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“Despojos a pueblo maya” (Yucatán)


Integrantes de “Múuch’ XÍinbal” y la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ acompañan a ejidatarios de San José Tipceh que demandan a Vega Solar

Diario de Yucatán
Piden traductor y juez exige prueba de ser indígenas

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Mu?uch’ Xi?inbal” denuncia que la multinacional extranjera SunPower, a través de la empresa Vega Solar, busca desconocer los derechos indígenas del pueblo maya de San José Tipceh, Muna, y que un magistrado agrario dio a los habitantes de esa comunidad un plazo de tres días para demostrar que son mayas.

Indica que eso ocurre en pleno proceso de despojo de tierras ejidales, para la construcción de megaproyectos fotovoltaicos que implicarían el desmonte de más de 500 hectáreas de selva y la instalación de más de un millón de paneles solares a solo 200 metros de la comunidad, siendo este uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes del país.

Relata que el lunes 25 de febrero se hizo una audiencia de ley en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en Mérida, para tratar temas relacionados con el despojo de tierras ejidales al pueblo maya de San José Tipceh para la construcción de los megaproyectos solares Vega Solar 1 y Vega Solar 2, de la empresa Vega Solar, con relación a actas de asambleas y contratos con irregularidades.

Al empezar la audiencia, el representante legal de los demandantes opositores al megaproyecto pidió la participación de un traductor certificado, derecho constitucional que debe ser garantizado y al cual buscaban acceder los ejidatarios quienes requieren un traductor de español a lengua maya.

“Mu?uch’ Xi?inbal” señala que en respuesta a la solicitud, y en un acto de clara discriminación, la empresa puso en duda la identidad de los demandantes y pidió al juez cuestionarlos sobre su nivel de entendimiento del español, alegando que “no basta autoadscribirse como indígena, pues esa conciencia de identidad debe estar ligada a la comprobación de la existencia de la comunidad a la que pertenece”.

Añade que la misma empresa apunta, en su Evaluación de Impacto Social, la existencia de la comunidad maya de San José Tipceh en Muna, y que, según la Encuesta Intercensal de 2015, el 80.54% de la población se autoadscribe como maya y siendo suficiente la autoadscripción para ser reconocido como tal, estando claramente señalado en el artículo 2 constitucional: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas’.

Abunda que la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado De Yucatán (Decreto Número 407) en el artículo 2, fracción 3, cuando señala que indígena maya es “la persona que habita en poblaciones del Estado de Yucatá?n o descienda del pueblo maya, y conserva en todo o en parte rasgos étnicos, culturales, lingüísticos y sociales de la cultura maya”.

Además, subraya, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Capítulo II, arti?culo10, se señala que “el Estado garantizara? el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Pese a todos los antecedentes jurídicos mencionados, el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, quien presidió la audiencia, en un acto de claro beneficio a la empresa Vega Solar, cuestionó como fue solicitado a los demandantes mayas, quienes respondieron que, aunque entienden español, su lengua original es la maya y quieren entender bien todo lo que ocurra en el juicio, así que solicitan un intérprete.

Pero el magistrado determinó dar a los demandantes tres días hábiles para exhibir constancia de pertenecer a una comunidad indígena maya para reconocerles el derecho a un traductor, acto que claramente viola la Constitución del país.

Advirtió que en el caso de no poder otorgar la evidencia en ese plazo, no podría hacerse en un futuro, así que quedaría fuera la posibilidad de tener un intérprete en su lengua materna el resto del juicio. En esta forma arbitraria fue reprogramada la sesión para el 15 de abril de 2019 a las 13 horas.

Por ello, con gran indignación denunciamos estos actos ante la comunidad internacional por ser un atentado contra los derechos indígenas y representar un insulto al pueblo maya, siendo un intento más por beneficiar a las grandes empresas multinacionales a costa de la violación a los derechos de las comunidades indígenas de este país.

Denunciamos de igual manera las amenazas efectuadas directamente contra los demandantes, antes y después de la mencionada audiencia, por Adrien Pierre Mallet, identificado con pasaporte extendido por el gobierno de Francia y apoderado legal de la citada multinacional, la cual ha mantenido un doble discurso con sus inversionistas y la comunidad internacional ante los cuales se dice suscriptora de los derechos indígenas mientras que en los hechos niega el derecho más básico a las comunidades.

La agrupación dice que en su página web la propia empresa manifiesta: “SunPower es consciente de la necesidad específica de proteger los derechos de las personas indígenas y de las minorías en los países donde operamos; como tal, SunPower respeta los derechos de las comunidades y culturas locales e intenta reducir los impactos en sus formas de vida”.

Sin embargo, las repetidas y graves violaciones a los derechos de la comunidad indígena de San José Tipceh ya han llegado a los oídos del mundo causando alarma en la comunidad internacional, como consta en el informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en su reciente Informe de la Visita al país sobre “Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México” donde manifiesta que “en el municipio de Muna, Yucatán, las autoridades ejidales y ambientales autorizaron un parque solar que implicaría la construcción de más de un millón de paneles solares en territorios indígenas, sin consultar previamente a las comunidades mayas afectadas. Se alega que los contratos previos firmados entre el ejido y la empresa han afectado el carácter libre de la consulta y causado divisiones y conflictividad en la comunidad. Comuneros indígenas que han cuestionado irregularidades en el proceso han sufrido amenazas, difamaciones y agresiones.”

De esta form, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Mu?uch’ Xi?inbal” exigimos el respeto a las leyes fundamentales que defienden nuestros derechos como comunidades indígenas mayas vivas y el alto inmediato a las amenazas ejercidas a los compañeros opositores a los megaproyectos solares Vega Solar 1 y Vega Solar 2.

Invitamos también a la sociedad a acompañar a los ejidatarios defensores del territorio en este proceso de defensa de la tierra y cultura, principalmente el judicial que se llevará a cabo el 15 de abril de 2019 a las 13 horas.

Ofensa

“Múuch’ Xíinbal” dice que con gran indignación denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra los derechos indígenas e insulto al pueblo maya, en un intento más por beneficiar a empresas multinacionales a costa de la violación a los derechos de las comunidades indígenas del país.

“Doble discurso”

Igual denuncia las amenazas hechas a los demandantes, antes y después de la audiencia, por Adrien Pierre Mallet, identificado con pasaporte de Francia y apoderado legal de la multinacional SunPower, que tiene un doble discurso con sus inversionistas y la comunidad mundial ante los cuales se dice suscriptora de los derechos indígenas mientras que en los hechos niega el derecho más básico a las comunidades.

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/despojos-a-pueblo-maya