Jornadas “SAMIR SOMOS
TODAS Y TODOS”
COMBO POR LA VIDA: DICIEMBRE
DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

Sin agua y sin empleo: las comunidades indígenas de Guerrero ante COVID-19

La crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 golpea a las comunidades indígenas de Guerrero; reclaman un programa de ayuda.

Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO

Abel Campos Ortega, de 46 años, ganaba 200 pesos semanales como albañil en una comunidad de Alcozauca, Guerrero. Con esa cantidad se alimentaban su esposa y sus seis hijos. Ella se encargaba de la casa y él salía a trabajar en la construcción o en el campo. Debido a la emergencia causada por la COVID-19, el hombre perdió su empleo el 25 de marzo.

“Nos dijeron que no regresáramos hasta nuevo aviso”, dice. Desde entonces no ha ingresado nada. Ni un solo peso. “Estamos sufriendo. No tenemos con qué mantener la familia. Maicito que tenemos está pasando con sal”, lamenta, en conversación telefónica.

Entérate: AMLO apuesta a programas sociales y megaobras ya iniciadas contra crisis por COVID-19

Campos Ortega es presidente del comité municipal del concejo de comunidades indígenas de Alcozauca, Guerrero. Explica que la lógica impuesta por el confinamiento ha tenido graves consecuencias para las comunidades. “No podemos salir. Hay comunidades donde todavía están saliendo a por alimentos, pero está escaseando. Además, tampoco hay empleo. Nadie está trabajando. Nos quedamos sin trabajar, sin empleo, sin nada”, dice.

Con poco acceso al agua y sin empleo, la pandemia por coronavirus ha venido a golpear con dureza a uno de los territorios más pobres de México. Según la secretaría de Salud Pública se registraron 177 casos y 31 defunciones a causa de la COVID-19.

Un total de 197 comunidades de las aproximadamente 5 mil con las que cuenta el Estado han decidido cerrarse para impedir el paso del virus. Están concentradas en 65 municipios, con mayoría de la población indígena y que se rige por usos y costumbres, según datos del gobierno del Estado.

Entérate: Toques de queda, ley seca y cierres de frontera, las medidas impuestas por estados contra el COVID-19

Las cifras que más golpean a Guerrero no son las del SARS-CoV-2, sino las de la escasez. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), estimó en 2018 que el 65% de la población de Guerrero está en situación de pobreza y, este porcentaje, el 26.8% sufría pobreza extrema. Las cifras pueden agravarse en los próximos meses con la crisis generalizada que llegue después de la pandemia.

“Ahora, la verdad, estamos en esta situación gravísima. Hay familias que ya no cuentan con alimento. Los productores, los campesinos, no cuentan con apoyo del gobierno federal y siembran muy poquito. Cuando no había la enfermedad, la gente vivía al día. Ahora, aún hay menos recursos”, dice Campos Ortega.

La situación en la Montaña, la región en la que se ubica Alcozauca, es de parálisis, por lo que las posibilidades de alimentación se han reducido drásticamente. Explica Campos Ortega que al no trabajar no reciben salario.

Así que subsisten con los productos del campo, que tampoco pueden vender.

Las comunidades se han blindado y no permiten que nadie extraño llegue, por lo que no llegan insumos a los pequeños comercios, que se han visto obligados a cerrar.

Por si esto fuera poco se ha cerrado el grifo de las remesas. Existe una fuerte dependencia del dinero que llega de los paisanos que emigraron a Estados Unidos. Ahí el número de contagios se acerca al millón, con más de 54 mil víctimas mortales, lo que ha obligado a un confinamiento generalizado.

El parón en la economía del norte ha enviado al desempleo a más de 25 millones de personas. Son cifras similares a las de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Un mazazo para todas las familias guerrerenses que superan la quincena con los dólares que llegan de la migración.

Petición de ayuda como ocurrió con las tormentas de 2013
Ante este sombrío panorama, representantes de las comunidades, junto a presidentes municipales y activistas dirigieron recientemente un escrito a distintas autoridades, entre las que están el presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a otras autoridades, para reclamar “un plan nacional emergente para cuidar la vida de millones de hermanos indígenas y afros que se encuentran a lo largo y ancho del país”.

Entre las peticiones: “un programa alimentario, fortalecer su economía y cuidar y proteger los recursos de la madre naturaleza”.

Abel Barrera, director de la organización de Derechos Humanos Tlachinollan y uno de los firmantes de la carta, explica que han tomado como modelo los programas aplicados tras el paso de las tormentas Ingrid y Manuel.

“Dejó devastada la montaña, hubo varios muertos y derrumbes. Para garantizar la dotación de alimentos se puso en marcha un paquete alimentario a las comunidades por el que se entregaba maíz, frijol, arroz, sal y aceite y que se prolongó durante dos años”, dice Barrera.

“Esta región vive de la siembra temporal de maíz. Se cosechan 300, 400 kilos al año. Pero es insuficiente para solventar necesidades básicas. No hay trabajo remunerado, no hay condiciones para que se garantice un ingreso fijo y los programas sociales son insuficientes”, denuncia.

Animal Político consultó al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y al gobierno del estado de Guerrero sobre los planes previstos para apoyar a estas comunidades. Al cierre de la nota no había recibido respuesta.

La ausencia de agua es otro de los problemas que afecta a diversas zonas de Guerrero. Lavarse las manos frecuentemente es una de las recomendaciones básicas para evitar el contagio. Sin embargo, este sencillo mandato resulta imposible de cumplir cuando el agua corriente no llega al domicilio.

Es lo que le ocurre a Ángel García, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. “Traemos con una manguera del cerro, pero no hay un sistema que bombee a toda la comunidad”, explica.

García es integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Ellos han sido los encargados, en varias comunidades, de establecer los retenes para impedir el tránsito.

Explica que a finales de marzo celebraron diversas asambleas para determinar qué hacer ante el avance de la pandemia. Y determinaron que el cierre era la mejor solución para tratar de que el virus no se acercase a comunidades que, si tienen que ir al hospital, tienen por delante trayectos de más de tres horas. Como las comunidades se manejan por usos y costumbres, encargaron a la policía comunitaria hacerse cargo de los retenes.

“Establecimos filtros de seguridad en varios puntos del territorio comunitario, para que las personas que vengan de fuera no infecten. Estamos bloqueando a las personas que vienen a vender a y las visitas. Además, estamos evitando la entrada de empresas como Cocacola, Sabritas, o de cervezas”, explica.

En el camino inverso, cuando son los comunitarios los que tienen que salir hacia la ciudad, se pide que solo salga una persona, evitando llevar a los niños y aplicándole gel antibacterial.

Nuevamente, la dinámica para protegerse del coronavirus tiene un fuerte impacto en personas acostumbradas a vivir al día. Si no salen de su comunidad no pueden vender en la ciudad. Y si no venden, tampoco tienen dinero para comprar alimento.

A la escasez propia del lugar se le suma la llegada de personas que trabajaban en otros lugares, como Acapulco o Chilpancingo, pero que ante la falta de empleo por la contingencia han regresado a sus lugares de origen. “Esto nos complica algún gasto porque no hay de dónde, no hay con qué, no hay qué comprar ni vender. La mayoría de las personas están sacando a la venta lo poco que tienen”, dice García.

El abandono por parte de las autoridades es la principal queja del policía comunitario. “Ni el estado ni el gobierno federal nos ha dado nada. Estamos tratando de ver la manera de exigirle que nos apoye. Que nuestra gente le está escaseando los alimentos”, dice.

Cerradas sobre sí mismas, las comunidades tratan de hacer frente a los contagios. La organización ha suplido la falta de estado en cuestiones tan básicas como la información. Por ejemplo, Tlachinollan distribuyó audios en lengua me’phaa, tu´u savi y naua con consejos sobre higiene y protección para evitar el coronavirus.

Pero sin agua disponible en sus domicilios, los habitantes de una de las zonas más pobres de México carecen de las principales medidas de protección contra la pandemia. Cuando el virus remita seguirá la amenaza del hambre: una enfermedad que nunca ha dejado de castigar estas comunidades.

https://www.animalpolitico.com/2020/04/guerrero-indigenas-comunidades-agua-empleo-covid/