La 4T no muestra interés en proteger ríos de Veracruz, reprochan activistas

Noreli Morales / Al calor político

Integrantes de “Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua-Jalcomulco” advirtieron que en el país aún existen ríos amenazados por un decreto que emitió el expresidente Enrique Peña Nieto para desprotegerlos. “El expresidente liberó 300 cuencas para ser concesionadas. En la parte de Jalcomulco y Actopan se pensaba concesionar nuestros ríos”, dijo el activista Alejandro Gallardo. No obstante, informó que después de interponer un amparo el 18 de julio de 2018 y ganarlo, habitantes de 23 comunidades de los municipios que se encuentran dentro de las cuencas del río Actopan y el río La Antigua podrán continuar preservando estos afluentes. Lamentó que la actual administración estatal y federal no se ha acercado a verificar que se esté respetando el cuidado de estas cuencas, pues a pesar de haber ganado el amparo, la amenaza persiste. “Sabemos que la amenaza está ahí, hemos pedido el acercamiento con el Gobernador, hemos enviado oficios y no ha habido un acercamiento con él. Con el Presidente de la República tampoco hemos tenido diálogos, queremos ir a la conferencia ‘mañanera’. Hasta ahorita el compromiso de proteger el río no se ha visto por parte de Andrés Manuel López Obrador”. También, recalcó que dicho amparo hace vigente la veda en las cuencas de Actopan y La Antigua y evita que se sigan otorgando concesiones.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-no-muestra-interes-en-proteger-rios-de-veracruz-reprochan-activistas-335302.html#.YBmYyBajlPY

Familias acusan desalojo ilegal en predio Puebla 261 (Ciudad de México)

Guadalupe Reséndiz tiene 70 años, vive en el número 261 de la calle Puebla desde hace 42.

Texto: Daniela Rea

Fotos: María Ruiz

Pie de Página

En noviembre de 2020, pese a la pandemia, habitantes de un predio en la colonia Roma fueron desalojados por unos 100 policías y 50 cargadores. Diez familias aún resisten en el domicilio el hostigamiento de Banca Mifel para forzarlas a que dejen el inmueble

CIUDAD DE MÉXICO.- Habitantes del predio Puebla 261 en la colonia Roma Norte fueron desalojados de manera ilegal, lo que durante la pandemia ha tenido como consecuencia contagios y un fallecimiento.

El 30 de noviembre de 2020, pese a que Ciudad de México se encontraba en alerta por el número de contagios, los habitantes del predio fueron desalojados por unos 100 policías y 50 cargadores que no usaban cubrebocas.

Invadieron el inmueble con uso de la fuerza, sin notificación y sin identificación alguna, según denunciaron los habitantes en una conferencia de prensa, en compañía  de Movimiento Urbano Popular y la Coalición Internacional para el Hábitat.

En este predio es habitado por familias desde hace 50 años. Eran alrededor de 35 familias, pero con los desalojos quedan solo 10 familias en resistencia para que se garantice su derecho a la vivienda digna. El del pasado 30 de noviembre era el sexto desalojo que han padecido los habitantes.

Después de un desalojo doce familias perdieron sus departamentos y ahora viven en los cuartos de azotea del edificio.

“Las 35 familias llevábamos 50 años viviendo ahí. Un día llegó el dueño a decirnos que teníamos un mes o días para comprar el edificio en 14 millones (de pesos) o abandonarlo. Todos entramos en shock, y cuando le dijimos que lo íbamos a comprar dijo que ya lo había vendido”, relató  Elizabeth García, una de las vecinas.

Banca Mifel está interesada en el domicilio y ha hostigado a las familias para forzarlas a que dejen el inmueble, ubicado a tres cuadras de Reforma y tres cuadras de Insurgentes, una zona de plusvalía e interés por la industria inmobiliaria.

Roberto Zaragoza, uno de los habitantes, señala que el hostigamiento va desde infundir miedo y dar dinero para que se vayan, hasta amenazas y daños al edificio para forzarlos a desalojarlo.

Las familias habitantes de Puebla 261 exigieron al gobierno de la Ciudad de México que garantice su derecho a la vivienda.

“Queremos una vivienda digna y estamos luchando por ella. Iniciamos un trámite de expropiación a nuestro favor, para poder tener una vivienda, pero se detuvo por la pandemia. Queremos que resuelvan nuestra petición de vivienda, queremos que dejen de existir los desalojos ilegales, que pongan alto a la gentrificación”, agregó Elizabeth García.

“No nos han negado acceso, tenemos llave y todo, pero nos pusieron vigilancia que se adueñaron de la parte de abajo del edificio y nos están observando todo el tiempo. Las familias desalojadas están resistiendo, estamos resistiendo”, agregó.

El desalojo y la pandemia

Desde el 2017 las inquilinas del predio han denunciado abuso físico y psicológico por parte de personas ligadas a Banca Mifel, que ha intentado apoderarse del inmueble cometiendo una serie de ilegalidades, según señalaron en la conferencia de prensa.

“Los desalojos comenzaron en 2017, unas familias han resistido en la azotea de edificio otras familias se han retirado pero siguen en la lucha legal”, dijo Elizabeth García. “No buscamos un lucro ni queremos una vivienda regalada, estamos buscando las posibilidades de obtener una vivienda justa y digna. Eso es lo que reclamamos”.

Además del desalojo, las familias han vivido hostigamiento físico y emocional, como amenazas y socavones en el edificio.

Vecinos cuentan que intentaron demoler el edificio, la intención vender y construir una plaza comercial con nuevos departamentos.

“Denunciamos que la renuencia de las autoridades a declarar una moratoria de desalojos en la Ciudad de México no sólo ha generado que cientos de familias queden en la calle sin poder defenderse judicialmente o siendo presionadas por dejar su vivienda sin ninguna mediación de la autoridad, sino que también ha generado focos de contagio en el marco de la contingencia sanitaria, tal y como ocurrió recientemente en el edificio Puebla 261”, refirieron en un comunicado.

Roberto Zaragoza, quien vive ahí desde su nacimiento, dijo que el desalojo busca la construcción de un desarrollo inmobiliario de alto costo, para seguir gentrificando esta zona de la ciudad. Hizo un llamado al gobierno de Claudia Sheimbaum porque el suyo es un desalojo de tantos que siguen sucediendo de manera ilegal en la Ciudad.

“No sabemos lo que pasa en otras zonas de la ciudad. Es indispensable que pongan atención, que les llegue este mensaje a toda la población. Este no es un tema protagonista, es un tema que en la medida en que todos apoyemos a los habitantes por su derecho a la vivienda, toda la ciudad de México podrá acercarse a que se cumpla su derecho universal a una vivienda digna. Es una lucha por todos”, dijo Roberto.

Cesare Ottolini, coordinador global de la Alianza Internacional de los Habitantes (AIH) que estuvo en la conferencia de prensa, dijo que la lucha por la vivienda es internacional, que se debe lograr a través de la organización ciudadana. Recordó que en este contexto de pandemia se logró la moratoria de desalojos en varios países, en otros, como México, no, pero que la sociedad debe salir fortalecida para enfrentar estos desalojos ilegales. “Su lucha es nuestra lucha. No es un lema, es verdad”, dijo.

Ángeles Martínez vive desde hace 47 años en este predio. Recientemente su esposo murió a causa de covid-19.

https://piedepagina.mx/familias-acusan-desalojo-ilegal-en-predio-puebla-261/

CRÓNICA DE UN GRITO PARA ENCONTRARTE, NORMA DIANEY GARCÍA (Estado de México)

Texto y fotografías: Brenda Martínez Carrera / Revista Baladí

“¿Quién osa salir a marchar en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19, en un domingo, con el cielo despejado y el clima templado?”,  probablemente se preguntarían los automovilistas y espectadores que paseaban por el tianguis cuando un contingentepartió de avenida de Las Torres y esquina con calle Quetzalli, en la colonia Orfebres, Chimalhuacán, Estado de México. Encabezado por Lourdes Arizmendi y la Red de Mujeres del Oriente del Estado de México que Luchan, junto con familiares de otras víctimas de desaparición, escoltadas por algunas patrullas mientras que el  “Coyote” sobrevolaba la zona.

“¿Dónde estás?”, gritaba Lourdes Arizmendi, cansada de hacerlo desde hace ya  tres años. Una mujer aguerrida con una voz tan potente que sus palabras te atraviesan el alma. Sus ojos delatan el insomnio, el deterioro de su salud y el rompimiento de los lazos familiares, las caminatas eternas desde que desapareció su hija, Norma Dianey García.

Dianey tenía 24 años cuando salió a trabajar al Coppel ubicado en laCalzada Ignacio Zaragoza el 15 de enero del 2018. Se comunicó con su mamá para avisarle que llegaría pronto a cenar, sin embargo, eso nunca ocurrió.

“¡Norma, escucha tu madre está en la lucha!”, exclamaban las mujeresesperando que esta consigna, se escuche hasta donde ella esté.

La primera parada fue frente a la Unidad Especializada Contra la Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG). Aquí fue donde Lulú, como le dicen sus amigas, descubrió que las autoridades realizaron omisiones en el caso de la desaparición de su hija.

“Salimos a gritar a las calles porque queremos que todas nuestras mujeres puedan ir a su trabajo, salir a la tienda y que no tengamos miedo de que algo les suceda”, vociferaban las manifestantes sobre avenida de Los Patos.

El corazón se estremece porque Lourdes no era la única madre o abuela que perdió a sus seres queridos, por eso ni siquiera el COVID-19 detuvo a las colectivas que se dieron cita para acompañar a los familiares como Colectiva Nos Queremos Vivas Neza, Colectivo Cultural Chimalhuacán, Sueña Dignidad. No es que no les preocupe enfermar pero ellas saben que las mujeres corremos peligro cada instante.

Aunado a esa sensación está el olor y la desolación de la última parada de la marcha: Las Cruces en el Canal Río de la Compañía, entre los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, donde las autoridades se echan la bolita porque nadie se quiere hacer responsable. Un canal de aguas negras en el que los cuerpos de algunas mujeres han sido encontrados.

 

 

S.O.S. Covid Toluca, la sociedad civil se organiza para hacer frente a la enfermedad (Estado de México)

Imagen tomada de: ADNoticias

Víctor Castillo / ADNoticias

En redes sociales y grupos de mensajería familiares de pacientes con Covid-19 se organizan para buscar los insumos y protegerse de fraudes

Desde que inició el 2021, en Toluca han muerto 9 personas al día, en promedio, a consecuencia del virus SARS-CoV-2. Hospitales destinados a la atención de pacientes con covid-19, como el regional 220 del IMSS, ligan semanas enteras sin una cama disponible.

Ante esto, familiares de personas infectadas por el virus han formado grupos de apoyo en plataformas de internet para hacer frente a los estragos de la enfermedad que ha cobrado la vida de más de 140 mil personas en el país.

En Facebook el grupo S.O.S Covid Toluca tiene cerca de 6 mil 700 miembros. Ahí diariamente se publican cientos de imágenes, testimonios, dudas y comentarios relativos al covid-19 que van desde cadenas de oraciones por pacientes hospitalizados hasta remedios caseros para pacientes recuperados. También la venta de insumos ha encontrado un lugar.

La desesperación de las familias con pacientes enfermos de gravedad ha incrementado el número de estafas en la compra de tanques y concentradores, además de propiciar la venta de equipos de baja calidad a sobreprecio:

“… me parece una grosería que la gente se está aprovechando en vender un concentrador en 30 mil pesos cuando cuestan 4 mil y que además no sirven para pacientes covid…”, escribió una usuaria en el grupo advirtiendo sobre un modelo de mini concentrador de oxígeno que en páginas de mayoreo se vende en 4 mil 906 pesos y, de acuerdo con testimonios de usuarios, no es recomendable para tratar casos graves:

“No son malos, pero verifiquen la cantidad de litros x minuto que requiere su enfermo para que sepan cuanta oxigenación genera en cada nivel y para que no gasten en valde y sobre todo no pierdan valioso tiempo”, escribió otro usuario en el grupo.

La saturación en los hospitales ha obligado a mucha gente a guardar enfermos en casa creando un vacío de información. En páginas del gobierno como coronavirus.gob.mx no existen datos que oriente a los familiares de enfermos sobre el tipo de concentrador necesario para cada tipo de paciente.

En el caso de los tanques ocurre algo similar: ante la escasez por la alta demanda de oxígeno medicinal se han creado grupos de WhatsApp donde se comparte información sobre proveedores, además de renta y venta de tanques.

Sin embargo los fraudes abundan: “cuidado con esta persona,se le hizo un depósito para un tanque de oxígeno y ya no contestó y nos bloqueó,cuidado no les vaya a pasar lo mismo,está en varias paginas de Facebook ofreciendo su fraude”, denunció el usuario JoOny Campeter en un grupo de ventas de Atarasquillo, Lerma.

En el grupo también se alerta sobre personas que defraudan a quienes buscan insumos para tratar la enfermedad. Imagen tomada de: ADNoticias

Según su testimonio, un perfil con el nombre de Jennifer Contreras ofrece tanques de oxígeno con capacidad de 680 litros por 4 mil 500 pesos, pidiendo un depósito por 2 mil 500 pesos para concretar la compra para después bloquear al comprador.

Por otra parte algunas personas se han solidarizado y han usado los grupos para ofrecer sin costo insumos como gel antibacterial, desinfectante, cubrebocas y oxímetros para las personas con dificultades económicas.

La solidaridad presente durante la pandemia. Imagen tomada de: ADNoticias

Más que una herramienta para la obtención de oxígeno, el grupo se ha convertido en un respiro para los familiares de pacientes que se ven obligados a buscar por todos los medios superar la enfermedad o consuelo tras la muerte de un ser querido:

Mensaje de la usuaria Elizabeth Urbina el pasado 15 de enero en el grupo S.O.S. Covid Toluca. Imagen tomada de: ADNoticias

https://adnoticias.mx/s-o-s-covid-toluca-la-sociedad-civil-se-organiza-para-hacer-frente-a-la-enfermedad/

Comunidades defenderán en tribunales la no instalación de casillas (Michoacán)

Las poblaciones indígenas de Arantepacua, San Felipe de los Herreros, Pichataro y Cherán le notificaron al INE su negativa ante las presiones

Foto: Fernando Maldonado, El Sol de Morelia

Óscar Guerrero | El Sol de Morelia, 18 de enero de 2021

Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).-Las comunidades indígenas de Arantepacua, San Felipe de los Herreros, Pichataro y Cherán le notificaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que no permitirán la instalación de casillas electorales en sus respectivas demarcaciones, y que recurrirán ante tribunales en caso de que su decisión sea ignorada.

Este lunes, representantes de estas cuatro comunidades asistieron a las oficinas administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE), para hacerle saber al órgano que no permitirán que sus demarcaciones sean partícipes en las elecciones del presente año.

“Es una decisión que ya tomamos en nuestros consejos comunales y la vamos a respetar, no permitiremos que se instalen casillas electorales en nuestras comunidades”, sentenció Jorge Gómez Ramírez, integrante del Consejo Comunal de Pichataro.

“Hemos soportado el abuso de los partidos políticos durante mucho tiempo, pero sobre todo que ignoren las necesidades de las comunidades indígenas del estado, por eso no hay manera de sumarnos al proceso”, agregó Romaldo Manuel García, jefe de tenencia de San Felipe de los Herreros.

El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representante legal de estas comunidades, Orlando Aragón Andrade, advirtió que se agotarán vías ante tribunales para hacer efectiva la determinación antes expuesta, en caso de que se pretenda ejecutar una resolución como la que se giró desde la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través del expediente ST-RAP-15/2020, donde se ordenó al INE responder a la instalación de casillas en la comunidad de Sevina, perteneciente al municipio de Nahuatzen.

“Nosotros estaremos atentos, a diferencia de Sevina, si hay algún juicio o inconformidad, sí existirá una defensa jurídica por nuestra parte, porque nos parece que se ha tomado una perspectiva muy equivocada de este tema, se apuestan a derechos políticos individuales sin ponderar los derechos colectivos de las comunidades”, subrayó el también integrante del Colectivo Emancipaciones, a través del cual se ha venido ofreciendo acompañamiento jurídico a diversas comunidades que demandan autonomía en la ejecución de sus presupuestos.

En respuesta, el presidente del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, pidió a los comuneros permitir la instalación de casillas especiales en zonas aledañas a estas demarcaciones, a fin de que, quienes así lo decidan, puedan ejercer su derecho al voto.

Adelantó que el INE generará un protocolo para ofrecer soluciones a conflictos como el que dijo encontrar en algunas comunidades respecto a la instalación de casillas, aun cuando esta decisión, tal y como lo manifestaron los comuneros que asistieron a la reunión, “ya se sometió a votación y se aprobó por una inmensa mayoría que se niega a ser representada por la clase política”.

 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/comunidades-defenderan-en-tribunales-la-no-instalacion-de-casillas-6258583.html 

Semar, a cargo de seguridad de Puerto Vallarta (Jalisco)

Foto: Archivo NTR

Juan Levario / El Diaro NTR

El gobierno del estado anunció ayer que en Puerto Vallarta se implementará un esquema mixto de seguridad que será encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

La Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio costero quedó a partir de ayer a cargo del capitán de navío Fernando Viveros Hernández, a quien le tomó protesta el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña.

El gobierno estatal aclaró que no se trata de una intervención de la comisaría municipal, sino de un relevo del mando. El resto de la corporación permanecerá realizando sus actividades de manera ordinaria.

La decisión para designar a Viveros Hernández fue tomada por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad y contó con el consenso de los representantes de la Federación, del estado y del municipio. La determinación se dio apenas unas semanas después del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido en un restaurante del municipio el 18 de diciembre.

En el esquema de seguridad habrá participación de los tres niveles de gobierno a través de distintas corporaciones, con el fin de reforzar la presencia policial en el municipio.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=161049

Otro golpe a maestros: Segey quita contratos y no reparte horas (Yucatán)

Herbeth Escalante / Haz Ruido

Docentes de la escuela “Eligio Ancona” protestaron en contra de la Secretaría de Educación de Yucatán porque de manera arbitraria les retiró contratos en plena pandemia. Además, no cumple la ley al no abrir procesos de promoción y afecta económicamente a quienes no tienen base.

Mérida, Yucatán, 18 de enero de 2021.- Apenas en el procesode admisión docente del año pasado, la maestra Diana Cocom Rocha quedó en segundo lugar de la lista de prelación para la materia de Administración. Debido a la óptima calificación que obtuvo en su evaluación, en septiembre le otorgaron 12 horas de clases de contrato en la preparatoria “Eligio Ancona”, pero para su sorpresa, en este nuevo semestre le quitaron ocho de manera arbitraria y sin explicaciones.

Hace unos días, el director de la escuela la citó a una reunión para informarle que por órdenes de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) le retiraron el contrato de dos grupos de clase, por lo que únicamente se quedará con cuatro horas de trabajo.

“Hasta el momento no me supieron decir las razones de por qué me quitaron los contratos, sólo me indicaron que le darán mis horas a otros dos maestros de la lista de prelación. Pero yo quedé en segundo lugar, no entiendo”, lamentó.

Diana recordó que cuando concursó en el examen de admisión docente fue para obtener base de maestra, pero lamentablemente no la basificaron, sólo le dieron contratos y ahora, cuatro meses después, se los están retirando.

“Es una arbitrariedad, yo sólo quiero que la Segey me explique por qué me quitaron mis contratos de horas. Con el sueldo que me pagarán ahora no me alcanzará para nada”, lamentó.

Ella junto con otras maestras y maestros de la preparatoria “Eligio Ancona” protestó afuera del plantel, ubicado en la colonia San Nicolás, para exigirle al gobernador Mauricio Vila Dosal y a la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, que respeten la ley y que no le quiten sus horas de trabajo en esta pandemia.

Quitan contratos y no permiten promoción de maestros

En la protesta, la maestra Cindy Santos Ramayo explicó que a ella y a otros tres compañeros les retiraron varios contratos sin que haya una razón. Todo indica que la Segey se las va a entregar a otros docentes que están en la lista de prelación por motivos políticos, a pesar de que ellos llevan varios años laborando en ese plantel.

Explicó que dos maestros de ese plantel se jubilaron el año pasado y dejaron libres 33 horas de base, de las materias Etimologías, Estructura Socioeconómica, Sociología y Administración. Pero como la Segey asegura que no tiene docentes para esas asignaturas en la lista de prelación, pretende enviar a otros de Inglés para cubrirlas.

“El problema es que no hay vacantes para esa materia en la escuela, por lo que se les hizo fácil retirarnos nuestros contratos a nosotros que no tenemos base para darle nuestros grupos a los nuevos maestros”, lamentó.

Además, la Segey no está cumpliendo con la Ley del Servicio Profesional Docente que establece que las horas disponibles de base se deben distribuir en 60 por ciento a los maestros de nuevo ingreso y 40 a los que trabajan en las escuelas, para que éstos últimos puedan crecer laboralmente y ganar mejores sueldos.

“No están abriendo los procesos de promoción, situación que está afectando a todos los profesores de la “Eligio Ancona”, no nos permiten crecer. Hay quienes llevan trabajando aquí 15 ó 20 años con poquitas horas de clases, con contratos de cada cuatro meses”, criticó Santos Ramayo.

En la manifestación, las y los afectados exigieron a la Segey y a la Dirección de Educación Media Superior que respeten la ley, la asignación de horas de clase, que no retiren los contratos y que basifiquen a quienes ya cumplieron con el proceso respectivo.

“¿Por qué me quitan mis horas de contrato? ¡Tengo familia que depende de mi!” se alcanza a leer en una de las mantas que colocaron en los muros de la mencionada preparatoria.

También cuestionaron qué pasará con las horas libres de base, pues lo único que ha señalado la Secretaría es que las “dejarán en resguardo”, lo que desata sospechas de un posible mal manejo de recursos, ya que existe un presupuesto asignado para éstas.

Las y los docentes señalaron que este tipo de anomalías están ocurriendo en varias escuelas de Yucatán, lo que se suma a los constantes golpes del gobierno de Mauricio Vila al magisterio en la actual pandemia de Covid-19, pues recordaron que dejó sin trabajo y contrato a muchos de diversos sistemas educativos, así como a personal administrativo y de apoyo.

Un exdiputado del PAN es el director de la escuela

En la manifestación de esta tarde, las maestras y los maestros lamentaron que no cuentan con el apoyo del director de la preparatoria “Eligio Ancona”, quien por cierto es el exdiputado del PAN, Moisés Rodríguez Briceño, el candidato perdedor de ese partido en las elecciones pasadas por la alcaldía de Izamal.

Declararon que no se preocupa por los maestros, exhibe una apatía total y no los defiende ante este problema laboral y sólo argumenta que está siguiendo “órdenes de arriba”.

Los afectados señalaron que estas situaciones ocurren porque el Gobierno del Estado coloca a políticos en los puestos directivos de las escuelas, quienes no son personal docente ni tienen relación con la educación. Eso pasa, recalcaron, porque se asignan a personas sin preparación e insensibles en puestos de confianza sólo por cumplir cuotas políticas.

https://www.hazruido.mx/reportes/otro-golpe-a-maestros-segey-quita-contratos-y-no-reparte-horas/

Los restaurantes reabrieron pero la precariedad de los trabajadores continúa

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Isabel Briseño

Pie de Página

Con el movimiento de restauranteros “Abrimos o morimos” las terrazas de esos establecimientos volvieron a abrir esta semana. Sin embargo, continúa la precariedad estructural en la industria restaurantera hacia los trabajadores: salarios bajos, jornadas largas, y constantes tratos abusivos y violentos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el movimiento de empresarios restauranteros “abrimos o morimos”, las terrazas de establecimientos ya pueden abrir desde este lunes. Pero trabajadores y extrabajadores del sector restaurantero exigen que esta crisis sea aprovechada para transformar las precarias condiciones laborales del sector y las constantes violaciones a la ley del trabajo.

Todo comenzó desde el pasado 11 de enero, cuando un grupo de restauranteros encabezados por Giulliano Lopresti lanzaron un clamor a las autoridades de CDMX y el Estado de México: urgían abrir negocios aun en semáforo rojo. Fueron categóricos: estaban al límite de su resistencia económica. Advirtieron que en el Valle de México se han cerrado al menos 13 mil 500 establecimientos en lo que va de la pandemia. Insistieron en que tan solo en el Estado de México unos 340 mil empleos directos dependen de los restaurantes.

Rodrigo D supo de la exigencia restaurantera. Él es licenciado en Gastronomía, pero se alejó del sector años atrás. Decidió hacerlo por las arduas jornadas laborales (unas 12 horas diarias) y las terribles condiciones de contratación. Medio a botepronto, contó en Twitter su experiencia durante la pandemia de Influenza H1N1 en 2009.

Hasta la fecha, ese hilo tiene más de 5 mil likes y más de mil 400 retuits. Lo han contactado otros chefs, meseros, hostess, garroteros, cocineros y trabajadores de la industria restaurantera. La mayoría coincide: hay un problema estructural en la industria: los salarios son bajos, las jornadas larguísimas; la precariedad se pretende subsanar por medio de las propinas, y el trato por parte de jefes por lo general es abusivo y violento contra los asalariados.

Así narró su historia, primero en tuits y luego en entrevista:

“La crisis de 2009 por H1N1 me tocó siendo gerente de Le Pain Quotidien Condesa”, narró. En aquel entonces la franquicia tenía otros dueños en México; actualmente pertenece a otro grupo. Aquella vez el cierre fue de solo semanas, pero “le pegó horrible al negocio”.

Los dueños decidieron retener las propinas de tarjeta, que era bastante dinero, para pagar las deudas dejadas por la crisis. Pero en México, la mayor parte del dinero que perciben los meseros y garroteros son las propinas.

“Confían [los dueños] mucho en las propinas, y no hay un plan de ahorro. En ese lugar sí teníamos el seguro social, pero los sueldos eran bajos. Ahí los dueños retuvieron las propinas como por dos meses. Los meseros la sufrieron más. Yo me encargaba prácticamente de todo el lugar. Llegué ahí como supervisor y en friega me subieron a subgerente”.

Así que los trabajadores acordaron no asistir un domingo, que es el día más fuerte porque las familias van a desayunar. Rodrigo, por cierto, sí llegó. Él no estaba enterado de lo que planearon los otros, debido a su cargo.

“Fue un relajo, tuvieron que venir de otros restaurantes a operar; pero fue muy difícil porque la gente no conocía la movida.  Poco tiempo después los dueños corrieron a todos. Cambiaron a todos, y a mí me llevaron entre las patas…”.

¿Pero por qué los dueños creen que pueden retener las propinas de trabajadores que ganan el mínimo, tras una crisis de ese tamaño?

Poco después, Rodrigo entró a trabajar a “Delirio”, un proyecto de la exitosa chef Mónica Patiño. “[Yo] era el Chef y prácticamente gerente del lugar. Ahí duré meses sin contrato laboral ni seguro social. Mientras las dueñas se daban toda una vida de lujo en la Roma. En 2010 ganaba el mísero sueldo de 10 mil mensuales, teniendo el rango más alto”.

Tras meses presionado por ser contratado, con enormes cargas de responsabilidad, las dueñas le prometían que le darían la gerencia de otro lugar que iban a abrir. Lo contrataban poroutsourcing, con el mínimo; en vez de contratarlo legalmente con el rango de chef, lo hacían con el de garrotero o lavaloza, para no pagar tanto al IMSS. Finalmente llegó la Navidad de 2011, “me cargaron la mano muchísimo”, tras cocinar 30 pavos de Navidad y 30 kilos de puré de papa, y jornadas interminables, Rodrigo sufrió burnout laboral y renunció.

Al año siguiente trabajó en otro lado, pero el esquema siguió siendo el mismo: subcontratación, o contratación con menos rango del que desempeñaba, jornadas de 12 horas sin pago de tiempo extra, malos tratos… los malos tratos, el que dueños y superiores sean groseros y ofensivos es una constante de los más de siete testimonios recabados.

Rodrigo concluyó: estructuralmente, así es el ramo restaurantero: en la ilegalidad laboral, y con esa cultura del maltrato y la explotación a sus trabajadores. Aunque ama la cocina, el chef decidió cambiar de rubro.

Rodrigo Díaz es licenciado en gastronomía especializado en caterings y cocina vegana, la gastronomía representa para él un aspecto de identidad cultural.

No pagan sueldos, pero sí pagan rentas

–¿Si el dinero no se va en sueldos, en qué crees que se va?

– En la renta y los costos de operación, son muy altos. Sobre todo los costos de alta gama. Ahí la materia prima es muy cara: pato o pescado. Es una cadena que se va rompiendo. Pero en los sueldos no se va. Lo que sí me da coraje es que ves a estos dueños, traen su vida como de ensueño; y subsidian los sueldos con las propinas, pero ellos no sacrifican sus privilegios.

El maltrato

Él es Amaury Acosta, también licenciado en gastronomía. “Empezamos como todos, con hambre de hacer las cosas y queriendo aprender y todo”. Esto fue unos 8 años atrás.

“Empecé a buscar en lugares que me parecían de renombre. Tuve oportunidad de trabajar en Presidente Intercontinental. Yo viví prácticamente seis meses en el hotel. Tienen facilidades de lavandería y camas, y todo, pero preferíamos quedarnos porque los horarios son muy cerrados.

Su superior inmediata era una joven unos 3 años más grande que él, pero no se cayeron bien y ella bloqueó su contratación. Así pasaron los meses sin contrato; pero el problema más grave fue que en los restaurantes el ambiente es muy vertical y agresivo: el que está arriba de ti te trata mal y debes aguantar. Y se va en cadenita hasta el chef. “El problema es que tengo un carácter también que no se deja. No me gusta que me traten mal si yo no trato mal. Recuerdo que hubo un problema, el chef se puso agresivo y yo no me dejé”. Entonces vino un acoso laboral que terminó en despido.

Como chef, Amaury no volvió a hallar un empleo porque fue boletinado. Finalmente, tras un año buscando empleo se metió a la subrama de distribución de pescados. Su jefe fue claro: “me hablaron para que no te contratara, pero no tengo a nadie más”.

“Todo mundo quiere estar en la cocina, todo quieren que te vean, en acción, en el fogón”, explica, pero “trabajas 12 horas, 14 horas… ni descansas, por 6, 8 mil pesos al mes”.

Después tuvo otros empleos, pero fue lo mismo. “Todo redunda en que el sistema es tan injusto y está tan manipulado, que yo opté por salirme de los restaurantes. Atiendo banquetes, atiendo cenas. Pero trabajar directamente en un restaurante, yo ya no”.

Además, si demandas, “en la propia junta de conciliación y arbitraje te dicen: ‘estas demandas tardan años en resolverse’. De hecho, aquella vez que lo despidieron, en la propia Junta alguien le dijo que tenía carpetas de 15, 20 años. Nadie te apoya”.

–¿Por qué pagan tan poco?

–Pagan poco porque les conviene. Conozco a un chavo al que le pagan 800 pesos a la semana. Hay lugares donde usan las propinas para servilletas.

Amaury concluye:

“El cocinero es muy entregado. Es una actividad muy noble. Pero este tipo de cosas… qué bueno que apoyen los lugares [refiriéndose al movimiento abrir o morir]. Pero la cosa va a ser: ahora que todo esto pase, ¿qué van a hacer los dueños con sus empleados?

Rodrigo cuenta que le preocupan las historias de abuso por las que atraviesa el personal que trabaja en el sector gastronómico. Tras su salida del restaurante Delirio, ha preferido ejercer la gastronomía de forma independiente.

Propinas para loza

Ana Maxínez es otra joven que trabajó en el ramo restaurantera por unos dos años. Su papel no era en la cocina, ella fue garrotera y mesera.

“Empecé con un restaurante pequeño que era de un amigo mío, no quisiera echarlo de cabeza. Yo empecé ahí y estuve cerca de un año, y pues cerró. Trabajábamos sin seguro, eran ocho horas. En los restaurantes siempre, siempre, se debe hacer un poquito más que ocho horas…”.

Luego entré a Sushi Roll. Lo primero que me pidieron al contratarme fue firmar mi renuncia. Ahí sí se pagaba más del mínimo, estaba bien, pero había muchos abusos de autoridad.

–¿Qué tipo de abusos?

–El acoso. [Mi superior me decía]: “No te maquilles, te ves más prieta”. A otro chico que era mesero, el quería ser capitán, y había la posibilidad, pero le decían que tenía que ser igual: como grosero con sus subalternos. Al final no fue finalmente capitán.

“Mi última experiencia fue en el restaurante Arroyo –como garrotera–, que ahorita tiene sus propias cuestiones; de hecho está clausurado por una disputa familiar. Esa fue la última experiencia (a finales de 2019). Entré por temporada navideña y salí en enero.

Ahí no se paga ni siquiera el mínimo, se descuenta todo de la prima vacacional y no quedaba ni el mínimo. El ingreso fuerte eran las propinas, era fuerte pero siempre con riesgo. Eran eventos que duraban más de 8 horas. Había días que trabajábamos 18 horas continuas, obvio sin pago de tiempo extra. Yo renuncié por esa cuestión: fue un día que terminamos de trabajar a las 4 de la mañana, y me pidieron ir a las 7 de la mañana, a limpiar las mesas.

Ana salió del restaurante Arroyo a inicios de 2020. Buscó otros trabajos en la rama restaurantera. “Me di cuenta de que era una cuestión estructural”.

Ana se encontró con el tuit de Rodrigo y ella misma comenzó a recabar información y testimonios, y los facilitó a Pie de Página. “Necesitamos hablar de esto, y los  medios solo dan la voz a los dueños”, pero esto, dice, necesita cambiar.

Propinas como cuotas

Otro extrabajador de un restaurante de alta gama compartió su testimonio con la condición de que se resguardara su identidad. Él explica cómo la propina funciona como una especie de impuesto para los trabajadores.

“Este restaurante te cobra más o menos el 7.5 % de tu propina. Se supone que la propina no es obligatoria para el cliente, pero tú debes pagar propina al restaurante a fuerza”.

“Te castigan con más porcentaje si llegas tarde, o si te falta una pluma. Es directamente a tu bolsillo. Esto es algo que la mayoría de los lugares no quieren que se sepa”.

«Escalerita de poderes»

Angel Daniel Navarrete fue cocinero en varios restaurantes, desde lavaloza hasta subchef. «Creo que el tema de la explotación es un problema general de los trabajos en México».

«El primer punto es el salario, entrando, entras como cocinero C, con un sueldo de 4 mil pesos, y propinas de unos 300 pesos. Un total de 5 mil 200 pesos al mes. Tienes que pagar tu comida, un descuento de personal. Me parece que la comida debería ser gratuita, y qué más, pues a eso le tenemos que contar que nos gastamos de pasaje unos 50 pesos diarios.

«A esto se suma que tienes que pagar una renta, unos 6 mil pesos mensuales para vivir decentemente. ¿Y cómo vamos a pagar una renta de 6 mil con un salario de 4 mil, además teniendo familia? Si ponemos este salarios de 4 mil 700 en temporadas de pandemia, cuando solo hay servicio para llevar, pues entonces le quitamos los 2 mil 200 de propina, porque la gente no deja. Esto afecta a la cocina pero más a los meseros.

«Está esa escalerita de poderes: está el mesero, encima del garrotero. Abajo de los chefs. Está ese poder que tiene el gerente en las propinas. Entonces está mucho esto de que, bueno, secretos de cocina, de que ya se guardaron un poquito de dinero. Que de pronto para quedar bien tienes que dar un poquito de comida a los meseros, a los gerentes… para que no se queden con tus propinas. Entonces, es un mundo, un mundo que afecta a tus 4 mil 200 pesos de salario.

https://piedepagina.mx/los-restaurantes-reabrieron-pero-la-precariedad-de-los-trabajadores-continua/

Protestan mujeres en Cuautitlán Izcalli por feminicidios y caso Salgado Macedonio (Estado de México)

Fotos tomadas de: ADNoticias

Mercedes Martínez / ADNoticias

Durante el 2020 se registraron más 10 feminicidios cada día en todo el país. El Estado de México fue la entidad con el mayor número de casos

Integrantes de la colectiva feminista Red Violeta Mexiquense realizaron un acto político en la cabecera del municipio de Cuautitlán Izcalli para protestar contra la violencia en contra de las mujeres que se vive en el Estado de México, y para expresar su apoyo a las mujeres de Guerrero que se han manifestado en contra de la candidatura por la gubernatura del morenista José Félix Salgado Macedonio, quien ha sido denunciado por el delito de violación sexual.

Como parte del acto, la colectiva colgó una manta con la frase: “Izcalli Feminicida” sobre los barrotes de un puente peatonal que atraviesa la avenida Los Reyes en el municipio. Asimismo intervinieron con pintas un busto ubicado en la explanada de Cuautitlán Izcalli, donde también colgaron carteles con denuncias y fotografías de Salgado Macedonio.

Durante la concentración, integrantes de la colectiva expresaron que estas acciones no pacíficas y radicales son muestra del hartazgo por la violencia e inseguridad que viven las mujeres en la entidad y el país. Asimismo, dijeron estar abiertas al diálogo: “esperamos ser escuchadas en las distintas formas en las que nos estamos expresando”.

En su pronunciamiento exigieron al actual gobierno estatal de Alfredo Del Mazo, que se haga presente en la defensa por los derechos y la seguridad de las mujeres. “Aclaramos que esta manifestación no pacífica es una muestra del hartazgo de la situación de las mujeres”, dijeron.

“Agradecemos a las compañeras de las distintas colectivas de la periferia quienes se han sumado a las acciones. Recalcamos que nuestras acciones son radicales y no permitiremos que el feminismo liberal siga claudicando como se ha gestado en Izcalli. Este movimiento será expansivo y haremos que este gobierno haga frente a las negligencias que su periodo y los anteriores han gestado”, expresaron durante la lectura del pronunciamiento.

Desde el inicio y al término de la manifestación corearon entre gritos: “No estamos todas” y “Ni una más”.

Durante el 2020 se registraron más 10 feminicidios cada día en todo el país. El Estado de México fue la entidad con el mayor número de casos. El primer feminicidio del 2021 se reportó durante las primeras horas de enero en el municipios Almoloya de Juárez. En los días siguientes, medios locales de Cuautitlán Izcalli informaron sobre la localización de dos mujeres encontradas sin vida en un lapso de 72 horas, en diferentes puntos del municipio, que además cuentan con Alerta de Violencia de Género.

https://adnoticias.mx/protestan-mujeres-en-cuautitlan-izcalli-por-feminicidios-y-caso-salgado-macedonio/

María fue detenida sin pruebas, la torturaron y lleva 5 años presa sin sentencia (Oaxaca)

Animal Político / Itxaro Arteta,

Los delitos por los que lleva poco más de cinco años presa María son tráfico de personas y delincuencia organizada, por supuestamente pertenecer a una organización transnacional que cruzaba migrantes hacia Estados Unidos.

María de la Concepción Sibaja Ramírez acaba de pasar su sexto Año Nuevo separada de su familia, encarcelada por delitos que no le han probado y sin sentencia. El caso lleva tres años totalmente parado porque no se ha presentado el perito ni la supuesta víctima de tráfico de personas por la que se abrió la causa penal 131/2015, en manos del Juez Séptimo de Distrito en Oaxaca, y con la emergencia por la pandemia de COVID-19 se ve más lejano todavía que vaya a avanzar.

Pero está en la cárcel porque firmó una confesión. Sí, la firmó porque asegura que los elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que la detuvieron la torturaron física, sexual y psicológicamente durante horas, la manosearon desde que la aprehendieron y la amenazaron con hacerle daño a sus hijos. Eso último, sobre todo, la dobló a aceptar lo que fuera.

Sin embargo, el abogado de oficio que ha llevado su caso le dijo que mejor no denunciara la tortura, porque la aplicación del Protocolo de Estambul para comprobarla iba a atrasar más las cosas, y aunque lo ha manifestado por escrito, el juez no lo ha tomado en cuenta para investigar y descartar dicha confesión.

Su caso acaba de ser retomado para el documental “Cana”, sobre tortura a personas encarceladas, y por la organización Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP). En México el 64% de las personas que han sido detenidas sufrieron violencia física en ese proceso. Además, las mujeres o personas LGBTIQ+ son víctimas de tortura sexual por parte de los agentes del Estado hasta cuatro veces más que los hombres: 72% de quejas de derechos humanos de mujeres detenidas incluyen este tipo de actos.

A María se le corta la voz cuando recuerda las vejaciones que sufrió en su detención, en entrevista telefónica con Animal Político desde el penal femenil de Tanivet, a 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

“Desde que me detuvieron me dijeron que yo me tenía que declarar confesa de eso… Al principio preguntaba por qué me habían detenido, con muchas groserías me dijeron que, pues que yo me dedicaba al tráfico de indocumentados con mi exesposo y con otras gentes, y que yo lo tenía que aceptar… si no, ellos iban a ir por mis hijos. Yo les dije que sí, que yo iba a decir lo que ellos me dijeran… pero que no les hicieran nada a mis hijos… que yo iba a decir lo que ellos me dijeran que yo dijera”, cuenta sollozando.

“Después empezaron a manosearme… De ahí nos llevaron un rato a la PGR de acá de Oaxaca, y nos llevaron a SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) por carretera. En el camino a México me llevaron sola, iban dos hombres, uno de cada lado de mí, atrás del coche, otros dos adelante, el que manejaba y otro. Y también me fueron manoseando. No lograron violarme porque yo iba menstruando. Y así me lo dijeron, que eso me había salvado porque a ellos les daba asco”.

Después se enteraría que por la misma causa penal habían detenido en esas fechas a otras nueve mujeres y que varias de ellas sí fueron violadas. Otra, dice, iba embarazada de ocho meses, así que le sacaron al bebé y la amenazaron con dejarlo en un albergue del DIF en lugar de con su familia para obligarla a firmar su confesión.

Cuando María se encontró en un calabozo en la Ciudad de México pensó que pronto se iba a acabar esa pesadilla porque ella no había hecho nada. Pero apenas empezaba.
De intentar migrar a ser acusada de traficante

Los delitos por los que lleva poco más de cinco años presa María son tráfico de personas y delincuencia organizada, por supuestamente pertenecer a una organización transnacional que cruzaba migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, y que fue desarticulada en una operación conjunta entre ese país, México, Guatemala y El Salvador.

Pero la línea del tiempo de los supuestos hechos ni siquiera tiene sentido para quienes analizan el caso. En 2012, María cruzó la frontera sin papeles, fue interceptada y deportada; el IJPP cree que ahí puede estar la clave, en que su nombre se haya quedado registrado y en los papeles que firmó sin siquiera entender, porque algunos eran en inglés.

Volvió a su natal Oaxaca, donde vivió tranquilamente tres años, hasta que en agosto de 2015 llegaron agentes federales a buscarla y se la llevaron detenida. Pero la causa penal fue por hechos supuestamente ocurridos en 2010, denunciados por un testigo protegido, del que por esa razón no hay más información, y con una mujer salvadoreña como supuesta víctima, que nunca se ha presentado a las audiencias. Sólo la agregaduría de la PGR en Estados Unidos fue la que proporcionó sus declaraciones.

“Parece que lo que hicieron fue fabricar imputaciones de migrantes que estuvieron detenidos contra otras u otros que también estuvieron detenidos, y convertir a unas en víctimas y a otras en victimarios”, explica la coordinadora de proyectos del IJPP, Araceli Olivos.

https://www.animalpolitico.com/2021/01/maria-detenida-sin-pruebas-tortura-presa/

Caso Concepción: cinco años en el limbo de la justicia (Oaxaca)

Proceso / Gloria Leticia Díaz.

Concepción Sibaja Ramírez lleva más de cinco años encarcelada en Oaxaca… La entonces Procuraduría General de la República la capturó; la acusó de pertenecer a una red internacional de tráfico de personas. Durante su detención fue torturada y agredida sexualmente. Las pruebas de la autoridad son una supuesta persona llamada “Eva” –que la acusada no conoce– y un presunto testigo protegido. Desde entonces su caso no avanza: no la liberan por falta de pruebas, pero tampoco la sentencian.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Implicada inesperadamente en una trama internacional de tráfico de personas, detenida de manera arbitraria, agredida sexualmente por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y con una defensa que le recomendó callar las violaciones a sus derechos, María Concepción Sibaja Ramírez está dispuesta a aceptar ser culpable de un delito que no cometió para acabar con la incertidumbre de no tener sentencia… Lleva más de cinco años detenida.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/17/caso-concepcion-cinco-anos-en-el-limbo-de-la-justicia-256422.html

Exigen justicia para Jacinto y no más muertes de ciclistas (Yucatán)

Herbeth Escalante / Haz Ruido

Al año, mueren aproximadamente 40 ciclistas en Yucatán en hechos viales, por lo que hacen un llamado a reducir la velocidad de los automóviles y construir infraestructura segura.

Mérida, Yucatán, 17 de enero de 2021.- Decenas de ciclistas realizaron una rodada en Mérida para exigir justicia por Jacinto León García, un joven estudiante que el mes pasado murió al ser arrollado por un vehículo en el fraccionamiento Ciudad Caucel. En su memoria, colocaron una bicicleta blanca en alto, justo en la esquina en donde ocurrió el trágico siniestro vial.

La protesta se replicó en más de 20 ciudades del país, para hacer un llamado a la sociedad y a las autoridades a que tomen conciencia vial y reducir la velocidad para evitar más muertes de ciclistas.

Familiares y amigos de Jacinto, así como los integrantes del colectivo Cicloturixes, salieron del Parque Ecológico del Poniente y se dirigieron hacia la calle 51 por 100 de Ciudad Caucel, en donde lamentablemente el joven resultó herido de gravedad el 1 de diciembre. Días después falleció en el Hospital O´Horan y el conductor de la camioneta que lo atropelló se dio a la fuga.

En un poste de alumbrado público, los ciclistas colocaron la bicicleta blanca con la fotografía de Jacinto, a manera de homenaje. En total, Cicloturixes ya instaló 13 memoriales desde el 2012, por sus compañeros caídos en las calles y carreteras de Yucatán.

En el acto, la madre de Jacinto, la señora Elsa Guzmán Gómez, destacó la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a los ciclistas que resultan heridos en este tipo de siniestros y que alzan la voz para que no se repitan más muertes.

“Ustedes ayudan a enfrentar las barbaridades de quienes no tienen conciencia y terminan matando gente en la calle. No queremos más asesinatos blancos”, sostuvo.

También habló la señora Norma Galicia Barrera, vecina de Ciudad Caucel que auxilió a Jacinto cuando fue atropellado. Entre lágrimas, recordó el lamentable hecho y pidió no dejar solos a los ciclistas.

“La camioneta lo arrastró y no se detuvieron, estaban tomados, se fueron y lo dejaron tirado. Lo abrazamos (a Jacinto), le tomamos la mano y le preguntamos su nombre, pero no nos pudo dar sus datos. Nosotros pedimos que cuando vean un accidente, sea un ciclista o un motociclista, que alguien lo auxilie, no hay que ser egoístas, todos somos una familia”, señaló.

Las y los ciclistas presentes en el homenaje gritaron “justicia” y “no más muertes de ciclistas”. Algunos lloraban y se abrazaban, pero también pusieron música de cumbia, para recordar a su amigo.

Mueren 40 ciclistas al año

El presidente de Cicloturixes, Everardo Flores Gómez, lamentó que de acuerdo a datos que recaban en notas periodísticas, al año mueren aproximadamente 40 ciclistas en Yucatán en hechos viales, principalmente por el exceso de velocidad con la que transitan los automovilistas.

“En el conteo que hacemos, encontramos que mueren en promedio tres ciclistas al mes. El 2020 fue un año atípico, pues debido a la reducción de movilidad por la pandemia terminamos con 30 decesos, incluido Jacinto”, señaló.

Criticó que no hay cifras reales en la materia, ya que no existen organismos estatales o autónomos que le den seguimiento a los siniestros viales para conocer si la situación está mejorando o empeorando.

“Por ejemplo, nos enteramos por la prensa de ciclistas heridos, pero no sabemos que pasa con ellos después. Es lo que ocurrió con Jacinto, quien murió en el hospital seis días después de lo que atropellaron. Por eso consideramos que la cifra de decesos es mayor”, apuntó.

Flores Gómez recordó que el periférico de Mérida es en donde más muertes de ciclistas y peatones ocurren, pues las autoridades la convirtieron en una vialidad en donde se privilegia la velocidad. Por tal razón, pidió que se construyan cruces peatonales seguros.

Otra vialidad mortal es el primer tramo de 10 kilómetros de la carretera Mérida- Cancún, en donde ni el gobierno federal ni el estatal han colocado reductores de velocidad ni iluminación, a pesar de ser una zona urbana y de servicios. Tan sólo ahí, Cicloturixes ya colocó tres bicicletas blancas.

https://www.hazruido.mx/reportes/exigen-justicia-para-jacinto-y-no-mas-muertes-de-ciclistas/

CFE a punto de apagar la luz a vecinos de Villa Fontana Aqua (Jalisco)

Foto: Cortesía

Víctor Chávez / El Occidental

María adquirió una vivienda a la que apenas, consiguió, le colocaron el medidor y resulta que ya debe cerca de 50 mil pesos; Beto, jefe de familia, fue empujado por la crisis a ocupar esa vivienda, de la que se hizo con muchos esfuerzos, y hoy resulta que debe 38 mil pesos “por luz”.

Ellos encabezan dos de las 300 familias del fraccionamiento Villa Fontana Aqua que están a punto de quedarse a oscuras y perder algo más, puesto que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les advirtieron que irán con elementos de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional a dejarlos a oscuras e incluso embargarlos por los adeudos.

Como ellos, las historias se cuentan por cientos de un fraccionamiento donde -creen- la constructora le quedó a deber “algo” a la Comisión Federal de Electricidad y hoy “se la están cobrando a todos”.

Refieren que quieren pagar y tener luz, pero no encuentran la posibilidad de un arreglo con la paraestatal.

Su “pesadilla” comenzó desde diciembre pasado. En hojas de una cuartilla -no los acostumbrados recibos en color verde- les notificaron de adeudos que van de los 7 mil a cerca de 50 mil pesos.

El documento sin más seña el adeudo más la aplicación de un 16 por ciento para un gran total, que es lo que tienen que pagar -dice el documento- en un lapso no mayor de 15 días.

Un ejemplo, a un vecino le cobran 21 mil 193 pesos más 3 mil 391 pesos de IVA y para un total de 24 mil 584 pesos, que deberá de cubrir en los siguientes tres días en el Centro de Atención de la calle de Guadalupe Victoria número 780, en el barrio de Analco, del sector Reforma de Guadalajara.

Teresa comentó “nos están exigiendo que paguemos esa cantidad y que tenemos 15 días para pagarlo y que ellos están respaldados por Fiscalía, entonces no tenemos todo el dinero para pagar y esto y no somos nosotros, también es toda la colonia que estamos batallando con este tipo de problema que ya se presentó”.

La promesa era que la CFE haría los contratos e instalaría todos los medidores cuando el municipio recibiera el fraccionamiento, pero ahora que empezó la instalación comenzaron a cobrarles un servicio nunca otorgado ni medido, puesto que ellos no tenían contrato ni medidor.

Algunos afirman que les cobran dos años y otros hasta tres, “cuando la casa estaba vacía y sin medidor o de plano yo ni la había ocupado”, dice Alberto N. “Beto”, casado y padre de dos niñas, que tiene unos meses que llegó a ocupar esa vivienda, empujado por la crisis y luego de que ya no pudo pagar la renta de una casa en Guadalajara.

Total que dicen que buscan el diálogo, la CFE quiere su dinero y ellos insisten en que son víctimas de un abuso que raya en acoso, más cuando los amenazan con llegarles a quitar la energía con gente de la fiscalía y la guardia nacional.

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-cfe-a-punto-de-apagar-la-luz-en-villa-fontana-aqua-6252391.html

Encuentran nueva fosa clandestina (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Fue localizada en la comunidad de San Luis de Lozada

Mildra Benítez Robledo

Tepic, Nayarit.- Sábado 16 de enero del 2021.- El colectivo Familias Unidas por Nayarit, este viernes confirma a través de su cuenta oficial de Facebook el hallazgo de una nueva fosa clandestina en una comunidad de Tepic.

“Hoy 15 de Enero 2021, “BUSQUEDA POSITIVA”, Se informa a la sociedad en General, que el Colectivo Familias Unidas por Nayarit en compañía de la Comisión de Búsqueda de Personas y Guardia Nacional, se tuvo como resultado una búsqueda positiva en la localidad de San Luis de Lozada”, señala la publicación en la que no se dan mayores detalles.

La organización informó que a 3 años de que se localizaran 2 fosas clandestinas más en Pantanal Xalisco, con 24 cuerpos de los cuales solo 14 han sido identificados y entregados a sus familiares, continuarán en esta búsqueda incansable.

De igual forma hacen un llamado a quienes tienen algún familiar en calidad de desaparecido a que se unan a este colectivo que tiene como único fin localizar y llevar a casa a ese ser querido.

Para las personas que tengan información y quieran compartírsela, piden que dejen mensaje a través de la página oficial “COLECTIVO FAMILIAS UNIDAS POR NAYARIT” O al teléfono y Whatsapp 311-235 7971, aclarando que no preguntan, no investigan, no persiguen a nadie y no juzgan, asegurando total discreción y anonimato.

http://realidadessperiodico.com/69230/

‘No se olviden de mi hija’, justicia para Isabel Cabanillas (Chihuahua)

REINA DE LA TORRE, LA MAMÁ DE ISABEL, DURANTE LA CAMINATA Y RODADA REALIZADA LA MADRUGADA DE ESTE LUNES, POR EL ÚLTIMO RECORRIDO QUE HIZO SU HIJA. FOTOGRAFÍA: ALICIA FERNÁNDEZ

Ciudad Juárez– A Isabel Cabanillas De la Torre, defensora de derechos humanos, mamá y artista plástica juarense, la mataron hace un año. Su caso sigue sin justicia.

Reina De la Torre, la mamá de Isabel, teme que las autoridades se olviden de esclarecer el homicidio de su hija, quien recibió dos impactos de bala en la colonia Centro, donde su cuerpo se localizó la madrugada del 18 de enero de 2020.

“No tienen línea de investigación todavía, todavía siguen recabando datos”, lamenta la mujer, al comentar sobre los informes que recibió hace unos días de las autoridades.

El homicidio de Isabel, de 25 años, volvió a movilizar este domingo a sus compañeras y compañeros de lucha, quienes otra vez salieron a las calles de la zona centro para reclamar por su asesinato, exigir justicia y realizar pintas de cruces rosas –símbolo utilizado por familiares de las víctimas de feminicidio– en lugar donde se localizó su cuerpo.

Su mamá dice que esta agradecida de que no se han olvidado de Isabel y que mantengan la exigencia de justicia.

“En México, si se olvidan del caso, se olvidan de ella, se olvidan de investigar, el que estas muchachas estén ahí, yo no tengo más que agradecerles”, expresa Reina De la Torre, quien asegura que se sumará a las acciones de protesta que este día las colectivas llevarán a cabo en memoria de su hija.

“Ellas en su lucha de un modo y yo en la mía de otro modo, pero con el mismo fin de esclarecer el caso de Isabel”, añade.

Isabel Cabanillas / Archivo
Fotografía: Gabriela Minjáres

Por una nota periodística Reina se enteró que las autoridades iban a preparar un informe del asesinato de su hija, pero asegura que cuando ella preguntó le respondieron que no hay nada, “no lo van a dar”.

Se refiere a declaraciones que el pasado 13 de enero realizó el fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, quien al ser cuestionado sobre este caso dijo en conferencia de prensa que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM) – quien investiga el asesinato– preparaba un reporte para dar a conocer avances del asesinato de Isabel.

Sin embargo, la FEM de Chihuahua aún no presenta avances del caso, ni siquiera a los familiares de la víctima.

Una cruz con su nombre y una veladora se encuentra en el lugar donde se localizó el cuerpo de Isabel, en la calle Inocente Ochoa, en la colonia Centro. Fotografías: Karen Cano

 

INJUSTICIA Y SIMULACIÓN

El 18 de enero del año 2020, el cuerpo de Isabel, de 25 años, fue encontrado sobre la banqueta de la calle Inocente Ochoa, casi esquina con Francisco I. Madero, de la colonia Centro, a un lado de la bicicleta que ella utilizaba cotidianamente para trasportarse, similar a la que en su memoria fue colocada en un poste de ese lugar.

La activista contra los feminicidios dejó en la orfandad a un niño de 3 años, que actualmente se encuentra bajo la tutela de su papá.

Nueve días después del homicidio, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, aseguró que había líneas de investigación sólidas de este caso y habló sobre un video. Pero hasta la fecha no se han informado de las indagatorias ni tampoco se ha detenido a nadie.

“El proceso ha sido una simulación”, dice ‘Mercuria Pérez’, de Hijas de su Maquilera Madre, un colectivo de mujeres contra el feminicidio, la desaparición forzada y la trata de personas.

La mujer, que pide mantener en resguardo su identidad, menciona que a los días del asesinato las autoridades hicieron entrevistas y testificaciones que andaban rondando en un mismo círculo de personas, sin llegar más allá.

“Tenían una evidencia de un video de cámaras, que les enseñaron capturas a los padres de Isabel y les dicen que son de muy mala calidad y no se alcanza a distinguir nada, lo último que hemos sabido es que dicen que es un caso muy complicado que no saben por dónde comenzar a tirar una línea de investigación”, añade.

Fotografía: Karen Cano

 

Hasta diciembre de 2019 Cabanillas formó parte del Observatorio Ciudadano Especializado en Género de la Red Mesa de Mujeres, donde se lleva a cabo un monitoreo del desempeño de los jueces, fiscales y defensores de oficio a partir de delitos por razones de género. También se da seguimiento a los homicidios de mujeres.

El caso de Isabel fue uno de los 190 asesinatos de mujeres que se registraron en el 2020, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Una cantidad superior a la reportada en el 2019, cuando se registraron 180.

Imelda Marrufo Nava, abogada y activista de la Red Mesa de Mujeres, comenta que esos casos se encuentran acumulados y sin resolución.

“Vimos reflejado un incremento de violencia contra las mujeres desde el 2015, (…) Hay una debilidad institucional muy fuerte, las instituciones no están a la altura del fortalecimiento que se requiere para poder hacer un trabajo con mayor celeridad y al nivel de la demanda”, apunta.

Esto debido a que no existen la cantidad suficientes de agentes ministeriales y de investigación para la cantidad de delitos que se comenten en la ciudad, dice, haciendo que los casos se acumulen, incluso también hay rezagos en esta materia ya no sólo del 2020, sino del 2019 y hasta anteriores.

“Aunque hubo un incremento (de agentes) la cantidad sigue muy baja y el presupuesto se recortó para este 2021 a todas las áreas administrativas y esto pega duro a las áreas de justicia”, afirma.

A este panorama, se debe agregar la pandemia que atravesó el año 2020, el cual generó retrasos en todas las áreas de investigación, comenta.

“La gran parte de los agentes de investigación se contagió de manera escalonada, todos los agentes y ministeriales estuvieron contagiados y eso ocurrió, porque en varias reuniones que acompañamos tuvimos reuniones vía remota, y algunos ahí estuvieron bien comprometidos, pero eso nos retrasó en cuanto a investigaciones”, relata.

Además, apunta, mucho recurso que sería destinado en la adquisición de equipamiento no se concretó debido a que se tuvo que cumplir con otras necesidades presupuestales derivadas de la misma contingencia.

En medio del aumento de casos y su rezago, la pandemia, y la falta de personal, la fiscalía enfrenta una crisis, manifiesta.

“Estamos en una situación crítica, no como antes del 2010, pero sí la pandemia y la situación de insuficiencia presupuestaria es algo muy grave”, dice.

Fotografía: Karen Cano

UNA LUCHA CONTRA EL OLVIDO

Lydia Graco, activista desde hace más de 10 años en la localidad, cuenta que para cuando le quitaron la vida a Isabel, ella contaba apenas con unos meses de haberla conocido.

“Fue en una manifestación que se hizo frente a El Diario, por como dieron a conocer el caso de la maestra que fue abusada sexualmente por sus compañeros en la UACJ”, relata.

Debido a la afinidad de intereses y el coincidir en actividades relacionadas a la demanda de justicia, se hicieron amigas y le tomó cariño.

“Por un lado la persecución y el hostigamiento a luchadores sociales está aumentando, hemos tenido que generar códigos para fortalecer la organización y seguir exigiendo a las autoridades, esto nos hizo darnos cuenta que estaba muy cerca (…) Debemos encontrar la manera de seguir, Isa ya no va a regresar, pero nos queda su recuerdo y tenemos que seguir luchando para mantenerla (en la memoria)”, dice.

Fotografía: Karen Cano

***

Aunque no le han presentado avances del asesinato de su hija, la mamá de Isabel asegura que las autoridades siempre le han demostrado disposición para atenderle, pero no para procurar justicia para su hija.

Cuando recién ocurrió el asesinato, le ofrecieron apoyo económico para su nieto, hijo de Isabel, y apoyo psicológico para ella. Asegura que lo primero lo rechazó, en tanto que lo segundo, si lo aceptó, aunque después tuvo que abandonarlo debido a la pandemia, pues ya no pudo hacer las citas presenciales.

“Sí he tenido la disposición de todo el mundo, del ministerio público, los investigadores, nada más que siento que todo ha sido muy lento, y más con la pandemia”, señala.

Lo primordial, dice, es la procuración de justicia y eso no se ha cumplido.

‘No se olviden de mi hija’, justicia para Isabel Cabanillas

En Santiago Ixcuintla; trabajadores del retén fitosanitario sin recibir varias quincenas (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Misael Santana Huerta / Realidades de Nayarit

Estación Hago del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. A 15 de Enero de 2021. Los habitantes del municipio de la otrora costa de oro, siguen molestos con el gobierno del estado y con los mandos de Segader, debido a que ya se hizo costumbre de que a los trabajadores de los ” retenes fitosanitarios”, con que se cuenta en el estado de Nayarit, no más no les cubren sus salarios y menos aguinaldos y prestaciones de ley.

Violando de esta manera el gobierno del estado y su secretaria de Segader, los contenidos de la ley federal del trabajo, debido dicen los habitantes de cada asentamiento en donde se encuentran esos retenes, a que durante los meses del año, no se les pagan sus salarios a los trabajadores oportunamente, por el desempeño de sus trabajos.

Refiriéndose a los trabajadores de los retenes del estado que se ubican en: El Crucero de Yago, La Presa de Santiago Ixcuintla, La de San Rafael, La de San José de Gracia, La del Cajón, la de La Bayona, centros Fito Sanitarios en donde se cuenta con trabajadores.

Que ven pasar sus quincenas sin que estás aterricen a las manos de los trabajadores, para el sustento de sus familias, dicen en esta ocasión vieron pasar la Navidad y Año Nuevo y nunca la Segader representada por Rodrigo Polanco, nada les puso en sus manos referente a tres quincenas y sus respectivos aguinaldos.

LE hacen un atento llamado a Rodrigo Polanco de Segader y al gobernador, para que les liquiden el adeudo referido, antes de que se vengan a las afueras de palacio de gobierno para protestar y ser escuchados no importando en esta ocasión que por este motivo del plantón sean corridos de sus trabajos tal y como lo hizo el gobierno en una marcha de protesta anterior.

http://realidadessperiodico.com/69034/

Aumentan contagios y muertes de trabajadores por COVID en armadoras de Guanajuato y Puebla

Zedryk Raziel- Animal Político

Mensajes de condolencias inundan los chats de trabajadores de plantas automotrices de General Motors y Volkswagen ubicadas en Guanajuato y en Puebla:

“Descanse en paz nuestro gran amigo y compañero Juan Antonio, el ‘Tigre Toño’. Murió por COVID el 11 de enero”.

“Una oración por Fidel Guadalupe del área de pintura, fallecido el 25 de diciembre. El último día andaba muy enfermo y así lo dejaron trabajar; fue atendido por el servicio médico (de la empresa) hasta las 3:00 de la tarde”.

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero José Luis del área de carrocerías, por su sensible fallecimiento acaecido el 19 de diciembre. Roguemos a Dios por su eterno descanso”.

Trabajadores de ambas armadoras entrevistados por Animal Político acusaron que los contagios de COVID-19 entre el personal se han salido de control desde diciembre, y que los patrones rechazan su exigencia de suspender actividades con goce de sueldo para contener la propagación del virus, que ha cobrado la vida, al menos, de una treintena de obreros.

Leer más | Más horas laborales y menos sueldo: la situación de trabajadores ante crisis COVID

En ambos casos, los trabajadores señalaron que las medidas sanitarias implementadas por General Motors -cuya planta se ubica en Silao, Guanajuato- y por Volkswagen -localizada en Cuautlacingo, Puebla- se han relajado y ya no se cumplen; afirmaron que las herramientas no se desinfectan, que en las áreas de trabajo y comedores hay aglomeraciones, y que las empresas no han vuelto a aplicar al personal pruebas de COVID desde mediados del año pasado.

Por su parte, las direcciones de comunicación de ambas compañías transnacionales se deslindaron de responsabilidades, al sostener que los obreros pescan el virus fuera del trabajo y que son casos aislados, razón por la cual descartaron parar sus actividades de manera preventiva, conforme escritos enviados a este medio.

La persistencia de ambas empresas contrasta con el ejemplo de Audi, compañía automotriz que a partir de este fin de semana activará un paro técnico que permitirá reducir la afluencia de trabajadores a sus instalaciones en Puebla, con la finalidad de reducir los contagios.

De acuerdo con estadísticas oficiales, hasta el pasado 13 de enero, en el municipio guanajuatense de Silao había 2 mil 376 casos acumulados de COVID y 203 defunciones, cifra que fue en ascenso desde diciembre. El municipio es vecino de la ciudad de León, donde ha habido 30 mil 900 contagios y 2 mil 380 defunciones.

Guanajuato está entre los cinco estados en semáforo rojo a nivel nacional, junto con la Ciudad de México, el Edomex, Morelos y Baja California.

Por otro lado, si bien la armadora de Volkswagen se ubica en Cuautlacingo, la mayoría de su fuerza laboral proviene de la capital poblana, que colinda con dicho municipio y está a 30 minutos de distancia. En la ciudad de Puebla ha habido 33 mil 298 casos acumulados de COVID y 3 mil 224 defunciones con corte al 13 de enero. El estado se encuentra en semáforo naranja, en el umbral de transitar posiblemente a rojo.
El caso de Volkswagen, Puebla

De acuerdo con los testimonios recabados, a pesar del aumento acelerado de contagios a nivel nacional y estatal, ni Volkswagen ni General Motors han aplicado pruebas diagnósticas a sus empleados desde mediados del año pasado, cuando se definió a la industria automotriz como actividad esencial con permiso para reactivar sus labores.

El señor Alonso ha trabajado 25 años en la planta de Volkswagen en Puebla. Actualmente está en el área de pintura. Tras el periodo vacacional de diciembre, cuenta, la empresa aplicó a los obreros un cuestionario para evaluar su estado de salud, en lugar de pruebas diagnósticas.

“Es por medio de una aplicación (de celular), nos hacen preguntas: si estuviste enfermo, agripado, con temperatura. (…) Otro que hacen es que el coordinador llega al área y te pregunta si estuviste enfermo de algo; si sí, nos mandan al servicio médico y nos revisan, y si estamos bien, nos regresan a trabajar. Ése es el chequeo”, comenta Alonso, cuyo nombre fue cambiado a petición suya para no tener problemas con la empresa.

Esta “prueba”, naturalmente, no es útil para detectar a los enfermos asintomáticos de COVID, confirma el trabajador.

“Después del paro largo de la pandemia (el año pasado) sí hicieron pruebas (diagnósticas), pero ahorita la única prueba es (el test), que definitivamente no sirve, porque sí ha habido contagios aquí dentro del área, que los han detectado y los han regresado”, detalla.

Los trabajadores de la planta han contabilizado al menos 15 fallecimientos de compañeros desde diciembre. En la armadora hay más de 11 mil empleados, según datos de la propia empresa.

Volkswagen no quiso revelar cuántos registros ha tenido de contagios y muertes de obreros por COVID, pero dijo que sus índices se mantienen “bajos”. Además, aseguró que la transmisión del virus ocurre fuera de sus instalaciones.

“Es evidente que los índices de contagios aumentaron con el inicio de las vacaciones decembrinas y de Año Nuevo, en donde la movilidad social creció pese a los llamados a mantenerse en casa. En ese sentido, es irrelevante focalizar la atención con respecto a posibles contagios en determinada empresa cuando la información disponible sustenta que estos están relacionados con la actividad social fuera de los centros de trabajo”, indicó el área de comunicación a este medio.

“No obstante, y en atención a su pregunta, le informamos que, a lo largo de 10 meses, en Volkswagen de México se cuenta con un índice de personal con registro de contagio de apenas el 3 por ciento; cifra que representa un índice de contagio por debajo del 0.19 por ciento por semana”.

Un índice del 3% indicaría que alrededor de 330 obreros se han contagiado. Sin embargo, la compañía insistió que, gracias a la exigencia de uso de cubrebocas al personal, la toma de temperatura tres veces al día y la existencia de un protocolo para contener casos sospechosos, “no hemos identificado contagios al interior de la empresa”.

El trabajador Alonso afirma que las herramientas de trabajo no se desinfectan con frecuencia y que se forman aglomeraciones durante la entrada y salida, así como en el comedor, debido a que no existe un horario escalonado para el descanso.

“Si son 2 mil trabajadores en el área de montaje, todos esos salen a la misma hora. Es mentira eso de que va a haber sana distancia. En el comedor todos pasan al mismo lugar en la media hora que nos asignan para la pausa de comida. Ahí es donde se rompe todo. Y en la salida es lo mismo”, sostiene.

Este empleado afirma que algunos compañeros, si bien manifiestan síntomas de contagio, prefieren no comunicarlo a sus supervisores, debido a que Volkswagen ha tratado la incapacidad por COVID como “enfermedad general” y no como un “riesgo de trabajo”, lo que causa que a los trabajadores les paguen menos de su sueldo durante su convalecencia.

En abril del año pasado, el IMSS estableció unos criterios para que se calificara al COVID como una “enfermedad de trabajo”, con lo que los trabajadores incapacitados podrían cobrar el 100% de su salario el tiempo que durara su convalecencia. Para acreditar el riesgo de trabajo, se debe probar que el empleado estuvo expuesto en el ejercicio de sus labores a alguna persona enferma, un criterio difícil de cumplir si el patrón niega la existencia de casos positivos en sus instalaciones, como en el caso de Volkswagen y General Motors.

“(En Volkswagen) no lo están tratando (el COVID) como un riesgo de trabajo”, critica Alonso. “Para nosotros ha sido un problema eso, porque muchos de los que han estado contagiados los han detectado nuestros propios compañeros, que luego le comentan al coordinador; pero muchos no quieren decir que se sienten mal porque no se quieren ir, porque no es de riesgo de trabajo y pagan menos; muchos de mis compañeros no se quieren retirar por lo económico”.

Leer más | La otra pandemia: aumentan 25% quejas de trabajadores por abusos laborales
“Somos humanos, no máquinas”

Mauricio también tiene 25 años trabajando para Volkswagen, en el área de carrocerías. Para él, dice, las malas noticias ya son usuales.

“La semana pasada fallecieron siete compañeros. Hoy en la mañana el servicio médico tenía en chequeo a 20 personas para saber si estaban o no ‘contaminadas’. Todos los días escuchamos que sale un infectado o que fallece alguien, ya es muy común ahorita”, cuenta.

El empleado de 45 años de edad, que también pidió cuidar su identidad, considera que, al no aplicar pruebas diagnósticas a los obreros, es irrelevante que la empresa asegure que los contagios son externos, si estos casos pueden ingresar fácilmente al centro de trabajo.

“Si tú estás sano, y viene alguien de afuera contaminado, y por no hacerle prueba ingresa a planta, y tú estás sano trabajando, pues te infectas adentro, por no controlar a la persona que se infectó afuera, y ahí se empieza a propagar”, comenta.

Alberto acusa que el sindicato de trabajadores no ha intervenido activamente para proteger a los obreros. El pasado 11 de enero, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos de Volkswagen de México (Sitiavw) informó que no había planes de suspender las actividades de producción y que las labores continuarían con medidas de higiene.

“Las medidas no se respetan”, contrasta Mauricio. “A ellos (la empresa) lo que les interesa es la producción, nos ven más como números que como humanos, y por parte del sindicato no hemos recibido alguna noticia.

“(Se debe) parar tantito esto, porque somos humanos, no máquinas; pedimos que se pare dos o tres semanas hasta que se baje este contagio; si el año pasado estuvimos parados seis meses, ¿por qué no parar ahorita un mes?”, cuestiona.
El caso de General Motors, Silao

El personal de la armadora de General Motors en Guanajuato ha contabilizado la muerte de 15 trabajadores, una de ellas mujer, por COVID. La empresa rechazó transparentar cuántos casos positivos y fallecimientos ha registrado, pero sí aseguró que los contagios han ocurrido al exterior de la planta.

“Debido a las condiciones generales derivadas de la pandemia que se viven en el país, tenemos conocimiento de que algunas personas que trabajan en el complejo han dado positivo a COVID-19 tras haber estado expuestos fuera de la planta”, refirió el área de comunicación.

“En estos casos, y siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, se les ha identificado y aislado oportunamente para mitigar cualquier riesgo. Por respeto a la privacidad de nuestros colaboradores y sus familias, no compartiremos más detalle”.

La compañía automotriz destacó que aplica un “estricto protocolo” de higiene que incluye el uso de equipo de protección personal, lavado constante de manos, suministro de gel antibacterial, monitoreo de temperatura y distanciamiento físico en las áreas de trabajo.

No obstante, los testimonios de los empleados contrastan con el discurso de que todo está bajo control.
“Salí positivo y me despidieron”

Sergio Contreras laboró 26 años en la planta de General Motors en Silao, donde coordinaba a un equipo de trabajo. Fue despedido a mediados de septiembre tras ausentarse por haber contraído COVID.

“Yo fui despedido tras contraer el virus. Poco antes de que yo me enfermara, falleció un compañero y amigo que estaba conmigo en el área de pintura. Él se contagia y a los pocos días fallece. A los tres días me sentí mal dentro de la planta. Fui al servicio médico, me iban a canalizar al Seguro Social”, relata.

Sergio decidió hacerse una prueba diagnóstica que resultó positiva. Por recomendación de un médico, se aisló 15 días. Aunque el área de Recursos Humanos de GM le dio permiso de ausentarse, a su regreso quisieron forzarlo a firmar un acta administrativa con la que lo penalizarían por no presentarse a trabajar durante dos semanas, según su testimonio.

-¿Cómo le vamos a hacer con tus faltas? -le cuestionaron.

-No falté porque yo quise, sino porque me enfermé; me contagié dentro de la planta -replicó él.

Se negó a firmar y ello produjo su despido injustificado, que él denunció ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Actualmente, Sergio pertenece a una agrupación de trabajadores llamada GM Generando Movimiento -las siglas de General Motors-, que ha dado seguimiento y difusión a las denuncias del personal.

“Ellos están temerosos, muy asustados, porque ni el sindicato ni la empresa ni el gobierno del estado están haciendo algo; están temerosos de contagiarse y de llevar el virus a sus familias”, comenta.

El extrabajador afirma que, a semejanza de Volkswagen, General Motors aplica un breve cuestionario a sus empleados para identificar casos activos de coronavirus, en lugar de pruebas diagnósticas.

“Las ‘pruebas’ que hace GM en el servicio médico es que únicamente te aplica un cuestionario para saber si tienes fiebre, si te duele la garganta, dolor de cabeza, tos. Si no presentas síntomas, te dicen: ‘¿sabes qué?, no estás enfermo de COVID, regrésate a trabajar’”, señala.

“Las medidas de seguridad no son las adecuadas. Cuando tú te subes al camión (de transporte de personal), va lleno. ¿Cómo sabes que los que van a bordo están sanos?”, cuestiona. “Al momento de entrar a la planta, el área de sanitización es pisar un tapete con agua, te limpias, te miden la temperatura y ya. En las áreas de trabajo y en el comedor no hay sana distancia. ¿Cómo te garantizan tu seguridad contra esta pandemia?”.

“Nos podemos morir”

Lucila es la esposa de un trabajador que ha laborado 14 años en el área de transmisiones en el complejo de GM en Silao. Ella misma trabajó en la empresa un año y medio, cuenta.

Aunque su esposo es hipertenso, acusa, sus mandos no le quieren dar permiso de ausentarse, aun cuando se trata de un padecimiento considerado como una vulnerabilidad ante el virus.

“Mi esposo es hipertenso y aún no lo quieren descansar, que porque esa enfermedad no es de alto riesgo. (El año pasado) lo descansaron seis meses porque era de riesgo, y ahora no, ahorita que está el semáforo rojo (en Guanajuato) no lo quieren descansar”, critica.

Recuerda que recientemente su marido se enfermó de la garganta, fue al servicio médico de la planta, lo revisaron, le dieron una pastilla para el dolor y lo regresaron a laborar.

A Lucila lo que más le preocupa, además de la salud de su esposo, es que, si él contrae el virus, podría transmitirlo a su familia, donde hay otras personas vulnerables.

“Yo le digo: ‘te puedes contagiar y puedes traer el virus aquí y nos puedes contagiar a nosotros’. De su familia van cinco personas que mueren de eso. La semana pasada murieron tres familiares míos por COVID. Yo le digo: ‘¿a qué nos esperamos a que te contagien?’”, rememora.

“Mi hijo tiene un soplo en el corazón, por eso es que yo le digo a él: ‘tú cuídate, porque mira, se puede enfermar, nos podemos morir’; yo padezco de bronquitis asmática. Le digo: ‘¿a qué nos esperamos?’”.

https://www.animalpolitico.com/2021/01/aumentan-contagios-muertes-covid-armadoras-guanajuato-puebla/

Protestan en Hospital Regional de Alta Especialidad porque no los vacunaron (Yucatán)

Herbeth Escalante / Haz Ruido

Descubrieron que están vacunando a proveedores externos, mientras que trabajadoras de Química y de Laboratorio fueron sacadas de la fila por la Guardia Nacional.

Mérida, Yucatán, 15 de enero de 2021.- Personal de salud del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAE) realizó una protesta porque detectó que proveedores externos y trabajadores que no son del área Covid están recibiendo la vacuna, mientras que a ellos se las negaron.

De hecho, acusaron que elementos de la Guardia Nacional sacaron a las trabajadoras del personal de Química y Laboratorio que estaban formadas, para impedir que las vacunen.

“Estábamos a punto de ser vacunadas y nos sacaron con los Guardias, con intimidación nos sacaron. A los Químicos nos tienen considerados en tercera línea cuando nosotros estamos en contacto directo con el paciente y en riesgo de contagio”, denunció una de las afectadas.

Lamentaron que mientras a ellas y a ellos no les aplican las dosis contra el Covid-19, se enteraron que el hospital “donó” y vacunó a guardias, personal de cafetería y a proveedores.

En la manifestación, exigieron que se vacune a los mil 200 trabajadores de base de ese nosocomio federal, porque consideran injusto que le están dando prioridad a personas externas.

“Queremos que nos vacunen, todos tenemos contacto directo con los pacientes y corremos el riesgo de enfermarnos, pedimos que la apliquen a los trabajadores sociales, administrativos, químicos, laboratoristas, en vez de que las estén donando a otros”, precisaron.

Recordaron que, de acuerdo con lo informado por el Gobierno del Yucatán, al Hospital Regional de Alta Especialidad se le entregó mil 800 vacunas, por lo que exigen que se le aplique a toda la base trabajadora.

En ese sentido, piden que suceda lo mismo que en el Hospital O´Horán, en donde ya se está vacunando a todo el personal de salud, incluido los administrativos.
https://www.hazruido.mx/reportes/protestan-en-hospital-regional-de-alta-especialidad-porque-no-los-vacunaron/

Memoria y verdad Plagian a madre de desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz

Horas antes de ser forzada a subir a una camioneta, Elvira Gómez, quien desde 2013 buscaba a sus dos hijos desaparecidos, protestó junto a madres de distintos colectivos de búsqueda frente al palacio de gobierno de Veracruz por el retraso en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado

Texto: Miguel Ángel León Carmona / Pie de página
Foto: Especial

XALAPA, VERACRUZ.- Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades del gobierno de Veracruz confirmaron que fue localizada con vida Elvira Gómez, madre de dos hijos desaparecidos en Tierra Blanca.

La activista fue privada de su libertad la noche de este 14 de enero por al menos cuatro hombres armados. Compañeras de la activista informaron esta mañana que ella ya está en su domicilio.
El secuestro

Elvira Gómez López, quien desde 2013 busca a dos hijos desaparecidos, fue privada de su libertad la noche de este jueves. Integrantes de colectivos refirieron que la activista fue plagiada por al menos cuatro hombres. Los hechos ocurrieron en Tierra Blanca, en la Cuenca del Papaloapan de Veracruz.

De acuerdo con integrantes del colectivo Madres Luna, los hechos se registraron sobre las 21 horas. La víctima conducía una motocicleta en compañía de su hija cuando fue detenida y subida a bordo de una camioneta de vidrios polarizados. Compañeras de su agrupación refirieron que denunciarán la desaparición en la Fiscalía Regional de Córdoba y comenzaron a difundir su fotografía en redes sociales.

Gómez López busca a sus hijos, Juan de Dios y Rodrigo Gómez López, quienes presuntamente fueron secuestrados por policías el 19 de septiembre de 2013 en los límites de Veracruz y Oaxaca, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

Este mismo jueves, horas antes, Elvira Gómez protestó junto a madres de distintos colectivos de búsqueda frente al palacio de gobierno de Veracruz, en Xalapa, donde acusó retraso en investigaciones de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Se llevaron a Elvira unos hombres encapuchados (…) Iba con su hija en la moto y la tiraron. Yo hago responsable al gobierno si algo le pasa a Elvira, ya ven que hoy les estuvo gritando sus chingaderas”, dijo una integrante del colectivo Madres Luna.
Elvira advirtió sobre desapariciones en el gobierno de Duarte

En septiembre de 2013, Elvira Gómez señaló a Ángela Alonso Malpica y a su marido, Óscar Pulido, como los responsables de las desapariciones de sus hijos, de entonces 17 y 19 años de edad. “Todo el tiempo me dijeron que iban a desaparecer a mis chamacos. La última amenaza, la más fuerte, fue tres días netos de que los levantaran”, dijo en una entrevista la hoy desaparecida.

Alonso Malpica se enfrascó en un problema con Elvira Gómez y otros integrantes de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCEP), a quienes acusó de invadir unos predios que aseguraba eran de su propiedad, ubicados en la colonia Lomas de Tierra Blanca.

“Ya me había hostigado muchas veces para que me saliera de mi casa. Una vez me mandó a un tipo que le apodaban El Padrino, líder de los Zetas. A él lo conocíamos de vista y nos dijo que tuviéramos cuidado porque Ángela paga bien para que desaparezcan o maten al que sea”, dijo Elvira Gómez.

El 19 de septiembre de 2013, Juan Gómez, el menor de los hijos de Elvira, avisó que iría a surtir su negocio de envases desechables al municipio de Córdoba. Avisó que lo acompañaría su hermano Rigo (Rodrigo).

De acuerdo con la carpeta de investigación 1064/2013, los hermanos fueron vistos con vida por última vez en una parada de autobuses del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, donde visitarían a su padre, un trabajador de ese ayuntamiento.

En 2015, Elvira recibió una llamada de un hombre que se presentó como policía estatal y le dijo que estaba oculto en Estados Unidos.

“Yo levanté a sus hijos, señora. A mí me dieron la orden. Seguramente ya los mataron”. Y agregó que los hermanos estuvieron tres días en los separos de ese municipio y luego los sacaron para desaparecerlos. La orden, dijo el supuesto expolicía, fue del comandante Martín, alias La Burra. Es la última pista que Elvira tiene de “Rigo” y “Juanito”.

Elvira Gómez fue de las primeras mujeres que acompañó a las familias de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que fueron privados de la libertad por policías estatales el 11 de enero de 2016, en Tierra Blanca. En ese municipio, precisamente, montaron un campamento en el ministerio público.

La buscadora hizo lo impensable en aquellas fechas, cuando presuntos integrantes del crimen organizado, en contubernio con policías del estado, gobernaban la región. Ella clavó una lona en el muro del M.P. donde acusaba: “A mis hijos se los llevaron los estatales”.

https://piedepagina.mx/plagian-a-madre-de-desaparecidos-en-tierra-blanca-veracruz/

“Levantan” y liberan horas después a madre de desaparecidos que protestó en Xalapa, Veracruz

Familiares de desaparecidos criticaron que el gobernador de Veracruz se niega a recibirlos. Foto: Noé Zavaleta

Elvira Gómez López fue “levantada” la noche del jueves cuando regresaba a casa tras protestar frente al Palacio de Gobierno de Veracruz junto con otras madres de personas desaparecidas

Redacción / Proceso

XALAPA, Ver. (apro).- Elvira Gómez López, madre de dos desaparecidos, fue “levantada” la noche del jueves por cuatro hombres fuertemente armados en Tierra Blanca. Fue liberada horas después.

La mujer acababa de llegar a su domicilio, en la Cuenca del Papaloapan, luego de que en la mañana protestó en Palacio de Gobierno y el Congreso local –en esta ciudad– para exigir que el gobierno y la Fiscalía estatales avancen en las carpetas de investigación por la búsqueda de sus seres queridos.

La activista fue liberada esta mañana por sus captores. El gobierno de Veracruz no ha dado mayores detalles de la liberación y si hubo intervención policial.

Elvira Gómez, quien desde 2013 busca a sus hijos Rodrigo y Juan de Dios Gómez López, viajó la madrugada de ayer hacia esta capital, junto con integrantes del Colectivo “Madres Luna”, para participar en la protesta.

A través de redes sociales, el Colectivo “Madres Luna” reportó que Elvira Gómez llegó la tarde-noche a Tierra Blanca, alrededor de las 9 de la noche, y tomó su motocicleta, en compañía de su hija. En ese momento fue interceptada por cuatro hombres fuertemente armados y subida a una camioneta de vidrios polarizados.

“Madres Luna” denunció la desaparición en la Fiscalía Regional de Córdoba y empezó a difundir la fotografía de la mujer en redes sociales.

Ayer, diversos colectivos de desaparecidos del norte, centro y sur de Veracruz se manifestaron frente a palacio de gobierno para exigir que no se imponga a un político de Morena en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Incluso mostraron su respaldo a la actual presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, para un segundo periodo.

Colectivos como Familias Enlaces Xalapa, “Belem González”, “María Herrera” y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, hicieron frente común para demandar al gobierno de Cuitláhuac García que además ordene la reactivación de las mesas de trabajo para agilizar las carpetas de investigación. Antier el Colectivo Solecito hizo lo propio, primero en el Congreso local y luego en la Fiscalía General del estado.

Belem González Medrano, madre de Jacob Jiménez González, desaparecido por policías estatales el 25 de septiembre de 2015, viajó –junto con otras 20 madres con hijos desaparecidos en el sur del estado– 410 kilómetros, de Coatzacoalcos a Xalapa, para buscar una audiencia con el gobernador.

Para el encuentro llevaban tres objetivos: solicitar el restablecimiento de las mesas de trabajo de búsqueda de desaparecidos; la no imposición de un político de Morena en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y continuar con los trabajos de exhumación en fosas clandestinas. Nadie salió a recibirlas. Las dos puertas de hierro se cerraron con cadena y candado.

Belem González y otra de las madres pegaron dos cartulinas en la entrada principal de palacio con los mensajes: “¡Gobernador en campaña tan sonriente!, ahorita tan indolente” y “Señor Gobernador, urgen las mesas de trabajo con las familias”.

Desde el interior de palacio de gobierno, dos escoltas –uniformados con guayaberas blancas de lino– tomaron fotografías a las mujeres activistas, y González preguntó a uno de ellos: “¿Para qué me tomas foto?”. Desconcertado, respondió tímidamente: “Le tomé a la cartulina”. La madre de Jacob Jiménez sonrió y contestó: “Pues que menso, porque la cartulina de tu lado está en blanco, el mensaje está hacia la calle, pero, bueno, si vez al gobernador dile que vino Belem González y que otra vez no me recibió”.

Victoria Delgadillo Romero, quien desde noviembre de 2011 busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo, desaparecida junto con otras 13 jovencitas en la capital del estado, reprochó que las puertas del palacio de gobierno se han cerrado “por completo” en la actual administración y, a diferencia de la campaña de 2018, subrayó, hoy nadie las escucha ni atiende.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/1/15/levantan-liberan-horas-despues-madre-de-desaparecidos-que-protesto-en-xalapa-256353.html

Protestan familiares de personas desaparecidas en Veracruz ante la inacción de gobierno

*Solicitaron audiencia con el gobernador, para que los atienda siendo que su primer compromiso al tomar protesta, fue la de la búsqueda de desaparecidos.
*Ni gobierno ni fiscalía no han hecho nada en un año, para atenderlos.

Nicolás Cruz Hernández / Billie Parker Noticias

Xalapa Ver., 14 enero 2021.- Familiares y amigos de los desaparecidos integrantes de colectivos de búsqueda, se manifestaron este día en las escalinatas de catedral metropolitana, para seguir exigiendo al gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, atención y resultados ante la desaparición de sus familiares.

Entrevistada en lugar la señora Victoria Delgadillo Romero, una de las madres de los desaparecidos y quien iba al frente de los manifestantes, dijo que, “el motivo de esta manifestación es pedirle audiencia al gobernador Cuitláhuac García

“Para que, pueda atender a las familias ya que la declaratoria que emite desde su gobierno menciona que tiene que atender a las familias y a más de un año no ha atendido a las familias; no nos hemos sentado a platicar ni con él, ni con su personal, bueno con su personal sí, pero creemos que hay unos temas que debemos tratar con él”.

Dijo que en el caso de la fiscalía está igual, no los atienden hace un años y detuvieron las búsquedas, pero es un tema que por ser autónoma tal vez no le compete a él. “Pero hoy estamos aquí solicitando una audiencia”.

Dijeron que también estaban ahí para tratar la designación de la nueva Comisionada de la Comisión Estatal de los derechos humanos y refrendaron su respaldo a Namiko Matzumoto Benítez para que siga en cargo y no sea removida como presidenta de dicha Comisión.

El respaldo señaló es por el trabajo que ha hecho, de acuerdo a las madres, es la “única funcionaria que ha atendido a las familias como se debe, y es el único funcionario (sic) que se Ha dedicado a apoyar a las familias de desaparecidos” refrendaron.

“Ella en ningún momento nos está diciendo que vengamos aquí a apoyarla ni nada, es decisión de todos los colectivos y de las familias apoyarla por su labor y su buen trabajo que ha hecho. Creo que no hay una buena persona que o cupe ese puesto y nos dé una buena atención como ella”, señaló ante los cuestionamientos de algunos medios.

“Porque si nos van a poner otro funcionario como los que están ahorita en gobierno, que no apoyan a las familias y ni nos atienden, no tiene caso que pongan a otro funcionario, que nos dé la espalda en vez de apoyar” denunciaron.

https://billieparkernoticias.com/protestan-familiares-de-personas-desaparecidas-en-veracruz-ante-la-inaccion-de-gobierno/

Ausentes: desaparecer en Veracruz



En su búsqueda por obtener respuestas estas familias se enfrentaron a una aterradora red de poder e impunidad. No las detuvo. La historia de las fosas de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, es una radiografía del sufrimiento que viven las familias de las víctimas y de la indolencia gubernamental

Texto: Stephanie Nolen* / Pie de página

Foto: Félix Márquez

*Este proyecto fue publicado el 17 de diciembre del 2020 y se publica la traducción (realizada por Alejandra Cuéllar) con autorización de The Globe and Mail. Narración digital de Aura Blenkinsop, Jeremy Agius y Timothy Moore.

VERACRUZ.- En Colinas de Santa Fe se encontró una fosa clandestina con 298 personas sepultadas ahí. La mayoría de esas personas siguen sin ser identificadas.

Ausentes, proyecto de The Globe and Mail, narra la historia de esa fosa común a través de las experiencias de 9 familias que allí encontraron a sus familiares desaparecidos.

Este proyecto periodístico reconstruye la historia de la desaparición y recuperación de las únicas personas identificadas. El equipo de narración digital del diario canadiente The Globe construyó un modelo 3D de la fosa, lo combinó con imágenes del suelo y testimonios de los voluntarios que lo excavaron, para ayudar a los lectores a comprender la escala del espacio, su ubicación junto a un fraccionamiento habitado y a comprender cómo se siente estar ahí.

 

La desaparición forzada tiene un impacto devastador sobre las familias y las comunidades. La creación de cada fosa clandestina es una poderosa demostración de la impunidad y una herramienta de terror y control social.

La investigación de The Globe encontró que las autoridades sistemáticamente fallan en su trabajo: no brindan seguridad básica, no investigan las desapariciones y no siguen pistas, incluso cuando las familias son capaces de identificar a los sospechosos. Fueron las familias de personas desaparecidas quienes identificaron la posibilidad de que existiera la fosa común en Colinas de Santa Fe, y ellas mismas tuvieron que excavar, cavar para encontrar a sus propios hijos, cuando el estado no brindó ni siquiera ese servicio.

El estado perdió repetidamente muestras de ADN, tardó años en identificar los restos (sólo el 6 por ciento de las víctimas fueron identificadas) y en un caso le dijo a un padre que era «demasiado costoso» devolver todos los restos de su hijo, por lo que debería estar satisfecho con tener sólo su cráneo.

En los nueve casos de personas desparecidas que Ausentes documentó ha existido una impunidad casi total en la investigación de su desaparición y asesinato. Nadie ha sido considerado responsable de la desaparición o muerte de cuatro de ellos. Para los otros cinco sólo los actores de bajo nivel en los crímenes fueron identificados o acusados. El autor intelectual continúa impune.

La cobertura mediática diaria de la violencia tiende a encubrir el impacto que sufren las víctimas. Por eso, este proyecto en el que las familias cuentan sus propias historias ayuda a aclarar la magnitud tanto de su sufrimiento, como de su resiliencia.

La historia completa en su versión al español puedes leerla aquí:

https://www.theglobeandmail.com/world/article-los-desaparecidos-una-mirada-dentro-de-las-familias-que-arriesgan-todo/

 

https://piedepagina.mx/ausentes-desaparecer-en-veracruz/

Apaches, vivos y presentes en el México del siglo XXI

Juan Luis Longoria, historiador N’dee/N’nee/Ndé, en Sonora.

Los conocen como apaches y no sólo residen en Estados Unidos. Tienen hogares y comunidades en Chihuahua, Sonora, norte de Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Están vivos, aquí y ahora, en pleno siglo XXI, pero, oficialmente, en la República Mexicana no existen. Desde 2017 este pueblo busca que el Estado mexicano reconozca su existencia 

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Cortesía Juan Luis Longoria

La palabra apache quiere decir enemigo. Como muchas otras etnias en lo que hoy conocemos como México, los españoles mostraron predilección por nombres que denostaran a los pueblos que se resistieron.

En realidad este pueblo, esta nación, tiene otro nombre, o mejor dicho, tres, cada una de sus tres variantes dialectales: N’dee, N’nee, y Ndé. Así lo explica Juan Luis Longoria, un joven N’dee/N’nee/Ndé que nació y creció en Ciudad Juárez. Aunque, en México, oficialmente no existen los apaches.

Longoria, quien también es historiador y académico ha sido uno de los principales impulsores por que se reconozca a su pueblo en territorio mexicano.

Una historia de exterminio

Imagine que vive a finales del siglo XVII, y  es usted un miembro de lo que los españoles y criollos llaman apaches. Todavía no existe México, sino la Nueva España. Y los hombres que buscan oro cada vez se asientan más al norte. Son las tierras superlativas de lo que hoy es Nuevo México, Arizona, Coahuila, Chihuahua, Sonora. Y ahí hay un pueblo, o mejor dicho, muchos pueblos que forman una nación plural. Es una cultura ágil y seminómada, que habita las tierras del norte en verano, y las del sur en invierno. Cada familia o gondá tiene un territorio que es como el cordón umbilical que lo ata a la tierra. Su montaña sagrada, su meseta ancestral. Pero su hogar abarca miles de kilómetros. Verano en las montañas de lo que hoy conocemos como Nuevo México. Invierno en las montañas azules de lo que llamamos Sonora.

Imagine que es uno de estos hombres y mujeres y niños, que  viven de la recolección y la caza, y un poco de agricultura, muy moderada, y cuidada, porque creen sobre todo en no intervenir en los ritmos de la tierra. De ahí el andar y regresar: tomar el fruto, cazar el venado, y luego dejar que esa tierra florezca de nuevo.

Pero imagine que esa forma de vida no es compatible con los grandes asentamientos de gente. Con el ganado que devora hectáreas de pastizal, ni con la búsqueda del oro, es metal que sólo pertenece a Ussen, dador de vida. No lo es porque la sobrevivencia de la tribu depende del equilibrio: de que los venados no desaparezcan, de que los árboles florezcan el próximo año. Y ese equilibrio se ha interrumpido.

Imagine entonces que las rencillas entre grupos y etnias es agudizada e instigada. Y de pronto ya no es usted bienvenido en las tierras por las que solía pasar. Su nombre ahora es el de bárbaro, delincuente… hasta que para sobrevivir tiene que convertirse en uno: robar un ganado, robar caballos, defender sus cerros.

Imagine que es tal el odio que para 1835 el nuevo Estado, la República Mexicana, lo detesta. Tanto que el soberano estado de Sonora decide expedir recompensas por su vida: 100 pesos mexicanos por cada cabellera de guerrero apache asesinado. Dos años después, Chihuahua no se queda atrás y ofrece los 100 pesos por cada hombre guerrero, 50 por cada mujer y 25 por cada niño. Niños, mujeres y hombres asesinados y desollados.

Imagine que los primeros estadunidenses que empiezan a poblar esa tierra se enteran de las recompensas, y se suman a la cacería. Pero son más hábiles, más taimados: observan el odio entre mexicanos y apaches. Y lo explotan.

Luego viene la guerra por el territorio entre ambos países: Estados Unidos y México. Y entre los acuerdos que finalmente firman está que Estados Unidos se comprometerá a no permitir que usted, apache, nunca más “baje” a territorio mexicano. Pero, un momento, ¿México perdió su territorio? ¿Cuándo lo fue en primer lugar? ¿No era esta la montaña azul de los mangas coloradas? ¿No era aquella la tierra sagrada de los mezcaleros?

¿Por qué hay una  frontera que parte por la mitad el hogar móvil de los pueblos  n’ne, n’de, né?

Imagine que aún así, Chihuahua nunca derogó o abrogó la ley que ofrece recompensa por cabelleras y cueros cabelludos. Esa ley que pretende e de apache; pero la leyenda que prevalece es que es su pueblo el que corta cueros cabelludos.

Hasta la fecha no está claro si esa ley, porque se elevó a rango de ley, ya está derogada, explica Longoria.

–¿Por qué tanto odio?

–Es que no podían con nosotros.

Luego el exterminio estadunidense, la rebeldía de Naná, de nanche, el legendario Gerónimo, Victorio, Lozen, la guerrera mujer medicina. La rendición sin salida en 1886, acaecida en Sonora, por cierto, no en Arizona. Porque los apaches  nunca dejaron de “bajar”. Y el despojo, la cárcel en Florida. Y mucha muerte.

No queremos desaparecer

Comunidad N’dee/N’nee/Ndé en Chihuahua.

Esta reportera envía un mensaje de texto a una servidora pública del área de comunicación social del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: Estoy buscando información sobre los apaches.

–Ellos habitan en Estados Unidos–, es la respuesta.

–Entiendo que hay un grupo que se encuentra aquí. Pueden ser enlistados como chiricahuas, como N’dee, N’nee, y Ndé…

Tres días después, no hay respuesta.

Durante todo el siglo XX, “claro que había de los nuestros en Sonora, Chihuahua, Durango, hasta el norte de Zacatecas. Pero se mexicanizaron”, explica Longoria. El último hablante fluido de la lengua en México murió el año pasado en Coahuila. Longoria ha debido aprenderla, estudiarla, con sus hermanos de Arizona, de Nuevo México. Pero los jóvenes están aprendiendo, buscando lazos con sus pares en Estados Unidos. Y es así como han ido reconstruyendo la historia que quedó borrada después de Gerónimo.

Camuflados

Bandera de la comunidad Comunidad N’dee/N’nee/Ndé, durante el Festival del Mole, Yaa tú enne/Tsé tahu’ ayá (Ciudad Juárez)

La antropología mexicana ha mirado poco a los grupos conocidos como apaches. En 2016, el antropólogo José Medina González Dávila, public:  ¿Qué significa ser apache en el siglo XXI? Continuidad y cambio de los lipanes en Texas. Ahí narra cómo los apaches lipanes (localizados originalmente en Texas, Nuevo México, y el norte de México) debieron “camuflarse” para sobrevivir. Es decir, que la gente no supiera que eran apaches.

En una conversación vía correo electrónico respecto a otro tema (el lobo gris mexicano) en junio de 2019, Medina González explicó:

“Los procesos de exterminio comienzan con la discriminación (separación), después con la mala concepción, con la argumentación tendenciosa y finalmente con la caracterización. A los Apache al igual que al lobo se les consideró como «depredadores», sin entender que tienen un papel y función intrínseca en el entorno. Ambos pertenecen a esta tierra mexicana, pero en vez de entender y salvaguardarlos se prefirió exterminar. Siempre es más fácil matar y aniquilar que comprender y respetar, por trágico y absurdo que parezca el planteamiento.

Longoria narra algo similar, pero desde la palabra ndé, desde el yo, desde adentro. No desde afuera: ¿Quién iba a decir que hablaba ndé si había una recompensa por cada apache asesinado?, cuestiona.  Fue así que la lengua se perdió mucho. No así la identidad.

Por ejemplo, en 1936, las reservaciones indígenas en Estados Unidos fueron convertidas en “naciones” por ley. Esto no fue precisamente por un reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, sino porque acababa de pasar la gran depresión de 1929 y convertirlos en naciones resultaba más barato para el gobierno estadunidense, explica Longoria.

Entonces, unos años después miembros de la nación mescalera en Estados Unidos fueron a Ciudad Juárez a buscar a los Ndé de este lado. “¿Por qué? Pues porque saben que acá habemos otros Ndé. “Encontraron a gente pero ésta no se quiso ir para allá, porque en ese momento, en las reservaciones se vivía peor que acá”.

Y siguió pasando el tiempo. En los años noventa del siglo pasado, de nuevo fueron a buscar descendientes. Longoria se ríe: para entonces, con sus casinos, la gente en las reservaciones ya vivía mejor que los ndé de México. Pero acá ya había nietos, bisnietos y raíces. Tampoco se quisieron ir para allá. Sin embargo, la semillita de la identidad seguía latente.

Una reunión que borra fronteras

Comunidad N’dee/N’nee/Ndé en Juárez, at Samalayuca, Juárez, Chihuahua.

Para 2017 y “después de esfuerzos individuales , decidimos reunirnos de forma binacional, pero de este lado, en Coahuila, Arteaga. Y en el 2019, nosotros nos reorganizamos, como la nación Nde nne y Ndé en México.

Además de reconocerse, recuperarse, reestablecer el tejido familias y el linaje rasgado, exigen que el Estado mexicano reconozca que existe el pueblo N’dee, N’nee, y Ndé

https://piedepagina.mx/apaches-vivos-y-presentes-en-el-mexico-del-siglo-xxi/

Amparos impedirán operación de la termoeléctrica de Huexca: Frente de Pueblos (Morelos)

En total son once suspensiones concedidas; Frente realiza solicitud para demandar al Estado Méxicano ante la CINDH

Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuautla

Concluido 2020, año en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la termoeléctrica de Huexca entraría en funciones, el representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), Juan Carlos Flores Solís, asegura que a la fecha existen 11 amparos con suspensiones de plano y definitivas contra las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM).

De acuerdo con el abogado, nueve de los 11 amparos están relacionados con el uso que la termoeléctrica le dará al agua extraída de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR), y que es reclamada por los ejidatarios de la zona como un recurso vital para sus cultivos. De verse reducido el caudal, los productores temen que los sembradíos se vean impactados negativamente.

A la fecha, la central de ciclo combinado construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en una fase de pruebas previa a su puesta en marcha. Mientras tanto, el FPDTA-MPT ha iniciado dos acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la más reciente una solicitud de petición de caso para demandar al Estado mexicano. Según explica el abogado:

“Es un proceso donde, una vez agotadas las instancias nacionales, o debido a la imposibilidad de que en las instancias nacionales se resuelva sobre el asunto, se puede acudir a la CIDH para demandar al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos que existen, tanto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, como a la propiedad comunal de los pueblos y sus aguas, así como a la forma en que fue implementado el proyecto, con uso de la fuerza y con el asesinato de Samir”, explica Flores Solís.

Y se destacan varios factores clave que el movimiento de oposición ha reclamado como razones para que la planta de la CFE no inicie sus operaciones, como el no haberse realizado una consulta en comunidad previa a su construcción y el uso de las autoridades, en varias ocasiones, de la fuerza pública. Recientemente, la conexión del acueducto de la termoeléctrica de la PTAR sólo pudo concretarse después de un operativo que concluyó con el desalojo del plantón de San Pedro Apatlaco, en Ayala, en el que participó la Guardia Nacional.

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/amparos-impediran-operacion-de-la-termoelectrica-de-huexca-frente-de-pueblos-6241583.html

A tres años de la Ley General en Desaparición, Gobierno de Jalisco sigue debiendo armonización, búsqueda, investigación y justicia a las familias

Foto: Christian Cantero

Dalia Souza / Zona Docs

El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, eso significa que han pasado tres años desde que las familias de las y los desaparecidos de este país cuentan con una legislación que pretende guiar el actuar de las autoridades para buscar, investigar y localizar a sus seres queridos, pero, además, para prevenir, sancionar y erradicar el delito del que son víctimas.

De acuerdo con el transitorio noveno de esta ley general, los congresos y gobiernos de los estados tenían 180 días posteriores a la fecha de entrada en vigor de la legislación federal para emitir o, en su defecto, armonizar sus normativas existentes. El plazo se venció el pasado 15 de julio de 2018 y en el estado de Jalisco, aun no existe una ley en la materia.

Dos años y medio después de esta fecha, las familias de las y los desaparecidos en la entidad, han luchado desde el trabajo conjunto con las y los diputados del Congreso del Estado para construir un documento que responda a la realidad, a las necesidades del contexto del delito y que incorporaré los más altos estándares internacionales y nacionales en el tema.

Sin embargo, sumada a la ausencia de una ley estatal armonizada, la implementación de la ley general a través del actuar de las dependencias creadas para la búsqueda, investigación, localización, prevención y sanción del delito, continúan manteniendo deudas pendientes en los procesos de construcción de verdad y justicia para las familias de Jalisco.

Así lo denunciaron las familias de los colectivos Por Amor a Ellxs y Entre Cielo y Tierra, acompañadas de Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH-México); Carlos Gutiérrez Contreras, Director de la organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos en la organización Fundar e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, en el foro de diálogo “Avances y Retos en la Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición en Jalisco”, organizado por el Centro de Justicia para las Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Y es que, convencidos y convencidas de que este 2021 tiene una agenda de temas pendientes en la problemática de las desapariciones en México y en la implementación de la ley general dentro de los estados, coincidieron en que los vacíos se encuentran dentro de las instancias e instituciones de gobierno que fueron creadas para atender, prevenir y sancionar el delito. Desde las Fiscalías Especializadas y el funcionariado hasta las Comisiones Locales de Búsqueda y los congresos.

A ello, explicó Guillermo Fernández- Maldonado, Representante de la ONU-DH-México, se suman las causas estructurales que favorecen la incidencia del delito, como la macrociminalidad, el limitado impacto de las fuerzas policiales en el sistema de procuración de justicia y la impunidad. Señaló que, si bien, en México hay más de 82 mil personas desaparecidas, el verdadero reto es, lamentablemente, que no existe “un indicador que nos diga que el fenómeno se va a detener”.

También, advirtió que, pese a que Jalisco concentra a 11 mil 460 de esas más de 82 mil personas desaparecidas en México, de acuerdo con los testimonios que han logrado documentar, las autoridades en el estado siguen dejando en manos de las familias la tarea de investigar y buscar a sus seres queridos.

Puntualmente, precisó que, en Jalisco, “las investigaciones avanzan lentamente”, mientras que, en otros casos, no hay investigación o ésta sólo se plasma en oficios entre dependencias, sin que exista un análisis de contexto que permita identificar el modus operandi del delito de manera amplia y no aislada, esto en función de los testimonios recopilados por la oficina del ONU-DH en México.

Respecto a la armonización legislativa, insistió en la urgente necesidad de que las y los legisladores apuesten por generar normativas que respondan a los estándares internacionales más altos, así como, que garantice el principio de participación conjunta a través de la sociedad civil organizada, expertos y, por supuesto, con las y los familiares. Por lo que, afirmó que seguirá de cerca el proceso de armonización en el estado.

“Que las campañas electorales no sean un obstáculo para los trabajos y aprobación de las leyes”

Por su parte, Martha Leticia García Cruz, líder del colectivo de familiares Entre Cielo y Tierra, recordó el largo caminar que desde el año 2018 han tenido que recorrer las familias, entre intentos de mesas de diálogo unilateral, hasta la imposición de tres iniciativas de ley en materia de desaparición y atención a víctimas que presentó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en octubre de 2019.

Además, reconoció el trabajo legislativo que llevaron a cabo las familias durante el pasado año 2020, quienes pese a la llegada de la pandemia gestionaron, presionaron y participaron en la exigencia de mesas técnicas dentro del Congreso del Estado para la elaboración de una Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, así como, por la Ley de Desaparición de Personas para el estado de Jalisco y la Ley estatal de Atención a Víctimas.

Sin embargo, lamentó que, aunque trabajaron por garantizar un proceso amplio, incluyente y participativo entre las y los legisladores, estos han fallado en la tarea de hacer valer sus palabras e, incluso, cumplir los acuerdos y promesas que se habían establecido en el camino. Por esta razón, durante el año 2020, las familias clausuraron simbólicamente el recinto legislativo en dos ocasiones, como una denuncia pública por el actuar omiso de las y los diputados.

La primera ocasión porque buscaron votar y aprobar una ley de desaparición que no estaba lista; y, la segunda, porque después de un proceso de construcción y elaboración de la Ley de Declaración de Ausencia, del que participaron las familias a través de una Subcomisión Especial conformada por familiares, expertos, organizaciones, diputadas y diputados del Congreso del Estado, no hubo voluntad para votarla. En contraste, las familias despertaron con la noticia de un supuesto “madruguete legislativo”, que quería aprobar una Ley de Desaparición incompleta.

Con las tres iniciativas en pausa, la señora Martha García, anunció que continuarán en la tarea de exigencia para que sea votada y aprobada la ley por la que trabajaron durante 2020, y continuarán durante este 2021 por las dos que hacen falta; aunque por el momento, las sesiones pactadas para la revisión del documento de la Ley Estatal de Desaparición de Personas, dentro de esta Subcomisión que depende de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, fueron pospuestas una semana, aun cuando tenían como fecha de inicio el 12 de enero.

De la misma forma, la señora Esperanza Chávez, líder del colectivo Por Amor a Ellxs, no dudó en reiterar una vez más las falencias que arrastran las dependencias en el estado encargadas de investigar y buscar a sus seres queridos desaparecidos.

Señaló que, aunque existe una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, los errores del pasado siguen repitiéndose: investigación a través de oficios, nulas o escasas búsquedas en campo, rotación de personal ministerial a cargo de los expedientes y carpetas de investigación, así como, negativas en el acceso a copias de los mismos.

Finalmente, organizaciones en el estado para la defensa de los derechos humanos, junto con los colectivos de familiares, manifestaron su preocupación por el inicio de las campañas electorales “y los cambios entre las y los legisladores que buscan ocupar otros puestos de elección popular” afirmaron en un comunicado. Particularmente, sobre el “impacto negativo en el diálogo y acuerdos a los que con mucho esfuerzo hemos llegado en la Subcomisión Especial”, sentenciaron a través de un comunicado.

https://www.zonadocs.mx/2021/01/14/a-tres-anos-de-la-ley-general-en-desaparicion-gobierno-de-jalisco-sigue-debiendo-armonizacion-busqueda-investigacion-y-justicia-a-las-familias/

Violencia y acoso sexual, los abusos de la Policía de León a mujeres (Guanajuato)

El caso de Evelyn fue uno de los más mediáticos, antes que su situación ya había tres expedientes de queja. En 2021 suman dos señalamientos por acoso sexual

Hasta ahora la Policía Municipal suma 7 quejas por presuntos abusos, de febrero del 2020 a enero del 2021 (Fotos: Municipio)

La Silla Rota, redacción, 13/01/2021

Policías municipales le pidieron a Evelyn que se quitara la ropa como “parte del protocolo” para revisar que no tuviera drogas, el 15 de agosto del 2020. El 22 de agosto elementos detuvieron a 22 mujeres en la manifestación para pedir justicia por el caso de esta chica. Este 3 de enero se abrió una queja por acoso sexual en contra de dos menores. Y el 10 de enero dos policías fueron detenidos por abuso sexual en contra de una adolescente de 14 años.

Estos son algunos de los abusos contra mujeres que señalan directamente a oficiales de la Policía Municipal de León. A continuación detallaremos los presuntos abusos que suman los uniformados en cinco meses: de agosto de 2020 a enero del 2021.

Foto: La Silla Rota

CASO EVELYN

Fue el 15 de agosto cuando Evelyn (de la que no se sabe edad ni nombre completo) sufrió acoso sexual por parte de un grupo de oficiales. Narró su propia historia en redes sociales, detallando que ese viernes salió a divertirse a un bar de la calle Madero, ya de madrugada, sus amigos fueron a cenar tacos, ella les dijo que prefería quedarse en el auto para estar más “segura”, pues estaba mareada a la salida del bar.

En ese momento un grupo de policías que estaban en la caseta de Plaza Expiatorio se acercaron al vehículo, y uno de ellos le pidió quitarse la ropa para revisar que no tuviera drogas. “Uno de los oficiales se atrevió a tocarme, comenzó a tocar partes íntimas de mi cuerpo y hacerme preguntas incómodas”, le preguntó que si quería tener sexo oral o anal.

Evelyn cuenta que estaba rodeada de policías, pero sobrevivió para contar su testimonio. La joven interpuso una denuncia y se desahogó en redes “Siento asco, me siento estúpida, pensé en todas las cosas que pude haber hecho y no hice por miedo, pero no fue mi culpa, JAMÁS va a ser nuestra culpa”, escribió.
El 17 de agosto la Secretaría Técnica de Honor y Justicia abrió una carpeta de investigación en contra de policías señalados por Evelyn, bajo el expediente 293/20-Pol.

DENUNCIAN AGRESIONES A FEMINISTAS Y REPORTERAS EN MANIFESTACIÓN

El caso de Evelyn alertó a los colectivos feministas, quienes convocaron a una manifestación el 22 de agosto. Ese sábado todo se salió de control, una ola de 300 mujeres ansiaban justicia reunidas en el Arco de la Calzada. Lo que empezó como una protesta pacífica terminó con el enfrentamiento entre policías y feministas, pues detuvieron a 22 mujeres y un hombre. Los colectivos buscaban a sus compañeras a través de redes sociales, quienes horas después salieron de los separos.

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) justificó que las detenciones fueron por infringir el reglamento de Policía y Vialidad. Acusaron a las mujeres de provocar riña, escándalo e impedir que los oficiales controlaran la manifestación. En contraparte se difundieron videos en los que las mujeres muestran sus lesiones a causa de las agresiones policíacas, también quedó grabada la agresión contra una reportera que documentaba la protesta. Extraoficialmente se dijo que fueron tres las comunicadoras lesionadas.

Foto: La Silla Rota

Ante tal escenario la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió un expediente de queja 108/2020-A por la detención de las mujeres durante la manifestación. Enfatizando que las autoridades deben garantizar la libre manifestación y la libertad de expresión a todas las personas.

ACOSO A DOS MENORES EN VISTA HERMOSA

Una “revisión de rutina” se convirtió en acoso sexual denunciado por familiares de dos menores de la colonia Vista Hermosa, el pasado 3 de enero. Una adolescente de 14 años y otra de 16, sufrieron abusos por parte de los oficiales, denunció la madre de una de las afectadas afuera de la delegación Cepol Poniente.

Foto: La Silla Rota

Con cartulinas en las manos, la madre y sus familiares dijeron a medios de comunicación que una mujer policía le robó 500 pesos y le tocó un seno a la chica de 16 años, mientras que a la adolescente de 14 años la revisó un policía que tocó sus partes íntimas. El padre de esta menor fue testigo de los hechos e intento frenar los actos de los policías, quienes se molestaron y lo subieron a la patrulla, en el mismo hecho otro conocido de él se subió a la unidad para acompañarlo, informaron familiares de los afectados a la prensa.

La SSPL emitió un comunicado ese mismo día, en el que aseguró que la detención de estas personas fue por no usar el cubrebocas y hacer caso omiso de las indicaciones de los elementos. En los párrafos finales afirmaron que la Secretaría Técnica de Honor y Justicia abrió el expediente 01/21-POL por los abusos de autoridad y acciones fuera del protocolo por parte de los policías.

Foto: La Silla Rota

SEÑALAN A DOS POLICÍAS DE ABUSO SEXUAL EN LAS JOYAS

Este 10 de enero dos policías municipales identificados como José Israel, de 40 años y José de Jesús, de 23 años, fueron detenidos. El señalamiento: abuso sexual en contra de una chica de 14 años en la colonia Las Joyas. La madre de la menor presentó una denuncia, el Municipio informó sobre el despido de los dos elementos, mientras avanzan las investigaciones.

Antes de los casos presentados se contabilizaron tres expedientes abiertos en contra de policías municipales por acoso sexual: uno en el mes de febrero, otro en abril y uno en julio, todos en 2020.

1. Exp. 76/20-POL (Fecha de Inicio: 25/02/2020)

2. Exp. 129/20-POL (Fecha de Inicio: 21/04/2020)

3. Exp. 258/20-POL y TRA (Fecha de inicio: 15/07/2020)

https://guanajuato.lasillarota.com/estados/violencia-y-acoso-sexual-los-abusos-de-la-policia-de-leon-a-mujeres/474690

Compendio Informativo: LOS ROSTROS (NO TAN) OCULTOS DEL MAL LLAMADO “TREN MAYA”

Colectivo Grieta, 14 de enero de 2020
Ponemos a su disposición un archivo pdf compendiando una serie de notas en torno al mal llamado tren maya, en versión imprimible, para su consulta y/o difusión más allá del internet.

El documento completo se puede descargar aquí:

http://www.grieta.org.mx/?p=56227&preview=trueCompendio Informativo sobre el mal llamado Tren Maya

Estado mexicano revive el Libramiento Sur: la ruta del despojo en los valles centrales de Oaxaca

Avispa Midia / Daniel Arellano Chávez y Javier Abimael Ruiz García.

El día jueves 7 de Enero de 2021, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional (que implica que dicho estudio abarca más de dos municipios de una misma región), para la construcción del Libramiento Sur, carretera que conectará el valle de Tlacolula con la súper-carretera que conecta al Distrito Federal. Esta publicación se da casi una década después de que distintas comunidades de los valles centrales del estado de Oaxaca, organizadas en la “Coordinadora de pueblos en defensa del territorio”, se opusieran a dicho megaproyecto pensando que lo habían enterrado por completo.


Localización Libramiento Sur de Oaxaca.

Minería y parques eólicos

Dentro de las zonas de incidencia e influencia del proyecto están la producción minera y de energía eólica en el Estado. La intención del gobierno federal es agilizar el transporte de mercancías dentro del proceso de circulación de capital privado y potencializar los proyectos existentes, no solo como concesiones (en el caso de la minería), sino los que son considerados como altamente potenciales (zonas consideradas altamente potenciales para generar energía eólica y fotovoltaica, como lo señalan los documentos del Inventario Nacional de Energías Renovables y el Atlas de Energías Renovables).

Dentro de esta amalgama, la interconexión con el Istmo de Tehuantepec y, por lo tanto, con el Corredor multimodal seco – uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno que intentará conectar el golfo de México con el Océano Pacífico -, así como las salidas a los grandes puertos y carreteras internacionales son de las cuestiones que más interesan en la construcción de este libramiento.
Ver también ⇒ Tras bloqueo, zapotecas logran apertura de diálogo con Semanart sobre mina de Cuzcatlán

De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a través de informaciones proporcionadas por la Coordinación General de Minería y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, entre el 1 de Enero del 2000 y el 30 de Septiembre del 2010, en Oaxaca fueron concedidos 366 títulos mineros de exploración y explotación, que comprenden más del 15% del territorio oaxaqueño. Este dato se ha ido modificando hasta las actuales 427 concesiones reportadas por la actual administración federal en Diciembre de 2018.

De las 366 licencias mineras reportadas hasta 2010, 132, es decir más de un tercio de todo el estado, se encuentran en los Valles Centrales, divididas como sigue, según los distritos: 13 en Etla, 9 en Zaachila, 38 en Ocotlán, 47 en Tlacolula y 25 en Ejutla. Los municipios más “afortunados” en tierras explotadas por licencias mineras son: San Jerónimo Taviche, con 26; San Pedro Totolapa, con 20; Ejutla de Crespo, con 15; San Lorenzo Albarradas, con 9; San Baltazar Chichicapám, con 7; Magdalena Teitepec, con 7; Zimatlán, con 6; San Juán Lachigalla, con 5; San Dioniso Ocotepec, con 5; San Francisco Telixtlahuaca, con 5; San José del Progreso, con 4; lugares por donde debe pasar el Libramiento Sur, convirtiéndose en una ruta de transporte para la explotación de los recursos mineros de la región.

Es importante señalar que las dos minas impuestas en territorio del estado de Oaxaca – Fortuna Silver Mines-Minera Cuzcatlán en San José del Progreso y Gold Resource- Don David Gold en San José de Gracia – se encuentran en procesos de expansión del proyecto, tras 10 años de haber entrado por la fuerza a los territorios.

A más de 11 años de resistencia contra esta ruta de despojo, y de sucesivos intentos de los diferentes gobiernos estatales, que incluyeron el sangriento sexenio de Ulises Ruiz (2004-2010) a la “Alianza por la Paz y el Progreso” encabezada por Gabino Cué en la primera transición política pactada en el Estado de Oaxaca (2010-2016), nuevamente con el PRI en el gobierno de mano de los Murat, y con el respaldo del Gobierno Federal, se activa dicha obra.

El Libramiento Sur nada tiene que ver con la bondadosa intención de conectar una comunidad con otra, ni el interconectar pueblos de diferentes regiones. Más bien, es un factor indispensable para la expansión minera en el estado de Oaxaca. Las condiciones para su expansión se crean a partir de la construcción de infraestructura adecuada para dicho propósito, construidas no solo con dinero privado sino también con dinero público.

https://avispa.org/estado-mexicano-revive-el-libramiento-sur-la-ruta-del-despojo-en-los-valles-centrales-de-oaxaca/

Intensifican búsqueda de Dana Alejandra, adolescente desaparecida en Mexicali (Baja California)

Lindero Norte / Redacción

Mexicali.-La adolescente Dana Alejandra Moreno Ortiz se encuentra en calidad de desaparecida desde el 12 de enero que salió de su casa en el fraccionamiento Las Misiones de Mexicali.

La media filiación de Dana Alejandra, de 17 años, es de 1.62 metros de estatura, complexión delgada, cabello café obscuro y ondulado hasta los hombros, ojos cafés. Como seña particular tiene una cicatriz en la mejilla derecha y cicatrices en rodillas.

Desde la mañana de este martes su familia publicó su búsqueda en redes sociales donde mostraron su preocupación ante una situación de riesgo.

La Unidad de Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Fiscalía General del Estado inició la investigación sobre su paradero y solicitó la colaboración de los ciudadanos para localizar a la adolescente.

En caso de información o datos la FGE pidió comunicarse a los teléfonos de emergencia 089 y 911.

https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/01/13/intensifican-busqueda-de-dana-alejandra-adolescente-desaparecida-en-mexicali/

La crisis migratoria de los haitianos (Baja California)

Zeta Tijuana / Alejandro Arturo Villa.

Little Ahiti, Tijuana

Fotos: Jacqueline Hernández

Sin documentos o permisos oficiales de residencia porque el Instituto
Nacional de Migración se los ha negado sistemáticamente, la comunidad
haitiana en Baja California se encuentra sin papeles, sin trabajo, sin
comida, en el abandono. La supuesta declaración de “Estado Migratorio”
resulta una falacia frente a los problemas que enfrentan los migrantes
en estos momentos.

Little Ahiti, Tijuana

Wilner Metelus

Más de 6 mil personas de origen haitiano que residen en Baja California se enfrentan a la invisibilización y vulneración de sus derechos humanos de manera sistemática por parte de los tres niveles de gobierno, denunciaron activistas defensores de personas en contexto de movilidad y miembros de esta comunidad.

Aunque el gobierno actual se aferra en asegurar que BC es un Estado Santuario Migrante, la realidad de comunidades migrantes desmiente rotundamente los discursos que, tanto el Poder Ejecutivo estatal como sus allegados, han repetido cada que tienen oportunidad, ignorando las problemáticas alimentarias por las que pasan las personas en contexto de movilidad.

Claro ejemplo de esto es la precariedad con la que lidian los migrantes de origen haitiano asentados en Baja California desde hace cuatro años. De acuerdo con Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, en Tijuana habitan alrededor de 4 mil y en Mexicali, 2 mil personas en migrantes.

La población de Tijuana se encuentra distribuida en distintos puntos de la ciudad, prioritariamente en la Zona Norte, Centro y algunas comunidades en las zonas conurbadas. Como uno de los puntos referentes para este trabajo periodístico, está el albergue denominado Little Haití, ubicado en el Cañón del Alacrán en la colonia Divina Providencia, a un costado del templo evangélico Embajadores de Jesús, que también es habilitado como albergue para migrantes de otras nacionalidades.

Para entrar al Cañón del Alacrán se debe tener una gran habilidad para conducir por terrenos sin pavimento y llenos de lodo. Con las lluvias el sitio se vuelve un río, con rápidos feroces que se llevan autos, casitas y animales. Desde hace cuatro años que el asentamiento haitiano está ahí, ninguna autoridad ha procurado pavimentarles.

En la zona se pueden observar algunos animales de granja, niños corriendo y llenos de tierra. Algunas de las casas de la zona son de cartón y madera, como en gran parte de Tijuana, con lavaderos y cocinas al aire libre sin que parezca que viven en una de las ciudades de mayor poder adquisitivo del país.

Little Ahiti, Tijuana

En la Pequeña Haití viven al menos 250 personas, entre mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, niños en edad de ir a la escuela y adultos que se reparten las tareas dentro del espacio. La mayoría de las mujeres de la comunidad se encargan de cuidar a los niños, hacer la limpieza del albergue, cocinar y lavar la ropa de su familia; mientras que los hombres se dedican a conseguir recursos para comprar alimentos.

El 90% de los hombres que viven en este lugar quedaron sin empleo a inicios de diciembre de 2020, por lo cual han optado el mercado informal para conseguir algo de dinero. Los que no tienen tanta suerte ayudan en las labores del hogar.

Aquellos que perdieron su empleo excusan dos circunstancias: la primera, que los han despedido previo a la entrega de aguinaldos y así no darles esa prestación laboral que es obligación del patrón otorgar; y la segunda, que el Instituto Nacional de Migración (INM) no les ha renovado su estatus migratorio en el país.

El pastor Gustavo Banda Aceves, de la iglesia Embajadores de Jesús, quien convive y atiende a esta comunidad, detalló a ZETA el contexto de las personas de origen haitiano que se encuentran en ese espacio:

“Estamos en una situación muy difícil, nuestros hermanos y hermanas haitianas, están yendo al Instituto Nacional de Migración para actualizar su estatus migratorio y les están comentando que no les van a renovar las visas humanitarias que tenían aquí, mucho menos les darán las permanentes. No sabemos a qué se deba esta situación, pero muchos de ellos han venido y me han comentado eso. A algunos de ellos ya les han extendido un papel donde dice que tienen que salir del país.

– ¿Cuántas personas están en esa condición?

“Aquí tenemos aproximadamente 250 migrantes y, a todos los que se les han vencido, han ido al Instituto Nacional de Migración, y les han dicho que no les van a renovar su estadía aquí en México”.

– ¿Cuáles son las consecuencias de ello?

“Estamos ante una pandemia, una situación muy difícil y, si ellos no tienen papeles, no van a poder encontrar una fuente de trabajo confiable, van a tener que salir a las calles a vender, y con esta situación de la pandemia, pues lo único que van a hacer es incrementar los contagios y todo ese tipo de cosas”.

– ¿Actualmente cuentan con trabajo?

“Como es natural, en esta época muchos de los haitianos están trabajando en la maquila, cuando se va acercando diciembre la mayoría son despedidos y contratados nuevamente en enero, pero cuando ellos vayan a tratar de conseguir estos empleos, ya no van a contar con sus papeles y entonces ya no van poder acceder a esos trabajos”.

ZETA también conversó con algunos de los habitantes, cómo Ronnie, quien llegó a Tijuana a inicios de 2020, tras seis años fuera de Haití, buscando la forma de llegar a la frontera de México con Estados Unidos para solicitar una visa humanitaria y tener una vida mejor en ese país.

“Cada que vamos a Migración nos dicen ‘vuelve’ y vamos, pero nunca hay una cita para nosotros, y este momento es muy difícil, y estar sin empleo… El 90% de los haitianos no están trabajando porque en cada lugar que buscamos trabajo, nos dicen si tenemos residencia permanente y tenemos la de visitante; nos dicen que no podemos trabajar, es difícil trabajar porque está vencido, todos los que tenemos el documento de visitantes está vencido. Entonces, estamos sin empleo, no sabemos si el Gobierno de México nos puede apoyar para que nos den el documento”, expresó.

Aunque ni él o alguno de sus compañeros cercanos ha resultado contagiado de la COVID-19, se han enfrentado a la crisis económica que ha impactado en la ciudad por culpa de la pandemia, y ante la falta de empleo, “estamos pasando momentos difíciles por comida”, reconoció Ronnie.

Little Ahiti, Tijuana

“ESTO ES UNA CRISIS MIGRATORIA”: WILNER METELUS

En entrevista con este Semanario, el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, lamentó la precariedad en que se encuentran sus connacionales haitianos en Baja California y que los tres órdenes de gobierno no se preocupen por mejorar su situación.

“En tiempos de pandemia la situación de los migrantes afrodescendientes haitianos está muy complicada, están sufriendo muchísimo, no solamente los migrantes afrodescendientes, sino de otros países. Tienen muchos problemas, de alimentación principalmente y de salud. Me preocupa mucho porque son seres humanos, no tienen fuente de trabajo y no están recibiendo apoyo de las autoridades”, declaró.

En su opinión, el gobierno mexicano debe entender la situación de los migrantes afrodescendientes, ya que la mayoría de ellos tienen más de cuatro años en Baja California, “son personas que están participando en el desarrollo de dicho Estado, no representan una amenaza para nuestros hermanos bajacalifornianos.

“Por la forma como está la situación en Estados Unidos, ellos no tienen intención de cruzar la frontera, el objetivo de ellos de quedarse en nuestro país, pero cualquier ciudadano que vive en un país necesita tener un documento para identificarse por su seguridad. Yo me pregunto: ¿Por qué las autoridades en nuestro país no quieren dar residencia permanente a nuestros hermanos haitianos?”, cuestionó.

Metelus calificó de inhumano que los tres niveles de gobierno no se preocupen por la vulnerabilidad de la población migrante más allá del discurso, “están viviendo con la pandemia y no tienen posibilidad de trabajar, tienen casi ocho meses, viven en sus casitas, sin recibir un salario, a algunos los despidieron en su trabajo porque algunos patrones no quieren darles aguinaldo. Sería bueno que haya un programa integral de emergencia para ayudar a la comunidad afrodescendiente que se encuentran en Tijuana y Mexicali”, sugirió.

Ejemplificó el caso de del albergue Embajadores de Jesús, Little Haiti, el cual se encuentra sin recursos, al no recibir apoyo por parte de ninguna instancia gubernamental. Su poco ingreso proviene de algunas donaciones de ciudadanos estadounidenses y bajacalifornianos que los conocen y aportan alimentos o productos en especie.

“Hablé con los migrantes afrodescendientes y haitianos, ahorita tienen bastantes problemas, no tienen dinero y a veces pasan dos o tres días sin comer, me parece injusto, ellos tienen niños y niñas, entonces, es una situación muy difícil. Para mí eso es una crisis migratoria, porque la verdad, el gobierno de nuestro país hoy en día no están ayudando a los migrantes”, denunció el activista.

https://zetatijuana.com/2021/01/la-crisis-migratoria-de-los-haitianos/

Después de 20 años aún no hay justicia para Mezcala: habitantes de la isla siguen esperando la restitución de su tierra (Jalisco)

Imagen: Zona Docs

Desde hace 20 años, las y los habitantes de la comunidad de Mezcala, municipio de Poncitlán, Jalisco iniciaron la lucha por la restitución de sus tierras. Actualmente aún queda pendiente la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la cual, podría ofrecer justicia al pueblo de indígena de Mezcala, condenando al empresario Guillermo Moreno Ibarra Sánchez y devolviendo las 10 hectáreas del predio “El Pandillo”, que les pertenecen.

Aletse Torres Flores /Zona Docs

El Lago de Chapala, además de ser un punto de referencia para el turismo en Jalisco, esconde algunos sitios muy importantes para la cultura e historia de México. Uno de ellos es la Isla de Mezcala, donde residen los “comuneros”, es decir, los guardianes del territorio, encargados de preservar sus tierras.

Sin embargo, las y los guardines junto con las y los habitantes de esta comunidad indígena de Jalisco, se encuentran en un proceso de recuperación de sus tierras, pues, pese a que les pertenecen por razones históricas, desde hace 20 años esperan la restitución de una superficie aproximada a las 10 hectáreas, ubicadas en el cerro denominado “El Pandillo”, que le fueron otorgadas de manera ilegal al empresario Guillermo Moreno Ibarra.

Rocío Moreno, comunera de Mezcala, expone que durante este tiempo han muerto muchísimos comuneros esperando una sentencia que les dé justicia. Se trata de hombres y mujeres valientes que con su vida hicieron frente a esta batalla contra el despojo.

El juicio

Hace 20 años, los “abuelos” y “abuelas” comenzaron esta lucha, la primera denuncia fue el 14 de mayo del año 2002. Los comuneros acudieron ante los Tribunales Agrarios a reclamar la restitución de la superficie ya mencionada, adquirida ilegalmente por Moreno Ibarra.

Después, en septiembre del año 2014 el Tribunal Unitario Agrario Distrito XV, emitió una resolución dentro del expediente 475/2013, el cual condenaba a Guillermo Moreno Ibarra y a Crescenciano Santana Sánchez (su testaferro) a restituir a la comunidad Indígena la superficie que les habían robado.

Cinco años más tarde, el 14 de febrero de 2019, dicha resolución fue confirmada de nuevo en todos sus términos por el Tribunal Superior Agrario, al resolver de manera favorable el recurso de revisión 470/2014-15. Dicha resolución también obligaba al empresario demandado y a su testaferro a restituir a la comunidad indígena la superficie que ilegalmente ocuparon.

Pero Moreno Ibarra y Santana Sánchez, interpusieron un amparo directo, de número 121/2019, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, exponiendo que formaban parte de la misma comunidad que los demandaba.

A pesar de ello, dentro del recurso de revisión 390/16, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se determinó de manera firme ratificar la sentencia emitida. Moreno Ibarra debía de ser juzgado en su carácter de particular invasor y no como comunero, tal y como sucedió en 2002, año en el que se le demandó la restitución de la superficie.

Para Rocío, este fue un gran logro, ya que, de haberse juzgado como comunero, no sería un tema de restitución de tierras sino un conflicto interno con la comunidad; al final “él hubiera ganado”, expresó.

No obstante, en noviembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa se declaró incompetente para resolver la situación que se planteaba, pasándola nuevamente al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Al respecto, Roció Moreno, comenta que “si esto no hubiera pasado, entre enero y marzo del 2021 ya tendríamos una sentencia”.

Actualmente la comunidad está en espera de la próxima fecha de juicio. De acuerdo con el abogado Rubén Ávila, legalmente el juicio puede ser aplazado hasta 8 meses, siempre y cuando no cierren los tribunales por la pandemia de la COVID-19, como sucedió en el año 2020.

“Ellos no han pisado la cárcel, en cambio nosotros sí”

Durante estos 20 años, el pueblo Coca de Mezcala ha sufrido represalias en la defensa de su tierras y territorio.

En este tiempo, 16 personas han sido encarceladas; la primera vez sucedió en 2002 cuando Crescenciano Santana Sánchez, compañero de Moreno Ibarra, fue detenido por las autoridades municipales debido a una falta administrativa. El empresario Moreno Ibarra denunció a cinco comuneros de secuestro, los encarceló y después de tres años se falló a favor de la comunidad, liberando a los acusados.

La segunda detención aconteció en 2011, luego de que un grupo de 50 personas subiera a desinstalar una represa de agua. En aquella ocasión se detuvieron a 11 comuneros y habitantes por el cargo de “daños a las cosas”. Este juicio penal duró 7 años y también se determinó la inocencia de los detenidos.

Lamentablemente, las intimidaciones, las amenazas y el abuso del poder aún no terminan. La comunidad reconoce que Moreno Ibarra cuenta con un grupo armado que suele rondar por la isla, en ocasiones en grandes camionetas y con sujetos encapuchados. Sin embargo, a pesar de las denuncias que se han hecho, las autoridades municipales se muestran indiferentes ante la situación, dejándolos solos:

“Nosotros lo hemos hecho por el lado legal y nunca han pisado la cárcel y nosotros sí”, exclamó la comunera.

El juicio, también ha fragmentado a la población; una de las causas de esta división han sido las promesas de Guillermo Moreno, quien ha ofrecido “mejores oportunidades de vida”, “mayores empleos” y una nueva “visión de su comunidad con la entrada del sector inmobiliario”. No obstante, tanto Rocío como los demás comuneros y comuneras, saben que estas promesas son falsas:

“Ahí tenemos de ejemplo Ajijic o Chapala, si tienen trabajos, pero son precarios, y ahora la diferencia es que rentan casas cuando antes eran dueños”.

Así lo confirma también el Director de Catastro del Ayuntamiento de Chapala, Héctor Velázquez Sánchez, quien expuso que entre los meses de abril y junio del 2020 se presentó una reducción de trámites de transmisión y de dominio de tierras de hasta un 30%, lo que impidió la llegada de 600 mil pesos a las arcas municipales.

Es más que solo tierra, es su identidad

“Cuando un pueblo pierde su lengua lo que hace es refugiarse en su territorio” sentenció Rocío Moreno.

En el transcurso de la conquista española, el pueblo indígena de Mezcala perdió su lengua, su vestimenta y, en general, gran parte de su identidad; por ello, su territorio resulta tan importante, pues les mantiene anclados a su cultura y a sus tradiciones, que incluyen cerca de 28 fiestas y danzas año con año.

De esta manera, Rocío explica que ganar este juicio y dar el siguiente paso, será una victoria importante, tanto al interior de la comunidad, como hacia afuera, ya que podrán dar el mensaje de que no importa cuánto tiempo pase, ésta es su tierra y no están dispuestos a venderla. 

https://www.zonadocs.mx/2021/01/13/despues-de-20-anos-aun-no-hay-justicia-para-mezcala-habitantes-de-la-isla-siguen-esperando-la-restitucion-de-su-tierra/

Empresa avícola cierra ilegalmente camino rural en Hunucmá (Yucatán)

Ramón Reyna Fernández / PorEsto!

A pesar de la molestia e indignación de algunos vecinos de esta comunidad, principalmente de la colonia San Vicente, y sin importar el feo aspecto que ocasiona el levantamiento de muros cerrando calles, la empresa Bachoco continúa con los trabajos de delimitación de las tierras que, asegura, le pertenecen.

Se averiguó que ahora no sólo cerrarán las calles 22 y 24 en sus dos costados, al igual que la calle que comunica con la 28, cerca del Cementerio Municipal, sino que hasta la 26, a un costado de la Capilla de San Vicente, donde ya se comenzaron los trabajos para cerrar dicho espacio.

“Lo anterior se trata de una medida arbitraria e ilegal, pues esas calles existen desde mucho antes de que Bachoco se instalara en terrenos de la exhacienda San Vicente”, opinan antiguos pobladores como Marcelo Romero y Valentín Chuc.

De hecho, hasta donde se sabe, por años, esas calles han sido utilizadas por vecinos del sector denominado Paraíso o Santa Rita, que se ubica en la parte Sureste de las instalaciones avícolas, así como también para trasladarse al paraje “Pontó”.

Como se sabe, la empresa avícola decidió construir un cerco en torno a sus terrenos, luego que vecinos de esa comunidad decidieron invadir parte del lugar, argumentando que se tratan de montes ejidales, del fundo legal, o porque están abandonados y convertidos en basureros.

Desde hace un par de semanas que la citada empresa avícola, con el apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, se dio a la tarea de recuperar los montes, colocando rejas en algunos sectores y cercando con malla ciclónica toda la superficie.

En la calle 24 con 41, que por años fue vía pública, donde incluso hay líneas de redes eléctricas, al parecer obras municipales, ya se construyó un elevado muro de bloques que, en consecuencia, impide el paso de los pobladores.

Se averiguó que, ante esta situación, un grupo de ejidatarios y vecinos decidieron enviar un escrito al gobernador Mauricio Vila Dosal, en el que le piden su intervención para reabrir los caminos cerrados.

En el documento se explica al Ejecutivo estatal que los caminos rurales tienen que ver con las necesidades actuales de comunicación y ahorro de tiempo, así como también como medio para entrada y salida de materias primas, principalmente para producciones pecuarias, señalan los afectados.

Los quejosos también citan el decreto No. 215 publicado en el Diario Oficial del Estado, con fecha 16 de agosto de 1999, en el que hace alusión a la Ley de Vías Terrestres del Estado de Yucatán.

A pesar de la fuerte llovizna, los obreros contratados continuaron cercando las tierras y fabricando la reja que se ubicará a la entrada de la calle 22; mientras se terminan los muros de la 24, en ambos lados de la calle.

https://www.poresto.net/yucatan/2021/1/13/empresa-avicola-cierra-ilegalmente-camino-rural-en-hunucma-231097.html

Tren Maya: el megaproyecto del sexenio, contra los derechos comunitarios

Rosa Santana / Proceso

La orden del presidente López Obrador de apresurar las obras del Tren Maya ignora ostensiblemente las suspensiones precautorias ordenadas por juzgados federales a solicitud de asociaciones civiles y comunidades mayas, urbanas y rurales de Campeche y Chiapas. Los representantes legales de éstas se quejan de que, mientras el Poder Judicial le da largas a decenas de demandas contra el megaproyecto, las obras avanzan aun sin contar con todos los permisos necesarios ni respetar el derecho de los pobladores.

CAMPECHE, CAM. (proceso).- Las demandas de amparo contra el Tren Maya se agolpan en los juzgados ante la indiferencia del gobierno federal, que en abierto desafío al Poder Judicial desacató las primeras órdenes de suspender precautoriamente los trabajos en tramos de Campeche y Chiapas, mientras se desahogan los juicios.

Con reclamos por actos inconstitucionales y daños sociales, culturales, ambientales, sanitarios y patrimoniales, entre otros, la polémica megaobra acumula en su contra por lo menos una decena de demandas de amparo colectivas promovidas en juzgados federales de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Una de ellas ya fue turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el expediente aún espera ser admitido o rechazado.

La demanda más reciente la promovió el pasado 14 de diciembre, en los juzgados de distrito de Campeche, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), que preside Ernesto Zazueta Zazueta, por el incumplimiento a las leyes ambientales y la violación al derecho “de todos los mexicanos a un ambiente sano”.

“Con esa acción legal la Azcarm busca la suspensión de las obras para la construcción del Tren Maya hasta que no se cuente de manera integral con las autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y el Informe Preventivo para las Especies de Vida Silvestre para todo el proyecto, pues estas obras implican una violación directa a nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, hecho que provocará daños irreversibles y de imposible reparación en nuestro medioambiente, biodiversidad y salud”, denuncia Zazueta.

Destaca que por carecer de las referidas autorizaciones, la obra infringe el artículo 4 de la Constitución, el artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 11 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 9 del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Aunque Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional al Turismo (Fonatur), que está a cargo del proyecto, afirma que la primera fase de los trabajos de la ruta que recorrerá cinco estados sólo consiste en “rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria”, Zazueta señala:

“Es falso, porque de los aproximadamente mil 500 kilómetros que se pretenden desarrollar, sólo en 18% hay vías existentes. El resto se debe construir desde cero.”

Además, el proyecto incluye 19 estaciones y 12 paraderos, lo que requiere “de amplias extensiones de terrenos para la infraestructura de zonas para pasajeros, comercios y demás servicios turísticos”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2306 del semanario Proceso

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/13/tren-maya-el-megaproyecto-del-sexenio-contra-los-derechos-comunitarios-256160.html

Protestan anestesiólogos del hospital Nicolás San Juan por no recibir vacuna (Estado de México)

Fotos: Cortesía / Fernando Sapichu

Filiberto Ramos / El Sol de Toluca

Tras no ser considerados se manifestaron a las afueras del nosocomio a la espera de ser escuchados por las autoridades de salud

Especialistas del hospital Doctor Nicolás San Juan, ubicado en la capital mexiquense, protestaron este miércoles luego de no haber sido considerados en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 pese a estar en la primera línea de batalla.

Como resultado de esto y con el uso de pancartas con leyendas como “Anestesiólogos somos la primera línea”, reprocharon y se manifestaron a las afueras del nosocomio a la espera de ser escuchados por las autoridades de salud.

Cabe destacar que ayer se comenzó a distribuir la vacuna a los primeros hospitales en la entidad y este miércoles se realizará una jornada de vacunación en el Hospital Adolfo López Mateos para personal médico.

En la zona hay elementos de la Guardia Nacional los cuales se encuentran resguardando el estacionamiento, lugar en donde se llevará a cabo el proceso de vacunación.

A esta lista se le suman los del IMSS Poniente, Hospital General No. 220 de Toluca y el No. 251 de Metepec los cuales recibieron vacunas por ser considerados en la primera línea de riesgo.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/protestan-anestesiologos-del-hospital-nicolas-san-juan-por-no-recibir-vacuna-covid-edomex-vacuna-hospitales-medicos-6236792.html

Neza se queda sin camas; hospital provisional no se utiliza por falta de médicos y burocracia (Estado de México)

Imagen tomada de: ADNoticias

Mercedes Martínez / ADNoticias

Nezahualcóyotl es el segundo municipio con más casos de covid-19 en el Estado de México. En las últimas semanas registró un aumento de forma exponencial en los casos de positivos

Ante la saturación por covid-19 en los hospitales generales Gustavo Baz Prada y La Perla de Nezahualcóyotl, autoridades de este municipio solicitaron al gobierno del Estado de México que se ponga en funcionamiento el hospital provisional que se instaló en la Deportiva Nezahualcóyotl hace ocho meses.

Desde marzo del año pasado se instaló el hospital provisional pero no ha sido puesto en funcionamiento debido a que autoridades de salud estatal no lo han considerado necesario, sin embargo, ante la ocupación hospitalaria al 100% por casos de covid-19 registrada la noche del martes, el municipio pide que entre en funcionamiento.

Cuatro pacientes ya han sido rechazados ante la saturación de los dos hospitales, según reportes. En atención a este medio, el departamento de Comunicación Social de Nezahualcóyotl explicó que la solicitud que se hizo al gobierno estatal para abrir la Unidad Deportiva es necesaria para evitar que más pacientes sean rechazados, ya que podría funcionar para atender casos por coronavirus o para dar cabida a casos que requieran rehabilitación por covid-19 u otras enfermedades. De esta forma, ampliar los espacios para la atención médica.

Aunque el hospital provisional cuenta con camas, es necesario que el gobierno estatal autorice su operación y sobre todo, envíe médicos e insumos para su correcto funcionamiento.

En conferencia de prensa a distancia, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García señaló que el hospital provisional ubicado en la Deportiva Nezahualcóyotl “aún no está en funcionamiento pese a la insistencia del gobierno municipal ante el del Estado de México, pues hay una saturación hospitalaria que pone en grave riesgo a la población”.

NEZA REPORTA UN AUMENTO EXPONENCIAL DE CASOS 

Nezahualcóyotl es el segundo municipio con más casos de covid-19 en el Estado de México. En las últimas semanas registró un aumento de forma exponencial en los casos de positivos.

De 12 mil 849 casos registrados al 13 de diciembre, hubo un aumento de 4 mil 062 nuevos casos hasta el lunes, sumando en total 16 mil 911 casos positivos. 

Diciembre también fue el mes de mayor letalidad de la pandemia para la localidad, pues en este mismo periodo murieron 342 personas por esta enfermedad, con un promedio de 11 fallecimientos diarios, llegando a un total de 2 mil 030 decesos.

EL 80% DE LOS CASOS SON ATENDIDOS EN LA CDMX 

La saturación hospitalaria en este municipio se presenta a pesar que el 80 por ciento de sus pacientes son atendidos en la Ciudad de México. Al respecto, De la Rosa García informó que de los 16 mil 911 casos registrados en el municipio, 12 mil 807 casos han sido diagnosticados y/o atendidos en hospitales ubicados en la Ciudad de México o por el sistema de salud de la capital mexicana, lo que equivale al 75.73 por ciento y 4 mil 023 en hospitales ubicados en el Edomex lo que equivale al 23.79 por ciento.

“De los 4 mil 062 casos registrados durante los últimos 30 días 3 mil 442 fueron diagnosticados y/o atendidos en la CDMX lo que representa al 84.73 por ciento, 595 en el Estado de México lo que equivale al 14.64 por ciento, es decir, cada vez más los vecinos de Neza acuden más a hospitales o clínicas de la capital del país que de la entidad mexiquense“, por lo que reiteró su solicitud al gobierno estatal para la construcción de nuevos nosocomios en esta localidad”.

EL HOSPITAL PROVISIONAL CUENTA CON 100 CAMAS 

El hospital provisional al que el municipio hace referencia se ubica dentro del gimnasio de la Deportiva Municipal Bordo de Xochiaca, el cual cuenta con una capacidad de cien camas y abarca poco más de mil metros cuadrados  de un terreno donado por la alcaldía. 

Asimismo , cuenta con módulos individuales equipados con torres de pota venoclisis, bombas de infusión y mesas puente, de los cuales 20 de ellos cuentan con suministro de oxígeno vía tanques portátiles y que el espacio además tiene sanitarios con regaderas, central de enfermería, almacén de medicamentos, zona administrativa y de descanso médico, según información otorgada en mayo pasado por autoridades municipales.

El 17 de mayo de 2020, el alcalde De la Rosa García dijo que la Unidad contaba con todos los servicios necesarios, por lo que sólo se está a la espera entre en operación para beneficio de la población.

En ese momento, el presidente municipal recordó que el pasado 16 de abril por medio de una videoconferencia le solicitó al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza reforzar la infraestructura médica en el municipio al exponerle que luego de la reconversión de los Hospitales La Perla y Gustavo Baz, pacientes con otras patologías distintas a la del covid-19 vieron mermados los servicios médicos que recibían para atender sus enfermedades, por lo que agradeció la  pronta y favorable respuesta a nombre de los propios habitantes.

En 30 años, no se ha construido un hospital nuevo en Nezahualcóyotl, a  pesar del crecimiento poblacional y urbano que ha tenido la ciudad. En cambio, hace dos años desapareció el Hospital Regional mejor conocida como la Clínica 25.

https://adnoticias.mx/neza-se-queda-sin-camas-hospital-provisional-no-se-utiliza-por-falta-de-medicos-y-autorizacion-del-edomex/

Médicos de Hospital en Toluca atienden a pacientes COVID en plena calle por saturación hospitalaria (Estado de México)

Foto: Noticieros Televisa

Víctor-Valles Mata y Jorge Ulloa /Noticieros Televisa

En el área de urgencias COVID de este Centro Médico, sólo reciben a pacientes cuyos nombres aparecen en una lista

En el Estado de México, la saturación hospitalaria está obligando a algunos médicos a valorar a los pacientes COVID en plena calle.

“No tengo ni una sola cama, hay pacientes que están compartiendo la misma toma, pero no es suficiente, no tengo nada, nada de camas”, dijo una doctora del  Centro Médico Adolfo López Mateos, ISEM.

Personal de Salud del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, valora en plena calle a decenas de pacientes COVID. Su gravedad determina a quién atender primero.

“Es necesario salir a atenderlos acá afuera y ver quién está más grave”, reiteró la doctora.

Javier González de 36 años, llegó al hospital a las 4 de la tarde, tenía una saturación de 72 por ciento. Aún así, esperar afuera con su tanque de oxígeno para ser valorado.

“Ya estaba mejor, pues no sé cómo es esa enfermedad”, insistió Cresencio González, padre de paciente COVID.

Dos horas más tarde, una doctora salió del hospital. Una hora después fue ingresado para un chequeo y le advirtieron que no había camas disponibles.

“Gracias a Dios ya lo recibieron, ya mi hija ya lo lleva”, señaló el padre de paciente COVID.

En el área de urgencias COVID de este Centro Médico, sólo reciben a pacientes cuyos nombres aparecen en una lista.

“Cómo se llama el paciente – Alejandro Martínez – sí, no tenemos espacio, hay pacientes en consultorios aquí y acá esperando”, insistió la recepcionista.

Muchos pacientes, como Javier González, son remitidos a este Centro Médico por personal del Hospital General Regional 220 de Toluca, el cual también está saturado.

Algunos llegan al área de urgencias, pero ante la saturación y emergencia deciden buscar espacio en otros hospitales, mientras que otros optan por esperar una cama durante horas.

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/pacientes-covid-atendidos-calle-hospital-toluca-saturacion-hospitalaria/

 

 

Preocupa desconocimiento de sitios de asesinatos de mujeres (Jalisco)

Foto: Archivo NTR

Juan Levario / El Diario NTR

Un reporte de ONU Mujeres realizado en colaboración con instancias de gobierno arrojó que es preocupante la proporción de casos de asesinatos de mujeres en Jalisco cuyo lugar de comisión se desconoce.

El informe, titulado La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias, y presentado en diciembre de 2020, encontró además que, en 2019, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) de Jalisco fue de 5.9 por cada 100 mil mujeres, un valor superior al de 5.7 en promedio a nivel nacional.

El documento contempló datos de 2019 y consideró estadísticas de mortalidad que publican el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud (Ssa). Con base en ambas referencias, la organización internacional recordó que durante 2019 se cometieron 248 asesinatos de mujeres en el estado.

Del total de asesinatos del estado, casi la mitad fue cometida en un lugar desconocido. Con un valor de 2.6 asesinatos de mujeres por cada 100 mil mujeres, Jalisco obtuvo la tercera tasa más alta en el rubro en todo México; sólo lo superaron Baja California y Chihuahua con valores de 4.9 y 3.4, respectivamente.

“Es de notar que en algunas entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo, las tasas de DFPH en las cuales se ignora el sitio de la ocurrencia son considerablemente altas”, enfatiza el informe.

ONU Mujeres estableció que el hallazgo de un cuerpo cuyo lugar de asesinato se desconoce “ameritaría una mayor investigación de corte cualitativo por parte de las instituciones que se abocan a la prevención y atención de feminicidios, con el fin de conocer por qué es tan alta la proporción de casos en los que se desconoce el lugar del homicidio”.

Los datos que comprende el informe fueron analizados por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres México, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=160741

Hospitales de Colima reportan el 100 por ciento de ocupación en áreas Covid

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (12/01/2020).- El Hospital General de Manzanillo y el Hospital Regional Universitario (HRU) reportaron un 100 por ciento de ocupación hospitalaria en las áreas destinadas para atender a los enfermos de Covid-19.

Mientras que las clínicas del ISSSTE tanto en Manzanillo como en Colima reportó que las camas con ventilador están ocupadas y no tiene ninguna disponible, mientras que el Regional Universitario sólo tiene disponibles el 15 por ciento.

Lo anterior fue informado a nivel nacional por el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas (INDRE), quien explicó que la clínica del ISSSTE en el puerto colimense sólo dispone del 50 por ciento de las camas para atender a enfermos de coronavirus, mientras que la clínica en Colima tiene únicamente el 33 por ciento, pero ninguna de ellas tiene disponible un ventilador.

Los datos que reveló el INDRE- instituto que pertenece a la secretaría de Salud federal- expone que la situación también es complicada en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Villa de Álvarez, pues sólo tiene libres el 31 por ciento de las camas y el Hospital General de Tecomán dispone del 20 por ciento.

En tanto, entre el pasado viernes y el domingo se registraron 150 casos nuevos de Covid-19 en el estado de Colima; los municipios que concentra el mayor número de afectados son Manzanillo y Colima.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=18781

El miedo a morir de hambre y no por Covid-19: ferieros mexicanos

Foto: Jordana González
Karen Ballesteros y Jordana González / Contralínea

Morir de hambre y no por contagiarse de la Covid-19 es el temor de decenas de familias que se ganaban la vida en las ferias errantes, en los juegos mecánicos, puestos de pan o comida, rifas, canicas, lotería, tiro al blanco… Apostados en avenidas, buscan sobrevivir de la caridad, vendiendo sus alcancías y peluches o intercambiándolos por despensa.

El mayor miedo de los ferieros de México es morir por hambre y no por Covid-19. Este sector de trabajadores informales lleva casi 10 meses sin poder obtener ingresos de la tradición familiar que los sostiene: las ferias errantes. Es el caso de 79 familias –cuyos integrantes varían de 10 a 20 personas– que actualmente  sobreviven gracias al cambalachede sus alcancías por comida o dinero con quienes transitan por la avenida Central y Nuevo Aragón, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Desde el 31 de marzo de 2020, cuando se emitió la Declaratoria nacional de emergencia sanitaria por la pandemia, profesiones y oficios no esenciales –entre ellos los ferieros–dejaron de laborar para prevenir los contagios de Covid-19. Las personas dedicadas a vender diversión –mediante juegos mecánicos y puestos de comida, canicas, tiro al blanco, en fiestas patronales religiosas, fiestas de mercados, aniversarios de colonias o pueblos, entre otros festejos– se encuentran varadas donde la suspensión de actividades les tomó por sorpresa, pues se mueven a lo largo y ancho de la República “como gitanos”, aseguran.

Sobre uno de los camellones de Avenida Central, a unos cuantos metros de la estación delMexibus Palomas se observan decenas de alcancías de diferentes figuras. Detrás de ellas, sentado bajo una lona, está Bernardo. Vigilante, mira el pasar de los automóviles y de las personas.  Mientras tanto Marisol, su compañera de vida, y su hija menor de 7 años, Kimberly, botean (piden limosna) entre el tránsito de la avenida.

Sólo uno de los carros se detiene y hace caso al audio que se reproduce de una de las bocinas; esta llama a apoyar a la familia Morales, ya sea con uno o dos pesos o productos de la canasta básica, así como con la compra de una de las figuras de cerámica exhibidas, lo hacen para subsistir y poder regresar a sus municipios de origen, explica Bernardo Morales de la Rosa. “Estamos aquí parados porque no tenemos con qué movernos”.

La familia Morales tuvo que quedarse en Ecatepec, debido a que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 hizo parar las fuentes de trabajo de miles de “compañeros”, dejándolos varados a su suerte en pueblos y comunidades.

El hombre de 51 años nació en la feria, bajo el techo de lámina de un remolque, y cuenta que él y su familia de cuatro integrantes decidieron mantener su pequeño remolque en la entrada del municipio de Ecatepec y no moverse a zonas más rurales como Teotihuacan o Texcoco, pues los niveles de pobreza ahí son mayores.

“Aquí en la entrada a la Ciudad [de México] es donde hay un poquito más de recursos y a nosotros nos agarra de paso porque la gente que viene a los centros comerciales de la Central de Abasto pasan por aquí”.

Los primeros 2 meses de iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia, la gente “respondió: nos traía frijoles, arroz, sopa, aceite”. Los productos donados fueron repartidos entre quienes permanecen en este municipio, así como en estados aledaños como Guerrero e Hidalgo.

Miguel Ángel Morales Delgado, sobrino de don Bernardo, quedó varado junto con Mariana Sánchez Ramírez, su compañera de vida, y su hijo recién nacido, en la colonia Nueva Aragón, también en Ecatepec. El joven de 21 años explica que “nos han traído ropa, zapatos y hasta despensas, nos han ayudado económicamente con algo. Nosotros no vamos a pedir tanto, o sea, lo que nos quieran ayudar”.

No obstante, así como han recibido ayuda, también insultos, pues han sido tachados de “huevones”, detalla Bernardo Morales de la Rosa. Incluso, Miguel Ángel agrega que hay quienes cuestionan “dónde está el dinero que ganamos [antes de la contingencia sanitaria]. Creen que ganamos mucho y no es así”.

Sobrevivir con 100 pesos al día

En tres días, durante tiempos normales, cuando podían trabajar sin restricciones y sin el temor de contagiarse por el coronavirus, ganaban entre 2 mil y 3 mil pesos, aseguran, pero sólo si trabajaban los días más fuertes: viernes, sábado y domingo. Con ese dinero tenían que pagar los permisos necesarios a las autoridades locales, la mercancía que necesitan, gasolina y peaje, además de su propio sustento.

Miguel Morales recuerda que el último día que pudieron trabajar fue lunes, antes de que Protección Civil les diera la orden de ya no laborar, pues si lo hacían los multarían. Aquel día no hubo ganancias, recuerda.

Ahora Miguel Ángel se cuestiona: “qué vamos a trabajar si los juegos están orillados”. Por lo que, a decir del señor Bernardo Morales, “a veces sólo sacamos 100 pesos diarios”, otros días “nos vamos con las manos vacías”. Ambos tienen en cuenta que mucha gente ha perdido sus empleos y también sufre los estragos de la crisis.

Así, en esta nueva normalidad los ferieros sobreviven con 500 o 600 pesos a la semana, cuando los gastos de una familia de cinco personas es de 3 mil pesos, “porque tenemos que pagar agua, luz, comida y alimentos”.

Para ellos no hay opción para ahorrar si quiera un poco y destinarlo a comprar la botella de insulina de 500 necesaria para atender la diabetes de Bernardo Morales, o juntar para su diálisis. “Muchas veces hemos ido al gobierno para que nos apoye pero no hay recursos”.

Como “no soy derechohabiente, en el Seguro [IMSS] me niegan los medicamentos. He ido a las clínicas de las colonias, pero no la hay, me niegan y me dicen que son escasos los medicamentos y que debo llevar una receta médica de una dependencia del gobierno”. Receta con la que no cuenta.

Bernardo Morales se dice avergonzado de tener que sobrevivir de esta manera, pues una persona adulta como él, a quien le enseñaron un oficio, hoy tiene que “estar en la calle pidiendo limosna”. Aunque, afirma, muchos han buscado emplearse: sólo su sobrino logró poner un puesto de comida cerca de su remolque. “Por falta de estudios [a la mayoría] no nos lo dan y muchos de nosotros, con trabajo terminamos la primaria porque nacimos en la calle”.

El hambre y la inseguridad, lo más difícil de enfrentar

Como los ingresos obtenidos al día son pocos, si bien les va, hay ocasiones que “no nos llevamos ni un trago a la boca porque preferimos que nuestras criaturas coman”, dice Bernardo Morales.

Por eso, los Morales de la Rosa “le tenemos más miedo a morir de hambre que de Covid: sabemos que de coronavirus moriremos en dos o tres días en un hospital; pero de hambre, la agonía es más lenta. Morir de hambre por una infección renal está más complicado que morir de una enfermedad como el coronavirus”.

En este tiempo, para la familia de Miguel Ángel Morales el hambre ha sido y será el principal reto a enfrentar: “de dónde vamos a sacar dinero. Hasta cuándo vamos a vender alcancías, si tenemos el material justo”.

La desesperación acompaña la pobreza. Mariana Sánchez Ramírez, de 20 años y de oficioferiera, considera que lo más difícil, al principio, fue no conseguir un empleo. “Nosotros salíamos a buscar trabajo y nos decían que no había vacantes. Nos sentíamos muy mal en ese aspecto porque ya no teníamos dinero. [Los vecinos] nos llegaron a apoyar con despensas o con dinero  para nuestro hijo”. Ni con estudios de preparatoria, su esposo Miguel encontró un empleo formal “por lo mismo de esta situación que nos pasó a amolar”.

La delincuencia es otra variable por la que viven preocupadas las dos familias. Y es que al habitar la vía pública, en un camellón de la avenida Central o San Juan de Aragón, los riesgos incrementan, aseguran a Contralínea.

Bernardo Morales de la Rosa expone que los delincuentes se roban desde las lámparas de los juegos hasta los fierros de los juegos mecánicos, para venderlos al kilo. Lo que son unas cuantas monedas para los delincuentes, son años de inversión para las familias.

Eso no es lo peor. A sus dos hijas (Kimberly Alondra de 7 años y Dana Paola de 13 años) y a su esposa Marisol, de 26 años, las han tratado de violar. “Han intentado abrir el remolque y meterse a la fuerza”.

La señora Mariana Sánchez también teme lo peor. Por eso, en cuanto escucha “cualquierruidito me asomo por algún hoyito para ver quién es. Como tengo perritos, ladran cuando se acercan. Sí me da miedo que llegue a pasar otra cosa, pero es lo que estamos aquí. Entre familia nos cuidamos”.

Robo, secuestro o sufrir violencia sexual son sólo algunos de los riesgos que corren, puesto que muchos “deben buscar lugares en terrenos baldíos o insalubres: el gobierno no nos quiere ver en los camellones que porque damos mal aspecto, una mala imagen al municipio. Somos obligados a escondernos en terrenos baldíos, en los cuales somos presa fácil”, dice Bernardo Morales.

Al vivir en condiciones insalubres, Morales de la Rosa afirma que “han fallecido alrededor de mil personas del gremio. Sin embargo, para el gobierno no valemos. Nos hemos presentado ya con las actas de defunción a decirles: ‘miren, los ferieros se están muriendo de Covid”. Pero no hubo apoyo, denuncia.

Invisibles para el gobierno

“Para el gobierno municipal y estatal no somos nada, porque cuando nos utilizan que para un evento de política ahí si estamos, pero ahorita…”, manifiesta Miguel Ángel Morales. Sólo han recibido una despensa por parte del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras. Pero fue “a raíz de que nosotros nos acercamos a ellos”.

El 13 de abril fue la primera vez en que alrededor de 100 ferieros marcharon al Zócalo capitalino para dirigirse a la Secretaría de Bienestar. Llegaron, pero les fueron requeridos documentos oficiales como la credencial de elector, comprobante de domicilio, acta de nacimiento. Documentos “con las cuales los ferieros no contamos”.

Ante la ausencia de la documentación para que pudieran acceder a un préstamo de 6 mil pesos, se comprometían a dejar las facturas de sus camionetas. “Pero con ese dinero no comemos más de una semana”. La propuesta de los trabajadores no fue aceptada por las autoridades, asegura Bernardo Morales.

Incluso advierte que fueron víctimas de discriminación en las oficinas de la Secretaría: “cuando nos presentamos en las oficinas del Bienestar nos rechazan, nos ven como animales raros, casi se tapan la nariz y nos sacan a empujones  porque dicen que no valemos porque no tenemos la documentación.  Nosotros de dónde vamos a tener tantos documentos si, con trabajo, tenemos estudio”.

Pasados 10 meses de suspendida su actividad laboral y en pleno semáforo rojo declarado en el Estado de México, el gremio continúa a la espera de que el gobierno los ayude de alguna forma. “Vamos a tardar años en poder abrir de nuevo”.

La Unión de Ferieros pide ser reconocida, porque “también forma parte de una sociedad. Es importante que el gobierno nos voltee a ver y contemple el plan de sanitización de la asociación cuando regresemos a  actividades: contamos con gel, cubrebocas, dispensadores porque estamos haciendo un plan de trabajo para cuando el gobierno nos permita regresar a las calles. Ya tenemos barandillas, sanitizadores”.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/01/12/el-miedo-a-morir-de-hambre-y-no-por-covid-19-ferieros-mexicanos/

Encarecen y escasean tanques de oxígeno en el Edomex

Imagen tomada de: Meganoticias

Meganoticias

Escasos y caros están los oxígenos medicinales por la pandemia del Covid-19, pues previo a este padecimiento algunas empresas abastecedoras refieren que el precio era de 2 mil 500 pesos.

Sin embargo debido a la demanda los tanques de oxigeno medicinales se han encarecido, alcanzando los 38 mil pesos de 7000 mil litros por parte de revendedores que ofrecen los cilindros a través de las redes sociales y que por la falta de empleo e ingresos económicos no alcanza a comprarse.

 

De acuerdo con la Procuraduría federal del consumidor el costo de un tanque de oxigeno grande de uso medicinal con sus aditamentos tiene un valor de 10 mil pesos o bien el rellenado de estos cilindros está entre 250 hasta los 500 pesos dependiendo del tamaño.

 

Las empresas refieren que con la pandemia se comercializan todos los tamaños de cilindros tales cómo:

 

680 litros

1723 litros

3500

7000

9500

 

La demanda de oxigeno se ha triplicado debido a aumento de los casos covid-19 en el Estado de México y la muestra de ello es que en las empresas que comercializan el oxigeno no ha alcanzado a cubrir la demanda de consumidores, por lo que tiene que pernoctar un día para poder adquirirlo.

 

Aunque existe cómo alternativa los concentradores de oxígenos, estos se comercializan de los 3 mil a los 40 mil pesos y ante la falta de recursos para adquirirlos lamentablemente las personas fallecen.

https://www.meganoticias.mx/toluca/noticia/encarecen-y-escasean-tanques-de-oxigeno-en-el-edomex/211346

Hallan rastreadoras de Una Nación Buscándote octavo cadáver en predio de Tijuana (Baja California)

Lindero Norte / Antonio Heras.

El octavo cadáver en un predio de la colonia Maclovio Rojas de Tijuana fue localizado durabte la tarde de este lunes pie integrantes de la organización civil «Una nación Buscándo T».

Esta jornada contrataron una máquina retroexcavadora para remover la tierra en busca de restos humanos, a partir de donaciones de sus integrantes y familiares de personas desaparecidas en esta frontera.

Durante seis días han trabajado en una superficie de la ciudad de 16 metros cuadrados en un predio 1ue se utilizó como fosa clandestina de acuerdo a informes anónimos.

Angélica Ramírez, intégrate de esta organización de rastreadoras, dijo que la Fiscalía General del Estado no les ha apoyado en los últimos hallazgos e incluso les adscribieron personal que desconoce el uso del geolocalizador y la lectura de coordenadas.

«A pico y pala», expresó Ramírez, descubrieron los restos de la séptima durabte la tarde del sábado por la tarde cuando lqs dejaron solas los agentes investigadores

En 2029, «Una nación buscándo T» localizó y desenterró al menos a 50 cadáveres para, en algunos casos, entregar los restos a sus familiares

Foto: Cortesía

https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/01/11/hallan-rastreadoras-de-una-nacion-buscandote-octavo-cadaver-en-predio-de-tijuana/

Sin donativo ciudadano, Cruz Roja reducirá atención prehospitalaria (Baja California)

Zeta Tijuana / Lourdes Loza Romero.

Tijuana, Baja California, 5 de mayo de 2020. Aspectos generales de las actividades que realizan los paramédicos en la Cruz Roja.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA

La delegación estatal de la benemérita, cuenta con 32 unidades activas (más 18 de reserva) para apoyar en la atención prehospitalaria a las autoridades de salud en Baja California; anualmente el Gobierno del Estado entrega donativos ciudadanos en cerca de 30 millones de pesos, captados a través del pago de derechos vehiculares, apoyo que estaría por desaparecer y mermar la situación financiera de la institución

“Yo voy a buscar la manera de que crezcan en este gobierno, que sea el gobierno que más los ha apoyado a ustedes”, fue la promesa que Jaime Bonilla Valdez hizo a las autoridades de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Baja California, en una reunión que sostuvieron el 28 de agosto de 2019 en las instalaciones de la televisora PSN, propiedad del ahora mandatario estatal.

Cada año el Gobierno del Estado entrega a la Cruz Roja un recurso promedio de 30 millones de pesos, captados a través del pago de tenencia de placas, altas y bajas de autos en el sistema vehicular, pago por derechos de licencias y tarjetas de circulación; dinero que se destina en un 80 por ciento al mantenimiento y operación de las unidades con las que brindan servicio médico prehospitalario gratuito.

A pesar de las promesas de Bonilla de mantener y mejorar este apoyo, contribuyentes han reportado a este Semanario que desde el pasado 4 de enero tanto por la vía electrónica como en el pago presencial en Subrecaudación de Rentas del Estado ya no se les incluye la opción de aportar el donativo. Al cuestionar este punto, los cajeros solo les responden que es porque ya se terminó el convenio que había entre la Cruz Roja y el Gobierno del Estado.

Esto tomó por sorpresa a la delegación estatal y a las ocho que operan localmente. ZETA solicitó entrevista con las delegaciones Tijuana y Rosarito, que anteriormente habrían señalado retrasos en los pagos por parte de la Secretaría de Hacienda y también de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), pero argumentaron que este sería un tema tratado únicamente por la delegación estatal.

Por su parte el ingeniero Rubén Rosiñol, quien funge como delegado a nivel estado, comentó que sería hasta este viernes 8 de enero cuando emitan algún posicionamiento oficial, luego de concretar una reunión con el gobernador para abordar esta situación.

Tijuana, Baja California, 5 de mayo de 2020. Aspectos generales de las actividades que realizan los paramédicos en la Cruz Roja.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA

Otros integrantes de la institución compartieron que dentro se vive cierta incertidumbre de lo que podría ocurrir en este 2021; de perder la aportación en cuestión, se verían obligados a reducir drásticamente la disponibilidad de los servicios que brindan, sobre todo los de carácter prehospitalario que durante esta pandemia han cobrado gran relevancia. “Son servicios que debería cubrir el Estado, no la Cruz Roja, pero siempre hemos sido nosotros los que estamos ahí para la población”, expresó uno de los entrevistados por este Semanario, que prefirió omitir su nombre para evitar represalias.

Agregó que el 2020 fue un año difícil para la situación financiera de la institución, que se mantuvo mayormente con aportaciones empresariales y lo poco que captaron el estado y los municipios en los cobros de impuestos que incluyen un donativo para la Cruz Roja.

“El COVID no solo representó un reto en la cuestión de la atención médica, sino también en lo financiero. A los gastos operativos se agregó la adquisición de equipo de protección personal, que en ocasiones tampoco fue suficiente y se recurrió a los empresarios para solventar esta necesidad”, puntualizó.

De parte del gobierno de Jaime Bonilla, el titular de Salud Alonso Pérez Rico afirmó ante medios de comunicación que si la Cruz Roja no puede ayudarlos, buscarían ayuda con otras instituciones privadas, aunque no supo confirmar si esta era una situación definitiva ni si era una petición directa de parte del Ejecutivo.

“Lo veré con el delegado de la Cruz Roja, para ver qué es lo que está sucediendo y ver en qué los podemos ayudar. En caso de que él no tuviera la posibilidad de continuar con el número de ambulancias y la operación que traen, tendríamos que verlo con otras empresas de ambulancias privadas para poder darle la cobertura a la población”, declaró el funcionario.

“Gobierno con mucha responsabilidad social”

Como gobernador electo, en 2019 Bonilla Valdez atendió a un sinfín de personajes que buscaban sumarse a colaborar con su próximo gobierno o el visto bueno para continuar trabajando durante su gestión. Los representantes de la benemérita aprovecharon la ocasión para mostrarle lo que lograban con las aportaciones ciudadanas captadas a través del pago de derechos vehiculares, un recurso que ronda los 30 millones de pesos por año y que se mantenía bajo un acuerdo de “buena voluntad” entre el gobierno y el organismo.

“Mi gobierno va a ser uno con mucha responsabilidad social. No quiero que pierdan dinero; al contrario, vamos aumentar el apoyo hacia ustedes”, les diría Bonilla en agosto de 2019, agregando que el apoyo no solo sería monetario, sino también con funcionarios comprometidos en crear acuerdos para beneficio de la institución.

La Cruz Roja en Baja California cuenta con una delegación estatal que funciona administrativamente y ochos delegaciones locales que brindan servicios médicos, una por cada municipio (Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada) y tres más para cubrir la atención en los poblados de San Quintín, San Felipe y La Rumorosa.

Opera dos hospitales (uno en Tijuana, otro en Rosarito), cinco clínicas médicas, un consultorio de curaciones y 16 bases de ambulancias; estas últimas ubicadas en puntos estratégicos cercanos a desarrollos poblacionales con una alta demanda de servicios médicos.

Se maneja un parque vehicular compuesto por 32 ambulancias activas para la atención de urgencias básicas y avanzadas, 18 unidades de reserva y ocho para rescate. La delegación Tijuana es la que tiene el mayor número de unidades: 13 ambulancias, dos de rescate y una Unidad de Primer Respondiente (UPR).

Tijuana registra una mayor cantidad de servicios atendidos por sus ambulancias, que es el 90 por ciento de las emergencias reportadas al 9-11; en 2020 contabilizaron cerca de 38 mil atenciones a personas con padecimientos no COVID, víctimas de hechos de alto impacto (baleados) y de accidentes vehiculares. Mientras que atenciones relacionadas a COVID o enfermedades respiratorias rebasaron los cuatro mil servicios, con picos en los meses de mayo (634) y diciembre (mil 22).

Cruz Roja, Tijuana

Anualmente la Cruz Roja registra un gasto promedio de 53 millones 705 millones de pesos para su operación; de estos, 31 millones 220 mil pesos son para el pago de la nómina de personal médico y administrativo; 11 millones 140 mil 100 pesos en combustible; siete millones 473 mil para el mantenimiento de las unidades; dos millones 979 mil 400 para la compra de insumos y medicamentos, y 892 mil 500 pesos para cubrir las aseguranzas de sus vehículos.

Fue a partir de 1974 que el Gobierno del Estado de Baja California acordó entregar 10 pesos por cada trámite de tenencia vehicular a la benemérita institución, monto que se ajustó a 20 pesos en 1996, y del año 2000 al 2018 se mantuvo en el equivalente a un salario mínimo. En el 2019 el gobierno de “Kiko” Vega acordó con la Cruz Roja establecer un monto fijo, inferior a los 100 pesos por trámite, y también que fuera a voluntad del usuario.

Formalmente no se firmó un convenio y el monto recabado no se contempla dentro de la Ley de Ingresos, debido a que no se considera un impuesto como tal; solo es una aportación ciudadana que capta el Gobierno del Estado y se lo entrega a la institución como un apoyo a la labor que le brindan a la ciudadanía.

De enero a junio de 2019, del total de contribuyentes que realizaron su trámite de revalidación de placas, el 67 por ciento aceptó otorgar el donativo a la institución, lo que se tradujo en un recurso de 22 millones 784 mil 274 pesos. También se entregaron cinco millones 668 mil 839 pesos por el resto de los trámites, dando un total de 28 millones 453 mil 113 pesos: cerca de cuatro millones 742 mil 185.5 por mes para toda la delegación.

https://zetatijuana.com/2021/01/sin-donativo-ciudadano-cruz-roja-reducira-atencion-prehospitalaria/

Pugnan jornaleras indígenas de San Quintín por condiciones laborales favorables (Baja California)

Lindero Norte / Antonio Heras.

Mexicali.- Durante esta temporada agrícola, la mayoría de las jornaleras en el Valle de San Quintín trabajamos por contrato, sin prestaciones sociales, advirtió Abelina Ramírez Ruiz, dirigente de la organización de Mujeres Unidas en Defensa de Jornaleras e Indígenas quien señaló que les pagan 16 pesos por cada caja de fresa pizcada.

Pasa lo mismo con la mora o el arándano pues nos pagan por cada caja con ocho basquetes («canastas» de plástico) y en ocho horas hacemos 25 cajas como mínimo, aunque depende de las habilidades de cada una de las jornaleras.

Fuera de esta temporada, el a partir de julio les pagan por día con salario integrado donde supuestamente les incluyen prestaciones sociales que no se refleja en la cotización en el seguro social.

El sector más vulnerable es el de las mujeres jornaleras indígenas, como en el caso del Valle de San Quintín, señalan investigadores sociales.

Las mujeres indígenas son vulnerables desde el momento que no pueden doblar jornal como los hombres, tienen menores ingresos e incluso se ven orilladas a dejar sus tradicionales vestidos para cambiarlos por el pantalón, debido a la posición de recolección, que asegura el antropólogo físico Raúl Hernández, quien ha documentado expresiones culturales en zonas indígenas de la entidad.

En los hogares se reproduce el machisno y el esquema patriarcal, además que son los varones quienes realizan las negociaciones laborales, sostuvo Hernández.

En este valle, las mujeres inician su jornada a las 3 de la madrugada para preparar el alimento y bebidas de desayuno y comida en el campo agrícola para ellas y su familia, toda vez que no hay comedores ni lugares de venta

Más allá de las condiciones laborales, un problema para las jornaleras es el pago de quienes cuidan a sus hijos en sus comunidades porque les cobran 70 pesos diarios por cada menor de edad.

No tenemos estancias infantiles ni guarderías del gobierno o del IMSS, aseguró, una se mata a diario para ganar dinero pero nos queda muy poco al pagar estos servicios.

Hay temor entre las mujeres por mantener su trabajo y porque considera que las jornaleras «no fuimos a la escuela y nos limita más no conocer nuestros derechos, por eso es importante organizarnos, presionar todas juntas, porque el gobierno no se preocupa por nosotras».

Ramírez Ruiz asegura que al cancelarse el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas se cerraron los comedores que beneficiaban a las familias, que además que ahí podían comprar lonches baratos.

Ellas salen de casa a dejar a sus hijos a las casas donde los cuidan durante la jornada laboral y después se dirigen al lugar donde las esperan los camiones que las llevan a sus centros de trabajo que están disponibles desde las 5 de la madrugada.

Abelina llegó al Valle de San Quintín procedente de Oaxaca, hace 17 años con su esposo y su primogénito. Venían por tres años pero se quedaron en San Quintín y ahora son cinco de familia ya que dos de sus hijos nacieron en esta entidad. Escucharon un anuncio en la radio, los engancharon con las condiciones de trabajo y hasta comida para el viaje de tres días con sus noches, pero no les cumplieron. Empezaron a trabajar en el campo El Pedrogoso, que ahora inexistente que sembraba tomate, chiles y calabaza.

Mujeres organizadas vs violencia

Hace dos años empezamos con la defensa de derechos laborales, afirmó, esto nos abrió las puertas a trabajar en comunidades en asuntos de migración, violencia de género y laboral, aunque el tema más fuerte es el ausencia de guarderías para jornaleras indígenas por parte del gobierno y el IMSS.

Están en favor de erradicar la violencia en contra de las jornaleras en Baja California y por condiciones justas de trabajo.

Hay Guerrero, hay Oaxaca, Puebla, que llegan por la migración en temporada alta en camiones desde el sur, pero ahora llegan familias triquis, mixtecas y zapotecas completas con abuelos, tíos y primos, que explicó la activista de derechos de jornaleras e indígenas, las empresas transnacionales se las traen con promesas de trabajo pero sin garantías de nada.

Señaló que en San Quintín ya empezaron los paros laborales y rechazó estar en contra de los patrones sino a favor de mejores condiciones que no han podido regularizar gobierno ni sindicatos.

La organización MUDJI empezó a trabajar en cinco colonias de Camalú y Vicente Guerrero, en entre ellas La Coyotera, Emiliano Zapata, Nuevo México y Playas.

La organización es un trabajo complicado porque somos jornaleras en activo pero nos gusta «tocar» a la gente

https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/01/11/pugnan-jornaleras-indigenas-de-san-quintin-por-condiciones-laborales-favorables/

Preocupa a ambientalistas contaminación del río Huazuntlán, Veracruz

Marthin Ruiz Urbieta / Imagen del Golfo

A los ambientalistas les preocupa la contaminación del río Huazuntlán, por lo que piensan en realizar movilizaciones de protesta, de acuerdo a lo que dice el ambientalista Valentín Martínez Martínez, quien participó en una reciente reunión con representantes de trece poblados.

Dijo que el domingo anterior estuvo en una reunión con gente de las comunidades de Cerro de la Palma, Tonalapan, Mirador Saltillo, San Pedrito, Amamaloya, Huazuntlán, El Naranjo, Minzapan, Chacalapan, Cerritos, Coscapan, , y otros poblados que tienen conexión con el río Huazuntlán, en donde se comentó que los alcaldes Deysi Sagrero Juárez, de San Pedro Soteapan, y Bulfre Alfonso Bautista, de Mecayapan, no hicieron nada por el saneamiento del río.

Los ambientalistas resaltan que las aguas negras también llegan a las cascadas de San Pedro Soteapan adonde concurren vacacionistas a bañarse.

https://imagendeveracruz.mx/estado/preocupa-a-ambientalistas-contaminacion-del-rio-huazuntlan-/50067097

Matan a niños en Tijuana (Baja California)

Zeta Tijuana / Rosario Mosso Castro.

Con 2 mil 003 homicidios perpetrados en 2020, y 2 mil 209 el año anterior, Tijuana refleja una reducción de 9% en la incidencia mortal. Sin embargo, el fiscal central Hiram Sánchez reconoce el aumento de muertes violentas entre menores de edad. De 51 asesinatos de ese sector de la población, 39 ocurrieron en Tijuana el año pasado. Y en la primera semana de 2021, cuatro menores han sido asesinados y dos resultaron lesionados.

De acuerdo con la autopsia forense, los menores tenían entre 7 y 10 años de edad. Sus cadáveres calcinados se localizaron la noche del 2 de enero de 2021 sobre una superficie de terracería a un costado de un montón de basura en la colonia Aguaje de la Tuna en Tijuana.

Estos niños no identificados, a cuyos cuerpos las autoridades aún le realizan estudios para clarificar la causa de muerte y saber si los quemaron vivos o muertos, son dos de los cuatro menores de edad acribillados en Tijuana -y en Baja California- en la primera semana de 2021.

Durante el año que acaba de concluir, las víctimas menores de edad detectadas en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron 51: del total, 39 en Tijuana, siete en Mexicali, cuatro en Tecate y una en Rosarito.

“Definitivamente ha habido un aumento de víctimas de homicidios niños, porque son niños hasta los 18 años, menores de edad y mujeres”, expuso Hiram Sánchez, fiscal central de Baja California.

Entrevistado por ZETA, detalló que los orígenes de los homicidios de menores de edad en el Estado van en tres vertientes:

Violencia intrafamiliar.

-Circunstancial: son hijos, sobrinos o nietos de personas que se dedican a delinquir, en la mayoría de los casos relacionados con la venta de droga al menudeo. No son el objetivo del ataque, pero resultan como daño colateral, “no es poco común que las personas que están cometiendo homicidios lo hagan bajo el influjo de alguna droga”.

-Adolescentes que ingresan a la actividad delictiva a muy corta edad. “Hemos detectado un patrón, normalmente empiezan con robo de auto, después pasan al robo con violencia, después al secuestro o levantones y de ahí al homicidio.

Fue el caso de los muchachos integrantes de la banda de secuestradores detenidos en abril (2020), los más jóvenes tenían entre 21 y 23 años, pero todos tenían antecedentes por robo cuando eran menores. Y ahora se les está investigando por más de una decena de homicidios”.

El fiscal se refirió al operativo en el que una víctima fue rescatada y nueve jóvenes, incluidas cuatro mujeres, todos entre 21 y 37 años, fueron capturados en Tijuana el 22 de abril de 2020 (otros dos en San Diego, California), tras haber asesinado a un hombre y tirar su cadáver en el Parque Industrial Florido. La madre de uno de los plagiarios también esta presa por secuestro.

– ¿Cuál ha sido la versión de los homicidas detenidos, cuando hay niños como víctimas colaterales?, preguntó ZETA al fiscal Sánchez.

“Es complicado escuchar la versión de los homicidas, porque normalmente se reservan declarar en los hechos que se les imputan, pero la dinámica la mecánica de los hechos nos hace ver que la agresión no iba dirigida a los niños, pero con homicidas bajo los influjos de droga, disparan a todo y a todos, sin mediar si hay familia”.

– Los niños como víctimas colaterales no eran tan comunes en otros años…

“No, pero es parte de la evolución en la comisión de delitos, antes no había este tipo de homicidios por motivos de la lucha por el control de una calle en la venta de droga al menudeo. No había el homicidio por deudas con cantidades tan bajas por droga. Esta involución de los delincuentes de tan bajo nivel que estén armados, ha generado esta violencia”.

CUATRO INFANTICIDIOS EN 2021

Alejandro Said tenía 9 años. La madrugada del sábado 2 de enero descansaba en su cama. Dormía boca arriba cuando su madre, Zayra Viridiana Leyva Avilés (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), se colocó sobre él y le oprimió una almohada contra la cara. El niño intentó defenderse, su cuerpo presenta evidencias, pero fue inútil. La madre lo superó en fuerza.

Naara Melissa, su hermana de 4 años, presentó menos complicaciones como víctima. Con la niña bocabajo, la mujer solo oprimió su cara contra la cama, con tanta fuerza que el cuerpecito quedo marcado.

Las autoridades ignoran si fue antes o después, pero la mujer escribió dos cartas, una dirigida a su mamá, y otra para Miguel, el padre de los niños, de quien tenía dos meses separada. En ambas refería más o menos lo mismo: que sabía que no entenderían por qué lo hizo, que los quería tener para siempre con ella, que lamentaba lo que había hecho y ella era la púnica culpable.

Varias horas después -los peritos no lo pueden precisar-, la mujer se hizo unos cortes superficiales en las muñecas -aplicó mucha menos fuerza que para asfixiar a los niños- y se ignora si minutos antes o después, llamó al padre de sus hijos -evidenciando que no quería morir-, quien al llegar y encontrar la dantesca escena llamó a los números de Emergencia que recibieron el reporte a las 13:43 horas del sábado 2 de enero.

Las autoridades llegaron al domicilio ubicado en el número B-17 de la Privada Dante en el fraccionamiento Villa Fontana. Paramédicos confirmaron que los hermanos tenían horas de haber muerto, y los policías informaron que a un costado de la cama donde yacían los cadáveres de los niños, encontraron un cuchillo de cocina.

3 Los homicidios se redujeron en los primeros 7 meses del año, a comparación del 2017, la baja fue de

Vecinos entrevistados por ZETA informaron que la madre era una persona reservada y amable, que trabajaba como maestra y nunca se comportó como alguien que pudiera dañar a sus hijos. Impartía clases en la Preparatoria 257 del Valle de Las Palmas.

Casi ocho horas después de este incidente, las autoridades recibieron otro reporte a las 21:09 horas, en este caso se informó que en “la calle Guillermo Prieto a un costado del arroyo, entre Calle Lerdo de Tejada y Calle Río Hondo de la colonia Aguaje de la Tuna, Delegación Sánchez Taboada, oficiales del Grupo de Delitos contra la vida de la Agencia Estatal de Investigación localizaron, sobre superficie de terracería y basura, al lado del arroyo, dos cadáveres calcinados”.

Al día siguiente, desde el Servicio Médico Forense empezó a circular la versión de que se trataba de dos menores de edad, “… no hay seguridad, debemos recordar que cuando calcinan un cuerpo, este se encoge”, argumentaban desde la FGE.

Sin embargo, para el 6 de enero, la fiscalía recibió la confirmación. Los cuerpos quemados pertenecían a dos menores de entre 7 y 10 años. Debido a la edad, ya habían revisado y comparado datos con los reportes de niños desaparecidos, pero al cierre de esta edición, jueves 7 de enero, aún no encontraban datos que coincidieran.

MENORES Y NARCOMENUDEO

Entre los 39 menores de edad asesinados en Tijuana durante 2020, tres ocurrieron entre octubre y diciembre, en dos de los casos, las víctimas fueron mujeres.

“A las 15:05 horas del 14 de octubre de 2020, en Calle Guadalajara #4114, Colonia Chamizal, Delegación Mesa de Otay, agentes del Grupo de Delitos contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación, refieren se localiza un cadáver de sexo femenino en posición decúbito dorsal con manchas pardo rojizas en región cefálica”, indicó el reporte oficial.

La víctima fue identificada como Nahomi Vanessa Farías Figueroa, de 16 años. La madre de la menor cruzó a Estados Unidos a trabajar y al dejó encargada con una amiga que vive en la colonia Buena Vista.

De acuerdo a lo dicho por los familiares de la menor, tenía problemas de adicción, y de hecho había estado internada más de una vez en algún centro de rehabilitación. A últimas fechas había tenido varios trabajos como mesera, y hasta antes de su deceso, era empleada en un restaurante de comida china.

El día de su muerte, minutos antes de ser asesinada, a Nahomi le habían dado permiso de quedarse a dormir en el domicilio donde la mataron. Testigos aseguraron haberla visto ingresar a la casa con un hombre desconocido. Pese a que han transcurrido casi tres meses del homicidio, la carpeta no registra avances ni sospechosos.

Abraham Martínez Vázquez, nino ejecutado en Mexicali

El cadáver de Karla Melisa Rodríguez Pérez, de 15 años, fue reportado “a las 8:05 horas del 12 de noviembre de 2020 en instalaciones de Hospital General Regional No. 1 del IMSS, oficiales del Grupo de Delitos contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación, refieren que se localizó en el interior del cuarto mortuorio, sobre una plancha metálica, en posición decúbito dorsal, un cadáver del sexo femenino con hematoma en región frontal izquierdo, hematoma bipalpebral bilateral, 2 herida en región cefálica, producida por proyectil de arma de fuego”.

La menor había sido baleada la noche del 4 de noviembre en su domicilio, ubicado en Calle Galileo de la colonia Horóscopo, Delegación El Florido.

Los homicidas se dedican a vender droga, al igual que la madre de la menor. Sabían que esa noche la mujer no estaba y entraron a robar dinero; la menor opuso resistencia a ser asaltada y le dispararon en la cabeza.

“El Lupillo” y sus cómplices son delincuentes conocidos en la colonia y fueron video grabados por cámaras de vigilancia, razón por la cual ya son buscados con orden de aprehensión.

El último menor asesinado el año pasado fue Carlos Santiago Contreras Palafox, de 3 años.

“A las 17:08 horas del 10 de diciembre de 2020, en instalaciones de Hospital General Regional No.20 del IMSS, oficiales del Grupo de Delitos contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación, refieren que se localiza un cadáver del sexo masculino en posición decúbito dorsal, el cual se encuentra en una bolsa para cadáver sobre una camilla metálica, al cual se le aprecian 3 heridas parecidas a las producidas por proyectil de arma de fuego en región de abdomen, 4 excoriaciones y 4 heridas suturadas”.

Al pequeño le dispararon el 27 de noviembre, cuando estaba en el patio de su casa en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia La Cima en Tijuana, la cual ya ha sido investigada por temas de drogas.

El ataque iba contra su padre, quien ya había sido agredido con anterioridad, al igual que un amigo que vive con la familia, identificado como Luis Enrique, a quien le habían disparado cuatro días atrás mientras estaba en una tienda de la colonia.

De acuerdo con la versión de los testigos, dos sicarios y una mujer llegaron bordo de un auto, el padre estaba con sus siete hijos en el patio cuando empezó la balacera y les gritó que entraran a la casa a protegerse

Carlos Santiago no pudo correr, casi de manera inmediata le dijo a su padre que lo habían herido, lo llevaron a la Clínica 33 del fraccionamiento Soler, donde lo estabilizaron y después lo trasladaron a la clínica del IMSS, donde murió.

En este caso, los homicidas también fueron video grabados e identificados, y los buscan con una orden de aprehensión en su contra.

MENORES LESIONADOS

A una semana de iniciado el año 2021, otros dos menores fueron baleados y sobrevivieron al ataque en Tijuana.

Primero, el 3 de enero, en la delegación Centenario, en la calle Macedonio Alcalá, afuera de un casino en la Plaza California reportaron lesionado de bala a José Luis BA, alias “El Gato”, de 14 años.

De la escena, los peritos recolectaron 10 casquillos calibre 223 y siete de calibre .40; el menor dijo no haber visto a quienes dispararon y afirmó desconocer la causa del ataque. Testigos reportaron que los matones dispararon desde una camioneta panel color blanca con placas de California que minutos después fue abandonada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

En el segundo caso, Jesús Guadalupe -sin antecedentes delictivos-, informó que la noche del 5 de enero, un hombre delgado llegó a las afueras de su casa en la calle Colombianos del Infonavit Latinos y gritó su nombre. Al salir, el delincuente le disparó estando de por medio una puerta del patio, lo hirió en una pierna, pero al entrar se dio cuenta que las balas habían alcanzado a su hija Yamilet (de 8 años) en el brazo izquierdo y pidió ayuda a los grupos de emergencia.

La victima dijo desconocer el móvil, pero las autoridades ya identificaron al agresor y la orden de aprehensión está pendiente.

Caso aparte, es el de Gabriela Flores Vázquez, también atacada a balazos a las 15:36 horas del marte 5 de enero, cuando estaba a bordo de su auto y se encontraba en la gasolinera BP, ubicada en el acceso a la colonia El Mirador, Delegación Playas de Tijuana.

La mujer iba acompañada de dos menores y tuvo fuerzas para huir de la balacera en su contra, pero fue localizada minutos después, muerta. El Volkswagen Passat color negro que conducía estaba parado sobre la calle Prolongación Calle Segunda y Libramiento Salvador Rosas Magallón. Los niños resultaron ilesos.

MENOS HOMICIDIOS EN TIJUANA

Durante 2020, en Baja California se cometieron 2 mil 923 homicidios; 2 mil 003 de estos tuvieron lugar en Tijuana, y pese al alto número de muertes violentas, la ciudad registró una disminución del 9%, comparado con los 2 mil 209 homicidios de 2019, contrario a los expuesto en fechas recientes por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

“Se hizo un análisis y los números reflejan que hubo una disminución, definitivamente”, reiteró el fiscal central Hiram Sánchez.

“Es una estrategia integral en materia de seguridad, el fiscal, cuando llegó, proyectó un plan de persecución penal que se ha seguido, existe una coordinación con todas las autoridades, sin importar el orden de gobierno y por supuesto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional”, explicó el funcionario.

De las razones de la mejoría indicó: “Ha habido una mayor y mejor interacción entre los elementos policiacos y los agentes del Ministerio Público, de investigadores de forma conjunta, el primer respondiente y la fiscalía van juntos desde el principio del proceso penal hasta el juicio, eso da solidez y sustento al proceso, y permite que las personas que deban estar, estén en prisión. Más de 420 homicidas sujetos a proceso en prisión preventiva oficiosa, gente que ya no está en la calle cometiendo conductas delictivas, que sabemos que están vinculados con más de un homicidio, sacados de las calles.

“La disminución de la impunidad, necesariamente tiene que incidir en la disminución de esas conductas delictivas. Seguimos siendo la ciudad con más homicidios en el país, pero la tendencia ha sido a la baja. Tenemos que aumentar los esfuerzos”.

Para finalizar, Sánchez Zamora dijo que la Fiscalía General del Estado plantea mejorar los números en el año en curso, “esperemos que al controlar la pandemia puedan ya estar trabajando de tiempo completo todos los servidores de la FGE, nuestra efectividad tendrá que aumentar y disminuir la incidencia”.

https://zetatijuana.com/2021/01/matan-a-ninos-en-tijuana/

Se manifiestan pescadores de la laguna de Cuyutlán a las afueras de las instalaciones de la API (Colima)

Foto: Colima Noticias

Norma Osiris Moreno / Colima Noticias

Manzanillo, Col.- Un grupo de más de 50 pescadores arribaron a las afueras de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, ubicadas en San Pedrito para manifestarse durante la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el tema Jorge Aguilar, pescador de la laguna, señaló que la intención es tener un diálogo con el mandatario nacional AMLO, para que escuches sus inquietudes relacionadas al derrama de combustóleo a la laguna que es su principal fuente de trabajo, debido a la negatividad que han tenido por parte de las autoridades paraestatales.

Agregó que los derrames no son la primera vez que se presentan, pero lamentablemente en esta administración no han sido atendidos por el gobierno Federal, para darle una solución al respecto y evitar más afectaciones a sus fuentes de empleo y equipos de trabajo.

https://www.colimanoticias.com/se-manifiestan-pescadores-de-la-laguna-de-cuyutlan-a-las-afueras-de-las-instalaciones-de-la-api/

 

Activistas obtuvieron segundo amparo contra decreto de AMLO que mantiene al Ejército en las calles (Guanajuato)

Una jueza federal determinó que el acuerdo de López Obrador por el que las fuerzas armadas apoyarían en la seguridad pública del país es inconstitucional y sólo el Congreso puede regular su intervención

Es el segundo amparo que se concede contra el llamado “acuerdo militarista” de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Por Manuel González Vargas / INFOBAE, 10 de Enero de 2021

Una jueza federal del estado de Guanajuato concedió un amparo a un grupo de activistas en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública hasta 2024, cuando finaliza su mandato, en lo que significó otro revés para la administración en los juzgados.

“La Justicia de la Unión ampara y protege (a los siete activistas) contra los actos y autoridades precisados (…)”, expresó Karla María Macías Lovera, Jueza Novena de Distrito de Guanajuato, con residencia en Irapuato, de acuerdo con el fallo consultado por Infobae México.

“Se concede el amparo para el efecto de que una vez que cause ejecutoria este fallo, se desincorpore de su esfera jurídica el Acuerdo declarado inconstitucional por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, añadió la juzgadora federal.

“Los efectos del presente amparo vinculan a todas las autoridades a tomar en consideración la inconstitucionalidad del acuerdo reclamado, por lo que las personas quejosas no deben ser expuestas a su aplicación, tanto en el presente como en el futuro”

El acuerdo es inconstitucional, de acuerdo con la jueza federal, ya que es el Congreso quien debe legislar sobre la intervención de la fuerza armada en tareas de seguridad pública (Foto: Cuartoscuro)

Además, como medida adicional a la inaplicación del acuerdo reclamado “y a fin de restablecer a las personas quejosas en el pleno goce del derecho violado”, la jueza federal ordenó entregarles un salvoconducto para que las autoridades encargadas de ejecutar el acuerdo declarado inconstitucional se abstengan de aplicarlo a los activistas.

Este fallo es el segundo de este tipo. En octubre de 2020, la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) informó que había ganado el primer juicio de amparo en la Ciudad de México en contra del acuerdo publicado por López Obrador.

“Un juez de distrito confirmó que dicho ordenamiento no cumple con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales, por lo tanto viola la Constitución y los fallos de la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, detalló MUCD.

Además, el caso deberá resolverse en el más alto tribunal del país, ya que la Suprema Corte admitió en junio pasado una controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Michoacán contra dicho decreto, calificado por los críticos como el “acuerdo militarista”, por lo que en los próximos meses la SCJN podría decidir el destino de una de las políticas más trascendentales del sexenio lopezobradorista.

La jueza ordenó enviar copias de su fallo a la Cámara de Diputados y al Senado para “aportar argumentos al diálogo constitucional” (Foto: Cuartoscuro)

Qué dice el fallo

La jueza Macías Lovera explicó en su resolución donde amparó a los activistas que el acuerdo militarista “no establece una justificación suficientemente amplia y razonada acerca de por qué es necesaria la intervención de la milicia”. “Tampoco se establecen condiciones o supuestos para que la actuación de la Fuerza Armada permanente disminuya de manera paulatina, en la medida en la que se fortalece la Guardia Nacional”, completó.

“En suma, en el acuerdo reclamado únicamente se enumeran las características que debe reunir la intervención de las fuerzas armadas, pero éstas no se desarrollaron a través de medidas que en la realidad permitieran la regulación y limitación de la actuación de las Fuerzas Armadas, para que éstas no interfieran en el ejercicio de los derechos humanos de los gobernados”, ahondó.

Por último, la juzgadora precisó que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para regular la intervención de la fuerza armada permanente en las tareas de seguridad pública, en caso de que se quiera hacer eso, por lo que ordenó enviar copias de su fallo a la Cámara de Diputados y el Senado “para su conocimiento, en aras de aportar argumentos al diálogo constitucional”.

La legisladora opositora Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados que interpuso la controversia constitucional cuando encabezaba la tribuna de San Lázaro, festejó el fallo este domingo. “El acuerdo que emitió el presidente de la República en marzo de 2020 para desplegar a las FFAA en tareas de seguridad debe cumplir con lo que ordena la Constitución, es todo lo que se pide y otro juez da la razón”, dijo.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/11/activistas-obtuvieron-segundo-amparo-contra-decreto-de-amlo-que-mantiene-al-ejercito-en-las-calles/

Otomíes protestan en la termoeléctrica de Huexca

Estrella Pedroza / Aristegui Noticias

Pueblos Otomíes protestaron en la termoeléctrica de Huexca en solidaridad a los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que exigen la cancelación de los megaproyectos en el país y la dignificación a las comunidades indígenas.

La mañana de este sábado una comisión de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México que mantiene tomada las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), arribó a la comunidad de Huexca, situada en el municipio de Yecapixtla, para ofrecer su respaldo a los pueblos en resistencia al Proyecto Integral Morelos (PIM), que consta de un gasoducto, que inicia en Tlaxcala, cruza por Puebla y llega a Morelos donde conecta a la termoeléctrica y a su vez entronca con un acueducto que surtirá de agua del Río Cuautla para su funcionamiento-.

Los otomíes fueron recibidos por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTyAMTP) en el plantón de la resistencia– instalado desde el 12 de diciembre frente a la entrada principal a la planta de ciclo combinado-.

Diego García, representante de las comunidades otomíes (que provienen de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Estado de México), informó que su presencia en Morelos es para unificar luchas.

Teresa Castellanos, habitante de Huexca, agradeció la presencia de los pueblos otomíes y destacó que unificando luchas es como los pueblos tomarán fuerza para echar abajo los megaproyectos que el Estado pretende imponer a lo largo del territorio mexicano.

Durante la protesta realizaron pintas en la puerta que da acceso a la planta de ciclo combinado, en la que se podía leer:

“Fuera termo”, “Resistencia !Zapata Vive! y Si a la vida” y “EZLN”.

Desde el arribo del contingente, durante la protesta y hasta su partida, una patrulla de la policía municipal de Yecapixtla estuvo videograbando a los manifestantes, situación que fue considerada por los inconformes como una acción de hostigamiento.

https://aristeguinoticias.com/0901/mexico/otomies-protestan-en-la-termoelectrica-de-huexca/

Feministas se manifiestan para recordar represión policial en Cancún

Alonso Cupul / MegaNews

CANCÚN.- Nuevamente el Palacio Municipal de Benito Juárez y la Plaza de la Reforma, se convirtieron en el escenario de una manifestación feminista para recordar la represión policial del pasado 9 de noviembre del 2020, cuando decenas de mujeres y hombres pedían justicia por los feminicidios.

Varias jóvenes llegaron esta tarde para realizar actividades como parte de lo acordado por el “Comité de Víctimas del 9N”, hasta recibir justicia por el feminicidio de la joven “Alexis” y las víctimas de la represión policiaca durante una manifestación.

Integrantes de las Fieras Amatistas se hicieron presentes realizando pintas con los “Gises por Paz”, y coloraron velas y varios mensajes para pedir un alto a la violencia contra las mujeres en Quintana Roo.

En lo que se desarrollaban las actividades en la Plaza de la Reforma, varios elementos de la Policía Quintana Roo, Bomberos y Protección Civil se mantuvieron en alerta por si la manifestación subía de tono, pero no fue necesario hacer uso de la fuerza.

https://www.meganews.mx/quintanaroo/mujeres-se-manifiestan-para-recordar-represion-policial-en-cancun/

Los rostros de los desaparecidos luchan contra la indiferencia gubernamental (Colima)

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (08/01/2020).- A los desaparecidos les arrebataron su voz para exigir justicia, pero sus rostros, sus nombres, sus datos, se niegan a sucumbir, y aparecen de pronto, en lonas, fotografías en las redes sociales o en forma de esferas, frente a Palacio de Gobierno para recordarle a la autoridad la crisis de seguridad que los alejó de sus seres queridos y también, para mostrarle a la sociedad que las grandes tragedias de este país suceden en esta tierra y muchas veces, se quedan en la impunidad.

Lo nombres de aquellos que están desaparecidos desde hace meses, años, ondean en los árboles que están en el Jardín Libertad, frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno, en espera de que el Ejecutivo, encargado de garantizar la paz en el estado, resuelva su ausencia.

Quienes transitan por el emblemático parque son testigos de que en Colima se llevaron contra su voluntad a: Noé Martínez Bernal, Lorena Zamora Pérez, David Verduzco, Aitana y su mamá; Fernando, que era mesero, Christopher, herrero y Jorge que hacía mandados; Jenny, Mario, Genaro, Alberto, Jesús, Juan José, Donaldo, Pedro, Isabel, Carlos, Karina, y cientos de nombres más, hasta llegar a los mil 200 desaparecidos que el gobierno reconoció en abril del año pasado.

Con las fotografías expuestas al público, los familiares buscan contar el horror, la angustia, la soledad y el abandono gubernamental que viven tras sufrir la desaparición de un familiar.

El pasado mes de diciembre, los integrantes del Colectivo de Búsqueda de Personas exigieron la destitución de la comisionada Estatal, Rosa Evelia Pérez Valdivia por no cumplir con sus funciones.

Mientras que el 17 de diciembre, AVANZADA publicó el reclamo de los familiares de los desaparecidos ante la indiferencia del mandatario colimense, Ignacio Peralta Sánchez. En esa ocasión, los familiares expresaron: “¿Por qué el gobernador de Colima no puede hacer una reunión con nosotros? ¿Por qué no nos la da (la audiencia)? ¿A qué le teme? ¿Qué es lo que pasa con él? Queremos que nos acepte una reunión. Ya va de salida. ¿Qué le pasa? Un día, un ratito, los diez minutos que suele dar a las personas que él nada más ve de lejecitos”, preguntó la presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., María del Carmen Sepúlveda Gómez.

“En rueda de prensa ofrecida en la Rotonda de Colimenses Ilustres, donde desde junio pasado colocaron lonas con las fotografías de sus familiares desaparecidos, Sepúlveda dijo que en Jalisco el gobernador de allá hace una reunión por lo menos cada seis meses con todos los colectivos de familiares de desaparecidos del estado, que son más de 30 y en Colima no se hace ninguna” lamentaron.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=18712

Una pandemia que no cesa, la crisis de desapariciones (Jalisco)

Imagen: Anuario Independiente

María Fernanda Lattuada y Eric Sandoval / Zona Docs

En México, desde los años sesenta a la fecha han desaparecido 73 mil 201 personas*; de esta cifra, el 41% de estas personas son jóvenes entre los 14 y 29 años. Jalisco con 11 mil 267 personas desaparecidas, es el segundo estado con más personas desaparecidas del país, esto conforme el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El primero en los dos últimos años.

A pesar de esto, las autoridades estatales han sido incompetentes para atender y trabajar no sólo en la búsqueda de las y los desaparecidos sino también en la aprobación de las leyes en la materia.

Sin embargo, el II Informe de Desapariciones presentado por el Gobierno de Jalisco, el 27 de octubre de 2020, no incorporó crítica alguna, pues se aseguró que las desapariciones van a la baja y las instituciones encargadas del tema trabajan de manera adecuada.

Las familias y colectivos de búsqueda reaccionaron y, a través de la iniciativa #LasFamiliasHablan, presentaron un contra informe señalando las omisiones, atropellos del gobierno e, incluso, la manipulación de las cifras de personas desaparecidas.

En el informe presentado por el gobernador, Enrique Alfaro, se reconocieron mil 500 desapariciones menos que las que su propia administración ha informado al Gobierno Federal.

Continúa la lectura de este texto en:

https://www.anuarioindependiente.mx/agosto2020

 

https://www.zonadocs.mx/2021/01/08/una-pandemia-que-no-cesa-la-crisis-de-desapariciones/

En riesgo 45 mil hectáreas de maíz por falta de agua (Sinaloa)

RioDoce

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Foto: RioDoce

Una superficie de 45 mil hectáreas están en riesgo a causa de la falta de agua que desde octubre no llega a los cultivos de maíz.

Productores agrícolas del distrito de riego 010, de los tres módulos de riego que deben recibir riego del Canal Rosales, enfrentan el problema para recibir el agua, y solo se les dice que se trata de fallas en el mecanismo.

Sin que a la fecha se haya resuelto ninguna, primero se les informó que se trata de una válvula, luego una compuerta y ahora el argumento es que una turbina en mal estado no han permitido que los cultivos se rieguen a tiempo.

Desde finales del mes de octubre iniciaron las siembras de maíz y no hay superficie regada, situación que preocupa a los productores toda vez que está en etapa de soltar espiga y no han sido regadas, y no tienen la certeza de cuando se hará.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) José Luis Montalvo Espinoza, y el jefe de distrito 010, son señalados de mentir y actuar con irresponsabilidad, ya que desde el punto de vista de los productores,  no les importa resolver los problemas de la presa Sanalona.

“Muchos de los cultivos se están secando por falta de agua y no vemos para cuando se pueda resolver el problema”, lamentaron

En riesgo 45 mil hectáreas de maíz por falta de agua

Gobernador se burla de maestros (Nayarit)

Foto: Archivo

Les salió con “cuentas mochas”, solo les pagó 20 días de aguinaldo y les quedó a deber la prima vacacional, ajuste de calendario, bono de despensa, días dinámicos, bono de esparcimiento a jubilados, pago a tutores, entre otros conceptos

Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit

Así lo informó la vocera del movimiento, Iris García González, quien explicó que aún falta por cubrirles la prima vacacional, ajuste de calendario, bono de despensa, días dinámicos, bono de esparcimiento a jubilados, pago a tutores, entre otros conceptos, por tal razón advirtió que no se levantará el plantón hasta que les paguen en su totalidad.

Ante esta situación, será este jueves cuando la base realice una vez más la asamblea en la que se determinarán las actividades a emprender con la finalidad de continuar el movimiento hasta que reciba cada uno de los 5 mil docentes los recursos que les pertenecen y que debieron de estar depositados antes de que culminara el 2020.

La falta de certeza laboral al igual que el trato que se le está dando a los profesores, aclaró que es de lo peor, dado que no tienen la necesidad de pasar por esta problemática, cuando pese a la pandemia y las dificultades propias de los cambios del sistema educativo, han cumplido con las clases a distancia y aun así no se le ha dignificado su trabajo y valorado el esfuerzo que está haciendo el gremio, para que los estudiantes continúen con su aprendizaje.

Para concluir, Iris García González, aceptó que la dirigencia no les ha apoyado en la lucha emprendida, pues lo único que hizo fue firmar una minuta de compromiso de pago con la administración, la cual al parecer no tuvo el impacto que se esperado, puesto que solo les pagaron el aguinaldo.

http://realidadessperiodico.com/68208/

Red Desaparecidos Colima lamenta falta de apoyo por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno

Foto: Archivo

Todos los días aumentan casos de desaparecidos; el de mujeres va al alza.

Edagrdo Zamora / Colima Noticias

Colima, Col.-  La secretaria de la Red Desaparecidos Colima, Blanca Estela Ramírez Hernández, dio a conocer que cada día aumenta la cantidad de desaparecidos en la entidad, y lamentó el desinterés por parte de autoridades municipales, estatales y federales para resolver la situación.

“Si no fuera por Fiscalía, sabe qué pasaría, siempre estamos trabajando de la mano, pero por las autoridades no”.

Mencionó que ante tal situación, el colectivo analiza tomar la Comisión Estatal de Desaparecidos o cerrar alguna caseta.

“Contamos con el apoyo de colectivos de otros estados y ya estamos planeando que vengan a apoyarnos para tomar las oficinas de la Comisión, o cerrar alguna caseta, pero de que nos escuchan nos escuchan”.

Ramírez Hernández agregó que en próximos días se reunirán con la Fiscalía para conocer las estadísticas de personas desaparecidas.

Argumentó que existe un aumento de personas desaparecidas todos los días, en el que los casos de mujeres van a la alza.

https://www.colimanoticias.com/red-desaparecidos-colima-lamenta-falta-de-apoyo-por-parte-de-autoridades-de-los-tres-ordenes-de-gobierno/

Crímenes de odio en Jalisco: invisibles e impunes

Foto: Andrea Bravo

Andrea Bravo, Olimpia Cruz, Mariana Pineda, Isabel Doniz, Hugo Escandón y Ezequiel Franco / Zona Docs

“Los medios no hablaron sobre ella, y si lo hicieron fue poco y con escasa información (…) La asesinaron, una ráfaga de fuego desfiguró su cuerpo y fue envuelta en sábanas. Los vecinos dicen que vieron a varios hombres salir de su casa”, es el testimonio que comparte Pao de Reza, amiga íntima de Julie Torres quien fue asesinada en su propio domicilio, el 18 de agosto de 2020, en Guadalajara, Jalisco

Su muerte fue tipificada como un homicidio doloso y no como un delito por razón de género como marca el Protocolo de Actuación para la Atención de Personas en Casos que Involucren la Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales que debería seguir la Fiscalía del Estado de Jalisco; sin embargo, en este caso no lo hizo, como en muchos otros casos. Recordando así también el homicidio de Jonathan Santos, para quien tampoco se cumplió un protocolo y adecuado para darle continuidad a su asesinato.

Pao de Reza, amiga de Julie, la describe como una mujer muy alegre, con demasiada energía, motivación y una personalidad tan cálida; sin embargo, los medios de comunicación ignoraron todo esto al decir que su muerte, no su asesinato, se trató del crimen cometido contra “un hombre que vestía como mujer”.

Para Izack Zacarías, presidente de la organización Impulso Trans, este tipo de redacción en los medios de comunicación, lo único que provoca son discursos de odio que generan situaciones de discriminación, faltas de respeto y acciones en contra de la dignidad de la personas de la comunidad, específicamente, de quienes son trans.

“Ella murió, el 18 de agosto y yo me enteré dos días después, su foto circulaba por algunos medios, y yo sin darme cuenta de quién se trataba, hasta que un amigo me mostró una foto de Julie en blanco y negro con el típico listón negro”, comentó Pao.

Lamentablemente, Julie no ha sido la única víctima de un crimen de odio en Jalisco.

Ocho días después del asesinato de Julie, el 26 de agosto, se informó que Britani, una mujer trans, perdió la vida por los golpes que recibió tras ser detenida por elementos de la policía municipal de Casimiro Castillo.

Sobre este crimen existen cuatro personas vinculadas a proceso: el comisario de la policía, un comandante y tres policías.

Sin embargo, el Fiscal General, Luis Octavio Solis, señaló que lo ocurrido con ella no fue un crimen de odio, sino de “un asesinato común que nada tenía que ver su identidad de género, pues los hechos ocurrieron por un robo”. 

Ahí radica gran parte de la impunidad en torno a los crímenes que se cometen contra la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado, pues al no llamar las cosas por su nombre, lo que se invisibiliza no sólo es el crimen sino también la identidad de género de cada una de las víctimas.

Esto pese a que el protocolo de actuación para la atención de casos por razón de género se marcan directrices específicas de cómo debieran tratarse estos delitos, siendo uno de lo más importantes el lenguaje.

Los crímenes de odio son aquellos crímenes que son motivados por el odio que el victimario siente hacia una o más características de una víctima y que la identifican como perteneciente a un grupo social específico; por ello, no es cosa menor que víctimas, como Julie y Britani, hayan sido mujeres trans.

El rango de conductas criminales que podrían estar motivadas por el odio van desde las amenazas verbales hasta el asesinato, los golpes y la violencia sexual.

La incidencia criminal contra la comunidad LGBTTTIQ+

De acuerdo a la solicitud de transparencia otorgada por la Fiscalía del Estado de Jalisco (Folio: 07802820), actualmente sólo investigan 13 delitos cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ+; de ellos, nueve son homicidios dolosos; dos lesiones intencionales y una violación sexual.

Estos crímenes se cometieron entre enero de 2015 y octubre de 2020 en contra de 12 víctimas cuya edad promedio fue de 29 años; estos hechos ocurrieron en: Lagos de Moreno (3), Casimiro Castillo (2), Cihuatlán (1), Puerto Vallarta (1), Zapotlán El Grande (1), Tlajomulco de Zúñiga (1), Ixtlahuacán de los Membrillos (1), El Salto (1) y Sayula (1).

En el registro de la Fiscalía por crímenes en razón de género, no aparece el asesinato de Julie, así como tampoco aparece el homicidio de Jonathan Santos, activista del movimiento LGBTTTIQ+, quien fue asesinado el 11 de agosto de 2020 en Zapopan, Jalisco.

¿Por qué no aparecen? Porque ambos, fuera de todo protocolo de género, terminaron siendo tipificados como homicidios dolosos, pero de hombres; en el caso de Julie, ni siquiera se le respetó su identidad de género.

La incorrecta tipificación y registro real  de los delitos es la segunda invisibilización de los mismo contra la comunidad trans, por lo que a causa de la acción incompleta de la Fiscalía, organizaciones no gubernamentales como Arcoíris,  Códise, Impulso Trans, entre otras, han tenido que  subsanar las omisiones de la Fiscalía y hacer un registro de las víctimas por su cuenta. 

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTTTIQ+ de la Fundación Arcoíris tiene un registro de 196 crímenes de odio cometidos contra la comunidad de 2015 a 2020; de éstos, 183 fueron asesinatos. 

De los 183 asesinatos cometidos contra personas de la comunidad, 157 de las personas fueron asociadas con el sexo masculino mientras que 43 con el femenino. 

Sin embargo, respetando la identidad de género, Fundación Arcoíris, identificó que 93 eran mujeres trans, 85 hombres, 11 mujeres, dos hombres trans y dos personas trans; de 16 personas no se tiene información al respecto.

Para el caso de Jalisco, la Fiscalía no hace ninguna distinción de género.

A nivel internacional, México es el segundo país en América Latina con más casos de crímenes de odio hacia personas transexuales, esto a causa de la falta de seguimientos, protocolos, tipificaciones y  leyes que respalden su seguridad integral o, al menos, su identidad de género.

La comunidad transexual en Jalisco vive una serie de situaciones que ponen en riesgo su bienestar tanto físico como psicológico, ya que han tenido que enfrentar la transfobia (el cual es un fenómeno al que conocemos como miedo u odio hacia la gente trans) y los transfeminicidios.

De acuerdo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la esperanza de vida de una personas trans en México no es mayor a los 35 años; Esto a causa de que son violentadas, discriminadas y asesinadas, además de que los tratamientos hormonales son muy costosos y algunos de ellos riesgosos si no se consulta con un endocrinólogo, por lo que algunas mueren a causa también por falta de un seguimiento médico de calidad

“Y al no haber un servicio médico, gratuito y de calidad para las personas trans, tenemos que recurrir a tratamientos que en muchas de las ocasiones son nocivos para la salud” comentó Valerie Daniela, mujer trans.

Todo inicia con una palabra: “La Transfobia no tiene límites ni horizontes” 

Ana Victoria, ex-estudiante de la Universidad de Guadalajara, estaba en el esplendor de su transición cuando fue violentada.

Ella comenzaba a vestirse de la manera en que se sentía segura consigo misma; sin embargo,  era tanta la indiferencia de sus compañeros ante el nuevo look de Ana Victoria, que su reacción fue de rechazo y desdén hacia ella: la discriminaban y juzgaban por su nueva apariencia.

Ana Victoria, incluso, comenzó a ser relegada de clases porque al pasar lista. Ella no estaba registrada y, por tanto, se le obligaba a responder bajo un nombre que ya no la representaba.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, elaborado por INEGI, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en la solicitud de transparencia UT/442/2020, señaló que tiene un registro de 73 quejas realizadas por la comunidad LGBTTTIQ+ contra autoridades que les han violentado alguno de sus derechos humanos por su condición de género.

Las violaciones a sus derechos más violentados son: discriminación por género, amenazas; así como el no respeto a sus derechos a la legalidad; a la seguridad jurídica; al trato digno y a la igualdad.

CEn el caso de las mujeres trans, la discriminación que viven no tiene límites, pues esta conducta violatoria de sus derechos humanos desafortunadamente, forma parte de sus vidas cotidianas, en varios ámbitos, por ejemplo:

Campo laboral

A muchas de las mujeres trans, laboralmente se les limita a dos oficios: estilista o trabajadoras sexuales. Esto porque si se dedicaran a ser maestras, los padres de familia les exigirán que se vistieran de acuerdo a su sexualidad, demostrando así sin más la intolerancia y la discriminacion.

Tal es el caso de Andrea Carolina, mujer trans a la que suspendieron de sus clases hasta que no se presentará de manera “óptima” frente a grupo.

Acceso a la salud

En ocasiones, ni a eso pueden acceder con facilidad. La situación es que se les niega el procedimiento para convertirse en lo que quieren, ya que necesitan de inyecciones hormonales para ir cambiando gradualmente de sexo.

Esto las orilla a tener que frecuentar lugares poco confiables y seguros poniendo en riesgo su salud, por ende, su  vida.

Relación con  familiares

De acuerdo a una encuesta realizada por la organización civil Unión diversa, al menos el 65.5% de 313 mujeres de entre 18 a 60 años se sintió rechazada por parte de la familia.

Ahora bien, queda la pregunta: Si la propia familia te rechaza, ¿qué hay de la sociedad?

Raquel refleja lo que muchas tienen que soportar

“Yo quisiera vestirme como cualquier mujer que existe en el mundo, usar tops apretados que enaltezcan mis bubis, usar faldas cortas para mostrar mis sentaderas, vestidos con colores llamativos para que la gente cada vez que me vea diga: “Adiós Raquel”, “Que bonito tu vestido” “¿En donde lo compraste?”. Quisiera poder pararme ante la sociedad como lo que soy, pero mi familia me aborrece, sigo en el hoyo profundo del desconocimiento porque no puedo revelar quién en realidad soy”.

Identidad de género

Izack Zacarías presidente de Impulso Trans señaló que se presentan en el estado una serie de complicaciones para cambiar la identidad:

“El Estado de Jalisco decretó como derecho el poder de elegir y cambiar el la identidad género en las actas de nacimiento, pero esto ha desatado una gran horda de discriminación, principalmente, en las mujeres trans, puesto que los encargados de hacer los respectivos cambios dentro del Registro Civil no lo quieren hacer, pues ponen muchas trabas en los documentos y, en muchos de los casos, no quieren atender a personas que no son nacidas en Guadalajara, mandándolos a sus respectivos municipios de nacimiento, esto a sabiendas del decreto oficial que señala que este trámite se puede hacer desde cualquier municipio”.

“Mi derecho al nombre no impide que me maten” 

Esas fueron las palabras que gritaron, el pasado 20 de noviembre de 2020, frente al Congreso del Estado de Jalisco, miembros de Impulso Trans, quienes indignados ante la nula acción por parte de la Fiscalía del Estado ante los altos índices de transfobia y el pésimo registro sobre los asesinatos hacia las personas trans.

Izack Zacarías, presidente de Impulso Trans, precisó que ante el decreto oficial del 29 de octubre de 2020 sobre el cambio de identidad de género dentro de las actas de nacimiento se espera que cuando suceda algún crimen contra la comunidad, la Fiscalía tome parte y haga su trabajo correspondiente, es decir, “que ahora tendrán que ser mucho más sensibles ante la problemática y no sólo juzgar a la persona por lo que dentro de su corporalidad se define como hombre o mujer, sino que tendrán que adherirse lo que siga en su acta de nacimiento”.

A su vez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reveló que del año 2015 al 2020 abundan las denuncias sobre la discriminación por género y a la violación de algún derecho.

Señalando que las autoridades más involucradas han sido: la Secretaria de Educación del Estado (5,996 quejas); Secretaría de Salud (5,211); Ayuntamiento de Zapopan: (3,714) por discriminación, violación al derecho de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y al trato digno; Secretaría de Vialidad y Transporte (2,077) sobre discriminación y la violación al derecho a un trato digno y a la igualdad y la Fiscalía del Estado de Jalisco (1,317) por inadecuada prestación de servicio.

Impunidad latente en los delitos contra mujeres trans.

“No, no confío ni en la policía ni en ninguna autoridad que venga en defensa hacia nosotras, digo, si no hacen nada con las cosas que supuestamente le llaman personas “normales”, pues a fin de cuentas no nos toman en cuenta y todavía se nos trata en cuestión varonil, pues no, la verdad que necesidad (…) No, no acudiría a ningún tipo de autoridad si es que me agredieran porque a fin de cuentas y como te digo, para ellos seguimos siendo hombres y pues es como rascarte con tus propias uñas, así que es una pérdida de tiempo, además que no porque ya lo viví una vez…”.

Esto compartió Andrea Nicole quien es una chica trans que viene de Michoacán; ella como otras más han luchado para exigir respeto y sororidad  a sus derechos, lo que ha encontrado es la invisibilización de sus demandas.

De los 13 crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+ que en  la Fiscalía del Estado de Jalisco se han registrado desde 2015; sólo se han detenido y sentenciado a cinco personas que están vinculadas al mismo hecho. El asesinato de Britani.

Esto significa que el 92% de los crímenes siguen impunes, esto tomando como referencia los crímenes denunciados.

No obstante, Unión Diversa en Vallarta Independiente ha denunciado que la Fiscalía no registra ni contabiliza todos los crímenes de odio; conforme a sus datos, Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional sobre crímenes de odio.

Ellos han contabilizado un total de 52 crímenes de odio contra la comunidad entre 2014 y 2020; la Fiscalía sólo tiene un registro de 12 casos.

En la solicitud de transparencia LTAIPJ/2313/2020, otorgada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, también se aclara que en cuanto a la desaparición de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, existe también impunidad.

De 2018 a 2020, se tienen registradas 10 desapariciones, sobre las cuales tampoco se hace una distinción conforme a la identidad de género; una ocurrió en 2018; cuatro ocurrieron en 2019 y cinco en 2020.

El 60% de estas víctimas de desaparición tienen entre los 20 y 29 años de edad.

Además aseguran ya haber localizado a cuatro de las 10 víctimas que estaban desaparecidas; sin embargo, su localización no ha implicado la detención de personas; es decir, los victimarios están libres e impunes. 

Dos de las seis personas de la comunidad que no han regresado a casa son  Kenia Duarte Pérez de 20 años y su amiga Karla García Duarte de 22 años, quienes salieron de sus casas en la colonia Mesa Colorada Oriente en el municipio de Zapopan.

En su caso se consiguió por vez primera que en sus fichas de búsqueda, emitidas por Protocolo Alba, se emitieran respetando su identidad de género.

En cuanto a la comisión de otros delitos como: contra la dignidad de las personas, amenazas, robos, violencia familiar, extorsión y acoso sexual; se han presentado 98 denuncias por las afectaciones en contra de 103 víctimas. 

De estas denuncias, se están investigando sólo a 37 personas; sin embargo, ninguna ha sido detenida.

Para la Fundación Arcoíris:

“la impunidad representa la posibilidad de repetición de los actos; no necesariamente por la misma persona, pero sí como una señal social en la que estos delitos tienen cierta permisividad”.

En sus registros sobre crímenes de odio dan cuenta de que sólo en el 48% de los casos se interpuso una denuncia formal:

“De totalidad de casos, se desconoce si hay alguna persona detenida en el 40.7%; del 59.3% restante, sólo en un 31.45% hay alguien detenido, mientras que en un 68.54% nadie ha sido arrestado por el crimen. Estos porcentajes revelan el grado de impunidad que impera en estos casos”.

En Jalisco, la impunidad es el tercer elemento que invisibiliza los crímenes de odio que se cometen contra la comunidad trans.

Los crímenes y la invisibilización de los crímenes de odio, principalmente contra las mujeres trans, sigue siendo un enorme problema en Jalisco.

Las soluciones institucionales que hay son muy escasas, casi nulas, al igual como la probabilidad de obtener  justicia para las víctimas y sus familiares.

La justicia queda en manos de la Fiscalía, instancia que ha ignorado estos crímenes al no dar con los responsables y al dejar en el olvido las carpetas de investigación, lo que incrementa la impunidad en torno a los crímenes de odio

https://www.zonadocs.mx/2021/01/07/crimenes-de-odio-en-jalisco-invisibles-e-impunes/

Retoman Yaquis bloqueo carretero en Vícam (Sonora)

El Imparcial/Mayra Echeverría

En ese mismo documento mencionaron que durante diciembre el tránsito de vehículos aumenta(Especial)
Foto: El Imparcial

CIUDAD OBREGÓN.-  Después de retirarse por casi un mes de la Carretera Federal México 15 en los kilómetros 45 y 48 a la altura del poblado Vícam, miembros de la tribu Yaqui volvieron a instalar los bloqueos.

Cabe recordar que autoridades tradicionales de ese poblado, compartieron mediante un comunicado de prensa que se retiraron de la carretera como un acto de buena fe y tomando en cuenta las fechas y festividades navideñas para evitarles a los paisanos viajantes tuvieron contratiempos.

En ese mismo documento mencionaron que durante diciembre el tránsito de vehículos aumenta considerablemente y que no querían ser objeto de señalamientos ni exponer a los conductores y a su tropa yoreme.

Resaltaron que las mesas de dialogo en búsqueda de una solución definitiva a esta situción continúan, pero que mientras todas las demandas que han expuesto a las autoridades federales no sean cumplidas mantendrán presencia en la rua

Bloquean empleados de Intelligencia México acceso al relleno sanitario

Santiago Hernández / Quadratín Quintana Roo

CANCÚN, QRoo, 6 de enero de 2021.- Trabajadores de la empresa recolectora de basura Intelligencia México, mantienen bloqueado este miércoles 6 de enero parte de la avenida Periférico y la entrada de acceso al Ramal Norte, dicha vía lleva al basurero municipal.

Ningún trabajador presente en el lugar de los hechos quiso dar información para explicar la razones de dicho bloqueo, el cual generó molestia y lento tráfico vehicular, ya que el Periférico es una de las vías más transitadas en el municipio.

La empresa Red Ambiental ambiental tomó el lugar de Intelligencia México, ya que esta última no pudo resolver el problema de la recoja de basura en el municipio, así mismo presentando conflictos internos con adeudos de quincenas y aguinaldo a sus trabajadores.

Cabe señalar que, tras obtener una suspensión provisional del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, la empresa Intelligencia México retomó el servicio de recolección de basura en Cancún.

https://quintanaroo.quadratin.com.mx/bloquean-empleados-de-intelligencia-mexico-acceso-al-relleno-sanitario/

Fue el año de #LaResistencia. En 2020, mujeres pisotearon el miedo y tomaron las calles, con furia

Daniela Barragán / SinEmbargo

A principios de marzo de 2020 ya se tenía registro de al menos 10 casos de coronavirus en el país y el resguardo voluntario en los hogares llegaría días después. Pero ni el resguardo logró mitigar la protesta del 8 de marzo en el Día de la Mujer. El enojo seguiría ahí y, sobre todo, los motivos que lo alimentan.

Ciudad de México, 5 enero (SinEmbargo).- ¿Qué pasó con el enojo de las mujeres por la situación de inseguridad que viven en México? Ni la pandemia lo pudo parar.

Apenas era la segunda semana de febrero de 2020, en varios puntos del país las mujeres salieron a protestar por el asesinato de Ingrid. La foto de su cuerpo ameritó, según editores de periódicos amarillistas, una portada a todo color. El 14, Día del Amor y la Amistad, el enojo tuvo como epicentro Palacio Nacional, en específico, la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego siguió la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Las calles se pintaron de morado y verde, que son los colores del feminismo y de la lucha por la despenalización del aborto. En las calles apenas se escuchaba el rumor de que ya había casos de COVID-19 en el país, pero eso poco importó, o al menos ese día no fue el tema. La marcha fue histórica y no por ser inédita, sino porque cientos de mujeres salieron a marchar en la mayoría de los estados donde la violencia, en cualquiera de sus representaciones, las asfixia día a día.

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El año 2020 inició con protestas en Palacio Nacional, pero luego se extendieron a lo largo de todo el país. Estas son imágenes de Xalapa, Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México. Fotos: Cuartoscuro.

Es justo esa la razón por la que ni una pandemia logró mitigar las protestas de mujeres y feministas. A pesar de que cientos se guardaron en casa, no estuvieron a salvo porque ahí estaba el enemigo o porque simplemente no importa que haya un virus en el aire porque ni eso detuvo la violencia: en el año 2020, 3 mil 425 mujeres fueron asesinadas; 416 fueron víctimas de trata de personas; hubo 15 mil 240 casos de violación y 200 mil 640 delitos de violencia familiar.

En este año histórico, las mujeres mexicanas salieron a la calle y, en la exigencia del derecho a la vida libre de violencia, se encontraron con cercos policiacos, como ocurrió en el Estado de México, Ciudad de México y en Quintana Roo.

Las manifestaciones se volvieron un tema de conversación en esta pandemia. Que si no son las formas, que si la pared no se raya o que si algunas ya tienen ganados los derecho. De acuerdo con académicas especialistas en género, las opiniones en contra de las diferentes formas de protesta son a causa de que se salen de ese estereotipo que se espera de una mujer que sale a la calle.

Y eso llega hasta el poder, ya sea el poder municipal, estatal o el presidencial. “Las manifestaciones de mujeres son incómodas históricamente”, aseguró Amneris Chaparro Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lo que es interesante es que las mujeres ahora salimos a la calle a protestar. Salir a la calle es un atrevimiento de las mujeres en México, entonces salir a protestar es una valentía porque se reta al Estado y además así es percibido”, comentó por su parte Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.

EL ENOJO Y LA REACCIÓN DEL ESTADO

En el año de la pandemia quedó demostrado que las manifestaciones de mujeres no son exclusivas de la Ciudad de México. En Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Oaxaca, Puebla y Guerrero se realizaron actos de protesta importantes y de vanguardia.

De acuerdo con la doctora Amneris, la razón por la que los reflectores están ahora en la periferia es porque están ahí las mujeres que se enfrentan a los mayores índices de violencia feminicida, combinado con los mayores índices de impunidad.

“La Ciudad de México la pensamos como ese lugar que quiere ser cosmopolita y que en algunos sectores lo es, aunque eso no le quita el tener sus grandes déficits con las mujeres. Pero esos otros lugares donde hay un pensamiento absolutamente conservador, donde las mujeres siguen luchando por derechos que en la capital ya están ganados, creo que esos lugares son la clave. Son mujeres muy organizadas, conscientes, inteligentes en sus estrategias, están haciendo ruido y tiene que ver con sus condiciones estructurales de violencia y de precarización económica […] Hay que ponerles más atención y no por hacerles un favor, sino porque están poniendo una marca importante en el feminismo mexicano”, expuso Chaparro Martínez.

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Para finales de año, las protestas de mujeres no se limitaron solo a marchas, sino también a la toma de espacios de gobierno, como fue el caso de las comisiones de derechos humanos. Fotos: Cuartoscuro.

Para muestra está lo que ocurrió en la última mitad del año: las mujeres de diversos estados procedieron a la toma de las centrales de derechos humanos. Incluso en Puebla tomaron el Congreso. En algunos casos, la respuesta del Estado fue colocar cercos policiacos, pero en otros la represión, como ocurrió en el Estado de México.

Otro caso que resalta fue el que ocurrió el 10 de noviembre en Cancún, cuando feministas protestaron por el feminicidio de Bianca Alexandrina, de 20 años de edad. La manifestación se dispersó a balazos.

“En este país hay un problema estructural de cómo funcionan, operan y se comportan las policías. Tenemos un historial de violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos policiales que van del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones exprés, forzadas y violencia sexual. En este año se acentúa en el caso de las mujeres porque ahora están ocupando el espacio público para protestar y eso parece descolocar a muchos actores policiales y políticos”, comentó la maestra Olivares Ferreto.

Agregó que sorprende a las autoridades que esas mujeres “estén bravas y enojadas” y en consecuencia la causa de la protesta se desvía a las formas en que protestan las mujeres o la forma en cómo actúa la policía, cuando lo que se tiene que discutir son las razones por las que salen a protestar.

Para la investigadora de la UNAM, la respuesta policial es también resultado de no poner atención a las periferias, lo que da margen a los ejercicios discrecionales.

“El antecedente es Atenco con las violaciones masivas de mujeres que se manifestaban. Eso es lo más grave, que en muchos gobiernos existe esta discrecionalidad en el uso de la fuerza cuando las mujeres lo que piden es tener una policía más capacitada que las proteja. Es la reacción misógina, no metafórica, sino literal del Estado que busca castigar y decirle a las mujeres que este no es su lugar y lo dice de una manera brutal, que causa daños físicos y psicológicos”, aseguró Chaparro Martínez.

LA PERSPECTIVA PARA 2021

En su conferencia matutina del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Presidente López Obrador al ser cuestionado sobre si considera que los homicidios y los feminicidios tienen la misma causa, dijo: “En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores”.

Tuvo que hablar la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Ella señaló directamente al “sistema cultural machista y patriarcal” imperante como el responsable de la violencia contra las mujeres en México, país en el que son asesinadas 10 mujeres al día.

En reiteradas ocasiones, también en su conferencia matutina, el Presidente ha insistido en que hay “falsos feministas” en el movimiento de mujeres, en ocasiones señala que el movimiento es orquestado por “la oposición”.

Para la representante de Amnistía Internacional México, no solo es el Ejecutivo federal el que actúa de esa manera, sino que se replica en los distintos órdenes de gobierno. “Tienen una narrativa que no reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos que se comete de manera cotidiana en el país y en la que el Estado tiene responsabilidad”.

La maestra Olivares Ferreto mencionó que llama la atención el desconocimiento de algunas de las autoridades respecto a los convenios y tratados que el mismo Estado mexicano ha firmado, en los que se reconoce que la violencia contra las mujeres, aún cuando se cometida por particulares, es responsabilidad del Esrado.

“La convención Belém do Pará dice que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, que es tolerada por los estados y que es trabajo de estos hacer trabajo preventivo para que particulares no cometan esta violencia […] Las autoridades deben reconocer que las razones por las que las mujeres salen a protestar son legítimas”, añadió.

En la conclusión de esta revisión del año en que con todo y pandemia las mujeres no dejaron de protestar, la doctora Amneris mencionó un término que impera en el tema de las protestas de mujeres y es que éstas, históricamente, han sido “incómodas”, ya que “desafía las normas de género; desafía las ideas hegemónicas de femineidad, es decir, los modales y las actitudes que deben tener las mujeres y también desafía el orden de género. Desafía las relaciones no igualitarias que se disfrazan de relaciones de amor o de cuidado, desafía el ordenamiento de la división sexual del trabajo donde a las mujeres les corresponde ‘por naturaleza’ ciertas actividades y a los hombres otras, que curiosamente son las más prestigiosas”.

Y como las causas que provocan el enojo se mantienen, las protestas, en todas sus expresiones, lo harán también.

“El feminismo contemporáneo mexicano incomoda al poder y no solo es una cuestión de la 4T (como se le conoce a la Cuarta Transformación) o de lo que sucede en Palacio, hay en todos los gobiernos locales una resistencia a escuchar a las mujeres, a tomarlas en serio cuando las mujeres son los blancos de atrocidades de violencias por ser mujeres. Hay una paradoja en los gobiernos de izquierda que por un lado quieren hacer cambios sociales profundos, pero por otro se olvidan de lo que sería la revolución más importante, que es la género. Se olvidan de que el orden dentro de la casa, de la familia, es un orden absolutamente antidemocrático que deja a las personas más vulnerables en condiciones de aún mayor subordinación”, añadió Chaparro Martínez.

Por último, mencionó algunos ejemplos: “en el Siglo XIX con las sufragistas, llegaron los filósofos románticos a decir que las mujeres tenían menos capacidades intelectuales; pasó con las mujeres de la Segunda Ola en Estados Unidos, que se les ridiculizaba; pasa en México con las mujeres que se manifiestan, se les persigue o ridiculiza en los medios de comunicación. Siempre hay ese tipo de reacciones que buscan contrarrestar los muchos o pocos avances que tienen las mujeres. Cuando esas reacciones vienen de la principal tribuna es problemático pero muy sintomático del tipo de país que sigue sin tomarse en serio las demandas legítimas de las mujeres”.

https://www.sinembargo.mx/05-01-2021/3916756

Ayuntamiento despide a 71 sindicalizados sin razón en Seybaplaya(Campeche)

José Valencia / PorEsto!

Los servicios quedaron suspendidos en todas las áreas del Ayuntamiento ante la notificación de los despidos

Sendas protestan realizaron ayer 71 empleados sindicalizados del Sindicato de los Tres Poderes de Seybaplaya tras ser notificados que fueron despedidos por el secretario del Comité Municipal, Juan Carlos Cab Xool, quien los persuadió para que firmaran un contrato por tres meses con el cual renunciaban a su antigüedad de 28 años de servicio.

El funcionario advirtió que quienes se negaran a firmar el documento quedarían despedidos, por lo que ninguno de los 71 trabajadores lo firmó.

Lo que encendió los ánimos de los 71 sindicalizados y 20 pensionados, fue que en su lugar habían contratado nuevo personal, minutos antes les quitaron las llaves a los choferes que realizan recoja de basura y atienden estaciones de bombeo.

Los servicios quedaron suspendidos en todas las áreas desde las primeras horas de la mañana tras la notificación del despedido injustificado.

El líder del Sindicato de los Tres Poderes, José Alberto Yam Calan advirtió que las protestas de los 71 empleados sindicalizados se mantendrán de manera indefinida durante toda esta semana.

Aclaró que el decreto donde se eleva de rango de junta a municipio, la ley dice que los sindicalizados y de confianza continuarán en sus puestos de trabajo, aunque cambie el personal de base se mantendrá en labores, está marcado en el decreto que le da a Seybaplaya identidad como nuevo municipio.

Adelantó que se realizan los trámites correspondientes a través del área jurídica del Sindicato de los Tres Poderes en el estado, para contrarrestar la forma inhumada del alcalde, Diego Pablo Palomo Ku que nos quiere hacer a un lado ante las instancias correspondientes.

Abundó que de forma premeditada, Palomo Ku ordenó a su tesorero Julio César Sosa Novelo para que no realizará el pago de 400 mil 439.35 pesos de prestaciones de fin de año, recurso que recibió a las 15:00 horas del pasado viernes y se negó a pagar a los 71 sindicalizados activos.

Al no saber Sosa Novelo realizar la dispersión del recurso a través de la banca electrónica, se buscan los mecanismos ante los órdenes de gobierno para que se erogue esta prestación a sindicalizados.

A su vez, Juan Manuel Uc Noh, con 26 años de servicios, denunció que “el presidente del nuevo municipio nos quiere desconocer como sindicalizados, por tal motivo fuimos obligados a firmar un contrato laboral al que nos negamos rotundamente, y le advertimos al secretario de la Junta, Juan Carlos Cab Xool, que incurría en una anomalía que se castiga por oficio, al obligar la renuncia de los sindicalizados a su antigüedad de trabajo, es una locura la que está orquestando Diego Pablo Palomo Ku”.

https://www.poresto.net/campeche/2021/1/5/ayuntamiento-despide-71-sindicalizados-sin-razon-en-seybaplaya-229910.html

Localiza Colima sólo a 20% de desaparecidos

 

Imagen: Colima Noticias

Tecomán concentra la mayoría de casos y es el municipio con el mayor número de fosas clandestinas en el país; acapara 75 por ciento de ausencias reportadas en la entidad.

Alfredo Aquiles / Colima Noticias

Colima, Col.-  Desde el año 2000 y hasta el 30 de diciembre de 2020, de 467 personas desaparecidas en Colima, sólo aparecieron 94 víctimas, es decir, apenas 20 por ciento de los registros, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con una revisión de datos de la FGE, Tecomán es el municipio que concentra 75 por ciento de ausencias reportadas en la entidad, además porque fue ahí donde autoridades hallaron dos fosas clandestinas en agosto y noviembre pasados, con 22 y 11 cuerpos de desaparecidos en cada una, según señala una investigación realizada por el periódico La Razón.

La información de la FGE da cuenta de 84 personas desaparecidas durante 2020 en Colima, de ellas, 63 fueron vistas por última vez en Tecomán y sitios cercanos a esa demarcación, como el poblado de Madrid y el Cerro de Ortega, donde fueron localizadas las referidas fosas clandestinas.

En cuanto a las personas localizadas cuya fecha de reporte fue el año pasado apenas se contabilizan cinco, todos hombres: tres en abril y dos más en marzo de 2020; es decir, 5.9 por ciento del total.

CIFRA NEGRA

Carmen Sepúlveda, presidenta del colectivo de búsqueda de personas Red de Desaparecidos de Colima, explicó a este medio que aunque es cierto que la mayoría de casos se concentra en Tecomán, no quiere decir que en el resto de la entidad este problema sea menor, pues hay una cifra negra importante.

“Lamentablemente en el municipio de Tecomán son varias personas, ahí se multiplican más las desapariciones, pero el problema también es que no todos los casos se denuncian” en el estado, por lo que los datos oficiales podrían no coincidir con la realidad.

La falta de información ha llevado al colectivo de búsqueda de personas a emitir una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a pedir la destitución de la comisionada de Búsqueda de Colima, Rosa Evelia Pérez Valdivia.

La activista explicó que no tienen un recuento de la cantidad de personas desaparecidas para el final del año; sin embargo, aseguró que ésta ha ido en aumento.

Sólo del 1 de diciembre de 2018 al 24 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dio cuenta de 97 fosas clandestinas en Tecomán —el sitio con mayor cantidad del país—, de las que se exhumaron 164 cuerpos.

Otro de los municipios con gran cantidad de fosas localizadas en ese periodo fue Manzanillo, 33 en menos de dos años.

Estas desapariciones ocurren en una entidad que ha sido disputada por los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Además, en el puerto de Manzanillo se localiza una de las principales aduanas del país, que también es uno de los principales puntos de introducción ilegal de precursores químicos, útiles para la producción de drogas sintéticas.

https://www.colimanoticias.com/localiza-colima-solo-a-20-de-desaparecidos/

 

Presumen automotrices recuperación, pero GM desprotege a sus trabajadores frente al COVID (Guanajuato)

Obreros denuncian violaciones a sus derechos laborales luego de haberse contagiado, a la fecha van 13 fallecimientos; incertidumbre alcanzaría a los más de 7 mil empleados que regresan a la planta luego del paro navideño

Empleados de General Motors Silao que habrían contraído COVID-19 por contacto dentro de la planta y quienes, a pesar de haber avisado y pactado con las autoridades de recursos humanos sus tiempos de convalecencia, denuncian que no se los hicieron válidos y terminaron despedidos, esto, con la complicidad del sindicato local, afiliado a la CTM.

La industria automotriz y de autopartes representa el 74% del total de las exportaciones de Guanajuato. Luego de una marcada caída del 56% durante el segundo trimestre de 2020, las cifras del INEGI indican una importante recuperación económica durante el tercer trimestre: las ventas al exterior superaron las del mismo periodo de 2019, con un monto de 6 mil 717 millones de dólares, esto, gracias al capital humano, ese que ahora se descuida.

Concluidas las fiestas de fin de año, miles de trabajadores de General Motors están reintegrándose a la planta con miedo a contagiarse de COVID y con incertidumbre de si serán respaldados por su empresa, si finalmente contraen la enfermedad.

Desde al 9 de abril a la fecha se han registrado al menos 13 fallecimientos por esa causa en la planta Silao, dos de los cuales ocurrieron al cierre de año. Son al menos 20 contagios entre trabajadores, sin contar a sus familiares, cinco de los casos corresponderían a trabajadores activos.

Entre las quejas contra la empresa está el que no se da un adecuado seguimiento a la cadena de contagios entre los equipos de trabajo, ya que no aplican pruebas PCR ni se sanitizan completamente las áreas cuando surge un positivo, solo se descarta la enfermedad en el resto del grupo con un cuestionario escrito. Del aislamiento, ni hablar.

Letrero en los baños de la planta. Fotos: especiales
Letreros en los baños de la planta. Fotos: especiales

Sergio Contreras, quien hasta septiembre pasado fuera un destacado LED —Líder de Equipo—, con una carrera intachable de 26 años dentro de la empresa, denunció que tras contagiarse y superar el virus, fue hostigado por GM para renunciar.

Él decidió no atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque en todo momento estuvo comunicando a la empresa la evolución de su padecimiento y que habían acordado que sus días de convalecencia serían tomados, si no como incapacidad, sí como días con permiso sin goce de sueldo. Finalmente fue despedido por “faltas injustificadas”.

Uno de los directivos de Recursos Humanos que lo presionó para renunciar enfermó de COVID en los siguientes meses y el mes pasado falleció.

Protocolos incumplidos

Aunque el corporativo General Motors manifiesta que “el bienestar y la seguridad de nuestros colaboradores han sido y serán nuestra máxima prioridad”, y que desde marzo de 2020 se cuenta con acciones enfocadas a cuidar de su personal, extrabajadores aseguran que las normas sanitarias realmente no se cumplen. “El que tengas gel en tu área” no es gran diferencia, “¿por qué no instalan túneles de sanitización cuando se entra a las áreas comunes, como la planta, los baños, el comedor?”, cuestionó Sergio Contreras.

También aseguró que no se da el seguimiento adecuado cuando un trabajador que resulta positivo al virus SARS-CoV-2: los contactos inmediatos dentro de la planta son llamados al servicio médico no para hacerles la prueba PCR, sino solo para aplicarles un cuestionario escrito sobre síntomas, y como bien se sabe, se puede ser asintomático y aún así, contagiar a la familia. Tampoco se estarían sanitizando las áreas donde estuvo trabajando la persona contagiada.

“Y el sindicato, en lugar de ayudar a la gente, está del lado de la empresa”, lamentó que de nada sirvan las cuotas que les descuentan a los miles de trabajadores, “¿a dónde van a dar todas esas cuotas?”.

No es justo que manden a los trabajadores al matadero para mantener sus inversiones, ni la empresa ni ese sindicado “charro”, lamentó.

El abogado Francisco Arrona, quien asesora a trabajadores inconformes con la relación laboral y sindical, agrupados en “Generando en Movimiento” asegura que las irregularidades en incapacidades y liquidaciones ocurren desde mucho antes de la pandemia, pero que ahora se vuelven más notorias, porque las demandas están paradas, a veces con razones tan absurdas como que el actuario no encuentra el domicilio de la planta GM, lo que origina cansancio y fastidio, forzando a muchos a firmar una indebida renuncia voluntaria con una liquidación menor.

Foto: GM Silao.


Testimonio de Sergio

A partir el 11 de septiembre me presenté a trabajar, solo para descubrir que “todos los días que estuve enfermo me los pusieron como faltas injustificadas”, pese a que se había pactado en que serían puestos como días con permiso sin goce de sueldo, “eso no lo respetaron”.

Sergio Contreras cuenta que comenzó a sentirse mal el 14 de julio, durante el turno de la mañana en la planta. Acudió normalmente a comedor, fue entonces que empezó a tener dificultades para comer e incluso para respirar, por lo que acudió a su líder de grupo para comentarle la situación. Este le pidió que fuera al servicio médico de la planta, pero él no quiso ir porque era conocido que simplemente los canalizaban al Seguro Social, “pero yo no quería ir ahí por el grado de contagios que ahí había, además de la atención”, que no era la mejor, así que le avisó a su jefe que su esposa iría por él para llevarlo a un médico particular.

Con la anuencia del jefe, el trabajador acudió a un consultorio privado, donde el médico, tras un análisis de sus síntomas, le informó que “lo más probable era COVID”, por lo que ordenó radiografías y otros estudios, que evidenció ser positivo al virus, por lo que comenzó el tratamiento, el cual resultó exitoso “y todavía estoy aquí”.

Sin embargo, tuvo que permanecer incapacitado, por lo que avisó a la planta y cuando su líder de grupo le pidió la incapacidad, algo que solo puede conceder el Seguro Social, para justificar las faltas, “pero yo, asustado y mi familia, asustada, dijimos no vamos a ir al Seguro por tanto contagio. Mi esposa me comentó «Al Seguro entras vivo y a lo mejor sales muerto, por lo que prefiero atenderte con un particular»”.

Por ello, acudió al sindicato de la planta, el “Miguel Trujillo López” de la CTM, para buscar su apoyo, y nada pudieron hacer, tampoco con el servicio médico de GM, la respuesta era la misma: “se requiere la incapacidad”.

Sergio, de 54 años y hasta entonces, una persona sana, se vio obligado a tomar, a falta de opciones, sus once días de vacaciones. Debía regresar a la planta el 7 de agosto, sin embargo, él todavía no se sentía bien ni tampoco recibía aún el alta médica, por lo que trató de convencer al personal de GM para que manejara sus días de convalecencia como permisos sin goce de sueldo, esto incluyó una entrevista con Dora Luz Lara Navarro, coordinadora de Recursos Humanos de General Motors, quien accedió a este acuerdo, para que el trabajador regresara sin ningún problema a su puesto una vez superada la enfermedad.

“Ya con que no me pagaran los días, con que me los dieran como permisos, estaba bien”.

Imagen: Google Maps.

Su regreso a laborar

Ya sintiéndose mejor y con la aprobación de su médico, el trabajador se presentó a trabajar el 27 de agosto, con todas las medidas necesarias, sin embargo, al día siguiente, se sintió mal. Sus compañeros de planta también lo notaron. “Como sea, terminé mi turno”. Y el lunes que acudió con su doctor, este le dijo que tenía una pequeña recaída, por lo que le indicó regresar a su casa para convalecer otra vez.

Otra vez tuvo que hablar con la gente de GM… “Unos dos días antes de entrar, mi jefe inmediato, Francisco Castillo, vino y me preguntó cómo me sentía. Le dije que ya me sentía mucho mejor”, por lo que le preguntó su situación como trabajador, si podía regresar a la planta. Castillo le dijo que sí, “me dijo Todos estos días que no has podido venir a trabajar, te los he estado poniendo como permiso sin goce de sueldo, estás dado de alta en todo, puedes regresar”.

Confiado, Sergio regresó a GM.

Esa mañana fue requerido en Personal por Dora Luz Lara, quien lo entrevistó a un pequeño cuarto no sin antes, pedirle que dejara su teléfono celular afuera. Aunque Sergio afirma que protestó, fue obligado a eso.

Durante la entrevista se enteró que sus ausencias se estuvieron manejando en realidad como faltas injustificadas, y le exigieron firmar un acta administrativa bajo ese concepto, pero Sergio se negó, ya que con una sola falta provocaría su baja como LED —Líder de Equipo— “y que me manden a la peor estación de ensamble para que renuncie y no va a pasar eso”.

La licenciada le dijo que solo firmando podría continuar trabajando, Sergio lo rechazó, ya que no fue lo acordado: que sería permiso sin goce de sueldo. Todo esto ocurrió en presencia de un representante del sindicato, quien se excusó de brindar su apoyo, pues comentó que solo estaba ahí para ser testigo de la firma del mismo. El trabajador pidió entonces que esta persona se retirara, puesto que en realidad no le estaba prestando ninguna ayuda.

Se retiraron tanto el representante sindical como Dora Luz, y se presentó ante él el gerente general de Recursos Humanos, Julio Arce, quien reconoció el expediente intachable, sin faltas, sin retardos en 26 años en GM y su trayectoria como LED. Sergio comenta que el directivo le cuestionó “¿Qué pretendes?”, él le dijo que lo único que quería es seguir trabajando. “Si yo no me hubiera contagiado en planta, yo ahorita estaría trabajando a gusto y no teniendo problemas con ustedes”.

Posterior a esto, regresó a su turno y le avisaron que al día siguiente tenía que presentarse nuevamente ante la dirección de Personal; él, comprendiendo que seguiría el acoso para firmar ese documento que equivalía a la renuncia voluntaria, decidió ya no asistir y comenzó a buscar un abogado.

El equipo de sanitización que se le provee a los trabajadores. Foto: especial

Un virus que llega a ser fatal

Sergio recordó que uno de los integrantes de su equipo, Gilberto “N”, fue de los primeros que se contagió de COVID y poco después falleció. Y a los tres o cuatro días, el propio Sergio presentó síntomas de la enfermedad, por lo que él cree que de ahí procedió el contagio.

“Él se enfermó un sábado, el lunes ya no regresó, sólo me habló por teléfono para avisarme que se sentía mal y que se iba a ir al Seguro, duró incapacitado 3 días, regresó a valoración en servicio médico de la planta, y lo regresaron porque no estaba bien”. A los dos días, Gilberto falleció.

“Para mí fue una noticia muy fuerte, porque era mi muchacho, éramos muy buenos amigos, …él fallece y a los tres días, yo comienzo a sentirme mal”. Gilberto habría sido el quinto trabajador de GM fallecido que se atendió en el IMSS, de ahí que Sergio le haya tomado desconfianza a ese servicio médico y que su familia decidiera que no se atendiera ahí.

Cabe destacar que el propio gerente de RH, Julio Arce, con quien Sergio discutió ese último día en la planta, se contagió de coronavirus en los siguientes meses y falleció en diciembre pasado.

Otro caso fue el de Fidel “N”, quien el último día de labores antes del paro navideño, el 19 de diciembre, trabajó casi toda su jornada con evidentes síntomas de COVID y solo fue atendido en Servicio Médico hasta las 3 de la tarde. Falleció seis días después, el Día de Navidad. ¿Cómo fue que pasó los supuestos filtros, que iniciaron antes de las 6 a.m., que los trabajadores se bajan del transporte e ingresan a planta?, se cuestionan los integrantes de “Generando Movimiento”.

Luego está el hecho de que hay empresas proveedoras que sí hacen pruebas PCR a sus trabajadores, mejor ellas que General Motors, una empresa que se enorgullece de ser “de fama mundial”, “¿es que acaso no tiene dinero para eso?”, cuestionó Israel Cervantes, otro trabajador que pelea una indemnización justa previa al problema del coronavirus.

Al respecto, la justificación que da el sindicato, a donde también se llevó esta queja, es que “el contagio no fue dentro sino afuera de la planta”.

Entre los derechos que Sergio y otros dentro de este grupo pelean es que se respete el reconocimiento oficial de la enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo en trabajadores IMSS, durante el periodo de contingencia, y que se les paguen sus sueldos.

Respecto al sindicado, el trabajador contó a POPLab cómo ha dejado en el desamparo a sus agremiados: uno de los contagios más recientes, el de José Luis, una persona en el grupo vulnerable, tuvo que volver a trabajar y quien al sentirse mal acudió con el sindicato en busca de apoyo económico para atenderse de forma privada, pues no quería ir al IMSS. Ellos solo le dieron 600 pesos. El trabajador tuvo que acudir a los servicios públicos. El 19 de diciembre falleció.

Foto: GM.

Contagios, fuera de planta: GM

En respuesta al cuestionamiento de POPLab sobre las medidas que General Motors está tomando en la planta de Silao ante la contingencia sanitaria por el COVID, la empresa respondió que cuenta con medidas de mitigación de riesgo de contagio y trabajo seguro en las plantas.

“Es necesario precisar que no consideramos que haya riesgo al interior de GM Silao, porque tenemos un estricto protocolo de seguridad sanitaria que incluyen el uso de equipo de protección personal, lavado constante de manos, el suministro de gel antibacterial, toma de temperatura, distancia física y flujo de personas controlado en los accesos, entre otras medidas. Sin embargo, tenemos conocimiento de que personas en Silao han dado positivo a COVID-19 tras haber estado expuestos fuera de la planta. Por respeto a la privacidad de nuestros colaboradores y sus familias, no compartiremos más detalle”, explica el comunicado enviado a este medio por Ireri Herrera Sandoval, coordinadora de Comunicación Corporativa.

Además, la empresa asegura que en sus instalaciones “fue piloto de las pruebas que realizó el IMSS para el regreso seguro a la reactivación de actividades económicas en México y se puede consultar nuestra Guía de Estrategias Operativas COVID-19 de forma pública en (este enlace)”.

En otro comunicado emitido sin firma y que circuló esta tarde, se asegura que “En meses anteriores recibimos tres inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y una del IMSS, sin que se hayan presentado observaciones respecto al cumplimiento de protocolos o riesgos a la salud de los trabajadores. Todas las revisiones han sido satisfactorias”. En el mismo también se afirma que cuando algún empleado ha resultado positivo al virus “tras haber estado expuesto fuera de la planta”, se les identifica y se aisla oportunamente para mitigar cualquier riesgo.

Testimonios de trabajadores afirman que “fue el año pasado donde fueron con una visita programada”.

LAMADO A LA CORDURA

Durante un foro realizado este martes, los integrantes de Generando Movimiento expusieron sus recomendaciones a las autoridades, a la empresa y al sindicato: que ahora que hay semáforo rojo se pare la producción con sueldos completos, que la planta sea sanitizada por completo al igual que el transporte de personal y que si un compañero va a trabajar con síntomas, el conductor tenga la capacidad de bajarlo o reportar la situación para que tome otro vehículo o alguna otra medida emergente de seguridad sanitaria. Que las incapacidades se den como enfermedad de trabajo y no general, para no afectar la economía familiar y sobre todo, que hagan las pruebas COVID necesarias para que cada persona tome los cuidados que se requieren para cortar la cadena de contagios.

https://poplab.mx/article/PresumenautomotricesrecuperacionperoGMdesprotegeasustrabajadoresfrentealCOVID

Denuncian maestros a la Secretaría de educación de Quintana Roo

Rafael Briseño/Quadratín Quintana Roo

OTHÓN POMPEYO BLANCO, QRoo, 5 de enero de 2021.- Ante el incumplimiento de la Secretaría de educación en Quintana Roo (SEQ) para cubrir el pago correspondiente al segundo semestre del 2020 del programa de escuelas de tiempo completo, la entrega irregular de plazas y despidos injustificados, maestros interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Secretaria de la Contraloría del Estado (Secoes).

Herbert Ic, uno de los maestros afectados, dijo que por tratarse de un tema de índole federal también se dará vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Desde octubre, maestros del programa de escuelas de tiempo completo iniciaron sus manifestaciones en protesta por la falta de pago correspondiente al segundo semestre del año que afecta a unos cuatro mil 900 profesores de 509 escuelas que hasta antes de agudizarse la contingencia sanitaria por Covid 19 en marzo del 2020, atendían a más de 49 mil alumnos.

El 26 de diciembre del año pasado feneció el plazo para solventar el adeudo a los maestros.

Los profesores de asignaturas como Inglés, Arte y Música, por mencionar algunas disciplinas, recurrieron a la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social (Setyps), por supuesto despido injustificado.

Así mismo, al detectarse irregularidades en la entrega de plazas, se procedió ante la Secoes y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

https://quintanaroo.quadratin.com.mx/denuncian-maestros-a-la-secretaria-de-educacion-de-quintana-roo/

“Una laguna negra”: la sombría realidad de las megagranjas porcícolas en Yucatán

Lilia Balam / Informe Fracto

El jueves se estrenará el documental “Una laguna negra”, dirigido por la cineasta Maricarmen Sordo, en el cual se plasma la lucha de la población maya de Kinchil contra la contaminación y el desequilibrio social ocasionado por las megagranjas porcícolas establecidas en esa comunidad.

Mérida, Yucatán, 5 de enero del 2021.- Todo comenzó en mayo del 2018, cuando trabajadoras y trabajadores del campo de Kinchil detectaron la desaparición de ganado. Intrigados, comenzaron la búsqueda de los ejemplares, hasta llegar a terrenos aledaños a la megagranja de cerdos de Kekén establecida en el municipio. Ahí encontraron una laguna negra.

Primero la confundieron con lodo, pero el olor era demasiado penetrante para tratarse de eso. Desconocían su origen, pues nunca habían visto algo similar en esa zona. La población de esa comunidad maya comenzó a investigar y descubrió no solo las afectaciones al medio ambiente que ocasionaba la operación de la granja porcícola, sino las malas prácticas en las cuales incurría la empresa, como el despojo de terrenos.

El pueblo se organizó e inició la ardua lucha legal para resguardar sus derechos. Toda esa batalla, así como el desastre ecológico y social causado por las megagranjas de cerdos, se plasma en el documental “Una laguna negra”, el cual fue dirigido por la cineasta yucateca Maricarmen Sordo y se estrenará el próximo jueves a las 15 horas en redes sociales.

“Es un asunto bastante grave. Encontrar la laguna fue el principio de la amenaza que sintieron los habitantes de Kinchil, pero no solo se trata de eso y de la contaminación ambiental, sino del ataque directo de la empresa al estilo de vida y a las formas ancestrales de trabajar de la población”, puntualizó la directora en una rueda de prensa.
Fotografías de Lilia Balam

Las y los protagonistas de la producción son integrantes del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-Já, conformado para defender el territorio afectado por las granjas y las tradiciones del pueblo maya, en peligro ante el “extractivismo feroz, alentado mediante políticas de Estado”.

En este sentido, Carlos Yamá Ventura, uno de los miembros del Consejo, recordó que la compañía llegó a la población con promesas de empleo digno y elevar la calidad de vida de las y los habitantes, pero una década después solo se ha obtenido precarización laboral, enfrentamientos por la tenencia de la tierra y contaminación grave en los ecosistemas de la zona.

Sobre este último punto, Alberto Rodríguez Pisté, otro integrante de Chik’in-Já, subrayó que la empresa sigue vertiendo aguas negras en el monte maya y en el manto freático, afectando a una de las reservas hidrológicas más importantes del país.

“El agua cristalina de los cenotes mayas se sigue manchando con excretas de cerdo, son productos tóxicos y nadie está haciendo algo para evitarlo. Nuestra naturaleza, nuestras abejas que están cerca de la granja, están siendo afectadas. Y las autoridades y directivos de la compañía saben qué está pasando”, apuntó.

En este punto coincidió Yamá Ventura, quien precisó que la contaminación de la zona ha afectado la producción de miel, con mermas del 30 al 40 por cierto. Además, aunque el estado es rico en agua, “está sucia”.
Fotografías de Lilia Balam

Por ello, las y los pobladores emprendieron la batalla legal, en la cual han sido testigos de distintas irregularidades por parte de las autoridades. Actualmente hay demandas contra la megagranja ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pero estas han avanzado muy lentamente e incluso algunas llegaron a tribunales mediante juicios de amparo.

Tanto Yamá Ventura como Rodríguez Pisté señalaron que el documental da voz a la población y muestra que tanto las autoridades como la compañía han intentado ocultar las afectaciones de la megagranja.

“La lucha sigue. Ellos le apuestan al cansancio, al desprestigio […]. Sabemos que la SDS, la SEMARNAT y la PROFEPA tratan de legitimar [a la compañía]. Pero nuestra lucha va más allá del derecho indígena contra una empresa. Está centrada contra el sistema mismo, contra el Estado. Sabemos de las relaciones de la compañía, de los tráficos de influencias en todos los niveles de gobierno. Pero corremos ese riesgo, estamos en nuestra comunidad tratando de sobrevivir, pues no nos queda de otra, es nuestra agua”, señaló Yamá Ventura.

Finalmente, Sordo hizo un llamado a concientizar sobre los efectos a largo plazo que puede tener la contaminación causada por las granjas en la entidad, y la importancia de difundir obras con este tipo de temáticas para informar a las y los habitantes.
Fotografías de Lilia Balam

Cabe mencionar que la cineasta cuenta con seis años de experiencia y ha trabajado en más de 20 cortometrajes de ficción y documental, como el multipremiado “¿Qué les pasó a las abejas?”. “Una laguna negra” es la primera obra en la cual se desempeña como directora.

El documental dura 20 minutos y también cuenta con la producción de Andrea Buenfil Sosa; producción en línea de Alberto Rodríguez; investigación y guión de Patricio Eleisegui; asistencia de fotografía de Roberto “Toby” Carvajal; sonido directo de Adriana Otero y Jason Ramno; música original de Víctor Cancino; edición y color de Jairo Mukul; la asesoría legal de Eduardo Arenas; y la colaboración del Consejo. Se podrá ver en distintas plataformas de internet, las cuales se pueden consultar en la página: https://www.facebook.com/Una-laguna-negra-Documental-103774351657560.

https://informefracto.com/voz-de-la-peninsula/una-laguna-neegra-la-sombria-realidad-de-las-megagranjas-porcicolas-en-yucatan/

Justicia para Daniel, el estudiante asesinado que luchó por universidad gratuita en Ciudad Juárez (Chihuahua)

Facebook: Educación gratuita UACJ
Por: Blanca Elizabeth Carmona y Karen Cano / La Verdad de Juárez

Juan Daniel Vargas Ortiz era estudiante de la carrera de Biología. Lo asesinaron a golpes.

Su cuerpo se localizó en el fraccionamiento Jardines de Roma, el pasado domingo, de acuerdo con autoridades encargadas de su investigación.

La tarde del 30 de diciembre sus compañeros universitarios de la asamblea estudiantil revelaron en redes sociales que el hombre asesinado era un estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y lamentaron su muerte.

La institución de educación superior confirmó la información y también repudió el hecho. Exigió a las autoridades una pronta y eficiente investigación, en una postura pública sobre el caso difundido en su página oficial.

Un investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que el cuerpo de Juan Daniel fue localizado el domingo pasado en la calle Monte Antene al cruce con Villa Burguese, del fraccionamiento Jardines de Roma.

A simple vista a la víctima se le observaron golpes en el rostro al parecer ocasionados con un objeto contuso. Sin embargo, hasta este jueves aún no estaba determinada la causa de muerte, indicó el investigador.

El vocero de la FGE zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, confirmó el homicidio de Vargas Ortiz, al referir que ya fue identificado por los familiares y agregó que está por determinarse la causa de muerte.

PUGNÓ POR UNIVERSIDAD GRATUITA

Juan Daniel participó en la protesta y toma de las instalaciones del edificio de rectoría el pasado 11 de diciembre, de acuerdo con sus compañeros que integran el grupo promotor de Educación Gratuita UACJ, quienes exigen #JusticiaParaDanielVargas.

En esa fecha, un grupo de universitarios de diferentes programas educativos decidió tomar las instalaciones como protesta de lo que consideran una falta de sensibilidad por parte de la máxima casa de estudios ante la pandemia, pues pese a que muchas familias perdieron empleos e ingresos debido a la contingencia, no se condonó ningún pago, obligando a muchos a suspender sus estudios.

Entre otras cosas, exigían confrontar al rector para hablar sobre la gratuidad, en el marco de la una ley aprobada al respecto por el senado en días recientes, además del retiro de los cobros de multas por pago extemporáneo de colegiaturas, y la falta de calidad de las clases impartidas durante la contingencia vía internet.

Para ello, organizaron un grupo por la Educación Gratuita UACJ, desde la cual, fueron los primeros en informar a través de sus redes sociales sobre el asesinato de Juan Daniel.

“Compañeros universitarios, el estudiante Juan Daniel Vargas Ortiz de la carrera de Biología, con excelentes calificaciones y gran compañerismo, estuvo en la toma de la Rectoría ocurrida el 11 de diciembre quien tuvo una participación muy enérgica y valiente, muy generosa y destacada por su compañerismo. Lamentablemente ha sido asesinado y expresamos nuestras condolencias a toda su familia y pronta resignación”, fue parte del mensaje que presentaron a través de redes sociales.

En el mismo, refirieron que no podían negar o afirmar que este hecho de sangre se tratara de una represalia debido a la manifestación, esto, ya que durante la toma que duró 50 horas, denunciaron públicamente haber sido amenazados por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y de personal de seguridad de la propia institución.

“(…) Por eso nuestra postura es: Exigimos a las autoridades transparentar los hechos ocurridos, la muerte de nuestro compañero no puede quedar impune. Juan Daniel Vargas Ortiz: aunque tu muerte sea ajena o no al movimiento, continuaremos con la lucha en tu nombre, y siempre tendremos en nuestra memoria tu lucha por educación gratuita”, se lee en el comunicado publicado la noche de este miércoles 30 de diciembre.

El día de la manifestación, los participantes habían planeado quedarse en las instalaciones de la Rectoría hasta que el rector se entrevistara con ellos pero hombres que vestían uniformes policiacos y llevaban el rostro tapado acudieron al lugar para amenazarlos y tomarles fotografías, indicaron el 12 de diciembre algunos de los participantes del movimiento.

En esta misma publicación decenas de alumnos expresaron su pésame hacia él, y lo recordaron como un estudiante destacado, inteligente, y muy sensible ante los problemas de los demás.

UACJ, EXIGE ESCLARECER ASESINATO

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez exigió a las autoridades que se investigue hasta esclarecer los hechos en que perdiera la vida el joven Juan Daniel Vargas Ortiz, estudiante en el Instituto de Ciencias Biomédicas.

“La comunidad universitaria repudia cualquier acto de violencia, sobre todo cuando se priva de la vida a uno de sus integrantes, por lo que insiste en la necesidad de que se aplique la ley a quien resulte responsable”, se expresa en la postura emitida por la UACJ.

La máxima casa de estudios también señaló que está en contacto con la familia del alumno y le ofrecieron apoyo y asesoría.

Indigna a universitarios asesinato de Juan Daniel, estudiante de UACJ

Así fue la búsqueda en un cementerio clandestino de Acámbaro

Más de 100 bolsas con restos y 15 cuerpos fueron hallados en un predio en Acámbaro; familiares de desaparecidos participan en las búsquedas con el rostro cubierto, por miedo a ser identificados por el crimen organizado

Foto: Especial

Por Alberto Pradilla, Animal Político, 04 de enero de 20201

La casa del horror estaba demasiado cerca del centro de Acámbaro, Guanajuato, como para que nadie supiese qué es lo que allí ocurría. Durante meses, quizás años, hombres y mujeres fueron torturados, asesinados y enterrados en una pequeña vivienda abandonada y semiderruida, situada en las faldas del parque nacional del Cerro del Toro. Son apenas cinco minutos caminando desde la calle Leona Vicario, la última vía urbanizada que desemboca en una cuesta empinadísima de piedra y tierra. Al fondo, la estatua de una Virgen que ejerce como guardiana del predio. Allí, tras unos árboles, estaba ese siniestro cementerio, aprovechando ese terreno ambiguo donde la ciudad deja de serlo.

Los rumores sobre gritos, disparos y vehículos que subían con los detenidos y regresaban vacíos se habían multiplicado en los últimos tiempos. Pero el miedo se impone cuando el crimen organizado controla el territorio. Así que la antigua construcción de la que apenas quedan tres cuartos techados y varias paredes desnudas siguió operando como cementerio clandestino con total impunidad al menos hasta noviembre. Poco después, un puñado de familias valientes, acompañadas por la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Ejército y la policía estatal irrumpió en el predio buscando a sus seres queridos. Lo que encontraron fue el testimonio del horror: 104 bolsas con restos humanos y 15 cuerpos enterrados en 48 fosas, el segundo mayor hallazgo en Guanajuato tras los 80 cuerpos hallados en Salvatierra un mes atrás.

Nada más poner un pie en la propiedad, familias y autoridades se dieron cuenta de que este no era un lugar abandonado, que había seguido siendo utilizado por los delincuentes casi hasta su llegada. Un dato demoledor: los dos primeros cuerpos hallados pudieron ser identificados por sus tatuajes. Eran dos jóvenes desaparecidas hacía dos semanas cuyos restos fueron devueltos a sus familias. Desde aquella primera exhumación se sucedieron las jornadas extenuantes de revisión, varilla, confirmar el positivo, cavar y desenterrar víctimas. Las últimas dos bolsas se extrajeron el jueves 17 de diciembre después de 15 días de rastreo.

“Fue algo muy fuerte. He participado en todas las búsquedas que se han realizado en el Estado y esta fue muy dura y muy difícil. Los cuerpos estaban desmembrados, con signos de tortura. Nos tocó ver en una fosa hasta 19 bolsas”. Una de las mujeres presentes en la búsqueda explica así sus vivencias. No quiere dar su nombre. No quiere dar ninguna pista sobre su identidad, solo que está buscando a su hija, a la que alguien se llevó hace tres años. Cuando llega a la Leona Vicario, antes de subir hacia el predio en el que se excava, cubre su rostro con pasamontañas, gafas oscuras y una gorra. Lo mismo hace el resto de sus compañeros. No es solo taparse con el cubrebocas para no contagiarse de COVID-19. Esto va más allá. “No quiero que me identifiquen”, explica la mujer. Existe la sospecha de que hay “halcones” vigilando, que el crimen organizado anda cerca. Por eso las participantes en la búsqueda, mujeres y hombres valientes, se protegen. No se fían de que haya ojos que puedan señalarlas.

El temor de los familiares a ser identificados es una de las características de esta expedición. Sus integrantes llegan desde diversos puntos del Estado, también del propio Acámbaro, y temen que pueda haber represalias.

“Fue una búsqueda cantada respecto a la entrada, la subida y el peligro que de antemano sabíamos que corríamos. Pero pesa más la esperanza. La angustia y la tristeza que vivimos nos lleva a arriesgarnos a cualquier cosa. Sabemos que corremos cualquier tipo de peligro. Pero no es comparado al sentimiento que llevamos como madres, esposas o hermanas de las personas a las que buscamos”, dice otra de sus compañeras. En su caso, tapa su rostro con un gran sombrero, gafas oscuras y un pañuelo que va por encima del cubrebocas. Aunque ella encontró el cuerpo de su esposo hace meses, dice que sigue viniendo por “solidaridad” con sus compañeras.

Predio ubicado en las faldas del parque nacional del Cerro del Toro. Foto: Especial, tomada de animalpolitico.com

La búsqueda en Acámbaro, un municipio de 160 mil habitantes en el límite con Michoacán, es la última que se desarrolla este año en Guanajuato, el estado con mayores índices de violencia de México. Aquí se cometieron 4 mil 560 de los 26 mil 530 homicidios registrados entre enero y noviembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuatro de sus municipios (León, Irapuato, Celaya y Salamanca) están entre los 15 que concentra el 27% de los asesinatos de todo el país. Hace cuatro meses, el gobierno de Diego Sinhué apenas reconocía 854 desaparecidos. A día de hoy, la Comisión Estatal de Búsqueda asegura que son 2 mil 315 las personas sin localizar. En México, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, ya se rebasó la barrera de las 80 mil personas no localizadas. Lo particular en Guanajuato es que la mayor parte de sus desaparecidos lo hicieron en los últimos dos años. De hecho, desde 2018 esta es la segunda entidad en número de personas a las que no se encuentra, solo superada por Jalisco.

En este ámbito, los avances de los últimos meses se dieron por la presión de las familias. Hasta hace poco la Fiscalía General del Estado (FGE) no reconocía que hubiese fosas clandestinas en el territorio. Un estudio elaborado por activistas y académicos aseguraba que en el estado se encontraron al menos 109 enterramientos irregulares. Oficialmente solo se admite que existen aquellos puntos que han sido excavados y en los que se encontraron restos: cuatro desde septiembre. A la presa de El Conejo, en Irapuato, Cortázar y Salvatierra (donde aparecieron 80 cuerpos) se le suma ahora Acámbaro.

Hay tres características que hacen al último hallazgo un lugar diferente: el uso de bolsas para enterrar los restos en lugar de sepultar cuerpos enteros, el temor infundido a las familias que les obliga a proteger su identidad y la cercanía del cementerio clandestino de viviendas habitadas, que lo convierte en un lugar de fosas urbanas.

“En la búsqueda se encontraron decenas de bolsas con restos humanos que dejan pensar en decenas de cuerpos, el segundo hallazgo más grande del estado tras las fosas de Salvatierra”, explica Fabrizio Larusso, académico de la Universidad Iberoamericana en León e integrante de la plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. El investigador recuerda que este es un municipio relativamente pequeño, donde “todos se conocen”, y pone de manifiesto el “dramatismo” de que una casa de seguridad de un grupo criminal estuviese tan cerca de la zona habitada.

“Me da miedo que mi hija haya pasado por esto”

“No esperábamos encontrar esto en ningún momento. Era una prospección y dimos con el hallazgo”, explica Héctor Esquerra, comisionado de Búsqueda de Guanajuato. Diversas informaciones apuntaban a la posibilidad de que existiesen puntos positivos en la casa abandonada en las faldas del cerro, pero las autoridades no esperaban la magnitud del hallazgo. “Es un espacio muy pequeño y sin embargo es prácticamente un cementerio”, explica.

Hace cinco meses Esquerra llegó al cargo cuestionado por algunos de los colectivos como A tu encuentro, que organizó un plantón para rechazar su nombramiento. Desde entonces, las instituciones estatales han organizado por primera vez búsquedas en Guanajuato. El propio comisionado estuvo presente en varias jornadas de excavación en Acámbaro, tratando de dar ejemplo. Asegura que la instrucción es “entrarle con todo” apoyar a las familias. No tiene fácil convencerlas. Las instituciones nunca fueron cercanas a las víctimas de la violencia, acostumbradas al estigma y a la invisibilidad.

“Es muy difícil poder explicar lo que sentimos”, dice una de las participantes, la que sigue buscando a pesar de que ella ya encontró. “Desde los primeros días se localizaron restos. Así que, de consecutivo, todas las personas se pusieron a buscar y a varillar”, explica. Asegura que “ahora si somos un equipo y todos sabemos a lo que vamos. Vamos con una misma finalidad, un mismo propósito. Hasta ahora hemos sabido crear un buen equipo, ser un buen conjunto”.

Ser testigos del horror también remueve los propios miedos de las familias. Lo explica una de las rastreadoras valientes que cubre su rostro. Recuerda cómo un día aparecieron unos restos que tenían muestras explícitas de haber sufrido violencia. Y ella se angustió. “Me da miedo que mi hija haya pasado por esto. Me da mucho terror, mucho pánico. Llevo tres años sin saber de ella”, explica. Durante largas jornadas estas mujeres y hombres fueron las que empujaron unas exhumaciones que, sin ellas, nunca se habrían llevado a cabo.

¿Cómo se llega a esta situación de violencia?

Existe una sensación generalizada de que el horror en Acámbaro se veía venir. El pequeño municipio puede servir como ejemplo de cómo la violencia se lleva todo lo que tiene por delante. En los últimos dos años el número de desaparecidos se multiplicó de forma dramática en el municipio. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, hay al menos 63 personas sin localizar, de las que al menos 50 faltan desde este año. “Hay registros de colectivos y familias que hablan de al menos el doble de personas desaparecidas pero que no han denunciado”, explica Fabrizio Larusso.

El especialista en seguridad David Saucedo corrobora esta versión y reitera que durante todo este tiempo los rumores eran fuertes acerca de que algo estaba ocurriendo en este cerro de Acámbaro. Como contexto histórico, Saucedo asegura que este fue un territorio controlado grupos delictivos procedentes de Michoacán hasta que hace cinco o seis años estos fueron sustituidos por el Cartel Santa Rosa de Lima. Esta es una estructura criminal que sigue operativa en Guanajuato a pesar de golpes como la detención en agosto de José Antonio Yépez, “El Marro”, quien fue su líder absoluto.

Asegura el experto como la vivienda convertida en cementerio es un modus operandi característico de la zona: casas cercanas al centro, que son tomadas por el grupo criminal y convertidas en sus guaridas, obligando a marcharse a sus pobladores. Ahí era donde mantenían a víctimas de secuestro o interrogaban a rivales, así como enterraban a sus víctimas.

En los últimos años las autoridades han tratado de explicar la violencia en Guanajuato con una única lectura: el enfrentamiento entre Santa Rosa de Lima con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Esa es la razón, según la versión oficial, de que Guanajuato pasase de ser un próspero estado con fuerte industria y atractivo turismo a convertirse en la capital de la violencia en México. Para Fabrizio Larusso, con amplia experiencia acompañando a víctimas de la violencia, esta es una visión “reduccionista” que “criminaliza” a quienes sufren las consecuencias del horror. “Existen dinámicas de violencia multifactoriales, el concepto es muy genérico”, afirma.

“Hay un contexto de mucho miedo y una desprotección total de la ciudadanía. Hay miedo a autoridades locales”, dice el investigador, que insiste en que “la violencia no la provocan solo los grupos criminales. Existe una violencia estructural y estatal”.

Las víctimas se organizan pese al miedo

En este contexto de violencia desmedida las víctimas son el eje principal, el rostro humano, aunque tengan que cubrirse la cara. Si se llegó a la casa del horror de Acámbaro fue por el trabajo de los colectivos. Al contrario que ocurre en otros estados como Jalisco o Tamaulipas, donde las desapariciones son una triste realidad desde hace al menos una década, en Guanajuato este es un fenómeno reciente. Históricamente hubo dos agrupaciones, pero la violencia descontrolada de los últimos años provocó que actualmente sean diez grupos de gente que busca a sus seres queridos. Muchos estuvieron en Salvatierra, en noviembre, y también ahora en este pequeño municipio de la frontera con Michoacán.

“Somos hermanas y somos familia del mismo dolor. Ahora ya nos conocemos, pero así nos conocimos, preguntando a quién buscábamos. Que si yo a mi hijo, a mi esposo, a mi nieto. En este calvario nos encontramos con compañeras que están sufriendo lo mismo que una”, dice una de ellas.

Aunque hay quien se marcha con la zozobra de no haber encontrado lo que buscaba, los positivos también dan una especie de tranquilidad colectiva. “Lejos del cansancio físico, fueron días muy difíciles y conmovedores. Igual no se localizó a algún miembro de colectivo, pero tengo la certeza de que muchas familias van a descansar. Van a tener esta paz, esta tranquilidad, no se van a preocupar más”, dice una de las participantes en la búsqueda.

Fabrizio Lorusso insiste en algo clave: “no buscan culpables, sino a sus familiares”. En todas estas jornadas no se habla de quién pudo hacer qué, sino de dónde están. De quiénes serán los seres humanos a los que se desentierra.

En realidad, este es solo el primer paso. El hallazgo de las fosas y la exhumación de los restos son el inicio de un proceso que debe concluir con la identificación de las personas a las que se encontró y su entrega a sus familias. En Acámbaro, aún falta mucho para eso. Mientras tanto, detrás de la cinta amarilla de la fiscalía, queda como testigo aquella casa convertida en cementerio en las faldas del cerro. También unas familias valientes que seguirán buscando aunque tengan que cubrirse el rostro.

https://www.animalpolitico.com/2021/01/busqueda-cementerio-clandestino-acambaro-guanajuato/

Jalisco: un estado feminicida

Imagen: Zona Docs

En los últimos años en Jalisco, según los registros de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), han ocurrido 337 feminicidios; las colectivas feministas han denunciado que esto podría duplicarse por la manera en que las autoridades están tipificando este crimen

La mayor parte de estos feminicidios no se investigan realmente, pues las autoridades judiciales no juzgan con perspectiva de género ni emplean los marcos legales para procesar a los presuntos feminicidas.

Al contrario burlan, omiten y minimizan esta violencia de género como en los casos de Imelda, Gabriela, Vanessa, Alondra, Betsabé y Liliana, quienes han sido víctimas de un Estado feminicida que no les garantiza ni justicia ni verdad.

En esta investigación exponemos cómo es que esta violencia feminicida está precedida por diversos tipos de violencia de género que, igualmente, son ignorados por las autoridades, las cuales forman parte de la violencia que padecen las mujeres en Jalisco

Nayeli Escobar, María Fernanda Félix, Guadalupe Baltierra, Emma G. Caballero, Fernanda Elizabeth Mariscal Vázquéz, Fátima Plascencia, Fátima Hurtado y Oziel Díaz /Zona Docs

337 feminicidios se han cometido en Jalisco, entre 2012 y 2020; así asegura la Fiscalía del Estado de Jalisco; sin embargo, la Red YoVoy8deMarzo y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, han denunciado que, tan sólo en 2020, 220 mujeres fueron las que fueron asesinadas de manera violenta en el estado.

Para cada una de estas víctimas no existe la justicia, pues la mitad de los victimarios no han recibido algún castigo y si se revisa el número de agresores que han llegado a los tribunales, sólo reciben condena uno de cada cuatro.

La nula investigación, las pocas detenciones y las escasas sentencias condenatorias forman parte de quienes tienen que pelear con el Estado para que éste les garantice: justicia, memoria y verdad.

En Jalisco sólo dos de cada diez asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios; el resto, sin más explicaciones, son considerados sólo como homicidios dolosos.

Este terrible dato empata con la realidad del país donde nueve de cada diez feminicidios quedan impunes, esto conforme los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Un feminicidio es el homicidio de una mujer por razones de género a manos de un hombre”; así ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las sentencias que ha hecho contra el país por la comisión de este delito.

En ese sentido, los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, el machismo y el patriarcado porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres; pero también por el sexismo porque los varones que las asesinan sienten que son superiores y que tienen el derecho a terminar con sus vidas.

En Jalisco, el Código de Procedimientos Penales en su artículo 232-BIS establece el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, el cual consiste de 11 conductas para determinar la tipificación de este delito.

De acuerdo a la solicitud de transparencia realizada para esta investigación, expediente LTAIPJ/FE/2250/2020, de enero a septiembre del 2020, hubieron 39 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, aunque realmente existía un registro de 40 víctimas de feminicidio.

Al concluir el año, Jalisco se posicionó como el sexto lugar entre las entidades con más feminicidios en el país.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) denunció que existe un subregistro de feminicidios en Jalisco; para la colectiva en 2020 se habían registrado más de 220 feminicidios, la FEJ -hasta septiempre- sólo registró 40.

Estefanía Vela, directora de Intersecta (organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México), propone que lo primero que se debe hacer es fomentar y posibilitar la denuncia a las mujeres cómo y en dónde pueden hacerlo

Sin embargo, los procesos no prosiguen hacia una resolución, pues las denuncias se estancan en el proceso, sin prestarle el interés debido al no aplicar justamente las leyes. Provocando que la agresión llegue hasta el punto máximo de violencia de género, el feminicidio.

Para atender este delito, en la FEJ existen dos unidades: la primera es la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios y la Unidad de Investigación en Delito contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género. Ambas instancias trabajan de manera “coordinada” con el Centro de Justicia de la Mujer (CJM).

Conforme lo marcan sus leyes orgánicas, todas deben regirse con el protocolo de actuación propuesto por la CIDH, tras la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2019, donde se señaló la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (Caso Campo Algodonero).

El perfil de las víctimas de feminicidio en Jalisco

Conforme a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), el perfil de edad de las mujeres víctimas de feminicidio en Jalisco, de 2012 a 2020, son mujeres entre los 18 y 30 años de edad.

El segundo grupo en riesgo son las mujeres de 31 a 40 años de edad; después de 41 a 50 años; 10 a 17 años; 51 a 60 años; 61 a más y finalmente, de 0 a 9 años; respecto a clasificación de grupos de riesgo por edad.

Los municipios con más averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de feminicidio son Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan. Según registros del 2018, 2019 y 2020 de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), estos municipios concentraron el 50% del total de los feminicidios en la entidad.

¿Por qué no se toma en serio o con la gravedad necesaria?

Una herramienta para identificar las agresiones de género es el violentómetro, el cual permite darnos cuenta de las microagresiones y agresiones que se cometen contra las mujeres. Su escala ayuda a prevenir que la violencia llegue a un grado mayor.

El violentómetro tiene tres niveles que se presentan en una escala de colores y donde los tipos de violencia y su gravedad van intensificando el color; esto permite identificar los focos de alerta. Estas acciones agresivas pueden ser experimentadas de manera intercalada y no necesariamente en el orden que se muestra esta herramienta.

La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) ha diseñado este material didáctico para poder visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que hemos normalizado en nuestra vida diaria y que van quedando ocultas confundiéndose con acciones cotidianas dentro del ámbito familiar, laboral y escolar.

Al primer foco rojo que detectes: ¡Huye!

¡Ten cuidado! La violencia aumentará

En esta primera etapa, la violencia puede pasar desapercibida; sin embargo, con una educación con perspectiva de género se pueden identificar a tiempo los focos rojos para poder evitar ser víctima o convertirse en victimario gradualmente.

La violencia de género actúa como sombra perpetua de las mujeres mexicanas, desde pequeñas normalizamos actitudes violentas sin saberlo. Te levanta la falda porque así juegan los niños, te molesta porque le gustas, ¿te robó un beso? ¡Qué tierno, es todo un galán!

Este tipo de frases que escuchamos en la infancia provocan que no identifiquemos que se tratan de intrusiones hacia nuestra persona y que nadie tiene derecho a cometerlas. ¿Y a ellos? se les enseña que pueden hacerlo sin ningún tipo de consecuencia.

Cuando creces dentro de un entorno en el que el machismo es normal, es difícil cuestionar ciertas actitudes aprendidas a lo largo de nuestros años formativos. Nunca se te dice en qué poner atención para evitar violentar o ser violentada por otros.

Y esa es la primera falla del Estado.

Gabriela Ayala tenía tan sólo 18 años de edad cuando se enfrentó con la situación más crítica de su vida. Se “atrevió” a decidir sobre ella misma y le dijo a un compañero de trabajo de 19 años que no quería ser su novia, pues ella únicamente lo veía como un amigo.

A Luis Enrique Ruvalcaba, no le pareció correcta la decisión de Gaby y tras seguirla y acosarla en repetidas ocasiones, un día se atrevió a quitarle la vida a la joven.

El 13 de julio de 2015 por la tarde, la encontró en la calle. El encuentro fue planeado por él, sabía muy bien en cada lugar que estaría, al acercarse, Luis le gritó a Gabriela por su nombre, ella volteó y vio sacar a Luis un arma de su mochila, ella intentó cubrirse del primer disparo, sin embargo, Luis logró darle en la cabeza, después se acercó y le dió unos tiros más.

Estos son los tipos de actos que marcan la diferencia en lo que se atreven a hacer o no, las personas con respecto a su educación y formas de vida, y son las conductas que tendrían que estar pautadas desde edades muy tempranas, no es lo mismo tomar decisiones sobre tu vida a darte el derecho a arrebatar la de alguien más.

Este caso de feminicidio sigue impune, pues Luis Enrique Ruvalcaba sigue libre hasta el día de hoy, y la familia de Gaby no ha tenido justicia por la tragedia que vivieron, lamentablemente el caso de Gaby no es el único que sigue en la impunidad.

La educación con perspectiva de género es de suma importancia para evitar que el machismo mate a más mujeres. Alejandra Cartagena, abogada feminista y acompañante de los familiares de las víctimas, menciona que este factor es fundamental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres: “Es importante que desde pequeños nos enseñen a tratar y ser tratados igual, niños y niñas con sus diferencias, para que aprendamos a que nadie puede disponer de nuestros cuerpos ni de nuestras vidas”.

¡Reacciona! No te dejes destruir

El llegar a este nivel de agresiones, dentro de la vida de pareja o familiar, representa un peligro latente a las mujeres que las padecen. Es de suma importancia identificar estas alertas para poder actuar ante ellas.

Este es el segundo escalón de la violencia, y aquí explicaremos qué pasa si una mujer identifica las señales y denuncia a su/s agresor/es.

La violencia de género se manifiesta tanto en el espacio público, como en el privado, sin embargo, las agresiones más fuertes suelen darse en este último por la falta de testigos que se presenta en el mismo y por la vulnerabilidad de las mujeres en dicho espacio.

“La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre”, denuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para cumplir con los acuerdos aceptados por el Gobierno de México en los foros internacionales, el Estado elaboró la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Dicha Norma establece los criterios a observar para detectar, prevenir y atender a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual. Engloba todos los aspectos de salud integral que tienen que cubrirse al momento de que una mujer sufra algún tipo de estas agresiones, desde darles albergue y atención psicológica, hasta un aborto médico, según la ley de cada estado.

Las mujeres víctimas de violencia tienen que acudir a la Unidad de investigación de delitos contra las mujeres, ahí se presentan las denuncias.

Los agentes del Ministerio Público (MP) al recolectar información de una mujer que denuncia algún tipo de abuso, proceden a actuar bajo esta Norma para identificar las medidas que van a proceder a partir de ese momento.

Una vez que lleva todo el proceso (examen psicológico, presentar testigos, parte médico, etc.), se le dictan las medidas de protección.

En caso de que sea otorgada una orden de restricción, es deber de la autoridad informar al acusado de la situación legal. En caso de que el acusado se acerque al domicilio a ciertos metros de distancia, la mujer puede llamar a la policía municipal para darle atención.

Todo eso es lo deseable, lo establecido y lo que por ley debería suceder para atender estas situaciones de violencia; sin embargo, la realidad es diferente.

Vanessa Gaytán había denunciado tres veces desde diciembre de 2017, a su marido Irving Emanuel Ramírez Barajas. En ninguna de las tres ocasiones Irving fue notificado.

Al ver que las autoridades no atendían a sus denuncias, los vecinos de Vanessa, que había vuelto a vivir con su mamá, crearon una red de apoyo para avisarle en caso de que vieran a Irving en los alrededores de su vivienda, ya que en repetidas ocasiones la acechaba.

Aunque en las ocasiones que Vanessa denunció dejó su información de contacto (que te piden para seguir con el protocolo de protección), nunca se interesaron en comunicarse con ella.

Después de su asesinato, las autoridades mencionan que tras la primera denuncia, Vanessa dejó de contestar y no fue encontrada en su domicilio porque volvió con su agresor (En un intento de revictimizarla y quitarse la responsabilidad, ya que el Estado debe evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre agresor y víctima).

Sin embargo, tras la segunda denuncia, en su intento por retomar la antes levantada, la autoridad no evaluó el nivel de riesgo a pesar de que denunció en 3 ocasiones, y fue amenazada por su agresor incluso con una pistola.

En estos casos lo óptimo sería darle asilo en algún albergue o seguir el caso más de cerca y ofrecerle protección de cualquier manera, su caso no fue tratado con la importancia que debía y la consecuencia fue el feminicidio de Vanessa y la posterior muerte de su agresor.

El hecho ocurrió el 25 de abril del 2019, Vanessa se dirigía a su trabajo, poco tiempo antes había sido ascendida a encargada de una farmacia por el rumbo de Casa Jalisco, en su camino notó que su agresor la seguía en el vehículo que utilizaba para trabajar en una plataforma de servicio de transporte privado, Vanessa le llamó en ese momento a su abogado y este le indicó que se bajara en Casa Jalisco puesto que habría policías que pudieran darle atención.

Vanessa se acercó a hablar con un policía estatal que se encontraba resguardando el lugar y mientras hablaba con él, su esposo los arrolló a ambos en el coche que conducía, posteriormente se bajó del mismo y la atacó en varias ocasiones con un cuchillo.

Lo impresionante fue que el escolta del fiscal estatal intentó evitar la agresión detonando algunos disparos a Irving Emmanuel, sin embargo, él continuó embistiendo a su esposa con el cuchillo. Vanessa murió apuñalada frente a la residencia oficial del Gobernador. Irving murió posteriormente en el hospital.

Al preguntarle a un agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien habló bajo anonimato, sobre el caso de Vanessa, después de explicarnos todas las omisiones que cometieron las autoridades responsables de su caso, le preguntamos qué fue lo que específicamente llevó a Vanessa a tan trágico final.

“La autoridad no evaluó el nivel de riesgo, a pesar de que denunció tres veces. La falla fue por parte de la Dirección General en Delitos de Violencia contra las mujeres en Razón de Género y Trata de Personas”, menciona el agente.

¡Necesitas ayuda profesional!

El feminicidio es la etapa final de la violencia de género, en este nivel del violentómetro las alertas son más claras, su nombre dice cómo actuar ante estas situaciones, buscar ayuda profesional.

A pesar de haber aclarado evidentes omisiones de parte de la Fiscalía del estado y sus instancias en los procesos de protección, los miembros de este equipo de investigación alentamos fervientemente a las víctimas de violencia a buscar ayuda profesional y asesoría para cada uno de sus casos.

Aunque la autoridad sea deficiente, para mejorar nuestro sistema de justicia tenemos que hacer nuestra parte para exigir que cumplan con la suya. A pesar de todas estas negligencias y del caso de Vanessa, y de todos los demás a los que la autoridad no dio atención para prevenir sus feminicidios, NINGUNA PERSONA HA SIDO RETIRADA DE SU CARGO POR INCUMPLIMIENTO DE SU TRABAJO.

¿Será que esta medida falta para que los encargados hagan su trabajo? Tal vez si se implementaran medidas contra las autoridades negligentes éstas dejarían de serlo.

Alondra Guadalupe González Arias vivía con su pareja en un departamento en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tenía 20 años y recientemente se había convertido en madre de una bebé.

La joven interpuso una denuncia en contra de su pareja por violencia y estas fueron remitidas al Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara, en donde le tomaron la declaración con evidencias (golpes visibles y lesión en el cuello por ahorcamiento).

La Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres emitió una orden de protección pero la orden no llegó a las autoridades correspondientes.

A 10 días de haber dado a luz y un mes después de haber obtenido la orden de protección, el 10 de marzo del 2017, Alondra fue encontrada sin vida en su departamento con signos de violencia.

Después de dos años de angustia para la familia e involucrados en el caso, por fin se detuvo al asesino de Alondra en el municipio de Zapopan, dentro del mismo estado, su ex-pareja Pedro Giovani, el 14 de mayo del 2019.

Aunque el crimen sí fue tipificado como feminicidio, el personal de fiscalía comenzó los trabajos de investigación complementaria en las últimas semanas del mismo año (2019), es decir más de seis meses después.

La negligencia por parte de las autoridades se puede ver claramente en este caso también, ya que de haberse cumplido las medidas de protección que se emitieron por el MP, Alondra seguiría con vida.

Estado feminicida: impunidad y nula investigación.

Las omisiones legales por parte del Estado al ocurrir un feminicidio se basan en la tipificación errónea (cuando se tipifica como homicidio doloso ante un claro caso de feminicidio), minimización de la violencia de género y revictimización como el caso de Betsabé, donde estos dos últimos puntos son tocados.

María Amparo Hernández Ramírez y Mario García Gómez son los padres de Betsabé, quienes nos pueden contar la historia de “Bechi”, como le decían cariñosamente, “desde muy pequeña fue muy amiguera, le gustaba ser atenta con todos, muy trabajadora, reservada, siempre alegre”.

Cuando Betsabé iba en secundaria conoció a José Alberto, con el tiempo se hicieron novios y cuando se encontraba cursando cuarto semestre en la preparatoria, se escapó de su casa para irse con él, en ese momento ella tenía 17 años.

“Él desde un inicio fue celoso, posesivo, la encerraba porque no quería que nadie la viera”, detalla Amparo.

Ese fue el inicio de una relación destructiva, Betsabé perdió a su primer hijo debido a un aborto espontáneo, a su esposo Alberto no le importó mucho aquel incidente, Amparo recuerda aquel día “yo estuve cuidando a mi hija porque él nunca la fue a ver”.

Fue hasta 2005 cuando nació el primer hijo de la pareja.

En diversas ocasiones, Betsabé llamaba a sus padres para pedirles ayuda y salir de aquella casa, mientras Amparo le preguntaba qué estaba sucediendo pero no le respondía nada…“Siempre me decía ‘mamá, no se meta’”. Amparo asegura saber el por qué su hija siempre regresaba a su casa, Alberto la tenía amenazada con que les haría daño o los mataría.

Betsabé siempre fue muy dedicada a su matrimonio y a su familia, pero Alberto nunca estaba contento. Las humillaciones, los insultos y las peleas eran algo constante durante los 12 años que llevaban juntos, en los cuales tuvieron cinco hijos. Todos ellos fueron testigo de cómo su padre asesinaba a su madre aquel 9 de septiembre de 2015.

Un mes antes, en agosto, Betsabé le habló a sus padres para contarles que Alberto la había golpeado, fue ese mismo día que fueron a ayudarla y sacarla de la casa junto con los cinco hijos. “Beto todavía me dijo que el matrimonio es de dos, para darme a entender que no me metiera. A mí no me importó porque ya era demasiado”.

“Él no se quiso salir en ese momento de la casa. Nos fuimos y sus hermanos cuidaron de ella esa noche. Al siguiente día el sujeto me dijo que prefería irse él de la casa para que sus hijos no durmieran en el piso, por lo que Bechi regresó a la casa solamente con los niños”, Amparo se arrepiente de haber apoyado esa decisión.

Todas las noches, Alberto iba a la casa con el pretexto de ver a los niños pero realmente solo iba para insultarla. La casa de Betsabé se encontraba a unos ocho metros del domicilio de sus padres.

Amparo se encargaba de ir cada noche para asegurarse de que su hija estuviera bien. Ese día, 9 de septiembre, no fue la excepción; sin embargo, sí notó algo diferente.

“Llegué y vi que estaba la bicicleta de él; de inmediato le hablé a mi esposo y fuimos”, cuando llegaron Alberto salió de la casa y se fue. “Dejamos a Bechi y regresamos a casa”.

Alrededor de la una de la madrugada, Ian, el más pequeño de los cinco hijos tocó la puerta de la casa de sus abuelos.

La chapa estaba trabada y no podían salir, pero cuando finalmente lograron romper la chapa y llegar al domicilio de su hija, el pequeño ya se encontraba balbuceando y llorando: “¡Mi mamá, mi mamá!”.

Su padre entró a la casa y ahí estaba su hija en medio de un charco de sangre, acuchillada, “todavía la encontré respirando, la abracé, pero no resistió”, recuerda.

Las autoridades llegaron como dos horas después de que sucedieron las cosas, pero ya no había nada que hacer: Alberto ya había escapado:

“A muchos ya se les olvidó, a nosotros nunca. Acudimos a marchas, a todos lados a donde nos llamen para que no se olvide que sigue libre y mi Bechi sin justicia”, cuenta Amparo.

Han pasado cinco años desde aquel terrible suceso, y Amparo se cuestiona:

“Ahorita que estaba haciendo mis cosas y traía eso en el pensamiento, le digo ‘ay dios mío’ yo no sé por qué no lo han sentenciado ¿o qué estará pasando?, este trámite de que no lo sentencian ¿lo podrán dejar libre? es lo que se me viene a la cabeza”.

El feminicidio de Betsabé demuestra las omisiones legales en la investigación y resolución judicial, puesto que dos veces se hicieron denuncias contra Alberto, en una ocasión la acompañó su papá y en otra, la nuera de Amparo, “pero las demandas desgraciadamente no se superaron, no caminaron. Entonces ella se decepcionó mucho” relata Amparo.

Alberto sigue sin ser sentenciado a pesar de que él confesó y está detenido, pero no hay una sentencia formal ya que se ha retrasado el proceso judicial debido a los abogados de Alberto.

Las autoridades de Jalisco no han hecho nada para hacer justicia por Betsabé, sumando un caso más de impunidad.

Otro caso de impunidad y omisiones legales es el caso de Dulce Gabriela, tenía 30 años cuando el 21 de junio del 2019, fue encontrada sin vida al interior de una finca cercana a su casa ubicada en el municipio de Tonalá.

A las cinco de la mañana Gilberto Javier Olivares Villareal, esposo de su hija, le aseguró a la mamá de Dulce que ella se había suicidado.

Encontraron a Dulce con una soga en el cuello y severos golpes en su cuerpo, sin embargo, la causa de su muerte fue declarada como suicidio, la familia pide que se abra una carpeta por el delito de feminicidio.

Cristian Castañeda, hermana de Gabriela, mencionó que en los papeles de la autopsia que ella solicitó el cráneo presentaba un hematoma.

“Lo curioso es que él trabaja en el Congreso del Estado. Gilberto Javier Olivares trabaja aquí y de eso se apoya. La diputada Ester de Movimiento Ciudadano es la que lo está apoyando y gracias a eso se nos está truncando todo”, expuso su hermana.

Como la causa de muerte fue por suicidio, no hay culpables en su historia. Gilberto se quedó con dos de sus hijos y hoy por hoy, está en total libertad.

La familia comparte la historia de Dulce en busca de justicia, esperan se reabra su caso y que se hagan las investigaciones correctas bajo el protocolo de feminicidio para que paguen los verdaderos autores del crimen.

***

En enero a septiembre del 2020 se encuentran registrados en la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) 40 feminicidios ocurridos, de los cuales sólo 11 son el total de personas detenidas por el delito de feminicidio y, finalmente, tres es el total de personas sentenciadas por el delito de feminicidio. Esto nos muestra la impunidad que hay en las resoluciones judiciales en Jalisco, con 37 hombres prófugos del cumplimiento de la justicia que merece cada víctima.

Víctimas del Estado

Liliana era madre, una mujer trabajadora y soñadora.

Cuando hay tantas instituciones gubernamentales y organismos públicos para proteger a los ciudadanos mediante sus leyes tan estrictas y diversas, lo menos que te esperas es que sean ellos mismos quienes apoyen una injusticia.

Un día había pasado cuando la muerte de Liliana se determinó como suicidio a través de la necropsia realizada por un médico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y su caso se archivó sin iniciar una investigación por parte del ministerio público.

Liliana Carrillo González tenía 20 años, era wixaritari y uno de sus sueños era ser maestra, mientras tanto se dedicaba a bordar cinturones y trabajar como instructora rural en el programa del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

A sus 16 años se embarazó y durante los cuatro años restantes que le tocaría vivir con Gelacio sufrió violencia intrafamiliar.

Un día antes, el 2 de marzo, no sería la excepción, ya que narra la familia cómo estando en casa de la madre de Liliana, Gelacio la agredía.

Lo cual se ignoró totalmente por el agente del Ministerio Público al momento de archivar el caso. En las declaraciones de los familiares de Liliana, hablaron sobre la violencia que ejercía su pareja sobre ella, tampoco se tomó en cuenta el testimonio de su hija, quien presenció el crimen con tan sólo tres años de edad.

Liliana fue encontrada colgada de un árbol en el patio de su casa, donde su pareja Gelacio “N” la habría puesto tras quitarle la vida aquel 3 de marzo del presente año, en la localidad El Bajío, municipio de Mezquitic.

Una investigación de cuatro meses ejecutada por la Tercera Visitaduría General y el área de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), probó quienes habían participado en la manipulación de la carpeta para ocultar el feminicidio.

Se encontró al médico José Fernando “N” del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, al perito Ulises Adrián “N” del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al agente Óscar “N” del Ministerio Público y policías municipales de Mezquitic.

Violaron los derechos humanos de Liliana al calificar su muerte como suicidio, sin aplicar el protocolo de feminicidio. No investigaron el delito bajo el protocolo de actuación con perspectiva de género, que establece el Código de Procedimientos Penales del artículo 232-BIS.

A la vez, hubo una supresión de evidencia al incinerar sus prendas por costumbre de la familia; cuando el médico forense que practicó la necropsia les entregó en una bolsa la ropa que llevaba puesta aquel día, sin que antes se realizara un peritaje.

Una evidente omisión legal por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que únicamente obstaculizaron el proceso. Incluso, solamente se simuló la necropsia de Liliana, por lo que se tuvo que hacer una exhumación de sus restos 42 días después de su deceso.

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) retomó la investigación y logró la captura del feminicida Gelasio “N”, quien está detenido y bajo proceso de feminicidio.

Los funcionarios fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia, al médico se le impuso la prohibición de salir del país y tendrá que presentarse a firmar cada 15 días ante un juez del municipio de Huejuquilla El Alto.

Un juez de control ordenó suspender del cargo al agente ministerial y como medida cautelar se le prohíbe abandonar el municipio de Zapopan y presentarse a firmar ante un juez durante los seis meses que va a durar el juicio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), exhortó al gobierno de Jalisco a que se haga una agencia ministerial especializada para atender casos de violencia contra las mujeres en las comunidades wixáritari.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentados el 23 de noviembre del presente año (Comunicado de prensa Num. 568/20), las mujeres que hablan y/o pertenecen a un hogar indígena presentan un 30.1% de violencia sexual y 33.0% de violencia física; respecto a la prevalencia de violencia entre mujeres de 15 años y más por parte de cualquier agresor a lo largo de sus vidas.

“El acceso de la justicia de las mujeres wixaritari ante las autoridades comunitarias es mínimo en cuanto a datos cuantitativos” – Grupo focal lideresas, Mesa del Tirador, Tuxpan de Bolaños, Jalisco.

Así es como finalmente, después de 8 meses del feminicidio de Liliana, las autoridades de Jalisco están haciendo algo al respecto, tras las diversas denuncias que se hicieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), principalmente por la hermana de Liliana. Ahora hay que esperar 6 meses que durará el juicio para saber si se hará justicia y si se sentenciará a Gelacio, el responsable de este atroz suceso.

Información para ti, que aún te puedes salvar

Si has identificado algún tipo de violencia y sientes que estás en peligro, esta información es para ti.

Basándote en el violentómetro encuentra la escala en la que se posiciona lo que estás viviendo, recuerda que en las primeras etapas lo deseable es que te alejes de esta situación.

Sin embargo, si te sientes en peligro, siempre puedes acudir a pedir ayuda desde el minuto uno.

Línea mujeres:

33 3345 6166 o 01800 00 68597

Lunes a viernes de 9 am a 5 pm

Asesoría jurídica (procesos legales):

abogadasglitter@gmail.com

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

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https://www.zonadocs.mx/2021/01/04/jalisco-un-estado-feminicida/

La niñez violentada: ni invisible ni olvidada (Jalisco)

Foto: UNICEF

Katia Diéguez/ Territorio

En Jalisco, como en el resto del país y en varias partes del mundo, las niñas y los niños de pronto también pararon. Dejaron de ir a la escuela, de jugar con sus amigos, de visitar el parque y de reunirse los fines de semana. Y aunque fue así para intentar detener el contagio por la COVID-19, esto trajo otras consecuencias como el incremento de los casos por abuso sexual infantil.

Más niñas y niños en casa, entre otros problemas, significa que conviven más tiempo con sus agresores o posibles agresores. De acuerdo con los especialistas, los abusadores sexuales son principalmente familiares o personas allegadas; son quienes ya tienen acceso a la casa o al espacio seguro y han generado confianza.

Además ha significado que las y los niños no vayan a las escuelas ni a las aulas, uno de los espacios primordiales para denunciar las agresiones que viven o, incluso, para que los maestros identifiquen problemas en casa.

Desde que comenzó la pandemia hasta septiembre, la fecha más actualizada que tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco en su sitio web es de 923 denuncias por abuso sexual infantil; aunque a través de su sistema de transparencia reportan mil 648 carpetas de investigación por el mismo delito; en el 2019 fueron 2 mil 422.

Ni siquiera la misma Fiscalía coincide con sus datos, si tomamos en cuenta la última cifra significaría que en promedio, este año 45 niñas y niños han sido abusados sexualmente cada semana.

Y aunque la cifra bajó en relación con los 2 mil 422 casos reportados el año pasado por la Fiscalía a través de una solicitud de transparencia, esto no quiere decir que necesariamente los abusos contra la niñez bajaron, sino, que tal vez, hubo menos posibilidades de denuncia debido a la pandemia.

“Este confinamiento significa menos soporte comunitario y familiar y anuló esos espacios de protección por lo que se reduce la posibilidad que la víctima denuncie. No es que no estén sucediendo, el tema es que no es sencillo que denuncien”, explicó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En Jalisco, la violencia contra la niñez no es nueva y desafortunadamente va de la mano con la delincuencia y el narcotráfico. La entidad se ha convertido en un punto de análisis importante por el aumento general de la violencia, donde la trata de menores es solo una rama más de los negocios ilícitos del crimen organizado.

“Es ganar espacio territorial, abrir otras brechas de negocio como la trata de niñas y mujeres jóvenes”, detalló Pérez.

El país en general es un lugar inseguro para ser niño o niña. Todos los días, de acuerdo con datos de la Redim, asesinan a 7 niños, niñas y adolescentes (NNA); todos los días desaparecen principalmente niñas y adolescentes y todos los meses se registran 13 feminicidios de adolescentes. Además, los datos incrementan cada año; por ejemplo, en el 2018 se registraron 4 desapariciones diarias y en el 2020 van 7.

“Todos los indicadores están subiendo y la impunidad se ha mantenido constante en un 97%”, señaló el director de la Redim.

Es decir, en algunos estados y municipios del país, el abuso sexual va en la misma lista que los casos de trata de menores, desaparición y explotación sexual.

De acuerdo con los estudios de las personas defensoras de los derechos de la niñez y lo que se sabe de las investigaciones policiales, las y los niños son secuestrados principalmente para darlos en adopción a organizaciones internacionales. También, desde hace al menos 7 años se ha analizado el incremento de la desaparición de mujeres de 15 a 17 años que son las menos localizadas y que se cree que son víctimas de explotación sexual.

¿En dónde sucede y qué se hace?

Como cada año, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) acumula la mayoría de las denuncias, pero también hay otros municipios que resaltan por la cantidad de abusos contra menores, principalmente Tepatitlán, El Salto y Puerto Vallarta.

Este último es uno de los puntos más críticos en los estudios nacionales por ser un lugar que ha acumulado sospechas, denuncias e investigaciones por trata de menores.

El último caso mediático fue en julio cuando una niña de 10 años fue encontrada desnuda en el auto de Luis Alonso “N”, director general de recursos humanos de la policía municipal. Detuvieron al hombre, pero la impunidad continuó cuando el juez Jorge Luis Solís Aranda decidió que no había delito porque la menor “no sintió placer”.

Además, se fijaron 13 mil pesos para la reparación del daño, dinero que de acuerdo con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es suficiente para que una niña de 10 años sane el trauma de una violación sexual presuntamente cometida por un funcionario público; para que una niña de la edad de una estudiante de quinto de primaria olvide el momento cuando fue encontrada desnuda en un carro; y para que los padres paguen las terapias psicológicas de su hija.

Tras el escándalo mediático, el juez, que ganaba 20 mil pesos mensuales, fue suspendido y denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, este no es el primer caso de violencia infantil lleno de irregularidades.

Puerto Vallarta es uno de los paraísos de turismo sexual infantil en el país, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México; y como sucede con otras ciudades costeras, es un punto rojo en casos de abuso sexual infantil y trata de menores.

De enero a septiembre de este año se han abierto 124 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil, en promedio, 13 casos de menores abusados al mes. Según los expertos, por cada caso denunciado hay nueve que no se reportan.

El abuso infantil que permea a Jalisco

Desafortunadamente Puerto Vallarta no es el único municipio que reporta violencia infantil, ni es el único que ha generado casos mediáticos en este año pandémico. Y es que durante julio y agosto se dieron a conocer al menos 5 casos más de menores de edad violentados en el estado, lo que generó indignación entre activistas y académicos.

Otro de los casos fue el de Elsy, una niña de 12 años víctima de feminicidio quien el domingo 16 de agosto salió de su casa en el municipio de Tala hacia el rancho Los Conejos donde trabajaban sus papás. Iba por un cargador de celular pero en el camino fue desaparecida. Ese mismo día, 6 horas después de que iniciaron su búsqueda, su familia y las autoridades encontraron el cuerpo de la niña con huellas de violencia y abuso sexual.

Días después la Fiscalía estatal encontró el cuerpo de “Juan” a quien investigaban por el feminicidio de Elsy y quien confirmaron fue el responsable de su asesinato porque la prueba de ADN que tomaron del cuerpo de la menor coincidió.

Tala resalta como uno de los municipios más inseguros por delitos como homicidio y robo, pero el abuso sexual infantil también es frecuente. De enero a septiembre de este año la Fiscalía ha reportado 54 denuncias, en promedio, 6 niños y niñas son abusados sexualmente al mes en un municipio con 80 mil 365 habitantes.

Otro caso que sucede con frecuencia es el de los abusos a menores en casas hogar. El 17 de julio se dio a conocer el de un niño de 11 años quien fue golpeado y abusado verbalmente por un trabajador del albergue 100 Corazones donde atienden a niños y niñas con discapacidad. La denuncia se dio a raíz de la grabación de un vecino quien evidenció la agresión contra el niño.

No fue hasta que el caso se publicó en medios de comunicación, en redes sociales y creció la presión social, que el DIF Jalisco, instancia a la cual depende el albergue, aseguró que investigaría el caso. Casi un mes después, el 13 de agosto, la Fiscalía detuvo al hombre e inició una investigación por maltrato infantil y abuso de autoridad.

El presunto agresor estará en prisión preventiva durante seis meses en lo que concluye la investigación y la directora del albergue, Miriam Alejandra Vázquez Casillas fue destituida de su cargo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se denuncia un problema de violencia en dicho albergue. En enero de este año, el partido Morena denunció a la casa hogar por abuso sexual contra 12 niños y niñas; y a pesar de que el DIF reconoció los casos que se dieron durante la administración pasada, un mes después no separaron de su cargo a los presuntos culpables.

Este mismo año también se denunciaron maltratos en el Hogar Cabañas, donde incrementaron los casos de crisis psiquiátricas en los menores y destituyeron a la subdirectora técnico educativa Lizbette Solís-Piedras por no cumplir con el perfil estipulado en el reglamento del hogar.

Las y los niños han sido también parte de esta pandemia y aunque las risas y los juegos ahora se escuchan desde dentro de casa, también hay que aprender a escuchar su silencio, sus miedos y garantizar su cuidado. Estar en casa también implica cuidarlos no solo del virus sino de los abusos.

https://www.anuarioindependiente.mx/julio2020

17 periodistas asesinados en dos años del gobierno de 4T

Redacción/ Sol Yucatán

Ciudad de México. – Durante los primeros dos años del gobierno de la 4T, la situación del periodismo en nuestro país se agravó casi al doble, en comparación con gobiernos anteriores.

Cada 4 de enero se reconoce la labor de las y los periodistas mexicanos, quienes hacen frente a las adversidades para llevar la información completa y veraz a la sociedad. Es lamentable darse cuenta que no existe una protección a estos comunicadores, menos en un gobierno que presume cuidarlos.

Es de reconocer que el periodismo, sobre todo en México, es una labor arriesgada y hasta cierto punto intrépida. Muchas veces el periodista tiene que enfrentarse cara a cara con el peligro y obtener esos datos que la ciudadanía necesita saber.

A veces es víctima de la censura, las amenazas, agresiones y a sus familias. Por desgracia, muchas veces, les arrebatan la vida por informar a la gente sobre un hecho que «incomoda» a alguien, la mayoría de las ocasiones, ese «alguien» es un ser llamado «gobierno». Es importante mencionar que en el actual mandato de la cuarta transformación esta situación se ha tornado aún más grave.

En México del año 2000 a la fecha, se han documentado 137 asesinatos de periodistas en México, 126 hombres y 11 mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato federal anterior y 17 en el actual, en los primeros dos años de gobierno de López Obrador.

Vale la pena recordar que, durante la administración estatal en Veracruz, del 2010 al 2016, se presentaron 17 asesinatos de periodistas en dicha entidad. Veracruz tiene el mayor registro de asesinatos a periodistas con un total de 30.

Recordemos que en nuestro país el caso más reciente es el de Jaime Castaño, asesinado el 9 de diciembre de 2020 en Jerez, Zacatecas.

En el estado de Yucatán es muy común la represión, agresión y acoso a los periodistas.

Un caso muy sonado es el del periodista Jorge Mukul, oriundo de la ciudad de Motul, quien a mediados del año pasado el alcalde de dicha ciudad lo mandó a amedrentar en su propia casa. Un sujeto, aparentemente intoxicado, lápido el predio.

Es importante señalar que actualmente que se encuentran en calidad de desaparecidos un total de 24 periodistas.

Cuando se presenta un caso de asesinato de periodista la mayoría de estos quedan en impunidad y muchas veces, quienes atentan en contra de la vida de periodistas son protegidos por el mismo gobierno, incluso el actual de la «Cuarta Transformación».

En el Artículo 46 de dicha ley, cita: «La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas».

Sin embargo, no se respeta ni la integridad, ni la libertad ni mucho menos la seguridad de las y los periodistas de México. Desafortunadamente, sucede todo lo contrario.

Esta es una lista de los 17 periodistas que han sido asesinados en el primer par de años del gobierno de la 4T:

17. Julio Valdivia

Fecha: 9 de septiembre de 2020

Estado: Veracruz

Medio: Diario El Mundo

16. Pablo Morrugares

Fecha: 2 de agosto de 2020

Estado: Guerrero

Medio: PM Noticias

15. Víctor Fernando Álvarez Chávez

Fecha: Desaparecido el 2 de abril de 2020

Estado: Guerrero

14. María Elena Ferral Martínez

Fecha: 30 de marzo de 2020

Estado: Veracruz

13. Erick Castillo Sánchez

Fecha: 12 de septiembre de 2019

Estado: Guerrero

Medio: Discovery Latinoamérica

12. Nevith Condés Jaramillo

Fecha: 24 de agosto de 2019

Estado: Estado de México

Medio: El Observador del Sur

11. Jorge Celestino Ruiz

Fecha: 2 de agosto de 2019

Estado: Veracruz

Medio: El Gráfico de Xalapa

10. Edgar Alberto Nava López

Fecha: 2 de agosto de 2019

Estado: Guerrero

Medio: La verdad de Zihuatanejo

9. Rogelio Barragán

Fecha: 30 de julio de 2019

Estado: Morelos

Medio: Guerrero al instante

8. Norma Sarabia

Fecha: 11 de junio de 2019

Estado: Tabasco

Medio: Semanario Chontalpa

7. Francisco Romero

Fecha: 16 de mayo de 2019

Estado: Quintana Roo

Medio: Ocurrió aquí

6. Telésforo Santiago Enríquez

Fecha: 2 de mayo de 2019

Estado: Oaxaca

Medio: Estéreo Cafetal 98.7 FM

5. Santiago Barroso

Fecha: 15 de marzo de 2019

Estado: Sonora

Medio: Noticias Red 653/91.1 FM Río Digital

4. Samir Flores

Fecha: 20 de febrero de 2019

Estado: Morelos

Medio: Radio Amiltzinko 100.7 FM

3. Rafael Murúa

Fecha: 20 de enero de 2019

Estado: Baja California Sur

Medio: Radio Kashana

2. Diego García Corona

Fecha: 4 de diciembre de 2018

Estado: Estado de México

Medio: Semanario Morelos

1. Alejandro Márquez

Fecha: 2 de diciembre de 2018

Estado: Nayarit

Medio: Orion Informativo

https://solyucatan.com/17-periodistas-asesinados-en-dos-anos-del-gobierno-de-la-4t/

Preocupa falta de sanciones por los abusos policiales (Yucatán)


Iván Canul / Diario de Yucatán
Piden protocolo contra tortura

“Una de las preocupaciones en Yucatán es la persistencia de la tortura”, señaló Martha Capetillo Pasos, integrante de Equipo Indignación, al opinar sobre el caso del joven de Xkanchakán que presuntamente murió a manos de policías municipales de Tecoh.

Como informamos, José Luis Cauich Yérvez, de 27 años de edad, falleció en la cama de una camioneta policíaca a los 30 minutos de haber sido detenido.

De acuerdo con el dictamen médico, la caus ade muerte fue asfixia por oclusión de vías aéreas (broncoaspiración). Se imputó a cuatro agentes “por su probable participación en el delito de homicidio calificado”, según a dio a conocer la Fiscalía General.

Familiares del fallecido señalaron que cuando les entregaron el cuerpo éste presentaba lesiones que no tenía al momento de su detención, y aseguraron que José Luis fue golpeado y torturado por los agentes.

En entrevista con el Diario, Martha Capetillo indicó que la tortura es muy difícil de comprobar porque ocurre de manera oculta. Además, hay redes de complicidad que se tejen entre las autoridades y los jefes policíacos.

En Indignación, añadió, se ha insistido porque cualquier muerte bajo custodia policial tiene que seguir un protocolo que descarte la tortura.

“De entrada, cualquier muerte bajo custodia policial implica una responsabilidad de quienes estuvieron a su cuidado. En el momento en que una persona es detenida, el Estado responde por la vida de esa persona”, dijo.

Sin embargo, lamentó que en Yucatán haya una insistente impunidad, pues “cada vez que una persona muere en alguna de las cárceles, ya sea municipal, estatal o federal, el caso queda absolutamente impune”.

Tras hacer un recuento de casos, entre ellos uno sucedido en Tekax hace 10 años, la integrante de Indignación cuestionó que no solo no se investigue la tortura, sino que la responsabilidad del custodio, del policía o del médico quede sin castigo.

“Con frecuencia se escucha que algún detenido murió en la cárcel, inmediatamente (las autoridades) dicen que fue suicidio y piensan que con eso se liberan de una responsabilidad, y no es así”, replicó.

Equipo Indignación, informó, ha solicitado en distintas administraciones la creación de un protocolo al respecto, que sistemáticamente ha sido negado.

En el caso particular de Tecoh, en el que ya están imputados los cuatros agentes que intervinieron, la activista señala que aparentemente hay la intención de ya no tolerar, “pero más bien parece que en este caso no pudieron ocultarlo porque hubo testigos o por las condiciones como se dieron, pensaron una versión diferente que luego ya no pudieron sostener”.

La activista señaló que el gobernador es responsable de hacer todas las acciones necesarias para erradicar la tortura en Yucatán y detectarla oportunamente.

“No puede ser que tolere la tortura y se normalice, que se hable tan ingenuamente que se les pasó la mano. ¿Cómo que se les pasó la mano? ¿Qué piensan que se le puede hacer a una persona cuando se le detiene?”

“En este caso que hay cuatro personas presentadas ante la autoridad y puede sentar un precedente; es decir, la Fiscalía podría usar este caso para hacer todo lo que no ha hecho en años. Normalmente lo que hace es negarlo, porque no hay testigos”.— Iván Canul Ek
Detenidos Abusos

La integrante de Indignación cuestionó la impunidad en casos de tortura en Yucatán.

“Infartos”

Al señalar que pareciera que en Yucatán hay una epidemia de personas que mueren de infartos cuando son detenidas, Martha Capetillo Pasos lamentó que no exista un protocolo para estos casos y que los agentes involucrados únicamente se les separe de su cargo o se les cambie de lugar.

https://www.yucatan.com.mx/merida/preocupa-falta-de-sanciones-por-los-abusos-policiales

Crea el ‘narco’ “zonas del silencio” en Guerrero

Sergio Ocampo Arista, La Jornada Maya

Chilpancingo, Gro. Por presiones de la delincuencia organizada y de políticos locales, varias regiones de Guerrero son consideradas “zonas silenciadas”, donde los periodistas no pueden realizar su trabajo. Una de esas es Iguala, en el norte de la entidad, donde varios reporteros han debido salir tras amenazas de grupos del crimen organizado, a pesar de las denuncias ante instancias de gobierno.

El alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, se ha negado a garantizar el trabajo de los reporteros. Entre quienes huyeron están Jonathan Cuevas, Wendy Obispo, Alejandro y Héctor Guerrero; este último obtuvo medidas cautelares, y Blanca Díaz y Natividad Ambrosio salieron del país.

En la actualidad sólo continúan el Diario de Iguala, Tiempo Suriano y Diario XXI; pero el Diario de la Tarde dejó de circular. Los reporteros de “nota roja” dejaron de cubrir la fuente y desapareció esa sección.

Las presiones y amenazas comenzaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014; y aumentaron con el hallazgo de fosas en los años recientes, aunque desde siempre ha existido con la disputa de territorio de los grupos delincuenciales. A raíz del asesinato del periodista Francisco Pacheco, en el municipio de Taxco, en 2016 sus hijos Priscila y Alí Pacheco tuvieron que abandonar el país.

Al menos 12 reporteros tienen que sortear a diario el peligro de reportear en Iguala y, debido a las amenazas, en los hechos tienen vetado cubrir la información en los vecinos municipios de Tetipac, Pilcaya e Ixcateopan de Cuauhtémoc.

Otra región donde los periodistas se vieron obligados a salir es la Montaña Baja, principalmente en Chilapa de Alvarez.

Entre 2000 y 2014 circulaban los diarios La Voz de Chilapa, Visión Urbana, El Imparcial, El Despertar de la Montaña y Jaguar Guerrero, pero desde 2014 dejaron de circular. Incluso, periódicos de circulación estatal como Pueblo, Vértice, Diario de Guerrero y El Sur, y otros de cobertura nacional como La Jornada, El Universal y Proceso fueron vetados en Chilapa.

La misma suerte tuvo la emisora La Palabra Verdadera, que operó en las instalaciones de la Preparatoria número 26 Albert Einstein, de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en el acceso al crucero de la comunidad El Paraíso, al sur de Chilapa, que es el paso obligado a la comunidad de Tlanicuilulco, del municipio de Quechultenango.

Un grupo de voceadores que se trasladaba de Chilpancingo dejó de vender periódicos en Chilapa desde 2014, al parecer por órdenes del entonces alcalde priísta Francisco Javier González (2012-2015), pues se dijo que la delincuencia organizada lo amenazó; a raíz de eso, al menos tres periodistas abandonaron el municipio y hoy laboran en Chilpancingo.

Los reporteros de Chilapa, denunciaron que el rector de la catedral, Javier N, decía en sus homilías que “la prensa publicaba cosas feas de Chilapa”. Tampoco llega ningún diario a los municipios vecinos de Zitlala, Ahucuotzingo, José Joaquín de Herrera, Atlixtac, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Mochitlán y Quechultenango.

En Tixtla, los reporteros tampoco pueden cubrir la “nota roja” debido a las amenazas de grupos delincuenciales, y a los voceadores les prohibieron vender los periódicos en las calles o entregarlos a domicilio.

En Tierra Caliente, de los 14 municipios que la constituyen, sólo en Ciudad Altamirano circula El Despertar del Sur desde hace 15 años. Otros diarios o semanarios han desaparecido por diversas causas.

Pero los periodistas locales tienen vetado cubrir la “nota roja” y los problemas sociales, que incluyen el desplazamiento forzado de personas, la tala de madera en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.

Brenda Escobar, reportera de El Sur, fue amenazada por su cobertura periodística en los municipios de La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande, hace dos años, mientras indagaba sobre el asesinato en Zihuatanejo de una doctora que descubrió el robo de medicamentos.

Hercilia Castro, de La Jornada Guerrero, fue amedrentada a partir de que se pararon las obras de una ciclovía, y eso molestó al alcalde priísta Jorge Sánchez Alec, quien envió gente a amenazarla, junto con Érika Serrano Farías, abogada ambientalista y activista, a quien intentaron violar.

La periodista denunció que el 24 de agosto pasado, sujetos armados irrumpieron en su domicilio y sólo robaron su computadora, pero la siguen amenazando de muerte.

Otros dos periodistas salieron de Zihuatanejo hace dos años, entre ellos Omar Bello, amenazado por pistoleros de Petatlán, y Leonardo Martínez Peralta, al que tres policías estatales le apuntaron en la cabeza y el estómago al tiempo que le exigían borrar unas fotos que había tomado durante un enfrentamiento entre hombres armados en la colonia El Embalse, de Zihuatanejo.
“Zonas silenciadas”

En el municipio circulan ABC de Zihuatanejo y El Despertar de la Costa, pero desde 2014 no hay “nota roja”, porque molesta al edil priísta. Además, los reporteros tienen vetado cubrir y visitar los municipios de Coahuayutla, La Unión y Petatlán, “zonas silenciadas” donde hay desplazados provenientes del poblado Vallecitos de Zaragoza del municipio de San Miguel Totolapan, y de la sierra de Petatlán.

En la Montaña Alta la situación no es diferente: en la cabecera municipal de Tlapa los pocos reporteros que laboran no cubren los problemas sociales en Zapotitlán, donde hay gente desplazada, y tampoco pueden llegar a los de Atlixtac y Copanatoyac. Tampoco pueden cubrir conflictos agrarios, ni acudir a los municipios de Malinaltepec, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, donde también hay casos de desapariciones.

En ninguno de los 19 municipios de la Montaña Alta se imprime o edita un periódico; sólo se hace cada mes para facturar con las autoridades municipales que publicitan las obras que realizan. Debido a la pandemia de Covid-19, sólo los martes se puede adquirir La Jornada y El Universal, lo mismo que el diario local El Sur, pero ya no llegan a Tlapa.

En Acapulco, los periodistas locales tienen vetado cubrir en la zona de La Parota, principalmente en la comunidad de La Concepción, donde grupos delincuenciales han provocado enfrentamientos con pobladores que se oponen a la construcción de una presa, lo que ha dejado varios muertos en los dos años recientes. Tampoco se les permite llegar a las colonias La Zapata y Renacimiento.

Los reporteros Jacob Morales y Bernardino Hernández, entre otros, se vieron obligados a abandonar el puerto en los dos años recientes. Incluso el periodista de Novedades de Acapulco, Martín Méndez Pineda, salió del puerto en 2017 y pidió asilo en Estados Unidos, pero le fue negado y estuvo detenido más de dos meses en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en El Paso, Texas.

Egresado de la UAG, Méndez Pineda fue amenazado por elementos de la Gendarmería mientras cubría un incidente automovilístico.

Desde 2000, en el estado de Guerrero han sido asesinados 14 periodistas y hay uno desaparecido.
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/34694/crea-el-narco-zonas-del-silencio-en-guerrero

Sin espacio propio, telebachilleratos comunitarios resisten la pandemia y el abandono (Querétaro)

 

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

Pie de Página

Profesores y estudiantes del Telebachillerato de la comunidad de La Monja, en Querétaro, toman clases en instalaciones ajenas en un proyecto que busca fortalecer la identidad de los jóvenes con su comunidad

QUERÉTARO.- Los cerros de la Carbonera y la Barreta dibujan los límites territoriales que delimitan, al norte de la capital del estado de Querétaro, la frontera con Guanajuato. A media hora de la urbe, el paisaje se va despoblando de a poco, y los grandes complejos residenciales instalados en la periferia dan paso a nuevos parques industriales que desde hace una década comenzaron a establecerse a orillas de la carretera en dirección a San Miguel de Allende.

Un par de negocios a pie de carretera dan fe de que estamos en un lugar distinto. Los puestos de venta de sombreros, teja, adobe, laja -entre otros materiales de construcción- se encuentran solitarios esperando a nuevos clientes. Algunas familias, así como jóvenes que salen de las fábricas, viajan en las unidades de transporte conurbado, las cuales constantemente van haciendo paradas en las estaciones improvisadas en medio de la nada.

De pronto, un letrero debajo de un puente peatonal a media autopista anuncia nuestro destino: La Monja, una comunidad ubicada en las periferias de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, perteneciente al municipio de Querétaro, y que de acuerdo con datos del ayuntamiento cuenta con cerca de 981 habitantes, los cuales se entremezclan con las comunidades de La Barreta y Buenavista, separadas apenas por un par de kilómetros.

Ahí, entre los cerros y las milpas, se encuentra el telebachillerato comunitario: “la monja”, o lo que debería ser éste, pues al no contar con instalaciones propias, 30 estudiantes de bachillerato usan como aula por las tardes las instalaciones de la telesecundaria.

Así lo señala Amanda Díaz, quien desde años antes de graduarse como interventora educativa, se ha dedicado completamente a la docencia, y hoy funge como directora del telebachillerato comunitario en La Monja.

“Aquí tenemos muchas carencias”, agrega Amanda, “pero una de las principales es la falta de un espacio propio. Lo que nos ha orillado a usar las instalaciones de la telesecundaria, cosa que ha generado muchos problemas, pues no podemos disponer totalmente de laboratorios o espacios de aprendizaje para los muchachos, lo cual afecta al proceso de enseñanza.”

Como en La Monja, la situación de los telebachilleratos comunitarios a nivel nacional atraviesa un momento crítico para su sostenimiento, pues a la falta de infraestructura para los centros de aprendizaje, así como a la carencia de recursos para el pago de nómina de docentes, se le sumaron las condiciones de virtualidad que trajo covid-19.

 

Telebachillerato en el olvido

En agosto del 2013, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, anunció la creación del programa federal de Telebachilleratos Comunitarios (TBC), los cuales surgían como una propuesta de acción para combatir el rezago educativo en el país.

Sin embargo, tras un poco más de 7 años de haber arrancado este programa, su crecimiento y alcance ha sido muy poco.De acuerdo con la Comisión de Educación del Senado de la República, para el 2019 existían 3 mil 323 planteles de TBC a lo largo del país, lo cual contrasta con la dramática cifra presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) donde señalan que para el 2018: 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 17 años, provenientes de contextos rurales, se encontraban aislados y sin una escuela cercana.

Asimismo, de acuerdo con las declaraciones del entonces secretario de Educación Emilio Chuayffet, para el sexenio de Peña Nieto se aspiraba a tener 7 mil 500 TBC funcionando en todo el país. Sin embargo, su promesa de campaña apenas rebasó el 50 por ciento de esta meta. Aunado a esta falta de centros de aprendizaje, el presupuesto otorgado a los TBC en el periodo 2015-2017, de acuerdo con una solicitud de información que el portal periodístico Animal Político requirió a la Secretaría de Educación Pública en el 2018, fue de menos de un millón de pesos por cada plantel.

De este presupuesto, la Federación, en conjunto con los gobiernos estatales, cubren gastos de material didáctico, infraestructura y el pago de la nómina a los tres docentes que laboran en cada plantel.

 

Del aula al sindicato

“Aquí tenemos muy clara la necesidad del telebachillerato, pero para el gobierno todo está en un estado de ambigüedad que nos deja a la deriva” señala la maestra Amanda.

Uno de las problemas desprendidos de esta falta de recursos e inversión en los TBC es la falta de pago a la nómina docente de los planteles.  Pues de acuerdo con el testimonio de las y los maestros de La Monja, hay veces en que el pago de su salario, como el de sus compañeros, demora hasta un año.

“Es inadmisible esta situación”, agrega la directora del telebachillerato, “pues no es posible que, siendo un espacio tan importante en las comunidades, estemos en condiciones tan marginadas y deplorables”.

Ante esta situación de incertidumbre, a finales del 2018, profesores de telebachilleratos de 8 estados de la República crearon un frente nacional para discutir mecanismos políticos y rutas de organización para visibilizar y hacerle frente a su condición, por lo cual fueron despedidos 21 maestros, entre ellos Amanda.

“Comenzamos a organizarnos, pues el hambre es más grande que el miedo”, sentencia la interventora educativa.“Nuestras exigencias son muy claras, queremos que se nos pague, que se contemple al telebachillerato en la Ley General de Educación y el modelo comunitario que seguimos, así como que se reestructure la relación de los TBC’s con la Federación, los Estados y los municipios, pues esto ha ocasionado que al momento de exigir nuestros derechos se pasen la bolita.”

A partir de la movilización, docentes agrupados en el Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios han entablado mesas de diálogo con autoridades federales y de los estados, donde han presentado sus demandas ante el riesgo de desaparición de este programa, así como para el reconocimiento de sus estructuras gremiales de organización ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

“Aquí nosotros sostuvimos una Asamblea General en noviembre, donde compañeros de las 3 regiones donde hay TBC’s en Querétaro acordamos la creación de un sindicato que nos permitiera protegernos y defender nuestros derechos laborales. Ese mismo mes presentamos nuestro registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y actualmente estamos en espera de respuesta”, señala Amanda.

Asimismo, profesores de telebachilleratos comunitarios han establecido congresos nacionales donde además de discutir sus rutas políticas y de organización, generan espacios para reflexionar sobre los modelos y experiencias educativas que han implementado en las comunidades, y cómo abonar hacia la profesionalización de su actividad docente.

“En los TBC’s hay muchas experiencias pedagógicas que se desprenden del trabajo comunitario que realizamos con los alumnos -agrega la directora del TBC La Monja-,por ejemplo, aquí en la comunidad acompañamos el proceso de aprendizaje con proyectos productivos que permiten a los chicos vincularse y reflexionar sobre el territorio y el medio ambiente”.

Educar para la comunidad

En el 2019, estudiantes, padres de familia y docentes del telebachillerato de La Monja aportaron 200 pesos por persona, así como faenas de trabajo, para poder construir su escuela.

Los alumnos y padres, en una asamblea con profesores, establecieron donar una parte de la beca federal de manutención, así como parte de su salario, para comprar los materiales de construcción, sin embargo, aunque se ha avanzado bastante en la edificación del plantel, la ausencia de las autoridades para dicho proyecto ha sido notoria.

“Vamos poco a poco, pero vamos bien” señala Fernando, un joven biólogo de 30 años originario de la comunidad de La Barreta, y que a la vez es docente de las materias de matemáticas y ciencias naturales en el telebachillerato.

Para Fernando este proceso de construcción tiene hondas raíces en el vínculo que han generado los alumnos con su territorio.

“Lo que hacemos es trabajar en la identidad de la comunidad, en apoyar a los muchachos, en fortalecer ese vínculo con la tierra. Siempre desde la comunidad”, agrega Fernando.

Dentro del plan de estudios del Telebachillerato comunitario se contempla la generación de proyectos productivos encaminados al autosostenimiento de la escuela, así como la dotación a las y los estudiantes de herramientas prácticas que les permitan conocer, reforzar y aprender nuevos oficios.Hemos venido gestionando terrenos y proyectos que puedan hacerse uso en la comunidad, como el terreno donde estamos construyendo la escuela, así como el invernadero del telebachillerato, los cuales fueron adquiridos después de hablar con ejidatarios de la zona”, explica Amanda.

En el telebachillerato de La Monja se implementan proyectos productivos que buscan fortalecer la identidad de la comunidad con su territorio y sus prácticas ancestrales.

“Tenemos un proyecto de herbolaria y medicina tradicional, donde los alumnos conocen las propiedades de las plantas nativas de la región mientras hacen uso de ellas para generar pomadas, tinturas y otras cosas que permiten fortalecer la salud”, agrega Fernando.

Además de este proyecto, desde hace un par de años las y los profesores del TBC gestionaron, a través de una Asociación Civil, un proyecto de invernadero, donde además de practicar la agricultura sostenible, refuerzan los contenidos de otras materias como la historia y la filosofía.

“Cuando se trabaja la tierra se está trabajando en conocer el territorio, en ver cuáles son las condiciones históricas y sociales que permiten que tengamos derecho a la tierra. Por ejemplo, mientras los alumnos siembran y cosechan el maíz o la calabaza, trabajan la milpa, y reforzamos eso con la clase sobre la reforma agraria en México, o la importancia del maíz en nuestra historia como pueblo.” Añade Amanda.

Sin embargo, cuando México entró en la fase dos de la contingencia por la pandemia de covid-19, el modelo de educación presencial del telebachillerato se modificó para entrar a la “nueva normalidad” educativa.

“Fue un proceso difícil, pues de por sí muchos estudiantes batallan para llegar a la escuela, ahora con esta modalidad virtual varios prefirieron optar por ingresar a las fábricas en vez de continuar con sus estudios. Es una situación triste, pues no hay una política gubernamental que diseñe propuestas desde la realidad educativa en México.” Señala Amanda Díaz.

Ante esta nueva normalidad, proyectos como el invernadero, así como la continuidad de las clases tuvieron que readecuarse a los nuevos retos de la educación en el país.

“Tuvimos que postergar los trabajos en el invernadero, aunque el profesor Fernando se ha encargado de continuar con su mantenimiento.” Agrega Amanda mientras recorremos las los surcos con mazorcas de maíz “Asimismo, tuvimos que readecuar el formato de aprendizaje, diseñamos cartillas de trabajo, hacemos visitas personalizadas a los alumnos para resolver dudas, hablamos por teléfonos, por chats de whatsapp, en fin: usamos todos los medios a nuestro alcance.”

Actualmente en el telebachillerato comunitario de La Monja asisten 30 alumnos de diversas comunidades aledañas, y tras concluir el ciclo escolar, las y los docentes esperan que en el 2021 sus condiciones de trabajo puedan estabilizarse y mejorar.

“Cuando nos otorguen el reconocimiento por parte de la Junta Local, confiamos en que las actuales condiciones que vivimos aquí puedan mejorar, sin embargo, no dejaremos de insistir en que es necesario reconocer y darle su lugar al telebachillerato, pues de aquí han salido biólogos, maestras y filósofos y todos en este país tenemos derecho a acceder a una educación de calidad, para todas y todos”.

https://piedepagina.mx/sin-espacio-propio-telebachilleratos-comunitarios-resisten-la-pandemia-y-el-abandono/

 

 

Reportan en Ensenada primer asesinato de mujer en 2021; víctima por arma de fuego (Baja California)

Lindero Norte / Antonio Heras.

Mexicali.- Con disparos de arma de fuego fue asesinada la primer mujer en Baja California, conforme a un reporte policíaco.

El reporte señala que a las 09:40 horas, se produjo un ataque armado en el ex ejido Ruiz Cortines del puerto de Ensenada.

El cadáver de la víctima, cuya identidad se mantiene bajó reserva, se encontró en una casa de la calle L donde peritos de la Fiscalía General del Estado recogieron los primeros indicios.

De acuerdo a la incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de enero a noviembre se registraron 860 feminicidios, 30 de los cuáles se cometieron en Baja California, entidad que se ubica en el octavo lugar de este delito. sitio

En cambio, las estadísticas de la FGE señalan que de los 2 mil 674 asesinatos cometidos en 2020, sin haber contabilizado diciembre, son 31 feminicidios.

https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/01/02/reportan-en-ensenada-primer-asesinato-de-mujer-en-2021-victima-por-arma-de-fuego/

Denuncian muerte de haitiana por Covid 19 sin atención médica en Mexicali (Baja California)

Lindero Norte / Antonio Heras.

Mexicali.-Una mujer haitiana falleció en el estacionamiento de una clínica de la Cruz Roja de Mexicali en espera de ser atendida por síntomas de covid 19.

El deceso se produjo durante la tarde de este viernes en las instalaciones de la Cruz Roja en la colonia Pueblo Nuevo, de acuerdo a información de Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNA).

La víctima fue identificada como Majorie Petite Frėre, de 48 años de edad, una mujer que firmó parte de la migración haitiana de 2018 de Brasil hacia Estados Unidos donde solicitaron refugio pero quedó varada en Baja California, al igual que otros 6 mil haitianos que salieron de su país por razones económicas y trabajaron en las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol.

Luego de señalar que la salud es un derecho para todos, el dirigente del CCDNA advirtió que Frere murió debido a la falta de atención médica. La información la confirmó Metelus a Lindero Norte horas después del deceso

https://linderonorte.wpcomstaging.com/2021/01/02/denuncian-muerte-de-haitiana-por-covid-19-sin-atencion-medica-en-mexicali/

Con expediente apócrifo pretenden desalojar a comunidad para construir complejo en Oaxaca

Proceso / Redacción.

Edith Santibáñez Bohórquez, representante de los comuneros, señaló que ese conflicto de despojo de tierras en Tilzapote se ha agudizado porque existe la pretensión de demoler edificios.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Habitantes de la comunidad Tilzapote, ubicada en la costa oaxaqueña, entre San Pedro Pochutla y Puerto Escondido, denunciaron el despojo de 300 hectáreas, desde 2014, por parte de un grupo de abogados y notarios a quienes acusan de alterar documentos y escrituras a nombre de personas que no se han presentado en juicios interpuestos desde entonces.

De acuerdo con documentos en poder de Apro, existen dos quejas no resueltas por alteración de fecha de escrituras e inscripción tardía en el Registro Público de la Propiedad –avalados por la notaria 78 de Oaxaca, María Antonieta Chagoya Méndez–, sin embargo, se utilizaron como base para despojar de las 300 hectáreas de tierra a la comunidad indígena, donde se proyecta construir un complejo turístico.

En ese terreno ya existen dos escuelas, un mercado y un centro de salud, ubicados en el núcleo rural de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, que podrían ser demolidos por una sentencia del Tribunal Agrario en junio de 2014, a favor de dos particulares, denunciaron pobladores y comuneros.

Estos aseguran que tienen documentos legales que avalan el asentamiento del núcleo rural desde hace más de 70 años en esa región de la costa oaxaqueña. La disputa de tierras entre los comuneros y los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, puntualizan, inició en 2008, y en 2014 los tribunales agrarios dictaron sentencia en favor de los supuestos dueños.

Edith Santibáñez Bohórquez, representante de los comuneros e integrante del área de asuntos jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que ese conflicto de despojo de tierras en Tilzapote se ha agudizado porque existe la pretensión de demoler edificios.

La abogada afirmó que desde 2014 dos supuestos propietarios del área presentaron un juicio agrario y de forma inusitada se les otorgó –en sólo dos años– una sentencia de desalojo para toda la comunidad que habita esa zona desde hace más de 70 años y que cuenta con escuelas públicas, centro de salud y una capilla.

Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olvera, acreditados como propietarios por la notaria María Antonieta Chagoya Méndez, nunca se han presentado al proceso. Tales irregularidades cometidas en el litigio ya fueron reconocidas por el consejero jurídico de la entidad, Octavio Tinajero, lo que ha permitido detener momentáneamente el desalojo en esa zona, considerada un paraíso en la costa.

Santibáñez Bohórquez dijo que ya solicitaron al gobierno federal que conozca toda la información fraudulenta con la que se armó el expediente, que inició con el supuesto título de propiedad otorgado por la responsable de la Notaría 78, María Antonieta Chagoya Méndez, sobre quien existen acusaciones públicas, dado que la patente –concedida por el entonces gobernador Diódoro Carrasco– se le otorgó 12 días después de terminado el período de gobierno del mandatario.

Chagoya Méndez forma parte de un clan familiar de notarios, que incluye a su hijo Carlos Salomón Velásquez Chagoya, investido como notario 104 del estado por el exgobernador Ulises Ruiz, cuando aquel contaba con apenas 27 años, violando la Ley Estatal del Notariado, que ordena tener 35 años cumplidos como requisito. Lo anterior, de acuerdo con actas de información proporcionada por la propia Consejería Jurídica del estado, vía transparencia, que ya circulan en diversos medios y redes sociales en Oaxaca.

El otro operador del clan es Ramón Velázquez Chagoya, quien en 2016 presentó una solicitud de patente de notario, que fue rechazada por los escándalos que envuelven a la familia.

Velázquez Chagoya es señalado por la comunidad de Tilzapote como operador del proyecto, a través de abogados representantes de los supuestos dueños, Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olvera, a quienes se ha exigido su comparecencia física ante el Tribunal Agrario. Los señalamientos se centran en Ramón Velázquez porque, a decir de los abogados, apoyado en la fe pública de su madre realizó las apócrifas escrituras.

Adicionalmente, existen dos quejas interpuestas desde 2019 contra la responsable de la Notaría 78 de Oaxaca (12DGN y AGN/DJ/2019), por probable “datación de una escritura en una fecha anterior a la que efectivamente se realizó y/o inscripción tardía de dicha escritura en el Registro Público de la Propiedad”, que no han sido subsanadas por María Antonieta Chagoya Méndez.

La abogada Edith Santibáñez Bohórquez denunció que en su momento también estuvo coludido con el fraude el abogado defensor de la comunidad en el Tribunal Agrario, así como el delegado Francisco Javier Cañada, quienes dieron entrada a información inexacta.

Denunció que desde el año pasado la inmobiliaria Esmeralda de María 1 tenía previsto iniciar trabajos para la construcción de edificios en la zona, pero los habitantes del poblado de Tilzapote no lo han permitido y se han pronunciado –en las asambleas indígenas que rigen su usos y costumbres– para defender la comunidad incluso con su vida.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/2/con-expediente-apocrifo-pretenden-desalojar-comunidad-para-construir-complejo-en-oaxaca-255481.html

Vulnera droga a niños en zona rural de Colima

Foto: Especial

Carlos Rafael Martínez Valdés /El Noticiero de Colima

La situación en la zona norte y rural del municipio de Comala ha alcanzado niveles alarmantes, ya que se ha detectado que alumnos de secundaria han empezado a consumir drogas
duras como la llamada “cristal” o “foco”, según datos proporcionados por la coordinación de prevención del delito del municipio de Comala.

No solo eso, además se ha detectado que a un promedio de entre 15 y 20 alumnos por cada secundaria se les ha encontrado sustancias ilícitas durante las operaciones mochilas que se llevaron a cabo en coordinación con las asociaciones de padres de familia, con el fin de llegar sorpresivamente y que los alumnos no alcancen a esconder lo que traigan, esto antes de que se suspendieran las clases presenciales por la pandemia.

Con ello se ha establecido que el índice de iniciación en el consumo de drogas oscila entre los 12 y 15 años de edad, niños y adolescentes de esta zona rural, que principalmente consumen marihuana pero que también han experimentado con drogas más fuertes.

Suchitlán es la comunidad que más atención necesita, así como la colonia Cuauhtémoc, donde se están realizando acciones para disminuir el consumo de drogas y los índices delictivos.

https://elnoticieroenlinea.com/vulnera-droga-a-ninos-en-zona-rural-de-colima/

Terminación de contratos del IMSS deja sin hemodiálisis a pacientes de insuficiencia renal (Jalisco)

Foto: Georgina García Solís

Los afectados son derechohabientes del Hospital General Regional número 45, quienes se manifestaron el viernes 1 de enero a las afueras del nosocomio

Georgina García Solís / UDGTV

Pacientes de insuficiencia renal no han podido recibir su tratamiento de hemodiálisis por la terminación de los contratos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con las empresas proveedoras.

Los afectados son derechohabientes del Hospital General Regional número 45, quienes se manifestaron el viernes 1 de enero a las afueras del nosocomio, luego de que se les negó el tratamiento.

El sábado llegaron al hospital “Ayala” más pacientes que no pudieron recibir la hemodiálisis en los servicios subrogados, quienes al pedir informes no encontraron empatía, es el caso del señor Valentín Miramontes.

“No dan una información amplia porque pues son gente hasta cierto punto personas que se creen mucho, como dueñas de las instituciones que no saben que les pagan a ellos de lo que nosotros pagamos de seguro, eso no quieren entender para que den una información amable”.

El señor Valentín Miramontes recibe tres hemodiálisis a la semana y no tener acceso al tratamiento pone en riesgo su vida. En la clínica 45 le dieron un teléfono para que verifique si fue enviado a otro proveedor, en caso contrario deberá regresar el lunes.

https://udgtv.com/noticias/terminacion-contratos-imss-deja-sin-hemodialisis-pacientes-insuficiencia-renal/

Cuatro mujeres fueron asesinadas en Oaxaca en las últimas horas; hay sólo un detenido

Noticias / Tomás Martínez.

En Soyaltepec, Huatulco y Pinotepa Nacional

Cuatro mujeres han sido asesinadas en las últimas horas y en uno de los casos hay una persona detenida.

Los últimos casos ocurrieron en San Miguel Soyaltepec, Santa Cruz Huatulco y Pinotepa Nacional, en tanto la mujer que fue ejecutada y su cuerpo arrojado en las riberas del río Salado en San Antonio de la Cal, fue identificada por sus familiares y fue originaria de Cuilápam de Guerrero.

EJECUTADA EN PINOTEPA

Sujetos desconocidos asesinaron a una mujer alrededor de las 14 horas de ayer cuando se encontraba en la calle 12ª Sur y los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos y quienes acudieron al lugar y hallaron a la mujer sin vida y con varios impactos de arma de fuego.

Personal de la unidad municipal de Protección Civil arribó al lugar, donde procedió a brindar los primeros auxilios a la mujer, per confirmaron que ya estaba sin vida.

Los policías acordonaron la zona y la víctima fue identificada como Clara Ofelia VA de 43 años de edad y con domicilio en la misma población.

Agentes investigadores y peritos realizaron diligencias en el lugar y posteriormente el cuerpo sin vida fue trasladado al panteón municipal para la práctica de la necropsia de ley. Los policías investigan el caso.

De igual forma, la noche del sábado, en un domicilio del destino turístico de Santa Cruz Huatulco, agencia del municipio de Santa María Huatulco, de la región Costa del estado otra mujer fue asesinada y el presunto responsable fue detenido.

Fue en una casa ubicada en el fraccionamiento Sector H3 en que fue asesinada una mujer, de aproximadamente 50 años de edad, presuntamente por su pareja, Antonio C. M., de 46 años de edad.

Elementos de la policía municipal lograron detener al presunto feminicida para presentarlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado; la mujer era originaria de San Mateo Piñas, Oaxaca.

Otra de las víctimas de ayer fue el crimen de una mujer junto a un varón en jurisdicción de San Miguel Soyaltepec, región de la Cuenca, por causas hasta ahora desconocidas.

En la zona dejaron narcomensajes y los cuerpos quedaron en el panteón municipal en espera de ser reclamado por sus familiares.

RECLAMAN CUERPO

Asimismo, ante el agente del Ministerio Público del área de feminicidios de la Fiscalía General del Estado comparecieron los familiares de la mujer de 30 años que fue ejecutada a balazos y su cuerpo arrojado en un predio de sembradío, en las riberas del rio Salado, en San Antonio de la Cal.

La víctima respondió al nombre de Arleth Azucena RL, y quien tuvo su domicilio en Cuilápam de Guerrero.

La policía aún no ha presentado al presunto responsable del asesinato ante la autoridad ministerial y el caso podría quedar en la impunidad como muchos otros.

Mientras que el pasado 5 de enero de 2021 fue hallado, tras un operativo, el cuerpo de una mujer, en parajes de San Miguel Albarradas, jurisdicción de la Villa de Mitla, quien había sido reportada como desaparecida desde el 17 de diciembre.

Raquel Martínez Salinas tenía 57 años de edad y la autoridad ministerial no ha dado a conocer las causas por las cuales perdió la vida.

https://www.nvinoticias.com/nota/172260/cuatro-mujeres-fueron-asesinadas-en-oaxaca-en-las-ultimas-horas-hay-solo-un-detenido

Feminicidios: violencia e impunidad, 25 mujeres fueron asesinadas en la región del Istmo durante 2020 (Oaxaca)

Noticias / Mariana Saynes Bósquez y Fernando Santiago.

SALINA CRUZ, Oaxaca.- Durante el año que está concluyendo, a 25 mujeres -entre ellas dos menores de edad- les fue arrebatada la vida en alguno de los municipios del Istmo oaxaqueño.

Esos 25 feminicidios han conferido a la región el nada honroso segundo lugar a nivel estatal, al concentrar el 22.32 por ciento del total de este tipo de delito cometido en toda la entidad oaxaqueña durante el 2020.

De acuerdo con el recuento elaborado por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, disponible en https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/, son 13 los municipios que a lo largo del año registraron al menos un feminicidio en esta demarcación.

Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec comparten el primer lugar con cuatro; le siguen Salina Cruz con tres; San Francisco del Mar, San Mateo del Mar, El Barrio de la Soledad y San Pedro Tapanatepec con dos cada uno.

En tanto que en los municipios de Ciudad Ixtepec, Santa María Petapa, Santa María Mixtequilla, Matías Romero Avendaño, San Pedro Huamelula y Unión Hidalgo, se cometió un feminicidio en cada uno.

Es el escenario que se repite en los feminicidios cometidos en el Istmo durante el de por sí, violento 2020. La mayoría de las mujeres aquí asesinadas fue por armas de fuego. En algunos casos, conforme información proporcionada por corporaciones policiacas, se trató de ataques directos y en la mayor parte de los crímenes se sospecha de la pareja de la víctima.

En un año marcado por una mortal pandemia, las mujeres del Istmo padecieron violencia extrema. Este es el recuento:

Enero

El 3 de enero se informaba sobre la primera mujer asesinada. Fue en Salina Cruz, Gabriela H.F. perdió la vida a causa de una bala perdida durante los festejos de Año Nuevo.

Ese mismo día una mujer de aproximadamente 35 años fue atacada a balazos por sujetos que la sorprendieron en su domicilio, en la colonia Industrial del municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

El 6 de enero, en un basurero ubicado en jurisdicción del municipio de El Barrio de la Soledad, con múltiples lesiones producidas por arma de fuego fue hallado el cuerpo de la mujer de 25 años de edad aproximadamente.

El 10 de enero, en Salina Cruz, María A., de 80 años de edad fue asesinada de un disparo en la cabeza. Autoridades indicaron como una de las líneas de investigación un aparente ajuste de cuentas. La mujer adulta mayor tomaba el fresco afuera de su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, a escasos metros del Hospital Naval.

El 11 de enero, Vianey Castillo Medina, de 22 años, estudiante de la Universidad Unid, perdió la vida junto a su pareja. Fueron atacados con armas de alto calibre sobre la carretera federal 185, en el tramo La Ventosa – Juchitán.

Seis días después, el 17 de enero, sobre la avenida Mariano Abasolo, en la Segunda Sección, fue asesinada Yadira Hero Moya, de 35 años. Su cuerpo quedó a un costado de la camioneta en la que viajaba.

Antes de concluir el primer mes de éste, un año caótico y lleno de luto y dolor, los restos mortales de Karla Lucero Toledo Martínez, de 22 años y originaria de El Espinal, fueron hallados en un terreno baldío, perteneciente a la ciudad de Tehuantepec.

Su cuerpo presentaba un disparo en la cabeza; la policía indicó que por las características se trató de una ejecución, luego de haber sido levantada días antes. Además, Karla y su pareja sentimental habían sufrido un atentado con armas de fuego, mientras se encontraban en una conocida cenaduría en la población de El Espinal.

Marzo

El 16 de marzo, el cuerpo de la empresaria Alicia G. S. fue encontrado tirado boca abajo entre pastizales en jurisdicción del municipio de El Barrio de la Soledad.

Abril

El 3 de abril una atroz noticia conmovió a toda la comunidad istmeña, al darse a conocer que un individuo violó a una bebé de meses de nacida en el municipio de San Francisco del Mar; las lesiones producidas a la menor le provocaron la muerte. El agresor Sergio R.M. era concubino de la madre.

Ese mismo 3 abril, Irma M. fue ejecutada a balazos, a tan solo unos kilómetros antes de llegar a su domicilio en Morro Mazatán, agencia municipal de Santo Domingo Tehuantepec.

El pasado 09 de abril, 5 personas perdieron la vida entre ellos una mujer y una menor de edad, los hechos ocurrieron en la población de San Pedro Tapanatepec. Integrantes de una familia se encontraban en una conocida cenaduría ubicada a un costado de la carretera federal 190.

Civiles que portaban armas de alto poder abrieron fuego contra integrantes de esta familia donde perdieron la vida Sara Zárate Díaz y su pequeña sobrina de 10 años de edad, Elena L.

En el lugar, tres hombres más perdieron la vida, elementos policiacos indicaron que se trató de un enfrentamiento a balazos.

Para el 10 de abril, una mujer fue ejecutada cuando conducía una camioneta en la cual viajaban sus familiares. El reporte movilizó elementos sobre la calle Constitución de la Cuarta Sección casi esquina con avenida Juárez de Juchitán. Dentro de una camioneta de la marca Ford modelo Explorer en color verde, perdió la vida a balazos Rosalinda Regalado.

El 17 de abril, en la colonia Juárez de Santo Domingo Tehuantepec, Oscar A. V. de 22 años tomó un machete y atacó a su abuela por la espalda. Josefina M.L., de 59, perdió la vida.

Junio

El 19 de junio, mientras se encontraba esperando un taxi en una parada de San Pedro Huamelula, Luvia G. S. fue asesinada con potentes disparos.

La madrugada del 23 de junio, en un brutal ataque, perdieron la vida Okas Marisa R. O. y Argelia H. V. en San Mateo del Mar. Ese día tuvo lugar una masacre en ese municipio Ikoots, con saldo final de 17 personas asesinadas, entre ellas ambas mujeres. Autoridades argumentan diferencias políticas entre grupos opositores. Algunas de las víctimas fueron lapidadas e incendiadas.

Julio

El pasado 4 de julio, el cuerpo de Gemma O. O. fue localizado sin vida y con el tiro de gracia en la cabeza, a un costado del camino de terracería el cual conduce a la base aérea de ciudad Ixtepec. La mujer contaba con 30 años de edad y con domicilio en la Primera Sección de ese municipio. Gema, fue identificada con la ayuda de un tatuaje que portaba en la mano derecha, ella presumiblemente habría sido levantada y ejecutada en ese lugar.

Septiembre

El 15 de septiembre, la profesora Sandra Luz M.S. fue golpeada brutalmente y luego la asesinaron con un arma de fuego en Salina Cruz.

Ese mismo día, la comerciante Minerva C. G. fue encontrada en jurisdicción del municipio de Santa María Petapa, sin vida y con huellas de golpes en el rostro. Se inculpó en este crimen a su pareja sentimental, Daniel R. C.

Octubre

El 23 de octubre, sujetos desconocidos atacaron a balazos una vivienda en el municipio de Santa María Mixtequilla, en el ataque resultó asesinada Beatriz H. V.

El 28 de octubre fue asesinada por varios impactos de bala en el interior de su establecimiento comercial Ana David R. L., en la comunidad de Palomares, perteneciente a Matías Romero Avendaño.

Noviembre

El pasado 17 de noviembre el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición. Este lamentable y macabro suceso ocurrió a orillas del río Los Perros, ubicado en la populosa Séptima Sección. El cuerpo de la mujer se encontraba cubierto con una lona, trapos y estaba entre la basura. A la fecha no se ha identificado de manera oficial el cuerpo y según datos de las mismas autoridades son dos familias quienes aún se encuentran en espera de la identificación.

Para el 27 de noviembre, sujetos armados ingresaron a un domicilio ubicado en la población de San Francisco del Mar, y con armas de alto poder ejecutaron a una madre y a su hijo cuando se encontraban descansando en el interior de su domicilio. Esta ejecución ocurrió en la calle Facundo Martínez Vargas de la Cuarta Sección perteneciente a dicha población, ahí perdieron la vida Feliciana P.V. de 45 años y su hijo Jorge L.P. de 24 años.

Según datos de las mismas autoridades, Feliciana presentaba más de 10 disparos de arma de fuego de alto poder en su cuerpo.

Diciembre

A unos cuantos días de terminar el año, el 25 de diciembre, una mujer fue degollada al interior de su vivienda en el municipio de Unión Hidalgo. A Berta le quitaron la vida en Navidad. Por este crimen, se sospecha de su esposo, quien es buscado por las autoridades.

Detenidos

En al menos dos casos de los reportes aquí mencionados, han sido detenidos como los probables feminicidas quienes ya se encuentran bajo proceso, y en espera de ser sentenciados.

https://www.nvinoticias.com/nota/171318/feminicidios-violencia-extrema-e-impunidad-25-mujeres-fueron-asesinadas-en-la-region

Primera Parte: UNA DECLARACIÓN… POR LA VIDA

 

Primera Parte: UNA DECLARACIÓN…

POR LA VIDA

 

Primero de Enero del año 2021.

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS CINCO CONTINENTES:

HERMAN@S Y COMPAÑER@S:

Durante estos meses previos, hemos establecido contacto entre nosotr@s por diversos medios.  Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más, hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad.

Nos diferencian y distancian tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, historias, edades, geografías, identidades sexuales y no, raíces, fronteras, formas de organización, clases sociales, poder adquisitivo, prestigio social, fama, popularidad, seguidores, likes, monedas, grado de escolaridad, formas de ser, quehaceres, virtudes, defectos, pros, contras, peros, sin embargos, rivalidades, enemistades, concepciones, argumentaciones, contra argumentaciones, debates, diferendos, denuncias, acusaciones, desprecios, fobias, filias, elogios, repudios, abucheos, aplausos, divinidades, demonios, dogmas, herejías, gustos, disgustos, modos, y un largo etcétera que nos hace distintos y, no pocas veces, contrarios.

Sólo nos unen muy pocas cosas:

El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza.

El entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores.  El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo.

El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo.

El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra este sistema hasta destruirlo por completo.  La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo.  No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos.

La certeza de que la lucha por la humanidad es mundial.  Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo.

La convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo.  Y que toda pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano: la libertad.  La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia.  En su diversidad está su semejanza.

La comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra mirada, nuestros pasos, compañías, caminos y destinos, lo que nos permitirá avanzar, sino la escucha y mirada de lo otro que, distinto y diferente, tiene la misma vocación de libertad y justicia.

Por estas coincidencias, y sin abandonar nuestras convicciones, ni dejar de ser lo que somos, hemos acordado:

Primero.- Realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida.  Después, cada quien seguirá su camino o no.  Mirar y escuchar lo otro tal vez nos ayudará o no en nuestro paso.  Pero conocer lo diferente, es también parte de nuestra lucha y de nuestro empeño, de nuestra humanidad.

Segundo.- Que estos encuentros y actividades se realicen en los cinco continentes.  Que, en lo que se refiere al continente europeo, se concreten en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año 2021, con la participación directa de una delegación mexicana conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN.  Y, en fechas posteriores por precisar, apoyar según nuestras posibilidades, para que se realicen en Asia, África, Oceanía y América.

Tercero.- Invitar a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas parecidas, a todas las personas honestas y a todos los abajos que se rebelan y resisten en los muchos rincones del mundo, a que se sumen, aporten, apoyen y participen en estos encuentros y actividades; y a que firmen y hagan suya esta declaración POR LA VIDA.

Desde uno de los puentes de dignidad que unen a los cinco continentes.

Nosotr@s.
Planeta Tierra.
1 de enero del 2021.

Desde diversos, disparejos, diferentes, disímiles, desiguales, distantes
y distintos rincones del mundo (en arte, ciencia y lucha en resistencia y rebeldía):

Grecia
Alto a la Guerra contra l@s Inmigrantes
Acción Alternativa para la Calidad de Vida
Acción contra la Regeneración y Gentrificación (AARG!)
Adespotos Athinon: equipo deportivo autogestionado y sin dueño (déspota) de la ciudad de Atenas
Agrupación Ciudadana Autónoma de Icaria
Alterthess, medio alternativo
ΑMOQA Museo de Artes Queer de la ciudad de Atenas
Apoyamos a la Tierra
Αsamblea Αbierta de defensa de la arboleda de Agios Dimitrios (municipio de Ag. Dimitrios, ciudad de Atenas, Grecia)
Αsamblea Αbierta de Samos
Asamblea abierta «siembra»
Asamblea Abierta Contra El Desarollo Verde y La Energia Eólica en la Sierra de Agrafa
Asamblea abierta de anarquist@s de la ciudad de Patras
Asamblea Abierta de Lucha de Toumpa (ciudad de Tesalónica)
Asamblea de la Okupa Prosfygika en la ciudad de Atenas
Asamblea de recepción de l@s zapatistas en la ciudad de Corfú
Asamblea de recepción de l@s Zapatistas en la ciudad de Veria
Asamblea de Resistencia y Solidaridad (Kipseli/Patisia) – parque Chipre y Patision str. (Atenas)
Asamblea En Común, por el Decrecimiento, el Comunalismo y la Democracia Directa
Asamblea libertaria autoorganizada Paliacate Zapatista
Asamblea para la defensa de los espacios públicos y del “Elliniko”
Asociación Anarquista Sabaté Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani (Grecia)
Asociación Sindical De Trabajadores En Librerias, Papelerias, Editoriales Y Medios Digitales, De La Diputación De Attica (Atenas)
Asyntaktos Press – journalists movement (ciudad de Tesalónica)
Atenecalling
Autoacción – Colectivο políticο Bonita, Papastathi
Brotes Libres – Colectiva para la expresión y la libertad (ciudad de Tesalónica)
Centro Autónomo de Investigaciones Feministas
Centro social «Respiro di libertà» (ciudad de Tesalónica)
Centro social anarquista antiautoritario Αntipnia Centro Social Libre «Scholio» (Tesalónica)
Chispa de solidaridad con l@s Zapatistas y los Pueblos Indígenas
Chispa de solidaridad con la lucha de l@s zapatistas y los pueblos indígenas
Ciudadanos Despiertos
Ciudades Invisibles
Clandestina- inmigración y lucha en Grecia (Grecia)
Clínica Social Solidaria de Tesalónica (ciudad de Tesalónica – Grecia)
Clínica Social y Farmacia Solidaria de Ilio (municipio de Ilio, ciudad de Atenas – Grecia)
Club de trabajodor@s de Kallithea
Club deportivo Apáleftos (ciudad de Tesalónica)
Club deportivo autoorganizado «Marinos Antypas» (ciudad de Larisa,Grecia)
Club Laboral Nea Smyrni (municipio de Nea Smyrni, ciudad de Atenas-,Grecia)
CoLab House Espacio Cooperativo
Colectiva Anarquista «Círculo del Fuego» (Atenas)
Colectiva Anarquista «Omikron 72» (Atenas)
Colectiva Anarquista Pueblo-miembro de la federación anarquista
Colectiva por el Anarquismo Social “Negro y Rojo” (Tesalónica- Grecia)
Colectiva por el Comunismo Libertario – “Libertatia” (Tesalónica_ Grecia)
Colectivo «Calendario Zapatista»
Colectivo Anarquista Retroacción
Colectivo Calendario Solidario con l@s Zapatistas
Colectivo comunista libertario “Fiore Nero” (Grecia)
Colectivo de anarquist@s del este (ciudad de Tesalónica)
Colectivo de trabajo »Ser colectivxs»
Colectivo feminista “Sabbat Quema a los ricos, no a la bruja”
Comedor Colectivo EL CHEF (Grecia)
Comité de Lucha contra las minas de oro, (pueblo de Megali Panagia, región de Calcídica, Grecia)
Comunidad Cooperativa de Autosuficiencia “Apo Koinou”
Confrontacion, grupo de comunist@s
Cooperativa »To Kivotio», ciudad de Rethimno – isla de Creta
Cooperativa de Comercio Solidario “SYN ALLOIS”
Cooperativa de trabajador@s VIOME (Grecia)
Cooperativa de Trabajo PAGKAKI (ciudad de Atenas)
Cooperativa Syn-trofi de la ciudad de Rethimno-Creta
Coordinación de Asambleas Vecinales en Atenas (Asamblea Popular Abierta de Peristeri, Asamblea Abierta de residentes de Agia Paraskevi, Asamblea Abierta de residentes de Petralona-Thiseio-Koukaki)
Coordinación de la ciudad de Ioannina para el viaje de l@s zapatistas a Europa
Coordinación de la ciudad de Tesalónica para el viaje de l@s zapatistas a Europa
Coordinación de la ciudad de Volos para el viaje de l@s zapatistas a Europa (Grecia)
Coordinación del Peloponeso para el viaje de l@s Zapatistas
Desobediencia de género
Editorial de extranjer@s (editorial colectiva en la ciudad de Tesalónica, Grecia )
El Coro Intercultural de Lesvos «CANTALALOUN» (isla de Lesvos ,Grecia)
El Pequeño Árbol que se convertirá en Bosque (ciudad de Tesalónica,Grecia)
Encuentro Autónomo de Lucha contra las represas y la desviación del río Aqueloos (Grecia)
Escuela de Permacultura y Academia Autónoma (Grecia)
Espacio Autogestionado «Epi ta Proso (Hacia Adelante)» (ciudad de Patras, Grecia)
Espacio Autogestionado de Karditsa
Espacio de los Movimientos – Local para l@s inmigrantes (ciudad de Volos, Grecia)
Espacio libertario y publicaciones “Aftoleksi” (Grecia)
Espacio Social Abierto del Xanadu
Espacio Social Autogestionado del Pasamontaña
Espacio social de Paratod @ s (miembros y particulares) (ciudad de Larisa, Grecia)
Espacio Social Libre Nosotros (ciudad de Atenas, Grecia)
Espiral de solidaridad – semilla de Resistencia
Estrógenas (Grecia)
Estructura de Salud Autogestionada de Exarcheia (ciudad de Atenas, Grecia)
Eutopia: Ciclo de acción para el municipalismo libertario (Grecia)
Federación Anarquista (Grecia)
Femctoria por la difusión del feminismo de clase (Grecia)
Geppetto Cooperativa (Grecia)
Glub político Lesxi Aneresis de Tesalónica, (ciudad de Tesalónica, Grecia)
Grupo anarquista “Baruti” (ciudad de Veria, Grecia)
Grupo Anarquista “Disinios Ippos” (caballo indomable) (Patras- Grecia)
Grupo Anarquista “Iterimpia”
Grupo de Salud Mental -¬ Covid19: Solidaridad de Tesalónica, (ciudad de Tesalónica, Grecia)
Grupo de Teatro del Oprimido, “boalitaria” (Grecia)
Grupo político “Camino Libertario” (Grecia)
Guerreros del agua
infolibre.gr – cooperative media for independent information (medio cooperativo para la información independiente) (ciudad de Thessaloniki, Grecia)
Iniciativa Antifascista de Lesvos – contra los centros de detención (isla de Lesvos – Grecia)
Iniciativa Antiracista de la ciudad de Larisa, (Grecia)
Iniciativa de Atenas contra las extracciones de hidrocarburos
Iniciativa de Atenas para la protección de Ágrafa
Iniciativa de habitantes de Kalamata
Iniciativa de Lucha por la Tierra y la Libertad (ciudad de Atenas-Grecia)
Iniciativa de Trabajadorxs y Desempleadxs en la educación privada (Grecia)
Iniciativa Libertaria “Ágria Neda”
Iniciativa para la protección del medio ambiente de la región de Kavala (Grecia)
Jardín Botánico de Petroupolis (municipio de Petrupolis, ciudad de Atenas, Grecia)
Kukuva, Empresa Social Cooperativa de Beneficio Colectivo y Social
LA PEONZA, cooperativα de economía solidaria (ciudad de Atenas- Grecia)
La vieja escuela de Ormos, isla de Samos(Grecia)
Laboratorio Libertario de infraestructura de movimiento (Grecia)
Las ediciones de colegas (ciudad de Atenas,Grecia)
La Cuña Centro político, social y cultural autogestionado de la ciudad de Tebas
Livas Club de Futbol Autogestionado
Local Anarquista UTOPIA A.D.
Local Autónomo de la ciudad de Kavala
Local Autónomo de la ciudad de Xanthi
Local para l@s inmigrantes- Centro Social (ciudad de Atenas)
Mano Aperta: comedor social y autogestionado
Mercado autónomo de Volos (ciudad de Volos)
Μovimiento Αnti-autoritario de Atenas
Movimiento Antiautoritario de Larisa
Movimiento Antiautoritario de Tesalónica (ciudad de Tesalónica)
Movimiento Antifascista de Kalamata
Movimiento Antifascista de Samos
Movimiento Ciudadano de Volos-Pelion para agua (Ciudad de Volos y Pelion)
Movimiento Ciudadano Rajes Icaria
Movimiento de personas que escuchan voces
Μujeres Defendiendo Rojava Comité de la ciudad de Atenas
Odo, Colectivo colectivo libertario
Ocupa de “Analipsis”
Ocupa de “Apertus”. Espacio Social Libre de la ciudad de Agrinio
Ocupa de “Dougrou” (ciudad de Larisa)
Ocupa de “Libertatia”
Ocupa de “Matsangou” (ciudad de Volos)
Ocupa de “Mundo Nuevo”
Ocupa de “Patmos y Karavia”
Ocupa de “Tierra Desconocida” (ciudad de Tesalónica)
Ocupa de Rosa Nera, (ciudad de Canea, isla de Creta)
Ocupa Lelas Karagianni 37 (LK37) (ciudad de Atenas)
Optikamultietnica
Organización Política Anarquista – Federación de Colectivas
ΟΧΟ (Grupo Sin Nombre)
Piso Thrania Iniciativa de educación sin discriminación
Plotinos (Isla de Quios – Grecia)
Red de “Mesochora – Acheloos SOS”
Red de Derechos Políticos y Sociales
Red de Movimientos por Tierra y Libertad
Red Solidaria de Clínicas Sociales de Exarcheia, N Smyrni, Ilio y Agios Nektarios en la ciudad de Volos (Grecia)
Revista Política Babylonia
Spori: Asociación de ciudadan@s por el estudio de la educación libertaria (ciudad de Rethimno, isla de Creta, Grecia)
Sporos – Semilla (isla de Lesvos)
Tienda cooperativa “Hochlios”
Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Ioannina
Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Atenas
Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Rethimno
Unión Sindical Libertaria de la ciudad de Tesalónica
Vacio Ciclo-Miembro de la Federación Anarquista
Women’s initiative against depth and austerity measures Thessaloniki, Grecia) (ciudad de Tesalónica)
Bonita, Papastathi
Chryssikopoulou, Maro
Geroy, Katia
Dimitris, S.
Istres, Jacques
Kapadelis, Panagiotis
Katzourakis, Kyriakos
Kouniaki, Eugenia
Mouka, Nikoletta
Siafliaki, Iro
Thalia P.
Tomsin, Marc

Alemania
AG Ventana al Sur
AK Asyl Göttingen
Alerta! – Lateinamerika Gruppe Düsseldorf
Attac Frankfurt
Borderline-europe Human Rights without Borders e.V.
Campaña cafe mesoamericana
Carea e.V.
Colectivo gata-gata
Colectivo Konfront
Collectif kom.post
DunyCollective
Feministische Organisierung für Selbstbestimmung und Demokratische Autonomie
Flüchtlingscafe Göttingen
Frauen * Streik Bündnis
Freie Arbeiter * innen-Union
Fridays for Future Frankfurt am Main
Gärtnerei Ra.Baba
Gruppe B.A.S.T.A.
Gruppe B.A.S.T.A. Berlin
Guerrero, Christa
Holtmann, Susann
Informationsbüro Nicaragua
Internationalistisches Bündnis Frankfurt a.M.
Jineolojî Komitee Deutschland
Kaffeekollektiv Aroma Zapatista
Kampagne «Grüne Lunge bleibt – Instone stoppen!»
Kollektiv Transgalaxia
KOMMUJA – Red de comunidades solidarias

Mietshäusersyndikatsprojekt Grafschaft 31 Münster
Ökologisch-Radikal-Links Frankfurt
Onbones Collective – Fairdruckt eG
Our House #OM10
Partner Südmexikos e.V.
Perspektive Rojava – Solidaritätskomitee Münster
Prison´ Dialogue- Frauen AG
Projekt Knotenpunkt Schwalbach
Red Ya-Basta-Netz
Riseup 4 Rojava Frankfurt a.M.
Roots of compassion eG
ROSA – Revolutionäre Linke
Tres Gatas – producción en Colectivo
Undogmatische Radikale Antifa
Unrast Verlagskollektiv
Wohnprojekt Grafschaft 30 e.V.
Women Defend Rojava Deutschland
Women defend rojava Frankfurt am Main Deutschland
WUMS-Kollektiv
Ya Basta Rhein Main
YXK Frankfurt a.M.
Zwischenzeit e.V. – Initiative für soziale, interkulturelle und ökologische Forschung, Analyse und Bildung
Daddy Longleg
Ende Gelände
Massiah, Gustave
Schmidt, Edo

Francia
Agate, armoise et salamandre – corps et politique
èssi Dell’Umbria
Anne Hocquenghem et les acheteurs de café du sud-est du massif central en France
Associacion Espoir Chiapas
Association AMERICASOL du réseau Escargot
Association GERMINAL
Association ONYVA
Association SOL’QUERCY du RESEAU ESCARGOT
Caen Entraide Populaire
Caracole
CDP13
Coignard, Elisabeth
Colectivo Mi abuelita
Collectif «Coordinacion DZLN
Collectif Chiapas Ariège
Collectif de l’Université populaire de la Terre
Collectif des Immigrants en France (C.I.F.)
Collectif douarneniste en lutte pour les solidarités
Collectif féministe Les Rosies d’A cause de macron
Collectif Grains de Sable
Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron
Collectif Mutvitz11
Collectif surnatural
Comité Amérique latine de Caen – Normandie
Comité Amérique latine du Calvados
Comité d’accueil intergalactique de la zad de Notre-dame-des-Landes
Comité d’Accueil Sud Est France PACAZ
Comité de coordination des 17 contre la réintoxication du monde
Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan)
Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL)
Comité Populaire Quartier Latin
Compañía Jolie Mome
Compañía Isidoria
Confédération paysanne
Coordination des sans papiers 75
Corsica Internaziunalista
CSPN (Collectif de solidarité avec le peuple du Nicaragua de Francia)
DAL-Droit au logement
CNT-F
Des femmes de la montagne Limousine
Échanges Solidaires
Editions Divergences
Éditions Libertalia
El Cambuche de Toulouse
Ensemble Finistère! Ensemble 29!
Fondation Frantz Fanon
Foro Cívico Europeo
France Amérique Latine
Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires
Gilets Jaunes de Montreuil
Gilets jaunes Les Lilas
Groupe Henri Laborit de la Fédération Anarchiste
GROUPE LIBERTAD DE LA FEDERATION ANARCHISTE
Groupe toutes en grève
Jean-Jacques M’U
Initiativ Oury Jalloh Allemagne et la CISPM
InterLieuxInterCollectifs Montreuil
Kafe kapel, red escargot
L’espace autogéré des Tanneries
L’Union Communiste Libertaire
La Bad’j
La Compañía Tamerantong
La Gueule ouverte
La Maison Ouverte Montreuil
La Parole Errante Demain
La Révolution est en marche
«Laboratoire Autonome de Biologie : Alternatif, Solidaire et Expérimental (LABASE)»
Le BIB-Hackerspace
Le collectif «Chabatz d’entrar»
Le Front Uni des Immigrations et des quartiers Populaires (FUIQP)
Le Quartier libre des Lentillères
Le Surnatural Orchestra
Les Communaux
Les Gilets Jaunes de Pantin
Lesconstituants78
l’association Fraternité Douarnenez
Mani Rosse Antirazziste
Marseille avec les Grecs
Mouvement Contre le Crime Atomique Colectivo
Mut Vitz 13
MUT VITZ 31
Mut-Vitz 34
PEPS (Pour une écologie Populaire et Sociale)
Primitivi
Producciones Débrid’arts
Producciones Djab
Rédaction de CERISES LA COOPÉRATIVE
Renaud
Revue Chimères
Revue De(s)générations
Séminaire «Penser les décolonisations»
Solidaires09
Solidarité migrants Wilson
STE-75 Syndicat des travailleurs.euses de l’éducation Paris
Surnatural Orchestra, groupe de musique
Syndicat CNT Éducation Social-Services 34
Syndicat CNT INTERPROFESSIONNEL de l’Ardéche
Tatcha compagnie
Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies
Toulouse Anti CRA
UCL Caen
Union Départementale des syndicats CNT de Haute-Garonne
Union Syndicale Solidaires
Alliez, Éric
Annette Revret
Arsenault, Judith
Assael, Ivan
Astolfi, Nathalie
Ateya, Rim
Attac France
Bachkine, Patricia
Bajon, Jean Baptiste
Baschet, Jérôme
Berling, Maïa
Bertille, Gendreau
Besancenot, Olivier
Beynel, Eric
Bohet, Odile
Boitière, Isabelle
Bonfanti, Brice
Bonvalet-Girou, Thomas
Bosson, Marc
Buisson, Manon
Candore, Marco
Casillas, Jeanne
Castillo, Carmen
Catelain, Jennifer
Causeries Populaires
Chao, Antoine
Chirón, André
Cibele
Corcuff, Philippe
Dardot, Pierre
de los Santos, Marie
Dekel, Tom
Demoron, Sandrine
Dervin, Alain
Desclozeaux, Aurelien
Diawarra, Youssef
Duran, David
Faucheux, Grégoire
Fautrier, Pascale
Fraunié, Laurent
Gaillanne, Fanny
Galasso, Franca
Gau, Gabriel
Gaudichaud, Franck
Gerschel, Anne
Gianinazzi, Willy
Gilles Bertrand
Giner, Stephanie
Glowczewski, Barbara
Godard, Alice
Godard, Carine
Godard, François
Goutte, Guillaume
Guest, Andreas
Hansma, Marie-Christine
Hélier, Odile
Hocquenghem, Joani
Ibañez, Amparo
Jacob, Mat
Jacques Istres
Jappe, Anselm
Jean-Louis Tornatore
Kempf, Joseph
Krzywkowski, Isabelle
Lagneau, Antoine
Latorre, Paule
Latouche, Serge
Laure de Saint Phalle
Le Bot, Yvon
Long, Olivier
Longo Mai
Lopez, Francis
Loutre Barbier, Laurence
Lowy, Michael
Madame Miniature
Marin, Maguy
Martinot, Alex
Mathieu, Dominique
Mavic, Béatrice
Maymat, Philippe
Melo St-Cyr, Viviana
Mesnard, Cécile
Michèle Leclerc-Olive
Monique Amade
Monsieur Jack
Mourrat, Philippe
Navajo, Métie
Normandon, Aurélie
Nugon, Arièle
Odille, Laurie
Pailler, Aline
París Ayotzinapa
Parrot, Karine
Pellicane, Christine
Perez, Ampari
Piet, Sarah
Pirou, Fanny
Prieur, Sébastien
Quillateau, Patrick
Rafanell iOrra, Josep
Robin, Vincent
Romanet, Martine
ROME, Daniel
Roux, Fatima
Salvatori, Jeannot
Salama, Pierre
Sardinha, Diogo
Saurin, Patrick
Secheppet, Camille
Sechet, Sylvain
Soussi, Claire kachkouch
Straeli, Celia
Studer, Jeanne
Tefnin, Garance
Tiburcio, Nicco
Toulouse, Rémy
Triantaphylides, Paul
Untereiner, Jean Luc
Varikas, Eleni
Viennot, Sarah
Vollaire, Christiane
Yoga Nomade
Yvette Dorémieux

Collectif la Digne Rage de Lille
Centre Culturel Libertaire
Association Unidos
Compagnie de théâtre Proteo
Torre Latino Radio.

País Vasco
Abantoko Talde Feminista
Basoa, Defendatsaileen etxea
Bizilur – Lankidetzarako eta Herrien Garapenerako Erakundea
EH Bildu Abanto
Eskozap Kolektiboa
Etxalde – Nekazaritza Iraunkorra
Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa
Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi
Gabiltza
Gogoaren indarra taldea Las Karreras
Harri Barri Kultur Elkartea
Karabana Mugak Zabalduz
Lumaltik Herriak
Mugarik Gabe
Mujeres del Mundo Babel / Munduko Emakumeak
Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak
Radio Alegría Libertaria
Tadamun elkargunea
TxiapasEKIN kolektiboa
Zabaldi elkartasunaren etxea
Muguruza, Fermin
Perales Arretxe, Iosu

Austria
Kinoki Asociación Autogestión Audiovisual

Bélgica
Actrices et Acteurs des temps présents
Ad Lilithum
ADES
Capitane Records
Casa Nicaragua
Centre Tricontinental (CETRI)
Écologie sociale Liège
Collecti.e.f 8 maars Bruxelles
Collectif de Solidarité Liège-Rojava
Collectif KAWAZ
Collectivo Mala Hierba
Comité Chiapas Bruselas
Comité Jineolojî Europa
Groupe CafeZ, Liège
Jineolojî Center
L’Union Communiste Libertaire
La Santé en Lutte
Le DK
Sororidad Sin Fronteras
VaVeA Semeurs de Possibles
Zablière – ZAD Arlon
Chauvier, Maïa
Coppens, Diego
Despret, Vinciane
Diaz Aranda, Karmen
Duterme, Bernard
Eric Toussaint CADTM internacional
Fox, Ivan
Geert Carpels
Gerardy, Martine
Mekhitarian, Juliette
Quinoa Bruxelles
Vaneigem, Raoul

Bulgaria
Iniciativa de apoyo a l@s zapatistas

Cataluña
Adhesiva Espai de Trobada i Acció
Asociación Mujeres Migrantes Diversas
Associació Cultural el Raval «El Lokal»
Associació Entrepobles
Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona
Ateneu Candela
Ateneu La Torna
Ateneu Popular La Falç
Ateneu Popular Rocaus
Azadi Jin
Azadi Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd
Cal Cases
Can Tonal de Vallbona
Col•lectiu Maloka
Colectiva Katari
COLECTIVO Pallasos en Rebeldía de Catalunya
Ecoxarxa del Bages
Espai defensa legal Manresa
Fundació Salvador Seguí
Grup de consum autogestionat Pinyol Vermell
Horts Comunals de Sant Celon
La Garriga Societat Civil
La Pallejana
LA RAVAL. Cooperativa d’habitatge generacional a Manresa
Mediterranea Saving Humans
Plataforma d’Afectades per l’Habitatge i el Capitalisme del Baix Montseny
Poc a Coop
Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
Taula per Mèxic
Xarxa de Suport Mutu de la Trini
Bosqued, Àngel
García Sanagustin, Carina
González, Ixchel
Pere Ortín, Andrés
Villalobos, Juan Pablo

Chipre
300000 Arboles en Nicosia
Aeriko en las montañas de Troodos-por la justicia social y ambiental
antifa λευkoşa
Centro Social «Kaymakkin»
Club Atlético Popular «Omonoia»
Colectivo «Ramona»
Colectivo Ecopolis
Iniciativa para el Rescate de costas naturales
Movimiento de Izquierda, Queremos Federación
PUERTA 9 OMONOIA
Sispirosi Atakton
Spirithkia

Escocia
Coordinadora Zapatista North UK

Eslovaquia
Akimov, Ivan
Kesaj Tchave

Europa
ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista)
Colectivo iraní Andeesheh va Peykar
Coordinadora Europea De Via Campesina
CUP Exterior
Flor de la palabra – colectivo de traducción de la sexta francófona
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencia y Rebeldía
Never again 88
Watch the Med Alarm Phone
Louis, Camille
Philippe Cordier

Inglaterra
Coordinadora Zapatista North UK
Hunter Dodsworth, Siân

Irlanda
Talamh Beo

Noruega
Alerta
Chiapasgruppa LAG
CROTONICX v/ Loan TP Hoang
Karlsøyfestivalen
Kvinneutvalget (LAG)
LAG Noruega
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
López Kunst & Produksjoner
Motmakt
Bokkafe, Anarres
Fadnes, Åse
Fadnes, Astrid
Fadnes, Ingrid
Gulli, Marianne
Haugdahl Solberg, Inga
Haugsnes, Vilde
Heiret, Yngve Solli
Luna Evjen, Solveig
Muñoz Llort, Sonia
Pålsrud, Mads
Pedersen, Ole
Solberg, Jarl
Thamdrup Lund, Herman
Watn, Bård

Nigeria
Engert, Klaus

Portugal
Jornal MAPA
Rádio Paralelo
Revista Flauta De Luz
Cunha, António Eduardo
Pereira Ribeiro, Natacha Alexandra

República Checa
Družstvo Black Seeds
Kolektiv 115

Rusia
Cooperativa Molotov
Svora collective
Severnaja, Ekaterina
Saepmie, pueblo Saami
Fjellheim, Eva Maria

Suiza
Bloque Feminista Abya Yala Suiza
C.S.O.A. il Molino
Casa Colectiva de Malagnou
Ceibavieja
Circolo Carlo Vanza Bellinzona
Collectif Breakfree Suisse
Collettivo R-Esistiamo
Collettivo Zapatista di Lugano
Direkte Solidarität mit Chiapas
Encuentro Feminista Zapatista Zürich/ Basel
Grève du Climat Genève
Groupe écosocialiste de solidaritéS
Grupo de Coordinación zapatista del territorio suizo
HumanrightsChiapas Suiza
Jeunes POP Genève
Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne
Théâtre Tête dans le sac – marionnettes
Voce Libertaria Ticino
Women Defend Rojava Zürich
Gioventù Biancoblu

Togo
Les compas de Kpalimé
Adjetey, Rudy

Estado Español
Confederación General del Trabajo (CGT)
CNT Fraga
CNT Sierra Norte
Afromurcia en Movimiento
Asamblea Plaza de los Pueblos
Asociación Brasileira Maloka
Asociación en medio de abril
Assemblea de Solidaritat amb Mèxic del País Valencià
Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ)
Centro Social La Ingobernable
Centro Social La Villana de Vallekas
CNAAE (Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente en España)
COLECTIVO Pallasos en Rebeldía de Galicia
COLECTIVO Pallasos en Rebeldía de Madrid
Confederación Sindical Solidaridad Obrera
Coordinación Baladre
Coordinadora de Desemplead@s y Precari@s de la Comunidad de Madrid
Derechos Humanos Madrid
Ecologistas en Acción
Espacio Común 15M
Esteve Morlan, Tirso
FIRMES Federación Internacional de Resistencia Migrante en España.
Foro Social de Segovia
Fundación de los Comunes
La Casa Invisible
La Medusa Colectiva
Luisa Martín Rojo
Lumaltik Aragón
Madrid 43 Ayotzinapa
Org. Anticapitalistas
Partido Socialista Libre Federación PSLF
Red de Hondureñas Migradas en España
Redal Montané, Clara
REVISTA VIENTO SUR
Solidaridad con el pueblo Mexicano-Málaga
Synusia
TRAWUNCHE MADRID
Yretiemble
Amorós, Miguel
Ibáñez, Tomás
Taibo, Carlos
Capanegra, Juan Carlos
Carretero Miramar, José Luis
Claveria Iranzo, Olga
De Lera López, Cristina
González de Chávez Fernández, Teresa
Gonzalo Serrano, Andrés
Gonzalo, Pilar
Héctor Grad Fuchsel
Humanes Bautista, José Luis
Martín, Fátima
Merino Escribano, Rosa
Otero González, Isabel
Pastor, Jaime
Pérez Orozco, Javier
Roitman Rosenmann, Marcos

Italia
A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani Italiani
ADL COBAS
All Reds Rugby Roma
Altro Modo Flegreo
Ambasciata dei Diritti delle Marche
Ambiente&Salute
Annestus – Agoa
ARCI Noerus
Ardita Due Mari
Assalti Frontali
Assemblea Antirazzista Antifascista Di Vicofaro
Associazione «Cultura È Libertà
Associazione ATTAC Italia
Associazione Casa dei Popoli
Associazione centro socio culturale ARARAT a Roma
Associazione Città Migrante
Associazione Culturale GIShub
Associazione di Promozione Sociale
Associazione Giuseppe moscati Parrocchia San Sabino
Associazione Jambo- commercio equo Fidenza Italia
Associazione Nova Koiné
Associazione politico-culturale Tempi Post Moderni
Associazione Senza Barriere Due
Associazione senza paura Genova
Associazione Taiapaia
Associazione Verso il Kurdistan e Rete Jin
Associazione Ya Basta Caminantes Padova
Associazione Ya Basta Moltitudia Roma
Associazione YA BASTA! ÊDÎ BESE Y Centri Sociali del Nordest
Associazione Ya Basta! Milano
Associazione YaBasta! – Casa Della Solidarietà Sabino Romano
Ateneo Libertario
Azione Antifascista Roma Est
Brigata Sanitaria Soccorso Rosso
Brustolin, Maryline
Buscemi, Marquito
C.S.A NEXT EMERSON
Cadtm (Comitato per annullamento debiti illegittimi)
Camera del Non Lavoro
Cantiere
Carovane Migranti
Casa Bettola
Casa dei Circoli, Culture e Popoli
Casa Dei Diritti Dei Popoli
Casa del Popolo Campobasso
Casa della Cooperazione
Casa delle Donne di Milano
Casa delle Donne Lucha y Siesta
Casa delle Donne-Nudm
Casa Madiba Network
Cattive Ragazze
Centro giovanile Batti il tuo tempo
Centro Sociale Anomalia
Centro sociale Anomalia Palermo
Centro sociale autogestito «INTIFADA» Empoli (FI)
Centro Sociale Autogestito Magazzino47
Centro Sociale CasaLoca
Centro Sociale Occupato Autogestito «Angelina Cartella»
Centro Sociale Tpo
Chichimeca
CIAC ( centro immigrazione, asilo, cooperazione internazionale)
Circolo «D. Lazzari» di Legnano
Circolo ANPI Renato Biagetti
Circolo ARCI Barbun KM0
Circolo Arci Nausicaa
Circolo Fratellanza Casnigo
Ciss-ong Palermo
Clown Army Roma
COBAS Confederazione dei Comitati di Base
COBAS Napoli
Collettiva Una volta per tutte
Collettivo 20ZLN
Collettivo Caffè Malatesta
Collettivo Femminista Lotto
Collettivo Lsoa Buridda
Collettivo Nodo Solidale
Collettivo Popolare «Ramona»
Collettivo redazionale della rivista LEF Libertè Egalitè Fraternit
Comitato Abitanti San Siro
COMITATO AMIG@S MST
Comitato antirazzista cobas Palermo
Comitato Chiapas «Maribel»
Comitato Città Vecchia Taranto
Comitato Jineoloji
Comitato Madri per Roma Città Aperta
Comitato No Muos – No sigonella
Comitato per non dimenticare Abba
Comitato Piazza Carlo Giuliani
Comitato Roma Xii Per La Costituzione
Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
Comune del Crocicchio
Comunità curda in Italia
Comunità di Resistenza Contadina Jerome Laronze
Comunita’ RNCD
Contadinazioni-fuori mercato
Cooperativa Sociale Le Rose Blu
Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica «Bruno Arcuri»
Coordinamento dei Collettivi Studenteschi di Milano e Provincia
Coordinamento Nazionale No Triv
CORTOCIRCUITO Flegreo
Csa Astra/Lab Puzzle/cs Brancaleone
Csoa Ex Snia
Csoa Forte Prenestino
Csoa Gabrio
Csoa La Strada
Csoa la torre
Dinamopress
Dipende da Noi
Enoize
ESC Atelier Roma
Ex Caserma Liberata
Ex caserma occupata
Federazione Anarchica Siciliana
Foro Italiano de los Movimientos per el Agua
Forum Antirazzista Palermo
Fridays For Future
Fuorimercato, autogestione in movimento
GAS Caracol Franciacorta
Genuino Clandestino Firenze
Giovani Comunisti
«GIShub – Associazione Culturale GIScience for Humanity, Urban space and Biosphere
Gruppe B.A.S.T.A.
Gruppo Anarchico «Bakunin» – FAI Roma e Lazio
Gruppo Autonomo LiberidiAmare Autonomia Contropotere
Gruppo Consiliare Sinistra Progetto Comune – Comune di Firenze
Gruppo di Acquisto Solidale – Cosenza
Gruppo lampi
Il Cantiere delle Idee
IFE (Iniziativa Femminista Europea)
L’associazione G.L.R.
L’associazione politico culturale Resistenza Gallura
L38squat
La Milpa Orto Collettivo
La Panchovilla in Sabina
Laboratorio Andrea Ballarò
Laboratorio Aq16
Laboratorio Crash!
Laboratorio Decoloniale Femminista e Queer
Laboratorio di economia solidale ambientale e sociale
Laboratorio di Mutuo Soccorso ZERO81
Laboratorio Occupato Autogestito Acrobax – LOA Acrobax
Laboratorio Occupato Insurgencia
Laboratorio Sociale Alessandria
Le Mafalde
Liberation queer+ Messina
Lisangà, culture in movimento
Malanova
Manituana – Laboratorio Culturale Autogestito
Mediterranea Saving Humans
Mondeggi Bene Comune, Fattoria Senza Padroni
Movimento NO MUOS
No Border APS
Non Una Di Meno – Milano
Non Una Di Meno – Modena
Non Una di Meno Alessandria – Casa delle Donne Alessandria
Non Una Di Meno Lucca
Non Una di Meno Palermo
Non Una Di Meno Piacenza
Non Una di Meno Ravenna
Non Una Di Meno Reggio Emilia
Non Una di Meno Roma
Non Una di Meno Torino
Non Una di Meno Venezia
Nudm Palermo
Officina Rebelde Catania
Operai /e dello Spettacolo Associati/e
Osservatorio Repressione – Italia
Palermo Pride
Palermo ribelle
Partito della Rifondazione Comunista
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Potere al Popolo!
Presidio salute solidale – Napoli
Progetto 20k
Quarticciolo Ribelle
R.A.S.P.A. Rete Autonoma Sibaritide e Pollino per l’Autotutela
Radio Sherwood
Re:common
Resistenza Casa Sportello Solidale
Rete Antifascista Roma Sud
Rete antirazzista catanese
Rete Antirazzista Catanese e Comitato NoMuos/NoSigonella
Rete Jin
Rete Kurdistan Italia
Rete Kurdistan Roma
ReteJin
Reti di Pace
Ri-Make Bene Comune
RiMaflow, fabbrica recuperata in autogestione
Scomodo
Scuola Popolare Piero Bruno
Signoretti, Claudia
Siracusa Ribelle
Spazio di Mutuo Soccorso
Spazio Libertario Pietro Gori
Spazio sociale 100celle aperte
TATAWELO
TeatrOfficina Refugio
Termoli Bene Comune- Rete della Sinistra
terraTERRA
Ufficio Informazione del Kurdistan in Italia
Unione Sindacale di Base
Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos
Vivèro- luogo di quartiere
Ya Basta Bologna
Ya Basta! Marcas Italia
Alberi, Urbani
Amicucci, Caterina
Berti, Stefano
Boffa, Daniela
Botti, Andrea
Bresciani, Marco
Capezza, Iolanda
Caudo, Melina
Celestini, Ascanio
Cesi, Alessandro
Clerici, Naila
Crabuzza, Claudia
De Luca, Mariano
Della Corte, Raffaele
Devastato, Giovanni
Fabiano, Pino
Garelli, Annamaria
Garibaldi, Casale
Indiano, Carlotta
Kaveh, Afshin
Luca Pandolfi
Medici, Sandro
Nicotra, Alfio
Piccinini, Massimiliano
Proia, Veronica
Rossa, Casetta
Sandroni, Doriana
Santoro, Alessandro
Saverio Calabresi, Francesco
Traverso, Enzo
Valcamonica, Adarosa
Vigo, Adele
Vitalesta, Enzo
Zanchetta, Aldo
Zanchetta, Brunella

Argentina
Colectiva Corazón del Tiempo
Comité de Solidaridad Latinoamericana
Grupa de Lesbianas Feministas Sudakas Pro Sexo Anticapitalistas de Nvwvrken WajMapu
Blasco, Hugo Antonio
Gambina, Julio C.
Grodziñski, Silvina Alejandra
Imas, Hilda
Luis Ronconi, José

Brasil
Ação Antifascista São Paulo AFA-SP
Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro
Felício, Erahsto
Rabelo Nogueira, Mônica Celeida

Canadá
No One Is Illegal

Chile
Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M
Cooperativa La Cacerola
Gaceta Ambiental
Instituto Patagónico de estudios culturales
Somos Cerro Blanco
Fermandois, Eduardo

Colombia
La Subterránea
Pueblos en Camino, Abya Yala
Centro de Estudios y Memoria Antifascista CEMA
Colectivo Darío Betancourt Echeverry
Colectivo José Martí
Puello-Socarrás, José Francisco
Henao Gaviria, Adriana María

Ecuador
Walsh, Catherine

Estados Unidos
Eagle and the Condor Liberation Front
El Kilombo, EEUU
Saving Humans USA
Semillas Collective
Sexta Grietas del Norte (Estados Unidos)
Universidad para el estudio de los movimientos sociales Estados Unidos
Zapatista Solidarity Network NY
Agita Perales
Bergasa, Sara
Boyzo, Ivette
Sáenz-Ackermann, Elizabeth
Galván, Mario
Mesbah, Targol
Nelson, Anthony
Padilla, Tanalís
Quiquivix, Linda
Rodriguez, Chris

Perú
Blanco Berglund, María
Blanco Galdos, Hugo

México
González Casanova, Pablo
Beristain, Arturo
Beristain, Natalia
Boullosa, Carmen
Cabrera Castro, Emilio
Cruzvillegas, Abraham
de Tavira, Luis
García Bernal, Gael
Giménez Cacho, Daniel
Goded, Maya
Leduc Navarro, Valentina
Leduc, Valentina
López Austin, Alfredo
López Luján, Leonardo
Monge, Emiliano
Navarro, Bertha
Rea, Daniela
Rulfo, Juan Carlos
Stavenhagen, Marina
Tovar, Miguel
Turati, Marcela
Villoro, Juan
Wolffer, Lorena
Aeromoto (colectivo)
Aguilar, Yasnaya
Álvarez, María
Arêchiga, Cesar
Burkhard, Christiane
Calva, Maru
De Cea, Marta
Diaz, Alfonso
Coppel, Carolina
Cordera Rascón, Inti
Cosío, Joaquín
Fondo Semillas
Fuentes Mendoza, Ivonne
Heiblum, Leo
Heredia, Dolores
Hernandez, Macarena
Ibrahim Hakim, Jessica Samara
Kaplan, Luciana
López Aréchiga, César Adolfo
López, Modesto
Marcin, Mauricio
Medina Mora, Katina
Miller, Elisa
Montaño, Pablo
Nettel, Guadalupe
Niembro, Mariana
Petrus Brienen, Jacobus Johannes
Quintana, Vivir
Ríos Almela, María Fernanda
Reyna, Pablo
Roqué, María Inés
Ruedi, Jeronimo
Sarquis, Daiset
Sejenovich, Ivana
Springall, Alejandro
Terrazas, Kyzza
Turner, Tania
González Contreras, Mario e Hilda Hernández Rivera, (padres de Cesar Manuel González Hernández, Normalista desaparecido de Ayotzinapa)
Aguado García de Alba, Mónica
Armengol Niño, Lourdes
Arroyo Pineda, Maria de la Luz
Avendaño, Lucas
Anguiano, Arturo
Barojas Ortuño, Martha Desiree
Barrios el Mastuerzo, Francisco
Barrios Rodríguez, David
Batta Fonseca, Jesús
Bazar Rebelde
Becerra Absalon, Itzel
Belém Huerta Lastra, Matilde
Benavides, Elisa
Benitez Oliva, Alberto
Bernal Ocampo, Sandra Fernanda
Berti, Stefano
Bolio, Roxana
Bosch, Lolita
Briseño, Maria del Carmen
Burgoa, Brenda
Calleja, Max
Cárdenas Pimentel, Cassandra
Carrillo, Alejandra
Castañeda, América
Castellanos, Alicia
Castellanos, Polo
Castellanos, Teresa
Castillo Solis, Perla
Castorena, Lorella
Castro Hernádnez, Enriqueta
Cázares Torres, Jorge
Celeste Cruz Avilés, Sohuame Tlatzonkime
Cervantes Maya, Georgina
Cevallos Rodríguez, Trinidad
Chapa Romero, Ana Celia
Cid Castro, Carolina
Cisneros, Ixchel
Citalán, Antonio
Colin Huizar, Alberto
Cortés Martínez, Gudelia
Colin Huizar, Alberto
De Boni, Ignacio
De Parres Gómez, Francisco
Delgado Wise, Raúl
Díaz Iñigo, Carolina Elizabeth
Díaz, Alfonso
Echenique March, Felipe Ignacio
Eizaga, Safia
Elkisch, Mariana
Eraña, Angeles
Escutia, Sandra
Esteva, Gustavo.
Etchegaray, Juan Carlos
Fautsch Arranz, Marlene
Favela, Mariana
Felício, Erahsto
Ferrer Amarillas, Elena
Fierro Resendiz, León Sedov
Fierro Resendiz, Sashenka
Fiordelisio, Tatiana
Flores Ordóñez, Ramón
Flores Villagómez, Mayvelin
Flores, Ana Lydia
Fong Fierro, Salvador
Fuentes, Andrea
Fuentes, Citlali
Gajá, Servando
Gálvez de Aguinaga, Fernando
Gallaga Hernández, Tania
García Aguilar, C. Lorena
García Ehrenfeld, Claudio
García Sánchez, Nayeli
García Torres, Lilia
García Vigil, María Hortensia
Garibay Marrón, Siria
Giraldo, Ricardo
Gómez González, Erika Olivia
Gómez Rivera, Marìa Magdalena
Gómez, Magdalena
Gómez Suarez, Abigail P.
González Arenas, Luis Alberto
González Aguilar, Mónica
González Baltasar, Julio
González Gómez, Hortensia
González López, Graciela
González, Karla
González, María Mercedes
Gritón, Antonio
Guerrero, Aracelia
Guerrero, Argelia
Guerrero, Arturo
Guerrero, Fabián
Guerrero McManus, Siobhan
Guijosa Hernández, Ernesto
Gutiérrez Luna, Diana Itzu
Guzmán Delgado, Xóchitl
Guzmán Romero, Jorge Adrián
Hansen, Tom
Hernández Alpizar, Javier
Hernández Baños, Blanca
Hernández Crespo, Tania
Hernandez Flores, Bonifacio
Hernández Navarro, Luis
Hernández Ramírez, Tania Paloma
Hernández Reyes, Itzamna Jesús
Hernández Vargas, Humberto
Hernández, Donovan
Hernández, Valeria
Henao Gaviria, Adriana María
Huacuja del Toro, Malú
Inclán, Daniel
Islas Vargas, Maritza
Iturriaga, Ana María
Iturriaga, Enrique
Iturriaga, Josefina
Iturriaga, Susana
Jarquín, Mauro
Jauregui, Gabriela
Javier Trujillo, Francisco
Jimenez, Luis Felipe
Joselevich Aguilar, Camila
Kaplan, Luciana
Katzestein Ferrer, Elena
Kavi, Ernesto
Lechuga Luna, Martha
Ledesma, Araceli
Leija Salas, Alfonso
Lengualerta
León, Paniagua, Livia
Leyva, Cristian
Loeza Limón, Diana
López Castellanos, Nayar
López De Cea, Ana Valentina
López Lujano, Alejandra
López y Rivas, Gilberto
López, Leonel
López, Modesto
Lozada, Mari
Luna Resonante, Yazz
Luz Lopez, Aida
Macías Esparza, Carlos
Macías Esparza, Rubén
Maldonado, Oreandy
Marcial Urbano, Ivonne
Marcos, Sylvia
Maya, Ytzel
Medina Guerrero, Daniel Omar
Medina Romo, Tonantzin
Mejía Aguilar, María de Lourdes, madre de carlos Sinuhé Cuevas Mejía, estudiante asesinado
Mejía Iturriaga, Belzaín
Mejía Iturriaga, Berenice
Mejía, Felix
Mejía, María de Lourdes
Mendoza Jiménez, Florina
Mendoza Pérez, Arbel Ángel
Merino Lubetzky, Alonso
Millán, Margara
Miranda Herrera, Gregorio
Moedano, Maria Guadalupe
Molina Álvarez, Hugo
Molina Zúñiga, Mónica
Mónaco Felipe, Paula
Mozqueda Martínez, Leticia
Muñoz, Adriana
Muñoz, Lucia Joselin
Nava Gómez, Juan Pablo
Navarro Corona, Claudia Ivette
Ochoa, Sarasuadi
Olea Franco, Adolfo
Ortega Erreguerena, Joel
Ortíz Rosales, Sergio Araht
Ortiz, Verónica
Ortuño Vilchis, Matilde
Osorno, Diego
Padierna Jinenez, Pilar
Paredes Coronel, Heriberto
Parra Sosa, Vicente
Peña, Laura
Peralta Casillas, Maria Cristina
Peregrina, Francisco Humberto
Pérez, Martha Alicia
Portillo Elías, Mercedes Adriana
Quintana Rodríguez, Viviana
Quintanar González, Rafael
Radaelli Martinazzo, Sonia
Radilla, Miguel
Ramos Morales, Patricia
Rangel Chabolla, César
Rentería Argelia
Resendiz Flores, Rosa Paulina
Resendiz Flores, Silvia
Revuelta, Gabo
Ríos Sais, Gerardo
Rivera López, Betzabé
Riviello, Bárbara
Rizo García, Marta
Rodríguez, Benita
Rodríguez Contreras, Roberto “Gato”
Rodriguez, Claudia
Rodríguez, Deni
Rodríguez, Luisa Riley
Rojas Bruschetta, Efraín
Romero Gallardo, Raúl
Rose Jameson, Tlazol Celia
Rosset, Peter Chiapas
RS, Cristina
Salgado, Alvaro
Sánchez, Jorge Alonso
Sancosme, Luis Daniel
Sandoval, Claudia
Sandoval Espinosa, Ana
Sandoval Rincón, Alma Esperanza
Sandoval Uhthoff, Ángela
Santiago Santiago, José Jorge
Santos Baca, Andrea
Schmelz Herner, Itala
Segal, Claudia
Segura, Lourdes
Segura, Paulina
Serna Moreno, J. Jesús María
Solorio Sandoval, Israel Felipe
Sohuame Tlatzonkime
Struck King, Juan Manuel
Suárez Rodríguez, Luis David
Tassinari Azcuaga, Aidee
Torres Alamilla, Silvia
Torres Villalvazo, Santos Emanuel
Trejo Muñoz, Rubén
Troncoso, Mariana Lourdes
Trujano Alfaro, Darío Esteban
Uribe Cevallos, Rodrigo
Venegas, Cecilia
Vera Smith, Ana María
Victoria, Maricarmen
Vilchis Avilés, Dara
Villa, Mónica
Villalobos, Juan Pablo
Villegas, Armando
Volovsek, Iván
Welsh, Martha Elena
Wolffer, Lorena
Yébenes, Zenia
Zamora, Bárbara
Zapata Lillo, Paloma
Zepeda Alvarez, Vannya Yocelyn

Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal
Asociación de exploración científica, cultural y recreativa «BRÚJULA ROJA»
Asamblea Nacional de Braceros
Asociación Sindical de Trabajadores del INVI de la Ciudad de México
Batallones Femeninos
Brigada de Salud Zapatista Pantitlán
Brigada Humanitaria de Paz Marabunta
Brigadas Plásticas
Café “Zapata Vive”
Casa del Centro Tijuana
Cátedra Intercultural Carlos Montemayor
Central Unitaria de Trabajadores de México
Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on -territorio maya-
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria A.C
Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas
Centro Vía Z
CIPOG-EZ-Consejo Indígena Y Popular De Guerrero – Emiliano Zapata
Clinica de Heridas
Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias
Colectiva Las Sureñas en resistencia y rebeldía
Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía en apoyo al CNI y CIG Cuernavaca Morelos
Colectivo Aequus Promoción y defensa de Derechos Humanos
Colectivo Autogestión Libertaria
Colectivo Cuaderno Común
Colectivo de Ilusionistas Sociales
Colectivo de Profes en la Sexta
Colectivo de Psicoanalistas PSIQUEREMOS
Colectivo el Hormiguero
Colectivo La Ceiba
Colectivo La Oveja Roja
Colectivo LOCUS, México
Colectivo Lo de Menos
Colectivo lxs Hijxs del Maíz Pinto
Colectivo Mujeres Tierra AC De Mexicali BC
Colectivo Odontología Comunitaria Sembrando Sonrisas
Colectivo La Oveja Roja
Colectivo Paso Doble en Apoyo al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Colectivo Rural Urbano Asociaçao Oeste (Diadema)
Colectivo Rural Urbano Solidaridad Orgánica
Colectivo Tierra y Libertad
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas.
Colectivo Zapatista Neza
Comité Estudiantil Metropolitano (CEM)
Comité Promotor Todos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
Comunidad Circular AC de Ensenada BC.
Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX
Cooperativa Hierba Crecida
Cooperativa Tlapaltik
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Defensores de Tierra y Agua, municipio de Juan C. Bonilla
Desde las Nubes
EcoRed Feminista La Lechuza Buza
Editorial En cortito que’ s pa’ largo
Ediciones del Espejo Somos
El Bordado de Ramona
Enlace Civil
Escuelita Autónoma Otomí
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Etcétera Errante
Fémina Fatal
Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social
Frente del Pueblo Resistencia Organizada, FPRO
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León
Grietas en el Muro
Grupo de Acompañamiento Político a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio
Grupo de Teatro «Los Zurdos»
Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa, pueblos de Ometoxtla, Coronango, Almoloya, Nextetelco, Texintla, Xoxtla, Zacatepec y Cuanalá México
Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo Ménez (Morelos)
La Bisagra TV
La red del oriente del Estado de México. Resistencia y rebeldía
La Voladora Radio
La Voz del Anáhuac / Trabajadores y Revolución
Laboratorio Popular de Medios Libres
Manu Mayeg A.C
Médicos del Mundo Suiza, Misión México
Mexican Sound
Mexicali Resiste
Meza de Café Zapatista UAM-Iztapalapa
Movimiento al Socialismo, Sección mexicana de la Unidad Internacional de las y los Trabajadores-Cuarta Internacional
Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES)
Movimiento Democracia Directa (MDD)
Mujeres que luchan CDMX
Mujeres que Luchan Jrz
Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan
Mujeres y la Sexta
Nodo de Derechos Humanos
Noticias de abajo y Laboratorio Popular de Medios Libres
Nueva Central de Trabajadores
Obeja Negra
Organización Nacional del Poder Popular-PRP
Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
Panteón Rococó
Participantes CompArte “Báilate otro mundo”:
Partido de los Comunistas
Partido Revolucionario del Pueblo
Patrulla Roja
Plantón por los 43 de la ciudad de México
Poesía y Canto
Promotores Culturales ReintegrArte
Proyecto Libre: Educación y Autonomía
Radio Zapote
Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)
Red de feminismos descoloniales
Red de Mujeres “Porque Acordamos Vivir”
Red de Rebeldía y Resistrenzas
Red de Resistencia y Rebeldía Altas Montañas
Red de Resistencia y Rebeldía de Acámbaro
Red de Resistencia y Rebeldía Jo’
Red de Resistencia y Rebeldía región Este de Guanajuato de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género
Red Universitaria Anticapitalista
Regeneración Radio
Residentes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante
Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista
Revista FLUIR
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Declaración
Sexta Teatrito Mérida
Shakti ArtEscena S.C.
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh)
Sindicato Mexicano de Electricistas
Skaffo LaFaro
Surco Informativo
Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR)
Tlanezi Calli (Casa del Amanecer)
Unión Popular Apizaquence Democrática e Independiente (Upadi)
Universidad de la Tierra-CIDECI, México
Universidad de la Tierra (Oaxaca)
UPREZ Benito Juárez
Urdimbre audivisual
Voces del Viento
Yoloxóchitl-Flor del corazón. Espacio para la salud comunitaria
Zapateando Medios Libres
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Aguascalientes
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Ciudad de México
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Colima
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Guadalajara
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Hidalgo
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN La Laguna
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN León
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Mazatlán
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Morelia
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Nuevo León
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Puebla
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Querétaro
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN San Luis Potosí
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Sinaloa
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Tlaxcala
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Tijuana
Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN Zacatecas

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Por las mujeres, hombres, otroas, niñ@s y ancian@s del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

Comandante Don Pablo Contreras y Subcomandante Insurgente Moisés.
México.

Si usted (es) quiere (n) firmar esta Declaración, mandar su firma a firmasporlavida@ezln.org.mx. Por favor nombre completo de su grupo, colectivo, organización o lo que sea, en su idioma, y su geografía. Las firmas se irán agregando conforme vayan llegando.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/primera-parte-una-declaracion-por-la-vida/

Protestan por segundo día médicos del hospital López Mateos (Estado de México)

Imagen tomada de: ADNoticias

Claudia García / ADNoticias

Exigen a la Secretaría de Salud no designar a un director que repita los actos de influyentismos y que ignore las necesidades

Por segundo día, médicos del hospital Adolfo López Mateos se manifestaron en la explanada del nosocomio, la finalidad exigir mejores condiciones de trabajo ya que desde el inicio de la pandemia han carecido de equipo de protección, además de ser ignorados por la actual administración.

Los trabajadores de la salud, pidieron al titular de la Secretaría de Salud no designar a un director que repita los actos de influyentismos y que ignore las necesidades de este sector que durante 9 meses ha estado en riesgo de ser contagiados de COVID-19.

“Queremos a alguien responsable, alguien que escuche las necesidades de su personal que no nos dejen de lado hemos perdido a muchos compañeros no es justo, nosotros nos cooperan os hasta para comprar medicamento para nosotros mismos”

Enfermeras, médicos, enfermeros y doctoras colocaron una lona en la parte frontal del hospital, donde piden no dejarlos de lado ya que ahora son personal de primera línea.

“Con esto hacemos evidente lo que pasa, que el Secretario de Salud no ignore nuestra petición y necesidades”

Este tipo de manifestaciones, podrían repetirse en los próximos días de no tener una respuesta por parte del ISEM.

Cabe destacar, en días pasados se han registrado la muerte de dos personas del personal médico.

https://adnoticias.mx/protestan-por-segundo-dia-medicos-del-hospital-lopez-mateos/

“¡Justicia para Ana!”: Colectivos feministas y habitantes de Puerto Aventuras cierran la carretera federal durante manifestación pacífica por el feminicidio de Ana Gómez, trabajadora del hotel Hard Rock

Saraí Santillán / Noticaribe

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Colectivos feministas y habitantes de Puerto Aventuras se manifestaron pacíficamente esta tarde frente a la entrada del hotel Hard Rock Riviera Maya por el feminicidio de Ana Gómez.

Integrantes del colectivo Siempre Unidas, tras exigir justicia a las autoridades y al centro de hospedaje, optaron por cerrar un carril de la carretera (de sur a norte), para hacer visible la violencia ejercida contra las mujeres en Quintana Roo.

Tras casi una hora, más de 80 habitantes de Puerto Aventuras, delegación donde vivía Ana Gómez, trabajadora del centro de hospedaje, arribaron con pancartas para apoyar en la exigencia de justicia.

Con consignas como “No estamos todas, nos falta Ana”, “Ni una menos, ni una más”, “Justicia para Ana” y “Quintana Roo feminicida”, las activistas recordaron la muerte de 36 mujeres más en la entidad, de cuyos casos no tiene avances la Fiscalía General del Estado.

Tanto las feministas como los habitantes de Puerto Aventuras, repudiaron el feminicidio de Ana Gómez, joven de 21 año originaria de Chiapas.

El bloqueo de la carretera se extendió por casi tres horas, por lo que personal del hotel optó por cerrar las puertas y apagar sus luces, ya que un grupo de personas intentaron ingresar a la fuerza, aunque no se causó daños, pero sí pintas.

https://noticaribe.com.mx/2020/12/30/playa-del-carmen-justicia-para-ana-colectivos-feministas-y-habitantes-de-puerto-aventuras-cierran-la-carretera-federal-durante-manifestacion-pacifica-por-el-feminicidio-de-ana-gomez-trabajadora-de/

De Ciudad Juárez a la diamantina rosa: 27 años de impunidad en feminicidios (Chihuahua)

La Nota Roja es un podcast de 10 capítulos que reúne las historias de Alma, Esmeralda, Alejandra, Silvia Olga, Elizabeth, Andrea, Dana, mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, el municipio donde comenzó la pandemia de feminicidios en México

Pie de Página

Texto: Vania Pigeonutt

Fotos: cortesía Producción The Red Note

CIUDAD DE MÉXICO.- Esmeralda Castillo Rincón desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de mayo de 2009 camino a la secundaria. Tenía 14 años y cursaba el segundo grado. Su desaparición ocurrió 16 años después de que la policía estatal descubriera el cuerpo de Alma en el desierto: ella fue considerada la primera mujer asesinada en la ciudad que ha sido epicentro de violencias feminicidas.

El papá de Esmeralda, José Luis Castillo Carreón es un hombre de 60 años convertido en activista, tiene 11 años y cinco meses buscando a su hija. Es claro: en estos 27 años desde la primera mujer encontrada asesinada en su municipio, los feminicidios y desapariciones de mujeres han aumentado. Prevalece la impunidad y falta de interés para que estos casos se resuelvan. Dejan a las familias solas con sus búsquedas.

Las autoridades no investigan y hacen sus procesos revictimizantes, dice.

Para deslindarse de muchos de los casos de desaparición y para no hacer su trabajo de búsqueda y encontrar a la chica desaparecida, te dicen: ‘no pues, ya murió’. Muchas de las veces se encuentran restos óseos, que posiblemente sean del mismo cuerpo; y les hablan a las madres, y entregan un hueso o dos, y les dicen: ‘ya su hija murió’”, explica Castillo.

El 16 de agosto de 2019, en el contexto de las protestas por el movimiento #nomecuidanmeviolan, contra la violencia policial, José Luis lanzó diamantina rosa y pidió: “no se olviden de mi niña”.

Él sigue en campo, y su esposa Alicia Rincón vende hamburguesas afuera de su casa para seguir financiando la búsqueda.

El caso de Esmeralda es narrado en el pódcast de La Nota Roja, que en 10 capítulos de 40 minutos profundiza en el fenómeno de feminicidio en Ciudad Juárez, como una ilustración de esta violencia que inició en 1993, pero que se expandió en diferentes estados y se diversificó: las mujeres no sólo son asesinadas, pueden ser desaparecidas, y violentadas sexualmente. Es un problema de América Latina y del mundo.

El objetivo del pódcast dice la productora Estefanía Bonilla a Pie de Página, es explicar el fenómeno feminicida desde el punto de vista histórico, antropológico y sociológico.

“En 1993 es cuando se empieza a registrar en Ciudad Juárez todo el tema de los abusos de feminicidio y de las desapariciones de mujeres que también da con la coyuntura de lo que es frontera con el Tratado de Libre Comercio (TLC) y con todo este tipo de movimiento sociales y económicos que también se dan en relación con Estados Unidos y México, toda esta serie de tráfico ilegal en todo sentido”, explica.

El cineasta Craig Whitney, quien escribió la serie considera que “la historia pública es también una historia personal a la de las víctimas y sus familias. El problema del feminicidio es nacional… pero la manifestación en Juárez tiene elementos únicos: hay trata de personas, tráfico de drogas y armas en los Estados Unidos. Es una razón por qué este fenómeno, esta pandemia de feminicidios en México comienza en Juárez”.

Juárez, Tijuana y Acapulco, los municipios de mayor incidencia

Hace unos días, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– Mujeres presentó junto al Instituto Nacional de la Mujer el informe anual: “Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias”. El documento coloca a Juárez; Tijuana, Baja California y Acapulco, Guerrero como los municipios con la mayor incidencia de casos durante el tiempo que comprende el estudio 1990 hasta 2019.

En 2019, Chihuahua fue el segundo lugar en casos de homicidio con presunción de feminicidio, con el 14.1 por ciento, mientras que Colima ocupa el primer lugar en número de casos y una tasa del 20.3 por ciento.

Que Juárez siga en los primeros sitios en cuanto a asesinatos de mujeres, precisa Whitney, no es casual. Si bien allí comienza la historia del feminicidio en el país, hay cosas híperlocales al ser una cuidad fronteriza. “La realidad si es que a una autoridad no le conviene tener que estar resolviendo estos crímenes, es muy probable que se estén beneficiando de todo esto que está ocurriendo”.

Considera lo mismo que José Luis Castillo, quien cree que los cambios generados en México, en cuanto a feminicidios, en leyes contra la impunidad de estas violencias contras las mujeres, se han logrado gracias a las familias y su organización colectiva.

“Ha sido gracias a ellos, que se lograron los mecanismos con las fiscalías especializadas; la Ley Olimpia, La Ley Ingrid, y eso ha sido gracias a esas feministas radicales que tanto critican que van y rompen vidrios y pintan paredes”, considera.

En la investigación, en la cual también participa la periodista juarense, Alicia Fernández, Whitney y el equipo de la Nota Roja descubrieron circunstancias que tienen que ver con el tráfico de personas, drogas y armas y el tráfico de otras violencias. “Ahí es donde empieza a hacerse una situación sistemática o muy compleja”.

Un hueso no es Esmeralda

José Luis Castillo recibió una llamada en 2015. Le avisaron que su hija fue encontrada muerta. Cuando le avisaron le dijeron que desafortunadamente se encontraron puros restos óseos, pero la prueba de ADN coincide a la de Esmeralda.

Al día siguiente de ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a reconocer los huesos y que hicieran un segundo ADN, le dijeron: ‘no, no es necesario pedir un segundo examen’. José Luis les dijo:“¿Por qué no?” y le dijeron: ‘Porque estos restos ya vienen de laboratorio  que se encuentra en Estados Unidos, ya es el segundo examen que les hacemos’.

–Oye entonces, ¿por qué cuando les hiciste el primer examen, aquí en Juárez, no me notificaste a mí, que ya habías encontrado algunos restos, que daban con nuestro ADN, y que posiblemente fueran de Esmeralda.

–¡Ah, no! es que ya lo conocemos a usted que es activista y que usted, luego, luego le va a sacar a la prensa, y por eso no le quisimos avisar.

Cuando llegó al Semefo encontró no huesos sino un hueso, una tibia, la derecha. Él reclamó la insensibilidad. Quien lo llevó a la identificación le dijo: “capaz a usted le conviene más decir que Esmeralda ya está muerta, porque se le va a pagar una cantidad fuerte de dinero, y lo vamos a apoyar con una casa, o con una troca para que no ande de pie”.

Nunca hubo una explicación de cómo murió en versión de las autoridades. Por eso él jamás creyó, en todo caso hay gente que vive sin una pierna, pero el Ministerio Público ya había dicho de que Esmeralda estaba sin vida. La judicialización de la carpeta de Esmeralda, clasificando el delito como feminicidio, sin tener una explicación de cómo falleció y cuál fue la causa de su muerte, obligó a Castillo a tener que sacar su expediente clasificado como feminicidio a la Fiscalía de búsqueda de personas.

José Luis lamenta que sean sobre todo las mamás quienes están buscando a sus hijos. “No es justo que nosotros los padres de familia tengamos que hacer los rastreos, para buscar a nuestras hijas, y a nuestros seres queridos, y encontrarlos tanto en Chihuahua, en Guerrero, Tijuana y las autoridades”.

En todo este tiempo ha hecho actividades con colectivos para seguir luchando. Su mayor urgencia es venir a la Ciudad de México a buscar a Esmeralda desde una llamada que recibió supuestamente de la universidad donde estudiaba. Ha recibido indicios de que vive, pero no tiene el dinero para buscarla.

“Nosotros los rastreadores, los colectivos tenemos que andar prácticamente pidiéndole limosna a las autoridades para que nos proporcionen para viajes, para viáticos… hasta siquiera para darme 50, 60 litros, de gasolina. Cuando nosotros los padres vamos a hacer el trabajo que les corresponde a ellos, por lo cual, el pueblo les está pagando, y todavía nos miran: ‘ahí vienen los pobres, llorones a ver qué les damos, dales un hueso para que no estén chingando ‘”.

Indolencia exacerbada

Durante la investigación de este podcast lo que más destacó fue la impunidad prevaleciente. “Hay problemas con el sistema el gobierno, pero la gente de México se fleta, son increíbles. Pienso que si vamos a cambiar el problema de feminicidio, será la gente, es como el problema de feminicidios”, considera Whitney.

“De inicio, la sociedad debe concientizarse y entender de si ya tenemos esta interconexión gracias al internet, a esta transnacionalización de recursos económicos, políticos y tecnológicos, es momento de pensarnos como la sociedad global, y por esa razón iniciativas como la de Las Tesis en Chile que tiene la repercusión a nivel internacional, Vivir Quintana con su canción Sin Miedo”, planea Estefanía.

Considera que la conversación debe continuar. La gente debe enterarse de la génesis de este fenómeno de violencia feminicida. El proyecto está disponible en español e inglés como The red note. En nuestro idioma es narrado por la periodista Lydia Cacho.  Está disponible en Apple Podcast, y SpotifyPodcast.

«Te van a quitar esa oportunidad»

José Luis recuerda cómo era su vida antes de la desaparición de Esmeralda: trabajaba en el ayuntamiento e Ciudad Juárez en el área de Control de Tráfico, el cual tenía a su cargo los semáforos, las líneas amarillas, las líneas que están en los cruces peatonales, donde no se puede estacionar la gente.

Esmeralda por esos días soñaba con ser veterinaria y él se enfermó. Así que permitió que lo inyectara, al fin de cuentas había practicado con naranjas. Al día siguiente José Luis amaneció mejor.

–¿No fuiste a la escuela?

– No, no pa, yo me quiero quedar a cuidarte.

Le dije: “hija, ya faltan 15 días, ya vas a entrar al curso del ajedrez, a nivel estatal, faltas mucho, te van a quitar esa oportunidad.

Ese día José Luis por su gripe no pudo llevarla a la secundaria. Esmeralda nunca andaba sola. Él se arrepiente de haberle exigido que se fuera a la escuela. Desde ese 19 de mayo de 2009, no la ve.

https://piedepagina.mx/de-ciudad-juarez-a-la-diamantina-rosa-27-anos-de-impunidad-en-feminicidios/

Puebla suma mil 135 cuerpos sin reclamar desde 2007 y hasta 2019


Aurelio Fernández / La Jornada de Oriente

Por lo menos mil 135 cuerpos sin identificar se registraron en Puebla entre los años de 2007 y 2019, lo que se traduce en un promedio de siete casos por mes en los últimos 13 años.

La cifra es la décima más alta en el país después de la que reportaron los estados de México, la Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Los datos se desprenden de una base de datos de cuerpos sin identificar en el país que fue construida por las organizaciones civiles Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El informe refiere que en México existen al menos 38 mil 891 cuerpos sin identificar que pasaron por Servicios Médicos Forenses (Semefo) y se fueron acumulando a partir de 2006 y hasta diciembre de 2019.

“En Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos nos dimos a la tarea de crear el primer registro público nacional de cuerpos acumulados en 14 años para la investigación CrisisForense”, indicaron.
Suma Puebla mil 135 cadáveres sin identificar

De acuerdo con la base de datos, Puebla suma mil 135 cadáveres que nadie reclamó desde 2007 y hasta diciembre de 2019, lo que implica un promedio de siete casos por mes y de uno por semana.

Al revisar el comportamiento de la ubicación de los cuerpos por año, es posible observar que entre 2007 y 2016 no hubo saltos significativos en la localización de los cadáveres, pero a partir de este último año, los casos superaron la centena.

En 2007 hubo 40 cadáveres que no fueron reclamados, en 2008 la cifra subió a 64, mientras que para 2009 la tendencia al alza continúo al sumar 74.

En 2010 hubo una disminución y los casos llegaron a 61, y lo mismo ocurrió en 2011 con 56, así como, pero en 2012, cuando hubo un cambio en el gobierno federal y rindió protesta como presidente el priísta Enrique Peña Nieto, los reportes llegaron a 82.

En 2013 las autoridades reportaron 62 cuerpos, mientras que en 2014 hubo un repunte y llegaron a 79, en 2015 nuevamente hubo una baja y se contabilizaron 64, ya en 2016 fueron 96 y a partir de este año hubo un comportamiento ascendente, pues en 2017 la cifra se ubicó en 113, en 2018 llegó a 148 y en 2019 a 196.

Del total de cuerpos, 887 que equivalen a 78 por ciento, eran hombres; 134 eran mujeres y no hay datos del género en 114 casos.
La capital concentra los hallazgos

De los mil 135 cadáveres no identificados, mil 60 fueron encontrados en algún punto de la capital poblana, cifra que equivale a 93 por ciento del total.

El resto de los cuerpos fueron localizados en otros 16 municipios: después de la capital destaca Cholula, con 17 casos, aunque el informe no especifica si se trata de San Andrés o San Pedro.

Posteriormente sobresale Tecamachalco, con 14 reportes; Tehuacán, con nueve. De igual forma se da cuenta de ocho cadáveres encontrados en fosas clandestinas localizadas en Tepeaca y otros cinco casos fuera de esos sitios.

Hubo otros seis casos en Acatlán, cinco en Tepeaca, cuatro en Tepexi de Rodríguez y dos en Izúcar de Matamoros y otros dos en Chignahuapan.

Un caso se reportó en cada uno de los siguientes municipios: Ciudad Serdán, Huauchinango, Piaxtla, Huejotzingo, Xicotepec, Atlixco y Libres.

Fueron a la fosa común más de la mitad de los cadáveres

De los mil 135 cadáveres no identificados, 737 fueron resguardados en la fosa común, lo que implica 65 por ciento del total. En tanto que 398 se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo), los cuales equivalen a 35 por ciento restante.

Hay que recordar que apenas la semana pasada, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio cuenta del traslado de 316 cuerpos del Semefo al Panteón de La Piedad, como parte de una “reorganización”, pues en este camposanto hay un espacio especializado para los mismos.
No hay datos sobre la causa de muerte en la mayoría de los casos

El informe da cuenta de más de 300 causas de muerte; sin embargo, en 264 casos no hay datos de cómo falleció la persona.

La primera causa con más casos es infartos al corazón, con 117 reportes; seguida por asfixia mecánica, con 31 fallecimientos; cirrosis, con 23 defunciones; ahorcamiento, con 16; trauma craneoencefálico, con 27.

Según los datos, en todos los casos hay certificados de defunción, además de que se realizó una necropsia, pero en cuatro casos esto no ocurrió.
Puebla, el décimo estado con más casos en el país

Puebla es el décimo estado con más cuerpos sin identificar, después de los casos que reportó el estado de México, con 5 mil 490; Ciudad de México, con 5 mil 135; Baja California, con 4 mil 599; Jalisco, con 3 mil 682; Chihuahua, con 2 mil 975; Nuevo León, con 1 mil 550; Sonora, con 1 mil 442; Tamaulipas, con 1 mil 176 y Veracruz, con 1 mil 144.

Los cinco estados con menos casos son: Oaxaca, con 233; Aguascalientes, con 154; Guanajuato, con 153; Tlaxcala, con 89 y Campeche, con ocho reportes.

Según las agrupaciones que elaboraron la base de datos, el expediente de un cuerpo sin identidad que llega al Semefo, debe contener un certificado de defunción, perfil genético, necropsia y archivo básico.

En el caso del estado de Puebla no hay datos de archivo básico y perfil genético, según indicaron las organizaciones.

Segunda Parte: LA CANTINA.

¿Calendario? El actual. ¿Geografía? Cualquier rincón del mundo.

Usted no sabe bien a bien por qué, pero camina de la mano de una niña. Está a punto de preguntarle a dónde se dirigen, cuando pasan frente a una gran cantina. Un gran letrero luminoso, como la marquesina de un cine, declara: “LA HISTORIA CON MAYÚSCULAS. Cantina-bar”, y más abajo “No se admiten mujeres, infantes, indígenas, desempleados, otroas, ancian@s, migrantes y demás desechables”. Alguna mano blanca ha agregado “In this place, Black Lives does not matter”. Y otra mano varonil sumó: “Mujeres pueden entrar si se comportan como hombres”. A los lados del establecimiento, se amontonan cadáveres de mujeres de todas las edades y, a juzgar por las ropas hechas jirones, de todas las clases sociales. Usted se detiene y, resignada, la niña también. Se asoman por la puerta y ven un desorden de hombres y mujeres con modos masculinos. Sobre la barra o mostrador, un varón esgrime un bate de béisbol y con él amenaza a diestra y siniestra. La muchedumbre está claramente dividida: en un lado quienes aplauden y en el otro quienes abuchean. Todos están como embriagados: la mirada furiosa, la baba escurriéndoles por la barbilla, el rostro enrojecido.

Se acerca a usted quien debe ser el portero o algo así y le pregunta:

“¿Quiere pasar? Puede elegir el bando que guste. ¿Quiere aplaudir o criticar? No importa cuál elija, le garantizamos que tendrá muchos seguidores, likes, pulgares arriba y más aplausos. Usted será famoso si se le ocurre algo ingenioso, sea a favor o en contra. Y aunque no sea muy inteligente, basta con que haga ruido. Tampoco importa si es cierto o falso lo que grite, siempre y cuando grite fuerte”.

Usted valora la oferta. Le suena atractiva, sobre todo ahora que a usted no le sigue ni el perro.

“¿Es peligroso?”, aventura usted con timidez.

El cadenero lo tranquiliza: “De ninguna manera, aquí reina la impunidad. Vea usted a quien está en turno al bate. Dice cualquier tontería y unos le aplauden y otros lo critican con otras tonterías. Cuando esa persona termine su turno, otra subirá. Ya le dije antes que no necesita ser inteligente. Es más, la inteligencia aquí es un estorbo. Anímese. Así se olvida de las enfermedades, de las catástrofes, de las miserias, de las mentiras hechas gobierno, del mañana. Aquí la realidad no importa en realidad. Lo que vale es la moda en turno”.

Usted: “¿Y de qué discuten?”.

“Ah, de cualquier cosa. Ambos lados se empeñan en frivolidades y estupideces. Como que la creatividad no es lo suyo. Y así.”, responde el guardia mientras ojea, temeroso, a lo alto de la edificación.

La niña sigue la dirección de la mirada y, señalando a lo más alto del edificio, donde se alcanza a ver un piso completo -todo vidrio espejo-, pregunta:

“¿Y ésos de allá arriba están a favor o en contra?”

“Ah, no”, responde el hombre y agrega en un susurro: “Ésos son los dueños de la cantina. No necesitan manifestarse por nada, simplemente se hace lo que ellos mandan”.

Afuera, más allá en el camino, se mira un grupo de personas que, supone usted, no tuvo interés en entrar a la cantina y siguió su camino. Otro tanto sale del establecimiento con molestia, murmurando: “es imposible razonar ahí dentro” y “en lugar de “La Historia”, debería llamarse “La Histeria””. Ríen, se alejan.

La niña se le queda mirando. Usted duda…

Ella le dice: “Puedes quedar o seguir. Sólo hazte responsable de tu decisión. La libertad no es sólo poder decidir qué hacer y hacerlo. Es también hacerse responsable de lo que se hace y de la decisión tomada”.

Sin decidirse aún, usted le pregunta a la niña: “¿Y tú a dónde vas?”

“A mi pueblo”, dice la niña, y extiende sus manitas al horizonte como diciendo “al mundo”.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El SupGaleano.
Es México, es 2020, es diciembre, es madrugada, hace frío y una luna llena mira, asombrada, cómo las montañas se incorporan, se arremangan un poco las naguas y despacio, muy despacio, se echan a andar.

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Del Cuaderno de Apuntes del Gato-Perro: Esperanza le cuenta a Defensa un sueño que tuvo.

“De ahí que estoy dormida y estoy soñando. Claro lo sé que estoy soñando porque estoy dormida. Entonces, de ahí que lo miro que estoy muy lejos. Que hay hombres y mujeres y otroas muy otros. Que sea que no los conozco. Que sea que hablan una lengua que no entiendo. Y tienen muchos colores y modos muy distintos. Hacen mucha bulla. Cantan y bailan, hablan, discuten, lloran, ríen. Y no conozco nada de lo que miro. Hay construcciones grandes y pequeñas. Hay árboles y plantas como los de acá, pero diferentes. Muy otra la comida. O sea que todo muy raro. Pero lo más extraño es que, no sé por qué ni cómo, pero lo sé que estoy en mi casa”.

Esperanza queda en silencio. Defensa Zapatista termina de tomar apunte en un su cuaderno, se le queda mirando y, después de unos segundos, le pregunta:

“¿Sabes nadar?”.

Doy fe.
Guau-Miau.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/12/29/segunda-parte-la-cantina/

Por falta de pagos la Universidad de Nayarit será emplazada a huelga

Foto: Cortesía

Crys Benítez / El Occidental

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex). – Ante la negativa del Gobierno del Estado para firmar el convenio extraordinario de apoyo económico no regularizable y el incumplimiento del convenio suscrito el 10 de diciembre de 2019, en un comunicado el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), señaló que la Rectoría les ha informado la imposibilidad de cubrir los salarios y prestaciones del mes de diciembre.

Ante esta situación en la reunión del pasado lunes el Consejo de Representantes por mayoría aprobó emplazar a huelga a la UAN por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, así como también exigirán a la Rectoría pronunciarse oficialmente sobre el estado que guardan las gestiones ante el gobierno Federal y Estatal, para cumplir lo contratado con los trabajadores administrativos, manuales y académicos.

La SETUAN advirtió que se mantendrá en asamblea permanente para la instalación del Comité de Huelga, recordando que son ya seis años de incertidumbre, por lo tanto, se encuentran cansados que cada año se repita la misma problemática, ante ello se requiere dar una solución definitiva al déficit existente en la Institución.

La ruta trazada a partir de 2018 para abatir el déficit, señaló el escrito, ha sido incumplida por el Ejecutivo del Estado, aclarando que los Sindicatos y la Universidad han cumplido puntualmente con los acuerdos sostenidos, sin embargo, el no cumplimiento pone en riesgo lograrlo como se planeó.

Con el cumplimiento formal de estos convenios, el déficit se reduciría al pago de capital e intereses del préstamo irregular de 500 millones, otorgado en noviembre del 2015, adeudo que se solventará en los próximos dos años, si a la universidad se le resarcen los recursos desviados a cuentas de particulares y se cumplen los convenios.

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-por-falta-de-pagos-la-universidad-autonoma-de-nayarit-sera-emplazada-a-huelga-6186686.html

Maestros bloquean entradas a Tepic (Nayarit)

Foto: Realidades de Nayarit

Cerraron por cuatro horas la avenida Insurgentes sobre la calle Alaska, el boulevard Tepic – Xalisco a la altura de las Banderas y la avenida Tecnológico rumbo a la salida a Guadalajara, en protesta por la falta de pago por parte del gobierno de Antonio Echevarría García

Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit

Tepic, Nayarit. Martes 29 de diciembre del 2020.- Custodiados por un grupo de granaderos de la Policía Estatal, maestros disidentes de la sección 49 del SNTE bloquearon las entradas a la capital nayarita para exigir el pago completo de sus prestaciones de fin de año, incluido el aguinaldo que de acuerdo a la ley, debió cubrirse el pasado 20 de diciembre.

Pese a la intimidación policiaca, a los maestros no les temblaron las piernas y permanecieron al pie del cañón para exigir mediante gritos, lonas y mensajes, lo que por ley les corresponde.

Encabritados con el gobierno “pinocho” decidieron arreciar las acciones de protesta por la falta de pago y cerraron la vialidad durante cuatro horas en la avenida Insurgentes sobre la calle Alaska, el boulevard Tepic – Xalisco a la altura de las Banderas y la avenida Tecnológico rumbo a la salida a Guadalajara.

Más tardaron en colocarse que en aparecer en cada punto de bloqueo, los elementos uniformados dizque para guardar la “seguridad” de los docentes aunque los manifestantes consideraron este movimiento como un signo de represión a la libre manifestación.

Los docentes arremetieron contra el gobierno de Antonio Echevarría García por la burla y el show montado en complicidad con la dirigencia estatal del sindicato que encabeza Ladislao Serrano al firmar un documento donde aceptan el pago en “abonitos” con lo que pretenden calmar la sed de justicia del magisterio.

En este panfleto no autorizado por la base, la dirigencia magisterial vendida casi le besa los pies al gobierno quien se “compromete” a pagar el aguinaldo íntegro este 29 de diciembre, la segunda quincena de diciembre hasta el 31 de este mes y el resto de las prestaciones hasta el 7 de enero.

La base magisterial no estuvo de acuerdo y acordaron las movilizaciones que provocaron todo un caos vial durante las cuatro horas que duró el bloqueo y al término de esto, se trasladaron frente a Palacio de Gobierno donde mantienen un plantón permanente y acordaron continuar ahí hasta el próximo 7 de enero.

Y es que aseguran los maestros disidentes, que el gobierno ha informado de la llegada de 400 millones de pesos cuando anteriormente se dijo que requería mil 500 millones para cubrir el pago de todos los trabajadores del estado, es decir, será insuficiente.

Por lo pronto, programaron guardias para continuar en todo momento con el plantón frente a Palacio de Gobierno hasta que les cumplan con el pago del último centavo que les deben y que ya desquitaron pero por la mala administración y la incapacidad de los servidores públicos, sus familias viven un diciembre negro.

http://realidadessperiodico.com/67311/

Investigan en Yucatán 29 casos de presuntos suicidios de mujeres que tienen indicios de feminicidios

Itzel Chan / Noticaribe

MÉRIDA, MX.- Yucatán cerrará este año con 12 feminicidios, sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio ha iniciado una investigación en 29 casos de presuntos suicidios de mujeres que tienen indicios de haber sido feminicidios.

Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en Yucatán lamentó la situación que se ha presentado en Quintana Roo, en donde los feminicidios van al alza en poco tiempo.

Sin embargo, advirtió a las autoridades de Yucatán que esto podría suceder en el estado si no se toman cartas en el asunto.

“Quintana Roo nos da una idea de la situación que viven las mujeres y Yucatán podría emparejar las cifras porque estamos llegando a una inoperancia de la Secretaría de las Mujeres, del Centro de Justicia para las Mujeres en el estado y pues la Fiscalía General del Estado ya sabemos que no tiene nada de perspectiva de género”, apuntó.

Es de esta manera que la activista recordó que el año pasado cerró con cuatro feminicidios y este 2020, la cifra ha ascendido a 12.

No obstante, de los 12 que han sido identificados como feminicidios, las autoridades locales sólo han determinado que procedan como tal seis casos.

Sin embargo, esta no es la única gravedad del asunto para la activista, sino que han identificado 29 casos de mujeres que presuntamente se han suicidado, pero en sí hay señas de que se tratarían de feminicidios.

Incluso, dos casos ya comenzaron a ser investigados a fondo porque testigos se han sumado.

“Hay un caso de Kanasín, en el que encontraron a una joven sentada con una hamaca en el cuello y las autoridades lo determinaron como suicidio, pero ya hay testigos que aseguran que antes de los hechos, dos hombres entraron a la casa de la joven”, aseguró.

Adelaida Salas mencionó que tan sólo con una causal es posible determinar un caso de feminicidio, pero las autoridades se han rehusado a determinar diversos hechos violentos contra las mujeres como tales.

“En estos 29 casos de mujeres que supuestamente se suicidaron, sucede que no se han determinado los protocolos; ya abrimos el caso de dos porque hay una sexoservidora que también fue hallada con una hamaca en el cuello, pero su cuerpo había sido golpeado”, añadió.

De esta manera, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio continuará con las investigaciones en 2021, mismas que han tenido un avance lento debido a la pandemia por coronavirus (COVID-19).

https://noticaribe.com.mx/2020/12/29/investigan-en-yucatan-29-casos-de-presuntos-suicidios-de-mujeres-que-tienen-indicios-de-feminicidios/

Jalisco, quinto en casos de feminicidio

Foto: Archivo NTR

Juan Levario / El Diario NTR

Por cantidad de víctimas de feminicidio de enero a noviembre, Jalisco se colocó en quinto lugar nacional. También se ubicó en sexto por mujeres víctimas de homicidio doloso.

En total, el estado sumó 56 víctimas de feminicidio en el periodo referido, así como 192 homicidios de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se encuentran en su reporte de información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911.

La entidad con mayor cantidad de víctimas de feminicidio hasta noviembre es el Estado de México, el cual concentró 133 de las 888 a nivel nacional. Le sigue Veracruz con 82 casos; la Ciudad de México, con 67, y Nuevo León, con 62.

En cuanto a los homicidios dolosos, Guanajuato es el estado con más víctimas al concentrar 382 de las 2 mil 567 de todo el país. Luego le siguen Chihuahua, Estado de México, Baja California y Michoacán, en donde se reportaron de 207 a 241 mujeres asesinadas.

Según los mismos datos del SESNSP, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga destacan entre los 10 municipios de México con mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional en 2020 al registrar 10 y 9 casos, respectivamente. Guadalajara registra ocho; El Salto, cuatro; San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, tres cada uno, y Mezquitic, dos.

Llamadas y otros delitos  

Por otro lado, los delitos de violencia familiar en Jalisco durante los primeros 11 meses del año representaron 5.4 por ciento de los 202 mil 640 investigados a nivel nacional, lo que mereció para el estado el cuarto lugar en México.

Además, el estado tuvo la segunda mayor cantidad de llamadas de emergencia por violencia de pareja al registrar 22 mil 435, los cuales representaron 10.2 por ciento de las 218 mil 663 llamadas en el país. Jalisco sólo fue superado por Baja California, en donde se contaron 41 mil 629 llamadas.

Jalisco también resaltó en el cuarto lugar nacional por cantidad de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. En total, registró 12 mil 974 de 240 mil 798 contabilizadas en México.

En la información del SESNSP también se da cuenta que de enero a noviembre cuatro mujeres mayores de edad fueron secuestradas en Jalisco. En el país se registraron 201 casos en total.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=160067

México subregistró más de 9 mil casos de indígenas contagiados por covid-19

Gibrán Mena Aguilar / Data Crítica para Quinto Elemento Lab / Proceso

Entre marzo y septiembre los datos oficiales subestimaron a la población indígena con sospechas de haber sido infectada; las fallas en la contabilidad continúan pues hay más de 3 mil contagiados que son “hablantes de lengua indígena” y al mismo tiempo se les cataloga como “no indígenas” y hay más de cien mil casos donde no se especifica su etnicidad.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de abril en que el enfermero maya Luis Cauich recibió la llamada de una amiga, pidiéndole que recibiera a su hija en el Hospital Integral de José María Morelos, Quintana Roo, el mundo sabía aún poco del virus SarsCov2 que se extendía sobre su superficie. Pero Cauich ya sabía esto: si la joven de 23 años padecía covid-19, no había esperanza.

Lleno de angustia, Cauich le tomó signos vitales y datos de registro para su expediente: tenía diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal, neumonía, EPOC y una discapacidad. Además, era indígena, información que dejó registrada en el expediente junto con el resto de información sobre su caso.

“Era maya, toda su familia es maya”, narra el enfermero. Dado su estado de salud no había mucho qué hacer. Al otro día, el virus le quitó la vida, y su deceso en un hospital se añadió a la base de datos oficial de la Secretaría de Salud federal (SSA), pero con un faltante: no se informó que la joven era indígena. La columna que indica que ella se reconocía como mujer indígena fue añadida por la SSA a la base seis meses después de su muerte, hasta el 7 de octubre.

Como este, la dependencia invisibilizó más de 9 mil casos sospechosos de covid-19 entre personas pertenecientes a pueblos indígenas (sumando a quienes así se identificaron y a quienes hablan alguna lengua), con fechas de ingreso a hospitales entre enero y octubre de 2020, a pesar de haber contado con este dato desde el inicio de la publicación de la base, revela el seguimiento continuo y análisis de los datos de los que hoy suman más de 2 millones 800 mil registros de pacientes en centros hospitalarios de todo el país.

“Ahora resulta que una institución nos va a decir si somos indígenas. Si con el apellido basta”, dijo con rabia Cauich, al saber que no había en los datos oficiales registro de la etnicidad de su amiga en junio, a dos meses de su muerte.

La variable omitida hasta octubre, bajo el nombre “INDIGENA” (sic) permite contrastar el número oficial de pacientes indígenas fallecidos por covid-19 respecto al total de indígenas enfermos, una proporción conocida como letalidad y compararla con la letalidad entre no indígenas.

De las personas registradas como indígenas o hablantes de lenguas indígenas contagiadas 15 por ciento murieron desde comienzos de la pandemia, frente al 10 por ciento de no indígenas, de acuerdo con un análisis de los datos abiertos de la Secretaría de Salud federal (SSA) realizado para esta investigación. Es decir, la letalidad de covid-19 para indígenas es 50 por ciento mayor que para el resto de la población, tomando en cuenta el promedio nacional. El hecho de que los indígenas tienen una letalidad mayor según los datos oficiales, no fue mencionado en alguna de las conferencias diarias sobre coronavirus, de acuerdo con su registro estenográfico.

La disparidad en letalidad a escala municipal se dispara aún más. Hasta 7 de cada 10 indígenas contagiados murieron en Motul —una comunidad citricultora, ganadera y turística a 40 kilómetros de la capital de Yucatán— frente a 2 de cada 10 no indígenas. Motul es apenas uno de los más de 40 municipios en el país que han registrado decesos de indígenas y donde encontraron la muerte la mitad, o más, de indígenas contagiados por covid-19.

Una omisión de siete meses

El seguimiento a la base de datos, sus registros y variables, permitió observar cómo el 7 de octubre se añadió la columna “INDIGENA” (sic) con una discreta nota en pdf en la que se lee: “Se incluye la variable ‘INDIGENA’, la descripción y su respectivo catálogo”, sin más explicación.

En entrevista, la SSA argumenta que excluyó esta información durante meses para proteger la privacidad de los pacientes.

“Esa variable se encuentra en todos los estudios epidemiológicos. Lo que nosotros debemos hacer siempre es la protección del dato, para que no puedan ser identificables las personas, porque los datos hablan de una condición de salud. Entonces hacemos la consulta de qué variables sí, y de qué variables no se publican”, respondió Christian Zaragoza, director de información epidemiológica de la SSA.

Pero esta justificación es inconsistente con la práctica de la Secretaría hasta entonces, ya que publicó desde abril, sobre cada paciente, si habla alguna lengua indígena, su edad, sexo, entidad de nacimiento, entidad y municipio de residencia, si padece diabetes, EPOC, inmunosupresión, asma, o tiene hábito de tabaquismo, entre otros datos. Entonces no aplicó el mismo criterio de “proteger el dato” sobre ninguna de estas variables.

Antes la SSA publicaba exclusivamente una columna que especificaba si el paciente ingresado al sistema hospitalario “habla una lengua indígena”.

El universo de hablantes de lenguas indígenas es sustancialmente menor que el de personas que se reconocen como indígenas. De los alrededor de 21.5 millones de personas indígenas en México sólo cerca de 6.5 millones son hablantes de alguna lengua.

Antes del cambio en la base de datos sólo habían sido reconocidos 18 mil 262 hablantes de lengua indígenas con covid-19. A partir del ajuste el número subió a 27 mil 611 indígenas —sumando hablantes y personas auto identificadas como indígenas— sin que sea requisito que hablen alguna lengua. Entre marzo y septiembre fueron subregistrados 9 mil 349 casos de indígenas con sospecha de haber contraído covid-19.

El funcionario de SSA, además, reconoció que los datos sobre indígenas que se integran a la base son deficientes. Hasta principios de diciembre existían 3 mil 447 casos de personas registradas como hablantes de alguna lengua indígena que, simultáneamente, están registradas en la categoría no indígena.

Esta combinación de persona que habla lengua indígena pero no es indígena es inusual en México, donde la población no suele aprender las lenguas originarias a menos que se hable en casa. Además, al 1 de diciembre hay 107 mil 768 casos en los que se llenó la columna sobre identidad indígena con “No especificado”.

“Existe un tema que se llama calidad del dato. Esto significa que el dato está mal llenado. Por eso insistimos siempre a las entidades federativas que hagan una revisión correcta de sus bases de datos y soliciten el apoyo para hacer una corrección”, apuntó Zaragoza cuando le preguntamos en octubre pasado sobre esa inconsistencia en los registros.

Durante los meses que omitió esta columna de la base pública, la propia SSA elaboró cuatro reportes fechados entre julio y octubre donde admite la mayor letalidad entre esa población, pero comenzó a hacer públicos estos reportes sólo hasta el 16 de octubre.

“Se observa una mayor letalidad comparada con la población en general. La distribución de la letalidad corresponde con las mesorregiones en donde se describe un mayor número de población indígena, tales como la región sureste, centro y noreste, por lo cual, es importante poner mayor atención en estos grupos”, describe el primero de estos reportes, fechado el 22 de julio.

Y la tendencia no ha cambiado. Con los datos oficiales incluidos apenas en octubre es posible dibujar un mapa de cómo el virus ha diezmado a la población originaria: Hay registro de casi 2 mil personas que se reconocen indígenas o hablan una lengua indígena y murieron por covid-19 al 1 de diciembre.

Para encontrar los municipios más letales, en esta investigación se tomaron en cuenta aquellos donde han muerto 10 o más personas indígenas en datos oficiales. Estos son Motul, Yucatán, donde 64 por ciento (15 pacientes) de los 23 registrados murieron; Puente de Ixtla, Morelos (la mitad de los 22 indígenas con covid-19 fallecieron); Cozumel, Quintana Roo (48 por ciento con 14 muertes); Acanceh, Yucatán (44 por ciento defunciones, equivalentes a 10 muertes) Ocosingo, Chiapas (44 por ciento de 23 fallecimientos) y Benito Juárez, Quintana Roo (34 por ciento, equivalente a 59 muertes).

A nivel entidad y ajustando por población, las mayores tasas de registros oficiales de muerte indígena están en Oaxaca (205 muertes y .17/100 mil hab), Tlaxcala (11 muertes y .16/100 mil hab.), Hidalgo (113 muertes y .10/100 mil hab.), Morelos (22 muertes, .10 muertes/100 mil hab.), Campeche (45 muertes, .09/ 100 mil hab.), Veracruz (63 muertes y .09/ 100 mil hab.), Guerrero (68 muertes, .05/100 mil hab.), Quintana Roo (128 muertes, .05/100 mil hab.) y Yucatán (261 muertes, .05/ 100 mil hab.).

Entre estas entidades, los municipios con mayor muerte son Benito Juárez, Quintana Roo (57 muertes en la zona, mejor conocida como Cancún); Mérida, Yucatán (33), y Juchitán, Oaxaca (29).

La SSA no hace pública la información sobre los pueblos indígenas a los que pertenecen los fallecidos, pero en el municipio de Benito Juárez —donde está Cancún y donde el covid-19 ha sido más letal para la población indígena— habitan integrantes de los pueblos maya, tseltal, tsotsil, chol y tojolabal.

Las muertes, tasas y el porcentaje de letalidad para cada municipio, tanto indígena como no indígena, pueden consultarse en este mapa hecho con los datos de la Secretaría de Salud.

Cifras que no convencen

En conferencia de prensa por la ceremonia de Día de Muertos en Palacio Nacional, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, reconoció la muerte de mil 494, pues excluyó a las personas hablantes de lenguas indígenas mal registrados como no indígenas.

Una diferencia de 300 muertes si se contabiliza a hablantes de lenguas originarias que aunque fueron mal registrados, sí hablan lenguas indígenas, y para esa fecha habían sido confirmados como fallecidos por covid-19.

Sin embargo, ambas cifras generan escepticismo entre expertos.

“Es muy poco, y ojalá que así lo fuera”, apuntó Arturo Erdely, doctor en matemáticas y especialista en estadística de la Universidad Nacional Autónoma de México en referencia a la proporción de indígenas contabilizados respecto del total de muertes en la base de datos. “Ese número de muertes no tiene sentido en México, donde la población indígena es tan alta [21.5 por ciento]”. Si uno de cada cinco habitantes del país son indígenas y sólo hay registro de 2 mil muertes, no le cuadra la subrepresentación.

De las 97 mil 200 muertes registradas en total hasta el 1 de diciembre un 21.5 por ciento corresponderían a alrededor de 20 mil decesos indígenas.

“No estoy diciendo que necesariamente deba encontrarse esa cantidad”, explica el matemático, “porque la base de datos gubernamental no es representativa, no es una muestra aleatoria. Pero aún así, lo más lógico es que la gente más pobre estuviera más representada en la estadística de muertes”.

El profesor Erdely propone un ejercicio para estimar una cifra que pueda acercarse más a la realidad, y que se esquematiza así: hay municipios en que la población indígena es muy alta y hay decenas de muertes por covid-19. Sin embargo, muy pocas de esas muertes están registradas como indígenas. En esos municipios, una cifra más “real” debería aproximarse al porcentaje de población indígena para ese tipo de municipios.

Por ejemplo, un municipio clasificado “indígena” como Halachó, Yucatán, es 99.8 por ciento indígena. Pero en los datos de covid-19 sólo la mitad de las 20 muertes en Halachó están registradas como indígenas. El registro de muertes indígenas debería estar mucho más cerca del total de las muertes (19 o 20 muertes indígenas en un municipio casi 100 por ciento indígena sería mucho más creíble).

“Es mejor ver el municipio de residencia y se clasifican si es municipio indígena o no indígena y hay que hacer un cálculo, contrastar [contra datos oficiales] de esta manera. Si discrepan mucho estos cálculos yo le creería más al tema de municipio de residencia indígena”, explicó el matemático.

Cada municipio tiene cierto porcentaje de población indígena de acuerdo con información censal. Si tiene más de 40 por ciento de población indígena se califica como indígena y si tiene menos de ese porcentaje pero más de 5 mil habitantes indígenas se cataloga como “municipio con presencia indígena”. Al replicar el ejercicio de Halachó para todos los municipios clasificados como indígenas y con presencia indígena se obtiene un estimado de 11 mil 622 defunciones indígenas usando el método propuesto por el estadístico, una diferencia de 9 mil 913 con los registros oficiales.

El subregistro de casos totales ha sido la norma en México y, en distintos grados, en todo el mundo. En México la autoridad sanitaria ha dicho que deliberadamente se clasificó a enfermos como positivos a covid-19 usando exclusivamente resultados de pruebas de laboratorio, que de por sí muestran altos índices de positividad, es decir que son muy escasas. Además, hasta agosto la estrategia federal consideraba muy pocos síntomas como característicos de coronavirus, como reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell.

Hasta el 7 de octubre se comenzaron a incorporar en la base de datos algunos de los positivos hallados por métodos distintos a la prueba. Todos estos datos dependen, también, de quienes puedan llegar a un hospital covid-19.

Otros datos

Mientras omitía la alta letalidad para indígenas de los datos públicos también la omitió en las conferencias verspertinas, el principal órgano de comunicación de gestión de la pandemia del gobierno federal.

En una de las conferencias más recientes dedicadas al tema indígena, el 12 de septiembre, Jose Luis Alomía, director general de epidemiología de la SSA, omitió informar sobre la mayor letalidad, a pesar de que consta en los reportes elaborados por la Secretaría.

“Finalmente, como un tercer componente informativo, vamos a revisar la estadística de la afectación que en su momento se ha dado a la población indígena. Nos lo habían solicitado en algunas de estas conferencias”, dijo entonces Alomía.

Pero en su revisión del tema solamente mencionó el número total de muertes y presentó estadística de enfermedades concurrentes de las muertes. No comparó la letalidad indígena contra la letalidad no indígena.

En otra exposición, López Gatell usó el estadístico de incidencia (cuántos enferman) y no la letalidad (cuántos mueren de entre quienes enferman) para hablar de población indígena.

“Afortunadamente hasta el momento, la proporción de enfermedad, digamos, la incidencia en poblaciones indígenas es sustancialmente menor que en poblaciones no indígenas”, dijo el funcionario en conferencia de prensa del 20 de julio, dos días antes de la fecha del primer reporte de letalidad que aunque confirma esa afirmación, también indica que a pesar de ser “pocos” los registros de indígenas fallecidos por covid-19 respecto de no indígenas, es 50 por ciento más probable para indígenas morir que para no indígenas..

Y aunque el número de casos totales de indígenas fallecidos (incidencia) sí era y sigue siendo menor que el de no indígenas, los funcionarios omitieron que la probabilidad de morir para un indígena contagiado era ya alrededor de 40 por ciento mayor que la de una persona no indígena para septiembre, probabilidad que hoy es 50 por ciento mayor a nivel nacional, como se ha explicado antes.

Consistentemente, en otras conferencias donde periodistas preguntaron sobre el tema, la secretaría lo evadió ofreciendo cifras convenientes. En la conferencia del 24 de junio, la titular del programa público IMSS-Bienestar, Gisela Lara respondió a dudas usando exclusivamente datos de su programa que atiende a muy pocas personas indígenas respecto del total nacional.

“Si ustedes se fijan, la incidencia por cada 100 mil personas tampoco es cierto de que a los indígenas les va peor, déjenme decirles que no […] Entonces, no es cierto que están mal atendidos; al contrario, creo que les está yendo mejor, son más cuidados los indígenas, los que se dicen indígenas”, manifestó en la conferencia del 24 de junio la titular del programa público IMSS-Bienestar, Gisela Lara.

Aunque no hay ninguna evidencia de que los cuerpos indígenas sean menos resistentes a la enfermedad, la continua lucha para acceder a las condiciones de una vida digna y plena van desgastando el organismo y contribuyendo a producir las condiciones que son factores de riesgo en muchas enfermedades, de acuerdo con la doctora Leslie Korn, Phd en Medicina del Comportamiento y ex investigadora Fulbright en México.

El covid-19, según la especialista, opera a través de un conjunto de procesos inflamatorios de diversos órganos, contra los que finalmente el cuerpo puede perder la batalla. Diabetes, cáncer, enfermedad del corazón, incluso la depresión inicia con estrés e inflamación crónicos.

“No olvidemos el efecto de la pobreza y el estrés de la pobreza por no poder llevar alimentos o por no poder pagar tus gastos. También crearán un proceso inflamatorio en el cuerpo”, explicó Korn.

Aquella joven maya, que el enfermero Luis Cauich vio morir en un hospital de Quintana Roo el pasado abril padecía diabetes, inmunosupresión y enfermedad renal.

La diabetes, que en los años 30 era una “enfermedad de ricos”, hoy aqueja a quienes son obligados a optar por alimentación disponible de bajo costo, azúcares y harinas procesadas. Quienes viven con una costante tensión por la discriminación y el racismo terminan padeciendo hipertensión, la mayor comorbilidad entre indígenas de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Es un círculo vicioso.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/12/29/mexico-subregistro-mas-de-mil-casos-de-indigenas-contagiados-por-covid-19-255258.html

A dos meses de desaparecida, familiares y activistas exigen la aparición con vida de Zayra (Oaxaca)

Noticias / Citlalli Luciana.

El 23 de diciembre Zayra Leticia Morales Loyola cumplió dos meses de haber sido desaparecida, su familia, amistades y organizaciones feministas continúan el rastreo apoyadas en redes sociales bajo el hastag Te Seguimos buscando.

“Hace dos meses, aproximadamente a estas horas te desaparecieron prima #Zayra, te arrebataron de tu familia, de tus dos hijos, de tu vida llena de planes, de tu alegría ante la vida, reías por todo, te veías contenta, te arrebataron de nosotras, ahora sólo queremos que regreses a nosotras con vida, ya no es vida, ya nada es igual, estoy llena de rabia, mucho dolor por tu ausencia”, escribió una de sus primas en redes sociales.

Zayra fue desaparecida el 23 de octubre en Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León entre las 22:00 y 23:00 horas.

La joven madre de dos niños había acudido a dos locales de su casa a cancelar una cena y no regresó a casa.

A más de un mes de lo ocurrido, la Fiscalía de Oaxaca llevó a cabo la detención de los hermanos E. S. M. y J. C. S. M. como probables responsables del delito de desaparición por particulares en agravio de Zayra.

Búsqueda por redes sociales

De acuerdo con la Red de Mujeres para una Vida Libre de Violencia (Remuvi), la de Zayra fue uno de los 30 casos de mujeres reportadas como desaparecidas en Oaxaca solo en el mes de octubre.

En este sentido, desde el pasado 21 de diciembre, la Remuvi inició una campaña de exigencia de presentación con vida de Zayra a través de las redes sociales, en ellas se muestran a varias mujeres pidiendo por la pronta localización.

“No queremos que este caso sea uno más de impunidad, no descansaremos hasta encontrarte, Zayra”, indicaron en uno de los ocho videos publicados en Facebook, a manera de recordar a las autoridades que la detención de dos personas recientemente presentadas por la Fiscalía, no cierra el caso.

“Exigimos al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, que investigue el paradero de Zayra Leticia Morales Loyola”, expresaron.

“Basta de tanta violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno del estado de Oaxaca, así como a la Fiscalía que dé con el paradero de Zayra Leticia, quien fue vista por última vez el 23 de octubre. No descansaremos hasta encontrarla”, señalaron en otro video.

Hasta este momento, a dos meses de la ausencia de Zayra, no hay indicios que lleven a su paradero, mientras tanto la familia continúa la búsqueda por distintos medios.

https://www.nvinoticias.com/nota/170960/dos-meses-de-desaparecida-familiares-y-activistas-exigen-la-aparicion-con-vida-de-zayra

Colectivos feministas exigen dar con responsable de la muerte de Bertha José (Oaxaca)

Noticias / Staff.

Colectivos feministas de Oaxaca, mediante redes sociales, han exigido a las autoridades de la entidad detener al responsable o responsables de la muerte de Bertha José Domínguez, quien fue asesinada con arma blanca en la región del Istmo de Tehuantepec, presuntamente por su esposo, Jesús M. A., quien se encuentra prófugo.

El crimen se registró en plena Navidad, el pasado 25 de diciembre, sin que hasta el momento se presente algún avance en la investigación. El presunto asesinato de Bertha se suma a otros 109 feminicidios en lo que va del año, de acuerdo con datos de Ges Mujer “Rosario Castellanos”.

Además de acuerdo con esta organización, la región del Istmo de Tehuantepec es la segunda más peligrosa para las mujeres, pues van 101 feminicidios de un total de 493, desde el inicio de la administración del actual gobierno estatal.

Cabe señalar que Bertha era originaria de la comunidad de San Pedro Jilotepec, perteneciente al municipio de Magdalena Tequisistlán, Istmo, en donde fue sepultada el pasado sábado.

La joven tenía 27 años de edad y vivía en Unión Hidalgo, tras los hechos las autoridades de justicia en el Istmo comenzaron una carpeta de investigación por feminicidio.

https://www.nvinoticias.com/nota/170966/colectivos-feministas-exigen-dar-con-responsable-de-la-muerte-de-bertha-jose

Asesinadas en Oaxaca, tres mujeres durante festejos navideños

Noticias / Citlalli Luciana.

De manera impune la violencia feminicida arrebató la vida de Bertha, Nayeli y Melisa, quienes en distintos puntos de la entidad fueron asesinadas en los pasados cinco días, previo, durante y posterior a las fiestas navideñas. Con estos casos suman 14 mujeres a quienes se les ha arrebatado la vida durante diciembre, perfilándose como uno de los meses más violentos para las mujeres en este año.

La indignación causada por los asesinatos de Berta y Melissa, activó la búsqueda de los feminicidas, en ambos casos sus parejas y padres de sus hijos. A través de las rede sociales, familiares de las víctimas y colectivas feministas difundieron las fotografías de los implicados a fin de dar con ellos.

Melisa A. P. P. de 29 años de edad fue asesinada a puñaladas en la agencia de San Francisco Yosocuta, ubicada en Huajuapan de León. El presunto asesinado es Miguel C., su pareja quién después del hecho, cometido el 21 de diciembre, se dio a la fuga.

Posteriormente, la noche del 24 de diciembre, Bertha J. D. fue asesinada en Unión Hidalgo. El presunto agresor Jesús M. A. también encuentra prófugo.

“La mujer de la foto es mi prima originaria de San Pedro Jilotepec, y el hombre a su lado es su esposo. Ella está muerta, me acabo de enterar de que hoy es su sepelio. Él la asesinó; los hechos ocurrieron en Unión Hidalgo. Tenían ya varios años juntos y tienen un hijo en común. Mi sobrino hoy es huérfano de madre gracias a que su padre le quitó la vida. No es posible tanta maldad, tanto odio acumulado por tanto tiempo. Yo conviví con ellos, nunca vi rasgos de violencia, sin embargo, un día sucedió esto. A todos los que me leen les pido por favor que compartan la publicación para encontrar a este señor ya que como buen cobarde mató a mi prima y huyó”, escribió una de las familiares de la víctima llamando a la localización de presunto feminicida.

A los dos feminicidios anteriores se sumó el de Nayeli de 17 años de edad quién fue asesinada la tarde noche del sábado en San Antonio de la Cal tras recibir un disparo de arma en la cabeza.

Cifras de la Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos señala que en lo que va de la actual administración estatal de gobierno suman 495 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta; 280 desde la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y 111 en lo que va del año.

Las regiones de Valles Centrales y el Istmo con 23 por ciento cada una, concentran el 46 por ciento de los femincidios, es decir casi la mitad de todos los asesinatos violentos de mujeres y niñas en este año, destacó Angélica Ayala, presidenta del GESMujer.

“El indignante feminicidio de Bertha en Unión Hidalgo no debe quedar en la impunidad, pues la misoginia que se expresa en el rechazo, odio y aversión a las mujeres por su condición de ser mujeres, es un grave problema social, presente no sólo en las relaciones inequitativas e injustas en donde los hombres abusan de su poder, sino que también está presente en las instituciones de prevenir atender y sancionar la violencia por razón de género pues las omisiones son tan graves como los propios hechos que arrebatan la vida de las mujeres oaxaqueñas”, destacó la defensora de derechos de la mujer.

https://www.nvinoticias.com/nota/170930/asesinadas-en-oaxaca-tres-mujeres-durante-festejos-navidenos

Se perfila 2020 como el año más letal para las mujeres en Colima

Foto: Tomada de Internet

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (27/12/2020).- Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020 se cometieron en esta entidad 90 asesinatos de mujeres, 78 de ellos clasificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como homicidios dolosos y 12 como feminicidios, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los noventa asesinatos registrados en los primeros 11 meses de este año son apenas dos menos que los 92 contabilizados en los 12 meses de 2019, por lo que con las cifras de mujeres ultimadas que han trascendido extraoficialmente durante este mes de diciembre ya se rebasó la cantidad del año pasado, aunque sólo falta que esta información se oficialice en el próximo mes de enero, cuando se den a conocer los datos correspondientes a todo el año 2020.

En lo que se refiere a los promedios mensuales de asesinatos de mujeres en Colima, es evidente que año con año éste ha seguido creciendo significativamente durante el último lustro, relacionado con el periodo de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez.

En 2015, el año previo al inicio de la actual administración estatal, hubo 25 asesinatos de mujeres en Colima, lo que arrojó un promedio de 2.08 casos cada mes, cifra que se elevó a 5.16 en 2016, año en que asumió la gubernatura Peralta Sánchez, cuando el número se disparó a 62 homicidios.

En 2017, la incidencia de asesinatos de mujeres se elevó a 75 víctimas, esto es, 6.25 casos promedio por cada mes, mientras que en 2018 el número de mujeres privadas de la vida siguió incrementándose para llegar a 79, o sea, 6.58 casos cada mes.

Pero eso no fue todo, porque el año pasado las víctimas sumaron 92, esto es, un promedio mensual de 7.66 casos, en tanto que 2020 en el periodo de enero a noviembre presenta la proporción más alta de que se tiene memoria, pues el promedio mensual de asesinatos de mujeres es de 8.18 mujeres.

El crecimiento de la incidencia de asesinatos de mujeres no ha parado, por el contrario, ha mostrado una elevación sostenida, a pesar de que el 20 de junio de 2017 se decretó la Alerta de Violencia de Género para cinco municipios de la entidad, medida que hasta ahora no ha dado los resultados esperados.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=18496

COVID-19 ha contagiado al 13.2% del personal de Salud en Oaxaca

Noticias / Nadia Altamirano.

Enfermeras, principales víctimas

Para quienes están en la atención en un área COVID-19, el contagio ha sido sinónimo de resguardo por 14 o 21 días, tiempo en el que después deben reintegrarse a las labores de cuidados de pacientes en estado crítico, como la enfermera Brenda Araceli Narváez Méndez.

“Me contagie en el mes de julio, la sintomatología no fue mucha, cefalea constante que no se quitaba, malestar general y dolor articular, me mandaron 21 días de incapacidad, de resguardo a la casa”, recuerda.

Hablar de ese contagio implica mencionar el miedo que sintió cuando se hizo la prueba y había que esperar el resultado, un miedo que mutó cuando le dijeron que era positiva a SARS-CoV-2, pues no sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo a un virus del que sigue desconociendo mucho.

Ella pudo superar la COVID-19 sin requerir la hospitalización o terapia con oxígeno y volvió a trabajar con un poco de tranquilidad, “porque sé que mi organismo tiene ciertas defensas y que puedo estar atendiendo a los pacientes”.

Aún así sigue usando cubrebocas y cada que ingresa al área COVID del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE utiliza el equipo de protección como si no tuviera un contagio previo.

“El riesgo es constante porque la carga viral a la que estamos expuestas es muchísima, (en el área) tenemos 14 o 16 pacientes de ventilación mecánica, a parte de los que tienen oxigenoterapia por cánula nasal o mascarilla por bolsa reservorio, tenemos mucho cuidado para entrar”, recalca.

Uno de cada 100 fallece

Los Servicios de Salud de Oaxaca reporta que son 27 mil 632 personas que laboran en alguna institución de salud, y son los de esa dependencia los más numerosos con 19 mil 236 trabajadores.

Le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que en Oaxaca tiene 4 mil 598 trabajadores, mientras que el ISSSTE reporta mil 687 personas adscritas a alguna unidad médica.

De ese universo, el 13.2 por ciento del personal de áreas de salud se ha contagiado, siendo principalmente las enfermeras donde se concentra la cifra más alta con mil 401 casos, seguidos de aquellas personas que trabajan en otras áreas como laboratorios, Rayos X, limpieza y que acumulan mil 1178 casos.

El personal médico concentra mil 92 contagios.

En todo el país, al corte del 21 de diciembre, suman 176 mil 320 contagios confirmados entre personal de salud, de los cuales 5 mil 522 están activos, incluyendo 99 en Oaxaca, pero la cifra mayor la tiene la Ciudad de México con mil 277.

Del número total de contagios en el país entre personal de áreas de salud, dos mil 330 perdieron la vida, incluyendo poco más de 50 en Oaxaca.

https://www.nvinoticias.com/nota/170929/covid-19-ha-contagiado-al-132-del-personal-de-salud-en-oaxaca

Estímulo fiscal del 100% por extracción en Corredor del Istmo de Oaxaca

Noticias / Luis Ignacio.

A las personas físicas, morales o unidades económicas sujetas al pago de Impuesto sobre la Extracción de Materiales por Remedición Ambiental, que realicen trabajos de extracción dentro del territorio de los municipios involucrados en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o que la extracción de dichos materiales que se lleve a cabo en otros municipios estén destinados para dicho proyecto, en el ejercicio fiscal 2021, obtendrán un estímulo fiscal del ciento por ciento respecto al impuesto causado.

De acuerdo a la Ley de Ingresos 2021, aprobada por el Congreso, para ser beneficiario del estímulo deberán estar al corriente en el pago de los impuestos estatales, conforme a las leyes fiscales correspondientes.

Permisos de extracción

Así como solicitar el beneficio del estímulo dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente en que ocurran las actividades de extracción de materiales objeto del impuesto, al correo electrónico extracción.materiales@finanzasoaxaca.gob.mx anexando la autorización o permiso de extracción expedido por la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), así como el instrumento jurídico que acredite que la extracción de materiales será destinado al proyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Hecho lo anterior, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado validará la documentación que acredite que efectivamente esté realizando la extracción para el proyecto en mención y notificará la procedencia o improcedencia de su solicitud por la misma vía, dentro de los tres días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente de la presentación de su solicitud.

En el supuesto de haber sido notificada la procedencia de su solicitud, deberá presentar la declaración en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 E de la Ley Estatal de Hacienda, dentro del Sistema de Ingresos de Oaxaca, el cual aplicará en forma automática el estímulo otorgado.

El artículo 69 E de la Ley Estatal de Hacienda, establece que el pago de este impuesto se efectuará mediante declaración bimestral definitiva que deberá ser presentada en los primeros 17 días de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente en que ocurran las actividades de extracción de materiales objeto de la contribución.

https://www.nvinoticias.com/nota/170858/estimulo-fiscal-del-100-por-extraccion-en-corredor-del-istmo-de-oaxaca

CRECEN FEMINICIDIOS CON LA PANDEMIA; CDMX ENFRENTA ESPIRAL DE ABUSO SEXUAL

Ilustraciones: Adán Vega

Especiales Spotlight / EmeEquis

Mujeres y niñas de todo el país padecen aumento de violencia feminicida desde que llegó la Covid-19. Abuso sexual en CDMX, agresiones domésticas en Guerrero, Chihuahua… Las llamadas de auxilio al 911 crecieron 40%.

EMEEQUIS.– “En la Montaña las mujeres no tienen facilidades de hacer llamadas. En muchos poblados no hay señal de teléfono, ni de internet, y a veces ni luz eléctricadebido a las lluvias que además deterioran los caminos de una geografía de por sí accidentada (…) y si una mujer llama para decir que el esposo la está golpeando, llega el comisario o la policía municipal, como la autoridad más cercana, y lo primero que hacen es meterlas a la cárcel para obligarlas a volver con sus parejas”, denuncia la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien lleva 20 años trabajando estos temas en la región.

“Cuando las llamadas de auxilio llegan de zonas como ésta o de La Costa Chica, son casi siempre cuando ocurre un hecho (asesinato)”, acepta en entrevista David Portillo Menchaca, titular de la Secretaría de la Seguridad Pública de Guerrero; esto quiere decir que el feminicidio ya se ha consumado.

Guerrero es uno de los focos rojos en materia de violencia de género y feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que va del año, 4% de los asesinatos de mujeres (suma de feminicidios y homicidios dolosos) han ocurrido en esta entidad.

Las circunstancias en Guerrero no son la excepción. En Chihuahua se ha concentrado 8% de estos asesinatos y en el Estado de México el 11%. De esta manera, en estas tres entidades federativas han ocurrido 1 de cada 4 asesinatos de mujeres cometidos entre enero y octubre de 2020 [1]. En ese mismo periodo, Chihuahua, Estado de México y la Ciudad de México ocupan actualmente el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer durante un año marcado por la pandemia.

TESTIMONIOS, CIFRAS Y ESPECIALISTAS COINCIDEN: CRECE LA VIOLENCIA

Testimonios recabados por Spotlight México muestran que la violencia contra las mujeres ha aumentado durante la pandemia de Covid-19. La investigación realizada por reporteras de Guerrero, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México reflejan las condiciones en que están viviendo muchas mujeres mexicanas.

En el país, las llamadas al 911 han tenido un comportamiento ascendente. Entre enero y octubre suman ya 221,323 llamadas de emergencia asociadas a violencia contra la mujer, es decir, un incremento de 40% respecto al mismo periodo de 2019, año en que se recibieron 158,425 llamadas por este motivo.

Cabe mencionar, que además de las llamadas de violencia contra las mujeres que suman el 1.6% del total de avisos de emergencia, también se registraron las llamadas por violencia familiar (4.3%), violencia de pareja (1.5%),acoso u hostigamiento sexual (0.05%), abuso sexual (0.03%) y violación (0.02%), lo que representa más de un millón de llamadas en este período (1,023,642).

El hecho de que las llamadas por violencia se hayan incrementado de esta manera, pone de manifiesto la gravedad de la situación que enfrentan las mujeres y niñas en un contexto tan crítico y pone el foco sobre la importancia de garantizar mayor disponibilidad de servicios de atención a víctimas.

“Esta violencia extrema contra las mujeres no es nueva”, dice Lucía Melgar, especialista en violencia de género. “Y en una situación de cuarentena tiende a exacerbarse por distintos factores como el encierro, la convivencia forzada, el hacinamiento y la crisis económica. Pero por desgracia, saberlo no ha bastado para prevenir ni para actuar con eficacia para salvar vidas y reducir daños”, comentó.

De acuerdo con distintas feministas, defensoras de derechos humanos, académicas y funcionarias que fueron entrevistadas, para las mujeres que viven con sus agresores el #QuédateEnCasa es un tema de implicaciones mayúsculas porque las mujeres no pueden salir a denunciar, ni hacer llamadas, ya que están en contacto constante con su agresor y sus redes de apoyo son limitadas por la contingencia.

“Actualmente un gran número de casos de violencia contra las mujeres se está escondiendo tras una cifra negra, ya que muchas de ellas no están pudiendo salir a hacer sus denuncias, o los servicios de ayuda no están funcionando como deberían; y en el caso de los feminicidios, éstos se están ocultando tras la cifra de homicidios dolosos”, comenta Melgar.

Aunado a todo ello, en condiciones de encierro, la violencia sexual está aumentando: “Si pensamos en viviendas en las que hay hacinamiento, éstas se convierten en bombas de tiempo; y en este contexto los hombres que son agresivos tienden a serlo aún más en condiciones de estrés y tensiones”, continua Melgar.

En México, el 2020 estará marcado por unas cifras desoladoras: un total de 3,185 mexicanas fueron asesinadas de manera violenta por su condición de género entre enero y octubre alrededor del país; ya sea que se investiguen como feminicidios —801—, ya sea que se investiguen como homicidios dolosos —2,384—.

CDMX: TENER A TU AGRESOR SEXUAL EN EL ENCIERRO

Centros comerciales a oscuras, avenidas de cinco carriles desiertas, bares y restaurantes abaratando su comida.Las jacarandas que cada marzo comienzan a pintar de violeta la Ciudad de México empezaban a quedarse solas. Era el aviso de que el llamado a quedarse en casa iba en serio, y cuando Sofía se dio cuenta de ello, su alarma interior se encendió.

Ella llevaba seis años viviendo con una pareja que la violentaba psicológica y emocionalmente al hacerla sentir menos en cada comentario. Su agresor se drogaba dentro de la casa frente a sus hijos, al grado de que el menor lo imitaba poniéndose un papel en la nariz con su manita. Sofía también vivía violencia económica: sus hijos rara vez tomaban leche o comían huevo. Y también violencia sexual: “Estoy contigo, ahora voltéate y compláceme. Quisiste que me quedara en casa ¿no?; pues ahora bésame, acuéstate. Haz esto y haz lo otro”, le decía su agresor mientras la violaba.

Llegamos a Sofía a través de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y su caso en este encierro, puede ser el de miles de mujeres para quienes la Covid-19 ha sido una doble amenaza.

La violencia sexual en el hogar no es únicamente la posibilidad de una violación, y en una situación de confinamiento, este delito ha tendido a dispararse. “Cuando a una mujer le empiezan a tocar sus partes íntimas, el pecho; a besarlas o a tocarles sus genitales por la fuerza implica un ataque; y, por lo general, esta conducta no se da de forma aislada, sino que ocurre en un contexto de agresión psicoemocional en el que se viene devaluando a la mujer y se minimiza todo lo que hace”, explica Laura Martínez, directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac).

En condiciones de encierro la violencia sexual comenzó a reproducirse, y si en ciertas familias esto ya estaba ocurriendo antes de la pandemia “ahora está peor”, dice Martínez.

“La violación es una de las formas de violencia sexual más extrema, pero puede haber otras de tipo verbal, en las que los hombres insultan a las mujeres con frases como ‘estás muy gorda’, ‘estás muy fea el día de hoy, ¿por qué te arreglaste así?’; y eso también es violencia”, enfatiza Laura Martínez.

La violencia sexual es un fenómeno que viene creciendo en la Ciudad de México en los últimos tres años. De enero a octubre de 2018 se registraron 3,624 carpetas, mientras que en el mismo periodo de este 2020 ya se han acumulado 5,376, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significa un aumento de 48%, casi el doble.

La Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó el 23 de marzo, y la cifra de carpetas de investigación por violencia sexual alcanzó el pico máximo justo ese mes con 854 carpetas.El comportamiento mes con mes ha variado de 354 a 567 mensuales; pero en octubre se registró el segundo pico más alto con 611 carpetas de delitos de tipo sexual que puede incluir abuso, acoso, hostigamiento y violación.

Para la especialista de derechos de género, Lucía Melgar, las cifras podrían ser mucho más altas, ya que factores como el miedo al contagio, la falta de capacidad económica, y el mismo acoso, control y vigilancia contra las mujeres por parte de sus agresores, podrían estar impidiendo que ellas salgan a poner sus denuncias.

“La primera cosa que controla un violentador es la comunicación de las mujeres con el exterior. No solo las apartas de su familia y sus amistades, sino que les puede quitar el teléfono, o revisar la computadora”, agrega Melgar, quien ha sido coordinadora de investigación y proyectos en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colmex.

A finales de marzo, cuando se declaró el inicio de la emergencia sanitaria, Sofía se armó de valor y acudió a uno de los centros de atención de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX llamados Lunas. Ahí pidió ayuda y fue canalizada a un refugio de la propia institución, donde permaneció bajo resguardo, recibió apoyo psicológico y protección junto con sus dos hijos.

Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres, explica en entrevista que existen otros indicadores —más allá del número de denuncias— que pueden estar representando un mayor riesgo para las mujeres que ya vivían en contextos de violencia. En las llamadas Lunas —en las cuales se atienden unos mil casos en promedio cada mes—,se hace un perfil de cada mujer para elaborar un tamizaje de riesgo, que es una evaluación del contexto de la mujer y las manifestaciones de violencia en su relación, con el fin de prevenir el feminicidio. En este se combinan dos elementos: los rasgos de vulnerabilidad de la mujer y el perfil del agresor.

“Un factor de riesgo sería que el perfil del agresor sea el de una corporación policiaca o de seguridad, o practique algún deporte de contacto. Y un factor de vulnerabilidad es que por ejemplo la víctima no tenga empleo. Combinados los dos, damos un nivel de riesgo”, explica la funcionaria.

La dependencia tiene uno de los cinco presupuestos más bajos de todas las secretarías del Gobierno de la CDMX. Este 2020 se aprobó un monto de 226,757,892 pesos; y ahora en medio de la pandemia ha mantenido abiertas 16 Lunas, una en cada alcaldía, de un total de 27 que normalmente funcionan.

El trabajo de las Lunas consiste en ofrecer una atención integral a las mujeres que acuden con el principal objetivo de prevenir el feminicidio. Durante la pandemia, han tratado de hacerlo vía remota, por videollamadas, pero las mujeres que han llegado a las Lunas bajaron de un promedio mensual de mil a 306 en abril. Con el confinamiento, el riesgo feminicida crítico para las mujeres, se detonó de un 8%, registrado en enero, a más del 10% en el periodo de marzo a junio de 2020, según datos de Semujeres.

Sofía permaneció bajo resguardo en un lugar secreto y cuya identidad no revelamos por su seguridad, nos dijo que piensa estudiar y trabajar para tener una autonomía y no depender de un hombre para salir adelante y mantener a sus hijos. —Por Nadia Sanders.

CIUDAD JUÁREZ, DONDE LA OLA DE FEMINICIDIOS NO PARA 

Claudia no se llama Claudia, es necesario cambiarle el nombre para protegerla y escucharla a través de una computadora en la que solo vemos una pantalla negra. Estar aislada en un refugio para mujeres víctimas de violencia es lo más parecido que encuentra al cielo: “un lugar sin humillaciones, sin gritos, sin violación sexual. Nunca pensé estar en un lugar tranquila”, dice.

Que una mujer se sienta “tranquila” —al menos por un tiempo— en una localidad como Ciudad Juárez es como un regalo invaluable, y hay que entenderlo en su contexto. Ciudad Juárez es el único lugar en el mundo donde decenas de cruces de color rosa, que simbolizan mujeres asesinadas, te reciben a la entrada y salida en las casetas de peaje fronterizas. En donde ellas están cansadas de marchar cargando esas mismas cruces rosas para exigir un alto a la ola de feminicidios.

En este lugar, las mujeres de entre 15 y 25 años, como Claudia, son las protagonistas de documentales comoSeñorita extraviada, y Juárez: la ciudad donde las mujeres son desechables; de libros documentales como Huesos en el desierto, o de ficción como 2666. Donde ahora, en plena pandemia por Covid-19, los feminicidios no dan tregua.

Ciudad Juárez es la urbe en la que este 28 de mayo, mientras hacíamos este reportaje, un hombre estranguló a su pareja durante una discusión, la subió a su auto, le puso el cinturón y unas gafas de sol con la idea de deshacerse de su cuerpo. Manejó por la ciudad, y al final decidió acercarse a la policía para entregarse, relatar los hechos y ser arrestado.

Ser mujer en Ciudad Juárez es un riesgo. Ser mujer, migrante, madre de tres niños menores de cinco años, pobre, y sin ninguna red de apoyo, como Claudia, es exponencialmente peligroso.

Los únicos dos albergues de esta ciudad estaban al inicio de la pandemia al máximo de su capacidad, según nos informa la directora del refugio en donde está Claudia, y cuya identidad también se mantiene bajo resguardo.

El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, en el lapso que va de enero a octubre de 2020 se registraron un total de 41,950 equivalentes a 2 mil 188 llamadas por cada 100 mil mujeres, mientras que en el nivel nacional se realizaron 339 llamadas por cada 100 mil mujeres.

También entre enero y octubre, en Chihuahua se realizaron 138 llamadas en promedio al día por este tipo de incidentes, es decir, unas 6 llamadas cada hora. En el país, se registraron 726 llamadas por este tipo de incidentes, equivalentes a 30 llamadas cada hora.

Ante la contingencia sanitaria, la directora del refugio en el que está Claudia nos cuenta que el proceso de ingreso ha tenido que cambiar: ahora, las mujeres, sus hijas e hijos son refugiados en una casa de emergencia durante 15 días en los que su salud es monitoreada por una enfermera para descartar un posible caso de Covid-19. Posteriormente son trasladadas al refugio, donde permanecerán al menos tres meses.

Al interior de las instalaciones se modificaron algunas dinámicas: “Las profesionales que dan talleres de psicología ahora lo hacen por videollamadas, y únicamente personal esencial ingresa a la casa bajo medidas sanitarias estrictas”, relata la directora.

El refugio tiene una capacidad para 11 núcleos familiares, es decir, alrededor de 35 personas, y al momento de la entrevista estaba al 100%; sin embargo, si aumenta el número de peticionarias, podrían canalizarse a otra ciudad a través de la Red Nacional de Refugios.

El segundo refugio de Ciudad Juárez está en manos de Vida Integral para la Mujer A.C. y de acuerdo con la directora Lilia Pacheco, éste tiene una capacidad para 10 núcleos familiares.

Claudia nos cuenta que sufrió una serie de violencias por parte de su esposo en los últimos meses: él controlaba los ingresos que ella aportaba con su trabajo; le prohibía tener amistades y cuando la golpeaba no la dejaba salir en días. El riesgo de un feminicidio estaba en puerta.

El Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez aseguró en su manifiesto del 25-N que “desde que se desató el brote de Covid-19, los nuevos datos e informes que presentamos quienes estamos en la primera línea de atención, revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia dentro de los hogares (…) y que Ciudad Juárez es el segundo municipio con mayores índices de violencia familiar de todo el país”.

La Red Mesa de Mujeres asegura que tiene datos que indican que, de enero a octubre del presente año, 5,102 mujeres han presentado una denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Mujeres Víctimas del Delito (FEM); además hubo 477 denuncias por abuso sexual y 399 por violación.

El pasado 20 de octubre, el Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para sustituir el tipo penal “homicidio doloso por razones de género” (que existía desde 2017) por el término “feminicidio”, siendo así el último estado en incluir este tipo en su código penal.

De acuerdo con el dictamen que aprobó las penas por el delito de feminicidio irán de los 40 a los 70 años de prisión, además de contar con agravantes que pueden incrementarlas.

En la capital del estado, se ubican otros cuatro refugios, pero para todos ellos sobrevivir con los apoyos de la Federación es imposible. Lidia Cordero, directora de la asociación civil Casa Amiga, indica que con las medidas de aislamiento social se están potenciando las expresiones de violencia y menciona que uno de los retos es hacerle llegar información de las líneas de atención y prevención de la violencia a la población más vulnerable de las periferias de la ciudad.

Claudia piensa que el albergue en el que está es lo más parecido al cielo, y es además el primer paso para hacer un cambio sustancial en su vida y sentirse libre. —Por Yubia Ramos.

EDOMEX: LABERINTO EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informa que el Estado de México ocupa el primer lugar con respecto al mayor número de presuntas víctimas de feminicidio a nivel nacional; es decir, 119 víctimas de enero a octubre de 2020. En este mismo periodo, la entidad ocupó la tercera posición con el mayor número de mujeres víctimas de homicidio doloso (222 víctimas).

Valeria está decidida. Hace apenas unos días tuvo una pelea con su marido, quien la corrió de su casa en plena contingencia por Covid-19. Acompañada por su vecina, quien ahora le da refugio, llega al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) de Ecatepec, Estado de México, dispuesta a levantar una denuncia y solicitar una orden de restricción que la proteja.

Son las 5:30 de la tarde del lunes 27 de abril, y Valeria que va con mascarilla, le teme más a cualquier agresión que pueda venir de su marido, que al coronavirus o a la Fase 3 de la emergencia sanitaria, que ese día acumulaba 1,434 defunciones.

Valeria se acerca a la puerta de entrada de la oficina pública y se topa con un primer obstáculo: un letrero escrito a mano que anuncia que el Cejum “está cerrado por motivos de sanitización”, a pesar de transcendidos que aseguraban que estaría abierto para dar atención continua 24 horas y 7 días de la semana, durante la contingencia.

Aún así, Valeria llama a la puerta y una vigilante entreabre para decirle que no hay servicio presencial y, además, durante la contingencia todas las denuncias que no sean de “alto impacto” se deben hacer por teléfono. “Pero ¿qué significa de alto impacto?”, pregunta. “Que hayan sido violadas o que vengan muy golpeadas”, responde la vigilante.

Pero Valeria llegó caminando, sin signos visibles de violencia, así que después de escucharla se aleja confundida. Piensa en sus alternativas, considera ir a otro Cejum, el más cercano se encuentra a unos 40 minutos de camino en auto, pasando por una caseta de cobro, y ella no tiene manera de trasladarse ni dinero. Toma una fotografía del número de teléfono de la Fiscalía, donde le dijeron que puede hacer su denuncia y se va.

Dos días después no ha logrado hacer la denuncia porque en el teléfono no le contestan en los horarios que tiene libres en su trabajo. Un mes y medio después, Valeria dice que no ha podido llamar ni volver al Centro porque ahora tiene que trabajar horas extras. Ha desistido.

En el Estado de México existen cuatro Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), coordinados por la Fiscalía del Estado, que tienen presencia de  agencias del Ministerio Público (MP) e instrumentan medidas y órdenes de protección; brindan asesoría jurídica, atención médica y psicológica, y cursos de empoderamiento, según el modelo establecido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Llegamos al Cejum de Cuautitlán Izcalli, el mismo 27 de abril, y hay una lista de espera con 24 nombres anotados. La vigilante informa que el horario es de 9 a 6 de la tarde, no las 24 horas prometidas. Las mujeres aguardan sentadas en las sillas de una sala improvisada al aire libre y no hablan entre ellas.

Una pareja de padres acompaña a su hija de 16 años a levantar una denuncia en contra de su exnovio por violencia de género, cuentan. Vienen desde Santa Teresa, Huehuetoca, una colonia 24 kilómetros al norte de este centro. Allá, el MP local les dijo que no podía atender el asunto y que a donde debían ir era al Centro para Mujeres en Cuautitlán. Para llegar tomaron dos camiones en un trayecto que les llevó dos horas.

Están ansiosos por iniciar la denuncia para que le den a su hija una orden de restricción en contra del ex, quien la acosa y amenaza incluso ahora que está refugiada en casa de sus padres. Temen por su seguridad y no pueden pedir otro día libre en el trabajo para acompañarla a hacer el trámite, por eso decidieron arriesgarse y romper la instrucción gubernamental de quedarse en casa.

Continuamos el recorrido el 29 de abril en el Cejum de Amecameca, que está vacío. El motivo no es difícil de adivinar, desde el inicio de la fase 3, el gobierno mexicano preveía que el mayor número de contagios se diera a finales de ese mes, pronóstico que claramente no se cumplió, pues las cifras han alcanzado el récord de 10 mil contagios al día, apenas a finales de noviembre. En el Centro, la abogada Graciela Galicia indica que solo están dando atención presencial a denunciantes que requieren de certificación “por ser víctimas de violación o lesiones”.

Y lo mismo sucede en el Cejum de Toluca, al otro lado del Edomex, donde la vigilante nos informa que está funcionando “a medias”, al tiempo que señala una hoja maltratada por el sol y la lluvia con el aviso de que solo se reciben denuncias presenciales de “asuntos de alto impacto”. En resumen, hay que llegar “violada” o “muy golpeada”, como dijo la primera guardia que atendió a Valeria en Ecatepec.

Así operaron los Cejum del Estado de México durante los primeros días de confinamiento y resguardo por el virus SARS-CoV2. Para finales de octubre de 2020, el Edomex era la segunda entidad con el mayor número dellamadas al 911 relacionadas con incidentes violentos contra mujeres, con 36,284. Fue además, una de las 5 entidades con la tasa más alta, rebasando el promedio nacional: si en el país hubo 339 llamadas por cada 100 mil mujeres, en el Estado de México hubo 407.

A esta cifra se suma el número de llamadas a la línea “Sin Violencia” habilitada por las autoridades estatales que en los primeros 18 días de contingencia (20 de marzo al 7 de abril) reportó un aumento del 64% en las llamadas, según sus propios datos. Las solicitudes de información, asesoría jurídica o atención psicológica casi se duplicarony la violencia familiar fue la más recurrente.

Además, organizaciones como la Red Nacional de Refugios reportaron, a nivel nacional, el incremento de solicitudes de apoyo por violencia de género en más del 80%, durante el primer mes de confinamiento.

Por estas razones desde el Sistema de las Naciones Unidas en México ha realizado en articulación con el Gobierno de México esfuerzos por promover acciones en la atención a denuncias telefónicas a través del 911 para ocuparse de la contingencia con perspectiva de género, asimismo, se ha hecho un llamado para financiar, prevenir, responder y recopilar en el marco de la campaña ÚNETE de este año. En ese sentido, el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para Mujeres considera que aún se requiere garantizar el acceso a la atención y protección de todas las mujeres y niñas que requieran los servicios de estos centros.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, cuenta que, durante el primer mes de confinamiento, su organización realizó dos rescates a mujeres y sus hijos en el Edomex, “porque no recibieron la atención debida y a tiempo en los Centros de Justicia para las Mujeres”.

Aparte de los cuatro Cejum, el gobierno estatal anunció, como parte de la estrategia de ayuda la atención en lasPuertas Violetas, un nuevo proyecto multidisciplinario con acceso a servicios integrales jurídicos, de salud y psicológicos, e incluso como vía de acceso a refugios.

El 27 de abril, cuando visitamos la Puerta Violeta, un anuncio de papel pegado en la puerta indicaba que, para prevenir los contagios de la Covid-19, “quedarán suspendidos de manera temporal los servicios de trabajo social, psicología y jurídico, ofrecidos en esta unidad, en el periodo del 24 de marzo al 20 de abril o hasta nuevo aviso”.

Sin embargo, cuando solicitamos la confirmación de esta información, la oficina de comunicación del municipio Nicolás Romero señaló que el anuncio no se refería a la Puerta Violeta. Según Dulce María Patlán Rivero, la Puerta Violeta no ha cerrado durante la contingencia sanitaria, aunque sí restringió su horario de atención presencial del 24 de marzo al 15 de abril, y después de ese periodo volvió al horario continuo 24/7.

Los servicios se quedan cortos respecto las necesidades de las víctimas, pues en caso de ser necesario un refugio se debe llamar a la Línea Sin Violencia. ¿Y si quisiera presentar una denuncia formal? Tendría que hacerse en el MP o en uno de los Cejum, explican los funcionarios. Y así, otra vez el peregrinar de las mujeres en peligro. —Por Celia Guerrero.

GUERRERO: EL ABANDONO DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Un sábado de finales de mayo, Citlali, una joven nahua estudiante de bachillerato, recibió un mensaje en su celular, en el que le decían que fuera a Tlapa a revisar un problema con su número telefónico en un local comercial.

Fue sola de su comunidad hacia la cabecera del municipio más grande de La Montaña de Guerrero, corazón de una región históricamente marginada. Justo cuando se acercaba al establecimiento de telefonía en el centro, un auto la interceptó y dos hombres se la llevaron.

Dos días después, una madre angustiada recibió instrucciones para ir a recoger a su hija al zócalo de Tlapa, acordonado por la pandemia de la Covid-19, que por esos días ya se había cobrado la vida de 16 personas y tenía contagiados a más de 40 habitantes de la Montaña. La madre esperó en las bancas, y su hija no llegó.

Fue hasta el día siguiente cuando Citlali fue liberada en una calle del municipio de Huamuxtitlán, a unos 40 minutos de Tlapa. Su madre supo entonces que fue violada por dos hombres durante su captura, la cual se resolvió, además, con una cantidad de dinero de por medio.

 

Aunque Citlali y su madre buscaron apoyo, el miedo a grupos criminales y la aquiescencia de autoridades locales las hizo abstenerse de poner una denuncia. Por eso su caso no aparecerá en ninguna estadística oficial.

Mientras la línea 911 ha recibido 5,528 peticiones de ayuda de enero al 31 de octubre de 2020, según datos oficiales, pocas son de las regiones con mayor población indígena y afromexicana; pero según datos proporcionados por el gobierno local estas rebasan las 10 mil si sumamos las de abuso sexual, violación y violencia familiar.

De la Costa Chica y de La Montaña “no tenemos tantas llamadas de auxilio al 911, nada más tenemos cuando ocurre un hecho (asesinato)”, nos dice en entrevista David Portillo Menchaca, titular de la Secretaría de la Seguridad Pública. El 40% de las atenciones del 911 han sido de Acapulco; y del 30 a 35% de Chilpancingo, la capital de Guerrero; del total de incidentes, menos de 20% llegará a una denuncia ante el Ministerio Público, estima el funcionario.

El 911 ha sido el programa más visible de la federación y del estado para monitorear la violencia contra las mujeres durante la pandemia y un medio para que las víctimas accedan a servicios de apoyo, pero las mujeres de comunidades indígenas, rurales y colonias urbanas de periferia están totalmente excluidas, señalan activistas y académicas.

Las mujeres indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales o para huir de situaciones de violencia, en particular, la violencia dentro del hogar durante el confinamiento.

“En la Montaña las mujeres no tienen facilidades de hacer llamadas. En muchos poblados no hay señal de teléfono, ni de internet, y a veces ni luz eléctrica debido a las lluvias que además deterioran los caminos de una geografía de por sí accidentada (…) y si una mujer llama para decir que el esposo la está golpeando, llega el comisario o la policía municipal, como la autoridad más cercana, y lo primero que hacen es meterlas a la cárcel para obligarlas a volver con sus parejas”, denuncia la abogada del Centro de Derechos Humanos de la MontañaTlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien lleva 20 años trabajando estos temas en la región.

Cuando las mujeres se sienten en riesgo, acuden a la comisaría, a la sindicatura o a las instancias de la Mujer, donde no las protegen, asegura Neil Arias, quien tiene documentados 42 casos de violencias contra mujeres y niñas, la mayor parte de finales de marzo a octubre, en el periodo de confinamiento. Incluye  tres desapariciones y 20 asesinatos en Tlapa, Cochoapa, Zapotitlán, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Atlamajalcingo, José Joaquín de Herrera y Olinalá.

Precisamente ONU Mujeres indica que las medidas de restricción significan mayores  obstáculos para acceder a servicios esenciales por parte de mujeres y jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación.

Para Viridiana Gutiérrez Sotelo, representante del Observatorio de Violencias de Género en Guerrero, yRosa María Gómez Saavedra, exsecretaria de la Mujer, académica y feminista, es importante que funcionarias de primer contacto estén capacitadas para recibir denuncias con eficiencia, para dar certidumbre a las mujeres, saber cómo ayudarlas y a dónde referirlas, y que la atención sea eficaz. —Por Lourdes Chávez.

* Este texto fue elaborado como parte del trabajo de la Iniciativa de la ONU y la Unión Europea “Spotlight en México”. Las opiniones expresadas son exclusiva responsabilidad del equipo de periodistas y no necesariamente representan la opinión de las instituciones que forman parte de la Iniciativa Spotlight. Coordinación y edición: Karla Casillas Bermúdez. Asesor periodístico: Salvador Frausto. Ilustraciones: Adán Vega.

[1] De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 23% o 727 de los 3185 asesinatos (suma de presuntas víctimas de feminicidio y homicidio doloso) ocurrieron en Guerrero, Edomex y Chihuahua.

https://www.m-x.com.mx/investigaciones/crecen-feminicidios-con-la-pandemia-cdmx-enfrenta-espiral-de-abuso-sexual

Despilfarra Toluca recursos de alerta de género en autos y mobiliario (Estado de México)

Imagenes tomadas de: ADNoticias

Victor Castillo / ADNoticias

117 mil en 5 escritorios entre los gastos hechos por el municipio, durante los últimos 2 años al menos 16 mujeres han sido víctimas de feminicidio

En el 2019, previo a la creación del Instituto Municipal de la Mujer Toluca, la Dirección General de Bienestar Social del Ayuntamiento de Toluca ejerció 3 millones 29 mil 856 pesos con 50 centavos para la mitigación de la violencia en contra de la mujer de los que 117 mil 58 pesos con 58 centavos fueron destinados a la compra de 5 escritorio, 23 mil 400 por cada uno.

De acuerdo al oficio 200F10000/686/2020 obtenido mediante transparencia el mobiliario mencionado fue destinado al Grupo Especializado de Atención de la Violencia Familiar y de Género (GEAVFyG), además se adquirieron 5 lockers de 3 puertas por 26 mil 100 pesos, 10 sillas secretariales por 30 mil 255 pesos, dos vehículos Urvan por 414 mil 697 pesos con 41 centavos y equipo de computo por 163 mil 540.18 pesos.

En este año también se emitieron al menos 23 facturas por productos y servicios como renta de audio, compra de papelería, adornos florales, canastas de dulces, playeras por más de 250 mil pesos.

Referente a la capacitación (talleres y cursos) el ayuntamiento celebró un contrato con la empresa Núcleo INN por un monto de 916 mil 110 pesos, los temas abordados fueron Como enfrentar la violencia contra las mujeres, roles sexuales y violencia, teoría de la violencia familiar y etiológica, estrategias de proximidad y monitoreo policial, prevención del delito etc.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre el 2019 y lo que va del 2020 se han cometido en Toluca 16 feminicidios, una cuarta parte de ellos ocurrieron en noviembre pasado, siendo el mes con más casos registrados.

Otros delitos que aquejan principalmente a las mujeres han registrado cifras históricas durante lo que va del 2020, hasta noviembre Toluca sumó 228 denuncias por acoso sexual, 60 por violación simple y 150 por violencia de género.

La violencia familiar también ha presentado un incremento considerable atribuible a las medidas de confinamiento ordenadas por el gobierno federal, en promedio se realizaron 3.5 denuncias por este delito al día durante los primeros 11 meses del año.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas 6 de cada 10 feminicidios ocurren dentro del hogar de la víctima a manos de su pareja o algún familiar.

¿Qué es la alerta de género?

La Secretaría de Gobernación define a la alerta de género como un mecanismo de protección de emergencia que busca mitigar la violencia en contra de las mujeres en un territorio determinado.

En 2015 en el Estado de México 11 municipios obtuvieron la alerta entre ellos Toluca, para 2019 se decretó una segunda alerta de género, esta vez para 7 municipios, Toluca también declaró esta segunda alerta, sin embargo, los esfuerzos no se han traducido en una disminución de la violencia feminicida.

Durante el 2019 y lo que va del 2020 en Toluca se han cometido 16 feminicidios de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del triple que durante los años 2015 (año en el que fue declarada la primera alerta de género) y el 2016, que sumaron 5 feminicidios.

Para el ejercicio fiscal 2020 el ayuntamiento de Toluca informó que existen dos proyectos para el ejercicio de recursos para mitigar la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio y Desaparición por un monto de 9 millones 734 mil 923 pesos y 1 millón 911 mil 624 pesos con 82 centavos, sin embargo, la dependencia aclaró que los procedimientos de adquisición no han sido finalizados al no estar aprobados por el Gobierno del Estado de México.

https://adnoticias.mx/despilfarra-toluca-recursos-de-alerta-de-genero-en-autos-y-mobiliario/

VACUNA COVID-19 PARA UNOS CUANTOS, DENUNCIAN MÉDICOS

Foto tomada de: Reporte Índigo

Ernesto Santillán / Reporte Índigo

Médicos del Hospital General de México denunciaron no ser una prioridad para recibir la vacuna de COVID-19, a pesar de estar en la primera línea de batalla

Médicos residentes del Hospital General de México denunciaron a través de redes sociales no ser una prioridad en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, a pesar de estar en la primera línea de batalla contra la enfermedad.

“Es pura lógica señores directivos, nos tienen en primera línea y no somos su prioridad devacunación, tremenda tontería e irresponsabilidad”, acusaron.

Ante esta situación, el Hospital General de México emitió una respuesta oficial en la que explican que se utilizaron diversos criterios para la aplicación de las vacunas y se les pide ser “prudentes y perseverantes dado que es un proceso y éste se aplicará conforme se tenga disponibilidad de la vacuna”.

“Conforme haya existencia de la vacuna serán informados y anunciados de su cita para la aplicación”.

De manera inmediata, los médicos residentes de medicina interna dieron una respuesta en la que aseguran que los criterios mencionados en la carta no fueron aplicados.

“Esta es una respuesta absurda de la sociedad de residentes del HGM. Todos en el hospital sabemos que no se usaron criterios específicos y se vacunó a personal que no cumplía lo mencionado. Falta de empatía es que no respalden nuestro servicio.

“Se exige algo coherente, vacunación al personal que atiende COVID 19 (personal médico y no médico) personal de torre Cardioneumo, terapias intensivas, torre quirúrgica (área COVID) y a todos los residentes y personal INSABI que nos apoyan en zonas verdes”.

https://www.reporteindigo.com/reporte/vacuna-covid-19-para-unos-cuantos-denuncian-medicos/

Detienen a policías por muerte de un detenido en Tecoh, Yucatán

Rosa Santana / Proceso

MÉRIDA, Yuc. (proceso.com.mx).- Cuatro policías del municipio de Tecoh, en Yucatán, fueron imputados por el delito de homicidio calificado de una persona que estaba bajo su custodia.

El hecho ocurrió la noche del 24 de diciembre cuando los agentes ahora imputados acudieron a atender un reporte de la comisaría de Xcanchakan debido a que el ahora occiso, identificado con las iniciales J.L.C.Y, estaba escandalizando.

Durante el traslado a la cárcel pública se suscitaron los hechos sujetos a investigación en relación a la muerte del detenido a consecuencia de una asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas (broncoaspiración), de acuerdo con el dictamen del Servicio Médico Forense.

Después de la imputación, el Juez de Control accedió a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso penal.

Dado que la defensa de los policías imputados, identificados con las iniciales M.A.C.CH., A.CH.M., J.A.F.M. y E.F.U.CH., solicitó la duplicidad del término, la audiencia de vinculación quedó programada para el próximo 31 de diciembre.
Otro caso en Progreso

Apenas el pasado 11 de noviembre, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvieron y pusieron a disposición de un juez de control a otros cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos al municipio de Progreso, implicados en el homicidio calificado de Salvador Osmar López Escamilla.

La madrugada del 3 de noviembre, el hombre de 31 años de edad fue detenido por posesión de dos dosis de droga en un puesto de control de la SSP instalado en el tramo carretero Chicxulub-Telchac, en el municipio de Progreso.

De acuerdo con la necropsia, la víctima fue estrangulada.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/12/27/detienen-policias-por-muerte-de-un-detenido-en-tecoh-yucatan-255222.html

Acusan contubernio de Municipio con empresa minera (Zacatecas)

Foto: NTR Zacatecas

MIRIAM SERRANO / NTRZACATECAS.COM, 26 de diciembre de 2020

MAZAPIL. Roberto de la Rosa Dávila, líder comunitario de Salaverna, denunció que existe contubernio entre el presidente municipal, Gregorio Macías Zúñiga, y directivos de la empresa minera Frisco-Tayahua, de Carlos Slim, al violar los derechos humanos de los habitantes del municipio.

De la Rosa Dávila declaró a NTR que el 16 de diciembre el alcalde autorizó el acceso de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la comunidad, donde se encuentra la minera, para realizar trabajos de conexión.

Sin embargo, el líder comunitario señaló que estos trabajos son a favor de la empresa y no de la población de Mazapil, como el presidente municipal pretende hacer creer, afirmó.

Sostuvo que, desde que la CFE inició con esta encomienda, elementos de seguridad pública del municipio tienen la indicación de no permitir ninguna manifestación de los habitantes, pues, de hacerlo, están autorizados para detenerlos, lo que consideró como un acto arbitrario de abuso de autoridad.

Asimismo, comentó que, con las reiteradas explosiones de la mina, los postes de luz que instalan se mueven y esto puede provocar algún accidente, incluso dejar al municipio sin el servicio.

Expuso que sigue en la lucha para evitar que la empresa minera logre su intención de realizar un cambio de uso de suelo, pues la mina, que explota de forma subterránea, pretende hacerlo de tajo a cielo abierto.

Asimismo, precisó que aún está vigente la disputa por los terrenos en los que se encuentra asentada la mina, ya que, de acuerdo al declarante, esta empresa no cuenta con el título de propiedad de los mismos.

El Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas publicó en sus redes sociales esta problemática, por lo que exige el respeto a los derechos humanos, toda vez que la empresa minera presuntamente violó los acuerdos realizados el 22 de mayo, en los que se estableció que la empresa minera no realizaría ninguna actividad por no tener las escrituras de los terrenos, por lo tanto, cualquier actividad de la misma la consideran ilegal.

Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que se garantice la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y de la comunidad.

http://ntrzacatecas.com/2020/12/26/acusan-contubernio-de-municipio-con-empresa-minera/