Aguascalientes, Ags.- Mientras en la República Mexicana el 43.6% de los habitantes viven en situación de pobreza, en el estado de Aguascalientes se encuentran en la misma situación el 28.2%, por lo tanto, 399 mil 149 personas. Esto, según el Informe anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 dado a conocer por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.
De acuerdo a ese mismo Informe, el 25.9% de la población vive en pobreza moderada, es decir, 366 mil 594. Y 2.3% de los habitantes del estado de Aguascalientes, 32 mil 555 personas, están en pobreza extrema.
Respecto al año 2015, ha disminuido la tasa de personas en situación de pobreza en Aguascalientes. En el Indicador del año 2015, se observa que estuvieron en esa condición el 37.8% de los habitantes del estado, y por lo tanto, 448 mil personas. El 3.4% de los habitantes, se encontró en pobreza extrema, es decir, 40 mil 290 personas.
6 municipios, con más de la mitad de su población en pobreza
Cuando el indicador del 2019 se analiza por cada uno de los municipios del estado de Aguascalientes, se observa lo siguiente: de los 11 municipios que integran el estado de Aguascalientes, son seis en los que más de la mitad de la población vive en situación de pobreza.
El casos más drásticos son San José de Gracia, Calvillo y El Llano, con tasas del 59.6%, 56.7% y 55%, respectivamente.
También registran tasas por arriba del 50% Asientos, Tepezalá y Rincón de Romos.
De los municipios en el estado de Aguascalientes, con el porcentaje más bajo de habitantes en situación de pobreza está Jesús María (25.1%), seguido muy de cerca por el de Aguascalientes (26.1%).
Al igual que en los dos municipios anteriores, los otros tres donde menos de la mitad de los habitantes viven en pobreza son: San Francisco de los Romo, Pabellón y Cosío.
Estudiantes, integrantes de la sociedad civil y del colectivo FUNDEJ, se manifestaron para recordar a los tres estudiantes de cine desaparecidos hace un año
Rubí Bobadilla / El Informador
Alrededor de mil 200 personas, según autoridades municipales, marcharon este martes para recordar a los tres jóvenes estudiantes de cine vistos por última vez el 19 de marzo de 2018 cuando regresaban de realizar una tarea escolar.
A la concentración, titulada “Marcha para no olvidar” acudieron estudiantes de distintas universidades, integrantes de la sociedad civil y del colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ).
Partieron de la Plaza de la República en punto de las 18:30 horas y caminaron por la avenida Chapultepec hasta llegar a la Glorieta de las y los desaparecidos, donde los asistentes colocaron veladoras blancas sobre la explanada, alumbrado los rostros plasmados en los carteles que llevaban consigo familiares con algún ser querido desaparecido.
“Cada una de estas veladoras significa la esperanza que tenemos de encontrar a cada uno de los nuestros. Gracias por solidarizarse” dijo Guadalupe Aguilar, integrante de FUNDEJ, a los presentes.
Para Aguilar, esta protesta, significó recordar no solamente a Marco, Daniel y Salomón, los tres jóvenes estudiantes de cine, quien consideró, tenían un gran futuro, sino a las más de cinco mil personas aún sin localizar en la Entidad, a quienes le dieron rostro gracias a la relevancia que se le dio a su caso.
Además, motivó a todo aquel con algún familiar desaparecido a continuar manifestándose hasta encontrar a sus seres queridos pues “no porque la vida sea absurda deben de permanecer en una apatía profunda”.
“A un año el balance de este caso que es de resonancia mundial, hasta el momento hay impunidad, y es terrible escuchar por parte de la autoridad ayer, que las personas que fueron detenidas por presuntamente haber disuelto a los estudiantes, se pueda caer por inconsistencias en la carpeta de investigación”, expresó por su parte, Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
Por la mañana, otra marcha fue llevada a cabo por los compañeros de los tres jóvenes estudiantes de cine, desde la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV hacia la Glorieta de las y los desaparecidos, donde colocaron tres macetas que conformaron un jardín, en el que sembraron tres árboles y varias plantas para “celebrar la vida”.
Xalapa, Ver.- Alejandro Gallardo, del Colectivo pueblos unidos de la cuenca antigua los ríos libres, acusó que, más de 100 proyectos hidroeléctricos siguen vigentes en el estado.
Refirió que, aunque algunos de estos se han logrado detener por la organización de los pueblos, todos están vigentes con los decretos del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por ello, ambientalistas advirtieron que el proyecto hidroeléctrico en el río los Pescados no está muerto y los decretos del expresidente Enrique Peña Nieto de levantar la veda, hacen pensar que el embate de los megaproyectos y grandes empresas continúa.
Ante ese panorama, invitaron a la población el próximo 22 de marzo a una celebración en Plaza Lerdo a las 11 horas, a favor del agua, para evidenciar que siguen trabajando para defender la tierra de los proyectos de muerte que son un atentado constante de las empresas y los malos gobiernos donde habrá música, baile y arte.
“Invitamos a artistas, músicos, bailarines, versadores, artistas callejeros, malabaristas, teatreros, y todas aquellas personas que quieran sumarse para hacer sonar nuestras voces y juntos decir ríos libres”, añadió.
La Alerta de de Género Contra Las Mujeres en San Luis Potosí ha sido un fracaso, señaló en rueda de prensa el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jorge Andrés López Espinoza.
El Ombudsman informó que en el 2017 hubo 34 muertes violentas en el 2018 aumento a 50, en este año van seis, anunció solicitaran a la Secretaria de Gobernación la ampliación para otros tres municipios que serían Ciudad Fernández San Ciro de Acosta, y Ríoverde.
Dio a conocer los municipios con mayor número de muertes violentas de mujeres, y son la capital del Estado, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Ríoverde, Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza, Ébano, Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández Villa de Reyes y Tamuín.
Se dio a conocer que el mayor número de muertes violentas han sido por disparo de arma de fuego con 16 casos, 10 con cuchillo, 7 utilizando la fuerza, 4 casos por ahorcamiento y en tres casos aparecieron desmembradas.
Zacatecas, Zac., Más de 2 mil comunidades rurales de cerca de 50 municipios de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Chihuahua y San Luis Potosí se han declarado libres de minería con acciones legales, no políticas, informó Miguel Mijangos Martínez, vocero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Esta reacción de las comunidades, dijo, se debe a la violencia y el despojo que han padecido en las dos décadas recientes. Cada vez más gente se enfrenta a empresas y gobiernos de corte neoliberal.
Una de las entidades que más han padecido la violencia del extractivismo es Guerrero. Hay alrededor de 180 comunidades donde han ocurrido desplazamientos forzados, todos vinculados a la minería, explicó.
Además, en Guerrero hay “una fuerte presencia del crimen organizado, que ya se incorporó a las estructuras de gobierno, y existe una disputa por el agua, por su agotamiento y contaminación.
Lo peor, advirtió el vocero de la Rema, es que los pueblos y comunidades están por enfrentar una nueva oleada de despojo ante la fusión de trasnacionales mineras y petroleras.
En Zacatecas, Grupo Frisco, de Carlos Slim, se unió a la canadiense Goldcorp (la estadunidense Newmont compró Goldcorp a mediados de 2018). El territorio y los bienes naturales quedan bajo control corporativo, advirtió.
Sobre las expectativas que generó la nueva administración federal en pueblos y comunidades que enfrentan a las trasnacionales (en el país hay más de 600 municipios con actividad minera), Mijangos Martínez expuso: “La política del gobierno federal tiene matices muy suaves. Si vemos el problema del modelo extractivo en su conjunto, la minería, el agua, la biodiversidad, el fracking (fractura hidráulica), el gas… no hay cambios significativos. En la Rema pensamos que se reforzaron las posiciones de poder, porque ahora hay ex empresarios en cargos públicos, (y eso es) una posición de ventaja” en contra de las comunidades.
Mencionó los casos de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, y del subdirector de minas, Francisco Quiroga Fernández, ex funcionario de una acerera.
Alianza de trasnacionales
Destacó que existe una alianza de facto entre trasnacionales mexicanas y canadienses y vemos un proceso inédito de fusión. Si bien la globalización apostaba a la diversificación de mercados, a partir de las fusiones corporativas empezamos a ver poderes diferentes.
Las mineras, añadió Mijangos Martínez, diversificaron sus actividades desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, como fue el caso de Goldcorp, que ya se había desincorporado parcialmente y ganó algunas concesiones en la ronda uno en Chiapas para extraer petróleo.
Si encuentro carbón, por ejemplo, ahora también puedo extraer el gas de esquisto asociado prácticamente con la misma concesión, sólo dando un aviso.
Sin embargo, hay muchos pueblos en luchas emblemáticas en contra de varias corporaciones, por ejemplo, el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, donde 27 núcleos agrarios se declararon territorio libre de minería.
Durante la manifestación recordaron los casos sin resolver de Javier Valdez Cárdenas, Humberto Millán Salazar, Rafael Murúa Manriquez y Jesús Ramos Rodríguez
Javier Cabrera Martínez/EL UNIVERSAL
Culiacán.- Comunicadores de medios impresos, televisivos y electrónicos protestaron en el exterior del atrio de catedral para que se esclarezca el reciente asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro de 47 años, quien fue atacado afuera de su hogar en San Luis Río Colorado, Sonora.
Los trabajadores de los medios de comunicación hicieron un recuento de los periodistas que han sido privados de la vida en forma violenta en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con pancartas donde escribieron: “No al silencio”, “Justicia”, “Alto a la Impunidad” los comunicadores de Sinaloa evocaron el caso de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Río Doce y quien fue asesinado en mayo del 2017, cuyo caso aún no se esclarece.
También recordaron el asesinato del director del semanario A Discusión, Humberto Millán Salazar, registrado en 2011, entre otra larga lista de comunicadores que han sido silenciado por las balas, sin que sus casos hayan sido resueltos.
El caso más reciente es el de Santiago Barroso Alfaro, quien era conductor del programa de radio “San Luis Hoy” y con quien ya suman tres casos que se han presentado en distintos puntos del país.
Durante la manifestación se recordó que el primer periodista asesinado este año fue Rafael Murúa Manriquez, de 34 años de edad, en el estado de Baja California Sur. Al igual que la de Jesús Ramos Rodríguez, de 55 años de edad, periodista y locutor del programa de radio “Nuestra Región Hoy”.
Hermosillo.- Colectivos de periodistas se manifestaron este lunes por fuera de Palacio de Gobierno y de las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por el asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro.
El homicidio de Barroso se convirtió en el segundo que ocurre este año en Sonora contra un periodista o comunicador y en el cuarto a nivel nacional, por lo que los manifestantes exigieron garantías a las autoridades para el ejercicio de la libertad de expresión.
“¡No al silencio”, exclamaron al unísono los periodistas luego de leer un posicionamiento para exigir acciones de los tres niveles de gobierno y que se detengan los ataques a la prensa.
La periodista independiente Reyna Haydée Ramírez leyó el posicionamiento frente a Palacio de Gobierno:
“Solicitamos a las autoridades estatales y federales una investigación exhaustiva del asesinato del periodista Santiago Barroso, atacado en su domicilio ubicado en San Luis Río Colorado, que incluya su trabajo periodístico como una de sus indagatorias que lleve a la captura de quienes lo mataron”, expresó.
Los periodistas se presentaron también frente a las instalaciones de la FGR donde Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores expresó que en Sonora los periodistas representan el eslabón más débil al ser blanco de violencia e inseguridad.
“Es momento de decirle al Estado en todos sus niveles que ya basta, estamos cansados de aportar una cuantiosa cuota de sangre, estamos indignados ante la indolencia para actuar con firmeza y toda la fuerza para que nos den las medidas de seguridad para hacer nuestro trabajo sin miedo”, recalcó.
La titular de la Prodennao hace un llamado a la sociedad; recuerda que los niños son sujetos de derechos y hay que velar por su protección: “Rompe el silencio, no su infancia” es el lema de la campaña contra el maltrato infantil.
María Cristina Susana Pérez Guerrero Zamora, procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) sabe que la prevención del abuso sexual a menores no se detiene de un día para otro, la visibilización de este problema debe ser permanente para poder prevenirlo y concientizar a la sociedad de los estragos que provocan en la vida de los infantes.
Tras lanzar la convocatoria Te creo en corto, la titular de la Prodennao hizo un llamado a la sociedad: “Es importante visibilizar lo que ha estado sucediendo y sigue sucediendo a muchos niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual es quitarles la vida en vida a los menores, porque los marca para siempre, sobre todo cuando el abuso es cometido por los seres en quienes los niños y niñas tienen más confianza, que es el ámbito del hogar”.
La experiencia en la atención de estos casos le ha confirmado a la procuradora que la mayoría de las veces es el padre biológico, el padrastro, el abuelo o algún hermano mayor quien abusa sexualmente de los niños. En la mayoría de los casos que ha atendido en los últimos años, el abusador resulta ser el padre biológico o padrastro.
“Esto no solo lo digo yo, porque me toca ver estos casos todos los días, sino investigadores que están estudiándolo. En las familias normalmente no se habla de estos temas, resulta quizá incómodo o hay temor. El abuso sexual le resulta a muchas personas algo duro, de lo que no quieren saber; pero no solo se debe saber y decir, ¡se debe gritar!”
María Cristina Susana Pérez Guerrero Zamora refiere una fecha cercana, la del Día del Niño y reflexiona que antes de esa fecha, todo mundo piensa en qué regalarles: si un juguete o hacerles un festival, pero refresca el tema: “El mejor regalo que se puede hacer a un niño es su seguridad y respeto a su persona, porque ellos son sujetos de derechos y eso se tiene que remarcar. Todos tenemos derecho a no recibir violencia”, recuerda.
Alerta:
Cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, país que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene el primer lugar mundial en estos delitos.
Dónde me informo:
http://difoaxaca.gob.mx/prodennao/
La Prodennao se localiza en la calle 14 y 22 Oriente s/n, en la Colonia Paraje las Salinas, en San Raymundo Jalpan, a un costado de la Cámara de Diputados. El teléfono es: (951) 133 9001.
“A los menores se les está rompiendo su infancia”
Y abunda en que cuando las niñas y niños dicen lo que les está sucediendo -respecto a si están siendo víctimas de abuso sexual o maltrato-, a veces las madres los escuchan, a veces les creen, pero se callan. Este tipo de casos se homologan a los de una mujer que sufre maltrato, que cuando es víctima de ello también se calla y estos silencios las terminan matando.
“Por eso, no solo se tiene que hablar de esto, se tiene que gritar que este problema es muy grave porque estamos teniendo a una población infantil a la que se le está rompiendo su infancia y hay que recordar que cuando se rompe algo no vuelve a ser igual, siempre se queda la herida ahí. El abuso sexual les rompe la vida a los niños y en este caso lo que sigue es arroparlos, darles afecto y terapia para tratar de restituirles en algo lo que les rompieron. Nadie tiene derecho a romper la vida a los niños de esta manera”.
Compartió en que actualmente son más los niños y niñas que se atreven a hablar de eso y luego de denunciar porque miran que hay instituciones que pueden apoyarlos. En este caso, les recuerda que la Prodennao es una de ellas y que recibe denuncias anónimas y luego les da acompañamiento a cada una de las personas que se acercan.
“Cuando son niños y niñas, generalmente no se atreven a decirlo porque siempre hay una amenaza del abusador contra ellos. Lo que uno como adulto puede hacer es estar al tanto; cuando uno conoce a los hijos e hijas es que se podrá dar cuenta del mínimo cambio en su comportamiento; retrocesos como mojar la cama o cambios de humor repentinos, son indicativos de que hay miedo y que algo les está pasando”.
La procuradora hace un llamado a romper el silencio y a respetar la infancia. A los adultos les queda la labor de hacer conciencia, de reflexionar sobre este tema y atender a los menores en casa.
A tres meses del asesinato de su hijo a manos de policías estatales de Guanajuato, Guadalupe Cayente no tiene ni respuesta ni justicia. En diciembre pasado, Leonardo Reyes salió de sus casa en busca de señal para su celular, pero habría sido atacado a balazos por agentes policiacos.
Tras el homicidio, la Comisionada de Seguridad en Guanajuato, Sophia Huett, declaró que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado actuaron “conforme a protocolo”, pues habían sido atacados a balazos por Leonardo, e incluso mencionaron que el joven portaba armas dentro de su camioneta.
Roberto Gutiérrez Torres / Sin Embargo
San Miguel de Allende, Guanajuato, 18 de marzo (Zona Franca/SinEmbargo).– Guadalupe Cayente Moreno, entre el dolor profundo de haber perdido a su hijo y la impotencia por las nulas acciones para que el hecho se esclarezca, clama una sola cosa: justicia. El pasado 12 de diciembre de 2018, Leonardo, el menor de sus hijos, fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato.
Guadalupe vive en la comunidad Corralejo de Abajo en el municipio de San Miguel de Allende. Su casa es humilde; son tres habitaciones de adobe y una más de tabique rojo, todos con techo de lámina.
La figura de la mujer es pequeña y se ve menguada todavía más por el sufrimiento que padece desde diciembre de 2018. Se cumplen ya 90 días de la muerte de Leo, como le llama su madre.
Corralejo de Abajo es apacible y pequeña, se conforma por cerca de 50 casas, enclavadas en una cañada; a un costado fluye el Río San Marcos.
En ella habitan cerca de 193 personas, muchos de ellos son migrantes como lo fue Leonardo Reyes Cayente, desde los 17 años, por más de cinco años trabajó en Estados Unidos debido a la falta de oportunidad que había en su pueblo.
Guadalupe espera con su dolor a cuestas, con el semblante agobiado pero con coraje suficiente para seguir pidiendo justicia.
Su llanto es visible, las lágrimas corren por su rostro, Guadalupe se sienta para dialogar y responde de inmediato a la pregunta: “¿Cómo está?”.
“En mi vida con mucha tristeza. Haga de cuenta que como si no hubiera pasado nada, no nos han dado una respuesta, como que los encubren, a uno lo ignoran. Somos pobres, vea nuestra casa cómo está, somos pobres, pero no como ellos dicen, somos pobres, pero no es cierto lo que ellos dicen, no con las costumbres que dicen.
La Familia Reyes habita la comunidad Corralejo de Abajo en San Miguel de Allende. Foto: Miguel Castro, Zona Franca.
“Nosotros no estábamos aquí. Teníamos tres días de haber llegado de Estados Unidos, mi hijo manejo desde San Antonio, Texas, hasta aquí. Veníamos mi esposo, él y yo con el gusto de él de llegar a su comunidad como cada año desde que tenía solo 17 años, él traía su camioneta que le costó, que aún la estaba pagando, se la destrozaron, no se vale, no se vale lo que hicieron con mi hijo”, lamenta mientras la vence el llanto.
Guadalupe, con 53 años de edad, su rostro afligido por la tristeza y el llanto como testigo de su dolor pareciera que envejeció prematuramente, insiste en que no entiende lo que pasó.
Unas horas antes, el 12 de diciembre del 2018, Leo había participado en un torneo de futbol y luego había llegado a la casa, por la tarde con un balón que había ganado por su buen desempeño en los partidos.
Más tarde les preparó la cena, señala que estaban todos reunidos. El padre, sus demás hermanos, cuñadas y sobrinos de Leo departiendo en la mesa entre bromas y risas; la madre recuerda que la abrazó con mucho cariño y se dirigió a uno de sus hermanos diciéndole “cuídala hermano, cuídala porque te la gano”, no sabían que era la última vez.
Momentos después, Leonardo avisó a su madre que subiría a la lomita a buscar señal para llamarle por teléfono y presumirle a su novia en Estados Unidos, lo que le había pasado durante el día, “Ahorita vengo mama no tardo voy a buscar señal”, recuerda que le dijo.
Leo subió a su camioneta y quizá por una corazonada su madre quiso detenerlo, “no vayas Leo ya es noche hace frío, mejor mañana temprano vas, quédate Leo”, fueran las últimas palabras que pudo dirigirle su madre en vida a Leonardo.
Arrancó en su camioneta, en cuarto se quedaron tres sobrinos que compartirían la cama con él para dormir.
“Lo querían mucho mis nietos, jugaba con ellos se divertían con él, era un muchacho bueno mi hijo que no hacía mal a nadie al contrario apoyaba a la gente de la comunidad, que también lo quería mucho porque les ayudaba en su tarea, era participativo, era querido mi hijo”, cuenta Guadalupe Cayente.
En el pueblo nunca había pasado nada, la comunidad es pequeña, tranquila, se cuidan unos a otros y se ayudan entre todos. Por eso Guadalupe dormía plácida cuando llegó uno de sus hermanos preguntando por los muchachos “¿Están todos? ¿Esta Leo? “me desperté pensando que pasaría”, relató.
El tío de Leo les contó que había visto policías rodeando una camioneta en la loma donde Leo había ido en búsqueda de señal.
De inmediato la madre pensó en su muchacho, corrió rápido a abrir la habitación de Leo y sólo percibió a los tres niños que se quedaron esperando a su tío. De inmediato se alistaron para salir corriendo hacia el lugar.
Poco antes de llegar, a lo lejos vieron la escena descrita por el tío, y en diversas ocasiones escucharon disparos.
La tranquilidad y paz del pueblo se vieron rotos por el asesinato de uno de su jóvenes a manos de elementos de Policía estatal. Foto: Miguel Castro, Zona Franca.
Arrastrándose entre la hierba ella, su esposo, su hermano, su nuera y otro de sus hijos estuvieron observando desde una distancia prudente, unos por un lado, ella y su nuera por otro.
“Vimos la camioneta de Leo, tiradas en el suelo para que no nos vieran, estaba una patrulla hacia el frente y otra por detrás tenían en medio la camioneta de Leo, decían cosas, puto Reyes, perro, uno dijo ya valió verga, vámonos a retirarnos decían”, relató.
Y continuó: “La camioneta estaba buena, luego ya cuando sacaron las fotos que publicaron los mismos policías, la camioneta estaba deshecha tumbaron un huizache tumbaron un nopal la camioneta estaba entera cuando nosotros la vimos”.
“Movieron la camioneta, en ese momento prendieron las luces de la patrulla y uno grita apaga eso, era de noche no se veía nada estaba oscuro, se escucha la voz de una mujer también policía se reían, empezaron a alumbrar con lámparas y nos retiramos de ahí muertas de miedo creíamos que también nos iban a disparar, nos fuimos de ahí todos con miedo”, recordó la madre.
La familia decidió ir a la cabecera municipal de San Miguel de Allende, con la esperanza de que Leo apareciera en algún hospital, en la cárcel o en algún otro lugar sin embargo no lo encontraron, tampoco encontraron respuestas, la mañana los sorprendió en la entonces Subprocuraduría de Justicia las respuestas tardaron.
“Tuvimos que hablarles a los licenciados ya luego supimos todo lo que la policía decía; que iba con otros dos, que los habían atacado, puras mentiras, nosotros vimos lo que pasaba lo que sucedía ahí, no es cierto lo que ellos dicen, Dios lo sabe nosotros lo sabemos”, afirmó.
Desde entonces, para Guadalupe es todo dolor, sufrimiento, impotencia, coraje, desesperación y desolación, tiene miedo, “si algo me llega a pasar a mí, a mi familia le echo la culpa a ellos, a los policías, ¿a quién más?”, señala.
“Que paguen con cárcel todos los daños causados, mi hijo no era malo, uno sabe lo que tiene en su casa. Mi hijo no tenía necesidad de andar de asaltante de carretera, él trabajaba, él era bueno, ¿dónde están los otros que decían que lo acompañaba? Dicen que fue un enfrentamiento, ¿dónde están los policías heridos? Mentiras, ellos [los policías] hicieron todo, solo ellos”, afirma convencida.
La versión oficial es diferente a la de Guadalupe. Tras el homicidio, la Comisionada de Seguridad en Guanajuato, Sophia Huett, declaró que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado actuaron “conforme a protocolo”, pues habían sido atacados a balazos por Leonardo, e incluso mencionaron que el joven portaba armas dentro de su camioneta.
La exigencia de Guadalupe es la misma que le hizo al Gobernador Diego Sinhué cuando lo interceptó en una gira de trabajo en Texas, que se haga justicia y ni ella ni nadie vuelvan a pasar por lo que está pasando.
Y asegura que hasta donde dios le dé licencia, estará de pie luchando hasta lograr justicia, con fe en Dios tener apoyo y fuerza y “tope donde tope”, ella seguirá, lo jura por ella y por su hijo.
De imprevisto se levanta de la silla y trae consigo una fotografía de Leo enmarcada en madera, que ya es el símbolo de su lucha, entre sus manos ha recorrido la entonces Subprocuraduría de Justicia, la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, el consulado de los Estados Unidos, todos ellos ubicados en esta ciudad.
La madre y la fotografía se han reunido con diversos funcionarios y personas, busca que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pero nada, son sólo promesas las que ha obtenido.
Solo una se la cumplieron a medias, la devolución de las pertenencias de su hijo, le entregaron su playera, su chamarra y su cartera vacía solo con las identificaciones que traía, sus tarjetas bancarias pero el dinero que contenía alrededor de dos mil dólares y cinco mil pesos mexicanos, no se sabe dónde quedaron.
De vuelta a donde sucedieron los hechos, narra paso a paso lo vivido ese día, el llanto la vuelve a dominar en plena lomita donde Leo salió a buscar señal y ya no volvió a casa con los suyos.
Paolo Rocca, presidente de Grupo Techint junto al presidente Enrique Peña Nieto, en la inauguración de la Central Eléctrica Pesquería. Foto: Techint
Arturo Rodríguez García / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La trasnacional ítalo-argentina Techint, de oscuras operaciones en territorio nacional, es una de las cuatro empresas que competirá para construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la obra emblemática del sexenio en el sector energético.
Techint es una compañía que ya ha sido beneficiada con jugosos contratos para realizar obras en la reciente década y que, además, aparece ligada a la investigación que por corrupción se desarrolla en Brasil en torno a Petrobras.
Proceso publicó en su edición 2107 del 18 de marzo del 2017 el historial de esta empresa. Hoy la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, dio a conocer que el acto de “invitación restringida” para construir Dos Bocas inició este lunes con la entrega de convocatorias a dos empresas en consorcio: la estadunidense Bechtel con la ítalo-argentina Techint y la australiana Worley Parsons con la estadunidense Jacobs, mientras que en solitario van la estadunidense KBR y la francesa Technip.
A continuación el reportaje de Arturo Rodríguez García sobre Techint.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Implicado en las investigaciones por corrupción de la brasileña Petrobras, la trasnacional argentina Grupo Techint lleva poco más de una década expandiéndose en México, donde florecen sus millonarios negocios en el sector público o como subcontratista.
“La clave de este impresionante desarrollo ha sido la colaboración efectiva entre sector público y sector privado”, dijo el magnate Paolo Rocca, presidente de Techint, al agradecer la presencia y apoyo de Enrique Peña Nieto, quien en su oportunidad aplaudió la confianza del inversionista y aprovechó para presumir la Reforma Energética el pasado 1 de marzo.
Esa cordialidad contrastaba con los reportes anuales que Techint hace en la Bolsa de Nueva York. Por ejemplo, lejos de elogiar las reformas estructurales, como hizo en el acto, el más reciente informe anual de la trasnacional alerta sobre riesgos para sus inversiones en México por dos motivos: la violencia y las leyes cambiantes.
Eso no estaba en la agenda. Ese día Peña Nieto asistió al acto inaugural de la planta construida por la subsidiaria Techint Ingeniería y Construcción, que ese día ponía en marcha su nueva generadora de electricidad en Pesquería, Nuevo León.
“El gobierno de la República seguirá haciendo su parte y contribuyendo a generar las condiciones y las oportunidades para que más empresas nacionales y extranjeras encuentren en México un destino confiable de oportunidad, de expansión y de crecimiento”, ofreció Peña Nieto.
Pesquería, que hasta hace poco mantenía su vocación rural, es un municipio cercano a Monterrey, con fácil acceso a los dos aeropuertos regiomontanos y a las rutas que van a la frontera y a los puertos tamaulipecos, detonó como nuevo polo industrial de la región desde que en 2013 Techint instaló ahí un enorme complejo de su subsidiaria acerera Ternium. Pronto se erigieron ahí las plantas de la automotriz surcoreana KIA y su cadena productiva.
El 1 de octubre de 2013, cuando ya se barajaban las implicaciones de la corrupción en Petrobras, Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a Marcelo Odebrecht, presidente del consorcio que lleva su apellido y quien, año y medio después, sería apresado cuando la justicia brasileña descubrió su participación en una red internacional de sobornos para conseguir contratos.
Esa misma operación, conocida en Brasil como Lava Jato, abrió una línea de investigación sobre Techint, hasta ahora no resuelta. Inclusive Ricardo Ourique Márques, director de Techint Ingeniería y Construcción, fue detenido unas horas para declarar en las indagatorias.
Techint y Odebrecht trajeron sus sociedades a México. En particular, la empresa constructora de la primera estuvo encargada de realizar obras millonarias para la planta Etileno XXI de la segunda y que se encuentra en la mira de distintas indagatorias desde que en diciembre pasado la justicia estadunidense reveló que el brasileño pagó sobornos en México, donde hasta febrero pasado, sin embargo, no se había abierto ninguna investigación.
Pero ante todo, el contrato para construir una de las obras más relevantes del sexenio en el sector energético fue otorgado a Odebrecht en asociación con Techint y la mexicana Arendal. Se trata de la Fase II del Gasoducto Los Ramones que, con poca transparencia gracias a las disposiciones de la Reforma Energética, les otorgó Pemex, con un costo de 945 millones de dólares.
Con presidentes y secretarios
La expansión de Techint, presente en todo el país, pasa principalmente por Nuevo León. El propio Rocca expuso en su mensaje del pasado 1 de marzo que fue hace 10 años cuando se inició “un ambicioso programa de inversión”. Sólo en los primeros siete años la empresa invirtió 9 mil millones de dólares aquí, añadió.
Este semanario (Proceso 1600) dio a conocer el origen de esa expansión, cuando la trasnacional adquirió Grupo IMSA, una de las empresas emblemáticas de Monterrey, que se sumó a la adquisición, un año antes, de Tamsa, el consorcio fundado al amparo del poder por el expresidente Miguel Alemán y el magnate Bruno Magnani, de quienes Roberto Rocca, padre de Paolo, fue socio desde los cincuenta.
No fue el único presidente con el que de alguna manera se conectó Techint. En 1999 el gobierno de Ernesto Zedillo le otorgó un contrato para la conversión y proveeduría de carbón en la termoeléctrica de Petacalco, Guerrero. Una investigación realizada en ese entonces por el auditor Marco Antonio Díaz Tobías permitió saber que la asignación era irregular. Ya en el gobierno de Vicente Fox los funcionarios panistas optaron por dar carpetazo al caso y mover al auditor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Pemex.
Entre los aspectos conflictivos que nadie se animó a abordar destacaba que en una empresa asociada con Techint, Grupo Mexicano de Desarrollo, era directivo Ernesto Zedillo Velasco, hijo del hoy expresidente.
Pero la expansión de 10 años a la que se refirió Rocca se inició en las postrimerías del sexenio de Fox, cuando Techint adquirió la regiomontana Hylsa, una de las empresas insignia de la acaudalada familia Garza Sada. El 22 de agosto de 2005 Grupo Alfa, entonces controlador de Hylsa, anunció la venta a Techint, controladora de Ternium, por un monto de 2 mil 500 millones de dólares.
Grupo Techint es proveedor de Pemex y de la CFE, cuyo consejo de administración preside el secretario de Energía, que en ese entonces era Fernando Elizondo Barragán. Su hermano, Alejandro, era el director general de Hylsa, y ahí permaneció luego de que la adquiriera Techint.
El avance de Techint continuó un año después y bajo condiciones similares pero que implicaron aún más a un secretario de Estado. Todo se inició el 2 de octubre de 2006 cuando el entonces secretario de Energía del foxismo, Fernando Canales Clariond, acudió a un acto de Grupo IMSA, por entonces empresa familiar de la cual era accionista.
Ahí aclaró que no iba con “la cachucha de secretario”, sino porque esa (su) empresa era muy importante en el sector siderúrgico y la energía representaba 30% de los costos de producción acerera. El sector acerero es atendido por la Secretaría de Economía, de la cual Canales había sido titular meses antes.
El 22 de abril de 2007, concluido el gobierno de Fox, una maniobra permitió a Canales y a sus hermanos comprar las acciones de sus primos, los Clariond Reyes Retana, para venderlas de inmediato a Grupo Techint que, como se ha dicho, era proveedor de la CFE y de Pemex, cuyos consejos de administración, para entonces, presidía Canales.
Las ganancias que los cuatro hermanos Canales Clariond obtuvieron de la operación con Techint se estimaron en 507 millones de dólares. Techint pagó por IMSA 3 mil 200 millones de dólares en total.
Aunque la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prohibía a los exsecretarios de Estado participar en negocios relacionados con el cargo que ejercieron hasta un año después de su renuncia, para evitar conflictos de interés, no hubo investigación ni expediente respecto a Canales, como no lo hubo por Elizondo ni por Zedillo.
Los contratos y lo que viene
Aunque Tamsa ha sido proveedora del sector energético desde su fundación, bajo el control de Techint obtuvo contratos significativos en el gobierno de Fox.
En la segunda mitad de su gobierno, los registros públicos arrojan 10 contratos como proveedor de Pemex y de la CFE, que suman 20 mil millones de pesos. Se trata del periodo en que Felipe Calderón, Fernando Elizondo y Fernando Canales fueron secretarios de Energía y presidentes de los consejos de administración de las entonces paraestatales.
Dos contratos elevan el monto: el primero, signado en la gestión del Calderón al frente de Energía, por un monto de 8 mil 890 millones de pesos, y otro, en la gestión de Elizondo, por 10 mil 176 millones de pesos, signado el 24 de abril de 2005, semanas antes de que Techint comprara Hylsa. Respecto al periodo en que Fernando Canales fue secretario se lograron ubicar sólo cinco contratos por un monto total, en conjunto, de 272 millones de pesos.
En el sexenio de Felipe Calderón el número de contratos de Techint disminuyó –siempre según los registros de acceso público–, pues sólo están asentados cuatro, por poco más de 300 millones de pesos.
Sin embargo, un seguimiento a los currículos de obras realizadas por la división Techint Ingeniería y Construcción permite ver que fungió como subcontratista de quienes ganaban licitaciones.
En esos casos se encuentra, por ejemplo, la construcción de la terminal de regasificación Laguna Azul, en Baja California, que construyó para Energía Costa Azul en 2005, mismo año en que construyó el gasoducto Naranjos-Tamazunchale, que realizó para Transcanadá.
Además realizó la ampliación de la Central Termoeléctrica Pacífico para la CFE, aunque no fue posible localizar los registros de esa obra; en 2011 construyó la central de Ciclo Combinado Norte II, para la empresa KST.
Entre esos contratos, indirectamente realizados para el sector público, destaca la construcción del Sistema de Transporte de Etano, consistente en un ducto gigantesco para Braskem.
Braskem es la subsidiaria de Odebrecht, a través de la cual consiguió la Planta Etileno XXI, licitada en 2009. De ese negocio, que la firma brasileña obtuvo mediante sobornos a servidores públicos, la tajada para Techint consistió en el mencionado ducto que pasa por Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus, Braskem y llega a Etileno XXI.
La obra fue realizada por Techint entre 2013 y 2014, año este último en el que también se les asignó, como parte de la mencionada sociedad con Odebrecht y Arendal, la construcción de Los Ramones II y que, en el caso de Odebrecht, implicó la asignación y cancelación del acueducto Monterrey VI, en el que por cierto iba asociada con una de las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la “Casa Blanca” cuya propiedad el gobierno atribuye a Angélica Rivera.
A partir de la inauguración de la generadora de electricidad de Pesquería, Techint podrá vender sus excedentes a otros particulares a través de la CFE. Es decir, además de ser proveedor de construcción, equipos, tuberías y otras tantas líneas de mercado, ahora incursionará en la proveeduría de electricidad al gobierno.
Esa nueva faceta de negocio fue celebrada por el director de la hoy llamada empresa productiva del estado, la CFE, Jaime Hernández, tanto como la decisión de Techint de participar en “el nuevo sector eléctrico mexicano”.
Y dirigiéndose a Peña Nieto, Hernández, expuso: “Tenga usted la certeza, señor presidente, que la CFE sabrá trabajar brazo con brazo con el sector privado para que el despliegue de la reforma al sector eléctrico se convierta en una verdadera y potente palanca para impulsar el desarrollo nacional alrededor de un solo objetivo: llevar a los mexicanos un servicio de energía eléctrica de mayor calidad, a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente”.
Entre 2017 y 2018 desaparecieron 4 mil 527 mujeres en México informó la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) por lo que pidió a los tres niveles de gobierno atender, de manera inmediata, el reporte de desaparición de niñas y adultas para localizarlas lo más pronto posible.
Silvio Octavio García Rodríguez, presidente del organismo, consideró la petición como necesaria en un contexto que resulta preocupante para las mujeres, particularmente en los estados de Jalisco, México, Yucatán, Puebla y Chihuahua, donde se presentan los mayores índices de desaparición, de acuerdo a Apro.
Señaló que, de acuerdo con un sondeo, cada día mujeres de todas las edades viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o de amenazas.
García Rodríguez agregó que el estudio referido reveló que sólo 13 instancias de procuración de justicia en el país dieron información sobre la capacitación otorgada al personal encargado de investigar las desapariciones de mujeres.
Sin embargo, un número más reducido (ocho) manifestó haber tomado cursos de capacitación, específicamente sobre búsqueda de personas desaparecidas, su registro, el delito de desaparición forzada o algún otro sobre dicho tema.
García Rodríguez también destacó que 59.3 por ciento (18) de las instancias de procuración de justicia cuentan con un mecanismo para buscar de manera inmediata a las mujeres y niñas desaparecidas, pero únicamente 25 por ciento (siete) de las procuradurías y fiscalías que reportaron información sobre mujeres desaparecidas cuentan con una página web y el registro de las víctimas.
Ante tal situación, abundó, se vislumbran retos en dos sentidos: en lo relacionado con la calidad de la información y la consistencia entre los datos que se reportan, debido a la amplia heterogeneidad en el total de las mujeres y niñas víctimas de violencia feminicida que existe.
El presidente de Conapro también resaltó que la violencia en contra de la mujer puede presentarse de manera simultánea y entrecruzada de diversas formas –familiar, sexual, psicológica, laboral, política o por preferencia sexual, étnica, religiosa, institucional, etcétera–, lo que responde a la multiplicidad de opresiones sociales que aún se ejercen sobre la mujer y cuya manifestación brutal es el feminicidio.
El director de la organización consideró oportuno señalar que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por lo que cada día miles de ellas son objeto de esta violencia.
“La discriminación y la violencia contra las mujeres es una de las formas más dramáticas de la desigualdad, que traspasa las fronteras de los países y afecta a miles de mujeres en el mundo”, aseveró.
En este sentido, García Rodríguez recalcó que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define como acto de violencia todo aquel “que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
En ese sentido, urgió a los integrantes del Congreso de la Unión y al gobierno federal activar un mecanismo que logré un formato único para atender este tipo de prácticas delictivas de manera inmediata y coordinada.
Ante la demanda, un juez otorgó una suspensión definitiva
José Reyes/LA VANGUARDIA MX
Tras meses de alegatos judiciales, la organización civil Pronatura Noreste aseguró haber ganado una suspensión definitiva en juicio de amparo contra acciones de la Comisión Nacional del Agua para que ésta frene la expedición de concesiones para el aprovechamiento, uso o explotación de las aguas nacionales en la zona protegida del Valle de Cuatro Ciénegas.
La misma asociación civil publicó en su página oficial, un comunicado en el que informó que un juez federal radicado en Monterrey otorgó la suspensión definitiva por la omisión, por parte del ejecutivo federal, de emitir los lineamientos y disposiciones para sujetar el aprovechamiento, uso o explotación de las aguas nacionales a que se refiere el artículo cuarto del decreto por el que se establece como zona reglamentada el Valle de Cuatro Ciénegas.
“Se obliga al director general, subdirector General de administración del Agua, gerente de Regulación y Bancos de Agua; y, gerente de Servicios a Usuarios, todos de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, a no expedir concesiones y/o asignaciones, para el aprovechamiento, uso o explotación de las aguas nacionales en la zona protegida del Valle de Cuatro Ciénegas”, sostuvo la asociación.
Esta resolución también alcanza a funcionarios del Organismo de Cuenca Río Bravo, con sede en Nuevo León.
“Este acto judicial establece un precedente jurídico trascendental en materia de omisión, por parte del ejecutivo, en el manejo de los recursos naturales del país”, señaló.
Además de la masacre de Allende, Gobierno debe hacer lo propio donde hubo ejecuciones masivas
Armando Ríos/VANGUARDIAMX
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila, afirman que después de que el Gobierno de Coahuila dé una disculpa pública por el caso Allende, tendrán que replicar el acto en las diversas partes del Estado donde se sufrió violencia desmedida.
Ariana García Bosque, abogada del colectivo Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Nuestros Desaparecidos en Coahuila, señaló que al tratar el punto de la disculpa pública que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso Allende, las familias y los colectivos acordaron que la misma autoridad tendrá que hacer lo propio en las otras regiones de Coahuila donde también hubo ejecuciones y desaparición masiva de personas.
Aunque todavía no se ha pronunciado fecha específica para la disculpa pública en Allende, la abogada afirmó que el Gobierno no tendrá que pedir la disculpa pública de manera simultánea, pero sí deberá poner sobre su agenda realizar lo mismo de manera consecutiva.
“Fue una ola de violencia que repercutió no sólo a la Región Norte. Hasta este momento no se ha concretado nada”, expresó.
Por su parte, Silvia Ortiz reafirmó dicha situación, pues aseguró que basta con recordar lo sucedido en Patrocinio, lugar que se ha catalogado como la fosa común más grande del Estado, para ver que la violencia fue replicada y generalizada en todas las partes de Coahuila durante la “guerra contra el narco”.
“Ellos van a tener que hacer lo propio en cada lugar. Nada más les entrego Patrocinio, y toda la gente que terminó ahí. Falta mucho trabajo por hacer. ¿Y a toda esa gente quién? Se requiere de una disculpa para los demás. Apoyamos a nuestras compañeras en Allende en todo, respetamos, pero acá también hubo lo propio”, expresa Silvia Ortiz.
CAMPOS DE EXTERMINIO
Cementerios clandestinos de La Laguna:
Ejido Patrocinio, ubicado en San Pedro de las Colonias.
San Antonio de Gurza, en San Pedro de las Colonias.
Ejido Santa Elena, en San Pedro de las Colonias.
Estación Claudio, Viesca.
Ejido Tierra y Libertad, Viesca.
Grupo Vida explica que será difícil avanzar mientras no se tenga un registro real para generar una base de personas desaparecidas, así como recuperación de restos.
Perla Sánchez/El Siglo Coahuila.
Silvia Ortiz, integrante de Grupo Vida, resaltó la necesidad de crear a nivel nacional una base de personas desaparecidas, así como de restos localizados, pues tan solo en la Comarca Lagunera existen alrededor de 500 cuerpos sin identificar, mientras el Gobierno de Durango, asegura contar con un listado de solo 12 personas desaparecidas.
Lamentó que el Gobierno de Durango solo cuente con este listado, cuando tienen una cantidad importante de cuerpos sin identificar que no se toman en cuenta.
Señaló que mientras no se tenga un registro real para generar una base de personas desaparecidas, así como recuperación de restos, será difícil avanzar.
“Hay estados que no han dado las cifras reales, por ejemplo Durango donde la fiscalía nos ha dicho que tiene doce expedientes de desaparición. ¿A quién se quiere engañar con eso?, si al lado está Coahuila y todos sus desaparecidos”, dijo.
Resaltó que además Durango se ha caracterizado por mantener problemas serios con la delincuencia organizada, sobre todo en Gómez Palacio.
“Hemos estado peleando y ya nos mostraron, al menos en el área de la Comarca, que tienen en sus fosas comunes más de 500 cuerpos sin identificar, nada más en la parte de Durango”, expuso.
Aseguró que ante ello al menos estas personas son buscadas por sus familiares.
Fue hace unos días que José Ángel Herrera, fiscal de Desaparecidos en Coahuila, reveló que en años pasados los panteones pudieron haber sido utilizados como fosas clandestinas, donde los cuerpos de personas asesinadas eran depositados por integrantes de la delincuencia organizada.
Señaló que fue en tres ocasiones que se percataron que al momento de realizar las exhumaciones en panteones, no solo se encontraba el cuerpo de una persona, sino de dos.
En ese sentido Silvia Ortiz exigió hacer una supervisión de los cuerpos que se encuentran inhumados en los panteones del estado.
En este reportaje especial de VANGUARDIA testimonios narran un episodio de impunidad, corrupción, terror y autogobierno por parte del crimen organizado en colusión con las autoridades
Armando Ríos/LA VANGUARDIA.COM
CRIMEN ORGANIZADO. Declaraciones apuntan a que miembros de Los Zetas quemaron y demolieron hogares de las personas que secuestraban. Fotos: Archivo
Centenares de artículos han recorrido los portales del mundo contando lo sucedido en Allende. ¿Cómo en un pueblo tan pequeño pudieron ocurrir tales atrocidades?… Parecido a la época Holocausto, las pérdidas que dejó la masacre en este poblado de Coahuila entre el 18 y el 20 de marzo del 2011 aún no tiene cifras exactas.
La historia empezó a contarse hasta el 2013. La noticia aparecía en los medios nacionales y como un efecto dominó en los internacionales. Así, tal cual: tanto Piedras Negras como Allende, pasaron más de dos años conviviendo con el rostro de las 40 casas derrumbadas y quemadas por el crimen organizado, hasta que alguien se atreviera a contar la historia. El secreto a voces se desbordó como una presa de agua después de un diluvio.
Todo empezó durante la tarde del viernes 18 de marzo de hace ocho años. Aunque la zona ya había registrado una serie de homicidios violentos y balaceras, el temor fue distinto. “El pueblo estaba completamente solo. Se sentía un ambiente tenso”, dicen los testimonios.
El arribo de 50 camionetas tipo pickup con múltiples elementos del Cartel de los Zetas a bordo habían puesto sobre aviso a los 23 mil habitantes del poblado que se encuentra a escasos 40 kilómetros de la frontera con Texas. Aún con el resguardo, las primeras versiones de los pobladores dijeron que había por lo menos 300 personas desaparecidas o masacradas a lo largo de ese fin de semana.
Fue desde el 2008, cuando Héctor Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuellar y José Luis Garza Gaytán empezaron a trabajar con el cártel de los Zetas en la zona. El rancho “Los Garza”, era su punto; una propiedad más de tierra que se ubicaba entre la conexión de Allende y el poblado de Villa Unión.
La ruptura de los tres sujetos con el cártel que dirigían en la plaza fronteriza Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales el “Z-40” y el “Z-42” en 2011, se debió a una supuesta traición según lo que se ha declarado en los juicios de la corte norteamericana que lleva parte del caso.
Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuellar y Garza Gaytán, habían huido a Estados Unidos con una cantidad de entre 5 y 10 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, así como con los números contables del cartel, como lo menciona el expediente 168/2014 en poder de la Fiscalía. A excepción de Garza Gaytán, Héctor y Mario “Poncho”, Garza Gaytán fue el único que no se convirtió en testigo protegido por la DEA para dar la información sobre las operaciones de los hermanos Treviño.
“Cuando ‘Poncho’ y yo nos venimos para acá, a los Estados Unidos, ellos empezaron a matar a toda esta gente inocente, y sus familiares intentaron poner denuncias, pero les dijeron que no les tomarían ni una y que tenían 24 horas para irse de la ciudad”, dijo Héctor Moreno, en su testimonio según el Informe “Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.
Los testimonios que recogió el Poder Judicial del Estado de Coahuila, por las causas penales presentadas por la Fiscalía General del Estado tres años después de la masacre, narran una historia de impunidad, corrupción, terror y autogobierno por parte del crimen organizado en colusión con las autoridades.
José Ángel Herrera, Fiscal Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila, dice que aunque los indicios biológicos que han encontrado en el rancho Los Garza registran el hallazgo de al menos tres personas que fueron víctimas de los sucesos, los testimonios que han recabado entre los pobladores, bomberos, víctimas y perpetuadores del crimen, e incluso el propio exalcalde de Allende hablan de “muchas más personas”.
Los hechos relatan que desde el 18 y hasta el 22 de marzo, el Servicio Estatal de Llamadas de Emergencia del 911 recibió 64 reportes de incendios entre Piedras Negras, Villa Unión y Allende, mismos que, según las declaraciones ministeriales de los bomberos no podían ser atendidas debido a las amenazas.
La técnica que utilizaron los Zetas en presencia de los policías para efectuar su venganza a través de la desaparición, el homicidio y el terror, empezaba con el allanamiento de los hogares, ya al interior con la captura de las personas (o en su caso el asesinato en el mismo domicilio), y antes de retirarse quemaban el domicilio o derrumbarlo con maquinaria industrial.
“A las siete u ocho de la noche pude ver cuando la gente armada se metió al domicilio de la calle Cuahutemoc y Morelos a una persona del sexo masculino a empujones y después escuché disparos, y de rato sólo vi salir de la casa dos bultos cubiertos en bosas grandes de color negro. La gente empezó a saquear la casa llevándose las cosas, hasta que llegaron una patrulla de la policía de Allende con una policía mujer, y después llegaron dos patrullas más que cuidaban la casa”, dice la declaración de un vecino.
“El día 20 de marzo recibí una llamada por parte del vecino, el cual me informa que un grupo de 12 personas habían irrumpido en el domicilio de mi hermana, los cuales se encontraban con armas largas, y que sacaron de la casa a (menciona cuatro nombres: el de su hermana y tres personas más); los suben a la camioneta y se retiran del lugar no sin antes quemar la casa”, detalla otra declaración.
Alguien más reportó un incendio, en el lugar prohibido. El 23 de noviembre del 2014, comparecieron ante las oficinas del Ministerio Público cuatro bomberos de Allende que atendieron los reportes de incendio que los guiaban hasta el rancho Los Garza:
“Nos dimos cuenta que en la entrada del rancho, había unidades de Policía Municipal con elementos de dicha corporación y entre los cuales se encontraban (menciona cuatro nombres resguardados por derechos de datos personales), también (…), quien era el director de Policía Municipal (…) entre otros policías los cuales no vi bien de quien se trataba, señalando que yo conocía muy bien a todos estos policías debido a que tenía mucho contacto con ellos”, dice el bombero.
“Asimismo me pude dar cuenta que ahí en el rancho se encontraban los dueños del mismo, ya que pude ver a (menciona a un hombre), a la señora, y a la hija de éste (…) y a estas personas la gente de los Zetas como que les gritaba y los estaban golpeando. Asimismo me di cuenta que estaban estacionando un camión cerca de la bodega, y se veía que estaban bajando tambos grandes y se percibía olor a diésel o gasolina. Cuando la gente de los Zetas se dan cuenta de nuestra presencia y de que intentábamos sofocar el fuego, nos dicen: ¿Ustedes qué?, rúmbenle a la verga, a chingar su madre ¿o quieren que les pase a ustedes o a su familia lo mismo? Y también nos dijeron que teníamos prohibido salir a atender cualquier reporte, que no nos querían ver apagando las casas. Tomamos la decisión de retirarnos a la base de bomberos, y ahí nos estuvimos por lo que sí recibimos reportes de incendio pero no atendimos los llamados porque estábamos amenazados y permanecimos acuartelados varios días”, detallan.
Los testimonios de policías coludidos y miembros del cartel, detallan que a las instalaciones de Los Garza llevaron a bebés, mujeres desnudas y hombres de entre 18 y 55 años, así como a niños de meses, niñas y jóvenes desde 13 a 18 años.
En una declaración ministerial con fecha del 25 de febrero del 2015, de donde se revela la desaparición de siete familias completas durante ese fin de semana, uno de los expolicías de Allende narra la amenaza que recibió por parte de la Dirección de Seguridad Municipal para trabajar en dicha corporación, los pagos que recibió y las detenciones que realizó bajo amenaza de muerte.
“La gente de los Zetas nos mandaba dinero, y la que nos lo entregaba era (…) en ocasiones nos mandaba de mil o dos mil pesos, y si me negaba a recibirlos nos decía que lo teníamos que agarrar porque sino íbamos a valer madre con los zetas”, dice, mientras que las declaraciones de otro sujeto señala que los halcones recibían una cantidad de 500 pesos por reportar las entradas y salidas de policías, y ponían sobre aviso de posibles entradas del ejército; sin embargo, no se detalla a ciencia cierta cuántos de estos cargos existían.
“Me dijo (por teléfono), que lo trajera, yo le dije que esos trabajos yo no los hacía, y ella me dijo que me podía ir muy mal con los jefes. La esposa de este se fue en su mueble a otro lugar (…), la (nombre oculto), me dijo que la siguiéramos (…) yo le dije que no quería hacer eso (…) me dijo que si no lo hacía me iban a matar a mí por no hacer caso y que iban a desaparecer a mi familia. Al bajarme de la patrulla le dije a la señora que se moviera porque yo iba a manejar su camioneta porque me tenía que acompañar. Ella se fue en el asiento del copiloto, pero al estar en la camioneta me di cuenta que también iban dos niños menores de edad; uno que ya había visto y un bebé en un portabebé. Ella me dijo que por qué hacía eso, yo le dije que me estaban mandando o me iban a matar a mí”, narra.
En la declaración adquirida vía transparencia con el resguardo de datos personales, el expolicía afirma que esta familia fue entregada a los miembros del cartel; sin embargo, desconoce los puntos a donde pudieron ser trasladados, aunque otras declaraciones hablan de que a ese lugar fueron enviadas todas las personas que fueron capturadas por la fuerza.
“(el miembro de los Zetas) Bajó a los niños y ya no supe que pasó con ellos, tampoco supe que pasó con la esposa, supongo que los mataron pero desconozco dónde hayan dejado los cuerpos. Quiero señalar que desde que pasó lo que antes relaté no he podido dormir muy bien ya que se me quedaron muy presentes los niños”, dice.
En una declaración vertida el 13 de junio del 2014 ante la Agencia del Ministerio Público, un miembro del crimen organizado que participó en los hechos detalló haber visto a una pareja y menores:
“En relación a la desaparición de la familia… sin recordar la fecha exacta pero fue en marzo del 2011. (detalla antecedentes de su llegada al Rancho Los Garza) Me di cuenta que había llegado una camioneta, también me di cuenta que ya habían llevado a más personas, entre las que pude reconocer a (…) y se veía tirado en el piso y a su esposa la cual ya estaba toda encuerada además de un trabajador de ellos. También observé en ese lugar amarradas a cuatro mujeres, las cuales eran señoras grandes, pero no podría decir sus edades; a dos niños de 13 a 18 años, y también a varios hombres de entre 30 y 55 años, a algunos se los habían traído de Piedras Negras”, dice.
Agrega, que al día siguiente permanecieron las capturas con otra de las familias que les pedían, entrando al hogar de las mismas a punta de pistola.
“Nos metimos a la fuerza, de ahí sacamos a su esposa, a su hijo más chico, siendo ayudados por policías, subiéndolos a la misma patrulla; luego nos los llevamos a la casa del rancho donde teníamos a los otros, luego fue sacarlos y llevarlos a la bodega para matarlos a todos disparándoles en la cabeza. Una vez que los matamos a todos lo que hice fue rosear el diésel por toda la bodega con los cuerpos adentro (menciona que durante esta acción fueron asesinadas dos personas más). Después de esto le prendimos fuego con toda esa gente muerta al interior, y ahí estuvimos muchas horas hasta que cocinamos a todas esas personas, y por tanta lumbre hasta se derritió el techo de la bodega”, afirma el declarante.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce a 49 víctimas, la Fiscalía a 29, pero ante la falta de denuncias o reclamaciones de cuerpos, a ocho años de lo ocurrido se desconoce a cierta ciencia cuántas personas fueron desaparecidas, debido a que desde Piedras Negras, también había quienes terminaban en el rancho Los Garza:
El 24 de agosto del 2014, el exalcalde de Allende de entre 2014 a 2017, Luis Reynaldo Tapia Valadez declaró ante la CNDH:
“No son trescientas víctimas, son muchas más personas. La matanza siguió hasta la semana siguiente”.
La exnovia de uno de los miembros del cartel, reafirma la teoría de que no existe un conteo exacto sobre las víctimas de desaparición o de homicidio.
“En virtud de que mi expareja se encontraba involucrado con el crimen organizado, conocí a la persona que lo cuidaba cuando estaba en cautiverio y me platicaba muchas cosas relacionadas con los hechos (…) se los llevaron allá por el panteón Los Ángeles en Piedras Negras, y que inclusive a más personas pues se hacían filas de gente y después se los llevaron al rancho ‘Los Garza’ (…) además de que les quemaron y derrumbaron sus casas.
Entre enero y abril del 2014, la Fiscalía Especializada titularidad de José Ángel Herrera, recolectó después de un operativo, la evidencia de 24 contenedores metálicos de 200 litros, de donde se obtuvo la totalidad de 794 fragmentos óseos, pero debido al grado de carbonización y calcinación de los mismos, fue descartado que los mismos estuvieran susceptibles a un análisis de reconocimiento de ADN.
En ese mismo lapso de tiempo, dicho órgano reportó un nuevo hallazgo de 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales con características humanas; los cuales si lograron ser puestos a disposición de la división científica de la Policía Federal para ser analizados.
Dicha cuestión, es un as que no necesariamente revelaría una realidad más sobre lo ocurrido en aquél fin de semana, pues otro operativo de ubicación y recolección de restos en fosas clandestinas en el norte del Estado, donde se incluyó el municipio de Allende, tuvo el hallazgo de dos mil 459 restos óseos, de los cuales resultaron 219 muestras biológicas y 15 perfiles genéticos que hasta hoy en día no han sido reclamados, o no cuentan con una denuncia por desaparición por parte de sus familiares.
Durante el 2015, la Fiscalía General del Estado en supervisión de la SEIDO sostuvo una entrevista en el penal del altiplano con Omar Treviño Morales, el “Z-42”, uno de los supuestos orquestadores de estos sucesos, mismo que les reveló en aquél entonces de manera metafórica que “a las personas se las comen los peces” y que deprendió un operativo de búsqueda de cuerpos o restos humanos en presas del Estado, pero nada se les mencionó respecto al caso Allende, ni tampoco de más personas involucradas.
Iniciada la quinta etapa de la investigación del caso, se mencionan a por lo menos seis policías involucrados en el caso y múltiples miembros del crimen organizado; sin embargo, el activismo en pro de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas que hace la abogada Ariana García Bosque, abogada de familiares de colectivos de búsqueda dice que las responsabilidades deben ir más allá.
Bajo esa tesitura, la jurídico de Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, dice que incluso, el caso debe ser atraído por la federación debido a los conflictos de interés que pueden resultar de las investigaciones concretas y a fondo.
“Hay conflicto de intereses en las investigaciones porque algunos, sino es que muchos de los funcionarios que pudieron tener responsabilidades en estos crímenes están dentro de la función pública del Estado. Será la federación quien tenga que esclarecer la responsabilidad de muchos funcionarios o exfuncionarios del Estado de Coahuila como lo es el exprocurador Jesús Torres Charles, como lo es el exgobernador Jorge Torres López, Humberto Moreira, el secretario de gobierno en ese entonces Armando Luna Canales, que al menos hasta los eventos del 2011 y los del 2012 con el Penal de Piedras Negras tienen responsabilidad, e incluso esto abarca parte de la gubernatura de Rubén Moreira”, expresa.
Durante la temporalidad de función pública de alto rango de los cuatro funcionarios que menciona la activista, fueron registradas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Fuero Común, mil 342 personas desaparecidas de las mil 754 totales de Coahuila, siendo el 96 y el 2017 el primero y el último registro de los cuales no existen paraderos.
En ese sentido, José Ángel Herrera, dice que en lo que concierne a delitos de Delincuencia Organizada, señala que la federación tiene sus debidas carpetas de investigación; sin embargo, por su parte se están desarrollando únicamente los delitos que conciernen al fuero común, como con los que han sido condenados algunos de los involucrados, por ejemplo, en secuestro calificado.
Al día de hoy, en la investigación de la ‘Masacre de Allende’ trabajan dos coordinadores, un MP y cuatro policías, y con estos hay cuatro órdenes de aprehensión cumplidas: dos contra policías y dos contra miembros del crimen organizado; cuatro órdenes parciales más contra personas del crimen organizado internadas en cárceles federales; y otras cuatro órdenes pendientes más contra sujetos que están prófugos de la ley.
Ariana García Bosque, abogada de familiares y de colectivos de búsqueda.
“Será la Federación quien tenga que esclarecer la responsabilidad de muchos funcionarios o exfuncionarios del estado de Coahuila como lo es el exprocurador Jesús Torres Charles, el exgobernador Jorge Torres López, Humberto Moreira, el secretario de Gobierno en ese entonces, Armando Luna Canales, esto abarca parte de la gubernatura de Rubén Moreira”.
Además, existen únicamente dos sentencias condenatorias contra policías y el director de seguridad municipal de Allende.
Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dice que en el caso del ex alcalde de Allende, Sergio Lozano, fue cumplimentada una orden de aprehensión que concluyó con el no ejercicio de la acción penal en septiembre del 2017, y tras la búsqueda de reaprehensión, donde la autoridad recabó dos testimoniales, una nueva orden fue desechada debido a que los testimonios retiraron voluntariamente sus declaraciones por presuntas amenazas.
“Por la cuestión de impunidad podemos decir que ahí están los resultados”, expresa Jose Ángel Herrera.
En marzo del 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 10VG/2018 respecto al caso, donde uno de los puntos recomendatorios a las instituciones del Gobierno del Estado fue ofrecer una disculpa pública a las familias; sin embargo, tanto Ariana García de Familias Unidas, como Silvia Ortiz del colectivo de búsqueda Grupo VIDA, dicen que las familias de desaparecidos en la entidad han solicitado que se realice esta misma disculpa en todas las regiones de la entidad, debido a que los hechos de Allende fueron graves, pero también generalizados en los diversos municipios de Coahuila.
Aunque el delegado de la Presidencia de la República de Coahuila, Reyes Flores Hurtado declaró en diciembre del año pasado que existen elementos para formar una Comisión de la Verdad sobre el caso, tal y como se hizo con el caso Ayotzinapa, fuentes extraoficiales de la Secretaría de Gobernación en el tema de Derechos Humanos dirigido por Alejandro Encinas, dice que el tema no se ha analizado o se ha puesto sobre la mesa.
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://tlaxcala.quadratin.com.mx/municipios/en-totolac-no-quieren-puentes-exigen-agua-potable/
TLAXCALA, Tlax., 17 de marzo de 2019.- Lo pobladores de Totolac mostraron su inconformidad contra el ayuntamiento y el gobierno del estado, por la inauguración de un pequeño puente carretero, que de acuerdo a la ciudadanía, no era necesario, ya que la demanda primordial desde hace ya varios años, es la actualización del sistema de tuberías que transportan agua potable. El comité de agua potable de la comunidad de los Reyes Quiahuixtlan, comentó que la tubería tiene una antigüedad de 50 años, por lo que hasta el momento, el municipio no le ha dado prioridad a esa demanda, lo que pone en riesgo a la comunidad, ya que podría presentarse desabasto e incluso la generación de problemas de salud. Así mismo, denigraron la gestión del alcalde, Giovanni Pérez Briones, asegurando que las pocas obras que existen en el municipio, no tienen el impacto social que él tanto presume: “él no tiene capacidad”, señalaron. Por último, el comité advirtió que en próximos días estarán solicitando audiencia con el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, para presentar un plan estratégico y recibir el apoyo que por años se les ha negado para solucionar la problemática de las tuberías.
Chilpancingo, 16 de marzo. Normalistas de Ayotzinapa exigieron al Ejército entregar toda la información referente a la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, luego de la aparición de un video donde muestra que un normalista era informante de ellos.
En conferencia de prensa, normalistas de Ayorzinapa fijaron postura en torno al video difundido por militares que evidencian que uno de los 43 normalistas desaparecido era infiltrado del Ejército.
Uno de los normalistas que omitió su nombre expuso que en torno al video que circula demandan al Ejército dar más información, porque con ello se demuestra que tuvieron que ver con la desaparición de los 43.
Otro normalista señaló que la información no es nueva, después de la desaparición de los 43 compañeros ya se tenía la información de que había un compañero infiltrado, precisamente de un cuartel militar, así mismo se tenía el nombre “Ahora que sale el video sabemos que los expertos del GIEI están nuevamente con nosotros, pues vienen con todo, ellos fueron quienes dijeron que los 43 compañeros no fueron quemados en el barranco de Cocula… Creemos nosotros que las estrategias son muchas del estado, realmente no tenemos conocimiento en realidad cuál es la finalidad de dar a conocer este video”, expresó.
Dijo que sin embargo para ellos es importante porque esto quiere decir que si ellos ya tenían un infiltrado antes de la desaparición de los 43, pues entonces ya tenían información de que los compañeros iban para Iguala y lo que estaba sucediendo allá.
El normalista señaló que independientemente de cuál es la estrategia de ellos para dar a conocer el vídeo, es importante, pues Ayotzinapa ha sido infiltrado desde años antes; desde la época de guerrillero Lucio Cabañas.
Dijo que desconocen en ese momento quienes sean infiltrados, que si los conocieran ya los hubieran expulsado de la Normal, sean maestros, estudiates.
Respecto a que si se le seguirá dando el apoyo a la familia del normalista para seguir con su búsqueda, dijo que sí.
“El hecho de que haya un infiltrado en Ayotzinapa, el caso es que es una persona, un ser humano más y es ahora si un chivo expiatorio del estado, es una persona utilizada por el estado, creo que ellos mantendrán su lucha, se mantendrán unidos. Esto no quiere decir que se tengan que separar, al contrario yo creo que tienen que estar mas unidos independientemente de cualquier cosa y pues aquí la cuestión son 43 desaparecidos”.
Daniel Domínguez Aguilar, Director Normal Veracruzana / Foto: Jaime Rivera
Itzel Molina / Diario de Xalapa
Con la aplicación de la Reforma Educativa la matrícula de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” disminuyó un 50%, dio a conocer el director de la institución, Daniel Domínguez Aguilar.
Refirió que ante ello es necesario reposicionar a la institución a nivel nacional, pues por varios años ha sido una de las mejores en lo que respecta a la formación de docentes.
“Hubo años en que la afluencia de solicitudes era de 3 mil 800 y en épocas pasadas llegábamos a poco más de mil, con ello se tiene una idea del tamaño de la disminución de la matrícula” expuso.
Consideró como indispensable recuperar el papel histórico que han tenido las Normales en la formación de los docentes de educación básica, por lo cual se confía en que el proyecto educativo generado en el pasado Gobierno federal sea eliminado.
“Desafortunadamente la Reforma Educativa, que todavía está vigente, estigmatizó al magisterio, degradó a las normales e hizo que la matrícula se abatiera, es algo con lo que tenemos que luchar” dijo.
Adelantó que se hará una revisión completa de los planes de estudio para mejorarlos y atender las necesidades que se tienen respecto a la formación de los profesores.
“Se necesita replantear el equipo de docente que se requiere en este momento para hacer frente al planteamiento nacional”
Hasta mil toneladas de basura plástica se producen al día en Tabasco, lo cual, se debe al consumo de productos empaquetados, botellas, bolsas de basura y cosméticos, informó el especialista en ecología e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mauricio Ferrer Hernández.
Detalló que durante los últimos 15 años la generación de los residuos aumentó en un 10.5 por ciento, lo cual se deriva del crecimiento de la población y de la ampliación de las zonas urbanas, por lo que ríos y lagunas resultan afectados al recibir parte de los desechos.
“En los estudios que se han realizado hemos detectado que lo que más encontramos son las botellas y bolsas, ya que las refresqueras registran amplias solicitudes de sus productos al igual que las bolsas que proporcionan los supermercados. Sin embargo, el problema aquí es que esto invade los mares y los ríos, pues su reciclaje es muy complicado si no se cuenta con la cultura y las políticas públicas para hacerlo”, refirió en entrevista.
En la entidad, cada tabasqueño produce aproximadamente 900 gramos de basura al día y 49 kilogramos de plásticos en un año, ya que el 90 por ciento de los productos para el consumo e higiene personal son envasados en este material.
De acuerdo al especialista, la basura y especialmente los plásticos tardan en degradarse más de 100 años, convirtiéndose en un problema importante y costoso para tratar.
Los principales daños se reflejan en los cuerpos de agua, ya que al hundirse en el lecho de lagunas impiden la oxigenación del agua, lo que ocasiona la muerte de peces y malos olores.
Explicó que además de la basura plástica, los electrónicos también representan un problema ambiental para el estado, debido a los metales pesados que contienen y que son liberados en el agua y en la tierra.
En Villahermosa, ríos contaminados
Los ríos que atraviesan Tabasco y especialmente los que se encuentran cerca de Villahermosa son invadidos con toneladas de basura, derivado de la falta de cultura de los ciudadanos y la falta de políticas públicas para la protección de los cuerpos de agua, señaló el integrante de la asociación ecológica Santo Tomás, Hugo Ireta Guzmán.
La presencia de asentamientos irregulares es una de las principales causas por las que se registra esta problemática, ya que al no contar con servicios municipales optan por depositar sus desechos en los ríos, detalló.
Por su parte, el investigador y colaborador del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET), Luis Raúl Tovar Gálvez, señala que 341 sitios son utilizados como basureros clandestinos en la ciudad de Villahermosa.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los plásticos son la forma más común de desechos marinos que impactan el océano.
En estos se encuentran comúnmente colillas de cigarros, envolturas de alimentos, botellas, popotes, vasos, platos, tapas de botella y bolsas, alerta la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
El organismo internacional explica que el 50 por ciento de los productos desechables de plástico están diseñados para usarse una sola vez, y casi un tercio de los que usamos escapan de los sistemas de recolección.
En este sentido el organismo hace un llamado a las personas y al turismo en particular, ya que hasta el 80% de éste se relaciona con las áreas costeras, a no utilizar productos desechables y en su lugar aquellos que se puedan reutilizar como bolsas de tela, botella de agua de acero inoxidable, cubiertos de bambú o popotes de papel.
Ciudadanos generan cada vez más desechos plásticos, lo que hace que la contaminación aumente.
La mayoría de las comidas preparadas, bebidas y productos de higiene personal son empacados en plásticos no reutilizables.
Ante este reajuste administrativo para acabar con actos de corrupción en este programa de Estancias, las madres de familia son las más afectadas pues no tienen dónde dejar a sus hijos.
En dos meses y medio, 120 Estancias Infantiles en Oaxaca han cerrado sus puertas derivado de la determinación del gobierno federal de entregar de manera directa los apoyos a las familias y no a los centros de atención para los pequeños, lo que representa el 60 por ciento del total.
Y es que el programa que inició durante el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) y continúo con el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), consistía en canalizar recursos de manera mensual a las guarderías: 950 pesos por cada niño inscrito que asistiera por lo menos seis horas diarias a recibir cuidados.
Las instituciones podían cobrar hasta 800 pesos de cuota de corresponsabilidad, de acuerdo a los servicios que brindaban, sin embargo en algunos casos no se les pedía a los tutores ninguna colegiatura aseguró la representante de las Estancias en Oaxaca, Karina Burgoa.
En entrevista, confió en que las madres que acuden a estos centros continuarán haciéndolo cuando reciban el apoyo de 800 pesos mensuales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les entregará, y quienes se han marchado por falta de recursos, regresen en cuando se les brinde el monto comprometido.
Sin embargo, dijo, en tanto avanza el padrón y se realiza la entrega de apoyos, a dos meses y medio de la suspensión de los subsidios, únicamente 90 Estancias Infantiles continúan con sus operaciones, principalmente en la zona urbana del estado.
Las agrupaciones en Oaxaca tenían conocimiento de 210 Estancias, mientras que en el padrón de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ahora Bienestar –hasta diciembre del año pasado– registraba 240, en las cuales se atendían a siete mil 230 niños.
Los servicios que brindan estas guarderías a niños de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro son: cuidado, alimentación por la mañana y la tarde, otorgamiento de colación de fruta, así como juegos, enseñanza y socialización.
El presidente López Obrador señaló que en este programa se registraban actos de corrupción, ya que de cada tres estancias dos eran irregulares, además que dijo contar con pruebas suficientes para demostrar que eran operadas por partidos políticos.
Ante ello, modificó el esquema de trabajo para canalizar recursos de manera directa a los padres y madres de familia con lo que aseguró, se acabará la corrupción al terminar con los intermediarios.
La representante en Oaxaca de las Estancias rechazó tener conocimiento de que estas instituciones en el estado hayan recurrido al amparo que en días recientes obtuvieron este tipo de guarderías en otras entidades del país, contra la medida presidencial.
Comunicadores de San Luis Río Colorado, ante el féretro del periodista asesinado Santiago Barroso Alfaro.
OPINIÓN SONORA.COM
San Luis Río Colorado, Sonora.- “Los periodistas de San Luis Río Colorado exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, una respuesta pronta por este hecho cobarde y reprobable a todas luces, un atentado a la libertad de expresión”, expresaron ante el féretro de su compañero Santiago Barroso Alfaro.
El periodista Barroso se encontraba en su vivienda cuando tocaron a la puerta de la misma, la noche del viernes pasado, y al abrir fue acribillado; una hora más tarde dejaría de existir en el Hospital del Seguro Social.
Al montar guardia en la agencia funeraria donde velaron los restos del reconocido comunicador, expresaron que las autoridades no tienen aún respuesta a la demanda de justicia que exigen familiares e integrantes del gremio.
Recalcaron que el comunicador caído “era un excelente esposo, padre y amigo, por lo que los periodistas de San Luis Río Colorado exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, una respuesta pronta por este hecho cobarde y reprobable a todas luces, un atentado a la libertad de expresión”, expresaron.
Recorte de personal, infraestructura deficiente, falta de suministros y malos tratos se agravaron en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Tras recibir quejas por inconformidades entre empleados y usuarios, este viernes NTR Medios de Comunicación recorrió las instalaciones de la dependencia federal, donde se constataron carencias y fallas ante los ajustes implementados con los cambios de administración.
Esta misma semana, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, compareció ante las Comisiones de Salud y Seguridad Social en el Congreso de la Unión, donde admitió que el instituto enfrenta un pasivo de 22 mil millones de pesos y un déficit de 2 mil plazas para médicos.
Además, advirtió que se ahorrarían 500 millones de pesos mediante “la compactación de estructuras” y reconoció que habría despidos, pero aseguró que serían en áreas administrativas, sin afectar a “personal de base, médicos y enfermeras”, pese a la “situación crítica para 2019”.
En Zacatecas se padecen los estragos. Trabajadores de distintas áreas coincidieron en que, aunque se ampliaron las instalaciones del hospital, la plantilla no crece y es insuficiente para la cantidad de pacientes que reciben, por lo que hay áreas abarrotadas.
Reconocieron las denuncias de los derechohabientes en cuanto al servicio insuficiente; sin embargo, reprocharon que haya saturación y que, pese a ello, esta quincena se notificara a empleados de todas las áreas, de suplencias y de apoyo, que ya no serían contratados.
Trabajadores recortados, quienes prefirieron el anonimato por temor a represalias, recordaron que en el cierre de 2018 acumularon un retraso de seis meses en sus pagos y que, al reclamar sus salarios, fueron reprimidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Expusieron que hubo quienes recibieron las 12 quincenas que se les debían pasadas las fiestas decembrinas y que luego continuó el incumplimiento. Ahora fueron despedidos, algunos con adeudos de hasta cinco quincenas y nueve años de trabajar en el hospital.
Agregaron que el aviso de que perdieron sus empleos se les dio “de palabra” este jueves, cuando les pidieron que se presentaran hasta el 15 de marzo y que después no se requerirían sus servicios.
Dos de las afectadas con el recorte reciente fueron nutriólogas que tenían poco más de 1 año dentro del hospital. Ellas se encargaban de las dietas de los pacientes y de asesorar a las cocineras sobre los menús que deberían elaborar dependiendo de cada usuario.
En la cocina del hospital preocupa el aumento del trabajo, pues sólo quedaron cinco empleadas que tendrán que elaborar comida para aproximadamente 300 personas, entre personal y derechohabientes.
“Nos dijeron un día antes que ya estábamos fuera del hospital. Nos dijeron que ya no había dinero de la Federación y que sólo nos pagarían lo que nos deben, como cinco quincenas”, precisó una de las afectadas.
Recriminaron que la Dirección del Hospital General les exigió salir “discretamente”, aunque en diversas áreas ya hay enojo entre el personal. “Son de todas las áreas el recorte y sabemos que eso va a influir en la atención al derechohabiente”, lamentaron.
Empleados de apoyo y de suplencias afirmaron que esto descompensará los turnos nocturnos, de fin de semana y días festivos.
Además, tanto trabajadores eventuales como de base afirmaron que viven en incertidumbre, pues se les anunció que los despidos continuarían por falta de presupuesto.
Ignorados
Los empleados del ISSSTE reprocharon que en poco tiempo cambiara el delegado en dos ocasiones: Humberto Javier Romero Gudiño y Javier Alberto Torres Cardona, sin éxito en cuanto a mejoras en el centro público de atención médica.
Consideraron que ninguno recorrió a fondo las áreas del Hospital General del ISSSTE para conocer de primera mano sus necesidades, por lo que afirmaron que se acumularon los problemas y no sólo el personal lidia con las consecuencias, sino también perjudican a los derechohabientes.
Las fallas son visibles en el lugar. En el espacio del comedor únicamente hay 29 sillas para hasta cien usuarios, para desayunos, comidas y cenas, por lo que algunos se ven obligados a comer parados, exhibieron las trabajadoras de la cocina.
Edelmira de la Rosa, quien recientemente fue intervenida en el hospital, recriminó: “no se me hace justo que hayan hecho un edificio muy amplio para puros especialistas y donde internan, a los que están próximos a cirugía, los dejan apretados en una sola sala”.
Refirió que la pintura de los interiores está muy maltratada y que no hay servicio de aire acondicionado, lo que vuelve insoportable estar ahí en esta temporada, con altas temperaturas, saturación de pacientes y cortinas de hule que separan las camas y concentran el calor.
Añadió que a los familiares que se quedan como cuidadores de los pacientes operados les ofrecen sólo sillas incómodas, algunas rotas y sin esponja en asiento y respaldo. “Es tan pequeño el espacio, que ni en el piso se pueden quedar”.
“No se diga de los baños. Son muy chicos y les falta mantenimiento. Hay pacientes intervenidos de cuestiones graves, como de la columna, lo que afecta su movilidad, y tienen que hacer malabares para bañarse entre la taza, el lavamanos y una silla amontonados”, comentó la derechohabiente.
Reveló que en quirófanos hay lámparas que no sirven y que en la Sala de Observación “no se dan abasto con tanto enfermo, pero ni camas hay, mientras que el edificio nuevo está desaprovechado”.
Otra usuaria, Leonor Carrillo, se quejó sobre todo de la tardanza en los servicios. “Tuve que esperar más de una hora de pie porque no hay sillas, todo para sacar una radiografía, donde además la recepcionista tiene muy mal trato con los pacientes”, se quejó.
Criticó también la distribución de las instalaciones, pues ejemplificó que para trasladarse de medicina familiar, ubicada en el nuevo edificio, a otras áreas, las personas tienen que salir del inmueble para rodear hasta la farmacia, a pesar de que existe una conexión en el interior.
“Está el puente, pero nomás de adorno. La seguridad Omega no deja que pasemos, tenemos que salir y formarnos otra vez para volver a regresar por la calle”, explicó.
Pacientes que esperaban su turno de ser atendidos concordaron en que la falta de espacio en el primer edificio es un problema grave, pues dijeron que es común observar largas filas por ejemplo en Urgencias, donde quienes llegan con algún síntoma grave deben de esperar en el pasillo.
Además reprocharon que los baños son reducidos y con muy poca higiene. Por último, los derechohabientes reprobaron que, aunque se quejan, sus denuncias no son atendidas y tampoco se les da seguimiento a sus peticiones, por lo que son poco optimistas de que la atención mejore, pese a las promesas de regeneración en el sistema de salud.
A 100 AÑOS DEL ASESINATO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR
Considerando que a nuestro hermano Samir Flores Soberanes lo mató el régimen neoliberal; no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales, o, si los tres juntos;
Observando que la autodenominada “Cuarta Transformación” inició con Miguel de la Madrid Hurtado, se profundizó con Carlos Salinas de Gortari, siguió su guerra de conquista con Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; y ahora continúa con el proyecto transexenal de Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Para los pueblos originarios el único “cambio verdadero” es el aumento de las mentiras, los engaños, las persecuciones, las amenazas, los encarcelamientos, el despojo, los asesinatos, las burlas y desprecios, la explotación humana y la destrucción de la naturaleza; en suma: el aniquilamiento de la vida colectiva que somos;
Asumiendo que el gobierno neoliberal que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene su vista puesta en nuestros pueblos y territorios, donde, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se tiende una red de cooptación y desorganización, que abre el camino a una guerra que tiene nombre industrial, hecha de proyectos y violencias, que, apoyada en las corporaciones militares y en la próxima Guardia Nacional, expande una oscura telaraña de muerte y destrucción en los pueblos originarios del país;
Reiterando nuestra firme oposición a las políticas neoliberales de los viejos y los nuevos gobiernos, nuestra oposición a las consultas, se llamen como se llamen, que no tienen otro fin que el despojo de nuestros territorios; nuestra oposición a la minería, al represamiento de nuestros ríos, a la construcción de autopistas, a la acelerada especulación inmobiliaria de nuestras tierras, a los megaproyectos neoliberales de muerte como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transísmico o el Tren Maya;
Recordando que la lucha encabezada por el General EMILIANO ZAPATA SALAZAR y el Ejército Libertador del Sur y Centro representaron y siguen representando los intereses y aspiraciones de nuestros pueblos y de millones de explotados y explotadas en México y en el mundo; y que este próximo 10 de abril se cumplen 100 AÑOS DEL COBARDE ASESINATO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR por parte del régimen político que, a pesar de sus “transformaciones”, nos sigue gobernando hasta el día de hoy:
CONVOCAMOS
A LA ASAMBLEA NACIONAL ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO Y LOS ADHERENTES A LA SEXTA, REDES DE APOYO AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO Y COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES QUE LUCHAN Y SE ORGANIZAN CONTRA EL CAPITALISMO
A realizarse el 09 de abril del presente año en la comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, de las 10:00 de la mañana a las 18:00 hrs.
Así como a la:
MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL A 100 AÑOS DEL ASESINATO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CUYO EPICENTRO SERÁ EN CHINAMECA, MORELOS, EL 10 DE ABRIL DE 2019, A PARTIR DE LAS 9.00 HRS. DE LA MAÑANA.
El programa de actividades se difundirá próximamente.
ATENTAMENTE
A marzo de 2019.
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
ASAMBLEA DE LA RESISTENCIA DE AMILCINGO
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA MORELOS-PUEBLA-TLAXCALA
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
Por acuerdo de la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia del Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, realizada en la comunidad de Amilcingo, Morelos, con fecha 09 de marzo del presente año, se impulsa la presente convocatoria junto con las siguientes organizaciones:
Huexca en Resistencia, Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Red de apoyo al CIG-Morelos, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Trabajadores de Morelos, UPCI, Cholultecas Unidos en Resistencia-CHUR, Nodorolidente, MOPIM-CNPA-MN, Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo, UPVA 28 de octubre, Red contra la Represión, Red Coyoacan, Praxis en América Latina, CNI Tepoztlan, CNI Puebla, Colectivo Resistrenzas, Red de Resistencia y Rebeldía Cineteca, Red de Rebeldías y Resistencias, UPCD, EPM, Colectivo Obrero, JEN, Comunidad de Huazulco, Zapatistas del sur de Morelos, UCIZONI, MAIZ, Integrantes UAM-Azcapozalco, Solidaka, Unión por la Soberanía Popular, Escuela Normal Rural Popular Mactumactzá, Ejido Tenextepango, Ruacig, Rebelión, Hecho en Tlalpan, Colectivo El Zurdo, Mov. por la libertad de los defensores del agua Tlanixco Edo. Mex., San Miguel Cajono Oaxaca, Universidad de Chapingo, Libertad bajo Palabra, Flor de la Palabra, Organización Nacional del Poder Popular.
El comunicador fue trasladado a un nosocomio del seguro social en donde perdió la vida una hora después. Foto: Twitter
Eduardo Villa Lugo/Redacción SIN EMBARGO
Según las primeras indagatorias, los desconocidos habrían llamado a la puerta del comunicador y dispararon contra la víctima, quien se desempeñaba como locutor del programa “Buenos Días San Luis”.
Sonora/Ciudad de México, 16 de marzo (Zeta/SinEmbargo).- Al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego recibió el periodista Santiago Barroso, por una pareja de sicarios que lo atacó en su vivienda ubicada en la colonia Sonora, en el municipio de San Luis Río Colorado. A causa de las heridas, el comunicador falleció mientras era atendido en la clínica 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los hechos se suscitaron alrededor de las 22:00 horas, en la vivienda del ex colaborador de El Imparcial y La Crónica, de Mexicali, ubicada en el callejón Sinaloa, entre las calles 7 y 8.
La víctima recibió dos tiros en el abdomen y uno más en la clavícula.
Según las primeras indagatorias, los desconocidos habrían llamado a su puerta y dispararon contra la víctima, quien actualmente se desempeñaba como locutor del programa “Buenos Días San Luis”.
Los responsables huyeron y Barroso logró reincorporarse para pedir ayuda a través de los números de emergencia.
Lesionado, fue trasladado al nosocomio del seguro social en donde perdió la vida una hora después.
Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión, pero por tratarse de un periodista, la Fiscalía de Sonora inició la investigación relacionada a su actividad profesional.
El comunicador, quien egresó de la Licenciatura en Comunicación en la UABC de Mexicali, fue compañero del finado periodista Benjamín Flores en La Prensa de San Luis. Actualmente dirigía el radionoticiero Buenos Días San Luis (OIR). También fue jefe de información del Diario Binacional Noticias San Luis R.C.,Sonora.
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Ciudad de México, 15 de marzo, 2019.- El Movimiento de Afectados por las Represas en Latino América (MAR) y Otros Mundos Chiapas A.C. en el marco del 14 de marzo, Día Mundial de Acción Contra las Represas, exigieron “cancelar definitivamente los proyectos de muerte” que han afectado El Zapotillo en Jalisco, Paso de la Reyna en Oaxaca, La Parota en Guerrero, el proyecto Agua Zarca, en Querétaro y la represa Hidroituango en Colombia.
Llamaron a exigir “un modelo energético y de gestión del agua alternativo” que deje de movilizar “al sistema capitalista”.
Argumentaron que hay denuncias a los proyectos por “sus impactos a los causes de los ríos, a los ecosistemas y por ser causantes de la desaparición, desalojo y desplazamiento de miles de poblados” además de asesinatos de cientos de personas defensoras de los ríos.
Las organizaciones denunciaron a la empresa minera Vale “causante de varios desastres naturales en los últimos años, el más reciente en Brumadinho”, Brasil, en febrero de este año.
Sumaron además la exigencia por la resolución del caso de Berta Cáceres, y justicia para ella y “su familia y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)”, manifestando “faltan los Atala” por su evidente participación en el caso.
El MAR y Otros Mundos Chiapas A.C, finalizaron exigiendo modelo energético y de gestión del agua alternativo, “porque mientras se sigan planeando y desarrollando proyectos para movilizar al sistema capitalista, es decir para generar electricidad o brindar agua para la minería, las Zonas Económicas Especiales, los monocultivos, la industria del papel, etc., los proyectos seguirán siendo para la muerte y no para nuestro derecho al agua y a la energía.”
Huajuapan de León, Oaxaca.- El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) demandó a las instancias de gobierno y organismos defensores de derechos humanos, atender un presunto acto de hostigamiento que sufriera el dirigente Misael Velásquez Tadeo.
La petición es específicamente a la Secretaría General de Gobierno (Segego).
La organización denunció que el presunto hostigamiento ocurrió el viernes 8 de marzo, aproximadamente a las 20:00 horas.
“En un operativo, militares, Policía Federal y Policía el Estado arribaron a la casa de nuestro compañero Misael Velásquez Tadeo, coordinador de nuestra organización en el estado de Oaxaca, sin que él se encontrara en su domicilio”, citaba el pronunciamiento.
Dijo que dichos elementos acudieron a bordo de las patrullas con número de placas 12915, TLA 4692, MBE2W, y una más cuyas placas no pudo registrar.
Quienes sí estaban en la vivienda ubicada en esta ciudad de Huajuapan, al momento del presunto operativo, fueron su esposa y sus hijos.
“Ella, al mirar que habían unidades policiacas observando el vehículo particular de su esposo salió a encarar a los elementos”, especificó el comunicado.
“En ese periodo, Velásquez Tadeo logró tener comunicación con un oficial vía telefónica, quien no se identificó, a quien le preguntó cuál era el motivo de su presencia, mismo que respondió que era un operativo y le requirió documentos de su vehículo y de otras dos unidades pertenecientes a la organización”, citó.
MAÍZ consideró que estos actos van encaminados a criminalizar la protesta social y la lucha de los defensores de la tierra y el territorio, por lo que pidieron un alto a la “política de hostigamiento y de intimidación para los defensores del territorio”.
“Expresamos que nuestro compañero se ha caracterizado por su trabajo, su compromiso a favor de los pueblos indígenas de la región, siendo un defensor de los derechos humanos y del territorio, por lo que nos preocupan estos actos de intimidación hacia su persona y su familia”, señalaron.
Asimismo, exigieron al gobierno federal una respuesta ante este acto, resaltando que dicha organización “ha sido objeto de agresiones teniendo la desaparición de Sergio Rivera Hernández, compañero de la resistencia contra una hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra de Puebla; manifestamos nuestra preocupación por la integridad de su familia y de su persona”.
La más reciente movilización de MAÍZ con respecto a la defensa del territorio, fue la toma de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Huajuapan.
Ésta se llevó a cabo el 23 de febrero, con el objetivo de exigir al gobierno federal, justicia por el asesinato de Samir Flores Soberanes, y la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) en dicho estado.
En su manifestación, condenaron el homicidio del defensor de derechos humanos ocurrido el pasado 20 de febrero, quien previo a su muerte, se identificó por cuestionar la termoeléctrica en Huexca y el Proyecto Integral Morelos que se ha proyectado desde el 2012.
Trabajan bajo protesta por falta de los servicios médicos; solicitan una solución inmediata
Adrian López / El debate
Los Mochis, Sinaloa.- Los trabajadores de Pemex de la base Topolobampo se manifestaron de manera pacífica por la falta de servicios médicos.
Los inconformes expusieron que desde hace 15 días les suspendieron el servicio de hospitalización y especialidades, las cuales requieren de manera urgente para los trabajadores y jubilados enfermos y sus familias, sobre todo los que padecen problemas renales, diabetes, hipertensión y cáncer.
Cabe mencionar que estos trabajadores no cuentan con IMSS, y la prestación de servicios médicos es subrogada a través de clínicas privadas.
“No nos están dando el servicio completo. Ahorita sí nos están dando servicios de medicina general, urgencias y pediatría, eso es lo único que tenemos. No contamos con los demás, como las especialidades y las hospitalizaciones”, informó Genaro Gallegos, secretario general de la delegación 51, sección 40 de Pemex.
Comentó que desde que existe el contrato colectivo habían tenido este servicio y no habían tenido problema. Agregó que continuarán trabajando bajo protesta hasta que el servicio sea reactivado. Dijo desconocer los motivos por los cuales se dio esta suspensión en los servicios médicos.
Salud en riesgo
Asimismo, Sergio Gámez, secretario de interior y exterior del sindicato de Pemex, añadió que al ser suspendido el servicio de especialidades se está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y sus familias que necesitan ser atendidos. “Es un reclamo a un derecho del trabajador”, comentó.
Por el mismo tenor, Dolores Inés López, empleada de ventas, expuso que hay gente mayor que tiene problemas renales y se dializan cada semana y están pagando alrededor de 3 mil 500 pesos al hacerlo de manera particular.
“Estamos viviendo una situación muy compleja porque no tenemos servicio médico, tenemos nada más medicina general y en las farmacias no nos pueden surtir las recetas porque no hay medicamentos. Hacemos un llamado al presidente de la República para que solucione esto porque él nos prometió que iba a respetar nuestros derechos laborales, que iba a apoyarnos”.
Mazatlán, Sinaloa.- El hartazgo por el abuso, indolencia, falta de respeto y de atención de parte de la autoridad hacia los habitantes del fraccionamiento Sábalo Country Club ocasionó protestas para exigir alto a las torres que se edifican frente a sus viviendas.
El presidente de la Asociación de Colonos, Joel Cañedo Rodríguez, demanda a la autoridad se respete el uso de suelo.
Este predio en el que está asentado el fraccionamiento, la ley lo contempla solo para construir edificios de tres niveles y no para torres de 17 pisos, por lo que se viola la normatividad.
Fallas
Las 900 familias que viven en este fraccionamiento ya sufren de la escasez de agua, tienen fallas en el drenaje, la recolección de basura y seguridad es deficiente.
Alto
De seguir la obra, serían más de 300 familias las afectadas, por ello insisten que paren el proyecto Ferrara Pacific City.
Los manifestantes se concentraron unos minutos frente a la obra, luego hicieron una macha con lonas donde explican sus inconformidades y la exigencia a la autoridad municipal.
Cañedo recalcó que siendo aún alcalde Fernando Pucheta le solicitaron hablar con él, acudió, pero no se bajó de la unidad al ver que tenían pancartas sobre sus quejas.
Quien los atendió fue el secretario del Ayuntamiento en ese entonces, Joel Bouciéguez, quien “era toda dulzura”, pero al asumir la presidencia su buena disposición se acabó.
Solución
Han solicitado una y varias veces una reunión, pero no hay respuesta.
El representante de los colonos, dice que ha ido hacerle guardia a la presidencia, pero sin tener respuesta.
Esto los obligó a tomar las calles para reclamar atención.
Insisten que van manifestarse una y otra vez hasta que la autoridad los escuche y solucione este problema.
Reiteran que no quieren las torres ahí por el riesgo que representan para los colonos.
Desde hace un mes, casi 400 personas esperan afuera de Palacio Nacional una respuesta del gobierno. Son desplazados internos de la sierra de Guerrrero. Un par de grupos armados los corrieron de sus pueblos. Esperan acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ocurre en la tierra de estas familias que no pueden habitarlas libremente?
Texto: Arturo Contreras Camero /Pie de Página
Imágenes: Duilio Rodríguez
“Tomaron los pueblos, saquearon nuestras casas, se están comiendo nuestras cosechas. Hay un saqueo…”. Antes de terminar la frase, Crescencio Pacheco baja la mirada y niega con la cabeza. Él vivía en Campo de Aviación, una ranchería en el municipio de Leonardo Bravo, donde si ahora regresa lo matan.
Mientras Crescencio cuenta la historia de sus comunidades, unos niños juegan alrededor con sus trompos. Al lado, una señora amamanta a un niño mientras su hija mayor se cepilla el cabello, sentada en una cubeta de plástico. Más allá, en una improvisada cocina comunitaria, varias mujeres preparan el desayuno para unas 300 personas.
Pareciera la cotidianeidad de la vida de campo, salvo una cuestión. Desde la madrugada del 18 de febrero, es una rutina enclavada en el ajetreo de la Ciudad de México. Entre la banqueta del Zócalo y la fachada de Palacio Nacional, donde han estado viviendo.
“Veníamos con la propuesta y ésa es la postura, de platicar con el presidente”, explica Cresencio. Piden, entre otras demandas, que el gobierno repliegue a los grupos armados que tomaron sus viviendas para que ellos puedan regresar.
Una semana después de llegar a la ciudad, un grupo de personas se colocó en cada puerta de Palacio Nacional. Interceptaron a Andrés Manuel López Obrador en su auto. Él bajó el vidrio y pudieron hablarle:
“Señor, ayúdenos, somos desplazados”, dijo uno de ellos.
“Sí, ya tengo conocimiento”, contestó y se detuvo a leer las pancartas y las lonas de los desplazados. Rápidamente dio instrucciones. “Ahorita los va a atender ella”.
Ese lunes se reunieron con Leticia Amaya, coordinadora de Atención Ciudadana de Presidencia, quien a diario recibe decenas de cartas con peticiones para el presidente. Después se reunieron con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y con varios de sus colaboradores, pero no han tenido ninguna respuesta.
Además del regreso a sus comunidades, piden una opción de vivienda provisional, una renta mensual, porque al ser gente de campo no tienen qué cosechar ni de qué vivir, y una ayuda económica para reponer los muebles y electrodomésticos que les robó la gente que tomó sus pueblos.
Del campo a la ciudad
En el campamento también hay unos 70 habitantes de la comunidad de Zitlala, en el municipio de Tlaltempanapa. Una población náhuatl que enfrentó la misma suerte que la de Leonardo Bravo:
Un grupo armado llegó a su pueblo y secuestró a tres hombres por no querer trabajar con el crimen organizado. Como resultado, varios hombres huyeron el 4 de noviembre con lo que tenían puesto.
Al día siguiente, el mismo grupo armado amenazó con matar al pueblo entero si no regresaban esos hombres. Sin pensarlo, las mujeres del pueblo también huyeron, sin nada más que sus hijos.
Tanto hombres como mujeres coincidieron en buscar refugio en Copalillo, una comunidad cercana, donde se encontraron. Desesperados, después de cuatro meses sin solución, decidieron llegar a la Ciudad de México.
Fue entonces cuando Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, tomó el caso de ambas comunidades.
“Se calcula una diáspora de mil 600 personas, de las que llegan 320 a la Ciudad de México. Los demás huyen como pueden por sus redes familiares”, asegura Alba Patricia Hernández Soc, una posdoctorante especializada en el desplazamiento forzado interno en Guerrero, que ha dado seguimiento a ambos casos.
Un recibimiento con balazos
Antes de decidir acampar en pleno Zócalo, el gobierno de Guerrero les aseguró a las comunidades que podían regresar a sus tierras. Y organizaron una caravana de retorno, liderada por militares y policías. Atrás iba un grupo de 15 reporteros y las mil 600 personas desplazadas.
Aún no llegaban al primer pueblo, cuando escucharon detonaciones de armas de grueso calibre. Los grupos armados les daban la bienvenida.
“No se puede confiar en un gobierno que solo simula”, dice la doctora Hernández. “El gobierno de Guerrero les está diciendo que pueden retornan cuando ellos quieran, bajo las condiciones que ellos quieran, que ahí Guerrero los está esperando. Esto es absurdo después de tres meses que no hizo nada, y que los puso en riesgo al regresarlos en una zona no pacificada”.
La doctora, que es parte del Seminario permanente sobre desplazamiento forzado interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, explica que desde 2014 en Guerrero existe la Ley 487, que aboga por los derechos de las personas desplazadas, sin embargo, no opera porque no existe un reglamento que la regule.
Todos saben quién es el responsable
“Sabemos quién fue el causante y el promotor de esta situación”, asegura Cresencio.
La violencia, explica, se disparó a raíz de la muerte de Jesús Nava Romero “El Rojo”, muerto en el mismo operativo que Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca en 2009, lo que desató una fuerte pelea por el control territorial.
A partir de esa pelea, el grupo armado que controla Onésimo Marquín Achapa, “El Necho”, ganó un gran poder. Tanto que se estima que su grupo está conformado por unas 3 mil personas. Son originarios de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, y controlan Iguala, Cocula, Apaztla, Teloloapan, San Miguel, Quetzala del Progreso, y recientemente, Leonardo Bravo.
La emergencia obligó a que en octubre de 2013 el gobierno estatal aprobara la creación la Unión de comisarios por la paz, seguridad y desarrollo de la sierra A.C. Una policía rural conformada por los mismos habitantes.
“No queríamos policías del estado, sino del pueblo, pero queríamos que se les diera un sustento, un desarrollo. De ahí, sacamos un cuerpo de 200 hombres, que fueron las plazas que aprobó el estado”, cuenta Crescencio, quien formó parte de esa policía.
Para entender el problema se necesita tener en mente dos cuestiones: la primera, que el municipio de Leonardo Bravo es una de las regiones de mayor producción de amapola en el país, y la segunda, que ese mismo terreno descansa sobre una veta minera rica en oro, plata y zinc.
“Lo que nosotros tratábamos de explicar a los que se llevan este producto era que entrara quien entrara a comprar, nosotros no queríamos ningún problema”, asevera.
No fue el opio, fue el oro
Naturalmente la gente relacionó los primeros enfrentamientos armados en la región con el trasiego de drogas, pero poco a poco se dieron cuenta que estaban muy equivocados. La causa de la discordia yacía bajo sus pies.
Para que se dieran cuenta tuvo que caer el precio de opio, a causa de un aumento en el consumo de fentanilo, un opioide sintético que ha ido desbancando al opio natural en el mercado.
Así, desde 2017, el precio del opio pasó de 20 mil pesos por kilo de goma base a 3 o 4 mil pesos.
“Esa madre ya no se siembra, ¡ya para qué! Inviertes 10 mil (pesos) y de ganancia vas a tener 5 mil. No te conviene. ¿Te vas a chingar 90 días trabajando en la amapola para que el día te salga en 20 pesos? No conviene”, dice Cresencio.
En cambio, si se miran en un mapa los poblados que ha ido tomando el grupo armado, se cae en cuenta que lo que persiguen es el control de una gran veta minera. Incluso en el municipio vecino, Eduardo Neri, hay minas que explotan oro, plata y zinc.
“Las mineras se aliaron a los grupos armados, para poder ir teniendo más dominio y más terreno, más hectáreas para esta explotación de minas. Si ahorita estuviera el precio de la amapola, o de la marihuana como en su apogeo, no hubiera desplazamiento, al contrario, hubiera más producción”, explica Cresencio.
La teoría del campesino es respaldada por la doctora Hernández Soc.
“La parte que conocemos como Filo de Caballos es conocida como La franja de oro, o El cinturón de oro, que abarca todos estos nuevos yacimientos encontrados.
“Podemos hablar de dos cosas hipotéticamente: que la mina puede estar pagando al crimen organizado para que se haga dueña de todos estos territorios, o bien, estos grupos están cobrándole a la mina, como una especie de seguridad interna, para despoblar y repoblar con nuevas personas”.
De acuerdo con un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en el México, de 2011 a 2017, más de 8 millones 700 mil personas tuvieron que cambiar de domicilio por la violencia que los rodea. Sin embargo, es una estimación obtenida con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia, que no toma en cuenta a gente que cambió su residencia por megadesarrollos u otros motivos que no sean violencia. Tampoco especifica de qué lugares se tuvo que desplazar la gente ni a dónde llegó.
Para los pobladores de Leonardo Bravo poco importó si las estadísticas son certeras o no. Poco a poco, vieron cómo se les deslavaba encima, desde los cerros, una ola de violencia que terminó por sacarlos de sus casas.
“Desde esta organización, estamos en constantes reuniones. Monitoreábamos el problema. Sabemos cómo viene operando este grupo delictivo”, cuenta Cresencio.
“Desde que llegaron a Verde Rico, en Tlacotepec, dijimos ‘aguas, el problema viene fuerte para acá. Hay que estar alertas’”.
Lo sabían, además, porque este grupo avisa antes de llegar a las comunidades que van a tomar. Mandan amenazas a través de redes sociales, avisando a qué pueblo se dirigen y así, antes de que lleguen, gran parte de la gente ya se fue.
“Cuando supimos que entraron al pueblo de Corralitos, Puentecías, Ranchito y Filo de Caballos, es cuando nos pudimos escapar. Porque sabíamos que esos estaban a 10 minutos de donde nosotros vivimos”.
La espera por la Guardia Nacional
Actualmente, muchas viviendas de las rancherías del municipio de Leonardo Bravo están ocupadas como casas de seguridad. El despojo pasa casi en frente de los militares. El cuartel de Chilapa, que alberga a la 35 Zona Militar está a tan solo una hora y media en automóvil. Y en las inmediaciones entre los pueblos de la sierra hay puestos de verificación.
“Hemos platicado con soldados razos. Aunque ellos recorran con armas largas y sus camionetas, no pueden hacer absolutamente nada ¡Porque no tienen órdenes de sus superiores!”, dice desesperado Cresencio: “Si nos dieran órdenes los jefes, los altos mandos –¡pat! ¡pat!, truenan los dedos– en cinco horas limpiamos el pueblo, va a ser la pinche agarradera de gente”.
Aún así, Cresencio, y muchas de las personas que están acampando afuera de Palacio Nacional tienen la esperanza puesta en que entre en marcha la Guardia Nacional, que ya se aprobó por todos los Congresos de los estados y a la que sólo le falta la firma del presidente para que empiece a funcionar. Pese a que la operación de la corporación podría tardar meses o incluso años.
Mientras, la gente espera. “A ver qué sale”, dice Cresencio sin mucha esperanza.
Termoeléctrica CFE en Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana
Jaime Luis Brito / Proceso
CUERNAVACA, Mor. (apro).- Los ejidos de San Juan Ahuehueyo, Moyotepec y Abelardo Rodríguez, en el municipio de Ayala, han sido protagonistas en la lucha legal contra la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM), pues han presentado una serie de recursos legales para que el gobierno federal no pueda acceder al agua de la Planta de Tratamiento de Cuautla para enfriar sus turbinas.
Son cinco los amparos que han presentado y 17 las suspensiones que mantienen contra la conexión del acueducto al que sólo le faltan 150 metros para concluir, lo que ha sido impedido por el campamento zapatista instalado en Apatlaco, pero también por los recursos legales presentados en colectivo por estos casi mil ejidatarios, quienes de llevarse el agua a la termoeléctrica, serían afectados seriamente en sus cultivos.
De acuerdo con los asesores legales de los ejidatarios, este proceso legal que cuenta con 17 suspensiones en distintas etapas del proceso de construcción, puede llevar cinco años más para su resolución, dado que la Comisión Federal de Electricidad no ha podido demostrar que los campesinos no resultarán afectados por la operación de la termoeléctrica. Además, hay otras instituciones involucradas como la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado de Morelos, el ayuntamiento de Cuautla y el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla.
Las suspensiones otorgadas por la justicia federal impiden que se concluyan los trabajos del acueducto, al igual que la realización de convenios entre las instituciones para la utilización del agua del río Cuautla, así como de la propia Planta de Tratamiento de Cuautla, pues también pertenece a los usuarios del río. También se ha logrado una suspensión para que la termoeléctrica no descargue el líquido en el río, entre otras.
Pese a que la Unesco ha dado una serie de recomendaciones a la CFE para la operación de la termoeléctrica, antes se tendrán que resolver los recursos legales, así como la propia resistencia de los pueblos que preparan una movilización para impedir los actos de conmemoración por el centenario del asesinato de Emiliano Zapata Salazar.
División en las comunidades
Sin embargo, los esfuerzos del delegado federal en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes por imponer el PIM podrían haber comenzado a dar frutos. Según algunos integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, la división permea en algunas comunidades.
La presencia del representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo una asamblea, dividió la semana pasada posturas en torno a la operación de la termoeléctrica. Lo que parece estar funcionando es el ofrecimiento de una serie de programas sociales a cambio de aceptar la termoeléctrica y el resto del PIM.
El rezago en diversos servicios en algunas comunidades, como por ejemplo en Huexca, donde se impuso la construcción de la termoeléctrica, hace que el ofrecimiento de programas sociales, sea una tentación grande para sus habitantes. “Es deshonesto lo que hacen, porque esos programas sociales de por sí deberían ser entregados a la gente, sin embargo, aquí nos los ofrecen a cambio de aceptar la termo. Eso no se vale”, dice una activista que prefiere omitir su nombre.
Los integrantes de la Asamblea exigieron a los gobiernos estatal y federal detener la estrategia de dividir al señalar que primero deben cumplir sus promesas y luego dejar de condicionar los servicios a las comunidades.
Por lo pronto, una tensa calma se respira en las comunidades del oriente, particularmente después del asesinato del líder comunitario de Amilcingo, Samir Flores, ocurrido el 20 de febrero pasado, y ante los resultados de la consulta realizada los pasados 23 y 24 de febrero.
La principal amenaza de la tierra, el agua y el aire en el norte de Veracruz es la fracturación hidráulica o también conocida como el fracking, que es un método que Petróleos Mexicanos (Pemex) utiliza para la extracción de hidrocarburos y el gas del subsuelo, pero esta técnica provoca la emisión de gases de efecto invernadero como el metano, que es hasta 86 veces más dañino que el bióxido de carbono., denunciaron activistas.
La devastación ecológica se ha extendido en casi toda la ciudad, así como en varias comunidades de Papantla, Coatzintla, Tihuatlán y parte del estado de Puebla como son Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza. En esas regiones, los gobiernos tampoco han implementado estrategias para subsanar las afectaciones que han provocado con la perforación de los pozos petroleros.
En México existen aproximadamente 7 mil pozos que operan con el método de fracturación hidráulica, de los cuales en Veracruz funcionan 3 mil y en la zona norte están la mayoría.
Irán Pérez Velazco, estudiante de ingeniería ambiental en la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que el Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (Pacma) de Pemex no ha asumido el papel de proteger el entorno ecológico y los recursos naturales de la región.
Ante esa situación, los jóvenes activistas, a través de una protesta pacífica frente al Palacio Municipal, exigieron el gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador prohíba el fracking dentro de la industria petrolera e implemente acciones contundentes para mitigar las afectaciones que ha desencadenado el cambio climático.
El mensaje, dijo la activista Alejandra Jiménez Ramírez, es garantizar que los niños, las niñas y los jóvenes tengan un futuro mejor, con recursos naturales limpios y libres de contaminación.
El 45 por ciento de los migrantes menores de edad que fueron presentados en Puebla entre 2014 y 2018 viajaban solos. En total pasaron mil 986, de acuerdo con las investigaciones hechas por el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) José Luis Sánchez Gavi, quien se presentó ante legisladores locales para abordar el tema junto con otros especialistas.
Durante su exposición detalló que conforme con la unidad migratoria, en 2014 pasaron 482 infantes; en 2015, 412; en 2016, 540; en 2017, 165 y en 2018 hasta 387, siendo esta última cifra la segunda más baja.
Sáchez Gavi realizó una clasificación de quienes se trasladaron sin compañía. Hubo 54 de 0 a 11 años y 847 de 11 a 17 años. El resto lo hicieron con un adulto.
En el documento presentado a los diputados locales se refiere que caminaron por el territorio poblano 751 menores de cero a 11 años con un mayor de edad, lo mismo ocurrió en el caso de 334 de 11 a 17 años.
El investigador puntualizó que desde 2001 y hasta 2017 hubo 26 mil 343 detenciones de viajeros sin documentos oficiales. El año antepasado la cantidad disminuyó respecto a 2016, pues pasó de mil 931 a 741. Fue 2001 el periodo en el cual hubo menos, con 564. Con los datos antes referidos ocupó entre la posición número seis y 19 a nivel nacional.
Sánchez Gavi expresó que por la vía del ferrocarril el corredor estaba conformado por 21 municipios poblanos. Justo en 2015 hubo un cambio y ahora llegan por las carreteras de Veracruz y Oaxaca.
El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que de manera mensual durante 2014 cerca de mil 500 migrantes pisaban la entidad, aunque la iglesia católica contabiliza aproximadamente mil 800. “Los datos arrojarían un aproximado de 20 mil al año, lo cual representa entre el 5 y el 8 del flujo total,” agregó.
Recordó que hay diversos problemas por resolver a pesar de la existencia de una estación migratoria desde 2011. En la última evaluación se cuestionaron diversos temas, como que la capacidad de 60 personas es insuficiente; no cuentan con médicos ni psicólogos y no hay un procedimiento específico para los infantes.
Una de las caravanas migrantes pasó el 21 de febrero de 2018. Los integrantes del grupo anunciaron su salida con semanas de anticipación, e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su rechazo.
El director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Christian Ayala Espinosa, comunicó que para la atención a estos grupos se invirtieron 2 millones 8 mil 110 pesos entre 2018 y 2019.
Adelantó que trabajan en la creación de un protocolo para recibirlos con la finalidad de puntualizar cómo debe actuar cada nivel de gobierno ante la entrada de extranjeros.
El titular de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, Adolfo López Badillo, informó que todavía hace cinco años emitieron recomendaciones en contra del ayuntamiento de Puebla y Tehuacán, por hacer verificaciones migratorias cuando no es su facultad; sin embargo, no se han denunciado más casos de este tipo.
En México cada día son asesinadas 9 mujeres, mientras que en Veracruz ya van 45, en lo que va de este año y ahora se está dando el fenómeno de que los presuntos homicidas no solo son hombres, sino también mujeres que asesinan a su pareja mujer. La diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, manifestó que de 2016 a 2017 en Veracruz se registró un incremento del 18% en feminicidios. Entrevistada en el marco de la Mesa de trabajo “Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, que se realizará en 18 entidades del país, manifestó que en 2016 en Veracruz se tuvo un registro de 142 y en 2017 hubo 175. En el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, legisladoras federales del Partido Acción Nacional convocaron al Foro y Mesas de Trabajo hacia una Ley para Prevenir, Sanciones y Erradicar el Delito de Feminicidio. Mariana Dunyaska García Rojas, refirió la urgencia de crear el marco jurídico y establecer las bases para la homologación de políticas públicas. Mientras que Adriana Dávila Fernández, diputada federal del Estado de Tlaxcala, aseguró que éste no es un tema menor y mucho menos partidista, por lo que urgió la necesidad de homologar la ley, las políticas públicas en materia de prevención, atención y sobre todo generación de confianza, con veracidad y compromiso. El Congreso del Estado, fue escenario de la Mesa de trabajo “Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, que se realizará en 18 entidades del país.
Santiago Jamiltepec, Oaxaca.- Con la finalidad de celebrar a los ríos, agua y vida por medio de la espiritualidad que practican los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, este 14 y 15 de marzo se realiza en las orillas del Río Verde la conmemoración del Día Internacional contra las Presas.
Es organizado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever). El Río Verde tiene una gran importancia en virtud de su cuenca, que comprende la quinta parte de la superficie total del estado de Oaxaca. Sin embargo, este río está amenazado por el proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, que hasta la fecha tiene suspendidos los trabajos de investigación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 14 de marzo se realizará en la comunidad del Paso de la Reyna, Jamiltepec, un ritual al Río Verde, el festejo contempla misas, intercambio de experiencias sobre la espiritualidad y el agua, también habrá muestras culturales de los pueblos asentados sobre la cuenca de este afluente.
Se espera la participación de al menos 40 comunidades adheridas al Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), en el marco del Día Internacional de Acciones contra las Represas.
Para el 15 de marzo las actividades se desarrollarán en el municipio de Santiago Ixtayutla y en la comunidad de Las Trojes, donde habitan indígenas mixtecos y chatinos, quienes se oponen a la construcción de la presa.
El objetivo de este encuentro es concientizar a más personas sobre los daños que traerá la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna, pero también se pretende demostrarle al gobierno federal que cada vez son más las personas que no están de acuerdo con este megaproyecto.
EL PROYECTO PASO DE LA REYNA.
Este proyecto hidroeléctrico fue anunciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el año 2006, sin haber realizado una consulta previa con las comunidades que serían afectadas. La presa tendría una cortina de 195 metros y afectaría directamente a 3,100 hectáreas en 6 municipios.
La cantidad de personas que serían afectadas directamente asciende a 17 mil e indirectamente a 97 mil. Cabe mencionar que ya se instaló la Presa Flores Magón en el Río Verde en 1992, una presa derivadora para riego con una cortina aproximada de 3 metros, que tuvo graves impactos para las comunidades y el río en general.
El proyecto Paso de la Reyna pretende ubicarse sobre el Río Verde, aguas arriba de la confluencia con el Río Leche, el eje de la cortina se localizaría aproximadamente a un kilómetro arriba del poblado de Paso de la Reina, prácticamente coincidente con la ubicación de la estación hidrométrica La Canastilla.
El Río Verde, sitio propuesto para la represa, es una de las cuencas con mayor diversidad biológica y extensa del estado de Oaxaca. Vastas áreas de tierras agrícolas fértiles y el acceso a las fuentes de agua se perderían, y los defensores comunitarios y ambientalistas argumentan que el proyecto sería devastador para la biodiversidad local de la flora y fauna de la región, entre ellas el Parque Nacional Lagunas de Chacahua.
LA LUCHA DE LOS PUEBLOS
A Lo largo de una década los pueblos han logrado parar el proyecto y han logrado la salida del personal de la CFE, aunado al desmantelamiento de los campamentos instalados en la zona por parte de instituciones como la UMAR, CIESAS, UAC e ITM.
La comunidad Paso de La Reyna, Oaxaca, ejido formado por 600 familias, ubicada al margen del Río Verde, presentó en asamblea ejidal un documento avalado por autoridades federales agrarias para proteger su territorio y bienes comunales ante amenazas de megaproyectos.
En una asamblea convocada por autoridades comunitarias, se presentó el Reglamento Interno Ejido Paso de la Reyna, documento elaborado durante dos años de asambleas, reuniones y redacciones colectivas, y avalado desde octubre de 2017 por el Registro Agrario Nacional (RAN).
El reglamento interno fue calificado como una herramienta para la defensa del territorio en un contexto donde las empresas van por todos los recursos de los pueblos. El documento posee un capítulo destinado a definir el territorio prohibido para la implementación de megaproyectos.
Entre los megaproyectos que cancela este reglamento se encuentra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reyna, impulsado desde el 2006 por la Comisión Federal de Electricidad (al cual la comunidad se ha opuesto reiteradamente), proyectos mineros y programas federales o estatales que afecten la integridad del territorio y el tejido comunitario.
El documento, además, incluye un apartado sobre la libre determinación del pueblo, otro sobre los lugares de importancia espiritual y otro que aborda la participación de las mujeres dentro del ejido, a quienes les reconocen “un papel relevante en la protección y cuidado de los bienes naturales comunes”.
Organizaciones sociales señalaron que los videos dados a conocer en una estación radiofónica, que vinculan a un normalista de Ayotzinapa como informante del Ejército, son prueba de que las Fuerzas Armadas ocultan información, por lo que exigen que la institución coopere para que los padres tengan acceso a la verdad y la justicia
Organizaciones civiles denunciaron que la difusión de videos filtrados en un programa radiofónico este martes, sobre la presunta pertenencia de uno de los normalistas a la Secretaría de la Defensa Nacional, confirma que la Sedena no ha entregado toda la información que tiene para permitir esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Viene a confirmar la urgente necesidad de que en esta nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos”, señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones Tlachinollan, Fundar, Serapaz y Centro Prodh.
Además, añadieron que ni las asociaciones ni los padres de los normalistas sabían de la existencia de los videos difundidos en una estación radiofónica, donde se asegura que Julio César López Patoltzin seguía activo en el Ejército cuando los estudiantes fueron desaparecidos y funcionaba como informante para la institución.
Uno de los dos videos muestra a un militar que entrega un sobre con dinero a Joaquina Patoltzin, madre de Julio César López Patoltzin, correspondiente presuntamente a su pago quincenal, en un encuentro que habría ocurrido el lunes 29 de septiembre en el 50 Batallón de Infantería.
“El Coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patoltzin, no obra en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar”, advirtieron.
Los defensores de derechos humanos enfatizaron que la posible confirmación del vínculo de Julio César López con el Ejército no deslegitima la exigencia de sus familiares para conocer el paradero del joven.
El comunicado alude al Decreto presidencial publicado el 4 de diciembre pasado que instruye generar las condiciones necesarias que permitan el acceso de las familias a la verdad y la justicia.
Los videos se dieron a conocer dos días después de que el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordaron el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica para dar acompañamiento a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dice la filtración evidencia una intención de volver a colocar la versión señalada por la anterior Procuraduría General de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Es tratar de insistir en la ‘verdad histórica’ porque maneja mucho la situación de delincuencia en ese sentido y el que lo mencionen a él (Julio César) como infiltrado con la intención de conflictuar la relación de los padres de familia a casi cuatro años de espera.
“No sé desde cuando tienen la información, por qué ocultarla hasta este tiempo, nosotros tenemos la suspicacia de como ya va a empezar a trabajar la Comisión para la para la Verdad y Acceso a la Justicia. Como que se quieren adelantar a algunas cosas que se van a descubrir. Rechazamos esta forma de dar a conocer esa información. Nuestros abogados están haciendo ya un documento, de posicionamiento de los padres de familia en ese sentido”.
De la Cruz insiste que la difusión de los videos obedece a la próxima reintegración de los elementos del GIEI en los trabajos con la Comisión de la verdad.
“Estamos seguros que hay mucha información oculta, que el sistema de gobierno anterior protegió hasta el término del periodo y que hoy que en esa nueva etapa de trabajo de la nueva Comisión, donde ya se integre el grupo de expertos independientes que en su momento salió del país por desacuerdo con el gobierno de Peña Nieto se integren a la Comisión, apenas los presentaron”.
Al dejar de pagar diversas percepciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej) adeuda a la institución 20 millones 691 mil 766 pesos, corte hecho hasta la última quincena de febrero.
Adicional a esta cantidad, se debe pagar medio millón de pesos por concepto de recargos, según el secretario general del Sindicato Único de Académicos del Cobaej (Suacobaej), Francisco Javier Ávila Esparza.
El secretario aseguró que el Cobaej ha dejado de saldar aportaciones patronales, montos de créditos hipotecarios y personales, desde la última quincena de diciembre al instituto. Precisó que en las nóminas aparece la deducción por las cuotas, pero al Ipejal no se le ha pagado desde hace casi tres meses.
“En un principio pensábamos que esto (el no pago de las cuotas a Pensiones) era desvío de recursos, pero no, porque el recurso que no se está pagando a Pensiones es recurso privado, es salario de los trabajadores, tanto de las aportaciones que tiene que hacer el patrón como de los préstamos a Pensiones que ya son descontados al trabajador”, detalló Ávila Esparza.
En el sindicato, aseveró, están preocupados por la situación, pues los derechos y prestaciones de los trabajadores del colegio de bachilleres han sido bloqueados por el adeudo. Existen varios casos de maestros a los que se les han negado préstamos por este motivo, añadió.
Ávila Esparza señaló directamente a Agustín Araujo Padilla, director general del Cobaej, como responsable de la evasión de pagos. “Cuando se presentó el problema hablamos con Araujo, nos dijo que el adeudo era de la anterior administración del Cobaej, pero que se debía hacer un trámite para cubrir las cuotas atrasadas”, comentó.
Para destrabar la situación, personal del sindicato ya sostuvo en febrero pláticas con el director del Ipejal, Iván Argüelles Sánchez, quien respondió a los requerimientos que “iba a citar a Araujo para hacer un acuerdo y que se pagaran los adeudos, cosa que no se ha hecho”, añadió Ávila Esparza.
ANUNCIAN PROTESTA
A las 10 horas del próximo sábado, maestros cesados del Cobaej por la reforma educativa y miembros activos de su sindicato, marcharán por calles de la ciudad a fin de expresar su inconformidad por diversas situaciones ligadas a la institución, entre ellas el adeudo a Ipejal.
La marcha arrancará en el Parque Revolución y concluirá en palacio de gobierno.
A un año de la desaparición de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medio Audiovisuales (conocida como CAAV), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) afirmó que no acepta la versión oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y anunció la realización de actos de protesta.
El próximo martes 19 de marzo se cumplirá un año de la desaparición de los estudiantes de cine Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, quienes fueron “secuestrados” en el Nuevo Periférico, en el municipio de Tonalá. Ese suceso cimbró a la sociedad tapatía y generó actos de solidaridad de estudiantes, asociaciones de familias de personas desaparecidas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), del Iteso y de la FEU.
Las manifestaciones de familiares y estudiantes tomó en varias ocasiones la glorieta de Chapultepec y Niños Héroes y a partir de entonces, permanecen ahí mantas de personas que han desaparecido. Por ello, a ese lugar se le bautizó popularmente como la “Glorieta de las y los Desaparecidos”. En una de las movilizaciones se hizo presente el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán.
Jesús Medina Varela, presidente de la FEU, afirmó que rechazan la versión oficial que dio la Fiscalía, el 24 de abril de 2018, de que los jóvenes fueron asesinados y disueltos en ácido por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ello, para la organización estudiantil los tres jóvenes continúan en calidad de desaparecidos.
En conjunto con familiares de los jóvenes desaparecidos, la FEU la realizará varios actos de protesta, entre ellos una manifestación, para la próxima semana, en donde se exigirá el esclarecimiento del caso.
“Estamos preparando una serie de actividades, primero con familiares de los desaparecidos, para el día martes 19. Estamos platicando todavía con los padres qué es lo que vamos a hacer, pero el martes 19 estaremos nuevamente empujando esta agenda, con familiares de los desaparecidos y aquí no se nos olvida lo que ha pasado”, señaló.
El líder de la FEU trajo a la memoria que durante 2018 también desaparecieron tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG): el estudiante de La Escuela Politécnica de Guadalajara, Edgar Oswaldo Gurrola Montenegro; el alumno del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Ángel de Jesús Colunga Arriero; y Juan Carlos Castañeda Gómez, alumno de la Preparatoria Regional de Autlán.
Alrededor de 500 trabajadores de diferentes sindicatos afiliados a la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Federal) se manifestaron desde la avenida Chapultepec a la Plaza Liberación para exigir al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que se sancione a quienes han cometido los desfalcos al Instituto de Pensiones en detrimento del futuro de los empleados, señaló la dirigente Martha Elia Naranjo, que dijo que desde noviembre del 2018 presentaron una denuncia por este hecho y está detenida en la Fiscalía Anticorrupción.
Durante su discurso y la caminata recordó al mandatario estatal, a los diputados y a los integrantes del Poder Judicial, la necesidad de que les rindan cuentas claras de su dinero para sus pensiones ya que se afecta su futuro y su bienestar.
“Que nos den cuentas claras de lo que han venido haciendo y, bueno, pedirle a los diputados también que hagan su tarea, hagan su trabajo ya que las denuncias que presentamos en la Fiscalía las tiene detenidas, las admitieron y la pelotearon a la Fiscalía Anticorrupción y ahí está detenido absolutamente todo y nos quieren seguir vendiendo la idea de que no pasa nada en pensiones y eso es una total mentira”.
Por eso, señalaron que la manifestación era pacífica y precisamente para pedir a los tres poderes que se “pongan a hacer el trabajo que les corresponde, a los responsables que fueron señalados que fue el comité de inversiones y ahora dicen pues que ellos no firmaron salió Hugo Michelle diciendo que no tiene nada que ver”.
Martha Elia indicó que ya se tienen nombres y caras de los presuntos responsables de los malos manejos denlos recursos de Pensiones del Estado y que pone en riesgo el futuro económico de miles de trabajadores burocráticos pero lo que más les molesta es que “ahora resulta que nadie hizo nada, ahora estamos más preocupados que antes porque antes decíamos ‘bueno, que se busque a los responsables y deben de tener rostro’ ya lo tienen, ahora qué más va a pasar, de todas maneras hacen falta otros” a los que hay que perseguir y sancionar.
Es por eso que la dirigente sindical con años de experiencia en estos temas, pidió que con esas acciones “no insulten la inteligencia de los trabajadores, el Consejo de Administración es responsable de lo que está sucediendo” por lo que demandan respuestas claras y que los dejen más tranquilos del futuro de sus recursos.
“Pero si esto no camina como debe de ser y no tenemos respuestas que realmente nos deje un poquito más tranquilos, que nos dé certeza, que nos dé certidumbre, haremos una falta colectiva y dicho sea de paso también que le acabamos de entregar al Director de Pensiones una solicitud donde asista con todo el Consejo de Administración a una asamblea de carácter general para los trabajadores de esta federación”, tras lo cual también entregaron al Gobernador su pliego petitorio.
Que las autoridades judiciales pongan fin a la criminalización de la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción (municipio de Poncitlán) ante la lucha que ha emprendido en defensa de su territorio y que se reconozca su derecho a regirse bajo su propio sistema de justicia, fueron las demandas expresadas por habitantes del lugar.
Lo anterior, en el contexto que supone la incertidumbre sobre si el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco revocará o mantendrá la resolución emitida el 25 de junio por los magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) mediante la que se condenó a 11 comuneros de Mezcala a penas privativas de la libertad tras ser acusados de “daño a las cosas”.
El supuesto delito fue cometido en febrero de 2011 cuando, por acuerdo de la Asamblea de Comuneros y Comuneras, retiraron una torre de metal que fue instalada en territorio comunal por el empresario Guillermo Moreno Ibarra a fin de que sirviera como cimiento para la construcción de una represa con la que pretendía dotar de agua la finca de descanso que construyó, con base a irregularidades, sobre el cerro El Pandillo.
Desde el inicio de las querellas, diversas instancias judiciales se han pronunciado en cuatro ocasiones a favor de la inocencia de los comuneros; sin embargo, según detalló la abogada Lorena Almaraz, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que ha brindado acompañamiento jurídico durante el proceso, se busca que el tribunal colegiado reconozca, bajo una perspectiva diferenciada, el derecho de la comunidad a mantener sus propios sistemas de gobierno e impartición de justicia, mismo que se respalda tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales signados por el Estado mexicano.
Bajo estos argumentos, los comuneros aspiran a que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideran que se trata de un asunto cuyo fondo trasciende el ámbito local.
“Estaría sentando un precedente porque muchos pueblos que están en nuestra condición actualmente estarían teniendo derecho a acceder a este tipo de justicia que nos han estado negando”, expresó Manuel Jacobo, miembro de la comunidad.
En caso de una resolución negativa, César Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad, adelantó que buscarán que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conozcan del caso.
RECONOCEN INVASIÓN
El mes pasado, el Tribunal Superior Agrario confirmó la resolución emitida en octubre por una instancia inferior en la que se determinó que Moreno Ibarra no posee la calidad de comunero de Mezcala, tal como ha defendido desde 1999, cuando se apoderó de 12 hectáreas del territorio comunal.
“El tribunal agrario determinó que, efectivamente, este señor es un invasor y que debe de restituir a la comunidad la tierra”, enfatizó Pérez Verónica.
Aunque el activista detalló que el empresario ya no tiene la posibilidad de apelar la resolución, aún se desconoce cuándo se ejecutará la sentencia restitutiva.
Zacatecas, Zac.- Este jueves la Unidad Académica Preparatoria IV de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inició un paro laboral de 12 horas al igual que la preparatoria 11 en Tacoaleche, la causa es la falta de cargas laborales, exigencia que mantienen los docentes y hasta el día de hoy las autoridades no han dado solución alguna.
La bandera rojinegra se colocó esta mañana en el plantel 11 en la comunidad de Tacoaleche perteneciente al municipio de Guadalupe; el docente Rolando Alvarado comentó que las demandas son las mismas pues se exigen las cargas de trabajo, las convocatorias de basificaciones, las cuentas de las y los docentes ante el ISSSTE, entre otras.
Argumentó que hasta que “cumpla la patronal” podrán volver a actividades normales, mientras tanto no se permitirá que la derrota que sufrió el Sindicato del Personal Académico de la institución (SPAUAZ) “nos derrote también a nosotros, buscaremos la manera en que se cumplan las demandas”.
Rolando Alvarado, manifestó que ahora quienes actúan son las delegaciones sindicales pues el Comité Ejecutivo del SPAUAZ no lo está haciendo, no se ve tampoco un actuar por parte de Pedro Martínez Arteaga Secretario General del SPAUAZ.
Dijo que en Tacoaleche son un total de 14 docentes que no cuentan con la carga de trabajo.
“No se las han dado en papel, en físico, todo termina siendo proyectos y luego se los modifican y luego se los cambian, ese tipo de situaciones”.
Por medio de un documento por parte de integrantes de la Delegación de Preparatoria IV exigen al rector Antonio Guzmán Fernández el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) UAZ-SPAUAZ.
Exigen que de manera inmediata se entreguen las cargas de base definitivas de manera inmediata en el formato institucional firmadas y selladas, al igual que de los tiempos determinados.
Rechazan además las argumentaciones vertidas en la respuesta realizada por Mirna del Rocío Garza Ramírez directora General de la Unidad Académica Preparatorias, textualmente indican: “por ratificar y admitir de manera escrita la violación sistemática al CCT por su persona, hasta el momento no se ha entregado carga de trabajo alguna, se ha socializado un documento de media hoja sin horarios, sin firma el cual no tiene ningún valor institucional”.
De igual forma exigen se entregue de manera oficial el convenio con sus anexos y apoyo extraordinario de 250 mil pesos para conocer las implicaciones que atenten contra el CCT UAZ- SPAUAZ.
Se solicita sean entregadas las plazas susceptibles de basificación por jubilación, deceso, y de plazas de tiempo determinado que tienen más de dos años de ejercerse, consideradas como plazas definitivas, que deben concursar para promociones y basificaciones como lo estipula el CCT.
Tijuana.- Desde Playas de Tijuana, 35 migrantes centroamericanos cruzaron el muro metálico para ser detenidos en Ymperial Beach, California, por autoridades migratorias de Estados Unidos.
Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 18:15 horas, el grupo de niños, adolescentes y adultos se escabulleron entre el cerco por la zona entre el Océano Pacifico y el Parque Binacional de la Amistad, donde existe un cerco de agentes de la Patrulla Fronteriza.
Los centroamericanos, la mayoría hondureños corrieron por la arena y pasaron por donde se encontraba una camioneta policiaca que giró para participar en su captura.
Esa es vigilada por agentes de la migra, además de contar con sistemas digitales que permiten ooerativos de reaccion inmediata de corporaciones estadunidenses.
En diciembre de 2018, integrantes de la Caravana del Migrante brincaron el cerco para entregarse a la migra, al considerar que seria más rápido el proceso para presentarse ante el juez de migración, pero la petición de asilo se complica por la entrada ilegal a Estados Unidos.
Un centenar de estudiantes se manifiestan en centro de gobierno en Mexicali y “toman” recinto legislativo.
Jorge Heras,
Mexicali.- Estudiantes universitarios de la UABC se manifestaron en la plaza de los Tres Poderes y en la Cámara de Diputados para exigir a la administración de Francisco Vega de Lamadrid que pague el adeudo de más de 1 mil millones de pesos, y a las autoridades universitarias de la máxima casa de estudios que transparenten el recurso.
Al grito de “estudiantes conscientes ni se rinden ni se venden” y “pago total a la universidad”, alrededor de un centenar de alumnos de diferentes carreras de las UABC protestaron frente al edificio del Poder Ejecutivo y en el salón de sesiones del Congreso del Estado.
Estudiantes de la Facultad de Idiomas, Ciencias Humanas y de Ciencias Sociales y Políticas comentaron que continuarán exigiendo que el Gobierno del Estado salde la deuda total que tiene con la universidad, la cual asciende a 1 mil 09 millones de pesos, que inició desde la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pero que se incrementó considerablemente desde el año pasado.
Daniel Jiménez Trejo, alumno de la carrera de Administración Pública, señaló que el Gobierno Estatal está obligado a pagar la totalidad del adeudo sin necesidad de convenir pagos parciales como el acuerdo firmado que hicieron este miércoles el Secretario General de Gobierno y el rector de la UABC para que se paguen 58 millones de pesos en una exhibición y la promesa de abonar 600 millones de pesis en plazos.
Por su parte, la estudiante de la Facultad de Idiomas, Andrea Tapia Rubio señalo que esperaba más estudiantes por lo que representa en lo administrativo y escolar la faltade recursos, pero dijo que la poca convocatoria es debido a la desinformación que hay entre el alumnado, aunado a la falta de compromiso.
“A los estudiantes les hace falta un fuego interno que los levante temprano y vengan a protestar; en años pasadosha había espíritu para exigir y luchar por una causa justa, sé que todavía existe pero en la mayoría de los universitarios no”, sostuvo.
Conminó a los docentes e investigadores de la UABC a sumarse a las demandas estudiantiles, pues consideró que parece que tienen “un bozal” que los impide a decir realmente lo que piensan, y por eso “no tienen la libertad de venir y apoyarnos”.
Los universitarios acudieron al Salón de Sesiones Benito Juárez del Poder Legislativo, en donde los atendió una comisión de diputados, pero cuando solicitaron ser escuchados directamente en el pleno, la mesa directiva, presidida por el legislador panista Carlos Torres Torres, se retiró hasta que se fueron los alumnos.
Una de las cosas que molestó a los representantes populares del PAN y PRD fue la presencia de activistas de Baja California Resiste dentro del movimiento estudiantil.
Al final, el medio centenar de estudiantes que se encontraban en el recinto parlamentario lograron que los diputados exhortaran al Secretario de Planeación y Finanzas así como al Titular de la Secretaría de Educación Estatal para que exista una fecha real de pago a la UABC y que se conozca el problema de fondo.
Un juzgado federal en Puebla tendrá que decidir si la Ley Minera es inconstitucional, luego de que una comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en Ixtacamaxtitlán, interpuso un amparo contra dos concesiones otorgadas sobre su territorio, así como contra diversos artículos de la legislación vigente.
En la demanda de amparo, que acompaña el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, la comunidad de la Sierra Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado las concesiones sobre su territorio a la filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta previa y sin consentimiento.
Tecoltemi pide que se ordene la cancelación de los títulos de concesión pero también que se revisen diversos artículos de la Ley Minera, que, al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad, faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.
La sentencia que está por emitir el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es tan importante —explica la abogada de Fundar Itzel Silva— que durante tres años la empresa hizo todo lo que pudo para no llegar a este punto del juicio.
“Para evitar la revisión de la Ley Minera y una condena al Estado incluso trataron de desistirse de las concesiones. Pero no lo lograron”, explica.
En 2016, la inconstitucionalidad de la Ley Minera estuvo a punto de llegar a revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero las empresas involucradas, Hochschild y Zalamera, en el juicio de amparo que interpusieron comunidades indígenas de la Montaña alta de Guerrero optaron por desistirse de sus concesiones, mientras que la Secretaría de Economía se desistió del amparo en revisión 393/2015.
“Es una estrategia que ya han usado para evitar que se revise la Ley Minera. Como ya lo sabíamos, estuvimos haciendo la defensa del caso. Metimos varios amparos peleando una revisión a tres artículos: el 6, el 9 y el 15”, señala la abogada.
El artículo 6 de esta ley establece a la minería como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno; el artículo 19, en varias fracciones, establece los derechos que otorgan las concesiones mineras a sus titulares, como conseguir la expropiación de los terrenos, la ocupación temporal o la constitución de servidumbre: mientras que el 15 impone la duración de las concesiones por 50 años, con la opción de prolongarlas 50 más.
Los demandantes alegan que todo eso es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y núcleos agrarios, establecidos en la Constitución, como en el artículo 27 y el 2, y en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en estándares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU en el tema de consulta y consentimiento y protección de territorio de pueblos indígenas.
“Eso es justo lo que deberá revisarse para emitir la sentencia y determinar si tenemos razón respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera”, indica Silva.
No hay una fecha para que la sentencia se emita, pero se espera que no tarde más de tres meses, y aunque esto no implicaría modificar de facto la ley, “es un paso para que se siente un referente para que otros pueblos fortalezcan su defensa y quizá si una jueza se atreve a decir que es inconstitucional, los legisladores volteen a ver esto”.
Por qué se impugnaron las concesiones
La comunidad de Tecoltemi no sabía que el subsuelo debajo de su territorio estaba ya concesionado a la filial en México de la minera canadiense Almaden Minerals. La Secretaría de Economía otorgó dos concesiones, una en 2003 y otra en 2009, sobre la mayor parte del terreno del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
“Nosotros no sabíamos que esas concesiones se habían otorgado, nos venimos a enterar hasta finales de 2013 cuando una organización de la sociedad civil, PODER, realizó un trabajo de investigación”, cuenta Alejandro Marreros, vocero de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.
El terreno concesionado a Almaden Minerals, señala Marreros, originario de Tecoltemi, abarca 55 mil hectáreas, de un total de 60 mil que tiene el municipio de Ixtacamaxtitlán. Cuando la población se enteró de todo lo que está concesionado y los impactos que genera una minera a cielo abierto como la que pretende la empresa, fue que se organizó la movilización contra el proyecto.
“La zona donde nosotros estamos habitando que está concesionada para este proyecto minero, del que ya se hizo la fase de exploración, es la cabecera de cuenca del río Apulco, que forma parte del Río Tecolutla que recorre buena parte de la Sierra Norte y hasta el Golfo de México, pasando por varios municipios, donde se usa su agua para actividades agrícolas, pecuarias y de recreación. Todo eso podría impactar la actividad de la minera”, describe Marreros.
Hay dos comunidades que están en la zona núcleo del proyecto, afirma, la de Santa María y Zacatepec. Después hay 12 a 14 comunidades en el radio de afectación. En total hay cerca de 4 mil habitantes en el área.
“La empresa minera ha dicho tanto públicamente como en el Manifiesto de Impacto Ambiental que no habrá necesidad de reubicar a la población, cuando el lugar del tajo, que será de 1.9 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho y 250 metros de profundidad, donde removerían alrededor de 380 millones de toneladas de roca, queda a unos 100 metros de donde hay viviendas. Si el proyecto se hace eso va a ser inhabitable y la gente se tendrá que ir por su propia voluntad”.
Por todo eso, subraya, “es que esperamos que la justicia ponga el interés de las comunidades y del medio ambiente por encima de los intereses de la empresa minera”.
Los niños junto a sus padres quedan expuestos a todo tipo de peligros. / Indocumentados
Redacción / Imagen del Golfo
En el intento por llegar a los Estados Unidos, los hijos de los indocumentados centroamericanos sufren serias consecuencias durante el viaje, pueden ser blancos de todo tipo de peligros, que podrían arrebatarles la vida, como son accidentes viales o caer en manos de la delincuencia que opera en gran escala en México.
Para poder alimentarse, permanecen junto a sus padres en los cruceros para poder conmover a los conductores para que los ayuden con alguna moneda, quedando expuestos a las altas temperaturas que podrían afectar su salud.
Este tipo de situaciones se puede ver con frecuencia, los indocumentados quienes viajan apenas con lo necesario, se sitúan para pedir caridad a los automovilistas apoyándose de sus hijos.
En la travesía por lograr el objetivo, los menores se enfrentan a dormir en donde los “agarre la noche”, bajo algún puente, casa abandonada, o en el mejor de los casos algún albergue. Además de lo anterior, sufren el no poder alimentarse correctamente, ya que los conductores no brindan a sus padres con ellos en brazos, la ayuda necesaria.
En el rostro de los pequeños se puede ver cansancio, hambre y sobre todo temor, ya que perciben estar fuera de casa, quedando expuestos a todo tipo de peligros y sobre todo ser separados de sus padres.
Hasta el día de hoy el gobierno mexicano ha sido benevolente con las personas que atraviesan el país en situación ilegal para llegar a los Estados Unidos, y es que las instituciones les brindan apoyo, principalmente al notar que en el viaje se encuentran menores de edad.
RÍO BLANCO, Ver., 14 de marzo de 2019.- Tras el hallazgo de cuatro cuerpos más, los trabajos de búsqueda continuarán por tiempo indefinido en Los Arenales, de la colonia Venustiano Carranza de Río Blanco, ya que se han detectado otras fosas y el número de cuerpos podría aumentar. Así lo dio a conocer Aracely Salcedo Jiménez, representa del Colectivo de Familiares de Desparecidos de la zona Córdoba y Orizaba, quien destacó que siguen un camino sinuosos y doloroso, pero es necesario continuar con la búsqueda, pues en las fosas que se están trabajando ya dieron positivo con el hallazgo de restos humanos. Dijo que actualmente se trabaja en cuatro fosas donde fueron localizados cuatro cuerpos más cercenados, y apuntó que las están separadas por tres o cuatro metros una de a otra; en el lugar ya está presente personal especializo en criminalística, binomios caninos y arqueólogos.
En el proyectp minero Caballo Balnco-La Paila, la empresa Candelaria Mining Corp fue denunciada por prácticas ilegales y corrupción / Foto: Diario de Xalapa
Fabiola González / Diario de Xalapa
Megraproyectos de minería, hidrocarburos, gasoductos e hidroeléctricas, que afectan el medio ambiente, generan inconformidad en poblaciones
En los últimos 12 años Veracruz se ha ubicado como una de las entidades que concentra más reportes de conflictos socioambientales en el país, generados por proyectos de hidrocarburos y mineros, aunque los hechos con más violencia están relacionados con la instalación de plantas hidroeléctricas.
De acuerdo con la investigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México), Montfort University Leicester y The British Academy, la extracción de hidrocarburos en la entidad registra focos rojos por la alta incidencia en conflictos, con un registro que va entre los 36 a 59 casos reportados.
Desde 2006 la resistencia social frente a la actividad de empresas mineras en territorio veracruzano ha propiciado entre 14 a 25 conflictos, mientras que la instalación de plantas hidroeléctricas acumula entre 12 a 21 conflictos.
Cabe mencionar que en la actividad hidroeléctrica es donde se registran más casos de violencia (de ocho a 15 reportes), seguida de los campos petroleros, con uno a cinco casos violentos.
En el mapeo de conflictos socioambientales, presentado a finales de febrero, como parte del proyecto “Conversando con Goliat: Participación, movilización y represión en torno a conflictos neoextractivistas y ambientales”, también se localizaron hechos relacionados con gasoductos, con la cifra de uno a seis conflictos ocurridos en la entidad veracruzana.
LAS DENUNCIAS
Dentro de las principales demandas por parte de las comunidades frente a los megaproyectos de minería, hidrocarburos, hidroeléctrica y gasoducto en el estado, se encuentra la protección al medio ambiente, así como la denuncia de prácticas ilegales y corrupción, con casos violentos marcados por la inseguridad y el crimen organizado.
Uno de los casos registrados es el proyecto de hidroeléctrica localizado en la sierra de Zongolica, con la participación de las empresas Electricidad del Golfo de S.L, Asergen S.C., Comexhidro S.A de C.V., Conduit Capital Partners LLC, donde las comunidades denunciaron la falta de consulta, la realización de prácticas ilegales, autorización de licencias irregulares o inexistentes, así como sobornos.
En Altotonga también se demandó la protección al ambiente frente al proyecto denominado Ingeniero Pablo Herrán Savattit 1, a cargo de la empresa Inco Renovables S.A. P. I de C. V., en donde no se implementaron mecanismos de participación ni consultas a las comunidades.
En el conocido proyecto minero “El Cobre”, localizado en Actopan, a cargo de la empresa Almaden Minerals, con su filial Minera Gavilán, se identificaron demandas sociales que van desde la protección del medio ambiente, la falta o falla en la consulta, ordenamiento territorial, así como denuncias por corrupción.
Las comunidades en cambio han realizado acciones que van desde las manifestaciones, denuncias ante medios de comunicación, demandas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la firma de actas con la presencia de la autoridad municipal y representantes de la Semarnat.
Las denuncias contra la empresa se han realizado por irregularidades en el trabajo de la minera, por trabajar sin permiso, así como por omisión de la debida diligencia, sin que ello haya dado por resultado la clausura o suspensión definitiva.
En el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, en el municipio de Alto Lucero, la empresa Candelaria Mining Corp ha sido denunciada por prácticas ilegales y corrupción.
La demanda de protección al ambiente en la entidad ha registrado movilización socio-legal, como en el caso del proyecto de la presa hidroeléctrica en el municipio de Jalcomulco, donde la resistencia social activó no sólo reclamos en medios, también la implementación de campamento de defensa, bloqueos en contra de la empresa Odebrecht, lo cual generó enfrentamientos dentro la comunidad, criminalización de defensores y líderes, así como hostigamiento.
La investigación nacional reporta hechos del crimen organizado por industria: en el caso de la mineras se registraron 28 hechos del crimen organizado en 14 proyectos mineros localizados en los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
En los campos petroleros se contabilizaron seis hechos de la delincuencia organizada en proyectos ubicados en los estados de Veracruz, Campeche y Tabasco.
Como en el caso del proyecto petrolero “Horcón”, localizado en el municipio de Tihuatlán, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde se registraron denuncias por inseguridad y crimen organizado, así como el homicidio de líderes y defensores.
También en el proyecto “Tajín”, localizado en la zona Tihuatlán-Coatzintla-Papantla, también se reportó la presencia del crimen organizado.
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Contrario a la tesis de que las comunidades utilizan repertorios violentos, la investigación señala que éstas utilizan en mayor medida acciones institucionalizadas; paradójicamente, los actores estatales –en alianza con las empresas– son los que protagonizan acciones de informalidad, no debido proceso e ilegalidad.
Regularmente, las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción institucionalizada, como los juicios y recursos de amparo. En tanto que las comunidades que buscan la negociación de beneficios son las que realizan acciones “no institucionalizadas”, como la toma de instalaciones, de oficinas públicas, de las empresas, o retención de funcionarios.
Por otra parte, expertos relacionados con la industria extractiva en México, dentro del sector público y privado –que fueron consultados para esta investigación– coincidieron que la consulta previa frente a un megaproyecto sirve para legitimar la implementación del proyecto y la actuación del Estado más que para las propias comunidades.
Ambos sectores consideran que la consulta pública, incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), sirve muy poco para informar a las comunidades.
Mientras que para los representantes del sector público las asambleas ejidales resultan el medio más efectivo para comunidades que buscan impedir la instalación de megaproyectos, los expertos del sector privado consideran que el factor más efectivo reside en que las comunidades tengan capacidad de movilización para la protesta, donde las organizaciones de la sociedad civil son consideradas una amenaza.
Los escenarios que más se asocian con probabilidad de aumento de violencia son aquellos en el que la comunidad está dividida entre sí, en el que hay presencia del Ejército u otras organizaciones armadas del gobierno y presencia del crimen organizado.
El informe reporta que ambos grupos señalaron que la probabilidad de violencia es mayor cuando hay empresas que no cumplen con los estándares internacionales de responsabilidad y de derechos humanos.
En México, a la par del aumento de los megaproyectos, el marco legislativo se ha ido modificando para facilitar la inversión privada, en medio de la descoordinación entre los niveles federal, estatal y municipal.
LAS EMPRESAS
Dentro de los conflictos relacionados con el sector minero, las empresas que suman más reportes en el nivel nacional son Grupo México, Ternium, GoldcorpInc., Grupo Fisco, Almaden Minerals Ltd, Minera Autlán, First Majestic SilverCorp, Excellon Resources Inc., Continuum Resources, Torex Gold Resources Inc., Fortuna Silver Mines Inc., y New Gold Inc.
En hechos reportados de empresas en hidroeléctricas: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comexhidro, Odebrecht, Generadora Fénix, Deselec, Grupo México, entre otras.
En campos petroleros, destacan Petróleos Mexicanos (Pemex), Diavaz, Oleorey, Grupo R Exploración y Producción.
En gasoductos: la Autoabastecedora de Gas Natural de Morelos S.A de C.V., Elecnor, Enagás, Bonatti, así como la Transportadora de Gas Natural del Noroeste.
Ecatepec, el epicentro de la violencia feminicida; en el Día Internacional de la Mujer, niñas encabezaron una caminata en contra de la violencia que se vive hacia ellas en su entorno. Son las niñas de la Preparatoria “General Francisco Villa” quienes en compañía de sus compañeros alumnos, profesores, profesoras, algunas madres y familiares recorrieron calles de la colonia Hank Gonzáles de ese municipio del Estado de México.
El grito de las niñas cubiertas de la boca como encarnando el silenciamiento y flores blancas en las manos; otras vestidas de negro y rosas blancas manchadas de rojo simulando sangre, otras más con marcas en la piel y pancartas con leyendas, fueron unas de las imágenes que quedaron para la historia de la lucha de las mujeres contra la violencia criminal, contra las niñas en México de la época contemporánea.
En México asesinaron a 7 niñas al mes en el 2018 según la Red por Derechos de la Infancia en México. El Estado de México es el principal entidad donde se comenten tales crímenes, además de Chihuahua y Nuevo León.
Sin embargo, lo que prevaleció ese día fue una marejada de cuerpos abalanzados en una rutina contraria, gritos de niñas ante las violencias machistas que viven, gritos como ¡No más violencias a las mujeres!, ¡De noche de día deja que sonría!; gritos de justicia de niñas en un lugar donde el silencio y la precarización de los derechos también tiene rastros de odio, frustración e indiferencia cristalizado además de impunidad en misoginia criminal.
Eran los gritos incesantes una oportunidad para confrontar el daño y maltrato normalizado: ¡No soy objeto, no soy mercancía, soy una niña deja que sonría! ¡Con falda o pantalón, respétame cabrón!.
Niñas adolescentes y sus compañeros de clase, quienes también expresaron con arte político sus sentires y mensajes a la comunidad, ¡Justicia a las víctimas del monstruo de Ecatepec!; un arte creado no solo con sus propios recursos materiales sino con una mirada materializada en arte político que denuncia las formas y sentires de esa cruel realidad.
También articularon un sentir político, pues durante el cierre de la caminata dieron su postura a la sociedad y a los gobiernos; desde lo que sienten y viven ellas leyeron sus escritos.
Con el arte performático y desde sus cuerpos también nombraron una realidad; niñas desaparecidas, niñas rotas encarnaron sus cuerpos y liberaron el destino con poesía desde el cuerpo generando movimientos de baile y libertad, además de poesía, dibujos y caracterizaciones de mujeres rebeldes en la historia de México.
Fue producir un lenguaje para visualizar los sentires sobre la violencia hacia las mujeres y las condiciones en que se encuentran sus derechos. Fue un arte desde abajo, un arte periférico, un grito desde cuerpos para desdoblar el miedo, una vez más, un arte para regresar la mirada y humanizar con lo poco que hay: el grito por las calles ante los silencios.
Fueron las niñas de Ecatepec, las niñas que desde el año 2011 han irrumpido la escena social y política aportando desde sus cuerpos un discurso a favor de sus derechos, y quienes no dejan de dar rostro a una triste realidad pero que ante todo son niñas caminando por la justicia y la esperanza. También participaron en la marcha las organizaciones de la sociedad civil de Ecatepec como Visión Mundial y la Colectiva Mujeres de la Periferia para la Periferia.
Pronunciamiento de las niñas de Ecatepec de la marcha denominada: Niñas caminando por la esperanza en Ecatepec. 8 de marzo de 2019, colonia Hank González Ecatepec.
¿Quién soy yo? Soy una de muchas, esas muchas que juntas formamos solo una. Así que hablo por todas, no soy más que quien habla por el resto. ¡Tu! hermosa mujer, Tengo tu voz que habla con la mía. No sé qué has vivido, no sé qué has pasado, pero sin ti muchos no habrían estado. La mayor parte de tu vida sufres, como cazadores hambrientos silenciosos y cautelosos desnudan tu ser. Estropeando tu pasado y afectan tu futuro que queda pisoteada tu dignidad y tu integridad invadida por violencia; el miedo de convertirte a un caso más de injusticia, de indolencia, de violación, de impunidad, de feminicidio. Vives aterrorizada, violentada, sumisa, presa contigo misma.
!Si! Las mujeres sentimos, somos seres humanos, no somos objetos, ni objetos sexuales. No por ser como soy, por vestirme, comportarme, y expresarme como lo hago, tienes derecho a dañarme, haz valer mis derechos, que yo hare valer los tuyos, abre los ojos y date cuenta que somos iguales, que vivimos en un lugar donde no hay respeto para nosotras las mujeres, donde como hombres crees tener el control, pero deberías de darte cuenta de la violencia que hoy en día se ejerce contra nosotras las niñas y mujeres, y no verlo como normal. Dense cuenta de que día con día desparecen mujeres, otras son violadas y otras más asesinadas. Por todo esto hoy digo por todas: no más violencia, no más desigualdad, no más feminicidios y más equidad e igualdad de genero. Vivimos en un México machista pero todavía se puede cambiar. Ni una niña asesinada más.
Texto leído y escrito por Belén García.
Hoy venimos a decir también que la inseguridad que hay en las calles hoy en día es un factor que altera la estabilidad de las mujeres. Es factor determinante de todos los horrores que se han vuelto parte de nuestra convivencia.
Hay en nuestra comunidad falta de equidad; tenemos que lidiar día con día con la incomodidad de las miradas de los hombres, nos hemos convertido en un solo par de curvas sin derecho a la palabra, nos han dejado sin voz.
Es momento de dar una postura, es momento de decir, ¿es que no se han dado cuenta que el machismo es una cosa obsoleta?, estos son otros tiempos y la mujer no es objeto de soporte de la perversión y malicia del machismo.
No más violencia,
Ni objeto, ni mercancía, somos mujeres, somos niñas. Dejen que sonrían.
Texto leído por Jimena de Mata y escrito por Yuliana Cabrera y Selín Pérez
El objetivo de esta caminata fue para crear conciencia a la sociedad que habita a nuestros alrededores de que existen mujeres que son maltratadas por parejas, amigos, familiares, etc. Hoy podría ser un día común para algunas personas, pero para mí no lo es, este es un día más en el que voy a alzar la voz para decir que nosotras y todos debemos de vivir con respeto, igualdad, dignidad, equidad y tolerancia.
Somos libres, que tanto tu como yo no debemos de vivir con miedo, violencia, culpa, angustias e incertidumbre.
Hoy en día peligramos mucho en la sociedad con femicidios, secuestros, abusos y maltratos. Lamentablemente a la sociedad ya se le hace algo común …. Escuchar y ver en algún medio de comunicación o incluso participar en ello. Y por miedo a que nos pase algo nos quedamos calladas y callados lo cual no debería de ser así.
Nos deberían de reconocer como seres humanos y no como objetos.
Nos deberían de reconocer como unas maravillosas mujeres que habitan en la tierra.
Alrededor de 200 trabajadores del Comité Estatal de Sanidad de Vegetales en Nayarit han resultado afectados por falta de pago de sus salarios, por lo que un grupo de manifestantes se presentaron en las instalaciones de Palacio de Gobierno para dar a conocer este problema.
Francisco Morales García, inspector fitosanitario del retén de la caseta de Capomal, asegura que tanto él como sus compañeros, no han visto reflejado su pago en lo que va del año, es decir, se les debe cinco quincenas, más la que está corriendo.
Detalla que se ha discutido el problema con las autoridades y que éstas han asegurado que se encuentran gestionando los pagos con Secretaría de Gobierno, sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta positiva. Otra parte de estas nóminas corresponden también al gobierno federal, sin embargo, ninguna de las órdenes han resuelto esta problemática.
Morales García declaró que se encuentran desesperados, puesto que la mayoría de los trabajadores tienen una familia que depende de ellos y debido a eso se han estado endeudando durante estos meses para solventar gastos; de no ser resuelto el adeudo, recurrirán al bloqueo vehicular en el punto de Capomal para poder ser escuchados, ya que pese al largo adeudo los trabajadores no han abandonado sus labores, asegura.
Debido a que aún no resuelven las custodias provisionales, hay en foco rojo 20 casos
Redacción / El Informador
Hay al menos 80 expedientes de víctimas de feminicidio que llevaban tiempo archivados, unos más rezagados que otros, reconoció María Elena García, directora del aún Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). Añadió que actualmente estas investigaciones ocupan la atención de las autoridades para garantizar los derechos de las víctimas secundarias.
“Tengo particularmente 20 casos en donde no hay custodias provisionales. De estos 80, tengo 20 en foco rojo por el tema de las custodias provisionales”.
Han pasado dos años del feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias, la joven de 20 años asesinada por su pareja en Tlajomulco el 10 de marzo de 2017. Su madre, Nancy Arias, apenas logró obtener la custodia provisional de sus dos nietos, pues el expediente de su caso es uno de los que se estaban archivados.
En diciembre, aseguró la funcionaria, retomaron el proceso de demanda de guarda y custodia y patria protestad de los niños. “Era una investigación que estuvo abandonada desde 2017, desde el suceso, y la custodia provisional todavía ni la tenía la señora Nancy cuando es un proceso que se supone que no debería de tardar”.
Aunque la situación es similar en los 80 casos, en cuanto al rezago en la reparación del daño, asistencia social y la sanción a los agresores, destacan 20 procedimientos porque aún no se obtienen las custodias provisionales, asuntos que tienen años de rezago por lo que se espera solventar este aspecto en los próximos meses.
“La custodia provisional es un requisito para muchísimas más cosas, para el tema de la tutoría, del cuidado, de los trámites en materia de salud y en materia de educación”.
Las 80 familias son atendidas en el programa de Hijos e hijas, el cual consiste en dar acompañamiento terapéutico y asesorías legales y la gestión ante la Comisión de Víctimas.
Tenían archivada su muerte
La noticia del feminicidio de Alondra en 2017, destacó aún más porque la joven había solicitado, días antes de que la asesinara su pareja, medidas de protección por la violencia que recibía, pero la Fiscalía nunca envió la orden a la Policía municipal.
Fue que llamó la atención de Amnistía Internacional y otros organismos que demandaron al Gobierno la solución de este crimen y la atención de su familia.
“Cuando llegamos nos dimos cuenta que el expediente de la señora Nancy no había llegado al juzgado, cuando el fiscal en su momento había prometido a Amnistía Internacional y a la señora Nancy que le iban a dar seguimiento puntual, pero el expediente nunca llegó a los juzgados de lo familiar. De hecho, lo tuvieron que archivar porque nunca se movió”.
El enfrentamiento entre vecinos de diversas zonas de Guadalajara y grupos empresariales que han pretendido establecer desarrollos inmobiliarios, sea directamente a costa de bienes públicos (casos Iconia-Huentitán, El Deán, Arboledas del Sur), en espacios contiguos a áreas naturales protegidas (casos La Primavera, El Bajío, El Nixticuil), o bien, con incremento en las densidades de construcción en barrios y colonias tradicionales (Providencia, Mexicaltzingo, San Rafael) con la anuencia de gobiernos municipales, tiene más de una década.
Sin embargo, desde que el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, asumieron como presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, en octubre de 2015, el conflicto se ha desbalanceado políticamente a favor de los intereses empresariales, aseguraron ayer diversos representantes vecinales que se han constituido en la “piedra en el zapato” de ese modelo de negocios.
Abogados, líderes vecinales y miembros de colectivos denunciaron una campaña de calumnias en medios locales y nacionales, con el objetivo de hacerlos parecer como parte de una presunta “mafia del Poder Judicial”; aludieron la legitimidad de su actuación en diversos asuntos en los cuales han logrado fallos favorables para impedir desarrollos porque violaban la norma urbana (casos Villa Panamericana y diversas torres chuecas) y paralizar Planes Parciales que consideran lesivos a los intereses vecinales (como la suspensión vigente contra los de la zona Minerva), y exigieron a los empresarios y gobernantes probar sus dichos, pues de lo contrario, además de calumnias y difamación, se configura el delito de “abuso de poder”.
“Es evidente que pretenden con esto amedrentarnos para que no sigamos adelante, pero no lo van a lograr; por el contrario, vamos a redoblar esfuerzos para defender nuestros derechos e impedir que la ciudad caiga completamente en manos de esos intereses que dañan la calidad de vida de los vecinos”, advirtió el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.
El abogado Alejandro Cárdenas Enríquez señaló que en Imagen TV, en el programa que conduce Ciro Gómez Leyva (jueves 7 de marzo de 2019), “se hicieron señalamientos a mi persona; es importante destacar que soy abogado litigante, me especializo en el derecho urbanístico, administrativo y de amparo, y mis clientes constantes son las asociaciones civiles y vecinales”.
En conferencia de prensa, explicó que ese medio nacional y El Informador han hecho publicaciones en contra de jueces y magistrados locales y federales, “estos ataques constantes han venido por parte de grupos inmobiliarios y autoridades del Poder Ejecutivo, en lo principal por los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, al igual que por la actual administración de Enrique Alfaro, toda vez que a su parecer existe corrupción y arreglos entre el suscrito y los tribunales, y se afirma de manera ilógica que se controlan las oficialías de partes de los tribunales”.
NIEGA SEÑALAMIENTOS
El abogado se desligó de esas acusaciones y dijo que se busca “deslegitimar las causas y acciones sociales que he venido representado en beneficio de la sociedad”; destaca que en el programa de Gómez Leyva “nunca se menciona ningún proyecto urbanístico contra el cual el suscrito haya planteado alguna defensa, esto es, se mencionan diversos asuntos que tienen relación con World Trade Center, Tequila Centinela, Cosmocrat, Midtown y Americas 1500; sin embargo no he participado en asuntos en contra de esos desarrollos que impliquen suspender o clausurar esas obras constructivas, por lo tanto al no haber planteado el suscrito de manera personal o en representación de alguna persona, demandas en contra de esos desarrollos con la finalidad de clausurar o suspender, todas las acusaciones contra mí son falsas”, advirtió.
En cambio, sí participó para lograr “la suspensión de los Planes Parciales de desarrollo urbano publicados por el Ayuntamiento de Guadalajara en 2018, suspensión (para) todo el distrito 02 (Minerva) que sigue en pie y vigente; esta medida cautelar ha sido combatida tanto por el Ayuntamiento de Guadalajara y alrededor de 20 constructoras, y de esas 20 constructoras la mitad son representadas por José Pablo MinRamos, quien participa en el programa que difama mi nombre”. Otro asunto controversial es el conflicto de vecinos contra el desarrollo Inmobiliario Gran San Rafael, suspendido a favor del Colectivo Jardines de la Paz.
Los líderes de Providencia, de Jardines de la Paz, de San Rafael y el Instituto de Derecho Ambiental respaldaron personalmente la denuncia del litigante.
Crónica de un desencuentro
2015. Durante la campaña para alcalde, Enrique Alfaro y Pablo Lemus y los líderes vecinales se encuentran para tratar de resolver expedientes como Huentitán y la Villa Panamericana, pero no se llega a acuerdos
2016. Los dos alcaldes acusan al Parlamento de Colonias de extorsión, pero ni prueban su dicho, ni abren una denuncia en la entonces Fiscalía General del Estado
2018. El parlamento logra suspender los Planes Parciales del distrito 02 Minerva, con un freno al negocio de decenas de inmobiliarias
¿Quieres que maten a uno de tus hijos?, le dijo el Director de Tránsito del Estado, Luis Alonso Tahuahua González, al periodista Mario Alberto Sánchez Cruz frente a sus cuatro hijos menores de edad y su esposa; ¡le estás tirando mucho a mi jefe!, le reclamó
Servio Tulio Berumen / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Martes 12 de marzo del 2019.- El periodista, Mario Alberto Sánchez Cruz, mejor conocido como “Larry Cañonga”, interpuso ayer una querella en la Fiscalía General de la República (FGR), contra el Director de Tránsito del Estado, Luis Alonso Tahuahua González, por su presunta responsabilidad del delito de amenazas y lo que resulte.
¿QUIERES QUE MATEN A UNO DE TUS HIJOS?
“Y me dice, que quieres que te maten un hijo y señaló al más pequeño de mis hijos de 10 años de edad y; eso no lo voy a tolerar”.
“Todo lo que pasó y sucedió, fue en presencia de su esposa, sus cuatro hijos menores de edad, y de aproximadamente siete escoltas que traía vestidos con uniformes de Tránsito del Estado.
De lo cuáles, dos de ellos traían una mariconera y con la mano metida en tono amenazante, como dando a entender que andaban armados”, relató Mario Alberto respecto a los hechos.
Los hechos que menciona el periodista contra el Director de Tránsito del Estado, ocurrieron el pasado 7 de marzo, precisamente el día que se inauguró la Feria Nacional Tepic 2019.
Donde el funcionario estatal, acompañado con siete guardaespaldas, intentó amedrentar al comunicador delante de su familia.
“La única realidad, es que tenemos al frente de la Dirección de Tránsito del Estado a una persona que abusa del poder y que está fuera de sí”.
Los nayaritas tenemos un gobierno represor encabezado por el gobernador panista, Antonio Echevarría García, y lo afirmamos con bases sólidas, la directora de Tránsito y dos de sus funcionarios, maquinaron y ejecutaron el plan para quitarle la vida al periodista Alejandro Márquez Jiménez, Director de “Orión”, por haber sacado a la luz las corruptelas con las que se manejaba tránsito del Estado, así mismo tenemos el caso del periodista Abisaí Barajas que tuvo que pedir asilo en el extranjero ya que fue golpeado y amenazado de muerte presuntamente por gentes de la Fiscalía, y no es el único, como se recordará a mediados del mes de noviembre del 2018, el periodista Lolo Galindo “desapareció” misteriosamente y a raíz de la presión que ejercieron los comunicadores para que se diera con su paradero, apareció dizque “accidentado”. También el gobernador está usando a la Fiscalía para acosar a este reportero y al director del periódico, “Realidades de Nayarit”, Ing. Hugo Rodríguez Jiménez, por las críticas al nefasto gobierno de Toño.
En sus declaraciones, el denunciante señaló: “Este funcionario me amenazó directamente en presencia de mi familia, no lo voy a permitir, Toño Echevarría, estás generando una fábrica de asesinos en Tránsito del estado, yo no quiero ser el siguiente muertito como lo fue mi compañero, por eso vine a interponer la denuncia, voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.
El periodista agredido, mejor conocido como Larry Cañonga, está demandando al Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, que separe de su cargo a Luis Alonso Tahuahua, para que enfrente la querella como los hombres y no con el poder que ostenta como Director de Tránsito del Estado.
Ante las amenazas vertidas contra el periodista y su familia, el Gobierno Federal activó los protocolos de protección y abrió una carpeta de investigación contra el funcionario, quien a escasos días de estar al frente de dicha corporación, ya se metió en problemas con los comunicadores por su prepotencia y falta de preparación para tratar a la gente.
Hay que señalar que a Luis Alonso Tahuahua, le quedó muy grande el cargo al frente de la Dirección de Tránsito del Estado, ya que de ser toda su vida un vulgar chofer de Aníbal Montenegro Ibarra, ahora que ocupa tan importante cargo “loco se quiere volver”. “Se le olvidó tomarse una pastillita antes de subirse al ladrillo”, expresó Larry.
Algunos compañeros periodistas señalaron que sería bueno, que la Fiscalía General de la República (FGR) le hiciera a Tahuahua, una serie de exámenes psiquiátricos y de antidoping para ver si está consumiendo drogas, ya que no es lógico que un funcionario de segundo nivel ande amenazando de muerte a un indefenso niño o ¿Acaso, Luis Alonso Tahuahua, ya habrá asesinado a una o varias personas?…Lo único cierto, es que la prepotencia con la que se maneja éste funcionario, es simplemente un fiel reflejo de la contaminación a la que ha estado expuesto por las conductas discordantes y superfluas con las que siempre se han manejado sus dos patrones, Aníbal Montenegro Ibarra y Toño Echevarría García.
Al poco tiempo de presentar su denuncia, el periodista amenazado, ratificó su denuncia.
Por último, hizo responsable al director de Tránsito del Estado, Luis Alonso Tahuahua y al gobernador del estado, Antonio Echevarría García, de cualquier cosa que pudiera pasarle a él o a su familia.
Cabe destacar que contó con la solidaridad de los compañeros de los distintos medios de comunicación del estado.
Rodrigo Patiño- La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy
En una nota del pasado lunes 4 de marzo en este diario (Proyectos de energías renovables contribuyen a crear empleos en Yucatán), se comenta el firme apoyo que dará el gobernador Mauricio Vila a la Agrupación Peninsular de Energías Renovables (Aper) para la consolidación de varios proyectos fotovoltaicos y eólicos de gran escala en la entidad, que en su conjunto involucran miles de hectáreas de territorio y temporalidades de entre 20 y 60 años.
Hoy en día, estos proyectos, en su mayoría, están retrasados en su instalación y operación por una serie de complicaciones administrativas y por distintos conflictos socio-ambientales que han ido generando por el modelo de desarrollo en el que se encuadran. Como claro ejemplo está el parque eólico Dzilam Bravo, de la empresa Vive Energía, que se hizo público desde 2012 y generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la población y la academia, comenzando a operar seis años después, a finales de 2018. Adicionalmente, como resultado de la Primera Subasta de Largo Plazo que organizó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en marzo de 2016 se aprobaron nueve proyectos fotovoltaicos y eólicos para instalarse en Yucatán. Originalmente la operación de los parques debía concretarse en 2018, pero hasta la fecha, de los nueve proyectos sólo el Parque Eólico Tizimín y el Parque de Energía Solar Fotovoltaica en Peto han logrado concretar la instalación y se desconoce si ya ha iniciado su operación. Otra decena de proyectos se ha añadido a los anteriormente referidos y cada uno se encuentra en alguna etapa distinta, aunque la totalidad de proyectos hace referencia a un proceso mucho más complejo de lo previsto desde su diseño institucional y financiero.
Regresando a la nota del 4 de marzo, se menciona que las empresas representadas por la Aper contribuyen a generar empleos. Esta aseveración es vaga y quisiera dimensionarla a partir de los documentos de Manifiesto de Impacto Ambiental que las empresas deben entregar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Estos documentos incluyen típicamente un apartado socioeconómico, en el entendido de que los impactos ambientales están relacionados con impactos a la población y a la economía local. De los 22 documentos que corresponden a proyectos fotovoltaicos y eólicos en Yucatán, el aspecto de los empleos es tratado con rigurosidad distinta. En general se habla de empleos directos e indirectos, temporales y permanentes (considerando que los proyectos operarán dos o más décadas), pero apenas la mitad de los documentos son explícitos en cuanto a número concreto de empleos y como ejemplo se darán dos de los más detallados. El Parque Eólico Tizimín reporta 59 empleados temporales para la preparación del sitio y construcción (con temporalidades especificadas entre 4 y 21 meses), así como siete empleados permanentes para la operación y el mantenimiento del parque (por 25 años). Por su parte, el Parque Fotovoltaico Yucatán Solar, a desarrollarse en el municipio de Valladolid, reporta 695 empleados temporales para la preparación del sitio y construcción (no se especifica temporalidad, pero ambos procesos se proyectan en un máximo de un año), además de 16 empleados temporales y 16 permanentes para la operación y el mantenimiento (tampoco se específica temporalidad, pero ambos procesos se proyectan a 30 años).
A partir de este primer análisis se pueden sacar tres generalidades iniciales: (i) no existe una base homogénea que permita conocer con precisión la generación de empleos reales en este tipo de proyectos y las condiciones laborales correspondientes; (ii) los proyectos fotovoltaicos requieren más personal que los proyectos eólicos, y (iii) los empleados permanentes son significativamente menos que los temporales. De esta manera, para los próximos 30 años en los 12 parques eólicos y 10 fotovoltaicos de Yucatán se puede hacer una estimación gruesa de unos 300 trabajos permanentes, la mayoría de los cuales corresponden a mano de obra no calificada. Esta cifra es insignificante frente a los 10 mil empleos directos que plantean las próximas inversiones de la industria automotriz, aeroespacial, médica y textil en Yucatán. Adicionalmente, el personal altamente calificado que trabajará en los parques de energía provendrá seguramente de otras regiones, a pesar de que existen varias instituciones de educación superior en Yucatán que cuentan con programas de estudios en energías renovables, tanto en licenciatura como en posgrado.
Finalmente, habría que hacer una reflexión al respecto del sobredimensionamiento que se da a las inversiones económicas que se hacen para la instalación y operación de parques eólicos y fotovoltaicos. Estas inversiones se hace principalmente en la infraestructura requerida, principalmente paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas y mecanismos avanzados de control. Los habitantes de la región no tendrán ninguna concesión de la electricidad producida y las ganancias se concentrarán seguramente en unas pocas manos. Los terrenos donde operarán estas empresas son generalmente rentados a precios muy por debajo del estándar internacional, así que tampoco representan una derrama económica significativa para los dueños, en especial cuando se trata de tierras ejidales. Al contrario, los riesgos socioambientales que representan estos parques podrían reducir de manera importante los servicios ambientales que las tierras dan a las comunidades cercanas. Por ejemplo, la deforestación de cientos de hectáreas de selva planteados por los parques fotovoltaicos, tendrán efectos directos sobre la recolección de leña – un importante energético para las comunidades rurales – o la producción de miel, sin mencionar la vulnerabilidad que se acrecienta en la población local frente a cambios climáticos y otros desequilibrios ecológicos relacionados. En el caso de los parques eólicos, el cambio de paisaje de la costa yucateca y el impacto en aves locales y migratorias podrían afectar actividades ecoturísticas de los pobladores de la región. ¿Cuál sería entonces la ganancia de instalar los proyectos de la Aper en Yucatán?, o mejor dicho ¿quiénes son los beneficiarios económicos directos de estos proyectos? Se hace necesario pensar entonces en otro tipo de proyectos de energías renovables, como la generación distribuida -individual, vecinal o comunitaria-, que tengan beneficios reales a nivel local en un marco de desarrollo sostenible.
Tepic, Nayarit.- Miércoles 13 de marzo del 2019.- Pésimos resultados arrojan los trabajos de las áreas policiacas involucradas en el tema de prevención contra la violencia intrafamiliar que padecen las mujeres de Nayarit. Las autoridades no pueden con el paquete tras dispararse los casos día con día.
El pasado seis de febrero se dio a conocer que “nunca en la historia” se había presentado un fin de semana tan violento hacia la mujer con 40 casos de agresiones intrafamiliares, esto informado durante las reuniones de Paz y Seguridad que llevan a cabo todas las corporaciones policiacas y dependencias involucradas en el tema.
A poco más de un mes de esa fecha, la problemática en lugar de mejorar empeoró pues este fin de semana se registraron 45 casos de mujeres violentadas por sus parejas.
De poco o nada sirven las declaraciones, discursos políticos, reuniones y mesas de trabajo para coordinar esfuerzos con el fin de disminuir las cifras entorno a este problema social.
Las corporaciones casi se desgarran las vestiduras por la cifra tan elevada de un viernes negro a un domingo con iguales consecuencias. Se llamó a todas las dependencias involucradas en el tema para asignarles una responsabilidad a cada una para que no vuelva a suceder pero, todo ha sido en vano.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, lamentó que los esfuerzos no hayan dado frutos ante las nuevas cifras reportadas este fin de semana que acaba de concluir que asciende a 45 casos de violencia de este tipo.
“Nos preocupa esta situación porque lejos de ir disminuyendo están aumentando las estadísticas y esto lo vemos porque los fines es donde más aumenta la violencia intrafamiliar”.
Dentro de mencionadas reuniones de Paz y Seguridad que se realizan todos los días, y en la que participa la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública Estatal, Federal y Municipal, el Ejército Mexicano, Secretaría de Desarrollo Social, y la CEDH, entre otras, se dio cuenta de la cifra récord de 45 casos de violencia intrafamiliar.
El ombudsman Nayarita, reconoció además que muchas mujeres se quejan de que los agentes del Ministerio Público no les quieren recibir las denuncias o ahora con el nuevo sistema de justicia penal, los mismos elementos de la policía tienen que recibir los testimonios, no los quieren hacer y hasta motivan a las mujeres a que “concilien” porque luego van y retiran la denuncia y es trabajo “perdido”.
“No tienen esa sensibilidad para que en el momento en que está la persona agredida o está sufriendo la violencia puedan ellos darles la atención adecuada”, subrayó Muñoz de la Cruz.
Derivado de esta situación, se preparan dos recomendaciones entorno a este tema para poner límites y marcar las actividades que ellos hacen y en las cuales se están violando los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo de 2019.- Luego de que en 2018 se tuviera el registro de tres mil 607 mujeres asesinadas, casi 10 diariamente, la investigadora y geofísica, María Salguero presentó el Mapa de los Feminicidios en México, trabajo que realiza desde 2016 y donde registra, de acuerdo a notas periodísticas e información otorgada por las autoridades, los lugares con mayor incidencia en este delito.
Al respecto, Salguero detalló que de los tres mil 607 feminicidios que se registraron en 2018, la mayor incidencia la tuvo el Estado de México con 400 casos; seguida por Guerrero con 362; Guanajuato, 326 mujeres asesinadas; Baja California, 304; Jalisco, 237; Chihuahua, 221; y Veracruz, 194.
Sin embargo, sostuvo que otros estados del país que parecen estar inviables al momento de hablar de feminicidios, sin embargo, presentan una alta incidencia, como Colima con 22 asesinadas por cada 100 mil habitantes; Baja California, con 19 mujeres por cada 100 mil habitantes; Guerrero, con 15 mujeres por cada 100 mil habitantes; Chihuahua, con 13; Zacatecas, 11; y Quintana Roo, con 10.
Afirmó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 10 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes ya es considerada una epidemia de violencia.
La violencia hacia las mujeres tiene diversos orígenes y motivos, desde la cotidiana, que persiste en los hogares, pasando por la violencia familiar, económica, sicológica, física, en el ámbito privado y comunitario, hasta llegar a la expresión de violencia más extrema, el feminicidio.
La incidencia del feminicidio que ocurría generalmente a manos del esposo, novio o pareja sentimental, o que se daba en la calle y con violencia sexual, ha ido cambiando trágicamente con el entorno de inseguridad que vive el país, ahora también es provocada por el crimen organizado.
Feminicidios, otro blanco del crimen organizado
En la última década la violencia provocada por el crimen organizado se ha elevado gravemente en el país, y esta situación ha provocado que ahora el nuevo blanco de los grupos criminales sean las mujeres.
A este fenómeno, la creadora del mapa de feminicidio lo ha calificado como Feminicidio por pertenencia del enemigo, donde varios estados que viven esta problemática, han registrado un incremento importante en los asesinatos de mujeres.
Al respecto, María Salguero refirió que los estados donde se ha registrado un incremento en los feminicidios provocados por el crimen organizado, son Guanajuato, Colima, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Quintana Roo.
Mientras que los grupos delictivos involucrados son los que pelean una plaza o matan por pertenecer al enemigo; entre estos se encuentran: los carteles Jalisco Nueva Generación; el de Santa Rosa de Lima; el de Sinaloa; y el de Juárez, entre otros.
“Un patrón nuevo que se está intensificando en este último año, es que las mujeres son asesinadas por pertenecer al enemigo, muchas son encontradas asesinadas al lado de su pareja sentimental, es un patrón que Naciones Unidas ha venido detectando en Latinoamérica en países como Colombia, a raíz de las guerrillas, y Centroamérica, y se están intensificando en México.
Están incrementando los asesinatos de mujeres con armas de uso exclusivo del Ejército, las encuentran maniatadas, amordazadas, muchas de ellas con mucha tortura”, detalló Selguero.
Al respecto, destacó el caso de Guanajuato que en el último año registró un aumento del 90 por ciento en los asesinatos de mujeres, y donde solo 13 fueron por violencia intrafamiliar, mientras que los demás se relacionan con el crimen organizado y las pugnas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, que tiene que ver con el robo de combustible o huachicoleo, problema que ha tomado mayor fuerza en los últimos meses.
Sin embargo, esta entidad que en los últimos días ha estado en la mira con el operativo de autoridades locales y federales en busca de desmembrar a este grupo delictivo controlador del huachicol en la zona, también se enfrenta a los cárteles que están peleando la zona por el narcomenudeo y robo a transporte.
Otro caso preocupante que detalló la investigadora, es el de Tijuana, en Baja California, que concentran el 80 por ciento de los asesinato de mujeres en la entidad, y donde el 90 por ciento de estos casos tienen el sello el crimen organizado, ya que muchas de las víctimas son calcinadas o descuartizadas para evitar su identificación.
Y es que de acuerdo a las autoridades locales, las mujeres son utilizadas para vender cristal, y por cada paquete ganan un promedio de 20 pesos, sin embargo, esta zona es importante para los grupos delictivos pues es tener el control de la frontera, donde tienen el acceso al mercado más importante de drogas que es Estados Unidos.
En tanto, refirió que en Guerrero varias de las mujeres asesinadas son comerciantes, lo que hace que el tema de feminicidio se relacione al cobro de derecho de piso, además del tema del trasiego de droga donde se ha detectado, dijo, 20 grupos delictivos que están peleando el control del estado.
El caso de Zacatecas, explicó que ahí están aumentando los secuestros, el asalto a carreteras, además de que resulta atractivo para el crimen organizado ya que esa entidad lleva a las fronteras de cinco estados del Golfo de México y también al Pacífico.
Otra entidad importante para los grupos delincuenciales es Quintana Roo, que por ser zona turística prolifera el narcomenudeo, además, el aeropuerto que tiene conexión con Europa, es una importante vía para traficar con cocaína y otras drogas, mientras tras que por su frontera en Chetumal entran mercancías ilícitas, principalmente fayuca, todos esos factores ha provocado un incremento delictivo.
La especialista e investigadora, señaló que los feminicidios son asesinatos que deben investigarse con perspectiva de género y no criminalizar a las víctimas; sostuvo que se tiene que conocer las situaciones de desigualdad que las llevan a involucrarse en el crimen organizado, ya que muchas veces son obligadas.
“Hay que hacer un análisis del contexto del lugar, más un análisis del contexto individual de cada víctima, creo que con ello se podrían hacer políticas públicas efectivas para evitar que las mujeres caigan en estas redes de delincuencia organizada o que sean afectadas por éstas”, aseveró.
En los últimos años se han dado varios casos de desapariciones de mujeres en el municipio de Puerto Vallarta, de las cuales sólo en el caso de una adolescente de 15 años se pudo resolver, gracias al trabajo de algunas personas de la sociedad civil.Lo anterior, fue señalado por la licenciada Edith Zarazúa, quien ha realizado una serie de llamado a las autoridades para que agilicen los trabajos y encuentren a tres de las mujeres que aún sus familiares no saben en donde se encuentran.
“Tenemos por ejemplo el caso de la licenciada Miriam Almanza, que obviamente desapareció hace tres años aproximadamente, tenemos el caso de Erika Cueto, una desaparición que se llevó a cabo hace cuatro años y a la fecha siguen sin ser localizadas”.
Cabe recordar que a principios de este 2019, se presentaron dos desapariciones, una de ellas fue resuelta gracias al trabajo de la sociedad civil organizada, más que al realizado por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
“Tenemos últimamente el caso de la señorita Jazmín, de la cual no te puedo proporcionar su apellido por cuestiones de su privacidad, pero ella se tuvo la fortuna de que fuera rescatada sana y salva y también tenemos el caso de María del Rosario Pastor, una mujer de 35 años, con nueve meses de embarazo, que desapareció el 25 de febrero de este año”.
La abogada de profesión manifestó que, debido a la tardanza en las investigaciones, las familias de las víctimas recurren más a las Organizaciones no Gubernamentales, que a las autoridades en la materia.
“Se tiene el sentido por parte de las familias de que no se está haciendo lo propio o se está haciendo, pero se puede hacer más y no se hace, de hecho, por eso estás familias han buscado el apoyo de los grupos de la sociedad civil organizada para tener mejores resultados de alguna manera”.
Cabe recordar que fueron las investigaciones realizadas por el Colectivo de Mujeres de Puerto Vallarta, las que dieron con el paradero de Jazmín N, menor de edad, quien desapreció una semana.
“Las autoridades enfocadas a la prevención como la policía municipal hacen lo propio, pero no es suficiente, tenemos que hacer un poquito más, las autoridades estatales en las investigaciones, referente a la fiscalía pues hacen lo propio”.
Señaló que seguirá la lucha por encontrar a estas tres mujeres de origen vallartense.
En menos de tres meses se han consumado en Aguascalientes la mitad de la cifra anual histórica de asesinatos de mujeres, lamentó la Coordinadora del Observatorio Social y de Violencia de Género en el Estado, Mariana Ávila Montejano.
Subrayó que en lo que va del año ya son cinco las mujeres que han perdido la vida en entidad a manos de agresores que les arrebatan el último aliento en forma violenta, en tanto que años atrás la estadística por año osciló entre 10 y 12 pérdidas en esas condiciones.
Lo ocurrido en menos de un trimestre obliga a hacer un llamado a las autoridades pues se trata de un tema grave de político pública, omisiones de planeación y prevención que deben ser atendidos, consideró.
En entrevista, recalcó que a pesar de los hechos, la autoridad estatal no ha hecho ningún pronunciamiento que vaya más allá de su desacuerdo con la falta de apoyos a los refugios para mujeres violentadas, luego del anuncio presidencial en ese sentido.
Esto a pesar de que dichos refugios son un tema de participación de organizaciones de la sociedad civil que no tienen nada qué ver con la política pública del Estado para la atención de mujeres en situación de violencia, agregó.
Ávila Montejo señaló que lo procedente es que la autoridad contacte de manera seria con especialistas y con las personas involucradas en los hechos, como son los familiares de las mujeres asesinadas, para identificar qué está fallando.
Cuando haya definición de qué es lo que falta, será posible determinar “desde dónde tenemos que entrar como instituciones y como sociedad civil” a afrontar el tema de violencia creciente que está viviendo Aguascalientes en contra de sus mujeres.
La activista social encabezó el martes 12 de Marzo en a Exedra de la Plaza Patria una expresión artística de familiares y conocidos de personas desaparecidas, consistente en plasmar en textiles los nombres de quienes no ha sido posible localizar, incluso hace años. Explicó que es una práctica que hace años, en varios países y luego en diferentes estados del país, ha involucrado a quienes han perdido algún familiar o amigo, sin rastro, como una manifestación pacífica para exigir justicia.
ACAPULCO, Gro., 13 de marzo de 2019.- Organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, respondieron que los videos revelados este miércoles que muestran la presunta relación entre uno de los jóvenes y el Ejército, confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reveló toda la información con la que cuenta sobre el caso Iguala y su participación en él.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y el Centro de Análisis e Investigación Fundar indicaron que dichos videos eran desconocidos por los representantes de las familias de los estudiantes y que fueron difundidos sin consentimiento de Joaquina Patolzin, madre de Julio César López, uno de los 43 jóvenes desaparecidos y que estuvo en activo en el Ejército, y que desde la normal hacia trabajos de inteligencia para las Fuerzas Armadas.
Aseguraron que los videos difundidos “confirman que el Ejército cuenta con información adicional sobre el caso que a más de cuatro años y medio de los hechos no se ha brindado a la Procuraduría General de la República (PGR), ni mucho menos se ha dado a conocer a las familias y a sus representantes legales”, y afirmaron que es “innegable” que el material fue grabado en instalaciones militares y proviene de personal del Ejército.
“En este sentido, destacamos que el Coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin no obra en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar”, agregaron
Afirmaron también que se comprueba que la Sedena “practica la infiltración en la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos”, y añadieron que “habría brindado algún tipo de asistencia a la familia del estudiante sin que esto fuera del conocimiento de las autoridades civiles ni de los representantes de las familias”.
Además, dijeron, el material reafirma “que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), pues estos videos nunca fueron brindados a dichas instancias”, por lo que subrayaron que los videos vienen “a confirmar la urgente necesidad de que en esta nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas” en el caso Ayotzinapa.
Por lo anterior urgieron a todas las dependencias a brindar ya, “sin pretextos ni dilaciones, toda la información en su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 estudiantes, tal y como se ordena en el decreto presidencial”.
Un 90% de jornaleros agrícolas en la región no tienen Seguro Social.
OPINIÓN SONORA
Empalme, Sonora.- Solo un 10 por ciento de los jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de Guaymas y Empalme, a lo mucho, son dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social por sus patrones, mientras que el resto carece de seguridad social, denunció Agustín Urías Arenas.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Campo y la Ciudad, adherido a la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), señaló que la enorme mayoría de los trabajadores migrantes laboran sin ningún tipo de garantías, expuestos además a una serie de riesgos.
Lamentó que las autoridades responsables de hacer cumplir la ley, los que deben de obligar a los patrones a dar de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, simple y sencillamente hacen como que no saben nada y permiten esta grave irregularidad.
Anunció que el próximo viernes 15 de marzo, en la ciudad de Hermosillo, se va a llevar a cabo un congreso, en donde va a exponer y denunciar este tipo de situaciones, y va a llamar a todos los sindicatos participantes a hacer un frente común para que se cumpla la ley.
Dio a conocer que en ese congreso la Fesoies se va a adherir oficialmente a la Catem (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), y va a aprovechar el foro para alzar la voz.
El líder campesino aclaró que como organización sindical no van en busca de más conquistas ni cargar la mano a los patrones, y solamente van a exigir que se cumpla la ley, porque con eso basta para que los trabajadores del campo tengan mejores condiciones laborales y mejoren con ello su calidad de vida.
Pero para que eso se pueda cumplir es necesario que desaparezcan los sindicatos de ficción que solo sirven para defender al patrón y solapar las injusticias contra sus representados, finalizó.
La autopista Siervo de la Nación, en Ecatepec, fue prometida como uno de los grandes proyectos del sexenio pasado en el Estado de México. Sin embargo, la obra ha estado plagada de obstáculos que duplicaron su precio.
La autopista Siervo de la Nación, uno de los proyectos de infraestructura cumbre del exgobernador Eruviel Ávila en el Estado de México, ha costado 4 mil millones de pesos más de su precio de inversión original y presenta un retraso de más de tres años por la mala planeación. Las consecuencias serán para los automovilistas, pues ahora deberán pagar por 46 años esta obra con sobrecosto.
Desde el arranque de la construcción de esta carretera concesionada, que mide 14.5 km y que comunicará la zona norte del Valle de México con la zona nororiente de la Ciudad de México, la obra ha estado plagada de obstáculos técnicos y sociales que han duplicado su costo.
Todo esto, pese a que el gobierno mexiquense, entonces encabezado por Eruviel Ávila, hoy senador del PRI, pagó 15 millones de pesos por un estudio de factibilidad técnica. Incluso, también la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dio su visto bueno al proyecto.
Entre los obstáculos están ductos de Pemex y de gas en la zona por donde pasa la pista, colectores de agua potable, asentamientos humanos irregulares y vías del tren ya concesionadas previamente a la empresa Ferrovalle.
De acuerdo con documentos obtenidos vía transparencia, estos obstáculos tuvieron como consecuencia que la empresa ganadora de la concesión de la autopista, la portuguesa Mota Engil, modificara el proyecto multiplicando el costo total de la inversión.
De costar 4 mil 200 millones de pesos, como dijo el exgobernador Ávila cuando presentó la obra, se incrementó a 8 mil 600 millones.
La administración de Eruviel no solo aceptó el millonario cambio, sino que le concedió importantes beneficios a Mota Engil.
Para recuperar el aumento en los costos, más los créditos y el rendimiento del 9.95 % —las ganancias que se queda la constructora por invertir en el proyecto—, la concesionaria incrementó el precio de las cuotas de peaje que cobrará a los automovilistas y pidió que se le amplíe el derecho a explotar económicamente la autopista de 27 a 46 años.
Petición que le fue concedida, por lo que los automovilistas pagarán la obra hasta el 2059.
Los obstáculos imprevistos
En abril del año 2013, Eruviel Ávila presentó el que estaba llamado a ser uno de los grandes proyectos de infraestructura de su sexenio: la construcción de la Autopista Urbana Siervo de la Nación.
Una obra que, según el gobierno mexiquense, beneficiará a 22 millones de usuarios al año acortando sus tiempos de trasladado en más de 30 minutos, y ahorrando combustible.
De acuerdo con lo dicho por Ávila cuando presentó la obra ante los medios de comunicación, la flamante autopista tendría una inversión de 4 mil 200 millones de pesos —aunque ya en agosto de ese año, en su segundo informe de gobierno, aumentó la cifra a 4 mil 557 millones de pesos— y su conclusión y puesta en operación sería en 2015; razón por la cual se denomina, precisamente Siervo de la Nación, pues ese año se conmemoró el 200 aniversario luctuoso del general José María Morelos y Pavón.
Sin embargo, nada de eso se cumplió, debido a que el proyecto tuvo supuestos imprevistos, desde el arranque de las obras.
Por ejemplo, el gobierno mexiquense aseguró que la obra fue concesionada a Mota Engil “después de efectuar el estudio de factibilidad correspondiente”, por el que se gastaron 15 millones 800 mil pesos.
Aunque la SCT dio su “anuencia técnica” al proyecto —según consta en este convenio de colaboración que firmó con las autoridades mexiquenses y de la capital del país—, la constructora se encontró con el primer obstáculo en octubre de 2013, a tan solo una semana de arrancar las obras: el tramo inicial de tres kilómetros de autopista “se encontraba invadido por asentamientos irregulares, situación que impedía tomar posesión del tramo”, ya que los pobladores “impedían el acceso de personal y de maquinaria a realizar los trabajos”.
Así lo narró la constructora en un extenso informe dirigido a la Secretaría de Comunicaciones del Edomex, que Animal Político obtuvo por transparencia, en el que también señaló que, en las inmediaciones del trazo de la pista, se toparon con una red de ductos de combustible de Pemex.
Esto derivó en una amalgama de oficios, reuniones, solicitudes de permisos y trámites para realizar calas en el terreno que permitieran ubicar los ductos para su posterior protección o desvío, las cuales se realizaron de manera muy lenta. Por ejemplo, para un solo tramo de obra se debían realizar 94 calas. Pero, a diez meses de que debían iniciar las obras, solo se habían hecho 18.
Además, había gasoductos de las empresas Gas Natural Fenosa y Mexigas, por lo que la concesionaria también tuvo que realizar estudios y acciones para que la construcción no afectara esos gasoductos, mismos que fueron detectados hasta los días 12 y 13 de marzo de 2014, medio año después de que arrancó la construcción de la autopista.
En las inmediaciones del trazo de la pista también se detectaron instalaciones hidráulicas federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, según advirtió la dependencia, no podían ser cruzadas por ninguna vialidad, y un colector de agua potable, cuyas trayectorias subterráneas de tubos se desconocían, por lo que se tuvieron que hacer estudios adicionales.
Ante la existencia de estas infraestructuras, la Conagua impuso una serie de restricciones para la obra de la autopista, mismas que, de acuerdo con la constructora, “no estaban previstas en las Bases de Licitación” del proyecto.
Por si fuera poco, la empresa Ferrovalle también reclamó que un tramo de la carretera invadía las vías del ferrocarril que les fueron concesionadas, por lo que advirtió que “no permitiría construcción alguna dentro de su derecho de vía”.
Obstáculo, que tampoco estaba previsto “en el concurso que sirvió de Base para otorgarnos el Título de Concesión”, señaló la constructora.
“No había un inventario exacto” de los ductos
Ante estos obstáculos, Animal Político buscó al exgobernador mexiquense, y ahora senador del PRI, Eruviel Ávila, para preguntar por la mala planificación de esta obra iniciada en su sexenio, pero declinó conceder una entrevista, alegando que no tiene elementos para comentar.
“Toda la información está en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones. No tenemos acceso a los expedientes, por ello no tenemos elementos para comentar”, expuso Ávila a través de su enlace de prensa.
La Secretaría de Comunicaciones federal tampoco dio respuesta. Quien sí respondió fue la nueva administración mexiquense, en manos de Alfredo del Mazo.
En contraste con lo expuesto por la constructora, que señaló en el Anteproyecto Alternativo de la obra que varios de los obstáculos que se encontraron sobre el terreno no estaban previstos en las Bases de Licitación, el actual gobierno mexiquense aseguró que, “durante el proceso de Licitación, se tenía conocimiento de la existencia de las infraestructuras”, en referencia a los ductos de Pemex, los colectores de Conagua, y las vías de Ferrovalle.
Por lo que la empresa concesionaria que resultase ganadora —a la postre Mota Engil— debía realizar un proyecto “con la menor cantidad de interferencias” con esas infraestructuras.
No obstante, el Ejecutivo local admitió que, al momento de arrancar las obras, no conocían con exactitud la ubicación de las infraestructuras, ni la cantidad de las mismas, responsabilizando a las dependencias públicas y a las empresas particulares dueñas de dichas infraestructuras por entregar información “de manera parcial”.
“La complejidad se originó debido a que no se contaba con un inventario actualizado sobre la ubicación exacta de cada uno de los ductos que interfieren o se encuentran dentro del derecho de vía”, recalcó el Ejecutivo mexiquense a través de un escrito.
Costo de inversión se dispara
Por su parte, la constructora Mota Engil también admitió en otro escrito remitido a Animal Político, que, en efecto, esos obstáculos originaron modificaciones al trazo original, lo que multiplicó el costo.
El principal cambio es que la autopista ya no fue construida a nivel superficie, sino en viaducto elevado en su totalidad. Y que, de dos carriles reversibles, se pasó a un proyecto más grande de cuatro carriles (dos por sentido).
Ante estos cambios, Mota Engil elaboró un “Anteproyecto Alternativo” en el que presentó dichas modificaciones, y a partir del cual la autoridad le concedió importantes beneficios.
En primer lugar, la ampliación del proyecto carretero aumentó la inversión a 7 mil 264 millones de pesos, que es la cifra que señala el gobierno mexiquense en su reporte más reciente de los avances de la obra, de noviembre pasado.
Sin embargo, Mota Engil, en un video publicado en su canal de Youtube, señaló en julio de 2017 que el costo de la inversión es todavía mayor: 8 mil millones de pesos.
Cifra, además, que coincide con lo expuesto en el nuevo Plan Económico Financiero de la obra, en el que se expone que, a esos 7 mil 264 millones de inversión, se añaden otros mil 158 millones derivados de otros costos financieros, intereses, comisiones y deuda, arrojando un total de inversión de 8 mil 675 millones de pesos.
Esta nueva cifra supone 4 mil 475 millones más de lo dicho por Eruviel Ávila cuando presentó por primera vez el proyecto en 2013; un aumento del 106 % del costo total de la inversión, que absorberán directamente los automovilistas. Y que, además, tendrán que hacerlo por casi medio siglo.
Esto, debido a que, para recuperar el aumento en los costos, más los créditos y el rendimiento del 9.95 %, que son las ganancias que se queda la constructora, la concesionaria pidió que se le ampliara el derecho a operar y explotar económicamente la autopista de 27 a 46 años, hasta septiembre de 2059.
Aumentan el peaje
Esta petición fue concedida por el gobierno de la administración de Eruviel Ávila, e incluida en el Convenio Modificatorio del Título de Concesión firmado el 15 de diciembre de 2014, en el cual también se acepta un incremento de las cuotas de peaje “de aproximadamente 19 %, en términos reales”.
Dicho aumento puede apreciarse en dos documentos obtenidos también por transparencia pública: en el ‘Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito’ se expone que la tarifa inicial prevista para automóviles era 2.74 pesos por kilómetro. Es decir, 40 pesos por usar todo el tramo de la autopista. Mientras que, en el anexo 10 incluido en el convenio modificatorio del título de concesión, se expone que la tarifa promedio máxima autorizada para automóviles ya es de 3.46 pesos por kilómetros. Es decir, 50 pesos por auto ó 10 pesos más.
Tal y como también consta en el nuevo Plan Económico Financiero, esa nueva tarifa ya incluye el alza del 19% propuesto por la empresa, a precios de diciembre de 2014. Un aumento, además, que será continuo hasta 2059, puesto que las cuotas se incrementarán cada año con base a la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Además, se implementará un sistema de tarifa dinámica, que permitirá cobrar cuotas más elevadas a los automovilistas en función de las horas pico de tráfico. Aunque Mota Engil subrayó en el escrito enviado a este medio dos puntos: uno, que la tarifa “en ningún caso podrá ser superior a la Tarifa Promedio Máxima Autorizada”; y dos, que este tipo de tarifa es “en beneficio de los usuarios de la Autopista”, puesto que busca evitar saturaciones.
En total, según el Plan Económico y Financiero del proyecto, la constructora proyecta gastos por mantenimiento de la autopista, personal, y otros servicios, de 3 mil 907 millones de pesos. Mientras que, hasta 2059, prevé ingresos por 52 mil 710 millones de pesos, por las cuotas que cobrará a los automovilistas.
Es decir, los ingresos que la constructora proyecta obtener son seis veces superiores a los 8 mil millones que invertirá en una obra que, primero estaba previsto entregar a finales de 2015, luego el 27 de febrero de 2017, y que ahora las autoridades mexiquenses programan para el próximo 30 de junio de 2019.
Tres años y medio después de lo prometido por el exgobernador, y hoy senador, Eruviel Ávila.
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019. El día de hoy, el Signa_Lab1 del ITESO de Guadalajara, publicó una investigación que afirma que existen planes orquestados para generar una narrativa en redes que impulsa el repudio a la prensa calificándola como chayotera o fifi. “La relación semántica entre las palabras más utilizadas (…) muestra una persistente expresión de “repudio” hacia la prensa y esparce la idea de que el presidente está siendo injustamente atacado”. Estos planes, afirma el informe, incluyen ataques masivos a través de redes sociales a periodistas que realizan una cobertura crítica del Presidente de la República.
En el informe publicado el día de hoy por Signa_Lab llamado: , se asegura que actualmente está teniendo lugar una operación coordinada de comunicación en Twitter para inhibir voces críticas y disidentes. Según el ITESO, esto se realiza a través del uso de bots, trolls y cuentas falsas que atacan principalmente a periodistas y difunden una narrativa en donde se presenta a la prensa como el enemigo.
Por su parte, ARTICLE 19 también ha documentado desde el inicio de la transición en 2018, cómo estas narrativas tienen resonancia a través del discurso de López Obrador, que en diversas ocasiones ha emitido declaraciones estigmatizantes hacia la prensa con calificativos como prensa “fifí” y periodistas chayoteros. Este discurso puede legitimar e incentivar ataques en contra de las y los periodistas en lo digital, en lo físico y afecta la pluralidad del debate público. Lo anterior incrementa el nivel de vulnerabilidad y riesgo al que se enfrentan las y los periodistas en el país más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América, donde sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se documentaron 47 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas probablemente vinculados con su labor.
Incluso, en conferencia matutina del pasado 8 de marzo, el Presidente intensificó el discurso en contra del periódico Reforma, señalando que “es un periódico que surge en el gobierno de Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo en el periodo neoliberal, que simuló que combatía la corrupción (…) que ayudó en el fraude electoral”.
Aunado a lo anterior, desde diciembre de 2018 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado cuatro agresiones en contra de periodistas y medios a través de redes sociales tras la cobertura realizada a las conferencias matutinas o las giras del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los agresores, a través de sus cuentas de Twitter, Facebook y Youtube, buscan intimidar y hostigar a periodistas que informaban u opinaban sobre las conferencias a través de campañas de desprestigio.
Es así que en la conferencia matutina del 13 de febrero, un periodista del medio digital Animal Político preguntó a López Obrador sobre las investigaciones del caso Odebrecht: “Su gobierno a través de áreas de la función pública ¿Nos van a informar en qué estado recibieron las investigaciones de este fraude?”. Como consecuencia, el periodista fue exhibido en un video en Youtube y recibió ataques en la sección de comentarios de esta plataforma que lo descalificaban: “Perros infelices de animal político, se venden al mejor postor…”, o “quedó como lo que es, un pobre pendejo (refiriéndose al periodista)” “Espero que todo México se de cuenta cómo los fifís tratan de desacreditar a nuestro presidente día a día,” fueron algunos de los mensajes.
Captura de pantalla de algunos ataques en contra del periodista de Animal Político, tomado de Youtube.
Otros periodistas, – cuya identidad se reserva ARTICLE 19 para prevenir nuevas agresiones- también han sido agredidos. En diciembre de 2018, durante una transmisión en vivo de la visita de Andrés Manuel López en Reynosa, Tamaulipas, donde presentó la reducción de la tasa del impuesto agregado al 8% y del 20% al impuesto sobre la renta, un periodista recibió comentarios estigmatizantes tales como “chayotero” y “vendido” por parte de usuarios de redes sociales, por el hecho de estar transmitiendo en vivo. De la misma forma, el 25 de enero de 2019, tras cuestionar al Presidente sobre su estrategia en el tema de desapariciones, una periodista recibió tweets con insultos y calificativos como “mercenaria, hija de su reputa madre, chayotera”.
Captura de pantalla en Twitter de agresión contra periodista el 25 de enero de 2019.
Algunas agresiones ni siquiera han sido como consecuencia de algún cuestionamiento específico; se ataca al periodista por trabajar para un medio con línea editorial crítica. El 30 de enero una periodista de Sin Embargo realizó una intervención en la conferencia matutina e inmediatamente después fue exhibida mediante un video en Youtube, y como resultado fue agredida por medio de mensajes privados y públicos a su cuenta de Facebook donde usuarios se burlaban de su voz, aspecto físico y su calidad de periodista con mensajes insultantes y que cuestionaban su inteligencia. Incluso hubo comentarios en donde le deseaban la muerte. El mensaje privado decía: “Ojalá que te hubieran abortado y estuvieras muerta” (no se muestra imagen del mensaje, a petición de la periodista).
Captura de pantalla en Twitter de agresión contra periodista el 30 de enero de 2018.
Estas agresiones son preocupantes puesto que han tenido su origen en las interacciones de escenarios públicos dirigidos por el jefe de Estado en persona y que son transmitidos en vivo por varios medios de comunicación y por plataformas como Facebook. En estas conferencias se tratan temas de máxima relevancia pública y por ello deberían existir plenas garantías de libertad de expresión, respeto y protección a quienes ejercen la labor periodística a fin de evitar cualquier efecto inhibidor.
Sin embargo, es en esas mismas conferencias en donde el jefe de Estado se ha referido a la prensa en términos que violan su obligación de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión. En enero de 2019, ARTICLE 19 publicó una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador en donde señala los riesgos de descalificar a la prensa y avanzar en dirección a los discursos oficiales estigmatizantes al periodismo que han hecho daño a las democracias de la región.
Así, en una sociedad democrática resulta imperativo proteger el derecho ciudadano a discutir de manera libre y plural las actuaciones del jefe de Estado. Esto incluye el derecho a hacerle preguntas al Presidente, a criticarlo, a investigarlo periodísticamente y a opinar libremente acerca de su mandato sin temor a represalias. Estos ataques en redes envían un mensaje intimidatorio a la prensa: no se puede criticar a Andrés Manuel López Obrador.
La cobertura de la Presidencia de la República debe garantizar un ambiente de seguridad para las y los periodistas. Informar y opinar sobre López Obrador no puede realizarse entre el miedo y la autocensura. En este sentido, es importante impulsar una contranarrativa de reconocimiento de la labor periodística en un estado democrático que desaliente la polarización y anime el debate público plural.
Por lo anterior ARTICLE 19 exige al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita un mensaje público en el que rechace toda agresión contra periodistas que pueda tener lugar durante la cobertura de cualquier evento público de la Presidencia. El jefe de Estado debe reconocer de manera inequívoca la importancia de una prensa libre en la democracia.
De igual modo, ARTICLE 19 exige al Presidente de la República que se abstenga de emitir declaraciones que descalifiquen o estigmaticen a la prensa y que la ubiquen en una posición de mayor vulnerabilidad en donde puedan ser víctimas de amenazas en el ámbito digital y físico.
A grandes rasgos, el triángulo conformado por Pachuca, Tulancingo y Apan es de las áreas más inseguras para las mujeres en la zona centro del país, toda vez que de enero de 2016 a enero de 2019 se contabilizaron al menos 65 casos de feminicidios.
La activista María Salguero informó que en 2018 ocurrieron 3 mil 607 feminicidios en el País, es decir, 10 cada día. La autora del Mapa de Feminicidios indicó que, de acuerdo con su conteo, el Estado de México es la entidad con el mayor número de delitos de este tipo, con 400, y le siguen Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Veracruz.
Durante su participación en las audiencias públicas “Feminicidios, Emergencia nacional: impunidad institucional”, la especialista señaló que como porcentaje de la población en Colima se registraron 22 homicidios de mujeres por cada 100 mil personas; en Baja California, ocurrieron 19; en Guerrero, 15; en Chihuahua, 13; en Guanajuato, 11; y en Quintana Roo 10, cifras que las ubica como entidades con una “epidemia de violencia”.
La Organización Mundial de la Salud determina que una comunidad con más de 10 muertes por cada 100 mil habitantes ya es una epidemia de violencia, y es lo que están viviendo en estos estados, advirtió.
Salguero explicó que el robo de combustible y la disputa del territorio por grupos del crimen organizado son algunas de las causas que han propiciado el incremento de feminicidios por pertenencia al enemigo.
Dijo que muchos de los nuevos casos son mujeres que han sido asesinadas por su cercanía sentimental, de amistad o familiar con personas consideradas como enemigos por sus victimarios o bien como resultado de ilícitos como el derecho de piso y las agresiones a establecimientos en donde laboraban. “El huachicoleo y el crimen organizado está asesinando a mujeres”, afirmó.
Indicó que, si bien existe poca información sobre la participación de las mujeres en las estructuras y actividades del crimen organizado, hay coincidencias entre el incremento de feminicidios y la incursión de grupos delincuenciales en ciertos territorios.
De ahí que en muchos casos las víctimas hayan sido asesinadas con armas de uso exclusivo del Ejército, calcinadas para evitar que sean identificadas y torturas, además de que sus cuerpos aparecieron junto a sus parejas sentimentales u hombres cercanos.
El pasado viernes 8 de marzo, durante la marcha #8M de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de feminicidio, de mujeres y niñas desaparecidas en nuestro país, acompañadas por organizaciones civiles en pro de los derechos de las mujeres, colocaron la Antimonumenta contra los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes en el centro de la ciudad, en memoria de sus hijas, sus hermanas y todas las mujeres víctimas de feminicidio y desaparición en México. Exigieron el fin de la violencia feminicida, poder caminar sin miedo, participar de la justicia, ser reconocidas como agentes de cambio, sonreírle al mundo y gozar de la vida en las casas, las calles, los lugares de estudio, trabajo y convivencia.
La Ciudad de México ha pasado de ser “la ciudad de los palacios”, para convertirse en la ciudad de los antimonumentos en exigencia de justicia para quienes el Estado mexicano les ha violado sus derechos humanos, apelando a la memoria y negándose al olvido. Hasta hoy son cinco las estructuras que han sido colocadas en sus calles, principalmente por familiares de víctimas y organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos.
La historia de los antimonumentos en la capital del país inicia en abril de 2015 cuando los padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa instalaron un +43 en rojo en la esquina de Reforma con Bucareli, en memoria de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Tixtla de Guerrero, quienes fueron víctimas de desaparición forzada en manos de policías municipales en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los teléfonos de los jóvenes estuvieron activos días después del ataque que sufrieron y la última georeferencia que documentan los aparatos fue en el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Las autoridades nunca han aceptado se investigue a los mandos militares.
En junio de 2017 padres y madres de los pequeños de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, colocaron un 49 ABC con la leyenda NUNCA MÁS en colores azul, rosa y verde, frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Paseo de la Reforma, en memoria de las 49 niñas y niños de entre cinco meses y cinco años que murieron en un incendio que se propagó de una bodega contigua que pertenecía al Gobierno estatal el 5 de junio de 2009; la Guardería ABC era privada y funcionaba de forma subrogada por el IMSS, de acuerdo a las investigaciones de los padres de los niños y sus abogados a partir de los testimonios de testigos, el incendio fue provocado mediante una orden desde el gobierno de Sonora para la destrucción de documentación y así esconder una deuda de 10 millones de pesos.
En enero de 2018 familiares y amigos de David Ramírez y Miguel Ángel Rivera colocaron la estructura de un hombre fragmentado en color azul, a un costado de la Torre El Caballito, también en Reforma, como un recuerdo de los jóvenes secuestrados mientras viajaban a Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, para festejar el cumpleaños número 20 de Miguel el 5 de enero de 2012. Los familiares de David y Miguel Ángel exigen a las autoridades su localización con vida y el esclarecimiento del caso, pues hasta hoy continúa inconcluso.
Un mes después, en febrero de 2018, las familias de los mineros muertos en el incendio de la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006 y las organizaciones civiles que les han apoyado, colocaron un +65 en Reforma esquina con Río Rin, a la altura del edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, en memoria de los 65 trabajadores mineros; las autoridades suspendieron los trabajos de rescate después de solo haber encontrado a dos de ellos, abandonando a los otros 63 cuerpos enterrados al interior de la mina propiedad de la empresa Grupo México, la compañía minera mexicana más grande en el país.
También el año pasado, al termino de la marcha conmemorativa del 50 aniversario de la matanza ejercida por el Estado mexicano en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, CDMX, en contra de estudiantes, el Comité del 68, acompañado por otras organizaciones civiles y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, colocaron la insignia conmemorativa de la lucha estudiantil con la leyenda “NUESTRA LUCHA NO CLAUDICARÁ JAMÁS ¡VENCEREMOS! 50 AÑOS DE IMPUNIDAD” en la esquina de Madero con el Zócalo, frente a Palacio Nacional. Hasta el día de hoy se desconoce la cantidad de estudiantes y personas de la sociedad civil que fueron asesinados y desaparecidos durante el movimiento estudiantil del 68.
El más reciente es la Antimonumenta en contra de los feminicidios, colocada el pasado viernes 8 de marzo durante la marcha #8M en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer; fue instalada frente al Palacio de Bellas Artes, en la esquina de Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas por familias de víctimas de feminicidio, mujeres y niñas desaparecidas en el país, en su memoria y en exigencia de justicia. También fueron acompañadas por organizaciones y personas de la población civil durante el acto político realizado durante esa tarde noche.
En la actualidad en nuestro país asesinan a nueve mujeres diariamente y 66 de cada 100 sufren alguna forma de violencia. Cada dos horas es asesinada una mujer en México, de acuerdo a información emitida por la Secretaría de Gobernación hace unos días durante la presentación del Plan Emergente Contra la Violencia Feminicida.
“El feminicidio es un instrumento represivo que atañe a las mujeres y por ello, a toda la sociedad. Agredir a las mujeres por ser mujeres implica paralizar el funcionamiento del país, romper el tejido social, instalar el miedo cotidianas y la desconfianza hacia el Estado. Donde el temor sustituye al diálogo se coloca el terror y se rompe el estado de derecho.”, aseguran en el pronunciamiento emitido el 8 de marzo.
Malú García Andrade, es hermana de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, a partir de ahí se ha convertido en activista y representante de familias de otras mujeres asesinadas alrededor del país a quienes convocó junto a organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres para la instalación de la Antimonumenta debido a las cifras tan abrumadoras de violencia feminicida en México y exigirle al Gobierno Federal entrante de Andrés Manuel López Obrador justicia y erradicar esa violencia, además de solicitarle una audiencia para que se reúna con las familias para que escuche sus necesidades y que trabaje en conjunto con ellas para esos fines.
“Como familiares aplaudimos que es el primer presidente de la República que aborda el tema de feminicidios, porque otros presidentes no lo han hecho…, pero lo que estamos solicitando es una audiencia para que escuchen la voz de las familias para tomarlas en cuenta en ese plan emergente que ellos han presentado”, asegura Malu García Andrade en entrevista para Somos el Medio.
En la Antimonumenta contra los feminicidios en México permanece una comisión de mujeres activistas desde el pasado viernes para evitar que sea retirada por personal del Gobierno de la Ciudad de México o por quien sea que intente quitarla, y aseguran que ahí se quedarán hasta estar seguras que nadie atentará contra la estructura.
La historia de los antimonumentos es reciente en nuestro país, pero como hemos visto, no así la historia de violaciones a los derechos humanos en México, el país de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con más denuncias y peticiones de un proceso de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues tan solo en 2017 se presentaron 819 peticiones, 847 en 2016 y 849 en 2015.
Caminar en la Ciudad de México y admirar los antiguos palacios mientras se tiene la posibilidad de observar esas estructuras metálicas de colores que nos recuerda que nadie está exento de en cualquier momento formar parte de la larga estadística de víctimas de violaciones de derechos puede llegar a ser un viaje esperanzador por la lucha de los familiares, pero al mismo tiempo terrorífico ante esa posibilidad.
Decenas de mujeres en Guanajuato capital y Celaya tomaron las calles para manifestarse en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Tere Segura/Luis García/ Zona Franca, 08 de marzo de 2019
Guanajuato/Celaya, Gto. Decenas de mujeres marcharon por las principales calles de la capital del estado, para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.
Desde el Jardín de Embajadoras y acompañadas por algunos hombres y niños y niñas, marcharon hasta el Teatro Juárez.
Los intensos rayos del sol, no frenaron a las mujeres, jóvenes en su mayoría, para pugnar por derechos como seguridad y aborto legal, y alzar la voz en busca de la equidad de género.
Una de las manifestantes de la colectiva, recordó que fue hace más de 100 años que mujeres comenzaron con la lucha, a costa de su muerte.
Con pañuelos verdes exigían la despenalización del aborto, acompañada de educación sexual para que cada mujer sea libre de decidir cuándo ser madre.
Al llegar al Teatro Juárez mostraron las mantas y cartulinas en las que también exigían justicia por el feminicidio de Wendy Morales, la joven de Guanajuato que fue localizada sin vida después de 45 días de desaparecida.
Durante la marcha, gritaron consignas como: “señor, señora, no sea indiferente, se mata las mujeres en la cara de la gente”, “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, “alerta, alerta, que camina la lucha feminista por América Latina”.
Y en Celaya también
Mujeres activistas y del colectivo AUDE marcharon en Celaya, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Esto sucedió tanto en una agencia del Ministerio Público, como en un colegio privado, donde el director, en vez de apoyar a los padres, les ofreció dinero por su silencio
Víctor Chávez Ogazón / El Occidental
Ponen en evidencia dos casos donde re victimizan a niñas víctimas de una violación y a sus familias. Esto sucede tanto en una agencia del Ministerio Público, donde tardaron horas en darle atención a una pequeña bajo el argumento de que el Instituto Jalisciense de la Mujer ya no existe y no hay donde enviarlas; así como en un colegio privado, donde el director, en vez de apoyar a los padres, les ofreció dinero por su silencio y ante la negativa, dio de baja a la pequeña y a su hermanito.
Ambos casos estremecieron en las últimas horas al medio, intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
En el primero de los casos, a una pequeña la subieron a un automotor varios sujetos y se la llevaron, con riesgo incluso hasta de privarla de la existencia. La menor apareció más tarde, en un lote baldío, con vida, pero con huellas de violación.
Fue llevada entonces por sus padres y su abogado a una agencia del Ministerio Público adscrita a un puesto de socorros de la Cruz Verde, donde le realizaron una revisión médica, pero el Fiscal se negó a atender a la pequeña aduciendo que “la instrucción del Fiscal es que no atiendan ellos este tipo de asuntos, pero ya no hay Instituto de la Mujer” y les recomendaron que fueran al hospitalito en Zapopan.
Ahí les comentaron que no podían apoyarlos por falta de insumos y como de plano no encontraban respuesta, se fueron a Ciudad Niñez dependiente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
El papá entonces fue identificado como si fuera el sospechoso. ¿Conoce a los presuntos violadores’, ¿sabe quiénes eran?, ¿tiene algún problema con ellos?, ¿ella los puede identificar?
La respuesta fue “no, no los conozco. Ni ella los puede identificar”.
Y entonces otro absurdo por parte del abogado “sino pueden identificarlos, entonces ¿para qué los denuncia?”. Le respondió uno de los agentes.
Uno de los abogados explicó que se enfrentó a los funcionarios, insistió en que la pequeña fuera atendida y presentara la denuncia correspondiente, no hacerlo -reconoció- “sería criminal”.
El protocolo manda que en este tipo de casos la pequeña víctima reciba atención psicológica y se le apliquen medicamentos que van desde la píldora del día siguiente, para evitar un embarazo no deseado, hasta para evitar cualquier enfermedad venérea, desde Sífilis hasta VIH.
A la menor de 14 años también se le ordenó un examen químico de búsqueda de metabolitos de drogas de abuso.
El asunto amenazaba con que la pequeña pasara toda la madrugada en el frío edificio, los exámenes estaban programados hasta al filo de las 2 de la mañana, pero de pronto alguien se apiadó y adelantó esto, para terminar así con la pesadilla que empezó poco después de las 5 de la tarde, que fue cuando encontraron a la niña. Trascendió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya indaga los hechos.
Denuncia abusos en Colegio
Otro padre de familia ha denunciado, con examen del DIF en mano, el abuso contra su pequeña hija.
Presentó ya la querella y se ha abierto la carpeta de investigación D-I/25981/2019 donde ha declarado que el 6 de marzo pasado dejó a sus hijos que son cuates, de 3 años, en el kínder localizado por la calle Tizóc, en Ciudad del Sol.
Regresó por ellos más tarde y ya estando en casa, asegura, fue que se percató que su niña tenía lesiones propias de un ataque sexual, por lo que acudió al DIF de la avenida López Mateos y de ahí se trasladaron hacia la Fiscalía del Estado, en el área de delitos sexuales contra menores.
La denuncia se ha presentado y el padre de familia asegura que acudió con el director del plantel en busca de ayuda para ver qué fue lo que sucedió, pero la respuesta fue que “aquí no pasó” y le ofreció dinero para que guarde silencio.
El jefe de familia rechazó tal propuesta y en reacción, le entregaron la baja de dicho plantel de sus dos hijos.
Alondra González Arias fue víctima de feminicidio el 10 de marzo de 2017. Tenía 21 años de edad y tan solo unos días antes había dado a luz a su segundo hijo. A dos años del caso, su ex pareja y responsable del asesinato, sigue prófugo y poco se han avanzado en las investigaciones del caso.
Ayer, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez; el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís; y diversas funcionarias encargadas de la agenda de género, mantuvieron una reunión con Nancy Arias, madre de Alondra, quien les externó su exigencia de justicia.
“Me ha parecido muy lento el proceso en fiscalía (…) Tengo confianza en que se va a hacer justicia. Es lo que yo quiero, justicia para mi hija, que se lleve a cabo la orden de aprehensión, y lo que por derecho le corresponde a los hijos de Alondra, que ahora son mis hijos”, expuso Nancy.
El feminicidio de Alondra resulta paradigmático de la poca efectividad que supone el contar con órdenes de protección, pues ante la inacción de las autoridades, un papel resulta inútil.
Durante su embarazo, Alondra fue víctima de diversos actos de violencia por parte de su agresor, por lo que un mes antes de su asesinato decidió acudir a la fiscalía para poner una denuncia. Desde ahí, fue remitida al Centro de Justicia para las Mujeres, en donde una agente del Ministerio Público emitió una orden de protección por 30 días. La orden nunca fue notificada ni a su pareja ni a la Policía de Tlajomulco, municipio donde vivía.
“El caso de Alondra es uno de los casos que refleja la inactividad, sumisión y negligencia de las autoridades. Finalmente, Alondra hizo lo que dicen que se tiene que hacer para no ser asesinada y, a pesar de eso, fue asesinada teniendo una orden de protección (…) El Estado falló”, recriminó Alejandra Cartagena López, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Difusión de los Derechos de las Mujeres (Cladem), quien, al igual que Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, acompañaron a Nancy en su reclamo.
Tras la reunión, el gobierno estatal asumió una serie de compromisos.
“Lo primero es instalar una mesa para hablar sobre cuál es la forma más ideal de contemplar una política de estado integral; lo segundo, atender las necesidades de este caso concreto a través de Nancy; lo tercero, el tener una apertura para darle ejecución a las órdenes de detención que están pendientes en la fiscalía”, detalló Reneaum Panszi.
En esta ocasión, el reclamo de justicia expresado por Nancy fue respaldado por miles de personas alrededor del mundo.
“Cladem y Amnistía Internacional también venimos a entregarle al gobernador más de 22 mil firmas de todo el movimiento de Amnistía Internacional, de países como Venezuela, España, Italia, que le están diciendo al estado de Jalisco ‘queremos justicia para el caso de Alondra’”, agregó la representante de Amnistía Internacional.
Más allá de la resolución judicial de los casos de feminicidios, las activistas subrayaron que resulta indispensable que en la entidad se fortalezcan otros ejes del acceso a la justicia, como acelerar los procesos para la obtención de la custodia o patria potestad de los hijos de las víctimas a favor de sus cuidadores (en el caso de Alondra el proceso se concretó hasta este año) y que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) juegue un rol efectivo en la reparación del daño.
Zeferino, el hombre asesinado en los separos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino.
Aunque su función es el resguardo y protección de la seguridad pública, los cuerpos policíacos de la entidad forman parte de las autoridades de gobierno de Oaxaca que más violentan a la ciudadanía.
Tan sólo en el 2018 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), abrió 185 expedientes de queja en contra de policías municipales, Agentes Estatal de Investigaciones (AEI) y custodios penitenciarios, por distintos actos que podrían considerarse violatorios y que tuvieron a la ciudadanía como víctima.
El visitador general de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, precisó que muchas de éstas violaciones se refieren a que se pisoteó el derecho a la seguridad jurídica, otras fueron interpuestas por personas privadas de su libertad o padecieron detenciones arbitrarias, además de agresiones a la integridad y seguridad personal.
La muerte de un menor
En este año, uno de los casos más recientes fue el ocurrido a principios del mes de marzo en Ciudad Ixtepec. Un menor de edad que fue privado de su libertad por Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones del grupo de Alto Impacto de la Vicefiscalía de la zona del Istmo de Tehuantepec falleció en la bodega que es utilizada como comandancia en Ciudad Ixtepec.
Por este hecho la DDHPO abrió un expediente de queja e inició las diligencias correspondientes con la autoridad que se señale responsable para garantizar su derecho a la audiencia.
Cinco días antes del asesinato del menor de edad, elementos de la AEI arrestaron sin orden de aprehensión y sin respetar los protocolos en justicia para adolescentes, a tres personas que trabajaban como albañiles.
De oficio, la DDHPO se abocó a contactar a los familiares de la víctima y pidió a la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), emitir todos los expedientes clínicos, si es que recibió atención médica en algún lugar, para allegarse de elementos que sustenten si hubo o no violación a los derechos humanos, de acuerdo con la dependencia.
Un caso similar ocurrió el 5 de agosto del 2017 elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino detuvieron a un hombre de 35 años de edad por escandalizar en la vía pública, y lo llevaron a los separos de la policía municipal ubicado en los límites con Santa Cruz Amilpas. Horas más tarde fue entregado muerto por estallamiento de vísceras.
Hubo protestas y se determinó que el hombre, de 35 años de edad, fue detenido por escandalizar en la vía pública y asesinada al estallarle las vísceras tras los golpes propinados por los elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino y quienes no permitieron que los familiares acudieran a visitarlo a las celdas de la corporación policíaca.
El Colectivo Solecito Veracruzano informó que se comenzó la búsqueda de fosas clandestinas a un lado del basurero municipal de Veracruz conocida como “Kilómetro 13 y medio”. Con esta, serían ya tres búsquedas en esta zona.
Familiares de desaparecidos declararon que el acceso se ha complicado ya que el lugar comprende a varios dueños y no todos han otorgado el permiso necesario para realizar trabajos de excavación. Agregaron que las primeras veces que buscaron, encontraron zapatos, ropa quemada y ropa entera, por lo que se agudiza la sospecha de la existencia de cuerpos en el lugar.
(Foto: Cortesía) Estudiantes de diversas universidades también se han sumado a la iniciativa.
Redacción / Tabasco HOY
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Tabasco, el feminicidio es uno de los delitos que más se ha incrementado en nuestra entidad, pues según los registros el año pasado se perpetraron 38 casos, razón por la que las jóvenes Anahy Herrera de 22 años y Guadalupe Limón de 26, decidieron crear el movimiento “#NiUnaMás”. Este proyecto que apenas fue lanzado en enero ya ha tomado fuerza en el estado, pues las jóvenes presentaron a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Betty Milland la propuesta de considerar el feminicidio como delito grave, esto debido a que el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) ha alertado que el nivel de violencia contra las mujeres en la entidad va en aumento día tras día, y donde los municipios más peligrosos son Centro y Cárdenas. Cabe mencionar que en Tabasco ya se aprobó una minoría donde el feminicidio ya es considerado delito grave y tiene prisión preventiva.
Las coordinadoras del movimiento #NiUnaMás buscan hacer conciencia sobre los distintos tipos de violencia hacia la mujer, así como informar qué se debe hacer en caso de agresión, “aún hay mucho miedo, miedo a represalias, miedo al agresor, miedo a denunciar y lo que buscamos es ayudar a las mujeres que viven este tipo de situaciones” menciona la subcoordinadora del movimiento. Los feminicidios muchas veces son causados por el machismo y a pesar de los diversos movimientos que se realizan en el país en contra de la violencia de género, estos han aumentado, pues en el estado en 2015 existen 8 reportes de feminicidio, 23 en 2016, 28 casos de feminicidio en 2017 y el 2018 cerró con más de 30 de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Tabasco. El movimiento #NiUnaMás también apoya a aquellas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia con atención psicológica, o dando información sobre cómo denunciar, por eso las jóvenes invitan a la sociedad en general para que formen parte de este movimiento recalcando que lo importante de esta iniciativa es dejar de sentir miedo.
La decisión se tomó luego de que se presentó el despido de por lo menos 27 personas que participaron en el primer movimiento laboral, comentó el líder sindical Juan Villafuerte
Matamoros, Tamaulipas. – Las banderas rojinegras fueron instaladas de nueva cuenta en la empresa Bulk Pack, que se ubica en el Parque Industrial La Alianza en Matamoros, debido a que se empezaron a tomar represalias en contra de los trabajadores.
El secretario general del Sjoiim, Juan Villafuerte Morales, confirmó la decisión que se tomó luego de que se presentó el despido de por lo menos 27 personas que participaron en el primer movimiento laboral, hace unas semanas atrás.
Explicó que ya se había llegado a un acuerdo con la empresa, por lo que los trabajadores regresaron a sus áreas de labores, sin embargo, en estos días fueron dados de baja dicho número de obreros, en donde no fueron liquidados conforme a la ley.
Destacó que este es el principal motivo que originó que de nueva cuenta se colocaran las banderas rojinegras en Bulk Pack, considerando que hay el temor de que sigan despidiendo personal sin el finiquito que corresponde conforme a la ley.
Precisó que a los compañeros que fueron dados de baja se les envió a Conciliación y Arbitraje, a donde llegaron y no había representantes de la empresa, mucho menos un finiquito conforme a la ley, por eso que se tomó la decisión de volver a la huelga hasta que se respete a los compañeros.
El Gobierno explica que criminales se llevaron a los migrantes de dos autobuses. El ministro de Seguridad aparta la teoría del secuestro y apunta a un arreglo para cruzar la frontera
No son 19, ni 22, ni 25. Son más de 40. Desde febrero, grupos de hombres armados han asaltado al menos dos autobuses de ruta en Tamaulipas, en el noreste de México, llevándose a parte del pasaje, aparentemente todos migrantes, todos varones. Al caso del jueves pasado, el primero que salió a la luz, el Gobierno ha sumado este martes uno nuevo, ocurrido en febrero. Según ha explicado el Ejecutivo, el modus operandi en ambos casos ha sido parecido. El grupo criminal intercepta el autobús en la carretera, lo obliga a parar, se lleva a un grupo de pasajeros y se marcha. Sin violencia, sin resistencia por parte de los que se llevan.
Este último detalle, la presunta docilidad de los migrantes, alimenta la principal teoría de los investigadores. Sin descartar la hipótesis del secuestro, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ha informado este martes de que podría tratarse de un arreglo de los migrantes con los criminales con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. “Es una de las principales hipótesis”, ha dicho Durazo.
Sea una cosa o la otra, llama la atención la osadía de un grupo de criminales, capaces de asaltar autobuses de ruta en plena carretera, subirse a los vehículos y bajar a los pasajeros. Mauricio Farah, que ha investigado el secuestro de migrantes durante años en México, dice: “Al final se trata de un acto delincuencial: secuestro o tráfico de personas. Lo que muestra este caso es la indefensión de los migrantes en nuestro territorio”.
Farah fue investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta hace unos años. Coordinó una informe sobre secuestro de migrantes que abarcó el periodo que va de septiembre de 2008 a febrero de 2009. Los números son brutales. Solo en esos seis meses, recuerda, documentaron el secuestro de al menos 9.758 migrantes. “En el flujo migratorio la delincuencia está implicada desde hace años. A veces captan a los migrantes en la frontera sur, primero como polleros [meros traficantes de personas] y luego los secuestran; o les secuestran directamente y los conducen al norte; otras veces he visto que la propia autoridad se los entrega a los grupos criminales…”
En el recuerdo de muchos aparece estos días la masacre de San Fernando. En 2010, delincuentes secuestraron y asesinaron a 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando, justo el punto de partida de los que desaparecieron el jueves. El descubrimiento de los cadáveres ocurrió gracias a uno de los migrantes, que logró escapar del rancho donde mataron a los demás. El de San Fernando fue un caso parteaguas, uno de esos momentos de quiebre, un punto de inflexión. Las cosas, a partir de entonces, tenían que cambiar. La abogada Ana Lorena Delgadillo, que representa a una decena de las familias de los 72, dice que en realidad no han cambiado tanto. “Nos parece que hemos arrastrado una historia de impunidad en este tipo de casos. Y la impunidad permite que esto siga ocurriendo”. Respecto a los casos concretos de estos meses, dice que aún se conocen pocos datos y que habrá que esperar.
La noticia de los secuestros llegó el lunes a los medios por una filtración de la investigación. Primero se supo del caso del jueves pasado. Un comando armado interceptó un autobús que cubría la ruta San Fernando – Reynosa. Obligaron al conductor a parar, subieron, bajaron a un grupo de migrantes y se fueron. La comunicación de las novedades ha sido tan extraña que las autoridades carecen todavía de un número claro de desaparecidos. Las primeras filtraciones apuntaban a 19, luego, el lunes, aumentó a 22. Y este martes, Durazo ha dicho 25. La única declaración que han conseguido los investigadores es la del conductor de este autobús, que al parecer dijo que los hombres armados subieron al vehículo con una lista.
Este martes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha informado por sorpresa del segundo caso. Ocurrió en realidad antes, en febrero. En esa ocasión los delincuentes se llevaron a 25 personas. Encinas no ha entrado a valorar si se trata o no de un secuestro.
Ana Lorena Delgadillo señala un problema estructural. “No hemos tenido políticas preventivas para evitar que esto suceda. Vemos una voluntad de que esto cambie con el nuevo Gobierno, de que las investigaciones se realicen por fin correctamente”.
Tamaulipas es uno de los Estados más violentos del país. Solo en 2018 se registraron 1.095 homicidios dolosos, cifra similar respecto al año previo, según las estadísticas oficiales. Tamaulipas, además de registrar una de las tasas más elevadas de homicidios en el país, también tiene el primer lugar nacional en personas desaparecidas. En la última década casi 6.000 personas desparecieron en esta entidad. Se localizaron menos de 200.
La Fiscalía General ha confirmado el rapto por parte de un comando armado mientras viajaban rumbo a la ciudad fronteriza de Reynosa
A plena luz del día, en una carretera del Estado mexicano de Tamaulipas, un comando armado secuestró a 22 personas que viajaban en un autobús comercial el pasado 7 de marzo. La unidad fue interceptada por tres camionetas a las 13.00 (hora local) en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, según ha reportado el conductor de la unidad. Aunque la investigación sigue en curso, las primeras pesquisas apuntan a que las víctimas privadas de su libertad son migrantes que intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos.
El autobús de la línea Transpaís salió de la terminal de Tampico la madrugada de ese jueves con más de 40 pasajeros. El conductor de la unidad declaró ante las autoridades que fueron interceptados por un grupo de hombres armados en un paraje a la altura de Palo Blanco. Los atacantes, añadió el chófer, revisaron a todos las personas a bordo y seleccionaron a los pasajeros que se llevarían. A más de 96 horas de su desaparición la identidad de las víctimas es una interrogante. “No hay denuncias, no hay familiares que estén reclamando a estas personas, precisamente por eso hace suponer que se trata de un tema de migrantes” ha reconocido el vocero del gabinete de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez.
El resto de las personas siguieron su ruta hacia la terminal de Reynosa. El autobús arribó a su destino final alrededor de las 14.00 horas del mismo día. La empresa del autobús ha señalado que confía en que las autoridades esclarezcan el hecho y ofrezcan una mayo seguridad en las carreteras de la región. El portavoz de seguridad estatal asegura que desde febrero pasado habían advertido a las autoridades federales sobre el acoso de camionetas sobre los vehículos que transportaban migrantes de Piedras Negras a Reynosa. “Se tiene detectado que es una mecánica que está siendo utilizada en otros Estados como Chihuahua, donde también se presentó un caso similar: van sobre un determinado autobús y bajan a personas en específico”, refiere.
La presunción de que las víctimas de este numeroso plagio (rapto) sean migrantes que intentaban cruzar la frontera con Estados Unidos recuerda uno de los episodios de mayor crueldad en Tamaulipas en 2010 durante el Gobierno panista de Felipe Calderón. En agosto de ese año en el municipio de San Fernando fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres). Entre las víctimas se encontraban centroamericanos, brasileños, un ecuatoriano y un indio. En ese entonces, el portavoz Alejandro Poiré declaró que la matanza ocurrió en el marco del enfrentamiento entre el cartel del Golfo y Los Zetas y el único superviviente de la matanza aseguró que fueron secuestrados cuando se dirigían hacia EE UU.
A 8 años de esta tragedia, este Estado fronterizo encara una de las etapas más violentas de su historia con 1.095 homicidios dolosos registrados en 2018, cifra similar respecto al año previo, según las estadísticas oficiales. Tamaulipas, además de registrar una de las tasas más elevadas de homicidios en el país, también tiene el primer lugar nacional en personas desaparecidas. En la última década casi 6.000 personas desparecieron en esta entidad. Se localizaron menos de 200.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Convencidos de que su dirigente sindical Leonardo Vázquez obedece a los intereses de la empresa y no a los de ellos, los obreros de la maquiladora Spring Windows Fashion insisten sacarlo de la secretaría general sin que la empresa interfiera en ello.
La secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras, Similares y Conexos en Victoria, Dolores Zúñiga Vázquez dijo que los obreros están dispuestos a aceptar un 8 por ciento de incremento salarial, siempre y cuando la empresa no interfiera en el proceso para destituir al actual dirigente.
Los obreros de la maquiladora se reunieron este fin de semana para conformar un comité sindical y avanzar en su propósito de cambiar al dirigente sindical.
La decisión de destituir a Leonardo Vázquez se da porque pareciera que defiende los intereses de la maquiladora en lugar de los de los trabajadores, además de que no es capaz de lograr un incremento salarial justo, por lo que el pasado viernes los empleados protestaron obstaculizando las labores en ese centro de trabajo.
“Pararon camiones que iban a entrar a la planta y llegó la policía, pero los empresarios me están acusando a mí y están pagando para que saquen información falsa de mí”, aseguró.
Zúñiga Vázquez reiteró que el incremento al salario ha pasado a segundo término y los obreros aceptarán el 8 por ciento siempre y cuando la planta no interfiera en su decisión de cambiar a su representante sindical.
“Desde el año pasado la mayoría de los compañeros me están buscando para que los represente en el sindicato, entonces vamos a ver si la maquiladora no se mete en este asunto, por eso ellos dicen que este año aceptarían el 8 por ciento a pesar de que su petición original es del 16 por ciento”, concluyó.
La población de diversas comunidades ha denunciado la muerte de cientos de peces en el río Moctezuma, al parecer como resultado de las descargas de productos tóxicos que realizan algunas empresas de la zona.
Los habitantes de las zonas aledañas al río aseguran que también se han visto manchas “aceitosas” sobre el agua, lo que podría haber generado la muerte de peces.
Según habitantes, las descargas vienen desde una empresa de jugo y un ingenio azucarero.
La contaminación que se puede ver en este río ya ha afectado también a los peces de varios municipios de la Zona Huasteca, por lo que piden la intervención de las autoridades para investigar las causas y se ponga freno a la contaminación de otros ríos como el Tampaón, que afecta a los municipios de Ébano y Tamuín.
Como primera actividad de la red, en conmemoración del 8 de marzo, se emprendió un taller de de defensa personal dirigido a las mujeres
Un grupo profesionistas de la Universidad de Matehuala, se integraron para conformar la red de mujeres al servicio de la sociedad, con el fin de implementar medidas para prevenir y erradicar la violencia de género.
La Creadora de la Red para mujeres, Blanca Laura Martínez Belmares, informó que el poder conformar este grupo de mujeres profesionistas se debe a la preocupación de la alerta de violencia de género en nuestro municipio, ya que actualmente Matehuala se encuentra en un vergonzoso 4º lugar en feminicidios.
Dio a conocer que la red está conformada por Psicóloga Maribel González Coronado, Psicóloga Teresa Leyva Nava, Psicóloga Ana Karen Martínez y la Trabajadora Social Mayra Ramírez, “quienes nos encontraremos trabajando en desarrollar talleres, pláticas, capacitaciones, y diversas actividades para fomentar la equidad de género, y la no violencia”.
Señaló que como primera actividad de la red, en conmemoración del 8 de marzo, se emprendió un taller de de defensa personal dirigido a las mujeres, que se lleva a cabo los martes y jueves en Fray Durán #502, en la colonia Guadalupe.
Al recordar que ya tienen más de seis meses que se presentaron, ya sea de manera colectiva o individual sendas demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado se presentaron ante esta dependencia jurisdiccional a fin de exigirle la pronta resolución a sus expedientes.
Nonantzin Medina, 11 de marzo de 2019.
Al recordar que ya tienen más de seis meses que se presentaron, ya sea de manera colectiva o individual sendas demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado se presentaron ante esta dependencia jurisdiccional a fin de exigirle la pronta resolución a sus expedientes.
En este sentido, Miguel Ceballos Valencia, Secretario de la Asociación recapituló que desde hace más de diez años sus pensiones y jubilaciones no han sido incrementadas y con ello han mermado su situación económica.
Indicó que son alrededor de 70 jubilados y pensionados que de manera colectiva o individual presentaron demandas ante el TAE para que sean incrementadas sus pensiones, de acuerdo al aumento inflacionario que existe año con año; así como el derecho que les otorga la ley por haber sido trabajadores gubernamentales.
Recordó que desde hace de seis meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima (CDHEC) emitió una recomendación a favor de los jubilados y pensionados, pero lamentablemente el gobierno no ha atendido dicha recomendación.
En este tenor, después de reunirse con el Presidente del TAE, Guillermo Iglesias Ortiz, primero reconoció que existe un rezago importante en la resolución de los expedientes que obran en esta dependencia, pero se comprometió a que el próximo viernes 15 de marzo otorgar ya una respuesta a las demandas presentadas por los miembros de esta asociación civil.
Sin apoyo de la Federación se quedaron centenares de trabajadores que llegan cada año a Guanajuato a trabajar en campos de cultivo. Foto: Archivo
José Antonio Castro/ AM, León Guanajuato, 21 de marzo de 2019.
León.- Con la cancelación por parte de la Federación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, centenares de trabajadores que anualmente llegan a Guanajuato para trabajar en campos de cultivo quedarán sin apoyo que era otorgado por Gobierno Federal, denunció el Centro de Desarrollo Indígena Loyola.
El pasado 18 de marzo, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señaló en en una carta pública que millones de jornaleros se verían afectados en este año por la eliminación del Programa de atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).
Carta Pública
En Guanajuato un albergue para estos trabajadores se había logrado construir en San Francisco del Rincón precisamente con recursos de este programa y se tenía proyectado establecer un sitio similar en León, señaló Giovanna Battaglia Velázquez, directora del Centro Indígena Loyola.
Continuación de la carta pública.
Pero además significaba una forma de supervivencia para estas personas cuando llegaban a Guanajuato antes de que empezaran a recibir sus primeros pagos por la labor agrícola.
“La delegación de Sedesol iba a los lugares donde llegaban y dormían los jornaleros que recién arribaban a Guanajuato, les hacían un cuestionario y por medio de una tarjeta les daban un apoyo que era muy importante porque era con o que sobrevivían antes del inicio de las cosechas.”
La eliminación de este programa podría agravar la problemática, advirtió la activista pues “desaparecer el programa es abonar a su invisibilización”.
Yucatán Ahora
Representantes ejidales de Valladolid, Sinanché, Muna e Ixil declararon que promotores de empresas fotovoltaicas y eólicas que pretenden instalarse en Yucatán los han despojado de sus tierras bajo engaños.
En conferencia de prensa, los afectados informaron que han este estos hechos han interpuesto demandas ante el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria
Integrados en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xinbal”, que agrupa a representantes de 25 comunidades locales, los parcelarios expusieron que mediante consultas amañadas y mentiras se prepara la instalación de los proyectos de energías renovables en territorio local.
Lamentaron que los hombres del campo sean víctimas de mentiras y con promesas falsas les compren a precios irrisorios sus hectáreas.
“No nos oponemos al desarrollo de las empresas sino a la forma y los procedimientos en que han incurrido los representantes de los inversionistas”, aclararon.
Gregorio Hau Caamal, representante del ejido de Valladolid, pidió a las autoridades de ese municipio se suspenda la licencia de construcción del parque fotovoltaico Yucatán Solar de la empresa Lightening PV Park S. de R. L. de C. V., por la deforestación de 255.4 hectáreas y la posible instalación de 313 mil módulos solares.
Agregó que en dicha zona fue hallado el cenote “Múusench´een”, que abarca 210 hectáreas, entre los sitios arqueológicos de Ebtún y Cuncunul.
Antonia Trinidad Cisneros Correa, representante del ejido de Ixil, dijo que el municipio se quedó sin terrenos ejidales, toda vez que mediante una asamblea amañada y sin consultar a los 200 propietarios, extranjeros se hicieron de 362 hectáreas.
Acusó a Alejandro Escoffié de ser especulador de tierras, de engañar a los ejidatarios y de no consultar a la comunidad; habría pagado 150 pesos por hectárea y posteriormente las revendió a los extranjeros.
Dijo que la firma Esteyco, subcontratada por la empresa Eólica del Mayab, ya obtuvo casi dos mil hectáreas para la instalación de aerogeneradores mediante procesos ilegales.
En el caso del ejido de San José Tipceh, comisaría de Muna, la empresa Sunpower pretende instalar en dos etapas un parque fotovoltaico para lo cual adquirió unas dos mil hectáreas por siete millones 200 mil pesos en renta en los próximos 30 años.
Para ello implicó el pago de sólo tres mil 600 pesos por hectárea para las próximas tres décadas sin la garantía de la devolución de las tierras.
En Sinanché, el comisariado ejidal comercializó mil 946 hectáreas sin asamblea ni acuerdos previos. Propuso el pago de una renta de 126 pesos por hectárea al mes, sin embargo, el plazo de pago es de cada seis meses la misma cantidad, es decir, 60 centavos mensuales por hectárea.
En ese sitio la empresa Fuerza y Energía Limpia de Yucatán pretende instalar 74 aerogeneradores con una inversión de 307 millones de dólares.
La mañana de este domingo fueron localizados siete cuerpos de seis hombres y una mujer, sobre la carretera Unión de San Antonio hacia el municipio San Diego de Alejandría, a la altura del Rancho San Ramón, informaron autoridades.
Los cadáveres estaban maniatados y amordazados, además presentaban impactos de bala en el cráneo.
Las autoridades correspondientes acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones.
LOCALIZAN CADÁVER
El cuerpo de un hombre fue localizado el fin de semana sobre una carretilla para transportar materiales, en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara.
El hallazgo fue hecho en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. El cadáver se encontraba boca abajo sobre el carretoncillo, cubierto con una sábana, además tenía sobre él un mensaje amenazante.
Paramédicos municipales fueron quienes confirmaron el deceso de la víctima, la cual fue llevada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de la autopsia de ley.
OTRO MUERTO
En otro hecho, un hombre falleció tras caer del segundo piso de un local de comida en la colonia Arcos de Zapopan.
Ocurrió en el cruce de la calle Arco del Triunfo y camino viejo a Tesistán, donde el hombre realizaba algunos trabajos de remodelación.
Durante la gestión de Procurador y Fiscal de Torres Charles, ocurrió la matanza de Allende y la masacre en el penal de Piedras Negras; exigen se le investigue por delitos de alto impacto
Armando Ríos/VANGUARDIA MX
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el 60 por ciento de los asuntos reportados por desaparición ante el fuero común en Coahuila, corresponde a la temporalidad en la que Jesús Torres Charles fue procurador y fiscal general del Estado, y Humberto Moreira ocupaba la Gubernatura.
Dicho Registro Nacional cuenta con reportes registrados ante el fuero común desde 1996, y según la última actualización son reflejadas únicamente las personas que no han sido encontradas hasta la fecha.
Entre noviembre de 2005 y diciembre de 2011 cuando Torres Charles fungió como Procurador y Fiscal, fueron registradas por su instancia mil 72 personas desaparecidas de quienes se desconoce su paradero, y que se desprenden de una suma total de mil 773 personas de Coahuila reportadas en el RNPED.
De ese total registrado, el RNPED indica que hay al menos 98 personas menores de edad, y también 140 mujeres; el resto, son hombres mayores de 18 años.
En el registro del fuero federal, Coahuila tiene 26 personas registradas como desaparecidas entre 2002 y 2017, de las cuales, 11 fueron registradas ante la instancia de procuración de justicia cuando Torres Charles fungió como Procurador y más adelante como Fiscal hasta el 19 de diciembre de 2011, cuando pasó a ocupar la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Rubén Moreira.
Tras su designación en el SAT como administrador general, de la que días después Torres Charles se desprendió ante la insistencia manifestada por la población al Gobierno Federal, los colectivos de familiares de desaparecidos reprocharon el nombramiento, y posteriormente exigieron que no fuera únicamente la separación del cargo, sino que la justicia investigue los señalamientos contra el exfuncionario coahuilense por los delitos de alto impacto y crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante su mando, como el caso Allende y el Penal de Piedras Negras.
Negra historia
Los reportados como ausentes siguen sin ser encontrados.
Mil 773 desaparecidos hay en Coahuila.
Mil 72 desaparecieron cuando Torres Charles fue Fiscal y Procurador.
El también cronista de Poncitlán y habitante de esta comunidad lamentó que el único alimento que tienen las comunidades pobres son los peces que sacan del agua, los cuales les generan padecimientos graves como insuficiencia renal
Rafael Hernández Guízar / Página 24
“Estamos muriendo lentamente, de hambre y por la contaminación del lago de Chapala”, lamentó Exciquio Santiago Cruz, habitante de la comunidad de Mezcala en el municipio de Poncitlán.
Quien es también el cronista del municipio e integrante de la asociación Amigos del Lago, indicó que prácticamente el único alimento al que tienen acceso las comunidades “pobres” e indígenas de la zona, es el pescado que sacan del lago, algo que les ha traído enfermedades graves como la insuficiencia renal y otros padecimientos que han constatado ya científicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el ITESO.
Aseguró que pese a que hay evidencia científica de esto, ni los gobiernos municipales ni el estatal se han decidido a sanear el lago de Chapala y evitar que las empresas y los mismos municipios hagan descargas de desechos químicos y aguas residuales al lago, sino que por el contrario, les han tratado de culpar al denigrarlos y sentenciar que si presentan enfermedades en los riñones se debe a que consumen mucho refresco y son sucios, cuando ni siquiera tienen para una alimentación digna, reveló.
“Nosotros los pescadores, porque yo era pescador, conocemos los vientos, y sabemos que hay un viento muy fuerte, le llamamos el viento mexicano, viene azotando de La Barca, por la noche, en la parte de La Barca, sale el agua negra, rojiza, se ven manchones, se ve en dirección de la Isla de Mezcala, cuando los vientos azotan viene la contaminación a las comunidades como San Pedro Itzicán, están contaminados de allá para acá. Triste es decirlo pero este problema lo tenemos desde el año 2000, ya sabíamos que estaba pasando algo raro, han llegado gobernadores, presidentes municipales y no ha habido uno solo que le ponga la atención debido”, dijo.
Y agregó: “Hay un luchador social, Enrique Lira, quien está haciendo las cosas bien, pero mire, todo lo que baja de la parte alta son químicos, desechos de puercos, de vaca, todo eso viene y se desparrama, no vamos a negar una realidad. Tan es así, que los pescados se están afectando; hay un pescado, la tilapia, es un pescado medio rojizo, ya no tiene sabor”, agregó.
–¿O sea que está mutando?
–Sí, podemos decir que sí.
–Porque el pescado es un alimento básico de ustedes.
–La mayoría de los pueblos de la ribera se alimenta del pescado, no hay de otra, son comunidades pobres, un kilo de carne cuesta 90 pesos y el de tilapia 15 pesos, por qué optas, pues por comer tilapia, y creo yo, que tanta puede ser la contaminación que se puede desatar un cólera y nadie va a querer tomar la responsabilidad, ni los directores e salud, ni el gobernador, nadie; porque así ha sido la cosa. Por ejemplo, cuando van a ver el problema, dicen por ejemplo, que es porque tomamos mucha Coca Cola, que por eso se nos afecta el riñón, que estamos afectados porque somos muy sucios, entonces siempre se están excusando.
–¿O sea que les dicen que están enfermos por sucios y por tomar Coca Cola?
–Mire, he sabido siempre yo que la discriminación del gobierno a nosotros siempre ha sido así. Desde 1832, recuerdo el primer documento que leí, decía que el estado de Jalisco desconocía las comunidades indígenas, entonces tal parece que no tenemos derechos, somos un cero a la izquierda. Qué diferencia hay del pasado al presente
Según un estudio realizado por el ITESO, en las aguas del lago de Chapala se han encontrado altas concentraciones de mercurio y otros metales pesados que son nocivos para el consumo humano y que derivan precisamente en enfermedades renales y otros padecimientos.
Debido a esto, el ITESO presentará una conferencia el próximo jueves 14 a las 11 de la mañana en el Instituto Mario Molina, donde darán a conocer los detalles del fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, que obliga al gobierno a tomar acciones inmediatas para sanear la cuenca, algo que al momento y pese a recomendaciones incluso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se ha realizado.
Mientras que miembros del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua aseguran que la consulta impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (el mes pasado) no tiene carácter vinculante para continuar las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM), al menos uno de los tres amparos promovidos determinó la improcedencia de esas obras que afectan la seguridad de más de 20 millones de personas.
Los amparos
Desde el sexenio pasado se han promovido tres amparos. El primero de ellos falló a favor de la suspensión definitiva. Los juzgados federales determinaron que ese gasoducto era improcedente porque no se consulta a los pueblos. Ahora están a la expectativa de la audiencia que se celebrará el próximo viernes y en la que la Comisión Federal de electricidad (CFE) presentará varios estudios y dictámenes periciales para validar la continuidad de este proyecto.
El descontento de la población es que esa suspensiones es definitiva, pero parece olvidada por el Gobierno Federal, según los quejosos. Los otros dos amparos son contra el uso del agua por parte de la termoeléctrica Huexca y contra la contaminación del río Cuautla.
El proyecto
Consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca (Morelos), concesionados a la empresa española Abengoa. La obra proyecta un gasoducto de 160 kilómetros de longitud. Pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural para dichas termoeléctricas, y pasarán por las faldas del volcán Popocatépetl a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El proyecto está concesionado a dos empresas españolas (Elecnor y Anagas) y una italiana (Bonatti); pretende tener una la línea eléctrica de 20 kilómetros de longitud a la subestación Yautepec, y un acueducto que trasladará 50 millones de litros de agua diariamente a las termoeléctricas.
Descontento
Pueblos indígenas del estado de Morelos unieron sus voces para criticar las iniciativas que el Gobierno Federal ha encabezado. Han declarado a López Obrador como persona no grata mientras se sostenga en lo que llamaron “imposición”, para el funcionamiento de esta termoeléctrica que afectará el campo, la tierra y el acceso al agua.
En la asamblea que se llevó a cabo este fin de semana en la comunidad de Amilcingo (donde era originario del activista asesinado Samir Flores) en el que asistieron representantes de diversos grupos indígenas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, avalaron este acuerdo que incluye boicotear cualquier evento del mandatario.
Los activistas recordaron que desde mayo de 2014, a través del partido Movimiento Ciudadano, el entonces diputado federal Ricardo Monreal, hubo un punto de acuerdo que exhorta la suspensión del megaproyecto y consultar a los 82 pueblos afectados. En ese punto, se acusó que ese proyecto es por la política energética que continuará con la lógica de sobreproducción que “se relaciona con un modelo de desarrollo extractivista para usufructo del sector privado y se vincula con los procesos de minería e industrialización”.
El PIM es la punta del iceberg del proceso de industrialización en la zona oriente del estado de Morelos. La afectación que puede tener este proyecto en la zona morelense oriente se relaciona con la producción de bióxido de nitrógeno que emitirán esas centrales.
“Hay evidencia suficiente que demuestran los efectos del ozono en la función pulmonar y que es causante de la irritación severa en las vías respiratorias, guarda relación directa con contaminantes que producen muerte prematura, asma, bronquitis, taquicardia y otros problemas cardiopulmonares,” se lee en el documento parlamentario.
Los activistas opositores recordaron al Gobierno Federal que el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, cuando fue senador fue uno de los críticos a este proyecto, no sólo por la ausencia de la consulta, sino por considerarla una obra que atenta contra la población y es innecesaria.
Recordaron al exgobernador poblano, quien señaló que este proyecto debía informar a los organismos estatales y municipales de Protección Civil los riesgos por la construcción de esta obra, en la operación de una instalación que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.
La cita del estudio incluye lo que hizo el Centro nacional para la prevención de desastres, que consideró que el proyecto era inviable dado que pasa por zonas de significativo riesgo eruptivo, en cuyo trazo se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de la población.
El resumen, el exsenador sostuvo, en 2014, que pone en riesgo 20 millones de personas. Por ello, actualmente, la postura de los opositores al proyecto y a la consulta impulsada por López Obrador parte de la voz: la vida no se consulta.
Los riesgos
Desde 2014, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del trabajo hecho por Alejandra López García y Carlos Tovar González señalaron que la manifestación de impacto ambiental de este proyecto no cita el mapa de peligros del volcán Popocatépetl ni ningún trabajo de los investigadores del Instituto de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Así, los criterios de determinación del sitio idóneo para la instalación de la termoeléctrica pasan por alto el hecho de que una de las barrancas señaladas como zona de alto riesgo por el flujo de lahares y no considera el efecto de los productos educativos sobre el proyecto.
En las conclusiones del trabajo titulado Proyecto Integral Morelos vs Planeación territorial Itza-Popo cita: “el proyecto gasoducto Morelos viola el POERE aprobado y vigente, porque establece condiciones de peligro para la población adicionales al peligro eruptivo, y sobre todo incentiva la expansión de la mancha urbana y el exponencial aumento de la presión sobre bienes ambientales como el agua y el suelo”.
“El PIM estará expuesto a fenómenos eruptivos que no están considerados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y propiciará cambios indeseados en el uso de suelo en la región que afecta; estamos ante un escenario de construcción del riesgo relacionado con la actividad eruptiva y con el aumento de la presión sobre los bienes ambientales que la Sierra Nevada brinda a los valles y cuencas circundantes.”
En febrero de 2019, este mismo centro advirtió que las medidas de corrección anunciadas por el Gobierno Federal no son suficientes, ni son las más importantes, no toman en cuenta el trazo que atraviesa por la zona de riesgo de erupción del volcán, uno de los cinco más exclusivos del mundo. Esto sin contar que atraviesa por una zona sísmica. Tras el temblor del 19 de septiembre de 2017 hay tramos que pudieran haberse fracturado, según los académicos.
El adeudo del Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) superó ya los mil millones de pesos la última semana, lo que ha provocado inconformidad en diversos sectores, incluyendo el estudiantil, el cual llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar una marcha en contra del Poder Ejecutivo Estatal.
Lo anterior se dio en el campus de la misma UABC, en la capital del Estado, donde cuatro jóvenes integrantes del Consejo Universitario, mostraron su inconformidad por el retraso en los pagos del Estado a la máxima casa de estudios, y pidieron a la comunidad universitaria que se una a la protesta que se llevará a cabo el día el día jueves a las 10:00 horas en Mexicali y 14:00 horas en Tijuana.
La intención es generar una medida de presión para que el Gobierno Estatal realice un pago de por lo menos 500 millones, para poder así iniciar un convenio con la autoridad universitaria.
Daniel Jiménez Trejo, estudiante de Ciencias Políticas, comentó que les preocupa que los adeudos provoquen que se paralice la actividad universitaria.
Por su parte, Alberto Carranza, alumno de Derecho, en Tijuana, reclamó además a la autoridad universitaria la falta de transparencia en sus estados de cuenta y otros elementos básicos que deberían estar en la página de la universidad disponibles para consulta.
Agregó que un integrante del Consejo Universitario, comentó que los problemas financieros podrían solventarse si se incrementa la inscripción, lo que provocó inconformidad en la comunidad estudiantil representada, toda vez que sería pagar por las omisiones de los gobiernos.
Entre los reclamos, criticaron al rector de la UABC, por afirmar que es el propio gobernador el que prácticamente lo designa, a través de la junta de gobierno.
Según el documento con número PNT/00208219 obtenido por ZETA sobre el adeudo del Estado con la UABC, indica que en la última actualización la cifra llegó a los mil 009 millones 479 mil 347.38 pesos.
El documento fue recibido el 6 de marzo y está firmado por Víctor Manuel Alcántar, tesorero de la institución educativa.
Vecinos de Loma Dorada lograron la suspensión provisional que los ampara contra la instalación del gasoducto que la empresa Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. (GNN), instala en su primera etapa en la delegación Cerro Colorado y de cualquier acto de autoridad emitido por el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro en ese sentido.
La demanda de amparo fue promovida por María Irina Martínez Inzunza, Arcelia Patricia Brisuela Jiménez, Gabriel Castro García y Marisela Cázares Solís “contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana” y de otras autoridades.
De acuerdo a la autorización para el desarrollo de la obra, el proyecto tiene una longitud de 25 mil 866 metros que atravesará cinco Delegaciones municipales de Tijuana.
La primera etapa se inició en la delegación Cerro Colorado, demarcación en la que se instalarán 4 mil 150 metros del ramal que le fue autorizado.
Su establecimiento inició en agosto de 2018 en el fraccionamiento El Dorado, en el cruce del bulevar Casa Blanca, para continuar a lo largo del bulevar Casablanca, desde donde se incorporó a la Ruta Hidalgo, por la avenida Águila Real.
En su desarrollo se incurrió en varias anomalías, como el utilizar el drenaje pluvial para la descarga de los desechos removidos en la colocación de la tubería, lo que derivó en la queja de los vecinos del lugar que no fueron consultados para el desarrollo de tal obra, y en una clausura preventiva por parte de la Dirección de la Auditoría Ambiental y Protección Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) el 21 de enero pasado.
A la fecha, Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. no ha presentado la documentación requerida por la SPA, por lo que la clausura de la dependencia no ha sido levantada.
Los vecinos inconformes demandaron el amparo contra el proyecto por considerarlo peligroso, el cual les fue concedido en forma provisional el miércoles 6 de marzo de 2019, bajo el número 166/2019-II-A, por Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales.
“Suspensión en el juicio de amparo indirecto, procede concederla contra los efectos de la autorización, permiso o licencia, con el objetivo de preservar la materia del amparo, evitando que la parte quejosa sufra la afectación de los actos reclamados y evitar que continúe la ejecución de la obra”, se lee en el documento.
Benjamín Álvarez / Contramuro, 11 de marzo de 2019
El médico se manifestó en la plaza de Armas para exigir el abasto de medicamentos en el servicio de salud estatal
Morelia, Michoacán. – El doctor Francisco del Toro Lugo se manifestó en la plaza de Armas de Morelia con la exigencia al gobernador, Silvano Aureoles Conejo y la secretaria de Salud de Michoacán (SSM), Diana Celia Carpio Ríos de que abastezcan de medicamentos el servicio de salud en el estado o en caso de incapacidad para lograrlo, que renuncien al cargo.
Desde hace meses, el médico con 31 años de antigüedad al servicio en la SSM, ha denunciado constantemente el desabasto de medicamentos en los centros de salud del estado, así como otras irregularidades.
En esta ocasión, el galeno se colocó al centro de la avenida Madero, frente a Palacio de Gobierno, mostrando una pancarta en la que cuestionó al gobernador y a la secretaria de salud atender el desabasto de medicamentos.
La pancarta que portó señalaba textualmente, “Sr Goberndor Sra Secretaria de Salud En Michoacán… No Hay Medicamentos! Atiendan! … o Renuncien! Dr Francisco del Toro Lugo”, (Sic).
Desde meses atrás, el médico desmintió las versiones del gobernador y la secretaria de Salud en torno al abastecimiento de medicamentos de alrededor de 85 o 90 por ciento.
Ante ello, el doctor insistió en que, en caso de que el gobernador Silvano Aureoles y la secretaria de Salud no sean capaces de garantizar el abasto de medicamentos, deben renunciar al cargo.
Rodrigo Vera/Proceso CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De los años 70 a la fecha, 533 menores de edad fueron abusados sexualmente por sacerdotes pederastas mexicanos, según los registros con que cuenta la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).
En entrevista con Apro, Joaquín Aguilar, director de SNAP-México, indica que estos 533 abusos contra niños se “dieron en distintas diócesis del país, desde las más chicas hasta las arquidiócesis más importantes”.
–Y de estas víctimas, ¿cuántas denunciaron penalmente a sus abusadores?
–¡Poquísimas! Muy pocas denunciaron a los sacerdotes pederastas. Esto significa que, en este delito, sigue habiendo mucha impunidad.
Agrega que “la mayor incidencia delictiva se dio sobre todo en los años 80 y 90. En ese periodo tenemos registrado el mayor número de casos”, dice.
SNAP-México –adelanta Aguilar– está por realizar el conteo de los curas pederastas que en ese periodo de tiempo cometieron abusos.
“Muy pronto tendremos la lista de estos curas abusadores”, promete.
Joaquín Aguilar forma parte de la Comisión Interdisciplinaria que acaba de crear la Arquidiócesis Primada de México, a fin de atender a las víctimas de la pederastia sacerdotal.
“En esa comisión, mi función seguirá siendo dar atención legal y sicológica a las víctimas, así como llevar un registro de estos abusos”, dice Aguilar, quien también trabaja muy cercanamente con el episcopado mexicano.
Esta comisión surgió a raíz de la reciente cumbre mundial sobre pederastia en la Iglesia, realizada a fines de febrero en el Vaticano, y donde los presidentes de los episcopados de todo el mundo se comprometieron a aplicar “tolerancia cero” a sus curas pederastas.
En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano acaba de revelar que, de 2010 a la fecha, han sido denunciados penalmente 101 sacerdotes pederastas mexicanos.
Una de las manifestantes identificada como Carlota Hernández Maldonado, señaló que las mujeres son ignoradas y, además, se les ha marginado de la entrega de apoyos que se da a familiares
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Alrededor de 10 mujeres desplazadas por la violencia, protestaron esta mañana frente a las puertas del Palacio de Gobierno, exigiendo atención a sus peticiones.
Una de las manifestantes quien se identificó como Carlota Hernández Maldonado, señaló que las mujeres son ignoradas y, además, se les ha marginado de la entrega de apoyos que se da a familiares que son víctimas de la violencia.
“Gloria Garza no nos recibe, somos víctimas de la delincuencia organizada, somos personas desplazadas por la delincuencia, hay viudas que les mataron a sus maridos, se quedan con el dinero que nosotras mismas pedimos prestado”, enfatizó.
“Quedaron que las iban ayudar y nos las ayudaron, se le dieron 40mil pesos a Lorena Garrido para que nos apoyara y se quedó con el dinero, queremos saber qué destino tuvo ese dinero que era destinado para más víctimas, y queremos que Gloria Garza nos dé la cara”, manifestó.
Hernández Maldonado también dijo que fue orillada a mudarse para evitar riesgos a su persona.
La entrevistada fue acompañada por otras mujeres, también familiares de desaparecidos, que portaban pancartas alusivas a sus peticiones, exigiendo atención de parte del Gobierno Estatal.
Al final un grupo de funcionarios atendió al grupo de mujeres y fueron ingresadas al interior de Palacio de Gobierno para atender sus peticiones.
Oaxaca.- Este 8 de marzo se conmemoró en Oaxaca el Día Internacional de la Mujer para reivindicar que se termine con la violencia de género, la brecha salarial, el acoso laboral y se frenen los asesinatos y la impunidad.
Mujeres de todas las edades, estratos sociales y colonias de la capital oaxaqueña marcharon por una de las zonas catalogadas como de las más peligrosas de Oaxaca.
Se agruparon en el Parque del Amor -en las inmediaciones de Santa Cruz Xoxocotlán- y recorrieron el periférico, atravesaron la Central de Abasto con tambores, gritos dolorosos, la euforia de las calles tomadas
Plasmaron en postes públicos y membretes de calles con personajes públicos, sus deseos de igualdad, el nombre de las muertas, la esperanza y la desilusión de un Estado incapaz de brindar la seguridad para que puedan ejercer la libertad y la vida.
Marchaban custodiadas por policías municipales que incrédulos grababan de lejos los movimientos y el ruido.
El movimiento oaxaqueño estuvo organizado por distintas agrupaciones feministas y tuvo la participación civil organizada de activistas.
Denunciaron que solo en lo que va del año Oaxaca registra 26 feminicidios y en los dos últimos años, durante el gobierno de Alejandro Murat, la cifra asciende a 275 asesinatos.
Al frente del contingente una enorme manta proclamaba: “Aborto legal y seguro en todo México”.
El grupo compacto, con pañoletas verdes, símbolo de identidad de las luchas feministas, cubría el rostro de muchas mujeres.
Oaxaca fue una de las distintas ciudades del país donde miles de mujeres marcharon para exigir el derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo.
Arribaron al zócalo capitalino con el grito: ”Va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer”.
Blandieron sobre las calles del centro de la ciudad gritos de resistencia, no hubo otra forma de que fueran de ellas sus cuerpos y la noche también.
El vehículo en el que se transportaban los reporteros presenta varios impactos de bala.
México.- Un ataque a balazos en contra de dos periodistas se registró este domingo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Según reportó el reportero Víctor Badillo, los hechos sucedieron en la colonia Arturo B. de la Garza, en la zona sur de la capital neoleonesa.
“De acuerdo con las imágenes que hemos recibido, se aprecian impactos de arma de fuego, al menos uno se encuentra constituido en el parabrisas, en la parte frontal, y otros que han destruído los vidrios laterales”, detalló.
A través de un video compartido en su cuenta de Facebook, el reportero señaló que información extraoficial indica que los periodistas atacados no sufrieron lesiones y que tras el ataque, elementos policiacos patrullan la zona.
Badillo destacó que esta “es la primera vez que el gremio periodístico es atacado a balazos” en fechas recientes en Nuevo León.
“No sabemos si esto surge en medio de la confrontación que tenían los detectives con los criminales”, comentó el reportero.
Asimismo, descartó que los hechos sean producto de una bala perdida, “porque al menos dos hicieron blanco en el coche que tripulaban estos colegas”.
El periodista confió en que las autoridades estatales informen pronto qué está sucediendo en el estado, ya que horas antes, en Cadereyta, un grupo armado atacó a balazos la casa del presidente municipal, Ernesto Quintanilla.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ‘Triángulo del Huachicol’ ya disparó al 90% los feminicidios en Guanajuato, homicidios que según organismos internacionales dejan ver la nueva forma de venganza entre grupos delincuenciales.
Foto: Especial.
Zona Franca, 10 de marzo de 2019.
Fue la activista y creadora del ‘Mapa de Feminicidios en México’, María Salguero, quien dio a conocer lo exponencial de este homicidio, durante su participación en ‘Marzo de las Mujeres’, evento gestionado y moderado por Bárbara Varela, regidora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de Celaya.
‘Feminicidios en el Triángulo del Huachicol’ fue el nombre de la ponencia de María Salguero, en donde detalló que en 2017 se registraron 171 feminicidios en Guanajuato, mientras que en el 2018 el ascenso del delito llegó hasta los 326 reportes; elevación abrupta que compartió con Baja California, Jalisco y Guerrero, según los datos presentados.
Foto: Luis García.
Según las gráficas y los mapas presentados por la investigadora, los feminicidios -además de compartir el trazado de los oleoductos – mostraron una concentraron particular en León, Villagrán, Celaya y Salamanca, municipios que sin problema forman el ‘Triángulo del Huachicol’.
Feminicidios: nueva forma de venganza entre cárteles en Guanajuato
Salguero sostuvo que, de acuerdo a la tipificación de organismos internacionales, también se consideran feminicidios aquellos asesinatos de mujeres que son consideradas “propiedad” de algún bando delincuencial, lo que incluye a parejas sentimentales, hijas, hermanas, madres o mujeres que compartan cualquier tipo de nexo con un delincuente varón; figura que constituye una nueva forma de venganza entre grupos del crimen organizado y que está muy presente en Guanajuato.
Foto: Luis García
Lo anterior fue mencionado porque la Fiscalía del Estado no está tipificando los delitos de feminicidio con este y otros criterios necesarios, tipificando sólo los feminicidios que tienen que ver con violencia doméstica, y dejando de lado todos aquellos que tienen que ver con el narcotráfico y el robo a oleoductos, lo que visiblemente reduce, en apariencia, las cifras oficiales de feminicidio.
Usan a mujeres como “escudo humano”
María Salguero detalló que las mujeres también son usadas como “escudo humano”, como ha podido apreciarse en diversos videos, donde se ve que, en la comunidad de Santa Rosa de Lima (Villagrán), son mujeres las primeras en confrontarse con el Ejército; lo que muy probablemente es otra manera de acercar a las mujeres a ser víctimas de feminicidio.
For ello, Salguero aprovechó para hacer un llamado a Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, para que labore con perspectiva de género, para que desde la tipificación se pueda haber una impartición de justicia real.
Por último la activista señaló que, para obtener las cifras de estos crímenes efectuados durante las recientes intervenciones militares en Santa Rosa de Lima, deben pasar al menos tres meses, por lo que no descartó regresar, ya que hay sobrados interés por parte del sector académico en la entidad.
Óscar Chan/Mérida
Cansados de esperar la respuesta a sus demandas, alrededor de cien maestros yucatecos se manifestaron ayer a las puertas de Palacio de Gobierno para solicitar por escrito que la Secretaría Estatal de Educación (Segey) atienda el pago de incentivos a los maestros que laboran en Escuelas de Tiempo Completo (ETC), transparente la asignación de plazas a los docentes evaluados en 2017 y otorgue bases a los profesores de inglés que están desempleados, entre otras peticiones.
Los docentes se reunieron poco después de las 10 de la mañana y durante más de dos horas se tuvo que cerrar a la calle 60 con 61 del Centro Histórico, lo que ocasionó un congestionamiento vial en la zona.
Con cartelones y pancartas en mano, los profesores pidieron que el gobernador Mauricio Vila Dosal atienda las solicitudes del sector educativo, en especial de aquellos maestros que ya llevan más de siete meses sin percibir un salario.
Jesús González Cupul, de la agrupación “Docentes Unidos de Yucatán” e integrante del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México (Sitem), aclaró que los líderes sindicales se reunieron esta semana con la titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, para acordar el pago de incentivos a las ETC, pero a pesar de que hubo un compromiso no se firmó ningún documento.
Acompañado de decenas de profesores inconformes, recordó que los más de cuatro mil 500 profesores de jornada ampliada y tiempo completo que laboran en 600 colegios no han recibido el incentivo por laborar horas extras y a pesar de que el Gobierno estatal emitió un comunicado en el que se compromete a pagar el adeudo, existe el temor que no se cumpla.
La manifestación reunió también a agrupaciones de profesores que tienen otros problemas, quienes se hicieron presentes con pancartas y consignas contra la Segey. Por el amontonamiento de gente y las altas temperaturas, una de las maestras se desvaneció en la protesta, por lo que tuvo que ser atendida por los paramédicos.
A cuatro meses de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Jalisco (AVG), el gobierno sigue sin presentar un plan para su implementación, denunciaron organizaciones civiles.
Las organizaciones peticionarias son Católicas por el Derecho a Decidir; Justicia, Derechos Humanos y Género; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; Yocoyani AC; Colectivo Calle Sin Acoso Gdl; Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta); Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
Un comunicado de las organizaciones firmantes advierte que “el gobierno no ha presentado un plan en el que se informe quiénes serán las autoridades responsables de su cumplimiento, así como los recursos e indicadores de resultado establecidos para ello. Es preocupante también que las organizaciones peticionarias de la alerta no conocemos los avances del gobierno para la realización de dicho plan”.
Por otra parte, las organizaciones solicitantes han documentado acciones que son contrarias a los resolutivos de la declaratoria de la AVG. Un ejemplo: el proceso de debilitamiento de la Dirección General de Análisis y Contexto, que dependía de la anterior Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, actualmente la Fiscalía Especial. Cabe mencionar que dicha dirección es la segunda en ser creada en el país y que ha sido un referente nacional ya que tiene como finalidad identificar patrones y modos de operación en contextos de criminalidad que ponen en riesgo la vida e integridad de las mujeres.
Otro problema es la negativa del estado a atender a las víctimas de violencia sexual en la entidad. “A pesar de que la interrupción del embarazo es legal cuando una mujer ha sido víctima de violación, en Jalisco no se garantiza este derecho. Particularmente a las niñas y adolescentes se les niega la interrupción legal del embarazo, pues los prestadores de servicios de Salud anteponen sus creencias religiosas o convicciones personales por encima de la integridad de las mujeres, declarándose objetores de conciencia”.
La AVG en Jalisco se decretó formalmente el 20 de noviembre de 2018 porque el gobierno no concluyó las acciones que darían cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el informe realizado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario Para el Estudio y Análisis de la Probable Emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres.
Algunas de las recomendaciones que se hicieron en dicho informe eran sobre temas relacionados con la desaparición y trata de mujeres, adolescentes y niñas, acceso a servicios especializados de salud, incluyendo la interrupción legal del embarazo, órdenes de protección, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, banco de datos, entre otros.
TEMOAC, Mor., 10 de marzo del 2019.- Realizar una movilización nacional e internacional en la comunidad de Chinameca, del municipio de Ayala el próximo 10 de abril, fue confirmado por la asamblea de pueblos este fin de semana en el marco del centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar.
El resolutivo fue declarar a Andrés Manuel López Obrador persona “no grata” en Morelos al incumplir como Presidente de la República sus compromisos vertidos en 2014 desde Yecapixtla cuando en un recorrido proselitista afianzó su postura en contra de la termoeléctrica a la que comparó con un “basurero en Jerusalén” en tierra donde nació y luchó Emiliano Zapata Salazar.
El gobierno federal posicionó una agenda de festejos a partir del mes de abril al declarar el 2019 como el Año del General Emiliano Zapata Salazar y en reconocimiento, la papelería oficial se imprimió con este indicativo. Así lo reveló en el municipio de Ayala cuando el pasado mes de enero se comprometió a revisar el tema de la termoeléctrica instalada en Huexca.
Los pueblos se dicen traicionados por quien hoy ocupa la silla presidencial por la indefensión manifiesta hacia las comunidades. “No permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”, afianzaron.
“Vemos que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, no está significando un cambio de política en nuestro país, por el contrario, significa la continuidad del neoliberalismo en detrimento de nuestros derechos y territorios. Vemos que siguen asesinando a los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores indígenas, como lo es el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, Noe Jiménez Pablo y más compañeros que han perdido la vida en estos 100 días de nuevo gobierno” sustentaron en los resolutivos de la asamblea.
De acuerdo a las organizaciones, existen más de 800 conflictos medioambientales en el país que, busca concretar el despojo y destrucción en favor del capital y contra la vida. Reiteraron que los megaproyectos no son progreso, ni desarrollo, sino la muerte de los pueblos originarios del país y de la naturaleza.
“Hemos concluido en esta asamblea que es preciso que en todo el país nos articulemos para defender, como hace cien años, la vida, la tierra, el agua, los cerros, montes y el futuro de nuestros hijos. Nosotros, nosotras estamos seguros que si Zapata viviera en esta asamblea estuviera, somos los herederos de Zapata y como tal somos los que seguiremos defendiendo este país del terrateniente neoliberal. La traición a Zapata que vivió primero con Madero y después con Guajardo es la misma que estamos viviendo los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala con la decisión del Presidente de la República de impulsar el Proyecto Integral Morelos”, agregaron.
Se llevará a cabo un encuentro de Pueblos del 9 de abril de 2019 en la comunidad de Amilcingo a las 10 am, acordado previamente por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno; una reunión de solidaridad con Amilcingo y los pueblos afectados por el PIM y justicia para Samir, el 23 de marzo de 2019 en la Ciudad de México así como el Congreso de Pueblos el 7 de abril en Anenecuilco, Morelos.
Luchar por la cancelación del PIM y todos los megaproyectos de despojo que se están imponiendo por el gobierno de AMLO y exigir justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes es la constante en la agenda de movilizaciones. Fortalecer la lucha del campamento zapatista en Apatlaco y las comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos.
Las organizaciones firmantes son: Red de apoyo al CIG-Morelos, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Trabajadores de Morelos, UPCI, Cholultecas Unidos en Resistencia-CHUR, Nodorolidente, MOPIM-CNPA-MN, Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo, UPVA 28 de octubre, Red contra la Represión, Red Coyoacan, Praxis en América Latina, CNI Tepoztlan, CNI Puebla, Colectivo Resistrenzas, Red de Resistencia y Rebeldía Cineteca, IMRYT, Red de Rebeldías y Resistencias, UPCD, EPM, Colectivo Obrero, JEN, Comunidad de Huazulco, Zapatistas del sur de Morelos, UCIZONI, MAIZ, Integrantes UAM-Azcapozalco, Solidaka, Unión por la Soberanía Popular, Escuela Normal Rural Popular Mactumactzá, Ejido Tenextepango, Ruacig, Rebelión, Hecho en Tlalpan, Colectivo El Zurdo, Mov. por la libertad de los defensores del agua Tlanixco Edo. Mex., San Miguel Cajono Oaxaca, Universidad de Chapingo, Libertad bajo Palabra, Flor de la Palabra, Organización Nacional del Poder Popular, Huexca en Resistencia, Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos Puebla Tlaxcala, Asamblea de la Resistencia de Amilcingo.
A pesar de que no hay un solo día en que no se sepa de un secuestro, una ejecución o un feminicidio, hay una inmensa indolencia e incapacidad por parte de las autoridades municipales.
Héctor Yunes / SDPnoticias
Todavía, hasta hace unos años, al hablar de desplazados por la violencia remitía nuestra mente a la guerra en Afganistán o a Siria, pero jamás pensamos que eso sucedería en nuestro propio país.
Como ejemplo de lo anterior, el pasado fin de semana, un grupo de familias, oriundas de Coatzacoalcos, se manifestó en la calle de Marsella, en la Ciudad de México, tras acusar que tuvieron que dejar su hogar, en este punto del sur veracruzano, por la ola de violencia que se ha desatado.
La asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documenta que Veracruz es uno de los estados en donde con mayor incidencia se está dando este nuevo fenómeno, que puede tomar distintas formas: individual o gota a gota, que tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad, tal y como está sucediendo ya en el sur de la entidad. Pero desafortunadamente, eso aquí, apenas está iniciando.
Cada semana la violencia se está recrudeciendo en el Estado de Veracruz. Cada semana es más sangrienta que la anterior.
A pesar de que no hay un solo día en que no se sepa de un secuestro, una ejecución o un feminicidio, hay una inmensa indolencia e incapacidad por parte de las autoridades municipales.
Víctor Carranza Rosaldo, presidente municipal de Coatzacoalcos declaró que es decisión de las familias mudarse del puerto. Lo que se le olvida al morenista es que muchas de esas personas fueron las que decidieron darle su voto y su confianza para que llevara las riendas del ayuntamiento, lo cual está muy distante de poder cumplir.
Al alcalde de Coatzacoalcos no le quita el sueño el justo reclamo de los habitantes de poner orden en la ciudad; tampoco que en las últimas semanas una empresaria haya sido decapitada por no poder pagar su familia el rescate
En la misma situación está la capital veracruzana, la cual se jactaba hasta hace apenas unos meses de su tranquilidad. Ante la ola de violencia que la azota sin clemencia hoy está por alcanzar a Coatzacoalcos. Basta darse una vuelta por cualquiera de estas ciudades veracruzanas para constatar el número de casas que están en renta o en venta; los meses que tienen así, sin que haya ofertas. En las plazas también muchos negocios han bajado la cortina. Los locales se rentan, sin suerte, porque muchos tienen temor a ser asaltados, o a que les cobren “el derecho de piso”, mientras que los presidentes municipales continúan sin brújula, sin rumbo para coadyuvar a la solución de este problema.
Por eso, como Enlace Federal, Estatal y Municipal, de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, insisto en que no debemos ni podemos realizar esfuerzos aislados; por el contrario. El municipio, es la autoridad con mayor cercanía al ciudadano, la que conoce de primera instancia las necesidades y los problemas. No pueden cerrar los ojos ni cruzarse de brazos, ante un problema que, hace mucho tiempo, los rebasó. Tampoco es suficiente pedir paciencia a los ciudadanos o, cuando deciden estos abandonar la ciudad que gobiernan, como está sucediendo en Xalapa y Coatzacoalcos, que el munícipe responda con un simple “es su decisión mudarse a otro lugar”.
La gente no puede estar presa en sus propios hogares, ni en Veracruz ni en cualquier otro punto del país.
El Gobierno Federal, también de MORENA pidió que, en el Congreso de la Unión, le aprobáramos la Guardia Nacional como la principal herramienta para combatir la delincuencia. Todos los diputados federales y senadores, de todos grupos parlamentarios, la aprobamos. Lo mismo hicieron todos los congresos locales del país. En los siguientes 90 días debatiremos y aprobaremos las leyes reglamentarias de esta nueva figura constitucional. MORENA no se podrá quejar de obstrucción alguna de quienes formamos el Poder Legislativo para cumplir su tarea de recuperar la tranquilidad en la República, para que ninguna familia más tenga que abandonar su hogar ante la violencia. https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/10/veracruz-entidad-fantasma-en-tramite-alcaldes-de-coatza-y-xalapa-sus-principales-promotores
En México ocurre un fenómeno social emergente llamado juvenicidio; es decir, persistentes y sistemáticos homicidios o muertes violentas de hombres y mujeres de entre 15 y 30 años de edad por problemas que son consecuencia de su vida precaria; desde asociarse con pandillas y grupos delictivos, hasta ser agredidos impunemente por ser jóvenes y, además, poseer algún estigma social que les haga parecer vulnerables a sus agresores: por ejemplo, ser mujer, ser gay, ser indígena, pero principalmente: ser pobre.
Así lo explicó a Crónica uno de los primeros autores en reflexionar sobre el juvenicidio, desde 2012: el profesor e investigador en Ciencias Sociales José Manuel Valenzuela Arce, cofundador de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), con más de 40 años investigando temas como poblaciones de la frontera entre México y EU, culturas juveniles y construcción de identidad.
En entrevista telefónica desde Tijuana, Baja California, el doctor en Sociología explicó que una de las variables centrales para los contextos de juvenicidio es la precariedad laboral que viven estos jóvenes, entre los cuales seis de cada 10 empleos están en la economía informal, rondando la para-legalidad.
“Hablar de juvenicidio no implica sólo llevar un conteo de muertes violentas entre la población de jóvenes; lo que nosotros estudiamos es la cómo se construye el contexto de muerte entre esos grupos de jóvenes”, dice Valenzuela, cuyas obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos.
EXPROPIACIÓN DE LA ESPERANZA. El integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dijo que hay muchos factores que contribuyen a crear el contexto social donde las muertes de jóvenes abundan, pero uno de ellos es la desesperanza de los jóvenes frente a un sistema que, ni con trabajo duro, les permitirá salir de una realidad económica de muchas limitantes.
“Desafortunadamente vemos que la muerte artera se ha convertido en parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes, en sociedades donde se han obturado los canales de movilidad social”, dijo Valenzuela Arce, quien es muy reconocido por sus estudios culturales en México y América Latina.
La primera vez que se planteó el término de juvenicidio fue en 2012, pero la adopción académica del concepto ocurrió en 2014, poco después del asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Ahí quedó ejemplificado con mucha claridad el fenómeno y, al exponerlo el doctor Valenzuela en un congreso académico en Colombia, coincidieron varios expertos latinoamericanos que estaban trabajando en líneas similares: señalando la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia.
Así se han aliado e intercambiado información proyectos de América Latina, desde diferentes contextos como por ejemplo: los operativos de limpieza social en Centroamérica para eliminar a los Mara Salvatrucha; y también le llaman limpieza social a las agresiones que ocurren en las favelas de Brasil; también hay agresiones muy documentadas de jóvenes, hombres y mujeres, que migran solos.
“Debo decir que, de manera doliente, el concepto de juvenicidio ha sido sumamente exitoso. Digo doliente porque no deberíamos estar hablando de homicidios de tantos jóvenes, porque, yo insisto, no nacen niños sicarios. Estamos frente a un escenario, latinoamericano y mexicano, en el que el concepto de juvenicidio ha servido para aclarar muchas dinámicas, pero principalmente que una de las causas detrás de la violencia es la expropiación de la esperanza. El hecho de que los jóvenes no puedan alcanzar a ver un proyecto de vida vivible”, dice José Manuel Valenzuela.
También posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular.
LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA. El doctor Valenzuela explica que el nacimiento del concepto de juvenicidio tiene un valor más allá de lo académico pues explica que cuando se adoptó el concepto de feminicidio para explicar lo que estaba ocurriendo con las mujeres muertas en Ciudad Juárez, se aceptó que había una responsabilidad legal detrás de aquellas muertes, lo cual no había ocurrido antes de 2013.
El profesor coordina el Diplomado en línea “Juvenicidio y vidas precarias en América Latina”, de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). El 11 de marzo realizarán un seminario en línea o Webinar sobe este tema, a partir de las 10:00 am, hora del pacífico.
Los especialistas abordarán cómo se construyen los escenarios de vulnerabilidad en los cuales viven las y los jóvenes de América Latina.
“Desde luego tenemos que poner en el centro el problema de la pobreza ya que en América Latina hay 200 millones de personas que viven en condiciones de pobreza; pero a ello se añade la poca o nula creación de nuevos empleos para que se incorporen los jóvenes; el hecho de que ni aun con trabajo se puede salir de la pobreza; y el desfase ético y moral de una sociedad que elogia el trabajo, pero en la que los jóvenes saben que, ni trabajando 60 años van a tener los niveles de lujo y consumo que añoran”.
El investigador mexicano dice que no se puede atender el problema de los juvenicidios si no se atiende primero la grave precarización económica, simbólica y social. A esto hay que agregar mucha atención a otro proceso del que habla el profesor Valenzuela, la construcción de “identidades desacreditadas”, personas que frecuentemente se convierten en víctimas porque llevan una marca o un estigma social porque pertenecen a grupos que están asociados a prejuicios, estigmas, estereotipos y racismo.
Zacatecas.- Niñas, jóvenes, mujeres adultas y mayores en conmemoración del Día de la Mujer, se unieron al paro internacional 8M con unae marcha que inició en la avenida González Ortega para finalizar en la plazuela Goitia.
También se unieron madres y hermanas de mujeres víctimas de feminicidio y desaparecidas, en conjunto con colectivos y organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres y niñas en el estado.
Con las consignas “Esta marcha no es fiesta, es de lucha y de protesta”, “Ninguna agresión sin respuesta, ningún agresor sin castigo”, “Ni una menos, vivas nos queremos”, “Las niñas marchando, también están luchando”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, avanzó la marcha para hacer una pausa en el crucero de avenida Juárez y avenida Hidalgo.
Durante la pausa los cientos de mujeres cantaron al unísono una canción que destaca la importancia de la lucha feminista: “Esta mañana, me he dado cuenta que hay que luchar, que luchar, que luchar. Está mañana he decidido derribar lo patriarcal”.
Los zacatecanos al escuchar la canción se congregaron a los costados a observar al colectivo de mujeres presentes en la marcha.
Posteriormente, continuaron su camino hasta arribar a la Plazuela Goitia en donde se dieron las razones del paro 8M entre lo que destaca el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, el derecho al esparcimiento, al salario, a la salud, entre otros.
También se realizaron dos participaciones por parte de la hermana de Rubí, joven estudiante de la Unidad Académica de Derecho que fue asesinada en 2017 y de la mamá de Litzi Sarahí, madre de 16 años que con engaños fue citada con su hijo de unos meses de edad, en el Jardín de los Niños Héroes de la capital y desaparecida en el lugar; sus restos fueron encontrados días después y su hijo encontrado en Aguascalientes.
Tanto la hermana como la madre de ambas víctimas de feminicidio concordaron en la falta de acción del gobierno para buscar a los culpables de los asesinatos, que no sólo le duelen a su familia, sino a toda la sociedad zacatecana.
En conmemoración a todas las mujeres y niñas víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas se hizo un pase de lista acompañado del grito “No debió morir” y “presente”, “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, por parte de las mujeres asistentes en el acto conmemorativo.
Para finalizar, las presentes pidieron vivir en libertad y sin violencia, por un Zacatecas pleno para el ejercicio de los derechos humanos de todas sus mujeres.
A 100 días del gobierno de AMLO, la red de Periodistas de a Pie ha documentado 47 agresiones contra la prensa. Las entidades con mayor número de violencia son Puebla y Ciudad de Mexico. Es indispensable que el gobierno de AMLO genere un plan de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos
Siguen ‘Guerreras’ con la incansable búsqueda de sus ‘tesoros’, ahora fue en Playa Bruja.
OPINIÓN SONORA.COM
Empalme, Sonora.- Integrantes del colectivo social Guerreras Buscadoras de Sonora determinaron este domingo realizar su jornada en el área conocida como Playa Bruja, donde se presumía podría haber restos humanos sepultados de manera clandestina, luego de que varias personas les reportaron de fétidos olores en esa zona.
El trabajo lo iniciaron desde temprana hora, en esta ocasión gracias al apoyo brindado por el señor Ramón Alberto Montoya, quien les proporcionó herramienta, como picos y palas, entre otras, así como una dotación de gasolina para el traslado de las integrantes de estos familiares de víctimas de desaparición forzada.
Durante esta jornada, las rastreadoras solo detectaron un perro muerto envuelto en una cobija, origen de los malos olores, por lo que procedieron a enterrarlo para dar fin a este foco de contaminación.
Las labores continuaron por toda el área, sin que detectaran sepulturas clandestinas, para luego reunirse y acordar el lugar de la próxima jornada el domingo venidero.
Alrededor de unas 30 personas, miembros del colectivo Únete Huentitán, se manifestaron por la mañana, alrededor de las 10 horas, en las inmediaciones de Calzada Independencia y Periférico. El objetivo, hacer evidente su inconformidad por el proyecto Arena GDL, que el gobierno de Guadalajara tiene contemplado realizar en el terreno contiguo al Zoológico Guadalajara, donde se ubicada años atrás en Planetario.
Mantas, pancartas y volantes con exposiciones de motivos, fueron el común denominador, y es que a decir de los inconformes, se atenta contra la ecología de ese lugar, ya que se pretende, según apuntaron, talar cientos de árboles para la construcción de este proyecto.
“Es un ecocidio lo que están haciendo. Nosotros como colectivo hicimos un inventario de más de 900 árboles, de los cuales ya talaron por completo 280 árboles. Ése es el punto cardinal de nuestro plantón”, compartió el líder del movimiento, Arturo Mendoza.
Jóvenes y adultos, e incluso algunos profesores de la Universidad de Guadalajara, acudieron a esta manifestación, que aunque no contempló bloqueos de las calles, sí generó intensa carga vehicular, sumada a la que se vive habitualmente en este crucero.
Luego de colgar sus mantas donde hacen un llamado a las autoridades, el contingente procedió a hacer la clausura simbólica de este proyecto, sin que ninguna autoridad entablara diálogo con ellos.
“Lo primero que queremos es que se respete el uso de esta área de reserva ambiental, que se le dé el uso para el cual se le destinó, y que no nos quieran ver la cara de tontos, porque aunque el alcalde Ismael del Toro diga que sólo es la Arena GDL, todos sabemos que quieren implantar aquí las Fiestas de Octubre, a lo cual nos ponemos los colonos de la zona”, continuó Arturo Mendoza, además de aseverar que de ser así, las Fiestas de Octubre sólo ocasionarían caos vial y colapso de las rutas del transporte público.
Mendoza afirmó que apenas la semana pasada, se provocó un incendio que dañó a decenas de árboles. “Eran árboles en perfecto estado y verdes, y eso lo hacen a propósito para evadir la tala ilegal de la zona.
A decir de los manifestantes, la lucha seguirá por proteger la zona, la cual, afirman, sigue siendo un pulmón indispensable para esta zona de tanto tráfico.
Es algo que nos indigna y que nos llena de tristeza ya que hasta el momento no hemos logrado bajar los índices de violencia hacia la mujer en el país: Presidenta de la asociación “Ser Libre”
Fernando Ulloa Pérez y Misael Ulloa Isiordia / Meridiano.MX
En opinión de Mara Rojo, presidente de la asociación civil Ser Libre , el viernes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer , no hay nada que festejar, pues dijo que a pesar de las campañas de prevención , las mujeres de todos los extractos sociales. Las diferentes edades siguen siendo víctimas del abuso físico y sexual .
Incluso, Mara Rojo nos comentó que a menudo se comentan crímenes en contra de las mujeres: “diario hay niñas muertas, diario hay mujeres muertas , diario hay mujeres transexuales muertas . “Es algo que nos gusta y que nos llena de tristeza y que hasta ahora no hemos logrado bajar los índices de violencia hacia la mujer en el país “.
Mara Rojo dice que existen datos duraderos en los que se muestran los transexuales y las mujeres siguen siendo violentos y asesinados sin piedad: “además, feminicidios en el estado y esta es una de las cosas que todavía no se puede erradicar hasta el momento, en Nayarit ”.
Finalmente, Mara Rojo ha dado a conocer que desde las mujeres a las que se les ha enseñado a los niños en los planteles educativos: “seguimos siendo violentas desde la escuela a nuestra pareja , hasta nuestros noviosnos siguen maltratando y muchas de las”. “no nos contamos que estamos siendo violentas por los hombres y que tengamos una educación en donde fomentamos el machismo que es en la familia, la violencia se va a seguir registrando en contra de las mujeres”.
Los familiares de las víctimas debieran ser atendidos sin necesidad de hacerles estudio socioeconómico, porque es notorio que las personas desaparecidas, por lo regular son de familias pobres
Arguimiro León / NCC.MX
Tepic.- El Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas no supo que hacer con el cargo y finalmente decidió renunciar, por ello pedimos al Secretario general de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán, con el fin de que los colectivos tengan tiempo para proponer o buscar personas que cubrir los perfiles necesarios para ser candidatos a este puesto, ya que una convocatoria se publicó el pasado lunes y tenía fecha de vencimiento este miércoles 6 de marzo.
Así lo dio a conocer Santiago Pérez Becerra, representante del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, añadiendo que los aspirantes a participar por el cargo, podrán presentar la documentación necesaria “pero los colectivos no tenemos propuestas a la fecha, aunque conocemos a algunas personas que podrían cubrir los requisitos, solo podemos pedirles que presenten su solicitud de participación y serán los encargados de hacer la calificación para darle el trabajo a quien verdaderamente lo merezca, no que sean alguien por “dedazo” o por compadrazgo”.
Recordó que los Colectivos tienen derecho de que se les tome en cuenta y su opinión vale, con el fin de seleccionar a una terna de aspirantes, con el fin de presentarla al gobernador del estado y que se defina quién será el que cubra esa vacante que dejó Carlos Iván Pimienta, pero como no quieren que se les de un madruguete, estarán al pendiente para conocer la fecha en que se emita la convocatoria y los aspirantes que presenten su solicitud.
Por otra parte, dijo que los familiares de las víctimas debieran ser atendidos sin necesidad de hacerles estudio socioeconómico, porque es notorio que las personas desaparecidas, por lo regular son de familias pobres y sobre todo las que perdieron a la cabeza familiar, que era quien llevaba el ingreso “deberían apoyarlas sin muchas averiguaciones, porque lo importante es que los menores o los adultos mayores, obtengan un beneficio cuando perdieron a sus seres queridos”.
Indicó que hay familias que la persona que les sostenía está desaparecida y a la fecha por trámites propios estamos haciendo las búsquedas respectivas. Pero además tenemos que andar presentando oficios para que nos atiendan en las diferentes instancias y la burocracia nos trae a vueltas porque hay mucha burocratización.
Añadió que en estos momentos se les han entregado alrededor de 12 personas y todavía se encuentran restos de 60 aproximadamente. Cuando se entregaban restos a los familiares, “nos reuníamos todos los del colectivo y nos tenían de 9 de la mañana a 9 o 10 de la noche y ahora solo les pedimos que le informen a los familiares para que se presenten a recoger lo que le tengan que entregar o lo que se haya encontrado, así no sufrirán otras personas”.
Recordó que hasta octubre del 2018 se tenía un registro de 812 personas desparecidas, pero la última noticia que dio a conocer el titular de los derechos humanos, dijo que hay 923 desaparecidos, pero esos datos son de hace 10 años a la fecha. Esperamos que el gobierno federal no utilice el presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda para otra cosa, como se ha hecho con las Estancias Infantiles y los grupos donde se atendían a mujeres violentadas.
