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Congreso Nacional Indígena va contra consulta por termoeléctrica con ola de amparos

José Raúl Linares / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras difundirse los resultados de la consulta sobre el Proyecto Integral Morelos (PMI), el Congreso Nacional Indígena (CNI) buscará revertir la decisión del “sí” mediante una nueva ola de amparos en Puebla, Morelos y Tlaxcala.

El frente de guerra contra los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, surge a tres meses después del posicionamiento emitido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en contra del Tren Maya.
A este también se suman las recientes declaraciones del CNI contra el Corredor Transístmico, cuyo posicionamiento ha respaldado el CNI y el EZLN desde el pasado primero de enero, en voz del propio Subcomandante Insurgente Moisés.

Fuentes consultadas por Apro, señalaron que los amparos contra el PMI se basarán en el derecho a ejidatarios afectados por el PMI, derecho a la salud de decenas de pueblos afectados y afectaciones por el acceso al agua de campesinos colindantes al Río Cuautla.
Mismos que ya no sólo serán tramitados ante juzgados civiles, sino también ante tribunales agrarios.

En otro frente, el CNI también buscará promover que se respeten las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convenios suscritos por México ante la Organización Internacional del Trabajo que reglamentan las consultas a pueblos indígenas.

El 23 y 24 de febrero, el gobierno federal llevó a cabo un proceso de consulta en 60 municipios de los tres estados afectados donde el 59.5 por ciento de las respuestas fueron favorables a Huexca y el PMI.

Las organizaciones indígenas sostienen que el frente de guerra se hará desde los tribunales.

Amparos desechados

Tres jueces con sede en Puebla desecharon los juicios de amparo que promovieron seis pueblos indígenas de Morelos, Puebla y Tlaxcala para frenar la consulta pública que pretendía reactivar la construcción de la termoeléctrica Huexca y PMI.

El 19 de febrero, asambleas vecinales y autoridades ejidales de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla Puebla; Jantetelco, en Jantetelco Morelos; Amílcingo, en Temoac Morelos, Huexca, en Yecapixtla Morelos; San Damián Texoloc, en San Damián Texoloc Tlaxcala y San Vicente Xiloxochitla, Nativitas Tlaxcala, presentaron tres amparos contra de la realización de la consulta.

A través los expedientes foliados con 195/2019, 209/2019 y 199/2019, y presentados en juzgados de San Andrés Cholula, el Juzgado Primero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo con sede en Puebla, determinaron impugnar la consulta pública que se llevó a cabo el 23 y 24 de febrero pasados.
Pero los tres juzgadores consideraron que no “se puede pronosticar qué acciones tomará el presidente de la República” y en tanto no los consideraron como “actos de autoridad”, según copias de las resoluciones obtenidas por Apro.

“Nosotros argumentamos que la consulta pretende reactivar el Proyecto Integral Morelos, pero los jueces determinaron que no se puede argumentar el ‘acto de autoridad’ pues la consulta no es vinculante”, lamentó Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire (FPDTAA).

“Es una mentira”, atajó.

El pasado 8 de febrero, cuando el presidente López Obrador anunció la consulta, señaló que ésta sería encargada a la Secretaria de Gobernación pues “tiene la facultad legal para hacerlo”, dijo en su conferencia matutina.

Dos días después, al visitar el municipio de Yecapixtla, cuando llamó “radicales de izquierda” y “conservadores”, el presidente López Obrador alertó que de no aprobarse se estaría desechando millones de pesos en recursos del pueblo.

“Si no se utiliza la termoeléctrica de la CFE, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen en eso”, amagó el presidente.

Al respecto, Flores Solís sostiene que la consulta sí es “acto de autoridad” ordenado por “vía verbal”, y que, si bien no existe un orden por escrito que fundamente legalmente el procese las consultas públicas como la del pasado fin de semana, fue la Secretaria de Gobernación la encargada de hacerla.

“Lo que sí existen son las declaraciones públicas”, señala.

Además, recordó que, en mayo del 2017, el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla otorgó el amparo 402/2015 a cuatro pueblos de origen nahua del municipio de Atlixco en el que ordenó a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada.

Por lo que existe un antecedente legal que estaría violando con la consulta efectuada el pasado fin de semana. Pese al antecedente, los jueces determinaron dar un revés a esta consulta pues no existen elementos para presuponer el daño.

“Ello no quiere decir que la organización y realización de tal consulta, afecte de manera real y actual su esfera jurídica, ya que hasta ahora no se advierte que los derechos que dicen violados —entre ellos los de autodeterminación, libre consentimiento sobre su territorio y derecho a decidir en una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, el destino de tal proyecto en su territorio— hayan resentido un impacto negativo con la simple convocatoria a realizar el mencionado ejercicio participativo”, se lee en la última resolución del juicio 195/2019.

“Una chicanada”

Flores Solís, abogado del FPDTAA, consideró la medida como una “chicanada” con el fin de retrasar el proceso de consulta indígena que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hay un proceso de revictimización de los pueblos, ya que existe una recomendación de la CNDH que exige la reparación por no haber hecho una consulta con los lineamientos de la Suprema Corte y la Organización Internacional del Trabajo”, dijo.

Según los resultados de la encuesta organizada por Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, originalmente se proyectó la instalación de 294 mesas para sondear la opinión ciudadana, de las cuales 17 no pudieron instalarse por la oposición de las comunidades y el asesinato del activista Samir Flores.

“El ejercicio participativo sobre el inicio de la operación de la termoeléctrica en Huexca ha sido un éxito”, escribió Álvarez Maury, tras concluir el proceso.

La resolución 3/2018 de la CNDH, señaló a 13 comunidades con población indígena prioritarias en un proceso de consulta; especialmente por su cercanía con la red de acueductos y gasoductos del PMI y poseer consideradas indígenas.

Sin embargo, sólo siete de las 294 mesas que se instalaron en la consulta, corresponden a las comunidades consideradas prioritarias por la recomendación 3/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tener más del 40% o más de 150 habitantes de pobladores de lengua indígena.

Pero se la lista fue excluida el Rancho Santana 1, municipio de Ayala, Morelos; San Hipólito Achiapa, municipio de Ocoyucan, Puebla; Topoyantla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla; Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla; y Santa Ana Nopalucan, municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala.

El FPDTAA insiste en que son decenas los municipios y comunidades afectados por los riesgos geológicos, ambientales y de escases de agua, por lo que emprenderán una nueva oleada de amparos contra el proyecto.

“A todas luces fue ilegal”, advirtió otro de los abogados del CNI.

Este fin representaciones del EZLN y el FPDTAA, mantienen reuniones con el fin de analizar la estrategia legal que seguirán en los tribunales contra lo que consideran “proyectos de muerte”.

https://www.proceso.com.mx/573792/congreso-nacional-indigena-va-contra-consulta-por-termoelectrica-con-ola-de-amparos