Más de 40 días sin agua en Jardines Vallarta, denuncian vecinos (Jalisco)

Foto: Jorge Alberto Mendoza

Jorge Alberto Mendoza / El Diario NTR

Vecinos de la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, tienen más de 40 días continuos sin recibir una sola gota de agua en sus hogares, debido al estiaje.

Cansados de no contar con agua potable desde hace 40 días, advierten que bloquearán calles importantes como calzada Lázaro Cárdenas y avenida Patria, si las autoridades no les brindan una pronta solución.

Los vecinos de Jardines Vallarta culparon del desabasto de agua potable a la mala planeación y torpe previsión del gobierno para realizar el acuaférico.

Aseguran que debido a la escasez durante estos largos periodos, y en los que destacan no han gozado en ninguna ocasión del tandeo, algunos vecinos de manera individual han gastado de sus bolsillos entre 6 mil hasta 10 mil pesos en pipas de agua potable, ya que solicitar las pipas gratis que proporciona el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es una labor tediosa e ineficaz.

Detallaron que una vez que las pipas son solicitadas vía telefónica, lo único que hacen es proporcionar inútiles folios, y a los hogares nunca llegan las pipas.

Salvador Dueñas, presidente de colonos del fraccionamiento Jardines Vallarta, señaló en entrevista para NTR, que por la pandemia de Covid-19, los más afectados son las personas de la tercera edad que habitan ahí, que son la mayoría, pues son colonias de muchos años.

Recordar que el pasado 9 de abril, el director del Siapa, Carlos Torres Lugo, aseguró que la Zona Metropolitana de Guadalajara había recuperado su equilibrio en un 75 por ciento en su red hidráulica y que 90 por ciento de las colonias ya tenían el servicio de manera constante, todo esto cuando las obras del acuaférico presentan un avance de 99 por ciento.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164858

Los militares que dispararon contra Javier y Jacob están identificados, pero siguen libres y sin ser acusados (Tamaulipas)

Alberto Pradilla/Animal Político
12 abril 2021

Javier y Jacob son dos de las 10 personas muertas a manos del Ejército en Nuevo Laredo durante los últimos meses, según el Comité de Derechos Humanos del municipio. No hay militares detenidos ni formalmente acusados por sus casos.

Tamaulipas, el 27 de febrero. Salió de casa junto a tres amigos después de pasar la tarde en familia, pero fue acribillado por disparos del ejército. Los militares que apretaron el gatillo reconocieron su responsabilidad ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque se excusaron afirmando que la víctima iba armada y les había atacado. Las pruebas efectuadas por el Ministerio Público desmintieron esta versión. A pesar de que han transcurrido más de un mes desde aquel homicidio los uniformados siguen en libertad y sin que se haya formalizado una acusación en su contra.

“No puede ser que sigan libres. Estamos pidiendo justicia para que paguen por lo que hicieron. Yo antes pensaba que el ejército estaba para protegernos”, dice su viuda, Angélica, de 26 años.

En los últimos meses se han registrado al menos diez muertes a manos del Ejército en Nuevo Laredo, según datos de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos del municipio tamaulipeco. Los últimos casos son el asesinato de Javier, ocurrido en febrero, y la de Jacob Rodríguez, de 21 años, tiroteado el 10 marzo cuando acudía con su esposa embarazada para realizar una ecografía, según reveló El Universal. No hay un solo militar detenido ni encausado por estos hechos.

A esta serie de asesinatos se le suma la muerte de dos personas tras recibir disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril.

Javier era comerciante, trabajaba con su hermano en una boutique donde vendían ropa y zapatos. Le gustaba el fútbol, era seguidor del América y pasaba los fines de semana viendo películas y series con su esposa Angélica. Apenas hace ocho meses habían sido padres y su plan era ver crecer a la familia. Todo se vino abajo el 27 de febrero, cuando los soldados dispararon contra el vehículo en el que viajaba el joven y acabaron con su vida.

“Este es un dolor muy fuerte. Él siempre fue responsable con su familia. Teníamos el anhelo de ver crecer a nuestro niño y nos lo arrebataron”, dice Angélica.

El relato de los hechos según el parte de los militares fue que alguien les atacó desde el vehículo en el que viajaba la víctima con otros tres amigos y que ellos se limitaron a repeler la agresión. Según esta narrativa, que quedó por escrito en el parte adjunto a la carpeta de investigación, en el coche se incautó un arma larga y varios cargadores. Sin embargo, el MP realizó pruebas de radizonato de sodio, que determinan si alguien disparó un arma por los restos de pólvora que quedan en las manos, y dieron negativo. Es decir, ahí solo apretaron el gatillo los militares.

En su declaración, el cabo Ranulfo Citlalan Martínez y el soldado José María Ortiz reconocieron haber disparado hacia las llantas del coche, aunque siempre argumentando que fue en defensa propia. El teniente Alejandro González Leyva, que estaba al frente del operativo, negó haber usado su arma.

Tras probarse que nadie les había agredido habrá que determinar de dónde salió el arma que dicen los soldados que incautaron en el coche. Los tres sobrevivientes aseguran que se la sembraron y, de hecho, uno de ellos fue detenido y posteriormente puesto en libertad ya que el juez no creyó en la versión del ejército.

“Le sembraron un arma y no quisieron ayudarle cuando estaba herido. ¿No tienen sentimientos?”, dice Angélica. Su esposo estuvo 35 minutos con constantes vitales después de recibir dos balazos. Ella cree que si la hubieran conducido rápidamente al hospital quizás hubiese logrado salvar la vida.

Además de las pruebas realizadas por el MP que descartan la agresión previa existe otro dato relevante que muestra la responsabilidad del Ejército. Días después de los hechos, una delegación castrense visitó a Angélica y le ofreció una indemnización y hacerse cargo de los gastos funerarios. Según le dijeron, aceptar la ayuda no implicaba desistir del proceso penal. Pero ella no se fía y rechazó el ofrecimiento.

https://www.animalpolitico.com/2021/04/militares-que-dispararon-javier-jacob-libres-sin-acusacion/

Nuevo León: aumentan delitos contra mujeres; el acoso sexual se incrementó 100% en marzo

Luego de los meses de confinamiento por la pandemia, la incidencia delictiva volvió a niveles anteriores a la contingencia, según el análisis difundido hoy

Luciano Campos Garza/ PROCESO

MONTERREY, N. L. (apro).- Los delitos contra mujeres en la entidad aumentaron en marzo, comparados con el mes previo, informó la Fiscalía de Justicia de Nuevo León en su reporte de incidencia delictiva correspondiente al tercer mes de 2021.

Luego de los meses de confinamiento por la pandemia, la incidencia delictiva volvió a niveles anteriores a la contingencia, según el análisis difundido hoy.

En el caso de las mujeres, el delito de acoso sexual aumentó 100%, con 36 nuevos casos reportados, mientras que el abuso sexual subió 85%, con 80; feminicidio en tentativa, 77%, con 10; equiparable a violación, 68%, con 19; violencia familiar, 44%, con 180; y trata de personas, 114%, con ocho casos.

“Vemos un aumento en los casos de violencia familiar y su equiparable, que son dos de los delitos de más alta incidencia en el estado. En cuanto a los números reportados, respecto de los delitos que tuvieron aumento en el mes de marzo, el nivel de denuncia tomó el mismo ritmo que tenía antes de la cuarentena sanitaria”, señaló la Fiscalía nuevoleonesa.

Precisó que, ante la mayor facilidad para presentar denuncias virtuales o presenciales, se reportó un incremento en el número de casos en delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.

Respecto a febrero, en marzo el delito de disparos con arma de fuego aumentó 155%, con 17 nuevas denuncias; privación ilegal de la libertad, 107%, con 16; homicidio culposo, 70%, con 20; lesiones que ponen en peligro la vida, 50%, con 18 casos. Esta estadística es similar a la que se reportaba en meses anteriores a la pandemia, apuntó la Fiscalía.

Sobre los delitos patrimoniales, destacó que a raíz de la mayor libertad social se recuperó la incidencia criminal al nivel que se registraba cuando no había contingencia sanitaria.

Así, el robo a negocio aumentó 33%, con 26 casos más en el tercer mes; robo a vehículo, 74%, con 142; despojo, 45%, con 47; robo a casa habitación 42%, con 65; robo a persona, 40%, con cuatro casos.

También se detectó un incremento en los delitos cometidos en redes sociales, de 156% en suplantación de identidad, con 31 nuevos casos, y 168% en chantaje, con 32.

En la suplantación se crean perfiles falsos en cuentas de redes, y los responsables chantajean usando la información para obtener beneficios ilegales en perjuicio de otros, apuntó la Fiscalía.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/12/nl-aumentan-delitos-contra-mujeres-el-acoso-sexual-se-incremento-100-en-marzo-261854.html

AMLO acuerda con EU que 10 mil soldados impidan paso de migrantes en frontera sur

El objetivo de este despliegue es dificultar el camino hacia Estados Unidos, así como hacer más complicado el cruce entre fronteras

CUARTOSCURO

Redacción/ ANIMAL POLÍTICO

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de 10 mil soldados en la frontera sur de México.

Así lo confirmó este lunes la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en conferencia de prensa. Aseguró que la decisión fue resultado de pláticas entre los gobiernos de Guatemala, Honduras y México.

La administración mexicana fue la que tomó la iniciativa de enviar 10 mil tropas a la frontera sur, añadió Psaki, mientras que Guatemala y Honduras desplegarán mil 500 y siete mil agentes, que se repartirán entre personal militar y policías.

La decisión se tomó semanas atrás, fruto de charlas entre diferentes funcionario de los respectivos gobiernos.

El objetivo de este despliegue es dificultar el camino hacia Estados Unidos, así como hacer más complicado el cruce de fronteras, aseveró la vocera de la Casa Blanca.

Ante esta revelación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el gobierno de México “favorece una migración ordenada, segura, regular y con apego a los derechos humanos”.

Agregó que tanto el desarrollo económico como el social es la única ‘solución de fondo’ al fenómeno migratorio.

“México mantendrá el despliegue ya existente de Fuerzas Federales en su zona fronteriza, con el objetivo de hacer cumplir su propia legislación migratoria, a fin de brindar atención a las personas migrantes, principalmente a menores no acompañados, y combatir el tráfico de personas”.

Desde el pasado 19 de marzo, el gobierno de México informó sobre el envío de operativos a su frontera con Centroamérica; sin embargo, no especificó la cifra de elementos que implementaría.

A través del Instituto Nacional de Migración (INM), se anunció que la operación era para “salvaguardar los derechos e integridad de menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país”.

Del 1 de enero hasta el 18 de marzo de 2021 se habían identificado cuatro mil 180 niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, presas del tráfico de personas.

Por tal motivo, se tomó la decisión de desplegar activos a lo largo del río Suchiate, puentes y puntos de internación o acceso fronterizo.

De la misma forma, se contaría con equipo tecnológico, desde drones hasta mecanismos de visión nocturna para la vigilancia en zonas y regiones identificadas como vías de acceso irregular de personas migrantes.

https://www.animalpolitico.com/2021/04/amlo-eu-soldados-migrantes-frontera-sur/

CAMINO A EUROPA…

CAMINO A EUROPA…
COMISIÓN SEXTA DEL EZLN.
MÉXICO.

10 de Abril del 2021.

A las personas, grupos, colectivos, organizaciones, movimientos, coordinadoras, y pueblos originarios en Europa que esperan nuestra visita:
A la Sexta Nacional e Internacional:
A las redes en resistencia y rebeldía:
Al Congreso Nacional Indígena:
A los pueblos del Mundo:

Herman@s y compañer@s:

Este día 10 de abril del 2021 se concentraron en el “Semillero Comandanta Ramona”, l@s compañer@s que forman parte del primer grupo de delegad@s en nuestra Travesía por la Vida, capítulo Europa. Se trata de la delegación marítima.

Con una pequeña ceremonia, según nuestros usos y costumbres, la delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón. Nuestr@s delegad@s llevan un corazón grande. No sólo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos.

Este primer grupo permanecerá en cuarentena por 15 días, aislados en el semillero, para garantizar que no están contagiados del llamado COVID 19 y para que se preparen para el tiempo que dura su travesía por mar. Durante esas dos semanas, estarán viviendo dentro de la réplica de la embarcación que, para eso, construimos en el Semillero.

El día 26 de abril del 2021, saldrán rumbo a un puerto de la República Mexicana. Llegarán a más tardar el 30 de abril y abordarán la embarcación que hemos bautizado como “La Montaña”. Durante dos o tres días con sus noches, permanecerán a bordo del barco, y el día 3 de mayo del 2021, día de la Santa Cruz, Chan Santa Cruz, el navío “La Montaña” zarpará con nuestr@s compañer@s con destino a las costas europeas, en un viaje que se supone tomará de 6 a 8 semanas. Se calcula que en la segunda mitad del mes de junio del 2021 estarán frente a las costas europeas.

A partir de este 15 de abril del 2021, desde los 12 caracoles zapatistas, nuestr@s compañer@s bases de apoyo irán realizando actividades para despedir a la delegación zapatista que, por mar y aire, viajará a la geografía que llaman “Europa”.

En esta parte de la que hemos llamado “Travesía Por La Vida. Capítulo Europa”, l@s delegad@s zapatistas se encontrarán con quienes nos han invitado para platicar sobre nuestras historias mutuas, dolores, rabias, logros y fracasos. Hasta ahora, hemos recibido y aceptado invitaciones de las siguientes geografías:

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Cataluña
Cerdeña
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
Estado Español
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Italia
Luxemburgo
Noruega
País Vasco
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

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A partir de este día, el Subcomandante Insurgente Galeano irá publicando una serie de textos donde les platicará de quiénes forman la delegación marítima zapatista, de los trabajos que se han realizado, algunos de los problemas que hemos enfrentado y etcétera.

En resumen: estamos ya en camino rumbo a Europa.

Es todo por ahora.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
Comisión Sexta del EZLN.
México, Abril del 2021.

 

México, Abril del 2021.

 

 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/12/camino-a-europa/

Minera Cuzcatlán, de la Fortune Silver Mines, quiere ser amiga de la 4T (Oaxaca)

Contalínea / Zózimo Camacho.

En la Minera Cuzcatlán, de la canadiense Fortuna Silver Mines, están de plácemes. Finalmente los actuales funcionarios federales y estatales no han resultado tan duros de roer. Los sugestivos cabilderos del emporio minero han conseguido la bendición del gobierno de Oaxaca y de dos secretarías federales para que, en los hechos, continúe la extracción de plata y oro en la región de los Valles Centrales.

Lo anterior, a pesar del negro historial que su proyecto minero “San José” ha acumulado en tan sólo 11 años; de la oposición de las comunidades afectadas e, incluso, de las instrucciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió a sus secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para atender el caso.

Resulta que a pesar de estar en entredicho por sus prácticas que han arrasado con el ambiente y con el tejido social comunitario del distrito oaxaqueño de Ocotlán, la minera ha logrado aparecer como la patrocinadora oficial de la Feria del Mezcal y de la Guelaguetza. Lo anterior, gracias a las frecuentes reuniones de sus lobistas con el titular del gobierno estatal, Alejando Murat Hinojosa. A cambio de estas migajas (¿las únicas?), la administración del estado le lava la cara al hacerla parecer empresa modelo y dejar en segundo plano la violencia y los conflictos sociales que ha generado por contaminación del territorio y violación a los derechos elementales de pobladores y comunidades indígenas, mayoritariamente binnizá o zapotecas.

Y no sólo. Resulta que en pleno conflicto con las comunidades, y en medio de la pandemia que ha restringido actividades de todo tipo, la trasnacional pretende ampliar su proyecto. Lo sorprendente es que, otra vez, sus lobistas han logrado una “mesa de diálogo directo” con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. Es decir, muy lejos está de que se siente a la Minera Cuzcatán en el banquillo. No. Se va a negociar con ella.

Encima, sin que haya justificación alguna, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha cumplido con ninguno de los compromisos firmados con las comunidades de San Martín Chilazoa, Ejutla, San Felipe Apóstol, Ocotlán, Texas de Morelos, San Pedro Apóstol y Magdalena Ocotlán. Son cuatro, totalmente justos y, con voluntad política, fáciles de cumplir:

– Entrega de toda la información concerniente al derrame que hizo la minera en el Río Coyote el 8 de octubre de 2018.

– Realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades afectadas por la actividad minera.

– Mantener activo el canal de comunicación con los representantes de las comunidades.

– Entregar copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José II.

A tres meses de haber alcanzado tales acuerdos con las comunidades, nada ha cumplido la Semarnat. Y el diálogo se realizó luego de que el presidente López Obrador instruyera a la secretaría a entablar diálogo con los pueblos afectados. ¿De quién es la simulación?

Por ello, autoridades de las comunidades –entre las que encuentra el presidente municipal de San Pedro Apóstol Ocotlán, Alejandro Taurino Ávila Gopar–, pobladores y la organización Articulación por la Vida contra la Minería en el Valle de Ocotlán emitieron una denuncia pública en la que denuncian las actividades de la minera y el incumplimiento de acuerdos, por “racismo” –aducen–, de la Semarnat con las comunidades.

En el documento se señala que gracias al proyecto minero San José, la minera Cuzcatlán –en 10 años de operación– ha extraído una riqueza equivalente a 1 mil 487 millones 778 mil 80 dólares por la explotación de oro y plata. Tan sólo en 2020, de acuerdo con información oficial de la minera, el complejo en Ocotlán produjo 6 millones 165 mil 606 onzas de plata y 37 mil 805 oonzas de oro.

Como se recordará, la Minera Cuzcatlán, de la canadiense Fortune Silver Mines, se impuso violentamente en territorio oaxaqueño durante el sexenio de Felipe Calderón. Un operativo con más de 1 mil efectivos desalojó al movimiento binnizá en 2009.

Las comunidades no se quivocaron. Entonces dijeron que el proyecto sólo traería muerte. Así ha sido. La región es hoy más pobre que antes y padecen más contaminación. Un polvo blanquecino se adhiere a las hojas de las plantas y a los techos y ventanas de las casas. Constantemente se encuentran peces muertos en los cuerpos de agua y los pobladores han observado que la fauna ya no es abundante y diversa.

Pero lo que más les preocupa en estos momentos es el derrame de 1 millón 516 mil litros de desecho tóxicos al cause del Río Coyote en octubre de 2018. El cambio de coloración del agua del río cambió desde entonces. Ahora reportan casos inusuales de hepatitis y de enfermedades respiratorias.

La alerta de los pueblos bininizá no podía ser más elocuente: “Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute directamente en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco. Sin embargo, el nivel de impacto ha sido tal, que la afectación pone en riesgo no sólo la continuación de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios”.

Veremos qué pesará mas en estos tiempos de una pretendida cuarta transformación en la historia de la vida nacional: los pueblos binnizá de los Valles Centrales o la Minera Cuzcatlán, nombre detrás del cual se oculta la Fortune Silver Mines.

https://contralinea.com.mx/minera-cuzcatlan-de-la-fortune-silver-mines-quiere-ser-amiga-de-la-4t/

Denuncian agresión contra Un Salto de Vida (Jalisco)

Foto:  Jorge Alberto Mendoza

Redacción / El Diario NTR

La agrupación Un Salto de Vida, cuya lucha es por la salud y por un medio ambiente sano en la cuenca Chapala-Santiago, denunció una agresión hacia dos integrantes del colectivo y su familia.

De acuerdo con un comunicado, el sábado en la madrugada se incendió un vehículo que suele utilizar el grupo para los traslados a trabajo de campo, reuniones, asambleas y sitios de interés para generar denuncias.

“El incendio logró sofocarse hasta que personal de Protección Civil y Bomberos de El Salto llegó con equipo especializado. El saldo fue pérdida total, así como daños en un segundo vehículo y en el exterior de la vivienda”.

Mencionó que esa dependencia y la Policía Municipal levantaron sus reportes, pero la agrupación acudirá a las instancias correspondientes para que se esclarezca el siniestro.

“Consideramos la posibilidad de una agresión y no simplemente de una falla eléctrica, dada la forma en que ocurrió el incendio y por las acciones que hemos realizado en esta semana, donde han estado presentes nuestros compañeros y el vehículo en cuestión en cada una de ellas”.

Describieron que esta semana han realizado acciones en torno a los ejidos afectados por “el despojo de agua del río Santiago para abastecimiento de la ciudad de Guadalajara”; y la visita a los alrededores de la “instalación ilegal” de la tequilera Materia Prima Spirit, S.A. de C.V.

Así como lo relacionado al caso del fraccionamiento El Mirador, del que pesan amparos y suspensiones en su contra por daños al medio ambiente, entre otras irregularidades, promovidos por los ambientalistas.

La agrupación mencionó que, ante esa situación, anticipan un creciente acoso y agresiones que pudieran sufrir, por lo que hicieron un llamado a vecinos, aliados y amigos a estar atentos de su integridad y seguridad.

“Les pedimos que puedan pronunciarse para que las autoridades federales, estatales y municipales no permitan o sean parte de una sola agresión más e intentos de intimidación para que claudiquemos en nuestra lucha”.

La agrupación Un Salto de Vida está integrada por habitantes de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164807

Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León detienen arbitrariamente y golpean a reportera Vianca Treviño

La reportera sufrió una fisura y debe usar una férula inmobilizadora por 15 días, todo ello ocasionado por el forcejeo y porque las esposas

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Redacción/ ANIMAL POLÍTICO

Entre la noche del 8 de abril y la madrugada del 9 de abril, Vianca Maleny Treviño Navejar, reportera de Multimedios Televisión fue detenida arbitrariamente y agredida física y verbalmente por elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, informó en un documento Artículo 19.

De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, las agresiones sucedieron durante una cobertura de un asalto en un expendio de bebidas alcohólicas, en la Colonia Santa Lucía, Monterrey, Nuevo León donde una persona resultó herida por arma de fuego.

“La reportera junto con el camarógrafo Raúl Zúñiga, llegaron al lugar de los hechos en los últimos minutos de la noche del 9 de abril. Zúñiga se quedó en el auto para bajar el equipo mientras que Treviño se adelantó para poder tomar fotos de lo sucedido y recabar testimonios”, indica la organización.

Según lo relatado por la reportera y el camarógrafo a Artículo 19, cuando Treviño comenzó su cobertura, “aún no había acordonamiento de seguridad en la zona”. Zúñiga, por su parte relató a Artículo 19 que “enseguida de que la policía los viera llegar, fueron directo a acordonar el lugar. Sin embargo, debido a que Vianca ya se encontraba cubriendo, quedó encerrada dentro del acordonamiento”.

Una vez establecido el acordonamiento, dentro del cual se encontraba Treviño, un integrante de Fuerza Civil se dirigió a Treviño diciéndole que “no respetaba el espacio” y que “se pasó de la cinta amarilla”. Vianca dijo que solicitó a Fuerza Civil que le permitieran notificar a Zuñiga lo que estaba sucediendo, pero el elemento se lo impidió.

“Después se acercaron otros integrantes de la policía estatal, entre los cuales uno acusó a Vianca de haberle tomado fotografías. Si bien no esto no era cierto, aún si lo hubiese sido, las y los periodistas, así como cualquier persona tienen el derecho de tomar fotografías de personas servidoras públicas y agentes de seguridad durante el ejercicio de sus funciones”, señala Artículo 19.

Más adelante, narra la información, una mujer policía le dijo que se estaba “pasando de verga” y la agarró fuertemente de las muñecas quitándole el celular y su reloj. Las y los agentes comenzaron a intimidar a Treviño, exigiéndole la contraseña del celular para verificar que no había tomado fotos, al negarse la esposaron y la metieron a la unidad número 323.

Dentro de la unidad, siguieron presionándola para que diera su contraseña. Ante las presiones, Treviño les proporcionó la contraseña y se dieron cuenta de que no había tomado ninguna fotografía. Sin embargo, le dijeron que “seguro las tenía en otra carpeta” y que “las estaría ocultando”.

Zúñiga confirmó con Artículo 19 que al ver que la mujer policía estaba forcejeando con la periodista, intentó acercarse y grabar los hechos. Sin embargo, no lo dejaron pasar y un policía lo agarró del pecho y le bajó la cámara para que dejara de grabar. “Obligar a Zúñiga a dejar de grabar los hechos, configura una limitante a la libertad de expresión y al derecho a informar”, señaló la organización.

El relato también indica que posteriormente, trasladaron a Treviño a la comandancia conocida como Estación San Bernabé. Treviño relató a Artículo 19 que durante el camino continuaron amenazándola: “a ti ya te cargó, tan fácil era hacer lo que decíamos”. Cuando llegaron se bajaron y la pusieron atrás de la unidad para empezar a recolectar sus datos personales.

Según lo informado por Treviño a Artículo 19 nunca le mencionaron sus derechos ni el por qué de su detención. Se enteró de que la estaban inculpando por faltas administrativas al momento de la recolección de sus datos, además de que la mujer policía le dijo que “a ver qué otro delito le ponía”, violando derechos sobre el debido proceso, el acceso a la justicia y a un trato digno.

Según la información recabada por Artículo 19, “la detención duró de 30 a 45 minutos, hasta que uno de los policías dio la orden de que le quitaran las esposas. Fue entonces cuando la periodista pudo contactar a Zúñiga para que fuera por ella”.

Debido al tratamiento de las y los elementos de Fuerza Civil, “Vianca presentó lesiones en sus muñecas, por ello, Zúñiga la trasladó al Hospital San Vicente para que la revisaran. En el hospital le informaron que tiene una fisura y que debe utilizar una férula inmobilizadora por 15 días, todo ello ocasionado por el forcejeo y porque las esposas estaban muy apretadas”, explicó Artículo 19.

Con información de Artículo 19

https://www.animalpolitico.com/2021/04/elementos-fuerza-civil-nuevo-leon-reportera-vianca-trevino/

Caso de feminicidio de oaxaqueña María del Sol podría llevarse a la ONU ante dilación en la investigación (Oaxaca)

Noticias / Citlalli Luciana.

A 3 años del crimen


María del Sol Cruz Jarquín se desempeñaba como jefa del departamento de comunicación social de la entonces SAI.

Con una sola persona detenida y en riesgo de ser puesta en libertad, una persona vinculada a proceso, pero fuera de la cárcel, así como tres expedientes más empantanados, el feminicidio de la fotoperiodista oaxaqueña María del Sol Cruz Jarquín podría ser llevado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a la dilación en el proceso.

La joven de 27 años fue asesinada en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018. A casi tres años de lo ocurrido, su madre, la periodista Soledad Jarquín Edgar, aún no avizora la justicia.

Sol Cruz, quien se desempeñaba como jefa del departamento de comunicación social de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) al frente a Francisco Montero, fue enviada indebidamente y bajo amenaza de ser despedida, a cubrir actos de campaña de Hageo Montero, hermano del exfuncionario.

Ni Hageo Montero, actual regidor en Juchitán, ni el extitular de la SAI han sido sancionados por su responsabilidad en el delito electoral cometido al disponer de recurso humano para atender actos proselitistas.
Tres carpetas abiertas

Actualmente, ante la Fiscalía de Justicia de Oaxaca hay abiertas tres carpetas de investigación, una por homicidio calificado (así clasificado), robo del equipo de María del Sol, y, de oficio, por delito electoral.

En septiembre se tuvo un primer detenido y liberado a los pocos días. De esa carpeta la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia emitió una resolución en relación con las pifias cometidas por la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, entre ellas que no consideró el contexto político en el que se dio el asesinato y que no tenía perspectiva de género, por lo que había que ser investigado como feminicidio. Además, instruye a sancionar al equipo de ministerios públicos que inició la investigación.
No asumen recomendaciones

Jarquín Edgar señaló que ninguna de las recomendaciones fue asumida por la Fiscalía.

En mayo de 2019 fue detenido un segundo implicado. De este caso no se ha podido llegar a la audiencia intermedia por errores técnicos de la Fiscalía.

Actualmente están a la espera de la audiencia intermedia, la última antes de llegar a juicio.

Cruz Jarquín indicó que la defensa de la persona detenida solicitó tres meses, mismos que se cumplen este 14 de abril, el problema de ello es que el juez tendrá poco tiempo, si es que le dan los elementos de la Fiscalía, para sentenciar a la persona, de lo contrario saldrá libre pues la ley establece que no puede permanecer más de dos años sin sentencia.

La carpeta de robo del equipo de trabajo de Cruz Jarquín se judicializó en agosto de 2019, pese a que se tenía señalada debidamente a la persona y la ubicación de su trabajo. Pese a lograrse su vinculación a proceso, no tiene prisión preventiva porque no es un delito grave.

Respecto a la carpeta electoral, Jarquín Edgar no ha tenido acceso y lo único que sabe es que fue judicializada en diciembre de 2019.

27 Años tenía María del Sol cuando fue asesinada en Juchitán, el 2 de junio de 2018.

https://www.nvinoticias.com/nota/181429/caso-de-feminicidio-de-oaxaquena-maria-del-sol-podria-llevarse-la-onu-ante-dilacion-en

Tramo 4 del Tren Maya avanza sin Manifestación de Impacto Ambiental en Yucatán

David Rico / Por Esto!

A diferencia de los Tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya que cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), las obras del Tramo 4 siguen avanzando sin que exista algún documento autorizado que evalúe los daños que generará el proyecto ni las acciones de mitigación que deben llevarse a cabo.

A la fecha, la empresa que se adjudicó la obra, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), continúa en las labores de ampliación de la autopista y se registran avances importantes, por lo que se prevé que en breve empezarían los trabajos ferroviarios.

Aunque con severas críticas por parte de los especialistas, principalmente porque la evaluación se hizo de manera fragmentada, existe una MIA para la Fase 1 que comprende los primeros tres tramos que van de Palenque a Izamal. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha considerado que no tiene la obligación de solicitar una autorización ambiental, toda vez que no se trata de una obra nueva, sino de rehabilitación y mantenimiento para mejorar la seguridad operativa.

Sin embargo, el doctor Rodrigo Patiño Díaz, Investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) e integrante de la agrupación Articulación Yucatán, considera en este caso que el impacto del proyecto del Tren Maya no es solamente por el paso de las vías, como lo ha presentado el Fonatur en su MIA, que para el caso del Tramo 4 ni siquiera existe una.

“Llama la atención que para este tramo que va tan avanzado no hay (MIA). Lo que pasa es que, creo, como vieron toda la problemática que tuvieron con la que se hizo para la Fase 1, ahora consideran que no se necesita porque tienen un permiso especial como para rehabilitar una vía general de comunicación existente”, externó.

Sin embargo, agregó que es “obvio” que sí hay un impacto, aunque se pretenda que este tramo vaya por la autopista.

“Hay que tener claro en todo este proyecto que sólo analizan el impacto de las vías, como si lo fuera todo y, en realidad, lo menos impactante serán éstas. Lo que de verdad impactará es el crecimiento de la población flotante, de turistas que van a requerir servicios, agua, alimentos; y a su vez, la cantidad de urbanización que crecerá para ofrecer esos servicios”, comentó.

Expuso que esto no se está analizando “por ningún lado” y que se supone que se haría una planeación ordenada con la intervención de ONU Hábitat.

“No veo que avance en esta parte, pero sí en el asunto de las vías y demás trabajos, cuando ya se haga la planeación urbana va estar el tren funcionando y solo será reaccionar a lo que ya está pasando”, compartió.

Además, recordó que está el tema de todos los servicios que demandará el propio Tren Maya y los llamados “Polos de Desarrollo” o “Ciudades Sustentables”.

También, expuso que hay una fragmentación del hábitat de las especies. Tan es así que, en el propio proyecto, en su Tramo 4 como en los demás, se están colocando pasos de fauna para proteger las especies y no hay una MIA en este sentido tampoco.

Agregó que “todo trabajo que se haga tiene un impacto”, particularmente con los proyectos más grandes. En el caso del Tren Maya, comentó, se trata de algo enorme que abarca toda la Península.

“En este tenor, nunca vamos a estar en la capacidad de saber cuál va a ser el impacto real de todo el proyecto, porque el análisis se hace por pedazos y en otros tramos (como en el 4) no hay análisis. No tenemos idea de cómo está ahora y cómo lo estará después. Al final no hay manera de saberlo y sigue avanzando; no hay estudios suficientes para darle seguimiento al proceso”, comentó.

Reiteró que hoy solamente existe una MIA para la Fase 1 que abarca los primeros tres tramos y, además, éstos tienen un análisis fragmentado.

“El simple hecho de fragmentar los impactos no te va a dar una visión real de cuál va a ser el efecto, el conjunto de acciones sobre la región”, apuntó.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CMDA), con base en la Carta de Relatores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de México, señala que la MIA del Tren Maya contiene una caracterización y delimitación del sistema ambiental regional insuficiente e incorrecta, que fragmenta el sistema ambiental, minimiza los daños e impide realizar una valoración correcta de los impactos socio-ambientales.

Además, menciona la falta de información adecuada y justificada de la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos; sobre los impactos negativos a las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción; en la generación de aguas residuales y el impacto del proyecto en la disponibilidad de agua. Los estudios y evaluaciones para la elaboración de la MIA habrían sido realizados de manera más rápida y sin la participación de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectados por el proyecto.

El Tramo 4 del Tren Maya abarca alrededor de 257 kilómetros y la obra está a cargo de la empresa ICA, la cual tiene también la concesión de la autopista. Al día de hoy, las obras que se realizan son de ampliación del lado de la carretera que albergará los cuatro carriles para los autos y, del otro lado correrá la locomotora en un futuro.

La ampliación de carriles lleva un avance considerable, tanto que, en algunos puntos ya se está colocando la carpeta asfáltica. Mientras eso sucede, uno de los carriles donde se hacen las obras se mantiene cerrado y el otro se emplea con doble sentido, con el riesgo que ello representa. Los accidentes, como se pudo observar en el recorrido, son constantes.

También se apreció que algunos tramos ya cuentan con la carpeta asfáltica. Llamó la atención que, a diferencia de otras ocasiones, el día de ayer algunos trabajadores trataron de impedir que se documentara el avance observado y aseguraron tener instrucciones para hacerlo.

Trataron de impedir que se tomaran fotografías de los distintos puntos en donde las máquinas y los obreros están trabajando. De acuerdo con respectivos informes recabados en el sitio, se tienen avances en más de 82 kilómetros de la vía y se proyecta que este mes se pudiera avanzar en unos 30 kilómetros más.

Del carril en donde se colocarán las vías sólo se han llevado a cabo trabajos de prospección, de análisis de suelo y topográficos, la mayoría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Aunque no hay fecha, se espera que en unas semanas se empiecen trabajos relativos a la vía férrea.

Se han colocado a lo largo del carril varios pasos de ganado, que son túneles que estarán por debajo de la carretera y de las vías del tren. Son corredores muy amplios por los que se podrán pasar diferentes especies animales e incluso ganado.

https://www.poresto.net/tren-maya/2021/4/10/tramo-del-tren-maya-avanza-sin-manifestacion-de-impacto-ambiental-en-yucatan-247693.html

“¡El paraíso huele a sangre!”, claman mujeres en el Caribe mexicano

Mariana Bracho / Proceso

Victoria Salazar era una mujer de 36 años, morena y migrante. Residía en México con una visa humanitaria. A pesar de haber logrado salir del Salvador, uno de los países más peligrosos en Latinoamérica, no logró sobrevivir a un país feminicida y racista como es México.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El feminicidio de Victoria Esperanza Salazar Arraiza tiene mucho más de una arista, y ha dejado mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional en las últimas semanas.

Hay cinco factores principales que coinciden en este acontecimiento: Brutalidad policíaca, normalización de la violencia, perfilado racial, misoginia, y por último feminicidio.

El pasado sábado 27 de marzo empezó a circular en diversas redes sociales el video de la brutalidad policíaca ejercida en Tulum Quintana Roo, por cuatro policías, que culminó en el feminicidio de Victoria Salazar a través de una táctica de sometimiento bastante común en detenciones.

Por un lado, esta táctica policial demuestra un claro uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones, y por otro lado, deja claro el nivel de normalización de la violencia que existe en el país, ya que no hubo una sola persona de la sociedad civil que interviniera, ya fuese por indiferencia o por miedo a las consecuencias. Asimismo, los otros tres elementos hombres de la policía, demuestran una misoginia evidente al no actuar y permanecer estáticos durante el suceso.

Al siguiente día del trágico feminicidio, en el lugar donde ocurrieron los hechos se encontró escrito en el piso “Aquí mataron a Victoria”, al costado había dos pequeñas velas. Hoy, en el mismo lugar, se encuentran flores, tierra, velas, cartulinas y el escrito del piso ha sido recalcado con pintura roja y manos pintadas alrededor. En redes sociales la colectiva “Furias Violetas” de Cancún, publicó la foto con el siguiente texto “Si es que me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra. Que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene” haciendo referencia a la canción “Si me matan” de la cantautora Silvana Estrada.

Victoria Salazar era una mujer de 36 años, morena y migrante. Residía en México con una visa humanitaria. A pesar de haber logrado salir del Salvador, uno de los países más peligrosos en Latinoamérica, no logró sobrevivir a un país feminicida y racista como es México.

El uso excesivo de la fuerza por parte de instituciones policiales en Quintana Roo ha aumentado exponencialmente. Siendo el pasado 9 de noviembre del 2020 uno de los antecedentes más debatidos en el país, cuando la policía disparó a mujeres que se manifestaban por el feminicidio de Bianca Alexis. Hasta el día de hoy las trece víctimas, diez mujeres y tres hombres, sobrevivientes a la represión siguen exigiendo justicia.

A pesar del panorama actual y la violencia incesante hacia las mujeres, diversas colectivas feministas se han organizado en todo el territorio nacional. En Tulum alrededor de 250 mujeres salieron a tomar las calles el lunes 29 de marzo, mencionando que el mismo día del feminicidio de Victoria hubo tres feminicidios más en el Estado en menos de 24 horas.

La marcha llegó al palacio municipal donde las manifestantes se tiraron al piso al grito de “Victoria no murió, la policía la mató” y “El paraíso huele a sangre”. Para finalizar, durante dos horas se pintó un mural a las afueras del palacio municipal con el rostro de Victoria y dos leyendas “Justicia para Victoria” y “Los derechos humanos no tienen fronteras”.

Sin embargo, dos días después de haberse pintado el mural, la cara de Victoria ya se encontraba cubierta con letras negras haciendo alusión a un partido político y atacando al presidente municipal de Tulum Víctor Mas Tah. Las colectivas feministas condenaron lo sucedido. En redes sociales mencionaron “Repudiamos enérgicamente que las víctimas de feminicidios sean pisoteadas por intereses partidistas. Compañeras de Tulum, no están solas”.

La Red Violeta de Quintana Roo convocó a una concentración el pasado domingo 4 de abril en la fiscalía de Benito Juárez. “Estamos aquí para exigir… justicia y visibilizar la falta de resultados por parte de los encargados de la seguridad de las mujeres a nivel institucional. Estamos hartas de la cantidad de mujeres acosadas, violadas, desaparecidas, secuestradas y asesinadas” mencionó Angela para Proceso.

Alrededor de 50 mujeres usaron iconoclasia para protestar el nivel de impunidad y brutalidad policiaca existente en el Estado de Quintana Roo. En las paredes escrito en rojo y negro se leía “ACAB” por sus siglas en inglés, All Cops are Bastards (Todos los policías son bastardos) y “Se contratan asesinos” con flechas que señalaban la entrada.

Para culminar, las mujeres tapizaron la Fiscalía de Benito Juárez con imágenes impresas de todas las mujeres y niñas desaparecidas en Quintana Roo que tienen una alerta Amber o Alba activa. Sin embargo, dichas imágenes no duraron ni 24 horas. Al siguiente día, alrededor de las 9 de la mañana ya había personal de limpieza pintando las paredes y retirando las alertas. Diversas colectivas que participaron en esta actividad mencionaron “Ojalá encontraran a nuestras compañeras-mujeres y niñas-desaparecidas tan rápido como quitan sus caras de la fiscalía”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/10/el-paraiso-huele-sangre-claman-mujeres-en-el-caribe-mexicano-261745.html

Siapa defiende modelo de tandeos; ciudadanos reclaman que los dichos son completamente falsos (Jalisco)

Foto: Jorge Alberto Mendoza

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) defendió la estrategia de tandeos en rueda de prensa. Aseguró que se ha cumplido en las 214 colonias que tienen los bautizados como “servicios rotativos” a través de la propia red o mediante pipas y cisternas comunitarias.

Sin embargo, la realidad que viven los tapatíos golpea este discurso oficialista. La población sigue sin agua, reclamaron.

A la par de la rueda de prensa en la que el Siapa presumió que se cumple cabalmente con los tandeos y que el número de reportes por falta de agua redujo, la población comenzó a reclamar que los dichos son completamente falsos.

“Yo vivo en Villa de Guadalupe, no es colonia irregular y su sistema de tandeos no nos ha llegado. Tenemos casi dos meses sin una gota de agua y, sus pipas, muy de vez en cuando pasan”, fue uno de los tantos reclamos hacia el gobierno del estado.

“Mentiras, vivo en Mesa Poniente y tengo años pagando predial y agua. No somos colonias irregulares y no tenemos agua desde hace dos meses y no mandan pipas, aunque tenga como 100 reportes”, reclamó otra ciudadana.

Muchos tapatíos ven, más que una evidente escasez, un tema de falta de planeación y prevención, pues tiempo tuvo la autoridad para prevenirse y garantizar el servicio de agua potable.

“En el caso del Fraccionamiento Jardines Vallarta tenemos ya mes y medio sin el servicio. Tuvieron al menos 6 o 7 meses para, a partir de la terminación del temporal de lluvias del año 2020, planear, proyectar y gestionar correctamente los programas y políticas públicas”, recriminó Salvador.

Añadieron que, si los reportes bajaron en número durante el último mes, nada tiene que ver con una supuesta solución del problema o el cumplimiento de la estrategia, si no, que simplemente no contestan los teléfonos en el Siapa, por lo tanto, la estadística está sesgada.

Otra queja recurrente es que el agua continúa contaminada. Durante los tandeos donde sí los hay, el agua llega color café, lo que la convierte en un líquido inutilizable.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164789

Minería recrudece violencia en Ayotitlán (Jalisco)

Foto: Especial

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

Las mineras que quieren invadir los territorios de la comunidad indígena del ejido de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, han recrudecido la violencia durante este año hacia la comunidad, denunció de manera pública la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), organismo no gubernamental en defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Costa Sur Jalisco.

La agrupación enumeró al menos dos acciones que muestran el nivel de violencia hacia las comunidades indígenas que luchan por evitar la invasión minera en sus territorios.

“El 26 de octubre de 2020 fue arteramente asesinado en las inmediaciones de Telcruz (comunidad indígena del ejido de Ayotitlán) el joven de 17 años Rogelio Rosales Ramos, hijo del maestro indígena y defensor de derechos humanos de Telcruz, José Santos Rosales Contreras. La policía ministerial sólo detuvo a uno de los cuatro asesinos involucrados: Jacinto Deniz Ramos. Debido a las amenazas contra su vida, la red inscribió al maestro y asesor del Consejo de Mayores de Telcruz en el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de DH y Periodistas (a nivel nacional)”,

En lo que respecta a este año, la organización documentó el secuestro de uno de los candidatos inscritos a ocupar el cargo de Comisariado Ejidal de Ayotitlán: José Santos Isaac Chávez. Con ello se interrumpió abruptamente la campaña para la designación del próximo comisariado para el periodo 2021-2023.

El proceso para la renovación de las autoridades ejidales estaba previsto para este mes, incluso ya se tenía el aval de la Mesa de Salud para reunir a más de 300 personas para la elección del nuevo comisario, pero tras la desaparición de Isaac Chávez y su posterior asesinato se suspendió el proceso. Había esperanza en que las nuevas autoridades ejidales incrementaran las acciones de lucha por la defensa de la tierra.

A decir de la organización, los problemas iniciaron desde marzo, cuando la delegación federal de la Procuraduría Agraria en Guadalajara no quiso involucrarse en vigilar y cuidar el proceso de campañas, pues “el cacicazgo, la minería de tajo y la delincuencia organizada salen a brechas y caminos de Manantlán a comprar los votos de cada campesino ejidatario”.

Con la muerte de uno de los principales candidatos, la RJDH recriminó que el proceso se le salió de las manos a la propia dependencia federal. Ahora, añadió, “no hallan cómo recomponer el proceso de elección”.

“(Nosotros) creemos que la única solución de fondo que Ayotitlán tiene es el retorno y la restauración de la comunidad indígena de Ayotitlán que vino a extinguirse temporalmente por el ejido cenecista que impuso García Barragán en el lustro 1963-68 para facilitarles el saqueo de los vastos recursos naturales a los aserraderos de Bruce Hoover, Antonio Correa, Rodolfo Longinos Vázquez de Niz y Jesús Michel Vitoria, alias El Cazango; y a partir de 1967 a la Minera del Norte (Minosa) y al Consorcio Minero Peña Colorada”, detalló la red.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164746

Memoria y verdad Defensores de los Médanos, protegen el manglar y sufren hostigamiento. «Queremos vivir en paz»

Daliri Oropeza / Pie de página
Fotos: Cortesía Grupo de Defensores de los Médanos La Mancha

A un año del asesinato de su compañero Adán Vez Lira, el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha, al norte de Veracruz, denuncia que persiste el hostigamiento contra su comunidad por el despojo de tierras. Ellos protegen los manglares. Exigen seguridad y paz.

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos campesinos y un pescador solicitan que su nombre no aparezca. Integran el Grupo de Defensores de los Médanos de La Mancha, en Actopan, norte de Veracruz. Su labor de cuidado de la naturaleza no se detiene a un año del asesinato de su compañero, Adán Vez Lira. Tampoco con la pandemia. Sin embargo, denuncian que persiste el hostigamiento y las amenazas a su labor como guardianes de las dunas y protectores de los manglares.

El más joven de los campesinos, que participa en la entrevista colectiva, es también defensor del territorio.  Él es quien explica: ahora es inseguro ir a trabajar el campo porque se han incrementado las amenazas a quienes cuidan la tierra y no hay avances en la investigación sobre el asesinato de su compañero Adán.

“Queremos vivir dignamente en paz, que nos dejen de amenazar. Vamos a seguir siendo respetuosos del medio ambiente, seguir cuidando y trabajando la tierra, cosechando maíz cacahuate, frijol, recibiendo turistas, sembrando árboles, cuidando ganado”, pide el joven campesino.

Recuerda que desde que tiene memoria va al campo con su familia a sembrar, cuidar las plantas, echar azadón. Después comenzó con el proyecto de turismo autosustentable junto con el grupo de defensores. Su eje de defensa de territorio es en contra de intereses inmobiliarios.

Organizaciones de Derechos Humanos registran que, después del asesinato de Adán, se intensificaron los rondines amenazantes por parte de personas y vehículos desconocidos en la comunidad de La Mancha.

Hasta el día de hoy estos rondines continúan, también las detonaciones de armas para intimidar. También denuncian que las autoridades no han presentado avances en la investigación que permita identificar y castigar a los responsables de este homicidio.

Bosque de anonas de la selva inundable. Foto: Gerardo Sanchez Vigil / Grupo de Defensores de los Médanos La Mancha.

2003, el año que inició la pugna

La historia de despojo de Los Médanos de la Mancha nos lleva a 2003, cuando el Ejido de Palmas de Abajo reclamó los terrenos de Los Médanos; los ejidatarios cedieron estos terrenos en los años sesenta del siglo XX,  consideraban que tenían un “bajo valor económico”. En aquel año se dieron cuenta del potencial de las tierras y desde entonces el asedio se ha incrementado.

El ejido vecino quiere despojar a los posesionarios de la tierra buscando venderla a intereses inmobiliarios que quieren construir residenciales de lujo devastando los frágiles ecosistemas de la zona que los defensores protegen, como las dunas.

El campesino más grande en esta entrevista era amigo de Adán. Tiene más de 50 años y ha dedicado su vida a reforestar el manglar de Los Médanos. Él también exige a las autoridades que haya protección y vigilancia en la zona por los constantes hostigamientos para que puedan seguir con su trabajo como campesinos.

Reitera que tienen cómo comprobar de manera legal y legítima que las tierras de los Médanos de La Mancha les pertenecen. Además asegura que sus familias tienen muchos años dedicándose a la siembra y al ecoturismo y son gente honrada de trabajo.

La Mancha. Foto: cortesía Grupo de Defensores de los Médanos La Mancha.

“Con el asesinato de Adán, más lo que se ha difundido de la Mancha y cómo actúan para despojarnos de nuestras tierras, nos dan mala fama y eso nos quita ingresos de cuando la gente que sale a disfrutar de la naturaleza”, explica el campesino mayor.

Campesino

Adán Vez Lira estuvo al frente de la conservación de la región costera de La Mancha de la mano de la comunidad. Fue asesinado el 8 de abril de 2020. Le dispararon mientras hacía un recorrido rumbo a Palma Vieja. Hasta el día de hoy lo recuerdan sus amigos con una sonrisa.

“Para nosotros, [Adán] nunca va a ser olvidado, pero para el Estado y las autoridades, los que deben hacer justicia. No investigan, no garantizan seguridad, paz; a ellos no se les debe olvidar y deben darnos respuesta: aprehender a los culpables y darles el castigo que merecen. Mientras tanto vamos a seguir”, asegura por su parte el joven campesino.

Los habitantes de La Mancha que se encuentran bajo amenaza han ejercido la posesión ininterrumpida por más de 50 años (o tres generaciones) de los terrenos en la zona de Los Médanos. Una resolución jurídica sobre la situación de estos terrenos puede representar un factor importante para apaciguar el conflicto, sugieren las organizaciones sociales en un comunicado. 

El pescador

“Deseamos llegar a ese punto en el que de La Mancha puédamos salir seguros, seguir reforestando, trabajando para nuestra tierra, reproduciendo nuestros animales y no depender de nadie, como hacemos desde hace muchos años. Las personas que nos hostigan por quitarnos las tierras, que se den cuenta que es una fuente, que con las generaciones, nuestras familias se sustentan. Y no hemos pedido que alguien nos ayude a sobrevivir, porque lo hacemos con nuestra propias manos”, dice el tercer entrevistado, un pescador mayor de 50 años.

Ganadería en la zona de la Mancha. Foto: Alejandra Parás / Grupo de Defensores de los Médanos La Mancha.

El pescador recuerda que el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha es beneficiario del Mecanismo federal de protección de personas defensoras de derechos humanos desde el 5 de febrero de 2021. Sin embargo, las autoridades federales no han cumplido con las medidas de protección, cuestión documentada por las organizaciones mencionadas.

Su exigencia es que la comunidad viva libre de hostigamiento, de persecuciones y no tener miedo a salir a la esquina.

https://piedepagina.mx/defensores-de-los-medanos-protegen-el-manglar-y-sufren-hostigamiento-queremos-vivir-en-paz/

Impune, asesinato del ambientalista Adán Vez Lira (Veracruz)

Lenin Patiño / Contralínea

A un año del asesinato a balazos del ambientalista Adán Vez Lira –ocurrido el 8 de abril de 2020 en el municipio de Actopan, Veracruz– los responsables continúan impunes ante la inacción de las autoridades, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

En un comunicado, la organización recordó que Vez Lira era un opositor vehemente de la instalación de proyectos de desarrollo que pusieran en riesgo la integridad de los territorios veracruzanos, en especial la de los manglares de las zonas costeras de Actopan.

Este ambientalista formó parte de la cooperativa La Mancha en Movimiento, la cual protegía a la comunidad de La Mancha –ubicada en Actopan– de los procesos de despojo, motivados por intereses inmobiliarios y turísticos. Desde 2003, este proceso de despojo se ha manifestado a través de invasiones de terrenos, robo de ganado, enfrentamientos y criminalización de activistas, aseguró la Rema.

“Como tantas y tantos defensores del territorio que han sido asesinados en este país, el suyo también ha quedado impune ante la incapacidad y/o el contubernio de las autoridades con el capital. Esta misma inacción, por parte de las autoridades del municipio de Actopan, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación, pone en riesgo a los familiares y compañeros de lucha de Adán”, aseveró la Red de Mexicanos Afectados por la Minería.

También denunció que, durante el último año, los familiares, colegas de trabajo y vecinos de Adán Vez sufren amenazas constantes por parte de grupos armados, quienes apoyan el proceso de despojo en las comunidades veracruzanas.

“Estas amenazas se presentan ante la inacción total por parte de autoridades estatales y federales. Para garantizar su propia seguridad y defensa, los habitantes de La Mancha han constituido el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha”.

Asimismo, exigió a las autoridades que identifiquen a los autores intelectuales y materiales del homicidio de Vez Lira, así como la garantía de seguridad y protección para los habitantes y defensores de los territorios de La Mancha.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/04/09/impune-asesinato-del-ambientalista-adan-vez-lira/

Grupo Xcaret: Ejidatarios acusan de ‘robo’ de tierras por parque temático Xibalbá en Valladolid (Yucatán)

Redacción PorEsto

Ecocidio en la selva yucateca y compra de terrenos a precios bajos; son solo alguna de las anomalías que presenta esta atracción

Destrucción completa de flora endémica, muerte de cientos de animales, apropiación de terrenos ejidales a costa de mentiras y sobornos a autoridades en turno para la autorización de proyectos que atentan contra el medio ambiente, son sólo algunos de los “cimientos” sobre los que fue erigido Xibalbá, el nuevo parque temático propiedad del Grupo Xcaret que se encuentra ubicado a 39 kilómetros del municipio de Valladolid.

Hace poco más de cinco años atrás, el Grupo Xcaret arribó a la comisaría vallisoletana de Yalcobá para apoderarse de más de 250 hectáreas de terrenos que originalmente le pertenecían a gente de esta comisaría y de la comunidad de Xtut, municipio de Temozón, con la única finalidad de construir lo que aseguraban sería el parque temático más grande de la región y que hoy se sabe, lleva el nombre de Xibalbá.

Los trabajadores del campo originarios de la comisaría vallisoletana de Yalcobá, quienes pidieron guardar el anonimato, manifestaron que en esa ocasión un grupo de personas se acercaron a ellos con intenciones de comprarles terrenos, diciéndoles que la tierra que tenían ya no producía y que sembrar maíz únicamente los iba a dejar sumidos más en la miseria.

“Los paleros que envió el grupo de Xcaret nos aseguraron que vendiendo los terrenos podríamos obtener el dinero necesario para montar algún negocio y la verdad en esa época la situación era igual de difícil que ahora”, señalaron.

Los entrevistados señalaron que, de manera un tanto extraña, los sujetos dijeron estar más interesados en comprarles a las personas cuyas propiedades tenían algún cenote en su interior.

Otro campesino que en su momento vendió sus tierras al Grupo Xcaret, explicó que, aprovechándose del hecho de que varios propietarios de terrenos eran personas humildes, los enviados de Miguel Quintana Pali les ofrecieron cantidades muy por debajo del precio “estándar” por metro cuadrado, pero que, al tratarse de enormes extensiones, la cantidad ofrecida se volvía interesante para los trabajadores del campo, al grado que al final acabaron vendiendo por 60 ó 70 mil pesos hasta 20 hectáreas de sus terrenos.

Poco tiempo después, y ya concretada la compra, los habitantes de la comunidad notaron que los terrenos en cuestión comenzaron a ser completamente deforestados y en su oportunidad externaron su preocupación por la notoria destrucción de la flora y fauna nativas y notando el descontento, directivos de Xcaret enviaron nuevamente a sus empleados para calmar a la población.

“Esa vez, cambiando el discurso y prometiendo miles de empleos directos, los cuales traerían múltiples beneficios que volverían a Yalcobá una comunidad próspera ante la próxima llegada del turismo, pues el sitio a construirse sería algo mejor que los parques temáticos de Disney en Estados Unidos y Europa”, recordaron.

Hoy, a varios años de distancia y luego del terrible ecocidio generado en las enormes extensiones de selva yucateca completamente devastadas y con el inminente riesgo en el sistema hidrológico de la región, a raíz de que los ingenieros contratados por el emporio de Quintana Pali quienes crearon ríos, lagos artificiales y todo tipo de canales en el subsuelo, los habitantes de Yalcobá ven con profunda pena cómo fueron engañados a causa de la ambición desmedida de empresarios que únicamente lucran con la cultura maya.

Agregaron que la “enorme creación de empleos” prometida se trató de una gran mentira, pues se tiene conocimiento que Xibalbá únicamente generará 150 empleos directos y otros 300 indirectos y la gran mayoría de los mismos ni siquiera beneficiará a habitantes de Yalcobá, motivo por el que, quienes dieron en su momento el visto bueno al proyecto, hoy se sienten burlados.

De buena fuente se sabe que el mega parque, que se encuentra entre la carretera Yalcobá-Xtuit y de cuyo entronque hay que recorrer unos ocho kilómetros en el cual el Grupo Xcaret construyó su propia carretera y ya delimitado como propiedad privada se ha constituido básicamente un circuito principal conformado por ocho cenotes entre abiertos y cerrados, y otros siete que sólo podrán atravesarse a través de canales por medio de un kayak.

Se asegura que este parque ni siquiera traerá el mínimo de la derrama económica que tanto se prometió a los habitantes de Yalcobá e Xtut, pues en las propias instalaciones del complejo se encontrará la llamada “aldea maya”, tiendas de artesanías y demás servicios, teniéndose al turismo cautivo, pues el mismo será traído a bordo de autobuses propiedad del Grupo Xcaret directamente desde la Riviera Maya.

Como si lo anterior no bastara, la voracidad de Xcaret también afectará en breve a decenas de hoteleros de la ciudad de Valladolid, pues con la inminente apertura del parque temático Xibalbá, cuya inauguración estaba prevista para diciembre de 2020 y pospuesta por tiempo indefinido ante la pandemia, la oferta de hospedaje del emporio incluirá tres nuevos hoteles tipo boutique con 33 habitaciones cada uno, a instalarse en la Sultana de Oriente.

https://www.poresto.net/yucatan/2021/4/9/grupo-xcaret-ejidatarios-acusan-de-robo-de-tierras-por-parque-tematico-xibalba-en-valladolid-247509.html

La Corte acepta revisar la detención de comunitarios de Nahuatzen (Michoacán)

El máximo tribunal de justicia de la nación determinó que revisará la detención de José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez, Concejales del Gobierno Indígena de Nahuatzen, Michoacán. La comunidad acusa que su detención fue por motivos políticos, para detener su proceso de autonomía, reconocido desde 2017

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Eber Huitzil

8 de abril de 2021, PiedePágina

Hace casi tres años, José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arreola Jiménez fueron sometidos a un proceso penal y privados de su libertad por agentes del gobierno del estado de Michoacán. Su comunidad, el pueblo purépecha de Nahuatzen, calificó su encarcelamiento como una acción en contra de su proceso de autonomía. El proceso para su liberación parece tomar buen cauce.

José Luis y José Antonio son Concejales del Gobierno de Nahuatzen, una comunidad del municipio del mismo nombre que desde 2017 fue reconocida para designar a sus funcionarios locales por medio de usos y costumbres; sin intermediación de partidos políticos. Un año después, fueron acusados de un delito que no existió y encarcelados. Además, días antes se encarceló al comerciante José Gerardo Talavera, por los mismos motivos.

La comunidad de Nahuatzen promovió un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revisara el caso, pues representaba graves violaciones a los derechos humanos durante el proceso penal. Y este miércoles la Corte accedió a revisar todo el asunto para pronunciarse y reparar estas violaciones, lo que significa que el caso se turnará a alguno de los ministros de la Primera Sala de la Corte para que haga la revisión, misma que se estima podría tardar entre tres y seis meses.

“La verdad es que no esperaba este resultado, estoy muy contenta”, dice con la voz entrecortada Alejandra Arreola Talavera, hija de José Antonio. “Valió la pena haber estado desde ayer y también hoy aquí en la huelga, espero que muy pronto salga mi papá, más que nada, ya lo queremos aquí afuera”.

El día que agentes del estado de Michoacán detuvieron a José Antonio, lo fueron a buscar a su domicilio, al que entraron por la fuerza con armas largas. Primero encontraron a Alejandra; la aventaron al suelo y después le pusieron una pistola en la cabeza. Así vio cómo se llevaban a su papá.

Alejandra, junto con una comitiva de su comunidad, estuvo desde el martes a las puertas de la Suprema Corte, en algo que más que una protesta parecía una fiesta. Con cantos, bailes, fogatas y hasta tortillas hechas a mano, una treintena de personas hizo saber a los ministros su presencia.

“Estar a las puertas de la Suprema Corte y escuchar que la votación fue unánime nos da esa confianza de que podamos seguir trabajando para que nuestros compañeros pronto recuperen la libertad y también para que pronto estén con sus familias y con nosotros”, asegura al respecto Efraín Avilés, vocero del Concejo Comunitario Indígena de Nahuatzen, la figura bajo la que se rigen.

“Estamos con toda la actitud, a pesar del viaje tan largo”, dice animosa Yanitzia Juárez Avilés; su voz es difícil de escuchar, al fondo, la música crea un jolgorio que acapara la atención. Al centro de todo, una fogata y un anafre, junto, un trío de mujeres cuyas manos no paran de amasar. “Cuando hay una fiesta hacen tortillas, en la comunidad todas las señoras ayudan, y bueno la fogata porque el fuego siempre ha sido nuestro aliado. Somos purépechas”.

Casi de inmediato, Yanitzia grita con una voz que inunda la calle: “¡Juchari uinapekua!”, que en español significa nuestra fuerza, el lema que yace debajo del escudo de esa nación, que está rodeado de flamas.

Mientras, cerca del fuego, las señoras empiezan a repartir tortillas. “Pásele, pásele, coma una tortilla que así es como en Michoacán esperamos en las protestas”. Algunos paseantes que salen del metro se acercan a probar tortillas calientes recién hechas a mano.

Mujeres purépechas de Nahuatzen, Michoacán, vinieron a pedir que la SCJN libere a sus compañeros comunitarios. Foto: Eber Huitzil

Las amenaza de las elecciones

A pesar de que desde el 2017 Nahuatzen echó a los partidos políticos de su comunidad, este año electoral los partidos pidieron permiso al Instituto Nacional Electoral para instalar casillas y llevar a cabo elecciones; lo que contravendría la autodeterminación de esa comunidad.

“¡Tú crees que después de todo lo que hemos pasado vamos a dejar que se instalen!”, dice con una carcajada Yanitzia, que es una de las concejalas de la comunidad “Seis años de lucha no los vamos a echar para atrás y no vamos a permitir la instalación de casillas”, asegura.

Nahuatzen está conformado por 15 comunidades, de las cuales al menos cuatro ya iniciaron procesos para terminar con la tradición democrática nacional regida por partidos políticos y retomaron sus gobiernos autónomos. Yanitzia explica que en Arantepacua, Sebina y Comachuén tampoco permitirán la instalación de casillas.

https://piedepagina.mx/la-corte-acepta-revisar-la-detencion-de-comunitarios-de-nahuatzen/

Se agota el oro y la plata en Oaxaca; se lo llevó Minera Cuzcatlán y de paso contaminó el río

Regeneración Radio / Sandra Suaste.

Contaminación, daños a la salud, elusión de pagos y deterioro en las relaciones comunitarias son algunas de las consecuencias después de 12 años de que Minera Cuzcatlán se instaló en San José del Progreso, Oaxaca. Y aunque la mina está situada en esa zona, los municipios vecinos que están asentados en los valles centrales perciben las secuelas de la explotación de la tierra.

utoridades municipales y agrarias de San Pedro Apóstol exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que ponga un freno a Minera Cuzcatlán y les niegue el permiso que necesitan para operar hasta 2033. Señalan que la firma canadiense derramó 1 millón 516 mil litros de residuos tóxicos en el Río Coyote, ubicado en el municipio de Magdalena Ocotlán y desde entonces las condiciones ambientales y de salud se agravaron.

EL ORO Y LA SANIDAD SE AGOTAN

Los recursos minerales, principalmente el oro y la plata, están a punto de agotarse. De acuerdo con las primeras proyecciones de la empresa, cuyo nombre canadiense es Fortuna Silver Mines, para 2021 ya no habría recursos. Después solicitaron un permiso por 13 años más en donde se contempla el abandono y cierre de la mina. Esa licencia les permitiría continuar con la comercialización a nivel mundial y prevén que para 2033 ya no habrá minerales para extraer. Desde el año 2016 remueven al menos 3 mil toneladas de tierra cada día.

El río de Magdalena Ocotlán quedó contaminado el 8 de octubre de 2018 cuando se presentaron “lluvias atípicas”. En el agua hubo una presencia elevada de sustancias como el talio, eliminada de algunos países por sus efectos cancerígenos. En Estados Unidos está prohibida desde 1972. Este dato consta en los estudios realizados por Intertek y ABC Analitik, adjuntos en el expediente administrativo PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) solicitado por Regeneración Radio.

Los habitantes de Magdalena Ocotlán frenaron la camioneta presidencial con una manta blanca que tenía una demanda: «Cancelación de las concesiones mineras. Fuera fortuna Silver Mines de Oaxaca».

Ese 28 de junio de 2019 los afectados por el derrame le entregaron una carta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en donde le explicaron los motivos para rechazar a la minera. Con un cierre de avenida lo interceptaron en su paso por la carretera federal Oaxaca- Puerto Ángel.

Ese día le mostraron las fotos de agua mezclada con residuos tóxicos grises y le dijeron: «El agua nos sale sucia. Personas que ni son de México nos vienen a engañar», para referirse a las empresas trasnacionales que operan en la entidad. A lo que respondió: «Va a venir una gente de parte mía», pero no habido resolución de la SEMARNAT que fue la instancia delegada para atender el caso.

LOS CONTRASTES DE LA PANDEMIA

En 2020, mientras los oaxaqueños tuvieron carencias de agua para la higiene que se recomienda como medida preventiva ante el contagio del COVID-19, la empresa incrementó sus ganancias debido al alza en el precio de los metales. En ese año reportaron un ingreso de 279 millones de dólares, a pesar de que afirman que fueron afectados por la suspensión de operaciones durante los 54 días de cuarentena. A los hogares de los habitantes de los alrededores de la minera llegó una bolsa azul con el logotipo de la empresa que contenía una botella de cloro y un detergente en polvo .

El nuevo proyecto de la minera se llama San José II y contempla 75 obras nuevas para la operación. La SEMARNAT se comprometió a revisar el caso con las autoridades de San Matías Chilazoa (Ejutla). San Felipe Apóstol (Ocotlán), Texas de Morelos (Ocotlán), San Pedro Apóstol (Ocotlán) y el comisariado ejidal de Magdalena Ocotlán.

En ese encuentro los funcionarios acordaron entregar toda la información referente al caso, realizar nuevos estudios de agua, suelo, aire y lodos residuales en el agua (sedimentos). Otra de las promesas fue entregar una copia de la solicitud de la consulta pública para aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto “San José II”, pero ya no regresaron.

SAN JOSÉ I O “LOS ANTECEDENTES”

Minera Cuzcatlán llegó al municipio de San José del Progreso en 2009 y se instaló por la fuerza, en un operativo conjunto con del Gobierno Federal a cargo de Felipe Calderón Hinojosa y Estatal, con Ulises Ruíz Ortiz. En ese entonces la población manifestó su rechazo. En ese contexto se dio el asesinato de líderes comunitarios como Bernardo Vásquez Sánchez en 2012 y los conflictos municipales se agudizaron.

Los habitantes señalan cómo viven de manera cotidiana las consecuencias de la presencia minera a 12 años de que se instaló en el estado de Oaxaca, particularmente en los valles centrales: “La tierra bajo nuestros pies cimbra constantemente; una capa de polvo blanquecino se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas y se aprecia en los techos y ventanas”.

dos kilómetros de distancia de la mina, aparecieron peces muertos en 2019, en la presa Benito Juárez. Una habitante señala que el agua presentó espuma blanca, tonalidades cafés y pica al contacto con la piel. Las comunidades que emitieron el comunicado de denuncia el pasado 8 de abril de 2021, señalan “la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes”.

El cambio de coloración en el agua potable, las epidemias de hepatitis y el aumento de enfermedades de las vías respiratorias son algunos de los cambios que se detectaron en la salud de quienes viven en Magdalena Ocotlán, esto después del derrame.

No solo el agua está contaminada. De acuerdo con datos emitidos por la SEMARNAT, Compañía Minera Cuzcatlán S. A de C. V. emitió en el aire 20.39 kilogramos de plomo tan solo en 2018, en forma de respirables, humos o vapores.

Para cancelar el proyecto minero es necesario que la SEMARNAT le niegue a la minera la aprobación de la MIA, por lo que las comunidades exigen que no se ratifique este trámite, pues están preocupadas por los daños en su cuerpo y en sus tierras. Además, exigen a Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, que cancele las concesiones mineras.

(Fotografías no disponibles)

https://regeneracionradio.org/archivos/10764

Denuncia de comunidades del municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca.

Colectivo Gieta.

Comunidades de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca, denunciaron que la Semarnat ejerce rasismo institucional hacia las comunidades originarias de Oaxaca.

Afirman que el proyecto minero San José que “se ubica en el municipio de San José del Progreso; a tan sólo 42 km al sur de la capital del estado, en el distrito de Ocotlán. Es operado por la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quien en solo diez años de operación ha extraído una riqueza equivalente a
1,487 » 778,080.00 millones de dólares de la explotación de oro y plata. Tan solo en el año 2020, la Compañía reportó la producción de 6 millones 165 mil 606 onzas de plata y 37 mil 805 onzas de oro; lo que implicó la remoción de tres mil toneladas de tierra al día y un gasto diario de 8 millones 100 mil litros de agua”.

Dicha empresa, recuerdan “se impuso en territorio oaxaqueño desplegando su sucia capacidad de gestión, haciendo acuerdos con operadores políticos, cooptando sectores de la población, disolviendo la tenencia colectiva de la tierra, asesinando a líderes comunitarios y agudizando los conflictos municipales. El proyecto terminó de imponerse con el pacto que la empresa hiciera con los gobiernos estatal y federal para desalojar, en el año 2009, a las y los pobladores que durante más de dos meses mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa, mediante un operativo en el que participaron más 1000 efectivos policiales”.

A esta imposición violenta le han seguido más de 11 años de saqueo y explotación del territorio de los Valles Centrales de Oaxaca, señalan. “tiempo durante el cual, la empresa ha alterado drásticamente nuestras dinámicas comunitarias y regionales de convivencia, desgastando el tejido social y fomentando la confrontación entre miembros de nuestros pueblos. No obstante los daños a nivel sociocultural, Minera Cuzcatlán también ha causado graves afectaciones al medioambiente, al amparo de grupos de poder e instancias del propio Estado Mexicano.

“La tierra bajo nuestros pies cimbra constantemente; una capa de polvo blanquecino se suspende en la atmósfera todas las mañanas, se adhiere a las hojas de las plantas y se aprecia en los techos y ventanas; peces muertos han sido encontrados en nuestros cuerpos de agua y la fauna local ya no es tan rica y diversa como antes. El caso de mayor preocupación es el derrame de 1’516,000 litros de desechos tóxicos de la prensa de jales secos al cauce del Río Coyote, ocurrido el 8 de octubre del año 2018.

“Autoridades de pueblos vecinos reportaron un cambio de coloración en el agua después de este suceso; hemos tenido noticias de epidemias de hepatitis y la población reporta mayores casos de enfermedades de vías respiratorias.
Dada la estrecha relación que guardamos los pueblos originarios con el medio físico que habitamos, la alteración de la geografía local repercute directamente en nuestra cultura y pone en peligro nuestra existencia como pueblo zapoteco. Sin embargo, el nivel de impacto ha sido tal, que la afectación pone en riesgo, no solo la continuidad de nuestros modos de vida, sino la existencia de la vida misma en nuestros territorios”, informam las comunidades en resistencia.

En cuanto al proceso legal, explican que “a pesar de las denuncias presentadas por diversas comunidades, colectivos y autoridades de diversos niveles, el Estado Mexicano continúa sordo ante nuestras peticiones y aún declara a la minería actividad esencial para la economía de nuestro país. Mientras tanto, la empresa continúa sus trabajos y, más aún, pretende ampliar su proyecto, en un contexto de crisis sanitaria, económica y social”.

Luego de que el 28 de junio de 2019 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibiera de manos de pobladores una carta en la que solicitaban su intervención, las comunidades señalan que “éste se comprometió a enviar a la brevedad una comisión para atender el caso. A pesar de que en septiembre de 2020, el mandatario sostuvo en conferencia de prensa que el caso había sido atendido, no fue sino hasta mediados de diciembre del mismo año que una comisión de la SEMARNAT acudió a Oaxaca, en una gira que involucró la visita de distintas comunidades del estado […] y por la presión ejercida por las comunidades, el día 16 de diciembre de 2020, personal de la SEMARNAT se reunieron, en el auditorio municipal de la comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán, con autoridades municipales y agrarias de las comunidades: San Matías Chilazoa, Ejutla. San Felipe Apóstol, Ocotlán, Texas de Morelos, Ocotlán, Autoridades del municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, además del comisariado ejidal de Magdalena Ocotlán. En dicha reunión, la Secretaría hizo una
serie de compromisos, los cuales, después de casi tres meses, no ha cumplido. Dichos compromisos incluyen:

1. Entrega inmediata de toda la información concerniente al derrame de la empresa, suscitado el 8 de octubre de 2018 en el Río Coyote.

2. Realización de estudios de agua, suelo, aire y sedimentos, en coordinación con las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera.

3. Mantener activo el canal de comunicación con los representantes de las comunidades involucradas.

4. Entregar copia de la solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto
Ambiental del Proyecto “San José II”.

Denunciaron que “la SEMARNAT ejerce racismo institucional hacia las comunidades originarias del estado de Oaxaca, toda vez que decide ignorar deliberadamente nuestras demandas y se niega a dar cumplimiento a los acuerdos. Exhibimos también el trato racista y diferenciado por parte del Estado Mexicano pues, mientras nuestros mantos freáticos corren el riesgo de estar altamente contaminados, la Secretaría de Economía, presidida por Tatiana Clouthier, anuncia una mesa de diálogo directo con representantes de la industria minera. Así, el Estado Mexicano perpetúa las lógicas y prácticas coloniales, pues vela por los intereses de la burguesía mexicana y extranjera, mientras condena al hambre y la enfermedad a miles de indígenas, intensificando el extractivismo y el saqueo de nuestros territorios”. Tambien denunciaron la perversa complicidad que Compañía Minera Cuzcatlán guarda con el gobierno de Oaxaca; pues, mientras contamina nuestro territorio y vulnera nuestros derechos elementales, el titular del Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, sostiene reuniones con los directivos de la empresa y hace de ésta patrocinador oficial de la Feria del Mezcal y la Guelaguetza, eventos que solo benefician a hoteleros y restauranteros de la colonial Oaxaca de Juárez. Con estas acciones el Ejecutivo oaxaqueño lava el rostro de la transnacional”, afirmaron.

Finalmente demandaron que “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumpla inmediatamente con los compromisos adquiridos con las comunidades en la reunión del 16 de diciembre de 2020. Atienda en dialogo directo los mensajes y llamadas telefónicas de nuestros representantes que son nuestras autoridades comunitarias. Niegue la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José II, toda vez que representa un riesgo para nuestra vida.

“A la Secretaría de Economía: cancele las concesiones mineras adjudicadas a la Empresa Minera Cuzcatlán. Alto al saqueo de nuestros territorios, alto al extractivismo colonial que lleva más de 500 años azotando a las comunidades originarias y, alto al racismo institucional del estado Mexicano”, concluyen sus exigencias.

http://www.congresonacionalindigena.org/2021/04/08/denuncia-de-comunidades-del-municipio-de-san-pedro-apostol-ocotlan-oaxaca/

Investigan dos nuevas ejecuciones por militares en Tamaulipas

Iñigo Arredondo/El Universal
8 abril 2021

En 33 días, el Ejército mexicano baleó dos automóviles donde viajaban civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En febrero, cuatro jóvenes fueron rafagueados con 18 disparos, y resultaron dos personas heridas y una muerta. En marzo, un hombre acompañó a su esposa a realizarse una ecografía, pero a unas cuadras de llegar al lugar recibió disparos que le ocasionaron su muerte horas después.

La FGR investiga dos casos de ejecuciones extrajudiciales; los sobrevivientes señalan al Ejército como culpable y lo acusan de falsear testimonios ante la autoridad civil

Javier y Jacob ahora descansan a menos de 50 metros de distancia en el panteón Jardín de los Ángeles, a las afueras de la ciudad fronteriza. Ambos estaban casados, tenían hijos, eran jóvenes: 20 y 26 años, respectivamente, y eran el sostén de sus familias.

Uno no acabó la carrera y el otro dejó la escuela en secundaria, pero ambos se dedicaban al comercio, uno de autos y otro de ropa. Ambos recibieron disparos del Ejército y pasaron más de 40 minutos para que una ambulancia les ayudara a detener la hemorragia. A los dos los vieron morir los soldados mientras sostenían sus armas, sin brindarles ayuda. Los dos casos ya tienen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por una probable ejecución a manos del Ejército.

En los últimos ocho meses, el Ejército ha cometido, al menos, tres ejecuciones extrajudiciales en esta ciudad fronteriza: tres jóvenes secuestrados por el crimen organizado que murieron el 3 de julio por tiros de soldados y los dos casos narrados. En ninguna de estas situacione hay militares procesados, a pesar de las pruebas y de los señalamientos de abogados, familia y testigos.

Elena, la esposa embarazada de Jacob, cuenta que se quedó sorda por un momento cuando los disparos quebraron las ventanas de la Yukon blanca en la que viajaban el 10 de marzo.

El único soldado que le habló de los más de 12 que la rodeaban y apuntaban con sus armas le dijo que “sólo había sido un rozón”.

Eran las cinco de una tarde con 25 grados en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando vio que en el cruce de la calle Degollado y Gutiérrez había tres camionetas de militares.

Ella, embarazada de seis meses, estaba con el asiento del copiloto echado atrás, se agachó lo más que pudo y salió ilesa.

Su esposo, quien manejaba, recibió dos balas. Una le entró por la nuca y salió por el cachete, y una más le pegó en el hombro. Habían decidido ir a la Cruz Roja para que ella se hiciera una ecografía cuando se toparon con los tres vehículos.

Un mes y tres días antes, Daniel salió ileso de 18 disparos por parte de la misma corporación. A las 23:00 horas, una camioneta del Ejército disparó contra un automóvil Honda Accord con cuatro hombres en el interior.

La unidad los rebasó por la izquierda, dos soldados se bajaron de la camioneta y abrieron fuego. Una bala dio en la pierna de Osvaldo y otra en la mano izquierda de José Luis, quienes viajaban en la parte de atrás. Dos más impactaron a Javier, el chofer, quien murió desangrado en el suelo.

“La cagamos”, admitió un militar, recuerda Daniel, quien iba en el asiento del copiloto.

¿Quién te disparó?

Alejandro y Brian, hermanos de Jacob, llegaron al cruce de Degollado y Gutiérrez, en la zona centro de Nuevo Laredo, unos 25 minutos después del incidente.

Encañonados por los militares, lograron correr y llegar adonde estaba Jacob, tirado en el piso. Su cuñada le gritaba a los soldados pidiéndoles ayuda. Elena recuerda que los agentes sólo le preguntaron su nombre, el de su esposo y la dirección donde vivían. Como pudo, le marcó a su cuñada, quien le avisó a Alejandro.

“¿Quién te disparó?”, le preguntó Alejandro a su hermano Jacob, quien tenía un agujero en una mejilla y no dejaba de tragar sangre. Él apuntó a un camión que estaba cruzando la calle.

Este camión, que sería un blindado del Ejército, desapareció de la escena y sus ocupantes no declararon ante la FGR.

Elena viajaba con Jacob en una camioneta cuando recibieron los disparos. Ella, sus hijos y los padres del joven visitan el panteón cada domingo para llevar flores.
Ellos cuentan con un número de identificación del vehículo, pero no aparece en el informe policiaco homologado, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso.

Al final de la declaración que hizo Elena ante la FGR, a las 21:48 horas, agregó: “Cabe mencionar que yo vi que los militares nos dispararon directamente”.

Los soldados declararon ante el Ministerio Público que recibieron una agresión por parte de civiles armados en el cruce de Degollado y Arteaga, que viajaban en una camioneta pickup y una segunda tipo Suv blanca. Esto es una calle antes de Gutiérrez, donde Jacob fue herido.

Sobre esa calle, reportan, “diversos civiles armados continuaron haciendo detonaciones hacia el personal militar”. Ahí se reporta un soldado herido.

Terminan las detonaciones y ellos se dan cuenta de que se baja una mujer de una camioneta Yukon blanca pidiendo auxilio y así lo mencionan, brindan ayuda. Esto lo reportó el subteniente de Caballería Carlos Alfredo Ramírez Nolasco.

El cabo de Transmisiones, Martín Hernández Solís, explicó que escucharon detonaciones que venían de la calle Gutiérrez y que los alcanzó una camioneta blanca en la que, del lado del copiloto, viajaba una mujer pidiendo auxilio, diciendo que en la esquina de Arteaga “personas armadas los habían agredido, por lo que yo me bajé inmediatamente y le grité que se moviera del lugar”.

Un cabo más, Aquino, quien estuvo en la escena, narró que durante los hechos no alcanzó a ver de dónde provenían los disparos, ya que lo primero que hizo fue cubrirse de las balas, y precisó que nadie de su equipo abrió fuego. En las declaraciones, explican que hubo un soldado lesionado, pero éste no presentó denuncia sobre la agresión.

El general Francisco Antonio Enríquez Rojas, vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comentó que tienen conocimiento de los dos hechos y que se elaboraron los informes correspondientes por parte de las unidades involucradas, y se le dio vista al Ministerio Público. Remarcó: “Nosotros no podemos hacer ningún tipo de diligencia (…) De inmediato se debe de turnar a la fiscalía y nosotros no podemos realizar investigación al respecto”.

La camioneta en la que viajaban está afuera de la oficina de la FGR. En ella se aprecia el disparo.
Elena narró ante la FGR —y repitió la versión en entrevista con este diario— que ella no vio a nadie más en el lugar, sólo a los soldados, que no recibieron una agresión en la calle de Arteaga y que ellos no tuvieron ayuda de los militares, quienes no fueron agredidos por civiles armados.

“Yo empiezo a gritar, a pedir ayuda y ellos no hacían nada. No me decían nada. Se me quedaban viendo y lo único que hicieron fue preguntar su nombre y el mío. Pero como estaba en shock, no podía responder, sólo les decía que me ayudaran”.

Una camioneta Suburban blanca, como la que señaló el subteniente Ramírez Nolasco, estaba en la esquina de Artega y Degollado con varios impactos de bala. El dueño pudo recuperarla un día después, sin saber porqué se habían llevado su vehículo a la FGR; tampoco supo quién le disparó al vehículo.

No nos ayudaron

A Javier, ya muerto, le plantaron un fusil AR-15, explican los sobrevivientes. El parte oficial que reportó el Ejército a las autoridades civiles dice que fueron blanco de una agresión de civiles armados, pero los amigos que viajaban con Javier recuerdan el caso de forma muy diferente.

José Luis, quien iba detrás de Javier, explica que escuchó los disparos y vio cómo su brazo se fue para abajo: “Abrí la puerta y dije que no dispararan si no traíamos nada. Vi que el militar decía que quién había disparado. Me bajaron al suelo. No nos ayudaban ni nada.

“Se acercaban más militares… que quiénes dispararon. Y ellos dicen que dispararon a la llanta, ¡pero cuáles llantas! Yo tenía mi mano toda destrozada de aquí. Al otro muchacho [le hirieron] toda la pierna y a mi amigo Javier lo mataron, verdad”, narra.

Cuando a José Luis y Osvaldo los llevaron al Hospital General para ser atendidos, se dieron cuenta de que estaban siendo escoltados en todo momento por soldados, quienes les dijeron que estaban detenidos por agredir al Ejército. José Luis no entendía bien lo que pasaba.

Daniel y José Luis señalan el lugar donde Javier perdió la vida por disparos del Ejército.
Cuando Daniel fue llevado ante la FGR, creía que iba en calidad de víctima, pero el juez le informó que estaba acusado de posesión de arma y 70 cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El abogado defensor, Carlos Aguilar, se pregunta de dónde salió esa arma y los cartuchos para colocarlos en la escena.

“Les hicieron la prueba de radiosonato a todos, incluido Javier, y salieron negativos”.

Las visitas

Elena y la madre de Jacob, Paulina, han visto cómo en las últimas semanas camionetas militares dan vueltas por su casa.

En todo el tiempo que habían vivido en la ciudad jamás habían visto que los militares cruzaran por esa zona. No les dicen nada, sólo pasan por ahí.

Angélica García, esposa de Javier, recibió una llamada a los días de la muerte de su esposo: “Le estamos hablando de México, nos pasaron su dirección y no damos con su casa”.

Tres camionetas y un camión blindado con gente armada llegaron al domicilio. Bajaron tres personas vestidas de civiles que trabajan en Vinculación Ciudadana de la Sedena.

“El procedimiento penal será independiente de lo que estamos haciendo. Tengan esa conciencia, que nosotros, esta institución no se está desligando de ninguna responsabilidad, al contrario, los apoyamos”, aseguran.

Angélica explica que regresaron en pocos días y ya no los recibió. Espera que se haga justicia. El general Enriquez explicó que siempre existe el interés genuino de tener acercamiento para auxiliar a los familaires y llevar apoyo a las familias en este tipo de situaciones: “En sentido estricto, conforme a derecho, lo que correspondería hacer es esperar la determinación de la autoridad ministerial, ya sea MP o autoridad judicial, para que ellos establecieran que el personal militar es responsable. La secretaría se adelanta a este tipo de situaciones, la determinación no se presenta a corto plazo. Se actúa de buena fe con los familiares”.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/investigan-dos-nuevas-ejecuciones-por-militares-en-tamaulipas

Abusos policiacos, la norma en Tulum: A diez días del caso Victoria, difunden nuevo video de brutalidad policiaca al detener a un joven al cual someten y golpean ya esposado

Noticaribe
TULUM, MX.- Apenas han pasado unos diez días desde que policías de Tulum mataron a una mujer salvadoreña al detenerla por alterar el orden público en la avenida La Selva de este municipio, en un claro caso de exceso de fuerza que se volvió viral y tuvo alcances internacionales sólo gracias a que ciudadanos filmaron el suceso, cuando ayer empezó a circular un nuevo video de policías deteniendo a un joven en una de las calles de Tulum, nuevamente incurriendo en la fuerza bruta, evidenciando la falta de protocolos y respeto a los mínimos derechos humanos.

En el video se observa como el joven es sometido por policías de la patrulla 12233 que, ya teniéndolo esposado, lo suben a la batea de la unidad donde lo golpean ante la vista de ciudadanos que sólo pueden grabar la escena.

Violencia innecesaria y falta de capacitación de los elementos de la Policía Quintana Roo.

¿Y así quieren cuidar la imagen turística del destino y revertir el daño causado por el caso Victoria?.

https://noticaribe.com.mx/2021/04/08/abusos-policiacos-la-norma-en-tulum-a-diez-dias-del-caso-victoria-difunden-nuevo-video-de-brutalidad-policiaca-al-detener-a-un-joven-al-cual-someten-y-golpean-ya-esposado/

La política migratoria de México criminaliza, reprime, asesina…

El discurso humanitario del presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratar a los migrantes como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada

Patricia Dávila/ PROCESO

Para los representantes de organizaciones defensoras de migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Amnistía Internacional, el discurso humanitario del presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratarlos como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada. Para esas y otras organizaciones civiles, los recientes asesinatos de migrantes demuestran que el muro militar no detendrá el flujo de personas y, en cambio, seguirá cobrando vidas.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los asesinatos de centroamericanos ocurridos recientemente en México, uno en Tulum y otro en Chiapas, provocaron que organismos de la sociedad civil acusen de nuevo al Estado mexicano y al gobierno federal de invisibilizar a los migrantes, de no respetar los derechos humanos y de responder a la política de Estados Unidos en la materia.

En entrevista con Proceso, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba,), explica: “Hemos denunciando que no hay una clara política de respeto a los derechos humanos de los migrantes, como discursivamente se dice, desde la imposición de Donald Trump del famoso muro. Aunque el muro real ha sido Chiapas, donde hay más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional, además del Ejército y policía estatal, deteniendo a quien quiera pasar hacia México; y a quienes lo logran los colocan en lugares infrahumanos”.

Desde el punto de vista del Frayba, señala Faro, a las autoridades les falta diseño operativo y estrategia, porque en el afán de controlar que no pase nadie se hacen una serie de acciones como la ejecución extrajudicial que cometió el Ejército contra el guatemalteco Elvin Mazariegos el pasado 29 de marzo.

Agrega: “Vimos que, con la pandemia, en los lugares donde trabajamos bajó el tránsito de migrantes. Ahora que se supone hay una baja en la pandemia se está reactivando la entrada de grupos que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. En San Cristóbal, un lugar que está muy cerca de todas las comunidades indígenas tzotziles y tzeltales, hay viajes directos a Tijuana y Sonora para que puedan pasar a Estados Unidos. Anuncian públicamente que hay salidas a diario. También entran camiones que enganchan a la gente para llevarla. La autoridad lo sabe y lo permite.

“El sistema no está respondiendo y por lo tanto está generando una crisis que rebasa al Estado mexicano. Entonces su única forma de actuación, desde nuestro punto de vista incorrecta, es la represión. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Chiapas hacen redadas para reprimir a los migrantes y para inhibir su paso a México”.

Sin embargo, esto no se admite oficialmente: “Hay un doble discurso del presidente. Dijo que se respetaría el flujo migratorio, pero lo que se está viendo es un vacío de derechos humanos desde la Presidencia, lo vemos en todos los temas, en el tema de tortura, en el tema de desapariciones, en el tema migratorio”.

Por ello, Faro considera que el flujo de migrantes va a seguir creciendo conforme se vaya controlando la pandemia hasta llegar a una medida similar a la de las caravanas de 2018 y 2019, pues se juntan personas de diferentes países para pasar la frontera. De esa manera intentan protegerse del crimen organizado, “porque entrando a Chiapas empieza el infierno”, señala el activista.

Es más, añade, en Chiapas las autoridades parecen permisivas frente a los criminales que agredan a los migrantes. En las entrevistas con víctimas, éstas mencionas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a las maras, que operan en la frontera, por donde transita el tren conocido como La Bestia.

“Del lado de la selva, el cártel que se maneja es el de Los Zetas. Aunque han ido perdiendo control territorial, se ubican sobre todo en la parte de Benemérito de las Américas y los Altos. Por San Cristóbal, el más visible para los migrantes es el Chamula, que en complicidad con las autoridades comete violaciones, robos, torturas y extorsiones a las familias de los migrantes en el país de origen. “Más adelante, adentrándose en el país, los enganchan para hacer trabajos del crimen organizado o llevan a las mujeres a centros de prostitución. Hay asesinatos y desaparición forzada. Es allí en donde está la complicidad del Estado. Incluso agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido parte del mismo negocio”, señala el representante de Frayba

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/4/7/la-politica-migratoria-de-mexico-criminaliza-reprime-asesina-261516.html

Condicionan programas sociales a comunidades para que avalen fracking en Veracruz; también hay más violencia por industria de hidrocarburos

Juan David Castilla Arcos / Libertad bajo palabra

Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. La presencia de la industria de hidrocarburos en la zona norte de Veracruz ha recrudecido la violencia y las comunidades que se resisten al fracking están siendo amenazadas.

Así lo denunció Óscar Espino Vázquez, integrante de la Red por los Derechos Humanos de Papantla y del Congreso Nacional Indígena, quien añadió que se están condicionando los apoyos de programas sociales para que acepten los proyectos para la extracción de hidrocarburos.

«Las comunidades que están resistiendo están fuertemente amenazadas, les están supeditando muchos programas a que accedan a estos procesos de hidrocarburos en la zona».

El entrevistado detalló que esto ocurre en distintos municipios de la zona, como Papantla, Tihuatlán, Poza Rica y Álamo Temapache.

Añadió que continúan las perforaciones en la región para extracción de gas shale, mediante el proceso de fracking o facturación hidráulica.

«Las comunidades siguen sin tener eco en su palabra para pedir que cese la contaminación ambiental».

Espino Vázquez refirió que hay dos permisos o áreas de asignación en la región norte de Veracruz para extraer gas shale.

«Eso no ha sido cancelado, las comunidades siguen al pendiente de que vayan a empezar a trabajar y que no vayan a tener ellos ninguna información sobre lo que está sucediendo en sus comunidades».

El activista destacó que las comunidades no fueron consultadas y el actual gobierno federal argumenta que los permisos fueron otorgados en administraciones pasadas y no pueden ser revocados.

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/07/condicionan-programas-sociales-a-comunidades-para-que-avalen-fracking-en-veracruz-tambien-hay-mas-violencia-por-industria-de-hidrocarburos/

Ha militarizado AMLO más a México que Peña Nieto y Calderón: Amnistía Internacional


Foto: cortesía

Cristina Herrera/Debate
7 abril 2021

México.- A pesar de que en múltiples ocasiones lo ha negado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado a más elementos del Ejército en México, esto como factor de su plan de seguridad pública, que en las administraciones de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, alertó Amnistía Internacional (AI).

Y no solo eso. La organización también advirtió la estigmatización que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal recurrentemente a los medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos, así como su tendencia a minimizar y dejar de lado el tema de la violencia hacia las mujeres.

En su informe 2020/2021, el movimiento global dio a conocer que en lo que va de la administración del presidente López Obrador este ha militarizado más al país que lo que se hizo en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Calderón Hinojosa.

En este sentido, Amnistía Internacional expuso la preocupación que embarga el que los elementos de las fuerzas armadas continúen llevando a cabo detenciones arbitrarias, así como utilizando el uso excesivo de la fuerza, lo que algunas veces derivó en asesinatos ilícitos, como el ocurrido hace una semana con un migrante guatemalteco.

AI recordó que en mayo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que el Ejército mexicano se conservaría en las calles de la nación con el objeto de realizar operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.

Cabe mencionar que en su momento dicho decreto fue duramente criticado al señalar que este “carecía de normativa sustantiva” para asegurarse que la conducta de los agentes militares, conocidos durante años por su constante violación a los derechos humanos, se apegara a las normas internacionales.

Aunado a ello, la organización destacó que el mandatario federal le ha dado el control tanto de puertos y aduanas a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar). Además de ello, el presidente López Obrador le otorgó la construcción del tramo 5 del Tren Maya a la Sedena, anunciando a su vez que todas las ganancias del proyecto serán para la dependencia gubernamental.

https://www.debate.com.mx/politica/Ha-militarizado-AMLO-mas-a-Mexico-que-Pena-Nieto-y-Calderon-Amnistia-Internacional-20210407-0228.html

Creciente militarización en México podría provocar violaciones a los derechos humanos, advierte la ONU


El Ejército mexicano en un operativo. Foto: EFE.

Latinus/Latinus
7 abril 2021

AP.- La creciente participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública y en varios proyectos del gobierno generan preocupación en materia de respeto a los derechos humanos y de transparencia en México, dijo este miércoles Guillermo Fernández-Maldonado, representante nacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH).

Con la incorporación del Ejército mexicano y la Marina en diferentes esferas de la vida pública del país, aumenta el riesgo de que sucedan violaciones a los derechos humanos, pues los cuerpos castrenses cuentan con un entrenamiento alejado del carácter civil que sí tienen otros cuerpos de seguridad, como la policía, alertó el representante de la ONU.

“Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas o el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”, declaró Fernández-Maldonado en una videollamada.

A esto se suma el riesgo de se registren violaciones a los derechos humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses. Un ejemplo, dijo, es el de la muerte en julio de 2020, presuntamente a manos de elementos militares, de Damián Genovés Tercero, de 18 años, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aunque existe una videograbación en la que se observa cómo presuntos elementos militares disparan al joven, el representante de ONU dijo que no se ha avanzado en la investigación.

Fernández-Maldonado señaló que, ante la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de conferirle a las fuerzas armadas el control de proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

López Obrador ha encargado a las fuerzas armadas la construcción de un aeropuerto, así como la administración de aduanas y de puertos. En diciembre, anunció que el ejército controlará las operaciones y ganancias generadas a través del proyecto conocido como Tren Maya, que está en construcción y recorrerá la península de Yucatán.

“Otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional”, agregó Fernández-Maldonado, quien previo a su llegada a México se desempeñaba como representante adjunto de ONU-DH en Colombia.

“¿Pero qué pasa cuando ya no estamos hablando de seguridad nacional? Estamos hablando de aduanas, de construcción de aeropuertos, del Tren Maya, deberían aplicarse las mismas normas de transparencia, respecto del uso de recursos, del cumplimiento de plazos, de acceso a la información”, dijo.

Fernández-Maldonado también aseguró que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de derechos humanos a los elementos de la Guardia Nacional, creada por el gobierno de López Obrador y la cual está conformada, principalmente, por integrantes de las fuerzas armadas que fueron transferidos a la agencia policial.

https://latinus.us/2021/04/07/creciente-militarizacion-mexico-podria-provocar-violaciones-derechos-humanos-onu/

Violencia crece en diez estados, pese a mayor despliegue de la Guardia Nacional


FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO

Arturo Angel/Animal Político
7 abril 2021

En el primer bimestre de 2021 los asesinatos crecieron o se mantuvieron en niveles similares a los del año pasado en casi la mitad de los estados, mientras que la certificación y depuración de policías locales está inconclusa.

En el primer bimestre de 2021, los homicidios en diez estados del país se incrementaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ello pese a la prevalencia de la contingencia sanitaria y al despliegue cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional ordenado por el gobierno federal.

En otros cuatro estados se mantuvo el mismo nivel de violencia homicida del año pasado y si bien a nivel nacional, el total de asesinatos se redujo en este lapso, el promedio diario de homicidios y feminicidios solo decreció menos del cinco por ciento.

Mientras tanto la depuración y profesionalización de las fuerzas de seguridad locales – una de las justificaciones para la puesta en marcha de la Guardia Nacional – ha quedado en el limbo. Desde hace un mes venció el plazo para certificar a los policías estatales y municipales sin que dicho proceso fuera completado y sin que, hasta la fecha, se haya tomado una decisión respecto a la separación del cargo de los más de 150 mil elementos que no están avalados como aptos para hacer este trabajo.

Datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el primer bimestre del año fueron asesinadas en México un promedio de casi 95 personas todos los días, entre homicidios dolosos y feminicidios. La cifra total de víctimas fue de 5 mil 598.

A nivel nacional el promedio diario de asesinatos se redujo respecto al mismo periodo de 2020 donde el promedio fue de 99 personas asesinadas todos los días. Sin embargo, esta reducción no es homogénea pues hay diez entidades donde los asesinatos crecieron y tres más donde se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel.

Zacatecas es la entidad con el mayor disparo de la violencia en 2021. En el primer bimestre se contabilizaron 292 víctimas de homicidios y feminicidios, cifra que representa un incremento superior al 128 por ciento en el nivel de violencia homicida respecto al año pasado.

Hay dos entidades con un incremento de casi el 45 por ciento en sus homicidios; se trata de San Luis Potosí donde los asesinatos pasaron de 98 en el primer bimestre de 2020 a 142 en el mismo lapso de este año, y Querétaro donde crecieron de 25 a 36 casos en los referidos lapsos.

Después se ubica Baja California, donde las víctimas de asesinatos en enero y febrero de 2020 respecto a los de 2021 pasaron de 402 a 529, lo que significa un incremento superior al 31 por ciento. Este caso es particularmente grave ya que dicho estado es el segundo con la mayor cifra de asesinatos en el país, solo detrás de Guanajuato.

Las otras entidades que registraron un incremento en sus homicidios durante el primer bimestre de este año son Nayarit con un alza del 26.5 por ciento; Durango con un incremento del 20 por ciento; Sonora con un incremento del 16.7 por ciento; Chiapas con un avance del 13.6 por ciento; Campeche donde los asesinatos subieron 6.3 por ciento; y Veracruz con un alza del 4.6 por ciento.

Hay cuatro estados donde los asesinatos en los primeros dos meses de este año se mantienen casi al mismo nivel del año pasado: Baja California Sur, Morelos, Yucatán y Nuevo León.

En cuanto a las entidades donde los asesinatos sí han descendido destaca el caso de Guanajuato, donde los casos cayeron de 815 a 596 en el primer bimestre del año. Por si solo dicho estado concentra más de la mitad del descenso de los asesinatos a nivel nacional.

Otro decremento significativo fue el de Puebla donde los asesinatos decrecieron de 176 a 119, lo que representa un descenso de más del 32 por ciento. Proporción similar a la de Tamaulipas donde bajaron de 166 a 114, equivalente a un 31.3 por ciento.

Depuración policial en el limbo
El pasado 10 de marzo concluyó el plazo (con prórroga de 16 meses incluida) que todos los estados y el gobierno federal acordaron para concluir la evaluación y certificación de las habilidades, aptitudes y conocimientos de los elementos adscritos a sus fuerzas de seguridad. Sin embargo y como Animal Político dio a conocer en esta nota, el plazo concluyó sin que más de 150 mil policías en el país cuenten aún con esta certificación.

La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece claramente (desde hace cuatro años y medio) que ninguna persona puede ser policía sino cuenta con el certificado que acredite que superó satisfactoriamente dichas pruebas. La Constitución también lo contempla así.

Lo anterior significa que hoy, los elementos que no han acreditado que son aptos para realizar la labor policial, legalmente no pueden hacer este trabajo.

En ese contexto, autoridades federales y estatales de áreas de seguridad consultadas por este medio indicaron que se prevé la concesión de una nueva prórroga de seis meses para completar con el procedimiento de certificación, sin embargo, dicho plazo no se ha aprobado hasta ahora pues se requiere que sesione el Consejo Nacional de Seguridad.

“Se prevé que esto ocurra en julio próximo que es cuando sesionará el Consejo. Ya que hayan pasado las elecciones. Sería un periodo final de seis meses para terminar con la certificación que concluiría en diciembre”, dijo a este medio un alto funcionario cuyo nombre no se cita pues no hay autorización para realizar declaraciones.

Mientras se autoriza o no dicha prórroga, explicaron lod funcionarios consultados, se ha dejado a criterio de las entidades y de los municipios la decisión de mantener o no en activo a los policías que no cuentan con su certificado.

https://www.animalpolitico.com/2021/04/violencia-crece-diez-estados-mayor-despliegue-guardia-nacional/

Instan a funcionarios mexicanos a responder a los reclamos de comunidades mayas por las violaciones a sus derechos soberanos por la construcción de granjas industriales porcinas en la península de Yucatán

Centro para la Diversidad Biológica

El Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una solicitud formal instando al gobierno mexicano a respetar el derecho soberano de las comunidades Indígenas, según la ley mexicana, a los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta sobre la concesión de permisos y el funcionamiento de las granjas industriales en expansión en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como atender la solicitud de los pueblos mayas de una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas de granjas industriales porcinas y ampliaciones hasta que se resuelvan los problemas de los derechos del pueblo maya y el daño a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.

Esta solicitud es en respaldo al grupo de 21 comunidades mayas que interpusieron una denuncia regional dirigida a los titulares de la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente del Gobierno Federal (PROFEPA) Blanca Alicia Mendoza Vera; la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jiménez Cisneros; y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), María Luisa Albores González con una serie de preocupaciones respecto a la omisión del gobierno de consultar a los grupos Indígenas antes de aprobar las granjas de cerdos industriales ambientalmente destructivas en la región. Dicha denuncia fue preparada y presentada por la organización de derechos humanos Indignación.

“La aprobación unilateral del gobierno mexicano de la cría industrial de cerdos en territorio Indígena ignoró los derechos y la salud de las comunidades locales”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Las plantas y animales de la selva maya constituyen uno de los puntos de biodiversidad más impresionantes del mundo. El crecimiento desenfrenado de las granjas industriales destructivas está acelerando la pérdida de vida silvestre en la región y ayudando a alimentar la crisis de extinción global”.

La selva maya de la península de Yucatán proporciona numerosos recursos animales y vegetales para la alimentación y la medicina. También proporciona un hábitat crítico para innumerables especies de plantas y animales, incluidos los monos araña y jaguares en peligro, así como hongos y microorganismos.

La península de Yucatán cuenta actualmente con aproximadamente 257 granjas industriales de cerdos registradas que producen más de 1 millón de animales al año para el sacrificio, el 14% de la capacidad de producción de México. De las operaciones registradas, el 86% están ubicadas en el estado de Yucatán y el resto en los estados de Quintana Roo y Campeche. La distribución de operaciones en el estado de Yucatán se concentra mayoritariamente en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida.

Como se documenta en el informe de Greenpeace La carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de la cría de cerdos industrial ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán.

“Es crucial regular la industria porcina existente en la Península de Yucatán para evitar una catástrofe ecosistémica y luego transformar el modelo de producción de carne porcina a nivel industrial desde las raíces”, dijo Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y cambio climático de Greenpeace México.

Desde 2018 niños del pueblo maya de Homún también han estado luchando en tribunales federales y administrativos en México para defender los vastos recursos naturales del área y sus derechos Indígenas contra el desarrollo y operación de una granja industrial de 49 mil cerdos propiedad de Producción Alimentaria Porcícola. El caso, que ha resultado en suspensión de las operaciones de la finca, está programado para ser escuchado por la Corte Suprema de México a finales de este año.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado internacional que protege humedales espectaculares como Laguna de Términos, la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, el Parque Estatal Laguna de Yalahau y la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. La Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia mundial donde Chicxulub golpeó la Tierra hace 65 millones de años y provocó la extinción de dinosaurios no aviares, es la que más se pone en riesgo con estas operaciones.

“La contaminación de Yucatán por las operaciones porcinas industriales recae desproporcionadamente sobre los Indígenas mayas”, dijo Hannah Connor, abogada senior del Centro para la Diversidad Biológica, “ha llegado el momento para que las autoridades ambientales de México respondan a los reclamos soberanos hechos por estas comunidades y aborden con prontitud la graves daños que esta industria representa para los derechos Indígenas, el medio ambiente y el agua de la que dependen”, concluyó.

https://biologicaldiversity.org/w/news/press-releases/instan-a-funcionarios-mexicanos-a-responder-a-los-reclamos-de-comunidades-mayas-por-las-violaciones-a-sus-derechos-soberanos-por-la-construcci%C3%B3n-de-granjas-industriales-porcinas-en-la-pen%C3%ADnsula-de-yucat%C3%A1n-2021-04-07/email_view/

Tren Maya agravará contaminación del acuífero de Yucatán

Haz Ruido

Aseguran que los sistemas geohidrológicos kársticos están en riesgo, debido a que la región se caracteriza por su fragilidad y por el compromiso de su manto freático con graves problemas de sobreexplotación y contaminación en la zona metropolitana. Además, el proyecto ferroviario amenaza a Cuxtal.

Mérida, Yucatán, 7 de abril de 2021.-La agrupación Articulación Yucatán, conformado por académicos e investigadores, envió una carta a las autoridades federales y estatales en la que manifiesta su preocupación sobre los impactos del proyecto del Tren Maya al acuífero de Yucatán y en particular a la ciudad de Mérida, sobre todo porque hasta el momento no está tomado en cuenta la deficiencia en el tratamiento de aguas residuales.

Indicó que durante diversos eventos públicos en 2019 y 2020, este colectivo y varios expertos de distintas áreas señalaron su preocupación por la deficiencia en el análisis de los impactos sociales y ambientales de esta obra en la Península de Yucatán. Estas denuncias incluyen el riesgo que corren los sistemas geohidrológicos kársticos de una región caracterizada por su fragilidad y por el compromiso de su acuífero subterráneo, con graves problemas de sobreexplotación y contaminación en la zona metropolitana más poblada, que comprende los municipios de Mérida, Umán, Kanasín y Conkal, con más de un millón de habitantes.

En la carta mencionó que, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Yucatán adolece de insuficiente alcantarillado y de capacidad para tratar sus aguas residuales, lo que se traduce en un estado de continua contaminación del manto freático peninsular.

“Esto ha sido señalado durante el 2020, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para la Fase 1 del Tren Maya, así como en los foros organizados por el Instituto Municipal de Planificación de Mérida (IMPLAN). En estos foros se identificaron y denunciaron serias incongruencias sobre los datos de la capacidad municipal de procesamiento de agua residual y la continuación de las actividades de planificación municipal con diferentes escenarios del proyecto”, recalcó Articulación Yucatán.

Agregó que esta inconsistencia en los datos no ha sido identificada ni abordada por IDOM Urbanística -empresa encargada de la obra-, ni por ONU-Habitat, ni por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ni por el IMPLAN.

“Esta cadena de responsabilidades ilustra perfectamente la falta de participación efectiva de las autoridades locales, municipales y estatales, en el proceso de toma de decisiones sobre un proyecto que impacta profundamente a la región. Asimismo, se evidencia la ausencia de expertos sobre el karst y el acuífero de Yucatán, lo que denota un problema grave en el proceso de planeación y ejecución de este importante proyecto federal”, sostuvo.

En otro punto, Articulación Yucatán recordó que la Reserva Municipal “Cuxtal”, declarada como una zona sujeta a conservación ecológica, fundamental para la recarga del acuífero y diversos servicios ambientales de Mérida, está amenazada por el Tren Maya.

Explicó que sin contar con el derecho de vía, esta zona corre el riesgo de ser fragmentada no sólo por la construcción de las instalaciones ferroviarias, sino también por el paso continuo de trenes durante los próximos 50 años.

Además, este territorio es habitado por población maya que no ejerció su derecho a la libre determinación, de acuerdo con compromisos internacionales del Estado Mexicano.

La asociación enfatizó que pesar de las numerosas denuncias que se han hecho de manera pública y continua sobre esta problemática, las autoridades corresponsables no han dado respuestas concretas y, al contrario, se han encargado de evadir sus responsabilidades y de minimizar o desprestigiar a los denunciantes, avanzando en sus planes y obras alrededor del Tren Maya.

Es en este sentido, las y los firmantes de la carta solicitan una audiencia pública en la que se construya el futuro de la región a través del debate público, garantizando el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales tal y como lo estipula el Acuerdo de Escazú, ratificado por el gobierno de México en enero de 2021.

https://www.hazruido.mx/reportes/tren-maya-agravara-contaminacion-del-acuifero-de-yucatan/

Despojo, privatización y crimen ecológico en Cuatro Ciénegas (Coahuila)

Un plan de desarrollo turístico, que incluye un campo de golf, pone en riesgo la biodiversidad en este desierto que los científicos consideran uno de los centros endémicos más importantes del mundo que alberga especies únicas desde hace millones de años

Alejandro Saldívar/ PROCESO

Lejos de una postal idílica, Cuatro Ciénegas –en el centro de Coahuila– está en manos de compañías privadas que depredan el medio ambiente y despojan de agua a la comunidad local. Dado el abandono desde el sexenio foxista hasta el actual, la tierra, el agua y el subsuelo de la región están a merced del mejor postor. Un plan de desarrollo turístico, que incluye un campo de golf, también pone en riesgo la biodiversidad en este desierto que los científicos consideran uno de los centros endémicos más importantes del mundo que alberga especies únicas desde hace millones de años

CUATRO CIÉNEGAS, Coah. (Proceso).– El río Mezquites es un hilo azul ­desordenado sobre el desierto. Desde el cielo luce como los intestinos de una tierra encharcada o como un sistema de venas a punto del colapso. De su cauce se desprenden canales que forman pequeñas pozas de agua salada que favorecen la biodiversidad dentro del valle.

“Cuatro Ciénegas es uno de los centros endémicos más importantes a escala mundial, por ser un humedal dentro del desierto, con especies únicas desde hace millones de años. Hay endemismos en cactáceas, peces, aves y reptiles, pero el mayor número se encuentra en las bacterias, que son los organismos menos estudiados. De las bacterias, que guardan información del valle, se conoce muy poco”, explica el director de Protección de la Fauna Mexicana A.C., Sergio Marines.

En la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro de las Colonias, un anuncio irrumpe en el paisaje: “Río by Grupo H 1800”, se lee en letras blancas, acompañadas de un discreto emblema de una semilla que germina.

Una fotografía promete un oasis y una palapa en medio de un desierto exótico colmado de maravillas. Por menos de mil pesos el visitante puede navegar en un kayak sobre estromatolitos o nadar con tortugas de concha blanda (apalone spinifera ssp. Emoryi), especie endémica que llega a vivir hasta 50 años en un entorno silvestre.

Marines, quien hace algunas décadas realizó un inventario de la biodiversidad del valle, expone: “El río Mezquites tiene una tradición turística muy local. El hecho de que metamos mucha gente afecta, sobre todo porque el río tiene poblaciones grandes de estromatolitos, que son arrecifes formados por bacterias y que tardan millones de años en generarse. En sus aguas sobrevive uno de los ejemplares más grandes y mejor conservados; el turismo masivo puede llegar a afectarlos”.

Camino al río, un tronco partido yace inmóvil en el desierto. En las veredas se aprecian huecos y líneas en la arena como si un gigante hubiese transitado por esa ribera azulada. Junto al río Mezquites, Grupo Hotelero 1800 ha dispuesto más de 20 palapas y mesas desde donde se pueden contemplar los estromatolitos, estructuras microbianas, “herramientas” que permiten conocer la historia de la Tierra desde sus orígenes, cerebros submarinos que a simple vista se deforman por el efecto del oleaje en el río.

“Hay un gran crecimiento tanto económico como poblacional en el valle y sus inmediaciones, lo cual ha llevado a un mayor uso del agua y, por lo tanto, a que disminuya el nivel de los mantos freáticos, causando el desecamiento de grandes cuerpos de agua, como la laguna Churince”, cuenta Marines.

A pocos kilómetros del río, la laguna Churince está delimitada por una cerca de alambre vencida por el tiempo y los curiosos. Es una pequeña abertura de agua en medio del desierto, un oasis junto a la carretera que representa un sistema casi intacto dentro del valle. Tierra adentro se extiende el rastro de un tímido cauce que recorre la tierra reseca. En la ribera de la laguna, una vacada calma su sed. La arena y los troncos secos dominan el paisaje.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2318 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 4 de abril de 2021.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/4/7/despojo-privatizacion-crimen-ecologico-en-cuatro-cienegas-261560.html

Exigen libertad a presos políticos en Michoacán afuera de SCJN

Los integrantes del Concejo se dieron cita en el lugar para exigir la liberación de los concejales José Luis Jiménez y José Antonio Arreola,

Nora Bucio, MVS Noticias, 06 de abril de 2021

Integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, se manifestaron afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir la libertad de presos políticos y respeto a la autonomía y libre determinación purépecha. Desde poco antes de las 11:30, los integrantes del Concejo se dieron cita en el lugar para exigir la liberación de los concejales José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, a quienes se les acusó del delito de sabotaje y se encuentran detenidos en el Centro de Readaptación Social de Uruapan, Michoacán y quienes interpusieron un recurso de reclamación ante la SCJN por diversas violaciones procesales y de derechos humanos.

Los detenidos han sido reconocidos como defensores de derechos humanos, del territorio y de los derechos indígenas en Michoacán e incluso al momento de su detención, se encontraban bajo el amparo del Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas en 2018.
La movilización del Concejo Ciudadano de Nahuatzen, se realizó en el marco de la discusión del recurso en el que se solicitó a la SCJN, que se examine el proceso judicial contra los activistas. Además busca visibilizar el intento de “diversas autoridades del estado de Michoacán de criminalizar, deslegitimar y desarticular el ejercicio de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas quienes buscan proteger el territorio, la comunidad y el medio ambiente”.

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/exigen-libertad-a-presos-politicos-en-michoacan-afuera-de-scjn/

Oaxaca: asesinan a activista opositor a megaproyectos en Paso de la Reina

Proceso / Pedro Matías.

El ex agente municipal de Paso de la Reina y defensor del Río Verde contra los megaproyectos tuvo que escapar, mientras Jaime Jiménez Ruiz su equipo de gobierno sufrió el ex-agente municipal, que fue asesinado la tarde de este domingo 28 de marzo en el camino hacia Santiago Jamiltepec.

Oaxaca (apro).- El ex-agente municipal de Paso de la Reina y defensor del Río Verde contra los megaproyectos, Jaime Jiménez Ruiz, fue asesinado la tarde de este domingo 28 de marzo en el camino de Santiago Jamiltepec a su comunidad, según denunció Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y otros organismos.

El documento resalta que la impunidad sigue matando, pues Jaime Jiménez Ruiz es el quinto asesinado de Paso de la Reina en 2021.

Antes, el 23 de enero de 2021, fue asesinado el presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y defensor del territorio, Fidel Heras Cruz; mientras esa misma noche -del 14 al 15 de marzo de 2021-, fueron ejecutados el suplente del agente municipal, Raymundo Robles Riaño, y sus acompañantes: Noé Robles Cruz y Gerardo Mendoza Reyes.

Paso de la Reina, comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde, sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que ya causaron el desplazamiento forzoso del cinco de mayo de 2020.

Y agregó que “esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales que deberían procurar justicia y velar por los derechos y la seguridad ciudadana”.

Respecto a Jaime Jiménez Ruiz, mencionó que formó parte del movimiento por la defensa del Río Verde, actualmente integra el comité de la asociación ganadera local y se sabe también que era militante activo de Morena.

Se quejaron que con este nuevo crimen contra un ciudadano de Paso de la Reina, se sigue aumentando la inseguridad en la comunidad de apenas 500 habitantes.

“Cabe señalar que a raíz de la crisis institucional que vive Oaxaca, a casi 24 horas del asesinato, las autoridades locales siguen esperando la llegada de la Policía Estatal para brindar medidas de seguridad”, puntualizó.

Cabe recordar que el crimen contra Fidel Heras Cruz, cometido el 23 de enero de 2021 en la comunidad vecina de La Esperanza, sigue en total impunidad, pese a las amenazas de muerte contra el activista de parte de la familia caciquil que denunció la comunidad. Hasta hoy día, la comunidad Paso de la Reina no cuenta con ninguna medida cautelar de parte de autoridades estatales o federales.

Consideran que “es preocupante la situación en materia de seguridad y derechos humanos en el estado, entre cambio del titular de la fiscalía, el paro de la policía estatal y la dilatación de la actuación de los funcionarios federales y estatales no hay condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos, más aún cuando está en pleno desarrollo el proceso electoral”.

Finalmente exigieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dicte a la brevedad medidas cautelares para la agencia Paso de la Reina, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y a la Fiscalía General del Estado la inmediata actuación para abrir las carpetas de investigación correspondientes.

http://www.grieta.org.mx/?p=58200&preview=true

Los citan para recibir la vacuna en Zapopan pero no los dejan pasar (Jalisco)

Foto: Elizabeth Ortiz

Elizabeth Ortiz / UDGTV

El Plan Nacional de Vacunación es un ejercicio constante de prueba y error. En la jornada que comenzó en Zapopan, los encargados asignados por el Gobierno federal para atender a las personas mayores de 60 años hicieron pasar un mal rato a quienes fueron citados este 6 de abril porque al llegar al módulo no los dejaban pasar.

Es el caso de Alfonso Arellano, quien tendría que haber recibido su vacuna a las 8 de la mañana. Llegó al Drive Thru instalado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) desde las 5 de la mañana, justo cuando estaba a tres carros del ingreso, pero personal del Gobierno federal los sacó de la fila. A las 9:45 todavía estaba tratando de convencer a los encargados que lo dejaran pasar.

Lo mismo le pasó a Jesús Gastón Bernal Salazar, de 73 años. Él estaba citado a las 9 de la mañana y también le negaron el acceso para dar preferencia a los autos numerados. Ya cerca de las 10 por fin lo dejaron pasar pese a que uno de los encargados se oponía.

“Yo recibí la llamada, supuestamente de la Cámara Nacional de Comercio y me dijeron vaya usted a las 9 de la mañana y va a pasar porque ya le estamos confirmando su cita porque ya está apartada su vacuna”.

El doctor Gabriel Cárdenas Guevara tuvo la misma experiencia negativa; fue citado a las 10 de la mañana, pero al llegar al módulo le dijeron que se formara en una fila kilométrica que daba la vuelta a la manzana.

“Ayer me hablaron por teléfono, que mi cita era a las 10. Me dijeron verbalmente no se vaya antes, 15 minutos antes es suficiente. Llego y me dicen: no es cierto, es una mentira, no se van a respetar citas y váyase hasta la fila. A la hora que le toque”.

https://udgtv.com/noticias/citan-recibir-vacuna-en-zapopan-no-los-dejan-pasar/

El cultivo de arroz en Hopelchén, Campeche: perjudicial para sus habitantes

Por Ever Chablé, Wilberth Caamal, Oziel Pech y Mariana Beltrán / Veinte Veinte

La extracción de las reservas de agua y el uso de técnicas agroindustriales provocan desabasto del recurso y otros problemas a las comunidades

A diferencia de años anteriores, este 2021 en Hopelchén, Campeche, la cosecha de arroz se realizará en abril. Las inundaciones del año pasado, por la temporada ciclónica, provocó pérdidas totales de más de 150 hectáreas de arroz en la comunidad menonita de Santa Fé, cercana al antiguo camino de San Juan Bautista Sahcabchén.

Pero ese está lejos de ser el principal problema de la zona, sino la base de uno mayor: la explotación de los mantos acuíferos y su uso indiscriminado para la agroindustria que deriva en el desabasto de agua en las comunidades aledañas como Ich Ek, El Poste, San Francisco Suc-Tuc y la cabecera municipal, Hopelchén.

El problema data de hace cuatro años cuando las comunidades de origen menonita iniciaron el cultivo del grano en la región, como lo ha denunciado el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.

De acuerdo con miembros del Colectivo, para el cultivo de arroz se requiere extraer agua del subsuelo a través de pozos profundos de donde la extraen durante seis meses, cinco días a la semana, las 24 horas del día.

Esto equivale aproximadamente -no hay registros oficiales- a 15 mil litros por hectárea al día para inundar las zonas de cultivo de arroz en una región no propicia para su siembra.

En términos de equivalencia: una piscina olímpica necesita dos mil 500 metros cúbicos de agua, es decir que con el agua destinada a los cultivos de arroz se podrían llenar mil al año.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 31 de diciembre pasado, había declarado la vigencia de 327 concesiones para uso agrícola y ninguna para uso agroindustrial en la zona de Hopelchén.

Sin embargo, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) -quienes acompañan el proceso legal del colectivo- estas licencias para la explotación de aguas nacionales deberían ser de uso agroindustrial por el sistema de cultivo utilizado.

Además, se carece de información clara sobre el uso que dan las comunidades menonitas al agua, porque los títulos de concesión no lo expresan en su mayoría.

https://www.veinteveinteyucatan.com/2021/04/06/el-cultivo-de-arroz-en-hopelchen-campeche-perjudicial-para-sus-habitantes/

Deforestación y corrupción, resultados de Sembrando Vida en el sur de México

Aldo Santiago / Avispa Midia

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción

Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

https://avispa.org/deforestacion-y-corrupcion-resultados-de-sembrando-vida-en-el-sur-de-mexico/

Amenazan a periodista yucateco desde un teléfono de la SSP

Herbeth Escalante / Haz Ruido

“Párale a tus transmisiones o te paramos. Tú me dice si queremos tener problemas, ya sabes quiénes somos. Hasta ahora somos amigos, pero si tu quieres, podemos dejar de serlo”, se escucha con una voz distorsionada. La llamada amenazante se realizó desde un número oficial de la Policía Estatal.

Mérida, Yucatán, 5 de abril de 2021.- El periodista yucateco Erick Manzanilla Gómez, director del portal de noticias Presidio Mx, denunció públicamente que recibió amenazas por parte de una persona desconocida que se comunicó a través de la línea telefónica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El comunicador, dedicado a abordar temas de seguridad, informó a Haz Ruido que luego de realizar una transmisión en vivo en la que reportó una balacera en la colonia Bojórquez recibió un llamada del número 9999 30 32 00.

Al contestar escuchó la voz distorsionada de una persona que le recalcó que “ya está hasta la puta madre de sus transmisiones”, por lo que le exigió que las pare “o te paramos”.

Manzanilla Gómez pidió al hombre que se identifique, pues se estaba comunicando desde un teléfono oficial de la Policía Estatal, pero siguieron las amenazas, las cuales logró grabar.

“Hasta ahorita somos amigos, pero ya te estás pasando de listo. Tú sabes que hemos tenido problemas, tú me dice si queremos tener problemas, ya sabes quiénes somos. Hasta ahora somos amigos, pero si tú quieres, podemos dejar de serlo”, amenazó.

En la grabación, de la cual Haz Ruido tiene una copia, se escucha que la persona no identificada le recalca que la llamada es un primer aviso, pero que para la próxima no va a ser tan flexible. “Tú sabes si quieres que seamos amigos”, insistió.

“Yo te voy pedir algo, párale a las transmisiones estúpidas, para el relajo con la Secretaría, para eso, te estás metiendo en una camisa en donde no eres necesario. ¿Estamos o no estamos?”, enfatizó la persona que se comunicó desde la SSP.

El sujeto no identificado le pidió al periodista que no realice ninguna transmisión el sábado en la noche, como suele hacerlo Presidio Mx desde hace semanas, y prometió volverle a llamar el domingo “para ponerse de acuerdo”.

“Yo acepté para saber de qué se trata, para tratar de averiguar quién es la persona, pero ya no volvió a comunicarse conmigo. No cabe duda que la llamada provino de la SSP y tardó más de dos minutos”, explicó Erick Manzanilla.

“La persona que lo hizo tenía toda la intención de que sepamos de que se trata de la Policía o fue muy imprudente”, agregó.

Al tratarse de una amenaza relacionado con su trabajo periodístico, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión.

El periodista manifestó estar preocupado por su integridad y la de su familia, por lo que por seguridad suya hizo pública la amenaza anoche en las redes sociales de Presidio Mx, video que puedes consultar en este link.

De igual forma declaró que confía que las autoridades federales le brinden seguridad en cuanto se esclarezca el caso y sostuvo que espera que no se pierda la libertad de expresión en Yucatán.

Desde Haz Ruido manifestamos nuestra solidaridad con el compañero Erick Manzanilla y exhortamos a las autoridades a que realicen las investigaciones correspondientes, pero sobre todo, que se inhiba cualquier práctica de intimidación, hostigamiento y amenaza que atente contra los derechos humanos, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

https://www.hazruido.mx/reportes/amenazan-a-periodista-yucateco-desde-un-telefono-de-la-ssp/

Crecen en Nayarit delitos de lesiones, violación y feminicidio denuncia colectivo feminista

Foto: Cuartoscuro

Crys Benítez / El Occidental

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- Ante el actual escenario de pandemia, la violencia contra las mujeres y su carga de trabajo de cuidados ha reportado un incremento en América latina.

Así lo informó la integrante del colectivo feminista, quien se identificó como G. Cortés, que de acuerdo con información de la “Red Nacional de Refugios y X Justicia”, en México se ha registrado un aumento notable tanto en asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria.

Para Nayarit, durante todo 2020 y enero 2021, la plataforma http://nayarit.semaforo.com.mx/ marcó en rojo el delito de violencia familiar e indicó incrementos en los delitos de lesiones, violación y feminicidio durante el periodo de actual confinamiento.

Dichos datos, dijo que los respaldan, puesto que distintas agrupaciones feministas locales, han denunciado mediante diferentes actividades y espacios, el aumento en solicitudes de aborto, casos de violencia digital, violación, acoso, hostigamiento e incluso violencia política en el Estado y han evidenciado también omisión, revictimización y violencia por parte de las instituciones.

Para concluir, G. Cortés, añadió que tienen claro que las mujeres afrontan violencias específicas que el género ha montado sobre roles y estereotipos que han sido utilizados como justificación para discriminarnos sistemáticamente y por otro lado, esa misma realidad corporal demanda atenciones específicas en cuestiones de salud, legislación, planes, programas y políticas públicas que siguen pendientes.

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-crecen-en-nayarit-delitos-de-lesiones-violacion-y-feminicidio-6557515.html

colectivo

Ley Olimpia Jalisco: impunidad para los agresores denunciados

Imagen: Zona Docs

En Jalisco, entre 2019 y 2021, se han iniciado 144 carpetas de investigación por los delitos de ciberacoso (78) y violación a la intimidad sexual (66); sin embargo, no se han girado órdenes de aprehensión en contra de las personas responsables y, por ende, tampoco han existido sentencias condenatorias por la comisión de estos delitos.

Dalia Souza / Zona Docs

La violencia digital en razón de género en contra de mujeres, jóvenes y niñas incrementó durante el contexto de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, así lo denunció ONU-Mujeres a finales del año 2020. De acuerdo con la organización internacional, estas formas de violencia han afectado el pleno disfrute de sus derechos humanos a la dignidad, la libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de datos personales y a la vida privada; al tiempo que, en estos casos se ha visto vulnerado su acceso a la justicia.

Las mujeres, jóvenes y niñas del estado de Jalisco no han quedado exentas de esta realidad, a través de la solicitud de transparencia FE/UT/869/2021, la Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y Trata de Personas de la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que se han iniciado 66 carpetas de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual y 78 por el de ciberacoso, del año 2019 al mes de febrero de 2021.

Ambos delitos suscritos en el Código Penal del estado de Jalisco hacen parte de las reformas legislativas que reconocen la violencia digital y las conductas que atentan contra la intimidad sexual de una persona bajo la llamada: Ley Olimpia.

Habrá que precisar que desde el 3 de septiembre de 2020 fueron adheridos a la normativa por el Congreso del Estado, no obstante, tras “un error de procedimiento”, según reconoció la diputada Sofía García Mosqueta, impulsora de la Ley Olimpia en la entidad, el primero de estos -el que compete a la reconocida “Violación a la intimidad sexual”- fue eliminado el día 7 de noviembre de 2020.

Lo que significa que sólo permaneció en vigencia dos meses y al menos un mes sin efectos sancionatorios; sin embargo, tras la denuncia que realizaron colectivas feministas, el 8 de diciembre de 2020 a través del decreto 28263/LXII/20, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco la adición del artículo 176 Bis 3 que reconoce este delito en la entidad.

De esta manera, la Fiscalía del Estado informa que en el año 2020 fueron iniciadas 47 carpetas de investigación por dicho delito, 41 en Guadalajara y seis en el municipio de Puerto Vallarta, en todos los casos las víctimas han sido jóvenes y mujeres adultas que van desde los 18 hasta los 55 años de edad.

En lo que va del 2021, -hasta el mes de febrero-, se han abierto 18 carpetas, 17 en Guadalajara y 1 en Puerto Vallarta. Asimismo, se reconoce una carpeta iniciada en el año 2019.

En cuanto al delito de Ciberacoso, fueron presentadas 67 carpetas de investigación, todas en el municipio de Guadalajara; en tanto, en lo que va del 2021 se abrieron 11 carpetas, 10 en Guadalajara y una en Tlajomulco de Zúñiga, esta última correspondiente a adolescente varón de 14 años.

Sin embargo, la Dirección General de Seguimiento a Procesos informó que:

“NO se localizaron órdenes de aprehensión giradas, ni cumplimentadas, ni sentencias condenatorias relativas a la violación a la intimidad sexual, ciberacoso y difusión de contenido erótico sexual sin consentimiento”.

Respecto al delito de “difusión de contenido erótico sexual sin consentimiento” que se encontraba establecido en el Código Penal del Estado previo a la adhesión del artículo 176-Bis 3, si bien se solicitó información sobre el número de carpetas iniciadas, esta información no fue proporcionada.

En ZonaDocs habíamos compartido la historia de Ale, una mujer joven que denunció a su expareja por el delito de violación a la intimidad sexual, ya que el sujeto habría grabado sin su consentimiento y, distribuido en XVideos, una página/red social semejante al YouTube para el almacenamiento y distribución de contenido pornográfico, un video en el que ella aparece.

A dos meses de haber presentado una denuncia y diversas pruebas que lo incriminan ante el Centro de Justicia para las Mujeres, su agresor continúa libre y sin sanción.

Esta es la historia de Ale: “Si ya está la Ley Olimpia en Jalisco, hay que hacer justicia” 

¿Qué marca el Código Penal del Estado?

Artículo 176- Bis 2. Comete el delito de ciberacoso la persona que por medio de las tecnologías de la información y comunicación, hostigue, acose, persiga, moleste o incomode a otra de forma tal que cause un daño en la integridad psicológica y/o en la dignidad personal.

Al responsable se le impondrá una sanción de cien días de trabajo a favor de la comunidad y asistencia a programas de reeducación integral con perspectiva de género.

Si la victima fuese persona defensora de derechos humanos, con discapacidad o con cualquier tipo de vulnerabilidad social, menor de edad o se causare algún daño o sufrimiento grave, a juicio del juez o el tribunal, en perjuicio de la víctima, la sanción será de uno a cuatro años de prisión.

Este delito se perseguirá por querella de la ofendida o de su legítimo representante, salvo que se trate de menor de edad en cuyo caso se procederá de oficio.

Artículo 176-Bis. 3.  Comete el delito de violación a la intimidad sexual quien, por cualquier medio difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique, o amenace con difundir, imágenes, audios o videos de contenido real, manipulado y/o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima, o que haya sido obtenido bajo engaño o manipulación.

Esta conducta se sancionará de uno a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización. Este delito se perseguirá por querella.

https://www.zonadocs.mx/2021/04/04/ley-olimpia-jalisco-impunidad-para-los-agresores-denunciados/

Allanan y roban artículos de la vivienda de Francisco Canul, el periodista que difundió primero el caso de Victoria, la mujer asesinada por policías en Tulum (Quintana Roo)

Noticaribe
TULUM, MX.- La vivienda de Francisco Canul, el periodista que la semana pasada fue el primero en difundir la noticia de Victoria, la mujer salvadoreña asesinada por policías municipales, fue allanada y revuelta.

Varios de sus artículos personales, incluyendo equipo de cómputo, televisiones y dinero, fue robado, aprovechando que se encontraba fuera de la ciudad junto con su familia.

Este domingo, al regresar a Tulum, se encontró con que la puerta de su vivienda estaba rota y sus pertenencias estaban revueltas.

Sin embargo, nadie vio nada.

El reportero no descarta que este allanamiento represente algún tipo de intimidación por su trabajo periodístico.

La semana pasada, Francisco Canul fue el primero en dar a conocer a través de su portal Noti Tulum el caso de la salvadoreña muerta por el abuso policiaco que rápidamente se hizo viral.

Ante el clima de violencia e inseguridad que e vive en Tulum, el allanamiento de la vivienda del Francisco Canul no debe tomarse a la ligera y debe intervenir el mecanismo de protección a periodistas para garantizar su integridad y la de su familia.

https://noticaribe.com.mx/2021/04/04/allanan-y-roban-articulos-de-la-vivienda-de-francisco-canul-el-periodista-que-difundio-primero-el-caso-de-victoria-la-mujer-asesinada-por-policias-en-tulum/

Vecinos de Lomas de Tabachines y Agua Fría ya presentan problemas de salud como diarrea y temperatura por falta de agua en Zapopan, varias colonias más afectadas (Jalisco)

Foto: Jorge Alberto Mendoza

Jorge Alberto Mendoza / El Diario NTR

Desde hace más de un mes, habitantes de Lomas de Tabachines, Agua Fría y otras colonias del norte de Zapopan padecen un calvario por los cortes de agua potable.

Vecinos narraron a NTR Guadalajara que la falta de agua ya está haciendo estragos en su salud.

En un recorrido por las calles de las colonias antes mencionadas, se localizaron siete cisternas, de capacidad de 10 mil litros, pero únicamente en una de ellas había agua y se encontraba a menos de la mitad de su capacidad; en ella ya había una larga fila de personas esperando su tueno para llenar sus botes de agua.

Personas que viven cerca de la cisterna del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillo (Siapa), instalada en la calle Flores al cruce con calle Las Tullas, en la Colonia Lomas de Tabachines, denunciaron que desde hace más de seis días no es llenado.

Además, otro de los vecinos entrevistados en Lomas de Tabachines y Agua Fría, indicó que a estas colonias ni llega ni una sola gota de agua prometida por los tandeos porque hay problemas con las válvulas del Siapa, que no han permitido que por lo menos “disfruten” del beneficio del tandeo.

También, externaron que algunos vecinos ya presentan problemas de salud como diarrea y temperatura por la falta de agua. Y la falta de este líquido les impide cumplir a cabalidad las medidas preventivas contra Covid-19.

Al finalizar el recorrido, después de casi una hora de buscar, por fin apareció una pipa de agua, en la calle Platanares y Tulipán, y de inmediato vecinos con notable apuro, salieron de sus hogares, se acercaron y comenzaron a formarse para llenar sus cubetas con agua.

Por la escasez y ante la necesidad por agua potable, algunos habitantes afectados platicaron que a veces entre vecinos se cooperan para comprar pipas privadas y en otros casos incluso compran agua de garrafón, gasto extra de dinero que conlleva a graves afectaciones en su ya frágil economía.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164468

“Las autoridades no nos cumplen”, protestan artesanos (Querétaro)

Foto: Demian Chávez

Alma Gómez / El Universal

Niegan fin político por instalarse en el andador 5 de Mayo

Los artesanos y ambulantes instalados desde hace seis meses en el andador 5 de mayo, en el centro de la ciudad, respondieron a las denuncias hechas en rueda de prensa por los locatarios establecidos en esta misma zona, quienes denunciaron competencia desleal y actividades políticas detrás de estos puestos semifijos.

La artesana Adela, de Santiago Mexquititlán, quien también encabeza el Consejo Indígena, reiteró ante medios de comunicación que los artesanos instalados en dicho andador no tienen líderes políticos que los manipulen, y recordó que los artesanos se instalaron en dicho andador hace seis meses  en dicha zona, a modo de protesta por las propuestas incumplidas de las autoridades.

“Desde el 2018 se nos prometió un área fija para que los artesanospudiéramos vender nuestro trabajo. En ese entonces propusimos la Plazade Armas, Plaza Constitución y Jardín Corregidora para mostrar nuestras artesanías, ellos dijeron que sí, hasta arrmamos un acuerdo y después dijeron que lo tenían que modificar, desde entonces no hemos vuelto a saber de ellos, nunca volvieron a darnos la cara. Por eso comenzamos a instalarnos aquí, para que recuerden que estamos olvidados ”, dijo la artesana.

Adela reiteró que ningún líder político está detrás de su protesta. “Los artesanos somos huérfanos, ningún partido nos ha ayudado”, aseveró la comerciante.

Lamentó que los locatarios establecidos no apoyen su denuncia, y por el contrario, se genere un conflicto de intereses entre ambos tipos de negocios, pero advirtió que los artesanos no se moverán del andador, hasta que las autoridades respondan sus demandas.

Sobre la presencia de artesanos y vendedores ambulantes provenientes de lugares como Guerrero, Toluca, Estado de México y Chiapas, señaló que aunque los vendedores provienen de otros lugares, tienen meses radicando en Querétaro, incluso los artesanos mostraron sus credenciales de elector para demostrar su residencia en el estado.

“Sí, sí tenemos compañeros de otros estados, pero ellos ya tienen tiempo viviendo aquí, esos recursos se quedan en Querétaro porque ellos no se llevan el dinero a otro lado. Nosotros estamos protestando, exigiendo se respeten lo que acordaron, pedimos mejores condiciones, no tenemos ni siquiera seguro social, por el contrario, hemos sido constantemente acosados por los inspectores. Pedimos un lugar fijo para poder vender, no queremos despensas, queremos trabajar”, aseveró la líder de los artesanos.

A este mensaje público se sumaron los comerciantes que fueron desalojados de la Alameda Hidalgo durante la administración de Marcos Aguilar Vega. Estos comerciantes, representados por César Islas Pacheco, señalaron que desde el desalojo no han tenido solución para realizar su actividad comercial en un lugar establecido.

https://www.eluniversalqueretaro.mx/nuestras-historias/las-autoridades-no-nos-cumplen-protestan-artesanos

En Mérida, izan bandera feminista y queman imagen de policía (Yucatán)

Claudia Arriaga / Haz Ruido

Protestaron en la Plaza Grande por los feminicidios de Quintana Roo y Yucatán

Mérida, Yucatán, 2 de abril del 2021.- En Yucatán, las mujeres también se sumaron a las protestas de todo el país para exigir justicia por las cuatro mujeres que el fin de semana pasado fueron víctimas de feminicidio en el estado vecino de Quintana Roo. En la Plaza Grande izaron la bandera feminista de México y quemaron la imagen de un policía.

Recordaron a Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, quien era originaria de El Salvador. Fue asesinada por la Policía de Tulum, dejando sin madre a dos pequeñas.

A su muerte, se le sumó el feminicidio de Karla, una joven de 29 años originaria de Yucatán, quien trabajaba conduciendo un taxi y era madre de un niño. Ella fue asesinada con extremada crueldad. Además, dos mujeres permanecen en calidad de desconocidas: una recibió tres disparos y a la otra le prendieron fuego.

En la protesta, las colectivas izaron la bandera feminista para visibilizar estos crímenes en razón de género, que ocurrieron a tan solo cuatro meses del feminicidio de Bianca Alejandrina, conocida como Alexis, en Cancún. A la par, reprocharon la criminalización del movimiento feminista.

“Y no, no olvidamos que los policías municipales lanzaron disparos al aire poniendo en riesgo a nuestras hermanas en las protestas que hicieron para exigir justicia. ¡Estamos cansadas de la criminalización de las protestas feministas, del Estado que omite los hechos y atrocidades que se suscitan contra nuestra vida, la vida de las mujeres en un México feminicida!”, exclamó una integrante de las colectivas organizadoras.

Al grito de “¡Basta de opresión por motivos de género! ¡basta de la violencia institucional y laboral!”, las manifestantes alegaron que Yucatán no es para nada un paraíso turístico, sino un estado feminicida.

“Hoy le prestamos nuestra voz a Fernanda, Victoria, Erika, Yolanda, Irlanda y a todas aquellas que hoy nos faltan, ellas están presentes en nuestra memoria ¡ellas viven en nosotras! ¡Ni perdón ni olvido!”, enfatizó otra joven que leyó el manifiesto.

Durante la concentración, un hombre alcoholizado se acercó a agredirlas verbalmente, pero fue retirado del lugar por elementos de la Policía Municipal de Mérida. Además, las participantes realizaron un círculo de confianza para hablar de sus experiencias de violencia sexual.

Al término del evento, quemaron la representación de un policía que colocaron en el centro de la plaza.

La movilización fue convocada por Igualdad Sustantiva Yucatán, el Frente Nacional por la Sororidad Yucatán, Marea Verde Yucatán, Ni una Menos Yucatán, Brujas Sufragistas, Colectiva Ecofeminista por la Defensa Biocultural y UADY sin Acoso.

https://www.hazruido.mx/reportes/en-merida-izan-bandera-feminista-y-queman-imagen-de-policia/

Operativos en frontera sur son para reprimir y detener a migrantes, no rescates humanitarios: ONG

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por 12 organizaciones, criticó que la “narrativa de seguridad promovida” y el “falso discurso de derechos humanos” que emplea el gobierno federal desemboca en la criminalización

Migrantes hacinados en la estación migratoria La Mosca, en Chiapas . Foto: Especial

La Redacción/ PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los operativos contra los migrantes que la Guardia Nacional, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y militares llevan a cabo en la frontera sur para impedir el paso a personas migrantes no son “rescates humanitarios”, como lo proclama el discurso oficial, sino un “despliegue de fuerzas de seguridad para la contención, represión y detención migratoria” que no toman en cuenta los derechos humanos, denunció hoy un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por 12 organizaciones, criticó que la “narrativa de seguridad promovida” y el “falso discurso de derechos humanos” que emplea el gobierno federal desemboca en la criminalización y “tiene como resultados los lamentables hechos que han llevado a la muerte de dos personas migrantes por parte de fuerzas de seguridad en la última semana”.

Lo anterior, en referencia al asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar por parte de agentes de la Policía Municipal de Tulum, en Quintana Roo, y la ejecución del ciudadano guatemalteco Elvis Mazariegos Pérez por parte de un soldado en Mazapá de Madero, Chiapas.

El colectivo denunció que, en el sureste, las autoridades mexicanas detienen y encarcelan a “mujeres con bebés, niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados” –en violación a la Ley de Migración–, y que las personas detenidas en el centro de detención llamado La Mosca enfrentan “condiciones indignas de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el covid-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados de género”.

Aparte, señaló que personas con documentos de estancia regular son detenidas, y que los agentes del Estado impiden a los defensores de derechos humanos que realicen sus labores de monitoreo y de defensa, la cual es dificultada además por la política de deportación inmediata que implementa el gobierno mexicano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificó los operativos y el despliegue militar contra personas migrantes en el sureste en medio de un aumento del número de personas que huyen de Centroamérica para llegar a Estados Unidos; ante este incremento, Washington llevó a cabo campañas para desalentar la migración y emprendió negociaciones con países de la región para evitar que las personas lleguen a pedir asilo a su territorio.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/2/operativos-en-frontera-sur-son-para-reprimir-detener-migrantes-no-rescates-humanitarios-ong-261270.html

Mujeres marchan en CDMX para exigir justicia por feminicidios en QRoo

 

Foto: Brigada Marabunta

Animal Político

Las manifestantes protestaron durante unos minutos en la Representación de Q Roo en la CDMX y luego caminaron hasta llegar al Zócalo capitalino.

Mujeres feministas marchan este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia por los feminicidios registrados en los últimos días, en el estado de Quintana Roo.

Un contingente partió alrededor de las 2 de la tarde del Monumento a la Revolución hacia los carriles centrales de Paseo de la Reforma.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, otro grupo de manifestantes avanzó sobre avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, hasta llegar al punto donde se encuentra la Representación del gobierno de Quintana Roo en la CDMX.

Luego de unos minutos de protesta y realizar algunas pintas en este punto, el contingente se dirigió hacia avenida Florencia para incorporarse a Paseo de la Reforma.

Mientras tanto, el primer grupo caminó hacia Reforma y en algún punto de esta avenida los dos contingentes se unieron.

Ambos grupos regresaron por Paseo de la Reforma y luego avenida Juárez, para llegar hasta el centro de la Ciudad de México.

Las policías colocaron una barricada con sus escudos, que las manifestantes intentaron derribar durante algunos minutos. No se registraron enfrentamientos.

La marcha estuvo acompañada en todo momento por la Brigada Humanitaria Marabunta, cuyos integrantes fungieron como mediadores entre las autoridades y las manifestantes.

Esta marcha fue convocada por diversas colectivas feministas de la CDMX. En la invitación indicaron que sería una marcha separatista pacífica.

https://twitter.com/CdmxVikingas/status/1377150984774844421?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1377150984774844421%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FCdmxVikingas2Fstatus2F1377150984774844421widget%3DTweet

Al tener conocimiento sobre la marcha, las autoridades capitalinas protegieron diversos monumentos en el primer cuadro de la Ciudad así como la Representación del gobierno de Quintana Roo.

Esta es la segunda marcha realizada en la CDMX por los feminicidios registrados en Tulum y Holbox, en el estado de Quintana Roo.

El pasado 27 de marzo, policías de Tulum provocaron la muerte de una Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años, tras someterla contra el piso.

Videos tomados por testigos muestran cómo al menos cuatro policías municipales sometieron a Victoria  durante varios minutos, posteriormente la víctima quedó inconsciente y murió.

Los cuatro oficiales fueron ingresados a un penal y puestos a disposición de un juez por su probable participación en el feminicidio.

Ese mismo día se informó sobre el feminicidio de Karla ‘M’, de 29 años, en la isla de Holbox.

Karla conducía un carrito de golf que daba servicio de taxi y era madre de un menor. Su presunto feminicida fue detenido e identificado como Roger “C”.

https://www.animalpolitico.com/2021/04/mujeres-marchan-en-cdmx-para-exigir-justicia-por-feminicidios-en-q-roo/

 

Más opacidad sobre la masacre de Camargo: INM clasifica por 5 años expedientes de agentes destituidos

Los servidores públicos están vinculados con la camioneta que apareció en el escenario del crimen, misma que meses atrás fue asegurada en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León

Cuartoscuro

Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO

El Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó por cinco años sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas. De las víctimas, 16 eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos. Tras el hallazgo de los cuerpos fueron detenidos doce policías estatales que están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en documentos públicos. En el lugar de los hechos apareció un vehículo Toyota Sequoia que había sido asegurado dos meses antes en El Escobedo, Nuevo León, en un operativo contra migración irregular. En relación a estos hechos, el INM anunció que ocho de sus agentes habían sido separados de sus cargos, sin dar más detalles. Ahora añade opacidad al suceso al reservar la información que obra en su poder.

El 22 de enero fueron hallados en el ejido Santa Anita, Camargo, Tamaulipas, 19 cuerpos calcinados y tres vehículos con más de 100 impactos de bala. La mayoría de las víctimas, 16, eran migrantes guatemaltecos en ruta hacia Estados Unidos. Otros dos son mexicanos a quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) vinculó con el tráfico de personas a Estados Unidos y queda un cuerpo del que todavía no se ha hecho pública su identidad. Tras la masacre, doce policías estatales fueron detenidos, encarcelados y vinculados a proceso por los delitos de “homicidio”, “abuso de autoridad” y “falsificación de documentos públicos”.

Animal Político solicitó los expedientes de expulsión del cargo de los ocho servidores públicos, sus currículums y los documentos relacionados con el Toyota Sequoia que apareció en el lugar del crimen y que, presumiblemente, utilizaban los traficantes para transportar a los migrantes. El INM, sin embargo, reservó toda la información alegando que existen investigaciones en curso, tanto en el Órgano de Control de la institución como en Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).

El argumento se mantiene en todas las solicitudes rechazadas: existen se está investigando y revelar detalles sobre los hechos podría perjudicar a las pesquisas. “La difusión puede obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados, además se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos probablemente constitutivas de algún delito que se tramitan ante el Ministerio Público”, dice el INM ante la petición del expediente sobre la expulsión de los ocho funcionarios.

Se trata de un razonamiento similar al empleado por el Poder Judicial de Tamaulipas para clasificar las declaraciones de los 12 policías detenidos tras el hallazgo de los cuerpos calcinados. Los uniformados testificaron ante un juez de Ciudad Victoria los días 2 y 8 de febrero. Tras prestar declaración fueron vinculados a proceso y enviados a prisión mientras se desarrolla la investigación complementaria, que concluirá en agosto.

Lo único que ha trascendido sobre las pesquisas fueron las declaraciones del fiscal general, Irving Barrios, en el momento de anunciar los arrestos. Barrios aseguró que la masacre se produjo en el contexto del enfrentamiento entre grupos delictivos por el control del territorio y que se presuponía que los policías modificaron la escena del crimen. No ofreció más detalles sobre el nivel de participación que pudieron tener los oficiales o en qué circunstancias se produjo el ataque.

Los señalamientos contra funcionarios del INM fueron formulados por primera vez por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, el 1 de febrero, justo antes de conocerse el arresto de los policías estatales. Posteriormente, Migración anunció las destituciones, alegando incumplimientos administrativos y de protocolos. Además, anunció una denuncia ante la FGR de la que no se volvió a tener noticia.

Lo que sabemos hasta ahora es que un vehículo, el Toyota Sequoia, fue interceptado el 5 de diciembre de 2020 en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León en el que fueron detenidos 66 migrantes. Dos meses después, el 22 de enero, el mismo vehículo aparece en el lugar donde fueron encontrados los 19 cuerpos, que se encontraban en tránsito a Estados Unidos. Esto motivó la destitución de estos ocho funcionarios del INM, de los que no se sabe si han sido acusados de algún delito además de las infracciones administrativas por las que perdieron su empleo.

El papel de estos funcionarios en la masacre o en una posible red de coyotaje vinculada a los asesinatos es lo que debería investigar la FGR. Aunque el INM dice que ya interpuso una denuncia, lo cierto que es la institución que dirige Alejandro Gertz Manero nunca hizo referencia a que ya estuviese investigando los hechos. Es más, el pasado jueves un juez de control de Ciudad Victoria decidió que deberá abrirse una carpeta sobre los hechos para determinar si existen delitos federales. Hasta el momento la investigación estaba en manos de la fiscalía estatal, que es la que logró la aprehensión y vinculación a proceso de los doce policías tamaulipecos.

Desde el momento en el que se conoció la masacre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó los paralelismos con otras matanzas como la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Sánchez Cordero insistió en que, en este caso, no habría impunidad. Sin embargo, desde ese momento las autoridades federales trataron de no involucrarse en la investigación y dejar los hechos como algo a resolver en Tamaulipas. El papel de los oficiales del INM es un cabo suelto que abre una línea de investigación mucho más amplia y que, por el momento, apenas se ha explorado.

https://www.animalpolitico.com/2021/04/opacidad-masacre-camargo-inm-clasifica-expedientes-agentes-destituidos/

Asesinato de guatemalteco por ejército no es hecho aislado, denuncian

Nora Bucio/MVS Noticias
30 marzo 2021

Colectivo #SeguridadSinGuerra cuestionó si este es el Ejército que el presidente López Obrador asegura que respeta los derechos humanos.

El asesinato del guatemalteco Elvin Mazariegos de 30 años a manos del Ejército Mexicano en la frontera sur, no es un hecho aislado ni una reacción errónea, “sino resultado de tener a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública”, señaló el Colectivo #SeguridadSinGuerra. A través de un comunicado cuestionó si este, que asesina a personas sin mediar justificación, es el Ejército que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que respeta los derechos humanos.

Además recordó que el pasado 25 de enero del 2020, dos jóvenes fueron asesinados en Carbó, Sonora, cuando iban a comprar tortillas, por presuntamente no detenerse en un retén militar, casi de la misma manera en que ocurrió con las personas que viajaban en el vehículo en la frontera con Guatemala. Finalmente los integrantes de este colectivo le recordaron al gobierno federal que, los retenes son inconstitucionales y escenario propicio para el abuso y la vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/denuncian-que-asesinato-de-guatemalteco-por-ejercito-no-es-un-hecho-aislado/

Ejército suma 5 mil 500 quejas por abusos a migrantes ante Derechos Humanos

Marcos Muedano/La Silla Rota
31 marzo 2021

La política del gobierno federal para evitar el ingreso de migrantes a territorio nacional no ha dado resultados. Durante los últimos dos años, por lo menos, más de 130 mil personas de distintas nacionalidades lograron evadir lo filtros de seguridad implementados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan sólo el Ejército detuvo, cada 24 horas, a 179 migrantes en 19 estados del país; es decir, alrededor de 130 mil personas sin documentar su estancia legal en el país.

 

La porosidad de las fronteras, terminales áreas y centrales camioneras es evidente, a pesar del despliegue de cinco mil 462 elementos de las Fuerzas para evitar el ingreso de migrantes, principalmente de Centroamérica.

El ingreso de migrantes de forma ilegal originó que, en entre 2019 y 2020, se iniciarán cinco mil 500 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por violaciones a derechos humanos en contra de menores, mujeres y hombres adultos por parte de autoridades locales y federales.

Entre las violaciones a derechos humanos, hechas públicas por autoridades, está la muerte de un hombre de nacionalidad guatemalteca, perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un operativo en Mazapa de Madero, en Chiapas.

Otro caso es el asesinado, investigado como feminicidio, de Victoria Salazar Arriaza, nacida en El Salvador, quien fue privada de la vida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo. También la muerte de por lo menos 16 migrantes de Guatemala, a manos de grupos criminales, en Tamaulipas.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), consideró que la participación del Ejército en tareas de mitigación de migración ilegal se encuentra fundamentada en la Constitución.

“La Constitución permite al Ejército salir en apoyo de las instituciones civiles cuando lo requieran las autoridades. El Ejército no salió por propia cuenta a estar, en distintas actividades que hoy realiza.

“Esto, también, está respaldado en una sentencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos que aclarar que el Ejército no está en las calles, por ellos lo quieran, si no por mandato del presidente“, dijo.

El especialista comentó que “cualquier institución de gobierno, en cualquier parte del mundo es susceptible de violaciones a derechos humanos. En el caso de México, las instituciones federales tienen cursos en materia de derechos humanos, desde el inicio de su formación”.

De acuerdo con los documentos consultados por LA SILLA ROTA, la política del gobierno federal para evitar el ingreso de migrantes, a partir de las medidas impuestas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dado los resultados esperados.

Las detenciones de migrantes se han efectuado en estados de la frontera norte, centro y sur; principalmente en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Chiapas, Tabasco, Veracruz, así como en el Estado de México.

Entre las detenciones por el Ejército, principalmente en operativos fortuitos realizados en carreteras del país, se encuentra la detención de más 190 mil mujeres, así como 27 mil 346 menores de edad (mujeres y hombres).

La participación del Ejército en la contención del tema migratorio llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a rechazar la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM).

En diciembre de 2020, la CNDH informó que en entidades como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán, el INM tenía como titulares a personal del Ejército y no a civiles.

“Esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad”, destacó la Comisión en ese momento.

https://lasillarota.com/nacion/ejercito-suma-5-mil-500-quejas-por-abusos-a-migrantes-ante-derechos-humanos/501771

Casi 7 mil trabajadores de la salud no han recibido vacuna en Aguascalientes: médicos

Alejandro Romo/ NewsWeek Aguascalientes
31 marzo 2021

En rueda de prensa, integrantes de la organización “Todos somos primera línea”, que aglutina a médicos, enfermeros y demás personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) y de hospitales privados, dieron a conocer que actualmente hay más de 6 mil 500 trabajadores de las áreas médicas y administrativas que no han sido vacunados contra el Covid-19.

La presidenta de la asociación ‘Mamás doctoras’ en Aguascalientes, Paloma Estrada Leyva, señaló que en el ISSEA aún faltan de recibir la vacuna 1,100 personas de la jurisdicción sanitaria no. 1 y del Centro Estatal de Trasfusión Sanguínea, así como 800 médicos particulares, 100 personas del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) –que ofrecen rehabilitación pulmonar a pacientes de Covid-19- y alrededor de 4 mil 600 trabajadores del IMSS.

“Hicimos una encuesta que estamos pasando a todos nuestros compañeros con los que tenemos contacto en nuestra organización, estamos en contacto con todas las instituciones; sólo ISSSTE nos comunicó que están en su totalidad de vacunados, sólo restan de recibir la segunda dosis los trabajadores del ISSSTE de Ojocaliente”.

En el caso del ISSSTE ya se completó el esquema de vacunación al personal del Hospital General de Av. Universidad, pero en el caso de la clínica de Ojocaliente aún faltan de recibir la segunda dosis.

Por su parte, el trabajador del IMSS, Juan Antonio Solís Terán, mencionó que en el caso del Seguro Social únicamente se ha vacunado a los médicos, enfermeros y demás personal de salud que se encuentra en primera y segunda línea de atención directa de los pacientes de Covid-19, faltando el resto de áreas, que de alguna u otra manera podrían tener contacto con casos sospechosos o confirmados.

“En el IMSS hay un 65% de trabajadores que no han sido vacunados, lo que contrasta con una infografía que se dio a conocer en días pasados, en la que se decía que 5 de cada 10 trabajadores ya estaban vacunados, nosotros decimos que no, y aun cuando ese fuera el caso, tener al 50% del personal médico vacunado, creemos que es una total falta de respeto”.

Recordó que la estrategia nacional de vacunación consideraba que durante febrero se vacunaría al 100% del personal médico y administrativo de las instituciones públicas de salud de México, pero tras el retraso en la llegada de vacunas que se tuvo en ese mes, se modificó el plan de inoculación, y las acciones solamente se concentraron en el personal de primera y segunda línea de atención.

“El plan de vacunación del presidente marcaba que para la segunda semana de febrero tendían que estar todas las categorías de los hospitales del país, totalmente vacunados; sabemos que hubo un retraso en la llegada de las vacunas, pero ahorita ya no está y bien podrían aplicarse a todas las categorías que faltan en todos los hospitales a nivel nacional”.

Por lo anterior, indicó que se enviarán oficios a la delegación de la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Salud Estatal, en los que se pedirá establecer una mesa de diálogo y negociación entre las autoridades sanitarias y el personal médico que aún falta de ser vacunado, para que puedan incluirse en las próximas jornadas de inmunización.

“El día de hoy se van a empezar a girar oficios para gestionar una reunión con el delegado de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruíz, para que nos dé una cita y tratar de llegar a un acuerdo, creemos que debe ocurrir para que el tema de las vacunas del sector salud se resuelva de una forma pacífica y que sea lo más pronto posible”, subrayó.

Solís Terán agregó que el movimiento “Todos somos primera línea” es apartidista y busca defender las demandas legítimas de los trabajadores de la salud y de sus familias, y se les brinde la protección que requieren para desempeñar su trabajo de forma segura.

“Tenemos que ser enfáticos en que el colectivo y todas las manifestaciones que estamos haciendo es un movimiento apartidista y nuestro único fin es que, aunque sea el 1% del sector salud que no esté vacunado, no son sólo porcentajes, son personas que tienen familiar, que tienen un sustento y que tienen que salir a trabajar para salir adelante”.

Hasta el momento, el movimiento del personal médico ya agrupa a alrededor de 500 personas de todos los cargos de las instituciones públicas y privadas de la entidad.

https://es-us.noticias.yahoo.com/7-mil-trabajadores-salud-recibido-005240200.html

Mujeres en Jalisco protestan por el feminicidio de Victoria Salazar y exigen alto a la violencia policial

Foto: Dalia Souza – Irlanda Moran

Más de 300 jóvenes marcharon hacia las puertas de Palacio de Gobierno en la zona centro de Guadalajara, Jalisco para demandar justicia por el asesinato de Victoria Salazar, mujer originaria de El Salvador y refugiada en México, en manos de cuatro elementos de la policía en Tulum, Quintana Roo el pasado 27 de marzo.

Entre sus consignas las integrantes del Frente Feminista de Jalisco demandaron alto a la violencia policial y reconocieron que estas prácticas son recurrentes también en el estado de Jalisco en contra de las mujeres; aseguraron que en medio de este contexto las fuerzas policiales además de agredirles de manera directa y cometer abusos, el sistema de seguridad y procuración de justicia mantiene una deuda pendiente al no detener y sancionar a sus agresores. 

Dalia Souza / Zona Docs

“Queremos recordar a Victoria, Victoria la madre, Victoria la hija, Victoria la hermana, Victoria la migrante, Victoria la mujer, esa que salió un día de El Salvador con un objetivo en la mente: seguridad, estabilidad, libertad, una vida digna pero que a cambio recibió de México muerte” afirmaron mujeres integrantes de diversas colectivas del Frente Feminista de Jalisco que convocaron a manifestarse frente a las puertas de Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Guadalajara para exigir “Justicia para Victoria”.

Victoria Salazar mujer originaria de El Salvador fue asesinada el sábado 27 de marzo por cuatro policías de Tulum en el estado de Quintana Roo, luego de que le sometieran con brutalidad y le causaran una fractura en la parte superior de la columna vertebral por el uso excesivo de la fuerza ejercido durante su detención. La mujer de 36 años había huido de la violencia de género que sufría de parte del padre de sus dos hijas y contaba con una visa humanitaria en México.

“Victoria no murió, Victoria fue asesinada. A Victoria la asesinó la indiferencia, a Victoria la asesinó el desamparo, a Victoria la asesinó el odio, el despreció, la xenofobia, la violencia estructural, la misoginia, a Victoria la mató el sistema, el Estado fallido de El Salvador, la mató el Estado podrido de México a través de brazo armado: la pinche policía” denunciaron con megáfono en mano y frente a la mirada de más de 50 policías estatales y agentes viales que resguardaban con vallas metálicas el edificio de cantera.

Las mujeres que se manifestaron la tarde de este miércoles 31 de marzo, en su mayoría jóvenes, recorrieron las calles del centro de Guadalajara para demostrar el hartazgo que les genera el sistema de seguridad mexicano a través de sus fuerzas policiales. Una a una, narraron las experiencias de abuso físico, sexual y de autoridad que han experimentado a lo largo de su vida por elementos de estas corporaciones de seguridad.

“Tenía 13 años, estaba junto con unos amigos en el parque cuando unos policías, entre ellos una agente mujer, nos detuvieron y nos subieron a su patrulla. La policía me bajó los pantalones y me introdujo uno de sus dedos en mi vagina para ´ver si no traía droga´” expuso una de las asistentes.

Otra de las jóvenes, relató que hace algunos años fue detenida también por elementos de la policía mientras se encontraba con sus amigos; recuerda que en el momento de la detención recibió insultos como “puta” y “zorra” por parte de los agentes, quienes, además, intentaron violarla en la cabina de la patrulla:

“Si quiero ahorita te desaparezco, pero primero me doy grasa” le dijo uno de los policías.

“Me quiso levantar la blusa, pataleé, grité, mis compas empezaron a gritar porque estaban en la otra patrulla, se arrimaron otros dos puercos y me quisieron violar” denunció ante la mirada y escucha de las policías que protegían el recinto.

Relató que los agentes policiales le decían que “si se dejaba” no la llevarían a los separos, por supuesto que se negó: “¿a poco creen que le tengo miedo a una puta celda?” recuerda las palabras con las que los confrontó. Después la amenazaron: “si dices algo de lo que pasó te va a cargar la verga”.

Cuando estuvo frente a un Ministerio Público y denunció lo que le habían hecho, no sucedió nada, “les valió pito” dice. Después, la llevaron a un cuarto donde la desnudaron, la tocaron y le “hicieron lo que quisieron” para finalmente encerrarla en “una celda alejada de todas”.

Luego de un tiempo sus familiares llegaron por ella, pagaron la fianza y cuando también intentó hablar con un abogado para denunciar lo que le había sucedido le advirtieron que “mejor ni la hiciera de pedo”.

Entre los testimonios también prevalece la decepción y el hartazgo hacia el sistema de procuración de justicia,el cual ha dejado en libertad a la mayoría de sus agresores.

“Yo denuncié y no hubo justicia” señalaba el cartel de Shedani y junto a esta frase la copia de su denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco. La joven de 20 años narró que el 7 de marzo de 2020 fue agredida por Marco Antonio “N” conductor de la plataforma Didi, el cual aún permanece libre y sin recibir una sanción.

“Un hombre intentó secuestrarnos y desaparecernos a mí y a mi amiga, pero pudimos huir. Cuando intentamos denunciar los policías nos dijeron que no podían detenerlo porque no nos había hecho nada”, afirmó una de las jóvenes que decidió contar su historia.

Por ello, con la certeza que les provee la experiencia misma, denunciaron que: “queda claro que para el gobierno y el sistema judicial nunca hemos importado”.

Finalmente, sumadas a la exigencia nacional de “Justicia para Victoria”, demandaron a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo el enjuiciamiento de los cuatro elementos de la policía municipal de Tulum por el delito de feminicidio: “no queremos simulaciones”, sentenciaron y advirtieron: “Victoria no murió la mataron y vamos a quemarlo todo si es necesario”.

“En México los policías son criminales con autoridad de matar, reprimir, violar y acosar mujeres con total impunidad, estamos hartas de vivir con miedo y de tener que exigir justicia. Estamos hartas de que las fuerzas policiales estén aquí protegiendo monumentos en lugar de darnos resultarnos y protegernos” concluyeron.

https://www.zonadocs.mx/2021/03/31/mujeres-en-jalisco-protestan-por-el-feminicidio-de-victoria-salazar-y-exigen-alto-a-la-violencia-policial/

Estudiantes respaldan a Estefanía y exigen a la UADY espacios sin violencia (Yucatán)

Claudia Arriaga / Haz Ruido

Al grito de “¡la UADY no me cuida, me cuidan mis amigas!”, las jóvenes protestaron en las puertas de la Facultad de Medicina tras darse a conocer el caso de abuso sexual.

Mérida, Yucatán, 31 de marzo del 2021.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) protestaron a las puertas de la Facultad de Medicina en respaldo a la joven Estefanía Balam Campos, quien denunció que durante sus prácticas profesionales en el Centro de Rehabilitación Arca de Noé fue víctima de abuso sexual. Además, exigieron a las autoridades académicas que tomen acciones que garanticen espacios seguros de cualquier violencia de género contra las mujeres.

Una de las estudiantes que acudió a apoyar a sus compañeras enfatizó que buscan visibilizar la violencia que viven cuando estudian, la cual muchas veces no denuncian por vergüenza y miedo.

“A toda la sociedad le pido que tenga empatía, porque el hecho de que ustedes o sus familias no vivan esto, no quiere decir que no exista. Lo estamos visibilizando porque nuestras compañeras sienten que las van a rechazar y criticar como muchos de ustedes han hecho”, explicó.

Lamentó que para muchas personas estos temas no son relevantes y se burlan. “Que piensen si es justo que por venir a estudiar y superarnos tenemos que pasar por todo esto, yo creo que no”, abundó.

Al grito de “¡la UADY no me cuida, me cuidan mis amigas!”, las jóvenes instalaron un tenedero a la puerta de la Facultad. Además, recordaron que la Universidad no solo ignora sus denuncias, sino que contribuye a revictimizarlas cuando en lugar de solucionar el problema, son ellas las que tiene que esconderse.

“No es justo que mis sueños se trunquen por alguien que me acosa, por un directivo, un secretario o una persona que simplemente me violenta. Exijo servicios sociales dignos de sentirnos seguras y no simplemente nos muevan de un lugar por el cual luchamos, en una institución en la cual nosotras luchamos por mantener un promedio alto”, comentó otra estudiante.

Sobre el caso de Estefanía Balam, la UADY informó que después de hacerse público, terminó la relación con el Centro de Rehabilitación Arca de Noé y que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Yucatán.

Sin embargo, la joven exhibió en redes sociales que el director de la Facultad de Medicina, Carlos José Castro Sansores, lejos de darle seguimiento al caso respondió que como era alumna egresada ya no era de su competencia. De nada sirvió que la joven pidiera ayuda hace dos años, cuando ocurrieron los hechos, pues la docente encargada de las prácticas profesionales, María del Rosario Barradas Castillo, la ignoró.

https://www.hazruido.mx/reportes/estudiantes-respaldan-a-estefania-y-exigen-a-la-uady-espacios-sin-violencia/

Ser Trans y vivir con una discapacidad, el desafío a la doble exclusión (Chihuahua)

FOTOGRAFÍA: Verdad Juárez

Hablar sobre sexualidad y diversidad sexual de las personas con discapacidad, cualquiera que esta sea, es un tabú dentro de la sociedad, que por su condición los infantiliza, les quitan derechos, los nulifica

Karen Cano / La Verdad

Tras un virus que afectó a sus oídos, Erick Eduardo Márquez Altamirano, activista LGBT, perdió la capacidad de escuchar desde el 2015, situación que  lo obligó a aprender el Lenguaje de Señas Mexicanas.

“Pensé que ya no iba a escuchar nada, pero he podido recuperar poco a poco. Un oído si lo perdí, pero del otro sí mejoré”, relata al exponer cómo esta discapacidad afecta a las personas cuya identidad no es heteronormativa, excluyéndoles de diversos espacios ya no sólo por su identidad de género o preferencia sexual, sino también, por su incapacidad para poder comunicarse.

“Afortunadamente yo contaba con conocimiento y una gran red de apoyo, pero hay diversos estudios que indican que el 95 por ciento de las personas que nacieron sordas no saben leer ni escribir, entonces no cuentan con un canal de comunicación”, explica.

Una condición que, asegura, impide que se cuente con una adecuada educación sexual o que difícilmente sean informados e informadas acerca de sus derechos y temas relacionados a la diversidad.

Esto es reflexionado por Erick en el marco del Día de la Visibilidad Trans, fecha que conmemora la defensa de los derechos humanos de esta población, así como la necesidad de hacerlos visibles en la comunidad.

El también docente y experto en educación especial reconoce que hablar sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, cualquiera que esta sea, es un tabú dentro de la sociedad, pues se tiende a infantilizar a las personas que poseen alguna, e incluso, se les minimiza en la mayoría de los casos, y se les considera incapaces de tomar decisiones.

“En las familias con hijos con discapacidad se desarrolla un duelo, y la única manera que han encontrado de sanarlo es por medio de las religiones, que los abrazan, y empiezan a nombrar a sus hijos como ‘angelitos’. Les empiezan a infantilizar y hasta les quitan derechos, los nulifican”, expone.

Además, ambas vulnerabilidades, como son la discapacidad y el ser transexual o transgénero, ya representan por sí mismas una razón de discriminación en diversos espacios, lo que duplica las dificultades de estas personas al momento de querer obtener un trabajo, querer pertenecer a espacios académicos, o simplemente solicitar un servicio cualquier en instancias gubernamentales.

“En el caso de las mujeres trans, sordas, ellas reciben una triple discriminación, por ser trans, por ser sordas y por ser mujeres. Al final, todo recae en que no existe un canal de comunicación; y si ya de por sí las cosas son difíciles para las personas trans oyentes, para alguien que ni siquiera puede defenderse es peor”, indica.

A ello añade que la enseñanza del Lenguaje de Señas Mexicanas no es de fácil acceso, que prácticamente ninguna instancia gubernamental cuenta con interpretes para poder atender a las personas que no escuchan y que la mayoría de las personas sordas ni siquiera culminaron la escuela por estas razones.

Erick es desde el 2017 activista en pro de los derechos de las Personas Sordas y en 2018 fue nombrado Coordinador de la Sociedad Civil de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, Paso del Norte, primera empresa dedicada en este rubro en la ciudad.

Actualmente pertenece al colectivo Red Solidaria Trans, en el cual orienta a personas de la comunidad LGBT que son sordas, para que puedan acceder al ejercicio de sus derechos.

Este miércoles 31 de marzo, estará presente en el conversatorio “Diversidad y visibilidad TTTrans” que se realizará a través de redes sociales a partir de las 6 de la tarde.

El organizador de esta actividad es Daniel García Salinas, fundador de la Red Solidaria Trans, y activista por los derechos de esta comunidad, y relata que en un principio este colectivo se ideó específicamente de los hombres trans, pues son quienes culturalmente tienden a no querer ser visibilizados.

Sin embargo, a él también se han unido mujeres trans, y en general la red se ha enriquecido por personas que aportan desde diversas aristas en defensa de sus derechos.

“Además de visibilizar los problemas de violencia y discriminación también es importante la visibilidad de los derechos ganados, de que las personas sepan que existen, por ejemplo, protocolos de atención de salud, que la gente sepa que tiene derecho a exigir cosas porque así lo dicta la ley”, explica

Ser Trans y vivir con una discapacidad, el desafío a la doble exclusión

Minera Cuzcatlán opera en Oaxaca sin consentimiento de 9 comunidades

La cooperacha / Redacción.


Foto: Avispa Midia

Rechazan cualquier apoyo de la minera canadiense, exigen su cancelación y salida del territorio.

Comunidades de Valles Centrales de Oaxaca, expresaron su rechazo a la actividad en sus territorios de Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, además reiteraron que su principal demanda es su cancelación.

El 24 de marzo se publicó un reportaje que documentó informes oficiales sobre la contaminación de cuerpos de agua con materiales tóxicos en niveles superiores al 1,845% de lo permitido en la norma mexicana, y donde se demostró que en lugar de dichos informes se aceptaron los de la minera canadiense para dejarla sin responsabilidades.

Luego de ello, el director de la Compañía Minera Cuzcatlán, declaró en medios que la mina “San José” no ha contaminado arroyos y ríos de la región, y que la empresa ha brindado apoyo a las comunidades y tiene “buenas relaciones” con ellas.

Ante ello, EI Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, donde se agrupan 9 comunidades, desmintió los dichos y destacó que sus asambleas comunitarias han prohibido cualquier actividad que pretenda explotar los bienes comunes, incluidos los minerales, por lo que la minera opera sin su consentimiento.

A través de una carta pública firmada por representantes comunitarios de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro y La Noria de Ortiz, San Nicolás Yaxe, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Santa Catarina Minas, Los Ocotes y El Vergel, así como de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), acusaron que la minera contamina el agua de la región, cuyos niveles han bajado en 10 años de explotación minera.

Señalaron que la minera opera en la ilegalidad, ya que construyó 75 obras irregulares no declaradas en el Manifiesto de Impacto Ambiental original (2009-2021), por lo que la empresa ha presentado una nueva MIA para regularizar dichos trabajos y explotar la mina por 10 años más.

Exigieron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no autorice la MIA porque no se consideran los impactos sinérgicos, residuales y acumulativos del proyecto.

“No queremos ningún apoyo de la empresa minera, expresamos que nuestra demanda principal es la cancelación del proyecto minero y la salida de nuestros territorios en respeto de nuestro derecho a la libre determinación”, apuntaron.

https://lacoperacha.org.mx/minera-cuzcatlan-opera-sin-consentimiento-comunidades-oaxaca/

“Dispararon sin importarles que dejara hijos huérfanos”: familia de guatemalteco asesinado por militar

Elvin Mazariegos Pérez tenía tres hijos y trabajaba como camionero llevando mercancías para vender en Tacaná, Guatemala

Cuartoscuro Archivo

Alberto Pradilla/ANIMAL POLÍTICO

Elvin Mazariegos Pérez, de 31 años, fue asesinado mientras cubría un trayecto que conocía de memoria. Trabajaba como camionero y pasaba muchas jornadas realizando el camino entre Tacaná, departamento de San Marcos, en Guatemala, y Motozintla, en Chiapas, México. El lunes regresaba hacia su casa con su amigo Dylan y otra persona cuando, aproximadamente a las 13:00 horas, encontraron un retén del ejército mexicano en Bacantón, Mazapa, los últimos kilómetros de México antes de llegar a la frontera. Al parecer, quisieron darse la vuelta, pero uno de los soldados disparó contra ellos, matando a Elvin, que viajaba en el asiento del copiloto.

Una “reacción errónea” para Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa y una “actuación impropia” para Olga Mazariegos Pérez, hermana de la víctima.

“Él estaba viniendo a la casa, porque teníamos una actividad y le estábamos esperando. Nos llamó unos minutos antes diciendo que llegaba, pero nunca llegó”, dice Olga, que no se explica lo ocurrido.

“La verdad, no sé qué pasó, porque nos dijo que no traía nada ilegal en el carro”, asegura. Entre las hipótesis que baraja, la de evitar problemas. “Nosotros estamos acostumbrados a que los soldados pidan dinero para unas aguas, no saben lo que cuesta llevar el dinero a la casa”, se queja.

El fallecido estaba casado y tenía tres hijos, las dos primeras de 8 y 5 años, y el menor de 3. “Él era el que se hacía cargo de la familia”, explica Olga, mayor que Elvin, que era el tercero de sus seis hermanos.

La zona en la que vivía Mazariegos Pérez y en la que fue asesinado es un lugar en el que México y Guatemala se difuminan. No hay aduana migratoria y los vecinos de los municipios cercanos cruzan a un lado y otro sin problemas y, sobre todo, sin papeles. Por ejemplo, el 10% de la población de Tacaná vive de comerciar con los productos que compra en Motozintla, según explica Eulalio de León, alcalde del municipio guatemalteco.

Estos pasos ciegos también son utilizados para el tráfico de migrantes irregulares o de mercancías ilícitas, que pueden ser tanto drogas como combustible. Son lugares que también dan pie a corrupciones como la que denuncia la guatemalteca. Una ayuda a la autoridad a cambio de que no haya una inspección rigurosa. Según su hermana, la victima ya había sufrido en alguna ocasión tener que pagar estas mordidas. Aunque, en este caso, la camioneta iba de regreso a Guatemala.

Operativo contra la migración

Que los militares del XV Regimiento de Caballería Motorizada estuvieran desplegados en la zona no es casualidad. En las últimas semanas se incrementaron los operativos de Ejército, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciara una ofensiva para impedir el paso de migrantes a petición del ejecutivo de Estados Unidos.

En teoría, personas como Mazariegos Pérez deberían disponer de su tarjeta de visitante regional, que le permite acceder de Guatemala a Chiapas legalmente. Sin embargo, a lo largo de toda la frontera se cruza indistintamente sin esta documentación, ya que las vidas de los municipios a ambos lados de la línea están interconectadas.

Lo que sabemos hasta ahora es que el piloto trató de dar la vuelta y que un militar mató a su acompañante. “Cuando los soldados se dieron cuenta trataron de auxiliar, estaban arrepentidos”, dice Olga. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Su hermano estaba muerto y decenas de lugareños, mexicanos y guatemaltecos, habían capturado a 15 soldados, sus vehículos y sus armas.

La intervención del ejército guatemalteco y las negociaciones con los mexicanos permitieron la liberación de los oficiales, que aparecen en algunos videos siendo filmados mientras dicen su nombre y graduación. Al mismo tiempo, la Sedena estableció un cauce directo con la familia para hablar de reparación. Según la hermana de la víctima ofrecieron dinero, aunque no quiso especificar cuánto. Por el momento se hicieron cargo del traslado y del ataúd. El resto habrá que negociarlo.

La familia busca que la Sedena pague una manutención a los tres hijos de Elvin hasta que sean mayores de edad.

“No quisieron dar a conocer qué soldado había agredido y cómo van a quedar los tramites”, explica Olga. Por eso las negociaciones no están cerradas. Está previsto que el jueves o el viernes, cuando Mazariegos Pérez ya haya sido enterrado, una delegación de la familia acuda nuevamente a Motozintla para dialogar. Por el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que el soldado está detenido. Pero la familia de la víctima no termina de fiarse.

Pagar para eludir responsabilidades

Los convenios privados para evitar que otras autoridades intervengan en los casos en los que el Ejército mata a civiles es una práctica habitual para Sedena. De hecho, Animal Político documentó cómo 187 víctimas recibieron cuantiosas indemnizaciones a cambio de confidencialidad y de que sus casos no fueran reportados, por ejemplo, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Parece que este va a ser también el modo en el que el Ejército trate de resolver el asesinato de un civil desarmado. En un primer momento, las versiones que circularon en la prensa local era que Mazariegos Pérez había empuñado un arma. Era mentira, pero la reacción es habitual: primero, culpar a la víctima. “Al principio no quisieron hacer nada. Ellos decían que no hicieron caso. Por eso la gente se enfadó. Ahora reconocieron el error”, explica.

Parece lógico preguntarse qué hubiese ocurrido si decenas de personas no hubiesen capturado a los soldados para exigir justicia. Quién sabe si se hubiese reconocido la responsabilidad sobre los hechos con tanta contundencia. Ellos aceptaron el error, que actuaron de manera impropia, que no es justo lo que hicieron. Dispararon sin importarles que dejaban una esposa viuda y tres niños huérfanos”, se queja Olga.

La noche fue de dolor en el caserío La Esperanza, donde fue velado Mazariegos Pérez. Su hermana lo recuerda como un hombre al que le gustaba el fútbol, salir a divertirse y compartir con su familia. El miércoles a las 10 estaba previsto que se celebrase el entierro.

Tras el luto llegará el tiempo de la justicia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido durante toda la semana en que el Ejército no viola los Derechos Humanos y que si hay algún caso, se investiga y se juzga. La familia del guatemalteco asesinado en un retén ya sospecha que los militares tratan de cubrir al que apretó el gatillo. “Y nosotros lo que queremos es justicia”, reiteran.

Con información de Gilberto Escobar

https://www.animalpolitico.com/2021/03/dispararon-sin-importarles-que-dejara-hijos-huerfanos-familia-de-guatemalteco-asesinado-por-militar/

Familias buscan a obreros desaparecidos en Cancún (Quintana Roo)

Alejandro Castro, Adriana Varillas, Cecilia Suárez y Eric Galindo* / Proceso

Cada día, más de 35 mil obreros construyen nuevos resorts y hoteles de lujo en Cancún y su área conurbada de Isla Blanca -una de las zonas con mayor potencial turístico-, para satisfacer los estándares de turistas que visitan uno de los destinos más importantes de América Latina.

Movidos por la carencia económica y la esperanza de mejores condiciones de vida, hombres y, en menor proporción, mujeres, migran desde zonas marginadas del sureste de México para trabajar en la construcción de hoteles en Cancún y la Riviera Maya.

Pero el crimen organizado se ha infiltrado en esta potente industria, confirman testimonios de extrabajadores y reconocen autoridades de seguridad, turismo, trabajo y los propios representantes del sector hotelero, de acuerdo con una investigación realizada para Proceso en alianza con Connectas.

Trabajando entre los hampones, los obreros de la construcción son extorsionados con cuotas semanales por “derecho de piso”. Si no se “alinean”, son torturados o desaparecidos.

La Fiscalía General de Quintana Roo, de acuerdo con una respuesta oficial, cuenta con 18 carpetas de investigación abiertas por desaparición de personas relacionadas con la industria de la construcción. No obstante, el fiscal Oscar Montes de Oca Rosales ha sostenido públicamente que se investiga la desaparición de nueve obreros solamente.

El mismo número de casos está en la Comisión de Búsqueda del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con su directora Luz Margarita González López.

Con condiciones económicas adversas, dificultades para viajar a Cancún a revisar sus expedientes, falta de conocimientos en materia jurídica y falta de acompañamiento, para las familias buscar a sus desaparecidos se ha convertido en una odisea.

De acuerdo con familiares entrevistados, en todos los casos las constructoras donde laboraban no han accedido a proporcionar información que ayude a dar con el paradero de los obreros, incluso en algunos casos se negó que se hayan presentado a laborar el día que fueron desaparecidos, relatan.

En noviembre de 2020, elementos de la unidad de Servicios Periciales de la FGE localizaron osamentas de cuatro personas en un lote contiguo al hotel Planet Hollywood. Hasta el momento solo se ha identificado y entregado a la familia los restos de William Ariel Llanes.

En diciembre de 2020, tras los hallazgos, el fiscal Montes de Oca Rosales se comprometió en una reunión pública a reunirse de manera frecuente con familiares de las víctimas para informar sobre avances en las investigaciones. A cuatro meses, ninguna reunión se ha concretado, aseguran las familias.

Ángel de la Cruz

Originario de Macuspana,Tabasco, Ángel de la Cruz tenía cuatro días trabajando en el hotel Planet Hollywood cuando fue torturado por primera vez, el sábado 18 de julio de 2020. Cuando su familia pudo contactar con él, ya por la noche, Ángel les pidió que le avisaran a su patrón, Manolo, que lo habían golpeado y lo tenían en un sitio recóndito del hotel, para que lo fuera a buscar.

Aunque la familia le dio aviso, Manolo se rehusó a ir. Cerca de la media noche, el padre de Ángel recibió una llamada de un número desconocido, era Ángel. Contó que lo habían golpeado y robado su pago semanal. Esa llamada fue la última que su familia tuvo con él. El 21 de julio dos sujetos encapuchados lo sustrajeron de su lugar de trabajo, según pudo averiguar su padre.

“Empezamos a investigar por qué y nos dijeron que era porque debía derecho de piso su patrón y tenía que pagarlo”, narró su papá. Días después un sujeto desconocido que se identificó como “el comandante negro” le llamó. Le aseguró que Ángel había sido dejado “de aval” por el derecho de piso que no había pagado el contratista, Manolo.

En diciembre de 2020, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se comunicó con la familia para informar que había posibilidades de que una de las osamentas encontradas en un lote contiguo al Planet Hollywood fuera la de Ángel.

“Que según tenía todos los rasgos de mi hijo. Yo le dije, ‘cómo van a saber que es mi hijo si yo no he dejado ningún ADN”, comentó su padre. Cuando acudió a la Fiscalía le comentaron que los resultados de los exámenes de ADN estarían listos en cuestión de horas y podrían iniciar los trámites para el traslado del cuerpo. También le sugirieron no hablar con otros familiares de desaparecidos.

La familia solicitó a la FGE llevar a cabo exámenes más minuciosos para corroborar la identidad del cuerpo. Desde entonces no han vuelto a comunicarse, afirman.

Jesús Moisés Gómez

Nativo de Valladolid, Yucatán, Jesús Moises Gómez terminó la secundaria y se trasladó a Cancún con su padre para emplearse como ayudante de electricista en las obras de construcción. Tenía cinco meses trabajando en el hotel Catalonia cuando fue desaparecido el 10 de enero de 2020.

Ese día salió temprano a trabajar y no llegó a dormir al lugar donde rentaba con su padre. Al día siguiente, la familia inició la búsqueda e intentó contactar con sus compañeros de trabajo, tanto en la calle como en las redes sociales.

A través de Facebook varias personas respondieron a las publicaciones de búsqueda por mensajes privados. Le contaron que él se presentó a trabajar ese viernes y, al mediodía, dos hombres encapuchados se lo llevaron. Le dijeron frente a los demás “que no le iba a pasar nada”. Desde entonces no se sabe de él.

“Lo bajaron al sótano y pensaron que solo le iban a dar unos tablazos, pero ya no salió del sótano”, contó el hermano de Moisés, de acuerdo con la información proporcionada por otros empleados.

Su jefe directo, cuando pudieron contactarlo, negó a los familiares que se hubiese presentado a trabajar.

La familia de Moises reprocha la actuación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), pues aseguran que no se han hechos las diligencias mínimas para dar con su paradero, como la revisión de la última ubicación de su celular o de las cámaras de seguridad.

En una primera denuncia interpuesta la familia describió a la Fiscalía el lugar y fecha de donde fue desaparecido. Pero al revisar el expediente, se dieron cuenta que el nombre del hotel Catalonia fue suprimido, sin aparente razón. Eso les obligó a presentar una segunda denuncia. Hasta el momento desconocen su paradero y la identidad de los posibles responsables.

William Ariel Llanes

Originario de Cancún, William Ariel Llanes trabajaba como pulidor de pisos en la Zona Hotelera de este destino turístico. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, la explotación laboral incrementó y se vio obligado a buscar empleo en otra parte, relata su madre. Fue así que, por invitación de un conocido, llegó a las obras del hotel Planet Hollywood como ayudante de tablarroca.

Tenía una semana trabajando cuando fue desaparecido, el 15 de septiembre de 2020. A su esposa le avisaron a las 11:00 horas que William no se había presentado a trabajar.

Acudieron a las cárceles y hospitales locales, pero no estaba. Un rumor de que William se encontraba en el Centro de Reinserción Social de Cancún levantó la esperanza de encontrarlo con vida, pero se trató de una confusión.

El 21 de noviembre de 2020 elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Guardia Nacional realizaron un operativo en las inmediaciones del hotel Planet Hollywood, en Isla Blanca, un día después de la detención de tres sujetos vinculados a crímenes dentro de las obras de construcción. Ahí se hallaron más de 100 fragmentos óseos.

Siete días después, el 28 de noviembre, la FGE llevó a cabo un segundo operativo, en el que localizó más osamentas. Días después, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía, informó a la madre de William que algunos de los restos encontrados correspondían al cuerpo de su hijo, identificado principalmente por la forma particular de un colmillo. El anuncio se dio en una reunión pública con familiares de víctimas y con presencia de la prensa. Ante el impacto de la noticia, la madre salió corriendo del edificio envuelta en llanto, sin ningún familiar cerca.

Aunque la constructora negó que William se hubiese presentado a laborar, sus restos fueron ubicados en las cercanías del hotel junto con otras osamentas. “Él no sabía el riesgo que corría al ir a ese hotel. Yo había escuchado comentarios, pero jamás me imaginé que a mi hijo le iba a pasar eso, que ya no iba a regresar a su casa con su familia”, describe la madre.

Rubiel Robles

Nativo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Rubiel Robles desapareció el 2 de agosto en la zona de Puerto Aventuras, en la Riviera Maya. Trabajaba en una construcción cerca de Chemuyil. Sin embargo, meses atrás laboró en el hotel Planet Hollywood. Ahí lo obligaban a adquirir drogas, sin importar si las consumía o las vendía, semanalmente las tenía que pagar, llegó a contar a su padre vía telefónica. “Los desaparecían al que no entregaba el dinero”, narró el papá, de Rubiel. “Todos están coludidos, los del hotel, los de seguridad”.

En este hotel, ubicado en Isla Blanca, Rubiel laboró por dos años, pero el problema vino cuando abandonó la construcción y se fue a otra parte. Había contado a su familia que tenía planes de regresar a Chiapas, por la misma situación de inseguridad. Todos los días hablaban con él vía telefónica y les expresó miedo. Sin embargo, también les contaba que no le hacían nada porque su patrón lo protegía.

Del patrón, a quien identifican solo como “Pedro”, no han sabido nada. Rubiel era su empleado de confianza. El padre sospecha de su entonces pareja, quien lo llevó a trabajar al hotel. Ella, presuntamente, tiene nexos familiares con personas dedicadas a la extorsión y tráfico de drogas dentro de las obras.

Cuando la familia de Rubiel se enteró de la desaparición acudió a las oficinas de la Fiscalía de Tulum, la cabecera municipal más cercana de donde fue visto por última vez, para interponer una denuncia. Frente al padre de Rubiel, elementos de la policía ministerial le señalaron un altero de documentos, supuestamente con 150 investigaciones. “Nos dijeron que no podían investigar porque solo eran seis patrullas y que no podían investigar hasta que tuvieran recursos para la gasolina”, describió.

Quedaron de comunicarse con él vía telefónica, cuando hubiese condiciones para investigar. Seis meses después no ha llegado esa llamada, por lo que la familia ha decidido emprender una búsqueda por cuenta propia, sin las autoridades.

Carlos Alfredo de la Cruz

Originario de Villahermosa Tabasco, Carlos Alfredo de la Cruz trabajaba en las obras del residencial Puerto Cancún, pero dejó de percibir su salario completo, por lo que junto con sus compañeros decidió hacer una protesta el viernes 26 de junio de 2020.

Un día después les pagaron los salarios atrasados y el lunes siguiente comenzó a trabajar en otra obra, el hotel Planet Hollywood. Estuvo algunos días en capacitación y se incorporó a trabajar el día jueves de esa semana. Pero un día después, el viernes 2 de julio, fue desaparecido.

Por la noche su familia intentó comunicarse con él, pero no fue posible. Tras una espera de más de 48 horas presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE). Hilda C, hermana de Carlos, entrevistada a finales de enero de 2021, manifestó sus sospechas de que se haya tratado de una represalia por la protesta en Puerto Cancún.

La familia se apersonó en varias ocasiones al hotel e, incluso, presenció el hallazgo de osamentas en las inmediaciones del Planet Hollywood. Desde su desaparición, Hilda C inició un movimiento en redes sociales por los desaparecidos en este hotel y articuló un grupo de contacto con familiares de otras víctimas.

Asimismo, fue la cara más visible entre las familias de desaparecidos en varias protestas realizadas, tanto en las inmediaciones del Planet Hollywood como en las oficinas de la FGE en Cancún.

El pasado 27 de febrero, la FGE informó a través de un comunicado que Hilda fue detenida junto con otras cuatro personas, acusada de secuestro y asesinato. De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, las personas privadas de la libertad (madre e hijo) acudieron a una cita con quienes se hicieron pasar como interesados en comprarles una camioneta. Sin embargo, los privaron de la libertad y los llevaron a una casa de seguridad, donde los mantuvieron cautivos y a uno de ellos le quitaron la vida. Asimismo, la FGE informó que lograron la captura luego de que los inculpados intentaron huir.

Otras versiones del caso han surgido. El 25 de febrero por la noche, día de la detención, Hilda dio una entrevista al medio digital Descontento Ciudadano. Frente a sus cámaras, denunció que policías irrumpieron en su domicilio, rompieron candados, se llevaron a su hermano y robaron dos celulares. Hasta el momento se desconoce si ella fue arrestada horas más tarde.

Familiares de las otras víctimas han señalado que podría tratarse de una represalia por su activismo. La FGE no ha dado mayor información sobre el caso desde entonces.
*Esta investigación fue realizada para Proceso y Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) dentro de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/30/familias-buscan-obreros-desaparecidos-en-cancun-261067.html

Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal

Ilustraciones: Fernanda Kovacs

Dalia Souza – Ximena Torres / Zona Docs

Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.

Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.

Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.

Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.

http://zonadocs.mx/especiales/Mujeres-y-tortura-en-Jalisco/

No solo fue Victoria Salazar: en 2020, Quintana Roo acumuló 134 quejas por detenciones arbitrarias

Arturo Ordaz / La-Lista

El caso de abuso policial contra Victoria Salazar no es el primero en Quintana Roo. El asesinato por parte de elementos policiacos del municipio de Tulum contra la mujer de origen salvadoreño se suma a una serie de detenciones arbitrarias y abusivas registradas en la entidad.

De enero a septiembre de 2020, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo reportó 134 quejas por detención arbitraria. Casi una cada dos días.

Las visitadurías generales con mayor número de reportes son las ubicadas en los municipios de Solidaridad, con 45 quejas, y la de Benito Juárez, con 43. En este último fue donde policías municipales dispersaron con disparos la marcha feminista para exigir justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alexis.
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Detención de Victoria Salazar por parte de policías de Quintana Roo. / Foto: Especial.

La visitaduría general de Othón P. Blanco acumula 15 quejas; la adjunta de Bacalar, ocho, y la de Felipe Carrillo Puerto, una. Mientras que la correspondiente a José María Morelos y Pavón registra dos; la de Tulum, ocho; la de Cozumel, nueve; y las de Puerto Morelos, Lázaro e Isla Mujeres, una cada una.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define una detención arbitraria cuando “una autoridad pública priva de la libertad a una persona sin cumplir con el debido proceso y las garantías judiciales de la persona que es detenida”. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que este acto se puede dar bajo las siguientes condiciones:

Cuando no hay normas, reglamentos o leyes que indiquen la existencia de un delito.
Se produce una detención por ejercer derechos y libertades.
No se sigue el proceso de detención establecido en las leyes o no se tienen pruebas o evidencia de la comisión de un ilícito.
Se genera un juicio que no cumple con el debido proceso establecido en las normas del marco jurídico mexicano e internacional para su realización.

La CNDH también señala que estos actos se ejercen comúnmente por autoridades de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo también se pueden cometer por policías federales, estatales o municipales.
Foto: Presentación CNDH.

Con cascos y escudos, policías municipales golpearon en el piso a Wendy Galarza y a su novio. La noche del 9 de noviembre de 2020, elementos de la fuerza pública dispersaron con balazos en el aire una manifestación en el Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo. Todo ello derivó en ocho detenciones arbitrarias: siete fueron mujeres y dos de ellas denunciaron ser víctimas de violación, según el informe realizado por Amnistía Internacional México.

En junio de 2020, policías de Quintana Roo detuvieron con violencia a cinco activistas que trataron de evitar la demolición del parque principal. Ante ello, el secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, aseguró que no mandó ejecutar ese tipo de órdenes.

“A las 19:22 horas del día de ayer ordené a todos los mandos policiales en el estado adheridos al mando único supervisaran personalmente el actuar del personal a su cargo, poniendo mayor atención de la acostumbrada para evitar excesos, errores o abusos contra la ciudadanía. Lamentablemente en el caso de Puerto Morelos no se acató esa instrucción y se actuó sin planear, evaluar y medir las consecuencias“, afirmó el funcionario local vía Twitter.

Por su parte, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 reportó que el periodista Jorge Ugalde fue víctima de amenazas, golpes e intimidaciones por parte de policías municipales y de tránsito de Cancún. La última agresión se reportó el 16 de septiembre de 2020 a las 00:30 de la madrugada durante un retén. Los elementos detuvieron al comunicador por no contar con la tarjeta de circulación, aunque tenía los documentos que acreditaban una cita para su reposición.

Esto se suma a más siete agresiones que ha documentado Artículo 19 desde el 2019 en contra de periodistas, incluida la detención y tortura de Raúl Fernández, director de Descontento Ciudadano Qr. La organización ha exhortado a la policía estatal y del municipio a conducirse bajo los estándares de protección a derechos humanos y libertad de expresión.

“La culpa es el del policía, pero la responsabilidad es el Estado”

Los casos de Giovanni López, quien fue asesinado tras ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como el asesinato de Yair López por elementos policiacos en Tijuana, revelan fallas en la actuación policiaca. “¿Los policías de México están matando a personas en detención? ¿Qué es lo que les enseña el Estado mexicano respecto a sus obligaciones y la forma de cumplir la garantía de los derechos humanos de los detenidos?”, cuestiona Daniel Gómez-Tagle, especialista en fuerza pública y derechos humanos.

En entrevista para La-Lista sugiere impulsar una reforma integral a la policía, ya que el mayor problema que detectó fue que a los adscritos se les imparte un modelo de formación estadounidense con fundamentos bélicos.

“En tanto México siga copiando el modelo americano vamos tener estos casos, lo que tenemos que hacer es una reforma policial que incluya una armonización del marco jurídico nacional de las leyes que abarcan la función y actuación policial”, agrega.

También, dice, habría que diseñar mecanismos de revisión externa para esta institución. Sobre todo para el mando único que se creó en Quintana Roo, un modelo que centraliza la ejecución y responsabilidades de la fuerza pública sobre la policía estatal.

“Evaluar si está funcionando (el mando único) o alguno de los eslabones más débiles que son los mandos locales o si es algo de gobierno. No hay mecanismos para hacer esa evaluación y tenemos que hacerlo desde la prensa o las redes”.

En mayo de 2019, nueve de los 11 municipios de ese estado firmaron el pacto que unifica la coordinación de las fuerzas públicas, sin embargo, las regiones de Solidaridad y Othón P. Blanco no participaron. Por ello, Gómez-Tagle llama a revisar la funcionalidad de este modelo por la abstención de dos municipios.

“La culpa es de la policía, pero la responsabilidad es el Estado”, enfatiza el especialista.

https://la-lista.com/derechos-humanos/2021/03/30/noticias-quintana-roo-al-menos-134-quejas-detencion-arbitraria

Denuncian a medios e instancias por re-victimización en el caso de Maricela Escorza, otomí asesinada en la CDMX

Fotos tomadas de: Regeneración Radio

Sandra Suaste / Regeneración Radio

La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.

La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.

 Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN,  pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.

La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.

La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.

Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”

Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.

La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.

https://regeneracionradio.org/archivos/10740

 

Video muestra interrogatorio a militares retenidos tras muerte de guatemalteco

Los militares retenidos en Chiapas tras la muerte a tiros de un ciudadano guatemalteco fueron obligados a dar su nombre, cargo y mostrar su rostro

Los militares fueron retenidos e interrogados por los civiles. Foto: Tomada de video

Por la Redacción/ PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En un video de tres minutos y medio se puede ver a los 15 militares mexicanos que fueron retenidos el pasado lunes en la frontera de Chiapas tras la muerte a tiros de un ciudadano guatemalteco en un operativo de vigilancia.

En la grabación se escuchan los gritos de las personas que los retienen y se observa a los elementos del Ejército Mexicano que son presionados a dar su nombre, su cargo y quitarse la gorra para que se vea su cara, para después ser subidos a la unidad militar donde se transportaban.

“¿Por qué te tiembla la voz?”, se escucha que le gritan a uno de los militares que señalan como el que disparó.


De acuerdo con los primeros informes, uno de los militares mexicanos disparó contra un vehículo en el que viajaban tres hombres de origen guatemalteco el lunes pasado en los límites del estado de Chiapas con Guatemala, en el puesto de control militar que se ubica en Motozintla, Chiapas.

Los soldados de la VII región militar que mantenían un puesto de vigilancia en un punto conocido como Bacatum, habían hecho un alto a una camioneta que conducía Elvis “N”, de 30 años de edad.

Las primeras informaciones que se difundieron señalaban que un hombre centroamericano apuntó con un arma a los soldados, por lo que ellos le dispararon.

Sin embargo, este martes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González calificó el hecho como “una acción errónea del personal militar”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el general Sandoval González confirmó que al menos 15 soldados fueron retenidos varias horas por unas 300 personas, entre ellos ciudadanos de origen guatemalteco, y liberaron a los militares esta madrugada tras un acuerdo de reparación del daño con familiares de la víctima y castigar penalmente al uniformado señalado como responsable del crimen.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/30/video-muestra-interrogatorio-militares-retenidos-tras-muerte-de-guatemalteco-261054.html

No son casos aislados: La violencia sistemática que sufren los migrantes en México pone sobre la mesa la urgencia de una reforma policial

El asesinato de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, a manos de la Policía de Tulum, recordó las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren los centroamericanos por parte de las autoridades

Mujeres protestan por el asesinato en México de Victoria Salazar, en San Salvador, 29 marzo de 2021
Jose Cabezas / Reuters

José Beltrán Contreras/ RT

La muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, a manos de la Policía de Tulum (Quintana Roo), conmocionó a México y El Salvador por la injusticia del caso, la brutalidad de los uniformados y por la suma de violaciones a los derechos humanos que viven los centroamericanos en su paso por el territorio.

Cuando la presión por el caso de Esperanza Salazar aumentaba, se hizo público que un ciudadano guatemalteco, Elvin Mazariegos Pérez, murió el lunes 29 de marzo en la frontera sur de México, cuando en medio de una revisión vehicular, un soldado le disparó sin motivo alguno al hombre de 30 años.

El infierno que viven los migrantes
En su paso por México, los grupos de migrantes que atraviesan el territorio sufren múltiples violaciones a los derechos humanos de manera generalizada. Con frecuencia, son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros, torturas, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones.

Migrantes cruzan el fronterizo río Suchiate, en Ciudad Hidalgo, sur de México, 18 enero de 2021
Isabel Mateos / Reuters

En 2018, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) atendió a 36.190 personas en situación de movilidad en México, de los cuales, 34.099 (94,2 %) eran ciudadanos centroamericanos.

Durante las entrevistas realizadas en los 23 albergues y centros de la red de 13 estados, se recibieron 3.776 denuncias de delitos y agresiones. De esta cifra, en el 93,3 % de los casos las víctimas eran centroamericanos.

Aunque la mayoría de estos delitos son cometidos por organizaciones del crimen organizado (54,7 % de los casos) y pandillas, los migrantes entrevistados identificaron que los perpetradores también fueron las propias autoridades, incluyendo la Policía Federal (7,9 %) y la municipal (7 %).

La estadística proporcionada por REDODEM es solo una pequeña muestra de las violaciones a los derechos humanos de las que son sujetos los migrantes, mayoritariamente centroamericanos, en su paso por territorio mexicano.

Hechos atroces
A la par de ser víctimas de delitos de la delincuencia común, desde 2010 cientos de migrantes han sufrido hechos atroces en su paso por México.

El pasado 22 de enero, las autoridades encontraron dos camionetas con 19 cuerpos calcinados al interior en el municipio de Camargo, en el estado de Tamaulipas. Tras realizar pruebas genéticas, se identificó que 16 víctimas fatales eran procedentes de Guatemala. Por este caso, hay 12 policías detenidos por su presunta participación en la masacre.

Lo sucedido en Camargo recordó a la masacre de San Fernando (Tamaulipas) de agosto de 2010, en la que 72 personas migrantes fueron asesinadas por un grupo del crimen organizado con apoyo de agentes estatales. También remitió a la tragedia de mayo de 2012, cuando se hallaron 49 cuerpos en una carretera de Cadereyta (Nuevo León), entre los que se encontraban al menos 10 víctimas de nacionalidad hondureña.

Impunidad
Diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron en un informe publicado en julio de 2017, que mientras el Gobierno mexicano se enfocaba en detener y deportar a los migrantes, la impunidad en los delitos contra esta población eran “la regla general”, mientras que las investigaciones judiciales exitosas eran “excepcionales”.

Entre 2014 y 2016, de un total de 5.824 delitos cometidos contra migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila, solo había 49 sentencias por estos crímenes, lo que equivalía a una impunidad del 99 %.

En el mismo reporte, diversas asociaciones en defensa de los migrantes aseguraron que grupos de la delincuencia organizada controlaban no solo las rutas de desplazamiento, sino que supuestamente tenían en su nómina a funcionarios públicos de corporaciones de seguridad pública y de las propias Procuradurías de Justicia.

“En estas condiciones, la impunidad por delitos cometidos contra personas migrantes es básicamente automática”, advirtieron.

Abusos de instituciones mexicanas
Además de los crímenes cometidos contra migrantes, las instituciones de seguridad y justicia de México tienen un historial lleno de abusos y una falta de rendición de cuentas, que difícilmente se resolverán solo con realizar detenciones y judicializaciones en casos muy mediáticos, como el de Salazar, que detonó la captura de los cuatro agentes involucrados en la muerte de la salvadoreña Salazar, así como la destitución del director de la Policía de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez.

En mayo de 2019, un trabajador de la construcción, Alejandro Giovanni, de 30 años, fue detenido por elementos de la Policía de lxtlahuacán de los Membrillos (Jalisco), golpeado brutalmente y murió bajo custodia policial, en un caso que conmocionó al país latinoamericano y provocó múltiples protestas.

Desde 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó que el 63,8 % de las personas en prisiones mexicanas sufrieron algún tipo de agresión física por parte de la autoridad durante su arresto o traslado al Ministerio Público, mientras que el 75,6 % denunció haber sido víctima de violencia psicológica.

Entre las agresiones cometidas por las autoridades están las patadas y puñetazos, que fueron reportadas por el 59 % de los entrevistados. Además, el 39 % de las personas en prisión fueron golpeadas con objetos al momento de su arresto; el 19 % recibió descargas eléctricas; y el 4,5 % fue víctima de violación sexual.

Todas las autoridades que participaron en las detenciones (ya sea Policía Ministerial, Municipal, Estatal o Federal, el Ejército y la Marina) cometieron diversos tipos de agresiones y tortura, según documentó el INEGI en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).

No obstante, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen mucho más probabilidad de ser víctimas de violación por parte de la Marina o el Ejército.

De las mujeres que fueron arrestadas por elementos de la Marina, el 40,9 % reportó haber sido víctima de violación, En el caso de las aprehensiones realizadas por el Ejército, el 20,9 % de las detenidas fue víctima de este delito, según un análisis de la ENPOL realizado por las investigadoras Carolina Torreblanca y Estefanía Vela.

La Guardia Nacional vigila a migrantes, en el río Suchiate, Ciudad Hidalgo, 18 enero de 2021
Carlos Jasso / Reuters

Por otra parte, entre enero de 2006 y junio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 790 recomendaciones a autoridades, de las cuales, 204, eran por violaciones a los derechos humanos, en actos que dejaron a 929 víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada.

Las Fuerzas Armadas estaban involucradas en 148 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. El Ejército estaba señalado en 113 y la Marina en 38, según se desprende del análisis que realizó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Además, las Policías Federales sumaban 46 recomendaciones de la CNDH; las Policías estatales, 21; y las Municipales, 14.

Reforma institucional
Tras el asesinato de Salazar a manos de la Policía de Tulum, el especialista en seguridad Ernesto López Portillo apuntó que pese a que exista en el futuro una condena para los involucrados, el caso podría repetirse si no se reforma a la institución en materia de “rendición de cuentas” y “con perspectiva sistémica”.

“No son manzanas podridas, son instituciones podridas”, tuiteó el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, agregando que la Policía repite atrocidades porque “nadie quiere mirar a fondo qué pasa con ella”.

Para el analista Alejandro Hope, los abusos de las instituciones de seguridad y justicia suceden en un contexto de una deficiente capacitación; pobres condiciones laborales; así como la existencia de controles internos “débiles” y casi nula supervisión externa hacia los uniformados.

Para la organización World Justice Project, una reforma profunda a las Policías de México requiere atender lo siguiente: “Si buscamos reclutar a las y los más aptos y confiables para investigar delitos y atender a víctimas, es urgente capacitarlos, premiar sus logros, ofrecerles condiciones laborales dignas y reconocerlos como trabajadores del Estado”.

En México, los policías ganan, en promedio, 11.787 pesos mensuales (572,8 dólares al tipo de cambio de hoy), según una encuesta de Causa en Común realizada a 4.422 uniformados de 28 estados del país.

Con este sueldo, la mitad de los policías mexicanas pagan por sus botas y cuatro de cada diez elementos han financiado su uniforme con dinero de su bolsillo.

El asesinato de la salvadoreña Esperanza Salazar, más allá del dolor y la indignación, obliga a México no solo a ver la falta de rendición de cuentas que hace posible que los individuos cometan estas atrocidades a la población, sino también la necesidad urgente de impulsar las reformas para transformar a estas instituciones y evitar la repetición.

En esta transformación, la sociedad también debe velar por los derechos de los migrantes que, buscando una mejor vida, se ven obligados a huir de sus países y enfrentar un sinfín de riesgos y atrocidades en su paso o estadía por el territorio mexicano.

https://actualidad.rt.com/actualidad/387898-violencia-sistematica-migrantes-mexico-reforma-policial

La larga noche de las madres que buscan justicia para sus hijas

Texto y fotos: Isabel Briseño

Pie de Página

Unas 60 madres de distintas regiones de México velaron frente a Palacio Nacional en su búsqueda de justicia para sus hijas, víctimas de violencia contra las mujeres en todo el país

CIUDAD DE MÉXICO.- “Toda la noche y Palacio Nacional no alcanzan para nombrar a las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas”. Así lo dijo una madre que se unió a la convocatoria que realizó el colectivo AntiMonumenta para realizar una velada frente a Palacio Nacional.

Aproximadamente 60 madres de Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de México compartieron sus historias y recordaron a sus hijas víctimas de violencia en la fría velada que duró 12 horas, de seis de la tarde a las seis de la mañana de este lunes.

Andrea Soto, madre de Verónica Soto Hernandez, se acercó a la valla para amarrar una cruz junto a la lona con la foto de su hija. La chica tenía 22 años cuando la asesinaron el 1 de noviembre del 2019 en Naucalpan, Estado de México. Fue a una fiesta de disfraces con una amiga y nunca regresó. Al día siguiente, alguien avisó a la señora Andrea que su hija estaba en el Semefo de Naucalpan.

Una a una comenzaron a compartir sus testimonios frente a otras madres. Al finalizar, se gritaban: “no estás sola”.

La señora Soto cuenta que no le dan ganas de salir de su cama. Pero en esta ocasión decidió acudir al llamado para sentir que está haciendo algo para exigir justicia para su hija. Ella cree que las autoridades se justifican en la pandemia para no continuar trabajando en las investigaciones que den alguna pista más sobre el asesinato de su hija.

«La mamá de la muchcachita Pamela me dio un abrazo tan fuerte y sentido que agradecí mucho, solo las que hemos pasado por este dolor nos comprendemos», así lo expresó la señora Soto.
Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A.C. portan pancartas con los rostros de algunas mujeres asesinadas y desaparecidas en Culiacán Sinaloa.

Acompañada por su hijo, Andrea Soto reunió fuerzas para pasar frente a las demás madres y narrar con voz entrecortada y haciendo constantes pausas los hechos que conoce y sobre los que exige se investigue más. También recordó amorosamente lo buena mujer que era su hija y el trabajo que le ha costado seguir viviendo desde que la perdió.

Muchas de las madres acudieron para seguir visibilizando los casos de sus hijas y exigir verdad y justicia, “Yo no tengo dinero, no tengo influencias, no puedo ofrecer recompensa”, expresa la señora Soto con los ojos cristalizados. A 17 meses del asesinato de su hija siente que tiene que hacer algo para ser escuchada y la ayuden a conocer la verdad.

“Yo no le tengo fe al presidente”, expresa con ahínco y dolor la madre de la joven enfermera, dice no saber quién paga ese evento pero a ella no le pidieron ni un peso; agradece que se realicen porque si no quién las escucharía.

“Espero ver llegar la justicia para mi hija pero si muero en el intento pienso que seguirá mi hijo por mí”. Lo dice porque ha conocido algunas historias de lucha que llevan 7, 10 o más años y ella no cree aguantar tanto.

Las madres fueron acompañadas por algunos otros familiares que aguantaron junto a ellas el frío de la larga noche y que en breves momentos se calentaban el alma cuando recibían un fuerte abrazo de otra madre que comparte y entiende su dolor, por esa noche se acompañaron y retomaron un poco de fuerza para continuar su caminar de exigencia solas.

Debido al intenso aire que se sintió la fría noche del lunes 28 de marzo, se usaron velas eléctricas. 
Frente al Palacio Nacional se ataron cruces, lonas y algunas familiares pintaron los nombres de sus hijas.

https://piedepagina.mx/la-larga-noche-de-las-madres-que-buscan-justicia-para-sus-hijas/

WOLA pide a México no valerse del covid-19 “para encubrir campaña contra migrantes”

Un albergue para migrantes en Tijuana. Foto: Eduardo Miranda

Mathieu Tourliere/PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que a partir de mañana cerrará su frontera sur para los viajes no esenciales, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) pidió al gobierno mexicano no tomar como pretexto el covid-19 “para encubrir una campaña contra migrantes vulnerables y solicitantes de asilo”.

La organización advirtió que la medida podría parecerse al despliegue de la Guardia Nacional que el equipo del canciller Marcelo Ebrard Casaubón acordó con el gobierno de Donald Trump en verano de 2019.

Esta mañana la Cancillería anunció que impondrá “restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur” a partir del viernes 19; en paralelo, Ebrard confirmó que Washington aceptó compartir con México 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que tiene en excedente.

Horas más tarde Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte y exvocero de Ebrard, manifestó que la entrega de vacunas y el anuncio de la SRE respecto al cierre parcial de la frontera sur son “temas distintos”, y afirmó que México “determina su política migratoria de manera soberana”.

Sin embargo, la coincidencia de los anuncios sobre el cierre de la frontera y el cambio de opinión del gobierno de Joe Biden respecto a las vacunas –en un principio rechazó que compartiría dosis con sus vecinos hasta que la población de Estados Unidos esté vacunada– sugieren que México negoció con Washington para tener los fármacos a cambio de impedir el paso por su territorio de personas migrantes.

De hecho, la Cancillería se escudó detrás de la pandemia de covid-19 para justificar el cierre de su frontera sur, más de un año después de los primeros contagios registrados en el país; durante todo ese lapso, las autoridades nunca implementaron una restricción de entrada al territorio.

Ante este escenario, WOLA recalcó que, según fuentes consultadas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reprimiría a las personas de Centroamérica con la Guardia Nacional y con la militarización de sus fronteras, “tratando a los migrantes como un flujo que se debe bloquear, más que como gente huyendo del peligro y la pobreza”.

La organización urgió el gobierno mexicano a “no militarizar las tareas de migración y asegurarse que cualquier restricción de viaje responda solamente con necesidades de salud pública basadas en evidencia, y no sirva para encubrir una campaña contra migrantes vulnerables y solicitantes de asilo”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/18/wola-pide-mexico-no-valerse-del-covid-19-para-encubrir-campana-contra-migrantes-260326.html

Asesinan al defensor del Río Verde en Oaxaca, Jaime Jiménez Ruiz, es el quinto asesinado en lo que va de la actual administración

La Cooperacha / Redacción.


Foto: Educa Oaxaca.

Es el quinto asesinato en lo que va del año en Paso de la Reyna. Ayer fue asesinada a balazos el defensor comunitario Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna, reconocido por su defensa del Río Verde. El deceso ocurre a dos meses del asesinato de Fidel Heras Cruz, miso que a la fecha sigue impune.

“Jiménez Ruiz, baleado en el camino de Santiago Jamiltepec hacia Paso de la Reyna, era integrante del comité de la asociación ganadera local y activo militante del partido Morena. A 24 horas del asesinato, las autoridades locales seguían a la espera de la Policía Estatal o Federal, para ofrecer medidas de enfermería más sanas al no haber clínica pues se trata de una comunidad de apenas 500 habitantes (sic).”

La organización Educa Oaxaca señaló que la comunidad de Paso de la Reyna no cuenta con ninguna medida cautelar de autoridades estatales o federales a pesar de que entre el 14 y 15 de marzo fueron asesinados los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, esto en el Barrio Chico de Paso de la Reyna.

Esta, entre muchas, organizaciones han acompañado el proceso de defensa del territorio contra megaproyectos hidroeléctricos y extractiviste. Identificó que Paso de la Reyna “sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales del desalojo de familias enteras (señala la organización.

Así mismo resaltó que, entre el cambio del titular de la fiscalía y el paro de la Policía Estatal, no hay condiciones para garantizar de los derechos y las parlamentarias; siendo familias a título personal quienes aportan para el desarrollo de estos nuevos espacios.

https://lacoperacha.org.mx/asesinan-defensor-rio-verde-jaime-jimenez-ruiz-oaxaca/

Del despojo de las tierras al infierno industrial: las y los habitantes de Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago resisten en Jalisco

Foto: Darwin Franco

En el quinto conversatorio de la serie Diálogos de saberes en tiempos de pandemia, titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago, de la organización Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), fueron abordados los problemas que rodean la vida de las y los habitantes de esta zona geográfica de Jalisco.

Ellas y ellos están sufriendo las afectaciones de un Estado que crea leyes que protegen y amparan a las y los empresarios que deciden instalar sus industrias en sus territorios, que les despojan de sus tierras y enferman sus cuerpos

Samantha Anaya / Zona Docs

«Para Mezcala la tierra es todo»

La historia de Mezcala «se explica con la lucha de su territorio», pues desde hace 500 años sus habitantes trabajan para proteger su territorio, afirmó Rocío Moreno, historiadora y comunera en la comunidad de Mezcala, durante el conversatorio titulado Lucha por la vida y el territorio: Mezcala y los pueblos de la cuenca Chapala-Santiago.

Moreno narró que, desde el proceso de conquista por parte de los europeos al llegar a esta zona, el pueblo coca (en donde se encuentra la comunidad de Mezcala) «fue de los más violentados, porque se esclavizó a gran parte de su población». Por esta misma razón, ahora sólo «se encuentran un par de comunidades, y eso tiene que ver con el exterminio y las violaciones contra su territorio y habitantes». 

La comunera expuso, además, que el exterminio de los pueblos originarios generó la pérdida de su lengua, por lo que lo único que les quedó fue refugiarse en su tierra:

“Por eso decíamos que para Mezcala la tierra lo es todo. Nuestros ancestros resistieron a la colonización. Esto nos da orgullo e identidad». 

Por otro lado, en los últimos 15 años los conflictos han sido en contra el «desarrollo» inmobiliario, el cual ha contribuido enormemente a contaminar el agua y el aire, lo que a su vez ha obligado a parte de las y los habitantes a desplazarse:

«El lago está lleno de químicos y desechos. Con forme empezó la contaminación, la gente se ha ido, pues han aumentado los casos de enfermedades renales y respiratorias», declaró Moreno.

Actualmente, la lucha por la defensa de sus tierras está puesta en diversos litigios legales que enfrentan desde hace 20 años en contra de un empresario de Guadalajara, “la comunidad está por recuperar sus tierras. Si Mezcala pierde sus tierras -como perdió su lengua- desaparece nuestra cultura». 

Esta extensión geográfica, que comprende un total de 3 mil 600 hectáreas, es donde las y los habitantes de Mezcala pueden vivir y practicar sus danzas; oficios milenarios; probar y elaborar sus platillos; sus creencias; ritos para la cosecha, para la lluvia; y donde cuentan con un gobierno tradicional. Rocío puntualizó que, tal y como Mezcala, muchas otras comunidades afrontan problemáticas similares,pero esto no es lo único que les une, sino también, y más importante aún, la solidaridad y la empatía.

La indiferencia del Estado mexicano ante los problemas de las comunidades 

Manuel Jacobo, periodista y comunero de Mezcala, denunció que las muertes de algunas y algunos habitantes de las comunidades de la cuenca del río Santiago por enfermedades renales han sido pasadas por alto por las autoridades en más de una ocasión por varios años.

Asimismo, expuso que, en 1995, el doctor Miguel Ángel Ruiz llevó a cabo una investigación, la cual arrojó que: las y los bebés que nacían en esos años morían minutos después de nacer, por lo que, notificó a la Secretaria de Salud y la respuesta que obtuvo el médico, por parte de esta instancia gubernamental, fue «no tienes derecho a investigar esto». Después de dicho suceso «el caso quedó en el olvido, no se hizo nada» comentó Jacobo.

Luego de 15 años, en el año de 2010 acudió a la comunidad una reportera de La Jornada, quien al enterarse y documentar la cantidad de personas que padecían enfermedades renales, en la comunidades aledañas a la cuenca del río, cuestionó y señaló al Secretario de Salud de ese periodo, Alfonso Petersen. Sin embargo, la respuesta de este funcionario fue «que era una ironía las cifras, porque la enfermedad había aumentado en todo el país», relató Manual Jacobo.

En contraste, el comunero compartió que sí, la cifra de padecimientos de enfermedades renales había aumentado también en la comunidad, al punto en que las enfermas y los enfermos “ya eran alguien que yo conocía: mi primo, su hermano, amigos”, comentó.

Otra de las cuestiones que evidenciaban la negligencia de las autoridades para investigar y tratar el problema fueron las edades de las personas que fallecieron, expresó el periodista.

“Casi todos eran niños de entre 5 y 14 años, cuando usualmente quienes padecen este tipo de enfermedades son adultos mayores”.

Después de la intervención de algunas y algunos periodistas, así como de diversos actores de la sociedad civil, la situación se comenzó a difundir, lo que incomodó a los diferentes niveles de gobierno, quienes a su vez “tomaron sus propias acciones”, advirtió durante el conversatorio:

“Realizaron 1,700 pruebas a niñas y niños en Agua Caliente, pero la afección estaba, y sigue estando, en casi todos los pueblos de la Riviera de Chapala. A pesar de que la mayoría resultó positivo en la prueba, no se hizo nada y la gente se seguía muriendo, sin haber recibido la mínima atención”.

Al respeto, Jacobo afirmó que el 29 de marzo de 2016 la Secretaria de Salud declaró ante el Congreso del Estado de Jalisco que no se iban a incorporar los medicamentos para tratar enfermedades renales al Fondo de Protección contra Eventos Catastróficos, ya que el costo era muy alto, decisión que dejó desprotegida a la población en Mezcala que no contaba con seguridad social:

“Esto decía mucho, porque Mezcala, San Pedro y la mayoría de la región está habitada por agricultores y pescadores, por lo que alrededor de 600 enfermos renales no contaban con tratamiento. La situación sigue y no se les otorga medicamento. Ellos mismos deben de buscar la forma de conseguir el medicamento, porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada”.

La hemodiálisis, uno de los tratamientos para las enfermedades renales, tienen un costo que ve desde $4,000 a $5,000 (pesos mexicanos) semanales. Sin embargo, “algunas familias tienen 2 o hasta 3 enfermos renales”, afirmó Jacobo.

En un intento por “tomar acciones para solucionar este problema”, se han aprobado proyectos para destinar recursos para “apoyar” a quienes padecen de esta afección, pero la realidad es que estos recursos “se quedan en las organizaciones, a los enfermos nunca les llega nada” finalizó.

“El dinero se antepone a nuestras vidas”

Por su parte, la licenciada en biología Graciela González expuso la situación que enfrentan las y los habitantes de El Salto en el área industrial alrededor de la cuenca del río. Los altos niveles de contaminación que ha dejado la actividad industrial han desembocado en “una situación irreparable para el territorio y sus habitantes”, afirmó González.

La continua explotación de los recursos naturales, la construcción desmedida de fraccionamientos (contaminación doméstica) y la mala gestión del Estado han provocado una “devastación y muerte sistemática”.

Entre las consecuencias que afectan la salud de las comunidades que viven en esta misma área está el “tener que aguantar olores nauseabundos, deforestaciones masivas y el ver nuestros medios de subsistencia extintos”, sentenció.

La bióloga también refirió que, en la historia de la humanidad, hay cientos de ejemplos de “pueblos devastados por la contaminación, por la extensión”. En este caso, la manera en cómo las y los habitantes de la cuenca en el municipio de El Salto han resistido y luchado por sus derechos humanos es muestra de ello:

“Están haciendo denuncias, expresando nuestro grito de desesperación hacían el Estado que no quiere oírnos; aprendimos a sostener nuestra palabra”.

Al mismo tiempo, González puntualizó que esta lucha por exigir justicia para ellas y ellos no fue un camino fácil y sin obstáculos, pues tuvieron que resistir a la invalidación, ya que cada vez que alguna o alguno de los habitantes interponían una denuncia les exigían presentar pruebas para avalar dicha denuncia:

“Decíamos que no teníamos por qué cargar con evidencia de una situación real y que tiene nombre y apellido. Por ello, tuvimos que politizarnos, aprender de leyes, porque el dinero se antepone nuestras vidas”.

Otras de las consecuencias que ha generado el “progreso” mal entendido, en la vida de cada una de estas personas, es “la pérdida de la esperanza” de un futuro seguro, señaló la bióloga:

“Han convertido un paraíso en un infierno industrial. ¿Para quién se quedó el paraíso? Para los industriales, apoyado por una impunidad corporativa, porque las leyes están hechas a modo y el Estado no tiene intención de cambiarlas”.

¿Cuáles son los capitales que se encuentran en la zona industrial de El Salto?

En tanto, Sofía Encino, integrante de Un Salto de vida, señaló cuáles son algunos de las nacionalidades de las empresas e industrias que cuentan con fábricas  de producción en esta área del municipio.

El Salto pertenece a una región más amplia de corredores industriales en el Occidente de México, lo que le posiciona como el segundo corredor más importante del país. Por ello, los principales capitales que invierten en esta área industrial del país vienen de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Japón,principalmente.

De las 700 empresas que se encuentran instaladas en este corredor la gran mayoría, señaló Encino:

“No son de consumo final, sino que son parte de una cadena de producción: hay electrónicas, instruías químicas, muebleras, textil, y de todas estas muchas se dividen en otras empresas pequeñas que se hacen pasar por empresas nacionales, pero muchas se valen de los tratados internacionales para declararse como ‘empresas socialmente responsables’, y usan a las empresa pequeñas para tapar y ocultar todas las violaciones que cometen”.

El Salto es el segundo municipio del estado que más aporta al PIB, pero “también es el más pobre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por eso está perfilado para producir mano de obra barata”, denunció Sofía Encino.

Respecto a las denuncias que ella y su mamá, Graciela González, junto con otras y otros habitantes del área han realizado ante este contexto, resaltó el referente a la termoeléctrica que se tenía planeado instalar en Juanacatlán. Lamentablemente, aunque acudieron con la presidenta municipal de Juanacatlán, Adriana Cortés González, para exponerle el riesgo y las consecuencias ambientales que generaría este megaproyecto para la salud de quienes habitan en esta zona, ella desdeñó y minimizó el riesgo:

“Ella nos dijo que por qué nos quejamos de tener uno o dos enfermos renales en casa, cuando ‘somos’ el motor económico del país, entonces que eso era un sacrificio que valía la pena”.

La lucha de estas comunidades no cesa ni cesará hasta que estos proyectos de “desarrollo” dejen de amenazar la salud y el bienestar de las y los habitantes y del medio ambiente: “en la medida en que entendamos los problemas se podrá hacer algo, pero el capitalismo mata”, finalizó Rocío Moreno.

Siembran árboles en memoria de activista y 18 asesinados en Veracruz

Siembra de árboles para recordar a las víctimas por crímenes de odio en Veracruz. Foto: Especial

– Es la cuarta jornada de reforestación que se ha llevado a cabo en la ciudad de Xalapa por desapariciones y asesinatos

Juan David Castilla Arcos / Heraldo de México

Integrantes de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual y de otras organizaciones plantaron 24 árboles en el bosque Don Roberto, donde fueron colocadas las fotografías de quienes han sido asesinados durante los últimos seis años, la mayoría de ellos, por crímenes de odio por homofobia.

Lo anterior, como parte del proyecto “Toda vida vale”, mismo que contempla plantar árboles en distintas áreas verdes por cada persona desaparecida o asesinada en la entidad, con el objetivo de exigir justicia y sensibilizar a la población sobre la problemática.

En el lugar destacó la imagen del activista Abirám Hernández Fernández, encontrado sin vida el 30 de marzo de 2019, en la ciudad de Xalapa. También se observó la fotografía de Alaska Contreras Ponce, una mujer transexual, exreyna de belleza, que fue torturada y asesinada el 26 de julio de 2018.

El presidente de la Coalición Estatal de la Diversidad Sexual, Benjamín Callejas Hernández, recordó que fueron 18 los miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) que murieron en la masacre en el centro nocturno “Madame”, el 16 de mayo de 2016, en Xalapa.

Por tal motivo, sembró 18 árboles por cada una de las víctimas en dicho atentado por parte de un grupo armado que ingresó aquella noche al establecimiento y abrió fuego sin piedad contra los presentes.

Las autoridades estatales habían informado que solo cinco personas habían muerto a causa de las graves heridas ocasionadas por balas de alto calibre; sin embargo, el líder de la diversidad sexual aseguró que en el centro nocturno se encontraban 200 personas.

“La parte oficial, cuando estaba el Luis Ángel Bravo Contreras, decían que solo habían fallecido cinco personas, pero en un establecimiento donde se dice que había 200 personas adentro, asistentes comentan que hubo 30 lesionados y 18 personas muertas”.

Recordó que el caso de Alaska Contreras continúa impune y, a tres años del homicidio, no hay avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“También pondremos una placa de nuestra compañera Alaska que no se ha esclarecido, ni hay avance, ni pruebas que desahoguen qué pasó con la compañera, a pesar de que el alto comisionado de la ONU en México emitió un mandato al gobierno de Veracruz para que se esclareciera el caso. Vamos a poner una placa en memoria a nuestro amigo activista Abirám Hernández, que acompañaba a las familias víctimas de desaparición forzada”, remató.

Cabe mencionar que el bosque Don Roberto se encuentra a un costado del fraccionamiento Las Fuentes, en la zona del bulevar Rafael Guízar y Valencia, mejor conocido como Arco Sur.

Hasta ahora se han sembrado 50 árboles

Alma Cecilia Carmona Ortega es fundadora del proyecto social “Toda vida vale”. Una joven que ha participado en la siembra de más de 50 árboles, en memoria de personas desaparecidas y asesinadas, en la capital de Veracruz.

Este domingo 28 de marzo se llevó a cabo la cuarta jornada de reforestación. En esta ocasión, fue en el parque Don Roberto, ubicado a un costado del fraccionamiento Las Fuentes, en la zona del bulevar Rafael Guízar y Valencia, mejor conocido como Arco Sur.

La activista mencionó que en próximos días se dialogará con autoridades del municipio de La Antigua, para replicar dichas acciones en algún parque o área verde de ciudad Cardel.

A esta iniciativa se sumarán tres colectivos de familiares de desaparecidos, entre ellos el Colectivo Solecito del Puerto de Veracruz y otros de Cempoala y Cardel.

“Vamos a hablar con el alcalde de La Antigua para que se nos indiquen los lugares donde vamos a estar reforestando allá, con tres colectivos, que es el Solecito, son tres: de Cempoala, puerto de Veracruz y Cardel”.

Recordó que ya han sido plantados árboles en el bosque de la antigua Estación Ferrocarrilera, así como también, dos áreas del cerro de Macuiltépetl y en el bosque Don Roberto.

“Ahorita estamos en el bloque de Don Roberto con el colectivo LGBTI, por los crímenes de odio. Es la cuarta jornada de reforestación en memoria de los desaparecidos y asesinados, llevamos como 50 arbolitos sembrados”.

Además, mencionó que se busca replicar la iniciativa en otros municipios y en otros estados de la República Mexicana, para que cesen las desapariciones forzadas y los asesinatos.

“Nuestra meta es dejar de plantar por personas desaparecidas o víctimas de la violencia; sin embargo, lo que sea necesario reforestar, no hay límite, tenemos visión de hacerlo a nivel nacional y tenemos que continuar con los trabajos. Además, desapariciones hay todos los días, todos los días hay muertos, homicidios, feminicidios, crímenes de odio y es indispensable visibilizar esta situación”, concluyó.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/28/siembran-arboles-en-memoria-de-activista-18-asesinados-en-veracruz-fotos-276486.html

‘En Tulum, la policía no cuida, asesina’: protestan por asesinato de mujer

Reporte Indigo

En Tulum, “la policía no nos cuida, te asesina”, se pudo leer en algunas de las pancartas que cargaban los manifestantes

Activistas marcharon este domingo, en protesta por la muerte de una mujer, quien perdió la vida el sábado, tras sometida por policías municipales de Tulum; exigieron justicia y renuncia de directivos de la corporación.

En Tulum, “la policía no nos cuida, te asesina”, se pudo leer en algunas de las pancartas que cargaban los manifestantes.

Entrevistado, durante la marcha, Rafael Barajas del Observatorio Ciudadano de Tulum señala que tienen documentados más de 500 casos de abuso policiaco desde 2018 a la fecha y a pesar de que se le advirtió al gobierno municipal no actuaron por lo que hoy este asesinato es una consecuencia lógica.

Al llegar a las instalaciones de la corporación, algunos enardecidos ciudadanos, arremetieron contra el inmueble, destrozando vidrios de la puerta.

El alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, aseguró que bajo el esquema de cero tolerancia y mano dura en contra de prácticas indebidas, se procedió a separar del cargo a los elementos involucrados durante lo acontecido el día 27 de marzo, donde una mujer perdiera la vida durante la atención a un reporte por alteración del orden público cerca de las 19:00 horas en la colonia Tumben Ka.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidad de acuerdo a lo que determine la carpeta de investigación respectiva y con base en los resultados obtenidos por el médico forense sobre las causas del deceso.

Por privación de la vida, abre Derechos Humanos de Quintana Roo, queja de oficio en contra de agentes de seguridad pública municipal de Tulum, el expediente de queja quedó radicada bajo el número VA/TUL/014/03/2021 por violaciones al derecho humano a la vida y los que resulten, con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones por parte de personas servidoras públicas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, que por su naturaleza pudieran resultar de gravedad y constituir violaciones a derechos humanos.

Por medio de un comunicado, el gobierno de Tulum indicó que los policías involucrados no tendrán asignación de servicio alguna ni podrán tener contacto con la ciudadanía en tanto se esclarezca la investigación en curso.

De acuerdo con información, los policías de la patrulla 9276 abordaron a la mujer en la Avenida La Selva y procedieron a someterla con violencia innecesaria, al parecer porque se encontraba en estado de ebriedad, alterando el orden público.

En videos y fotografías que circulan en redes sociales, la mujer fue tirada al suelo por 4 policías -3 hombres y una mujer-, se observa que uno de ellos le oprime el cuello con la rodilla y el suelo; aunque la mujer gritó solicitando ayuda, nadie de los testigos hizo algo al respecto.

Se presume que la víctima murió por asfixia, aunque será la autopsia la que determine la causa real del fallecimiento.

https://www.reporteindigo.com/reporte/en-tulum-la-policia-no-cuida-asesina-protestan-por-asesinato-de-mujer/

Matan policías de Tulum a una mujer: Escándalo por un claro caso de brutalidad policiaca de agentes municipales

Noticaribe

De acuerdo con fotografías y videos en poder de Noticaribe, la mujer fue sometida y tirada al suelo por cuatro policías que usaron fuerza excesiva contra ella, lo que lo provocó la muerte, presumiblemente por asfixia, aunque será la autopsia la que determine la causa real del fallecimiento.

TULUM, MX.- Una mujer murió la tarde de este sábado al ser sometida por policías municipales de Tulum, en un claro caso de exceso de fuerza.

De acuerdo con información preliminar, los policías de la patrulla 9276 abordaron a la mujer en la Avenida La Selva y procedieron a someterla con violencia innecesaria, al parecer porque se encontraba en estado de ebriedad alterando el orden público.

De acuerdo con fotografías y videos en poder de Noticaribe, la mujer fue sometida y tirada al suelo por cuatro policías que usaron fuerza excesiva contra ella, lo que lo provocó la muerte, presumiblemente por asfixia, aunque será la autopsia la que determine la causa real del fallecimiento.

La mujer gritaba y pedía ayuda, pero fue acallada por los policías, uno de los cuales le aprisiona con la rodilla contra el suelo hasta que deja de moverse.

Posteriormente, cuando los policías se percatan que la mujer está muerta, otras patrullas llegan en ayuda de sus compañeros.

La mujer es subida en la batea de la patrulla 9267 para quitarla de la vista de los vecinos de la zona, la cual traslada el cuerpo presumiblemente a instalaciones de Seguridad Pública.

Colectivos de mujeres anunciaron una manifestación este domingo para denunciar la brutalidad policiaca.

https://noticaribe.com.mx/2021/03/28/matan-policias-de-tulum-a-una-mujer-escandalo-por-un-claro-caso-de-brutalidad-policiaca-de-agentes-municipales/

El Consejo Regional Wixárika exige a la Federación y al estado apoyo a las comunidades afectadas por incendio forestal (San Luis Potosí)

Jordana González/Contrlínea
28 marzo 2021

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta exigió a los gobiernos federal y estatal intervenir “lo más pronto posible” para ayudar a los ejidatarios y comuneros de los municipios Villa de Guadalupe, Charcas y Catorce a sofocar el incendio que ha deforestado más de 700 hectáreas de sus tierras ancestrales ubicadas en San Luis Potosí.

El Consejo manifestó que el pueblo Wixárika (wirrárika o huichiol) es una es “una cultura milenaria que año con año peregrina rumbo a Wirikuta donde se encuentran nuestras máximas deidades y es cuna de la sabiduría ancestral de nuestras comunidades”.

Es por ello que una brigada de sus comunidades wixaritari partió a los municipios señalados para brindar apoyo a las personas afectadas. El objetivo es colaborar a sofocar el fuego y llevar víveres a los comuneros y ejidatarios brigadistas.

Asimismo, el Consejo se deslindó de las acciones que otras organizaciones, como el Frente en Defensa de Wirikuta, Aho Colectivo, Nación Wixárika Unido, Chichimecas de la Región Norte del Altiplano Potosino, realicen “utilizando nuestra organización”.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/03/28/el-consejo-regional-wixarika-exige-a-la-federacion-y-al-estado-apoyo-a-las-comunidades-afectadas-por-incendio-forestal/

Incrementa hasta un 70 % la compra de pipas de agua en ZMG (Jalisco)

Foto: Celia Niño

Celia Niño / UDGTV

Derivado de la actual crisis por el desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el gremio de los trabajadores de pipas han visto incrementada su actividad hasta en un 70 %.

Así lo señaló Armando, trabajador de pipas privadas y quien detalla que aunque su servicio es mayormente destinado a empresas, han tenido más llamadas para acudir a colonias, incluso para apoyar al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), quien los contrata entre 10 y 15 veces por semana para el llenado de cisternas móviles instaladas en algunas de las colonias con más afectación.

Armando confirmó que el costo promedio por pipa es de mil pesos con 20 mil litros de agua, sin embargo, por la creciente demanda se ha comenzado a inflar los costos, al grado de que en algunas zonas venden los servicios hasta en tres mil pesos, en medio de un llamado de la sociedad para que las autoridades resuelvan la crisis y regulen el tope máximo del costo de las pipas privadas.
https://udgtv.com/noticias/incrementa-hasta-70-compra-pipas-de-agua-zmg/

Trabajadores de la construcción, bajo el yugo del crimen organizado (Quintana Roo)

Alejandro Castro, Adriana Varillas, Cecilia Suárez y Erick Galindo* / Proceso

Obreros que levantan los cimientos de la infraestructura hotelera de Isla Blanca, extensión de Cancún, viven historias de terror, pues el crimen organizado presiona para reclutarlos y, si se niegan a sus exigencias, son víctimas de extorsión, desaparición u homicidio.

Cada día unos 35 mil obreros de la construcción levantan los cimientos de la infraestructura hotelera de Isla Blanca, extensión de Cancún, a un ritmo de crecimiento anual de más de 7 mil cuartos. Pero al margen de esta exitosa industria, esos trabajadores viven historias de terror pues el crimen organizado presiona para reclutarlos y, si se niegan a sus exigencias, son víctimas de extorsión, desaparición u homicidio.

ISLA BLANCA, Quintana Roo. El hotel Planet Hollywood Cancún ofrece a sus huéspedes la posibilidad de vacacionar como estrella de cine en Isla Blanca, ya que está inspirado en el glamur del séptimo arte. Es el primer alojamiento en México operado bajo la marca propiedad de Sylvester Stallone, Bruce Willis, Demi Moore y Arnold Schwarzenegger.

En contraste con los ambientes de ensueño que invitan a vivir una experiencia de fantasía, este inmueble ha sido escenario de terror para trabajadores que han sido torturados, desaparecidos o asesinados durante la etapa de edificación.

La inauguración de este complejo hotelero de 898 habitaciones, cuya inversión alcanzó 200 millones de dólares, estaba programada para el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, se postergó unas semanas por el hallazgo de las osamentas de cuatro personas en un lote contiguo, en noviembre de 2020. Las identidades de las víctimas no se han dado a conocer oficialmente.

No es un caso aislado. El crimen organizado se ha infiltrado hasta los cimientos en la industria turística del Caribe mexicano, considerada el principal motor económico de la región, admiten autoridades, empresarios y trabajadores.

Catalonia, Atelier, Excellence, Majestic, Palladium, RIU Dunamar y RIU Beach Palace son alojamientos cuyas obras en construcción también fueron cooptadas por extorsionadores y vendedores de drogas, coinciden los testimonios de exobreros y un efectivo de la Policía Ministerial de Investigación del estado, con diligencias en la zona, quien por seguridad pidió no revelar su identidad.

Durante una reunión con diputados de la Comisión de Justicia, el 18 de diciembre de 2020, el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, aseguró que la escalada de violencia en la entidad está directamente vinculada con los migrantes que se emplean en el sector de la construcción.

“De los homicidios (en Quintana Roo) –tanto victimarios como víctimas–, 80% no son de aquí; todos vienen de estados aledaños y tienen que ver con el tema de la construcción. Ahí son tomados y llevados, primero, para auxiliar en la venta de drogas y, posteriormente, los convierten en sicarios”, afirmó Montes de Oca.
Una fotografía de crímenes violentos

El 18 de junio de 2020, siete meses antes de la apertura oficial del Planet Hollywood Cancún, Ángel de la Cruz, un trabajador originario de Tabasco, fue llevado hacia un sótano dentro del resort por un grupo criminal infiltrado en la obra.

Lo que se sabe es que lo golpearon y torturaron durante 12 horas, le robaron su pago semanal y el celular. Luego lo liberaron. Era una advertencia para que Manolo, su patrón, pagara las cuotas forzadas que adeudaba al grupo criminal que había tomado la obra, de acuerdo con lo que el mismo Ángel pudo narrar por teléfono a su familia en Tabasco, gracias a un celular que le prestaron.

La amenaza se concretó el 21 de julio y Ángel desapareció: dos hombres encapuchados lo secuestraron en su lugar de trabajo, a la vista de sus compañeros. Desde entonces su familia lo busca con desesperación.

En el Planet Hollywood también fueron desaparecidos William Ariel Llanes, Carlos de la Cruz, Juan Pablo Pech y Carlos Ramón López, entre 2019 y 2020, mientras que en las obras del hotel Catalonia fueron desaparecidos Jesús Moisés Gómez y Laureano Méndez. Hasta el momento las investigaciones no han arrojado pistas sobre su paradero o sobre los responsables de su desaparición.

La extorsión en las obras de construcción, el reclutamiento de trabajadores, su tortura, desaparición y homicidio son parte de un esquema de operación de la delincuencia organizada que comenzó a ser identificado hace dos o tres años en Isla Blanca, se extendió a Cancún y actualmente abarca la costa norte del estado, confirma James Tobin Cunningham, miembro del Consejo Nacional de Seguridad.

Isla Blanca es el epicentro del problema. Llamada a ser “la nueva zona hotelera de Cancún”, aquí se proyecta la construcción de 29 mil 400 cuartos de hotel, según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Sin embargo, ahí, además de las desapariciones de trabajadores de la construcción, existen reportes de ejecuciones violentas en agravio de este sector.

Por lo menos tres presuntos trabajadores aparecieron muertos afuera de los hoteles RIU, Planet Hollywood y Catalonia en 2020. Uno más apareció con signos de tortura en enero pasado.

¿Quién podría estar detrás de este escenario de violencia? Un diagnóstico en materia de seguridad elaborado por Lantia Consultores en 2016 ubicó la operación de dos grandes grupos de delincuencia organizada en el estado: el Cártel del Pacífico y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con presencia en Cancún y Chetumal, dedicados al tráfico de drogas, personas, mercancías, la extorsión y el secuestro.

“Modus operandi”

El patrón de extorsión es similar en todas las obras donde se reporta presencia de personas ligadas a grupos criminales: trabajar tiene un costo o hay “tablazo”, un método de tortura en el que se utilizan pedazos de madera para golpear a la víctima. Todos los trabajadores tienen que pagar derecho de piso: ingenieros, arquitectos, jefes de obra, albañiles, electricistas, plomeros, ayudantes e, incluso, los vendedores ambulantes y trabajadores del transporte público.

El cobro varía, según el cargo y la obra en la que se labora. Es obligatorio y puede ser por dos vías: una cuota semanal de aproximadamente 500 pesos o dosis de mariguana que el empleado tiene que pagar de manera forzada.

René pagaba al narco unos mil 500 pesos semanales, la tercera parte de sus ingresos, por 10 bolsitas de mariguana que le obligaban a adquirir. Él es un obrero que trabajó en los hoteles Catalonia, Majestic y Planet Hollywood. Su nombre, y el de todos los empleados entrevistados para este reportaje han sido cambiados para no poner en riesgo su integridad.

El Ingeniero, como llaman a su patrón directo, tiene que dar una cuota adicional a la que paga cada obrero. Si no da ese pago, la primera advertencia es golpear a uno o varios de sus trabajadores, como ocurrió con Ángel de la Cruz.

Cada obra en los resorts de gran dimensión, con superficies de hasta 40 hectáreas, alberga en promedio 800 trabajadores. Mezclados con este ejército de obreros se encuentran los hampones.

Los criminales llevan el control de la asistencia y de cuánto gana cada obrero por semana. El vendedor les ofrece drogas todo el día. La situación empeora si, además de la cuota semanal, los trabajadores se endeudan para poder consumir, describe Jacinto.

Tobin sostiene que los delincuentes identifican las construcciones cuando apenas inician, buscan a los responsables de obra y también a los contratistas; investigan sus datos personales y luego los abordan.

El 15 de marzo de 2021, la FGE informó en un comunicado sobre la detención de tres sujetos identificados como Marcos, Martín y Carlos, relacionados con delitos de extorsión, así como posesión, tráfico y venta de drogas en construcciones hoteleras, coincidente con el modus operandi anteriormente descrito.

Calvario de las víctimas invisibles

Movidos por la promesa de salarios más altos y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, hombres y, en menor proporción, mujeres, migran de poblaciones marginadas en el sureste de México hacia Quintana Roo, a fin de emplearse en la industria de la construcción.

De las 74 mil 764 personas que emplea este sector, 51 mil 351 están dadas de alta ante el IMSS; es decir 23 mil 413 se encuentran en un esquema de informalidad, sin prestaciones laborales, seguridad social ni un contrato de responsabilidad patronal. Aun así, Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, afirma que las condiciones laborales en el estado son muy superiores a las que tienen los obreros en sus estados de origen.

Sin embargo, la aportación de los empleados de la construcción a una economía que se extiende año con año no es proporcional a las condiciones de trabajo, marcadas históricamente por la explotación, informalidad y riesgos de seguridad, lamenta Juan José Chilón, exlíder del Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Construcción (Sitec). La carencia económica y casi nula movilidad social los colocan actualmente en la mira de la delincuencia organizada.

Para la criminóloga y especialista en seguridad Mónica Franco, esos jóvenes, en condiciones de pobreza, solos y lejos de sus familias, no cuentan con redes de acompañamiento, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Estas condicionantes, agrega la experta, han vuelto prácticamente imposible que los trabajadores tengan posibilidad de denunciar extorsión y actos de tortura.

La FGE reconoce que existen 18 carpetas de investigación por desaparición relacionadas con trabajadores de la industria de la construcción, de acuerdo con una respuesta oficial. Sin embargo, la fiscalía no tiene datos sobre los operativos realizados en las obras de construcción y declaró que no hay registro de fosas clandestinas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de noviembre de 2020, lo que deja fuera los hallazgos cerca del Planet Hollywood.

Para las familias, la búsqueda se ha convertido en una odisea, debido a sus carencias económicas, falta de conocimiento jurídico, apatía de la FGE y deficiente acompañamiento. También han manifestado que ni los hoteles ni las constructoras para las que laboraban han accedido a coadyuvar con la investigación.

Aunque sobre los hoteles Planet Hollywood y Catalonia pesan denuncias por desaparición de trabajadores dentro de sus instalaciones, estos complejos turísticos operan con normalidad.

Protección… de la marca turística

En un destino como Cancún, cuya economía depende de los más de 23 millones de visitantes que llegan anualmente, es una prioridad cuidar la imagen de los centros turísticos. El fiscal Montes de Oca lo expuso en esos términos durante la reunión de diciembre con legisladores: “Todos los eventos (homicidios) son lamentables, pero para un estado que vive del turismo, tenemos que cuidar nuestra materia prima, que es precisamente el turismo, para que no suceda que decidan no venir”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, descartó que se trate de una situación grave. Desestima que inhiba la llegada de turistas al estado y agrega que hasta el momento ninguna inversión se ha detenido por razones de seguridad.

Vanegas reconoce que grupos del narcotráfico se han “colado” en los hoteles en desarrollo, pero plantea que esto se resuelve de una forma “simple”: certificando a las empresas proveedoras “ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción”.

Esta postura es compartida por Ramón Roselló, gerente de InverHotel, sociedad que agrupa a 16 cadenas hoteleras que suman 50 mil de los 114 mil cuartos que operan en el Caribe mexicano.

Si bien Roselló reconoce que hay un problema de inseguridad en las construcciones, opina que no es “tan grave” y califica como “excepcional” el trabajo de las autoridades. Dice que si se repiten mucho las noticias sobre violencia en las construcciones, eso podría tener un impacto negativo en la imagen de Cancún como destino.

Por su parte, Tobin menciona que ya hay inversionistas que han frenado proyectos por cuestiones de inseguridad en las obras.

Mientras el turismo en la zona muestra signos de progreso, el viacrucis no termina para las víctimas y sus familiares.

Para Chilón, la marca turística ha pesado más que la propia vida de los trabajadores, y concluye: “Es muy lamentable que se oculte información con tal de preservar la imagen de la ciudad y evitar que el turista no venga”.

* Esta investigación fue realizada para Aristegui Noticias, El Universal, Proceso, Novedades, EstamosAqui.mx y Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) dentro de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/3/28/trabajadores-de-la-construccion-bajo-el-yugo-del-crimen-organizado-260924.html

Condenan hacinamiento en centros de detención de migrantes en la frontera sur

Organizaciones civiles condenaron las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran migrantes en los distintos albergues de la frontera sur.

Mujeres migrantes detenidas en el albergue

Isaín Mandujano/ PROCESO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).– El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por varias organizaciones civiles, condenó este sábado las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran migrantes en los distintos albergues de la frontera sur y llamó hoy a poner fin a estas situación y otras “prácticas ilegales”.

Señaló que la situación actual de más de 300 personas, en su mayoría familias conformadas por mujeres con niñas, niños y adolescentes (NNA), detenidas en la bodega acondicionada como Estación Migratoria Cupape II La Mosca, en el municipio de Chiapa de Corzo, revela las consecuencias del reforzamiento del operativo de control migratorio y el cierre de fronteras anunciados el pasado jueves 18 de marzo por el gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos por contener el tránsito de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El Colectivo recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNN) señala que en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención.

Pese a ello, actualmente cerca de 329 personas, muchas de ellas mujeres con sus hijas e hijos, se encuentran privadas de la libertad, por lo que solicitó darles atención y protección inmediata de la Procuraduría Federal de Protección y del Sistema DIF Estatal y Municipal.

Al Colectivo le preocupa el hacinamiento en que se encuentran, en completa contradicción con las medidas sanitarias a nivel federal de prevención del covid-19 y que, en el caso de la Estación Migratoria de La Mosca, profundiza las graves condiciones de alimentación, salud y bienestar que se han denunciado desde su apertura en 2019.

“Es importante resaltar que la situación de las personas privadas de la libertad en La Mosca es similar a la vivida por quienes se encuentran detenidas en la Estación Migratoria Cupape I en Tuxtla Gutiérrez. A partir de la información de periodistas y medios de comunicación se ha denunciado el hacinamiento, la detención prolongada, la falta de información, precaria alimentación y condiciones sanitarias de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres”, dijo el Colectivo.

Recordó que organizaciones de la sociedad civil y albergues han documentado la detención en Estaciones Migratorias de NNA y sus familias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con otras fuerzas de seguridad a pesar de que es una práctica ilegal.

También existen reportes de personas que no son encontradas en los registros de las estaciones a pesar de permanecer ahí por tiempo prolongado, la separación de familias y deportaciones masivas sin estudios individualizados de casos ni respeto al Interés Superior de la Niñez en contra de lo estipulado en la propia ley.

Además, dijeron que han documentado el rechazo de personas solicitantes de refugio, sobre todo de grupos familiares, por autoridades migratorias en el punto de internación puente Rodolfo Robles, en el municipio de Suchiate, frontera con Tecún Umán, Guatemala.

Asegura que ha quedado en evidencia la ausencia de protocolos de actuación y coordinación interinstitucional apegados a la reglamentación de leyes y reformas que se han promulgado progresivamente en los últimos años, lo que deja en total desprotección a la población en movilidad. Conllevando, a su vez, a la presión sobre albergues y organizaciones para asumir responsabilidades que corresponden al Estado de alojamiento y protección.

El Colectivo de Observación lo integran, entre otros organismos, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Red Jesuita con Migrantes y una decenas más de organizaciones civiles.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/27/condenan-hacinamiento-en-centros-de-detencion-de-migrantes-en-la-frontera-sur-260907.html

México despliega al Ejército y la GN en límites con Guatemala, a una semana del cierre fronterizo

Soldados del Ejército Mexicano desplegados en la frontera con Guatemala. Foto: Juan Manuel Blanco, EFE:

EFE/ SIN EMBARGO

En la última semana, los agentes migratorios mexicanos han detenido a más de 4 mil migrantes, la mitad en Chiapas y Tabasco, estados del sureste del país.

Tapachula (México), 27 mar (EFE).- El Gobierno mexicano exhibió este sábado la fuerza de cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en su principal cruce de la frontera sur, entre el estado de Chiapas y Guatemala, en medio del creciente flujo migratorio.

Sin precisar la cifra de elementos, en la “Ceremonia de presentación de los agrupamientos organizados, equipados y adiestrados para el rescate humanitario” desfilaron en Tapachula cientos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Para garantizar la seguridad interior y apoyar a las autoridades civiles en caso de necesidades públicas, se cuenta con un despliegue militar permanente en esta frontera sur”, expresó el general Vicente Antonio Hernández, comandante de la 36ª Zona Militar en Tapachula.

El despliegue ocurre al cumplirse una semana del histórico cierre de la frontera sur que México realizó con el argumento de frenar los contagios de COVID-19.

El Gobierno mexicano despliega elementos de la Guardia Nacional para contener a migrantes. Foto: Juan Manuel Blanco, EFE.

Pero también coincide con la víspera del arribo de las primeras 1,5 millones de un total de 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos prestará a México tras una negociación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

“Nuestro país actuó de forma soberana e independiente al implementar su nueva política migratoria, que pone al centro la protección de los derechos humanos”, aseguró el general Hernández, encargado del fronterizo río Suchiate.

La exhibición de fuerza también sucede cuando México ha detenido a 34 mil 993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, un aumento de casi el 28 por ciento o 7 mil 643 personas más que el año pasado, reveló en el evento Francisco Garduño, titular del INM.

De este número, precisó, 4 mil 440 han sido menores de edad.

“Reforzaremos nuestra presencia en este estado fronterizo a fin de evitar que niños, niñas y adolescentes sean utilizados como pasaporte para llegar a la frontera con Estados Unidos”, manifestó Garduño.

Tan solo en la última semana, los agentes migratorios mexicanos han detenido a más de 4 mil personas indocumentadas, la mitad en Chiapas y Tabasco, estados del sureste del país.

El director del INM detalló que el 56.21 por ciento de los migrantes que detienen son de Honduras y el resto de Guatemala, El Salvador y otras naciones no especificadas.

“Mantendremos el operativo de vigilancia las 24 horas en la totalidad de la franja fronteriza del sur del país, así como en las carreteras, trenes y caminos para mantener un flujo migratorio regular atendiendo además las medidas sanitarias por COVID-19”, observó.

En tanto, en Estados Unidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 100 mil 441 indocumentados en febrero en la frontera con México, frente a 78 mil 442 de enero.

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración participan hoy en la “Ceremonia de presentación de los agrupamientos organizados, equipados y adiestrados para el rescate humanitario”, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Aunque es una tendencia al alza aún no alcanza a mayo de 2019, cuando la CBP aprehendió a 132 mil 856 personas y el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a México con la imposición de aranceles.

Las autoridades mexicanas replicaron el exhorto del Gobierno de Estados Unidos, que ha pedido no viajar al país pese a la suavización de la retórica de Biden.

“Las redes criminales de traficantes de personas les han vendido la ilusión de llegar a la frontera con los Estados Unidos sin riesgos, no hay nada más más falso que eso”, sostuvo Garduño.

https://www.sinembargo.mx/27-03-2021/3956777

Acusan víctimas: Funcionarios ligados a desapariciones forzadas (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Revelan algunos de los nombres de los funcionarios de la actual administración panista de Antonio Echevarría García, presuntamente involucrados en la desaparición de sus hijos

Agencias / Realidades de Nayarit

México.- Sábado 27 de marzo del 2021. (Agencias). El pasado 8 de marzo del 2021, la revista Proceso publicó un extenso reportaje sobre lo que acontece en Nayarit en materia de desapariciones forzadas y la falta de justicia.

Se señala que a pesar de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) emitió hace casi siete meses acciones urgentes para que el Estado mexicano busque e investigue 39 casos de desaparición forzada en Nayarit, ocurridos entre abril de 2012 y mayo de 2020, los afectados dudan que se haga justicia.

Su pesimismo se basa en que en la Fiscalía General de Nayarit (FGN) aún permanece personal que tendría vínculos en las desapariciones forzadas, que sucedieron bajo el mando del exfiscal Edgar Veytia, quien purga en Estados Unidos una condena de 20 años por narcotráfico.

Menciona el reportaje que las víctimas señalan a José Manuel Delgadillo Cruz, quien se desempeñó como director general de Investigación Ministerial, y ahora es subdirector de Investigación Ministerial y Enlace Operativo en Materia de Derechos Humanos.

En la lista entregada por los afectados, también aparece la exministerio público, Yayori Denisse Villasana Monroy, actual fiscal de Desaparecidos.

Los otros señalados son los ministerios públicos Francisco Rodríguez, Vladimir Brito, Karenya Luna; los comandantes Alfonso Hernández, Omar Tirado y Francisco Ansaldo, así como el exdirector del Penal Venustiano Carranza, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.

Impunidad

Margarita Acosta busca desde hace casi tres años a su hijo, Jesús Marín Acosta “Chuy”, quien desapareció el 26 de junio de 2018, cuando unos sujetos ingresaron hasta su habitación, para llevárselo contra su voluntad. Su caso, es uno de los 39 por los que el Comité CED emitió la resolución al Estado mexicano.

Dos días antes de que se lo llevaran, “Chuy”, que en ese tiempo tenía 19 años y era campesino, había sido severamente golpeado. Se comunicó con su pareja, quien fue por él en un taxi y lo llevó a la comunidad 6 de enero, donde se ubica la casa de Doña Mago -como le dicen de cariño- para que convaleciera.

El día 26, Doña Mago salió, y cuando regresó sus hijas le explicaron que Armando Contreras Torres alias “El Camarón” junto con varios hombres, que llegaron a bordo de dos vehículos, se llevaron a “Chuy”. La señora esperaba que le llamara.

A los tres días de la desaparición, “El Camarón” se comunicó con ella para advertirle que no interpusiera ninguna denuncia, si no se “la iban a ver con él”. El 1 de julio, Doña Mago acudió a la FGN donde al principio se resistieron a levantar la querella, que quedó con el número 984/18.

Al poco tiempo, “El Camarón” fue detenido por la desaparición de otra persona, y cuando se enteró, Doña Mago acudió a la FGN para preguntar si ya había relevado dónde estaba “Chuy”. Le dijeron que no.

Unos días después regresó a la dependencia, donde la atendieron Yayori Villasana y Francisco Borrego. La funcionaria le pidió que se desistiera de iniciar “’juicio contra El Camarón porque iba a andar vuelta y vuelta, y no tiene dinero para andar gastando’”. Además, Villasana le informó que “El Camarón” ya había sido condenado a 12 años por la desaparición de otra persona “y que no fuera tan mala”.

Doña Mago respondió que “no le hace que me quede sin tragar o me venga caminando, quiero justicia para mi hijo”.

Yayori Villasana insistió y le recordó que su hijo consumía drogas. “Independientemente de eso, nadie tiene derecho de privar de la libertad a nadie”, respondió.

A raíz de dicha solicitud de la funcionaria, Doña Mago presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit contra Yayori y Borrego.

La señora recordó que una semana antes de la desaparición de su hijo, éste le reveló que “El Camarón” le ofreció que se dedicara a distribuir droga, pero no quiso. Considera que eso provocó que lo golpeara y desapareciera.

La afectada no desistió en exigir justicia. Sin embargo, cada vez que acude a la FGN, no encuentra la carpeta de investigación, tampoco le avisan de las audiencias contra “El Camarón”. “La Fiscalía no sirve para nada” señaló.

Ante la inactividad de la autoridad, se unió a los colectivos para buscar restos de desaparecidos. En la colonia Moderna, donde hallaron tres fosas clandestinas con restos calcinados se percató que la autoridad no busca meticulosamente.

Cuando se retiró la autoridad, Doña Mago y una compañera hallaron “huesitos”, dientes, anillos, entre las cenizas. Una antropóloga las regañó por tocar los indicios. “La compañera le respondió ‘ustedes no buscan bien, que tal que si ahí está mi hijo o el de ella, a nosotras no nos da asco, ya estamos acostumbradas al olor a muerte’”, relata la señora. La funcionaria calló, recibió lo recolectado por ellas, y les aseguró que darían con los responsables. “Yo le dije, en mi caso ahí está el culpable y qué le han sacado, ya no me dijo nada”, recordó Doña Mago, quien seguirá pidiendo justicia y no parará hasta encontrar a “Chuy”.

Interviene organización

La organización IDEHAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C junto con cuatro colectivos de personas desaparecidas, Familias Unidas por Nayarit, Por Nuestros Corazones, Renacer por Amor a Ellos y En Búsqueda de Verdad y Justicia denunciaron ante el Comité CED “que no existe la voluntad política” de la FGN de “esclarecer los hechos y de detener a los responsables materiales e intelectuales, entre otros aspectos, por la presencia en dicha institución de varios funcionarios que participaron en los actos y quienes continúan en los cargos”.

En la resolución de 24 de agosto de 2020, el Comité CED emitió 39 acciones urgentes para los casos de las personas desaparecidas presentados, y dictó una serie de medidas al Estado mexicano, entre otras, establecer una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva de las 39 personas desaparecidas.

Cristina Lozano, de IDEHAS, detalló que la mayoría de los desaparecidos son jóvenes que fueron sacados de sus domicilios por presuntos policías investigadores; en camionetas blancas o negras, sin placas. El mayor número de desapariciones ocurrió el 22 de junio de 2017, con 22 casos.  Los familiares de los desaparecidos identificaron a algunos como policías de la FGN.

La integrante de IDEHAS mencionó que ya existe una orden de aprehensión en contra de uno de los policías de la FGN, pero no se ha cumplimentado. “Hay una impunidad bien marcada como esta colusión entre la Fiscalía de Nayarit, y los grandes mandos; claro, sabemos que está la presencia del crimen organizado”, lamenta.

IDEHAS estima que existen desde 2017 a la fecha mil desaparecidos, aunque no tienen una cifra exacta puesto que muchos afectados no denuncian, y si lo hacen, la carpeta de investigación se abre como secuestro, pero no existe un rescate de por medio, o como no localizado.

Las familias de desaparecidos son revictimizadas cuando acuden a la FGN, puesto que el ministerio público le pide que busque bien; en caso de ser mujeres, menciona que se fueron con el novio. Cuando por fin se abre la investigación solo les da un boletín de búsqueda, no avanza la investigación, y ni siquiera les dan copia de la carpeta.

Respecto a la resolución del Comité CED, Cristina Lozano informó que el Estado mexicano solicitó una prórroga, y apenas está entregando informes. Dentro de las acciones urgentes, “ya entregaron restos a las familias y han avanzado las investigaciones, toda vez que a final de noviembre la FGR (Fiscalía General de la República) atrajo 22 carpetas de investigación” tras la manifestación de los afectados, recordó.

Sin embargo, para acallar la voz de los colectivos, dos de sus integrantes fueron detenidos y a uno más le incendiaron su local.

Así concluye el reportaje, y hasta la fecha así como lo relatan todo continúa igual.

Hay que recordar que hace unos meses Elementos de la Fiscalía General de la República llegaron a la Fiscalía de Nayarit e intempestivamente se llevaron varios expedientes, pero aún no ha habido resultados de esas investigaciones.

http://realidadessperiodico.com/76093/

“Son proyectos que no están siendo consultados”: Por Tren Maya, se harían 10 parques solares; activistas de Yucatán no quieren más despojo de tierras

Itzel Chan / Noticaribe
MÉRIDA, MX.- Ante el anuncio relacionado con la construcción de 10 parques de energía solar para abastecer los tramos electrificados del Tren Maya, integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, se pronuncian desde ahora que se oponen a más despojo de tierras.

De acuerdo con documentaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), no hay especificación sobre la inversión que se realizaría ni la ubicación exacta de los parques, pero sí contempla estudios de preinversión.

Al respecto, Pedro Uc quien forma parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, dejó en claro que no están en contra de los proyectos relacionados con energías limpias, siempre y cuando sigan una consulta que contemple las voces de las personas que viven en las comunidades involucradas.

“No estamos en contra de las energías limpias, si es que acaso son limpias, lo que discutimos es que a lo largo de los años han llegado empresas que nos han despojado de territorio para muchos proyectos de este tipo, entre ellos los que son de energía renovable, ya sea de tipo eólica o solar, entonces es ahí donde entra nuestra inconformidad”, indicó.

El poeta maya y activista, dijo que el Tren Maya precisamente lo que está haciendo con su desarrollo es efectuar despojo de tierra, además que se ha realizado sin consulta previa.

“Son proyectos que no están siendo consultados con los pueblos originarios indígenas y creemos que mientras existan este tipo de proyectos que no se consultan, seguirá existiendo una imposición que daña a la cultura, el medio ambiente y las formas de organización”, enfatizó.

A pesar de que aún no hay fechas definidas para emprender estos proyectos, el activista mencionó que de ser cierto, esperaría que se realizaran las consultas primero.

Recordó que hay cinco líneas o tipos de proyectos que generan impactos negativos, entre ellos el despojo de tierra.

“Hemos emprendido lucha contra los proyectos de monocultivos de soya transgénica, las granjas porcícolas, los relacionados con energía renovable, ya sea energías eólicas o solares, otros más de turismo de alto impacto, en los que los responsables son inmobiliarias que construyen grandes hoteles y restaurantes. Además, está el mal llamado Tren Maya”, señaló.

Pedro Uc señaló que hay proyectos que consideran que las formas que usan no son viables y que no favorecen el desarrollo de los pueblos.

Hay que recordar que el Tren Maya es construido con una inversión de 6 mil 294 millones de dólares para cerca de 1 mil 554 kilómetros en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Del total de los kilómetros, al menos 690 kilómetros correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal, los cuales serán electrificados y para estos tramos es que precisamente Fonatur prevé que se creen al menos 10 parques fotovoltaicos.

https://noticaribe.com.mx/2021/03/27/son-proyectos-que-no-estan-siendo-consultados-por-tren-maya-se-harian-10-parques-solares-activistas-de-yucatan-no-quieren-mas-despojo-de-tierras/

Como en EU con Trump, México mantiene a migrantes, incluidos niños, hacinados en jaulas (Video)

En un video que obtuvo y difundió hoy el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), se puede observar la situación muy precaria en la que se encuentran decenas de personas en la “cárcel migratoria” provisional de “La Mosca”, instalada en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas.

Los migrantes enjaulados en la estación migratoria “La Mosca” . Foto: Especial

Isaín Mandujano y Mathieu Tourliere/ PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lejos del discurso oficial de protección a los derechos humanos de las personas migrantes y del supuesto interés en contener la pandemia de covid-19, las autoridades mexicanas mantienen a decenas de personas migrantes de origen centroamericano –entre ellas niños– amontonadas en jaulas, sin cubrebocas ni ninguna medida de distanciamiento para evitar el contagio de SARS-CoV-2.

En un video que obtuvo y difundió hoy el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), se puede observar la situación muy precaria en la que se encuentran decenas de personas en la “cárcel migratoria” provisional de “La Mosca”, instalada en el municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas; en primer plano, se observan niños sentados, y detrás de ellos está un grupo numeroso de adultos.

El material refleja la desesperación de las personas amontonadas detrás de las rejas de metal, y se puede escuchar a un hombre cuando expresa a las demás personas que se tiene que encontrar una solución pacífica a su situación, y resalta que “nosotros no estamos haciendo daño a nadie, no somos ladrones”, lo que desata una ola de aplausos, seguido por una serie de reclamos en voz alta por su liberación.

A través de sus redes sociales, el MMM llamó la atención a organismos internacionales de derechos humanos, y planteó que “ante la desesperación por el hacinamiento y la lentitud de sus procesos, personas migrantes se amotinan en la cárcel migratoria provisional “La Mosca” Cupapé 2, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas”.

A lo largo de la semana, el gobierno mexicano ha anunciado el cierre de su frontera sur para los “viajes no esenciales”, bajo el pretexto de contener la pandemia de covid-19; sin embargo, ninguna de las personas migrantes detenidas que aparecen en el video tiene puesto un cubrebocas.

Aparte, el gobierno anunció que reforzaría la presencia de los soldados de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sur del país, con el argumento de proteger los derechos humanos de los migrantes y especialmente de los niños, unas palabras que contrastan con el video difundido hoy, en el cual se aprecia que niños y adultos migrantes se encuentran detenidos juntos en una situación de hacinamiento.

El gobierno mexicano anunció estas medidas en medio de una serie de reclamos y gestiones del gobierno estadunidense de Joe Biden para frenar la llegada creciente a su territorio de solicitantes de asilo de Centroamérica.

Que nos deporten o nos dejen seguir
Un grupo de mujeres migrantes centroamericanas y sus hijos se amotinaron este viernes en el albergue conocido como La Mosca en el municipio de Chiapa de Corzo, a unos 10 kilómetros al este de la capital del estado.

Las mujeres migrantes centroamericanas, guatemaltecas y hondureñas, exigieron hoy que se resuelva ya su situación migratoria, ya sea que sean deportadas y las dejen seguir su camino hacia el norte del país.

Algunas mujeres denunciaron que tiene casi un mes en ese albergue, con sus hijos y que han empezado con diarrea, fiebre y vomito.

Indicaron que las altas temperaturas de la bodega habilitada como albergue ha ocasionado golpes de calor o insolación en algunos migrantes.

Denunciaron que las condiciones en las que están ahí son las más deplorables pues duermen y comen el piso. Además expuestos a los moscos y los insectos.

Las mujeres dijeron que si el Instituto Nacional de Migración (INM) no les resuelve su situación migratoria empezarán una huelga de hambre desde este viernes como un acción de protesta.

“Si el gobierno mexicano no nos deporta ya que nos liberen y dejen seguir nuestro camino hacia el norte o bien que nos ofrezcan trabajo en este país. Somos gente trabajadora somos gente honesta, no somos delincuentes para estar encerrados con nuestros hijos”, dijeron las mujeres”.

El miércoles pasado, otro grupo de centroamericanos se amotinaron en la estación migratoria de El Cupapé, en el lado norte oriente de la capital del estado. Igual, exigieron ser liberados o ser deportados, porque no quieren seguir hacinados en esos albergues.

Hoy el comisionado del INM, Francisco Garduño Yañez, estuvo en Tapachula con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, con quien encabezó el despliegue de las fuerzas policiacas estatales, militares, marinos, Guardia Nacional, Protección Civil y otras instituciones de ayuda como Salud y DIF estatal, como parte de las medidas de restricción en la frontera sur.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/26/como-en-eu-con-trump-mexico-mantiene-migrantes-incluidos-ninos-hacinados-en-jaulas-video-260841.html

Se manifiestan trabajadores de centros infantiles por falta de pago frente a Palacio de Gobierno (Nayarit)

Foto: El Sol de Nayarit

Redacción / El Sol de Nayarit

Se manifestaron esta mañana trabajadores de estancias infantiles en la Plaza Bicentenario frente a Palacio de Gobierno, en la capital nayarita, para exigir el pago a maestros, maestras y administrativos.

Jaime Cervantes Rivera, director General del Sistema Educativo Paulo Freire, dijo en entrevista que “nos estomas manifestando 15 estados de la República de centros infantiles, para exigir el pago inmediato de los salarios de las maestras, los maestros y administrativos que laboran en los centros infantiles del país”.

Aseguran que desde el mes de enero no se les ha pagado su salario, a pesar de que el personal ha seguido trabajando durante estos tres meses.

Cervantes Rivera señaló que, a nivel federal adeudan alrededor de 375 millones de pesos entre los 15 estados de la República, para Nayarit, adeudan alrededor de 54 millones de pesos.

https://www.elsoldenayarit.mx/cultura/76375-se-manifiestan-trabajadores-de-centros-infantiles

Desaparecer en Nayarit. Un retrato de Wen a través de sus amigas

Foto: Tercero Díaz

Wendy, o Wen, como la llaman sus amigas, salió el pasado 9 de enero desde San Pancho, Nayarit, con rumbo a su ciudad natal, Guadalajara. Desapareció en el camino. Esto ocurre en una entidad caracterizada por desapariciones forzadas y una mancomunión entre autoridades y crimen organizado.

Tercero Díaz / Pie de Página

SAN FRANCISCO, NAYARIT.- Según información oficial del gobierno federal, los casos de desaparición aumentó 13 por ciento en el país, en julio de 2020 a enero de 2021 se pasó de 73 mil 218 a 82 mil 825, esto pese a la suposición que la pandemia disminuiría la actividad criminal. El incremento en este delito se da a partir del sexenio del ex presidente Felipe Calderón y su llamada “guerra contra el narco”.

Las autoridades no adquieren herramientas de búsqueda e investigación, mientras que los delincuentes se van especializando más en sus estrategias. Esto nos deja desamparados y cada vez son más las comunidades alcanzadas por esta problemática, como lo ha sido San Francisco, Nayarit, mejor conocido como San Pancho.

Han pasado más de tres meses,  desde la desaparición de Wendy Sánchez, o Wen, como se le conoce en su círculo más cercano previo al 9 de enero del 2021, día en que tomó la camioneta de su pareja, una jeep cherokee modelo 2015, en la que viajaría de San Pancho, Nayarit rumbo a Guadalajara, Jalisco, para visitar a su familia y acudir a una sesión de meditación que era muy importante para ella. Jamás llegó a su destino.

San Pancho: paraíso rodeado de infierno

Recorriendo caminos y veredas, cerros y viajando de pueblo en pueblo, familiares y amistades de Wen, continúan la búsqueda acompañados por “Guerreras en busca de nuestros tesoros” un colectivo de madres de desaparecidos de Nayarit.

Los cerros selváticos rodean San Pancho, aquí todos van y vienen sobre patinetas y disfrutan el aire fresco en días soleados. En la playa surfers montando las olas, los porros pasan de boca en boca al igual que el mate y las cervezas. Los habitantes asisten religiosamente cada día a observar el sunset (atardecer), donde el cielo se pinta de hermosos colores y el sol en el horizonte se hunde en las profundidades del mar, algunos le aplauden a la estrella y poco a poco se retiran conforme entra la noche. Nadie sabe si aquí el tiempo no existe,  si pasa lento, o si pasa demasiado rápido, aquí la vida es diferente, aseguran sus habitantes.

Autoridades gubernamentales le han llamado la “Capital Cultural de Nayarit” al aparente paraíso. San Pancho tiene rasgos característicos de un pueblo, es pequeño así que se puede recorrer todo en 15 minutos caminando. La gente se conoce y se saludan por la calle, todos saben a qué se dedica cada quien, y si tienes un problema con alguien, la magia de este lugar te hace trabajarlo y trascenderlo, ya que verás a esa persona todos los días en las calles. Mujeres y hombres de todo el mundo conviven en todo momento, debido a que este sitio es habitado por grandes comunidades de argentinos, españoles, estadounidenses, canadienses, ingleses, italianos, mexicanos de otros estados y los nativos de esta región, entre otros.

Este estado de la República Mexicana ha sido ignorado por las autoridades federales, durante muchos sexenios, comenzando por el campesinado junto con todo sector productivo de la zona.

El diablo, el origen de la violencia

Asimismo, graves crímenes contra los derechos humanos se han cometido a cientos de nayaritas; como los ocurridos durante el periodo del fiscal general del Estado Edgar Veytia, alias “la Bestia” o “el Diablo”,  que a cargo de todos los agentes estatales, fungió como líder del brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva. Torturó, asesinó, desapareció personas para adueñarse de sus propiedades, además de encargarse de la distribución de drogas durante los años 2013 a 2017, según el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Fue arrestado por cargos de tráfico de drogas en la frontera México-Estados Unidos el 27 de marzo de 2017 y fue condenado a 20 años de prisión.

A la fecha, ningún gobierno se ha encargado de realizar una investigación y limpia de los agentes que trabajaban para “la Bestia” o “el diablo”, como se le conocía a Veytia, y que al día continúan en servicio dentro de la agencia de seguridad.

Pese a que Nayarit, como cualquier lugar en México, tiene una fuerte presencia del crimen organizado, La zona donde se ubica San Pancho estaba exenta de desapariciones y otros delitos atroces propios del narco-Estado. La desaparición de Wendy es  tan atípica por muchos motivos y eso ha complicado la investigación.

Del 9 de enero fecha de su desaparición, a la fecha, han ocurrido otros dos casos, el de Óscar Joshua Arreguín Hernández, un adolescente de 1 5 años, y también habitante de San Pancho, y Francisco X.

San Pancho, una comunidad de mujeres

Wen tiene 33 años, es artista, y tenía una tienda de arte sobre la avenida Tercer Mundo en San Pancho, sitio donde tenía tiempo residiendo. Salió la mañana del 9 de enero de San Pancho en dirección a Guadalajara de donde es originaria, y jamás llegó a la caseta de Compostela. Más allá de datos generales, la desaparición de Wen ha trastocado a la comunidad, según algunos habitantes y amigas de Wen, este sitio ya no se siente igual.

Las calles están vacías de noche, se vuelve un pueblo fantasma. Las mujeres, quienes tienen un papel muy importante en este pueblo, hablan entre ellas sobre Wen, lo triste y doloroso que les resulta, y lo inseguras que les hace sentir este acontecimiento.

“Es un pueblo de mujeres, desde donde lo vivo siendo mamá soltera. Me mudé aquí porque había otras mamás solteras que me iban apoyar. Sabía que tenían la misma historia que yo y que no me iban a juzgar, aquí no había esa competencia entre nosotras, de donde yo soy hay un estigma muy fuerte al ser mamá y no contar con un esposo.

Además, la mayoría de mujeres que llegan a San Pancho son muy fuertes, muy fuertes en creatividad, en forma de ser y tal vez es porque han criado a sus hijos solas y no han aceptado malos tratos, quizá por eso hemos decidido estar solas. Al haber tantas mujeres en san pancho con estas características, se crea una red de contención invisible, y entonces las mujeres que no son mamás solteras pero que están buscando eso comienzan a venir para acá, o vienen de visita y se dan cuenta de esto y se quedan”, comenta Mariana, amiga cercana de Wen.

Todas las mujeres cercanas a Wen sabían de su interés por ser madre, incluso el nombre de su tienda de arte era Marea, ya que aseguran que si tenía una niña quería llamarle Marea, en caso de tener niño se llamaría Cosmos. Resultan entendible los motivos de ella para quedarse en este paraíso natural, se sentía en el hábitat que necesitaba.

“Me cautivó su energía. Wen es una mujer muy inteligente, una mujer que se ve que ha pasado por todo, que no ha tenido una vida fácil, y a pesar de eso, tiene una energía hiper positiva, pero no una positividad absurda, sino que su energía positiva es una decisión que ha tomado de forma consciente. Y… es un motor de mover cosas”, menciona Laura, artesana y amiga de Wen.

Por su parte Gizeh, otra de sus amigas, corrobora lo activa que es Wen y su entusiasmo por trabajar en colaboración con los demás, “ella busca una vida tranquila, sin ajetreo citadino donde pueda enfocarse en su quehacer artístico. Me contó que su intención de vivir acá es activar el potencial de San Pancho respecto a ser un lugar donde se encuentran personas que manejan múltiples disciplinas, ella quiere ser un puente entre creadores y consumidores”.

“Wen hacía muchas cosas para la comunidad pero a la vez no era de tantos amigos, y su trabajo era invisible”, menciona Ana Laura sobre el interés de Wen en apoyar a la comunidad sin buscar protagonismo ni reconocimiento.

Un día mientras Wen y Gizeh miraban el atardecer en la playa de San Pancho, se carcajeaban de las personas que le aplauden al sol. “’¿Por qué le aplauden al sol?’, nos preguntábamos las dos, a ella le parecía gracioso, porque decía que el sol se mete todos los días y no lo hace para nosotras, para hacernos un show a nosotros los humanos, fue un atardecer muy divertido”.

Según Laura, la vida es un acto de amor para su amiga desaparecida. Siempre da lo mejor de sí, amorosa y atenta con quienes se le acercan pero jamás pretendiendo poseer a nadie. “Wen de verdad intenta hacer las cosas bien con todos, y no desde la inseguridad, sino desde el amor, así es como actúa ella. Jamás la he visto hacerse la víctima, jamás de los jamaces”, agrega.

“Es muy chistosa, alegre y responsable con ella misma, siempre se cuestiona cómo mejorar lo que su pasado le había enseñado. Wen viene  de un pasado bastante doloroso, la homofobia entre otras cosas le lastimaron demasiado. Ella no carga con su pasado ni con las personas que la hirieron, lo tiene resuelto y trascendido. Por eso ella busca no repetir patrones de conducta lastimen a otros. Es una persona que realmente tiene tiempo haciendo un trabajo interior de forma muy comprometida y responsable”, comenta Tamara, otra amiga de Wen originaria de Ciudad de México, que se mudó a la playa hace unos meses.

El tiempo pasa y aún no se ha localizado a Wen, su familia y amigos han realizado pintas de murales con su rostro en Ciudad de México y Nayarit. También han emprendido una fuerte campaña en redes sociales y volanteo de la ficha de desaparición de ella en casi todos los pueblos cercanos a San Pancho. Sayulita, Lo de Marcos, Las Varas, Alta Vista, Capomo, La Peñita y Guayabitos son solo algunos de los sitios donde han acudido a dejar carteles y lonas con la finalidad de que alguna persona que tenga información sobre su paradero, se comunique de manera segura y anónima para lograr  encontrarla. Se hace hincapié en que no se busca culpables, ni justicia, nada, solo encontrar a Wen esté donde esté.

“Siento que ahora hay mucha desconfianza entre todos, ansiedad y  miedo. Antes mis amigas y yo caminábamos en las noches solas, ya no. Esto fue una cachetada, un recordatorio de que hasta en este lugar existen  estos casos”, menciona Tamara mientras se recuesta sobre su cama con expresión de tristeza. “Ella es la persona con la que siempre acudo cuando quiero materializar algo que me parece imposible”, agrega Tamara.

Ana Laura, originaria del Estado de México y residente actual de San Pancho, conoció a Wen hace 10 meses. Cuenta que hicieron clic de inmediato porque Wen es una persona que sabe fluir en espacios desconocidos.

“Íbamos en el coche y mis otras dos amigas y yo estábamos cantando en vez de hablar, cada que teníamos que decirnos algo, en vez de hablar, cantábamos, jugábamos. En un inicio Wen no paraba de reírse y decía: ‘¿por qué están cantando todo que les pasa?’. Se reía mucho y a los dos segundos ella ya estaba cantando en vez de hablar, le entró al juego y fue súper chistoso y bonito todas dijos aaayyyññññ es de las nuestras. Es súper carismática”.

En San Pancho coexisten muchos mundos que se entrelazan, uno de ellos son los círculos de mujeres, cada uno tiene sus propias dinámicas, pero todos van enfocados a trabajar con ellas mismas, a sanar, a la mística y la espiritualidad. Wen forma parte de uno de los círculos, donde conoció a la mayoría de sus amigas más cercanas en esta comunidad.

Mariana, integrante del Círculo al que Wen asiste, confiesa que se sintió muy sorprendida al ver la desenvoltura de Wen en su primer día de estos encuentros al que por cierto llegó sola, perdiéndose entre las montañas y camino. “Desde el primer día llegó sonriendo, alegre… llegó y ya estaba integrada. Desde ese primer día, Wen tomó la palabra frente al fuego y dijo algo como: ‘morras, no las conozco, pero me siento muy bien de estar entre ustedes, esta soy yo’…”.

“Al día siguiente cuando salí al río ahí estaban las chicas, y miré a Wen en traje de baño, adentro del río, en su primera visita aquí con nosotras. O sea hay morras que no se atreven a meterse al río y a tomar la palabra, yo duré un mes en hablar en un círculo, y ahí estaba ella, siendo ella, fluyendo, confiando, alegre. Ella supo reconocer que esto era lo que estaba buscando y era lo que necesitaba”, agrega.

“Creo que cuando estás en esta búsqueda personal y en este camino de vida que sea congruente  lo que sientes con lo que crees, y de ahí salir a lo profesional a las relaciones y todo, el camino puede ser muy solitario, casi nadie entiende el por qué esa profundidad del todo. Wen necesitaba sentir ese apoyo, tener un espacio donde no tuviera que pensar, no tuviera que responder al siguiente proyecto y ser valiente. Para Wen es muy importante hacer las cosas bien desde el corazón”.

Por otro lado, Wen puede resultar un desastre hermoso, comenta Belegui, quien conoció a Wendy en un trabajo de hace años en Guadalajara. “Realmente me caía muy mal. Ella vino a complicarlo todo, yo soy muy ordenada, soy muy estructurada, siempre me cuadran las cuentas además soy buena en eso de la administración y contabilidad. Con Wendy diario peleaba porque nunca respondía lo que tenía que responder, a diario le salían mal las cuentas, hacía los envíos  a otro lado, si una persona pidió tres piezas y otra seis, las mandaba al de las tres las seis y al de las seis las tres”.

“Siempre eran risas o cosas, diario batallaba con ella pero me la pasaba súper chido porque yo soy súper controladora y quiero todo a tiempo, y Wendy es lo contrario a mí”, agrega Belegui respecto aquella época, y asegura que no tardaron mucho tiempo en hacerse muy unidas y encariñarse la una con la otra.

“Mental y emocionalmente, Wendy se encontraba en una etapa de grandes cambios y cierres. Ella se encontraba en un proceso de meditación llevaba años, para eso viajó ese 9 de enero,  iba cerrar ese ciclo en Guadalajara.  La quiero un montón, la extraño todos los días. Me hace muchísima falta”, concluye Belegui.

Ha habido información de personas de todas partes, muchos “videntes” se han acercado al hermano Baruc Sánchez mediante redes sociales asegurando tener visiones localizando a Wen mediante prácticas esotéricas. Esta información no ha sido suficiente para encontrarla ya que cada fuente es muy contrastante. Sin embargo, la familia no ignora estos mensajes ya que creen en la posibilidad de que por ese medio alguien que haya escuchado o visto algo, intente hacer llegar el paradero de Wen, de forma anónima.

Por su parte la Fiscalía General del Estado de Nayarit ha tenido un desempeño atípico como el mismo caso; han puesto toda su disposición y recursos, interrogando a muchas personas de la comunidad y asistido a acciones de búsqueda en campo y en algunas zonas por donde se cree pueda encontrarse la camioneta y que eso lleve a más pistas para localizar a Wen.

Mientras tanto, sus amigas en San Pancho comparten su tristeza, sin perder las esperanzas de volver a verla pronto, sana y salva. “Vivimos en un lugar precioso, pero este lugar era aún más precioso con Wen, y no poderlo compartir como antes con ella, pesa. No está aquí, no puede verlo ahora”, concluye Ana Laura.

https://piedepagina.mx/desaparecer-en-nayarit-un-retrato-de-wen-a-traves-de-sus-amigas/

‘Están sobreviviendo a duras penas’: Para quienes viven en la calle no hubo apoyos del gobierno por COVID

Imagen: Andrea Paredes y Jesús Santamaría

Eréndira Aquino / Animal Político

Durante el último año, no hubo gobierno, local o federal, que dirigiera un programa para apoyar a personas en situación de calle por la pandemia.

La población que vive en las calles de México quedó fuera de todo programa de protección ante la pandemia de COVID-19. No tuvieron acceso a servicios de salud y tampoco apoyo económico, de empleo o vivienda.

Según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los 32 gobiernos estatales del país pusieron en marcha 667 programas y acciones sociales para la atención de diferentes grupos de población en el marco de la pandemia, sin embargo, ninguno de ellos estuvo dirigido a personas en situación de calle.

Tampoco pudieron acceder a alguno de los 78 programas que, según el CONEVAL, implementaron los gobiernos estatales para atender a población en situación de pobreza durante la pandemia, debido a que para ello requieren documentos de identidad y la mayoría de ellos no los tienen.

Organizaciones sociales señalan que esta población aumentó en los últimos 12 meses en un ambiente de abandono por parte de la sociedad y de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Si esta población ya tenía poco o casi nada, con la llegada de la pandemia el abandono creció de distintas formas: el cierre de plazas públicas y el “quédate en casa” los dejaron sin espacios para vender sus productos o para pedir dinero.

Las tomas de agua públicas donde podían lavarse quedaron fuera de su alcance y las pocas veces que vieron a las autoridades fue porque llegaron a quitarles sus pertenencias o para amenazarlos con llevarse a sus hijos a albergues.

En la medida de lo posible, se han cuidado para no enfermar. Entre el temor a la COVID y la desinformación al respecto, continúan sus vidas en las calles, trabajando donde y como pueden para ganar lo suficiente para subsistir otro día.

“Están sobreviviendo a duras penas”

En la Ciudad de México, la metrópoli más grande del país desde el inicio de la pandemia se tomaron medidas específicas para las poblaciones callejeras, como el establecimiento de un albergue principal y dos emergentes, así como brigadas que recorrieron las calles para ofrecer apoyo, dice en entrevista con Animal Político, la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la capital, Almudena Ocejo.

Con ayuda de un camión donado al Gobierno de la Ciudad de México por Turquía, recorren algunas calles para ofrecer revisiones médicas y regalan gel antibacterial y cubrebocas. Hasta la fecha, Bienestar afirma que no han encontrado un solo caso de COVID entre las poblaciones callejeras.

“Nosotros siempre nos acercamos a cualquier persona en situación de calle y les ofrecemos los servicios en el albergue. La intención es que puedan estar en un espacio protegido y salvaguardar su salud y su vida, pero un 75% de ellos no acepta”, señala Ocejo.

Sobre las vacunas, la doctora Ocejo dice que habrá un proceso especial para personas en situación de calle, al interior de los albergues y Centros de Asistencia Social.

En el caso de Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, titular del DIF estatal, explica que se ofrecieron despensas y se invitó a un albergue a personas en situación de calle, y que el gobierno local destinó 5 millones de pesos para que a lo largo de este año se atienda a esta población.

Las autoridades locales desconocen el número de personas que viven en las calles de Jalisco, sin embargo, estiman que “hubo un incremento de personas que se encuentran en la calle por la crisis. Nuestro equipo sale todos los días y encontramos a personas que perdieron su trabajo y sus ingresos y en la calle encontraron un medio de vida”.

De acuerdo con Martín Mancilla, Jalisco se encuentra diseñando un nuevo modelo de reinserción de personas en situación de calle, “para que quienes ya dejaron los vicios y están trabajando puedan tener una casa. Los vamos a dotar de un pequeño kit básico de vivienda para que se reincorporen con sus familias”. Pero hasta ahora solo es un proyecto.

A la fecha, afirman que no han detectado personas en situación de calle con COVID en Jalisco y que los servicios de salud están garantizados para ellas, incluida la vacuna.

Las versiones oficiales son cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil, quienes afirman que los apoyos han sido insuficientes y que no todas las personas que los necesitan han podido acceder a ellos.

El Colectivo Pro Derechos de la Niñez (CODENI), que trabaja con personas en situación de calle en la capital de Jalisco, señala que las personas que ya se encontraban en un estado de vulnerabilidad son quienes se encuentran en mayor riesgo de contagiarse de COVID y quienes peor han pasado la pandemia por diversas situaciones.

“Ante la falta de apoyo tienen que buscar otras opciones para obtener los recursos para subsistir, pese al cierre de actividades”, explica Amanda Cabrera, coordinadora de comunicación de CODENI.

La asociación ha brindado apoyo en despensas e información sobre cómo prevenir contagios de COVID, pero pese a ello, muchas familias “están sobreviviendo a duras penas, son casos dolorosos y desesperanzadores porque buscan la forma de conseguir dinero pero la precariedad aumenta rápido y sus condiciones se vuelven más difíciles”. Y en otros estados la situación es similar.

Sin acceso a servicios de salud en pandemia

De acuerdo con el único censo oficial sobre poblaciones callejeras del país, elaborado por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, en 2017 había 6 mil 754 personas en situación de calle en la Ciudad de México, 4 mil 354 que vivían en espacios públicos y 2 mil 400 en albergues públicos y privados.

Sin embargo, Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, estima que a lo largo del último año el número de integrantes de las poblaciones callejeras ha aumentado, principalmente de niños y jóvenes, sin que se tenga certeza de cuántos son.

“La población se encuentra en una situación más compleja durante la pandemia, principalmente por el tema del trabajo. No pueden trabajar en el metro y cerraron algunos espacios en calle, lo que los deja con pocos recursos para sus rentas o comprar comida”, explica.

A un año del inicio de la pandemia, el balance de la asociación no es positivo: “Seguimos viendo una población que no cree en el virus, sin insumos preventivos necesarios y con las mismas condiciones históricas de no contar con acceso a los servicios de salud”.

Vanesa, de 37 años, corrobora esta versión. Vive con una decena de personas a las afueras de la estación de metro Hidalgo, en el centro de la capital, y comenta que no ha recibido visitas de las autoridades ni apoyos para sobrellevar la pandemia, más allá del que obtiene de sus propios compañeros de calle.

“Hubo un chico que se puso malo. Vino una ambulancia y ni lo revisó, solo nos dijo que supuestamente ya tenía el virus… pero como estamos en situación de calle no se lo quisieron llevar. Nosotros por nuestros propios medios lo llevamos al doctor en un consultorio de farmacia, nos cooperamos todos y lo apoyamos con sus medicinas”, relata.

Afortunadamente su compañero no tenía más que un resfriado y finalmente se recuperó. Para cuidarse de no enfermar, Vanesa dice que cuentan con cobijas y ropa que vecinos y asociaciones les regalan, “para cubrirnos del frío, así nos protegemos entre todos”. No tienen más.

Tampoco parece que vayan a tener acceso a las vacunas. José Gerardo, un hombre de 64 años que vive en una casita improvisada con telas, plásticos y sillas en un parque ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, se mantiene escéptico y ansioso por recibirla… pero aún no sabe si le tocará.

Apenas ve acercarse a un grupo de mujeres y hombres vestidos con un overol rojo, los recibe con una sonrisa. Son los educadores de la asociación El Caracol, que durante toda la pandemia se han dedicado a visitar a personas que viven en las calles para darles cubrebocas, gel antibacterial e información sobre cómo prevenir la COVID.

Mientras le regalan agua y jabón para que lave sus manos, una de las educadoras le pregunta si ha escuchado algo sobre la vacuna. Él asiente, dice que sabe que ya llegó a México y que tiene que inscribirse para que se la apliquen, pero no tiene internet, teléfono, ni computadora. Tampoco conoce su CURP, por lo que no puede registrarse.

Tiene documentos de identidad, pero cuenta que se los robaron en un operativo en el que la policía se llevó sus pertenencias. Eli, la educadora de Caracol, toma sus datos y le dice que volverán a visitarlo en unos días para proporcionarle su registro, en caso de que consigan ponerlo en la lista de espera para recibir una vacuna.

En tanto esto ocurre, el hombre dice que toma las medidas que puede para evitar contagiarse: “nos limpiamos un poquito cuando nos regalan agua, con eso alcanza para un medio bañito”.

Acerca de si ha recibido alguna visita por parte de las autoridades de la Ciudad de México para ofrecerle apoyo, José Gerardo señala que hasta ahora solo han ido a regalarle cobijas y a pedirle que se retire de donde vive.

Minera Cuzcatlán: con Licencia para contaminar (Oaxaca)

Avispa Midia / Santiago Navarro F. y Renata Bessi.

La empresa de capital canadiense Compañía Minera Cuzcatlán es la sexta mayor productora de plata en México. En 2018, debido a un derrame de desechos, una de sus minas afectó un arroyo de Oaxaca.

El suceso desató una intensa controversia, documentada por los medios de comunicación, sobre si los residuos mineros habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades.

Esta investigación periodística devela los informes originales, que apuntaban presencia de materiales tóxicos en niveles que superaban las normas mexicanas hasta 1845% en algunos casos.

Además, muestra cómo autoridades y empresa relegaron esos documentos para dejar a Minera Cuzcatlán libre de responsabilidades sobre los efectos de la contaminación en esta región del sur mexicano.

Aquino Pedro Máximo recuerda muy bien la madrugada del 8 de octubre de 2018, cuando se soltó un aguacero torrencial. Él es un campesino zapoteca de la comunidad Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en el sur de México. Aquella noche, sobre los techos de lámina de las casas se entonaba un ruido ensordecedor. A muy tempranas horas de la mañana, como es su costumbre, agarró su machete y se dispuso a comenzar la jornada en sus cultivos, junto a otros campesinos. Los tomó por sorpresa que el arroyo El Coyote estaba teñido de un material grisáceo. “Parecía cemento”, recuerda Aquino.

Más de cuatro kilómetros del arroyo se habían cubierto de este lodo gris. El agua, que los campesinos utilizan para uso agrícola y pecuario, era completamente grisácea; la vegetación y el suelo a su alrededor también. La masa lodosa se había esparcido en el paraje conocido como “La Ciénega”, en el municipio de Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales y un pozo de agua potable. También fueron afectadas las comunidades zapotecas San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa y Tejas de Morelos.

Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.

El lodo que contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente, desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente, a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de productos químicos tóxicos.


Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.

Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el equipo de esta investigación.

A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.

Los primeros informes oficiales registraron que la Minera Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.

https://avispa.org/minera-cuzcatlan-con-licencia-para-contaminar/

Minera de Alberto Baillères sigue sin cumplir la sentencia a favor de ejidatarios (Sonora)

Pese a que el Tribunal Unitario Agrario de Sonora determinó que la minera Penmont de Alberto Bailleres debía resarcir el daño hecho en el Ejido El Bajío y devolver el oro extraído en ese territorio, siete años después la sentencia no ha sido ejecutada

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alberto Paredes / Archivo Pie de Página

CABORCA.- Hace ya siete años el ejido El Bajío obtuvo una sentencia inédita en contra de la empresa minera Penmont de Alberto Baillères. Esta resolución enfureció al magnate mexicano al grado que movió todas sus fichas en el Senado de la República para que echaran al juez que resolvió la demanda de los ejidatarios del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Hermosillo, Sonora. Así sucumbió el poder político ante el poder económico en el país.

A pesar que la resolución se emitió en junio de 2014, hasta ahora no se ha ejecutado. El actual magistrado del TUA número 28, de Hermosillo, Sonora, no ha reabierto el incidente, como lo estableció en su momento el exmagistrado Manuel Loya Valverde.

La minera Penmont de Alberto Bailleres entró al ejido El Bajío con el pretexto de explorar el terreno ejidal en busca de minerales. La ocupación empezó en 2003, hasta que el TUA emitió la sentencia en 2014 y obligó a la minera a resarcir el daño, lo que no ha ocurrido.

La sentencia que emitió Loya Valverde establece que el TUA tiene que nombrar peritos en minería, medio ambiente, ecología, contables, y otros. Deben identificar y cuantificar los daños ocasionados por la minera Penmont con el fin de que reparen el entorno ejidal como estaba antes de que se la minera se instalara en el ejido El Bajío.

El abogado Sergio García Camacho, representante de los ejidatarios de El Bajío, dice que de la sentencia no se ha resuelto porque el gobierno federal no ha querido ejecutar la sentencia:

“En 2013 y 2014 el TUA resolvió a favor del ejido que representamos y ordenó a la minera Penmont S.A. de R.L. de C.V. la reparación del daño. A pesar de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el fallo en los 67 juicios a favor del ejido El Bajío, Caborca, Sonora, mediante dos juicios de amparos”.

García Camacho, agrega: “La sentencia que resolvió el TUA en el expediente 495/2013, el 9 de junio de 2014 en contra de minera Penmont S. de R.L. de C.V. estableció: ‘Se declara la nulidad absoluta e inexistencia jurídica de todos los convenios de ocupación previa a expropiación firmados a título personal por todos y cada uno de los ejidatarios. Se condena a la demandada por el inmediato restablecimiento de las cosas el estado que guardaban dentro de las unidades parcelarias, materia de los convenios declarados nulos, así como de las tierras de uso común, propiedad del núcleo ejidal en cita, lo mismo que del área en posesión de dicho ejido”.

Por su parte, el primer comisario del ejido El Bajío, Simón Santiago Morales, dijo que el caso de su ejido pudo más el dinero que el poder político: “Hasta ahora no se ha resuelto nuestra demanda porque Alberto Bailleres pudo comprar a los senadores para que no ratificaran al exmagistrado Manuel Loya Valverde. Solo así pudieron detener que su cumpliera la sentencia. Aun así, esperamos que el gobierno federal resuelva de una vez por todas nuestra demanda”.

Que devuelva el oro

La sentencia en contra de la minera Penmont cobra relevancia en el país por ser la primera que obliga la reparación del daño ecológico y la entrega del oro que se extrajo del ejido El Bajío, municipio de Caborca, Sonora.

El abogado Sergio García Camacho dice que lo inédito de la sentencia que emitió Loya Valverde es que obliga a la minera a devolver el oro que se llevaron: “Tan es así, que los Bailleres movieron todas sus influencias para que el Senado no ratificara al exmagistrado. El fondo de todo esto es la soberbia. Un empresario acostumbrado a imponerse en todas las esferas del poder ahora sea vea acorralado a cumplir con una resolución”.

El representante legal cita parte el veredicto agrario:

“La reparación tiene que empezar con la restauración de sus cerros, montes, agua, aire, flora y fauna que antes existían, libre de toda contaminación provocada en forma directa o indirecta por las actividades de la minera de manera personal o a través de terceros que puedan hacerlo”.

Agrega: “No sólo eso, sino que obliga a la minera: ‘De igual manera debe realizarse el restablecimiento de las cosas a su estado anterior en las tierras de uso común del ejido; la minera es condenada a regresar a su lugar de origen todo el oro y demás minerales que extrajo de las tierras del ejido por virtud de los contratos que se anulan, al ejido por ser el propietario de las tierras; se condena a la minera a pagar a cada ejidatario en particular una renta anual por el tiempo de ocupación ilegal de su parcela desde su inicio y hasta que el tribunal declare concluido el juicio lo cual no ha acontecido hasta esta fecha”.

En el juicio agrario del ejido El Bajío, consta que la Minera Penmont, Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable trató de impedir la anulación, desocupación y entrega o restitución de los bienes o derechos que convinieron con un grupo de tres ejidatarios.

Lejos de resolver a la petición de la minera, Loya Valverde estableció su criterio con base en un depositario judicial: “El depósito judicial de la tierras decretado a favor del ejido en los juicios 188/2009 y 628/2009, lo mismo que las medidas cautelares ahí decretadas siguen vigentes hasta que la minera concluya y así lo declare el tribunal, que ha cumplido con el restablecimiento de todas las cosas materia de este juicio al estado que guardaban antes de la ocupación ilegal a través de los contratos declarados nulos e inexistentes en este juicio; Quedan las partes en libertad de celebrar acuerdos de voluntades a través del cual consideren satisfechos sus respectivos intereses”.

García Camacho cuestiona la responsabilidad del Tribunal Superior Agrario en la no ejecución de la sentencia en contra de la minera Penmont:

“A meses de que se cumplan siete años, que el TUA número 28, de Hermosillo Sonora, resolvió a favor de mis representados, esto no se ha llevado a cabo porque el Tribunal Superior Agrario ha evadido su responsabilidad esencial en todo el proceso judicial. La sentencia no ejecutada es igual a justicia denegada”.

En entrevista, el exmagistrado Manuel Loya Valverde destacó que la sentencia es única en el país: “La minera esperaba que lo favoreciera con mi sentencia. Sin embargo, esto no fue así, y como consecuencia el Senado de la República no me ratificó. Sé que Penmont intervino para que yo quedara fuera, porque recibí presión política de los senadores del PRI y PAN cuando estábamos por resolver en junio de 2014”.

“Lo que más le pesó a la minera es que haya ordenado que regresaran el oro que extrajeron del ejido y regresaran los cerros tal como se encontraban antes de que ocuparan el ejido de manera ilegal. Además, les dolió que le haya dado razón conforme a derecho a los campesinos cuando él está acostumbrado comprar a jueces y magistrados. En mi caso no fue así. A pesar de que me propuso el presidente de la República, no me ratificaron con el argumento de que no tenía récord de capacitación profesional”.

https://piedepagina.mx/minera-de-alberto-bailleres-sigue-sin-cumplir-la-sentencia-a-favor-de-ejidatarios/

A 4 años del crimen de Miroslava Breach, el camino hacia la justicia aún no termina

Proceso/Patricia Mayorga

“El Larry”, autor intelectual del homicidio, fue condenado a 50 años de prisión en agosto pasado.

CHIHUAHUA, Chih. (apro).-  A cuatro años del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, su hermana y organizaciones civiles que acompañan el caso exigieron la detención de todos los involucrados de su crimen, mientras que la audiencia intermedia del proceso penal contra el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, fue diferida a petición de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Rosa María Breach Velducea, hermana de Miroslava, lamentó que en este país sigan apagando “la voz y la pluma de periodistas” y que la justicia este caso no ha alcanzado a todos los involucrados.

“En este tiempo nos han demostrado lo peligroso que es levantar la voz y exigir justicia. Nuestra convicción y compromiso moral para Miroslava nos hace avanzar (…) Nuestro dolor ha aprendido a ser paciente, a no desesperar, porque hemos descubierto que no estamos solos, que son muchas las voces que se nos han sumado, porque lograr justicia para Miroslava es lograr justicia para cientos de periodistas que han sido caídos en México y otras partes del mundo. Para nosotros, como víctimas, también es esperanzador”, dijo en un video publicado en su perfil de Facebook.

Las organizaciones que acompañan y/o coadyuvan en el caso de Miroslava reconocieron que el camino aún no concluye, y que continúa otra etapa en la investigación, con las líneas de narcopolítica y de la autoría intelectual de este homicidio.

En ese sentido, Propuesta Cívica, Reporteros sin Frontera y el Comité Internacional de Protección a Periodistas (CPJ), exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Feadle, redoblar sus esfuerzos para que las dos órdenes de aprehensión pendientes contra uno de los responsables en el asesinato y contra el posible autor intelectual, se ejecuten lo más pronto posible.

Asimismo, pidieron en un comunicado, establecer y agotar todas las líneas de investigación relativas a la narcopolítica en el estado de Chihuahua relacionadas con el asesinato de la periodista; brindar protección a las víctimas indirectas y los testigos en el actual proceso penal contra Hugo Amed, y que la Feadle fortalezca sus elementos de prueba en el caso del exalcalde.

Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación le solicitaron agilizar sus procesos de atención y seguir brindando las medidas de protección necesarias y suficientes para garantizar la vida e integridad de las víctimas y de los testigos que irán a juicio oral, así como de las personas que les acompañan y representan legalmente.

Destacaron que en 2020 lograron avances significativos que sientan un precedente importante para el combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas en uno de los países más mortíferos para la prensa a nivel mundial.

“Existen avances importantes en el caso, entre los que destacamos haber logrado que la investigación haya sido asumida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; haber logrado que la investigación dejase de estar en manos de la Fiscalía General de Chihuahua, para pasar a la Fiscalía General de la República fue crucial para el caso y permitió extender las líneas de investigación.

“La identificación de todos los autores materiales e intelectuales del crimen; el juicio oral en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry (…) la obtención de una sentencia condenatoria de 50 años de prisión y la detención de un ex funcionario público por su probable participación y auxilio a los autores intelectuales y materiales del homicidio, además de su vinculación a proceso”.

Agrega el comunicado que se trata de la primera sentencia condenatoria por homicidio cometido contra una mujer periodista, en la que una autoridad judicial federal reconoció que el crimen se cometió como consecuencia de su labor.

El Juez federal Nelson Pedraza Sotelo estableció en su sentencia: “Se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas, lográndose identificar a un autor intelectual del crimen”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/23/anos-del-crimen-de-miroslava-breach-el-camino-hacia-la-justicia-aun-no-termina-260638.html

Mujeres migrantes amenazan con huelga de hambre tras sufrir hacinamiento en albergue

Isaín Mandujano/ CHIAPAS PARALELO

Mujeres migrantes detenidas en el albergue

Un grupo de mujeres migrantes centroamericanas y sus hijos se amotinaron este viernes en el albergue conocido como La Mosca en el municipio de Chiapa de Corzo, a unos 10 kilómetros al este de la capital del estado.

Las mujeres migrantes centroamericanas, guatemaltecas y hondureñas, exigieron hoy que se resuelva ya su situación migratoria, ya sea que sean deportadas y las dejen seguir su camino hacia el norte del país.

Algunas mujeres denunciaron que tiene casi un mes en ese albergue, con sus hijos y que han empezado con diarrea, fiebre y vómito.

Indicaron que las altas temperaturas de la bodega habilitada como albergue ha ocasionado golpes de calor o insolación en algunos migrantes.

Denunciaron que las condiciones en las que están ahí son las más deplorables pues duermen y comen el piso.

Además expuestos a los moscos y los insectos.

Las mujeres dijeron que si el Instituto Nacional de Migración (INM) no les resuelve su situación migratoria empezarán una huelga de hambre desde este viernes como un acción de protesta.

“Si el gobierno mexicano no nos deporta ya que nos liberen y dejen seguir nuestro camino hacia el norte o bien que nos ofrezcan trabajo en este país. Somos gente trabajadora, somos gente honesta, no somos delincuentes para estar encerrados con nuestros hijos», dijeron las mujeres”.

El miércoles pasado, otro grupo de centroamericanos se amotinaron en la estación migratoria de El Cupapé, en el lado norte oriente de la capital del estado. Igual, exigieron ser liberados o ser deportados pero no quieren seguir hacinados en esos albergues.

Hoy el comisionado del INM, Francisco Garduño Yañez, estuvo en Tapachula con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, con quien encabezó el despliegue de las fuerzas policiacas estatales, militares, marinos, Guardia Nacional, Protección Civil y otras instituciones de ayuda como Salud y DIF estatal, como parte de las medidas de restricción en la frontera sur.

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/03/mujeres-migrantes-amenazan-con-huelga-de-hambre-tras-sufrir-hacinamiento-en-albergue/

Se amotinan migrantes en albergue en Chiapas

AGENCIA REFORMA/ ZÓCALO

Ciudad de México.- Un grupo de mujeres migrantes de Guatemala y Honduras, en compañía de sus hijos, protestaron este viernes en el albergue La Mosca, en el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Según medios locales, las centroamericanas exigen que el Instituto Nacional de Migración (INM) resuelva a la brevedad su situación migratoria, pues algunas llevan casi un mes en el lugar en condiciones de hacinamiento.

Por ello, piden a las autoridades mexicanas que las repatrien o las dejen continuar su camino hacia Estados Unidos.

De igual manera, señalaron que el espacio es una bodega habilitada como albergue, por lo que registra altas temperaturas y provoca golpes de calor e insolación en algunas personas migrantes.

De igual manera, advierten que algunos de sus hijos menores de edad comienzan a enfermarse de diarrea, fiebre o vómito, aunado a que deben dormir y comer en el piso.

De no obtener respuesta, las migrantes advirtieron que podrían empezar una huelga de hambre.

Apenas el pasado miércoles, otro grupo de migrantes centroamericanos también protestó en la estación migratoria El Cupapé, en Tuxtla Gutiérrez, con las mismas demandas.

https://www.zocalo.com.mx/se-amotinan-migrantes-en-albergue-en-chiapas/

Fronteras abiertas, cortes saturadas: migrantes esperarán hasta un año para iniciar trámite de asilo

Isabel y su hija Julieta. Foto: Verónica Martínez/La Verdad.

California, Nueva York y Texas son los estados a donde más migrantes se trasladan para continuar su proceso de asilo luego de cruzar la frontera; por Ciudad Juárez, 991 se han internado a Estados Unidos desde el 26 de febrero cuando se reanudó el programa para los que esperaban en México

Texto: Verónica Martínez; Fotos: Verónica Martínez y Rey Jaurégui/ La Verdad Juárez/Pie de Página

CIUDAD JUÁREZ: En días soleados, Isabel y sus hijos Justin y Julieta visitan un parque en Uniondale, en el estado de Nueva York. El clima no es tan cálido como en su natal Tegucigalpa, pero Justin puede jugar soccer al aire libre y Julieta empieza a dar sus primeros pasos.

La familia hondureña es una de las muchas que han podido cruzar a Estados Unidos por esta frontera bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). La madre de 32 años esperaba una fecha de ingreso a territorio estadounidense en Ciudad Juárez desde septiembre del 2019, apenas el pasado 3 de marzo logró pasar para continuar con su proceso migratorio desde territorio estadounidense.

“Siempre fui positiva y estaba sonriendo, pero mi corazón y mi mente estaban tristes porque no había logrado mi sueño”, dice Isabel. “Ahora estoy en el lugar donde lo espero lograr y en donde voy a empezar”.

Este 26 de marzo se cumple un mes de que migrantes bajo el MPP, programa impuesto durante la administración del presidente Donald Trump mejor conocido como “Quédate en México”, entraron por Ciudad Juárez a Estados Unidos.

Las casi 3 mil 700 personas que han cruzado la frontera por los puertos de entrada desde México aún tienen un camino largo que recorrer. Con las cortes de migración en Estados Unidos retrasadas por las restricciones de covid-19, los migrantes pueden llegar a esperar más de un año para recibir una audiencia, de acuerdo con datos oficiales.

La abogada de migración Jodi Goodwin, de Harlington, Texas, dice que el tiempo de espera depende de la corte. “Algunas están agendando audiencias en cuatro meses y en otras, los solicitantes no han recibido ni siquiera una fecha de audiencia inicial” dice.

Hasta febrero de este año, 10 mil 768 casos quedan pendientes en la corte de El Paso.

De los principales puertos de entrada, El Paso es donde la Corte registra más casos iniciales de MPP con 23 mil 251, seguido de Harlinger, frontera con Matamoros, y la de San Diego, en la frontera con Tijuana, según datos de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Migración (EOIR por sus siglas en inglés).

Pero de estas tres fronteras por donde se reanudó el programa de MPP en febrero, El Paso es el puerto que menos entradas ha tenido con un total de 991 hasta este 24 de marzo, de acuerdo con datos proporcionados por oficiales de la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La corte de migración para casos de MPP en El Paso también ha sido la que menos solicitudes de asilo a aprobado, con 23 casos y 11 mil 246 negados, además de tener la cantidad más alta de atender solicitudes pendientes, con 10 mil 768, reporta la EOIR.

La Acnur reportó el 18 de marzo que 16 mil 966 migrantes enviados a México bajo el programa MPP completaron su registro para reanudar su caso, de los cuales 8 mil 059 fueron entrevistados y contaban con su proceso completo para cruzar la frontera.

Una espera de 18 meses

Así fue el cruce del primer grupo de migrantes que se internó a Estados Unidos por Ciudad Juárez, el 26 de febrero de 2021 Fotografía: Rey R. Jaurégui

Tras 18 meses de espera, la familia de Isabel cruzó el 3 de marzo por el puente internacional Paso del Norte junto con otros migrantes y acompañada por oficiales de la Organización Internacional para los Migrantes. La mujer recuerda que se sintió nerviosa durante el proceso de ingreso a Estados Unidos con una de su hija en brazos, hasta que un oficial ofreció a cargar a Julieta mientras llenaba las formas de migración.

Los oficiales rodeaban a la bebé de ocho meses pellizcándole el rostro y los brazos regordetes “hasta la levantaron y le decían ‘beautiful (hermosa)’”, narra Isabel.

Por su parte, Justin recuerda el trato de oficiales en el centro de detención hace más de un año cuando llegaron solo él y su madre a pedir asilo. El menor de ocho años dice temer a los oficiales y describe ese lugar como “estar en la cárcel”.

“Fue por ella que entramos”, dice Justin, refiriéndose a su mamá.

Karina Breceda, coordinadora del albergue San Juan Apóstol, donde Isabel y otras migrantes embarazadas se hospedaron durante su estancia en Ciudad Juárez, comenta que todos los migrantes bajo MPP del lugar ya cruzaron a Estados Unidos.

De 31 huéspedes, cuatro familias con un total de nueve personas estaban bajo el programa migratorio. El albergue, ubicado en el sur de la ciudad, solo hospeda a mujeres embarazadas, acompañadas de menores o víctimas de violencia.

“Se les hizo una entrevista con Acnur y mi entendimiento es que le dan prioridad a personas en situación vulnerable”, dice Breceda. “El hecho de que tienen recién nacidos y estar embarazadas podría tener que ver con el hecho de que las escogieron”.

Aun así, la coordinadora del albergue no puede asegurar que esa fue la razón por la que las mujeres hayan entrado a Estados Unidos, ya que ACNUR no especifica qué condiciones califican como situación de vulnerabilidad.

Al cruzar a El Paso, los migrantes se hospedan en el albergue Casa Anunciación por uno a dos días, en la espera de un boleto de avión o autobús. La gran mayoría de los migrantes no permanecen en la ciudad fronteriza, dijo Linda Rivas, directora del Centro Las Américas.

California, Nueva York y Texas son los estados a donde más migrantes se trasladan para continuar su proceso de asilo, aunque Houston la ciudad más mencionada en las formas de cambio de domicilio. Mientras Florida es un destino común para cubanos, el área de Boston lo es para migrantes brasileños. Mississippi y Tennessee también se encuentran en la lista de reubicaciones más comunes.

Rivas menciona que la ubicación más cercana de traslado es en Midland, Texas, a casi 500 kilómetros de El Paso.

Una difícil transición

Isabel lleva casi tres semanas en Uniondale, una población del condado de Nassau en el estado de Nueva York, pero no ha podido hablar con un abogado sobre su proceso de migración ni ha identificado la corte a la cual se debe reportar.

“Quiero consultar. Quiero hacer muchas preguntas”, dice Isabel que ha llamado los números telefónicos que le dieron en una orientación legal en el albergue Leona Vicario, antes de partir de Ciudad Juárez a Estados Unidos, donde solo recibe un mensaje de voz automático instruyéndole que deje sus datos.

En su caso de asilo, Isabel aún tiene 60 días para reportarse a la corte y agendar la primera audiencia, pero la migrante quiere iniciar los trámites para solicitar un permiso de trabajo.

Goodwin menciona que recibir asesoría y representación legal es un reto para muchos migrantes, además de la barrera del lenguaje y la necesidad de encontrar empleo.

“Para mucha gente es difícil hacer la transición, especialmente si no tienen a alguien que los ayude económicamente”, dice la abogada de migración. “Tan rápido como podemos, estamos llenando aplicaciones de autorización de empleo para todos los que son elegibles”.

La abogada afirma que un permiso de trabajo puede tardar de entre cuatro a seis meses.

Isabel y sus hijos fueron bien recibidos en el hogar de una amiga que tiene residencia legal permanente en Uniondale. Pero Isabel prefiere empezar a trabajar legalmente lo más pronto posible.

“Me quiero instalar, quiero trabajar, quiero matricular al niño en la escuela”, menciona Isabel.

Organizaciones y albergues de Juárez y El Paso son parte de un proyecto fronterizo llamado Ayuda Info. En la página web ayudainfo.org los migrantes pueden acceder a guías migratorias para contestar preguntas frecuentes y números de asistencia. El sitio digital también cuenta con directorios de servicios comunitarios, legales y de salud ubicados en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Para mantenerse ocupada, Isabel ayuda con la limpieza en la casa y cuida a la hija de su amiga mientras ella trabaja. La menor de 8 años pasa los días tomando clases en línea lo cual motiva a Isabel para trabajar y lograr que Justin haga lo mismo.

“Ahorita me estoy quebrando un poco la cabeza en solo pensar en cómo le voy a hacer, pero todo va a salir bien”, dice. “Yo de lo que sea voy a trabajar y sacarlos adelante para que no les haga falta nada”.

Este trabajo fue publicado originalmente en LA VERDAD JUÁREZ que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

https://piedepagina.mx/fronteras-abiertas-cortes-saturadas-migrantes-esperaran-hasta-un-ano-para-iniciar-tramite-de-asilo/ 

 

El movimiento de personal docente de la UNAM toma mayor fuerza.

Foto: Colectivo Grieta

Colectivo Grieta, 26 de marzo de 2021

Ciudad de México.- Las profundas desigualdades laborales, sobre las cuales está basado el sistema universitario de la UNAM y otras universidades del país, se están exhibiendo a partir de las exigencias de trabajo digno que enarbola el movimiento de profesores de asignatura y estudiantes adjuntos de la UNAM. A casi un año de pandemia, tiempo en el cual se ha sometido a condiciones de mayor precariedad y flexibilidad laboral a la gran población de trabajadoras/es académicas/os en el país, la población docente de la UNAM se organiza cada vez con mayor fuerza para demandar justicia. Como parte de las acciones realizadas, el jueves 25 de marzo se realizó un mitin en la explanada de Rectoría de la UNAM convocado por la recién conformada Asamblea Interfacultades de esta universidad en la que confluyeron las demandas colectivas de las múltiples facultades y preparatorias en un mismo acto para exigir, entre otras cosas:

  1. el pago inmediato e íntegro de los salarios y prestaciones
  2. transparencia en los pagos
  3. seguro médico
  4. aumento salarial
  5. entrega de ‘Bono Covid’ que sirva para pago de equipo y servicios utilizados para la realización de clases en línea
  6. la apertura de concursos para la basificación del personal académico de asignatura.
Foto: Colectivo Grieta

Las diferentes participaciones en el mitin coincidieron en que la precariedad laboral, que caracteriza el sistema de trabajo de los profesores de asignatura de la UNAM, no comenzó con la pandemia, sino que sólo se ha recrudecido en ella. La vertiginosa caída del poder adquisitivo salarial de estos profesores y profesoras durante las últimas décadas, demostrada claramente en el informe 135 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, así como la flexibilidad en la contratación, sólo han generado mayor incertidumbre, inseguridad laboral y condiciones de trabajo cada vez más precarias. Hoy, en medio de la pandemia, esta realidad se hace visible por agresiones más explícitas como la retención ilegal de parte del ya raquítico salario y la eliminación de facto de algunas prestaciones. A esta situación de por sí crítica,  se agrega ahora que otras opciones de empleo con las que estos profesores buscaban paliar su raquítico salario universitario, ahora han desaparecido o se han visto reducidas por falta de empleo.

Foto: Colectivo Grieta

Durante el mitin se evidenció que en todas las facultades las autoridades de la UNAM han apostado por un mecanismo de un mayor robo a través de pagos únicos semestrales en los cuales descaradamente retienen meses y prestaciones de la remuneración, violando flagrantemente las condiciones de contratación. El mecanismo consiste en que, cuando el contrato de un profesor de asignatura se demora demasiado en elaborarse, el pago se emite hasta después de que concluyeron tanto el semestre como el contrato, con lo cual la UNAM solamente paga al profesor su sueldo base, sin las prestaciones adicionales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo y sin hacer las aportaciones correspondientes al ISSSTE, ni a su fondo de retiro, pues se considera que el trabajador “ya no está en activo” al momento del pago. En resumen, hay un estímulo perverso para que la burocracia universitaria retrase la elaboración de los contratos, pues esto se traduce en pagar sueldos y prestaciones incompletos. Mientras tanto, los profesores de la universidad más grande del país trabajan sin pago oportuno y sin seguridad social.

A esta problemática se suman otras que han existido por muchos años. Así lo expresó Efraín, profesor de la Facultad de Ciencias.

“Estamos luchando porque tenemos condiciones muy precarias de trabajo. A lo largo de muchos años, las autoridades han pisoteado los derechos laborales de miles de profesores y profesoras de asignatura, así como de adjuntos que juntos representamos alrededor de 80% del personal académico de la UNAM. A las autoridades se les olvidan los derechos laborales más elementales cuando se trata de nosotros. A todos los profesores de recién ingreso y reingreso les pagan 4 o 5 meses después de haber comenzado las labores y cuando pagan, es incompleto. Los salarios han caído 70% en las últimas décadas y no tenemos ningún tipo de seguridad en la contratación temporal. La lista de agravios es larga, muy larga”.

Mientras que las autoridades universitarias se auto-felicitan públicamente porque la UNAM se ubica en un ranking internacional como la mejor universidad de América Latina y de las mejores del mundo, este grupo de profesores, profesoras y adjuntos irrumpen para demostrar la profunda precarización y explotación sobre la cual se base el funcionamiento esta universidad. Con todo en su contra, con autoridades negligentes, con el sindicato blanco pro-patronal de académicos AAPAUNAM que sólo ha criminalizado a los profesores y profesoras de asignatura y con un escenario de pandemia que ha sido utilizado “como anillo al dedo” para golpear y atomizar la organización dentro de la universidad, esta lucha camina y se articula cada vez con mayor fuerza. Ahora ha tomado la forma de la Asamblea Interfacultades, para mostrar que detrás del velo de elogios de la “máxima casa de estudios del país” están las peores y más denigrantes condiciones de trabajo que puede haber en un espacio universitario. Es por ello que Francisco, un integrante de la Facultad de Economía presente en el mitin afirmó,

“Estamos exigiendo que paguen de manera inmediata y completa, pero también estamos dialogando entre las diferentes facultades, prepas y CCHs de la UNAM para conformar un pliego petitorio común que sintetice lo que nos está afectando en materia de derechos laborales desde hace ya décadas.”

Además de contar con la participación de profesoras, profesores y adjuntos de diferentes facultades, el mitin tuvo la presencia y participación solidaria de estudiantes, quienes han apoyado ampliamente el paro de laborales que se ha llevado a cabo en diversas escuelas y facultades de la UNAM. También estuvo presente personal académico precarizado de otras universidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México donde también abundan abusos contra la población docente. De esta manera se reveló que la pauperización del trabajo en la UNAM es reflejo de las generalizadas condiciones de precariedad y desigualdad que predominan en el sistema de educación en México. El amplio movimiento que se está gestando en torno a #laUNAMNoPaga, así como la participación diversa de trabajadores y trabajadoras docentes en el mitin de la asamblea interfacultades demuestra, tal y como se mencionó en varias intervenciones, que detrás de la violación a los derechos laborales hay también una política que, interesada únicamente en la reproducción del capital, denigra el desarrollo científico nacional supeditándolo a la lógica de la mercantilización.

Foto: Colectivo Grieta

Protestan mujeres en Palacio de Gobierno; exigen la detención de presunto abusador (Nayarit)

Foto: El Sol de Nayarit

Este jueves, un nutrido grupo de mujeres se manifestó frente a Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno del Estado, encabezado por Antonio Echevarría García, la captura de un sujeto, quien presuntamente cometió una agresión sexual en agravio de una menor de apenas 4 años de edad en la ciudad de Tepic.

Adriana, madre de la pequeña de identidad reservada, relató a El Sol de Nayarit, que fue el tío de la niña quien le hizo tocamientos inapropiados y abusó de ella, por lo que procedió a realizar la denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La joven madre hizo un llamado al Gobernador, Antonio Echevarría García, y al Fiscal Petronilo Díaz Ponce, para que atiendan a la brevedad posible su denuncia y se haga justicia.

En redes sociales, la madre de la menor publicó. “El es Diego Armando Martínez Yáñez abusador de mi pequeña hija de 4 años, es su tío por parte de su papá, el día de ayer fui a recoger a mi hija a el domicilio de su vive y va con el frecuentemente tuve un problema con Diego me agredió llame ala ala policía fui a poner mi denuncia cuando mi pequeña comenzó a decir que le tenia miedo que le pegaba a su novia Diana a su abuela y a su tía , la pasaron al psicólogo cuando confesó que la tacaba sus partes íntimas que le tenia miedo se le hicieron los exámenes correspondientes y salió positivo , cabe destacar que también. Yo sufrí abusos por Diego en ocasiones intento besarme hace muchos años, estuvo internado en un centro de Rehabilitación y de corazón solo pido JUSTICIA, JUSTICIA PARA MI HIJA Y PARA TODAS LAS NIÑAS QUE TIENEN A SU ABUSADOR EN CASA”.

https://www.elsoldenayarit.mx/nota-roja/76357-protestan-mujeres-en-palacio-de-gobierno-exigen-a-detencion-de-presunto-abusador

Periodistas exigen que el IEE cese arbitrariedades contra la libertad de expresión (Colima)

Foto: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (25/03/2021).- Organizaciones de periodistas de Colima y de México realizaron una protesta contra el Instituto Electoral del Estado, al que acusaron de realizar actos de censura contra la libertad de expresión, con el pretexto de aplicar la legislación sobre violencia política de género.

Por la mañana del miércoles, miembros de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (Fapermex), el Club de Reporteros de Colima (CRC) y la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip) realizaron una protesta frente a las instalaciones del IEE, debido a que ese organismo electoral dictó medidas cautelares para que varios medios electrónicos bajaran de sus sitios algunas notas que contenían declaraciones de un diputado que fue denunciado por violencia política de género por la candidata de Morena a la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva.

Por la noche, el comité nacional en pleno de la Fapermex, así como los fundadores de la organización y del Club Primera Plana, del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) y la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) emitieron un comunicado nacional, intitulado “El Instituto Electoral de Colima, censor de la prensa”, en el que se solidarizaron con el gremio periodístico colimense.

Expusieron que el organismo que debería ser guardián de la democracia se ha convertido en enemigo de las libertades de prensa y expresión, a la vez que advirtieron que cada día son mayores los abusos de los órganos autónomos o desconcentrados, al quererse convertir en tribunales de horca y cuchillo, por lo que “el gremio periodístico organizado de México se solidariza plenamente con las demandas respeto a las libertades primaria”.

Expresaron que “resulta en verdad un contrasentido que los organismos descentralizados o autónomos pretendan convertirse en tribunales de alzada o de horca y cuchillo, como ahora está ocurriendo con las acciones arbitrarias contra el libre ejercicio del periodismo por parte del Instituto Electoral del Estado de Colima”.

En la manifestación frente al IEE, los representantes del gremio periodístico colimense exigieron que se frenen las acciones de censura que se han cometido en contra de diversos medios de comunicación.

En la manifestación estuvieron presentes el titular nacional de la Fapermex, Juan Ramón Negrete Jiménez; el coordinador del Club de Reporteros, Alfredo Quiles Cabrera; y el presidente de la Copip, Francisco Buenrostro; así como integrantes del gremio periodístico de la entidad.

En un documento presentado durante ese evento, y entregado al final en la Secretaría Ejecutiva del IEE, los manifestantes denunciaron que en últimas fechas se ha visto vulnerada la libertad de expresión por el Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de la Comisión de Denuncias y Quejas, que en un hecho sin precedentes, ha impuesto medidas cautelares en detrimento de la libre expresión.

“Al parecer, atendiendo denuncias que se han presentado en materia electoral, dictó esas medidas cautelares que han sido trasladadas en contra de medios de comunicación a pesar de que no son parte de los conflictos en materia electoral.

“Amparándose en esa figura de medidas cautelares, se ha venido censurando a medios de comunicación, obligándolos a bajar de los portales digitales información proporcionada por diversos actores políticos que han sido señalados como, probables, responsables de cometer violencia política, y violencia política de género”.

Asimismo se dejó en claro que de manera unilateral, sin que medie ninguna sentencia de ninguna autoridad jurisdiccional, el Instituto Electoral del Estado, a través de la Comisión de Denuncias y Quejas, ha ordenado “bajar” información, cuando los medios de comunicación no son parte de esas denuncias.

“Hay que dejar en claro que ningún acuerdo, reglamento o ley, está por encima de lo establecido en la Constitución, en este caso la Particular del Estado Libre y Soberano de Colima, de ahí el malestar de quienes conformamos este gremio que nos vemos vulnerados en nuestras garantías”.

Anunciaron que no van a permitir el amordazamiento ni la censura, y si bien “no pedimos nada que esté fuera de la ley, tampoco aceptamos se nos impongan leyes que no están apegadas al marco legal. Las libertades de Prensa y de Expresión son de los derechos más preciados de los ciudadanos mexicanos, por lo que no vamos a admitir que se trastoquen de ninguna manera”.

Este jueves se realizará otra manifestación de protesta de integrantes del gremio periodístico frente a las instalaciones del Comité Municipal Electoral en el puerto de Manzanillo.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=21266

 

Sobre la investigación “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar” (Oaxaca)

Avispa Midia / Santiago Navarro F. y Renata Bessi.


Montículos de jales secos de Compañía Minera Cuzcatlán, ubicado a escasos 800 metros de la comunidad de Magdalena Ocotlán. Foto por Santiago Navarro F.

El pasado miércoles 24 de marzo se ha publicado de forma conjunta, con Avispa Midia, Aristegui Noticias, Pie de Página y Connectas, la investigación periodística llamada Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar. El trabajo ha generado reacciones por parte de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a quien ha sido dado el derecho de réplica a través de Aristegui Noticias. También el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha enviado una nota aclaratoria.

Reiteramos que el equipo de esta investigación revisó a detalle y en compañía de especialistas en la materia los primeros resultados de las muestras colectadas, dos días después del derrame, por el Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, de Conagua. Los funcionarios del laboratorio de Conagua hicieron muestras del arroyo y también de la mezcla de aguas de lluvia con jales secos que escurrieron en el arroyo El Coyote.

Las muestras fueron colectadas directamente de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila de los escurrimientos, y también justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, detallaron los funcionarios en su acta .

Estas muestras fueron analizadas por Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.

De acuerdo con los resultados, en los muestreos de los jales secos con aguas de lluvia, colectados dentro de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán y que posteriormente se vertieron en el Arroyo el Coyote, aparecieron los siguientes metales por arriba de los límites máximos permisibles (LMP) de los Ceca y de la NOM-001-Semarnat-1996: Níquel, Aluminio, Arsenio, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc. También aparecieron otros metales en los muestreos, sin embargo, las normas utilizadas por Conagua no establecen un límite máximo permisible para estos metales. Ellos son: Plata, Bario, Berilio, Bismuto, Cobalto, Litio, Manganeso, Molibdeno, Selenio, Estaño, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Magnesio.


Fecha de muestreo 10-10-2018.

En una nota aclaratoria enviada al equipo de esta investigación, el Director General OCPS de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, quien fue entrevistado en la investigación, sostiene que los “procedimientos administrativos (…) se llevan a cabo en estricto apego a los criterios técnico-administrativos y se fundamenta su intervención en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.

Puedes consultar la nota aclaratoria.

Invitamos a revisar el reportaje completo, debidamente documentado.

Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar

https://avispa.org/sobre-la-investigacion-minera-cuzcatlan-con-licencia-para-contaminar/

Feministas marchan en memoria de Mariana (Estado de México)

Foto: cortesía / Ricardo Pérez

Orlando Salinas / El Sol de Toluca

Integrantes de varias colectivas marcharon por calles del municipio de Nezahualcóyotl en memoria de Mariana Lima Buendía, quien cumpliría 40 años de edad, sin embargo, fue hallada sin vida en el año 2010.

La tarde de este jueves 25 de marzo, se congregaron con Irinea, madre de Mariana, para marchar por algunas calles de esta localidad.

Ahí, la señora dijo: “Mi hija, si viviera, estaría cumpliendo 40 años”, sin embargo, señaló que para festejar decidió conmemorar a su hija, quien era abogada y presuntamente fue asesinada por su pareja en el año 2010.

Las feministas marcharon por el primer cuadro y el recorrido siguió con una protesta frente a la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM).

Frente a estas instalaciones emitieron un discurso, donde recordaron los nombres de las víctimas de feminicidios y la lucha emprendida por las madres para exigir que sus casos se investiguen con perspectiva de género.

Acusaron al Ministerio Público de integrar, de manera inadecuada, las carpetas de investigación para evitarse la tarea de indagar los homicidios de mujeres, con perspectiva de género.

Posteriormente colocaron ofrendas florales, pancartas y otros elementos al pie de las cruces y del anti monumento de lucha contra el feminicidio en el Estado de México.

Cabe señalar que hace seis años la SCJN decretó investigar con perspectiva de género todo homicidio violento contra la mujer al emitir la sentencia Mariana.

Irinea aseguró que en el caso de su hija ya se cumplieron seis años del proceso judicial en contra el detenido, sin embargo, ya cambiaron ocho veces al juez, por lo que exigió pronta sentencia, ya que aseguró que las audiencias se han pospuesto desde hace un año debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus Covid-19.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/feministas-marchan-en-memoria-de-mariana-asesinada-en-el-2010-6520511.html

Restos de 52 víctimas en fosa de Juanacatlán (Jalisco)

Foto: Especial

Juan Levario / El Diario NTR

Los restos de al menos 52 víctimas han sido exhumados de una fosa clandestina de Juanacatlán cuyas investigaciones estuvieron detenidas gran parte de 2020.

El titular de la Fiscalía Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó que peritos forenses han recuperado de ese sitio los cuerpos de 46 personas, así como seis cráneos. También han localizado 14 bolsas con indicios, incluyendo partes humanas, así como un lote de segmentos óseos y otras evidencias.

La titular de la Fiscalía Especial en Personas Desparecidas (FEPD), Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, reveló que ya han sido identificadas 31 de las personas y que había denuncias por la desaparición de 29 de ellas –corresponden a casos de varones–. Un hombre y una mujer por quienes no había denuncia también fueron identificados.

El lugar de intervención es un predio en una zona poco poblada de la localidad de El Saucillo. Las investigaciones en el lugar se iniciaron el 2 de marzo de 2020 como parte de una investigación por la desaparición de una persona.

“Fue, de alguna manera, suspendida (la labor) por cuestiones de Covid-19 en marzo del año pasado, por la disponibilidad de peritos que también estaban en esa circunstancia (eran grupos vulnerables). Ya se tenía procesada la mayor parte de la finca”, detalló Solís Gómez, quien añadió que ya se está “en las últimas etapas, será cuestión de días el terminarlo, dado que los sectores que quedaron por procesarse eran ya mínimos”.

Por otro lado, el fiscal informó que del campo de entrenamiento de la delincuencia organizada detectado en Tepatitlán de Morelos han sido recuperados 40 lotes de restos óseos. El martes iban 39. }

Todos se han localizado en la superficie. Para Solís Gómez no hay datos todavía para confirmar si los huesos corresponden a humanos o animales.

La Fiscalía del Estado inició indagatorias en el lugar luego de que familiares de personas desparecidas no percibieran avances en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que aseguró el predio en mayo de 2020.

El fiscal abundó que los investigadores estatales han encontrado 10 mil 478 casquillos en el lugar, mismos que se añaden a otros 3 mil hallados por la autoridad federal.

Por otra parte, el funcionario reveló que fueron cinco y no seis los cráneos localizados el miércoles durante el combate a un incendio en la colonia Molino del Salvador, en Zapopan.

Tras el siniestro, investigadores recogieron 55 segmentos óseos en la superficie del terreno, aunque no se descarta que pudiera haber restos inhumados. Están pendientes opiniones técnicas para continuar los trabajos.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=164148

Tercer día de huelga de hambre de colectivos de personas transexuales (Estado de México

Fotos: Luis Camacho | El Sol de Toluca

Adriana García | El Sol de Toluca

Piden que la Ley de Identidad Sexogenérica se turne al pleno de la Cámara de Diputados local

Este miércoles se cumplió el tercer día consecutivo de la huelga de hambre que iniciaron colectivos de personas transexuales en el perímetro de la Legislatura Mexiquense.

El campamento se instaló para exigir a los diputados locales la aprobación de la Ley de Identidad Sexogenérica en el Estado de México.

Esto porque se aprobó en comisiones en diciembre del año pasado, sin embargo, no se ha turnado para la votación en el pleno de la Cámara de Diputados local.

En ese sentido, desde el pasado lunes 23 de marzo del año en curso, integrantes de la comunidad transgénero se han plantado en la parte trasera del recinto legislativo.

A fin de recordarles a los legisladores mexiquenses que es un tema pendiente en su agenda de iniciativa.

Según lo aprobado en Comisiones el 11 de diciembre de 2020, dicha iniciativa permitirá que las personas transgénero puedan cambiar su acta de nacimiento primigenia y rectificar su actual identidad de género.

Una de las características de esa ley, según lo expuesto ese día en comisiones, es que el proceso jurídico los interesados lo efectuarán en total secrecía y privacidad.

En ese sentido, y de acuerdo a lo aprobado por mayoría en comisiones legislativas, se tendrá que modificar y adicionar artículos el Código Civil del Estado de México.

La citada Ley fue impulsada por el grupo parlamentario de Morena, en particular la diputada Liliana Gollas y el PRD.

Los colectivos han colocado tiendas de campaña y sus banderas representativas del movimiento en la vía Mariano Rivapalacio para pedir dialogar con los representantes populares.

De esta forma el Estado de México se sume a las 11 entidades del país en donde ya existe una ley.

Actualmente dicha legislación está vigente en Sonora, Jalisco, Ciudad de México, Quintana Roo, Colima y Coahuila, entre otros.

Este miércoles, el perímetro que forman las calles Rivapalacio, Lerdo e Independencia, en pleno corazón de la capital del estado, estaban cerradas a la circulación vial.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/tercer-dia-de-huelga-de-hambre-de-colectivos-de-personas-transexuales-6517716.html

En el norte de Veracruz existen 270 pozos petroleros que utilizan fracking como método de extracción

Francisco de luna / Libertad bajo palabra

Hay más de 270 pozos que son perforados con el método de fracking en municipios de la zona norte del estado de Veracruz, informó el integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Óscar Espino.

«Tenemos respuestas oficiales del propio Pemex que hay más de 270 pozos con fracking en la región de Papantla para sacar gas shale. Se trata de un tipo de gas natural que, en lugar de encontrarse almacenado en “bolsas” bajo tierra, está enquistado dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas a partir de materiales orgánicos».

El fracking consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo.

Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. La fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

«Vimos bien que el Gobierno Federal anunciara el cese de los trabajos y la cancelación del fracking como técnica para la extracción de hidrocarburos. Pero lo que vimos es que sólo era un discurso de la mañanera, porque en la práctica ni siquiera se llevó al Congreso para que se pudiera reformar debidamente la Constitución y echar bajo la Reforma Energética».

Explicó que con este método, las empresas petroleras hacen diversas perforaciones para mantener la producción de los yacimientos, pero que a su vez provocan derrames petroleros y que ninguna dependencia ha atendido a pesar de las denuncias legales que se realizan ante las instancias correspondientes.

Como ejemplo, citó el caso de la localidad de Emiliano Zapata en el municipio de Papantla, al norte de la entidad veracruzana donde un derrame de hidrocarburo este mes (marzo) ya de cumplieron cinco años, sin que la industria petrolera atienda las peticiones de remediación al entorno ecológico.

Las perforaciones petroleras se realizan actualmente en municipios como Papantla, Tihuatlán, Álamo, Poza Rica, solo por mencionar algunas regiones del Totonacapan y la Huasteca veracruzana.

https://libertadbajopalabra.com/2021/03/23/en-el-norte-de-veracruz-existen-270-pozos-petroleros-que-utilizan-fracking-como-metodo-de-extraccion/

Conagua y Profepa confían en estudios de minera, pero no en los suyos (Oaxaca)

La Cooperacha / Redacción.


Foto: Avispa Midia

Investigación expone contaminación e indefensión de comunidades en Oaxaca

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han confiado más en los estudios de agua y suelo pagados por la Minera Cuzcatlán que en los realizados por sí mismas. Lo anterior dentro de los derrames de desechos que la minera ocasionó hacia el arroyo El Coyote en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, en 2018 y 2020.

La investigación periodística “Con licencia para contaminar”, realizada por Santiago Navarro y Renata Bessi del medio Avispa Midia, expone el modo que las autoridades han relegado los estudios que plasman evidencia de contaminación, mientras que han priorizado los presentados por la minera, mismos que realizaron con posterioridad y en condiciones distintas.

Autoridades encuentran contaminación

Con las muestras tomadas y de acuerdo a sus registros se identificaron metales pesados por arriba de lo permitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua (CECA) en el uso pecuario y riego agrícola. En el arroyo se encontró que el hierro rebasó hasta 1,845.8% los límites permisibles, el aluminio alcanzó hasta el 955.12%, mientras que el plomo el 167%. Resultados que se expresaron en un oficio que acepta que se esta “contaminando el arroyo El Coyote”.

Cuando Conagua notificó a Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” por la contaminación del derrame, también determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa debería realizar, dos encaminadas a mejorar sus instalaciones y que fueron cumplidas.

Los análisis de la minera

No obstante los primeros diagnósticos de la autoridad ambiental que señalaban contaminación, la postura cambió con base en nuevos análisis realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán. La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación que evaluara los riesgos al ambiente y a la salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de solución.

En esta tercera medida la Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un nuevo análisis del área afectada. La minera presentó un programa de acciones para remediar las afectaciones. Así preveía la realización de nuevos muestreos de agua para determinar la afectación y en su caso formular el programa de remediación.

Conagua acepta los resultados de la minera

El nuevo muestreo lo realizó un laboratorio privado 71 días después del derrame, y analizado por consultores también contratados por la empresa. Las resultados se tomaron un rumbo distinto, pues se hizo en condiciones diferentes y con un muestreo distinto. El estudio concluyó que las concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites permisibles, y se determinó que no hubo afectación al arroyo.

De acuerdo al funcionario encargado, la contaminación ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió” “a otro lado”, recoge la investigación.

Profepa no ve necesarios estudios diferentes a los de la minera

En el caso de la Profepa, esta no tomó las muestras de suelo, a su juicio Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Así la empresa contrató a un laboratorio que recogió las muestras diez días después del derrame. El área de Profepa que se encargó de revisarlos emitió una opinión técnica que señalaba que sí existía contaminación por talio.

Minera Cuzcatlán buscó argumentar que los metales pesados identificados en el suelo no eran su responsabilidad. Así contrató a tres distintas consultorías ambientales para analizar los resultados del laboratorio que reconoce la presencia del talio. Las tres consultoras desconsideraron la presencia de este metal y argumentaron que no representaba riesgo a la salud y medio ambiente.

Error de dedo
Los resultados de nuevos análisis ya no arrojaron presencia de talio pero sí de nuevos metales como bario y vanadio por arriba de las normas que superaban en 50% y 72.9%. Al final Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras “en atención a la inquietud” de Minera Cuzcatlán. El laboratorio Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas.

Así Profepa concluyó que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”, cita la investigación.

Indefensión de comunidades

El 13 de julio del año 2020 se volvió a detectar una nueva contaminación y las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de los sedimentos. Dos meses después, Ernesto Faustino González Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua en Magdalena Ocotlán, ante la pregunta de si había o no metales pesados en su agua respondió:

“Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”.

Ante la insistencia del equipo de investigación periodística sobre si sabía, cuáles son las afectaciones de este metal, dijo: “no soy médico, yo solo sé que está por arriba”.

Sin buscar la participación de expertos independientes, con muchas contradicciones, con falta de información a las comunidades, sin conocer los impactos ocasionados a la salud de los pobladores, pero con plena confianza en las mineras, las autoridades encargadas del medio ambiente han eximido a la Minera Cuzcatlán

Con información de Avispa Midia

https://lacoperacha.org.mx/conagua-profepa-confian-en-estudios-de-minera-pero-no-en-los-suyos/

Oaxaca: acuerdan “cierre definitivo” de las cascadas pétreas de Hierve el Agua

Proceso / Pedro Matías.


Foto: Facebook Hierve el agua

OAXACA, Oax. (apro).- Las autoridades ejidales y la comunidad zapoteca de San Lorenzo Albarradas acordó el “cierre definitivo” de las cascadas pétreas de Hierve el Agua porque, pese a ser ellos los dueños legítimos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa prefiere entregar recursos públicos a prestadores de servicios y políticos que lucran con ese parador turístico.

El “único y directamente responsable de cualquier acto de violencia, agresión o conflicto es el señor gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, pues por haber nacido en el Estado de México desconoce la problemática social y carencias de nuestras comunidades”, advirtieron.

En un desplegado, firmado por las autoridades ejidales de San Lorenzo Albarradas, explicaron: “Hemos determinado el cierre permanente del parador turístico; dicho en otras palabras, se prohíbe el acceso a cualquier persona ajena a la comunidad, así que al turismo nacional y extranjero que pretenda visitar las cascadas pétreas de Hierve el Agua, se le informa que se abstenga de realizarlo, ya que está prohibido su acceso de manera definitiva y permanente”.

Detallaron que los recursos que genera ese parador de San Lorenzo Albarradas –comunidad que es legítima dueña y poseedora de los derechos parcelarios sobre Hierve el Agua– no llegan a los ejidatarios porque se quedan para las empresas turísticas y los prestadores de servicios, por lo que “no tiene caso que Hierve el Agua se abra al público”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/24/oaxaca-acuerdan-cierre-definitivo-de-las-cascadas-petreas-de-hierve-el-agua-260702.html

Protestarán maestros por falta de pago, se unen a huelga de hambre en Mexicali (Baja California)

Zeta Tijuana / Ángela Torres Lozano.

La maestra María de Jesús Martínez Muñoz se unió a la huelga de hambre que realizan las profesoras Guadalupe Sánchez Nevárez y María Verduzco en Mexicali, en exigencia del pago de su finiquito.

Juan Guillermo Aguilar Alonso, coordinador de Grupo de Integración Sindical en Tijuana, comentó a ZETA que la huelga va a ir subiendo de nivel, en tanto no se entreguen los finiquitos acordados.

“Están las compañeras Guadalupe Sánchez Nevárez, la compañera María Verduzco y la compañera María de Jesús Martínez Muñoz y esto va a subir en potencia y hacemos responsable al Gobernador del Estado –Jaime Bonilla Valdez-, de lo que pueda pasar con la vida de las compañeras”, advirtió.

La huelga de hambre inició en Mexicali el lunes 22 de marzo en el Centro Cívico, para exigir el pago de los finiquitos a los maestros jubilados, que son alrededor de mil 700 desde 2018.

Adalberto Gutiérrez Ruiz, coordinador del Grupo de Integración Sindical en Baja California, señaló que el pago fue una de las propuestas de campaña de Bonilla Valdez, y ahora, a meses de que termine su administración, no han visto claro cuándo se va a realizar el pago.

Mencionó que ya se están realizando protestas en Tijuana y Ensenada para presionar a Bonilla a Valdez a cumplirles con lo acordado, pues si bien el rezago es de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, él se comprometió a solucionar el problema “y su administración ya casi termina y no ha resuelto nada”, dijo a ZETA.

“Él –Jaime Bonilla-, estando en campaña e incluso ya como Gobernador se comprometió a realizar los pagos, porque era una cuestión justa y hasta ahí, estábamos en plena coincidencia, pero a partir del mes de agosto del año pasado, ya no cumplió”, dijo.

Gutiérrez Ruiz afirmó que desde agosto dejaron de recibir el pago de 100 millones al mes, que era lo acordado con el Estado, es decir, les deben 700 millones desde entonces, y les quisieron dar 20 millones en el último mes, lo que alcanza para alrededor de 40 maestros, por lo que no estuvieron de acuerdo.

Mencionó que además del rezago, la falta de pago lo consideran una burla, ya que en los últimos meses, Catalino Zavala Márquez, ahora exsecretario de Educación, presentaba las listas de los maestros que debían ser finiquitados, pero nadie ha recibido un peso.

“El Secretario de Educación ya se fue, ya está en otras cosas, dejó tirado el trabajo, dejó tirado el compromiso, y aparte de eso, la postura del Gobernador es que todo se lo atribuye a una cuestión de tipo político”, continuó.

Advirtió que continuarán con las protestas hasta que se les pague conforme a la Ley y no permitirán que desvirtúen su lucha y trabajo con comentarios hostiles y difamatorios, como los dichos por el Ejecutivo Estatal en su transmisión del 24 de marzo, en el que aseguró que las protestas eran con fines políticos.

Los plantones están encaminados en dar a conocer a la sociedad su descontento, así como el apoyo para que no se despoje de la ciudad el Centro de Gobierno, “la postura de nosotros es que el gobernador Bonilla cumpla con su palabra”, aseveró.

Asimismo dijo que además de las protestas en las tres ciudades, pronto se movilizarán a Mexicali para apoyar a las compañeras que están en huelga de hambre, y conforme más miembros tengan la vacuna anticovid, se harán plantones más extensos en Tijuana, tanto en Centro de Gobierno, como en Consorcio Tecnológico, desde donde Bonilla Valdez realiza sus transmisiones en vivo.

Recalcó que la mayoría de los maestros son mayores de 60 años, pero la vacuna aún no llega a Tijuana, por lo que la concentración aún no es tan fuerte.

https://zetatijuana.com/2021/03/protestaran-maestros-por-falta-de-pago-se-unen-a-huelga-de-hambre-en-mexicali/

Cuando no es posible Aprender en casa: enseñar a leer, escribir y sumar en los cruceros viales (Querétaro)

 

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

Pie de Página

Mientras la deserción estudiantil crece por la pandemia, una maestra decidió dar clases en los cruceros a niños sin internet ni un televisor para aprender en casa. Casi un año después, a su estrategia se han sumado decenas de voluntarios. Lo grave, destaca la docente, es que cada día encuentran a más estudiantes en estas condiciones de precariedad

QUERÉTARO.- El ruido de la retroexcavadora rompiendo el asfalto ensordece a los cláxones y motores que circulan por la calle. La tierra levantada por el viento llena los parabrisas de polvo, mientras camiones y autos avanzan lentamente por la avenida Cimatario hacia el cruce con la carretera 57. El semáforo está en rojo.

Mientras el tiempo discurre entre el minuto y medio que tarda en llegar el “siga”, Rocío y su familia, quienes desde hace más de 7 años migraron de Santiago Mexquititlán hacia la capital queretana, avanzan precavidos entre los automóviles. Ofrecen mazapanes y bolsas de basura a los conductores, mientras que en el camellón que delimita la vuelta continua. Sus hijos aguardan pacientes a que su mamá termine la venta del día.

“Primero nos venimos mi esposo y yo”, dice la mamá de 29 años de edad, “nos vinimos a buscar trabajo y a vender cosas aquí en el crucero. Dejábamos a los niños con mi mamá en el pueblo, es hasta hace un año y medio que decidimos traerlos aquí con nosotros”.

Antes de la pandemia, Rocío llevaba a sus hijos a una de las primarias del DIF ubicadas en el Centro Histórico de la capital queretana, lo cual le permitía poder realizar su trabajo como vendedora ambulante sin exponerlos a los riesgos que implica estar en las calles.

Tras el confinamiento, para miles de familias, como la de Rocío que carece de acceso a internet o a la televisión, la educación de sus hijos pende de un hilo.

“Para poder sacar algo para comer tenemos que estar aquí en el crucero de 6 a 7 horas, y no puedo dejar a mis hijos solos todo ese momento. Me los traigo aquí. Yo quiero que ellos continúen estudiando para que no estén en una situación como nosotros, pero no tenemos internet ni televisión, y en la escuela sólo los reciben dos días a la semana. Tengo miedo de que se rezaguen o quieran dejar de estudiar”.

Rocío, comerciante.

Al crucero donde trabaja Rocío con sus hijos, llegó la maestra Jemima Peláez, para enseñarles lo que antes aprendían en el aula.

En el semáforo, una alternativa

Jemima Peláez es maestra de educación especial en el municipio de Jalpan de Serra, y aunque su labor se ha visto afectada por la pandemia ella sigue dando clases frente a un grupo de 30 niñas y niños en la comunidad.

“Tras la suspensión de las clases presenciales me tuve que regresar aquí a la ciudad, y voy una vez al mes para Jalpan para atender a mis niños, yo me esfuerzo para que ellos no se rezaguen” puntualiza.

Día con día, cuando Jemima salía a correr por su colonia, se percató de que las y los niños que trabajaban en los semáforos habían incrementado y se preocupó por su continuidad educativa.

“Yo me pregunté ¿cómo le están haciendo estos niños con las escuelas cerradas? Y la verdad es que como maestro tu vocación es enseñar, y al ver a tantos niños en esta situación no podía quedarme quieta”, relata. “Decidí salir con algunos materiales didácticos y hablando con las mamás de los niños les propuse darles clase ahí en el semáforo, apoyarles con sus tareas y darle seguimiento a los contenidos de la SEP, y es así como nace En el Semáforo se aprende.”

La iniciativa de Jemima inició en un semáforo a un costado de la carretera federal No.57, y ahí comenzó a atender a un grupo de 5 niñas y niños que acompañaban a sus padres en la venta del día, poco a poco la iniciativa fue expandiéndose en diversos cruceros de la ciudad, hasta cubrir 28 puntos de la zona metropolitana.

“El proyecto comenzó a llamar la atención de mucha gente, muchos medios de comunicación se acercaron para entrevistarnos y aplaudir la iniciativa, yo estoy muy agradecida por eso, pues poco a poco una red de voluntarios se fueron sumando, nutriólogas, biólogos, gente profesionista que vio las mismas necesidades que yo vi cuando en noviembre comenzamos a dar clases” señala.

A la par que una red de voluntarios se fue sumando al proyecto que abandera la maestra Jemima, donaciones de gente y empresas fueron llegando para que pudiera haber una continuidad en la iniciativa. Asimismo, las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) se acercaron a la maestra para dotar de clave escolar a su proyecto y que pudiera certificar de grado a sus alumnos.

Para Jemima esto representó un avance, pues varias personas la fueron contactando a través de su página de Facebook para que la iniciativa pudiera implementarse en otras comunidades de la entidad.

“Actualmente tenemos tres centros educativos en Santiago Mexquititlán, Vizarrón y La Griega. Asimismo sumamos 76 voluntarios quienes a diario trabajamos con los grupos que ya se abrieron. Estoy muy contenta, pero a la vez muy preocupada, pues la necesidad de este proyecto refleja una problemática social: cada vez hay más niños en situación de calle o trabajando en los semáforos”.

Para la docente de educación especial, lejos de felicitar la iniciativa de su asociación, lo que en verdad preocupa a quienes integran En El Semáforo Se Aprende es la realidad educativa que atraviesan miles de niñas y niños en el estado, pues la pandemia ha acrecentado la migración de las comunidades campesinas hacia las ciudades, lo que ha orillado a que cad vez existan más familias habitando y trabajando en los cruces peatonales del estado.

“Estamos abiertos a que recibamos más voluntarios y donaciones, pero creo que la tarea que tenemos es combatir las condiciones estructurales que orillan a alguien a desplazarse, a estar tomando clases en un semáforo, a trabajar cuando deberían de estar estudiando, es algo que me entristece mucho”, agrega.

Durante los primeros meses del 2021 la iniciativa de la maestra Jemima se vio pausada por la contingencia sanitaria, pues al estar la entidad en semáforo rojo el equipo de En el Semáforo se aprende decidió pausar actividades para evitar contagios entre las y los niños y el equipo de voluntarios.

“Ahorita que regresamos contabilizamos a 110 niños que están recibiendo atención, y pues ha incrementado, lo cual refleja que cada vez hay más gente que se enfrenta a estas condiciones”, relata.

“Nosotros vamos a seguir hasta donde podamos, ya estamos por obtener la acreditación por parte de Conafe. Y cada vez nos llegan más donaciones y avisos de gente que quiere que repliquemos la iniciativa en sus comunidades, nos da gusto eso, que nos solidarizemos y avanzemos. Lo que me preocupa, recalco, es que esto sea una necesidad.”

Como Jemima, cientos de maestros en la entidad han innovado en su labor con estrategias que permitan hacerle frente al rezago y deserción escolar en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el acceso desigual a la educación sigue siendo un tema pendiente en todo el país que la pandemia sólo puso en relieve.

Los retos pedagógicos durante la pandemia

De acuerdo con el informe La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (covid-19) en México, publicado por el Coneval en mayo del 2020, el sistema Aprende en Casa profundiza la brecha en el acceso a la educación para los 20.8 millones de hogares que carecen de conectividad a internet, lo cual representa el 59.7% de la población en el país.

Además, al trasladar gran parte del proceso de enseñanza hacia el núcleo familiar -y al no contemplar factores como la ocupación, disponibilidad de tiempo, o el grado de escolaridad de los padres o tutores- no hay una garantía de que el aprendizaje en el nivel de educación básica sea significativo para las nuevas generaciones que se encuentran dentro del sistema de educación pública.

“A nosotros se nos dificulta ayudarle a nuestros hijos con sus tareas” señala Rocío “y aunque en la escuela a la que asisten les dan una guía mensual para que la llenen, la dejaban incompleta o mal hecha ya que hay cosas que nosotros no conocemos, o no tenemos el tiempo de ayudarle a nuestros hijos.”

Rezago educativo y deserción escolar

De acuerdo con Estela Hernández, doctora en pedagogía y docente frente a grupo en la comunidad de Santiago Mexquititlán, la pandemia por covid-19 ha propiciado que se acreciente el rezago educativo en las comunidades indígenas de la entidad, pues al no contemplar las particularidades socioeconómicas y lingüísticas en la implementación de modelos educativos homogéneos se está excluyendo del acceso a la educación a miles de niñas y niños.

“Creo que hay que generar nuevos indicadores”, señala, “pues no podemos explicar las consecuencias de esta pandemia en la educación solo con la deserción escolar, hay un rezago mayor al 90%, y eso no se refleja en que un niño deje de ir a la escuela, pues con el lastre que venimos arrastrando de la reforma educativa peñista algunos profesores pasan de grado a los alumnos sin medir realmente el aprendizaje que los niños están teniendo en la escuela”.

“Entonces tenemos a niños”, continúa, “que ya en cuarto o quinto de primaria no saben leer, escribir o sumar. Por ejemplo una de las cartillas que diseñó la USEBEQ contemplaba aspectos de trigonometría avanzada, cuando los niños apenas y saben sumar, es realmente preocupante”.

Aunque la USEBEQ declaró que aún no se tienen registros de la deserción escolar durante el ciclo 2019-2020, de acuerdo con información presentada por esta dependencia, en esta entidad, al término del ciclo escolar 2018-2019, se registró un índice de deserción escolar del -0.2% en educación primaria, 4.6% en educación secundaria y de 11.3% en nivel medio superior.

Aunado a esto, durante el segundo semestre del 2020 la Secretaría de Educación Pública (SEP) estimó que durante esta pandemia ha habido una deserción escolar en el nivel básico del 10%, lo que se traduce en dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

También, de acuerdo con la Encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020, a nivel nacional, 5.2 millones de personas, de 3 a 29 años de edad, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 a causa de la pandemia o por falta de dinero.

“Esto es un problema gravísimo”, puntualizó Estela Hernández “pues estamos viendo que muchos niños dejan la escuela al no comprender los contenidos que se están viendo en las clases y prefieren irse a trabajar a las fábricas o a la ciudad”.

“Además”, agrega, “las autoridades educativas estatales y federales no han implementado alternativas reales para atender este problema ni en la ciudad ni en las comunidades indígenas, pues cuando algún profesor muestra iniciativa para atender a sus grupos, se les penaliza o despide injustificadamente, no hay un diálogo.”

De acuerdo con información solicitada a la USEBEQ, en Querétaro se están implementando diversas estrategias que refuerzan los contenidos de “Aprende en Casa”, las cuales hacen uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, así como la elaboración de cartillas de trabajo que se hacen llegar a las comunidades a través de las estructuras administrativas de los municipios y las autoridades escolares.

Asimismo, aseguran, se han destinado estrategias de acompañamiento para las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad como visitas domiciliarias, ajustes curriculares en los contenidos educativos dando primacía a los aprendizajes clave y priorizando a la evaluación del alumno como un elemento formativo.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos institucionales y de colectivos pedagógicos independientes por atender la educación en tiempos de pandemia, diversas organizaciones y asociaciones de profesoras y profesores han optado por otras alternativas para atender a las y los alumnos en población vulnerable.

https://piedepagina.mx/cuando-no-es-posible-aprender-en-casa-ensenar-a-leer-escribir-y-sumar-en-los-cruceros-viales/

CDHNL denuncia nueva ejecución arbitraria a manos de militares en Nuevo Laredo (Tamaulipas)

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció una nueva ejecución arbitraria atribuible a miembros de la Sedena, con lo que suman ocho víctimas de militares en la ciudad fronteriza en este sexenio.

La CDHNL documentó al menos ocho ejecuciones extrajudiciales atribuibles a integrantes de la Sedena. Foto: ONU DH México

Gloria Leticia Díaz/ PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció una nueva ejecución arbitraria atribuible a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que suman ocho víctimas de militares en la ciudad fronteriza, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de José Jacobo Rodríguez, quien perdió la vida el pasado miércoles 10, cuando transitaba por las calles de Nuevo Laredo en compañía de su esposa, la cual sobrevivió al ataque militar.

La información sobre la ejecución de Rodríguez González se dio a conocer minutos después de que el presidente López Obrador salió en defensa del Ejército mexicano y aseguró que “cuida y protege los derechos humanos”, luego de anunciar que este viernes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, rendirá un informe sobre el operativo militar en Nuevo Laredo, en junio del año pasado, en el que murieron tres jóvenes que habían sido secuestrados por presuntos integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con el CDHNL, en los últimos 15 meses ha documentado “al menos ocho ejecuciones y tres detenciones arbitrarias, así como dos agresiones armadas cometidas por personal del Ejército mexicano en contra de la población civil, además de 10 casos de daños materiales a comercios, viviendas y vehículos particulares que las autoridades militares se han negado a cubrir”.

En el caso de Rodríguez González, la organización detalló que la tarde del 10 de marzo, él y su esposa viajaban en una camioneta Yukon modelo 2003, rumbo a la Cruz Roja donde a su mujer le practicarían un ultrasonido.

De acuerdo con el testimonio de la esposa, alrededor de las 5 de la tarde, en el crucero Santos Degollado y Gutiérrez, fueron atacados de forma directa por soldados del Ejército mexicano, quienes se trasladaban en dos unidades tipo pick up y un camión blindado.

Derivado de la agresión, José Jacob recibió un disparo en la nuca con salida en la cara y otro en el hombro, lo que obligó a detener la marcha del vehículo.

En apego al testimonio de la sobreviviente, la organización informó: “los militares procedieron a revisar la camioneta de las víctimas en lugar de prestarles auxilio, hasta que llegaron paramédicos de Bomberos y trasladaron al herido al Hospital General, donde a los pocos minutos falleció por la gravedad de las lesiones”.

Los familiares de José Jacob, dedicado a la venta de autos, formalizaron una denuncia contra los militares ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo al que solicitaron “investigar esta nueva ejecución arbitraria e implementar medidas cautelares en favor de la población de Nuevo Laredo ante el incumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza por parte de personal del Ejército mexicano”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/24/cdhnl-denuncia-nueva-ejecucion-arbitraria-manos-de-militares-en-nuevo-laredo-260696.html

Dejan fuera a cientos de estudiantes de FES Cuautitlán para evitar “saturación” de grupos en línea (Estado de México)

Imagen tomada de: ADNoticias

A más de tres semanas de haber iniciado clases en línea, más de 200 estudiantes de diferentes semestres y licenciaturas se han quedado fuera ante la negativa de aprobar su inscripción

La Facultad de Estudios Superior FES–Cuautitlán se unió este martes al paro de labores realizado por diversas sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para protestar contra la negativa de inscripción que se ha dado a más de 200 estudiantes y para respaldar las demandas de los profesores de la Facultad de Ciencias a quienes no se les ha pagado.

A más de tres semanas de haber iniciado clases en línea, más de 200 estudiantes de diferentes semestres y licenciaturas se han quedado fuera ante la negativa de aprobar su inscripción, acusaron estudiantes de la FES-Cuautitlán.

La Facultad ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli se mantendrá sin actividades ordinarias hasta el último minuto del próximo viernes 26 de marzo en espera de una respuesta de las autoridades universitarias, por lo que la acción podría prolongarse en caso de que no se atiendan las demandas.

Mario Mendoza, estudiante de posgrado y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Estudiantil de la FES Cuautitlán, explicó a este medio que con el paro se busca respaldar las demandas de los profesores de la Facultad de Ciencias, pero también se trata de dar a conocer su propio pliego petitorio relacionado a las problemáticas específicas que tienen lugar en esta sede universitaria.

Mendoza dijo que el Consejo Estudiantil ha insistido desde hace semanas sobre esta problemática, pero las autoridades no dieron una respuesta, por lo que se tomó la opción de convocar al paro de actividades.

El estudiante señaló que no están de acuerdo con el rechazo a las inscripciones de cientos de estudiantes “porque significa dejarlos sin la posibilidad de que sigan estudiando”, lo que agrava el rezago y la deserción escolar en la UNAM.

Los afectados, -que pertenecen a diferentes semestres y licenciaturas, en su mayoría a Medicina y Veterinaria- “no pudieron inscribirse porque hay una comisión que decide cuántos grupos se abren por semestre”.

Esta comisión decide “que la saturación de un grupo es un número determinado… y a los que dejan fuera no les dan una alternativa”, reprochó Mendoza. Y recordó que no existe justificación para dejar fuera a los alumnos, ya que “las clases son en línea, y no hay ninguna excusa”.

“Además los criterios para determinar la saturación no es clara, pues hay grupos donde deciden dejar hasta 60 y hay otros donde son 25. Los criterios son a voluntad de estas personas que deciden arbitrariamente cuántos grupos abrir y cuántos no”.

Mendoza aclaró que si bien la deserción no nueva para la UNAM con la pandemia se agravó.

FES-Cuautitlán, con mayor deserción universitaria

La FES Cuautitlán junto con la Facultad de Ciencias Políticas, registra el mayor número de estudiantes que se han dado de baja. “Los estudiantes están desertando, no logran continuar con sus estudios, y la UNAM hace muy poco, no es suficiente”.

En septiembre de 2020, la Secretaría General (https://www.gaceta.unam.mx/aumenta-el-riesgo-de-desercion-en-licenciatura-y-posgrado/) estimó que 72 mil jóvenes podrían dejar sus estudios, lo que representa el 20% del total de su matricula.

De esta cantidad, 700 pertenecen a la FES Cuautitlán, cifra que equivale dos generaciones completas de una sola carrera, consideró Mendoza.

A nivel nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que, más de medio millón de alumnos de licenciatura y posgrado podrían abandonar sus estudios; es decir, casi 600 mil jóvenes de pregrado, y otros 40 mil de posgrado podrían dejar las universidades, cifras equivalentes a 15 por ciento de todos los alumnos del sistema universitario.

Si bien, la falta de recursos económicos y de acceso a internet son las causas principales para la deserción escolar, en la FES Cuautitlán se incluye la problemática de criterios por parte de las autoridades correspondientes para proporcionar los lugares, según lo denunciado por el consejero estudiantil.

¿Qué proponen?

El estudiante de posgrado dijo que existen mecanismos que se aplican en algunas facultades, pero no en todas.

El Consejo estudiantil propone que se apliquen los cursos sabatinos para todas las universidades de la UNAM. De forma que se genere una oportunidad de para aprobar las materias a las que negó la inscripción. También, que se pongan en marcha los cursos intersemestrales, y cursos de preparación para extraordinarios.

“Son cursos que no generan un mayor problema para aplicarlos, es una cuestión de voluntad política, donde el director (de la FES Cuautitlán) Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz no quiere. Eso ayudaría bastante, tener opciones para evitar la deserción y el rezago”.

Anuncio oficial del paro de actividades

Este martes, autoridades de la FES Cuautitlán informaron de manera oficial que la Facultad entraría a paro de actividades desde las 7:00 horas del 23 de marzo hasta las 23:59 horas del 26 del mismo mes en el caso de Campo Cuatro; mientras que Campo Uno prolongará la acción hasta las 22:00 horas del 6 de abril.

El Consejo de Representantes Estudiantiles aclaró que las fechas podrían cambiar dependiendo de la respuesta al pliego petitorio”.

https://adnoticias.mx/dejan-fuera-a-cientos-de-estudiantes-de-fes-cuautitlan-para-evitar-saturacion-de-grupos-en-linea/

Amplían perforación de pozos petroleros con método del fraking (Veracruz)

Paco de Luna / Vanguardia de Veracruz

Xalapa, Ver.- En los municipios del norte del estado de Veracruz, un promedio de 270 pozos petroleros son perforados con el método del fraking (fracturación hidráulica), acciones que afectan al entorno ecológico.

Lo anterior fue dado a conocer por el integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Óscar Espino, entrevistado en la ciudad de Xalapa.

“Tenemos respuestas oficiales del propio Pemex que hay más de 270 pozos con fracking en la región de Papantla para sacar gas shale. Se trata de un tipo de gas natural que, en lugar de encontrarse almacenado en “bolsas” bajo tierra, está enquistado dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas a partir de materiales orgánicos”, refirió.

El fraking consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo.

Como ejemplo, citó el caso de la localidad de Emiliano Zapata en el municipio de Papantla, al norte de la entidad veracruzana donde un derrame de hidrocarburo este mes (marzo) ya de cumplieron cinco años, sin que la industria petrolera atienda las peticiones de remediación al entorno ecológico.

Las perforaciones petroleras se realizan actualmente en municipios como Papantla, Tihuatlán, Álamo, Poza Rica, solo por mencionar algunas regiones del Totonacapan y la Huasteca veracruzana.

Finalmente, desde la Red piden el cese de los trabajos y la cancelación del fraking como técnica para la extracción de hidrocarburos.

https://www.vanguardiaveracruz.mx/amplian-perforacion-de-pozos-petroleros-con-metodo-del-fraking/

EL CNI- CIG DESCONOCE Y DESAUTORIZA LA IMAGEN DE MARICHUY EN PROPAGANDAS POLÍTICAS DEL MAL GOBIERNO

A los medios de comunicaciónAl pueblo de México

Ante el uso de la imagen de nuestra vocera María de Jesús Patricio Martínez- Marichuy, por parte Layda Sansores quien trabaja para el partido MORENA, en una publicación en redes sociales en la que presuntamente condena la discriminación racial, el Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, desconocemos y desautorizamos el uso de la imagen de nuestra vocera en cualquier propaganda política de los malos gobiernos.

Los pueblos indígenas vivimos el desprecio de quienes quieren nuestras tierras, de quienes nos explotan y esclavizan, de quienes quieren el agua y los minerales que están en las montañas que resguardamos, de quienes destruyen la naturaleza en los territorios de los pueblos originarios para luego usarla envenenando a nuestra madre tierra.

En complicidad con ellos, quienes nos desprecian por lo que somos como pueblos, están todos los políticos, sea cual sea el color con el que negocian arriba. O sea, incluido el partido MORENA para el que trabaja Layda Sansores.

Mientras persista la destrucción que el capitalismo está haciendo en el mundo, el desprecio hacia nosotros los pueblos originarios, seguirá siendo incentivado, promovido y fortalecido por el poder en turno. Donde solo les servimos para adornar sus discursos y ahora sus publicaciones en redes sociales. Para ellos, somos y seremos los nadie, las nadie.

Somos l@s nadie para opinar sobre el Proyecto Integral Morelos, pues aunque protegemos y poseemos el territorio nahua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el mal gobierno se propone imponer dicho proyecto con la fuerza militar y narco para militar.

Somos l@s nadie para opinar y decidir sobre nuestro futuro como pueblos mayas, porque los que si importan, los dueños del dinero, ya decidieron qué van a hacer con todo el sur- sureste del país. Ya decidieron sus planes sin nosotr@s y a su punta de lanza le llamaron Tren Maya.

Somos l@s nadie para oponernos a la industrialización paramilitar transnacional, a la que llaman corredor interocéanico, en el Istmo de Tehuantepec.

Somos l@s nadie para que sea protegida nuestra propiedad colectiva, porque los que ostentan la propiedad privada y la riqueza decidieron que quieren nuestros territorios a toda costa.

Entonces, no solo es descarado e hipócrita el uso de la imagen de nuestra compañera vocera del CNI-CIG en la propaganda de Layda Sansores, sino que es radicalmente inadecuado porque ni ella, ni su partido, ni el gobierno en turno, promueven la no discriminación, más bien la fomentan porque además, se puede medir en dinero para el patrón, que es el gran capital.

Atentamente
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más un México sin Nosotros
Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno

Se manifiestan por falta de agua desde hace mes y medio (Jalisco)

Foto: Francisco Rodríguez / El Occidental

Viridiana Saavedra / El Occidental

Personas que desde hace casi mes y medio no tienen agua, se manifestaron afuera de las oficinas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), para exigir que les otorguen el servicio a través de pipas, sin costo.

“La necesidad es el agua potable, tenemos cuarenta días sin el servicio y por eso venimos a manifestarnos, estaban cobrando las pipas en mil 500 y 2 mil pesos y eso venimos a arreglar”, dijo Crispín Machaín Maldonado, presidente de la colonia Lomas de la Primavera.

Entre las colonias afectadas está Lomas de la Primavera, El Tizate, Brisas de la Primavera, Jardines Tapatíos, Carlos Rivera Aceves, El Fortín, El Rehilete y Miramar, todas pertenecientes al municipio de Zapopan.

Esa situación obligó a los vecinos a organizarse y acudir al Siapa, por la zona del parque Agua Azul, para exigir el agua que les corresponde, pues aseguran, además de temas de aseo personal, es importante contar con agua para mantener limpieza de manos y superficies en medio de la pandemia por Covid-19.

“Lo que vivimos en la ciudad es una marcada desigualdad en el acceso en lo que tiene que ver con la distribución, hay zonas que tienen grandes cantidades de agua, sobre todo zonas residenciales y hay agua acaparada en grandes poderes económicos, en las empresas y vemos que alrededor de un millón de personas sin el derecho humano al agua, porque no está siendo cumplido por las autoridades”, informó María González Valencia, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), quien también acudió a la manifestación.

De acuerdo con el Siapa, en los municipios de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque hay 55 colonias que históricamente han soportado escasez durante la temporada de estiaje debido la falta de infraestructura y a que se encuentran en las partes altas de los municipios”.

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-siapa-se-manifiestan-en-el-siapa-por-falta-de-agua-desde-hace-mes-y-medio-6505683.html

Denuncian campesinos abusos y despojos en San Mateo Atenco (Estado de México)

Imagen tomada de: ADNoticias

Los campesinos denunciaron que han sido amenazados de muerte por las dos luchas que están emprendiendo y la semana pasada acudieron tanto a palacio nacional, como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Campesinos de San Mateo Atenco son víctimas de abusos y mantienen una larga lucha legal contra la empresa Reciclagua, pues acusan que los metales pesados, arrojados en el agua tratada, han contaminado sus terrenos desde hace décadas y han generado fuertes problemas de cáncer e hipertensión entre la población aledaña al Río Lerma.

Adicional a ese problema, que han denunciado desde hace más de 20 años, ahora también son víctimas de despojos en el paraje Isidro Fabela y otros, pues a partir de un convenio de límites entre Toluca y Lerma, firmado en 2011, han llegado personas y supuestos delincuentes a asegurarles que los terrenos ya no son suyos, pues no son de San Mateo Atenco, sino de Lerma o Toluca y han sido vendidos.

Antonio Campos Pichardo, quien desde hace años es parte de quienes encabezan los reclamos para que se deje de contaminar la zona del Lerma y se reconozcan los daños provocados por los metales pesados del agua contaminada advirtió que en una nueva demanda ante la Fiscalía General de la República han exigido se hagan estudios para sustentar sus señalamientos.

Dijo que aún cuando inicialmente las autoridades no los habían autorizado ahora tendrán que realizarse nuevos peritajes, con los cuales esperan demostrar que el agua del río está contaminada y ha provocado enfermedades, pues de acuerdo con estudios de 1998 se acreditó que también la leche del ganado vacuno tenía metales, y al beberla la gente enfermó, entre ella, madres y sus bebés.

En cuanto al despojo advirtió que a  varios campesinos ya les han quitado sus tierras y a otros los han amenazado con que su ejido no es de ellos; incluso en el Registro Agrario se perdieron expedientes de ese municipio, donde se dotaba de las tierras a San Mateo Atenco.

Pese a ello, afirmó que cuentan con los documentos para acreditar que son posesionarios y que la federación en los años veinte expropió y dio las tierras a San Mateo Atenco.

Los campesinos denunciaron que han sido amenazados de muerte por las dos luchas que están emprendiendo y la semana pasada acudieron tanto a palacio nacional, como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir el apoyo de las instancias federales, a fin de demostrar la contaminación y los daños que se han generado por el agua contaminada en la zona de Lerma, pero también para evitar que les quiten sus terrenos.

Refirió que dentro de la denuncia que presentaron, la Fiscalía General de la República (FGR) requirió al alcalde de Lerma información sobre los parajes de Isidro Fabela, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero para demostrar que pertenecen a Lerma, pero el presidente municipal dijo desconocer el asunto y pidió que la soliciten al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria.

https://adnoticias.mx/denuncian-campesinos-abusos-y-despojos-en-san-mateo-atenco/