Dos hospitales de Oaxaca saturados con pacientes COVID-19

Página 3 / Jaime Guerrero

*Aplican campaña “¡Alerta! Zona de alto contagio”, en sitios públicos.
Jaime GUERRERO

Los Servicios de Salud de Oaxaca reportaron que de acuerdo con el informe del nivel de disponibilidad de camas para atender pacientes COVID-19, dos hospitales están al 100 por ciento de su capacidad.

Al 25 de mayo, los SSO reportaron 1070 casos acumulados positivos de COVID19, 107 muertes y 575 pacientes recuperados del SARS-CoV2-2. Siguen 388 casos activos confirmados.

En tanto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó que de los estados que aún conservan los llamados “municipios de la esperanza”, Oaxaca tuvo el mayor impacto directo al perder 90 de los 213 municipios libres que tenía registrados hace 7 días.

En medio del incremento de los casos, los SSO anunciaron que el Gobierno del Estado activó el Plan de señalización de zonas de riesgo, para que la ciudadanía identifique los lugares donde existe una mayor transmisión de la enfermedad y evite acercarse, o que, en caso de tener que hacerlo, tome las medidas preventivas recomendadas.

Los anuncios serán colocados en lugares como mercados, transporte público y centros de venta de víveres, entre otros, con mensajes como “¡Alerta! Zona de alto contagio”, con el objetivo de que las y los oaxaqueños se resguarden en casa y que las salidas indispensables para la compra de víveres las realice solo una persona por cada hogar.

Al 25 de mayo, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) registra el 33.3% de ocupación y el general “Doctor Aurelio Valdivieso” tiene el 100% de camas utilizadas.

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos” presenta el 50% de ocupación, el presidente “Benito Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) notifica el 62%, el General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está al 100% y el de la Mujer y Niño Oaxaqueño en un 52% de ocupación.

En la región de la Cuenca del Papaloapan, hay un 35 por ciento la ocupación hospitalaria instalada. Existen 65 camas disponibles para la atención de COVID-19 y únicamente 13 ventiladores, distribuidos en los nosocomios del IMSS, ISSSTE y el Hospital General de la Secretaría de Salud de Oaxaca.

Sin embargo, los SSO advirtieron que las cifran varían constantemente de acuerdo con las altas médicas de los pacientes.

La región de Valles Centrales continúa siendo la zona urbana con la incidencia más alta de contagios al registrar 720 casos, de los cuales 54 derivaron en decesos, cifra que representa el 67% del global de confirmados en todo el territorio oaxaqueño al corte del 25 de mayo del presente año.

Los 69 nuevos pacientes registrados con esta enfermedad en las últimas 24 horas corresponden a 32 municipios, por lo que a la fecha el virus se ha propagado en un total de 134 localidades de Oaxaca.

Respecto a la distribución geográfica, el segundo lugar de Jurisdicciones Sanitarias más afectadas por la pandemia es Tuxtepec con 115 reportes, seguido por el Istmo de Tehuantepec con 81 casos, la Mixteca con 75, la Costa con 52 y la Sierra (Norte) con 27 pacientes.

De los casos acumulados, 302 han requerido atención hospitalaria y 768 han cursado la patología de forma ambulatoria con la vigilancia del personal médico.

De acuerdo a los SSO, el grupo de edad en donde el número de positivos es más recurrente es el de 25 a 44 años con 471 casos, seguido por el de 50 a 59 años con 185 confirmados, y en tercer lugar el de 65 años y más con un reporte 144 pacientes.

En tanto de las personas contagiadas por el nuevo coronavirus, 247 corresponden al personal de salud y de estos, 98 son médicos, 122 profesionales de enfermería y 27 trabajadores de otros perfiles.

Señaló que, según el reporte de fallecimientos por la emergencia sanitaria, del total de decesos, 54 pertenecen a la zona de Valles Centrales, 19 a Tuxtepec, 15 al Istmo de Tehuantepec, 13 a la Mixteca, cinco a la Costa y uno a la Sierra (Norte).

Bajo es perspectiva, el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla exhortó a la población a cuidar de sus familiares quedándose en casa y en caso de salir a comprar insumos básicos, designar a una sola persona para este fin. Igualmente recordó la importancia de lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel para evitar el incremento de contagios y disminuir la curva de la pandemia, ya que la entidad entrará en la fase más crítica de la emergencia sanitaria.

Respecto a la red de centros médicos, el director de Atención Médica de los SSO, Erick Azamar Cruz, puntualizó que al corte de este lunes, se tiene un reporte de 128 pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios, con un total de 85 casos confirmados por COVID-19.

Referente al estado de salud de los pacientes, dijo, 19 se reportan muy graves, 51 graves, 45 delicados y 13 estables; de esta cifra, 27 se mantienen con asistencia ventilatoria, lo que representa el 21% del total de internados en los nosocomios.

https://pagina3.mx/2020/05/dos-hospitales-de-oaxaca-saturados-con-pacientes-covid19/

En Guanajuato, covid-19 arrebató la vida a 5 trabajadores de la salud; hay 102 contagiados

Verónica Espinosa/ Proceso, 26 de mayo de 2020

Limpieza de edificios de gobierno en Guanajuato. Foto: Facebook

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Los trabajadores de la salud fallecidos en la entidad a causa del covid-19 suman cinco hasta este miércoles y 102 los contagiados, según el reporte la Secretaría de Salud.

Ayer murió un médico de 53 años que laboraba en el hospital de Juventino Rosas y atendía en un consultorio particular

“Él estuvo grave, se fue deteriorando cada día, le dimos todo el apoyo necesario, todo el soporte que fuera necesario. Lamentablemente no se pudo ganar esta batalla”, dijo el titular de la dependencia estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, en una entrevista con la televisora estatal.

El médico fallecido, abundó, tenía otros padecimientos que complicaron su estado tras contagiarse de covid-19: diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad.

Las otras víctimas fueron: un médico jubilado de 71 años, originario de Celaya; una enfermera, una trabajadora de limpieza y un médico odontólogo, quien también estaba retirado, por lo que no se tiene referencia sobre el origen de su contagio.

Hasta este martes, el estado suma mil 492 casos confirmados de covid-19 (de ayer a hoy se contabilizaron 86 casos tras aplicarse las pruebas respectivas). Y en las últimas 24 horas fallecieron cinco personas, cuatro de las cuales presentaban enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo.

Por otra parte, 105 personas permanecen hospitalizadas, 15 más que el lunes.

Del total de casos confirmados, 913 son activos y 461 personas se han recuperado, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Con información de: https://www.proceso.com.mx/631790/en-guanajuato-covid-19-arrebato-la-vida-a-5-trabajadores-de-la-salud-hay-102-contagiados

Hombre con síntomas de covid-19 muere en la calle cuando iba por atención médica (Oaxaca)

Proceso / Pedro Matías.

OAXACA, Oax. (apro).- Un hombre de 42 años que buscaba atención médica, tras presentar síntomas de covid-19, falleció en plena calle, en el municipio San Antonino Castillo Velasco.

No alcanzó a llegar al hospital debido al filtro sanitario que establecieron vecinos de Ocotlán, confirmó el presidente municipal, Esteban Abel Sánchez Campos.

El cuerpo de la víctima, quien calzaba huaraches y vestía playera negra y short tipo bermuda, quedó tendido boca abajo, con el cubrebocas puesto, mientras su padre lo contemplaba estupefacto.

Inmediatamente después de ocurrido el hecho, la brigada sanitaria del municipio levantó el cuerpo y lo sepultaron, como han hecho con otras personas de las que se sospecha murieron por covid-19.

“Iba de su casa, con su papá, y se cayó (…) Estamos esperando la prueba. Te voy a mandar unas fotos cómo actuó nuestra gente para levantarlo rápido y ya se enterró. Hoy a toda presunción (se aplica) el protocolo. Ya ni nos dan chance de saber por qué cuestiones proviene ni cómo va a ser la cuestión”, señaló en entrevista el alcalde.

Y reconoció que no es el único caso en San Antonino Castillo Velasco, municipio considerado de alto riesgo porque se han registrado varias defunciones por covid-19.

“Sí, tiene varios (muertos) y te comento: empezamos desde la mañanera a seguir el asunto del equipo, desde ese momento salimos la brigada municipal al mercado y al lavado y de ahí al mercado de ganado hasta el día de hoy, y ya compramos equipo para esa gente que está haciendo esa labor muy pesada”.

Ahora, dijo, “nos vamos a enfrentar a otro problema, dado que el personal de limpia ya no quiere salir porque la gente tira su cubrebocas”.

https://www.proceso.com.mx/631781/hombre-con-sintomas-de-covid-19-muere-en-la-calle-cuando-iba-por-atencion-medica

Colonias carecen de agua en plena pandemia (Oaxaca)

Noticias / Erick Moises

Fue apenas el pasado fin de semana que habitantes de colonias de la parte alta de Oaxaca de Juárez, como Solidaridad, 10 de Abril o Heladio Ramírez, recibieron el suministro de agua luego de poco más de 20 días de no contar con el líquido en sus hogares.

Habitualmente, narró una vecina que solicitó el anonimato, reciben agua cada 15 o incluso hasta cada 18 días; sin embargo, esta última vez, la preocupación fue mayor debido a la situación que se vive a nivel mundial por el brote y propagación de coronavirus (COVID-19).

Ya sea para lavarse las manos, para bañarse o para limpiar sus casas, el agua es indispensable, por lo que los afectados llaman a las autoridades a que se modifique el suministro del líquido. “Lo ideal sería que llegara cada ocho días, porque ya cada 15 ya es mucho”, dijo la denunciante.

“Sí, pues sí nos la vimos dura porque pasaron 15, luego 18, 20 días y no llegaba el agua; hasta apenas el viernes fue que llegó en la noche, me parece. Pero sí, ojalá la mandaran más seguido y con control porque a veces mandan mucha, pero pues dónde la guarda uno; si fuera aunque sea poca pero seguido, sería mejor”, comentó la vecina.

Varias colonias con sed

Por su parte, otro vecino y comerciante de la zona manifestó que son varias las colonias que no gozan con frecuencia del suministro de agua, lo que los convierte en sector vulnerable ante un probable brote o propagación del COVID-19.

“Acá en la Heladio, apenas nos llegó el sábado, pero muy poca; un tambo de esos de 200 (litros) se llenó en media hora. Pero bueno, al menos a nosotros nos llegó; hablando con otros vecinos, dicen que de plano ellos no alcanzaron a recibirla aquí en 10 de Abril y en la Soli”, afirmó el denunciante.

Esta situación, dijo, ha puesto a muchos de ellos en una posición difícil, pues ante el riesgo de un brote de coronavirus, el hecho de que no reciban agua con frecuencia o casi cada mes, los imposibilita para llevar a cabo labores preventivas de limpieza y aseo.

“Imagínate que viene alguien y está infectado, y fue porque no se lavó las manos o no pudo lavar su ropa porque no hay agua. A eso me refiero con que corremos riesgo; si el agua nos llegara cada ocho días, así constante, no habría problema, pero llega y lo que alcances a agarrar, ¡eh! Y eso que te dure hasta que vuelva a llegar”, añadió.

No se llevan su basura

Otro de los servicios de los que carecen es la recolección de basura. Habitualmente, cada sábado, el camión del servicio de limpia pasa por esta zona alta. Sin embargo, contaron los vecinos, son ya tres sábados que no suena la campana por la Soli, la Heladio y la 10 de Abril.

“De la basura van ya tres sábados que no pasa, ahí la tenemos amontonada. Bueno, la orgánica, pues como sea, se echa en la tierra y es como abono, pero lo demás… Lo malo, pues es que también hay riesgo de que eso empiece a afectar la salud de los que vivimos aquí”, señaló la mujer.

Por su parte, el vecino y comerciante detalló que pareciera que a su colonia y a las otras dos con las que colinda, las excluyen, pues el fin de semana vio que el camión pasó calles arriba y se siguió de largo.

“Tres sábados que no pasa; aquí pasa sábado más o menos a las 7 de la mañana, a esa hora ya está sonando la campana, pero ya va para el mes casi que no pasa. Incluso el sábado vi al camión aquí arriba y pensé que iba a bajar, pero no; me dejó con mis costales aquí afuera nada más”, dijo.

Cabe señalar que el temor de los vecinos de las colonias Heladio Ramírez, 10 de Abril y Solidaridad, ubicadas en la parte alta de la capital del estado, es que esa zona se convierta en foco rojo sanitario, pues sin agua y con basura acumulada, los estragos empiezan a hacerse palpables.

Prueba de ello son los dos casos de dengue que se registran entre vecinos de la zona. Hasta ahora, la autoridad municipal no se ha puesto en contacto con ellos para dialogar sobre esta situación.

http://www.nvinoticias.com/nota/147311/colonias-carecen-de-agua-en-plena-pandemia

Las mañaneras, “púlpito” para corromper la agenda y fijar términos del debate público: A19


Mathieu Tourliere / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las conferencias mañaneras que a diario protagoniza el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtieron en “la palestra, el púlpito o la tribuna del gobernante en turno para corromper la agenda y fijar los términos del debate público”, señaló la organización Artículo 19 (A19).

Y abundó: “En su intento por ganar la narrativa, el presidente ha hecho de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”.

En su informe anual, la organización observó que en el primer año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación no sólo continuó la violencia contra la prensa –hubo 609 agresiones contra periodistas, el “mayor número en la historia”, y 10 asesinatos, cobijados por un 99% de impunidad–, sino que se agravó la polarización de la sociedad, incentivada en gran parte por las redes sociales, donde se “vomita el odio y la discriminación con desinformación hacia los más vulnerables”.

En su amplio documento de 270 cuartillas, la organización realizó un diagnóstico aterrador sobre la situación de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país, donde los discursos intolerantes son potenciados mediante ataques de “bots” en redes sociales; las solicitudes de información a menudo son negadas bajo el pretexto de que la información es “inexistente”, y la publicidad oficial sigue otorgándose de manera discrecional, aunque con montos mucho menos exorbitantes que las administraciones pasadas.

“No hay duda de que la violencia y la hostilidad de los líderes políticos hacia la prensa se disparó en 2019, pues quienes deben ser escrutados por el ojo público, de pronto se sienten con la legitimidad y el permiso para denostar y atacar a sus escrutadores”, agregó.

Según A19, los ataques recurrentes de López Obrador contra la prensa son a menudo retomados por funcionarios locales de Morena en “efecto cascada”, que los justifican bajo el pretexto de que los periodistas buscan acabar con los esfuerzos de la 4T o que son “chayoteros”; citó los casos de medios de Baja California, Quintana Roo, Puebla o Guerrero, que fueron agredidos.

“Lo que ha quedado claro después de un año de gobierno es que aquellos actores de la sociedad, sean del sector que sean e incluso de la clase social que sea, que no toman una postura política a favor de lo que el presidente llama ‘la cuarta transformación’, se convierten en adversarios, y con tal de ganar la disputa de la opinión pública ha llegado al punto de sacrificarlos”. Y recordó, por ejemplo, la arremetida de López Obrador contra los “radicales de izquierda” que se oponen al Proyecto Integral Morelos –uno de ellos, Samir Flores, fue asesinado apenas 10 días después del discurso del mandatario–.

Tras resaltar los negros historiales de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en materia de libertad de expresión, sostuvo que en la administración actual “es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia. Las expresiones se repelen, chocan y se rechazan entre sí (…) la diferencia en este gobierno radica en que esto no sólo sucede entre el gobierno y la ciudadanía, sino en la misma sociedad, que se confronta”.

Y aparte, añadió, “existen claros indicios de que el rumbo de la violencia contra la prensa y la impunidad se mantiene igual”, y las procuradurías estatales no dejaron de ser “cómplices de la violencia contra la prensa”.

En su balance de 2019, tachó como “malo” las formas de control de la información, la profundización de la polarización y las nuevas formas de censura, mientras que en lo “feo” resaltó la indiferencia de la sociedad ante la violencia y la impunidad en general, y contra los periodistas en particular.

En tanto, celebró como “bueno” el hecho de que, en su narrativa, López Obrador busque “estigmatizar la desigualdad, la corrupción y la impunidad, y poner al frente los valores de la justicia, la transparencia y la igualdad”, así como “mirar al pasado y hablar sobre las graves atrocidades cometidas y el verdadero terrorismo de Estado que ha dejado secuelas, marca las instituciones e inhibe la reparación social”.

Agregó: “Aunque la narrativa de López Obrador le sirve a él principalmente, pues tiene el objetivo de controlar políticamente a la población, también le ha servido a las masas, pues ha fortalecido el sentido de dignidad de los grupos históricamente marginados y vulnerables, como los pueblos y comunidades indígenas, relegadas al olvido y la miseria, como ya hemos mencionado, por la narrativa dominante y hegemónica”.

Sin embargo, “en 2019, más que en ningún otro momento, la información siguió siendo el objeto de la guerra, el valor de la disputa”, sostuvo, y recordó que, según un estudio de SPIN Taller de Comunicación Política, en 365 días el mandatario emitió 15 mil “afirmaciones no verdaderas”.

“Es cierto, los medios de comunicación han mantenido, históricamente, una relación perversa con el poder y fueron parte de la estructura que está detrás de la impunidad, la desigualdad y la corrupción en el país. Sin embargo, ese relato no es absoluto, pues también es cierto que las y los periodistas en México han tenido un papel muy relevante en la construcción social de los relatos alternativos que dieron lugar, precisamente, a la llegada al poder del mismo López Obrador”.
Mañaneras

La principal novedad de la administración actual respecto de las anteriores es la conferencia matutina, que López Obrador realiza cada día hábil desde su toma de posesión y que, según A19, ilustra la “intención deliberada” de López Obrador por mantener el control sobre la información que circula en el país.

En 2019, el mandatario se refirió 2 mil 321 veces a la palabra “corrupción”, mil 732 veces a “pueblo”, 833 veces a “Pemex”, 720 veces “neoliberal”, 693 veces “conservador”, 487 “imagínese” y 477 veces “Guardia Nacional”.

Y recordó la conferencia del pasado 10 de febrero, en la que el presidente reclamó a los medios por no hacer caso al cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la Tesorería de la Federación, y preguntarle sobre temas de feminicidios. “Me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta esto (…) sí es importante hablar de los feminicidios, pero no es la base de la nota, porque es una manipulación”, dijo ese día.

“De fondo, en el discurso de López Obrador se percibe un reproche por el simple hecho de no cubrir de cierta manera un tema o por no estar ‘de su lado’ (…) Son un aliciente adicional para las agresiones y en nada abonan a generar condiciones propicias para el ejercicio periodístico en un país que es, hoy por hoy, el más violento contra las y los periodistas en un contexto no bélico”, apuntó A19.

Y más: “Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados; como cualquier otra agresión, buscan convertir el mensajero en el mensaje”.

El informe mencionó los estudios elaborados por Signa Lab, que documentaron cómo “la militancia virtual del lopezobradorismo” –entre ella la #RedAMLOVE– hostiga de manera coordinada a reporteros que asisten a la conferencia matutina mediante “verdaderas operaciones políticas destinadas a censurar a periodistas”.

Y observó: “Por un lado, el presidente consolidó un discurso hostil hacia los periodistas. Por otro, al ser señalados, éstos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad para padecer agresiones de terceros. Y, efectivamente, las declaraciones de López Obrador han terminado operando como promotoras de insultos e incluso de amenazas contra los periodistas que cubren la fuente presidencial”.

Citó, entre otros, los “hashtags” #prensaprostituida, #prensasicaria o #prensacorrupta que circulan de manera recurrente en redes sociales.
Claroscuros

De las 609 agresiones documentadas en 2019, una cuarta parte fueron intimidaciones y hostigamientos, mientras que otra proporción similar fue de amenazas; en tercer lugar, se reportaron 62 ataques físicos, correspondientes a 10% de los casos, mientras que la cifra de “uso ilegítimo del poder público” se duplicó de 22 a 46 en un año.

A19 detalló que 55.6% de las agresiones perpetradas contra periodistas en 2019 se dirigieron hacia reporteros que cubren asuntos de política y de corrupción, mientras otro 22% fue destinado a quienes cubren temas de seguridad y justicia, que abarcan la “nota roja”, así como los asuntos de delincuencia y violencia.

“En algunos ámbitos del ejercicio de la libertad de expresión e información, como lo es la transparencia y la rendición de cuentas, podemos afirmar que el camino de esta administración está lejos de ser uno que garantice estos derechos, pues hasta hoy perpetúa las viejas prácticas corruptas y no ha emprendido cambios profundos para desmontar la maquinaria construida durante décadas para censurar y controlar la información”, planteó la organización.

Señaló por ejemplo que, en comparación con el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de recursos de revisión dirigidos a la Oficina de la Presidencia de la República –porque el solicitante de información se inconformó con la respuesta– se disparó en 800%, pues Palacio Nacional suele alegar que la información es “inexistente”, incluso la información que López Obrador señala en sus conferencias matutinas.

En este marco, el presidente suele criticar a los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Archivo General de la Nación (AGN) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cuyos integrantes tacha de “burocracia dorada”.

A19 señaló que López Obrador repitió las prácticas de sus antecesores, la “misma política de cooptación de espacios de autonomía institucional”, al nombrar a personas allegadas en los asientos vacíos de los organismos autónomos, como ocurrió con la polémica designación de Rosario Piedra Ibarra, militante de Morena, en la CNDH.

Aparte, señaló la doble medida con la que el gobierno proporciona información: “mientras se dan a conocer en detalle los gastos derivados de la compra y el mantenimiento del avión presidencial ejercidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se argumenta que la información relacionada con los contratos y facturas de compra de medicamentos para combatir el cáncer es inexistente”.

Tras resaltar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 47 periodistas y que a la par el gobierno federal derrochó más de 60 mil millones de pesos a las empresas mediáticas mediante adjudicaciones directas de publicidad oficial, A19 recordó que López Obrador llegó al poder con la promesa de “garantizar la pluralidad de las expresiones y no utilizar el Estado como un censor”, pero mantuvo las prácticas de sus antecesores.

Sin embargo, si bien López Obrador prometió y aplicó, en el marco de su política de “austeridad republicana”, un recorte drástico a los gastos de publicidad oficial, “esto no se ha traducido en una mayor independencia editorial de los medios y tampoco hay evidencia que indique que ahora existe mayor pluralidad y diversidad en el ecosistema mediático mexicano”.

Así, en tiempos de la “Cuarta Transformación”, apenas tres medios de comunicación –TV Azteca, Televisa y La Jornada– acapararon el 30% del presupuesto total pagado a medios de comunicación.

“Aun cuando se destine menos dinero a publicidad oficial, el gasto sigue siendo discrecional y opaco, y no ha habido la intención de cambiar esta fórmula”, sostuvo la organización al señalar que “esta perpetuación de actos de legalidad selectiva o discriminatoria es uno de los más graves y preocupantes peligros que se ciernen sobre este gobierno”.

https://www.proceso.com.mx/631736/las-mananeras-pulpito-para-corromper-la-agenda-y-fijar-terminos-del-debate-publico-a19

Más agresiones contra periodistas pese a expectativas con AMLO: Artículo 19

Gloria Leticia Díaz / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a las expectativas en materia de libertad de expresión que generó el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no cesaron durante su primer año de gobierno, alcanzando a 609 periodistas y cobrando la vida de diez, advirtió la directora regional para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.

Durante la presentación del informe anual “Disonancia: Voces en Disputa”, Ruelas detalló que el número de ataques contra el gremio periodístico registradas en 2019 representan un crecimiento de casi 100% respecto del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto y un aumento de 12% con respecto al registro de agresiones del 2018”.

La defensora del derecho a la libertad de expresión resaltó que, al principio de la administración, hubo expectativas de cambio por el compromiso presidencial de acabar con la censura, por la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho y la liberación de órdenes de aprehensión contra sus agresores; por la reducción presupuestal para a la contratación de publicidad oficial; por la elaboración del diagnóstico sobre las fallas del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como la autonomía de la Fiscalía General de la República establecida en su Ley Orgánica.

Frente a los avances, “durante este año fuimos testigos de nuevas amenazas que surgen a través de la estigmatización al trabajo periodístico desde la tribuna presidencial”, alertó Ruelas tras nombrar a los diez periodistas asesinados en 2019, en su discurso transmitido por redes sociales.

La directora de la organización internacional sostuvo que el presidente López Obrador “hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno (y) decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las viejas élites, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa”.

La defensora lamentó que la impunidad se mantiene como la regla en materia de acceso a la justicia, pues de los mil 614 casos que ha tramitado la Fiscalía Especial en Atención a la Libertad de Expresión (FEADLE), 99% sigue sin resolverse, lográndose apenas 14 sentencias contra autores materiales, “sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir”.

En cuanto al Mecanismo de Protección, que tenía bajo su responsabilidad la seguridad e integridad de mil 162 personas, de las cuales 384 son periodistas, Ruelas destacó que hasta ahora no se han instrumentado el centenar de recomendaciones que hizo la ONU-DH.

Al sostener que el derecho a disentir “no está garantizado”, Ruelas dio cuenta de que, en el primer año de gobierno, López Obrador señaló como “fifís”, “conservadores” e “hipócritas” a medios y periodistas críticos de su administración, que terminaron como “detonantes” de amenazas contra periodistas que cubren la fuente presidencial, lo que representa el 15% del reporte de agresiones ocurridas en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes de Artículo 19, el año pasado las agresiones clasificadas como “uso ilegítimo del poder público” por parte de los tres niveles de gobierno se incrementaron en 100% por ataques como “estigmatización por medio de la comunicación oficial, amenazas de acciones legales y campañas de desprestigio”.

En su reporte, la organización detectó el uso de cuentas automatizadas en redes sociales, así como “una articulación coordinada y sostenida de redes para favorecer la imagen de los gobiernos, locales y federal, y reducir el alcance de las voces críticas y disidentes”, reflejándose en “oleadas de agresiones” contra periodistas, sobre todo mujeres.

En el 43% de las 609 agresiones se identificó como perpetradores a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, sobre todo a nivel estatal y municipal, y que la cobertura de información política y relacionada con la corrupción se convirtió en el 56% de la causa de los ataques.

Los registros de Artículo 19 alertaron sobre un incremento de violencia contra la prensa en la Ciudad de México, mientras que Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz se mantuvieron como “los estados más violentos”.


Los participantes en el foro virtual Disonancia: Voces en Disputa, organizado por Artículo 19. Foto: Tomada de video

Se mantiene la concentración del gasto

En cuanto a la publicidad oficial, la directora regional de la organización de defensa de la libertad de expresión reconoció la disminución considerable del gasto del gobierno federal, al pasar de mil 550 millones de pesos en 2018 a 10 millones 725 mil pesos en 2019.

Sin embargo, “la concentración del gasto sigue existiendo y no sabemos bajo qué criterios”, pues el 57.26 % se distribuyó entre 15 medios, y el 42.74% entre 476 medios de comunicación. Los principales beneficiarios, con 30% del gasto total, fueron Estudios Azteca, con 10.87%, Televisa con 10.84% y La Jornada con 8.03 por ciento.

Sobre las conferencias de prensa matutinas, Ruelas destacó que, durante el primer año de este ejercicio, se pudo demostrar que “no son un espacio informativo” y que, por el contrario, contribuyeron al incremento de solicitudes de información y recursos de revisión hacia la Presidencia de la República, registrándose un aumento de 817% de recursos de revisión “en contra de la falta de respuesta, inexistencia o clasificación de la información por parte de la Presidencia”.

Lamentó que hasta ahora no se haya concretado el compromiso de López Obrador de llevar el servicio de internet a todas las comunidades, pues hasta ahora 34.2 millones de personas no tiene acceso y 16.3 millones de hogares no disponen de conexión a internet.

Entre las recomendaciones que la organización formuló al nuevo gobierno destacan el combate a la impunidad de los crímenes contra periodistas; garantizar la protección al gremio; promoción del “desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación”; alentar el acceso a la información en todo el país, incluidas las comunidades más alejadas y vulnerables; “combatir la desinformación con más y mejor información”; eliminar “el uso del lenguaje estigmatizante, discriminatorio y de incitación a la violencia, y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio público”.
Se ha exacerbado el ambiente hostil: Jorge Carrasco

Durante el foro virtual, el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco, coincidió en que la expectativa de que México dejaría de ser considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Sin embargo, al paso del primer año de gobierno de López Obrador no sólo no se ha cambiado la situación, sino que “se ha exacerbado el ambiente hostil para la prensa”.

Carrasco advirtió que durante este año se advierte una “sofisticación del control de la información” a través de las conferencias matutinas, en las que no solamente se pretende imponer su agenda a la opinión pública, lo cual es válido, pero también transmite mensajes que generan un ambiente contrario a quienes cuestionan el poder público.

“Cuando desde la Presidencia de la República se usa la máxima tribuna, el atril con el Escudo Nacional, con el Palacio Nacional de fondo, el mensaje es poderosísimo, porque se utilizan los símbolos del poder para señalar a la prensa amiga o enemiga”, información que es procesada por los simpatizantes de López Obrador en redes sociales, dijo el director de Proceso.

“Ahí entra la sofisticación, con la generación de mensajes a través de redes sociales para atacar a la prensa. Entramos en un momento nuevo de control, sin cambar el viejo uso discrecional de recursos públicos; ahora la prensa estigmatizada desde el poder con el apoyo de grupos sociales pagados o no, de tal forma que no hay manera de ser disonantes en México, a riesgo de convertirse en objeto de ataques”, puntualizó.
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Cecilia La Hoz, abogada de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó los escasos avances en la atención de las observaciones que hizo la organización tras su vista a México en 2017.

Al señalar que uno de los “retrocesos” que tiene el país en materia de libertad de expresión es precisamente el uso de las conferencias matutinas como “plataforma para atacar la disonancia”, La Hoz consideró que es posible vincular los señalamientos estigmatizantes con las agresiones a la prensa.

Las evidencias de lo anterior estarían en las amenazas de muerte contra directivos del Grupo Reforma y las recientes amenazas presuntamente del cártel de Sinaloa sobre hacer estallar sus instalaciones.

“Ante estas situaciones se tiene que atender cuál es el impacto de los señalamientos, que no sólo puede generar agresiones en concreto, sino autocensura por temor”, agregó la relatora de la CIDH al destacar que la organización internacional tiene contabilizados 11 asesinatos de periodistas durante 2019, lo que sigue colocando a México como uno de uno de los países más peligrosos en el continente para ejercer la libertad de expresión.

También participaron en la mesa de discusión Yásnara Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y activista de los derechos lingüísticos, y Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Buenos Aires, Argentina.

https://www.proceso.com.mx/631714/mas-agresiones-contra-periodistas-pese-a-expectativas-con-amlo-articulo-19

Exigen justicia para los 43 normalistas a 68 meses de su desaparición (Ciudad de México)


Foto: David Deolarte / La Prensa

Andrea Pérez / La Prensa

Con pintas conmemorativas y carteles con las fotos de los 43, padres de familia protestaron en el antimonumento

A 68 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, un grupo de activistas y familiares de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgo bloquearon la avenida Paseo de la reforma para exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Cerca de las 6:00 horas, los manifestantes tomaron los carriles centrales de Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, con dirección a la Avenida Hidalgo.


Foto: David Deolarte / La Prensa

Además, realizaron pintas conmemorativas sobre la el paso de Reforma para recordar a los desaparecidos de aquel septiembre de 2014.

En el antimonumento colocaron fotografías de las víctimas y a gritos pidieron a las autoridades atender el caso.


Foto: David Deolarte / La Prensa

En entrevistas, miembros de la manifestación también señalaron que el caso de Ayotzinapa se ha olvidado por la contingencia del coronavirus, pues “el permanecer en sus casas no significa estar ausentes o quedarse callados”.

Pese a las recomendaciones sanitarias por la pandemia del Covid-19, no se descarta que en el transcurso del día realicen una marcha.

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/exigen-justicia-para-los-43-normalistas-a-68-meses-de-su-desaparicion-pintas-bloqueo-paseo-reforma-5280260.html

Ejecutivo, sin interés en los desaparecidos (Jalisco)

Foto: Especial

Jéssica Pilar Pérez / El Diario NTR

Como parte de las reasignaciones al Presupuesto 2020, la semana pasada se dio a conocer que el Poder Ejecutivo quitaría recursos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Al final el asunto sólo quedó en intención, pero la situación demostró que hay poco interés en el tema por parte del Ejecutivo.

Así lo denunció Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien añadió que hubo poca claridad en las reasignaciones al gasto. En total, se pretendía quitar 2.3 millones de pesos a la fiscalía de desaparecidos.

“La situación demuestra con mucha claridad que al final en realidad (hay) desinterés en el tema y cuestiona la prioridad que se ha tratado de demostrar por parte del gobierno estatal en materia de desaparición”, aseveró.

La coordinadora añadió que el simple hecho de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentara una disminución a la fiscalía significa que no hay interés en la problemática, lo cual, abundó, se ha demostrado también en reuniones con familiares de víctimas y en declaraciones públicas.

Pidió que no se modifique en ningún momento el presupuesto de 46 millones de pesos destinado a esta dependencia, pero e. En caso de que se pretenda una nueva reducción, esto llamó debe a ser consultarladado a conocer y consultado con familiares y organizaciones involucradas.

“(La idea es que) siempre se garantice y se dote de suficientes recursos referentes al tema del personal y también a la operación”, agregó.

Aunque en las reasignaciones no se tocó al final a la fiscalía especializada, Chimiak expuso que prevalecen dudas en torno a Chimiak mencionó que hay preocupación de conocer con claridad y transparencia los criterios y las formas las reducciones al capítulo de Servicios Personales avaladas la semana pasada en el Congreso del Estado.  y si va a afectar a esta fiscalía porque no se está abonando a la rendición de cuentas.

“(Esperamos) qQue no tengan el un impacto negativo en cuanto al personal, sobre todo que cuando a lo largo de los últimos años tanto la Comisión de Búsqueda como la fiscalía no han tenido el personal suficiente y necesario”, aseveró.

Explicó La activista abundó que cualquier reducción o modificación al presupuesto que fuera negativo apara la búsqueda e investigación de casos de personas desaparecidas o su calidad afecta a la l tema de progresividad de los derechos humanos, los cuales siempre deben tener el estándar de protección más alto y no ocurrió.

MÁS DE 9 MIL CASOS  

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) del gobierno estatal, en Jalisco había 9 mil 283 desaparecidos hasta el 30 de abril.

El sistema desagrega los casos y señala que 7 mil 45 personas se encuentran no localizadas; las 2 mil 238 restantes están desaparecidas. Recordó que hay retrasos en la estrategia de atención a víctimas de desaparición y rezagos en la actualización a la ley general lo que demuestra la falta de compromiso en el tema.

FRASE:

“La situación demuestra con mucha claridad que al final en realidad (hay) desinterés en el tema y cuestiona la prioridad que se ha tratado de demostrar por parte del gobierno estatal en materia de desaparición”: Anna Karolina Chimiak, Coordinadora de Incidencia del Cepad

Los números de la problemática 

  • 9 mil 283 desaparecidos había en Jalisco hasta el 30 de abril
  • 7 mil 45 son personas no localizadas
  • 2 mil 238 son desaparecidos

Fuente: Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=149138

Se atendieron 132 llamadas por violencia a mujeres en Aguascalientes en abril

Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
26 mayo 2020


Foto: Pixabay

Durante el periodo de contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 en abril, el servicio de emergencias 911 reportó 132 llamadas de mujeres que padecieron algún tipo de violencia al interior de sus hogares, principalmente, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Derivado de esta cifra, se indica que diariamente se registraron 4.4 llamadas de emergencia por este motivo.

En lo que va del año ya suman 822 llamadas de emergencia por episodios de violencia contra las mujeres de Aguascalientes.

La situación más reportada ante el servicio de emergencias es la violencia de pareja, en donde Aguascalientes se coloca en el sexto lugar nacional, sólo detrás de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo y Sonora.

Posteriormente, le siguen el hostigamiento sexual, abuso sexual y violación.

El ranking nacional de llamadas por violencia de género en lo que va del año, lo encabezan el Estado de México (15 mil 209), Chihuahua (14 mil 98), Ciudad de México (13 mil 284), Jalisco (5 mil 279) y Puebla (4 mil 476).

Por el contrario, los estados con menos reportes son Baja California Sur (163), Colima (229), Quintana Roo (278), Nayarit (327) y Sinaloa (348). Aguascalientes, por su parte, se ubica en el lugar número 22.

En el acumulado de lo que va del 2020, a nivel nacional se han presentado 88 mil 803 llamadas de emergencia por violencia hacia las mujeres en el servicio telefónico 911.

Otro rubro en el que destaca Aguascalientes es en el de secuestros de mujeres, al aparecer en el séptimo lugar nacional, con cuatro casos en lo que va del año.

El Estado de México lidera el ranking con 24 casos, seguido de Veracruz con 13 casos y posteriormente aparecen Morelos y Zacatecas, con 10 y 7 casos respectivamente.

https://newsweekespanol.com/2020/05/atendieron-132-llamadas-por-violencia-a-mujeres-en-aguascalientes-en-abril/

TRABAJADORES DEL INER PROTESTAN PARA EXIGIR EQUIPO ADECUADO PARA ATENDER LA PANDEMIA DE COVID-19

Foto: Especial

COLECTIVO GRIETA
Ciudad de México, lunes 25 de mayo.- La misma jornada en que se registraran 2 mil 485 nuevos contagios y la muerte de 239 personas (más otras 641 defunciones sospechosas de haber sido consecuencia del este tipo de coronavirus) y sólo un día después de que AMLO se ufanara de que “ya vamos de salida” de la pandemia de Covid-19, los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) volvieron a poner en primer plano la profunda crisis sanitaria que vive el país bloqueando intermitentemente la Avenida Calzada de Tlalpan para exigir a las autoridades la dotación de equipo sanitario adecuado –y no solamente suficiente–, para atender a los pacientes de la pandemia sin estar reciclando mascarillas o utilizando equipo de mala calidad.

Frente al nosocomio ubicado en el sur de la Ciudad de México, en donde de acuerdo con las denuncias de los manifestantes se han contagiado hasta la fecha 130 médicos y enfermeras y personal de otras áreas, el personal del INER movilizado al margen de sus sindicatos atribuyó estos contagios a la “insuficiencia y mala calidad” de los equipos con los que tienen que atender a los pacientes del coronavirus. Al grito de “¡No me quiero contagiar!” o en las pancartas hechas con cartulina y plumones, enfermeros, camilleros, doctores, personal de rayos X, trabajadores de intendencia y administrativos -que ya habían salido de turno o se encontraban en su día de descanso- exigieron “No a la exposición sin equipo de protección”, al tiempo que manifestaban querer “seguir salvando vidas protegiendo la mía” y la necesidad de “equipo desechable, no de tela” de la misma manera que denunciaban: “Todos nos estamos contagiando por el ahorro de unos cuantos pesos”… En otra cartulina una enfermera cuestionaba: “INER, ¿cuántas muertes más? ¿Cuántos compañeros más?”, haciendo alusión a los dos fallecidos y seis entubados registrados hasta ahora entre el personal de este hospital.

En una lona, los trabajadores del Departamento de Intendencia, dado que también están “en esta lucha” contra el coronavirus, exigieron “igualdad” en las condiciones de protección, pues “no queremos equipo de tela” ni “equipo N95 reutilizable”.

Cabe recordar que, de acuerdo con cifras proporcionadas por  Secretaría de Salud,  hasta el 19 de mayo se habían registrado en México 149 muertes entre el personal de salud derivadas del contagio y que 11 mil 394 se habían infectado con el nuevo virus en el ejercicio de su labor desde el inicio de la pandemia. Hasta esa misma fecha, de entre los fallecidos la Ciudad de México registraba la mayor cantidad, con 43 casos, seguida por el Estado de México y Tabasco con 12.

A la protesta en el INER se sumaron médicos y trabajadores de otros hospitales, como el Centro Médico Siglo XXI, quienes también han estado protestando por las mismas razones en las últimas semanas.

Foto. Especial
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Otro feminicidio en Nayarit, Exigen justicia para Leonila

Imagen: Sensor Informativo

Redacción / Sensor informativo

A través de diversos medios de comunicación y redes sociales, se comenzó a difundir la noticia de que ocurrió un nuevo feminicidio en Tepic, Nayarit. Se trata del asesinato de Leonila de la Cruz Pancho, una mujer indígena de 35 años, quien dejó en la orfandad a un bebé de 1 año y medio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes 25 de mayo, aproximadamente a las 05:00 horas, en la comunidad Cofradía-1, anexo de La Mesa, perteneciente al municipio de Del Nayar.

Esposo de la víctima, fue quien avisó a las autoridades que la mujer tenía una herida por arma punzocortante. Posteriormente, los familiares de Leonila de la Cruz tomaron la decisión de envolver a la mujer en una cobija y subirla a la parte trasera de una camioneta para poder trasladarla a un hospital ubicado en Santiago Ixcuintla; sin embargo, en el camino, a la altura del poblado el Venado, en el municipio de Ruiz, la señora falleció.

Algunos medios de comunicación locales señalaron que el responsable ya fue identificado, pero está prófugo de la justicia.

El feminicidio de Leonila de la Cruz indignó a diversos usuarios de redes sociales, quienes crearon el hashtag #JusticiaParaLeonila con la intención de que los elementos de seguridad de Tepic sancionen a la persona que agredió a la indígena provocándole la muerte.

Además, diversas mujeres integrantes de colectivos feministas lamentaron el fallecimiento de Leonila de la Cruz mencionando que este crimen había sido dado a conocer 24 horas después del deceso de Diana, otra víctima de feminicidio.

https://sensorinformativo.com/noticia/otro-feminicidio-en-nayarit-exigen-justicia-para-leonila/

Futura abogada y amante de los koalas: Diana, la joven que denunció acoso y después fue asesinada (Nayarit)

Foto: Facebook Derecho UAN

La joven de 21 años fue asesinada con lujo de violencia en su propia casa. En sus redes sociales había reclamado por la indiferencia ante el acoso y violencia.

Arturo Rangél / Animal Político

“… ¿Tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar gente?”

Con esa pregunta Diana Carolina, estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UNA), cerraba la denuncia publicada en su cuenta de Facebook en agosto de 2019, en la que revelaba que había sido acosada y agredida al salir de su escuela, a plena luz del día, sin que nadie interviniera o la defendiera.

Nueve meses después Diana, de 21 años, está muerta. Fue brutalmente asesinada.

Su cuerpo fue encontrado dentro de la recámara de su propia casa en Tepic, Nayarit, yacía tendida sobre la cama con múltiples heridas provocadas con un arma blanca en abdomen, brazos y pecho.

“Hubo mucha saña… le quitaron la vida de forma inhumana” dijo ayer el fiscal del estado Petronilo Ponce Medrano.

Lee: Asesinan a Diana, estudiante de derecho en la Universidad de Nayari

Y sí – como Diana anticipó – esta nueva agresión en su contra fue lo suficientemente grave para que la indignación creciera. En pocas horas se volvieron virales los mensajes en redes sociales de condena junto con el “hashtag” denominado #JusticiaParaDiana.

Ello provocó a su vez que el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, emitiera un mensaje asegurando que “a las mujeres no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa” y exigiendo resultados.

Pero el feminicidio de Diana no es el primero caso ocurrido ni en Nayarit ni en México. Tan solo en los primeros cuatro meses de este año 1 mil 301 mujeres fueron víctimas de homicidio o feminicidio, un promedio de once mujeres asesinadas todos los días, entre las que ahora figura Diana Carolina.

Amiga, estudiante y víctima

“Diana era una niña feliz, una persona que siempre que la veías te contagiaba su sonrisa (…) tenía muy buenas calificaciones y era una persona con un gran corazón, le gustaban mucho los koalas. Y siempre que tenías un problema te ayudaba…”

Así recuerda Dora a su amiga Diana Carolina Raygoza Montes, estudiante del tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Desde la noche del domingo ella y varios amigos de Diana comenzaron a difundir mensajes en sus redes sociales para expresar su consternación y exigir justicia por el crimen, pero también para recordar a la joven como una chica alegre y publicar fotografías en donde aparecen con ella.

En entrevista con Animal Político, Dora describió a Diana como una amiga cariñosa y como una estudiante aplicada. Dijo que tenía la capacidad de hablar de muchos temas, y tenia debilidad por los koalas. Confirmó que su amiga estudiaba el tercer año de la carrera de Derecho, y le faltaba uno mas para terminar la carrera.

“Diana quería especializarse en la rama penal, es decir quería ser abogada penalista, era uno de sus más grandes sueños lamentablemente el día de ayer estando en su propia casa cumpliendo con la cuarenta fue asesinada en su propia casa, quitándole todos esos sueños y aspiraciones que algún día tuvo”.

Otro de sus amigas, Marcela, publicaba ayer en Twitter sobre Diana: “Te conocí en la secundaria, siempre tan alegre y amable; el solo ver tu sonrisa, contagiabas alegría a todo aquel que estuviera cerca…”

Y Alberto Ángel la recordó como su “abogada favorita” y prometió que no descansarían hasta hacer justicia.

“No hay palabras que puedan describir el dolor tan grande que siento en este momento, la mujer que me enseñó a ser mejor persona y ver siempre lo bueno de la vida” dijo el joven en su cuenta de Twitter.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/futura-abogada-perfil-diana-carolina-feminicidio-nayarit/

Un año después de la creación de la Guardia Nacional, México está lejos de desmilitarizar la seguridad pública

Maureen Meyer (WOLA)/Proceso
26 mayo 2020

El primero es el comandante de la GN en la frontera sur .
Foto Insain Mandujano

CIUDAD DE MÉXICO (WOLA).- Un año después de que México promulgó la Ley de la Guardia Nacional el 27 de mayo de 2019, la nueva fuerza de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado convertirse en un organismo federal capaz de abordar la crisis de seguridad en México. Si bien se lanzó con gran fanfarria, desde su despliegue oficial el 2 de julio de 2019, la Guardia Nacional aún no ha resultado en una reducción apreciable de la delincuencia y la violencia generalizada que se vive en el país. Por el contrario, marzo y abril de 2020 fueron los segundo y tercer meses más violentos registrados en México.

En lo que parece ser un reconocimiento tácito de las deficiencias de la Guardia Nacional, el 11 de mayo López Obrador firmó un decreto que amplía y oficializa el poder de las fuerzas armadas de México para participar en tareas de seguridad pública. El decreto otorga a los soldados muchas de las mismas responsabilidades que tienen los miembros de las fuerzas policiacas civiles, como detener a sospechosos, asegurar escenas del crimen y ejecutar órdenes de aprehensión. La medida ha levantado una serie de preocupaciones, ya que las fuerzas armadas de México tienen una larga historia de alterar las escenas del crimen, torturar a sospechosos y cometer otros delitos y violaciones de derechos humanos con casi total impunidad.

Si bien López Obrador había afirmado que los soldados no deberían estar a cargo de las operaciones de seguridad pública, su creación de la Guardia Nacional y sus esfuerzos para expandir el papel de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública están muy lejos de sus promesas de campaña para devolver a los soldados a sus cuarteles y profesionalizar las fuerzas policiacas civiles. Si bien las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional estipulan que debe ser una fuerza civil bajo dirección civil, la mayoría de su fuerza de trabajo, liderazgo, financiamiento y equipo proviene de las fuerzas armadas. Como se analiza a continuación, el gobierno de López Obrador sólo ha profundizado la naturaleza militarizada de la seguridad pública en México y ha hecho casi obsoleta la policía civil a nivel federal.

La militarización de la Guardia Nacional

Apenas unas semanas antes de asumir el cargo, y después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que habría formalizado el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, López Obrador anunció su intención de crear una nueva Guardia Nacional para asumir las funciones policiales federales. Propuso que la fuerza debería estar compuesta por soldados y agentes de la Policía Federal y operar bajo el mando del Ejército. El 28 de febrero de 2019, el Congreso de México aprobó las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional y estableció un límite de cinco años para el uso de los militares en tareas de seguridad pública. Tres meses después, el 27 de mayo de 2019, entró en vigor la ley que regula la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional oficialmente asumió todas las funciones policiales federales el 31 de diciembre de 2019, una década después de que se estableció la Policía Federal y 90 años después de la creación de la primera fuerza policial federal de México. Si bien la Policía Federal se vio empañada por varios casos de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos, muchos expertos han argumentado que hubiera sido mejor aprovechar sus logros y corregir sus defectos que desmantelarlo por completo, dada la importancia de establecer una fuerza policial efectiva a nivel federal.

Cuando se creó la Guardia Nacional, el gobierno mexicano esperaba que la mayoría de los agentes de la Policía Federal se unieran a la nueva fuerza, pero este no ha sido el caso. Solo alrededor de la mitad de la Policía Federal, unos 18 mil 240 agentes, decidieron unirse a la Guardia Nacional. Estos agentes representan menos de una cuarta parte de la Guardia.

El resto de los miembros de la Guardia Nacional son soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar) que fueron transferidos a la nueva fuerza. El 24 de abril de 2020, el gobierno mexicano informó que el 76 por ciento de los 76 mil 773 guardias desplegados habían sido transferidos de estas dos ramas militares (50 mil 553 provenían de la policía militar o naval y 5,980 eran soldados de la Sedena prestados a la Guardia Nacional). Un mes después, el gobierno reportó que se habían desplegado 90 mil 91 miembros de la Guardia Nacional, incluidos mil 920 soldados de la Sedena y 225 de la Semar, pero no se proporcionó información sobre cuántos de los otros 87 mil 946 guardias procedían de la policía militar o de la expolicía Federal.

El alto porcentaje de los guardias que fueron soldados anteriormente plantea serias dudas sobre la naturaleza civil de la Guardia Nacional. Además, el primer jefe de la fuerza, Luis Rodríguez Bucio, es un general recientemente retirado de la Sedena y todos los comandantes de la Guardia también son de las fuerzas armadas. Otra preocupación es que la mayoría del equipo y presupuesto de la Guardia Nacional proviene de las fuerzas armadas, y cada uno de los centros de reclutamiento de la Guardia se encuentra en bases de la Sedena. De hecho, la Sedena y la Semar están a cargo de todas las operaciones de reclutamiento. En los primeros cinco meses de 2020, el Ejército reclutó a 14 mil 833 miembros de la Guardia Nacional, mientras que la Marina reclutó a 6 mil 337.

El papel evolutivo de la Guardia Nacional

Los miembros de la Guardia Nacional pueden participar en actividades que van desde la inspección de mochilas en el Metro de la Ciudad de México hasta trabajar en el desmantelamiento de grupos criminales. Tienen el poder de detener a sospechosos y colaborar con las fiscalías para investigar delitos. Además de los delitos federales, la Guardia Nacional también puede investigar delitos comunes como el homicidio y el robo si el director de la Guardia ha firmado un acuerdo de cooperación con las autoridades estatales o locales. Como WOLA ha destacado anteriormente, esto presenta serias preocupaciones dada la frecuencia con la que los soldados y los agentes de la Policía Federal han sido implicados en obstruir la justicia en las investigaciones penales en el pasado.

El 20 de mayo de 2020, el gobierno mexicano proporcionó información limitada sobre el número de soldados y miembros de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en diferentes actividades de seguridad, como la aplicación de la ley migratoria, la erradicación de drogas y la protección de oleoductos. Sin embargo, la información proporcionada no deja en claro cuál fuerza está a cargo de qué actividad, ni cómo se están llevando a cabo las operaciones conjuntas.

Lo que sí queda claro es que incluso antes del acuerdo que López Obrador estableció el 11 de mayo, los militares lideraban la gran mayoría de las operaciones de seguridad a nivel federal en México. Un poco más de la mitad de los 150 mil 731 agentes de seguridad federales desplegados en todo el país pertenecen a las fuerzas armadas (61 mil 252 de la Sedena y 15 mil 450 de la Semar).

La Guardia Nacional se desplegó por primera vez en las fronteras sur y norte de México para ayudar en la aprehensión de migrantes en respuesta a las amenazas y la presión del gobierno de Trump para hacer más para detener el flujo migratorio a los Estados Unidos. En octubre de 2019, el gobierno mexicano informó que se habían desplegado unos 12 mil agentes federales, incluidos miembros de la Guardia Nacional, en la zona fronteriza del sur, y casi 15 mil agentes federales en los estados fronterizos del norte.

En el estado sureño de Chiapas, los agentes están estacionados en diferentes partes de la frontera y en el río Suchiate, y a menudo acompañan a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en los puntos de control migratorio y en otras operaciones de control migratorio. En la frontera entre Estados Unidos y México, los agentes han impedido que los migrantes y solicitantes de asilo crucen a los Estados Unidos.

El uso de la Guardia Nacional para la aplicación de la ley migratoria ha sido criticado por desviar los guardias de sus funciones primarias de seguridad, y ha planteado preocupaciones sobre los derechos humanos dada la falta de capacitación brindada a los guardias sobre cómo interactuar con poblaciones vulnerables como los migrantes. En julio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) condenó a la Guardia Nacional por amenazar y hostigar casas de migrantes en Sonora y Coahuila. Más recientemente, la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y numerosas organizaciones nacionales e internacionales de los derechos humanos criticaron la respuesta de la Guardia Nacional hacia la caravana de migrantes que pasó por México en enero de 2020 por el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes en la caravana, incluyendo mujeres y niños.

Si bien la Guardia Nacional aún no ha sido implicada en tantos casos de violaciones graves de los derechos humanos como las fuerzas armadas y la ex Policía Federal, la nueva fuerza no está exenta de críticas. Entre julio y noviembre de 2019, la CNDH informó que había recibido 32 quejas contra miembros de la Guardia Nacional por violaciones de derechos humanos, incluidas acusaciones de abusos contra migrantes, tortura y detención arbitraria. En los primeros dos meses de 2020 (los datos más recientes disponibles), la CNDH recibió quejas contra la Guardia Nacional por acusaciones de desaparición forzada, trato cruel e inhumano o degradante y detención arbitraria.

Miembros de la Guardia Nacional también han sido implicados en casos de extorsión y han sido acusados ??de tener vínculos con grupos delictivos organizados. A mediados de abril, se circularon fotos en las redes sociales que demostraron miembros de la Guardia Nacional comiendo en un restaurante en Puebla con integrantes de un grupo de crimen organizado involucrado en el robo de petróleo y el tráfico de drogas. A principios de mayo, apareció un video de miembros de la Guardia Nacional extorsionando a un delincuente conocido como “El Cholo” en Sonora. En ambos casos, el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, condenó los hechos y afirmó que la unidad de asuntos internos de la Guardia investigaría las acusaciones.

Las pautas establecidas para transferir los recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional estipulan que la Guardia Nacional heredaría la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, junto con cualquiera de sus investigaciones abiertas.

Antes de que se desmantelara la Policía Federal, su unidad de asuntos internos había logrado importantes avances en el fortalecimiento de su capacidad para llevar a cabo investigaciones efectivas. A pesar de dar pasos positivos, la unidad de asuntos internos todavía tenía sus debilidades. Una fue que invirtió la mayor parte de su tiempo y recursos en la investigación de infracciones menores, mientras descuidaba en gran medida las irregularidades y denuncias de abusos más graves. Para garantizar la responsabilidad de los miembros de la Guardia Nacional que se involucran en la corrupción o violan los derechos humanos, es fundamental que la unidad de asuntos internos cambie sus prioridades.

Los controles internos de la Guardia Nacional deben ir acompañados de mecanismos de supervisión externos. Una forma en que el gobierno mexicano debería hacer esto es por establecer un observatorio independiente para monitorear y recomendar mejoras en los mecanismos de rendición de cuentas de la Guardia Nacional y su uso de la fuerza.

En noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que ordenaba al gobierno mexicano que creara dicho mecanismo para la Policía Federal. La sentencia fue emitida después de que la Corte revisó un caso relacionado con la detención arbitraria y la tortura sexual de 11 mujeres en la ciudad de San Salvador Atenco, en el Estado de México, a manos de agentes de la policía estatal y federal en mayo de 2006.

La Corte ordenó que el gobierno establezca a nivel federal un observatorio independiente, con participación de la sociedad civil, para monitorear la responsabilidad y el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal y la policía del Estado de México. Dado que la Guardia Nacional asumió el papel de la Policía Federal, la orden de la Corte Interamericana de establecer el observatorio independiente ahora se aplica a la Guardia Nacional.

El enfoque militarizado hacia la seguridad pública de López Obrador

Un artículo transitorio en las reformas constitucionales que establecen la Guardia Nacional proporcionó un marco legal para que las fuerzas armadas continúen participando en tareas de seguridad pública por hasta cinco años mientras la Guardia Nacional se vuelva completamente operativa. El artículo establece que el uso de los militares en operaciones de seguridad pública debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” para cumplir con la sentencia de 2018 que la Corte Interamericana emitió contra México por la desaparición forzada de tres miembros de la familia Alvarado Espinosa por elementos del Ejército en el estado de Chihuahua en 2009.

Sin embargo, el acuerdo ejecutivo que López Obrador emitió el 11 de mayo para ampliar los poderes de las fuerzas armadas no incluye un texto que garantice el cumplimiento de estos conceptos, aparte de establecer el año 2024 como fecha para finalizar el papel de los militares en las operaciones de seguridad pública. Según el acuerdo, los militares pueden desplegarse en cualquier parte del país, por cualquier motivo de seguridad, y solo estarán sujetos a sus propios controles internos. Todo esto aumenta el riesgo de que los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a los derechos humanos nunca vayan a tener que rendir cuentas.

Además, dado que el acuerdo otorga a las fuerzas armadas el poder de llevar a cabo funciones en la investigación de delitos que son propias a las instituciones policiales, deja en claro que los militares no desempeñarán un papel “subordinado” a las instituciones civiles. Por estas razones, la oficina en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CNDH, y varias otras organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han expresado su preocupación por el reciente acuerdo.

Como WOLA ha resaltado anteriormente, la creciente dependencia del gobierno mexicano en las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública ha sido a costo del fortalecimiento de las instituciones civiles de policía. El despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y combatir el crimen organizado tampoco ha logrado reducir el crimen y la violencia. De hecho, trabajos de investigación han demostrado que la decisión de desplegar a los militares en un combate frontal contra grupos criminales es un factor principal detrás del aumento de la violencia en México desde 2007.

La militarización también ha tenido un alto costo para los derechos humanos en México. Entre enero de 2007 y septiembre de 2019, la CNDH emitió 159 recomendaciones para violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas. Las recomendaciones responden a casos de ejecuciones arbitrarias, el uso ilegal de la fuerza, tortura y desapariciones forzadas.

Recientemente, un exmarino fue detenido en marzo de 2020 en relación con el caso emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa por cargos de tortura, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad. La documentación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) encontró evidencia de que algunos marinos mexicanos también estaban detrás de la tortura de otro detenido en el caso, lo que resultó en la muerte de la víctima.

La gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los soldados mexicanos nunca se investigan ni sancionan adecuadamente. Un informe de WOLA de noviembre de 2017 encontró que el 97 por ciento de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles que fueron investigados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entre 2012 y 2016 aún no se habían castigado al momento de emitir el informe. De las 505 investigaciones que se habían iniciado, solamente hubo un registro de 16 sentencias condenatorias para estos casos en el sistema de justicia civil.

Bajo López Obrador, el papel de los militares también va más allá de la seguridad pública. Le ha dado al Ejército la responsabilidad de construir varios proyectos de desarrollo a gran escala, incluido un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, tramos de una nueva red de vías de trenes conocida como el Tren Maya, que conectará destinos turísticos populares en el sur de México, así como 2 mil 700 nuevas sucursales para el recientemente creado Banco de Bienestar.

Mirando hacia el futuro

El 14 de mayo, López Obrador afirmó que México necesita “la disciplina, la profesionalidad de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”. Esta afirmación no toma en cuenta el hecho de que la militarización de la seguridad pública por más de una década—desde que el expresidente Felipe Calderón inició el despliegue masivo de soldados en el país en 2006—no ha logrado reducir la violencia y, en cambio, ha dado lugar a violaciones masivas de los derechos humanos.

La mejor manera de abordar la inseguridad en México y combatir las organizaciones criminales es a través de investigaciones serias que llevan a condenas para los responsables y el fortalecimiento de las instituciones civiles de la policía. La policía y las fiscalías, no los soldados, están facultadas para interactuar con la población civil para prevenir los delitos y la violencia y para llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales.

Las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional parecieron dar un paso en la dirección correcta al establecer que la nueva fuerza sería una fuerza civil bajo el liderazgo civil, pero un año después de su creación, el gobierno de López Obrador ha demostrado que este compromiso sólo existe en papel. Esta nueva fuerza, y el acuerdo ejecutivo del 11 de mayo, arrojan serias dudas sobre el futuro de la policía civil federal en el país, así como la supervisión civil sobre los soldados que realizan tareas de seguridad pública. En lugar de consolidar el papel de los militares en la seguridad pública, López Obrador debería tomar medidas firmes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones policiales civiles de México, como la forma más efectiva de construir una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos en México.

*  La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización con sede en Washington dedicada a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en el continente americano. El texto fue publicado en el sitio de WOLA y Proceso lo reproduce con su permiso.

** Maureen Meyer es la directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. El programa está enfocado a las políticas de seguridad de Estados Unidos y México y su relación con la violencia asociada a la delincuencia organizada, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

https://www.proceso.com.mx/631749/un-ano-despues-de-creacion-de-la-guardia-nacional-mexico-esta-lejos-de-desmilitarizar-seguridad-publica

Cien agentes buscan a diputada, mientras detienen investigación de cientos de desaparecidos (Colima)

 

Foto: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (26/05/2020).- Inconformes por el “trato preferencial” otorgado a las pesquisas sobre la desaparición de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez, integrantes del colectivo Red Desaparecidos en Colima exigieron a las autoridades atender de la misma manera la investigación de lo ocurrido con sus familiares, cuyo paradero en algunos casos se ignora desde hace ocho años.

Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la organización, señaló en rueda de prensa que debido a la contingencia sanitaria desde hace más de tres meses fueron suspendidos los operativos de búsqueda que realizaban conjuntamente, dos veces cada mes, agentes de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas con la participación de miembros del colectivo.

Sin embargo, dijo, tras la desaparición de la legisladora morenista el pasado 29 de abril, actualmente se encuentran en el estado más de cien agentes, peritos y antropólogos forenses de diversas corporaciones enfocados a la investigación, así como personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, encabezado por el director general,

Enrique Irazoque Palazuelos, mientras que el resto de los asuntos se encuentran detenidos.

“No queremos revictimizar a la diputada ni a su mamá, pero sí queremos igualdad para nosotros y nuestros desaparecidos”, expuso Sepúlveda.

La mujer, quien desde hace casi dos años busca a su hijo desaparecido, refirió que la red ha pedido que se reanuden las búsquedas, pero no se les ha escuchado, además de que desde el 20 de febrero pasado solicitaron apoyo a la CNBP, pero “por la contingencia no ha llegado y ahora resulta que ya tienen varias semanas buscando a la diputada, y a nosotros ni siquiera nos avisaron que venían, nos enteramos por nuestra cuenta y nos duele porque queremos seguir en la búsqueda”.

Indicó que la legisladora es “una desaparecida más”, por lo que la llamó “la señorita Anel”, pues “independientemente de si se la llevó un comando o quien sea, ella no está y al igual que nosotras como madres, como hermanas y como hijas, su madre está sufriendo lo mismo, estamos muy conscientes de eso: su mamá está teniendo el mismo dolor que nosotras y a las que menos culpamos son a ella y a la señorita Anel, porque ellas no tienen culpa de nada”.

Sepúlveda Gómez aclaró que la inconformidad del colectivo que encabeza “es por el gobierno, esto es por las autoridades que nos están haciendo a un lado, que nos están victimizando porque no nos dan lo que pedimos, porque las búsquedas para nosotros están paradas, cuando hacíamos una cada quince días, íbamos nos cansáramos o no, entonces lo que pedimos simplemente es que así como la están buscando a ella, busquen a los de nosotros; es todo lo que pedimos, igualdad”.

A su vez, la secretaria de la Red, Blanca Ramírez Hernández, recordó que en la reunión de febrero pasado con la titular de la CNBP, Karla Quintana, se establecieron diversos acuerdos para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas en Colima, pero “esos acuerdos se quedaron en el aire por la contingencia, ¿entonces para la búsqueda de nuestros familiares hay contingencia y para la de la diputada no?”.

Precisó: “No se trata de que estamos en contra de que se le busque o no, aquí se trata de nuestra inconformidad porque no se está tomando de la misma manera a ninguna de las personas desaparecidas en el estado. Hay compañeras madres de familia que tienen a sus hijos desaparecidos desde hace ocho años y no han tenido resultados”.

Ramírez Hernández añadió: “Nos preguntamos a qué estamos jugando, quiénes tienen derecho a ser buscados y quiénes no; lo hemos dicho una y mil veces: no queremos que se clasifique a los desaparecidos de acuerdo a su estatus social, ni a lo que se dediquen, porque todas las personas valen lo mismo”.

De acuerdo con Blanca Ramírez, durante el periodo de contingencia no ha disminuido la desaparición de personas, que hasta abril de 2018 eran 595 en Colima, conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

La secretaria de la Red calculó que tan sólo en lo que va del presente año han sido denunciados entre 250 y 260 casos, por lo que considera que actualmente hay ya un acumulado de mil personas desaparecidas que no han sido localizadas en Colima.

“Eso sin contar a las personas que no denuncian, que podrían ser más de las que sí lo hacen”, puntualizó.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12877

Guanajuato: el estado con más feminicidios en 2020

Foto: Cuartoscuro

Contraréplica, martes 26 de mayo de 2020
A nivel nacional, tras los primeros cuatro meses del año 2020, Guanajuato encabeza la lista del registro de feminicidios, con 172 homicidios dolosos. Sin embargo, las autoridades solo tienen registro de ocho.

El último corte de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de enero a abril de 2020 han sido registrados en el país 314 feminicidios. El Estado de México registra 38, ubicándose en el primer lugar de esta lista.

Seguido se encuentra Veracruz con 31, Puebla con 25 y Nuevo León con 24, y mucho más abajo Guanajuato con 8 feminicidios registrados. Sin embargo, las cifras a nivel nacional de víctimas mujeres clasificadas como homicidio doloso, de enero a abril, son de 987 y 172 ocurrieron en Guanajuato.

Por su parte, el Estado de México, en segundo lugar registra 95 casos reportados seguido de Chihuahua coon 84 y Michoacán con 82. En Guanajuato, 100 de las 172 víctimas de feminicidio tenían más de 18 años, 20 tenían menos de 17 y del resto no se tiene el dato.

Con información de agencias
Imagen Cuartoscuro
https://www.contrareplica.mx/nota-Guanajuato-el-estado-con-mas-feminicidios-en-2020-202026523

Ya son ocho casos positivos de COVID-19 en el ISSSTE No. 24 en Huajuapan (Oaxaca)

Noticias / Leslie Aguilar.

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Al vivir Huajuapan los peores momentos de la pandemia, la Jurisdicción Sanitaria 05 en la Mixteca ha notificado que son ocho los trabajadores de la salud que han dado positivo a COVID-19 en el ISSSTE 24 en Huajuapan.

En este sentido, el coordinador del Área Epidemiológica de la Mixteca, Ernesto Orduña Ruiz, dijo que hasta este momento, Huajuapan vive su momento más crítico en contagios, por lo que el pasado fin de semana se sumaron 16 casos positivos a COVID-19 en esta localidad, lo que indica que la mitad de estos, es decir, ocho casos positivos corresponden a personal médico, enfermería y demás trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) número 24 en Huajuapan.

Orduña Ruiz agregó que “se han tomado un total de 19 muestras a personal del ISSSTE Huajuapan, 15 por parte de este nosocomio y cuatro más por parte de la Jurisdicción Sanitaria 05 en la Mixteca, de los cuales ocho dieron positivos a COVID-19, cuatro masculinos y cuatro femeninos que son compañeros de esta institución y con quienes se ha mantenido una comunicación muy estrecha”.

Señaló que de los ocho casos positivos, hasta este momento ninguno ha necesitado la intervención hospitalaria, por lo que se encuentran aplicando la jornada de la sana distancia, es decir, están en sus domicilios cumpliendo el confinamiento social.

Además, indicó que a través de la directora de este hospital, Thalía Sanies Ríos, dijo que se estarán aplicando otras pruebas para el personal restante y que se descarte cualquier situación de riesgo; recalcó que por el momento son 30 los trabajadores de la salud que siguen en cuarentena, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros y personal de confianza.

“Son más de 14 pruebas las que se están aplicando a un segundo bloque y es la Jurisdicción Sanitaria la que se encuentra muy apegada a esta situación y es que estamos tratando de apoyar en lo que más se pueda y que el personal pueda hacerse las pruebas, pues tuvieron contacto con una paciente que perdió la vida el pasado fin de semana en Huajuapan, tras dar positivo a COVID-19”, añadió.

Recalcó que un bombero de Huajuapan dio positivo a COVID-19; sin embargo, recordó que la situación sigue estando crítica, pues el virus se encuentra ya en todos lados en el municipio, por lo que es importante el acatar la recomendación de “quédate en casa”.

http://www.nvinoticias.com/nota/147281/ya-son-ocho-casos-positivos-de-covid-19-en-el-issste-no-24-en-huajuapan

Pintan la catedral de León en protesta por la penalización del aborto (Guanajuato)

Los colectivos feministas alzaron la voz después de que se archivara la propuesta para despenalizar el aborto en Guanajuato. Estas son las fotos de su protesta

“Saquen sus rosarios”, “Mochos”, “Será Ley” así son los mensajes con los que la marea verde alza la voz en contra de la penalización del aborto. Foto: La Silla Rota

IVONNE ORTIZ, La Silla Rota, 26/05/2020

Esta mañana la catedral amaneció con una nueva cara. En su fachada había mensajes escritos por los colectivos feministas, como un intento de protesta luego de enterarse que en Guanajuato no se despenalizará el aborto.

“Aborto legal” dice un mensaje pintado de verde en la entrada a la catedral que se ubica en la calle Hermanos Aldama, en el centro de León. “Saquen sus rosarios”, y “Será Ley” son los escritos que están a la vista de cualquier persona que pasa por ahí.

Esta madrugada los colectivos feministas acudieron a manifestarse a la catedral con estos mensajes. Foto: La Silla Rota

Así fue la reacción de la marea verde, después de que esta mañana se discutiera en las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública que el aborto seguirá siendo penalizado en el estado. Después de tres mesas de trabajo, en las que participaron colectivos pro vida, mujeres pro aborto, y funcionarios públicos se tomó esta decisión. Con la mayoría de votos panistas, y uno más de Movimiento Ciudadano se archivó esta iniciativa.

Esta mañana se confirmó que el aborto seguirá siendo penalizado en el estado, a través de la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública

Los diputados y diputadas que están en contra de la despenalización se justifican diciendo que aunque el embrión no haya nacido, se considera una persona con derechos legales y jurídicos desde el momento de la concepción. Y aseguran que esta decisión se toma para proteger el derecho a la vida de los niños.

La lucha para despenalizar el aborto en Guanajuato lleva tres años, hasta ahora se decidió llevar el tema al Congreso del Estado y con mayoría de votos panistas se archivó la propuesta. Foto: La Silla Rota.

Mientras tanto ¡Desde León se resiste! así amanecieron los ánimos de las mujeres feministas que se oponen a esta decisión. Con este mensaje en Barrio Feminista compartieron fotografías de protesta. ¡Aquí nadie se rinde, aquí nadie se rinde! Se lee en su publicación.

Además de pintar la fachada de la iglesia. Las mujeres se adueñaron de los espacios públicos y escribieron su sentir con latas de aerosol. Sus mensajes son claros: “Yo decido”, “Aborto Legal Ya”, “ILE Gto”, “ILE Periferias”, “Niñas, no madres”, “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.

En las avenidas principales de la ciudad las mujeres protestan con pancartas de color verde

Desde el Puente del Amor también protestaron. En las alturas se ve a una chica que sostiene una manta de color verde, que dice: “Legal, seguro y gratuito”. Este tema se discutió en medio de una pandemia, por esto las mujeres no se podrán unir para manifestarse en las calles, en su lugar solo dos o tres mujeres se reúnen para expresarse con mantas en las avenidas principales de la ciudad.

Los puentes peatonales han servido cómo espacios de expresión para las feministas. Esta mañana manifestaron su inconformidad a primera hora.

¿Por qué es importante hablar de la despenalización del aborto en el estado?

En Guanajuato 441 mujeres han tenido que empacar sus maletas y pagar un viaje en camión a la CDMX, con tal de tener un aborto legal y seguro. Esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril del 2007 a septiembre del 2019.

Son 12 años en los que algunas mujeres han expuesto su seguridad con tal no de recurrir a un aborto clandestino. Anteponiendo su salud. Una de cada 4 chicas que acuden para abortar son estudiantes, la mayoría tienen entre 18 y 24 años. Mientras que 7 de cada 10, solo terminaron la secundaria o preparatoria. La mitad de ellas lograron abortar antes del mes y medio de gestación.

Actualmente la Ley en Guanajuato impone una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión a toda mujer que se provoque un aborto o consienta tener uno. Solo se permite tomar esta decisión en caso de que la mujer esté en una situación de riesgo, en la que corra peligro su vida.

https://guanajuato.lasillarota.com/estados/pintan-la-catedral-de-leon-en-protesta-por-la-penalizacion-del-aborto/395688

2019 registró el mayor número de ataques contra periodistas de la última década: Artículo 19

Redacción / Animal Político

La organización Artículo 19 denunció que diez informadores fueron asesinados en México durante el pasado año, el primero con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

Rafael Murua Manríquez, de 34 años, apareció muerto el 21 de enero en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio Santa Rosalía, Baja California Sur. Era director de la radio comunitaria Radiokashana, en Mulegé y se convirtió en el primer periodista asesinado en 2019. Un mes después, Samir Flores Soberanes fue tiroteado en su casa de Amilcingo, Morelos. Dirigía la radio Amiltzinko y era un activista contrario al Proyecto Integral Morelos.

Estos comunicadores son las dos primeras víctimas mortales de ataques contra periodistas en 2019. La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, denunció que diez informadores fueron asesinados en México durante el pasado año, el primero con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

“La violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó, por el contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde hace doce años”; dijo Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, durante la presentación del informe “Disonancia: voces en disputa” que analiza diversos aspectos del derecho a la información durante el último año.

Rafael Murúa, de Baja California Sur; Samir Flores, de Morelos; Santiago Barroso, de Sonora; Telésforo Santiago Enríquez, de Oaxaca; Francisco Romero, de Quintana Roo; Norma Sarabia, de Tabasco; Rogelio Barragán, de Morelos; Edgar Alberto Nava López, de Guerrero; Jorge Celestino Ruiz, de Veracruz; y Nevith Condés Jaramillo, del Estado de México son los periodistas asesinados durante el pasado año.

Los homicidios son la agresión más grave contra periodistas. Sin embargo, la organización internacional detectó 609 casos de ataques contra informadores y medios de comunicación.

El pasado año fue el que Artículo 19 registró más ataques contra comunicadores en la última década. En 2009, todavía con Felipe Calderón en el gobierno, fueron 238. En 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto al frente del ejecutivo, ascendieron hasta los 330. El expresidente cerró su sexenio con 544 agresiones en 2018.

En la última década, Artículo 19 contabilizó 3 mil 918 agresiones contra periodistas y 92 asesinatos de informadores por posible relación con su labor.

De este modo, 2019 fue el año en el que Artículo 19 detectó un mayor número de ataques contra medios de comunicación, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. Los datos indican que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se agredió a un periodista cada 15 horas.

Las agresiones varían desde los diez asesinatos hasta el allanamiento, que ocurrió en 17 ocasiones, las amenazas (144), ataques a bienes materiales (40), ataque a medios de comunicaciones digitales y sistemas informáticos (6), Ataque físico (62), bloqueo, alteración o remoción de información (60), desplazamiento forzado (12), intervención o vigilancia ilegal de comunicaciones (16), intimidación u hostigamiento (166), privación de la libertad (28), tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes (3), uso ilegítimo del poder público (46).

Sobre los victimarios, la organización denuncia que los funcionarios siguen siendo las figuras que más ataques perpetran, con 256, seguidos de atacantes desconocidos (151), particulares (131), crimen organizado (49) y partidos políticos (13).

Las coberturas sobre corrupción y política son las más riesgosas, ya que acumulan 339 de las agresiones documentadas, seguidas de seguridad y justicia (133), movimientos sociales (62), Derechos Humanos (51), sector privado (17) o tierra y territorio (7).

https://www.animalpolitico.com/2020/05/2019-mayor-numero-ataques-periodistas-decada-articulo-19/

Pobladores de Santiago Mexquititlán toman presidencia municipal de Amealco (Querétaro)


Imagen tomada de: sanpanchotv.wordpress.com

San Pancho TV

El 25 de mayo del 2020, tianguistas y pobladores de Santiago Mexquititlán tomaron la presidencia del municipio de Amealco, en Querétaro, como acto de protesta ante la implementación de la “ley garrote”, así como en contra de el corte de agua que ha afectado por 9 días a los pueblos y comunidades.

Las y los manifestantes aseguran que desde el 17 de mayo el agua ha dejado de llegar a sus comunidades, lo cual afecta gravemente la salud de las y los habitantes; este hecho es una evidencia de las contradicciones del gobierno municipal, pues a pesar de la implementación de las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19, hay varios pueblos sin agua potable.

Así mismo, aseguran que el gobierno del estado – en complicidad con el gobierno municipal – han implementado, bajo el argumento de las medidas sanitarias, legislaciones altamente restrictivas que atentan en contra del derecho a reunión y libre tránsito de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de esto es la denominada “ley garrote”, la cual, faculta a elementos de las diversas corporaciones policiales a aplicar sanciones administrativas y penales, a las y los ciudadanos que no acaten las medidas sanitarias.

En lo hechos la “ley garrote” se ha traducido en actos arbitrarios de abuso de autoridad, limitando y restringiendo la protesta social; bastaría recordar las amenazas y confrontaciones que las y los pobladores de Santiago Mexquititlán han tenido con elementos de la policía municipal, así como funcionarios de la alcaldía.

Estela Hernández, pobladora de Santiago Mexquititlán, señala que estos son los motivos que han orillado a las y los habitantes de las comunidades de Amealco a tomar la presidencia municipal, y exhortan a la ciudadanía a solidarizarse con las y los manifestantes, así como a fortalecer la organización independiente, autónoma y desde abajo.

https://sanpanchotv.wordpress.com/2020/05/26/pobladores-de-santiago-mexquititlan-toman-presidencia-municipal-de-amealco/?fbclid=IwAR3bQ1_7PVy2aeq15Si3xeLP57M-HNEv9yyAj98OYker6pKUuGMx57hCL-U

Tabasco: mujeres costureras se declaran en “resistencia civil” contra gobierno

Roberto Barbosa / La Silla Rota

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Un grupo de mujeres costureras, iracundas por “el constante atropello” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se declararon en “resistencia civil” contra esa empresa y advirtieron a su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que “correrá sangre” si les vuelven a cortar el suministro de energía.

En plena pandemia, la CFE no ha dejado de realizar la suspensión del servicio en hogares de Tabasco, donde cerca de 400 mil usuarios se mantienen en huelga de pagos en protesta por las altas tarifas, y que decidieron no pagar desde hace 25 años, cuando fueron convocados por el entonces “líder moral” perredista, hoy morenista y Presidente de México.

A través de un video, dirigido a López Obrador, las costurares de la cooperativa “Exótica Textiles”, del municipio de Macuspana, relatan que cuando estaban más urgidas de laborar para cumplir un contrato de elaboración de cubrebocas, llegó personal de la CFE a quitarles los cables de conexión.

Cansadas y enojadas por esa medida, recordaron que han enviado cartas al político tabasqueño e, incluso, en una ocasión lo abordaron en el aeropuerto y les prometió que se reuniría con ellas, pero les pidió paciencia. Pero “lleva dos años en el gobierno, no vemos nada, no vemos claro, no nos quiere ayudar”.

Igual, afirmaron, pasa lo mismo con las autoridades locales, que en esta pandemia no les han llegado a ofrecer o dar apoyo. “Las costureras nos rascamos como podemos. Tenemos un contrato para fabricar cubrebocas y muy fácil la Comisión dice vayan a desmantelarles la luz”.

–No se vale, si no tenemos para comer, por qué nos van a quitar lo poquito que tenemos-, expresa Alicia Jiménez, dirigente del grupo de cooperativistas en la videograbación efectuada afuera de la maquiladora, ubicada en el ejido José López Portillo, Macuspana.

E insisten que “no se vale” que el tabasqueño guarde silencio ante los problemas que enfrentan en Macuspana, y advirtieron que si vuelve personal de la CFE a desmantelar las instalación eléctrica puede pasar una desgracia. “No olvide este mensaje, usted (AMLO) es el responsable de lo que pase.

A la CFE ya se lo advirtieron cuando les suspendieron el servicio, que si regresaban “aquí va a correr sangre” y le recordaron al presidente que él era el que les pedía que se declararan en “resistencia civil”, apoyaba y avalaba esa medida ciudadana, pero “hoy que es gobierno, en vez que ayude a la gente”, les manda a castigar.

Este grupo de mujeres, durante años luchó y exigió apoyos para instalar la planta maquiladora, incluso realizaron una protesta frente al entonces gobernador Arturo Nuñez, que les mandó a desalojar y detener con la policía.

https://twitter.com/VanGelsinger/status/1265084634741616648

Igual, afirmaron, pasa lo mismo con las autoridades locales, que en esta pandemia no les han llegado a ofrecer o dar apoyo. “Las costureras nos rascamos como podemos. Tenemos un contrato para fabricar cubrebocas y muy fácil la Comisión dice vayan a desmantelarles la luz”.
–No se vale, si no tenemos para comer, por qué nos van a quitar lo poquito que tenemos-, expresa Alicia Jiménez, dirigente del grupo de cooperativistas en la videograbación efectuada afuera de la maquiladora, ubicada en el ejido José López Portillo, Macuspana.

E insisten que “no se vale” que el tabasqueño guarde silencio ante los problemas que enfrentan en Macuspana, y advirtieron que si vuelve personal de la CFE a desmantelar las instalación eléctrica puede pasar una desgracia. “No olvide este mensaje, usted (AMLO) es el responsable de lo que pase.

A la CFE ya se lo advirtieron cuando les suspendieron el servicio, que si regresaban “aquí va a correr sangre” y le recordaron al presidente que él era el que les pedía que se declararan en “resistencia civil””, apoyaba y avalaba esa medida ciudadana, pero “hoy que es gobierno, en vez que ayude a la gente”, les manda a castigar.

Este grupo de mujeres, durante años luchó y exigió apoyos para instalar la planta maquiladora, incluso realizaron una protesta frente al entonces gobernador Arturo Nuñez, que les mandó a desalojar y detener con la policía.

https://lasillarota.com/estados/costureras-de-macuspana-explotan-contra-amlo-por-cortes-de-cfe-video-tabasco-macuspana-costureras-mujeres/395527

Yucatecas víctimas de violencia: Ignoradas en la pandemia

Redacción / Foto de Lilia Balam / Haz Ruido

Condenadas a quedarse en casa con sus agresores, niñas y mujeres buscan ayuda en organizaciones de la sociedad civil, las cuales reportan récords de atenciones brindadas.

Por otro lado, autoridades de todos los niveles menosprecian la problemática o no implementan medidas adecuadas para hacerle frente durante la contingencia sanitaria.

Mérida, Yucatán, 25 de mayo de 2020.- A pesar de los discursos de autoridades de distintos órdenes de gobierno, en el sentido de que la violencia contra las niñas y mujeres ha disminuido o no es una problemática grave durante la pandemia de Covid-19, quienes trabajan directamente con las víctimas afirman que el confinamiento ha agudizado esta situación en Yucatán.

El mensaje para evitar la propagación de la enfermedad ha sido “quédate en casa”, sin embargo, en el estado y el resto del país este no es un sitio seguro para las mujeres. Los tres feminicidios registrados en 2020 en el territorio han sido cometidos en la intimidad de los hogares, razón por la cual muchas yucatecas han tenido que salir a buscar auxilio.

Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora General de APIS Sureste, indicó que el refugio para quienes se encuentran en riesgo de violencia feminicida que administra dicha asociación operó al 100 por ciento de su capacidad en abril. Podemos tener hasta cinco núcleos familiares, es decir, mujeres con sus hijas e hijos, pero a principios de abril recibimos dos nuevas usuarias y nos quedamos sin espacios, comentó.

En entrevista con Haz Ruido, dijo que en ese mismo mes hubo dos peticiones más de ingreso, las cuales tampoco encontraron cupo en el albergue del Ayuntamiento de Mérida, por lo que tuvieron que vincular a las solicitantes con otras opciones. Cabe recordar que, en Yucatán, estos dos sitios son los únicos refugios para mujeres que viven violencia extrema.

En cuanto al Centro Externo de APIS, que brinda diferentes tipos de asesoría, detalló que tan sólo en abril pasado ofreció 160 atenciones psicológicas y 64 jurídicas, así como 20 servicios a niñas y niños. “Nos sorprenden muchísimo estos datos porque esto nunca nos había sucedido”, agregó.

Asimismo, destacó que la contingencia sanitaria les ha obligado a modificar su forma de trabajar ya que todos las consultas se han llevado a cabo mediante llamada telefónica o internet. Además, a través del perfil de APIS Sureste en Facebook, han orientado a personas e, incluso, instancias gubernamentales de otras entidades, que buscaban ayuda.

“En abril y en lo que va del mes de mayo hemos tenido alrededor de seis casos de mujeres en situaciones de violencia extrema que requieren de refugio. Hemos hecho las canalizaciones para que, efectivamente, puedan estar en condiciones de seguridad”, contó.

“Como estamos articuladas a la Red [Nacional de Refugios], eso también da para que nos escriban o nos hablen mujeres de otros estados de la República. Por recordar ahorita alguno, nos hablaron de Puebla en dos ocasiones: una usuaria de manera directa y otra de una dependencia que buscaba canalizar a una usuaria en esta situación”, manifestó.

Las declaraciones de la experta contrastan con lo boletinado por el Gobierno del Estado, en el sentido de que las llamadas de auxilio “relacionadas con la violencia de pareja disminuyeron 55.2 por ciento durante el periodo posterior a la declaración de la Ley Seca”, disposición que entró en vigor el 9 de abril pasado.

Vale la pena recordar que el decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, explica que esta medida se puso en marcha debido a que la atención de casos de violencia contra niñas, niños y mujeres, causados por la ingesta de alcohol, pone en riesgo a elementos de seguridad pública y “los distrae de labores de seguridad más importantes o apremiantes”.

Después de implementarse la prohibición, continúa el comunicado, los pedidos de ayuda al número 9-1-1 por violencia familiar cayeron 49.7 por ciento, así como aquellos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, que decrecieron en un 42.6 por ciento.

Cuestionada al respecto, la titular de APIS Sureste sostuvo que el hecho de que las mujeres estén confinadas con sus maltratadores podría explicar esta disminución. “Como el generador de violencia se encuentra en casa, tienen también menos posibilidades de hablar”, recalcó.

Acceso parcial a la justicia

El pasado 10 de abril, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo un llamado a los 32 poderes judiciales de las entidades federativas a garantizar la atención e investigación de delitos contra niñas y mujeres durante la pandemia, puesto que estas instancias anunciaron que implementarían suspensión de labores y guardias.

En Yucatán, desde el 18 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura estatal anunciaron que “se seguirían despachando las órdenes de protección y medidas precautorias como parte de un proceso judicial; asimismo, se celebrarán audiencias y se dictarán acuerdos respecto de los asuntos relativos a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, pensión alimenticia, restitución de menores o providencias cautelares en la materia, de manera enunciativa y no limitativa”.

No obstante, en el informe (des)Protección judicial en tiempos de Covid-19 de la organización feminista EQUIS Justicia para las Mujeres, se señala que el estado se encuentra a media tabla, con una calificación de 59.5, en cuanto a la atención que brinda a los asuntos de violencia de género durante la contingencia sanitaria .

El estudio evalúa las acciones que en Yucatán sí se establecieron guardias para emitir órdenes de protección en materia familiar y penal, pero omitieron o no hicieron una mención expresa sobre el otorgamiento de medidas precautorias en las materias familiar y penal. En cambio, sí se implementaron guardias presenciales para que el pago de pensiones alimenticias opere de manera regular y no se vea afectado.

Por otro lado, en el caso de los centros de convivencia familiar se dejó a discrecionalidad de las autoridades analizar caso por caso y, por último, no se pusieron en marcha políticas laborales internas para responder a las necesidades de su personal con cargas adicionales de cuidado.

En cuanto a las medidas de protección, las cuales tienen el objetivo proteger a la víctima desde el comienzo de la investigación cuando el imputado representa un riesgo contra su seguridad e integridad, Leticia Murúa Beltrán Aragón lamentó que se estén dictando únicamente por 30 días.

“No sé qué esté pasando en otras partes, pero aquí en Mérida, en los juzgados, lo que hemos visto es que sí dan las medidas de protección solamente por 30 días […] entonces, cada 30 días las mujeres tiene que ir nuevamente a los juzgados a solicitar nuevamente”, dijo.

“En el momento que se terminan les dicen que tienen que estar muy al pendiente para regresar, a los 30 días, y que les vuelvan a dar las medidas de protección. Entonces, bueno, claro que eso en una situación como esta, pues no debería de ser, es como incrementar los riesgos, o sea, no tiene sentido”, agregó.

Además, comentó que el tema de la pensión alimenticia preocupa a muchas usuarias de los servicios legales de APIS Sureste. “Han estado preguntando constantemente cuándo se abren los juzgados porque están estos asuntos pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia que también ha dejado de pagarse y, bueno, esa va incrementando las situaciones difíciles que las mujeres viven”, finalizó.

#NosotrasTenemosOtrosDatos

Este lunes 25 de mayo se lleva a cabo una protesta virtual en todo el país para visibilizar la realidad de las mexicanas durante el confinamiento. A través de fotografías, videos y carteles, organizaciones feministas y activistas denuncian las distintas formas de violencia que experimentan las mujeres.

La manifestación exige que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su responsabilidad de promover, respetar, garantizar, defender y proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres, sobre todo ante la omisión, inacción y negligencia de autoridades de todos los órdenes de gobierno.

http://www.hazruido.mx/reportes/yucatecas-victimas-de-violencia-ignoradas-en-la-pandemia/

Se presentan 10.7 denuncias diarias por violencia familiar en Colima; aumentan 32 por ciento (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (22/05/2020).- En el primer cuatrimestre de 2020 se registraron en Colima 1,293 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, cifra que en comparación con los primeros cuatro meses del año pasado representó un 32 por ciento de incremento en el número de casos, señaló la organización “¿Cómo vamos? Colima” a través de un análisis.

“En el crecimiento de este delito en lo que va del año —añadió— tiene que considerarse, además, una cifra negra de víctimas con dificultades de presentar una denuncia debido a la convivencia cercana y constante con los posibles agresores  por la situación de confinamiento”.

Denominado, “Seguridad pública a dos meses de la contingencia sanitaria”, el reporte es el siguiente:

Bajo un contexto de más de dos meses de contingencia sanitaria que ha incluido el distanciamiento social, el cierre de espacios y el paro de algunas actividades económicas. Es importante considerar la situación para identificar sus repercusiones en la seguridad pública, estableciendo comparaciones con meses y años anteriores. En el siguiente análisis muestra los incrementos y descensos de la incidencia delictiva tanto a nivel nacional como en el Estado de Colima, teniendo en cuenta con los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Comenzando con los homicidios dolosos a nivel nacional, se han iniciado 9,751 Carpetas de Investigación (C.I) por este delito de enero-abril del 2020, en comparación al primer cuatrimestre del 2019, este delito ha incrementado 1.8% en todo el país. Los homicidios intencionales han mantenido (tanto en este año como en el anterior) una tasa de 7.6 casos por cada 100 mil habitantes al mes de abril. Lamentablemente, a causa de este delito han fallecido 11,535 personas de las cuales un 89.3% fueron hombres, 8.5%  mujeres y 2.1% no identificado.

En el Estado de Colima, entre enero y abril se registraron 216 C.I por este delito, involucrando el deceso de 251 personas, lo que resulta como un incremento del 9% en el número de víctimas en comparación con el año anterior (230). A nivel nacional, el Estado conserva el primer lugar de incidencia con 27.51 casos por cada 100 mil habitantes, tres veces superior a la media del país. Teniendo en cuenta el número de C.I, en la entidad los homicidios dolosos se han mantenido en 54 casos al mes, por lo que no se observa un cambio significativo en los meses de contingencia.

En el país, de enero a abril se han registrado 1,301 muertes intencionales de mujeres, de las cuales 24% han sido considerados feminicidios; en otras palabras, en México entre 2 y 3 mujeres pierden la vida por razón de género al día. Colima, se encuentra en primer lugar de incidencia a nivel nacional por este delito con una tasa de 1.27 casos por cada 100 mil habitantes. En números absolutos, entre enero y abril se abrieron 5 C.I por feminicidio y fallecieron 6 mujeres, la diferencia con el 2019 es significativa pues en los primeros cuatro meses se había registrado solo 1 caso de feminicidio.

Las muertes de mujeres por razón de género se han enmarcado en un contexto de violencia familiar, tan solo en el Estado de Colima, al mes de abril se han registrado 1,293 C.I de este delito. En comparación con los primeros cuatro meses del año pasado, el número de casos incrementó 32%. En el crecimiento de este delito en lo que va del año, tiene que considerarse, además, una cifra negra de víctimas con dificultades de presentar una denuncia debido a la convivencia cercana y constante con los posibles agresores  por la situación de confinamiento.

Los casos de violación, por otro lado, han tenido un incremento a nivel nacional de 4.4% pasando de 5,283 C.I (ene-abr 2019) a 5,520 (ene-abr 2020) en números absolutos. Comparando los mismos periodos, el crecimiento también se ha observado en los demás delitos contra la libertad sexual como el abuso (4%), el acoso (5.5%), el hostigamiento (23%) y otros (37%). Teniendo en cuenta la población, se ha registrado una tasa de 4.32 casos de violación por cada 100 mil habitantes en el país.

El Estado de Colima tienen una tasa similar a la nacional con 4.48 casos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, en comparación con los primeros cuatro meses año anterior, este delito ha disminuido 7% de 41 casos (ene-abr 2019) a 38 (ene-abr 2020), y respecto a los otros delitos contra la libertad sexual el abuso subió 32% y el hostigamiento se mantuvo igual al año anterior con 10 casos.

Respecto al secuestro a nivel nacional, se han abierto 303 C.I por este delito en el el primer cuatrimestre del año, registrando la cifra más baja, desde el 2015, en el mes de abril (68). Sin embargo, contrario a los datos SESNSP, la Asociación Alto al Secuestro reporta 443 casos de secuestro acumulados entre enero-abril 2020, y 99 de ellos ocurridos en este último mes.

Teniendo en cuenta la cifras oficiales la tasa nacional pasó de 0.37 (ene-abr 2019) a 0.24 (ene-abr 2020) casos por cada 100 mil habitantes. El Estado de Colima, se mantiene en el margen de esta media con una tasa de 0.25. De enero a abril 2020, se han registrado 2 casos de secuestro los cuales han involucrado a 3 víctimas.

El delito de lesiones dolosas tiene una tasa nacional de 37.68 casos por cada 100 mil habitantes. En números absolutos, entre enero-abril 2020 se han registrado 48,156 C.I por este delito, y en abril se registró la cifra más baja (9,893) desde el 2016. Considerando el número de víctimas, este delito ha disminuido 7% de 57,106 (ene-abr 2019) a 52,967 (ene-abr 2020). En este año el 50.3% de los agredidos son hombres, 36.4% son mujeres y 13.2% no identificados.

Al igual que a nivel nacional este delito, disminuyó 4% en el Estado de Colima de 435 casos (ene-abr 2019) a 414 (ene-abr 2020), con una tasa de 52.73 casos por cada 100 mil habitantes. Respecto al sexo de las víctimas 51% son hombres, 39% mujeres y 9% no identificados. Considerando la contingencia, en marzo se registró una de las cifras más altas de este delito (120) en los últimos doce meses, y el número bajó para el mes de abril (98), aun así en este bimestre se registraron 11% más de lesiones dolosas que durante ene-feb.

Los delitos patrimoniales son de interés especial debido a la situación económica. Comenzando por los robos a casa habitación de enero a abril 2020 se han registrado 22,417 C.I, con una tasa de 17.54 casos por cada 100 mil habitantes. En comparación con el mismo periodo del año pasado, este delito disminuyó 16%.

Teniendo en cuenta que en el segundo bimestre del año se extendió la indicación de quedarse en casa, llama la atención que en marzo y abril se hayan reportado las cifras bajas de este delito, tan solo en el mes de abril se reportó la cifra baja de robos a casa habitación en los últimos cinco años, es decir 3,780 C.I en todo el país, considerando además, que el promedio mensual de este delito durante el 2019 fue de 6,707 C.I, y que de marzo a abril la disminución fue del 33.6%.

Bajo el mismo contexto, en el Estado de Colima la tendencia también fue a la baja. La tasa pasó de 97.49 (ene-abr 2019) a 79.73 (ene-abr 2020) casos por cada 100 mil habitantes, en términos porcentuales, la disminución de los robos a casa habitación en el Estado fue del 16%. Así mismo, en el segundo bimestre del año se registraron la cifras más bajas (148 en marzo y 122 en abril) desde 2015.

En las cifras de robos a vehículos también se observaron disminuciones, por un lado, a nivel nacional la tasa pasó de 51.4 (ene-abr 2019) a 40.87 (ene-abr 2020), considerando los números absolutos, este tipo de robo se redujo 19% (64,674 a 52, 229 respectivamente), y al igual que los casos de robo a casa habitación, en abril se registró la cifra más baja en los últimos cinco años, con 10,117 de vehículos robados, considerando que tan solo el promedio del año pasado fue 15,403.

En el Estado de Colima, la reducción de este delito considerando las cifras absolutas fue de 12%, de 388 casos (ene-abr 2019) a 339 (ene-abr 2019), por lo que se tiene una tasa de 43.18 casos por cada 100 mil habitantes, siendo el segundo bimestre del 2020, en el que se han registrado menos casos (153 sumando marzo y abril) al menos en los últimos doce meses.

Respecto a los robos a negocios, la incidencia a nivel nacional de este delito también bajó, pasando de una tasa de 29.85 (ene-abr 2019) a 25.02 (ene-abr 2020) por cada 100 mil habitantes y al igual que los delitos anteriores, las cifras del segundo bimestre 2020 marzo (8,334) y abril (6,315) están por debajo del promedio mensual el año pasado (9,160).

A diferencia de lo nacional, en el Estado de Colima, este delito incrementó 5% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado, por un lado la incidencia pasó de 30.72 (ene-abr 2019) a 31.7 (ene-abr 2020) robos a negocio por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, de los 249 casos de enero a abril 2020, en 16 se hizo uso de la violencia, el doble de robos a negocio violentos registrados en el mismo periodo de 2019 (8 robos violentos de 237 registrados contra negocios).

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12857

Familiares de desaparecidos exigen reactivar búsquedas (Tamaulipas)

Antonio Hernández/Milenio
25 mayo 2020

El gobierno de Tamaulipas planea construir seis panteones forenses.


Familiares de desaparecidos exigen reactivar búsquedas en Tamaulipas | Cortesía

A pesar de la pandemia por coronavirus, familiares de Desaparecidos del colectivo “Madres Unidas por Nuestros Hijos” de San Fernando, Tamaulipas piden que las dejen continuar con la búsqueda de fosas clandestinas en las zonas de San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso y el Mezquital para encontrar a sus familiares

Este lunes llegaron de nueva cuenta a la capital de Tamaulipas las mujeres del norte en demanda de apoyos y acuerdos.

“En lo que va de la pandemia ya se nos han bloqueado seis búsquedas de desaparecidos tanto del gobierno federal como del estado y ahora tenemos la del próximo 8 de junio y queremos ir a buscar cuerpos”.
Áreas de búsqueda, señalaron, tienen bastantes tanto de la zona federal como del estado, como muestra San Fernando, Matamoros, Valle Hermoso y El Mezquital.

“Pedimos que no se nos pare las búsquedas, que tenemos muchas suspendidas por la pandemia que estamos viviendo y no las hacemos en conjunto las búsquedas, son en desplazamientos en diferentes coordenadas, así que dentro de lo que cabe se cuida la sana distancia”.
Sin dar nombres, comentaron por un lado que es bueno que ya van a contar con un panteón ministerial como el de Miguel Alemán, lo cual se pedía desde hace tiempo.

Ya que en su andar en las búsquedas de campo han exhumado muchos cuerpos y ahora todo se va hacer en San Fernando, ahí se van a concentrar los trabajos de identificación.

En este sentido cabe destacar que el gobierno de Tamaulipas planea construir seis panteones forenses en el estado.

Recientemente el Congreso local recibió las iniciativas de donación de otros dos espacios para construir el de la zona de El Mante y San Fernando, mientras que el de Miguel Alemán que está en funciones mantiene una ocupación de 345 espacios y tiene en disponibilidad 155.

Los seis panteones forenses estarán en Victoria, Reynosa, Tampico, El Mante, San Fernando y el que está en operación en Miguel Alemán

Por otro lado, comentaron que quieren que el gobierno los escuche “somos víctimas indirectas” y no se reciben los apoyos que se requieren desde apoyos escolares hasta de vivienda.

GINS

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-familiares-desaparecidos-exigen-reactivar-busquedas

Los Nayaritas le exigen al gobernador que el asesinato contra Diana no quede impune (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Universitarios, colectivos, amas de casa y sociedad en general se manifestaron con pancartas, veladoras y mensajes exigiendo justicia para la joven estudiante universitaria

Verónica Ramírez y Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Lunes 25 de mayo del 2020.- Colectivos de mujeres  en Nayarit  y  la sociedad en general exigen al gobierno de Toñito Echevarría,  “Justicia para Diana”, y el inmediato esclarecimiento del feminicidio contra esta joven estudiante de la Facultad Académica de Derecho de la UAN, quien fue brutalmente asesinada en plena cuarentena por el coronavirus.

En las últimas horas, corrió como reguero de pólvora en los medios de comunicación, redes sociales y de boca en boca,  el lamentable feminicidio registrado dentro del  hogar de la estudiante en la misma  capital nayarita, lo que denota el aumento de la violencia contra la mujer en la entidad.

El rechazo e indignación de inmediato fue notorio; autoridades universitarias, compañeros, maestros, familiares, y amigos de la estudiante del tercer año de la facultad de Derecho, Diana Carolina Raygoza, que fue encontrada sin vida en la colonia Morelos con más de 39 heridas punzocortantes,  alzaron la voz para pedir se investigue este abominable asesinato.

Desde las seis de la mañana de este lunes, el Colectivo “Para Mujeres”, colocaron sobre la Plaza Bicentenario justo frente a Palacio de Gobierno un collage de imágenes de Diana  junto con  veladoras y mensaje de justicia para esta joven cuyo asesinato causó consternación a nivel nacional.

Entre los  mensajes  colocados por amigos y familiares destaca el “ella se quedó en casa y la mataron”, “tenemos miedo de quedarnos en casa y ser asesinadas” y otros de consternación porque hasta el momento, no hay pistas para dar con el o asesinos de la joven.

Más tarde, compañeros de generación de  Derecho de la UAN colocaron una gigantesca lona con la imagen de Diana en este mismo lugar para sumarse al clamor general de “Justicia para Diana”, y reprobar esta agresión que le  arrebató la vida a una joven llena de ilusiones.

Los amigos no se la pensaron dos veces para  levantar la voz y dejarle en claro a las autoridades que no permitirán que se olvide o den carpetazo a este caso, y advierten sus compañeros de aula que van a exigir de forma continua que se aplique la justicia y  que el tiempo no entierre el caso de Diana.

Por la tarde, la Red de Feministas Nayaritas se sumaron al rechazo contra cualquier tipo de agresión contra las mujeres, sobre todo el caso de Diana, quien en 2019 a través de un posteo en redes sociales denunció que era objeto de acoso por parte de un degenerado y nadie hizo nada.

La conmoción por este asesinato  no cesará hasta que las autoridades en el estado, presenten al o los asesinos de Diana y sean condenados con todo el peso de la ley.

En la habitación principal de la vivienda de Diana, en una de las paredes fue escrito con sangre las iniciales “SF”. El cuerpo semidesnudo de la estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Diana Carolina Raygoza Montes, recibió de su agresor 39 puñaladas en tórax, abdomen, cuello, cráneo y una en la parte genital, según determinó la necropsia, misma que descartó violación.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la UAN (FEUAN), Aarón Verduzco en su muro escribió: “Andan correteando gente en la calle, espían teléfonos, contratan vigilancia especial, se meten hasta las narices, deciden sin preguntar, usan los medios para poner agenda, humillan a quien les causa estorbo y por si fuera poco, saben dónde hay más riesgo en nuestras calles, pierden el tiempo en pleitos pendejos y nos matan a una buena estudiante. No me callo, ¡chinguen a su madre!”.

Es de mencionar que la chica el 28 de agosto del año pasado, denunció por face que había sido objeto de acoso sexual, recriminando a la gente que no la haya ayudado y solicitando al Gobierno que brindara seguridad.

http://realidadessperiodico.com/?p=40098

Imparable, cifra de desaparecidos en Colima superaría los 750 (Colima)

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima,  México, Avanzada (25/05/2020).- En Colima, el número de desaparecido va en aumento y aunque no existe una cifra oficial pública, ésta podría superar las 750 personas.

Lo anterior fue señalado por la integrante del Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eva Verduzco de la Cruz, quien explicó que con profundo pesar,  se han dado cuenta del incremento de los casos.

De igual forma, lamentó que desde marzo pasado estén suspendidas las actividades de búsqueda de personas desaparecidas que realizaba el Comité del que forma parte con las autoridades de la Fiscalía.

Verduzco, quien tiene a un hermano desaparecido desde hace dos años,  puntualizó que por la contingencia sanitaria para evitar contagios de COVID-19, se suspendieron las actividades de excavación en diversas zonas del territorio estatal, para tratar de encontrar fosas clandestinas donde pudieran estar los desaparecidos.

“No hay fecha para que se retomen esas actividades y es lamentable porque sigue el incremento de personas desaparecidas; lamentablemente vemos  la situación y estamos esperando a que nos digan. Sabemos que la autoridad ha continuado, pero no hemos podido estar presentes”, dijo.

Verduzco de la Cruz precisó que prácticamente en todos los municipios existen reportes de personas desaparecidas, aunque  destacan  Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, lugares con altas tasas de incidencia delictiva.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12838

Protestan en el Hospital General de Cancún: Personal médico demanda la entrega de equipo de seguridad

Noticaribe
CANCÚN, MX.- Personal médico del hospital general “Jesús Kumate” de Cancún, se manifestó esta mañana para exigir les mejoren las condiciones para atender a pacientes que llegan con coronavirus COVID-19.

Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo del nosocomio, denunciaron que directivos y funcionarios de la Secretaría estatal de Salud, no les entregan completo el material para enfrentar la situación, que saben que le sociedad está donando buen equipo pero no se los proporcionan.

El grupo, de alrededor de 20 personas, ofreció una rueda de prensa en uno de los acceso al inmueble, habilitado como Hospital COVID-19 y preparado con varios módulos móviles para la atención de las personas infectadas.

En su reporte técnico de todos los días, la Secretaría estatal de Salud (SESA) informó que hasta las 12 horas del 24 de mayo, se han notificado 1480 casos negativos, 150 en estudio, 1609 positivos, 291 defunciones y 842 personas recuperadas de la enfermedad.

En este momento, el municipio de Benito Juárez reporta 1186 casos positivos, 223 defunciones y 655 recuperados. (Infoqroo)

https://noticaribe.com.mx/2020/05/25/protestan-en-el-hospital-general-de-cancun-personal-medico-demanda-la-entrega-de-equipo-de-seguridad/

Los hospitales de Mexicali están al tope, reconoce Baja California

Proceso / Jesusa Cervantes.


Alfonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California en el gobierno de Jaime Bonilla.

MEXICALI, BC.- Los hospitales de la capital bajacaliforniana están al tope y superan incluso a Tijuana en número hospitalizaciones, así como en casos acumulados y activos de covid-19, admitió el secretario de Salud de la entidad, Alfonso Pérez Rico.

Durante su informe diario, el funcionario estatal detalló que la ocupación hospitalia en Mexicali es de 92 por ciento. Incluso los hospitales no covid registran un 78 por ciento de utilización.

Asimismo, de las 20 camas dispuestas por el Ejército, 14 ya están ocupadas.

Desde el viernes por la noche, la presidenta municipal de Mexicali, Maria del Pilar Ávila Olmedo, informó que los hospitales ya están a su máxima capacidad, por lo que endureció las restricciones de movilidad e hizo obligatorio el uso de cubrebocas.

Según las últimas cifras, el estado cuenta con 4 mil 177 casos de covid-19, de los cuales mil 898 están en Mexicali; 1,854, en Tijuana; Ensenada, 196; Tecate, 149, Rosarito, 53, San Quintín, 22 y Sn Felipe 5.

En las defunciones, la entidad tiene 695 y Tijuana agrupa a la mayor cantidad de decesos con 466. Le sigue Mexicali con 161, Ensenada 34, Tecate 23, Rosarito 2, San Quintín 3 y San Felipe 1.

Los casos activos son lidereados por Mexicali que tiene 453. Tijuana, que tiene casi el doble de la población, en este momento cuenta con una tercera parte de los casos activos: 150. En menor medida ensenada con 43, Tecate con 12 y Rosarito con 6.

https://www.proceso.com.mx/631402/los-hospitales-de-mexicali-estan-al-tope-reconoce-el-gobierno-estatal

Pese a orden de Corte, hay nulo avance en observatorio para vigilar a la Guardia Nacional

Arturo Angel/Animal Político
24 mayo 2020

Se dio un plazo de dos años al Estado mexicano para crear este observatorio independiente, pero transcurrido casi el 75% del tiempo ONG revela resistencias del gobierno.

Foto: Herika Martinez / AFP

En noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) le ordenó a México, como parte de la sentencia por el Caso Atenco, diseñar y poner en marcha un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF), hoy Guardia Nacional.

Pero, a seis meses de que venza el plazo que la Corte fijó para cumplir con dicho observatorio ya que por ley las obligaciones de PF corresponden ahora a la Guardia, el avance es prácticamente nulo.

Así lo reveló en entrevista Stephanie Brewer, titular del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), organización que participa en las mesas que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob) para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.

Dicha sentencia, explica Brewer, no solo fijó medidas para la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos registradas en San Salvador Atenco en 2006, sino también obligaciones que debe acatar nuestro país para que hechos como la represión policial y la tortura no se repitan.

En varios de esos puntos existe algún grado de avance, pero en cuanto al tema de la implementación de este observatorio que fiscalizará las actividades de la Guardia Nacional no se ha avanzado siquiera en la definición de una ruta para que se materialice.

“Hasta la fecha no hemos tenido desafortunadamente una mesa de trabajo para poder avanzar en diseñar el observatorio y ver la ruta del cumplimiento. Esta medida no cuenta con avances, ni con acciones realizadas. No hay ruta marcada tampoco. No hay nada”, dijo.

Brewer dijo que el 4 de abril de 2019 se realizó una mesa interinstitucional con las distintas dependencias responsables de cumplir las medidas de la sentencia del caso Atenco, y uno de los acuerdos fue la realización de mesas especificas posteriores para el cumplimiento de cada uno de los puntos.

Sin embargo, la mesa destinada para el observatorio nunca se instaló. En diciembre del año pasado el Centro Prodh envió una comunicación oficial a Segob solicitando la instalación de esta mesa para iniciar los trabajos, pero no ha habido respuesta hasta la fecha.

La situación es preocupante porque ya transcurrió un año y medio de los dos que fijó de plazo la CIDH para cumplir con la sentencia, la cual México está obligado a acatar.

“Si hay voluntad política con el tiempo que queda sí se puede arrancar, pero hasta ahora no hemos visto materializada esta voluntad ni que se vea como prioridad. Y este es un proceso complejo porque requiere diseñar cuidadosamente un observatorio que funcione y que posiblemente tendrá que materializarse con una iniciativa legislativa”, dice Brewer.

Sobre este tema, Animal Político solicitó a la Segob – en su calidad de instancia coordinadora del cumplimiento de la sentencia – una postura oficial, pero hasta la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.

Fiscalizar, un pendiente urgente

La CoIDH resolvió que nuestro país requiere algo que no existe hasta la fecha: una instancia independiente que permita darle un seguimiento cercano a las políticas sobre uso de la fuerza y rendición de cuentas de la hoy Guardia Nacional, y de la policía del estado de México. Instancia que debe contar, obligatoriamente, con la participación de la sociedad civil.

Se trata, en síntesis, de contar con mecanismos externos de supervisión de las fuerzas policiales que complementen a los órganos de control interno, con la finalidad de mejorar su desempeño y fortalecer el respeto a los derechos humanos.

Materializar este punto no se limita a organizar el observatorio sino a que el gobierno diseñe los sistemas de información que lo alimenten para una correcta evaluación de las fuerzas de seguridad.

Brewer explica que se trata de un órgano de fiscalización que en muchos países ha dado buenos resultados, pero que en México es un pendiente urgente desde hace tiempo.

“Si bien los hechos ocurridos en San Salvador Atenco son de mayo de 2006 hay una larga serie de ejemplos de ese año a la fecha que muestran que la problemática persiste y que la tortura ha continuado; son violencias que siguen vigentes y que requieren ser fiscalizadas para luego ser corregidas”, dijo la especialista.

Y añade: “México tiene deudas pendientes enormes en materia de regular y controlar el uso de la fuerza y en rendición de cuentas tratándose sobretodo de fuerzas de seguridad y durante muchos años tanto órganos internacionales como nacionales han llamado a que se creen organismos de fiscalización.

Aunque la sentencia de la Corte va dirigida exclusivamente a la entonces Policía Federal y del estado de México, el Centro Prodh considera que el observatorio que se diseñe puede replicarse hacia las fuerzas de seguridad de todos los niveles en México.

Urgencia mayor con GN y militarización

La sentencia de la CoIDH originalmente planteó la creación del observatorio para la Policía Federal, fuerza de seguridad que desapareció en el actual sexenio. Sin embargo, la obligación del Estado mexicano de ponerlo en marcha persiste y debe enfocarse en la Guardia Nacional.

Así lo confirma un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República que puede consultarse aquí, y que establece que la Ley de la Guardia Nacional es clara al señalar que esta asumirá los “objetivos, atribuciones y obligaciones” de la ya extinta Policía Federal.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Guardia Nacional es una policía civil por definición, sin embargo, en la realidad es una fuerza militar subordinada a un mando operativo castrense y donde más del 70 por ciento de sus integrantes pertenecen a las fuerzas armadas.

Además, bajo la subordinación y responsabilidad de la Guardia Nacional se encuentran las fuerzas armadas convencionales que, por orden presidencial, también colaboran ya oficialmente en tareas de seguridad pública.

Stephanie Brewer señala que este contexto de militarización de la seguridad pública vuelve aun mas urgente la necesidad de contar con un mecanismo de supervisión externa de sus actividades.

“Se debería estar supervisando desde ya a la Guardia desde su conformación. La evidencia ha probado que la militarización de la seguridad publica aumenta las violaciones a derechos humanos por lo cual hay que vigilar aun mas esto. Se vuelve aun más relevante la creación del Observatorio, dice la especialista del Centro Prodh.

Animal Político publicó el pasado viernes que las fuerzas armadas encabezan las denuncias por violaciones graves a derechos humanos del 2006 a la fecha. Tan solo en el tema de desapariciones forzadas, el 49 por ciento de las quejas corresponden al Ejército, mientras que el 30 por ciento se responsabiliza a la Marina.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/no-avanza-observatorio-vigilar-guardia-nacional/

Incendios que siembran la deforestación en la Península de Yucatán

Thelma Gómez Durán/Mongabay Latam / Animal Político

Apicultores de la Península de Yucatán han visto cómo en los últimos años la deforestación gana terreno. Los incendios se utilizan para abrir la puerta a la agroindustria y a las granjas porcinas que se instalan en tierras donde antes había selva.

Everardo Chablé aprendió los secretos de la apicultura de su abuelo. Él le enseñó cómo evitar que las abejas enfermen, cómo mantener una colmena, cómo elegir el lugar para un apiario. En las comunidades mayas de la Península de Yucatán, la apicultura es más que una actividad que permite tener ingresos; es parte de la cultura, es un conocimiento que se hereda a hijos y a nietos.

Komchén es la comunidad indígena en donde nació y vive Everardo. Se ubica en el municipio de Hopelchén, en Campeche, la región de los chenes donde cada año los apicultores miran cómo los incendios se expanden por varias hectáreas de la selva maya durante abril y mayo.

En otras regiones de la Península de Yucatán, los habitantes de las comunidades mayas también han visto cómo la selva pierde terreno, cómo hay menos flora nativa, cómo después de la temporada de incendios gana terreno la deforestación.

“Cada vez se registran más incendios, cada año la temporada de sequía es más larga y fuerte. Y cada año hay más zonas deforestadas”, explica Everardo. Sus palabras toman mayor fuerza cuando se conocen los datos del Global Forest Watch que en un reporte, publicado en mayo de 2019, documentó que el estado de Campeche perdió alrededor de 40 000 hectáreas de cobertura forestal tan solo en 2018.

Apicultores como Everardo Chablé llevan tiempo denunciando los incendios y la expansión de cultivos industriales, algunos de ellos ilegales, como el de soya transgénica. Cansados de que sus demandas no tengan eco, los apicultores que integran la Alianza Maya por las Abejas Kaab Nalo’on decidieron utilizar la tecnología para monitorear incendios y contar con datos sistemáticos que permitan fortalecer la defensa de su territorio.

Everardo es uno de los apicultores que aprendió a utilizar las plataformas de la NASA y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) que muestran en imágenes satelitales los puntos de calor en el territorio.

Desde finales de marzo pasado, los integrantes de la Alianza Maya por las Abejas Kaab Nalo’on realizan el monitoreo diario de incendios en ocho zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.


En la Península de Yucatán, la apicultura es una importante actividad económica, pero también cultural. Foto: Thelma Gómez Durán.

En un día, más de dos mil puntos de calor

La Alianza Maya por las Abejas Kaab Nalo’on reúne a cerca de 3500 familias de apicultores, así como a colectivos ciudadanos que en la Península de Yucatán realizan acciones por la defensa del ambiente y el territorio.

Candelario Colli Sansores es maya y promotor en la reducción de riesgos de desastres en la región de Halachó, en Yucatán, cerca de la frontera con Campeche. También es uno de los integrantes de la Alianza Maya por las Abejas Kaab Nalo’on que participa en el monitoreo de incendios.

Las imágenes satelitales que Candelario revisa todos los días no solo le permiten documentar lo que sucede en el territorio, también “se pueden compartir por WhatsApp con la gente de las comunidades, para que se verifique si ese punto de calor que se muestra en la imagen es un incendio”.

Uno de los objetivos del monitoreo es reportar los incendios a las autoridades, pero “la mayor parte de nuestras alertas están quedando desatendidas”, señalaron los integrantes de la Alianza en un comunicado que difundieron el 14 de abril.

En algunos casos, las autoridades —señala Candelario— dicen que esos puntos de calor no son incendios, “pero con el monitoreo nosotros hemos comprobado que entre el 80 y 90 % de los reportes sí lo son”.


Imagen satelital de los puntos de calor registrados en la Península de Yucatán a finales de abril de 2020. Foto: Cortesía Alianza Maya por las Abejas.

Los datos que la Alianza ha recopilado muestran que entre el 22 y 25 de abril se registraron más incendios. Paola Becerra, integrante de la Alianza, aún se sorprende cuando recuerda que en un solo de esos días observaron “un estimado de unos 2008 puntos de calor… No nos estamos dando abasto con el reporte de todos los incendios”.

El monitoreo de los puntos de calor que realizan a través de las plataformas, ha otorgado a los miembros de la Alianza elementos para corroborar lo que ya veían en el terreno desde hace un par de años y sostener que el fuego es provocado para generar cambios en el uso del suelo: “en las imágenes se mira cómo los incendios están alineados… cómo se encuentran alrededor de zonas que ya han sido deforestadas”, explica la ingeniera agrícola Irma Gómez, asesora de la Alianza Maya por las Abejas Kaab Nalo’on.

Otro de los objetivos del monitoreo, señala Irma Gómez, es acumular evidencia “que sirva para presionar más a las autoridades” y que se detenga la deforestación en la Península.

Hopelchén: fuego ligado al cambio de suelo

Desde 1999, la Conabio cuenta con el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales. Los datos generados por este sistema permiten conocer que antes los incendios afectaban más a los ecosistemas templados, “pero conforme ha pasado el tiempo, la presencia del fuego se ha ido a zonas tropicales […] Esto ha sido muy evidente, sobre todo, en la Península de Yucatán”, explica la doctora Isabel Cruz, subcoordinadora de percepción remota de la Conabio.

El Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales de la Conabio es utilizado por dependencias como la Conafor, empresas privadas, universidades y organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica. Ahora también por apicultores mayas.

Everardo Chablé explica que en la región de Hopelchén los incendios se presentan alrededor de zonas donde ya hay deforestación: “Empiezan con algunas quemas en lugares que se usan para actividades agrícolas, después van incendiando el monte, la selva”.

En Campeche, los incendios se han concentrado en Hopelchén; en especial en la zona del Ejido Vicente Guerrero (conocido como Iturbe), localizado cerca de la frontera con Yucatán.

En ese ejido, los apicultores han documentado que después de los incendios, los terrenos afectados son rentados a miembros de la comunidad menonita, quienes aplanan el lugar y siembran soya o sorgo.

Entre el 27 de abril y el 12 de mayo, el municipio Hopelchén fue el que registró los incendios forestales más importantes en Campeche, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), instancia federal encargada de coordinar las acciones para controlar los incendios.

En los mapas de la dependencia, Hopelchén es considerada “una zona prioritaria de atención, por los incendios que se han registrado en años anteriores”, dice Pánfilo Fernández Flores, titular del Centro Regional de Manejo del Fuego del Sureste de la Conafor.

El funcionario explica que durante cada temporada de incendios, la Conafor presenta informes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en los que se documentan las coordenadas, la superficie afectada y otros detalles sobre cada incendio que se atendió. Esos datos permitirían a las autoridades federales o estatales realizar seguimientos para determinar si el fuego se provocó para hacer un cambio de uso de suelo.

Irma Gómez resalta que desde varios años se han presentado denuncias sobre deforestación y cambios de uso de suelo en Hopelchén, pero “hemos observado una total impunidad”.

Desde el 28 de abril, Mongabay Latam solicitó entrevista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para conocer el seguimiento a las denuncias presentadas, pero no se tuvo respuesta.

“Hay una ausencia de las dependencias, sobre todo de aquellas que tendrían que actuar cuando se presentan delitos ambientales como los incendios y los cambios de uso de suelo”, señala Sara Cuervo, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Granjas en lugar de selva

Humberto Chable Matus es maya. Hace 45 años nació en una comunidad del municipio de Chacsinkin, en el estado de Yucatán. En estas tierras mayas, las familias dependen de la milpa tradicional, pero también de la miel. Es la miel la que salva de los tiempos difíciles: “si hay poca cosecha, la miel nos da para vivir. Es lo que mantiene a las comunidades”, cuenta Humberto, quien forma parte de la Alianza Maya por las Abejas Kaab Nalo’on y participa en el monitoreo de incendios.

“Me ha sorprendido mucho mirar las imágenes del satélite —cuenta Humberto—, ver el mapa con los puntos de calor, identificar algunas zonas que conocemos […] en nuestra comunidad no se han registrado incendios, pero alrededor sí hay”.

Cuando se habla de incendios, reclama Humberto, siempre se dice que los campesinos son “los malos de la película, por ser los que queman”. Humberto remarca que las grandes quemas son responsabilidad de grandes agricultores y de empresas. En Yucatán, dice, “se ha destruido mucho monte” en la zona donde se han instalado las granjas porcinas.

En la Península de Yucatán se han instalado 257 granjas porcinas, 222 de ellas están en el estado de Yucatán y 43 dentro de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo con un estudio realizado por Greenpeace-México que presentó el 12 de mayo. En ese informe se destaca que estas granjas han provocado la deforestación de 10 997 hectáreas de la selva maya.

Este trabajo se publicó original en Mongabay Latam.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/incendios-que-siembran-deforestacion-peninsula-yucatan/

Colectivo de Familias Unidas localizó una nueva narcofosa (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Wilfrido Elenes Luna / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Domingo 24 de mayo del 2020.- Mientras la unidad de búsqueda canina, de la Policía Estatal Preventiva duerme el sueño de los justos y solo sirve para hacer gastos injustificables y los Agentes Investigadores de la misma “hacen que la virgen les habla”; nuevamente el Colectivo de Familias Unidas localizó una nueva narcofosa.

La localización tuvo lugar en el círculo neurálgico de la lucha por el control de la plaza,  a espaldas de la escuela de Agricultura en el Mpio. de Xalisco.

Los desesperados familiares quienes buscan los restos de sus seres queridos, esta vez bajo la dirección de Santiago Pérez, iniciaron las excavaciones y al confirmar la presencia de restos humanos la dejaron en manos de los investigadores.

No se ha informado la cantidad de ejecutados enterrados en la fosa, las excavaciones continúan.

http://realidadessperiodico.com/?p=39958

Llenos refugios ante alza en violencia familiar (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Los casos por violencia familiar se han incrementado en un 100 por ciento: INAPVI

Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Domingo 24 de mayo del 2020.- Pese a que la pandemia debiera ser motivo de solidaridad y unión familiar, hay hogares en donde este efecto no se ha logrado, incluso ha causado la reacción contraria, pues los pleitos y los golpes se han convertido prácticamente en el “pan nuestro de cada día”.

Tal afirmación se deriva de las declaraciones de la presidente del Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de Violencia Intrafamiliar (INAPVI), Teresa Ramírez Tapia, quién explicó que los casos por violencia familiar se han incrementado en un 100 por ciento, es decir que ahora tienen el doble de mujeres que están sufriendo maltrato.

Se atendían al mes cuando mucho 5 mujeres, pero en este periodo de pandemia han atendido hasta 20 en cuatro semanas, lo cual las tiene preocupadas, dado que en los refugios por falta de recursos no se puede dar espacio a todas, sin embargo se buscan lugares en otros centros cuando la víctima corre un serio riesgo.

http://realidadessperiodico.com/?p=39952

‘Justicia a medias no es justicia, es impunidad’: se cumplen tres años del asesinato de Javier Valdez (Sinaloa)

Redacción RioDoce

javier v 2
Foto: RioDoce

Debido a negligencias y retrasos, aún no se ha hecho justicia plena: sólo uno de los autores materiales del asesinato del periodista ha sido sentenciado. Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Ríodoce, que representamos y acompañamos el caso recordamos que es fundamental que los autores intelectuales sean juzgados.

El 15 de mayo se cumplen tres años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas. Aunque se han registrado algunos avances, se hace justicia a cuentagotas y aún no se ha resarcido el daño a las víctimas.

Las negligencias de las autoridades y los retrasos en el proceso hacen temer que una vez más los responsables del crimen gocen de impunidad.

A la fecha, sólo se ha condenado a uno de los autores materiales. El 27 de febrero de 2020 en una audiencia pública un juez federal sentenció a Heriberto Picos Barraza, alias el Koala –quien admitió su participación en el crimen–, a 14 años 8 meses de prisión. No se permitió a las víctimas del crimen cuestionar los años de prisión impuestos al acusado, a pesar de que era su legítimo derecho.

Aún queda pendiente el juicio de otro autor material, Juan Francisco “N”, el Quillo, quien se encuentra en prisión preventiva. La familia de Javier Valdez Cárdenas todavía espera que se celebre su audiencia intermedia, y el juicio oral en el que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) deberá sustentar su acusación con pruebas suficientes.

Las negligencias de la FEADLE han puesto en evidencia sus limitaciones para la investigación de homicidios de periodistas, en el caso concreto, se identificaron deficiencias para presentar pruebas que permitan esclarecer plenamente los hechos, la tardía identificación del autor intelectual del crimen; tampoco se ha esclarecido el homicidio (a finales de 2017) de Luis Ildefonso Sánchez Romero, alias el Diablo, otro de los autores materiales del asesinato.

Javier Valdez Cárdenas, periodista de 50 años de edad que se especializaba en temas de narcotráfico, fue asesinado en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Tras el homicidio, su familia fue víctima de desplazamiento forzado.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lejos de ofrecer atención integral a la familia de Javier Valdez Cárdenas, decidió de forma arbitraria –sin ningún fundamento legal– dejar de ofrecerle apoyo, revictimizándola. Asimismo, se ha negado a iniciar el proceso de reparación compensatoria a favor de las víctimas por la muerte de el Diablo, una negativa que es ilegal. Propuesta Cívica presentó por ello una demanda de amparo indirecto, que aún no se resuelve.

La crisis de libertad de expresión en México se recrudece. Las autoridades deben atender este problema estructural de forma integral y coordinada.

Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Ríodoce recuerdan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que “justicia a medias no es justicia, es impunidad”.

Por ello, piden al gobierno de México que adopte medidas efectivas para prevenir las agresiones a periodistas, la diligente investigación de los crímenes cometidos contra ellos debido a su labor informativa y que se juzgue a los responsables y se ofrezca reparación a las víctimas. Con ese fin exigen:

A la FEADLE que:
▪ Realice investigaciones que permitan la vinculación a proceso y la extradición de Dámaso López Serrano, alias el Minilic;
▪ Capacite continuamente a los agentes del Ministerio Público de la Federación;
▪ Actúe con la debida diligencia en la investigación y con estricto cuidado en los procesos pendientes para que las sentencias sean contundentes.

Al Poder Judicial de la Federación que:
▪ Emita la sentencia condenatoria escrita de Heriberto Picos Barraza;
▪ Resuelva el juicio de amparo indirecto 1669/2019 (ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México) contra el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV;
▪ Realice cuanto antes la audiencia intermedia de Juan Carlos N, alias el Quillo.

Al Mecanismo para la Protección de Periodistas y a la CEAV que:
▪ Actúen de forma coordinada y efectiva en la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión;

▪ Ofrezcan atención integral y una mejor protección a la familia de Javier Valdez Cárdenas; los procesos penales seguirán abiertos hasta que se condene a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

México se encuentra en el lugar 143, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Expresión

https://riodoce.mx/2020/05/15/justicia-a-medias-no-es-justicia-es-impunidad-se-cumplen-tres-anos-del-asesinato-de-javier-valdez/

Persiste el desbasto de medicamentos para niños con cáncer (Colima)

Foto: Tomada de la Red / Ilustrativa

Colima, México, Avanzada (24/05/2020).- Desde antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el Covid-19 en la entidad, Colima registraba el desabasto de algunos medicamentos para atender a los niños con cáncer, sin embargo,  conforme transcurren las semanas y los meses, la situación ha empeorado y ahora es alarmante.

Las secretarías de Salud estatal y federal prácticamente se han concentrado a atender los contagios por coronavirus, y no han resuelto el desabasto de medicamentos oncológicos y tampoco han evitado que los precios de éstos se  incrementen en más de 1000 por ciento.

Fuentes consultadas al interior de la dependencia sanitaria expusieron que hay un desabasto a nivel nacional de medicamentos, porque las empresas farmacéuticas no los están elaborando y algunos de los que sí se están fabricando incrementaron sus precios en cuestión de semanas.

“Algunos medicamentos tenían un costo de 300 o 400 pesos, ahorita se venden en 3 mil o 4 mil pesos.  Para atender a un niño con su ciclo de quimioterapias el costo se elevó hasta en los 42 mil pesos. La situación es alarmante”.

Las fuentes consultadas –quienes omiten sus nombres por temor a represalias e incluso despidos- manifestaron que la falta de medicamentos oncológicos se registró desde las primeras semanas de e este año, pero se agudizó a partir de la declaratoria de emergencia por Covid-19.

“Los papás de los niños con cáncer protestaron hace algunas semanas y la autoridad se comprometió a que habría medicamento, pero han pasado los días y no llegaron todos los medicamentos”.

Las mismas fuentes indicaron que en la misma situación que los niños con cáncer se encuentran las personas adultas que tienen estos padecimientos, “es un problema grave que no se está atendiendo”.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12822

Atentan contra hija de María Elena Ferral, periodista asesinada en Veracruz

Redacción / Animal Político

La hija de María Elena Ferral, periodista asesinada en Veracruz, sufrió un atentado este domingo y dijo que resultó ilesa gracias a la intervención de elementos que cuidan su seguridad.

“El día de hoy a las 10:40 de la mañana, fuí víctima de un atentado en el que estuvo en peligro mi vida”, relató en una carta María Fernanda De Luna Ferral, quien es directora General del Portal Quinto Poder De Veracruz.

“El ataque se registró en la comunidad la Galeana, del municipio de Gutiérrez Zamora, cuándo nos dirigíamos a la capital del estado, provenientes de la ciudad de Poza Rica, cuando una camioneta tipo Suburban, de color negro nos dió alcance y disparó en varias ocasiones contra el vehículo en el que viajaba.

Gracias a la entrega y determinación de los elementos que están encargados de mi seguridad, quienes repelieron el ataque lo que permitió que escapáramos de mis agresores, hacia la brecha de Barriles”, agregó.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/atentan-contra-hija-de-maria-elena-ferral-periodista-asesinada-en-veracruz/

Brote de coronavirus en el Penal de Tanivet: hay siete casos: Seguridad Pública (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

OAXACA. (pagina3.mx).- La SSPO confirmó la existencia de un brote de siete enfermos por Covid-19 en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula.

En las redes sociales circuló de la posibilidad de que existieran 30 casos de coronavirus en el Penal de Tanivet.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca aclaró que solo son siete casos del virus SARS-CoV-2.

Esas cifras las confirmaron a través de las pruebas realizadas por los Servicios de Salud de Oaxaca.

Detalló que las siete Personas Privadas de Libertad (PPL), de los pabellones 1 y 4, se mantienen en aislamiento.

Se encuentran en el Área de Hospitalización de este Centro Penitenciario, donde están bajo vigilancia y observación permanentes.

La dependencia aseguró que se guardan las debidas precauciones sanitarias de acuerdo con los grupos de riesgo.

De igual forma, el personal y la población penitenciaria que estuvo en contacto con las siete Personas Privadas de Libertad que dieron positivo a Covid-19, se encuentran bajo las mismas medidas de atención y observación médica.

Mencionó que la SSPO ha llevado a cabo las medidas de prevención necesarias y ha realizado trabajos de sanitización en este Centro Penitenciario.

Para garantizar el bienestar de las PPL, personal administrativo, así como de elementos de Seguridad y Custodia, desde el inicio de la contingencia en Oaxaca.

También se ha entregado de equipo de protección (cubre bocas, guantes y caretas o mascarillas) al personal operativo y médico del lugar.

Asimismo, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, se mantiene comunicación permanente con sus familias.

Y finalmente solicitaron a los Servicios de Salud de Oaxaca el monitoreo constante del desarrollo epidemiológico de los 11 Centros Penitenciarios de la entidad.

https://pagina3.mx/2020/05/brote-de-coronavirus-en-el-penal-de-tanivet-hay-siete-casos-sspo/

Paramédicos de la Cruz Roja afrontan el reto de salvar vidas hacia el pico de la pandemia en Oaxaca

Noticias / Nadia Altamirano / Fotos: Emilio Morales


La contingencia aminoró el número de personal voluntario de la Cruz Roja.

Ese virus invisible en el que Juana no terminaba de creer comenzó a tomar forma de tragedia cuando su esposo inició con síntomas sospechosos de COVID-19 hace diez días.

Cada vez le faltaba más la respiración, fue el indicador que la hizo pensar en trasladarlo en ambulancia a un hospital, pero en el 911 nunca le contestaron.

Juana pidió ayuda a todas las personas que se le vinieron a la mente y cuando una ambulancia de la Cruz Roja se encaminaba a cumplir con el servicio, sus familiares llamaron para cancelar el traslado.

Una ambulancia particular fue más rápida y “eficiente”.

A cambio de 12 mil pesos aceptaron trasladar a Juana y a su esposo en una misma ambulancia, sin especificar si contaban con cápsula de aislamiento.

Desesperación

“La gente cree que al contratar un servicio particular el traslado va a ser más eficiente”, admite el coordinador de Socorros de la Delegación de la Cruz Roja en Oaxaca, Moisés Santiago Robles, con una mezcla de decepción y alivio.

Cada que la ambulancia COVID de la Cruz Roja sale de su estacionamiento en la calle de Armenta y López, en el centro de la ciudad, implica una faena que puede durar de 3 a 4 horas, desde la preparación de paramédicos a la desinfección de la unidad.

Con el riesgo de que la proliferación de contagios que fortalecen la curva epidémica de la que tanto se habla, pero poco se entiende, Moisés es realista, cada que los 35 voluntarios salen a cubrir un servicio de rutina deben llevar equipo de protección personal extra a utilizar si de inmediato detectan que quien tuvo un accidente de tránsito tiene posibles síntomas de COVID-19.

Que usen lentes de protección y guantes de manera rutinaria, representa una ventaja, pero protegerse contra la COVID-19 implica todo un ritual para colocarse un traje, botas y bata que junto con una mascarilla y careta reduzca riesgos.

Calor y ansiedad

La primera vez que Lenny García usó la vestimenta que exige el tratamiento de pacientes sospechosos de COVID-19, sintió calor y ansiedad.

Durante dos horas no podía quitarse nada sin terminar el servicio y retirarse el equipo en medio de medidas de desinfección antes del baño.

“Si pierdes el control y no controlas la respiración te dan ganas de quitarte la mascarilla (N95) que te molesta en el tabique nasal hasta dejarte una marca que parece una lesión”. Lenny García, paramédica de Cruz Roja Oaxaca

Esos mismos cuidados que tiene en servicio los replica al llegar a casa donde su mamá Rocío la espera para rociarla con un líquido desinfectante.

Lelly deja sus zapatos en la entrada y debe volverse a bañar.

Para no poner en riesgo a su familia o viajar 20 kilómetros de su casa a la Cruz Roja, Lenny y otras dos compañeras, de las pocas mujeres voluntarias en la Cruz Roja, ya consideran rentar un cuarto porque los días que vienen serán más pesados.

Las llamadas diarias que reciben en cada guardia es el indicador de que en Oaxaca los contagios entre las personas van en aumento.

De dos llamados que recibían por día la semana pasada, en esta van de 12 a 15, pero sólo cuando la vida del paciente está en riesgo se realiza el traslado.

El primer traslado de un paciente sospechoso que realizó la Cruz Roja en Oaxaca fue el 12 de abril, con un hombre adulto con sospechas de COVID-19 que canalizaron al Hospital Regional de Alta Especialidad, en San Bartolo Coyotepec.

A ese mismo nosocomio el lunes por la madrugada llevaron a una señora de 78 años que vive en la agencia municipal de Pueblo Nuevo, a quien casi no se le sentía el pulso.

El martes por la noche se enteraron de el caso de otra mujer que falleció mientras sus familiares buscaban un espacio en un hospital COVID-19.

 

Creencias equivocadas

“Las personas han empezado a venir a la Cruz Roja creyendo que aquí les podemos atender, pero no tenemos la infraestructura para ese tipo de pacientes, sólo para trauma y choque”, aclara.

Otra de las falsas creencias entre la gente es la de pensar “que si llegan en ambulancia en el hospital lo van a recibir más rápido, pero nos ha tocado esperar hasta dos horas y media porque ahí también tienen personas esperando”.

Moisés es realista: “Por más disposición que tengamos, por día en la Cruz Roja podríamos brindar tres o cuatro servicios de urgencias a posibles pacientes de COVID-19 que ameriten hospitalización”, ya que someter a servicios continuos al mismo equipo implicaría un desgaste que el calor y la deshidratación provoca en cada voluntario.

El luto que empieza a multiplicarse entre las familias hace que se desvanezca el escepticismo que acompaña la llegada de un nuevo coronavirus (SARS-CoV 2) a un estado donde la mayoría de la población no deja de moverse para realizar actividades no prioritarias.

Al rescate:
700 cápsulas para traslados de pacientes de COVID-19 adquirió la Cruz Roja
3 cápsulas fueron enviadas a Oaxaca que atienden:
– Zona metropolitana
– Tehuantepec
– Está por definirse en dónde utilizarán la tercera

Los traslados de urgencia no tienen costo.
– 3 mil a 6 mil pesos, cuota de recuperación de traslados programados desde un hospital
– 6 y 14 mil cuesta el servicio de ambulancia particular en la zona metropolitana

http://www.nvinoticias.com/nota/146979/paramedicos-de-la-cruz-roja-afrontan-el-reto-de-salvar-vidas-hacia-el-pico-de-la

Por Indolencia de Líderes sindicales y Funcionarios, Surge Rebelión de las Batas Blancas

Foto: Cananea TV

Una lucha que está naciendo de las bases

Ante el desinterés de líderes sindicales  y directivos de innumerables hospitales del país para atender los reclamos de miles de trabajadores del Sector Salud, ocho organizaciones convocan a integrar el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), que en marcha del silencio exhiba ante el país a los responsables de la muerte no solo de empleados sino de pacientes, por la falta de insumos para la seguridad de unos y la atención de otros.

Staff Cananea TV

 Sin bajar la guardia y a casi tres meses de permanecer en la primera línea de atención a los enfermos de Covid-19 en todos los hospitales del sector salud del país, médicos, enfermeras y personal de las diversas áreas, alzan la voz más allá de la visión de funcionarios y directivos que junto con líderes sindicales apáticos, han manejado una información que dista de la realidad, más enfocada a la “promoción política”,  que a visibilizar la carencia de implementos adecuados para su seguridad personal y la falta de equipos indispensables para salvar la vida de miles de pacientes.

Agrupados en ocho movimientos, han lanzado la convocatoria para la construcción del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS) y alistan en lo inmediato apoyar este lunes 25 al mediodía, el llamado de los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios (INER), bajo la consigna: “Todos nos estamos infectando por el ahorro de unos pesos…¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos muertos más?…”

Las organizaciones del FNTS, exponen que durante la contingencia sanitaria se han violado sus derechos como trabajadores y se ha puesto en riesgo su vida, al obligarles atender a los pacientes infectados, con escasa o ninguna garantía de dotación de implementos de protección personal.

EL AJUSTE DE CUENTAS

A nombre de sus 150 compañeros caídos en la batalla contra Coronavirus, los agobiados trabajadores del sector salud, advierten que “el primer ajuste de cuentas que realicen será ante los juzgados, tribunales y la opinión pública”, una vez que concluya la pandemia.

En un extenso comunicado a los medios, denuncian que durante la emergencia sanitaria, directivos, jefes, supervisores, entre otros, se negaron aceptar que el personal de salud se había infectado en sus centros de trabajo, atribuyendo el origen del contagio a mecanismos comunitarios.

De igual manera, subrayan que el Estado Mexicano, a través de sus voceros, se ha limitado a describir a la población, de manera cuantitativa y reduccionista un panorama a modo de la pandemia con datos inexactos, mensajes ocurrentes y campañas publicitarias que pronto y de manera casi espontanea superaremos la crisis.

Informaron que a través de ciertas estrategias de comunicación el gobierno enfoca la autopromoción política de sus voceros, ensalzando diariamente supuestos logros de tareas que son parte de sus múltiples obligaciones.

A unos días de concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia por el gobierno federal, los miembros del FNTS hacen notar que los representantes sindicales del sector salud tampoco han estado a la altura de las circunstancias, pues los han abandonado a su suerte. Por lo cual, también serán exhibidos por el silencio cómplice que mantienen.

REBELIÓN DE LAS BATAS BLANCAS

De acuerdo con datos oficiales, en México se contabilizan más de 11 mil trabajadores de la salud contagiados de Covid-19; sin embargo, el FNTS destaca que este número subestima el verdadero impacto de la pandemia entre el personal de salud, toda vez, que existe una negativa gubernamental a realizar pruebas de detención y diagnostico por laboratorio a todos los trabajadores expuestos al contagio.

La ausencia de diagnósticos, revelan los convocantes, imposibilita conocer, detectar y tratar a los trabajadores de la salud portadores y enfermeros sintomáticos, dando lugar a repetidos brotes infecciosos intrahospitalarios en diferentes lugares del país y con ello, desconocer la cifra real del personal médico caído.

Los integrantes del FNTS hacen un llamado a todos los trabajadores de la salud del área metropolitana para sumarse este 25 de mayo próximo a la convocatoria que hace el personal del INER para denunciar la falta de insumos y protocolos adecuados para el manejo de pacientes Covid-19, como parte de un movimiento que esperan, culmine con una Gran Marcha del Silencio de Trabajadores de la Salud, a la están convocando para el primero de septiembre próximo.

Y entre sus peticiones inmediatas plantean: “Demandamos la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal para discutir las políticas públicas aplicada al sector salud”.

Resaltan además, que al coronavirus y sus efectos no hay que describirlo, sino combatirlo “con vastedad de recursos, con claridad en la ruta y con objetivos definido en tiempo y modo”, a la vez que reiteran poner en tela de duda que el número compañeros caídos en cumplimiento de su deber, sea de alrededor de 150, “dicho número subestima el verdadero impacto de la pandemia entre el personal de salud”.

Entre los organismos que promueven la integración del FNTS, se encuentran la Asamblea de Enfermeras y Enfermeros de México (ANEM); Médicos Generales de Sustituciones IMSS #yosoymedico08; Soy Químico, no Técnico, de Michoacán; Asociación Nacional en Defensa de los Trabajadores de la Salud; Movimiento Médico Nacional; Movimiento Médico 22 de Junio; Salud y Derechos Laborales A.C y la Iniciativa de Trabajadores de la Salud: Justicia, Igualdad y Dignidad Laboral para todo el Personal de Salud, Bases para Tod@s Ya.

https://cananeatv.com/por-indolencia-de-lideres-y-funcionarios-surge-rebelion-de-las-batas-blancas/

Niega ISSSTE Colima atención médica a médico con Covid-19

Foto: Ecos de la Costa

Infoecos / Ecos de la Costa

Un médico del sistema de salud ISSSTE adscrito a la Clínica de Manzanillo, sufrió del contagio del COVID-19 conocido como Coronavirus, siendo trasladado a la Clínica Hospital Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE en Colima y donde le fue rechazada la atención medica según los propios familiares del enfermo y de los trabajadores de la institución que se encontraban en dicho turno laboral.

El Medico, quien además de trabajar en el ISSSTE es también trabajador del Sistema de Salud Estatal adscrito al Hospital Regional Universitario, el pasado miércoles fue ingresado a la clínica del ISSSTE en Colima por problemas respiratorios y donde los análisis lo catalogaron como portador de la enfermedad COVID-19, la cual contrajo en el puerto de Manzanillo.

Según relatan los familiares del médico enfermo, durante 72 horas estuvo internado en la Clínica Hospital Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE sin que se le dieran la atención médica correspondiente debido a que señalaban los propios médicos y trabajadores de la falta de medicamentos y protocolos a seguir poniendo en riesgo la vida del paciente.

Ante la negativa de las autoridades delegacionales y del propio sindicato de trabajadores del ISSSTE por atender la petición de los familiares de que le dieran una atención adecuada como enfermo y como trabajador del ISSSTE; los familiares optaron por mejor trasladarlo a una institución medica privada donde se encuentra el paciente intubado por las complicaciones de la enfermedad.

Esta situación ha generado un descontento y preocupación de los trabajadores del ISSSTE por el riesgo latente en que se encuentran ante la pandemia del COVID-19 que asesta al país donde los insumos y necesidades más apremiantes para combatir esta enfermedad siguen siendo carentes para los trabajadores; mientras que las autoridades delegacionales del ISSSTE aquí en Colima siguen en total mutis e inacción por realizar las gestiones necesarias para proteger a los trabajadores de la salud que se encuentran al frente de esta lucha.

https://www.ecosdelacosta.mx/stories/4946

Alumnas entregan instalaciones de Psicología tras 107 días de paro (Ciudad de México)

Texto y fotos: María Ruiz / Pie de Página

La Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología de la UNAM entregó este 22 de mayo al Consejo Técnico las instalaciones donde mantuvieron un paro. Las estudiantes lograron 12 de sus 14 exigencias en contra de la violencia de género

Son las ocho de la mañana y un grupo de mujeres se encapucha en uno de los largos pasillos de la Facultad de Psicología. Conversan mientras comen pastel de chocolate… Celebran el cumpleaños de una de ellas, de una de las mujeres que conforman la Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología. Es también, después de tres meses y medio, el día que decidieron entregar la facultad.

Las mujeres se abrazan en silencio y a algunas se les humedecen ligeramente los ojos. Por tres meses y medio estas estudiantes de psicología dedicaron sus vidas a tomar las instalaciones como parte de una protesta para que el resto de sus compañeras del plantel estudien seguras.

Cocinar, despertar juntas, ver películas, lavar ropa, hacer tareas, maquillarse, cuidar planteles, encapucharse, mantener mesas de diálogo, tener discusiones políticas. Así transcurrieron 107 días de un paro interrumpido por una contingencia sanitaria.

Las paristas saben lo que lograron. Con todo y la presión por la contingencia debido a la covid-19 y después de varias mesas de diálogo vía Zoom, consiguieron 12 de las 14 exigencias manifestadas en su pliego petitorio.

“Nuestro principal punto era generar una Comisión Autónoma de Mujeres donde hubiera profesoras, estudiantes y trabajadoras, porque esa es una acción que para nosotras representa autonomìa y representatividad sin depender de una administración que toma decisiones por sus propios intereses” cuenta Hipo. La joven es una de las integrantes de la Asamblea Separatista. Se llama Hipo para resguardar su nombre verdadero como medida de seguridad como parista.

Hace dos años no existía ninguna colectiva que visibilizara la violencia contra las mujeres en la Facultad de Psicología. Hoy la ASMOFP está integrada por mujeres de todos los semestres e incluso tesistas. Ahí Hipo ve un un logro más, en el haberse encontrado, en mantenerse juntas para lo que sigue porque no confían en que los cambios van a ser de raíz.

La covid19

Hipo recuerda que los primero días de contingencia sanitaria pensaron que era la peor cosa que les había sucedido. Cuenta que estar en paro significa parar tu vida, desaparecer del mundo. Y de pronto el mundo también paró y de manera forzada.

“El aislamiento se extendió todavía más. Afectó en temas del apoyo fìsico, tanto de las compañeras que podíamos acuerpar, como de los víveres, de los materiales que necesitábamos para sobrevivir. Vimos que nuestras compañeras de Filos y Polacas levantaron y sentimos la presión venir porque las autoridades decían que querían cuidarnos, que era por nuestro bien. El paro lo levantamos por decisión colectiva debido al avance y aseguramiento del cumplimiento de los puntos», recuerda Hipo.

Al final de los días del paro separatista, con la contingencia el plantel se volvió más seguro. Y aunque al principio parecía perjudicial, la jornada de sana distancia ayudó a que las autoridades atendieran las exigencias de las partistas:

“Ya no había excusa para que las autoridades dijeran que ya no había tiempo, estaban totalmente enfocados en nuestro paro. Quizá quitó presión las clases en lìnea pero pues, fue insistir. Todos los días tomamos decisiones con mesas de trabajo. Jamás había visto un proceso político a través de Zoom, la realidad nos alcanzó virtualmente” cuenta la parista.

La espacia

Otro de los logros de las Mujeres Organizadas de Psicología es su espacia. Un lugar destinado para que las estudiantes de psicología se sientan seguras. La nombraron “Cihuatán”, que en náhuatl significa “Lugar de las mujeres”.

Este lugar está destinado para la escucha y el acompañamiento, abierto a que la mujer que lo necesite pueda visitarlo y no sentirse sola.

«Al principio lo único que nos unía era la rabia y el deseo de no saberte sola en la facultad patriarcal, pero ahora también buscamos la libre expresión para que todas las psicólogas en formación puedan conjuntar su experiencia académica con su experiencia como mujeres universitarias» se lee en uno de sus comunicados en donde también se especifica que en caso de transgredir este espacio se estaría faltando a la carta compromiso de no represalias que autoridades del plantel firmaron.

Aprendizajes de la convivencia

Tomar la facultad significó que espacios extraños se volvieran íntimos:

“Apropiarse de ese espacio es muy raro. Que los baños donde usualmente te formas, que odias, (donde) no hay agua… ahora estaban siendo tus baños, tu lugar privado” cuenta Hipo.

La parista resalta que durante el paro problematizaron sus diferencias y reafirmaron que decir lo que sienten es político; buscaron que la convivencia no se volviera debilidad y que ésta no fuera la razón por la que entregaran las instalaciones:

“(Buscamos) dialogar, consensuar, que las cosas mínimas de convivencia no se volvieran lo que nos desgaste porque esa es la apuesta siempre, que al final lo que nos haga romper un paro sea el desgaste entre nosotras. Luchamos mucho contra eso, sobre todo en las últimas semanas, porque fueron las más tensas, estresantes, con carga de trabajo muy fuertes y algo muy bonito es que por la misma carrera de psicología, todo el tiempo hacíamos contención y todo el tiempo estábamos intentando decir lo que sentíamos” recuerda Hipo.

La futura psicóloga cuenta que durante los paros dieron contención a otras facultades y esto les permitió ver qué evitar o qué sumar a su proceso:

“No sé si fue la carrera pero fue algo muy particular que no es prioritario en los procesos políticos: hablar de lo afectivo no es lo primordial porque los procesos políticos han sido regidos por hombres y los hombres no generan en su acción política un espacio donde decidan que lo personal es político. (Lo personal) es lo que va a mantener vivo el porqué continuar. Acuerpar significa eso, acuerpar con todo y las entrañas, no tener miedo a decir (lo que sientes), eso lo vuelve más real, más sincero y quita la idealización de lo que significa ser una parista o estar en la acción política directa” explica Hipo.

La entrega

Al cuarto para las nueve de la mañana las paristas bajaron a la explanada, se acomodaron, se abrazaron, organizaron su salida y antes de comenzar la jornada gritaron juntas dos veces un largo “¡Ahhhh!”. Luego marcharon con consignas hasta la puerta, listas para entregar las llaves de la facultad. Ahí agradecieron a las mujeres que las acompañaron:

“Por la solidaridad y sensibilidad que recibimos por parte de ustedas. Quienes donaron, quienes difundieron nuestras exigencias, quienes estuvieron aquí cerca y lejos. A nuestro círculo, a las mujeres de nuestra historia, la fuerza para mantener este paro la obtuvimos de ustedas”. Este comunicado lo leyó Arcoiris, como conocen a otra de las paristas de la facultad. Después Arcoiris nombró el futuro:

“Compañeras que nos están escuchando, regresar a las instalaciones no será inmediato ante este panorama de salud mundial, pero en el momento que se dé, nosotras también vamos a volver más fuertes, más seguras, sobre lo que queremos cambiar y esperamos crear con las otras. Y queremos decirte también que nos seguiremos encontrando en las filas para entrar al baño, en la cafetería, en los salones, en el laboratorio, en la biblioteca, o cualquier otro lugar que tengamos en común. Ya no estás sola, no estamos solas.

Y nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio”.

Después de que las cartas compromiso fueron firmadas por representantes del Consejo Técnico, corroboraron que las instalaciones están en óptimas condiciones, como se observa en su documentación compartida en sus redes sociales. Las llaves fueron entregadas y las paristas salieron en filas y luego en grupos se fueron de la Facultad.

¿Qué sigue después de la contingencia?

Hipo ve en su espacia el futuro del paro separatista. Desde ahí seguirán presionando y dando seguimiento a los casos:

“Que sepan que estamos ahí, que nuestros ojos están mirando críticamente, y que podemos hacerlo y somos capaces de hacerlo. No es por demostrar fuerza porque eso es totalmente patriarcal. Es por demostrar que existimos porque siempre nos intentan desaparecer y silenciar. Lo que sigue es seguir creciendo”, expresa.

Para HIpo hacerse visible no solo sirve para evidenciar la violencia contra las mujeres, también para que se sepa que existen mujeres dispuestas a enfrentarla y a sobrevivirla, dispuestas a luchar y amarse juntas a pesar de ella.

Dentro de la UNAM el único paro que queda es en la Facultad de Economía, donde al momento, las mujeres organizadas no han logrado llegar a acuerdos con las autoridades de su plantel.

https://piedepagina.mx/alumnas-entregan-instalaciones-de-psicologia-tras-107-de-paro/

¿Familia fraterna? Crece violencia familiar,sexual y de género en epidemia

Arturo Angel  / Animal Político

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este 20 de mayo, en su conferencia mañanera, en que la familia mexicana es fraterna y que no existe violencia en casa. “¿Maltrato al interior de las familias? No, no, al contrario… se decía que iba a haber violencia intrafamiliar y no la hubo”, señaló el mandatario.

Pero los datos oficiales prueban exactamente lo contrario. Las denuncias por casos de violencia familiar, y por otras violencias que afectan principalmente a las mujeres, han crecido en 2020 en comparación con el año pasado con todo y la pandemia del coronavirus.

Las cifras actualizadas de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el primer cuatrimestre del año, es decir de enero a abril, se iniciaron 68 mil 468 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado.

Tan solo en el bimestre de marzo y abril, los dos primeros meses de la crisis sanitaria, se denunciaron 34 mil 823 nuevos casos, casi 1 mil 500 mas que los 33 mil 330 del mismo periodo de 2019.

Con el endurecimiento de las medidas de confinamiento y la reducción de la movilidad por la crisis sanitaria se rompió el alza sostenida en las denuncias presentadas por este delito que se había mantenido desde el arranque del año. Los casos cayeron de 20 mil 232 registradas en marzo a 14 mil 591 en abril.

¿La caída de denuncias significa que bajó realmente la violencia familiar en abril? Parece poco probable, de acuerdo con un análisis realizado a partir de llamadas de auxilio por la organización Intersecta.

El análisis revela que, en la Ciudad de México por ejemplo, aun cuando de abril de 2019 a abril de 2020 se redujeron en un 20% las denuncias presentadas en el Ministerio Público, las llamadas a una línea especial habilitada para que las mujeres reporten violencia familiar se dispararon 97%.

Estefanía Vela, directora de Intersecta, y Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, coincidieron en señalar que la reducción de denuncias en diversos delitos durante la pandemia puede obedecer, entre otras cosas, a que hay mayores dificultades para denunciar por las restricciones y los temores al contagio. Y la violencia familiar no es la excepción.

Vela subraya además que eventos como la marcha feminista del pasado 8 de marzo en la ciudad, y hechos de alto impacto como el feminicidio de Ingrid, parecen haber propiciado un incremento en las denuncias de violencia familiar al menos en la capital, lo que retrata un problema que siempre ha estado ahí pero que no siempre se denuncia.

“Pero sí, aun con ello, las denuncias marzo y abril de 2020 son superiores a los de 2019” indicó.

Violencia sexual y de género también

Pese al impacto de la emergencia sanitaria y la desmovilización generalizada que trajo, las denuncias por casos de violencia de genero y las de delitos sexuales también presentan un incremento este año en comparación con el pasado.

La violencia de género es toda violencia que padece una mujer por el simple hecho de serlo. Se trata de acciones en contra de su integridad, dignidad y libertad que tienen como raíz su condición de mujer.

Muchos de estos casos ocurren dentro del ámbito familiar lo que los convierte en una forma de violencia familiar, pero los datos del Sistema Nacional también reportan los casos que ocurren fuera del núcleo familiar. Esos también van en ascenso.

En el primer cuatrimestre de año se reportó la apertura de 1 mil 7 carpetas de investigación por violencia de género fuera del núcleo familiar, cifra superior a los 792 casos registrados en el mismo periodo de 2019.

Si la comparación se hace tan solo en el periodo de pandemia el incremento es todavía mas significativo: 525 casos en marzo y abril de este año contra 301 en el mismo bimestre de 2019.

Un fenómeno similar ocurre con las carpetas de investigación iniciadas por delitos sexuales, las cuales también registran un incremento este año. El balance de enero a abril de 2020 es 18 mil 275 denuncias presentadas, que equivalen a una tasa de 14.5 denuncias por cada 100 mil habitantes. Esto es un incremento superior al 10% en la incidencia de denuncias respecto al año pasado.

Y si nos enfocamos a los meses de contingencia, las cifras oficiales arrojan un total de 8 mil 958 carpetas de investigación iniciadas. Esto es llamativo ya que, aun cuando drásticamente descendió el numero de denuncias al pasar de casi 6 mil en marzo a apenas 3 mil en abril, la suma sigue siendo superior al mismo bimestre de 2019, en donde se reportaron 8 mil 511 carpetas iniciadas.

¿Qué pasa con los feminicidios?

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en el primer cuatrimestre de este año se reportaron 314 mujeres víctimas de un feminicidio en todo el país. En comparación con el mismo periodo de 2019, en el que se registraron 321 feminicidios, se trata de una ligera reducción del 2%.

No obstante, los especialistas han señalado que si bien, el asesinato de una persona es uno de los delitos con menor subregistro, ya que de oficio se inicia una investigación, en el caso específico de los feminicidios hay que tener cuidado al interpretar las cifras.

Lo anterior ya que la clasificación de un feminicidio requiere que los fiscales responsables del caso lo cataloguen de inicio como un posible crimen de género. Esto significa que una cifra más baja o más alta de feminicidios, no necesariamente equivale a que haya mas o menos asesinatos, sino a que posiblemente se clasificaron mejor los casos.

De hecho, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo asesinato de mujer en México debería investigarse de forma inicial con protocolos de feminicidio, sin embargo, las fiscalías solo reconocen como crimen de género un promedio 1 de cada 5 asesinatos de mujeres.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/violencia-familiar-sexual-genero-epidemia/

Migrantes de Puebla mueren en soledad y desamparo en Nueva York

Migrantes mexicanos alargan el momento de acudir al hospital a pesar de tener síntomas graves de covid-19 por temor a la discriminación y a la detención. Sólo en Nueva York, según la última actualización, han muerto 594 mexicanos

Texto y fotos: Heribert Paredes / Lado B

NUEVA YORK.- El teléfono timbra varias veces, pero nadie contesta. Un día después el teléfono suena y reconozco el número: es el celular de Olivia Tochimani, quien me regresa la llamada. Se trata de una mujer de origen mexicano, que lleva más de 20 años en Nueva York. Trabaja en las tareas de limpieza de casas y nos conocemos por otra entrevista hecha al inicio de esta crisis sanitaria. Nos saludamos como un primer paso antes de hablar de la muerte de su hermano.

El pasado 6 de abril Víctor, de 54 años de edad, falleció a causa de las complicaciones ocasionadas por covid-19 y ella no pudo despedirse. La última vez que habló con él fue a finales de febrero y la siguiente noticia suya fue el anuncio de su muerte en un hospital de Long Island. “Cuando yo tenía una fiesta siempre le llamaba y nos juntábamos, hacía muchas bromas conmigo, guardo su último mensaje con mucho cariño, nos llevábamos bien pero el trabajo no nos permitía vernos mucho”, me dice Olivia con voz pausada.

Originarios de Cholula, Puebla, tras más de 20 años de haberse establecido en la ciudad de Nueva York, los 8 hermanos Tochimani se dispersaron en distintos barrios dentro de las zonas con mayor presencia de migración latinoamericana: Queens y Brooklyn. Víctor trabajó siempre en el manejo de pescado y mariscos en distintos mercados, mientras que Olivia continúa haciendo la limpieza de una casa, a la cual ya va menos veces a la semana, pero sigue atendiendo.

Se calcula que al menos 3 millones de personas inmigrantes (37 por ciento de la población total de la ciudad) son el 44 por ciento de la fuerza laboral. Los que ahora se llaman trabajadores esenciales son quienes sostienen la economía estatal. “El corazón de esta ciudad” les llamó Bill de Blasio, el alcalde de la Gran Manzana. La gran mayoría de esta población es mexicana y es indocumentada: poco más de 700 mil personas entre adultos y menores.

La muerte de Víctor Tochimani es un termómetro de cómo se viven las muertes en buena parte de la población migrante mexicana en Nueva York. Olivia relata que él recurrió al hospital cuando ya tenía severas complicaciones respiratorias, le avisó a otro de sus hermanos, a J.

Un día antes de su deceso fue llevado al Northwell Healthcare Center, en Flushing, Queens, pero horas después fue trasladado al North Shore, University Hospital, en Long Island, debido a la reestructuración del sistema de salud estatal, en la cual los pacientes de covid-19 serían acomodados en los hospitales con mejor capacidad de atención el día del ingreso.

“Mi hermano ya no podía respirar, mandaba mensajes de texto donde decía que tenía miedo de que no lo atendieran, que se sentía mal y que se asfixiaba, J le dijo que se fuera al hospital, ‘te pasa algo y no sabemos nada de ti’. Le dijo ‘llama a la ambulancia, porque si te pasa algo va a ser muy difícil encontrarte, porque nadie te conoce, nadie nos conoce. Al final llamó a la ambulancia”.

La familia Tochimani tardó varias horas en saber dónde estaba realmente hospitalizado su hermano. Víctor dijo, a través de mensajes de texto, que no podía hablar, que estaba en un lugar donde había mucha gente, esperando. A las 10 de la noche del 5 de abril le pondrían oxígeno para ayudarle a su respiración.

“Tuvo dos paros cardíacos y ahí se comunicaron los doctores, a través de su teléfono, para decirnos que nuestro hermano ya no tenía vida normal y pidieron autorización para desconectarlo para evitarle más sufrimientos”, recuerda Olivia.

El periodo en la Unidad de Cuidados Intensivos fue muy corto, ya que debido a complicaciones derivadas de la diabetes que padecía tuvo un colapso que lo dejó en estado vegetativo. “No supimos si realmente sufrió o no, ya no tuvimos contacto con él”.

El hospital a donde llegó Víctor en Flushing, no tenía disponibles los aparatos necesarios para atenderle, por eso lo trasladaron a Long Island y ahí le avisaron a J que su hermano había quedado en coma, que iban a hacer lo que estuviera en sus manos, pero que realmente no le daban muchas esperanzas ya que llegó con los riñones dañados.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, ha señalado constantemente en sus conferencias matutinas, que la situación de los insumos en los hospitales estuvo en una situación de colapso entre mediados de marzo e inicios de abril. Desde que se anunciaron las medidas de distanciamiento social, el demócrata ha explicado en qué consiste la reconversión del sistema de salud en el estado de Nueva York para resolver este colapso.

Se ha borrado la diferencia entre los hospitales públicos y privados para atender a todos los pacientes de covid-19. “Lo que tratamos de hacer es repartir todos los insumos de EPP (Equipos de Protección Personal) a todos los hospitales y luego, el excedente queda en reserva para que se vaya utilizando según las necesidades de cada hospital, pero también se acomoda a los pacientes en el mejor hospital posible en el momento requerido”, aseguró el 31 de marzo.

Lo que causa desazón es que toda esta información no es accesible a la mayoría de la población inmigrante indocumentada. El idioma y la falta de recursos no ayudan. Para familias mexicanas como la Tochimani, la atención en hospitales causa temor, angustia, por la discriminación de la que pueden ser víctimas, pero también por las detenciones que los servicios migratorios han estado llevado a cabo este año, a pesar de que este estado es considerado santuario.

Para Marco Castillo, mexicano residente en Nueva York y miembro de la Red de Pueblos Transnacionales, el acceso a los servicios de salud tiene una carga de aversión debido a que ha sido históricamente un privilegio. “Estos servicios no están abiertos a las comunidades migrantes, son asumidos como un privilegio y la mayoría de la gente trata de no ir o de procurarse la salud de otra forma, no es tan fácil que se le tenga confianza de un día a otro a los hospitales”.

La mayoría de migrantes tienen miedo de perderlo todo, incluyendo la vida. Es el caso de Sonia Castrejón, quien enfermó de covid-19 hace casi un mes y espera no necesitar un hospital. Originaria de Michoacán, hace 22 años que vive Nueva York y hasta antes de la cuarentena trabajaba en la limpieza de oficinas y como ayudante en zonas de construcción.

Sonia es diabética e hipertensa y está en el grupo de personas en alto riesgo de contraer el virus. Platicamos a través de una llamada de Zoom; su semblante es tranquilo, pese a que confiesa que se ha sentido muy mal.

“Estuve dos semanas con mucha fiebre alta, con mucho dolor de cuerpo, tuve miedo a ir al hospital por mis enfermedades previas. Preferí aislarme en mi casa, con mucho remedio casero, y desde hace 4 días ya me siento un poco mejor, pero aún tengo mucha fatiga cuando hablo mucho o camino en la casa”.

Los servicios médicos en Nueva York están a su máxima capacidad, todos los hospitales están abocados casi en su totalidad a la atención de pacientes con covid-19 y las necesidades de equipos de protección personal han superado lo imaginable. Para finales de la segunda semana de abril el gobernador del estado se muestra positivo frente a la situación y asegura que «lo peor ha pasado», pero que es necesario no confiarse para que no haya una segunda ola de contagios masivos.

Sin embargo, recopilando testimonios e información al respecto, entre la población migrante latinoamericana se mantiene el temor de llegar a un hospital y no ser atendido a tiempo para salvar la vida. “Un familiar mío tuvo que ir al hospital, se formó mucho tiempo y le pidieron su número de seguridad social, como no tiene, lo pasaron a otra fila y fue de los últimos recibir atención», me cuenta un trabajador mexicano que prefiere no dar su nombre.

La experiencia de asistir a un hospital ha resultado traumática, no por la atención del personal médico, que trabaja incansablemente, sino por las desigualdades económicas y sociales que preceden a la propagación del virus y que se agudizan en momentos de crisis como este. “Nos agarró esta situación con los ojos vendados”, confiesa Olivia.

“Hay una relación directa entre el colapso de los servicios médicos y sus capacidades de atender a las personas vivas y las capacidades de atender a las personas muertas. En este momento el hospital se convirtió no sólo en el lugar para curarte, sino para administrar la muerte y acompañarla”, explica Marina Álamo Bryan, doctorante del Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, mexico-estadounidense especialista en temas de burocracia y contextos forenses.

Para Marina, lo que pasó en Italia con los cuerpos de las personas fallecidas por covid-19, fue una situación que se salió de control por el aumento disparado en las cifras. “Las morgues de los hospitales, en general, son relativamente pequeñas, están diseñadas para recibir un flujo de muertes ordinario, y ahora en Nueva York, también se dispararon las cantidades de muertes e hicieron que ya no fuera factible manejarlas con la capacidad de los hospitales”.

Ante esta situación, la indicación que ha hecho pública el Consulado General y que aplica para las y los migrantes de Nueva York, New Jersey, Connecticut y Rhode Island es: al morir una persona por covid-19 tiene derecho a un acta de defunción y a un apoyo económico para la familia; debido al riesgo sanitario no hay repatriaciones hasta nuevo aviso, pero se expiden permisos para que las familias puedan llevar a su lugar de origen las cenizas. Esto comenzó a informar Jorge Islas, cónsul general, en una transmisión en Facebook Live, a partir del 15 de abril.

El funcionario mexicano subrayó que sabe dónde están todas y todos los mexicanos que han fallecido por el virus –594 personas tan sólo en el estado de Nueva York, según la última actualización–, sin embargo, queda la duda de cómo han podido recuperar estos datos y si esto incluye a quienes no se han registrado en el Consulado previamente a esta crisis, sean o no indocumentados.

A pesar de las llamadas telefónicas, de algunos correos enviados para intentar entablar comunicación con el personal del Consulado, y de que hubieran habilitado más números telefónicos, no fue posible entrevistar directamente a nadie. Esta situación se ha convertido en una queja constante en redes sociales: la mala o nula comunicación con la representación del gobierno mexicano en esta región.

Luego de múltiples intentos, la familia Tochimani logró contactar al personal de atención de la Ventanilla de Salud, aunque de manera tardía y sólo para solicitar información y apoyo en la elaboración del acta de defunción y preguntar sobre la posibilidad de repatriar el cuerpo de Víctor, pero sólo fue informada de las disposiciones sanitarias, se le tramitaron los documentos necesarios y no se habló de ayuda monetaria para cubrir los gastos funerarios y la cremación.

“No hemos recibido ningún apoyo económico de parte del Consulado, como no le contestaban casi siempre, tuvimos que resolver. Somos varios hermanos y nos vamos a dividir el gasto, en total son 3 mil 500 dólares por los gastos de la funeraria y la cremación. Nos pidieron que el dinero lo tuviéramos rápido para poder tener el velatorio”.

Olivia tiene voz cansada cuando habla de los servicios funerarios de su hermano Víctor, “batallamos para conseguir la funeraria, porque ahora hay mucho difunto, demasiados. Mientras esperamos a que pasaran los días antes del velatorio que nos autorizaron, de 2 horas solamente, pienso que su cuerpo estuvo en las hieleras o los refrigeradores. En el hospital no se están quedando. Uno acaba de existir y lo sacan a los vagones”.

“El trayecto –señala Álamo-Bryan– entre que una persona muere a que sea cremada o enterrada es muy largo, no es sencillo en condiciones normales, y en condiciones no normales esto se exacerba”.

Las familias están solas en este proceso, ni los hospitales ni el consulado les han ayudado mucho, unos por saturación de trabajo y otros por falta de indicaciones claras a tiempo.

Antes de ser incinerado, el cuerpo de Víctor seguramente tuvo que pasar 14 días en uno de los contenedores temporales que se han habilitado en trailers a las afueras de cada hospital, finalmente el pasado 17 de abril, su cuerpo fue incinerado.

Las funerarias están saturadas y muchas de ellas han cerrado porque su personal ha enfermado también. Por el momento las exequias duran un máximo de 2 horas y luego se creman los cuerpos. Incluso el cónsul mexicano afirmó el pasado 15 de abril, que de las funerarias con las que trabajan, una de ellas, Funerales Rivera, ya no era opción para estos servicios porque todo su personal había enfermado y cerraron la empresa.

El pasado 30 de abril ocurrió algo que podría repetirse tomando en cuenta el protagonismo que ha tomado la muerte en la versión neoyorkina de la crisis sanitaria: de acuerdo con reportes de la prensa local, vecinos de un barrio de Brooklyn alertaron a la policía que a las afueras de una pequeña funeraria había dos vehículos de donde provenía un olor nauseabundo.

Tanto la policía como personal sanitario autorizado confirmaron que al menos una docena de cuerpos en severo estado de descomposición estaban almacenados en estos dos vehículos, uno de ellos una morgue móvil y el otro un camión pequeño de mudanzas. Todos los cuerpos fallecieron por covid-19. El colapso del manejo de la muerte es innegable.

“La industria del cuidado de los muertos está bajo mucho estrés. Es igual de grave que se enfermen todas las enfermeras y doctores de un hospital, ¿y entonces quién cuida a los enfermos?, a que toda la gente de una funeraria se enferme, ¿y entonces quien entierra a los muertos?”, concluye al respecto la doctorante de Columbia.

Tradicionalmente las comunidades migrantes mexicanas, muchas de ellas indígenas, han enterrado y no cremado a sus muertos. El apego a la tierra ha sido fundamental en el desarrollo de la cosmovisión que se transmite –incluso en nuestros días– de generación en generación.

La incineración es algo que no se contempla, algo que no deja un lugar para llevarle flores a la persona difunta. No existe el regreso a casa con la cremación y esto será un golpe muy difícil para las familias que han tenido que incinerar a sus miembros luego de morir de covid-19.

En el caso de los migrantes mexicanos, la expectativa de ser enterrados en México, “es algo muy significativo, aunque la gente lleve 30 años en Estados Unidos” dice Álamo-Bryan. “Tal vez la pandemia modifique procedimientos mortuorios futuros para la identidad migrante, pues son este tipo de eventos históricos los que van cambiando el habitus social, las tradiciones”.

La discusión sobre la muerte por covid-19 es un terreno aún con poca exploración, plantea retos éticos, médicos, identitarios, religiosos y de lazos sociales. Lo que el último episodio de la vida de Víctor Tochimani deja ver lo necesario que resulta contar con una comunidad que tome decisiones en caso de una muerte inesperada. La muerte es una experiencia radical de soledad y ante ello no es fácil tejer nuevos vínculos, dependemos en gran medida de las redes que ya existen o que hemos construido.

“La primera vez que platiqué esta situación fue con algunas compañeras de trabajo, pero debe ser muy difícil cuando no se tiene a nadie con quien hablar”, afirma Olivia desde el otro lado del teléfono.

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Se desborda COVID en Mexicali (Baja California)

Zeta Tijuana / Isabel Mercado.

En dos semanas, la Capital del Estado aumentó 120.4% el número casos positivos a COVID-19 que había acumulado desde el inicio de la pandemia en Baja California a mediados de marzo, y elevó en un 104.3% el fallecimiento de personas contagiadas por coronavirus

De acuerdo a la estadística oficial presentada por la Secretaría de Salud de Baja California, al miércoles 6 de mayo, 727 personas en la Capital bajacaliforniana se habían infectado del nuevo virus, de las cuales 69 fallecieron por esa causa.

Quince días después, al jueves 21 de mayo, Mexicali sumó mil 603 casos positivos a coronavirus y 141 decesos.

Este aumento exponencial mantiene al nivel máximo de ocupación los hospitales que, reconvertidos, atienden COVID-19 en esa ciudad: el Hospital General de Mexicali y el Hospital General de Zona Número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales el secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, reportó con una ocupación del 68.5%.

Personal de ambos nosocomios compartieron a ZETA que las unidades médicas están a punto de alcanzar su nivel máximo de ocupación de camas, sin embargo, “aunque hay pocas camas disponibles, el problema principal es la falta de personal, no hay suficientes médicos y enfermeras para atender el aumento de pacientes, hay momentos en que no nos damos abasto”.

La alta demanda de atención médica obligó a las autoridades de Salud a trasladar esta semana contagiados de coronavirus a la Unidad Auxiliar Hospitalaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 13 pacientes reubicados.

Al cierre de esta edición, la unidad habilitada con veinte camas mantenía una ocupación del 65%.

INSTALAN MORGUE MÓVIL EN HG DE MEXICALI

El acumulamiento de cadáveres es otro de los problemas que se viven en los nosocomios de Mexicali, razón por la que el martes 19 de mayo se instaló en el estacionamiento del Hospital General (HGM) una caja de tráiler refrigerada, conocida como Termo King, para el resguardo de pacientes fallecidos por coronavirus.

Cinco días atrás, el jueves 14 de mayo, el director del HGM, Diego Fernando Ovalle Marroquín, solicitó apoyo al coordinador estatal del Servicio Médico Forense (Semefo), César González Vaca, para trasladar nueve cuerpos de pacientes fallecidos que ya no cabían en el mortuorio del nosocomio, cuya capacidad no determinó.

González Vaca propuso la instalación del Termo King como una medida preventiva, ante el incremento en el número de casos que ha registrado la ciudad, “sobre todo por la gran movilidad que vemos en las calles, centros comerciales, lo cual se verá reflejado en mayores contagios y más defunciones”, advirtió

Después de la entrega de los nueve cuerpos a los familiares, el Semefo no ha vuelto a resguardar pacientes fallecidos por COVID-19, informó González Vaca, y de ser necesario, continuarán con la recepción de cadáveres derivados de los hospitales que atienden la contingencia sanitaria en Mexicali, ciudad en la que el Forense cuenta con capacidad suficiente para brindar este apoyo, al tener 50 espacios ocupados de los 110 con que cuenta.

Pese a esta solicitud de auxilio, el director del Hospital General sostuvo que “no se tiene ninguna situación fuera de control en el manejo de los cadáveres, tampoco una situación extraordinaria en cuanto al número de fallecidos”.

Respecto al arribo de la unidad Termo King para refrigerar cadáveres, subrayó que se trata de una medida de prevención “ante la posibilidad de que se rebase la capacidad instalada, lo que por ahora no ha ocurrido”.

En tanto, el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, justificó la instalación de la morgue móvil a la demora de dos días que las funerarias tardan en recoger los cuerpos de personas fallecidas en el nosocomio y porque los familiares tardan en contratar los servicios luctuosos, ya sea por carecer de recursos suficientes para ello, o no hay quien reclame al occiso.


Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud.

AUTORIDADES SIN ESTRATEGIA PARA CONTENER REPUNTE

Ni las autoridades del Estado encabezadas por Jaime Bonilla Valdez, ni del municipio de Mexicali por Marina del Pilar Ávila Olmeda, han definido una estrategia tendiente a contrarrestar la nueva ola de aumento en el número de contagios de coronavirus, que en las últimas 24 horas sumó 106 nuevos casos positivos.

El incremento en número de casos positivos y defunciones se comenzó a registrar después de que el gobierno de Baja California permitiera la apertura de maquiladoras que había mantenido cerradas durante las dos primeras fases de la contingencia sanitaria, con el argumento de que forman parte de la cadena de suministros de empresa esenciales.

De acuerdo al reporte del secretario Pérez Rico, 435 trabajadores de empresas maquiladoras han contraído el virus; 138 son empleados de maquiladoras de Mexicali, en tanto que de los obreros contagiados, 72 los ubicó hospitalizados.

En tanto que el gobernador Bonilla atribuyó la tendencia al alza de casos que mantiene Mexicali, a la alta movilidad de la población.

La propagación del virus solo ha ameritado que la alcaldesa hiciera un llamado por Facebook para que los mexicalenses se queden en casa solo “¡Dos semanas más!” y apliquen las recomendaciones del Sector Salud.

Al inicio de la contingencia sanitaria suspendió las actividades turísticas, ordenó el cierre de las carreteras a San Felipe, restringió el acceso a Los Algodones, Ciudad Morelos y Valle de Mexicali, y anunció el cierre total o parcial de tiendas departamentales.

También advirtió sobre la aplicación de sanciones económicas a quienes realicen fiestas o reuniones de más de diez personas, comprometiéndose a que su gobierno estaría “atento a que se cumplieran”

Actualmente la concentración de personas se observa en todas partes. “No vemos un claro descenso, en medida de que las cosas sigan así, no se podrá regresar a la nueva normalidad de la misma manera como se está reponiendo, vamos a ser estrictos”, expresaría la presidenta municipal el lunes 18 de mayo, para luego anunciar: “Me voy a reunir con la directora de Seguridad Pública -para definir- qué medidas vamos a reforzar estas últimas semanas de mayo, antes del 30 de mayo que podamos tener”.

Hasta el cierre de esta edición, jueves 21 de mayo, ninguna nueva acción había sido implementada.

https://zetatijuana.com/2020/05/se-desborda-covid-en-mexicali/

En plena pandemia, se queda sin consultas médicas comunidad indígena en la Cuenca del Papaloapan (Oaxaca)

Página 3 / Corresponsalía.

Tuxtepec, Oax.- La Unidad Médica de del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la comunidad Cerro Concha, perteneciente al municipio de Santa María Jacatepec, en la Cuenca del Papaloapan, se quedó sin consultas médicas porque el personal encargado fue mandado a cuarentena.

Lo anterior, como consecuencia de los acontecimientos del pasado martes 19 de mayo, donde funcionarios del Ayuntamiento fueron retenidos durante más de 17 horas, por habitantes de la comunidad de La Joya, los cuales, se negaban a aceptar que uno de sus integrantes falleció a consecuencia de la COVID-19.

En este contexto, el gobierno municipal informó que, ante lo ocurrido y por no haber existido las condiciones adecuadas para que el funcionariado del área de salud tomara las medidas sanitarias necesarias, para hacer frente a la pandemia, estos fueron mandados a aislamiento preventivo.

Por lo tanto, las labores quedaron suspendidas temporalmente en el consultorio médico municipal y en la Unidad Médica del IMSS, en la comunidad de Cerro Concha, al quedarse sin personal para otorgar el servicio.

Esta medida perdurará hasta que la salud de los y las trabajadoras del consultorio y la unidad médica del IMSS, sean confirmadas como fuera de riesgo por COVID-19, previo a los estudios y análisis clínicos.

https://pagina3.mx/2020/05/sin-consultas-medicas-comunidad-indigena-en-la-cuenca-del-papaloapan/

Tijuana, más muertos por COVID-19 fuera de hospitales (Baja California)

Zeta Tijuana / Isabel Mercado.


Fotos: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA

La mortalidad fuera de los nosocomios aumentó dramáticamente durante el período pico de la pandemia, observado de mediados de abril a la fecha. Estadística que fue documentada por el sistema de emergencias médicas de Cruz Roja Tijuana y que fue objeto de estudio de analistas locales y de la Universidad de California, detectándose un incremento en decesos de personas en casa o camino al hospital, con sintomatología relacionados a padecimientos respiratorios. En menos de un mes, 329 personas murieron en su casa con síntomas asociados a la enfermedad, aunque la Secretaría de Salud únicamente reconoce 8. La saturación de cuerpos en funerarias y la alta demanda en inhumaciones, también dan cuenta de la de la crisis sanitaria en Tijuana, realidad que no se refleja en la estadística reportada por la Secretaría de Salud de BC

En su domicilio, o a bordo de una ambulancia de Cruz Roja que los trasladaba a un hospital reconvertido a COVID-19, 329 personas fallecieron durante el periodo del 14 de abril al 11 de mayo de 2020.

Esa cantidad significó un incremento del 145% -195 pacientes- en eventos de muertes extrahospitalarias al registro de años anteriores, relacionados con sintomatología de enfermedades respiratorias pero que faltan en los registros oficiales que describen la enfermedad COVID-19 en Baja California.

De los 438 decesos reportados por la Secretaría de Salud al cierre de esta edición, solo 8 se determinaron como fallecimiento fuera de hospital.

Así se asentó en un análisis realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de California -Los Ángeles y Riverside-, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y personal de Cruz Roja Delegación Tijuana.

En particular, se anotó que en las últimas dos semanas el gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha dado cuenta en el reporte de salud de una caída en los casos confirmados de COVID-19, disminución que no correspondió con el número de muertes extrahospitalarias documentadas por los servicios de emergencias médicas y el total de casos respiratorios registrados.

En las últimas dos semanas “observamos aumentos en muertes fuera del hospital en Tijuana, que fueron casi tres veces mayores que los aumentos reportado en Italia”, abundó la doctora Eva Tovar Hirashima, directora médica de Atención Prehospitalaria de Cruz Roja Mexicana, quien participó en el análisis que determinaría que principalmente los pacientes de menos recursos económicos perecen fuera de los hospitales, mientras que los pacientes de un nivel económico alto registran aumentos de padecimientos respiratorios. Observación que ayuda a definir los programas de atención médica, como es la orientación de las clínicas de fiebre.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20098186v2

CONTABILIZAN LOS IGNORADOS DE LA ESTADÍSTICA OFICIAL

Mientras en casas y a bordo de ambulancias la muerte de personas con sintomatología asociada a SARS-CoV-2 incrementó conforme avanzaba la pandemia en Tijuana, en las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Salud, a cargo de Alonso Pérez Rico, apenas logra reportar unos cuantos casos.

Fue este exceso de mortalidad fuera del hospital lo que motivó a un grupo de investigadores, entre ellos la doctora Eva Tovar Hirashima, a realizar un análisis para determinar si había una correlación con la contingencia de salud por coronavirus.

Para ello, “calculamos el número de muertes semanales fuera del hospital y casos respiratorios vistos por los Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) en Tijuana, estimando la diferencia entre las tasas de epidemia pico y las tendencias pronosticadas; los resultados se compararon con las estadísticas oficiales de COVID-19”, explicó Tovar Hirashima.

El método utilizado consideró un estudio realizado en Italia, “en el que se informó que los Servicios Médicos de Emergencia documentaron fuera de hospital un aumento de paro cardiaco en un 58% durante la epidemia pico”, sintomatología que fue considerada para el estudio local, al igual que otros padecimientos asociados a la afectación del virus.

Para el análisis local se tomó como referencia los datos recopilados por técnicos de emergencias médicas y paramédicos a cargo de Juan Carlos Méndez, en los servicios requeridos a través del número de Emergencia 911, logrando detectar un perfil cambiante en los pacientes atendidos por el sistema de emergencias médicas durante la epidemia.

Como resultado se obtuvo que el aumento en un 145% en las tendencias de mortalidad fuera del hospital, correspondió con un aumento del 274% en los casos respiratorios vistos por los servicios de emergencias médicas, los cuales empeoraron con el registro cada vez mayor de hipoxemia silenciosa, padecimiento asociado con brotes de hipoxemia silenciosa que los analistas sugirieron atender con mayor esfuerzo para una oportuna detección.

SECRETARÍA DE SALUD SOLO RECONOCE 8 DECESOS FUERA DE HOSPITAL

Del 31 de marzo al 11 de mayo de 2020, en Tijuana fallecieron 455 personas fuera de hospital con sintomatología asociada a enfermedades respiratorias, de acuerdo al índice de mortalidad documentado por el sistema de emergencia médica de la delegación local de Cruz Roja.

El número de fallecimientos extrahospitalarios alcanzó su aumento más significativo durante la semana del 14 de abril al 11 de mayo, periodo en que ocurrieron 329 muertes en domicilio o de manera ambulatoria rumbo a un hospital.

De acuerdo a la proyección anual documentada por Cruz Roja Tijuana desde 2014, los 329 fallecimientos registrados en ese lapso significan un aumento del 145% en comparación con la tendencia prevista, lo que infiere que durante ese periodo ocurrieron 194.7 eventos de muertes extrahospitalaria en exceso.

Este período pico de mortalidad extrahospitalaria se alineó exactamente con las tasas más altas observadas de muertes por COVID-19 según las estadísticas oficiales.

Sin embargo, de los 249 decesos por coronavirus reportados oficialmente durante ese periodo por la Secretaría de Salud de Baja California, solo 8 muertes fueron reconocidas que ocurrieron “en un contexto ambulatorio”, mientras que los 241 fallecimientos restantes se documentaron de “pacientes hospitalizados”, según el reporte de muertes derivadas de COVID-19 que se obtuvo de la Oficina Nacional de Epidemiología de México.

El estudio sugiere que es posible que la mayoría del exceso de muertes no relacionadas a COVID-19, podrían derivar de la demora de la atención o la saturación del sistema de salud. “También es posible que muchas de las muertes que observamos representan pacientes de COVID-19 que nunca fueron diagnosticados o formalmente seguidos como tal”, subrayaron los investigadores.

Por ello, asentaron que los servicios de emergencias médicas pueden desempeñar un importante papel centinela en el monitoreo del exceso de pacientes fuera del hospital y servir como una fuente clave de datos rápidos sobre la evolución de salud de las poblaciones afectadas por la enfermedad y como referentes para que otras ciudades consideren los registros de los servicios médicos de emergencias al elaborar sus estadísticas de la pandemia por coronavirus.

PÉREZ RICO IGNORA CANTIDAD DE DECESOS EN DOMICILIO

Cuestionado en reiteradas ocasiones, el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, no supo responder sobre la cantidad de personas con síntomas de COVID-19 que han fallecido en domicilio o en el traslado hacia los hospitales.

“Esa es una información que tendría que buscar, no te quisiera dar un dato impreciso, inoportuno, nomás comentarte que a los pacientes sospechosos de COVID se les tiene que hacer una historia clínica a familiares, a los cuidadores en muchos casos. Los pacientes que fallecen en su domicilio siempre ha sido una cantidad importante no nada más ahorita, sino siempre, entonces tenemos que hacer nosotros una historia clínica a los cuidadores para ver qué sintomatología tienen o qué enfermedades han tenido”, expuso el funcionario.

Declaró que todas las personas que fallecen con sospecha de coronavirus, se muestrean con pruebas de COVID-19, “si fallece por causa respiratoria asociada a COVID, así se va a poner -en el acta de defunción-”, pero “si tiene una angina inestable y se infarta, no fallece por COVID, entonces se registra como infarto”.

Recordó que la primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, a lo que le siguen complicaciones por diabetes, cáncer, lesiones “y después enfermedades tipo influenza o COVID”, y aclaró:

“No por el hecho de que fallezcas con COVID significa que el COVID te mató, eso lo vemos en los pacientes que tienen estos eventos, adultos mayores que tienen eventos cerebrales hemorrágicos, los presentan en los hospitales porque registran problemas respiratorios, salen con PCR negativas y fallecen; no se murieron por COVID, se murieron por otras causas. Desafortunadamente el COVID viene a ser otra carta más, de muchas patologías que nos matan en el territorio”.

CON SÍNTOMAS DE COVID, DECESOS EN CASA NO SE ASIENTAN COMO TAL

“De diez cuerpos que se levantan en casas, al menos en ocho no se están asentando como sospechosos, a pesar que los familiares refieren que sí tenían síntomas asociados a coronavirus”, expusieron a ZETA trabajadores y representantes de funerarias, quienes pidieron reservar sus nombres por temor a represalias.

“Las familias marcan para solicitar un servicio y se les pregunta de qué falleció, siempre dicen ‘de paro cardiaco’, que padecían diabetes, causas que se determinan de muerte natural, pero al llegar al domicilio y pedir el historial clínico, se descubre que no llevan tratamiento para las supuestas enfermedades; entonces los familiares refieren que tenían tos y algunas de las sintomatologías de coronavirus”, complementó un consultado.

Sin embargo, en la mayoría de los casos los doctores que llaman los familiares para certificar las causas de fallecimiento buscan que no se siente como causa del deceso COVID-19 en la responsiva médica, determinando como paro cardiaco o diabetes el deceso, “así tenemos que levantar el cuerpo con un diagnóstico que no es correcto”, dijeron.

Ante ello, muchos trabajadores de funerarias renunciaron para evitar el riesgo de trasladar un cadáver sin el equipo adecuado, toda vez que solo se les provee de trajes de protección especial cuando se trata de cuerpos certificados con causa de fallecimiento coronavirus, “y a veces ni en esos casos se no da todo el equipo necesario”, concluyeron.

ALGUNAS FUNERARIAS NO RECIBEN CUERPOS EN FIN DE SEMANA

Con un promedio de cien personas fallecidas solo por coronavirus en las últimas dos semanas, los servicios funerarios de Tijuana se encuentran saturados, al grado que varias de las empresas que los ofrecen, particularmente las que carecen de horno crematorio, han optado por no recibir cuerpos los fines de semana.

Edgar Lemus, representante de Funeraria Nueva Jerusalén, dijo que a la alta demanda derivada por decesos por COVID, se suman los servicios funerarios que se brindan a quienes fallecen por otras causas, lo cual ha suturado particularmente las cremaciones.

Ante ello, las funerarias que no tienen horno para realizar ese proceso, como es el caso del negocio que representa, lo van agendando en citas.

Si se tienen cremaciones atrasadas y no se cuenta con espacio suficiente para tener resguardado un cuerpo, “porque son muy largas las listas de espera para cremar”, no se da el servicio, ya que “sería acumular un cuerpo más en el anfiteatro”, espacio que en la mayoría de las funerarias se encuentran rebasado.

Otro aspecto que demora el proceso de cualquier tipo de inhumación, es la tramitología a realizar ante Registro Civil.

Respecto al precio de cremación de 7 mil pesos que impuso el gobierno para los servicios de muerte por coronavirus o neumonía atípica, el representante de Funeraria Nueva Jerusalén subrayó que no es oficial, “solo fue de palabra, no se llegó a un acuerdo, quizá con las funerarias que tienen su propio crematorio, porque nosotros rentamos el crematorio”.

Sin determinar un precio, “el costo de la cremación varía, en el caso de una persona un poquito mórbida es más caro, al igual que si se trata de muerte por coronavirus el procedimiento es diferente. Entran unas medidas de seguridad especiales, como el uso del traje hermético, lentes, careta, antibacterial; es diferente tratamiento tanto de la persona que va a llevar el cuerpo a cremar, como el que va a recibir el cuerpo en el crematorio”, ahondó el entrevistado.

De acuerdo a un sondeo realizado por ZETA, los servicios de cremación en caso de muerte por COVID-19 fluctúan entre los 25 mil y 50 mil pesos; los más elevados son de aquellos negocios que envían los cadáveres a cremar a los municipios de Ensenada o Mexicali, al encontrarse sobresaturados los hornos de Tijuana.

MÁS DE UN MES PARA RECIBIR CENIZAS DE FAMILIAR

El 15 de abril, los hermanos Elizalde Lara enfrentaron la muerte por coronavirus de un integrante de su dinastía, quien pereció en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Tijuana.

Contrataron los servicios de cremación de Funeraria Latinoamericana, la cual cuenta con horno propio. La empresa levantó el cuerpo y lo resguardó en sus instalaciones por más de un mes.

En el inter, la familia enfrentó la muerte de otro hermano por la misma causa, contratando el servicio de otra empresa para sepultarlo, proceso que se llevó a cabo de un día para otro.

Cansados de esperar, el sábado 16 de mayo la familia reclamó el cuerpo del primer hermano fallecido, recibiendo como respuesta que sería retenido un mes más, al tener la empresa lista de espera en las cremaciones.

Molestos, los hermanos Elizalde optaron por requerir los servicios de otra empresa para recuperar el cadáver de su ser querido; ante ello, el negocio funerario optó por entregar las cenizas el martes 19 de mayo, un mes y cuatro días después del fallecimiento del paciente.

INHUMACIONES INCREMENTAN 100% DURANTE MAYO

Durante los primeros 18 días de mayo, la demanda de sepelios en el Panteón Municipal Número 13, asentado en el fraccionamiento El Niño, al Este de Tijuana, incrementó en un 100% respecto al registro de mayo de 2019, informó Jesús Salvador García, jefe del Departamento de Panteones en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana.

Las 121 inhumaciones registradas del 1 al 18 de mayo superaron por mucho las 81 que se llevaron a cabo en todo abril, mes en que el incremento en la demanda se estableció en un 20%. En este recuento no se consideran cremaciones o inhumaciones realizadas en panteones privados.

El panteón está ocupado en un 60% con más de 4 mil cuerpos sepultados, toda vez que, previendo la contingencia sanitaria por la pandemia, se preparó el terreno para tener fosas disponibles, “viéndonos en el peor de los casos, hay capacidad suficiente”, anotó el funcionario municipal.

CONTINÚAN AGLOMERACIONES EN SEPELIOS

Acompañados por grupo norteño, familiares y amigos de las personas fallecidas por COVID-19 se congregan en los sepelios desarrollados en el Panteón Municipal Número 13, el único cementerio público con espacio disponible.

Lo hacen sin respetar las medidas de seguridad determinadas por la contingencia sanitaria. Para despedir al ser querido no se guarda la sana distancia y el número de asistentes a los sepelios, determinado en solo diez personas, se supera en gran medida, incluyendo a menores de edad y adultos mayores.

“Sí se están viendo aglomeraciones, la gente no entiende, no nos hacen caso, se pidió apoyo a Seguridad Pública para que nos apoye y haga entender a la gente que no pueden pasar más de diez personas y no niños, no personas vulnerables para evitar los contagios y cualquier tipo de situación. También se notificó de las medidas a las funerarias mediante un oficio para que se advirtiera a las familias el tema del acompañamiento del cuerpo”, se informó a ZETA.

Sin embargo, los sepelios en el camposanto continúan llevándose a cabo como si la persona no hubiese fallecido por COVID-19 y en Tijuana no se estuviera en plena Fase 3 de la letal pandemia.

TRÁMITES DE DEFUNCIÓN SE ATIENDEN EL MISMO DÍA

De acuerdo al reporte de la Oficialía Número 1 del Registro Civil de Tijuana, en la primera quincena de mayo de 2020, la demanda de trámites se mantiene un 20% por debajo del total que se registró durante el mes anterior, en el que se expidieron mil 480 actas de defunción.

Magaly Ronquillo Palacios, oficial del Registro Civil, expuso que las principales causas de defunción asentadas son muerte por COVID-19, sospecha por COVID-19, neumonía atípica y problemas respiratorios.

Respecto a la demora señalada por propietarios de funerarias en cuanto a la tramitología para llevar a cabo los traslados de cadáveres e inhumaciones, Ronquillo negó tal retraso, sosteniendo que los permisos se otorgan “el mismo día que traen documentos para llevar a cabo los servicios de cremación, inhumación o traslado”.

Para ello, se capacitó a personal de otras áreas y se atiende los siete días de la semana, incluyendo días festivos, para hacer frente a la alta demanda de trámites por defunciones.

Respecto al apoyo de las familias afectadas por muertes de COVID-19 o problemas respiratorios, la funcionaria precisó que el municipio continúa exentando el cobro de 600 pesos del trámite del servicio más modesto, que es el de la cremación.

Mueren dos policías en Mexicali con sospecha de COVID-19

El 19 y 20 de mayo fallecieron los agentes Santos González Ramírez, de 42 años; y Alfonso Rodríguez Ledesma, de 31, ambos por neumonía atípica, aunque se sospecha que tenían COVID-19.

María Elena Andrade Ramírez, directora de Seguridad Pública de Mexicali, reiteró su apoyo a las familias afectadas, asegurando que se brindará apoyo a los 22 oficiales que han dado positivo a la enfermedad.

“Estamos pidiéndole a la gente, ya suplicándoles por la gente que está en la primera línea de defensa: médicos, enfermeros y luego por los agentes, los bomberos, que se queden en casa. Sabemos que mucha gente que tiene que salir a trabajar, pero también hay gente que sale por un antojito o cuestiones que no son tan elementales”, exhortó la funcionaria.

Acorde con Andrade, en la corporación hay un ambiente de luto y tristeza, pues ambos agentes eran jóvenes, honorables, humildes, con muchos valores.

Santos González Ramírez murió en la Clínica 30 del Seguro Social, llevaba 16 años y 10 meses en la corporación y se desempeñaba en el área de Fuerza Rosa en el Valle de Mexicali. Le sobreviven su esposa y tres hijos de 15, 12 años y 4 años de edad.

Mientras que Alfonso Rodríguez Ledesma tenía apenas dos años de servicio en Patrulla Central, a quien le sobrevive su esposa y un hijo.

Para evitar más decesos, los agentes que se consideren sospechosos, serán turnados a las instalaciones que se les indique y se dará seguimiento a su estado de salud, además de que harán uso del equipo de protección que se les proporcionó en marzo, consistente en guantes, caretas y goggles.

“Hemos conseguido exámenes gratuitos con la Universidad Autónoma de Baja California, agradeciendo al rector el apoyo dado a nuestra corporación al proporcionarnos estos exámenes”, expuso la titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien insistió:

“Es un virus muy agresivo que no distingue cargos ni situación económica. Por favor, seguimos clamando a la comunidad: quédense en casa, este fin de semana (15, 16 y 17 de mayo) tuvimos 25 fiestas que multamos, algunas con grupos musicales”.

Incluso en una de esas celebraciones, suscitada en el Ejido Bataque, cerraron puertas, cochera y pusieron cerco con candado para evitar una multa, pese a que la autoridad estaba ahí.

“No queremos andar poniendo multas, queremos salvar una, dos vidas, ¿qué le pasa a la gente? Esa gente, por falta de responsabilidad, está contagiando a otras personas que sí se están cuidando, civiles, a los policías, a los médicos”, finalizó Andrade Ramírez. Ángela Torres Lozano

Boda del director de Bienestar, “moralmente incorrecto”: Sindicatura

En medio de la contingencia de salud por la propagación de la COVID-19, el director de Bienestar municipal en Ensenada, Eduardo Vega Zamora, celebró su boda el sábado 16 de mayo.

Personal de esa dependencia ha estado involucrado en otros hechos en donde su personal viola los protocolos municipales, por lo que se analiza la posibilidad de iniciar un proceso para sancionar, al tratarse de un hecho “moralmente incorrecto”.

Aunque se intentó ocultar la celebración del enlace matrimonial, ciudadanos en redes sociales pidieron al gobernador Jaime Bonilla Valdez una explicación sobre el evento, luego que varias parejas en Ensenada han suspendido sus planes por la crisis de salud.

“Se ve muy mal porque es un servidor público que debe poner el ejemplo, sin embargo, por más que lo tratamos de convencer solo les decimos, es aconsejarlos, que no se reúnan en grupos”, dijo en una transmisión en vivo el mandatario estatal.

En respuesta, el alcalde Armando Ayala Robles, quien efectuó la ceremonia civil, justificó que los contrayentes atraviesan por una situación sensible al interior de la familia y que no hay prohibición para los enlaces matrimoniales; e insistió a las parejas posponer las fechas de sus nupcias.

De entrada, el presidente municipal argumentó que el titular de Bienestar, Eduardo Vega Zamora, tiene embarazada a su ahora esposa y que la abuela de ella falleció la misma tarde de su boda a los 87 años.

Incumple Ayuntamiento sus protocolos

El 9 de abril, el servidor público Vega Zamora junto al alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, fue señalado por reunir a más 500 personas, la mayoría sin protección, en un evento de entrega de despensas.

Las jornadas continuaron en las colonias, solo que la distribución de material gráfico en redes sociales disminuyó.

Además, el 2 de mayo se dio a conocer que Ayala suspendió a tres servidores públicos de Bienestar: Marco González, Manuel Torres y Ulises López, por organizar una fiesta en plena contingencia. Ese día la cifra de casos positivos era de 51 casos positivos y siete defunciones. Karla Lorena Lamas Contreras

Baja California tiene un desfase de casi 2 mil casos confirmados por COVID-19

Hasta la mañana del jueves 21 de mayo, en Baja California se habían aplicado mil 755 pruebas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que dieron positivo a COVID-19, de las cuales no hay más información porque no son tomadas en cuenta por la Secretaría de Salud (SSa) para los informes diarios que presenta el secretario Alonso Pérez Rico.

El viernes 15 de mayo, la delegada del IMSS en Baja California, Desirée Sagarnaga Durante, explicó que había un “problema técnico” en la plataforma del Instituto, y por tal motivo los datos no se estaban actualizando para que los tomara en cuenta la SSa al momento de graficar la información. Problema que quedaría resuelto en un lapso de 24 a 48 horas, pero a una semana del anuncio, persiste.

Lo anterior lo confirmó Pérez Rico, quien detalló que se trata de un problema nacional de la plataforma del Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (Sinolave) del IMSS, pero ellos solo reportan la información que les aparece en sistema.

Ante esta situación queda pendiente conocer el destino de esos casi 2 mil pacientes que desde el 13 de mayo aparecen como casos nuevos del IMSS, pero no se incluyen en el informe detallado que cada mañana Pérez Rico presenta ante el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

El secretario únicamente informa de los casos nuevos por cada institución, pero del acumulado del IMSS no se tiene conocimiento el municipio al que corresponden, el grupo de edad en el que se ubican, como tampoco se sabe de manera pública si son pacientes ambulatorios, si han sido hospitalizados o alguno ha fallecido.

Esta cifra pendiente deja incertidumbre acerca del número real de pruebas realizadas hasta el momento en Baja California.

Queda pendiente conocer el destino de esos casi 2 mil pacientes que desde el 13 de mayo aparecen como casos nuevos del IMSS, pero no se incluyen en el informe diario de Pérez Rico a Bonilla Valdez, en el que informa que a la fecha van 3 mil 717 casos positivos.

La imprecisión en cuanto a los pacientes positivos, se da en la víspera del regreso a la “nueva normalidad” que al parecer no llegará pronto para los bajacalifornianos. Así lo expresó Pérez Rico en la videoconferencia del jueves 21 de mayo, al referir que mientras en Tijuana ven un probable descenso en la curva de contagios, en Mexicali se observa un paulatino incremento que ha llevado a la renta de una caja de tráiler para acomodar los cadáveres que pudieran acumularse de ser necesario.

De igual forma, sentenció que el 1 de junio la entidad seguirá en semáforo Rojo porque el número de contagios va a disminuir una vez que se emprendan acciones específicas, por lo que la jornada de distanciamiento social que está por llegar a su fin el próximo 31 de mayo, seguirá aplicándose para quienes no tengan actividades esenciales por realizar. Uriel Saucedo Ramírez

Clausuran negocios e impiden una fiesta por no respetar sana distancia

A partir que el Gobierno Federal anunció el regreso escalonado a la nueva normalidad, tanto comerciantes como ciudadanos relajaron las medidas de aislamiento por la COVID-19 en Tijuana, a pesar que esta ciudad está en semáforo Rojo.

Tan solo el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, se clausuraron dos comercios por violar el acuerdo sanitario, mientras que otros tantos locales y puestos ambulantes fueron sancionados por no respetar las medidas de distanciamiento e higiene.

Datos proporcionados por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal de Tijuana, detallan que el 16 de mayo se multó a un restaurante de mariscos en la delegación San Antonio de los Buenos; también se clausuraron dos establecimientos, como un restaurante bar en Zona Centro por atender clientes en sus instalaciones, cuando solo puede ofrecerse servicio para llevar. Caso similar ocurrió en un negocio de lavado de autos en la Zona Este, el cual fue clausurado por no ser una actividad esencial.

Asimismo, cinco puestos ambulantes en la delegación Abelardo L. Rodríguez y 28 propietarios de puestos sobre ruedas fueron sancionados, unos por no adoptar medidas sanitarias adecuadas y otros por vender artículos considerados no esenciales.

Mientras que el domingo 17, se informó que durante la inspección a 17 mercados sobre ruedas en seis delegaciones de la ciudad, se retiraron 101 puestos que no eran giros esenciales y se aplicaron 16 actas administrativas a comerciantes que se resistieron a retirarse por su propia voluntad.

Al realizar un recorrido el día sábado, desde la Zona Este hasta la Zona Centro, se detectó una mayor afluencia vehicular, que, según datos de la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable en Tijuana, estuvo al 60%, cifra mayor a la registrada en otros fines de semana.

Dentro de los vehículos se constató que familias enteras iban a bordo, la mayoría sin cubre bocas visible que los resguardara al momento de bajar del auto. En el transporte público, no todos los usuarios y conductores llevaban consigo algún tipo de protección. Y en las calles, la afluencia de personas fue variada según las zonas visitadas, la mayoría acudió a supermercados, locales de venta de comida y tiendas departamentales a realizar pagos de sus créditos.

De igual manera, el viernes 15 de mayo, agentes de la Policía Municipal acudieron a un domicilio en Calle Rancho Tijuana de la colonia Villas de Baja California a frustrar una fiesta infantil que se celebraba en la vía pública. En el domicilio había 13 adultos y 10 menores de edad, a quienes se pidió concluir el festejo porque está prohibido utilizar la vía pública para tal fin, sobre todo porque en Tijuana aún no están permitidas las reuniones de más de 10 personas.

Mientras algunos tijuanenses se relajan, en la ciudad continúan aumentando los casos confirmados por COVID-19, acumulando hasta el jueves 21 de mayo, mil 719 positivos y 438 muertes por el letal virus. Uriel Saucedo Ramírez

https://zetatijuana.com/2020/05/tijuana-mas-muertos-por-covid-19-fuera-de-hospitales/

En Tuxtepec, abandonan confinamiento para marchar y exigir justicia por desaparecidas (Oaxaca)

Página 3 / Corresponsalía.

Tuxtepex, Oax.- Con un hondo dolor a cuestas y la impotencia de no saber dónde están sus seres amados, familiares, amigos y conocidos de jóvenes desaparecidas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, al norte de Oaxaca, salieron a las calles para exigir justicia y la aparición con vida de las víctimas.

¡Ni una más! Itzel, te estamos esperando. Casandra, ven hija te quiero abrazar. Fátima, tu mamá te espera con ansias. Pedimos que las traigan de regreso. Fue la principal demanda de los manifestantes hacia las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Contemplando medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas, el confinamiento mandatado ante la emergencia sanitaria por la Covid-19, no fue obstáculo para pedir auxilio ante otro mal que poco a poco mata el espíritu y la esperanza de los familiares de personas no localizadas.

“Salimos a las calles nuevamente para pedir a las autoridades locales, al presidente municipal, al gobernador del estado y al presidente de la República, miren hacía Tuxtepec. Hoy Tuxtepec sufre”, era una de las consignas.

“Necesitamos seguridad, pero también, que den el seguimiento adecuado a cada una de las carpetas de investigación de las chicas desaparecidas. Hay presupuesto para la seguridad y necesitamos que lo inviertan para garantizarla a la ciudadanía”, expusieron los manifestantes.

Las pancartas de los manifestantes, llevaban impresas los rostros de las jóvenes Casandra Salomón, Itzel González y Fátima Palacios, reportadas como desaparecidas desde los meses de marzo, abril y mayo, ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

https://pagina3.mx/2020/05/en-tuxtepec-abandonan-confinamiento-para-marchar-y-exigir-justicia/

Antes que las eólicas, indígenas se quejaron de ser pisoteados. Y ellas, y gobiernos, los ignoraron

Guadalupe Fuentes López / Sin Embargo

La Reforma Energética, aprobada en 2013, permitió la participación de privados en el sector eléctrico para producir energía fotovoltaica (solar) y eólica (viento). Si bien las energías renovables fueron un paso adelante, la forma en que las empresas se instalaron en las comunidades de Oaxaca y Yucatán violaron los derechos de los pueblos: pagaron rentas mínimas por la explotación de tierras, no se realizaron consultas previas y el Gobierno, con ayuda de la CRE, aprobó proyectos antes de consultar a los habitantes, documentaron pobladores quienes reviven sus quejas en medio de un momento convulso en el sector energético mexicano.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– “Tenemos un proyecto que a ustedes como ejido les va a dejar mucho dinero; solo necesitamos que se convoque a una asamblea”, le dijeron en 2016 al comisario ejidal de la localidad de Sinanché, que se ubica al norte de la Península de Yucatán. Días después se realizó la reunión, llegaron los ejidatarios y representantes de una empresa que construiría un parque eólico. Les prometieron un pago justo por la renta de sus tierras y una consulta previa, libre e informada. Pero los engañaron. Los contratos que se firmaron eran “completamente leoninos”, en ninguno se estipulaba alguna sanción si se incumplía con los pagos o si se destruían los ecosistemas, contó Ezer R. May May, defensor de los pueblos mayas.

Así fue como la mayoría de las empresas llegó a Yucatán y a Oaxaca a construir parques eólicos luego de que en el año 2013, la recién aprobada Reforma Energética permitió la participación de privados en el sector eléctrico y la explotación de hidrocarburos. Ahora, cuando el sector energético mexicano atraviesa por un momento convulso debido a un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de una disposición de la Secretaría de Energía que limita la generación de energía renovable, estas compañías vuelven a colocarse en el centro de atención, pues si bien es cierto que México requiere el desarrollo de energías limpias, éste no debe violar los derechos humanos.


La Reforma Energética, aprobada en 2013, permitió la participación de privados en el sector eléctrico para producir energía fotovoltaica (solar) y eólica (viento). Foto: Cuartoscuro.

“No es que no nos parezca importante un parque eólico o que no sea necesario transitar a una nueva forma de producción eléctrica y energética, con lo que estamos en desacuerdo es en cómo llegaron las empresas”, explicó Ezer, quien logró frenar en Kimbilá (localidad del municipio de Izamal ubicada a 45 kilómetros de Mérida) un parque eólico de la empresa española Elecnor.

El también antropólogo e historiador destacó que la resistencia de los pueblos no es en contra de los megaproyectos, en este caso los parques eólicos, sino en las formas en que se establecieron: engañando a los ejidatarios.

“La empresa llega y busca al comisario ejidal y le da dinero, luego el comisario se asombra y le dice que va a convocar a una asamblea. Entonces, el comité ejidal lo que hace es invitar a los ejidatarios y trata de convencerlos de que acepten el proyecto, de tal forma que cuando ya se realizan las asambleas todos los ejidatarios están de acuerdo en firmar los contratos”, dijo Ezer a SinEmbargo, quien también colabora en el Foro para el Desarrollo Sustentable AC.

Pero el desencanto para los ejidatarios de Oaxaca y Yucatán llegó días después, ya cuando se habían firmado los contratos.

Algunas veces las empresas no depositaban o lo hacían días después de lo acordado. En otras ocasiones era el comisario quien les reducía el monto a los ejidatarios argumentando que era para el mantenimiento del comisariado ejidal.

“El asunto es que los contratos que se firmaban eran completamente leoninos, ni siquiera eran revisados a conciencia”, expuso Ezer May. “Nosotros tuvimos acceso a dos contratos que se firmaron y en ninguno se estipulaba alguna sanción por si la empresa incumplía los pagos prometidos”.

El activista detalló que si el ejido quería demandar a la empresa por incumplimiento de contrato por no pagarles a los ejidatarios era complicado porque el contrato que se había firmado no tenía contemplado que existiera una sanción por esta causa, pero sí las había para los habitantes en caso de que el ejido incumpliera en ya no querer rentarles sus tierras.

Sobre este tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su decisión de limitar la generación de energías renovables denunciando esta semana en su conferencia mañanera que hubo “contratos leoninos muy favorables a las empresas particulares”, pero el Ejecutivo federal se refería a la parte de la competencia, a que excluyeron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no a las afectaciones de los pueblos.


En esta imagen de febrero de 2013 se observan pintas realizadas en Juchitán, Oaxaca, en contra de la instalación de un parque eólico de más de 100 aerogeneradores. Foto: Arturo Pérez, Cuartoscuro.

Para el año 2018 se tenía el registro de aproximadamente 18 parques eólicos y 11 proyectos fotovoltaicos (solar) ubicados en 32 localidades de Yucatán. De éstos, siete proyectos enfrentaban demandas ante tribunales agrarios. Por ejemplo, el Parque Eólico Sinanché (operado por las empresas Fuerza y Energía Limpia de Yucatán y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán), el Parque Chacabal 1 y Parque Chacabal 2, (de Aldesa Energía Renovables) y el Parque Eólico Cansahcab (de la empresa BHCE Yucatán 1).

Esta semana, el Cenace ordenó la reactivación a última hora del martes de las pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras recibieran amparos judiciales, según información de la agencia EFE.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación. Había suspendido las actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.


Para el año 2018 se tenía el registro de aproximadamente 18 parques eólicos y 11 proyectos fotovoltaicos (solar) ubicados en 32 localidades de Yucatán. De éstos, siete enfrentaban demandas ante tribunales agrarios. Foto: Cuartoscuro.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador y proporcionado a EFE por fuentes del sector, el regulador autorizó ya a última hora del martes la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

De acuerdo con la plataforma de datos abiertos del Gobierno federal, actualmente hay al menos 154 empresas con permisos para generar electricidad con energía renovable (solar, hidráhulica y eólica) que están operando en los estados de Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Coahuila, Durango, Yucatán, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Querétaro.


VIOLACIONES EN EL ITSMO

El Istmo de Tehuantepec, conformado por los distritos de Juchitán y Tehuantepec en el estado de Oaxaca, es una región que se caracteriza por vientos dominantes que vienen del Golfo de México y desembocan por una cadena de montañas hacia el Pacífico. Una cualidad que la hace atractiva para las empresas que producen energía eólica.

Desde el cielo se observa un espectáculo con miles de aerogeneradores que dan vueltas impulsados por las ráfagas de viento. Abajo, ya en tierra firme, solo hay caminos sin pavimentar que conducen a localidades como el fraccionamiento Simona Robles, una zona arbolada del municipio de Juchitán. No hay escuelas de nivel básico (preescolar y primaria) ni agua potable. Las casas son unos cuartos pequeños con techos de lámina donde habitan pobladores quienes nunca vieron las promesas de la Reforma Energética.


El Istmo de Tehuantepec, conformado por los distritos de Juchitán y Tehuantepec en el estado de Oaxaca, es una región que se caracteriza por vientos dominantes. Foto: Cuartoscuro.

Como sucedió en Yucatán, a Oaxaca llegaron empresas, muchas de ellas extranjeras, para instalar parques eólicos como el Proyecto Eólica del Sur, el parque eólico más grande de América Latina con 132 aerogeneradores en una superficie de 5 mil 332 hectáreas.

Este proyecto, donde se realizó la primera consulta con el marco legal de la Reforma Energética, es clave para entender las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte de las empresas de energías renovables.

En el año 2014, el Gobierno federal anunció que se realizaría una consulta con los pueblos del Istmo de Tehuantepec en donde Proyecto Eólica del Sur pretendía instalarse, pero durante ese periodo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entregó a la empresa la autorización para explotar la energía eléctrica, pese a que los estándares internacionales señalan que la consulta tiene que ser previa y que los pueblos deben participar hasta en la Manifestación de Impacto Ambiental.

Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, encabezó entonces una lucha en contra del proyecto que pretendía instalarse desde el 2015.

Durante la consulta, denunciaron pobladores, hubo presiones por parte de los arrendatarios, constructores y caciques locales, quienes amenazaron a las organizaciones contrarias al proyecto. Estas irregularidades fueron denunciadas por integrantes del pueblo Binnizá en septiembre de 2015 y se logró suspender el proyecto por casi tres años hasta que un cambio de juez benefició a la empresa.

“En febrero de 2016 cambian al juez que nos dio el amparo y lo mandan hasta Tamaulipas. Después de eso llega el juez para sobreseer (suspender el procedimiento judicial) el amparo”, explicó Bettina en una entrevista con la organización Fundar en el año de 2018.

A partir de entonces, las comunidades iniciaron una lucha para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual le dio entrada de forma unánime para su análisis.

Sin embargo, en noviembre de 2018, la Primera Sala de la SCJN negó el amparo a la asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Con tres votos a favor y dos en contra, se determinó que sí se realizó una consulta a la población sobre el parque eólico, pese a que el proceso se inició antes de la publicación de la convocatoria.

Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Hernández Piña votaron a favor del amparo a los pueblos, al considerar que no se respetó el derecho a la consulta.

Actualmente hay 1,915 aerogeneradores en 25 parques eólicos y ni uno de ellos ha sido con la consulta previa libre e informada, denunciaron pobladores.

“Las empresas dicen que traen mucho progreso y muchas ganancias, pero se vive en una pobreza extrema”, dijo Mariano López Gómez, habitante de Juchitán en un video de la organización Cencos. “Ya no queremos que se instale ni un solo aerogenerador más. No queremos que esta energía siga alimentando a las grandes transnacionales”.

HACIA UNA ENERGÍA VERDE SIN VIOLAR DERECHOS

Organizaciones como Greenpeace, El Poder del Consumidor, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Iniciativa Climática de México coincidieron en que es necesario que México transite de una energía fósil a las renovables, pero sin violar los derechos de los pueblos.

Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, reconoció que algunas de las empresas eólicas cometieron los mismos errores de los megaproyectos extractivistas.

“Aquí hablamos de un problema de la lógica de implementación de los proyectos, muchos de los proyectos de energías renovables que se han implementado van siguiendo esta misma lógica de megaproyectos extractivistas, basados en la violación de los derechos humanos y en el despojo. Nosotros creemos que una transición energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas tampoco es una solución”, dijo esta semana durante una conferencia.

Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, consideró que se debe mejorar el marco de planeación del sector energético para evitar estas irregularidades: “La transición energética sí, pero no a cualquier costo. Se debe mejorar el marco de planeación del sector energético para que garantice la consulta indígena previa, libre e informada. Es el momento adecuado para hacer una revisión y mejoras. Los proyectos de las termoeléctricas tampoco respetaron los derechos de las comunidades”.

https://www.sinembargo.mx/22-05-2020/3789827

Maestros de Tiempo Completo de Tamaulipas desmienten a la SET: solo les pagó la mitad

José Gregorio Aguilar/Gaceta UAT

22 mayo 2020

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) se niega a pagar el sueldo completo de abril y mayo a los maestros de Tiempo Completo, luego de que la dependencia les descontó varios días (inhábiles) en ambos meses, informó Reyna Campuzano Salinas.

La SET solo pagó el dinero faltante de los días de mayo, pero no los de abril, y ese descuento equivale al 33 por ciento de la compensación económica que reciben. Sin embargo, el titular del ramo educativo, Mario Gómez Monroy afirmó este día que ya quedó cubierto el ciento por ciento de dicho pago.

La vocera del Movimiento Magisterial de Tamaulipas (MMT) y de los propios maestros que laboran en esta modalidad, desmintió a Gómez Monroy y dijo que nunca antes se les había descontado por esos días de asueto, pero además, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo son fechas que sí deben pagarse.

Reyna Campuzano fue entrevistada a su salida de la Torre de Cristal, en donde se ubican las oficinas del titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, Luis Bravo Gutiérrez, y ante la ausencia del funcionario fue recibida por personal de esta dependencia.

Los maestros afectados abrigan la esperanza de que el funcionario se comunique con ellos para acordar una reunión y llegar un acuerdo, aunque el único acuerdo que reconocerán los docentes es que se pague por completo la compensación económica, subrayó la vocera del MMT.

Finalmente reiteró que si antes de que concluya la semana no se llega a ningún acuerdo, entonces tomarán otras acciones legales para recuperar ese dinero que la SET no les quiere entregar, además de que buscarán el apoyo de la SEP para lograr su propósito.

https://www.gaceta.mx/2020/05/maestros-de-tiempo-completo-de-tamaulipas-desmienten-a-la-set-solo-les-pago-la-mitad/

Alfaro sugiere recorte de presupuesto a salud y seguridad; deja intacto publicidad (Jalisco)

Foto: Noticias ZMG

Con información de Proceso / Noticias ZMG

En la propuesta de 73 páginas, enviada el martes 19, Alfaro menciona que, con la pandemia, dependencias y entidades realizaron transferencias de recursos para dotar la partida “ayuda para erogaciones imprevistas”, que excedieron los porcentajes establecidos en la Ley de Presupuesto y Contabilidad.

Tras la crisis generada por el covid-19, el gobernador Enrique Alfaro envió una iniciativa al Congreso local para modificar el presupuesto de egresos: propone recortar recursos a salud y seguridad, pero deja intactos publicidad, servicio de telefonía celular y combustible para funcionarios públicos.

Por ello, abunda, se somete a la aprobación del Poder Legislativo modificar el presupuesto de egresos de este año para reducir el gasto hasta por 2 mil 80 millones 95 mil 685 pesos.

A la Secretaría de Salud Jalisco pretende recortarle 3 millones 255 mil 319 pesos, mientras que al Hospital Civil de Guadalajara –donde se atiende a enfermos de covid-19– le quitaría 53 millones 740 mil 944 pesos.

Otros entes afectados con una disminución total de 7 millones 58 mil pesos son los Consejos Estatales y los organismos para la Prevención de Accidentes, Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y Contra las Adicciones.

El presupuesto inicial de la Secretaría de Seguridad era de mil 675 millones 972 mil pesos, y si se aprueba la propuesta quedaría con 98.2 millones, en tanto que a la Fiscalía General del estado le quitarían 43.6 millones.

Pese a que la violencia intrafamiliar aumentó, y Jalisco ocupa el primer lugar en desaparecidos, al Centro de Justicia para las Mujeres se le reducirían 540 mil 508 pesos, y a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, 2.3 millones de pesos.

El Ejecutivo estatal mantuvo los gastos para “servicio de creación, difusión de contenido exclusivamente en internet”, en 37.2 millones de pesos; “servicios de la industria fílmica, del sonido y del video”, en casi 20 millones; “servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad”, 18.3 millones, y el servicio de ceremonias, en 200 mil pesos.

A la partida “información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades”, que cuenta con 14.2 millones de pesos, le quitará 17 mil 826 pesos.

Servicios de telefonía celular, con un presupuesto de 1 millón 75 mil 100 pesos, queda intacto, y a “combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos, que cuenta con 3 millones 410 mil pesos, le reduce 4 pesos con 54 centavos.

A la partida “viáticos en el país”, con un presupuesto de 100 millones de pesos, le resta sólo 15.8 millones.

Mañana, el Congreso local someterá a votación la nueva deuda por 6 mil 200 millones de pesos, así como la modificación al presupuesto.

https://www.noticiaszmg.com/zmg32390.htm

Colectivos exigen al gobernador no cortar recursos a búsqueda de desaparecidos (Jalisco)

Foto: Francisco Guasco / EFE / Archivo

Guadalajara, Jalisco. Colectivos ciudadanos dedicados a la defensa de los derechos humanos emitieron este viernes un pronunciamiento en donde rechazan la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, enviada al Congreso de Jalisco, que además de la deuda por 6 mil 200 millones de pesos contempla una reasignación presupuestal donde se recortan los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los lineamientos que preocupan a las asociaciones civiles figura la reducción de 2.3
millones de pesos al presupuesto dedicado a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el envío de las partidas completas de esta área y de la Comisión de Búsqueda al Despacho del Gobernador, pues temen que los salarios de los trabajadores dedicados a tareas de búsqueda se destinen a otros fines.

Las asociaciones civiles firmantes, Cladem, Cepad, Nuestro Presupuesto, Entre Cielo y Tierra, Por Amor a Ellxs y Tómala exigen al gobernador dar marcha atrás a la iniciativa o en su defecto, que los diputados no aprueben la propuesta tal como está presentada.

Además piden que la búsqueda de personas sin localizar se declare como una actividad
esencial en medio de la pandemia y que se aumente la capacidad operativa para su
identificación, pues recordaron que el mandatario estatal no ha cumplido con la dotación de recursos a estas actividades que había prometido.

Los colectivos reprobaron que el gobierno, con la justificación de atender la contingencia
sanitaria, desdeñe la búsqueda de desaparecidos, pues reducir los recursos destinados a ello también limita las posibilidades de encontrarlos con vida, en una entidad donde 9 mil familias sufren la ausencia de uno de sus seres queridos.

http://udgtv.com/noticias/colectivos-exigen-no-cortar-recursos-busqueda-desaparecidos/

AUTOMOVILISTAS REPORTAN RESIDUOS BIOLÓGICOS EN LA MÉXICO-PUEBLA


Imagen tomada de: www.reporteindigo.com

Reporte Índigo

Entre los materiales hallados se encuentran; batas, cubrebocas, gorros, deshechos de cirugías y residuos de laboratorios como muestras de sangre

Cajas y bolsas con Residuos Patológicos Biológicos Infecciosos (RPBI) fueron localizados la mañana de este jueves en los carriles de la autopista México-Puebla, reportaron automovilistas.

Los residuos quedaron esparcidos en al menos 500 metros de la autopista tras ser abandonados.

De acuerdo con las denuncias de usuarios en redes sociales, los desechos médicos se encontraban en el kilómetro 22+400 al 22+700 en los carriles centrales de la autopista, dirección Ciudad de México.

Entre los materiales hallados se encuentran; batas, cubrebocas, gorros, deshechos de cirugías y residuos de laboratorios como muestras de sangre.

Los primeros reportes señalan que un vehículo desconocido que transitaba por la importante arteria aventó los contenedores con los desechos.

Algunos conductores de vehículos de carga no alcanzaron a esquivar los bultos por lo que al impactarlos, los residuos se esparcieron.

Personal de ambulancias de Caminos y Puentes Federales, así como elementos de la Guardia Nacional, arribaron al lugar para quitar los residuos biológicos.

Por tratarse de Residuos Patológicos Biológicos Infecciosos y ser peligrosos para la salud, tienen que ser levantados de manera especializada.

Los hechos ocurrieron en medio de la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

https://www.reporteindigo.com/reporte/automovilistas-reportan-residuos-biologicos-en-la-mexico-puebla/

Salud confirma 45 casos de covid-19 en maquiladoras de Tamaulipas

Cristina Gómez/Milenio

21 mayo 2020


Foto: Milenio (Archivo)

En Tamaulipas, la Secretaría de Salud tiene un registro de 45 casos positivos de covid-19 que corresponden a trabajadores de la industria maquiladora asentada en la frontera del estado, principalmente en Matamoros. Ante ello, el Colegio de la Frontera Norte recomendó sanciones a empresas por arriesgar a sus trabajadores y a autoridades laborales por no impedirlo.

De los 45 casos que reporta Salud, 30 pertenecen a Matamoros, 8 a Reynosa, 4 a Río Bravo, 2 a Nuevo Laredo y 1 a Valle Hermoso. Al corte de la información proporcionada, representaban el 4% del total de contagios en la entidad, sin embargo, la Secretaría no ha precisado el número de muertes en el sector maquilador.

En el estudio “Los efectos del covid-19 en los trabajadores de la maquiladora. El desencuentro entre lo nacional y lo local”, el Colef destaca que también se debe exigir a las empresas costear los gastos de la enfermedad del obrero y familiares que hayan sido contagiados, ya sea en la planta o en el trayecto de su casa a su fuente de empleo.

De igual manera, añade, tienen que cubrir los gastos para tratamientos de salud mental dado el alto grado estrés en el que estuvieron laborando en tiempos de contingencia. La tarde de ayer, Matamoros Tamaulipas continuaba como la ciudad con el mayor número de casos en el estado, al acumular 287 positivos y 28 decesos.

Es fundamental, apuntó el Colef, la total reapertura de la Juntas Locales o Tribunales Laborales para recibir y resolver las demandas en materia de exposición a riesgos sanitarios o despido por causales vinculadas al coronavirus.

Demanda sanciones contra maquiladoras por exponer a su personal y procedimientos administrativos contra autoridades gubernamentales, en sus distintos niveles, que no estén atendiendo peticiones de los obreros.

El trabajo de investigación a cargo de Cirila Quintero Ramírez, señala que a pesar del coronavirus, “una parte de maquiladoras se ha negado a cerrar, sin que la autoridad federal haya tomado cartas en el asunto”.

Algunas empresas incumplieron el acuerdo del 31 de marzo bajo el argumento de que sus actividades eran esenciales, en otros casos se negaron a remunerar al personal tras suspender labores. Ninguna autoridad intervino.

“Se recomienda sanción a empresas que hayan arriesgado o causado la muerte de trabajadores”, señala el Colef, porque no hubo condiciones para el “Quédate en casa”.

La pregunta era “¿cómo se manda a casa sin dinero para comer?”, los trabajadores andaban desorientados y sin ninguna autoridad a quien recurrir, pues las Juntas de Conciliación fueron cerradas el 25 de marzo a pesar que sus servicios eran esenciales.

“En abril, las empresas siguieron trabajando hasta que se presentaron los primeros dos casos de covid-19, paradójicamente, en una planta que producía camillas para hospitales, hasta ese momento se cerró la planta”.

El reporte del Colef añade que en los siguientes días pararon otras plantas, sin embargo, el contagio ya se había iniciado, y “en los días posteriores, se reportó un brote de la pandemia en una colonia del oriente de Matamoros con 17 casos, un sector del Infonavit donde vivían trabajadores infectados”.

Menciona que a pesar de estos contagios, no todas las maquiladoras han parado, existen algunas que argumentando compromisos de producción siguen trabajando, y están pidiendo a su personal que de manera voluntaria vayan a laborar, a cambio de pagos extras u otros estímulos económicos.

“Otros empresarios han mencionado que dejar de producir para sus clientes, que siguen demandando sus productos, sería la muerte como empresa”.

El informe concluye que la redacción de acuerdos de prevención y emergencia ambiguos, ha facilitado encontrar resquicios para no parar actividades o no pagar salarios. Los decretos gubernamentales y la realidad laboral marchan por senderos diferentes.

GINS

https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-tamaulipas-salud-confirma-45-casos-maquiladoras

En INER rechazan a pacientes con otros padecimientos por covid-19


Eduardo tiene 66 años, vive en condición de pobreza y padece desde hacer varios años EPOC. (Javier Ríos)

Jannet Lópex Ponce / Milenio

Eduardo y su pequeño tanque de oxígeno llegaron al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero por no ser un caso de covid-19 no pudo entrar a la institución.

Eduardo y su pequeño tanque de oxígeno irrumpieron en la tranquilidad de la calle casi desierta minutos antes del medio día y, en tándem, llegaron a las puertas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Era un asunto grave: como si se tratara de un buzo o un astronauta, el aire del tanque de Lalo estaba a punto de agotarse.

Pero por no ser un caso de covid-19, se encontró con que no podía acceder a la institución que, desde hace años, le ha atendido.

-¿Y ahora qué hago?, preguntó después de que un guardia de seguridad le explicara que en el INER no se le podía dar atención en este momento. La aguja del tanque apuntaba al rojo.

Su caso, como el de varios enfermos de los pulmones y de las vías respiratorias, se ha complicado ante la emergencia sanitaria detonada por el coronavirus. A sus 66 años de edad, Eduardo padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) pero en estos tiempos nada es más importante que el covid-19. Si tienes otros padecimientos: pasas a segundo plano.

“Que no me pueden atender, que nada más puro covid. Pero yo necesito que me nebulicen, mi doctora me regalaba medicamento ¿y ahora qué hago? Me dicen ‘no pues no podemos hacer nada, no le vemos forma’, ¿entonces yo qué voy a hacer? ¿Irme a morir a mi casa o a dónde? ¿Qué hago?”, dice desesperado a orilla de la banqueta intentando buscar una sombra. Trata de recuperar la respiración.

Ante la desesperación, no le quedó otra opción mas que ponerse a pedir limosna para completar los 140 pesos que le cobran en la farmacia por llenarle el pequeño tanque.

“Ya no tengo medicamento ya me la he llevado con puro salbutamol y ando consiguiendo ayuda en la calle. Ahorita me vine desde el periférico por eso me vine de calmita, como ahorita ya me está faltando (el aire) y mira cuánto tengo ya de oxígeno, ahorita lo que conseguí regalado es porque la gente me ha regalado de a 10, de a 10, de a 10”.

La misma historia vivió Daniel Tinoco minutos antes. Su papá lo ingresó como pudo al INER. Le faltaba la respiración, estaba muy débil y apenas podía mantenerse en pie.

No hubo ni un enfermero o médico que le auxiliaran. Al ver su condición el guardia le permitió de inmediato el acceso a recepción pero bastaron 20 minutos para que volviera a salir.

Es diabético y determinaron que sus síntomas no eran de covid-19 sino propias de una crisis de su enfermedad. Así que le sugirieron llevarlo a otro hospital.

Le dieron un poco de oxígeno y su padre lo trasladó en el primer taxi que encontró al hospital más cercano que sí pudiera atenderlo. Pues ahí, para salvarle la vida, es requisito indispensable ser portador de covid.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-iner-rechazan-a-pacientes-con-otros-padecimientos-por-covid-19

PRESENCIA DEL EJÉRCITO EN SEGURIDAD, “INVASIÓN A LA TRANQUILIDAD DE LAS MUJERES”

Staff/La Jornada Aguascalientes
21 mayo 2020

Desde lo político: Es una fuerza pública impuesta que va a violentar las formas de organización desde la gobernanza propia en los sistemas normativos internos
Desde lo social: Desde su condición de género las enamoran, las embarazan y después no se hacen responsables de su paternidad, tomando a las mujeres como un objeto circunstancial de guerra dentro de la militarización
Desde lo físico: A través de los gritos, las miradas acosadoras, los golpes, entre otros efectos, se crean enfermedades físicas a partir de procesos emocionales derivados del miedo y la zozobra

La militarización de la seguridad ha golpeado con fuerza a las comunidades indígenas de México, donde desde hace décadas los militares han llegado para apropiarse del territorio, de la vida comunitaria y del cuerpo de las mujeres, por eso les preocupa que ahora las fuerzas armadas realicen funciones policiales sin ningún control sobre su actuar.

La decisión de entregar legalmente a soldados y marinos la facultad de detener personas, ejecutar órdenes de aprehensión y asegurar bienes, como se anunció en el acuerdo publicado el pasado 11 de mayo, es una “invasión a la tranquilidad de las mujeres”. Esa es la percepción de la coordinadora en el país de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, la zapoteca Arcelia García Santiago.

En entrevista con Cimacnoticias, la líder indígena recordó que desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los elementos castrenses a combatir el crimen organizado, las mujeres indígenas —sin ser escuchadas y sin que se les garantizara justicia— ya eran víctimas de los abusos del Ejército, la diferencia es que a ellas no las detenían para acusarlas de portar drogas o de ser traficantes de sustancias ilícitas.

La militarizaron es igual al despojo de derechos
El 14 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la policía federal no tenía disciplina y había pruebas de corrupción al interior, por ello la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, deben proteger a la población mexicana y realizar las tareas de seguridad pública.

Aunque el presidente aseguró que hay un “proceso hacia el respeto de los Derechos Humanos”, es largo el historial de violaciones sexuales cometidas por soldados hacia las mujeres indígenas: En 1994 tres indígenas tzeltales fueron detenidas y violadas en el municipio de Altamirano, en Chiapas; en 2007 la indígena náhualt Ernestina Ascencio Rosario fue violada en Zongolica, en Veracruz; en 2002 las indígenas tlapanecas Inés Fernandez Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Ayutla y Acatepec, respectivamente, en Guerrero.

—Anayeli García Martínez (AGM): Arcelia ¿Qué significado tiene la militarización del país para las mujeres indígenas?

—Arcelia García Santiago (AGS): Significa desplazamiento forzado, significa miedo, significa aumento de la violencia en comunidades indígenas, significa la inmovilización de mujeres indígenas violando su libertad de tránsito pues cuando hay presencia militar las mujeres prefieren no salir de sus comunidades, evitando situaciones de violencias sexuales por razón de género.

“El presidente puede argumentar la falsedad de ello, manifestando que el Ejército es pueblo. Sin embargo, hay casos documentados como el de Inés y Valentina, o las mujeres de Atenco, que fueron violentadas por militares y policías (en el Estado de México en 2006, en un municipio considerado indígena por su población mazahua), que hasta hoy siguen viviendo las consecuencias psicológicas de esta militarización.

“Desde esta perspectiva, para nosotras significa despojo de nuestros derechos individuales y colectivos porque la militarización es una desnudez a mi cuerpo, es una desnudez a mi espacio privado, es invasión a la tranquilidad de las mujeres. Si de por sí el Estado es violatorio de derechos porque no siempre se respeta el debido proceso establecido en los artículos 14 y 16 Constitucional, con las normas del segundo constitucional para pueblos indígenas, en un Estado de militarización los derechos se violentan de forma masiva”.

—AGM: Las mujeres ya han vivido la militarización, primero en contextos de insurgencia y después durante el combate al crimen organizado. ¿Cuál ha sido el efecto de los rondines y retenes militares para las mujeres?

—AGS: Dividamos los efectos de la militarización en políticos, económicos, sociales, físicos y psicológicos. Desde lo político, es una fuerza pública impuesta que va a violentar las formas de organización desde la gobernanza propia en los sistemas normativos internos:

“Desde lo social: Hay bases militares en los territorios indígenas que han violentado a las mujeres de las comunidades, o peor aún, desde su condición de género las enamoran, las embarazan y después no se hacen responsables de su paternidad, tomando a las mujeres como un objeto circunstancial de guerra dentro de la militarización.

“Desde lo físico: A través de los gritos, las miradas acosadoras, los golpes, entre otros efectos, se crean enfermedades físicas a partir de procesos emocionales derivados del miedo y la zozobra.

“Desde lo económico: Es una forma de control al libre tránsito para vender sus productos o hacer sus actividades laborales (muchas indígenas, como las hermanas tzeltales, detenidas en 1994, son interceptadas cuando caminan por su comunidad. Las hermanas fueron detenidas mientras regresaban a su casa después de ir a vender verduras).

“Desde lo psicológico: Eso puede generar mucho miedo, intimidación, fuerte vulnerabilidad al ataque físico, e inclusive detenciones arbitrarias en función del fenotipo, aumentando la discriminación en contra de las personas indígenas y afrodescendientes”.

Excesos de las fuerzas armadas
Los excesos del Ejército y la Marina han sido evidenciados por colectivos y organizaciones civiles. En el caso de las mujeres indígenas se ha documentado que no sólo son víctimas de violencia sexual sino también de otras formas de abusos cometidos por las fuerzas armadas y por otros cuerpos de seguridad como la policía federal.

Por ejemplo, en marzo de 2006 las indígenas otomíes Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, quienes no sabían español, fueron acusadas por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, en el municipio de Amealco, en Querétaro, lo que las llevó a pasar entre 3 y 4 años en prisión, hasta que se demostró su inocencia.

Desde antes del acuerdo presidencial, en las comunidades indígenas, los soldados ya tenían el poder de ocupar el territorio, llegar e instalar campamentos y bases militares, encabezar retenes y revisiones en carreteras y caminos; detener y retener personas; realizar revisiones corporales y de pertenencias y hasta ingresar a domicilios y realizar interrogatorios y, en medio de todo, los uniformados podían acosar e intimidar a las mujeres, así lo dicen los testimonios recogidos por los colectivos.

Aun así, el argumento del presidente López Obrador para confiar en el actuar castrense es que en el Ejército mexicano la mayoría de los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, hijos también de militares, del pueblo. “Lo que digo siempre, el soldado es pueblo uniformado”.

—AGM: Por los casos que se han documentado sabemos que los estragos no solo los viven las mujeres como víctimas directas (de feminicidio, acoso o violación sexual), también como víctimas indirectas (buscan justicia para sus familiares). ¿Esto también sucede en las comunidades indígenas?

—AGS: Esto también sucede en las comunidades porque las mujeres indígenas son víctimas de trata de personas o esposas de líderes que defienden la defensa del territorio. Son la primeras que ejercen acciones para la búsqueda de familiares desaparecidos e incluso madres de militares que sufren por las actividades que realizan sus hijos comandados por el Estado.

—AGM: El presidente Andrés Manuel López obrador ha dicho que el Ejército es pueblo uniformado. ¿El que el Ejército sea parte del pueblo hace alguna diferencia para que violen o no los derechos de las mujeres?

—AGS: No hace la diferencia, porque lamentablemente están bajo un mandato, investidos por el poder del Estado, con un entrenamiento militarizado para la guerra, no para la gestión de paz.

—AGM: ¿Consideras que hay otras formas de conseguir paz, que no impliquen soldados y marinos?

—AGS: Sí, desde nuestros pueblos, el diálogo, la justicia ancestral sin violentar los Derechos Humanos.

La coordinadora nacional de la Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, sostiene que una forma de garantizar seguridad en el territorio indígena y acabar con la violencia es apostar a la organización comunitaria ancestral, a través de los comités vecinales, los grupos de mujeres y de jóvenes.

Las comunidades ya han puesto el ejemplo. Arcelia García Santiago comentó que quienes garantizan paz son las policías comunitarias y por medio de los procesos de organización comunitaria, los consejos de ancianos escuchan, propone formas de perdón y de resarcir el daño. El desafío, dice, es cómo lograr que estos principios y valores pueden ser implementados.

https://www.lja.mx/2020/05/presencia-del-ejercito-en-seguridad-invasion-a-la-tranquilidad-de-las-mujeres/

Pese a brote de COVID19, empresa ICU Medical de Ensenada nunca dejó de operar (Baja California)

Lindero Norte / Jorge Heras

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Contrario a lo que dijo el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, sobre la suspensión de labores de la empresa ICU Medical tras el «brote de COVID19» al interior de la planta, la compañía internacional continúa operando sin ninguna medida o protocolo sanitario especial.

Trabajadores de la empresa mostraron fotos y vídeos que así lo demuestra, tanto en el turno de la mañana que termina las 17:00 horas como en el de la tarde.

En su videoconferencia mañanera de este jueves, el mandatario estatal reveló que la empresa ubicada en Ensenada, por voluntad propia había tomado la decisión de parar la producción para sanitizar la planta.

Esta semana se dio a conocer que hubo 10 personas contagiadas de COVID19 y 30 sospechosos en el turno vespertino. Ante la negativa de los directivos para incrementar las medidas sanitarias, los trabajadores se manifestaron logrando llamar la atención de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, solamente se hizo una inspección superficial por el lugar.

Molestos al saber la noticia que dijo el gobernador morenista, los empleados de ICU Medical cuestionaron a sus jefes, quienes respondieron que era falso que habían informado al Gobierno de algún cierre temporal.

Los empleados de ambos turnos señalaron que la distancia entre cada empleado en las áreas de trabajo es menos a 1 metro, que les dan un cubrebocas para usarlo durante todo un mes y que los trajes o overoles son reutilizables en cada turno por cualquier empleado.

https://linderonorte.com/2020/05/21/pese-a-brote-de-covid19-empresa-icu-medical-de-ensenada-nunca-dejo-de-operar/

Organizaciones y colectivos publican su rechazo a la construcción del Tren Maya

Mathieu Tourliere

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Bajo el lema de “¡La tierra no se vende ni se renta!”, un grupo de 178 organizaciones y colectivos, así como intelectuales y personalidades, expresaron hoy su repudio al Tren Maya y los demás “megaproyectos empresariales que tienen como finalidad despojarnos de la tierra y el territorio”.

En un manifiesto elaborado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal se denuncia que el Tren Maya es un proyecto que fomenta el despojo de tierras, el cual “se ordena desde el ámbito gubernamental, y sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que hacen uso de la militarización como ‘concomitante’, a la imposición de los megaproyectos”.

El documento, firmado por 178 y cientos de personalidades -como el poeta Javier Sicilia, la periodista Gloria Muñoz, la escritora Ana Matías Rendón, los académicos Carlos Fazio y Alicia Castellanos Guerrero, o el cantante Rubén Albarrán-, recuerda que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) adjudicó los contratos multimillonarios para los tramos del Tren Maya a grandes empresas y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las cuales “tienen un historial de deshonestidad y de corrupción que este gobierno no sólo no ha querido investigar, sino que los ha premiado con nuevas oportunidades al puro estilo de los sexenios pasados”.

En forma de preguntas abiertas destinadas a la autoridad, el documentó subrayó puntos del Tren Maya que, según los firmantes, han quedado sin respuestas:
“¿Por qué la urgencia de construir un tren?, ¿quiénes solicitaron la construcción del tren?, ¿a quién está beneficiando las licitaciones para la construcción del tren?, ¿los impactos y daños al medio ambiente ya los conocemos?, ¿qué sabemos de los polos de desarrollo y de la magnitud de éstos?, ¿conocemos las condiciones medioambientales que puede soportar la zona para no colapsar? y finalmente, “¿entendemos bien qué es la ‘FIBRA’ y cómo se pone en riesgo nuestro territorio?”, son las preguntas.

En el manifiesto, los firmantes pidieron “la cancelación inmediata de la construcción del Tren Maya”, e insistieron en que “fue una decisión tomada de arriba para los de abajo, -como siempre se ha hecho- porque nosotros en los pueblos y comunidades no hemos solicitado la construcción de un tren y mucho menos que sea maya”.

“Desde que inició el presente sexenio 2018 – 2024 se anuncian grandes proyectos para ‘detonar el desarrollo’ del sureste mexicano que históricamente ha estado abandonado. Dicen que, ahora sí, la suerte nos sonríe porque nos van a construir un tren y para que nos alegremos será maya, que ahora sí, no nos podemos quejar porque el ‘desarrollo’ va a llegar y vamos a salir de pobres, que el tren maya es un acto de ‘justicia social’”, añadió.

También resaltó que “en los últimos años hemos visto con mucha preocupación que en nuestros pueblos y ejidos llega ‘gente extraña’ ofreciendo dinero a cambio de cederles nuestras tierras para el desarrollo de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos, o bien, para la construcción de granjas porcícolas para alimentar a miles de cerdos de exportación; vienen a ofrecernos que mediante estos proyectos vamos a tener empleo, que nos pagarán bien por la renta o venta de las tierras, pero la realidad es que lo único que han logrado es que en algunos pueblos haya división y enfrentamiento entre habitantes, e incluso entre familiares”.

“A los empresarios no les importa que sus “grandes desarrollos” deforesten miles de hectáreas de selva, contaminen el agua de los cenotes, contaminen el aire, contaminen la tierra, su única visión es convertir en mercancía lo que para nosotros es sagrado: ¡Esta lucha es por la defensa de la vida!”, abundó.

Y remató: “No estamos de acuerdo con la construcción del tren “maya”, seguiremos tomando acciones legales a nivel nacional e internacional para detener su desarrollo; nuestra postura es que NO permitiremos que ningún proyecto invada y nos despoje de nuestro territorio, incluido este “tren desarrollista”, NO permitiremos la destrucción y contaminación de nuestros recursos naturales, NO permitiremos que se tomen decisiones por nosotros y nosotras, NO permitiremos que en nombre del “desarrollo” se violenten nuestros derechos consagrados en la Constitución de nuestro país y en las leyes internacionales, NO permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios”.

https://www.proceso.com.mx/631054/organizaciones-y-colectivos-publican-su-rechazo-a-la-construccion-del-tren-maya

La Justicia para Sol no llega por complicidades, simulación e impunidad del gobierno de Murat (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

OAXACA, Oax.- “Hasta que la justicia llegue”, es la campaña que inició la periodista Soledad Jarquín Edgar a unos días de cumplirse dos años del asesinato de su hija la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

En el marco de la violencia política contra las mujeres, la periodista Jarquín Edgar lanzó la campaña para alzar la voz de manera virtual denunciando los actos de complicidad, simulación e impunidad dentro del caso y exigir justicia una vez más.

Insistió en denunciar que el actuar de la Fiscalía General de Oaxaca, en complicidad con el Gobierno del Estado de Oaxaca, ha sido en el sentido de dilatar y obstaculizar las investigaciones para encubrir y no tocar intereses de actores con elevado poder político y económico.

Recordó que el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, María del Sol Cruz Jarquín, joven fotógrafa periodista, de 27 años fue asesinada junto con Pamela Itzamaray Terán Pineda y Adelfo Jiménez Guerra.

En ese entonces, María del Sol Cruz Jarquín se desempeñaba como jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas a cargo de Francisco Javier Montero López, quien la comisionó a partir del 16 de abril de 2018 de manera ilegal y enviada aun en contra de su voluntad a cubrir la campaña electoral de Hageo Montero López.

Aunque aquí se tipificó un delito electoral, porque la enviaron a apoyar al candidato del PRI o a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, nunca hubo sanción; por el contrario, ahora es el actual regidor de Energía Renovable de dicho ayuntamiento, a pesar de la multa impuesta por el TEEO por usos indebidos de recursos públicos, la cual aún sigue sin ser cubierta.

En redes sociales circula la fotografía de María del Sol Cruz Jarquín con el hashtag #2AñosDeImpunidad #2AñosDeComplicidad con el mensaje:

“Son ya dos años del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, y a pesar de haber interpuesto todos los recursos correspondientes tanto por el feminicidio como por delitos electorales y demás delitos cometidos alrededor del caso; hoy no existe avance sustancial”.

https://pagina3.mx/2020/05/la-justicia-para-sol-no-llega-por-complicidades-simulacion-e-impunidad-del-gobierno-de-murat/

Piden cuarentena en el HRAEO para frenar contagios de Covid-19 (Oaxaca)

*El Sindicato de Salud busca evitar que el personal médico y de enfermería siga contagiándose.

La Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) pidió a la directora general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), Alba Vásquez Palacios, declarar en cuarentena al hospital para contener el brote epidemiológico de COVID-19 que se reporta entre el personal médico en la entidad y en ese nosocomio.

En el documento firmado por Laura Idalia Sánchez Chávez, secretaria General de la Sección 96, argumenta que a nivel nacional 881 trabajadores de Salud han dado positivo a COVID19, de los cuales 23 han fallecido.

En Oaxaca, los Servicios de Salud confirmaron 143 casos positivos de en el personal de la Salud: 55 integrantes del personal médico, 73 de enfermería, 14 laboratoristas y uno más de otra área.

En la víspera, el HRAE informó que se encontraba casi al 100 por ciento de su capacidad.

Por ello, demandó que se apliquen de manera permanente pruebas de detección a todo el personal que está en las diferentes áreas del hospital atendiendo a pacientes COVID-19.

Especialmente al personal médico y de enfermería, así como el paramédico, incluyendo al personal de apoyo y administrativo que se encuentre laborando.

Se faciliten las pruebas a familiares de trabajadores que han dado positivo.

Se brinde atención médica oportuna y se otorgue seguimiento puntual a los casos de trabajadores, así como a sus familiares que se encuentran contagiados, permitiéndoles ejercer, en su caso, escrupulosamente sus derechos humanos y prerrogativas laborales.

De la misma forma, se realice permanentemente la sanitización y desinfección de instalaciones, mobiliario y equipo destinado a la atención de pacientes enfermos y de uso propio de compañeros en sus diferentes áreas de trabajo.

Posteriormente, se conozcan los dictámenes de compañeros conforme se tenga el resultado de la muestra con reporte positivo, para que el Comité Ejecutivo Seccional realice las gestiones ante el ISSSTE, ya que aplica como riesgo de trabajo.

La dirigente sindical demandó también que se reconozca la condición de alto riesgo laboral en el que ha venido realizando su trabajo el personal de ese nosocomio.

Que se tomen las medidas administrativas y laborales que justamente corresponden, tanto en las ramas médica y paramédica, así como administrativas y grupos afines.

El pasado 15 de mayo, mediante un comunicado, el HRAEO anunció que se encuentra en su máxima capacidad para atender a pacientes contagiados por el nuevo coronavirus.

En la misiva explica que al ser el único hospital que atiende a la población abierta, es decir que no cuenta con la derechohabiencia a otros sistemas de salud, han llegado a su límite de su capacidad para recibir a pacientes que tengan insuficiencia respiratoria crítica ocasionada por COVID-19, enfermos que en su gran mayoría están graves y requieren intubación endotraqueal y cuidados de terapia intensiva.

“Desde que recibimos al primer paciente diagnosticado con COVID- 19, el 24 de marzo 2020 (hace 7 semanas), todos los días hemos trabajado incansablemente para que nuestros pacientes superen esta enfermedad”, expusieron.

Por lo que indicaron, es de su responsabilidad informar de manera pública que no será posible ingresar a más pacientes a atención hospitalaria.

https://pagina3.mx/2020/05/piden-cuarentena-en-el-hraeo-para-frenar-contagios-de-covid-19/

Manzanillo concentra el mayor índice de homicidios per capital en el estado (Colima)

Alfredo Aquíles Cabrera / Ecos de la Costa

El municipio de Manzanillo, en Colima, fue donde se concentró el mayor número de asesinatos en la entidad, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en ese municipio costero se registraron 45 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y muestra un alza de 5 puntos respecto al primer cuatrimestre de 2019.

En el Estado, según la información difundida por el SESNSP, se registran 96.6 muertes por cada 100 mil habitantes, sin embargo, la dependencia resaltó que en el municipio de Manzanillo Gobernado por Morena es “la municipalidad donde se ha concentrado el mayor número de homicidios dolosos.

En tan, el Índice de Paz México (IPM) 2020, del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), resaltó que Colima es la entidad que registró la tasa más alta de homicidios dolosos en el país, con 96.6 muertes por cada 100 mil habitantes.

El Índice de Paz México (IPM) 2020, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) informó que en los últimos cinco años el nivel de paz cayó en el país 27 por ciento, señalando que “los estados menos pacíficos fueron Baja California y Colima”.

https://www.ecosdelacosta.mx/stories/4896

Colima compró 50 ventiladores con sobreprecio de 400 mil cada uno… Y ni siquiera han llegado

Imagen: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avazada

Colima, México, Comunicado (21/05/2020).- Durante el mes de abril, el gobierno de Colima destinó 49 millones 653 mil 884 pesos para adquirir 50 ventiladores adulto pediátrico que servirán para atender a los enfermos graves por COVID 19,  es decir,  que cada una de estos instrumentos médicos tuvo un costo de 993 mil 073 pesos.

Sin embargo, el mismo mes, la administración estatal adquirió un solo ventilador adulto pediátrico  con un costo de 539 mil 890 pesos.  La diferencia, entre el costo de los ventiladores en la primera compra y en la segunda, es superior a los 400 mil pesos.

Aunque la administración estatal reportó que las compras las hizo desde abril de este año, los 50 ventiladores todavía no llegan a la entidad y no se ha informado la fecha en la que se entregarán a los hospitales que atienden a los enfermos por COVID-19.

Tampoco se ha informado las causas por las cuáles la empresa Soluciones Médicas Integrales todavía no envía los ventiladores cuando el Comité de Adquisiciones aprobó la compra el 20 de abril de este año.

Los datos anteriores se desprenden de la información pública que la administración estatal dio a conocer para detallar las acciones, y compras que se han realizado por el COVID-19.

En  la información que se difundió no aparece alguna aclaración sobre la diferencia en los costos de los ventiladores que compró el gobierno a través de la Secretaría de Salud. Las dos adquisiciones (la primera por un solo ventilador y la segunda por 50 ventiladores) tienen la misma descripción en el documento Excel que elaboró el Gobierno estatal: ventiladores volumétricos adulto, pediátrico.

La compra de 50 ventiladores se hizo a la empresa Soluciones Médicas Integrales y el costo de cada uno de estos aparatos fue de 993 mil 073 pesos;  mientras que la adquisición de un solo ventilador por 539 mil 890 pesos fue a la empresa Biomédica Tinajeros.

También, el gobierno compró 18 cámaras termográficas portátiles especializadas en medición de temperatura, imagen térmica por las que pagó 3 millones 500 mil pesos.

Todas la compras relacionadas con el COVID-19 son adjudicaciones directas.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=12777

Juez ordena medidas cautelares para migrantes expulsados de EU por pandemia

Patricia Mayorga/ PROCESO

Migrantes esperan para presentar su solicitud de asilo cerca de la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Foto: Francisco Cedeño/Xinhua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó aplicar medidas cautelares a favor de la población migrante expulsada de Estados Unidos, a fin de salvaguardar su integridad física ante la contingencia sanitaria.

En respuesta a la solicitud de amparo promovida por organizaciones defensoras de los derechos humanos, el pasado martes 12, para que se establezcan estándares mínimos de protección a las personas expulsadas del país del norte ante la pandemia del covid-19, el juez Segundo de Distrito de Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, otorgó la suspensión provisional y ordenó a las autoridades de los tres niveles de gobierno –estatales y federales– que dicten medidas y emitan protocolos que beneficien los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional en México.

La suspensión incluye al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras autoridades,

El juez también requirió al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, información a través del Consejo Estatal de Población, para identificar a las personas migrantes que requieran protección internacional y que se encuentran en su demarcación, para contar con datos desagregados por nacionalidad, edad y sexo.

El gobierno estatal no fue impugnado por las organizaciones demandantes, pero el juzgador consideró importante su participación en la protección de los migrantes.

https://www.proceso.com.mx/631017/juez-ordena-medidas-cautelares-para-migrantes-expulsados-de-eu-por-pandemia

Convocan a artistas a visibilizar y no olvidar a personas detenidas desaparecidas en Michoacán

 

En el marco de la desaparición de Leonel Orozco y Barbara Robles, personas detenidas desaparecidas en el estado de Michoacán entre el año 2008 y 2019, la organización Familiares Caminando por Justicia en Michoacán convoca a artistas a realizar su retrato para visibilizar y no olvidar la crisis de las desapariciones en aquel estado a través del tiempo.

 

Fotografía portada: Familiares Caminando por Justicia en Michoacán

Por Dalia Souza / @DaliaSouzal Publicado por ZonaDocs | 21 de mayo de 2020

Las piezas serán expuestas el día 3 de julio -aniversario de la desaparición de Barbara y Leonel- de manera digital, aunque se pretende realizar una exposición física que permita dar visibilidad a los casos.

Leonel Orozco Ortiz y Barbara Robles Hernández desaparecieron con 11 años de diferencia un día 3 de julio en el estado de Michoacán, entre los años 2008 y 2019, respectivamente.

Por lo que, reconociendo que la crisis de las desapariciones en Michoacán y en todo el país siguen siendo vigentes y continúan lacerando la vida de cientos de familias, la organización Familiares Caminando por Justicia ha convocado a conmemorar, visibilizar y no olvidar a través del arte la desaparición de Barbara Robles Hernández detenida desaparecida el 3 de julio del 2019, y de Leonel Orozco Ortiz detenido desaparecido el 3 de julio del 2008”.

De esta manera han invitado a artistas a “realizar un retrato de Barbara y de Leonel” en formato libre, pueden ser en pintura, grabado o dibujo. El objetivo es que las obras sean expuestas de manera digital el día 3 de julio 2020, en el aniversario de la desaparición de ambos. Sin embargo, se pretende realizar una exposición física cuando se reactiven las actividades post contingencia sanitaria, para dar visibilidad a estos casos.

Las y los artistas que pretendan participar deben enviar un correo electrónico a la cuenta: caminandoxlajusticia@hotmail.com donde se les proporcionará la imagen con la que trabajarán. La fecha para enviar las fotografías de las piezas elaboradas es el 28 de junio al mismo correo.

Foto: Tomada de ZonaDocs, periodismo en resistencia

https://www.zonadocs.mx/2020/05/21/convocan-a-artistas-a-visibilizar-y-no-olvidar-a-personas-detenidas-desaparecidas-en-michoacan/

Plan de austeridad y “reactivación económica” por covid-19 en Jalisco contempla reducción de presupuesto a fiscalía de desaparecidos

Foto: Zona Docs

Orgulloso de ser el primer estado en el país con un “plan de reactivación económica” en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno de Jalisco a través de su ejecutivo estatal, Enrique Alfaro y el poder Legislativo, aprobaron en lo general y en lo particular el pasado 19 de mayo: el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, el cual incluye un plan de austeridad que contempla la reducción presupuestal a las dependencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, por un monto de 2 millones 309 mil 300 pesos.

Colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Por Amor a Ellxs y organizaciones de la sociedad civil se pronuncian en contra.

Redacción / Zona Docs

Enrique Alfaro, Gobernador del estado de Jalisco lo anunció el 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo; de acuerdo con el mandatario en medio de la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la entidad “ha tenido un desfase por la atención a la emergencia por más de 3 mil millones de pesos”, por ello, según advirtió, se presentaría una propuesta de “reorganización del presupuesto estatal”.

Dos semanas después, el Gobierno de Jalisco a través de su ejecutivo estatal y el poder Legislativo, aprobaron en lo general y en lo particular el pasado 19 de mayo: el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. Si bien, las autoridades han afirmado que se trata de una “recuperación paulatina” que “favorezca el crecimiento económico del estado”, ésta implicará la reestructuración del presupuesto del estatal y un plan de austeridad, cuya base es la reducción del presupuestaria a dependencias que atienden temas prioritarios en la agenda política, social y de seguridad.

Tal es el caso del recorte de 53 millones 740 mil pesos a Hospitales Civiles de Guadalajara y de 2 millones 309 mil 30 pesos a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Al respecto, el colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Por Amor a Ellxs se ha pronunciado en sus redes sociales, manifestando que se encuentran “sorprendidas, preocupadas y extrañadas” de la iniciativa del mandatario, ya que éste habría declarado públicamente y frente a decenas de familias en el estado que la problemática de la desaparición de personas en la entidad formaba parte de su “agenda prioritaria”.

Además, señalaron haber encontrado “inconsistencias en los montos de presupuesto”, y advirtieron que “el presupuesto autorizado para la Comisión de Búsqueda era de más de 29 millones, y en la propuesta de recortes reportan que el presupuesto es de solo 16 millones”.

Luego de presentar la primera fase de la Estrategia Integral para la Atención a la Problemática de la Desaparición de Personas en Jalisco “Estamos buscando”, en octubre del mismo año, Enrique Alfaro anunció la segunda fase de este plan, el cual incorporaba como tema prioritario el incremento de presupuesto a esta tarea en un 55.7% y el aumento del personal en las dependencias responsables de buscar a las personas desaparecidas del estado.

En aquel momento se mencionaba que la Fiscalía Especializada pasaría de tener un presupuesto de 17 millones a uno de 84 millones; en el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de pasaría de tener 213 millones a 229 millones de pesos; en cuanto a la Comisión Estatal de Búsqueda se pasaba de tener 2 millones asignados a 30 millones; en la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas de 10 millones a 33; y finalmente en cuanto al Sistema DIF Estatal se pasaría de cero pesos designados a la atención de esta problemática a 2.5 millones.

Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se manifestó para advertir que cualquier reasignación de presupuesto en esta materia y que afecte directamente a las dependencias encargadas de buscar a las y los desaparecidos en el estado “es violatoria al principio constitucional de progresividad y representa un retroceso en materia de derechos humanos”.

De esta manera, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas pasará de tener 46 millones 030 mil 248 pesos asignados a 43 millones 720 mil 948 pesos.

Nuestro Presupuesto, proyecto impulsado por el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló también a través de sus redes sociales, que el documento que se presenta “toma como referencia montos totalmente distintos a los aprobados y publicados en el Periódico Oficial” y que, el 33% del dinero “se movió de lugar antes de realizar los ajustes, haciendo que éstos sean mucho más significativos de lo que en realidad aparentan ser”.

Y es que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020 para el estado de Jalisco publicado en el Periódico Oficial del estado, en el rubro “Personas Desaparecidas”, se establece que la Comisión para la Búsqueda de Personas tiene un presupuesto de 29 millones 112 mil 961 pesos, mientras que la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas reconoce un monto de 93 millones 384 mil 905 pesos.

“Combatir la desaparición de personas en todo el estado, mediante políticas de atención integral a víctimas, disminución de impunidad, reducción del delito con prevención y protección, así como con la mejora de las condiciones institucionales para la búsqueda y reparación del daño, con un enfoque de derechos humanos y bajo el principio de verdad” es el resultado que el Gobierno del estado se ha propuesto con estos recursos que ahora se ven directamente afectados por el plan de austeridad del ejecutivo estatal, Enrique Alfaro.

¿Será esta la forma? Se han preguntado las y los defensores de derechos humanos en Jalisco, así como las y los familiares de personas desaparecidas, más aún frente a una crisis en materia de desapariciones que posiciona al estado en los primeros lugares con más incidencia en el delito.

Mientras tanto en Jalisco, actualmente, existen 9 mil 919 personas desaparecidas, aunque oficialmente el Gobierno del estado sólo reconoce a 9 mil 283 a través del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición.

https://www.zonadocs.mx/2020/05/21/plan-de-austeridad-y-reactivacion-economica-por-covid-19-en-jalisco-contempla-reduccion-de-presupuesto-a-fiscalia-de-desaparecidos/

Colectivo se opone a la construcción de hidroeléctrica en Boca de Tomatlán (Jalisco)

Foto: Señal Informativa Puerto Vallarta

Luego de que la empresa Energía Verde Mayer SA de CV entregara despensas en Boca de Tomatlán, el colectivo En Defensa del Río Los Horcones hicieron un llamado a la localidad a no dejarse comprar

Equipo Editorial / UDGTV

Puerto Vallarta, Jalisco. Luego de que la empresa Energía Verde Mayer SA de CV, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, entregara despensas en Boca de Tomatlán, integrantes del colectivo En Defensa del Río Los Horcones, agradecen a quienes han apoyado a la localidad durante esta pandemia, no obstante, reiteran que el río se defiende con el corazón y llaman a la localidad a no dejarse comprar.

Y es que la empresa pretende crear sobre el río Los Horcones una hidroeléctrica, hecho que los habitantes de la localidad costera consideran como un atentado a la naturaleza, toda vez que la compañía ha devastado la cuenca con el uso de explosivos, factor que contribuyó a que en julio pasado la Profepa clausurara la obra tras una serie de protestas civiles por parte de este colectivo y conservacionistas y especialistas en el tema.
http://udgtv.com/noticias/colectivo-opone-hidroelectrica-boca-tomatlan/

Militares para todo: despojo y control de la vida social en la 4T (parte I)

Colectivo Grieta, 20 de mayo de 2020

Ciudad de México.- El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto mediante el cual se asigna a las fuerzas armadas la facultad de ejercer labores de seguridad pública por un periodo de al menos 5 años. Con ese decreto se dio curso legal a la militarización de la vida cotidiana. Pero el proceso de despliegue de las fuerzas armadas, que comenzó hace más de 12 años en México, no se circunscribe a las labores de seguridad nacional y seguridad pública. Lejos de eso, la llamada Cuarta Transformación ha ampliado los alcances de la participación de los militares con la implementación de los programas de gobierno, de control de aspectos de la vida social y económica al tiempo que ha transferido enormes sumas de recursos públicos a la SEDENA y SEMAR, a veces bajo el cobijo del discurso del “combate a la corrupción”, al mismo tiempo que ha reducido el presupuesto de los instituciones civiles encargadas de la seguridad. El apuntalamiento militar del actual régimen es de tal magnitud que en enero de 2020 el jefe del Estado Mayor Presidencial, Homero Mendoza, enumeraba las tareas que les ha encomendado el presidente, reconociendo sin tapujos que son ellos quienes se encargan de “frenar el flujo migratorio”, al hacerlo, desnudaba el carácter militar de la Guardia Nacional, que era quien en ese momento aparecía nominalmente como la encargada de tales tareas. Mientras que el 9 de febrero, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) ya agradecía, durante su discurso el día de la “Marcha de la Lealtad”, la confianza depositada por parte de López Obrador al incluirlos en tareas de seguridad pública:

“Garantizamos que la confianza que usted –comandante supremo de las Fuerzas Armadas– ha depositado en las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad pública, en los proyectos y programas prioritarios de su administración, es y será correspondida siempre con profesionalismo, honestidad y trabajo constante, pero, sobre todo, con lealtad inquebrantable”.

El decreto presidencial del 11 de mayo no hizo sino formalizar un camino que ya estaba pactado y en funciones.

 

FOTO tomada de la RED: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO
Las fuerzas armadas incrementan su presupuesto.
En medio de una campaña mediática desplegada por los voceros de la 4T para presentar el disciplinamiento financiero del Estado mexicano a los designios del gran capital como una política de ‘austeridad’, en 2019 el presupuesto de la SEDENA incrementó de una forma sin precedentes. El gobierno de la ‘cuarta transformación’ de López Obrador apostó a cambiar de secretaría de seguridad favorita: Ahora no es la Marina, sino el Ejército Mexicano el predilecto del administrador en turno. Mientras se redujo el presupuesto de las otras dependencias (Marina 9% menos que en 2018, PGR 9.1% menos que en el año precedente, y Policía Federal 5% menos que en 2018), la SEDENA recibió un aumento del 11.3%. Una nota de diciembre de 2018 informó que el proyecto de presupuesto para 2019 elaborado por el gobierno entrante del presidente Andrés Manuel López Obrador contempló un incremento de recursos para el Ejército Mexicano de 12 mil 648 millones de pesos.
“En el caso de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la propuesta enviada al Congreso para su análisis prevé un presupuesto total de 93 mil 670 millones 187 mil 410 pesos. En 2018 se asignaron al Ejército 81 mil 21 millones de pesos, lo que equivale a un incremento (tomando en cuenta el factor de la inflación) del 11.3%. Se trata no solo del mayor presupuesto para la Defensa Nacional por lo menos de 2010 a la fecha, sino además del mayor incremento de un año a otro”.
Recorte de documento. Fuente: PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018
Ya en 2018 se anunciaba que el plan de las Fuerzas Armadas Mexicanas era la de triplicar su presupuesto a lo largo de los siguientes años según información del “Libro Blanco” (documento a través del cual la SEDENA informa a presidencia la situación de las Fuerzas Armadas). Durante el 2018, su presupuesto representaba el 0.49% y la exigencia era llegar al 1.5% del Producto Interno Bruto del país.
En un artículo de octubre de 2019, el periódico El Economista publicó una nota en la que se preveía un ejercicio sin precedentes, por parte de la SEDENA, con respecto a seguridad pública: “En el 2006, año en el que asumió la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra contra el narcotráfico apenas fue investido, la SEDENA destinó 1,197 millones de pesos para “realizar acciones de vigilancia en el territorio nacional”, bajo el Programa Nacional de Seguridad Pública. Para el 2020 se prevé que la Secretaría de la Defensa Nacional destine más de 3,671 millones de pesos al Programa de Apoyo a la Seguridad Pública que despliega la dependencia; el presupuesto previsto sería el más alto en casi una década.”
Sin embargo, un mes después, el periódico Contralínea publicó datos distintos. Dado que la SEDENA recibiría presupuesto en 2020 para realizar trabajos tanto de Seguridad Nacional, como de Seguridad Pública, una nota de noviembre del 2019 informaba que: “la Sedena es la que mayor cantidad de recursos recibirá, con 83 mil 450 millones 150 mil pesos. Y es que recibe tanto de los fondos para seguridad nacional como de seguridad pública. Igual circunstancia es la de Semar, que recibirá 29 mil 6 millones 100 mil pesos. La Policía Federal, 25 mil 443 millones 930 mil. Y la Guardia Nacional, 3 mil 842 millones 200 mil pesos.” Esa misma nota afirma que para sus funciones de Seguridad Pública, la SEDENA habría de recibir 25 mil 593 millones 360 mil pesos.
Sin embargo, los datos de la nota de Contralínea son más bajos que los publicados por el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del 2020. Ahí se informa que el total general destinado a la SEDENA asciende a $94,028,694,246. Lo cual implica un aumento en el presupuesto con respecto a 2019 de $358,506,886. La diferencia entre los datos de Contralínea y los del DOF puede deberse a los aspectos del presupuesto de la SEDENA que -en teoría- no tienen que ver con labores de Seguridad Pública o Seguridad Nacional, pero lo que es claro es que desde el inicio de la actual administración la 4T ha mantenido la tendencia de aumentar el presupuesto de la SEDENA dándole prioridad incluso respecto al resto del aparato de policial y militar del Estado.
Recorte de tabla. Fuente: CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5583407

 

Estos números de presupuesto ni siquiera consideran los montos asignados para administrar, desarrollar y lucrar con megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) o el mal llamado Tren Maya; tampoco contempla los montos otorgados para dispersión de los programas clientelares de la nueva administración como el programa “Sembrando Vida”. Es decir, el dinero en manos de los militares también se ha incrementado a través de una transferencia oculta, pues recursos que en el presupuesto de la federación aparecen nominalmente asignados, por ejemplo, a la Secretaría de Bienestar, pueden terminar en manos de la SEDENA como “pago” por la participación de los militares en los proyectos políticos del gobierno.
Militarización de aduanas
Al mismo tiempo que el gobierno de México firmaba el nuevo tratado de libre comercio (TMEC) en junio del 2019, también desplegaba decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras con fin de bloquear el paso de migrantes –para julio ya habían 21 mil elementos de la GN en ambas fronteras. En ese mismo contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria acordaban que personal militar ocupara los cargos de administradores y subadministradores aduanales, así como jefes de planta y verificación en 22 de las 44 aduanas del país. Esto implica que la SEDENA se encarga ahora de la administración tributaria del país en lo relacionado al comercio exterior.  
Previamente, en 2018, ya se había firmado un convenio de colaboración entre la SEDENA y SAT con el fin de desplegar 1,139 efectivos militares para el resguardo de todas las aduanas del país, sin embargo, con el esquema que se puso en marcha a mediados del 2019 la SEDENA queda a cargo de los más altos puestos de administración aduanal, tomando prácticamente todo el control del comercio exterior y regulación de flujos migratorios, especialmente en las aduanas de las fronteras norte y sur. 
De esta manera se evidencia que mientras el gobierno aprueba  un nuevo acuerdo para la libre circulación de mercancías (TMEC), al mismo tiempo militariza las fronteras por completo para impedir la circulación de personas.  Y  ambas cosas, movimiento de mercancías y la limitación al libre tránsito de las personas, quedan en manos del ejército.

Construcción de “Bancos del bienestar”, en manos de militares.

En el primer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador anunció la transformación del  Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) en el llamado “Banco del Bienestar”, cambio que fue aprobado por la mayoría de Morena en la cámara de diputados en 2019. A primera vista se trata de un cambio de nombre más, pero el gobierno federal ha anunciado repetidamente que su objetivo es lograr que el sistema financiero penetre hasta las regiones más remotas del país, por lo que usará Banco del Bienestar como medio para dispersar los programas sociales y también como medio para atraer a las comunidades rurales al mundo del crédito, es decir, para endeudar a los campesinos.
Pero esta empresa requiere ampliar la infraestructura existente, de modo que la bancarización de la vida rural pueda realmente acontecer. Y, como en otros tantos proyetcos, el gobierno de López Obrador recurrió a los militares: “Tengo el compromiso de los ingenieros militares que me están ayudando y vamos a construir dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, así vamos a empezar porque queremos llegar a 13 mil”, dijo orgulloso AMLO.
 Al inicio del 2020 el proyecto de la 4T era entregar a los militares 5 mil millones de pesos para la construcción de 1350 sucursales de los Bancos del Bienestar. Pero una vez que la pandemia de COVID-19 comenzó a azotar el país y en medio de fuertes carencias de equipo médico, AMLO decidió ampliar el programa de construcción de sucursales para llegar a las 2,700 para 2021 y finalmente a 13,000. Por supuesto, al asignar a los militares la construcción, el gasto público pasó directamente a manos de la SEDENA, evitándose así el proceso de licitación de un programa de obra pública de ese tamaño. Si las cifras se mantienen, el plan del gobierno implicaría transferir a los militares unos 48 mil millones de pesos en los próximos 5 años, solo para la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. En pocas palabras, ante la crisis, el gobierno se apoya en y coloca más recursos en manos de los militares. Que nadie se llame al engaño.
La entrada de las sucursales del llamado Banco del Bienestar es importante para el gobierno porque pretende que además sean “integradores de servicios públicos” (sin que hasta el momento se haya especificado el alcance de esta función), al tiempo que ha habido interés por parte de los banqueros de que dichas sucursales sean “corresponsales bancarios”, es decir que puedan dar servicio indirecto al capital privado. Lo que sí es claro, es que nuevamente el ejército esta en el centro de uno de los proyectos de expansión del capitalismo más ambiciosos del actual gobierno. De nueva cuenta son los militares los que administrarán los recursos y con cada peso ganan poder al interior de la 4T.
¿Es casualidad que los militares construyan bancos?
Hace poco más de un siglo, Rosa Luxemburgo explicó que en las regiones y áreas donde las formas no mercantiles (economía natural) aún persisten, la introducción de vías de comunicación, como ferrocarriles, canales y carreteras es vital para que se extienda la economía de mercancías. Para ejercer su dominio, el capital necesita comprar los productos de las comunidades en las que queda algo de la vida social sin sumergirse en el mundo capitalista y necesita venderle a esas mismas comunidades las mercancías que el capitalismo produce. Para eso, se necesita el dinero. El capital necesita que la gente del campo compre sus mercancías y eso solo se puede lograr restringiendo la vida de esa gente a una sola actividad, sea agrícola, forestal o ganadera. 
El Banco del Bienestar se inscribe en este proceso de ruptura del tejido social, de destrucción de la vía comunitaria. En agosto de 2020, el EZLN lo explicaba así:

“Si la mayor de las artimañas del diablo es persuadir de que no existe, uno de los cimientos del sistema capitalista es convencer de que el dinero todo lo puede. Y el dinero es el amo y señor de los gobiernos. En el dinero basan su proyecto de pasar a la historia como grandes transformadores.“

Y hoy el ejército federal es el constructor de la infraestructura para que el dinero fluya y reine en el mundo. No es casualidad que sean también los militares quienes producen parte de los árboles del programa “Sembrando vida”, otra pieza clave del proyecto de monetización de la vida social en la 4T.

Sembrando vida: otra cara de la militarización.
La dependencia de este programa respecto al ejército fue resumida por el gobierno de México al señalar que  sin los militares “sería imposible cumplir los objetivos y metas de Sembrando Vida”. Este programa, que pretende cubrir un millón de hectáreas transformando los sistemas productivos por decisión presidencial hacia las llamadas “Milpas Intercaladas con Árboles Frutales”, se relaciona con el despliegue de las fuerzas armadas en dos niveles.
Por una parte, como ha sido denunciado desde la academia, el despliegue de la Guardia Nacional guarda una sospechosa y casi perfecta correlación con las llamadas “posiciones de referencia” del programa Sembrando vida. Por otra parte, y en concordancia con esto, según informes del propio gobierno de México, el grueso de las especies que se producen en los viveros militares corresponden a especies del sureste y este de México, como caoba, macuilis y cedro rojo (por cierto, ninguna de ellas es un frutal, sino especies maderables que demorarán al menos 30 años en poder se aprovechadas), es decir, especies que corresponden al área donde López Obrador pretende construir el mal llamado “Tren Maya” y el “Corredor Interocéanico“. Si a inicios del siglo XX el sueño del ferrocarril transístmico de Porfirio Días se apoyaba en la “Guardia Rural”, en 2020 los proyectos capitalistas no solo van enlazados, sino  que tienen en la Guardia Nacional y el Ejército a “aliados indispensables”.
     Pero estos “aliados indispensables” han sido, en el terreno de la producción de plantas, mucho menos eficientes de lo que el presidente supuso. De 80 millones  de árboles que los viveros militares se comprometieron a entregar en 2019, sólo entregaron 37 millones; el convenio significó el ingreso a las arcas de la SEDENA de 739 millones de pesos. La ineficiencia no importó, en 2020, se amplió el convenio con SEDENA para incorporar más viveros militares sin que hasta el momento se sepa cuánto dinero implicará.
Foto: CORAT, 19 de Febrero de 2020.
     Los efectos del programa Sembrando vida en términos ambientales son, por lo menos, debatibles, pues al fomentar el pago (otra forma de bancarización) por la siembra, no solo convierte a los campesinos en dependientes del dinero del gobierno (al perder superficie de cultivo las familias pierden capacidad para resolver sus propias necesidades), sino que ha incentivado la tala de áreas forestales para poder inscribirlas después al programa Sembrando Vida, como ha sido documentado en Campeche y Veracruz. Como ha sido denunciado por el EZLN, la condición para que se otorgue el programa “es que los “derecheros” (los ejidatarios con derechos agrarios) le cedan a los “solicitantes” dos hectáreas de las que son su derecho. Esto quiere decir que la “nueva” reforma agraria 4T consiste en quitarle tierra a los que menos tienen”. En un inicio, la “dispersión” de los recursos que reciben como pago los campesinos se ha hecho a través del otro gran aliado de la 4T: Banco Azteca. La apuesta de AMLO consiste en ampliar el alcance de este programa y para ello ha recurrido una vez más a los militares, que construyen las sucursales del Banco de Bienestar.
Los Puertos: también militarizados.
Foto tomada de la red: Raúl Solís / El Diario de Xalapa
En el afán de entregar la administración del comercio exterior de México al mando militar, el gobierno federal ha impulsado la iniciativa para que la administración portuaria quede bajo total control de la Secretaria de la Marina, lo cual implica la administración de asuntos marítimos, el control sobre las actividades de la marina mercante, la educación náutica y la certificación de embarcaciones.
La militarización de la actividad portuaria es una tendencia creciente que viene de tiempo atrás. En 2016, durante el gobierno de Peña Nieto, se realizaron reformas a la Ley de Navegación y Ley de Puertos para que la SEMAR pudiera compartir actividades portuarias esenciales de seguridad, búsqueda y rescate y supervisión de la marina mercante junto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, con el gobierno actual se pretende realizar una nueva modificación legislativa propuesta por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aprobada públicamente en toda su extensión por López Obrador para que el aparato militar pueda controlar la totalidad de la administración de las actividades mercantes, ya sean de turismo, comercio o seguridad en todos los puertos.
Con esta reforma la SEMAR estaría a cargo entre otras cosas de las contrataciones y construcción de obras -las cuales podrían estar resguardadas o exentas de las obligaciones de transparencia por tratarse de una institución de seguridad nacional-, la representación en asuntos internacionales, el nombramiento y remoción de capitanes de puerto, la planeación y conducción de la política de marina mercante y puertos; esto implica que la Marina se apropie de las utilidades que generan los recintos portuarios por uso de infraestructura, arrendamientos, cesiones parciales de derechos, y prestaciones de maniobras y servicios, lo cual representó en 2019 un monto de 7,359 millones de pesos
Esto pondría entre la espada y la pared a miles de trabajadores portuarios ya que de aprobarse la reforma significaría que estarían bajo el mando de la institución armada o por el contrario, si la Marina sustituye su trabajo, muchos empleados perderían su trabajo poniendo en riesgo la estabilidad de sus de familias.

Golpean a personal de Cruz Roja que trasladaba a sospechoso de covid-19 (Estado de México)


Imagen tomada de: www.proceso.com.mx

Veneranda Mendoza / Proceso

TOLUCA, Edomex (apro).- Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana fueron golpeados y agredidos por familiares de un paciente sospechoso de covid-19, después de que el hombre falleciera mientras era trasladado a Toluca porque así lo determinaron sus parientes.

El organismo detalló que, la madrugada de este miércoles, personal adscrito a la Delegación Local Huixquilucan atendió, a bordo de la ambulancia MEX-709, una llamada de auxilio en la que se reportó a una persona con insuficiencia respiratoria en la colonia San Melchor, de la cabecera municipal de esa localidad.

“Previo protocolo telefónico, se determinó que existían síntomas suficientes para sospechar infección por coronavirus SARS-CoV-2, por lo que los paramédicos se prepararon con el equipo de bioseguridad requerido para la atención del paciente, sin riesgo sanitario para ellos”, planteó la institución.

Al llegar al domicilio donde se solicitó el auxilio, “los técnicos en urgencias médicas (…) comprobaron que la persona, un hombre de 53 años de edad con insuficiencia respiratoria, requería atención médica especializada y verificaron la disposición de camas en el centro médico más cercano”.

Aunque el Hospital General de Naucalpan ya había confirmado que podía recibir y atender al paciente, sus familiares se opusieron a trasladarlo a ese nosocomio “y con agresiones verbales y amenazas exigieron que fuera llevado al Centro Médico Adolfo López Mateos de la ciudad de Toluca”.

En esta determinación, lamentó la Cruz Roja, los integrantes de esa familia no tomaron en cuenta la gravedad del paciente, la lejanía del traslado, el tiempo de recorrido y que no hubiera una confirmación de recepción por parte del Centro Regulador de Hospitales la Secretaría de Salud del Estado de México.

“Durante el trayecto, la persona que acompañaba al enfermo a bordo de la ambulancia hostigó en todo momento al paramédico que atendía al paciente, mientras que quienes viajaban en otros vehículos, escoltando a la ambulancia, agredieron a la unidad de Cruz Roja, impactándola en repetidas ocasiones por la parte posterior, emparejándosele y exigiendo a gritos que aceleraran más”, narró la parte afectada.

Las agresiones se sucedieron a pesar de que los paramédicos explicaron de distintas maneras que la ambulancia tiene un límite de velocidad, por razones de seguridad, pues el peso del equipamiento puede provocar una volcadura.

Poco antes de llegar al Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, el paciente entró en paro respiratorio y, a pesar de distintas maniobras de reanimación, perdió la vida.

“La ambulancia se detuvo en la rampa de ambulancias del hospital Nicolás San Juan y los sujetos que acompañaban al paciente se fueron a golpes en contra de los paramédicos, principalmente contra el operador, a quien a gritos responsabilizaban del deceso y le causaron diversas lesiones”, señaló el órgano.

El personal agredido es atendido en el hospital de la Delegación Toluca por las lesiones provocadas, mientras la institución advirtió que se reserva el derecho de actuar legalmente en contra de quienes pusieron en riesgo la vida de los técnicos en urgencias.

Cruz Roja mexicana aprovechó para llamar a la población a mantener la ecuanimidad, permitir al personal de salud realizar su trabajo bajo los protocolos establecidos, sobre todo en las extremas condiciones sanitarias que hoy enfrenta el país por la pandemia.

https://www.proceso.com.mx/630914/golpean-a-personal-de-cruz-roja-que-trasladaba-a-sospechoso-de-covid-19

Protestan médicos residentes de Sedesa por falta de pago (Ciudad de México)


Imagen tomada de: lasillarota.com

Mariluz Roldán / La Silla Rota

Reclamaron que no se pagó el bono de riesgo infectocontagioso y que autoridades de Sedesa les dijeron que no recibirán el pago de la primera quincena de marzo

Médicos residentes de primer año que trabajan en hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) denunciaron que no les han pagado lo correspondiente a la primera quincena de marzo ni el bono de riesgo infectocontagioso, a pesar de que están colaborando en la batalla contra el covid-19. Señalaron que las autoridades capitalinas les han dicho que ya no van a recibir lo correspondiente a esa quincena.

Con pancartas en mano y cubrebocas, un grupo de residentes se manifestó este miércoles en la entrada principal de la sede de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicadas en la calle de Altadena, en la colonia Nápoles.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Luis Andrés Sáenz Romero, presidente del comité de residentes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, explicó que desde el pasado 15 de mayo denunciaron que no se les había pagado a alrededor de 200 residentes de primer año (R1), quienes empezaron a laborar el 1 de marzo, hecho que es común porque se atrasan los procesos para los de recién ingreso.

El problema aumentó porque cuando les depositaron, sólo les pagaron tres de las cuatro quincenas que les debían, por lo que aún les deben 6 mil 500 pesos. A esto se suma que tampoco les han dado lo correspondiente al bono de riesgo infectocontagioso, que asciende a 600 pesos.

La semana pasada, cuando fueron también a exigir el pago a las oficinas de Altadena, “les dijeron que efectivamente ese pago lo iban a perder, que ellos habían firmado un contrato en el que decía que ellos empezaban a trabajar a partir del 16 de marzo y eso es totalmente falso, están tratando de arreglar las cosas para que no les paguen esa quincena los residentes”, explicó Sáenz Romero, quien es residente de cuarto año de Cirugía general.

Mientras que en las oficinas de nómina de la Ciudad de México, ubicadas en Xocongo, les dieron una versión diferente. Les dijeron que el personal de Altadena se equivocó y ese pago de la primera quincena de marzo se lo dieron a los residentes que ya terminaron, en en lugar de dárselos a los de recién ingreso.

“Entonces ese dinero ya se perdió y no hay forma de recuperarlo, pero estamos hablando de que si es un error de ellos, tienen que repararlo y compensarlo”, enfatizó el presidente del comité de residentes de Sedesa, quien destacó que a esta problemática se suma que tampoco les han dado los insumos necesarios para protegerse al atender a personas con covid-19.

“Se están partiendo la espalda todos los residentes tratando de hacer su trabajo, estamos trabajando con pocos insumos, con todo el equipo de protección personal que tenemos, yo creo que el 8% de ese equipo nos lo han donado empresas particulares y privadas, no es que haya sido entregado por la propia Secretaría de Salud, eso súmale el hecho de que no están pagando completo, más que a los residentes de recién ingreso no les están dando el bono de riesgo infectocontagioso”, enfatizó.

https://lasillarota.com/metropoli/protestan-medicos-residentes-de-sedesa-por-falta-de-pago-quincena-pago-sedesa-r1/393777

Personal de Salud en Veracruz denuncia que no recibió protección

Foto tomada de la red

Trabajadores del sector Salud en Veracruz denunciaron que las autoridades nunca entregaron los equipos especializados para su protección, que fueron donados por grandes empresas, a pesar de que se encuentran en Fase 3.

De acuerdo con los médicos y enfermeras del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz como de Boca del Río, hubo donación de equipo especial para su protección y todo fue almacenado.

Hasta la fecha, todo el personal ha tenido que comprar sus propios materiales.

Uno de los enfermeros del Hospital de Boca del Río, denunció que incluso el personal con morbilidades como diabetes, hipertensión y demás fueron obligados a trabajar en áreas de COVID-19.

“No recibimos equipos y compañeros que estaban enfermos los mandaron a atender COVID y ahora nuestra compañera está grave, ella fue una de las que hizo la denuncia durante la protesta del pasado 27 de abril y ahora se debate entre la vida y la muerte y hay más casos”, fue la denuncia hecha por el personal.

Los médicos y las enfermeras señalaron que harán una colecta para comprar insumos desde caretas, cubrebocas y ahora también overoles que se han vuelto necesarios entre el personal para atender a los enfermos.

“Urgen materiales, hay escasez, el personal necesita cubrebocas, overoles y trajes, vamos a hacer una nueva colecta y todo lo que caiga vamos a comprar cubrebocas N95, pedimos la colaboración de la ciudadanía para apoyar a nuestro personal”, comentó una de las enfermeras.

https://www.20minutos.com.mx/noticia/855963/0/personal-de-salud-en-veracruz-denuncia-que-no-recibio-proteccion/

Apoyos para trabajadoras sexuales se agotan en pleno pico de la pandemia en CDMX


Foto: Carlo Echegoyen

Manu Ureste y Alberto Pradilla / Animal Político

Trabajadoras sexuales cuentan cómo la pandemia de COVID-19 las ha dejado sin clientes, ni dinero, o incluso sin dónde dormir.

Laura González, de 61 años, se vio obligada a dormir en la calle varios días. Es trabajadora sexual y el cierre de los hoteles la dejó sin un lugar en el que pasar la noche. La pandemia de COVID-19 se llevó a los clientes, así que difícilmente podría pagar su alojamiento. Desde hace tres semanas se queda en casa de una amiga, pero no sabe hasta cuándo.

“No tengo miedo a la enfermedad, tengo más miedo a quedarme sin nada. No tengo casa. Si tuviese un hogar pues allá me iba mientras dura esto”, dice.

Es viernes y hay dos repartos de alimentos en la zona del Metro de Revolución. Una está a cargo de la Casa de las Muñecas Tiresias AC y la otra de la Brigada Callejera. En ambas filas hay personas vulnerables como Laura, mujeres en su gran mayoría, trabajadoras sexuales a las que la pandemia ha golpeado dejándolas sin clientes. Si no hay servicio no se cobra. Y sin dinero te mueres de hambre. Lo mismo sucede en Pino Suárez, Insurgentes, Tlalpan y otras zonas de sexoservicio habituales en la capital que recorrió este medio.

“Como siempre, la sociedad civil apoyando más que el Estado mexicano”, denuncia Arlen Palestina, integrante de la Brigada Callejera.

Durante casi un mes, este colectivo organizó un comedor callejero para trabajadoras sexuales. Sin embargo, desde el 10 de mayo ya no funciona. Explica Arlén que perdieron los apoyos que tenían y que, aunque reciben donativos para despensas, no son suficientes para tanta demanda.

Y todavía queda lo peor. El primer golpe, el de la enfermedad, dejó a las trabajadoras sexuales sin recursos. El segundo, el de la crisis económica, puede ser letal.

Hasta el momento, las mujeres que trabajan ofreciendo sus servicios sexuales han dependido de dos apoyos: la sociedad civil y el gobierno de la Ciudad de México. Los primeros han llevado alimentos y despensas. Los segundos, según Arlén, se comprometieron a mucho, pero cumplieron menos de lo acordado.

Según la activista, el gobierno de Claudia Sheinbaum prometió habilitar un albergue mientras se mantenían cerrados los hoteles, despensas para garantizar la alimentación y un apoyo económico por tres meses que, según asegura, sería equivalente al subsidio de desempleo, unos 2 mil 600 pesos.

El gobierno capitalino, sin embargo, lo que hizo fue entregar tarjetas de ‘apoyo emergente’ con mil pesos de saldo que pueden gastarse en farmacias y supermercados.

Estas tarjetas se entregaron en coordinación con la propia Brigada Callejera y con la Casa de las Muñecas, que también tiene instalado un pequeño comedor ambulante en otra calle aledaña al metro Revolución donde da de comer a sexoservidoras y a gente en situación de calle.

Según dijo el pasado 6 de mayo la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ya se repartieron “alrededor de 3 mil” tarjetas sin que se tenga registro de quejas, o de problemas porque los plásticos no tuvieran fondos.

“No se cumplió —revira Arlen—. Lo que han dado es una tarjeta por un solo apoyo de mil pesos, lo cual no era el acuerdo principal. Obviamente, no estamos pidiendo que les resuelvan la vida a las chicas. Pero sí que las ayuden de verdad. Y mil pesos no resuelven absolutamente nada”.

La integrante de la Brigada Callejera, que lleva décadas apoyando a sexoservidoras, especialmente en la zona de la Merced, señala que muchas trabajadoras no pudieron recibir la tarjeta porque “por su vida y por sus historias” no tienen documentación en regla, y no cubren ese requisito mínimo que pide el ejecutivo de la ciudad. Y denuncia, además, una irregularidad: muchas trabajadoras recibieron la tarjeta con el saldo incompleto.

“Tenemos registro de que a más de 800 compañeras solo les dieron 132 pesos y luego les bloquearon la tarjeta, porque, al parecer, fue un error del sistema. Pero, hasta hoy, no les depositaron los mil pesos completos. Y por eso las chavas están desesperadas”.

Animal Político preguntó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México acerca de estos señalamientos.

Por medio de un escrito, la dependencia insistió en que, entre el 4 y el 29 de abril, repartieron exactamente 3 mil 1 tarjetas, y que, desde un incio, el acuerdo fue una tarjeta por mil pesos y por una sola ocasión. Esto, debido a que las trabajadoras sexuales no cumplen con las reglas de operación para ser beneficiarias del programa Seguro de Desempleo, que contempla un apoyo de 2 mil 600 pesos mensuales.

En cuanto a las tarjetas con saldo incompleto, la Secretaría asegura que solo tiene dectados siete casos, y atribuye la falla a la empresa que presta el servicio de los plásticos. En cualquier caso, promete la dependencia, “ya se trabaja para que quede resuelto”.

Otra queja, apunta Arlen Palestina, tiene que ver con la entrega de despensas con productos de alimentación y de higiene.

El acuerdo inicial, asegura la activista, era que el gobierno de la ciudad apoyaría con la entrega de tres despensas, una por mes. Pero, en muchas ocasiones, la Brigada Callejera denuncia que se han quedado solos en el acopio de alimentos, que ante la necesidad de tantas trabajadoras sexuales se agotan rápidamente: “Citamos a las compañeras aquí para hacer una segunda entrega. Pero tuvimos que mandar a casa sin el apoyo a más de 800 compañeras”.

Ante esta situación, el colectivo lanzó una campaña de donaciones para recabar alimentos no perecederos, como frijol, arroz, azúcar, y también de medicamentos básicos como paracetamol, para brindar una mínima atención a las sexoservidoras más vulnerables, especialmente a las de la tercera edad.

“No hay ningún tipo de apoyo. Solo se movilizó la sociedad civil, mientras que el gobierno se encerró sin hacer nada”, dice Kenya Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias, que también lamenta que esos mil pesos “no llegan” y que “nada más se pudo comprar despensa”, lo que supone un problema para muchas chicas que tienen que pagar la habitación en la que pasar la noche.

Kenya asegura que acordaron que hubiese otros apoyos pero que, hasta el momento, la administración no ha dicho nada.

“La situación está crítica: se quedaron sin nada, no hay trabajo, no hay hoteles”, lamenta la activista trans.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno insiste en que ya entregaron 600 despensas en dos exhibiciones, la primera el 27 de marzo y la segunda el 6 de mayo, en el domicilio de la Brigada Callejera, en la Merced, y anuncia que “en los siguientes días” hará una nueva entrega, “aunque el compromiso con ellas fue por una sola ocasión”.

Además, la dependencia dice que también han apoyado con la entrega de 60 mil pesos, que dieron a la Brigada Callejera los días 23 de marzo y 6 de mayo, para apoyar con la compra de medicamentos para trabajadoras sexuales con enefermedades crónico degenerativas, y que ya se está preparando un albergue en la alcaldía Cuauhtémoc para las trabajadoras sexuales. “Solo falta el visto bueno de seguridad estructural para que pueda ser habitado”, señala la Secretaría de Gobierno de la ciudad.

Pagan la renta, o a la chingada
“El casero ya nos amenazó con que, o pagamos lo que le debemos, o que ya a la chingada”, se queja Celia, de 65 años. Explica la mujer a su hija, también trabajadora sexual como ella, que tienen un ultimátum: o pagan los 3 mil pesos de la renta o se van a la calle. “Es mucha lana”, se queja la mujer.

“Antes del coronavirus, yo solo trabajaba una semana. Para qué más”, dice encogiendo los hombros. “Y mi hija igual: trabajaba 15 días en la calle y el resto en otros trabajos. Ya con eso nos alcanzaba para dividirnos los gastos. Yo pagaba el alimento y ella la casa”, afirma.

El coronavirus provocó que los clientes se esfumaran.

“Esta mañana estaba muy contenta. Me habló un cliente de confianza y me dijo que ahora, a la una de la tarde, venía a buscarme”, explica la mujer señalándose el reloj con pedrerías de bisutería que lleva atado a la muñeca. “Pero me acaba de llamar para cancelarme. Dice que su empresa no le depositó”.

Tras la explicación, Celia se baja el cubrebocas azul pálido hasta la barbilla y esboza una sonrisa cansada. Dice que lo entiende. Que, al final de cuentas, para ella la economía es un circuito muy sencillo.

“Si la gente se está quedando sin chamba, o no les pagan, o les pagan menos y tarde, lo normal es que no vengan. Antes que el sexo está comer y dar de comer a la familia, ¿no?”.

En la fila de los tacos, Marta, 47 años, enjuta, bajita, vestida con unos pants grises ajustados, una blusa roja, y un gorra naranja descolorida, escucha atenta a lo que dice su compañera y asiente con la cabeza.

Como la mayoría, lamenta que su situación se ha deteriorado mucho y muy rápido. De ganar unos 800 pesos al día —unos cuatro clientes a 200 pesos— ha pasado a regresar a casa sin nada en la bolsa. Y ella, al menos, tiene casa.

“En toda esta zona del metro ya hay muchas chicas que se han quedado en situación de calle”,comenta la mujer, que oculta buena parte de su rostro en la bisera de la gorra y un cubrebocas negro de fabricación casera.

“Se supone que el gobierno nos apoya —interviene en la plática Daniela, 42 años, también enjuta, delgada y bajita—. Pero pues mira cómo estamos. Si no fuera por la Brigada Callejera no tendríamos ni un taco para sobrevivir”.

Ahora la Brigada Callejera ha suspendido temporalmente el comedor. La Casa de las Muñecas Tiresias mantiene sus repartos, dos veces a la semana. Y hay vecinos que bajan con algo de comer. Pero todo es un sistema precario.

Mónica Bárbara, de 60 años, pone su esperanza en el fin del confinamiento. Ha escuchado que algunos negocios van a empezar abrir la semana próxima, a pesar de que ahora estamos en el pico del contagio. Son falsas esperanzas. La Ciudad de México no comenzará a recuperar su ritmo hasta junio. Mucho tiempo para la mujer trans, que tiene que pagar cada noche 400 pesos por dormir en una pensión.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/trabajadoras-sexuales-sobrevivien-cdmx-covid-19/

Pacientes llegan al Autódromo después de no encontrar atención en hospitales (Ciudad de México)


Foto: Andrea Vega

Andrea Vega / Animal Político

Familiares aseguran que sí están recibiendo aquí a quienes llegan a buscar atención hospitalaria, pero los informes sobre su estado de salud tardan mucho.

El esposo de Marisela tenía una oxigenación tan baja en sangre que llegó casi morado al hospital de expansión habilitado en el Autódromo Hermanos Rodríguez y administrado por el IMSS. Antes había ido a otros tres hospitales donde no lo recibieron.

Al Autódromo arribó este lunes 18 de mayo alrededor de las 7 de la noche. Tenía menos de 70 de oxígeno en sangre, cuando lo normal es que éste no baje de 95. Lo ingresaron. Pero Marisela no ha vuelto a tener noticias de él.

En la puerta 6 del Autódromo, un lugar antes dedicado al entretenimiento y ahora convertido en hospital temporal frente a la pandemia de Covid-19, unas 20 personas esperan informes sobre sus familiares.

Aunque hace unos días aparecieron en redes sociales imágenes que mostraban una fila de ambulancias ingresando a la instalación, con mensajes que alertaban del desborde de la epidemia en el país y el colapso de los servicios hospitalarios, hoy, 19 de mayo, por la puerta dedicada al ingreso de esos vehículos de emergencia, la 7, no entra ninguna.

Marisela dice que han llegado pacientes, pero por la puerta 6. Unos ocho, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Todos han arribado por su cuenta en vehículos privados o en taxis. A todos los han recibido e ingresado.

“Sí los atienden, pero no nos dicen nada, no sale ningún doctor, ninguna enfermera. Solo al guardia le pasan reportes y va llamando a algunos de los familiares. A nosotros no nos dan ninguna noticia. Nada más nos dicen que de los que entraron ayer aún no hay informe y que si no nos llaman es porque están estables”.

Este hospital de expansión –habilitado junto con otros para tratar de quitarle presión a los saturados hospitales del Valle de México– está equipado con 218 camas, todas con disposición de oxígeno; de esas, 26 se destinarán a cuidados críticos respiratorios y las restantes están divididas en ocho módulos con 24 camas cada uno.

Se prevé que en su máxima capacidad, este hospital de expansión atenderá a mil 550 pacientes, de acuerdo a información difundida por el IMSS cuando la unidad empezó a funcionar.

Marisela no se aleja de las rejas cafés de la puerta 6 del Autódromo. Está toda vestida de negro, y usa un cubrebocas del mismo color. El pelo recogido en una cola, muy negro también. Sus ojos verde olivo están tristes.

Como al resto de las familiares le han pedido que mejor se vaya a su casa. “Pero allá me desespero más. Me fui en la madrugada y regresé a las 11 de la mañana. Traje unas cosas de higiene personal que me pidieron para mi marido. Ya las entregué. Pero no me dicen nada y es angustiante. Estoy muy preocupada porque mi esposo es muy ansioso y no quería venir”.

Arribo tardío

Como muchos otros pacientes, el esposo de Marisela, un hombre de 44 años, con sobrepeso de 20 kilos y de oficio comerciante, retrasó el ingreso al hospital. La señora dice que él ya llevaba más de seis días con problemas para respirar.

“Al principio no me dijo nada. Solo lo veía raro. Hasta le dije a una de mis hijas (de 12 y 18 años) que sí no notaba extraño a su papá. Ya no se reía, ni platicaba. Fue hasta el miércoles pasado que me dijo que le costaba respirar”.

Marisela llevó a su esposo a consulta a una farmacia de similares. La médica de ahí los tranquilizó. Les dijo que no era Covid. Aseguró que los bronquios del paciente se estaban cerrando pero que todo se arreglaría con inyecciones y pastillas. Ahí mismo se las vendieron.

Pero el paciente no mejoró. Decidieron llamar a un conocido que es médico. Les aconsejó acudir a un laboratorio privado y solicitar una radiografía de tórax.

“Nos dijeron que sus pulmones estaban muy inflamados. El amigo doctor de mi marido nos dijo que lo lleváramos a un hospital donde él trabajaba antes, no sé el nombre ni de qué institución es. Nos dio la dirección y fuimos. No lo recibieron. Dijeron que no tenían equipo para atenderlo. Pero nos dieron una hoja para ingresarlo a otro”, cuenta Marisela.

De ese otro sí recuerda el nombre, el Hospital General Chimalhuacán 90 Camas. Solo que ahí tampoco lo ingresaron. “Nos dijeron que no había lugar y que no podían recibirlo. Nos fuimos a una clínica privada y tampoco lo quisieron atender, que ahí no atendían pacientes como mi esposo con dificultad respiratoria”.

Fueron unos sobrinos de Marisela los que les sugirieron ir al Autódromo Hermanos Rodríguez. Habían visto en la televisión que ahí estaban recibiendo pacientes. Se enfilaron para allá. A las 7 de la noche el esposo de Marisela por fin consiguió atención hospitalaria, con el semblante ya casi morado, dice ella.

Ahora Marisela espera que su esposo se recupere. “Estaba muy preocupado. Tenemos deudas. Él es comerciante, vende muñequitos de plástico. Ya no había salido a vender desde hace más de 20 días. No sabemos cómo se contagió si es que tiene esa enfermedad, pero yo dudo que sea eso. ¿Allá adentro no lo tienen junto a los de Covid, verdad?”, pregunta.

Cómo nos vamos si no nos dan noticias

A unos metros de ella está otra señora, a quien llamaremos “Sara”. Su esposo también llegó anoche al Autódromo. Lo canalizaron acá desde el Hospital General de México, donde no contaban con camas para hospitalizarlo.

Sara cuenta que su esposo, de 53 años y sin factores de riesgo, no ha tenido fiebre, ni tos, pero desde el sábado tenía dificultad para respirar. “Fuimos con un médico privado y nos dijo que le faltaba oxígeno, pero él no quería hospitalizarse. Decía que si lo iban a intubar, mejor se moría en su casa. Solo que sus hijas, yo soy la segunda esposa, se aferraron a llevarlo ayer (lunes) al General”.

Para cuando llegó allá, narra la mujer, su esposo ya no tenía fuerzas para sostenerse en pie. Le pusieron oxígeno, lo estabilizaron. Le tomaron una radiografía y lo canalizaron al Autódromo. La familia tuvo que llevarlo por sus propios medios, en un taxi.

“Sí lo recibieron, y hasta eso que rápido, pero pues ahora no nos dicen nada. A mí me dijeron que me vaya y regrese a las 6 de la tarde, a ver si ya hay informes. Yo no puedo ir y venir. No puedo estar gastando en pasajes. Vivo hasta Iztapalapa. Mi esposo es carpintero. Hace dos meses no tiene trabajo por eso de la enfermedad esta, pues ¿de dónde agarro?”.

Al otro lado de la reja café de la puerta 6 del Autódromo hay otra mujer. También espera noticias de su esposo. Aquí afuera de este hospital de expansión parecen confirmarse las estadísticas que registran que el mayor riesgo de complicarse por Covid lo tiene el género masculino: de los fallecidos por esta enfermedad, 68% son hombres y 32% mujeres.

La señora se llama Teresa y tiene los ojos llorosos. Llegó con su esposo al autódromo este lunes en la tarde. También viene referido del Hospital General. Le dijeron lo mismo: que no tenían camas ya.

“Me angustia que no me digan nada. Mi esposo no quería ingresar a un hospital. Llevaba ya unos siete días con tos y fiebre y el sábado empezó con problemas para respirar. Ayer (lunes) ya se nos puso muy mal. Trataba de jalar y jalar aire y decía que sentía que se ahogaba. Nos fuimos al General”.

Pero igual que al esposo de Sara, al de Teresa también solo lo estabilizaron y lo mandaron al Autódromo. “Estoy un poco tranquila porque ya entró, pero deberían informarnos. Estamos todos acá afuera con el alma en un hilo. Si quieren que nos vayamos, pues que nos digan cómo están”.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/pacientes-autodromo-atencion-hospitales/

Coronavirus en CDMX: cientos hacen largas filas para recibir comida


Fotografía ilustrativa (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Infobae

Muchas de ellas perdieron sus trabajos como consecuencia del aislamiento social

Cae la noche en Paseo de la Reforma y una escena contrasta con la quietud que se observa sobre la avenida más importante de la Ciudad de México a causa de la cuarentena por el Covid-19: alrededor de 500 personas se encuentran formadas para obtener algo de comida.

La fila comienza en el número 18 de la calle de Génova, sigue por Reforma y da la vuelta hacia la calle de Belgrado, en la Zona Rosa. De acuerdo con algunos testimonios obtenidos por Milenio, en la línea había 380 hombres y 110 mujeres entre ellos personas en situación de calle que desde hace tiempo se forman para comer, pero también gente que perdió su trabajo derivado de la pandemia del coronavirus.

En la fila de mujeres se encontraba la señora Linda Sánchez, quien desde hace más de dos meses perdió su empleo haciendo limpieza en una de las oficinas de la zona. Está formada con su hija adolescente para recibir una torta de pollo o jamón con huevo; algo de fruta, una botella de agua y galletas dulces y/o saladas.

“Nos quedamos sin empleo muchas personas, porque dijeron que ahorita no nos iban a necesitar por esto de la pandemia”. Y aunque ha tratado de buscar otro trabajo, no ha encontrado una oportunidad.

Milenio habló con el señor Juan Carlos Martínez, quien también está desempleado por la pandemia. Solía trabajar en un Seven Eleven. Junto con él otro hombre vestido de camisa pide que no lo graben con la cámara de televisión. “No quiero que mi familia me vea aquí formado para pedir comida”, clamó.

Los testimonios siguen surgiendo.

La señora Brígida Ricardo Matilde, de origen otomí se dedica a vender artesanías y también se acercó a pedir comida. Por la cuarentena no ha podido vender sus muñecas. “Uno ya no come como antes, mis niños quieren un litro de leche y comer algo diario diferente, pero ahora ya no se puede. Teníamos un poquito de dinerito ahorrado, pero así de que ya no salimos, se fue gastando de a poquito”, dice la indígena que ahora intercambia sus artesanías por una despensa.

La Comunidad Sant’ Egidio México es la organización de laicos que se encarga de preparar y repartir la comida para las personas necesitadas. César Cárdenas, miembro de esta comunidad, explicó cómo cambió la realidad de la fila desde que comenzó la pandemia.

“Nos hemos dado cuenta de que hay un número de pobres, de gente que ha perdido su trabajo o gente que se dedicaba al comercio informal que ha dejado de vender porque la misma gente que está por la calle tiene miedo a consumir los productos”.

La organización de laicos pasó de entregar 200 cenas los miércoles a servir 1,000 en dos días: lunes y miércoles.

Por la tarde, Raymundo Hernández, un hombre de 42 años que desde que tenía 11 vive en la calle, llegó al predio donde preparan la comida. Se dedica a bolear zapatos, pero como gran parte de los habitantes de la ciudad están en casa, no tiene a quien ofrecer sus servicios.

Raymundo, dice que antes del coronavirus comía varias veces al día lo que le regalaban en los restaurante, pero eso se acabó. “Tenemos que trabajarle aunque sea el día para comer un plato del día”.

César con otros voluntarios hacen todo lo que pueden para ayudar a la gente. “Lo importante es que esto no nos mantenga indiferentes”, señaló.

De acuerdo con cifras del Coneval, la pandemia dejará en México alrededor de 10 millones más de pobres, además de que se pueden revertir los avances en desarrollo social que se habían tenido en la última década.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/20/coronavirus-en-cdmx-cientos-hacen-largas-filas-para-recibir-comida/

El hambre llega a las calles de Culiacán; desempleados y ambulantes piden ayuda

Rio Doce/Alejandro Monjardín

La falta de comida los sacó a la calle. Rompieron el confinamiento por el hambre. En la medida que se prolonga la cuarentena, empiezan a salir a pedir comida personas que no tienen trabajo y tampoco qué comer.

En las calles de Culiacán se pueden observar a trabajadoras domésticas y meseros eventuales pidiendo despensas, o artesanos cambiando sus productos por pañales o comida. Dicen que les da vergüenza pedir, pero se la aguantan porque no tienen otra opción, empleo no hay.

Entre meseros y trabajadoras domésticas son más de 200 personas que ya no tienen qué comer.

Algunos tienen hasta dos meses sin trabajar. Desde que empezó la pandemia por Covid-19 las actividades que realizan quedaron suspendidas y su fuente de ingresos también. Se quedaron sin dinero porque viven al día, no trabajan un día no hay ingreso.

Si no morimos de coronavirus, vamos a morir de hambre, coinciden algunos.

Cambian bolsas por pañales

Jocelyn y Maximiliano dejaron Huajuapan de León, en Oaxaca, porque allá hay mucha pobreza y a veces no hay ni para comer; tres años después, aquí en Culiacán están en la misma situación, tampoco tienen para comer; o están peor, porque ahora tienen a su hijo Andrés de un año y medio de edad y ella un embarazo de siete meses.

La pareja atiende un puesto ambulante de venta de bolsas y pulseras tejidas a mano en la entrada al estacionamiento de Sams Club Tres Ríos. Desde la semana pasada cambian sus productos por pañales etapa 4, toallitas húmedas, comida o productos de limpieza.

En su pueblo, en la región mixteca, Maximiliano aprendió a tejer bolsas y pulseras por tradición familiar y las vendía, a eso se dedicaba, pero si algo hay allá en Oaxaca es artesanos vendiendo sus productos.

Debido a que hay mucho artesano y vendían poco y a veces no tenían ni para comer, se vinieron a Culiacán. Y aquí, dice Jocelyn, con la venta de bolsas y pulseras al menos sacaban para comer y pagar la renta y el agua y la luz, hasta hace algunas semanas.

Con el inicio de la pandemia las ventas empezaron a bajar. Cuando el Gobierno ordenó el cierre de actividades no esenciales dejaron de salir a vender.

La semana pasada, a pesar del riesgo de contagio, volvieron a instalar el puesto porque ya no tenían qué comer ni para pagar la renta. “Que sea lo que Dios quiera”, dice Jocelyn.

Ahora cambian las bolsas que cuestan entre 150 y 200 pesos y pulseras con valor de 50 a 80 pesos, por comida o por pañales y toallitas húmedas para Andrés.

Hay días en que no hay ventas, y en otros a lo mucho venden dos bolsas. Parte de ese dinero lo dan de adelanto al casero por la renta que deben.

Cuenta Jocelyn que la gente sí los ha apoyado con algunas cosas de despensa y pañales. “Hay gente de buen corazón que nos trae algo, pañales, toallitas húmedas o algo de ropa”, comenta.

Las personas que los han apoyado lo han hecho solo por ayudarlos, dice, pues no han aceptado una pulsera o una bolsa a cambio.

La pareja oaxaqueña seguirá ofreciendo sus productos a cambio de comida o pañales mientras se regularizan las ventas, que esperan sea pronto porque otro hijo viene en camino.

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS. A la calle.

El hambre puede más que la vergüenza

Les da vergüenza, pero ahí andan. Se quedaron sin trabajo, sin dinero y sin comida y la necesidad las hace aguantarse la pena de sostener un cartel en el que piden ayuda o un bote para que depositen dinero.

Son trabajadoras domésticas que desde hace tres semanas sus patronas las mandaron a descansar sin goce de sueldo. La justificación fue que podían llevar el virus del Covid-19 e infectar a la familia.

“Nos dijeron que como somos de entrada por salida, entrabamos y salíamos a la casa todos los días y que nos fuéramos a resguardar, tenían miedo que fuéramos a llevar el virus”, expresa Isabel.

Este grupo de 12 mujeres, todas son jefas de familia, ellas son la única fuente de ingreso en sus casas.

Desde la semana pasada, piden ayuda en el cruce de los bulevares Jesús Kumate y Aeropuerto, frente a la plaza Del Valle.

Las mujeres se ven tímidas. Cuando el semáforo se pone en rojo, dudan para caminar por entre los carros, algunas con un bote para que los choferes depositen dinero y otras con una pancarta con la frase “necesitamos de su apoyo, empleadas domésticas y jefas de familia desempleadas”.

“Nos quedamos sin trabajar y si nos da un poquito de vergüenza venir a pararnos aquí, pero la necesidad fue muy grande porque ya no tuvimos más para donde arrancar y nos juntamos y con vergüenza y lo que quieran pero aquí estamos”, comenta Isabel.

Ella no tiene ingreso económico desde hace tres semanas y mantiene a su mamá y a su hija.

Cuando dejaron de trabajar se estuvieron echando la mano, si alguien por ejemplo no completaba para pagar el agua, entre todas juntaban; si a otra le hacía falta algo de comida, las que tenían le daban, pero después de tres semanas sin ganar un peso todas están igual, sin dinero y sin comida.

La gente les ha estado llevando algo de despensa, o comida ya preparada para que coman algo mientras están ahí o les dan desde un peso.

Tienen la esperanza de seguir juntando los principal que es la comida; los pagos de renta o luz, dicen, ya después verán cómo le hacen.

“Somos madres de familia con hijos y no sabemos cuánto tiempo va durar esto la verdad. Y la verdad es que no nos matará el virus pero sí nos va matar el hambre”, expresa Isabel.

MESEROS CULICHIS. Se acabó la comida.

Meseros, dos meses sin trabajar

Mariel ya no carga charolas con comida o alimentos, hoy en sus manos trae una pancarta que dice “centro de acopio para meseros eventuales”.

Desde hace dos meses no tiene trabajo como mesera. Todos los eventos se cancelaron. En estos días debería estar en Hermosillo, trabajando en el palenque pero se suspendió y está en el cruce de Zapata y Bravo pidiendo despensa.

Junto con ella, alrededor de 20 de sus compañeros vestidos con el chaleco negro y la corbata, camisa blanca manga larga y pantalón negro, esperan a que el semáforo se ponga en rojo para pasar por entre los carros.

Dice Mariel que son alrededor de 200 meseros eventuales los afectados. Ellos son los que sirven la comida y bebidas en las fiestas particulares, los que atienden en el palenque, en los estadios, en los conciertos.

Desde marzo se quedaron sin trabajo porque se cancelaron todos los eventos y también sin ingresos porque ellos solo se dedican a “meserear”.

“Es el único trabajo que tenemos, nosotros si trabajamos ganamos, si no, no ganamos nada, más que nada nuestro trabajo es por propina. Muchos se fueron quedando sin trabajo y sin dinero porque la pareja, los dos eran meseros, y pagan renta, agua, luz, tiene niños, hay familias que nomás son meseros”, dice.

Los meseros se organizan en turnos y por grupos de 20 ó 30 para salir a la calle y lo que juntan lo reparten entre los más de 200.

La semana pasada, hasta el jueves, habían armado 25 despensas.

Mariel ve un panorama muy angustiante para los próximos meses porque duda que las actividades en las que ellos trabajan se reanuden pronto por ser eventos masivos.

Por ejemplo, dice, después del palenque de Hermosillo, algunos de sus compañeros se iban a trabajar al de Tijuana y luego al de Mexicali y ya están cancelados.

“Nos la estamos viendo negras todos, a muchos nos van a sacar de las casas porque no tenemos para pagar la renta pero mientras que no nos falte la comida, porque si no nos mata el Covid-19, nos va matar el hambre”, expresa.

Por pandemia, suben precios de verduras, frutas y mariscos en mercados (Ciudad de México)


Los clientes del Mercado Mixcoac no han dejado de acudir pese a las restricciones para entrar. Foto: SALVADOR CORONA. EL UNIVERSAL

 

Salvador Corona y Eduardo Hernández / El Universal

Sitios de abasto encarecen precios por escasez en la Central de Abasto

Las restricciones para acceder a mercados públicos se han reforzado; sin embargo, los capitalinos se han visto afectados porque productos de primera necesidad han elevado su precio a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el Mercado Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, se pudo observar que verduras, frutas y mariscos incrementaron sus precios.

“Hace unos días el jitomate alcanzaba los 45 pesos; se debe a que en la Central de Abasto escasea pues hay locales cerrados y no podemos conseguir más barato”, dijo Alberto, uno de los comerciantes del mercado.

En los puestos de frutas el kilo de naranjas y fresas estaba a 60 y 80 pesos, respectivamente, cuando su valor promedio rondaba los 30 pesos, por lo que ciudadanos prefieren adquirir menos. “Ahora a comprar la mitad de todo; sólo de medio kilo de fresa fueron 40 pesos, ya no se puede comprar el mandado completo. (…)”, dijo la vecina María Álvarez, de 50 años.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-pandemia-suben-precios-de-verduras-frutas-y-mariscos-en-mercados

Asesinan en Sonora al periodista Jorge Armenta, director de Medios Obson

CNN

El periodista mexicano Jorge Armenta, director de Medios Obson, fue asesinado este sábado en Ciudad Obregón, Sonora, junto con un policía municipal; un comandante también resultó herido, informó en redes sociales la Fiscalía del estado.

Armenta “tenía amenazas y estaba bajo protección” del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la secretaría de Gobernación (Interior), dijo a la agencia AFP Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ordenó iniciar “de inmediato las investigaciones para esclarecer y dar con los responsables del condenable ataque contra el director de Medios Obson, Jorge Armenta y 2 agentes de la policía municipal”.

Jorge Armenta es el cuarto periodista asesinado en lo que va de este año.

El 11 de abril fue hallado el cadáver del periodista Víctor Fernando Álvarez, editor y director general del portal Punto X Punto Noticias, en el puerto de Acapulco, en Guerrero, después de haber desaparecido el 2 del mismo mes.

María Elena Ferral, reportera del local Diario de Xalapa y directora del periódico digital Quinto Poder, fue asesinada a balazos en Veracruz el 30 de marzo. La periodista había denunciado múltiples amenazas de muerte y de agresiones por parte de personajes de la política local de la zona donde ejercía su labor.

El 9 de enero, Fidel Ávila, locutor de radio en una emisora local, fue localizado en Michoacán con impactos de bala; en noviembre de 2019 se había reportado su desaparición.

México es uno de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo. Más de 100 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000 hasta la fecha.

En el 2019, en México fueron ultimados 10 periodistas, según un conteo de Reporteros sin Fronteras. “Más del 92%” de los homicidios de periodistas en este país permanece impune, añadió Flores a AFP.

El viernes se cumplieron tres años del asesinato del periodista mexicano, Javier Valdez, colaborador de la AFP durante una década, corresponsal del diario de circulación nacional La Jornada y fundador del semanario Ríodoce.

Reporteros Sin Fronteras denunció que el proceso judicial por su asesinato sufre “negligencias y retrasos”.

https://politica.expansion.mx/estados/2020/05/17/asesinan-en-sonora-al-periodista-jorge-armenta-director-de-medios-obson

Cierran Asís Telas en Chetumal y a trabajadores: Despiden a empleados del grupo Servicios Operativos Peninsulares sin liquidación justa

Rafael Briceño / Noticaribe

CHETUMAL, MX. – A pesar del llamado del gobernador Carlos Joaquín González a los empresarios para ser solidarios con el trabajador y evitar recortes de personal, la empresa telas ASIS, del grupo Servicios Operativos Peninsulares, despidió a unos 16 trabajadores cuya antigüedad oscila entre los 4 y 37 años de servicio, tras cerrar sus puertas con el argumento de bajas ventas.

Los trabajadores despedidos manifestaron que se les niega a pagar la liquidación total por los años de servicio, ademas que los encargados de la tienda se negaron a admitir copia de la demanda laboral interpuesta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Desde temprano, personal de Telas ASÍS comenzó el desmantelamiento de sus instalaciones y a cargar en camiones de sus artículos.

Artleth Ruiz, una de los 16 trabajadores despedidas, explicó que la empresa suspendió actividades con el argumento de las restricciones derivadas por el Covid y la semana pasada les dio a conocer el cierre definitivo por las bajas ventas.

Este miércoles fueron citados para entregarles la liquidación correspondiente lo que generó la inconformidad al no corresponder a la antigüedad laboral.

Nos quieren dar solo la mitad de lo que nos corresponde. Además nos dejan en la indefensión porque en ningún lado podremos encontrar trabajo por la contingencia, explicó.

Los empleados despedidos interpusieron su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en espera de una liquidación que corresponda a los años de servicio.

https://noticaribe.com.mx/2020/05/20/cierran-asis-telas-en-chetumal-y-echan-a-trabajadores-despiden-a-empleados-del-grupo-servicios-operativos-peninsulares-sin-liquidacion-justa/

Iztapalapa: el epicentro de la pandemia en México que registra más casos que en Cuba, Uruguay y Belice juntos (Ciudad de México)


Foto : Cortesía de la Alcaldía Itzapalapa

Laura Itzel Domart / Sputnik

La alcaldía Iztapalapa, donde cada año se recrean las famosas escenas del viacrucis, registra la cifra más alta de casos confirmados con COVID-19 a nivel nacional. Es el epicentro de la pandemia en el país, pero por sus calles el tránsito de personas continúa casi a su ritmo habitual.

Es lunes 11 de mayo. Marco Valencia, habitante de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, ya se ha enterado de más de 10 muertes en la zona. Ninguno confirmado con COVID-19, pero con el mismo patrón: paro respiratorio o enfermedad respiratoria. Casi todos murieron en sus casas.

Las primeras muertes sucedieron justo en la calle que está atrás de su casa. Fueron cuatro de sus vecinos. De esas personas a las que reconocía a la distancia porque llevaban toda una vida compartiendo un mismo espacio. A esas personas, cuenta Marco, se han sumado más en los últimos días.

“Ha habido muchos muertos, muchos muertos. No en la misma calle, pero sí son de la zona; de pronto, los dividen dos o tres calles. Las primeras muertes fueron atrás de mi casa: fueron seguiditas, fueron como cuatro, una tras otra, hace un poco más de un mes y de ahí empezaron a crecer”, relata Marco para Sputnik.

Cuando todo esto termine, habrán quedado huecos: gente que no se volverá a ver bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esa zona es acaso la mínima expresión de la concentración de muertes.

En otra colonia, en Lomas Estancia, también en Iztapalapa, Miguel Domínguez vive confinado en la brevedad de su casa. Vive el duelo a la distancia. En menos de un mes, se ha enterado que tres de sus conocidos han muerto por lo mismo: posible COVID-19.
En la alcaldía, todo es alerta en estos días: las paredes que anuncian la magnitud del riesgo, las muertes intempestivas, los resfriados extraños. “¡Cuidado! Zona de alto contagio”, se lee en las entradas de los mercados. No obstante, las calles continúan abarrotadas de gente.

“Me da coraje, me da mucho coraje porque la gente no cree [que exista el COVID-19]. Salgo a la calle por el mandado con las medidas necesarias y la colonia está llena. ¡Las calles están llenas!”, señala Valencia.

La magnitud de la pandemia en Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, es el epicentro de la pandemia a nivel nacional.

Hasta el día de hoy, 18 de mayo, tiene 2.974 pacientes con COVID-19. Tiene más casos que Cuba, Uruguay y Belice juntos, que registran un total de 2.624 casos confirmados, a pesar de que tienen una población casi ocho veces mayor.
De acuerdo con un análisis realizado por los periodistas Eduard Martín-Borregón y Ricardo Balderas, los datos presentados cada día por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentan hasta una semana de retraso.

Según los especialistas en periodismo de datos, este retraso se debe al tiempo en el que los pacientes tardan en acudir a recibir atención médica, la baja asistencia en fin de semana y los casos pendientes por diagnosticar.

En este sentido, explican, los casos pendientes multiplican el contagio en la zona en la que se encuentren. Hasta el 13 de mayo, había 24.856 registros con resultado pendiente, es decir, no confirmados.

Por lo tanto, en una demarcación como Iztapalapa que, hasta el 18 de mayo registraba 970 casos sospechosos, la cifra real de contagios podría ser superior a la reportada.

Bajo este escenario, otro factor que podría ser un referente de que la magnitud de casos en Iztapalapa es mayor a los 2.974 reportados como positivos corresponde al contexto de la demarcación.
En la zona donde habita Marco Valencia, quien también es periodista, hay por lo menos cuatro casos de personas que fallecieron en sus hogares por enfermedades asociadas a las vías respiratorias. De tal modo que hay defunciones que posiblemente no fueron diagnosticadas como COVID-19 a tiempo; pero que, en el momento en el que se mantuvieron como casos activos, se convirtieron en un foco de contagio para su entorno.

A esto se le suma, según explica Valencia, que muchas personas de la zona no quieren asistir a los hospitales por miedo a que sus familiares mueran sin que los vuelvan a ver.
Por ejemplo, el papá de Marco Valencia comenzó a presentar síntomas a principios de mayo, pero no fue internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca si no hasta el día 7. En un principio, cuenta que su mamá se negaba a que su papá ingresara al hospital porque temía que los rumores sobre que en los hospitales les hacen cosas para perjudicar la salud fuesen ciertos.

“Ese miedo de mi mamá siento que está por todos lados aquí [en Iztapalapa]. (…) Ahorita la gente le tiene miedo a los hospitales”, Valencia.

El hacinamiento: un foco de contagio

Iztapalapa es la ruta obligada de miles de personas que trabajan en Ciudad de México, pues limita con dos de los municipios más poblados del estado de México, con Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. Mientras que en la ciudad comparte frontera con 5 alcaldías: Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán, Benito Juárez e Iztacalco.

Esta situación por sí sola la convierte en una vía para el contagio de COVID-19, pero además se suma otro factor: el alto nivel de densidad poblacional. En sus calles habitan cerca de 2 millones de personas en 116,1 kilómetros cuadrados.

os últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expresan que la mayoría de la población de Iztapalapa vive en condiciones de hacinamiento, con más de 16.000 personas por cada kilómetro cuadrado.

En este sentido, señala Lizet Quintanilla Aguilar, maestra en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que sobre Iztapalapa pesa un gran “estigma social” por problemáticas asociadas al alto índice de pobreza.
En entrevista con Sputnik, la también especialista en temas urbanos, explica que el desarrollo de Iztapalapa se define en términos de poblaciones migrantes; es decir, personas que llegaron de otras ciudades de México a asentarse en la capital.

De tal modo que, según apunta Quintanilla, el período de mayor urbanización en Iztapalapa data de 1950 a 1990. Tiempo en el cual comenzaron a generarse asentamientos habitacionales irregulares, producto de poblaciones que autogestionaron la urbanización de la zona.

A este modelo de urbanización irregular se le suma otro factor que puede ser determinante en el disparo de contagios: la autoproducción del espacio. Es decir, la generación de viviendas de forma empírica y con base en las necesidades inmediatas.

“Una familia se hace de un terrero y construye una casita y tiene a su descendencia. Después fragmenta este terreno y da a cada uno de sus hijos un cachito para que haga su propia casa. (…) Entonces comienza a haber una hiperfragmentación de estos terrenos, que se conocen como lotes multifamiliares, en donde hoy en día se aglutina no una familia nuclear, sino familias extensas “, expone Quintanilla Aguilar respecto a las características urbanísticas de Iztapalapa.
Por lo tanto, manifiesta que el mandato gubernamental a quedarse en casa tiene un mayor grado de complejidad en zonas superpobladas como lo son la mayoría de las colonias en Iztapalapa, en las que en un mismo espacio habitacional pueden llegar a vivir varias familias.

Asimismo, otro de los factores que explican la alta movilidad en Iztapalapa son aquellas asociadas con las condiciones socio-económicas de sus habitantes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) expone que el 23,8% de los iztapalapenses no tiene ningún tipo de seguridad social.
Con estas características, más el ya conocido desabasto de agua, cada una de las viviendas de Iztapalapa puede convertirse en un potencial foco de contagio entre los integrantes de más de una familia. Las sociedades más vulnerables económica y socialmente son también las más afectadas por el COVID-19.

https://mundo.sputniknews.com/reportajes/202005191091475576-iztapalapa-el-epicentro-de-la-pandemia-en-mexico-que-registra-mas-casos-que-en-cuba-uruguay-y/

Deudas ahogan a indígenas (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

No han recibido ninguna clase de apoyo por parte del Gobierno del estado

Verónica Rodríguez / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Miércoles 20 de mayo del 2020.- Por segunda ocasión artesanos indígenas se manifestaron la mañana de este miércoles  frente a Palacio de Gobierno ante la  falta de apoyo de las autoridades para este sector  durante la pandemia del Covid-19.

Más de 200 familias artesanas  se mueren de hambre, las deudas los ahogan y hasta han sido arrojados de sus casas por no pagar la renta, no pueden pagar alimentos, menos los servicios básicos.

Y es que derivado de esta emergencia sanitaria, los  artistas wirrarikas y coras que venden sus productos en la calle Mérida afuera del Mercado Juan Escutia, se han quedado sin trabajo, no pueden vender su arte  y lo peor del caso,  no tienen apoyos.

La dirigente de los artesanos, Ana Eliza López Zavalza, lamentó que tras la manifestación que realizó este mismo grupo hace dos semanas en este mismo lugar, no han obtenido ningún apoyo por parte del gobierno que sólo “les dio atole con el dedo”.

La situación se agrava cada día más para estas familias porque han tenido que irse de “arrimados” a casa de familiares porque al no vender, no tienen dinero para la renta y  se quedaron sin hogar.

Ya no sólo buscan despensas, eso ya pasó a segundo plano, lo que demandan es  trabajar para sacar adelante a sus familias, que les permitan poner sus puestecitos con sus artesanías porque “no podemos estar así, el pago de los servicios no esperan”, dijo López Zavalza.

La anterior ocasión, los invitaron a inscribirse en programas de apoyos a los indígenas pero para ello, requieren computadora, asesoría de cómo y dónde buscar esos esquemas de beneficios pero muchos de ellos, con trabajo saben leer, no tienen computadora ni forma de presentar un cúmulo de papeles que  si bien les va, en unos meses, tendrían respuesta.

http://realidadesperiodico.com/portada/deudas-ahogan-a-indigenas/

La pandemia de mano de la violencia intrafamiliar (Quintana Roo)

RUBÉN TORRES / Luces del Siglo

Violencia intrafamiliar; supera los mil 770 que tiene Yucatán y los mil 800 de Campeche

CANCÚN, Q. ROO.- La letalidad del Covid-19 va de la mano con el incremento de 23 por ciento de las llamadas de auxilio al 911, sobre violencia familiar en todas las modalidades, advirtieron el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (Sesnsp), Red Nacional de Refugios A.C. y Cimac-Cancún.

El Sistema Nacional, en el registro que publica en su página sobre el municipio de Benito Juárez (Cancún), detalla que las llamadas van a un ritmo de 11 cada hora, lo que supera las 4 mil 500.

Eso coloca a Quintana Roo como el estado peninsular donde más está ocurriendo este fenómeno, que supera el número de mil 770 en Yucatán y mil 800 en Campeche.

A nivel nacional, la Red Nacional de Refugios reportó que en México están cobrando mayor fuerza las llamadas de auxilio, llegando a 23 por ciento de víctimas que son golpeadas, amedrentadas física y psicológicamente.

Los feminicidios aumentaron 8 por ciento, lo que sigue provocando la pérdida de vida de las mujeres en manos de sus agresores.

En esta Red participan mujeres intelectuales, pintoras, escritoras y feministas, quienes lanzaron el 15 de mayo la campaña: “Para leer libres de violencia” y la aplicación “ipstraordinario”.

Resaltaron que cuentan con una relación de reportes y evidencias que de marzo a la fecha han ocurrido 330 asesinatos de género.

Recalcan que sólo 23 por ciento de esos homicidios, tan sólo por el hecho de ser mujeres, es “calificado” como feminicidio por las fiscalías y procuradurías generales de justicia en las 32 entidades del país.

El resto lo han dejado como homicidio doloso y culposo o como un simple crimen pasional.

Al respecto, el Centro Integral de Atención a las Mujeres (Ciam-Cancún), estimó que al ritmo que se están desarrollando los incrementos de muertes por el aislamiento social, al volver a la realidad, sin duda las cifras de 82 mujeres y niñas que perdieron la vida de forma violenta en 2019, será superado.

El Centro, que también opera en la Zona Turística de Cancún, espera que ahora sí, en la clasificación que realiza la Fiscalía de Quintana Roo, se tenga la sensibilidad suficiente para “calificar” los crímenes como ocurrieron.

“Y no como lo hizo con 82 casos de 2019, donde sólo 18 de ellos los tipifico como feminicidios y el resto los dejó como homicidios dolosos”.

https://lucesdelsiglo.com/2020/05/20/la-pandemia-de-mano-de-la-violencia-intrafamiliar-local/

Exigen garantías de salud para trabajadores de reclusorios en Jalisco

Foto. Pablo Toledo

Integrantes del Sindicato Democrático del Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco denunciaron también la falta de pagos de bonos, discriminación laboral y la falta de protocolos sanitarios

Pablo Toledo / UDGTV

Guadalajara, Jalisco. Integrantes del Sindicato Democrático del Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco entregaron un pliego petitorio al gobernador Enrique Alfaro para solicitar que se les brinden garantías a los trabajadores de los diferente reclusorios preventivos, ya que ante la pandemia de COVID-19 los protocolos no han sido los adecuados y por ello cuatro empleados han perdido la vida por contagio de coronavirus.

De forma anónima un trabajador del reclusorio preventivo comentó a las cámaras de Señal Informativa que padece de hipertensión y es asmático. Pese a haber reportado su situación médica a sus superiores no lo han enviado a casa ni lo han puesto en guardia, por ello, teme que la enfermedad le ataque como ha ocurrido con los casos ya documentados de trabajadores que han perdido la vida dentro de los reclusorios por COVID-19.

Los Integrantes del Sindicato Democrático del Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco denunciaron también la falta de pagos de bonos, discriminación laboral y la falta de protocolos sanitarios. Este mismo día serán atendidos por la autoridad estatal para expresar sus necesidades e inconformidades, esperando que sus conflictos se resuelvan lo antes posible.

http://udgtv.com/noticias/exigen-garantias-salud-trabajadores-reclusorios-jalisco/

50% de las víctimas por Covid-19 en la CDMX eran empleados, amas de casa y tianguistas


Imagen tomada de: www.publimetro.com.mx

Omar Díaz / Publimetro

La mayoría de los empleados y comerciantes en mercados o tianguis eran hombres y las amasa de casa, mujeres

En la CDMX, el 50% de las personas que murieron por Covid-19 eran empleados, se dedicaban al hogar o trabajaban en algún mercado o tianguis.

Con un corte al 18 de mayo, hay en la capital del país mil 381 defunciones por este virus. Del total de víctimas mortales: 247 eran empleados, 239 se dedicaban al hogar y 211 trabajaban en un mercado o en tianguis.

La mayoría de los empleados eran hombres (208) y en contra parte, 215 mujeres que murieron se dedicaban al hogar, y 183 hombres eran comerciantes.

Además, de acuerdo a datos del gobierno capitalino, 186 eran jubilados o pensionados, 21 eran médicos, 12 trabajadores de la salud y nueve enfermeras.

Del total de víctimas, 743 tenían entre 51 y 80 años, aunque también ya se tienen 28 decesos de personas menores de 30 años, según el gobierno capitalino.

El gobierno de la CDMX apoya de diferente manera a los deudos de las personas que fallecieron por este virus. Apoya con los gastos funerarios y a los niños que quedaron huérfanos por esta enfermedad, les entregará una ayuda mensual de 900 pesos.

“Unificamos todas estas becas en una sola beca que le llamamos la beca Leona Vicario… entonces, repito, es la beca que se llama Leona Vicario, se concentraron todas las becas que había de familias vulnerables en una sola beca que es un apoyo de alrededor de 900 pesos mensuales, y una de las consideraciones es que algún niño o niñas haya perdido algún familiar, padre, madre o tutor”, comentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Además, cada una de las empresas en donde laboraban estas personas brinda apoyo económico a los deudos, y algunas personas que murieron contaban con un seguro de vida para proteger a sus familias, aunque esta es una cantidad menor, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Al respecto, Anahí Polo, coordinadora del programa de tanatología en Grupo Gayosso, comentó que las muertes inesperadas o en circunstancias complicadas suelen originar mayores dificultades en la elaboración del duelo, tal y como sucede en esta época de confinamiento por Covid-19.

“Para aminorar la angustia de las personas que no han podido despedirse de un ser querido de manera directa, es recomendable tratar de realizar en casa algún ritual de despedida, así como tratar de compartir y comprender el dolor que ha provocado la pérdida y permitirse expresar libremente las emociones que el duelo genere, como rabia, pena, dolor o culpa”, comentó.

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/05/19/se-dedicaban-las-victimas-murieron-covid-19-la-cdmx.html

ONGs acusan a gobierno de AMLO de evadir al Poder Judicial en amparos de migrantes

Roxana González / El Sol de México

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno de mexicano evade al Poder Judicial en amparos de migrantes, dejándoles sin medidas que protejan su vida y salud en medio de la pandemia.

A través de un comunicado, más de 30 organizaciones civiles informaron que entre abril y mayo, han promovido nueve amparos a favor de la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en el país, no obstante el gobierno mexicano ha sido omiso en su cumplimiento poniendo en riesgo la salud de esta población en el contexto de la actual crisis sanitaria que enfrentamos por coronavirus.

Los amparos promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León solicitan acceso a la salud, a una estancia regular, a una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones migratorias, y la libertad de la personas detenidas en estaciones migratorias.

Lo anterior fue explicado al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud (federal y estatales), a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal para que tomen las medidas necesarias y garantizar a la población migrante y solicitante de protección internacional en México (incluida la población expulsada de Estados Unidos -y que México ha aceptado, y aquella retornada a nuestro país bajo el Protocolo “Quédate en México”).

A la fecha, agregaron, seis amparos se han resuelto a favor de la población migrante, el resto se encuentra en revisión o a la espera, no obstante, autoridades del Estado mexicano no han cumplido con las órdenes judiciales, por el contrario las han evadido.

Las autoridades han sido omisas en dar cumplimiento a lo señalado por el Poder Judicial o han simulado su cumplimiento, por ejemplo a través de deportaciones masivas sin debido proceso; liberando a la población migrante dejándola a su suerte; o siendo poco claros sobre las medidas sanitarias, de asistencia, de salud y protección que se están tomando para garantizar la vida y la salud de las personas expulsadas desde Estados Unidos.

En el caso de la resolución en la Ciudad de México, aseguran que las autoridades responsables no han rendido los informes solicitados, niegan los hechos y no proporcionan documentación o testimonios que acrediten que se están dando cumplimiento a todo lo señalado en la suspensión.

Las organizaciones exigieron a las autoridades responsables de la política migratoria en México a cumplimiento urgente y estricto de las resoluciones dictadas por los jueces federales.

https://www.diariodexalapa.com.mx/mexico/sociedad/ongs-acusan-a-gobierno-de-amlo-de-evadir-al-poder-judicial-en-amparos-de-migrantes-covid-19-coronavirus-5251532.html

Trabajadores de la salud, uno de cada cinco contagiados por covid-19 en Puebla

Puebla en tiempos de covid-19. Foto: Fernando Camacho

Gabriela Hernández / Proceso

PUEBLA, Pue. (apro).- Uno de cada cinco contagios registrados en Puebla por covid-19 es de trabajadores del sector salud, reportó Fernando Huerta Romano, subsecretario de Vigilancia Epidemiológica.

El funcionario indicó que 18% del total de los mil 474 casos positivos registrados al 18 de mayo en la entidad (265) es personal médico y de enfermería, mientras que entre un 2 y 3%, que serían entre 30 y 44, corresponde a otras categorías de trabajadores de instituciones médicas.

Sin precisar las cifras, Huerta Romano sostuvo que los contagios no se han dado entre médicos, enfermeras, camilleros y demás personal que atiende en hospitales covid, sino que adquirieron el virus fuera de los centros médicos.

“Incluso personal de salud que se fue de licencia por decreto ha resultado positivo. Muchos lo están adquiriendo fuera, otros por convivencia entre ellos mismos, y sólo fue un contagio intrahospitalario, pero fue por descuido de esta persona”, insistió.

El subsecretario tampoco precisó cuántos fallecimientos se han registrado entre los trabajadores de la salud en la entidad.

Sólo esta semana, familiares dieron a conocer en redes sociales la muerte de un camillero del hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, así como de un doctor del hospital de la Margarita, también del Seguro Social.

En la conferencia de prensa de este martes se informó que en las últimas 24 horas se registraron 55 nuevos contagios y 14 decesos en Puebla a causa de la pandemia.

El secretario de Salud, Humberto Uribe, señaló que hay 415 personas hospitalizadas, y que instituciones Covid, como los nosocomios de Cholula, Traumatología y el de Teziutlán, ya empiezan a presentar saturación.

Indicó que esta semana quedarán reconvertidos los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Cholula y Huejotzingo, además de que se empezará a acondicionar el de San Martín Texmelucan y se avanza con el de Atlixco.

Por otro lado, el gobernador Miguel Barbosa insistió que la pandemia en Puebla se encuentra actualmente “en su peor momento”, por lo que consideró que no hay condiciones para que el 1 de junio se reactive la producción de la industria automotriz.

“Hoy no hay condiciones para que el primero de junio regrese a actividades la industria automotriz en Puebla. Estamos en el peor momento de la pandemia y estamos crecientes en esta horrible realidad, así es que por lo que a mis atribuciones corresponda, esto no va a ocurrir, lo dejo claro”, lanzó.

Barbosa dijo que, si la curva de contagios se aplana al 31 de mayo, estará de acuerdo con la reactivación, pero de seguir la alta incidencia de coronavirus no habrá condiciones, pero no aclaró qué atribuciones hará valer su gobierno.

https://www.proceso.com.mx/630762/trabajadores-de-la-salud-uno-de-cada-cinco-contagiados-por-covid-19-en-puebla

Empleados de GM México afirman que no hay condiciones para regresar el 1 de junio (Guanajuato)

La empresa aseguró que están trabajando para establecer los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para regresar una vez que la autoridad se los autorice.

Foto: Cuartoscuro.

Por Francisco Sandoval / Animal político, 19 de mayo de 2019

Empleados de General Motors (GM) México, en el complejo de Silao, Guanajuato, aseguraron que no existen las condiciones para regresar a laborar el próximo 1 de junio, pues hay áreas dentro del complejo -que emplea a 6,500 personas- donde es imposible guardar una distancia de un metro y medio para evitar contagios por COVID-19.

“Hay áreas dentro de la fábrica que es imposible trabajar con metro y medio de distancia, y hasta el momento no han dicho qué va a pasar en estos casos”, dijo Israel Cervantes, integrante de la organización Generando Movimiento, que aglutina a trabajadores activos y despedidos de General Motors en Silao.

El pasado 13 de mayo la Secretaria de Economía a nivel federal, Graciela Márquez Colín, informó que como parte del Plan de Nueva Normalidad desde el próximo 1 de junio se daría una reapertura de actividades esenciales como la construcción, minería y fabricación de transporte (y automotriz). Por su parte, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, reconoció que como preámbulo de la reapertura estaban “trabajando en protocolos distintos por cada uno de los sectores y de las industrias”, incluido el automotriz.

En conferencia de prensa virtual, en la que participaron trabajadores de GM de México y Estados Unidos, Israel Cervantes reconoció que aun cuando oficialmente no les han informado cuándo van a regresar a laborar y qué tipo de medidas van a implementar para evitar los contagios, la información proporcionada por la propia empresa es que se van a centrar en el uso de mascarillas, lentes y el guardar distancia.

“Las medidas que se han tomado para evitar contagios es echar agua con cloro en los camiones o agua con alcohol, uso de mascarillas y lentes, pero al momento de subir a los camiones, sabemos que hay aproximadamente 42 personas de Silao, Guanajuato, Irapuato y Salamanca, los municipios con más infectados por COVID-19”.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/empleados-gm-mexico-no-hay-condiciones-laborar/

Familiares y amigos apoyan a mujeres para pedir ayuda al estar confinadas en casa con su agresor

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 08MARZO2020.- Mujeres de diferentes sectores de la sociedad marcharon esta tarde por las principales avenidas de la ciudad en conmemoración de Dìa Internacional de la Mujer. La marcha pretende romper el silencio en contra de las violencias machistas, en México one mujeres son asesinadas diariamente.
FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Itxaro Arteta / Animal Político

En una de cada cinco atenciones que ha dado la Red de Refugios en los últimos dos meses, la persona que llama no es la mujer violentada directamente sino alguien de su red de apoyo.

La maestra de Juanito (nombre confidencial) recibió un mensaje de la mamá del niño pidiéndole orientación porque él se estaba comportando muy agresivo. A ella le extrañó porque eso no era normal, entonces decidió llamarle por teléfono a la señora y preguntarle si todo estaba bien. La respuesta fue “no”, pero no hubo mucho más. Estaba en casa con su pareja, que ya la había golpeado alguna vez hasta romperle dos costillas, así que no podía hablar frente a él.

Entonces, la profesora solo le dijo que estuviera pendiente de su celular, colgó y le mandó una imagen de la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia que decía qué hacer en esos casos y que en cuanto pudiera salir de su casa, había un lugar donde podían acogerla para escapar de la situación que estaba viviendo.

La mamá de Juanito había notado que su pareja incluso había puesto a otras personas a vigilarla desde coches estacionados afuera de la casa que compartían. Pero en un momento que no vio los coches, tomó a Juanito y a su otra hija para ir a la tienda de la esquina. Desde ahí llamó a la maestra y le confirmó que necesitaba ayuda. Ella a su vez contactó a la Red, que se encargó de rescatarla y darle acogida.

“Lo primero que dijo mi hijo cuando entramos a la casa fue ‘ya estamos seguros’, y yo me solté a llorar porque sentí mucho alivio. Llevábamos semanas sin dormir, sin dormir bien, llegar ahí fue como unas vacaciones”, contó la mujer, en un testimonio facilitado por la Red de Refugios.

Así como la maestra de Juanito fue quien pidió ayuda para la mamá del niño, en una de cada cinco atenciones que la Red ha dado en los últimos dos meses, la persona que llama no es la mujer violentada directamente, sino alguien de su red de apoyo ya que ella no puede pedir auxilio porque se encuentra confinada con su agresor.

“Esto refleja lo que en diversas ocasiones hemos declarado desde la Red Nacional de Refugios, entre más tiempo se extienda el periodo de confinamiento menos posibilidades tendrán las mujeres de llamar, mandar mensaje y, por lo tanto, de realizar denuncias como algunas instancias gubernamentales y el propio presidente esperan suceda para reflejar que en realidad las violencias contra las mujeres han incrementado en el periodo del COVID-19”, señaló la Red en un comunicado.

En un nuevo balance de estas organizaciones civiles, a falta de información oficial de las dependencias encargadas de atender la violencia contra las mujeres, la Red informó que del 17 de marzo al 17 de mayo —desde que se suspendieron clases por la emergencia sanitaria— ha brindado 11 mil 131 atenciones a mujeres, niñas y niños, ya sea con apoyo en los albergues u orientaciones por teléfono y redes sociales, lo que representa un incremento de 70% respecto al mismo periodo de 2019.

En los Refugios como tal, Casas de Emergencia y de Transición (que son solo para unos días mientras la mujer encuentra una opción donde ir), y en los Centros de Atención Externa (donde dan asesorías psicológicas, jurídicas y otras), la Red ha acompañado y atendido a 6 mil 978 personas: 65% mujeres adultas y 35% de niñas y niños.

El 5% de esos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual o violación durante el confinamiento.

“El concepto de fraternidad familiar expuesto por el presidente de México resulta ilusorio”, sentenció la Red. “El 48% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante el periodo de cuarentena, por lo que no en todas las familias mexicanas se convive con armonía”.

Los refugios han tenido que rescatar de sus casas a 19 mujeres que estaban en grave riesgo ante la violencia del hombre con el que vivían. Un caso fue en Hidalgo, otro en Guerrero, dos en Chiapas, dos en Puebla, dos en Morelos, cuatro en el Estado de México y siete en la Ciudad de México, el porcentaje más amplio. Esto a pesar de que durante abril la Línea Mujer de Locatel CDMX reportó una disminución de 7.8% de llamadas de emergencia y, como dio a conocer Animal Político, ese mes hubo un desplome de más de la mitad en las primeras atenciones brindadas por los Centros de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) y los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).

“Lo cual muy probablemente está relacionado con el 20.21% de las mujeres que nos han compartido que ya habían solicitado anteriormente apoyo a otra instancia, pero no recibieron el auxilio esperado”, señaló la Red.

La mayoría de Refugios ha tenido un aumento de 50% de ingresos de víctimas, sin recibir ningún aumento de presupuesto con motivo de la contingencia.

Por teléfono y redes sociales han hecho contacto 4 mil 153 personas: 7 de cada 10 (el 69%) son las propia mujeres víctimas; otras 2 (el 19%) son los padres o madres, hermanos/as, hijos/as, vecinos/as o amigos/as, preocupados por la situación de su conocida; y en 1 de cada 10 casos (el 9%) quien llama es el hombre. Además, 2.85% de las atenciones fueron para instancias de gobierno que pidieron orientación o intervención sobre la situación de una mujer.

La Red advirtió también que ha recibido llamadas en las que las mujeres dicen estar sufriendo violencia durante la cuarentena pero prefieren dejar que pase la emergencia sanitaria porque tienen miedo de que al salir y trasladarse a otro lugar puedan contagiarse ellas y sus hijas e hijos de COVID-19.

“El Gobierno Federal ha empezado a hablar de iniciar la ‘nueva normalidad’, sin embargo, hay dos puntos importantes a reflexionar, el principal es que las mujeres y niñas lastimadas y agredidas durante la cuarentena no regresarán a la normalidad, incluso quienes fueron asesinadas ya no regresarán. El segundo es que seguimos sin tener o por lo menos conocer, por parte del Gobierno mexicano un protocolo de actuación integral coordinado e intersectorial con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad para atender los impactos y secuelas que el COVID19 ha dejado y seguirá dejando (aún después de levantarse la etapa del confinamiento) en la vida de las mujeres mexicanas”, subrayó la organización.

El caso de la mamá de Juanito ilustra que sí hay opciones para las mujeres que están encerradas e incluso vigiladas por sus agresores.

—¿Qué mensaje le podrías dar a las mujeres que están ahora en la cuarentena por COVID-19 en sus casas y que lamentablemente están conviviendo con sus agresores?— se le preguntó.

“Es muy difícil salir de una situación de violencia, es muy difícil identificar el poder que como mujeres tenemos. Nuevamente nos desarman, nos dejan sin nada. Pero sí se puede, sí se puede, las mujeres que están en esa situación posiblemente no sepan que ya hay lugares en donde nos pueden ayudar, nos pueden apoyar y en donde nos cobijan. Y en donde es un lugar en donde uno se siente seguro”, fue su mensaje para otras mujeres como ella.

La Red de Refugios puede ser contactada por teléfono o WhatsApp al 55 64 73 3004, en Facebook @RedNacionaldeRefugiosAC o Twtitter @RNRoficial.

https://www.animalpolitico.com/2020/05/familiares-amigos-mujeres-llamadas-auxilio/

Comunidad de Ayutla, Oaxaca, con casos de Covid-19 pero sin agua

Contralínea / Nayeli Escalona.

En plena emergencia sanitaria por la Covid-19 –y ya con casos de contagio detectados–, la comunidad de Ayutla, Oaxaca, no puede seguir las recomendaciones de higiene, pues las autoridades siguen sin resolver la problemática del agua.

Las mujeres defensoras del derecho al agua de la comunidad –acompañadas por la Misión Civil de Observación (MCO)–, denunciaron que este día se cumplen 3 años de que fueron invadidos 25 predios en la zona cercana al manantial –posesión de 20 comuneras y tres comuneros–, y que en los hechos fueron destruidas casas, árboles frutales y cultivos de milpa por habitantes y autoridades de la agencia municipal de Tierra Blanca, Tamazulapam.

Las mujeres defensoras señalaron que la escalada de violencia inició el 5 de junio de 2017 con un ataque armado, el cierre de las tuberías de agua y su destrucción; además confirmaron la existencia de una permanente campaña en su contra.

También, en un informe realizado por la MCO se documentaron las afectaciones al derecho humano al agua, a la vida, a la salud, a la integridad física y seguridad personal; al debido proceso legal y a la seguridad jurídica, a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a la defensa de los derechos humanos.

Por ello, la MCO demandó a las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, atiendan los casos denunciados desde 2017 y eviten mayores violaciones a los derechos humanos, incluyendo el ataque mediático por la activa defensa del derecho al agua en la comunidad de Ayutla.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/05/19/comunidad-de-ayutla-oaxaca-con-casos-de-covid-19-pero-sin-agua/

Clínica 29 del IMSS registra brote de Covid-19 (Ciudad de México)


Imagen tomada de: www.efekto.tv

Efekto TV

Entre el personal que se encuentra infectado, hay 14 médicos especialistas en urgencias, 6 médicos en medicina interna, 2 pediatras, una cirujana, una radióloga, un nutriólogo, 5 del personal de enfermería, 3 técnicos en rayos X, una auxiliar universal de oficina y 2 de mantenimiento, entre otros.

Personal médico de la Clínica 29 del IMSS denunció que, ante la falta de equipo y capacitación, se desbordó el brote de COVID-19 y hay ya alrededor de 40 trabajadores contagiados por el virus.

Precisan que, entre el personal que se encuentra infectado, hay 14 médicos especialistas en urgencias, seis médicos en medicina interna, dos pediatras, una cirujana, una radióloga, un nutriólogo, cinco del personal de enfermería, tres técnicos en rayos X, una auxiliar universal de oficina y dos de mantenimiento, entre otros.

Reclaman que en el Hospital General de Zona 29 del IMSS, en San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, “ante la desatinada reconversión para COVID-19 que han implementado los directivos del nosocomio”, el personal se ha contagiado por atender a pacientes COVID y el resto del personal por estar expuestos en áreas sin el adecuado control de sanitización por parte de los directivos del hospital.

En un tercer oficio enviado ya a las autoridades de la clínica, el personal médico expone que, además de los numerosos contagios, un especialista en urgencias falleció, debido que se carece de un área de vestido y descontaminación para el personal médico que entra a la zona restringida de hospitalizados por contagio de coronavirus.

Informaron que el pasado jueves 14 de mayo la dirección del hospital entregó incompleto el equipo a los cuatro turnos que laboran, donde se les negó a los médicos botas quirúrgicas para protegerse, por lo que tuvieron que cubrir sus zapatos con bolsas de plástico.

Recuerdan que, entre otras peticiones que han hecho en reiteradas ocasiones, está que se cuente con camillas adecuadas para intubar a los pacientes graves de COVID-19 y brindar una adecuada atención.

“Las camillas que utilizamos en la clínica 29 son al ras del suelo, es una silla que se convierte en camilla, carece de ruedas, no se puede movilizar, para dar una atención de calidad a los enfermos”, declaró a este diario un médico especialista en urgencias.

Reclamó que “no hay las necesarias tomas de oxígeno, tampoco contamos con suficientes monitores, por lo que los pacientes deben de estar compartiendo el material; en estas condiciones se siguen recibiendo a derechohabientes, a expensas de que se les brindará una mala calidad; sumado a esto, el hospital ya está saturado, ya no caben los enfermos de COVID y nosotros cada día somos menos ante los contagios que se han propagado”.

Los oficios han sido enviados a la directora del HGZ29, Lilia Vega Cervantes, a los dos subdirectores; Juan Flores Espinosa y Oscar Robles Robles, a los delegados sindicales de la Sección 33, de citado nosocomio, para pedirles que garanticen a la brevedad la calidad de los servicios hospitalarios y la seguridad del personal médico, para evitar continúe el contagio entre el personal.

Y en el de Troncoso, 5 o 6 muertes diarias

El médico Daniel Reyes Jacobo, uno de los dos internistas del Hospital General de Zona 2A Troncoso del IMSS, quien estaba intubado, falleció la semana pasada víctima de COVID-19, reportaron sus compañeros.

El Financiero ha informado que en ese hospital se registró un brote de contagio de 21 médicos cifra que ha aumentado a 26 derivado no sólo del equipo de protección personal “deficiente”, sino por la ausencia de protocolos.

Médicos de ese hospital reportaron que sigue habiendo problemas de organización, por lo que “se registran en promedio entre 5 y 6 defunciones de pacientes Covid-19 por día”.

Dos de los médicos infectados en este hospital, requirieron ser intubados; uno de ellos ya fue dado de alta, sin embargo Reyes Jacobo no sobrevivió; tenía 40 años, estaba casado con una pediatra y tenía una niña de cuatro años. Laboraba en el turno matutino, y tenía hipertensión arterial sistémica controlada.

“Siempre fue una excelente persona como amigo y como médico… como esposo y como padre… un ser íntegro”, expresaron algunos de sus compañeros en un chat del personal médico del hospital.

El doctor Víctor Hugo, sobreviviente de COVID-19 y quien se ha incorporado a su labor tras su hospitalización, reportó que se sigue enfrentando la pandemia con poco personal. “Los pacientes siguen ingresando sin protocolo de diagnóstico, lo que hace complicado tratarlos, además de la falta de medicamentos. (…) La situación no es muy favorecedora”, agregó.

Informó que sólo el fin de semana pasado se registró la muerte de ocho pacientes enfermos de COVID-19.

Además, médicos reportaron que no han recibido el bono de estímulo que el Consejo Técnico del IMSS aprobó para el personal médico que atiende pacientes con COVID-19.

“A ninguno de nuestros compañeros nos llegó el bono COVID y sí nos afecta por que tenemos que estar comprando mascarillas y googles por nuestra cuanta para poder tener un mejor equipo de protección”, aseguraron

https://www.efekto.tv/noticias/clinica-29-del-imss-registra-brote-de-covid-19/

Ignoran a la justicia federal y ahora 22 % de personal médico está contagiado de coronavirus (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

*Personal médico del ISSSTE advierten que estas dos semanas son cruciales porque los casos están disparándose. | *Las autoridades médicas ignoraron un mandato judicial.

OAXACA, Oax.- Pese a que el Juzgado Primero de Distrito otorgó una suspensión de plano para proteger los derechos humanos del personal médico del ISSSTE en Oaxaca y requirió a las autoridades, éstas se han concretado a presentar una negativa de los actos reclamados ante la autoridad judicial.

Cabe mencionar que la totalidad de médicos internistas de la Delegación Estatal del ISSSTE en Oaxaca solicitaron el amparo de la justicia federal ante la falta de protocolos de atención, coordinación apropiada y equipo médico para hacer frente al covid-19 y la demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito con fecha 10 de mayo del 2020, bajo el número 361/2020.

La solicitud de amparo busca proteger la vida del personal médico y la de pacientes sobre todo de quienes intervienen en la atención directa a pacientes que presentan síntomas o contagio del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19.

Ante la solicitud de protección de la vida, se emitió una suspensión de plano, la cual se concede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida.

Una vez emitida la resolución se comunicó con carácter de urgente para buscar su cumplimiento inmediato.

Sin embargo, a la fecha las autoridades responsables, es decir, el Director o Encargado del Hospital “Presidente Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Gonzalo López Cruz; el Coordinador de Urgencias y de la Unidad de Terapia Intensiva, Héctor Sánchez Valencia; la Coordinadora Médica de Anestesiología, Haydee Rojas, y la Delegación del ISSSTE en la entidad no presentan ningún documento o evidencia y argumentan que están aplicándose los protocolos adecuados.

El hecho es que no existen tales protocolos y, por el contrario, ha sido evidente su resistencia a cumplir con su función de cuidado al derecho humano a la vida a las y los médicos quejosos y pacientes del hospital.

El médico Víctor Cruz Lucas manifestó que “por falta de una planeación, protocolos y operatividad sobre todo en sistemas de salud y por incompetencia están poniendo en riesgo al personal médico”.

Esto “ya se salió de una cuestión jurídica porque estamos rebasando el problema de salud debido a que la contingencia sigue avanzando y está sobrepasándose la capacidad hospitalaria y de personal”.

“Hay brotes de Covid-19 en el Hospital de Especialidades, en el Hospital Comunitario de Tamazulapam Mixe y aquí mismo en el ISSSTE; entonces, como el 22 % de personal médico ya está contagiado en el área de Salud, esto está tremendo.

“Estamos al borde de que entremos a unas semanas cruciales de lo que es la pandemia”, puntualizó.

Esto ya es un “relajo, Especialidades ya está colapsado; el IMSS casi está al tope y el ISSTE está a un 40%; sin embargo, ahora se está viendo el otro flanco, el de recursos humanos porque el 22 % de personal está contagiado y, ¿quiénes van atender las áreas de salud?”.

Mencionó que “con estos contagios entre el personal médico (143 hasta el corte del 18 de mayo) va a menguar la capacidad de atención porque ya no hay personal suficiente para afrontar todos los horarios, ni todos los días, ya no hay dónde sacarle. Incluso a pesar de las convocatorias, la cantidad no ha sido muy buena, muchos de los aspirantes no son especialistas, son generales y luego desertan”.

Entonces, dijo que “si realmente no se toman cartas en el asunto, vamos a tener situaciones alarmantes y urge la atención de las autoridades centrales, por lo que hacemos un llamado para que volteen los ojos a Oaxaca”.

https://pagina3.mx/2020/05/ignoran-a-la-justicia-federal-y-ahora-22-de-personal-medico-esta-contagiado-de-coronavirus/

Ante Covid-19, ordenan a directivos del ISSSTE Oaxaca garantizar derecho a la vida del personal médico

Página 3 / Jaime Guerrero.

El Juzgado Primero de Distrito emitió una suspensión de plano para garantizar el derecho a la vida del personal médico del Hospital “Presidente Juárez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), ubicado en la capital de Oaxaca.

La demanda de amparo fue radicada en el Juzgado con fecha 10 de mayo del 2020, bajo el número 361/2020.

Ante la solicitud de protección de la vida, se emitió una suspensión de plano. Esa figura legal se concede, entre otros casos, cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida.

Una vez emitida la resolución se comunicó con carácter de urgente para buscar su cumplimiento inmediato.

Y es que la totalidad de médicos internistas de la Delegación Estatal del ISSSTE solicitaron el amparo de la justicia federal ante la falta de protocolos de atención, coordinación apropiada y de equipo médico.

La suspensión otorgada exige a autoridades responsables la implementación de forma inmediata de un protocolo escrito de atención médica para pacientes con síntomas o contagio de virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que ameriten hospitalización.

Establezcan con precisión las especialidades médicas que deberán atender a pacientes, en función de los procedimientos a implementar conforme al estado de salud de las personas.

Se establezcan turnos y guardias de atención a pacientes para no provocar un desgaste inhumano y desigual, y no se sobre-exponga a profesionales de la salud a un riesgo de contagio del virus.

Asimismo, les proporcionen todos los insumos de protección médica suficientes y adecuados para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) descritos.

Sin embargo, como se señaló en párrafos anteriores, las autoridades responsables solamente se han concretado a presentar ante la autoridad judicial una negativa de los actos reclamados.

Las personas responsables señaladas como omisas de coordinar, dirigir e implementar las acciones son el Director o Encargado de la Dirección del Hospital Presidente Juárez del ISSSTE; el Coordinador de Urgencias y de la Unidad de Terapia Intensiva de ese nosocomio, Héctor Sánchez Valencia, la Coordinadora Médica de Anestesiología, Haydee Rojas, y el Delegado en Oaxaca del ISSSTE.

La solicitud de amparo busca proteger su vida y la de empleados y pacientes de esa institución médica, sobre todo de quienes intervienen en la atención directa de personas que presentan síntomas o contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Según versiones de los doctores que han promovido el amparo, las autoridades responsables solamente se han concretado a presentar una negativa de los actos reclamados ante la autoridad judicial y no han presentado ningún documento o evidencia y argumentan que están aplicándose los protocolos adecuados.

No obstante, el Juez federal emitió un plazo de 24 horas a las autoridades del ISSSTE para informar el cumplimiento a la suspensión decretada.

Apercibidas que de no hacerlo, su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar.

Por lo pronto, el personal médico reclama la omisión en dotar y proporcionar los distintos insumos de protección a médicos y empleados hospitalarios, además de ser omisos en definir, implementar, dirigir y coordinar protocolos médicos escritos para la atención de pacientes con contagio del virus.

De igual forma, exigen que para la atención de pacientes contagiados se involucre a médicos en la especialidad de medicina de urgencias, de medicina crítica y de anestesiología, porque ante la ausencia de este personal, la atención está dirigiéndose a especialistas de medicina interna.

De acuerdo con el personal médico, eso ha provocado la saturación y sobrecarga de trabajo.

También pone en peligro su vida por la sobreexposición al virus que ha demostrado su alta mortalidad especialmente en los hospitales.

A su vez, se incrementa el contagio a otros pacientes que son atendidos por ellos.

Asimismo, denuncian actos de maltrato de obra y palabra, y de discriminación, porque las personas responsables, aprovechándose de su posición de poder, con prepotencia y arbitrariedad han ordenado y autorizado verbalmente a médicos especialistas en medicina de urgencias y medicina crítica que no intervengan en procedimientos de atención a pacientes portadores o con síntomas del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Dichos procedimientos consisten en revisiones médicas, asistencia en las áreas de terapia intensiva e intubaciones del paciente.

Las autoridades sanitarias del ISSSTE argumentaron que esos procedimientos debían estar a cargo de médicos de medicina interna siendo que ellos tienen pleno conocimiento de que no existe equipo apropiado en su atención, ni protocolos escritos.

Sin embargo, a juicio del personal médico, no se garantiza la protección al derecho humano a la salud y la vida tanto de pacientes como del personal médico y paramédico del hospital.

No obstante, el Juez concedió la suspensión de oficio y de plano del acto que reclaman consistente en la falta de implementar, dirigir y coordinar protocolos médicos escritos para la atención de pacientes con contagio de virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Así como proporcionar los insumos médicos como guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas, delantales, gorros, careta médica, cubreboca quirúrgico y N95, googles grandes con la capacidad de tener otros lentes dentro, equipo protector para la atención de los pacientes que presentan síntomas o contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

https://pagina3.mx/2020/05/ante-covid-19-ordenan-a-directivos-del-issste-oaxaca-garantizar-derecho-a-la-vida-del-personal-medico/

Suman 11 mil 394 casos acumulados de COVID-19 en personal de salud


Foto: Notimex

Diego Santiago / Radio Fórmula

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta este martes, 149 trabajadores sanitarios fallecieron por complicaciones de la COVID-19 en México.

Hasta este lunes, se han acumulado 11 mil 394 casos de COVID-19 en personal de salud y 149 perdieron la vida.

Así lo dio a conocer este martes la Secretaría de Salud. En conferencia de prensa, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló las cifras de los trabajadores de la salud que han padecido la COVID-19.

De los 11 mil 394 casos acumulados de COVID-19 en personal de salud, actualmente hay 2,790 activos.

La Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Baja Califronia y Veracruz encabezan los estados con más médicos infectados con COVID-19. Asimismo, el funcionario detalló que las enfermeras y enfermeros son quienes más se han contagiado (41%), seguidas de las médicas y médicos (36%). Otros profesionales de la salud suman el 20%, laboratoristas, 2%; y dentistas, 1%.

https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20200519/suman-11-mil-394-casos-acumulados-de-covid-19-en-personal-de-salud/

Gobernador incumplió con la entrega de despensas a choferes de urbanos (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Prometió que cada semana les iba a entregar una y desde que inició la contingencia sólo les dio una vez

Javier Rojo Fregoso / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Martes 19 de mayo del 2020.- Son cientos de trabajadores del volante sección urbanos que dicen estar molestos con el actual gobernador del estado panista, Antonio Echevarría García, quien demagoga y abusivamente les prometió apoyarlos con motivo de la pandemia por el Coronavirus para que se ayudaran junto con sus familias  con una despensa cada semana, lo que de inicio alegró a los trabajadores del volante, sin embargo advierten desconsolados y que se sienten engañados y utilizados, “confiamos en su promesa, pero nada más nos mandó una despensa al inicio de esta emergencia sanitaria pero nada más, ya nunca más nos mandaron ni se nos dio justificación alguna,  tampoco nuestros dirigentes sindicales nos dieron respuesta a pesar de que les preguntábamos que qué pasaba que por qué no llegaban las despensas que había ofrecido entregarnos cada semana el gobernador”.

Advirtieron que el gobernador no debe de olvidar que ya mero llegan las campañas electorales y con ello las elecciones del próximo 202l, “es ahí en donde nos la vamos  cobrar”, lo han dicho muy firme dichas familias trabajadoras del volante que están molestas por este engaño gubernamental, “no merecemos que el gobernador nos eche mentiras, no hay necesidad simplemente no nos haya  dicho que no tenía voluntad  para apoyarnos  y punto”, señalaron.

En esta capital del estado actualmente existen alrededor de Cuatrocientos trabajadores de la volante sección urbanos mismos que no han recibido ningún apoyo gubernamental a pesar de la gravísima crisis financiera en que estamos todos sobreviviendo por el Coronavirus, aseguran los choferes que van a desconocer a todos sus líderes sindicales porque ni uno solo sirve para nada, son alcahuetes que no le exigen nada al gobernador del estado, quien dicen, no tiene sensibilidad social y menos política.

http://realidadesperiodico.com/portada/tono-incumplio-con-la-entrega-de-despensas-a-choferes-de-urbanos/

En Matamoros se perdieron más de 2 mil empleos de enero a abril (Tamaulipas)

Ángel Arias/Hoy T.am
19 mayo 2020

La industria de la transformación (maquiladoras) perdió mil 496 empleos, por su parte, el rubro de la construcción dejó ir a mil 200 trabajadores y las empresas prestadoras de servicios corrieron a casi 200 empresas.

Matamoros, Tamaulipas. – De acuerdo a las estadísticas que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido 2 mil 435 empleos de enero a abril de este 2020, principalmente de la industria de la transformación (maquiladoras), industria de la construcción y empresas prestadoras de servicio.

A la fecha se han perdido mil 497 empleos de la industria de la transformación y más de mil 200 empleos de la industria de la construcción, mientras que empresas prestadoras de servicio han despedido a casi 200 personas.

La mayoría de los empleos se han perdido en los últimos 2 meses, es decir, durante marzo y abril, esto puede adjudicarse a personal que estaba de contrato y no de base y que, por motivos del coronavirus y la cuarentena, enviaron al personal a la casa.

Las empresas prestadoras de servicio, que tienen también que ver con el hogar, han despedido 184 personas, también en el último periodo de marzo y abril.

Se estima por parte de los empresarios que el despido de personal concluya en cuanto retomen labores en todos los sectores, pues muchas empresas tienen parados trabajos desde mediados de marzo, en que inició la cuarentena.

https://www.hoytamaulipas.net/notas/419761/En-Matamoros-se-perdieron-mas-de-2-mil-empleos-de-enero-a-abril.html

TRABAJADORES DE MAQUILADORAS EN LA FRONTERA NORTE PROTESTAN ANTE REINICIO DE ACTIVIDADES (Baja California, Chihuahua, Tamaulipas)

Lucy Sanabria/Sopitas.com
19 mayo 2020


Foto: Cuatoscuro

El gobierno se alista para la “nueva normalidad”, el regreso a las actividades económicas. Sin embargo, ¿cómo se hará la reapertura si en algunas zonas hay un montón de problemas en cuanto a los protocolos de la Emergencia Sanitaria y se han registrado fallecimientos por coronavirus? Esto es lo que pasa en algunas maquiladoras de Chihuahua y Tamaulipas.

Tanto en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en Matamoros, Tamaulipas, los trabajadores marcharon la tarde del lunes, 18 de mayo, para exigir que las empresas maquiladoras no reanuden operaciones y que paguen los salarios íntegros, en algunos casos señalaron que sólo han recibido el 50 y 75% del salario.

Maquiladoras en Tijuana. Foto: Cuartoscuro.

Las denuncias en Ciudad Juárez
En el caso de Ciudad Juárez, de acuerdo con La Jornada, la movilización de los obreros y las obreras fue convocada por la abogada laboral Susana Prieto, quien acusó al gobierno de maquillar las cifras de trabajadores de las maquiladoras por coronavirus.

Según la abogada, han fallecido más de 200 empleados a causa del coronavirus.

“Maquiladoras que habían suspendido actividades para evitar la propagación del covid-19 han vuelto a operar, algunas de ellas habían cerrado voluntariamente y otras siguieron laborando bajo estricto protocolo de higiene debido a que su producción es parte de la cadena de suministros esenciales en Baja California”. Foto: Cuartoscuro.

Otras de las denuncias está ligada al retorno de actividades. En Ciudad Juárez acusaron que las maquiladoras —la mayoría estadounidenses— llamaron a los trabajadores para reincorporarse pese a que estas no cumplen con las medidas de la Secretaría de Salud.

Algo similar sucedió en Tijuana, Baja California, donde las maquiladoras suspendieron actividades para evitar los contagios por coronavirus en abril pasado —hubo algunas que continuaron laborando pero bajo un protocolo sanitario bien estricto y por la necesidad de no desatender la economía con el vecino del norte.

https://www.sopitas.com/noticias/protesta-maquiladoras-trabajadores-riesgos-coronavirus/

Se manifiestan trabajadores de Nissan por pago de utilidades en Aguascalientes

Alejandro Romo/Newsweek Aguascalientes
19 mayo 2020


Foto: Alejandro Romo

Más de 100 trabajadores de las plantas A-1 y A-2 de la empresa ensambladora japonesa Nissan se manifestaron la mañana de este martes en el Palacio de Gobierno Estatal para solicitar al gobierno encabezado por el panista Martín Orozco Sandoval que intervenga como intermediario para que se les pague una cantidad justa de utilidades, ya que únicamente se les pagó un promedio de 700 pesos.

Los trabajadores simpatizantes y afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) mencionaron que aunque la mayoría de los empleados de Nissan recibirán más de 20 mil pesos, del pago de utilidades sólo corresponden 700 pesos, mientras que el resto son de la caja de ahorro y de otros bonos.

“Entendemos que los trabajadores tengan miedo, muchos de ellos se presentaron el día de hoy pero con el miedo de que la empresa tenga represalias, ha generado un acoso laboral que ha hecho que día con día haya despidos injustificadamente”.

Por lo anterior, desde hace días se interpuso una demanda ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) para solicitar la revisión de la declaración anual de la empresa Nissan Mexicana S.A. de C.V. y de la carátula que establece la base a repartir las utilidades conforme a la Ley Federal de Trabajo, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria.

Gritando consignas como “Fuera CTM” o “Utilidades justas para la Nissan, los trabajadores lamentaron la postura del sindicato oficial (Confederación de Trabajadores de México), que no ha intervenido para que se realice el ajuste al pago de las utilidades para los trabajadores.

“Aunque la empresa declaró utilidades de más de 23 mil pesos, nunca mostraron la carátula ni tampoco hicieron una asamblea en donde los trabajadores conocieran realmente cuánto era lo que se les había de depositar, por eso en el momento en el que los trabajadores revisan su estado de cuenta no reciben más de 742 por concepto de utilidades”, afirmó la dirigente sindical.

El contingente partió desde las oficinas de CATEM en Aguascalientes, en Av. José María Chávez y Av. Convención de 1914, portando cubrebocas y sosteniendo una cuerda para garantizar la sana distancia entre los participantes, aunque debido a la cantidad de asistentes en algunos momentos no se pudo respetar dicha medida.

Actualmente CATEM mantiene una demanda ante tribunales federales para buscar la titularidad de la representación sindical al interior de Nissan, y que de esta manera puedan representar los derechos laborales de los trabajadores.

De acuerdo a la secretaria general de CATEM en la entidad, Berenisse Ruíz Sánchez, actualmente la organización sindical que encabeza mantiene la preferencia de alrededor de 4 mil 500 de los 7 mil trabajadores de las dos plantas de Nissan.

“Van más de 85 trabajadores despedidos injustificadamente, argumentan que por la baja producción, pero por otro lado hay una campaña constante de contratación”, destacó.

A pesar de no contar todavía con validez oficial para representar a los trabajadores de la empresa automotriz, Ruíz Sánchez solicitó al gobierno estatal que se establezca una mesa de diálogo entre la empresa y sus trabajadores para que se respeten sus derechos, consagrados en la Ley Federal del Trabajo.

De igual modo, hizo un llamado en el pliego petitorio que se entregó a la autoridad estatal para que se revise el pago de las horas extras de los trabajadores, además de modificar el horario laboral a un máximo de ocho horas laborables con media hora de descanso.

https://newsweekespanol.com/2020/05/manifiestan-trabajadores-de-nissan-por-pago-de-utilidades-en-aguascalientes/

Personal del IMSS es amenazado por la institución y crimen organizado, la Guardia Nacional no protege (Jalisco)

Foto: Cortesía

Para atender pacientes con Covid-19, denuncian una serie de atropellos institucionales e incluso han sido intimidados por un grupo delictivo, l

Isaura López / El Occidental

Por exigir equipo de protección para atender pacientes con Covid-19, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es amenazado con anular su contrato; a la fecha ni dialogo ni noción de la delegada Edith Bermúdez Alonzo, quien asumió el cargo en febrero de este año.

Además, denuncian una serie de atropellos institucionales e incluso han sido intimidados por un grupo delictivo pese a que el Hospital Regional 110 del IMSS esta resguardado por la Guardia Nacional.

“Hace días se metieron con pistola, metralletas, encerraron a médicos y enfermeras los amenazaron y los militares no se metieron, supuestamente eran personas de la plaza, que como no atendieron bien a su familiar y se agravo fueron a intimidar” narró una trabajadora del hospital Naty P. (por protección y petición se modifica su nombre).

El personal de salud, dice camina con temor, luego de haber sido encerrados y fotografiados.

En cuanto al campo de atención de la enfermedad, denuncia que las batas, caretas, mascarillas y guantes otorgadas son de baja calidad: “Hasta da risa el equipo de protección que no dan, la verdad no nos protege de nada, es una burla lo que dan, lo que nos mandan”, expresó Naty P., del hospital 110 del IMSS.

“Nos dan una bata, así como abre una servilleta de papel así más o menos es la bata, es un abata que de verla causa lastima, son dos pares de guantes y son unos googles que se prestan por turno cada compañero cuando ahí podemos adquirir otras infecciones en los ojos, mínimo una conjuntivitis y un solo cubrebocas supuesto N95”.

El personal del IMSS de diferentes áreas de atención a Covid-19, muestra su preocupación laboral ante la advertencia que podría rescindir su contrato por exigir lo antes expuesto y evitar realizar el servicio sin protección.

“No nos negamos para eso nos preparamos, pero también no velan por nuestra integridad, hemos visto que en otros hospitales les dan batas de calidad, par de guantes a cada personal y a nosotros no”.

Asimismo, indicó que a pesar del anuncio del IMSS Federal del bono Covid-19 de 20% del sueldo para trabajadores del área médica y no médica por brindar atención a pacientes aun no llega: “La mayoría del personal del hospital no lo ha recibido, porque dicen que unas personas si están contacto”.

Aunque la petición por dotación de equipo de calidad y personalizado lo han hecho a la delegación, directivos y al propio sindicato hay desinterés y a dos meses y medio de la pandemia en Jalisco, el personal evidencia también su temor por enfermar, sin que un organismo vele por su salud.

Con relación al piso siete espacios exclusivos para la atención de pacientes con Covid-19, indicó que de casi 80 cama censable, la mitad está ocupada: “Aunque ya desalojaron otros pisos, en el piso seis están los sospechosos, y en el siete los confirmados”.

En el hospital general 110 conviven derechohabientes, familiares, persona de salud y militares, quienes ocupan un parte del estacionamiento y revisa de manera constante las bolsas y equipos de los profesionales.

https://www.eloccidental.com.mx/local/personal-del-imss-es-amenazado-con-anular-su-contrato-por-exigir-equipo-de-proteccion-5251600.html

Habitantes de Salaverna denuncian penalmente a Carlos Slim (Zacatecas)

El delegado municipal Roberto de la Rosa Dávila dijo que está presionado por la empresa, misma que lo denunció “según esto porque yo estoy atacándolos / Foto: Archivo, El Sol de Zacatecas

Juan Castro / El Sol de Zacatecas, 19 de mayo de 2020

Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal de Salaverna, informó que han interpuesto una denuncia penal en contra de la empresa minera Ocampo Minning Tayahua, y de su propietario, Carlos Slim Helú, por los daños ocasionados a las viviendas.

“Si el defender nuestros espacios es causarle delitos, entonces vamos a ser delincuentes”, señaló.


“Se denuncia la pérdida de la libertad, las grietas están llegando hasta nuestras casas, ya están los pisos reventados, yo tuve que retirar la cama de la pared porque ya está toda agrietada la pared, es mucha la ambición de este señor para querer hacer su mina a cielo abierto y querer sacarnos de nuestros espacios.

El representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Efraín Arteaga, señaló que el lunes pasado estuvieron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, interpusieron una denuncia penal en contra de la empresa filial de Frisco Tayahua, cuyo accionista principal es Carlos Slim Helú.

Señaló que la denuncia fue por los delitos que se han venido cometiendo en contra de la comunidad, ya que se ha venido despojando de sus tierras a la comunidad y ha venido produciendo gravísimos daños.

Se han provocado hundimientos y grietas en el suelo de la comunidad, que corren en las viviendas; los pisos, las paredes, los techos están todos agrietados y las pocas viviendas que quedan están a punto de venirse abajo, todo lo cual implica una responsabilidad penal.

Se interpuso la denuncia en contra de la empresa y de sus accionistas, de sus directivos, y en contra también de sus personeros en la región.

Roberto de la Rosa Dávila dijo que está presionado por la empresa, misma que lo denunció “según esto porque yo estoy atacándolos, al contrario, yo me estoy defendiendo, es la defensa del territorio”.

Ahora resulta que defender la Patria es delito y no se vale, por eso se puso la denuncia.

Explicó que la denuncia en sí es contra Carlos Slim, porque son órdenes de él las que se cumplen.

Indicó que la denuncia es porque les han quitado sus espacios, la libertad, el modo de vida y no se puede andar libremente por la comunidad porque ya están cercando todo.

“Ahora están metiendo una línea de alta tensión alrededor de la comunidad, entre cinco y seis kilómetros de circunferencia.”

Eso da la idea de que hay presión para abrir la mina a cielo abierto, “lo cual para nosotros significaría el exterminio ya de la comunidad, tanto de Salaverna como de la cabecera municipal”.

Dijo que la cabecera municipal no tiene agua en su manantial principal desde el verano pasado, y en abril del presente año se acabó el agua de pozo que se usaba.

l presidente municipal está callado, “no dice nada, todo lo compromete, es cómplice de las mineras, y pues no dice nada, pero el municipio se está quedando poco a poco sin agua”.

Es un ataque directo a la naturaleza y a todos los que viven en el lugar y la obligación como mexicanos es “defender nuestro territorio, no se vale que este señor esté acaparando todo, invadiéndonos, porque es una invasión”.

El actor principal aquí es Carlos Slim, se le dijo a la ministerio público que era quien quería perjudicarlos, además del titular de la obra en la comunidad, que con quien se tienen los conflictos “y los vamos a tener siempre porque nosotros no estamos de acuerdo en que se nos quiera quitar nuestra libertad y nuestros espacios”.

Por su parte, la legisladora local, Alma Gloria Dávila Luévano, indicó que mucho se cree que por los empleos que genera la minería con eso está justificado que hagan explotación minera.

Sin embargo, no se sabe todo el deterioro que hay en el medio ambiente, la destrucción masiva que sucede y se debe de valorar de qué es realmente lo que más nos beneficia a los zacatecanos.

Se puede hacer un tipo de minería menos agresiva y buscar la manera de no dañar o lo menos posible la naturaleza.

Se pronunció por defender los pueblos y su forma de vida, porque si ellos han decidido que prefieren dedicarse a la agricultura, a la ganadería y vivir de esa manera, también debe de respetarse.

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/habitantes-de-salaverna-denuncian-penalmente-a-carlos-slim-mazapil-zacatecas-mina-minera-mineros-5252618.html

Protestan maestros de la sección 16 de SNTE por falta de pago (Jalisco)

Foto: Rafael Hernández

Adrián Delgado, vocero de la sección 16 del sindicato, dijo en entrevista con Señal Informativa que son tres mil 207 casos de profesores a los que se les adeudan hasta un año de salario

Rafael Hernández / UDGTV

Guadalajara, Jalisco. Maestros de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestaron en la Secretaría de educación Jalisco por falta de pago.

Adrián Delgado, vocero de la sección 16 del sindicato, dijo en entrevista con Señal Informativa que son tres mil 207 casos de profesores a los que se les adeuda hasta un año de salario.

Indicó que esperan una regularización en los pagos a los maestros pues la situación económica de estos ha empeorado con el aislamiento debido a la pandemia de coronavirus. Ahora el trabajo se les ha incrementado al dar las clases en línea, y algunas actividades extra con las que conseguían dinero para sobrevivir, han sido imposibles de ejecutar.

Sin embargo dejaron en claro su compromiso con la educación, y advirtieron que entre sus planes no está dejar de dar clases.

Pero ¿cómo le hacen los maestros para sobrevivir sin salario?, es parte de lo que le mostraremos en una próxima entrega.

http://udgtv.com/noticias/protestan-maestros-seccion-16-snte-falta-pago/

Fracking en Veracruz pone en alerta a grupos ambientalista

Miguel A. Cortés / El Dictamen

Fracking en Veracruz pone en alerta a grupos ambientalista. Hay proyectos en la cuenca Tampico-Misantla, al norte de la entidad.

Asociaciones ambientalistas activaron sus alertas luego de que se dio a conocer la aprobación de proyectos de fracking en la zona norte del estado de Veracruz, debido al impacto al medio ambiente y al entorno social que estas prácticas ocasionan a los pueblos colindantes con las zonas donde se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos.

Las organizaciones se mostraron preocupadas a causa de los daños que provocan las técnicas de fracturación hidráulica, como el consumo elevado de agua, la contaminación de aguas superficiales por derrames y accidentes, infección con productos químicos, entre otros efectos negativos.

De acuerdo con el periódico El Universal la Comisión de Hidrocarburos (CNH), órgano dependiente del gobierno federal, aprobó en 2019 siete proyectos para “incorporar recurso de aceites y gas en plays (extensiones productivas) no convencionales”, es decir, yacimientos que requieren pozos horizontales con fracturación hidráulica.

El medio de comunicación tuvo acceso a diversos documentos de una investigación realizada por la asociación “Alianza Mexicana contra el Fracking”, en los cuales se informa que de los siete planes tres son nuevas exploraciones y cuatro son ampliaciones de los plazos pactados.

Lo anterior significa que las empresas preguntan a la CNH si pueden continuar explorando o si pueden comenzar a hacerlo en estas reservas de hidrocarburos, permisos que el organismo concedió pese a que, durante su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a no permitir el fracking.

Pemex Exploración y Producción es la encargada de gestionar seis de los proyectos aprobados por la CNH, mientras que la séptima es para la empresa Operadora de Campos DWF. Las áreas están en la cuenca Tampico-Misantla, entre Veracruz y Puebla, y afectan más de mil 800 kilómetros cuadrados.

USO DESMEDIDO DEL AGUA, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

Para Francisco Cravioto Lagos, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA), la aprobación de cualquier proyecto de hidrocarburos genera una voz de alerta para las asociaciones ambientalistas, pero sobre todo para los habitantes de los territorios que serán dañados por las técnicas de fracturación hidráulica.

El consumo desmedido de agua es lo que más preocupa a los miembros de LA VIDA, ya que un solo pozo de hidrocarburos requiere entre nueve y 29 millones de litros del vital líquido, cantidad que se multiplica exponencialmente debido a que cada proyecto de fracking incluye cientos o hasta más de mil excavaciones.

“El agua que se utiliza para inyectar al subsuelo es agua de la cual se priva a la población que, por supuesto, tiene necesidades, la primera de ellas es el agua que necesitamos para digerir, para la vida, la que necesitamos para todas nuestras actividades domésticas, higiénicas, la que necesitamos para nuestros alimentos tanto de origen animal como vegetal”, comentó.

Asimismo, LA VIDA se muestra preocupada por la excesiva contaminación de agua que involucran las técnicas de fracturación hidráulica, debido a que el líquido que se inyecta a los pozos es contaminado con más de 600 sustancias químicas que pueden ser tóxicas e inclusive cancerígenas y que al regresar a la superficie es muy difícil de tratar para retirarle los compuestos dañinos.

POSTURA DE AMLO NO LOS TRANQUILIZA

Aunque el mandatario nacional aseguró que investigará si la CNH aprobó los siete proyectos de fracking y mostró a favor del cuidado del medio ambiente, dicha postura no tranquilizó a los colectivos ambientalistas de la entidad veracruzana, que pidieron que se la fracturación hidráulica esté prohibida constitucionalmente.

“Nos tranquilizaría mucho más que quedara plasmada en ley, lo que debería haber sucedido o debe suceder es que desde la Secretaría de Energía se origina una iniciativa de ley que el presidente pueda presentar al Congreso para que se empiece a discutir qué reformas se tienen que realizar en la ley de hidrocarburos para que este tipo de técnicas nocivas, el fracking, se encuentren prohibidas”, expresó Cravioto Lagos.

LA VIDA exigió al presidente López Obrador que, si realmente tiene la intención de evitar el fracking presente una iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos y se busque que los congresistas lo aprueben, ya que de lo contrario se continuará dañando a los pueblos del Totonacapan en el norte de Veracruz.

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/fracking-en-veracruz-pone-en-alerta-a-grupos-ambientalista/

Pandemia agudiza la problemática de los migrantes

Redacción / El Heraldo de Tabasco

La compleja situación de los migrantes en México se han recrudecido durante la pandemia por el cierre de fronteras, informaron este miércoles expertos en un seminario virtual del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

La pandemia ha elevado la vulnerabilidad de los migrantes con daños en materias de salud, economía y derechos humanos, dijo Rodolfo Cruz Piñeiro, director del departamento de estudios de población del Colef y coordinador del seminario Poblaciones migrantes en el contexto de la pandemia Covid-19.

“No sabemos bien a bien que está sucediendo con ellos, si están en albergues, refugios, si pueden transitar, pero prevemos un fuerte cambio en la dinámica de la región”, explicó Cruz, quien coordinó el seminario virtual.

Rafael Alonso Hernández, coordinador del doctorado en Estudios de Migración del Colef, destacó el contexto internacional adverso de los migrantes por las políticas restrictivas de países como Estados Unidos y de Centroamérica.

Esta situación se ha agravado en la crisis del Covid-19 por el cierre de fronteras que “dejó en el limbo” a los migrantes, ya que no se pensó en sus necesidades específicas y con ello esta población quedó en la indefensión, explicó.

Para el representante adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México, Jeremy MacGillivray, la pandemia ha significado una “complicación añadida” para las poblaciones de migrantes en México.

“El coronavirus afecta más a los migrantes, los que enfrentan las mismas amenazas que todos a la salud, sumadas a sus propias condiciones; sufren más al final del día”, enfatizó MacGillivray.

Néstor Rubiano, de la organización Médicos Sin Fronteras, comentó que durante la pandemia, que ha afectado la región desde febrero pasado, los flujos migratorios se han reducido considerablemente pero las deportaciones siguen, y la mayoría sin hacer pruebas del virus.

El riesgo para la población migrante es alto porque han quedado aislados a escasos metros del río Bravo y viven con pocas condiciones de salubridad.

Matamoros es la ciudad con más contagios de coronavirus en el estado de Tamaulipas. Asimismo, la vecina ciudad de Brownsville, Texas registra unos 170 contagiados y un deceso.

“Sí, nos da miedo. El problema no es aquí en el campamento. Aquí no hay, pero que venga alguien de allá (Brownsville) o de acá (Matamoros)” y nos contagie, reconoció el hondureño Marvin Zelaya, quien se dedica a desinfectar espacios concurridos por las personas del campamento.

En tanto, Joseph Herreros, Oficial Principal de Protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Refugiados (Acnur), explicó que en abril se observó una notoria reducción de los solicitantes de asilo en México de 85 por ciento.

Señaló que la media de cinco mil 500 mensuales, observada entre enero y marzo, bajó a menos de mil en abril, todo en medio de limitaciones por el cierre de las fronteras en el norte y el sur de México y la suspensión temporal de los trámites.

Sobre las ayudas a los migrantes en los albergues y en materia de salud durante la pandemia, los expertos coincidieron en la necesidad de coordinar los esfuerzos a nivel institucional, pues los flujos migratorios continuarán después de que los países retornen a la normalidad.

El experto de Acnur consideró que en la frontera norte la recuperación será más rápida que en el sur, por lo que seguramente la migración seguirá fluyendo en aumento, lo que hace necesaria una mayor coordinación regional.

Desde la declaración de la pandemia de Covid-19 en México, las autoridades permitieron la salida de extranjeros detenidos en las estancias y estaciones migratorias en todo su territorio.

En la frontera norte del país se viven dos hechos sin precedentes. Las estaciones migratorias de México se vacían y los arrestos de la patrulla fronteriza en abril bajaron casi a la mitad.

La Patrulla Fronteriza arrestó a 16 mil personas en abril, una disminución de 47 por ciento respecto al mes anterior, lo que de acuerdo a autoridades se debió a la decisión del gobierno de expulsar a los migrantes en virtud de un estatuto centrado en la salud que entró en vigencia en marzo, así como a las restricciones a los viajes establecidas por otros países.

El estatuto permite a los agentes deportar a los migrantes detenidos en la frontera, incluidos los solicitantes de asilo y los niños no acompañados por adultos, sin procesos legales estándar.

“Eso realmente ha llevado a la reducción en los números generales”, destacó Mark Morgan, comisionado de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), quien destacó que la mayoría de las personas capturadas en abril eran adultos solteros llegados desde México, que pueden regresar rápidamente a su país.

Las estadísticas subrayan cómo el presidente Donald Trump ha impulsado su campaña contra la inmigración durante la crisis del coronavirus. El republicano, quien buscará la reelección en noviembre, ha hecho de la inmigración un tema central de su mandato y la campaña 2020.

En marzo, Estados Unidos cerró temporalmente sus fronteras con México y Canadá para los viajes no esenciales y pausó los servicios de visa de rutina en la mayoría de los países del mundo.

México ha desalojado casi por completo sus estaciones migratorias en las últimas semanas, como medida para contener la propagación, enviando a la mayoría de los ocupantes a sus países de origen, según cifras oficiales.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que desde el 21 de marzo ha retirado a los ocupantes de las 65 instalaciones para migrantes de México, que el mes pasado albergaban a tres mil 759 personas.

En las últimas semanas, México ha devuelto a tres mil 653 migrantes a Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora sólo quedan 106 personas en los refugios. Las estaciones y albergues del INM tienen ocho mil 524 espacios.

Entre los que quedaron están migrantes que esperan el resultado de solicitudes de asilo o audiencias ante las autoridades.

SEGREGADOS EN CASA

Cuatro menores migrantes guatemaltecos sin compañía de adultos que habían sido deportados de México dieron positivo en pruebas del nuevo coronavirus, informó la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) del país centroamericano.

La responsable de la atención de los menores migrantes de la SBS, Anaeli Torres, dijo que los menores infectados fueron puestos bajo el resguardo del Ministerio de Salud para su tratamiento.

Pero algunos volvieron a Guatemala contagiados de Covid-19, con vuelos de más de 40 personas. El estigma social en su contra cada vez es mayor.

Una radio de amplia difusión a nivel nacional en el país centroamericano mantuvo en vilo a sus oyentes en un día de abril. Sonaron las estridentes sirenas informativas de fondo que asemejan a una patrulla en plena persecución policial. Pero no fueron policías quienes montaron el espectáculo, sino locutores que animaron a la audiencias a buscar a un migrante.

Se trataba de un guatemalteco que, desesperado por el encierro como paciente, esquivó el control de seguridad del hospital temporal del Parque de la Industria en ciudad de Guatemala, que fue montado para atender la crisis por emergencia sanitaria, y huyó pese a ser un contagiado más con síntomas leves.

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/mundo/pandemia-coronavirus-covid-19-agudiza-la-problematica-de-los-migrantes-salud-economia-derechos-humanos-5244229.html

Los Angeles Times puso en duda las cifras de muertes por COVID-19 en México

Los Angeles Times / Redacción.


Foto: REUTERS / Jose Luis Gonzalez

La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, han tenido problemas para contar las víctimas del coronavirus, debido principalmente a la escasez de pruebas.

En ciudades de todo México las morgues están llenas, las funerarias atascadas y los hospitales tan atestados que muchos pacientes han sido rechazados.

“Mi padre está en una bolsa negra en la parte trasera de una carroza fúnebre”, dijo Gabriela Jacomé, una empleada doméstica de 43 años que esperaba afuera del cementerio de San Nicolás Tolentino en la Ciudad de México, a Los Ángeles Times.

Los vehículos que transportaban a las víctimas del COVID-19 destacaron por sus letreros amarillos que advertían: “¡Alto riesgo de contagio!”

Esas escenas son difíciles de cuadrar con el número oficial de muertos del país: 5,177 según el último conteo.

Las autoridades han reconocido en varias ocasiones que muchas muertes no se cuentan porque no han sido confirmadas por las pruebas, por lo que el número real sigue siendo un misterio hasta la fecha.


Foto: REUTERS / Gustavo Graf

Los Angeles Times revisó 120 certificados de defunción proporcionados por un trabajador en un crematorio de Ciudad Juárez. 63 enumeraron “probable COVID-19” como la causa de muerte, y otros 30 nombraron neumonía u otras enfermedades respiratorias, a menudo asociadas con pacientes con coronavirus.

Solo en 12 casos se catalogó COVID-19 como la causa confirmada, lo que significa que solo esos casos se convertirían en parte del total oficial, un posible recuento de 93 muertes.

La creencia generalizada de que el número oficial de muertos en México es artificialmente baja, y la incapacidad del gobierno para corregirlo, se han convertido en un arma para los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, a medida que el país de más de 120 millones comienza a reabrir su economía.

Alejandro Macías, un especialista en enfermedades infecciosas que dirigió la respuesta de México a la epidemia de gripe porcina hace una década, dijo que no tenía dudas de que hay un conteo insuficiente. “Pero tampoco creo que sea una cuestión de mala fe”, dijo. “Pero las cifras oficiales no están completas”.

Las autoridades de salud en tres estados fronterizos del norte, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, también han cuestionado el conteo del gobierno.


Foto: Cuartoscuro

“Los números oficiales son muy bajos, de acuerdo con lo que estamos viendo y experimentando”, dijo el Dr. Pablo Villaseñor, que trata a pacientes con coronavirus en el Hospital General de Tijuana, al otro lado de la frontera con Estados Unidos desde San Diego.

Sin embargo, las cosas han empeorado tanto que la morgue de la ciudad se ha quedado sin espacio en el refrigerador para cuerpos. “Los están poniendo en el pasillo y cubriéndolos con lonas”, dijo un trabajador de un hospital cercano que esperaba afuera de la morgue con un cuerpo.

En la Ciudad de México, que tiene una población de 8.9 millones y acumula la mayoría de los casos, las autoridades dijeron la semana pasada que estaban creando una comisión especial para determinar cuántas personas podrían haber muerto por COVID-19. “Siempre hemos dicho que hay más muertes que las reportadas diariamente por el gobierno de México”, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, han tenido problemas para contar las víctimas del coronavirus, debido principalmente a la escasez de pruebas.

La tasa de pruebas en México se encuentra entre las más bajas de América Latina, con alrededor de 1.200 pruebas por cada millón de personas, según cifras oficiales.


Foto: REUTERS / Gustavo Graf.

La tasa de pruebas es 14 veces mayor en Perú y Chile, y casi siete veces mayor en El Salvador y tres veces mayor en Brasil.

La tasa de EEUU es 27 veces mayor, con 33,000 pruebas por cada millón de personas.

El recuento oficial de infecciones en todo el país llegó a 45.032 el viernes. Pero esos números excluyen 16,450 pruebas positivas realizadas por laboratorios privados.

En muchos países los investigadores de salud han tratado de evaluar el número de muertes de COVID-19 mediante el examen de estadísticas de muertes totales e independientemente de la causa. El enfoque no es infalible, pero puede proporcionar una estimación confiable de cuántas muertes no se capturan en los recuentos oficiales.

Sin embargo, en México, ni el gobierno federal ni los estados individuales han publicado estadísticas sobre las muertes totales de este año, ya que el coronavirus se ha extendido por todo el país. Las cifras nacionales más recientes son de 2018.

En muchas partes de México la devastación de COVID-19 es bastante evidente aún sin los recuentos oficiales precisos.

Un trabajador del crematorio en Juárez dijo que normalmente recupera 80 cadáveres por semana de los hospitales del área. “Recoges uno y mientras estás allí, se entregan tres más” a la morgue, dijo el trabajador.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/18/los-angeles-times-puso-en-duda-las-cifras-de-muertes-por-covid-19-en-mexico/

Entre personal médico suman 113 casos de contagiados por Covid-19: Donato Casas (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

*Al estar contagiado el personal médico se limita la atención en el sector hospitalario.
Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax.- El secretario de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, reconoció que el personal médico ha sido afectado por Covid-19 al contabilizar con por lo menos 113 casos y, por consecuencia, han limitando la atención en el sector hospitalario.

El Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam Mixes cumplió cinco días cerrado al registrarse un brote de coronavirus entre el personal médico, pues entre 10 a 20 médicos y enfermeras dieron positivo.

Casas Escamilla no dio más detalle solo “lamentó que desafortunadamente 113 profesionales de la Salud se encuentren cursando la enfermedad respiratoria”.

Antes, informó que al corte del domingo 17 de mayo, en Oaxaca se han confirmado 445 casos de Covid-19, de los cuales 170 están activos, así como 70 defunciones.

En las últimas 24 horas dos personas perdieron la vida en la lucha contra el coronavirus; se trata de dos hombres, uno de 46 y otro de 71 años de edad.

El servidor público lamentó que se tiene un acumulado de 70 defunciones, de los cuales el 44.3 % presentó complicaciones por presencia de diabetes mellitus, mientras que más de la mitad de dicho grupo padecía al menos dos enfermedades crónicas.

De los dos últimos casos, uno era residente de los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y el otro de Santa María Atzompa.

Indicó también que desde el inicio de la emergencia sanitaria se han realizado mil 562 pruebas a personas con síntomas relacionados con la enfermedad infecciosa, de las cuales 843 resultaron negativas, asimismo, se tienen 274 pacientes sospechosos y se han recuperado de la patología vírica 205 oaxaqueñas y oaxaqueños.

Casas Escamilla señaló que al corte de este domingo se notificaron 29 casos nuevos en 15 municipios y que el virus se ha extendido en 102 localidades del territorio oaxaqueño, afectando a 188 (42%) mujeres y 257 (58%) hombres.

En cuanto a la distribución geográfica de contagios, mencionó que:

244 se ubican en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, de los cuales 32 han fallecido;
Tuxtepec reporta 59 casos y 14 muertes;
En el Istmo de Tehuantepec se han registrado 55 positivos y 11 decesos;
La Mixteca tiene 49 positivos y nueve personas que han perdido la vida;
En la Costa se diagnosticaron 27 pacientes y cuatro defunciones;
La Sierra (Norte) presenta 11 casos, sin decesos.

Aseguró que:

266 pacientes positivos han sido atendidos por los SSO,
81 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
47 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
24 por el IMSS Oportunidades,
13 por la Secretaría de Marina (Semar),
7 por Petróleos Mexicanos (Pemex),
3 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y
4 por otras instituciones de salud.

Mencionó que de los casos sospechosos y que se encuentran en espera de resultados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) Oaxaca 174 corresponden a la región de Valles Centrales, 44 a Tuxtepec, 23 a la Costa, 18 al Istmo de Tehuantepec, ocho en la Mixteca, seis a la Sierra (Norte).

https://pagina3.mx/2020/05/entre-personal-medico-suman-113-casos-de-contagiados-por-covid-19-donato-casas/

Investigadores denuncian ante FGR posible daño al patrimonio por Tren Maya

Judith Amador Tello / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron a esta agencia que el pasado viernes 15 entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos, por la presunta destrucción de monumentos arqueológicos que podrían resultar afectados por la construcción de los proyectos Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La denuncia, con sello de recibido de la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la FGR, está dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero y firmada por los profesores investigadores Felipe Echenique March y Juan Manuel Sandoval Palacios.

El texto se ampara tanto en la Constitución Política como en las leyes General de Bienes Nacionales, Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Paleontológicos, su reglamento, y la Ley Orgánica del INAH, así como sus condiciones generales de trabajo.

No es una denuncia sobre hechos consumados, dado que los proyectos ferroviarios que iniciará en breve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (aun en medio del confinamiento por la pandemia de covid-19) apenas están asignándose a los inversionistas.

Sin embargo, afirman que de llevarse a cabo afectarán un número indeterminado de monumentos arqueológicos en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, y Oaxaca y Veracruz, en el Transístmico.

Los investigadores señalaron vía WhatsApp que las instituciones responsables del proyecto, como el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) y la propia Presidencia de la República, a las que se suman la Secretaría de Cultura y el INAH, actúan en contra de lo que ordena la legislación que protege los monumentos arqueológicos, lo cual es una omisión.

Consideraron que no se ha comprobado que se hayan hecho los trabajos necesarios e indispensables para salvaguardar ese patrimonio ubicado en el sur-sureste de la República.

Y advirtieron que las afectaciones no provendrán exclusivamente de la apertura del circuito ferroviario, ya que “implicará una colonización intensiva, extensiva y de gran velocidad, que dejará sentir sus olas expansivas de transformación y destrucción, más allá de sus rieles y sus estaciones, pues a esos circuitos de alta velocidad se les añadirán más de 18 polos de desarrollo que comprenden nuevas ciudades, parques industriales, parques agroindustriales, eólicos, de turismo y hasta arqueológicos”.

Asimismo, los especialistas lamentaron que el titular del INAH, Diego Prieto, señalara en reiteradas ocasiones que su papel no es detener obras de este tipo, sino hacer “salvamentos arqueológicos”, lo cual implica rescatar apenas piezas transportables, no grandes monumentos. Para ello, como se anunció hace unas semanas en el semanario Proceso, se abrió una convocatoria a los arqueólogos de los estados por donde pasará el tren Maya.

https://www.proceso.com.mx/630556/investigadores-denuncian-ante-fgr-posible-dano-al-patrimonio-por-tren-maya