Migrantes afectados por políticas migratorias de Trump y decreto de AMLO

Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Las medidas tomadas por ambos gobiernos han afectado a este grupo de la población

Uriel Saucedo/ SEMANARIO ZETA

Las personas migrantes que viven en ciudades fronterizas como Tijuana, están ante uno de los escenarios más complicados. Además del riesgo de infección por COVID-19, se enfrentan a las estrictas políticas que Estados Unidos ha implementado en el tema migratorio; mientras que en México se publicó un decreto para dar competencia a las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública, lo que pone en riesgo la violación de sus derechos.

Paulina Olvera Cáñez, directora de Espacio Migrante, opinó que las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump en el tema migratorio, a raíz de la pandemia por la COVID-19 para endurecer la posibilidad de asilo, han sido solo una excusa para afectar a este sector de la población.

“Creo que el coronavirus fue el pretexto perfecto para la administración de Donald Trump, para continuar con lo que había venido haciendo, fortaleciendo el muro y destruyendo el sistema de asilo; porque, con el pretexto de la contingencia, cerró la frontera, pero solo para quienes quieren pedir asilo. En cambio, están aumentando las deportaciones”, destacó Olvera Cáñez.

Refirió que hay una enorme preocupación por el decreto de Andrés Manuel López Obrador, al dar competencia al Ejército y Marina, porque podrían ser una amenaza para la comunidad migrante.

El principal riesgo que observó fue la violación a los derechos humanos y un perfilamiento racial que han venido utilizando tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como la Guardia Nacional para detener a personas de color, de origen africano y haitiano, quienes, aun cuando tienen papeles en regla para vivir en la ciudad, han sido detenidos y acosados por las autoridades solo por su color de piel.

Asimismo, el presidente de la Coalición Pro Defensa de Migrantes, José Moreno Mena, coincidió que la actitud del gobierno estadounidense, al generar retraso en las citas para quienes buscan asilo, así como las deportaciones exprés, han provocado que exista población migrante flotante; estos no se quedan en el Centro Integrador, pero tampoco pueden ingresar a los demás albergues en la ciudad, porque no se está recibiendo nuevos integrantes debido a la pandemia, quedando a la deriva en la ciudad.

Consideró como un “error” que el gobierno de López Obrador permita que el Ejército y la Marina participen en actividades en apoyo de la Guardia Nacional, porque hay antecedentes -de décadas pasadas- en los que las Fuerzas Armadas violentaron los derechos de la comunidad migrante.

https://zetatijuana.com/2020/05/migrantes-afectados-por-politicas-migratorias-de-trump-y-decreto-de-amlo/

Médicos luchan en tribunales por falta de insumos

Foto: Mauricio Huizar

Pablo Reyes / El Sol de México

Las acusaciones por falta de equipo seguro para tratar a pacientes con Covid-19 y la exigencia de trabajadores vulnerables para quedar fuera del campo de batalla han llevado a institutos de salud pública de todo el país y personal médicos a una pelea en tribunales.

Instituciones de salud pública han litigado estos casos e incluso han puesto en duda ante jueces y magistrados las declaraciones de médicos y enfermeras sobre la omisión de las autoridades de entregarles material de protección óptimo y suficiente para garantizar su salud y su vida.

Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido un mes para comprobar ante un juez federal de la Ciudad de México que tres médicos del Hospital General de Zona 27 en Tlatelolco ya cuentan con los insumos mínimos necesarios para realizar su trabajo.

“La autoridad responsable es omisa en proporcionar pruebas con las que demuestren que el gel antibacterial y los cubrebocas, son insumos suficientes para evitar el contagio del personal de salud diverso al que tiene contacto directo con las personas enfermas por el citado virus. Máxime, si se toma en cuenta que el Hospital General Zona 27 de la delegación Norte del IMSS, desde el mes de abril de 2020, sufrió una reconversión hospitalaria para la atención de la epidemia de Covid-19”, señaló el juez.

EL IMSS también peleó en un tribunal de Chihuahua el que a una enfermera del Hospital General de Zona No. 35 de Ciudad Juárez se le concediera una suspensión para garantizarle la entrega de equipo de protección para prevenir riesgos de transmisión de coronavirus.

“Me encuentro laborando como profesional de la salud bajo las siguientes circunstancias: sin equipo de protección personal especializado para Covid-19, sin capacitación en el uso del equipo de protección personal, sin capacitación para el manejo de pacientes sospechosos o contagiados de Covid-19, así como también me encuentro laborando sin una garantía de seguridad personal en mi área de trabajo”, alegó la enfermera ante un juez.

Sin embargo el equipo legal del IMSS señaló ante el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito que la profesional de la salud no comprobó ante el Juzgado de Distrito la omisión de las autoridades sanitarias para dotar de insumos de protección al nosocomio.

En la Ciudad de México el IMSS presentó una queja ante otro tribunal pues una jueza federal ordenó entregar equipo de protección a todo el personal médico del Hospital General Regional Número 2 “Guillermo Fajardo Ortíz” y no solamente a una enfermera que promovió un amparo para lograr esto. “La juez de Distrito no logra exponer cómo adquirió certeza de que existía una omisión de dotar a todos los médicos del nosocomio, de los elementos de protección personal”, señaló el equipo legal del Instituto.

https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/medicos-luchan-en-tribunales-por-falta-de-insumos-atencion-medica-pacientes-coronavirus-covid-19-seguridad-5244058.html

Alcoholera Zapopan acaba con afluentes (Video)

José Vicente Osorio Vargas / Vanguardia

Atoyac, Ver.- La grave contaminación causada por la alcoholera Zapopan y la Central Energética Atoyac ha causado un grave ecocidio y daños irreversibles en los afluentes de este municipio, donde se arrojan líquidos industriales y vinaza.

En un recorrido realizado en estos puntos donde se registra el desagüe con apoyo de integrantes de la agrupación “Salvemos el río Atoyac”, se confirmó la salida de miles de litros por minuto que vienen directamente de la tubería de la industria y llegan al canal de riego Alfredo V. Bonfil.

Además, también contamina parte del río Atoyac y los arroyos El Tepachero y La Angostura, mismos que surten de agua a los habitantes de Potrero o congregación general Miguel Alemán.

“Se supone que las compuertas no deben estar abiertas y los residuos de la industria deben llegar a una planta de tratamiento, no al canal de riego que lleva el agua a los sembradíos de caña y limón de Cuitláhuac, Yanga y Carrillo Puerto, eso afecta la cosecha”, manifestaron los habitantes al recorrer la zona.

Al comprobar la salida del agua contaminada, los inconformes procedieron a la toma de una muestra, evidenciando con videos e imágenes el lugar en donde era sustraído el líquido, lo cual dijeron, servirá para presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría del Medio Ambiente en una próxima reunión.

Los desechos que son arrojados al canal y han acabado con la cría de langostino, mojarra y otras especies, los ha llevado a manifestarse en repetidas ocasiones, en busca de una solución que lleve al saneamiento de tan importante caudal que llega hasta las localidades de Boca del Río y Medellín, sumándose a la contaminación del río Blanco, que recibe descargas de aguas negras de municipios como Omealca y Cuichapa.

https://www.vanguardiaveracruz.mx/video-%F0%9F%93%B9-alcoholera-zapopan-acaba-con-afluentes/

Al IMSS nuestra vida le vale madres, médico (Zacatecas)

Un médico del Hospital General de Zona 1 de Zacatecas exhibió el equipo de protección insuficiente y de mala calidad

Imagen: Perídico Zócalo

Periódico Zócalo
Por Agencia Reforma, 15 de mayo de 2020

Ciudad de México.- Un médico del Hospital General de Zona 1 de Zacatecas exhibió el equipo de protección insuficiente y de mala calidad que les otorga el IMSS para atender a pacientes con Covid-19.

“La verdad es que es una mentada de madre lo que nos hacen”, dice el neurocirujano identificado como Armando Rosales T. en un video publicado en Facebook.

En el video de cinco minutos y medio grabado este viernes, el médico informa que está a punto de ir al área de Covid-19 a revisar a un paciente que llegó con hidrocefalia, insuficiencia respiratoria y probablemente neumonía.

Entonces, muestra el equipo de protección que les han dado en una bolsa de papel: un cubrebocas simple que no es N-95 recomendado, dos pares de guantes simples (uno menor a su talla), una bata sencilla azul y un gorro. Al mismo tiempo, muestra el verdadero material que se requiere y que él compró por su cuenta.

“Es claro que al Instituto nuestra vida le vale madres, con esas palabras. Yo voy a ver al paciente, sí, afortunadamente tengo los medios para comprarme mi equipo de protección, el overol y mi careta. Ahorita voy a ver al paciente, pero lo voy a ir a ver con mis recursos, porque mi vida vale más, y si al Instituto Mexicano del Seguro Social nosotros le valemos una peinada, a nosotros nuestra vida sí nos vale”, exclama el médico.

Armando Rosales llama a sus compañeros a protestar por la falta de equipo, y dijo mostrarse dispuesto a asumir las represalias por su denuncia si el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ordena.

“Se lo vuelvo a repetir, maestro Zoé Robledo: si quiere mi puesto aquí está. Córranme como lo han hecho con muchos compañeros, pero no se vale que jueguen con la vida de los trabajadores del Seguro Social”, afirma.

Después, el médico aparece con su overol blanco de seguridad y su cubrebocas N95 a punto de cruzar la puerta hacia la zona de pacientes de Covid.

“Este es el equipo de protección personal para pacientes con Covid-19. Esto es lo que necesitamos, se lo digo al maestro Zoé Robledo: Esto es lo que necesitamos todos los trabajadores, no bolsas de pan”, expresa.

El video continúa con la salida del neurocirujano tras la revisión del paciente. Explica que padece una afasia mixta, por lo que no entiende ni puede hablar, y que le hizo una punción lumbar.

“Clínicamente, es un paciente un Covid-19 positivo”, afirma.

En Zacatecas, se han confirmado hasta ahora 181 contagios de Covid-19 y 22 muertes.

El lunes, la Secretaría de Salud informó que 8 mil 544 trabajadores médicos en el país se han contagiado de Covid-19 y 111 han fallecido, dos de ellos en Zacatecas.

En ese Estado, en abril se informó del cierre del Hospital Regional de la Ciudad de Jerez de García Salinas, porque 19 doctores y enfermeras presentaban síntomas de Covid-19.

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/al-imss-nuestra-vida-le-vale-madres-medico

Centroamericanos desprotegidos ante el Covid-19 en Villahermosa, Tabasco

Carlos Pérez / El Heraldo de Tabasco

Jesús Manuel Domínguez / El Heraldo de Tabasco

Migrantes de distintas nacionales, en su mayoría de Centroamérica, siguen deambulando por los cruceros de Villahermosa pidiendo dinero a los automovilistas sin tomar las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19.

Se les puede ver en grupos o en familia en los cruces de Paseo Tabasco y Ruiz Cortines, Paseo Usumacinta y Ruiz Cortines, José Pagés Llergo esquina Ruiz Cortines y Avenida México con Mario Brown Peralta.

Unos portan cubrebocas pero lamentablemente es el mismo que utilizan a diario pues no tienen dinero para comprar porque el dinero que logran juntar lo gastan en comida.

Mientras otros sólo utilizan un pedazo de trapo o una playera vieja para cubrirse el rostro ante las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias.

No obstante, estas personas abordan a los conductores de los vehículos, y por tanto, están en constante riesgo de contraer el virus de la enfermedad, y si ya lo tienen, contagiar a las personas a las que se acercan a pedir dinero.

Sobre todo por el manejo de las monedas que reciben y que pudieran ser factor de transmisión de coronavirus.

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/centroamericanos-desprotegidos-ante-el-covid-19-en-villahermosa-5242079.html

Enfermeras se dicen en riesgo (Querétaro)


Foto: Hugo Arciniega / Diario de Querétaro

Alejandro Payán / Diario de Querétaro

Se quejan de falta de protocolos contra el Covid-19 y señalan casos sospechosos de contagio

Enfermeras del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer denunciaron la falta de protocolos en para detectar pacientes con Covid-19, incluso en esta semana se realizaron dos cirugías a pacientes contagiados que fueron detectados y canalizados al Hospital General al concluir las cirugías, por lo que más de 10 enfermeras fueron mandadas a descansar y se les realizarán pruebas de detección.

Personal médico del área de quirófanos pidió el anonimato para evitar represalias, explicó que esta semana se realizaron diversas cirugías en los tres quirófanos del hospital, las cuales al finalizar la intervención se detectó que tenían Covid-19, exponiendo a un promedio de 20 trabajadores por turno, entre enfermeras, cirujanos, anestesiólogos y personal de limpieza.

“El miércoles teníamos un paciente de fractura de arcos costales, cuando pasamos al quirófano se hace el procedimiento, entramos como se debe, todo estéril, bata, botas, cubrebocas pero de nuestra protección googles y mascarilla, al final de la cirugía el anestesiólogo pide una placa de rayos X, no la tenían, entran y se ve el pulmón infiltrado y activan el Código X que es el de pacientes Covid, cierran la sala, salen todos a desinfectarse, sanitizar, una compañera se tuvo que quedar con el paciente”.

Además el pasado jueves sucedió lo mismo con un paciente proveniente del municipio de Cadereyta, que al finalizar la cirugía se confirmó que también tenía Covid, sin que se le notificara al personal médico de quirófanos.

Indicó que tan solo el paciente con fractura de costillas llevaba varios días hospitalizado sin ninguna protección especial, por lo que pudo contagiar a más pacientes en el mismo hospital, que ha tenido que duplicar su capacidad debido a que el Hospital General fue asignado para la atención a pacientes de Covid-19.

“Le comentamos a nuestra jefa de enfermeras y no supo qué decirnos, nos habla y nos dijo que no nos presentemos a trabajar hasta el lunes y tengo jueves y viernes aquí en la casa y el lunes nos citaron para tomarnos la prueba, para hacer carga viral”.

Dijo que incluso si se les notifica que van a intervenir a pacientes con Covid pueden duplicar las medidas de seguridad y protección, tanto en el quirófano como para su protección personal.

“No están realizando los protocolos para detección de pacientes, se sabe hasta que termina la cirugía y lo mandan al Hospital General y esperamos que se dé el resultado y confirman que es positivo, por sala de quirófano somos seis, tomando en cuenta que todos están ocupados y son tres salas, un potencial de 20 personas expuestas en un turno y si el paciente entró por ahí y todos estaban trabajando somos muchos”.

El grupo de 12 enfermeras que fueron enviadas a sus casas dieron a conocer que entregarán una carta al Sindicato de Trabajadores del Sector Salud y a la Comisión de Seguridad e Higiene, Jefatura de Enfermería, Epidemiología y Recursos Humanos.

“Nuestro hospital no es Covid y los pacientes adultos del hospital general nos los mandaron y por eso tenemos tres salas de quirófano, la sala uno es para pacientes del Hospital del Niño y la Mujer y los del Hospital General nos los mandaron”, finalizó.

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/enfermeras-se-dicen-en-riesgo-5239847.html

Pueblos indígenas solicitan protección contra el Tren Maya

Reporteros Hoy
Mérida, Yucatán;(ACOM).- Debido a los daños que ocasionaría el Tren Maya, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el sistema de cenotes de la Península de Yucatán, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.

La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro, siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del Tren Maya, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

Subrayaron que el megaproyecto se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación del mismo agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública. Aún así, tal y como ha reconocido el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril comenzó la construcción del Tren Maya.

Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al Tren Maya del cumplimiento de esta obligación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.

Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y; que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.

Es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continua sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región.

“Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya. Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, concluyeron.

https://reporteroshoy.mx/noticias/pueblos-indigenas-solicitan-proteccion-contra-el-tren-maya/

Trabajadores del IMSS de la 510 Cancún, denuncian amenazas por directivos

La Verdad

De manera anónima algunos dijeron que están siendo amenazados por alzar la voz, al grado de ser despedidos, esto en el IMSS de la 510 de Cancún.

Luego de que el manejador de alimentos del IMSS de la 510, Cristian Javier Erosa Gómez, fue despedido por directivos de ese nosocomio, sólo por alzar la voz y pedir insumos y equipo necesario al ingresar en el área de COVID-19, esto él lo denunció en redes, tras esto, muchos comenzaron a exhibir las menzas de los directivos en redes y de manera anónima con los medios de comunicación.

Los médicos y sobre todo enfermeros y enfermeras están siendo hostigados al grado de recibir violencia verbal por parte de directivos, quienes según los afectados, lo único que buscan sons su propios intereses y no la protección de todo el sector salud que trabaja en ese recinto, “con tal de sacar el trabajo” y quedar bien con sus jefes, afirman los trabajadores.

Es importante recordar que este y los demás hospitales públicos que están en esta ciudad, desde que inició esta pandemia, exigieron mejor equipo e insumos para protegerse del coronavirus, pero tuvo que pasar semanas para que los insumos lleguen, hoy ahora el personal de salud se está quejando de los maltratos y amenazas de despidos, aún en plena pandemia.

IMSS de la 510 Cancún amenaza con despidos a sus trabajadores

“No sé en donde tiene la cabeza estos señores que dicen ser directores, pues parece que adquirieron el pues de una manera indecorosa o con contactos, pues no entienden el trabajo que tenemos que hacer y lo único que hacen es amenazar, ordenar y violentar”, dijo enfermero del Hospital de la 510 de manera anónima.

Hay que destacar que el primer despedido durante esta contingencia fue el manejador de alimentos en ese hospital, Cristian Javier Erosa Gómez, quien el pasado 11 de mayo él y el director del nosocomio, Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, junto con los representantes sindicales Néstor González y Roberto Pérez le avisaron de su despido porque se estaba negando a entrar al área de COVID-19.

El afectado aclaró que en ningún momento se negó a realizar su trabajo, pues lo único que hizo fue solicitar y reclamar equipo de protección, sino no iba a entrar; comentó su preocupación al ser padre soltero y ser la manutención de sus tres hijos y la de su padre que se encuentra discapacitado “ahora es imposible encontrar trabajo por la situación que se vive, concluyó.

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Trabajadores-del-IMSS-de-la-510-Cancun-denuncian-amenazas-por-directivos-20200517-0095.html

Trabajadores despedidos de Sistecozome tras el cierre en 2017 exigen laudos (Jalisco)

Foto: Redes Sociales

Los ex conductores exigen que antes de pagar las liquidaciones respectivas a los empleados de SyT, debe cumplirse con los pagos pendientes a los trabajadores despedidos del Sistecozome

Ignacio Pérez Vega / UDGTV

Luego de que el Congreso del Estado votó a favor de desaparecer a la empresa paraestatal Servicios y Transportes (SyT), al considerarla “inviable” económicamente, lo que supone el despido de 450 trabajadores, ex empleados del Sistecozome comenzaron una campaña en redes sociales a la que titularon #JusticiaSistecozome.

Sergio García, ex conductor del Sistecozome en Puerto Vallarta e integrante del Sindicato Único de Empleados de esa empresa, pidió que antes de pagar las liquidaciones respectivas a los empleados de SyT, debe cumplirse con los pagos pendientes a los trabajadores despedidos del Sistecozome, tras su cierre en julio de 2017.

“Gobernador Enrique Alfaro es ‘incomprensible’ que no tengas dinero para liquidar laudos ganados en contra del Sistecozome y sí para liquidar a trabajadores de Servicios y Transportes. Concluye nuestros pagos. #JusticiaSistecozome”, señaló Sergio García en una fotografía que subió a redes sociales, en donde sostiene una cartulina con la petición.

El gobierno anterior, encabezado por Aristóteles Sandoval, cerró la empresa Sistecozome, donde laboraban 580 trabajadores, ya que tenía una deuda de $500 millones de pesos. Sin embargo, a los empleados se les presionó para aceptar pagos equivalentes apenas a 30% de lo que les correspondía por el cierre de la fuente de trabajo.

Decenas de personas despedidas del Sistecozome han ganado laudos, pero el gobierno de Jalisco actual, no los ha pagado.

Por ello, al darse ahora la desaparición de la otra empresa paraestatal de transporte, los cesados del Sistecozome piden que se les pague lo que les corresponde.

En el caso de Servicios y Transportes son 450 trabajadores los que deben ser liquidados y a quienes la actual dirección les prometió que les pagará lo que establece la Ley Federal del Trabajo, además de que la mayoría puede ser recontratado en las rutas de transporte que ahora pasarán a manos de particulares.

http://udgtv.com/noticias/trabajadores-despedidos-sistecozome-cierre-exigen-laudos/

Falta de transporte afecta a trabajadores en sur de Tamaulipas

Antonio Campos/Milenio
17 mayo 2020

Comerciantes tienen que caminar para poder llegar a su destino.


Falta de transporte afecta a trabajadores de la zona conurbada

Cientos de familia maderenses volvieron a vivir un calvario al no encontrar cómo poder llegar de sus hogares al trabajo debido a la falta de transporte público en la zona, medida que fue implementada para frenar el incremento de casos de covid-19.

Para Juan Pablo Hernández de 35 años, quien dijo tener su domicilio en un popular sector de Ciudad Madero, señaló que ya es lamentable que los tamaulipecos tengan que vérselas difícil al querer conseguir el sustento económico para sus familias.

Mencionó que primero tuvo que enfrentar la falta de trabajo formal al cerrar la empresa en donde laboraba ya que se consideraba que lo obligó a integrarse a la informalidad vendiendo cubrebocas, mismos que no podrá acomodar debido a que no hay transporte a ningún municipio de la zona Conurbada.

Destacó que únicamente ha visto algunos taxis que de manera clandestina ofrecen sus servicios pero que al momento que los solicita les señalan que una carrera corta le sale en 50 pesos pero si recorre más distancia hasta 80, lo cual no puede cubrir por lo que opto por caminar a una zona con mayor tránsito para a ver si así consigue acomodar su producto.

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-tamaulipas-trabajadores-afectados-falta-transporte

Un año después: indígenas de San Juan de la Laguna en lagos de moreno, resisten a la imposición de gasoducto (Jalisco)

Foto: Zona Docs

A un año de la detención arbitraria de integrantes del Concejo General Indígena de San Juan Bautista de la Laguna en Lagos de Moreno, Jalisco, la comunidad continúa resistiendo a la irrupción de una red de gasoductos a cargo de la empresa Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V, dentro de su comunidad.

A través de un comunicado han denunciado la instalación de nuevos gasoductos sobre la carretera “León-Lagos” y la omisión de autoridades municipales, estatales y federales, al no garantizar sus derechos a la información, la salud y la participación informada de los proyectos que buscan llevarse a cabo.

Dalia Souza / Zona Docs

La comunidad indígena de San Juan Bautista de La Laguna en Lagos de Moreno, Jalisco continúa resistiendo a la imposición e irrupción de una red de gasoductos que pretende instalarse dentro de su territorio; según han denunciado, la obra de la empresa Gas Natural Noreste S.A. de C.V que comenzó a llevarse a cabo desde el mes de marzo de 2018, no aparece dentro de los proyectos energéticos autorizados por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, a la vez que, la empresa no es concesionaria en la zona para los trabajos del gasoducto.

A un año de los hechos de violencia policial que terminaron con la detención arbitraria de tres de sus habitantes, la comunidad expresó a través de un comunicado que durante este tiempo han sido víctimas constantes de la violación a sus derechos humanos como pueblo indígena, ya que, las autoridades municipales, estatales y federales siguen “solapado la instalación irregular del gasoducto” de la empresa Gas Natural del Noreste dentro de su territorio y viviendas.

Por estas razones, decidieron hacer patentes sus reclamos y enumeraron las situaciones que a lo largo de este año han experimentado ante la omisión y participación de los tres niveles de gobierno.

Entre éstas, señalan que el representante de la empresa Gas Natural del Noreste, Raúl Flores afirmó “que no existía ninguna población asentada sobre la ruta de instalación del gasoducto” y con ello, que el Secretario General del Ayuntamiento, Hugo Zamora de Anda se habría comprometido en diversas ocasiones a presentar los documentos: permisos, estudios de impacto ambiental y licencias, que comprobaran la aprobación del proyecto, sin que a la fecha los pobladores hayan recibido los mismos.

Además, recuerdan al Presidente Municipal, Tecutli Gómez que se comprometió a “respetar la voluntad del pueblo” el día 7 de mayo de 2019 y que dos días después “permitió que se reanudarán las obras… contradiciendo y devaluando su palabra”. Asimismo, que el día 26 de mayo se comprometió al igual que el Secretario General a entregar la información, permisos y manifiestos de impacto ambiental “sin que a la fecha se haya cumplido su palabra”.

Posteriormente, que el 30 de mayo y el 2 de junio del 2019 se “intentó mediante el uso de al menos 7 patrullas y 30 elementos armados, desmantelar nuestro campamento de resistencia pacífica”; prácticas que han sido reiteradas y comunes a través del uso de elementos de seguridad pública y privada.

Finalmente, denunciaron que se han instalado nuevos gasoductos sobre la carretera León-Lagos; acciones que evidencian, según manifestaron “los favorecimientos a la instalación de industria sin que se tengan las garantías de salud y bienestar a los pobladores”.

Por y pese a lo anterior, expresaron que las autoridades municipales, estatales y federales no han garantizado, además, el acceso y respeto a sus derechos a la información, la salud y la participación informada en estos proyectos que atentan contra el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos; sin embargo, seguirán resistiendo:

“Porque desde nuestra cultura y nuestras costumbres defendemos la vida, la salud y el territorio” afirmaron.

EL RECUENTO DE LOS HECHOS

Ha pasado un año desde la detención arbitraria de Paúl Martínez Facio, egresado de la licenciatura en Humanidades del Centro Universitario de los Lagos, CULagos; Hugo Reyes López, ex comisionado de la comunidad indígena de San Juan Bautista de La Laguna en Lagos de Moreno; y de Benjamín Cedillo, habitante de la comunidad. Los tres hombres fueron amedrentados por policías estatales de Jalisco mientras se manifestaban en contra de la instalación de una red de gasoductos de la empresa Gas Natural del Noroeste dentro de su territorio.

Fue a través de un mensaje de ayuda publicado en la página de Facebook “NO al gas natural en el pueblo de La Laguna” el día 13 de mayo de 2019, que habitantes de la comunidad indígena de San Juan Bautista de La Laguna en Lagos de Moreno, Jalisco dieron a conocer la detención arbitraria de sus compañeros y aliados.

En el último mensaje que Paúl Martínez publicó en su perfil de Facebook advirtió lo siguiente:

“Policía estatal y vialidad del estado nos “recomienda” movernos de la zona “pacíficamente” pata (para) que no tengan que desalojarnos de manera violenta”.

En el mismo mensaje señalaba que estaba siendo detenido por una patrulla de la policía estatal.

Se dio a conocer que la señora Amelia López, habitante de la comunidad, fue detenida también, sin embargo, horas después del conflicto fue liberada.

Luego de haber permanecido incomunicados y retenidos durante más de ocho horas en las instalaciones de la Delegación Altos Norte de la Fiscalía General del Estado, fueron presentados ante la Policía Municipal bajo el argumento de estar acusados del delito de “Resistencia de particulares”.

Por su parte, habitantes de la comunidad indígena de San Juan Bautista de La Laguna y estudiantes del Centro Universitario de los Lagos CULagos, se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal y montando un campamento, advirtieron a las autoridades: “No nos vamos de aquí hasta que aparezcan nuestros compañeros”.

El Gobierno del estado de Jalisco dio a conocer la detención, a través de un comunicado de prensa. De acuerdo con la versión oficial, fue el personal de seguridad privada que custodiaba la obra quien solicitó el apoyo de las autoridades estatales.

Precisaron en aquel momento que, “las aprehensiones se realizaron luego de que los protestantes agredieron a los oficiales de la Secretaría de Seguridad y provocaron daños a las cosas”. Asimismo, que el grupo de manifestantes intentó “impedir, de manera violenta, la instalación de unos tubos que formaban parte de un gasoducto”. Sin embargo, los habitantes de la comunidad de La Laguna argumentaron que los uniformados hicieron uso excesivo e injustificado de la fuerza tanto en el momento de la detención de sus compañeros, como previo a ésta.

Un día después de los hechos Paúl, Hugo y Benjamín fueron liberados.

Trece días más tarde, acompañados de 15 organizaciones de la sociedad civil que integraron la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos que documentó las violaciones a los derechos humanos causadas por la instalación del gasoducto de la empresa Gas Natural del Noroeste, el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativas, Civiles y de Trabajo otorgó a la Comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, el amparo 1113/2019.

En éste se ordena al Ayuntamiento de Lagos de Moreno suspenda provisionalmente la instalación del gasoducto hasta que la empresa Gas Natural del Noroeste y presente los permisos otorgados por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía.

https://www.zonadocs.mx/2020/05/17/un-ano-despues-indigenas-de-san-juan-de-la-laguna-en-lagos-de-moreno-resisten-a-la-imposicion-de-gasoducto/

En cinco años 25 crímenes de odio contra la comunidad LGTTTIQ+ en Tamaulipas

Anahy Meza/Milenio
17 mayo 2020

Activistas de la comunidad LGTTTIQ+ de la zona sur aseguran que no hay avances suficientes para erradicar discriminación y crímenes de odio


Activistas de la comunidad LGTTTIQ+ de la zona sur. Foto: tomada de Milenio

En cinco años se han registrado 25 crímenes de odio contra la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y más, en Tamaulipas, ninguno resuelto a satisfacción; los pocos avances que se han conseguido sobre sus derechos han sido mediante amparos federales, sin embargo en plano laboral no hay avances, la mayoría trabajan en la información..

Deben ser mucho más, dicen los activistas a favor de los derechos sexuales y en pro de los derechos de personas con VIH, cuando hablan sobre los delitos de discriminación, violación de derechos o muertes, no hay estadísticas en la entidad que mida el problema, lo que ellos han podido documentar ha sido a través de la prensa.


Comunidad LGBT se manifiesta contra discriminación

Reunidos en mesa de trabajo Ana Karen López Quintana, presidenta de la Asociación Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A. C y Celso Pérez Ruiz, de Tendremos Alas A. C. explican que en la entidad se tipifica como delito la discriminación y los crímenes de odio, la violencia contra la comunidad se han ido incrementando.

“Lamentablemente desconocemos el alcance y la magnitud del problema debido a la ausencia de sistemas oficiales de recolección de datos que puedan dar cuenta de las particularidades y las tendencias de este tipo específico de violencia.

Es por eso que Tamaulipas Diversidad Vihda Trans AC participa con Fundación Arcoíris en el Observatorio Nacional de Crímenes contra poblaciones LGBTTTIQ+, actualmente quienes sufrimos más violencia somos las personas trans (aquellas personas que visten de acuerdo a su identidad sexual y no la biológica), siendo Tamaulipas y Veracruz dos de los Estados con mayor índice que crímenes de odio”, explicó Ana Karen.

Si bien ha habido una avance en la federación donde se han establecido protocolos de actuación para las autoridades en casos que involucren situaciones que tienen que ver con la orientación sexual de las personas, el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo y una manual sobre la atención médica que deben recibir, hay estados como Tamaulipas y Veracruz que no le han dado seguimiento a estos para legislarlos a nivel local, es decir en esas entidades no hay progreso en tema.

Lo poco que se ha podido documentar sobre los crímenes de odio establece que en 5 años se han cometido 25 casos de transfobia, sin embargo no hay resultado en las investigaciones, aunque cabe señalar que por temor muchas de las víctimas no acuden a poner denuncia.


En México, Derechos Humanos busca disminuir crímenes por homofobia

En la actualidad la mayor parte de los integrantes de la comunidad LGTTTIQ trabajan en la informalidad, sin prestaciones, pues la mayor parte de las empresas no aceptan las expresiones de género, por lo que “hoy por hoy sigue el trabajo sexual y el estilismo la principalmente fuente de ingresos de la comunidad tras al igual para la construcción de su identidad sexual aunado al Show Travesti, la cocina, el trabajo doméstico ya que los trabajos formales no las aceptan con su expresión de género”, dijo Ana Karen.

“Es probable que los compañeros Gay puedan ser empleados en algunas fuentes de trabajo sin embargo para las poblaciones trans estos espacios están negados por lo que para poder acceder a ellos deben renunciar a su identidad y expresión de género”, aseguró Celso.
Sin embargo el trabajo no lo único que se dificulta para las lesbianas, gay, trans, inter, queer y demás orientaciones sexuales, también lo es ir a la escuela, algo que parecería tan simple, pues en muchos casos tienen que soportar la discriminación y bullying por parte de compañeros, profesores y directivos, que muchos terminan por renunciar.

“Sólo hemos sabido de una preparatoria de Altamira que cuenta con una jovencita trans con su identidad aceptada”, según los activistas.


17 de MayoDía Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Saúl Serratos, coordinador de Equidad y Género en el municipio de Altamira, explicó que están llevando pláticas de concientización a los generadores de empleos, pero también para aquellos que han tenido comportamientos homofóbicos, pero sobre todo están trabajando en dar abrir el campo de oportunidades laborales, dando capacitación los integrantes de la comunidad que se acerquen, aunque reconoció que es difícil cuando se adopta una identidad sexual contraria a la biológica.

Para el coordinador ha habido algunos avances sociales, ahora hay más inclusión para ellos, pero reconoció que no se ha legislado a favor pues las autoridades no toman en cuenta las peticiones que se hacen sobre las necesidades, por ejemplo sobre el matrimonio igualitario o el cambio de identidad,que se ha hecho pero a través de amparos.

Paulina Fernández es la primer mujer transgénero en conseguir el cambio de identidad de género en su acta de nacimiento en Tamaulipas, tardó un año, pero interponiendo un amparo federal lo logró, ahora ya tiene INE con el nombre de mujer.
Sin embargo ella cuenta que ser una mujer trans no es nada sencillo, siempre ha tenido que enfrentar rechazos, por fortuna no de su familia como muchos otros, pero sociales y laborales.

Ella es estilista, de las buenas dicen sus clientas, pero asegura que son las opciones más rápidas para conseguir dinero, tomando en cuenta que muchos de los integrantes de la comunidad son cabezas de familia, inclusive se quedan a cargo de sus papás, aunque tienen más hermanos.

“Las trans somos rechazadas de empleos formales, por eso muchas tomamos la undecisión de trabajar como estilistas, costureras, cocineras y algunas más que se dedican a la prostitución, siendo muchas cabeza de familia, diario tenemos que salir a la calle a ganarnos el pan, pero recibiendo el rechazo y burlas de la gente”, advirtió.


CDHDF y ENAH lanzan seminario contra la transfobia

Les prohíben el paso en restaurantes, en tiendas de ropa, por problemas en compartir los baños y vestidores.

Los activistas reconocen que hay avances importantes, pero que aún son insuficientes para responder adecuadamente al grave y complejo problema que viven, sustentado en estereotipos y prejuicios sociales muy arraigados.

“Hacemos un llamado a la sociedad y toda la Comunidad LGBTTIQ+ a organizarnos y sumar esfuerzos para que por medio del litigio estratégico podamos incidir a manera de reacción en cadena, en las agendas políticas, legislativas, judiciales y de derechos humanos de las diferentes instituciones del estado para generar los cambios y el respeto a nuestros Derechos Humanos”, concluyeron.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/internacional-homofobia-tamaulipas-25-crimenes-odio

Protestan empacadores de manzanas Washington en USA

Jornaleros mexicanos en el condado de Yakima, Colorado, han realizado huelgas y protestas desde al menos 10 días. Acusan que las empresas esconden información de contagios y no ofrecen equipo de protección para cuidar la salud de los trabajadores.

Texto: Kau Sirenio/ Fotos: Especial/ PIE DE PÁGINA

Trabajadores de seis empacadoras de frutas del condado Yakima, Washington iniciaron una huelga desde hace dos semanas. Exigen a las empresas Equipo de Protección Personal (EPP), mejores condiciones de trabajo para que no se propague el contagio de covid-19. Además de un seguro por riesgos de trabajo.

Desde el pasado viernes 8 de mayo, un primer grupo de trabajadores dejó de empacar manzanas en la compañía Allan Brothers Fruit Company, para declararse en huelga después de que 12 de sus compañeros dieran positivo a coronavirus. Ese día los jornaleros acusaron a la gerencia de ocultar información sobre casos positivos e incluso le ordenó al empleado enfermo que regresara al trabajo.

La inconformidad de los jornaleros de Allan Brothers generó una ola de protestas en otras cinco empacadoras de frutas cercanas, como Matson Fruit, Jack Frost Fruit, Monson Fruit. Mientras que Columbia Reach y Madden Fruit se paralizaron en la última semana.

Los jornaleros agrícolas del condado Yakima siguieron el ejemplo de los obreros de frigoríficos en Crete, Nebraska; los textileros de la fábrica de American Apparel en Selma, Alabama; los recolectores de basura en Nueva Orleans, Luisiana se declararan en huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo.

La huelga de jornaleros de Yakima surgieron de forma espontánea después de que no se cumplieron las condiciones mínima de sanidad en el centro de trabajo. Desde que empezó la protesta los acompaña el sindicato Familias Unidas por la Justicia (FUJ).

El organizador del Sindicato de Familias Unidas (SFUJ), Edgar Frank dijo en entrevista que los empacadores de la compañía Monson Fruit llevan nueve días de protesta. Mientras las empacadoras de fruta del Valle de Yakima que están en huelga desde hace 12 días.

“Lo que podría ser la séptima compañía en huelga reportada por trabajadores de Roche Fruit en Yakima terminó el mismo día que empezó debido a que los gerentes acordaron darles un pago salarial adicional. En los últimos dos días, la directiva de Monson Fruit y Matson Fruit en Selah, Frosty Packing en Yakima y Allan Bros, en Naches tuvieron reuniones con el comité de huelga de los trabajadores en cada empresa, sin llegar a ni un acuerdo” explica Frank.

FUJ nació en 2013, como sindicato de trabajadores agrícolas local, y en 2015 se afilió al Consejo Estatal Laboral de Washington de la AFL-CIO. Tiene unos 500 jornaleros afiliados.

Edgar Frank dice que durante la caravana de protesta los jornaleros guardan distancia social para evitar que haya más contagio. Y entre ellos nombraron al comité de huelga que represente a los trabajadores en la mesa de trabajo:

“En la mesa de diálogo, los trabajadores presentaron pliego petitorio muy sencillo, pero las compañías se resisten en aceptarlas. Las preocupaciones de los compañeros empacadores es por falta de equipo de protección personal disponible. Además plantean un seguro por riesgo de en el trabajo”.

“Las demandas son muy básicas, como mascarillas, gel antibacterial, agua y jabón para lavarse. Así como distanciamiento social en el trabajo. Los compañeros piden un aumento salarial por riesgo de de trabajo que va 13.85 dólares a 15.85 dólares por hora. No es mucho pero las compañías no ceden” explica Edgar.

Por su parte el presidente fundador del Sindicato de Familias Unidas por la Justicia, Ramón Torres, dice que la empresa no ha aceptado las demandas. La empresa alega que han hecho todo para proteger a los trabajadores; y que la demanda está fuera de lo posible, porque no se puede considerar un aumento salarial.

El condado de Yakima es el principal productor de manzanas Washington, concentra la mayor producción agrícola y ganadera. Se sitúa entre la cordillera de Casacde Range y Snoqualmie a 150 millas (240 km) al Sureste de Seattle.

“Este condado concentra el mayor contagio de Covid-19 comparado con la población de los demás condados de Washington, con un caso por cada 123 personas. Las estadísticas más recientes confirman mil 916 casos y 65 muertes, probablemente una gran subestimación debido a la falta de pruebas masivas en todo Estados Unidos”, dice Edgar.

De acuerdo con la información que proporcionó Ramón Torres, por lo menos la mitad de la población del condado de Yakima, es hispana o latina. La mayoría son jornaleros agrícolas y en temporada de manzana llegan jornaleros con visa H2A (conocido como visa huéspedes) que llegan de México.

En este condado se les niega a los indocumentados todo: Licencia de conducir, una vivienda adecuada, seguridad laboral y los beneficios del seguro social, incluidos los aprobados en la Ley de Emergencia CARES.

El Sindicato de Familias Unidas por la Justicia denuncian desde hace años que a los trabajadores de Yakima se les roba el salario, las mujeres sufren constante acoso sexual, así como asaltos; las jornadas laborales son extenuantes y bajos los salarios. “El índice de pobreza en el condado de Yakima es del 18 por ciento, casi el doble del índice nacional” dice Edgar Frank.

“Los jornaleros agrícolas de Yakima tienen miedo de perder sus empleos, que para ellos sería fatal porque de ahí mantienen a sus familias. ‘Si protestamos y nos despiden, no sabemos a dónde ir o quién nos oirá; y si habrá apoyo de los compañeros de trabajo’. El temor es fundado porque la política migratoria es muy racista con el gobierno de Donald Trump”. asegura El organizador de SFUJ.

Los jornaleros agrícolas ha creado sus propios comités de seguridad en cada centro de trabajo para vigilar que se cumplan con la medidas de salubridad.

Edgar Frank asegura que los jornaleros no han contado con el apoyo del consulado mexicano de Seattle, a pesar que la mayoría de los huelguistas con trabajadores provenientes de México: “El consulado está enterado de la protesta y saben que los jornaleros son mexicanos, pero hasta ahora no han dicho nada de los que está pasando” acusa.

https://piedepagina.mx/protestan-empacadores-de-manzanas-washington-en-usa/

“Viene lo peor para Oaxaca, no es momento de bajar la guardia”, advierte médica internista

Noticias / Ana Lilia.

Paulina Hernández, médica residente internista oaxaqueña, recomienda a sus paisanos no bajar la guardia, pues el estado aún no ha llegado a la punta de los contagios.

La entidad fue de los últimos estados en presentar casos positivos de COVID-19.

La médico egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y quien actualmente se encuentra atendiendo casos de COVID-19 en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo 21 en la Ciudad de México, compartió con NOTICIAS Voz e Imagen su experiencia durante la pandemia.

La residente de medicina interna detalló que al comienzo de la pandemia se destinó un edificio para pacientes COVID-19 en el hospital, cuyo primer piso tenían 30 camas, pero actualmente ya son 3 pisos llenos de pacientes de los cuales al menos 6 están graves.

La doctora señaló que junto con ella hay 20 compañeros a puntos de terminar su cuarto año de residencia y quienes al comenzar la contingencia cubrían 12 horas de trabajo, pero al aumentar los casos tuvieron que organizarse por equipos en los que integraron a otros especialistas.

“Están trabajando también residentes de tercer y segundo año, además de especialidades como cirugía, reumatología y dermatología; esto quiere decir que nos están apoyando médicos que no están acostumbrados a ver este tipo de pacientes”, manifestó.

Agregó que el 90 por ciento de la atención la realizan los residentes, ya que los médicos adscritos tiene un horario específico, pero al menos en ese hospital se han quedado por las tardes y fines de semanas.

Gracias al apoyo de los médicos adscritos y residentes han reducidos los turnos a 8 horas “para minimizar la exposición”, por lo que hacen un turno, descansan dos días y vuelven a entrar.

Ocho de cada 10 fallece

Paulina lamentó que el 80 por ciento de las personas que están en el área de terapia intensiva (intubados) fallecen.

Agregó que al Hospital Siglo 21 han llegado pacientes jóvenes cuyo único factor de riesgo es la obesidad o sobrepeso, “sin ningún factor agregado y fallecen; por eso hay que tener en cuenta que no por ser joven y no tener enfermedades, no están en riesgo”.

Al cuestionar a Paulina cómo ha sido sido esta experiencia, ella admitió que ha sido complicado, desde el trato con las personas y los hábitos de cuidado que ha tenido que adoptar.

La médica relató que en la casa donde renta vive una señora de 80 años que se ausentó varios días para su seguridad ya que la mayoría de las personas que viven ahí son médicos.

Además, mencionó que también vive en la misma casa con una persona mayor de 60 años con antecedente de cáncer; sin embargo, la han apoyado mucho.

“Al llegar, me cambio de zapatos y los echo en una bolsa, me lavo las manos y me cambio de cubrebocas al entrar y salir”, detalló.

Ha optado por pedir taxi a través de una aplicación, quien está regalando viajes y cupones de comida a los médicos como ella, por lo que no ha usado transporte público y no ha sido víctima de agresiones.

“Tengo compañeros que los han bajado del transporte público o no los dejan subir a los taxis; agresiones físicas no he visto”, admitió.

Asimismo compartió que le es difícil conciliar el sueño desde hace dos meses, además de que en ocasiones presenta ansiedad, tristeza y desesperación de ver personas en las calles que no se cuidan o no creen en la existencia de la enfermedad.

También mencionó que es complicado entrar con los pacientes, que están aislados de sus familiares, pero que siempre están al pendiente del informe clínico.

“Hay familiares comprensivos y otros agresivos que no aceptan la condición del familiar”, lamentó.

Paulina destacó que a los pacientes les comparten que es una enfermedad que no conocen y no saben cómo se comporta, además de que no tienen un medicamento que lo ataque directamente, “todo es investigación, todo es nuevo para nosotros y el desenlace no está dicho”.

Carencia de equipos

La residente detalló que todos los días debe portar un equipo de protección que consta de lentes protectores, cubreboca N95, pijama quirúrgica, bata, doble par de guantes y gorro, pero siempre tienen problemas porque se empañan los lentes y lastima el cubreboca porque tienen un sello hermético, “es pesado tener el equipo varias horas”.

Admitió que el principal problema que tienen es con los cubrebocas, ya que son los que más han escaseado y aunque han recibido donaciones, en ocasiones estos no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que no cubren al cien por ciento, dejan fugas y es un riesgo.

Resaltó que mucho de sus compañeros de trabajo optan por comprar su material, cuya inversión es de hasta 3 mil pesos; no obstante, no todos cuentan con las condiciones económicas para equiparse.

“Tenemos esas carencias aún estando en uno de los hospitales más grandes del país, pero en los chicos de zona están en peores condiciones, pues no les dan equipo de protección”, lamentó.

Por ello, la médico recomendó a la población oaxaqueña a continuar con las medidas sanitarias, pues a pesar de que se tenían destinado cuatro hospitales grandes para atención del COVID-19, estos ya han sido sobrepasados.

“No dejen de lavarse las manos constantemente o usar gel antibacterial porque esto no va a acabar pronto ya que en Oaxaca apenas van en aumento y así serán las muertes”, advirtió.

Enfatizó en que las medidas de seguridad sanitaria en el estado deben ser más fuertes en los próximos días, por lo que si los ciudadanos pueden permanecer en casa, principalmente las personas con factores de riesgo como obesidad, hipertensión o difícil control de presión.

http://www.nvinoticias.com/nota/146199/viene-lo-peor-para-oaxaca-no-es-momento-de-bajar-la-guardia-advierte-medica-internista

Irresponsables e insensibles decisiones de AMLO y Murat que ponen en riesgo a pueblos indígenas (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

*Comunidades indígenas hacen un llamado enérgico para que reconsideren su mala decisión

*Es preocupante que en plena pandemia anuncien “nueva normalidad” en 203 municipios de Oaxaca

OAXACA, Oax.- El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios calificó de “irresponsable” e “insensible” las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Alejandro Murat Hinojosa al anunciar el plan para la “nueva normalidad” donde se prevé el reinicio de las actividades en 269 “Municipios de la Esperanza”.

Por el contrario, el Colectivo hizo un llamado enérgico a los gobiernos estatal y federal para que reconsideren el anuncio de iniciar el próximo lunes 18 de mayo el plan para la nueva normalidad en los municipios y comunidades indígenas donde es necesario seguir reforzando medidas de sanidad para evitar mayores contagios de covid-19.

Consideran que esas malas decisiones ponen en grave riesgo la salud, integridad y vida de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.

“Estamos en plena fase tres de la pandemia de covid-19, en la que se han incrementado los casos de contagio y esta situación podría extenderse si no se continúa con las medidas preventivas”, advirtieron.

Entonces, “sería riesgoso que los municipios regresaran a la normalidad el día 18 de mayo como se ha anunciado, hacerlo sería un acto de irresponsabilidad, e insensibilidad de las autoridades federales y estatales y una muestra de una clara descoordinación entre los tres niveles de gobierno, en la que no se pondera el derecho humano a la salud de la población indígena”, puntualizaron.

Explicaron que apenas “en los últimos días se han tenido los primeros reportes de personas contagiadas por covid-19 en las regiones más remotas, donde hasta el Hospital ubicado en Tamazulapam Mixe, tuvo que cerrar sus puertas debido a los contagios sufridos por el personal de salud que allí labora; asimismo, no se toma en cuenta que el Hospital de Alta Especialidad se encuentra en su máxima capacidad”.

Reconocieron las acciones que los municipios y comunidades de Oaxaca han tomado ante el riesgo de la pandemia, instalando filtros de control sanitario para sus ciudadanos y evitando al máximo el ingreso de personas externas a las comunidades.

Sin embargo, “condenamos los actos de hostigamiento y presión que están ejerciendo autoridades del gobierno federal, estatal, diputados y empresas constructoras para seguir implementando obras en las comunidades indígenas, poniendo en riesgo a sus habitantes y transgrediendo las medidas establecidas por los gobiernos”.

En particular denunciaron la actitud de la Minera Cuzcatlán S.A de C.V, que aprovechando la pandemia y la necesidad de las personas, tratan de limpiar su imagen regalando artículos de limpieza en las comunidades vecinas al Proyecto de explotación minera San José.

Por consiguiente, exigieron a los gobiernos federal y estatal, respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, incluido el derecho a estar o permanecer en aislamiento a causa de la pandemia.

Además de establecer la infraestructura necesaria, fortalecer los servicios médicos y dotar de medicamentos a las unidades médicas y hospitales que atienden a la población rural, para que puedan alcanzar un real ejercicio del derecho a la salud.

Y Mejorar el acceso y la gestión del agua potable y el saneamiento, en particular para los pueblos indígenas que viven en comunidades remotas, a fin de evitar una mayor propagación del virus.

Así como establecer acciones para reactivar la producción y la economía local de las comunidades indígenas y rurales del estado a fin de iniciar un proceso para alcanzar la soberanía alimentaria.

https://pagina3.mx/2020/05/irresponsables-e-insensibles-decisiones-de-amlo-y-murat-que-ponen-en-riesgo-a-pueblos-indigenas/

Acapulco: el mito de la educación a distancia (Guerrero)

Foto: Lenin Mosso

No es fácil dar clases en línea o supervisar el trabajo, cuando ni la mitad de las familias tienen un celular con datos, ya ni se diga una computadora o acceso a internet. Cuando, antes de la contingencia, los niños aportaban al gasto familiar vendiendo artesanías a los turistas, y ahora deben buscar qué comer

Texto: Kau Sirenio / Pie de página

La covid-19 evidenció que el municipio de Acapulco, conocido en el mundo como el «paraíso del Pacífico», no cuenta con infraestructura digital para que los estudiantes de la zona rural puedan recibir clases desde su domicilio. Los niños no solo enfrentan el monstruo de la tecnología, sino el desempleo y la violencia por el crimen organizado.

El caso más emblemático es la Zona Escolar 044 de educación primaria que atiende dos regiones, una urbana y otra rural. Las familias del área rural se dedican a la vendimia de comida, la pesca, al campo o al transporte público. Los pocos profesionistas que terminan una carrera universitaria emigran al norte del país: Ensenada, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

El profesor Julio Hernández Aldama miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dice que la Zona Escolar 044 a la que está adscrito tiene un serio problema, porque los niños no tienen acceso a equipos electrónicos que les permita realizar sus estudios desde la casa.

“La burocracia ha aumentado, ahora solo se llenan formularios y encuestas que no reflejan nada en la educación. Impera la desorganización en la estructura de la SEP, jefes de sector, supervisores y directores interpretan a su manera y hacen lo que está a su alcance solo para cumplir la orden del secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui”, dice.

“Fíjate, de un grupo de 18 alumnos, en promedio seis padres de familia estuvieron en comunicación vía whatsapp los primeros días. En estos días, los padres de familia dicen que están haciendo trabajo que los maestros les mandan. Mientras que dos o tres padres de familia enviaron la tarea a través de fotografía y video” explica el profesor.

“La escuela primaria Emiliano Zapata se encuentra en la Colonia Diez de Abril, donde trabajo desde hace siete años. Para mí es absurdo pedirles que entreguen evidencia como fotografía o vídeos, así como lo piden las autoridades educativas. Porque tenemos alumnos que ni siquiera recibieron el paquete de Libros de Texto Gratuitos al inicio del ciclo escolar”.
Julio César Hernández Aldama

Desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases presenciales el 20 de marzo pasado, los padres de familia ya no enviaron a sus hijos a la escuela. Los maestros frente a grupo realizaron reuniones con los padres para informar de las medidas que se tomarían con los alumnos y sus actividades.

Posteriormente, la SEP anunció que partir del 20 de abril, se reanudarían las actividades escolares a través del programa Aprende en Casa.

“El anuncio provocó una oleada de incertidumbre acerca de las nuevas formas de realizar el trabajo docente. La SEP y su aparato burocrático quedaron expuestos” dice Julio César.

El profesor toma un respiro antes de contestar las preguntas que se les plantea:

“Los niños no cuentan con un celular, ni pensar en internet. Hay otros que no tienen ni para comer porque sus padres se quedaron sin trabajo. La contingencia que vino a cerrar casi todos los negocios a las que dependían”.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró el pasado 29 de abril que el programa Aprende en Casa fue exitoso; ya que contó con 3 millones de alumnos de preescolar a bachillerato.

“Las cifras están manipuladas», revira el profesor Julio César. «El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mintió, porque siempre han sido cómplices en el manejo de las cifras, que fueron recabadas a la par de la Secretaría de Educación Guerrero. Sería muy interesante que muestren en que se basó esta modalidad a distancia con el Plan y programa de estudio para tener esos resultados”.
Violencia

Desde hace 15 años el municipio de Acapulco vive bajo fuego entre grupos rivales que se enfrentan por el control de la zona. Lo que era “lo más bello de Acapulco” dijera el divo de Juárez, ahora está abandonado y militarizado. Con la pandemia, se recrudeció el desempleo y aumentó en una espiral la migración.

Si bien es cierto que ya no se habla de violencia en la Costera Miguel Alemán, porque los militares tomaron el control en esta franja turística, en las colonias aledañas y comunidades rurales de Acapulco aún campea la violencia y los servicios básicos no existen.

“Los que menos tienen serán excluidos. La brecha de la desigualdad económica aísla por partida doble. Sin acceso a la educación y sin empleos por el cierre de los negocios en el puerto que se alimenta del turismo. Así quedaron cientos de niños y sus familias en la localidad”, deplora Hernández Aldama.

Originario de San Luis Acatlán, el profesor habla de lo complicado que ha sido tener comunicación con los padres de familia:

“Sólo la mitad del grupo tiene un celular, otros comentan que no tienen whatsapp, que en cuanto tengan dinero le pondrán saldo. Padres de familia que no saben leer; otra madre de familia me dice vía telefónica que no puede hablar muy bien el español y que por eso no puede ayudarle a su hijo con las tareas”.

La colonia de Raymundo Velázquez

La colonia Diez de Abril fue fundada en los años noventa por el luchador social Raymundo Velázquez Flores, quien fue asesinado el 7 de agosto de 2013, cuando regresaba de Iguala, Guerrero. Los primeros pobladores de este asentamiento fueron familias provenientes de Tlapa; la mayoría habla su lengua materna el me’phaa (tlapaneco), tu’un savi (mixteco).

Las niñas y niños venden artesanías o frutas en la zona turística para ayudar a sus padres con ingresos extra. Aquí los estudiantes asisten de manera irregular a las clases, en estos días no tienen comunicación alguna con sus maestros.

“En la zona escolar tenemos la escuela Nicolás Salinas Sotelo, que cuenta con el programa Niños en Alegría, el cual consiste en dotar con 30 tabletas. Ofrece talleres a maestros y alumnos de manera periódica desde el inicio del actual ciclo escolar y funciona con internet que provee la escuela. En el escenario actual estos dispositivos han sido prácticamente inservibles. Y es que sólo funcionan con el sistema que le instala el mismo Programa. No se les puede ingresar aplicaciones como Facebook o Whatsapp; los alumnos no cuentan con internet y en caso de sufrir el equipo un daño o extravío es cancelado Niños en Alegría de la escuela”, explica Julio César.

Añade: “A pesar de ello, el Programa ha ofrecido apoyo para llevar las clases de manera virtual, sin embargo, el escenario se repite, niños sin celular, sin internet, con equipos sin capacidad para las aplicaciones, sin datos y no se pudo acompañar a los alumnos mediante el gestor de clases y los docentes”.

“Los encargados de garantizar una educación de calidad hoy han delegado la responsabilidad en los padres de familia, sin antes dotarlos de los servicios públicos necesarios para una vida digna. Padres de familia que tienen que atender de uno a tres hijos en diferentes niveles de la educación básica con tareas, buscar ingresos económicos y enviar evidencias a los docentes”, recapitula.

Las carencias en esta colonia son visibles, le falta todo. Antes de que fuera asesinado Raymundo Velázquez, él venía gestionando servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica y servicio médico.

“Esta colonia la vamos a convertir en una comunidad de paisanos de la montaña. Aquí voy a poner en práctica lo que aprendí en Ayotzi”, dijo Raymundo en una entrevista cinco días antes de que lo asesinaran.

“Los compañeros dicen que es muy complicado contactar a los padres de familia, y cumplir con los requerimientos de las autoridades educativas. Familias sin televisión, o quienes cuentan con ella no sintoniza el equipo los canales, la radio poco o nada la sintonizan” retoma el profesor.

Julio César dice que a pesar de campaña nacional de sana distancia que implementó la secretaría de salud que insiste: “Quédate en casa”, los directivos citan a su personal en la escuela, para que entreguen documentos o asistan a reuniones.

“El 6 de mayo circuló en la Región de Acapulco una encuesta dirigida a los padres de familia y maestros. La SEG le pidió a los directivos que levantaran la encuesta. Las preguntas fueron: si estaban o no de acuerdo en iniciar las clases el 1 de junio. Hay un trasfondo político en esta encuesta”.

“Es imprescindible que el magisterio y los sectores sociales impulsen una agenda común, que centre las demandas en beneficio de las familias para tener una educación digna. Pero al mismo tiempo se tendrá que discutir en las bases del magisterio democrático la ruta que debe adoptar la CETEG” propone.

https://piedepagina.mx/acapulco-el-mito-de-la-educacion-a-distancia/

Ejecutan a opositor a la minera Media Luna en Cocula, Guerrero

El extrabajador de la minera Media Luna, Oscar Ontiveros. Foto: Especial

Ezequiel Flores Contreras / Proceso

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).– Un grupo armado ejecutó al líder minero opositor a la empresa Media Luna, Óscar Ontiveros Martínez, en el poblado de Real de Limón, municipio de Cocula, en la zona norte de la entidad.

Familiares de la víctima, de 29 años, responsabilizaron del crimen, registrado el martes 12, a los directivos de la minera canadiense encabezados por el gerente de Media Luna, Alfredo Phillips.

“El asesinato de Óscar Ontiveros fue por motivos político-laborales y en represión por su activismo en la minera Media Luna, pues fue un obrero clave en el paro laboral de noviembre de 2017”, afirmaron sus familiares en un mensaje difundido ayer en Facebook.

También señalaron que Óscar Ontiveros fue uno de los trabajadores despedidos por los directivos de la minera Media Luna tras el movimiento de huelga que terminó a principios de 2018 y ahora “lo asesinaron”.

Afirmaron que el mismo grupo paramilitar presuntamente contratado por la minera asentada en Cocula, fue el que asesinó en enero de 2018 a Quintín Salgado, otro activista opositor a la minera Media Luna que encabezó un paro laboral, en ese entonces para exigir independencia sindical y respeto a los derechos de campesinos arrendatarios.

“Este grupo armado se ha posicionado en la zona del Río Balsas, a favor de la minera Media Luna debido a que reciben beneficios monetarios para controlar los paros y toda muestra de organización comunitaria para denunciar lo que sucede dentro de la empresa”, la cual que dirige en la entidad Alfredo Phillips, acusaron los familiares de Oscar Ontiveros.

El grupo armado al que le atribuyen la ejecución de Óscar Ontiveros es señalado de controlar las comunidades del municipio de Cocula aledañas a la minera Media Luna, quienes a finales de 2013 expulsaron a una célula del grupo delictivo denominado La Familia Michoacana, agregaron los familiares de la víctima.

Esta semana, la Agencia Proceso (Apro) informó que la empresa Media Luna, filial de Torex Gold Resources que dirige el canadiense Fred Staford, reveló que en enero de 2018 el gobernador Héctor Astudillo Flores “actuó para remover los bloqueos ilegales” del sindicato minero –dirigido por el senador Napoleón Gómez Urrutia–, que en ese entonces realizó un paro laboral y bloqueó el complejo de Cocula para exigir respeto a los derechos de los campesinos y libertad sindical.
En ese entonces fueron asesinados, además de Quintín Salgado en la comunidad de Nuevo Balsas en enero de 2018, los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, ambos trabajadores de la empresa Media Luna, quienes participaban en el paro laboral.

Fueron ejecutados en las inmediaciones del poblado de Atzala, municipio de Cocula, en noviembre de 2017.

A la fecha, suman cuatro los extrabajadores de la minera Media Luna y activistas guerrerenses que han sido asesinados después del paro laboral de noviembre de 2017.

https://www.proceso.com.mx/630356/ejecutan-a-opositor-a-la-minera-media-luna-en-cocula-guerrero

¿Qué hacemos los que no tenemos agua para frenar el Covid-19? cuestiona jornalera de San Quintín (Baja California y Oaxaca)

Lindero Norte / Antonio Heras

Mexicali.- Luego de calificar de cacicazgo la concentración en una sola persona de los apoyos de gobierno para San Quintín, la dirigente de la organización Alianza de Mujeres de Diversos Colores, Lucila Hernández, señaló que el gran problema de los jornaleros agrícolas para contener el coronavirus es la falta de agua en las casas.

En los campos hay agua, ellos tienen, pero no en la mayoría de comunidades ni en las casas. Dependemos del agua que se vende en pipas o que manda el gobierno, advirtió.

La luchadora social se refirió a las campañas de salud del gobierno donde se recomienda el lavado de manos de manera constante, entre otras medidas de higiene para mitigar al Covid 19. ¿Cómo le hacemos nosotros que no tenemos agua? expresó.

Datos de la Secretaría de Salud de Baja California señalan que de las 519 defunciones por Covid 19 en la entidad tres corresponden a San Quintín y de los 3 mil 136 contagios acumulados hasta el 16 de mayo un total de 19 casos son de esta zona ubicada al sur de Ensenada y que, por decreto, se autogobernará como municipio en 2024.

Los trabajadores agrícolas salen de sus casas a diario a las 3 de la mañana y su jornada laboral se extiende hasta las 6 o 7 de la tarde, sobre todo ahora que está la pizca de fresa, arándano y frambuesa.

Originaria de Oaxaca, directa, comentó que el problema es mayor para los niños y adultos mayores que se quedan en casa por la emergencia sanitaria y más tarde cuando los trabajadores llegan a descansar pues se encuentran sin agua ni para higiene personal

Señaló que integrantes de la Coordinación Social Regional ha insistido con el gobierno, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, que nos apoyen con agua y esperamos que se regularicen los envíos de pipas porque lo hacen una o dos veces al mes.

En entrevista para Lindero Norte, criticó la falta de apoyos sociales al concentrarse en una sola área pues dijo que los beneficuarios ya no saben con quien acudir cuando hay problemas o no llegan los apoyos. Es una especie de cacicazgo, dijo la dirigente de jornaleras agricolas, al tiempo de de señalar que apenas a fines de abril llegaron despensas a las comunidades Santa María los Pinos y Venustiano Carranza.

Esta semana, Lucila Hernández y Rito Valle acudieron como representantes de sus comunidades a una reunión con empresarios del Rancho los Pinos para buscar una solución para la canalización del agua, » para que ya no afecte a la comunidad».

Nota completa:
https://linderonorte.com/2020/05/16/que-hacemos-los-que-no-tenemos-agua-para-frenar-el-covid-19-cuestiona-jornalera-de-san-quintin/

Empleados de HSBC denuncian que se ocultan casos de COVID-19 y se incumplen medidas sanitarias

MÉXICO, D.F., 17JULIO2012.- David Bagley, jefe del departamento de control del banco británico The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), renunció a su cargo ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, tras el escándalo de que el banco mantuvo nexos con la delincuencia organizada. La firma bancaria anuncio que contribuyó en Estados Unidos en operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas de cárteles mexicanos que beneficiaron al financiamiento del terrorismo.
FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Tania Casasola / Animal Político

Los empleados hicieron un llamado a la institución bancaria para que se adopten realmente las medidas que implementó el banco en general, se apoye a los trabajadores sindicalizados con las pruebas de COVID, y no se oculten los casos positivos.

Empleados del banco HSBC que pertenecen a la subdirección de Xochimilco, que agrupa sucursales en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, denuncian falta de apoyo por parte de la empresa, que les ocultan los casos que han dado positivo a COVID-19, y que en algunas sucursales no se respetan las medidas sanitarias.

Un trabajador del banco (quien pidió proteger su identidad por temor a represalias) contó que al menos tres empleados han dado positivo a COVID-19 en la zona, sin embargo, al personal no se le informa de los casos, por lo que se ha generado mucha incertidumbre ante el riesgo que tienen y sobre si podría haber más contagios.

“Quien se contagió nos avisó por chat, ‘oye, ¿sabes qué? Di positivo a COVID, ve a hacerte la prueba’, y en sucursales no nos informan nada de manera oficial, tenemos que rogar para que nos den información cuando está de por medio nuestra salud, no sé por qué quieren ocultar que alguien está enfermo”, señala.

Otro empleado, que pidió también proteger su identidad, dijo que, pese a que mandaron a cuarentena a la persona que dio positivo, se siguió trabajando normal durante algunos días.

Fue hasta que se presionó a los directivos para que confirmaran el caso que se cerró la sucursal y se mandó a aislamiento a todo el personal del banco durante 14 días y se sanitizó el área.

La institución bancaria negó que haya falta de apoyo con sus trabajadores y asegura que se realizan las acciones necesarias para proteger a todos sus colaboradores y clientes.

“De las dos inspecciones que la autoridad ha realizado para verificar las condiciones de trabajo, no se ha presentado ningún tipo de multa o hallazgo serio”, respondió el área de comunicación externa de HSBC México y Latinoamérica.

Sobre la acusación de que se oculte información sobre los casos positivos de COVID-19 y de que se tardó en cerrar una sucursal, respondió que se está investigando quién es la subgerente y el caso en específico.

“Cuando tenemos un caso confirmado hacemos un proceso de limpieza, desinfección y sanitización profunda”, asegura la empresa.

Pruebas pero no para todos
A algunos trabajadores que estuvieron en contacto directo con el caso positivo se les pidió que se realizarán la prueba, unos pudieron hacerla, pero otros no.

El personal que está sindicalizado solo tuvo la opción de pagar por la prueba en un hospital privado o acudir al IMSS.

Algunos prefirieron asesoramiento telefónico por las vías que ha dado el gobierno y al no presentar síntomas no se hicieron la prueba.

Otra parte de la plantilla laboral, que sí tiene seguro de gastos médicos mayores en hospital privado, porque tienen un contrato distinto, sí pudo realizar la prueba de manera inmediata.

“El banco nos está poniendo en riesgo, si hay un caso de COVID creo que tienen la obligación de informarlo, por eso le pedimos su apoyo para realizarnos las pruebas en un hospital privado, ya que también ir al IMSS es tardado y nos exponemos”, dijo uno de los trabajadores sindicalizados.

Ante esta situación, varios trabajadores le explicaron la situación al sindicato. Animal Político tiene copia de ese reporte en donde le hacen ver que se ocultan los casos positivos y que las sucursales siguen abriendo aun cuando hay un caso confirmado y se expone tanto al personal como a los usuarios.

“Un compañero de ventanilla ya dio positivo a COVID-19 y la subdirección decidió aun con eso abrir nuevamente la sucursal ya que estiman que los números de producción están bajos”, se lee en su denuncia.

Pero HSBC señaló que en casos sospechosos inmediatamente se siguen los protocolos para el personal y dan cuarenta preventiva cuando hay contacto cercano con alguien contagiado (confirmado), o exista contacto cercano con alguien sospechoso a coronavirus.

El banco también dijo que si algún empleado da positivo a COVID-19 cuenta con póliza de gastos médicos mayores o con servicio médico.

Otra cosa que los alarma es que haya rotación de personal, pues mandan a empleados sanos a sucursales en donde hay contagios y muchas veces, vuelven a regresar a su banco de origen, lo cual, consideran, los expone y puede provocar más contagios.

“Vale más la vida de una persona que abrir una tarjeta de crédito al día. Nosotros entendemos que el banco debe vender, de ahí viene nuestro sueldo y lo comprendemos, pero no queremos esta incertidumbre, también queremos su respaldo”, señala uno de los cuatro empleados entrevistados.

“Los trabajadores muchas veces no decimos nada por miedo”, coincidieron.

El reporte que escribieron al sindicato se envió con copia a la Secretaría de Salud solicitando una asesoría a sus superiores sobre el tema y para concientizarlos de lo delicado que es la enfermedad y se tomen las medidas sanitarias pertinentes.

“Otras subdirecciones ya tomaban medidas de sana distancia dos o tres semanas antes que nosotros, pero acá en la de Xochimilco todo fue tardío, se ha minimizado mucho el asunto, por varios día estuvimos comprando cubrebocas, finalmente sí nos dieron gel y cubrebocas y medio se acataron las medidas generales pero ya muy tarde”.

“Los directivos te bombardean con mensajes de que estamos con ustedes en esta temporada difícil por la pandemia, los vamos a apoyar y no los vamos a dejar solos, nos agradecen nuestro trabajo y nos dicen échenle ganas, pero de qué me sirve que me des las gracias si no me estás cuidando como debes hacerlo o no me apoyas cuando hay riesgo”, asegura uno de los trabajadores entrevistados.

Hacen énfasis en que no ven las mismas condiciones entre subdirecciones, por lo que piensan que el problema está focalizado en las sucursales de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

“Si nosotros nos comunicamos al sindicato lo hacemos de manera externa porque si la subdirectora se entera se molesta con nosotros, nos amenazó con sanciones, pero estamos en todo nuestro derecho de exponer lo que nos pasa”, señalan.

Medidas de HSBC que no se cumplen
El 12 de abril, la institución bancaria informó en un comunicado que por la contingencia sanitaria se hicieron ajustes operativos para proteger a sus colaboradores y facilitar la atención de los clientes y usuarios bajo estrictas medidas de sana distancia.

Detalló que solo el 75% de las sucursales de HSBC México permanecerían abiertas y que las sucursales que fueron cerradas son las ubicadas dentro de plazas comerciales y aquellas con el menor personal en operación.

El banco dio a conocer que entre las medidas adoptadas en las sucursales abiertas es que haya limpieza y sanitización, y el uso de gel antibacterial para clientes y colaboradores.

Otra medida fue el acceso limitado de 10 a 20 personas, dependiendo del tamaño de la sucursal, podría bajar de 10 a 5 personas para evitar concentraciones, y que clientes mantengan sana distancia de 1.5 y 2 metros dentro y fuera de las sucursales.

La indicación fue que las sucursales trabajarían con 60% de los empleados bancarios y que participarían en un esquema de rotación programada.

Sin embargo, algunos empleados que pertenecen a la subdirección de Xochimilco dijeron que no en todas las sucursales se cumplen estas medidas.

“A nosotros nos redujeron una hora el horario laboral, pero todos seguimos trabajando, se supone que una semana descansaban unos y el resto la siguiente, para no estar todos en una sucursal pequeña, pero no lo hicieron, estamos todos”.

Un trabajador detalla que aun cuando uno de los bancos cerró al público por un caso positivo de coronavirus, se seguía abriendo discretamente para concretar cosas con los clientes.

“Ahorita en donde estoy somos seis en escritorio, solo tres tendríamos que estar atendiendo y los otros tres haciendo llamadas telefónicas o ser enviados a otra sucursal cerrada a hacer las llamadas, según el protocolo, pero estamos todos”, comenta.

“Nos dicen, mientras no llegue salubridad podemos seguir atendiendo con cubrebocas y guantes, así nos tienen. A veces sí hay alguien en la puerta contando a los clientes para no saturar la sucursal, pero otros días nadie vigila, la gente entra y permanece adentro superando la capacidad permitida”.

Un trabajador expresa que en su sucursal no hay cristales en las ventanillas y que hasta los mismos clientes les dicen que aunque sea pongan unos plásticos o acetatos para que no estén tan expuestos.

Animal Político llamó al sindicato de HSBC para conocer sobre las denuncias y las medidas que se tomarían. Confirmaron que por la contingencia sí han recibido muchas quejas por parte de los empleados, pero que por la situación y la carga laboral no podrían dar declaraciones en estos momentos.

Los empleados hicieron un llamado a la institución bancaria, en particular, para que pongan atención en la subdirección de Xochimilco, en donde se han reportado estos casos, piden que no se minimice el tema del coronavirus, que se adopten realmente las medidas que implementó el banco en general, se apoye a los trabajadores sindicalizados con las pruebas de COVID, y no se oculten los casos positivos.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/empleados-hsbc-casos-covid-medidas/

Un paso más hacia la militarización

Juan Omar Fierro/Proceso
16 mayo 2020


Foto:Hugo Cruz

Con el acuerdo que el presidente López Obrador publicó el lunes 11 para extender hasta 2024 la intervención de militares en la seguridad pública, no sólo revivió las protestas de los defensores de derechos humanos sino que profundizó los riesgos que entraña la militarización de esas labores. A decir del director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, y de la especialista Lilian Chapa, la decisión presidencial otorga a marinos y soldados facilidades para realizar detenciones arbitrarias, alterar escenas del crimen y tergiversar los hechos a su conveniencia, sin rendir cuentas a la autoridad civil.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El acuerdo presidencial que dispone de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional sumará cinco años más de intervención militar en las calles, práctica que en los últimos 13 años se ha traducido en una avalancha de 11 mil 142 quejas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos atribuidas al Ejército y otras 2 mil 967 a la Marina-Armada.

Estas cifras no son la única preocupación de especialistas y abogados defensores: también los alarman las facultades que se otorgan a militares y personal naval para resguardar y procesar datos de prueba después de enfrentamientos y operativos, pues consideran que facilita a las fuerzas armadas la manipulación de escenas del crimen, como sucedió con la ejecución de civiles en Tlatlaya o el asesinato de dos estudiantes en el campus del Tecnológico de Monterrey.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, quien ha litigado casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército, afirma que el acuerdo publicado el lunes 11 “profundiza” la militarización del país, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumente lo contrario.

Aguirre Espinosa también sostiene que las facultades otorgadas a las fuerzas castrenses también podrían facilitar casos de tortura, como ocurrió con los detenidos por la Marina en el caso Ayotzinapa, cuyos testimonios inducidos se usaron para apuntalar la llamada “verdad histórica” de la PGR.

El defensor de derechos humanos recordó que en Tlatlaya, tras el primer enfrentamiento en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón, el 30 de junio del 2014, los integrantes del Segundo Batallón de Infantería del Ejército actuaron como primeros respondientes, aseguraron la escena del crimen y realizaron las primeras entrevistas a los testigos y las víctimas. Gracias a esa intervención inicial, la milicia hizo pasar una ejecución sumaria como un enfrentamiento en el que murieron 22 civiles.

“En el caso Tlatlaya –no lo dice sólo el Centro Prodh, lo comprobó en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, ser la primera autoridad en llegar le permitió al Ejército manipular la evidencia, mover los cuerpos, sembrar armas y presionar a testigos. Todo eso permitió el montaje que disfrazó o pretendió disfrazar las ejecuciones, que después se develó mediante trabajos periodísticos y gracias al valiente testimonio de una de las sobrevivientes”, puntualiza Aguirre Espinosa.

Desde su punto de vista, con el nuevo acuerdo “se vienen a legalizar” e institucionalizar esas prácticas:

“Como es una de las 12 facultades de la Guardia Nacional que se enumeran en el artículo noveno de la ley, se le dan facultades concretas a las fuerzas armadas, incluyendo dos para actúen como primeros respondientes frente a la comisión de delitos. Eso es legalizar que pueden hacer lo que hicieron en Tlatlaya. Hay antecedentes de que cuando el Ejército es el primero en llegar a una escena donde se violaron derechos humanos, pues busca manipular la evidencia”.

En cuanto al otro caso emblemático, señala que “la propia experiencia muestra que hay violaciones a derechos humanos… La participación constante de la Marina en la detención de algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa –hoy sabemos y está más allá de toda duda, puesto que hay acusaciones legales– se tradujo en actos de tortura. Son ese tipo de prácticas, muchas de ellas que ya ocurrían, ahora quedan formalizadas y legalizadas institucionalmente por vía de este acuerdo”.

https://www.proceso.com.mx/630370/un-paso-mas-hacia-la-militarizacion

Maestras de CENDI se manifiestan por falta de pago en el día del maestro (Querétaro)


Foto: www.reqronexion.com

Reqronexión

Maestras del Centro de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad “Gran Cué” se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del Gobernador Francisco Domínguez en el pago de su sueldo, que desde enero del presente año no se ha realizado, las maestras señalaron como responsable de esta falta de pago a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Las docentes portaban cartulinas con leyendas como; “Familia Cendi Tierra y Libertad Gran Cué afectada en esta contingencia ¡Solicitamos nuestro pago!” “Solicitamos una pronta solución, cuatro meses y una quincena sin recibir sueldo”.

En el acto leyeron un desplegado en el que señalaron que su falta de pago ha sido una trágica historia ya que es su sustento para poder vivir, sustento que es fundamental en tiempos de coronavirus y contingencia sanitaria.

“Hoy es el día de las maestras y los maestros, un día que normalmente las y los docentes utilizamos para festejarnos, un día que es alegría para nuestro gremio, lleno de mucho cariño de parte de nuestros queridos estudiantes hacia nosotras, una fecha para conmemorar la relevancia fundamental que tiene nuestra profesión en la formación de cada niña y niño.

Sin embargo, hoy, mis compañeras y yo no podemos festejar, ni siquiera desde casa, nuestro día, ya que han pasado 4 meses y una quincena que no hemos recibido pago alguno por nuestro trabajo realizado, trabajo que consiste en educación, atención, cuidado, nutrición, desarrollo, clases escolares, clases extraescolares, danza, música, teatro, artes marciales, atención médica, nutricional, psicológica en un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.”

El personal docente en voz de su representante afirmó que en mes de febrero el Titular de la Unidad de Administración Financiera de la Secretaría de Educación Pública Federal, Héctor Garza, realizó el compromiso, que los pagos para las más de tres mil maestras y personal de apoyo de los 84 planteles que tiene CENDI en todo el país llegaría en próximos días, sin embargo después de dos meses este acuerdo no ha sido cumplido ya que en Querétaro las maestras y personal siguen sin poder cobrar su sueldo.

Las maestras señalaron que interpusieron una queja ante la CNDH para que la institución protectora de los derechos humanos emita la recomendación a las instancias correspondientes para que se realice el pago de su sueldo a la brevedad.

Pidieron al Gobernador Francisco Domínguez, al Secretario de Educación Alfredo Botello y al Coordinado de USEBEQ Enrique Echavarri su apoyo e intervención para resolver el pago de sus sueldos y solicitaron a las autoridades correspondientes, el cumplimiento del siguiente pliego petitorio:

1. Pago inmediato de los 4 meses y una quincena laborados en el Centro de Desarrollo
Infantil Tierra y Libertad Querétaro a maestras, maestros, especialistas y personal de
apoyo.
2. Pago de los adeudos de cuatro meses a proveedores y servicios básicos del CENDI.
3. Reconocimiento pleno y total a nuestro Centro educativo como CENDI en proceso de
regularización.
4. Desconocimiento a los lineamientos del Programa de Expansión a la Educación Inicial
U031 que vulnera el interés superior de la niñez al eliminar la educación preescolar
del programa.
5. Otorgamiento de la Clave de Centro de Trabajo DDI.
6. Reconocimiento de la población infantil que atienden los CENDI en proceso de
regularización que es desde 45 días de nacidos hasta 5 años 11 meses.

Por último, señalaron que, en caso de no recibir respuesta por las autoridades educativas, iniciaran un paro total de labores y clases a distancia, así como una huelga de hambre a las afueras de palacio de gobierno.

https://www.reqronexion.com/maestras-de-cendi-se-manifiestan-por-falta-de-pago-en-el-dia-del-maestro/

CNTE advierte movilizaciones en Michoacán por Ley de Educación, culpa a diputados

La CNTE, insistió en que dicha Ley tiene manos externas del gobierno Estatal

Foto: Guadalupe Martínez

Guadalupe Martínez / MiMorelia.com, 15 de mayo de 2020

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como un «albazo», calificaron los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la discusión de la Ley de Educación que realizan este viernes los diputados locales. El dirigente del Comité Ejecutivo «Poder de Base», Benjamín Hernández Gutiérrez, aclaró que no aceptarán la iniciativa y será responsabilidad de los legisladores las acciones de presión que realizarán los maestros democráticos en el Estado. Cerca de las 11:30 de la mañana un grupo de profesores de la Sección XVIII democrática perteneciente al Comité que encabeza Hernández Gutiérrez se concentró frente al Congreso del Estado como lo anunciaron desde temprano hora de este viernes. Luego de comenzar a colocar pancartas en las ventanas y puertas de Palacio Legislativo.

Foto: Guadalupe Martínez

Minutos después, los profesores de la CNTE bloquearon la avenida Madero y comenzaron a gritar consignas en contra de los diputados a quienes calificaron como «traidores» de la educación de Michoacán. Aseguraron que no liberarían la vialidad hasta que los diputados echen para atrás la iniciativa.

En entrevista con MiMorelia.com, Hernández Gutiérrez, expresó que la mayor inconformidad de los docentes es que la Ley claramente afecta la educación inicial, misma que se restringe en Michoacán al igual que se elimina la educación especial, pues ésta última ya no será tomada en cuenta como un nivel educativo, así como está el de Básico.

Señaló que se entiende que hay muchos niños con capacidades diferentes, a quienes directamente se les afecta su condición dado que incluso la mayoría son de padres que deben trabajar y ahí habrá una complicación mayor.

Foto: Guadalupe Martínez

Aunado a que se violenta el derecho del maestro en la entidad, por ello, insistió en que la Ley no debe ser aprobada y considerar los planteamientos de los trabajadores de la educación, los padres de familia y de los niños.

«Lo que dice la Ley no es suficiente para nosotros, hay aspectos que se pueden mejorar, pero entendemos que al interior del Congreso hay diferentes posturas y hasta una obediencia de los partidos políticos a los que pertenecen», expresó.

El secretario general del Comité Ejecutivo Seccional denominado «Poder de Base», advirtió que los maestros democráticos no se quedarán de brazos cruzados y saldrán a las calles a manifestarse no sólo en Morelia sino en los 113 municipios de Michoacán para protestar en contra de la violación a los derechos de los profesores, ante ello, el dirigente de la CNTE dijo que será responsabilidad de los diputados por las manifestaciones que se realicen en los próximos días pese a que hay una emergencia sanitaria por el Covid-19.

https://www.mimorelia.com/cnte-advierte-movilizaciones-en-michoacan-por-ley-de-educacion-culpa-a-diputados/

Despiden a dos médicos que solicitaron insumos en Guanajuato

Una de las empleadas despedidas acotó que no le han presentado el documento que avale la baja; la demanda era por productos médicos y medidas de seguridad ante el Covid-19

REdacción Eje Central, 15 de mayo de 2020

La pandemia de Covid-19 continúa dejando estragos en nuestro país, uno de los últimos ejemplos es el despido de dos empleados del sector salud en Guanajuato. Se trata de dos médicas que al solicitar medidas de seguridad para realizar sus labores propiciaron que las autoridades de la unidad presindieran de sus servicios.

Gloria Velázquez Pérez y otro médico del Hospital General de Irapuato fueron despedidos dos días después de que entregaron una carta en la que se pedía a la Secretaría de Salud de Guanajuato el abastecimiento de insumos médicos para la atención de pacientes con Covid-19 y medidas de prevención, como una ducha y vestidores, para el personal que mantiene contacto con los pacientes portadores del virus SARS-CoV-2.

Esta misiva estaba firmada por 40 empleados de urgencias del nosocomio, entre los que se encontraban enfermeras, camilleros y doctores. No obstante, Gloria fue quien entregó el documento ante la secretaria estatal de Salud y el gobierno de la entidad, lo que al parecer la señaló como la responsable.

La carta con las peticiones de los trabajadores del hospital fue entregada el pasado 23 de abril, para el 25 le fue negado el acceso a Gloria cuando se presentó a trabajar. SIn embargo, ante su insistencia y la falta de un documento que corroborara su despido, logró entrar; la médica cuenta que no pudo checar puesto que su huella fue inhabilitada en el sistema.

Gloria externó que a la semana siguiente ya no se le permitio entrar a labrora, esto sin recibir una razón clara de esta decisión. La médica exige una respuesta de las autoridades estatales, pues considera injusta la acción que se está realizando en su contra.

https://www.ejecentral.com.mx/desiden-a-dos-medicos-que-solicitaron-insumos-en-guanajuato/

Abandonados y sin respaldo oficial, profes jubilados de Tamaulipas celebran ‘su día’

José Gregorio Aguilar/Gaceta UAT
15 mayo 2020

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los maestros jubilados celebran su día en un estado de abandono y olvido por parte de las autoridades estatales y federales, pero con el valioso reconocimiento de la sociedad que les agradece haber sido pilares en la formación de los alumnos que hoy son profesionistas, dijo Rodrigo Tavares García.

El presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Sistema Educativo hizo énfasis en que “definitivamente los jubilados no tenemos nada que festejar porque nos encontramos en estado de abandono, en un
contexto fuera de apoyos y de respaldos de todos, tanto del sistema del gobierno federal como del estatal”.

El 14 de mayo fue instruido a nivel nacional como el Día del Maestro Jubilado, sin embargo actualmente no hay nada qué festejar porque los llamados maestros en retiro no tienen el apoyo de los gobiernos ni del sindicato, agregó Tavares García.

“Definitivamente lo único que tenemos es el reconocimiento de la sociedad que no se ha olvidado de los jubilados, de los maestros que formamos generaciones de jóvenes, niños que ahora son profesionales. Tristemente estamos en una crisis difícil, porque el ISSSTE y el gobierno federal hicieron promesas que no se han cumplido.

Comentó que los jubilados son motivo de discursos políticos y son muy apreciados en tiempos de campaña,
cuando los candidatos no se cansan de repetir que defenderán sus intereses si el voto los favorece.

En este 2020, en el que muchos de esos docentes que dejaron su vida en las aulas y que actualmente viven agobiados por múltiples padecimientos, están más olvidados que nunca. Para lograr que se respeten sus derechos han tenido que librar prolongadas batallas en tribunales, como se hizo para lograr que su pago sea calculado en salarios mínimos y no en UMAS.

Tavares lamentó también el engaño del que fueron víctimas los trabajadores en retiro cuando les prometieron que
recibirían un aumento de 5 días de aguinaldo y no se cumplió, “por lo que el SNTE nos engañó”.

https://www.gaceta.mx/2020/05/abandonados-y-sin-respaldo-oficial-profes-jubilados-de-tamaulipas-celebran-su-dia/

En 1 semana cierran en dos ocasiones maquiladora de Mxli por contagios de COVID-19 (Baja California)

Lindero Norte / Jorge Heras.

Mexicali.- En los últimos 8 días, la empresa maquiladora Vertiv -Emermex de Mexicali suspendió labores en dos ocasiones por contagios de Covid-19 en una de sus áreas.

De acuerdo a un documento oficial enviado a los trabajadores de las tres plantas ubicadas en el Parque El Vigía, la empresa internacional paró labores de producción para que llevar a cabo «la satinización profunda de cada uno de los edificios».

«A partir de este momento se declara dentro de la empresa una fase de contingencia interna por haberse confirmado un caso positivo de COVID-19 en uno de nuestros asociados», sostiene el memorándum.

La información que se le hizo llegar a los cerca de mil trabajadores de esta compañía que hace generadores eléctricos para exportación a Estados Unidos, también indica que las labores de suspenden hasta el próximo lunes 18 de mayo.

La gerencia de la planta manifestó que todo el personal que tuvo contacto con el infectado será evaluado por le servicio médico de la empresa y se el practicará una prueba COVID19, mientras tanto instó a los demás empleados a que permanezcan en sus casas hasta que se reanuden las labores.

El pasado 8 de mayo se aplicó por primera vez este protocolo en Vertiv -Emermex luego de que se informó de un trabajador positivo a Coronavirus por lo cual también «sanitizaron a profundidad» durante 2 días y se reanudaron labores.

Trabajadores de la tercera edad, embarazadas y con problemas de salud como hipertensión mostraron su preocupación a Lindero Norte, porque consideran que no es seguro regresar a trabajar a las instalaciones el próximo 1 de junio, como ha sido determinado por el área de Recursos Humanos.

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado aseguró, sin el aval de la Secretaría de Salud, que los trabajadores de maquila «están más seguros en sus centros de trabajo que en las calles».

Vertiv -Emermex fue una de más empresas que hizo paro laboral porque los patrones no respetaron el decreto presidencial, lo que generó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los cerrara por no ser una actividad esencial; sin embargo, dos semanas después reanudaron labores al llegar a un acuerdo de medidas y filtros sanitarios para evitar brotes al interior de la planta.

https://linderonorte.com/2020/05/15/en-1-semana-cierran-en-dos-ocasiones-maquiladora-de-mxli-por-contagio-de-covid-19/

Aumentan denuncias por contagio de covid 19 en maquiladoras de Mexicali (Baja California)

Lindero Norte / Antonio Heras.

*Subregistro de casos confirmados por rezago de pruebas en pacientes del IMSS. Reconoce Salud que reporta 3 mil casos aunque en realidad son 3 mil 296.

Mexicali.- Una serie de contagios de Covid-19 entre trabajadores de fábricas instaladas en parques de la industria maquiladoras y de manufactura de exportación en Mexicali fue denunciada por la organización el Sindicato Bajacaliforniano de Trabajadores de Empresas Maquiladoras (Sibatrem MX).

Baja California ocupa los primeros tres peldaños en la incidencia de coronavirus en México con 510 muertos (segundo lugar después de la Ciudad de México) y 3 mil contagios (tercero después de la capital y del Estado de México). En las últimas 24 horas se reportaron 23 defunciones y 165 contagios, aunque existe un subregistro por el rezago informativo en hospitales del IMSS de 296 casos confirmados que salieron positivos en las pruebas pero no sé han cargado en el sistema de Salud.

Los casos de contagio de trabajadores, todos ellos atendido en el IMSS, se han reportado en las empresas Breg, ensambladora de artículos médicos,
Calibaja Manufacturing que produce kayaks, Skyworks reparador de celulares, Vyaire Medical de manufactura de productos médicos y Newoptix – LG que hacen televisiones de plasma.

En Vyaire Medical, la directora senior de Operaciones informó en un comunicado interno, fechado el 13 de mayo, el caso de tres trabajadores a los que se les aplicaron las pruebas clínicas y resultaron positivos de coronavirus por lo que se enviaron a resguardo domiciliario.

Dentro de su acompañamiento jurídico a trabajadores de maquiladoras en la capital de Baja California, Sibatrem MX ha recibido denuncias de la preocupación de los empleados porque aseguran que en sus empresas existen brotes de Covid 19.

En tanto, también resultó positivo Alberto Hernández Gómez, vocero del movimiento de trabajadores de la empresa estadunidense Skyworks que realizaron paros laborales para exigir la suspensión de está fábrica de composturas de teléfonos celulares.

Al menos una veintena de fábricas que pararon actividades lograron la suspensión por no ser esenciales. Sin embargo, el gobernador morenista Jaime Bonilla instruyó a los titulares de las secretarías de Economía Sustentable y de Salud para buscar argumentos de reapertura de maquiladoras y justificó que formaban parte de la cadena de suministro de productos esenciales.

En abril, los trabajadores alertaron sobre la muerte de una mujer y un hombre que trabajaban en las líneas de produccion, de esa fábrica, así como una decena de contagios.

Hernández Gómez dio a conocer que informó sobre su condición de salud a su centro de trabajo pero solo obtuvo desdén y una campaña en su contra que incluye reportes porír faltas. Incluso a uno de sus primos que también es trabajador de esa empresa «lo sacaron de la planta para que no hablara con sus compañeros y les informara sobre la condición médica» de su familiar.

El trabajador acudió al laboratorio clínico del hospital Almater para que con un precio de 4 mil pesos le aplicaran la prueba de coronavirus el 12 de mayo, cuyo resultado fue positivo.

En el caso de Newoptix – LG, trabajadores de la planta informaron que en menos de una semana cuatro trabajadores dieron positivo en la prueba de COVID19, todos del área de almacén, uno de ellos encargado de las líneas de producción con contacto con varias áreas del personal.

La preocupación de los trabajadores, indicaron de manera anónima, que los directores no está notificando al resto del personal para aislar también a los casos sospechosos.

QUEJAS POR HOSPITAL FEDERAL

Personal médico del hospital «5 de diciembre» del ISSSTE se quejaron de las condiciones de trabajo en un nosocomio que carece de servicio de aire acondicionado lo que afecta a la salud de los pacientes y dificulta su labor al portar equipo de protección personal para la atención de pacientes Covid 19.

Ante temperaturas superiores a los 36 grados en Mexicali, estos aparatos dejaron de funcionar hace tres semanas lo que afecta la tarea de médicos, enfermeros, camilleros e intendencia que han reportado también situaciones de deshidratación.

Las condiciones de ese hospital del ISSSTE que se encuentra saturado sin conocidas por los directivos y de funcionarios de la delegación federal, sin que exista alguna solución para resolver ese problema que afecta a pacientes y personal.

https://linderonorte.com/2020/05/15/aumentan-denuncias-por-contagio-de-covid-19-en-maquiladoras-de-mexicali/

En México asesinan a una persona LGBTQ cada tres días

Photo of Caucasian Gay Man covering his face with rainbow flag painted in his palm. Rainbow flag , for LGBTI HIV-positive people. Shy Transgender man. Stop Gesture,

Pedro Pablo Cortés / El Clóset LGBT

El 2019 fue el más violento de los últimos cinco años para la comunidad LGBTQ+ en México

Con al menos 117 asesinatos, la comunidad LGBTQ+ padeció uno de sus años más violentos este 2019, el primero de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Así lo documenta la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, en un reporte que publica en el marco del Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bisexofobia, que se conmemora este domingo 17 de mayo.

Las cifras muestran que en México asesinan a una persona LGBTQ+ cada tres días.

Los asesinatos contra las minorías sexuales en 2019 aumentaron 27% frente al año anterior, detalló el informe.

Además fue el año más violento del periodo de 2015 a 2019, cuando hubo un total de 441 vi?ctimas LGBTQ+ de violencia homicida.

Dentro de las cifras, Letra S destacó 64 transfeminicidios, es decir, el asesinato de mujeres trans, lo que representa casi el 55% del total, seguidas de hombres homosexuales, con al menos 36 víctimas, 31% del total.

También documentó nueve lesbofeminicidios, 7.6% del total, y los asesinatos de una mujer y un hombre bisexuales, así como dos personas muxes.

Asimismo, por primera vez registró el homicidio de un hombre trans.

Dentro de las víctimas, al menos nueve eran defensoras de los derechos de la diversidad sexual, seis eran figuras conocidas por su labor social, y dos eran migrantes de Centroamérica.

La organización advirtió que hay un modus operandi de delincuentes que persiguen en específico a hombres homosexuales y otros que matan a trabajadoras sexuales solo porque son trans.

“El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es el ensañamiento con el que son cometidos. Los resultados del monitoreo dan cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas la muchas de las víctimas”, alertó la asociación.

Los estados con más de estos asesinatos de odio en 2019 fueron Veracruz, con 28 de estos crímenes, seguido por Chihuahua con 20 casos.

En los últimos cinco años, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo, Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México concentran más de la mitad del total de víctimas LGBTQ+.

En los primeros cuatro meses de este año, Letra S registró 26 asesinatos de personas de la diversidad sexual.
“Es probable que las medidas de distanciamiento social hayan reducido el número de homicidios cometidos en contra de personas LGBT, pero si no se planean acciones de prevención de ese tipo de delitos, no dudo que las cifras se vuelvan a incrementar en cuanto se reestablezcan las actividades”, consideró Alejandro Brito, director de la organización.

https://elclosetlgbt.com/noticias/en-mexico-asesinan-a-una-persona-lgbtq-cada-tres-dias/

Zapotecos rechazan “nueva normalidad”; seguirán con filtros sanitarios para evitar contagios de covid-19 (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

*Y Mixes exigen a accionar urgentemente como un solo pueblo para evitar la propagación del virus covid-19, en su territorio

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Unión Liberal de Ayuntamientos que los integran 26 municipios indígenas zapotecos rechazaron el plan para la “nueva normalidad” acordada por los gobiernos federal y estatal y decidieron mantener los filtros sanitarios para evitar contagios por covid-19.

El presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos Mauricio Cruz Vargas, declaró que aunque el plan para la “nueva normalidad”, cuya primera etapa empezará el 18 de mayo y contempla el reinicio de las actividades únicamente en 269 “Municipios de la Esperanza”, de los cuales 203 pertenecen al estado de Oaxaca, los pueblos zapotecos del distrito de Ixtlán, mantendrán los filtros sanitarios hasta el 31 de mayo y valoraran prolongarlo según el comportamiento de la pandemia.

Cabe mencionar que el pasado 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacaron que 203 municipios Oaxaca se encuentran libres de contagio e iniciarán el tránsito a la “nueva normalidad” el día 18 de mayo.

Sin embargo, el también presidente municipal de Abejones, en la Sierra Norte o Sierra Juárez, destacó que siempre se han organizado para salvaguardar a sus habitantes y desde que se inició la pandemia se tomaron diferentes medidas preventivas con la finalidad de proteger a la comunidad.

Hizo hincapié que cada municipio, en asambleas comunitarias, determinaron qué hacer para evitar el contagio.

Detalló que a parte de seguir las indicaciones del gobierno federal y estatal se tomaron otras medidas como cerrar entradas y poner sus filtros sanitarios para verificar quién entra y quién sale y quienes pueden entrar, se cancelaron las zonas turísticas, se evita que entren ambulantes y todo lo relacionado a otras actividades.

Mientras que a los migrantes les enviaron comunicados a todos los que se encuentran fuera del país para que eviten regresar hasta que pase esta situación.

En el tema de alimentos se consume lo que se tiene que es meramente local y lo que no se tiene se asigna una comisión de una o dos personas para que se trasladen, con las medidas preventivas y sanitarias correspondientes, a la ciudad o zonas cercanas para conseguir el alimento.

En ciertos casos se manda a pedir algunos productos y solo se les permite llegar hasta cierto punto y posteriormente la población los acarrea a la comunidad, razón por la que no hay desabasto de alimentos.

En cuanto al problema que enfrentan los pueblos Ayuujk en la región mixe dijo que “ellos caminan por otro lado: “Ellos viajan mas por Tlacolula y nuestra entrada es por Ixtlán en la ruta Oaxaca-Tuxtepec, entonces, no hay mucha relación ni comunicación aunque es parte de la sierra norte pero ellos tienen otro tipo de organización”.

Por su parte, Servicios del Pueblo Mixe exigieron al gobierno federal y estatal se garantice la atención integral de la salud del pueblo Ayuujk para evitar mas contagios de covid-19, luego que el Hospital Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo se registró un brote de 20 casos entre el personal médico.

“Debido a los casos positivos de covid-19 que ya existen en la comunidad”, difundido oficialmente por el Ayuntamiento de Tamazulapam del Espíritu Santo el día 10 de mayo, y el brote de casos positivos en el Hospital de Tamazulapam Mixe donde ponen en cuarentena a más de 100 trabajadores, las comunidades del pueblo mixe son vulnerables por las condiciones actuales y la desatención a la salud integral e intercultural por parte del Estado mexicano”, destacó la organización comunitaria.

Resaltaron que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de este gobierno, en el eje de Política Social refiere que “la administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, depauperado (…) Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades de ese sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura (…) En suma, el derecho a la salud le es denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana”.

Consideran que este es el diagnóstico real de las condiciones de salud en la que viven cotidianamente las personas mixes en el Pueblo Ayuujk y contrasta con el anuncio del gobierno federal y estatal para el retorno a la “nueva normalidad”.

Es por ello que pidieron a las autoridades de las comunidades mixes a accionar urgentemente como un solo pueblo para evitar la propagación del virus covid-19, en su territorio y los conminaron a seguir informando a la población para sensibilizar y concientizar sobre la existencia esta enfermedad.

Así como estar atentos al llamado de la autoridad de salud del país para evitar enfermarse y no arriesgar la integridad de sus habitantes.

También hicieron un llamado los colectivos y organizaciones hermanas a fortalecer la organización comunitaria y la articulación de esfuerzos para reencaminar la vida basada en la sustentabilidad, libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas.

Finalmente exigieron a las autoridades gubernamentales garantizar la atención a la salud del Pueblo Mixe y de los Pueblos Indígenas, con enfoque integral e intercultural, como un derecho humano y como un pilar de los derechos indígenas.

Así como respetar la determinación de las comunidades y pueblos indígenas, ante esta pandemia del covid-19 y garantizar el derecho pleno al acceso de información objetiva, veraz y oportuna sobre la situación de la enfermedad en el pueblo mixe y pueblos indígenas.

https://pagina3.mx/2020/05/zapotecos-rechazan-nueva-normalidad-seguiran-con-filtros-sanitarios/

Ante colapso de hospitales, habilitan red hospitalaria para atender pacientes de coronavirus en Oaxaca

Página 3 / Pedro Matías.

Amplían a 25 la red hospitalaria ante incremento de caso de covid-19.
Pese a pugnas con personal sindicalizado Murat determinó Hospital Covid al Aurelio Valdivieso

OAXACA, Oax.- Ante el colapso de los dos principales hospitales covid-19 de la capital de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, habilitó una red de 25 Hospitales, que incluye al Hospital General “Aurelio Valdivieso” para atender pacientes de coronavirus.

Luego que el personal médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca informó que ya colapso porque “hemos llegado al límite de nuestra capacidad instalada para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria crítica ocasionada por covid-19, enfermos que en su gran mayoría están graves y requieren intubación endotraqueal y cuidados de terapia intensiva”, se hizo hoy el anuncio de ampliar la red de hospitales.

Murat, a través de un comunicado, informó que “ante la llegada a su máxima capacidad del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y de acuerdo con lo previsto en el plan para enfrentar esta contingencia, se habilitó el Hospital General “Aurelio Valdivieso” como unidad médica covid-19.

Cabe recordar que el gobernador sostuvo desacuerdos con el personal sindicalizado afirmar el robo de 20 kits de materiales de protección contra covid-19 y motivó a la destitución del director del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, director Ernesto Garzón Sánchez, sin embargo, el personal rechazó rotundamente el nombramiento de Jesús Alejandro Ramírez Figueroa por considerar que “es una provocación” y una “venganza”.

Ahora, el gobernador anunció que “de acuerdo con el plan establecido para enfrentar la pandemia, a partir de este jueves, el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” ha sido habilitado para la atención de pacientes covid-19, sin embargo no informa con cuantas camas y cuántos ventiladores.

Hizo hincapié que apenas el pasado 10 de mayo se habilitó también en los Valles Centrales, en Reyes Mantecón, el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, mismo que cuenta con 30 camas con ventilador y actualmente registra una ocupación del 16%.

Y resaltó que “gracias a esta red hospitalaria prevista desde el inicio de la contingencia, hasta el reporte más reciente presentado por el subsecretario Hugo López Gatell, Oaxaca cuenta con 87% de disponibilidad en hospitalización general y 71% en camas con ventiladores para atender la pandemia.

Oaxaca cuenta actualmente con un 87% de disponibilidad en hospitalización general y 71% de ventiladores en hospitales para atender la pandemia, así lo dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, en su conferencia diaria del día 13 de mayo.

A pesar de que algunos de los 25 hospitales que forman la red hospitalaria covid-19 de Oaxaca se encuentran cerca de su capacidad máxima, la disponibilidad total de camas tanto de observación como con ventilador es alta, aún en los Valles Centrales, pues recientemente fue habilitado, como estaba previsto, el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño ubicado en San Bartolo Coyotepec, el cual registra una ocupación de apenas el 16%.

El secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, informó que los 25 hospitales covid-19 que concentrarán la atención de especialidad en el pico más alto de la pandemia, 10 pertenecen a los SSO, cinco son del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e igual número del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A su vez, el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca explicó que “como hospital de tercer nivel en el estado y comprometido con cuidar y velar por la salud de toda la población que no cuenta con derechohabiencia a otros sistemas de salud, desde que recibimos al primer paciente diagnosticado con COVID- 19, el 24 de marzo 2020 (hace 7 semanas), todos los días hemos trabajado incansablemente para que nuestros pacientes superen esta enfermedad”.

“Sin embargo, al ser el único hospital que atiende a población abierta, hemos llegado al límite de nuestra capacidad instalada para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria crítica ocasionada por COVID-19, enfermos que en su gran mayoría están graves y requieren intubación endotraqueal y cuidados de terapia intensiva”.

Por consiguiente, explicaron “es nuestra responsabilidad informarles que nos es imposible ingresar a más pacientes a atención hospitalaria”.

Mencionaron que “nos hemos preparado desde principios de año, capacitando a todo nuestro personal médico y paramédico en la atención de pacientes con insuficiencia respiratoria crítica ocasionada por covid-19, en la colocación y retiro de equipo de protección personal y gestionando insumos para garantizar una atención de calidad a los oaxaqueños.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestros pacientes salgan victoriosos de esta enfermedad, estamos seguros que juntos lo lograremos”, sin embargo,

“les pedimos que nos ayuden siguiendo las recomendaciones de higiene de manos, quedándose en casa, guardando la sana distancia y no hacer caso ni difundir rumores o información falsa que pueda dañarlos a ustedes y a sus familias”.

https://pagina3.mx/2020/05/ante-colapso-de-hospitales-habilitan-red-hospitalaria-para-atender-pacientes-de-coronavirus-en-oaxaca/

Hay 60 trabajadores de Salud en Oaxaca con COVID-19

Noticias / Nadia Altamirano.

Hay nueve trabajadores del Hospital Básico Comunitario de 12 camas de Tamazulapam del Espíritu Santo, contagiados.

De los 329 casos de COVID-19 confirmados en Oaxaca, el 18% corresponde a personal de la salud, en los que se incluyen dos defunciones y nueve trabajadores del Hospital Básico Comunitario de 12 camas de Tamazulapam del Espíritu Santo contagiados.

Las dos defunciones ocurrieron en menos de dos días en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en San Bartolo Coyotepec.

La primera defunción del gremio ocurrió el viernes 8 de mayo y corresponde a un médico que ejercía de manera privada en el municipio de Tamazulapam del Progreso, en la región de la Mixteca.

La segunda defunción se reportó el 10 de mayo, cuando otro profesional de la salud del sector privado que vivía en San Andrés Huayapam dejó de existir; tenía 66 años.

Hasta el momento, esos dos contagios y los otros 58 contabilizados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) entre trabajadores de este sector, “han ocurrido de manera externa, no por la atención de pacientes”, precisó el subdirector general de los SSO, Juan Carlos Márquez Heine.

En el caso del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, confirmó que el contagio inició con el esposo de una enfermera y fue ella quien al acudir a su centro de trabajo propagó la enfermedad en 9 personas que dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Sobre la posibilidad de sancionar a la enfermera por si incurrió en alguna falta al no tomar medidas de prevención, presentarse a su centro de trabajo e incluso entrar a quirófano, señaló que es una situación que se tiene que investigar y valorar.

Lo mismo ocurrirá con los señalamientos contra el director del hospital, quien habría realizado una fiesta con 7 personas que ya dieron positivo a COVID-19.

“Estamos en proceso de investigación, es un caso que se está viendo por qué no se siguieron los protocolos”, abundó, pero rechazó que todo el hospital esté cerrado, ya que opera por guardias con personal de confianza, pero no se pueden realizar actividades hospitalarias.

“Hay dos grandes grupos de trabajadores, los sindicalizados y los de contrato que están acudiendo a trabajar sin ningún problema. Pero no es lo mismo tener a 100 que a 50 personas trabajando, se baja capacidad resolutiva, no se puede hospitalizar a nadie; estamos reorganizando porque estamos cortos de personal”, admitió.

Consultado vía telefónica para conocer la postura que asumirán las autoridades de Tamazulapam del Espíritu la zona Mixte, su presidente Artemio Ortíz Ricárdez expresó que algunos integrantes del cabildo se reunieron ayer con el director de Atención Médica Erick Azamar para tomar una decisión.

El pasado 8 de mayo, se reportó la primera defunción del gremio y correspondió a un médico que ejercía de manera privada en Tamazulapam del Progreso.

http://www.nvinoticias.com/nota/146064/hay-60-trabajadores-de-salud-en-oaxaca-con-covid-19

La crisis de los hospitales COVID-19: desabasto de medicinas y falta de camas (Baja California)

Zeta Tijuana / Isabel Mercado.


Foto: Cortesía/ Tercer piso, Hospital General de Tijuana.

Atendidos durante días en sillas por falta de camas, sin medicamento suficiente para mitigar la sintomatología del coronavirus y al lado de cadáveres, se observa a los pacientes en las salas de urgencias de los hospitales reconvertidos a COVID-19 en Tijuana. Mientras algunos cuentan con recursos económicos suficientes y pagan atención médica privada, otros simplemente se resguardan en sus casas, donde perecen por falta de una atención adecuada

Entre cadáveres envueltos en bolsas, sentados en medio de pasillos o en cualquier rincón disponible, se observa a los pacientes en las salas de urgencias de los hospitales de Tijuana reconvertidos a COVID-19. En espera que se desocupe una cama, permanecen postrados dos, tres, cuatro días o más en sillas de ruedas, de escritorio, bancas o, en el mejor de los casos, sillones hospitalarios.

Ahí son atendidos por el personal médico de las altas fiebres, intensos dolores de cabeza y cuerpo, entre otra sintomatología propia del coronavirus; de tener dificultades para respirar, se les provee oxígeno.

Aun así, varios han muerto en el área de urgencias sentados en una silla y conectados a un tanque de oxígeno, antes de tener acceso a una cama.

Los cuerpos de aquellos que perdieron la batalla contra el COVID-19 son guardados en bolsas y permanecen por horas en el área donde perecieron, antes de ser trasladados al mortuorio para ser entregados a sus familiares.

Quienes siguen luchando por sobrevivir a la pandemia, ingieren sus alimentos, toman su medicina y se aferran a la vida al lado de un cadáver.

Aunque son espacios de transición en lo que se determina si los pacientes requieren o no ser hospitalizados, las salas de urgencia de los nosocomios COVID se han convertido en una extensión del área de hospitalización, pero sin la infraestructura para ello.

La saturación de ese espacio hace que anteceda una larga espera para ingresar al área que se supone, dé valoración de los pacientes; antes estos tienen que pasar un filtro, denominado triage, del cual muchos son enviados a casa por falta de camas en los hospitales o esperan a que se desocupe una silla para acceder al área de urgencias.

Es en ese filtro en el que media decena de personas han fallecido en el Hospital General de Tijuana durante la pandemia.

Ante ello, cansados de navegar con sus enfermos de un hospital público a otro sin lograr su ingreso hospitalario, algunos pacientes o las familias de estos, hacen un esfuerzo económico para recurrir a médicos particulares, adquiriendo por cuenta propia el medicamento y tratamiento que puede fluctuar entre 5 mil y 40 mil pesos, dependiendo el estado del paciente.

Los que carecen de recursos económicos no tienen más remedio que conformarse con esperar ser ingresados a un hospital público, para ser atendidos aunque sea sentados en una silla. Caso contrario, se resguardan en sus viviendas donde perecen, muestra de ello es que en el último mes se ha incrementado el número de personas fallecidas en sus casas con síntomas asociados a coronavirus, registrándose un promedio semanal de 60 defunciones por esa causa.

SOLO SILLAS DISPONIBLES

Con temperatura de alrededor de 40 grados Centígrados, dolores musculares intensos y dificultad para respirar cada vez más aguda, Ana acudió a la Unidad de Medicina Familiar Número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana el sábado 9 de mayo.

Por ser sintomatología asociada a COVID-19, fue canalizada al Hospital General Regional Número 1, donde le practicaron una prueba y la mantuvieron por horas sentada en una silla de la sala de urgencias, sin proveerle de oxígeno “porque ya estaba agotado”.

Ante la advertencia del personal de que así podía permanecer por días, al no haber camas disponibles para internarla, las hijas de Ana optaron por sacarla del nosocomio y llevársela a casa, donde fue atendida por un médico particular.

Además de comprar medicamentos, la familia de Ana tuvo que rentar un tanque de oxígeno en 4 mil 700 pesos, el cual solo le duró un día y medio, teniendo que pagar 700 pesos más cada vez que se rellenó durante los diez días de tratamiento.

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El estado de la mujer empeoró, al grado que el médico vaticinó en una ocasión que no pasaría la noche. No fue así, ella sobrevivió siendo atendida en su domicilio de El Laurel, al Este de Tijuana, por no alcanzar una cama en un hospital COVID-19.

El viacrucis para acceder a una atención hospitalaria digna, no se refleja en la estadística del secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, con la que sostiene que la ocupación hospitalaria de Tijuana es de 72%, lo que significa una disposición de por lo menos 350 camas para la atención de los pacientes infectados de coronavirus, tanto en los hospitales reconvertidos a COVID-19, como las clínicas de apoyo.

Muestra de que los números que a diario presenta el funcionario son una falacia, es el hecho de que el caso de Ana no ha sido la única paciente que se ha visto obligada a atenderse del coronavirus desde su casa, por falta de espacio en los hospitales.

El 20 de abril, Miguel Ángel Jiménez registró síntomas leves asociados a SARS-CoV-2, por lo que optó por resguardarse en casa, pero una semana después, el 27 de abril, comenzó a tener dificultades para respirar. Acudió al Hospital General de Tijuana, pero solo había espacio para ser atendido en sillas, aun cuando las autoridades de salud reportan una ocupación hospitalaria del 76% en este nosocomio, lo que significa una disposición de 36 de las 150 camas con las que está habilitado.

Optó por trasladarse al Hospital General Regional Número 20 del IMSS, siendo ingresado a la sala de urgencias, donde observó a una docena de pacientes también sentados en sillas, con tanques de oxígeno a un lado, esperando se desocupara una cama para ser hospitalizados.

La Clínica 20 del IMSS es una unidad de apoyo que dispone de cien camas para atender a los pacientes COVID, de las cuales oficialmente se reporta la ocupación del 52%.

“Les pregunté a esas personas cuántos días tenían ahí, unos respondieron que tres, otros que cuatro días tenían ahí esperando, sentados en una sillas duras, la verdad agarré mis cosas y me salí”, expuso.

Entonces decidió acudir al Hospital Ángeles, donde se dispuso una carpa en el estacionamiento para la atención de pacientes con sintomatología de coronavirus.

Ahí lo atendió la doctora Michel Martínez, quien además de la Hidroxicloroquina que suministra a los enfermos atendidos en los hospitales públicos, le recetó Baricitinib, de un costo de 21 mil pesos, así como Clexane y Prednisona, fármacos que en total le implicaron un desembolso mayor a 22 mil pesos. A ese gasto se sumó la renta de un concentrado de oxígeno por 2 mil pesos a la semana.

Con todo y que Miguel Ángel padece comorbilidades como diabetes, hipotiroidismo, además de haber padecido un infarto en 2019, logró superar la etapa grave del coronavirus, y aunque permanece en resguardo en su casa, el 6 de mayo concluyó el tratamiento.

“Inclusive la doctora que me está tratando anda consiguiendo medicamentos que nos sobraron a los que ya estuvimos enfermos para ayudar a enfermeros y enfermeras que se están contagiando, yo le regalé los medicamentos que me sobraron para una enfermera que estaba muy grave en el Hospital General; si tuvieran esos medicamentos en el Hospital General, la doctora no estaría consiguiéndolos”, reflexionó.

De su experiencia, Miguel Ángel compartió: “La verdad es triste, me da mucho coraje que nuestras instituciones no tengan los medicamentos idóneos ni la capacidad para poder recibir a los enfermos. Es lamentable que la gente se esté muriendo por falta de medicina y de hospitalización afuera de los hospitales”.

ENFERMOS PERMANECEN EN SILLAS SIN TIEMPO DETERMINADO

Respecto a los pacientes atendidos en sillas en los hospitales reconvertidos a COVID-19, el secretario de Salud de Baja California, lo consideró necesario para que puedan ser valorados por un médico.

“No vamos a dar de alta a ningún paciente que esté pendiente de, por decir, no te quiero aquí más de dos días, te voy a dar de alta, no; se van a quedar el tiempo que sea necesario para que un médico valores si se puede ir a su casa de forma segura o requiere hospitalización porque lo vamos a intubar”.

Cuestionado por cuánto tiempo requiere esa valoración, el funcionario anotó que “dependiendo el paciente, este… no te sabría decir más de dos días un caso en específico, lo que sí te comento es que urgencias es un área de transición para ver si el paciente requiere hospitalización o se requiere ir a su casa”.

En cambio, la delegada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga, no reconoció la atención a pacientes por más de un día en sillas: “En Fase 3 estamos con camas aún, con personal y con ventiladores y una tasa de letalidad que no supera al promedio estatal, esas son las cifras que deben contar, al final uno debe contar si lo hiciste bien, si lo hiciste mal”. La funcionaria subrayó que en ninguna clínica del Instituto se ha tenido que rechazar a pacientes.

FALSA ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA

En las últimas 48 horas, Baja California incrementó en 311 el número de pacientes positivos a COVID-19, de los cuales 157 se registraron en Tijuana y que no se vio reflejado en la ocupación hospitalaria, pues según la estadística del secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, se coloca en un 81.6%.

En el caso del Hospital General de Tijuana, habilitado con 150 camas, el secretario reportó una ocupación de 75%, con 46 camas disponibles, no obstante que los pacientes siguen siendo retenidos en la unidad de urgencias, al no haber cupo para su adecuada hospitalización. De hecho, médicos del General confiaron a ZETA que es mentira la disponibilidad de camas en esa unidad.

De los hospitales del IMSS, el funcionario también presenta la misma estadística de ocupación irreal, como es el caso del Hospital General Regional Número 1, también ubicado en Tijuana, del que subrayó una ocupación hospitalaria de 73.4%, con 42 camas desocupadas de las 194 que dispone.

En ninguno de los reportes diarios presentado por Pérez Rico en los más de dos meses desde que se reportó el primer caso de coronavirus en BC, ha dado cuenta de una ocupación hospitalaria arriba de ese porcentaje.

Respecto a las condiciones en que operan los hospitales que atienden a personas infectadas con coronavirus, en los que se atiende a pacientes por falta de camas, se carece de medicamentos suficientes, entre otros insumos, expuso: “Hay déficit, por supuesto que sí, como en todos los hospitales, lo bueno del COVID es que nos está demostrando que debemos tener una preparación de extensiva en cuanto a Equipo de Protección Personal, medicamentos, disposición de camas, ventiladores; ser preventivos con relación de los pacientes, el déficit de los medicamentos”.

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RECHAZADOS RECURREN A ATENCIÓN PARTICULAR

La realidad que le ha tocado atender a la doctora Michel Martínez Franco, encargada de la unidad de evaluación respiratoria del Hospital Ángeles, es distinta a las que describen las autoridades de salud.

Indicó que ha atendido a pacientes con neumonía que llegan a la carpa del nosocomio privado después de haber recorrido hasta por tres ocasiones los filtros de los hospitales del IMSS o del General, sin ser atendidos clínicamente. Después de ser valorados en el nosocomio privado se les provee de tratamiento, el cual llevan desde sus viviendas.

“He tomado la decisión de manejarlos en casa, les prescribo el medicamentos que hemos utilizado en los hospitalizados, oxígeno en casa para el que lo requiere, líquidos vía oral incluyendo electrolitos, solicito laboratorio específicos para evaluar paciente con enfermedad de COVID, les recomiendo monitoreo en casa de pulso, oximetría -para saber su nivel de oxigenación-, temperatura y les proporciono guía de aislamiento en casa”, detalló.

A través de vídeollamada, se da continuidad a la atención médica de los pacientes y cada enfermo que se atiende desde casa cuenta con un responsable que asegura su cuidado médico, sin importar si es de escasos recursos.

“Creo que hemos evitado muchos ingresos en los hospitales públicos”, dijo al precisar que a diario se atienden de 36 a 40 pacientes en esa unidad.

Sin precisar una cantidad exacta de personas contagiadas de coronavirus que han sido atendidas con tratamientos desde sus casa, “son cientos de pacientes y todos están vivos”, solo uno requirió ser internado en hospital y ya se ha recuperado.


Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA

DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN HOSPITALES COVID-19

Improvisado en un inicio como unidad médica COVID-19, el Hospital General de Subzona Número 6, ubicado en Tecate, fue adecuado hace un par de semanas para recibir a los pacientes contagiados de coronavirus.

El nosocomio híbrido fue ampliado para contar con 36 camas censables, por lo que ya no ha sido necesario atender a pacientes en sillas como sucedió en la segunda quincena de abril.

Sin embargo, el personal médico continúa enfrentando penurias para brindar atención a los pacientes que acuden con síntomas de coronavirus, como es la falta de fármacos, al agotarse desde hace una semana la Hidroxicloroquina, uno de los principales medicamentos que se suministra a los pacientes graves.

El fármaco no ha sido reemplazado por ningún otro, “el déficit no se cubre, no lo hay y no se le aplica al paciente, en tanto se siguen registrando defunciones”, compartió a ZETA personal médico de ese nosocomio. En la última semana el municipio de Tecate incrementó de 13 a 18 el número de fallecimientos por COVID.

Es tal la condición precaria que guarda esta unidad hospitalaria tanto por falta de medicamento como de personal médico especializado, que ante el estado crítico que guardaba un chofer de ambulancia de esa clínica que resultó contagiado, sus compañeros optaron por enviarlo a la unidad de terapia intensiva del Hospital General Regional Número 1 de Tijuana, del que las autoridades reportan una ocupación hospitalaria del 65%.

La saturación de ese hospital es tal que el paciente -quien también se desempeña como voluntario del H. Cuerpo de Bomberos de Tecate- tuvo que esperar tres días para que se desocupara una cama y poder ser internado la noche del lunes 11 de mayo.

El Regional Número 1 no es el único hospital que enfrenta la falta de tratamiento suficiente para atender la pandemia, el Hospital General de Tijuana también enfrenta falta de medicamentos para atender los pacientes, algo que no es nuevo en ese nosocomio, “es nuestro talón de Aquiles”, anotó el director Alberto Reyes Escamilla.

En su desesperación por atender en forma adecuada a los pacientes, el galeno ha enfrentado a las autoridades de Salud al exigir el suministro adecuado de insumos, “cuando me dicen que no tienen el recurso económico o que no hay en existencia, les comento que el dinero es también para el pueblo, pues de ellos proviene”, indicó el director del Hospital General.

No obstante a esta realidad que enfrentan los nosocomios que atienden a los infectados del patógeno, el secretario Pérez Rico sostiene que se cuenta con 12 mil cajas de Hidroxicloroquina y otro tanto de Azitromicina, fármacos que se suministra a los pacientes en los hospitales públicos. Además, aseguró que se cuenta con abasto suficiente de “analgésicos, antiinflamatorios, oxígeno, eso es lo que les podemos dar a los pacientes y, si hubiera un tratamiento específico, que le pudiéramos dar para que ayudara, pues lo damos, pero no existe”, reconoció.


Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA

REACOMODO DE PERSONAL PARA CUBRIR DÉFICIT

En un turno, una sola enfermera de cualquiera de los hospitales del IMSS Tijuana, atiende hasta 20 pacientes de SARS-CoV-2, sobrecarga de trabajo que se registra desde que comenzó el arribo de los primeros contagiados a la fecha.

Pese a que a mediados de abril tanto las autoridades del IMSS como de la Secretaría de Salud dijeron tener abierta la convocatoria para la contratación de médicos y enfermeras, ha sido poco el personal de nuevo ingreso contratado.

En el caso del IMSS, la delegada regional Desirée Sagarnaga Durante destacó la autorización de 600 plazas, pero no supo determinar la cantidad de personal contratado para cubrir el déficit que enfrentan las unidades médicas del Instituto.

En el caso de los hospitales del Sector Salud estatal, Alonso Pérez Rico, comentó: “Llevamos más de 260 personas contratadas en el Estado, más de 80 médicos, una cantidad increíble para un periodo tan corto; muchísimas enfermeras hemos contratado, más de 150 en contratación activa”.

El secretario agregó que con la cantidad de personal contratado, solo se requerirán 20 enfermeras más en Tijuana, 40 en Mexicali, 10 en Rosarito y 10 en Ensenada.

Sin embargo, de acuerdo al déficit de personal reportado por el director del Hospital General de Tijuana, Alberto Reyes Escamilla, faltan 120 enfermeras y 60 médicos.

Son pocos los que han sido contratados para ese nosocomio, y los de nuevo ingreso son médicos generales, cuando “necesitamos intensivistas, urgenciólogos, internistas, neumólogos, principalmente, además de camilleros y personal de intendencia y mantenimiento”.

Para cubrir la carencia de personal, se ha visto obligado a efectuar un reacomodo, asignando a los espacios COVID personal de otras áreas; incluso “pedí ayuda de los médicos militares, y nada”, concluyó Reyes Escamilla.

Por falta de trajes COVID, autoridades suspendieron operativos en funerarias

Del 1 de mayo a la fecha, en Tijuana han perecido 157 personas por COVID-19, teniendo la mayoría de los deudos que pagar un sobreprecio en los servicios funerarios, al no respetar la mayoría de las empresas fúnebres, el convenio firmado el 4 de mayo con la autoridad, de mantener a un costo de 7 mil pesos el precio de las cremaciones, sean o no decesos por coronavirus.

A pesar de ello, después del último operativo -de solo dos efectuados durante la pandemia-realizado el 30 de abril en funerarias, ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha realizado una nueva inspección, no obstante que suponen que estos negocios continúan incurriendo en irregularidades como el sobre cobro de los servicios funerarios y acumulando cadáveres en sus instalaciones al no contar con hornos crematorios, o de tenerlos, no darse abasto en la incineración de cuerpos.

Ante ello, el delegado único federal Jesús Alejandro Ruíz Uribe justificó la inacción de las autoridades de Cofepris y Profeco ante la falta de equipo de protección del personal que realiza la inspección.

“Vamos a seguir interviniendo, solo que ocupamos trajes COVID porque entran los muchachos y están los cuerpos ahí”, dijo, además de considerar la reanudación de operativos en la semana que concluye.

El funcionario agregó que a la fecha, 17 funerarias han firmado el convenio, pero no todas lo han respetado, siendo algunas obligadas al cobro de sobreprecio cuando los usuarios interponen quejas, pero sin realizarse una nueva inspección. Isabel Mercado Juárez


Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA

BC, lejos de salir del semáforo Rojo; contagios por COVID-19 aumentaron 72.23% en 14 días

El 18 de mayo es la fecha prevista para que algunos municipios en México retomen sus actividades sociales y económicas a partir del modelo de semaforización que es parte de la “Nueva Normalidad”, propuesta por autoridades sanitarias del Gobierno Federal.

Sin embargo, en Baja California el camino se torna incierto para volver a esa normalidad, toda vez que en los primeros 14 días del mes en curso, la cifra de contagios por coronavirus aumentó en 72.3%.

De 160 casos confirmados registrados el martes 7 de abril -fecha en que la entidad ingresó en los tres primeros estados con número de contagios-, se llegó a 2 mil 835 pacientes el jueves 14 de mayo, aumentando mil 189 casos desde el viernes 1 de mayo.

En estas dos semanas, solo un día se dio la ilusión de que la cifra podría ir en descenso cuando el 2 de mayo, la Secretaría de Salud estatal informó que solo hubo 10 casos nuevos, sin embargo, en los días siguientes, por lo menos en tres ocasiones la cifra rebasó los 100 contagios.

Uno de esos días fue el 6 de mayo, cuando se anunció que 100 personas dieron positivo a los exámenes; un día después, el 7 de mayo, fue de 181, la más alta hasta entonces. Para el 9 de mayo se registrarían 121 nuevos contagios, y el miércoles 13 se tendría la cifra que rompería récord hasta la fecha: 238 nuevos casos de COVID-19.

Los demás días el número de casos positivos ha variado entre 37 y 95, sin que la cifra se retraiga para disminuir la curva como el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, se empeña en mencionar durante las videoconferencias matutinas que encabeza al lado del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

En cuanto a decesos, el número tampoco desciende, por el contrario, ha llegado al doble del primer día de mayo, pasando de 244 a 487 confirmados como COVID-19.

La justificación del aumento de contagios por parte de Pérez Rico se debe a que había pruebas sin procesar por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad, las cuales desde la semana pasada se analizan en los laboratorios del Estado, y por ello el rezago aumentó el número de positivos.

Mientras tanto, se pretende que para el 1 de junio, Baja California salga de la zona roja y se tenga listo un protocolo sanitario para el reinicio de actividades, informó el secretario de Salud.

Por su parte, el mandatario Jaime Bonilla externó que “se hizo lo que se pudo” en cuanto al cierre de la frontera entre Tijuana y San Diego, situación que en su opinión, no está en dentro de sus facultades por ser una tema de carácter federal, pero aceptó que de haber ocurrido el cierre, el número de contagios se hubiera logrado contener. “Son las características de Tijuana, viene lo bueno con lo malo”, agregaría. Uriel Saucedo Ramírez

https://zetatijuana.com/2020/05/la-crisis-de-los-hospitales-covid-19-desabasto-de-medicinas-y-falta-de-camas/

Jornaleros del norte de Sinaloa, informalidad y abandono en tiempos de Covid-19

Izquierda Diario/Norberto Soto Sánchez

Agrícola de Fuerte Fe S. de R.L. de C. V es una empresa que desde el año 2011 se dedica a la producción de arándanos. Se ubica en una franja de poco más de 1000 hectáreas de tierra de riego de primera, muy cercana a la cabecera municipal de El Fuerte. Dicha empresa pertenece a las transnacionales “Family Tree Farms” y “Tretos & Sons Corp”, la primera con sede en Reedley y la segunda en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Agrícola de Fuerte Fe cuenta con una base de más de 13,000 trabajadores originarios, principalmente, de comunidades pertenecientes a los municipios del El Fuerte y Choix, al norte de Sinaloa, en la frontera con los Estados de Sonora y Chihuahua.

Los jornaleros agrícolas, mujeres y hombres, que en ella laboran, se encuentran en situación de vulnerabilidad absoluta, lo anterior como consecuencia de las condiciones de vida y de trabajo en las áreas de cultivo de la empresa, donde la explotación de mano de obra se caracteriza por la sobrecarga de trabajo extrema y por jornadas excesivas, así como por la falta de acceso a servicios básicos, sumado a ello la discriminación y malos tratos de los que son objeto los jornaleros por parte de la empresa.

Superexplotación e inestabilidad laboral son la regla

En los campos de cultivo los trabajadores coinciden en un periodo de tiempo que va de enero a mayo, lo que dificulta la creación de redes sociales y que, en combinación con la situación de exclusión política, condiciones de pobreza y marginación, han dado como resultado una carencia de organización que posibilite la creación de un sindicato. En adición a ello, el desconocimiento de sus derechos, la falta de regulación y la insuficiente inspección laboral de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social conduce frecuentemente a la violación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la Agrícola de Fuerte Fe.

Como muestra de esta situación basta aludir a la dinámica de contratación de los trabajadores. En estas regiones alteñas de Sinaloa, fustigados por la pobreza extrema, con escasa demanda de mano de obra, los jornaleros esperan a los contratistas, que en muchos de los casos son los dueños de los camiones de transporte (generalmente pertenecen a alguna asociación campesina como la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares o la Confederación de Trabajadores de México), en las plazas públicas, en las confluencias de caminos o en los canales de riego para negociar por día de trabajo.

Los intermediarios suelen ser habitantes de la región que gozan de prestigio o liderazgo social en la comunidad; sólo se garantiza la promoción y traslado diario de mano de obra que será puesta al servicio de la empresa extranjera, es decir, la dinámica queda totalmente al margen de la mediación de cualquier contemplación de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, quienes se supone deberían estar al tanto de las condiciones laborales de los jornaleros (el salario, la carga de trabajo, los horarios, los riesgos de trabajo, accidentes etc.).

La particularidad es que dicha intermediación genera un vacío de respaldo para los trabajadores, ya que la empresa principal o “contratante” (muy entre comillas) no se hace cargo de los aportes de seguridad social, cotizaciones de IMSS, vejez, seguro de desempleo, vacaciones, aguinaldo, prima de riesgo de trabajo, entre otros. Beneficios que por derecho les conciernen a los trabajadores y que al no ser considerados en el salario son valores que pasan directamente a enriquecer los bolsillos de los extranjeros. Estos trabajadores desempeñan actividades de siembra, cosecha, recolección y preparación de productos (empaque).

Los mediadores reciben el recurso de la empresa y les pagan a los trabajadores que reclutan semanalmente en sus cuadrillas, quedándose, obviamente, con un porcentaje. La situación de indefensión que se configura a partir de este esquema es tal que, apenas la semana pasada, es decir, en medio de la pandemia del coronavirus, poco más de cien trabajadores, entre jornaleros, choferes y cuadrilleros se quedaron esperando ‘la raya’ (el pago) de una semana: uno de estos mediadores, encargado de cinco camiones de trabajadores, se fugó con la paga de todos ellos. Estiman que el dinero supera los 150 mil pesos. No hay que confundirse: esta situación solo se puede dar gracias al esquema de explotación laboral que maneja Agrícola de Fuerte Fe.

Se trata de una situación raquítica, de total informalidad donde ni siquiera hay contrato y en la cual los males se acentúan gracias a la ausencia de salario digno y prestaciones, aunado a ello jornadas de trabajo irregulares, inseguridad e inestabilidad laboral.

Como dato extra: en el 2018 se dio un brote de tifoidea entre los trabajadores de esta empresa debido a las condiciones insalubres en que tienen que laborar, situación en la cual, obviamente, no hubo voluntad alguna de la patronal para atender la problemática.

En este año, Sinaloa de los estados con más contagio de COVID 19 y cada día son trasladados sin las medidas sanitarias suficientes más de 13000 jornaleros que laboran en Agrícola de Fuerte Fe, los cuales pertenecen a distintas comunidades del norte del Estado muchas de ellas sumamente pobres y aisladas… de ser contagiados de coronavirus, estos trabajadores tendrán que pasar el padecimiento en el más absoluto de los abandonos.

http://www.laizquierdadiario.mx/Jornaleros-del-norte-de-Sinaloa-informalidad-y-abandono-en-tiempos-de-Covid-19

“Tenemos que seguir porque, si una no busca, nadie lo va a hacer”: Guerreras Buscadoras ya no celebran 10 de mayo, desean encontrar a sus desaparecidos en Sonora

Proyecto Puente

“Pareces chiva loca, ¿cómo andas así en el monte?”, Sinthya escucha la frase salida de la boca de un hombre cualquiera y se ríe de coraje. “Pareceré lo que pareceré”, le contesta, “pero sea este mi hijo o no, nos lo llevamos completo”.

Sinthya Gutiérrez recuerda la escena donde, pala en mano, discutía con alguien frente a una osamenta humana ubicada en un cerro en Guaymas, Sonora. “Es que hasta que no estén en el dolor de una, van a comprender la realidad, lo que es este calvario que vivimos”, dice.

Ella no ha parado de buscar a Gustavo. Hace tres años que su hijo -un adolescente de entonces 15 de edad- desapareció en el mismo municipio. Ese hecho la convirtió en una de las Guerreras Buscadoras de Sonora, el primer colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas de la región, nacido en 2018.

El 10 de mayo, Día de las Madres, ya no le significa una celebración, sino una fecha de exigencia. Cada que el día llega, Sinthya sale a marchar a las calles, cargando una lona con el rostro de Gustavo, junto a sus compañeras. Pero este 2020 será distinto: la contingencia por COVID-19 las obligó a quedarse en casa y protestar digitalmente.

#CorazonesEnMarcha es la convocatoria nacional para apoyar a las madres que buscan a sus hijos: en los días previos a la festividad, las redes sociales se han llenado de fotos y videos de quienes se solidarizan con su lucha en México, el país que, de acuerdo con las últimas cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), contabiliza más de 61 mil personas desaparecidas de 2006 a 2019.

En todas las imágenes, ellas mismas y quienes han colaborado, muestran miradas serias a la cámara, usando cubrebocas pintados con la frase: “¿Dónde están?”

María Teresa Valadez Kinijara es la líder de Guerreras Buscadoras de Sonora. Es hermana de Fernando, desaparecido desde el 11 de agosto de 2015, en Empalme, Sonora, y junto a doña Rosa, madre de ambos, ha emprendido una búsqueda que no ha terminado.

“Yo soy hermana de un desaparecido, pero también soy madre y me pongo en los zapatos de mis compañeras con hijos desaparecidos y no quiero imaginarlo”, afirma, “el 10 de mayo no tenemos nada que celebrar, desde que mi hermano no está, no hemos vuelto a festejar ese día, por mi madre”.

Desde 2012, explicó Maryté, las familias que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han convocado al apoyo de la ciudadanía, porque “queremos que toda la gente sea parte de nuestra voz, de nuestra exigencia por la verdad y la justicia; que entiendan que hoy, más que nunca y ante tantos retos que implica la contingencia, el apoyo es fundamental para hacer visible la crisis de desapariciones, incluso de identificación forense que vive nuestro país”.

La pandemia por coronavirus ha sido una gran lección, aseguró, porque las familias de personas desaparecidas se dieron cuenta de cómo las autoridades han desarrollado tecnologías para contabilizar los casos de la enfermedad por municipios y estados, con una cantidad enorme de detalles, cosa que no ha pasado para los casos de desapariciones.

“Imagínate cómo sería si las autoridades implementaran esto en materia de desaparición”, exclamó, “con datos por ciudad, por estado, por colonia; seguimos con 61 mil desaparecidos, pero, si hicieran una base de datos con un cotejo de ADN a nivel nacional, ¿cuántos desaparecidos no hubiéramos encontrado ya?”

Pero la lucha sigue y, por ello, es importante apoyar a las madres de personas desaparecidas este 10 de mayo, agregó. Visibilizar sus demandas es la opción que ahora tienen.

“Nuestra intención es que la autoridad y la gente entiendan por qué nosotras insistimos y por qué esta pandemia no nos detiene”, concluyó.

Búsquedas en pausa, pero el trabajo no se detiene

Aunque la contingencia por COVID-19 ha significado una pausa en las búsquedas de desaparecidos en terrenos como el monte, los campos y los cerros, las madres, hermanas, abuelas y esposas no han parado de trabajar.

En las últimas semanas, por ejemplo, han hecho mapeos de sitios en los que trabajarán una vez que termine la contingencia y se han capacitado en numerosos encuentros virtuales con especialistas, organizaciones y otros colectivos de búsqueda, pero también lograron la localización en vida de un joven empalmense que encontraron hospitalizado en Mazatlán, para reunirlo con su familia.

“No hemos dejado de trabajar”, dijo Sinthya, “desde nuestras trincheras estamos apoyando, sacando información sobre los cuerpos que tenemos en Semefo (Servicio Médico Forense), orientamos a las familias para que vayan a poner su denuncia, se hagan su prueba de ADN y estamos ayudándoles en todo lo que podamos”.

Sin embargo, dijo, aún con la contingencia, la violencia y las desapariciones no se han detenido. Solo del 25 de abril a la fecha, aseguró, su colectivo ha registrado 15 nuevas desapariciones únicamente en la región de Guaymas y Empalme.

“Aquí se suelta la rachita”, dijo la buscadora, “y se llevan de a dos por día”. En las mismas fechas, luego de un reporte anónimo, también ubicaron una osamenta humana, aquella frente a la que discutió con el hombre que le dijo que estaba loca.

“Por eso estamos trabajando en hacer más fichas de búsqueda”, afirmó Sinthya sobre aquellas publicaciones que las buscadoras utilizan para compartir en redes sociales, con los rostros, nombres y fechas de desaparición de sus seres queridos.

Nosotras también nos vamos a manifestar digitalmente, vamos a subir unas fotos y hacer un video; tenemos las lonas y las camisetas con las fotos, hasta las de los adoptados”, explica Sinthya sobre las personas desaparecidas a las que han vuelto parte de sus propias familias.

“Hay una familia que es de Cananea y tenemos la camiseta de ellos… son un papá y su hijo, nosotras los adoptamos y nos ponemos las camisetas en cada marcha o búsqueda, esperando que nos tomen alguna foto para que se comparta más; no nada más buscamos a los nuestros, los buscamos a todos”.

Sinthya busca y no para de buscar a Gustavo. Y, en su andar, ayuda a otras madres como ella. Mientras buscan juntas, les enseña a no bajar la voz, a no quedarse calladas.

https://proyectopuente.com.mx/2020/05/09/tenemos-que-seguir-buscando-porque-si-una-no-lo-hace-nadie-lo-va-a-hacer-madres-buscadoras-ya-no-celebran-desean-encontrar-a-sus-desaparecidos-en-sonora/

La primera víctima de Rascarrabias 911, call center al servicio de Grupo Salinas


Imagen tomada de: www.proceso.com.mx

Arturo Rodríguez García / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Miriam y Pedro Alejandro platicaron el pasado 16 de marzo. Ese día ella realizaría, por primera vez, sus actividades laborales desde casa –home office–, para atender trámites relacionados con fondos de inversión, como parte de su trabajo en un banco. Pero él debía asistir al call center donde trabajaba porque necesitaba el dinero. Un mes después, el 16 de abril, Pedro Alejandro estaba muerto.

Justo al siguiente lunes de aquella plática de pareja, el 23 de marzo, Pedro Alejandro Hernández Rodríguez, de 40 años, empezó a sentirse mal. En los meses previos había padecido algunos problemas respiratorios, auditivos y una parálisis facial por estrés –hasta donde sabían–, pero en esa última fecha empezó a tener cierto escurrimiento nasal, tos y decaimiento.

Miriam insistía en que exigiera a sus jefes suspender sus actividades. Su trabajo no era una “de esas actividades de primera necesidad”, pero a Pedro Alejandro lo único que le dijo su supervisor fue que, si faltaba, se le descontaría el día y que con tres faltas sería despedido. Pedro trabajaba en Staff E&I, un call center dedicado a la cobranza de adeudos de las empresas de Grupo Salinas.

“Yo le decía que no era si quieren o gustan, que era una orden del gobierno, pero él me decía: ‘Voy a ir porque necesitamos el dinero y si no, ¿cómo le hacemos?’.”

Tenía los primeros síntomas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había declarado ya la emergencia, pero Pedro Alejandro siguió asistiendo a la calle de Rascarrabias número 911, donde se encuentra el call center.

La empresa y su dirección se han vuelto conocidas porque siguieron operando aún tras la muerte de Rodolfo Huby Cruz Juárez, un hombre de 30 años que falleció el 28 de abril por complicaciones derivadas de covid-19. Hasta ahora se desconocía que en ese mismo centro de trabajo había al menos tres casos más y que el 16 de abril Pedro Alejandro había fallecido; era otro de los trabajadores con antigüedad de tres años.

Pedro estaba convencido de que sólo necesitaba paracetamol, porque cuando habló a la Línea Covid-19, el publicitado 800 00 44 800, desestimaron su caso. Le decían que seguro era una gripa, que no era necesario acudir al hospital.

“Nosotros tampoco sabíamos qué estaba pasando. Si en la línea nos decían que no, aunque él se sentía mal, nos daba miedo ir al hospital porque qué tal si no tenía nada y ahí lo íbamos a agarrar (el coronavirus)”, recuerda Miriam Cabrera.

Los días pasaban y Pedro Alejandro seguía trabajando.

“Nos dijeron que estaba bien”

El 6 de abril Pedro Alejandro ya no pudo ir a trabajar. Llamó por quinta vez a la Línea Covid-19, sólo para que lo volvieran a desestimar. Pero la dificultad respiratoria era grave, tenía ya picos de temperatura elevada y persistentes los accesos de tos. Decidió ir a la clínica familiar, acompañado de Miriam.

En la clínica 92 del IMSS, en Azcapotzalco, Miriam no pudo pasar. Las medidas sanitarias para evitar aglomeraciones obligaron a Pedro a entrar solo, a paso lento. Tras una larga espera regresó con su esposa con papeles en mano.

El diagnóstico era vago. Le contó a su esposa que lo atendió una doctora que, después de auscultarlo, le dijo que no había nada de qué preocuparse. Le recetó ibuprofeno y paracetamol y le extendió una incapacidad para un día. Pero momentos después entró un segundo médico al consultorio, lo revisó y, al terminar, aunque insistió en que no debía preocuparse, instruyó a la doctora para que emitiera la incapacidad por una semana.

Regresaron a su casa y durante dos días intentó sobrellevar las dolencias. Pero el 9 de abril Pedro Alejandro se encerró. No quería contagiar a nadie; una llamada más a la Línea Covid-19 le volvió a recomendar no salir de casa, pero rechazando que tuviera el letal virus.

Las últimas palabras

En el domicilio familiar vivía su madre, su hijo de 14 años y Miriam. No quiso verlos hasta que el 12 de abril por la noche ya no pudo respirar, ya no pudo ni mantenerse en pie.

“Me dijo que había llamado otra vez a la Línea Covid-19, pero le dijeron lo mismo. Me dijo que eso no le importaba y que lo llevara ya al hospital.”

En familia lo arroparon cuanto pudieron. La fiebre era intensa y temían que empeorara al estar a la intemperie.

Aquella noche el matrimonio fue al Hospital 48 San Pedro Xalpa, del IMSS. Sólo él pudo entrar, Miriam debió quedarse en la reja. Una hora después Pedro Alejandro llamó para avisar que sus pertenencias se quedarían afuera y que tendría que recogerlas. En eso colgó, anunciando que ya lo iban a ingresar.

Fueron las últimas palabras que Miriam cruzó con el hombre con el que vivió 16 años, el padre de su hijo.

La tarde del 13 de abril la familia acudió al hospital para pedir informes sobre Pedro Alejandro. Sólo les dijeron que estaba grave, pero estable, que no se expusieran y que, teniendo noticias, les llamarían al celular. Pero no podían sentarse a esperar y volvieron el martes y el miércoles. Lo mismo. Nada.

Ese jueves 16 de abril, a las cuatro de la madrugada, sonó el teléfono… La llamada fue para avisarles que intentaban reanimarlo, que se fueran de inmediato al hospital. Ahí, en “Informes”, les comunicaron que no resistió y que a las cinco de la mañana había fallecido.

Precariedad laboral

Meses antes de la tragedia, Miriam y Pedro Alejandro platicaban:

–¿Cómo es posible que no te den recibos de nómina?

–Pues no me dan…

–¿Y qué voy a hacer si se necesita un trámite? ¿Qué vas a hacer tú?

–Oye, pero…

La memoria regresa porque al día siguiente del fallecimiento el supervisor de Staff E&I, su jefe directo, la llamó. Pedro Alejandro tenía como prestación un seguro de gastos funerarios. Aprovechó para pedirle un recibo de nómina porque debía cerrar trámites con el IMSS.

“Y me costó mucho trabajo que me dieran el recibo de nómina, estaba contratado por una empresa outsourcing”, dice Miriam, insomne a tres semanas del deceso.

La precariedad laboral es la constante: “Una quincena, dos… Tiro por viaje no les pagaban o les pagaban a medias o no metían horas extra, que porque un ‘error en la base de datos’ y así. No les pagaban lo que ya habían trabajado”.

Con la pandemia declarada y las medidas sanitarias ni siquiera les proporcionaban cubrebocas, guantes, lentes, algo que los protegiera. Pedro Alejandro le decía a Miriam: “Todo les vale madres, no les importan los guantes, los cubrebocas. Pedirlos es peor”.

Miriam está convencida de que ahí trabajan por amenaza, porque si faltan, pueden perder el empleo.

El 30 de abril Miriam vio la noticia sobre la muerte de Huby Cruz. Le pareció que era demasiada coincidencia que trabajara en un call center como aquel en el que laboraba su marido. Buscó en diferentes notas periodísticas y, finalmente, dio con la dirección. Era la misma: Rascarrabias 911.

Esta es la plática de la pareja en los días de fiebre incierta:

–¿Y dónde agarrarías la gripa?

–Pues ahí, en la empresa hay como otros tres igual que yo –le dijo Pedro Alejandro a Miriam.

Ese mismo día 30 habló con el supervisor de Staff E&I. Le dijo que tenían que hacer algo. El jefe respondió que verían lo que se podía hacer.

Pero no se hizo nada.

El lunes 4 el gobierno de la Ciudad de México clausuró el acceso a Rascarrabias 911. De poco sirvió. Un día después, el martes 5, los trabajadores fueron obligados a ingresar por Rascarrabias 913. Un nuevo operativo de las autoridades desalojó el inmueble después de las 13:00 horas.

Ese martes 5 Miriam alcanzó a hablar con trabajadores del call center que fueron compañeros de Pedro Alejandro. Seguían ahí, en efecto, preocupados.

https://www.proceso.com.mx/630181/la-primera-victima-de-rascarrabias-911-call-center-al-servicio-de-grupo-salinas

“Un día sin técnicos”: convocan a paro en la industria electrónica de Jalisco

Imagen: La Izquierda Diario

En medio de la pandemia por Covid-19, las empresas han aprovechado para disminuir salarios y prestaciones. La respuesta de las y los trabajadores organizados, es el llamado a paro este 15 de mayo.

Lucy González / La Izquierda Diario

Trabajadoras y trabajadores en distintas empresas de la industria electrónica en Jalisco, convocaron a un paro de labores para este 15 de mayo ante lo que consideran, un injusto recorte al salario y prestaciones para los técnicos de pruebas y diagnóstico en las empresas Sanmina y Flex.

En entrevista para La Izquierda Diario, Amapola López integrante de la Coalición de Ex trabajadoras (es) y Trabajadoras(es) de la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), declaró:

“A partir de la pandemia por Covid-19, hay empresas que se han aprovechado de las circunstancias para hacer diferentes cambios y afectaciones en los derechos y prestaciones de los trabajadores. Hace unas semanas nos avisaron que iban a quitar el fondo de ahorro durante tres meses por apoyo a la empresa durante esta crisis. Nosotros hicimos algunas denuncias y después la empresa, dijo que había habido un error y que el recorte iba a ser sólo para técnicos de diagnósticos y de pruebas, algunos ingenieros, líderes de línea y supervisores por “apoyo a los de producción que ganan menos”.

La empresa SANMINA de capital estadounidense, cuenta con varias plantas en Jalisco y tiene ingresos por más de 7 mil millones de dólares anuales. Los salarios de los técnicos de pruebas y de diagnóstico, son de 350 y 260 pesos diarios, por lo que este recorte representa más de 2 millones de pesos ahorrados para la empresa, a costa del recorte a las prestaciones de los técnicos.

“Los técnicos empezaron a denunciar con nosotros y la propuesta es que, así como la empresa no valora el trabajo y no respeta los derechos, pues que no vayan un día a trabajar para que vean la importancia de la clase trabajadora. Internamente se corrió mucho la voz, la empresa se enteró y lamentablemente empezaron a despedir personas. Hasta ahora son 5 los trabajadores despedidos”. Explico la integrante de la CETIEN

Cabe mencionar que Sanmina no paro sus actividades durante la pandemia, pese a que se trata de una industria no esencial. Muchas empresas en Jalisco siguieron su ejemplo y aunque al principio hubo descanso para trabajadoras y trabajadores con enfermedades que les hacían vulnerables, hace unas semanas comenzaron a llamarles para que se reincorporen a su actividades, con la amenaza de despido y/o recorte de salario, como es el caso de la empresa Jabil y también en Grupo Mineral, donde ya hay por lo menos 100 despidos.

La preocupación de las obreras y obreros es evidente, pues muchas son personas con diabetes o hipertensión, no tendrían como comprar sus medicamentos controlados que si llegarán a perder sus trabajos. A esto se suma propia la situación de crisis, pues ya antes de la pandemia era difícil conseguir empleo, sobre todo para aquellas y aquellos que son de edad adulta y/o tienen algún problema de salud crónico-degenerativo.

“Las empresas amenazan negando los derechos en nombre de la crisis y se aprovechan del miedo a quedarse sin empleo. Están abusando pues no es que no haya producción, siguen produciendo y están aprovechando todo lo que pueden para modificar las condiciones de trabajo, quitar salarios, prestaciones y que nuevamente la crisis la pague el trabajador. “

En Jalisco hay más de 200 empresas de la industria electrónica, que concentran a más de 100 mil trabajadores y trabajadoras. Según señalan las obreras y obreros de la CETIEN, en la pandemia quedó claro que:

“El verdadero virus es el empresario capitalista que está dejando sin nada a las y los trabajadores. Ésta es la auténtica amenaza, el virus llamado empresas trasnacionales que vienen a enriquecerse de la clase trabajadora de Jalisco. Con esta crisis han surgido despidos, bajas de salario, congelamiento de prestaciones como el fondo de ahorro, amenazas de despido, entre las más comunes. La crisis la pagan las y los obreros de la industria electrónica, y si no son los y las obreros de producción que sean los de nivel indirecto que ganan unos pesos más.” Dice uno de los volantes que circularon en las empresas con la convocatoria a paro este 15 de mayo.

Desde La Izquierda Diario, saludamos y nos solidarizamos con el Paro de Técnicos convocado para el día de hoy, así como con todas las obreras y obreros de la industria electrónica que en Jalisco, están resintiendo los efectos de la avaricia empresarial. Nos sumamos a la exigencia por el respeto a los derechos laborales y humanos de los trabajadores y abrimos nuestro medio para publicar sus denuncias, demandas y llamados a la organización obrera.

Hoy más que nunca es urgente tomar medidas contundentes, a favor de las mayorías pobres y trabajadoras y contra las empresas que ilegalmente reducen salarios, prestaciones y despiden a trabajadores por alzar la voz contra las injusticias. Esas empresas merecen ser expropiadas y puestas a producir bajo el control de sus trabajadores, para producir los ventiladores, materiales e insumos que realmente son necesarios para atender la emergencia sanitaria.

¡PORQUE NUESTRAS VIDAS, VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS!

http://www.laizquierdadiario.mx/Un-dia-sin-tecnicos-convocan-a-paro-en-la-industria-electronica-de-Jalisco

Protestan colimenses por cobro desmedido de la CFE

Foto: El Comentario

Francis Bravo / El Comentario

Colimenses protestan por cobro desmedido por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que de un bimestre a otro su factura por el servicio de energía eléctrica pasó de 493 pesos a mil 294 pesos, por lo que amenazan con hacer huelga de hambre si les suspenden el servicio.

Miguel Ángel Flores Martínez y su mamá Zenaida Martínez Sánchez se manifestaron con cartulinas con mensajes como “CFE roba” y “CFE rata”, al exterior de las oficinas de la CFE, ubicadas en la calle Torres Quintero, pues de un bimestre a otro su factura por el consumo de energía eléctrica tuvo un aumento de más de 800 pesos.

Flores Martínez mencionó que él se dedica a vender tejuino y vive en la zona centro de Colima, no en zona residencial.

“El otro recibo me llegó de 493 pesos y éste de mil 294 pesos, se me hace muy injusto esto, ahorita con lo del Covid-19 no hay casi ventas, y la verdad no tengo dinero para pagarles; en caso de que me corten el servicio, me voy a ir a huelga de hambre, porque esto es un abuso a ojos vistos”, aseguró el manifestante.

Refirió que en su vivienda no tiene artículos que generen un alto consumo en energía eléctrica, ya que cuenta solo con lo esencial.

“Yo vine aquí (a las oficinas de la CFE) y me dijeron que le hiciera como quisiera, que tenía que pagar, si no me iban a cortar la luz”, expuso.

Por su parte, la señora Zenaida Martínez, quien vive en el fraccionamiento Vista Volcanes, en Villa de Álvarez, dijo que anteriormente el recibo de luz le llegaba de 529 pesos y el más reciente fue de 941 pesos.

“Ante esta pandemia, ellos (CFE) no tienen clemencia de uno, tenemos que manifestar nuestra inconformidad”, expresó.

Finalmente, llamaron a los ciudadanos a no tener miedo y manifestar su inconformidad, ya que se han dado cuento que muchas personas están en la misma situación, en muchos casos se les triplicó o más el monto que regularmente venían pagando.

https://elcomentario.ucol.mx/protestan-colimenses-por-cobro-desmedido-de-la-cfe/

Complicado ciclo escolar (Nayarit)

En muchas partes la recepción de internet es malísima, no todos los alumnos tienen internet, celular o computadora y en las zonas serranas de plano no llega la señal

Foto: Realidades de Nayarit

Víctor Trejo Olmos / Realidades de Nayarit

Bahía de Banderas, Nayarit. Viernes 15 de mayo del 2020.- Deficiente e inexistente servicio de Internet complica la propuesta para concluir el periodo escolar 2020.

De manera contundente el mandatario Nayarita anunció a la población que no habrá regreso a clases para este ciclo escolar.

“No habrá regreso a las aulas; las clases continuarán en casa (…) no se expondrá a alumnos y docentes a una pandemia que acecha”  en ese en entendido solicitó a los, profesores la creación de una propuesta de sistema educativo a distancia, acorde a la “nueva realidad” y preparar el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Mensaje que pasó por alto las carencias tecnológicas y económicas de la población, en primera instancia porque al menos aquí en Bahía de Banderas el servicio de Internet es malo, caro y en zonas serranas de plano no existe; económicas porque pocas son las familias que cuentan para sostener el servicio y, lo peor, tienen los aparatos para recibir la información del docente o bien subirse a las conferencias para que escuchen las explicaciones de los temas.

Esta situación es parte de la realidad que en los hogares tanto maestros como padres de familia libran a diario y de la cual ignoran las autoridades o con seguridad tienen conocimiento, pero prefieren ignorar.

Así como los enfermeros son considerados unos héroes, los maestros no se quedan ni un centímetro atrás y se agregan a ese gran número de profesionistas que le entraron por adelantado a los esquemas de la nueva realidad.

Sin mediar capacitación previa explicación de por medio los maestros tuvieron que aprehender en cuestión de días el programa G-SUITE con el cual mantendrían la comunicación con sus alumnos de manera virtual.

Sobre esta herramienta maestros consultados nos comentan que el “Gobierno de México lo institucionalizó para que los maestros usen el programa como plataforma y medio de comunicación con sus alumnos, ahí suben sus evidencias de trabajo asignado y los videos explicaciones y documentos que les apoyan para la comprensión de los aprendizajes clave y contenidos. Una de sus ventajas es que queda en la plataforma todo el material del docente y las evidencias enviadas por los alumnos, su desventaja, es que no todos tienen dispositivos ni internet”.

Otros, añaden maestros, optaron por el WhatsApp pero se saturaba el dispositivo del docente sin dejar a un lado que en no todas las localidades el servicio de Internet era de calidad.

http://realidadesperiodico.com/portada/complicado-ciclo-escolar/

El Ejército, con historial de quejas e investigaciones en su contra, y ahora con aval legal para seguridad pública

Alberto Pradilla/Animal Político
15 mayo 2020

La Sedena es la institución que acumuló más quejas entre 2006 y 2019 por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

CIUDAD DE MÉXICO, 19FEBRERO2020.- Aspectos de los festejos con motivo del 107 aniversario del Ejército Mexicano en la plancha del Zócalo. Los cuáles estuvieron encabezados por un concierto de la Sonora Dinamita. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Cuartoscuro

Una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador legaliza que el Ejército haga labores de seguridad pública durante los próximos cinco años.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es, por otra parte, la institución que más quejas ha recibido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, según datos recabados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La orden que regula el rol de los militares indica que el único control al que serán sometidos es el órgano interno de cada institución, lo que ha sido criticado por las ONG, porque consideran que facilita la impunidad.

Entre 2006, año en el que Felipe Calderón dio inicio a la denominada “guerra contra las drogas”, y 2019, la CNDH registró 386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9%, señalaba a Sedena, mientras que el 30% responsabilizaba a la Secretaría de Marina (Semar).

En este periodo, la CNDH emitió 20 recomendaciones. La mayoría de ellas estaban dirigidas a Sedena (6), Fiscalía (6 también) y Semar (5).

Desde que Calderón decidió militarizar la seguridad pública y sacar a los soldados a la calle se registraron más de 7 mil detenciones de civiles cada año, realizadas tanto por elementos de la Sedena como de Semar.

A su vez, el Ejército estuvo involucrado en casi 5 mil 500 enfrentamientos armados y la Marina en casi 400.

Según datos ofrecidos por la institución en una respuesta a una solicitud de información, en 2019 fueron desplegados 62 mil 954 militares, lo que rebasa las cifras de años anteriores. Anualmente desde el inicio de la “guerra al narcotráfico”, el promedio de elementos de Sedena desplegados era de 50 mil y el de Semar de 8 mil.

Entre 2006 y 2019 la CNDH recibió 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial. De estas, doce señalaban al Ejército, seis a la Policía Federal, tres a la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía), dos a la Marina y una a la Comisión Nacional de Seguridad.

La última fecha actualizada que ofreció Sedena sobre el número de muertos y heridos en enfrentamientos es 2014. Con ese corte habría 3 mil 907 presuntos agresores muertos desde 2007 y más de 3 mil puestos a disposición ministerial.

El Ejército también encabeza la lista de sentencias condenatorias por delito de homicidio cometido por servidor público. Un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recoge 48 condenas y 18 absoluciones. De las que la institución logró obtener una versión pública digitalizada, 23 habían sido dictadas a elementos de la Sedena, 4 a la Semar y 11 a oficiales de la Policía Federal.

En relación a la tortura, la CNDH registró que casi la mitad de las 11 mil 500 quejas por torturas y trato cruel, inhumano y degradante estaban dirigidas al Ejército. Detrás de los militares, los más señalados eran Policía Federal, Fiscalía y Marina.

Estas quejas no se traducen después en investigaciones. La Fiscalía Especial para el Delito de Tortura dijo que tiene 4,655 expedientes desde 2015. De ellos solo 0.55% fue judicializado.

Nuevamente, el Ejército está a la cabeza en número de investigaciones sobre su personal, seguido de Semar, Pemex, INM, Policía Federal, Aduanas y prisiones.

Específicamente existen 1,609 investigaciones en contra de Sedena.

Desde su despliegue en junio de 2019 a diciembre de 2019, la Guardia Nacional ha sido señalada en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos, de las cuales 7 se refieren a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Por su parte, López Obrador defendió su decisión y aseguró que se trata de un mero trámite, que el despliegue del Ejército durante toda su legislatura ya estaba contemplado en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.

“Necesitamos del profesionalismo de la Marina y el Ejercito para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. “No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, afirmó.

En opinión del mandatario, las críticas a la medida vienen por “desinformación” o “mala fe”.

Desde la sociedad civil, sin embargo, se multiplican los pronunciamientos contrarios a la última decisión presidencial.

“Ni Calderón ni Peña se atrevieron a esto. Supone la entrega de la división de poderes entre lo civil y militar y la entrega de poder a los militares”, dijo José Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH. “Mintió a los votantes de que iba a ser distinto cuando criticó la politica militarizante”, dijo.

Desde el Centro Pro de Derechos Humanos, Luis Tapia consideró que la decisión presidencial puede tener un punto positivo, que es el de la seguridad jurídica, pero también puede normalizar la presencia de los soldados en las calles.

Recordó Tapia que, además de todas las quejas registradas, la CNDH tiene presentadas impugnaciones contra la Ley Nacional de Guardia Nacional, Ley Nacional Registro de Detenciones y Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.

“Están en la Suprema Corte y tienen que ser resueltas por el pleno. Hay condiciones para que esto suceda y sería un momento propicio”, afirmó.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/ejercito-quejas-investigaciones-seguridad-publica/

Reporta Salud 430 contagios en maquiladoras de Baja California; 7 de cada 10 en hospitales

Lindero Norte / Antonio Heras y Jorge Heras.

*Me contagiaron en Breg México, acusa trabajadora de maquila en parque industrial Palaco de Mexicali.

Mexicali.- Una trabajadora de la empresa maquiladora Breg México, madre de una niña de dos años, resultó contagiada de Covid 19 durante su turno laboral en la planta ubicada en el Parque Industrial Palaco, al oriente de Mexicali.

«Por su culpa salí positiva por hacernos trabajar cuando ya no debíamos, yo trabajé con una persona infectada y cuando a ella la aislaron, a mi no me dijeron nada y así me hicieron trabajar», comentó en una denuncia que presentó en la Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores (OPT).

La trabajadora de la filial de la estadunidense Breg Inc., dedicada a la manufactura y ensamble de artículos médicos, narró que el lunes le hicieron la prueba y en la tarde del martes, alrededor de las 16:10 horas, le dieron a conocer los resultados de sus análisis.

«Ahí mismo me aislaron en un cuarto chico, con una mesa como si los fuera infectar», aunque les advirtió que había trabajado ambos días con otro empleado «pero les valió y aun así me hicieron trabajar. Desgraciadamente puede infectar a alguien más. Vivo con mi esposo y mi hija de dos años» pero tampoco les importó, dijo esta mujer que espera ayuda para enfrentar su contagio de coronavirus en su centro de trabajo.

Esta mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva, es una de los 435 obreros del sector maquilador y de manufactura de productos y partes de exportación que la Secretaría de Salud de Baja California reconoce como casos atendidos de contagio.

Al menos 2 trabajadores del mismo turno matutino de la empresa Clover Wireless murieron por Covid19.

Se trata de un hombre y una mujer que laboraban en el área de ensamble, quien fallecieron en el mes de abril.

Compañeros de los empleados de la misma empresa, cuya plantilla laboral es una de las más grandes en la capital del Estado, denunciaron que al principio de la pandemia los contagios no fueron tomados en cuenta por la compañía internacional.

Desde el anonimato por temor a represalias, refieren que hubo un brote al interior que solamente se controló medianamente cuando fueron suspendidas la labores por casi una semana al no ser considerada una empresa con actividad esencial.

Este jueves, la empresa Clover donó 2 mil kits de protección sanitaria a la Secretaría de Economía de Baja California en un evento al interior de la planta, 3 semanas después de que la misma dependencia estatal autorizó su reanudación de labores.

Contagiados de Covid-19 en maquilas

Hay 430 trabajadores de maquiladoras e industrias de manufactura de exportación de Baja California que resultaron positivos de contagio de Covid 19.

De esta cifra de obreros, que a nivel gubernamental se convierte solo en estadística de casos positivos, 303 han sido hospitalizados en las principales ciudades de la entidad y 129 son pacientes ambulatorios

Los trabajadores de la maquila contagiados 272 son de Tijuana, 138 de Ensenada, 130 de Mexicali, 17 de Tecate y cuatro de Playas de Rosarito.

El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, precisó que los trabajadores que requirieron hospitalización 219 son de empresas maquiladoras de Tijuana, 72 de Mexicali, 10 de Tecate y dos de Rosarito.

El doctor Pérez Rico que hay 70 casos sospechosos de los 2 mil 328 internos del Centro de Reinserción Social de Mexicali, además que nueve empleados del Sistema Penitenciario adscrito a esa cárcel resultaron positivos de Covid 19 de un universo de 11 pruebas a personas que presentaron esa sintomatología.

A pesar de que durante los primeros días de mayo iniciaron las semanas críticas de contagio de COVID-19 en el país durante, en Baja California que ocupa el segundo lugar en defunciones y el tercero en casos positivos, cerca de 50 miles trabajadores de un centenar de industrias maquiladoras de manufactura de exportación de Tijuana y Mexicali reanudaron actividades el 3 de mayo con turnos de 12 horas de trabajo luego que la Secretaría de Salud del Estado retiró los sellos de suspensión.

La autoridad sanitaria no ha precisado el número de trabajadores de maquiladora que han fallecido por COVID-19.

https://linderonorte.com/2020/05/14/reporta-salud-430-contagios-en-maquiladoras-de-bc-7-de-cada-10-en-hospitales/

Médicos residentes de hospital del ISSSTE en Monterrey están en paro por falta de pago (Nuevo León)

Los médicos reportaron el problema desde la primera quincena de marzo, pero a la fecha sus demandas no han sido atendidas.

@AResidentes

ANIMAL POLÍTICO

Los médicos residentes del Hospital Regional ISSSTE Monterrey se encuentran en paro de labores debido a que no han recibido sus pagos desde marzo pasado.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes expresó su apoyo a los compañeros afectados y acusó que sus denuncias no han sido atendidas por las autoridades correspondientes.

A inicios de marzo, los médicos residentes del HR ISSSTE Monterrey reportaron el atraso de pagos, iniciaron una asamblea y el día 17 tuvieron una reunión con la coordinadora de enseñanza, la doctora Sandra Medina.

Según los médicos, en dicha reunión, la doctora les dijo que sus pagos se harían a más tardar el 18 de marzo, pero eso no sucedió.

Ante el incumplimiento, los médicos retomaron su asamblea y reiteraron sus exigencias.

Este miércoles, los residentes emitieron un nuevo comunicado con los nombres de los afectados así como las quincenas que se les adeuda.

El documento está dirigido a la jefa de Servicios de Enseñanza e Investigación Nacional del ISSSTE, Dylan Lucía Díaz; al jefe de Investigación Nacional del ISSSTE, Fiacro Jiménez; a la coordinadora de Enseñanza del HR ISSSTE Monterrey, Sandra Medina, y al director médico del hospital, Juan Guadalupe Garza.

En él, los médicos notifican que mantendrán su asamblea hasta que se les cumplan tres puntos:

Un oficio donde se especifique la fecha y hora del pago retroactivo, de las quincenas correspondientes y/o el pago con el adeudo total de los residentes afectados.
Asegurar los pagos puntuales de las próximas quincenas a todos los residentes de la institución.
Asegurar que no habrá represalias para los médicos residentes involucrados que solo exigen su derecho a recibir un apoyo económico.
La carta está firmada por los líderes de los médicos residentes y contiene el nombre de los 16 afectados por la falta de pago. El atraso varía en cada caso, para unos es de una quincena y para otros de cuatro.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/medicos-residentes-hospital-issste-monterrey-paro-falta-pago/

 

La vulnerabilidad de los migrantes indígenas en Nueva York durante la pandemia

Uno de cada cinco mexicanos migrantes en Estados Unidos no tiene acceso a los servicios de salud del país donde trabajan y pagan impuestos. Algunas de estas personas son quienes encontraron la muerte cifrada por un virus, quienes murieron en Nueva York

Texto: Víctor Ronquillo para el Programa de Asuntos Migratorios de Ibero CdMx; Foto: Heriberto Paredes/ PIE DE PÁGINA

En el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, los migrantes de la región de La Montaña hacen por la vida, trabajan en los servicios, la construcción, los restaurantes y los lujosos hoteles, son parte de la diversidad humana de Nueva York. Del otro lado, en el sur, en Tlapa, la pequeña ciudad conocida como la puerta de La Montaña, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan lleva el registro de los migrantes que han perdido la vida, víctimas no sólo del coronavirus sino del proceso que los hace invisibles. Se les discrimina, se les desconoce, se niega su importancia en la economía y la sociedad, se les limita a condiciones precarias de vida. A pesar de ello, los indígenas migrantes en la moderna babel de los rascacielos significan una avanzada de la sobrevivencia humana y cultural, son ejemplo de verdadera resilencia.

Abel Barrera, quien dirige el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones precursoras de la cultura de la defensa de los derechos humanos en México, conoce el significado cultural de la migración en el norte, en los barrios de Nueva York, pero también en el sur, en las comunidades indígenas de La Montaña de Guerrero.

“Resulta que a lo largo de los años –dice Abel– Nueva York ha sido la otra Montaña de los indígenas Guerrero. La Montaña de asfalto, la Montaña de los rascacielos. Ellos ven a esa ciudad como un enorme monumento a la desigualdad. Es una ciudad donde hay muchos recursos, donde hay mucho dinero, pero saben que este capital se ha logrado con el sudor, con la sangre de muchos trabajadores que han migrado a Estados Unidos, muchos de ellos indígenas de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero.

Hasta hora, según los reportes, más de un millón de personas han sufrido el contagio del coronavirus en Estados Unidos y más de 18 mil han muerto en Nueva York. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa del fallecimiento de 566 mexicanos en Estados Unidos, 448 de ellos en esta ciudad. Más allá de las cifras, de los fríos datos, hay que dejar constancia de las vidas perdidas, de cómo la emergencia sanitaria exhibe condiciones de injusticia y marginación. Según datos e la Oficina del Censo de Estados Unidos, 18 por ciento de los mexicanos migrantes no tiene acceso a los servicios de salud del país donde trabajan y pagan impuestos. Viven en el hacinamiento, trabajan en el límite de la explotación laboral, sufren la acechanza de ser deportados y separados de su familia. Algunas de estas personas son quienes encontraron la muerte cifrada por un virus, quienes murieron en Nueva York.

Juan Martínez García falleció en el Bronx, indígena Ñu Savi (Mixteco) originario de la comunidad de Lomazoyatl, municipio de Alcozauca, falleció el 6 de abril. Hasta el día 14 del mismo mes, su familia logró contactar a la funeraria encargada de cremar el cuerpo. El costo de este servicio por parte de las funerarias de Nueva York va de los tres mil a los cinco mil dólares.

De Amelia Méndez Vivar poco se sabe, murió el 11 de abril, nació en la comunidad de Alpoyeca. Había migrado a Nueva York hace varios años.

A Armando Aldama Alvarado, sus amigos lo llamaban Yamil. Murió en Queens el 27 de marzo. Nació en Tlapa y como muchos otros jóvenes, en cuanto pudo se fue para el norte.

En Tlachinollan llevan el registro de 15 personas fallecidas por Coronavirus en Nueva York. Un registro que semana a semana aumenta con malas noticias.

La semilla de la migración
En La Montaña el migrar es recurso de sobrevivencia. La única ruta posible para que el futuro no sea de carencias y hambre va hacia el norte.

Abel Barrera describe las condiciones en las que se sigue sembrando maíz en La Montaña, en las faldas de los cerros, con el arduo trabajo de la familia entera, con la magra cosecha que no da para vivir. Resulta paradójico que frente a esta realidad la región posea aún ricos recursos naturales.

“La Montaña no se entiende sin la población migrante, es una región rica en términos de lo que son los bienes naturales, aquí está el reservorio del agua que corre por los grandes ríos de Guerrero, aquí queda también el reservorio de los bosques que fueron devastados hace años. También hay minerales que han querido privatizar, despojando a los pueblos de esta riqueza. Los pueblos han tenido la fuerza suficiente para defender su territorio. Desgraciadamente, si hablamos de la productividad esta siempre ha sido muy baja. Hay déficit alimentario en La Montaña. La gente siembra en las faldas de los cerros y ahí no entra la yunta, se siembra con el bastón tradicional y mucho esfuerzo”.

Si hay suerte la cosecha llega ser de 400 kilos, lo que no alcanza para vivir. Los gastos de una familia se multiplican, apremian y el dinero no es suficiente.

“Esa precaria situación es lo que ha hecho que la gente tenga que buscar fuera de la región una manera de vivir. Como lo que se sabe hacer, donde se tuene más experiencia, es en el trabajo en el campo, los primeros migrantes fueron a buscar trabajo en el campo, pero fuera del estado, en Morelos, en los cañaverales. También se fueron a la sierra de Guerrero y haya entraron en contacto con gente que sembraba mariguana, amapola, en fin, pues tuvieron que ir buscándose la vida, hasta que ya en la década de los años ochenta los jóvenes empezaron a arriesgarse a cruzar la frontera”.

Johnny Ortega tenía 24 años al morir. Falleció en el Hospital Metropolitano de Manhattan. Su familia es Ñu Savi (mixteca) y vive en la comunidad de San José Lagunas, municipio de Alcozauca. Murió el tres de abril.

Alfonso Gil Ramón, vivió muchos años en Queens Nueva York. Murió en su departamento, fue trasladado al Hospital Elmhurst. Después de varios días la funeraria Gerad Lion F.D. recogió el cuerpo y se hizo cargo de su cremación. El costo del servicio, pagado por la familia fue de 2 mil dólares. Alfonso nació en Xochihuehuetlán, al morir tenía 56 años de edad.

Los factores que determinan la vulnerabilidad de los migrantes indígenas en Nueva York están relacionados con su condición, sus ingresos en muchos casos son menores por su condición migratoria. El hacinamiento en el que viven, su reticencia por temor a ser deportados a acercarse a los servicios de salud. La persistencia de la discriminación de que son víctimas.

Genaro murió en Manhattan, después de varios intentos logró cruzar la frontera por el desierto de Arizona. Fue a principio de los años 90, cuando la aventura de migrar no ofrecía tantos retos. Su historia, narrada por Abel Barrera, quien lo conoció, es la de muchos migrantes que se fueron al norte y pudieron llegar a Nueva York, donde encontraron trabajo y se forjaron un destino.

“Genaro era chofer del Instituto Nacional Indigenista, como todo trabajador tenía dificultades económicas, su esposa era de Ixcateopan. Aquí en los años 80 y principios de los 90 se dio mucha oportunidad de migrar, con esos personajes que llamamos coyotes. En ese tiempo cobraban 30, 40 mil pesos, ahora cobran en dólares. Pidió su liquidación y se fue. Lo detuvo la migra, lo regresaron. Lo intentó de nuevo por Nogales. Cuentan que es un camino difícil, ocho horas caminando por el desierto de noche. Esa es la prueba máxima, si vences al desierto vas a poder vencer todos los obstáculos y llegar a Nueva York. Genero lo logró. En Phoenix lo metieron en la cajuela de un auto y después de varias horas de viaje por fin llegaron a Nueva York. Se fue a vivir con algunos paisanos, dos semanas después le consiguieron trabajo en un restaurante, donde empezó como lavaplatos, con el tiempo pudo ahorrar y pudo pagar para que su esposa se fuera también a Nueva York. Vivian en Queens donde vive una colonia grande de paisanos de La Cañada”.

Cuando el sueño americano se hace realidad
A la ciudad de Tlapa los migrantes, quienes vivieron por allá lejos y lograron regresar con éxito la llaman Tlapayork. Para ellos el sueño americano se hizo realidad. Lograron construir una casa, comprar la camioneta a la que le sacan provecho con placas de transporte público. Pusieron la “tiendita” en el caserío donde prefieren vivir, en lo alto de los cerros, con los suyos.

Cuando estaban en Nueva York, donde vivieron en minúsculos departamentos con otros paisanos, donde trabajaron sin descanso en dobles turnos para ahorrar lo más posible y no fallar con el envío de dólares para la familia, siempre añoraron su tierra. Sabían quiénes eran y de dónde venían, cuando viajaban confundidos en la multitud del Metro o cuando cumplían con la jornada laboral del reparto de pizas o de la limpieza en el hospital. Venían de La Montaña y allá los esperaban.

Abel Barrera habla de lo que significa para las familias de las apartadas comunidades indígenas el que un hijo o una hija trabaje en Nueva York.

“Ellos y ellas, porque también son mujeres quienes migran, son un baluarte para la economía familiar. Son los que permiten que los pequeños hermanos puedan ir a la escuela, son los que ayudan a sostener a la familia, para que el papá que todavía tiene fuerzas pueda seguir sembrando en el tlacolol y nunca perder el sabor del maíz que sale de la tierra. También son quienes envían el dinero para cubrir los gastos de la medicina cuando hay enfermedades. Las remesas vienen a ser como la tabla de salvación para la población indígena, para los pobres de La Montaña”.

Hoy el empleo para los migrantes es escaso, muchos restaurantes y hoteles permanecerán cerrados en Nueva York por un tiempo. Los servicios como el trabajo de limpieza en oficinas y hogares se encuentran en suspenso, suspendidos por efecto del confinamiento sufrido por cientos de miles de personas. La crisis económica que se vive ya en Estados Unidos recae fuertemente sobre los sectores más desfavorecidos, como los migrantes. La estimación realizada por el centro Dialogo Interamericano es que las remesas enviadas a Latinoamérica sufran en los próximos meses una caída de dos mil millones de dólares.

Victorino Narciso Gervasio, murió el primero de abril en el hospital Health Bellevue al este de Manhattan, nació en Ixcuinatoyac. Fue una persona de origen Na´savi.

Eusebio Espinosa Castro, murió el 9 de abril en el Bronx. Nació en Laguna Seca, municipio de Acatepec, de origen M´ ephaa.

Los migrantes de La Montaña llevan la tierra en su sangre, reconocen su origen y siguen formando parte de sus comunidades. No están solos en la gran urbe.

“Los paisanos se reúnen los domingos para jugar fútbol, para chelear –relata Barrera– para celebrar la fiesta del santo patrón, para hacer también bailes porque tienen sus grupos musicales. Aquí tocaban antes y ahora ya están tocando en Nueva York. Transportan todos los elementos de la identidad cultural y religiosa. Gracias a esto pueden mantenerse con el orgullo de ser hijos e hijas de una tierra que es muy generosa pero que lamentablemente no ha podido sostener una economía que les pudiera ayudar a tener una vida digna en La Montaña. Comparten con los suyos de aquí y de allá, sueños y recuerdos, no olvidan el esfuerzo que significó cruzar el Río Bravo. Sienten el orgullo de poder mandar 300 dólares al mes a la familia para que haya algo que comer. Ahora, también comparten la pesadilla de estar encerrados en un cuarto porque no hay trabajo, porque no hay dinero y porque está por ahí rondando la muerte”.

No hace mucho, la vida sonreía a muchos de los migrantes de La Montaña avecindados en Nueva York. En ese entonces, que se recuerda lo mismo aquí que allá, la fiesta patronal era importante para todos. El gran momento de la celebración, donde todos se reúnen. En esa fiesta los paisanos de Nueva York comparten lo que pueden, con frecuencia se hacen cargo de lo que anima a la convivencia, al baile.

“Cuando llegan las fiestas patronales, los mismos migrantes que están allá se reúnen y dicen vamos a mandar algún apoyo. Algunos mandan apoyos para pagar el grupo musical que cuesta unos cien mil pesos Esa es la mayor alegría que puede haber en las comunidades de La Montaña, el que los hijos que están allá y que les dicen todo el sudor de nuestra frente va servir para que haya alegría en el pueblo, para que haya fiesta, para que haya cuetes, para que haya música, para que haya cerveza, para que no sea tan pesada esta vida”.

De Manuel Escobar Benicio sólo se sabe que murió en Nueva York el 9 de abril, era de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca,

Juan Marínez García, murió el 6 de abril en un hospital del Bronx donde vivía. De origen Na ´Savi nació en Lomazoyatl, municipio de Alcozauca.

Época de duelo en La Montaña
Hacia el 23 de abril se registró un brote de 14 casos de coronavirus en cuatro municipios de la región de La Montaña. Lo que se sabe es que ya sin trabajo, sin opciones de vida, quizá enferma, una mujer no identificada regresó de Nueva York a Huamuxtitlán. Murió a principios del mes de abril. En ese mismo poblado se han registrado otros cuatro casos de contagio. En Xochihuehuetlán, comunidad vecina hay otros cinco casos. En Xalpatlahuac, comunidad nahua se reporta el fallecimiento de una persona presumiblemente por covid.

Muchos de los migrantes de La Montaña regresan hoy a sus pueblos, es inevitable, regresan los mismo de Estados Unidos o del norte de México a donde fueron a trabajar. Los municipios en los que se ha dado este brote de coronavirus se ubican en la región de La Cañada, en la ruta de los migrantes que se inicia en Tlapa y corre por Puebla, Morelos y la ciudad de México rumbo al norte.

Las malas noticias siempre van rápido y ahora corren de prisa por Facebook, dice Abel Barrera. El dolor por la perdida de los migrantes en Nueva York se extiende por las comunidades.

“Ahora que se ha generado esta situación adversa de perder a los hijos, a los esposos, a las hijas, está doliendo mucho, sobre todo ahora con el Facebook dicen es que murió Jenaro, Ángel, Amelia, en fin. En el imaginario colectivo hay dolor, un verdadero duelo. Porque sabemos lo que significa perder a alguien que vive allá, primero por la pérdida de la vida, segundo el no poder verlo más, el no poder llorar a su lado cando lo entierran como acostumbran acá. El saber que será incinerado con todas esas creencias, pesa mucho. En las comunidades está pesando porque saben que es un miembro más, no solamente de una familia, sino de la comunidad por ese sentido comunitario. Es decir, el migrante como figura colectiva que apoya a la comunidad, como decir gracias a ellos hemos podido realizar algunas obras, algunas fiestas. Entonces cuando alguien muere en alguna comunidad se reza por ellos, se pide por ellos. En las comunidades han tomado medidas de autocuidado. Dicen tenemos que cuidarnos nosotros para evitar que se vaya a repetir lo que está pasando en Nueva York”.

Las condiciones de vida en La Montaña son precarias, los servicios de salud limitados. Lo más grave es la pobreza. Palabras de uso médico se han vuelto frecuentes en el léxico de todos nosotros, palabras como comorbilidad. Un par de preguntas para cerrar la entrevista telefónica con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan: ¿es la pobreza un factor determinante para la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el coronaviris, ¿es la desnutrición un factor de comorbilidad en la región de La Montaña para quienes sufran de su posible contagio?

“Es una realidad que padecen sobre todo poblaciones vulnerables como indígenas, afros, poblaciones que viven en las periferias. Lo del coronavirus preocupa por ser un nuevo virus que llegó para quedarse y ahora se incorpora a los riesgos y amenazas que enfrenta la población indígena. El problema de la diabetes ha crecido mucho, sigue existiendo la desnutrición. Es una situación que habla de la desatención de un sistema de salud que ha excluido a las comunidades indígenas. Ahora vemos las consecuencias de esta exclusión, se trata de un sistema de salud obsoleto, desmantelado. Aquí más bien es apostarle a lo que la gente le ha apostado en Nueva York, al autocuidado. Los Pueblos indígenas saben que su vida no es prioritaria. La pobreza sigue siendo lo que marca la vida de esta población, se sabe en las comunidades que si llega a haber un contagio puede darse una situación extrema, el escenario se puede complicar, porque no hay forma de contener una ola que puede envolvernos a todos”.

https://piedepagina.mx/la-vulnerabilidad-de-los-migrantes-indigenas-en-nueva-york-durante-la-pandemia/

Denuncian boletineo de personal en maquiladoras de Nuevo Laredo

Mario Portillo/Hoy T.am
14 mayo 2020

Nuevo Laredo, Tamaulipas. – El subsecretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Infraestructura, Héctor de la Cruz Núñez, denunció acoso a los trabajadores despedidos de Modine.

Comentó que las personas han batallado para encontrar trabajo, ya que aseguró, las empresas los tienen boletinados, un acto que según la Ley Federal del Trabajo es ilegal.

“Vamos a tomar acciones legales en el cual comenzamos a ver el acto de discriminación que se empieza a ver de parte de las diferentes empresas donde están siendo boletinadas y no están consiguiendo trabajo las primeras personas que fueron boletinadas”, dijo.

Aseguró que la empresa está tomando represalia en contra de los miembros que no acceden a ser despedidos bajo sus términos, esto en contubernio con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Maquiladoras de la CTM.

“Sabemos que toman represalias, aunado al compadrazgo del secretario general de Maquiladoras nos toman como delincuentes, no les permiten sacar su teléfono, hablarle a un familiar a que vaya por ellos”, indicó Héctor de la Cruz.

Comentó que se buscará hacer un llamado nuevamente a las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo para que vigilen como lo hicieron cuando las empresas estaban enviando a sus trabajadores a descansar con un porcentaje menor al que correspondía por ley.

https://www.hoytamaulipas.net/notas/419313/Denuncian-boletineo-de-personal-en-maquiladoras-de-Nuevo-Laredo.html

Trabajadores de maquiladoras Aptiv piden sueldo completo en Ciudad Victoria

Everardo Eguía/Hoy T.am
14 mayo 2020

Los trabajadores de las maquiladoras Aptiv Victoria I y II, se encuentran recibiendo tan solo la mitad de su sueldo, situación que impera en cinco mil de los 10 mil trabajadores.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La líder del Sindicato de Maquiladoras de Ciudad Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez, detalló que los trabajadores de las maquiladoras Aptiv Victoria I y II, se encuentran recibiendo tan solo la mitad de su sueldo, situación que impera en cinco mil de los 10 mil trabajadores.

Manifestó que los trabajadores apenas y reciben un sueldo de 600 pesos por semana, monto que no les alcanza para nada.

Dijo que lo que buscan es que se restablezca el sueldo al 100 por ciento y para ello necesitan del apoyo del Gobierno Estatal, para poder sobrevivir a la cuarentena.

“Estoy haciendo una demanda para que se les pague el 100 por ciento a los trabajadores”, dijo Dolores Zúñiga.

Detalló que, aunque en estos momentos la Junta de Conciliación y Arbitraje se encuentra cerrada, por lo que su abogado está trabajando y contactando con autoridades de ese órgano gubernamental para pelear por este tema, que es el pago total para los trabajadores.

“Ya mi abogado está haciendo todos los trámites para poder pelear el 100 por ciento de lo que se les paga a los trabajadores”, comentó.

Expuso que, desde hace un mes y medio, el personal está en esta situación, descansando en casa, pero batallando monetariamente debido al recorte al que fueron sujetos.

https://www.hoytamaulipas.net/notas/419234/Trabajadores-de-maquiladoras-Aptiv-piden-sueldo-completo-en-Ciudad-Victoria-.html

“¿YA TE LAVASTE LAS MANOS?”: ACCESO AL AGUA EN TIEMPOS DE COVID-19, UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL NEGADO PARA MUCHOS

COLECTIVO GRIETA, 14 de mayo de 2020

“Imagínate, ahorita lo importante para combatir este virus es el agua. El secretario de salud maneja que hay que estarse lavando las manos constantemente, pero pues no te las puedes lavar porque no hay agua. El gel está bien, nosotros tomamos el protocolo antes, teníamos el gel en la bodega pero tú sabes que no es suficiente”. Ernesto, comerciante de la Central de Abastos

Ciudad de México.- En tiempos de COVID-19, la histórica demanda de acceso al agua de amplios sectores de la población del país  visibiliza la escasez  cotidiana que padecen millones de mexicanos. Al mismo tiempo la lucha por este derecho humano adquiere mayor relevancia sobre todo porque disponer del vital líquido resulta esencial a la hora de prevenir el contagio del nuevo virus. Como siempre sucede en el capitalismo, son los sectores populares a los que les toca enfrentar la adversidad en condiciones de inequidad, lo que los exponen a enormes dificultades para preservar su salud y, consecuentemente, a un mayor peligro de infectarse.

Como resultado de las políticas públicas de privatización y despojo, de la inequitativa administración del agua -iniciadas en los años 90 en nuestro país y que han sido seguidas por los distintos gobiernos hasta la fecha-, a conflictos añejos irresueltos, realización de megaproyectos, contaminación de fuentes hídricas, aunado a la sequía que viene afectando distintas regiones del país, rezagos en la sustitución de redes, falta de reparación de fugas, sobreexplotación de mantos acuíferos y desaprovechamiento del agua pluvial, comunidades, barrios y colonias ubicados en la capital y en distintos estados del país ven limitadas sus posibilidades de prevención en medio de la actual crisis sanitaria. Como han documentado distintos medios nacionales e internacionales, en México alrededor de ocho millones de personas no disponen de agua diariamente y la reciben de manera tandeada, mientras que, aparte -según la Comisión Nacional del Agua-, al menos 2 millones de hogares (10.5 millonesde personas) no cuentan con agua potable y sólo pueden abastecerse recurriendo a arroyos, ríos y lagunas. En este mismo sentido y de acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), se estima que, en promedio, un tercio de las casas registradas en el país no recibe agua todos los días. Entre estos hogares sin acceso cotidiano a un recurso, que en estos momentos permite en gran parte garantizar la salud de la población, 25% obtiene el líquido cada tercer día, una o dos veces por semana o de vez en cuando. El 7% es aún menos afortunado y no reciben ni una gota en su hogar, por lo que tienen que buscarlo a través de llaves públicas, pozos, fuentes hídricas naturales o pipas.
Lo anterior en parte es resultado al fenómeno del acaparamiento del agua que se remonta a 1992, fecha en la que en nuestro país comenzó a operar un sistema de concesiones por el cual la Comisión Nacional del Agua -de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales- inició la entrega de permisos a particulares para contar con pozos o aprovechar las aguas superficiales. Lo anterior ha traído como consecuencia que los causes de agua que abastecían a comunidades enteras se vieran mermados o, de plano, secado mientras que empresas (mineras, refresqueras y embotelladoras de agua y cerveza, inmobiliarias, parques industriales, agroindustrias, etc.), políticos y caciques locales han acaparado en sus terrenos parte significativa de los entre “400.000 y 500.000” permisos que hasta ahora se calcula han sido otorgados.
Por otro lado, políticas privatizadoras del agua se han venido aplicando desde principios de los años 90 en ciudades como Aguascalientes, Saltillo y, de manera más reciente, en Puebla, donde su distribución y administración ha pasado a manos de empresas extrajeras.

La compleja problemática del acceso al gua en nuestro país ha hecho que, en plena pandemia de Covid-19, habitantes de diversas localidades a lo largo y ancho del país hayan salido a manifestarse para exigir la provisión del líquido y el cumplimiento de un derecho humano básico: el acceso al agua potable, suficiente, accesible y asequible.

Aguascalientes
En la capital del estado el 24 de abril una movilización vecinal exigió que se restablezca el servicio de agua potable a diversas colonias de la capital.
Chihuahua
Mientras el agua en el estado se ha convertido un un bien privado controlado crecientemente por grandes propietarios agroexportadores, en la Sierra Tarahumara, se han confirmado los primeros casos de Covid 19 y los pueblos han dicho que no tiene agua potable para enfrentar la pandemia debido a la omisión del gobierno. En las zonas marginadas de la capital la situación no es mejor y el agua disponible es insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas.
Ciudad de México
Los habitantes de las zonas pobres de la populosa capital mexicana han padecido la escasez y mala administración del recurso. Según diversos estudios consultados por un medio nacional,  “mientras en las zonas residenciales la dotación diaria es de 567 litros, en las zonas populares, que abarcan el 76.5 por ciento de la población, apenas es de 124 litros diarios y en algunas partes no llegan a tener agua en largos periodos de tiempo”.
Vecinos organizados en el Comité en Defensa del Agua del Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía de Coyoacán, se han manifestado por el desabasto de agua desde hace 5 años. Desde esa fecha y hasta el día de hoy han denunciado la falta constante de agua al sistema de aguas de la Ciudad de México sin ser resuelta esta demanda; sin embargo, si se han hecho dos nuevos pozos para desarrollos inmobiliarios recientes en la zona. Señalan que han tenido que dejar sus actividades laborales, domésticas y de descanso nocturno para llenar sus depósitos de agua cuando llega el agua en la madrugada, tarea que se ha intensificado debido a la necesidad de tener agua disponible para mantener las condiciones mínimas de sanidad debido a la pandemia. 
La comunidad Otomí que vive en campamentos en la alcaldía Cuauhtémoc debido al sismo del 2017, no cuenta con agua potable. Antes se abastecían para suplir sus necesidades básicas de una fuente cercana, pero los vecinos pidieron cerrarla. Actualmente esta comunidad no cuenta con agua suficiente para hacer frente a esta pandemia.
El 20 de abril vecinos de la alcaldía Iztapalapa –la demarcación más afectada a nivel nacional por contagios de COVID-19 y la cual sólo es dotada de cuatro mil litros por segundo cuando requiere seis mil litros diarios por segundo para poder llevar agua a todos los hogares- bloquearon una avenida principal en demanda de agua. Ellos son de la colonia Paraje Buenavista donde viven 15 mil personas y llevan 3 meses sin agua y teniendo que pagar mas de 800 pesos por una pipa. La escasez se extiende a las colonias aledañas estimando que unos 30 mil vecinos pueden estar siendo afectados.
En la alcaldía de Tlahuac, la escasez de agua potable está ocasionando el secuestro de pipas y riñas entre colonos, en las colonias La Estación y Zapotitla llevan por lo menos 8 años luchando por tener acceso al agua de la red de agua potable.
De igual forma, varias colonias de por lo menos cinco alcaldías no cuentan o tienen escasez de este vital líquido: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza.  De entre estos Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco figuran en el primero, segundo, noveno y décimo séptimo lugares de los municipios con más contagios en nuestro país. 
Coahuila
En un estado donde la privatización del agua ha estado encabezado por la trasnacional Aguas de Barcelona (SIMAS), vecinos de varias colonias ubicadas  en el oriente de Torreón (Villas Universidad, Rancho Alegre, Sol de Oriente, etc.), desesperados por la falta del líquido en medio de la pandemia exigen a la empresa privada SIMAS RURAL garantizar el abasto y una mayor presión del líquido y, ante la llegada de la época del calor, advierten que la situación “se pondrá peor”.
Estado de México
 En el Estado de México la situación no es diferente y miles de familias que habitan los fraccionamientos Misiones y Villa Toscana, ubicados frente al Parque Industrial Toluca 2000, denunciaron la mala calidad del agua que llega a sus casas, pues la que reciben  es de color café y de una muestra analizada se encontraron: coliformes totales, cloro residual, así como fierro y manganeso, todos fuera de los límites permitidos.
Sin informar las causas y en plena contingencia sanitaria, la  Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de Mexico (OCAVM) redujeron parcialmente el suministro de agua en Ecatepec -donde se han registrado brotes importantes de Covid-19– incluso dejó sin agua potable a colonias que históricamente han padecido la falta de agua, muchas de ellas ubicadas entre el Río de los Remedios y el Canal de la Draga, afectando a más de 600 mil habitantes. El recorte también afectó a colonias localizadas en las partes altas del municipio, como Izcalli Ecatepec, La Joya, Tierra Blanca y Cerro Gordo, además de comunidades de gran tamaño como Ciudad Cuauhtémoc y San Carlos, entre otras. En el mismo municipio, habitantes han denunciado que los camiones cisterna entregan agua sólo una vez cada ocho días, por lo que tienen que reutilizar el agua con la que se bañan para el sanitario y regar plantas. Esto provoca que durante la semana tengan poco agua o nada.
Desesperados por 30 días seguidos sin agua y por el nulo caso que las autoridades han hecho a su situación, vecinos de Ecatepec han abandonado el confinamiento recomendado y han acudido a Palacio Nacional a exigir les sea reinstalado el suministro de agua potable a través de la red hidráulica.
Guanajuato
En Guanajuato, desde inicios de 2020 se han registrado protestas en Celaya por el cobro excesivo y la falta de servicio de agua. Hasta el 13 de abril, el conflicto entre los habitantes de Celaya y la Junta Municipal de Agua no se había resuelto y se amenazaba con realizar más cortes de agua a quienes sí les llega pero tienen adeudos, todo mientras la pandemia de la COVID-19 se extiende en el Estado y el agua se hace aún más indispensable para poder realizar las medidas sanitarias más básicas.
Guerrero
La falta de agua y el abandono por parte de las autoridades locales y federales afecta diversas zonas de la entidad, donde  las comunidades mayoritariamente indígenas, en una de las zonas más pobres del país, han sido golpeadas duramente por la pandemia. Aquí  el elemental mandato de lavarse las manos es imposible de cumplir, pues “el agua corriente no llega a los domicilios”. Pero no sólo las comunidades rurales padecen el estrés hídrico, las ciudades también lo viven. En Chilpancingo, capital estatal, se cuenta solamente con el 40% del agua que necesitan sus casi 190 mil habitantes y en 200 de sus 650 colonias no hay red de agua potable, por lo que se calcula que 63 mil de sus habitantes no cuentan con agua potable. Además,  en muchas colonias donde existe tubería el agua no llega regularmente por lo que en la práctica es imposible garantizar el aseo suficiente.
Michoacán
En el caso de Michoacán, al menos 6 colonias de Pátzcuaro, ciudad situada a orillas del lago del mismo nombre, han reportado que no les llega agua potable. La escasez viene de tiempo atrás, pues al menos desde hace 12 meses han denunciado la falta del líquido. En esta situación, los colonos han explicado que no están en condiciones de enfrentar la pandemia de la enfermedad COVID-19. Pero la escasez de agua ocurre también en comunidades relativamente cercanas a la capital del Estado. Así, en la comunidad de Cuanajillo del Toro, donde desde 2011 se ha denunciado que los pobladores carecen de agua potable, la población enfrenta la pandemia de COVID-19 dependiendo de una pipa de agua que llega cada semana, ese es el líquido con el que cuentan para poder atender todas sus necesidades, lo cual los deja en una situación precaria frente a la enfermedad.
Morelos
En Morelos, hay lugares, como la colona Tres e Mayo en Emiliano Zapata, donde llevan un mes sin agua, mientras las autoridades no hacen nada por subsanar la situación. Los vecinos se quejan de que el presidente municipal sólo se preocupa de las colonias aledañas; y ya se han manifestado públicamente en  las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, pues al inicio de la fase tres de la contingencia no contaban con las mínimas condiciones de higiene. La situación es similar en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla, donde los vecinos salieron a manifestarse para exigir agua.
Oaxaca
En la región Mixe, desde junio de 2017 el pueblo de Ayutla enfrenta el despojo de su manantial por parte de un grupo armado proveniente de Tamazulapam del Espíritu Santo ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales. Desde hace casi tres años y ahora, en plena emergencia sanitaria, los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla hacen esfuerzos por surtirse del líquido a través de pequeños arroyos y recolectando aguas pluviales, lo que ha generado enfermedades entre sus  habitantes. Casos de afecciones gastrointestinales y hepatitis se han registrado incluso entre niños de la comunidad y en el contexto de la propagación de la COVID-19 no tienen las condiciones para preservar la salud de sus alrededor de cinco mil habitantes.
Querétaro
Los recortes de agua también afectan a Querétaro, vecinos del fraccionamiento La Pradera, en el municipio de El Marqués, mantienen una lucha por la salida de la empresa concesionaria Aquaa debido a que esta empresa cobra altas tarifas y muchas condiciones por brindar el servicio. Han denunciado que el servicio de agua lo activan después de las 9 de la mañana poniendo en riesgo el servicio hospitalario que brinda el IMSS que se encuentra  en el perímetro de La Pradera. Esta concesionaria ha realizado cortes de agua en la calle de Gacela de esta colonia dejando sin suministros a 50 viviendas. Otro caso denunciado es el de la calle Privada 4 de la misma colonia donde cortaron el agua afectando a 120 viviendas con aproximadamente 440 habitantes.
San Luis Potosí
San Luis Potosí se encuentra en los últimos lugares de accesibilidad al agua potable en el país, así como en los primeros de altas tarifas para el acceso al vital líquido. Interapas, organismo encargado de la gestión y administración del recurso hidráulico, ha hecho de éste un negocio muy lucrativo a costa del bienestar social. Desde hace años la falta del líquido ha indignado y generado diversas movilizaciones por parte de la población potosina en contra de Interapas. En el contexto de la contingencia sanitaria, vecinos de 12 colonias de la capital realizaron una manifestación el 6 de abril después de que el agua dejara de llegar a sus hogares. Por su parte, la Unidad de Litigio Estratégico de Renace San Luis Potosí presentó un amparo indirecto para que se le proporcione agua potable a una vecina de la colonia Terremoto, para así poder cumplir con las medidas sanitarias frente a la pandemia. Se espera que esta medida pueda visibilizar la carencia de agua de muchas colonias de San Luis Potosí para así tomar las medidas necesarias para suministrarles el líquido del que carecen desde hace años.

¿Cifras maquilladas? En Oaxaca, personal médico solo certifica 19 muertes por Covid-19

Página 3 / Paulina Ríos Olivera.

*Solo 19 actas de defunción tienen como causa de muerte la enfermedad del coronavirus; personal médico anota neumonías atípicas u otros padecimientos en los certificados médicos de fallecimiento. | *Ocultar la causa puede generar violación a derechos humanos: Abogado.

En Oaxaca, el número de muertes por COVID-19 no coincide entre las cifras que maneja la Dirección del Registro Civil con las de los Servicios de Salud, lo que podría generar desde violaciones a derechos humanos, hasta fomentar focos de infección.

De acuerdo con la institución obligada a dar certeza jurídica para un pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, del 23 de marzo al 8 de mayo de este año se extendieron solo 19 certificados de defunción por COVID-19.

En el mismo periodo, los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que en la entidad se tenían registradas 38 defunciones por el nuevo coronavirus, que ha provocado la crisis sanitaria mundial.

La Oficialía del Registro Civil manifestó que esta institución actúa de buena fe y no puede cuestionar el dictamen que realiza el personal médico a la hora de emitir el certificado médico de la muerte.

Expuso que las o los oficiales del Registro Civil tienen la obligación de expedir los certificados de defunción con los datos “tal cual vienen” en el certificado médico.

No coinciden los datos porque seguramente el médico al expedir el certificado escribió: complicaciones por diabetes, neumonía atípica, hipertensión elevada, pero no COVID-19, señaló la dependencia.

Violaciones y responsabilidades

Las personas que padecen esas enfermedades están en mayor riesgo de morir si se infectan con el SARS-CoV-2 y llegan a morir, y el certificado de defunción debería ser por COVID-19.

Si no se especifica que fue por COVID-19, las autoridades estarían cometiendo violaciones a derechos humanos, caerían en responsabilidades y hasta impulsarían focos de infección.

Así lo señaló el abogado y especialista en Derechos Humanos, Geovany Vásquez Sagrero en entrevista con pagina3.mx.

Explicó que en esa situación hay un riesgo de ocultación de datos que conlleva a graves consecuencias.

Si el certificado médico y el acta de defunción no especifica que la persona murió por COVID-19, la familia puede alegar que no existe riesgo y realizar un velorio, siendo esto un foco fuerte de contagio y las autoridades serían las responsables.

Eso es contrario a lo que indica el protocolo a fallecidos por COVID-19, donde la inhumación es inmediata y sin funerales. Podrían hasta solicitar un amparo, señala.

Los mismos de Servicios de Salud de Oaxaca y el personal médico que brinda servicios privados estarían siendo deshonestos, apuntó el profesional del Derecho.

Por otra parte, si no se registra como muerte por COVID-19, se estaría dando además un ocultamiento de información lo que genera violación al derecho de la ciudadanía de ser informada y tome medidas preventivas.

Dijo que otra consecuencia de no asentar la muerte por COVID-19 en el certificado médico y por ende en el acta de defunción, es que el estado carecerá de cifras oficiales reales sobre esta crisis sanitaria.

Por último, consideró que esa situación pone en evidencia la descoordinación que existe en los Servicios de Salud de Oaxaca porque no hay un criterio único para realizar el certificado médico de defunción.

“Es una cosa grave sobre todo en esta pandemia”, concluyó.

En tanto, los Servicios de Salud de Oaxaca no pudieron dar una entrevista al respecto, pero aseguraron que sí hay un protocolo para la realización de los certificados médicos para pacientes que fallecen por Covid-19, pero sin mostrarlo.

https://pagina3.mx/2020/05/cifras-maquilladas-en-oaxaca-personal-medico-solo-certifica-19-muertes-por-covid-19/

CNDH pide suspender de manera urgente obras del Tren Maya

Lilia Balam / Informe Fracto

El organismo emitió medidas cautelares al FONATUR para detener las actividades no esenciales relacionadas con el proyecto ferroviario, pues las obras vulnerarían los derechos de la población.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), suspender “de manera urgente” las actividades no esenciales relacionadas con el Tren Maya, en respuesta a una queja interpuesta por colectivos indígenas y organizaciones civiles de la península de Yucatán en días pasados.

De acuerdo con un comunicado, el organismo emitió medidas cautelares al FONATUR a favor de los pueblos originarios peninsulares, con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del COVID-19 (coronavirus), entre las y los trabajadores del proyecto y la población de la zona, así como salvaguardar sus derechos a la salud y a la vida, reconocidos y garantizados en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales.

“La CNDH solicitó tal suspensión al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, a la integridad personal y la vida, de los habitantes de la región”, indica el boletín emitido por la Comisión.

La medida es resultado de una queja presentada el pasado 6 de mayo por la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, el colectivo Indignación, la Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya’Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, bajo el argumento de que la continuación de las obras durante la pandemia vulnera los derechos de las comunidades involucradas en el proyecto.

“Si bien las medidas de la CNDH no hacen referencia a la posible violación al derecho a un medio ambiente sano, así como a las vulneraciones derivadas de la falta de consulta y consentimiento informado hacia las comunidades indígenas, sí evidencian la arbitrariedad con la cual el Ejecutivo Federal y específicamente FONATUR han actuado al mantener, a toda costa y pasando por encima de los derechos de los pueblos, la implementación de un proyecto cuya sostenibilidad ha sido cuestionado por diversos sectores”, sostuvieron las organizaciones a través de un comunicado.

Cabe recordar que recientemente juzgados federales de Chiapas y Campeche otorgaron suspensiones a las actividades del Tren Maya en esos estados, por lo cual las agrupaciones peninsulares solicitaron al Ejecutivo Federal acatar dichas medidas y una vez pasada la contingencia sanitaria, iniciar el diálogo con las comunidades afectadas por el proyecto.

https://informefracto.com/voz-de-la-peninsula/cndh-pide-suspender-de-manera-urgente-obras-del-tren-maya/

Tres años sin Javier

Griselda Triana / Fotos: Cortesía de la autora / Pie de Página

La periodista Griselda Triana hace un recuento de lo que ha sido la búsqueda de justicia por el asesinato de su esposo y colega, Javier Valdez, a tres años del crimen. La autora destaca la falta que hace el cofundador de Ríodoce como compañero de vida, como padre, como contador de la realidad

Hoy se cumplen tres años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, y los avances en la búsqueda de justicia no son los que, como familia, quisiéramos tener. Su crimen sigue impune, no sabemos por qué nos lo mataron, seguimos esperando respuestas.

Ante un hecho como el que vivimos en Culiacán desde aquel 15 de mayo de 2017, los recursos de resistencia no se nos agotan. Al menos no de mi parte porque conservo intacta la esperanza de que en un futuro todos los responsables paguen por lo que le hicieron a Javier y a toda nuestra familia y a la sociedad entera.

Si bien es cierto que a tres años sobrellevamos la carga de manera más serena, aún no encontramos la paz que nuestro corazón necesita. Seguimos extrañando a Javier. A mi hija Tania y a mi hijo Fran les hace falta su padre, y a mí, mi compañero de vida.

No tengo duda de que al periodismo mexicano le hace falta como nunca la pluma de Javier. Sigue faltando cada lunes su Malayerba en el semanario Ríodoce, esas crónicas breves sobre la vida de las personas en el mundo del narcotráfico que publicaba en el medio que fundó con sus colegas; sus publicaciones como corresponsal en el periódico La Jornada, donde trabajó por más de 18 años.

Muchas víctimas quedaron sin voz desde que lo mataron. Escribía de las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos, se interesaba y se preocupaba por la niñez y la juventud fáciles de cooptar por las organizaciones criminales; daba voz y rostro a las víctimas de la violencia. Se deshicieron de él porque a alguien no le gustó lo que escribió. Así de fácil. Fueron varios contra él solo. En cuestión de segundos cegaron su vida de doce disparos.

Es inevitable no recordar minuto a minuto lo que pasó ese mediodía en Culiacán, a escasos metros de Ríodoce, de donde salía. Lo estaban esperando aunque quisieron hacer pasar el asesinato como un intento de robo. La escena del crimen siempre está en mi mente: su cuerpo boca abajo sobre el asfalto, cubierto con una manta azul y el sombrero que yo le regalé cubriendo su rostro.

No olvido la llamada de Ismael Bojórquez, el director, nuestro amigo, para decirme que habían atacado a Javier a balazos. El tono de su voz descompuesta lo tengo grabado en mi memoria. Después de eso, todo se volvió un torbellino. Se resquebrajó nuestra vida.

Salir de Sinaloa no fue sencillo, pero el miedo y el dolor eran insoportables. Me tuve que ir del lugar en el que crecí, en donde conocí a Javier y me casé, en donde criamos nuestra familia, la ciudad en la que se inspiraba para hacer sus crónicas. Toda posibilidad de regresar se truncó.

Una pérdida tras otra. Un duelo tras otro. Así suele ser la vida cuando la violencia te arrebata a quien más amas.

En el transcurso de estos tres años no he parado de exigir justicia. El 27 de febrero de este año se asomó la posibilidad de saber por qué mataron a Javier. Fue en el juicio abreviado en el que Heriberto Picos Barraza, apodado entre los mafiosos como “El Koala”, aceptó haber participado el día del asesinato. Purga su condena en un penal federal de mediana seguridad en Sinaloa. Le dieron sólo 14 años y 8 meses años de cárcel por haber “cooperado” con la justicia.

El nuevo sistema penal acusatorio permite a los victimarios admitir su delito; a cambio reciben sentencias más breves. Aunque es una pequeña victoria, no me dejó satisfecha porque no confesó detalles ni por qué nos lo mataron.

La investigación no ha sido sencilla para la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la organización Propuesta Cívica que me representa.

La lectura del ministerio público sobre lo sucedido, que escuché en el juicio -yo desde un cuarto separado-, aportó algunos indicios de lo que ocurrió ese 15 de mayo. Todos pertenecían a una célula del grupo criminal comandado por Dámaso López Serrano, a quien apodan el Mini Lic. Sus declaraciones me despejaron el panorama lleno de dudas y permiten saber desde cuál organización criminal se ordenó el asesinato de Javier.

Uno de los retos de las autoridades mexicanas será lograr que el líder de este grupo criminal, quien se encuentra preso en los Estados Unidos, bajo la figura de testigo protegido, sea trasladado a México y rinda cuentas por este delito. Al que llaman delito contra la libertad de expresión, para mí es el asesinato de mi marido de hace 26 años.

En ello estará puesta nuestra exigencia para conocer la verdad, pero necesitamos tener garantías de que ese criminal -hijo de Dámaso López a quien apodan en esos mundos El Licenciado, compadre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo– no tenga ningún privilegio que le facilite evadir su presencia ante las instancias judiciales de nuestro país.

La contingencia por el coronavirus ha imposibilitado la continuación de la audiencia intermedia, muchas veces suspendida. Aún espera la sentencia de otro de los asesinos. Uno más está muerto desde octubre de 2017.

Por la crisis no podremos realizar las jornadas ciudadanas que armamos en su memoria los dos años anteriores en varias partes del país, pero especialmente en Culiacán, donde participan artistas, poetas, defensores de derechos humanos, periodistas, ciudadanos que lo consideraban su amigo, su aliado, para seguir visibilizando la injusticia e impunidad que impera.

La pandemia del coronavirus que azota a muchos países del mundo, y el costo que está cobrando en nuestro país es alto. Respeto a quienes hacen frente a esta pandemia y a la gente que más está sufriendo, y me duele por la pérdida de miles de personas que han muerto contagiadas.

Pero las autoridades no deben olvidar a quienes todos los días, y desde hace años, estamos en la búsqueda de justicia. No podemos hacer como que no pasa nada e invisibilizar otras tragedias que vivimos en este país decenas de miles de víctimas y por quienes nos fueron arrebatados de forma violenta por su labor periodística.

Yo no olvido. No olvidamos. Aquí estamos. Añoramos a Javier. Ese 2017 había cumplido sus primeros 50 años. Falta su presencia madrugadora en el café, en las reuniones de cada lunes en la redacción de Ríodoce, desde donde hacía periodismo que incomodaba a los que se sienten poderosos, sus llamadas a la sección de Estados de La Jornada. Hace falta en casa de su mamá, en especial los viernes cuando acudía a comer con ella.

Yo lo extraño cada noche, sobre todo en aquellas en que me pedía no me durmiera antes que él. Su sinusitis crónica que se le manifestaba cuando cambiaba la temperatura. Sus manos y su presencia grande y fuerte.

Nuestras tardes en “El Guayabo”, su cantina favorita donde bebía güisqui, muchos litros de agua y comía cacahuates, un lugar donde platicaba con todas las personas que se acercaban a él y de donde se nutrió para escribir muchas de las historias de su columna Malayerba.

Extraño su llanto fácil como el día en que Tania, nuestra hija, se casó y yo tenía miedo de que se fuera infartar de la emoción, gusto y tristeza de verla partir. Añoro su hablar norteño y desenfadado.

Extraño los domingos cuando me despertaba y escuchaba desde temprano el ruido del teclado de su computadora mientras escribía, cuando me preparaba el desayuno y pasábamos el resto del día viendo juntos series de televisión.

Escribo esto el martes 5 de mayo. Todo marchaba bien hasta esta tarde hasta que recibo un mensaje de una persona cercana que me pregunta cómo estoy. Mi respuesta en automático es: “todo está bien”. Pero no lo estoy. Lo noto porque el llanto brotó fácil e inmediatamente.

Las fotografías están esparcidas sobre la mesa del comedor, bebo café en una de las tazas de él, aquella color amarillo que Tania le regaló un Día del Padre, tengo a la mano el libro Periodismo escrito con sangre, antología que reúne textos de seis de sus ocho libros.

Desde el primero de mayo he subido al Facebook fragmentos de uno de sus últimos textos incluido en este libro, es mi forma de honrarlo. ¿Cómo puedo contener el llanto si tantos recuerdos están ahí, reunidos? Tengo a la mano esas imágenes de nuestra época estudiantil, de novios. Yo embarazada de Tania, luego de Fran. En el trabajo, con nuestras amistades, de nuestras vacaciones los cuatro, de las posadas de Ríodoce.

Los recuerdos se agolpan y calan hondo porque no estaré en Culiacán este 15 de mayo. No iré al lugar donde reposan sus cenizas, no recorreré las calles y avenidas de la ciudad que tanto quiso, sobre todo la Álvaro Obregón que muchas noches patrullamos juntos. No llegaré a nuestro hogar, no veré a la gente que lo quiso. Esto duele tanto.

Mis ojos están hinchados y mi nariz roja. No dejo de moquear y me cuesta trabajo escribir. Hago pucheros, no lo puedo evitar. Mayo siempre será triste, muy triste.
***

Estos son algunos fragmentos de sus libros que he ido hilvanando con estas fotos nuestras.


Javier y yo esperando el nacimiento de Tania.

«Uno se siente como un funámbulo, un acróbata del periodismo: haciendo malabares para no quedarse callado, guardar silencio. Y uno grita en los mítines las protestas, ‘no nos callarán’. En realidad ya lo hicieron. A medias o totalmente, como en Tamaulipas o en Sinaloa o en Chihuahua. Ya mandan y no somos nosotros los que tecleamos en las computadoras a la hora de hacer las notas, son ellos los que eligen las letras, las palabras, los párrafos y fotos de nuestras historias».

Javier Valdez, Periodismo en tiempos violentos, antología Periodismo escrito con sangre.


Javier cuando trabajó en Canal 3 de Culiacán.

«En México cada vez es más difícil hacer periodismo. Son tiempos violentos, convulsos, de una decadencia galopante y una descomposición espantosa que no permite una vida digna. Y si en el país no hay condiciones para una vida digna, menos para hacer periodismo. A finales del año pasado publiqué mi más reciente libro, Narcoperiodismo. Pero justo cuando quería ponerle el punto final, surgían nuevos casos de periodistas asesinados o desaparecidos, amenazados. Es un libro con historias que no tienen fin. Fue difícil cerrarlo y entregarlo al editor. Aún ahora me duele haberle puesto un punto final que se diluye, se mancha de sangre y dolor».

Javier Valdez, Periodismo en tiempos violentos, antología Periodismo escrito con sangre.


Javier reporteando en la sierra de Chihuahua.

«En este ambiente, los periodistas y el periodismo valiente y digno son más frágiles y vulnerables. Además, hay una sociedad que no cobija, que no acompaña al periodismo valiente en México. Esta condición de da sobre todo en medio de regiones diversas. Por eso, hacer periodismo en estas condiciones es un acto de resistencia, de ejercer la libertad de expresión en medio de muchas amenazas y muchos periodistas tienen a un espía del narco en las redacciones o están amenazados por los criminales de dentro y de fuera del gobierno y parecen teclear las historias con un fusil automático apuntándoles».

Javier Valdez, Periodismo en tiempos violentos, antología Periodismo escrito con sangre.


En algún café de Culiacán, trabajando.

«Este 2017, en marzo, fueron tres los reporteros asesinados en México, entre ellos mi compañera y amiga Miroslava Breach Velducea, quien recibió ocho balazos cuando salía de su casa. En un mensaje que le dejaron los homicidas decía ‘por lengua larga’. Y si a esas vamos, todos los periodistas valientes en este país, dignos, que hacen este periodismo de acróbatas, tenemos la lengua larga. Que nos maten a todos, si la condena por hacer este periodismo es la muerte».

Javier Valdez, Periodismo en tiempos violentos, antología Periodismo escrito con sangre.


Por la avenida Álvaro Obregón cubriendo una protesta del sector de la salud.

«Miros, como llamábamos a Miroslava, era corresponsal de La Jornada en Chihuahua, como yo en Culiacán. Sentí su muerte cerca. Uno dice, fue allá, en Chihuahua. Pero no, en realidad fue aquí, cerquita, a centímetros de estos dedos que escriben, de esos ojos que leen periódicos, de esas historias que sin los periodistas no sabríamos. Sí muere Miros, morimos nosotros también. La sociedad entera sufre amputaciones de oídos y ojos y manos que critican, denuncian, investigan y publican en los medios de comunicación. No es un periodista más, es una sociedad herida en la muerte de cada periodista».

Javier Valdez, Periodismo en tiempos violentos, antología Periodismo escrito con sangre.

https://piedepagina.mx/tres-anos-sin-javier/

Al tope Hospital de Especialidades por COVID-19 (Oaxaca)

Noticias / Nadia Altamirano.


Foto: Mario Jiménez

Cuando en Oaxaca se asegura que el 35 por ciento de sus 570 municipios están libres de COVID-19, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca evidencia una realidad que aparentaba estar lejana, su capacidad de atención llegó al tope.

En un comunicado difundido esta mañana, se explica que “al ser el único hospital que atiende a población abierta, hemos llegado al límite de nuestra capacidad instalada para atender a pacientes con insuficiencia respiratoria crítica ocasionada por COVID-19, enfermos que en su gran mayoría están graves y requieren intubación endotraqueal y cuidados de terapia intensiva”.

Los Servicios de Salud de Oaxaca que son la institución rectora que se encarga de difundir toda la información referente al tema, identifica a ese Hospital que se ubica en San Bartolo Coyotepec, como uno de los cuatro que en Valles Centrales brindan atención especializada a pacientes con complicaciones por COVID-19.

En la información difundida desde el pasado martes Servicios de Salud ya reconocía que el Hospital de Especialidades se acercaba al límite de su capacidad de 26 camas instaladas.

De esas 26 camas, 16 no tienen ventilador mecánico y al martes se reportaba una ocupación del 92.3%, mientras que las diez que cuentan con ventilador mecánico estaban ocupadas en su totalidad.

El Hospital Regional de Alta Especialidad fue el primero que comenzó a recibir a pacientes graves por COVID-19 a partir del 24 de marzo y cinco días después ocurrió ahí la primera defunción por esta pandemia en Oaxaca, cuando un hombre de 44 años originario de Santa María Atzompa dejó de existir.

Son siete semanas en que todos los días el personal de ese Hospital “hemos trabajado incansablemente para que nuestros pacientes superen esta enfermedad”, pero la saturación les alcanzó.

“Es nuestra responsabilidad informarles que nos es imposible ingresar a más pacientes a atención hospitalaria”, a pesar de que desde principios de año el personal se capacitó, se gestionaron insumos y “estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestros pacientes salgan victoriosos de esta enfermedad”.

http://www.nvinoticias.com/nota/145964/al-tope-hospital-de-especialidades-por-covid-19

ISSSTE Colima sigue sin insumos para atender pacientes con Covid-19

Foto: Ecos de la Costa

Infoecos / Ecos de la Costa

En la Clínica hospital del ISSSTE Dr. Miguel Trejo Ochoa en Colima, no se cuenta con cápsulas para tratar a posibles pacientes con Covid-19.

De acuerdo al secretario general de la sección XII del Sindicato del ISSSTE, Carlos Alberto Vizcaíno Martínez, con lo único que se cuenta es con equipo de protección personal que fue adquirido por gestión del organismo sindical y la administración.

“Hace unas semanas se requirió el traslado de un paciente sospechoso de Covid de Manzanillo a Colima; no se trasladó con cápsula, sino en una ambulancia con condiciones normales”.

Sin embargo, mencionó, todos los que participaron, entre chofer, camilleros y personal médico contaban con su equipo de protección, y una vez que se dejó al paciente se sanitizó la ambulancia; pero reconoció que no se cuenta con cápsulas.

De acuerdo a Vizcaíno Martínez, en la clínica de Colima Dr. Miguel Trejo Ochoa ingresó un paciente de Manzanillo, duró 4 días internado pero no fue caso confirmado.

https://www.ecosdelacosta.mx/stories/4816

Fernando Aguilar Palma ‘mata’ de sed a vecinos de 3 de Mayo en Zapata (Morelos)

Redacción / Diario de Morelos

Emiliano Zapata, Morelos.- Vecinos de la colonia Tres de Mayo de Emiliano Zapata llevan 25 días sin agua potable, y las autoridades municipales solo les comentan que se debe a que están quemadas dos bombas que se utilizan para el bombeo. La triste realidad es que la comunidad, especialmente de la tercera edad, se ve muy afectada con este problema que deteriora su calidad de vida, ante la insensible ineficiencia del gobierno de Fernando Aguilar Palma.

Los afectados comentan muy molestos: “El presidente municipal Fernando Aguilar no nos da la cara para, mínimo, apoyarnos con pipas de agua”.

“A él solo le interesa quedar bien con los fraccionamientos de las colonias aledañas, mientras que nosotros nos estamos muriendo de sed y más en estos tiempos de calor y que debemos guardarnos en cuarentena para evitar el contagio del COVID-19.”

El señor Urbano, de 82 años, con domicilio en la colonia Tres de Mayo, permitió conocer en el interior de su domicilio la falta de agua en la llave y comento: “Mire usted, ya le abrí la llave y no sale ni una gota de agua, y así llevamos cerca de un mes sin que caiga nada. Yo solo tengo una pileta donde acumulo agua, pero ya me la acabé y no tengo más y comprar una pipa de agua potable, pues me es imposible, porque cuesta 800 pesos y yo no trabajo y no tengo dinero.” Amado, de la misma colonia, dijo molesto: “¿Usted cree que es justo que nos mandaban agua durante una hora, cada diez días, no alcanza ni para el uso mínimo; estoy harto de estar pagando pipas de agua y lo peor es que voy al tanto en los pagos del agua potable y pues a este alcalde no le importamos como pueblo”.

Motivo

Autoridades sólo se limitaron a señalar que dos bombas utilizadas para el bombeo están quemadas.

https://www.diariodemorelos.com/noticias/fernando-aguilar-palma-mata-de-sed-vecinos-de-3-de-mayo-en-zapata

Dos de los principales hospitales para atención del covid-19 en Oaxaca, a punto de colapsar

Proceso / Pedro Matías.


El General de Zona 1 del IMSS, es uno de los hospitales que están a punto de colapsar por la atención a pacientes con covid-19. Foto: Google Maps.

OAXACA, Oax. (apro).- La Secretaría de Salud de Oaxaca reconoció que los hospitales Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) y General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentran casi al tope de su capacidad para atender pacientes diagnosticados con covid-19.

Luego que el secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla, confirmó cinco decesos más en la entidad por covid-19, que suman en total 52 fallecimientos y 271 casos positivos, se dio a conocer que dos de los tres principales hospitales covid de Oaxaca se encuentran casi al tope.

El director de Atención Médica de la SSO, Erick Azamar Cruz, informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) que cuenta con 26 camas tiene ya un porcentaje de ocupación del 92.3%.

Mientras que el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cuenta con 19 camas ya registra un 94.7% de ocupación.

En tanto que el hospital Presidente “Benito Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que cuenta con 13 camas tienen un 38.5% de ocupación.

Ante ello, dijo, el gobierno del estado amplió la red hospitalaria para la atención de pacientes con covid-19 en estado crítico y que requieren de terapia intensiva con la apertura del Hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño, coordinado por las Fuerzas Armadas. Este hospital registra actualmente una ocupación del 20%.

Respecto a los cinco decesos registrado en las últimas horas en la entidad por covid-19 detalló que corresponden a dos hombres de 18 y 45 años de edad con diabetes tipo 2 y obesidad; otro de 48 años con diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal y otro de 56 años sin comorbilidad; así como una mujer de 37 años con obesidad.

Nuevos casos

Además, de acuerdo con el comunicado técnico diario de este martes 12 de mayo, se registraron 13 nuevos pacientes con covid-19 con lo que suman 271 casos positivos, de los cuales 73 están activos.

Aunado a ello, 136 casos están en calidad de sospechosos hasta tener los resultados de los laboratorios autorizados por el sector salud.

Casas Escamilla dijo que el municipio de Oaxaca de Juárez registra tres casos nuevos, le siguen con dos casos Santa Cruz Xoxocotlán y San Juan Bautista Tuxtepec, y con un caso en San Martín Toxpalan, San Gabriel Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Santa María Huatulco, Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Juxtlahuaca.

Señaló también que las comorbilidades que están presentes son en primer lugar la diabetes mellitus, le sigue la hipertensión arterial, la obesidad, la insuficiencia renal, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la inmunosupresión.

El funcionario hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad de todas y todos para que acaten las medidas de distanciamiento social que han emitido los gobiernos federal, estatal y municipal de manera oportuna.

Señaló que es importante aplicar las medidas de sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón y sobre todo proteger a la población vulnerable como personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y obesidad, mujeres embarazadas y menores de cinco años. “Si se cuidan, nos cuidamos todos”, aseveró.

https://www.proceso.com.mx/629888/dos-de-los-principales-hospitales-para-atencion-del-covid-19-en-oaxaca-a-punto-de-colapsar

Maquiladoras de la Frontera Norte consideradas no esenciales reactivan actividades (Baja California)

Animal Político / Redacción

Las maquilas se reactivarán a pesar de que Baja California ocupa el segundo lugar nacional en defunciones con 251, y es el tercer estado con más casos confirmados por COVID-19.
Foto: Cuartoscuro

En la Frontera Norte de México las autoridades locales ordenaron la reapertura de empresas maquiladoras que, hasta hace unos días, se mantenían cerradas al considerarlas “no esenciales”.

En Baja California, el Gobierno del Estado ordenó el pasado 1 de mayo la reapertura de 40 empresas maquiladoras que el 16 de abril fueron suspendidas por ser consideradas no esenciales, pero tras una revaloración de las autoridades locales regresaron a sus actividades.

Entre estas empresas se encuentran las dedicadas a la fabricación de televisores.

Lo anterior a pesar de que Baja California ocupa el segundo lugar nacional en defunciones con 251, además de ser el tercer estado con más casos confirmados por COVID-19 y que en este momento nos encontramos en la etapa tres de la epidemia.
Armas y autos se reactivan

En Chihuahua y Sonora, los representantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) han dicho que el próximo 11 de mayo se reactivarán las maquiladoras principalmente del sector automotriz.

En el caso de Ciudad Juárez, cuyos médicos reportan la muerte de al menos 17 empleados de maquiladores esenciales, se estima la activación de poco más de 150 compañías del giro automotriz.

En Sonora se habla de reactivar 180 plantas maquiladoras y manufactureras de exportación, en su mayoría automotrices.

Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son los estados con más maquiladoras de exportación en México, de acuerdo con cifras del INEGI.

En el caso de Baja California, con una fuerte presencia de empresas que elaboran dispositivos médicos y militares, la reapertura se dio 10 días después que la subsecretaria de la Defensa en Estados Unidos, Ellen Lord, reconociera los problemas que la industria norteamericana en general tenía para adquirir materias primas en medio de la pandemia de COVID-19. Lo anterior por el cierre de compañías maquiladoras internacionales que le surten estos insumos, haciendo énfasis en el caso de México donde reconoció la presencia de un “grupo de compañías” esenciales para ellos. Entre estas las de giro armamentista.

El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del lunes 27 de abril dijo que se encontraban “en comunicación con el gobierno de Estados Unidos porque sí son cadenas productivas y ellos no podrían abrir sus plantas si no se abre en México algunas plantas que producen insumos, que se producen en México partes que se utilizan para la industria bélica de Estados Unidos, aparte de lo automotriz, o sea, hay una integración. Entonces, se está trabajando de manera conjunta”.


En la planta maquiladora Ossur en Tijuana, dedicada a la fabricación de controles médicos, han implementado una serie de controles y certificaciones para proteger a su personal.

López Obrador dijo que aun cuando Norteamérica no podría abrir su industria, pues “desgraciadamente están padeciendo la pandemia”, tanto su gobierno como el de Donald Trump estaban valorando el tema.

“Es cosa de conseguir los equilibrios entre lo sanitario y lo económico, y sí se puede cuando prevalece el interés general, cuando prevalece la recomendación de los médicos, de los científicos, también cuando prevalece el sentido común acerca de se necesita la reactivación de la economía. Es buscar el justo medio de las dos posturas y eso es lo que estamos haciendo”.
TV´s entre actividades esenciales

El 1 de mayo, sin embargo, el gobierno de Baja California ordenó la reapertura de 40 industrias maquiladoras que ellos mismos habían declarado no esenciales apenas dos semanas antes, esto basado en el decreto federal.

Una de los ramos que se consideró como esencial en el caso de Tijuana fue el relacionado con la fabricación de televisores. Esta ciudad del noroeste de México es considerada una de las mayores armadoras de televisores en el mundo

En una video conferencia realizada el 1 de mayo, el secretario de Economía de Baja California, Mario Escobedo, dijo que la fabricación de televisiones estaba entre las actividades esenciales en el rubro de las telecomunicaciones, por lo que deberán seguir trabajando.

Dijo que como además esas televisiones deben ser empaquetadas para su traslado y venta, los cartones o fábricas de corrugados también eran actividades esenciales.

En el caso de las maquiladoras dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos en Tijuana, cuyas labores no se han detenido, sus directivos reconocen que existen “calificativos negativos de manera generalizada a raíz de la pandemia”, esto a raíz de empresas no esenciales que han continuado con sus operaciones.

Eduardo Salcedo, Director de la planta Ossur dedicada a la fabricación de controles médicos, dijo que a pesar de estas opiniones generalizadas en su caso han implementado una serie de controles y certificaciones para proteger a su personal.

Ellos implementaron el programa “La empresa más segura para trabajar en Tijuana”, con el que han ideado 18 diferentes pasos y acciones para garantizar la seguridad de los empleados, como instalar un mega túnel sanitario que se utiliza para el acceso de todo el personal a la planta, además de contar con cámaras termográficas, termómetros láser, y un adecuado distanciamiento marcado en todas las áreas.

Si bien con estas medidas la industria maquiladora busca continuar con sus operaciones y minimizar el riesgo de contagio entre sus trabajadores, en ciudades como Mexicali, Tijuana y Juárez se han dado paros simbólicos por parte de grupos de obreros que buscan acciones concretas para prevenir los contagios, los cuales se han seguido presentando.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/maquiladoras-frontera-norte-no-esenciales-reactivan-trabajo/

La oficialización de las Fuerzas Armadas en las calles (Baja California)

Zeta Tijuana / Adela Navarro Bello.

Un General del Ejército mexicano, que a solicitud expresa dio su opinión sobre el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” con la Guardia Nacional simplemente dijo: “Es lo mismo que hemos estado haciendo siempre, pero ahora es oficial”.

Aunque sí hay un detalle, refirió el General, habrá problemas con la palabra “subordinada”, “las Fuerzas Armadas no se subordinan a una autoridad civil”, complementó.

Efectivamente, los militares coinciden que estarán haciendo las mismas tareas que desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa –o antes, anotó el General – han realizado, pero ahora es oficial, a través del Acuerdo que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de mayo y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de mayo de 2020, y que tendrá una vigencia de cinco años, o sea hasta el 27 de marzo de 2024, a unos siete meses que concluya el periodo para el cual fue electo el Presidente López Obrador.

Cuando el Presidente Calderón echó mano de las Fuerzas Armadas en enero de 2007 para combatir el crimen organizado y el narcotráfico lo hizo con la justificación que las corporaciones civiles, federales, estatales y municipales entrarían en una reingeniería porque estaban corrompidas, no podían combatir aquello que los ataba de manos a partir de sobornos, amenazas, complicidad, estaban infiltradas las policías civiles por los criminales. Entonces dijo que la incursión de las Fuerzas Armadas no sería permanente, y aunque no las dotó de más facultades, sí las hizo acompañarse de ministerios públicos para las aprehensiones, de peritos para los aseguramientos y erigió áreas de inteligencia militar para el análisis y la persecución de los capos de las drogas, entonces y ahora, el principal problema de la inseguridad en México, particularmente el origen de los asesinatos en el país, que también como entonces, se cuentan por miles cada mes.

El plan de Calderón de “limpiar” las corporaciones civiles avanzó pero no se concluyó. Muchos de los policías que por entonces fueron detenidos por el Ejército mexicano por pertenecer presuntamente a redes del narcotráfico y el crimen organizado terminaron recuperando su libertad a falta de pruebas. La exposición de los miembros del Ejército llevó a que algunos de ellos también terminaran corrompidos por la criminalidad organizada, encarcelados o investigados.

Pero si la justificación de Calderón fue que las corporaciones civiles eran corruptas, y por ello debía utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, la del Presidente López Obrador es que la Guardia Nacional, de reciente creación, aún no ha desarrollado ni su estructura ni sus capacidades, por lo que requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para poder hacer frente a los retos que la inseguridad en el país le representan.

Otro General del Ejército Mexicano, coincide, “es parte –el Acuerdo– de un respaldo jurídico de las acciones que hacemos y que nunca se ha podido concretar. Puros parches o iniciativas que cambian el sentido de lo que se busca con la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública”. Este alto mando del Ejército no ve el Acuerdo del Presidente López Obrador como una subordinación a la Guardia Nacional, optimista lo refiere como una “coordinación”.

Y aunque en la letra el encargado de la Guardia Nacional responde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo, en la práctica, también sospechan que los generales podrían imponer su mando para delinear las políticas públicas en materia de seguridad ahora que la Fuerza Armada permanente, toda, esta a disposición de la Guardia Nacional.

El Acuerdo del Presidente López Obrador oficializa pues lo que ya había estado sucediendo, particularmente en el sexenio de Calderón Hinojosa, la militarización en las áreas de persecución, aprehensiones, aseguramiento de bienes, de escenas del crimen y de elementos de investigación.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación se determina que las Fuerzas Armadas apoyarán en el desempeño de tareas de seguridad pública, particularmente en ciertas atribuciones que se señalan en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Específicamente en 12 fracciones, que incluyen: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar y restablecer el orden y la paz social; informar a la persona al momento de su detención de sus derechos, poner a disposición de las autoridades a personas y bienes asegurados, detención de personas y aseguramiento de bienes, preservar el lugar de los hechos e integridad de los hallazgos producto del delito, colaborar con otras autoridades federales en vigilancia e inspección, colaborar con autoridades estatales y municipales, realizar operativos conjuntos, protección civil en casos de calamidades, de alto riesgo y desastres naturales.

Esencialmente todo lo que el Ejército y la Marina ya venían haciendo pero no se quería reconocer, y ahora se oficializa.

La realidad es que las Fuerzas Armadas, al igual que en el sexenio de Calderón y en mucho menor medida en el de Enrique Peña Nieto, no han dejado de perseguir a delincuentes, criminales organizados, coadyuvar con aseguramientos, apoyar en operativos. La enorme diferencia es que por muchos años el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador renegó de ello. Del Ejército en las calles. De las Fuerzas Armadas realizando tareas de corporaciones policiacas civiles y prometió todavía en su última campaña a la Presidencia de la República que el Ejército regresaría a los cuarteles.

El 11 de mayo dio luz verde a lo contrario. Oficialmente, el Presidente López Obrador sacó al Ejército y a la Marina a las calles. Como con Calderón, pero oficial.

https://zetatijuana.com/2020/05/la-oficializacion-de-las-fuerzas-armadas-en-las-calles/

Covid-19 va contra las comunidades Yaquis (Sonora)

Expreso/Claudia Alejandri

Foto: La Jornada

GUAYMAS, SON.- Las comunidades Yaquis han registrado casos sospechosos de Covid-19 en los últimos días, y entre estos se encuentra personal de salud, confirmó Antonio Alvidrez Labrado, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04.

Mientras, personal de epidemiología se encuentra trabajando en dichos poblados y a la brevedad se informará el diagnostico por medio del Laboratorio Estatal.

El municipio de Guaymas alcanza hasta hoy 13 de mayo, un acumulado de 22 casos, dos fallecimientos y seis pacientes que ya se encuentran recuperados de acuerdo al informe epidemiológico.

Alvidrez Labrado informó que actualmente, son dos pacientes lo que permanecen hospitalizados sin requerir respiradores.

https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/183316-covid-19-va-contra-las-comunidades-yaquis.html

Indígenas Chatinos clausuran Hospital Comunitario de Tlacotepec y exigen cambio del personal médico (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

En plena pandemia llevan varias semanas en paro laboral y discriminan a pacientes por hablar su lengua originaria
Piden intervención de la Defensoría para que garanticen su derecho a la salud de 30 mil chatinos

OAXACA, Oax.- Autoridades municipales de San Jacinto Tlacotepec y Santa Cruz Zenzontepec clausuraron “simbólicamente” el Hospital Básico Comunitario de la región Chatina por la “insensibilidad” del personal sindicalizado que lleva varias semanas en paro en plena pandemia por el covid-19 y el trato discriminatorio a la población indígena.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, solicitaron “el cambio inmediato de la plantilla del personal que labora en el Hospital Básico Comunitario de San Jacinto Tlacotepec y sea reemplazado por profesionistas comprometidos y con vocación de servicio”.

En el documento con fecha 13 de mayo de 2020, los presidentes municipales San Jacinto Tlacotepec, Jacinto Méndez Ramírez y de Santa Cruz Zenzontepec, Odilón Avendaño Martínez, “solicitamos se surta de manera inmediata con insumos y medicamentos Básicos”.

Y que se respeten los espacios de los trabajadores de la región que actualmente laboran en el hospital y se contrate a nuevo personal de esta misma zona; que se atienda con ética profesionalismo y respeto a nuestros habitantes y se realice la contratación inmediata de dos pediatras, un cirujano y un anestesiólogo.

Advirtieron que “en tanto nuestras peticiones sean atendidas, el pueblo ha decidido clausurar de manera simbólica el Hospital Básico Comunitario de San Jacinto Tlacotepec”.

Al tiempo que “anunciamos de manera responsable que de no ser atendidas nuestras demandas, el próximo lunes nuestras comunidades se trasladarán a esta ciudad de Oaxaca para tomar otras medidas”.

Al tiempo que entregaban el documento en la secretaria de salud de Oaxaca, pobladores de la Sierra Sur bloquearon la calle de J. P. García en centro histórico de Oaxaca y emplazaron a las autoridades de salud de que “será responsabilidad de las instancias gubernamentales de salud la pronta solución”.

Los inconformes denunciaron que “somos una comunidad indígena chatina de alta marginación con una población aproximada de 30 mil habitantes. Nuestras carencias son muchas que han sido atendidas dentro de las posibilidades del gobierno estatal y federal”.

Resaltaron que mientras los pueblos chatinos “seguimos de manera escrupulosa los decretos que el gobierno federal y gobernador del estado han emitido y hoy cuando miles de trabajadores de la salud están entregando y arriesgando todo, incluso hasta la vida, por atender a los contagiados del coronavirus, acá en nuestra región vemos con coraje e indignación la falta de sensibilidad del personal sindicalizado que labora en el Hospital Básico Comunitario ubicado en San Jacinto Tlacotepec”.

Su coraje es que “llevan semanas de paro de labores sin tener la mínima consideración por la emergencia que el país está viviendo, aunado al trato discriminatorio hacia las mujeres y hombres que acuden a este hospital por atención medica por el simple hecho de hablar solo la lengua materna, esto desespera al personal del hospital y son déspotas con nuestros ciudadanos que buscan una atención medica digna”.

Además, llegan tarde y constantemente faltan a sus labores (entre ellos se solapan para justificar todas sus irregularidades); constantemente ingresan a su centro de trabajo en estado de ebriedad, de lo cual se tiene evidencias; y el uso excesivo de los teléfonos celulares en horario de trabajo para otros fines, que no tienen que ver con la salud lo que retrasa la atención.

Por tal razón solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dicte medidas cautelares urgentes para que nuestro derecho a la salud sea garantizado y al presidente de la Republica que instruya a las instancias correspondientes se subsanen estas irregularidades y l gobernador del estado y al secretario de salud le solicitamos el cambio inmediato de la plantilla del personal que labora en el Hospital Básico Comunitario de San Jacinto Tlacotepec y sea reemplazado por profesionistas comprometidos y con vocación de servicio.

https://pagina3.mx/2020/05/chatinos-clausuran-hospital-comunitario-de-tlacotepec/

Familias colocan letreros en las puertas de sus casas pidiendo alimento (Colima)

Foto:

Anilú Salazar Mejía / El Noticiero de Colima

Familias de distintas colonias de Colima que se han quedado sin comida, tras varios días de contingencia sanitaria, han colocado cartulinas en sus fachadas para pedir que se les apoye de manera alimentaria, algunos otros han colocado trapos blancos para solicitar ayuda de las autoridades.

En un recorrido por varias colonias se pueden ver los trapos blancos ondeando para quien los vea les pueda proporcionar comida o algún tipo de ayuda de las caravanas del Gobierno del Estado, DIF o el ayuntamiento de Colima, por lo que piden que donde vean esta señal es que la familia necesita la ayuda alimentaria.

En otras casas hay cartulinas blancas con las leyendas #EnCasaYSinComida y #YaNoTengoComida, esto como parte de la protesta del hambre “Quédate en casa”, impuesta por el gobierno federal ante la emergencia del Covid-19, pero genera hambruna y falta de alimentos.

Cabe destacar que son familias que viven con un salario mínimo: Son trabajadores, ambulantes, obreros y campesinos, que ante la pandemia, fueron despedidos de su fuente de trabajo o les disminuyeron la mitad de su ingreso.

Los vecinos piden a las autoridades y personas altruistas que se acerquen a apoyar porque ya se les acabaron sus recursos y tienen niños y adultos mayores que alimentar.
https://elnoticieroenlinea.com/familias-colocan-letreros-en-las-puertas-de-sus-casas-pidiendo-alimento/

Mujeres víctimas de violencia en el hogar piden a autoridades se habiliten espacios para su resguardo (Jalisco)

Foto: Cortesía / La Voz de la Frontera

Viridiana Saavedra / El Occidental

Mujeres que han sido violentadas en el hogar, alzaron la voz para que, en medio del confinamiento, se proteja a las víctimas de violencia y se habiliten espacios para su resguardo, pues previo a la pandemia, vivieron situaciones complicadas con la impartición de justicia y temen que ahora el panorama sea peor.

“A las autoridades no les dolemos, no hay apoyo, el sistema jurídico no es bueno con las mujeres, vivimos en un país de machistas”, dijo una de ellas, que desde octubre pasado comenzó trámite de divorcio y tenía fecha para firmar la demanda el marzo, pero se pospuso y hasta ahora no sabe qué sucederá.

En su caso, su abogada le explicó que una vez reactivado el servicio judicial, tendrá que reunir de nuevo los documentos. “Me van a volver a pedir actas de nacimiento, acta de matrimonio y examen de gravidez y eso económicamente si no estoy trabajando por la contingencia de salud, me pega muchísimo”.

Recordó que al llegar a presentar la denuncia, en su bolsa traía solamente 50 pesos y durmió tres días ahí, pues tenía miedo de salir y ser agredida, hasta que recibió una orden de restricción y pudo ir a casa de su madre, pero había mujeres todavía más desprotegidas.

“No me he podido divorciar, el señor ya tiene más de seis meses con una nueva pareja, feliz y contento y a mí me urge deslindarme de él, porque es agresivo, es violento… No tenemos fecha para firma, no tenemos nada. Estoy perdida en el espacio, porque no sé cuándo pueda firmar, mi cita era en marzo y no tenemos programado nada, ayer hable con mi abogada y me dijo que siguen cerrados los juzgados”.

Por ese motivo, pidió a las autoridades que garanticen la integridad de mujeres violentadas, expuestas a más agresiones al permanecer en casa, conviviendo de tiempo completo con su agresor.

De acuerdo con la Policía de Guadalajara, entre el 16 de abril y el 13 de mayo, se recibieron 615 reportes de violencia familiar y hubo 21 detenidos.

https://www.eloccidental.com.mx/local/mujeres-victimas-de-violencia-en-el-hogar-piden-a-autoridades-se-habiliten-espacios-para-su-resguardo-5226588.html

A contracorriente de los derechos humanos, avanza la militarización de la seguridad pública en México

Tania Reneaum Panszi*/Infobae
13 mayo 2020

Las personas que vivimos en México merecemos una explicación sobre una decisión tan trascendental, sobre todo cuando el Ejecutivo rinde, a diario, cuentas de sus acciones


Cuartoscuro

Nos tuvimos que enterar por un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, que las Fuerzas Armadas del país se sumarían a la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública. No hubo anuncio previo de parte del Ejecutivo en ninguna de sus conferencias matutinas. La noticia simplemente se dejó correr de manera subrepticia.

Las personas que vivimos en México merecemos una explicación sobre una decisión tan trascendental, sobre todo cuando el Ejecutivo rinde, a diario, cuentas de sus acciones.

Aún resuenan en la memoria las palabras de Andrés Manuel López Obrador, quien, en sus tiempos de candidato a la presidencia de México, criticaba acremente la política de intervención del ejército en tareas de seguridad pública, iniciada en el sexenio calderonista: “Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas, esa es la forma más humana, más eficaz…no vamos a apagar el fuego con el fuego”, porque, decía, “no ha dado resultado”.

Sin embargo, la intención de esas declaraciones se desvaneció cuando López Obrador, ya como presidente electo, anunció, el 14 de noviembre de 2018, la creación de la Guardia Nacional, para hacerse cargo de las labores de seguridad pública y en cuya integración participarían, ni más ni menos, las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional México participó desde un inicio en las sesiones de Parlamento abierto que condujeron a la creación de la Ley de la Guardia Nacional y en todo momento dejó en claro, junto con un amplio espectro de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), que el ejército no podría formar parte del nuevo cuerpo de seguridad. Hecho que entraría en abierta contradicción con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ?como México?, pueden desplegar a las Fuerzas Armadas para cuestiones que no sean un conflicto bélico, por ejemplo, para enfrentar problemas excepcionales de criminalidad o de violencia interna. La Corte ha especificado que, en esos casos, los Estados deben “limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas”.

El decreto del 11 de mayo de 2020 establece que los elementos del Ejército y la Marina que se incorporen a la Guardia Nacional, lo harán “sin que dicha participación exceda de cinco años”, decisión que a todas luces contraviene en exceso el señalamiento de la CoIDH.

Amnistía Internacional México ha advertido que la naturaleza civil de la GN se diluyó desde el momento mismo de su nacimiento, cuando el Ejecutivo decidió nombrar a un general en retiro para dirigirla. De esa forma, rompió el acuerdo legislativo que resultó del ejercicio de Parlamento abierto, que contó con la pluralidad de voces de las OSCs y de organismos internacionales.

Pero esa no fue la única decisión que llevó a la militarización de la GN. En la Ley de la Guardia Nacional, por ejemplo, se estableció que los elementos de la policía militar y naval que formarían parte de ella debían causar baja de las fuerzas armadas, para sumarse como civiles a ese cuerpo de seguridad. Sin embargo, ello no ocurrió. Más aún, los sueldos de dichos elementos son subvencionados por las dependencias a las que pertenecen.

Pero aún hay más mar de fondo. La Ley de la Guardia Nacional la faculta para investigar los delitos, así como para interceptar comunicaciones privadas e incluso para el control migratorio. Al respecto, la CoIDH ha sido muy clara en el sentido de que las Fuerzas Armadas no deben asumir la investigación de delitos, que son de índole netamente policial.

De hecho, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió en 2019, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A la fecha todas están pendientes de resolución.

En este sentido, Amnistía Internacional advirtió en su momento que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no se apega a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Para Amnistía Internacional la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza no incluye de manera adecuada los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La advertencia del pasado sigue vigente

No es la primera vez que Amnistía Internacional México ha advertido sobre los riesgos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo hicimos en 2014, en una reunión que sostuvo nuestro entonces Secretario General, Salil Shetty, con el presidente Enrique Peña Nieto.

En el encuentro se advirtió sobre el impacto que tenía el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta decisión es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el cual el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales.

Además, antes y después de que fuera aprobada la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 2017, reiteramos nuestra advertencia sobre el riesgo de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública pues, como se ha comprobado, ello conduciría a graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada.

Hay que señalar además que en el decreto del 11 de mayo de 2020 no se distingue cuáles serán los organismos que supervisarán la incorporación de las Fuerzas Armadas a la GN; ni qué mecanismos se utilizarán para dicha supervisión y tampoco se precisa si serán autoridades civiles las que la llevarán a cabo.

Con dicho decreto el Ejecutivo y el Congreso mexicanos van a contrapelo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de las voces de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de las y los académicos, y las personas expertas, que han hecho propuestas para evitar la militarización de la seguridad pública.

Continuar en esa línea nos puede conducir a un grave debilitamiento del sistema de protección de los derechos humanos, con graves consecuencias para todas las personas que vivimos en México.

*Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/13/a-contracorriente-de-los-derechos-humanos-avanza-la-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-mexico/

La oficialización de las Fuerzas Armadas en las calles

Adela Navarro Bella/Zeta
13 mayo 2020


Cuartoscuro

Un General del Ejército mexicano, que a solicitud expresa dio su opinión sobre el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” con la Guardia Nacional simplemente dijo: “Es lo mismo que hemos estado haciendo siempre, pero ahora es oficial”.

Aunque sí hay un detalle, refirió el General, habrá problemas con la palabra “subordinada”, “las Fuerzas Armadas no se subordinan a una autoridad civil”, complementó.

Efectivamente, los militares coinciden que estarán haciendo las mismas tareas que desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa –o antes, anotó el General – han realizado, pero ahora es oficial, a través del Acuerdo que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de mayo y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de mayo de 2020, y que tendrá una vigencia de cinco años, o sea hasta el 27 de marzo de 2024, a unos siete meses que concluya el periodo para el cual fue electo el Presidente López Obrador.

Cuando el Presidente Calderón echó mano de las Fuerzas Armadas en enero de 2007 para combatir el crimen organizado y el narcotráfico lo hizo con la justificación que las corporaciones civiles, federales, estatales y municipales entrarían en una reingeniería porque estaban corrompidas, no podían combatir aquello que los ataba de manos a partir de sobornos, amenazas, complicidad, estaban infiltradas las policías civiles por los criminales. Entonces dijo que la incursión de las Fuerzas Armadas no sería permanente, y aunque no las dotó de más facultades, sí las hizo acompañarse de ministerios públicos para las aprehensiones, de peritos para los aseguramientos y erigió áreas de inteligencia militar para el análisis y la persecución de los capos de las drogas, entonces y ahora, el principal problema de la inseguridad en México, particularmente el origen de los asesinatos en el país, que también como entonces, se cuentan por miles cada mes.

El plan de Calderón de “limpiar” las corporaciones civiles avanzó pero no se concluyó. Muchos de los policías que por entonces fueron detenidos por el Ejército mexicano por pertenecer presuntamente a redes del narcotráfico y el crimen organizado terminaron recuperando su libertad a falta de pruebas. La exposición de los miembros del Ejército llevó a que algunos de ellos también terminaran corrompidos por la criminalidad organizada, encarcelados o investigados.

Pero si la justificación de Calderón fue que las corporaciones civiles eran corruptas, y por ello debía utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, la del Presidente López Obrador es que la Guardia Nacional, de reciente creación, aún no ha desarrollado ni su estructura ni sus capacidades, por lo que requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para poder hacer frente a los retos que la inseguridad en el país le representan.

Otro General del Ejército Mexicano, coincide, “es parte –el Acuerdo– de un respaldo jurídico de las acciones que hacemos y que nunca se ha podido concretar. Puros parches o iniciativas que cambian el sentido de lo que se busca con la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública”. Este alto mando del Ejército no ve el Acuerdo del Presidente López Obrador como una subordinación a la Guardia Nacional, optimista lo refiere como una “coordinación”.

Y aunque en la letra el encargado de la Guardia Nacional responde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo, en la práctica, también sospechan que los generales podrían imponer su mando para delinear las políticas públicas en materia de seguridad ahora que la Fuerza Armada permanente, toda, esta a disposición de la Guardia Nacional.

El Acuerdo del Presidente López Obrador oficializa pues lo que ya había estado sucediendo, particularmente en el sexenio de Calderón Hinojosa, la militarización en las áreas de persecución, aprehensiones, aseguramiento de bienes, de escenas del crimen y de elementos de investigación.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación se determina que las Fuerzas Armadas apoyarán en el desempeño de tareas de seguridad pública, particularmente en ciertas atribuciones que se señalan en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Específicamente en 12 fracciones, que incluyen: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar y restablecer el orden y la paz social; informar a la persona al momento de su detención de sus derechos, poner a disposición de las autoridades a personas y bienes asegurados, detención de personas y aseguramiento de bienes, preservar el lugar de los hechos e integridad de los hallazgos producto del delito, colaborar con otras autoridades federales en vigilancia e inspección, colaborar con autoridades estatales y municipales, realizar operativos conjuntos, protección civil en casos de calamidades, de alto riesgo y desastres naturales.

Esencialmente todo lo que el Ejército y la Marina ya venían haciendo pero no se quería reconocer, y ahora se oficializa.

La realidad es que las Fuerzas Armadas, al igual que en el sexenio de Calderón y en mucho menor medida en el de Enrique Peña Nieto, no han dejado de perseguir a delincuentes, criminales organizados, coadyuvar con aseguramientos, apoyar en operativos. La enorme diferencia es que por muchos años el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador renegó de ello. Del Ejército en las calles. De las Fuerzas Armadas realizando tareas de corporaciones policiacas civiles y prometió todavía en su última campaña a la Presidencia de la República que el Ejército regresaría a los cuarteles.

El 11 de mayo dio luz verde a lo contrario. Oficialmente, el Presidente López Obrador sacó al Ejército y a la Marina a las calles. Como con Calderón, pero oficial.

https://zetatijuana.com/2020/05/la-oficializacion-de-las-fuerzas-armadas-en-las-calles/

Personal del hospital La Raza rechaza levantar bloqueo en Circuito Interior (Ciudad de México)


Imagen tomada de: www.eluniversal.com.mx

Diana Lastiri / El Universal

Los manifestantes reprocharon que, luego de tres horas de bloqueo, la única autoridad que se acercó a ellos fue el director del hospital; denunciaron que los insumos entregados por el IMSS son de mala calidad

El director del Hospital General “La Raza”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jesús Lagunas, intentó convencer al personal que mantiene un bloqueo sobre Circuito Interior, de levantar su protesta.

Los inconformes, enfermeras, camilleros, técnicos, entre otros; permanecen desde las 08:00 horas de este miércoles afuera del Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza en bloqueo vial para exigir insumos adecuados para atender pacientes con Covid-19.

Los manifestantes denunciaron que los insumos entregados por el IMSS son de mala calidad y ponen en riesgo su vida pues algunos de sus compañeros permanecen hospitalizados debido a que ya se contagiaron de la enfermedad e inclusive otros ya fallecieron.

A las 11:00 horas, el director Lagunas se acercó con los inconformes a pedirles que levantaran el bloqueo a cambio de instalar una mesa de negociación para hacer llegar sus exigencias a las autoridades centrales del IMSS.

“Hacemos un documento y al ratito nos llevamos ese documento a las diferentes instancias para que tengan una respuesta”, dijo.

Los manifestantes rechazaron la oferta y reprocharon que, luego de tres horas de bloqueo, la única autoridad que se acercó a ellos fue el director del Hospital y nadie más de la administración central del Instituto.

“Ya todos estamos cansados de que únicamente se quede en ‘lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver’”, reprochó Alejandra Osornio, enfermera del turno nocturno del hospital.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/personal-del-hospital-la-raza-rechaza-levantar-bloqueo-en-circuito-interior

Ganan amparo 33 médicos que serían reubicados en hospitales covid-19 del Estado de México

02 de Mayo de 2020.-Aspectos de la Guardia Nacional y salida de cuerpos en carrozas funebres , en el Hospital General Las Americas, en Ecatepec, ante la contingencia Covid-19.Foto:Benjamin Flores/Proceso

Veneranda Mendoza / Proceso

TOLUCA, Edomex (apro).- El Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en Nezahualcóyotl otorgó la protección de la justicia a 33 trabajadores del hospital municipal de Tecámac “César Camacho Quiroz”, de manera que no deberán ser reubicados en dos hospitales de Ecatepec que atienden casos de covid-19, como supuestamente lo convinieron sus representantes sindicales.

Enrique Águila, médico cirujano adscrito al hospital, refirió que durante una reunión celebrada el miércoles 6 entre autoridades de Toluca y de la sección 9, en la que estuvieron presentes José Colín, responsable jurídico, en representación del dirigente sindical Domingo Ortuño Maldonado; Esther Trejo, subdelegada de la Delegación 22 que incluye a Tecámac, e integrantes de la sección sindical del hospital, se acordó el cierre del nosocomio y la reubicación de sus 200 empleados en Las Américas y José María, ambos de Ecatepec que atienden contagios de SARS-CoV-2.

El médico aclaró que el personal hospitalario no está en contra de realizar su labor, pero sí en desacuerdo por la manera en que se decidió y sin los insumos requeridos.

“El acuerdo fue tomado sólo por el líder sindical. No nos convocaron a la población hospitalaria. Ellos decidieron unilateralmente por nosotros, sin ser médicos, y nunca han estado en contacto con pacientes”, expuso.

Sostuvo que tampoco fueron informados en tiempo y forma sobre el traslado, y a partir del lunes 11 los trabajadores ya laboran desde los nosocomios a los que fueron asignados, con excepción de los beneficiarios del recurso, quienes aún se enecuentran en el hospital municipal de Tecámac.

Águila advirtió posibles represalias porque la dirigencia sindical ha comenzado a cerrar algunas áreas del hospital, incluso ha cambiado cerraduras y el domingo colocó una manta para informar que el nosocomio se encuentra cerrado.

En tanto, médicos y enfermeras del Hospital General 176 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Texcoco, se manifestaron en demanda de insumos para protegerse del contagio de coronavirus y exigieron la renuncia de su director.

En lo que va de la pandemia, la Secretaría de Salud federal tiene el registro de nueve decesos de médicos y enfermeras en el Estado de México por covid-19.

https://www.proceso.com.mx/630012/ganan-amparo-33-medicos-que-serian-reubicados-en-hospitales-covid-19-del-estado-de-mexico

Vecinos de Ecatepec piden agua afuera de Palacio Nacional (Estado de México)


Foto: José Antonio García

José Antonio García / Excelsior

Piden les sea reinstalado el suministro de agua potable a través de la red hidráulica ya que desde hace 30 días no hay servicio

Vecinos de las colonias Florida, Alborada de Aragón, Parques de Aragón, Villas Cosmos y Fuentes, todas del municipio de Ecatepec, Estado de México, se manifestaron frente a palacio Nacional para pedir que le sea reinstalado el suministro de agua potable a través de la red hidráulica ya que denuncian que desde hace 30 días no tienen agua.

Denunciaron que debido al resguardo que mantienen en sus hogares les es imposible pagar los costos del traslado de agua por pipas que en estos momentos les cobran mil 500 pesos.

Los manifestantes entregaron un documento a la oficina de participación ciudadana de la presidencia de la República y esperan ser atendidos este mismo día para que sea solucionada su petición

La quinta zona de Ecatepec es la zona más afectada y comprende 40 colonias en las que viven aproximadamente 600 mil personas.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/vecinos-de-ecatepec-piden-agua-afuera-de-palacio-nacional/1381369

Fallece por Covid-19 tercer interno de la cárcel de Mexicali; Hay más de 280 sospechosos (Baja California)

Lindero Norte / Jorge Heras y Antonio Heras.

*Familiares denuncian trato inhumano y violación al derecho a la salud pues estuvo 11 días sin atención médica

Mexicali.- Un interno del Centro de Reinserción Social de Mexicali murió a causa de coronavirus, de acuerdo al alta por defunción.

Según el expediente 268564, de la Secretaria de Salud Pública de Baja Californiq, Sergio Campos, ingresó al Hospital General de Mexicali el viernes 9 de mayo y falleció a las 16:30 horas del 11 de mayo por Sars Cov 2.

Los familiares de la víctima denunciaron la desatención de las autoridades estatales en perjuicio del de la salud de Sergio, de 43 años de edad. Además que nunca fueron notificados de su traslado al Hospital ni de la atención que estaba recibiendo hasta que les notificaron su muerte durante la tarde del lunes.

En una celda con 30 internos, Sergio tuvo un cuadro de fiebre durante 11 días pero nunca recibió atención médica y solo le dijeron que tomara paracetamol, señalaron sus hijas, Nayeli Judith y Cecilia en entrevista a Lindero Norte.

El 11 de mayo fuimos a la cárcel y nos informaron que nuestro papá estaba bien, pero ya había fallecido en el Hospital General, expresaron al exterior de las oficinas del Servicio México Forense (SEMEFO) mientras esperaban la entrega del cadáver de su padre.

Es un trato inhumano que se les da en la cárcel, quieren tapar el sol con un dedo y no se atreven a decir la verdad de que hay más contagios, acusaron al tiempo de advertir que los internos se quejan de la enfermedad pero «no hacen nada las autoridades’.

Es la cuarta víctima de internos en cárceles del Centro Estatal del Sistema Penitenciario que dirige el exdelegado del IMSS, Salvador Morales Riubi, quien fue dirigente estatal del PAN, asesor de alcaldes de Tijuana y diputado local de la fracción parlamentaria de ese partido que gobernó Baja California de 1989 a 2019.

Los internos muertos por Covid es una mujer del Centro de Reinserción de Tijuana que falleció sin atención médica otros dos presos de Mexicali. En dos casos la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicio investigación por violación de derechos fundamentales.

La Comisión Estatal de Derechos Himanos abrió 11 expedientes sobre este tipo de casos en las cárceles de Bajs California.

Hace una semana, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico aseguró que había 39 personas consideradas sospechosos de Covid19 en el Cereso de Mezicali porque son los que se encontraban en la celda de Luis Enrique y Miguel Alberto (ambos fallecieron con el cuadro clínico se Covid19, pero no les hicieron la prueba); sin embargo, el funcionario estatal señaló que 280 internos de la cárcel tuvieron contacto con ellos en la diferentes áreas del Cereso.

https://linderonorte.com/2020/05/12/fallece-por-covid-19-tercer-interno-de-la-carcel-de-mexicali-hay-mas-de-280-sospechosos/

Personal del IMSS Zacatecas protesta en demanda de material para COVID-19

Médicos y enfermeras del Hospital General No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas se manifestaron este martes para denunciar que aún no reciben el material necesario para atender a pacientes con el nuevo coronavirus COVID-19.

Demandaron penalmente al director del IMSS por no cumplir con sus obligaciones como funcionario público. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Omar Hernández / unoTV, 12 de mayo de 2020.

 

El hospital fue habilitado como centro de atención COVID-19

Este martes continuaron las protestas de trabajadores de la salud del Hospital General No. 1 del IMSS de Zacatecas, debido a que médicos y enfermeras no han recibido el material de protección para atender a los pacientes de este nosocomio habilitado como centro especializado para pacientes COVID-19 en la entidad.

En la manifestación responsabilizaron penalmente al director general del IMSS, Zoé Robledo, pues señalaron que muchos de sus compañeros se han contagiado y algunos de ellos han perdido la vida, asimismo “la demanda penal es fundamentalmente por el motivo de omisión de responsabilidades como servidor público”.

“Estamos demandando penalmente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, licenciado Zoé Robledo Aburto, la demanda es penal por no cumplir con sus obligaciones como servidor público, no proteger y no haber proporcionado el equipo al personal a mis compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social en forma adecuada, pronta”, Armando Rosales, médico COVID-19 en el hospital del IMSS de Zacatecas.

Trabajadores temerosos de estar infectados de COVID-19

Los trabajadores de la salud de este nosocomio, tienen miedo de ser portadores del COVID-19 debido al quebranto de protocolos y cercanía con pacientes infectados, pero desde que empezó la pandemia ningún médico o enfermera ha podido acceder a una prueba de coronavirus.

“Que nos digan la verdad, es lo único que queremos como trabajadores, que nos digan si tenemos los insumos, que nos digan el riesgo que estamos, yo tengo dos meses desde que hicimos una conferencia de prensa aquí y hemos exigido que nos hagan la prueba para ver si estamos positivos o no, por mí, por mis pacientes y por mi familia, hoy por hoy no la han querido hacer”, Armando Rosales, médico COVID-19 en el hospital del IMSS de Zacatecas.

A pesar de la falta de insumos y de trabajar bajo protesta los médicos y enfermeras aseguraron que seguirán brindando la atención a la población, pero advirtieron que debido a la falta de equipo el hospital pudiera convertirse también en un centro de contagios tanto para familiares, población que acude a emergencias y trabajadores de la salud.

https://www.unotv.com/noticias/estados/zacatecas/detalle/en-zacatecas-personal-del-imss-protesta-por-material-para-covid-19-636266/

El pasillo OP, epicentro de los contagios en la Central de Abasto (Ciudad de México)

La Central de Abasto enfrenta la paradoja de suministrar alimentos a los habitantes del Valle de México y al mismo tiempo cuidar de no expandir el virus que entró a sus pasillos

Texto y fotos: Martín Avilés, Alejandro Piña Y Andrés Sauceda

“El brote primero se dio en los chiles”, dice Ramón, un vendedor de jitomate y cebolla quien prefirió no revelar su verdadero nombre para evitar represalias. “Ése fue el primero porque ahí es un mundo de gente. De ahí se esparció por todo el mercado”.

Los picantes son un ingrediente primordial para la cocina mexicana. Este ingrediente está presente en el 90% de los platillos típicos como salsas, adobos, moles y aderezos. El chile es una necesidad ancestral en la mesa de las familias mexicanas y su depreciación se puede percibir en las bodegas O y P, atiborradas por toneladas de chiles que a diario tocan base en la Central hasta llegar a cada plato de rincones inimaginables del país.

Hasta antes del golpe de coronavirus, ahí se mezclaban sin distinción clientes minoristas con mayoristas que conformaban ríos de personas que se veían obligados a no obedecer la recomendación de evitar lugares concurridos y a no tomar el distanciamiento social. Ahora, la afluencia disminuyó drásticamente, pero aún hay clientes por la necesidad de obtener ingresos para sobrevivir, como miillones de mexicanos que dependen de sus ventas.

“Enfermados aquí de locatarios en la zona chilera son como unos 30 y muertos son cuatro solo en el área chilera. Pero tenemos que trabajar porque este es un alimento, si se cierra la Central mucha gente se va a quedar sin comer. Lo que es jitomate, chiles, cebollas y todo, es un producto de primera necesidad para el hogar”, cuenta Roberto Cardozo, un comerciante de chiles conocido como El Loquillo.

“Dependen mucho de nosotros, así como nosotros del campo. Aquí hay que distribuir todo, el mercado no puede parar porque abastece a todos los mercados públicos”, confirma otro vendedor de picantes de nombre Jesús García Cruz.

Sobreviviente a covid
“Me enfermé y fue un día crítico de dolor de cuerpo y escalofríos”, describe Ernesto, uno de los comerciantes infectados que también prefirió guardar su nombre real en el anonimato. Él comenzó a presentar síntomas el 15 de marzo y desde entonces no volvió a atender su negocio, se enclaustró en una recámara de su casa para reducir el contacto con sus familiares y corrió con mejor suerte que otros locatarios.

“Cuando me dieron el resultado de la prueba sí es un vacío muy fuerte, cuando te dan esa noticia es como signo de muerte. Nuestras autoridades dentro del mercado no se esperaban esto. Ahorita lo acaban de hacer (tomar medidas) y ya estamos en la Fase 3. Eso es increíble porque en realidad muchos de nuestros compañeros hemos cerrado porque primero está la salud, pero también si nosotros cerramos ahí está la canasta básica de muchas familias. Yo creo que todos los compañeros que han cerrado es por miedo pero si el mercado se cierra nos colapsamos”, abunda.

La paradoja de la Ceda

“¡Cuidado! Está usted en una zona de alto contagio” advierten enormes letrero colocados en la entrada de la Ceda. El intenso aroma a condimentos se disipa a través de los cubrebocas y el grito de los marchantes se ahoga en la incertidumbre de un mercado donde intentar proveer alimento a millones de personas y sobrevivir a una pandemia se volvió una paradoja.

México no puede entenderse sin su milenaria oferta gastronómica, sus platillos son capaces de contar una historia en cada bocado y su genuino picor relata años de tradición. Cocinar se volvió una labor artística e incluso un acto de rebeldía durante La Conquista, misma que supuso un momento de inflexión social y hasta culinario, capaz de atestiguarse -como bien dijo Pablo Neruda en Confieso que he vivido memorias– «De mercado a mercado. Porque México está en los mercados”.

En territorio azteca se cultivan 64 diversos tipos de chile cuyo misticismo es el sello distintivo de la comida típica. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la evidencia más antigua encontrada de semillas de este fruto se remite a la Cueva de Coxcatlán, en Tehuacán, Puebla, donde se hallaron vestigios que datan de entre los años 6,900 y 5,000 AC.

El chile se volvió una fuente nutricional para los pueblos originarios asentados en la que es hoy tierra mexicana, debido a que contiene diversos nutrientes como vitaminas A y C; carotenoides, fibras y minerales. Fue así que los picantes se convirtieron en un alimento imprescindible y han trascendido a través del tiempo de manera cíclica: de la tierra al mercado y del mercado al plato.

Junto con el maíz, frijoles y calabazas, el picante fue base de la alimentación mesoamericana, pero luego de la fundación de Tlatelolco en 1338 -cuando ese pueblo fue cuna del principal centro comercial que abastecía a la población incluso después de que el Imperio mexica sometiera a los tlatelolcas en 1473- el chile adquirió un nuevo valor y su presencia se volvió imprescindible en el sistema de trueque.

El mercado de Tlatelolco estaba dividido en calles y a cada una le correspondía un género de productos, tal y como ocurre más de 500 años después con la Central de Abasto. “Era tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca”, describió Bernal Díaz del Castillo al mercado prehispánico en sus relatos de la Conquista, mientras que Hernán Cortés calculó unas 60 mil personas de capacidad en ese centro comercial que abastecía a la Gran Tenochtitlán hasta la llegada de los españoles.

Las epidemias de 1545 y 1576 acabaron con la vida de entre un 50 y 80% de los habitantes y el principal mercado fue desaparecido por los conquistadores, según recaba el texto El mercado a través del tiempo de la revista El Correo de la UNESCO, Noviembre, 1996. Durante el virreinato se probaron diversas sedes del nuevo mercado hasta que en 1700 se edificó El Parián, ubicado en lo que ahora es la Plaza de la Constitución de la capital azteca, mismo que fue demolido en 1873, para dar lugar al Mercado de la Plaza del Volador y posteriormente a La Merced.

La incesante demanda obligó a que se construyera la Central de Abasto (CEDA), inaugurada en 1982 por el entonces presidente José López Portillo. Con una superficie de 327 hectáreas, es el mercado más grande del mundo y el segundo mayor centro comercial solo detrás de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Entre ese universo de vegetales, semillas, abarrotes y cárnicos, prácticamente las 24 horas del día hay movimiento, todo con tal de satisfacer las solicitudes de productos de primera necesidad de las más de 500 mil personas que a diario acuden para abastecerse. O al menos hasta antes del brote de coronavirus, mismo que expertos estiman se desató en un mercado similar a más de 13 mil kilómetros de distancia en la ciudad de Wuhan, China.

“¡Que conste que aquí los cargadores no nos morimos de coronavirus!”, exclama un hombre con una especie de caspa esparcida entre su cabello y por toda la espalda. Son restos de cebolla que se aferran a su cuerpo luego de acarrear decenas de costales de vegetales sobre sus hombros desde las cuatro de la mañana, que comienzan a llegar los camiones desde distintos puntos de la República con la cosecha lista para ser distribuida.

A pesar de que la contingencia en México comenzó el 15 de marzo, la Central de Abasto no ha detenido su comercio, pues la alimentación es una de las actividades económicas esenciales que el gobierno no puede frenar. Sin embargo, la administración local no tomó medidas extremas en el lugar sino hasta más de un mes después que se hicieron públicos diversos casos de positivo por covid-19 entre los comerciantes.

El coronavirus no se contagia a través de alimentos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy poco probable que pueda haber contagios con la covid-19 a través de los alimentos, al ser una enfermedad respiratoria. Hasta el momento, no existe evidencia de que el virus pueda multiplicarse en la comida. Sin embargo, es a través del contacto de persona a persona con las gotas respiratorias generadas cuando una persona tose, estornuda o escupe al hablar y los fluidos llegan a otro individuo, que estos microorganismos encuentran un ambiente idóneo para reproducirse.

“Mucho se pudiera haber evitado si hubieran forzado al tapabocas hace más de un mes, ahorita ya qué. Para los que quedamos y siguen yendo está bien, la gente que va a comprar, ayuda a no esparcir el virus, pero eso era hace un mes”, explica Ramón.

Se estima que al día llegan unas 45 mil toneladas de verduras, fruta, carne, abarrotes y legumbres a esta micro ciudad siete veces mayor en tamaño de la Ciudad del Vaticano. Medio millón de personas se abastecían ahí hasta que las noticias de los casos positivos por coronavirus comenzaron a alarmar a la población y se redujo drásticamente la actividad comercial hasta llegar a un 25% desde la semana del 27 de abril al 1 de mayo.

Zona de escasez de agua
La Central de Abasto se encuentra ubicada en la zona con más problemas de abastecimiento de agua de la Ciudad de México, en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la capital. Se estima que unas 400 mil personas en la demarcación no tienen acceso al agua más que con tandeo en pipas pipas. A la Ceda le afecta este problema desde hace varios años.

Locatarios, vendedores y cargadores han padecido la escasez de agua en los sanitarios desde mucho antes que la pandemia amenazara sus negocios, pero ante las recomendaciones de asear las manos constantemente para evitar contagios, la situación se agravó. A pesar del flujo mayúsculo de transeúntes, las autoridades locales no hicieron caso a las demandas y fueron los comerciantes quienes comenzaron a hacer indispensable el uso de alcohol en gel durante los primeros días de contingencia.

“No hay agua, ¿cómo quieres que te laves las manos? En los baños no hay agua, todos en nuestros negocios tenemos gel antibacterial pero si quieres lavarte las manos no hay agua en los baños. En una central de millones de personas, es increíble, diario voy y diario me dicen de un muerto. La psicosis está pesada, no creas que está fácil estar yendo al mercado a trabajar con esa presión de que se murió uno otro. Sientes que el virus anda por todos lados, donde toques, en el aire”, describe Ramón.

Apenas a principios de este año, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) comenzó a realizar obras como parte de la rehabilitación de la red de drenaje de la Ceda, un proyecto de 231 millones de pesos. Pero el agua aún escasea en el lugar y los baños más cercanos a las naves O-P se encuentran cerrados.

“Imagínate, ahorita lo importante para combatir este virus es el agua. El secretario de salud maneja que hay que estarse lavando las manos constantemente, pero pues no te las puedes lavar porque no hay agua. El gel está bien, nosotros tomamos el protocolo antes, teníamos el gel en la bodega pero tú sabes que no es suficiente”, revira Ernesto, quien al igual que Ramón, dejó de trabajar desde que comenzaron a cerrar otras bodegas en efecto dominó.

Ramón se despertó la madrugada del 22 de marzo para ir a trabajar por última vez en el mercado al que desde hace 20 años asiste para vender jitomates, cebollas y tomate verde. Supo hacerse de buenos clientes mayoristas de diversas partes de la República y de la misma Central hasta vender en promedio al día entre cuatro y cinco camiones de mercancía, que equivalen a unas 20 toneladas de vegetales. Pero desde aquella mañana nada volvió a ser igual.

“Se han muerto como cinco. Eran clientes que yo les vendía, fui a cobrarles y me dijeron que ya se habían muerto. Uno me debía 400 bolas (400 mil pesos), otro me debía 30 mil, otro 200 y afecta la economía de uno que le fio, eran clientes muy buenos y ya no están. Hablas con la esposa pero pues ya nadie te va a pagar nada, el señor se murió y pues ya, si la señora tiene dinero pues no creo que te lo dé”, cuenta el vendedor de 50 años de edad.

Según información de la dirección general de la Central de Abasto, en la Ceda se han detectado 25 casos positivos por covid-19, de los cuales dos ya fallecieron. Sin embargo, desde antes de que las autoridades pusieran énfasis en el monstruo mercantil las cortinas ya habían cerrado en casi la mitad de las bodegas del área de chiles y unas cuantas más en las de cebollas y tomates.

“Ahí en el mercado han fallecido unas cuatro o cinco compañeros del sector de la nave de los chiles. Si te pones ha hacer entrevistas bien, en el sector de chiles, cebollas y tomates van más de 100 enfermos”, asegura Ernesto, quien desde que fue diagnosticado positivo se aisló para evitar contagiar a más personas, pero sobre todo, para proteger a su familia.

“Yo me mantuve en un cuarto y ahorita ya cumplí más de 20 días y he seguido aislado esperando que pasen unos días más, después me volveré a hacer la prueba para revisar si ya me curé o si todavía sigo presentando el virus”, comparte el vendedor de 40 años, quien no forma parte de la estadística oficial de la Ceda, pues enfermó más de un mes antes de que se comenzaran a tomar las medidas en forma.

Como parte de las acciones para prevenir mayores contagios en el mercado, se instalaron carpas con consultorios y hasta un pequeño laboratorio para valorar a quienes superen los estándares de temperatura a la entrada del sitio, donde personal de seguridad intercepta a cada auto para prevenir que ingresen con fiebre.

“He estado viendo en las noticias en donde el gobierno manifiesta que hay carpas con médicos que te toman la temperatura para saber si te sientes mal y no las había. En las noticias ya especificaron eso, que hay mucha vigilancia, cuando no es así, el mercado sigue siendo un desastre”, lanza Ernesto durante la entrevista realizada los primeros días de mayo.

“El mercado siempre dio miedo por la inseguridad, pero no como ahora. Ahora es la inseguridad por este virus que nos está atacando, ahora es todo lo relacionado con el mantenimiento de los patios de maniobra; es un desastre hay mucha basura, hay muchos focos de infección”, insiste.

En el pasillo principal del área de menudeo de la zona de chiles, los locatarios escribieron una frase lapidaria: “Mientras los muertos no sean tus muertos entenderás? (sic)”, dice la cartulina blanca con letras negras. Algunos obedecen las nuevas normas establecidas por las autoridades, otros hacen caso omiso, sabedores que el virus llegó mucho antes que alguien se preocupara por ellos, los que dan de comer todos los días a millones de mexicanos.

Espacios naturales ocupados y agua contaminada: las irregularidades de las granjas porcícolas en Yucatán

Alberto Pradilla / Animal Político
Los limoneros de Emilio Madera dejaron de dar fruto hace tres años. De repente, buena parte de sus frutales estaba seco, como si algo hubiese secado de repente el campo. Lleva toda la vida produciendo cítricos en Kinchil, Yucatán, a 42 kilómetros de Mérida. Un derrame proveniente de una granja porcícola le hizo perder la cosecha. Ahora, además, sus tierras no producen ya que dejaron de ser productivas por el exceso de nutrientes recibido.

“Perdí mucho dinero. Llevo toda mi vida dedicado a esto y las granjas son un problema”, asegura, mientras muestra el impacto de la contaminación. Allá donde pasó el agua contaminada ya no crecen más árboles. Ocurre también junto a un pequeño pozo ubicado en su propiedad. Cree que los residuos de la granja pueden estar contaminando el agua y, de paso, sus cosechas.

Decenas de granjas porcícolas en Yucatán cometen diversas irregularidades contra el medio ambiente, según un informe de Greenpeace al que Animal Político tuvo acceso.

“Encontramos que las granjas porcícolas invaden zonas protegidas, contaminan el agua utilizada por las comunidades y también de los cenotes, causan deforestación y violentan derechos ya que no se consultó antes de su instalación”, explica Viridiana Lázaro, integrante de Greenpeace.

Vecinos de comunidades cercanas, como Kinchil, Maxcanú, Opichén y Chololá, en Yucatán, denuncian molestias provocadas por estas industrias como malos olores y problemas con el tránsito de los camiones. Todos tienen miedo de que los desechos de los cerdos puedan afectar al agua que consumen.

El documento de Greenpeace revela que de 257 granjas porcícolas localizadas en los diferentes registros federales y estatales, al menos 43 están ubicadas en zonas protegidas. En concreto hay 36 ubicadas en el área del Anillo de Cenotes, otras cuatro en la reserva de Cuxtal, que tiene carácter municipal y otras dos en la reserva estatal biocultural del Puuc. Además, en la Laguna de Términos hay otra granja ubicada en un sitio Ramsar, es decir, un Humedal de Importancia Internacional.

Además, “en la península de Yucatán se identificaron 122 granjas porcinas (casi la mitad de las detectadas por Greenpeace), establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración suman 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema”, dice el documento.

Por último, Greenpeace reveló que 41 de las granjas están en zonas “cuya política ambiental es de conservación y protección, es decir, que las características del territorio en estas zonas son incompatibles con las granjas porcícolas”.

“No ha habido control. Por ejemplo, la zona del anillo de cenotes no tiene plan de manejo a pesar de que debería estar aprobado desde hace siete años. Esto implica que no se diga exactamente qué actividades se pueden realizar en esa zona, pero los gobiernos estatal y federal deberían proteger”, dice Lázaro.

“Las autoridades no resguardan ni les dan importancia debida a estas áreas que son un importante pilar en nuestra lucha contra el cambio climático. Además de ser albergue de especies de flora y fauna, son una fuente importante para la activación económica de las comunidades ya que favorece la actividad turística”, indica el informe.


Según los datos de Greenpeace, existen 43 granjas porcícolas en 4 áreas naturales protegidas del estado de Yucatán.

Animal Político buscó a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno federal, al gobierno de Yucatán y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Una economía en auge

Las granjas porcícolas son uno de los principales activos económicos en la península de Yucatán. Según Greenpeace aquí se establece el 14% de las granjas porcícolas de la República y el 9% de la producción del país, con un crecimiento anual del 4,5%, solo por detrás de Jalisco y Sonora.

Aunque las cifras no son claras, dice la organización ecologista. Juan Carlos Gamboa, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Yucatán asegura que son 410 las granjas establecidas en el territorio, con una producción en 2019 de 2 millones 200 mil cerdos.

En Yucatán, la principal empresa dedicada a la producción y comercialización de carne de cerdo es Grupo Porcícola Mexicano SA de CV, Kekén, que dispone tanto de granjas propias como de instalaciones explotadas en esquema de aparcería. Animal Político se puso en contacto con la empresa para solicitarle su participación en este reportaje pero al cierre de la nota no había enviado una respuesta.

“Los datos públicos disponibles en fuentes gubernamentales como el registro público de derechos del agua (Repda), el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), la Gaceta Ecológica de la Semarnat y el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera presentan inconsistencias y omisiones graves”; denuncia el informe, que alerta que apenas presentan su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni reportes de emisiones y transferencia de contaminantes, lo que implica que “muchas de ellas operan fuera de la ley”.

Según Greenpeace, esta industria provoca diversos daños en el medioambiente, como la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, el 45% de las granjas están ubicadas sobre selva seca y el 31% del territorio que ocupa esta actividad fue deforestada, lo que implica que se haya arrasado con más de un diez mil hectáreas y 20 de las 200 especies de planta endémica estén en peligro.

La contaminación también pondría en riesgo el ecosistema de los cenotes, por el agua que podría filtrarse. Esto lo saben en comunidades como Homún, que en 2018 promovió un amparo que permitió frenar la construcción de una granja que iba a procesar a casi 50 mil cerdos.
Pozos contaminados

“Hay nuevas enfermedades que no se daban acá. Diarreas, vómitos. Esta es una comunidad cerrada, no sabemos de dónde pudo venir”. William Abraham Paul Cajúm es comisariado municipal de la hacienda Kanachen, en el municipio de Maxcanú, 67 kilómetros al sur de Mérida. A menos de un kilómetro de la comunidad, que apenas tiene 400 habitantes, está ubicada la granja Gary 7. Se trata de una de estas infraestructuras propiedad de un empresario de la zona pero que produce para Kekén.

Para Paul Cajúm, el origen de estos males puede estar en la contaminación del agua. No en vano, las heces y los orines de los cerdos tienen un alto contenido de nitratos, nitritos y amonio.

“Nos dicen que la contaminación del agua entra dentro de los rangos, pero los estudios pueden estar manipulados. Con el agua se prepara el frijol, se utiliza para las milpas, se cocina. Si nos hacemos la vista gorda, la ignorancia nos va a decir que no sabemos y cuando nos demos cuenta estamos enfermos”, explica.

A finales de enero, comunitarios se levantaron contra la granja. A la contaminación que creen que está provocando se le suman los daños en la carretera. Así que organizaron un paro e impidieron que los camiones de la compañía llegasen a la granja. “Queremos que hagan un verdadero estudio de agua. Que se comprometan”, explica.

Un equipo formado por integrantes de Greenpeace e investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron una investigación en cinco pozos y un cenote cercanos a cinco granjas (Gary 7, Kekén, Santa María, Maxcanú y Gary 6). También se analizaron dos descargas directas en dos puntos en los que las granjas Santa María y Gary 7 vierten sus aguas. El objetivo era determinar las concentraciones de nitrógeno, amonio, nitritos, nitratos y coliformes fecales, para “establecer el posible impacto de los desechos de las granjas porcinas en la calidad de las aguas subterráneas”.

Los resultados se compararon con la norma 001 de Semarnat, que establece los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales. “Cinco de las muestras rebasaban lo permitido, a pesar de que esta ley es obsoleta y permite más de lo que ahora aceptan los estándares internacionales”, dice Viridiana Lázaro. Además, también se comparó el resultado con la norma la 127 de la Secretaría de Salud, que establece la calidad que debe tener un agua para que sea considerada apta para el consumo humano. “Encontramos contaminación en la mayoría de las muestras”, asegura.

El informe advierte que “todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio, nitritos y nitratos para garantizar la salud de las personas en México” según la legislación. Aunque el agua de pozo no es la que el gobierno abastece a la población, existe una tradición amplia para su uso.

A las irregularidades en la gestión de los desechos, el informe añade tres de las cinco granjas estudiadas ni siquiera contaban con Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo que solicita la verificación de la Semarnat.

“Lo que pasa es que sueltan los excrementos y llegan hasta aquí a San Fernando. Nos está afectando el olor y no sabemos qué ocurrirá en el futuro, si puede traer enfermedades”, dice Rosa María Canul, vecina de la comunidad de San Fernando, también en Maxcanú. Hace un año que se instaló una granja a menos de un kilómetro de la zona en la que reside desde hace casi 30 años. Se muestra molesta por el tráfico, por los olores y por una cuestión clave: nadie les preguntó si querían una granja porcina cerca de su municipio.

“Aquí siempre nos hemos consultado las cosas”, afirma.

Según el informe de Greenpeace, el 86% de las granjas identificadas se ubican en territorios indígenas. Sin embargo, en muchas ocasiones se viola el derecho a la consulta previa, libre e informada según determina el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A pesar de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, muchas de las granjas siguen operativas, según denuncian algunos de los vecinos.

“Esto es parte de un sistema agroalimentario enfermo que está provocando daños”, dice Viridiana Lázaro. En opinión de Greenpeace, es trabajo del gobierno federal desarrollar políticas públicas para cambiar el modelo. “Este está dañando a las personas y al medio ambiente”. “Estas prácticas son un foco, un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas enfermedades. Por eso pedimos un cambio profundo en el modelo agroalimentario”, afirma.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/irregularidades-granjas-porcicolas-yucatan-greenpeace/

Brote de seis empleados positivos por COVID-19 en Centro de Salud de Ensenada (Baja California)

Zeta Tijuana / Marcos A. Angulo Álvarez

Se envió a casa al personal de salud con síntomas respiratorios para su aislamiento domiciliario y evitar así la propagación por este padecimiento. No hay ninguno hospitalizado

ENSENADA. – Un brote de seis casos positivos por COVID-19 fue detectado entre empleados del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) Ruiz y 14 de Ensenada, confirmó esta tarde de martes 12 de mayo el jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, Ángel Iván Alvarado López.

Detalló que el pasado 8 de mayo se identificó un brote de COVID-19 por SARS COV-2 en seis empleados de salud que laboran en CAAPS Ruiz y 14, que se caracterizaron por presentar dolor de cabeza, tos y fiebre, entre otros.
Por tal motivo, explicó, fue necesario realizar una búsqueda intencionada de casos sospechosos, con los siguientes resultados:

Se consideró al 100% del personal de salud, con síntomas respiratorios agudos que contara con el antecedente de contacto de casos confirmados y sintomatología respiratoria, tomando un total de 48 muestras.

Alvarado López señaló que se realizaron de manera inmediata acciones de contención, se realizó la sanitización de todas las áreas de la unidad, y se envió a casa al personal de salud con síntomas respiratorios para su aislamiento domiciliario y evitar así la propagación por este padecimiento.

Mencionó que de acuerdo a la clasificación emitida por los “Lineamientos estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica y por laboratorio de COVID 19”, el cuadro clínico del personal de salud que manifestó alguna sintomatología es leve. De ellos el 44.1 % de estos trabajadores manifestaron ser asintomáticos, siendo muestreados el 13% de ellos.

El funcionario estatal informó que del personal que resultó positivo, no hay ninguno hospitalizado, se encuentran en casa y monitoreados por el área de epidemiologia jurisdiccional.

Indicó que CAAPS Ruiz y 14, CAAPS Maneadero, Hospital General y las Clínicas de Fiebre (Centro de Salud Obrera y Centro de Salud Pórticos del Mar), así como, las oficinas jurisdiccionales, son constantemente sanitizadas por personal del Programa de Vectores, salvaguardando la salud de los pacientes y del personal.

https://zetatijuana.com/2020/05/brote-de-seis-empleados-positivos-por-covid-19-en-centro-de-salud-de-ensenada/

Protestan contra maquilas; exigen revelar cifra real de muertes por Covid (Ciudad Juárez)

El Diario/Hérika Martínez Prado

Ciudad Juárez.- Activistas exigieron hoy a las autoridades estatales y federales que den a conocer las cifras reales de los trabajadores de maquiladoras que han muerto en Ciudad Juárez a causa de Covid-19.

La agrupación Salud, Trabajó y Dignidad Juárez, a través de su movimiento “Stop Makillas”, llegó esta mañana al exterior de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, ubicada en Oficinas de Gobierno del eje vial Juan Gabriel y la calle Aserraderos, con mantas y consignas contra la operación en las plantas industriales durante la pandemia.

Los activistas reclamaron que las empresas respeten el decreto de emergencia sanitaria por el Covid-19, y que los obreros sean enviados a cuarenta con el total de su salario semanal.

Durante la manifestación, también se colocaron sobre el eje vial Juan Gabriel, donde pararon por momentos el tráfico.

Según datos oficiales, dados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la Secretaria de Salud, suman 17 los trabajadores de maquiladora que han muerto por Covid-17 y nueve más los que permanecen enfermos como positivos.

Sin embargo, trabajadores han asegurado a El Diario que suman decenas los que realmente han perdido la vida durante la pandemia.

Los activistas informaron sobre 106 trabajadores, quienes se han informado a través de redes sociales, sin embargo no dieron a conocer las empresas a las que pertenecían.

https://diario.mx/juarez/protestan-contra-maquilas-exigen-revelar-cifra-real-de-muertes-por-covid-20200512-1661839.html

Piden reubicar a pacientes de hemodiálisis que tienen COVID-19 en el ISSSTE (Yucatán)

Informe Fracto

Familiares de pacientes del Hospital Regional del ISSSTE “Elvia Carrillo Puerto” protestaron en las puertas de ese nosocomio tras enterarse de que una paciente de hemodiálisis dio positivo a la prueba del virus.

Familiares de pacientes con insuficiencia renal del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “Elvia Carrillo Puerto”, protestaron en las puertas del nosocomio para exigir la reubicación de quienes requieren hemodiálisis y tienen COVID-19 (coronavirus), pues temen que se registren más contagios.

De acuerdo con las y los parientes de personas tratadas en ese hospital, ayer se enteraron de que una paciente de hemodiálisis de ese hospital fue diagnosticada con el virus. Sin embargo, la persona sigue siendo atendida con el resto de quienes padecen insuficiencia renal.

Por ello, expresaron la necesidad de que a quienes tengan COVID-19 se les asigne una máquina de diálisis en otra área. De lo contrario, podrían registrarse más contagios y eso arriesgaría la salud de más personas, comentaron. También solicitaron la sanitización adecuada de los aparatos y que éstos no se compartan entre quienes tienen el virus y quienes no lo han contraído.

También se quejaron de las restricciones en la sala de espera del recinto, pues aunque muchos pacientes requieren apoyo al concluir el proceso de le hemodiálisis, sus familiares no tienen permitido el acceso.

De acuerdo con las y los manifestantes, al día alrededor de 24 personas reciben el mencionado tratamiento, por lo cual esperan que la directiva del hospital escuche a la brevedad sus peticiones.

https://informefracto.com/voz-de-la-peninsula/piden-reubicar-a-pacientes-de-hemodialisis-que-tienen-covid-19-en-el-issste/

Escándalo en la agencia estatal de noticias de México: su directora es acusada de organizar agresiones contra periodistas en redes sociales

Edgard Garrido / Reuters

La funcionaria ha estado envuelta en múltiples polémicas desde que Andrés Manuel López Obrador la designó al frente de Notimex.

Sanjuana Martínez, directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, aprovecha su cargo para organizar campañas en redes sociales contra periodistas que considera adversarios y que incluyen agresiones verbales, acoso, amenazas, difamaciones y hackeos.

Así lo dio a conocer este martes una investigación realizada por Aristegui Noticias, Signa_Lab del ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara) y Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, y en la que se solicitó al gobierno que Martínez sea suspendida del cargo mientras instituciones oficiales ratifican las denuncias.

Carmen Aristegui, una de las periodistas más prestigiadas del país, presentó en su programa radial un reportaje que cuenta con testimonios de trabajadores de Notimex y otros que fueron contratados y luego despedidos por Martínez durante el breve lapso que lleva al frente de la agencia, ya que comenzó a ocupar su cargo en marzo del año pasado, pero los cambios de personal han sido una constante, siempre con denuncias de presiones de por medio.

Los entrevistados coincidieron al describir el mecanismo que la directora implementó al intimidar a los trabajadores con el fin de que, desde sus redes personales o desde cuentas falsas creadas ex profeso, respondieran a las críticas que recibiera la propia Martínez o la agencia, o atacaran a periodistas de manera específica, en particular a mujeres.

Entre ellas se encuentran Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, periodistas reconocidas y multipremiadas en México y en el extranjero.

Los testimonios también incluyen denuncias por misoginia, despotismo, presiones, maltrato y violación de derechos laborales. “Trabajar en Notimex fue un infierno: siempre en tensión y con miedo de saber qué era lo nuevo que iba a hacer o decir la directora. Sanjuana agarró parejo contra todas y todos”, aseguró uno de los trabajadores.

“Artículo 19 y Signa_Lab rechazan que personas servidoras públicas usen una institución pública –encargada de informar a la ciudadanía– para denostar, agredir y acosar periodistas. Esto contraviene su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”, advirtieron las organizaciones al presentar las conclusiones del seguimiento pormenorizado que hicieron de cuentas en redes sociales que atacaban a periodistas, incluso con fotos privadas hackeadas desde las computadoras de los afectados.

También consideraron “preocupante” que la agencia estatal utilice mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de la reputación de personas y que silencien voces por medio del acoso laboral y abuso de autoridad.

“Notimex debería estar cumpliendo la función democrática de producir información para las y los mexicanos con independencia editorial del gobierno. La agencia no fue creada para organizar campañas de desprestigio contra excolaboradores ni tampoco para violar su privacidad. Los actos de las directivas de la agencia envían un mensaje intimidante al resto de trabajadores para que no expresen inconformidades, causando censura y violando sus derechos humanos”, explicaron.

Estas campañas, agregaron, implican el posible uso de recursos del Estado para imputar falsamente delitos a sus extrabajadores y administrar cuentas utilizadas para restar credibilidad a periodistas críticos de la directiva de la agencia, lo que tergiversa el papel de Notimex al usar a la agencia para desinformar a la ciudadanía y solucionar rencillas personales afectando la vida de periodistas e inhibiendo su labor periodística.

Artículo 19 exigió de manera particular al presidente Andrés Manuel López Obrador que condene públicamente las agresiones contra periodistas desde las redes sociales, así como exigir que Notimex no sea utilizada para violentar a la prensa, sino para generar condiciones a fin de la libertad de expresión se ejerza de manera segura y sin violencia.

A la Secretaría de la Función Pública le solicitó investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques, además de suspender del cargo a Martínez mientras se esclarecen las denuncias, y a la Fiscalía General de la República, investigar la filtración de información privada. También pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el área de Comunicación Social de la Presidencia.

Martínez ha estado envuelta en múltiples polémicas desde que asumió como directora de Notimex en marzo del año pasado, ya que despidió a más de 241 trabajadores de manera injustificada, lo que derivó en 85 juicios laborales que están en marcha.

El conflicto se alargó tanto que, en febrero pasado, trabajadores de la agencia iniciaron la primera huelga registrada durante el gobierno de López Obrador, misma que lleva 82 días sin que la directora haya querido concretar una negociación con trabajadores a los que sigue descalificando y quienes, a pesar de la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus, mantienen un campamento en la entrada de la agencia.

Martínez solía responder a las recurrentes críticas en su contra de manera agresiva en sus redes sociales o a través de las cuentas oficiales de la agencia, pero la tensión pública que generó fue tan extrema que desde el gobierno la obligaron a dejar de publicar mensajes.

Esta mañana, en respuesta al reportaje publicado en su contra, la directora lamentó que la investigación violara el principio del “equilibrio informativo”, negó las acusaciones y aseguró que forman parte de una campaña para atacar al gobierno. También retuiteó los insultos que algunos usuarios lanzaron contra quienes la denunciaron.

Los reclamos por las agresiones a la prensa impulsados desde un medio público adquieren una dimensión particular en México, ya que es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo.

https://actualidad.rt.com/actualidad/352907-escandalo-mexico-directora-notimex-agresiones-periodistas

Aumenta a 10 cifra de trabajadores contagiados en clínica 16 del IMSS Torreón (Coahuila)

La Oficina de Representación Coahuila del IMSS dijo que tras la prueba del personal la cifra de trabajadores contagiados aumentó a 10. Foto: Vanguardia/Archivo

Francisco Rodríguez/ VANGUARDIA MX

La Oficina de Representación Coahuila del IMSS dijo que tras la prueba del personal la cifra de trabajadores contagiados aumentó a 10

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó un nuevo caso positivo de Covid-19 de personal del hospital General de Zona Número 16 en Torreón, a causa del contagio que se diera a conocer la semana pasada.

La Oficina de Representación Coahuila del IMSS dijo que tras la prueba del personal la cifra de trabajadores contagiados aumentó a 10.

La semana pasada se dio a conocer que una enfermera resultó positivo a Covid-19 después de contagiarse fuera del hospital a través de un familiar, y después de informar se llevó a cabo 40 pruebas entre personal con el que había tenido contacto, arrojando en total 9 casos positivos.

Tras llevarse a cabo 10 nuevas pruebas, aumentó el número de trabajadores de la clínica 16 con coronavirus. Todos se encuentran en aislamiento domiciliario, y únicamente una trabajadora estuvo internada pero se reporta fuera de peligro.

https://vanguardia.com.mx/articulo/aumenta-10-cifra-de-trabajadores-contagiados-en-clinica-16-del-imss-torreon

Demanda FUNDENL que siga viva su lucha y alcanzar justicia (Nuevo León)

Protesta

Al sentirse olvidados por las autoridades de justicia.

EL PORVENIR

Al sentirse olvidados por las autoridades de justicia, integrantes de la Fundación de FUNDENL, en búsqueda por los desparecidos, demandan que sus lucha siga viva, en especial por la fe de que se les haga justicia.
En este tema Lety Hidalgo refirió que la búsqueda de una mejor justicia de sus hijos, familiares y amigos siguen, pues “Vivos se los llevaron”, “Vivos los queremos”.

En su lucha social y pese a la pandemia del Covid-19, los anhelos de dar con los desaparecidos persisten, y es así como en este mes de las madres, demandan que las autoridades sigan en su haber legal actuando en estas tareas.

“La Búsqueda por parte de las familias no para y nuestra exigencia hacia el Estado tampoco….Nos siguen faltando nuestras hijas e hijos, nos siguen faltando más de 61,000 Personas Desaparecidas en México”.

Dijo que desde el pasado 10 de mayo, su marcha se traslada a las redes, un cubrebocas no nos calla. Exigimos la localización de nuestras hijas, hijos y demás familiares, así como Verdad y Justicia.

“Hoy, queremos denunciar que el Estado nos pide no salir de casa, pero los delincuentes siguen en las calles y nos siguen desapareciendo. Nuevo León, según datos de la Secretaría de Gobernación en su publicación “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante Contingencia Sanitaria por COVID-19″ es segundo lugar en casos de Desaparición de Personas”.

Y es que en este diagnóstico, se menciona que Nuevo León tuvo 21 casos en el mes de marzo del presente año, sin embargo, sólo contabilizan los casos de Privación Ilegal de la Libertad; si sumamos todos los Delitos contra la Libertad, Nuevo León tiene 34 casos en marzo de 2020.

Además de eso, de acuerdo a un análisis que realizamos sobre los delitos contra la libertad durante el primer trimestre del año en Nuevo León, Enero y Febrero presentaron el mayor número de casos en los últimos diez años.

“Nosotras, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, no hemos parado, seguimos buscándoles con las medidas sanitarias recomendadas, parar para nosotras sería morir. En este periodo de contingencia, hemos seguido trabajando vía remota, por teléfono y en situaciones esenciales presencialmente”.

Así se han sumado a acciones como las de 23 de marzo una madre de FUNDENL localizó sin vida a su propio hijo; y el 04 de abril, con la ayuda de la población, pudimos localizar con vida a un joven de Nuevo León desaparecido en Cancún, Quintana Roo.

Y es que existen muchas obligaciones y tareas pendientes por parte de las instituciones que pudieran trabajar desde sus hogares, la contingencia sanitaria no debería ser un obstáculo para seguir Buscándoles, y una vez que finalice la pandemia, salir a Encontrarles.

“Por lo tanto, reiteramos nuestra exigencia del comunicado emitido el 06 de abril, donde puntualizamos las acciones que deben de estar realizando las instituciones. Los Registros Estatal y Nacional de Personas Desaparecidas, el Análisis de Contexto, la Red Macrocriminal, los Programas Estatal y Nacional de Búsqueda, los Protocolos, los Registros de hallazgos en fosas, etc. son sólo algunos ejemplos de los insumos que deben de presentar las instituciones en cuanto termine la contingencia sanitaria”.

Pero igual demandan estas acciones en todos los estados, en especial en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, donde por el comportamiento del crimen organizado creen que bien y sus hijos pudieran estar en algunas de estas localidades.

“Demandamos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León: ¿Dónde están nuestras hijas e hijos desaparecidos? ¿Dónde están las más de 61,000 Personas Desaparecidas en todo México?”.

Y es que las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C. dijeron que no hay nada que celebrar, porque aún no se contesta la pregunta de ¿Dónde Están? Y es así como mantienen sus corazones en marcha, aunque ahora sea una marcha digital.

Además de ello en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe ser usada como pretexto por las autoridades mexicanas para no hacer ningún avance en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición, pues mientras esta situación se resuelve, podrían avanzar con trabajo de escritorio que no implican salir a campo.

Dicho ello así lo indicaron familiares de víctimas en un foro virtual organizado este martes por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes lamentaron que la amenaza del coronavirus ha recrudecido la realidad que ya vivían, en cuanto a la ausencia casi total de acciones de búsqueda de sus seres queridos.

Leticia Hidalgo, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León (Fundenl), aseveró que el gobierno mexicano podría seguir las labores de identificación del paradero de las víctimas mediante trabajo como cruces de información o análisis de casos, pero las autoridades siempre responden que eso no es posible.

En el mismo sentido, Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad (Colombia), y Gisela Ortiz, miembro del Equipo Peruano de Antropología Forense, coincidieron en que en sus respectivos países se argumenta la misma imposibilidad de realizar cualquier trabajo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

Con respecto a ello, denunciaron que las autoridades son capaces de hacer videollamadas y avanzar en la documentación y análisis de contexto, pero no lo hacen por falta de voluntad para llevar a cabo sus obligaciones.

ES UNA LUCHA CONSTANTE

Es de subrayar que dentro de estas acciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) ha lanzado una convocatoria para que antropólogos y arqueólogos forenses ayuden a encontrar a las personas no localizadas en este Estado.

La vida pierde sentido cuando desaparecen a un ser querido, pero éste puede recuperarse al intentar encontrarlo. Así sucedió con Irma Leticia Hidalgo Rea, quien lleva nueve años buscando a su hijo Roy

El 11 de enero de 2011, el estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue secuestrado en su casa, ubicada en el municipio de Escobedo.

“Nos arrancan la mitad del corazón y aun así seguimos viviendo. No podemos dejar de buscar nunca, tenemos que hacerlo hasta encontrarlos y es lo que le da sentido a nuestras vidas”, menciona en entrevista con Reporte Índigo.

La organización que preside, llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), lanzó una convocatoria para que voluntarios en Antropología y Arqueología Forense ayuden a encontrar a las 3 mil 799 personas no localizadas en el Estado, de los años 60 al 31 de diciembre de 2019.

Entre los requisitos, está el ser estudiante o pasante de licenciatura, tener disponibilidad de horario y radicar en Nuevo León. Los interesados deben enviar su currículum y una carta de motivos hasta el 14 de febrero al correo electrónico fundenl.forense@gmail.com.

“Al fin acabamos de entender ambas partes que nos necesitamos porque al principio, en 2014 o 2015 que empezamos a decir que íbamos a salir a campo todos los familiares, sí hubo un cierto sentimiento de parte de los profesionales de que no podíamos hacerlo porque no estamos preparados con estudios como los que tienen”, comenta.

Y es que a través de cursos y talleres, los integrantes de FUNDENL han aprendido a no contaminar escenas que puedan aportar pistas. Sin embargo, en la actualidad es necesario unir esfuerzos.

“Hubo un tiempo en el que nos ayudaron con talleres y cursos pero la dimensión de la tragedia en todo México de encontrar restos o campos de exterminio en casi todos los estados de la República nos ha juntado de esta manera para ir persiguiendo la justicia”, dice.

A nivel nacional hay 61 mil 637 víctimas de este delito desde los años 60 al 31 de diciembre de 2019, de las cuales 3 mil 799 son de Nuevo León. Así lo reveló durante una conferencia matutina el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

“Nosotros lo hemos estado gritando desde el inicio de nuestra organización porque en aquel momento, 2010, 2011, todas las instituciones involucradas con la justicia de aquí decían que no era cierto”, reclama.

Históricamente, la entidad se encuentra en quinto lugar, según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), el 6 de enero de este año.

Además de ello FUNDENL inicia una intervención de búsqueda de víctimas de desaparición con el equipo de licenciados y maestros en disciplinas forenses que coordina el doctor Joel Hernández Olvera.

Los especialistas no se dan abasto y, por fortuna, la convocatoria ya ha dado resultados.

“Lleva cinco días y ahorita hemos recibido alrededor de 15 personas que se están proponiendo como voluntarios, porque somos una organización integrada por familiares y no contamos con presupuesto para hacer pagos”, lamenta Irma Leticia Hidalgo Rea.

A la presidenta la reconforta que se solidaricen con esta causa a pesar de que FUNDENL no pueda retribuir económicamente la ayuda.

“Conozco el trabajo que hacen y es arduo, con bastante minuciosidad y dedicación. Tenemos que aprovechar que hay gente que está interesada, que se ha sensibilizado”, expresa.

https://elporvenir.mx/local/demanda-fundenl-que-siga-viva-su-lucha-y-alcanzar-justicia/85998

Cifra récord: 38 mil empleos se perdieron en Jalisco durante abril

Foto: Cuartooscuro

Víctor Chávez / El Occidental

De 38 mil 145 empleos es la pérdida en Jalisco durante el mes de abril y a consecuencia de la contingencia de Covid-19, de acuerdo a las cifras de personal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Antes, y durante marzo de 2020, se perdieron 6 mil 26 empleos, pero la de abril destaca como una cifra récord, desde que comenzaron a registrarse en el año de 1998

A nivel nacional son 555 mil 247 puestos de trabajo menos, lo que representa una tasa mensual de -2.71%, y una tasa anual de -2.21%.

Por lo que respecta a Jalisco, son 38 mil 145 empleos perdidos, de los que 25 mil 566 son empleos permanentes y unos 12 mil 579 eventuales los que se perdieron durante estos 30 días.

Esto coloca a Jalisco en el lugar número 29 a nivel nacional en la generación de nuevos empleos en términos absolutos en ese mes.

Michoacán fue la entidad que presentó la menor variación mensual al registrar -0.83%, Quintana Roo registró la mayor caída porcentual con -10.60%, Jalisco tuvo una disminución de -2.08% mensual, caída inferior a la tasa mensual nacional de -2.71% y se ubicó en el lugar 12 a nivel nacional.

En el acumulado de 2020, Jalisco perdió 18 mil 904 empleos lo que representa una variación acumulada de -1.04% con respecto al cierre de 2019. La cifra más alta se registró en el acumulado de 2017 cuando se contabilizaron 38,226 empleos nuevos.

En el número de empleos formales generados en el 2020, Jalisco se posiciona en el lugar 15 a nivel nacional con una pérdida de 18 mil 904 empleos. A nivel nacional, la variación acumulada en el primer cuatrimestre es de 493 mil 746 empleos menos.

Con relación a la variación porcentual acumulada de 2020, Jalisco se ubica en la posición 14 con una variación de -1.04%, por encima de la variación nacional que fue de -2.42%, Sonora es la entidad federativa con la variación acumulada más alta al registrar 1.09%. En contraste, Quintana Roo presentó la mayor caída en el empleo formal en lo que va del año con -18.12%.

https://www.eloccidental.com.mx/local/cifra-record-38-mil-empleos-se-perdieron-en-jalisco-durante-abril-coronavirus-covid-19-pandemia-oms-fase-3-mexico-5221535.html

La sección 16 del SNTE registra a 3 mil 600 maestros a quienes se les adeudan salarios en Jalisco

Foto: Redes Sociales

La sección 16 del SNTE ha realizado paros de labores, sin embargo, aún no se resuelve un problema que surgió con la Reforma Educativa aprobada el sexenio anterior, cuando se centralizó el pago de la nómina

Ignacio Pérez Vega /UDGTV

Guadalajara Jalisco.

En plena emergencia sanitaria persiste el problema de la falta de pago a maestros de educación básica, por parte del Gobierno de Jalisco.

Adrián Delgado, vocero de la sección 16 del SNTE, informó que tienen un registro actualizado de 3 mil 600 profesores con sueldos atrasados. Por ello, pide que no se “minimice” el problema y llama a la solidaridad de la sociedad hacia los docentes, a quienes se les adeudan hasta nueve meses, como es el caso de la maestra Alejandra Aviña, quien vive el problema desde el comienzo del actual ciclo escolar.

Un grupo de seis maestros acudió a las oficinas de la Secretaría de Educación a presentar un nuevo oficio, para insistir en que se resuelva la falta del pago de salarios y prestaciones.

La sección 16 del SNTE ha realizado paros de labores, sin embargo, aún no se resuelve un problema que surgió con la Reforma Educativa aprobada el sexenio anterior, cuando se centralizó el pago de la nómina.

Adrián Delgado, representante de la Sección del SNTE, advirtió que de no tener una solución, podrían acudir a otras instancias legales.

“Hoy quiero decirles que vamos a seguir trabajando en este tema, hasta que le paguen al último de todos ustedes. Esto no se termina aquí. Espero que no sea necesario tener que llevarlo a tribunales y espero que no sea necesario tener que llevarlo a instancias que tengan mayor incidencia e intervenir en este grave problema que se presenta”, mencionó.

Delgado advirtió que la Constitución establece que el pago de salarios es un derecho de los trabajadores.

La maestra Berenice Mujica, quien trabaja en una escuela de Tonalá, no ha cobrado su salario en las tres quincenas recientes.

“Yo soy uno de los casos afectados por los adeudos por parte de la Secretaría. En mi caso son 45 días los que tengo sin sueldo. Me presente a trabajar desde antes de la pandemia, estuve frente a grupo con 37 alumnos y sin embargo, a la fecha no me han dado respuesta debido a que me comentan que el trámite que se hizo por parte de la región del SNTE en Tonalá no se llevó a cabo en el tiempo que se estimaba”, expresó.

Por su parte, Alejandra Aviña, dijo que está desesperada al no recibir su salario en forma oportuna, pese a que ella no ha dejado de trabajar, ahora atendiendo a sus alumnos, a la distancia.

“Yo tengo una problemática de pago desde el mes de agosto del año pasado. Ha sido frustrante porque me he acercado a todas las autoridades que yo considere que me podían ayudar en esta situación y ninguna ha hecho por ayudarme. Me han hecho algunos pagos parciales, pero me pagan un mes, se vuelve a cortar el pago, me vuelven a pagar un mes y ha sido una lucha interminable”, manifestó.

El reclamo por el pago de sueldo a los profesores será recordado en el contexto del Día del Maestro, que se celebra el 15 de mayo.

http://udgtv.com/noticias/seccion-16-snte-registra-3-mil-600-maestros-quienes-adeudan-salarios-jalisco/

Estudiantes de Medicina en riesgo (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Sus familiares están preocupados porque en los hospitales que se les asignó para sus prácticas, no les dan equipo de protección contra el Coronavirus

Tepic, Nayarit.- Martes 12 de mayo del 2020.- Son alrededor de trescientos alumnos de medicina y  enfermería  los que están a punto de concluir este próximo mes de julio sus carreras superiores de Enfermería y Medicina  de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) quienes desde el primero de agosto del 20l9 fueron asignados a diversos hospitales y demás centros  de salud en la entidad e incluso algunos en otras   regiones de donde presuntamente son originarios  que se  vienen quejando porque precisamente en estos tiempos de emergencia mundial sanitaria por el coronavirus los están mandando como se dice” a la guerra sin fusil” lo que ha generado rechazo preocupación y malestar no nada más entre los jóvenes estudiantes si no de sus propias familias ya que advierten del alto riesgo  de contagiarse con este  peligroso virus, ya que dicen que  solo les dan cuando así sucede cubre bocas pero que no tienen un verdadero equipo de protección sanitaria para evitar dichos contagios  y se preguntan y ellos mismos se responden, si a los médicos que ya tienen muchos años en dichos hospitales no les dan buenos equipos de protección “con timás” a nosotros los estudiantes, que vamos a hacer nuestro trabajo social que se necesita en dichos hospitales    y  que al respecto supimos que ya hay un estudiante que dio positivo al Virus y cinco más que están en el nivel de sospechosos lo han dejado saber algunos de estos alumnos que están solicitándole al Rector de la UAN al Académico Nacho Peña González  su apoyo e intervención  para que se retire o se quite de ”tajo” esta obligación estudiantil del ”TRABAJO SOCIAL” al  menos en estos tiempos de pandemia porque hay alumnos que ya no quieren presentarse a dichos centros hospitalarios  en  donde se atiende a los enfermos no nada más de Covi-l9  si no de todas y cada una de las miles de enfermedades que existen entre los humanos  del Mundo.

http://realidadesperiodico.com/portada/estudiantes-de-medicina-en-riesgo/

Aumenta CFE tarifas de electricidad en Compostela (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Está cortando el servicio porque las familias no pueden pagar el recibo

Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Miércoles 12 de mayo del 2020.- Alrededor de 350 familias de Compostela son las afectadas por las altas tarifas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que está llevando el corte del servicio a quien no cumple con el pago.

Ante esta situación se está analizando la posibilidad de introducir un amparo colectivo, dado que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no pudo evitar los abusos de la paraestatal, lo cual tiene molestos a los afectados, quienes recordaron que hay un acuerdo al no corte de la energía.

Respecto a este asunto el titular de David Haro González, explicó que el convenio de no corte es en la zona norte de la Entidad y aclaró que hasta el día de hoy no han interpuesto ninguna queja en la dependencia que encabeza.

Del 2019 hasta la fecha, hay 9 denuncias activas contra la CFE, ante ello la Comisión no puede cortar la luz,  por lo tanto invita a los inconformes a qué interpongan la queja correspondiente, para comenzar a trabajar en este tema.

Para concluir, David Haro González, indicó que varias veces han multado a la CFE, misma que ha tenido que pagar multas que van desde los mil 500 hasta los 700 mil pesos.
http://realidadesperiodico.com/portada/aumenta-cfe-tarifas-de-electricidad/

AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales; ONG acusan falta de plazos y controles

Arturo Ángel y Alberto Padilla/Animal Político
12 mayo 2020

El acuerdo oficializa participación de fuerzas armadas en seguridad pública que se contempló hace un año en la reforma de Guardia Nacional, pero organizaciones y experto advierten falta de límites, de plazos y de controles civiles.

A partir de hoy los elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.

Lo anterior gracias a una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador dada a conocer ayer a través de un acuerdo publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha orden se sustenta en una reforma constitucional aprobada el año pasado con motivo de la creación de la Guardia Nacional, la cual habilitaba al presidente a echar mano durante los próximos cinco años de las fuerzas miliares convencionales para funciones policiales.

En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles consultadas por Animal Político advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.

El Colectivo Seguridad Sin Guerra emitió por la noche un posicionamiento en el que acusa que el acuerdo no regula la intervención militar sino, por el contrario le “quita la máscara” al militarismo de la seguridad en el país.

“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”, señaló el colectivo que agrupa a mas de 30 organizaciones.

La orden: detener, vigilar, asegurar
La orden presidencial publicada faculta a las fuerzas armadas a intervenir y apoyar a en doce acciones distintas de seguridad pública contempladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.

Las acciones van desde la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general, hasta participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales, medios de transporte, entre otros.

También se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia en estos. En síntesis, intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito.

El acuerdo publicado también faculta a las fuerzas armadas permanentes a colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “reestablecer la paz”.

Control y mando, todo militar
Aunque la reforma constitucional del año pasado establece que la participación de los militares estará subordinada a un mando civil y bajo una estricta fiscalización y control, en realidad el acuerdo publicado ayer no detalla como sería esto.

Lo que se señala es que dicha intervención será “subordinada y complementaria” a la Guardia Nacional, fuerza que aunque por definición es una policía civil en realidad opera bajo un mando operativo totalmente castrense, con más de 80 por ciento de sus elementos adscritos y reclutados por el Ejército, como se documenta en el reportaje Crimen y Violencia en México: la Guerra que no Acaba.

En el punto cuarto del mismo acuerdo se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con los titulares de la Defensa y Marina para operar la participación militar, pero no señala ni contempla que él se encuentre al mando de esta colaboración.

En cuanto al tema de la fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas, el acuerdo solo señala en su punto quinto que la supervisión y control dependerá de los órganos interno del control de la dependencia que corresponda, es decir de la propia secretaría de la Defensa o Marina. Se trata entonces de un control interno militar.

No es regulación, es cheque en blanco
Expertos en temas de seguridad, fuerzas armadas y derechos humanos criticaron el acuerdo publicado ayer pues sostienen que en lugar de regular con límites, plazos y controles el apoyo del Ejército en seguridad durante los próximos cinco años, legaliza una amplia intervención en tareas que constitucionalmente son ajenas a las fuerzas armadas.

“El transitorio de la reforma del año pasado decía que este apoyo tenía que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulación es un cheque en blanco al Ejército. Es un fraude en la ley y en la práctica”, dijo a este medio Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE.

Pérez Correa cuestionó además el hecho de que no se haya contemplado una fiscalización independiente o civil, como ordenaba la reforma, y que se permita a las fuerzas armadas supervisarse así mismas para tareas de seguridad pública que no son de su naturaleza.

En ese sentido Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, cuestionó que el acuerdo haya ignorado el tema de la participación “extraordinaria, regulada y subordinada” del Ejército en labores de seguridad pública, pues dijo que no se trata de una simple redacción ni ocurrencia, sino de los límites que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de militares en labores policiales.

Tanto Correa como Hope criticaron además en que el acuerdo contemple simplemente la intervención militar durante el resto del sexenio sin explicar las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ellas. Esto se agrava porque ni siquiera se conoce realmente en que grado de avance se encuentra la conformación de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente está condicionada la participación militar.

“Lo que sí es claro es que en realidad todo queda en manos del Ejército. El desarrollo de la Guardia Nacional depende hoy del Ejército y francamente no veo ningún incentivo para que eso cambie”, añadió.

Ayer el Colectivo Seguridad Sin Guerra, y organizaciones como México Unido contra la Delincuencia también emitieron posicionamientos de rechazo a la orden presidencial por la ausencia de controles, de plazos, y en general de todos los límites que deberían ponérsele a un apoyo que en esencia es excepcional, no permanente.

Las organizaciones coincidieron en que se trata de un paso que en cambio profundiza la militarización de la seguridad que desde hace dos sexenios se ha venido impulsando en tareas de seguridad, en menoscabo del desarrollo de las policías en México.

“Expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”, dijo Seguridad Sin Guerra.

Es una “tomada de pelo”: activistas
José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), coincidió con los otros expertos en que el acuerdo del presidente no acota ni regula la intervención militar conforme a los parámetros de la CIDH. En el mejor de los casos legaliza lo que ya ocurría.

“De extraordinario no tiene nada, porque lo ordena. Regulada no es, porque no dice qué puede ni qué no puede hacer, ni objetivos ni tareas. La fiscalización es una tomada de pelo, ya que hemos visto que Sedena no se fiscaliza a sí misma y Marina y Guardia Nacional tampoco. Lo de subordinada es tomada de pelo mayor. Le instruye a Secretaría de Seguridad Pública para coordinarse con secretarios de Defensa y Marina y definir actividades en la que complementarán a la Guardia Nacional. Lo que dice el transitorio es que deben estar subordinados a la autoridad civil, pero aquí les dicen que se pongan de acuerdo”, señala.

“Se perfecciona la política de militarización de la seguridad publicad de López Obrador”, considera Guevara. Reconoce que esto “viene de años atrás” y establece una línea del tiempo desde Calderón, que sacó al ejército a las calles con medidas “inconstitucionales”, Enrique Peña Nieto, que creó una ley de seguridad interior que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia y el actual gobierno. “Fue más allá. Constitucionalizó la militarización de la seguridad pública, en contra de la propia Constitución, de los tratados internacionales y las recomendaciones internacionales”, dice.

Guevara recordó que la historia ya ha mostrado que la intervención militar sin control ha abierto la puerta a la tortura, la desaparición forzada y graves violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro Pro, indicó que “si lo vemos desde una primera lectura política, el acuerdo viene en un mal momento. El ejército ha ido ganando terreno en varias decisiones del gobierno: encargándose de construir un aeropuerto, trasladando combustible…”

En su opinión, uno de los puntos relevantes es que habilita al ejército para ser el primero en llegar a escenas del crimen. Se trata de algo que ya ocurría, como en la matanza de Tlatlaya, donde, según recuerda Tapia, la CNDH determinó que los militares movieron cuerpos y armas.

“Desde Calderón, cuando se profundiza en la militarización, empieza a ser habitual que el ejército llegue el primero a escena del crimen”, explica.

Coincide con Guevara al considerar que el acuerdo presidencial rompe con principios del artículo transicional, que decía que la actuación de esta fuerza armada debía ser “subordinada y complementaria” a la de la Guardia Nacional.

“Si actúa motu propio sin participación de ninguna fuerza policial civil pierde estos principios”, dice.

“Otra cosa es el hecho de remitir a los órganos de control interno la fiscalización. Está bien documentada por trabajo de organizaciones que los órganos de control interno han servido de tapadera, que no cumple con el deber de fiscalización”, señala.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/amlo-legaliza-intervencion-militar-tareas-policiales/

CDMX: trabajadores de RTP presentan queja ante CNDH de omisiones ante el covid-19


Trabajadores de la RTP interpusieron una queja ante la CNDH contra su director general, Ramón Jiménez López, en la que denuncian el deceso de alrededor de 10 trabajadores por covid-19 en menos de 15 días Foto: Octavio Gómez

Sara Pantoja / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Trabajadores de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) interpusieron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra su director general, Ramón Jiménez López, en la que denuncian el deceso de alrededor de 10 trabajadores por covid-19 en menos de 15 días sin que las autoridades capitalinas hayan tomado cartas en el asunto.

Además, manifiestan su temor por contagiarse y contagiar a los miles de usuarios que utilizan ese medio de transporte.

Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum sólo reconoce el fallecimiento de dos operadores y de dos casos más de contagio.

La queja, cuya copia tiene Proceso, fue interpuesta el pasado 2 de mayo, con el folio 2020/36512 en el organismo nacional, aunque es un asunto que corresponde a la administración local.

En la descripción de los hechos, el documento señala: “en las instalaciones de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) se han detectado casos de covid-19 y ha habido varios fallecimientos; sin embargo, ni los directores y autoridades del organismo han hecho caso alguno y quieren ocultar esta información”.

Agrega: “se están contagiando varios compañeros tanto de base como de confianza. Ya hay alrededor de 10 fallecimientos en menos de 15 días, y esos 10 compañeros fallecidos han tenido contacto con compañeros, con sus familias y con todos los usuarios a los que les están prestando servicio en varias rutas”.

Por ello, los quejosos añaden: “exigimos urgentemente que intervengan antes de que esto se propague más y quede fuera de control. No solo por los compañeros de RTP sino por toda la ciudadanía”.

Los quejosos señalan como responsables al director general Ramón Jiménez López; al director ejecutivo de Operación y Mantenimiento, Ramón Morales; la gerente modular 4, Alina Cisneros Kim; la gerente de Administración de Capital Humano, Patricia Hernández Terán; el jefe de la Unidad Departamental de Operación Módulo 4, Jesús Martínez Martínez; la jefa de Unidad Departamental de Prestaciones y Seguridad Social, Silvina Miguel García; y al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF), Hugo Bautista Martínez.

En los reportes de movilidad que ofrece la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a partir de la emergencia sanitaria, ha mencionado que la afluencia en el transporte público, incluida la RTP, ha disminuido en promedio entre 60% y 70% diariamente.

Además, el gobierno local ha informado que constantemente se realizan labores de sanitización de todas las unidades.

https://www.proceso.com.mx/629792/cdmx-rtp-presentan-queja-cndh-covid-19

Alarma en Coahuila militarización de las fuerzas públicas

Especial/Lo anterior ha causado controversia entre distintos actores de la población, quien han cuestionado la capacidad de las fuerzas militares para realizarlo protocolos de seguridad pública sin violentar los Derechos Humanos de los mexicanos

Paloma Gatica/ VANGUARDIA MX

Este lunes entró en vigor el decreto por el que se dispone que las fuerzas armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años

Este lunes entró en vigor el decreto por el que se dispone que las fuerzas armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años, en tanto la guardia nacional desarrolla su estructura y las capacidades de implementación territorial según especifica el decreto en el diario oficial de la Federación firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior ha causado controversia entre distintos actores de la población, quien han cuestionado la capacidad de las fuerzas militares para realizarlo protocolos de seguridad pública sin violentar los Derechos Humanos de los mexicanos.

Diana Iris García, activista integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), sostuvo que es preocupante las capacidades que dicho Decreto atribuye al Ejército Mexicano y a la Marina, pues considera que es una medida represiva.

“Si bien es cierto que cuando se instaló la Guardia Nacional, que era también con una competencia civil, pero que muchos eran parte de la Policía Federal nos preocupaba porque no estaban capacitados en un enfoque de Derechos Humanos, ahora es más preocupante porque se trata de medidas represivas que no van a hacer más que dar pie a que la violencia crezca y la población lo padezca”, manifestó.

Indicó que al ser la formación militar específicamente par responder en circunstancias violentas y no para preservar la vida de las personas, la militarización de la fuerzas públicas es alarmante.

En ese mismo sentido cuestionó bajo que organismos, criterios y estrategias será la subordinación de los militares y cómo estos cuerpos estarán fiscalizados.

A este mismo cuestionamiento se sumó Enrique Martínez, abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C., quien externó que “es grave la militarización de las fuerzas armadas es grave”.

“Éste decreto que es un cumplimiento de la Ley de la Guardia Nacional, vemos que surge la militarización de lo que es la seguridad pública, lo cual es sumamente preocupante porque la Seguridad Pública en un primer momento corresponde al orden civil y tienen que haber casos sumamente excepcionales para que puedan encargarse de la seguridad pública las fuerzas militares”, dijo.

“Llama la atención que este Decreto señala que son principios que se van ejecutar en situaciones extraordinarias, que serán reguladas, que serán fiscalizadas, coordinadas y complementarias, pero que el propio Decreto no establezca a quien va estar subordinado por ejemplo”, concluyó.

https://vanguardia.com.mx/articulo/alarma-en-coahuila-militarizacion-de-las-fuerzas-publicas

Trabajadores de hospital en Guanajuato piden apoyos; gobernador responde con amenazas y despidos

En plena pandemia 42 trabajadores del Hospital General de Irapuato solicitaron protocolos para actuar durante la emergencia y una solución al problema de inseguridad. Las autoridades respondieron con el bloqueo del acceso a dos empleados y les desconocieron su relación laboral

Foto: Secretaría de Salud de Guanajuato. Tomada de Pie de Página.

Pie de Página, 11 de mayo de 2020

Texto: Por Verónica Espinosa y Edith Domínguez / PopLab

Fotos: Secretaría de Salud de Guanajuato

GUANAJUATO.- “Tú sigues”, es la amenaza sin rodeos que se hace llegar a personal médico en el Hospital General de Irapuato adscrito a la Secretaría de Salud del estado, después del fulminante despido de dos trabajadores que, junto con otros 40 de urgencias del hospital, “se atrevieron” a escribirle al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a pedirle lo que se ha convertido en un asunto de vida o muerte para el personal del sector, ante la contingencia de salud a causa de la pandemia de covid-19: que les garanticen que pueden trabajar con protección, protocolos y seguridad.

No solamente tiene que ver con su salud o la de sus familias, sino con el riesgo de trabajo que en los últimos años ha significado para ellos el ingreso de sicarios o integrantes de grupos delictivos a hospitales en el estado, para buscar a algún paciente al que sustraen o “rematan”.

Lo han vivido en carne propia, porque esto ha sucedido ya en varias unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado, incluyendo al Hospital de Irapuato.

Pasó el 14 de enero de 2019.

En la noche previa, un domingo, dos ex policías de Salamanca se encontraban en una calle de Irapuato cuando fueron atacados. Uno de ellos murió de un disparo en la cabeza, el otro sobrevivió.

Esa mañana del 14 de enero, pasaban de las 9 cuando varios hombres con armas largas y encapuchados entraron por el área de urgencias; sin problemas desarmaron a los vigilantes, llegaron hasta la cama donde estaba el expolicía en atención médica, y allí mismo lo remataron.

Después de eso, el gobierno estatal se vio obligado a levantar una reja metálica alrededor del hospital.

Pero las amenazas por la criminalidad violenta en el estado se multiplican y adquieren otras formas, y las amenazas de explosivos o bombas también se han presentado, alterando la rutina laboral.

Para el personal médico -42 trabajadores de todos los turnos- que firmó la carta, se ha hecho necesario que este escenario de alto riesgo sea también considerado en sus condiciones laborales (sólo están catalogados con alto riesgo los médicos especialistas y algunos laboratoristas), tanto como su protección personal y profesional para enfrentar la pandemia del coronavirus que causa la covid-19.

El personal firmante decidió recurrir a esta vía, en lugar de salir a realizar manifestaciones, protestas públicas o paros laborales. Pero su vía pacífica de nada les valió, pues la respuesta más contundente fue la represión, en forma de despido, a dos de ellos, a quienes nadie les dio la cara, nadie les dijo nada.

Simplemente se encontraron con las órdenes de impedirles la entrada -que nadie sabía quién había dado, salvo el “viene de arriba”- y su imposibilidad de checar su entrada como todos sus compañeros.

La carta llevaba también como destinatarios al secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez y al propio director del hospital, Valentín Torres Tiburcio, así como a la titular de la Secretaría de la Transparencia, Marisol Ruenes; al procurador de derechos humanos Raúl Montero de Alba y al secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Martin Cano Martínez.

El 22 de abril la recibieron: la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico; la PDHG; la sección 37 del SNTSA. Al día siguiente fue sellada de recibido en las oficinas del gobernador y del secretario de salud, según se pudo constatar.

“El presente documento es una carta elaborada concienzudamente por el grupo de médicos del servicio de urgencias del honorable Hospital General de Irapuato, realizada ante las constantes y no nuevas situaciones de inseguridad, exposición y alto riesgo ante las cuales hemos venido trabajando desde hace años y que no solo afecta al personal médico que labora en el área de urgencias, sino a todo el personal que involucra (desde enfermeras, camilleros, laboratoristas, técnicos radiólogos y especialistas que asisten al servicio)”, dice el primer párrafo de esta carta.

“Este documento tiene la finalidad de explicar nuestro punto de vista en cuanto a las situaciones bajo las que trabajamos, nuestra propuesta para mejorar o resolver la situación y nuestras peticiones respecto a ellas”. Estos son los términos y el tono en general de la carta, la cual se anexa al final de esta nota.

Para el personal, una prueba por turno

Ocho puntos centrales fueron planteados en el documento:

1. Establecer un compromiso de confidencialidad del personal, principalmente con el servicio de vigilancia.
2. Definir una ruta de acceso y salida segura para el personal, distinta a la entrada principal, por seguridad y para evitar contaminación y contacto con usuarios.
3. Otorgar el nivel de alto riesgo al personal de urgencias, con los beneficios inherentes.
4. Reforzar la vigilancia con apoyo de fuerza pública en los accesos ante incidentes y riesgos.
5. Habilitar un área aislada para duchas y vestidores del personal asignado a la zona COVID, a fin de prevenir la contaminación del resto de las áreas.
6. Indemnizar a familiares de trabajadores fallecidos por algún atentado o contingencia en su labor.
7. Un aumento salarial.
8. Un plan interno de contingencia ante cualquier enfermedad infecciosa.

Foto: Secretaría de Salud de Guanajuato. Tomada de Pie de Página

Una de las preocupaciones que el personal médico de urgencias había hecho ya del conocimiento de sus superiores antes de elaborar esta carta, es el riesgo personal y la falta de cuidado de los vigilantes, pues ésos suelen dar datos o la ubicación de médicos o enfermeras a cualquier persona que llegue a preguntar por ellos, según los testimonios recabados.

Sumado a ello, “cuando apareció el COVID-19 vimos que había agresiones contra el personal médico y nos empezamos a espantar, nos sentimos en una situación de vulnerabilidad, con miedo, además del temor a infectarnos”.

Por eso incluyeron en el documento una petición para que el personal de vigilancia respete la confidencialidad de los datos personales de los trabajadores médicos, pues la exposición a una agresión se multiplicó con la aparición de la pandemia, como se ha visto en distintos puntos del país en que se han registrado ataques a los trabajadores de la salud de todos los niveles y profesiones.

La solicitud para la clasificación de “alto riesgo” del personal de urgencias se ha planteado en Irapuato y en otros municipios del estado con iguales o peores condiciones de violencia.

“Se ha hablado con Recursos Humanos, con el Sindicato, pero han dicho que no se puede, que no somos especialistas, cuando si no hay especialistas, nosotros le entramos, porque claro que nos falta personal”, dijo una trabajadora.

De acuerdo con lo que se pudo conocer, después de que se entregó la carta, se logró que se habilitara un área de aislamiento para pacientes con COVID-19, pues no se contaba con ella. “Algunos médicos expusieron ante el director que hubo ocasiones que el mismo coordinador entraba a ver pacientes COVID y luego se salía y andaba por todo el hospital”.

“También pedíamos que pudieran contar con una zona para cambiarse la ropa, ducharse y guardarropa para evitar riesgos de contaminación y reducir las infecciones nosocomiales; eso también serviría para disminuir los riesgos para las áreas extra hospitalarias y los hogares y familias de los trabajadores, un aspecto que ha sido mínimamente valorado”.

El “Plan interno para manejo de contingencias por enfermedades infecciosas” tendría que ser permanentemente instaurado en las unidades de la Secretaría de Salud, consideran los firmantes.

“Dicho plan debe estar establecido, revisarse periódicamente, y ser flexible para poderse adaptar sin problema al plan de contingencia estatal o nacional, e incluir lugares de atención, un sitio de ingreso/recepción de pacientes, disponibilidad de equipo de protección para el personal y para el usuario”.

La experiencia con la actual pandemia ha demostrado la importancia de dicho plan de manejo.

Uno de los médicos firmantes explicó que no contaban ni con batas, hasta después de que entregaron la carta.

“Ahora ya nos dan (equipo de protección); nosotros estábamos en trinchera. Los médicos de urgencias todo vemos, vemos hasta los pacientes de especialidad”.

De manera adicional a estos puntos, saltó otra inquietud: por lo menos hasta principios de abril, ya declarada la contingencia sanitaria, en el Hospital General de Irapuato sólo se podía realizar una prueba para todo el personal en cada turno, cada jornada de trabajo.

“Imagínese, nada», resumió una trabajadora que dio su testimonio.

Recordó que en una de las “semi capacitaciones” que les dieron, la epidemióloga que les enseñó a tomar la muestra, les dijo también: “vamos a dejar en jornada una (prueba) y traten de cuidarlo porque es poquito”.

Con información de: https://piedepagina.mx/trabajadores-de-hospital-en-guanajuato-piden-apoyos-gobernador-responde-con-amenazas-y-despidos/

Con marcha virtual y en CDMX, madres protestaron por sus desaparecidos este 10 de mayo


Imagen tomada de: lostubos.com

Los Tubos

Este 10 de mayo, un grupo de madres marchó del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos, a pesar de las recomendaciones para quedarse en casa en medio de la contingencia sanitaria por coronavirus Covid-19.

Como los últimos 9 años, el reducido grupo de personas levantó la voz por los desaparecidos y señalaron que la pandemia sanitaria “no es la peor, para nosotros es la de desaparecidos”; asistentes se preguntaban cuántas personas han muerto a causa del virus comparando con la cifras de desaparición y feminicidios al día.

Fueron alrededor de 30 mujeres quienes se concentraron en el Monumento a la Madre, todas con cubrebocas y el mensaje “¿Dónde están?”. Reiteró que la cuarentena no frena su búsqueda de justicia y que salir a marchar en Día de las Madres es más importante que nunca porque hay que exigir que “no se pare la búsqueda” a pesar de la crisis sanitaria.

Según datos oficiales, México acumula 61 mil 637 personas desaparecidas y más de 37 mil cuerpos sin identificar. A la marcha llegaron madres con sus hijos desaparecidos del Estado de México y también se registraron protestas en Monterrey y Guadalajara donde mujeres exigieron la búsqueda de desaparecidos.


Imagen tomada de: lostubos.com

Protesta virtual por los desaparecidos

Simultáneamente, colectivos de familias se unieron a la protesta digital #CorazoneEnMarcha para exigir el regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad, justicia y garantía de no repetición, en medio de la Emergencia Sanitaria.

Con fotos y videos en redes sociales con consignas de justicia por los desaparecidos, cientos de personas se manifestaron y señalaron que priorizar las medidas para contener la pandemia no puede dejar de lado la importancia de continuar la búsqueda de las personas desaparecidas que debe ser una actividad esencial en todo el país.

Agrupados en el Movimiento Nacional por Nuestro Desaparecidos, más de 60 colectivos reiteraron que su demanda principal es que se garantice una efectiva búsqueda inmediata, así como avanzar sustantivamente en la implementación de la Ley General de Desaparición en los estados.

“Esta crisis sanitaria remarca los graves problemas de inequidad, desigualdad e injusticia social expresados en la violación a los derechos sociales y otros […] en este día tan significativo, nos movilizamos para reiterar nuestras exigencias, así como lo hemos hecho desde hace 9 años”.Movimientos por Nuestros Desaparecidos

De esta manera concluyó la novena Marcha por la Dignidad Nacional; las mamás recordaron que el 10 de mayo no se festeja y ahora, desde sus casas, avanzan juntos para encontrar a sus familiares desaparecidos.

https://lostubos.com/2020/05/11/con-marcha-virtual-y-en-cdmx-madres-protestaron-por-sus-desaparecidos-este-10-de-mayo/

Interponen queja ante la CNDH contra obras del Tren Maya


Lilia Balam / Informe Fracto
Colectivos indígenas y organizaciones civiles argumentaron que continuar con la construcción del proyecto durante la pandemia vulnera los derechos de los pobladores de la región.

Colectivos indígenas y organizaciones civiles de la Península de Yucatán interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues consideran que las actividades del proyecto del Tren Maya que se llevan a cabo en la región vulneran el derecho a la salud de la población en el contexto de la pandemia de COVID-19 (coronavirus).

Como se difundió en Informe Fracto, el mes pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo en el que se estipula, entre otros puntos, que todas las acciones de producción de acero, cemento y vidrio con contratos vigentes con el Gobierno Federal deberán continuar durante la contingencia sanitaria, para cumplir con los compromisos a corto plazo de proyectos como el Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Ante este panorama, el pasado miércoles 6 de mayo, la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, el colectivo Indignación, la Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya’Ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal presentaron el recurso jurídico y solicitaron medidas cautelares o precautorias.

En un boletín, las cuatro agrupaciones firmantes argumentan que las licitaciones, encuestas, censos, entrevistas, inspecciones, revisiones, mantenimiento y construcciones de estructuras para el ferrocarril no son actividades esenciales y ponen en peligro la salud, la vida, la integridad personal y el medio ambiente de las y los pobladores de la región.

Además, hacen hincapié en que tales actividades representan un “abuso de poder durante la pandemia en detrimento de los derechos humanos de todas las y los gobernados”, pues avanzan mientras se imponen restricciones fácticas y legales al derecho de acceso a la información y a la justicia, y mientras persisten suspensiones en organismos jurisdiccionales federales que deciden sobre la constitucionalidad y legalidad de este tipo de acciones del Gobierno Federal.

Cabe recordar que hace un par de semanas, la organización Múuch’ Xíinbal interpuso un amparo en contra del mencionado Acuerdo federal, pero la Jueza Cuarta de Distrito del Estado determinó posponer tanto la admisión como la resolución del mismo para cuando la contingencia concluya “por no considerarlo un caso de urgencia”.

https://informefracto.com/voz-de-la-peninsula/interponen-queja-ante-la-cndh-contra-obras-del-tren-maya/

Sedena construye primeras sucursales de Banco del Bienestar en campos militares y áreas del IMSS

Nayeli Roldán/Pájaro Político
11 mayo 2020

Los terrenos para 12 sucursales en siete estados serán “donados” al Banco del Bienestar por parte de la Sedena.


Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició la construcción de las primeras 26 sucursales del Banco del Bienestar, de las cuales 12 estarán en campos militares, y el resto en terrenos de la Guardia Nacional, instalaciones del IMSS y bienes nacionales.

Cada sucursal costará aproximadamente 2 millones 221 mil pesos y las primeras estarán en nueve estados: Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Durango e Hidalgo, según el proyecto de inversión de la Secretaría de Hacienda.

La Sedena recibió 2 mil 941 millones de pesos para construir 1,350 sedes bancarias este año, de acuerdo con el convenio de colaboración firmado entre el Banco del Bienestar y la dependencia el 20 de febrero pasado.

Esto forma parte de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la entrega de dinero a beneficiarios de programas sociales sea a través del Banco del Bienestar, y puesto que éste sólo tiene 433 sucursales actualmente, el gobierno construirá 2,700 sucursales más, la mitad en 2020 y el resto el año siguiente.

Sin embargo, a raíz de la pandemia de coronavirus en México la Sedena puso en operación el Plan DNIII para construir unidades hospitalarias, equipar hospitales, distribuir insumos y contratar personal, por lo que la construcción de las sucursales del banco no irán a la velocidad prevista.

La prioridad es la atención de coronavirus, aseguró la dependencia a este medio. Además, la Sedena también está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México, tras la cancelación del proyecto realizado por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Al preguntar a la Sedena por qué decidieron construir las sedes en campos militares, la dependencia respondió que “fue decisión del banco”. Sin embargo, el Banco del Bienestar refirió que este proyecto es una inversión de la Secretaría de Hacienda, pues no se trata de recursos del ente financiero. Y en la cartera de inversión, la construcción de las sedes está registrada en el ramo de Hacienda.

De hecho, al revisar el informe trimestral del gasto hecho por el Banco del Bienestar de enero a marzo, se observa que en lo referente a “inversión física”, sólo se gastó 57 millones de pesos, de los 4 mil 330 millones de pesos de presupuesto asignados para todo el año, es decir, los 2 mil 941 millones de pesos recibidos por la Sedena para construir las sucursales representaría 67% de su presupuesto.

La construcción
Los terrenos para 12 sucursales en campos militares serán “donados” al Banco del Bienestar por parte de la Sedena y estarán en siete de los nueve estados seleccionados en la primera etapa: Chihuahua, con una sucursal; Chiapas, con 5; Michoacán, 2; mientras que Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala tendrán una, respectivamente.

Además habrá sucursales en cuatro terrenos pertenecientes a la Guardia Nacional en Jalisco y Michoacán, con dos sucursales cada una. También se sumarán siete terrenos cedidos en “comodato” por 15 años al Banco en instalaciones del IMSS en Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas y Tlaxcala. Y tres terrenos pertenecientes a la nación y administrados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en Durango, Hidalgo y Estado de México.

Las sucursales tendrán un área total de construcción de 65 metros cuadrados y dimensiones de 6.5 metros por 10 metros. Dicha área contempla 40 metros cuadrados de patio bancario, que incluye área de ejecutivos, áreas de atención, habitáculo para cajero automático, 20 metros cuadrados de zona de seguridad (área de cajeros y bóveda) y 5 metros cuadrados de archivo.

Ahí se atenderían a los beneficiarios de los programas: Sembrando Vida, Personas Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y Becas Benito Juárez.

Hasta el momento sólo se han registrado dos proyectos de inversión en Hacienda respecto a las sucursales. El primero incluirá la construcción de 16 sucursales por un monto total de 35 millones 550 mil pesos y cuya ejecución de obra está prevista para realizarse entre febrero y diciembre de este año. Más 1.4 millones de pesos anuales para mantenimiento a partir del tercer año de funcionamiento.

De acuerdo a cálculos de la Secretaría de Bienestar, “los beneficiarios y/o usuarios que residen en la localidad y áreas de influencia” asciende a 26 millones 44 mil personas en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Tamaulipas, según la ficha técnica del proyecto de inversión.

Mientras que el segundo proyecto de inversión es para 10 sucursales que atenderán a 19 millones 888 mil beneficiarios y/o usuarios que residen en la localidad y áreas de influencia, y tendrá un costo de 22 millones 218 mil pesos. Y se prevé un gasto en mantenimiento por 888 mil pesos para el mantenimiento a partir del tercer año de funcionamiento.

Orden del presidente
El 3 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Tlaxcala anunció al iniciar su gira por pueblos indígenas en el 2020 en Pablo del Monte, que la Sedena además de encargarse de construir el aeropuerto, también se haría cargo de construir 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

El 16 de enero, el titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública “opinó favorablemente la suscripción del convenio de colaboración entre la Sedena y al Banco del Bienestar”, según el oficio número UCAOP/208/046/2020.

Cuatro días después, la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que al tratarse de “un convenio de colaboración que no se rige por la Ley de Obras Públicas”, el acuerdo ni siquiera se trataría de una contratación, sino “un instrumento que se lleva a cabo bajo las condiciones establecidas en las cláusulas del acuerdo de voluntades al amparo de la legislación Civil Federal”, según el oficio número UNCP/700/NOP/0.-008/2020.

Mientras que el presidente envió el oficio número PRESIDENCIA-003-02-03-2020 al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para hacerlo “del conocimiento la instrucción girada al banco para transferir a la Sedena 5 mil millones de pesos para la construcción de 1,350 sucursales”, el pasado 3 de febrero de 2020.

Y el 20 de febrero el Banco y la Sedena firmaron un convenio de colaboración cuyo objeto es que “el Banco ponga a disposición de la Sedena la cantidad de 2 mil 941 millones 783 mil pesos como instrumento financiero para cumplir con el plan de expansión de sucursales aprobado por el Consejo Directivo de El Banco, al que se refiere el antecedente VI inciso B (el plan de expansión de sucursales para la construcción de 2,700 sucursales, iniciando con 1,350 en 2020 y las restantes 1,350 en 2021)”.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/sedena-construye-primeras-sucursales-de-banco-del-bienestar-en-campos-militares-y-areas-del-imss/

Diversos colectivos promueven acción virtual contra el proyecto de despojo nombrado tren maya

 

Ciudad de México a 11 de Mayo de 2020

 

#ElEncierroNoMeCalla

 

¡ACCIÓN URGENTE CONTRA EL TREN MAYA!

 

 

Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A su Vocera María de Jesús Patricio Martínez
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los Pueblos del mundo
Al Pueblo de México
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.

 

“LLAMAMOS A NO DEJAR CAER LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FEMINICIDA, A CONTINUAR LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA, A MANTENER LA LUCHA POR L@S DESAPARECID@S, ASESINAD@S Y ENCARCELAD@S, Y A LEVANTAR BIEN ALTO LA BANDERA DE LA LUCHA POR LA HUMANIDAD.”
“LA PALABRA Y EL OÍDO, CON EL CORAZÓN, TIENEN MUCHOS CAMINOS, MUCHOS MODOS, MUCHOS CALENDARIOS Y MUCHAS GEOGRAFÍAS PARA ENCONTRARSE.
Y ESTA LUCHA POR LA VIDA PUEDE SER UNO DE ELLOS.”
Subcomandante Insurgente Moisés. México, marzo del 2020.

 

Hermanas y Hermanos

En el marco de la JORNADA GLOBAL POR LA VIDA, #ElEncierroNoMeCalla y porque Nuestra Lucha es por la Vida, rechazamos enfáticamente, que para este gobierno de cuarta y aprovechando la Pandemia que ha provocado el COVID-19, sea “la muerte y la militarización”, las que se impongan como Sistema de Gobierno.

 

¡NO AL TREN MAYA!

 

El pasado 7 de Mayo, habitantes de las comunidades de Ocosingo, Palenque y Salto del Agua, en Chiapas, interpusieron un Amparo en contra del Presidente de la República, el Secretario de Salud Federal y FONATUR, toda vez que en medio de la Pandemia, no se han suspendido los trabajos del Tren Maya, violentando con ello, el “Derecho a la Salud, a la vida y a la participación activa en la defensa de sus derechos”. Sin embargo, es importante señalar que la Jueza Federal, otorgó la SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA. Así mismo, el día 14 de Mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver la suspensión definitiva. Esta posibilidad se ve lejana, sobre todo cuando sabemos que ante una “lluvia de amparos” mismos que han tachado de “sabotaje legal”, el Finquero ha dicho “el Tren Maya va, la gente lo quiere” y representa “justicia y progreso”.

Por lo anterior, hacemos nuestra la iniciativa de l@s Compañer@s que integran el Colectivo “Hijos del Maíz” de Tlaxcala, para sumarnos a la ACCIÓN URGENTE CONTRA EL TREN MAYA, a partir del día de hoy 11 de mayo y hasta el día jueves 14 de mayo, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitirá su dictamen.

 

¡NO A LA MILITARIZACIÓN!

 

El dia de hoy 11 de mayo de 2020, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de Cuarta dió a conocer que “se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.” Mas allá de que esto significa que se institucionaliza la militarización de la seguridad pública en nuestro País; para los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG, representa no sólo “librar una guerra contra lo cárteles del narcotráfico, que imponen despojo de montes, aguas, minerales, maderas y facilitan la entrada de megaproyectos empresariales y gubernamentales”; sino que ahora,  con las nuevas tareas versus impunidad asignadas a la Guardia Nacional, tendrán que enfrentar la corrupción, los vínculos que tiene con el crimen organizado, su complicidad con el robo de combustible, los actos de represión y despojo de los pueblos y comunidades indígenas, el uso de la fuerza pública para imponer los megaproyectos, el desplazamiento forzado que provocan en las comunidades según ellos para poner orden, así como los asesinatos, violaciones y la criminalización de la protesta social. Todo eso y más, es lo que oferta el mandón al Pueblo de México, al disponer de la Fuerza Armada, para “tareas de seguridad pública”.

 

Compañer@s

Contra la muerte que impone el Sistema Capitalista, solo tenemos un camino, luchar por la Vida y por la Humanidad; y porque #ElEncierroNoMeCalla, invitamos a que desde nuestros calendarios y geografías nos pronunciemos enérgicamente para que la resolución que emita la SCJN, el próximo 14 de mayo, sea la “suspensión definitiva” de la construcción del Tren Maya.

No al Corredor Interoceánico, No al PIM.

Para ello citamos textualmente la invitación que hacen l@s compañer@s del Colectivo “Hijos del Maíz” y que a la letra dice:

 

ACCIÓN URGENTE!!!

 

Compañer@s: como recordaremos, en principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México deberá pronunciarse el próximo jueves 14 sobre la suspensión temporal que las comunidades de Palenque obtuvieron contra los trabajos del «Tren Maya», y es previsible que la resolución pueda ser desfavorable.

Por ello, a iniciativa del Colectivo «Hijos del Maíz», de Tlaxcala, se propone que iniciemos ACCIÓN URGENTE CONTRA EL TREN MAYA, a partir de HOY, LUNES 11 DE MAYO, destinada a promover entre la sociedad civil el conocimiento y la resistencia contra el proyecto, con acciones y tareas de:

 

A.  Concentrar información sobre el tema, para su difusión.
B.
Divulgar los cartel(es) ya existentes y/o diseñar nuevos, que denuncien el proyecto y sus perjuicios.
C.
Redactar y divulgar pronunciamientos en ese sentido.
D.
Identificar las iniciativas de campañas de firmas de ciudadan@s mexican@s ya existentes para respaldarlas, o echar a andar una.
E.
Promover saturación de telefonazos o mails a SCJN, FONATUR, CNDH, etc., pronunciándose contra el proyecto, para evidenciar nuestro rechazo.
F.
Invitar a redes, colectivos, contactos, a sumarse a las tareas de esta campaña.
G. En los casos de compañer@s y colectivos de otros países, proponer que se manifiesten como tales, en tanto:

  1. El «Tren Maya» tiene efectos negativos más allá de las fronteras mexicanas, tanto en términos ecológicos como geopolíticos y humanos.
  2. La presión internacional es importante para evidenciar el verdadero carácter del proyecto.

Cómo vemos?

Solo nos quedan 3 días antes del fallo de la SCJN!!!

 

En medio de la Pandemia que azota al mundo, súmate y participa .

 

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!
El Encierro No Nos Calla, resistimos y nos organizamos
#ElEncierroNoMeCalla
#NoTeCallesPrimeroLaVida
#HoyLuchamosPorLaVidayPorLaHumanida
#ContraLaPandemiaLuchamosPorLaVida
#LosMegaProyectosAcabanConLaVida
#LosFeminicidiosAcabanConLaVida
#ElCapitalismoAcabaConLaVida
#ElPatriarcadoAcabaConLaVida
#SaludLibertadyVida
Viva el #CNI
Viva el #CIG
Viva el #EZLN

Atentamente

Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

 

 

 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/05/12/diversos-colectivos-promueven-accion-virtual-contra-el-proyecto-de-despojo-nombrado-tren-maya/

 

 

 

 

Familias de niños con cáncer piden apoyos para sobrellevar contingencia sanitaria (Baja California)

Zeta Tijuana / Ángela Torres Lozano.

Padres de niños con cáncer exigen apoyo por parte de los tres niveles de gobierno, sobre todo el federal, pues aseguran que han sido ignorados por las autoridades durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Emmanuel García, uno de los padres afectados, informó a ZETA que observaron que se han repartido despensas a la población vulnerable; sin embargo, ellos no han recibido nada a pesar de que salir a la calle es un riesgo para sus hijos por tener el sistema inmune comprometido, pero enfatizó que no han dejado de tener su medicamento.

Por tal motivo, el pasado 1 de mayo un grupo de alrededor de 50 padres marcharon, con respectiva distancia, desde el Calimax de Zona Río hasta la oficina del Bienestar, con la intención de hablar con Gilberto Herrera, delegado de la Secretaría del Bienestar en Tijuana, exigiendo apoyos para subsistir a la contingencia sanitaria.

García agregó que después de dicha protesta, hubo acercamiento con autoridades municipales y estatales; se llegaron a acuerdos para que los afectados reciban despensas en la puerta de su casa, pero no han sabido nada de Gobierno Federal.

Afirmó que muchos padres han dejado de recibir apoyo económico por parte de las tarjetas del Bienestar, a pesar de que tienen niños con alguna discapacidad.

Al respecto, Gilberto Herrera Solórzano expresó a ZETA, que, en efecto, no se encontraba en las instalaciones al momento de la protesta; no obstante, han intentado contactar a Emmanuel García sin éxito, pero con otros padres afectados sí lograron entablar comunicación.

El funcionario confirmó que no existen apoyos económicos para pacientes con cáncer, pero sí para personas con discapacidad; incluso está estipulado en el Artículo 4 de la Constitución, pero estas deben tener el aval del DIF Municipal.

“En primer lugar, yo no sabía que iban a venir; él dijo que me había citado por Messenger, pero yo no lo reviso todos los días. Yo le quise explicar que nosotros no estamos a cargo del programa de entrega de despensas, pero que si se trataba con niños con discapacidad, con todo gusto lo atendíamos”, aclaró.

En Baja California existen 17 mil personas de 0 a 29 años que reciben dos mil 620 pesos al bimestre (por padecimientos relacionados con incapacidad mental, física, auditiva, visual, motriz), de los cuales nueve mil 744 están en Tijuana, detalló el delegado.

Asimismo, explicó que a las personas que se les ha cancelado la entrega del recurso, es porque el DIF Municipal no ha considerado que el menor tenga una discapacidad permanente; por ejemplo, lo registran como ceguera, cuando en realidad solo necesita lentes.

Además, alrededor de 150 personas han presentado problemas con la tarjeta del Bienestar, la mayoría por cambio de domicilio, falta de actualización de datos o por estar incompletos en la solicitud. De los padres que se manifestaron, identificaron a cinco que reciben apoyo y que no han tenido problema con el programa.11

https://zetatijuana.com/2020/05/familias-de-ninos-con-cancer-piden-apoyos-para-sobrellevar-contingencia-sanitaria/

Suspenden reubicación de pobladores de Campeche por el Tren Maya

Informe Fracto

La medida es temporal y el próximo 15 de junio el Juzgado Primero de Distrito de Campeche deberá decidir si la mantiene.

El proceso de reubicación de pobladores de la ciudad de Campeche por el proyecto del Tren Maya será suspendido durante la contingencia del COVID-19 (coronavirus), informó a través de un comunicado el asesor jurídico del Colectivo Tres Colonias, Carlos Escoffié.

Como se ha publicado previamente en Informe Fracto, pese a la emergencia sanitaria, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y la oficina para México del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), inició el proceso de censos y reuniones con habitantes de los barrios Santa Lucía, Camino Real y La Ermita, localizados en la capital campechana, para iniciar el proceso de relocalización como parte de la construcción del mencionado proyecto ferroviario.

Las y los habitantes manifestaron que esas medidas los ponían en riesgo de contagio del virus y de sufrir un “desalojo forzoso” durante la contingencia, por lo cual el pasado 17 de abril interpusieron una demanda de amparo contra el Gobierno Federal.

Finalmente, el pasado 5 de mayo el Juzgado Primero de Distrito en Campeche ordenó detener las entrevistas, reuniones y censos realizados por distintas autoridades federales durante el período de emergencia sanitaria.

“No existen motivos para considerar que el proceso de relocalización se realice durante la pandemia, sobre todo por el temor y el estrés adicional que le está generando a la población”, indicó Carlos Escoffié a través del boletín.

De acuerdo con el comunicado, con esta suspensión el Juzgado Primero garantiza que no se continúe con el proceso de censos y entrevistas que se requieren para el proceso denominado de relocalización, el cual es acusado por las y los vecinos de ser “un proceso de desalojo forzoso disfrazado”. La acción es temporal y el próximo 15 de junio la autoridad judicial deberá decidir si mantiene la medida de protección.

https://informefracto.com/voz-de-la-peninsula/suspenden-reubicacion-de-pobladores-de-campeche-por-el-tren-maya/

En Fase 3, reinician 70 maquilas en Baja California

Zeta Tijuana / Julieta Aragón.


Foto: Alejandro Gutiérrez Mora

40 mil trabajadores reiniciaron labores esta semana. Se espera que 30% más empresas puedan reabrir. Gobernador Bonilla cambia radicalmente su discurso y justifica la medida para proteger empleos. “Hemos visto una alta presión de la Asociación de Manufactura de Estados Unidos mandando cartas al Gobierno Federal”: Luis Manuel Hernández, presidente de Index Zona Costa

El secretario de Economía Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo Carignan, informó que 70 empresas manufactureras que habían suspendido actividades ya reiniciaron operaciones, con lo cual se reincorporaron 40 mil trabajadores, quienes representan una parte de los cerca de 100 mil empleos que dichas compañías concentran.

La reapertura de algunas plantas que habían cesado actividades fue posible a través de la instalación de una mesa técnica entre el gobierno estatal y un grupo de empresarios.

La mayoría de las empresas que reiniciaron operaciones lo hicieron después del 21 de abril, fecha en que la Secretaría de Salud federal decretó la Fase 3 de la emergencia sanitaria por el SARS CoV2 en México.

Luego de días sin aparecer en el mensaje matutino del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el 1 de mayo, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Sergio Moctezuma Martínez López, dijo que la determinación de suspender a las empresas había sido para que “los empleadores acreditaran que sí eran esenciales”, pese a que en los videos difundidos por la red social Facebook previos al 18 de abril, consta que los funcionarios de la STPS invitaban a cerrar a los empleadores por considerar que no eran esenciales tras revisar documentación que los directivos presentaban. Incluso en el reporte diario que daba el mandatario, el propio Bonilla Valdez instó en algunas ocasiones al secretario a ser más severo.

Tal como sucedió el 17 de abril, cuando el mandatario le dijo a Martínez López “vas a tener que terminar haciendo tu trabajo, porque va a llegar el momento en que ya no les puedes echar la culpa a ellos de que no cierran, tú tienes que ejercer el poder para ir a cerrarlas”.

No obstante, el viernes pasado, Martínez López aseguró que se encontraban en etapa de validación de empresas esenciales, sumándose así a lo hecho por la mesa técnica entre Index y la Secretaría de Economía.

Con el fin de que se viera “la esencialidad de las empresas” y “los criterios que se adoptaron”, Martínez López leyó el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud federal el 31 de marzo, para luego asegurar que el sector de las telecomunicaciones -en el que a decir de Escobedo entran la manufactura de televisiones- y el clúster aeroespacial son esenciales.

“Los trabajadores de actividades esenciales tienen que reincorporarse a sus actividades”, aseveró, e instó a las empresas no esenciales a seguir pagando el salario íntegro.

Ni él ni Bonilla hicieron alusión al reporte de inspecciones a las empresas, no solo del sector manufacturero, sino de las otras actividades económicas, para garantizar que se cumpla la norma. Menos aún explicaron por qué cayó drásticamente el número de suspensiones a partir del 19 de abril.

En el reporte diario de la STPS, en el correspondiente al 1 de mayo, se lee que con base “a un profundo y minucioso análisis de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los días 31 de marzo y 8 de abril de 2020, se ha determinado la apertura de distintos Centros de Trabajo que anteriormente se habían suspendido, debido a que pertenecen a una cadena para que las actividades esenciales pueden seguir en su eficaz y correcto funcionamiento, siempre y cuando se cumplan a cabalidad las medidas sanitarias para evitar el contagio”.

Entre otras ramas, el documento ejemplifica el caso de la fabricación de componentes para avión. “En su momento determinamos que este tipo de actividad no era esencial, sin embargo, recientemente se han realizado una serie de vuelos provenientes de China, estos traen consigo insumos médicos, que permiten hacer frente a la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país, por ello es importante tener suficientes componentes para avión en caso de averías, para permitir el tránsito de aviones de manera ágil y con celeridad”.

Otro argumento esgrimido por la autoridad lo dio Escobedo Carignan, quien indicó que las empresas esenciales y su cadena de suministro están reiniciando labores para proteger los empleos, y refirió un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que estimaba que, derivado de las afectaciones del coronavirus, se perderán 100 mil puestos de trabajo.

No obstante, el presidente de Index Zona Costa, Luis Manuel Hernández, estimó que entre 5 y 10% de las fuentes laborales se perderán en el Estado, dependiendo de la recuperación económica que tenga Estados Unidos.

De acuerdo con sus cifras, la pérdida de empleos directos oscila entre 18 mil 650 y 37 mil 300, pero si se considera el empleo informal vinculado con el sector, el número podría llegar a 120 mil puestos de trabajo.

Además, previó que las empresas del sector podrían iniciar la recuperación hasta noviembre próximo, cuando lleguen pedidos como antes de la epidemia.

NO TODAS LAS EMPRESAS FUERON AUTORIZADAS: INDEX

El presidente Index Zona Costa, Luis Manuel Hernández, señaló que se habían recibido 120 solicitudes para reiniciar actividades, pero no todas fueron autorizadas, “porque en muchas te dabas cuenta que hacían el protocolo en papel, pero empezabas a hacer preguntas y los protocolos eran demasiado bajos”.

Según el industrial, “a muchos empresarios no les pareció”, y, sin embargo, consideró que la estrategia “fue una buena acción, porque no es abrir por abrir, sino que tienes que tener la responsabilidad de abrir con sentido”.

En los próximos días podrían reabrir 30% más de empresas con una parte de su personal, estimó en la sesión del Grupo Madrugadores del martes 5 de mayo, donde también destacó la dependencia estatal respecto al sector manufacturero, ya que las mil 125 empresas Immex generan alrededor de 1.2 millones de empleos, directos e indirectos.

En un solo día, estas empresas contribuyen tanto en impuestos federales como estatales en 227 millones de pesos. Diario pagan 117 millones de pesos a Seguridad Social, 102 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 8 millones de pesos por gravámenes estatales.

De modo que el cierre de las plantas representa un perjuicio de alrededor del 25% a la economía del sector industrial, así como a la economía de los hogares.

EMPRESAS OFRECEN BONOS, PERO TAMBIÉN DESPIDEN

Pese a la reapertura de líneas de producción de empresas, donde en algunas se llevaron a cabo paros de trabajadores en semanas anteriores, estas manifestaciones han cesado.

El presidente de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González, consideró que el surgimiento de esos movimientos laborales sucedió por dos cosas: una, la parte económica, es decir, “si mi vecino estaba ganando lo mismo que yo, pero está en su casa, y yo estoy laborando, pues nadie está a gusto con eso, porque a final de cuentas yo quiero lo mismo que tiene mi vecino y me voy a huelga”.

En segundo lugar, por “la confusión que había de si las empresas eran esenciales o no”, como fue un “caso muy sonado” que todos consideraban esencial, pero fue suspendida creando inquietud dentro de los trabajadores, comentó.

En entrevista indicó que, en mayo, el empleador “no se está obligado al pago íntegro por un mes, ahorita estamos en un periodo de negociación” en el que cada empresa tendrá que hablar con sus trabajadores. “Los que no vayan a laborar van a recibir su salario disminuido. Mientras que quien regrese a sus actividades recibirá un incentivo aparte de su salario íntegro y sus prestaciones”, asentó.

“El bono que otorgarán las empresas será en dinero o en especie. Esto va a hacer que otros empleados quieran regresar a trabajar, porque nosotros creemos que todas las medidas que está tomando los asociados de AIMO están haciendo todo el esfuerzo para que el trabajador tenga todas las condiciones de sanidad dentro de la planta. Desde que entran a la planta a tomarles su temperatura, gel antibacterial, guantes, caretas y cubre bocas”, agregó.

Sin embargo, algunas empresas han despedido a trabajadores, sobre todo eventuales o que tenían poco tiempo, como es el caso de Acorn, donde tras un paro de actividades, los ejecutivos habían dicho que reiniciarían labores hasta el 30 de abril.

No obstante, según un ex trabajador, a “muchos empleados les hablaron el 27, ahí, unos se quejaron por qué no les habían hablado a todos y querían ver el papel en que el gobierno les autorizó para seguir laborando. Ante ello, los ejecutivos dijeron que quienes no quisieran trabajar, renunciaran o se fueran liquidados”.

Y abundó:

“La misma jefa de las dos plantas nos dijo que los que nos quisiéramos ir, nos fuéramos a ver si teníamos suerte y encontrábamos otro trabajo”, mientras que a otros les dijeron “no hay trabajo para ti, en un mes si hay suerte y se calman las cosas, te hablamos o hablas si quieres”.

CSUM “ASESORA” A TRABAJADORES DE 10 EMPRESAS

Ramiro González, integrante de la Coordinadora Sindical Unitaria de México (CSUM), dijo que la organización -que su página de internet muestra vínculos con el Partido Comunista de México- “asesoró” a los trabajadores de alrededor de diez empresas para que hicieran paro de actividades “para protección de sus derechos” durante la emergencia sanitaria.

Entre esas empresas destacan Acorn, Poly-Plamex, Parker, Hannifin, Brady, Plamex, Surgical Medics, Hyundai y Harman.

Entrega de Créditos a la Palabra registra avance de 18.22%

Al cierre de esta edición, 55 mil 464 beneficiarios habían recibido los 25 mil pesos del Crédito a la Palabra a lo largo del territorio mexicano, cifra que representa un avance de 18.22% respecto a los empréstitos que serían entregados en una primera etapa, y de 5.54% concernientes al millón de créditos que el Gobierno de México se comprometió a otorgar.

La secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín, precisó que ayer jueves 7 de mayo se habían dispersado más de 424 millones de pesos a 16 mil 961 beneficiarios, mediante el acuerdo con Banco Azteca, Banorte y Santander.

A esa fecha, la meta de colocar o avalar un millón de créditos aún no se cumplía, toda vez que faltaban por encontrar a 35 mil 881 acreditados.

El delegado único del Gobierno de México, Alejandro Ruiz Uribe, afirmó que en Baja California se “aprobaron” 30 mil créditos con base al Censo de Bienestar, la mitad de estos a microempresarios formales y la otra mitad a informales.

A decir del funcionario, desde el 4 de mayo inició la dispersión de 10 mil créditos en el Estado, sin embargo, ha habido problemas de aglomeración en las sucursales del Banco Azteca. Situación que se replica en toda la República, al ser “un número importante y en algunos lugares las sucursales están atiborradas”, pese a que el país atraviesa por la Fase 3 de la epidemia del coronavirus y a que la secretaria Márquez Colín había asegurado que se tenía una logística -en la que se proporciona una carta al acreditado indicándole fecha y hora para recoger el dinero en determinada sucursal- para evitar el riesgo de más contagios de COVID-19.

Por último, Ruiz Uribe destacó que BC pudo cumplir con su meta de colocación de créditos gracias al trabajo desde casa de 332 servidores de la nación, quienes no recibieron algún apoyo adicional para hacer las llamadas a las personas que integran el Censo de Bienestar más que su sueldo (10 mil pesos).

En Baja California, 660 mil servidores a la nación que cotizan para el ISSSTE y están encargados de entregar 18 programas sociales del Gobierno de México. Julieta Aragón Domínguez

Además de despidos, algunas empresas han reducido el salario de los trabajadores. “En el caso de Harman, una empresa con ganancias multimillonarias que no tendría ninguna dificultad para cubrir dos meses de cuarentena, ha decidido reducir el salario en un primer momento en 50%, y en segundo momento, en 65%, denunció.

22 CASOS DE CORONAVIRUS Y MEDIDAS SANITARIAS

El martes 5 de mayo, el presidente de Index Zona Costa comentó que al 3 de mayo en el sector había 22 trabajadores con coronavirus. Se desconoce dónde sucedieron esos contagios, habida cuenta que el reto sigue siendo el cuidado de las personas afuera de los centros laborales, ya que ahí no se mantienen las medidas sanitarias.

“Entonces va a servir muy poco que cuidemos por ocho horas a una persona, cuando tiene cuatro horas y el fin de semana completo en lugares donde no hay controles”, expuso Luis Manuel Hernández en referencia a las congregaciones en la playa, mercados sobre ruedas y transporte público que se han reportado en medios de comunicación.

Aunque se ha observado cierta resistencia por parte algunos empresarios al reto que implica COVID-19, se debe estar “bien consciente de que entre mejor esté cuidada la población, nos va a ir mejor a nosotros como organizaciones y como Estado”.

En ese sentido, recomendó que las empresas piensen dos o tres veces antes de reiniciar operaciones, sugiriendo que pasen por el proceso de validación de un experto.

Hernández estimó que en un “cálculo burdo”, las empresas esenciales que están abiertas están invirtiendo entre 60 y 100 mil dólares “para asegurar medidas de sanidad para sus trabajadores”. Algunas de estas van desde tomar la temperatura de los asociados y brindarles equipos de sanitización, hasta contratar a aseguradoras para cuidarlos.

Para concluir, respecto a la presión para reabrir empresas por parte de Estados Unidos, el líder empresarial aclaró: “Hemos visto una alta presión de la Asociación de Manufactura de Estados Unidos mandando cartas al Gobierno Federal, lo que nosotros hemos identificado a nivel Estado en esa mesa de trabajo, es que se ha analizado la reapertura, pero no como lo pide Estados Unidos”.

https://zetatijuana.com/2020/05/en-fase-3-reinician-70-maquilas-en-bc/

Fuerzas Armadas en México tendrán función de policía

Santiago Navarro/Avispa Midia
11 mayo 2020


Avispa Midia

Esta mañana (11 de mayo) los mexicanos amanecieron con la noticia de que el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido disponer la función de policía a las Fuerzas Armadas, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura.

El decreto anterior que había sido emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establecía que, “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”.

Pero este acuerdo es el que ha sido reformado, de tal modo que, “se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”, además establece que la duración de este nuevo decreto tendrá una duración máxima de 5 años a partir de la entrada en vigor.

Las Fuerzas Armadas, en apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, realizarán atribuciones y obligaciones que se le atañen a la Guardia Nacional, principalmente, las que están incluidas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Entre ellas, “participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El presidente de México ha venido anunciando en sus diversas conferencias que se está desplegando una estrategia para tener presencia con la Guardia Nacional en todo el país. A finales de este año se tiene programado la conclusión de 200 coordinaciones de este cuerpo de seguridad, así como el aumento del número de elementos. “No se tiene ninguna limitación presupuestal” para este órgano de seguridad, señaló López Obrador.

Migración

Entre otras tareas, Guardia Nacional, ha venido desempeñando su papel en la contención del flujo migratorio en la frontera con Guatemala y en la frontera norte con los Estados Unidos. Dicha medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras.

México también se comprometió a trabajar con los Estados Unidos para implementar y ampliar los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP. “Desde la firma de la Declaración Conjunta en junio, hemos visto una reducción de casi el 60 por ciento en el número de inmigrantes ilegales que llegan a la frontera sur de los EE. UU”, según el testimonio del embajador Michael Kozak, registrado en el documento clasificado “Estados Unidos, Política en México y Centroamérica: garantizar políticas efectivas para abordar la crisis en la frontera”, del 25 de septiembre de 2019.

Megaproyectos

Mientras que se presenta el nuevo decreto, el presidente de México también anunció que, tras las afectaciones que ha provocado la pandemia del Covid-19, las actividades esenciales se reactivarán en el país de forma gradual.

Agregó que se reactivan también los proyectos de inversión, como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que está proyectado con la activación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la modernización de las redes de telecomunicaciones y del Ferrocarril. “Ya se está trabajando en el corredor, ya se está rehabilitando la vía (del tren), ya se están ampliando los dos puestos”, asevero López Obrador.

La Guardia Nacional también viene realizando funciones de seguridad para que se reactiven las Zonas Económicas Especiales, ahora llamadas Zonas Francas. En el Istmo de Tehuantepec, desde mayo del 2019, se implementó una estrategia de la Guardia Nacional para reducir los índices delictivos y dar seguridad a las inversiones.

El mandatario señaló que, en estos polos de inversión, se tiene proyectado la edificación de 10 parques industriales. “Es un proyecto para unir países de Asia con la Costa Este de Estados Unidos, es una especie de Canal de Panamá, pero con ferrocarril”.

López Obrador arremetió asegurando que las empresas que se establezcan en esta Zona Franca recibirán apoyos fiscales, “se va a reducir el pago del IVA, del impuesto sobre la renta y otros apoyos. Porque queremos fortalecer el Istmo”.

En el mismo tenor el mandatario, sabiendo que hay una serie de controversias y oposición, aseguro que El Tren Maya también avanza. “Ya se tienen otorgados los contratos para empezar a construir la vía del tren. En este mes se tienen entregados cuatro contratos a cuatro empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros desde Palenque hasta Cancún”, dijo López Obrado.

Foto por Santiago navarro F. Edo de Guerrero, madres que buscan a sus hijos desaparecidos 2011.
El ejercito a las calles

El ejercito en las calles no es una novedad en México. En el año 2007, el expresidente Jesús Calderón Hinojosa, a través de un decreto, creó el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Entre otras funciones, se ampliaba su poder de acción para “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el Diario Oficial de la Federación 09/05/2007.

En el año 2017, mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto perdía credibilidad y aceptación de la sociedad mexicana, decidió también emitir la Ley de Seguridad del Interior, que tenía por objetivo, “salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”, de acuerdo con el texto de la propia Ley.

En términos generales esta Ley ampliaba la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas, incluso legitimando el uso de la violencia. Desde ese momento podían intervenir en acciones que conciernen a las autoridades civiles, como disturbios y protestas que fueran consideradas violentas o actos de resistencia.

El saldo fue, tan solo en la llamada Guerra contra el narcotráfico, que declaró Calderón, según las cifras conservadoras del INEGI, de 150 mil 992 muertes violentas y miles de desaparecidos. Mientras que el gobierno de Peña Nieto ascendió a 156 mil 500 homicidios, la mayoría vinculados al crimen organizado.

https://avispa.org/fuerzas-armadas-en-mexico-tendran-funcion-de-policia/

“Entre cielo y tierra”: un colectivo de madres que se aferra al 1% de fe (Jalisco)

Foto: Zona Docs

“Feliz Día de las madres” desearon estas guerreras buscadoras que se aferran a la esperanza de ver regresar a sus amores desaparecidos en Jalisco. Feliz día desearon, reconociendo que, en medio de esta situación atípica mundial de pandemia, miles de madres, hijos e hijas en México experimentaron al menos por un día la ausencia, la desesperación y la incertidumbre que a diario ellas enfrentan desde que se llevaron a sus seres queridos.

“Imaginen por un momento vivir así todos los días” afirmaron, exigiendo a la sociedad su empatía, y a las autoridades su actuar diligente para encontrar a sus amores ausentes.

Estas son algunas de las voces de las madres y esposas que integran el colectivo de búsqueda en Jalisco, “Entre Cielo y Tierra” durante la acción de exigencia de justicia y no olvido que llevaron a cabo el pasado 9 de mayo en la Glorieta de las y los Desaparecidos en la ciudad de Guadalajara.

Dalia Souza / Zona Docs

“Venimos a refrescarle la memoria a las autoridades, a la ciudadanía de que nosotras seguimos esperando en casa, seguimos esperando a nuestros hijos y seguimos en pie de lucha”.

Salir este 9 de mayo, vestidas de blanco y cargando en sus manos las imágenes de sus hijos, hijas, seres queridos desaparecidos, es apenas un “pequeño recordatorio” para que las autoridades y la ciudadanía, no olviden que este 10 de mayo y todos los días, no hay nada que celebrar mientras no regresen a casa sus amores ausentes.

Este año fue diferente para muchos y muchas que se vieron imposibilitados de estar cerca de sus madres pretendiendo cuidarlas de lo que se nos ha dicho es una de las mayores situaciones de riesgo a la salud frente al coronavirus. Sin embargo, aseguraron, las familias del colectivo Entre Cielo y Tierra, “esa misma sensación de impotencia, frustración y dolor multiplicado por infinito”, es lo que día a día experimentan desde que les arrebataron un “pedazo de sus corazones:

“Desde el día que se llevaron a nuestros hijos e hijas, desde entonces ninguna festividad ha sido realmente feliz”. Ningún gozo pleno, ninguna alegría ha estado libre de sombras y eso no cambia con esta pandemia mundial, eso no cambia debido a la coyuntura económica, eso no cambia debido a que nuestras autoridades estén ocupadas con esta situación atípica”.

“Los nuestros siguen desaparecidos y nosotras seguimos incompletas”. Frente a la imposibilidad de tomar las calles con una marcha, pero con tanto qué decir, con “tanto qué explotar de nuestro corazón”, afirmaron las madres de algunos de los miles de desaparecidos de Jalisco, “no podíamos quedarnos en casa”. Y es que cómo no hacerlo, dicen, si las autoridades del estado han dejado una vez más en el olvido a sus seres queridos.

¿Qué pasará con ellos cuándo termine la pandemia?, ¿dónde estarán cuando los demás aseguren que esto “ya pasó”? se preguntan, sólo saben que sus hijos e hijas les necesitan antes durante y después de esta crisis sanitaria, porque pareciera que quienes son los encargados de buscarles han obviado la otra crisis que también es vigente y que desde hace más de una década lacera la vida de las familias de más de 61 mil personas, entre éstas, ellas y ellos.

Por ahora, las calles vacías les recuerdan a sus propias casas y a la soledad que experimentan con la ausencia de la persona que les hace falta. A ello se suman las interrogantes que de por sí existían en tiempos “ordinarios, normales” sobre el actuar de la Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda, y al poco, nulo, negligente u omiso hacer durante este periodo de contingencia sanitaria, precisaron:

“Tenemos muchas interrogantes ya que, en tiempos ordinarios, normales, sentimos que no hacen mucho, yo quiero saber qué han hecho en el transcurso de esta pandemia, en el tiempo en el que nosotras como madres, como buscadoras activas no hemos podido hacer nada porque todo está cerrado y el tiempo es una apremiante para nuestros hijos”.

QUEREMOS A NUESTROS HIJOS E HIJAS EN CASA

“Nosotros somos un colectivo de búsqueda, los buscamos en vida y los buscamos en muerte, nosotros sabemos la adversidad que ellos tienen, nosotras peleamos con un 99% de posibilidades de no encontrarlos con vida y nos quedamos con ese 1% de fe” expresó la señora Marta Leticia, coordinadora del colectivo Entre Cielo y Tierra y madre César Ulises Quintero García, desaparecido en La Barca, Jalisco.

Con el 1% de fe, las madres y familias del colectivo en Jalisco Entre Cielo y Tierra, buscan a sus seres queridos reconociendo las adversidades y la violencia que rodean al estado, también porque saben que el Estado suele centralizar las búsquedas y dejar afuera a quienes se encuentran en la periferia, en las regiones lejos de la “Zona Metropolitana”:

“Las autoridades piensan que porque hacen aquí ya hicieron todo y no, Jalisco es un estado enorme. Jalisco somos todos”.

¡Dónde estás, dónde están! Es el clamor vestido de reclamo que les acompaña:

¿Dónde está César Ulises Quintero García?

¿Dónde estás, Jorge Eduardo Martínez Gómez?

¿Dónde estás, Carlos Alberto Flores Alba?

¿Dónde estás, Cristian Alexander Valencia Ruiz?

¿Dónde estás, Raudel Sandoval Barrera?

¿Dónde estás, Lucero Avalos Cardona?

¿Dónde están: José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Osvaldo Javier Ávalos Camarena?

Replicaron estas madres quienes llevan en el nombre de su colectivo la fuerza y la convicción de su lucha.

“PORQUE ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA NO HAY NADA OCULTO Y LOS VAMOS A ENCONTRAR”

Carlos Alberto Flores Alba, fue desapareció el 27 de enero de 2017 y de acuerdo con sus familiares, no han recibido una respuesta de su paradero por la negligencia de las autoridades y demás personas que han interferido en su localización.

Por su parte, la madre de Cristian Alexander Valencia Ruiz quien desapareció a los 16 años el 31 de diciembre de 2019, sólo pide que haya justicia para su hijo quien no ha conseguido regresar a casa. Para ella, asegura, no existe el COVID-19, no existe pandemia, sólo la ausencia de su hijo que es lo que la mueve a salir y gritar su nombre fuerte, para que las autoridades le escuchen.

Raudel Sandoval Barrera es tío de Cristian Alexander Valencia Ruiz y se desconoce también su paradero. Su esposa, sólo sabe que él desapareció por estar buscando a su sobrino el 3 de enero de 2020, cuando se dirigía a trabajar como policía. Sin buscar responsables, ella sólo quiere que “se los regresen”.

Lucero Ávalos Camarena, es una joven que desapareció hace tres años y medio; su madre no pudo estar presente en este acto público porque desde hace cinco meses se multiplicó por cinco aquello que parecía imposible e irrepetible, cuatro de sus hijos fueron también desaparecidos: José de Jesús Martínez Camarena; Ernesto Padilla Camarena; Tonatiuh Ávalos Camarena; y Osvaldo Javier Ávalos Camarena.

“Muerta en vida” se encuentra su compañera, dicen las madres que hoy sostienen la lona de Lucero y claman por su regreso y el de sus cuatro hermanos. Hoy la señora Guadalupe, la madre de estos cinco jóvenes hace lo que puede y más para encontrarles, además de estar a cargo de cada uno de sus nietos y nietas:

“Si nosotras siempre vamos detrás del que buscamos, la señora quedó al frente de todos sus nietos, que se preguntan por sus padres. Lucero tiene cuatro hijos que preguntan por ella y las autoridades nada más no hacen nada”.

Agarradas a ese 1% de fe, las madres del colectivo Entre Cielo y Tierra, piden a la sociedad y a las autoridades que reflexionen por un momento, sólo por un momento, estas sensaciones de dolor, desesperación e incertidumbre que ahora experimentan en medio de la pandemia y que imaginen vivir así todos los días:

“Sin poder respirar bien, sin poder respirar nada, luchando día a día por no perder la esperanza y confiando en que allá afuera la gente va entender, las autoridades va a atender y los más cercanos van a empatizar con una situación de vida que no debería convertirse en la normalidad de nadie”.

Sólo piden que no les olviden y que les ayuden a encontrar a sus hijos e hijas, para que ellas, como miles, logren, en algún momento “ver el fin de esta cuarentena… esta cuarentena de meses, de años, de décadas” y así, volver a la realidad que “todos merecemos”.

https://www.zonadocs.mx/2020/05/11/entre-cielo-y-tierra-un-colectivo-de-madres-que-se-aferra-al-1-de-fe/

#Morelia Feministas Colocan Mantas Con Mensajes Para Las Madres

Esta mañana amanecieron estos mensajes en distintos puentes de la capital, recordando a las madres que siguen buscando a alguien, a médicas y enfermeras.

Foto: michangoonga.com

STAFF/@michangoonga, 10 de mayo de 2020

Este día amanecieron algunas mantas colgadas en distintos puentes de la capital michoacana, haciendo alusión al día de la madre, pero haciendo notar la violencia y la realidad que viven día con día.

Foto: michangoonga.com

A través de redes sociales se han compartido algunas imágenes, de las mantas en las que se pueden leer mensajes como “Por las mamás que siguen buscando a sus hijas”, “La maternidad será deseada, o no será” entre otros.

Foto: michangoonga.com

Se supo que están colocadas una en el puente del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Camelinas, otra en el puente de La Huerta y en el de Costco.

Foto: michangoonga.com

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-colocan-mantas-con-mensajes-para-las-madres/

20 mil niños trabajan en Colima; 56% en actividades peligrosas

Foto: Ilustrativa

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (11/05/2020).- La secretaría de Trabajo y Previsión Social (STYPS) detectó a 20 mil 86 niños, niñas y adolescentes que realizan una ocupación o actividad laboral que no está permitida, principalmente en el campo colimense.

Además de esos 20 mil 86 menores que trabajan, el 56 por ciento, equivalente a 10 mil 500, son adolescentes que están laborando en ocupaciones peligrosas para su edad.

El informe que elaboró el gobierno de México para conocer la situación del Trabajo Infantil en Colima, expone que el 62 por ciento de los menores que trabajan son niños, y el resto, niñas que laboran actividades no permitidas.

De igual manera, el documento menciona que en la entidad, los municipios de Coquimatlán e Ixtlahuacán tienen un riesgo de menores de edad trabajando, mientras que, Tecomán, Armería y Minatitlán se encuentran en riesgo medio, y el resto de los municipios en riesgo bajo de trabajo infantil.

De los menores de edad que se encuentran trabajando en los municipios de Coquimatlán e Ixtlahuacán, el 3 por ciento, que tiene entre 6 y 14 años de edad, no asiste a la escuela; el 46 por ciento de los que se encuentran entre los 15 y 17 años de edad, reportan la educación básica incompleta.

El mismo informe menciona que los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta proporción de población que gana hasta dos salarios mínimos y un elevado porcentaje de población indígena.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12533

En Chilpancingo no hay agua para la higiene que se requiere para evitar el contagio de Covid-19 (Guerrero)

La ciudad sólo cuenta con el 40% de la que necesitan sus 190 mil habitantes. De las 650 colonias, 200 no tienen tubería, pero aun donde hay red no llega durante meses, se quejan vecinos casi a diario. Ante la pandemia y la escasez la Capach estableció un programa de pipas.

Zacarías Cervantes/ EL SUR DE ACAPULCO

Chilpancingo

En medio de la epidemia que requiere del lavado permanente de manos, ropa, trastes y del aseo general de las casas para evitar la propagación del Covid-19, la población de Chilpancingo se debate en una grave escasez de agua.
De acuerdo a datos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) la capital requiere diariamente de 700 litros por segundo, pero los tres centros de captación apenas aportan 300.
Esto sin contar que unas 200 de las aproximadamente 650 colonias no tienen red. En general, aproximadamente 63 mil de los casi 190 mil habitantes no tienen agua entubada en sus casas.
El dirigente de la Asamblea Municipal Popular (AMP), que aglutina a colonias del oriente y poniente de Chilpancingo, Apolonio Barragán Márquez, explicó que la mayoría de las familias tienen que comprar agua de garrafón para el consumo humano, para el lavado de trastes y a veces hasta para bañarse.
Para el resto de las necesidades tienen que comprar agua en pipas o extraerla de manantiales, pero éstos año tras año se han ido secando.
El agua se ha encarecido tanto que, actualmente, es común su reciclaje en los hogares de Chilpancingo.
Gloria Martínez, quien vive en la colonia Moctezuma, ubicada a unas tres cuadras del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, aseguró el viernes pasado que desde el 4 de marzo no le cae el agua de la llave.
Esa vez, aproximadamente a las 10 de la noche, oyó el “chiflido” del aire que salía de la llave (porque deja abierto el grifo para saber cuando llega el agua) y corrió a colocar su manguera para llenar tambos y barricas pero apenas alcanzó a llenar “si acaso” lo de cinco tambos de 200 litros.
Contó que el “chorrito fue tan “chiquito” que estuvo hasta la una y media de la madrugada esperando llenar sus recipientes hasta que el agua dejó de caer.
“Desde entonces, ya van más de dos meses que no me ha vuelto a caer”, se quejó y aseguró que en estos dos meses ya ha comprado dos pipas de 3 mil litros a 300 pesos.
Doña Gloria tiene tres hijos menores de 15 años y con su esposo suman cinco en la familia, “y ahora con los niños en casa porque no van a la escuela se gasta mucha agua; hay que estar pendientes de que a cada rato se laven las manos, la ropa y los tenis se los pone uno un día y hay que lavarlos, no hay que tener trastes sucios de un día para otro, nos dicen que según para no contagiarnos, pero eso es un gastadero de agua”, se quejó.
Según dijo, el abastecimiento ya no tiene remedio, “es por demás exigir que nos la manden, es como hablarle a un sordo, nomás dicen que ya en un rato, que al otro día, que están arreglando la tubería, que es cosa del fontanero, que estemos pendientes, en fin, ya no encuentran pretextos”.
Informó que los primeros días de marzo se reunieron algunos vecinos de la colonia Moctezuma y de la Guerrero y bloquearon la calle Cuauhtémoc para exigir a la Capach el agua, “fue entonces que a los de la Moctezuma nos llegó una poquita el 4 de marzo pero ya no ha vuelto a caer, no es posible que tengamos que protestar siempre para que nos la echen”, dijo.

Se necesitan 700 litros por segundo pero sólo se dispone de 300

La directora de Capach, Irma Lilia Garzón Bernal, reconoció por su parte, entrevistada por teléfono el mismo viernes, el grave problema de desabasto de agua. Explicó que Chilpancingo requiere de 700 litros por segundo para poder abastecer a todos los usuarios del sistema, sin embargo el sistema Omiltemi abastece apenas 70 litros por segundo, el de Acahuizótla 110 y el Mochitlán 120. En total hay un abastecimiento de apenas 300 litros por segundo.
Pero argumentó que “los usuarios saben que en este tiempo de estiaje de marzo a junio de por sí es un periodo muy difícil para el organismo para poder distribuir el agua porque baja el gasto de litros por segundo y se nos complica mucho”.
Sin embargo, rechazó que el agua no llegue por meses a las familias, “hay colonias que nos han reclamado que tienen seis meses que no les llega el agua, y eso no es real, yo creo que deben acercarse al organismo para que vayan y les revisen sus tomas y ver cuál es la situación por la cual no les llega”, dijo.
Según la funcionaria, les han tocado casos en donde al usuario al que no le llega el agua es porque tiene tapada su toma con tierra o sarro, “por eso les pedimos que nos avisen para que se vaya a revisar la tubería”.
Dijo que para hacer frente a la escasez de agua en esta pandemia, el presidente municipal Antonio Gaspar Beltrán, del PRD, implementó el abastecimiento de agua en pipas.
Informó que 10 pipas distribuyen diariamente el agua a unas 125 familias y que el servicio se va rotando entre 300 colonias, algunas de ellas aún cuando no pertenecen al sistema o incluso que son irregulares, para que resuelvan el problema de la escasez.
Garzón Bernal agregó que la campaña de distribución de agua en pipas inició a mediados de marzo y permanecerá lo que dure la emergencia sanitaria.

No hay un proyecto para resolver el problema: Asamblea Municipal Popular

En tanto, el dirigente de la AMP, Barragán Márquez, criticó que el problema de siempre es la ineficacia en la administración de recursos en la Capach, la ausencia de proyectos que resuelvan el problema a mediano o a largo plazo, la incapacidad de los administradores que son colocados por amistad, por compromisos políticos o parentesco de los alcaldes en turno y la falta de reparación y mantenimiento de la red.
“De acuerdo con los estudios que se han hecho en Chilpancingo, agua hay, obviamente está subterránea, y hay que invertir en tecnología para extraerla y generar una buena distribución en Chilpancingo”, dijo.
Agregó que al no haber agua, se podría generar un grave problema con la contingencia porque no se garantiza un aseo suficiente, “siempre se dice que hay que tener cuidado y tomar las medidas higiénicas necesarias; lavar la ropa, las manos, los trastes, “pero si no hay agua ¿cómo se va a hacer la limpieza de las casas o el aseo de las personas?”.
Denunció que hay colonias de las partes altas de la capital que definitivamente no tienen el servicio del agua. Otras que pasan cuatro o hasta cinco meses que no les llega el agua. Por ejemplo dijo que en su colonia, Lomas de Guadalupe, al oriente de la ciudad, el agua les ha caído a veces a los tres meses, en otras como la Héroes de Guerrero o La Victoria, han esperado hasta cinco meses.
Agregó que hay otras colonias que están en lugares altos, como la Tierra y Libertad, Flores Magón, la San Lucas, que tienen la red pero no tienen agua hace años debido a que como no hay agua no las han incorporado al sistema.
En estas condiciones la gente tiene que comprar el agua de garrafón para el consumo humano o en pipas para la limpieza y el aseo general.
Informó que el costo por garrafón varía de 15 a 25 pesos, según la empresa que la distribuye.
Mientras que las pipas cuestan las de 11 mil litros a 700 pesos y las de 3 mil entre 300 y 400 pesos, “y nos dura de acuerdo al número de personas que haya por familia, hay a quienes la grande les dura un mes otros hasta mes y medio”, contó el dirigente de colonias.
Agregó que el agua se ha encarecido tanto que la gente ha aprendido a reciclarla; “el agua con que lava la ropa y se baña la junta para echársela a la tasa del baño y la más limpia la usa para lavar los pisos o para las plantas”, explicó.
Dijo que, mientras tanto, la gente que más o menos tiene recursos, compra agua de garrafón a veces, hasta para bañarse, para lavar trastes y hacer la comida.
Contó que otras familias tienen que abastecerse de manantiales o de pozos que hay en algunas barrancas, pero que en los últimos años también se ha ido agotando, “se han ido secado por el estiaje y ahora la gente tienen que vérselas comprando agua en pipas y el que no tienen cisterna para almacenarla, llena tambos y hasta cubetitas, esa es la triste situación”.
Opinó que el problema es que en la actual administración de Antonio Gaspar no existe ningún proyecto para resolver el problema cuando menos a mediano plazo, y que cuando van a preguntarle siempre dice que: “en eso estamos”.
También se quejó de que la administración municipal improvisa a gente en Capach, cuando se debería designar ahí a funcionarios con el perfil adecuado, con preparación sobre el tema, para que haya visión y proyectos para dar solución, “pero no, se deja ahí al amigo, al compadre o al familiar y aunque a veces se tiene la buena intención, no se tiene la capacidad para elaborar los proyectos que den soluciones”.
También se quejó por la opacidad en el manejo de los recursos, “hemos solicitado al municipio información de cuánto llega de la federación o del estado y de los ingresos propios pero no se da a conocer”.
Pidió que cuando menos se realicen foros en los que invite a los dirigentes, a profesionistas y a los colonos, para que presenten ponencias o propuestas concretas de cómo se debe solucionar el problema, pero está todo abandonado”.

https://suracapulco.mx/impreso/2/en-chilpancingo-no-hay-agua-para-la-higiene-que-se-requiere-para-evitar-el-contagio-de-covid-19/?fbclid=IwAR2_d-HA611kb9eYDIK4ETpGSIUO2P_iUKrlkMbvH8rQAQylw_2yFMVX9WM

AMLO ordena la intervención del Ejército en labores de seguridad pública

Juan Omar Fierro/Proceso
11 mayo 2020


El Ejército y la Marina realizarán labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional durante los próximos cinco años, de acuerdo con una instrucción presidencial publicada en el DOF Foto: Leonardo Garza/Procesofoto

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Los elementos del Ejército mexicano y de la Armada de México realizarán labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional (GN) durante los próximos cinco años, de acuerdo con una instrucción presidencial que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La orden presidencial denominada “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” reconoce que la Guardia Nacional todavía no cuenta con capacidad técnica e implantación territorial para cumplir con las funciones para las que fue creada.

Por lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena a las Fuerzas Armadas “participar de manera extraordinaria, regulada y fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad” que corresponden a esa última institución policial con el propósito de que la GN desarrolle su estructura, capacidades e implantación en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que la instrucción se basa en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional publicada el 26 de marzo de 2019 en el DOF que estipula lo siguiente:

“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Es decir, la labor auxiliar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no debe exceder el plazo de cinco años, que concluirán el 27 de marzo de 2024, siete meses antes de que termine el sexenio lopezobradorista.

Debido al tiempo que ya corrió, las tareas de seguridad pública que realicen elementos del Ejército y la Armada seguirán vigente por cuatro años más.

El texto publicado en el DOF no aclara quién tendrá el mando de las fuerzas castrenses dedicadas a las tareas de seguridad pública, ya que sólo instruye al secretario del ramo, Alfonso Durazo, a coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; y de la Marina-Armada de México (Semar), Rafael Ojeda Durán, “para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”.

Sin embargo, también se advierte que la supervisión de soldados y marinos, mandos y oficiales de Sedena y Marina corresponderá a los órganos internos de control de cada dependencia, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tendrá capacidad para sancionar a los integrantes de las fuerzas armadas bajo su coordinación.

Por último, se señala que los gastos que se generen por el desplazamiento de las Fuerzas Armadas en sus labores como auxiliares de la Guardia Nacional deberán ser solventados por cada de una de las dependencias, conforme a los presupuestos que se les asignen.

https://www.proceso.com.mx/629516/amlo-ejercito-seguridad-publica

Cirujanos se niegan a atender pacientes COVID; “nos están abandonando”, acusan internistas (Ciudad de México)


Foto: Cuartoscuro

Andrea Vega y Manu Ureste / Animal Político

El ‘bando’ de medicina interna acusa a la mayoría de especialidades de dejarlos solos en la atención a pacientes COVID, pero ellos argumentan no tener la capacitación suficiente.

Es lunes 27 de abril en la sala de juntas del Hospital General número 30 del IMSS, en la Ciudad de México. En mitad de un silencio tenso, los doctores, todos equipados con batas blancas, cubrebocas, caretas, y una mirada cansada, escuchan a un representante de la jefatura de servicios jurídicos del IMSS que les explica que, una vez decretada la Fase 3 de la pandemia, se van a conformar equipos para atender a pacientes COVID.

Los equipos estarán integrados por grupos de cuatro o cinco doctores que estarán liderados por internistas o urgenciólogos, y en el que deben apoyar médicos de otras especialidades, como cirujanos, otorrinos, o urólogos.

Ante los gestos de desaprobación de algunos de los doctores que hay en la sala, que niegan con la cabeza y murmuran contrariados con sus vecinos de pupitre, el representante jurídico alza ambas manos enguantadas de blanco y pide un momento de calma para terminar de explicarse.

Entiende que cada médico tiene su especialidad, dice conciliador. Y que sus actividades están delimitadas y que no todos son neumólogos, ni especialistas en enfermedades respiratorias. Pero, a fin de cuentas, recalca, todos son médicos. Todos tienen conocimientos comunes que pueden aplicar en esta pandemia.

-Es cierto, en el profesiograma hay actividades delimitadas. Pero también está el sentido de apoyar en esta contingencia -plantea el representante que, ante la insistencia de los murmullos, deja una puerta abierta a los inconformes.

-Bueno, esto es voluntario -admite -. Es voluntario que conformen ese equipo para sacar adelante a los pacientes que están en situación crítica.

Sin embargo, el llamado a la épica no tiene respuesta. O, al menos, no la esperada.

-Nada más se están pasando la bolita -interviene un médico cirujano, que lleva cubrebocas y una careta de protección-. Como jurídico, solo díganos si es obligatorio o no (atender a pacientes COVID).

-Ya dije que es una cuestión voluntaria -responde el representante-.

-Perfecto -contesta el cirujano-. Porque aquí hay compañeros de otras unidades (…) que los han amenazado de que les van a mandar a (inspectores) laborales. Por eso es muy importante aclarar esto, para que se haga saber a los compañeros que no es obligatorio, que es voluntario.

-Sí, pero si alguien incurre en alguna irregularidad se impondrán sanciones -advierte el representante-.

-Pero acá yo estoy hablando de desobedecer la indicación. Es decir, que cuando me digan ‘te vas a ver neumonías de pacientes COVID’ yo puedo desobedecer porque soy un cirujano general, no soy internista, ni neumólogo. No me corresponde ver a pacientes COVID. Y entiendo que, en esta situación, no habrá consecuencias.

-Sí, pero tendrá que acercarse con su jefe de servicio para ver esa circunstancia -insiste el representante sin perder el tono institucional-.

-¿Y por qué tendría que hacer eso? -cuestiona el cirujano alzando la tensión de la sala-. Me están pidiendo una cosa fuera de mis funciones y no tengo que justificarme. Simplemente, lo que digo es: ‘No te voy a obedecer. Punto’.

“No tenemos capacitación ni protección para atender COVID”
La anterior escena en el Hospital General 30 del IMSS fue publicada en un video de Youtube, cuya veracidad Animal Político corroboró con tres fuentes de esta clínica.

Como se expuso en el video, el personal de cirugía general se niega a atender a pacientes COVID porque no forma parte de su especialidad. Pero no se trata de un caso aislado.

En otro video publicado en Facebook, y también corroborado por este medio con varios doctores, se aprecia que en el Hospital General Regional 1 del IMSS, hoy llamado Carlos MacGregor y antes Gabriel Mancera, también en la Ciudad de México, la situación es muy parecida.

Allá también hubo una reunión entre el personal médico y los directivos después de que los especialistas de medicina interna amenazaran con irse a paro por la desorganización del hospital y la carga excesiva de trabajo.

El ‘bando’ de medicina interna acusó a la mayoría de especialidades de dejarlos solos en la atención a pacientes COVID.

En respuesta, el ‘bando’ de médicos especialistas, como cirujanos generales, urólogos y pediatras, entre otros, alegaron no tener la capacitación suficiente ni el equipo de protección necesario para entrar a atender a los afectados por coronavirus. También argumentaron que les hace falta certeza jurídica frente a una posible demanda por la muerte de un paciente.

Además, denuncian que los equipos no se están formando como se debería y no siempre hay a la cabeza un especialista en manejo de infección o de la vía aérea.

En entrevista con Animal Político, un médico especialista de un área no COVID, a quien llamaremos Pedro para reservar su identidad, dice que van dos sábados que le toca atender pacientes con coronavirus y de su equipo sólo llega un integrante más, que no es médico internista, urgenciólogo, ni neumólogo.

“Este sábado 2 de mayo, en el piso 4 en el ala sur había dos médicos para 25 pacientes de COVID, uno era hematólogo y el otro urólogo, a cada uno le tocó de a 12 pacientes”, expone Pedro.

“No había un líder responsable de las especialidades para tratar infecciones o vía área -añade-. En el ala norte estaba igual: ningún líder de esas áreas y solos dos médicos de otras áreas para el mismo número de pacientes”.

“No nos han capacitado bien”
Ante esta situación, en este ‘bando’ de médicos especialistas las posturas tambíen se han dividido.

Por un lado, hay médicos que han pedido incapacidad o se han amparado para no tener que atender pacientes COVID, o los que simplemente no se presentan a las jornadas en los hospitales, o a los equipos, ante la falta de claridad respecto a si están obligados y las repercusiones que pueden enfrentar.

Y, por otro lado, están los que sí se han presentado a ayudar, pese a toda la incertidumbre, el desgaste y el gasto que eso implica.

“En la reunión con los directivos del hospital les preguntamos qué marco jurídico iba a regir nuestra labor con pacientes COVID, y solo nos dicen que eso depende de la delegación del IMSS y así se echan la bolita. Pero, por ejemplo, una de las dudas es, si un paciente fallece, ¿quién va a firmar él acta de defunción, alguien que por su especialidad no debería haberlo atendido?”

Tras exponer su pregunta, Pedro dice que sí quieren ayudar a atender a los pacientes, “pero nosotros no tenemos el entrenamiento adecuado, no sabemos entubar, por ejemplo. No nos han capacitado bien, mandaron un link como un curso en línea, nos dieron una charla de 30 minutos sobre cómo colocar y quitar el equipo de protección y después nos dieron una charla de una hora sobre el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Con eso no basta. Es como si metiéramos a un internista a quirófano a hacer una cirugía”.

Además, se queja de que no les dan el equipo adecuado. “Yo me tuve que comprar una mascarilla buena, porque las del hospital no son de calidad, y un traje especial; están carísimos pero tengo familia, no me puedo arriesgar”.

Sobre si los pueden obligar o no a dar la atención, Pedro dice que siguen sin tenerlo claro, aunque plantea que desde el pasado lunes 4 de mayo les pusieron por escrito, en un oficio, la indicación de que deben presentarse para integrar los equipos COVID.

El oficio, dirigido a cada médico del Hospital MacGregor, señala que, de acuerdo al artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de los trabajadores desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados.

En otras palabras: los “exhortan” a que “en tanto dure la contingencia” deben “formar parte del equipo para la atención a pacientes COVID”.

Animal Político preguntó al Sindicato de Trabajadores del IMSS, a través de su oficina de comunicación, si los médicos de especialidades como cirugía general, urólogos, etcétera, estarían obligados a atender a los pacientes COVID y cuáles serían las implicaciones de no hacerlo. Sin embargo, la respuesta del sindicato fue que “en este momento no hay una postura al respecto”.

También se le consultó lo mismo al IMSS, pero hasta el cierre de este edición no hubo respuesta.

“Nos están abandonando, la situación es terrible”
Del lado de los médicos que sí se enfocan en atender infecciones respiratorias y vía aérea, entre ellos los internistas y urgenciólogos, el sentimiento que permea es que los de otras áreas los están dejando solos, y tienen enojo y desesperanza.

“El fin de semana estuvimos solo cuatro médicos internistas, acompañados de médicos generales, para atender a 78 pacientes COVID, porque los anestesiólogos y los de consulta externa de 15 especialidades se ampararon para no atender pacientes COVID”, se queja un médico del Hospital General 27 del IMSS.

En otro hospital del IMSS, en el número 30 de Iztacalco, las quejas del personal de medicina interna y de urgencias son idénticas.

Reprochan a sus colegas, especialmente a los de cirugía, que no atiendan a pacientes COVID, a pesar de que el hospital está saturado, tal y como mostraron unas imágenes que Animal Político publicó eL martes 5 de mayo, en las que se aprecia a pacientes durmiendo en colchonetas en el piso y en sillas metálicas.

“Están viendo que nos están cayendo, literal, millones de pacientes. Y lo primero que hacen es decir ‘yo no quiero ver a nadie con COVID’ y ver a qué argumentos legales pueden aferrarse para no ayudarnos y abandonarnos”, expone el doctor Rodrigo, del Hospital 30 de Iztacalco, que para evitar represalias ha pedido que se le modifique su nombre real.

“Más que una cuestión legal -añade-, de si están obligados o no a atender a estos pacientes, creo que es más una cuestión de ética, de formación, y que tiene que ver con la respuesta a una pregunta básica que es: ¿por qué somos médicos?”.

Félix, otro doctor de este hospital al que se le modificó el nombre, lamenta que no solo el personal de cirugía es reticente a atender a pacientes COVID.

“Por ejemplo, los encargados de laboratorio no quieren tomar pruebas, porque no quieren infectarse. Y los radiólogos no quieren tomar tomografías ni ultrasonidos. Y eso no nos permite atender a los pacientes y al mismo tiempo hace que todo colapse. La situación es terrible”, asegura.

Qué ha ocasionado el pleito
Como respuesta a la epidemia de coronavirus durante la fase 3, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó el 27 de marzo un decreto en el que se declaran acciones extraordinarias para combatir la epidemia de COVID-19. En el documento se señala que se podrán utilizar como elementos auxiliares (en la atención de los pacientes) a todos los recursos médicos.

En paralelo, la Secretaría de Salud, a través del subsecretario Hugo López Gatell, anunció que se crearían en los hospitales equipos de trabajo que estarían liderados por un especialista de las áreas calificadas para atender una infección respiratoria grave (urgenciólogos, neumólogos, internistas, intensivistas e infectólogos) y conformados por médicos de las otras especialidades.

Fue el anuncio oficial de que todos médicos le entrarían a la atención de los pacientes afectados por el virus SARS-COV2, y no solo los de algunas áreas.

El IMSS emitió entonces la Guía para la preparación y respuesta ante la epidemia de COVID-19 con los lineamientos para la reconversión hospitalaria frente a un mayor número de casos y de pacientes graves. El documento contiene un anexo, el 7, dedicado a los recursos humanos.

En este se detalla que se integrarán los llamados Equipos de Respuesta COVID, para que, ante la contingencia, todo el personal médico y de enfermería “participe de manera activa y solidaria en la atención de los pacientes, sobre todo en los tunos vespertino, nocturno y los fines de semana”.

El documento también señala que, “la provisión de Equipo de Protección Personal será oportuno y suficiente”.

Los grupos de trabajo estarán liderado por un Médico No Familiar de las Especialidades en cuya formación se incluye el manejo de la vía aérea y ventilación mecánica: Urgencias, Terapia Intensiva, Medicina Interna, Neumología e Infectología.

El equipo de soporte estará integrado por otros tres médicos con los que cuente la unidad o bolsa de trabajo de cualquier especialidad, o bien por médicos familiares y generales. También se incluirán personal de enfermería.

Cada equipo podrá tener a su cargo 24 camas por turno, y serán sólo ocho pacientes asignados por médico y cuatro pacientes por enfermera general.

Sin embargo, el personal médico entrevistado asegura que, en la práctica, nada, o casi nada de esto, se está cumpliendo.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/cirujanos-niegan-atender-pacientes-covid-nos-estan-abandonando-acusan-internistas/

Mixes de Ayutla viven estiaje de más de mil días en medio de la pandemia (Oaxaxa)

Página 3 / Diana Manzo.

Juchitán, Oax. En medio de una emergencia sanitaria por el COVID-19 y de incendios forestales, las y los cuatro mil habitantes del municipio mixe San Pedro y San Pablo Ayutla, enclavado en la sierra norte de Oaxaca, padecen desde junio de 2017 la falta de agua; en esa fecha, un grupo armado les despojó de su único manantial.

Las nuevas formas de vida a partir del estiaje y la epidemia que exige lavarse las manos con abundante agua y jabón les mantiene activos para allegarse del vital líquido, al crear por sus propios medios nuevas formas de captación de agua.

Algunas personas van al arroyo cercano, otras la compran o también ocupan el agua almacenada de lluvia.

Unas más se arriesgan al ir al manantial que está secuestrado por un grupo de personas que dicen andan armadas y de comuneros del vecino municipio de Tamazulapam, con quien mantienen un conflicto agrario por 150 hectáreas de tierras.

A pesar de que presentaron su queja por falta de agua, el Gobierno del Estado “ha minimizado la problemática en un tema agrario y no en un despojo que dejó varios pobladores heridos, personas secuestradas y un pueblo sediento”, acusan lugareños.

El único manantial y la infraestructura ahora es controlada por un grupo armado, de este último la comunidad tiene varias teorías, pues algunos refieren que entre las 150 hectáreas y el manantial en conflicto, “hay terrenos en la parte noreste con cultivos de mariguana”, de lo cual saben las autoridades y que por eso el grupo invasor se niega a devolver las tierras y el agua a Ayutla.

Sostienen además que la violencia alcanzó a activistas, denunciantes y autoridades comunales que han evidenciado el problema del agua por cualquier medio, así como por las agresiones y muertes cometidas desde el 5 de junio de 2017 toda vez que siguen impunes.
Gloria, una de tantas historias sin agua

En el hogar de Gloria viven siete personas, dos menores de edad, tres son adultos mayores que padecen hipertensión arterial, un joven con alergias y ella, con diabetes mellitus, quienes con sus enfermedades enfrentan la falta del vital líquido, pues aseguran no les es posible irse a otro lugar.

Hace casi tres años, cuando ocurrió el despojo, Gloria fungía como síndica municipal suplente de ese ayuntamiento que se rige por usos y costumbres, y a partir de esa fecha, declara, la vida en el pueblo es complicada.

Entrevistada vía telefónica explica que al inicio de la fase 3 de la pandemia, el agua está más escasa en los arroyos que se ubican a 20 minutos de camino de la localidad.

Califica esta situación “como cruel y cruda”, y si arrecian los contagios en esa región se complicará la salud de sus habitantes.
La pandemia complica también la educación

El regreso a clases se ve lejano, toda vez que mucho antes de que la federación decretara la suspensión de clases, los maestros del pueblo ya habían cancelado actividades por la falta de agua.

El año pasado, a causa de la falta del agua, habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla padecieron un brote de hepatitis y frecuentes cuadros diarréicos, debido a que consumen agua no potable para vivir.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere en su informe de 2015 que en Oaxaca la cobertura de infraestructura de agua potable en comunidades indígenas, como San Pedro y San Pablo Ayutla, fue de 87.2 por ciento, menor al promedio nacional, lo cual indica que vivirán la pandemia sin el vital líquido.

Joaquín Galván José, estudiante, documentalista y activista comunitario de Ayutla, quien junto con un grupo de profesionistas, entre ellos la lingüista y defensora Yásnaya Aguilar, han visibilizado el estiaje del pueblo a nivel internacional a través de las redes sociales.

En sus mensajes muestran videos de personas, al parecer cercanas a ellos, de cómo viven sin agua, soportando amenazas y con alto riesgo de ser contagiadas por el coronavirus y otros malestares.
Un amparo para devolver predios

En julio del año pasado el municipio de Ayutla presentó un amparo para que Tamazulapam le devolviera sus predios, mismo que ganó.

Pero tres meses después el ayuntamiento vecino también presentó el suyo, y ahora como condición el gobierno estatal le pide a los de Ayutla desistir para poder negociar.

Galván José narra cómo mediante sus videos ha documentado las más de 60 mesas de negociación que se han realizado entre Ayutla y las autoridades del estado, sin embargo, a la fecha no hay solución para ese conflicto.

La única esperanza para el pueblo mixe, afirma el joven estudiante, es que el gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación resuelva esta problemática. Porque la gente, sostiene, ya está cansada de vivir sin agua y bajo la amenaza del grupo armado.

Medidas cautelares para Ayutla

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares hace un par de semanas a favor de San Pedro y San Pablo Ayutla, de acuerdo con el documento de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, con folio 30649.

El escrito menciona la implementación de las medidas cautelares a favor de habitantes de Ayutla, dado que “al no tener garantizado su derecho al acceso al agua, les resulta imposible implementar las medidas preventivas y de mitigación para evitar los contagios provocados”.

Menciona también que “se considera que en el presente caso se actualizan los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se deberá salvaguardar la protección de los derechos a la vida, a la salud y al vital líquido, así como a la integridad personal y seguridad mediante la implementación de medidas cautelares”.

Una misión de observación conformada por ocho organizaciones civiles, entre ellas Educa AC, CodigoDH, Red Solidaria de Derechos Humanos y Tequio Jurídico AC, urgió a las autoridades federales y estatales atender la crisis de agua que vive San Pedro y San Pablo Ayutla, pues al cumplirse más de mil días sin gozar del líquido, podría desencadenar una crisis sanitaria y graves consecuencias a la salud ciudadanía por la pandemia del Covid-19.

https://pagina3.mx/2020/05/mixes-de-ayutla-viven-estiaje-de-mas-de-mil-dias-en-medio-de-la-pandemia/

“El Tren Maya privatizará los ejidos”

Texto: Ricardo Hernández / Foto: Archivo Lucía Vergara / Pie de Página

Los ejidos donde Fonatur creará infraestructura relativa al Tren Maya deberán cambiar su régimen de propiedad social a privada. La investigadora Violeta Núñez Rodríguez alerta que esto podría tratarse de un «despojo elegante». Fonatur, en cambio, asegura que es innovación

Los ejidos donde se crearán polos de desarrollo relativos al Tren Maya cambiarán su régimen de propiedad social a privada. Así lo advirtió Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si los ejidatarios ceden sus tierras a un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), deberán privatizarlas, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, como el gobierno mexicano propone.

Ello podría conducir al despojo y venta de ejidos, y va en contrasentido a lo prometido por la actual administración federal: impedir la comercialización de propiedad social, afirma Núñez.
La «letra chiquita» del proyecto

El planteamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportarán la tierra y los segundos, la infraestructura.

Los bienes ingresarán a un fideicomiso y se colocarán certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Una vez ahí, dichos certificados podrán ser adquiridos por inversionistas. Finalmente, los socios recibirán recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como de parte del propio Fideicomiso. Pero estos recursos no serán en la misma proporción. Dependerá de las acciones que cada uno tenga en la sociedad.

“Una vez que las tierras han sido ingresadas al Fideicomiso no hay vuelta atrás”, dijo en entrevista telefónica la docente adscrita al Departamento de Producción Económica.

Y es que, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores, las Fibras son irrevocables.

Solo pasados cuatro años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos. O bien, tendrían que comprar las acciones de sus socios los empresarios para recuperar la propiedad.

En cualquier caso, lo que fue propiedad comunal quedará como propiedad privada, y la puerta quedará abierta al desarrollo urbano. La vocación agrícola se perderá. Así lo comenta la profesora de tiempo completo.

La inequidad entre socios será manifiesta. Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y, consecuentemente, con mayores retribuciones.

Además, la Fibra es de renta variable. Es decir, depende de la confianza de los inversionistas en México y en la oferta y la demanda. Esto no les garantiza a los comuneros una ganancia, comenta la docente.

“Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. [Esto] debido a que, además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad. Quizá en un futuro no les quedaría más opción que vender las acciones que reciban por sus tierras”, remató.

La versión de Fonatur

Consultado al respecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, confirmó que es necesario privatizar los ejidos, a fin de bursatilizarlos. La Ley de la Reforma Agraria no contempla el modelo de fideicomiso.

El objetivo es, defendió Jiménez Pons, empoderar a los ejidatarios mediante un beneficio económico que luego podrán reinvertir en su comunidad.

“Los beneficios podrán invertirlos en el resto de su territorio; que se conviertan –ya dentro de sus normas, sus culturas y sus formas de organización que ellos determinen– en recursos para seguir invirtiendo.

«A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, dijo por teléfono.

La gran ventaja, añadió, es que los terrenos que ofrezcan aumentarán su valor; obtendrán una mayor plusvalía.

Además, detalló el funcionario, hay candados para resguardar las tierras comunales. Los ejidatarios no podrán vender más del 50 por ciento de su propiedad; y en los polos de desarrollo sólo se permitirá desarrollar el 30 por ciento. En el resto se conservará la vegetación.

Avanzar en el proyecto del Tren Maya y financiar los polos de desarrollo mediante la Fibra es para Jiménez Pons una necesidad. Su propósito es desarrollar el sureste con orden y bajo reglas claras. Según el funcionario, la falta de reglas alentó un desarrollo desordenado en otros lugares.

“Te voy a poner un ejemplo del desastre que ha significado el desarrollo en la Península. En el ejido de Tulum, que son 23 mil hectáreas, ya vendieron el 70 por ciento. Sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna lógica ni nada. Es un caos terrible”, afirmó.

Urbanizar con límites, reglas, esquemas y con la participación de ejidatarios, sostiene, beneficiará a la región.

Finalmente, anunció que están por firmar los compromisos para avanzar en las Fibras con ejidatarios de Cobá, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Palenque e Izamal.
«Innovación» financiera

Humberto Calzada, analista financiero de Rankia México y Latinoamérica, asegura que México estaría innovando en materia financiera. En todo el planeta, dice, no hay precedentes de bursatilización de tierras comunales.

«Si se da este proceso, estaríamos frente a un evento de innovación financiero y único a nivel mundial. Yo no he conocido otro modelo en el que se privatice la propiedad comunal. Sería un precedente», dijo. Humberto Calzada, analista financiero.

https://piedepagina.mx/el-tren-maya-privatizara-los-ejidos/

Denuncian ejidatarios de Tecoh despojo de tierras (Yucatán)

Rafael Mis Cobá / PorEsto!
Ejidatarios de Tecoh denunciaron que el alcalde y el comisario de esa comunidad actúan en complicidad para despojar de sus tierras a los campesinos, además de que han celebrado asambleas sin acatar las medidas de prevención sanitaria, con los riesgos que ello implica para la salud de los pobladores.
En un documento enviado al Gobierno del Estado, así como a las autoridades federales, los campesinos inconformes –encabezados por Baldomero Ku Ceh–, subrayaron que el comisariado Ejidal Mauro Manzanero Chan y el presidente municipal Felipe Audomaro May Itzá, han operado al margen de la ley para vender las tierras a grupos de especuladores.
Indicaron que todo parece señalar que la complicidad con que actúan el alcalde y el comisario les deja buenas ganancias, al recibir, por parte de los especuladores, miles de pesos por el trabajo sucio que realizan aprovechándose de sus cargos.

Despojo de mil hectáreas

Señalaron que, además de esas irregularidades, lo grave en estos momentos es que en plena contingencia sanitaria por el Covid-19 convocaron, hace unos días, a una asamblea general a los mil 369 ejidatarios, a quienes les pagaron la mísera suma de 150 pesos por la venta de seis predios.
Además, la asamblea no debió ser legal porque, entre otras cosas, ni siquiera se nombró al presidente de debate y sólo fue para que se entregara a los ejidatarios los 150 pesos.
“Señores –precisa el documento–, esta autoridad municipal y ejidal se están aprovechando de la necesidad en estos momentos críticos”.
De igual forma, se señala que el 23 de abril de 2017 se despojó a los ejidatarios de un total de mil hectáreas y únicamente se les pagó a un peso con cincuenta centavos el metro cuadrado.
“Estas personas no tienen un poquito de vergüenza cuando se les hizo ver que no está correcto lo que hacen, y ordenaron a la Policía Municipal sacarme, y me arrastraron seis metros y atropellaron una persona discapacitada”, remarcó Baldomero Ku.

https://www.poresto.net/2020/05/10/denuncian-ejidatarios-de-tecoh-despojo-de-tierras/

Asesinan a ambientalista en Tierra Blanca, Oaxaca

Proceso / Pedro Matías.


El ambientalista y estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Eugui Roy. Foto: Facebook

OAXACA, Oax.– El ambientalista y estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Eugui Roy, fue asesinado en la comunidad de Tierra Blanca, perteneciente a San Agustín Loxicha.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 7 de mayo cuando el defensor de la naturaleza, de escasos 21 años, se encontraba en el rancho Magnolia, ubicado en la zona cafetalera de Tierra Blanca, en San Agustín Loxicha, donde decidió pasar la cuarentena por el covid-19.

Aunque oficialmente no ha sido confirmado el crimen, el conductor del programa “Indomable por naturaleza”, Arturo Islas Allende, se unió a la exigencia de la familia de Eugui Roy para exigir justicia.

Trascendió que Eugui Roy estudiaba el segundo semestre de la carrera de Biología en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, al tiempo que se dedicaba al cuidado, defensa y preservación de reptiles y anfibios.

Eugui Roy pertenecía a la Organización para la Conservación del Medioambiente en Oaxaca llamado “Biologgers Divulgacion de las ciencias y naturaleza” donde continuamente alimentaba con fotos y videos de sus descubrimientos en sus expediciones por la Sierra Sur de Oaxaca, de donde provenía.

El caso trascendió en las redes sociales debido a que amigos y compañeros ambientalistas se sumaron a la exigencia de justicia y pidieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, dar con los responsables.

Integrantes del Colectivo Los Tlacuas despidió a su amigo con el siguiente mensaje:

“Hoy, la biología está de luto. Nos unimos a alzar la voz y rendir un pequeño homenaje a nuestro amigo Eugui, quien perdió la vida en manos de personas sin escrúpulos; malditos todos aquellos que quitan la vida a una persona inocente y valiente por defender lo que muchos de nosotros no nos atrevemos ‘nuestra madre naturaleza’”.

A su vez, el conductor del programa “Indomable por naturaleza” dijo que México perdió a un “orgullo”, pues no había conocido a una persona tan apasionada de los repites como lo fue este joven.

“Teníamos un mexicano bien chingón que estaba luchando por la protección de la naturaleza y le arrebatan la vida, lo mataron por defender la naturaleza, no es mi papel hacer una publicación profunda, pero sí exigir a las autoridades de Oaxaca que se sepa quiénes son los responsables, la muerte de este gran hombre no puede quedar impune”, resaltó.

Finalmente, profesores del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca se unieron a las condolencias para los familiares por el asesinato del joven ambientalista y pidieron pronta resignación.

https://www.proceso.com.mx/629459/asesinan-a-ambientalista-en-tierra-blanca-oaxaca

Continúan desapareciendo personas en Colima, “este 10 de mayo nada que celebrar”

Imagen: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (10/05/2020).- La Fiscalía General del Estado de Colima reporta 8 personas desaparecidas, en el período comprendido del 17 de abril al 6 de mayo de 2020 en su página web, en el apartado “desaparecidos”.

En otro espacio se encuentran la Alertas Amber y Alba, las que por su relevancia mencionaremos aparte.

Este 10 de mayo, madres de personas desaparecidas en todo México se manifiestan en redes sociales mediante videos, pidiendo a la sociedad ayuden en la búsqueda de su familiares compartiendo las imágenes con la esperanza de localizarlos.

Dada la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus, la labor de búsqueda en campo de personas desaparecidas está en pausa y las redes sociales son el único medio para tratar de encontrar a sus seres queridos.

Mensajes como “este diez de mayo nada que celebrar”, se observan en los videos compartidos por las madres de desaparecidos, claman ayuda y solicitan nos sumemos en la búsqueda de sus seres queridos y en algunos casos los usuarios de redes sociales comparten la información.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12506

Protestan en redes por desaparecidos de Nuevo León

Ante la contingencia por el covid-19, FUNDENL realizó una “marcha” en redes sociales exigiendo al Gobierno del Estado no parar con la búsqueda de las personas desaparecidas.


Nuevo León ocupa el segundo lugar en personas desaparecidas en el país. Foto: Archivo.

Kevin Recio/ MILENIO

La organización no gubernamental Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, (FUNDENL) “marchó” en redes sociales exigiendo al Estado que no cese la búsqueda de personas desaparecidas, argumentando que ellas no han parado de buscarlas. En un comunicado difundido por Facebook, destaca que en México se tienen registradas 61 mil 637 personas desaparecidas, por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades mexicanas continuar durante la pandemia con las investigaciones.

“Nuestra marcha se traslada a las redes, un cubrebocas no nos calla. Exigimos la localización de nuestras hijas, hijos y demás familiares, así como Verdad y Justicia. “Queremos denunciar que el Estado nos pide no salir de casa, pero los delincuentes siguen en las calles y nos siguen desapareciendo. Nuevo León, según datos de la Secretaría de Gobernación en su publicación Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante Contingencia Sanitaria por Covid-19, es segundo lugar en casos de Desaparición de Personas”, indica el escrito. De acuerdo con el texto, la Segob destaca que Nuevo León tuvo 21 casos de personas que desaparecieron en marzo pasado, sin embargo, solo contabilizan los casos de Privación Ilegal de la Libertad. “Si sumamos todos los delitos contra la libertad, Nuevo León tiene 34 casos en marzo de 2020”, subraya el texto. En un análisis sobre los delitos contra la libertad durante el primer trimestre del año hecho por FUNDENL, se señala que en enero hubo 47 y en febrero 51 personas desaparecidas, siendo estos dos meses los que presentaron el mayor número de casos en la última década. Cabe mencionar que el 23 de marzo una madre de FUNDENL localizó sin vida a su hijo en el municipio de Hidalgo, y el 04 de abril se localizó con vida a un joven de Nuevo León desaparecido en Cancún, Quintana Roo. “Existen muchas obligaciones y tareas pendientes por parte de las instituciones que pudieran trabajar desde sus hogares, la contingencia sanitaria no debería ser un obstáculo para seguir buscándolos, y una vez que finalice la pandemia, salir a encontrarles”, puntualiza el escrito. FUNDENL continúa realizando las labores de búsqueda porque para ellas “parar sería morir”. Durante el periodo de cuarentena, han trabajado vía remota, por teléfono y en situaciones esenciales de manera presencial.

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