegada de otro deportado procedente de Houston, Texas, que desconocía ser portador de la enfermedad.
La Secretaría de Salud local denunció que desde el 20 de febrero fueron enviados por el gobierno estatal al menos 20 oficios a la Secretaría de Gobernación de la República y al Instituto Nacional de Migración (INM), sin recibir respuesta.
En los últimos días, el padre Julio López, director del albergue, venía denunciando que las autoridades de Estados Unidos estaban deportando sin control médico ni pasar por filtros sanitarios. El 14 de abril se vio obligado a cerrar temporalmente la Casa del Migrante por miedo a que se produjesen contagios.
Animal Político consultó al INM sobre el brote en el albergue de Nuevo Laredo pero al cierre de la nota no había recibido comentarios.
Según hizo público la Secretaría de Salud en un comunicado, los casos confirmados hasta el momento corresponden a 6 migrantes originarios de Honduras, 1 de Guatemala, 3 de Cuba, 1 de Camerún, uno sin identificarse su nacionalidad y 4 mexicanos.
De los positivos en el albergue, 13 corresponden a hombres y 2 son mujeres, según la Secretaría de Salud.
En Tamaulipas hay 193 casos confirmados y 5 víctimas mortales.
En el albergue de Nuevo Laredo se realizaron muestras a 42 migrantes más, así como a personal de atención que se encontraba en el mismo albergue, para comprobar o descartar más contagios.
El otro caso confirmado corresponde un migrante de nacionalidad mexicana de 21 años, originario de Michoacán y con residencia en Querétaro. Según la Secretaría de Salud de Tamaulipas fue repatriado por la frontera de Reynosa el pasado 17 de abril, procedente de Atlanta, Georgia, el cual ya fue trasladado por el Gobierno del Estado a esa entidad. En este caso, el migrante fue identificado en el filtro de sanidad en el puente internacional de Reynosa.
Los 15 migrantes con positivo a COVID-19 se encuentran aislados y se continuará realizando tomas de muestra al resto de la población del albergue, dijo la secretaría de Salud.
A consecuencia de la crisis sanitaria Estados Unidos decretó el cierre de la frontera para cruces no esenciales. Además, desde el 21 de marzo devuelve a todos los migrantes que son sorprendidos tratando de cruzar irregularmente la frontera. México no solo acepta la devolución de sus connacionales, sino que también está permitiendo que sean expulsados a su territorio guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
Esta política de devolución exprés ha provocado una crisis en los albergues del norte, que denuncian que carecen de infraestructura para mantener la distancia y la higiene con las que se combate el COVID-19. Muchos de ellos, como la casa del migrante Nazaret, cerraron sus puertas para evitar contagios, pero no lograron evitar que el virus llegase a su interior.
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil promovieron un amparo ante Juzgados de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México contra las negligencias cometidas para salvaguardar la salud e integridad de las personas migrantes –solicitantes de protección internacional– detenidas en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en el contexto de la contingencia sanitaria de la pandemia de Covid-19.
La acción jurídica busca que el Poder Judicial de la Federación visibilice las omisiones cometidas por parte del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, el INM, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, respecto a las medidas que se deben de adoptar para garantizar los derechos humanos de los migrantes durante la situación pandémica.
Dicho amparo también busca que se pronuncie la libertad de los migrantes con las garantías de acceso a la salud, a la información, a la seguridad, a la protección y a la no discriminación; así como la suspensión de las detenciones migratorias en el país en estaciones y estancias provisionales del INM que no respetan las medidas de higiene.
Desde que se declaró la alerta sanitaria en México, las organizaciones de la sociedad civil han insistido en la liberación inmediata de todos los migrantes y solicitantes de protección internacional (incluidas mujeres embarazadas, niñez, adolescencia y personas de la tercera edad) que se encuentran detenidas.
Cabe señalar que el pasado 14 de abril, la Organización Alma Migrante, AC, promovió el juicio de amparo 278/2020 en la misma línea en Tijuana, Baja California, que fue resuelto el 16 de abril –con vigencia en todo el país–, ordenando “implementar acciones urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas migrantes que se encuentran alojadas en centros o instalaciones migratorias, con independencia de sus denominaciones, atendiendo a los estándares internacionales que involucran a personas migrantes”.
Es de destacar que la cifra de contagio aumentó el viernes al sumar ya los 19 casos en el municipio, sin embargo fue hasta el sábado que se confirmó que de los 19, nueve correspondían a personal médico, lo que representa que casi 1 de cada 2 contagios
Equipo Editorial / UDGTV
Luego de que la Secretaría de Salud Jalisco confirmó dos casos más de personal médico contagiado con el COVID-19 en Puerto Vallarta, por lo que el número se eleva a 9 de los 19 existentes en este destino de playa, esto se traduce a que prácticamente uno de cada 2 infectados corresponde a trabajadores del sector salud.
Y esto se debe a que el personal médico es un grupo de riesgo por estar en contacto constante con personas posiblemente infectadas.
Y es que en sus más recientes reportes, la Secretaría de Salud dio a conocer que de los casos confirmados de coronavirus SAR-CoV-2 o mejor conocido como Covid-19, nueve se han registrado entre personal de salud, todos ellos en Puerto Vallarta, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas.
Por tal razón, es que en este nuevo esquema de pruebas de detección implementada por el gobierno del estado, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, todo personal médico en el estado en contacto con la atención de esta enfermedad será sometido a pruebas, tal como lo dio a conocer la semana pasada el rector general de la máxima casa de estudios en la entidad, Ricardo Villanueva Lomelí.
Es de destacar que la cifra de contagio aumentó el viernes al sumar ya los 19 casos en el municipio, sin embargo fue hasta el sábado que se confirmó que de los 19, nueve correspondían a personal médico, lo que representa que casi 1 de cada 2 contagios son del sector salud.
Tepic, Nayarit. Lunes 20 de abril del 2020.- Empresas relacionadas con el ramo automotriz, obligan a sus empleados a laborar a puerta cerrada durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, lo que pone en riesgo la vida de más de 60 personas.
Las empresas catalogadas como “no esencial” se niegan a suspender actividades para continuar cogiendo más dinero a costilla de sus trabajadores, sin proporcionarles equipo de seguridad.
De forma anónima por temor a ser despedidos, un grupo de trabajadores solicita la intervención del Ayuntamiento de Tepic para que cierre a esta empresa que aparentemente es “influyente”.
Y es que presuntamente la agencia Chevrolet y Buick Gmc de Tepic, así como en el taller de servicio de las mismas empresas obligan al personal administrativo a laborar a fuerzas en horarios de nueve de la mañana a tres de la tarde, de lunes a sábado.
Como toda empresa esclavizante, la familia Plasencia, quien es el “patrón” y ni siquiera son de la entidad, ya que residen en el vecino estado de Jalisco, supuestamente ordenó la reducción del sueldo de los trabajadores hasta en un 20 por ciento desde el inicio de la contingencia sanitaria por la nueva cepa del coronavirus, ya que su horario, es menor al habitual.
Los responsables de esta empresa, tanto el gerente general como el comercial presuntamente, se dieron a la tarea de esconder al personal en el sótano y distribuirlos en áreas no visibles al público, para no despertar sospechas y pasar inadvertidos ante las autoridades que verifican que efectivamente, los negocios no esenciales permanezcan cerrados.
Sin embargo, en total clandestinidad, los obligan a trabajar sin uniforme, sin gafete y sin medidas de higiene y seguridad, lo que pone en riesgo la vida del personal que se calla para no perder sus fuentes de empleo.
De acuerdo a la denuncia que se hizo extensiva al alcalde de Tepic, Javier Castellón, los “patrones”, encierran con llave a 5 personas en piso de ventas. Son 62 personas laborando.
De ventas son 26 personas fijas que diario asisten entre administrativas y vendedores más los vendedores que se sumen que acuden por pendientes y por citas con clientes haciendo funciones de ambas marcas Chevrolet y Buick Gmc.
Aparentemente la empresa está cerrada, únicamente está abierto el taller de servicio, pero dentro se encuentra todo el personal laborando -administrativo y operativo-, señalan los afectados.
Pese a las constantes denuncias interpuestas al 911, no han acudido los elementos de Seguridad Pública estatales y municipales, ni de Funcionamiento de Negocios a pesar de que están en juego la vida de más de 60 personas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- . El obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, exigió justicia y pidió que las autoridades ejerzan su trabajo para dar una respuesta pronta y eficaz a las familias de las víctimas que fueron asesinadas por un grupo armado el sábado por la noche, en Sisoguichi, municipio de Bocoyna.
Un grupo de hombres armados ingresó la noche del sábado al poblado de Sisoguichi, uno de los principales de la Sierra Tarahumara, asesinó a cinco hombres, entre ellos un adolescente indígena de 14 años, rafagueó viviendas y tiendas de abarrotes, y robó cuatro vehículos y gasolina.
El ataque fue contra la población, aseguran habitantes del lugar, ya que es uno de los centros más importantes de la Diócesis de la Tarahumara.
La Fiscalía Zona Norte emitió un comunicado en el que da a conocer que el grupo delictivo asesinó a cuatro personas y privó de la libertad a otros dos, pero personas de la región, confirmaron que ya apareció una de ellas muerta.
Las víctimas
Las víctimas son: el comisariado ejidal de Panalachi, Carlos Raúl Lozano, a quien privaron de su libertad y posteriormente lo dejaron muerto en el camino a Sojáwachi y lo encontraron esta mañana.
En una vivienda encontraron dos cuerpos más con impactos de arma de fuego y en el hospital Tarahumara de Sisoguichi, les notificaron la muerte de un menor que según la gente de la región se llamaba Martín Adán, un adolescente indígena que cursaba primero de secundaria.
Las otras personas fallecidas fueron identificadas como Enrique Zavala de 46 años, quien era sacristán de la parroquia y era famoso porque representaba a Judas Iscariote en los viacrucis de Semana Santa; Jesús David Gutiérrez de 36 años y Jesús Córdova de 40 años. Todos vivían en Sisoghichi.
Los hechos se le atribuyen al grupo delictivo La Línea, que desde por lo menos el año 2017, mantiene una pugna encarnizada por la tala de árboles, mantiene a ejidos y comunidades indígenas aterrorizadas para llevar a cabo el negocio de la tala clandestina como una de sus ramas delictivas.
El crimen, vinculado a tala ilegal
El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, confirmó a medios de comunicación de Chihuahua, que el ataque tiene que ver con el problema de la tala ilegal de la zona.
El obispo emitió ayer en la tarde el siguiente comunicado en el que condena el múltiple asesinato y pide justicia.
“A todos en general, nos preocupa, entristece y nos indigna grandemente lo que ha sucedido en Sisoguichi este 18 de abril. Oramos por las víctimas y por su familia, pidiendo a Dios el consuelo y la esperanza de una futura Resurrección. Nos unimos al dolor a la oración o de los sacerdotes y religiosas que acompañan a esta parroquia. Esperando en que las autoridades ejerzan su trabajo y de una respuesta pronta y eficaz a los familiares que sufren ante estos hechos tan lamentables
“Mi más sincero pésame a las familias que en este momento están sufriendo por esta tragedia”, expresó el obispo.
Gabriel Soriano/La Jornada Aguascalientes
20 abril 2020
Mil 600 elementos de la Guardia Nacional participarán en este operativo en todo el país
El objetivo es evitar las conglomeraciones de personas en espacios cerrados
A partir de hoy, 20 de abril, en hospitales y unidades del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea) habrá presencia de elementos de la Guardia Nacional en las entradas regulando el acceso esto como medida preventiva ante el Covid-19.
Aunque la Secretaría de Salud en el ámbito federal aún no han considerado pertinente declarar el estado de fase 3, en Aguascalientes se tomarán medidas que reforzarán la prevención de la propagación de la pandemia.
Se ha pedido a todos los trabajadores del Issea que se identifiquen al ingresar a cualquier instalación de dicho organismo, ya sea administrativa, hospitales y centros de salud, esto debido a que a partir de hoy se tendrá el apoyo por parte de la Guardia Nacional para regular la entrada de personas a las instalaciones y así impedir que se reúnan varias personas en un solo lugar.
Desde la semana pasada, la Guardia Nacional ya comenzaba a hacerse presente en unidades y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del país. Según informes oficiales, mil 600 elementos de la Guardia Nacional los que participarán en la vigilancia de los hospitales del IMSS, en coordinación con la Secretaría de Defensa, Seguridad y Protección Ciudadana.
En el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), desde hace varias semanas el personal es quienes han regulado la entrada de los pacientes y de personal médico para evitar conglomeraciones al interior de las instalaciones. Con base en las fuentes oficiales, hasta el momento no se tiene previsto participación de la Guardia Nacional en sus instalaciones.
Integrantes de la Guardia Nacional y funcionarios mexiquenses participaron en el cierre de negocios en Neza. Foto: Manuel Alejandro Godínez
Manuel Alejandro Godínez / Proceso
NEZAHUALCÓYOTL, Edomex (apro).- Ante el desacato del confinamiento, y con el mayor número de personas contagiadas de covid-19 (146 hasta este lunes) en el Estado de México, elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Protección Civil y de Vía Pública de Nezahualcóyotl, cerraron negocios “no esenciales” en el municipio.
Los 3.5 kilómetros que tiene la avenida Gustavo Baz, en la colonia Benito Juárez, están abarrotados de negocios que, pese al llamado a quedarse en casa, mantenían sus puertas abiertas.
Se lleva a cabo “un operativo para retirar los puestos fijos y semifijos que se encuentran sobre las aceras de la avenida Gustavo Baz, así como solicitar el cierre de negocios que ofrecen productos y servicios no esenciales”, publicó el ayuntamiento de Nezahualcóyotl en su página de Facebook.
Con cubrebocas y guantes quirúrgicos, los empleados de Vía Pública advirtieron a trabajadores de giros de venta de zapatos, ropa, estéticas, vidrierías y puestos ambulantes que no ofrecen comida o artículos de limpieza, que, de no acatar la instrucción, su local sería clausurado.
–¿Sabía que por disposición oficial su negocio no puede abrir hasta el 30 de mayo? –comenta un empleado a la dueña de un pequeño negocio de algodones de azúcar.
–¿Pero nos van a dar algún apoyo? Estoy embarazada y no tengo de dónde sacar para comer –replica la vendedora, quien lleva a su hijo en brazos.
–Eso yo no lo sé, solo me corresponde informarle, ya dependiendo dónde vive, le dirán sobre los apoyos –responde el servidor público antes de continuar el cierre de locales.
Integrantes de la Guardia Nacional y funcionarios mexiquenses participaron en el cierre de negocios en Neza. Foto: Manuel Alejandro Godínez
El personal que atiende los negocios catalogados como esenciales (comida, farmacias, agua purificada, abarrotes, etcétera) debe portar cubrebocas, colocar gel antibacterial a los clientes, ofrecer servicio para llevar y guardar la distancia entre sí.
Una mujer de la tercera edad que vende elotes y esquites afuera de una tienda de abarrotes fue invitada a regresar a su casa, ya que por su edad está entre la población más vulnerable a enfermar de covid-19.
“Si me guardo, ¿quién me va a dar de comer?”, dice la mujer a la invitación que le hizo un policía municipal. Ante la negativa, sólo recibió un cubrebocas.
Colima, México, Avanzada (19/04/2020).- La Fiscalía General del Estado de Colima (FGEC) reporta 36 personas desaparecidas en Colima en 2020, en su página web, en el apartado “desaparecidos”, la FGEC exhibe los rostros y nombres de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en el Estado, de los cuales 22 son hombres y 14 mujeres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que Colima tiene la tasa más alta en el país de menores de edad desaparecidos.
Por lo que el Congreso del Estado solicitó en noviembre de 2019 a la Fiscalía Especializada por Delitos de Género y Trata de Personas que informe el número de niños y niñas desaparecidos que existen en el estado de Colima y los avances que se tienen para localizarlos, hasta el momento no les han dado respuesta.
En el marco de la desaparición de personas, los Integrantes de la Red Desaparecidos en Colima denunciaron la desatención e insensibilidad, por parte de autoridades colimenses, frente a la situación que atraviesan los familiares de las personas desaparecidas.
También se quejaron de la falta de apoyo por parte de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia, y la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Indira Vizcaíno Jiménez.
Dijeron que ambas funcionarias no han mostrado voluntad de apoyarlas en sus labores de búsqueda, ni con materiales en especie, recursos, gestiones ni personal, a pesar de que son funciones que les corresponden por ley.
La Red Desaparecidos en Colima señala que hay muchas familias colimenses que no denuncian la desaparición de algún ser querido, pese a que es la única manera de tener posibilidad de encontrarlos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que Colima tiene la tasa más alta de niñas, niños, y adolescentes desaparecidos por cada 100 mil habitantes.
En el informe titulado “Estudio Niñas, niños y Adolescentes víctimas del crimen organizado en México” expone que la tasa de desaparecidos menores de 18 años de edad en Colima es de 54.3; mientras que en Sonora es de 48.2 por ciento y en Tamaulipas, 45.4 por ciento.
El documento fue dado a conocer por la CNDH y está disponible en su página de internet.
En esta nota no se incluyen las Alertas Amber y Alba, por considerar que merecen una mención aparte.
Las personas que ataquen al personal médico podrían alcanzar hasta 3 años de prisión y una multa de 17 mil pesos.
Foto: Archivo Milenio
Personal médico que ha sido atacado en Tamaulipas por ciudadanos que los acusan de ser portadores de covid-19, no han denunciado a sus agresores indicó la Fiscalía General de Justicia que no tiene una sola querella al respecto.
Una de las quejas se dio en Ciudad Madero, por parte de un paramédico, que presuntamente fue arañado por una mujer cuando subió al transporte público, ella lo identificó y le pidió que se bajará.
Otro de los casos tuvo lugar en el municipio de Reynosa, donde varios enfermeros fueron rociados con cloro, por una persona que los acusaba de ser portadores de la enfermedad y un riesgo para el resto de la población.
La FGJ dió a conocer que de acuerdo al artículo 309 bis del Código Penal de Tamaulipas, las personas que ataquen al personal médico podrían alcanzar hasta 3 años de prisión y una multa de 17 mil pesos.
Los incendios en la zona aguacatera de Michoacán son recurrentes en época estío. A veces son accidentales. Muchas otras, son intencionales, y con un sólo propósito: abrir más tierras al cultivo de aguacate. Se calcula además que la mitad del territorio del monocultivo es ilegal
Pie de Página, 19 de abril de 2020
Texto: Rafael Malpica
Fotos: Jonatan Malpica
MORELIA, MICHOACÁN.- El incendio forestal comenzó el lunes, en las partes bajas del cerro de los Tres Picos, en Tacámbaro. En menos de cuatro días, afectó 1 mil 100 hectáreas de bosques de pino, encino, acahual y pastizal que serpenteaban sobre el Eje Neovolcánico Transversal. Se sabe que fue provocado. El incendio desplazó y mató fauna salvaje y ganado menor. No hay personas lesionadas y tampoco culpables… hasta ahora.
La historia es recurrente, cíclica. En temporada de estío, los campesinos ejidatarios, y pequeños propietarios, tumban la maleza, rozan los campos y queman desechos vegetales. Esta es una práctica ancestral para preparar la tierra. Pero con ciertas condiciones eventuales –como un cambio en la dirección del viento, o un descuido de los labradores–, un incendio puede propagarse y, de hecho, así sucede. Bosques en cenizas
En Tacámbaro, como en muchos municipios michoacanos que comprenden la franja de cultivo de aguacate, los incendios pueden no ser accidentales. Y es que al amparo de estas prácticas agrícolas, se provocan incendios en terrenos de vocación forestal, para obligar al cambio de uso de suelo. Así han inducido la siembra de las diferentes variedades de un frutal mexicano de alto valor en el mercado: el aguacate (Persea americana). Esta es una planta angiosperma de la familia Lauraceae, nativa de América del Norte (y específicamente de la región mesoamericana), de la que se han desarrollado múltiples variedades de alto valor comercial. Los números alegres del monocultivo
Michoacán cerró 2018 con una producción de 1 millón 668 mil 356 toneladas de aguacate. La cifra representó el 76.3 por ciento de los 2 millones 186 mil 376 toneladas de todo el país.
Esto, según reporte fechado en abril de 2019 del Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA), dependiente de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) de México.
Y para el año siguiente, la entidad rompió su propio récord. Otro estudio, esta vez del Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), concluyó que, en 2019, Michoacán produjo un millón 725 mil toneladas de aguacate. Es decir, un aumento de 3.4 por ciento del volumen de producción en 2018.
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario estatal, aquí en Michoacán se cultiva casi el 80 por ciento de la producción nacional de aguacate (76 % en realidad).
Esto tiene un valor de exportación de casi 2 mil 400 millones de dólares, sin considerar el valor de la venta en el mercado nacional.
Y además implica un voluminoso mercado de trabajo
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán, confirmó el año pasado que, en la entidad, operaban 40 mil productores de aguacate. Estos generan más de 16 mil 800 empleos fijos al año, y 70 mil plazas temporales, especialmente pizcadores. Exportación, deforestación y crimen
Como se mencionó arriba, el monoculitvo en Michoacán deja divisas por algo menos de mil 400 millones de dólares. Y embarca aguacates a Estados Unidos, Canadá, Japón, China, y diferentes países de europeos y centroamericanos.
La entidad ocupa el primer lugar mundial en la producción de aguacate y de berries. En contraparte, esta producción provoca los mayores problemas ambientales, al inducir la pérdida de cubierta vegetal y el cambio de uso de suelo. Es, además, una actividad agroindustrial en la que es más frecuente y evidente la presencia de grupos de delincuencia organizada, que ha diversificado sus “unidades de negocios”. Los territorios ilegales
Actualmente el SIAP estima oficialmente que la superficie legalmente sembrada de aguacate en Michoacán oscila entre 158 mil 804 y 167 mil 745 hectáreas.
Sin embargo, hace un año, el 29 de marzo de 2019, el gobernador Silvano Aureoles, admitió que la mitad de las 200 mil hectáreas de cultivo de aguacate que se encuentran en el estado, son irregulares, y prometió poner orden al tema de cultivo de aguacate y también de berries.
Dijo que “… los intereses a medio plazo han generado dificultades grandes ya que el factor económico ha predominado sobre el ambiental. Como lo es el tema del cultivo de aguacate donde son 200 mil hectáreas las que se encuentran en el estado y de éstas, 50 por ciento está en condiciones de ilegalidad e irregulares”.
Entre 60 y 100 mil hectáreas de aguacate en Michoacán son ilegales, dijo el gobernador michoacano. Y acusó que “… no tienen permisos de cambio de uso de suelo, ni de impacto ambiental. Y a la brava se derribaron los árboles y metieron aguacate, como si fuera un territorio sin ley. De ahí, que se tiene que ordenar dicho cultivo de aguacate a la par de ordenar el cultivo de berries para establecer criterios básicos, en donde no están contra de la producción sino de impacto ambiental que generan”.
En estos momentos en realidad nadie sabe cuál es la superficie total cultivada con aguacate. La superficie legal, y el territorio ilegal.
Aureoles lo dijo hace un año, el 29 de marzo de 2019 en Morelia… pero el problema persiste.
Foto: Jonatan Malpica. Tomada de Pie de página
Los bosques arrasados
Un perro, varios, ladran a lo lejos. La polvareda que levantan las aspas de un helicóptero de la Guardia Nacional marca la ruta de un sobrevuelo de las autoridades del gobierno federal, y militares, para evaluar la magnitud del desastre en Tacámbaro. El cielo azul, de pronto, se corta con una densa columna de humo gris, con partículas de vegetación carbonizada. Más allá, desde el aire, el impacto visual es claro. Las llamas consumen todo a su paso, o lo harán en breve. Por eso las autoridades aceleran las tareas y el envío de efectivos. La lucha contra el fuego es contra reloj.
Paradójicamente, este incendio podría generar beneficios. Los incendios forman parte de los ciclos naturales, porque facilitan la germinación de semillas de árboles forestales. Si se evitara la siembra de aguacate o de otros cultivos de valor alimenticio, el predio iniciaría de cero sí, pero con amplias posibilidades de asentar una colonia de vegetación secundaria –un acahual–. Con los años, se restablecería la cubierta forestal original. Pudiera no estar perdido, todo.
Si no se sembrara monocultivo.
Ante el incendio de Tacámbaro, el gobierno de México, activó el Plan DN-III-E. Este es un Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, y es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que esta vez desplegó elementos para auxiliar en las labores de seguridad, y de combate al fuego.
Operaciones militares
Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de los Programas para el Bienestar en Michoacán, gestionó ante la Sedena el envío de dos helicópteros Mi-17. Estos son fabricados por la empresa rusa Mikhail Mil, y cuentan con equipo adecuado para el desplazamiento de 1 mil 800 litros de agua y productos químicos que inhiben el fuego.
El Mi-17 es un helicóptero bimotor, de 18.30 m. de largo, 5.65 m. de alto, y un techo de servicio de hasta 19 mil 500 pies. Tiene un peso máximo de despegue de 14, mil kg., y en México y el mundo, se usa para misiones diversas, como transporte aéreo de personal y de carga; transporte de carga externa; aplicación del plan DN-III-E; operaciones aéreas especiales; búsqueda y rescate; evacuación aeromédica, y extinción de incendios.
Otra parte del apoyo militar a las acciones para combatir los incendios forestales, y particularmente en Tacámbaro, recae en el general brigadier DEM Fidel Mondragón Rivero. És es encargado de coordinar toda la estrategia de seguridad de la Guardia Nacional, en territorio michoacano.
De allí la necesidad de evaluar esta conflagración, para establecer la estrategia correcta de contención. Por eso hoy, 16 de abril, los representantes del gobierno mexicano sobrevolaron la zona.
Vigilancia
En esta zona existen grupos de delincuencia relacionados con la tala forestal, los enervantes y cultivo ilegal de aguacate. Y aquí, al menos 100 elementos de la Guardia Nacional acantonados en Ario de Rosales, se concentraron para sumarse a las tareas de control del fuego.
Ahora mismo, el incendio es combatido con elementos de la Sedena, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, y en acciones de seguridad y vialidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de la policía municipal de Tacámbaro, y de la Coordinación de Protección Civil estatal.
El gobierno de Michoacán, anunció que la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones para descubrir la identidad de los responsables de este incendio, que serían puestos a disposición del ministerio público federal.
Foto: Jonatan Malpica. Tomada de Pie de página
Michoacán en llamas
De acuerdo a la autoridad forestal estatal, en la presente temporada de incendios –que apenas inicia-, en la última semana, al menos 2 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego.
En Morelia, la capital de Michoacán, se han atendido dos incendios por quema de pastizal. Y en el ejido Santiago en el municipio de Tuxpan, sigue activo desde hace 10 días un incendio forestal que ha devastado 600 hectáreas de bosque y pastizal; las labores de combate continúan.
Además de eso, en las inmediaciones de la ciudad Uruapan y Capacuaro, –una zona eminentemente aguacatera–, se incendiaron 300 hectáreas. Presumiblemente las pretenden utilizar para la siembra de aguacate.
Incendios forestales y aguacate… y berries
La temporada de incendios forestales en Michoacán, apenas comienza. De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, los meses de abril, mayo y junio serán muy cálidos, y se le agrega la sequía temporal que se abate por buena parte de México.
En Michoacán, un elemento de mayor peso es la necesidad de ampliar la superficie de cultivo de aguacate; y otros productos como arándano y berries (fresas y zarzamoras). También, está la necesidad de atender necesidades del desarrollo urbano habitacional.
Lo que sigue
En Michoacán, la quema de bosques, pastizales y acahual, sigue. Los incendios forestales provocados, para ampliar la superficie de cultivo, siguen. El cambio de uso de suelo, sigue. Las operaciones de siembra ilegal de aguacate, siguen. La mezcla de aguacate legal e ilegal, para comercializarse en el extranjero y en el mercado interno, sigue. La contaminación por pesticidas, fungicidas y fertilizantes químicos, sigue. Los cánceres de piel, tejido y sangre entre la población dedicada al cultivo de aguacate, siguen. Los abortos espontáneos en mujeres expuestas a esta contaminación, siguen. El flujo de dinero legítimo e ilegítimo del aguacate michoacano, sigue. El control de la actividad agroindustrial por parte de grupos delictivos, sigue. No hay detenidos; la impunidad de los culpables, sigue. La ilegalidad sigue. El “territorio sin ley”, en el ámbito del cultivo de aguacate, sigue. El discurso político sobre la ilegalidad de los cultivos de aguacate en Michoacán, ése, ese no sigue.
Y nadie habla del lado más oscuro del aguacate, de esta agroindustria llamada “oro verde”, que genera empresas, prosperidad, riqueza, empleo, estabilidad; pero al mismo tiempo, pobreza, marginación, miseria, contaminación, muerte, desertificación, escasez de agua potable, y una crisis ambiental de nivel insospechado. El aguacate michoacano, el “oro verde”, es un cultivo manchado de sangre y de muerte. En Michoacán, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo calla… también.
Antes que la pandemia aterrizara en México, Ofelia, mujer ñhä ñhú, vendía muñecas hechas a mano, de cabellos negros y trajes tradicionales, en la zona turística de León. Ahora, no tiene ingresos. Las medidas restrictivas amenazan su economía. Esta historia es parte de Ellas luchan, una serie periodística coordinada por OjoPúblico en cinco países de América Latin
Pie de página, 19 de abril de 2020
Texto: Kennia Velázquez / PopLab
Ilustración: Ojo público/ Amapolay
LEÓN, GUANAJUATO.- La policía le ha pedido a Ofelia que retire su puesto de artesanías ubicado en una de las esquinas de la plaza principal de León. No es la primera vez que le pasa: el acoso de los oficiales ha sido permanente. Le dicen que deben irse porque hay que mantener la “buena imagen” del lugar, “sin vendedores ambulantes en los alrededores del Palacio Municipal”. Esta vez, sin embargo, las restricciones son más severas. La expansión del coronavirus amenaza ahora su única fuente de ingresos.
Ofelia vende las muñecas tradicionales del pueblo ñäñho al que pertenece, y que es generalmente conocido como pueblo otomí. Es el quinto pueblo indígena más numeroso de México. Desde antes de la llegada de los españoles se han ubicado en los estados de Querétaro, Hidalgo, Michoacán, México y Guanajuato.
Ella sigue ofreciendo a los viandantes las muñecas de cabellos negros y trajes tradicionales hechas a mano. Pero la gente que aún transita por las calles del Centro Histórico piensa más estos días en la compra de víveres, mascarillas o alcohol en gel para desinfectarse las manos.
Ha intentado vender semillas de calabaza y dulces tradicionales en el transporte público, pero tampoco ha tenido suerte. Hace unos días, los vigilantes le quitaron su canasta con sus productos. Dieron como excusa las medidas sanitarias, aunque en realidad esta es una práctica frecuente contra los vendedores ambulantes, en su mayoría migrantes indígenas como Ofelia, que han llegado a León, escapando de la pobreza y la falta de servicios básicos en sus comunidades.
Ofelia no sabe a ciencia cierta cuántos años tiene. “Creo que tengo 51”. Ella pertenece a ese 35 % de mujeres indígenas que no saben leer ni escribir. Antes, ella y su marido vendían en el estado de Querétaro, pero tres años atrás él murió. Para no quedarse sola en el poblado de Higuerillas, vino a vivir con el menor de sus siete hijos a León. Buscaba alguno de los miles de empleos que escuchó promocionan las fábricas de General Motors, Mazda y Toyota. No consiguió ninguno.
En México hay 68 pueblos indígenas, 25 millones de personas se reconocen como parte de los pueblos originarios. Desgraciadamente, sólo 7 millones de ellos hablan su lengua materna, pues en las escuelas sólo se enseña el castellano. Muchos no intentan aprenderla, pues la consideran una desventaja ya que son discriminados por no hablar español.
Las muñecas otomíes son consideradas Patrimonio Cultural de Querétaro. En las plataformas digitales de compraventa se encuentran entre 20 y 160 dólares, pero Ofelia no puede venderlas en más de dos dólares. “Aquí no pagan más que eso”, dice lamentando que los viajeros no aprecien su trabajo. Para ella, en un buen día de venta gana 8 dólares tras una jornada de 10 horas, sin contar las más de tres horas de traslado.
Cuarentena con hambre
La emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio ha puesto en riesgo su economía familiar. Mientras dure la contingencia no podrá vender más en las calles. Su familia tampoco contará con los 200 dólares mensuales que su hijo ganaba en una fábrica de zapatos. La empresa cerró temporalmente y les informó que no pagará los honorarios completos. Además, le dijeron que no tendrá acceso al servicio médico, porque la compañía había ingresado a un proceso de “ahorro de costos”.
Aunque todos los mexicanos tienen derecho a recibir atención médica en los Centros de Salud, Ofelia dice que si ella y su hijo enferman tendrán que buscar un médico particular, porque en los establecimientos públicos “nunca nos quieren atender”.
La población indígena de León es minoritaria y un porcentaje importante son migrantes de varios estados de la República, que vienen a trabajar de manera temporal. El gobierno local no cuenta con programas estratégicos para los pueblos originarios. Hace nueve años que existe el Consejo Consultivo Indígena de León. En él, además de funcionarios públicos hay representantes de las comunidades nahua, otomí, purépecha, mazahua y mixteca. Lamentablemente, el Consejo aún ve a los pueblos indígenas como sujetos de asistencia social y no como comunidades con derechos, así que la mayoría de las acciones que emprenden son sólo paliativas.
Las medidas sanitarias los olvidaron
Ninguna de las medidas de mitigación impulsadas en México en el marco de la pandemia del Covid-19 hace mención a los pueblos indígenas. En León, las autoridades dijeron que darán apoyo a los comerciantes de los mercados. Pero esto deja fuera a Ofelia, pues ella trabaja en las calles. Para ver otras posibilidades de ayuda, tendría que usar internet, buscar en las páginas gubernamentales las opciones. Y sólo para descubrir que necesita estar dentro de un padrón de comerciantes, contar con cuenta en el banco, pertenecer a una organización y tener copia del acta constitutiva, entre otros requisitos. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial de León se ha quejado de que las ayudas han sido poco difundidas, no son accesibles para todos y la burocracia es lenta para su entrega.
Alertados ante tanta incertidumbre, 15 familias otomíes que viven en la colonia Morelos han creado un grupo de WhatsApp para estar en contacto durante esta contingencia y apoyarse unos a otros.
El Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL), una organización de la sociedad civil que brinda acompañamiento y asesoría gratuita, entregó apoyo alimentario a cada una de las familias. Ofelia dice que le alcanzará para unas tres semanas, un alivio mientras encuentra alternativas para su alimentación familiar. A pesar del miedo, Ofelia dice con voz firme, “yo siempre he salido adelante, siempre salgo a hacer mi lucha y vamos salir bien de esta enfermedad, eso también le digo a mi hijo”.
La pandemia, que está cambiando al mundo y ha encerrado en sus casas a poblaciones urbanas que no cesan de lamentarse en las redes sociales, es para esta mujer un accidente más. Otra barrera que deberá pasar para seguir, como lo ha hecho toda su vida, frente al racismo, el abandono del Estado y la pobreza crónica. Y aquí sigue.
Con un video en su cuenta de Facebook, el padre de familia de tres hijos informó que recibió la llamada de la jefa de Recursos Humanos de Isssteson, para darle la noticia de su reinstalación, después de la presión social que se vivió en medios de comunicación y protestas por parte de sus compañeros.
“Hoy recibí una llamada por parte de la jefa de Recursos Humanos, para que me reinstalara en el hospital Chávez, en mi casa, diciéndome que mi contrato empezaría el 1 de abril, que por necesidades del hospital se me estaba recontratando”, detalló el enfermero.
Fue el pasado 6 de abril, cuando personal médico y de enfermería del hospital “Ignacio Chávez”, en Hermosillo colocaron pancartas fuera del nosocomio para pedir insumos médicos y equipo de protección para los trabajadores de la salud, con el fin de enfrentar la emergencia por covid-19.
Ese mismo día por la noche se le impidió la entrada a Manuel Castillo cuando pretendía entrar a su turno en el área de ginecología.
Hizo la denuncia de manera pública, también en redes sociales, donde adjudicó su despido, sin justificación alguna, a la protesta de ese lunes.
Ahora, tras el apoyo de sus compañeros, quienes volvieron a salir a las calles con pancartas el pasado miércoles, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), Pedro Ángel Contreras anunció la recontratación del enfermero con 10 años de antigüedad en la dependencia.
”He dado instrucciones para que renueve el contrato del Enfermero Manel Castillo, respetando los mismos términos y condiciones contractuales. Espero su mayor esfuerzo para enfrentar esta contingencia de covid-19″, expresó el funcionario.
Por su parte, Castillo Molina dijo que se dará todo lo que esté de su parte en apoyar durante esta contingencia que se vive en el estado, y en el país, por la pandemia de coronavirus.
“Estoy muy agradecido, mi esposa y mis hijos durante este golpe que se dio. Vamos a seguir trabajando por el bien de los compañeros, de mis amigos, vamos a seguir trabajando por la salud de nuestros derechohabientes, de nuestros pacientes”, concluyó el enfermero.
Hasta el momento, Sonora se han registrado 88 casos de coronavirus, de las cuales 12 son fallecimientos por complicaciones derivadas de la enfermedad.
Foto: Lidiet Mexicano / Al salir de turno en el nosocomio se dirigió por la carretera federal 30, fue detenido en el retén de la entrada a San Buenaventura
Lidiet Mexicano/ VANGUARDIA MX
Este sería el tercer caso de discriminación que se ha registrado hacia los médicos y enfermeras que operan en nosocomios de Monclova en una semana
Otro caso de discriminación se registró hacia los trabajadores de salud de Monclova que atienden a pacientes con COVID-19, ahora los elementos de policía municipal de San Buenaventura golpearon, esposaron y llevaron detenido a un médico del Hospital General Amparo Pape de Benavides a quien también en primera instancia le restringían su acceso a la ciudad.
Jose Arturo D. radica en esa localidad, al salir de turno en el nosocomio se dirigió por la carretera federal 30, fue detenido en el retén de la entrada a San Buenaventura
Se acercaron los oficiales para hacer un interrogatorio y al momento de dar a conocer su oficio, comenzó la discriminación.
Le negaron el acceso al municipio, a lo que el cuestiona el por que, pasaron algunos minutos, hasta que un militar finalmente se acercó y le dio la autorización para poder pasar.
Foto: Lidiet Mexicano / Familiares lograron identificar que la patrulla municipal tenía el número SP-002 y tomaron fotografías del hecho.
Siguió su camino hasta la colonia 16 de abril pero hasta ahí, fue perseguido por los uniformados municipales que de nueva cuenta le interceptan hasta que llega otra unidad con elementos que le retiraron su teléfono, le golpearon, le esposaron y le llevaron a la comandancia. Familiares lograron identificar que la patrulla municipal tenía el número SP-002 y tomaron fotografías del hecho.
Por los golpes que recibió el médico dio a conocer que tiene lesiones en el cuello, en el hombro, así como una herida en la mano, presentó una queja contra los uniformados en la Comisión de Derechos Humanos.
Este sería el tercer caso de discriminación que se ha registrado hacia los médicos y enfermeras que operan en nosocomios de Monclova durante la semana, todos ellos han trascendido a través de redes sociales, donde la población rechaza la conducta de los uniformados de este municipio.
Mexicali.- Son más de 200 mil y se encuentran en riesgo por las condiciones de vulnerabilidad en su trabajo, traslado en los campos de cultivo y el rezago en la atención de salud.
En el norte de México trabajan más de 200 mil jornaleros jornaleros, de los cuales ocho de cada 10 se concentra en el noroeste: en los dos estados de la península de Baja California, en Sonora y Sinaloa.
Con grandes rezagos en en el acceso al sistema de salud y debido a sus condiciones salariales y laborales, los jornaleros agrícolas pertenecen a una población vulnerable ante el Covid-19, toda vez que se mantienen activos laboralmente por su participación en las cadenas de producción de alimentos, de acuerdo a una investigación de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
En el estudio destaca la detección de los jornaleros agrícolas entre los sectores más vulnerables y grupos de riesgo, para lo cual se requiere instrumentar medidas que frenen el contagio en el país y eviten una mayor tasa de mortalidad.
Una fuente de vulnerabilidad y de expansión del contagio a los que están expuestos estos trabajadores del agro es la movilidad y las condiciones de su traslado por diferentes puntos del país.
Otro riesgo de contagio es el hacinamiento que trae consigo son los campamentos donde viven donde se exponen no solo los jornaleros sino también, en ocasiones, sus familias.
De acuerdo a la investigación
“Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas” que coordinaron Laura Velasco, Marie Laure Coubés y Oscar F. Contreras, con la colaboración de Ietza Bojórquez, Camilo Contreras, Hilda García, Carlos Hernández, Francisco Lares y Eduardo Rodríguez, es urgente y necesario garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros agrícolas debido a la alta movilidad de esta población a lo largo del país.
Al regresar enfermos a sus comunidades existe mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores de la población más pobres y marginados del país, advierten los investigadores.
Proponen monitorear los contagios en campamentos y dar atención oportuna a la prevención y a los casos de infección y enfermedad grave, a través de un programa de las autoridades sanitarias de brigadas de salud.
Además garantizar una distancia mínima entre los trabajadores en campamentos y en viviendas separadas, así como en la organización del trabajo en el campo.
El documento propone otras acciones para reducir la vulnerabilidad de este grupo poblacional, recomendaciones a los campamentos y un llamado a las instancias de salud para que implementen acciones específicas para mitigar la presencia del Covid 19 entre los jornaleros agrícolas.
RIOVERDE, SLP., 18 de abril de 2020.- Un pasante de enfermería que labora en la clínica-hospital del ISSSTE en esta ciudad, denunció que en compañía de otra compañera, fueron víctimas de discriminación por parte del propietario de una tienda, al no permitirles ingresar al establecimiento y les negó la venta de alimentos.
La discriminación ocurrió en una tienda de abarrotes ubicada en una colonia popular de Rioverde, donde iban a comprar algo tan sencillo como aguacates.
Salvador Cruz –el enfermero de profesión-, señaló que tanto él como otros compañeros, también han sido discriminados y hasta agredidos verbalmente; “por precaución y seguridad ya no portamos el uniforme fuera de la institución, pues esto ha generado temor”, señaló.
Para los trabajadores de la salud es preocupante la situación de agresiones que se vive actualmente en la mayor parte del país por parte de la gente que amenaza, agrede y los señala de infectados, por creer erróneamente que son portadores del Covid 19.
Refirió que al inicio creyó que era una insignificancia, pero poco a poco se ha dado cuenta de al menos siete casos en la región donde personal de otras instituciones han recibido alguna agresión, una de los más recientes en El Jabalí, donde dos compañeras tuvieron que soportar los gritos de sujetos no identificados.
Hizo un llamado a la población a solidarizarse y no agredir, amenazar o realizar actos discriminatorios contra el personal de salud por temor a que estén infectados de coronavirus.
Las medidas preventivas tomadas a partir de marzo, ayudaron a retardar la saturación de servicios de salud en la Capital del Estado. Sin embargo, se espera que el peor escenario impacte en la última semana de abril, según el análisis del doctor Rodolfo Ruiz Luján, infectólogo del Hospital General, hoy convertido en Hospital COVID-19, trasladando todas las atenciones a otros nosocomios como ISSSTE e Issstecali. Un escenario distinto vive la clínica 30 del IMSS, donde la situación está en riesgo de colapso. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Mexicali endurece las acciones contra las omisiones ciudadanas.
La ola del coronavirus comienza a impactar la Capital del Estado, y aún se desconoce la magnitud de las consecuencias que se generarán a raíz de las medidas y omisiones cometidas por los tres niveles de gobierno en la entidad.
Para el miércoles 15 de abril, Mexicali contabilizaba 207 casos de coronavirus y 20 defunciones, ubicándolo como el segundo municipio de mayor incidencia en Baja California por debajo de Tijuana, cuya densidad poblacional es superior.
Mexicali se vislumbraba como el epicentro del coronavirus donde apenas el 17 de marzo -es decir, hace un mes- se registraron los primeros dos casos de coronavirus importados de dos mujeres que viajaron a Washington, Estados Unidos. Esa semana, la alcaldesa Marina del Pilar Ávila endureció las acciones preventivas para reducir la afluencia en las calles, con el cierre de algunos negocios, la suspensión de actividades multitudinarias y la reducción de atenciones en instituciones públicas.
Sin embargo, las medidas de aislamiento no obtuvieron los resultados esperados, pues el pasado fin de semana -11 y 12 de abril- se duplicó la cifra de reportes por música a alto volumen, lo que es el equivalente a fiestas, generando más de 100 multas y 290 acciones de inhibición de convivios, según el reporte de la Policía Municipal.
Por ese motivo, la alcaldesa tomó la decisión de presentar ante Cabildo la creación de una sanción administrativa durante la contingencia, la cual se otorgará a quienes incumplan con el aislamiento recomendado por la autoridad y hagan convivios; las multas rondarían entre 3 mil 500 y 17 mil pesos.
La omisión de la ciudadanía y la falta de planeación de algunas políticas públicas de gobierno, generaron ya la saturación en uno de los pilares más importantes para la atención de salud, como la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se encuentra a tope, además de contar con un déficit de insumos médicos para todo el personal, al grado que durante la primera semana de marzo, varios médicos protestaron para exigir mayor equipo y una estrategia para atender la contingencia; uno de ellos llegó al grado de ampararse para que un juez federal obligara a la institución dotarlo de todas las herramientas de trabajo.
A diferencia del IMSS, el Hospital General de Mexicali tomó sus precauciones desde el mes de enero, donde definieron un protocolo de actuación. Además, la Secretaría de Salud del Estado decidió convertirlo en el Hospital COVID-19, por lo que desde la primera semana de abril, se impidió el tránsito y se canalizó a todos los pacientes que no fueran respiratorios a los nosocomios adyacentes, como Issstecali y el Hospital 5 de Diciembre del ISSSTE, los cuales ya registran saturación.
Infectólogo Rodolfo Ruiz Lujan, del Hospital General de Mexicali
IMSS, AL BORDE DEL COLAPSO
La Clínica 30 del IMSS no requería de una contingencia para estar saturado. Su administración padece de carencias desde siempre y su atención no cuenta con el personal suficiente para atender la demanda, puesto que -según el delegado único del Gobierno de México, Alejandro Ruiz Uribe- el 70% de la población en BC está afiliada a ese Instituto.
Dentro de los hospitales de la Capital del Estado, este fue la primera línea de batalla, el cual, acorde con médicos y enfermeros de la institución, hasta estructuralmente es deficiente para la atención de pacientes de COVID-19.
Y es que las áreas de urgencias y de consulta general, donde se recibe a todo tipo de enfermos, se encuentran justo frente al área establecida para coronavirus -en el primer piso-, lo que representa un riesgo permanente porque no los separa realmente una pared, sino un pasillo.
“Si llega una persona con una fractura de pierna, o con las defensas bajas, puede adquirir coronavirus”, narró un trabajador de la institución que se ha mostrado preocupado por la falta de atención por parte de funcionarios.
Al cierre de esta edición, la Clínica 30 del IMSS -cuya capacidad máxima supera por poco los 200 espacios- contaba con 37 pacientes en el primer piso con coronavirus, otros 13 se encuentran en una sala llamada Anexo y otras seis camas se habilitaron en la sala 8 de urgencias para recibir pacientes con el mismo padecimiento, ya sean confirmados o probables. En otras palabras, está a su máxima capacidad.
Los otros dos pisos de atención son para padecimientos ajenos a la contingencia y se encuentran en la misma situación, al grado que tienen a ocho pacientes en espera de ingresar a cuarto, por lo que permanecen en el área de urgencias.
Dicha clínica solo cuenta con diez ventiladores, todos son utilizados para coronavirus o neumonías atípicas, las cuales no se han podido determinar, ya que el IMSS no tiene equipo para su diagnóstico.
Para las zonas de COVID se ha designado a dos enfermeros y un médico para cada seis pacientes, ritmo menor al que están acostumbrados en el resto del hospital. Sin embargo, esta especial atención para pacientes de COVID-19, agravó la saturación del servicio para el resto del personal en otras áreas especializadas, donde normalmente se trataba a siete u ocho pacientes por enfermero.
Pese a la división que se ha hecho, alrededor de 34 profesionales de la salud han sido confirmados o sospechosos de coronavirus, por lo que fueron retirados de sus labores diarias; ocho se encuentran internados, pero no graves, y el resto cumpliendo su aislamiento en casa.
La situación ha generado ausentismo entre el personal, como ejemplo, solo el miércoles 15 de abril, veinte enfermeros y médicos faltaron de manera injustificada a su turno, debido a la situación precaria en que se encuentran. Otros optaron por interponer demandas de amparo para exigir al IMSS les otorgue la protección mínima indispensable, como goggles, cubre bocas, overoles, gorros y guantes.
Este amparo tiene el número de expediente 293/2020-2 y fue otorgado por el Juez Primero de Distrito con sede en Mexicali, Roberto Antonio Alcoverde Martínez, el cual amagó con una pena de hasta siete años de prisión y 500 días de multa en caso que funcionarios del IMSS no cumplieran con los requisitos mínimos de protección.
En entrevista, el delegado federal Alejandro Ruiz Uribe aseguró que ya contemplan sitios para la atención de enfermos no graves de la Clínica 30 del IMSS, con el objetivo de liberar espacio. Entre los inmuebles revisados, se encuentra el Auditorio del Estado y el albergue de migrantes de Calle 11, que se habilitaría para la recepción de repatriados de Estados Unidos que buscaban visa humanitaria. Dado que nunca operó formalmente y ya se encuentra habilitado, se contempla trasladar a enfermos que no requieran ventilador o se encuentren estables.
Al ser cuestionado si se adquirirán frigoríficos o tractocamiones fríos para cadáveres, el funcionario federal dijo que es una de las posibilidades que ya se analiza, sobre todo en Tijuana, pues les preocupa la saturación que pudiera presentarse pese a que los cuerpos se están entregando a familiares de manera regular.
Hospital móvil
HOSPITAL GENERAL, DESPEJADO PARA ATENDER CORONAVIRUS
La realidad de la Clínica 30 y el Hospital General son opuestas. Desde el 1 de abril, la Secretaría de Salud determinó que dicho nosocomio ubicado en el Centro Cívico de la ciudad, sería el epicentro del coronavirus, por lo que se ordenó redirigir todos los nuevos ingresos a otras clínicas, del Issstecali e ISSSTE.
Esta acción despejó de manera sustancial la atención en el Hospital General, pero saturó sobremanera las otras dos clínicas, al grado que la enfermera Maritza Olivas instaló una mesa de recepción de donativos, a las afueras del Issstecali; todo lo que obtiene es entregado diariamente para sus compañeros.
El Hospital General de Mexicali tiene una capacidad de atención de 200 espacios, los cuales fueron despejados para la atención de coronavirus y hasta la última información rondaba en los veinte pacientes de COVID-19 o de neumonías atípicas, a los que se suman otros 30 de otro tipo de padecimientos, los cuales no pudieron ser trasladados ni dados de alta.
Además de los espacios ya determinados, el Hospital 5 de Diciembre del ISSSTE, ubicado a un costado, habilitó su área de consultas para incluir 60 camastros para pacientes no graves de COVID-19 que serán utilizados cuando el Hospital General llegue a su tope.
A estos se deben sumar 40 que ya están habilitados por parte del Ayuntamiento de Mexicali y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), los cuales acordaron la instalación de dos hospitales campaña en el patio interior de la Facultad de Medicina, detrás de ambos nosocomios.
Según el infectólogo Rodolfo Ruiz Luján, del Hospital General, la última semana de abril podría llegar el momento más grave del coronavirus en la Capital del Estado, y en ese momento se pondría a prueba la preparación.
Consideró que la curva de contagios es superior a la que se tiene contabilizada, puesto que una gran cantidad de personas son asintomáticos, lo que significa que han generado contagios que aún no se identifican, pues como es sabido, se requieren 14 días para la incubación del virus. En su opinión, la población está un poco engañada con las cifras que se han registrado en Mexicali, y por ello, estimó que el momento de crisis será la última semana de abril, cuando se podrán evaluar los resultados de la política pública.
En entrevista telefónica para ZETA, el ex director del Hospital General, Édgar Castillo López, habló sobre las condiciones del nosocomio al momento de su salida, y refirió que durante los primeros tres meses del año, la Secretaría de Salud no dotó de equipo para la contención del coronavirus. De hecho fue hasta el miércoles 8 de abril que recibieron los primeros insumos. Es decir, después de 24 casos confirmados de coronavirus y cuatro decesos, solo en esta institución.
Edgar Castillo, ex director del Hospital General de Mexicali
ZETA cotejó las órdenes de compra del Gobierno del Estado durante el primer trimestre del año en su página de internet, y se confirma que no hubo adquisiciones de insumos médicos básicos. Previendo esta situación, Castillo López dijo que desde marzo instalaron filtros en el área de urgencias a los pacientes sospechosos, además de solicitar apoyo de empresarios, de otros hospitales y de agrupaciones civiles para que donaran insumos elementales como cubre bocas, caretas, overoles, guantes, goggles, o bien, dinero en efectivo para la compra de productos necesarios.
Con ello -asegura- se logró sacar adelante la primera etapa del coronavirus, pero coincidió en que lo más complicado es lo que viene, puesto que el costo de los insumos mínimos indispensables es sumamente alto y se gastan varios equipos diariamente.
“Ningún apoyo será suficiente para atender la contingencia que se viene”, refirió el médico, quien permanece bajo cuidados en su casa por el coronavirus. Por ello, pide apoyo a la ciudadanía para que siga apoyando al hospital.
En total, trece médicos y enfermeras fueron retirados de su cargo por sospecha o confirmación de COVID-19, cuyo contagio -aparentemente- se dio dentro de las instalaciones. Además, la mayoría de los estudiantes de Medicina y Enfermería de la UABC que resultaron positivos (18) o sospechosos (29) de coronavirus, participaban en los hospitales estatales.
No conforme con estas bajas, desde el mes de marzo, el Hospital General trabaja con un 20% menos de personal, debido a que son parte de los grupos de riesgo al padecer diabetes, hipertensión u obesidad, por lo que se les solicitó recluirse en sus viviendas.
Esto reduce la capacidad de operación a 300 médicos y 600 enfermeros divididos entre los turnos y especialidades. De hecho, aún no se solicita al personal de otras áreas que atienda pacientes de COVID-19, pues gran parte de los enfermos solo requieren aislamiento y tratamiento de síntomas.
En una resolución histórica, un juez ordena la liberación inmediata de migrantes ante la crisis sanitaria por el COVID-19
El juez de distrito en materia administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame resolvió un acuerdo sin precedentes para, entre otras cosas, liberar a los migrantes detenidos en estaciones migratorias y que se les otorgue una estancia regular.
La organización Sin Fronteras informó que el juez resolvió estas medidas para preservar la vida y salud de más de 2,000 personas que según el Instituto Nacional de Migración (INM), se encuentran detenidos en las estaciones migratorias del país.
Algunas de las medidas estipuladas son la libertad de personas que son parte de grupos vulnerables así como la regularización en el país para obtener acceso a la salud.
Lee: Albergues suspenden ingreso de más migrantes o aplican aislamiento por emergencia de Covid-19
Con esta acción, se sienta un precedente para los migrantes en México al identificar la situación de riesgo por la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.
Por esa razón, se le ordena al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por el COVID-19 dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias; realizar inspecciones periódicas para verificar que se cumpla con el respeto a los derechos humanos; así como el acceso a la información de las personas detenidas sobre las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.
También se considera fundamental que a la par de estas acciones del INM, se brinde a las personas migrantes acceso a la salud, alimentación, integridad física y psicológico.
La resolución señala que existe un plazo de 24 horas para que las autoridades responsables rindan el informe respectivo al cumplimiento de las medidas decretada, de no hacerlo, serán acreedoras a una multa.
A mediados de febrero, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana condujo una serie de entrevistas a las personas detenidas de la estación migratoria de Puebla. En promedio, las 39 personas que en ese momento se encontraban en el inmueble de Reforma y la 21 Sur llevaban 28 días detenidos.
Sin embargo, destacaron tres casos: el de seis personas de un país asiático que llevaban al menos 75 días detenidos; el de una persona procedente del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), que permanecía en la capital del estado desde hacía más de 80 días; y el de un tercero originario de un país caribeño afrodescendiente, que acababa de cumplir 115 días en detención.
La nacionalidad, en ese sentido, juega un papel importante para la burocracia migratoria. Se ven enfrentadas no sólo las coyunturas económicas y políticas sino las geografías, que impiden la comunicación entre las personas migrantes y las autoridades, que se traduce en la atención en temas tan fundamentales como la alimentación.
Uno de los investigadores del IDHIE explicó para El Popular, diario imparcial de Puebla, que una mujer de Nepal llevaba tres meses al momento de entrevistarla. No hablaba español y no había nadie más que hablara su lengua; su inglés era muy básico y sólo un grupo de personas provenientes de la India y Pakistán alcanzaban a intercambiar algunas palabras con ella.
“Ella estuvo dos meses y medio sin poder hablar con otra persona —hasta que llegó otra mujer que más o menos la entendía—, y comiendo lo mismo que los demás migrantes,” comentó.
Este último punto resulta relevante ya que la mujer nepalí era vegetariana; y a pesar de que solicitó a las autoridades migratorias que no mezclaran carnes o aceites con los alimentos que sí podía comer, sus peticiones no encontraron eco alguno por la diferencia del lenguaje.
“A ella la habían detenido en otro estado, estaba escondida en un tráiler que venía desde Guatemala con otras cien personas (…) a toda esta gente los tuvieron 24 horas arriba de un autobús en un estacionamiento de la Policía Federal para después, repartirlos y a algunos de ellos mandarlos a Puebla,” agregó.
Un viaje de mil 600 kilómetros desde la frontera con Guatemala; veinticuatro horas arriba de un camión durmiendo, comiendo y bajando para ir al baño; y dos meses y medio prácticamente aislada.
Durante las visitas realizadas a las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala en 2020, previo al inicio de la contingencia sanitaria, el equipo de investigadores detectó que en promedio, los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria pasan 31 días en estos espacios, 17 días si se trata de personas originarias de Honduras, y 68 días para el caso de personas que no provienen del Triángulo Norte. Los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria pasan 31 días en estos espacios. Foto: Agencias. https://www.elpopular.mx/2020/04/18/local/hasta-115-dias-en-detencion-pasan-los-migrantes-en-puebla
Según el reporte, el robo de la pipa de agua se llevó a cabo en la calle Estación Pino Suárez esquina con Estación Nativitas, de la colonia La Estación. Imagen ilustrativa: Cuartoscuro
Según el reporte, el robo de la pipa de agua se llevó a cabo en la calle Estación Pino Suárez esquina con Estación Nativitas, de la colonia La Estación cuando varias personas se presentaron para despojarlos de su pipa de agua.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se inició el resguardo de pipas de agua luego de presentarse, por medio de un video, el robo de una pipa en la Alcaldía Tláhuac.
“La SSC inició el acompañamiento y resguardo de pipas de agua en colonias de la alcaldía Tláhuac, luego que la tarde de hoy se suscitara una riña entre vecinos de La Estación y Santiago Zapotitla, quienes se disputaban el líquido que es repartido por día estipulado en cada zona”, detalló la institución en un comunicado.
Según el reporte, el robo de la pipa de agua se llevó a cabo en la calle Estación Pino Suárez esquina con Estación Nativitas, de la colonia La Estación cuando varias personas se presentaron para despojarlos de su pipa de agua, argumentando que, en la repartición, este día les correspondía a ellos, pero los de la otra colonia comenzaron a agredirlos.
Los policías acudieron al lugar de los hechos y ofrecieron, a partir de hoy, realizar el resguardo y acompañamiento de las Pipas de agua que acudan a cada zona para abastecer las cisternas de las colonias, en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía para llevar una mejor logística del reparto.
Una de las entregas de caretas de Anaya en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Foto: @Giliux
Vanessa Cisneros / Emeequis
Ante la escasez, un ingeniero se puso a imprimir estos artículos en 3D para donarlos a hospitales públicos. Bajó sus tiempos de producción para fabricar más. Las ONG’s también ayudan a personas vulnerables en medio de esta pandemia.
EMEEQUIS.– A partir de las 6 de la tarde, Gilberto Anaya cambia la consultoría de pequeñas empresas por la impresión de caretas protectoras en 3D que dona para que el personal de salud que enfrenta escasez en medio de esta pandemia trabaje protegido.
Después de ver en las noticias cómo el COVID-19 atacaba al personal de salud en otros países, Anaya decidió que tenía que hacer algo, pues cuando este virus llegara a territorio mexicano los insumos para hacerle frente no iban a ser suficientes.
En la Ciudad de México, en donde se reportan 2,080 casos confirmados de coronavirus hasta el día de hoy, así como en otras partes del país, personal médico de las instituciones públicas como el ISSSTE y el IMSS ha protestado por falta de material de protección para llevar a cabo sus labores, como documentó EMEEQUIS.
El martes pasado, se informó que 535 personas que trabajan en el IMSS se contagiaron del virus. Las infecciones se dieron en Coahuila, San José del Cabo, Tlalnepantla, Estado de México; en Tijuana, Baja California, y en la Ciudad de México.
En total, dijo Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas de esa institución, 4 mil 148 empleados se habían hecho la prueba y 20 mil fueron enviados a sus casas porque tienen algún padecimiento que los hace poblacion vulnerable frente a este virus, como lo son adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa o con padecimientos respiratorios.
“LOS PERDEMOS A ELLOS Y PERDEMOS LA BATALLA”
Por eso, durante todo el mes de febrero, Gilberto buscó modelos de caretas de rostro completo que pudieran proteger a enfermeras y médicos de las gotas de saliva y secreciones respiratorias que propagan el coronavirus. Compró una impresora 3D y filamentos especiales para fabricarlas en casa.
“Nuestro frente de batalla en esta pandemia es el personal médico. Tenemos que ayudarlos, porque no podemos mandarlos a la guerra sin fusil. Al menos eso es un granito de arena.
“Ellos son los verdaderos héroes de toda esta crisis y hay que ayudarlos de alguna manera. Los perdemos a ellos y perdemos la batalla”, dice Gilberto, quien ha entregado estos materiales de protección al personal de salud con la ayuda de sus dos hijos, su esposa y bicimensajeros: 100 viseras en hospitales de la Ciudad de México y centros médicos universitarios, como el Centro Médico Universitario de la UNAM.
Por eso, cada noche, después de acabar con su jornada como consultor de pequeñas empresas para que optimicen sus procesos a través de la tecnología, el ingeniero en sistemas sigue en búsqueda y experimentación para hacer más en menos tiempo.
Su primera búsqueda de páginas en internet le arrojó un modelo que tardaba hasta tres horas en imprimir una visera. Ya lleva tres modelos y el tiempo de impresión se redujo a una hora. Como este proceso es tardado, decidió comprar otra impresora para acelerarlo.
Anaya ha entregado 100 de estas caretas en hospitales.
Mientras hace su jornada laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde, dos impresoras imprimen las caretas y ya en la noche “me pongo a experimentar y a armar las viseras junto con mis hijos”, cuenta en entrevista.
La primera usuaria, la dentista que va con el nombre de @calaveritabike en Twitter, subió este video mostrando cómo se pone su material de protección, incluida la visera de Anaya.
El lunes pasado entregó 20 de ellas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, después de pasar jueves, viernes y fin de semana preparándolas.“Sentí que llevaba un mensaje de solidaridad y admiración de mis hijos y mío propio para nuestros héroes de la salud”.
La doctora que le recibió el paquete dio las gracias: “Me preguntó si me tenía que enseñar su credencial, le dije que no era necesario. De hecho, primero, por Twitter, me preguntó si se las podía vender. Le dije que no, que eran donativo para el personal de salud”.
AYUDAR A AYUDAR
En medio de esta situación, también han surgido iniciativas y campañas en organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas es #MiBarrioMeRespalda, que conecta a personas que quieren donar insumos, dinero o su trabajo de forma voluntaria.
Cuenta con más de 20 asociaciones y movimientos, que llevan años trabajando con personas de distintas capacidades y necesidades, que ahora se ven más afectadas ante esta emergencia sanitaria.
Esta campaña fue lanzada por la asociación El Día Después, que es “una plataforma de vinculación entre personas que quieren hacer algo por su país, pero no saben cómo acercarse con las organizaciones, movimientos sociales y colectivos que ya lo están haciendo”, cuenta en entrevista Ixchel Cisneros Soltero, periodista e integrante del equipo.
Para hacerlo sólo se necesita llenar un formulario en el que se indique cuál es la ayuda a brindar a estas organizaciones. Las únicas dos condiciones son que esta ayuda no venga de partidos políticos y que se transparenten los recursos que se donen.
Esta plataforma en línea también ofrece un formulario para las personas que necesiten ayuda. Las peticiones pueden hacerse sólo en grupos de personas y las asociaciones que la integran ayudan a personas con discapacidad, migrantes, deportados, adultos mayores, trabajadoras sexuales, mujeres trans con VIH y enfermedades degenerativas, personas en condición de calle y la niñez que nace y vive en la cárcel.
Personal del Hospital Pediátrico Tacubaya bloqueó esta mañana un tramo del Anillo Periférico en protesta por un brote de covid-19 al que, dice, se ha dado poca atención. Foto: Especial
Patricia Dávila / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin suspender la atención médica, personal del Hospital Pediátrico Tacubaya bloqueó esta mañana un tramo del Anillo Periférico, a la altura de la calle Carlos Lazo, en protesta por el brote de covid-19 en dicho centro hospitalario al que las autoridades han dado poca atención, según los inconformes.
De acuerdo con los empleados, ya suman nueve casos confirmados con covid-19; además, dijeron que se tienen 10 más “con riesgo alto” y 35 con posible contagio.
Entre los casos confirmados se encuentran cuatro enfermeras, un camillero, dos trabajadores de lavandería, una de mantenimiento y otra de recursos humanos.
Según testimonios de personal del nosocomio recogidos por Apro, desde mediados de marzo se tenía conocimiento de que uno de sus compañeros era posible portador, pues es hermano de una enfermera del hospital Enrique Cabrera quien falleció por coronavirus. Finalmente él resultó positivo al covid-19.
A pesar de ello, no se aplicó cerco sanitario alguno, lo que puso en riesgo al personal y a los pacientes.
“El hermano laboraba en la lavandería del hospital. Su muerte (de la enfermera) ocurrió en el mes de marzo, es un hecho público. Teníamos conocimiento de que (su hermano) estaba contagiado y por ello se solicitó a la directora del Hospital Leonarda Buenaventura Carreño López que se le hicieran las pruebas correspondientes para descartar que tuviera coronavirus. Sin embargo, se mostró negligente, dijo que sólo eran chismes y que se trataba de crear pánico”, dijo uno de los empleados que prefirió el anonimato.
Esta versión fue corroborada por un trabajador del área de lavandería.
“Un compañero resultó positivo al covid-19, no se aplicaron los protocolos a pesar de que la directora sabía que la hermana de este compañero, enfermera del Enrique Cabrera, estuvo internada unas dos semanas y falleció de coronavirus en este hospital. Él se presentaba a trabajar aun sintiéndose mal. Hasta el 31 de marzo la directora le dio 40 días y dejó de venir, cuando debió haber ordenado que se resguardara desde semanas antes.
“Días después compañeros que estuvieron cerca de él empezaron a enfermarse, uno de ellos falleció el pasado miércoles. Ante ello, solicitamos a la directora que nos enviara a realizar las pruebas de covid-19, pero nos dijo que ya no había fichas. A otros compañeros incluso les retiró las tarjetas checadoras por ausentarse un día, eso es una represalia.
“Ella dice que está protegida por el doctor Barreiro -Ricardo Barreiro, director general de prestación de servicios médicos y urgencias-, quien trabaja directamente con la secretaria de salud -Olivia López Arellano-. La situación es que, en mi caso, todo lo toma personal y me dijo si quieres vete al ISSSTE, si allá te hacen la prueba es tu problema”.
“Yo ahorita vivo solo, me aislé. Mi esposa y mis hijas se fueron a vivir a casa de su abuela materna porque no quiero arriesgarlos. Yo conviví con el compañero que falleció durante dos semanas”.
Desprotegidos
Una doctora, que tampoco quiso dar su nombre por temor a represalias, dio su versión:
“En la gaceta oficial del 19 de marzo se publicó un acuerdo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que habrá un apoyo para todos los padres y madres trabajadores del gobierno que tengan a su cuidado niños en el nivel preescolar. Yo tengo una bebé de dos años, por el tipo de nómina no tengo prestación en guarderías del ISSSTE y mi hija acude a una guardería privada que en estos momentos tengo que seguir pagando pese a la contingencia.
“Mi hija solo depende de mí y la única señora que me la quiso cuidar, vive con su hijo y su madre que es paciente del INER por problemas respiratorios. Incluso, en este año ha tenido dos ingresos. Esta situación de la falta de seguridad y la propagación del covid-19 en el hospital me preocupa porque no solo está en riesgo mi familia sino también la familia de la señora que aceptó apoyarme”.
Prosigue la doctora:
“Le comenté de esta situación a la directora del hospital y me dijo que no procedía el permiso para resguardarme en casa y cuidar a mi hija. Entonces, mandé un correo a Atención Ciudadana de la CDMX y me respondieron que entro en el grupo de personas para poder cuidar a mi hija en esta contingencia y la directora no dio su consentimiento.
Ante ello, la doctora y otras compañeras propusieron a la directora hacer guardias escalonadas en el hospital, pero lo único que se ganó, dice, es el desdén de las autoridades hospitalarias. “Ya hay represalias en mi contra, no me quiere recibir, ni escuchar para tratar mi tema”, se queja.
Desdén y malos manejos
Personal del área de Admisión también se queja de la directora y del coordinador de Recursos Materiales del Hospital.
“Estamos preocupados por la falta de profesionalismo de las autoridades, desconocen los procesos administrativos. A pesar de la contingencia y de la muerte de un trabajador por covid-19, se niegan a apoyar a los compañeros de más de 60 años y con enfermedades crónicas. No se dan cuenta de que todos somos probables sospechosos porque no se aplicaron protocolos para cuidarnos”.
Además, denuncian que los recursos materiales no se están manejando correctamente. Hace poco, refiere, se les notificó que se perdió un electrocardiógrafo y no se reportó al Ministerio Público. También que desaparecieron 200 cubrebocas que llegaron recientemente.
Una trabajadora del área de mantenimiento también accede a dar su testimonio.
Dice:
“Estoy muy dolida, tengo más de 40 años de trabajar en este hospital. Cómo es posible que mi compañero entrara al hospital con una faringitis e inmediatamente lo intubaran. Él falleció en el hospital Darío Fernández. Días antes, la hermana de otro compañero falleció de covid en el Hospital Enrique Cabrera. A él la directora debió aislarlo desde que nos enteramos de que su hermana estaba enferma, pero tuvieron que pasar dos semanas para que lo mandara a su casa. Lo hizo hasta que nos enteramos de que otro de sus hermanos fue intubado.
“Hablamos con la directora para comentarle la situación del compañero que estaba en Darío Fernández. Nos dijo que era mentira. Un doctor se paró y le dijo a la directora: ‘mire doctora, la hija de nuestro compañero nos notificó que el compañero de lavandería está internado e intubado en el Darío Fernández’. Cómo es posible que nos mienta. Por su negligencia no tomamos precauciones ni usted aplicó los cercos sanitarios”.
La mujer continúa:
“La semana pasada, en una reunión con la directora, le pedimos la lista de los insumos que han llegado. También le preguntamos porque no había enviado a su casa al personal de 60 años con enfermedades crónicas y por qué no se había establecido un cordón sanitario”.
Negligencia
Al siguiente, dice, la directora les informó que habían llegado 202 mil 350 piezas, pero todo de mala calidad, por lo que los iba a regresar a las oficinas centrales.
“Esto es negligencia de la autoridad. A sabiendas de que hay personas con alto riesgo de dar positivo porque tienen familiares que murieron por covid-19 no toma medidas para aislar a las personas. Además, autoriza pruebas sólo al personal que ella quiere. Eso es ignorancia y desconocimiento pleno de cómo se lleva un hospital”.
Una empleada de enfermería, cuenta también del caso de la enfermera que dio positivo a covid-19, luego de asistir a un menor que llegó al hospital con sospecha de contagio y posteriormente fue enviado al hospital de La Villa.
“A las enfermeras se nos pide atender a los pacientes sin el equipo de protección correspondiente, incluso sin cubrebocas”, se queja.
Los trabajadores inconformes también refirieron que hace un par de semanas tuvieron casos de sarampión grave y que sólo llegaron 50 vacunas para todo el personal. La directora y la JUD Médica Margarita Hernández Quintana, se aplicaron la vacuna, cuando –afirman los entrevistados– ellas nunca bajan a las áreas críticas y, por lo tanto, de todo el personal, son las que menos riesgo tienen: “Ella salió y dijo: ‘se la pone usted y usted’. Los demás nos quedamos viendo”.
“Ya lloré lo que tenía que llorar. Ella sabía que nuestros compañeros estaban internados y ella lo negaba. No se vale”, reprochan.
Página / Por Medios Aliados / Texto: Patricia Briseño/SemMéxico.
Una pasante de enfermería fue agredida en la vía pública en San Jacinto Amilpas y otra más se encuentra desaparecida en San Juan Bautista, Tuxtepec.
La Fiscalía General de Oaxaca, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no localizadas emitió una alerta por la desaparición de Itzel González González, enfermera, quien desapareció el pasado 14 de abril, en la colonia Grajales de San Juan Bautista, Tuxtepec, municipio ubicado al norte de la entidad.
Itzel González el día de su desaparición vestía playera color mostaza con figuras de aguacate, pantalón de mezclilla color azul oscuro, zapatos tenis color gris y llevaba una bolsa de mano color café oscuro.
Mide 1.64 metros de estatura, es morena, cara redonda y frente amplia, ojos color café, boca y nariz regular dice la descripción de la DNOL.
En el municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de San Jacinto Amilpas, una pasante de enfermería fue agredida verbal y físicamente en la vía pública por un sujeto desconocido, al considerarla fuente del contagio del coronavirus. El ataque ocurrió en la vía pública cuando la profesionista se disponía a abordar un autobús de pasajeros rumbo a la clínica donde presta sus servicios, en la periferia de Oaxaca.
La ofensiva a la enfermera sucedió la noche del pasado 14 de abril cuando se dirigía a trabajar al Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de la Secretaría de Salud de Oaxaca, del municipio conurbado de San Jacinto Amilpas, según medios sociales.
De acuerdo con la denuncia publicada por las compañeras de la víctima, el agresor – de unos 40 años de edad- le gritó: “Siendo enfermera, deberías de estar en el hospital, no en la calle».
La profesionista le respondió: «estamos para brindar los servicios de salud y realizamos todo para poder ayudar a las personas».
Tras la réplica, el desconocido jaló del cabello a la enfermera, “haciéndole fuertes movimientos provocándole un esguince en el cuello”, ante la mirada de otros transeúntes que esperaban en la parada del autobús, pero ninguno la defendió.
Al llegar al Centro de Salud fue atendida por sus compañeras, y después enviada casa con licencia de descanso por 10 días.
La denuncia en la red social Facebook llama a sus colegas y compañeros del sector salud: “extremen medidas, mantengámonos unidos, tengan muchísimo cuidado. ¡Ya no es seguro salir a las calles con uniforme!”.
En la víspera, integrantes del Congreso del Estado aprobaron reformar el Código Penal de Oaxaca para castigar, hasta con seis años de prisión, a la persona que cometa algún delito contra médicos, enfermeras y personal sanitario, en general, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La reforma pretende inhibir las agresiones físicas y verbales en contra de los profesionales de la salud, que lamentablemente se han incrementado en forma gradual desde el inicio de la contingencia sanitaria.
En el capítulo cuarto sobre delitos cometidos contra servidores y funcionarios públicos, la reforma adiciona el Artículo 187 Bis para penalizar, “con mayor energía “cuando las conductas sean cometidas en contra de personal del Sistema Estatal de Salud, en ejercicio de sus funciones y “durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria”.
Fabiola Juárez/El Universal San Luis Potosí
17 abril 2020
Un grupo de comerciantes del tianguis Las Vías bloqueó el paso vehicular de Salvador Nava, a la altura de la Unidad Administrativa Municipal, para exigir al ayuntamiento la entrega de apoyo por la contingencia sanitaria.
La manifestación inició alrededor de las 11:00 horas y hasta este momento la circulación permanece cerrada.
Como EL UNIVERSAL San Luis Potosí reportó el pasado domingo, las autoridades de la capital potosina prohibieron la instalación de este mercado sobre ruedas en seguimiento a las medidas sanitarias.
Los vendedores se rehusaron y, debido a la presencia policial, optaron por retirarse de la avenida Hernán Cortés con la promesa de llegar a un acuerdo; sin embargo, han transcurrido 12 días e indican que aún no hay muestras de apoyo por parte de la administración navista.
Son decenas de elementos que están en los diferentes accesos de los nosocomios, teniendo como finalidad cuidar los accesos a los sitios
Elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo; se trata de una medida de prevención en donde se atienden a pacientes con COVID-19.
De trata del número 11 de Nuevo Laredo y en el Hospital Regional 270 de Reynosa, donde los elementos fueron desplegados como se anunció desde el pasado 15 de abril por las autoridades del IMSS.
Se trata de un despliegue paulatino de su personal para brindar seguridad a los 184 hospitales, donde estas acciones se realizan de manera conjunta entre el IMSS y las secretarías de Defensa, Seguridad y la de Protección Ciudadana.
Son decenas de elementos que están en los diferentes accesos de los nosocomios, teniendo como finalidad resguardar los sitios.
Elementos invitan a la población a resguardarse en casa
En la zona sur de la entidad, específicamente en Tampico y Ciudad Madero, los elementos de la Guardia Nacional aplicaron un operativo donde le piden a la ciudadanía retirarse a sus casas.
Sinaloa.- En protesta ante la vulnerabilidad que representa continuar trabajando con la pandemia de Covid-19, choferes de transporte urbano de diferentes partes de Sinaloa se manifiestan en gobierno del estado.
Después de la noticia del primer caso de un conductor de transporte urbano diagnosticado con el virus, los trabajadores de diferentes alianzas piden al gobernador, Quirino Ordaz Coppel dotarles de materiales para evitar contagios, ya que además de ser propensos por tener contacto con diferentes personas en el día las ganancias son nulas y no tienen dinero para los gastos básicos de sus familias.
Flavio Rolando Ibarra, secretario general de choferes de transporte urbano de Culiacán, lamentó que la mayoría de los trabajadores no cuenten con seguridad social, por lo que con el recorte de las rutas en un 90 por ciento se están descansando sin recibir salarios, por lo que es imposible costear los gastos de una familia.
Explicó que los choferes normalmente ganan el 20 por ciento del pasaje que trasladen en un día, y como no hay personas en las calles los pocos que están trabajando prácticamente se quedan sin salario.
La petición recae en recibir algún apoyo económico o en despensa, mientras transcurre la pandemia de coronavirus en Sinaloa, además de implementar estrategias para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros ante contagios.
“Un chofer que tenga esta enfermedad, lamentablemente puede que no tenga seguro social, ese muchacho ahí se la va a echar si no tenia, se puso mal arriba del camión y toda la gente que estaba ahí van a tener que checarla, no se juega con esto porque es una cosa muy seria, y no queremos mentiras de esto”, reiteró el conductor.
En este caso, especificó que la condición de salud del trabajador fue cuando aún laboraba, por lo que a su parecer toda la gente que estaba ahí tiene que ser examinada, al tratar de un tema con el que no se juega por ser de importancia.
Sindicato Autónomo se deslinda de protesta y de Rolando Ibarra
El Sindicato Autónomo de Conductores de Culiacán se deslinda totalmente de la protesta realizada por choferes de transporte urbano en las instalaciones del Palacio de Gobierno este jueves y de cualquier gestión o actividad liderada por Rolando Ibarra, secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán.
Guadalajara, Jalisco. Tomar clases en línea ha sido la estrategia de las instituciones educativas ante la imposibilidad de continuar de manera presencial por la contingencia sanitaria, sin embargo, la falta de acceso a internet sigue siendo una limitante para una buena parte de la población estudiantil de Jalisco.
Dentro de la Universidad de Guadalajara, los campus con mayor porcentaje de estudiantes sin conectividad a internet en casa son el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán, con 42%, le sigue el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán, donde 37% carece del servicio y finalmente está el Centro Universitario del Norte en Colotlán, con 31% de desconexión.
Tampoco los centros universitarios temáticos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara tienen una cobertura completa, pues la falta de internet en el hogar oscila entre el 8% y 18% de los estudiantes, lo que significa que deben hacer un esfuerzo adicional para mantenerse en contacto con sus maestros y compañeros.
El rector general de la casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que la forma de evaluar será flexible con quienes atraviesen esta situación. En su caso, al terminar el semestre se les asignará la leyenda “aprobación condicionada”, con la cual se les invitará a que se regularicen en verano, mientras aquellos que estén cursando su último semestre tendrán la calificación de su promedio general para no perjudicarlos en sus trámites de egreso.
Si bien el acceso a internet es un derecho humano reconocido en la Constitución de México, el alto costo de su servicio limita que una parte de la población pueda tenerlo en su domicilio.
Ciudad Juárez — Todas las empresas en el estado que realizan actividades consideradas no esenciales deben cerrar debido al exhorto emitido por el Gobierno Federal, dijo hoy la secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Laso.
En Ciudad Juárez han suspendido actividad 64 empresas maquiladoras y continúan operando 33 que realizan actividades esenciales.
La secretaria del Trabajo dijo que 28 empresas maquiladoras en Ciudad Juárez con actividades no esenciales siguen abiertas, por lo que se les solicitará el cierre inmediato de sus operaciones, y 35 empresas continúan abiertas parcialmente, ya que dentro de su producción alguno de sus procesos es considerado esencial.
Herrera Laso dio a conocer que solo en Juárez hay 160 industrias que concentran alrededor de 300 mil trabajadores, de los cuales 180 mil están inactivos y el resto continúan activos.
La funcionaria pidió no estigmatizar a la industria maquiladora y dijo que se encuentran en constante comunicación y coordinación con las y los empresarios del estado para atender las situación laboral y acatar las órdenes federales.
De acuerdo con Herrera Laso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Gobierno del Estado realiza inspecciones en las industrias maquiladoras del estado y han encontrado que cumplen sus medidas de seguridad e higiene y que realizan solo actividades esenciales.
“Por eso estamos atentos para atender todas las dudas, insistimos que se comuniquen con nosotros, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, háganlo, le vamos a dar seguimiento con mucha responsabilidad a cada una de las personas para saber que está pasando en cada caso en particular”, dijo.
También dijo que en las inspecciones que se realizan en todo el estado están logrando que se acate la medida principal que es el cierre de empresas no esenciales, según el Acuerdo del Gobierno Federal.
Las sanciones administrativas en materia laboral, por violaciones y daños a la salud se puede incluso configurar algún delito y la clausura del centro de trabajo, lo que sería una medida más drástica, e inclusive, en caso de haber oposición, se daría vista al Ministerio Público, dijo Herrera Lasso.
Hasta la fecha han sido atendidos alrededor de mil 200 trabajadores por incumplimiento en el pago del salario o falta de medidas de higiene y protección, entre otras quejas, dijo Ana Luisa Herrera.
Los trabajadores de la salud lamentan que sean discriminados por atender a pacientes con COVID-19 | Foto: Lidiet Mexicano
Lidiet Mexicano/ VANGUARDIA MX
Les niegan servicios y acceso a ciertos puntos de la región
Médicos y enfermeros de la clínica 7 del IMSS de Monclova, donde se atiende a pacientes positivos de COVID-19 han sido discriminados y a través de redes han denunciado los comentarios y tratos que reciben de la población por ser quienes tratan directamente con pacientes positivos y sospechosos de coronavirus a interior del nosocomio.
Uno de los casos, es el de la enfermera Ana Cecilia Quintero González quien manifestó que mismos policías que se encuentran en el filtro de la entrada al municipio de San Buenaventura le dieron un mal trato por portar su uniforme de salud.
“No puedo creer, discriminada por ser enfermera en mi propio pueblo”, señaló.
Describió que al regresar de laborar en el Hospital General de Zona número 7, le detuvieron en el filtro en mención y al ver que era una de IMSS, no le revisaron, al contrario le dijeron tenían orden de no dejar ingresar a la ciudad a personal de salud.
“Escucho claramente a la señorita que me tomaba la temperatura gritar, es que es enfermera, para pronto vino un oficial con un arma que me indicó que saliera del camino y me orillara, me dice que no puedo ingresar a San Buena y texualmente me dijo: no le ham dicho enfermera que se tiene que quedar ahí en el hospital sin poder salir, a lo que yo contesté que nó, porque realmente no me han comunicado nada, y le manda hablar a otro joven que me dijo que por esta vez puede pasar y luego a ver que les dicen por que ahí tienen orden de no dejar entre el personal de salud”, dijo e indicó que la alcaldesa Gladys Ayala dió esa orden.
“No veo justo, tengo tres semanas lejos de mi familia, tengo todas las precauciones para evitar contagios, uso cubrebocas n95, a parte yo no soy el enemigo y no entiendo como una persona tan preparada y que tiene a su mando un gobierno nos discrimina así…. mejor vean todos los casos positivos en San Buenay hagan un buen cerco sanitario”, agregó.
Por otra parte a un grupo de médicos y enfermeras que también se encontraban en turno en la clínica 7 se les negó un servicio de alimentos por el hecho de ser personal de salud público.
“El día de hoy realizamos un pedido a la sucursal Pizza Klein y se nos negó al momento de proporcionar la dirección del hospital, entendemos la situación y por ello tenemos medidas de prevención de higiene y sanidad, a puesto a que nuestras manos están por mucho más limpias que las de muchas de personas que se encuentran en casa”, señaló.
Para que el personal pudiera obtener su cena, tuvieron que otorgar la dirección de uno de los padres de una enfermera, cerca a la clínica y estos recogieron y entregaron los alimentos al exterior del hospital.
“Sinceramente si el servicio a domicilio está disponible aun en este tipo de restaurantes no creo que debería de haber excepciones”, indicaron.
Cabe destacar que se habían registrado muchas muestras apoyo hacia los médicos por parte de la sociedad, sin embargo en los últimos días es notorio el rechazo hacia los trabajadores de la salud que laboran en este Hospital COVID.
Vecinos de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl pusieron el ejemplo y repartieron alimentos a los sectores más vulnerables por la pandemia por COVID-19.
A través de colectas vecinales, los ciudadanos entregaron pollos, tortas y equipos de protección a ciudadanos con escasos recursos y médicos del hospital de La Perla.
«Vimos en redes sociales como están agrediendo a las enfermeras y médicos que ahorita son héroes para todos nosotros por el coronavirus y por eso decidimos salir y mostrar apoyo», comentó Leopoldo Moreno, uno de los organizadores.
La primera muestra de solidaridad la realizaron colonos de la calle Pataguas, de la colonia La Perla, donde cerca de 30 personas juntaron víveres y los llevaron al Hospital General de La Perla.
«Aquí los vecinos colgamos lonas de apoyo y juntamos algunos alimentos como tortas, sandwich y caretas que nosotros mismos hicimos porque ellos están saliendo a comprar su equipo a farmacias de aquí de la colonia», explicó Leopoldo.
Imagen tomada de: la-prensa.mx
«Lo hacemos porque se han visto casos de personas que los agreden porque creen que están infectados de coronavirus y queremos demostrar que en Neza somos solidarios», agregó el vecino.
Con ayuda de elementos de la Policía Municipal de Proximidad, los voluntarios entregaron cerca de 100 alimentos al personal del turno nocturno del nosocomio estatal donde ya se ha registrado al menos un deceso.
En tanto, en Chimalhuacán propietarios y trabajadores del expendio de pollo Lupita, ubicado en el barrio Artesanos, otorgó alimentos de manera gratuita, para apoyar a grupos vulnerables de la población durante la contingencia por COVID-19.
El personal del expendio de pollo Lupita, que lleva tres décadas de brindar sus servicios en el barrio Artesanos, entregó dotaciones alimentarias a más de 350 vecinos de dicha comunidad, en su mayoría amas de casa y adultos mayores.
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de abril de 2020.- Esta tarde, policías del hospital La Raza agredieron a los periodistas Pablo Salazar y Moisés Rosas, del periódico El Heraldo de México, mientras tomaban imágenes desde fuera del nosocomio.
Ambos periodistas realizaban un recorrido por las afueras del hospital para recabar imágenes sobre los cubrebocas que se encontraba tirados en el piso, cuando dos policías llegaron y los obligaron a entrar a las instalaciones del sanatorio, reteniéndolos sin explicación alguna, pese a que ambos se acreditaron como prensa.
Cuando Salazar cuestionó el motivo de la detención, los policías no dieron respuesta, a lo que el periodista insistió en que fuera llevado al Ministerio Público o con el jefe directo de los policías. Lo único que dijeron los elementos es que se trataba de una zona federal y no podían hacer imágenes; a lo que Salazar reiteró que se encontraban en la calle.
Se hicieron de palabras y los policías, haciendo abuso de su autoridad, dieron algunos puntapiés a ambos reporteros.
Luego de hacer algunas llamadas, el jefe de los policías se presentó ante los periodistas disculpándose de la acción, sin embargo los elementos trataron de cambiar la versión de lo sucedido diciendo que los encontraron tomando fotos desde el interior del hospital, no en la calle como había sucedido.
Pie de Página / Texto: Lydiette Carrión; Fotos: Javier de la Maza / Unsplash
De un día al otro, el Hospital del IMSS de Cabo dejó de atender partos. Sólo se dedicará a antender la emergencia por covid-19. El problema es que nadie avisó a las embarazadas, quienes también se quedaron sin consultas ni seguimientos médicos en una ciudad que está en virtual toque de queda.
La contingencia sanitaria en Cabo San Lucas puso en riesgo a las mujeres a punto de parir. En una semana, y sin mediar aviso o información institucional alguna, las mujeres embarazadas y parturientas se quedaron sin consultas ni seguimientos médicos, y sin acceso al hospital del IMSS de la ciudad. Esta falta de información pone en riesgo a las mujeres y sus familias, así lo denuncia la colectiva de parteras Nueve Lunas.
Este miércoles, al menos dos mujeres en labor de parto llegaron al hospital del IMSS de Cabo San Lucas (donde debían dirigirse para dar a luz). Pero en las puertas les informaron que el hospital sólo recibiría casos por covid. Y las enviaron “a su casa”. Ningún funcionario brindó información sobre otras clínicas u hospitales donde podrían ser atendidas.
Brote masivo
Hace una semana, el pasado 8 de abril, el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 26 de Cabo informó sobre un brote importante de contagio en sus instalaciones: al menos 42 trabajadores –médicos, enfermeros, personal en general– fueron infectados de covid-19 ahí, en el hospital. El primer caso se presentó el 2 de abril.
El caso de Cabo San Lucas se suma al del IMSS Coahuila, donde se infectaron 29 personas; y también al de Tlalnepantla, Estado de México, donde fueron 22 trabajadores de la salud.
En su momento, el IMSS aseguró que sería la Hospital del IMSS Cabo (como lo conocen en la región) el destino de referencia para enfermedades respiratorias, pero seguiría funcionando de manera normal. Sin embargo, para esta semana no era así.
Parto sin hospital
Nuria Landa es partera de la tradición, y pertenece a la colectiva Nueve Lunas. Ellas ofrecen el servicio de partería tradicional, que implica dar a luz en la casa, siempre con un protocolo de salud y seguridad. Deben conocer a la mujer gestante desde antes, dar seguimiento durante su embarazo, asegurarse de que se proyecta un parto sin complicaciones. De ahí que no asistan partos de mujeres a las que no han seguido en el proceso.
Sin embargo, explica Nuria en entrevista telefónica, “hace dos días recibí dos llamadas de dos mujeres que iniciaron su trabajo de parto y fueron al hospital de Cabo San Lucas y no las recibieron, porque ahí sólo están recibiendo covid. Pero, no las recibieron y, ¡tampoco las refirieron a ningún lado!, sólo les dijeron que regresaran a sus casas”.
Las mujeres querían que Nuria asistiera su parto; pero esto no era posible, debido al protocolo.“Nosotras no solemos acompañar a mujeres que no conocemos”, porque Nuria o ninguna otra partera no estaría al tanto de posibles complicaciones. Ellas, entonces, sin saber a quién recurrir le preguntaban quién podría recibir a sus bebés.
“Las referí a la línea materna. Pero no les dieron información porque no había nada qué denunciar, todavía”, explica Nuria.
“Les dije que fueran al hospital de san José del cabo, a 40 kilómetros de distancia”. Aunque la clínica no queda realmente lejos, en una emergencia, los minutos son importantes. Además, debido al brote en San Lucas, la región entera está en una situación muy restrictiva. Hay policía patrullando la carretera, deteniendo y preguntando a quienes viajan qué hacen ahí.
“Aquí, el problema más grande, que es mi petición, mi exigencia al gobierno, es que informen. O sea, las mujeres se enteraron hasta que llegaron a la clínica. Si hubiera información oportuna… se van a suspender las consultas.. Se va a realizar de esta forma… un poco de previsión de la situación, para que las mujeres puedan tener un poco más de paz.
Consultas canceladas
Nuria narra cómo a las mujeres gestantes les dio terror acercarse al hospital desde el pasado 8 de abril. “Desde el momento en el que hicieron público esto [el brote], pues las llamadas a las parteras –que no somos muchas, somos dos de planta y dos eventuales– se volvió una locura. Porque las mujeres tienen muchísimo miedo de ir al hospital con esta situación”.
Pero se sumó otro factor: los médicos ginecobstetras, tanto públicos como privados, suspendieron sus consultas. “A partir de que empecé a recibir llamadas en cantidades no normales, supe que se habÍan suspendido las consultas a mujeres en el embarazo.”
El estado de Baja California Sur es, actualmente, la entidad con más brotes de covid-19 en relación con su población. “Es un estado que ya está viviendo una situación bastante fuerte […]. Aquí estamos en confinamiento. La policía está en las calles. No hay equipo médico, no hay equipo de protección, la gente está teniendo, estamos teniendo que donar equipo de protección en colectas que han hecho los mismos doctores. Y eso ha generado una conciencia de la situación, por un lado, y por el otro, un nivel de estrés increíble”.
Y en este contexto, las mujeres embarazadas quedaron olvidadas de la atención institucional.
Después de una semana en esta situación, Protección Civil de Cabo San Lucas emitió un comunicado informando que el Hospital IMSS Cabo está destinado a covid. “Y todo lo que no es hospital covid va a ser derivado a otros lugares. Pero no dijo cuáles”.
Nuria resume: “sabemos que a todos nos corresponde hacer nuestra parte. No sólo el gobierno, sino a cada uno de nosotros, en colectivo o el lo individual. Pero genuinamente creo que aquí la institución fue irresponsable”.
Colima, México, Avanzada (16/04/2020).- Más de 120 mil trabajadores en Colima, que pertenecen al sector comercial y actividades financieras, enfrentan complicaciones económicas delicadas por despidos, la falta de salarios o la reducción de los mismo, a partir de la emergencia sanitaria decretada para frenar los contagios de COVID-19.
Las principales afectaciones económicas en la entidad se registran en el sector comercial y de servicio, donde se ubican los restauranteros y hoteleros, quienes reportan pérdidas de hasta el 90 por ciento, desde el pasado mes de marzo, cuando en Colima, el gobierno estatal decretó el aislamiento social.
De acuerdo al Censo Económico 2019, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en Colima existen 42 mil 691 establecimientos comerciales que ofertan mercancías, prestan servicios y producen bienes.
Solamente el sector comercio, uno de los más afectados por el cierre de actividades, agrupa 13 mil 194 establecimientos, empleando a 51 mil 846 personas.
En tanto que los servicios privados no financieros (considerados como actividades no esenciales) acumulan 15 mil 195 establecimientos, con 71 mil 124 personas empleadas; mientras que en el resto de las actividades económicas se registraron mil 398 establecimientos, con 34 mil 323 personas.
El Censo Económico 2019 detalla que los más de 42 mil establecimientos comerciales en la entidad, emplean a 251 mil personas aproximadamente. De ese total, 137 mil 742 son hombres y 113 mil 500 son mujeres.
Se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir apoyo total que no les ha llegado de autoridades
Elizabeth Ríos / El Occidental
Diferentes comunidades indígenas en Jalisco manifestaron su preocupación porque sus hijos pierdan el ciclo escolar, ya que desde que se suspendieron las clases, debido al Covid-19, no han tenido oportunidad de regularizarse a falta de internet.
Tras manifestarse en Palacio de Gobierno este jueves para exigir apoyo total que no les ha llegado de autoridades, ante la actual emergencia sanitaria por coronavirus, integrantes de las comunidades mazahua, otomí, purépecha, wixárika o mixteca aseveraron que no cuentan con los elementos necesarios para hacer frente a esta situación.
“No tenemos acceso a internet en casa, entonces cómo pretenden que nuestros hijos sigan ese estudio en línea cuando no contamos con computadoras en casa. Es un poco muy difícil y con el rumor de que nuestros hijos reprueben el año por el incumplimiento de tareas, pero no está en nuestras manos porque no tenemos este acceso”, refirió Juana Facundo Rodríguez, de la comunidad otomí.
Dijo que no han logrado tener un acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Educación, de ahí la exigencia porque se generen mesas de diálogo con el gobierno estatal no solo para que resuelva la problemática ante la falta de empleo, apoyos económicos o comida, sino por la educación a la que tampoco han tenido acceso.
“No han tenido clases (los niños), porque por los que tenemos poquito acceso a internet nos han dicho que las tareas no se pueden mandar por vía WhatsApp, solamente por correo electrónico, pero muchos no contamos con computadora en casa, o internet, entonces es muy difícil que nuestros hijos sigan en el estudio”.
Agregó también: “Nos mandan las tareas y para quienes tienen alcance las hacen, pero hay impresiones, investigaciones en internet, hay trabajos en los que tienen que realizar algún experimento; no tenemos recurso, no contamos con los materiales necesarios, entonces ahí se quedan varados los niños porque ni siquiera todos tienen un celular inteligente”.
Estimó que son 200 mil indígenas distribuidos en la zona metropolitana y 800 mil en todo el estado, que de alguna u otra manera le han batallado ante la actual emergencia sanitaria, en especial porque no tienen los medios –como el internet-, ni la información en sus lenguas natales para concursar por algún apoyo económico ofertado por el gobierno u obtener despensas para comer.
Colima, México, Avanzada (16/04/2020).- Colima tiene el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes desde que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez inició su mandato. Como política de Estado, no se informa a diario de los atentados que se perpetran, homicidios o desapariciones de personas. Por tal motivo, el reporte que aquí compartimos corresponde a la información que se publica en medios de comunicación electrónicos.
En los primeros 15 días de abril asesinaron a 28 personas en Colima y 4 más resultaron heridas. Algunas fueron encontradas con el tiro de gracia, desmembradas, decapitadas o descuartizadas.
En California, la pandemia dejó a los migrantes indocumentados sin derecho a recibir apoyo para compra de comida y sin acceso a servicio médico. Lo único que esperan es la ayuda de las iglesias y organizaciones sociales
Texto y fotos: Kau Sirenio/ PIE DE PÁGINA
Antes de que el mundo supiera de la pandemia covid-19, en el suroeste de San Francisco, campeaba la esperanza entre los migrantes que llegaron de todas partes del sur. La mayoría arribó con el olor y sabor de su cocina. A la comida mexicana le fue fácil encontrar maridaje con el vino de la región, muy propio de los granjeros de Livermore. Sin embargo, después del 13 de marzo, nada fue igual, todo ha quedado desértico y los olores y sabores se esfumaron.
El chef mexicano Gerardo Manzano Emiliano recuerda con nostalgia el pasado de Livermore. Lo hace como si el encierro lo volviera más viejo y abandonado en una ciudad que se niega a morir de la pandemia. Para los mexicanos que viven aquí, si no trabajan no comen, tampoco pueden pagar la renta.
-Viene lo peor -advierte Gerardo.
-¿Qué sería lo peor de todo esto? -pregunto al chef.
De otro lado de la línea telefónica, la voz de Manzano Emiliano se pierde, tarda minutos en contestar, la pregunta lo enmudeció, pero vuelve a la conversación, más repuesto para seguir platicando.
“Todo está cerrado, tu conoces las calles de Livermore, has estado aquí, ¿Ves que hay muchos negocios de comida?, ahora todo están cerrados, ni siquiera las moscas se asoman”, suelta con un dejo de sentimiento.
La calle uno de la que habla Gerardo es el andador de los sabores del mundo. Hasta allí llegan hombres de negocios y activistas de San Francisco a reuniones. Del lado oriente está el restaurante mexicano “El Charro”, muy conocido por su sazón michoacano, y no se diga de sus mole. En su mejor momento vendían cientos de platillos. Con esta pandemia apenas vendió un platillo para llevar.
Con el cierres de restaurantes, cantinas, cafeterías en Livermore todo se apagó, solo encuentra uno en las calles a trabajadores de la construcción y jardinería. Los meseros, ayudantes de cocinas, cocineros, chef, lavaplatos, barman y gerentes buscan desesperados juntar para la renta, antes de que los caseros los echen a la calle.
Sin apoyos
El chef mexicano confiesa que la pandemia lo ha aislado de su pasión. Antes, no dejaba ni un rato la cocina. En su horario de descanso llegaba a su casa y seguía cocinando. Se la ingeniaba para hacer tamales de iguana o salsa de chicatanas (hormigas) que les mandaba desde su pueblo natal, Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán.
Con la cuarentena decretada por el gobierno estadounidense, en la cocina de Gerardo sólo se guisa lo suficiente para el día: “No es tiempo de cocinar por cocinar, ahora es momento de racionar la comida o nos quedamos sin comer”.
La pandemia dejó a los migrantes indocumentados en la nada. Sin derecho a recibir apoyo del gobierno federal para compra de comida y acceso a servicio médico, lo único que esperan es la ayuda de las iglesias y organizaciones sociales de California.
“Muchos compañeros se quedaron sin trabajo y sin dinero, y no dudes que también se les está acabando la comida. Bueno, podemos comer de lo que sea, podemos buscar hierba en los campos de uva. Pero no podemos buscar dinero ahí, y si no tenemos dinero cómo vamos a pagar la renta”, explica.
Antes que entrara la cuarentena en Livermore, varios cocineros, meseros y ayudantes de cocinas migraron hacia los campos agrícolas, de Santa María, Bakersfield y Oxnar California para emplearse en el corte de fresa o en la poda de uva, pero ni ahí han encontrado trabajo, a los que les fue bien, lograron trabajar 20 horas en 15 días.
Riesgo por hacinamiento
La crisis arrasa parejo en California, dice Gerardo Manzano y presagia lo peor: “Me preocupa el contagio masivo de coronavirus en esta región. Tú sabes que la renta es muy cara aquí, lo más económico es de 2 mil 500 dólares al mes, eso hace imposible que los paisanos puedan de dos a tres personas”.
Agrega: “Así que se juntan de ocho a 12 personas para rentar un departamento. Sólo así pueden juntar algo de dinero para mandar a México. Pero el problema que se avecina ahora es el contagio masivo en esa vivienda donde conviven más de tres personas. Si sale uno a la calle a comprar comida y se contagia, ten la seguridad que se enferman todos”.
Manzano Emiliano olvida un rato los sazones que llevó de Guerrero para detallar más de lo que se vive en Estados Unidos: “No sabemos quién nos va a echar a la calle, si los caseros, la pandemia o el hambre. Esto no pinta nada bien. El paraíso que creíamos haber construidos se nos cayó en mal momento”.
Mientras esperan que pase la pandemia confinados en sus viviendas, los migrantes empiezan a tejer relaciones con organizaciones sociales e iglesias para que les ayuden a sobrevivir esta crisis que golpea a todo y en todas parte del mundo.
Exhiben falta de insumos, equipo y herramientas para enfrentar la pandemia y protegerse de posibles contagios de coronavirus
Norma Marcial / El Sol de Puebla
El Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparos Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió a un grupo de doctores del Hospital General de la Zona Norte “Bicentenario de la Independencia” un amparo para garantizar que el nosocomio les entregue los insumos necesarios para atender a pacientes contagiados con Covid-19.
Además, los galenos informaron la omisión de dotar al personal de salud de equipo de seguridad sanitaria y de insumos adecuados para evitar el contagio del virus, durante su desempeño en el citado nosocomio público.
La referida demanda, asentada bajo el número estadístico 494/2020, inmediatamente después de su presentación, que fue este martes, causó que el Juzgado correspondiente decretara que de inmediato las autoridades correspondientes: secretario de Salud del Estado de Puebla y el director general del Hospital de la Zona Norte “Bicentenario de la Independencia, Jorge Humberto Uribe y José Ricardo Rosas, respectivamente, doten de equipo personal de protección, herramientas y equipos y todo lo que se determine para garantizar la vida e integridad de los peticionarios de amparo, ya que la inactividad y la falta de intervención oportuna a dicho lineamiento, se puede traducir en el avance de dicho virus, con lo que resultaría imposible restituir a los quejosos el derecho humano de la salud y la vida.
Además el juez, requirió a las autoridades responsables, -nuevamente secretario de Salud y director general del policlínico en mención-, para que dentro de un plazo de veinticuatro horas rindan a este órgano jurisdiccional informe sobre el cumplimiento que den a la medida cautelar otorgada; en caso de no presentarlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 209 de la Ley de Amparo, que imponen incluso penas privativas de la libertad e inhabilitación para ejercer cargos o comisiones públicas.
EXHIBEN DEFICIENCIAS
Mediante la demanda de amparo ingresada por el grupo de especialistas de la medicina, se conoció que en las áreas de Pediatría, Anestesiología, Cirugía Ambulatoria y Otorrinolaringología del Hospital General de la Zona Norte, hay déficit de personal médico y la plantilla actual carece de equipos personal de protección, como falta de gel antibacterial y jabón en consultorios, así como papel para el secado de manos.
Tampoco se cuenta con mascarillas, botas y overoles desechables, lentes de seguridad, gorros quirúrgicos, guantes, desinfectantes en aerosol, ventilación en el área de quirófanos, caretas, batas impermeables, calzado de uso exclusivo quirófano, entre otros.
OTROS FALTANTES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
En este documento también se ventiló que en este espacio médico no están realizándose TRIAGE respiratorio obligado en el consultorio respectivo para diferenciar pacientes de afección respiratoria de los que no lo son, aún cuando este síntoma esta relacionado al Covid-19.
En la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, la atención de paciente en estado de gravedad comparte lugar en una sala general con paciente de urgencias adultos, quedando todos ellos expuestos a un escenario de contaminación, al no definirse áreas de distanciamiento y aislamiento.
Al igual, en este hospital no se cuenta con un equipo de videolaringoscipio exclusivo para el servicio en atención de pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19.
Por el último, el personal médico que pide insumos de seguridad sanitaria y personal, refiere que no hay entrenamiento teórico y práctico para sobre las medidas de prevención y control, así como del uso correcto del EPP (Previa Evaluación de Riesgos) y pasos para apropiada instalación u retiro de este modelo preventivo.
Un grupo de artesanos han manifestado su inconformidad y se dicen defraudados por su gobierno municipal por no apoyarlos durante la contingencia sanitaria. “Nos dieron atole con el dedo”, dicen los artesanos.
En una reunión, las autoridades municipales de Quiroga, Michoacán aseguraron que apoyarían a los artesanos con una despensa. El mecanismo para ser beneficiario era registrarse en una lista que se entregaría después de la reunión.
El compromiso del Gobierno Municipal de Quiroga, encabezado por Alma Rosa Vargas, fue que la despensa sería el viernes 08 de abril de 2020. Sin embargo, la ayuda no llegó.
Según los artesanos, se sienten burlados por la alcaldesa Alma Rosa Vargas. Señalan que no quieren apoyar a la ciudadanía en esta pandemia. Consideran a los regidores como traidores del pueblo, ya que no defienden los intereses de la ciudadanía que votó por ellos.
Casi tres mil trabajadores de Salud sin material de protección para hacer frente al Coronavirus en el Istmo.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A casi un mes de la presencia de la pandemia del Covid-19 (coronavirus) el material de protección para atender esta pandemia no llega.
Y en aquellos centros hospitalarios que han surtido solo ha sido para el uso máximo de 3 días, denunció el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de la Sección 35 en el Istmo de Tehuantepec, Lorenzo Carrasco Castillo.
El secretario general de la Subsección 02, cuya estructura la comprenden más de dos mil 800 trabajadores sindicalizados, se quejó que hasta este 15 de abril los Servicios de Salud “no han entregado insumos y medicamentos de manera suficiente a todos los hospitales y centros de salud” para hacer frente al Covid-19.
En un comunicado enviado a la opinión pública y a la ciudadanía del Istmo que “no existe hasta el momento en nuestra región un hospital que cuente con los equipos adecuados para atender un paciente con Covid-19 (coronavirus) en etapa crítica”.
Insistieron que a más de 15 días del primer caso positivo en la región del Istmo, los Servicios de Salud han incumplido en el pago puntual de las quincenas a todo el personal de contrato y muchas de ellas están al frente en la atención de pacientes con Covid-19 (coronavirus).
Por el contrario, dijeron que trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca frente a la problemática del Covid-19 “nos hemos visto en la necesidad de comprar de nuestro salario material de protección para esta pandemia y así no negar la atención al usuario asumiendo una obligación que le corresponde a las autoridades de esta institución”.
Por tal razón, responsabilizaron “al gobierno federal así como al gobernador del estado, Alejandro Murat y al secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.
“Por las deficiencias que existen en estos momentos en material de protección para que trabajadores de nuestra región puedan atender a todos los pacientes que presenten los síntomas por Covid-19 (coronavirus)”.
La Alianza Maya por las Abejas advirtió que algunos de esos siniestros en la Península de Yucatán podrían ser provocados por empresarios irresponsables de la agroindustria y desarrolladores inmobiliarios.
Piden al gobierno federal poner un alto al vacío de autoridad que impera en el sector rural, para atender los incendios forestales y todas las denuncias de deforestación y cambio de uso de suelo.
Mérida, Yucatán, 15 de abril de 2020.- La Alianza Maya por las Abejas “Kaab Nalo´on” hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a atender de manera urgente los incendios en las selvas mayas de la Península de Yucatán, pues están afectando a miles de hectáreas, así como a los modos de vida de la población campesina y apicultores.
Señaló que de acuerdo con los pronósticos de los sistemas meteorológicos y los resultados de las cabañuelas mayas, el 2020 será un año muy seco y caluroso. Esto ya se corrobora con temperaturas registradas de hasta 44 grados Celsius y la falta generalizada de lluvia en toda la región.
Ante este panorama, las y los apicultores externaron su preocupación por el incremento de los incendios forestales, algunos de los cuales podrían estar siendo provocados para la expansión de la frontera agrícola industrial en la selva, hecho que implica afectación directa a la flora, que es la mayor fuente de néctar y alimento de los polinizadores, y fauna.
La agrupación, que aglutina a más de tres mil 500 familias dedicadas a la apicultura, precisó que mediante un monitoreo constante de programas satelitales y reportes de campo de las organizaciones aliadas en ocho zonas diferentes de la Península, detectaron que en la última quincena de marzo hubo un aumento significativo de las quemas e incendios forestales.
De hecho, una de las zonas que más sufre por este fenómeno es el municipio de Hopelchén en Campeche, donde, cerca de la frontera con Yucatán, del Punto PUT y del ejido Iturbide, año con año incrementa la concentración atípica de puntos de calor en selva mediana.
La Alianza reiteró que este conglomerado de incendios se relaciona con la siembra industrial de soya y sorgo, además de que sospechan que muchos de éstos pudieron ser provocados por particulares para el cambio de uso de suelo o para parcelar hectáreas.
En Yucatán, las zonas de Oxkutzcab, Maxcanú y Colonia Yucatán (Tizimín), están sufriendo severos daños por los incendios, mientras que en Quintana Roo, sucede lo mismo en Bacalar y Lázaro Cárdenas.
Por tal razón, la Alianza solicita al gobierno federal que se tomen acciones inmediatas para frenar la deforestación y sancionar a las empresas y personas particulares que resulten responsables de prender fuego de forma intencionada.
“Exigimos un alto al vacío de autoridad que impera en el sector rural, y que ahora se ha vuelto más grave durante las semanas de la pandemia de Covid-19, misma que están ahora aprovechando empresarios irresponsables de la agroindustria y desarrolladores inmobiliarios, para deforestar y quemar la selva”, sostuvo la agrupación.
Lamentó que la mayor parte de las alertas y denuncias que presentan los apicultores ante estas irregularidades están quedando desatendidas, bajo el pretexto de que no hay el presupuesto suficiente para vigilar que no ocurran los siniestros.
En ese sentido, la Alianza “Kaab Nalo´on” precisó que es urgente atender esta situación porque la interacción de la selva y las abejas provee: alimentos a través de la polinización, oxigeno, agua y otros servicios ambientales indispensables para la calidad de vida de las y los habitantes de la Península.
Por tal razón, exigen que dependencias como Conafor, Profepa y Semarnat hagan su trabajo y generen vínculos con sus contrapartes estatales y municipales, para atender los incendios forestales, así como todas las denuncias de deforestación y cambio de uso de suelo
Además, que se cuente con protocolos de atención más eficientes para las alerta y las denuncias, que sancionen a los responsables de los incendios forestales y el cambio de uso de suelo, y que prioricen en sus agendas los protocolos para defender y proteger bosques y selvas.
La Alianza recordó que según reportes de la plataforma internacional Global Forest Watch, la Península de Yucatán tiene el primer lugar en deforestación en México, pues se estima que se pierden 52 mil hectáreas de selva al año en esta zona. En 2016 y 2017 se registraron picos en los cambios de la cobertura forestal que están ligados a deforestación y/o incendios forestales y esta tendencia continúa a la alza año con año.
MÉRIDA, MX.- A pesar de que la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ha informado que se buscaría garantizar la seguridad de los pasantes de medicina que prestan sus servicios en diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hoy en día más de 170 alumnos se rehúsan a continuar, pues no se sienten protegidos ante los contagios de coronavirus (COVID-19).
Los estudiantes han expuesto que en los hospitales no hay insumos suficientes y no se les da la garantía de cuidar su salud, por lo que han decidido cancelar su servicio por decisión propia.
Esta situación es reportada con el fin de que el Gobierno Estatal y Federal atiendan las necesidades en los nosocomios y se les brinde el material necesario para trabajar, pues sólo así están dispuestos a regresar a los centros laborales. Mientras autoridades responden, los jóvenes han decidido pausar sus actividades por su propia seguridad.
Cabe señalar que los pasantes de medicina buscan también que se les garantice su titulación y que las medidas tomadas no afecten el proceso.
Más del 50% de los jóvenes que han tomado esta decisión son estudiantes de la UADY, institución que hace unas semanas había ordenado la salida de todos los estudiantes de medicina de los hospitales de Yucatán, aunque al poco tiempo dieron revés a esa medida.
De igual manera, la universidad, vía comunicado, informó que buscaría la manera de proteger a sus estudiantes, por lo que entregaría insumos conforme a la normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, cubrebocas de triple capa, guantes y gel antibacterial, adicionalmente caretas de seguridad.
La institución se comprometió a surtir de manera regular este tipo de insumos, aunque los jóvenes que hoy de manera personal deciden dejar de prestar servicios, aseguran que continúa la escasez del material.
Buscan garantizar que médicos y enfermeras no sean agredidos por la propia población como ha sucedido en otras regiones del país
Foto: Bertha Escalante/El Sol de San Luis
Personal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí asumió desde este miércoles, la seguridad de los hospitales generales 1 y 2 del IMSS, con la finalidad de resguardar tanto la seguridad del personal, médicos y enfermeras como de las instalaciones para evitar el robo o saqueo de insumos como ha sucedido en otras partes del país.
Asi lo informó al Sol de San Luis, el Inspector General Martín Vázquez Orozco, comandante de la Guardia Nacional en San Luis Potosí quien detalló que por acuerdo en reunión de trabajo en torno a la seguridad en San Luis Potosí, en coordinación con los directores de ambos nosocomios personal de esta fuerza de seguridad tendrá a su cargo garantizar principalmente que médicos y enfermeras no sean agredidos por la propia población como ha sucedido en otras regiones del país.
Foto: Bertha Escalante/El Sol de San Luis
De igual forma y ante la importancia que reviste contar con los insumos necesarios para la atención hospitalaria de pacientes con COVID, además de agresiones al personal, se trata de evitar saqueos para el robo de insumos médicos vitales durante el tratamiento de la enfermedad, como también ha sucedido en otros estados a nivel nacional.
“Se acordó en la reunión no minimizar cualquier posibilidad de amenaza, agresión o posible robo que pudiera ocurrir tanto hacia el personal médico como en las instalaciones, y al equipo e insumos médicos”. En los próximos días podria asignarse a la Guardia Nacional el resguardo en seguridad de otras instalaciones médicas.
A la par de estas acciones en torno al COVID, los elementos que integran la Guardia Nacional, continúan con los trabajos de seguridad en torno a comercios y centros comerciales que se mantienen cerrados o con poca actividad al ser establecimientos con actividades no prioritarias a fin de evitar que sean víctimas de robos o posibles saqueos, lo anterior al tiempo que realizan recorridos de seguridad tanto a pie como en unidades en diversas zonas de la ciudad.
El Inspector Vázquez Orozco destacó que en lo que compete a cada negocio que continúa abierto, en cada uno los propietarios y administradores son responsables de poner el orden y la sana distancia con sus clientes o usuarios.
Agregó que los trabajos se realizan en coordinación con autoridades civiles tanto de seguridad como médicas y las necesarias para llevar a buen puerto la encomienda.
“De que está cara, esta cara”, dice doña Herlinda, dueña de una tiendita de abarrotes, respecto a la energía eléctrica, quien dice no haber percibido si aumentó la tarifa, pero “si pagamos más, bueno mi marido, porque a él le toca y vaya usted a saber cuándo vaya a salir ahora, que mis hijos y él han estado en casa, no van a la escuela y a él por ser dizque de la tercera edad, lo mandaron a descansar, y se la pasan con la tele prendida, el radio todo el día”.
Como esta familia, otros jaliscienses aseguran que, en comparación con el mismo mes de abril, pero hace un año, estarían pagando en promedio de 15 a 50 pesos más.
Ana Bautista reconoce que, entre su casa y su tienda, con tres refrigeradores, tenía un gasto promedio de 3 mil pesos, pero esta ocasión el recibo le llegó de 5 mil.
“Tuve que cerrar unos días, hoy de plano nadie me dijo si podía o no, pero lo hago porque tengo que pagar, fui a la CFE y les dije que solo tenía los 3 mil, pero no me lo aceptaron y al rato me la cortaron…tuve que pedir prestado para completar y pagar”.
Lo mismo le sucedió a Juan Fuentes, de Zapopan, no tuvo a tiempo los 560 pesos que le cobraban, solo cubrió 300 y le cortaron.
La efectividad, dicen, ha sido contundente e incluso en pleno período de semana Santa y Pascua.
Un vecino de Villas de los Belenes muestra su recibo, al acudir a pagar, y confirma que de un recibo a otro, en el precio del kilowatt/hora, hay una diferencia, hace un año el precio básico era de 0.799 y hoy es de 0.833, hace un año el intermedio era de 92 y hoy es de 1.008, pero además por el confinamiento su consumo aumentó de 205 a 242 y los 201 pesos que pagó en 2019 antes del 15 de abril, se convirtieron en 253 pesos que tuvo que cubrir hoy, por lo que también el apoyo gubernamental fue mayor, de 518.40 pesos a 589.62 pesos.
En redes sociales otra usuaria expresa “hoy es día que llegó el recibo de luz a casa $4,187.00!! el de mis vecinos similar, muchos ya estamos sin ingresos por la cuarentena (hay que recordar que en Jalisco comenzó todo el 13 de marzo), en una semana empezarán los cortes por parte de la CFE, sabe usted el caos que esto será?”.
Los alumnos con preocupación expresan que necesario ser atendidos para que puedan terminar su registro para el examen nacional de residencias médicas (Enarm)
Rosario Bareño / El Occidental
A pesar de la reunión que sostuvieron autoridades de la Cruz Roja con médicos pasantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara para que se les retire de las zonas de riesgo por Covid-19 y cuenten con equipo de protección, los jóvenes no han tenido una respuesta de la propia Universidad.
Señalan a El Occidental que “a nosotros no nos responde nadie de la Autónoma y el doctor (Alfonso) Petersen se supone que está de vacaciones por el periodo de Semana Santa y no nos contesta nadie ni por correo de las múltiples quejas que se han enviado al mismo doctor y ni siquiera para las cartas comprobando que se hizo el examen profesional y otra carta que es necesario para que los pasantes puedan terminar su registro para el examen nacional de residencias médicas (Enarm), que ya el día de mañana (hoy miércoles) se tiene que iniciar ese trámite”, manifestaron con preocupación.
Colima, Col.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la V Región Militar y de la 20/a. Zona Militar, informa a la población en general que se continúa con las actividades de captación de recursos humanos para cubrir las plazas de profesionales de la salud, generadas para la activación de 2 instalaciones sanitarias que atenderán en el Estado de Colima la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19.
Los interesados en cubrir alguna de las plazas antes mencionadas, tienen que acudir a las instalaciones de la 20/a. Zona Militar, ubicada en el Campo Militar No. 20-A, km 7, autopista Colima-Manzanillo (con dirección a Colima), Predio Loma de Fátima, Colima, Col.
Aseguran que decenas de trabajadores ha sufrido amenazas e intimidación por autoridades de las regiones sanitaria
Isaura López / El Occidenttal
El Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional en Salud (STNS), Sección 22, denuncia acoso y hostigamiento laboral por autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) hacia el personal que se afilió a la agrupación.
Piden a los titulares de la SSJ y del OPD Servicios de Salud actuar de manera inmediata y tomar las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad del personal en el interior de los centros laborales.
La Secretaría General del STNS, Margarita Terán Hernández, hizo la denuncia pública durante la presentación de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), asimismo, atribuye el acoso sistemático al pronunciamiento que hizo el Sindicato con relación a la reforma laboral.
“Internamente en la dependencia se estén suscitando algunos casos de violencia, de violencia de género, de hostigamiento laboral y de acoso laboral, para tal hecho tenemos la presentación de las quejas presentadas por la doctora Luz S, quien ha sufrido el acoso y hostigamiento laboral de manera reiterada, permanente y continua por parte de su jefe inmediato que es el doctor Armando Pimentel” de Fomento Sanitario de Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Jalisco (Coprisjal).
A raíz del acoso laboral, la médica Luz Sánchez verificador sanitario de Coprisjaj, indicó la dirigente sindical fue intervenida quirúrgicamente ante la afectación grave que le ha ocasionó el estrés laboral cotidiano “ella está en un periodo de convaleciente, misma que presentó una queja en Derechos Humanos
Expuso, la dirigente que también presentó una queja ante la Unidad de Especialización y a la CEDH por violencia contra las mujeres con el número 265/2020 remitida a la Tercera Visitaduría.
Por otro lado, denunció que a una decena de trabajadores ha sufrido amenazas e intimidación por autoridades de las regiones sanitaria de la SSJ, además de que se les redujo su salario.
“Existen compañeros que se encuentran afectados en su percepción salarial, tenemos compañeros, han sido afectados en su salario, de buenas a primeras el talón del cheque les llego en cero”, ante esta situación, indicó que se presentó un amparo.
La toma de nota del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional en Salud (STNS), sección 22 es la 6869, emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con mil 050 trabajadores con base y de contrato de diferentes regiones sanitarias, Hospital General de Occidentes y del Hospital de Psiquiatría.
Carecen de lo más indispensable para atender a la población en plena pandemia
Verónica Ramírez/ Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Miércoles 15 de abril del 2020.- La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN) retira a los internos, pasantes y estudiantes de medicina y enfermería de las clínicas, hospitales y unidades del sector salud donde llevan a cabo su formación ante la carencia de equipo de protección personal para atender a los pacientes con Covid-19.
Son cerca de 200 pasantes del servicio social que a diferencia del personal de base, carece de lo más indispensable para atender a la población en plena pandemia, más otro tanto de internos y alumnos del área de la salud.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, (FEUAN), Aarón Verduzco, indicó que con esta acción se busca salvaguardar y no sobrexponer a los estudiantes en formación en las diversas clínicas del estado.
Por ello, el comité estudiantil entregó oficios a la Secretaría de Salud y a las clínicas dependientes como ISSSTE para preservar la seguridad y preservar la salud de los jóvenes pasantes.
“Se irán retirando algunos de sus áreas de manera gradual. Esto ojo, no por falta de vocación sino es un tema de atención donde no queremos que se vulnere ningún estudiante. Y que también entienda la ciudadanía que no se dejará de atender otras cuestiones de salud que no son directamente de la contingencia”, recalcó el dirigente.
Reiteró que no permitirán que se vulnere a ningún pasante, por lo que se retirarán de las diversas clínicas, gradualmente para evitar posibles contagios.
Y es que han detectado que algunos de los pasantes o estudiantes hacen suplencias al personal de base pese a que esto, no corresponde a su grado académico, de ahí que se gestionó su retiro de forma gradual.
“La UAN ha estado -de manera intensa-, tratando de equipar a todos los compañeros estudiantes en las diversas clínicas del estado con material que es cubrebocas, satinizador, guantes y también se entregarán caretas”.
Y mientras no sean retirados los estudiantes en su totalidad, se les entregará un kit de higiene directamente en las clínicas de la entidad y verificar cuáles son las condiciones en que se encuentran.
*Murat afirma que hay denuncia ante FGO y FGR por el robo de equipo de coronavirus
*Sindicato alega campaña de “linchamiento social” para rehuir a sus obligaciones
*Trabajadores del Hospital Civil advierten que se reservan su derecho a manifestarse
OAXACA, Oax.- En plena pandemia del coronavirus, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y trabajadores sindicalizados de Salud se enfrentan por el supuesto robo de 20 kits de materiales de protección contra Covid-19 en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”.
Murat Hinojosa sostiene que ya se presentó la denuncia del robo de 20 equipos de Covid-19 ante la Fiscalía General de Oaxaca aunque no dio el número de la carpeta de investigación.
De igual forma, afirma que la Fiscalía General de la República (FGR) también ya tiene conocimiento de la sustracción de siete ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde tampoco da número de expediente.
Por su parte, el director del Hospital General “Aurelio Valdivieso”, Ernesto Garzón Sánchez, calificó la declaración del gobernador como “totalmente falsa y sin sustento ya que hasta el momento no se ha efectuado robo alguno de equipo médico en ninguno de los servicios hospitalarios, por lo tanto, desconocemos el origen de esta información”.
“Cabe mencionar que el personal del área de Epidemiología, enfermería y las propias autoridades del Hospital llevamos un estricto control de la entradas y salidas del hospital y no se han detectado anomalías, por lo tanto elevamos nuestra más enérgica protesta por estas declaraciones que ponen en entredicho la honorabilidad de los trabajadores de este Centro Hospitalario”, puntualizó.
Y advirtió “que la base trabajadora se siente ofendida manifestando que se reservan su derecho a manifestarse en contra de estas irresponsables aseveraciones máxime cuando supuestamente son vertidas por la máxima autoridad de nuestro estado”.
Sin embargo, dijo, “estamos abiertos a que se realicen las investigaciones pertinentes y en caso de que se detecte alguna anomalía o ilícito por parte del personal o alguna autoridad se actué con todo el peso de la ley ya que como autoridades hospitalarias no toleraremos cualquier hecho que atente o lesione o afecte la atención medica de la sociedad en general”.
Mientras el Secretario General de la Subsección 07 de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso, Alberto Vásquez San Germán calificó de irresponsable al gobernador por “encabezar una campaña de difamación y linchamiento social en contra de los trabajadores de la salud, sean de cualquier institución”.
“Nuestra primera impresión es que quizá, con campañas mediáticas burdas, se pretenda rehuir las obligaciones y responsabilidades constitucionales que el Estado tiene con el pueblo, y ahora se les pretenda adosar a los trabajadores con campañas de denostación”, puntualizaron sin dejar de exigir que el gobernador emita una disculpa pública.
Por tal razón exigieron “al gobierno del estado, que de inmediato aclare esta situación, que en nada contribuye al combate de esta pandemia y sí, ofende a los que somos la primera línea de defensa ante la propagación de esta enfermedad”.
En un comunicado, Murat Hinojosa dio a conocer que a través de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se han realizado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por la sustracción de materiales de protección personal para médicos y enfermeras en el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, a fin de que inicie los procedimientos legales conducentes y se investigue a quien o quienes resulten responsables.
Consideró que para el gobierno del estado es de suma gravedad la desaparición, pérdida o sustracción ilegal de estos materiales, toda vez que impide que el cuerpo médico y de enfermería, cuente con las herramientas fundamentales para brindar la atención que se requiere ante la presencia de coronavirus, que hasta este lunes ha registrado 44 pacientes positivos, 57 sospechosos y cinco personas fallecidas.
Murat Hinojosa pidió a la sociedad oaxaqueña, ser vigilante ante este tipo de situaciones, toda vez que Oaxaca está atravesando una pandemia que requiere ser enfrentada con todos los instrumentos que tiene el estado de Oaxaca, y estos equipos permiten al personal médico cuidar y atender de los pacientes con COVID-19, y proteger su vida y la de sus familias.
“Hoy más que nunca debemos entender que todos dependemos de todos y que si cada uno realiza lo que le corresponde de manera adecuada, todos estaremos más seguros, porque de lo que se trata es enfrentar al enemigo como este COVID-19, que no tiene distingo de partidos, clases, raza”, añadió.
De igual forma, dijo que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental también procederá a realizar las investigaciones correspondientes, y se sancionará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables por la sustracción ilegal de este material que atenta gravemente contra la ciudadanía.
“Ahí no podemos titubear, hoy lo que está en juego es la vida de las y los oaxaqueños; pero sobretodo la del personal médico, y mi obligación como gobernador es que ellos cuenten con todos los equipos de protección adecuados”, dijo.
Cabe destacar que este lunes, después de un exhaustivo recorrido de supervisión al interior del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, personal de los SSO hallaron 75 monitores y ventiladores instalados para atender a pacientes de COVID-19 que requieran hospitalización.
No obstante, se continúa en la búsqueda y la contabilización de los más de 150 equipos de protección. Hasta el momento los faltantes consisten en 20 cubrebocas N95; 20 cubrebocas tricapa; 20 gafas médicas de seguridad o goggles; 20 pares guantes; 20 batas de protección y un equipo de transporte de muestras.
Varias enfermeras y médicos han sido atacados por las personas en las calles. FOTO: Cuartoscuro
El Heraldo de México
La enfermera del hospital 1 de Octubre del ISSSTE, denunció que mientras el subsecretario de salud Hugo López Gatell ha dicho que los insumos ya han sido entregados, la realidad es que esto no es así
Durante este lunes, trabajadores del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE en la Ciudad de México, protestaron debido a la falta de insumos con los que se cuenta pese a la emergencia sanitaria que se afronta.
En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, Ana María Pilares, enfermera de ese centro médico, denunció que a pesar de que el subsecretario de salud Hugo López-Gatell ha dicho que los insumos ya han sido entregados, la realidad es contraria, pues no se les ha brindado ningún insumo en su centro de trabajo.
Insumos extraviados
La enfermera del hospital 1 de Octubre del ISSSTE denunció que pese a que se han realizado reuniones con la directora de este centro de salud, se le ha dicho que los insumos si llegaron al hospital, sin embargo, estos se extraviaron y no se sabe dónde están.
Situación del Covid-19
Ana María Pilares señaló que esta situación preocupa demasiado pues aún no se entra en la fase más grave de la pandemia y la situación ya es complicada y precaria, lo que ponen en peligro la vida de los trabajadores de la salud así como los propios pacientes.
Asimismo la enfermera indicó que en estos momentos, la menos en su hospital, existen dos pisos y la zona de urgencias con pacientes con Covid-19, estimando un total de entre 60 y 70 personas contagiadas en dicho nosocomio.
Mientras miles de trabajadores de la salud denuncian las precarias condiciones en las que enfrentan el Covid-19, la 4T, en consonancia con los gobiernos anteriores, militarizará la CDMX y los hospitales, cosa que costará millones de pesos.
En días pasados, la Guardia Nacional ha dejado el territorio de la capital para ir a cubrir otras zonas del país, lo que habla de la expansión de la militarización. Ante este desplazamiento, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en conferencia de prensa que elementos de la Marina y la Sedena ocuparán su lugar en la tareas de vigilancia.
Según informan, 1800 elementos de las fuerzas castrenses patrullarán zonas de la CDMX, sobre todo en las cercanías del aeropuerto, en alcaldías como la Miguel Hidalgo y Azcapotzalco (Sedena), así como Tláhuac, Iztapalapa y parte de Coyoacán (Marina).
Mientras tanto, a nivel nacional se informa que, durante la Fase III de la pandemia, la Guardia Nacional asumirá el control de los hospitales cuyos directores así lo soliciten. Pasarían a sumarse a los nosocomios que ya tienen bajo su administración. Por su parte, mandos de la Guardia Nacional dicen estar en toda la disposición y preparados.
El anuncio indigna, pues entre la Marina y la Defensa Nacional alcanzan un presupuesto de casi 3 mil millones de pesos,mientras que el presupuesto para el sector salud apenas superó los 800 millones de pesos, según el proyecto de ingresos y egresos de la Federación 2020.
Mientras los y las trabajadoras de la salud arriesgan la vida en los hospitales, sin el equipo médico e insumos necesarios para protegerse ni atender a los pacientes, el presupuesto de las fuerzas castrenses es más de 3 veces superior.
Vecinos de colonias como Villas Universidad, Rancho Alegre, Sol de Oriente y algunas otras del oriente de Torreón manifestaron su queja ante la baja presión de agua que existe dentro de sus hogares.
Señalaron que desde hace un mes comenzó el desabasto de agua, por lo que en muchos casos tuvieron que comprar garrafones para poder bañarse, así como para llevar a cabo las actividades cotidianas dentro de su hogar. Además, enfatizaron que las pipas que pasan por las colonias no reparten el líquido a todos y los acusan de tener preferencias.
Uno de los habitantes de Villas Universidad indicó que fue apenas este sábado cuando comenzó a salir el agua, aunque con muy poca presión.
Por su parte, la señora Rosario Pérez, habitante de este sector, dijo que si bien en su casa cuentan con cisterna, el nivel de agua comenzó a bajar debido a que no llegaba el líquido. Al pasar los días el agua comenzó a fluir, aunque resaltó que es sumamente necesario prender la bomba para que salga, ya que no existe la presión suficiente.
Cabe destacar que estas colonias que tienen estos problemas de agua se ubican dentro de las 70 a las que Simas Rural brinda atención, por lo que es esta dependencia la que tendría que encontrar el origen de este desperfecto, el cual tiene a una parte de la ciudadanía al oriente con baja eficiencia en su servicio, pese a que dicen que el recibo de pago les llega de manera muy puntual.
Por esta situación, los habitantes del sector piden a las autoridades que les resuelvan esta problemática. Manifestaron que ahora más que nunca es necesario contar con un buen servicio de agua potable, ya que se está viviendo una contingencia de salud por el COVID-19, donde se requiere de mayor higiene, tanto personal como en el hogar, por lo que es necesario que no deje de salir agua y contar con una mejor presión.
Denuncian que “el irresponsable” Director General del DIF-Estatal, Abel Orozco García, a gritos obliga a las trabajadoras a ir a entregar despensas a las colonias y rancherías, sin tapabocas, sin guantes, sin gel y sin googles para protegerse del Coronavirus, cuando el DIF tiene 300 millones de pesos en las cuentas bancarias
Servilio Tulio Berumen / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Martes 14 de abril del 2020.- Señalan trabajadores del DIF-Estatal que el Director General, Abel Orozco García, está poniendo en peligro de muerte a decenas de madres de familia que laboran en la dependencia, a quienes a gritos les ordena ir a entregar las despensas a las colonias y rancherías de Tepic, sin dotarlas del debido equipo de protección contra el contagio del Coronavirus.
Los hechos, ya fueron denunciados, mediante oficio por un fuerte grupo de trabajadoras del DIF-Estatal, a la Secretaria Federal del Trabajo, Luisa María Alcalde; al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la finalidad de que se obligue al prepotente Director del DIF-Estatal, Abel Orozco García, a respetar las condiciones generales de trabajo de las madres trabajadoras.
Lo más indignante de todo esto, dicen, es que mientras por un lado, las madres trabajadoras son enviadas a repartir despensas a las rancherías y colonias populares de Tepic, sin ninguna protección contra el Coronavirus, por el otro lado, el sinvergüenza Director del DIF-Estatal, Abel Orozco García, llega a sus flamantes oficinas avituallado con mascarilla FFP2 (N-95), googles, guantes y su botella de gel.
En pocas palabras, el funcionario de marras, llega bien protegido contra todo posible contagio de Coronavirus, sin importarle en lo más mínimo la vida de sus trabajadoras.
Por lo que ante el grave peligro de ser víctimas del COVID-19, las madres trabajadoras se han atrevido en varias ocasiones a exigirle al Director del DIF, que se les proporcione el equipo de protección necesario para evitar cualquier contagio, pero, el funcionario de marras ha hecho caso omiso.
Mencionan las trabajadoras, que al parecer, la ignorancia de las leyes, no le permite ver al pusilánime de Abel Orozco García, que en caso de que una de las madres trabajadoras llegara a fallecer por Coronavirus, él se iría directamente a la cárcel por los delitos de omisión, negligencia, responsabilidad administrativa y abuso de poder.
Ya que no conforme con negarles el equipo de protección contra el COVID-19 a las madres trabajadoras, Abel Orozco, todavía se da el lujo de gritarles como loco para obligarlas a repartir las despensas en las colonias; a tal grado que las trabajadoras del DIF-Estatal, están peor que los médicos y enfermeras del ISSSTE y del Hospital General de Tepic.
Por último, los denunciantes, señalan que Abel Orozco, tendrá que rendir cuentas de los 300 millones de pesos, que le mandó hace unas semanas la Federación al DIF-Estatal.
Ya que recordaron, que la Secretaría de Hacienda por órdenes del Presidente, Andrés Manuel López, le adelantó 5 mil millones de pesos de las participaciones federales del Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) al gobernador, Toño Echevarría García, de las cuales, 300 mdp fueron a parar a las arcas del DIF-Estatal. Para muchos, esos recursos que llegaron al DIF, indudablemente dicen, está siendo usado gran parte en la compra de despensas y señalan, ¿saben a quién le compran esas despensas?, pues nada más y nada menos, que a una empresa del grupo Àlica cuyo nombre es COMPRO, que se localiza por la avenida Independencia, exactamente atrás de Soriana. Citan que esa empresa COMPRO pertenece a través de prestanombres al grupo Àlica, es decir, que la familia del gobernador es dueña de dicha empresa, por eso a las trabajadoras se les ordena que llueva o truene tienen que repartir despensas ya que, puntualizan, con eso el grupo Àlica incrementa sus ingresos.
Por lo tanto, si el Director, Abel Orozco, ya tiene el dinero en los bolsillos, ya no puede poner ningún pretexto que evite comprarle las caretas y el equipo de protección contra el coronavirus a las trabajadoras del DIF-Estatal.
Las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM continúan tomadas por grupos estudiantes pese a que hoy fue realizada la primer reunión entre integrantes del grupo Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFyL) y autoridades del plantel. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
Animal Político
En un comunicado, la colectiva aseguró que sus integrantes fueron orilladas a entregar las instalaciones, que tomaron desde el pasado 4 de noviembre, pues no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia dentro del plantel.
Mujeres organizadas que mantenían en paro a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM —como protesta contra el acoso y la violencia de género— decidieron entregar las instalaciones a las autoridades universitarias, como medida preventiva por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En un comunicado, la colectiva aseguró que sus integrantes fueron orilladas a entregar las instalaciones, que tomaron desde el pasado 4 de noviembre, pues no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar la pandemia dentro del plantel.
“Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que éstas no han sido cumplidas en su totalidad”, expusieron.
También dijeron haber solicitado a las autoridades de Filosofía y Letras medidas de protección ante la epidemia de coronavirus, pero “su respuesta fue solo emitir un comunicado dirigido a Rectoría”, acusaron.
“Es un error pensar que estamos aquí por gusto. La negligencia de las autoridades nos orilla a dejar de vivir por tener que hacer su trabajo, es una vida en espera, una vida a medias, una vida sin descanso”, publicaron.
En tanto, la UNAM dijo que autoridades de la Facultad, acompañadas por personal de la Rectoría y de Protección Civil, verifican el estado de las instalaciones que permanecieron cerradas por casi cinco meses.
La Universidad Nacional dijo que continuará “tomando las medidas y acciones que permitan seguir avanzando, mediante el diálogo y con base en la legislación universitaria, en el combate decidido a la violencia contra las mujeres”.
Familiares de internos del penal Cautitlán exigen conocer el estado de salud de los reos (Foto: Cuartoscuro)
Infobae
Esto después de que fueran confirmados cinco casos positivos de coronavirus al interior del centro Preventivo y de Readaptación Social
Familiares de internos, inconformes por casos de COVID-19, enfrentaron a policías tras confirmarse cinco casos de coronavirus en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán. Las personas que comparten lazos sanguíneos con los reos del penal, se encuentraban afuera de las instalaciones penitenciarias con el objetivo de verificar el estado de salud de los internos, así como el de obtener información sobre estos.
Después de confirmarse cuatro casos positivos de COVID-19 en internos y un custodio infectado, las autoridades pusieron en marcha el Protocolo Médico pertinente y establecieron un cerco sanitario para evitar la propagación del virus entre los reos y trabajadores del penal.
En ese contexto, cerca de 100 familiares de los reos del penal Cuautitlán protestaron afuera de las instalaciones exigiendo que la directora del penal, Norma Rodríguez Perez, les diera información sobre el estado de salud de sus consanguíneos, además de solicitar atención para enfermos de coronavirus.
Trascendió un rumor sobre un intento de motín por parte de 130 internos de dicho penal la tarde de este martes 14 de abril. Esto, debido a que al interior de las instalaciones se suscitó una riña entre reos, la cual dejó un saldo preliminar de un interno lesionado que fue trasladado en una camioneta al hospital. Por otra parte, afuera del penal, una mujer perdió el conocimiento, luego del enfrentamiento de familiares de reclusos y la policía antimotines.
“¡Nadie puede entrar porque así lo ordena la autoridad sanitaria!”, reiteró un funcionario del Penal mientras los consanguíneos de reclusos se amontonaron a las puertas del penal exigiendo información sobre sus familiares.
Además, este martes 14 de abril, 78 mujeres internas del mismo Centro Preventivo y de Readaptación Social fueron trasladadas al penal de Neza-Sur, con el fin de destinar el espacio ocupado por estas a los varones en situación del vulnerabilidad.
Después de confirmarse los casos positivos de coronavirus, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México (SSEM), informó sobre la situación a través de su cuenta de Twitter y agregó que, como medida de seguridad, estarían restringidas las visitas a familiares en el penal hasta nuevo aviso.
Como respuesta a los casos sospechosos de COVID-19 en el penal de Cuautitlán, Estado de México, la titular de la SSEM, Maribel Cervantes, publicó a través de sus redes sociales algunas fotografías de los procesos de higiene que se estaban llevando a cabo al interior de dicho Centro Preventivo y de Readaptación Social.
“Reforzamos las medidas de prevención para reducir riesgos de salud en las más de 30 mil personas privadas de la Libertad, sus familiares y nuestro personal de custodia. Cumplimos con los protocolos de limpieza y desinfección de superficies y áreas comunes “, señaló la funcionaria.
Los síntomas de los casos sospechosos, fueron detectados luego de que uno de los custodios presentara altas temperaturas. Al ser cuestionado, el policía señaló que había experimentado dolores de cabeza y molestias en el pecho.
En México, la propagación del virus no se detiene, pues la tarde de este martes, la Secretaría de Salud (SSa) reportó la cifra de 5,399 casos confirmados de coronavirus y 406 muertes por la enfermedad. Ante este panorama, existe una seria preocupación por los reclusorios que son potenciales epicentros de contagio.
De acuerdo con los últimos resultados de supervisión penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2019, el penal de Cuautitlán se posicionó como uno de los que presenta mayores problemas relacionados con gobernabilidad, pues en este rubro obtuvo una calificación reprobatoria de 5.79. Además, la capacidad permitida de las instalaciones es de 442 internos, sin embargo, se encuentra recluidos en el lugar, 1,457 entre hombres y mujeres.
En el bosque templado del ejido predominan los pinos y encinos. / Foto: Marlene Martínez
Aranzazú Ayala Martínez / Lado B
El bosque de Cruz de Ocote es mucho más grande de lo que parece a simple vista. Al caminar entre sus altísimos pinos y encinos se escucha el viento, pero también algunas aves y los pasos de Claudia y Constantino. Ellos conocen todas las veredas y saben distinguir cuándo se sembró cada árbol.
“¿Esa cuál es? La que parece como un aguililla”, pregunta Claudia López Ramírez. Sin dudar, Constantino Cortés responde que es un quexque, una chara coroniazul (Cyanolyca cucullata), ave canora que hace un sonido muy parecido al de un aguililla, una de las varias especies que es posible encontrar en este territorio forestal, un bosque que también es sustento para 70 ejidatarios.
Claudia y Constantino saben que se puede vivir del bosque sin destruirlo. Ellos lo han comprobado desde hace 27 años.
Claudia y Constantino, parte de la directiva actual del ejido Cruz de Ocote, conocen perfectamente dónde se ha reforestado, cuándo se ha sembrado cada árbol y cómo están distribuida la flora del bosque. / Foto: Marlene Martínez
Los 70 ejidatarios viven de la madera que les proporciona este bosque: con asesoría de especialistas forestales, seleccionan los árboles que se pueden cortar, sin que eso cause un desequilibrio en el ecosistema; venden la madera, reforestan, abren brechas cortafuego, vigilan para evitar incendios forestales y hacen rondines de seguridad.
Las 800 hectáreas del bosque del ejido Cruz de Ocote –ubicadas dentro del municipio de Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, a 140 kilómetros de la Ciudad de México– son un ejemplo de un buen manejo forestal y de lo que la silvicultura comunitaria puede lograr para el cuidado del ambiente y la organización social.
Los ejidatarios establecen zonas en donde se realizan trabajos para la recuperación del bosque. / Foto: Marlene Martínez
Los ejidatarios de Cruz de Ocote no solo fortalecen su organización comunitaria para seguir con la silvicultura sostenible, también lo hacen para enfrentar lo que ellos miran como una amenaza para el futuro de su bosque y su forma de vida: dos concesiones mineras que el gobierno federal entregó a la empresa canadiense Almaden Minerals, para la extracción de oro y plata, en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
Mantener a un bosque con vida
Desde la carretera que conecta a la capital de Puebla con Chignahuapan, uno de los municipios más turísticos de la Sierra Norte de Puebla, del lado derecho del horizonte una breve silueta de montañas anuncia que allá, a lo lejos, se encuentra el bosque.
Al empezar a subir la sierra y adentrarse a la zona norte del municipio de Ixtacamaxtitlán, aparecen más y más árboles. El bosque templado, de pino y encino, empieza a dibujarse.
El ingeniero forestal Jesús Morales Bautista, especialista en manejo forestal y desarrollo de proyectos de captura de carbono, explica que el ejido Cruz de Ocote se localiza en la gran cuenca forestal de Puebla, una zona importante —entre otras cosas— por los servicios ambientales que presta para la región: captación de agua, conservación de suelo, captura de carbono y conservación de flora y fauna.
En este bosque de propiedad comunitaria, además del ave chara coroniazul, también es posible encontrar animales como zorras, coyotes, armadillos y cacomixtles.
Cruz de Ocote se convirtió en ejido en 1981, cuando las tierras que antes pertenecían a la hacienda ganadera de la familia Huerta se repartieron entre quienes las trabajaban.
El bosque del ejido Cruz de Ocote se extiende en los terrenos que antes eran parte de una hacienda. / Foto: Marlene Martínez
En la década del 70, los dueños de la hacienda empezaron a tener conflictos familiares y terminaron abandonando el sitio. La gente se organizó para formar un ejido; con esa figura legal podían tener una tenencia de la tierra colectiva.
Antes de entrar al bosque está el casco de una ex hacienda que hoy es restaurado por los ejidatarios. Ahí tienen sus oficinas, una cocina, un comedor y el salón donde se realizan las asambleas comunitarias.
Parte de la hacienda de Cruz de Ocote que solía ser la cocina. / Foto: Marlene Martínez
Constantino Cortés Martínez, presidente de Comité de Vigilancia del ejido, recuerda que en 1992 la gente comenzó a realizar aprovechamiento sustentable del bosque. Eso surgió después de que se hizo una brecha para instalar una línea de luz eléctrica, lo que implicó la tala de muchos árboles. Los habitantes pidieron permiso a las autoridades ambientales para aprovechar la madera y venderla. Se dieron cuenta que, si hacían una tala adecuada, podían mantener el bosque en buenas condiciones y, además, obtener recursos económicos.
Para obtener los permisos para talar y vender la madera, los ejidatarios deben presentar a las autoridades ambientales del gobierno federal un programa de manejo forestal, en donde se indica cuántos árboles se pueden cortar y en qué zonas del bosque para no causar un desequilibrio al ecosistema. Todo lo realizan bajo estrictas reglas de manejo y cuidado forestal.
Constantino Cortés y Claudia Paola López Ramírez, secretaria del Comisariado Ejidal de Cruz de Ocote, explican que los ejidatarios, además de hacer rondines de limpieza y seguridad –para evitar la tala clandestina–, también realizan faenas para mantener la salud del bosque: quitan la malezas podan aquellos árboles que lo requieren y reforestan las zonas en donde se realizó un ciclo de corta. Además, en su territorio está prohibida la cacería y 100 hectáreas del bosque están dedicadas totalmente a la conservación de la flora y la fauna.
De un lado el bosque recién talado y del otro lado árboles que aún están creciendo. / Foto: Marlene MartínezUna de las áreas reforestadas del bosque comunitario del ejido Cruz de Ocote. / Foto: Marlene Martínez
El cuidado y aprovechamiento comunitario del bosque ha permitido que en el territorio de Cruz de Ocote no se registre la tala clandestina, una actividad que sí afecta ya a ejidos aledaños.
Apostar a la silvicultura comunitaria
El ejido Cruz de Ocote vende la madera a los aserraderos que están en los municipios vecinos de Aquixtla y Chignahuapan.
El dinero que se obtiene por la venta de madera se reparte entre los 70 ejidatarios, quienes para recibir el monto que les corresponde tienen que cumplir con el reglamento del ejido y participar en las labores de limpieza, los rondines de seguridad, los trabajos de “chapeo” (retiro de maleza), además de asistir a las asambleas y participar en las reuniones.
La madera cortada para el aprovechamiento forestal se apila y se cuida, lista para venderse. La ganancia se reparte entre todos los ejidatarios. / Foto: Marlene MartínezEjidatarios hacen fila afuera de las oficinas del comisariado ejidal antes de entrar a asamblea. El reglamento comunitario determina que deben asistir a todas las reuniones y ser parte de la toma de decisiones e información. / Foto: Marlene Martínez
Nadie puede tener basura en sus parcelas ni estar contra las decisiones comunitarias que se tomen en la asamblea. Cualquier falla o negativa se castiga económicamente.
Entre las obligaciones de quienes trabajan y viven del ejido están el asistir a las faenas de cuidado del bosque, y avisar cualquier anomalía que observen. Eso incluye el reporte de plagas en los árboles.
Para Claudia López Ramírez –quien empezó a trabajar el ejido hace ocho años, a partir de los derechos ejidales de su familia–, el reglamento del ejido, el cual se elaboró en forma conjunta durante una asamblea, es lo que ha permitido que las cosas avancen en forma adecuada en Cruz de Ocote.
Claudia heredó los derechos ejidales de su familia y trabaja en Cruz de Ocote desde hace 8 años. Desde hace año y medio es secretaria del Ejido; entre sus funciones están el representar a su comunidad en las asambleas y eventos en defensa del territorio. / Foto: Marlene MartínezClaudia muestra la zona del bosque que recientemente talaron. La madera es vendida y la que queda es aprovechada por los ejidatarios. / Foto: Marlene Martínez
Hacer manejo forestal comunitario no es sencillo. Uno de los mayores retos, explican los ejidatarios, es cumplir con todos los requisitos que solicitan las autoridades ambientales para otorgar los permisos para el aprovechamiento forestal.
“El ejido cambió las cosas. El ejido es de todos. Tenemos que hacer todo bien para poder seguir viviendo del bosque: en 27 años gozamos de la parte del aprovechamiento y también aprendimos cómo cuidar el bosque”, dice Constantino.
Carlos Pérez Sebastián es integrante del equipo técnico del despacho silvícola “Ocote Real”, cooperativa ubicada en Chignahuapan, que asesora al ejido Cruz de Ocote. El técnico explica que un bosque maduro no tiene la misma captación de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero; es por ello que tienen que renovarse los árboles, para tener un bosque más joven.
El ingeniero Jesús Morales Bautista, especialista en desarrollo de proyectos de captura de carbono, subraya que un bosque joven es más eficiente en la retención de CO2 porque está enfocado en crecer: “Para un bosque joven la prioridad es incrementar en biomasa, por lo tanto empieza a acumular el CO2 en la madera, y el bosque maduro no le interesa ya crecer en biomasa”.
Esas dinámicas del bosque las han aprendido los ejidatarios de Cruz de Ocote, entre ellos Isabel Ojeda Alvarado, la primera mujer en ser presidenta del Comisariado Ejidal, un cargo que implica representar a la comunidad, organizar y dirigir las asambleas, así como administrar los bienes comunales.
Isabel explica con orgullo que el ejido cuenta con una certificación nacional de manejo forestal, la cual garantiza que los ejidatarios cumplen con todas las disposiciones legales y que han conservado al bosque y sus servicios ambientales.
“Nos interesa conservar el medio ambiente, principalmente —resalta Isabel—, pues de ahí vivimos. Hemos visto que las reforestaciones han respondido muy bien y pues es conservar el medio ambiente y la biodiversidad”.
Isabel es la primera mujer en ser comisariada ejidal de Cruz de Ocote. Con mucho orgullo muestra el documento que certifica que su comunidad sabe cómo vivir del bosque sin destruirlo. / Foto: Marlene Martínez
La presidenta del comisariado dice que el ejido tiene varios planes para no depender sólo de la venta de madera. Por ejemplo, quieren tener un centro de ecoturismo. Ya cuentan con tres cabañas construidas en una zona profunda del bosque y esperan contar con recursos para continuar con este proyecto.
Los ejidatarios saben perfectamente que quieren seguir viviendo del bosque; tanto los más viejos como los jóvenes, como Claudia, con menos de 30 años de edad, que se han integrado a la defensa activa del territorio.
El bosque es de donde son y por el que viven.
Árboles contra minería
Hace unos cinco años, a los ejidatarios de Cruz de Ocote les llegó la noticia: en el mismo municipio donde se encuentra su bosque, Ixtacamaxtitlán, se entregaron dos concesiones mineras, para la explotación de oro y plata, a la Minera Gorrión, filial mexicana de la empresa canadiense Almaden Minerals.
“Esto tiene, aproximadamente que sabemos nosotros, ¿cinco años?”, pregunta Claudia. Constantino responde que sí, que hace cinco años se enteraron de las concesiones. Sentados en la mesa del improvisado comedor de la cocina de la oficina ejidal, en el casco de la ex hacienda, recuerdan cómo la empresa no se acercó al ejido y se enteraron por medio de sus vecinos de las comunidades de Santa María Sotoltepec y Tecoltemi.
En el casco de la hacienda Cruz de Ocote, donde ahora están las oficinas ejidales, la comunidad anuncia su rechazo a la minera. / Foto: Marlene Martínez
Si bien el proyecto de la mina está desde 2001, fue hasta años después que las comunidades se enteraron que ambas concesiones abarcaban una extensión de poco más de 14 mil hectáreas. Y que los planes de la empresa eran tener una mina, a cielo abierto, en el lugar donde ahora se encuentra uno de los cerros de Santa María Sotoltepec, poblado ubicado en la zona centro del municipio de Ixtacamaxtitlán.
Los ejidatarios buscaron más información. Encontraron que dos terceras partes del territorio del ejido Cruz de Ocote se encontraban dentro de la zona que había sido concesionada a la minera. En una asamblea, decidieron unirse a las comunidades de Ixtacamaxtitlán que hicieron frente común para impedir la instalación de la mina.
“Entonces nos empezamos a unir con los compañeros para luchar contra este proyecto que no queremos que se instale. Nos unimos contra la minera porque nuestro territorio, que es muy rico en naturaleza, puede perderse por este proyecto”, remarca Claudia.
En ese entonces Isabel, actual presidenta del comisariado, fue la persona elegida para asistir a las reuniones con los demás pueblos y comunidades, en representación del ejido, y para dar la información.
Asamblea de ejidatarios en Cruz de Ocote en oficinas del comisariado ejidal. / Foto: Marlene Martínez
En 2015, las comunidades interpusieron un amparo contra la Secretaría de Economía y el Congreso de la Unión por haber otorgado las concesiones sin antes haber realizado una consulta de manera previa, libre e informada. Pero también por haber aprobado la Ley Minera que violenta los derechos de los pueblos. Gracias a ese amparo, la concesión está suspendida temporalmente. Aunque el proceso legal continúa.
“Nosotros hemos estado siempre en contra de la mina, porque no queremos que se pierda nuestro sustento, de lo que vivimos, y con el que a la vez conservamos el medio ambiente”, dice Isabel con un tono firme.
En ningún momento su voz titubea: está completamente segura del rechazo al proyecto minero. Tanto así que hace año y medio, cuando empezó su cargo a la cabeza del ejido, inscribió junto con los demás ejidatarios un acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), donde rechazan por unanimidad el proyecto minero.
Para Constantino fue algo lógico que todos se unieran contra el proyecto. “En el ejido fue como una medida de prevención [el estar todos contra la mina]. No queremos conflictos en Cruz de Ocote. Somos como una familia”, dice refiriéndose a la división que ha habido en otras comunidades a raíz del tema de la mina.
Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali –una de las organizaciones que ha dado acompañamiento legal a las comunidades en su lucha contra la minera–, explica que se han documentado varias irregularidades alrededor de la entrega de la concesión minera. Una de ellas es que no se realizó una consulta previa a las comunidades, como lo marcan las leyes internacionales.
Además, en los informes preventivos presentados por la empresa, se han encontrado discrepancias en los datos sobre el área que resultaría afectada por la actividad minera.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con los representantes de la Minera Gorrión. Por escrito, la empresa aseguró que su proyecto no afectaría al ejido Cruz de Ocote, ya que la mina se localizaría a 3.4 kilómetros. Además, señaló que la empresa no ha realizado trabajos de exploración en la zona donde está el ejido.
En su respuestas, enviadas a través de correo electrónico, la minera señaló que su actividad no afectará la disponibilidad de agua de las comunidades, ya que para su operación utilizaría, “en primer lugar, los escurrimientos al interior del tajo [de la mina] y los flujos resultantes del laboreo”, además de que utilizaría “el agua pluvial captada, gracias a la instalación de un sistema de presas.”
El ejido Cruz de Ocote no es el único que, de un día para otro, se enteró que se había entregado una concesión minera en su territorio.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) ha documentado que se han entregado concesiones mineras en 42% de los núcleos agrarios del país.
En el informe “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México”, que el CCMSS publicó en 2017, se menciona que 22.5 % de los territorios con bosques y selvas del país están concesionado a la minería.
Defensa comunitaria
Las organizaciones que acompañan a las comunidades que se oponen a la instalación de la mina, denunciaron el 7 de abril pasado que representantes de la Minera Gorrión pidieron a los habitantes del poblado de Tecoltemi que “destrabaran” el juicio de amparo que esta comunidad presentó, desde 2015, en contra de las concesiones mineras. A cambio les ofrecieron empleos y el financiamiento de proyectos productivos.
Tecoltemi, al igual que el Ejido Cruz de Ocote, forman parte de la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida “Atcolhua”; organización comunitaria que se formó para impedir la instalación de la mina.
El 9 de abril la minera envió un comunicado negando la versión de los pobladores de Tecoltemi y las organizaciones que les acompañan. La empresa aseguró que se había tratado de un encuentro cordial, donde se explicaron los alcances reales del proyecto.
Hasta el momento, y pese a que parte buena parte del territorio del Ejido Cruz de Ocote está dentro de la zona incluida en las concesiones mineras, ningún representante de la empresa se ha acercado a los ejidatarios.
“Saben que en el ejido no son bienvenidos”, dice Claudia López Ramírez, secretaria del Comisariado Ejidal de Cruz de Ocote. Constantino responde que la intención de la minera es llevarse el agua, aunque lo nieguen. “Ellos dicen que se va a mantener del agua de lluvia, pero el año pasado casi ni llovió, ¿de dónde van a sacar el agua?”, se pregunta.
Claudia, Constantino e Isabel han comprobado que su organización comunitaria les ha permitido conservar el bosque y vivir de él. Y así quieren seguir. Ellos no cambiarían su bosque por una mina. Y por eso, están convencidos en defender a los árboles y su territorio.
Parte del bosque del ejido Cruz de Ocote. / Foto: Marlene Martínez
Carlos Pérez, técnico de “Ocote Real”, explica que el cuidado del bosque ha sido redituable para el ejido Cruz de Ocote y, por eso, aunque la empresa quiera vender la idea de que la minería traerá beneficios económicos, a los ejidatarios ya no los pueden engañar.
“Ellos –resalta Pérez– ya saben que tienen ingresos. No los engañan con que la minería les va a resolver sus asuntos de problemas económicos, porque saben que el bosque les genera ingresos. Además, han visto cómo han mejorado el entorno de su bosque”.
El bosque del ejido Cruz de Ocote tiene una extensión de 800 hectáreas. / Foto: Marlene Martínez
Isabel está completamente segura que la mina no tendrá ningún beneficio para Cruz de Ocote, ni para el resto del municipio. “A las personas de Santa María [donde estaría el núcleo minero] les han dicho los de la empresa que no va a pasar nada, pero va a ser mucha destrucción, una gran contaminación, y los bosques que están alrededor están en un peligro muy fuerte”.
La silvicultura comunitaria representa para el Ejido Cruz de Ocote –en palabras de Carlos Pérez–, un progreso económico y social que los ha hecho encariñarse con su territorio y organizarse para cuidarlo.
La presidenta del comisariado ejidal de Cruz de Ocote, Isabel, está segura de que su comunidad no bajará la guardia, que seguirá defendiendo a su bosque y a su territorio: “La silvicultura comunitaria en el ejido ha sido de mucha importancia, porque nos hemos dado cuenta que, de manera sustentable, la hemos llevado a cabo. De ahí vivimos y también conservamos el bosque”.
Ante la gravedad de su situación solicitan víveres, enlatados, agua, leche y artículos de aseo personal, papel de baño, alcohol y gel. El centro de acopio está en la Calle de Guanajuato 200, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc y la cuenta en la que se puede depositar apoyo económico es la tarjeta No. 4766 8412 0642 3694 de Citibanamex Saldazo, a nombre de Roberto Anastacio Pedro.
Colectivo Grieta, 13 de abril, 2020.
Se ha señalado que en tiempos de crisis como los que se viven hoy en día son las comunidades más vulnerables las que, por lo regular, llevan la peor parte. Y en el caso de la comunidad otomí que radica en campamentos en la Ciudad de México, la contingencia por la pandemia del COVID-19 está pegando con fuerza. En sus propias palabras “La situación que se está viviendo en este momento es muy difícil porque no hay para comer.”
Debido a la contingencia sanitaria no pueden salir a trabajar por lo que su única alternativa ante esta crisis ha sido buscar el apoyo de redes y organizaciones para recibir acopio y poder sobrevivir. “No hay para comer y los niños de la comunidad dependen de este apoyo solidario. El gobierno dice que tenemos que lavarnos las manos, cuando realmente no tenemos agua. El gobierno dice que hay que guardar distancia cuando tenemos que dormir apretados en un campamento,” explican.
“No tenemos donde vivir por eso tenemos que seguir viviendo en campamentos porque el mal gobierno no nos quiere dar una solución y mucho menos una vivienda digna”.
Hacer memoria del cúmulo de agravios
Las condiciones de precariedad a las que se enfrentan las familias otomíes que habitan estos campamentos no son resultado de su “mala fortuna” sino más bien del desmantelamiento del campo mexicano y la consecuente necesidad de emigrar, la falta de vivienda digna para las comunidades indígenas, la especulación immobiliaria y la gentrificación.
La lucha de la comunidad otomí por una vivienda digna es larga (aquí se puede consultar un breve documental sobre la vida de otros miembros de esta comunidad en el corazón de la colonia Roma) y, a menudo, ha estado articulada con otras iniciativas organizativas de los pueblos originarios, en particular con el CNI (Congreso Nacional Indígena).
La situación de crisis que se vive en el campamento ubicado en Roma 18 en la colonia Juárez, se puede remontar al sismo del 2017. Ese año, el sismo provocó daños estructurales en la casona en la que habitaban 90 familias otomíes y esto las orilló a tener que montar un campamento en la calle, tal como lo hicieron muchos otros damnificados por el terremoto. Sin embargo, lejos de poder acceder a fondos de reconstrucción de vivienda, la comunidad otomí fue despojada de su predio justo al momento en que cumplían un año de estar viviendo a la intemperie.
Dando muestra de la voracidad de las inmobiliarias ante la tragedia del sismo de 2017, la Inmobiliaria Eduardo argumentó que el “dueño original” del predio habitado por las familias lo había reclamado y tomó posesión del mismo con lujo de violencia y sin ningún documento legal de por medio.
Así el 19 de septiembre de 2018 un grupo de granaderos arremetió contra las personas del campamento y permitió que la Policía Bancaria e Industrial ocupara el predio y destruyera las pertenencias de estas familias que lo habían habitado por 20 años, incluidas sus artesanías, útiles escolares y uniformes de los niños, así como los papeles que podrían haber ayudado a defender legalmente su caso.
Desde ese momento, estas familias otomíes viven a la intemperie, sin acceso al agua y bajo la amenaza constante de desalojo, sufriendo el racismo y desprecio de los vecinos de la zona quienes, a menudo, han sido los primeros en solicitar que los quiten de ahí.
Hasta el momento, el desalojo se ha pospuesto en parte gracias a un documento que los ampara, además de la red de apoyo con la que cuentan a través del Congreso Nacional Indígena y las redes solidarias con quienes se organizan.
La amenaza del desalojo
Desde principio de este año, la comunidad otomí denunció el incremento de las agresiones por parte de los vecinos de la zona (una zona de alto poder adquisitivo), quienes empezaron a pedir un segundo desalojo bajo el argumento de que eran invasores, narcotraficantes, “rateros” y que “afeaban la calle”. Las compañeras otomíes denunciaron en ese momento que había vecinos quienes les habían puesto veneno de rata y quienes habían llegado hasta a echarles agua hirviendo desde sus ventanas a los niños de la comunidad quienes juegan en la calle a falta de un mejor lugar en dónde hacerlo.
A petición de algunos de estos vecinos también les clausuraron una fuente cercana que les había servido para abastecerse de agua para suplir sus necesidades básicas como el lavado de manos.
La demanda de la comunidad desde 2017 ha sido simple: vivienda digna. Ellos explican que esta vivienda no la quieren regalada, sino pagada, pero desde hace ya casi tres años, el gobierno de la Ciudad de México -en administraciones encabezadas tanto por Miguel Ángel Mancera como por Claudia Sheinbaum- no ha hecho más que darles largas y hacer promesas con las que no ha cumplido.
En un comunicado reciente denunciaron que, apenas tomó su cargo en el 2018 Larisa Ortiz Quintero al frente de la SEPI (Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes), la funcionaria recorrió tres predios habitados por comunidades otomíes (Roma 18 en la colonia Juárez; Guanajuato 200 y Zacatecas 74 en la colonia Roma) en donde prometió levantar censos, dar apoyos económicos y ayudar con carpas, pipas de agua y sanitarios móviles. Pero a decir del comunicado todo fue “pura promesa”: “Hasta la fecha no hemos recibido absolutamente nada. Desde la llegada de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) la comunidad ha sido afectada ya que nosotros tenemos que trabajar en la calle para sostener a nuestras familias y vivimos al día”.
En el comunicado mencionaron los apoyos ofrecidos por la SEPI, al igual que por el gobierno del Claudia Sheinbaum, a los cuales no pueden acceder ya que están condicionados a su incorporación al padrón del SEPI o a la entrega de documentación que avale que tienen un local, requisitos con los cuales no cumplen, ya que su comunidad se dedica al comercio ambulante de artesanías, manzana de chamoy y limpieza de parabrisas en la vía pública. En el comunicado aclaran que “nadie de la comunidad de estos tres campamentos ha recibido nada del gobierno”.
La organización comunitaria y la supervivencia
El desmantelamiento del campo y la falta de oportunidades laborales hicieron que muchas de estas familias migraran desde su comunidad de origen, Santiago Mexquititlán, hacia la ciudad en busca de trabajo, escuelas y lugares donde habitar. Sin embargo, pese a que dejaron atrás su núcleo geográfico, algo que persiste entre los miembros de la comunidad otomí en la Ciudad de México es su sentido de identidad, en torno a la cual se organizan y apoyan. Ellos lo explican claro: “No es tan fácil corrernos porque tenemos organización.”
Los predios que han ocupado desde hace más de 20 años los han habitado, no como familias nucleares individuales, sino como una comunidad amplia con un tejido y una identidad firmemente establecida. Para vivir en la ciudad, las familias otomíes de los tres predios arriba mencionados se organizan para sortear las dificultades que les impone el día a día (las cuotas que cobran las alcaldías, los desalojos, etc.) También se organizan para acudir a las marchas, como las de cada 26, a las que acudieron en apoyo a las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, o las protestas por la memoria de Samir Flores Soberanes. También se coordinan en sus viajes para surtir productos, llevar a los niños a la escuela, etc. Todos los niños de esta comunidad asisten a la escuela Alberto Correa, una escuela autónoma otomí en la calle de Monterrey, en la colonia Roma, que también está bajo amenaza constante de cerrarse.
Foto: Colectivo Grieta. Mujeres de la comunidad otomí residente en la CDMX en la marcha en memoria de Samir Flores Soberanes.
En este sentido, los miembros de esta comunidad explican que las opciones que se han abierto para ellos han venido de la organización: en el momento del desalojo fueron las organizaciones quienes los apoyaron y, hoy en día, son las redes y organizaciones quienes están apoyando con la campaña de víveres para que puedan sortear la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la situación es muy difícil.
En su comunicado explican que están sobreviviendo “gracias a la solidaridad de las organizaciones, colectivos e individuos y del pueblo consciente, ya que nos han apoyado con despensa y apoyos económicos. No nos han dejado solos.”
Sin embargo, esto no impide que denuncien la responsabilidad que tienen los gobiernos para proteger a quienes lo necesitan. Y así afirman en su comunicado: “Hoy queremos decirle al gobierno local y federal que si no nos mata el COVID-19, nos matará el hambre. Hacemos responsables a las autoridades de lo que nos llegue a suceder como habitantes de la comunidad, porque ustedes tienen la obligación constitucional de apoyar y ayudar a todos los pueblos y comunidades indígenas de México, y no sólo a quienes son parte de sus militantes u organizaciones del partido.”
Además de responsabilizar “a Claudia Sheinbaum Pardo, de la grave situación que vive la Comunidad Indígena Otomí, para hacer frente a la crisis de salud pública”, la Comunidad Indígena Residente en la CDMX invita a solidarizarse con ellos ya que su situación es grave debido a que en el campamento viven “varias personas adultas mayores, madres embarazadas, compañeras con capacidades diferentes, compañeros con padecimientos de salud, niños, y bebés recién nacidos.” Susolicitudes que la gente solidaria apoye a través del acopio de víveres, enlatados, agua, leche y artículos de aseo personal, papel de baño, alcohol y gel. El centro de acopio está en la Calle de Guanajuato 200, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc y la cuenta en la que se puede depositar apoyo económico es la tarjeta No. 4766 8412 0642 3694 de Citibanamex Saldazo, a nombre de Roberto Anastacio Pedro.
Ante la actual pandemia por COVID-19 los cerca de 5 mil habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca exigen que ya se resuelva esta problemática.
Ayutla lleva casi tres años sin agua desde que un grupo armado de Tamazulapan, un municipio vecino, se adueñó del manantial que utilizaba.
Dos enfermeros acusan que tienen meses reclamando equipo de protección. Por la falta de éste hay tres trabajadores con COVID-19.
Personal del Hospital Regional No. 20 del IMSS en Tijuana Baja California denunciaron que tres enfermeros se encuentran hospitalizados por coronavirus en ese mismo hospital donde trabajaron atendiendo casos de COVID-19 sin el equipo de protección necesario, además al menos 10 enfermeras y residentes presentan síntomas.
Desde el 1 de abril pasado, una enfermera del Hospital Regional 20, advirtió a Animal Político de la falta de equipo de protección desde meses atrás e incluso aseguraba que el personal estaba comprándolo de su propia bolsa porque la administración del nosocomio no lo proveía.
También desde entonces ya tenían saturada el área prevista para atender a pacientes de COVID-19 y las 30 camas eran insuficientes, y sumado a la falta de equipo tenían miedo de ser contagiados, como narró el 7 de abril “Rosa”, una enfermera de ese nosocomio.
Este domingo 12 de abril, este medio contactó nuevamente a “Rosa” y en un intercambio vía whatsapp, afirmó que la situación era aún peor porque el personal ya estaba contagiado y los directivos habían decidido irse de incapacidad.
También se entrevistó a otro enfermero del hospital por la noche del domingo, a quien igualmente se le cambia el nombre a “Juan” para proteger su identidad y él confirmaba la versión.
Animal Político verificó la identidad de ambos en Nómina Transparente, el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que aparecen todos los empleados públicos del país con el sueldo que reciben y los dos enfermeros aparecen ahí con sus puestos vigentes.
De acuerdo con los testimonio de ambos, los tres contagiados internados y empleados del Hospital Regional una enfermera intensivista; un jefe de piso y una enfermera general. Además otra decena de personal con síntomas que fueron enviados a su casa entre los que se encuentran residentes y enfermeras.
“Ellos estuvieron atendiendo casos desde hace 15 días normal, sin nada de equipo; entraron en contacto directo con los enfermos”, dice el enfermero “Juan”, porque la administración del hospital no les han dado el equipo necesario para atender los casos.
“Estamos en el estire y afloje. Nos dan equipo sólo para un enfermero, aunque para atender a un enfermo entramos 2 o 3, hacemos micronebulizaciones, salen aerosoles y eso lo respiramos”, por eso dice, el equipo indispensable es el cubrebocas N95, batas y botas desechables y googles que ellos mismos compran de su bolsa para cuidarse.
“Rosa” y “Juan” coinciden en que llegaron a un punto en el que el mortuorio del hospital, con capacidad para unos 15 cuerpos, fue insuficiente. “El martes sacaron la mesa de cirugía y metieron 8 cadáveres porque ya no cabían abajo en el mortuorio. En una sola noche hubo 10 fallecidos, luego hay 8, 4”, agrega el enfermero.
Además, el número de enfermos de coronavirus ya rebasó el espacio previsto para ellos. “Urgencias pediátricas la pasaron al cuarto piso y ahí ya está todo lleno de pacientes covid y sólo nos dan un cubrebocas para 7 días, que lo cuidemos, dicen, pero el paciente te tose enfrente y piensan que ese cubrebocas nos dure 7 días, eso es lo que nos tiene aterrados”, afirma Juan.
Aunado a esto, la semana pasada los jefes del hospital tuvieron una reunión y el jueves los administrativos decidieron tomar incapacidad debido a que en dicho encuentro había asistido una persona que dio positivo a Covid, según dijeron.
Los enfermeros aseguran que incluso el director del hospital, César Figueroa Torres; la jefa de enfermeras, Antonia Bojorquez, más los jefes de pediatría están de incapacidad. “Abandonaron el barco”, dice Juan.
Por eso, dice Rosa, “esto ya nos rebasó, a todos los enfermos los ponen en un cuarto que antes era urgencias pediátricas que por cierto ya está lleno (se trata a los enfermos) solo con oxígeno. ¿Qué más podemos hacer si este barco y no tiene timón?”.
El sábado 11 de abril el IMSS en Baja California confirmaba a través de un comunicado que “algunos directivos y personal médico se encuentran en auto confinamiento domiciliario de acuerdo con los protocolos establecidos, pero cada uno de ellos ha sido sustituido por otro personal de igual o mayor rango en la Unidad Médica”.
Y aseguraban que las autoridades del instituto “atendieron y controlaron oportunamente un contagio externo en varios trabajadores del Hospital, no atribuible al Equipo de Protección Personal ni a la atención de pacientes sospechosos o confirmados”.
Animal Político buscó a los directivos del hospital este lunes para conocer su postura sobre lo narrados por los enfermeros. Poco antes de las 10 de la mañana Mariana López atendió en el teléfono de la dirección y aunque se solicitó hablar con el director César Figueroa para corroborar que estuviera al frente de sus actividades administrativas, no lo comunicaron, ni tampoco a alguna otra autoridad del hospital.
“En este momento no se encuentra en la oficina, sí está laborando, pero tengo la indicación de que se dirijan directamente con comunicación social”, dijo Mariana López, quien atendió el teléfono.
Minutos después se solicitó entrevista en comunicación social del IMSS en Tijuana con el director del hospital y dijeron que en el transcurso del día determinarían que podía ser con él o con el jefe delegacional de servicios médicos en la región, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Animal Político buscó a los directivos del hospital este lunes para conocer su postura sobre lo narrados por los enfermeros. Poco antes de las 10 de la mañana Mariana López atendió en el teléfono de la dirección y aunque se solicitó hablar con el director César Figueroa para corroborar que estuviera al frente de sus actividades administrativas, no lo comunicaron, ni tampoco a alguna otra autoridad del hospital.
“En este momento no se encuentra en la oficina, sí está laborando, pero tengo la indicación de que se dirijan directamente con comunicación social”, dijo Mariana López, quien atendió el teléfono.
Minutos después se solicitó entrevista en comunicación social del IMSS en Tijuana con el director del hospital y dijeron que en el transcurso del día determinarían que podía ser con él o con el jefe delegacional de servicios médicos en la región, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Durante un reunión transmitida en vivo este lunes, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que hasta el momento, el IMSS no ha hecho un reporte sobre la situación de COVID-19 en los 9 hospitales en el estado, por lo que mandó un mensaje al director Zoé Robledo quien dijo, “debe salir a dar una conferencia de prensa y admitir lo que está mal porque si no lo admitimos van a tratar de tapar nada más y la gente está cayendo como moscas. Hay que decir las cosas como son o el pueblo se lo va a cobrar”.
La denuncia de Derbez
Por la noche de este domingo, el actor Eugenio Derbez publicó en redes sociales un video en el que leyó una carta del doctor Faustino Ruvalcaba en el que solicitaba donaciones de equipo de protección.
En respuesta, a la 1 de la madrugada, la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga, publicó otro video en el que aseguró que no había ningún doctor en el Hospital Regional 20 con el nombre de Faustino Ruvalcaba y pedía al actor a “no difundir noticias falsas”.
Además afirmó que “en todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia”.
Se necesita ayuda! Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE
Al buscar el nombre del doctor “Faustino Ruvalcaba” en Nómina Transparente, efectivamente no aparece ningún servidor público con ese nombre. Hasta el momento, el IMSS no ha emitido comunicado oficial hasta el momento sobre este tema.
Debido a todo lo ocurrido con el actor, Rosa asegura que en la madrugada de este domingo, “fueron algunos de cuerpo de gobierno a tomarse fotos y repartiendo equipos de protección para desmentir a Eugenio. El escándalo de él logró que aparecieran milagrosamente anoche”-
También en la cuenta de twitter del IMSS en Baja California, a las 7:31 de la tarde de este domingo, publicaron que era falsa la información que circulaba en una cadena de whatsapp en la que personal médico solicitaba insumos de protección.
Trabajadores del sector salud denuncian falta de equipo, insumos y protocolos para enfrentar la pandemia del COVID-19
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit. Lunes 13 de abril del 2020.- Se manifiesta personal de salud del área de urgencias del ISSSTE, exigen equipo de protección, material e insumos, así como la aplicación de protocolos para enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19.
Los casos confirmados con la nueva cepa del coronavirus aumentan peligrosamente en Nayarit y los médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, choferes, cocineros y de aseo, entre otros, ponen en riesgo la salud al laborar “a la deriva” ya que atiende a los pacientes sin conocer si son o no positivos a coronavirus. Por ello, requieren estar bien protegidos para que exista el mínimo de contagios.
Los cientos de trabajadores laboran bajo protesta ya que urge aplicar de manera adecuada y uniforme, las guías técnicas y protocolos en la primera línea de atención. Eso permitiría evitar contagios del personal que atiende a los pacientes con el virus.
La Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores del ISSSTE, sección 23, Ana Isabel Ramos Vázquez afirmó que la exigencia de contar con los elementos necesarios para protegerse y atender a la ciudadanía es legítima, de ahí el llamado a que se proporcione el suficiente material e insumos a la mayor brevedad.
“Todos estamos aquí para dar la atención a la derechohabiencia pero si nosotros estamos sanos, si nos cuidan a nosotros los trabajadores, y nos dan lo que necesitamos, vamos a dar buena atención, con eficiencia y la calidad que todo mundo requiere más en esta pandemia que ahorita nos está dando en todo el estado”.
La protesta del personal de salud se realizó aplicando las medidas de sana distancia, y es que ya era tiempo de hacerse escuchar, que el pueblo conozca las deficiencias en que laboran.
Entre las pancartas que portaban los inconformes destaca una que a la letra decía, “A quien más le interesa que el ISSSTE esté bien, es a sus propios trabajadores porque es nuestra fuente de trabajo y es nuestro patrimonio de seguridad social”.
Ramos Vázquez, reiteró el llamado a los directivos para que proporcionen los suficientes materiales e insumos, equiparlo para no enfermarse y seguir prestando la atención a la ciudadanía.
“Han llegado por partes, lo único que solicitamos es que en este momento en que se está incrementado los casos, nos proporcionen más, que sea para todo el personal que realmente así lo requiere”.
Ante las agresiones que han sufrido algunos compañeros del área de la salud por atender pacientes con coronavirus, la dirigente sindical pidió comprensión y solidaridad a la ciudadanía.
“Nosotros no somos el foco de infección, nosotros estamos para atenderlos y damos la mejor atención”, dijo la dirigente.
De igual forma, señaló la indolencia de los directivos al negarse a enviar a casa a los trabajadores que pertenecen a los sectores en riesgo como son hipertensos, diabéticos, de la tercera edad y embarazadas, obligándoles a presentarse a sus áreas o de lo contrario, se les aplicará descuentos en nómina.
Tepic, Nayarit.- Lunes 13 de abril del 2020.- El Covid-19 , ya está provocando serios daños económicos a Nayarit, pues aún cuando la Entidad tiene muy pocos empleos formales, estos comienza a perderse ante la contingencia.
El titular del Servicio Nacional de Empleos (SNE) Antonio Riojas Meléndez, confirmó que hasta el momento se han perdido alrededor de 8 mil empleos formales, principalmente en sector turístico, enclaustrado en la Riviera Nayarit.
Esta situación es preocupante, dado que Nayarit venía repuntando en dicho rubro y la zona de Bahía de Banderas estaba generando buena cantidad de espacios laborales.
MÉRIDA, MX.- Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenara el retiro de seguridad a la activistas Adelaida Salas Salazar y del registro de tres asesinatos a ambientalistas durante esta emergencia sanitaria en México, el poeta y activista, Pedro Uc teme que todos queden desprotegidos en esta cuarentena ocasionada por el coronavirus (Covid-19).
“Es un riesgo de que este tiempo les sirva como un escenario para eliminar a las personas que son críticas. Pues recientemente mataron a un activista en Veracruz y eso nos preocupa mucho a todos los que en algún momento hemos sido amenazados aquí en Yucatán”, comentó el activista que recibió amenazas a finales de 2019.
A pesar de que dijo hasta el momento que ni una autoridad le ha informado del retiro de protección con la que cuenta, sí argumentó que desde hace dos meses no pasa con frecuencia la patrulla que le brindaba seguridad, aunque no ha dado parte sobre esto porque se conforma con los rondines que elementos policíacos dan en la colonia donde vive.
Otra cosa que el poeta denunció es que en sí cuando tienen un llamado de alerta, los policías no llegan tan rápido como les han dicho, puesto que hace dos meses pidió apoyo luego que detectara que un dron volaba sobre su casa y los elementos llegaron aproximadamente 45 minutos después y no cinco como les han dicho.
Cabe señalar que además la desprotección que ahora tiene la activista Adelaida Salas Salazar, otra situación que le preocupa a Pedro Uc y a otros activistas es que desde que se decretó la emergencia sanitaria, han sido asesinados tres ambientalistas en el país, incrementando la cifra de muertes a cinco en los primeros meses del 2020.
Respecto al caso de Pedro Uc, él asegura que su amenaza se debió a que es opositor a megaproyectos en zonas indígenas de la Península de Yucatán, entre ellos el Tren Maya, por lo que buscó el cuidado por parte del Gobierno Federal a través del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
A través de iniciativas, locatarios piden apoyo para brindar alimentos a sociedad golpeada por pandemia
“Comida pendiente” y “Si necesitas toma, si apoyas dona” son dos iniciativas ciudadanas impulsadas por establecimientos de comida que tienen el objetivo de apoyar a las personas que han resultado afectadas económicamente derivado de las medidas de prevención tomadas en lo local para evitar la propagación del Covid-19.
La primera iniciativa es una variante de una costumbre de Nápoles, Italia, del siglo XVIII, donde se pagaba por dos cafés, el que consumía el cliente y otro que dejaba pagado para aquella persona que no tuviera recursos; se le conocía como “Caffé Sospeso”.
En México, “Café pendiente”, es una dinámica que tuvo su auge en 2013, donde varías cafeterías y restaurantes de todo el país se sumaron.
Ahora, y ante la situación económica que atraviesan la entidad y el país, diversos locales de comida y fondas han decidido crear “Comida Pendiente”, con la cual, si algún cliente puede pagar por su comida y una extra, lo hace; si por el contrario no tiene los recursos, puede solicitar una de las comidas ya pagadas.
Gisela Hernández, propietaria de la fonda de comida corrida que lleva el mismo nombre, explicó que esta dinámica inició el pasado 6 de abril, con la intención de apoyar a la gente que perdió su empleo por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19.
La comerciante explicó que la fecha de duración de esta iniciativa social dependerá del apoyo que reciban por parte de la misma ciudadanía, a través de depósitos bancarios o con el pago de varias comidas en los diversos locales que se han sumado a la propuesta. “Es mucha gente que se quedó sin empleo, por eso solicitamos más ayuda (…) ahora llevamos entregadas 170 comidas”, destacó.
Aclaró que las personas de la tercera edad y obreros son los que más llegan a solicitar el apoyo, pero se les hacen algunas preguntas para tratar de corroborar si de verdad la necesitan la comida.
Antojitos Lety, ubicado en avenida Laguna 301, en la colonia Rocío, es uno de los comercios que se ha sumado a la práctica y en un vídeo colgado en redes sociales la propietaria informa cómo ha funcionado. “Hasta ahora se han donado 76 comidas, y quedan 66 comidas para donar todavía, esperemos sigan participando, necesitamos de su apoyo”, indicó.
En la explicación de la dinámica se lee lo siguiente:
“Comida Pendiente. Con tu donativo lograremos alimentar a una persona que lo necesite y en el proceso ayudar al sostenimiento de negocios locales (cocinas económicas); si conoces a alguien con necesidad de alimentos, éstas son algunas de las fondas que estarán colaborando: avenida Laguna 301, El Rocío; privada Alejandra 101-109, colonia Ex-Hacienda El Tintero; restaurante Toño, en avenidas Peñuelas 19, dentro de Plaza Máster; calle 16 de Septiembre 71, esquina con Altamirano, colonia Centro; primer privada Río Cazones 103, entre calle Río San Lorenzo y 2da. Privada de Cazones; Calle del Capulín 201, en Felipe Carrillo Puerto”.
También se menciona otras formas de apoyar a través de las redes sociales de las organizaciones civiles: Colectivo Activistas, Regeneración Querétaro y Solidaridad Querétaro y Ciudadanos Contra la Corrupción.
En el caso de La Querencia, restaurante mexicano, apoyan de dos formas diferentes ante la adversidad económica por el Covid-19.
La primera es regalar un pozole chico a los empleados del sector salud que trabajan en el Hospital General, que ha sido acondicionado exclusivamente para atender a pacientes que son portadores del virus.
Para hacer válida la promoción, los médicos y enfermeras deberán mostrar su credencial vigente; sólo aplica una por día por persona, en cualquiera de las 6 sucursales, la fecha de validez es hasta el 30 de abril.
La segunda forma con la que buscan contribuir un poco con las personas que están padeciendo económicamente esta cuarentena es al colocar una mesa de apoyo bajo el concepto “Si necesitas toma, si apoyas dona”; ahí se colocan productos de la canasta básica y de higiene. Si tienes la facilidad de contribuir con algún artículo lo dejas ahí, de lo contrario puedes tomar lo que te haga falta.
Alberto Sánchez, propietario de La Querencia, explicó que esta dinámica tiene un sentido 100% social y que fue impulsada por su mamá, cuya filosofía de vida versa “si haces cosas con buena voluntad se te regresan”.
“La mesa de apoyo está en Pie de la Cuesta, los decidimos poner en esa sucursal porque si hacemos un análisis económicosocial de la zona hay colonias más vulnerables, más hacía arriba en Villas de Santiago y avenida Pie de la Cuesta es muy amplia por eso se puso ahí (…) Se invitó a amigos, familiares, conocidos y público en general a través de una convocatoria en redes sociales a que se sumaran donando un artículo de la canasta básica o higiene”, explicó.
La mesa, refirió, se monta a partir de las 13:30 horas, momento en que abre sus puertas el restaurante y hasta las 22:30 horas.
Estos son sólo algunos ejemplos de la solidaridad que surge en la sociedad ante la presencia de tiempos difíciles en los que muchas familias se ven afectadas.
CIUDAD DE MEXICO. 31MARZO2020.- Pese a la alerta sanitaria lanzada ayer por el Gobierno Federal, la gente continúa utilizando los medios de transporte público. Personas que sigue con su vida normal. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Zedryk Raziel / Animal Político
Trabajadores de empresas e incluso del gobierno reclaman porque sus jefes les piden seguir acudiendo a oficinas, aunque hay pandemia y pueden contagiarse de COVID-19.
Hay empresas que obligan a sus empleados a seguir asistiendo a sus centros de trabajo, a pesar de la petición gubernamental de que la ciudadanía no salga de sus casas para contener la propagación del nuevo coronavirus.
El decreto del 31 de marzo, que estableció de manera general qué actividades productivas son consideradas “esenciales”, ha sido interpretado a discreción por empresas e incluso instituciones públicas.
La falta de una regulación clara al respecto ha dejado margen para que se mantengan en operación, de manera presencial y sin “sana distancia”, trabajadores de maquiladoras, casas de empeño, intendencia, seguridad privada o tiendas de electrodomésticos.
A continuación presentamos las historias de empleados de dos empresas, Fundación Rafael Dondé y Grupo Salinas, y de una institución pública federal, el ISSSTE, que denunciaron su preocupación por el hecho de que salir todos los días de su casa a su lugar de trabajo pone en riesgo su salud y la de sus familias.
“El problema es que trabajamos todos juntos”
“Prácticamente nos dijo que nacimos para morir”. Raúl recuerda el mensaje que Eduardo Dondé y de Teresa, presidente de la Fundación Rafael Dondé, empresa dedicada a los préstamos prendarios, dirigió a sus trabajadores el 1 de abril a través de Zoom.
“Él nos pidió que leyéramos, que no fuéramos ignorantes, que todo lo que pasa no nos va a afectar a nosotros, que nosotros estamos en una edad privilegiada para que no nos ataque el virus, que nuestro trabajo es tan importante como el de un médico o una enfermera”, recuerda Raúl, quien pidió no ser identificado por su nombre real por temor a perder su trabajo.
“Él nos dice que no se puede detener el producto prendario”, detalla, “porque es lo que va a ayudarle a la gente, pero nosotros vemos que él está más preocupado por eso que por la salud de los trabajadores”.
En esa videoconferencia, que fue grabada por empleados y publicada en redes sociales, Eduardo Dondé dijo a sus trabajadores, tanto a los administrativos como a quienes atienden las más de 450 sucursales de empeño en todo el país –y entran, por lo tanto, en contacto directo con cientos de personas diariamente-, que la crisis actual exige que todos sigan asistiendo a sus puestos de trabajo.
“Si en algún momento tenemos razón para existir, es en éste”, les dijo el dueño.
“Si en algún momento jugamos un rol indispensable y esencial para la gente que más lo necesita del país, es hoy”.
De acuerdo con la grabación publicada en redes, y que fue confirmada por empleados consultados, Dondé y de Teresa criticó el “pánico injustificado” de las redes sociales en torno a la pandemia de COVID-19.
“Lamentablemente, así como las redes sociales sirven para muchas cosas, en esta ocasión las redes sociales han servido y han dejado de manifiesto que la verdadera pandemia no es el coronavirus, la verdadera pandemia es el miedo y el pánico injustificado”.
Raúl afirma que, cuando menos en la sede de la empresa, ubicada en Mérida, Yucatán, continúan trabajando alrededor de 3 mil personas.
“Solamente nos están dando gel, pero, de ahí en fuera, no hay personas con tapabocas o algo así”, describe.
“Si llegas a tener un síntoma, como tos, ahí sí te tienes que ir, pero el problema es que trabajamos todos juntos, no hay ningún espacio ni nada, en cada oficina hay aproximadamente unas 30 o 40 personas juntas, no son cubículos, son mesas corridas. Los elevadores se siguen saturando, se siguen utilizando, no hay ningún tipo de cuidado. La limpieza es muy normal, sí van las personas de limpieza, pero no es que haya algo especial o que huela mucho a cloro”.
La Fundación Rafael Dondé argumenta que los servicios que ofrece son de tipo financiero y son considerados esenciales.
“En Fundación Dondé proporcionamos este tipo de servicios (esenciales), realizando hoy más que nunca una labor esencial y social. Estos servicios se encuentran regulados por disposiciones del Sistema Financiero Mexicano y en consecuencia (son) actividades permitidas para seguir operando”, indicó Karla Garcidueñas, directora de comunicación de la compañía, vía correo electrónico.
“De manera específica, es importante señalar que nuestros servicios permiten apoyar con liquidez a la población menos favorecida en nuestro país, justo al segmento de la población que no tiene acceso a la banca comercial y que en un gran número de casos trabajan en el sector informal”.
Garcidueñas aseguró que a los empleados considerados dentro de la población en riesgo se les permite laborar desde su casa. Agregó que otros con permiso de ausentarse son los empleados “que no son esenciales en la operación de servicios financieros”, como quienes laboran en los Módulos Educativos Dondé.
Raúl no corrió con la suerte de que su trabajo en la compañía, relacionado con el desarrollo digital, fuera considerado no esencial. A pesar de exponerse a sí mismo y a su familia, señala que él y el resto de trabajadores acatan la orden de no ausentarse para no perder su fuente de empleo.
“Mi mayor preocupación es que yo todos los días llego a casa y estoy exponiendo a mi familia, porque tengo parientes que son asmáticos y que viven aquí donde yo vivo, que tienen diabetes e hipertensión; eso es lo que más me preocupa, y así como yo hay varios compañeros”, comenta.
“Nosotros lo que tenemos miedo es que nos dejen sin trabajo, hay muchas empresas que están despidiendo a muchas personas y eso es como lo más preocupante, entonces tenemos que acatar de alguna manera las órdenes que se están dando, pero uno va con miedo, con incertidumbre”, dice.
“No dejen de venir… porque están revisando”
“Cuida tu salud emocional (escrito con letras mayúsculas). Escribe un diario. Medita de 5 a 10 minutos. Comparte mensajes positivos. Realiza ejercicios de respiración y relajación. Mantén buenos hábitos de sueño y descanso. Reduce el tiempo en redes sociales.”
En la Torre Grupo Salinas, la sede de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, fueron colgados carteles con esas recomendaciones para los cientos de empleados que no tienen permitido faltar a su lugar de trabajo.
Con estos mensajes Ricardo Salinas, uno de los asesores empresariales del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, busca convencer a sus trabajadores de que la pandemia de COVID-19 no es tan grave, de que contagiarse no es un camino seguro a la muerte.
“La vida tiene que continuar. La neta, ¿quién tiene miedo a morir por el virus? Yo, un poquito, porque soy de riesgo”, escribió jocosamente el segundo mexicano más rico del mundo -con una fortuna de 11.7 mil millones de dólares, según la más reciente clasificación de Forbes- en una carta enviada a la planta laboral el 24 de marzo.
La carta, compartida a Animal Político por empleados, continuaba en este tono: “paralizar la actividad económica significa hambre”, “urge parar esta locura”, “debemos controlar nuestra imaginación”, “hay que regresar a los niños a las escuelas”, “el coronavirus es una neumonía más”.
Con base en esa directriz, a Gabriela, que trabaja para Grupo Salinas, le impidieron faltar a su lugar de trabajo a pesar de que, tras haber regresado al país de un viaje en el que tuvo contacto con personas provenientes de Europa y Asia, fue identificada como un “caso sospechoso grave” mediante el cuestionario o tamizaje aplicado por el Gobierno de la Ciudad de México.
Con fiebre alta, tos y dolor de garganta intenso, un especialista le recomendó vía Locatel no salir de su casa y mantenerse alerta del desarrollo de los síntomas para evitar contagiar a otras personas, en caso de que su padecimiento fuera provocado por coronavirus.
“Me dijeron (en Locatel) que era totalmente recomendado que no fuera a trabajar, que me quedara en cuarentena y que estuviera al pendiente de mi temperatura. Lo platiqué con mi jefa y ella me dio la instrucción de que tenía que ir así, y así me presenté a trabajar; la verdad es que estoy bien hoy, pero la instrucción de la empresa es que, incluso con síntomas que pudieran indicar algo, y con una indicación médica de que tenía que no ir a trabajar, pues tuve que ir a trabajar”, relata en entrevista.
El 31 de marzo, luego de que el Gobierno instruyó que debían cerrar sus operaciones las empresas e instituciones de actividades no esenciales, Grupo Salinas envió a sus empleados un nuevo comunicado en el que justificaba por qué todas las compañías del consorcio sí son esenciales y, por lo tanto, todos debían seguir laborando: TV Azteca para informar; Banco Azteca para permitir el acceso a los apoyos de los programas sociales; Elektra porque allí se puede cobrar las remesas; Totalplay porque el internet, el teléfono y la TV de paga son un servicio crítico en la pandemia; Tiendas Neto porque venden productos básicos a los más necesitados; Adamantium y TotalSec porque brindan seguridad privada a otras empresas; Grupo Dragón porque genera energía limpia y renovable.
A partir de ese día, señala Gabriela, se reforzó la vigilancia de los ingresos y salidas del personal y el consorcio comenzó a aplicar descuentos vía nómina a los trabajadores de áreas que, como la suya, decidieron implementar esquemas de horarios escalonados (la mitad de la jornada presencial y la otra mitad con home office) para evitar aglomeraciones en el centro de trabajo.
“Esta quincena a mí sí me descontaron algunos días por haber aplicado esto de los horarios escalonados, lo supe apenas que cobré”, comenta. “La instrucción es que se sigue operando todo de manera regular, y ahorita sí están haciendo algo que no hacían antes, por ejemplo, por lo menos en mi área, checar, hacer un registro, casi auditoría, de tu check in y tu check out con el gafete. Lo sé porque me descontaron días y porque mi jefa nos dijo: ‘por favor, no dejen de venir aunque sea nada más a checar, porque están revisando”.
Gabriela, que solicitó cambiar su nombre por seguridad, indica que, ante la prohibición de ausentarse de los centros de trabajo, hay aglomeración de personas en los torniquetes de acceso, en los elevadores y en las mismas oficinas.
“La gente sigue yendo a trabajar, la mayoría de las áreas están yendo todos los días en horarios completos y trabajando casi hombro con hombro”, expone
En el comedor corporativo, que semeja un mercado con diversos locales de venta, se congregan diariamente, afirma, alrededor de 3 mil personas.
“Ahí no hay ninguna medida de sanidad, la gente sigue cocinando sin tapabocas, es por iniciativa de los propios locales los que deciden tomar ciertas medidas o no; sí se instauró que pudiéramos llevar nuestra comida a la oficina, pero, si tomamos en cuenta que hay gente que trabaja ahí de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues comer en ese lugar es su única alternativa”, describe.
A manera de prevención, agrega, la corporación tomó medidas menores como colocar gel antibacterial en todos los pisos de los edificios, inhabilitó el ingreso con huella digital y contrató equipos para “sanitizar” las oficinas.
Uno de los principales focos de riesgo en las oficinas administrativas de Grupo Salinas es que el personal que hace la limpieza son adultos mayores de más de 60 años, lo que los coloca en el grupo de riesgo más vulnerable al coronavirus. Dichos trabajadores pertenecen a la empresa Lava Tap, S. A. de C. V., contratada por el corporativo de Salinas Pliego para prestar el servicio de limpieza.
“La gente de intendencia del grupo son mayores de 60 años, y hay una persona de este grupo de 60 años en cada torniquete (de la entrada) encargada de limpiar cada vez que uno de nosotros pasa por ahí”, detalla Gabriela.
La política de no ausentarse de Grupo Salinas es transversal a otras empresas del consorcio y afecta incluso a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Abi (cuyo nombre fue cambiado por petición de la propia entrevistada) es aprendiz con discapacidad auditiva que trabaja para una tienda Elektra ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.
A pesar de la recomendación oficial de que las personas con discapacidad trabajen desde su casa, Abi, de 22 años, aún tiene que acudir todos los días a su centro de trabajo desde Chimalhuacán, un trayecto de alrededor de dos horas en transporte público.
La becaria le informó a su tutora, una empleada administrativa de Elektra, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un comunicado el 23 de marzo en el que determinó que, durante el periodo de Sana Distancia, se permiten esquemas flexibles de capacitación remota, lo que implica que los becarios pueden ausentarse de los centros de trabajo. No obstante, la tutora rechazó otorgarle el permiso de ausencia y la obliga a seguir presentándose a laborar, de acuerdo con la becaria.
“No me da el permiso por coronavirus, ella no cree la noticia de la suspensión (de la capacitación presencial)”, cuenta Abi.
Karina, otra becaria que trabaja en la Torre Grupo Salinas, afirma que los tutores del corporativo han convencido a los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro a renunciar a la capacitación en la empresa para poder ausentarse durante el periodo de Sana Distancia.
“Con la contingencia no nos están enviando a casa, y lo que nos proponen es que nos demos de baja de la estancia en el grupo. Nos dicen: ‘si quieres tomar la cuarentena, nada más te das de baja de Grupo Salinas y ya cuando pase esto te vuelves a inscribir y tu puesto seguirá vacante’”, cuenta la aprendiz.
“Uno se salió justo por eso, porque no estaban dejando que fuéramos a casa, él también es población de riesgo, nos comentó que no podía seguir asistiendo para no comprometer su salud ni la de las personas con la que vivía”.
Funcionarios de la STPS encargados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aseguraron que, hasta ahora, no han recibido ninguna queja o denuncia de parte de becarios adscritos a las empresas de Grupo Salinas.
Para conocer la postura del corporativo, Animal Político buscó establecer contacto vía correo electrónico con Bruno Rangel, director de relación con inversionistas y finanzas; Tristán Canales Najjar, vicepresidente de información y asuntos públicos, y Luciano Pascoe, encargado de las relaciones con medios, pero ninguno atendió la solicitud.
“Nos tenemos que quedar por solidaridad”
La negativa para que trabajadores puedan laborar desde su casa no sólo se presenta en empresas, sino también en instituciones públicas del Gobierno federal. Daniela tiene 23 años de servicio en el ISSSTE y actualmente trabaja en la Dirección Normativa de Administración y Finanzas. Prediabética y con una enfermedad autoinmune que afecta su tiroides, conocida como Enfermedad de Hashimoto, aún es forzada a presentarse todos los días a laborar a las oficinas administrativas de la institución en el sur de la Ciudad de México.
“Les expliqué a mis jefes, de la forma más sencilla posible, que es una enfermedad autoinmune; no quiere decir que yo tenga mayor riesgo de contagio, pero sí implica que mi sistema inmune está alterado y sí puedo correr el riesgo de que con el coronavirus pudiera sobrerreaccionar o pudiera mi sistema inmune no responder como debiera responder y ser de los pacientes de alto riesgo”, explica la servidora pública.
“Mi tiroides está bien, pero es atacada por un sistema inmune que es el que está mal, ataca varios órganos, principalmente la tiroides, afectando su funcionamiento, y como consecuencia tengo otras deficiencias, cuando el sistema inmune está alterado ataca otros órganos, también el páncreas y los ojos”.
El vocero de la dependencia gubernamental, Marco Aguirre, confirmó a Animal Político que la dirección para la que trabaja Daniela fue definida como prioritaria.
No obstante, la funcionaria, quien solicitó que se le cambiara el nombre, asegura que la suya es una tarea que podría realizar desde su casa, ya que no requiere de un software especial. La razón por la que sus mandos no le permiten ausentarse de la oficina, relata, es que todos deben “solidarizarse” con aquellos que deben seguir asistiendo.
“Por la contingencia, baja mucho el trabajo, y para mantenerme ocupada me pusieron a hacer otras labores que no hacía antes”, expone.
“Es un trabajo que puedo hacer en casa, usar mi computadora, y lo saben perfectamente todos mis jefes, pero en mi área me dicen que los demás nos tenemos que quedar por solidaridad”.
En el piso donde labora, detalla, hay 60 personas pertenecientes a otras áreas administrativas del ISSSTE; en todo el complejo, estima, hay alrededor de mil trabajadores que continúan desplazándose y haciendo sus tareas como antes de la contingencia sanitaria.
“Yo tengo mucho miedo, todos los días salgo con muchísimo miedo. Depresión, angustia, es lo que siento cada que salgo, porque sé cuál es mi condición, sé que no cuento con el apoyo de mis jefes por su desconocimiento, porque ellos creen que estando ahí en la oficina están seguros, porque esas son sus palabras. Es terrible, habemos mucha gente en esa situación”, comenta.
El primer acercamiento del paciente para su toma de signos vitales se realiza de manera manual, a falta de los monitores, procedimiento que está sujeto a errores, según explica el IMSS. CARLOS ZEPEDA. EL
UNIVERSAL
Noé Cruz Serrano / El Universal
Instituto advierte posibles errores en priorización de casos en salas de urgencias; más de mil unidades presentan fallas en el funcionamiento, destaca instituto
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce que presenta un déficit de 4 mil 121 monitores de signos vitales para una mejor atención en los servicios de urgencias de las unidades médicas.
Esta situación, según la Dirección de Administración, provoca que médicos y enfermeras de los servicios de urgencias, que es el primer contacto de pacientes con probables síntomas de Covid-19, trabajen sin las herramientas mínimas para valorar al paciente desde su llegada a clínicas y hospitales del IMSS.
La falta de estos equipos se presenta en las mil 61 unidades médicas que dan el servicio de urgencias: 803 del primer nivel, 231, de segundo, y 27, de tercero, lo que complica la primera evaluación como lo establece el Triage, que es el proceso de clasificación de los pacientes que acuden a urgencias hospitalarias y que son de gran necesidad ante la pandemia.
Por la falta de estos equipos, según información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia, la valoración de los pacientes “se realiza mediante métodos manuales y se apoya mucho en la experiencia y sensibilidad del personal médico, lo que representa un constante riesgo de mala priorización y una calidad inaceptable del servicio proporcionado al derechohabiente para la atención de sus padecimientos”.
Tal es el caso de no poder identificar con mayor certeza un paciente con coronavirus y otro con neumonía atípica.
Sostiene que durante una situación de emergencia, para poder decidir qué paciente atender primero se usa el Triage, que permite, en forma rápida, evaluar, seleccionar y estratificar a los pacientes con base en su estado clínico y pronóstico, lo que reduce los tiempos de espera para recibir atención médica con base en el nivel de gravedad y no en el orden de llegada.
En condiciones normales y con estos monitores, “el proceso de asignación de la prioridad para la atención médica de un paciente no debe tomar más de cinco minutos y es muy importante mencionar que los pacientes arriban en distinto estado de conciencia para su atención médica”.
Por ello, se corre el riesgo de una “mala priorización de casos médicos para su atención por fallos en los monitores [equipo defectuoso] o demora en la priorización de casos para su atención por poca capacidad de respuesta de los monitores [por fallas]”.
Un monitor de signos vitales permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos de los pacientes, como presión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, entre otras. Contienen un sistema de alarmas que alertan al personal médico de la presencia de un evento fuera de los límites deseados.
Desde 2019, el IMSS había solicitado una partida de mil 407 millones de pesos para adquirir los 4 mil 121 monitores de signos vitales que serían distribuidos de la siguiente manera: mil 542 para unidades médicas de primer nivel, 2 mil 228, para unidades de segundo nivel, y 351, para las de tercer nivel.
Los recursos saldrían en su totalidad del instituto, pero requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejercerlos, pues se trata de una entidad de control director por parte del Estado.
Sin embargo, Hacienda no le autorizó el desembolso, por lo que esperaba que la adquisición del equipo médico fuera incluida en el presupuesto de 2020, lo que tampoco ocurrió, según se desprende del Presupuesto Programático del IMSS 2020 aprobado por el Congreso y la SHCP.
En la justificación de la solicitud el IMSS señala que la toma de signos vitales es parte de la asignación de la prioridad de atención médica y se realiza mediante el esfigmomanómetro analógico, oxímetros de pulso, estetoscopios o termómetros para estimar el nivel de gravedad y su priorización.
Hasta ahora, este primer acercamiento del paciente se realiza de manera manual, toman signo vital por signo vital, procedimiento que está sujeto a errores, lo que abre la posibilidad de priorizar mal a los pacientes, por una mala transcripción. Pérdidas de lecturas de signos vitales es parte de la documentación manual de los parámetros de signos vitales antes mencionados.
Es decir, “se dificulta la priorización para una atención oportuna y un grado de inseguridad y se incrementa el riesgo de que las afectaciones por las que acuden los derechohabientes se agraven aún más”.
En esta situación pueden estar involucradas, además de los pacientes con probable Covid-19, 18 millones 236 mil derechohabientes, población estimada de atención de los servicios de urgencia hospitalaria en el año 2020.
La pandemia de coronavirus esta llevando a la saturación a los hospitales uno de ellos el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
La pandemia de coronavirus ya llevó al límite a algunos ”hospitales covid”, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que ya no tienen camas de terapia intensiva para atender a pacientes graves con este virus. Asimismo se encuentran a poco de llegar al límite de su capacidad el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Hospital Juárez de México.
En sólo una semana se registraron 2 mil 248 casos de personas con covid-19 que requirieron hospitalización en el país, esa cifra incluye a quienes están intubados, graves y estables. Éste es el mayor aumento que se ha registrado hasta ahora.
Este incremento considerable puso a prueba la capacidad de los hospitales adaptados para atender a personas contagiadas con el virus SARS-CoV2. Este lunes el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán amaneció con un mensaje en su entrada “No hay camas disponibles en Terapia Intensiva”.
La imagen del letrero en el que se alerta que ya no hay camas de terapia intensiva en el Instituto Nacional de Nutrición fue difundida en Twitter por el doctor Alejandro Macías, quien en 2009 fue comisionado Nacional para la atención de la influenza en México.
En la misma red social, un médico residente explicó que esta situación fue resuelta de inmediato y que se han tomado medidas en el Instituto para incrementar el número de camas para pacientes críticos.
Fuentes consultadas por La Silla Rota informaron que desde el pasado viernes ya estaban llenos los pisos de terapia intensiva del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero que estaban tratando de habilitar otros espacios con ventiladores en los hospitales.
Mientras que en el Hospital Juárez de México se optó por trasladar a pacientes estables a otros nosocomios. La Secretaría de Salud informó el viernes por la noche que las personas fueron canalizadas a otros hospitales para mantener los niveles de ocupación lo más bajo posibles.
Sin embargo, fuentes declararon a este medio que ya estaban llenos los pisos de terapia intensiva para atender a personas con covid-19 y que a algunos pacientes que llegaron los estaban dejando en Urgencias ante la falta de espacio, por eso se hicieron los traslados.
De acuerdo con Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, a las habituales condiciones de los migrantes, como pobreza, hacinamiento, marginación, carencias alimenticias, educativas y de sanidad, se suma la emergencia por la COVID-19, que hace a este grupo especialmente vulnerable ante el coronavirus.
“Mientras no tengan una situación regular migratoria en México, seguirán en situación precaria, porque sin un permiso legal no tienen ningún derecho a los servicios de salud que brinda el Estado”, señaló Guillermo Castillo Ramírez, investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.
Ante la contingencia, este grupo tiene dos vías: solventar la situación como pueda o recurrir a casas de migrantes y albergues, donde se ofrece ayuda de la sociedad civil.
“Estos albergues proveen servicios, ocasionalmente de salud, y son organizaciones bien estructuradas, pero rebasadas, sobre todo desde hace dos años que iniciaron las caravanas”, recordó el antropólogo.
Existen diferencias entre los que viajan en algunas rutas del país con algún apoyo económico o con “polleros”, y quienes viajan por su cuenta; estos últimos sufren una marginación aún mayor.
En general, se trata de personas jóvenes y en etapa productiva, “pero los mayores riesgos de salud son para las familias con niños pequeños o no acompañados, para mujeres embarazadas o para personas de la tercera edad, en especial si llevan un mes y medio de trayecto”.
Contingencia agrava situación
El COVID-19 acentúa su condición precaria por la dificultad para acceder a servicios de salud, remarcó.
Además, los albergues que los atienden están al límite de su capacidad y muchos han dejado de recibir gente hasta tener la certeza de que no están contagiados, para respetar las medidas sanitarias, y porque no tienen las condiciones para contender con una epidemia, sostuvo.
Este escenario no es exclusivo de México, ocurre en EU, Grecia o Alemania. “Entonces, por su marginación estructural son un grupo más vulnerable y su situación compleja se agravará”, concluyó.
Personal que labora en el Hospital General de Zona Venados del IMSS bloqueó la avenida Municipio Libre para exigir insumos médicos para atender a pacientes con Covid-19
Por falta de insumos médicos para atender a pacientes con Covid-19, personal de salud que labora en el Hospital General de Zona Venados del IMSS en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se manifestó cerrando la avenida Municipio Libre.
“Esta manifestación cobra sentido en el momento en que empezamos a manifestar a la autoridad la carencia de insumos y de cubículos aislados para la adecuada atención, que no ponga en riesgo a las personas que requieren de atención médica y que no nos pongan en riesgo a nosotros”, señaló personal médico.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, un joven que se manifestaba y labora en el nosocomio, dijo que este lunes se entregó un escrito a la directora del hospital, la doctora María de Lourdes Hernández González, quien se rehusó a firmar el documento por lo que decidieron manifestarse.
“La solicitud de equipo se ha hecho de manera oral desde mediados de marzo a nuestros jefes inmediatos, sin embargo al no ver una respuesta consideramos hacer un escrito”, expresó el personal de salud.
El indicador enfermera paciente debe ser uno a uno considerando medidas de precaución y aislamiento pero en este Hospital de Zona están trabajando con indicadores de enfermera, intensivista, paciente de uno por cada dos pacientes, duplicando la cantidad de esfuerzo por parte del personal.
“Tampoco hay suficientes médicos intensivistas o médicos urgenciólogos para hacer frente a esta contingencia”, destacó.
A mediados de marzo, a los trabajadores de este centro hospitalario les informaron que habría cubículos de aislamiento para pacientes con probable diagnóstico de afección respiratoria pero hasta ahora, las autoridades, han decidido recibir pacientes sin las adecuadas medidas de aislamiento.
El personal médico comentó que cuentan con pacientes confirmados con Covid-19 en terapia intensiva, en otras áreas de hospitalización y un mayor número que son probables casos de coronavirus, pero carece del número exacto.
Personal médico del hospital 1 de octubre y de Balbuena piden equipo para atender los casos de COVID-19 que llegan a sus instalaciones.
Médicos y enfermeras de dos hospitales protestaron este lunes por la falta de insumos y de protocolos de seguridad para atender a pacientes con COVID-19.
Las protestas ocurrieron en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, en la alcaldía Gustavo A. Madero y en el Hospital General Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Piden hospital inflable para evitar contagios
Personal médico del Hospital General Balbuena protestó en las inmediaciones del nosocomio en demanda de insumos médicos y la realización de un triage o protocolo adecuado para identificar casos de COVID-19 cuando los pacientes ingresan a hospitalización, ya que la mayor parte ha sido clasificados como neumonías atípicas.
Unos 50 enfermeros acusaron a las autoridades de indiferentes a las carencias y deficiencias reclamadas, como la falta de material e insumos como caretas, cubrebocas, guantes, por lo que ellos han tenido que comprarlos para poder laborar. “El poco material que existe es de muy mala calidad”, acusó una enfermera.
Además, piden que el área del helipuerto del hospital, que depende del Gobierno de la Ciudad de México, sea habilitado para levantar un hospital inflable y ahí se atiendan los casos que surjan de coronavirus para evitar contagios.
Las autoridades señalan que Balbuena no es un hospital receptor de pacientes con coronavirus; sin embargo, siguen llegando casos sospechosos de tener COVID-19 e ingresan a las instalaciones, por lo que podrían infectar tanto al personal médico como a los demás pacientes, acusaron.
Los enfermeros reportaron el fallecimiento en los últimos días de varias personas, pero que son clasificados con neumonía atípica, por lo que consideran que no es adecuado el triage que se aplica al ingreso.
El personal médico dijo estar temeroso de sufrir un contagio y así poner en riesgo su salud.
Atención sin protección adecuada
Personal médico del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE bloqueó el cruce de la avenida Instituto Politécnico Nacional y Colector 13 en demanda de insumos médicos para atender casos de COVID-19.
En el nosocomio están internados casi 30 pacientes con coronavirus, según el personal médico inconforme, que al ingresar fueron asignados a las áreas de terapia intensiva en urgencias y hospitalización.
Sin embargo, esto no les fue informado y los atendieron sin ninguna protección adecuada, por lo que ahora temen estar contagiados.
Por ello, exigieron equipo de protección personal porque no quieren contagiar a su familia al llegar a sus domicilios. Incluso, refirieron que uno de sus compañeros falleció hace unos días contagiado por COVID-19.
El Hospital 1 de Octubre fue designado para atender casos de coronavirus, por lo que recibirán a pacientes provenientes de otros nosocomios, no obstante, el personal médico manifiesta que no cuenta con los insumos necesarios para dar una atención adecuada, ya que solo tienen caretas de acetato y cubrebocas sencillos.
Después de unas horas de protesta, Celia San Pedro, representante de la Sección 41, salió a explicar que al interior mantenían una reunión en la dirección general del hospital con autoridades en la que se estaba exigiendo la dotación de los insumos.
Técnicos, ingenieros, personal de apoyo, mantenimiento e incluso médico que laboran en las plataformas del sistema de extracción Arenque / Antonio Sosa
Foto: El Debate
