Denuncian que los mandan a trabajar sin ninguna protección a lugares donde hay más riesgo de contraer el COVID-19 y además, no cuentan con ninguna prestación de Ley, vaya, ni siquiera tienen ISSSTE y les fallan con el pago de sus quincenas
Arcelia García Ortega / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Domingo 10 de mayo del 2020.- El encargado de la delegación estatal del ISSSTE pone en riesgo a suplentes enviándolos a puestos de vacunación sin ninguna protección, así lo denunciaron los mismos trabajadores del sector salud.
Señalan que se aprovechan de ellos, mientras que los trabajadores de base laboran sin exponerse a contraer el mortal virus y no sólo eso, éstos reciben un 20% más de su sueldo. Y lo que es peor, hay quienes ni siquiera se presentan a trabajar por temor a contraer el mortal virus, pero como son protegidos por el encargado de la delegación estatal del ISSSTE y el sindicato, nadie les dice nada.
Los trabajadores suplentes aseguran que no cuentan con seguridad social ni prestaciones económicas como sí las tienen los trabajadores de base. Pidieron el anonimato por temor a ser despedidos y aseguraron que no sólo ellos están en riesgo, sino también sus compañeros que están en los filtros de la Unidad Familiar CATRA con horario de 1:30 a 8 pm.
“Nos utilizan como mano de obra barata sin importar los riesgos que tenemos solo por ser suplentes”, afirmaron los denunciantes.
No sólo no les dan ISSSTE a ellos y a sus familias, ni ninguna otra prestación social o económica, sino que tampoco les cumplen con el pago puntual de sus quincenas, hay ocasiones en que no se las pagan, terminaron diciendo los denunciantes desesperados, quienes hacen un llamado al delegado federal en Nayarit, Manuel Peraza Segovia para que atienda su denuncia.
A través de un comunicado la organización de familiares de personas desaparecidas en Nayarit, Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C. anunciaron que en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y en el marco del 10 de mayo “Día de las madres”, no dejarán de sumar sus voces y de pronunciarse en cada rincón del país “para seguir exigiendo el regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad, justicia y garantía de no repetición”.
La agrupación de familiares ha organizado en sus redes sociales una campaña para visibilizar las acciones de búsqueda que cotidianamente realizan por sus seres queridos desaparecidos en medio de la contingencia y en el marco del 10 de mayo.
Dalia Souza / Zona Docs
A través de un comunicado la organización de familiares de personas desaparecidas en Nayarit, Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C. anunciaron que en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y en el marco del 10 de mayo “Día de las madres”, no dejarán de sumar sus voces y de pronunciarse en cada rincón del país “para seguir exigiendo el regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad, justicia y garantía de no repetición”.
La agrupación de familiares ha organizado en sus redes sociales una campaña para visibilizar las acciones de búsqueda que cotidianamente realizan por sus seres queridos desaparecidos en medio de la contingencia y en el marco del 10 de mayo.
Y es que, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y en el marco de la “celebración” del 10 de mayo “Día de las madres”, la agrupación de familiares de personas desaparecidas en Nayarit, Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, han advertido que no dejaran de sumar sus voces y de pronunciarse en todo el territorio nacional para “seguir exigiendo el regreso a casa de todas las personas desaparecidas, verdad, justicia y garantía de no repetición”.
Si bien, ahora mismo el país se encuentra en medio de esta contingencia sanitaria, señalaron que “desde hace muchos años enfrenta otra gravísima emergencia”: “las más de 61 mil personas desaparecidas, los más de 37 mil cuerpos sin identificar y una dinámica de desaparición que continúa cotidianamente”
Por ello, instaron a las autoridades del Gobierno federal y de los estados a “no dejar de lado la importancia de continuar la búsqueda para regresar a casa a todas nuestras personas desaparecidas”, aún con la priorización de las medidas para contener la pandemia. Además, precisaron que tanto la búsqueda como la investigación para su localización, tendrá que ser declarada una actividad esencial en todo el país.
Por lo anterior y reconociendo que la búsqueda de sus amores desaparecidos debe conllevar diversas acciones para garantizar su pronta localización, la verdad y la justicia, han exigido al Estado mexicano lo siguiente:
Se garantice una efectiva búsqueda inmediata.
La Fiscalía General de la República, en su unidad de investigación de Desaparición Forzada, y las Fiscalías Estatales, intensifiquen la revisión de expedientes y análisis de contexto y fortalezca todas las bases de datos. También, que se realice un mapeo geográfico de fosas y hallazgos para establecer rutas de búsqueda intermedias y la confronta de perfiles con hallazgos estatales y nacionales, entre otras labores necesarias.
Avanzar sustantivamente en la implementación de la Ley General de Desaparición en los estados.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y Comisiones Estatales avancen en los diversos procesos de armonización legislativa nacional y local.
Se presente a la brevedad el Registro Nacional de Personas desaparecidas.
Se resuelvan ya las condiciones para el funcionamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Al respecto, han señalado que cada una de sus demandas “deben cumplirse con un enfoque de derechos humanos, con la participación real y efectiva de las familias, la debida coordinación interinstitucional y la disponibilidad de todos recursos necesarios”.
“El corazón de nuestra lucha ha sido la exigencia de buscar a las personas desaparecidas desde los años 60 en México y Centroamérica, y hoy desde nuestras distintas trincheras, dentro y fuera del país, caminamos de otras maneras, con los corazones en marcha alzando la voz, porque no estamos completas y la búsqueda no puede parar”, finalizaron.
Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, junto con decenas de colectivos en el país, han organizado en sus redes sociales una campaña para visibilizar las acciones de búsqueda que cotidianamente realizan por sus seres queridos desaparecidos en medio de la contingencia y en el marco del 10 de mayo.
Aseguraron que la contingencia sanitaria no debería ser un obstáculo para seguir buscándolas.
César López/ EL PORVENIR
Aseguraron que la contingencia sanitaria no debería ser un obstáculo para seguir buscándolas.
“Desparecidos ¿dónde están?, fuerza madres de FUNDENL”, eran las leyendas que se podían apreciar en las mantas.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, se movilizó en diferentes puentes peatonales del área metropolitana de Monterrey para alzar la voz por sus familiares desaparecidos.
Tradicionalmente la organización realiza una marcha cada 10 de mayo, sin embargo, por la contingencia esto no pudo ser posible por lo que realizaron dicho acto con las debidas precauciones para que su voz no pasara por desapercibida este año.
Puentes peatonales de avenida Revolución, Morones Prieto, Garza Sada, fueron algunos de los puntos donde se colocaron mantas que contenían diferentes consignas.
“Desparecidos ¿dónde están?, fuerza madres de FUNDENL”, eran las leyendas que se podían apreciar en las mantas.
Asimismo, la organización exigió al estado que no cese en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, puntualizando que ellas ml han parado en ningún momento.
“El día de hoy, 10 de mayo, nuestra marcha se traslada a las redes, un cubrebocas no nos calla. Exigimos la localización de nuestras hijas, hijos y demás familiares, así como Verdad y Justicia”, expresó el colectivo.
“Hoy, queremos denunciar que el Estado nos pide no salir de casa, pero los delincuentes siguen en las calles y nos siguen desapareciendo. Nuevo León, según datos de la Secretaría de Gobernación en su publicación ‘Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante Contingencia Sanitaria por COVID-19’ es segundo lugar en casos de Desaparición de Personas”, puntualizaron.
Por último, señalaron que existen muchas obligaciones y tareas pendientes por parte de las instituciones que pudieran trabajar desde sus hogares para encontrar a personas desaparecidas, y aseguraron la contingencia sanitaria no debería ser un obstáculo para seguir buscándolas, y una vez que finalice la pandemia, salir a encontrarlas.
El Estado mexicano se ha mostrado omiso e insensible a la tragedia en la que llevan, muchas de ellas, más de 10 años de lucha. Fotos: Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez/ VANGUARDIA MX
Las madres del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) en Torreón, realizaron un pronunciamiento en el “Árbol de la esperanza” por el Día de las Madres, donde denunciaron que siguen sin resultados ni búsqueda efectivas
Madres del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) en Torreón, realizaron un pronunciamiento en el ‘Árbol de la esperanza’ por el día de las Madres, donde denunciaron que siguen sin resultados ni búsqueda efectivas.
Carmen García, madre de Jesús Daniel Flores García, desaparecido el 1 de mayo de 2010, leyó el pronunciamiento donde reclamaron que no hay nada que festejar en este día, porque las madres de hijos e hijas desaparecidas y de esposos desaparecidos, siguen unidas en la búsqueda y con la exigencia de verdad y justicia.
Señalaron que el Estado mexicano se ha mostrado omiso e insensible a la tragedia en la que llevan, muchas de ellas, más de 10 años de lucha.
“Sin importar el tiempo transcurrido, hoy queremos decirle a nuestras hijas e hijos desaparecidos, a las autoridades y a todos los pueblos del mundo, que seguiremos de pie y con la esperanza siempre viva para encontrarles y traerles a todos y todas de regreso a casa”, continuó Carmen.
Las madres criticaron que a más de 40 días del inicio de las medidas de contingencia por la pandemia del Covid-19, no se han visto acciones contundentes que marquen diferencia. “Solo confirmamos continuidad”, dijeron y reclamaron que prevalece la estrategia de a simulación y administración del dolor de las familias mediante el terror y la tortura institucional.
Así mismo, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda, solo convoquen a unas cuantas personas de organizaciones de familiares desaparecidos a “consultas” e “informes” virtuales, y se excluya el aporte de familiares de los más de 60 mil desaparecidos en el país.
“Dónde están nuestros hijos e hijas, dónde están los padres de nuestros hijos, qué ha sido de ellos y ellas, quiénes hicieron y permitieron esta tragedia”, cuestionó Carmen García en nombre del colectivo.
María Elena Salazar, madre de Fuundec, recordó que hace 9 años viajaron a la Ciudad de México para asistir a la marcha por la Dignidad Nacional buscando alzar la voz y que las autoridades las escucharan; decirles que este es un día sin celebración por la ausencia del hijo o hija desaparecida.
“Nuestros corazones siguen igual como el día que se los llevaron, faltando ese hijo, ese abrazo, esa prueba de cariño que tienen hacia nosotros”, mencionó María Elena.
Acusó que después de tantos años, las autoridades han sido indolentes a su tragedia pero ellos insistirán en encontrar la verdad y justicia.
Se mantiene la simulación
María Elena dijo que después de tres sexenios, las familias de desaparecidos únicamente son parte del discursos de presidentes y gobernantes, y que la emergencia sanitaria por el COVID-19, le vino al presidente “como anillo al dedo” para seguir con la indolencia y simulación.
“Ante esto que vivimos para las autoridades fue fácil y mejor, como dijo el presidente: ‘les vino como anillo al dedo’ para seguir con esa indolencia, en esa simulación de impartición de justicia. Para nosotros no. Según ellos nuestros ministerios públicos deben estar con otro tipo de trabajo, comunicarse con nosotros y no lo han hecho. Es mentira. Aquí estamos, es la realidad”, reclamó
Para las Madres Buscadoras de Sonora el Día de las Madres no será una fecha para celebrar, pues optaron por alzar sus voces a las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Desde las 19:30 horas, alrededor de 10 mamás pertenecientes a dicho grupo, se reunieron para pedir justicia y hacer vigilia por sus hijos desaparecidos.
Ceci Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora indicó que la vigilia es más que nada para conmemorar el Día de las Madres, dado a que si sus hijos no hubieran desaparecido hubieran festejado juntos dicha fecha.
Madres buscadoras de sonora
“Y también para levantar la voz, para que el gobierno vean el dolor que nos han causado la pérdida de ellos y que hagan la lucha de buscarlos porque ya saben que los estamos buscando, pero ellos nos podrían ayudar a buscarlos de otra manera”, expresó.
A su vez, aseguró que no quieren encontrar culpables, solamente tener la paz y tranquilidad de saber dónde están sus hijos.
“Ellos no han hecho nada por nosotras, las autoridades, por eso nosotras nos reunimos para alzar la voz y no es tanto justicia, sino que nos ayuden a acelerar los trámites y saber dónde están”, precisó.
Por su parte, la señora Norma Ibarra comentó con lágrimas en sus ojos la desesperación que siente por saber dónde se encuentra su hijo de 24 años, quien desapareció el 29 de octubre del 2019.
“Con esto que estamos haciendo ojalá nos hagan justicia, porque mi hijo es o ya no sé si es porque no sé si se encuentra vivo, pero es un padre amoroso, todo era para sus hijas, para mí ha sido muy doloroso su desaparición porque fue de la noche a la mañana”, dijo.
Ioniso Antonio Verdugo Villegas es el nombre del joven de 24 años, quien hasta este momento sus familiares y sus tres hijas menores no lo han vuelto a ver.
“A mí las niñas me dan mucha lástima porque preguntan dónde está su papá y les digo que está trabajando, en el día del niño les dimos su regalito y creían que su papá se los había mandado; es muy duro para mí echarles mentiras”, contó.
Así como la señora Norma, más de 500 mamás buscan juntas constantemente a sus hijos para encontrar alguna respuesta y exigir a las autoridades justicia.
Madres y padres de familia colocaron pancartas y cartulinas en las que manifiestan sus peticiones.
Querétaro, Qro.- Madres y padres de familia de la escuela privada Real de Santiago, ubicada al nororiente de la ciudad capital, solicitan descuentos en el pago de colegiaturas y reinscripciones, pero acusan que desde marzo personal de la institución no les ha dado respuesta.
“A pesar de varios intentos de lograr una respuesta por parte de ustedes, ya sea de manera directa en sus instalaciones, como en este momento, o a través de las redes sociales, específicamente Facebook, sin que dichos intentos hayan rendido frutos”, señaló un padre de familia, quien instantes antes tocó la puerta del colegio para entregar un escrito con sus peticiones, se ve en un video que compartieron a Libertad de Palabra.
No obstante, acusaron que el personal de Real de Santiago sí se hizo presente para recordarles de los pagos de las mensualidades, así como del pago de reinscripciones para el nuevo ciclo escolar.
De acuerdo con la lista de cuotas que un padre de familia compartió, en el colegio Real de Santiago, por colegiatura, para el nivel Preescolar cobran 2649 pesos; para Primaria 2949 pesos; y para Secundaria 3099 pesos, pero estos montos aumentan si las madres y padres de familia no pagan dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.
Este viernes, madres y padres de familia acudieron a las afueras de la escuela Real de Santiago para pedir empatía hacia su situación económica, que se ha visto afectada por la emergencia sanitaria.
“Nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena para sobrepasar esta crisis, muchos aceptando la reducción de nuestros salarios, o quienes trabajamos por nuestra cuenta afrontando las afectaciones que han derivado de las medidas de no salir de casa, si no es una actividad esencial, y seguramente entre nosotros hay quienes se han quedado sin trabajo, hay quienes hemos visto disminuida nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de ingreso, pero con las mismas obligaciones de pago”.
En un oficio que buscaron entregar al personal de la escuela, firmado por madres y padres de familia, solicitan –entre otras cosas– un descuento del 30 por ciento para las cuotas de colegiatura, así como para la reinscripción al nuevo ciclo escolar.
A continuación, los 6 puntos petitorios que leyó uno de los padres de familia que acudieron a las puertas del colegio:
1.- Un descuento de pago del 30% en las colegiaturas correspondientes a marzo, abril, mayo y junio (para quienes ya las cubrieron, reintegrarles la parte proporcional correspondiente al descuento solicitado).
2.- La no aplicación de recargos por mora o retardo en el pago de colegiaturas, durante la contingencia sanitaria.
3.- Aplazar los tiempos en las reinscripciones, así como un descuento del 30% en las mismas, para el siguiente ciclo escolar.
4.- Para quienes ya realizaron el pago adelantado del ciclo escolar, les sea reembolsado lo correspondiente al descuento del 30%.
5.- Implementar de manera eficaz los programas de clases en línea.
6.- Respuesta a las peticiones, aunque sea por medio de redes sociales.
En su escrito reconocen que la escuela también necesita percibir ingresos, pero dijeron que sólo buscan obtener un apoyo.
“Sabemos que para ustedes es un negocio y que, como tal, debe tener una ganancia, una retribución económica, y eso no lo cuestionamos, pero en este momento pedimos apoyo”.
Sin embargo, el padre de familia advirtió que no pagarán la mensualidad de mayo, si no obtienen una respuesta a sus peticiones, y que acudirán a instancias legales o administrativas.
“Ante su silencio y nula respuesta, no callaremos hasta lograr el objetivo”.
Otro padre de familia, que pidió anonimato, cuestionó que el personal de la escuela no les conteste para dar respuesta a sus demandas, siendo que al no haber clases presenciales desde el pasado 17 de marzo, los costos de operación, como pago de servicios de agua o luz, de la escuela disminuyen.
Padres y madres de familia del colegio Real de Santiago también manifestaron su inconformidad hacia las clases y actividades virtuales que los docentes de dicha escuela les están impartiendo a sus hijos.
“El sistema, hasta ahora adoptado, no nos parecen los adecuados, pues su funcionamiento se limita a subir actividades tipo tarea para nuestros hijos”.
Y pidieron mayor capacitación al personal docente para aprovechar las herramientas de las plataformas virtuales.
El escrito con su pliego petitorio también buscan entregarlo al secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes; al secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres; y al coordinador de la Usebeq, Enrique de Echávarri Lary.
Integrantes de diversos colectivos se manifestaron en el marco del Día del Trabajo, y de forma simbólica clausuraron tres tiendas en la ciudad de Toluca que mantienen operación a pesar de no entrar en negocios con actividad de primera necesidad durante la fase 3 de la contingencia por COVID-19. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
Zedryk Raziel / Animal Político
Animal Político buscó la postura de Grupo Salinas respecto de las denuncias de despidos injustificados. Luciano Pascoe, director de ADN 40 y de Estrategia Editorial, atribuyó los recortes a una “rotación inherente” a la operación de la compañía.
Rebeca había recibido en Grupo Salinas un permiso para hacer trabajar desde casa por lactancia materna. Tenía dos semanas trabajando de esta manera cuando le notificaron, el pasado 24 de abril, que sería despedida como parte de un recorte de personal.
Ella y otras personas de las Direcciones de Cobranza y de Crédito de Banco Azteca tenían permiso de trabajar a distancia tras acreditar que se encontraban entre la población vulnerable al coronavirus COVID-19.
Con un hijo de siete meses y además con la obligación de ayudar a la manutención de sus padres mayores de edad, hipertensos y diabéticos, Rebeca acusa que la empresa que preside Ricardo Salinas Pliego no le pagó la totalidad de su liquidación.
Animal Político buscó vía electrónica la postura de Grupo Salinas respecto de las denuncias de despidos injustificados. Luciano Pascoe, director de ADN 40 y de Estrategia Editorial, atribuyó los recortes a una “rotación inherente” a la operación de la compañía; sin embargo, aseguró que todos los casos de separación laboral se han efectuado y pagado conforme a la ley.
“En Grupo Salinas siempre hemos tenido un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho y la legalidad, por lo que te aseguro que todas nuestras operaciones, incluidas las relaciones laborales con nuestros colaboradores, se apegan plenamente a la ley. Por su dimensión y tamaño, hay una rotación inherente a nuestras operaciones. En ocasiones, ello conlleva despidos, renuncias voluntarias e, incluso, abandonos del trabajo; en todos estos casos, de acuerdo a la naturaleza de la separación laboral, las salidas se pagan conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, indicó en su respuesta a este medio.
El reclamo de Rebeca señala algo distinto. “Se aplicó el recorte y no fuimos liquidados el 100%. Nos falta el pago de los 20 días por año laborado, la prima de antigüedad y las prestaciones acumuladas”, señala.
“A mí no me molesta irme. Me molesta la puñalada. Te mandan a trabajar a casa y te hacen esto. Me afecta muchísimo este despido porque es una carrera de siete años y ni siquiera te vas con carta de recomendación. Si me voy, pues ni modo, creo que es mejor momento para encontrar otro lugar en donde no se violen tanto los derechos de los trabajadores”.
Rebeca, cuyo nombre fue cambiado a petición suya, tuvo que firmar un “compromiso” para que Banco Azteca le permitiera hacer home office: el documento establecía que el empleado debía someterse a dos evaluaciones de resultados durante el periodo del trabajo remoto y que no aprobar dichas pruebas podría ser motivo de despido. Sin embargo, ella señala que el recorte en su área sucedió antes de cualquier evaluación.
El compromiso firmado por Rebeca decía: “Yo (el empleado) reconozco que he recibido este plan (de trabajo) y hago el compromiso para dedicar mi esfuerzo y dedicación a cumplir con los resultados esperados descritos en este plan. Estoy de acuerdo en que el no cumplimiento de cada uno de los resultados del plan puede dar como resultado el término de la relación laboral con la empresa (sic)”.
Ella, que se desempeñó como gerente en Banco Azteca en el inmueble conocido como Torre Área, ubicado en Insurgentes Sur, señala que, cuando recién había regresado de su licencia por maternidad, a inicios de este año, la comisionaron a hacer labores “de relleno”, un maltrato que culminó en su despido.
“No regresé al puesto que yo tenía, me dejaron como tres semanas esperando a ver dónde me iban a colocar, después me colocaron en un área de trabajo, me empezaron a dar trabajo, pero se presenta lo del COVID-19, yo aún no me alcanzaba a integrar al equipo donde yo estaba, porque ingresé ahí la primera semana de febrero, pasa esto y a nosotros nos hacen firmar un documento de que vamos a estar firmando unos reportes, demostrando que todavía somos productivos. Apenas íbamos a mandar el primer reporte de actividades cuando ellos ya habían tomado esa decisión, entonces a mí eso me pareció muy extraño, y a mí sí me pareció una traición, porque yo llevaba siete años ahí”, señala.
Los empleados de Grupo Salinas no solo han tenido que asumir la decisión de la directiva corporativa de seguir presentándose a laborar a sus centros de trabajo durante la pandemia de COVID-19, sino que ahora enfrentan procesos de despido en los que, acusan, no se respetan sus derechos laborales.
Carlos es un ingeniero que fue despedido de Elektra el pasado 22 de abril, pero le hicieron firmar una hoja en la que manifestaba que se trataba de una renuncia voluntaria, por lo que no le pagaron el monto de la liquidación que le correspondía tras tres años de trabajo en la empresa.
Este empleado, que laboraba en las oficinas de Grupo Salinas ubicadas en el complejo conocido como Torres Esmeralda, relata que le explicaron que su baja se debía a la caída en las ventas de las tiendas Elektra.
“Mi jefe nos citó a una junta, se me hizo extraña la manera en que fue, porque nos citaron solo a cinco personas del área, y nos mencionó que, por cuestiones de las ventas y del COVID-19, estábamos despedidos, así sin más, y que nos presentáramos en el área de Recursos Humanos; fuimos y había una cantidad bárbara de compañeros que quizá estaban esperando por la misma situación, yo pasé con la persona que me iba a atender, le planteé que estaban haciendo mal las cosas cuando me percaté que lo que estaba por firmar era una renuncia voluntaria”, detalla.
Un poco apenado, Carlos, quien también solicita ocultar su verdadero nombre, comenta que tuvo que aceptar el pago que le dio la empresa a pesar de que sabía que no era el monto que debía recibir.
“Firmé a causa de que no tenía dinero para pagar mi renta ni mis alimentos”, justifica.
A otro empleado despedido de la Dirección de Auditoría de Banco Azteca le comunicaron que no podían pagarle el 100% de su liquidación debido a un “recorte presupuestal” de la compañía.
“Nos dijeron que fue recorte de personal por un recorte de presupuesto, que no fueron cuestiones de desempeño, y no se nos liquidó conforme a ley, al 100%. Por el recorte de presupuesto nos dijeron que era lo que nos tocaba y que no podían dar más”, relata.
Este trabajador pide no ser identificado porque aún conserva la esperanza de poder volver a ser reinstalado en Grupo Salinas cuando termine la emergencia sanitaria, una promesa que le hicieron al despedirlo.
“Nos pidieron salir bien de la empresa para que, si hubiera una oportunidad de ingreso, la tomáramos, y, la verdad, a mí no me gustaría cerrarme ninguna puerta. No nos lo prometieron, nos dijeron que iban a hacer lo posible, no sé qué tanto haya sido cierto, me imagino que en algunos casos sí será cierto, imagino que los que tuvieron buen desempeño o alguna situación así”, estima.
“Si yo firmé aun sabiendo que me tocaba más fue para no cerrarme las puertas, y a lo mejor no nada más para reingresar a la empresa, sino porque, cuando tú solicitas trabajo en otros lados, piden referencias, y no me gustaría que dieran una referencia negativa que me fuera a impedir encontrar un trabajo, o ya sea el reingreso a la empresa”.
De 40 años de edad y con una hija que mantener, el trabajador lamenta haber perdido su fuente de empleo en plena contingencia.
“Desde el momento en que dejas de percibir un ingreso económico fijo te ves en aprietos, porque tus gastos son fijos, eso no es de que los puedas postergar, tienes que cubrirlos tengas ingresos o no, obviamente te afecta esa parte, ¿y ahora de dónde voy a seguir sacando estos gastos?”, cuestiona.
Otro empleado que trabaja como coordinador regional de Elektra y que tiene a su cargo la gestión de 16 tiendas en un estado del Occidente del país, indica que recibió la instrucción de la Dirección de Capital Humano de proponer una lista con los nombres de varios vendedores para darlos de baja de la empresa.
Señala que hace dos semanas, en su región, fueron despedidos dos trabajadores, y estimó que los recortes continuarán.
“En mi zona somos 10 coordinadores generales, cada generalista lleva una región y más o menos todos llevamos el mismo número de tiendas, entre 14 y 18, y nos están pidiendo un aproximado de entre cuatro y seis bajas; échale más o menos, en mi zona son un aproximado de 57 posiciones que tengo que recortar”, explica.
El coordinador, que accede a hablar a condición de anonimato, señala que, para la operación de Elektra, el país se divide en nueve zonas, de modo que, estima, el recorte podría llegar a ser de entre 500 y 600 vendedores.
Xalapa, Ver.- “¡En las calles puedes morir / no es un juego, esto es así/ vida de barrio, vida es gris/ Calle. Calle!”. Así cantaba Carlos Andrés Navarro Landa a ritmo de rap sobre los riesgos de perder la vida en medio de la violencia que se vive en las calles de la ciudad.
Era serigrafista y rapero, tenía 33 años cuando murió aquella madrugada del domingo 3 de mayo en una de las celdas del Cuartel “San José” de la Policía Estatal, unas horas después de haber sido recluido por presuntamente escandalizar en la vía pública y romper los vidrios de una vivienda.
Para los familiares de Andrés su deceso por “infarto fulminante” se debió a la golpiza que le propinaron varios policías el sábado 2 de mayo, cuando fue detenido en el fraccionamiento Jacarandas y que probablemente continúo después, dentro de la cárcel.
Sus sospechas parten de la manera en que el padre de 5 hijos fue detenido.
LA DETENCIÓN
Según se aprecia en un video de minuto y medio de duración que fue subido a redes sociales, Andrés fue cercado por una docena de policías. Él grita que lo quieren secuestrar y que rompió un vidrio de una casa para llamar la atención de los vecinos ante, lo que insiste, era un intento de secuestro. Carga un objeto con sus manos con el que intenta defenderse del ataque pero un ligero descuido permite que dos policías se le avienten y lo tiren al suelo, luego se avientan otros dos y se corta el video. Los policías se lo llevaron del lugar pero ya no regresó vivo a su casa.
Uno de sus primos comentó: “No es justo lo que le pasó, en los videos (que circularon en Internet) se ve que se lo llevaron vivo y nos lo entregaron muerto y todo golpeado”.
Lo anterior no ha sido deslindado por la autoridad pues, a casi una semana de los hechos, a la familia Landa no les ha sido entregado el certificado de necropsia que aclare las causas del fallecimiento.
María del Carmen, mamá de Andrés, dice que está cansada de dar entrevistas a los reporteros pero accede a hablar una vez más pues con ello continúa su clamor de justicia.
“Esto ocurrió el día domingo en la madrugada, es más, a ciencia cierta no sé ni a qué horas falleció mi hijo, me dijeron que de un paro cardiaco pero mi hijo era una persona sana, fue por los golpes que le dieron”, repite.
EL RAPERO
Andrés cantaba rap. En Internet compartía vídeos con sus canciones y de otros grupos de Xalapa.
Como es tradición en ese género musical urbano, sus letras son autobiográficas y en ellas cuenta sobre sus problemas, su paso por la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo y el constante acecho de la muerte. Pero también habla del vandalismo, la inseguridad y la violencia que ocurre en la ciudad y en su barrio, la colonia Rafael Lucio, como se escucha en Mi Barrio:
“Desde morro la neta anduve en la yeca, de pandillero cuidándome de rivales / La Rafael Lucio es el barrio de mi infancia / mi niñez estuvo llena de vagancia / riñas, drogas y requisas de la flaca”.
María del Carmen asegura que a pesar de la crudeza que hay en sus canciones, Andrés era un hombre alegre y muy noble con sus amigos y su familia.
Dice que la niñez y juventud de su hijo fue difícil y que, quizás, sufrió mucho por la falta de su figura paterna. “Yo soy madre soltera, me quede viuda cuando él tenía 4 meses. Fue mi único hijo varón”, confiesa.
En otro estribillo Andrés rapeaba así:
“Mi figura paterna fue un pandillero / no fue por loco, en mí siempre existió el miedo, pero no hay pedo así es la vida loca / para varios de mis carnales fue muy corta, muchos murieron ya se los fumó la contra / Hay una línea si la cruzas te destroza, se evapora más rápido que una roca”.
Su primo considera que los peores años para Andrés fueron entre los 15 y 27 años, durante “su época de rebeldía, como la de cualquier chavo”.
Esa etapa estaba quedando atrás y su primo buscaba “cambiar y ser otra persona”, asegura el entrevistado. Cuenta que Andrés se había distanciado de la rebeldía para acercarse a Dios. Ahora acostumbraba bendecir a sus amigos y recomendarles asistir a la iglesia cristiana y al grupo de AA que frecuentaba.
Lo hacía así porque durante varios años él mismo “estuvo sufriendo de drogadicción y alcoholismo”, agrega la señora María del Carmen. “Él ya se estaba rehabilitando y quería que sus amigos también se curaran”.
Señora María del Carmen y el taller de su hijo.
EL SERIGRAFISTA
Desde hacía unos seis años Andrés había incursionado en la serigrafía, hacía vinilos para autos y motocicletas, imprimía lonas, elaboraba logotipos para ropa, incluso comercializaba su propia marca con playeras que vendía hasta en 80 pesos entre sus amigos.
En las últimas semanas había disminuido el trabajo y tuvo que cerrar su local en el centro de la ciudad. Pero eso no lo detenía, recuerda su mamá: “él le buscaba, le taloneaba y se iba a la avenida a buscar trabajo donde mucha gente lo conocía y lo buscaba para algún trabajo”.
En su pequeño taller instalado en un cuarto de su casa permanece una computadora, una impresora, un plotter de corte y una plancha para sublimar, la maquinaria en la que realizaba e imprimía sus diseños en playeras, gorras, lonas.
El día de su detención, Andrés había ido a colocar un vinil a un vehículo.
EL HIJO Y EL PADRE
Con su muerte quedaron en la orfandad sus 5 hijos: el menor, un bebé de 15 días de nacido; otro niño de siete; unas gemelas de 12 y un niño de 14 años.
La señora María del Carmen pide una vez más a las autoridades responsables y al gobernador del Estado “que se haga justicia y se investigue para ver qué pasó y que no siga aconteciendo con otras personas”.
A las familias víctimas de la violencia que atraviesan por situaciones semejantes a la suya les aconseja los siguiente: “que no se queden callados porque a veces por miedo se queda uno callado. Pero yo ahorita no tengo miedo porque él era mi brazo fuerte y sé qué Dios está conmigo y tengo confianza en él porque él sabe todo”.
Paramédicos transportan a un hombre para ser atendida en un hospital el 5 de mayo de 2020 en la ciudad de Tijuana en el estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez, (Joebeth Terriquez/EFE).
La fronteriza ciudad de Tijuana lucha contra la COVID-19 en el pico máximo de contagios, previsto en México para este 8 de mayo, sin evidentes signos de saturación pero con algunos hechos alarmantes que preocupan a las autoridades y la ciudadanía.
Según el reporte más reciente, el noroccidental estado de Baja California, colindante con California, registra cerca de 2227 casos y 340 fallecidos, de los cuales 1136 son de la ciudad de Tijuana con 226 muertos. A nivel nacional, el número de casos se sitúa en 29.616 casos y 2961 fallecidos.
Esta ciudad no se ha detenido en su totalidad en su rama manufacturera pese a la paralización de actividades no esenciales y al distanciamiento social decretado por el Gobierno desde hace semanas.
El estado de Baja California, según cifras oficiales, registra una saturación hospitalaria de 60 %, y de 46 % para camas con ventilador (para enfermos graves). En Tijuana, la cifra de ocupación hospitalaria ascendería hasta cerca de 75 %, según datos oficiales.
Los hospitales aún no se saturan. Sin embargo, temen que ocurra en los próximos días y por ello ya entró en funciones un hospital auxiliar impulsado por organismos civiles como Médicos Sin Fronteras, habilitado en una pista de baloncesto profesional y que es para pacientes no críticos.
Además, a mediados de abril, el gobernador Jaime Bonilla alertó de que los médicos estaban “cayendo como moscas” por falta de protocolos y material.
Aunque también ha sido algo contradictorio en sus mensajes, rechazando por ejemplo los toques de queda y apelando a la “conciencia” de la ciudadanía de Tijuana, una urbe de cerca de 1,8 millones de habitantes.
LAS CARTAS DE LA ESPERANZA
Entre pacientes internados por COVID-19 en distintos hospitales y sus familiares que los esperan afuera, hay cientos de historias contadas a través de cartas, principal medio de comunicación entre un enfermo y una persona sana en esta ciudad.
Por ello la enfermera Margarita “Magui” Hernández decidió desde hace unos días ser la “cartera” entre los familiares e internos del Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Silvia Maricela Muñoz tiene a su madre internada desde hace 11 días, y la mantiene enterada de lo que ocurre en el hogar a través de estas cartas. “Es para que se motive, para que no se dé para abajo y pueda salir adelante”, dijo a Efe, y felicitó a la enfermera por su iniciativa.
Sin embargo, medios de Tijuana, dijeron el jueves que Margarita ya era una paciente más de COVID-19 y que se encuentra aislada en su casa.
DE ENFERMERA A PACIENTE
En los últimos cuatro años, Laura Bautista López ejerció como enfermera en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la región, pero ahora es paciente de COVID-19.
A sus 29 años de edad, Laura expresó su tristeza por estar lejos de su familia y pacientes, pero a la vez se dijo motivada porque asegura que superará esta enfermedad para de nuevo salir al consultorio y seguir salvando vidas.
Narró que desde el inicio de la contingencia sanitaria fue asignada, junto con otros compañeros, al filtro de sanidad que se instaló en los accesos de un hospital, y fue ahí donde contrajo el virus.
“Lo más difícil es hacer todo tú sola; nadie puede ayudarte con los mareos, el vómito, la diarrea, y no he podido comer en días. Pero pienso en quienes tienen menos posibilidades que yo y me imagino que es peor”, contó.
Aseguró que personal administrativo y su familia, de la cual está aislada en su totalidad, se mantienen al tanto de su salud y hasta hoy no ha sentido la necesidad de acudir a algún hospital y por ello se cuida y mantiene en casa.
CAMBIOS DRÁSTICOS
Graciela Jiménez tiene 28 años de edad y desde hace cinco trabaja para el IMSS en Tijuana, y con la contingencia comenta que sus hábitos, desde su forma de trabajar hasta de llevar su vida cotidiana, han cambiado drásticamente, y lo ha aceptado con el objetivo de salvar vidas.
“Es un desgaste mental, emocional y sobre todo físico. Trabajar con trajes especiales que dificultan la movilidad también afecta en la comunicación con los compañeros y pacientes. Ha sido difícil adaptarse”, comentó.
Sin embargo, destacó que esta situación también le ha ayudado, pues está viviendo experiencias y desarrollando habilidades que jamás pensó en su carrera profesional.
El cambio más drástico fue en su ámbito laboral. Pues la infraestructura cambió de un día para otro y parecía que estaba en un nuevo hospital, y en lo familiar impactó en su hogar, ya que al tener familiares vulnerables decidió salirse de casa y vivir sola por un tiempo.
UN ADIÓS AMARGO
Despedirse de un ser querido pudiera considerarse uno de los momentos más difíciles de la vida. Sin embargo se vuelve complicado cuando se trata de una persona que no se ha podido ver en semanas.
Así son las despedidas en el Panteón Municipal Número 13 de Tijuana, un predio enorme en el que hasta el pasado 6 de mayo se habían sepultado 128 cadáveres de contagiados.
En el panteón los familiares no pueden acercarse al féretro, el cual es trasladado con maquinaria pesada para ser sepultado y solo una vez cubierto de tierra, la familia puede dar el último adiós.
Algunos contratan música norteña, otros “bañan” de alcohol el lugar del entierro, mientras cantan, lloran y lamentan la pérdida de una persona que no logró superar su lucha contra la COVID-19.
Durante la contingencia del coronavirus al menos dos funerarias han tenido que ser clausuradas por autoridades federales y estatales ya que se han detectado una alza en el costo de sus servicios de cremación y otras irregularidades.
Texto: Redacción /Foto: Archivo Isabel Mateos / Pie de Página
El Ejecutivo federal aprobó acuerdos para continuar la construcción del Tren Maya durante el confinamiento. Una juez federal, sin embargo, ordenó que se detuvieran los trabajos en 3 municipios. Pero el gobierno respondió que no se detendrán los trabajos.
Una juez federal ordenó detener la construcción del “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas. Esto, debido a que continuar los trabajos durante la pandemia de covid-19 pone en riesgo a la población.
La organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como habitantes Ch´ol de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua promovieron la acción legal; y enviaron un comunicado informando el resultado.
El pasado 30 de abril, el gobierno federal inició los trabajos de rehabilitación de vías. Una semana después, el 7 de mayo, miembros del pueblo maya Ch’ol presentaron una demanda de amparo contra el presidente de la República, el secretario de Salud Federal y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El acto reclamado fueron dos acuerdos publicados el 6 y 23 de abril, que avalan continuar el “Tren maya” en tiempos de pandemia.
El Ejecutivo federal pretendió continuar con el proyecto; esto a pesar de que la construcción es una actividad no esencial durante la jornada de Sana Distancia.
La salud es más importante
Por esto, el juzgado segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales, del estado de Chiapas, otorgó la suspensión provisional. Advirtió que debe darse valor preponderante al derecho a la salud de las comunidades.
Los trabajos del tren, alegaron los habitantes, requieren el despliegue de actividades que realizarían personas de las comunidades: Dar comida, alojamiento, servicios. Y esto impediría el confinamiento. De continuar la construcción, concluyó la juez, aumentaría el riesgo de los habitantes frente a la covid-19. Y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse.
La Juez también reconoció que, en caso de continuar los trabajos del Tren Maya, se podría afectar otros derechos fundamentales del pueblo originario. Por ejemplo, el agua, el medioambiente, recursos naturales etcétera.
Fonatur «desconoce»
El gobierno federal emitió una nota aclaratoria respecto a la defensa legal de las comunidades de Chiapas. Aseguran que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “NO HA SIDO NOTIFICADO (SIC) oficialmente de ningún amparo por la autoridad judicial”. Sin esta notificación, la suspensión provisional no tendría efecto.
A través de esta nota oficial, el gobierno agregó que, aun con la notificación, la suspensión no es procedente. Alegó que se trata de “una vía de comunicación ferroviaria actualmente en operación». Y que los «trabajos de obra son de mantenimiento y se llevarán a cabo con estricto apego a los protocolos sanitarios de medidas de protección”.
La autoridades de salud fueron notificadas por las obras del mega proyecto en la península, remarcó la nota. Y esto tiene “el claro propósito de beneficiar a los habitantes del Sureste”.
Cabe recordar que en la zona de Calakmul, Campeche, la jueza de Distrito Grisell Rodríguez Febles ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del Tren Maya en el territorio de Calakmul. Esto, tras un juicio de amparo interpuesto por los pueblos mayas y ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx). En ese caso, el acto reclamado fue la consulta pública sobre el Tren, que no se apegó al tratado internacional 169 de la OIT, firmado por México.
Para decenas de mujeres no hay nada qué festejar en este Día de las Madres, ya que sus hijos les fueron arrebatados y hasta ahora nada se sabe de su paradero.
Para que su causa no sea olvidada, madres de familia de personas desaparecidas se manifestaron en diferentes sitios de Guadalajara.
Las mamás que integran el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ) acudieron vestidas de blanco a puntos representativos de la capital del estado, para exigir que las búsquedas continúen.
Ellas estuvieron en el exterior de Casa Jalisco, del Servicio Médico Forense, así como en la Fiscalía de Desaparecidos y Comisión de búsqueda, Hospicio Cabañas y en la Plaza de la Liberación, en donde usaron cubrebocas con los logotipos del colectivo, así como con la frase “¿Dónde están?”.
Todas protestaron con la consigna de sin nuestros desaparecidos no hay 10 de Mayo
TEPIC, Nay. (proceso.com.mx).– Académicas de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) solicitaron al rector, Jorge Ignacio Peña González, establecer mecanismos para enfrentar riesgos y disminuir la vulnerabilidad de las trabajadoras universitarias durante el confinamiento por la pandemia del covid-19.
Las medidas de distanciamiento social trastocaron las actividades universitarias, situación que transforma las condiciones laborales, con un aumento sustancial a la carga de trabajo, advirtieron a través de un documento las profesoras, investigadoras y administrativas Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, Ma. del Rocío Figueroa Varela, Dalinda Isabel Sandoval Acosta, Fabiola González Román, Xóchitl Angélica Arreola Ávila, María del Refugio Navarro Hernández, Laura Isabel Cayeros López, Laura Elena Arellano Rivera, Karina Pérez Robles, Karen Aidé Aguayo Mota.
Expusieron: “El trabajo académico se intensifica. Se espera que las mujeres sigan desarrollando asesoría, docencia, gestión, investigación, tutoría, administración, sin horario laboral específico, por lo que la carga laboral se ha incrementado sustancialmente, puesto que todo el tiempo se convierte en disponible para el trabajo”.
Además, “se tienen que hacer adecuaciones a los programas de las unidades de aprendizaje con el fin de dar opciones para la formación del estudiantado en la educación virtual. A ello deben agregarse las dificultades para localizar a quienes integran los grupos de clase, ya que se carece de registros institucionales que permitan su localización, más allá de la presencia física”.
Así también, hicieron notar que la institución no tiene programas específicos para la dotación de herramientas necesarias para el trabajo a distancia, por lo que se trabaja con aquellos dispositivos que se tienen en casa, negociados con integrantes de la familia, con quienes también se negocian los horarios y espacios de trabajo. Además, se hace evidente que la brecha digital se agranda entre las estudiantes en sectores vulnerables, provocando retraso en su aprendizaje.
Otro de los aspectos abordados fue el relacionado con el trabajo administrativo, que “no se detiene, lo que significa que necesitamos tener en casa computadoras, acceso a sistemas internos, equipo de escaneos (ya que la administración no recibe nada físicamente); formas para realizar los pagos puesto que algunas dependencias no realizan transferencias de dinero. El equipo y documentación que se trasladó de la oficina a la casa requiere espacio dentro del hogar que, en la mayoría, se carece”.
En tanto, “quienes realizamos investigación tenemos que adecuar los proyectos debido a la imposibilidad de ejercer actividades programadas, tales como movilidad, estancias, trabajo de campo, lo que afecta diversos rubros, así como el desarrollo general de los proyectos”.
En el caso de las mujeres (administrativas, académicas, estudiantes) se incrementan los trabajos de cuidado de personas enfermas, mayores de edad y personas discapacitadas, puesto que el resto de familiares no puede acudir a colaborar en la ayuda debido al confinamiento.
“Al trabajo del hogar deben agregarse las nuevas labores de sanitización que se deben realizar regularmente y el seguimiento de ‘escuela en casa’ para la niñez que acude a algún grado escolar, lo que implica inversión de tiempo, interactuar en redes de madres de familia para identificar cuáles tareas se asignan y asegurarse que son recibidos por el profesorado. Las tensiones en los hogares por la falta de corresponsabilidad de los varones, da lugar a agresiones, disgustos, malestares. Ello, además significa riesgo sanitario que repercute en la salud física y mental por sobrecarga”.
La actual situación, añadieron, recrudece la desigualdad de la preeminencia de los varones, para quienes el confinamiento ha significado mayor tiempo de ocio y productivo, mientras que puede exacerbar mayor violencia contra las mujeres universitarias en el ámbito cibernético.
“El confinamiento en casa genera condiciones de violencia contra las mujeres derivado de la convivencia forzosa de distintas generaciones en espacios reducidos. Aunque los estudiantes, mujeres y hombres, con quienes seguimos en contacto, refieren sufrir en algunos momentos depresión, tristeza, frustración, enojo, agobio, sin duda, son las estudiantes mujeres las que se encuentran en mayor indefensión. Ello derivado, en gran parte, de la convivencia continua con agresores y maltratadores. Las mujeres tenemos que mediar en la agudización de esta violencia, prácticamente sin apoyo”.
Por lo anterior, propusieron establecer una Instancia de Igualdad con espacio, infraestructura y recursos, que cree, diseñe e implemente políticas universitarias para transformar las condiciones de las mujeres tanto en el periodo que dure el confinamiento como cuando concluya.
También plantearon crear una Defensoría de Derechos Universitarios en casos de violencia de género que dé seguimiento a quejas y demandas de las universitarias, elaboradas antes del confinamiento y las que resulten de él y articule acciones con distintos actores dentro y fuera de la Universidad.
Entre otras cosas, propusieron una línea telefónica específica para atender casos de violencia de género, que otorgue respuesta eficaz a las llamadas y acompañe en el proceso a las universitarias, al tiempo de tener vínculos expeditos con las autoridades correspondientes para actuar con eficacia.
Se pronunciaron por establecer una campaña masiva dirigida a los hombres universitarios destinada a promover la corresponsabilidad de las tareas en el hogar, así como impulsar la convivencia pacífica y prever la atención a la violencia agresiva.
Por último, demandaron que se flexibilicen las normas de medición de productividad y rendimiento académico, así como que se incorporen medidas colegiadas para flexibilizar la evaluación del aprendizaje de las unidades curriculares priorizando la calidad educativa y no los procesos administrativos.
Famosa por su densidad poblacional, la precariedad de sus servicios urbanos y la ola de violencia, en estos tiempos de emergencia sanitaria la alcaldía de Iztapalapa registra el mayor índice de contagios por coronavirus. En ese microcosmos del caos ubicado al oriente de la Cdmx todo se alteró; hoy la gente convive con comerciantes, taxistas y cargadores de la Central de Abasto, y así como se observa en la calle a ciudadanos responsables que se protegen y guardan la sana distancia, muchos aseguran que el coronavirus no existe y siguen su camino.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En la entrada del mercado popular El Manto, en la colonia del mismo nombre en la alcaldía Iztapalapa –el centro de la pandemia de covid-19 en el país entero–, una mujer se molesta porque los locatarios le piden ponerse un cubrebocas y lavarse las manos con gel antibacterial para dejarla entrar. “Todos ustedes están mal –les dice–. El virus no existe. La suya es falta de ignorancia (sic)”.
–¿Usted no cree que el virus existe, señora? –pregunta la reportera.
–No. A ver, ¿por qué si los chinos crearon el virus, no mandan la vacuna? Si Dios hizo resucitar a un muerto, que no pueda quitar el virus. ¡Por favor!
Visiblemente enojada la mujer se queda en la puerta del mercado en espera de que la locataria que vende comida preparada le lleve su pedido. Al recibirlo, le paga y se aleja entre murmullos.
De los 2 mil 457 municipios del país, Iztapalapa registra el mayor número de incidencias por covid-19: mil 680 confirmados acumulados, 506 activos y 119 defunciones hasta el corte del viernes 8, según el “Monitoreo de casos en México por municipios” hecho por la UNAM, con base en cifras de la Secretaría de Salud.
Según esta dependencia, hasta ese día en la Cdmx había 8 mil 705 casos confirmados acumulados, de los cuales 2 mil 95 estaban activos y las defunciones sumaban 729. En el ámbito nacional había 31 mil 522 acumulados, 8 mil 48 activos y 3 mil 160 muertes.
La zona más crítica
Con sus poco más de un millón 815 mil habitantes Iztapalapa es la alcaldía más poblada de las 16 de la capital. Es también la que registra más índices delincuenciales, pobreza, hacinamiento y asentamientos irregulares, una histórica carencia de agua potable y ahora también es la demarcación con más casos de covid-19.
Iztapalapa colinda con varios municipios del Estado de México, la segunda entidad con mayor número de casos de la pandemia a escala nacional, con 5 mil 418 hasta el viernes 8.
Datos proporcionados ese día por la Secretaría de Salud indican que la zona oriente del Valle de México se ha convertido en la más contagiada por la pandemia en todo el país, con 6 mil 108 casos.
En ese entorno están precisamente Iztapalapa (mil 680 casos), junto con los municipios mexiquenses de Ecatepec (669), Nezahualcóyotl (719), Chimalhuacán (294), Los Reyes La Paz (112), Ixtapaluca (192), Valle de Chalco (142) y Chalco (217), así como las alcaldías de Iztacalco (534), Gustavo A. Madero (mil 139) y Venustiano Carranza (410).
Trabajadores de Safran México, en Querétaro. Foto: Twitter @SafranMexico
Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a una crisis sin precedentes en la industria aeroespacial a causa de la pandemia de covid-19, tres mil empleados de la firma francesa Safran han sido despedidos en México.
“Enfrentamos una fuerte caída en los pedidos de los clientes”, dijo una portavoz de Safran en un correo electrónico enviado a Reuters.
“Desafortunadamente esta situación está afectando nuestro negocio y debemos tomar medidas para adaptarnos a las solicitudes de los clientes”.
Safran, tercer proveedor aeroespacial más grande del mundo y que tiene dos plantas en Querétaro, comenzó a notificar a los empleados la decisión a partir de la tercera semana de abril.
“Se propone este paso difícil para preservar la existencia a largo plazo de Safran en México y para proteger más de diez mil empleos aún activos en el país”, agregó la portavoz.
La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) estima que entre marzo y abril se perdieron unos 700 mil empleos en el país, y para mayo desaparezcan otros 650 mil si la reapertura de la industria comienza hasta junio.
El pasado miércoles, el fabricante estadunidense de autopartes Yazaki North America, parte del grupo Yazaki con sede en Japón, dijo que está reduciendo su fuerza laboral en México en aproximadamente 20 por ciento, unos 14 mil 500 puestos de trabajo, según un cálculo de Reuters.
OAXACA, Oax.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) trasladó a 49 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel al ubicado en San Francisco Tanivet por encontrarse dentro del grupo vulnerable de contagio por Covid-19.
La medida preventiva ante la Fase III de la Contingencia Sanitaria por el virus SARS-CoV2, es porque los 49 presos padecen de enfermedades crónico degenerativas o son adultos mayores.
La institución de seguridad destacó que en este proceso se darán todas las facilidades a sus familiares para garantizar la comunicación, para que conozcan las nuevas formas de acceso y reglas en su nueva reclusión.
Consideran que con esta medida se reducirá significativamente el riesgo de contagio, aumentando las medidas sanitarias y la atención médica en su nueva estancia.
Es importante destacar que dichas condiciones de prevención fueron garantizadas también durante su traslado.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública continúa implementando acciones en resguardo de la seguridad y salubridad de las internos, de sus familiares y del personal penitenciario, al igual que de la ciudadanía en general.
Apenas llegan a la frontera con México, los migrantes deportados desde EU no reciben ningún tipo de revisión médica
Un albergue habilitado para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos, cerró luego de que 15 personas resultaran contagiadas por el COVID-19, denunció Sergio Martín, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México.
En entrevista, Martín comentó que el problema radica en que las deportaciones desde Estados Unidos no se han detenido e incluso hoy día son expeditas.
Apenas llegan a la frontera con México, comentó, los migrantes no reciben ningún tipo de revisión médica, simplemente la toma de temperatura, hecho que tampoco define mucho.
Médicos Sin Fronteras atendía a migrantes que llegaban al albergue en Nuevo Laredo, mismo que ahora cerró sus puertas.
El riesgo, advirtió Sergio Martín, es que se ha demostrado que los migrantes viven en constante riesgo, más si no están en un albergue.
“Son carne de cañón para la delincuencia, sobretodo en una zona como Tamaulipas. Como la atención está desviada con la epidemia (de coronavirus), la violencia sigue, la violencia sexual, los secuestros continúan y el sufrimiento de estas personas (migrantes) es aún más invisible, añadiendo la vulneración de sus derechos”, indicó.
De acuerdo con cifras que Médicos Sin Fronteras (MSF) retoma de fuentes oficiales, en total, Estados Unidos y México han retornado al menos a seis mil 500 guatemaltecos, cinco mil hondureños y mil 600 salvadoreños, ello entre marzo y la primera quincena de abril pasados.
Uno de los principales problemas, detalló la organización, es la negativa de la administración estadounidense que encabeza Donald Trump, de no gestionar peticiones de asilo, lo que supone un riesgo adicional para las personas que huyen de la violencia y que en caso de ser deportados, se enfrentan al doble riesgo del COVID-19 y las amenazas hacia su propia vida.
Migrantes continúan su ruta pese a pandemia
Sergio Martín consideró que en el caso de las deportaciones que se siguen llevando a cabo en la frontera norte de México, puede haber implicaciones políticas, y más allá de eso, el hecho de los retornos exprés de migrantes, es inaceptable.
“Sí consideramos que esta situación es inaceptable, el gobierno de México no debería aceptar tan fácilmente que Estados Unidos le esté enviando migrantes que no son mexicanos, sobretodo sin ningún tipo de filtro y control sanitario en medio de la pandemia (de COVID-19). Pediríamos al gobierno mexicano que no acepte esta situación, y si realmente es una decisión unilateral de Estados Unidos, habrá que denunciarla”, comentó.
Martín detalló que el caso del migrante mexicano contagiado y que llegó deportado a un albergue de Nuevo Laredo, demuestra cómo los envíos desde Estados Unidos, pueden ser un factor de transmisibilidad de la enfermedad y a la vez es muestra de la dificultad que tienen los albergues, sin recursos suficientes, para poder adaptar sus instalaciones para prevenir el contagio.
Menores deportados de México a Guatemala dan positivo a COVID-19
Otro de los riesgos que existen, añadió, es los casos de personas asintomáticas que pueden llegar a algún albergue o lugar de concentración de personas y el contagio resulta más fácil.
Hoy Médicos Sin Fronteras está en proceso de iniciar operaciones en Tijuana, Baja California, ello ante el alto número de contagios que se han registrado en la ciudad fronteriza.
El personal médico acusa que las autoridades del hospital no dieron respuestas concretas a las exigencias planteadas.
Personal médico del Hospital General número 30 del IMSS, en Iztacalco, Ciudad de México, cortó la circulación vial en la avenida Plutarco Elías Calles en protesta por la falta de más personal sanitario.
Advierten que si en los próximos días, el Hospital no trae a más doctores para atender a pacientes COVID-19 se irán a paro de labores.
La protesta tuvo lugar luego de que esta mañana se llevara a cabo una reunión entre doctores y personal de enfermería con las autoridades del hospital, del sindicato del IMSS.
Los médicos internistas, personal de terapia intensiva, y urgenciólogos, exigieron respuesta a un pliego petitorio de mejora de condiciones para atender la pandemia pero dijeron que salieron de la reunión sin respuestas concretas.
“Solo nos dieron largas”, lamentó un doctor entrevistado por este medio y que pidió anonimato.
“Queremos soluciones, no promesas”, “No faltan camas, falta personal”, o “El indicador dice 8 pacientes por médico, mis autoridades dicen 30”, fueron algunas de las pancartas que mostraron los médicos inconformes
El pasado 6 de mayo el IMSS realizó una inspección a este mismo Hospital número 30, y confirmó la existencia de “problemas relevantes” en la atención a pacientes Covid, por lo que emprendió una serie de medidas para corregir la situación a corto plazo.
Esto, luego de que Animal Político publicó un día antes las imágenes de pacientes COVID de este Hospital durmiendo en colchonetas tiradas en el suelo y en sillas de metal.
Entre las medidas que anunció el IMSS para paliar esta situación de saturación está la de asignar toda el área de urgencias a pacientes COVID y añadir una cuarta planta con 29 camas adicionales, para que en total se dispongan de 59 para estos pacientes.
Sin embargo, durante la protesta una de las quejas más reiteradas del personal médico de esta clínica fue que, más que espacio para atender a pacientes de coronavirus, o sospechosos, lo que necesitan en este momento es más personal médico.
Sobre esto, médicos internistas y urgenciólogos entrevistados por este medio acusaron a sus colegas de medicina especializada, como cirujanos generales, de no querer formar parte de los llamados ‘equipos Covid’ para atender a los pacientes afectados por el virus.
Los médicos de especialidades alegan que no tienen la capacidad ni la especialidad necesaria para atender a pacientes COVID. Sin embargo, los médicos internistas y urgenciólogos acusan que los “abandonaron” y de ahí la saturación del servicio.
“Solicitamos que se incorporen ya los equipos COVID, que tanto quirúrgicos como no quirúrgicos entremos todos a atender a estos pacientes, porque ya son más de 60 pacientes para solo dos médicos”, expuso otro doctor entrevistado que estuvo en la reunión con las autoridades y pidió anonimato.
“Estamos molestos por la forma en cómo se ha planificado la atención de la pandemia -añadió-. No hubo protocolos definidos desde el inicio, y las áreas no son las adecuadas para dar la atención a estos pacientes. Por ejemplo, no hay ni lavabos adecuados para la higiene”.
El mismo doctor criticó que la dirección del Hospital lleva semanas prometiendo que en los próximos días llegará más personal, pero sin resultados.
“Ya estamos hartos. Si mañana no nos dan el personal que prometieron, vamos a parar labores”, advierte.
Existe un riesgo latente de propagación del COVID-19
Arcelia García Ortega / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Viernes 08 de mayo del 2020.- Habitantes de la colonia Nueva Esperanza, están desesperados porque en plena contingencia por el COVID-19, no tienen los servicios básicos e indispensables, como son el agua, la luz ni el drenaje.
El gobierno federal, estatal y municipal repite todos los días que para evitar la propagación del mortal virus hay que lavarse las manos constantemente, por lo que, si para los habitantes de la colonia Nueva Esperanza esto es imposible por la falta del vital líquido, se corre el riesgo que el COVID-19 se propague rápidamente por toda la colonia, afectando especialmente por la existencia de muchos niños y personas de la tercera edad.
Por el momento pueden tolerar la falta de luz y drenaje pero la falta del vital líquido NO.
Señalan los habitantes de que si en verdad le preocupa al gobernador del estado, Antonio Echevarría García que el número de casos de contagio por COVID-19 no se desborde, es necesario que intervenga para que la Comisión Estatal del Agua y el gobierno federal solucionen este grave problema de falta de agua potable.
Señalan que las medidas emprendidas por el gobernador, Antonio Echevarría García matan de hambre al pueblo y rebasan las recomendaciones hechas por la propia SEGOB y la Secretaría de Salud
Víctor Trejo Romo / Realidades de Nayarit
Bahía de Banderas, Nayarit. Viernes 08 de mayo del 2020.- Retenes llegan a los pueblos del centro valle con la intención de reducir la movilidad de los habitantes de Bahía de Banderas.
La tarde noche del pasado jueves y durante el día de ayer, un contingente de policías estatales estuvo presente al ingreso de la delegación de San Vicente y en la glorieta de San José del Valle interrumpiendo el paso vehicular con motivo de difundir las medidas sanitarias que deben tomar en cuenta durante esta contingencia sanitaria.
Con dos casos activos de COVID-19 en Bahía de Banderas al día de ayer, esta medida que no fue bien vista por la población en particular por los que aún andan trabajando, ya que limita su economía en estos tiempos difíciles.
Como se ha mencionado a diferencia de otros municipios en donde los presupuestos están anclados a la burocracia, de base y confianza, aquí en Bahía de Banderas esa suerte no corre entre su población activa ya que su centro de trabajo está cerrado.
Por tal motivo los pocos servicios que están operando presentan limitantes inconstitucionales como las aplicadas hoy por el gobierno Nayarita.
Restaurantes cerrados. A diferencia de Puerto Vallarta en donde una gran parte de sus restaurantes están abiertos ya sea para comer en el local o para llevar, aquí en la Bahía de Banderas este importante brazo de la economía permanecerá cerrado durante uno de los días más importantes para el ramo, que es el 10 mayo.
No son comparables las cifras en las que ha pegado el COVID-19 en ambos lados del Ameca y durante la semana se habló que para el lado Nayarita podrían flexibilizarse las restricciones y los restauranteros lograran aprovechar el día junto con su fuerza laboral pero no sucedió así; y al contrario las medidas rebasaron las recomendaciones hechas por la propia SEGOB.
Medidas que no subsanan con las desnutridas despensas que regalan a los afectados, ya no por el COVID-19 sino por el protagonismo de las autoridades.
Es de las 7 entidades del país con mayor tasa de defunción
Oaxaca se ubica entre los siete estados con mayor tasa de defunción por cada 100 casos positivos del virus SARS-COV-2 (COVID-19) registrados hasta el pasado 5 de mayo. La lista la integran Chihuahua, Campeche, Colima, Quintana Roo, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca.
Según cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud con corte a las 16:32 horas, en Oaxaca habían ocurrido 27 defunciones de un total de 185 personas confirmadas por COVID 19 y 95 sospechosos.
El ejercicio realizado con asesoría de un experto en estadísticas, detalla que la tasa de letalidad global en Oaxaca es de 14.6%, lo que la ubica por arriba del promedio nacional que es de 9.6%, incluso es superior a la de Ciudad de México con 6.5% en donde se concentra el mayor número de contagios en el país.
En contraparte, la tasa más baja la tiene Aguascalientes con 3.1%, Chiapas con 5.0%, Yucatán, Nuevo León y Baja California Sur con 5.1%, mientras que San Luis Potosí 6.0%.
De los 185 casos confirmados acumulados en Oaxaca por sexo, el 58.4% corresponde a hombres y 41.6% a mujeres con una edad promedio de 47 años.
En todos los casos confirmados como positivos en el 49.2% (91) tuvieron un tratamiento ambulatorio, en el 50.8% (94) requirieron hospitalización, de los cuales 18 fueron intubados.
De las 27 personas que fallecieron por COVID-19, el mayor número ocurrió en San Juan Bautista Tuxtepec con seis, seguido por Oaxaca de Juárez con cuatro, Juchitán de Zaragoza con tres y Santiago Juxtlahuaca con dos. Con un caso cada uno, Huajuapan de León, San Antonio de la Cal, San Jacinto Amilpas, San José Tenango, San Miguel Tequixtepec, San Pedro Molinos, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa, Santa María Huatulco, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Suchilquitongo y Zimatlán de Álvarez.
De acuerdo con las estimaciones del subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, este 8 de mayo México alcanzará el pico más alto en la curva de contagio; sin embargo, se estima que el número de contagios es mayor al reportado, ya que un buen número de personas portadoras del virus no fueron a consulta, son asintómaticas o no se les diagnosticó correctamente.
TUXTEPEC, Oax., (pagina3.mx).- Ante la ausencia de trabajo gubernamental, al norte del estado de Oaxaca, se ha recurrido al apoyo de la ciudadanía para subsanar las carencias de equipo médico para hacer frente al estado de Emergencia Sanitaria que se vive por el coronavirus.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan los y las profesionales de la salud, este viernes 08 de mayo comenzó la campaña denominada “Ayúdanos a ayudar”, con el objetivo de financiar la compra del equipo médico necesario para hacer frente a la COVID-19.
Actualmente, el municipio de Tuxtepec contabiliza 26 casos positivos de coronavirus y ocupa el primer lugar a nivel estatal, con el índice más alto en la tasa de muertes por contagio, al registrar 7 defunciones.
La doctora Viviana Murillo, organizadora de la actividad, reconoció que es preocupante la situación actual de los profesionales de la salud:
“Sabemos que los doctores no tienen nada y el equipo con el que cuentan, lo adquieren con su propio dinero, pero algunos no tienen la posibilidad de hacerlo”.
“Hay mucha carencia, realmente los hospitales no han contado con el apoyo del gobierno, al menos el Hospital General de Tuxtepec dependiente de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO); el material que tienen ha sido donado”, señaló.
La campaña solicita insumos o la colaboración económica de la sociedad tuxtepecana para apoyar al Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que actualmente sufre carencias, aunado a que el personal médico y de enfermería está en riesgo de contagio.
Lo anterior, a raíz de que un grupo de trabajadoras y trabajadores recurrió a la médica altruista para solicitar que esta iniciativa ciudadana no se olvide del gremio médico del IMSS.
El déficit de equipo médico se acentúa en cubrebocas, trajes de protección, googles y respiradores.
La campaña tiene con una cuenta bancaria de Santander para transferencia con CIB 014628606010842130, o a la tarjeta con número 60601084213.
Con anterioridad, se realizó una práctica semejante con la que se lograron adquirir y entregar 320 cubrebocas N95, 177 cubrebocas KN95, 200 trajes de protección, 16 respiradores 3M con filtros P100, estetoscopios, googles, caretas y máscaras de traslado que fueron donados al Hospital General de la SSO.
CHEMUYIL, MX.- Asociaciones ambientalistas de Quintana Roo obtuvieron una suspensión provisional de la obra de construcción de Grupo Posadas en la bahía de Chemuyil y Chemuyilito, junto al Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito.
De acuerdo con Araceli Domínguez, fundadora de Grupo Ecologista del Mayab A.C., agrupaciones como Salvemos al Manglar Tajamar, Red de Tulum Sostenible y MOCE Yax Cuxtal, presentaron un amparo contra la Profepa, Semarnat y la Secretaría del Trabajo por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en la devastación que realiza Grupo Posadas de la zona costera de Chemuyil y Chemuyilito, y la pérdida del hábitat de la tortuga marina, así como el enorme riesgo de afectación al Santuario de Xcacel-Xcacelito.
Aunque el amparo fue admitido por el Juez Séptimo de Distrito, se negó la suspensión de la obra, por lo que ingresaron una queja que el Tercer Tribunal Colegiado resolvió este viernes otorgando una suspensión provisional de los trabajos, por incumplir el decreto presidencial de parar actividades no esenciales en el país, debido a la pandemia por Coronavirus COVID-19.
“Se conformó un frente común de varias organizaciones ambientalistas y de numerosos ciudadanos a título personal en el Estado de Quintana Roo, entre ellas, Salvemos Manglar Tajamar, Grupo Gema del Mayab, Red de Tulum Sostenible y MOCE Yax Cuxtal, quienes presentaron un amparo, contra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, así como de Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo, y otras dependencias gubernamentales por omisión de dar respuesta, atender y dar seguimiento y/o desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para constatar los hechos en materia de la denuncia e iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia, de los trabajos de desmonte y remoción en el predio ubicado en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito”, expuso la ambientalista.
El documento expone que “SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, respecto de los actos atribuidos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con sede en Cancún, Quintana Roo y Secretario de Salud del Estado de Quintana Roo, consistentes en la orden de inspección, clausura de los trabajos o actividades de construcción, limpieza, desmonte y/o remoción que se llevan a cabo en el predio ubicado en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, particularmente en las coordenadas geográficas: 20° 20’ 45.66” LN y 87 0 20’ 21.40” LO y 200 20’ 59.23” LN y 87° 20’ 14.9” LO en el Estado de Quintana Roo, por vulnerar presuntivamente el decreto de suspensión de labores en virtud de la actual pandemia de salud, así como la omisión de sancionar las medidas y acciones sanitarias de prevención y contención a fin de evitar la propagación del virus COVID 19; cuya naturaleza no esencial, además, se relaciona con un posible menoscabo y/o deterioro medio ambiental.”
Araceli Domínguez señaló que aunque la suspensión se da por incumplir parámetros de salud pública, tendrán más tiempo para continuar con los procesos legales contra la empresa hotelera Grupo Posadas, que comete actos ecocidas en la zona, pues además de devastar manglar, selva, modifica de manera agresiva la zona costera, dañando el lecho marino y la vida silvestre, pues ha detenido la llegada de tortugas durante la temporada de desove 2020, como han documentado ambientalistas desde julio de 2019.
La Semarnat aprobó, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a Grupo Posadas la construcción de dos hoteles de lujo con un total de 855 habitaciones, a un costado de Xcacel-Xcacelito, zona, como ya se mencionó, de selva, manglar, arrecifes y cenotes, aunque fue el año pasado que la empresa hotelera anunció que se contemplaba la apertura de los complejos Live Aqua Beach Resort Tulkal, de 340 cuartos y el Fiesta Americana All Inclusive Tulkal, con 515 habitaciones para 2021.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- En medio de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, inspectores del Ayuntamiento de Tonalá, en Jalisco, multaron y decomisaron la mercancía de artesanos que buscaban intercambiar sus productos por comida ante las bajas ventas provocadas por la pandemia.
A través de un video que difundió en redes sociales, una de las comerciantes denunció el hecho. “[El producto] se lo llevan los inspectores porque no tenemos un permiso para poder ayudar a los demás”, dijo.
“Amigos de todas las redes sociales, compartan, yo sé que este video llega a muchos lados, los artesanos que somos el orgullo de Tonalá, ahora somos la vergüenza”, lamentó.
En la videograbación se observan a varias personas con chaleco (del Ayuntamiento) recoger las artesanías y colocarlas en cajas para después llevárselas. Además, la comerciante muestra la multa que los empleados municipales le entregaron.
“Aquí está la multa que nos hicieron por no tener permiso, por poder ayudar a nuestros amigos, aquí se llevan las cosas, con las artesanías de los trueques, mi tabla también se la llevan”, comenta la mujer.
Son víctimas de la peor tragedia de tráfico humano en más de una década en Estados Unidos. Sobrevivieron al ‘tráiler de la muerte’ de San Antonio, donde 10 inmigrantes murieron en 2017, pero retornaron a sus pueblos mexicanos con problemas respiratorios crónicos, deudas y una pobreza aún más inasumible. La pandemia del coronavirus los lleva, una vez más, al límite de la supervivencia
Ellos mismos lo llaman el tráiler de la muerte. El 23 de julio de 2017, un empleado de un establecimiento de Walmart en San Antonio alertó a la policía sobre el tráiler estacionado en el aparcamiento. De su interior había salido una persona que pedía agua.
Cuando llegaron las autoridades, encontraron a decenas de inmigrantes corriendo, a otros inconscientes en el suelo, y a varios sin vida en el interior del camión comercial.
El tráiler había viajado durante horas desde la frontera de Laredo hasta San Antonio con decenas de personas a bordo –algunos recuerdan más de cien– hacinadas, en un vehículo sin ventilación y sin aire acondicionado. Era su entrada a Estados Unidos.
Diez personas murieron en la que se considera la peor tragedia de tráfico humano en más de una década en el país. Decenas sobrevivieron.
Los que despertaron de la pesadilla se encontraron una realidad peor de la que trataban de huir al migrar, que ahora se agrava más. Sobrevivieron al calor extremo, la asfixia y el coma pero, desde entonces, arrastran problemas de salud, traumas, deudas y pobreza extrema.
Dejaron de medicarse y huyeron de los médicos. Ahora, en mitad de la pandemia, son enfermos crónicos y no tienen con qué comprar comida.
Manuel Martínez Esparza ha estado pidiendo dinero prestado para comprar comida para él y su esposa durante la crisis del coronavirus. “Estoy pidiendo a la gente del otro lado que todavía trabajaba un poco”, cuenta por teléfono desde México. “Pero eso también se va acabar”, augura.
“Un sentimiento muy feo dentro que no se me quita con nada”
MANUEL
“El otro lado” es Estados Unidos. “El otro lado” son inmigrantes también azotados por la pandemia y que eran, hasta ahora, el oxígeno para familias como la de Martínez, que subsisten en una aldea remota del estado de Zacatecas.
Varios bancos mexicanos estiman una caída del 17% de las remesas este año, e incluso más, en estados como Zacatecas. En estos pueblos y aldeas, el norte no es un punto cardinal. Es un deseo fuerte y clavado en los huesos que se transmite de padres a hijos, entre amigos y vecinos, que sella y separa familias, y que está presente de por vida.
Cuando visitamos la zona en otoño de 2019, no había familia ni vecino que no tuviera a un hombre en Estados Unidos o que no hubiera estado allí de manera clandestina varias veces durante su vida.
Manuel Martínez Esparza y su hermano Ricardo no fueron la excepción, y probaron suerte el verano de 2017. Ricardo tenía 23 años y era el más pequeño de los hermanos. Había visto cómo los mayores se habían ido a Estados Unidos y cómo Manuel iba y venía de mojado desde hacía más de una década. Le dijo que quería irse también.
El padre, Isidro Martínez, sentía que perdía a su último hijo en casa y su principal sostén económico, pero se endeudó para reunir dinero para los dos. Miles de dólares. “Él era el que nos arrimaba de comer siempre, está uno al día aquí”, cuenta en la única sombra del pequeño cementerio municipal en el que está enterrado Ricardo, entre malas hierbas y flores secas.
Isidro Martínez mira la tumba de su hijo menor, Ricardo, quien murió en el tráiler de San Antonio. Su otro hijo salió del coma, pero sufre consecuencias físicas y mentales por la tragedia. Fotos: Damià Bonmatí
Todo fue muy rápido: el autobús, el cruce, la casa de seguridad y el ride para San Antonio. En las redes de tráfico humano no hay opción de elegir. A ellos les tocó ese trayecto.
Manuel y Ricardo se vieron en Laredo, Texas, entrando a un enorme tráiler blanco, lleno de gente, sin refrigeración ni luz. La gente empezó a quejarse. Les faltaba el aire, se asfixiaban de calor. Lo último que recuerda Manuel es estar abrazado a su hermano.
“Solo nos decíamos mi hermano y yo que aguantáramos, aguantáramos hasta llegar a San Antonio. Ya me sentí desesperado. Ya no supe en qué momento me desmayé y ya no supe ni de mí ni de él”.
Su hermano murió y él pasó casi 12 semanas en el hospital, dos de ellas en coma. Abogados de inmigración de Texas visitaron a supervivientes como Manuel en el hospital de San Antonio: iniciaron para ellos los trámites de visa, que deberían darles en cuestión de meses un estatus legal en Estados Unidos por ser supervivientes de un crimen federal. Ningún familiar podía cuidarlo en Texas, así que Manuel decidió volverse a México.
Cuando lo visitamos hace unos meses, apuraba una caja de ibuprofeno que le quedaba. Compraba cuando podía.
Martínez Esparza se había ido a dormir tarde la noche anterior. Estuvo vendiendo caramelos hasta que desapareció el último cliente y se mitigó el ruido de la feria. Su cama era un agujero duro, entre hierros y cajas, debajo del mostrador de un camión de dulces que iba de fiesta en fiesta. Las ferias de pueblos y aldeas de Zacatecas y San Luis Potosí eran su único modo de supervivencia.
Cuenta que arrastra casi siempre un resfriado, porque en estas zonas de calor traicionero por el desierto, la noche sorprende con el frío. Pero el resfriado es lo de menos.
Manuel siente taquicardias y dolores de cabeza a menudo; cojea, le duele la espalda, le estiran las cicatrices y le falta el aire cuando hace mucho calor o hay muy poco espacio. Tiene 33 años, pero camina como si tuviera el doble.
El mexicano Manuel Martínez Esparza, quien arrastra problemas de salud, dormía bajo el mostrador del estante de dulces.
En el hospital de Texas recibió terapia psicológica y, al volver a México, tenía que seguir haciéndola. Pero nunca ha vuelto. No la puede pagar.
“De mis sentimientos por dentro, no soy el mismo. Como si no fuera yo. Hay muchas cosas que a veces son como para reírse… y yo no encuentro la diversión en las cosas”. Su esposa se molesta porque no le alegran ni las bodas ni las fiestas ni las quinceañeras. Pero a él no le nace.
También dejó de ir al hospital hace más de un año. “Era medicina muy cara para seguirme tratando”, dice. Se le sumaba el precio de la consulta médica, que le costaba como seis días de trabajo, y el viaje hasta la ciudad de Aguascalientes, a un par de horas de su pueblo.
Manuel Martínez Esparza, quien perdió a su hermano en la tragedia y quedó en coma, subsistía vendiendo dulces en fiestas populares antes de la pandemia de coronavirus.
Me agito, se me va la respiración”
JORGE
Con problemas de salud y sin empleo, un primo le dejó trabajar vendiendo dulces en los mercados. Ganaba unos 150 pesos al día (7 dólares). En marzo de 2020, vendió en una feria en San Luis Potosí. Esos fueron sus últimos ingresos y las pocas remesas que recibió desde Estados Unidos se están acabando.
No tienen más dinero para comprar despensa para la próxima semana y todavía menos medicamentos para él, un enfermo crónico, que arrastra problemas respiratorios desde la tragedia del tráiler.
Lo único que le generaba cierta ilusión era la idea de lograr una visa U para poder volver a Estados Unidos y, simplemente, sobrevivir. “Pero el coronavirus nos tiene muy mal, no podemos hacer nada”.
Le desespera. Han pasado casi tres años desde el accidente. La abogada le decía que los procesos van lentos. Pero ahora ni eso: “No me contesta”.
Las visas U, destinadas a víctimas de violencia en territorio estadounidense, arrastran enormes retrasos en sus procesos de tramitación, hasta cinco años, según datos entregados al Congreso de Estados Unidos. Algunos supervivientes fueron llevados directamente del hospital a las oficinas de ICE para testificar sobre la tragedia y participar en la investigación.
El migrante José Rodríguez Aspeitia murió en la tragedia de Texas y sus restos descansan en el cementerio municipal San Antonio, en Palo Alto El Llano, Aguascalientes.
El abogado Michael McCrum, que representó a varios inmigrantes durante la investigación criminal, explica que el gobierno necesitaba testigos para enjuiciar al conductor del tráiler James Matthew Bradley Jr. ICE dejó sobre la mesa la opción de las visas U, pero nunca fue una promesa firme.
Pese a eso, las cinco familias de supervivientes con las que hablamos, poco conocedoras del sistema migratorio, vieron esas visas como una promesa. Los abogados aún contestan a algunos de ellos para aconsejarles paciencia; otros llaman sin recibir respuesta de sus representantes legales.
A Jorge de Santos siempre le ha costado llorar. Incluso ahora. Esta última semana de abril comenzó a vaciar su casa para conseguir comida: vendió un televisor, un refrigerador, un teléfono y sus herramientas de trabajo. “Para estas semanas en adelante, Dios sabe”, dice.
“Yo fui el último que me subí al tráiler. Y no me quería subir, la mera verdad, porque no me gustaba a mí ver mucha gente. ¿Cómo iban a pasar a tanta gente?. Y dije, ‘si me quedo, si me hacen algo los coyotes…”, recuerda.
“Empecé a ver personas que rezaban y que decían que se querían matar. Uno se imagina, ‘pues yo también me voy a morir aquí’. Yo lo único que hice, me puse en cuclillas, me senté y le pedí a Dios lo que Dios quiera”. Los sobrevivientes calculan que el tráiler transitó entre dos y tres horas, entre Laredo y San Antonio, pero De Santos perdió la consciencia antes.
La ausencia de noticias sobre la visa U es el único tema que le saca las lágrimas.
“Le he dicho a mis hermanos que yo no tengo miedo de volver. Yo quisiera que me dieran mi visa. Yo ya voy de viejo… pero [mis hijos] que todavía están chiquitos, que aprovechen sus papeles”. No hay miedo si se vive, como él, en una casa prestada, a medio terminar, en la que vive con su esposa y dos de sus tres hijos en el estado de Aguascalientes.
“Aquí está muy canijo”, decía. Lograba muy pocos trabajos en la construcción. “A veces no tengo. Yo digo: ¿compro pañales o compro pastillas? Mejor le compro pañales al niño, o su leche”.
Al teléfono, durante la pandemia, el relato de su situación económica suena todavía más extremo. Su último trabajo fue hace semanas, para un vecino, “andaba echando barditas y poniendo un tabique”, por lo que ganó 1,000 pesos (40 dólares) en dos días. Han pasado tres semanas, y ya no le queda de eso ni de las cosas de la casa que revendió.
Tiene tres hijos, hasta ahora casi no trabajaba y su esposa tampoco tenía empleo. Su salud es precaria desde la tragedia de San Antonio pero dejó de tomar la medicación y de ir a las citas médicas.
“Se me afectaron los riñones. Cuando camino, me agito, se me va la respiración. A veces tengo como mareos, como cansado”. Conserva cientos de páginas de reportes médicos en inglés, un idioma que él no habla.
Lo que dicen los informes es que fue un fuerte golpe de calor lo que llevó a De Santos al coma y a sufrir una coagulación intravascular diseminada y fallo renal. Los documentos indican que el paciente debía seguir citas médicas constantes, un tratamiento médico, terapias físicas y una dieta severa.
La noche de la tragedia, la doctora Jessica Solis-McCarthy, estaba de guardia en la sala de emergencias de UT Health San Antonio. Dice que los efectos de un golpe de calor son impredecibles a largo plazo. Pero pueden incluir problemas renales, respiratorios y motrices.
Sus cuerpos estuvieron sobrecalentados y sin oxígeno demasiado tiempo. Tanto ella como los documentos subrayan la preocupación de los doctores por no conocer nada de los historiales médicos de los pacientes y por la dificultad de tratamiento debido a sus estatus migratorios.
“Yo tenía mi dieta y la rompí, mi dieta. Por lo mismo, que no ajusta uno”, dice De Santos, de 44 años, cuya preocupación ahora es poner comida sobre la mesa de la casa, sea cual sea.
Pese a las explicaciones de su abogada, Santos no entiende cómo una visa para víctimas de un crimen puede tardar tanto pero su salud, dice, no le permite volver a emigrar clandestinamente y le toca esperar.
Otros no pudieron o no supieron esperar.
La tumba de José Rodríguez Aspeitia en el cementerio municipal de Palo Alto lleva la inscripción “recuerdo de su esposa e hijos”, pero no es suficiente para dejar de pensar en emigrar. El lugar se llama cementerio de San Antonio.
La mayoría en el pueblo se sabe de memoria su historia: Aspetia y su esposa vivieron durante años en las Carolinas, en Estados Unidos, criaron a sus hijos estadounidenses, pero se volvieron al pueblo. Cuando el dinero empezó a escasear, Aspeitia quiso volverse a trabajar a Estados Unidos. Pero, a sus 34 años, se convirtió en uno de los diez muertos del tráiler.
Del pueblo, Palo Alto, Aguascalientes, salieron varias de las víctimas de ese tráiler: José Rodríguez Aspetia murió, otros quedaron heridos y algunos se escaparon de la escena antes de que llegaran las autoridades.
Algunos regresaron a Aguascalientes pero, sin trabajo ni visa U ni esperanzas de futuro, volvieron a pagar a los coyotes y volvieron a cruzar ilegalmente la frontera.
José Luis Moreno, padre de uno de los sobrevientes de la tragedia que huyeron del lugar de los hechos y se quedó en Estados Unidos viviendo en las sombras.
“Se obsesionaron. Ven a los otros marcharse y también quieren irse de aquí”, dijo José Luis Moreno, padre de uno de los sobrevivientes de la tragedia. Él mismo trabajó clandestinamente en Estados Unidos de joven y, al igual que él, la mayoría de hombres migraron de este pueblo seco, de calles sin asfaltar, y casas humildes interrumpidas por paredes de hormigón y balcones metálicos pagados por las remesas.
Del mismo pueblo salieron Juan Daniel Tiscareño y su amigo íntimo José Rodríguez Espitia, también muerto en el tráiler. Tiscareño sobrevivió y fue devuelto a México mientras esperaba su visa U.
Pero la pequeña casa prestada en la que vivía con su esposa, Galilea, y su hijo de 4 años en su pueblo natal se convirtió en una jaula para él. Y su pueblo y sus estados aledaños, en un lugar donde casi no encontraba trabajo y se le acumulaban las deudas por el viaje fallido que terminó en San Antonio.
En las madrugadas gritaba al dormir, las pesadillas le despertaban, le dolía el pecho y su hermano adolescente lo devolvía a casa borracho y llorando, gimiendo que no soportaba tanto tormento, según relataron tres de sus familiares directos.
Desde que era pequeño quería esto”
JUAN DANIEL
Con 24 años, solo encontró una solución. Sin avisar a su madre, para que no temiera un nuevo accidente, el pasado julio de 2019 Tiscareño volvió a cruzar a Estados Unidos, donde actualmente hace trabajos manuales sin papeles, primero en Texas y ahora en el medio oeste americano.
Dice que en Estados Unidos no pasa el hambre del pueblo y puede mandar dinero a su familia. Ya ha pagado una deuda de 7,000 dólares a los coyotes y todavía le falta devolver unos miles más por el viaje a San Antonio que acabó en tragedia.
En diciembre de 2019 vivía en Texas con varios tíos que iban y venían a Estados Unidos desde que él era niño. “Voy a tratar de tumbar la casa que tengo en México. La voy a tumbar y hacerla nueva”, dijo cenando una hamburguesa en un Whataburger 24 horas.
Pero la oscuridad del tráiler no desaparece para él: cada vez le duele más la espalda, le falta el aire cuando está en sitios cerrados y ve relámpagos cada vez que orina. Ha ido al hospital pero nunca ha dicho que él sobrevivió al tráiler de la muerte.
Otros sobrevivientes, que no quisieron ser entrevistados, huyeron de la escena del crimen la noche del 23 de julio de 2017. Nunca se atrevieron a ir al médico para no ser detectados y subsisten con problemas respiratorios y motrices.
Tiscareño intenta pasar desapercibido en estos pueblos pequeños de Estados Unidos. En la pandemia sigue trabajando, con mascarilla, recolectando en los campos del medio oeste.
“Desde que era pequeño quería esto, venir a Estados Unidos. He visto que mis tíos tienen buen futuro viniendo para acá. Tienen sus buenas casas, buenos coches y vuelven a México y viven bien”.
Antes de la pandemia ya intentaba salir lo mínimo de casa. Lleva un suéter con capucha y gorra para que las autoridades de Estados Unidos no se percaten de que está de vuelta, que vuelve a perseguir un sueño del que ha oído y visto desde niño.
Muchos de los fallecidos y los sobrevivientes del tráiler de San Antonio salieron de aldeas y pueblos de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, en el centro de México, una de las zonas más pobres del país y desde donde han salido muchos inmigrantes.
Un culpable en prisión
En varias entrevistas por teléfono a principios de 2020, el conductor del camión, James Matthew Bradley Jr., aseguraba estar arrepentido por la tragedia fatal. Insistía en que fue amenazado de muerte para transportar a los migrantes a San Antonio, Texas.
“En el Walmart, todos empezaron a salir del tráiler, estaban por todas partes, caídos en el suelo, pidiendo agua, me intentaban decir cosas, pero no sé hablar español, sé cuatro o cinco palabras”, explicó desde la prisión federal en la que cumple condena. “Llamé a mi esposa y le dije lo que había pasado, y llegaron los oficiales”.
El 20 de abril de 2018, Bradley Jr. fue condenado a cadena perpetua por la muerte de diez inmigrantes en el tráiler y el transporte ilegal de decenas más. En el juicio se desdijo de la versión inicial que dio a la policía, cuando explicó que descubrió los cuerpos al llegar a San Antonio. Tampoco aclaró qué hacía en la frontera, en Laredo, Texas, si no tenía ningún encargo comercial allí.
ICE confirmó que la tragedia de San Antonio es el crimen de tráfico humano más mortífero en más de una década, pero no contestó cuántas víctimas están en proceso de visa U o la han logrado.
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Este reportaje es parte de Reporting the Border, un programa del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, que financió el reporteo en Texas y México en el segundo semestre de 2019.
La periodista local Jennifer González participó en la producción de esta historia.
En contraste, la tasa de homicidios dolosos disminuyó 6.1%
Los feminicidios en el país siguen imparables y en el Estado de México los asesinatos de mujeres aumentaron 58.3% en el primer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Observatorio Nacional Ciudadano. El 20.6% de las víctimas son menores de edad.
De acuerdo con el reporte del primer trimestre de 2020 de incidencia delictiva del Laboratorio de Seguridad Ciudadana (LSC) del organismo, los feminicidios reportados aumentaron en 5 de los 18 distritos judiciales respecto al primer trimestre de 2019. El distrito que tuvo el mayor incremento fue Ecatepec de Morelos, con 295.3%, seguido de Nezahualcóyotl con (245.8%) y Otumba (196%).
En tanto que el municipio de Cocotitlán presentó la mayor tasa de feminicidios en el primer trimestre de 2020, con 7.33 carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes, seguido por Coyotepec con 4.54 carpetas por cada 100 mil habitantes y Amatepec con 3.49.
Otro delito que tuvo un incremento mayúsculo fue la trata de personas, el cual presentó un aumento de 83.3%, por lo que la entidad pasó del lugar 16º al 10º en el ranking nacional.
El Observatorio Nacional Ciudadano detalló que 4 de cada 10 víctimas de este delito fueron mujeres mayores de edad, mientras que el 24% se trató de menores de edad.
En contraste, la tasa de homicidio doloso disminuyó 6.1% respecto al primer trimestre de 2019.
El organismo resaltó que en 38 municipios de los 125 del Estado de México no reportaron ninguna carpeta de investigación por homicidio doloso, es decir, en el 70% de los municipios se reportó al menos una CI durante el primer trimestre de 2020.
El municipio que presentó la mayor tasa de homicidio doloso en el primer trimestre de 2020 fue Jilotzingo, con 25.48 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, seguido por Zumpahuacán (16.06) y Temascaltepec (15.62).
El Laboratorio de Seguridad Ciudadana destacó el caso del municipio de Coacalco de Berriozábal, ya que ocupó el primer lugar en el ranking mexiquense por robo a transeúnte, segundo lugar en robo a negocio y el tercer lugar por robo con violencia. La tasa de robo a transeúnte fue de 86.79 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.
Mientras que Ecatepec de Morelos ocupó el primer lugar en el ranking estatal por robo con violencia y el quinto lugar por robo de vehículo. La tasa de robo con violencia fue de 86.79 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.
El Observatorio Ciudadano destacó que un posible foco rojo, es el distrito judicial Temascaltepec el cual aumentó su incidencia en el delito de violación 196% respecto al periodo anterior.
Colectivo Grieta, Ciudad de México. La militarización de la vida pública en México ha sido una constante de gobiernos anteriores priistas y panistas. Hoy con el supuesto “nuevo” gobierno que encabeza AMLO, esta tendencia no sólo continúa sino que se acentúa y toma nuevos alcances al darle carácter legal a la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Con el pretexto de bajar los índices de criminalidad y violencia y mantener la seguridad en México -algo que ha empeorado a más de un año de la nueva administración- en la práctica, el actual régimen, apela a una militarización más profunda de la vida pública. El nuevo viejo régimen se mantiene.
Aunado a este incremento presupuestal en materia de seguridad, el capataz en turno que despacha en la presidencia logró lo que su antecesor no consiguió: la creación de la Guardia Nacional. Con un total de 76 mil efectivos en su gran mayoría militares, un total de 69 cuarteles han sido entregados a la Guardia Nacional ubicada en varios puntos del país, 12 cuarteles más están en proceso de construcción y para finales de este año se pretende que queden en operación otros 80 para formar un total de 161. A poco más de un año de su creación, elementos de la Guardia Nacional han sido señalados por corrupción como la Coordinadora Operativa -acusada de irregularidades en la compra de un software por parte de la ASF- y de vínculos con organizaciones criminales, cuando altos mandos de la GN fueron fotografiados departiendo junto con integrantes de un grupo criminal vinculado al robo de combustible en el estado de Puebla.
Con la llegada de López Obrador los militares han adquirido un protagonismo no visto antes, asumiendo encargos tan dispares como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el traslado de dinero de programas sociales, así como “insertar los programas” y la construcción, administración y usufructo de la nueva infraestructura y megaproyectos emprendidos por el actual gobierno. Con el pretexto de la actual crisis sanitaria en territorio nacional derivada de la pandemia por COVID-19, el gobierno de AMLO ha dado otro paso más en la militarización de la vida pública: Se le asignaron tareas de cierre de mercados públicos, tianguis y de comercios “no esenciales” con el apoyo de la policía municipal. Igualmente se le entregó la administración de los hospitales públicos a las fuerzas castrenses. El pasado 22 de marzo, el AMLO anunció que la Sedena y la Marina tendrían a su cargo 10 hospitales de reciente creación para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19 en el país. Este control incluye el presupuesto de operación de cada uno de estos hospitales junto con la contratación de médicos y enfermeras.
Aunado a esto, la Guardia Nacional en fechas recientes ha tomado el control de la seguridad en 346 instalaciones de Salud de los cuales 184 son hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 145 del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Hospitales que se encuentran en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
A esta militarización de la vida pública, parece que se suma otro tipo de militarización: la de las ganancias, y es que, con la incorporación del Ejército Federal en la construcción y administración del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, así como de la construcción de una parte del tramo de vía férrea del mal llamado “Tren Maya”, el Ejército Federal no sólo aumenta su poder en términos de control de espacios, sino también de presupuestos y ganancias. En los hechos el Ejército Federal -institución que acumula una larga lista de denuncias por corrupción en las administraciones anteriores- día a día se va consolidando como el principal beneficiado de esta reestructuración nacional.
Contrario al discurso oficial y pese a que desde el mes anterior se implementó el confinamiento para tratar de contener la propagación del COVID-19, lo cierto es que la violencia en nuestro país no sólo no ha parado sino que sigue en aumento: los homicidios, las desapariciones, los feminicidios, los asesinatos de activistas y la violencia intrafamiliar no cesan. De acuerdo con datos del sistema nacional de seguridad pública, el mes de marzo fue el más violento en lo que va del actual gobierno con 3,078 homicidios y feminicidios. Un mes antes la cifra había sido de 2,258 personas asesinadas. El pasado 20 de abril fue el día con mayores asesinatos en el país, 114 en un sólo día.
En lo que va de éste 2020 y ante el fracaso de la estrategia que en materia de seguridad ha implementado el actual gobierno, cabe preguntarnos, ¿quiénes son para el Estado los verdaderos enemigos?, ¿a quiénes beneficia realmente la policía de militarización emprendida por el gobierno federal?
Aquí algunas pistas:
Foto: Reuters
La migración, la represión de la Guardia Nacional en contra de la pobreza. En su tarea de seguridad interna la Guardia Nacional ha recurrido a la persecución, intimidación y represión contra miles de hombres, mujeres, niños y ancianos migrantes que, huyendo del horror de sus respectivos países, buscan una opción para sobrevivir. Dichos actos han sido registrados y denunciados por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de la población migrante, las cuales han denunciado la actuación ilegal de la Guardia Nacional en el operativo que a partir de enero de este año fue acordado por el Estado mexicano con Estados Unidos.
Guerra contra la autonomía de los pueblos. El pasado 15 de enero el CSIM (Consejo Supremo Indígena de Michoacán) denunció la represión por parte de la Guardia Nacional, la Policía Michoacán y la Policía Municipal de comuneros, mujeres y adultos mayores de las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen resultando herido por un proyectil de arma de fuego Roberto J Lucas Huerta de 52 años de esta última comunidad. Los integrantes del CSIM se habían manifestado un día antes en instalaciones del Ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal. El comandante de la policía Municipal de Nahuatzen, C. Joel Campos, amenazó de muerte a integrantes de los Concejos de Gobierno Comunal de Comachuén y Nahuatzen”.
Se ha señalado que uno de los datos relevantes sobre la forma en la que se han desplegado los elementos de la Guardia Nacional en el territorio nacional es que los números de elementos enviados a zonas específicas del país no coinciden con el índice de violencia que se registran en ellos. Tal es el caso del envío de más de 10 mil elementos a cada uno de los estados donde coincidentemente se planea construir al menos dos de los megaproyectos emblemáticos de la actual administración: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
De manera similar se ha registrado el acompañamiento que la Guardia Nacional ha brindado a las compañías que se enfrentan a los intereses de las poblaciones en las que están asentadas, como por ejemplo la comunidad de Maconí Cadereyta, Querétaro, donde el 21 de abril ingresaron efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines a la mina La Negra con el pretexto de verificar el manejo de explosivos en la mina pero quienes después explicaron que “tenían reporte que los trabajadores tenían bloqueados los caminos y tomadas las instalaciones”. Y es que los trabajadores intentan una huelga en contra de la mina por falta de pagos y violentar el contrato colectivo de trabajo.
Otro caso notable de esta manera en que la Guardia Nacional acompaña la imposición de proyectos en lugares donde los habitantes los rechazan es el caso del intento de imponer el drenaje de desechos industriales de Huejotzingo en el municipio Juan C. Bonilla en Puebla. Ahí, los tubos con los que pretendían construir ese drenaje para que las compañías pudieran desechar sus residuos tóxicos en el Río Metlapanapa llegaron acompañados de la Guardia Nacional y fue la población la que, a principio de este año, se plantó frente a ellos para detener el avance de la obra resguardada por las fuerza militar.
El acompañamiento que ofrece la Guardia Nacional para salvaguardar los intereses de las compañías privadas contrasta de manera marcada con el abandono (o en muchos casos la presencia cómplice) de la Guardia Nacional en estados como Guerrero donde los enfrentamientos armados entre distintos grupos que luchan por el control del territorio no cesan y donde la gente es desplazada continuamente simplemente por la imposibilidad de habitar un territorio en el que violencia y los asesinatos son el pan de cada día.
En marzo de este año, integrantes del movimiento Libre Tránsito por Sonora denunciaron públicamente que elementos de la Guardia Nacional junto con Policía Federal agredieron a manifestantes pacíficos en la caseta de cobro en Magdalena, Sonora. “Interrumpieron la lucha que por más de dos años y medio hemos mantenido de manera legal, legítima y justa amparados en el Artículo 11 constitucional de libre tránsito” denunció Alfonso Canaa Castaño: “es por demás evidente que el gobierno de la 4T está decidido a seguir fomentando y encubriendo la corrupción en nuestras carreteras favoreciendo a empresarios voraces y corruptos”.
Estas pistas dan muestra de que el propósito de la militarización que se ha mantenido y ampliado en este gobierno con la excusa de la seguridad está lejos de disminuir la violencia y que, más bien, ha ido en beneficio de los grandes capitales, quienes parecen ser los que verdaderamente mandan en nuestro país. La crisis provocada por la contingencia del COVID-19 no ha hecho sino poner las condiciones para seguir otorgando más fuerza al ejército con el pretexto del control de la pandemia.
Por otro lado se advierte un incremento de la represión y la intimidación en contra de las luchas y movimientos organizados que en diferentes lugares y geografías de nuestro país han decidido organizarse para buscar un mejor futuro. A pesar de esta militarización y violencia institucional, estas resistencias siguen en su determinación de continuar luchando por tomar su propio destino entre sus manos.
Luego de que la dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reportara que hospitales y clínicas descuidan la separación de basura de residuos biológicos-infecciosos, al incrementarse el número de cubrebocas usados entre los desperdicios, el diputado de Morena, Ericel Gómez Nucamendi, demandó a las autoridades estatales vigilar, inspeccionar y cumplir con el manejo de los residuos biológico-infecciosos en los hospitales, laboratorios y centros de salud ante el estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la COVID-19.
A través de un punto de acuerdo presentado en la sesión de la diputación permanente, el legislador advirtió que la falta de separación de los residuos biológico-infecciosos representa un peligro latente para recolectores y pepenadores, así como para la población en general.
En el documento que no fue leído, solo turnado a Comisiones, Gómez Nucamendi,pide al Gobernador del Estado a que instruya de manera inmediata a los titulares de la secretarías de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable y de Salud de Oaxaca para que observen, inspeccionen y hagan cumplir la Norma Oficial Mexicana: Nom- 087-Ecol-SSA- 2002.
En la exposición de motivos, el morenista refirió que ese lineamiento establece los requisitos esenciales para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, y disposición de los residuos biológico- infecciosos en los hospitales, laboratorios clínicos y centros de salud, tanto públicos como privados.
“Recientemente, la dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez dio a conocer que hospitales y clínicas descuidan el cuidado en la separación de basura, lo que ha incrementado el número de cubrebocas usados entre los desperdicios. Esto representa un peligro latente para recolectores y pepenadores, así como para la población en general”, expone.
El documento recuerda que anteriormente los residuos se tiraban en bolsas de plástico transparentes que permitían visibilizar el contenido de las mismas. Sin embargo, ahora se depositan en bolsas negras que impiden distinguir los residuos peligrosos e infecciosos.
Son considerados Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos: la sangre líquida y los derivados de ésta, así como recipientes desechables que la contengan, cultivos y cepas de agentes biológico- infecciosos, generados en procesos de diagnóstico e investigación y los utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de estos agentes, expone el punto de acuerdo.
También, los residuos patológicos que incluyen tejidos, órganos y otras piezas anatómicas que no estén en formol, así como muestras biológicas para el análisis y cadáveres de investigación, agrega.
De igual forma, residuos no anatómicos: materiales de curación, saturados con sangre, fluidos corporales o secreciones de pacientes. Objetos punzo cortantes como jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuajes, navajas, lancetas, bisturís, estiletes de catéter, entre otros.
Los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre, o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, pericárdico, pleural, céfalo raquídeo o peritoneal.
Así como materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares o cualquier material para contener éstos, de pacientes con sospecha de tuberculosis o secreciones de pacientes con sospecha, o diagnóstico de enfermedades hemorrágicas y otras enfermedades infecciosas emergentes.
La necesidad de un empleo se hizo presente, al grado que este día alrededor de 300 personas abarrotaron el Sindicaro de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora
Matamoros, Tamaulipas. – La necesidad de un empleo se hizo presente en esta frontera, al grado que este día alrededor de 300 personas abarrotaron el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim) en Matamoros.
Este nutrido grupo de personas se dieron cita en el Sjoiim para ser enviados a la empresa ABB lineague Power, quien estuvo reclutando personal el día de hoy.
Desde temprana hora se observaron largas filas en las afueras de este gremio sindical, en donde las personas acudieron en busca de una oportunidad laboral.
Las empresas maquiladoras empezaron a demandar personal a este Sindicato, sin embargo, sólo pueden operar aquellas que son consideradas como esenciales.
Ante ello, hoy fueron alrededor de 300 personas las que se dieron cita en el Sindicato de Jornaleros.
Cabe hacer mención que la mayoría son voluntarios, considerando que las empresas no esenciales siguen sin operar, sin embargo, algunas áreas iniciaron abrir y para ello se demanda mano de obra como sucedió en esta ocasión.
Obligó a sus más de 500 empleados a regresar el lunes de esta semana
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hasta este jueves, tres maquiladoras de Ciudad Victoria ya habían reanudado sus operaciones en esta capital, bajo el argumento de que son empresas esenciales.
Se trata de Kemet con mil 100 trabajadores, quien produce partes para ventiladores médicos, la Spring Windows Fashions que de elaborar persianas para hoteles y tiendas ahora hace cubre bocas, y la Bulk Pack con 70 empleados que se dedica hacer bolsas de polipropileno para productos alimenticios.
María Dolores Zúñiga Vázquez, dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras en Ciudad Victoria, dijo que las que permanecen cerradas son las Aptiv 1 y 2, con más de 6 mil empleados y la Nien Hsing con cerca de mil trabajadores.
Las tres tienen a su plantilla laboral en paro técnico, al 50 por ciento de su salario, lo cual es considerada ilegal porque el decreto federal es que en el primer mes de la cuarentena por el COVID-19 se iban todos con el 100 por ciento de sus sueldo y prestaciones.
Denunció que la maquiladora Spring Windows Fashion, después de varias semanas de inactividad, obligó a sus más de 500 empleados a regresar el lunes de esta semana.
Para ello, los citó por grupos en las instalaciones para tomarles la temperatura y confirmar que no tuvieran síntomas del coronavirus.
Asimismo, les colocaron un listón en la mano que los acreditaba como sanos y que podían ser reintegrados, violando sus derechos como trabajadores por la forma en que fueron expuestos.
El problema en estos momentos, dijo la líder de los trabajadores de maquiladoras, es que oficinas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, están cerradas, y las demandas que se presenten en estos días, iniciarán hasta el primero de junio o cuando se reabra todo.
Indicó que esto ha desalentado a muchos, incluso a empleados que han sido despedidos como ocurrió con un grupo de trabajadores de Spring Windows, que en las primeras semanas de la contingencia fueron dados de baja de manera injusta.
Ante esta situación, docentes hacen un llamado al Ejecutivo, para que las instancias “dejen de saludar con sombrero ajeno”
Crys Benítez / El Occidental
Tepic, Nayarit.- Sumamente molestos es como se encuentran maestros y jubilados de las comunidades de San Miguel y Cofradía de Juanacatlán, municipio de Jala, quienes con gran esfuerzo se cooperaron entre todos, para llevar despensas a sus pobladores, sin embargo el Gobierno del Estado decidió adjudicarse el apoyo.
Los docentes conscientes de la situación por la que están pasando los habitantes de ambas comunidades, tras implementarse la cuarentena posterior a confirmarse el contagio por Covid-19 de dos personas, una en cada ejido, decidieron hacer la “vaquita” y con el recurso recaudado adquirieron los artículos de la canasta básicas.
A raíz del cerco sanitario los profesores no podían ingresar a ninguno de los ejidos, es por eso que entregaron las despensas a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que llevarán a cabo la repartición, lo cual hicieron, no sin antes “alzarse el cuello”.
En un comunicado dicha dependencia aseguraba que la ayuda provenía del Gobierno, hecho que causó indignación entre los docentes, pues no solo no reconocía su labor, sino que además la administración en el afán de quedar bien, confirmaba que la entrega de alimentos venía por parte de ellos.
Ante esta situación, hacen un llamado al Ejecutivo, para que las instancias “dejen de saludar con sombrero ajeno”, pues aunque no buscan el reconocimiento por la labor que hicieron, tampoco les parece que se adornen con el esfuerzo de este sector.
En una acción dislocada, desde las primeras horas del primero demayo de 2020, colectivos de trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora realizaron pintas de denuncia contra las empresas maquiladoras ubicadas en Ciudad Juárez. Las paredes y portones de diferentes plantas industriales se llenaron de pintas que, con la consigna “La Makila te aniquila” denunciaron las pésimas condiciones de salubridad que enfrentan todos lo días los y las obreras en este tipo de fábricas. La movilización de los trabajadores de la industria maquiladora ocurre en un momento en el que el gobierno de López Obrador, así como los gobiernos de los estados de la frontera norte de México han comenzado a hablar de la necesidad de “reabrir” las plantas industriales dedicadas a la exportación, cediendo a las presiones de reapertura que llegan desde el gobierno de Trump, mismas que responden a fabricantes de armamento y automotrices que dependen de la producción de partes elaboradas con mano de obra barata de este lado de la frontera.
Foto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y Dignidad
Los trabajadores denuniciaron tanto en sus pintas, como en ilustraciones distribuídas de manera electrónica, que solamente en Ciudad Juárez, el 69% de los casos de COVID-19 atendidos en los hospitales corresponden a trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora. Al mismo tiempo señalan que muchas de las plantas se han mantenido abiertas, a pesar de producir productos como cables eléctricos y textiles para la industria automotriz, los cuales no debeían ser ser considerados como “actividad esencial”. En sus publicaciones de facebook el colectivo SALUD, TRABAJO Y DIGNIDAD señaló además que mientras que Ciudad Juárez no es considerada por el presidente López Obrador como una zona de alto contagio, entre los 392 casos de COVID-19 que se reconocen oficialmente para la ciudad, la tasa de mortalidad es del 28%, superior a la ya elevada tasa de defunciones que hay en México por la enfermedad (alrededor del 10% de los casos confirmados según las cifras que se pueden conocer en este momento). “Capitalismo salvaje”, resume una de las pintas efectuadas la madrugada del pasado viernes. Y es que por lo demás, las condiciones de trabajo que ya eran insalubres antes de la pandemia, son ahora un riesgo real de muerte.
Foto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y Dignidad
Foto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y Dignidad
Los colectivos de trabajadores denuncian que las opciones que los patrones le han planteado a los trabajadores son únicamente tres: 1) renunciar voluntariamente a sus trabajos, 2) quedarse en su casa, recibiendo solo medio sueldo, o 3) continuar trabajando normalmente a cambio de recibir un bono de entre 700 y 1200 pesos. Para los empresarios la vida es una mercancía más y la sana distancia se mide en pesos y dólares en la forma de ganancias extraídas de los de abajo. Para los y las trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez la cosa es igualmente clara “la vida por encima de las ganancias”. Así, en medio de la pandemia de COVID-19, no hubo desfiles, no hubo actos de relumbrón, pero en las calles de Juárez, la lucha sigue y el ingenio de la gente de a pie se hizo patente en las paredes, arañando grietas en el muro.
Foto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y DignidadFoto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y Dignidad
Foto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y DignidadFoto: Facebook Colectivo Salud, Trabajo y Dignidad
Ilustraciones distribuidas por los y las trabajadoras:
Tepic, Nayarit. Jueves 07 de mayo del 2020.- Descontrol total en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nayarit ante el brote de contagios masivos de Covid-19 entre médicos, enfermeras, químicos y choferes de ambulancias.
Nadie vigila la aplicación del protocolo y el proceso otorgado a los pacientes de coronavirus se les sale de las manos, aunado a la falta de equipo de protección al personal de esta institución.
Un grupo de profesionales de la salud, de forma anónima y por temor a represalias, denuncian la desesperante situación que se vive al interior del Seguro Social, no sólo en Tepic y Santiago Ixcuintla -donde se centran los contagios de personal médico-, sino en el resto de las clínicas de la entidad.
Son poco más de 20 trabajadores del IMSS contagiados de Covid-19 en su mayoría del área de urgencias, de los cuales 15 pertenecen al Hospital General de Zona (HGZ), número 1 quienes están aislados y resguardados en su mayoría en casa.
Directivos y jefes inmediatos del instituto están deshumanizados, no hay empatía hacia el personal al que consideran sólo un número de matrícula o un soldado raso.
“Cualquier paciente, al servicio que llegue ya sea urgencias, triage respiratorio o admisión, es potencialmente paciente de covid hasta que se le demuestre lo contrario. Todo el paciente se debe tratar por igual, por consiguiente a todo el personal de la salud se les debe dar el equipo de protección personal y no se nos está dando”, argumentan los denunciantes.
Únicamente se les proporciona el mencionado equipo al personal que está en contacto directo con el enfermo pero en muchas ocasiones, hay pacientes que resultaron positivo en el transcurso de una hospitalización y eso provocó el contagio masivo del personal del IMSS.
Existen al menos, ocho enfermeras y cuatro médicos de diferentes turnos, un chofer de ambulancia, dos residentes, un químico e incluso, hasta directivos que dieron positivo al COVID-19.
La situación es tan desesperante que el pasado martes, el área de urgencias del HGZ No.1, laboró con la mitad de la plantilla, sólo siete enfermeras para atender cuando debe funcionar con 14 elementos.
Los jefes y directivos del instituto explotan al personal que mantienen contacto directamente con pacientes positivos de coronavirus bajo el argumento de que éstos reciben un bono de compensación de 2 mil 800 mensuales.
El dirigente sindical, Raúl Gutiérrez se lava las manos ante el grito desesperado de sus agremiados para que luche por su gente y exija insumos y equipo de protección especial con el fin de frenar los contagios entre el personal.
“ Pero sobre todo, para que ni un médico ni enfermera muera por no tener el equipo de protección como ya sucedió con uno de sus compañeros”, subrayaron.
Sin embargo, el sindicato minimiza la situación, deja a la deriva a sus representados y le avientan la bolita a la institución, y si bien es cierto que el IMSS debe dotar el equipo necesario, la función del sindicato es defender a sus afiliados.
Al no tener respuesta, son los mismos trabajadores que en el campo de acción reclaman a los jefes quienes hacen oídos sordos a los reclamos.
Recientemente, una enfermera que atiende directamente pacientes con Covid-19, tras utilizar por varias horas el cubrebocas N95 sufrió mareos y aún así se le obligó a permanecer en el área.
Si a los médicos y enfermeras que están en contacto directo con los enfermos de coronavirus, se les “mendinguea” el equipo de protección, al personal de limpieza, camilleros y choferes de ambulancias les otorgan “remedos” de cubrebocas azules, indicándoles que se pongan dos para estar “mejor” protegidos.
El colmo del descaro es que al mismo personal de salud del IMSS, les niegan las pruebas para detectar el coronavirus, si presentan síntomas, los envían a sus domicilios, ya si de plano se agravan, se les aplica.
Solicitaron al titular del IMSS, Zoé Robledo que escuche sus reclamos y envíe una comisión para investigar las deplorables condiciones en que labora el personal del IMSS en Nayarit y escuchar de viva voz a los trabajadores las carencias con las que laboran.
Daliri Oropeza / Pie de Página / Foto: Cortesía habitantes de Ticul, Yucatán
La construcción del Tren Maya tiene una paradoja: busca acortar las distancias a las zonas arqueológicas en la península, pero corre el riesgo de pasar por encima de cientos de vestigios arqueológicos sin documentar. Así lo advierte en entrevista la arqueóloga Evelia Magaña, de la región maya de Yucatán
Evelia Magaña es arqueóloga. Vive en Ticul, zona maya de Yucatán. Actualmente se especializa en la maestría de Historia del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) peninsular. Ha trabajado cuestiones de modificaciones bioculturales, con especialidad en dinámicas poblacionales y estudios de genética dental en vestigios arqueológicos de la región. Su madre y su padre hablan maya. Ella conoce esa lengua, aunque fue educada en la zona rural de Tabasco. Pero la esencia maya, dice, se encuentra en todos lados.
La arqueóloga relata con pesar cómo una nueva carretera que va rumbo a Campeche atraviesa una zona arqueológica sin descubrir en el sur del estado. Le ha tocado mirar en campo cómo los procesos de desarrollo y construcción de vías no han respetado los vestigios, la mayoría no descubiertos. A su vez, la sobreexplotación turística que les impide hacer un buen trabajo como restauradores de construcciones mayas.
Para ella, quien también es parte de la Red de Arqueología, tal vez no son ruinas de la magnitud de Chichen Itzá. No son esas grandes pirámides, pero forman parte de las raíces de la región. Eran centros de comercio o de importancia regional, más lo que no han excavado. Con la llegada del Tren Maya, conocer esta historia está en riesgo, y puede volverse imposible saberla.
El problema en capas: el turismo
—¿Qué va a provocar el tren con el turismo en Yucatán, hay focos rojos por su construcción?
—Cabe recordar que a principios del siglo pasado tienen el auge las haciendas henequeneras y después resurge la producción con la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta producción cae, hay una situación de inestabilidad económica en Yucatán, el turismo se convierte en el resurgir de la economía.
Yucatán es un estado que depende entre 70 y 80% del turismo tanto de zonas arqueológicas como de playas. Aunque en Yucatán no hay todavía tanto destino de “aventura” o “deporte extremo”, pero las zonas arqueológicas yucatecas son muy visitadas, específicamente podría decir Chichén Itza y la Zona Puuc, son las más visitadas de aquí de Yucatán.
¿Focos rojos? Como siempre, yo creo que la zona (arqueológica) más golpeada es Chichén porque está de paso, muy cercano a las playas de Quintana Roo. Esto la pone en una posición de vulnerabilidad con la ya gran cantidad de gente que viene.
Se han tenido que tomar medidas muy restrictivas respecto a la gran cantidad de visitantes que recibe al año. No se puede acceder a las construcciones por la erosión. Hay que procurar la conservación del sitio.
De por sí, ya es un problema con el turismo de masas. Tiene problemáticas muy fuertes en cuanto a conservación y en cuanto a seguridad del sitio, tú sabes: entre más gente es más difícil mantenerlas vigiladas.
Te cuento, por ejemplo, en 2009, cuando se realizaron trabajos en la Gran Nivelación de Chichén con el arqueólogo Rafaél Cobos, al llegar a la zona arqueológica, veías la excavación abierta atrás de la Pirámide, te asomabas y veías bolsas de papitas, botellas de agua.
Eso ya te da una idea de lo complicado que es pues mantener controlada a tanta gente y, el fin del Tren Maya es llevar a más gente a estas zonas. Ya de por sí son extremadamente turísticas. Y no toman en cuenta que se puede saturar y destruir.
Ahorita, por ejemplo, no hay una restricción de paso, tú llegas y pasas. No tienes que esperar a que salga nadie, no hay un límite.
Hay un término muy importante, que no están tomando en cuenta: la capacidad de carga del sitio. El sitio puede soportar un determinado número de visitantes. Esa capacidad se excede en el equinoccio.
Cada equinoccio hay demasiada gente, que además desconoce los rituales. Van y se juntan en un solo lugar porque el punto focal es la Gran Pirámide. Es ver bajar a Kukulcán.
Acceder ahorita a Chichén no es tan complicado. Con el Tren Maya sería todavía más fácil porque va a tener diferentes paradas tanto en Quintana Roo como aquí en Yucatán. Es un sitio que es constantemente incluido en los tours de extranjeros Veo focos rojos, además de Chichén, en muchísimas zonas arqueológicas: aquí en el Puuc tenemos Uxmal, Sayil, X-Lapac, Kabah, Labná, Oxkintok, y sin embargo, lo que más se conoce es Chichén, tienes una sobre explotación del patrimonio, lo mismo que nos espera con el tren.
Chichén no está completamente explorado, excepto el 20 o 30% de lo que es el sitio. Cuando tienes un sitio demasiado visitado, las intervenciones de patrimonio de conservación y arqueológicas se limitan porque si tu vas a investigar un edificio, tú tienes que cerrar esa parte. Pero es complicado trabajar con mucha gente.
Aumentar la cantidad de gente disminuye la posibilidad de tener un proyecto de investigación dentro del sitio más allá de la conservación, porque es lo que importa a final de cuentas: darle mantenimiento.
Otro foco rojo es el saqueo. Cuando vuelves una zona muy taquillera como es la Zona Maya el saqueo se vuelve intenso, se incrementa por qué a quién no le gustaría tener una figurita que provenga de un sitio bastante conocido ¿No? tener una vasijita que sacaron de Uxmal, que sacaron de Chichén, entonces ¿A quién no le gustaría tenerlo? El mercado negro de piezas es muy grande.
Lo invisible, siempre presente
—El proyecto federal de Tren “Maya” tiene un trazo y se comenzó a construir este 30 de abril. ¿Hay exploraciones arqueológicas en esos territorios por donde pasaría? ¿Hay algún diagnóstico en sentido material por los daños que puede causar un tren a los vestigios arqueológicos?
—Se los van a llevar, así de sencillo. Van a arrasar. Como arqueólogos entendemos perfectamente que no se puede salvar todo. En las intervenciones arqueológicas hay dos que son de interés: rescate y salvamento. Estas dos intervenciones se hacen cuando es muy urgente que se libere el sitio porque van a construir algo ahí.
Los salvamentos arqueológicos usualmente suelen estar relacionados a construcciones o proyectos modernizadores como carreteras, casas, fábricas.
El sitio llamado Noh-Bec, donde he hecho invstigaciones, se partió, se perdió casi el 70% del sitio porque ahí pasa la carretera nueva a Cancún, que pasa por Yucatán.
Entendemos que no se puede salvar todo, pero hay de destrucción a destrucción.
Una cosa es que tú hagas un salvamento y otra es que saques todo lo que puedas sacar y luego sabes que el sitio se va perder, pero tú ya tienes información. Muy diferente a lo que se hace la mayoría de las veces: no se reporta el hallazgo. Y si no se reporta, tú no tienes manera de saber si está o no está. Eso puede pasar.
Cuando se hizo el proyecto del tren bala que quería la gobernadora priista Ivonne Ortega, uno de los principales obstáculos que encontraron para llevarlo a cabo fue la gran cantidad de vestigios arqueológicos que había en todo el tramo del tren, eran demasiados. Lo mismo pasa ahora.
Hacer salvamento en cada uno de estos puntos iba a llevar demasiado tiempo. Como arqueóloga te tardas entre cuatro semanas, cinco semanas, depende de cuánto sea el trabajo que hay que explorar. Luego hay que excavar, hay que tirar la cal, tienes que llevar trabajadores y personal científico y técnico: arqueólogos, topógrafos.
Pero obviamente no o hicieron con el Tren Maya. Si con trabajos quieren agarrar arqueólogos mucho menos van a llevar arqueólogos y topógrafos para hacer un estudio más profundo.
No está completamente explorado ni consolidado más del 70%, 75% de los sitios que hay en todo Yucatán, solamente por la zona de Chichén que es la zona donde va a bajar principalmente el tren.
En una gran parte del oriente de Yucatán, si no se hace una labor de rescate y consolidación, la van a dejar expuesta. No sólo a aventureros, sino a saqueos, esa zona sí va a estar muy expuesta tanto a saqueos como a la destrucción del patrimonio, y son sitios periféricos a Chichén que en su momento fueron, no digamos grandes, sitios medianos con construcciones monumentales que van a quedar muy expuestos sino es que destruidos ante el paso de las vías del tren.
La nueva carretera a Cancún se llevó un juego de pelota, se llevó un Sac bé. No es digamos la casita que se están llevando, que aún así duele bastante, se están llevando construcciones monumentales en pos del progreso. Nosotros sabemos que no se puede evitar. Pero hay que tener tantito criterio. No es lo mismo que se lleven una casita a que se lleven una pirámide, a que se lleven un castillo, que se lleven una construcción habitacional.
Se reitera, en Noh Bec que está la carretera nueva que atraviesa por Tzucacab, que se va a Cancún; está este asunto que va a la carretera de Campeche que pasa por la periferia de Oxkintok, que son esas construcciones que no se pueden ver. El tramo carretero de Noh-Bec, hubo afectación en las estructuras pequeñas, esto está por la zona de Tizimín, hubo destrucción de algunas estructuras. Así por donde veas vía en Yucatán.
Una capa más, la inacción
—¿Sabes de alguna investigación del lNAH que lo esté investigando? ¿Cómo debería ser la investigación?
—No se está haciendo nada, al INAH no le han dicho nada. De hecho hubo mucho movimiento para que se detuviera, se pospusiera e inicio de su construcción, pero no.
Primero se debió haber hecho una labor de reconocimiento y prospección del terreno. Tú le das al arqueólogo (os) tu plano, o sea, por aquí quiero que pase y lo que se hace es salir a caminar por el terreno para registrar todo lo que haya.
Se hace un registro y se empiezan a describir todas las anomalías que haya en el terreno, entiéndase anomalía por eso que es extraño verlo allí, no como le digo, esos cerros que se ven por esta carretera libre. Un cerrote ahí, pues no es natural, ni es un arrimo de tierra, evidentemente es algo. Y todo eso se registra.
Posteriormente se pasa al análisis de muestras. Se elabora un mapa de estas anomalías, dónde se encontraron. después, la excavación. Ahí donde están esas anomalías se va a excavar. Explorarlas directamente.
En un mundo ideal en cada anomalía debería de haber un arqueólogo, no vas a llenarlo todo pero si se van moviendo, vas liberando tramos, terminamos aquí, y ya puedes avanzar, se sigue.
Se tendría que hacer un análisis de sitio, si es posible restaurarlo o si de plano se puede destruir para que pase por ahí la vía. Ya después se sigue en el recorrido normal de una intervención arqueológica. Se lleva al laboratorio lo que es material cerámico se analiza por ceramistas, el material óseo se analiza por bioarqueólogos o por físicos, lo que tengas, o con quien quieras pues esto también tiene que ver con equipos de trabajo, o la lítica pues se lleva con especialistas líticos, o si tienes concha con especialistas malacológicos. Y en un mundo ideal así debería de ser.
Es un asunto en que la protección no nada más la vas a hacer en un día, es un tramo muy largo el que considera el Tren Maya. Se podría hacer seccionado, pero no.
Si no hay una intervención de las autoridades competentes, en este caso del INAH, la historia está en riesgo.
A menos que lo estén viendo con arqueólogos privados, porque la Ley de Cultura que salió hace creo que dos o tres años permite la contratación. De todas maneras, la notificación tiene que llegar al INAH.
Yo no creo que haya ahorita un plan para resguardar o para investigar los sitios donde vaya pasar el tren, no parece a muchas luces, porque desde que se anunció el Tren Maya nunca se mencionó que va a pasar con estos sitios. Lo que dijeron como cuando se va a construir una carretera: “va a pasar por aquí”y bueno, no se dijo nada más.
—Es un mundo el que está ahí…
—Nunca lo han querido ver, ninguna administración, no les interesa.
Y ahorita cuando se hace algo veo que es más fácil que te den un permiso para un asunto de restauración que para una excavación con fines de investigación, porque lo que les interesa es abrir las puertas de los sitios para fines turísticos no para conocer.Lo único que les importa es lo que deja dinero. El asunto es meterle dinero a lo que te va a dejar dinero. Si no es el folklor. No las cuestiones históricas de los mayas.
Foto tomada de la red. Bloqueo en Plan de Ayala para exigir agua
Karla Bautista / Diario de Morelos
Cuautla, Morelos.- Vecinos de la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla se manifestaron en demanda de agua potable. Refieren que ha habido una disminución en el abasto. Los vecinos del callejón Miguel Hidalgo, calle Cruz Verde, Cruz de Piedra son los más afectados con la disminución del agua, quienes llevan alrededor de 20 días con esta problemática. Los afectados señalan a Enrique Camacho, presidente del Sistema Independiente, como responsable de esta situación, ya que, mencionan los vecinos, tiene preferencias con algunas calles. Ahora se reunirán el sábado a las 10 de la mañana para definir la situación.
Ante la situación ocurrida en el Asilo Luis Elizondo en el municipio de Guadalupe, la Secretaria de Salud decidió cerrarlo.
Manuel de la O Cavazos, titular de dependencia dijo que por la situación tan vulnerable de las personas de la tercera edad decidió hospitalizar a los 92 residentes del lugar en clínicas como la Nova, Ternium y el Hospital Metropolitano.
Manifestó que serán llevados a diferentes hospitales de la localidad en dónde cinco se mantienen en estado de salud delicado.
“Hemos decidido cerrar el asilo, ellos no lo saben lo acabo de hacer público, en un rato más les vamos avisar, es necesario llevar a todas las personas a un hospital, la suspensión será temporal”.
El funcionario detalló que de los 50 residentes que dieron positivo, algunos de ellos recibirán tratamiento con plasma para ver si presentan mejoría en su estado de salud.
Aseveró que personal de salud tomará el control del lugar a pesar de ser privado, porque algunos empleados están contagiados y otros por miedo decidieron ya no presentarse a laborar.
De la O Cavazos mencionó que en el asilo están como residentes 92 adultos mayores y laboraban 48 empleados.
El grupo de edad, la media es de 84 años, un 40 por ciento tienen diabetes mellitus y un 45 por ciento son hipertensos, por lo que la mortalidad es muy alta.
A consecuencia de lo sucedido en el asilo de Guadalupe, el funcionario estatal pedirá a todos los establecimientos que ya no dejen salir a su personal, que estos se queden por 14 a 15 días y posteriormente relevarlos con otro personal.
De la O Cavazos advirtió a quienes tengan este tipo de establecimientos que actúen bien o de lo contrario los van a cerrar.
“Ya se están revisando el resto de los asilos en el Estado para que extremen mayores medidas sanitarias, incluso les estamos pidiendo que el personal que labora en el lugar se quede a dormir ahí por 14 o 15 días para no exponer más a la gente, y una vez pasado el tiempo que los releven”.
Además invitó a todos aquellos asilos clandestinos a qué se regularicen porque de lo contrario van a actuar en contra de ellos.
COLIMA, Col. (apro).- En medio de la pandemia por covid-19, las autoridades dejaron sin agua potable a los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, a quienes desde el pasado domingo 3 se les suspendió el servicio.
Olivia Teodoro Aranda, una de las fundadoras del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), denunció que, si bien el poblado nahua cuenta con un manantial del que se abastece de agua a alrededor de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, paradójicamente los lugareños padecen una recurrente escasez del líquido.
La mujer advirtió que los habitantes de la comunidad se encuentran muy molestos, y de no solucionarse el problema recurrirán a medidas más drásticas, como tomar las bombas del manantial y cerrar el paso del agua para la zona conurbada.
“Se están burlando de nosotros porque somos un pueblo indígena, y eso no lo vamos a permitir, porque nosotros conocemos nuestros derechos y eso no es justo, nosotros hemos cuidado el agua y tenemos los mismos derechos que las personas de Colima y Villa de Álvarez”, apuntó Teodoro Aranda.
Desde hace más de 30 años, a finales de los años ochenta, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez (Ciapacov) empezó a hacer uso del manantial ubicado en el territorio de Zacualpan, para abastecer de agua a la población de la zona conurbada de la capital del estado.
De acuerdo con Olivia Teodoro, una de las primeras mujeres que formaron parte de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, la Ciapacov se comprometió a proveerles agua a través de una tubería de seis pulgadas, mientras el ayuntamiento de Comala, municipio al que pertenece la comunidad, pagaba el costo de la energía eléctrica para el bombeo durante todo el día.
Sin embargo, informó, el actual presidente municipal, Donaldo Zúñiga, se negó a seguir pagando el recibo por el servicio de electricidad, por lo que a partir de diciembre último esta responsabilidad pasó a manos de la Ciapacov, que sólo aceptó brindar el servicio de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
No obstante, la mujer se quejó de que el organismo operador no ha cumplido su compromiso y la comunidad sólo recibe agua con muy poca presión por un máximo de tres horas al día, por lo que, en lugar de las seis pulgadas ofrecidas, sólo les está abasteciendo tres o cuatro.
“Es muy poca el agua que nos está llegando, ni siquiera se alcanzan a llenar nuestros depósitos cuando deja de caer; la Ciapacov se está pasando, la gente está prendida porque tenemos desde el domingo sin agua y las pilas están vacías; los que tiene camioneta van al manantial a acarrear en botes, pero la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad”, remató.
A través de un comunicado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C (CEPAD) evidenció la necesidad de cambiar las estrategias de comunicación, atención, acción e implementación del mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescente desaparecidos en el estado, Alerta Amber, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, así como, sus bases de operación.
Alete Torres Flores / Zona Docs
En el 2019, el estado de Jalisco se posicionó en el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas y, también, encabezó la primera posición con el número más alto de menores de edad desaparecidos. La Secretaría de Gobernación reportó que en todo el país se encuentran 11 mil 072 niñas, niños y adolescentes desaparecidos; Jalisco se posiciona en los primeros lugares con 976 desapariciones, los menores representan en 11% de las 8 mil 872 mujeres y hombres que están actualmente desaparecidos en el estado.
A pesar de la evidente y creciente problemática en la que se encuentra el estado de Jalisco, las instituciones han sido ineficientes en dar respuesta a ésta. Por ello, de acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), es esencial poner en funcionamiento el mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, Alerta Amber y junto con éste, instaurar acciones para su operación mediante una ley en materia de desaparición. Es importante, advirtieron, que durante este tiempo de contingencia se planifiquen formas adecuadas para la búsqueda, así como un análisis de contexto con enfoque en la niñez, con el propósito de conocer los patrones y las causas que favorecen la desaparición de los menores de edad en Jalisco.
La organización para la defensa de los derechos humanos de las personas en el estado, manifestó que las deficiencias de la Alerta Amber en Jalisco, se suman a la invisibilización de la problemática y a “la posible relación de las desapariciones de esta población, con dinámicas delictivas de trata de personas”; según precisaron “las y los menores de edad se encuentran en una situación de extrema inseguridad y son particularmente susceptibles de ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, a su integridad personal y a su vida”.
A la par, han considerado vital atender la gravedad de la situación de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, a través de la coordinación interinstitucional entre dependencias dentro de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, el CEPAD señaló que algunos organismos, organizaciones, colectivos nacionales y locales de búsqueda han mostrado su inconformidad ante la decisión de suspender las actividades de búsqueda e investigación por parte de las instituciones correspondientes, por lo que, han advertido, que aún ante la contingencia del COVID-19 es forzoso desarrollar actividades que sigan tomando con prioridad y eficacia la búsqueda de personas desaparecidas.
El CEPAD se sumó a las exigencias del colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Por Amor a Ellxs, quienes demandaron al Gobierno de Jalisco que, durante la contingencia sanitaria, la búsqueda e investigación de personas desaparecidas fueran nombradas y decretadas como actividades esenciales. Y con ello, que la autoridad estatal cumpla eficientemente con las obligaciones que tiene de buscar, investigar y garantizar los derechos a la verdad y el acceso a la justicia a todas las víctimas de desaparición.
Además, ante el aplazamiento del funcionamiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la entidad y la falta de cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición, han considerado a la pandemia como una oportunidad para la realización de una agenda de trabajo funcional para su implementación y aplicación en el estado.
Es evidente, señalaron, que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las instituciones deberán incorporar cambios en el desarrollo de las actividades de búsqueda de personas desaparecidas, para no poner en riesgo de contagio a las y los servidores públicos en cargo. Sin embargo, las autoridades responsables deben de poner atención ante la problemática, el uso de nuevas técnicas de trabajo y encontrar la manera de darle respuestas a las peticiones de los familiares; garantizando así el derecho a la información y el derecho a participar de manera activa en la búsqueda e investigación de los casos.
*Hospital Macedonio Benítez solo tiene 3 camas y un ventilador para atender pacientes por coronavirus. | *Hace un mes Murat anunció que ya se terminó el Hospital y en plena pandemia no funciona.
OAXACA, Oax.- A un mes que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció la entrega del Hospital de Especialidades de Juchitán para atender pacientes de covid-19, es la fecha que no funciona en plena fase 3 y esa responsabilidad ha recaído en el Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes” que solo tiene 3 camas y un solo ventilador para atender la semana cúspide de esta pandemia.
Por segunda ocasión desmienten a Murat, ya que el pasado 24 de marzo se acordó con la Federación que los hospitales de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, así como el de Juchitán de Zaragoza, estarán administrados por las Fuerzas Armadas para la atención de pacientes con Covid-19.
Sin embargo, el comandante de la 46/Zona Militar con sede en Ixtepec, Oaxaca, Higinio Gabriel Castillo Olvera, precisó que el Hospital de Especialidades Materno-Infantil que construye el Grupo México (GM) en la ciudad de Juchitán, no podía operar porque se encontraba al 93% de su construcción y su equipamiento demorará seis meses.
Una vez que le enmendaron la plana, el 5 de abril presumió en su cuenta de Twitter: “Agradecemos el compromiso del Gobierno de México con Oaxaca. Me es grato informar que esta semana entregarán la obra completa del Hospital de Especialidades de Juchitán, en la que concluimos con éxito la conexión de drenaje, agua y luz. ¡Trabajamos en equipo por la salud del Istmo!”.
Un mes después, la representante sindical de los trabajadores del Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, Yolanda Sánchez Ulloa, que aunque no son un hospital covid-19, tuvieron que improvisar un área para atender esos pacientes.
Dio a conocer que las tres camas habilitadas en el área denominada como covid-19 – de las cuales tres camas son para adultos y una cama pediátrica, además de que el único ventilador esta ocupado”.
Por el momento, dijo, atienden a tres pacientes positivos de coronavirus, dos de ellos están estables, y el tercer paciente lleva más de 12 días recibiendo atención en condición grave y está utilizando el único respirador con que se cuenta en este centro hospitalario.
Cabe mencionar que este Hospital Civil no fue considerado por el gobierno federal como “Hospital covid” pero a pesar de eso, la dirección de esta unidad medica activó un área improvisada debido a que el Hospital de Especialidades de Juchitán aún no esta disponible.
La líder sindical destacó que sí no fuera por esa área improvisada, los enfermos de covid -19 no tendrían como atenderse.
“El equipo es insuficiente y desconocemos por que el Hospital de Especialidades ubicado en la parte norte de Juchitán no se habilita como se prometió, se dijo que para el 30 de abril, sin embargo aún no hay nada, continua cerrado y nos preocupa, por que ya no tenemos espacios en el Hospital Civil que además de atender a los pacientes con covid-19 se brindan atención de partos, urgencias y mucho más”.
Destacó que la única solución en caso de que aumentaran los pacientes en esta semana cúspide de coronavirus es la apertura al Hospital General de Especialidades, aunado a que
los insumos y medicamentos continúan siendo insuficientes, y que por fortuna han recibido donaciones, el ultimo el del alcalde de Asunción Ixtaltepec que entregó equipo de protección con un valor importante económicamente.
Por lo pronto, consideran que a partir de este lunes (4 de mayo) ya no se recibirán más pacientes adultos con síntomas del coronavirus”.
“Nos preocupa que no se abra a la brevedad este hospital de especialidades; sobre todo porque las propias autoridades de Salud han señalado que en esta semana los contagio podrían repuntar y en nuestro hospital ya no tenemos espacio”, finalizó.
Es importante resaltar que la unidad hospitalaria (Hospital de Especialidades) fue donada por Grupo México que dirige Germán Larrea. El hospital cuenta con una superficie construida de 6 mil 800 metros cuadrados y capacidad prevista para más de 60 camas y atender pacientes de los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo de Tehuantepec, Matías Romero y Salina Cruz.
Familiares de pacientes con COVID-19 esperan afuera del Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”. Foto: Adriana Álvarez, Cuartoscuro.
Sin Embargo
Comunicación Social del ISSSTE explicó a Reforma que las familias tardan en llevarse los cuerpos de sus seres queridos por dificultades económicas para conseguir servicios funerarios y en ocasiones son abandonados.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– Frente a la falta de espacio y el tiempo que tardan deudos en reclamarlos, cuerpos están siendo colocados en un tráiler refrigerado que fue rentado por el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la Alcadía Iztapalapa de la Ciudad de México.
El área de Comunicación Social del ISSSTE confirmó al diario Reforma que el vehículo se utiliza para conservar por más tiempo a los cadáveres. Iztapalapa es una de las delegaciones más afectadas por la COVID-19.
El diario tiene fotografías en las que se aprecia cómo personal utiliza equipos de protección para llevar los cuerpos hasta el tráiler y detalló que se usa una grúa horquilla o montacargas para subirlos al tráiler.
Empleados del nosocomio que atiende pacientes con coronavirus afirman que el tráiler lleva dos semanas en las instalaciones, de acuerdo con la publicación firmada por la reportera Iris Velázquez.
Comunicación Social del instituto explicó a la periodista que las familias tardan en llevarse los cuerpos de sus seres queridos por dificultades económicas para conseguir servicios funerarios y en ocasiones son abandonados.
El director del hospital, Carlos López Morales, dijo al diario La Jornada que la renta del vehículo también fue motivada porque familiares de personas que han muerto por COVID-19 tardan hasta tres días para llevarse los cuerpos.
El director expuso en entrevista con la periodista Ángeles Cruz Martínez que el tráiler puede mantener seis cuerpos resguardados, pero la semana pasada tuvo hasta 24.
López Morales recordó que el Hospital “General Ignacio Zaragoza” es el único del ISSSTE en la zona oriente del Valle de México, por lo que atiende a derechohabientes de Iztapalapa y Nezahualcóyotl, localidades afectadas por casos de COVID-19. Recordó que el nosocomio cuenta con 527 camas censables y no censables, 143 de ellas se asignaron para recibir a pacientes con COVID-19, pero pronto estarán saturadas.
HOSPITALES EMPIEZAN A SATURARSE
Uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno mexicano, incluso desde antes del inicio de la pandemia, era reforzar un débil sistema sanitario.
Sin embargo, el mismo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se encargó de reiterar en diversas ocasiones que el país contaba con la infraestructura necesaria para afrontar la pandemia, que llegó a México el 28 de febrero.
“No hemos sido rebasados”, afirmó este lunes en conferencia de prensa.
De acuerdo con el más reciente informe de ocupación hospitalaria, a nivel nacional hay 31 por ciento de ocupación hospitalaria, pero hay grandes diferencias.
En la Ciudad de México la tasa de ocupación es del 71 por ciento, en Baja California del 65 por ciento y en el Estado de México, vecino de la capital, del 53 por ciento.
Mientras, en las camas con ventilador (para enfermos críticos) la saturación a nivel nacional es de apenas el 25 por ciento. Pero en la capital esta asciende al 58 por ciento, en Baja California al 48 por ciento y en el Estado de México al 43 por ciento.
COVID-19 EN MÉXICO
En el día 46 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, México reportó 2 mil 961 defunciones por COVID-19, de las cuales 257 se confirmaron en las últimas 24 horas.
En total, en el país se han registrado 29 mil 616 casos positivos. 7 mil 802 son clasificados como activos, es decir, los que se registraron en los últimos 14 días.
José Luis Alomía, Director General de Epidemiología, dijo que hay 18 mil 812 casos sospechosos acumulados. Además que 68 mil 783 han resultado negativos desde que se comenzaron a hacer estudios.
El funcionario detalló que la carga de enfermedad continúa aumentando en las entidades mexicanas, y que se encuentra con mayor concentración en Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz.
Texto: Arturo Contreras Camero y Andro Aguilar
Fotos: Cortesía Violeta Sánchez
Pie de Página
Comunidades indígenas de la Ciudad de México acusan que la Secretaría de Pueblos Indígenas no ha atendido su solicitud por un apoyo ante la crisis por sanitaria, cuando gran parte de la población que trabaja informalmente en la ciudad, buena parte de ellos indígenas, necesita asistencia económica
La repartición de los apoyos a la población indígena por parte de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes es desigual y no llega a todas las personas indígenas de la Ciudad de México, acusa un grupo de ellas.
Comunidades indígenas de la Ciudad de México, como se identifica este grupo, reclaman que ante la emergencia sanitaria por covid-19 sus miembros han perdido sus fuentes de empleo, la mayoría de ellos en el sector informal. Tampoco pueden ingresar a otros apoyos gubernamentales por la cantidad de requisitos que les piden.
Ese es el caso de José Alfredo, un electricista de 30 años, quien trabaja, junto con su esposa, en la instalación eléctrica de nuevas obras. Pero desde que inició la contingencia, no ha tenido empleo.
“Hace poco sacaron un programa de Fondeso, pero piden muchos requisitos”, asegura José Alfredo, quien se denomina mazateca.
“Al principio era lo normal. La credencial de elector, el comprobante de domicilio. Después cartas de recomendación, carta de que estuvieras laborando o tuvieras un ingreso, un comprobante de arriba de 10 mil pesos, y muchos más”.
“Ahorita todo está saturado, no hay mucha necesidad de trabajadores ahorita”, lamenta.
Dice que intentó conseguir trabajo en algunas compañías donde supo que había actividad, pero los requisitos que pedían también eran demasiados.
“Fuimos a ver una empresa, El Economista, el periódico. Están construyendo un hotel y unas oficinas para su personal, pero piden muchos requisitos. Que estés dado de alta en hacienda, examen del coronavirus, examen médico aparte, son muchos requisitos que piden, y el sueldo es poco”, confiesa.
Desde hace dos meses José Alfredo no percibe ningún ingreso. Normalmente, entre él y su esposa lograban juntar 4 mil 300 pesos a la semana.
En la misma petición, las comunidades piden que se emita el pago de los intérpretes de lenguas indígenas a los que la Secretaría les adeuda unos pagos. Entre ellas se encuentra Norma, también mazateca, a quien desde enero la secretaría adeuda un servicio de traducción.
“Ahorita estamos presionando por esta situación, porque la mayoría tenemos gastos y es muchísimo tiempo sin tener ingresos. Cada vez se dificulta más la situación”, comenta sobre lo difícil que ha sido conseguir ingresos en estos días. Norma también es artesana, pero en estos dos meses tampoco ha podido vender mucho.
Valoran incursión a programas federales
Rocío Mejía, coordinadora del Programa Tandas del Bienestar ofreció una línea telefónica para que los funcionarios federales evalúen a qué programa de apoyo pueden acceder las comunidades indígenas urbanas.
EL número es: 800 639 42 64
“Que se comuniquen a la Línea Bienestar. Que digan que efectivamente tienen una actividad económica, que es la artesanía, aquí en la Ciudad de México, y que están interesadas, ya sea en la tanda de 6 mil pesos o en un crédito a la palabra de 25 mil pesos. En esa línea nos la canalizan para que valoremos su propuesta y ahorita están en perfecto tiempo de obtener esos apoyos”, dijo la funcionaria en la conferencia diaria de Economía, en respuesta a una pregunta de Pie de Página.
Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, agregó que aemás de los apoyos económicos, el acceso a los programas busca que los beneficiarios puedan obtener en un corto plazo los requisitos necesarios que les permitan realizar otras operaciones económicas.
“Hay un tema más amplio que tiene que ver con la inclusión financiera. No es otra cosa sino acercar a quienes no tienen una relación con los bancos, acercar a los bancos con una cuenta bancaria que puede facilitar las transacciones y la compra de materias primas y tener un historial crediticio, entre otras cosas”.
Mexicali.- La Guardia Nacional comisionará a 200 nuevos elementos para apoyar las labores de seguridad, investigación e inteligencia en Baja California
Estos elementos se sumarán a las acciones de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, dio a conocer que la fuerza federal apoyará los programas de seguridad de los municipios de la entidad.
¿Se canalizarán a Tijuana y Ensenada? Se le cuestionó en entrevista telefónica para Lindero Norte con relación al incremento de incidencia delictiva de estos municipios de la zona costa de la entidad.
-No, se distribuirán en los cinco municipios, acotó.
Ruiz Hernández explicó que este miércoles 6 de mayo llegarán los primeros 100 elementos a la entidad y la otra parte el jueves por el aeropuerto Internacional de Tijuana.
El fiscal General solicitó y obtuvo 260 elementos de la Guardia Nacional en noviembre de 2019 destinados a labores operativas, investigación e inteligencia.
En ese entonces reconoció el abandono de las corporaciones policíacas, en este caso la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial del Estado, las cuales consideró viciada por lo que sus agentes se sujetarian a evaluación y capacitación para su permanencia.
La Guardia Nacional comisionará a 200 nuevos elementos para apoyar las labores de seguridad, investigación e inteligencia en Baja California
Estos elementos se sumarán a las acciones de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, dio a conocer que la fuerza federal apoyará los programas de seguridad de los municipios de la entidad.
¿Se canalizarán a Tijuana y Ensenada? Se le cuestionó en entrevista telefónica para Lindero Norte con relación al incremento de incidencia delictiva de estos municipios de la zona costa de la entidad.
-No, se distribuirán en los cinco municipios, acotó.
Ruiz Hernández explicó que este miércoles 6 de mayo llegarán los primeros 100 elementos a la entidad y la otra parte el jueves por el aeropuerto Internacional de Tijuana.
El fiscal General solicitó y obtuvo 260 elementos de la Guardia Nacional en noviembre de 2019 destinados a labores operativas, investigación e inteligencia.
En ese entonces reconoció el abandono de las corporaciones policíacas, en este caso la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial del Estado, las cuales consideró viciada por lo que sus agentes se sujetarian a evaluación y capacitación para su permanencia.
*Denuncian despidos injustificados, trabajo obligatorio a madres lactantes e incumplimiento de sana distancia
Mexicali.- Organizaciones sindicales denunciaron presión de empresas maquiladoras que reanudaron actividades para despedir a quienes se manifestaron en contra de las condiciones de trabajo y su operación sin ser actividades esenciales.
Otra irregularidad es el incumplimiento de sana distancia en el traslado a las plantas industriales en camiones de transporte de personal de estas empresas, como garantizó el gobierno de Jaime Bonilla.
También señalaron que no respetan a los sectores vulnerables (mujeres en lactancia, asmáticos y diabéticos) que se encuentran en situación crítica porque siguen sin aceptar las notas médicas del IMSS para resguardo domiciliario.
Además advirtieron que las fábricas que reanudaron sus actividades carecen de documentos oficiales del gobierno de Baja California para avalar el argumento que forman parte de la cadena de suministros de productos esenciales.
Este 4 de mayo regresaron a trabajar mas de 50 mil empleados de 40 empresas maquiladoras, la mayoría de Mexicali y Tijuana, justi en la fase crítica y del pico máximo de la epidemia en un estado que reporta este 6 de mayo 1 mil 962 casos positivos de covid 19, de los cuales en Tijuana hay 1 mil 037 y en Mexicali 727, así como 298 muertes; dos de cada tres registradas en Tijuana.
Luciana Benítez y Eduardo Castañeda, abogados de la organización sindical Sibatrem MX, advirtieron que ningún funcionario del gobierno de Jaime Bonilla se quiere responsabilizar de la orden de reactivar a estas empresas.
Según esta organización que prestó asesoría a cientos de trabajadores para exigir el cierre de empresas no esenciales, la Procuraduría para la Defensa del Trabajo y la Comisión Federal para la Proteccion Sanitaria (Cofepris) reconocieron que no existe ningún documento que autorice la reapertura de estas maquiladoras, solo dicen contar con la autorización de la Secretaria de Economía Sustentable del gobierno estatal.
Queremos que nos digan quién se va a responsabilizar de las consecuencias en materia de la violación de derechos laborales y, sobre todo, de los derechos a la salud y a la vida, en caso que haya contagios y muertes por Covid-19 en las plantas industriales, señalaron Benitez y Castañeda que criticaron que el gobierno estatal las suspendió en fase 2 y las reabrió en la fase 3.
La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) dijo que son las contradicciones de empresas, como Clover Wireless, que se autoproclaman esenciales pero no respeta las medidas para el traslado ni para el área de operaciones donde el protocolo establece un máximo de 50 personas.
Compartió que una trabajadora denunció que esa empresa incumple las medidas sanitarias para el transporte ni están todas las rutas «¿para eso nos hacen venir y sin transporte?».
Criticaron las presiones de las empresas para despedir a trabajadores que se manifestaron al inicio de la pandemia, además de la ausencia de permisos del gobierno para operar, como es el caso también de la empresa Dialigth del puerto de Ensenada que convocó a la planta laboral a reanudar actividades.
«A la fecha ninguna empresa los ha mostrado, ni los han hecho públicos en sus cuentas oficiales. Si no los tienen debe aplicarse el decreto de suspensión hasta el 30 de mayo», expresó la OPT.
Los trabajadores acusaron a los gerentes de acoso laboral para obtener despidos por supuesto recorte de personal en las plantas industriales, sobre todo en las empresas Clover Wireless, Autolite, Arbd, Vanguard, Quantum, Teleplan, Dataproducts y Furokawa.
Pero advirtieron que en realidad se centra en aquellos que levantaron la voz para protestar por las condiciones de trabajo y no respetar el acuerdo presidencial de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Todo es discurso, no hay permisos para reiniciar su producción, agregó Sibatrem Mx, además que son varias las empresas que quieren correr a los trabajadores pero se trata de despidos injustificados.
Ante este acoso laboral, pidieron a los trabajadores abstenerse de firmar algún documento de despido y finiquito que les propongan los gerentes, toda vez que son ilegales.
Además anunció que se dedicará a preparar denuncias y amparos para proteger y hacer el acompañamiento jurídico de los trabajadores en contra de empresas abusivas.
Numeralia BC
De acuerdo a la Secretaría de Dalud del Estado al 6 de mayo hay 1,962 casos positivos de coronavirus; 1,037 en Tijuana, 727 en Mexicali, 76 en Ensenada (incluye 16 casos de San Quintín), 98 en Tecate y 28 en Rosarito.
En la entidad se registran 298 defunciones, de las cuales de Tijuana son 203, de Mexicali 69, de Ensenada 10 (está integrado un caso de San Quintin), de Tecate 13 y de Rosarito tres.
La Secretaria de Salud informó que hay 323 pacientes recuperados: de Mexicali 131, de Tijuana 176, Ensenada dos, Tecate 13 y Rosarito uno. Son 170 hombres y 153 mujeres.
Foxconn es una compañía taiwanesa, la máxima productora mundial de componentes para computadoras, tablets y smartphones, entre sus clientes figuran Amazon, Apple, Intel, Microsoft, Nintendo, Sony, etc.
Es conocida por su férrea oposición a los sindicatos, la superexplotación laboral y los suicidios recurrentes entre sus trabajadores, que en 2010 llegaron a 14. En México cuenta con 4 fábricas, una en Tijuana y tres en Chihuahua, dos de ellas en Cd. Juárez. En ninguna hay sindicato.
A continuación la entrevista que este 5 de mayo nos brindó, de forma anónima, un obrero de Foxconn desde Cd. Juárez.
La Izquierda Diario (LID): Compañero: ¿para que empresa trabajas y qué producen? ¿Cuál es el sueldo promedio?
Respuesta (R): Para Foxconn Santa Teresa de Cd. Juárez, hacemos servidores de computadoras, en la nave 3 para la marca Dell y en la 1 para HP. La planta es grandísima, son como 5 naves en la misma planta, hay 3 turnos, trabajan como unos 8,000 compañeros.
Nos pagan $1,200 semanal ya incluyendo los bonos de puntualidad y asistencia, además del bono de despensa de $140.
LID: ¿Siguen laborando a pesar de la emergencia por el Covid-19?
R: Si está laborando la empresa, pero para seguir laborando tuvieron que ofrecer bonos para que los compañeros no dejen de ir, a los que no quisieron les dieron convenio para irse a cuarentena pero con menor salario.
Ayer fui a firmar el convenio que se me venció para renovarlo hasta el 1o. de junio, pero cada vez que nos dan convenio nos van quitando más sueldo. Nos daban el 60% de salario y bono de despensa, los otros bonos no.
En este nuevo convenio nos quitaron hasta bonos de despensa, de asistencia, puntualidad y todos los bonos que nos daban. Ahora en el nuevo convenio que firmamos en la primera semana nos van a bajar a 80% de nuestro sueldo, luego al 75%, 70% y la última semana a 65%, además de lo que te quitan de bonos. Ya no se ni cuanto vamos a sacar.
LID: ¿Cuándo comenzaron los convenios? ¿Hay supervisión de la secretaría del Trabajo a la empresa?
R: Ayer 5 de mayo se venció un mes, los convenios comenzaron a principios de marzo más o menos.
Sobre la supervisión, te voy a decir la verdad, aquí en Chihuahua y en Ciudad Juárez estas empresas están protegidas por el gobierno. El presidente municipal Armando Cabada protege mucho a esta empresa Foxconn. Para él, como yo lo veo, es más importante que la empresa produzca que los trabajadores.
LID: ¿Qué pasa con quienes siguieron trabajando?
R: Pues les estaban dando un bono de $1,000 semanales, esta última vez que fui, mucha gente ya no aceptó seguir trabajando, aunque les ofrecieron más bono.
A los compañeros del turno de la mañana les dijeron que si seguían laborando, ya iba a ser bajo su responsabilidad. Es decir, que si se enferman ya no iba a ser responsabilidad de la empresa. Por eso, porque está muy caliente y hay muchos enfermos mucha gente se fue.
Cuando ves a la gente que se ha quedado a trabajar por los bonos, ayer que fui a firmar el nuevo convenio, hasta te da miedo, yo me pregunto para que nos exponen.
Ellos (la empresa) están seguros, saben muy bien que hay gente enferma, entra uno a la planta y los compañeros mismos te dicen, “ni te me acerques, porque tengo Covid”, yo incrédulo pensaba que era broma, pero todos te aseguran que es cierto. Se escucha que hay como tres supervisores enfermos, uno muy grave.
LID: ¿Y las medidas de seguridad básicas se cumplen?
R: Pues jabón, gel, cubrebocas si ha habido, pero anoche, como de cada departamento nos mandan información de lo que está pasando, nos avisaron que ya no se presenten los que se habían quedado a trabajar, van a cerrar la planta esta semana según para sanitizar. Es mucha casualidad que apenas tomaron esa decisión, porque está saliendo todo a la luz.
LID: ¿Hay algún estimado de compañeros contagiados? ¿La empresa les hace pruebas?
R: Pues mira, de los compañeros de mi departamento, somos como unos 15, de esos los únicos que no estamos enfermos somos los que nos fuimos de convenio, como 5, los otros 10 están enfermos.
Ayer que les pregunté, porque sabían que estaban enfermos, me decían que la empresa les hizo la prueba y salieron positivos, solo se los dice de palabra. ¿Cómo es posible que esté pasando eso? La misma empresa sabe que tiene gente infectada.
Por ejemplo, ayer un compañero que como sea trabaja, aunque se esté cayendo la empresa, me comentaba “¿Sabes qué?, si me siento bien mal, de veras, me voy a ir de convenio”. Es diabético, el jefe de grupo le dijo “te vas a quedar”, no le respondió pero se fue, cuando estábamos esperando el camión ya no aguantaba, se acostó en el pasto ahí a la sombra de un árbol y todos los compañeros los veíamos muy mal, no sé como le haya ido. Se notaba que traía los síntomas de Covid.
LID: Lo preocupante es que la empresa los sigue haciendo trabajar ¿Saben a cuántos les han realizado esas pruebas?
R: Exactamente, nos exponen a contagiarnos. No sé a cuántos compañeros les están haciendo pruebas, no sé de qué tipo, porque sé que son muy caras, solo sé que los metían a enfermería y ahí mismo les hacían la prueba. A muchos les dijeron que ya no fueran y muchos ya no fueron por decisión propia, los que de plano se sentían muy mal.
En el departamento donde estoy por ejemplo, los llevaron a todos, a lo mejor detectaron un caso y dijeron “vamos a hacerles pruebas a todos”. Pero cada nave se comunica con las otras por túneles y hay mucho tráfico de gente en toda la planta.
Además ahí mismo hay un hotel. Para hospedar a los chinos cuando llegan de visita y ahí trabajan también, se escuchaba que había algunos contaminados, que tenían a algunos aislados en el hotel por eso.
Ayer yo me arrepentí de haber ido, por donde quiera se miraba gente mala, estaba muy feo. Y en facebook están anunciando que ya van 2 muertos en la empresa.Yo pienso que se puede poner peor que en Lear, pero como la planta está más lejos de la ciudad, hay más forma de maquillar. En Foxconn Las Torres, anoche publicaban que ya hay 2 compañeros fallecidos y siguen trabajando.
LID: ¿Hay compañeros hospitalizados o que hayan sido atendidos por Covid?
R: Pues ayer me di cuenta de supervisores que estaban hospitalizados y se escuchaba de una supervisora que ya había fallecido, pero pues todo se maneja bajo del agua. Compañeros míos, estaban internados unos, pero por cuenta de ellos, estaban mal. Eso es lo que está pasando, se está poniendo muy feo.
LID: ¿Consideras que es seguro volver a trabajar?
R: El 1o. de Junio es el límite de convenio y pues no me da confianza volver a trabajar así como vi las cosas en la planta. No veo una cambio en la actitud de la empresa, ellos podrían seguir trabajando, hasta se me hizo raro que enviaran ese comunicado de cierre por una semana, porque para ellos es más importante la producción que la vida de una trabajador.
Además, ayer se rumoreaba que a todos los que nos habíamos ido de convenio, nos iban a liquidar, porque no quisimos apoyar a la empresa. Ya cuando nos fuimos por el primer convenio, recursos humanos nos dijo a una compañera y a mí que si nos íbamos nos lo iba a tomar como abandono de trabajo, incluso cuando íbamos a la salida, jaloneo a mi compañera y le dijo que no se podía ir. Pero esa es una decisión de nosotros y no nos pueden correr porque es una pandemia, es mejor salvar tu vida, lo que te está diciendo no es cierto, no nos puede correr ni acusar por abandono de trabajo.
De alguna manera nos presionan porque un mes nos dijeron que solo nos iban a quitar una parte de sueldo, pero como vieron que aún así la gente se iba de convenio nos quitaron más como una forma de presionar a la gente para quedarse. Pero como se ve que está muy fea la situación, aun así se fue mucha gente de convenio, porque ya se vió que sí está grave.
LID: ¿Algo más compañero, algún mensaje o exigencia que consideres importante?
R: Pues que el gobierno federal tome en cuenta a la frontera, porque habla nada más de quién trabaja en el sur, nunca se menciona a Ciudad Juárez, a las maquilas donde está verdaderamente el problema, el gobierno ya quiere abrir y aquí está muy caliente todo, no está tomando en cuenta las empresas de aquí, de Tamaulipas, Mexicali, donde hay muchos problemas y no se está tomando en cuenta a los obreros.
De los 1 mil 300 trabajadores de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y San Luis Río Colorado que han sido incapacitados, solo 211 han dado positivo a coronavirus, el resto permanece aislado por protocolo, aclaró la delegada del IMSS, Desirée Sagarnaga Durante.
Aunque de inicio afirmó que alrededor de 1 mil trabajadores, de una plantilla laboral permanente de 14 mil 100 con que cuenta el Instituto, había sido infectado, posteriormente admitió que se equivocó en los datos.
Precisó que el 1.5% de los trabajadores del IMSS, tanto personal médico, enfermeras y dos trabajadoras de la Delegación, han contraído el patógeno, mientras que un 7.8% más, alrededor de 1 mil 100, se han considerado sospechosos por haber tenido contacto con una persona que dio positivo, tanto dentro de los hospitales del IMSS como en sus propios domicilios, razón por la que fueron enviados a resguardo domiciliario.
Pese al porcentaje de trabajadores contagiados durante la pandemia, la funcionaria sostuvo que en el Instituto sí hay un plan de contingencia para evitar el contagio, “desde luego se ha aplicado, no solo hay hasta apoyo sicológico dentro de las unidades para las diferentes categorías del personal, sino que hemos hecho acuerdos con algunos hoteles que nos han facilitado lugares para que ellos, de así solicitarlo, puedan acudir para no tener que regresar con su familia”.
Y ponderó, “por supuesto que ha habido mucho de capacitación, varios ciclos de capacitación, con la idea de que se aprenda a proteger todo el personal para que evite en lo más posible el llevar esta infección a otro lado”.
La delegada del IMSS consideró normal el contagio de COVID-19 en el personal de salud, “por supuesto, como en todos los países en el mundo, se afectan nuestros mismos médicos y enfermería; como cualquier ciudadano también se enferman”.
Al ser cuestionada sobre la cantidad de personal médico contagiado de coronavirus, la delegada regional del Instituto indicó “alrededor del 7%” de un total de “14 mil 100 trabajadores la plantilla fija. Ahora que nos inyectaron estas plazas supera ya los 15 mil”.
Cuestionada del por qué no se informó de los brotes de contagio de los trabajadores del IMSS, Desirée Sagarnaga justificó, “se nos pidió a nivel nacional que los voceros oficiales de cada estado fueran los secretarios de Salud, precisamente para no favorecer esta desinformación, estamos acatando esa instrucción”.
La delegada negó que el IMSS sea el “talón de Aquiles” del sector salud de Baja California, como lo señalara el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
“Yo no lo creo, prueba de ello es que… vea qué en Fase 3 estamos con camas aún, con personal y con ventiladores y con una tasa de letalidad que no supera al promedio estatal”, expuso, al considerar que “esas son las cifras que deben contar, al final uno debe contar si lo hiciste bien, si lo hiciste mal”.
La funcionaria hizo hincapié en el hecho de que, hasta esta etapa de la pandemia, en los hospitales del Instituto “no hemos tenido que rechazar pacientes”.
Respecto a la unidad médica que se erigió en Tijuana, precisó que “la compañía Modelo donó el hospital ligero que se construye en el Hospital General Regional Número 1 de Tijuana, va a llegar una fase en la que lo vamos a tener que utilizar para pasar pacientes que estén en el -hospital- 1 pasarlos ahí, seguramente los que estén con mayor recuperación para dejar lugar para otros que estén más graves en el hospital fijo”.
Finalmente concluyó, “todo va a salir bien, es una pandemia, pero yo les aseguro que el IMSS está preparado y todos los días nos vamos adaptando en lo que surge la nueva necesidad”.
La Facultad de Ingeniería de la UADY propuso al alumnado darse de baja del semestre o de la asignatura en caso de que presenten problemas de salud, tecnológicos, familiares o económicos, que les impidan seguir con las clases en la actual contingencia sanitaria.
Herbeth Escalante / Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 6 de mayo de 2020.-En un controvertido comunicado, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) recomendó a sus estudiantes darse de baja en caso de que presenten problemas de salud, tecnológicos, familiares o económicos en la actual contingencia sanitaria.
En su página de Facebook, la Facultad planteó esta propuesta “considerando la suspensión de clases presenciales” debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, lo que generó el enojo de sus alumnas y alumnos.
La escuela sugirió que se den de baja de la asignatura o del semestre a los estudiantes que tengan problemas de salud, así como a los que no tengan internet o equipo de cómputo, y que estén imposibilitados en continuar con su programa de estudios.
La sugerencia también está dirigida al alumnado que presente inconvenientes familiares o económicos en esta pandemia.
Como era de esperarse, el comunicado de la Facultad de Ingeniería provocó la molestia de estudiantes e internautas en las redes sociales que criticaron la poca sensibilidad de la UADY y que con este tipo de acciones refuerzan la desigualdad educativa.
“No todos tienen las mismas condiciones económicas, y el que la UADY considere como única solución darse de baja es algo poco ético. Te lo pintan todo bonito, que la UADY es súper buena, que hay que aprender a solucionar conflictos y ser empáticos, y luego te dan la espalda”, escribió una de ellas.
“¡Qué horrible! que siendo «la mejor escuela de Yucatán» no apoyen a sus estudiantes. ¿Qué clase de desigualdad es esta??, publicó otra.
“Reafirmo, la educación superior es para clases privilegiadas (privilegios que deberían ser derechos). Es una crítica no para la escuela, sí para el sistema que no garantiza la educación y refuerza la idea clasista de superación personal”, sostuvo un joven.
“Vengo a dejarles un mensaje de parte de todos los estudiantes que no tienen internet/computadora y por tanto no vieron el comunicado ni se pueden dar de baja: ¡no mamen!”, respondió un alumno en el Facebook de la Facultad.
“En vez de eso que animen a sus estudiantes que están pasando situaciones difíciles y les den opciones para no perder el semestre salen con esto”, escribió otra alumna.
En el comunicado, firmado por la Secretaría Académica, se explican los pasos a seguir para los alumnos que opten por darse de baja. La Facultad prometió analizar los casos particulares y dar respuesta por correo electrónico.
En Jalisco, las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio de coronavirus iniciaron el 17 de marzo; a partir de esta fecha, las instancias encargadas de la búsqueda de las y los desaparecidos vieron mermadas sus capacidades.
En un recuento de las fichas de búsqueda que han compartido en redes sociales, los colectivos Por Amor A Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco son más de 120 personas las que han desaparecido durante la actual contingencia sanitaria; 82 de ellas siguen sin ser localizadas.
Lo que no cambió en esta contingencia fue la actitud del personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas quienes so pretexto de la pandemia han hecho esperar más de 72 horas a quienes denuncian una desaparición; además, constantemente aluden que no pueden hacer operaciones de campo porque no tienen personal y al poco que está en operaciones deben cuidarlo para evitar cualquier contagio de COVID-19.
Darwin Franco / Zona Docs
Horacio Hernández García, de 27 años; José Carlos Tapia Domínguez, 35 años, y Manuel Alejandro Salas Mendoza, 35 años, desaparecieron el 17 de marzo de 2020; el mismo día en que el Gobierno de Jalisco decidió adelantarse a las medidas de prevención para evitar que en la entidad creciera el contagio de coronavirus y la enfermedad que éste causa: COVID-19.
Estas medidas de distanciamiento social trajeron consigo la suspensión paulatina de actividades no esenciales que después se ratificaron, el 23 de marzo, cuando el Gobierno de México declaró el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia que, inicialmente, concluiría el 30 de abril; pero que debido a la gravedad de la epidemia tuvo que extenderse hasta el 30 de mayo.
Sin embargo, ni el distanciamiento social ni la emergencia sanitaria detuvieron las desapariciones en el estado, pues de acuerdo a Por Amor A Ellxs durante este periodo de contingencia han atendido a más de 107 familias que se les han acercado para saber qué hacer y con quién acudir para denunciar una desaparición. Así mismo aseguran que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco ha recibido, durante la contingencia, más 30 reportes de desaparición.
En las dos primeras semanas de aislamiento social en Jalisco, diversas familias usaron redes sociales como: Facebook, Instagram o Twitter para denunciar la desaparición de 22 personas (19 hombres y tres mujeres); la mayoría son jóvenes entre los 17 y 29 años (16 desapariciones).
Las tres primeras desapariciones en visibilizarse virtualmente fueron las de Horacio, José Carlos y Manuel Alejandro; en todos los casos, en la Fiscalía del Estado de Jalisco les pidió a sus familias esperar 72 horas para hacer cualquier tipo de denuncia.
José Carlos desapareció en Guadalajara; Horacio en Poncitlán y Manuel Alejandro en Zapopan.
Un día después, el 18 de marzo, se notificó la desaparición de Ramón Ezequiel Miranda Valenzuela, 24 años, a quien se le vio por última vez en la avenida San Rafael en Guadalajara. Del joven con tatuajes en brazo derecho con las fechas: 20 de marzo 1940 y 10 de julio 2017; no se sabe nada.
Karen Amezcua, 24 años, salió de su casa la noche del 19 de marzo para verse con un amigo en la colonia El Colli, en Zapopan; sin embargo, nada se supo de ella después de esto. Como señas particulares tiene tatuada una libélula en la pierna derecha además de un signo tribal con rosas; también tiene una luna en su pecho; las letras “j” y “k” en los dedos de la mano derecha y en la espalda unas letras árabes.
Ese mismo día, pero en el municipio de El Salto, los hermannos Juan Pablo Guzmán Gomez, 20 años, y Jorge Iván de Dios Guzmán Gomez, 23 años, fueron desaparecidos en el municpio de El Salto; localidad que durante la contigencia registra el mayor número de desapariciones.
En la colonia Benito Juárez en Guadalajara, Ricardo Garza Mata, 19 años, desapareció el 20 de marzo. Su paradero es a la fecha desconocido y en la ficha de búsqueda que se compartió a través de Facebook se señala que es delgado, mide 1.70 metros y tiene un tatuaje aún no termiunado de San Judas Tadeo en el antebrazo izquierdo.
Fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara también se denunciaron desapariciones, así ocurrió con Josúe Gamaliel Aguilar Dueñez Gama, 27 años, quien fue desaparecido en Ajijic, en el municipio de Chapala; en la ficha de búsqueda que aparece en el perfil de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), lo único que se señala es que el último día en que se le vio fue el 21 de marzo.
Lo mismo ocurrió con David Salvador Nuño Romero, 28 años, quien desapareció el 22 de marzo del 2020 en la colonia Miramar en Zapopan. En los comentarios de la publicación sobre su búsqueda otras familias que también buscan a su ser querido mandaron oraciones y buenos deseos a la madre del joven que solicitó información a quien sepa algo de su hijo.
Un día después, el 23 de marzo, FUNDEJ compartió las fotografías de Ismael Jara Vázquez, 32 años, y de Víctor Eduardo Ocampo Rivera, 33 años, quienes desaparecieron también en Zapopan; del primero no se precisó el lugar, mientras que de Víctor Eduardo se dijo que el hecho ocurrió en San José del Bajío.
Sobre Efrén Alba Martín del Campo, 25 años, y Karey Lucrecia Franco Gutiérrez, 22 años, no se compartieron fotografías sino la imagen de una copias con sus rostros que se pegaron en el espacio público para solicitar información sobre su paradero.
En ellas señalaba que Efrén desapareció el 24 de marzo 2020, en el municipio de Encarnación de Díaz; sobre Karey Lucrecía se enfatizó que le vio por última vez ese mismo día, pero en el munipio de El Salto. En su brazo izquierdo tiene un tatuaje de San Judas Tadeo.
Uno de los días con más desapariciones reportadas fue el 27 de marzo, ese día los colectivos de búsqueda publicaron en sus perfiles cinco fichas:
Nelson Daniel Vázquez Rosales, 22 años; desaparecido en Tlajomulco de Zúñiga.
María Guadalupe Rodríguez Rodríguez, 60 años, desaparecida en la colonia Miravalle de Guadalajara.
Jesús Alejandro Águila Zambrano, 17 años, desapareció a las 5:30 de la tarde en la colonia La Noria en Tlajomulco de Zúñiga.
Edgar Valdemar Rodríguez, 19 años, quien desapareció a las 9:30 de la noche en el kilómetro el 13 de la colonia del Carmen en El Salto.
Kevin Alejandro Espinoza González, 20 años, quien desapareció a las 9:30 de la noche en el kilómetro el 13 de la colonia del Carmen en El Salto.
Los dos últimos jóvenes desaparecieron juntos cuando se dirigían a sus domicilios en la colonia Las Palmas. Hasta la fecha se desconoce su ubicación.
Tres días después, el 30 de marzo, los hermanos Óscar Alejandro y José Carlos Ávila Alcántar, de 25 y 26 años, fueron desaparecidos de su propio domicilio en la colonia Lomas Verdes en El Salto. En lo compartido por sus familiares de enfatizó que Óscar Alejandro tiene un tatuaje en el hombro derecho de un tiburón; en tanto, que José Carlos tiene un tatuaje tribal en su cuello y en sus brazos porta a San Judas Tadeo y su apellido: “Alcántar”.
Antes de que la declaratoria de distanciamiento social arrancará en Jalisco, las desapariciones en marzo ya se habían manifestado con fuerza; pues en redes sociales se publicaron 20 fichas de búsqueda; entre ellas están las de:
Victor Manuel Valtierra Gamiño, 37 años, desapareció 2 de marzo en El Salto.
Juan Marcos Moreno, 22 años, desapareció el 3 de marzo del 2020 en Tónala.
Roberto Solorio, 46 años, desapareció el 4 de marzo la colonia La Joya en Tlajomulco de Zúñiga. Su ficha la publicó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco.
Iván Ismael Flores Alarcón, 21 años, desapareció el 5 de marzo en el fraccionamiento Las Aralias en Puerto Vallarta. Su ficha la publicó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco.
Tania Chávez Ramos, 25 años, desapareció en Guadalajara, el 5 de marzo.
Fabiola Contreras Uribe, 38 años, en su ficha de búsqueda sólo se señala que el último lugar a donde fue un restaurante VIPS en Avenida México y Tarascos en Zapopan.
Juan José González Tapia, desapareció el 6 de marzo del 2020 en la colonia Benito Juárez en Guadalajara.
Guadalupe Delgadillo, 15 años, desapareció en Vistas del Pedregal en Tonalá.
Francico Javier Torres Pérez, 23 años, desapareció el 7 de marzo en la colonia Zalatitán en Tonalá. Su búsqueda la inició la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco.
Jaime López López, 44 años, se le vio por última vez enl 9 de marzo en la colonia Lomas del Sur en Tlajomulco de Zúñiga. Su ficha la publicó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco.
Kevin Alejandro Camacho Arias, 13 años, desapareció el 9 de marzo en Sebastián El Grande en Tlajomulco de Zúñiga.
José de Jesús Hermosillo González, desapareció el 10 de marzo; lo último que se sabe de él es que tomó la carretara de Tepatitlán hacia Arandas.
Juan Alberto Alejandro Portillo Velázquez, 27 años, desapareció el 10 de marzo en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Edgar Altamirano Leonor, 37 años, desapareció el 11 de marzo en Ixtlahuacán de los Membrilllos.
José Luis Rojas López, 41 años, desapareció el 12 de marzo en Arandas.
Margarito Hernández y Moisés Valera, desaparecieron en el cerro de las calabazas en Tomatlán, el 13 de marzo alrededor de las 11 horas. Se les vio por última vez en el Aserradore del Reparo.
Óscar Iván Ramírez Estrada, 33 años, desapareció el 14 de marzo el centro de Guadalajara. En el costado derecho tiene tatuado un rosario y en el izquierdo un San Judas Tadeo.
José de Jesús León Flores, desapareció el 15 de marzo en la colonia Las Pintitas en El Salto.
Chalio Moreno Curiel, 24 años, desapareció el 15 de marzo del 2020 en la carretera ex hacienda de Zapotlanejo en el municipio de Juanacatlán.
Fabián Arturo de la Torre León, 25 años, desapareció en Alamedas de Zalatitán en Tonalá.
Claudia Verónica Rodríguez Rodríguez, 38 años, desapareció el 16 de marzo en Santo Rosa del Valle, en El Salto, se la llevaron con violencia de un centro de rehabilitación donde funguía como directora.
Aarón Vélez Lomeli, 39 años, desapareció el 16 de marzo del 2020 en Fraccionamiento Las Lilas en El Salto.
José Ignacio Jiménez, 17 años, quien desapareció el 16 de marzo en San Juan de Los Lagos; su ficha de búsqueda fue emitida por Alerta Amber Jalisco.
Enrique Reyez Esparza, 23 años, desapareció en El Salto. Sobre él se señala que tiene en su brazo derecho un tatuaje de telaraña y en su tobillo derecho su nombre.
Por la suspensión de las solicitudes de acceso a la información en Jalisco, decretado el 20 de marzo, no se se han obtenido el número de indagatorias que la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió en el mes de marzo; sin embargo, en los dos primeros meses de año (enero y febrero), la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, recibió 658 denuncias por la desaparición de de 743 personas (569 hombres y 174 mujeres); de éstas se aseguró haber localizado a 334 personas con vida y, lamentablemente, 79 sin ella; quedando pendientes de localizar a 330 personas.
En abril y mayo, un mayor distanciamiento social no detuvo las desapariciones
Óscar Daniel Ramírez Lozada, de 21 años, desapareció el 1 de abril de 2020. El joven había anunciado a su familia que iría a la Gran Plaza, en el municipio de Zapopan; sin embargo, en los registros de seguridad del centro comercial se confirmó que éste no estuvo ahí.
La última llamada entre éste y su familia fue alrededor de las 7:20 de la noche; después no supieron nada del joven que salió de su casa con una camisa roja (marca GAP) y un pantalón de mezclilla.
Su hermano, Mario, quien ha difundido masivamente la ficha de búsqueda en redes sociales, señaló que tras no saber nada de Óscar Daniel, comenzaron a buscarlo con amigos y ahí se enteraron que, desafortunadamente, él le había marcado esa misma tarde a dos personas que no pudieron contestar sus llamadas. Después de ahí ya no se supo nada de él.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la mañana del 2 de marzo. Sobre la atención de la dependencia, Mario considera que “ha sido deficiente porque no han hecho mucho por buscar a mi hermano”.
Ese mismo 1 de abril, también desapareció Vicente David Mendoza Cortés, 23 años, en la colonia La Hermosa Provincia en el municpio de Guadalajara. Sin más detalles de cómo ocurrió su desaparición, de él sólo se sabe que en su pecho tiene tatuado una mano; en sus nudillos de la mano derecha tiene tres puntos y el león de los siete pecados en el ante brazo derecho
Raúl Genaro Morales Esquivel de 23 años y Nicolás Preciado Martínes, de 40, desaparecieron el 3 de abril en la colonia Los Encinos en Tlajomulco de Zúñiga. Aunque sus fichas no aparecen vinculadas, se sabe que se trató del mismo hecho.
Ese mismo día, pero en la carretera que va de Jalisco a Manzanillo, el auto de Ricardo Rodríguez, de 44 años, fue interceptado y ahí se dejó de saber de él.
Misma circunstancia la padeció, el 4 de abril, Davil López de 23 años, a quien también se le interceptó en Tlajomulco de Zúñiga. Su familia en su ficha de búsqueda destacó sus tatuajes en la costilla izquierda, en el brazo derecho y en el hombro, aunque no especificaron su forma.
Miriam Lucía Osorio Rivera fue vista por última vez, el 7 de abril, en avenida Bosques del Centinela en la colonia Villas del Centinela en Zapopan. Eran las 14 horas cuando se dejó de tener contacto con ella. Su ficha de búsqueda no ha sido emitida por Protocolo Alba Jalisco, instancia especializada en la desaparición de niñas y mujeres.
De quien tampoco existe comunicación oficial sobre su desaparición es de Jesús Manuel Gómez Galindo, 39 años, quien fue desaparecido de su propio negocio el 7 de abril en El Salto.
Algunas de las desapariciones que adquieren notoriedad mediática, afortunadamente, terminan con la localización de la persona, ese fue el caso del niño Cristopher Piña González, 12 años, quien desapareció en la colonia Insurgentes de Guadalajara, el 8 de abril. Éste fue localizado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, el 10 de abril.
Misma fortuna tuvo Ricardo Valádez Aguilar, 28 años, quien fue desaparecido el 9 de abril en Lomas del Camichin en el municipio de Tonalá. Su familia notificó su localización con vida, el 5 de mayo.
En un municipio contiguo, Tonalá, ese mismo día desapareció Miguel Melchor Serrano, 50 años, lo único que se sabe de él es que el hecho ocurrió en la colonia San José El Alto.
Igualmente en Tonalá, pero dos días después, Jesús Alberto Montoya Palafox, de 21 años, Luis Fernanda Ayala Santiago, de 17, y Ángel Eduardo Reyes López, también de 17, subieron a una moto y, a la fecha, no se sabe qué fue de ellos.
José Carlos Ruvalcaba Ruvalcaba, 58 años, desapareció el 12 de abril en el municipio de Tepatitlán de Morelos en la colonia La Españita. La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco ha tomado su caso.
La madrigada del 14 de abril, Yahaira Minerva Serrano Magdaleno, de 37 años, fue vista por última vez en la colonia Valle de los Molinos, Zapopan. En su descripción destacan sus tatuajes: en el brazo derecho tiene escrito “Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros”; en el hombro derecho tiene el nombre de “Jennifer”; en el izquierdo, una cruz con flores; en la mano izquierda la palabra “chola” y en sus pues el nombre de “Martha”.
En Arandas, en la región de los Altos de Jalisco, ese mismo día desapareció Geovanny de Jesús, de 28 años. Su familia no ofreció más detalles sobre cómo ocurrió su desaparición.
El 15 de abril, Ricardo Jared Flores García, 17 años, fue desaparecido en la colonia Lomas del Tapatío en Tlaquepaque Jalisco. La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco fue la instancia que emitió su ficha de búsqueda.
En la foto con la que se le busca desde el 17 de abril, Santiago Cervantes Zambrano, 24 años, aparece con flores y un pastel. Desde que salió de su domicilio en El Salto, no de sabe nada de él.
Tampoco se sabe nada de Miguel Ángel González Duran, 24 años, quien igualmente salió de su casa en Tonalá, el 17 de abril, y del que se ignora por completo qué fue lo que pasó.
Del que también se ignora dónde puede estar es de Martín Núñez Orozco, de 33 años, quien salió a trabajar para buscar el sustento de su familia y, a la fecha, no ha regresado. Él como señas tiene tres tatuajes: uno en el pecho que dice “Lupita”; otro en la espalda que dice “Martín” y una más en la mano izquierda donde tiene tres estrellas. Éste también desapareció el 17.
Durante abril, las desapariciones en El Salto no pararon. El 21 de abril en ese municipio de desapareció, Pedro Moreno Carrillo, de 34 años.
En Guadalajara, el 22 de abril, se denunció la desaparición de Francisco Javier y Andrés Flores Sandoval, 31 años. Sobre ambos se tiene poca información, aunque se sabe que en ambos casos existe una denuncia en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
En el mismo municipio, alrededor de las 5:40 horas del 23 de abril, la tranquilidad de la familia Montes González fue abruptamente interrumpida por la violencia que ejercieron un grupo de hombres que entraron a su casa para llevarse en la colonia General Real en Guadalajara a Martín Aurelio Montes, de 52 años, y Martín Bonifacio Montes, de 30.
“Mi esposo y mi hijo son personas que no tienen problemas con nadie, son personas que siempre ayudan a los demás; por eso lo único que pedimos es que nos los devuelvan con bien, no estamos buscando nada más que su regreso”, expresó Mónica González, esposa de Martín Aurelio, y madre de Martín Bonifacio.
Afortunadamente, ambos hombres fueron localizados con vida el 27 de abril.
En Zapopan, el 25 de abril, se notificó la desaparición de Hugo Alberto Plascencia Gutiérrez, 51 años, a quien se dejo de ver en los cruces de las avenidas Guadalupe y Periférico por el establecimiento AutoZone.
El mismo 25 de abril, pero en El Salto fue desaparecido Juan José Mercado Martínez, 19 años, en el fraccionamiento Parques del Castillo. Sin que se tenga una correlación, de la misma colonia también fue desaparecida Cinthya Ivette González Ortega de 30 años.
Dos días después, en Tonalá, se denunció la desaparición de Marina Núñez Sandoval de 34 años; ni de ella ni de Cintthya Ivette existe ficha de búsqueda en Protocolo Alba Jalisco.
En Tlajomulco de Zúñiga, el 28 de abril, se hizo pública la desaparición de Antonio Alberto Lopez Camacho, 29 años; su familia sólo puso en su ficha de búsqueda que éste cuenta con varios tatuajes.
En Chapala, el 29 de abril, se comenzó a pegar en sus calles el retrato de Joaquín Pérez Martínez de 32 años. En el documento realizado por la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Jalisco no se específica cómo fue que desapareció.
Mayo inició su primer día con cuatro desapariciones:
Gabriel Flores Arambula, 62 años, desapareció en El Verde en El Salto.
Víctor Flores Rodríguez, de 40, desapareció en El Verde en El Salto.
Nicolás Humberto Castañeda Gómez, 45 años, en la Villita San Isidro Mazatepec.
Ricardo Pegaza Aguilar, 44 años, se le vio por última vez en la avenida Juan Gil Preciado al cruce con carretera a Colotlán, en Zapopan.
En los dos primeros casos se trata de la desaparición de padre e hijo.
El 4 de mayo, FUNDEJ hizo pública la desaparición de César Miguel Rivera Diosdado, 16 años, quien desapareció en la carretera a Tesistán en Zapopan.
En general, de las 82 personas de las que se denunció su desaparición en redes sociales digitales desde que arrancó la emergencia sanitaria; 76 son hombres y seis mujeres; en cuanto a la edad de estas víctimas, en 63 casos, se trató de hombres y mujeres jóvenes, entre los 14 y 29 años de edad; le siguieron los adultos entre 30 y 50 años con 14 desapariciones; personas mayores a los 51 años con cuatro desapariciones y una sola desaparición de un niño de 13 años.
La mayoría de quienes desaparecieron son habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) siendo El Salto (21 desapariciones) y Guadalajara (con 12), los municipios con más incidencia; a éstos le siguen Zapopan (11), Tonalá (11), Tlajomulco de Zúñiga (8) y Tlaquepaque (1).
De municipios fuera de la ZMG, sólo se publicaron en redes sociales digitales 15 casos; cuatro de ellos en la zona de los Altos de Jalisco, específicamente, en Arandas y Tepatitlán; dos en el municipio de Tomatlán; dos en Chapala; el resto sucedieron en Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Puerto Vallarta, Poncitlán, Juanacatlán y dos casos ocurrieron en la carretera a Manzanillo.
En tres fichas de búsqueda, no señaló el municipio donde ocurrió las desapariciones.
Ante este incremento en las desapariciones en Jalisco, el colectivo Por Amor A Ellxs, mediante un comunicado de prensa, señaló:
“Nosotras no dejamos de buscar, ni de acompañar a más familias que sufren la desaparición de un ser querido. Es así que sabemos que las malas prácticas de la Fiscalía continúan: siguen revictimizando a las familias que van a denunciar y les siguen diciendo que deben esperar 72 horas, lo cual va en contra de la Ley General en materia de Desaparición de Personas”.
A la par, denunciaron que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas está trabajando con muy poco personal:“por lo que ni las denuncias nuevas, ni el seguimiento de las existentes están siendo atendidas”. Por ello exigieron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que “Declare a la búsqueda e investigación de personas desaparecidas como actividades esenciales durante la actual pandemia”, pues en estos momentos la única manera en que han tenido para buscar a sus seres queridos ha sido a través de redes sociales digitales y de las acciones coordinadas con la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas.
En Jalisco, actualmente, existen 9 mil 919 personas desaparecidas, y no ha existido ningún distanciamiento social capaz de frenar la comisión de este delito en el estado durante los meses de marzo, abril y mayo.
Pese a que La Silla Rota cuenta con testimonios y fotografías de la protesta por insumos, la Secretaría de Salud local dijo que sólo hubo una reunión
A unas horas de que el Hospital Rubén Leñero arrancara de manera oficial como sede para recibir pacientes de covid-19, personal médico aseguró que llevaron a cabo una protesta pacifica para exigir más barreras de protección a los directivos del nosocomio. Sin embargo las autoridades de la institución negaron la manifestación.
Médicos del nosocomio hicieron llegar fotografías a La Silla Rota de la concentración. En una de ellas se aprecia a trabajadores del lugar reunidos en un área común del hospital. Según fuentes del nosocomio, la aglomeración se llevó a cabo esta mañana y que tuvo como fin pedir a los autoridades que les entregaran más insumos, como cubrebocas y que reforzarán las medidas de sanitización en el hospital.
La manifestación pacífica se originó presuntamente porque en las últimas horas se reportó que en las instalaciones del Rubén Leñero el deceso de tres pacientes supuestamente por coronavirus. Los inconformes informaron que sus demandas fueron atendidas por la misma directora del hospital María de Jesús Herver, el subdirector Médico y la Subdirectora Administrativa.
Las autoridades se comprometieron a entregar material de protección al personal e incluso al administrativo a más tardar mañana por la tarde, según dijeron los participantes en la reunión, de la cual, se tiene otra imagen, en la que se muestra a los directivos reunidos con los trabajadores.
A pesar de esto, la Secretaría de Salud (Sedesa) negó que se hubiera dado una protesta dentro del hospital, pero confirmó que hubo una congregación por parte del personal, sin embargo, indicó que se trató de una reunión entre trabajadores e integrantes del sindicato.
Los testimonios recabados por este medio, también proporcionaron un desglose sobre el estatus de los pacientes con covid-19 que tiene actualmente el nosocomio. De acuerdo a esta información, hay 10 hospitalizados en el área de urgencias; tres en terapia intensiva, y siete personas sospechosas en medicina interna. Datos que no pudieron ser corroborados por la Sedesa.
Hasta el momento lo único que ha confirmado la autoridad es el deceso de un médico de dicho hospital, quien perdió la vida a consecuencia del covid-19. Cuyo caso también puso en alerta al personal del nosocomio, donde se han registrado de manera extraoficial ocho defunciones de neumonía atípica en las últimas semanas.
Trabajadores de la clínica ubicada en calzada Ignacio Zaragoza se manifestaron este miércoles a las afueras de la UMF 120 y cerraron la avenida
El personal médico de la Unidad Médica Familiar (UMF)120 en Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció este miércoles que no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a personas con Covid-19.
De acuerdo con el testimonio de varios trabajadores, el área donde se colocan los cuerpos de personas que fallecieron por Covid-19 ha sido rebasada, por lo que los colocan en áreas comunes.
“Cuando voy a checar mi entrada o salida paso junto a los cadáveres”, denunció un trabajador.
Trabajadores de la clínica ubicada en calzada Ignacio Zaragoza se manifestaron este miércoles a las afueras de la UMF 120, cerrando la avenida.
El personal médico exigió en su pliego petitorio un “área para el manejo de cadáveres”.
Incluso, señalaron que las modificaciones que se realizaron en la clínica para atender a los pacientes con Covid-19 fueron rebasadas, por lo que la UMF 120 no cuenta con camas ni respiradores suficientes.
Además, pidieron “evitar acoso laboral y amenazas de los directivos a todo el personal” y permanecer en la clínica sin cambios de adscripción.
El personal de enfermería también señaló que realiza funciones de segundo nivel pese a que no están adscritos a un hospital general.
“Que laboren las personas necesarias para evitar infectarnos”, piden los empleados.
Como protesta para exigir que se suspendan temporalmente las actividades en el corporativo, los vecinos de la unidad habitacional Villa Olímpica decidieron colocar mantas en las que señalan el riesgo en el que se pone a los habitantes y a los empleados de Grupo Salinas.
Vecinos de la unidad habitacional Villa Olímpica señalan a Grupo Salinas de poner en riesgo a las más de 4 mil personas que viven en dicho complejo, ubicado a un costado de su corporativo en Insurgentes Sur, al que todos los días acuden todavía miles de trabajadores, pese al inicio del pico de contagios de COVID-19 y que las empresas no realizan actividades esenciales.
Joel, un hombre mayor de 60 años que vive en Villa Olímpica desde hace 35 años, señala que la acera en la que se ubica la entrada a la unidad habitacional está también la del corporativo, al que acuden cerca de tres mil empleados todos los días, aunque en días pasados los propios trabajadores han denunciado que se confirmaron casos de COVID-19.
Además, algunas personas que laboran en los edificios ubicados en Insurgentes Sur 3579 viven en la misma unidad habitacional, o consumen dentro de algunos negocios que se encuentran dentro de ella, lo que de acuerdo con Joel, pone en riesgo a todos los vecinos.
“El pico de contagios ya empezó y estas personas se transportan todos los días hacia acá, ¿cómo no va a ser una situación de riesgo?, ¿de qué sirve que lleve dos meses encerrado si tengo el foco de contagio en la puerta de mi casa?”, reclama.
“Se cerraron centros tan importantes como la UNAM, que está aquí a un kilómetro y también el centro comercial Perisur. ¿Cuál es la razón por la que las empresas del señor Salinas Pliego tienen derecho de excepción a las normas establecidas por la propia Secretaría de Salud y el presidente?”, cuestiona.
“Tu ambición pone en riesgo la salud”
Como protesta para exigir al empresario que suspenda temporalmente las actividades en el corporativo, los vecinos decidieron colocar mantas en las que señalan el riesgo en el que se pone a los habitantes de Villa Olímpica y a los empleados de Grupo Salinas.
“Ricardo Salinas Pliego, tu ambición pone en riesgo la salud de tus trabajadores y la de todos los mexicanos. ¡Te exigimos que cumplas con las medidas sanitarias y suspendas actividades!”, se lee en los letreros que colocaron en distintos puntos del predio de la unidad habitacional.
Margarita, quien también vive en uno de los departamentos de este complejo, explica que después de un par de semanas de pláticas entre vecinos, decidieron organizarse para manifestar su inconformidad “ante la negligencia de parte de Ricardo Salinas”.
La vecina aclara que su intención no es “linchar a los empleados, porque muchos de ellos en realidad se han visto obligados a seguir asistiendo aunque no están de acuerdo”.
Animal Político consultó a la alcaldía Tlalpan acerca de los reclamos de los vecinos y sobre las actividades que continúan en las oficinas de Grupo Salinas, a lo que las autoridades locales contestaron que desde la semana pasada buscan clausurar los edificios, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
“La alcaldía no está de acuerdo con el funcionamiento y operación, esta semana se insistirá en la clausura de la obra como cese de actividades del corporativo junto con Invea”, detalló a este medio.
Indignación y Artículo 19 aseguraron que el alcalde Edgar Calderón vulneró el derecho a la protección de datos personales del campesino fallecido por Covid-19.
Además, señalaron que los filtros que colocó en la cabecera obstaculiza la accesibilidad oportuna de los pobladores originarios a los sistemas de salud.
Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 5 de mayo de 2020.-Las agrupaciones Indignación y Artículo 19 manifestaron que el fallecimiento de un campesino en la comisaría de Xoy y la protesta en contra de las medidas impuestas a la comunidad por el alcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, han puesto en evidencia la continuación de violaciones a los derechos del pueblo maya en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Dichas asociaciones hicieron referencia al caso del señor Bernardino Canul Xix, integrante de la Red Mayense de Guardianes de las Semillas, ocurrido en Tekax el 29 de abril, pues desde entonces el edil inició con una campaña de criminalización hacia su familia y a los habitantes de su pueblo.
Aseguraron que Calderón Sosa vulneró el derecho a la protección de datos personales del campesino fallecido al difundir, en una conferencia transmitida a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Peto, información sensible sobre las causas de su muerte y la existencia de posibles contagiados de Covid-19 en la comisaría de Xoy.
“Esta forma de usar y difundir la información y datos personales contribuye a la estigmatización del pueblo maya, además de que en este caso particular los dichos del alcalde pusieron en peligro la integridad de los miembros de la familia del campesino fallecido. También pone en manifiesto la ausencia de estrategias focalizadas para asegurar el derecho de acceso a información accesible, oportuna y culturalmente pertinente que permita disminuir contagios, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas contagiadas y sus familiares”, sostuvieron en un comunicado.
Recordaron que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los pueblos originarios son un grupo de población altamente vulnerables en el contexto de la pandemia. Asimismo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha señalado que los responsables del sector público y privado deben evitar la difusión pública no autorizada de información y datos personales de casos -posibles o confirmados- de Covid-19.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) también se ha pronunciado al respecto, señalando el derecho a la privacidad y protección de datos personales para asegurar un trato digno y humano a las personas portadoras o en tratamiento de coronavirus.
“Este caso pone de manifiesto la especial dificultad que encuentra el pueblo maya para el acceso a los servicios hospitalarios y el respeto a su derecho a la salud. La instalación de retenes y filtros sanitarios en las cabeceras municipales ha venido a obstaculizar y dificultar aún más que los pobladores de las comisarías puedan acceder a servicios médicos en las cabeceras municipales. Los familiares del campesino fallecido señalaron que, debido a un retén de ingreso, tuvieron que esperar un largo rato antes de poder entrar a Peto, la cabecera municipal donde se encuentran los principales servicios de salud. Esta dilación podría haber tenido consecuencias en el agravamiento de las condiciones del enfermo”, se precisó en un comunicado.
Sostuvieron que la instalación de filtros contravienen las recomendaciones de la OEA que sostienen que las poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, como los pueblos originarios, deben tener accesibilidad oportuna a los sistemas de salud. De la misma manera, señalar que los alcaldes no pueden sobrepasarse de las facultades que le concede la constitución mexicana, además, es obligación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) vigilar las actividades de los ediles.
“Las organizaciones Indignación A.C. y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica expresamos nuestra solidaridad con la familia del fallecido y con toda la comunidad de Xoy y exigimos el respeto al derecho a la protección de datos personales y al derecho a la salud de los integrantes de los pueblos mayas en el contexto de la pandemia de Covid-19. Asimismo, exigimos la reparación del daño por parte de las autoridades competentes por la estigmatización de la que fue objeto el campesino maya de Xoy y su familia al divulgarse información sensible”, finalizaron.
Colima, México, Avanzada (05/05/2020).- Comerciantes de Colima y Villa de Álvarez solicitaron a las autoridades municipales que les permitan trabajar, de lo contrario, cerca de 4 mil familias están en riesgo de quedarse sin alimentos por la falta de recursos económicos.
A través de su líder, Luis Moreno, explicaron que en Villa de Álvarez – donde gobierna, Felipe Cruz Calvario.- los comerciantes están siendo víctimas de la prepotencia y las amenazas de los inspectores, quienes los obligan a cerrar sus comercios de forma inmediata, de lo contrario, les advierten que perderán la licencia municipal para seguir operando.
También, denunciaron que los inspectores acuden a sus comercios con elementos de la Guardia Nacional, la policía Estatal o la Policía Municipal.
Advirtieron que la situación económica es tan desesperante que o trabajan o se quedan sin dinero para poder mantener a sus familias.
De manera particular Luis Moreno – líder de los comerciantes- refirió que los más de mil micro empresarios establecidos, están solicitando que les permitan reabrir sus negocios y a cambio, extremarán las medidas de seguridad que establezca la secretaría de Salud para evitar los contagios por coronavirus.
Moreno refirió que los comerciantes están buscando que la economía no colapse y expuso que en estos momentos existen mil propietarios y más de 4 mil empleados que no tienen dinero, ni comida para llevar a su casa porque fueron obligados a cerrar sus negocios por considerarlos no esenciales.
Puntualizó que no están recibiendo ningún tipo de apoyo por parte de la autoridad y por eso, dijo que a nombre de todos los comerciantes, solicita que los dejen trabajar, porque no tienen dinero para preservar a los empleados, y sostener a sus propias familias.
Un buen número de comerciantes de la ciudad piden que se reactive el comercio no esencial, “Nos estan matando de hambre”
Con estas consignas se reunieron en la plaza Aquiles Serdan frente a la presidencia donde solicitan la presencia del presidente municipal.
Alegan que como es posible que las grandes tiendas comerciales venden de todo y a ellos les tienen cerrados sus negocios.
Dicen que no vinieron a mendigar una despensa, lo que quieren es trabajar, “Sal Davalos y da la cara danos una solución es la expresión general de los comerciantes.
Hasta el momento ningún representante municipal a salido a escuchar sus demandas.
Entre los presentes están los comerciantes del Pitillal, del mercado del Cuale, pequeñas empresas, talleres de costura entre otros.
Según el oficial que los atendió el presidente municipal no los atendera por no estar disponible, la respuesta de los comerciantes es que si no los atiende cerrarán las calles Morelos y Juárez a las 10:15 de la mañana.
GUADALAJARA, JALISCO.- José Martí García Espinoza fue torturado en las instalaciones de la Procuraduría de Jalisco en mayo del 2004. Luis Enrique Camargo Herrera fue torturado en las instalaciones de la ahora Fiscalía en el año 2014 y encarcelado durante cinco años.
Entre ambas historias pasó una década; de las represiones por las protestas altermundistas a la detenciones ilegales y tortura como fábrica de culpables. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), una organización que nació en el contexto de la represión a las y los jóvenes altermundistas ese 2004, ha documentado desde entonces la prevalencia de la tortura en Jalisco.
En el año 2017 Cepad publicó el informe “La impunidad interminable: la tortura en Jalisco 2010-2016” en el que -a partir del análisis de la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) realizada en 2016-, encontró que en el estado el 80 por ciento de las personas detenidas en centros penitenciarios sufrieron algún tipo de tortura física, psíquica y sexual, un 4 por ciento más que a nivel nacional.
“Jalisco tiene prácticas de tortura por encima de la media nacional, prácticas vividas por personas desde la detención hasta la puesta a disposición de un juez. Jalisco destaca por la falta de defensa, por el tipo de agresiones, por tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos que archiva o concilia las quejas, sin intervención de las víctimas”, dice César Pérez Verónica, quien era director de Cepad al momento de esta entrevista.
Cepad como organización de derechos humanos se ha dedicado a acompañar a víctimas de tortura y desaparición forzada, hace incidencia política y también se ocupa por visibilizar estas problemáticas a nivel social.
La represión
El 28 de mayo del 2004 José Martí García Espinoza tenía 20 años de edad, se enteró que habría protestas contra la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea y quiso sumarse. Desde siempre ha simpatizado con la izquierda. Sin pertenecer a ningún colectivo, acudió a las marchas:
“No imaginé lo que iba a suceder. Yo estaba del lado del restaurante Sanborns y llegó el momento en que empezaron a avanzar. Se hizo una estampida de gente cuando entraron los policías y vinieron contra mí. Yo traía playera negra, pelo largo, tapado. Me rodearon los antimotines, me detuvieron con otros y nos pusieron una joda en el piso, toletes, patadas, pisadas, lo único que hice fue cubrirme para recibir los menos golpes, pero ellos me jalaban de la mochila, me llevaban arrastrando y eso no se me olvida nunca: llegó un antimotín y de frente, con sus botas, me patea el rostro. Me llevaron a los portales de Plaza Universidad y ahí me echaron lacrimógeno en la cara. Me hincaron y sin poder ver apenas escucho que me dicen ‘vengo de derechos humanos, ¿cómo te llamas, a qué organización perteneces?’. Eran policías. Me hicieron una herida de 5, 7 centímetros en la cabeza… Nos trasladaron a la calle Libertad y veo que estoy detenido con un montón de gente, nos trasladan a otro lugar y escucho gritos, gente, barrotes, golpes. Era la procuraduría y los que nos golpean son judiciales vestidos de civil.
Luego llegaron los de derechos humanos y me dan un celular y le marco a mi papá, él me dice que me va a ayudar, pero yo no sé en qué estoy metido. Nos sacaron de ahí y nos llevaron a La 14 a los separos. Fueron dos o tres días ahí, sin dormir, sin comer, incomunicados, a golpes. Una noche nos sacaron como a 5 o 7 personas y nos pusieron frente a una barda de piedra, nos abrieron las piernas, nos apuntan con sus armas y nos dicen “hasta aquí llegaron”. Yo sentí que mi vida iba a terminar, pensé que iban a disparar y en eso una mujer llegó y nos golpeó las piernas con un tolete.
No recuerdo bien, pero nos movieron una o dos veces entre La 14 y la Procu. Un día llegaron unos judiciales y me subieron a un auto y empezaron a decirme “¿qué hiciste, a quién perteneces?”, de manera amistosa, manejando hacia el penal. Estaba remitido al penal: me tomaron las huellas dactilares, me cortaron el pelo, me pusieron ropa de recluso y me metieron con otros 9 a una celda. Estaba procesado por motín, pandillerismo, lesiones, desobediencia a representantes de la autoridad.
Esto que me pasó, que me hicieron, fue abrir los ojos a una realidad oculta al público. La tortura sí existe”.
Junto con José Martí otras 47 personas fueron presas. Se abrió una averiguación previa en su contra (544/2004) y llevó el proceso en libertad, pues su padre pagó la fianza. Durante cinco años estuvo bajo proceso y eso implicaba que acudiera a firmar cada semana. “Es un desgaste para que aceptes la culpa”, dice. Lo sentenciaron a dos años de prisión, que se conmutó con una multa, pero José Martí quedó como culpable. Además de que el Estado nunca reconoció que lo torturaron y menos castigó a quienes lo torturaron.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) cedió la investigación de la represión a la marcha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que publicó el “Informe relativo a los hechos de violencia suscitados en Guadalajara el 28 de mayo de 2004”. En el documento reconoció que 73 personas mexicanas y extranjeras fueron víctimas de detención y retención arbitraria, de ellas 55 víctimas de tratos crueles y degradantes y 19 víctimas de tortura -entre ellas José Martí-. Las personas extranjeras fueron trasladadas al Instituto Nacional de Migración para su deportación. Las mujeres, además, fueron insultadas, amenazadas y obligadas a desnudarse.
Aunque la CNDH acredita que funcionarios municipales y estatales de Guadalajara y Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General del Estado, cometieron violaciones a los derechos humanos, no emitió recomendación contra las autoridades responsables.Menos se iniciaron procesos judiciales contra los torturadores.
El entonces procurador del estado, Gerardo Octavio Solís, -ahora titular de Fiscalía del Estado de Jalisco- emitió un discurso criminalizante a las víctimas. “La negación y minimización de hechos de tortura por parte de las autoridades estatales, particularmente a partir de los hechos del 28 de mayo de 2004, llevó a que más organizaciones de la sociedad civil alzaran la voz en contra de declaraciones de autoridades estatales. El Procurador, calificó los señalamientos como ‘infundados’ y se refirió a las víctimas como ‘delincuentes’”, dice la tesis “Análisis de la situación de la tortura en el estado de Jalisco 2001-2015”, de Faride Assad-Gómez.
Tortura, encubrimiento e impunidad
Es difícil saber cómo ha evolucionado la tortura en los últimos tres lustros en el estado de Jalisco, afirma César Pérez Verónica. Existe la Encuesta ENPOL que ayuda a tener un aproximado de cuántas personas la sufrieron en el momento de su detención, pero no para conocer la evolución de esta práctica en el tiempo.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco CEDHJ, explica César, tenía un registro promedio anual de 150 quejas presentadas por tortura, en los primeros años de este siglo, cuando Gerardo Octavio Solís era procurador de la entidad.
“Había una constante anual de quejas ante la CEDHJ que nos dejaba ver que la tortura persistía. Luego llega Felipe de Jesús Álvarez Cibrián a la CEDH (en el 2007) y el registro de tortura disminuyó 90 por ciento”, dice César Pérez.
Entre el año 2002 y 2006 se registraron en promedio 150 quejas anuales, en el año 2007, que coincide con la llegada de Álvarez Cibrián, el registro disminuye la mitad y continúa descendiendo, como se ve en la tabla:
Cepad solicitó información que explicara ese extraño fenómeno y la defensora de los derechos de las personas le dijo había sido consecuencia de capacitación a funcionarios y policías; Cepad pidió información sobre esas capacitaciones y la respuesta fue que esa información no existía. Por eso, dice César, además de investigarse a quienes han torturado personas, debe investigarse a la institución que debió defenderlos, por lo menos durante ese periodo.
“La práctica continúa, es un juego muy perverso, un círculo vicioso donde las víctimas que se atreven a denunciar aspiran a que se haga justicia. No tenemos ningún caso donde haya una sentencia condenatoria contra un servidor público por tortura”, agrega.
Para Cepad es urgente poner atención en el hecho de que Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fue procurador del estado cuando la represión a la marcha altermundista, sea actualmente el fiscal del estado y que haya cero sentencias por tortura en Jalisco. En el “Análisis de la situación de la tortura en el Estado de Jalisco, 2001- 2015”, Faride Assad señala que entre el 2001 y 2006, las quejas por tortura sumaron 816 en el estado. Las PGJE, unidad comandada por Gerardo Solís Gómez, fue la autoridad más señalada en quejas, con un 79 por ciento del total de quejas presentadas, “a pesar de que el procurador negara que se trataba de una práctica sistemática al interior de la corporación”, agrega el análisis.
A raíz de las anomalías detectadas -la repentina disminución de quejas y recomendaciones, así como la recurrente impunidad en los crímenes de tortura- Cepad publicó en el 2017 el informe “La impunidad interminable: la tortura en Jalisco 2010-2016”. En ese periodo en el se presentaron 401 quejas por tortura ante la CEDHJ, pero sólo 35 lograron recomendación, según ese informe.
“Nuestra sorpresa es que la mayoría de las recomendaciones no salen por actos de tortura, sino por otras violaciones a los derechos humanos menores”, apunta Denisse Montiel Flores, encargada del área de acompañamiento a la tortura de Cepad y actualmente co-directora interina de la organización.
La Comisión las clasificó bajo otras categorías como lesiones o abuso de autoridad porque, según el informe, “no es un organismo autónomo y responde a otros actores” o “porque el personal no tiene la capacidad ni el conocimiento en Derechos Humanos y Derecho Penal. O, lamentablemente, quizá se trata de ambas”.
El análisis de quejas y recomendaciones realizado por Cepad señala que el 51 por ciento de las autoridades responsables son policías municipales; el 21.2 por ciento, policías investigadores; el 15.3 por ciento, policías estatales. Sin embargo, también intervienen médicos, agentes del Ministerio Público y custodios con menos del 3 por ciento cada uno.
También se detecta un patrón que explica patrones del uso de la tortura: comienza con una detención arbitraria, luego se tortura a la persona, se procesa penalmente y se ingresa a un centro penitenciario y el caso se mantiene en impunidad.
En el análisis, Cepad encontró que en 21 casos las víctimas de tortura murieron, 15 por posibles actos de tortura y seis por suicidio en los separos municipales y Ceresos, y uno por agresiones de otro interno.
En una mirada más global se registra que desde 1997 a 2019 víctimas de tortura presentaron mil 530 quejas ante la CEDH, pero sólo el 4.7 por ciento logró recomendación; de esas 72 recomendaciones menos del 10 por ciento se cumplen, según información obtenida por Cepad de la Comisión estatal. Es decir, sólo 0.5 por ciento de las mil 530 quejas presentadas fueron “cumplidas”, según la CEDHJ; para Cepad ese dato debería ser “cero” porque no ha habido sanciones a los responsables, afirma Denisse Montiel.
Desde 1993 en Jalisco -cuando se publicó la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura- existe un marco legal que prohíbe y sanciona la tortura, sin embargo, el crimen no ha dejado de cometerse y no existen sanciones a funcionarios involucrados que permitan acabar o disminuir con el delito.
Esas sanciones ejemplares para las y los servidores públicos que cometen y son cómplices de la tortura, dice César, “deberían involucrar al sistema de procuración de justicia, al sistema de derechos humanos, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses… hay un círculo vicioso muy tremendo que es imposible lograr que se llegue a las últimas consecuencias en términos de verdad y justicia”.
En junio del 2017 se publicó en México la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En noviembre del 2019 Jalisco instaló el Mecanismo estatal contra la tortura y comenzó a operar la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Sin embargo, para Cepad esta oficina no cumple con los requisitos establecidos en la Ley General, específicamente en la obligación de que dicha institución encargada de la investigación de la tortura, sea autónoma. Por lo que su implementación sigue siendo una deuda por parte del gobierno estatal.
“Quien tiene la obligación de velar para que la integridad, la seguridad, la vida esté protegida es el Estado, pero si el Estado provoca violaciones a derechos humanos que han derivado en la tortura, en la muerte de personas, lo que vemos es que la tortura es parte del control que hace que mantenga el estado de impunidad”, explicó César.
La tortura continúa
El 13 de abril de 2014 Luis Enrique Camargo Herrera estaba en una fiesta cuando él y sus compañeros escucharon disparos. Salieron a ver qué había sucedido y encontraron a un joven que estaba siendo golpeado por otros con un bat de béisbol y unos tubos. Era la medianoche. Los agresores se fueron y dejaron tirado y moribundo al joven. Luis y otros se acercaron a ayudar, un par de ellos subieron al herido a una moto para llevarlo a urgencias. Mientras lo subían a la moto Luis le sostuvo la cabeza y un par de gotas de sangre cayeron sobre sus tenis. Después de que amigos del herido se lo llevaron, Luis y otros volvieron a la fiesta. Pasaron las horas y a las 6 de la mañana unos policías judiciales lo detuvieron, lo esculcaron, le preguntaron del homicidio, lo esposaron. Esperaron en la calle a que llegara el personal del Semefo y le hicieron en ese lugar la prueba de disparo. Como a las 7:30 u 8:00 de la mañana se lo llevaron a unas oficinas de la Fiscalía central, conocidas como “La 14”, por estar ubicada en la calle con ese nombre.
“Al llegar a la 14 me encueran y me vendan las manos, los pies, la cabeza y empiezan las preguntas, ¿con quiénes andaban? ¿quiénes eran? ¿dónde vives? Me pusieron una bolsa en la cara, además de la venda y yo miraba por ahí abajo, estaba mirando, entonces me pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y pues a puros golpes y sopapos en el estómago, cachazos y seguían las preguntas, ¿quiénes andaban? ¿dónde viven? Y pues ya uno siente ahogarse cuando te dan los golpes en el estómago. Busqué la manera de jalar la bolsa y la mordí para respirar y se dan cuenta que la rompí y pues más gacho me daban, hasta que se cansaron.
Me volvieron a llevar a unas celditas chiquitas y había otras personas ahí en espera para la tortura, ahí se escuchan los gritos de cuando están torturando a la gente. Hay gente que a las 2, 3 cachetadas hablan.
Y luego volvieron por mi, ¿ahora sí vas a hablar?, ¿quiénes más fueron? Es que no sé, ustedes me están inculpando, yo no sé, yo no estaba en esa riña. Me acuestan en el piso y me ponen una franela en la boca y me empiezan a echar agua y cuando ven que uno se está ahogando lo levantan del cuello y a puros golpes, aviéntale más agua… y la consume uno por la nariz, por la boca y se empieza a ahogar empieza uno a toser y lo sientan y a golpes y patadas lo hacen reaccionar, ¿quieres más agua? ¿vas a hablar? Es que no tengo nada de que hablar, yo no fui, no andaba…
Y me suben a un carro y me trasladan a la casa donde supuestamente pasó todo y me empiezan a pasear y de nuevo golpes, cachazos. Pero yo les decía que no sabía nada, ¿a quién le gusta que lo golpeen? Llegando me quitan mi ropa y ahora totalmente encuerado avientan un cuero o un hule y se sube uno y ya me iban a pegar, no sé si eran cables, pinzas, total que le dice uno al otro, ‘no se los pegues así porque viene intacto’, todos los golpes que me daban eran con tal de no hacerme moretes ni nada. Moja un trapo, me lo ponen y me empezaron a dar toques eléctricos. Se siente feísimo… Llegaron a los testículos y a la persona que tenía encima la aventé del dolor y se sienta otro y otro, encima de mí y ya no los pude aventar y me dan toques hasta que se cansaron. Ya estuve otro rato y me vuelven a sacar otra vez y uno amarra mis testículos con un hilo y me hincan y empiezan a jalarnos con el hilo, ‘ahora si vas a decirnos quiénes eran’. No tengo nada que decir, así me maten… Ellos querían que dijera que hice un homicidio. Ellos querían que yo mintiera”.
Luis pasó 16 horas en manos de policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco quienes lo torturaron, de las 6 de la mañana que lo detuvieron, a las 10 de la noche que lo presentaron en la Agencia del Ministerio Público del Área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Estatal.
En la ENPOL 2016 se encontró que del total de las personas que fueron detenidas y señalaron haber sido torturadas, el 58.9 por ciento fueron incomunicados o aislados (como Luis), el 57 por ciento fue amenazada con levantarles cargos falsos, el 48.8 por ciento fue desvestida (como Luis), el 41.5 por ciento fue atada, el 45.7 por ciento le vendaron los ojos o cubrieron su cabeza (como a Luis), el 38.6 por ciento fue presionada para denunciar a alguien, al 44.87 por ciento le impidieron respirar (como a Luis), al 24.5 por ciento le amenazaron con hacerle daño a su familia y al 7.9 por ciento le hicieron daño a su familia. El 66.6 por ciento recibió patadas o puñetazos (como Luis), el 45.6 por ciento golpes con objetos, el 45.4 lesiones por aplastamiento (como Luis), el 26.9 por ciento descargas eléctricas (como Luis), el 9.3 por ciento quemaduras, el 6.1 por ciento violación sexual, el 4.7 por ciento lesiones con arma blanca, 3.1 por ciento lesiones con fuego.
Quiénes son las víctimas
“Me llamo Yesenia, tengo 44 años y me dedico al tianguis para superarnos, porque con el hijo detenido es bien difícil, se dejó de pagar la casa, mi esposo perdió su trabajo y toda la herramienta de mi esposo la vendimos, la camioneta la vendimos para movernos, para conseguir abogado, para pagarle, que para el expediente y ni las copias sacó… Estábamos desesperados porque mi hijo fue detenido y acusado de un homicidio que no hizo. A mi esposo lo despidieron porque estaba en Durango cuando detuvieron a mi hijo y se vino y como tardó en regresar, lo despidieron.
Yesenia es mamá de Cristian, un joven de 26 años detenido, torturado y acusado de homicidio. Está preso en el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco desde enero del 2015.
La ENPOL registra las condiciones de detención e internamiento de las personas privadas de su libertad, como Cristian. En esta encuesta realizada en 2016 y publicada en 2017 se refiere que, en Jalisco, el 82 por ciento de la población detenida tiene entre los 18 y 45 años, esa cifra por sí misma plantea las hipótesis de si los jóvenes cometen el mayor número de delitos o es el perfil poblacional al que se detiene arbitrariamente con más frecuencia. Sobre el nivel educativo en Jalisco el 74 por ciento sólo tenía educación básica al entrar a prisión y poco más del 5 por ciento de la población penitenciaria no sabía leer, escribir o ambas, tanto a nivel nacional como estatal.
Para Cepad “estos datos nos dicen mucho acerca de la actuación de las instituciones de seguridad con respecto a las formas de detención, investigación y enjuiciamiento, pues solo un 10 por ciento de las personas que detuvieron y quedaron privadas de su libertad no tenían trabajo, el resto, sí contaba con un empleo, pero con una educación mínima. Por lo que se puede inferir que las detenciones están dirigidas a un sector de la población específica”, según el informe “La impunidad interminable: La Tortura en Jalisco Análisis 2010 – 2016”.
Yesenia continúa:
“A Cristian se lo llevaron los policías del MP, iba él caminando en la calle con su esposa, su hijo y su hermana, llegó un coche de la Fiscalía sin logotipos, lo encañonaron y lo llevaron. Fui a la Fiscalía y me decían que no lo tenían, con mi esposo nos decían que no estaba, así durante tres días. Y nos metimos a la (oficina) de derechos humanos y dijimos que se lo habían llevado los judiciales y les dimos el nombre de mi hijo y ahí estaba, pero a mi no me dejaban verlo. Entró mi esposo y lo vio todo greñudo, agachado, mi hijo ni siquiera volteaba a verlo. Dice mi esposo que estaban dos de la Fiscalía a un lado y mi esposo les dijo ‘A base de golpes quieren hacer a la gente culpable’. Y Cristian seguía sin hablar. Un día después se lo llevaron al penal de Puente Grande, el sábado amaneció en la penal. Fui a verlo y me abrazó y lloró y me dijo ‘Me ponían bolsas con agua, me querían ahogar, así hincado, nomás oía sus pasos y decía ahí vienen otra vez… me pusieron hasta toques para que aceptara’. Dice mi hijo que ahí en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.
Un día Yesenia se metió a Facebook y en su muro apareció una nota periodística sobre Luis Enrique Camargo Herrera, el joven torturado y acusado de homicidio, como Cristian. Quien declaraba en la nota periodística que Yesenia leyó era don Salvador Camargo, papá de Luis. Don Salva, como le llaman, exigía que se reconociera la tortura sufrida por su hijo y que se liberara de la cárcel. También agradeció el apoyo recibido por Cepad. Yesenia se metió a la página de Cepad y le dio “me gusta”; les escribió un mensaje sobre la historia de Cristian y les pidió ayuda.
“Les conté que a Cristian le pusieron 3 abogados de oficio que no conocían el caso, que yo les decía que fueran a preguntar a la colonia donde pasó eso, porque los del MP querían que nosotros trajéramos los testigos. El gobierno no debería tener esos elementos como funcionarios porque trabajan mal, trabajan mal”.
Cristian aún espera.
Mientras tanto, Cristian escribe canciones en prisión, en las que denuncia la violencia y criminalización que ha sufrido desde su detención.
Lo que se rompe y lo que se crea
En el 2004 cuando la represión a los altermundistas, recuerda César Pérez, la sociedad jalisciense no tuvo elementos para reaccionar rápido y defender a las personas detenidas. Reflexionando eso es que varias organizaciones que trabajaban la documentación de violaciones a derechos humanos -como el Programa de DDHH del ITESO, el Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitario y CEREAL- es que deciden unirse y fundar un centro especializado en la atención a la tortura. Así surgió Cepad.
“Desde entonces a la fecha la tortura sigue presente, no hay controles para erradicar y prevenir la práctica, vemos que no obstante el haber una reforma constitucional en sistema oral, la práctica no ha disminuido, aunque era uno de los objetivos”, dice César Pérez.
A los pocos años de que surgió Cepad se dieron cuenta de que los jóvenes detenidos y torturados necesitaban apoyo psicológico. “No lo teníamos claro, eso de la atención psicosocial, hasta que vimos las secuelas en ellos. Entendimos la importancia de atender esto y trabajamos en que se recuperaran de los traumas como para que no les impidiera seguir su vida”, agrega.
Desde entonces, además del asesoramiento legal, el Cepad acompaña de manera integral a las víctimas de tortura y sus familias.
–¿Qué ha aprendido en este proceso?– se le pregunta a Yesenia Alvarado, la mamá de Cristian el joven preso desde hace cinco años, acusado de homicidio.
–Que se puede luchar, que no hay que rendirnos, que hay gente que ayuda, que hay que buscar ayuda. Cien puertas estarán cerradas, pero va a encontrar una abierta. Yo buscando, buscando, encontré a Cepad y estamos luchando para sacar a Cristian de la cárcel.
Luis Enrique Camargo Herrera, el joven cuya historia Yesenia conoció en las redes sociales, salió en libertad meses después de que Yesenia leyera su historia en Facebook. Luis había sido sentenciado a 20 años, pero Cepad apeló y logró la libertad. “La sentencia logró recuperar muchos planteamientos que hicimos desde Cepad como reconocer que fue detención arbitraria, el tiempo que tardaron en presentarlo ante el MP, el mencionar la tortura y darles valor probatorio pleno a los dictámenes independientes”, dice Denisse Montiel.
Salvador Camargo, padre de Luis, encabezó la lucha durante más de cinco años para liberar a su hijo. Aunque ese tiempo se deterioró en su salud y estado físico, tiene ánimo y energía para iniciar un proceso penal contra los torturadores de su hijo:
“La tortura te cambia la vida, no sólo a quien la sufre sino a la familia. Cuando recién aconteció eso yo estaba todavía muy fuerte y le llevaba 35 kilos de víveres a la cárcel, los cargaba yo solito, ahora no puedo ni 10 kilos porque me fui cayendo en cinco años 1 mes 1 semana y 16 horas que estuvo mi hijo encerrado en la cárcel. Ahí no solamente la pena, la privación de la libertad es para el detenido. Uno de padre quiere llevarles lo mejor, llevarles todo, música, grabadora, paliativos que les ayuden un poco a pasarla mejor en la detención. Sufre tanto el que está afuera como el que está adentro, porque ellos tienen la esperanza de que uno se mueva y que haga milagros para sacarlos y pues no se equivocan porque la verdad en el caso de mi hijo me moví hasta que llegue aquí a Cepad y luego a la ONU. Y yo quiero seguir dando batalla hasta que castiguen a los responsables, a los que le hicieron daño a mi hijo”.
–¿Qué hizo posible que su hijo Luis saliera libre?– se le pregunta a don Salvador.
–Muchas cosas, la primera es que a mi me ayudó mucho la plática que tuve con mi hijo, le dije “hijo, no trates de engañarme, de sorprenderme, cuéntame todo para poder defenderte necesito que cuentes exactamente lo que aconteció”. Y él escribió como siete, ocho páginas. Eso me sirvió mucho para esclarecer y empecé a escarbar y a investigar y pedí ayuda a mis vecinos que conocen nuestro trabajo de jardineros, que me ayudaran a hablar de la verdad, que dieran su testimonio. Otra cosa que ayudó mucho fue que nos uniéramos, que nos ayudaran. El apoyo de Cepad era como la gasolina, yo era un auto sin gasolina y pues no avanzaba. Para mi eso fue el que todos ayudaran, yo era un automóvil sin combustible, los que me daban la fuerza eran Cepad, la ONU… Hay que tocar puertas, que nos escuchen, no quedarnos con una Comisión Estatal de los Derechos Humanos que no hacen nada, en mi caso desecharon la queja, la archivaron. Hay que creer y seguir, seguir hasta lograr la libertad.
La tortura cambia vidas. No sólo la vida de las personas sobrevivientes, sino la de sus familias. Modifica las estructuras familiares, rompe economías domésticas, lazos, confianzas. Luis perdió la confianza en el Estado, en la sociedad. Durante un tiempo temía salir, temía que le hicieran daño. Su vida se trastocó, pero también aprendió a tener calma, a ser paciente, a recuperar la alegría. Le gustaría volver a la jardinería, a lo que se dedicaba con su papá antes de ser detenido y torturado.
Don Salvador no ha dejado de visitar la cárcel, a pesar de que su hijo está libre. Ahora visita a otros internos a quienes conoció durante las visitas a Luis. Les lleva de comer, les ayuda a vender sus mercancías en la calle. Luis se compadece de su padre, lo ve cansado, pero le apoya en su decisión de seguir yendo al penal.
“Mi papá los acompaña, los ayuda. Yo no le digo nada porque yo ya estuve allá dentro y ya sé lo que se siente”, dice Luis.
Para las personas que fueron víctimas de tortura, así como para Cepad, el gobierno de Jalisco tiene una deuda de justicia: castigo a las personas responsables, reparación integral del daño y no repetición de este delito que, al menos durante tres lustros, ha sido constante. La permanencia de Gerardo Octavio Solís al frente de la institución encargada de procurar justicia es un mensaje del gobierno estatal sobre su falta de compromiso para combatir la tortura.
David Rico / PorEsto!
En plena contingencia por el Covid-19, la empresa Ecolsur despidió a por lo menos 30 empleados a pesar de que sigue trabajando al 100 por ciento, según mencionaron los afectados.
A otros empleados los amenazaron con correrlos para que aceptaran una reducción de sueldo del 50 por ciento.
Los trabajadores despedidos se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la empresa Ecolsur, en la cual también se lee la razón social Biosistem México, que se dedica a la recolección de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos.
Algunos trabajadores que pidieron el anonimato por miedo a represalias y porque hasta el momento no les han pagado su finiquito ni su sueldo, narraron al reportero la situación que se vive en la empresa, la cual desde el pasado jueces comunicó a un buen número de sus empleados que estaban dados de baja, pero les ofreció un finiquito que no se ajusta a la ley.
Uno de los afectados expuso que prácticamente se despidió a más de la mitad de la plantilla, es decir, despidieron a unos 30 trabajadores. Además, a los 30 restantes los amenazaron con despedirlos también si no firmaban una reducción del salario del 50 por ciento.
Lo grave, expuso, es que la empresa está trabajando al cien por ciento, pero argumenta que no tiene dinero para pagar completo el salario.
“Estás dado de baja”
Otro de los afectados expuso:
“Llego yo el jueves y me dicen que estoy dado de baja, así nada más y me piden que firme un papel y desde luego que yo me negué. Me estaban ofreciendo 5 mil 500 pesos por 3 años, pero incluido mi sueldo que es de más de 4 mil, así que de finiquito me estaban ofreciendo poco más de mil pesos y eso es una burla”, señaló.
Mencionaron que los jefes de las diferentes áreas ni metieron las manos por sus trabajadores, empezando por el director general, Luis Castro, y otros como el de Recursos Humanos, José Luis Cauich, y el contador José Manuel Pech Yam; estos últimos dos, por cierto, ayer salieron a intentar que los trabajadores suspendieran su manifestación.
Pech Yam incluso se molestó con el reportero porque este estaba tomando fotografías; invitó a los trabajadores a entrar a la empresa pues les dijo que ahí afuera no se resolvería nada; de manera prepotente pidió a los que tenían vehículo de la empresa que los ingresaran.
Entre los afectados figuran operadores, almacenistas, ayudantes, administrativos y de vigilancia; en general todos los puestos se vieron afectados, no perdonaron a nadie.
Además, de los que aceptaron una reducción del 50 por ciento, según comentaron, les dieron mucho menos, como el caso de otro de los afectados que pidió el anonimato y manifestó:
“Yo gano como operador de la pipa entre 10 y 11 mil pesos a la quincena y me estaban tirando 1,170 pesos. Otros cobraron 400 o 500, a las secretarias les dieron 400, no obstante que la empresa está trabajando al cien por ciento”, insistió.
Los trabajadores afectados comentaron al reportero que a pesar de que la labor que hace la empresa es de alto riesgo y ahora más porque ahí llegan todos los residuos de los hospitales, no cuentan con los insumos necesarios para garantizar su bienestar.
“Aquí llega todo el desecho de los hospitales, el material que usan allá y también llegan pedazos de cuerpos humanos, placentas, jeringas, todo lo que sale de los hospitales, además de otros residuos peligrosos, pero a lo mucho nos da cubre-bocas de los más corrientes y trabajamos con los guantes todos podridos que tenemos”, expuso un trabajador que solicitó que su nombre no se mencionara.
Algunos de los trabajadores proporcionaron fotografías al reportero, las cuales corresponden al interior de la empresa, según dijeron, y en las que se puede ver el mal manejo de los residuos que llegan al lugar.
Mientras se realizaba la manifestación llegó personal de Protección Civil del municipio de Umán y solicitó a los manifestantes que guardaran la sana distancia, así como dos unidades de la policía municipal. Una comisión de los afectados fue a buscar el apoyo del presidente municipal de Umán.
Colectivo Grieta Ciudad de México.- La crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo ha afectado a la economía global en magnitudes pocas veces vistas. De acuerdo con informes, todavía optimistas, de la OIT el escenario recesivo por el que atraviesa el mundo generará 195 millones de desempleados. En México, esta parálisis afecta a trabajadores del sector formal e informal. Para el 8 de abril, las cifras oficiales anunciaban que 347 mil de la población trabajadora había perdido el empleo, mientras que otros análisis indican que el efecto devastador de la crisis en el mercado laboral producirá 18 millones de desempleos a nivel nacional para finales de abril, lo cual equivale aproximadamente a 35% de la población ocupada de este país.
Uno de los sectores económicos fuertemente afectados por la crisis económica generada a raíz de la pandemia es el de la industria maquiladora que cuenta con presencia importante en diversos estados de la república, fundamentalmente en la frontera norte. Allí, nuevamente, trabajadoras y trabajadores, llevan la peor parte de la crisis.
A lo largo y ancho del territorio nacional se puede observar que el despido se encubre por los empresarios y el gobierno como “paros técnicos que responden a medidas sanitarias”. No es casualidad que en la frontera norte del país han aumentado exponencialmente las denuncias por despidos injustificados. En Chihuahua, trabajadoras y trabajadores del complejo industria Supra han denunciado que despidos masivos se justifican por empresas maquiladoras como medidas realizadas a causa de la enfermedad COVID-19. En Nuevo Laredo, obreras y obreros de la maquiladora Modine denunciaron que fueron despedidos injustificadamente con la complicidad de la CTM. Así,en Mexicali, han sido los mismos empresarios los que han anunciado un drástica reducción de 30 a 50% personal de esta industria en la ciudad. En el caso de Guanajuato, se ha denunciado que a raíz de la pandemia de COVID-19, empresas de calzado como Safi SA de CV también han realizado despidos sin justificación. Como parte de estos, incluso mujeres embarazadas han sido echadas a la calle, sin recibir siquiera la liquidación correspondiente. Estos despidos, y otros que han sucedido en Morelia, por empresas como Knotion, han revelado además irregularidades previas en la contratación, pues muchas de las trabajadoras y trabajadores despedidos no habían sido dados de alta a tiempo en el Seguro social o bien no contaban previamente con todas las prestaciones sociales . Por su parte, en la rama automotriz, la empresa Draexlmaier Components Automotive de México, ha despedido a miles de sus trabajadores y trabajadoras de menor antigüedad en sus plantas de San Luis Potosí, Puebla y Lagos de Moreno, Jalisco.
Precarización salarial
Gran parte de los empleos formales que se mantienen han visto una drástica reducción de salarios que se ha producido como acuerdo entre las empresas y sindicatos corporativos. Este fenómeno ha ocurrido notoriamente en los estados donde predomina la maquila, con la complicidad de los sindicatos que velan por el interés empresarial y no de los trabajadores. En Chihuahua, por ejemplo, se anunció a inicios de abril el paro temporal de 50 maquiladoras y la reducción salarial de 25% o 50% durante el periodo de cierre. Esto significa que el poder adquisitivo, de por sí mermado, bajará significativamente, ya que no sólo se reducirá el salario a la mitad, si no que se descontarán bonos de producción que representan aproximadamente el 25% del ingreso total de un trabajador o trabajadora. En otras palabras, una trabajadora o trabajador de esta industria recibirá aproximadamente 400 o 500 pesos semanales, lo cual representa una cifra mucho menor a la del salario mínimo.
En zonas más alejadas de la frontera, como en Zacatecas, el patrón de precarización salarial ha sido el mismo. En empresas maquiladoras se han reportado recortes salariales hasta del 50%, para lo cual se ha obligado a las trabajadoras y trabajadores a firmar cartas de aceptación de dicha medida. Además de los recortes salariales, en empresas como Jhonson Electric, el personal ha tenido que laborar en condiciones de riesgo, pues solamente reciben gel antibacterial y tapabocas para trabajar en las atestadas líneas de producción . Lo mismo ha sucedido en Querétaro, donde la CTM acordó con las empresas maquiladoras una reducción salarial del 50% para sus 200 mil afiliados
En Aguascalientes el Colectivo Raíz informó que trabajadoras y trabajadores de la rama textil fueron enviados a su casa con una reducción salarial del 50% sin la certeza de ser reincoporados posteriormente. Por su parte, la empresa Draexlmaier Components Automotive de México ha reducido hasta el 60% del salario de sus trabajadores, aunque sigue haciendo los descuentos íntegros por préstamos o pago de Infonavit.
Condiciones de trabajo inseguras
Otro de los problemas más visibles en la industria maquiladora es que muchas empresas siguen operando sin garantizar las mínimas condiciones de protección para la salud e higiene de los trabajadores y trabajadoras. Como resultado, han ocurridos brotes de coronavirus en diversas maquiladoras del país, desde Yucatán donde se registraron cuatro casos confirmados de Covid-19 en la empresa de autopartes Leoni, hasta Ciudad Juárez donde se han registrado hasta la fecha 23 muertes de obreras y obreros víctimas de la pandemia. Trece de ellas eran obreros y obreras de la corporación global de autopartes LEAR Corporation, mientras que 6 eran de Syncreon Borderland. Por su parte, en Baja California se han registrado 60 casos confirmados de trabajadoras y trabajadores infectados y tres muertes por Covid-19. Lo mismo ocurre en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, donde se han confirmado diversos casos de infectados.
La pandemia sólo viene a evidenciar el desprecio por la vida que sustentan al capital y al mal gobierno. La flagrante violación de derechos humanos y laborales a la que está siendo sometida la población trabajadora de la industria maquiladora sólo devela el absoluto desinterés que estas grandes corporaciones y el gobierno sienten por la vida de los obreros en México. No debe sorprender este desdén cuando esta industria controlada por el gran capital siempre se ha apropiado de inmensas ganancias generadas diariamente por los trabajadores en el piso de las fábricas. Tampoco debe de sorprender que después de 60 años de existencia de esta industria en México, no existan fábricas que produzcan equipo médico para abastecer al país y que todo el material y equipo sanitario se exporte a Estados Unidos.
A pesar de ser producción que no queda en este país, sino que se drena a EUA, gran parte de esta industria ha sido declarada “actividad esencial” por autoridades sanitarias, cuando ni siquiera paga impuestos. Esto se debe a que una gran proporción de la maquila manufactura autopartes para proveer a las inmensas ensambladoras de automóviles localizadas en EUA, así como partes para las contratistas aeroespaciales del complejo militar del Departamento de Defensa de EUA. Por esto es que el Pentágono, junto con la poderosa Asociación Nacional de Manufacturas de EUA (National Association of Manufacturers) han hecho explícito su interés por que la industria maquiladora siga funcionado, petición aceptada sin titubeos por el gobierno federal de México quien anunció públicamente que la industria de exportación será actividad esencial y que, el primero de julio se reunirá con Trump en persona para formalmente poner en marcha el nuevo tratado de libre comercio T-MEC. Todo esto parece que ocurrirá mientras obreros y obreras seguirán amenazados por la pandemia, sin garantías de seguridad ni salario digno.
Pero esta agresión de las empresas y el gobierno ha sido fuertemente cuestionada por los mismos trabajadores y trabajadoras que en acciones autoorganizadas, al margen de sindicatos corporativos, han decidido parar la producción de varias fábricas en toda la república para exigir que se respete su integridad, que se pare la producción ante la creciente amenaza epidémica que está matando a obreros y que se garantice el pago íntegro del salario.
En Ciudad Juárez, diversas plantas han parado por acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras exigiendo diversas demandas, fundamentalmente medidas sanitarias adecuadas que garanticen la protección de la vida de los obreros y paro de la producción con garantía del salario íntegro. En Reynosa, a inicios de abril, trabajadores y trabajadoras de diversas maquilas pararon la producción de forma auto-organizada y contra la presión del sindicato corporativo, en protesta por las nulas medidas de seguridad e higiene que se tienen en sus centros de trabajo. En Baja California, el 1 de mayo, trabajadores y trabajadoras de la maquila y activistas denunciaron el acto criminal de abrir nuevamente la industria en medio de la fase crítica de la epidemia, cuando el sistema de salud en el estado está por colapsar .
Los trabajadores y trabajadoras de la maquila que se han movilizado en diferentes partes del país no sólo develan la rapaz explotación con la que opera esta industria en todo el territorio nacional; también demuestran la capacidad que tiene este población para cuestionar el modelo de acumulación basado en el deshecho de la vida y mostrarle al país la fuerza que adquiere la lucha por la vida.
En la madrugada, falleció Jaime Montejo Rolero, coordinador del colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, quien se encontraba internado en el Hospital General de México. Días antes, presentó síntomas de COVID-19 y lo diagnosticaron con neumonía aguda.
En semanas previas, desarrolló su labor social –junto a sus compañeras- a pesar del riesgo. Ante el abandono de las autoridades de la Ciudad de México, brindó acompañamiento y asesoría para las trabajadoras sexuales en las calles: entrega de condones, asistencia a personas con VIH, atención a enfermos, entrega de despensas e instalación de un comedor comunitario.
“No podíamos dar la última batalla desde la comodidad de nuestras casas”, escribió Jaime Montejo días antes, en un mensaje privado a un amigo cercano. Su organización no podía permitir que a sus compañeras les llegara la pandemia en “tierra de nadie”. El 26 de abril dijo: “Toda lucha tiene sus riesgos, y mitigar algunas desventajas, era algo que teníamos que hacer”.
Arlen Palestina Pandal, abogada de esta red, notificó a través de sus redes sociales, que Jaime presentó dificultades para respirar, pero no consiguió atención médica inmediata. Pasaron tres días y un recorrido por ocho hospitales para que lo ingresaran. Elvira Madrid Romero, integrante de Brigada Callejera, quien también presentó síntomas, se encuentra bajo resguardo en su hogar, con los medicamentos necesarios para enfrentar los problemas de salud.
El 20 de marzo, Elvira Madrid y Jaime Montejo, se reunieron con la Secretaria de Gobierno, Rose Icela Rodríguez, para exigir al gobierno de la Ciudad de México, garantías que permitieran que las trabajadoras sexuales atendieran al llamado de #QuédateEnCasa. Sin embargo, denuncian, la promesa fue incumplida.
No tuvieron otra opción: salir a las calles, instalar un comedor comunitario frente al metro Revolución, continuar la atención para las personas con VIH y apoyar a aquellas mujeres que vivían en hoteles y se quedaron sin hogar tras la medida de cerrar estos establecimientos, debido a la pandemia.
En un video subido en redes sociales, un empleado del call center exhibió el recorrido que realizó para llegar a su puesto de trabajo, en el que continúan las operaciones con normalidad, pese a los sellos de suspensión de actividades. Imagen tomada de: www.proceso.com.mx
Mathieu Turliere / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que las autoridades capitalinas clausuraron ayer las entradas del edificio ubicado en Rascarrabias número 911, en el que operan los call center al servicio de Grupo Salinas, sus empleados acudieron hoy a trabajar como si nada: sus jefes los hicieron pasar por el estacionamiento del edificio vecino, el cual se conecta con la torre supuestamente embargada por incumplir con las medidas decretadas en la emergencia sanitaria por covid-19.
En un video subido en redes sociales, un empleado del call center exhibió el recorrido que realizó para llegar a su puesto de trabajo: se le ve caminar por la calle, pasar frente a los sellos “suspensión de actividades” –que las autoridades colocaron ayer en las puertas del número 911–, dar la vuelta en la esquina, ingresar a la plaza comercial ubicada en el número 913, bajar hacia el sótano, atravesar el estacionamiento y llegar al hall del edificio clausurado.
El empleado se grabó haciendo fila para ingresar al elevador –en la entrada, se observa que una mujer distribuye gel a los empleados–, y luego graba el quinto piso, donde las operaciones del call center siguen con normalidad: ahí, se pueden ver las filas de escritorios y computadoras ocupadas a la mitad, con agentes ya dispuestos para trabajar.
“A pesar de los sellos de suspensión de actividades se está laborando de manera normal en los Call Center de grupo salinas. Obviamente se está actuando en contra de la ley al hacer que empleados de estos outsourcing trabajen en estas condiciones”, denunció el empleado en un texto que acompañó el video.
En ese edificio, dos empresas de outsourcing Grupo Nach y Difusión de Servicios Administrativos, S.A. de C.V. operan los call center en nombre de Grupo Salinas –y a su vez pagan a sus empleados mediante sociedades factureras–; en el área de cobranza de Elektra laboraba por ejemplo Rodolfo Huvy Cruz Juárez, el hombre de 30 años que el pasado 28 de abril falleció por complicaciones derivadas de covid-19.
Disputa jurídica
Al igual que las demás empresas de Grupo Salinas, los call center han permanecido abiertos durante la emergencia sanitaria: en marzo pasado, sus empleados incluso recibieron un folleto de tres cuartillas, firmado por el propio Salinas Pliego, donde el magnate los exhortó a mantener “calma, higiene e información confiable” ante la pandemia, pues el covid-19, aseveró, “NO ES UNA ENFERMEDAD GRAVE” (sic).
Todavía hoy, el periódico Reforma informó que Grupo Salinas libra una disputa jurídica desde hace más de un mes para no suspender la actividad de sus empresas, y que el pasado 3 de mayo Elektra se amparó para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) no le obligue a cerrar sus tiendas.
Ayer, por primera vez desde el inicio de la contingencia, Luis María Alcalde Luján, titular de la STyPS, exhibió las tiendas Elektra entre las empresas que incumplen con las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la pandemia de covid-19.
Horas más tarde, policías de la Ciudad de México acordonaron el edificio ubicado en Rascarrabias mientras funcionarios capitalinos colocaron los sellos de “clausura de actividades” en sus puertas; sin embargo, empleados del call center señalaron a Proceso desde ayer que el edificio ubicado en el 913 permanecía abierto, y que la torre ubicada en Cerrada del Relox 16, en la colonia Chimalistac –donde opera otro call center de Grupo Salinas– sigue operando con toda normalidad.
“Seguimos responsabilizando a Grupo Salinas por cualquier situación y/o contagio que se pudiera presentar. Nos piden ya una vez estando adentro no salir del edificio, me imagino para que no los multen al ver qué hay gente trabajando aquí adentro”, denunció el empleado del call center.
Familiares de pacientes con coronavirus denunciaron que en hospitales del IMSS cobran hasta 8 mil pesos, bajo el argumento de que no son derechohabientes
Familiares de pacientes con coronavirus (COVID-19) denunciaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les condiciona la atención a cambio de un pago de hasta ocho mil pesos por no ser derechohabientes, en la Ciudad de México.
Aseguran que antes de ir al IMSS buscaron otros hospitales públicos y fue en esos que canalizaron a sus parientes al regional 2, ubicado en Villa Coapa, donde ahora les han anunciado que deben pagar la atención.
Francisca, dijo: “Para poderle dar la primer consulta eran mil 500, de la primer consulta por ser una consulta de emergencia, ahora me están diciendo que para que le puedan dar el servicio son 8 mil pesos por día porque él no tiene el seguro”.
Francisca vive en Chimalhuacán, Estado de México hace cuentas y en 3 días que lleva hospitalizado su padre, ya debe 24 mil pesos, dice que lo peor es que no sabe cuántos días más necesita seguir internado.
Su padre llegó con un cuadro fuerte de neumonía y es sospechoso de COVID-19.
Este martes fue citada en el hospital para informarle sobre los plazos y formas de pago que debe realizar.
“Entonces ahorita en la situación que estamos la verdad, o damos de comer en casa o venimos a pagar aquí”, comentó Francisca.
El viernes 1 de mayo, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que el IMSS tiene una ‘S’ adicional que significa ‘solidaridad’.
Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó: “No es un tema de la obligación legal que tiene el seguro social por artículo 216, que está en la Ley de Seguro Social, y establece que ante situación de emergencia el seguro social tiene que atender a población no derechohabiente”.
‘Despierta’ solicitó una entrevista con el IMSS para saber sobre la atención a pacientes COVID no derechohabientes, si tiene costo o no, pero no hubo respuesta.
El cobro no es la única desesperación que viven las familias, la falta de información sobre la salud de su familiar es una constante.
Rosa María, dijo: “Lo único que nos saben decir es que nos vayamos a nuestra casa y que nos los van a dar por teléfono. Hasta ahorita no he recibido ningún informe de ningún tipo”.
Este lunes, el Hospital Regional 2 del IMSS vivió una jornada intensa.
En autos privados, taxis y ambulancias, varias personas llegaron a urgencias en busca de atención.
Al mediodía dos carrozas esperaban afuera del hospital.
El hospital regional 2 del IMSS fue reconvertido en atención exclusiva para COVID-19, empezó a operar hace una semana.
Los comerciantes de Milpa Alta exigen la suspensión de actividades de las tiendas de Grupo Salinas, ya que no acatan las medidas de prevención sanitaria.
Un grupo de comerciantes de Milpa Alta, afectados por las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, protestaron fuera de una tienda Elektra de la demarcación para exigir que las tiendas de Grupo Salinas acaten las medidas de seguridad y cierren sus puertas al igual que el resto de locatarios en la alcaldía.
Los integrantes de la movilización acordonaron de forma pacífica el estacionamiento de la tienda Elektra, bajo el argumento de “si nosotros cerramos, Elektra también´, ya que aseguran que estos comercios muestran negligencia ante las medidas sanitarias.
A través de un video publicado en redes sociales, se puede apreciar a los manifestantes portar cartulinas con leyendas como “Mi negocio está cerrado ¿Por qué Elektra no?”, y “Salinas Pliego: ´la vida sigue´. . . Cuando eres millonario ¿Y el pueblo?”.
Durante la grabación, uno de los involucrados declara que dentro de la tienda no se cuenta con las medidas de salubridad necesarias para brindar servicio, por lo que exigen la suspensión de sus actividades.
“EVIDENTEMENTE GRUPO SALINAS EN DESACATO A LAS DISPOSICIONES CONTINÚA SUS OPERACIONES, MIENTRAS QUE LOS NEGOCIOS DE MILPA ALTA PERMANECEN CERRADOS”, DECLARAN.
A pesar de su movilización fuera de la tienda Elektra, los vecinos de Milpa Alta no impiden las labores del Banco Azteca, ya que las instituciones bancarias deben continuar con sus operaciones.
“Ya no tenemos en dónde meter a más pacientes COVID. El área de urgencias está saturada”, dijo una fuente entrevistada del Hospital General número 30 del IMSS, en Iztacalco.
Enfermos tirados en colchonetas en el piso del patio de la clínica, atrás de un viejo escritorio, junto a una papelera de desechos sanitarios, vestidos únicamente con una bata verde, y con un tanque de oxigeno a su lado.
Pacientes adultos mayores tirados sobre tres sillas metálicas puestas en fila que hacen de una improvisada cama de hospital.
Pacientes cubiertos por una sábana, con las piernas desnudas, y unas pantuflas blancas cubriéndoles los pies, que esperan a que alguien del personal sanitario los ayude.
Y más adultos mayores amontonados en sillas metálicas, sin sana distancia, esperando su turno para ser atendidos.
Foto tomada de: www.animalpolitico.com
Esta es la situación que se vive en el Hospital General número 30 del IMSS, en Iztacalco, Ciudad de México, y que queda reflejada en una serie de fotografías a las que tuvo acceso este medio, cuya veracidad fue corroborada por personal de esta clínica del Seguro Social y por el propio IMSS.
El personal del Hospital número 30 entrevistado explicó que las fotografías corresponden a la zona del ‘triage respiratorio’ que se encuentra en el patio del Hospital, que básicamente es una carpa donde los pacientes reciben una primera valoración antes de pasar al área de urgencias reservadas para COVID.
“El problema es que la sala de urgencias está llena. Por eso se tenía afuera a algunos pacientes”, dijo una fuente del hospital que pidió anonimato para evitar posibles represalias.
“Ya no tenemos en dónde meter a más pacientes COVID. El área de urgencias está saturada”, corroboró otra fuente entrevistada de esta clínica en Iztacalco, que, por ahora, continúa siendo un centro “híbrido” de pacientes COVID y de pacientes que padecen otras enfermedades.
“En las últimas dos semanas empezó a llegar más gente y todo se salió de control. No hay para dónde mover a los pacientes”, lamentó una fuente más de la clínica.
Animal Político buscó al IMSS para preguntarle por una postura sobre esta situación de pacientes durmiendo en colchonetas tiradas en el suelo, o en sillas metálicas puestas en fila.
La dependencia respondió confirmando la veracidad de las imágenes y aseguró que emprenderá medidas urgentes a través de dos acciones: una, “sacando a los enfermos de ese lugar”. Y dos, enviando a más personal médico a este Hospital Número 30 para atender la situación de saturación en la que se encuentra.
Foto tomada de: www.animalpolitico.com
Ocupación hospitalaria al 69%
Salud reportó el 4 de mayo que en la Ciudad de México se han registrado 6,785 casos confirmados de COVID-19, de los que 1,801 están activos. La ocupación hospitalaria en la capital del país está al 69%.
El viernes 1 de mayo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, y Zoé Robledo, director del IMSS, anunciaron que el Instituto apoyaría a la ciudad atendiendo a personas afectadas por el virus aunque no fueran sus derechohabientes, ante la saturación de hospitales como el Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER) y el Instituto Nacional de Nutrición.
Ese día, el 1 de mayo, la red hospitalaria de la CDMX tenía una ocupación de 61%.
Claudia Sheinbaum señaló que el IMSS abriría sus puertas a personas que tengan COVID-19 o síntomas de COVID-19, y que requieran la hospitalización para que puedan asistir a cualquier hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, “dado que ya hay varios hospitales saturados, particularmente en los institutos nacionales de salud, una parte del ISSSTE y dos de los cinco hospitales que tiene la Ciudad de México”.
Sin embargo, el IMSS parece tener sus propios problemas de saturación, de acuerdo a las fotos y los testimonios de los médicos, además de otros diversos problemas, como falta de equipo de protección para los trabajadores de la salud y de recursos humanos para dar la atención adecuada a los pacientes.
Ciudad Juárez. Chih., En lo que sería el segundo mayor brote de Covid-19 en las plantas maquiladoras de Ciudad Juárez, seis empleados de la empresa Syncreon Borderland murieron en días recientes, informaron obreros y familiares de los fallecidos.
Un trabajador de la empresa referida, quien se identificó como Luis Ángel, señaló que en una reunión efectuada el jueves supieron que en los 12 días recientes seis empleados perdieron la vida por un brote fuerte de coronavirus en maquiladoras de la ciudad.
Al morir el primero de los seis, nos dijeron que mientras no hubiera autopsia, ellos no podían hacer nada para impedir el trabajo. Cuando nos manifestamos en la calle nos dijeron que nos estábamos agarrando de eso para no trabajar y después de la cuarta muerte, la maquila mandó un correo para que los trabajadores no acudieran a la planta hasta nuevo aviso. Dijo que conocía a cinco de las sus compañeras fallecidos.
Autoridades de Salud de Chihuahua indican que en el sector maquilador de Juárez han ocurrido tres brotes de Covid-19, el principal, en la empresa Lear Río Bravo, donde oficialmente suman 13 personas muertas, pero los mismos trabajadores hablan de 19.
En Flextronics Manufacturings, mientras tanto, obreros denunciaron que la empresa ha ocultado desde hace un mes un brote de coronavirus, y en Foxconn Technology Froup, multinacional taiwanesa, siguen trabajando.
La tarde del jueves, trabajadores de Flex decidieron parar en una de sus plantas en el suroriente de la ciudad, por que ya se había organizado la gente para la huelga” a las 3:20 de la tarde, pero a las 2 de la tarde los jefes nos pidieron que paráramos la producción y nos citaron para la semana entrante de manera normal.
Todos estamos preocupados porque al menos sabemos de un caso, el del compañero Jesús Manuel Dávila que se lo llevaron hace unos días al IMSS número 66 con todos los síntomas de coronavirus, a la familia no le han dado información.
Hoy nos enteramos que lo trasladaron al Star Médica, donde ya lo tienen intubado y está muy grave.
Mientras, en Foxconn Technology Froup, multinacional taiwanesa que se sitúa como la mayor manufacturera de componentes electrónicos a nivel mundial y maquila computadoras en la planta Santa Teresa, siguen protestando porque consideran que la producción de computadoras no es actividad esencial.
Jesús José Díaz Monárrez, dirigente local de la CTM, informó que los trabajadores de la maquila que se encuentran en paro técnico con un porcentaje de su salario, exigen a sus sindicatos el regreso a la actividad, aun dentro de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno federal debido a la fuerte crisis económica que enfrentan con un ingreso menor.
Díaz Monárrez dijo que el próximo lunes 4 de mayo vencen los convenios que firmaron los dirigentes del sindicato con la empresa, por lo que más de 50 mil obreros que están en estas condiciones deben regresar a trabajar,
Advirtió que quienes no retornen durante los tres días siguientes al 4 de mayo, se arriesgan a la rescisión de contrato, a menos que haya nuevas disposiciones oficiales y se firmen nuevos convenios.
A todo esto, Arturo Zorrilla Valenzuela, director médico en la zona norte, al informar el corte técnico de este viernes 1° de mayo, informó que en el estado ya son 521 casos positivos y 92 defunciones, 75 de ellas en esta frontera de las que tres fueron el viernes y el jueves nueve, así como 38 pacientes recuperados, entre ellos tres médicos.
Pese a que se hizo un alargue de la cuarentena por parte de las autoridades federales hasta el 30 de este mes de mayo, muchas empresas maquiladoras de esta ciudad prácticamente obligaron a que sus trabajadores retomaran sus actividades en el inicio de esta semana, aunque con ello se pongan en riesgo de contraer la enfermedad del COVID-19.
Juan Villafuerte Morales, manifestó que fue el temor de los obreros a perder su trabajo fue lo que los hizo asistir a laborar y es que, de acuerdo a la ley federal del trabajo, de no asistir, serían dados de baja sin recibir el beneficio de una indemnización como corresponde.
El líder obrero dijo que envío un comunicado a la Secretaria del Trabajo en el país, María Luisa Alcalde, poniéndola al tanto de lo sucedido, y es que solamente esa instancia federal podría decretar que las empresas cumplan con el objetivo de la medida de mandar a los trabajadores para que se queden en casa.
Villafuerte Morales nuevamente hace responsable a los directivos de las empresas que reiniciaron actividades de provocar que se den más contagios entre la base trabajadora, reiteró que estarán pendientes de la reacción de las autoridades federales en torno a lo sucedido en mas del 90% de las empresas de la industria maquiladora que tienen contrato colectivo con esta organización sindica.
Sin importarle qué irían a comer, el gobernador mandó cerrar los negocios y actividades no esenciales exceptuando a sus empresas del grupo “Álica”
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Lunes 04 de mayo del 2020.- Diversos grupos sociales, le hacen “montón” a la autoridad municipal en plena jornada de “sana distancia” y es que este lunes se le juntaron al gobierno del estado 4 movimientos de inconformidad con el mismo común denominador: se están muriendo de hambre ante la pandemia del coronavirus.
A temprana hora de este lunes, los primeros en aparecer frente a Palacio de Gobierno fueron los músicos a los que dejaron como novias de rancho, “vestidos y alborotados” porque las despensas prometidas que se distribuirían todos los lunes de esta cuarentena, nunca llegaron.
Sin la sana distancia, muchos de ellos sin cubrebocas ni medidas de seguridad permanecieron bajo los candentes rayos del sol confundidos dado a que los músicos pertenecientes a las organizaciones sindicales, se les informó que la entrega sería en las instalaciones del DIF Nayarit.
Sin embargo, a los mariachis, norteños y músicos independientes, nadie lo peló, y acudieron por su despensa porque el gobernador Toñito Echevarría dijo que esta ayuda era para todos los músicos.
Pero se quedaron fuera de este beneficio y como los chinitos, nomás mirando, pese a que son los más jodidos de todos los músicos.
MESEROS DESESPERADOS
Inmediatamente después, arribaron a la Plaza Bicentenario, los Meseros de Eventos Sociales, quienes tienen desde la primera quincena de marzo que no laboran debido a la pandemia del coronavirus.
Su radio de acción son fiestas particulares, eventos sociales y actos políticos, todos cancelados para evitar la propagación del virus. Esto genera que este sector viva una severa crisis, no tiene ni para comer, muchas meseras son madres solteras que no tienen otra entrada de dinero y deben alimentar a sus menores hijos.
Por ello, solicitan ser tomados en cuenta para recibir por lo menos una despensa o vales a canjear en alguna tienda de autoservicio.
ABANDONAN A ARTESANOS INDÍGENAS
Al menos 230 artesanos indígenas se sienten abandonados de la mano del gobierno, tienen más de un mes sin vender sus productos a un costado del Mercado Juan Escutia, tras las medidas de seguridad implementadas por las autoridades para frenar el contagio del Covid-19.
La desesperación e impotencia se apoderó de este grupo quienes no solamente piden un apoyo alimentario, también solicitan volver a su centro de trabajo, que les permitan vender su arte huichol y cora para sacar aunque sea unos centavos porque tienen que pagar la luz y la renta, exclaman desesperados.
TRANSPORTISTAS TAMBIÉN SE MANIFIESTAN
Los transportistas del servicio público también hicieron su luchita para obtener una despensa.
Choferes de la ruta Progreso 4 marcharon sobre la avenida México hasta Palacio de Gobierno en demanda de un apoyo económico o en despensas para todos los trabajadores del servicio público.
Los ruleteros tanto de camiones, combis, taxis y de las plataformas digitales registran una disminución en las ventas hasta de un 50 por ciento, son pocos los usuarios y el dinero que obtienen, no alcanza para cubrir la venta del día, poner gasolina o diésel y llevar el chivo a sus familias.
Pedro de Jesús Peña Díaz, a nombre de sus compañeros choferes, explicó que las medidas dictadas para prevenir la pandemia del Covid-19 les ha pegado duro pero están conscientes de aplicarlas. Sin embargo, eso les representa una merma en su economía, de ahí la decisión de marchar para solicitar el apoyo.
Por primera vez, a través de un grupo especial en las redes sociales se unieron choferes del servicio público y privado en un fin común, obtener una despensa o un apoyo económico para todos.
Si bien, en la marcha participaron alrededor de 50 trabajadores del volante, el resto permaneció en las unidades porque el servicio del transporte es vital para la ciudadanía y no pueden dejar de otorgarlo pero están unidos y en la misma sintonía, apoyo parejo para todos, finalizó Peña Díaz.
“Los comerciantes establecidos de la zona centro de Tecomán tienen una gran preocupación por el anuncio hecho por las autoridades municipales, en torno a que el día de mañana martes (5) se realizará un operativo para cerrar los negocios catalogados como no esenciales”, aseguró en una entrevista su líder Kive Kleiman.
El empresario señaló que entre los comerciantes del centro de la cabecera municipal existe el temor, hay preocupación y también inconformidad por cómo se está manejando la situación en el marco de las medidas para mitigar la propagación del coronavirus Covid-19.
Esas medidas, aseguró, no se están aplicando a grandes empresas como Elektra y Coppel, cuyas sucursales siguen abiertas y “en realidad están poniendo en riesgo a la población”.
La molestia, afirmó, aumenta porque tampoco se ha tenido ningún tipo de apoyo que pueda ayudar a las empresas micro y pequeñas para sobrellevar la crisis, la cual está afectando a unos 50 comercios de la zona centro tecomense, de los cuales dependen entre 250 y 300 familias.
Kive Kleiman consideró que los tres niveles de Gobierno no están siendo justos, pues “nuestros comercios están aplicando todas las medidas, muchas más precauciones que en las empresas que mencioné, y sin embargo se anuncia que nos van a cerrar. No sabemos qué va a pasar, ni si vamos a salir adelante como empresarios”.
Para este martes, el empresario dijo que persiste la angustia entre los comerciantes que han mantenido abiertos sus negocios, especialmente entre “nuestros empleados” y sus familias, porque “nosotros que no habíamos vivido una crisis como esta, en la que hemos sido los más castigados”.
Finalmente, afirmó: “No sé si piensan que queremos enfermarnos, pero no, lo que queremos solamente es sobrevivir”.
Colima, México, Avanzada (04/05/2020).- En Colima, la pobreza tiene múltiples rostros y uno de ellos es el de los hombres y mujeres cortadores de caña en el municipio de Cuauhtémoc, que trabajan en condiciones precarias, en un clima intenso y sin protección para evitar contagios por el coronavirus.
Llegaron a finales del año pasado al estado de Colima, provenientes de Guerrero y Veracruz, principalmente, en busca del trabajo que les permita mejorar las condiciones de vida de sus familias, y alejarse de la violencia que se vive en sus tierras por la disputa entre carteles del narcotráfico.
Sin hombres, mujeres y niños que trabajan de lunes a sábado y a veces hasta el domingo, para cortar la caña que se lleva al ingenio de Quesería, en donde se procesa para obtener el azúcar que se comercializa en distintas regiones del país.
A pesar de la emergencia decretada por el COVID-19 en Colima desde el 18 de marzo, no han detenido el trabajo que realizan. A las siete de la mañana inician con sus labores en los campos de caña que se encuentra en la zona norte de la entidad.
Durante casi 12 horas están expuesto a los rayos, del sol, al fuego que les permite quemar la caña para después cortarla, al calor, e incluso, a una serie de peligros, entre ellos, el coronavirus, enfermedad de la que conocen poco.
Sus patrones no les han explicado que hay que lavarse las manos constantemente, que hay que evitar tocarse la cara o incluso, guardar la sana distancia. En las camionetas que los transportan hasta sus lugares de trabajo, lo que menos se respeta es el metro y medio recomendado por la secretaría de Salud para evitar el virus.
Aunque en Colima, los contagios son mínimos en comparación con otras entidades del país, existen cuatro personas fallecidas a consecuencia del COVID-19, además de cientos de negocios cerrados, y personas resguardadas para evitar el contagio.
Artemia proviene de Chilapa, Guerrero, uno de los municipios más violentos del país. Su lengua materna es el náhuatl y aunque casi no habla el español, logró entenderse con el mayordomo que los contactó para que se vinieran a trabajar a Colima. Sin embargo, con extrañeza observa a la señora de la tienda que le pide que use un cubrebocas para poder ingresar al establecimiento. Su hijo, quien la acompaña en la compra de los alimentos, responde que no tienen ninguno, y dice que sólo quieren dos carpetas de huevo y un litro de leche.
-¿Ustedes siguen cortando caña todos los días? Se le pregunta al hijo de Artemia, quien asiente con la cabeza.
-¿Les han explicado cómo pueden evitar contagiarse de coronavirus?, se le vuelve cuestionar y sólo responde que no, mientras recibe los huevos y la leche que acaba de comprar y se retira del lugar.
Artemia y su familia viven en el albergue cañero de El Trapiche, en donde la mayoría de los habitantes no tienen televisión y algunos ni siquiera radio, si acaso una bocina con memoria donde viene la música que escuchan la mayor parte del tiempo; no leen los periódicos, aunque los más jóvenes sí tienen celulares y Facebook, pero la falta de internet gratuito les permite entrar con frecuencia para saber qué está ocurriendo en su lugar de origen o en su país.
En el Albergue del Trapiche vive una parte de los cortadores de caña, junto con sus numerosas familias; las pequeñas viviendas que habitan les permiten tener únicamente dos petates para dormir, alguna cama de cemento y la ropa que usan.
La cocina está afuera del cuarto que habitan: al aire libre, y ahí acomodan un montón de leña, algunas ollas y un comal para calentar la comida. En los campos de caña transcurre la mayor parte de su tiempo, y sólo llegan a sus casas para comer, asearse y dormir y seguir con la misma rutina de siempre.
Más de la mitad de los contagiados fueron encamados.
Foto: Agencias.
Dos de cada diez pacientes hospitalizados por COVID-19 necesitaron intubación endotraqueal.
De cada dos pacientes con diagnóstico positivo a esta nueva enfermedad respiratoria, uno requirió ingresar a una una unidad hospitalaria desde el momento en que personal médico le realizó una valoración.
De los 166 pacientes confirmados al corte de ayer, en 86 personas (51 por ciento) las complicaciones obligaron a un manejo hospitalario en vez de recuperarse en aislamiento domiciliario.
Es entre este tipo de pacientes donde se han reportado el 69.5 por ciento de las defunciones, ya que el otro 30.5 por ciento murió con un manejo inicial ambulatorio, porque en su momento la institución de salud que les atendió consideró que no necesitaban hospitalización.
De los 86 pacientes que sí fueron hospitalizados desde un inicio, el 20 por ciento -lo que equivale a dos de cada diez- necesitaron intubación endotraqueal.
Este procedimiento quirúrgico consiste en una incisión en el cuello para insertar un tubo o cánula que va conectado a un ventilador mecánico para facilitar el paso del aire a los pulmones.
De los 18 pacientes intubados, el 94 por ciento (17) presentaba también neumonía y en tres casos fallecieron: el primero la madrugada del 14 de abril y correspondió a un hombre de 66 años, originario de Juchitán de Zaragoza.
El segundo caso ocurrió el pasado 16 de abril, se trataba de una mujer de 60 años originaria de Oaxaca de Juárez.
El tercero ocurrió el 2 de mayo en un hombre de 53 años originario de San Jacinto Amilpas y confirmada ayer.
Coronavirus en Oaxaca
166 pacientes confirmados al corte de ayer
86 personas fueron hospitalizadas
69.5% de las defunciones fue de pacientes hospitalizados
21% de contagiados necesitaron intubación endotraqueal
Colima, México, Avanzada (04/05/2020).- La pobreza no es igual para todos; para algunos consiste en no tener una vivienda, un trabajo bien remunerado y para otros, en no tener alimentos para comer y poder alimentar a su familia.
La pobreza alimentaria es una realidad que está golpeando a el 21 por ciento de la población en Colima y su situación se ha agravado, a partir de las medidas de aislamiento social que decretó el pasado 18 de marzo el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.
De acuerdo al CONEVAL, en la entidad existen 165 mil personas en pobreza alimentaria, equivalentes al 21 por ciento de la población, es decir, que las personas que se encuentran en esta condición, no cuentan con los recursos económicos para garantizar las tres comidas al día.
Los indicadores muestran que la pobreza alimentaria se duplicó entre el 2008 y el 2018, pese a los programas sociales que se implementaron durante los gobiernos correspondientes a esos años.
Por su parte, la encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2016, la cual fue realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) expone que en el 32.7 por ciento de los hogares colimenses, algún menor de edad, en edad escolar, no tuvo acceso a una alimentación variada y sana debido a que sus progenitores o tutores no contaban con el dinero suficiente para poder proporcionársela.
La misma situación de pobreza ocasionó que en el 29.8 por ciento de los hogares encuestados, algún menor comiera menos de lo que debía comer.
Además, el 6.1 por ciento de los hogares que participaron en el ejercicio que realizó el INEGI, un menor de edad comió una vez al día o no lo hizo durante todo el día, por falta de recursos económicos o alimentos para satisfacer su necesidad alimentaria.
AGENCIA SIM / Noticaribe
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 15 de abril pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió las instalaciones del hospital oncológico de Chetumal, inmueble que servirá para la atención de pacientes del COVID-19, según anunció el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde también se habilitará el Hospital General de Tulum.
Pero hasta hoy en ambos hospitales no se puede recibir a ningún paciente, pues todavía están con la habilitación de las instalaciones de material y equipo; además a la espera que llegue el personal militar que será el que atenderá en dichas instalaciones. Por otro lado, falta la contratación y capacitación del personal auxiliar, la adquisición de medicamentos e insumos, la habilitación y equipamiento de farmacia y los espacios de atención de pacientes de COVID-19.
Sin embargo, hoy en la conferencia “mañanera” del Presidente de México, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González dijo que “en Quintana Roo se tiene un hospital militar y dos del Insabi, en Chetumal está nuestro hospital; tenemos otro de (especialidades) oncológicas en Chetumal y otro en Tulum”, donde se tiene un total de 115 camas de hospitalización, “las mismas que están disponibles”.
Ante reporteros de la fuente, el Secretario de la Defensa Nacional presentó la gráfica donde se especifica con “lo que se cuenta en Quintana Roo y se especifica que el Hospital Militar de Zona (HMZ), que está en Chetumal se tienen habilitadas para hospitalización 20 camas y otro número igual para terapia intensiva; en el Hospital Oncológico, también en Chetumal, se tienen 45 camas para hospitalización y 25 para terapia intensiva; en el Hospital de Tulum se tienen 50 camas para hospitalización y 20 para terapia intensiva; esto hace un total de 115 camas para hospitalización más 65 de terapia intensiva que podrán ocupar los pacientes y serán atendidos por personal de la Sedena.
Hasta hoy, ni en el Hospital Oncológico de Chetumal, ni en el General de Tulum se cuenta con esas “camas disponibles”, pues a penas el sábado pasado (2 de mayo) llegó parte de lo que se utilizará para la reconversión de ambos hospitales; en el nosocomio de Tulum el gobierno del Estado todavía trabaja en la rehabilitación de las instalaciones y falta que llegue el personal de la Sedena.
Sandoval González agregó que “en iguales circunstancias aquí (en Quintana Roo) tenemos en terapia intensiva 65 camas entre las tres instalaciones (Hospital militar, Chetumal y Tulum), ya se pueden ocupar con hospitalización, pero en espera de los ventiladores para convertirlas en terapia intensiva”.
Aunque no se especificó qué día, si se dijo que en mayo entrarían en funcionamiento ambos hospitales. En Tulum solo se tiene habilitado el espacio, pero falta que llegue todo el material y equipo.
La Secretaría de Marina dio a conocer en la misma conferencia que se asignarán 5 médicos y cinco enfermeros al Hospital regional 7; además de enviar diez personas de apoyo médico al Regional Número 3, ambos nosocomios en Quintana Roo.
Con la intención de construir fraccionamientos, empresarios foráneos realizan incendios en un corredor ambiental de Jocotepec que es casa de cientos de especies animales, denunciaron habitantes del municipio que viven sobre la ribera del lago de Chapala.
Los siniestros, añadieron, no son nuevos, pues se hacen desde la administración pasada con la anuencia de las autoridades municipales. Su objetivo es cambiar el uso de suelo de casi mil hectáreas y construir casas.
“Ayer (sábado) quemaron fácil unas 400-500 hectáreas. Es un crimen ecológico lo que están haciendo, muy grande. Andaban bajándose pumas, gatos monteses, jaguarundis, cacomixtles. Han estado atropellando pumas aquí en la carretera. Es la última parte del lago de Chapala donde todavía existen grandes felinos aquí”, detallaron habitantes a NTR.
La importancia de esta zona radica en que es un corredor de especies. Conecta a la zona del lago de Chapala con la sierra del Tigre y la laguna de Sayula. Es por ello que ven como un crimen ecológico a los siniestros.
Narraron que la problemática afectará, por ejemplo, a los venados, los cuales “en cinco años van a tener una endogamia tremenda, es decir, se van a acabar porque no va a haber sangre nueva. Van a quedar 23 kilómetros sin venados. (Y) nada más estás hablando de venados, pero imagina los pumas, un puma te camina 10-12 kilómetros por día”.
Lamentaron que los fraccionamientos que ya empezaron tienen un 30 por ciento de avance en su construcción y que las autoridades municipales no detienen las obras. Agregaron que el ámbito estatal y federal no se han pronunciado al respecto.
“(Los empresarios ya) compraron otras 600 hectáreas de acuerdo con los comisariados ejidales. Va a ser un daño realmente grave. La inmensa mayoría (de la población) está disgustada porque a mucha gente hasta le quitaron su tierra de agostadero. Van en contra, incluso, de la gente. Es una arbitrariedad tremenda, se han metido con máquinas tumbando cercas, la gente está disgustada”, agregaron.
Finalmente, los ciudadanos dijeron temer que en municipios colindantes con Jocotepec también se comience con la venta de terrenos para la construcción de desarrollos, ya que esto agravaría la problemática.
Ante el Covid-19 el acceso a uno de los fármacos se ha limitado
Isaura López / El Occidental
La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria autoinmune, se estima que tres de cada cuatro pacientes son mujeres que podrían tener secuelas importantes en caso de no seguir su tratamiento, sin embargo, ante el Covid-19 el acceso a uno de los fármacos se ha limitado.
En Jalisco, hay un desabasto de metotrexato, un medicamento de primera elección en artritis reumatoide, de no conseguirlo los pacientes corren el riesgo de que la remisión de la enfermedad pueda tardar y traer como consecuencia discapacidad funcional importante.
La Presidente del Colegio Jalisciense de Reumatologia A. C., Yelitza Concepción González Bello advierte que, al ser una enfermedad crónica, el pronóstico es complicado de no tener el tratamiento adecuado.
“Es muy importante que los pacientes entren a una remisión, detectar la enfermedad de manera más temprana, porque vemos menos discapacidades (…) es una causa de incapacidad funcional importante, perdida económica y de trabajo”.
Indicó que, con los nuevos medicamentos como son los modificadores, biológicos y de pequeñas moléculas, la y él paciente pueden tener una vida normal, sin embargo, la falta de acceso pone en riesgo su situación.
“El acceso a los medicamentos en estos momentos es un poco limitado en general por la pandemia, los costos de los medicamentos de los más nuevos son un poco elevados (…) Ahorita el que está un poquito en desabasto es el metrotexato, conocido para los niños de quimioterapia, esta difícil de conseguir, está llegando, pero muy poco”.
Este medicamento en su fórmula de patente tiene un costo aproximado de 700 pesos y en genérico de 200 pesos, en ambas modalidades resulta difícil encontrarlo, subrayó la especialista.
Algunos factores que contribuye para lograr la remisión temprana de la artritis reumatoide es la detección temprana, iniciar con tratamiento oportuno, revisiones subsecuentes, reajuste y respuesta del fármaco, a fin de modificar la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente.
“En cuanto más rápido iniciemos el tratamiento mejor les va a ir”, este padecimiento afecta a personas económicamente activas, entre 20 y 40 años, aunque también comienza a diagnosticarse en menores de edad.
Ciudad de México. A tres años del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, las autoridades de la Ciudad de México aún no han emitido una sentencia definitiva ni han actualizado los protocolos de investigación en casos de feminicidio que garanticen el acceso a la justicia para las capitalinas.
Este 3 de mayo se cumplieron tres años desde que Jorge Luis González Hernández cometió el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante de 22 años de edad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esto quedó sustentado en la sentencia que emitió el pasado 11 de octubre de 2019 el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la CDMX. Sin embargo, la orden judicial aún espera ser ratificada por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), ya que fue impugnada por la defensa legal del agresor, quien exige se reponga parte del proceso, y por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la familia de la joven, quienes piden que el asesino reciba la máxima sentencia condenatoria y se dicten medidas de reparación ejemplares para la familia y la comunidad universitaria, que desde 2019 inició un movimiento al interior de los planteles educativos para frenar la violencia contra las mujeres.
Cronología del caso
El feminicidio de Lesvy destacó en los medios de comunicación por distintas razones: 1) ocurrió al interior de las instalaciones de la máxima casa de estudios; 2) las omisiones por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), hoy Fiscalía, quien divulgó información sensible, estigmatizante y revictimizante para Lesvy y su familia; negó el acceso a la carpeta de investigación a familiares y abogadas acompañantes; en un principio pretendió dar al feminicida la calidad de víctima; no utilizó la perspectiva de género para la integración de la carpeta y la interpretación de sus hallazgos; y formuló una imputación por el delito de homicidio simple doloso de comisión por omisión.
En octubre de 2017, la Quinta Sala del TSJCDMX resolvió, gracias a la insistencia de las familias y un grupo de abogadas y feministas acompañantes, que el caso debía ser investigado y juzgado con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio agravado.
En mayo de 2018, de cara al primer aniversario del feminicidio de Lesvy, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) confirmó en la Recomendación 01/2018 la falta de debida diligencia en la investigación y las negligencias cometidas en el caso. Esta Recomendación identificó violaciones a los Derechos Humanos cometidas por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la PGJCDMX y del TSJCDMX.
Estas autoridades asumieron plenamente haber cometido acciones y omisiones que entorpecieron el caso, el acceso a la verdad y a la justicia, participando en actos de disculpas públicas a Lesvy, su familia, a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana en general.
El 11 de octubre de 2019, los jueces José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la CDMX, dictaron un fallo condenatorio de 45 años de prisión a Jorge Luis, a quien se le declaró culpable del delito de feminicidio agravado contra Lesvy, ya que se comprobaron lesiones infamantes, actos de violencia del sujeto activo contra la víctima, la exposición del cuerpo de la joven en un lugar público y se acreditó la relación sentimental entre Lesvy y su agresor, todas ellas circunstancias que configuran “las razones de género”.
Dicha sentencia fue apelada por las partes y la próxima resolución está a cargo de la Quinta Sala Penal, la cual definirá si se confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia; sin embargo, en lo que va de 2020 la audiencia de alegatos aclaratorios ha sido aplazada al menos en dos ocasiones por diversos motivos y sin avisar previamente a la familia de Lesvy.
Los pendientes
Al participar en el conversatorio “Nuestra lucha siempre será por la vida”, que organizó este 3 de mayo de manera virtual el grupo político de acompañamiento a la familia, la madre de Lesvy, Arecely Osorio, reflexionó que desde el inicio del caso se propuso desmentir a las autoridades que desprestigiaron a su hija.
“Quien se había atrevido a hablar así de ella era porque no la conocía; quien se había atrevido a hablar así de ella era porque había puesto oído atento al agresor. No se había filtrado información de la vida privada de Lesvy, lo que se había filtrado era el argumento del agresor, y eso tuvimos que confirmarlo”, expresó la ahora defensora de los derechos de las mujeres.
Aracely también habló sobre lo que han significado estos tres años de exigencia de justicia por el feminicidio de su hija: “Si yo en este momento tuviera que hablar de Lesvy, ya no hablaría de la Lesvy de la que les he hablado tanto, les hablaría de la Lesvy que sigue caminando, que lleva más prisa, que sostenemos todas, que acompañamos todas. La Lesvy con la que yo duermo y despierto en un saludo muy especial, pero también de la Lesvy que es la pesadilla de un agresor por lo que nosotras hemos logrado y hemos hecho juntas”.
Por su parte, Gabriela Rivera, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (una de las organizaciones que acompaña legalmente el caso), explicó que pese a que a partir de este caso se demostró un patrón de omisiones en las que incurren las autoridades de justicia capitalina cuando se trata de feminicidio, a tres años del asesinato de Lesvy continúan los mismos errores: las diligencias para la investigación de los casos siguen siendo deficientes, y aún no se tiene un protocolo para investigación casos de feminicidio de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal.
El protocolo que actualmente usan las y los operadores de justicia tampoco incluye los criterios que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la sentencia histórica de Mariana Lima Buendía (cuyo feminicidio ocurrido en el Estado de México en 2010 fue investigado inicialmente como suicidio), dijo Rivera.
En el conversatorio también participó Gilberta Mendoza Salazar, tía de Aideé Mendoza, una estudiante que también fue asesinada al interior de la UNAM, dos años después de Lesvy, pero su caso aún sigue impune.
Elementos de la policía municipal y estatal así como de la Guardia Nacional retiran con violencia a los vendedores a quienes incluso, les decomisan sus productos o se los dejan inservibles
El gobierno municipal de Tlalnepantla, Estado de México, encabezado por Raciel Pérez, ordenó retirar, mediante el uso de la fuerza pública, a comerciantes que vendían sus productos para poder mantener a sus familias durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Como puede observarse en un video, que circula en redes sociales, elementos de la policía municipal y estatal así como de la Guardia Nacional retiran con violencia a los vendedores a quienes incluso, les decomisan sus productos o se los dejan inservibles sobre la calle Emilio Carranza.
En la grabación puede apreciarse como la policía, enviada por el Ayuntamiento de Tlalnepantla, golpea y empuja a los vendedores que ofrecían su mercancía y también a algunos clientes provocando así una gresca.
Observando la situación, con chalecos rojos, se encuentran integrantes de Protección Civil del municipio de Tlalnepantla asegurando a testigos que no había violencia de por medio, cuando en las imágenes puede observarse lo contrario.
Ante la crisis financiera que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19, que ha conducido a tomar medidas de “sana distancia”, decenas de comerciantes informales de Tlalnepantla se han visto en la necesidad de mantenerse en las calles para poder así tener un ingreso.
Habitantes de La Pradera, El Marqués; informan que todos los días hay cortes de agua por las noches y los vecinos empiezan a contar con el vital líquido hasta las 10 de la mañana
A pesar de que existe un acuerdo-compromiso por parte de la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, SA de CV (Aquaa) para que, en esta contingencia sanitaria por Covid-19, no corte el suministro de agua a los habitantes de La Pradera, El Marqués; todos los días hay cortes de agua por las noches y los vecinos empiezan a contar con el vital líquido hasta las 10 de la mañana, informó una de las habitantes afectadas que ha representado las múltiples inconformidades que se dan en esta colonia, Jazmín Sánchez Bárcenas.
“Le solicitaron (gobierno estatal) a la empresa que durante la contingencia no hubiera cortes de agua, supuestamente la empresa aceptó; sin embargo, el agua siempre la han quitado en la noche, incluso en esta contingencia Fase 3. Por lo regular el agua la ponen entre seis y siete de la mañana, sin embargo, a partir del domingo nos la están reconectando hasta las 10 de la mañana”, indicó.
Así también, dijo, están cortando el suministro más temprano, es decir, en plena contingencia el suministro del vital líquido se limita a 10 horas. Anteriormente, este era suspendido a la una de la mañana, pero ahora, a partir de las ocho o nueve de la noche, los vecinos ya no tienen agua.
Este panorama, subrayó, preocupa debido a la situación sanitaria que se está viviendo a nivel mundial y que se suma a su imposibilidad de acatar las medidas de higiene y al temor de ubicarse cerca de un hospital.
“Seguimos en las mismas, cada vez haciendo más presión, es un servicio que nos debe garantizar el gobierno, porque también es preocupante que nosotros tenemos cerca el IMSS 2, que está aquí en La Pradera, y resulta que ahí están atendiendo pacientes de Covid, no sé si internados, pero sí enfermos. Además, hay muchos enfermeros que viven aquí en La Pradera y que lleguen y no tengan agua, porque no tenemos tinacos, porque hay departamentos que no tienen infraestructura para soportar un tinaco… Entonces sigue la situación”, expuso.
Calles empinadas, mal trazadas, vacías aunque se adivina que tras las ventanas de las casas hay muchos ojos expectantes. Una pipa sube trabajosamente, se escucha el sonido forzado del motor. Varios motociclistas le cierran el paso; el chofer maldice, les mienta la madre, pero de repente se calla, cuando uno de los motociclistas lo encañona al con una pistola 9 mm y otro amenaza al ayudante con el proverbial cuchillo cebollero de los crímenes…
Parece el guion de una película postapocalíptica australiana filmada en la Ciudad de México, pero es la vida real de este México posmoderno y amenazado. En el sureste de la capital, en la Alcaldía Tláhuac, dirigida (es un decir) por Raymundo Martínez Vite, bandas de personas armadas están secuestrando pipas de agua para garantizar su suministro de líquido.
Los vecinos acusan a políticos, a Antorcha Campesina, a Morena, pero, sobre todo, a las autoridades de la alcaldía que desde hace meses se niegan a suministrar agua por la red de agua potable, alegando que está en malas condiciones, cuando los propios vecinos han demostrado que esto no es cierto y tienen evidencia que su agua se está desviando a industrias de la zona.
Imagen tomada de: regeneracionradio.org
COMO EN EL DESIERTO
Desde hace varios meses, la población de muchas colonias populares de la alcaldía Tláhuac están sin agua potable. La red simplemente no funciona y las autoridades solo dan promesas, pero las llaves siguen secas. Una de las representantes vecinales expresa: “sabemos que estar sin agua es estar sin vida, y a pesar de nuestra constante participación en mesas de trabajo donde se nos ofrece arreglar esta carencia, cien mil personas seguimos sin tener agua. Agua para tomar, para cocinar, para lavar, para limpiar”.
Una vecina se queja de que aunque estaba en la lista, las pipas nunca llegaron; otra, nos muestra que solo le queda medio tambo de agua tratada para el baño y nada para cocinar; una más, asegura ruborizada que hace días no se bañan. “Estamos como en el desierto”, opina entre festiva, resignada y enojada, una viejecita.
Los habitantes se han dado cuenta de que la única forma en que la autoridad les hace algo de caso, es mediante el cierre de avenidas, como expresaron apenas hace unas semanas en un comunicado: “Debido a la negativa de las autoridades de resolver la grave situación de falta de agua potable que nos aqueja, los vecinos de las colonias La Estación y Zapotitla cerraremos mañana Avenida Tláhuac en dos puntos: a la altura de calle Amado Nervo y a la altura de Paso Conejo a partir de las 8 de la mañana”.
La única respuesta fueron unas cuantas pipas y que mucha de las personas ajenas al problema, incluyendo parte de la prensa, los acusaran de no tener conciencia, de ser revoltosos e, incluso el alcalde, mencionó que cómo se les ocurría cerrar con la amenaza de la pandemia.
CIEN MIL PERSONAS SEDIENTAS
Se trata de más de cien mil personas que, en plena crisis de salud causada por el COVID-19 y su errático combate, carecen de lo que cursimente se conoce como el “vital líquido”, pero que en esta ironía cuasipostapocalíptica que vivimos, resulta una descripción precisa.
El ingeniero Héctor M. Reyes, director de Agua y Potabilización de SACMEX, desoye a los vecinos, las califica de “viejas argüenderas, no acude a las reuniones y desconoce lo que sus representantes, en nombre de la Alcaldía de Tláhuac, cuando prometen resolver el problema. Apenas, manda unas cuantas pipas para acallarlos, pero no hace nada no ha hecho nada, la gente sin agua con el consiguiente perjuicio para la calidad de vida y con los riesgos sanitarios que esto conlleva.
Entre las colonias afectadas en la Alcaldía de Tláhuac están La Estación, Zapotitla, Ampliación Selene, La Conchita, Nopalera, Zapotitlán, Talaltenco, Agrícola Metropolitana, lo que representa más de cien mil personas de todas las edades a las que se les está negando el derecho a tener agua potable que, recordemos, es una obligación legal de la Alcaldía proporcionar.
AGUA, DERECHO HUMANO
El problema es, indudablemente, de las autoridades. A pesar de los reclamos que las autoridades han hecho al respecto, los pobladores de ninguna manera son culpables ni están exigiendo algo fuera de lógica. El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, y aunque el actual gobierno federal y local parece ignorarlo, los derechos humanos no se cuestionan, no se someten a voto, no se espera a que otras prioridades del gobierno se cumplan para garantizarlo.
Las representantes vecinales aseguran que: “hemos pedido respetuosamente a la alcaldía de Tláhuac y en particular al ingeniero Héctor Reyes, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que nos den agua y solo nos han dado promesas, largas, un trato condescendiente que muchos de nosotros sentimos como burla”.
“Hace meses, se quejan, que no sabemos lo que es llenar la cisterna de un escusado, que la ropa se va deteriorando por lavarla con agua que reciclamos”. La privatización oculta del agua, que obliga a comprar el líquido potable en botellas y garrafones, es la norma en esta zona de la ciudad de ingresos bajos y de pobreza.
En particular, el ingeniero Reyes, desde la primera mesa de trabajo sostenida hace ya cuatro meses, se comprometió formalmente a brinda agua por la red, pero su palabra valió muy poco, porque cuando llega a haber agua, es escasa, por pipas.
Aunque los problemas de agua en la zona son viejos, más de ocho años, está situación que está degradando terriblemente la calidad de vida de cien mil mexicanos se ha venido agravando hasta llegar a extremos angustiosos en el marco de la pandemia y la situación se está agravando.
En su más reciente comunicado, que no ha recibido respuesta, vecinos de las colonias La Estación y Zapotitla expresaron:
“Miles de niños, mujeres, ancianos y hombres de las colonias La Estación y Zapotitla, Selene, Prolongación Jerusalén y Unidad Porvenir 204, sufrimos sin una gota de agua durante esta crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19.
“Urgimos a las autoridades para que se hagan cargo totalmente del reparto de agua por pipas, casa por casa sin saltarse lotes y sin injerencia de ningún grupo o gestor, para lo cual, nosotros nos haríamos a un lado responsablemente, esperando lo mismo por los demás involucrados.
“También es urgente el abastecimiento de agua por red, ya que estos días en las colonias La Estación y Zapotitla se ha agudizado el problema de escasez de agua. Lo problemas aumentan cuando se otorga la repartición sin control a grupos o gestores que no lo hacen de manera responsable casa por casa. La violencia ha estallado incluso han salido a relucir armas de fuego para llevarse pipas. Vivimos en anarquía total, donde la gente se concentra en los pozos para que de manera discrecional y sin control real se otorguen pipas mismas que son secuestradas.
“Nosotros responsabilizamos al Gobierno en general y a la autoridad a cargo en la colonia para repartir agua de algún hecho que se pueda lamentar, derivado de la incapacidad de actuación y falta de voluntad para dar soluciones y para generar diálogo”.
UN CAPÍTULO MÁS
La Alcaldía manda un nuevo mensaje. Promete dar agua mediante pipas a las colonias, lote por lote. Esto, me dice una señora, no es suficiente. Para empezar, dan un minuto de agua de pipa por lote, es decir, apenas unos mil litros cada semana, sin importar si en el lote vive una familia, varias o si, como es un caso común, se trata de una vecindad. Además, colonias de la parte baja que antes tenían agua ahora carecen también de ella.
La gente se prepara para recibir los mil litros, que suenan mucho, pero son una literal gota de agua. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “la necesidad básica de agua incluye el agua que se usa en la higiene personal, no resulta significativo establecer una cantidad mínima ya que el volumen de agua que usen las viviendas dependerá de la accesibilidad al recurso”. Sin embargo, los expertos mundiales aseguran que acceso básico se define como disponibilidad de una fuente a menos de mil metros de distancia o 20 minutos de recorrido desde el lugar de utilización, y posibilidad de obtención fiable de al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia.
Una familia de siete miembros (padre, madre, tres hijos, dos adultos mayores), que no es para nada extraña en esta zona y que de hecho puede considerarse pequeña teniendo en cuenta que en muchos hogares habitan familias extendidas que incluyen padres, hijos, nietos, sobrinos, abuelos y más, gastaría un mínimo de 140 litros diarios. Su minuto de agua le duraría menos de seis días, uno de la semana lo pasarían secos.
¿Lo peor? La situación de Tláhuac no es una anomalía, sino lo normal en gran parte de la Ciudad de México y otros lugares del país.
Durante los muchos meses que lleva la falta de agua, los recibos no han dejado de llegar, por 200 pesos mensuales o más. Para mayor miseria de las autoridades, están cobrando un servicio que no brindan.
Paola Gamboa | El Heraldo de Juárez
Foto: El Heraldo
Tras más de dos semanas sin actualizar cifras sobre empleados de maquiladora enfermos por coronavirus (Covid-19), ayer se informó que suman 17 trabajadores muertos por esta causa.
De acuerdo con las cifras de salud, se tienen identificados 26 empleados enfermos por Covid-19, de los cuales 17 murieron.
“El martes hubo una reunión con el IMSS y se avanzó en la investigación, hay un avance en cuanto a los números. Recordemos que la investigación epidemiológica toma su tiempo e iremos avanzado en este número que nos han preguntado”, dijo Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte.
Señaló que en un inicio la Secretaría de Salud había informado sobre 13 empleados de maquiladora que habían muerto por Covid-19, sin embargo, en la reunión del martes con IMSS se avanza en la investigación y se determina que son 26 casos de maquiladora los que llegaron al Hospital Regional 66 del IMSS.
“El total de casos confirmados que llegaron a al IMSS fueron 26, desde total 2 llegaron a otro nosocomio del IMSS y 24 al 66, de estos fallecieron 17 de la industria maquiladora”, explicó.
El médico aseguró que se continúan investigando más casos de defunciones para determinar si pertenecen o no a la industria maquiladora.
Desde hace aproximadamente dos semanas se informó sobre la muerte de 13 empleados de la industria maquiladora en el IMSS por coronavirus.
Los empleados laboraban en Lear Corporation y fallecieron después de contagiarse dentro de la empresa donde se detectó uno de los tres brotes que hasta el momento han informado las autoridades de salud.
Esa situación provocó una serie de manifestaciones entre empleados de diversas maquiladoras quienes exigen paro de labores ya que aseguran trabajan sin las medidas de prevención necesarias para ello.
Hasta el momento el IMSS no ha proporcionado mayor información sobre atenciones y defunciones de pacientes de maquiladora por Covid-19, ya que la institución asegura que el órgano rector para proporcionar cifras al respecto es la Secretaría de Salud.
Decenas de empleados denunciaron que este día los citaron en sus lugares de trabajo para notificarles que habían sido despedidos.
De las maquilas que denunciaron despidos fueron la siguientes:
Safran planta 5
Yazaki
Metal Finishing
EZairen
DANA
Al menos tres informaron que contaban con alrededor de un año y medio laborado, otras más hasta cinco años. Las demás personas que resultaron despedidas por las condiciones de cierre no especificaron cuánto tiempo tenían laborando al momento de su despido.
Argumentaron los desempleados que los motivos que les dieron era que no había requerimientos en las empresas.
“Hoy fuimos llamdos para ser despedidos sin justficiación”, “Nos citan a diferentes horas, nos pasan en grupos de 10 a 15 personas y nos líquidan en plena pandemia”, manifestaron los denunciantes.
Según trascendió, el día de ayer por la madrugada se registró un ataque armado cuando sujetos desconocidos quemaron la casa del agente municipal de Huazantlán del Rio, en San Mateo del Mar, Luis Chávez, además de realizar disparos.
Según versiones extraoficiales, los hechos violentos ocurrieron en este municipio del Istmo de Tehuantepec cuando individuos desconocidos dispararon en el retén de un cerco sanitario en Huazantlán del Río. Los atacantes quemaron cuatro vehículos, uno de ellos del transporte público. Asimismo, se cree que hay lesionados, pero la cifra no ha sido confirmada.
Extraoficialmente, vecinos señalan que el ataque habría sido ordenado por el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, por lo que a la comunidad ingresó un grupo armado que burló el retén establecido debido a la contingencia sanitaria por COVID 19.
A su vez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, de Tehuantepec denunciaron que durante el ataque hombres encapuchados sustrajeron de su domicilio a Josías Ordoñez Francisco, y luego prendieron fuego a su vivienda.
En tanto, denunciaron que sigue desaparecido Filemón Villalobos, suplente del agente municipal de Huazantlán del Río, por lo que se teme que sea la misma persona de cuyo cuerpo fue hallado en la carretera que va de Salina Cruz a San Pablo Huilotepec.
Asimismo, al lugar se presentaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones.
Texto y Fotos: Leslie Pérez / El Heraldo de México
El grafiti de estos artistas urbanos se puede encontrar en la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México
Un grupo de artistas urbanos de los llamados “grafiteros” decidieron echar a volar su imaginación y realizar un homenaje a todos los médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea de combate contra la pandemia de Covid-19 en México.
Los artistas encargados de realizar este homenaje son Alejandro Bautista, Octavio Aguilar Villagómez y Luis Olvaldo España, quienes decidieron poner el ejemplo al no agredir al personal de salud y al contrario rendirles el reconocimiento que merecen por su labor.
Alejandro Contreras, conocido como Kato, habitante de la alcaldía Magdalena Contreras, fundó el proyecto que, explica, surgió tras conocer la noticia de la enfermera a quien le arrojaron café hirviendo.
Por ello, Kato decidió crear murales temáticos para “generar conciencia sobre la importancia de la existencia de todos los trabajadores del sector salud”.
Imagen viral
Tras darse a conocer la imagen fue compartida masivamente en redes sociales; dicho mural muestra a una doctora abrazando la silueta del país como si se tratara de un bebé al que protege rodeada de representaciones del nuevo virus surgido en China.
Según sus creadores este graffiti representa a todo el sector de la salud que está salvado vidas ante las afectaciones de la pandemia del Covid-19, un gran reconocimiento considerando que en otras partes del país han sido agredidos varios trabajadores de la salud .
Crean más murales
En el límite de la alcaldía Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, se puede ver el rostro de una enfermera acompañado de un letrero con la palabra solidaridad. Ese es el primer mural de la campaña a la cual espera se sumen más artistas.
Ayer realizó el segundo mural, en el cual se ve a una mujer de la tercera edad, uno de los grupos vulnerables, y una “enfermera como escudo, protegiéndola”.
El muralista añade que espera encontrar lugares en vialidades más transitadas, para generar consciencia e incluso señaló que “si la gente tiene una barda yo voy a donde me inviten, el objetivo es generar comunidad y fomentar el respeto”.
El miércoles, realizará el tercer mural, sobre avenida Toluca en la alcaldía Álvaro Obregón.
Un total de 180 trabajadores, médicos, enfermeros, personal de intendencia y empleados administrativos, de los hospitales públicos y privados de Baja California, resultaron positivos al COVID-19, declaró el secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, en una conferencia de prensa realizada en Mexicali, el lunes 4 de mayo.
Pérez Rico aseguró que entre el personal que él administra no cuentan fallecimientos, pero dijo que no podría descartar decesos en nosocomios particulares, debido a que son cifras internas.Luego refirió que también hay personal de salud recuperado, pero no dio cifras.
Lo que sí comentó es que los trabajadores enfermos, sumados a las bajas temporales del personal que fue retirado de campo por padecer alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión u obesidad, que suman alrededor de 2 mil empleados que forman parte de los grupos vulnerable, provocó que se redujera en un 30% la operatividad de los hospitales en la entidad.
En la conferencia, el secretario también recordó que existen plazas laborales en el sector salud, disponibles para atender la contingencia a través de contratos eventuales. Explicó que de los 250 espacios, ya fueron ocupados 140, pero aún requieren más trabajadores, por lo que invita a los interesados a presentarse y formar parte de la contención de COVID-19 en los hospitales bajacalifornianos.
40 sospechosos de COVID- 19 en CERESO de Mexicali
El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, confirmó que poco menos de 40 personas al interior del CERESO de Mexicali, están consideradas como sospechosas de padecer COVID-19, y pudieron rastrear que estos, estuvieron un contacto con otras 250 personas, debido a las condiciones de hacinamiento que prevalecen en los penales del Estado.
Detalló que por eso, el estado tomó la decisión de aislar a estos internos y se encuentran en espera de los resultados para determinar si alguno resultará positivo de coronavirus.
Respecto al fallecimientos de internos en los CERESOS de Baja California, Pérez Rico declaró que aún no han sido confirmados. Y para hacerlos, es necesario a ver una biopsia pulmonar a los fallecidos para establecer causa de deceso. Lo cual se hará a petición específica de la familia.
Hasta el sábado 3 de mayo, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Salvador Morales Riubí, confirmó que cuatro personas privadas de su libertad y dos custodios habían perdido la vida presuntamente por COVID-19.
*Apostaron por la industria más que por la salud y la vida de los trabajadores, advierte académico
Mexicali.- En la semana de la fase crítica por el Covid-19, miles de trabajadores de un centenar de industrias maquiladoras y de manufactura de exportación de Tijuana y Mexicali reanudarán actividades este lunes con turnos de 12 horas de trabajo luego que la Secretaría de Salud del Estado retiró los sellos de suspensión.
El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que podría parecer que los productos de estas plantas por si solo no son esenciales pero son parte de la cadena de suministros para productos esenciales puso como ejemplos la proveeduría de partes para equipos médicos o el cartón corrugadobpara empaques.
Se trata de empresas donde los trabajadores denunciaron contagios en líneas de producción por lo que se manifestaron afuera de las fábricas para denunciar que no eran actividades esenciales y que además carecían de equipo de protección personal.
Una de estas empresas es Clover Wireless, cuya planta en Mexicali, reinició acciones con «un número limitado de empleados voluntarios» a los que les ofreció un bono de mil pesos como incentivo adicional para concluir la última semana de abril, luego que el 24 de abril el gobierno estatal la inspeccionó y autorizó el reinicio de operaciones de forma gradual, además de un. Un día después personal de salud les quitó el sello de suspensión.
Para este 4 de mayo anunció el regreso de la mayoría de su plantilla de personal ya que ma mayoría de sus «áreas han sido evaluadas por las autoridades verificando que cumplan con las indicaciones de salud e higiene preventivas» y anunciaron que de forma adicional contará con servicio médico.
Otras empresas en Mexicali que reanudarán sus actividades, con el aval del gobierno y con entrega de cubrebocas y guantes, son Accumde, Amphenol, Autolite, Breg, Cooper, Darmex, Dataproducts, Emerme, Footprint, Furukawa, Gulfstream, Honeywell, Johnson Controls, Judco, Kenworth, Kuang Sung, Lancer Orthodontics, LG Electronics, MexDMT, Newell, Pilkington, Placas Termodinamicas, Plantronics, Rheem, Sds, Sensata, Skyworks, Spectrum Brands, Technicolor y Us Comtech.
Prevén regreso este lunes de más de 40 mil empleados
Aunque el Gobierno del Estado y un centenar de empresas de los cinco municipios (especialmente Tijuana y Mexicali) solamente acordaron de palabra que regresarían a trabajar únicamente ciertas áreas de cada planta cumpliendo los protocolos de sanidad e higiene, entre los directivos y los empleados no existió comunicación sobre las condiciones laborales en las que regresará solamente una parte de las áreas de las maquiladoras; únicamente los trabajadores fueron notificados vía correo electrónico.
Algunas empresas prometieron bonos de 1 mil 500 pesos o hasta el 50 por ciento de su sueldo si van voluntariamente a trabajar firmando una carta responsiva.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía del Estado, en Baja California hay una fuerza laboral en las maquilas de aproximadamente 320 mil trabajadores, de los cuales 100 mil empleados de las 100 empresas que reaperturan son los estarían bajo las disposicion de los patrones de regresar a laboral. Sin embargo, el titular de la dependencia, Mario Escobedo Carignan, aseguró que únicamente 40 mil trabajadores estarán laborando en la maquila, mientras que 60 mil estarán en sus casas con sueldo íntegro.
Primero la económica luego la salud: Académico
El gobierno apostó por las industrias más que por los derechos a la vida y a la salud de los trabajadores, advirtió el académico Rodolfo García, doctor en Educación que criticó la decisión cuando los científicos de la salud a unción la fase crítica en México y particularmente en Baja California donde se registra una alta incidencia de muertes y contagios por Covid-19.
Se pronunció en contra del argumento de reapertura de que forman parte de cadenas de suministro de productos esenciales de Estados Unidos y otros países, más aún cuando la entidad ocupa el segundo lugar de fallecimiento por coronavirus y el tercer lugar de contagios a nivel nacional.
Este domingo 3 de mayo, el gobierno morenista de Baja California dio a conocer que la cifra por Covid-19 es de 261 muertos y de mil 693 contrarios. En las últimas 24 horas se reportaron ocho decesos en Tijuana que paso de 176 a 184 víctimas fatales, así como de 927 casos confirmados de contagio de los 912 que tenía el sábado.
El primer deceso por coronavirus se reportó el 31 de marzo. En 34 días se han registrado 261 muertes que representan un promedio de siete víctimas por día.
Ante el incremento de casos y la alta movilidad en las principales ciudades, la administración ordenó el 31 de marzo el cierre de todas las empresas esenciales y el 7 de abril inició operativos para cerrar empresas no esenciales.
El reporte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado selala que durante dos semanas se suspendieron 627 establecimientos, 33 de ellos en coordinación con la Comisión Federal para la Proteccion Sanitaria (Cofepris). En Tijuana se suspendieron 93 maquiladoras y 58 en Mexicali.
De a uerdo al «Informe diario derivado derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria pur causa mayor», el secretario Sergio Moctezuma Martínez López informó que cerca de 80 mil trabajadores se pusieron en resguardo domiciliario. De esta cifra, 31 mil 433 rabajadores corresponden a Tijuana, 29 mil 838 de Mexicali, 5 mil 293 de Ensenada, 4 mil 297 a Omayas de Rosarito y 4 mil 294 en Ensenada.
No obstante, cambió el discurso a tiemorrsarial del gobernador Jaime Bonilla y advirtió que en California solo pararon los comercios y la industria se mantuvo en operaciones, lo que propició que el 23 de abril se registrarán el levantamiento de suspensiones en operativos realizados por las secretarías estatales de Economía Sustentable, Del Trabajo y de Salud, y con la presencia de la Cofepris.
En comunicado URGENTE dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los organismos de defensa de los derechos humanos, al presidente de México y al gobernador del Estado de Oaxaca, con fecha 3 de mayo de 2020, comunidades y autoridades comunitarias del pueblo Ikoots de San Mateo de Mar denunciaron:
“la actual situación que mantiene agobiada a muchas comunidades en este municipio indígena Ikoots, donde Bernardino Ponce Hinojosa, Presidente Municipal, desde que tomó posesión del cargo no ha hecho más que amedrentar a la población con gente armada y encapuchados. Se da el lujo de no despachar en el palacio municipal, sino que mantiene sus oficinas con su cabildo en la pequeña comunidad de La Reforma.”
En particular denuncian que: “la noche del 2 de mayo de 2020, Bernardino Ponce Hinojosa, asesorado por el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, ordenó a atacar con armas de alto calibre a ciudadanos de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, quienes mantenían un retén en la única entrada al municipio de San Mateo del Mar, para controlar el ingreso de gente externa a la comunidad y al municipio por motivos del estado de emergencia causado por el COVID-19.”
“Hasta el momento se sabe que el grupo armado han hecho varios disparos, han quemado la casa del José Luis Chávez, Agente Municipal de Huazantlán del Rio, asimismo, han prendido fuego a las oficinas de la Agencia Municipal de la misma comunidad. Hay varios heridos por impacto de arma de fuego y dos vehículos quemados en la entrada a la comunidad de Huazantlán del Río, además de amedrentar con disparos en otras comunidades del municipio”.
Responsabilizan a “la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, desde inicios del 2020 ha tenido conocimiento de la situación que vive el municipio porque como autoridades comunitarias de las distintas agencias municipales de San Mateo del Mar, hemos acudido a las oficinas de la SEGEGO para solicitar su intervención y como siempre ha hecho caso omiso de las demandas de las comunidades indígenas.
“Por estos hechos de barbarie y lo que pudiera pasar en lo posterior, responsabilizamos directamente al C. Bernardino Ponce Hinojosa, Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca y al cabildo, asimismo responsabilizamos por su omisión al C. Héctor Anuar Mafud, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
Firman el comunicado: Autoridades comunitarias del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca: Barrio Nuevo; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; Agencia de Policía San Pablo; Comunidad El Pacífico; Agencia de Policía Costa Rica; Agencia Municipal Colonia Juárez; Agencia de Policía Colonia Cuauhtémoc; Agencia de Huazantlán del Río; Comunidad San Martín y Comunidad Villahermosa
Pobladores del sur de Yucatán denuncian que Coprotex mantiene trabajando en sus plantas a personas con enfermedades crónico-degenerativas y adultos mayores, a pesar de que son los más vulnerables en la contingencia sanitaria.
Herbeth Escalante / Haz Ruido
Mérida, Yucatán, 3 de mayo de 2020.- Pobladores del sur de Yucatán denunciaron que en la actual contingencia sanitaria, la empresa Corporativo Profesional Textil (Coprotex) mantiene laborando en sus maquiladoras a personas que pertenecen al grupo de riesgo de sufrir complicaciones de salud en caso de contagiarse de Covid-19, pues algunas tienen enfermedades crónico-degenerativas y otras son adultos mayores.
En la actual emergencia, dicha empresa sigue laborando en sus naves de Tekax, Tzucacab y Peto, pues se encargan de confeccionar cubrebocas y chemices quirúrgicos que supuestamente distribuyen al Gobierno del Estado y a otros clientes de la República. Es decir, realizan una actividad esencial en la pandemia.
Sin embargo, habitantes de esta zona de la entidad señalaron que Coprotex se contradice, pues obliga a sus costureros que forman parte del grupo de riesgo a que sigan trabajando, lo que ha generado incertidumbre entre la comunidad.
“Hay personas diabéticas y mayores de 65 años que siguen yendo a las maquiladoras, eso es peligroso porque son los más vulnerables a morir si se enferman de coronavirus”, indicaron algunos pobladores que denunciaron esta anomalía a Haz Ruido.
La preocupación de la gente aumentó luego que se enteraron que en Tekax se han confirmado ocho casos positivos de personas contagiadas de Covid-19, mientras que en Peto hay uno. En ambas localidades, Coprotex tiene decenas de empleados laborando.
Además, los denunciantes averiguaron que en esa fábrica no se respeta la sana distancia, pues los costureros laboran uno a lado de otro. Además, sus jornadas son extensas, de 8 de la mañana a 6:15 de la tarde.
Declararon que entienden que es necesario en estos momentos confeccionar cubrebocas en Yucatán, ya que es un producto que escasea a nivel internacional en esta pandemia, pero indicaron que deberían tener consideración con su personal que está en situación de vulnerabilidad por su edad y padecimientos crónicos.
“Sabemos que los empleados que están en grupo de riesgo han pedido a sus jefes que les den permiso de quedarse en casa, pero no se los permiten, les responden que en todo caso que renuncien”, contó otro de los denunciantes.
Coprotex también tiene plantas en los municipios de Seyé, Cacalchén, Homún y Huhí, en donde al parecer también mantienen a sus costureros trabajando.
De acuerdo a su página oficial, la empresa está registrada en el padrón de proveedores del Gobierno de Yucatán con el número SAF-PP-1488-13-809-14. Al mes, fabrican 300 mil prendas para diferentes clientes en todo el país.
OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).– Personal médico del Hospital Civil Aurelio Valdivieso se rebeló contra la orden del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, de cambiar al director del nosocomio, Ernesto Garzón Sánchez, en supuesta venganza por desmentirlo al negar el robo de 20 kits de materiales de protección contra covid-19.
El Consejo Técnico del Hospital Civil rechazó el nombramiento de Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, por considerar que “es una provocación” y una “venganza” contra el doctor Ernesto Garzón, quien se mantiene en el puesto tras al recibir el respaldo del personal médico.
Este viernes, los Servicios de Salud de Oaxaca designaron a Jesús Alejandro Ramírez Figueroa como director del Hospital Civil a pesar de que se le acusa de haber sido despedido de cuatro hospitales, de desmantelar una ambulancia en Salina Cruz y de tener plantillas de aviadores.
El dirigente de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSS), Alberto Vásquez San Germán, calificó de “reprobable” que en plena pandemia por el covid-19, el gobernador decida cambiar al director del Hospital Civil, Ernesto Garzón Sánchez, como un acto de provocación o venganza contra alguien que tuvo el atrevimiento de desmentir un robo del que Murat no presentó pruebas.
Murat Hinojosa declaró el pasado 14 de abril que ya se presentó la denuncia por el robo de 20 equipos contra el covid-19 ante la Fiscalía General de Oaxaca y ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, lo que generó reacciones de enojo del personal sindicalizado, que le exigió pruebas.
Por su parte, Garzón Sánchez calificó la declaración del gobernador como “totalmente falsa y sin sustento, ya que hasta el momento no se ha efectuado robo alguno de equipo médico en ninguno de los servicios hospitalarios, por lo tanto, desconocemos el origen de esta información”.
“Cabe mencionar que el personal del área de epidemiología, enfermería y las propias autoridades del Hospital llevamos un estricto control de la entradas y salidas del hospital y no se han detectado anomalías, por lo tanto elevamos nuestra más enérgica protesta por estas declaraciones que ponen en entredicho la honorabilidad de los trabajadores de este centro hospitalario”, puntualizó.
La respuesta no se hizo esperar y 15 días después Garzón Sánchez fue destituido por el gobernador, sin embargo, los mil 450 trabajadores respaldaron al doctor y desconocieron al impuesto Jesús Alejandro Ramírez Figueroa.
Vásquez San Germán calificó de irresponsable al gobernador por “encabezar una campaña de difamación y linchamiento social en contra de los trabajadores de la salud, sean de cualquier institución”.
E ironizo que el nuevo director “duro menos tiempo que el vocero de la Coparmex (el panista Javier Lozano)”, aunque lo más grave es que cambien al director en plena pandemia y con un curriculum negro.
Por lo pronto, el Consejo Técnico exige la reinstalación del doctor Ernesto Garzón, respeto a la unidad hospitalaria y una reunión urgente con el secretario de Salud, Donato Casas.
Arturo Contreras / Pie de Página /Foto: Cortesía Guadalupe Gutiérrez Cáceres
Guadalupe Gutiérrez Cáceres ha vivido toda su vida en la colonia Camino Real, en la ciudad de Campeche. Así también su abuelo, su mamá, sus hijos y sus nietos. Hace casi 80 años sus antepasados donaron un pedazo de sus terrenos para que por ahí pasara la vía del tren. Hoy, por ese trazo quiere entrar el Tren Maya y desalojar con ello a estas familias
“Nosotros no buscamos impedir el Tren Maya. Nosotros buscamos replantear la vía del tren. Cambiarlo no va a cambiar su finalidad. Se puede hacer afuera de la ciudad”, ataja desde el inicio de la entrevista la señora Guadalupe, una mujer de 63 años que vive en la colonia Camino Real, en la capital de Campeche.
Atrás de su casa pasan las vías férreas. No solo por la de ella, también por la casa de sus hermanos y de 300 vecinos más de tres barrios de esta ciudad. “El tendido férreo, abarca 2 mil 500 metros cuadrados en los que hay estéticas, vulcanizadoras, dentistas, veterinarios, parques y estadios que están a lo largo del tendido férreo”, cuenta por teléfono.
Desde noviembre de 2019, cuando la consulta confirmó todos los temores del Tren Maya en la región, las noticias para estas colonias campechanas comenzaron a tornarse sombrías. En cuestión de meses la palabra reubicación llegó a todas las casas de Camino Real, Santa Lucía y La Ermita.
—¿Ya les dijeron en dónde los podrían reubicar?
“¡No sé!” Contesta la señora con una carcajada atorada en la respuesta. “No sé, esa es una buena pregunta. No sé por dónde, pero a donde sea, yo no me quiero ir. Aquí murieron mis padres, mis abuelos, aquí pasé mi infancia. Antes cuando uno se casaba era en su casa. Yo me casé en casa de mis padres, estamos llenos de recuerdos y de tradiciones. No buscamos impedir nada, sino señalar que el proceso de reubicación de nuestras viviendas, lo están haciendo de manera anticonstitucional. Aquí ONU-Habitat estuvo desde febrero y eso acordamos, que no queríamos irnos”.
Después de esa visita, los vecinos de las tres colonias se reunieron en asamblea para determinar cómo actuarían ante el futuro censo de ONU-Habitat. Desde que el gobierno de López Obrador arrancó el proyecto del Tren Maya ha contado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, a través de su oficina para la vivienda, ONU-Habitat, plena hacer el proceso de reubicación más amigable.
“Apenas iniciaron el censo hace unas semanas. Nos avisaron que del 13 al 20 de abril, en plena pandemia, cuando estamos resguardados en casa, van a empezar un censo vía telefónica y casa en casa. Eso es como un acoso psicológico y es violento, creo yo. Estoy en mi casa, resguardándome, sin poder salir, y ellos vienen a hablarme de la relocalización consensuada. Desalojo forzado, le digo yo. No traen otra línea más que la de el tren va por que va”.
Durante abril, ONU-Hábitat solo realizó entrevistas telefónicas, mientras que en marzo las realizó tomando la sana distancia correspondiente.
Foto: Cortesía Guadalupe Gutiérrez Cáceres.
Luchar por la permanencia
La semana pasada se licitaron los dos primeros tramos del Tren Maya: el Palenque – Escárcega y el Escárcega – Calkiní. Este último tramo recorre toda la costa norte de Campeche, pasando por la capital. Esa misma semana, un grupo de organizaciones de defensa del territorio publicó el caso de la colonia Camino Real para pedir que se detenga todo la construcción del proyecto.
“Primero quiero decir que se equivocaron con nuestro nombre”, dice por teléfono Guadalupe. Escribieron Tres colonias en vez de barrios. Para ella la distinción es fundamental. “Los barrios se fundaron o se hicieron desde la Colonia y una colonia es un asentamiento urbano nuevo. Nosotros somos barrios”, aclara.
“Cuando nos empezamos a reunir –unos 11 meses atrás– ninguna autoridad tuvo a bien acercarse. A comienzos de enero, gracias a la iniciativa de unos compañeros, hicimos un plantón en el palacio de gobierno. Gracias a ese plantón se fijaron en nosotros”. Entonces fue que vino una reunión con Xavier Abreu y con Katia Meave, coordinador federal del Tren Maya en Campeche y enlace federal de los programas de bienestar, respectivamente.
“En esa reunión de febrero nos dimos cuenta que el proyecto ejecutivo no había existido ni existía. Nos dijeron con crudeza de que el tren iba a pasar porque iba a pasar. El proyecto va porque va. A boca de ellos nos decían que el proyecto ejecutivo no existía”, cuenta la señora.
Fotografía tomada en Calle 102. En ésta se observa el señalamiento del cruce de ferrocarril al fondo, así como la presencia de lo que ahora es la avenida Álvaro Obregón. /
Foto: Cortesía Guadalupe Gutiérrez Cáceres
Tres barrios con historia
El Camino Real que actualmente es ocupado por la vía del tren que lleva a la ciudad de Calkiní y eventualmente a la de Mérida, fue nombrado así al paso de la emperatriz Carlota. En esos momentos, recuerda la señora Cáceres, estos eran los linderos de la ciudad, que permanecieron así por décadas, hasta 1940, cuando llegaron las vías del tren. Después de esas fechas, la ciudad desbordó sus límites y las vías quedaron atrapadas al interior de la mancha urbana.
En uno de los barrios, el que está más al norte y queda a un lado de la costa, habita una colonia de pescadores. La inmediatez de su casa a su centro de trabajo es maravillosa, cuenta la señora Cáceres. “Cuando hay una urgencia, salen a resguardar sus redes, sus barcos, sus motores, pero si como quiere el gobierno nos mueven, nos relocalizan, como dice ONU-Habitat, yo creo que ellos perderían sus fuentes de trabajo. Somos colonias bien consolidadas, no somos ningunos invasores”.
“Tengo 63 años. Yo aquí nací y aquí crecí, fui vecina de este barrio y soy campechana orgullosamente. En la familia tenemos los documentos de las tierras de 1893 y certificados de cuando donamos nuestros terrenos en 1940 para el paso del tren. ‘Ferrocarril de México agradece a esta familia haber donado parte de su predio para el resguardo de vía y derecho de vía’ –lee en voz alta, después, reclama– nosotros éramos poseedores de la tierra antes del ferrocarril, y ahora nos quieren sacar”.
Sacar el tren de la ciudad
Cuando Guadalupe era niña, recuerda que el gobierno llegó a instalar una tubería de aguas negras. Los trabajadores excavaron y encontraron grandes sistemas de cuevas subterráneas. Ninguna sorpresa en la península de Yucatán, donde el tipo de suelo calcáreo favorece la formación de estos socavones.
“Fue hace como 40 o 50 años. Apuntalaron la cueva y volvieron a rellenar el espacio. Numerosas familias me dicen eso mismo, a lo largo del tendido férreo existen cuevas que se intercomunican. Si el Tren Maya trae una maquinaria mucho más pesada, con mucho mayor velocidad, se supone que va va a venir a 150 kilómetros por hora en la mancha urbana… vamos a tener una catástrofe”, predice la señora.
Hace 17 años, el actual tren que cruza por estas vías tuvo un accidente y se descarriló a 30 kilómetros por hora. Según reportes de la prensa local se llevó árboles, carros y por poco a personas. Desde entonces, los vecinos de estas colonias pidieron al entonces presidente Vicente Fox que modificara la ruta de la vía.
“Ahora quieren meter tres servicios por aquí: el de pasajeros (local y turístico), y el de carga. Mi pregunta es por qué aquí sí van a estar los tres servicios y en Mérida no. Allá, a 10 kilómetros antes de la ciudad hay un pueblo, un sitio que actualmente se están implementando como una central de carga. Ahí va a llegar el servicio de carga ¿Por qué no lo desvían aquí así también?”.
*Una empresa tenía ataúdes de cartón a difuntos por Covid-19 en el piso.
Mexicali.- Una docena de funerarias de Tijuana incumplen con requisitos mínimos de operación y de medidas sanitarias por lo que se procederá a la cancelación de permisos, de acuerdo a fuentes del gobierno municipal.
En un operativo en el que participan representantes de los tres órdenes de gobierno se detectó que cuentan con permisos autorizados fuera de normatividad; es el caso de la funeraria Monte Arat del centro de esta ciudad fronteriza, cuya actividad fue suspendida el 30 de abril.
El establecimiento operaba en un segundo piso de la calle Sexta, la cual se convirtió en un referente de fiesta nocturna en Tijuana, en la que por la mañana operan diversos comercios, entre ellos de venta de carne.
Los inspectores de la Comisión Fedetal para la Atención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) descubrieron este jueves los cadáveres de difuntos a causa del coronavirus en ataúdes de cartón dispersos en el piso y sin ninguna medida sanitaria.
Estos negocios de inhumación y servicios funerarios carecen de medidas sanitarias e incluso de crematorios para los cuerpos, a pesar que los incluyen entre sus servicios. La cremación la contratan con otras empresas de ese giro.
Es la segunda funeraria en ser clausurada durante este programa de supervisión de la manera en que operan estos establecimientos. La primera fue el 29 de abril y se trató de la Funeraria San Gabriel, en la colonia Álamos, donde se cobraban 35 mil pesos por el servicio de velación y cremación de personas, el cual carecía además del Programa Interno de Proteccion Civil, según la Dirección de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento tijuanense.
En una reunión con propietarios de ese giro, la delegación local de la Procuraduria Federal del Consumidor impuso un precio de 7 mil pesos por los servicios funerarios en la ciudad y se acordó exentarlos de impuestos municipales y estatales para apoyar a ese sector comercial.
Además se instó a los familiares a optar por la exhumación de sus difuntos, en lugar de la cremación.
Un informe interno señala que estos negocios proliferaron en la ciudad, cobijados en la corrupción, ya que no cumplen con requisitos mínimos sanitarios, de protección civil, adecuación de espacios y de la totalidad de servicios que ofertan a los deudos.
Curso para médicos en la Facultad de Medicina de la UNAM. Foto: Facebook @FacultadMedicinaUNAM
Verónica Espinosa 2 de mayo de 2020 / proceso
GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Asociaciones de estudiantes de medicina que se encuentran en calidad de pregrado –pasantes de servicio social, internos– demandaron que se les permita continuar con su ciclo académico fuera de los campos clínicos, se respeten las jornadas laborales y se retire sin consecuencias en su certificación a todos aquellos que presenten factores de riesgo para el covid-19.
Agrupados en el Colectivo “Médicos en Formación”, estudiantes enviaron a medios una lista de condiciones para quienes están activos en los campos clínicos, en hospitales y unidades médicas, durante este periodo de la contingencia por la pandemia.
Esta es una nueva exigencia hecha tras la decisión del Consejo Nacional de Salud de pedir el retorno de las y los estudiantes de Medicina y Enfermería de las universidades en el país, que habían sido retirados por decisión de las propias instituciones educativas, ante la falta de garantías para que tuvieran la protección suficiente o estuvieran alejados del tratamiento de pacientes del coronavirus.
“Todos los que aquí firmamos tenemos como prioridad apoyar al pueblo de México para contener el virus y cuidar de la salud de los y las mexicanos. Este compromiso nos impulsa a solicitar por la vía institucional que el Estado mexicano nos garantice las condiciones de seguridad y protección para realizar nuestra labor”, plantean en el documento.
Advierten también que acudirán “a todas las instancias necesarias para que los médicos en formación podamos cumplir con nuestra vocación de manera segura y así proteger la salud de la población”.
La carta es respaldada por la Asociación de Residentes del Hospital General de México, Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social, Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado, Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C., Asociación Nacional de Médicos Residentes, entre otras organizaciones que forman el colectivo.
Insisten en el retiro de pasantes, médicos internos de pregrado de las áreas de tamizaje, urgencias, áreas de atención de pacientes críticos o especializadas de atención a potenciales personas contagiadas del coronavirus o en cualquier otro escenario de riesgo.
También enumeraron otras solicitudes, como contar con equipo de protección que cumpla con las normas internacionales, desde una bata desechable hasta goggles, caretas, mascarillas N95, gorros y botas quirúrgicas.
Además, la garantía de atención médica en caso de complicaciones por el uso de dicho equipo de portación personal, así como por algún contagio del covid-19 y sus secuelas.
Asimismo, demandan “Capacitación formal para la autoprotección, así como protocolos de procedimientos para la detección y logística en la atención de casos de covid-19. Aún a médicos en formación que no estén en una unidad asignada para pacientes con covid-19”, y la divulgación de programas académicos y operativos con actualización de las nuevas condiciones de responsabilidades y obligaciones de las y los médicos en formación.
La salud mental a través de acompañamiento psicológico, el respeto a los horarios de las jornadas laborales, que puedan tener representación en los órganos donde se toman decisiones sobre pasantes y residentes son parte de sus demandas.
Finalmente, el colectivo de “Médicos en Formación” pide a las autoridades federales y estatales contar con un mecanismo para presentar quejas y un procedimiento para desahogarlas.
MEXICALI, BC (apro).- De las 635 empresas que fueron suspendidas en abril por no acatar medidas frente a la pandemia, el gobierno del estado reabrió 70, con el retorno de aproximadamente 40 mil trabajadores, entre ellos los del clúster aeroespacial del área bélica y electrónica.
Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo, informó que las 70 compañías aglutinan en total 100 mil empleados, pero para mantener la sana distancia sólo se llamó al trabajo a 40 mil.
El 8 de abril iniciaron las suspensiones de aquellas industrias que el gobierno consideró “no esenciales”, por lo que se envió a sus casas a los trabajadores, sin embargo, dos días después la subsecretaria de Defensa de Estados Unidos para Adquisiciones y Apoyos, Ellen Lord, pidió al embajador de dicha nación en México, Chris Landou, que buscara la manera de reabrir las empresas. El 20 de abril la misma funcionaria comentó: “México en este momento es algo problemático para nosotros”.
Lugo dijo que varias de las empresas radicadas en México manufacturaban parte del fuselaje de la defensa para Estados Unidos.
La secretaria de Economía de Baja California, Graciela Márquez, inició pláticas con el gobierno de Donald Trump para ver qué empresas de la cadena de suministros no deberían cerrar para beneficio de ambos países.
A partir de entonces en la entidad inició la reapertura de las empresas. El pasado 27 de abril arrancaron las primeras 40 y al día de hoy suman 70.
De acuerdo con el último corte de suspensión de actividades, a cargo del secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, Sergio Moctezuma Martínez López, al 23 de abril, 635 negocios estaban suspendidos. De estos, 76 mil 400 empleados son de maquiladora, mil 339 de pequeños comercios y mil 695 de la construcción.
Este viernes, en la transmisión del gobernador Jaime Bonilla, Martínez López explicó que la interrupción de actividades fue porque el Estado consideró que no eran esenciales, sin embargo, correspondió a cada empresa ofrecer datos fehacientes que probaran que sí lo son, razón por la que hoy están reabriendo.
El secretario recordó los decretos del Consejo de Seguridad de Salud del 31 de mayo y del 6 y el 8 de abril, donde se precisa cuáles son las actividades esenciales. A partir de ahí, dijo, se establecieron los criterios para cerrar.
Ahora, añadió, cada empresa está acreditando que son esenciales. Leyó parte de los decretos y destacó donde se establece como esenciales aquellas “actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación”. Aquí –apuntó– está la clave, son los criterios que se han adoptado: suspender todas y periódica y gradualmente acreditar la esencialidad.
Por ejemplo, explicó que en el decreto del 8 de abril se incluye el clúster aeroespacial como esencial.
(Esta misma semana, Tomas Sibaja, representante del clúster aeroespacial en la entidad, se reunió con las autoridades estatales).
Lo importante es entender cuál es la cadena de suministros, que incluye, por ejemplo, la caja donde se guarda la parte de la manufactura, señaló a su vez el secretario de Economía.
En cuanto a la situación del covid-19, el secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, informó que hay 244 muertos en el estado y mil 646 infectados. Respecto del día de ayer, detalló, hay 69 nuevos casos.
Hoy cuentan 100 semanas del día que la fotoreportera María del Sol Cruz Jarquín fuera asesinada por un grupo de criminales en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018.
“23 meses sin ti, sin tus abrazos, sin tu presencia. 700 días de expresar tu nombre para evitar el olvido. 16, 800 horas de vacíos y silencios profundos. Más de un millón de minutos en los que respirar significa recordar que estamos vivas y que tenemos que seguir sin ti…”, se comienza a leer en el desplegado que periodistas y activistas comparten en redes sociales.
En este desplegado, solicitan especialmente a Alejandro Murat y a la Fiscalía de Oaxaca comandada por el doctor Rubén Vasconcelos Méndez el esclarecimiento real de lo sucedido ya que han sido poco productivos en la búsqueda de quien fuera culpable.
Una segunda mujer sería asesinada aquella tarde, Pamela Terán, entonces candidata a segundo concejal por la coalición “Todos por México, a quien María del Sol acompañaba.
Así mismo, Adelfo Guerra, otro acompañante de la candidata.
Respecto a la investigación, solamente se ha hecho responsable a José E. H. C., presunto implicado en los asesinatos, y a Jehú G. L., quien sería capturado en agosto de 2018 y liberado por un juez al notar inconsistencias en las pruebas.
“…Más de 60 millones de segundos… todo cuenta cuando no tenemos tu mirada, cuando dejamos de escuchar tus sueños. Y en todo ese tiempo seguimos pidiendo #JusticiaParaSol“, sigue el escrito de hoy, y concluye en mayúsculas con “cero justicia”.
Por primera vez en más de diez años, el tráfico masivo de migrantes centroamericanos paró. No obedeció a una mayor presión de Estados Unidos a México ni a una mayor presencia de la Guardia Nacional, sino al impacto de la pandemia de covid-19
Texto: Carlos Marí/ Fotos: Cortesía Rubén Figueroa/ PIE DE PÁGINA
VILLAHERMOSA,TABASCO- Apenas dos meses atrás, las estaciones migratorias del norte y sur del país estaban abarrotadas. Ahí se encontraban quienes desde hace años intentan pasar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, así como los nuevos migrantes haitianos y cubanos que, por miles, pedían refugio en México por causas sociales o políticas.
Con la pandemia del coronavirus, ese oleaje de migrantes ha frenado. Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) advirtió de este freno.
“Históricamente, bajó el flujo migratorio por dos razones: primero por el miedo de contraer la covid. Segundo, por el cierre de fronteras en los países centroamericanos y el toque de queda en su propio país. Esas dos razones por las cuales históricamente el flujo bajó como tal. Nunca en la historia, en mis 13 años que tengo de labor en el tema de migración, nunca había visto el flujo caer tan bajo”. Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM)
Tsunami a la vista
Sin embargo, anticipa que esto se trata de un impasse, una pausa. Y una vez que termine la cuarentena decretada en la mayoría de los países del mundo, sobrevendrá una crisis migratoria peor que la que se vivía en los meses previos a la propagación de la covid-19.
“La pandemia no sólo va a traer una crisis económica, sino también una crisis migratoria sin precedente alrededor del mundo. La tendencia va a ser migrar, cuando aprieta la economía en los países subdesarrollados, y en el caso de Centroamérica, seguro que habrá una mayor necesidad de migrar, porque se va a agudizar la pobreza y la hambruna.
“Todo es cuestión de que los países regresen a una normalidad económica cruel y desesperada, y en la que, desde luego, también se incrementará la migración de mexicanos a los Estados Unidos”, advierte en entrevista vía telefónica Rubén Figueroa.
Por lo pronto, las imágenes de vagones con migrantes encaramados, caravanas o de estaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) copadas se han desvanecido. La última que llamó la atención en medio de la pandemia, fue hace un mes, en la estación de Tenosique, Tabasco. El 1 de abril, los migrantes se amotinaron por temor a contagiarse de covid-19. Fue un hecho en el que uno de ellos perdió la vida asfixiado, tras haberse perpetrado un incendio.
Desde entonces, el INAMI optó por desocupar sus estaciones migratorias, al grado de que para el 27 de abril, en un comunicado presumió que sólo quedaban 106 de un total de 3 mil 653 que se encontraban tramitando alguna “situación jurídica” y que los regresó vía terrestre en el caso de los de Guatemala, y en avión, a los de Honduras y El Salvador.
El 28 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) difundió las declaraciones que formuló en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, en las que reconoce a México, al haber “puesto en libertad” a los cientos de migrantes que mantenía en sus estaciones, en tanto tramitaban sus solicitudes de asilo o refugio.
Foto: Cortesía Rubén Figueroa.
“El anuncio por parte de las autoridades de inmigración mexicanas sobre la puesta en libertad de todas las personas migrantes y solicitantes de asilo constituye un paso importante. Es una medida coherente con las recomendaciones emitidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otro Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, expuso.
La agencia de la ONU señaló que, mientras que varios países en América Latina y han cerrado sus fronteras, México sigue recibiendo nuevas solicitudes de asilo de “personas que huyen de la persecución y de situaciones de violencia brutales. Lo que les permite encontrar un lugar seguro”.
Además, la ONU reconoció a México por mantener abiertas sus ventanillas del INAMI, al considerar su operación como una actividad esencial.
“México ha garantizado que las personas estén protegidas frente a la posibilidad de ser retornadas a sus países de origen, donde sus vidas corren peligro, mientras sus casos son estudiados. ONU
“Prácticas como esta demuestran que se puede seguir cumpliendo con los principios de la legislación internacional sobre refugiados; incluso en momentos en los que los gobiernos adoptan medidas dirigidas a salvaguardar la salud pública”, consideró la agencia.
El ACNUR expuso que aunque las autoridades mexicanas han suspendido los plazos legales para la tramitación de las solicitudes de asilo –debido a la pandemia–, están apoyando a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para la transición hacia un sistema de registro y tramitación en remoto de las solicitudes de asilo.
Además, informó que ha colaborado con las autoridades mexicanas para “facilitar la salida de solicitantes de asilo desde centros de detención (estaciones migratorias). Una tarea que resulta crítica por el peligro que supone la covid-19 para personas detenidas”.
La ACNUR aseguró que ha apoyado la salida de 434 personas solicitantes de asilo de los centros de detención. Se les aloja en alguno de los 93 albergues organizados por la sociedad civil o por la iglesia católica y en algunos casos, se les arrenda un alojamiento.
Por su parte, Rubén Figueroa, quien también es fundador del albergue “La 72”, localizado en Tenosique, Tabasco, acusó que el INAMI cometió atropellos con los migrantes al preferir darles un documento. Así, el INAMI, con ese “engaño” los trasladó a la frontera o de plano, les abrió de las estaciones para “sacarlos a las calles”.
“Testimonios de personas migrantes nos indicaban que ellos en ningún momento habían pedido refugio y que (en las estaciones del INAMI) solamente les hacían firmar una serie de documentos, bajo el engaño de que iban a ser deportados, y al final les decían: “Ok, abran las puertas, váyanse como vinieron”. Rubén Figueroa
Y ante tal situación, Figueroa dice que no sólo está sorprendido por la menor afluencia migratoria en los últimos años, sino que también que los migrantes opten por regresar a sus países. Lo hacen para hacer frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran ahora en México. no tienen posibilidad de trabajar ni subsistir de limosnas, ante la ausencia de gente.
Figueroa afirma que no hay sólo los 106 migrantes que reporta el INAMI en sus estaciones. Son cientos que aún están dispersos en carreteras y calles de las ciudades de la frontera sur, como Tapachula y Palenque (Chiapas), Tenosique y Villahermosa (Tabasco). Son aquellos que no han acudido a Migración, como los que, según testimonios, fueron expulsados de las estaciones.
“Lo que sabemos, es que unos empezaron a intentar retornar a sus países ya de forma irregular; cruzar la frontera. Eso es algo increíble. A otros, alrededor de 400, que fueron traídos desde Estados Unidos, los liberaron en ciudades como Villahermosa, entre 9 y el 11 de abril. Rubén Figueroa
“En el caso de los guatemaltecos, muchos agarraron transporte para Tuxtla y luego, para Comitán, y así hasta, llegar a La Mesilla. Otros hondureños y salvadoreños buscaban forma de llegar a Tenosique, para luego irse a El Ceibo.
Para Pierre Marc-René, oficial de información pública del ACNUR en México, la disminución del flujo migratorio en la frontera sur ha sido “bastante grande”. Según sus datos, también bajó la cantidad de solicitudes de asilo en 90 por ciento, en comparación a las que se registraron en el periodo enero-febrero.
Un refugio para pasar la pandemia
Detalla que ante la pandemia de covid-19, ACNUR apoyó tanto a estaciones migratorias, como albergues de ONG, con la entrega de gel antibacterial, y con la renta de casas para desahogar ambos tipos de espacios y evitar mayor riesgo de contagio.
“Aquí en México lo que hemos hecho es un incremento de la asistencia humanitaria para que justamente las personas puedan rentar sus propios lugares y responder a las reglas de sana distancia, así como reducir el número de personas en albergues. Justamente, responder a las medidas sanitarias que hay, porque al final de cuentas, es para proteger a todos, tanto a nosotros como a ellos, a que se contagien”, refiere Marc-René, quien tiene su residencia de la agencia de la ONU, en Tapachula, Chiapas.
Advierte que los migrantes que recién han ingresado a territorio nacional enfrentan el riesgo de discriminación, por creer que pueden traer consigo covid.
“Son personas vulnerables también en ese sentido, por eso es que el “Quédate en Casa” es difícil en esa situación, porque son personas migrantes que van de un lado a otro, vienen huyendo de la persecución que sufren en su país; llegan acá sin nada”.
Pierre Marc-René, oficial de información pública del ACNUR
Xenofobia, la nueva vulnerabilidad del migrante
ACNUR recién emprendió una campaña, con carteles y spots en radio, con el fin de concientizar a los mexicanos que de los migrantes no deben ser discriminados.
En los dos spots que recién salieron al aire en estaciones radiofónicas de los estados fronterizos y de la Ciudad de México, la ACNUR recalca que en medio de la pandemia por covid-19, los solicitantes de asilo y refugio tienen derecho a la salud y no deben ser discriminados, por lo que clama a los mexicanos: “No dejemos que el miedo viralice la xenofobia”.
Y rematan: “Su salud, es la nuestra. Multipliquemos la solidaridad con quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad”.
Estas advertencias sin embargo, según Pierre Marc-René, no son preventivas, sino reactivas a una actitud discriminatoria que los mexicanos han asumido en contra de los migrantes, sobre todo a partir del impacto del coronavirus.
“La campaña salió, porque mucha gente está empezando a decir que los migrantes están llegando acá con coronavirus, y que los van a encerrar a todos. Eso no es cierto”.
“Hay muchos medios que están difundiendo la xenofobia y el odio contra los migrantes y las personas refugiadas; eso lo hemos visto en muchas notas, en muchos mensajes que también ha pasado. Hay un incremento de percepción de xenofobia, en cierta forma, de manifestaciones de personas en contra de los migrantes y refugiados. Eso sí lo hemos notado las últimas semanas y meses por esta situación”, comenta.
Afirma, incluso, que hasta el día 29 de abril, el ACNUR no tenía reporte de migrante alguno que estuviera enfermo de COVID-19.
Recalca además que las personas refugiadas y los solicitantes de asilo tienen el derecho a ser atendidas por el sistema de salud en México, una vez que cuentan con su CURP.
Y mientras el compás de espera puede acelerarse hacia una nueva crisis migratoria, el vocero del ACNUR, Pierre Marc-René, manifiesta que esa agencia de ONU continuará apoyando a la Comar.
Sin embargo, este organismo ha sufrido deterioro en su presupuesto. En lugar de que se le aumentara el presupuesto en el 2020 a 124 millones de pesos, se le redujo a 47 millones, por lo que enfrentó una crisis todavía peor de trámites ante el oleaje de migrantes que se desató entre finales del 2019 y principios de este año.
El principal talón de Aquiles de la Comar es la demora para otorgar el refugio a los migrantes solicitantes. Se trata de un trámite que debería tomar 45 días. Pero por el cúmulo de miles de expedientes, dilatan de tres a seis meses.
“(La Comar) ya mejoró mucho en cuanto al proceso y el tiempo, pero realmente con tanta gente que ha recibido en los últimos años, pues no ha podido hacer todo al mismo tiempo. Se está prolongando el proceso, pero en general se tiene que mantener en los 45 días hábiles que marca la ley con la posibilidad de prolongarse esos 45 días, y eso va como entre tres y seis meses”, lamenta el representante de la agencia de la ONU. .
ACNUR, estima que aún con el descenso drástico, a la pandemia del COVID, antecede un oleaje de migrantes sin precedentes, el de un 33 por ciento más en el
periodo enero-marzo, en comparación al del año pasado, con cerca del
17 mil 800 solicitudes de refugio, principalmente de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela.
Marc-René advierte que en el momento más álgido de la crisis migratoria acentuada el año pasado, la dinámica varió. Y esto se debió a los nuevos problemas políticos de los países de origen, así, como en los puntos de entrada.
“Honduras es el principal, pero está El Salvador y Guatemala. También hemos tenido algunos de Nicaragua, por la situación política que hay allá, y también de Venezuela. Pero no están llegando por frontera sur solamente, están llegando por aeropuerto, básicamente por Cancún. Porque ellos sí es un perfil diferente”.
Integrantes de la Red YoVoy8deMarzo junto con familiares de personas desaparecidas, se pronunciaron en contra del retiro de las lonas de búsqueda de desaparecidos y la limpia de denuncias feministas de la Glorieta de las y los desaparecidos en el estado. La acción pública que rechaza la remoción de ambas formas de protesta en contra de dos de los principales delitos cometidos en la entidad y el país: la violencia feminicida y la desaparición de personas, se realizó en el marco del primer aniversario de las desapariciones de Nayeli Hernández y Karla Vázquez en la zona de la Central Vieja en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con las colectivas, estas acciones llevadas a cabo el pasado 30 de abril con la anuencia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara y la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ), junto con la ayuda del Ayuntamiento de Guadalajara, “no es un acto de limpieza por la salud de la población y el mantenimiento de un espacio de memoria y lucha: ¡es un acto de control!” afirmaron; ya que, señalaron que un año atrás, el 27 de abril de 2019, las lonas también fueron retiradas argumentando que “daban una mala imagen”.
Asimismo, advirtieron al Gobierno estatal y municipal que “borrar las pintas y demandas feministas, no sirve de nada si no se realizan acciones concretar para erradicar la violencia feminicida en Jalisco”.
Dalia Souza y Darwin Franco / Zona Docs
“Es por ello, que salimos para volver a poner en las calles y en nuestra memoria, su imagen que a su vez es la de más de 61 mil personas desaparecidas hasta la fecha en México”.
La pandemia no puede detener la memoria y la exigencia de justicia. Con una acción convocada en el marco del primer aniversario de la desaparición de Sandra Nayeli Herrera y Karla Yanet Vázquez, las colectivas de la RedYoVoy8deMarzo y la familia de Nayeli, se manifestaron en la Glorieta de las y los desaparecidos en Jalisco, este viernes primero de mayo. Antes de las seis de la tarde una lona con la ficha de búsqueda de ambas jóvenes fue colocada en los barandales de los que antes pendían decenas de rostros de las y los ausentes de este país.
La fecha coincidió con la remoción de las lonas de personas desaparecidas y las denuncias feministas colocadas durante la jornada del 8 de marzo, en este espacio de memoria apropiado por las luchas sociales en marzo de 2018, tras la desaparición de tres estudiantes de la Universidad de Artes Audiovisuales (CAAV): Marco, Daniel y Salomón.
Por ello, las colectivas y familiares, rechazaron estas acciones de supuesta limpieza que llevaron a cabo la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara con la anuncia de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ) y la ayuda del Ayuntamiento de Guadalajara el pasado 30 de abril.
A través de un comunicado que leyeron en la explanada de la Glorieta, consideraron que “éste no es un acto de limpieza por la salud de la población y el mantenimiento de un espacio de memoria y lucha:sino de ¡un acto de control!”, pues señalaron que el 27 de abril del 2019, también fueron removidas del lugar, bajo la justificación de que las lonas daban “mala imagen”.
Según precisaron, esta vez:
“se está usando esta situación excepcional de contingencia por COVID-19 para apaciguar la lucha y borrar del espacio público las acciones de búsqueda y presión al Gobierno que, tanto las familias de personas desaparecidas como el mismo movimiento feminista en la ciudad realizan”.
Denunciaron que, desde el inicio de la contingencia y a pesar de que el estado es el segundo a nivel nacional con más desapariciones de personas, se han suspendido las búsquedas para localizar a las y los desaparecidos.
Hicieron responsable al Estado de las desapariciones forzadas, así como al Gobernador del estado, Enrique Alfaro y al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro “por las omisiones en la búsqueda de personas desaparecidas y en especial, de Nayeli y Karla” en el primer aniversario de su desaparición; asimismo, de “no atender las denuncias feministas en contra de la violencia feminicida”.
En ese sentido, colocando una gran pancarta con el mensaje “En la calle juntas sin miedo decidimos y actuamos”, advirtieron a las autoridades estatales y municipales que: “borrar las pintas y demandas feministas no sirve de nada si no se realizan acciones concretar para erradicar la violencia feminicida en Jalisco”.
“Salimos porque es nuestro derecho y nuestra obligación continuar exigiendo su aparición con vida para que puedan regresar con sus familiares y amigas” finalizaron.
Al menos seis elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, en motocicletas y una patrulla, permanecieron en las inmediaciones de la Glorieta realizando el “monitoreo de las acciones”, según precisaron.
Es importante señalar que las actividades no demoraron más de 30 minutos y en todo momento se cumplió con las medidas obligatorias decretadas de sana distancia y uso de cubrebocas en el estado.
Elena confiesa los miedos a los que se enfrenta en medio de una pandemia, en la que ella es una de las protagonistas. Este es su relato íntimo
Actualmente hay 26 trabajadores de la salud contagiados de Covid en Guanajuato (Foto; La Vanguardia)
PABLO CÉSAR CARRILLO, La Silla Rota, Guanajuato, 01/05/2020
Ella le tiene miedo al virus. Ella quisiera renunciar en el hospital e irse lejos, pero no puede hacerlo porque necesita el trabajo. Ella ejerce el oficio más peligroso del mundo hoy día: trabajadora sanitaria de un hospital del Seguro Social en medio de una pandemia mortal llamada coronavirus.
Ser trabajador sanitario en estos tiempos es tan peligroso como ser domador de leones. Como ganarse la vida cazando tiburones. Ella acepta platicar con La Silla Rota de lo que realmente piensa y siente, pero pide ser llamada Elena, para no ser identificada por sus jefes del hospital.
Actualmente hay 26 trabajadores de salud infectados de Covid en Guanajuato, las autoridades sanitarias señalaron que no precisamente se contagiaron en los hospitales. Foto: tomada de la Silla Rota
Ella debe combatir al virus, sin verlo, teniéndolo cerca, con riesgo de recibir un garrazo o una mordida mortal. Hay un temor fundado: En la Ciudad de México, en la Clínica 30, acaba de morir infectado el doctor Pepe Porras, quien había pedido estar en la primera línea de combate.
En Veracruz, fue infectada Rosita, una señora que trabajaba como guardia de seguridad de la Clínica 71 del IMSS y murió en cuestión de días. Y en Guanajuato ya son 26 trabajadores de salud que están contagiados de Covid-19.
Rosita trabajaba como guardia de seguridad en el Hospital General de Zona 71, en Veracruz. Ahí se contagió de coronavirus, falleció el pasado 19 de abril.
La capacidad de destrucción del enemigo, está documentada. En España se han enfermado 26 mil doctores y enfermeras (y han muerto 26 trabajadores sanitarios en esta pandemia). Una enfermera de Italia, Daniela Trezzi, se suicidó hace días porque fue contagiada y no quería contagiar a los demás.
La primera batalla es psicológica. En León, médicos y enfermeros de la Clínica T-1 y de la Unidad 58, hicieron un paro hace días y exigieron equipo de protección. “No me niego a trabajar, requiero protección”, decían las pancartas. Días después, se dio otro plantón en la Clínica T-48. “Exigimos material de calidad”, decían las cartulinas.
Enfermeras y médicos de la clínica 58 del IMSS en León confesaron que no tenían guantes desde hace 6 meses. Foto: Tomada de La Silla Rota.
En ocho estados del país ha habido protestas por falta de insumos de protección, como cubrebocas, guantes y batas impermeables. Es como si mandaran a un domador a enfrentar a los leones sin un latigo. Los mismos doctores y enfermeros -que se prepararon toda su vida para esto-, están asustados.
Elena trabaja con temor. Ella recibe a los enfermos. Ella los ve entrar devastados al hospital por los efectos del virus. Ella vive con un alto grado de exposición al coronavirus. Por eso ella se compró sus cubrebocas y sus guantes, con su dinero. Ella ha tomado sus precauciones. Ella carga su gel antibacterial en la bolsa. Ella se lava las manos 20 o 30 veces al día, pero trabaja aterrada.
Ahí viene el coronavirus. El personal de salud entiende que su responsabilidad es encarar la pandemia desde su trinchera. ¿Pero a qué precio? ¿Los médicos están dispuestos a dar la vida por los demás?
El personal médico de la T-51 del IMSS en León también exigió equipo de protección para enfrentar la pandemia. Foto: Tomada de la Silla Rota
Elena sí daría su vida en el cumplimiento de su deber, pero tiene una hija pequeña. Ella no puede dejar a su niña sin madre. Así que ella quiso retirarse y olvidarse de todo: un día se reportó enferma. Se fue al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y fingió estar enferma.
Ella exageró al explicar cómo se sentía. “Les dije que no podía dormir, que no estaba en condiciones de trabajar, pero no me creyeron”, confiesa. Le dieron unas pastillas para dormir y unos antidepresivos y la mandaron a trabajar. Después ella pidió un permiso laboral para ausentarse y no se lo dieron. Le dijeron que en esta época no hay permisos.
Una amiga suya, sí consiguió una incapacidad por enfermedad. “Mi amiga fue al Sindicato y les dijo que tenía asma y sí le creyeron”, platica. La dejaron ir a su casa, antes de que llegara el virus. Su amiga tampoco estaba enferma, pero le creyeron.
Muchos enfermeros en el país han denunciado la baja calidad de los insumos que les entrega el Gobierno Federal. Foto: Tomada de la Silla Rota
Su familia le pide que mejor renuncie. Le dicen que deje todo y se vaya a casa, con su hija. Un hermano incluso ya se ofreció a darle dinero, si es necesario. “Yo te pago tu comida. Yo te doy dinero. Pero ya salte de ahí”, le ha dicho su hermano, como si ella estuviera nadando con tiburones. Pero Elena se niega. “¿Y si me equivoco? ¿Y si renuncio y no pasa nada?”, dice.
A ella le costó mucho conseguir este empleo. Tuvo que pagar 50 mil pesos para conseguir una plaza. Es un buen trabajo. El IMSS paga bien, tiene buenas prestaciones y nunca falla. Pase lo que pase, el IMSS resiste. Es un empleo bueno para alguien como ella. Elena reflexiona: “Si me salgo de aquí, no volveré a encontrar un trabajo así”. Aquí le dan permisos para ausentarse. Aquí está segura económicamente.
Pero ahí viene el coronavirus. Ella quiere cumplir con su responsabilidad, con plenitud y satisfacción, pero no está fácil. No tiene vocación de mártir. No espera un diploma, ni un premio, ni aplausos. Ella podría sacrificarse por los demás, pero no quiere dejar sola a su hija.
Elena es madre soltera. Su niña la necesita.
Una enfermera de Chiapas manifestó el desabasto de equipo médico en plena emergencia sanitaria
Ella ha tomado decisiones importantes en estos días: por ejemplo decidió quedarse sola en casa y enviar a su hija con la abuela, una señora de la tercera edad que no puede recibir visitas.
“Yo soy de alto riesgo. Mientras estoy aquí, soy de alto riesgo. Entonces le pedí a mi mamá que cuidara a mi hija. Se la llevó y está allá. Tengo un mes sin verla”, platica. “No quiero verla, porque no quiero contagiarla. Si un día me infecto, seré yo sola. No quiero infectar a mi hija, ni a mi madre”, dice. Ella resiste. Ella aguanta. “Me voy a quedar sin ver a mi hija, hasta que pase la pandemia”, afirma.
El virus agarra al IMSS con las defensas bajas. El Covid-19 llega justo cuando hay una reestructuración interna. No hay dinero y no hay medicinas. Tampoco hay una estrategia. No hay claridad en el mensaje a los trabajadores. Y lo peor: no hay ánimo.
Al contrario, hay un desánimo institucional. Los trabajadores sanitarios se sienten maltratados por la Institución. Aún así, sí hay espíritu de grupo. Hay solidaridad entre compañeros, hay orgullo por el oficio y ha salido a flote el sentido de responsabilidad. Hay doctoras y doctores que cumplen con su labor y que están a la altura de la pandemia.
Las manifestaciones por equipo médico se han repetido en diversas ciudades. En León, el personal de la UMAE 48 del IMSS también exigió protección, confesaron que ellos han tenido que comprar el material médico con su propio dinero. Foto: Tomada de la Silla Rota.
Ella está muy nerviosa. Ella tiene cada vez más sentimientos encontrados. A veces cree que el coronavirus la va a atrapar y va a terminar con su vida como con Rosita en Veracruz. Pero también a veces cree que todo saldrá bien y que salvarán muchas vidas. A veces ella piensa que está arriesgando demasiado como Pepe Porras en la Clínica 30 del DF. Pero también a veces piensa que vale la pena arriesgar.
Todo el día ella piensa en eso: en el riesgo del oficio. En el peligro de ser sanitario. En la estadística. En la probabilidad. En la posibilidad de salir infectada. En la posibilidad de librarla y salvar su empleo, como un domador encara al león y sale victorioso, tal y como un pescador enfrenta al tiburón o justo como un médico combate al coronavirus.
*Sin atención médica, muere una mujer en penitenciaria de Tijusna
Jorge Heras y Antonio Heras/Lindero Norte
Mexicali.- Con insuficiencia respiratoria aguda y bajo sospecha de Covid-19, Miguel Alberto es una de las víctimas fatales que se registran en el Centro de Reinserción Social de Mexicali.
La muerte de otro interno se registró durante la mañana de este viernes 1 de mayo. Se trata de Luis Enrique Alvarado López.
Otros decesos por coronavirus son dos custodios de este centro penitenciario que se ubica en la zona centro de la capital de Baja California.
En tanto, en el Centro de Reinserción de La Mesa en Tijuana se reportó la muerte de una mujer sin que haya recibido atención médica por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Baja California.
De emergencia, Miguel Alberto Corrales Canales, de 42 años de edad fue trasladado de la cárcel para ingresar el 30 de abril al Hospital General de Mexicali donde murió horas más tarde. Las causas de su fallecimiento fue insuficiencia respiratoria aguda, neumonía y sospechoso de Covid-19.
En el nosocomio de la Secretaría de Salud nunca le hicieron la prueba, solo unas radiografías de tórax. A su esposa solo le pidieron que pagara los estudios, me dijeron que Miguel Alberto estaba bien pero no dejaron verlo en el hospital
Después le hablaron para decirle que ya habia fallecido. Sin praticarle la autopsia, como en todos los casos Covid-19, entregaron el cuerpo a su familia.
«Me hablaron para decirme que ya había fallecido. No se vale, que Duos los perdone por todas las injusticias que están haciendo», expresó su viuda.
El otro interno, Luis Enrique tenía 44 años se edad e ingresó esta misma mañana al hospital donde murió a las 9 de la mañana.
De acuerdo al expediente 63 931 y la nota de alta por defunción la causa de muerte fue neumonía viral covid-19 y tenía además otras enfermedades clasificadas como es el caso de hipertensión esencial diabetes mellitus secuelas de evento vascular cerebral y obesidad. A su ingreso al hospital presentó taquicardia.
Desde que empezó la epidemia se cancelaron las visitas a los centros penitenciarios de Baja California. En diferentes momentos, familiares de reos se quejaron de la inexistencia de personal médico y enfermería para atenderlos.
El subsecretario del Sistema Penitenciario del Estado, Salvador Morales Riubí, dijo a un medio local que se reportaron tres muertes por Covid-19: un interno y dos custodios.
El exdirigente estaral del PAN y ahora morenista, también declaró que hay cuatro integrantes del personal de salud penitenciaria que resultaron positivos de coronavirus. Se trata de dos médicos y dos enfermeras.
A pesar de los cuatro decesos y los cuatro contagios, hasta este viernes 1 de mayo no han sido sanitizadas el área médica ni la celda 105 donde estaba Miguel Alberto.
A mediados de abril, Rubén Hernández, médico que certifica en Mexicali a policías, a agentes del Ministerio Público y detenidos de la Fiscalía General del Estado resultó positivo a COVID19, lo que generó preocupación entre funcionarios del sistema penitenciario y de las diferentes corporaciones policiacas.
Las personas privadas de su libertad que compartían la celda con el interno M5 B 105 fueron considerados como casos sospechosos de contagio, pero no existe un área ni protocolos para el aislamiento al interior del penal.
OLVIDO Y MUERTE
Según el expediente 1867/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDH) una mujer privada de su libertad murió sin recibir atención médica.
El deceso de Lorena Martínez Espinoza, de 36 años de edad, se produjo el miércoles 29 de abril en el Centro de Reinserción Social de Tijuana.
Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de esta mujer.
De manera infructuosa se trató de localizar al subsecretario Morales Riubi para conocer su versión de los hechos reportados en Tijuana y Mexicali. Nunca contestó las llamadas ni los mensajea el servidor público del gobierno del morenista Jaime Bonilla.
*Piden filtros sanitarios en la frontera con California antes que se colapse sistema de salud bajacaliforniano.
Mexicali.- Representantes de trabajadores y activistas sociales protestaron en el Centro Cívico de Mexicali por la decisión criminal del gobierno de Baja California de autorizar la reapertura de maquiladoras en la fase crítica del Covid-19 y para exigir al gobierno federal que se establezcan filtros sanitarios en la frontera con California antes que se colapse el sistema de Salud de Baja California.
El presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Maya Quevedo, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTECALI, advirtió que este sistema está a punto de colapsar en hospitales.
Hace dos meses, recordó, Estados Unidos cerró sus fronteras a los turistas y solo autorizan el paso por las garitas internacionales por cuestiones de trabajo y salud.
Maya Quevedo, médico traumatólogo, advirtió que aún es tiempo de tomar esta decisión pues Baja California está en la fase crítica de la pandemia y se ubica en los primeros lugares de muertes y contagios de Covid-19.
En los 190 kilómetros de frontera con California hay seis garitas internacionales en las que solo se permite el acceso a California a residentes y ciudadanos estadunidenses o a turistas en casos especiales y justificados incluso cerraron las operaciones nocturnas de tres garitas. Hacia Baja California los puertos fronterizos están abiertos.
Ignacio Gastelum, maestro integrante del movimiento de Resistencias Unifas, se pronunció porque los trabajadores se queden en sus casas hasta controlar la pandemia y criticó la reapertura de empresas maquiladoras bajo el pretexto de formar parte de la cadena de suministro de insumos de productos esenciales.
La profesora Alma Araceli Piña, de Resistencias Unidas, advirtió que la lucha actual de los trabajadores y las organizaciones independientes es por la defensa de la vida y del derecho a la salud.
El movimiento de Resistencias Unidas promovieron la abrogación de la Ley estatal del Agua en 2017 por su tendencia privatizadora y la consulta popular de la cervecera Constellation Brands, primero a través de la petición de un plebiscito que canceló el Instituto Estatal Electoral por considerar que el asunto no era trascendente y después con la iniciativa de la Federación en la tercer semana de marzo.
En un manifiesto, el Congreso del Trabajo, los Comités de las colonias Independencia y Cerro Prieto 2, Diálogo de Trabajadores y Jóvenes y la comunidad Baja California Resiste, acusaron a los empresarios, en particular a los de las maquiladoras, de resistirse a dejar que sus trabajadores respeten la cuarentena, a pesar que es inminente el pico de la epidemia.
En especial las fábricas que producen para empresas norteamericanas con el argumento de que son «esenciales” para mantener las “cadenas de valor». Para ellos primero es la ganancia y no la vida de las y los trabajadores», señalaron
Apuntaron que el gobernador Jaime Bonilla y el secretario de Economía Sustentable, Mario Escobedo, tomaron una decisión criminal al permitir la reactivación de al menos 35 compañías baño el argumento que “los trabajadores están más seguros” dentro de las empresas.
Dijeron no entender porqué a pesar de todos los anuncios de que los trabajadores del sector salud están protegidos, una y otra vez aparecen médicos y enfermeras denunciando y exigiendo todos los insumos necesarios para protegerse y atender a la población sospechosa de tener la enfermedad o infectada.
Además criticaron a las organizaciones sindicales que abandonaron la defensa de los trabajadores y se pusieron al lado de los patrones.
Tijuana.- Acostumbrada a la muerte, la ciudad de Tijuana tiene estos días una ración extra. La pala excavadora ha abierto decenas de hoyos en la parte más alta de un cementerio que trepa montaña arriba hasta llegar a un secarral inclemente donde el viento levanta tolvaneras de polvo que se mete en los ojos, se pega a la ropa y cubre los zapatos. Panteón municipal número 12. Eso es todo. El sol abrasa y los periodistas se reúnen bajo la sombra de una furgoneta. Han tomado confianza con los enterradores para que les avisen cuando llegue un covid-19. Los obreros dan los últimos retoques a las tumbas. No se les ve, solo se oyen sus piquetas, que aparecen por encima del hoyo como la varilla de un metrónomo. Cuando el primer coche fúnebre abre su puerta trasera no hay duda: el virus que ha matado a Juan Velasco es el mismo del que habla el mundo entero. Los enterradores cargan el depósito de cloro y rocían el féretro con el atomizador. Es el hisopo de las pandemias.
A Juan Velasco le faltaron cuatro días para cumplir 70 años. Trabajaba en una empacadora de fruta que le mandó a casa por una semana cuando empezaron los síntomas y en ese tiempo se agravó su estado, llegó agonizando al hospital y murió. “Se fue en una silla de ruedas”, dice su hija Nora, que ha dejado a su esposo en casa, también infectado, al cuidado de los niños. La acompañan su hermano Manuel y su cuñada. También el primo Jaime, que se acerca para contar que el virus ha enterrado a su hermano de 47 años. Hizo el mismo recorrido: sin apenas respiración llegó al hospital para morir de inmediato. En la lista oficial de fallecidos por SARS-coV-2 estos casos se registran como “sospechosos”, porque ya nadie les hace una prueba fehaciente. Los que no lleguen al hospital no figurarán ni como sospechosos.
Tras la capital de México, Tijuana, con cerca de 1,5 millones de habitantes, es la población más afectada del país. De las 215 muertes contadas hasta el jueves 27 de abril en el Estado de Baja California, la inmensa mayoría se lloran en esta ciudad, en la cabeza de México y a los pies de Estados Unidos. Fronteriza, su población hermana es San Diego, y ambas se disputan la cuenta de fallecidos, pero un día el récord cae a un lado de la valla migratoria y otro día al otro. Los tres hospitales para la covid-19 de Tijuana suman 113 ventiladores, aunque la última preocupación en México no parece ser la intubación sino el número de médicos capacitados para aplicarla. La ocupación es desigual, pero aún hay margen para recibir pacientes: el hospital General está al 76%, el número 1, al 68% y el 20, al 53% (con datos del pasado 27 de abril). El Gobernador del Estado ha pronunciado una de las frases que serán más célebres en la memoria de esta pandemia. Los médicos y el personal sanitario, dijo, “están cayendo como moscas”. Causó revuelo porque le reprochaba al Gobierno, de su mismo partido, la falta de equipos y material sanitario para garantizar su protección.
En cada hospital hacen lo que pueden. En el General, que depende del Estado de Baja California, el patronato, que tradicionalmente ha empeñado su fuerza recaudatoria en el cáncer infantil, estos días se vuelca en la covid-19 y en dos semanas han conseguido cuatro millones de pesos, que “nunca son suficientes”, lamenta el presidente del patronato, Pedro Iván Pérez Méndez. Cuentan con “protectores estrella”, donantes de toda la vida, pero la solidaridad se reparte entre muchos que teclean en su teléfono covid-19.phgt.org o entran en la página phgt.org para dejar un donativo. “La comunidad está unida, y solo así saldremos adelante”. A pesar de todo, en las puertas del hospital los cadáveres pasan del coche privado a la funeraria sin más protocolo, y de ahí al crematorio. Los que tienen menos dinero hacen su último viaje hasta el Panteón número 12.
Familiares observan el entierro de su pariente a la distancia recomendada. En vídeo, imágenes de un funeral en Tijuana. (FOTO|VIDEO: HECTOR GUERRERO)
A Juan Velasco lo están despidiendo cuatro familiares y un par de amigos. Los enterradores pelean con el ataúd hasta encajarlo en el nicho abierto y la pala excavadora empuja el montón de tierra blanquecina para sepultarlo. El polvo obliga a volver la cara. No hay forma de escapar de él. Ni del calor. Los zopilotes, o quizá son cuervos, planean más arriba de la montaña. Lo más parecido es el cementerio de El Bueno, el feo y el malo: cientos de tumbas con una crucecita miserable, apenas dos palos con un nombre escrito a mano. Túmulo, cruz, túmulo, cruz. Y así una hectárea tras otra, que serán 10 más en breve, “para otros tres años”. A mano escribe también Nora el nombre de su padre y sobre la tierra amontonada clavan dos ramitos de flores que, dos horas después, se habrán vencido con el viento. Por 100 pesos (unos cinco euros), el Rorro y el Muñeco, con sus sombreros blancos, echan unos cantes al funeral, como es costumbre norteña. Más allá del sol, se titula la canción. El Muñeco es un hombre achaparrado de 64 años que se llama Mario Salomón. Es uno de los muchos que en estas tierras todavía preguntan si eso del virus es un invento del Gobierno. Y el Rorro es Hermelando Estrada, de la misma edad. Su madre lo abandonó porque nació con cuatro dientes, dice sentado en una de las tumbas. “Pensaba que yo era un ser diabólico. Me acogieron mis tíos, que no tenían hijos. A los seis años supe que no eran mis padres y lloré mucho, pero los he querido como si lo fueran”. Durante toda la jornada arrastran el acordeón y el tambor ladera abajo, ladera arriba, menos mal que llevan sombrero. La covid-19 también les ha afectado, “porque ahora los entierros son rápidos y no da tiempo ni a cantar”. Pero cada vez que llega un coche fúnebre se oyen unos acordes, a ver si a los deudos les da por encargar una despedida sonora.
Entre las dos y las tres de la tarde se acumula el trabajo para los enterradores. De los 10 o 12 funerales que se celebran esa jornada, unos cuatro serán por covid-19. Si los cubren con tierra, se encargan profesionales con el equipo completo: buzo blanco, mascarilla, gafas. Pero si quieren cerrar con albañilería, los marmolistas lo harán a pecho descubierto, aquí no pasa nada. Algunas cajas vienen envueltas en plástico como las maletas de los aeropuertos. Cuando el finado no es de covid, la familia se consuela con apapachos y besos, muy lejos del protocolo establecido. E incluso los niños corretean por el camposanto. Muchas reglas para tan poco cumplimiento.
Abajo en el hospital, los familiares se concentran en la explanada. Los madrugadores se adueñan de la pírrica sombra de unas palmeras. Esperan que salgan a nombrarles para recibir información de los ingresados. Muchos ya presienten lo peor. Pero antes, la paramédico del altavoz cita el número de altas y se oye un aplauso. Después vendrán los llantos. Varios esperan ya el certificado de la defunción y las ropas del difunto. “Ha muerto mi papá”, dice Sergio Vela. A su lado está la madre, una anciana en silla de ruedas y la hermana. “Lo trajimos ayer y hoy nos llamaron, que había fallecido. Tenía una tosecilla de nada. Esos doctores de las farmacias son una porquería, ni siquiera le checaron. Nunca creímos que esa tos se agravaría, que sería esto. Ayer me llamó mi hermana. Lo trajimos con mucha dificultad para respirar y casi inconsciente. Mejoraba un poquito cuanto tomaba las medicinas y no quería ingresar. Dicen que es neumonía”. Otro caso “sospechoso”.
Seguidores de una confesión rezan en el hospital regional número 1. Hector Guerrero.
El hospital es un puro drama. Hasta los que vuelven a su casa caminan con dificultad; salen con esa batita más de papel que de tela, y con los pies descalzos metidos en los patucos hospitalarios. Así montan en el auto entre el ir y venir de ambulancias. La explanada es como un tablero de ajedrez donde los familiares tratan de guardar la distancia debida siguiendo las marcas pegadas en el suelo. Acá un muchacho llora a espasmos y se lleva las manos a la cabeza sin consuelo. Allá una mujer ahoga el llanto abrazada a su pareja. Otros buscan refugio en sí mismos, sentados en el suelo, hechos un ovillo. Los hay que desconfían de lo que pasa tras esas puertas que no pueden franquear; y otros que, sin pruebas, dan por cierto un virus en el que no creían. Muchos, demasiados siempre, como decía el gobernador, “van cayendo como moscas”.
Un joven llora tras conocer el fallecimiento de un familiar.Hector Guerrero / EL PAIS .
Acostumbrada al ruido de las balas, Tijuana lucha hoy contra un mal silencioso, inverosímil, que llena los hospitales de impotencia y sube al cementerio levantando polvo en el camino. Como una tragedia en el pozo minero, los cadáveres van apareciendo uno tras otro. Cuando llega el tercero al Panteón número 12, en la camioneta de los sepultureros suena una canción melosa y machacona: “qué bonita primavera”, repite. Los periodistas siguen esperando en la estrecha sombra de la furgoneta.
Un paciente ingresa en el hospital número 1 de Tijuana.Hector Guerrero.
Una vacuna contra la violencia
Las cifras de la violencia en Tijuana opacan una ciudad llena de vida cultural y con un rico paseo gastronómico bañado por el Pacífico. A la morgue local llegan cada día decenas de cadáveres, el 70% sin nombre, quizá migrantes, quizá indigentes. Nadie se llama a engaño cuando en una caminata distraída por las calles principales le depara un cadáver a la vuelta de la esquina. Un policía custodia el cuerpo, indolente, tendido al sol tan largo es, mientras el puesto ambulante, a dos metros, sigue vendiendo tacos. Se trata de una muchacha habitual en la zona, dicen. Por la mañana amanecerá en una sala helada de la sede forense, tan saturada, que antes de que se supiera qué significa covid-19 ya habían ampliado en 120 plazas, a primeros de abril. A estas instalaciones entran 4.000 cuerpos al año, en tal estado muchos de ellos que se entiende por qué los gusanos crujen bajo los zapatos, el piso está sembrado. Las moscas oscurecen el techo. Y ese olor de otro mundo hace buenas las mascarillas, ya no aprietan, ni pican, anchas parecen. Cuerpos verdes, hinchados, cadáveres por el suelo y en las literas de metal. Si es que no caben. ¿Cuántos de ellos llegan con covid-19? Quién sabe. “Los certificados covid son muertes hospitalarias, en teoría, no implican la participación forense”, dice el jefe de estos servicios en Baja California, César Vaca. Pero él mismo menciona dos casos en la capital del Estado, Mexicali, en las últimas semanas, dos suicidios que cuando fueron analizados tenían covid-19. No están en las estadísticas de la pandemia porque otra muerte se adelantó al virus. “Pero parece que eso perdura en los pulmones hasta 48 horas y estamos expuestos a ello. También a tuberculosis y a hepatitis, y al sida… Siempre nos protegemos mucho. Tenemos equipos para ello”, asegura. El problema vendrá, dice uno de los forenses del centro, cuando muchos de los enfermos de covid mueran en casa y acaben en estas instalaciones. Entonces quizá los equipos no sean suficientes. Y esas salas de luz blanca y olor nauseabundo, con puertas herrumbrosas de grandes cerrojos que hoy amontonan 270 cuerpos, se queden cortas. En Tijuana, a unos metros de San Diego, con miles de turistas que disfrutan del sol y la playa, hay calles a la orilla del infierno donde se oye el roce de pasos que se arrastran. Con los negocios cerrados, los mariachis dormitan a la espera de clientes y las prostitutas ya ni mienten el hambre; los drogadictos cruzan los puentes como zombis. Tijuana necesita con urgencia una vacuna que no es la de la covid-19.
Noticaribe
PLAYA DEL CARMEN, MX.- Más de 300 trabajadores del Hotel Princess Riviera se manifestaron este mediodía afuera de las instalaciones, debido a la presión que realizan administrativos para que toda la plantilla laboral firme un acuerdo para continuar hasta el 15 de junio sin goce de sueldo.
“El hotel nos citó porque nuestro permiso sin goce de sueldo se venció; hace un mes nos dieron permisos solidarios sin goce de sueldo y hoy teníamos que presentarnos a trabajar (…) estamos aquí, nos dejan pasar para darnos una despensa nada más y exigirnos que firmemos otro mes de permiso sin goce de sueldo. Estamos como 300 colaboradores sin contar lo de los pueblos”, afirmaron.
De acuerdo con trabajadores, desde las ocho de la mañana se mantienen aglomerados afuera del hotel, debido a que no les han respondido sus exigencias, tras cumplirse el primer mes de no recibir su sueldo correspondiente.
“Ni siquiera dejaban pasar a los delegados del sindicato, a nosotros nos estaban haciendo pasar de a 30 personas porque no querían aglomeraciones (…) no están respetando nada, ni el sueldo mínimo, ni vales de despensa, ni el reparto de utilidades; estamos en mayo y nos falta el reparto de utilidades, eso es lo que estamos exigiendo para poder sobrevivir en esta contingencia. No estamos pidiendo más que lo que es”, señalaron los empleados.
Los empleados del hotel Princess, ubicado al norte de la ciudad, cerca del acceso a la playa Xcalacoco, exigieron que el delegado estatal de la CROC, Martín de la Cruz Gómez se presente a dialogar con los administrativos del centro de hospedaje para defender sus derechos.
Los Angeles Times – The San Diego Union-Tribune / Por Wendy Fry.
Trabajadores del cementerio bajan el ataúd de Juan Velasco, quien murió con síntomas de COVID-19, mientras su familia, a la derecha, observa el entierro en el Panteón Municipal 13, en Tijuana, México, el 27 de abril de 2020. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
*123 de las 177 muertes por coronavirus confirmadas en Baja California hasta el lunes se registraron en Tijuana.
Tijuana.- Vestidos con trajes protectores blancos, los trabajadores del cementerio de Tijuana enterraron la semana pasada docenas de cuerpos -víctimas del novedoso coronavirus- mientras las excavadoras despejaban el terreno para más en el ya abarrotado cementerio de la ciudad.
Cruces blancas salpican la ladera rocosa del Valle Redondo, a unas cuatro millas al sur de la frontera en el extremo oriental de Tijuana, una de las ciudades de México con el mayor número de casos documentados del novedoso coronavirus.
Los trabajadores del cementerio utilizan el equipo de protección al enterrar los ataúdes de las víctimas confirmadas y sospechosas del COVID-19 y para prevenir una mayor propagación de la enfermedad altamente contagiosa en Tijuana. Después, los celadores se turnan para rociarse con desinfectante.
Las imágenes recuerdan el entierro de las víctimas de COVID-19 en la Isla Hart a principios de abril, imágenes que colocan a la fosa común para los pobres en el centro de la atención nacional. Más de 17 mil personas han muerto a causa de COVID-19 en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.
En Tijuana, el Cementerio Municipal No. 13 es un cementerio público muy concurrido, principalmente para los pobres y la clase trabajadora. Debido a la preocupación por la propagación del coronavirus, el número de familiares a los que se les permite asistir a los funerales allí y en otros lugares de la ciudad es limitado, y se exige a los dolientes que se mantengan a 3 metros de distancia de las tumbas como parte de las nuevas normas aplicadas por el gobierno de la ciudad.
Hasta el lunes, 123 de las 177 muertes por coronavirus confirmadas en Baja California ocurrieron en Tijuana.
Nora Velasco marca una cruz después de enterrar a Juan Velasco, que murió con síntomas de COVID-19, en el cementerio Panteón Municipal 13, en Tijuana, México, el 27 de abril de 2020 (Marcus Yam / Los Angeles Times).
Nora Velasco, de 28 años, enterró a su padre en el Cementerio Municipal No. 13 el lunes, ocho días después de que se enfermara. Ella dijo que Juan Velasco, de 69 años, tenía una fiebre alta persistente en los días previos a su muerte, pero inicialmente la familia no estaba muy preocupada.
“Creo que tal vez le dolía la cabeza, pero no tenía tos”, dijo Velasco, añadiendo que la fiebre de su padre se terminaba y luego volvía durante varios días. “No presentaba todos los síntomas. Así que no nos preocupamos. No creímos que fuera el coronavirus”.
El martes por la noche de la semana pasada, su estado empeoró repentinamente.
“Fue al hospital alrededor de las 10 de la noche y a las 5 de la mañana del miércoles, nos dijeron que estaba en una condición muy grave. Murió más tarde esa misma tarde”, dijo.
Velasco dijo que personal del Hospital General le mencionó que creían que su padre había muerto por COVID-19.
Un trabajador médico revisa los papeles antes de entregar un cadáver para su traslado a una camioneta que lo llevará a la morgue, en el Hospital General de Tijuana, el 25 de abril de 2020. El Hospital General de Tijuana es el hospital más grande de Baja California y fue reservado para tratar a los pacientes de COVID-19. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
El hospital público, administrado por el estado con algunos fondos federales, ha estado lidiando con la repentina saturación de pacientes en las últimas semanas y al menos una docena de médicos han dado positivo en las pruebas de coronavirus. La escasez de personal ha significado que, en algunos turnos, no haya médicos en el piso de coronavirus.
“Realmente no sabemos nada”, dijo Velasco, quien explicó que la única información que su familia recibió del hospital fue cuando su hermano entró en un área restringida y exigió respuestas sobre la muerte de su padre. “No sabemos si lo pusieron en oxígeno o en la calle. Empezaron a decirnos al día siguiente que estaba muy mal, pero creemos que ya había muerto en ese momento”.
Los miembros de la familia llevaban cubrebocas mientras veían a los trabajadores bajar el ataúd de Velasco el lunes.
Trabajadores del cementerio como Miguel Sánchez López, de 30 años, dijeron que su trabajo les ha hecho menos temeroso de la muerte que la mayoría de la gente. Dijo que los trabajadores confían en que su equipo de protección es suficiente, pero que es incómodo en el clima caliente.
“No tengo ningún miedo, para ser honesto. Cero”, dijo Sánchez, quien dijo que ha trabajado como celador durante los últimos 13 años. “Estamos siguiendo todas las recomendaciones, así que confío en que no nos infectaremos”.
Hay otros 12 cementerios municipales en Tijuana, todos ellos llenos, según Jesús Salvador García, director de cementerios de Tijuana, quien dijo que hasta el domingo 35 cuerpos con COVID-19 confirmado habían sido recibidos en el Cementerio Municipal No. 13.
“No puedo decirte el número total de enterrados en toda la ciudad porque también hay cementerios privados y la opción de la cremación, que es decisión de la familia”, dijo Salvador.
Domínguez Hernández, izquierda, intenta consolar a Fredy Villa Suerte Hernández, derecha, a distancia, mientras lloran la muerte de Laura Moreno Sánchez, de 49 años, la esposa de Fredy que falleció por COVID-19, en el Cementerio Municipal número 13 de Tijuana, México, el 25 de abril de 2020. Fredy Villa Suerte Hernández dijo que no sabe con certeza si está enterrando el cuerpo de su esposa. Afirmó que las autoridades no le permitieron abrir el ataúd. Murió después de estar hospitalizada en el Hospital General de Tijuana durante 11 días por COVID-19. “No sé si es mi esposa o no. No vi el cuerpo”. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
Sánchez dijo que cree que la pandemia en México podría continuar por lo menos un año, “así que mejor nos acostumbramos”.
“A veces (los funcionarios del gobierno) no especifican necesariamente si murieron de un coronavirus o si murieron de algo relacionado con el COVID como una neumonía o diabetes pero con el coronavirus también”, dijo Sánchez, refiriéndose a los fallecidos en los ataúdes que entierra.
La falta de pruebas suficientes para el coronavirus ha sido una preocupación en todo el mundo y en la región. El condado de San Diego ha realizado 1044 pruebas por cada 100 mil habitantes. En comparación, Baja California ha realizado 66 pruebas por cada 100 mil habitantes.
El estado tenía 1345 casos confirmados hasta el lunes de 3223 pruebas realizadas a los 3.3 millones de residentes del estado.
Diego Armando Juárez, asesor funerario, izquierda, junto con un colega, siguiendo un protocolo recién establecido para desinfectar sin el proceso de embalsamamiento de un cadáver, mientras trasladan a una persona recientemente fallecida con los síntomas de COVID-19 a un ataúd en la Funeraria San Ramón de Tijuana, México, el 27 de abril de 2020. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
En un día caliente para finales de abril en el este de Tijuana, los sepultureros trabajaron en silencio en la tierra seca con palas bajo el ardiente sol. Una maquina excavadora se escuchaba en el fondo.
“La mayoría de los cuerpos con COVID vienen envueltos en bolsas de plástico y las cajas (ataúdes) también están envueltas en plástico”, dijo un trabajador, al que se le preguntó si tenía miedo de ser infectado por el virus mortal.
Añadió que casi no había posibilidad de que los cuerpos lo infectaran con el virus, pero también dijo que hay demasiado sobre la enfermedad que se desconoce.
Después de enterrar un cuerpo, los trabajadores a veces se quitan la mitad de los trajes, se secan el sudor a la sombra de un camión y se rocían por turnos con desinfectante.
De izquierda a derecha, Bernadina Cruz Pérez, Fredy Villa Suerte Hernández, Domínguez Hernández y Cleotilde Hernández lloran la muerte de Laura Moreno Sánchez, de 49 años, la esposa de Fredy que falleció con COVID-19, en el Cementerio Municipal no. 13 de Tijuana, México, el 25 de abril de 2020. Fredy Villa Suerte Hernández dijo que no sabe con certeza si enterró el cuerpo de su esposa. Afirmó que las autoridades no le permitieron abrir el ataúd. Murió después de estar hospitalizada en el Hospital General de Tijuana durante 11 días por COVID-19. “No sé si es mi esposa o no. No vi el cuerpo”. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
“Hemos estado en contacto con el secretario de Salud para ver si tiene un plan de contingencia sobre qué hacer con tantos cadáveres”, dijo.
Qué hacer con tantos cadáveres es un problema que Tijuana ha enfrentado por casi una década.
El rápido crecimiento de la población y los altos niveles de violencia llevaron a la ciudad a añadir 2.5 acres al Cementerio Municipal No. 12 de 35 acres en 2011 para crear el No. 13. Se llenó rápidamente, impulsando a los trabajadores de la ciudad a arrasar nuevos espacios para los muertos.
Los cuerpos no identificados son enterrados en una fosa común, donde tres o más cuerpos son enterrados juntos.
Trabajadores de una funeraria preparan un ataúd para su transporte al cementerio en la Funeraria San Ramón en Tijuana, México, el 28 de abril de 2020. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
González dijo que no quería especular por qué algunas familias no han recogido a sus seres queridos fallecidos ni dio a conocer las cifras de cuántos cuerpos no identificados había. Dijo que la ciudad estaba agilizando el proceso de notificación y entrega de los muertos a sus familias.
“Estamos acelerando la entrega de la documentación necesaria del certificado de defunción para que la persona pueda ser enterrada lo antes posible”, dijo el alcalde.
La semana pasada, el médico forense de la ciudad, César Raúl González Vaca, amenazó con dejar de aceptar los cuerpos de los pacientes sospechosos de estar infectados con COVID-19 porque dijo que su personal carecía del equipo de protección adecuado.
Diego Armando Juárez, asesor funerario, transporta el cadáver de una persona que falleció a causa de los síntomas de COVID-19, desde el Hospital General de Tijuana a la funeraria para que se puedan hacer los preparativos funerarios más tarde, en la Funeraria San Ramón en Tijuana, México, el 28 de abril de 2020. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
El Secretario de Salud Alonso Pérez Rico respondió diciendo que el estado proporcionaría trajes y otros equipos a la SEMEFO, siglas del Servicio Médico Forense del Estado de Baja California.
“Requieren equipo de protección personal”, dijo Pérez. “Hay un temor general al COVID y hay muchas cosas que aún no sabemos, pero eso no detendrá nuestro trabajo.
“La información que he dado ahora mismo a todos mis directores es que ningún trabajador va a entrar en una zona de COVID sin protección”, dijo, reconociendo que ha habido casos en los que el virus ha infectado a médicos y personas que manejan a los muertos. “Ayer hablé con el director de la SEMEFO sobre lo que le falta y me dijo que los overoles. No es un gran número y dárselos protegerá a nuestros hermanos médicos”.
Pérez dijo que el número de cadáveres no reclamados es pequeño y que la gran mayoría de los fallecidos tienen familiares que han acudido a funerarias privadas para recoger los cuerpos en los hospitales. Dijo que las funerarias privadas están obligadas por el Estado a seguir protocolos de seguridad.
El trabajador de una funeraria se prepara para descargar un ataúd para que los trabajadores del cementerio lo trasladen a una tumba mientras los familiares del difunto se paran cerca en grupos, en el Cementerio Municipal 13, en Tijuana, México, el 27 de abril de 2020. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
Un inspector de salud del estado dijo esta semana que algunas funerarias están operando en secreto en propiedades alquiladas para permitir a los miembros de la familia ver a sus seres queridos durante las ceremonias funerarias. Los protocolos de seguridad ordenan que el cuerpo permanezca envuelto en plástico con el ataúd sellado.
Los funcionarios de salud de la ciudad y el estado están tratando de cerrar esas operaciones para prevenir una mayor propagación de la enfermedad, dijo David Gutiérrez de la Cofepris, una agencia gubernamental que controla el riesgo sanitario.
“No solo es ilegal, es inmoral”, dijo Gutiérrez, quien dijo que las funerarias clandestinas se dirigían principalmente a clientes de medios económicamente modestos y se aprovechaban de su dolor.
Velasco dijo que ella y su familia dudaron inicialmente del daño potencial que el coronavirus podría causar. Dijo que espera que la historia de su padre anime a otros a tomar la amenaza del coronavirus más seriamente.
“Puede ser necesario tomar precauciones porque esta enfermedad… es una enfermedad verdadera. Esto no es una mentira del gobierno”, dijo.
Trabajadores del cementerio cavan hoyos en adelantado para una nueva hilera de tumbas en el Cementerio Municipal Número 13, en Tijuana, México, el 27 de abril de 2020. (Marcus Yam / Los Angeles Times)
La reportera Yolanda Morales contribuyó a este reporte.
Ciudadanos exponen que el gobierno federal pudo haber congelado al menos el pago de un bimestre por la contingencia sanitaria, como apoyo a los hogares.
Oscar Cervantes / Colima Noticias
Colima, Col.- Colonias populares y residenciales en diferentes municipios del estado, reportaron aumentos en el costo de servicio de energía eléctrica de casi el 100%, a pesar de que en algunos casos hay pequeños comercios que durante el mes pasado mantuvieron cerrados debido a la contingencia.
A través de las redes sociales, los usuarios manifestaron su molestia publicando sus recibos de la Comisión Federal de Electricidad, comparando el periodo pasado y el actuar, donde se refleja el aumento exorbitante sin importar la zona poblacional.
Lamentaron la falta de sensibilidad y solidaridad del gobierno federal durante esta emergencia sanitaria que se presenta en todo el mundo, donde miles de pequeñas empresas en el país han tenido que cerrar por no poder pagar este servicio.
Los usuarios de CFE señalaron que el gobierno federal pudo haber congelado al menos un bimestre el pago de este servicio, no obstante que el consumo aumentó en los hogares debido a que la población tuvo que resguardarse.
Afectados por el aislamiento a causa del Covid-19, alrededor de 150 habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara exigieron ayer a las afueras de Casa Jalisco que se les dé permiso de abrir sus negocios nuevamente.
Los manifestantes criticaron además que la anticipación del aislamiento social en Jalisco los afectó fuertemente y afirmaron que llevan más de 40 días sin ingresos. La etapa de confinamiento en Jalisco inició el 21 de marzo con la campaña #CincoDíasEnCasa
“(Pedimos que nos) dejen trabajar. ¿Cómo cierras la Plaza de la Tecnología, los negocios no esenciales y Office Depot está abierto? Venden lo mismo. Elektra, negocios, cadenas, Coppel, esos no cierran, pero los negocios pequeños sí los cierran, ¿verdad? Es verdaderamente denigrante. (El gobernador Enrique Alfaro) se pone con el pueblo, con los pequeños, pero no se puede poner en contra de los grandes. No tiene ahí los pantalones suficientes para ponerse en contra de los grandes negocios”, criticó Roberto Guijarro, uno de los manifestantes.
Entre quienes protestaron hubo vendedores de la Plaza de la Tecnología, artesanos y de otros giros calificados como no esenciales por el gobierno estatal.
Algunos de los manifestantes reconocieron que sí se enteraron de los apoyos para los micro y pequeños empresarios impulsados por el gobierno estatal; sin embargo, no todos alcanzaron, por lo que insistieron en que los dejen trabajar.
Durante la jornada también hubo críticas para las medidas obligatorias decretadas en el estado a partir del 20 de abril, entre ellas el aislamiento social y el uso de cubrebocas, las cuales no han sido implementadas por la Federación. Por ello, argumentaron, no hay justificaciones para que deban utilizar forzosamente el tapabocas o no se les permita trabajar.
“¿Me van a detener por no traer cubrebocas? Ya basta de atribuciones que no le corresponden (a Alfaro), que solamente le corresponden a la Federación. Concretamente el presidente se tendría que haber apoyado en el Congreso para poder hacer estas medidas (…) No señor y yo no lo traigo y no lo voy a traer. Tengo semanas no trayéndolo, me han parado y les he dicho ‘detenme’”, añadió Guijarro.
LANZAN ADVERTENCIA
Las personas decidieron protestar ante la casa del gobernador debido a que el miércoles acudieron a palacio de gobierno y no fueron recibidas. Lo único que pidieron fue tener un diálogo con Enrique Alfaro para alcanzar acuerdos.
Sin embargo, Casa Jalisco los recibió cercada con vallas desde temprana hora y ningún funcionario salió a atenderlos. Por ello advirtieron que en caso de que no sean escuchados abrirán sus negocios y se respaldarán mutuamente para evitar sanciones.
“Lo que nos toca a nosotros es desobedecer unas indicaciones injustas. Una ley, supuesta ley, que no existe y que coacciona mi derecho a trabajar, la tengo que desobedecer. Abramos nuestros negocios. Seamos solidarios con nuestros compañeros. Si vienen inspectores, si viene Chana, si viene Juana, que vengan. Pero cuando lleguen, todos los demás tenemos que salir en auxilio de nuestros compañeros”, exclamó en un altavoz uno de los comerciantes que acudieron a la manifestación.
Durante la protesta del miércoles, al gobernador se le exigió someterse a revocación de mandato, solicitud que ayer fue repetida con varias consignas. A la par, se lanzó una crítica al mandatario porque “Es un gobernador inepto y prepotente. Se está escudando en esta pandemia para tratar de que sus números de popularidad aumenten, pero no somos tontos, no nos vamos a confiar en este señor”, señaló otro de los quejosos.
Tras lanzar varias consignas fuera de Casa Jalisco, siempre bajo la vigilancia a distancia de un grupo de escoltas y guardias de seguridad del recinto, las 150 personas que acudieron se reunieron para tomar acuerdos. Adelantaron que a partir de hoy habrá comunicación entre todos los colectivos para realizar una segunda manifestación en los próximos días.
Artesanos lanzan ventas en Internet
Este sábado se cumplirán siete semanas de que el Tianguis Cultural de Guadalajara no se instala en Plaza Juárez por motivo de la emergencia sanitara por Covid-19, tiempo que ha sido complicado para los artesanos que vendían ahí. Para sobrellevar la situación, ahora impulsan sus negocios por Internet.
Gilberto Cabeza de Vaca, integrante del Consejo del?Cultural, puntualizó que los apoyos para los 500 artesanos del mercado itinerante han sido pocos; en total, sólo han recibido 125 despensas. Algunos otros han conseguido ingresar a los padrones de beneficiarios de apoyos al autoempleo, pero son pocos.
Sin embargo, la situación no los ha detenido, ya que los comerciantes han reforzado la venta en línea a través de la página de Facebook Tianguis Cultural Alternativo, donde promueven sus productos y los comercializan con entregas a domicilio.
Bajo esta modalidad, al menos 15 artesanos han logrado concretar ventas y han movido, en total, aproximadamente 10 mil pesos, pero la cantidad no es suficiente, por lo que invitan a las personas que son clientes frecuentes de este tianguis a consultar sus redes sociales para que haya más ventas.
Los comerciantes del Cultural podrían regresar a la Plaza Juárez la última semana de mayo; sin embargo, el gobierno de Guadalajara ya les informó que la vuelta será paulatina. La primera semana se colocará sólo el 50 por ciento del total. Lauro Rodríguez
FELIPE CARRILLO PUERTO, MX. – “Yo no quería salir pero la SEQ me obligó a venir, por más derechos laborales”, afirmaron maestros afiliados al sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (Siteqroo) al realizar una manifestación pacífica para ratificar su inconformidad contra la Secretaría de Educación en el Estado por el contenido de la convocatoria emitida para el proceso de cambio de centros de trabajo 2020-2021.
Después de recorrer las calles y efectuar un plantón frente al Palacio municipal, los maestros expusieron que hasta el momento no han tenido respuesta de la titular, Ana Isabel Vázquez Jiménez, para ser considerados dentro del proceso de reelaboración de dicha convocatoria y garantizar que se respeten los derechos laborales.
Desde el 17 de abril, la dirigente del Siteqroo, Francelia Canul Arevalo, hizo patente las inconsistencias de la convocatoria y la preocupación porque tenga la intención de beneficiar beneficiar a los allegados o familiares y que ya tenga destinatarios en particular, “lo que resulta perjudicial para todos aquellos docentes que buscan acceder a este cambio de adscripción con la esperanza de acercarse a su municipio de origen y a sus familias”.
Además de inconsistencia en la fecha de emisión, la convocatoria establece candados para el proceso de cambio ya que pide como requisito contar con al menos dos años de servicio ininterrumpido en el centro de trabajo de adscripción para poder participar; no se toma en cuenta los contextos local o regional para realizar los procesos de cambio y a la obligatoriedad de renunciar a horas excedentes, ya que se le niega la movilidad a aquellos que se desempeñan en áreas de educación inicial indígena, preescolar indígena y primaria indígena en la que los docentes migran de un subnivel a otro y a los de secundarías técnicas.
Arturo Contreras / Foto: Isabel Mateo / Pie de Página /
La asamblea maya Muuch Ximbal, que aglutina a personas de 25 pueblos mayas de Yucatán, presentó un amparo para que se detengan los trabajos del Tren Maya en la emergencia sanitaria. Advierten riesgos de contagio e impedimento para participar en su constucció
“No es posible que se pretenda avanzar con el proyecto en una situación de no normalidad, como esta contingencia”, dice sobre los trabajos preparativos para el Tren Maya Pedro Uc Be, escritor y activista de la península de Yucatán.
Pedro, junto con un conglomerado de organizaciones sociales y la asamblea maya Muunch Ximbal, presentaron un amparo en contra del acuerdo presidencial del pasado 6 de abril en el que se establecen qué actividades deben parar durante la pandemia y cuáles son actividades esenciales.
El acuerdo señala que la construcción no es una actividad esencial, por lo que podría parar. Sin embargo, las obras de infraestructura del gobierno federal, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, no suspenderán sus actividades durante la pandemia.
En la demanda se pide que se suspendan las obras, porque pone en riesgo la salud de las comunidades cercanas al no guardar la sana distancia. Además, al realizarse obras relativas al proyecto cuando la gente está resguardada en su casa, su participación en el proyecto disminuye.
“Impiden que podamos participar, como comunidad, en la construcción y análisis de impactos sociales y ambientales”, dice al respecto Jorge Fernández, abogado de Indignación, una organización social que acompaña el amparo de Muunch Ximbal.
De acuerdo con el abogado, el día que presentaron el amparo, hace dos semanas, pareció como si el Poder Judicial hubiera querido impedir aceptar su demanda de amparo.
“No nos lo querían aceptar porque decían que ‘no era urgente’. Después de un tiempo de estar en ahí, lo aceptaron y nos dieron sello de recibido, pero nos dijeron que lo iban a revisar hasta que termine la cuarentena”, cuenta el abogado.
Aplazar de es manera el amparo de la asamblea indígena lo dejaría en automático sin efecto, pues quieren impedir algo que pase durante la propia cuarentena. Al respecto, Pedro Uc Be asegura que es como un tipo de totalitarismo para impulsar el proyecto del tren.
“Nos parece grave que se quiera instaurar un tipo de totalitarismo. Que el Poder Judicial no haga el contrapeso que se supone es parte de su quehacer es grave y no le da al país la garantía de que es un poder que va a ver por sus derechos”.
Hasta el momento en el estado de Yucatán no se ha iniciado ninguna obra de construcción referente al Tren Maya. Sin embargo, en varias localidades ya hay trabajadores y encuestadores que hacen sondeos y cabildeos entre la gente para levantar información.
“Ese es un argumento que los jueces nos hacen, que ¿cuáles obras queremos parar? Es aquí donde quiero subrayar que es una pregunta con ojos de occidente y no con los ojos de los pueblos mayas. Nos preguntan que cuál es nuestro interés jurídico, ponen en duda nuestro ser indígena y nuestra identidad. Como si necesitaran un papel firmado por un gobierno que diga que somos indígenas”.
“Es muy grave que nos quieran juzgar desde esa mirada occidental y no desde nuestra propia mirada”, asegura el escritor y activista. “El del tren es un plan para acabar con los pueblos. Así como los templos católicos fueron construidos sobre los templos mayas, hoy quieren construir un tren sobre nuestra cultura indígena”, acusa.
Foto: Código 13
