Refinería.El proyecto más grande para impulsar la productividad de Pemex estaría en riesgo
Reacción / Nacion321
CREEMOS QUE IMPORTA POR…
Porque este proyecto es uno de los que López Obrador quiere concretar para impulsar el crecimiento de Pemex
Gatos salvajes, boas y manglares se convirtieron en un obstáculo inesperado para uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Andrés Manuel López Obrador: la refinería en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, antes de que AMLO tomará posesión como titular del Ejecutivo (el 1 de diciembre de 2018), se había comenzado a talar vegetación protegida en un terreno de la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex); el terreno está ubicado en Tabasco y alojaría a la nueva refinería en Dos Bocas.
Pero de acuerdo con Reuters, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), regulador ambiental de Pemex, dictaminó en enero pasado que el contratista que deforestó el predio para la refinería no tenía los permisos adecuados para hacerlo y le impuso una multa de unos 700 mil dólares.
Para la ASEA, el proyecto de la refinería sólo puede seguir adelante una vez que se haya hecho y aprobado un estudio completo del impacto ambiental y se tengan los permisos de uso de suelo.
“Eso podría retrasar el proyecto de la refinería por meses o incluso años, justo cuando el gobierno está tratando de aumentar la producción de petróleo, modernizar seis refinerías de Pemex, además de construir la nueva en Tabasco”, informó Reuters.
La agencia de noticias entrevistó a Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización de defensa del ambiente, quien aseguró que Pemex se meterá en problemas legales si sigue actuando apresuradamente con la refinería de Dos Bocas.
“Si avanzan rápido sin contemplar las leyes que tienen que cumplir, ellos se van a convertir en su propio enemigo”, expresó Alanís.
El Gobierno de México ha dicho que planea licitar la construcción de la refinería de Dos Bocas, con un costo de 8 mil millones de dólares este mes y terminarla en tres años.
ESPECIES EN PELIGRO
Pemex llegó a Paraíso a finales de la década de 1970 en búsqueda de una sede para un puerto petrolero tras el hallazgo del yacimiento Cantarell en el Golfo de México.
Sin embargo la empresa productiva del Estado no utilizó el predio semicircular ahora destinado para la refinería y los habitantes pudieron seguir cosechando frutos durante varios años. Finalmente, la zona fue abandonada, la vegetación creció y empezó a regresar la fauna.
“Varios tipos chorlos, garzas y una de halcón, así como un par de especies de iguanas y culebras clasificadas como amenazadas, además del chorlo chiflador en peligro de extinción, fueron identificados en Paraíso por la Conabio, una comisión gubernamental que estudia la biodiversidad. La Conabio también ha identificado varias especies de aves, reptiles y anfibios bajo protección especial en Paraíso”, refirió Reuters.
Además en el terreno donde se construiría la refinería se hallaron huellas del yaguarundí, un gato salvaje, dijo ASEA a Reuters, junto con una gran variedad de especies de aves y tortugas.
Un estudio realizado por un instituto gubernamental hace varios años concluyó que Paraíso era un lugar de riesgo para una refinería debido a la biodiversidad que alberga. La Conabio también identificó un manglar protegido por las leyes mexicanas, zonas de cultivos de palma y elementos remanentes de selva entre la vegetación que fue removida.
“Lo que nosotros queremos es que la laguna no se dañe”, dijo Manuel de la Cruz, líder de una federación pesquera en Paraíso y quien pesca desde que tenía ocho años de edad. El pescador dijo que entregó un documento a AMLO cuando visitó Paraíso en diciembre diciéndole que los pescadores ya no quieren seguir recibiendo “migajas” del gobierno.
AMLO no ha hecho comentarios acerca de la sanción de la ASEA por el desmonte del predio.
Aurelio Alfonso Solís Castañeda tenía 20 años el 8 de septiembre de 2016, cuando salió al centro de Xicotepec, donde vivía, a comprar unas cosas con su amiga África Quiroga Castro. Pero ninguno de los dos regresó. A los pocos días, su familia se enteró que habían desaparecido junto con su maestro Roberto Hernández Sánchez, de 29 años.
Dos años y medio después no hay ninguna pista de los tres y para Patricia Solís, hermana de Aurelio, no es fácil seguir con la investigación porque tiene que trasladarse más de tres horas desde Xicotepec de Juárez hasta Puebla capital para insistir a la Fiscalía que busque a su hermano. A pesar de esto, el miércoles 27 de febrero Patricia está en uno de los salones de la planta alta de Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, junto con familiares de al menos otras 9 personas desaparecidas de diferentes municipios.
Todos tienen algo en común: llevan fotos, hojas y pancartas con un rostro, una fecha, un teléfono y una petición: “Ayúdame a regresar a casa”. “Te estamos buscando”.
Los familiares de personas desaparecidas acudieron al foro “Rumbo a la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Puebla”, este pasado 27 de febrero, convocados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del gobierno del estado. El evento se dio como un primer paso para, por fin, instalar la Comisión Estatal de Búsqueda que lleva cerca de un año de atraso.
La mayoría de los familiares era integrante del colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, que apenas va a cumplir un año de existencia. La organización se articuló obligada por la falta de atención de las autoridades y por el nulo seguimiento a los casos. Todos los familiares comparten el mismo camino que han denunciado sin parar: se convierten ellos mismos en ministerios públicos e investigadores y tienen que hacer el trabajo que le tocaría a la Fiscalía.
En este contexto, Puebla tampoco tiene una Comisión Estatal de Búsqueda –que debería estar ya instalada junto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas–, y hace falta el pleno funcionamiento de una Fiscalía especializada en atender la desaparición de personas.
Ante la falta de apoyos, las familias tienen que organizarse para investigar y dar seguimiento a sus casos; tarea que es mucho más difícil para quienes viven lejos de la capital.
Ese es el caso de Gloria Elena Camarillo Viveros, cuya hermana, Olivia Cristina, lleva alrededor de tres años desaparecida.
Olivia Cristina Camarillo tiene tres niñas. La menor tenía cinco años cuando su madre desapareció el 16 de agosto de 2016 en Tehuacán, cuando salió por trabajo. Gloria cuenta que su hermana era cobradora en una financiadora. Ese día estaba cocinando con su hija cuando recibió una llamada; apagó la estufa y le dijo a la niña que no tardaba, que una persona que buscaba en la mañana le había hablado y que iba a salir por trabajo. Nunca regresó.
La familia de Olivia tiene que viajar, al menos dos horas de ida y dos más de regreso para ir hasta las instalaciones de la FGE y asegurarse de que las investigaciones avancen. Gloria denunció que en una ocasión tras entregarle al agente encargado del caso unas fotos de las cámaras de seguridad del trayecto por donde pasó su hermana, semanas después fue a verlo y las fotografías seguían guardadas en su escritorio: las cámaras no fueron revisadas, ninguna orden fue girada. Aunque Gloria y su familia le dieron pistas a la FGE, aseguran que las autoridades nunca las investigaron y daban menos seguimiento si no iban a Puebla a insistir en los avances.
Rosario Arrambide, encargada del área de Orientación Jurídica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, dijo que Puebla pasó “desapercibida” a nivel nacional por el ocultamiento que se le dio al tema de desaparecidos. Pero hoy en día, siendo una de las entidades con más personas sin localizar, el fenómeno ya no puede ser ignorado por el Estado.
La deuda del Estado
Rosario Arrambide dijo que existe una urgencia de crear tanto la Comisión de Búsqueda como la de Atención a Víctimas, ésta última pendiente desde 2015. Lo que habla de una falta de articulación no sólo en la búsqueda de vida, sino en la atención a las víctimas indirectas, los familiares.
La Responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del IDHIE denunció en entrevista para LADO B que aunque existen leyes federales estas no se han operativizado a nivel local, por lo que sigue habiendo vacíos legales y de atención en los casos de desaparición.
“Son los familiares quienes impulsan la investigación”, reprochó la académica en coincidencia con las denuncias de los asistentes al foro. Cada familia ha tenido que hacer su propia investigación y búsqueda y, en algunas ocasiones, los Ministerios Públicos les han exigido avances sobre alguna pista.
Otra de las deficiencias es la carencia de datos reales y de una sistematización y homologación de cifras para conocer, verdaderamente, la magnitud del problema. A la fecha, los únicos datos disponibles públicamente y los que están más actualizados son los del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que dan cuenta, hasta abril del año pasado, de 2 mil 067 personas desaparecidas en toda la entidad, poniendo a Puebla como la 7a entidad a nivel nacional en desaparición de personas.
Para Arrambide hace falta también que la FGE sistematice los datos y haya claridad en los que existen. Por ejemplo, en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que desglosan a nivel municipio y mes con mes las Carpetas de Investigación (CDI) abiertas, no se habla de la causa de la desaparición. Sólo se detalla el secuestro y después se juntan otros tipos de privación de la libertad, lo que evidencia, igualmente, que al momento de abrir las CDI no se ingresan por desaparición de personas.
Una de las preocupaciones de Rosario, y en general de los familiares de personas desaparecidas, es que el tema de impulsar la Comisión de Búsqueda y la de Atención a Víctimas no tenga continuidad en la siguiente administración estatal.
Ante ello, la académica de la Ibero dijo que es muy importante que la sociedad civil siga exigiendo mientras las autoridades no asuman sus obligaciones de investigar las causas de la desaparición y localizar a los ausentes: el Estado no puede garantizar justicia sin verdad.
Instalaciones de la planta cervecera en Zacatecas, la más grande de Latinoamerica, de Grupo Modelo, y adquirida en 2013 por la transnacional Anheuser-Busch InBev.
Mónica Cerbón | Pie de Página
El proyecto de la Presa Milpillas sigue latente en Zacatecas, afectaría 19 comunidades con la repartición del agua, que se proyecta para la cervecera Grupo Modelo. Ejidatarios han sido golpeados e intimidados por la fuerza del Estado en sus asambleas para aceptar el proyecto. No quieren la presa ni la consulta que les ofreció el presidente.
Un atardecer rosado desciende sobre la carretera que conduce al municipio de Jiménez del Teúl, una localidad que está más cerca de Durango que de la capital de Zacatecas. Adelante, se descubre un valle que, adornado con un río de aguas de manantial, luce apacible y frondoso: es el hogar de cientos de ejidatarios y otros miles de habitantes. Y es también la zona en la que se pretende construir una presa que lo destruiría todo.
“Nosotros del gobierno nunca recibimos absolutamente nada. Nunca nos ven. Hasta ahora vienen porque les gustaron nuestros terrenos. Mejor que no nos vean, no queremos que el gobierno venga si sólo quiere perjudicarnos”, dice Rubén, ejidatario de El Potrero, y remata: “Este pueblo es chiquito pero vale mucho para nosotros”.
El proyecto “Presa Milpillas” provocó conflictos de interés, violencia e irregularidades que amenazan con despojar de la vida y la historia a más de 3 mil ejidatarios que han emprendido una lucha en contra de las empresas transnacionales y la fuerza del Estado.
El proyecto promete bonanzas hidráulicas para una entidad en donde el agua es la principal necesidad y el recurso mayormente negociable. Activistas y académicos han desempolvado la verdad: la presa inundaría los poblados y desaparecería el 92% de las aguas de manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades y ejidos.
El mapa de afectaciones atraviesa 19 comunidades. Dos de Jiménez del Teúl; Atotonilco y El Potrero. Cuatro en Sombrerete; Estancia de Guadalupe; Corrales; Niño Artillero y Nuevo México. Once ubicadas en Fresnillo; La Presa; Misericordia y Anexos; Primero de Mayo; Trujillo y Buenavista; Melchor Ocampo; Tapias; San Cristóbal; El Salto; Eréndira; México Nuevo y Providencia. También dos ejidos más que están en la ruta del acueducto planeado para la presa; Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.
La otra cara de la historia está a más de 228 kilómetros de Jiménez del Teúl, junto al municipio de Calera. Ahí se encuentra la imponente planta de Grupo Modelo, instalada desde 1997 y adquirida en 2013 por la compañía belga Anheuser-Busch InBev. Si bien la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Presa Milipillas señala que el agua beneficiará no solo a el sector público urbano, sino también permitirá dinamizar la producción agrícola, industrial y de servicios, lo cierto es que beneficiará a Grupo Modelo para mantener a Zacatecas con el mote de la “capital mundial de la cerveza”, como lo presumió en 2015 el ex gobernador priista Miguel Alonso Reyes.
En el municipio de Jerez, considerado como el de mayor consumo de cerveza en Zacatecas, está permitido consumir bebidas alcohólicas en vía pública.
A algunos de los habitantes que viven en las comunidades que serán afectadas, el título dado a la cervecera les parece más bien un insulto. Cuando miran el valle y caminan por las calles sin pavimento, se sienten en casa. Viven de sus cosechas y de sus animales. Se saben dueños de su territorio.
Los habitantes dicen que han sobrevivido sin ayuda del gobierno y sentencian que no quieren al gobernador Alejandro Tello en sus tierras. Lo culpan por sus intereses en el proyecto debido a que, entre 2004 y 2010, fungió como gerente y negociador de ese consorcio antes de integrarse al equipo de Alonso Reyes, entonces gobernador.
El investigador Darcy Tetreault, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha realizado diversos estudios sobre la crisis de sobreexplotación y contaminación del agua en Zacatecas, a manos de empresas mineras y compañías transnacionales productoras de bebidas embotelladas.
Grupo Modelo es el mayor consumidor de agua en la región, con un permiso que le autoriza extraer 11.6 miles de metros cúbicos (Mm3) al año del agua con la mejor calidad en el estado, encontrada en el acuífero de Calera. Según las investigaciones del académico, el monto de extracción representa 1.5 veces más, que el volumen extraído del mismo acuífero para abastecer la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe.
La historia de cómo los hombres de negocios comenzaron a explotar la tierra de los pobladores se remonta a 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley de Aguas Nacionales, en la que por primera vez se permitió a las empresas la compraventa de derechos de usufructo sobre aguas mexicanas. Desde 1991, Grupo Modelo ya estudiaba la instalación de su planta más importante en Zacatecas, aparecía como una de las empresas mayormente beneficiadas. Ahí se producen casi 14 mil botellas de cerveza por minuto, lo correspondiente a 20 millones de cervezas en un día.
Lo que Grupo Modelo paga por el agua zacatecana es información reservada por la Conagua. La extracción añade un grado más a la desigualdad del estado: las investigaciones académicas concluyen en que el agua de mejor calidad es entregada a las empresas, y la peor, con contaminantes y concentraciones peligrosas de metales pesados, se reparte entre los barrios marginados y la población más vulnerable.
Ejido de Atotonilco, comunidad que se encuentra junto al cauce del Río Atenco que será afectado por la construcción de la “Presa Milpillas”.
Si en México la ley sirve de algo, el reparto desigual de agua viola el Artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales, que establece que: “El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso”.
Aunado a las afectaciones socioambientales que ocasionará el proyecto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas denunciaron que el Estudio de Factibilidad de la presa —elaborado por el por el gobierno zacatecano y avalado por la Semarnat, cuyo costo fue superior a los 16 millones de pesos— contiene información errónea y presenta deficiencias en los detalles básicos del proyecto.
Además de las múltiples irregularidades, la comunicación de las autoridades gubernamentales con quienes serán afectados si la presa se construye, ha sido casi nula. El problema se ve además envuelto en una nube de desinformación y cooptación de medios de comunicación dedicados a publicar sólo los beneficios del proyecto.
En el estudio de factibilidad de la Presa Milpillas, elaborado en 2015, el costo inicial del proyecto se estimó en poco más de 3 mil millones de pesos, ahora los promotores aseguran que costará lo doble. La bolsa combina recursos estatales y federales. Entre sus principales características, la presa tendría una altura de 89 metros y la capacidad de retener 60.6 millones de metros cúbicos de agua, lo que crearía un embalse de 284.4 hectáreas.
Rechazan la imposición y las consultas
“Estoy asustada, de repente siento que los sigo mirando”, dice Doña Chonchi, unas de las ejidatarias de El Potrero. El mal recuerdo deviene de lo ocurrido el domingo 14 de octubre del 2018. Los pobladores recuerdan esa fecha como el día en el que todo se resquebrajó.
Doña Chonchi, ejidataria en resistencia de la comunidad de El Potrero, en contra de de la posible construcción de una presa.
Mientras los más de 60 ejidatarios de El Potrero se preparaban para celebrar una sesión en la que votarían a favor o en contra del proyecto, un convoy de 20 patrullas de la policía estatal —con cerca de 100 elementos a bordo— aparecían por sorpresa en sus tierras. Los elementos sitiaron el Salón Ejidal e instalaron un filtro en el que decidían quiénes podían ingresar al salón.
Ahí se encontraba Alfonso Carlos del Real López, representante del gobierno de Zacatecas, Luis Fernando Maldonado, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal, Francisco Godoy, procurador agrario, y Victoriana Esparza, presidenta municipal de Jiménez del Teúl por el PRI.
Y aunque la votación resultó favorecedora para el proyecto con 34 votos sobre 28 en contra, el proceso obscurece el resultado. Entre gritos y jaloneos se utilizaron papeles verdes para ir en contra y rojos para ir a favor, lo que ocasionó confusión entre los pobladores. Ese día, algunos ejidatarios y la activista Grecia Rodríguez, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros, fueron golpeados por policías e intimidados por la fuerza del estatal.
Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Agraria dan cuenta de la intromisión del estado en los asuntos ejidales.
Pese a todo, el avance del proyecto no se ha detenido. Los afectados señalan que la empresa Materiales y Construcciones Camino Real ha invadido con maquinaria terrenos de Atotonilco, lugar en donde se construiría la cortina de la presa. Mientras que otra compañía, Corporativo Krystal, fue contratada por el gobierno para negociar la compra o renta de tierras ejidales.
Materiales y Construcciones Camino Real ha recibido -desde 2009- contratos de obra pública en Zacatecas por 333.5 millones de pesos, muchos de ellos relacionados con obras hidráulicas y uno, por 140.8 millones, para la construcción de la primera etapa del sistema de la presa de almacenamiento Milpillas, entregado en junio del 2018.
Los ejidatarios no vacilan cuando exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirles lo que prometió en campaña. Ya se lo gritaron en un evento público, donde el mandatario dijo que el proyecto se iría a consulta, pero ellos se niegan a tener ese proceso. El no es no. En esa zona de Zacatecas, Morena tuvo una influencia importante durante el proceso electoral del 2018. Saben que el partido y el presidente les deben. Se resisten a pensar que sus votos fueron en vano.
Ejidatarios de El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales se reúnen periódicamente para analizar y organizar los siguientes pasos de su lucha en contra de la “Presa Milpillas”.
“Que haga valer lo que dijo en campaña. Él dijo que ningún ejido iba a ser pisoteado. No queremos ser pisoteados”, dice Javier, ejidatario de El Potrero, y añade, “Yo estoy firme, aunque me pongan 10 millones enfrente, no estoy de acuerdo”.
El agua, centro de subsistencia para el pueblo
Esas tierras y su río significan todo: “Jugábamos en el río, toda nuestra niñez fue ir al río. Aveces salíamos de la escuela y corríamos al río quitándonos la ropa. Ahí nos enseñamos a nadar. El agua es a veces fría, pero después a uno se le olvidaba. En la noche nos quedábamos enterrados en la arena y después la risa con los que quedaban enterrados”, recuerda con nostalgia Pantaleón, un habitante del Ejido Corrales.
El río colorea el paisaje, en época de calor, sus bordes se adornan con diversos frutos: de tuna a chabacano, pasando por membrillos y manzanas. Los jóvenes se bañan en el río y bailan bajo el techo de los árboles.
Todos nacieron ahí. Las casas que habitan fueron construidas por sus abuelos y tatarabuelos. Algunos cuentan cómo sus padres lucharon por la tenencia de la tierra a caballo y sin dinero. De llevarse a cabo el proyecto, ninguno tendría a dónde ir, su tierra es todo lo que tienen y el único patrimonio para sus hijos.
“El gobernador no se ha dignado en poner los pies por acá y explicarnos. No estamos de acuerdo porque van a haber muchas afectaciones. Para mí la lucha no significa mucho, significa todo. Aquí nacimos, aquí nos criamos, aquí tenemos nuestras tierras y aquí seguimos en la lucha por mantenernos. Queremos que nuestras tierras sigan vírgenes, como están ahorita”, exige Manuel Herrera, del Ejido Estancia de Guadalupe.
Toña, una mujer ejidataria de El Potrero, mira de frente cuando sentencia que no se van a dejar: “Sabemos defendernos, nomás que nos hable cortito”, dice. Con su esposo, que falleció hace un par de años, se acercaron en 2015 personas para buscar un acuerdo. Ellos les dijeron que el proyecto serviría para dotar de agua a Grupo Modelo.
Joel, Agustín, Juan, Cuco, Grecia (activista de REMA), Noé, Pantaleón, Efraín; abajo: doña María, Ludivina e Imelda; ejidatarios en resistencia de las comunidades de El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales.
“Los primeros que vinieron a hablar en 2015 nos dijeron que querían un acuerdo porque querían el agua para la empresa de la cerveza. Luego vinieron otros y nos dijeron lo mismo, que el agua era para la cerveza en Calera. Los terceros que vinieron dijeron que nos iban a sacar como ratas, ahí fue cuando nos pusimos más vivos”, relata.
Efraín, ejidatario de El Potrero, culpa a las empresas extranjeras y al gobierno de envenenar las tierras: nos están quitando lo nuestro en México, en pedacitos nos lo están quitando. El gobierno está vendiendo al país. Nos están dejando el puro cascarón. Nos están dejando veneno.
En Atotonilco, uno de los ejidos que serán más afectados de llevarse a cabo el proyecto -porque ahí se construiría la cortina de la presa Milpillas-, Lucila y su familia, que viven al pie de la montaña, en una casa que inició al interior de una cueva natural formada entre las hendiduras de las rocas, tienen como centro de subsistencia el Río Atenco: de ahí se proveen de agua limpia, ahí se bañan y con ella alimentan a sus animales. El río y su tierra es todo lo que tienen, y les podría ser arrebatado.
Lucila es pieza central en la oposición que manifestó su ejido cuando la empresa Materiales y Construcciones Camino Real envió a hombres con maquinaria para comenzar los trabajos para la construcción de la presa Milpillas. Ella y su amiga María organizaron la resistencia del Ejido para evitar el inicio de obras en Atotonilco. “Les hemos demostrado, tanto a la familia como al rancho, que no se necesita ser hombre para hacer cosas por la comunidad y defender nuestra tierra”, dice.
“El 18 de octubre llegaron dos máquinas, llegaron a la Crucita y dos ya habían pasado al río. Le pedimos al comisariado que nos enseñara el permiso y él dijo que no había dado permiso, que había sido la presidenta municipal y que no nos podíamos meter con las máquinas porque venían de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal. Decidimos pararlas, nos fuimos por dos lados diferentes y nos les pusimos enfrente. El señor que traía la máquina le gritaba a los ejidatarios, muy agresivo. Nos amenazaba, hay vídeos y fotos de todo eso. Nunca nos quiso enseñar los permisos. Las pudimos parar y a los cuatro días otra vez intentaron moverlas para seguir trabajando, pero ese día la gente ya estaba más lista y tampoco los dejaron pasar. Cuidamos ese espacio noche y día, por ocho días. Duraron una semana utilizando a la policía estatal para asustarnos. La policía nos da miedo”, cuenta María.
La pobreza y la violencia han originado que la mayoría de los hijos de ejidatarios y habitantes de esa zona de Zacatecas migre a Estados Unidos. Algunos de ellos tienen hasta 20 años sin verlos, y son sus hijos quienes proveen de recursos para hacer los trámites necesarios para detener el proyecto. A inicios de febrero de este año, un grupo de ejidatarios viajó por primera vez a la Ciudad de México con la intención de hablar con Andrés Manuel López Obrador. El objetivo no se logró.
“No los va a matar la edad, los van a matar de la tristeza. Ellos quieren su oxigeno, quieren a sus animales. Ellos no tienen miedo. Les están quitando su vida, no solo su territorio”, agrega Pantaleón, mirando a la veintena de ejidatarios que se encuentran en el salón y cuya edad rebasa los 70 años.
De permitirse el proyecto, el color del atardecer caerá sobre un cementerio de historias de lucha. Iluminará un valle inundado y lleno de nostalgia. Será testigo de la voraz rapiña que alimentan las empresas transnacionales y el Estado mexicano. Y la cerveza será producida con el dolor de una tierra.
Francis Bravo / El Comentario, Colima, 2 de marzo de 2019
Trabajadores de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) y de Telebachilleratos se manifestaron este jueves ante la Secretaría de Educación del Gobierno del estado, por el rezago en el pago de sus quincenas.
Ihovanna Alejandra Cruz, secretaria delegacional de la Delegación DII53, y Esteban Rivera Vargas, secretario delegacional de Delegación DII51, adheridos a la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señalaron que en lo que va del año los trabajadores de los Emsad y Telebachilleratos han venido recibiendo con retrasos sus pagos quincenales.
“La quincena pasada hubo un retraso de poco más de 3 días, hoy presentamos el atraso de un día, porque no se nos pagó ayer. Existe la molestia general de Educación Media Superior y Telebachillerato”, manifestaron.
El argumento de las autoridades educativas en el estado es que no tienen recursos, pues los que manda la Federación se gestiona para hacer otros pagos necesarios, refirieron.
Aseguraron que han sostenido un dialogo permanente con las autoridades del nivel “porque somos maestros institucionales y lo que menos queremos es afectar a la institución, sin embargo, se nos ha manejado que se corregirán estos problemas de pago, que no habrá esos atrasos, que se hacen las gestiones, pero una vez más no sucede, entonces tomamos otras medidas, como esta protesta”.
El retraso en el pago de la quincena se ha venido presentando durante las primeras 4 quincenas del presente año, afectándose a 275 docentes de Emsad y Telebachillerato en todo el estado.
“Hemos sostenido diálogos, pero los compañeros manifiestan que ya es un hartazgo porque es insostenible la situación y decidimos hacer la manifestación pacífica para que se den a conocer los atropellos de los compañeros”, señalan.
Indicaron que en años anteriores se presentaban atrasos hasta de meses: “Llegamos a tener hasta dos meses sin pago de quincenas, pero a raíz de la regularización de las plazas que gestionó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, se corrigió este problema, pero iniciamos este año con retrasos”.
También se manifestaron inconformes porque pese a estar ya regularizados, todavía les faltan muchas prestaciones: “Hemos visto que los mismos compañeros de subsistemas, que realizan las mismas funciones que nosotros en otros estados, reciben todas las prestaciones de ley, de compensaciones, cosa que no tenemos porque dicen que así lo estipula la SEP, que viene de México, que solo el salario y ya”.
Finalmente, los inconformes confiaron en la autoridad educativa local y esperan se les resuelvan estos problemas de manera favorable.
Educación informa que cubre pago
Por la tarde, la Secretaría de Educación (SE) informó, mediante un comunicado de prensa, que a partir de este 1 de marzo quedó cubierto el pago de 255 docentes que laboran en los subsistemas educativos de Emsad y Telebachilleratos.
La dependencia estatal señala que la administración que encabeza el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la Secretaría de Educación, han refrendado su compromiso con la mejora laboral de la planta docente, que pertenece a estos subsistemas, mismos que atienden a 798 alumnos en los Telebachilleratos y 1,815 alumnos de Emsad.
Cabe mencionar que para cubrir este pago de las y los maestros se llevó a cabo un esfuerzo financiero, ya que como marca el convenio laboral, la federación y el estado cubrirán de manera bipartita los recursos para el pago de las 255 plazas de Emsad y TBC.
Integrantes de “Múuch’ XÍinbal” y la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ acompañan a ejidatarios de San José Tipceh que demandan a Vega Solar
Diario de Yucatán
Piden traductor y juez exige prueba de ser indígenas
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Mu?uch’ Xi?inbal” denuncia que la multinacional extranjera SunPower, a través de la empresa Vega Solar, busca desconocer los derechos indígenas del pueblo maya de San José Tipceh, Muna, y que un magistrado agrario dio a los habitantes de esa comunidad un plazo de tres días para demostrar que son mayas.
Indica que eso ocurre en pleno proceso de despojo de tierras ejidales, para la construcción de megaproyectos fotovoltaicos que implicarían el desmonte de más de 500 hectáreas de selva y la instalación de más de un millón de paneles solares a solo 200 metros de la comunidad, siendo este uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes del país.
Relata que el lunes 25 de febrero se hizo una audiencia de ley en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en Mérida, para tratar temas relacionados con el despojo de tierras ejidales al pueblo maya de San José Tipceh para la construcción de los megaproyectos solares Vega Solar 1 y Vega Solar 2, de la empresa Vega Solar, con relación a actas de asambleas y contratos con irregularidades.
Al empezar la audiencia, el representante legal de los demandantes opositores al megaproyecto pidió la participación de un traductor certificado, derecho constitucional que debe ser garantizado y al cual buscaban acceder los ejidatarios quienes requieren un traductor de español a lengua maya.
“Mu?uch’ Xi?inbal” señala que en respuesta a la solicitud, y en un acto de clara discriminación, la empresa puso en duda la identidad de los demandantes y pidió al juez cuestionarlos sobre su nivel de entendimiento del español, alegando que “no basta autoadscribirse como indígena, pues esa conciencia de identidad debe estar ligada a la comprobación de la existencia de la comunidad a la que pertenece”.
Añade que la misma empresa apunta, en su Evaluación de Impacto Social, la existencia de la comunidad maya de San José Tipceh en Muna, y que, según la Encuesta Intercensal de 2015, el 80.54% de la población se autoadscribe como maya y siendo suficiente la autoadscripción para ser reconocido como tal, estando claramente señalado en el artículo 2 constitucional: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas’.
Abunda que la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado De Yucatán (Decreto Número 407) en el artículo 2, fracción 3, cuando señala que indígena maya es “la persona que habita en poblaciones del Estado de Yucatá?n o descienda del pueblo maya, y conserva en todo o en parte rasgos étnicos, culturales, lingüísticos y sociales de la cultura maya”.
Además, subraya, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Capítulo II, arti?culo10, se señala que “el Estado garantizara? el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Pese a todos los antecedentes jurídicos mencionados, el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, quien presidió la audiencia, en un acto de claro beneficio a la empresa Vega Solar, cuestionó como fue solicitado a los demandantes mayas, quienes respondieron que, aunque entienden español, su lengua original es la maya y quieren entender bien todo lo que ocurra en el juicio, así que solicitan un intérprete.
Pero el magistrado determinó dar a los demandantes tres días hábiles para exhibir constancia de pertenecer a una comunidad indígena maya para reconocerles el derecho a un traductor, acto que claramente viola la Constitución del país.
Advirtió que en el caso de no poder otorgar la evidencia en ese plazo, no podría hacerse en un futuro, así que quedaría fuera la posibilidad de tener un intérprete en su lengua materna el resto del juicio. En esta forma arbitraria fue reprogramada la sesión para el 15 de abril de 2019 a las 13 horas.
Por ello, con gran indignación denunciamos estos actos ante la comunidad internacional por ser un atentado contra los derechos indígenas y representar un insulto al pueblo maya, siendo un intento más por beneficiar a las grandes empresas multinacionales a costa de la violación a los derechos de las comunidades indígenas de este país.
Denunciamos de igual manera las amenazas efectuadas directamente contra los demandantes, antes y después de la mencionada audiencia, por Adrien Pierre Mallet, identificado con pasaporte extendido por el gobierno de Francia y apoderado legal de la citada multinacional, la cual ha mantenido un doble discurso con sus inversionistas y la comunidad internacional ante los cuales se dice suscriptora de los derechos indígenas mientras que en los hechos niega el derecho más básico a las comunidades.
La agrupación dice que en su página web la propia empresa manifiesta: “SunPower es consciente de la necesidad específica de proteger los derechos de las personas indígenas y de las minorías en los países donde operamos; como tal, SunPower respeta los derechos de las comunidades y culturas locales e intenta reducir los impactos en sus formas de vida”.
Sin embargo, las repetidas y graves violaciones a los derechos de la comunidad indígena de San José Tipceh ya han llegado a los oídos del mundo causando alarma en la comunidad internacional, como consta en el informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en su reciente Informe de la Visita al país sobre “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México” donde manifiesta que “en el municipio de Muna, Yucatán, las autoridades ejidales y ambientales autorizaron un parque solar que implicaría la construcción de más de un millón de paneles solares en territorios indígenas, sin consultar previamente a las comunidades mayas afectadas. Se alega que los contratos previos firmados entre el ejido y la empresa han afectado el carácter libre de la consulta y causado divisiones y conflictividad en la comunidad. Comuneros indígenas que han cuestionado irregularidades en el proceso han sufrido amenazas, difamaciones y agresiones.”
De esta form, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Mu?uch’ Xi?inbal” exigimos el respeto a las leyes fundamentales que defienden nuestros derechos como comunidades indígenas mayas vivas y el alto inmediato a las amenazas ejercidas a los compañeros opositores a los megaproyectos solares Vega Solar 1 y Vega Solar 2.
Invitamos también a la sociedad a acompañar a los ejidatarios defensores del territorio en este proceso de defensa de la tierra y cultura, principalmente el judicial que se llevará a cabo el 15 de abril de 2019 a las 13 horas.
Ofensa
“Múuch’ Xíinbal” dice que con gran indignación denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra los derechos indígenas e insulto al pueblo maya, en un intento más por beneficiar a empresas multinacionales a costa de la violación a los derechos de las comunidades indígenas del país.
“Doble discurso”
Igual denuncia las amenazas hechas a los demandantes, antes y después de la audiencia, por Adrien Pierre Mallet, identificado con pasaporte de Francia y apoderado legal de la multinacional SunPower, que tiene un doble discurso con sus inversionistas y la comunidad mundial ante los cuales se dice suscriptora de los derechos indígenas mientras que en los hechos niega el derecho más básico a las comunidades.
En algunos no se precisa la corporación a la que pertenecen los presuntos responsables
Saltillo, Coah.- En Coahuila, las denuncias por tortura y abuso violento de autoridad contra servidores públicos se han disparado en los últimos años.
En 2018 las denuncias por casos por tortura aumentaron en 84.5%, ya que se registraron 286, en comparación con 2017, cuando se registraron 155, y este 2019 no parece mejorar la situación, pues a la fecha la Fiscalía General del Estado ya reporta 15 denuncias.
Las querellas contra servidores públicos subieron 118% y durante el primer mes de 2019 ya se generaron 33 casos.
Mención aparte merece el renglón de las denuncias por abuso violento de autoridad, que en 2016 y 2017 no registró casos, pero en 2018 se presentaron 62 denuncias y en este año ya se acumularon las primeras 18.
De acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en la entidad, a quien cometa el delito se le aplicará prisión de 3 a 12 años, y de 50 a 500 días de multa e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
En cuanto a los casos de abuso de autoridad, el Código Penal los sanciona con prisión de uno a nueve años, de 50 a 500 días de multa y destitución de empleo o inhabilitación para desempeñar otro cargo hasta por diez años.
La Fiscalía Especial especifica que cuenta con la información estadística relativa al número de denuncias iniciadas por el delito de tortura, “no así por el número de denunciados, toda vez que existen asuntos instruidos contra quien resulte responsable por no encontrarse, en su inicio, determinada la corporación a la que pertenecen los presuntos responsables”.
De igual forma, no se tiene establecido la participación de particulares en los posibles casos de denuncias. “La competencia interna de la Fiscalía se encuentra limitada al conocimiento del delito de tortura y otras tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes policiales pertenecientes al Sistema Estatal de Seguridad Pública”, advirtió.
*El domingo será la sesión de comisiones, pero el lunes realizarán la votación en el Consejo General.
Jorge Heras,
Mexicali.- Los consejeros electorales del IEE consideraron que el plebiscito que promovió un grupo de activistas de Mexicali con el respaldo de 17 mil ciudadanos no es trascendente para la vida pública de la entidad, por lo que los bajacalifornianos no votarán el 2 de julio si están a favor o en contra de los permisos ambientales que el Gobierno del Estado le otorgó a la empresa cevecera Constellation Brands para la instalacion de su planta en el Valle de Mexicali.
Tras una semana de disensos, los seis consejeros que participan en la decisión y votación del plebiscito(el Consejero Daniel García Garcia se excusó de formar parte del tema porque su hermana es una de las promoventes) acordaron inclinarse por la resolución administrativa que emitió el Poder Ejecutivo de Baja California, quien consideró que el acto reclamado no es objeto de una consulta de este tipo.
Fuentes oficiales al interior del Instituto Estatal Electoral dijeron a Lindero Norte que la votación de los dictamenes de trascendencia y procedencia serán en contra de la petición del plebiscito que hicieron los ciudadanos.
La primera sesión se llevará a cabo al mediodia del domingo 3 de marzo, cuando la Comisión de Participacion Ciudadana y Educacion Cívica vote el dictamen de intrascendencia del plebiscito.
El lunes se aprobará en el seno del Consejo Electoral, en donde se prevé manifestaciones en contra y a favor de la consulta por parte de los representantes de los partidos políticos.
La negativa a realizar el plebiscito es por unanimidad, pues todos los consejeros coincidieron en que había razones de improcedencia en la solicitud del plebiscito; sin embargo, dos consejeros se habian manifestado al interior del IEE por aprobar la trascendencia. Se desconoce si al final van a recular.
En el documento aprobado por los consejeros de la Comisión de Participacion Ciudadana y Educación Cívica sobre el expediente IEE/CG/PLB/11-10-2018, sostiene que “la resolución administrativa en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado “fue una autorización condicionada ortorgada a BC tenedora Inmobiliaria S, de R. L. de C. V. por cumplir con la normatividad ambiental aplicable y las leyes administrativas correspondientes”.
La empresa Constellation Brands, el Consejo Coordinador Empresarial y hasta ex rectores de la UABC y Cetys se habían pronunciado en la misma línea que el Gobierno del Estado por la inviabilidad jurídica porque en la legislación electoral no contempla que se pueda llevar a cabo un plebiscito por las razones que se estaba promoviendo.
De acuerdoal articulo 47 de la Ley de Participación Ciudadana son causas de intrascendencia e improcedencia:
I.- El acto o norma no sean trascendente para la vida pública;
II.- El acto o norma no sean objeto de plebiscito o referéndum;
III.- El escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;
IV.- La promoción realizada por ciudadanos, no cuente con firmas de apoyo auténticas; los ciudadanos firmantes no aparezcan incluidos en la Lista Nominal, o el porcentaje sea menor al requerido por esta Ley; los datos del escrito no concuerden con los
datos registrados en el Padrón; El acto objeto del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban con anterioridad;
Tanto para la sesión de comisión del domingo como la del Consejo General del lunes, personal del Instituto Estatal Electoral pondrán un fuerte dispositivo de seguridad con policias antimotines de la PEP y ministeriales.
Culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de pago de dos meses de salario y por segundo día consecutivo, maestras y maestros del Programa Nacional de Inglés se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
La causa de esta inconformidad es la cuestión salarial que no les ha sido cubierta en lo que va del presente año, tal y como lo señalaron el jueves pasado durante sus primeras acciones de protesta.
“Esto ya se volvió intolerante. Ya no podemos esperar más. Tenemos dos meses con esta situación tan caótica. Ya no queremos hablar con nadie que no sea el secretario. Lo vamos a abordar en su oficina, y no importa que nos quedemos los días que sean”, finalizó.
La intrincada relación entre la vida en la ciudad y las formas cotidianas en las que se reproduce el capitalismo en ella hace que la tarea de imaginar una forma alterna de vida resulte una tarea ardua en los espacios urbanos, sobre todo cuando se trata de la alimentación. Nadando a contra corriente y tratando de desmentir en el día a día la idea de la inamovilidad del sistema, persisten y aparecen núcleos de resistencia que tratan de afirmar en la práctica que otra forma de consumo es posible incluso en el corazón de la ciudad monstruo.
Enclavada en la colonia Obrera se encuentra la ‘Casa Tamatz’, un edificio que alberga proyectos comerciales, políticos y culturales de distintos tipos entre los cuales está La Imposible.
Foto: Colectivo Grieta.
La Imposible está pensada como un espacio de intercambio de bienes para la vida diaria que intenta luchar contra la lógica del consumo en el capitalismo. El proyecto surgió en el 2015 a partir del encuentro entre diferentes colectivos con proyectos productivos autónomos (agricultura urbana, productores de queso, etc.) en Casa Tamatz. Las múltiples dificultades que encontraban estos colectivos para comercializar sus productos impulsó a los miembros de la Imposible a imaginar las posibilidades de construcción de un proyecto de intercambio radicalmente horizontal que enlazara a productores directos con consumidores conscientes, y que se saltara los medios de distribución monopolizados por las empresas comerciales.
“Vimos que había compas que conocíamos que eran productores y les costaba trabajo distribuir y colocar sus productos…Había productores de chocolate, pan, verduras…” Entonces nació la idea de juntar la producción de todos y hacer la distribución.
Durante el primer año, comentan, ensayaron formas radicalmente horizontales, sin ninguna instancia de centralización ni organización. Quisieron probar la organización espontánea del proyecto. Sin embargo, eso trajo problemas que empezaron a detectar pronto. Cada quien llegaba con sus propios tiempos, y con diferentes niveles de compromiso. “Vimos que eso no estaba funcionando…”
Entonces ese proyecto se empezó a transformar para solucionar los problemas que habían detectado en ese primer año. Así, se formó un colectivo de 12 compañeros, que trabaja, de forma permanente y organizada, para mediar la relación entre los productores y los consumidores.
Foto: Colectivo Grieta.
Nos contaron que el trabajo mismo fue imponiendo las exigencias organizativas: se tuvieron que formar comisiones
especializadas para cumplir con las tareas necesarias. Por ejemplo, una comisión de finanzas, que está encargada de manejar el dinero que entra por la compra de los productos y pagar a los productores, a la vez que administra los costos de operación. La venta de productos de La Imposible se hace a través de una comanda que establece el precio directo, al que venden los productores; y después, se pone la opción para que el consumidor aporte, de manera voluntaria, un sobre precio que puede ir desde 0% hasta 25%.
La Imposible apuesta a que el consumidor sea consciente de que el precio bajo de muchos de los almacenes de servicio tiene un alto costo en términos de explotación y salud. La selección de los productos pone atención en la calidad de los productos y en el hecho de que sean producidos sin químicos ni transgénicos. La venta se organiza cada 15 días, y no hay desperdicio: porque hay preventa a través de las comandas. Así, los productores llegan los sábados cada quince días con los productos que saben se van a vender. La comisión de finanzas calcula cada venta, cuánto se junta de sobre precio y cuánto trabajó cada uno de los miembros del colectivo en total de horas. A partir de esos datos, y una vez que se han cubierto los gastos necesarios para mantener el espacio funcional y en constante mejoría, se calcula el salario por hora para los miembros del colectivo y se distribuye un poco de dinero a cada uno.
Foto: Colectivo Grieta.
La comisión de logística se encarga de los procesos de organización de la venta: envía la comanda de manera anticipada a una lista de correos de los consumidores, y recibe las peticiones. Después se las hace llegar a los productores y se encarga de recibir y documentar con cada productor la masa de productos entregados para que la comisión de finanzas pueda pagar.
También está la comisión de comunicación que se encarga del manejo de redes sociales y correos junto con una comisión de consumidores y productores que se encarga de construir y mantener la red de productores, así como de la relación entre el colectivo como mediador de los extremos de la red.
Una de las comisiones a las que han dado mucho peso es la de educación. Ésta se encarga de realizar talleres de formación de diferentes tipos y dirigidos a diferentes escuchas. A veces el taller es para productores, otras veces para consumidores; el taller que tienen en puerta en esta ocasión busca lograr la replicación de la estructura organizativa de La Imposible hacia otras redes de consumo en otros puntos geográficos. El colectivo explica que el experimento de La Imposible ha sido tan exitoso que sería fácil seguir creciendo pero que eso iría en contra de la lógica inicial del espacio. Por tanto, la apuesta es replicar el experimento en otros espacios de la ciudad y crecer como red de redes. Otra de las razones por las que opinan que crecer es complicado es que evitan a toda costa que haya competencia entre los productores, para que no se inserte la lógica capitalista en la red. De forma que sólo tienen un productor, o colectivo productor, de cada uno de los productos de la comanda.
Fotos: FB Cooperativa La Imposible.
Todos los productores involucrados en la red son productores directos, es decir tienen una producción libre de explotación, además que tienen procesos productivos amigables con el medio ambiente. El sábado de entrega de productos pudimos ver el proceso en acción. Vimos llegar un colectivo llamado ‘Vakaracol – quesos compañeras’; productoras de quesos y productos lácteos que nos contaron su historia y cómo ésta se entrelaza con la historia del espacio ‘La Imposible’. Vimos la llegada de productores de pan, de productos de amaranto, de tortillas y tlacoyos y de productores de verdura que mueven cerca de media tonelada de producto cada sábado de entrega.
Fotos: Colectivo Grieta.
La red de producción no es exclusivamente del DF y las zonas colindantes. Llega parte de la producción desde Guerrero, Oaxaca y Morelos. En Morelos en particular, trabajan con productores de dulces de Amilcingo. Preguntamos si conocían al compañero Samir Flores, asesinado el pasado 20 de febrero por su activismo y lucha en contra de la imposición de la Termoeléctrica en Huexca, y contestaron que ese era un tema terriblemente sensible para ellos, ya que Samir era su compañero y había dado talleres con ellos en ese espacio. Sentían mucho coraje por el crimen y la injusticia cometida.
Les preguntamos cómo describirían ellos ‘La Imposible’. Después de pensarlo un poco, explicaron que había una definición de diccionario; y otra que era la respuesta del corazón: según la definición de diccionario, La Imposible es una red de comercio solidario, en la medida en la que hay un nodo (el colectivo) que teje y une procesos de consumo y producción. Sin embargo, La Imposible también es una cosa muy personal para cada uno de los miembros que la conforman: “La imposible es una apuesta y un experimento, que busca encontrar un camino para que la autogestión y la autonomía jalen con sus propios recursos.” ; “La imposible es otra forma más de resistir al capitalismo voraz y al alimento veneno… una forma palpable de resistencia”. La imposible también es, en palabras de otro compa, “una semilla… ante la carencia de empatía y solidaridad… La imposible puede ser una semilla que vaya creciendo, y que de sus ramas salgan formas distintas de organización”.
Foto: Colectivo Grieta.
A la pregunta sobre su horizonte futuro contestaron que si bien están trabajando en la réplica del proceso organizativo, su sueño lejano pero posible es que todos pudiéramos consumir en una red solidaria, que todo el valor de nuestro trabajo se quedara entre los productores directos y los consumidores finales, que el valor no fuera expropiado por el capital, que en esa red hubiera la oferta de todos los productos y servicios y que, si eso pasara, tal vez podríamos ensayar otras formas económicas que no pasaran por el intercambio mercantil.
CAMINO REAL.- Trabajadores y profesores de los diferentes planteles del Colegio de Bachilleres en el estado de Campeche (Cobacam) que se encuentran en el Camino Real se sumaron al paro nacional de labores este jueves y viernes como manera de protesta ante el recorte presupuestal de 3 mil 500 millones de pesos para los Colegios de Bachilleres por parte del Gobierno Federal. Los inconformes destacaron que estas acciones las realizan a manera de protesta ya que este recorte presupuestal afectará en muchos aspectos a los planteles educativos.
Los planteles 13 en Calkiní, 08 en Nunkiní, 11 en Bécal; 07 en Tenabo y 01 en Hecelchakán, de los Colegio de Bachilleres en el estado de Campeche (Cobacam) detuvieron las labores los días jueves y viernes y conforme fueron llegando los estudiantes a tomar sus clases se les fue notificando de la situación, encabezando éste paro laboral por cada uno los delegados sindicales de cada plantel, al tiempo que colocaron sus respectivas mantas, en la que explican que se tomó el acuerdo por la falta de pago del recurso federal, el cual ha afectado directamente a los trabajadores académicos y gastos operativos de los Cobach.
Los delegados sindicales de estos planteles indicaron que no hay marcha a atrás a éste movimiento hasta que se dé una respuesta clara sobre la situación del recorte presupuestal que se está efectuando a nivel nacional y solo bajo una medida de presión pueden ser escuchados por la secretaría de Educación Media Superior del Gobierno Federal, que siguen afectando al personal de cada uno de los planteles.
Integrantes de colectivos de familias de desaparecidos | Foto: Armando Ríos
Los ataques de uniformados contra los integrantes de este colectivo no han cesado desde el 2013, señalan
Armando Rios/LA VANGUARDIA MX
Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos, denunciaron esta tarde haber sido nuevamente víctimas de agresiones e intimidaciones por parte de agentes del estado de Coahuila.
La abogada de la organización Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, Ariana García Bosque, informó que los ataques contra los integrantes de este colectivo no han cesado desde el 2013, y en días recientes la presidenta del mismo interpuso una denuncia por la desaparición de su nieto.
Hortencia Rivas, presidenta del colectivo Familias Unidas, informó que dicha desaparición se dio el pasado miércoles, cuando su nieto, salió de laborar en la ciudad de Piedras Negras y fue interceptado por elementos de Fuerza Coahuila, golpeado y desaparecido durante cuatro horas.
“En el transcurso de la búsqueda, a las 4 horas me llama mi nieto y me dice que ya estaba en la casa. Ha sido una situación constante, cada vez que yo vengo a Saltillo a las reuniones algo pasa, ya no sabemos qué hacer. Esto se lo comuniqué al fiscal y al gobernador y tienen que terminar, no es posible que siga pasando y nadie haga nada”, expresó.
En ese sentido, fue agregado que Hortencia, quien interpuso una denuncia por la desaparición de su hijo desde el 2013, en años recientes sufrió una intimidación directa de cinco elementos de la Policía Estatal quienes la bajaron de su coche mientras le apuntaban con armas largas para revisar el mismo.
También, Yolanda Vargas, otra de las integrantes del grupo de Familias Unidas, manifestó que desde su integración al colectivo ha sufrido ataques constantes, incluyendo un ataque de balas al auto de su hijo, situación que ha provocado su cambio de domicilio en la ciudad de Piedras Negras.
Por otro lado, la abogada Ariana García Bosque, manifestó que aún con las medidas de seguridad que les ha implementado el mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos desde el 2014, han prevalecido las denuncias por intimidación, amenazas y agresiones, y al menos en el caso de Yolanda Vargas, hay 5 quejas en la CDHEC que no han prosperado ni derivado en destitución de elementos de seguridad.
García Bosque, denunció que por su parte ha sido ha sido víctima de campañas de desprestigio y acecho, situación que aumenta cada vez que se realiza un pronunciamiento o acción legal, como la que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el exgobernador Jorge Torres López por desaparición forzada y tortura.
Aunado a la situación, este y los colectivos Fuundec-Fundem y la organización Fray Juan de Larios, exigieron una reunión con autoridades estatales y federales, así como del mecanismo de protección, pues aseguran que los elementos perpetuadores de estos actos siguen ocupando puestos de seguridad pública al servicio de la ciudadanía contra quienes también han atentado en sus derechos humanos.
“Las autoridades estatales están enterados y estamos pidiendo que se garantice la seguridad de las compañeras. El Fiscal se comprometió a dar seguimiento a este caso, pues estas personas (los perpetuadores) siguen en las corporaciones”, expresó Blanca Martínez de Fray Juan de Larios.
Por último, Blanca Martínez hizo un llamado a los entes de gobierno a actuar de manera urgente para que se incrementen las situaciones de tortura y desaparición forzada, pues en los últimos meses todos los colectivos del Estado han denunciado desapariciones, y se está observando una tendencia de violencia como la que vivió Coahuila a partir del año 2010.
Entrevista a Alejandra López García | Centro de Prevención de Desastres Regionales BUAP
El riesgo es para todos, afirma tajante la investigadora Alejandra López García del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, al advertir sobre la construcción de la CFE de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, que forma parte del proyecto integral Morelos —que también abarca Puebla y Tlaxcala— y que plantea una problemática que, asegura, no se resuelve solo con ingeniería, ni con tratar de recuperar en poco tiempo la inversión económica.
El proyecto se inició con la instalación de un gasoducto —que ha sufrido constantes modificaciones— y que han estudiado desde hace 15 años, y que nunca debió haberse construido, no solo por las problemáticas que implica en materia de agua, de la sismicidad del suelo por estar en las faldas del volcán Popocatépetl sino por el peligro que implica a mediano y largo plazo para la población de la zona.
Ustedes se entrevistaron con funcionarios de la CFE y les externaron que el proyecto que contempla dos termoeléctricas que afectan polígonos municipales, ejidales e incluso zonas edificadas, y un gasoducto que también se ha estado modificando.
Todo está contenido en la manifestación de impacto ambiental que se declara en la instalación del gasoducto que atraviesa polígonos ejidales, propiedad privada agrícola, entra incluso en algunos polígonos de población, aunque eso trataron de evitarlo, pero del lado de Tlaxcala es muy densa la zona habitada por donde hicieron la trayectoria del gasoducto. Desde el principio, la instalación pasa por toda esta región que ya está habitada con mayor o menor densidad según la entidad federativa de que se trate.
Y hoy con las implicaciones que va a tener…
Si el gasoducto es para distribuir además de transportar gas natural, significa que el impacto ya no es nada más por la propia operación de la tubería con sus características intrínsecas de seguridad y de peligrosidad, sino las que acarrearía consigo a mediano y largo plazo y que hemos analizado en la posibilidad de cambio de uso de suelo en la región. Es el impacto más complejo, difícil de visibilizar e irreversible.
Si la zona por el trazo del gasoducto se vuelve zona de distribución de gas implica entregar territorios muy vastos sobre todo de la zona sur del volcán a desarrollos industriales o urbanos de alta densidad, y eso complicará mucho la gestión del riesgo de la zona ante la actividad eruptiva del Popo.
Esa implicación no ha sido analizada en escenarios por parte de quienes impulsaron este proyecto desde 2011 e incluso desde que se definió por parte de la Comisión Reguladora de Energía que las zonas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos iban a ser o deberían ser zonas de distribución prioritaria de gas natural, eso implica hacer prevalecer los intereses de un sector energético por encima de otros sectores como el de actividades agrícolas, de conservación, de preservación de bienes ambientales. Son los impactos más complejos que no han sido analizados adecuadamente, ni en 2011, ni antes cuando se empezó con los antecedentes de transportadora de gas Zapata ni tampoco por esta nueva administración.
Foco sísmico, no lo entienden
Usted señala que un punto fundamental es el peligro volcánico, que hay una clara incomprensión de los riesgos que implica…
Las ponderaciones son muy limitadas porque en principio el proyecto que se ejecutó de 2011 a la fecha adolece de ese problema. No está bien planteado el peligro eruptivo, pareciera solo un tema que se resuelve con la ingeniería adecuada o suficiente. Claro, la ingeniería tiene desarrollos interesantes pero no como para que se lidie con la disminución de la peligrosidad del gasoducto en relación con los peligros eruptivos. No lo vimos en los proyectos de 2011 o 2012 que pudimos consultar y que hasta ahora no vemos que se haya ponderado adecuadamente.
Es muy importante explicarlo porque la interacción de la peligrosidad entre el gasoducto y el volcán Popocatépetl no es solo pensando en un escenario de emergencia por explosión, que de por sí sería muy complicado si la infraestructura no está bien instalada. Si no se hace ahora una auditoría del trabajo del gasoducto para saber en qué condiciones está luego de los sismos de 2017 y por la manera en que fue instalada la tubería con muchas vueltas, vericuetos en algunos tramos y donde cada junta o codo debe ser revisado y también su profundidad. Revisar la instalación en las barrancas que provienen de la parte alta del volcán, eso pensando en una emergencia.
Ahora pensando en un gasoducto operando y que de repente el volcán tenga una erupción mayor y que la estructura tenga que soportar sismos o que tuvieran que cerrarse válvulas de seguridad, impacto ambiental dice que habrá instaladas válvulas de seguridad, hay que ver si son suficientes para contemplar un escenario de emergencia entre dos peligros en interacción, eso es solo una parte.
La otra es la posibilidad de que se distribuya gas natural en la región, pasaríamos a ser una población mayor instalada en la falda del volcán, a eso le llamamos los cambios de uso del suelo, cambiar zonas vastas que están con una ocupación de baja densidad o con ocupaciones agrícolas que también contribuyen a la continuidad del ciclo hidrológico de captación de agua de lluvia de que se reinyecten los mantos freáticos.
Es un sistema complejo que incluye conservar la vocación natural de las partes altas de la sierra nevada y las partes medias y bajas en una ocupación de baja densidad, sin impermeabilizar totalmente los suelos; ¿qué sucedería si se urbaniza la zona sur del volcán?, es el escenario de mediano plazo y nos ha costado mucho trabajo que se pondere. Parece ser que quienes diseñaron estos proyectos ponderan la peligrosidad del volcán solo en términos de en cuantos años van a recuperar su inversión económica, es decir, si el volcán no hace erupción en 10 o 15 años, a ellos les da tiempo de recuperar su inversión económica y ya. No es el análisis que planteamos, no es un análisis de riesgo financiero o para los inversionistas, es un análisis de riesgo global para la población que de hecho vive ya en el volcán y falta la que llegaría a instalarse si se anima está ocupación de alta densidad.
Y con escenarios como los hundimientos regionales.
Hicimos un señalamiento regional pero hay que estudiarlo a escalas más finas, porque no es igual la zona del volcán que es más arenosa, que tiene suelos más bien como de jaltepe o tequesquite, producto de flujos piroclásicos, no es igual a la zona más rocosa. La cuestión es que alrededor de la sierra nevada las ocupaciones urbanas e industriales demandan mucha agua que se extrae directamente del subsuelo, el escenario del que aprendemos es de la zona oriente del Estado de México, con hundimientos diferenciales por un exceso de extracción de agua subterránea y con problemas muy complicados para atacar y resolver, porque ya no hay manera de recuperar el espacio que se vació de los mantos freáticos y que obedece a la dinámica propia geológica de la cuenca del Valle de México.
Es un hecho que la extracción intensa de los mantos del agua subterránea para usos industriales o habitacionales sin que haya un mecanismo de reposición nos condenaría a la sequedad pronta de esas fuentes. Retomando la zona oriente del volcán, donde están los desarrollos industriales encabezados por VW, que son actividades industriales que han traído mucho empleo, desarrollo económico e industrial en la entidad desde hace 50, 60 años, pero también ya hay un desequilibrio por la intensa extracción de agua y que lo padecen sobre todo quienes habitan en los municipios de estas zonas de esta microrregión, que ven muy difícil el abasto de agua potable. Tenemos microcuencas y vamos jalando agua de cuencas vecinas porque hemos roto los equilibrios microrregionales.
Un proyecto impuesto que nunca debió instalarse
En lo que quiero insistir es en la relación ya demostrada que puede tener el foco sísmico de 2017 respecto al edificio volcánico, lo está estudiando la gente de geociencias de la UNAM para estimar qué tanto afectó la actividad sísmica de 2017 al volcán y lo que llevan esos hallazgos es que sí lo afectó, que la sacudida fue muy brusca y se desestabilizaron laderas. En la zona poniente del volcán hay mayor riesgo de flujos de lodo que se encañonan en las barrancas que nacen en la cumbre del volcán y bajan hacia los valles y, por lo tanto, hacia los centros de población.
Todo eso hay que revisarlo para determinar, si se insiste en operar este proyecto, que se tienen que resolver puntualmente cada uno de esos microescenarios, no nada más ponerlo a operar; sería una verdadera gestión de riesgo. No nada más pensar que en una emergencia le van a cerrar a las válvulas o cerrar el suministro de gas a la termoeléctrica y todos vamos a correr, ¿para dónde?, si ya está todo muy densificado, más bien habría que pensar de otro modo, pensar cómo disminuir la vulnerabilidad y no aumentar el riesgo.
Se deben tomar acuerdos conjuntos, todo desarrollo implica un riesgo, claro, servirnos del gas para generar energía eléctrica tiene ventajas y desventajas, hay que considerar ángulos de la macroeconomía y lo que implica seguir comprando el gas que no producimos, resultado de acuerdos comerciales tomados en las administraciones de Zedillo, Fox o Calderón.
Este es el escenario que llegó a encontrarse el gobierno federal pero no vale la pena ponernos a todos en riesgo, se pueden hacer las cosas con cuidado. Dejo clara la posición de mi centro de Investigación y la propia, esa infraestructura nunca debió haberse instalado. Lo dijimos desde la primera vez que nos preguntaron en 1997, en 2005, y nos volvieron a preguntar ya consumada la operación de la CFE a cargo de Enrique Ochoa. Es un proyecto impuesto a pesar de opiniones sustentadas en contra desde hace más de 15 años.
El informe realizado por Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) detalla que en los conflictos derivados por proyectos mineros, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
La base de datos detalla también las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas involucradas, así como el papel de los mecanismos de participación (por ejemplo, la consulta previa, las consultas públicas, y las asambleas ejidales y comunales) en estos conflictos. Los datos reflejan que las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada”(como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de accionescon otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios.
Las académicas hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.
El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
Gráfico: boell.org
Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.
CONFLICTOS POR CAMPOS PETROLEROS
La mayoría de los conflictos violentos por proyectos relacionados con campos petroleros se concentran en Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Además se encontró que en al menos 6 hechos violentos estuvo relacionado el crimen organizado, y los casos se registraron en Veracruz, Campeche y Tabasco.
Para este rubro se revisaron un total de 130 notas periodísticas. Y se halló que los 127 conflictos reportados involucran a un total de 70 diferentes proyectos.
Gráfico: boell.org
CONFLICTOS POR GASODUCTOS
Los estados con más conflictos violentos relacionados con gasoductos son: Puebla- Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa, y Chihuahua-Sinaloa.
Para este proyecto se revisaron 94 notas periodísticas. Y en los 74 hechos reportados estuvieron involucrados 15 proyectos.
Gráfico: boell.org
CONFLICTOS POR HIDROELÉCTRICAS
Y Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero registran el mayor número de conflictos por instalaciones hidroeléctricas
Gráfico: boell.org
CONFLICTOS POR EÓLICAS
En tanto, Oaxaca y Yucatán tienen los mayores registros por conflictos por instalaciones eólicas se concentran en Oaxaca y Yucatán.
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La base de datos realizada por las académicas detalla también las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas involucradas, así como el papel de los mecanismos de participación (por ejemplo, la consulta previa, las consultas públicas, y las asambleas ejidales y comunales) en estos conflictos.
Los datos reflejan que las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada”(como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de accionescon otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios. Por su parte, los actores gubernamentales, en combinación con las empresas, son los que más frecuentemente aparecen mencionados en relación a acciones informales e ilegales.
PUEBLA.- Este día aparecieron sin vida en el estado de Tlaxcala, cuatro de los ocho campesinos que, a decir de las familias poblanas, fueron detenidos en Santa Rita Tlahuapan, tras un enfrentamiento que tuvo la Marina y el Ejército Mexicano con habitantes del municipio donde la ordeña de ductos y comercialización de combustible de procedencia ilícita se ha convertido en los últimos meses en unas de sus principales actividades.
Fue la tarde del viernes, cuando vecinos de las Dalias del municipio de Santa Rita Tlahuapan se enfrentaron con los uniformados. Cuatro personas fueron detenidas y sus familiares intentaron liberarlos, bajo el argumento que los detuvieron empacando zacate porque se dedican al campo y no al robo de combustible.
Una de las madres de las víctimas, indicó que hay testigos de que los uniformados llegaron directamente a agredir a los campesinos, entre ellos dos menores de edad. Ahora exigen justicia y responsabilizan a la Marina y el Ejército de los decesos.
El jueves por la noche, debido a que fracasaron en su intento de liberar a los detenidos, alrededor de las 22 horas del jueves, cerraron la autopista México-Puebla, en los dos sentidos, a la altura de Tlahuapan, para exigir la liberación de sus familiares.
Sin embargo, tras quemar llantas y cerrar el paso a los conductores, no lograron que la Marino y el Ejército les entregaran a los presuntos detenidos.
Fue este viernes por la tarde, cuando a los familiares se les informó que había cuatro cuerpos en el estado vecino de Tlaxcala, que respondían a las características de los desaparecidos, localizados en un cuerpo de agua.
Al llegar, las familias de las víctimas observaron una escena devastadora, estaban semienterrados y se presume con disparos de arma de fuego.
Las luciérnagas que caracterizan al municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, desaparecieron ante el dolor de los vecinos de Guadalupe las Dalias, quienes reconocieron a cuatro de los suyos. Les colocaron cobijas e impidieron que ministeriales de Tlaxcala llevaran a cabo el levantamiento de los cadáveres.
Los cuatro cuerpos están siendo trasladados a Santa Rita Tlahuapan para darles sepultura. Y, exigen justicia para que no quede impune la muerte de sus familiares.
Octavio ORTIZ GARCÍA / Abc Diario de Michoacán
MORELIA, MICH, 1 de Marzo de 2019.– Nuevamente el Sindicato de Bachilleres protesta en SAT en Morelia ante el recorte de 98 millones de pesos que hizo la SEP al Colegio de Bachilleres de Michoacán.
Las cerca de dos centenas de integrantes del Sictbem bloquean el acceso a las instalaciones y la vialidad en la calle Abasolo, por lo que se pide tomar precauciones y elegir rutas alternas.
Cabe señalar que el director del Cobaem, Gaspar Romero, indicó que los sindicatos tiene una reunión con la SEP el próximo 6 de marzo para tratar dicho asunto.
Sólo una vez los hijos de personas desaparecidas han recibido una beca de estudios, y eso fue en 2017… para el ciclo escolar de 2016.
NUEVO LEÓN.- Mientras que los hijos de personas desaparecidas en Nuevo León no pueden acceder a una beca de estudios, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas goza de un presupuesto de más de 26 millones de pesos, destinando soló poco más de 10 por ciento a apoyar a las familias.
Sólo una vez los hijos de personas desaparecidas han recibido una beca de estudios, y eso fue en 2017… para el ciclo escolar de 2016.
Según declaró Lourdes Huerta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización cuenta con 20 familias con 25 menores, registrados en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CEAV debe promover que las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos tengan acceso efectivo al ejercicio de sus derechos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.
Para cumplir con esas funciones y con la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, la CEAV que se alimenta de recursos estatales, debería de apoyar a las familias de las víctimas, de becas para que los menores sigan sus estudios.
En la práctica no ha sido así, denunció la integrante de FUNDENL, pues sólo una vez les proporcionaron el apoyo, y con un retraso de un año.
“En el año en el 2017, después de que tuvimos una reunión con la Delegación Federal en la que se comprometieron a hacer la gestión (para becas de educación) y la Comisión Federal hizo la gestión la Delegación Federal que está aquí en Nuevo León, y nos entregaron el recurso del 2016, por ahí de agosto o septiembre después de iniciado el siguiente ciclo escolar”
-Lourdes Huerta
Además la beca que se entregó en 2017, correspondiente al 2016, ha sido el único apoyo educativo, advirtió, pues se les advirtió que sólo se entregaría una vez.
“Incluso, a través de la dirección de Derechos Humanos le solicitamos a la Secretaría de Gobernación, que hiciera un llamado a Secretaría de Educación, para ver la posibilidad de que se entregará el recurso, porque ya en 2018 no se entregó nada”, dijo.
La encargada del despacho de la CEAV es Angélica Morales, quien cuenta con un presupuesto para el 2019, de 26 millones 389 mil 394 pesos, de los cuales sólo se destinan 3 millones 35 mil pesos para el apoyo a las víctimas y/o familias de las víctimas.
En el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Nuevo León se desglosa que de dicha suma, 14 millones 973 pesos son para Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, más de un millón 697 mil para Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.
La dependencia pagará este año más de cinco mil pesos en viáticos y casi 12 mil pesos en telefonía celular, mientras que para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas a Personas sólo tiene contemplado destinar 3 millones 35 mil pesos.
El presupuesto de 2018 fue de 25 millones 730 mil 241 pesos y para Ayudas a Personas se destinaron 2 millones 946 mil 614 pesos.
La CEAV depende de la Secretaría General de Gobierno, cuyo presupuesto será de mil 301 millones 724 mil 477 pesos.
En comparación con lo que se destina a las Unidades Administrativas del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, la ayuda que se reparte entre las víctimas, parece irrisoria.
Las Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo tendrán este año, 81 millones 463 mil 502 pesos y sólo el despacho del gobernador recibirá 2 millones 579 mil 350 pesos, poco menos de lo destinado a la ayuda que dará la CEAV.
Lourdes Huerta explicó que casi al inicio de su administración como gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, prometió que se haría una especie de ventanilla única para los familiares de desaparecidos, en la que se les daría una atención integral a todas sus necesidades, para lo que le dio instrucciones a la CEAV.
“Pero ha sido muy deficiente el trabajo”, agregó, pues además de que no brindan el apoyo integral que les corresponde, los empleados de la dependencia han extraviado expedientes.
Las familias de FUNDENL han padecido desde las promesas incumplidas del Gobierno estatal, la indiferencia de quienes integran la CEAV, así como burocracia de los cambios de administraciones, que se presentan con nuevas reglas y pidiendo nuevos registros y documentación de cada caso.
“Porque se supone que cuando se hizo el cambio de administración y se empiezan hacer todos estos movimientos, se suponía que se hacía borrón y cuenta nueva y se tenía que llevar toda la papelería y todo nuevo.
“Y nos dijeron que el trámite que habíamos hecho en 2017 ya no se iba a renovar, si no que se iba a hacer una partida que se iba a destinar anualmente. Eso nos dijeron pero en la práctica ya no sucedió así”, precisó la integrante de FUNDENL.
Son diversos los casos de familias que se han visto seriamente afectadas por la omisión de la dependencia en la entrega de las becas educativas, advirtió, tan es el ejemplo de una madre de familia con tres hijos que vive en Galeana.
Ella vino a Monterrey en donde le prometieron becas educativas para sus hijos. Le dieron una beca del 50 por ciento en un colegio para uno de sus hijos y sólo para el primer semestre. Al no poder pagar los siguientes periodos, abandonó los estudios y la mujer regreso a su municipio con sus hijos.
En las mismas vicisitudes se encuentra Doña Catarina, que se quedó al cuidado de sus cuatro nietos pequeños, cuando su hija desapareció.
“¿Cómo le están haciendo las mujeres para poder completar los gastos y la educación? siendo que es un derecho que está consagrado tanto en la Ley de Víctimas, como en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes”, reclamó.
En el patrón de desaparecidos en Nuevo León entre el 2009 y 2014, la mayoría de los perfiles son de hombres en edad productiva.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras difundirse los resultados de la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos (PMI), el Congreso Nacional Indígena (CNI) buscará revertir la decisión del “sí” mediante una nueva ola de amparos en Puebla, Morelos y Tlaxcala.
El frente de guerra contra los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, surge a tres meses después del posicionamiento emitido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra del Tren Maya.
A este también se suman las recientes declaraciones del CNI contra el Corredor Transístmico, cuyo posicionamiento ha respaldado el CNI y el EZLN desde el pasado primero de enero, en voz del propio Subcomandante Insurgente Moisés.
Fuentes consultadas por Apro, señalaron que los amparos contra el PMI se basarán en el derecho a ejidatarios afectados por el PMI, derecho a la salud de decenas de pueblos afectados y afectaciones por el acceso al agua de campesinos colindantes al Río Cuautla.
Mismos que ya no sólo serán tramitados ante juzgados civiles, sino también ante tribunales agrarios.
En otro frente, el CNI también buscará promover que se respeten las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convenios suscritos por México ante la Organización Internacional del Trabajo que reglamentan las consultas a pueblos indígenas.
El 23 y 24 de febrero, el gobierno federal llevó a cabo un proceso de consulta en 60 municipios de los tres estados afectados donde el 59.5 por ciento de las respuestas fueron favorables a Huexca y el PMI.
Las organizaciones indígenas sostienen que el frente de guerra se hará desde los tribunales.
Amparos desechados
Tres jueces con sede en Puebla desecharon los juicios de amparo que promovieron seis pueblos indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala para frenar la consulta pública que pretendía reactivar la construcción de la termoeléctrica Huexca y PMI.
El 19 de febrero, asambleas vecinales y autoridades ejidales de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla Puebla; Jantetelco, en Jantetelco Morelos; Amílcingo, en Temoac Morelos, Huexca, en Yecapixtla Morelos; San Damián Texoloc, en San Damián Texoloc Tlaxcala y San Vicente Xiloxochitla, Nativitas Tlaxcala, presentaron tres amparos contra de la realización de la consulta.
A través los expedientes foliados con 195/2019, 209/2019 y 199/2019, y presentados en juzgados de San Andrés Cholula, el Juzgado Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo con sede en Puebla, determinaron impugnar la consulta pública que se llevó a cabo el 23 y 24 de febrero pasados.
Pero los tres juzgadores consideraron que no “se puede pronosticar qué acciones tomará el presidente de la República” y en tanto no los consideraron como “actos de autoridad”, según copias de las resoluciones obtenidas por Apro.
“Nosotros argumentamos que la consulta pretende reactivar el Proyecto Integral Morelos, pero los jueces determinaron que no se puede argumentar el ‘acto de autoridad’ pues la consulta no es vinculante”, lamentó Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire (FPDTAA).
“Es una mentira”, atajó.
El pasado 8 de febrero, cuando el presidente López Obrador anunció la consulta, señaló que ésta sería encargada a la Secretaria de Gobernación pues “tiene la facultad legal para hacerlo”, dijo en su conferencia matutina.
Dos días después, al visitar el municipio de Yecapixtla, cuando llamó “radicales de izquierda” y “conservadores”, el presidente López Obrador alertó que de no aprobarse se estaría desechando millones de pesos en recursos del pueblo.
“Si no se utiliza la termoeléctrica de la CFE, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen en eso”, amagó el presidente.
Al respecto, Flores Solís sostiene que la consulta sí es “acto de autoridad” ordenado por “vía verbal”, y que, si bien no existe un orden por escrito que fundamente legalmente el procese las consultas públicas como la del pasado fin de semana, fue la Secretaria de Gobernación la encargada de hacerla.
“Lo que sí existen son las declaraciones públicas”, señala.
Además, recordó que, en mayo del 2017, el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla otorgó el amparo 402/2015 a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco en el que ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada.
Por lo que existe un antecedente legal que estaría violando con la consulta efectuada el pasado fin de semana. Pese al antecedente, los jueces determinaron dar un revés a esta consulta pues no existen elementos para presuponer el daño.
“Ello no quiere decir que la organización y realización de tal consulta, afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya que hasta ahora no se advierte que los derechos que dicen violados —entre ellos los de autodeterminación, libre consentimiento sobre su territorio y derecho a decidir en una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, el destino de tal proyecto en su territorio— hayan resentido un impacto negativo con la simple convocatoria a realizar el mencionado ejercicio participativo”, se lee en la última resolución del juicio 195/2019.
“Una chicanada”
Flores Solís, abogado del FPDTAA, consideró la medida como una “chicanada” con el fin de retrasar el proceso de consulta indígena que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Hay un proceso de revictimización de los pueblos, ya que existe una recomendación de la CNDH que exige la reparación por no haber hecho una consulta con los lineamientos de la Suprema Corte y la Organización Internacional del Trabajo”, dijo.
Según los resultados de la encuesta organizada por Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, originalmente se proyectó la instalación de 294 mesas para sondear la opinión ciudadana, de las cuales 17 no pudieron instalarse por la oposición de las comunidades y el asesinato del activista Samir Flores.
“El ejercicio participativo sobre el inicio de la operación de la termoeléctrica en Huexca ha sido un éxito”, escribió Álvarez Maury, tras concluir el proceso.
La resolución 3/2018 de la CNDH, señaló a 13 comunidades con población indígena prioritarias en un proceso de consulta; especialmente por su cercanía con la red de acueductos y gasoductos del PMI y poseer consideradas indígenas.
Sin embargo, sólo siete de las 294 mesas que se instalaron en la consulta, corresponden a las comunidades consideradas prioritarias por la recomendación 3/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tener más del 40% o más de 150 habitantes de pobladores de lengua indígena.
Pero se la lista fue excluida el Rancho Santana 1, municipio de Ayala, Morelos; San Hipólito Achiapa, municipio de Ocoyucan, Puebla; Topoyantla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla; Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla; y Santa Ana Nopalucan, municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala.
El FPDTAA insiste en que son decenas los municipios y comunidades afectados por los riesgos geológicos, ambientales y de escases de agua, por lo que emprenderán una nueva oleada de amparos contra el proyecto.
“A todas luces fue ilegal”, advirtió otro de los abogados del CNI.
Este fin representaciones del EZLN y el FPDTAA, mantienen reuniones con el fin de analizar la estrategia legal que seguirán en los tribunales contra lo que consideran “proyectos de muerte”.
Agencia Subversiones, 1 de marzo de 2019.
El martes 26 de febrero, habitantes de La Placita de Morelos, en el municipio de Aquila, convocaron a una «reunión urgente» ante el bloqueo que mantiene la comunidad indígena de Santa María Ostula en el crucero conocido como «Triques» demandando garantías para continuar con su labor de seguridad comunitaria. Los pequeños propietarios de la zona dieron un «ultimátum» a las y los comuneros de Ostula para que retiraran su bloqueo.
La comunidad se mantuvo firme y la noche del jueves 28, alrededor de 80 habitantes de La Placita se instalaron frente al retén que la Secretaría de Marina mantiene a unos metros de Xayakalan, en el límite del territorio comunal. A través de redes sociales dejaron claro su objetivo: impedir que los comuneros de Ostula cruzaran desde su territorio hasta «Triques» para hacer sus relevos.
A través de un comunicado, la comunidad de Ostula responsabilizó al presidente municipal de Aquila, Mohammed Ramírez, de desestabilizar y confrontar a las comunidades nahuas y mestizas de la región para justificar una posible intervención de la Marina en territorio comunal de Ostula. Los hostigamientos ya han comenzado: la misma noche del 28 de febrero, elementos de la Marina intentaron sin éxito cerrar el paso al comandante de la guardia comunal de Ostula.
Los habitantes de La Placita han convocado también a las comunidades de Pómaro y Coire —al sur de Ostula— a sumarse a sus acciones. Las autoridades de Pómaro respaldaron públicamente al alcalde Mohammed Ramírez en un comunicado. Aunque no representa a toda la comunidad, Ramírez es originario de esa localidad, al igual que Juan Hernández, el ex alcalde de Aquila y ex comisariado de bienes comunales de Pómaro denunciado por sus vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios. Ramírez y Hernández, además de ser familiares, pertenecen al grupo político que desde hace años —antes desde el PRI y ahora desde el PVEM— defiende los intereses de las células del crimen organizado que operan en la región.
Los grupos de pequeños propietarios de La Placita, Maquilí y Aquila han difundido mensajes por redes sociales para abastecer su bloqueo e impedir el paso a comuneros de Ostula. En ellos, afirman que cuentan con el apoyo de los elementos de la Secretaría de Marina apostados en los límites entre La Placita y Ostula, adscritos a la décima zona naval con sede en Lázaro Cárdenas. Durante años, la comunidad de Ostula ha denunciado la indiferencia —y, en ocasiones, la complicidad— entre la Marina y los grupos del crimen organizado que buscan controlar la zona sur del municipio de Aquila.
En su comunicado, fechado el 1ro de marzo, la comunidad de Santa María Ostula reiteró que su posición es a favor del diálogo y no de la violencia. Desde siempre, su lucha ha sido en defensa de su vida y de su territorio, sin importar los intereses impuestos por los grupos políticos que ocupan la presidencia municipal.
Ciudad de México 1 de marzo de 2019.- Se cumple un mes de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la última semana del mes de febrero se difundió a través de comunicados, actividades referentes al conflicto.
Este movimiento de huelga exige un aumento salarial del 20% junto con la retabulación del personal de medio tiempo y parcial. A un mes de haber estallado el conflicto de la huelga las autoridades y sindicalizados no han llegado a un acuerdo en materia salarial para que este conflicto de fin.
Tras ocho reuniones infructuosas que han estado centradas en la negociación salarial, finalmente las partes acordaron pasar en la siguiente sesión, al tema de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que es el motivo del segundo emplazamiento que tiene a la UAM en huelga, además del salario.
Algunas de las actividades a las que se han convocado son a la marcha de hoy viernes 1 de marzo se convoca a la marcha conjunta de Sindicatos Universitarios del Monumento a la Revolución al Zócalo a las 16:00 horas. Y el próximo sábado a las 16:00 horas en las instalaciones que tiene la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), en la zona del Ajusco.
La activista María Herrera busca a cuatro de sus hijos, dos de ellos rastreaban el paradero de sus hermanos cuando ya no se supo más de ellos
En busca de hundimientos de tierra que delaten cadáveres putrefactos, María Herrera, una anciana de 70 años, barre con una vara hojas secas en un cerro del poblado mexicano de Huitzuco con la férrea esperanza de encontrar, al menos, algún resto de sus cuatro hijos desaparecidos.
“Recuerden que los cuerpos sueltan gases y hacen que la tierra se eleve y luego cuando se descomponen más se miran hundimientos”, indica, con la voz quebrada, a un centenar de personas que rastrean fosas clandestinas usando picos y palas, y que son parte de una brigada independiente en el convulso estado de Guerrero.
Los reportes oficiales de desaparecidos en México aumentaron vertiginosamente desde diciembre de 2006, a la par de la militarización del combate contra el narcotráfico, y hoy suman más de 40 mil.
Las estadísticas incluyen dos o más personas de una misma familia secuestradas en el mismo momento.
Pero existe un subgrupo aún más trágico: aquellos que desaparecieron buscando a sus familiares previamente raptados.
María Herrera, una mujer canosa de ojos pequeños y negros, es la cara más visible de esta veintena de familias que han muerto en vida más de una vez.
Coincidencia fatal
Tuvo ocho hijos en Pajuacarán, Michoacán, donde sólo se sobrevive de la agricultura o migrando a Estados Unidos, pero ellos cambiaron su historia. Incursionaron en la venta de vajilla y luego en el comercio de oro por todo el país.
En uno de sus rutinarios viajes empresariales, en agosto de 2008, sus hijos más chicos, Raúl, de 19 años, y Jesús Salvador, de 24, llegaron a Guerrero cuando ocurría un sangriento ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
“Mis hermanos desconociendo esa información llegan a Atoyac de Álvarez”, Guerrero, junto con cinco empleados y alrededor de 1 millón de pesos en efectivo y oro, narra Juan Carlos, otro de los hijos de Herrera.
Sospecha que un cártel local los confundió con delincuentes de un grupo rival y fueron detenidos en connivencia con policías locales.
A pesar de los riesgos, la familia comenzó a buscar por su propia cuenta: contrataron investigadores privados, tocaron puertas gubernamentales. Nada funcionó y el padre, Guillermo Trujillo, murió de un infarto cerebral en febrero de 2009.
La tragedia se ahondó cuando se quedaron sin dinero y entonces Luis Armando y Gustavo, de 25 y 27 años, padres de tres niños, decidieron retomar el negocio del oro.
“Vamos a trabajar para buscar a nuestros hermanos porque igual la delincuencia se los lleva a diferentes partes y ojalá los encontremos”, le dijo Gustavo a su madre, según ella recuerda.
Técnicas de búsqueda
El 22 de septiembre de 2010 Gustavo Trujillo Herrera se comunicó con su esposa desde Poza Rica, Veracruz. Fue el último día que supieron de él y de su hermano Armando.
Descubrieron que, momentos después de esa llamada telefónica, ambos fueron detenidos por policías. Juan Carlos cree que cuando los uniformados descubrieron que buscaban a sus hermanos decidieron “desaparecerlos”.
La señora María y sus otros cuatro hijos, entre ellos una mujer, se mudaron al centro del país para concentrarse en las investigaciones. Dejaron atrás la casa familiar y en ella el enorme comedor en el que soñaba que siempre comerían sus ocho hijos, sus nueras y sus nietos.
Suplicó ayuda incluso al ahora expresidente Felipe Calderón (2006-2012) en un acto público. Con el tiempo, perdió la esperanza de encontrarlos con vida.
Años después, en 2016, hizo su primer rastreo en Veracruz.
Desde entonces ha aprendido técnicas de búsqueda de cadáveres asesorada por antropólogos forenses, como clavar varillas de hierro en forma de T para saber si bajo la tierra hay gases fétidos producto de la descomposición.
México es “una enorme fosa clandestina”, reconoce el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Cifras oficiales indican que se ha descubierto un millar de tumbas ilegales, y alrededor de 26 mil cadáveres que yacen en morgues no han sido identificados, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su gobierno anunció este mes un plan para buscar a los desaparecidos, que incluye la creación de un nuevo instituto forense.
“Seguiremos buscando, pero por Dios, que identifiquen a los que ya hemos hallado”, suplica Herrera.
“Creí que era un hueso”
La trágica lista de pérdidas de María, que ahora se dedica a vender muñecos y uniformes en su empobrecido hogar, casi aumenta hace seis meses cuando un desconocido intentó atacar con un arma a Juan Carlos, de 41 años, quien logró escapar saltando la barda del patio de su casa.
La magnitud del caso de la anciana motivó a un juez a ordenar que la Cancillería aceptara la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Una de las jornadas de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que participó la mujer entre enero y febrero, transcurrió en un cerro conocido como Antena de los Timbres, en Huitzuco.
Es el mismo pueblo al que pertenecían los policías corruptos involucrados en la sonada desaparición de 43 estudiantes de magisterio en septiembre de 2014.
Custodiados por policías federales en camionetas artilladas, los familiares descubrieron un cadáver que más tarde examinaron peritos.
Con la fe renovada, Herrera inspeccionó con su vara entre matorrales de largas espinas. A su paso, encontró una formación rocosa blanquecina que brillaba con el fuerte sol.
“Creí que era un hueso, pero es una piedra”, susurró antes de aventarla decepcionada.
Los familiares concluyeron esa jornada con las entrañas revueltas y ningún otro hallazgo, pero la brigada halló siete cadáveres y unos 100 restos humanos entre el 20 de enero y el 2 de febrero.
“Cada vez que subimos a un lugar de estos tan inhóspitos implica un sufrimiento… ¿Quién escuchó sus gritos de dolor? ¿Quién escuchó sus últimas palabras? No hubo nadie, nadie que los escuchara”, dice Herrera mientras ahoga el llanto.
Como parte de la acción nacional, personal sindicalizado –administrativo y docente- del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), se manifestó ayer con paro laboral, en protesta por la decisión del Gobierno Federal de recortar el presupuesto a la educación media superior.
EN ESCÁRCEGA
Carlos Enrique Perera Chi, delegado sindical del Cobacam plantel 03, señaló que como profesores les preocupa los jóvenes, pero también sus salarios y prestaciones laborales, por ello se debe tomar una alternativa sin perjudicar las actividades escolares, porque hay maestros que no son sindicalizados y continúan en las aulas.
EN CALAKMUL
Desde la siete de la mañana de ayer, sindicalizados del plantel 14 de Xpujil exhibieron una manta en donde expresa al presidente Andrés Manuel López Obrador, que laboran bajo protesta, a fin de sumarse a la manifestación pacífica en el país. Víctor Manuel Can Chan, delegado sindical, explicó que esta medida es para defender los logros sindicales, aunque lamentablemente afecta aproximadamente 120 alumnos.
EN CALKINI
El turno vespertino del Cobacam retiró a sus alumnos y colocó una lona en la puerta de la escuela. Ana Isabel May cardeña, representante del sindicato, detalló que la acción del Ejecutivo Federal lesionará gravemente la economía de más de 60 mil trabajadores del Cobach del país y por otra parte también a un millón 500 educandos, pero pues no se contará con recursos para realizar trabajos de mantenimiento y actividades.
EN HOPELCHÉN
Integrantes del Sindicato único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sutcobacam) de Ukum, Dzibalchén, y Bolochén de Rejón, protestaron ayer al colocar mantas en las rejas de acceso de las instituciones educativas, donde se podía leer: “Señor presidente Andrés Manuel López Obrador laboramos BAJO PROTESTA”.
EN HECELCHAKÁN
Los 36 catedráticos del plantel 01 “José Ortiz Ávila” se declararon en “brazos caídos”, y solo continuaron con sus actividades 10 docentes que no tienen seguridad laboral, manifestó la delegada sindical Silvia Iraní Pat Luz. Estas acciones recordó, es para que nuestra demanda llegue ante las instancias legales y pongan de su parte para dar marcha atrás a la reducción del presupuesto al nivel medio superior, lo cual también afectará a los más de 400 alumnos de los dos turnos.
EN TENABO
Miguel Ángel López Uc, delegado del Cobacam plantel 07, resaltó que Tenabo está en pie y el paro laboral de la plantilla de 32 empleados, entre maestros, administrativos y de limpieza, permanecerá dos días como medida de presión ante el anuncio del recorte presupuestal. López Uc ostentó que hay bases para exigir al Gobierno Federal y se espera la compresión de los papás, “somos trabajadores y tenemos familia, es por eso que se pugna para que seamos escuchados”.
El 30% de los trabajadores no tiene un contrato escrito
La mitad de los trabajadores no tiene acceso a los servicios de salud
Los salarios, reales y nominales, decrecen
El desempleo real en el país supera el 12%
Trabajadores sin contrato escrito en México
Colectivo Grieta / Ciudad de México, 26 de Febrero de 2019
El capitalismo en México ha acentuado el desempleo, la pérdida de derechos laborales y la explotación según la ponencia presentada en el foro “Precarización laboral y exclusión educativa: desafíos de la juventud frente al nuevo gobierno”, por el profesor Luis Lozano Arredondo, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM. Dijo también que la centralidad del trabajo en el proceso de acumulación ha llevado al capitalismo a emprender una ofensiva sostenida empeorando las condiciones laborales de los trabajadores. El foro, realizado en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM fue organizado por la Red Universitaria de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno como parte la 1era Jornada Universitaria en Resistencia y Rebeldía contra la Continuidad Neoliberal.
Sin acceso a prestaciones sociales
En los últimos 14 años, el número de trabajadores sin contrato (y por tanto sin prestaciones) se incrementó de 13 millones 495 mil a 15 millones 922 mil. Esto quiere decir que casi el 30% de la población económicamente activa (la PEA en México son 55 millones de personas) se encuentra “en condiciones de precariedad laboral extrema, al no contar con ningún derecho, salvo el derecho a que los despidan” explicó el profesor.
Trabajadores sin acceso a instituciones de salud en México
Mencionó también que en México existen trabajadores que aún teniendo un contrato escrito han debido aceptar condiciones en las que no tienen derecho a la atención médica. Estos trabajadores eran 27 millones en 2005 y un poco más de 32 millones para el año 2017 lo que significa un aumento de 18.5% de trabajadores sin acceso a servicios de saluden en este periodo. Las cifras son resultado de las reformas laborales emprendidas por Felipe Calderón (2012) y Enrique Peña Nieto (2017), “reformas que el gobierno de la cuarta transformación ya anunció que no va a modificar”, señaló el profesor. Es importante recordar que desde octubre de 2018, la Secretaria del Trabajo del Gobierno de López Obrador, María Luisa Alcalde, anunció que se abocarían a presentar las propuestas de leyes secundarias para implementar la reforma laboral impulsada por Peña Nieto en 2017 (ver https://www.elfinanciero.com.mx/transicion/titanica-tarea-de-gobierno-entrante-en-materia-laboral-luisa-maria-alcalde).
Salarios cada vez menores
Como parte de una ofensiva contra las conquistas sociales producto de las luchas de los trabajadores, el capitalismo ha implementado una agresiva política contra el salario en México. Los salarios han perdido su poder adquisitivo de manera sostenida desde hace muchas décadas. Pero ahora la tendencia va más allá. La investigaciones del CAM revelan que desde mediados del sexenio de Peña Nieto, se observa una tendencia a la disminución incluso en el valor nominal (el monto que se paga) en algunas actividades. Así, en varias ramas han detectado que los montos de dinero pagados por desempeñar una labor (enfermería, trabajo de limpieza, mantenimiento de edificios, etc.) en 2014 eran, en promedio mayores a los salarios vigentes para el año 2017. Es decir, ahora los salarios no solo pierden valor debido a la inflación, sino que incluso decrecen abiertamente.
El salario no cubre los bienes y servicios más elementales
El profesor Lozano explicó que si bien el gobierno se jacta de los incrementos que ha recibido el salario mínimo en los últimos años, lo que se puede adquirir con esos salarios ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.
A partir de su propio trabajo de campo, realizando encuestas y estudios de precios en diferentes partes del país, el CAM ha identificado lo que llaman la “Canasta Obrera Indispensable”, constituída por 64 bienes y servicios que los trabajadores reportan como necesarios para satisfacer las necesidades más elementales de sus familias como alimentación, higiene, acceso a energía eléctrica y gas. El costo real de esa Canasta Obrera Indispensable (COI) no ha dejado de crecer, pasando de 494 pesos diarios a aproximadamente 540 pesos diarios para 2019. El profesor Lozano explicó que si se compara este costo con el monto del salario mínimo más alto de México que es de 175 pesos en la franja fronteriza, se puede ver que dicho salario es completamente insuficiente incluso para satisfacer las necesidades de la reproducción de la fuerza de trabajo.
El detalle, es que si se considera que de acuerdo a su definición constitucional los salarios mínimos: “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” (artículo 123 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos), entonces se tendría que hablar de una canasta básica más amplia. Dicha canasta, conocida como Canasta Básica Integral, estaría constituída por casi 250 bienes y servicios, y su costo se encuentra en promedio por arriba de los 1200 pesos diarios.
Lo anterior ha llevado a que el consumo familiar de los asalariados haya disminuido en hasta un 90% si se compara con los valores de 1934. Pero al mismo tiempo, la gente tiene que trabajar más y más horas, con lo que la conquista de la jornada laboral de 8 horas se convierte en letra muerta. De acuerdo con el CAM para el 2017 ya habían 17 millones de trabajadores trabajando más de 48 horas por semana.
El gobierno oculta el desempleo, la realidad es que 12.5% de los trabajadores no tienen trabajo
Desde hace muchos años, el gobierno ha ido modificando las metodologías con las que se mide el desempleo, considerando que un trabajador que ha logrado trabajar una hora a la semana (si gana el salario mínimo eso equivale a un pago de alrededor de 13 pesos), entonces no está desempleado. Con este engaño, el INEGI reporta cifras de desempleo de alrededor de 1.8 millones, equivalentes a un desempleo del 3.3% (año 2018).
El CAM ha estimado, siguiendo la metodología establecida por la Organización Internacional del Trabajo, que en México hay alrededor de 7.5 millones de desempleados. Esto significa un desempleo real del 12.5% para 2018.
Los proyectos educativos de AMLO son funcionales al capital: MAES
En este mismo foro activistas del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) denunciaron la continuidad de la política educativa de López Obrador con las estrategias que se trazaron en la SEP a inicios de los años 1990, cuando Esteban Moctezuma era Subsecretario de Ernesto Zedillo. Desde este punto de vista, se destacó que el modelo de las Universidades Benito Juárez implementado por el gobierno de AMLO dista de ser una educación “universitaria”, ya que no incorparará tareas de difusión de la cultura ni de investigación, sino sólo Centros de Enseñanza encargados de preparar trabajadores acordes a las necesidades planteadas por los empresarios.
Este programa se articulará con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que, de acuerdo con los estudiantes del MAES, significaría en los hechos la transferencia de recursos públicos a manos del sector privado, pues sería el dinero público el que pagaría los salarios por un año de estos jóvenes que a su vez generarían ganancias para las empresas. Este programa, en el que los empresarios se convierten en “tutores” de los jóvenes, tiene su antecedente en la política de Ernesto Zedillo quien incorporó a representantes y gerentes de las empresas como “profesores” en los centros públicos de enseñanza técnica.
Solo nos queda ser anticapitalistas: CAM
De acuerdo al CAM, la precarización y superexplotación del trabajo es parte del proceso en el que el capital pone en el centro a la fuerza de trabajo como productora de valor y plusvalor, en las cuales se sostiene este sistema. Por ello, explicaron: “frente a la lógica de la explotación y el despojo y de propagación de la miseria, no es posible plantear una salida redistributiva o de administración de la pobreza, pues vivimos en un patrón de acumulación que no hace sino acentuarse”.
“Pensamos que el problema no es de política económica, sino de crítica de la economía política. El neo-keynessianismo no alcanza, porque el problema es de orden estructural. Siendo realistas, solo nos queda ser anticapitalistas”.
Tepic Nayarit.-Ante la falta de pago de salarios de más de 400 hombres y mujeres que laboran para el Tribunal Superior de Justicia, la mañana de hoy viernes decenas de trabajadores se manifestaron a las afueras de estos inmuebles para exigir a las autoridades correspondientes el pago inmediato de los sueldos de la segunda quincena del mes de febrero del año en curso.
Julio Cesar Rivas, representante de los trabajadores en entrevista reveló que son alrededor de 13 millones de pesos los que les adeudan.
Ante esta situación, el entrevistado afirmó que mientras nos les paguen sus sueldos, las puertas del Tribunal Superior Justicia y demás juzgados permanecerán cerrados al público en general.
Finalmente, los manifestantes pidieron a las autoridades involucradas en este conflicto, que arreglen sus diferencias políticas entre ellos, “pero que no se metan con lo más sagrado que recibe quincena tras quincena la clase trabajadora”.
Gabriel Viche/Novedades
Cerca de 40 trabajadores de la plataforma Akal C, entre personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de compañía, están intoxicados por una bacteria debido a la mala calidad de los alimentos por parte de la compañía Veggies Light. Los obreros a bordo hicieron un llamado de auxilio a familiares y amigos pues en el consultorio de la plataforma no hay medicamentos disponibles.
Ernesto Cavazos Soto, trabajador de esa plataforma que está en su período de descanso, acusó que Pemex omitió activar el protocolo de seguridad para estos casos con la intensión de ocultar este problema; funcionarios de la empresa productiva del Estado giraron órdenes al administrador del complejo, Héctor Guerrero, para que el médico a bordo los atendiera pero que no se diera la evacuación y traslados de los enfermos.
Asegura que sus compañeros le pidieron auxilio para que los trabajadores que suben a Akal C este fin de semana, lleven medicamentos, pues en la unidad carecen de todo tratamiento, con dinero propio y depósitos que realizaron familiares de los afectados, los trabajadores compraron los medicamentos que requieren y se los entregarán en cuanto suban a la plataforma.
Al solicitar información sobre este caso, la Dirección de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos confirmó que había casos de enfermedades gastrointestinales en la plataforma Akal Charly, pero que el médico de guardia aseguró que no pone en riesgo la vida de los trabajadores, por lo que no se activó el protocolo, reafirmando que se tomaron muestras de la comida y del agua potable para determinar las causas de la infección.
No proporcionaron los nombres de los obreros, tampoco cuántos son trabajadores directos de Pemex y cuántos de compañía, mucho menos qué tipo de enfermedad gastrointestinal sufrieron los obreros y como era de esperarse, negaron la carencia de medicamentos a bordo de la plataforma Akal C, o en los nosocomios de la empresa productiva del estado en Ciudad del Carmen.
Esta no es la primera vez que empresas proveedoras de alimentos son señaladas de entregar comida en descomposición, pues 2011 y 2014 los obreros de la plataforma Akal-C realizaron huelgas de hambre, por la pésima calidad de la comida durante sus guardias de 14 días, pero todo indica que Pemex sigue solapando este tipo de actos y los delegados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no hacen nada.
Y ADEMÁS
Familia Camargo Salina de nuevo en el ojo del huracán
De acuerdo con documentos que ha presentado la empresa Veggies Light en los concursos de licitación para Servicios de Alimentación y Hotelería a bordo de plataformas habitacionales, María Eugenia Camargo Salinas es socia en 50 por ciento de la empresa contratista, que sigue fielmente los pasos de sus hermanos Rafael y Francisco Javier Camargo Salinas, dueños de la polémica empresa EVYA.
Según Ernesto Cavazos Soto, María Eugenia dirige la empresa, y con la intención de ahorrarse unos pesos sirven la comida echada a perder pese a que Pemex Exploración y Producción paga a Veggies Light un promedio de 216.13 pesos por cada platillo que sirven en la plataforma, sin embargo, lo que paga Pemex y lo que ellos comen, nada tiene que ver, pues dista de la calidad e higiene requerida.
Más de 600 trabajadores petroleros sindicalizados no descartan una nueva huelga de hambre por la falta de control en los procesos de calidad de los servicios arrendados de alimentación y hospedaje con que cuenta Petróleos Mexicanos para las plataformas petroleras ubicadas específicamente en la Sonda de Campeche.
Argumentan sindicalizados que en el Cobao, la reducción presupuestal suma 184 millones 045 mil 517 pesos.
Como medida de presión para que la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cancele el recorte presupuestal, los dos mil 500 agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (SUTCobao) se declararon ayer en paro de labores durante 48 horas.
La suspensión alcanzó los 68 planteles escolarizados y los 13 centros de enseñanza abierta, donde estudian 36 mil estudiantes, así como las oficinas administrativas de esa institución.
El secretario general de la gremial, Rufino Olea González informó que el SUTcobao y los demás miembros de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres (FNSCB) determinaron irse al paro de labores, ante el recorte presupuestal de tres mil 500 millones de pesos acordado por la SEMS para ese subsistema durante este año.
En el caso particular del Cobao, la reducción presupuestal suma 184 millones 045 mil 517 pesos, agregó.
Expuso que el recorte presupuestal, además de los gastos de operación, afecta el concepto de prima de antigüedad y en consecuencia, origina una mengua real de su salario quincenal neto y base de cálculo para su jubilación o pensión.
Por esta razón, subrayó que la FNSCB manifestó oportunamente su rechazo a la disminución presupuestal y aparte de esto, convino acciones deprotesta hasta sus últimas consecuencias en defensa de la educaciónmedia superior, de sus estudiantes y de los derechos legalmente adquiridos por los trabajadores, contenidos en su contrato colectivo de trabajo.
Frente a esto, mencionó que la SEMS se comprometió a reconsiderar el recorte presupuestal y después de incumplir ofrecimientos para hacer la corrección, remitió una nueva versión del presupuesto a los colegios de bachilleres, la noche del miércoles pasado, donde se contempla el total de recursos financieros para salarios, gastos de operación yprestaciones, garantizando así el pago de las quincenas con su respectiva prima de antigüedad.
No incluye el aguinaldo
Sin embargo, destacó que el pago de aguinaldo de los trabajadores sindicalizados del Cobao, con un monto aproximado de 80 millones 141 mil pesos, no fue incluido en el nuevo presupuesto.
“Como coloquialmente se dice, tapan un agujero y abren otro”, señaló.
Aparte de esto, subrayó que el nuevo presupuesto no incluye el reconocimiento a 237 plazas administrativas regularizadas el año pasado, ni los incentivos 2018 a los docentes evaluados en el 2017.
Ante esta situación, Olea González exigió a la Oficialía Mayor de la SEP la instalación de una mesa de diálogo para atender esta violación a su contrato colectivo de trabajo y resolver de fondo el origen del recorte presupuestal.
Los hechos violentos registrados este viernes primero de marzo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, cobraron la vida de cinco personas.
Zapopan
El primer caso se dio cerca de las 07:30 horas, en un terreno de la calle Central al cruce con la calle Árnica, en la colonia El Tizante, en Zapopan.
Los policías encontraron en su recorrido de vigilancia un hombre tirado boca arriba con sangre en la cabeza. El fallecido aparentaba 35 a 40 años, era de tez blanca y complexión delgada.
Los oficiales no encontraron indicios por lo que estimaron que el hombre fue asesinado en otro punto, y los causantes solo lo tiraron en el lugar en el que lo hallaron con varias horas de evolución cadavérica .
Tlaquepaque
Poco más tarde, cerca de las 11:15 horas en Periférico y Carretera Chapala, en la colonia La Duraznera, en San Pedro Tlaquepaque.
La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, se desplazaba en una camioneta Raptor en color negro, por carretera a Chapala y al tomar la salida hacia Periférico Sur, fue interceptado por unos desconocidos que le cerraron el paso y le dispararon con fusiles de asalto.
El conductor de la camioneta se detuvo y se echó a correr, pero a unos 30 metros de su vehículo cayó sin vida sobre la cinta asfáltica al ser alcanzado por las balas. El cuerpo quedó frente a un auto Focus ajeno a los hechos, el cual resultó con un impacto, sin que sus ocupantes, una mujer y su hija resultaran lesionadas.
Las autoridades contabilizaron más de 40 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros y 7.62 para fusil de asalto AK47, conocido como “cuerno de chivo”.
Tlajomulco
A las 15:00 horas, un cuerpo fue localizado en bolsas negras de plástico en una brecha cercana al Camino a San Isidro Mazatepec, en el poblado de Santa Cruz de la Loma, en Tlajomulco de Zúñiga.
Por las condiciones, en las que se encontraba los policías no pudieron identificar sus características.
Loma Linda
En el cuarto hecho, dos hombres fueron atacados a balazos cerca las 16:45 horas en el cruce de Rafael Lozada y Mezquitera, en la colonia Loma Linda, en Guadalajara. Uno de ellos murió, el otro resultó herido.
No hubo testigos que aportaran información sobre las características de los agresores.
El Vergel
Con tan solo unos minutos de diferencia, un hombre fue encontrado en un predio despoblado cercano al cruce de Vía Manzanillo y calle Sauces. El occiso solo vestía una trusa en color rojo y estaba atado de las manos por la espalda.
Un grupo de 120 maestros que pertenecen al Programa Nacional de Inglés (Proni), que da clases de lengua extranjera en planteles públicos a chicos de preescolar y primaria, realizaron un paro de actividades este jueves, luego de que durante dos meses no han recibido salario por parte de la Secretaría de Educación.
Algunos de ellos realizaron una protesta frente a la Torre de Educación y exhibieron consignas en carteles sobre la falta de pago, en los meses de enero y febrero. Padres de familia acompañaron a los docentes con el siguiente reclamo: “Por una educación que enseñe a nuestros hijos a pensar y mejorar: padres de familia apoyando a nuestros maestros”.
Eduardo Márquez Castillo, representante de los profesores de inglés, señaló que algunos maestros no tienen dinero ni para pagar la gasolina o para cubrir los pasajes para ir a las escuelas donde dan clases.
La Secretaría de Educación estatal respondió que la falta de pagos se debe a que el gobierno federal no ha publicado las reglas de operación del Proni y no existe certeza de que el programa vaya a tener continuidad.
“Les hicimos saber la problemática de que no tenemos dinero ni para ir a trabajar. Ellos nos avisan que hoy saldrían las reglas de operación. De ahí, se tardan de 1 a 3 días para revisarlas y nos dan fecha de pago. Yo quiero creerles, pero nos han dicho anteriormente lo mismo”, explicó.
Pese a la falta de pagos, los docentes de inglés resolvieron que este viernes regresarán a dar clases, para no afectar a los alumnos.
La última vez que los 120 maestros del Proni recibieron pago fue el pasado 18 de diciembre, por lo que ya han transcurrido más de dos meses sin salario.
En algunos estados de plano, el Proni fue suspendido ante la falta de certeza por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), relató, Marquez Castillo.
Los estados donde el Proni se suspendió son Zacatecas, Tlaxacala, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Yucatán.
Huitzuco de los Figueroa, México.
En busca de hundimientos de tierra que delaten cadáveres putrefactos, María Herrera, una anciana de 70 años, barre con una vara hojas secas en un cerro del poblado de Huitzuco con la férrea esperanza de encontrar, al menos, algún resto de sus cuatro hijos desaparecidos.
“Recuerden que los cuerpos sueltan gases y hacen que la tierra se eleve y luego cuando se descomponen más se miran hundimientos”, indica, con la voz quebrada, a un centenar de personas que rastrean fosas clandestinas usando picos y palas, y que son parte de una brigada independiente en el convulso estado de Guerrero.
Los reportes oficiales de desaparecidos en México aumentaron vertiginosamente desde diciembre de 2006, a la par de la militarización del combate contra el narcotráfico, y hoy suman más de 4 mil.
Las estadísticas incluyen dos o más personas de una misma familia secuestradas en el mismo momento.
Pero existe un subgrupo aún más trágico: aquellos que desaparecieron buscando a sus familiares previamente raptados.
María Herrera, una mujer canosa de ojos pequeños y negros, es la cara más visible de esta veintena de familias que han muerto en vida más de una vez.
Maria Herrera, (Foto: Pedro PARDO / AFP)
– Coincidencia fatal –
Tuvo ocho hijos en Pajuacarán, Michoacán, donde sólo se sobrevive de la agricultura o migrando a Estados Unidos, pero ellos cambiaron su historia. Incursionaron en la venta de vajilla y luego en el comercio de oro por todo el país.
En uno de sus rutinarios viajes empresariales, en agosto de 2008, sus hijos más chicos, Raúl, de 19 años, y Jesús Salvador, de 24, llegaron a Guerrero cuando ocurría un sangriento ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
“Mis hermanos desconociendo esa información llegan a Atoyac de Álvarez”, Guerrero, junto con cinco empleados y unos 90 mil dólares al tipo de cambio de la época en efectivo y oro, narra Juan Carlos, otro de los hijos de Herrera.
Sospecha que un cártel local los confundió con delincuentes de un grupo rival y fueron detenidos en connivencia con policías locales.
A pesar de los riesgos, la familia comenzó a buscar por su propia cuenta: contrataron investigadores privados, tocaron puertas gubernamentales. Nada funcionó y el padre, Guillermo Trujillo, murió de un infarto cerebral en febrero de 2009.
People looking for missing relatives attend a mass as part of the activities of the fourth National Search Brigade, in Huitzuco de los Figueroa, Guerrero state, Mexico, on January 20, 2019. – More than 40,000 people are missing in Mexico, which has been swept by a wave of violence since declaring war on its powerful drug cartels in 2006. But there is even a more tragic group: some 20 families who have lost children not once but twice, when the ones who remained went looking for their missing siblings and ended up disappearing too. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
La tragedia se ahondó cuando se quedaron sin dinero y entonces Luis Armando y Gustavo, de 25 y 27 años, padres de tres niños, decidieron retomar el negocio del oro.
“Vamos a trabajar para buscar a nuestros hermanos porque igual la delincuencia se los lleva a diferentes partes y ojalá los encontremos”, le dijo Gustavo a su madre, según ella recuerda.
– Técnicas de búsqueda –
El 22 de septiembre de 2010 Gustavo Trujillo Herrera se comunicó con su esposa desde Poza Rica, Veracruz. Fue el último día que supieron de él y de su hermano Armando.
Descubrieron que, momentos después de esa llamada telefónica, ambos fueron detenidos por policías. Juan Carlos cree que cuando los uniformados descubrieron que buscaban a sus hermanos decidieron “desaparecerlos”.
Mexican Juan Carlos Trujillo, who looks for four missing brothers, kneels during a mass as part of the activities of the fourth National Search Brigade, in Huitzuco de los Figueroa, Guerrero state, Mexico, on January 20, 2019. – More than 40,000 people are missing in Mexico, which has been swept by a wave of violence since declaring war on its powerful drug cartels in 2006. But there is even a more tragic group: some 20 families who have lost children not once but twice, when the ones who remained went looking for their missing siblings and ended up disappearing too. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
La señora María y sus otros cuatro hijos, entre ellos una mujer, se mudaron al centro del país para concentrarse en las investigaciones. Dejaron atrás la casa familiar y en ella el enorme comedor en el que soñaba que siempre comerían sus ocho hijos, sus nueras y sus nietos.
Suplicó ayuda incluso al ahora expresidente Felipe Calderón en un acto público. Con el tiempo, perdió la esperanza de encontrarlos con vida.
Años después, en 2016, hizo su primer rastreo en Veracruz.
Desde entonces ha aprendido técnicas de búsqueda de cadáveres asesorada por antropólogos forenses, como clavar varillas de hierro en forma de T para saber si bajo la tierra hay gases fétidos producto de la descomposición.
México es “una enorme fosa clandestina”, reconoce el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Cifras oficiales indican que se ha descubierto un millar de tumbas ilegales, y alrededor de 26 mil cadáveres que yacen en morgues no han sido identificados, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su gobierno anunció este mes un plan para buscar a los desaparecidos, que incluye la creación de un nuevo instituto forense.
“Seguiremos buscando, pero por Dios, que identifiquen a los que ya hemos hallado“, suplica Herrera.
People who look for missing relatives take part in the activities of the fourth National Search Brigade, in Huitzuco de los Figueroa, Guerrero state, Mexico, on January 21, 2019. – More than 40,000 people are missing in Mexico, which has been swept by a wave of violence since declaring war on its powerful drug cartels in 2006. But there is even a more tragic group: some 20 families who have lost children not once but twice, when the ones who remained went looking for their missing siblings and ended up disappearing too. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
– “Creí que era un hueso” –
La trágica lista de pérdidas de María, que ahora se dedica a vender muñecos y uniformes en su empobrecido hogar, casi aumenta hace seis meses cuando un desconocido intentó atacar con un arma a Juan Carlos, de 41 años, quien logró escapar saltando la barda del patio de su casa.
La magnitud del caso de la anciana motivó a un juez a ordenar que la Cancillería aceptara la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Una de las jornadas de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que participó la mujer entre enero y febrero, transcurrió en un cerro conocido como Antena de los Timbres, en Huitzuco.
Es el mismo pueblo al que pertenecían los policías corruptos involucrados en la sonada desaparición de 43 estudiantes de magisterio en septiembre de 2014.
Custodiados por policías federales en camionetas artilladas, los familiares descubrieron un cadáver que más tarde examinaron peritos.
Forensic personnel of the Mexican Attorney General work in the exhumation of human remains found during the activities of the fourth National Search Brigade, in Huitzuco de los Figueroa, Guerrero state, Mexico, on January 21, 2019. – More than 40,000 people are missing in Mexico, which has been swept by a wave of violence since declaring war on its powerful drug cartels in 2006. But there is even a more tragic group: some 20 families who have lost children not once but twice, when the ones who remained went looking for their missing siblings and ended up disappearing too. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Con la fe renovada, Herrera inspeccionó con su vara entre matorrales de largas espinas. A su paso, encontró una formación rocosa blanquecina que brillaba con el fuerte sol.
“Creí que era un hueso, pero es una piedra”, susurró antes de aventarla decepcionada.
Los familiares concluyeron esa jornada con las entrañas revueltas y ningún otro hallazgo, pero la brigada halló siete cadáveres y unos 100 restos humanos entre el 20 de enero y el 2 de febrero.
“Cada vez que subimos a un lugar de estos tan inhóspitos implica un sufrimiento… ¿Quién escuchó sus gritos de dolor? ¿Quién escuchó sus últimas palabras? No hubo nadie, nadie que los escuchara”, dice Herrera mientras ahoga el llanto.
De acuerdo con la Conagua el 70% de los lagos, lagunas y acuíferos de México están contaminados.
PUEBLA, Puebla.- El agua es sin duda uno de los más preciados recursos de la humanidad, no solo se utiliza para casi todos los procesos productivos, sociales y hasta económicos, sino que se requiere para la vida misma.
De acuerdo al fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, la sobreexplotación en el país pasó de 32 mantos acuíferos en 1975 a 105 en el 2016, lo que significará un deterioro de aguas subterráneas y eventual dificultad para su extracción.
En el país se cuenta con 653 acuíferos reconocidos, es decir el 16 por ciento abastece en un 80 por ciento la necesidad de agua de la población.
Más allá de la sobreexplotación otro riesgo para este recurso es la contaminación, de acuerdo al informe realizado por la CONAGUA, 70% de lagos, lagunas y acuíferos de México están contaminados.
Las principales causas son descargas de aguas residuales, depósitos de desechos peligrosos en subsuelo, uso y abuso de agroquímicos como fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.
Este último caso es muy preocupante ya que no solo provoca contaminación de agua sino de otros dos grandes recursos: aire y tierra.
El nitrógeno de los fertilizantes, aprovechado solo en mínima cantidad por las plantas, se queda en la tierra y otra se volatiliza hacia la atmósfera para descomponerse en óxidos nitrosos y óxidos nítricos, que contribuyen a la formación de ozono; al continuar con el ciclo del agua forma la llamada “lluvia ácida” que afecta a vegetales, suelos e incluso estructuras metálicas.
En el caso del suelo una de las principales pérdidas deriva de la deforestación, de acuerdo a la plataforma Global Forest Watch, en el 2017 se perdieron en México 250 mil hectáreas de bosque, necesarias para mantener el ciclo del agua y la producción de oxigeno.
El crecimiento ganadero y agrícola, así como la explotación minera son algunos de los factores que contribuyen a este fenómeno.
Al eliminar estas extensiones se perderán también diversidad biológica, además de servicios ambientales para la agricultura e incluso la producción industrial.
Esta es solo una pequeña muestra del riesgo al que la humanidad se enfrenta si continua explotando de manera irresponsable los recursos con que cuenta.
Los números de agresiones a agentes de la Libertad de Expresión en el mes de febrero aumentaron considerablemente, de acuerdo a la Plataforma de Seguridad para la Protección del Periodismo en México “Guardian”, de la asociación Periodistas Desplazados de México.
Del período del 1 al 27 de febrero, se contabilizaron 54 agresiones directas a informadores, ataques a cuatro medios de información de prensa escrita, y a una radio.
El saldo rojo hasta ahora: 2 periodistas asesinados, uno más, se encuentra grave desde un intento de homicidio.
Hay 39 casos graves de amenazas, y derivado de esto, se adhirieron 17 informadores al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, los cuales fueron desplazados a refugios.
El estado de Guerrero el que registró más agresiones a medios de información, con 31 de las 54.
El primer registro del mes fue el 5 de febrero, cuando el periodista del diario La Crónica, Daniel Blancas, denunció que fue privado de su libertad y amenazado con armas largas por un comando de al menos 12 sujetos en los momentos que realizaba investigaciones en Tula, Hidalgo, una zona con alta incidencia de huachicoleo.
En Chilpancingo se dieron los primeros casos: el Estado atacó por medio de la Policía Ministerial a seis reporteros locales el pasado 6 de febrero, que cubrían un operativo.
De esta situación se filtró una fotografía que impactó a nivel nacional, un agente ministerial apuntando su fusil AR-15 directamente a un reportero de nota roja que registraba los hechos desde un teléfono celular.
El 8 de febrero, la periodista Monserrat Ortiz de ADN 40 fue amenazada de muerte por parte de un sujeto acusado de maltratar a tres mujeres, del que escribió.
Sin embargo, el 10 de febrero se registró el primer ciberataque; la periodista Viétnika Batres, del periódico El sur, de Guerrero, detectó una actividad inusual; su cuenta personal del correo electrónico, fue posiblemente hackeado, en hechos ocurridos en las oficinas en la Ciudad de México.
Mientras esperaba material periodístico de espectro nacional, recibió correos enviados desde su misma cuenta que referían textualmente: “estamos adentro, jajaja”, “no saques más reportajes”.
Este caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, y ella, adherida al Mecanismo de Protección a Periodistas.
Posteriormente, el 11 de febrero se registró la agresión a tres reporteros gráficos en el Edomex, cuando cubrían un asesinato; uno de ellos Armando Martinez de El Gráfico, y fue rociado con gas pimienta por policías estatales.
Ese mismo día atacaron a balazos al periodista y locutor Bersain Gálvez Ramírez, dueño de una estación de radio en Chicomuselo, Chiapas, quedando gravemente herido; hasta hoy, continúa grave.
En el registro también se encuentra el caso de amenazas en contra de la periodista Evangelina Rosales, del diario Puntual con fecha del 13 de febrero en Puebla; supuestamente, fue el secretario particular del diputado, Uruviel González Vieyra; la situación se investiga.
Ese mismo día fue agredido el reportero Armando Acosta por parte de elementos de Tránsito y Vialidad cuando realizaba una investigación en Veracruz.
También se registró la amenaza de reportera del medio El Debate, de Sinaloa; su identidad está reservada dado a que fue amenazada por grupos delincuenciales; la agresión ocurrió luego que denunciara corrupción en la construcción de un cárcamo donde muriera un menor el año pasado.
El 18 de febrero asesinan a tiros a Reynaldo López, locutor de Grupo Larsa, Hermosillo, Sonora, y resulta herido Carlos Cota reportero y ex conductor de Televisa Deportes; ambos fueron denigrados por la fiscalía del Estado, tildándolos de sostener nexos con delincuentes.
Dos días después, el 20 de febrero asesinan a tiros a Samir Flores en Amilcingo, Morelos, fundador de la radio comunitaria local, locutor y activista contra la construcción de la Termoeléctrica.
La noche del 21 de febrero se registra el primer atentado contra el edificio de un periódico; civiles armados dispararon con armas automáticas al periódico Despertar de la Costa donde laboran aproximadamente 24 personas, y amenazan a 2 reporteros de ese medio; el diario tuvo que cerrar sus puertas temporalmente.
Al día siguiente, el 22 de febrero, amenazan directamente a Rogelio Cendejas Rosales, subdirector del ABC Zihuatanejo que también cerró sus puertas dejando a personal sin trabajo; caso investigado por las autoridades.
Esta situación generó el desplazo de al menos seis periodistas y sus familias hacia la Ciudad de México; hoy, están siendo adheridos al Mecanismo de Protección.
El 21 de febrero Misael Habana de los Santos, en Guerrero denunció agresiones de parte de un diputado local en Acapulco; mientras que la madrugada del 24 de febrero, Manzana Radio en Hermosillo, Sonora, fue incendiada junto al domicilio del periodista Alejandro Islas Galarza.
A últimas horas de este pasado 28 de febrero se registraron 3 agresiones, en Campeche, Yucatán y Morelos.
Los resultados demuestran un incremento exponencial en violencia y acoso contra quienes ejercen la Libre Prensa.
De todo, se registra la primer acción regresiva a la represión de la Prensa; la agresión que sufrieron medios en Playa del Carmen, Quintana Roo desde la alcaldesa, Laura Beristain, ocurrida el pasado 24 de febrero, que pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para censurar a los diarios que informaban la violencia registrada.
En conferencia, respondiendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su postura: “No habrá censura”.
Busca empresa que produzcan lo mismo, sin horas extras
Altamira, Tam.
Alrededor de 1,800 plataformeros de la empresa Dragados Offshore fueron impedidos a ingresar a las instalaciones, luego de que el lunes se fueran a paro para exigir sueldos dignos, ya que consideran que se trata de explotación laboral por el exceso de horas a las que los obligan a laborar.
La empresa se encuentra fabricando una plataforma petrolera para la empresa McDermott.
Desde la noche del martes la empresa restringió el acceso a los obreros, pues se encuentran en negociación con el sindicato de Irrigación a cargo de Jaime Enrique García Contreras, del que los agremiados reniegan.
Los trabajadores refieren que les redujeron el tiempo laboral, lo que por ende disminuyó el sueldo, al no existir horas extras.
José Luis Ramos, de oficio soldador, explicó que “nos recortaron las horas de trabajo, pero ahora quieren que con menos tiempo se haga lo mismo. Nos bajaron el sueldo y quieren la misma producción”.
El obrero manifestó que el sueldo que perciben ronda los 4 mil pesos a la semana, siendo un sueldo denigrante para ellos, pues pretenden remuneraciones que oscilan los 7 a 8 mil pesos, en este caso para los soldadores y paileros especialistas.
“Trabajamos 62 horas a la semana y la percepción es poca, anda por debajo de los cinco mil pesos. Nosotros debemos de ganar entre 7 y 8 mil pesos”.
Debido a que consideran que la empresa Dragados Offshore tiene esclavizados a los obreros, éstos buscarán los mecanismos para emplazar a huelga.
Melvin Castillo Alonso, uno de los que encabeza el paro de labores, dijo que el sindicato de Irrigación no está haciendo nada por ellos, “queremos un nuevo sindicato, siempre y cuando nos apoyen… queremos irnos a la huelga y para ello hay un procedimiento”.
Tres empresas se mantienen firmes en salir tras los ´paros locos´
Matamoros, Tam. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), confirmó que ya son cuatro mil los obreros que han sido dados de baja en la industria maquiladora luego de las huelgas y “paros locos” en esta frontera.
El presidente del organismo empresarial, Juan Carlo Hernández Flores, aseguró que este es el saldo que se tiene en estos momentos una vez que han concluido la mayoría de los movimientos labores en Matamoros.
Asimismo agregó que siguen siendo tres empresas las cuales han confirmado su salida de la ciudad luego de estos paros ilegales que se presentaron en la ciudad.
El movimiento laboral consiste en la demanda de alza salarial del 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos.
En la empresa Castlight que se ubica en ciudad Industrial, los empleados de la misma decidieron ofrecer este servicio a cambio de 30 pesos por cada unidad
Matamoros, Tamaulipas. – Los trabajadores de las empresas que se mantienen en paro en Matamoros, han tomado la decisión de ganarse un dinero para salir adelante en estos días lavando carros.
En la empresa Castlight que se ubica en ciudad Industrial, los empleados de la misma decidieron ofrecer este servicio a cambio de 30 pesos por cada unidad, de esta manera podrán obtener recursos para comprar despensa para sus familias y comida para hacer en el plantón que mantienen en las afueras del mismo corporativo.
Desde hace días se ha venido implementando esta movilidad en algunas otras empresas, como es el caso de la Coca-Cola, en donde incluso en este corporativo los trabajadores además de lavar autos, también se dedicaron a vender elotes y tamales, estos últimos hechos por las mismas amas de casa.
Esto se ha presentado debido a la falta de dinero para poder seguir adelante con este movimiento obrero, en donde solicitan el incremento salarial del 20 por ciento y el bono de los 32 mil pesos.
Hasta este día siguen las empresas Mecalux, TPI, Coca-Cola, Castlight, Avances Científicos, quienes aún continúan en su lucha.
Puebla, Pue.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la empresa Minera Gorrión S.A. de C.V la autorización para cambiar el uso de suelo en una extensón de mil 44 hectáreas, donde pretendía extraer oro y plata.
La empresa habría presentado un primer proyecto el 18 de enero, informando sobre la composición del terreno. De acuerdo con ello, 679 hectáreas corresponden a bosque de tascate, 280.4 hectáreas son de cultivo y 84.6 hectáreas de pastizal, además, se proponían 133 hectáreas para el desarrollo de un tajo a cielo abierto y la instalación de infraestructura para reservas y explotación de agua pluvial.
Ante esto, la Semarnat determinó suspender esta primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por causas imputables al promoviente, notificando el pasado 26 de febrero a la compañía subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd.
Debido a ello, Minera Gorrión volvió a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) bajo los mismos términos que la primera.
Desde 2014, pobladores y activistas se han manifestado en contra de la llegada de mineras a la región y han emprendido manifestaciones ante las autoridades para frenarles el paso a las empresas, denunciando el daño ambiental que provocan por sus métodos de extracción.
A principios de este año, Minera Gorrión implementó una campaña de responsabilidad social con la finalidad de promover su proyecto en la entidad poblana.
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cansados de los abusos laborales y la falta de un verdadero liderazgo sindical que los defienda y pelee por un incremento salarial digno, obreros de la maquiladora Spring Windows Fashion de Victoria pararon labores este martes.
“Ya venció el contrato y Leo no dice nada”, “Fuera la CTM, Fuera la Corrupción”, “Fuera el sindicato vendido, fuera Leonardo” y “Queremos un aumento del 16%”, eras algunas consignas que los trabajadores inconformes mostraron en las cartulinas.
Acompañados por la secretaria general del sindicato de las maquiladoras Aptiv, Dolores Zúñiga Vázquez los obreros expusieron como ejemplo que en esa empresa se logró un incremento del 16 por ciento, cuando en la Spring Windows Fashion solo les ofrecen un 5 por ciento.
Es por este motivo que exigieron la salida de Leonardo Vázquez como delegado sindical, a quien califican como un títere de la empresa que nada hace a favor de los trabajadores, al mismo tiempo que apoyan a Zúñiga Vázquez para que los represente sindicalmente.
La Spring Windows Fashion se dedica a la elaboración de persianas, se ubica en el Parque Industrial Nuevo Santander y desde hace algunos meses se han ventilado presuntos abusos laborales que se cometen al interior de esta empresa.
El paro de labores continuará hasta en tanto la maquiladora responda en forma satisfactoria a las demandas de los inconformes. Una parte de los empleados se abstuvieron de participar en esta manifestación e ingresaron a laborar normalmente.
El sueldo que reciben los empleados del sector es mayor que el de otras empresas; sin embargo, dicen que por las huelgas en maquiladoras los sueldos están casi en los mismos niveles.
MATAMOROS, Tam.-Alrededor de 400 trabajadores de Siderúrgica del Golfo (Sigosa) y Sistemas Estructurales en Matamoros iniciaron el lunes paro de labores para exigir que les otorguen un incremento del 20 por ciento en su salario y el bono de 32 mil pesos.
El Secretario general del Sindicato de Mineros en Tamaulipas, Javier Zúñiga García, dijo que el trabajo que llevan a cabo los obreros es de alto riesgo, además que el desgaste físico es mayor.
De acuerdo con el líder sindical, el sueldo que reciben es mayor que el de otras empresas en esta ciudad, pero tras las huelgas en las maquiladoras los sueldos están casi en los mismos niveles.
Los trabajadores del ramo minero ya perciben un bono de 16 mil pesos por lo que al sumarse uno de 32 mil pesos estarían recibiendo 48 mil pesos, además de un aumento del 20 por ciento a los tabuladores de los trabajadores.
“Las pláticas con la empresa no serán rápidas, hemos hecho movimientos de este tipo desde el 2004, así que vamos a esperar, la gente está consciente que no va a ser fácil pero con la voluntad y resistencia de ellos, lo vamos a lograr”, dijo Zúñiga García.
El 12 de enero en esta ciudad, 48 maquiladoras iniciaron un paro de labores y el 25 de ese mismo mes, se declararon en huelga para solicitar el aumento al salario y un bono único, mismo que fue otorgado en su totalidad por las empresas.
A partir del 5 de febrero, trabajadores de más empresas iniciaron paros parciales y totales en lo que llamaron “Movimiento 20/32”, para que también se les otorguen esos beneficios.
Los conflictos laborales siguen en Mecalux, Cast Light, AMPAD, TPI, Avances Científicos, Cardinal Brands y Arca Continental, distribuidora de Coca Cola, donde se declaró la huelga por parte de los trabajadores, luego que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente para resolver.
Este domingo en la plaza principal de Matamoros, la abogada Susana Prieto Terrazas convocó a miles de trabajadores para conformar un sindicato independiente, que dejaría fuera a los sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Matamoros.
Desde el pasado 31 de enero, alrededor de 100 trabajadores de Bebidas Mundiales Planta Matamoros, filial de Arca Continental, realizaron un paro laboral para exigir un aumento de salario y un bono único
Las operaciones de Arca Continental, segunda embotelladora más importante de Coca- Cola en Latinoamérica, continúan suspendidas en la planta de Matamoros tras el anuncio de huelga el pasado 15 de febrero.
“La situación sigue igual, no hay condiciones de seguridad para operar y el bloqueo ilegal de nuestras instalaciones continúa, por lo que las operaciones siguen temporalmente suspendidas”, informaron fuentes de la compañía.
Desde el pasado 31 de enero, alrededor de 100 trabajadores de Bebidas Mundiales Planta Matamoros, filial de Arca Continental, realizaron un paro laboral para exigir un aumento de salario y un bono único como han logrado otras empresas maquiladoras y manufactureras del municipio de Tamaulipas.
Para mediados de febrero, la embotelladora suspendió la producción y distribución de su subsidiaria ante el bloqueo ilegal en sus instalaciones.
De acuerdo con medios nacionales, ya hay problemas de abasto de la marca Coca-Cola en centros comerciales y existe el riesgo de que la empresa retire su fábrica en Matamoros.
Al respecto, la embotelladora no ha dado mayores detalles.
Habitantes de la zona centro de Tabasco denuncian que no han sido emitidas recomendaciones por parte de la CEDH
VILLAHERMOSA.- Las solicitudes para frenar el ecocidio que pretende cometer el ayuntamiento de Centro con el desfogue de aguas residuales al río Medellín se encuentran paralizadas, ya que mientras las autoridades en materia ambiental se deslindan del conflicto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) continúa sin emitir las medidas cautelares necesarias para frenar la obra de drenaje en el fraccionamiento La Huerta y la colonia Constitución.
Lo anterior fue denunciado por los habitantes, quienes indicaron que ellos ya presentaron todas las pruebas necesarias que les solicitó la CEDH, además de denunciar el próximo daño a este caudal ante las instancias pertinentes.
CEDH define a los linchamientos como actos de barbarie
Magali Gerónimo Magaña, habitante de la zona de los Medellines, recordó que de concretarse la obra e iniciar con el derrame de aguas pestilentes al caudal, se estarían afectando a por lo menos 30 mil personas de la franja de los Medellines y la Zona Indígena Chontal de Tamulté de las Sábanas.
Expuso que el argumento de la CEDH es que el Ayuntamiento de Centro no les ha enviado la información relacionada al proyecto, pese a que ya fue solicitada hace varias semanas, sin embargo, deben esperarla para actuar en consecuencia.
“Ya pedimos las medidas cautelares pero hasta ahorita no se nos han dado, dicen que están esperando respuesta del Ayuntamiento de Centro, al que le solicitaron todo lo relacionado al proyecto” delineó.
En tanto, insistió en que ellos ya le hicieron llegar las fotos y los vídeos del avance de la obra que está programada para inaugurarse la primera semana de marzo.
De igual forma, la afectada indicó que el siguiente paso para evitar el ecocidio es solicitar a la Sernapam el permiso de la obra y las autoridades competentes las anuencias para el perforamiento de la carretera federal Villahermosa- Frontera en el kilómetro 10, que es en donde se están llevando a cabo los trabajos.
“Ya entregamos todas las pruebas ahora solo vamos a solicitar unos permisos que debe tener la obra ante la Sernapam (Hoy Secretaría de Desarrollo Energético) y ante la secretaría de comunicaciones y transporte (Hoy Secretaría de Movilidad) porque perforaron la calle y deberían tener un permiso para hacerlo”. Delineó.
Finalmente, Cerino Magaña indicó que la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue nula, al exponer que no pueden actuar hasta que se dé como tal la contaminación.
“La Profepa nos dijo que todavía no es su competencia por que todavía no se está contaminando y la Semarnat nos dice prácticamente que lo van a mandar a la sala que corresponde, que es en Tabasco y municipio de Centro”, concluyó.
Uriel Morales Pérez/ Quadratin, 28 de Febrero de 2019.
MORELIA, Mich., 28 de febrero de 2019.- Trabajadores agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobaem (Sitcbem) se manifiestan este jueves en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los inconformes se colocan inicialmente en las inmediaciones de dichas oficinas sin obstruir el paso vehicular, pero no descartan hacerlo en próximos minutos. Demandan que la dirección del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) cumpla con la entrega de pagos en conceptos como salarios y prestaciones que no han sido cubiertos. Asimismo, demandan concretar los procedimientos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes a la fecha. Apenas el pasado 18 de febrero, el sindicato anunció que se prorrogaba la huelga que se tenía prevista para ese jueves, luego de que se diera la instalación de la mesa de trabajo con la Dirección General y el Gobierno del Estado.
Con afectación para más de 33 mil alumnos, desde las 7:00 horas integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach), iniciaron este día un paro de labores que se extenderá hasta mañana viernes.
La medida sindical se aplica en los 40 planteles del subsistema educativo y los 29 centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), localizados en las cuatro regiones de la entidad potosina.
Según padres de familia consultados al respecto, este miércoles los bachilleres recibieron un aviso en sus planteles, notificándoles de la disposición, y por ende, que acudirán a clase hasta el lunes próximo.
Los agremiados al Sitcobach replican la misma acción, aplicada el lunes pasado por el sindicato del Cecyte, debido al recorte presupuestal de la federación estimado en 100 millones de pesos para el Cobach en San Luis Potosí.
Más tarde, la dirigencia sindical dará una rueda de prensa para ahondar en las causas que motivaron la protesta.
Arnulfo Mora/Quadratín LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 28 de febrero de 2019.- En defensa de sus prestaciones, maestros de los planteles Cobaem de este municipio y de Arteaga se suman al paro estatal este jueves y viernes, además de que tomarán las oficinas del SAT, dieron a conocer fuentes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Michoacán. La suspensión de labores tiene inicialmente el término de 48 horas con la advertencia de que puede llegar a ser por tiempo indefinido para forzar al Gobierno federal que dé marcha atrás al recorte presupuestal que les afecta en la acumulación del tiempo laborado para el cobro de la prima de antigüedad. En este municipio, la suspensión de labores comprende los planteles 24 y 64 de las comunidades de Las Guacamayas y La Mira, además de sumarse el que opera en la Tenencia de El Infiernillo, en el municipio de Arteaga. La protesta incluye la toma de las oficinas del SAT en este puerto, en horario de 8 hasta las 15 horas, durante los días jueves y viernes.
Ciudad de México 27-Feb-2019.-En los últimos 12 años, en México se registraron al menos 879 conflictos sociales y ambientales en torno a 304 proyectos asociados a la minería, principalmente, extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas y eólicas, concluye un mapeo de Flacso-México, Montfort University, Fundación Heinrich Böll y Cartocrítica A.C.
De acuerdo con el estudio realizado a partir de la revisión de 964 notas periodísticas, el rechazo de comunidades u organizaciones sociales a obras se manifestó desde un amparo o una demanda, o bien, una toma de oficinas o retención de funcionarios ligados a los proyectos.
CIUDAD DE MÉXICO 27-Feb-2019 .-En los últimos 12 años, en México se registraron al menos 879 conflictos sociales y ambientales en torno a 304 proyectos asociados a la minería, principalmente, extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas y eólicas, concluye un mapeo de Flacso-México, Montfort University, Fundación Heinrich Böll y Cartocrítica A.C.
De acuerdo con el estudio realizado a partir de la revisión de 964 notas periodísticas, el rechazo de comunidades u organizaciones sociales a obras se manifestó desde un amparo o una demanda, o bien, una toma de oficinas o retención de funcionarios ligados a los proyectos.
El informe señala que la minería es la actividad con más oposición al registrar 374 hechos conflictivos por 134 proyectos; le siguen los proyectos relacionados con hidroeléctricas al contabilizarse 188 hechos de inconformidad contra 50 obras.
En tanto, 70 obras sobre extracción de hidrocarburos ocasionaron 127 hechos conflictivos, y 35 proyectos eólicos, 116; por 15 obras sobre gaseoductos se reportaron 74 hechos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
Al presentar el mapeo, Valeria Guarneros, académica de Montfort University, explicó que mientras el motivo central de los conflictos sociambientales asociados a la minería es el impacto ambiental, la causa respecto a las instalaciones eólicas o hidroeléctricas es el ordenamiento territorial.
Para reducir la presencia de conflictos socioambientales, Gisela Zasemberg, profesora investigadora de Flacso México y coordinadora del mapeo, destacó la importancia de que exista una Ley Nacional de Participación Ciudadana que articule las asambleas ejidales como una figura central que facilite a las comunidades tomar decisiones sobre el desarrollo de su territorio.
El Universal, 28 de Febrero de 2019
En enero de este año, al menos 304 mujeres fueron asesinadas en el país, con un promedio de 10 crímenes por día, y de ese total sólo 75 casos fueron catalogados como presuntos feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El reporte Información sobre violencia contra las mujeres, del SESNSP, indica que el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California Sur y la Ciudad de México son las entidades que concentraron la mayor incidencia de presuntos feminicidios y homicidios dolosos, cuyas víctimas son del sexo femenino.
En un desglose entidad por entidad, el Estado de México sumó 37 casos; Jalisco, 33; Guanajuato, 24; Chihuahua, 22, mientras que Baja California y la Ciudad de México registraron 21 cada uno.
A estos estados le siguen Oaxaca, con 19; Guerrero, 13; Puebla y Michoacán, con 12, así como Veracruz, con 11. En contraste, según el Secretariado, sólo en Campeche, Durango y Yucatán ninguna mujer fue asesinada en el primer mes de 2019.
Asimismo, el SESNSP destaca que de las 304 mujeres asesinadas, 28 tenían entre cero y 17 años.
Tendencia al alza.
En un comparativo con enero del año pasado, los asesinatos de mujeres se incrementaron 9%. Así, en el primer mes de 2018 se reportaron 279 presuntas víctimas de feminicidio y homicidios dolosos contra mujeres, es decir, 25 menos que este 2019.
Pero la tendencia al alza no es cuestión de un año o un mes, al menos desde 2015 —fecha más antigua registrada en el reporte— los asesinatos de mujeres se han incrementado.
Por ejemplo, según el SESNSP, en enero de 2015 se registraron 150 homicidios dolosos de mujeres y feminicidios; en el mismo mes pero de 2016 hubo 189, y en 2017 fueron 199.
Al hacer un recuento de las cifras totales por año, de enero de 2015 a enero de 2019, 12 mil 193 mujeres han sido asesinadas en el país, es decir, un promedio de ocho por día. De estos crímenes, sólo 2 mil 753 han sido considerados en carpetas de investigación como probables delitos de feminicidio, lo que representa 22%.
Al respecto, el SESNSP precisa que “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha dado de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017”.
En ese sentido, llama la atención que Jalisco y Guanajuato, que ocupan el segundo y tercer lugar en asesinatos de mujeres en enero de 2019, no reporten la apertura de ninguna carpeta de investigación por feminicidio.
El Secretariado precisa que todos estos casos de víctimas mortales han sido catalogados de manera temporal como homicidio doloso o feminicidio, pero esto podría cambiar conforme avancen las investigaciones.
Señalan subregistro de casos. Las estadísticas que publica el SESNSP tienen un problema: un subregistro que te deja sin saber realmente cuántos homicidios dolosos de mujeres están ocurriendo. “Las autoridades muchas veces están dejando [muchos asesinatos] como crimen organizado y simplemente no investigan (…), entonces su cifra va bajando”, asegura María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“Además hace falta un dato relevante, quién está privando de la vida a las mujeres. Al final aparecen asesinatos, pero ¿quiénes son los victimarios? Las autoridades sólo los identifican cuando son cercanos a la mujer”, señala la experta.
Esta organización ha detectado como focos rojos a Jalisco, Estado de México, Veracruz y Guerrero. Ahí han identificado a grupos delictivos que ponen en riesgo a las mujeres; sin embargo, “la misma autoridad no se siente en condiciones para enfrentar estos contextos criminales. No tienen el equipo, las herramientas ni la protección de la propia fiscalía”, indica Estrada.
Diferenciar entre homicidios dolosos y feminicidios es una cuestión sin sentido para las organizaciones civiles, pues derivado de la sentencia de Mariana Lima, “toda muerte violenta debe iniciarse con la investigación con perspectiva de género, y al final es investigarlos como feminicidios”.
Pero lo que falta es voluntad política. La autoridad no está dispuesta a entrar en un tema en el que las mujeres son asesinadas en un contexto criminal, afirma la experta. Además de que la impunidad es otra de las barreras. “Nos enfrentamos a sistemas de justicia que están colapsando por la corrupción”, ya sea por los peritajes o las malas diligencias, dice.
Destaca que la relevancia de visibilizar los feminicidios en el país es que al entender quién está asesinando a las mujeres se van a poder crear políticas de prevención del delito para evitar esta violencia extrema. “Estamos teniendo un contexto de estructuras criminales que secuestran a mujeres, las matan, las violan, las obligan a vender droga y que trafican con sus cuerpos, es un contexto muy grave”, dice Estrada.
En tanto, todos los días se suman casos a estas estadísticas macabras. Ayer, en Aguascalientes decenas de personas marcharon para exigir justicia para Laura Angélica Lozano, una estudiante de 17 años que estaba embarazada y que fue asesinada presuntamente por su novio el viernes pasado. Su familia quiere justicia y que su caso no quede sólo en un registro para las cifras de febrero. Con información de Xóchitl Álvarez
Vecinos de la zona de Huentitán El Bajo levantan la voz y señalan que “no queremos cantinas, no queremos juegos ni espectáculos, queremos estar tranquilos y que no se haga este ecocidio, defenderemos el área verde hasta el final, en esta área no se construye una escuela desde hace 40 años, dijo Arturo Mendoza, al denunciar la tala de más de 250 árboles para dar paso a la nueva sede de las Fiestas de Octubre.
El presidente del Consejo de Participación Social de Huentitán El Bajo Sección Dos, indicó que “están talando, ahorita ya llevan más de 200 árboles en la zona del ex planetario, aseguramos que son más de 200 porque como vecinos hicimos en el 2017 un inventario del arbolado en la zona, en este terreno en la parte de enfrente teníamos contabilizados 280 árboles y en la parte de atrás hay contabilizados 300 árboles entre pinos y eucaliptos”.
En una visita a la zona se puede apreciar que el terreno está rodeado con una malla metálica y cubierta de plástico verde en donde es evidente la tala de árboles y la remoción de toneladas de tierra con las máquinas y los camiones que hay en el sitio; al ver la presencia de medios de comunicación los trabajadores dejaron de laborar y se fueron a otro lado, incluso uno de los encargados amenazó a un fotógrafo de darle “un levantón”.
El vecino quejoso señaló que en el interior del terreno se encuentra una máquina que utilizan para triturar inmediatamente los árboles que son talados y así no dejar huella, pero lo más grave es que ya hay más de 300 que están en “línea formaditos como en campo de concentración para ser fusilados “.
Mendoza Montaño a nombre de sus vecinos volvió a rechazar la instalación de la sede de las Fiestas de Octubre porque los habitantes de esa zona no quieren y sostuvo que ellos quieren más escuelas y áreas verdes ya que desde hace 40 años ninguna autoridad ha construido una sola escuela.
“Este terreno estaba destinado desde hace 30 años para hacer un parque metropolitano, pero el proyecto que traen en el gobierno, primero los panistas, luego los priistas y ahora los de Movimiento Naranja es la de construir las Fiestas de Octubre ver, la arena y el palenque” con todo y estacionamiento, pero los vecinos dicen no conocer los efectos que tendrá en el medio ambiente la obra.
Defienden más de 450 hectáreas que podrían verse afectadas por la construcción de un complejo turístico en el Cerro del Junco
Isaura López / El Occidental
Ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad en el municipio de Chapala, exigen justicia y el cumplimiento de la inscripción del Comisariado ejidal para defender más de 450 hectáreas que podrían verse afectadas por la construcción de un complejo turístico en el Cerro del Junco.
Afuera del Tribunal Agrario distrito XV con sede en la ciudad de Guadalajara, una de las voceras del ejido, María de Jesús López Rodríguez, denunció que la magistrada Sara Angélica Mejía Aranda ha suspendido en varias ocasiones las audiencias para otorgar la inscripción del Comisariado aprobado en la elección ejidal en septiembre del 2018.
Atribuyó lo anterior a la probable injerencia del Gobierno de Jalisco y del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), organismo que creo in Fideicomiso con la empresa Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala, S.A. de C.V.
“Es un proyecto de más de 450 hectáreas donde pretendem hacer un complejo turístico (…) las afectaciones a la biodiversidad serían devastadoras hay venados, aves y escurrimientos que van al lago de Chapala” con la construcción del complejo turístico, advirtió de mayor contaminación al Lago de Chapala. La afectada aclaró que el problema se genero en la pasada administración estatal encabezada por Jorge Aristóteles Sandoval, viéndose amenazados y hostigados.
Además, indicó que el Presidente Municipal de Chapala, Moisés Anaya Aguilar pretende entregar licencias de construcción sin haber socializado la construcción, ni mostrado los estudios de impacto ambiental y de las propias instituciones en materia ambiental.
La exigencia de cerca de 179 ejidatarios al Tribunal Agrario es el cumplimiento a la inscripción del Comisionado ejidal de Santa Cruz de la Soledad en Chapala, Jalisco.
Pobladores manifestaron su rechazo a la minera por violentar el derecho de los pueblos a decidir.
La comunidad indígena chontal de Santa María Zapotitlán denunció a la Secretaría de Economía (SE) y a la compañía canadiense Minaurum Gold, por violar sus derechos a la autonomía y a la libre determinación al concesionar y querer explotar su territorio, sin su consentimiento.
En conferencia de prensa, donde también estuvieron integrantes de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio y de la organización civil Tequio Jurídico, el representante de la comunidad indígena Cirino Martínez Flores dijo que la SE otorgó en 2011 la concesión para la exploración y explotación minera a la empresa canadiense, a través de su filial Zalamera S.A. de C.V., sin la autorización de los dueños de la tierra.
Explicó que esta concesión denominada Zapotitlán 1, registrada con el número 238447, pone en riesgo cerca del 80 por ciento de sus tierras comunales, porque abarca una superficie de cinco mil 413 hectáreas.
De esta manera, explicó que la comunidad indígena presentó una demanda de amparo, el 18 de diciembre del año pasado, para exigir la cancelación de la concesión por no respetarse sus derechos.
Subrayó que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó la suspensión de plano en favor de la comunidad, pero la SE interpuso dos recursos de queja en enero pasado, porque afecta el interés social, ataca una ley de orden público y obstaculiza supuestamente el desarrollo del país.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en materia administrativa y laboral resolvió en favor de la comunidad y declaró infundados los argumentos de la SE.
Destacó que esta resolución mantiene vigente la suspensión de plano, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo.
Ante esto, exigió la cancelación definitiva de la concesión minera, porque mantiene a la comunidad en un estado de incertidumbre, ante el riesgo de explotar su territorio y provocando con esto, contaminación y fractura de su tejido comunitario.
Por ello, requirió al Juzgado Cuarto de Distrito realizar un estudio minucioso del juicio de amparo, por tratarse de un caso trascendental que serviría de base para la defensa del derecho colectivo de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.
También, el representante exigió respeto a sus derechos de autonomía y libre determinación, porque la asamblea general de la comunidad decidió no permitir la exploración y explotación minera en su territorio.
Dos activistas de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO) fueron detenidos ilegalmente por la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez y posteriormente incomunicados durante 36 horas, sin ser puestos a disposición del Ministerio Público.
En conferencia de prensa, Alejandro Cruz López, miembro del Consejo Político de las (OIDHO), informó que sus compañeros Roberto Carlos Pérez Cortés y Eutiquio Ríos Cruz, salieron hacer compras de ese organismo social, durante la tarde del lunes pasado, pero fueron arrestados por la Policía Municipal, sobre la avenida Símbolos Patrios, sin algún motivo aparente.
“Sin cometer algún delito o alguna falta, fueron rodeados por varias patrullas y se los llevaron detenidos”, señaló.
Explicó que las OIDHO se comunicaron a las diferentes corporaciones policiales para saber si fueron detenidos o tenían alguna información sobre su paradero, aunque no tuvieron alguna respuesta.
“Llamamos incluso a la Policía Municipal, pero nos dijeron que no los tenían detenidos”, indicó.
Por eso, detalló que las OIDHO presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por el delito de desaparición forzada de personas, por desconocerse su paradero.
Se quedan con camioneta, dinero y celulares
Sin embargo, mencionó que la Policía Municipal liberó a los dos activistas la mañana de ayer, después de estar incomunicados durante 36 horas y sin ser presentados al Ministerio Público.
“Los dejaron libres sin decirles nada”, añadió.
No obstante, subrayó que la Policía Municipal no devolvió sus teléfonos celulares a los dos activistas, ni lo más de cinco mil pesos destinados a las compras, ni una camioneta pick up, donde se transportaban.
Ante esta situación, Cruz López dijo que las OIDHO interpondrán una denuncia penal por abuso de autoridad y robo, porque no pueden quedar impune estos atropellos.
“¿De verdad cree que sigue viva?”, fue la respuesta que recibió Hugo Núñez por parte de un agente investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, tras cuestionar la falta de acciones para detener al supuesto responsable de la privación ilegal de la libertad de su hija, María Alejandra Núñez González.
Esta es sólo una muestra de la indiferencia mostrada por las autoridades encargadas de la procuración de justicia a la que se ha tenido que enfrentar Hugo desde el 30 de enero.
Esa noche, María Alejandra arribó en su camioneta a su domicilio ubicado en la colonia Colonial Tlaquepaque, en el municipio del mismo nombre, cuando hombres armados se la llevaron a la fuerza. Desde entonces se desconoce su paradero.
“Cuando se llevaron a mi hija, la estaba esperando un coche negro. Ella se percató de que se bajaron del vehículo dos sujetos armados y, cuando se dio cuenta que iban por ella, le dijo a mi nieta ‘¡bájate! ¡Ya valió esto!’. Dejaron bajar a la niña de la camioneta y, en lo que tocó a la puerta y en lo que tardamos en salir, ya no estaba ni la camioneta, ni el carro negro ni otro carro que venía con ellos”, narra su padre.
De forma inmediata Hugo Núñez acudió a denunciar los hechos y, aunque en teoría las indagatorias siguen su curso, la familia de María Alejandra no ha visto avances concretos.
Hugo logró conseguir videos de cámaras de seguridad que registraron la huida de los vehículos y los entregó a las autoridades; sin embargo, bajo el pretexto de la oscuridad reinante, pues los hechos sucedieron alrededor de las 23 horas, le aseguraron que estos no aportaban ningún indicio.
Otras omisiones en las que han incurrido las autoridades incluyen varias dilaciones para entrevistar a un testigo ocular, así como no haber acudido a un domicilio de una colonia tapatía desde donde, según las sábanas de llamadas obtenidas del celular de María Alejandra, se utilizó el aparato en días posteriores a su privación de la libertad.
Además, en menos de un mes, tres policías investigadores y dos ministerios públicos han tomado el caso, con sus consecuentes atrasos al reiniciar de cero las indagatorias.
“No han hecho nada. Se la han llevado con puros oficios y escritos. Si la piensan encontrar detrás de un escritorio, pues va a estar canijo. Hay seis agentes para todas las mujeres desaparecidas”, lamenta Hugo.
No obstante, en una de sus constantes visitas a la fiscalía, Hugo fue informado de una probable causa de la privación ilegal de la libertad de María Alejandra: días antes de los hechos, su hija acudió a la fiscalía para declarar como testigo en el caso de la desaparición de una amiga, de nombre Siadoni. Ella había sido la última persona con quien se contactó.
Los investigadores le aseguraron que era prácticamente un hecho que la pareja de Siadoni era responsable del crimen cometido en contra de su hija. Le informaron que tienen localizado al hombre y que cuenta con varias órdenes de aprehensión por diversos delitos; no obstante, éstas no han sido ejecutadas, por lo que Hugo ha llegado a inferir que el hombre goza de protección de las autoridades.
“Yo no sé qué estará pasando. La verdad hay algo muy raro ahí (…) Si saben quién fue, por qué no lo agarran”, cuestiona.
Ante la serie de irregularidades, Hugo Núñez exige al gobierno del estado que realice acciones efectivas para localizar a su hija.
María Alejandra tiene 32 años, el cabello teñido de rubio y, como seña particular, un tatuaje de letras orientales en su tobillo derecho.
TICUL.— Cuatro sujetos encapuchados agredieron a golpes, con tubos y piedras, a Sergio Iván Chi Chi, reportero de Megamedia, causándole lesiones en varias partes del cuerpo.
Los hechos ocurrieron a las 6:30 de la mañana en la calle 31 entre 26 y 28, del barrio de San Román, cuando el periodista llegaba a una tienda para dejar ejemplares del Diario.
Viajaban en motocicletas
Los encapuchados, que viajaban en dos motocicletas, sorprendieron al periodista cuando estaba de espaldas a la calle.
Uno le dio un golpe a la altura de la ceja derecha, lo que aturdió a su víctima, quien intentó escapar pero tropezó y cayó.
Aun en el suelo los encapuchados siguieron golpeándolo con tubos.
“Sabes lo que tienes hecho”
Se desconocen los motivos de la golpiza, pero uno de los agresores le dijo: “Sabes lo que tienes hecho”.
Como pudo el reportero se levantó y entró a la tienda, mientras los sujetos escaparon rumbo al Poniente.
Lesiones y denuncia penal
El lesionado, quien fue atendido en la clínica del IMSS, presentó una lesión de cinco centímetros en la cara que tuvo que ser suturada, y varios golpes en la cabeza y cuerpo.
Se interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado que quedó registrada en el expediente 0194/2019.
Este caso se suma a otros de agresiones a periodistas, como el ocurrido en marzo de 2017, cuando un reportero de Megamedia fue detenido y golpeado por policías de Cacalchén.— Megamedia
En un desglose el Estado de México sumó 37 casos; en tanto Durango no tuvo registro alguno
En enero de este año, al menos 304 mujeres fueron asesinadas en el país, con un promedio de 10 crímenes por día, y de ese total sólo 75 casos fueron catalogados como presuntos feminicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
EL SIGLO DE TORREÓn/AGENCIAS
El reporte Información sobre violencia contra las mujeres, del SESNSP, indica que el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California Sur y la Ciudad de México son las entidades que concentraron la mayor incidencia de presuntos feminicidios y homicidios dolosos, cuyas víctimas son del sexo femenino.
En un desglose entidad por entidad, el Estado de México sumó 37 casos; Jalisco, 33; Guanajuato, 24; Chihuahua, 22, mientras que Baja California y la Ciudad de México registraron 21 cada uno.
A estos estados le siguen Oaxaca, con 19; Guerrero, 13; Puebla y Michoacán, con 12, así como Veracruz, con 11. En contraste, según el Secretariado, sólo en Campeche, Durango y Yucatán ninguna mujer fue asesinada en el primer mes de 2019.
Asimismo, el SESNSP destaca que de las 304 mujeres asesinadas, 28 tenían entre cero y 17 años.
TENDENCIA AL ALZA
En un comparativo con enero del año pasado, los asesinatos de mujeres se incrementaron 9%. Así, en el primer mes de 2018 se reportaron 279 presuntas víctimas de feminicidio y homicidios dolosos contra mujeres, es decir, 25 menos que este 2019.
Pero la tendencia al alza no es cuestión de un año o un mes, al menos desde 2015 -fecha más antigua registrada en el reporte- los asesinatos de mujeres se han incrementado.
Por ejemplo, según el SESNSP, en enero de 2015 se registraron 150 homicidios dolosos de mujeres y feminicidios; en el mismo mes pero de 2016 hubo 189, y en 2017 fueron 199.
Al hacer un recuento de las cifras totales por año, de enero de 2015 a enero de 2019, 12 mil 193 mujeres han sido asesinadas en el país, es decir, un promedio de ocho por día. De estos crímenes, sólo 2 mil 753 han sido considerados en carpetas de investigación como probables delitos de feminicidio, lo que representa 22%.
Al respecto, el SESNSP precisa que “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha dado de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en octubre de 2017”.
En ese sentido, llama la atención que Jalisco y Guanajuato, que ocupan el segundo y tercer lugar en asesinatos de mujeres en enero de 2019, no reporten la apertura de ninguna carpeta de investigación por feminicidio.
El Secretariado precisa que todos estos casos de víctimas mortales han sido catalogados de manera temporal como homicidio doloso o feminicidio, pero esto podría cambiar conforme avancen las investigaciones.
Señalan subregistro de casos. Las estadísticas que publica el SESNSP tienen un problema: un subregistro que te deja sin saber realmente cuántos homicidios dolosos de mujeres están ocurriendo. “Las autoridades muchas veces están dejando [muchos asesinatos] como crimen organizado y simplemente no investigan (…), entonces su cifra va bajando”, asegura María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“Además hace falta un dato relevante, quién está privando de la vida a las mujeres. Al final aparecen asesinatos, pero ¿quiénes son los victimarios? Las autoridades sólo los identifican cuando son cercanos a la mujer”, señala la experta.
Esta organización ha detectado como focos rojos a Jalisco, Estado de México, Veracruz y Guerrero. Ahí han identificado a grupos delictivos que ponen en riesgo a las mujeres; sin embargo, “la misma autoridad no se siente en condiciones para enfrentar estos contextos criminales. No tienen el equipo, las herramientas ni la protección de la propia fiscalía”, indica Estrada.
Diferenciar entre homicidios dolosos y feminicidios es una cuestión sin sentido para las organizaciones civiles, pues derivado de la sentencia de Mariana Lima, “toda muerte violenta debe iniciarse con la investigación con perspectiva de género, y al final es investigarlos como feminicidios”.
PERO LO QUE FALTA ES VOLUNTAD POLÍTICA
La autoridad no está dispuesta a entrar en un tema en el que las mujeres son asesinadas en un contexto criminal, afirma la experta. Además de que la impunidad es otra de las barreras. “Nos enfrentamos a sistemas de justicia que están colapsando por la corrupción”, ya sea por los peritajes o las malas diligencias, dice.
Destaca que la relevancia de visibilizar los feminicidios en el país es que al entender quién está asesinando a las mujeres se van a poder crear políticas de prevención del delito para evitar esta violencia extrema. “Estamos teniendo un contexto de estructuras criminales que secuestran a mujeres, las matan, las violan, las obligan a vender droga y que trafican con sus cuerpos, es un contexto muy grave”, dice Estrada.
En tanto, todos los días se suman casos a estas estadísticas macabras. Este miércoles, en Aguascalientes decenas de personas marcharon para exigir justicia para Laura Angélica Lozano, una estudiante de 17 años que estaba embarazada y que fue asesinada presuntamente por su novio el viernes pasado. Su familia quiere justicia y que su caso no quede sólo en un registro para las cifras de febrero.
Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, exigieron a los gobiernos Federal, Estatal y Municipales que generen políticas públicas para detener el fenómeno de la violencia y asesinatos contra mujeres, pues nuestro estado es el que presenta la tasa más alta del país en materia de muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio.
Las feministas indicaron que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación, en Guerrero durante la segunda mitad del 2017 y todo el 2018, que es el tiempo que tiene activa la alerta de género para nueve municipios, en nuestro estado se han presentado 425 casos de asesinatos dolosos de mujeres con presunción de feminicidio.
Establecieron que Guerrero fue el estado pionero en legislar sobre el tema de feminicidio y tipificar este delito, sin embargo a la fecha es el estado que menos logra acreditar este delito.
Tan sólo en el año 2018 en Guerrero hubo 31 casos de presuntos delitos de feminicidio, 229 mujeres víctimas de homicidio doloso y 122 de homicidio culposo. Y en esos mismos datos federales se registra que mil 327 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas, mientras que 4 mil 185 denuncias telefónicas fueron relacionadas con incidentes de violencia hacia mujeres.
En 2018 la Fiscalía General del Estado de Guerrero documentó 113 personas desaparecidas de las cuales 34 son mujeres; ubicando a Acapulco, Chilpancingo, iguala y Chilapa como los municipios con el mayor número de personas desaparecidas a nivel estatal.
Ante este panorama organizaciones como la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCvIM, A.C.), Mujeres Guerrerenses por la Democracia A.C. (MGD, A.C.), Aliadas por la Justicia A.C., Desarrollo Humano Internacional A.C., Mujeres Coincidiendo con Mujeres A.C., Grupo Interdisciplinario para la Igualdad A.C., y el Observatorio de feminicidios en Guerrero, emitieron un comunicado en el que exigen políticas públicas y acciones directas que mejoren la situación
“Exigimos un alto a los feminicidios en Guerrero y de todas las violencias contra las mujeres; un alto a la desaparición forzada de mujeres; Exigimos nuestro derecho como mujeres a vivir una vida libre de violencia; respeto a nuestra vida y a nuestros cuerpos y que las autoridades universitarias y gubernamentales establezcan mecanismos y protocolos para la integridad, seguridad y vida de las mujeres”, establecen en su posicionamiento.
El pasado 20 de febrero se dio a conocer el asesinato de Samir Flores activista, comunicador comunitario, y defensor de los derechos humanos, afuera de su domicilio en Amilcingo, Morelos. Tras ese hecho, los supuestos parten que el crimen fue a causa de la oposición que tenía el activista ante el Proyecto Integral Morelos (gasoductos, acueducto y termoeléctricas). Por lo cual, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos Puebla Tlaxcala ha iniciado una petición dirigida a Fiscalia General de la República Mexicana, que exige no se criminalice a Samir y su muerte se investigada con objetividad.
Los defensores señalan que Samir Flores está siendo revictimizado por el Estado, al pretender que la única línea de investigación sea ligarlo con el crimen organizado. Afirmando que la labor y forma de vida que tenía Samir Flores Soberanes no presenta indicio alguno que pudiera vincularse con el crimen organizado que justificara un “ajuste de cuentas”, por lo que la supuesta existencia de una cartulina adjudicándose el crimen a un comando armado, solo es una cortina de humo para tratar de ocultar un crimen de estado.
Así mismo, los defensores adjudican que la oposición Samir Flores al proyecto de termoeléctrica de Huexca, perjudicaba a intereses económicos un grupo de poder; motivo por cual se derivara su asesinato
“Exigimos pues, que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República y que el nombre de nuestro compañero Samir Flores deje de ser vituperado con la línea de investigación que pretenden seguir para desmarcar un crimen de Estado, por eso exigimos también que la principal línea de investigación sea que fue asesinado por su labor de defensor de derechos humanos y comunicador indígena”, puntualizó Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos Puebla Tlaxcala.
El presidente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Omar Esparza indicó que llama a las resistencias del país para apoyar a sus compañeros de Amitcingo que están en contra del Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica Huexca, pues la consulta que se realizó fue amañada e ilegal, por lo que se unirán a las movilizaciones que se efectuarán.
Indicó que esta organización ha estado en diálogo con el Congreso Nacional Indígena, el cual se enfrenta y se opone a la ejecución de megaproyectos, por lo que se ha acordado empezar a caminar juntos por el agravio que sufrió el pueblo de Amitcingo.
Puntualizó que la Reforma Energética no está cancelada, y ésta es una parte medular en el despojo de los territorios de los pueblos y de la soberanía nacional, por lo que las comunidades siguen en riesgo de que se ejecuten estos proyectos de muerte.
Omar Esparza indicó que la resistencia de la Sierra Negra se solidariza con los pobladores de Amilcingo y Huexca, por lo que repudian el asesinato de Samir Flores, hecho que califican como un crimen de Estado.
Asimismo, subrayó que la consulta que se dio es un fraude, porque una consulta popular no puede sustituir los convenios internacionales en materia de cultura y derecho indígena, por lo que actualmente lo que se hace en el país es una simulación.
Exigen al Gobierno Federal y al estatal que dejen de actuar con opacidad sobre el caso de Sergio Rivera Hernández, quien no ha sido localizado desde hace seis meses al oponerse al proyecto Coyolapa-Atzala.
Hoy por la mañana se podía leer en una página de Facebook denominada “Comunidad de San Juan de Guadalupe en Resistencia” una publicación en la que denuncian que comuneros de Mexquitic fueron desalojados de su propia tierra, situación que señalaron no tolerarán y defenderán “con la vida”.
En ese mismo post, anuncian que en Mexquitic la resistencia se mantiene gracias al apoyo a su abogado Carlos Covarrubias, quien presuntamente fue víctima de una agresión el pasado fin de semana en la comunidad de San Juan de Guadalupe.
En la zona antes mencionada, ya se cuentan con antecedentes de conflictos entre comuneros y empresarios. Pese a esto, se aprecia el desarrollo de diversos complejos inmobiliarios en la zona, cuya plusvalía ha subido considerablemente.
Versiones señalan que los terrenos buscarían ser apropiados por la familia Torres Corzo y que estos pertenecen a las comunidades de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, donde denuncian se efectuó un desalojo.
Pobladores de la comunidad de Guadalupe de Atlas, en Asientos, que no tienen médicos ni Centro de Salud, ya que ‘el mismo gobierno se llevó todo’ a la localidad de Jarillas
En la comunidad de Guadalupe de Atlas, en Asientos, la población se encuentra inconforme, luego de que les cerrarán el Centro de Salud.
“No tenemos un médico, el Centro de salud nos lo desmantelaron, el mismo gobierno para llevarse todo a Jarrillas, no tenemos nada de seguridad sobre medicinas, porque nos quitaron los médicos que teníamos, que porque todo era un Centro Regional en Jarrillas y no era aquí en Guadalupe, siendo aquí una comunidad más grande”, dijo el delegado de la comunidad, Ricardo Martínez.
Ahora los pobladores tienen que ir a la comunidad de Jarrillas, Aguascalientes o trasladarse incluso a Zacatecas, con el peligro que representa sobre todo por las noches.
“Ahí acaban de darles parece que 12 millones de pesos, para el centro de salud de Jarillas y nos dicen que todo el personal que había aquí era prestado porque no tenían donde ponerlo allá y ahora que ya tuvieron más grande ya se lo llevaron para Jarillas, o sea nosotros bailando con la más fea”, Ricardo Martínez, delegado de la comunidad de Guadalupe de Atlas”
Los habitantes de Guadalupe de Atlas como María Velázquez, resaltan que se sienten desprotegidos ante una emergencia.
“Se imagina cuando se enferma alguien y una emergencia y que van a donde hay y no atienden tampoco”.
“Yo tengo un hijo mío en la secundaria, le pico un mosco y se estaba ahogando y no me lo quiso atender porque no tenía ficha, tuve que agarrar mi camioneta y llevarlo a Ciénega a que me lo atendiera, ósea que nomás atendía las 10 fichas que daba y ya no atendía más”, expresó el delegado de la comunidad de Guadalupe de Atlas.
Algunos de los pobladores indican que Loreto, Zacatecas, es una opción, pero tienen temor al trasladado.
“Pues pa que le cerraban y todo eso, porque si hace mucha falta cuando uno se pone mal, para ir hasta Loreto en que, mi hija dice no mamá yo no voy a Loreto porque me da miedo”.
El delegado de la comunidad hizo un llamado para que vuelva a abrir el Centro de Salud
“La gente ha querido manifestarse y el otro día venia el señor gobernador y me dijo gente que si íbamos, aquí a Jarillas a inaugurar ese Centro de Salud y luego me avisaron que no vino o que no iba a venir y ya no nos pudimos mover, pero la gente si está muy inconforme”, sostuvo el delegado.”
Tepic, Nayarit.- El proyecto hidroeléctrico Las Cruces es inviable estratégica y financieramente, según concluye el estudio realizado por la Asociación Civil, SuMar-Voces por la Naturaleza. Dada esta situación, organizaciones de la sociedad civil piden al actual gobierno federal que anuncie la cancelación definitiva de dicho proyecto y que se dé paso a un proceso abierto de diálogo e inclusión con las comunidades para discutir alternativas de desarrollo que generen un verdadero desarrollo sustentable en la región.
Representantes de organizaciones civiles señalaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030); y en el Prodesen 2017-2031, propone en su lugar una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable.
El estudio identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional. “La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractivo para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Ernesto Bolado Martínez, director de SuMar.
La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico Las Cruces. Lo anterior aunado a un incremento de sus costos en más del 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos.
Según documentos de la Secretaría de Energía, el sistema eléctrico en México presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente del 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de $ 42,246 millones de pesos anuales. Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían el 73 por ciento de esta energía.
Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces se analizó bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil.
Otro factor que no se evaluó son los costos a la salud por el incremento de enfermedades relacionadas con la presa durante su construcción y operación. El estudio señala que las mujeres son las más vulnerables y los casos de diarrea se incrementan en un 60 por ciento durante el proceso de construcción. Además, se identifican al menos 12 localidades que deberían reubicarse por estar dentro de la zona de riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos.
Las hidroeléctricas no deberían considerarse fuentes de energía limpia, ya que una hidroeléctrica en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más gases de efecto invernadero que una planta que funcione con combustibles fósiles, revela la investigación hecha por la asociación civil. Además, el cálculo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la emisión de gases de efecto de invernadero para Las Cruces es incorrecto.
En septiembre de 2014, la Semarnat, autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la CFE. La autorización se otorgó de manera condicionada a cumplir con una serie de observaciones. En particular, la Condicionante I del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014), respecto a la obligación de presentar una evaluación de impacto social que “deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrán derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes”.
En rueda de prensa, representantes de organizaciones civiles y de las comunidades de la cuenca del río San Pedro, refrendaron su solicitud al gobierno federal para que confirme el retiro del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de los planes de la Secretaría de Energía.
Tepic, Nayarit.- El reconocido periodista nayarita Abisaí Barajas huyó de México tras ser golpeado y amenazado de muerte en Tepic, presuntamente por agentes de la Fiscalía, la mañana del 19 de diciembre del año 2018. Según versiones extraoficiales el comunicador se encuentra a salvo en un país extranjero donde solicitaría protección de acuerdo a protocolos internacionales para periodistas y activistas sociales en riesgo de perder la vida.
Familiares del reportero que durante muchos años ha escrito en las páginas del diario Realidades de Nayarit y colaborado en otros medios de comunicación, relataron a este diario que pese a no encontrarse actualmente en México, agentes policíacos de la Policía Estatal de Nayarit continúan rondando domicilios de sus hermanas para reprimirlo por denunciar públicamente la agresión de la que fue objeto, por lo que él teme que algo pueda sucederle a alguien de su familia, por lo que hace responsable directamente al Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García y al Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce, por lo que pudiera sucederle a algún miembro de su familia.
Como se recordará, el viernes 22 de diciembre del año 2018, el citado periodista realizó una conferencia de prensa para denunciar el acoso, hostigamiento, amenazas y golpes de los que fue víctima por parte de presuntos emisarios del Gobernador Antonio Echevarría García, cuya administración se ha caracterizado por no sólo censurar a la prensa y a quienes piensan distinto a él, sino también por golpear, amedrentar y asesinar periodistas que cuestionan y ponen en entredicho a su desastrozo régimen.
Ha trascendido por fuentes de la Fiscalia General del Estado, que el Gobernador Antonio Echevarría Garcia ha ordenado al Fiscal Petronilo Diaz Ponce fabricarle delitos a los periodistas Servio Tulio Berumen, Enrique Berumen y al propio Abisaí Barajas, con el fin de liberarles órdenes de aprehensión en colaboración con las demás procuradurías y Fiscalias del país, para que, aunque vivan en otra ciudad o estado mexicano, e incluso en el extranjero, sean aprehendidos y traídos a Nayarit para ser exhibidos e internados en la cárcel, a manera de escarmiento, como ya ha sucedido con otros periodistas que critican las acciones de su gobierno.
Otro aspecto delicado del caso es que la Procuraduría General de la República antes PGR, hoy Fiscalia General de la República (FGR), ha dado carpetazo al caso Abisaí Barajas, dejando de lado el interés de la sociedad y de la propia comunidad de escritores y periodistas libres de Nayarit, quienes exigen que el tema sea investigado a fondo y se lleve ante la justicia a los agentes policiacos presuntamente enviados por el Gobernador para silenciar la voz crítica de Abisaí Barajas.
Según la Fiscalía General de la República, en su intento por lavarse las manos “al no hallarse Abisaí Barajas en México, es imposible continuar con las indagatorias”, aceptando en una justificación legaloide que las primeras pesquisas iniciaron 72 horas después de la denuncia hecha ante esa instancia federal por parte del reportero, a quien no se le brindaron las garantías de seguridad y protección (medidas cautelares) las cuales él solicitó de manera pública y en su denuncia de hechos recibida por la entonces PGR, pero no les fueron concedidas debido a que funcionarios de la PGR (hoy FGR) saldrían de vacaciones con motivo de Navidad.
Al percatarse que podría correr la misma suerte que su colega Alejandro Márquez (asesinado el domingo 2 de diciembre en Tepic tras recibir amenazas de muerte en días previos por poner al descubierto una red de corrupción que imperaba en diversas dependencias del gobierno del estado que se efectuaban con la venia del propio mandatario estatal), Abisaí Barajas abandonó México.
Pues bien, todo apunta a que desde hace más de un año al gobierno estatal en turno comenzó a molestarle la libertad de expresión que ejercía Abisaí Barajas en su famoso y escuchado programa de radio “Capital Noticias Tepic”, el cual se transmitía de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y espacio donde Abisaí se convirtió en el principal crítico. Diariamente su público radioescucha crecía en la capital del estado y en las regiones norte y sur, teniendo como principales seguidores a destacados miembros de la clase política.
Fue a través del jefe de prensa del gobierno estatal, Arturo Guerrero, como se gestó un jugoso contrato con la estación radiodifusora para que despidiera a Abisaí Barajas, hecho que se consumó sin problema al existir una gran suma de dinero de por medio. Una semana después y de manera inédita en el periodismo local, Abisaí Barajas estaba transmitiendo un programa matutino en redes sociales donde debido a su éxito fue contratado por TV Azteca como corresponsal nacional en Nayarit.
En este último espacio profesional, Abisaí Barajas – quien en el año 2000 fue Premio Estatal de Periodismo en la categoría de reportaje de investigación-, salió al aire en cadena nacional, en múltiples ocasiones reportando la triste y preocupante realidad que vive Nayarit en materia de asesinatos, secuestros y desaparición de personas, principalmente mujeres. Lo que Abisaí Barajas reportaba era un escándalo nacional: un Nayarit sin ley donde los asesinatos y desapariciones no son investigados pues impera la impunidad con el visto bueno de las autoridades.
Esto generó que sobre el multicitado periodista se viniera una pertinaz lluvia de amenazas por parte de la Secretaria de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y de la propia Secretaría General de Gobierno, para que dejara de evidenciar a nivel nacional lo que se vive en Nayarit a causa de la incapacidad e indiferencia del actual gobernador, quien hasta ahora no pone orden en materia de seguridad pública, pese a que ha sido señalado de incurrir en delitos de lesa humanidad por parte de la asociación civil Uka Nuiwame.
A los pocos meses y al verse en riesgo de ser asesinado, el reportero renunció a a la empresa TV Azteca Nayarit y se fue a vivir a Puerto Vallarta, Jalisco, donde trabajó más de seis meses en el diario Tribuna de la Bahía, como parte del proyecto de expansión en radio y televisión regional denominado CPS Noticias.
Al concluir su contrato con Tribuna de la Bahía el comunicador retornó a Tepic pues tenía la invitación para incorporarse de tiempo completo a reportear para el diario Realidades de Nayarit, sin embargo su regreso a la tierra que lo vio nacer se vio truncado por las veladas amenazas de muerte contra su persona, por lo que tuvo que exiliarse de México en la víspera de Navidad 2018. La entonces PGR no le brindó la protección requerida y esa fue la principal causa de su salida del país.
Desde entonces, lo que de él se sabe es que se encuentra a salvo, lejos del peligros gobierno panista de Antonio Echevarría, que al no lograr privarlo de la vida, ahora pretende fabricarle delitos para ser boletinado ante otras procuradurias y Fiscalias del país y sea traído a suelo nayarita en el primer momento que regrese a suelo mexicano. El periodista Abisaí Barajas cuenta con una trayectoria de más de 20 años en diversos medios de comunicación de Nayarit a través de los cuales ha sido reconocido por la propia sociedad que lo considera un reportero altruista y benefactor de las clases marginadas y desprotegidas de Nayarit.
Jalisco comenzó 2019 con un liderazgo: el de homicidio de mujeres. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de este año se registraron en el país 229 asesinatos de mujeres, de los que 33 sucedieron en la entidad.
A pesar del compromiso de las autoridades de comenzar todas las carpetas de investigación con el protocolo de feminicidio, ninguno fue reportado bajo esa figura. NTR solicitó una entrevista sobre el tema en la Coordinación de Desarrollo Social, de la que depende la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), que presuntamente se haría cargo de la agenda de género de manera transversal; sin embargo, la respuesta fue que por tratarse de casos de violencia, debía ser atendido por la fiscalía.
En un video difundido en redes sociales, la titular de la SISEMH, Fela Pelayo López, aseguró que con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), para convertirlo en una subsecretaría de la dependencia a su cargo, se estableció el compromiso de “procurar la justicia investigando como feminicidio todos los casos de mujeres asesinadas con violencia”.
Pero no ha sido así. Según el informe sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, así como los datos proporcionados por el Centro Nacional de Información, publicado por el SESNSP, de los 33 homicidios dolosos reportados en Jalisco ninguno se registró como feminicidio.
En el informe se señala que su objetivo es “poner a disposición de la sociedad los datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres para conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica”.
El documento menciona que “la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas”, y recuerda que “cualquier delito inicia con la apertura de una carpeta de investigación por un determinado tipo penal”.
También se aclara que la obligación de iniciar investigaciones bajo el protocolo de feminicidio no implica que quede registrado en la estadística como tal.
LOS NÚMEROS
En los delitos reportados al sistema nacional, hay 70 feminicidios, ninguno de ellos en Jalisco. Las entidades con más casos son Veracruz, con 10; Estado de México, con nueve, y Puebla con siete.
En cuanto a los 229 homicidios dolosos de mujeres registrados en el país, 33 corresponden a Jalisco, que aparece en primer lugar, seguido del Estado de México con 28 casos y Guanajuato con 24.
La entidad es además el quinto lugar en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres, con 0.78. En este caso el primer lugar lo ocupa Colima, con 1.53; seguido de Baja California con 1.14; Morelos, con 0.86, y Chihuahua, con 0.82.
Otros delitos cometidos contra mujeres y registrados en el informe son el homicidio culposo, con 249 casos en el país, de los que 14 corresponden a Jalisco, colocándose en el quinto lugar nacional.
En lesiones, se reportaron 4 mil 738 casos dolosos en el país; de estos, 360 corresponden a nuestra entidad, que está en tercer lugar. En lesiones culposas, la cifra nacional es de mil 431, y la local 100, siendo el quinto estado en incidencia.
También se reportaron 42 secuestros de mujeres en el país, ninguno en Jalisco, y un solo caso de tráfico de menores, reportado en San Luis Potosí. La entidad está en ceros en tráfico de personas, mientras que la cifra nacional es de 112.
Jalisco es, además, segundo lugar en extorsión hacia mujeres, con 32 de los 253 casos nacionales, sólo por debajo del Estado de México. En corrupción de menores es cuarto lugar con siete de los 90 delitos cometidos en el país.
Además, se recibieron en el país 12 mil 579 llamadas de emergencia por hechos de violencia contra las mujeres, 881 correspondientes a Jalisco, que es la cuarta entidad en este rubro. En los casos de abuso sexual, hay 364 denuncias en el país, de las que 12 son de Jalisco.
En acoso u hostigamiento sexual, a escala nacional hubo 467 casos, de los que 18 son de Jalisco. También hubo 267 casos de violación; 12 corresponden a la entidad.
Otros datos de Jalisco son mil 933 casos de violencia de pareja, de los 22 mil 444 nacionales, y 2 mil 921 casos de violencia familiar, de los 49 mil 796 del país.
No sucedió así
El 5 de febrero, el titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, declaró que, hasta ese entonces, iban 26 homicidios dolosos en 2019 y que de dicha cantidad cuatro eran investigados como feminicidios; sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que no fue así.
“Si no vienen a decirnos que van a pagar por dejar nuestras tierras, no pierdan su tiempo”, exclamó Baltazar Herrera, uno de los pequeños propietarios afectados con las restituciones ordenadas por los tribunales agrarios a favor de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), asunto que mantiene envenenadas las relaciones entre los moradores de los límites de Jalisco y Nayarit.
Quienes escuchaban eran las comitivas de dos gobiernos estatales y el federal, citados en la ciudad de Tepic, el 7 de febrero, y como gobiernos de reciente asunción (caso de Jalisco y el de la República), reprochaban que no se hubieran puesto de acuerdo las partes en tantos años. También había una delegación de los comuneros. “No hay un acuerdo más que el pago de las tierras, los wixaritaris no están dispuestos a entregar un solo metro de tierra, y nosotros no estamos dispuestos a dejarlas si no nos pagan”, siguió un parvifundista, frente a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Hoy, autoridades de Wuaut+a se reúnen nuevamente, en Guadalajara, con los responsables de Asuntos del Interior, que preside Manuel Romo Parra. Con la desazón de no ver que el cambio de gobierno haya sostenido el compromiso que se quedó firme en 2018 para que la Sedatu, a través del programa Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer), pagara indemnizaciones para resolver el centenario enfrentamiento.
Los wixárikas lamentan el afán de cada gobierno de administrar el conflicto y no resolverlo. Tienen a la mano diversos juicios agrarios que ya han ganado, bajo el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho, y sus reivindicaciones datan de títulos del siglo 18, antes de que se conformaran los estados de Jalisco (1824) y Nayarit (1917).
“Pensamos exigir a los funcionarios de Jalisco que no se laven las manos, porque nos queda claro que este conflicto tiene como uno de sus componentes la pasividad de los gobiernos de este estado”, indiferentes al progresivo empuje de la frontera nayarita, que ha desposeído a la soberanía estatal de casi 3 mil kilómetros cuadrados, una superficie muy cercana a la que tiene el estado de Tlaxcala, señaló a El Diario NTR Guadalajara un dirigente del poblado wixárika.
MODIFICAR LOS LÍMITES
En ese afán de mover la frontera, vienen mezclados los afanes de los ganaderos por quedarse con tierras de la etnia de la Sierra Madre Occidental. Hubo procesos de venta de tierras y de protocolización de escrituras privadas avalados por los gobiernos implicados. “Eso significa que tanto Jalisco como Nayarit no se pueden lavar las manos”, añadió.
En octubre de 2017 se realizó la última restitución pacífica de tierras. Pero de las 10 mil 400 hectáreas (ha) en disputa, permanecen en poder de los ganaderos alrededor de 10 mil ha.
El decreto presidencial de restitución a favor de Wuaut+a data de 1953 y es base de las reclamaciones de las tierras que en su momento les fueron arrebatadas entre el siglo 19 y el periodo previo a la Revolución de 1910, sobre todo, a propósito de las leyes de desamortización promovidas por el gobierno federal. Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos, pues los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan aparentemente de una escritura de 1906.
En 2018, la Sedatu señaló que existía la posibilidad material de ejecutar catorce juicios agrarios para entregar 922 hectáreas. “Nos reunimos con las instituciones del gobierno federal, de Jalisco y de Nayarit, el 5 de julio en Tepic, y lo que nos plantearon fue que en dos meses tendrían integrados los expedientes, eso lo dijo el director de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Mario Rentería, quien nos informó que por disposición de la secretaria (Rosario Robles, titular de la Sedatu) iba a tender este asunto, a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), y si van las fechas como ellos dicen, a principios de septiembre deben estar ya integrados los expedientes”, dijo en julio de ese año, el abogado de los comuneros, Carlos González García. Pero acabó el gobierno y no sucedió nada, pese a las protestas de los comuneros, que a partir del 30 de abril de 2018 cerraron el acceso a las 36 localidades de Wuaut+a, para impedir el proceso electoral; luego, en mayo, hubo cierre de escuelas y de centros de salud. En la jornada electoral dejaron de votar alrededor de 8 mil ciudadanos de la sierra.
Los casos inmediatos
Los 14 predios que se deben restituir de forma más próxima corresponden los posesionarios Baltazar Herrera López, con 53 ha; Ignacio Bugarín Arteaga, con 131 ha; Ignacio Quintanilla Montoya, con 14 ha; Ramón Montoya Utreras, con dos predios por 29.3 y 8.7 ha, y a Teodoro Montoya Utreras, con dos predios por 79.6 y 13 ha, respectivamente
También son ocupados por: José Quintanilla Medina, con 129.4 ha; Rafael Sandoval Muñoz, con 265.2 ha; Pascual Bugarín Carlos, con dos predios por 86 y 93 ha, respectivamente; Fortino Montoya Urtreras, con 0.06 ha; Francisco Bañuelos García, con 4.2 ha; Alejandro Hernández Márquez, con 3.5 ha, y Arnulfo Pacheco, con 12.2 ha.
El total de superficie a ejecutarse es 922.17 ha. Esto significa que a finales de 2018 y comienzos de 2019, apenas se llegaría a 10 por ciento de la superficie de Huajimic pendiente
A medio año de haberse establecido en Oaxaca la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 12 municipios continúan en el desacato. A la par de la desatención, durante el primer mes del año, las cifras de incidencia delictiva ubicaron a la entidad entre los ocho estados con mayor número de feminicidios y séptimo por asesinatos de mujeres.
Paralelamente tres municipios, San Juan Bautista Txtepec, Mariscala de Juárez y Oaxaca de Juárez, quedaron establecidos dentro de los 50 con mayor número de feminicidios ocurridos en enero según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)para enero de 2019.
Desde emitida la AVGM el 31 de agosto de 2018, la violencia continúa imparable, mientras tanto algunos de los 40[tab]municipios obligados a establecer acciones no lo han hecho.
Éstos son: Asunción Nochixtlán, Santa María Apazco, Juchitán de Zaragoza, San Juan Guichicovi, Santo Domingo Tehuantepec,[tab]San Juan Bautista Valle Nacional, Candelaria Loxicha, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santo Domingo de Morelos, San Antonio de la Cal y Villa de Zaachila, estaban pendientes por instalar sus consejos municipales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación (PASE), de acuerdo con el último reporte proporcionado por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO).
Este miércoles el gobierno del estado habrá de realizar la primera sesión del Sistema de Prevención y Atención a la Violencia Contra las Mujeres con las instancias de seguridad y otras involucradas en el tema, durante la cual plantearán el escenario actual y las acciones emprendidas.
Grave violencia contra las mujeres
Durante el primer mes del año, las entidades que concentraron el mayor número de presuntos feminicidios de los 70 contabilizados en el país fueron: Veracruz con 10, Estado de México 9, Puebla 7, Chihuahua y Nuevo León 6, Sonora 5, Chiapas y Oaxaca ambos con 4.
En el caso de mujeres víctimas de homicidio doloso encabezaron la entidad Jalisco con 33, Estado de México con 28, Guanajuato 24, Baja California 21, Chihuahua y Ciudad de México 16 y Oaxaca con 15.
Por lesiones dolosas se estableció en el noveno lugar con 154 casos, en secuestros en octavo lugar con un caso. En el caso de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar se hicieron 737, en el caso de violencia de pareja fueron 244, por violación 1, por acoso u hostigamiento sexual fueron ocho, y por otro tipo de violencia 234.
Eliza Ongay/La Verdad
Las afectaciones en los hospitales de Yucatán, no son solo paa los trabajadores sino también de los usuarios, uno de los problemas es que la cocina del O´horán está en condiciones insalubres.
De acuerdo con Eulogio Piña Briceño, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), son miles de trabajadores los afectados por las malas condiciones en las que se está laborando en los diversos hospitales de Yucatán, situación que también afecta la atención de los ciudadanos.
“Exigimos que se arreglen las deficiencias que hay en los hospitales, ya que hay falta de equipo y de infraestructura y que va en detrimento en la atención a los ciudadanos”, comentó el líder sindical a las afueras de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), lugar donde realizaron la protesta ayer por la mañana.
Agregó que han recibido “muchísimas” quejas de los trabajadores que acuden al sindicato, quienes les ha dicho que vayan a sus centros de trabajo para que vean qué es lo que está pasando, por mencionar un ejemplo, en la cocina del Hospital O’Horán. “Vemos penosamente que los trabajadores están laborando en áreas totalmente contaminadas, encharcadas, teniendo atrás la cisterna de aguas negras que entra al lugar, lo que pone en riesgo la salud de todos”, indicó Piña Briceño.
Insistió que existen muchas deficiencias en los centros de trabajo y esas situaciones ponen en peligro a los usuarios y a los trabajadores, quienes han manifestado esta problemática a la nueva administración sin tener respuesta alguna de parte de las autoridades estatales. “La falta de insumo y todas las deficiencias hacen que el servicio sea pésimo, la cosa empezó mal desde la administración anterior, pero ahora ésta ha ido aumentado, y ninguna autoridad se preocupa por la calidad de la salud”, dijo.
Finalmente, dijo que en relación al nuevo Hospital Materno, la afectación es con el personal de trabajo, ya que se requiere un mínimo de 350 enfermeras, pero sólo laboran alrededor de 170.
Por Newsweek San Luis Potosí 27 de febrero, 2019
La violencia familiar es un asunto preocupante en Guanajuato. Las recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que durante enero nuestra entidad registró el mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar a nivel nacional.
La cifra registrada a principios del 2019 por el estado fue de 5,065 de las 49 mil 796 llamadas de emergencia. Es decir, lo equivalente al 10.1% del total nacional.
Guanajuato es sucedido por Sonora, con 5,053 casos; Nuevo León, con 4,548 llamadas y la Ciudad de México, con 4,045 registros.
Por lo anterior, el SESNSP indica que por cada 100 mil mujeres, en la entidad existen 162.3 llamadas de emergencia que reportan violencia familiar. Esta cifra supera por 85.2 casos al índice nacional, que es de 77.1 llamadas de emergencia por cada 100 mil mujeres. De acuerdo con los datos, pese a que de enero de 2017 a enero de 2018 el registro de las llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar disminuyó en un 14% (7,663 llamadas menos), para enero de 2019 esta cifra fue en repunte, debido a que se observó un incremento del 5%, lo equivalente a 2,507 llamadas más.
Por otra parte, Guanajuato se posicionó en el onceavo lugar en relación con las llamadas de emergencia que reportaron violencia en pareja, ya que se contabilizaron 658 llamadas.
Por ello, en relación a su población, resultó que por cada 100 mil mujeres guanajuatenses se dan alrededor de 21 llamadas de emergencia por casos de violencia en pareja.
Es preciso resaltar que si se toman las cifras de enero de cada año a nivel nacional, este índice ha incrementado de 2016 a 2019 en un 103%. Es decir, durante el mes pasado se contabilizaron 11 mil 365 llamadas más que en enero de 2016. Violencia contra las mujeres
Por último, de las 12 mil 579 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres en todo el país, Guanajuato registró 464 llamadas. Lo anterior llevó a la entidad a posicionarse en el lugar número nueve a nivel nacional.
Con dichas cifras se llega a la conclusión de que por cada 100 mil mujeres guanajuatenses se registran alrededor de 15 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.
Los militares permanecerán en el municipio de San Pedro brindando apoyo en patrullajes y labores de inteligencia
Monterrey, Nuevo León.- En medio de la ola de violencia que vive el municipio de San Pedro, este martes regresaron los patrullajes militares a ese municipio.
A través de un convenio de colaboración con el Ejército se consiguió que las fuerzas castrenses permanezcan en el ayuntamiento apoyando en patrullajes y labores de inteligencia.
La presencia de las fuerzas castrenses no se daba desde que concluyó la administración del panista, Mauricio Fernández Garza.
El Secretario del ayuntamiento, José Dávalos Siller fue el encargado de darles la bienvenida al cuartel que se ubica en la colonia La Leona, que en su momento fue construido por Fernández Garza.
En recientes semanas, el municipio ha vivido una serie de hechos violentos que mantienen preocupados y molestos a los sampetrinos porque si de algo presumían era de la tranquilidad que se respiraba en sus calles.
Entre los sucesos, se han registrado una serie de ataques incendiarios en contra de vehículos estacionados. El primer evento fue a finales de enero cuando desconocidos quemaron seis vehículos en tres puntos distintos del municipio.
La semana pasada, dos hombres aventaron una bomba molotov en contra del estacionamiento de una agencia de autos con saldo de cinco unidades calcinadas.
También se registraron una serie de asaltos con violencia que fueron adjudicados a una banda de sudamericanos. En uno de los hechos fue asesinado un joven de 24 años cuando opuso resistencia al robo de un reloj, en el estacionamiento de la plaza Tanarah.
Por ahora la presencia de los militares ya comienza a ser notoria.
Hasta el momento, se desconoce el número de los elementos, sin embargo se dijo que los patrullajes serán permanentes.
El fin de semana, sampetrinos protagonizaron una marcha pacifica para exigir a las autoridades un alto a la violencia en ese ayuntamiento.
Participaron ciudadanos vestidos de blanco con pancartas con dibujos de la paloma de la paz.
Puebla, Pue.- De 2012 a 2017, las desapariciones forzadas en Puebla se incrementaron 216 por ciento, con un total de 2 mil 73 personas reportadas y 389 casos de niños y adolescentes solo en la capital, reconoció el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, al inaugurar el Foro “Rumbo a la Creación de la Comisión Estatal de Búsqueda.”
Añadió que el alza de este delito se desarrolla en un contexto donde destaca la presencia del crimen organizado, el tráfico de drogas, la migración y la trata de personas, por lo que urge replantear los esquemas de coordinación para atender el problema.
El funcionario señaló que a pesar de ubicarse como el octavo estado con mayor incidencia de este delito, en Puebla no se había avanzado en los trabajos para crear dicha Comisión, por lo que será el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido el que siente las bases y corresponderá a la siguiente administración la que concluya el proceso.
Una vez creada dicha Comisión, aseguró, será posible implementar los protocolos de homologación de búsqueda, que incluyen la creación de brigadas, desarrollo de bases de datos para identificación, instalaciones de laboratorios, equipo e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo, así como la implementación del sistema único para la identificación humana.
A lo largo del año pasado, colectivos, organizaciones e instituciones educativas denunciaron la omisión por parte de autoridades estatales para instalar la Comisión a pesar del incremento en el número de casos.
Incluso, en cuanto al robo de menores en la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó dicho incremento luego de que el 29 de agosto fueran linchados dos hombres en Acatlán de Osorio, acusados de ser secuestradores de niños.
A nivel nacional, Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), reportó 37 mil casos entre 2014 y 2018, 10 mil de ellos correspondientes a mujeres.
Tras paro nacional, CECyTE en Nuevo León detiene operaciones
Personal administrativo y docente, aplicaron este lunes un paro a las actividades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) a nivel nacional, esto tras la reducción al presupuesto de la educación media superior que aplicó el Gobierno Federal, afectando así, a un alrededor de 14 mil alumnos en Nuevo León.
Fue a través de un comunicado emitido por el sindicato, que se procuró el paro nacional a todos los trabajadores en la CECyTE, por lo que el Secretario General del Sindicato de CECyTE, Víctor Hugo Hernández, destacó un recorte de 50 millones de pesos para el estado, afectando directamente en el salario de los docentes, así como prestaciones e insumos de los planteles.
“En pláticas de manera no oficial, nos comentan que es un problema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El día de mañana tenemos una reunión en la CDMX a partir de las 4 de la tarde, nos va recibir el subsecretario de educación tecnológica, el maestro Juan Pablo Arroyo, esperemos que salgan cosas positivas a nuestra demanda”, mencionó Víctor Hugo.
Nuevo León cuenta con 32 planteles educativos, y alrededor de 850 personas de personal administrativo y docente; mientras que, a nivel nacional, el paro afecto a 25 estados, considerando alrededor de mil 300 planteles, 30 mil administrativos docentes, y un poco más de medio millón de alumnos.
Víctor Hugo destacó que el paro fue acordado días anteriores a través de una reunión de la Confederación de Sindicatos, aplicándolo este lunes desde las 6:00 horas de la mañana en los planteles educativos, en sus turnos matutino y vespertino; mientras que, en la Oficina del distrito escolar ubicada en el Obispado, se mantuvo desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.
“Todo dependerá de las pláticas del día de mañana en la ciudad de México, si salen positivas se termina, y si no, solicitaremos la intervención del gobernador para apoyar a gestionar los recursos en la ciudad de México”, dijo.
Así mismo, se mostró consternado por la reducción presupuestal, pues aseveró que año tras año cuentan con más matriculas de jóvenes.
Destacó que para el martes ya tendrán actividades de manera normal, y que en los próximos días estarán informando de nuevas medidas.
Tras desalojo de domingo por la madrugada, integrantes de Únete Pueblo acuden a Derechos Humanos a denunciar abusos como amenazarlos con armas por parte del Estado
Al desalojarlos por segunda ocasión, el gobierno del Estado desacató una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de respetar del derecho de “Únete Pueblo” a manifestarse pacíficamente.
Por tal motivo, sus integrantes acudieron este lunes a presentar una segunda queja contra el gobernador Jaime Rodríguez al cual calificaron de represor pues les amenazaron que si se vuelven a instalar les abrirán un proceso penal.
“A mí a la par me dijeron que si íbamos a regresar a instalar este plantón se nos iba a llevar un proceso porque ya sería la tercera ocasión”.
“Queda muy claro que es un gobierno represor y aparte nos está fallando a los ciudadanos de Nuevo León”, dijo la vocera Rocío Montalvo.
El pasado 20 de enero, los activistas ya había sido desalojados por policías estatales de los pasillos del Palacio de Gobierno donde protestaban por las tarifas camioneras.
A raíz de ese hecho presentaron una queja y luego se plantaron en la Explanada de los Héroes.
Este domingo por la madrugada nuevamente los retiraron y los amenazaron que si se instalan les abrirán un proceso penal.
“Me intimidan en el sentido de que como negué a retirarnos, me enseñan las armas y me dicen que si estoy consciente del riesgo que tienen mis compañeros, yo me mantuve y dan la orden de retirar las armas y en ese momento llegan con mis compañeros quienes se encontraban dormidos”, relató la activista.
Montalvo señaló que esa noche a ella y otros seis compañero, no los llevaron a las celdas, pero sí los tuvieron una hora arriba de las patrullas mientras el notario elaboraba un acta con falsedades.
“Levanta un acta donde dice que nos retiramos en común acuerdo y yo le pido, yo estaba adentro de la unidad de policías y le digo que tienen que asentar que a Rocío Montalvo se le retuvo en contra de su voluntad por no querer retirarse del plantón y no me leyeron mis derechos, no me registraron, fue una detención arbitraria”, dijo.
Además de la queja presentada en Derechos Humanos, el organismo interpondrá una demanda penal ór intimidación y analizan instalarse nuevamente en el lugar.
Hermosillo.- Sólo el 7.5% de los jornaleros agrícolas del País cuentan con seguridad social y existe una sobredemanda de trabajadores que ha intensificado la migración temporal en el interior de México, indicó María Antonieta Barrón Pérez.
La investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que en Baja California sólo el 37% de los jornaleros logra trabajar de uno a cuatro días a la semana en temporada alta de cosecha, mientras que en Sonora solo es el 20%.
“Qué significa eso, que si van a trabajar tan poquito en un lugar, tienen que migrar, entonces hay un cambio importante en las corrientes migratorias. Si trabaja 30 días en San Quintín, o 35 días en Sinaloa, tiene que buscar a dónde irse a trabajar para trabajar más”, dijo.
Además, dijo que se han ampliado las horas de trabajo de los jornaleros, y la productividad también ha sido mayor.
Tehuacán, Pue.-Habitantes de 5 comunidades de la Sierra Negra continúan en resistencia en contra del proyecto de la hidroeléctrica Atzala Coyolapa, por parte de la minera Autlán, dado a que está en riesgo latente de que se lleve a cabo la obra, por lo que diversas organizaciones y activistas seguirán en pie de lucha para evitar que se lleve a cabo una consulta.
Lo anterior lo informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, quien mencionó que el amparo que promovió la organización Movimiento de Autogestión Social Campesino, Indígena y Popular (Mascip) y la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional (Cnpa MN), solo logró la suspensión temporal de los trabajos, pero aún falta que el juez resuelva de fondo este amparo.
Detalló que este proyecto está condicionado a la consulta, es por eso que se intentará por todos los medios que no se realice, pues de llevarse a cabo, es un hecho que las autoridades permitirán su ejecución sin importarles que esta podría destruir al medio ambiente e incluso dañar el territorio de los pueblos indígenas de la Sierra Negra.
Por su parte Amador Montalvo, del Comité de Resistencia en contra el proyecto hidroeléctrico, mencionó que exigen al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla su palabra empeñada en Zoquitlán durante su campaña, en donde dijo que cancelaría este proyecto, por lo que no quieren que se realice ninguna consulta.
Detalló que continuarán defendiendo el territorio y el medio ambiente, aunque esto ocasione que se sigan registrando agresiones, enfrentamientos y desapariciones como la ocurrida con su compañero Sergio Rivera Hernández.
Indicó que llevan tres años de lucha y no permitirán que el Ejecutivo Federal impulse una consulta popular sobre este proyecto, porque al momento las que ha realizado están amañadas y van en perjuicio de las comunidades indígenas.
Por su parte Maribel Montalvo Bonfil, también del Comité de Resistencia, hizo un llamado al precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Miguel Barbosa Huerta, para que se mantenga al margen de este movimiento, dado a que en su afán de obtener la gubernatura está teniendo alianzas con el expresidente de Zoquitlán Fermín González León, quien fue el que otorgó el uso de suelo a Minera Autlán.
De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el estado de Veracruz el 65.8 por ciento de los niños, niñas y adolescentes viven en pobreza aseveró la directora nacional de World Vision, Silvia Novoa Fernández.
En el arranque de la campaña Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra las niñas, dijo también que la Secretaría de Salud, informó que en 2016 el estado ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en embarazo de mujeres adolescentes con 26 mil casos registrados.
“Es una pena que una niña con todas las capacidades intelectuales y físicas para continuar preparándose para poder alcanzar sus sueños vea cortada su niñez pues hay niñas que se embarazan a los 12 años para encargarse de una nueva vida”, añadió.
De esa forma destacó la importancia de esa campaña en el país al señalar que aunque son varios años de trabajo, el impacto logrado es muy poco comparado con el tamaño del problema.
Precisó que el 50 por ciento de la población en México es menor de 25 años por lo que, si se desea un cambio en el país, se debe trabajar en conjunto y no dejarle todo al gobierno.
Esa organización trabaja en 8 estados de la República y las zonas más vulnerables en términos de pobreza y desigualdad entre ellos Veracruz de manera particular en Atlahuilco, Mixtla de Altamirano, Tezonapa, Tehuipango y Zongolica impactando a más de 14 mil 900 niños, niñas y adolescentes y sus familias cada año, por medio de intervenciones de educación, nutrición, agua y saneamiento, prevención de trabajo infantil entre otros.
Policías de los cuatro municipios, encabezados por sus respectivos comandantes, implementarían operativos especiales en bares, hoteles.
México.- Además de los convenios de colaboración en materia de operación policiaca que existen entre los ayuntamientos y el gobierno de Morelos, el comandante de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, anunció la implementación de un programa especial en cuatro municipios de la entidad. “Estamos haciendo un programa con los presidentes municipales de Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Atlatlahucan, en donde queremos que hagan un convenio intermunicipal, esto no quiere decir que el convenio que hicieron con el estado esté mal, sino que es un complemento. “Por la carencia de policías que hay ahí, hay muy pocos policías, queremos hacer que el policía de un municipio, a través de ese convenio, apoye a los policías de otros municipios en ciertos momentos, no en todos los momentos”, declaró el comandante durante la reunión matutina de seguridad. A través de este esquema, policías de los cuatro municipios, encabezados por sus respectivos comandantes, implementarían operativos especiales en bares, hoteles, instalarían puestos de control y revisión vehicular, y llevarían a cabo acciones de barrido. “Queremos que los cuatro comandantes de la policía se junten y diseñen ciertas operaciones sobre colonias y poblaciones ya establecidas dentro de un municipio que son críticas y realicen operaciones, puestos de revisión, puestos de control sobre esas colonias, en un tema de dos horas, tres horas, ¿por qué no más? Porque en dos horas o tres horas los delincuentes saben que estamos ahí. “Y otro tema más es realizar operaciones que les denominamos de barrido, también en el mismo tenor, y vamos a llevar a cabo con policías de los cuatro municipios, una operación sobre algunos lugares específicos, a parte de puestos de control se van a revisar bares, deshuesaderos, vigilancia afuera de los hoteles para el tema de tratantes de blancas, cumplimentar órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, también son temas de dos o tres horas, eso es lo que queremos hacer”, señaló Gómez Mendoza. Tanto el Ejército Mexicano, como la policía de la Comisión Estatal de Seguridad, acompañarían esos operativos. “En este tema se les va a hacer, no les puedo decir que en un mes o en dos meses, ahorita ya dimos el primer paso, ya tuvimos pláticas con los presidentes municipales donde les presentamos el programa y ellos ya están de acuerdo, ése es el primer paso, ellos están de acuerdo”, afirmó el mando.
Revolución 3.0, 26 de febrero de 2019
Como ilegal e ilegítima, calificaron los integrantes del Consejo Indígena de Michoacán a la consulta ciudadana realizada por el gobierno federal para la construcción de la termoeléctrica en Huexca, Morelos.
A través de un comunicado, 50 comunidades originarias mostraron su desacuerdo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, para el cual se pidió la opinión de la ciudadanía, que llaman “inequitativa, violatoria de derechos, subjetiva e inmoral”.
A continuación, el comunicado completo:
¡MANIFIESTO ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡NO AL MEGAPROYECTO NEOLIBERAL INTEGRAL MORELOS!
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
Comunidades p´urhépecha a 26 de febrero del 2019
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades originarias, que caminamos colectivamente en la búsqueda de nuestra autodeterminación, autonomía y autogobierno, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
La consulta para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, que forma parte del Megaproyecto Neoliberal Integral Morelos, es una consulta ilegal, ilegitima, inequitativa, violatoria de derechos, subjetiva e inmoral; es ilegal, porque contraviene el artículo 35 constitucional, toda vez que la consulta no fue convocada como legalmente corresponde por el Congreso de la Unión; es ilegítima porque no fue consensuada con las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, fue impuesta unilateralmente por el Estado mexicano; es inequitativa, porque no fueron consultadas todas las comunidades directamente afectadas; es violatoria de derechos porque viola el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria así como el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas, derechos consagrados en tratados internacionales; es subjetiva porque fue organizada, desarrollada y supervisada por el mismo Gobierno de México que impulsa el proyecto, es decir, no existió la imparcialidad y es inmoral por ser ejecutada sin importar el asesinato del activista comunitario y defensor de los derechos humanos Samir Flores, no importando la injusticia, el dolor y la indignación de la comunidad de Amilcingo y de las comunidades que conforman el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Desde aquí, nos declaramos en contra de los megaproyectos neoliberales, nos manifestamos en contra del Megaproyecto Neoliberal Integral Morelos porque saquea y destruye recursos naturales de pueblos y comunidades. Desde aquí mandamos un fraternal saludo a los pueblos que defienden sus derechos, recursos y territorio, ¡no están solos! Ratificamos la necesidad histórica de resistencia y lucha de los pueblos y comunidades originarias, con independencia de la coyuntura política mantenemos la enorme responsabilidad de apoyar a las comunidades y pueblos que protejan sus territorios, continuando con el legado del General Emiliano Zapata.
Autoridades de bienes comunales de Xadani acusan manoseo de la elección para el relevo en esa instancia agraria.
La elección de un Comité de Bienes Comunales en Santa María Xadani, agencia de San Miguel del Puerto, afín a inversionistas como Agustín Pumarejo de la Serna permitiría implementar el proyecto El Secreto del Puerto en 274 hectáreas de tierras, lo que representaría privatizar una franja de la costa oaxaqueña.
La nueva acusación la lanzó Efrén Méndez Aragón, todavía presidente de Bienes Comunales de ese municipio costeño que colinda con el complejo turístico de Bahías de Huatulco.
Anomalías con candidato
Señaló que, a pesar de que diez días antes de la inscripción de dos candidatos a la contienda del próximo 10 de marzo el visitador agrario en Miahuatlán cotejó que los datos del acta de nacimiento y la credencial de elector de uno de los aspirantes, Margarito Reyes, no correspondían, pero para el 19 de febrero pasado él llegó con los documentos en orden.
“Lo arregló, no sé cómo lo hizo cuando ese tipo de procesos de corrección tardan meses”, dijo con desconfianza Méndez Aragón en una conferencia improvisada ayer afuera del Palacio de Gobierno.
Por la compra de votos anticipada a cambio de tres mil pesos y otras irregularidades que advierten en el proceso, urgióa la delegación de la Procuraduría de la Reforma Agraria en Oaxaca a vigilar que se cumpla la Ley y a evitar que se concrete un despojo de tierras comunales.
“La Procuraduría Agraria lanzó una convocatoria para que el 10 de marzo elijamos al nuevo comisariado mediante la imposición de un sistema electoral que no acostumbramos y contraviene nuestros usos y costumbres al asimilarnos a partidos políticos, con el riesgo de que se incurra en vicios de intimidación, coacción e inducción del voto”, aseguró.
En miras privatización
Más allá de la renovación del Comisariado de Bienes Comunales, lo que está en juego en Xadani es la anuencia para la privatización de 274 hectáreas de tierras comunales frente al Océano Pacífico, que incluye un sistema lagunar.
Con una inversión de 300 millones de dólares a 30 años, ahí se construirían 18 condominios, 274 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y casa de campo.
Desde 2009, el anterior presidente del comisariado, Sotero Garnica, acusó que Pumarejo adquirió esa extensión de tierras comunales con la complicidad de autoridades locales e incluso logró que el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21 con sede en Oaxaca desincorporara esa superficie del núcleo agrario de Xadani.
Los terrenos comunales incluyen una franja costera con playas como La Mañosa o Mojón, donde de acuerdo con Mendéz Aragón existen manglares que están en riesgo como parte de un daño ecológico que se haría a la zona.
En Veracruz, pese a la violencia de género, sólo existen tres refugios para víctimas. Foto: Pixabay
Roxana Aguirre / Excelsior
Alertan organizaciones que sin apoyo del Gobierno federal estancias no podrían operar por altos costos que implica; difícil que haya corrupción por vigilancia de fiscalía, aclaran
Veracruz es un estado con un alto grado de violencia contra la mujer, por lo que cuenta con Alerta de Violencia de Género en 11 municipios; sin embargo, sólo existen tres refugios para albergar a las víctimas de la violencia.
“En Veracruz existen tres refugios como tal, dos que operan por la sociedad civil organizada, y uno que opera directamente por el Instituto Veracruzano de las mujeres que se acaba de hacer, el año pasado, actualmente salió en la Gaceta del instituto y el refugio pasa a formar parte del organigrama del Instituto Veracruzano de las Mujeres y es necesario que cuente con un recurso específico para este refugio, ya que operar un refugio es bastante caro”, aseveró la integrante de Red de Mujeres Feministas de Veracruz, Belem Palmeros Exsome.
“Estas mujeres deben de vivir una situación de violencia extrema, son mujeres con la mayoría de edad, pueden ser acompañadas por sus hijas e hijos y su ingreso voluntario debe ser así, totalmente voluntario. El refugio está habilitado para recibir a 16 mujeres con sus hijas e hijos”, comentó al respecto la coordinadora del refugio estatal para mujeres en situación de violencia, Mary Beda Patlax Valdivia.
Sin el apoyo del Gobierno federal estos refugios no podrían operar por los altos costos que implica.
“Gracias a movilización de institutos para mujeres, instancias como la Red Nacional de Refugios apoyo de legisladores, hicieron posible que la convocatoria dejara de estar suspendida y de nueva cuenta se publicó, es una noticia buena porque estos subsidios vienen a fortalecer a los refugios”, agregó.
Existen otros albergues temporales para mujeres víctimas de violencia a dónde pueden acudir algunos días mientras buscan resolver su situación.
“Cuando una mujer está siendo violentada, en ocasiones, si está en riesgo su vida necesita salirse de ese lugar en donde está corriendo el peligro, nosotros tenemos habilitado, no es un refugio como tal, es como un albergue temporal en el cual las tenemos una dos noches en lo que podemos contactar con algún familiar o si vienen de fuera las mandamos a su lugar de origen y les proveemos lo que necesitan, alimentación un lugar donde dormir y si vienen con sus hijos, sus hijos son albergados con ellas”, explicó la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, Estibaliz Zarraluqui Lobeira.
La ubicación de estos refugios es reservada, y si alguien la da a conocer estaría cometiendo un delito, para acceder a ellos se siguen protocolos de atención, la mujer que lo requiera deberá acudir primer a la Fiscalía a interponer su denuncia y explicar que siente que su vida corre peligro y después la propia fiscalía o la Secretaría de Seguridad la llevarán a estos sitios.
“Los refugios están vigilados también por la Fiscalía, entonces es difícil que exista un tema de corrupción que dicen que hay en los refugios, es muy difícil porque están vigilados por la fiscalía, por eso no son tantos a nivel nacional, son muy pocos y se espera que sigan siendo vigilados por la fiscalía y secretaría de Seguridad y ahora los institutos estatales”, afirmó Palmeros Exsome.
La violencia contra la mujer, es cometida en muchas ocasiones por sus parejas o cónyuges, y en los casos más graves, al no ser atendida, termina en feminicidio. La entidad Veracruzana tiene el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de feminicidios.
La extendida precariedad laboral en México se agrava entre los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, población asalariada del sector agropecuario, trabajadores con alguna discapacidad, población indígena, población migrante), revela el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Y es que la precariedad en el empleo, se suma al problema de las percepciones, porque un millón y medio de trabajadores (20% de ellos formales) perciben un salario mínimo en la actualidad.
En el análisis se destaca que la brecha más importante en el mercado laboral mexicano es el bajo porcentaje de participación de las mujeres con respecto a los hombres, a pesar de tener un leve incremento entre 2009 y 2017, pasando de 41.6% a 42.8%.
Además, el principal problema que enfrenta la población joven es la falta de oportunidades de empleo. Además, tienen una mayor presencia entre los desempleados (tasas de desempleo de más del doble que los adultos).
BRECHA LABORAL
Pero, principalmente, las brechas en ingresos y en el acceso al trabajo subordinado con prestaciones laborales y seguridad social, son muy marcadas al comparar el sector agropecuario y no agropecuario.
Y por lo anterior el Coneval recomienda: Incrementar el salario mínimo cumpliendo los requerimientos de la definición constitucional Resalta que los bajos ingresos que se obtienen por parte del trabajo asalariado y ocupados merecen una atención particular.
El señalamiento se justifica en virtud de la pérdida de poder adquisitivo del SMG, ubicado por debajo de la línea de pobreza, y del efecto gravitacional de esta institución a los perceptores de hasta cuatro salarios mínimos, tanto sobre los trabajadores formales como informales.
Ello permite establecer la correlación entre la pobreza de la población y la política gubernamental en esta materia. Esto último se desprende de la investigación de Negrete y Luna (2016) basado en la ENOE y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Elogares.
Sin embargo, los resultados de estos autores contrastan, hasta cierto punto, con los estudios que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos realizó a partir de la misma fuente y que concluyeron que los perceptores del salario mínimo no son, en su mayoría, los que contribuyen, principalmente, a los ingresos de los hogares.
Es necesario dar un viraje en la política de salarios mínimos para iniciar, por fin, su postergada recuperación, ya que, como lo registra una amplia literatura, sus efectos van mucho más allá de un imperativo de justicia social, se indica en el estudio.
POR RAZONES DE SEXO Y EDAD
Así, se revela una extendida precariedad laboral en el país, agravada, según el caso, por razones de sexo y edad, así como entre los grupos más vulnerables.
Al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad para estos grupos, frente a la situación de la población trabajadora que no presenta esas características, se identificaron los problemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, atributo del derecho al trabajo digno.
Un ejemplo al respecto es la baja tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres (casi la mitad que la de los hombres) y su menor disposición a ampliar las horas de trabajo; esto, de acuerdo con investigaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) puede estar relacionado con la falta de acceso al servicio de guarderías (Sedesol, 2009).
Por ello, incrementar el salario mínimo cumpliendo los requerimientos de la definición constitucional es otra de las tareas importantes para, junto con la mayor productividad, alcanzar el objetivo de promover el empleo como el principal mecanismo de inclusión social y cubrir las exigencias del derecho al trabajo digno, al mismo tiempo que reducir la pobreza por ingresos.
Un millón y medio de trabajadores (20%) de ellos formales) perciben un salario mínimo en la actualidad y se beneficiarían de ese incremento, ya que las personas más jóvenes, los adultos mayores, las que realizan trabajo doméstico remunerado, quienes tienen menor escolaridad (primaria incompleta y completa trabajan en establecimientos de menor tamaño o como jornaleros agrícolas están más representados entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos.
Además, como lo mostró el estudio de Negrete y Luna (2016 el efecto gravitacional del salario mínimo general abarca a casi once millones de personas.
En un país en donde la calidad y la cobertura de la negociación colectiva son muy limitadas, el papel del salario mínimo se vuelve un instrumento prioritario en la lucha contra la pobreza dentro del mercado laboral.
El Coneval apunta: además del incremento en el salario mínimo, también debe plantearse la necesidad de promover el incremento de la productividad y, con ello, crear valor agregado para toda la población. Como ya se mencionó, en México no ha habido incrementos importantes en la productividad general; esto, en un contexto de informalidad laboral que no ofrece seguridad social ni incentivos para emplear a trabajadores con altos niveles educativos.
Esta circunstancia provoca que cada vez menos personas tengan prestaciones sociales que les ayuden a afrontar eventos coyunturales o percibir un ingreso durante la vejez.
En las acciones encaminadas a promover el empleo digno, la igualdad, el acceso a la justicia social y la erradicación de la pobreza- el Coneval muestra las brechas de cumplimiento en el acceso y el disfrute del derecho al trabajo digno, que afectan en mayor medida a los grupos en situación de desventaja.
En el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, el Consejo identifica y mide las brechas de cumplimiento en el acceso y disfrute del derecho al trabajo digno por parte de la población, con el objetivo de contribuir al diseño de una política con enfoque de derechos sociales en la materia.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Entre los principales hallazgos destaca la extendida precariedad laboral en el país, agravada entre los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, población asalariada del sector agropecuario, trabajadores con alguna discapacidad, población indígena, población migrante.
Al comparar las brechas en el acceso a un empleo de calidad de estos grupos frente a la situación de la población trabajadora que no presenta esas características, se identificaron problemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, atributos del derecho al trabajo digno.
Asimismo, al considerar la dimensión de efectividad en el disfrute del derecho al trabajo digno se observa que los tres pilares que deberían garantizar su vigencia plena y evitar la desigualdad en el acceso a la protección por parte de la población (la justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos) muestran serias fallas de diseño e implementación que requieren atención.
MUJERES
La brecha más importante en el mercado laboral mexicano es el bajo porcentaje de participación femenina con respecto a la masculina, a pesar de tener un leve incremento entre 2009 y 2017, pasando de 41.6% a 42.8
En este último año, la participación fue mayor en las áreas más urbanizadas (47.2%) y en el área urbana media (46.7%) mientras que en el área rural tan solo 31% de las mujeres participó en el mercado laboral. Adicional a lo anterior, en México las mujeres destinan 20.5 horas semanales al trabajo remunerado frente a 44.9 horas en el caso de los hombres.
En el trabajo no remunerado, la diferencia es mayor: 54.1 horas que destinan las mujeres frente a 19.5 horas que destinan los hombres.
Estas diferencias representan obstáculos para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.
El acceso a guarderías para las madres trabajadoras, tanto en el caso de quienes tienen acceso a este derecho como parte de sus prestaciones laborales como quienes no cuentan con esta prestación, es fundamental para lograr el aumento de la tasa de participación femenina.
JÓVENES
El principal problema que enfrenta la población joven es la falta de oportunidades de empleo. Además, tienen una mayor presencia entre los desempleados (tasas de desempleo) de más del doble que los adultos
En 2017,5.9% de las personas entre 1529 años se encontraban desempleadas. Este grupo también reporta los mayores porcentajes de informalidad con 60.6%.
TRABAJADORES CON ALGUNA DISCAPACIDAD
El desempleo afecta en mayor medida a la población con discapacidad respecto a la que no la presenta. En 2010, la tasa de desempleo en general era de 4.5 mientras que para quienes tenían una discapacidad este porcentaje era de 6 Sobre la derechohabiencia, 65.5% de los hombres y 69.1% de las mujeres con alguna discapacidad cuentan con este derecho social, siendo menor el porcentaje en las personas sin discapacidad, que representa 62.2% en hombres y 67% en mujeres.
POBLACIÓN ASALARIADA DEL SECTOR AGROPECUARIO
Las brechas en ingresos, así como en el acceso a trabajo subordinado con prestaciones laborales y seguridad social, son muy marcadas al comparar el sector agropecuario y no agropecuario. En 2017,8.5% de las personas asalariadas, se encontraban en el sector agropecuario.
En cuanto a sus remuneraciones, 74.6% percibe hasta dos salarios mínimos generales y la mitad solo hasta uno. Además, mientras que 12.9% de los trabajadores asalariados agropecuarios tiene acceso a la seguridad social, la proporción es de 57.8% en los asalariados no agropecuarios.
POBLACIÓN INDÍGENA
En 2015, la tasa de participación laboral de los hombres indígenas fue de 74.3% y de las mujeres indígenas de 31.4%. Considerando el acceso a prestaciones laborales encontramos que en todos los casos las personas indígenas se encuentran en peor condición, por ejemplo, ocho de cada diez nunca han contribuido a la seguridad social.
POBLACIÓN MIGRANTE
En el periodo de 2000 a 2015, los salarios de los migrantes de retorno se han deteriorado, de tal manera que sus ingresos promedio mensuales son inferiores a los de no migrantes.
Además, tienen menor acceso a prestaciones médicas o ahorro para el retiro que la población no migrante, ya que 41.1% de estos trabajadores subordinados no tienen estas prestaciones contra 56.4% de los trabajadores subordinados no migrantes. //La Prensa
Simularon medidas cautelares y evacuación del predio, a título del aeropuerto, a pesar de que el predio Presa San José no forma parte de las tierras de la terminal aérea; urge revisar la situación
Elizabeth Ríos Chavarría / Página 24
Ejidatarios de El Zapote denunciaron irregularidades en el despojo y desalojo que sufrieron del predio Presa San José el año pasado, así como en el proceso para castigar a quienes permitieron esto, por lo que anunciaron apelación ante el Consejo de la Judicatura a fin de que se revise el caso.
Inconformes detallaron en rueda de prensa el calvario sufrido por este predio y las inconsistencias de las autoridades, en vista de que lejos de castigar a los responsables parece se les protege.
De acuerdo a ejidatarios, exigirán revisión del caso llevado a cabo en contra de Sergio Salvador Peña Sánchez y Roberto Fabián Avilés Fernández, juez penal y ministerio público de la fiscalía respectivamente, pues el viernes pasado se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en su contra por abuso de autoridad pero se decidió no vincularlos a proceso.
Criticaron esta decisión, pues la audiencia la llevó a cabo el juez Juan José Rodríguez Velarde –compañero de Peña Sánchez–, quien en la audiencia determinó que el proceso que inició la Fiscalía Anticorrupción en contra de los dos imputados carecía de argumentos y no justificaba que los servidores públicos fueran a juicio por los delitos de los que se les acusaban.
Señalaron que Rodríguez Velarde debió de excusarse en el caso y la audiencia de vinculación a proceso, pues al ser conocido de uno de los imputados, imperaba una situación de conflicto de intereses.
A decir del caso por el cual Peña Sánchez y Avilés Fernández son acusados, ejidatarios detallaron que en marzo del año pasado el primero atrajo un caso por una denuncia interpuesta por el aeropuerto de Guadalajara contra Arturo Esquerra –presunto campesino–, por haber ingresado con seis vacas al predio Presa San José, lo que provocó que se dictaran medidas precautorias para que el aeropuerto se quedara con el predio y nadie ingresara al mismo.
Según relataron, las medidas se dieron a petición de Avilés Fernández, el cual también solicitó ejecutarlas, razón por la cual un día después de la sentencia llegó con 50 elementos de la Fuerza Única a fin de desalojar a ejidatarios que ahí trabajaban.
Agregaron que mencionado predio no pertenece a las instalaciones del aeropuerto, por lo cual reafirmaron los señalamientos respecto a que fue un desalojo y despojo de tierras ilegales, y aseguraron que continuarán con las medidas legales correspondientes.
Muchas mujeres marcharon para exigir seguridad en Huajuapan.
Huajuapan de León, Oaxaca.- En el marco del Día Naranja, trabajadoras del ayuntamiento de Huajuapan marcharon para exigir alto a la violencia contra las mujeres y niñas en esta región Mixteca y que las autoridades reaccionen ante este tipo de acontecimientos.
Dalia Leticia López Herrera, directora del Instituto Municipal de la Mujer (Inmujer), manifestó que la caminata salió desde el Hemiciclo a Juárez y llegó a la explanada central del Parque Independencia, en donde representaron un moño naranja humano, que simboliza alto a la violencia contra la mujer.
López Herrera aseguró que la institución que ella representa brinda atención legal, psicológica, terapéutica y de otro tipo a todas las mujeres que son violentadas en sus derechos, ya que a través del programa de seguridad pública “Mujer Segura”, una patrulla de la Policía Municipal es la que ayuda a las víctimas de violencia las 24 horas del día.
Destacaron que la marcha que se hizo este lunes fue denominada “Por la sororidad”, término que es utilizado para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual, pues desde agosto de 2018, el gobierno federal levantó una alerta de género a nivel estado, en donde 40 municipios de Oaxaca recibieron esta acción.
López Herrera informó que en enero, esta instancia atendió 40 casos de violencia de género; no todos fueron denunciados, sin embargo sí levantaron las quejas competentes ante las instancias, como es la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca.
Recalcó que “el acompañamiento que reciben las mujeres violentadas de entrada es la asesoría legal y la asesoría psicológica, y esto se da dependiendo del caso, pues en algunas ocasiones se tiene que colocar la denuncia en la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca, se le acompaña y se le pone el medio; se levanta la denuncia y se está al lado de ella siempre para asesorarle en lo que tenga que hacer”.
Mencionó que en muchas ocasiones, el Instituto de la Mujer tiene que ayudar a recuperar menores, pues cuando las mujeres salen huyendo de sus domicilios, algunas veces sólo se llevan a unos niños y son dejados los demás, por lo que es ahí cuando intervienen.
EN LAS reuniones, se determinó seguir la búsqueda de sus familiares. Héctor López / EL DIARIO
Héctor Lopez/ELDIARIO
Luego de dos días de reuniones y trabajo, familiares de personas desaparecidas de Fuundec, el Fundem y el Centro Diócesano por los Derechos Humanos Fray Juan Larios, acuerdan pedir haya investigaciones reales y no simulaciones, ni mentiras, en los procesos de búsqueda de sus seres queridos.
En los trabajos de organización estuvieron personas de todo el país.
Se realizaron diálogos entre los grupos para definir avances y acciones que se han tenido y la participación de las autoridades en la búsqueda.
Aunque no se permitió a los medios de comunicación estar presentes en las reuniones por razón de estrategia, se conoció de manera extraoficial que el objetivo es una búsqueda incansable y se pide también la verdad.
Que se haga justicia efectiva por los desaparecidos en Coahuila y en otros estados.
Se propuso entre los grupos de Fuerzas Unidas por los desaparecidos, la posibilidad de que acudan a México a entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los escuche en sus demandas de búsqueda, “no al perdón y borrón y cuenta nueva”.
AGUASCALIENTES, AGS., (El Universal).- Los casos de mujeres asesinadas por su parejas sentimentales se incrementan en el país, los más recientes casos dados a conocer se registraron en los últimos días en Aguascalientes y Baja California.
En la primera entidad, este lunes se informó de dos feminicidios que tuvieron lugar en menos de una semana. En ambos casos las víctimas tenían relación sentimental con sus agresores. Ambos imputados se encuentran recluidos en el Cereso para Varones de esta ciudad.
De ser encontrados culpables podrían alcanzar hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la sanción prevista en el artículo 97-A del Código Penal del estado.
Los hechos
La madrugada del 17 de febrero pasado, José Refugio, de 24 años, y su pareja se encontraban en una fiesta, de donde salieron tras suscitarse una riña. Entre la multitud se desplomó sin vida Karla Lizbeth Vargas, de 22 años de edad, quien presentaba una lesión con arma punzocortante.
El segundo caso tuvo lugar el 22 de febrero, cuando una adolescente embarazada fue degollada por Jesús “N”, de 23 años, quien, de acuerdo con las investigaciones, estaba molesto con la víctima porque le pidió que se hiciera cargo del bebé. En este caso, el responsable podría ser condenado hasta a 78 años de prisión por feminicidio y aborto doloso.
En Tijuana, este lunes fue encontrado el cuerpo de Fernanda González Serrano, quien había sido reportada como desaparecida.
En lo que va del año cerca de 30 mujeres han sido asesinadas en Tijuana, entre ellas varias menores de edad.
Planta termoeléctrica en Huexca, MorelosFuente: Cuartoscuro
Tras conocer el resultado de la consulta favorable a la construcción de la termoeléctrica en Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, advirtió que la batalla por cancelar el proyecto apenas comienza.
“La lucha no termina aquí, solo se abre una nueva etapa de lucha y defensa de nuestros derechos que fue inaugurada con el asesinato de Samir (Flores). Luchamos contra Felipe Calderón contra el proyecto, contra (Enrique) Peña Nieto y ahora lucharemos contra (Andrés Manuel) López Obrador, para nosotros el nombre no es lo que importa, sino la estrategia del Estado de imponer los intereses del capital sobre los pueblos indígenas”, se indicó.
Juan Carlos Solís Flores, integrante del frente, sostuvo que la mayoría de los pueblos afectados por el megaproyecto dijeron “no”, como es el caso de Ayala, Huexca, Temoac, todo el oriente de Morelos y varios municipios de Puebla, y sostuvo que sólo las casillas que no fueron vigiladas votaron por el sí.
Con base en datos que recabaron los activistas, 11 mil 295 votos que se emitieron en la región oriente fueron por el “no” y cuatro mil 975 por el sí, lo que muestra el rechazo de los habitantes que consideran que la termoeléctrica y el gasoducto afectará su salud y el medio ambiente.
Ejemplificaron que en Yecapixtla, municipio en donde se construyó el megaproyecto, mil 541 personas dijeron “no” contra 595 que decidieron por el “sí”.
En el caso de Ocuituco, que se encuentra en la zona de los Altos de Morelos, 271 personas optaron por la negativa contra 73 que votaron a favor de la obra; en Tetela del Volcán 592 marcaron el “no” y 30 en positivo. En Hueyapan mil 114 dijeron que “no” y sólo cinco personas votaron por el “sí”.
En Ayala, tres mil 834 personas dijeron que no y 384 eligieron sí a la termoeléctrica y el gasoducto en Huexca. Por último, de los habitantes de Cuautla, tres mil 943 tacharon el no y tres mil 898 por el sí.
Ante ello, los miembros del frente acusaron que la consulta anunciada por López Obrador fue un fracaso para su Gobierno, pues pretendía legitimar un proyecto que, pese a haber ganado el “sí”, los pueblos afectados que votaron, votaron en su mayoría por el “no” al Proyecto Integral Morelos (PIM).
Acusaron que fue la población externa al megaproyecto, y no los pueblos originarios la que sustituyó la decisión de las comunidades, lo sucedido fue una burla a los pueblos afectados que votaron por el “no”.
“El circo de la consulta ya lanzó sus resultados”, indicaron además de señalar que falta resolver, como sostuvo el presidente López Obrador, los amparos interpuestos, así como resolver las denuncias internacionales que se interpondrán con lo que, consideraron, fue una consulta ilegal e ilegítima
“Falta que puedan retirar el campamento zapatista de Apatlaco, falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se han callado cuando el Gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir”.
“Les escandaliza el pequeño fuego que provoca la imposición de una consulta amañada o que se hayan roto boletas, pero no les importa el asesinato de nuestro compañero Samir a causa de este megaproyecto y la imposición de esta consulta. Dirán que son cosas diferentes, pero no, son la misma cosa: a Samir lo mataron por oponerse al PIM y la consulta es el tiro de gracia a los pueblos para consumar la imposición”, concluyeron.
Una vez más, surgirá la lucha para evitar se dañe más al medio ambiente y a los recursos naturales
Otra vez, la Huasteca potosina se ve amenazada por la exploración petrolera que se realizara en Veracruz, utilizando la fracturación hidráulica (en inglés, ‘fracking’), lo cual ha puesto en alerta a organizaciones civiles, que desde antes se han manifestado en contra de utilizar este método, el cual contaminaría no sólo los mantos freáticos, sino también el medio ambiente.
El dirigente de la Movimiento Huasteco Democratico, Said López de Olmos Martínez, señaló que por la información que se ha manejado, está amenazada de forma grave la costa del Golfo de Mexico, que es la más vulnerable porque se sabe de proyectos para perforar y extraer petroleo, usando este método, pese a que el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, lo prohibió.
Ante esto, es importante que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dé un informe al respecto, y conocer qué contemplan los planes de exploración en la Cuenca Tampico-Misantla, lo que implica utilizar la fractura hidráulica, ya que cuentan con información que perforarán pozos profundos, lo cual ya fue denunciado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, a la cual esta integrado el MHD.
De llevarse a cabo esto, no están tomando en cuenta la determinación que hizo pública López Obrador, el primero de diciembre de 2018, y en la exposición de los 100 compromisos de su gobierno al manifestar que en su gobierno quedaría prohibido el fracking, pero ahroa surge esta nueva amenaza.
En la Huasteca, la postura del Movimiento Huasteco Democrático es evitar que el medio ambiente se vea afectado por el fracking. También se han pronunciado en contra de los transgénicos, que en parte ya han afectado a la región, por lo que ahora, una vez más, surgirá la lucha para evitar se dañe más al medio ambiente y a los recursos naturales, incluso piden que no se utilicen plaguicidas para el control de plagas en sembradíos de la planicie huateca, lo que también es muy dañino.
Señaló que la Alianza Mexicana contra el Fracking apoyó las movilizaciones en San Antonio y Chimalaco, hace algunos meses, exigiendo a Pemex que no incluyera el fracking en la extracción de petróleo, porque esto afectará los recursos naturales de las comunidades.
En territorio mexicano hay 924 pozo de fractura hidráulica que siguen abiertos, aún con el pronunciamiento del presidente de la República.
En territorio mexicano hay 924 pozos (aunque se estima que podrían ser más de mil) de fractura hidráulica que siguen abiertos, aún con el pronunciamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no más pozos bajo esta modalidad extractiva que ubica Puebla como el segundo lugar nacional por el número de pozos, según el mapa dinámico actualizado de 2019 difundido por la Alianza Mexicana contra el fracking.
Las cifras
Al menos desde 2003, en México se han perforado pozos de hidrocarburos mediante la técnica conocida como fractura hidráulica. A la fecha existen más de mil pozos a lo largo de la República Mexicana, de los que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha delegado a grandes empresas petroleras como Haliburton, Schlumberger o Baker Hughes para su perforación y explotación.
A través de Carta Crítica se ha logrado ubicar 924 pozos distribuidos de esta manera: Veracruz 359 pozos, Puebla 233, Nuevo León 182, Tamaulipas 100 y Coahuila con 47. Extraoficialmente se sabe de la existencia de muchos pozos, pero aún no se ha podido documentar su ubicación.
El mapa
El mapa dinámico actualizado 2019, que tiene como fuente la propia Alianza Mexicana contra el Fracking, toda vez que se realizó con solicitudes de información a Pemex Exploración y Producción, muestra como dos proyectos de fractura hidráulica tienen puntos donde realmente se lleva esta modalidad de extracción desde 2014, recursos no convencionales y señala las zonas en la República donde se puede extraer aceite, que están en estudio: gas húmedo de condensado y gas seco.
El mapa ubica la zona norte del Estado de Puebla, sobre todo la colindante con el estado de Veracruz, los puntos donde actualmente se extraen gas húmedo y condensado, así como puntos donde actualmente hay fracking, modalidad prohibida en varios países de América y Europa.
Derechos humanos
De acuerdo a la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta modalidad extractiva ocasiona impactos ambientales irreversibles y severas afectaciones sociales que conducen a violaciones a los derechos humanos. Señala que se utiliza mucha agua y una mezcla muy tóxica de sustancias químicas que se inyecta al subsuelo para poder sacar el gas o el petróleo. El agua queda totalmente contaminada y por el uso de esta técnica son frecuentes los accidentes, filtraciones, fugas y derrames.
Esto afecta la cantidad y la calidad del agua y su accesibilidad física y económica, indispensables para la realización de diversas actividades, en su mayoría agrícolas, así como el derecho humano de acceso. El uso intensivo del territorio, la contaminación de los cauces, suelo, subsuelo, aire y biodiversidad, así como la afectación que deja en tierras de cultivo y pastura, tiene como consecuencia que no se pueda disfrutar el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, los derechos humanos en la tierra, el territorio, a la alimentación adecuada y el derecho a la salud de la población.
El agua contaminada que resulte de esta técnica se inyecta a los pozos y esta técnica puede provocar sismos, daños ambientales, afectación en el acceso al agua potable y otros servicios básicos que comprometen las condiciones de habitabilidad y seguridad de las viviendas, afectando el derecho a una vivienda adecuada.
La falta de condiciones seguras de trabajo afecta los derechos laborales, según el documento difundido por esa organización. Explica que generalmente impera la opacidad y la falta de consulta acerca de los proyectos que vinculan esta modalidad extractiva, por lo que se violan también los derechos a la información, consulta y consentimiento previo, libre e informado. Más frecuentemente se ignora el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación.
La petición
Bajo este contexto, organizaciones ambientalistas con presencia en todo el país han solicitado a los diputados y senadores del Congreso de la Unión prohíban esta modalidad extractiva, a través de portales como Avaaz.org, donde hasta el momento de la redacción de la nota, llevaba 26 mil 152 firmas recopiladas.
El argumento es simple: el fracking requiere de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo, que son mezclados con arena y químicos (muchos de ellos tóxicos); esto pone en riesgo de contaminación las fuentes de agua de poblaciones cercanas y la habitabilidad de sus viviendas, contamina el aire, tierras de cultivo y pastura, y requiere una ocupación territorial intensiva.
Además, las sustancias utilizadas afectan directamente piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; pueden afectar al sistema nervioso, inmunológico, endócrino, cardiovascular y riñones y, finalmente, también pueden provocar cáncer y mutaciones.
El fracking es un proceso que incrementa el cambio climático, contamina el agua, enferma a las personas y puede provocar sismos; es una técnica que ha sido prohibida en Francia, Irlanda y Bulgaria y en diversos estados, provincias y municipios de otros países. Hay prohibiciones o moratorias por los grandes riesgos que representa para el ambiente y la salud humana, además de perpetuar nuestra dependencia en los hidrocarburos. Por ello, México debe invertir en alternativas renovables de generación de energía, siempre respetando los derechos de las comunidades donde se genera.
Fracking en Puebla
Oficialmente, Puebla ocupa el segundo lugar nacional en cuanto al número de pozos con 233, dado que primero lo tiene Veracruz con 359, Nuevo León está en tercer lugar con 182, mientras que Tamaulipas con 100. En todo el territorio poblano se estima que entre 12 y 35 municipios serán afectados por la contaminación y escasez del agua, daño al territorio y medio ambiente. La zona más afectada es la Sierra Norte de Puebla, sobre todo el área colindante con el estado de Veracruz.
Oficialmente se habla más de 448 mil hectáreas que entregó la Secretaría de Energía para la eventual extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica, según los datos del Centro de Análisis PODER. Aunque esta técnica está prohibida en otros países por sus severos daños al medio ambiente, el 13.07 por ciento de la superficie total del estado está proyectada para explotación bajo esta técnica que directamente afectará a los municipios de: Acateno, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jalpan, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Nauzontla, Olintla, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zihuateutla y Zoquiapan.
MAGEN TOMADA DEL ESTUDIO ‘ENTRE LA INVISIBILIDAD Y EL ABANDONO: UN ACERCAMIENTO CUANTITATIVO AL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN MÉXICO
Más de 345 mil personas en el estado dejaron su hogar por miedo, en siete años; la cifra de los que cambiaron de colonia, ciudad o salieron del país supera a la población de Delicias y la de Parral
Rocío Gallegos/ LA VERDAD
Ciudad Juárez – Hace cuatro años, 33 integrantes de la familia Archuleta abandonaron su hogar para sobrevivir a la delincuencia en El Valle, a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez.
“No nos quedó otra opción más que dejar el pueblo, por seguridad”, dice una integrante de esa familia entrevistada desde El Paso, Texas, quien pide la reserva de su identidad pues aún teme por su vida.
Gabriel, Elmer y Edgar, los tres integrantes de la familia Archuleta secuestrados y asesinados en diciembre del 2014. Imagen: Cortesí
Bajo amenazas de muerte, que recibieron tras el secuestro y asesinato de tres de sus integrantes, de manera forzada cambiaron de residencia en diciembre del 2014.
Sus casas fueron robadas, destruidas, se quedaron sin nada. Unos estuvieron unos días en Ciudad Juárez y otros salieron de inmediato hacia Estados Unidos, pero finalmente todos se desplazaron y reencontraron en Texas.
Como este caso, en el estado de Chihuahua se pueden contar por miles los ciudadanos que por la inseguridad han tenido que huir de sus hogares para dirigirse a otras colonias, otros municipios, estados e incluso a otros países.
En siete años, más de 345 mil personas en la entidad optaron por “cambiarse de vivienda o lugar de residencia” para sobrevivir a la violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), coordinada por el INEGI.
Además de “cambiar o reforzar puertas o ventanas”, “contratar seguros”, “adquirir armas de fuego”, “realizar acciones conjuntas con sus vecinos” y “comprar un perro guardián” las personas respondieron que entre las medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia fue dejar su casa.
En el estudio, donde se analiza este fenómeno entre 2011 y el 2017, se indica que el cambio de vivienda pudo ocurrir como medida de prevención o como consecuencia ante un delito o hecho victimizante.
Estos resultados del ENVIPE forman parte el libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al Desplazamiento Interno Forzado en México”, que se presentó el pasado 15 de febrero en el Senado.
Por las condiciones de seguridad, Ciudad Juárez y otras comunidades en el estado se convirtieron en puntos de expulsión, dice Rodolfo Rubio, investigador en el Colegio Chihuahua (Colech) y estudioso de movimientos de migrantes.
Es un fenómeno que en Ciudad Juárez se comenzó a registrar desde el 2008, agrega. Antes, la ciudad era sólo receptor de personas que se desplazaba, pero luego se convirtió en expulsora.
Pero no sólo esta región, se estima que más de un millón 200 mil personas al año a nivel nacional se han visto obligadas a cambiar de domicilio para protegerse de la delincuencia.
El total de personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en México en el periodo de 2011 a 2017 es de 8 millones 726 mil 375 personas, de acuerdo con los datos de la ENVIPE.
Uno de eso casos es el de Cipriana Jurado, quien tuvo que abandonar su hogar en Ciudad Juárez junto a sus dos hijos.
“No me quedó otra alternativa”, afirma en entrevista vía telefónica desde Nuevo México, donde reside la derechohumanista tras recibir amenazas de muerte por denunciar y defender a víctimas de abusos cometidos por militares en la región.
“Es muy difícil, cuando tienes que salir por este tipo de cuestiones es muy difícil, dejas todo y te enfrentas a una situación económica complicada, batallas para conseguir trabajo, no hay muchas alternativas, pero todo es por proteger la vida”, afirma la mujer que en el 2011 obtuvo el asilo político en Estados Unidos.
Supera cifra desplazados población de Delicias y Parral
La cifra de personas en el estado de Chihuahua que migraron por problemas de inseguridad entre el 2011 y el 2017 es equivalente a dos veces la población de la ciudad de Delicias y tres veces, la de Parral, de acuerdo con cifras del INEGI.
Las victimas del desplazamiento forzado por inseguridad asciende a 345 mil 226 personas en siete años, revela la ENVIPE; en tanto que la ciudad de Delicias cuanta con 148 mil 045 habitantes y Parral, con 109 mil 510, según el último censo de población.
Los datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestran que en el 2011 fueron 58 mil 158 las personas que cambiaron de residencia en el estado, como medida de seguridad.
Para el 2012, otras 89 mil 014 personas hicieron lo mismo y aunque la cifra bajó a 37 mil 351 en el 2013 y a 22 mil 770, en el 2014, para el año siguiente repuntó.
Las cifras de la encuesta del INEGI muestran que en el 2015 los desplazados forzados por la delincuencia en la entidad sumaron a 40 mil 906 y otras 57 mil 624 personas en el 2016. Para el 2017, la cifra fue de 39 mil 403 ciudadanos. El del 2018 no se contemplan en el reciente estudio.
“Uno no decide irse, a uno lo obligan, de manera forzada a salir de su tierra, dice una de las integrantes de la familia Archuleta que dejó su residencia en Guadalupe, ubicado en El Valle, a unos 50 kilómetros al noroeste de Ciudad Juárez.
El 6 de diciembre del 2014, a la familia Archuleta le secuestraron y asesinaron a tres de sus integrantes: Elmer –un activista y estudiante de sicología– y su hermano Gabriel fueron sacados de sus casas por un grupo de hombres armados y a Edgar, lo bajaron a punta de pistola del camión de transporte de personal en el que viajaba. Cinco días después, sus cuerpos fueron localizados en un predio desértico.
RES CRUCES. Las tumbas de Elmer, Edgar y Gabriel, los tres integrantes de la familia Archuleta secuestrados el 6 de diciembre del 2014. Sus cuerpos fueron localizados cinco días después en El Valle. Fotografía: Cortesía
“De la noche a la mañana todo se acabó, tuvimos que irnos, empezar de cero”, dice la mujer que aún teme por su vida, por lo que pide se mantenga en resguardo su identidad.
“Fue algo muy difícil, salimos sólo con lo que traíamos puesto”, dice, “me hubiera gustado quedarme sin nada, pero ver a mis parientes con vida”.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) menciona que, al ser forzadas a abandonar sus lugares de origen o residencia habitual, las personas se convierten en desplazadas, una problemática que desgraciadamente permanece invisibilizada y no atendida por los gobiernos.
Son masivos… e invisibles
A las migraciones individuales o familiares en el estado de Chihuahua se suman los desplazamientos masivos que la CMDPDH documenta en tres episodios en la entidad, con 693 personas, principalmente de comunidades indígenas.
Cuatro localidades del municipio de Guadalupe y Calvo se vieron afectadas por la migración masiva generada por la violencia del narcotráfico y un conflicto por la tierra, se informó. Estas son: Coloradas de la Virgen, El Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y El Tepozán.
En total en esas localidades fueron desplazados 193 personas, muchos salieron en familia.
El otro desplazamiento masivo, el organismo derechohumanista lo ubica en el Municipio de Madera, en las comunidades Las Varas y El Lago, donde documentó la migración de 500 personas.
El desplazamiento interno forzado constituye una violación múltiple de derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la integridad, seguridad y libertad personal, a la libre circulación y residencia, a la protección de la familia; a la asociación; a la alimentación y vivienda; al acceso a servicios de educación, empleo y salud, entre otros, menciona.
Sin embargo, señala que aun cuando el fenómeno es alarmante, el Estado mexicano no ha reconocido oficialmente la presencia del fenómeno, por lo que no existen leyes, programas, políticas públicas o iniciativas gubernamentales para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.
gallegoslaverdad@gmail.com
Nota: Las imágenes fueron tomadas del estudio ‘Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al Desplazamiento Interno Forzado en México’
Maestros del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de la capital del estado y de Pénjamo, se manifestaron. En Guanajuato y León pararon labores, mientras que en el municipio penjamense protestaron en su tiempo libre
Periódico Correo/ 25 de febrero de 2019
Estado.- Profesores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE) de la capital y de Pénjamo se manifestaron de manera pacífica al interior del plantel en desacuerdo a la reducción que el gobierno federal aplicó al presupuesto para los centros educativos en todo el estado y para los organismos de educación media superior, lo cual aseguran que impactará negativamente en las percepciones de los trabajadores.
En varios municipios, los representantes sindicales entregaron a correo un comunicado en el que se explica que este paro es el protesta por el recorte presupuestal de parte del gobierno federal. Señala también que tomaron esta medida dado que este recorte impactará en las prestaciones de los trabajadores, las que de por sí, ya son insuficientes.
Este paro de labores precisa el comunicado se realiza al igual que los planteles de otros 24 entidades del país.
Además responsabilizan a la dirección general por la falta de recursos para poder las prestaciones de los sindicalizados, las que están pactadas en el Contrato Colectivo vigente. En la capital sí paran labores
En la capital del estado fueron alrededor de 15 profesores de 66 que imparten clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE) los que dejaron de impartir clases para manifestarse.
A través de un comunicado los maestros afectados manifiestan que los afiliados Sindicato de Trabajadores de la Educación de los CECyTE (STEC) en toda la república están levantando la voz en desacuerdo con esta reducción presupuestal.
Los profesores colocaron una manta en la entrada del plantel educativo en la que se lee “No a la reducción de nuestros salarios. Respeto al derecho del salario plasmado en los contratos colectivos y las condiciones generales del trabajo. No al recorte presupuestal de los CECyTE que afecta al salario convencional del trabajador”.
Por parte de la dirección de esta institución aseguraron que la manifestación de este grupo de maestros que no están impartiendo sus clases, no afecta el trabajo escolar, pues aseveraron que las aulas o los grupos están siendo cubiertos por el resto de maestros que no se sumó a la manifestación.
Los inconformes permanecerán sin atender sus respectivos grupos de alumnos durante todo el día y estarán reunidos en la puerta principal al interior de la escuela.
Apoyo de algunos alumnos en León
Foto: Esteban Knoll.
Cientos de maestros sindicalizados y no sindicalizados de León se sumaron al paro de labores en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE).
A las afueras de los planteles educativos se han colgado mantas en las que se podía leer: No a la reducción de nuestros salarios y respeto al derecho del salario plasmado en los contratos colectivos y en las condiciones generales de trabajo.
Algunos alumnos del plantel León II se manifestaron a favor de sus maestros y otros estaban inconformes pues dejaron de tener clases.
En Irapuato 150 se suman al paro
Foto: Eduardo Ortega.
Más de 150 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del CECyTE, se sumaron al paro nacional para exigir que la federación revire el recorte presupuestal de 100 millones de pesos.
Alumnos de los planteles Valle Verde y El Copal, no tuvieron sus actividades regulares este lunes y es que a partir de las 7:00 horas al menos 150 trabajadores sindicalizados en los planteles iniciaron un paro de actividades.
“Estamos realizando este paro de actividades como lo realizan en todas las partes del país porque el gobierno federal aplica un recorte de 100 millones de pesos a educación, lo que está afectando a las prestaciones de los trabajadores que ya de por sí eran insuficientes, pues nunca alcanza para lentes, apoyo para defunción, apoyo para hijos, incluso este año entregaron un vergonzoso paquete de materiales didácticos totalmente insuficiente, los laboratorios están sin insumos suficientes”, dijo Hortensia Granados, secretaria general del sindicato.
En el portón principal del CECyTE Valle Verde los trabajadores sindicalizados colocaron una manta en la que informaban los motivos de este movimiento de ‘brazos caídos’ que mantendrán hasta las 21:00 horas de este lunes.
En el interior del plantel los trabajadores sindicalizados cumplían su horario laboral sentados en sillas o bancas.
Manden a sus hijos piden en Salamanca
Foto: Cuca Domínguez.
Por instrucciones de su secretaria general, Hortencia Granados Avilés, profesores del CECyTE Salamanca también se sumaron al paro de labores.
En este plantel se permitió el ingreso a los estudiantes a sus aulas pero no están teniendo clases porque los profesores se mantienen en paro de labores.
Pese a lo anterior, la directora del plantel Fabiola García Vázquez dijo que los maestros están frente a grupo y que las clases siguen sin problema.
En tanto la directora del plantel hizo un llamado a los padres de familia para que sin problema manden a sus hijos a la escuela ya que sí se les está brindando la atención y los grupos tienen maestros.
Se manifestarán hasta que les den una respuesta positiva
Foto: Martín Rodríguez.
Personal de los diversos planteles del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) de Celaya se sumaron a la manifestación pacífica.
En esta localidad, la protesta no alteró las clases pues continuaron de manera normal, aunque eso no indica que los quejosos declinen de su desacuerdo; es por ello que así como en los demás planteles, colocaron una manta a la entrada en rechazo a las políticas de austeridad del gobierno federal que los ha afectado.
Miguel Ángel Maldonado, uno de los manifestantes, comentó que las manifestaciones pacíficas que se están llevando a cabo en los diferentes planteles de esta cabecera así como en todo el estado no culminarán hasta que no se les dé una respuesta en beneficio para ellos.
Al filo de las 6:00 horas de hoy lunes comenzaron las manifestaciones pacíficas en los diversos CECyTE, las cuales continuarán sin afectar las clases de los alumnos, aseguró Maldonado.
En Pénjamo no habrá clases
Foto: Juan M. Arriaga.
Integrantes del plantel CECyTE de Pénjamo se sumaron a la protesta por la reducciones salariales a maestros sindicalizados, por parte del gobierno federal.
Los maestros dieron a conocer que no habrá interrupción de actividades en el plantel por la protesta, la cual durará sólo 24 horas sin afectar las actividades estudiantiles.
Al exterior del plantel fue colocada una lona con las demandas de los maestros inconformes, esperan ser escuchados por un representante del gobierno federal que atienda está exigencia nacional.
Se unen maestros romitenses a las protestas
Empleados sindicalizados del plantel Romita del CECyTE se suman a las acciones de manifestación, emprendidas por la Comisión Ejecutiva de la Confederación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados.
Por la mañana colocaron lonas en el exterior del edificio, en las que se leía un mensaje dirigido a las autoridades federales: “No a la reducción de nuestros salarios. Respeto al derecho del salario plasmado en los contratos colectivos y en las condiciones generales de trabajo. No al recorte presupuestal de los CECyTE’s que afecta el salario convencional del trabajador”.
Profesores romitenses mencionaron bajo el anonimato que “no hay certeza que nos vayan a dar las prestaciones federales que ya están validadas en un contrato colectivo de trabajo (…) estamos manifestándonos a favor de todo lo que tenga que estar relacionado con los alumnos”, a quejes dijo, les serán reducidos los materiales de estudios.
En lo que al plantel Silao respecta, estudiantes señalaron que las actividades fluyeron con normalidad.
* Con información de María Espino, Esteban Knoll, Nancy Venegas, Karla Silva, Cuca Domínguez, Cecilia Cornejo y Juan M. Arriaga.
Tania L. Montalvo, Arturo Angel y Francisco Sandoval / Animal Político
El ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), participó en el proceso de adjudicación directa de por lo menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht que son investigados por la Fiscalía General.
Un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene un presunto vínculo con el caso Odebrecht es el encargado del proyecto de infraestructura más importante de la petrolera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Se trata del Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), quien participó en el proceso de adjudicación directa de al menos 1 de los 4 contratos otorgados a la empresa Odebrecht que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción.
El 23 de enero de 2019, ese funcionario recibió —tras una petición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y de una instrucción del director de Pemex, Octavio Romero—, un oficio firmado por el director general de PTI, Miguel Breceda, para iniciar las actividades en “atención de los proyectos” que incluyen a la refinería de Dos Bocas y a las “rehabilitaciones necesarias para el Sistema Nacional de Refinación”.
Un día antes de esta petición, el 22 de enero, el presidente López Obrador declaró que en su gobierno no serían “contratados quienes tengan malos antecedentes” de corrupción.
La refinería de Dos Bocas es el proyecto de infraestructura energética más ambicioso de la administración de López Obrador; con su operación se busca reducir las importaciones de combustible y refinar 340 mil barriles de crudo cada día. En el documento en el que Octavio Romero instruye a PTI a iniciar actividades se señala que se trata de “proyectos prioritarios para el Presidente de la República”.
Instrucción prioritaria
En el oficio DGTRI-24-2019, fechado el 23 de enero de 2019, el director de PTI, Miguel Breceda, solicitó al Ingeniero Leonardo Cornejo que “en línea con la petición expresa de la C. Secretaria de Energía, Ing. Norma Rocío Nahle García y en atención a las instrucciones giradas por el Ing. Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos… se disponga prioritariamente a la atención de los proyectos relacionados con la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, e igualmente a aquellos relacionados con el programa de rehabilitaciones necesarios para el Sistema Nacional de Refinación”.
Breceda también le solicitó a Cornejo “cumplir” de “forma honesta y eficiente” con el “mandato de C. Presidente de la República en materia de política energética”.
La petición de Rocío Nahle, en tanto, se realizó el 21 de enero de 2018, cuando solicitó al director de Pemex, Octavio Romero, en el oficio SENER.100/2019/041, agilizar los trabajos relacionados con la refinería de Dos Bocas. Para ello, la secretaria pidió que dispusiera del área que encabeza el subdirector de proyectos Leonardo Cornejo Serrano.
Animal Político preguntó a la Secretaría de Energía y a Pemex si al solicitar el inicio de actividades sobre la refinería de Dos Bocas conocían del presunto vínculo de Leonardo Cornejo Serrano con la investigación que realiza la FGR, sobre el caso Odebrecht.
La Sener respondió que si bien la secretaria Rocío Nahle “solicitó que para los trabajos relacionados al proyecto de DOS BOCAS se disponga del personal de la subdirección de proyectos (de Pemex)”, esto no establecía “ningún encargo nuevo” para el “Ingeniero Leonardo Cornejo Serrano”.
Añadió que “siguiendo con puntualidad las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, cualquier funcionario involucrado en actos de corrupción no podrá trabajar en la estructura de gobierno en los programas de trabajo que emanen del gobierno de México”.
Pemex decidió no emitir respuesta a los mismos cuestionamientos.
Los contratos investigados
Desde el 25 de enero de 2017, la Procuraduría General de la República —hoy FGR— investiga la presunta entrega de sobornos a funcionarios de Pemex por parte de la empresa Odebrecht. En procesos legales en Estados Unidos y Brasil se ha confirmado que la firma repartió sobornos en al menos doce países, incluido México.
Por las declaraciones ministeriales que directivos de Odebrecht dieron en Brasil y Estados Unidos, se presume que en México pudieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos, a cambio de ganar cuatro contratos con Petróleos Mexicanos entre 2010 y 2014.
En al menos uno de estos contratos Leonardo Cornejo tuvo un rol protagónico. Se trata del contrato por aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula, realizado en febrero de 2014.
Cornejo fue el responsable de elaborar tanto el proyecto de modelo económico, como el documento para justificar la adjudicación directa que exceptuó que dicho contrato se entregara tras una licitación pública. Este funcionario también participó en la sesión del Consejo Administrativo de Pemex en la que se aprobó el contrato.
La adjudicación directa que justificó Cornejo Serrado fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el organismo concluyó que se trató de un proceso poco transparente que benefició a Odebrecht, y que derivó en un contrato que generó un daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos.
Este contrato por aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula fue publicado por Pemex el 2 de noviembre de 2017, cuando la petrolera dio a conocer que por ese y otros tres contratos con Odebrecht había presentado una denuncia penal ante la PGR, que se habían iniciado ocho procesos sancionatorios dentro de la empresa, y que como parte de la investigación se citaría a declarar a diversos funcionarios, aunque no mencionó nombres de los involucrados.
En la Fiscalía General de la República la investigación sigue abierta. El argumento que utiliza la FGR para mantener cerrada la investigación y no cumplir con el mandato del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), que ha ordenado transparentar los datos del caso Odebrecht, es que la investigación continúa y por consecuencia no puede abrir los datos de un proceso en curso.
EL TORITO | por TOR | El SITUAM contra las poli?ticas neoliberales de la UAM | Número 29, Año 6, febrero, 2019
La poli?tica neoliberal se ha encargado de desmontar derechos sociales y desmantelar instituciones que se encargaban de hacer cumplir esos derechos. En el caso de la educacio?n, existe una poli?tica de administrarla de acuerdo a esta?ndares productivistas y de eliminacio?n de los derechos sociales contenidos en los contratos colectivos de sus sindicatos y en el sentido social de la educacio?n. El resultado de estas medidas junto con otras transformaciones en el rumbo de la educacio?n ha sido el debilitamiento de la funcio?n social de la universidad al no cumplir con sus tareas de creacio?n de conocimiento y cultura, al no lograr su difusio?n y al distanciarse de la solucio?n de los problemas que Me?xico atraviesa.
En la Universidad Auto?noma Metropolitana esta poli?tica neoliberal se vive a trave?s de la restriccio?n al ingreso de estudiantes, enormes disparidades salariales, venta de servicios de investigacio?n y de difusio?n de cultura, verticalidad y antidemocracia que existe en los o?rganos colegiados, precariedad laboral a la que se ha sometido a los acade?micos y administrativos de base por medio de una destruccio?n del poder adquisitivo del salario, con aumentos por debajo de la inflacio?n, contratacio?n creciente de personal de confianza en lugar de crear ma?s plazas de base, violaciones constantes al contrato colectivo, asi? como con el mal manejo del presupuesto y gran desperdicio de recursos que se han auto otorgado los altos funcionarios y autoridades de la UAM, mejor conocidas como burocracia dorada o huachicoleros de la educacio?n.
Es este el contexto en el que los trabajadores afiliados al SITUAM estallaron la huelga este primero de febrero. Entre sus exigiencias mencionan un aumento salarial del 20%, un aumento de 20% al tabulador para la totalidad de los afiliados, el alto y reparacio?n a las violaciones a su contrato colectivo de trabajo, una dsitribucio?n ma?s justa del presupuesto universitario a trave?s de la cual la universidad pueda aumentar la matri?cula de estudiantes y la planta de personal acade?mico y administrativo de base, y pueda ejercer con mayor eficiencia las labores de investigacio?n y difusio?n de la cultura y la ciencia.
La demanda del SITUAM de aumento salarial es legi?tima toda vez que atiende a un problema al que se enfrenta la clase trabajadora de nuestro pai?s desde hace por lo menos treinta an?os: la pe?rdidad paulatina del poder adquisitivo. Los trababajadores del SITUAM han sen?alado que si se observan los aumentos directos a su salario que ha habido desde el 2008 – an?o de su u?ltima huelga y tras la que la UAM acepto? realizar una paulatina recuperacio?n del salario- hasta el 2019, y se comparan con el aumento de la inflacio?n en esos mismos an?os, se puede demostrar una clara pe?rdida del poder adquisitivo de 7.42%. Asi?, en lugar de aumentar, sus salarios han bajado en te?rminos reales.
El ofrecimiento actual de las autoridades de la UAM de un incremento del 3.35% directo al salario, la retabulacio?n del 3% a trabajadores administrativos y acade?micos de medio tiempo y tiempo parcial (discriminando a los acade?micos de tiempo completo) y el aumento del 4.8 % al vale de despensa mensual (aproximadamente $50 al mes) no va a romper esa tendencia pues se vera? anulado con el 4.83 % de inflacio?n al cierre del 2018 y el 4.52% esperada en este an?o. Aun asi?, las autoridades, con esa insensibilidad que las caracteriza hacia quienes con su labor diaria hacen posible la realizacio?n de las actividades sustantivas de la universidad, se han negado a hacer un mejor ofrecimiento argumentando un supuesto riesgo a la viabilidad financiera de la institucio?n.
No conformes con lo anterior, la alta burocracia universitaria, encargada de implementar la receta neoliberal en la UAM, exacerba la problema?tica fomentando el aumento acelerado de la contratacio?n de personal irregular y de confianza, en lugar de crear las plazas de base necesarias de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); demostrando su desprecio por el personal acade?mico con el castigo a sus salarios y con sus contratos temporales de 72 di?as sin derecho a vacaciones ni prestaciones de ley; y finalmente, desde luego, con el mal manejo de los recursos otorgados por el pueblo de Me?xico a trave?s del presupuesto pu?blico que se asigna cada an?o a la UAM.
En las sesiones de negociacio?n entre la UAM y el sindicato, los trabajadores han demostrado que existe una inadecuada distribucio?n del presupuesto que favorece a los funcionarios de mandos medios y altos de la Universidad. En 2018 se distribuyeron $183,028, 000 en esti?mulos ($158, 954, 000) y compensaciones ( $ 24, 074, 000) para mandos medios y superiores, lo que representa ma?s del 10 % del salario base total de TODOS los trabajadores ($ 1, 748, 350, 00), cabe decir que de por si? cuentan con salario. Otros casos escandalosos son el del Rector General, cuyo ingreso neto asciende a $129 476 pesos mensuales: recibe por compensacio?n y esti?mulos 368 por ciento sobre su salario de 27 mil pesos, y el del salario del Secretario General que se incrementa en 266 por ciento con compensaciones y esti?mulos. A eso se an?ade aguinaldo, prima vacacional, di?as de ajuste a calendario, reconocimiento al trabajo universitario y despensa, entre otros conceptos, adema?s de pago del tele?fono celular, chofer, automo?vil, gasolina y via?ticos(1).
Los trabajadores afirman con justa razo?n que son estos gastos suntuosos de la burocracia dorada de la UAM los que ponen en riesgo realmente la viabilidad financiera de la institucio?n. Y es que quienes se han encargado de implementar el modelo neoliberal en la universidad han visto crecer sus salarios, esti?mulos y privilegios. El SITUAM no esta? denunciando so?lo que existan alti?simos salarios, si no que se esta?n comprando las conciencias de todos los que han aprobado medidas contrarias a la universidad pu?blica y a los trabajadores universitarios.
Es por ello que la lucha del SITUAM no es so?lo por un aumento de salario o mejores condiciones de trabajo, su lucha implica el desmantelamiento de una poli?tica ejercida por las autoridades universitarias que han contribuido a desmantelar poco a poco el cara?cter pu?blico de la educacio?n universitaria, y han puesto el recurso pu?blico destinado a esta en un pun?ado de funcionarios al servicio del neoliberalismo.
Por ello es necesario reivindicar las banderas que ahora levanta el SITUAM, sindicato de histo?rica tradicio?n de lucha, en defensa de una educacio?n superior pu?blica y al servicio del pueblo de Me?xico.
La Fiscalía General de Justicia mexiquense reportó que de 2017 de a febrero de este año se detuvo a 17 personas relacionadas con 15 muertes de menores de edad
Jade, con cuatro años de edad, fue encontrada muerta dentro de un tambo de plástico azul en Acolman; a Leonardo lo vincularon a proceso por la muerte de su hija de cuatro meses de edad, quien murió por asfixia tras ser abusada sexualmente en Huehuetoca; Giselle de once años apareció semidevorada por fauna luego de desaparecer en Chimalhuacán; Camila apareció sin vida en un predio baldío de Valle de Chalco. Ellas son cuatro de las 22 menores de edad víctimas de ataques sexuales ocurridos en el Estado de México de 2017 a febrero de este año, entidad que ocupa el primer lugar en este tipo de ilícitos.
La Fiscalía General de Justicia mexiquense reportó que en ese mismo periodo lograron la detención de 17 personas relacionadas con 15 muertes de menores de edad, una de ellas ya fue sentenciada a prisión vitalicia.
En la mayoría de los casos los presuntos homicidas fueron padres, padastros, tíos o vecinos de las víctimas, lo que refleja que es en el hogar donde se encuentra el presunto atacante de los menores.
De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por la fiscalía, en 2017 se contabilizaron siete casos, en 2018 aperturaron nueve carpetas de investigación y en lo que va de este año suman seis feminicidios infantiles, situación que preocupa a las autoridades porque, de mantenerse esta tendencia, podría superar por mucho las cifras hasta el momento contabilizadas, dado que todavía no transcurren ni dos meses del año.
Un dato que también llama la atención es la disparidad de cifras que existen al respecto y que no cuadran. Por ejemplo, el reporte de Información sobre Violencia a las Mujeres del Sisitema Nacional de Seguridad (SNSP) revela que durante 2018 se presentaron 14 casos de niñas muertas 1 a 17 años en el Estado de México, cuando la fiscalía local reportó seis.
El mismo organismo federal informa que de 2015 a 2018 se duplicó el número de niñas y menores de 17 años muertas en todo el país, al pasar de 40 a 86.
Según las estadísticas, el Estado de México concentró la mayor cifra, con 14 niñas asesinadas; seguido de Chihuahua, con 10 y Nuevo León, con ocho víctimas, de acuerdo al informe especial del SNSP.
Sin embargo, para la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), existen otros datos que podrían revelar que es mucho mayor el número de feminicidios infantiles.
Según los datos de Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidios (DFPH), de menores entre 0 y 14 años de edad, que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre 2012 y 2016, hubo 166 niñas que perdieron la vida por feminicidio en la entidad mexiquense.
De esa cifra mortal, 25% fue por disparo de arma de fuego, 19% por ahorcamiento, 12% por objetos punzocortantes y 3% por ahogamiento de las víctimas, entre otros casos.
Si bien los periodos comparados son dispares, la agrupación refiere que habría que hacer una revisión más exhaustiva de los casos reportados a las autoridades de procuración de justicia.
Bebés muertas con trato inhumano
Jade, una niña de cuatro años de edad, quien murió presuntamente por hambre y frío, fue descubierta por policías apenas este 20 de febrero, cuando una pareja la trasladaba dentro de un tambo de plástico azul, por calles del municipio de Acolman, cubierta con tierra y cal.
Leonardo fue detenido por agentes ministeriales de la fiscalía mexiquense, luego de la muerte de su hija de cuatro meses de edad el 8 de febrero, quien falleció asfixiada luego de ser atacada sexualmente en su casa ubicada en Privadas del Valle, en el municipio de Huehuetoca.
El caso de Calcetitas rojas, otra pequeña de cuatro años de edad, cuyo cuerpo apareció semidesnudo tirado entre tierra y basura en el cruce de la avenida Bordo de Xochiaca y Virgen del Camino en Nezahualcóyotl, el 18 de marzo de 2017, fue uno de los más dolorosos, que visibilizó la existencia del feminicidio infantil
Pese a que la víctima era prácticamente una bebé, durante nueves meses nadie reclamó su cuerpo, que pudo haber sido enterrado en una fosa común, no obstante, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) decidió sepultarla, casi dos meses después de permanecer en el Servicio Médico Forense, en el cementerio Parque Memorial, bajo el nombre de Angelita.
La acción de la activista y periodista Frida Guerrera, quien durante meses buscó a la familia de la niña e incluso mandó hacer con una artista forense un retrato de la pequeña, sin los golpes con los que fue encontrada y que sólo llevaba como distintivo unas “calcetitas rojas”, propició que las tías de la bebé la identificaran como Lupita y se pudiera encontrar casi un año después a su madre y a su padrastro.
Eran una pareja de adictos, presuntamente fueron sus victimarios, de acuerdo con investigaciones de la fiscalía mexiquense, que revelaron que la pequeña fue violentada sexualmente y murió a causa de una golpiza.
También en Nezahualcóyotl, el 9 de junio de 2017, el cuerpo de Valeria, de 11 años de edad, fue encontrado sin vida y con huellas de abuso sexual, en el asiento del copiloto de una combi de la Ruta 40, en la calle Zandunga de la colonia Benito Juárez, transporte al que la subió su padre para que no se mojara por la lluvia, mientras él iba en bicicleta.
Retenes en busca de niñas
A finales de 2018 y principios de este año, el Estado de México registra una ola de muertes y agresiones a niñas, que primero desaparecieron de acuerdo con denuncias de sus padres, quienes junto con familiares y vecinos se movilizaron y organizaron brigadas de búsqueda de las pequeñas. Valeria, de 12 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el 14 de octubre de 2018 en el barrio de Tlacotepito, colonia El Mirador, municipio de Melchor Ocampo, llevó a que cientos de pobladores realizaran labores de búsqueda y retenes en la carretera en busca de la niña, quien fue encontrada muerta un día después en un terreno baldío de la misma zona.
Por este feminicidio, investigadores de la fiscalía mexiquense detuvieron a Jesús “N”, un hombre de 50 años de edad, que acababa de salir de prisión, y quien tras ser capturado, fue reconocido por otra niña de 13 años que fue atacada el 9 de octubre en la misma colonia; también fue denunciado por el ataque sexual a su nieta, una niña de ocho años de edad, por lo que permanece preso en el penal de Cuautitlán, donde enfrenta tres procesos por feminicidio y ataques sexuales a infantes.
Camila, de nueve años de edad, desapareció el 31 de diciembre de 2018, en la colonia Poder Popular en Valle de Chalco, donde familiares y vecinos pasaron la noche de Año Nuevo buscándola hasta encontrarla muerta el 1 de enero, en un predio de la calle Tierra y Libertad.
El 3 de enero, el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, anunció la detención en el estado de Puebla, de Marciano “N”, presunto feminicida de la niña.
El 19 de enero en Chimalhuacán, familiares de Giselle reportaron la desaparición de la niña de 11 años de edad, luego de que fuera vista en un café internet en el barrio San Lorenzo de este municipio que cuenta con Alerta de Género; cinco días después fue encontrado el cadáver de una menor, semidevorado por ratas y perros en terrenos baldíos y de cultivo de Ixtapaluca.
Peritajes de personal de la fiscalía mexiquense demostraron por pruebas de genética que era la pequeña, que cursaba el sexto año de primaria.
Por este feminicidio fue detenido Roberto “N”, un hombre de 51 años, propietario del café internet al que acudió la niña de 11 años de edad. El detenido presuntamente invitó un refresco a Giselle, por lo que ella ingresó a la recámara de su presunto agresor, donde fue violada y golpeada; el agresor pudo haberla matado para evitar que lo denunciara, afirmó el fiscal designado al caso.
Urge crear un perfil de feminicidas
Pese a que los feminicidios van a la alza y afectan a un porcentaje importante de niñas y menores de 17 años, hoy no hay un perfil que permita identificar a un agresor y a un feminicida en potencia, señaló Juan Martín Pérez García, director de la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Durante mucho tiempo no se contabilizaron los feminicidios y menos aún los de niñas, niños y menores de 17 de años, en una omisión dolorosa, donde se evadió registrar cada víctima con sus características y vulnerabilidad”, indicó Pérez García.
La desaparición de 7 mil menores de edad en México, en los últimos 12 años, “tiene una relación directa con el número de feminicidios, tal como sucedió con Valeria en Nezahualcóyotl o la niña Valeria, de Melchor Ocampo, quienes primero desaparecieron y después fueron encontradas muertas”, indicó el especialista en derechos de la infancia.
Pérez García agregó que en los casos de adolescentes y jóvenes muertas, el agresor en un alto porcentaje es conocido de la víctima, es su novio, pareja o esposo; en el caso de las niñas es un padrastro, un vecino o conocido de la familia, en pocos casos es una persona extraña.
“Los feminicidios de menores son un hecho criminal que debe ser sancionado y en el que no se justifica que el agresor haya actuado alcoholizado, drogado o que quiera aparentar demencia; desinhibidores y alteraciones de conducta que suelen servir de argumento para atenuar su pena”, explicó el director de la Red de Derechos de la Infancia.
Alerta de género no sirve sin voluntad política: Redim
El señalar el incremento en el número de feminicidios, que también se duplicaron al pasar de 407 a 834 en los últimos cuatro años, de acuerdo con la tendencia nacional publicada por la SNSP, Juan Martín Pérez afirmó que la Alerta de Género no sirve si no hay voluntad política.
Incluso en la lista de los 100 municipios con mayor número de feminicidios, muchos cuentan con declaratoria de Alerta de Género, como Ecatepec y Chimalhuacán, y este tipo de homicidios no disminuyen, apuntó el director ejecutivo de Redim.
Ecatepec, con 14 feminicidios; Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, con nueve cada uno; Tecámac y Zumpango, con seis mujeres asesinadas; Atizapán de Zaragoza, Chalco y Naucalpan de Juárez, con cuatro cada uno; así como Huixquilucan, Ixtapaluca, y Nicolás Romero, con tres, forman parte de los 100 municipios de todo el país en los que se registró el mayor número de feminicidios en el último año.
Cinco de estos municipios, específicamente Tecámac, Zumpango, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Nicolás Romero, carecen de declaratoria de Alerta de Género, y por ende no cuentan con planes y programas para atenuar o erradicar la violencia contra las mujeres, como recursos y policía de género; sin embargo, están incluidos en los 100 municipios del país con mayor número de feminicidios de todo el país, de acuerdo con el SNSP.
En tanto que Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ixtapaluca y Chalco son parte de los once municipios mexiquenses con Alerta de Género, donde pese a tener presuntamente planes, programas y recursos para evitar la violencia hacia las mujeres, el número de homicidios contra mujeres no cesa, apuntó la Redim.
“No a la reducción de nuestro salario, respeto al derecho al salario plasmado en los contratos colectivos y en las condiciones generales del trabajo. No al recorte presupuestal de los CECyTEQ”, se lee en algunas de las mantas colocadas en los planteles.
Es de recordar este Recorte al Presupuesto no solo afectará a los trabajadores en base a sus sueldos y prestaciones, sino que también afectará de manera directa la operatividad de los planteles y obviamente a los alumnos que tienen diversas actividades ordinarias a realizar.
“Estamos a la espera de que nos digan si el paro continúa mañana porque hoy se revisaría el anexo de ejecución y se vería si ya está subsanado el recorte anunciado”, comentaron trabajadores sindicalizados, haciendo énfasis en que no solo afecta el paro a este gremio, sino también la operatividad e infraestructura a los planteles.
La Confederación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTES), informan que por este citado recorte en los anexos de ejecución 2019, se pretende una reducción de más de 1 mil millones de pesos, afectando directamente al sueldo de los trabajadores y por ende el llamado nacional al paro laboral, por lo que también implica la eliminación de la prima de antigüedad, lo cual afecta de un 10 y hasta un 70 por ciento del sueldo de cada trabajador, incentivos y más prestaciones.
La recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, reveló lo que para muchos era un secreto a voces: la tortura que recibían personas detenidas para obtener información o inculpar a personas por la comisión de algún delito. En su investigación, el organismo logró acreditar detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos e incluso violaciones sexuales en contra de 19 víctimas. La CNDH señala directamente al ex procurador de Justicia en el Estado, Felipe Muñoz Vázquez, por haber participado en los actos de tortura. En su contenido, la recomendación incluyó 186 casos de personas detenidas, que habían sido detenidos arbitrariamente por agentes del Ministerio Público. Sin embargo, de esa cantidad sólo 50 fueron localizados por la CNDH, y de ellos únicamente 19 ratificaron la denuncia. Actualmente, Muñoz Vázquez ocupa el cargo de subprocurador de Investigación de Delitos Federales en la Fiscalía General de la República. El caso de Maricela El caso de Maricela no está incluido en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo en su momento sí se denunciaron los actos de tortura ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, presidida en ese entonces por Omar Williams López Ovalle, quien no emitió ninguna recomendación al respecto. “Yo desde que hice mi declaración preparatoria denuncié los actos de tortura pero nadie me creyó, ni siquiera el juez que llevaba el caso”, indicó. Maricela es una ex policía preventiva del Municipio de Aguascalientes, privada de la libertad al interior de su domicilio junto con un hermano y su hija de 10 años de edad en octubre de 2011, por elementos de la Policía Ministerial. Era señalada por los delitos de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego, sin embargo en ese momento no había orden judicial para ingresar a su casa, ni tampoco orden de aprehensión para detenerla. “Era por la mañana, estaba arreglando a mi hija para que se fuera a la escuela con mi hermano, ingresaron varios hombres por la puerta y me estaban apuntando, en ningún momento se presentaron como agentes; me comenzaron a golpear, me jalaron de los cabellos y me tiraron a la cama. Yo sólo escuchaba a mi hija llorar, después me taparon la cabeza con una funda de una almohada. Nos sacaron de la recámara y luego nos subieron a un vehículo”. Posteriormente, la separaron de sus familiares para llevarla a otro lugar en donde los tuvieron con los ojos cerrados así como vendados de pies y manos. Su hija y su hermano permanecieron privados de su libertad durante día y medio. “Las personas que estaban ahí se sentaron arriba de mis pies y me pusieron bolsas de plástico sobre mi cabeza; ellos mencionaban nombres de personas que decían que trabajan para mí y cada vez que yo lo negaba me volvían a poner la bolsa, intentando asfixiarme. Cuando eso pasaba sentía que me lastimaba la garganta y perdí el conocimiento varias veces”, señaló. Las agresiones no fueron sólo por parte de los ministeriales sino también habría participado directamente el ex procurador, Felipe Muñoz Vázquez. “Me tenían vendada de los ojos, me hicieron que me parara y caminara hacia una persona que había llegado con otros hombres, le dijeron que yo había desconocido a todas las personas que me mencionaban y dijo que ‘iba a conocer a las personas que él quisiera’ y me empezó a golpear en la cabeza, me caí pero pude ver que era el procurador, me levantaban y él me seguía golpeando en la cabeza”, narró con voz entrecortada. Posteriormente, fue amenazada con armas de fuego a cambio de que declarara. “Comenzaron a cortar cartuchos, sentí la pistola en la cabeza y jalaron del gatillo pero no las tenían abastecidas y amenazó con hacerle daño a mi hija y a mi hermano”. De ahí fue llevada a una oficina de la Procuraduría, en la que continuaron las agresiones debido a que Maricela no aceptaba su presunta participación en los delitos que se le imputaban. “Me aventaban la cabeza en contra de unos libros que tenían copias de fotografías y nombres de personas y que si no firmaba esos papeles le harían daño a mi hija. Me hicieron que me pusiera un uniforme, me esposaron los pies y manos. Me dijeron que pensara bien lo que iba a declarar y luego me presentaron ante los medios de comunicación, luego me volvieron a encerrar”. En los documentos la señalaban de estar involucrada en al menos 10 homicidios. Casa de arraigos, una casa del terror Después de reconocer ante los medios de comunicación su presunta culpabilidad, Maricela fue llevada a una vivienda, en la que permaneció siete días en total oscuridad, sin que se le previera de alimentos, además de que las agresiones y la tortura psicológica iban en aumento. “Había como seis planchas de cemento, había un baño que no tenía agua y había mucha sangre por todos lados. Me sacaron de ahí una vez y no sé a dónde me llevaron, sólo sentía que había agua y me dijeron que me iban a electrocutar. Ahí me manosearon, me apagaron un cigarro entre las piernas y luego me regresaron. Esos días no me dieron de comer, sólo me daban una botella de agua dos veces al día”, comentó con lágrimas en los ojos. En la casa de arraigo era esposada a la litera en la que dormía. “Estábamos revueltos hombres y mujeres y algunos me querían dar alguna fruta que les habían dado sus familiares y se los prohibían”. Tras aceptar su culpabilidad a raíz de la tortura recibida, Maricela finalmente fue enviada al Centro de Internamiento para Mujeres de Nayarit acusada por los delitos de Delincuencia Organizada y Portación Ilegal de Armas de Fuego.
En Tepic permaneció durante cuatro años y posteriormente fue cambiada al Centro Federal de Readaptación Social 16 de Coatlán del Río, Morelos, en el que cumplió su sentencia de 5 años y ocho meses, que concluyó en junio de 2017. “En 2014 me sentenciaron a 23 años de prisión, apelé y me dieron la libertad absolutoria por el delito de delincuencia organizada. El delito de armas de fuego no lo apelé y así se quedó pero ya compurgada. También me abrieron uno por homicidio en el 2013 y me dieron la libertad por falta de elementos y en el 2015 me dan la libertad, pero me señalan de delincuencia organizada en el estado de Jalisco, por personas que también habían sido víctimas de tortura, que también les dijeron que se habían llevado a su familia para orillarlos a firmar todo lo que ellos querían”.
Caso de tortura fue llevado ante Amnistía Internacional
En 2016, cuando se encontraba al interior del Centro Federal de Readaptación Social de Morelos, Maricela expuso su testimonio ante la organización civil “Amnistía Internacional” como parte del estudio de la publicación “Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que incluye los testimonios de 100 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de tortura durante sus procesos legales.
“Amnistía Internacional me brindó terapias psicológicas después de todo lo que había pasado, incluso me diagnosticaron principios de esquizofrenia, tras la tortura que había sufrido años antes”. Maricela y familiares de otras personas que han sido víctimas de tortura exigen a las autoridades estatales la conformación de una comisión especial para investigar los actos que se presentaron en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que los hechos no se queden impunes.
Zumpango entre los 21 municipios más peligrosos para las mujeres en el país
Zumpango Estado de México 25 febrero 2019.
Dos mil 417 mujeres han sido asesinadas en el estado de México desde marzo de 2011, cuando se tipificó el feminicidio en el Estado de México, pero sólo una quinta parte de los casos se ha reconocido e investigado con este tipo penal.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Púbica y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) revelan que sólo 468 de los homicidios se tipificaron como feminicidio y apenas en 137 casos los responsables han recibido castigo.
En el estado de México, la entidad más poblada del país, con más de 16 millones de habitantes, el feminicidio creció más de 65 por ciento en 2018 en comparación con 2017. A diario, medios locales y redes sociales dan cuenta de mujeres ultimadas con saña en lugares públicos o en sus hogares. La mayoría son jóvenes de entre 15 y 35 años, y con frecuencia los cadáveres presentan signos de abuso sexual.
En 2019 la tendencia no ha variado: en enero fueron asesinadas 22 mujeres y únicamente seis casos fueron considerados feminicidios.
La estrategia de seguridad estatal no ha disminuido la incidencia de asesinatos. La muestra son Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, las tres demarcaciones donde más mujeres son ultimadas en el estado.
En 2018 se contabilizaron en Ecatepec al menos 14 feminicidios y 40 homicidios dolosos de mujeres; en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl se cometieron en cada uno nueve feminicidios y 19 asesinatos.
Sin embargo, demarcaciones que no fueron incluidas en la alerta ahora son consideradas más peligrosas. Es el caso de Zumpango, que tiene la tasa de feminicidios más alta de la entidad, con 5.9 casos por cada 100 mil habitantes; Tecámac, con una tasa de 2.48, y Huixquilucan, con 2.07
Los datos que difunde cada año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a 11 municipios del estado de México en la lista de los 100 más peligrosos para las mujeres en el país.
Ecatepec encabeza la lista, en la posición cinco a escala nacional; le siguen Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, en octavo y noveno sitios, respectivamente; Tecámac y Zumpango, lugares 20 y 21; Atizapán de Zaragoza, Chalco y Naucalpan, en los lugares 39, 40 y 41, respectivamente, y Huixquilucan, Ixtapaluca y Nicolás Romero, en las posiciones 64 a 66 en el ámbito nacional.
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) denunció actos de intimidación hacia sus integrantes e hizo un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el diálogo para la reconstrucción del tejido comunitario y la paz, que se rompieron ante la llegada de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines.
En un comunicado, la organización dijo que la mesa de diálogo fue instalada el pasado día 4, a convocatoria de la Secretaría General de Gobierno, cuando el presidente municipal, Servando Díaz Vásquez, intentó recuperar el Palacio Municipal, en poder de la Copuvo.
Palacio municipal de San José del Progreso.
Nos preocupa –asentó–, la falta de interés del ayuntamiento para solucionar el conflicto, ya que no se ha presentado a las mesas de diálogo, programadas el viernes y martes pasados.
“La falta de estos espacios de diálogo, no abonan en la construcción de la paz social y el fortalecimiento del tejido comunitario”, señaló.
Intimidaciones con armas de fuego
Y manifestó su preocupación por el reciente incremento de detonaciones de armas de fuego de grueso calibre en el interior de la comunidad y por la presencia de personas armadas cerca del domicilio de algunos de sus integrantes.
Ante esto, la Copuvo reafirmó su disponibilidad política para mantener el diálogo para la reconstrucción del tejido comunitario, como uno de los mejores mecanismos para generar acuerdos que abonen al proceso de paz y la reconciliación.
Además, exigió al ayuntamiento tomar con seriedad las mesas de diálogo y garanticen su presencia, participación y cumplimiento de los acuerdos generados inicialmente.
Pero, también responsabilizó al ayuntamiento y a la minera canadiense Fortuna Silver Mines, por cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de sus integrantes.
Igualmente, solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), una participación más activa en las mesas de diálogo y la ampliación de las medidas cautelares hacia las y los integrantes de la Copuvo.
Pues, los problemas que en ese municipio, entre división comunitaria, detenciones arbitrarias, confrontación, amenazas y asesinatos, tienen su origen en la ilegal instalación de la compañía minera, al violentar sus derechos colectivos como comunidad indígena.
De la misma manera, la Copuvo demandó al gobierno federal garantizar sus derechos como comunidad indígena, respecto a su tierra y territorio, y determinar la responsabilidad social y ambiental de la empresa minera canadiense Fortuna Silver en la comunidad.
Alejandra Saucedo Platas, Integrante de un grupo independiente de monitoreo de aves. Foto de Alina Krauss.
Flor Meza / El dictamen
La construcción ilegal de nuevos fraccionamientos en la zona, representan una amenaza para el reposo y reproducción de aves migratorias que provienen de Canadá
Integrantes de un grupo independiente de monitoreo de aves, demandaron a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la protección de la Laguna de Mandinga, que está siendo amenazada por la construcción ilegal de nuevos fraccionamientos en la zona, que representa un área de reposo y reproducción de aves migratorias que provienen de Canadá.
Alejandra Saucedo Platas, dijo que presentarán una denuncia formal ante las autoridades ambientales, como el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
Explicó que exigirán que tanto la Laguna Larga y la Laguna de Mandinga, sean nombradas como áreas naturales protegidas.
“La Conam ya debe de intervenir en esta situación y dejar a la laguna larga y la laguna mandinga, como un área natural protegida, que no lo están desafortunadamente”, comentó.
Destacó que a diferencia de las autoridades municipales de Alvarado y las estatales, la ciudadanía sí protege la Laguna de Mandinga.
Además se han opuesto a la destrucción de humedales por parte de Punta Tiburón.
Destacó que existe un registro amplio de las aves que emigran a esta laguna, como el chorlo de pico grueso, chorlo semipalmado o chorlito semipalmado y en particular el charrancito americano, también denominado charrán mínimo, que es una especie protegida y el charrán de Sandwich, así como el rayador americano o pico tijera.
Existe especial preocupación porque desde el pasado mes de diciembre, no se ha podido monitorear el halcón peregrino.
Además en el área existen palmeras protegidas y árboles protegidos, así como mamíferos, reptiles y aves.
No sólo la mortandad de manatíes ha reemergido, también infecciones en la población que habita en al menos 60 comunidades que de acuerdo a las autoridades se debió al florecimiento algal en cuerpos de agua, ventiló Yuliana Cambrano Guzmán, representante de las comunidades afectadas.
Apenas el pasado fin de semana se reportó otro manatí muerto en Chilapa segunda sección del municipio de Centla, que serían cuatro tras la emergencia levantada en noviembre de 2018, lo cual también implicó el retiro de las brigadas médicas.
“En total, las comunidades afectadas son 63 comunidades de los tres municipios, si ustedes recuerdan desde mayo del año pasado que iniciaron las muertes de estos manatíes, vino acompañada también de afectaciones a la salud de la población,mientras hubo brigadas de parte de la secretaría de salud se estuvo controlando, todos los casos porque se les estaba brindando el medicamento ahorita no se están realizando brigadas desde antes de noviembre, desde que ellos dijeron que todo se había terminado dejaron de realizar las brigadas médicas”, sostuvo en entrevista.
Por lo anterior, pidió al gobierno que encabeza Adán Augusto López Hernández,atención al caso, pues ya se acerca la temporada de estiaje y la situación podría complicarse.
“Necesitamos información precisa de lo que está sucediendo, de lo que se tiene previsto, y poder implementar alguna estrategia,todavía el 20 de diciembre murió un ejemplar en el ejido Salsipuede, de hecho fueron dos pero uno ya le perteneció a Campeche porque fue encontrado cerca de Sabancuçi, entonces estos ejemplares recorren hasta 40 kilómetros al día, no sabemos si pertenecía a la zona afectada a tal vez es el ejemplar provenía de ahí”, explicó.
El lunes 18 de febrero iniciaron los trabajos para reemplazar 22 kilómetros de la malla secundaria en la frontera entre Tijuana y San Diego. Esta obra contempla 3 kilómetros adicionales de barrera metálica en un área del Nido de las Águilas que no contaba con división. El reemplazo comenzó en la colonia Las Torres, a la altura de los prototipos del muro que el presidente Donald Trump ordenó levantar en 2017.
Mérida, Yucatán; 25 de febrero de 2019 (ACOM).- Unos 100 extrabajadores del gobierno estatal se manifestaron este día a las puertas del Palacio de Gobierno solicitando ser liquidados conforme a la ley, pues afirmaron haber sido despedidos de manera injustificada.
Los quejosos partieron desde el barrio de Santa Lucía hasta Palacio de Gobierno, sitio en el que, con la ayuda de pancartas, se plantaron más de una hora a la espera de ser atendidos por algún funcionario estatal.
Al grito de “¡Justicia, justicia!”, los extrabajadores solicitaron una audiencia, aunque fue hasta después que amagaron con ingresar al sitio que fueron atendidos.
Roger Canul Rubio, exempleado de la Secretaría de Salud, explicó que se trata de miles de personas que perdieron su empleo de manera injustificada al iniciar la nueva administración estatal, tanto sindicales, como de base y de confianza, los cuales no recibieron las indemnizaciones correspondientes.
“Somos gente que existe, hay manera de comprobar que estuvimos trabajando. Estamos aquí personas de 15 dependencias que perdimos nuestro empleo. Es un atropello a nuestros derechos humanos. Aquí no hay colores, por eso queremos ser escuchados”, dijo.
Unos 5 extrabajadores ingresaron a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por Carmen González Martín, subsecretaria general de gobierno y José Puerto Patrón, director jurídico de la Secretaría General de Gobierno.
Al salir de la reunión, los exempleados precisaron que se acordó que sería el 7 de marzo próximo cuando de respuesta a sus peticiones.
Sobre esto, Dulce Peraza Sánchez, extrabajadora del Registro Civil, mencionó que los trabajadores están conscientes de que al haber un cambio de administración puede haber despidos, aunque reiteró que estas personas deben recibir la remuneración correspondiente para no ser afectados.
La ex empleada que laboró 28 años en la administración estatal, dijo que los quejosos no quieren injusticias, por lo que piden al Ejecutivo estatal ser un gobierno humano “que se de cuenta de la situación que tienen las personas que se quedaron sin dar bienestar a sus familias”.
“Estamos buscando la justicia de cada uno de los despedidos, sabemos que no podemos irnos con lo que no nos corresponde. Que nos paguen lo correcto y que no violen nuestros derechos humanos y laborales”, apuntó.
Aseguró que este grupo representa a un total de 3 mil 500 trabajadores despedidos con un representante por dependencia, quienes laboraron para el Ejecutivo estatal entre los 11 y 28 años.
Texto e imágenes: Daliri Oropeza y Al-dabi Olvera / Pie de página
La consulta lanzada por el gobierno federal acerca de la operación de una termoeléctrica en Huexca dejó resultados encontrados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la participación fue de 55 mil 715 personas (más que la consulta sobre el aeropuerto). Dijo que el 59.5% votó por el Sí y el 40.1% eligió el No. Calificó la jornada como “un buen ejercicio democrático”, aunque admitió su desarrollo “en ambiente de mucha polarización”.
La información difundida por el presidente no está desglosada por municipios ni por estados, menos por comunidades afectadas.
“Hubo provocación, se quiso impedir la consulta”, dijo. Y por tercera vez en su conferencia matutina retomó una frase usada por el neozapatismo: “Esto es mandar obedeciendo”. Pero luego agregó: “no tomar casillas y urnas”.
Durante los dos días de consulta hubo diversos tipos de protestas que Pie de Página documentó. Desde la quema de casillas, el voceo, volanteo, hasta el ejercicio de asambleas comunitarias que impidieron la instalación de urnas y levantaron sus propias actas en rechazo, como fue el caso de Hueyapan y del propio Huexca, epicentro del conflicto.
Ante el anuncio presidencial, Teresa Castellanos, habitante de Huexca, insiste en que los afectados directamente ya dijeron que no.
“¿Por qué no dan el conteo real de las comunidades?”, pregunta.
“Para nosotros eso no tiene validez, porque fueron juez y parte. Mientras los pueblos decidan que no, debe respetarnos”, reitera.
Benjamín Zapata, bisnieto del Caudillo del Sur, asegura que con este resultado quedan pisoteados los ideales agrarios del líder revolucionario:
“Vamos a defender la tierra y el agua no se la van a llevar”, afirma. El municipio donde nació el zapatismo, Villa de Ayala, tendría que legar su agua para la termoeléctrica.
“Puro pueblo indígena, que quería a mi bisabuelo, votó por el no”, apunta.
Quema de boletas en Amilcingo, dirante la segunda jornada de la consulta ciudadana.
La noche del domingo, Hugo Éric Flores Cervantes, delegado del gobierno federal en Morelos, y Diana Álvarez Maury, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, resaltaron desde Cuernavaca la limpieza y afluencia de la consulta sobre la termoeléctrica.
Pero en Huexca, y en la región oriente de Morelos, diversas organizaciones, colectivos y asambleas comunitarias se movilizaron para recabar la información del conteo en sus casillas.
Y los resultados con fotografía de actas fueron fluyendo. Primero llegó la información de Tepoztlán, pueblo históricamente combativo y afectado por la ampliación de una autopista que daría conectividad a la termoeléctrica. Por el No: 765; por el Sí: 272.
Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, dio a conocer por redes una cifra rotunda sobre Villa de Ayala. Por el No: 662. Por el Sí: 33. Tres nulos.
En el centro de Cuautla: 3 mil 943 votos en contra y 3 mil 888 a favor.
Una hora antes de la conferencia de Hugo Éric Flores Cervantes, los pobladores de Amilcingo rezaban el Novenario de Samir Flores, cuyo asesinato el miércoles pasado encendió la indignación ante la consulta.
“Esto pasó por lo de Samir”, dice Teresa Castellanos.
Alrededor de quinientas personas rezan: ruega por él.
Atole, pan, olor a flores recorren el nutrido rezo por Samir, que luego se convierte en asamblea.
Hugo Eric Flores se refirió a la protesta de Amilcingo como “vandalizar”. También habló de “hostigamiento”, “presión en algunas mesas”, “acarreo de votantes”. Amilcingo había reiterado en la mañana del domingo que la toma de casillas se hizo sin violencia contra personas, también hablaron del constante acoso de helicópteros de la policía. El delegado del gobierno contabilizó siete casillas no instaladas: Jantetelco, Temoac y Huexca. En todos estos puntos, la población que detuvo la instalación de casillas insistía: “Samir vive, la lucha sigue”.
Casilla instalada en el centro de Cuernavaca, Morelos.
La diferencia del sentir entre los pueblos afectados directamente por el Proyecto Integral Morelos y los municipios alejados comenzó a resaltar. Por ejemplo, Yautepec: mil 82 a favor y 294 en contra. O Jiutepec: 588 por el sí y 249 por el no.
Flores Cervantes habló de la asamblea de la comunidad de Hueyapan y su negativa a la instalación de casilla. No dijo que la asamblea determinó un No colectivo contra la termoeléctrica.
Pero este no fue el ejercicio colectivo más interesante. El primer pueblo que comenzó a realizar una asamblea por usos y costumbres en contra de la termoeléctrica fue el epicentro del conflicto, el lugar donde la termoeléctrica fue impuesta. Por la mañana del domingo, filas de personas, más mujeres que hombres, pasaron a estampar su firma en el acta de asamblea, recargadas en el kiosco del pueblo:
Tres mujeres de Huexca firmaron el acta de asamblea por el No a la termoeléctrica. Explicaron por qué prefieren manifestarse así y no con una urna:
“Nos pueden robar nuestros votos. Y así, hablo por mí. Tengo nietos e hijos y me preocupa su futuro. Al señor presidente le digo, viví en Tabasco y mi voto fue para él, que no me falle”, dice Justina Santibáñez.
“Somos pueblo, él dijo que no nos iba a fallar. Y aquí estamos reunidos”, advierte.
“Lo hacemos por usos y costumbres, como comunidad. Algunos que estaban a favor ya están firmando que no quieren la termoeléctrica”, añade Aurora Valdepeña.
Usos y costumbres en Huexca es tratar los temas en asamblea, explica Aurora: “no que una persona tome la decisión, sino el pueblo. El gobierno debe tomar en cuenta eso, porque el pueblo siempre se ha regido así”.
“Decía que no iba a fallarle al pueblo, aquí está el pueblo, el pueblo de Huexca”.
* * *
Cuernavaca es un imán del turismo.
Raspados y helados, globos flotantes y las casillas de la consulta resguardadas por granaderos, al igual que en el centro de Cuautla. Y en las afueras de Huexca.
Las activistas Luisa Elena, escritora, y Ari, feminista y estudiante, reparten volantes a muchas otras personas alrededor de la casilla. El rostro de Samir Flores se enfrenta a las cartulinas que promueven el voto. Denuncian que la propia boleta traía información a favor de la termoeléctrica: “esto es ilegal, fueron parciales”.
Personas de diversos perfiles explican por qué votan por el sí:
Enrique Teheran, sindicalista electricista de Cuernavaca, votó por el sí: “ya se gastó bastante dinero por esa termoeléctrica. Bastantes especialistas han dado su punto de vista.
“En las conferencias matutinas del presidente dicen que no van a tocar el agua. Hay que apoyar al gobierno”.
“Sí: es necesario tener esa planta, para tener luz eléctrica. Que haya desarrollo y progreso en el estado, está muy rezagado”, asegura un joven de cerca de 20 años, con ropa deportiva.
“Por el sí, que genere nuevos empleos, nueva electricidad”.
¬-“¿Conoces Huexca?”.
-“No”.
-“¿Los daños?”
-“Sí, puede afectar en la naturaleza pero no tanto, por eso tiene permisos”.
Una mujer mayor de Cuernavaca no da nombre pero sí opinión: “al presidente se le han echado encima, no es justo eso, está muy mal. El presidente no tiene la culpa que hayan matado a este señor (Samir), se oponen, hay alguien detrás”.
Una mujer de ojos azules accede a dar su opinión y su nombre, Blanca Estela Castillo: “Por supuesto que sí: este país tiene que crecer, tiene que avanzar. El decir que sí es un proyecto de vida, nos va a abaratar la vida. No daña el ecosistema ni al agua. Es beneficio para todos los morelenses”.
La mayor parte de personas entrevistadas aseguraron votar por el sí. No conocían Huexca o ni sabían dónde está. Repetían mensajes reiterados por el presidente.
“Yo no le veo nada en contra. Todo lo veo a favor, o sea…”
El domingo continuaron las protestas en comunidades como Amayuca.
* * *
El Novenario de Samir se transforma en una asamblea informativa. Hay medio millar de personas.
“No se desanimen si gana el sí”, dice Teresa Castellanos.
Una comisión de Huexca se para enfrente de todos y después de reiterar la consigna por la vida de Samir.
“No importa lo que digan allá afuera, en Huexca ya hicimos un acta de asamblea y ganó el no”, dice, “nosotros ya decidimos que se cancela la termoeléctrica”.
Aquellos que según el gobierno hicieron “vandalización”, mujeres jóvenes, hombres campesinos, escuchan y deliberan frente a las flores y los cirios de su amigo asesinado.
Beatriz Adriana Soto, líder sindical de la Condusef Durango, informó que han tomado las oficinas delegacionales debido a que a 140 trabajadores se les han reducido sus prestaciones por parte de la autoridad.
El argumento es que los afectados son presuntamente personal de confianza, donde les reducen hasta un 65 por ciento en el tema de la prima quincenal y les dejaron solo el 60 por ciento de gratificación anual.
“Desde 1999 están así las cosas y no había tenido el trabajador problemas, porque así estaba diseñado, pero ahora con el cambio afectaron a los trabajadores de manera contundente en relación a los basificados”.
Beatriz Adriana Soto
Los trabajadores exigen a Oscar Rosado, titular nacional de la Conducef, que considere estas medidas que impactan en la economía de la clase trabajadora, por eso aseguraron que no se retirarán hasta que recuperen sus derechos.
Anunciaron que si no hay respuesta pronta, darán inicio a una huelga de hambre con el fin de sensibilizar a la autoridad a que sus trabajadores son su equipo y no el grupo a desplazar.
Aguascalientes, Ags.-Menos del 50 por ciento de las mujeres que trabajan cuentan con seguridad social, por lo que el recorte presupuestal a las estancias infantiles impactará severamente en el núcleo familiar y en la economía, ya que muchas mujeres se verán obligadas a dejar de trabajar para estar al tanto de sus hijos, sostuvo Dafne Viramontes Ornelas, secretaria de estudios de género del Colegio de Economistas, quien mencionó que tanto el Gobierno Municipal como Estatal deberán entrarle al tema y proporcionar un subsidio para que las estancias se puedan seguir manteniendo.
En Aguascalientes hay 205 estancias infantiles de las cuales dependen más de seis mil 300 niños, no obstante, al recortarse el recurso para dichos organismos y otorgarse de forma directa a los beneficiarios, no se sabrá “si los recursos se están ejerciendo de forma correcta. Si el Estado no puede evaluar ni a sus propias instituciones, cómo va a evaluar a esta población que accede a las estancias infantiles”.
Aunado a lo anterior, se vendrá un severo impacto a la tasa de ocupación económica de las mujeres, quienes cada vez tienen menos tiempo para acceder al mercado laboral.
Viramontes Ornelas señaló que únicamente el 42 por ciento de las mujeres forman parte de la tasa de participación económica, a diferencia de los hombres con un 77 por ciento.
Eliminar los subsidios para las estancias infantiles traerá consigo una reducción en la tasa de participación económica de las mujeres, aunado a que los niños no podrán acceder a un desarrollo adecuado, por ello el llamado al Gobierno Federal es a que se evalúe esta decisión, la cual impacta sobre todo a mujeres de escasos recursos y madres solteras.
Resaltó que menos del 50 por ciento de las mujeres tienen acceso a seguridad social, de ahí la importancia de que tanto el Gobierno Municipal como Estatal le entren al tema, “que pudieran proporcionar un subsidio para que se sigan manteniendo estas estancias, porque al final de cuentas es un beneficio para todos, las mujeres aportan mucho a la economía del país”.
MAZAPIL. A poco más de dos meses de que iniciara operaciones la planta de lixiviación (extracción de material sólido) en Peñasquito propiedad de Goldcorp, la Coordinación Municipal de Protección Civil (PC) no tiene acceso para iniciar con la capacitación sobre el manejo de cianuro de sodio, en caso de una situación de peligro al interior de la planta.
Esto a pesar de que se solicitó a la empresa información para conocer los riesgos que puede correr la población en caso de una emergencia por derrame de productos químicos utilizados en los procesos de lixiviación.
Balbino Torres López, responsable de esta coordinación, afirmó que la minera tampoco informó sobre los materiales tóxicos y peligrosos que manejan al interior de la mina, “ya que el personal de la empresa es el que interviene en caso de una situación de riesgo”.
Por lo anterior, agregó que es necesario realizar una capacitación sobre el manejo de los químicos de alto riesgo que utilizan en las plantas, que hasta la fecha desconoce Protección Civil municipal.
Torres López indicó que los trabajadores de Goldcorp están en constantes capacitaciones impartidas por el mismo personal de Peñasquito, “en lo que respecta al traslado del cianuro pero nada más”.
De igual manera, advirtió que “para atender riesgos internos en la mina, no tenemos algo de colaboración, ellos lo manejan directamente”, por lo que se desconoce si los protocolos que tiene la minera ponen en riesgo a la población de comunidades cercanas.
Asimismo, el coordinador recriminó que ya se solicitaron los protocolos de seguridad en caso de una emergencia al interior de la mina, ya que se desconoce cómo deben actuar los habitantes y los elementos de PC en caso de una siniestro.
Necesario, informar a la población
De acuerdo con Manuel de Jesús Macías, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se debe alertar sobre el uso de cianuro de sodio en la planta de lixiviación de pirita, además del manejo del resto de los químicos involucrados en los procesos.
Además, aseguró que se debe establecer un comité social de ayuda mutua que alerte sobre las medidas, ya que en caso de la fuga de este material, podría desencadenarse la muerte masiva de animales y personas que laboran en la mina, así como de los pobladores.
Esto porque “si se tiene una lixiviación por montones, ¿cuál es el riesgo de que se derrame?, todo eso hay que comunicárselo a la gente, estamos en el justo momento para saber qué es lo que debemos hacer, preparar a la gente para una respuesta de emergencia”, comentó Macías Patiño.
Acapulco Gro; a 25 de febrero del 2019.- Alrededor de 400 presuntos familiares y amigos de reos que se encuentran en el Centro de Readaptación Social Foto por: Cereso
Los hechos se registraron poco después del mediodía de este lunes, a pesar de que los inconformes arribaron tres horas antes para protestar contra los malos tratos que reciben sus familiares que están internos en ese penal, así como también para exigir el traslado de un reo identificado como “Irving” porque se dedica a extorsionarlos de manera impune o bajo la complacencia de las autoridades penitenciarias.
Cansados de no recibir respuesta alguna a su protesta, las cerca de 400 personas comenzaron a quemar llantas y cartones, además de gritar insultos contra el gobernador y el director del penal, para posteriormente arrojar piedras y palos hacia el acceso principal del reclusorio.
Un grupo de policías antimotines fue desplegado en la zona para controlar la protesta, lo que provocó que los manifestantes los enfrentaran lanzándoles piedras, palos y algunas bombas molotov, aunque posteriormente fueron obligados a replegarse y huir de ese lugar.
Durante los hechos no se reportaron personas lesionadas ni detenidas, aunque si daños materiales a dos de los camiones urbanos de la ruta Base-Centro que fueron utilizados por los manifestantes para llegar hasta el reclusorio, además de una patrulla de la Policía Ministerial que resulto con el parabrisas roto.
En un comunicado, el vocero de seguridad en el estado, Roberto Álvarez Heredia, aseguró que los presuntos familiares y amigos de personas que se encuentran recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) en Acapulco, y que este lunes realizaron una protesta, se negaron en todo momento a dialogar con oficiales de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), los cuales incluso fueron agredidos física y verbalmente por los inconformes.
Destacó que la presencia de efectivos con equipo antimotin solo fue para reestablecer el orden público en ese lugar, donde incluso hubo presencia física de personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y de la Fiscalía General del Estado, para garantizar que no se violentara ningún derecho.
Puntualizó que posteriormente a repliegue de los manifestantes, las actividades tanto en el exterior como en el interior del penal se desarrollan de manera normal, respetándose en todo momento los derechos humanos de las internas y de los internos, destacando que, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado es respetuosa de la pacífica y libre manifestación de las personas, pero también es garante de la seguridad de las instituciones y de quienes se encuentran en el penal.
Ciudadanía ignora convocatoria. Habitantes de los municipios por donde pasará el gasoducto Morelos ignoraban los alcances y características del proyecto, por lo que la participación en este ejercicio promocionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue insignificante.
Fracasa la consulta pública del Proyecto Integral Morelos ‘Termoeléctrica Huexca’ en los municipios de la zona del Valle de Atlixco, San Pedro Cholula y Huejotzingo; algunos de los representantes de casilla aseguran que fue una consulta ‘desnutrida’ y no esperaban tan escasa participación.
Valle de Atlixco
En entrevista, Delia Campohermoso López, miembro de la instalación de casillas y del proceso de voluntarios para la consulta, mencionó que no tuvieron la respuesta esperada, ya que de las 600 boletas disponibles sólo utilizaron 100, pues la participación fue escasa.
“Es una pena lo que está sucediendo, porque ahora que se nos da la oportunidad de participar y de elegir el destino de México no la aceptamos, no participamos y no lo valoramos, sobre todo por la falta de información que tiene la gente en torno al tema”, dijo doña Delia.
Del mismo modo, este problema se replicó en otros municipios como en Tochimilco, Huaquechula y Atzitzihuacán, la gente no salió a votar porque asegura que de por sí “el gobierno hace lo que quiere”.
Los pueblos más afectados ni siquiera pudieron votar porque las casillas se instalaron muy lejos de sus comunidades de origen.
Cholultecas desairan consulta
Durante la realización de la consulta pública sobre el gasoducto que atravesará 15 municipios poblanos, principalmente los de la zona del volcán, los cholultecas desairaron la votación y algunos desconocían de qué se trataba.
La casilla colocada en el Zócalo de San Pedro Cholula lució desértica y eran más las personas que se acercaban al stand de una cervecería que se encontraba al lado.
Algunos entrevistados comentaron que desconocían las particularidades del proyecto y otros mostraron total desinterés en el mismo.
Baja participación en Huejotzingo
La participación ciudadana sobre la consulta del gasoducto que pasaría por diferentes municipios de la región fue mínima en Huejotzingo, ya que no rebasaron 20 votos por urna.
Mediante un recorrido realizado por Diario CAMBIO por las tres casillas ubicadas en el municipio de Huejotzingo se logró observar una escasa participación de la ciudadanía; en la urna ubicada en las canchas de basquetbol de la colonia El Carmen se observó un aproximado de 15 votos, cantidad similar a la casilla de la presidencia municipal, mientras que la casilla ubicada en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco contaba con un aproximado de ocho votos.
Impiden votación en Juan C. Bonilla
Pobladores de las comunidades de Juan C. Bonilla, donde se colocarían casillas para la consulta ciudadana por la construcción de la termoeléctrica, impidieron la instalación de las mismas.
Los pobladores señalaron que la consulta ya está amañada; “no al gasoducto”, “no a la termoeléctrica” estas fueron las pintas que realizaron en las urnas.
Asimismo, reprocharon al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no cumplir las promesas de campaña.
Solo 7 mil poblanos participaron en la consulta de AMLO sobre el gasoducto Morelos
El Gobierno federal informó la noche de este domingo la participación de más de 53 mil personas en la consulta sobre la termoeléctrica La Huexca, aunque aplazó dar los resultados de la misma.
En conferencia de prensa en Cuernavaca, se anunció que los resultados serán dados a conocer mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Diana Álvarez Maury, subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, informó que durante el sábado votaron 19 mil 958 y el domingo fueron 33 mil 573.
Detalló que Morelos registró la participación de 41 mil 194 personas en ambos días, Puebla de 7 mil 487, y Tlaxcala de 4 mil 851.
El proyecto
Cabe mencionar que el proyecto de la termoeléctrica no es nuevo, lleva nueve años y ha tenido varios intentos por instalarse, como cuando se llamó ‘proyecto del gasoducto TGZ’, cuando compraron tierras de decenas de campesinos a precios bajos.
En el caso de la apertura para la elaboración del proyecto se creó un frente de defensa de los pueblos, mismo que se ha visto afectado tras las detenciones y homicidios de algunos de sus líderes, incluso en la zona de Atlixco, donde la entonces comisaría ejidal de Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez y otros líderes fueron encarcelados y posteriormente dejados en libertad.
