Fotografía: CEPAD
Con el objetivo de abordar la emergencia forense en Jalisco desde una perspectiva de derechos humanos y “con una apuesta hacia la memoria” que contribuya a “la generación de procesos que lleven a acciones y políticas públicas que garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las miles de víctimas de violencia y desaparición”, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) presentó su informe ¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco.
La crisis hasta ahora esboza una realidad en el estado de Jalisco que va desde la acumulación de personas fallecidas sin identificar en las delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), hasta la cremación de cuerpos humanos, el desbordamiento del trabajo hacia dentro de las instituciones encargadas de los trabajos forenses y los procesos de procuración de justicia, así como, el nulo reconocimiento del Gobierno estatal sobre la naturaleza y existencia del problema.
Dalia Souza / Zona Docs
En el marco de las Jornadas Virtuales: “Crisis Forense en Jalisco” del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), fue presentado el informe ¿Quiénes son? La crisis de identificación de personas en Jalisco.
En alianza con la Fundación Heinrich Böll, el CEPAD compartió los hallazgos de este diagnóstico que pretende contribuir a que las autoridades obligadas de atender la crisis de desapariciones y forense en Jalisco lleven a cabo políticas públicas y acciones que garanticen el acceso a los derechos humanos a la verdad, la justicia, la reparación integran a las víctimas y sus familias, así como, la no repetición.
Dawid Bartelt, representante en México de la fundación señaló durante la presentación del informe que este documento, además, apuesta por “la sensibilización de la sociedad que continúa volteando a otro lado cuando se habla de personas desaparecidas”.
Además, reconoció que la situación que atraviesa Jalisco en esta materia, “focaliza la tragedia mexicana” de las desapariciones y las fallas de los procesos de identificación forense, incluso, manifestó esboza una “tragedia política”, donde Jalisco “es el epicentro de la crisis de violencia dramática que enfrenta en México”. Más aun, porque “un cuarto de todas las desapariciones que se registran en México desde la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador han sucedido en Jalisco”, precisó.
La emergencia de la crisis forense
Más de 240 solicitudes de acceso a la información, entrevistas con familiares de personas desaparecidas, revisión de normas, informes oficiales, documentos contextuales de organizaciones, notas periodísticas y bibliografía especializada fueron necesarias para la elaboración de este informe, señaló Francisco Campos del área de investigación sobre desapariciones del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Sin embargo, señaló que, para entender la crisis forense en Jalisco, antes es necesario “entender la crisis de violencia en la que está sumergida el estado”. En ese sentido, indicó que en la entidad el número de homicidios en Jalisco por año pasó de 478 homicidios en 2006 a 2 mil 928 en 2018. Mientras que, durante 2019 se registraron 2 mil 525.
Por otro lado, sobre la localización de fosas clandestinas, que consideró “resulta uno de los elementos contextuales de mayor relevancia”, el CEPAD generó un registro de fosas clandestinas que documenta información de 2009 al 2020.
Sobre los datos recuperados, el CEPAD precisa que, 2019 es el año en el que se localizaron más fosas clandestinas con un total de 36; no obstante, aunque durante 2020 se registraron 27 fosas; es decir, fueron menos sitios localizados, se pudo identificar “el incremento en el número de víctimas exhumadas”. De acuerdo con la organización, lo que ahora son denominadas como “megafosas” implicó un alza de 52.9% respecto a los cuerpos de personas encontrados en estos lugares.
De la misma manera, se elaboró un mapa donde se sistematizaron los municipios con mayor número de fosas clandestinas localizadas. De estos destacan: Tlajomulco con 40; Zapopan con 20; Tlaquepaque con 17; Lagos de Moreno 15; El Salto 11; San Sebastián del Oeste y Ayutla con 10 respectivamente; Chapala, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Puerto Vallarta con 7 cada uno; y Ejutla con 6.
Al respecto, Campos informó que sobre estos hechos sólo se tienen 10 sentencias condenatorias, cuatro personas detenidas y 48 personas judicializadas. Además, sólo el 28% de los cuerpos, restos u osamentas han podido ser identificadas en el periodo 2009 y 2020.
Restos humanos
El CEPAD identificó un aumento en la localización de restos humanos ingresados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la mayoría de estos, precisaron, pertenecen al periodo de 2019 y 2020. Según advierten “hay un incremento en el número de víctimas, pero también un cambio en la técnica de violencia que se inserta en los cuerpos de las víctimas”.
De esta forma, se pasó de 18 restos humanos ingresados a las instalaciones IJCF en 2018; a 259 restos ingresados en 2019; y finalmente, en 2020 a 688. Para la organización, esto plantea obstáculos para los procesos de identificación forense al interior de la dependencia, pero también para las familias, quienes permanecen largos periodos de tiempo en la espera de respuestas que les permitan tener certeza sobre la identidad de sus seres queridos localizados en estos sitios de exterminio.
Incineraciones
En el caso de las incineraciones, el CEPAD señaló que, gracias al trabajo de documentación llevado a cabo por diversas personas y fuentes, entre ellas periodistas, se ha identificado que, hasta ahora, la información brindada por el IJCF al respecto ha sido inconsistentes.
Asimismo, han destacado que la incineración de personas fallecidas sin identificar se llevó a cabo desde 1997 hasta el 2015 en Jalisco y está práctica involucró a autoridades estatales y municipales.
Sobre las causas de las muertes en los cuerpos incinerados, el IJCF “no reconoce que alguna de las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) haya muerto de forma violenta” (esto en una de las solicitudes emitidas por la dependencia); no obstante, advierten, “en otra se contradice”. De acuerdo con esta última, se destaca que 417 personas murieron a causa de contusiones; 108 por proyectil de arma de fuego; 58 por estrangulación y 41 con arma punzocortante.
En cuanto a la disposición final de los restos, Francisco Campos del Área de Investigación sobre desapariciones del CEPAD, advierte que actualmente sólo se reconocen mil 381 cuerpos incinerados entre 2006 y 2015, de las cuales, únicamente se sabe que hay 713 urnas en las antiguas instalaciones del IJCF en la calle Belén.
Al mismo tiempo, señaló que, aunque el IJCF dijo prohibir a partir de 2018 las donaciones de cuerpos de personas fallecidas, “hay registro de mil 113 cadáveres donados con fines de investigación y docencia”. Lo más alarmante resulta ser que, entre 1997 y 2017, 928 sí cuentan con evidencia documental, mientras que, 185 de los cuerpos donados e ingresados por personal forense entre 2018 y 2018 lo hicieron “sin documentos”.
Entre las instituciones se encuentran la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); la Universidad de Guadalajara (UdeG); el Centro Universitario de los Altos (CUALTOS) de la UdeG; la Universidad LAMAR; y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Las fallas en la estructura forense de identificación
A decir de Jonathan Ávila, también integrante del Área de Investigación sobre desapariciones del CEPAD, “existen carencias importantes en cuanto al personal especializado para la identificación forense”, pero sobre todo para el desarrollo de un trabajo interdisciplinario entre áreas que faciliten los procesos.
De acuerdo con el informe del CEPAD, dentro del IJCF cuatro áreas se encargan de las labores de identificación humana: el laboratorio de Lofoscopia, el laboratorio de Genética, el laboratorio de Antropología Forense y el Servicio Médico Forense (SEMEFO).
Sin embargo, a estas cuatro áreas sólo están adscritos el 30% de los peritos del IJCF. Esta situación se complica en las delegaciones regionales del instituto, ya que en estas sólo hay criminalistas y médico. Según reconoce el informe de CEPAD “el contexto demanda más genetistas, radiólogos, geólogos, antropólogos físicos o arqueólogos”.
Respecto a lo que han nombrado son “las fallas estructurales”, Jonathan Ávila explicó que las autoridades reconocieron para este informe “la saturación de las instalaciones”, pero “la limitaron a los hechos que evidenciaron la crisis y no como fallas profundas en las labores de identificación y procuración de justicia”.
Temas como: la no continuidad en proyectos por falta de recursos; la no existencia de bases de datos que ayuden a mejorar los procesos internos; el ambiente de inseguridad laboral; la nula visión transversal de las labores; y la falta de coordinación entre Ministerios Públicos y personal forense.
En la misma tesitura, indicaron que resulta relevante señalar que, hasta el 2017 se creó el Archivo Básico que permite resguardar los datos de personas fallecidas sin identidad con el fin de poder identificarlas y ser entregadas a sus familiares, no obstante, antes de esa fecha, aunque se contaba con protocolos varios en el tema no se implementaron, por lo tanto, se cuestiona la organización ¿qué pasaba con los cuerpos antes de esa fecha?
Para el CEPAD, luego de la revisión documental y testimonial con fuentes al interior del instituto, que dejó en evidencia que: 1) “los peritos tienen poca capacidad para la toma de decisiones”; 2) que también se encuentran “limitados a la autoridad del Ministerio Público (MP)”; y 3) que “la centralización de la labor del MP” se encuentra “en los culpables y la acreditación del delito”, sólo puede dejar en claro que, durante la última década:
“No hubo orientación pericial enfocada en la identificación y en los procesos de procuración de justicia, eso implicó no dar prioridad a la identificación y que se vieran insensiblemente como “muertos que estorbaban”
¿Cuál es la situación de la crisis actual?
La acumulación de las personas fallecidas sin identificar pareciera ser la muestra más clara de la crisis forense en Jalisco, puesto que, “ha mantenido un crecimiento sostenido”. En ese sentido, el informe del CEPAD reconoce que hasta el 31 de diciembre de 2020 se habían acumulado 6 mil 249 personas bajo estas condiciones en todo el estado.
La delegación del IJCF en Tlaquepaque resulta ser la mayor concentradora de cuerpos de personas sin identificar con 5 mil 251; le sigue Lagos de Moreno con 298; Ciudad Guzmán con 184; Ocotlán con 163; El Grullo con 112; Puerto Vallarta con 110; Magdalena con 73; Tepatitlán con 48 y Colotlán con 10.
Por otro lado, es importante señalar que, a decir de la organización, el 40% de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar hasta diciembre de 2020, ingresaron entre 2019 y el 2020, periodo que comprende el ejercicio de la actual administración del Gobernador, Enrique Alfaro.
Ante la crisis forense, el sufrimiento acumulado de las familias
Uno de los componentes principales de este informe es el trabajo coordinado con las familias de personas desaparecidas, quienes, a través de entrevistas, lograron compartir con la organización las consecuencias y los impactos que ha generado esta crisis humanitaria forense en sus vidas. Las dificultades a las que se han enfrentado y las necesidades que han surgido a partir de la identificación de las deficiencias dentro de las instituciones.
Para las familias, de acuerdo con lo señalado por Jonathan Ávila en este informe, resulta doloroso y angustiante el primer acercamiento que reciben de las autoridades cuando presentan la denuncia de desaparición de sus seres queridos, pues son enviadas a realizarse tomas de muestras de ADN al IJCF. Y es que, según externaron esto “implica romper con la idea de búsqueda en vida durante un momento clave”. Aunque, en contraste, destaca que, en algunos casos, los Ministerios Públicos no les informaron sobre este procedimiento y “se realizó la búsqueda por cuenta propia”.
También se identificó que continúan replicándose conductas y tratos “poco empáticos”, “insensibles”, “fríos” y “distantes” de parte del funcionariado obligado a buscar, localizar y en su defecto, identificar a sus familiares desaparecidos. Las mismas situaciones se repiten en las regiones.
Respecto a los procesos de búsqueda en las instalaciones y delegaciones del IJCF en el estado, las familias reconocieron que los procesos de identificación a través de pantallas, por ejemplo, por medio de una computadora, resultan dolorosos, demorados y costosos en términos de “inversión de tiempo y dinero en traslados, comida o descuidar las actividades laborales y familiares”.
Por otro lado, también advirtieron que “detectaron que no les mostraban toda la información o fotografías de hallazgos”. Además, que para los colectivos regionales al interior de Jalisco “resultan más difíciles estos procesos”.
Frente a ello, señalaron que las familias han comenzado a realizar búsquedas independientes en registros municipales de fosas comunes y en actas de defunción, a llevar a cabo búsquedas en campo verificando cambios en el terreno para la localización de fosas, además, también se han formado de manera independiente en estos temas y han generado redes de apoyo e incidencia para que otras familias no atraviesen sus dificultades. Aunque, en temas de seguridad, también denunciaron el “abandono de las actividades para mantener seguridad ante la vigilancia del crimen organizado”.
Violaciones a derechos humanos
Anna Karolina Chimiak, codirectora del CEPAD, afirmó en su intervención que estas prácticas han constituido graves violaciones a derechos humanos, tales como: violación al derecho a una sepultura digna y personalizada; el derecho a restituir y disponer del cuerpo para los familiares; el derecho a no ser sometidos a tortura; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la memoria; el derecho a la verdad y a la justicia; así como y entre otros: el derecho a la identidad e individualización de la persona.
Con ello, aseguró que todos los hechos antes descritos y violaciones a derechos humanos, han favorecido los entornos de impunidad en cada uno de los casos.
Por ejemplo, en el caso de las incineraciones masivas, los procesos de identificación se han visto vulnerados porque no se cuenta con personal especializado, ni procedimientos o manuales técnicos en relación a la cremación de cuerpos, particularmente, sobre información que permita responder de manera oficial si “se utilizaron los métodos de pulverización, qué tipo de procedimientos sanitarios fueron aplicados posteriormente a la cremación, o si existe posibilidad de identificar a los cadáveres incinerados”.
En cuando al esclarecimiento de las personas responsables de disponer cuerpos humanos en camiones frigoríficos que fueron paseados en septiembre de 2018 por distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y después abandonados en un paraje, la codirectora del CEPAD señaló que, a dos años y medio de los hechos, “la situación se mantiene en plena impunidad”. Tampoco existe trasparencia e información clara, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción mantiene una carpeta de investigación abierta.
Hasta ahora hay una vinculación a proceso y se espera la imputación de una persona. Además, en agosto de 2020 se identificó el actuar irregular de cuatro servidores públicos.
Las recomendaciones
Producto de un ejercicio exhaustivo, el CEPAD propone 60 recomendaciones entre generales y específicas para cada una de las autoridades y el funcionariado responsables de atender la crisis humanitaria forense que enfrenta el estado, pero también, para aquellas que la han favorecido, así como otras dependencias e instituciones involucradas. En ese sentido, Chimiak afirmó que estas constituyen propuestas para generar acciones de medidas ante la crisis, así como el reconocimiento de los errores cometidos.
Entre estas destaca:
- Que se investigue de manera exhaustiva, con debida diligencia todas las omisiones, irregularidades de las y los servidores públicos quienes estuvieron involucrados en los hechos (incineración masiva, donación de cuerpos a instituciones educativas, disposición indigna de cuerpos humanos en camiones frigoríficos), considerando al IJCF, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Dirección de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Sobre la incineración de cuerpos de personas y la posibilidad de vías de identificación
- Generar un Mecanismo Participativo e Interdisciplinario con tres ejes de acción: revisión exhaustiva de cada averiguación previa y carpeta de investigación relacionada con las muertes de las personas no identificadas incineradas; revisión exhaustiva de documentación de dictámenes periciales bajo resguardo del IJCF correspondiente a esas personas; análisis técnico y científico por expertos independientes y multidisciplinarios.
Sobre la donación de cuerpos a instituciones educativas
- Realizar de manera coordinada tanto por el IJCF como por las universidades la revisión exhaustiva de la documentación y registros relacionados con características de los cuerpos donados y la información sobre su destino final. Se recomienda que un equipo pericial multidisciplinario pueda llevar a cabo la revisión y análisis científico y técnico de los cuerpos incinerados por la Universidad de Guadalajara.
Finalmente, entre las recomendaciones generales se encuentra el reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Jalisco sobre “las características que evidencian la situación de la crisis humanitaria forense en Jalisco, buscando acciones para mantener la memoria y dignificar a las víctimas, así como generar las medidas de no repetición”.
https://www.zonadocs.mx/2021/05/19/presentan-informe-sobre-crisis-forense-en-jalisco-solo-28-de-las-personas-localizadas-en-fosas-clandestinas-han-sido-identificadas/
