El Tren Maya ha despertado la oposición de un sector de los pueblos originarios mexicanos, como el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno al anunciar un “combate contra los megaproyectos” del presidente.
México, 6 feb (EFE).- El Tren Maya, el principal proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, ofrece un viaje al desarrollo pero también despierta críticas entre expertos y pueblos originarios por el temor a una mayor explotación medioambiental y laboral.
El Tren Maya, cuya construcción comenzó en junio de 2020, recorrerá a partir de 2023 cerca de mil 554 kilómetros en siete tramos con 19 estaciones para transporte de pasajeros locales, turistas y carga en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El Gobierno estima una inversión total de más de 6 mil 294 millones de dólares para la obra, de los que este año se ejecutarán 41 mil 852 millones de pesos (más de 2.092 millones de dólares) y la creación de 80 mil empleos con la construcción de los primeros cinco tramos.
A este estimado, se añadirían 715 mil nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150 mil empleos asociados en la economía rural, para totalizar casi un millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).
La citada entidad del sistema de las Naciones Unidas también anticipó un incremento del 28 por ciento de la población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas empleadas serán de comunidades indígenas.
“Para el Gobierno es progreso, es desarrollo y eso significa más trabajos y más urbanización. Para nosotros como mayas eso implica que otra vez nos ven como mano de obra barata, implica especulación de la tierra y, por lo tanto, despojo”, expresó este sábado a Efe Alberto Velázquez, de la asociación civil Indignación.
Velázquez cuestiona la calidad de los trabajos que tendrán los pobladores originarios: “Van a ser los que limpien los hoteles, los restaurantes, meseros. Van a ser básicamente, como dicen los compañeros, la gente que va a limpiar la mierda de los turistas”, afirmó el antropólogo de origen maya.
OPOSICIÓN ORIGINARIA
El Tren Maya ha despertado la oposición de un sector de los pueblos originarios mexicanos, como el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno al anunciar un “combate contra los megaproyectos” del presidente.
“Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación (de México) pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso”, denunciaron.
Aunque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), creado por López Obrador, avaló la consulta pública, asociaciones civiles han conseguido recursos legales contra nuevas obras en tramos de Campeche y Yucatán por argumentar que las manifestaciones de impacto no estaban listas.
“Hubo bastantes deficiencias. ¿En qué sentido? Para empezar, el proceso de consulta para nada ha sido acordado con los pueblos, fue unilateralmente el Gobierno diciendo en qué fecha, en qué lugares, en qué tiempos, en qué modo”, aseguró el miembro de Indignación, que obtuvo uno de los amparos.
MILITARIZACIÓN DE FRONTERAS
La obra del Tren Maya también ha despertado críticas porque las Fuerzas Armadas construirán los tramos 6 y 7, además de crear una empresa para operar tres tramos que irán de Tulum, estado de Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas.
A nivel geopolítico esto es “extremadamente preocupante”, expuso a Efe el investigador Sergio Prieto, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
“Parece un intento desesperado por seguir adelante, por seguir avanzando en un proyecto que debería estar mucho más pensado y más consensuado con las poblaciones de la región”, indicó el experto en megaproyectos, migración y territorio.
El académico observó que la presencia del Ejército podría intimidar a los pueblos originarios que se oponen a la obra.
También señaló que se enmarca en el contexto de la movilización de la Guardia Nacional, un cuerpo policial-militar creado por López Obrador, para la detención de centroamericanos.
“Hay una relación entre la multiplicación de estos grandes megaproyectos y las políticas de detención y control de migrantes en la frontera sur”, señaló Prieto, quien considera que el tren “extiende las fronteras de influencia de México”.
Pero Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), institución encargada del proyecto, defiende la participación de los militares por su eficiencia en la ejecución de obras, la soberanía y la seguridad nacional.
“Lo que el presidente quiere es darle una parte también, hay una zona que es muy caliente, que es la que está pegada a la frontera con Guatemala, en esa zona hay mucho narco, hay mucho tráfico de personas, de ganado, de armas”, indicó en entrevista con Efe.
EL ROSTRO HUMANO
Con la llegada del Tren Maya, en 2030 habrá 17.3 millones de habitantes en la región sureste, cerca de 13 de cada 100 personas a nivel nacional, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 2 por ciento adicional a la esperada, estima Fonatur.
La obra “sacará de la situación de pobreza” a 1.1 millones de mexicanos en el sureste, una disminución de 15 % para 2030, según ONU-Hábitat.
Pero el investigador de Ecosur advirtió dos dinámicas: la expulsión y desplazamiento de comunidades de la zona, y la atracción y sustitución de poblaciones con empresarios y personas que buscan empleo.
Por ello, Prieto consideró la obra como un proyecto “neoextractivista con rostro humano”.
“El rostro humano ha sido revestir la lógica de estos proyectos contemporáneos con un aire de proyectos sostenibles, verdes, inofensivos para el medioambiente, justamente vinculándolo no tanto a un desarrollo de la economía del país, sino del bienestar de las personas”, detalló.
REORDENAMIENTO URBANO
El Tren Maya realizará un reordenamiento territorial de los centros urbanos, pero no se sabe “si para bien o para mal”, comentó Gerardo García-Gill, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y miembro de la asociación de urbanismo MetrópoliMID.
“El Tren Maya es un proyecto sin proyecto en realidad, y se va construyendo de la manera en que ellos van entendiendo y comprendiendo cosas, pero se modifican rutas, estaciones, prácticamente todo se ha modificado con respecto a un planeamiento inicial”, afirmó.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha denunciado que “propiciará la degradación, deforestación y fragmentación” de 23 Áreas Naturales Protegidas (ANP), de siete regiones terrestres y 11 hidrológicas prioritarias.
Agrupaciones indígenas han advertido “graves riesgos” para 7 mil 274 sitios arqueológicos en los alrededores del trazo, de los que 1.288 están a menos de 10 kilómetros de distancia de las vías.
Fonatur ha argumentado que el deterioro ambiental y patrimonial ocurre por la marginación y la corrupción, por lo que la inversión frenará estos efectos.
También ha manifestado que la mayoría de las vías ya existen, lo que aminora el impacto ambiental, aunque García-Gill observó que muchas de ellas tienen 100 años, por lo que están preparadas para trenes de 40 kilómetros por hora, no de 160.
“Es una falacia pensar que se podían ocupar las vías que ya existían para ese tren porque estamos hablando de un tren totalmente distinto con otras velocidades, otra tecnología. Sin embargo, así fue como fueron posicionado este proyecto”, dijo.
En plena contingencia los dejó sin servicios médicos y sin el pago de prestaciones económicas
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Viernes 06 de febrero del 2021. Autoridades educativas sin corazón en plena contingencia del Covid-19 incumplen con el pago de prestaciones a personal de contrato de la Universidad Tecnológica (UT) y encima de todo, los dejaron sin servicio médico durante el periodo vacacional.
Al ser tratados prácticamente como de tercera, un grupo de trabajadores de confianza, no les quedó más remedio que manifestarse en la instalaciones de la institución para exigir sus derechos laborales acompañados por la líder sindical, Carmen Soledad Ibarra Castillón.
Y es que sin decir agua va, dejaron de pagar algunas prestaciones económicas a los trabajadores de contrato de la UT como las denominadas “despensa y material didáctico”, lo cual ya se les hizo costumbre porque cada año, sucede lo mismo.
Para este viernes se programó una reunión entre la dirigencia sindical y las autoridades educativas pero como no llegaban y ante la falta de compromiso y seriedad, el personal de confianza se manifestó exigiéndoles a los directivos de la UT que den la cara pero como siempre, trataron de “persuadir” para que no reclamaran sus derechos.
Al observar la inconformidad, los directivos de la UT se dieron su paquete y los tuvieron haciendo antesala por varias horas, sin importar la emergencia sanitaria que existe.
Cabe destacar que sólo se presentaron los trabajadores que no pertenecen al grupo vulnerable, se trata de personal de contrato mismo que no ha sido renovado y que durante el periodo vacacional no tuvo seguro médico
“Es parte de lo que ellos necesitan, el complemento del salario para poder comprar sus medicamentos”, afirmó Ibarra Castillón.
Una trabajadora de Tototlán fue hostigada por un funcionario y el alcalde de dicho municipio
Elizabeth Ríos / El Occidental
Porque conductas como las manifestadas no hacen más que poner en riesgo a niñas y mujeres, diversos organismos y colectivos feministas exigieron justicia y reparación del año a la trabajadora del Ayuntamiento de Tototlán, que fue víctima de acoso y hostigamiento por un funcionario de la administración y del alcalde Sergio Quezada Mendoza.
A través de un comunicado en conjunto, organismos firmantes como G10 x Jalisco, Cladem o Mujeres por la Justicia Social, lo pidieron así, y como medida preventiva solicitaron se separe del cargo a Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias que acosó inicialmente a la empleada, a fin de que se inicien los procesos de responsabilidad en su contra.
Hace días se dio a conocer que una servidora del ayuntamiento denunció a este último funcionario por acoso, solo para terminar nuevamente hostigada pero por el propio alcalde.
“La presencia de funcionarios (como estos) en la administración pública, es un peligro y un riesgo, por lo que se hace urgente y necesario se inicien los procedimientos correspondientes para la separación de sus cargos y de cara al proceso electoral en que nos encontramos, no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular ni en la administración pública municipal, ni en otro nivel de gobierno”, expresaron.
Por ello, exigieron de manera directa al gobernador Enrique Alfaro una investigación puntual del accionar de la Fiscalía General del Estado, en particular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres y en su caso iniciar los procesos correspondientes, porque no avanzaron las denuncias que la trabajadora empleó desde marzo del 2020.
También, demandaron a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) dar acompañamiento a la víctima, con emisión de órdenes de protección necesarias para garantizar su seguridad e integridad; así como arrancar con las investigaciones respecto del actuar de la Contraloría Interna y la Unidad de Género del ayuntamiento, y se lleven acciones de responsabilidad contra todos los funcionarios que fueron omisos.
“Finalmente, solicitamos a las autoridades competentes en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, inicien los procedimientos de sanción de manera oficiosa, especialmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC)”.
Reconocieron el actuar de las trabajadoras del Ayuntamiento de Tototlán por hacer la denuncia pública e impedir que este tipo de conductas se sigan fomentando, por lo cual reiteraron su apoyo a niñas y mujeres en general en todo proceso de denuncia en contra de agresores.
El Sistema de Información de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Aguadas y Graves) reportó que ayer cuatro hospitales que atienden Covid-19 estaban completamente saturados en sus camas con ventilador.
Se trató del Hospital General Regional (HGR) 45 y el Hospital de Especialidades Oblatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el Real San José y el Comunitario de Jocotepec. Adicionalmente, los hospitales 46, 14 y 7 del IMSS, además de los regionales de Autlán y Lagos de Moreno estuvieron en números rojos al reportar más de 70 por ciento de ocupación.
Esto último provocó que los hospitales 46 y el Hospital de Especialidades Oblatos del IMSS saturaran a cien por ciento sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al igual que el Real San José. Además, el Ángel Leaño, el Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 180 de Tlajomulco del IMSS, estuvieron arriba de 70 por ciento de ocupación UCI.
Mientras tanto, solo uno reportó una ocupación de cien por ciento en camas generales, eso significó un avance en disponibilidad en comparación al resto de la semana cuando entre tres a seis hospitales estaban completamente llenos.
En este caso, solo Enfermería Militar de Zapopan estuvo al cien por ciento. Sin embargo, 14 más estuvieron por encima de 70 por ciento de ocupación entre ellos el Real San José con 93 por ciento.
De los hospitales con más reconversión de camas, el 46 del IMSS fue el más saturado con 64 por ciento, seguido del Valentín Gómez Farías del ISSSTE con 62 por ciento, el 110 de Oblatos del IMSS con 55 por ciento, el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) Fray Antonio Alcalde con 54 por ciento, el Ángel Leaño con 29 %, el Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca con 24 por ciento, y el Hospital General de Occidente con 12 por ciento.
Texto y fotos: Ricardo Hernández Ruiz / Pie de Página
Intelligencia México es negocio familiar de Carlos Canabal, ex alcalde de Cancún e implicado en la Estafa Maestra. Desde hace tres años maneja los desechos sólidos de la ciudad y desde entonces la ciudad está inmersa en basura. Pero en diciembre del año pasado, la cosa escaló y dio un giro insólito en tribunales…
CANCÚN.- Intelligencia México es negocio familiar de Carlos Canabal, ex alcalde de Cancún y beneficiado de la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra. En 2017 consiguió irregularmente el contrato para la recolección y traslado de los residuos sólidos generados en este destino turístico. A tres años, el saldo es una ciudad sumergida en basura.
Pero a finales del año pasado el problema escaló a niveles insólitos. Por ejemplo, en solo una de las más de 100 montoneras desperdigadas en la capital turística de México se habían acumulado 800 toneladas de basura. Además se sumaban otros 50 basureros clandestinos.
La empresa estaba obligada a recolectar la totalidad de las mil 400 toneladas de basura generadas a diario en el municipio; ello a través de al menos 60 camiones. Pero sólo se hacía cargo de 368 toneladas con apenas 23 camiones. Esto, de acuerdo con datos de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).
El Ayuntamiento trata de poner orden
Ante tal panorama, el Cabildo del Ayuntamiento de Cancún aprobó el pasado 14 de diciembre la intervención total y temporal del servicio a cargo de Intelligencia México, suspender pagos, realizar una auditoría y contratar a una nueva empresa.
Inconforme, la empresa familiar del político presentó el 29 de diciembre un amparo (288/2020), radicado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún. Con esto consiguió la suspensión temporal de la intervención. Así que retomó trabajos y continuará cobrando en tanto termina el juicio; eso sí, no sin antes desembolsar 100 mil pesos como garantía.
Para conseguir la suspensión definitiva tendrá que demostrar que está en condiciones de retomar el servicio, algo que se presupone imposible.
Contrato irregular a empresa inexperta
El contrato adjudicado a la empresa de Canabal fue irregular desde el inicio. Originalmente, en junio de 2017, la ganadora de la licitación pública había sido Proactiva Medio Ambiente (Setasa). Pero el Ayuntamiento, encabezado entonces por Remberto Estreada (PVEM), aceptó ceder a la empresa del ex alcalde los derechos del fallo, según consta en el contrato firmado entre las partes. Esto nunca pasó por el cabildo municipal.
Cabe apuntar que, un mes antes de la firma del contrato, la empresa celebró una asamblea para integrar a Elvia Guadalupe Ruiz Ávila, madre de Carlos Canabal, y nombrarla presidenta del consejo de administración.
Además de inexperta, la empresa no contaba con la capacidad económica ni de infraestructura necesaria. De hecho, para hacerse cargo tuvo que solicitar un préstamo y el arrendamiento de 68 camiones; estas deudas no las ha pagado. Actualmente debe más de 270 millones de pesos a dos sociedades financieras, según documentos notariales en poder de Pie de Página.
“Como no era su área, como no tenía ni un camión de basura, recurrió a préstamos millonarios y arrendamientos de camiones que no ha apagado”, dijo una fuente conocedora del caso que solicitó el anonimato.
Embargos y huelgas
El 14 de diciembre, el mismo día en que se aprobó en Cancún la intervención de la empresa, en Ciudad de México se realizaba una diligencia en las oficinas de la empresa. Las autoridades requerían el cobro de uno de los préstamos, de más de 36.7 millones de pesos. Un día después, en otra diligencia en el mismo lugar, la segunda sociedad financiera exigía el pago de los otros 234 millones de pesos por el arrendamiento de los camiones recolectores, y notificaban la rescisión del contrato por incumplimiento de pago.
El 28 de diciembre se realizó una nueva diligencia, ésta en el predio donde resguardan los camiones en Cancún, aunque también sin éxito, pues nunca dieron con los representantes legales.
A las irregularidades se suma que desde hace meses, Intelligencia México despidió a varios de sus 420 trabajadores y a otros más no les ha pagado salarios ni prestaciones; por ello, desde octubre pasado más de 100 empleados se fueron a huelga; y seis trabajadores alistan una demanda colectiva, según Gabriel Zavalegui, su representante sindical.
Además, del 6 al 13 de enero algunas personas, supuestamente trabajadores de la empresa de Canabal, quien también es dueño de un medio de comunicación local, cerraron la entrada principal del relleno sanitario para impedir que la nueva empresa contratada por el municipio descargara los residuos y exigir su reinstalación, por lo que la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa 385/2021.
Desde el pasado enero, y para suplir a Intelligencia las autoridades municipales contrataron a la empresa regiomontana Red Recolector, con presencia en otros 13 municipios del país. Pero, por el doble de precio acordado con Intelligencia México: 730 pesos por tonelada, lo cual ha desatado polémica. Este contrato estaría vigente por ocho meses.
Enero 2020: buscaban ampliar negocio
A través de la modificación de la Ley de Hacienda para el Ejercicio 2020, el municipio pretendía imponer nuevos cobros por la recolección de basura a más de 20 mil negocios.
De nueva cuenta la familia Canabal sería beneficiada; ahora a través la empresa Eco’ox, propiedad de la madre de Canabal, y quien por entonces era consejera de la presidenta municipal «Mara» Lezama, de Morena.
Eco’ox instalaría contenedores inteligentes, y cobraría, dependiendo la cantidad de residuos que desecharan directamente los usuarios. Esto violaría la Ley de Ingresos local, que establece como competencia exclusiva del municipio el cobro por servicios públicos.
El sector hotelero y empresarial, se inconformó; más de 30 cámaras, defendidas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, empujaron un amparo. Fue así que se echó por tierra la propuesta.
Perla, turismo y basura del caribe mexicano
Ha sido tanto el crecimiento poblacional y turístico de Cancún y tan errática la actuación de las autoridades que los servicios municipales más básicos como el manejo de los residuos sólidos y líquidos urbanos han quedado rebasados.
Lo anterior es el posicionamiento del Colegio de Biólogos de Quintana Roo en lo que será el primer diagnóstico integral sobre el tema, aún inédito y adelantado a este medio.
Los residuos recolectados en el municipio van a dar al relleno sanitario, ubicado en la periferia. Este se encuentra en operación desde 2007 y la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual lo gestiona. Está integrado por tres celdas de confinamiento final de los residuos y dos lagunas de lixiviados.
Tanto las celdas como las lagunas, afirma Sofía Gómez, presidente del Colegio de Biólogos, están a punto de rebosar.
Contaminación al agua subterránea
Cada contenedor de lixiviados –líquidos percolados a través de los residuos– ha alcanzado los 5 mil metros cúbicos; han rebasado su límite máximo de nivel de alerta, que es de 4 mil 629 metros cúbicos.
“Cuando llueve, las lagunas de lixiviados se desbordan. Y no hablamos de una lluvia torrencial, sino de casi cualquier lluvia”, dice Gómez.
El vertimiento de lixiviados está causando daños ambientales significativos y aún sin calcular. Las autoridades y empresas han negado información sobre la calidad del agua subterránea del lugar, afirma la bióloga.
Lo mismo pasa con el relleno sanitario, que está a punto de ser obsoleto, pues su vida útil expiró el año pasado.
Nuevos basureros
El municipio invertirá este año 10 millones de pesos para construir una nueva celda, de acuerdo con Ricardo Archundia, titular de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
El trabajo diagnóstico fue coordinado por el Consejo Consultivo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Cancún, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y el Colegio de Biólogos.
Cada habitante en el estado, apuntan en el documento, genera 1.24 kilos al día, superior a los 0.81 de la media nacional. Y Cancún, con sus residentes pero también con sus más de 7 millones de turistas que cada año la visitan, es el municipio de Quintana Roo que más residuos genera: un promedio de mil 400 toneladas al día.
La cifra es reportada por la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos, sin embargo, no refleja fielmente la realidad.
Y es que en las últimas décadas en Cancún han proliferado los asentamientos irregulares, sin derecho a servicios municipales como drenaje o recolecta de basura.
Hay cerca de 88 mil personas que habitan colonias irregulares en Cancún y la zona conurbada; son el 10 por ciento de la población total. Esto, según estimaciones realizadas por Christine McCoy, investigadora de la Universidad del Caribe. Este grupo no tiene acceso a un servicio de recolección de basura, lo que fomenta el surgimiento de tiraderos clandestinos y genera problemas socioambientales.
“Entonces, la cifra real de cuánta basura se genera en el municipio no la conocemos”, dice Gómez. “Se puede decir que los asentamientos irregulares son el problema principal y más grave”.
Otro de los problemas es que los residuos peligrosos como pinturas, solventes, grasas y aceites, así como residuos biológico-infecciosos no cuentan con un sistema de recolección específico a nivel doméstico; lo que la mayoría es dispuesta como residuos sólidos urbanos, generando problemas de contaminación del suelo y del agua.
El Colegio propuso impulsar la separación de residuos desde la fuente, principalmente a nivel doméstico; generar conciencia en la población sobre la importancia de esto; generar incentivos y simplificar trámites para facilitar la operación de las empresas recolectoras de residuos revalorizables en la zona metropolitana de Cancún.
Además, exhortan a prever y fomentar la instalación de industrias que implementen biotecnologías para aprovechar los residuos en la generación de energía y a implementar un sistema de información a la población sobre días, horarios y condiciones de recepción de cada tipo de residuo.
Sin control, desecho de aguas azules
No existe ningún control ni regulación sobre el destino final de las contaminantes aguas azules, producto de las letrinas portátiles y sistemas similares que funcionan con sustancias químicas que degradan los desechos orgánicos y son utilizadas en obras de construcción en el estado, advirtió el Colegio.
La industria de la construcción en Quintana Roo es una de las más activas del país. Tan solo en 2020, a pesar de la pandemia, en Cancún se construyeron 7 mil cuartos nuevos de hotel, según la Secretaría de Turismo.
Aunque en estas obras es común el uso de letrinas portátiles no se ha implementado una regulación al respecto.
“Ninguna instancia de las consultadas lleva registro del destino final de las aguas azules. Se sabe que algunas empresas de transporte de aguas azules las vierten en caminos o brechas”.
“Es evidente que la disposición desconocida de aguas azules sin tratamiento es un grave daño ambiental no atendido, ya que estas aguas, por requerir un proceso diferente, no pueden ser tratadas por las plantas que operan en la zona”, apuntan los autores del diagnóstico.
Además, no hay instancia alguna que lleve el registro y control de los prestadores de servicios encargados de la colecta, manejo y disposición de las aguas azules.
“Esto genera un vacío de actuación y regulación por parte de la autoridad que favorece, por omisión, la contaminación del suelo, subsuelo y aguas subterráneas, sin mencionar el impacto negativo sobre la vegetación, la fauna y la calidad del paisaje. Esto no es un problema menor”, si se considera la intensa actividad del sector constructivo, principal usuario de letrinas portátiles generadoras de aguas azules”, remachan.
Colima, México, Avanzada (05/02/2021).- La Fiscalía General del Estado no actualiza la información sobre los desaparecidos en Colima y los datos que están disponibles en el portal de internet no coinciden con la información que ha difundido la federación.
Además, en la base de datos del estado, misma que está disponible al público en la página de internet de la Fiscalía, aparecen como desaparecidas algunas personas que ya fueron localizadas.
Por ejemplo en la base de datos de la Fiscalía permanece como desaparecida Zulma S. Ch., sin embargo, el 24 de diciembre la Red de Desaparecidos en Colima informó que la mujer había sido localizada con vida.
En la misma situación se encuentra Paulina C. M., quien fue reportada como desaparecida el 11 de abril de 2019, sin embargo, los mismo familiares confirmaron que fue encontrada unos días después, por lo que se retiró la denuncia correspondiente.
De igual forma, en el enlace que la Fiscalía General tiene activado para reportar las personas desaparecidas en Colima sólo aparecen 558 fotografías y no especifica si son todos los reportes con lo que cuenta la dependencia o la cifra es mayor.
Cabe recordar que en el 2019, el funcionario federal, Alejandro Encinas reveló que en la entidad se tenía un registro de mil 200 personas desaparecidas.
Por su parte, la Red de Personas Desaparecidas en Colima insiste desde el 2019 que siguen aumentando los casos de personas desaparecidas a pesar de la pandemia por el Covid-19.
La intención de una empresa porcícola para contratar a personas con discapacidad no es más que un disfraz, asegura el asesor jurídico de la asamblea Múuch’ Xíinbal, Miguel Anguas, quien consideró que “es para tratar de desviar su deuda ambiental de la opinión pública y tratarán de convencer de que cualquier resultado para detener la granja será en perjuicio de la economía y bienestar de las familias. Pero vaya, no es así.”
Cuestionado por las acciones contradictorias que esta firma realiza en la zona maya, el gerente de Capital Kekén, Miguel Ferrer Campos, en el marco de la suspensión de labores de la granja, se limitó a señalar que ellos, como empresa, cuentan con un equipo muy talentoso en el tema de sustentabilidad en la parte legal y son los que están viendo este tema. “Nosotros vamos a seguir ofreciendo trabajo.”
Se le preguntó si como empresa estaban siendo irresponsables en materia ambiental, aunque no lo negó, reiteró que su área de sustentabilidad es muy profesional y “estamos haciendo todo lo preciso y completamente de acuerdo en que las cosas las hacemos bien”.
Esto ante la suspensión provisional que el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, admitió a favor de la demanda de amparo interpuesta por la asamblea para que las autoridades ambientales detengan el funcionamiento de la granja porcícola ubicada en el kilómetro 4 de la carretera Chapab-Ticul, perteneciente a la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán”.
De acuerdo con el asesor jurídico de la asamblea Múuch’ Xíinbal, Miguel Anguas, la granja ha causado problemas sociales en dicha población como contaminación, deforestación y fétidos olores, ya que tiene una producción aproximada de 50 mil cerdos.
Tras la resolución jurídica, el entrevistado negó que la empresa haya tenido recientemente algún acercamiento con la población para mediar el tema.
“Sí hubo acercamientos, pero son muy impositivos, no son para llegar a acuerdos, sólo para imponerles el proyecto. Y fueron reuniones de hace algunos meses, antes de la demanda”, explicó.
Con base en la perspectiva del investigador del Cinvestav, Jorge Herrera Silveira, desde el año 2001, cuando se registró la primera marea roja fuerte en Yucatán ya se sabe qué hacer.
“Empezamos a ver que las descargas de aguas residuales de granjas porcícolas y avícolas tenían un impacto en la calidad del agua costera, no hay duda, ya lo sabemos, así que deben de tratar sus aguas residuales con el uso de humedales artificiales, sí implica una inversión, pero esta va en favor del medio ambiente”.
Ataque a migrantes en Tabasco deja un muerto y dos heridos Movimiento Migrante Mesoamericano
Las víctimas del ataque dijeron que los disparos en su contra provinieron de un vehículo con logos del Instituto Nacional de Migración
Redacción / Conexión Migrante
Un muerto y dos heridos fue el saldo del ataque que presuntos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron contra una camioneta en la que viajaban 25 migrantes en Huimanguillo, Tabasco, denunció el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).
De acuerdo con las víctimas del ataque, en su mayoría migrantes originarios de Guatemala, los atacantes eran elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).
— Movimiento Migrante Mesoamericano (@MMMesoamericano) February 3, 2021
Los migrantes declararon que una camioneta con logos del INM los comenzó a seguir en la caseta de cobro en la autopista Ocozocoautla- Coatzacoalcos. Dentro de dicha camioneta iban cuatro personas a bordo.
Estas personas ordenaron al conductor de la unidad en la que viajaban los migrantes a detenerse, y al ver que no accedía comenzaron a disparar.
El ataque contra el vehículo lesionó a Edilson Montes Flores, de 30 años, y Manuel Rafael Tambriz, de 27 años.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona que falleció. Sólo se sabe que los migrantes que viajaban en la camioneta tenían edades entre 3 y 59 años.
La Comisión alega que se vulneró el derecho a la privacidad de las víctimas a pesar de que Animal Político no dio a conocer ningún dato personal de las mismas.
Cuartoscuro
Redacción/ ANIMAL POLÍTICO
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) amenazó con sanciones a su personal tras la publicación en Animal Político de varios testimonios sobre secuestros a migrantes que permanecieron ocultos desde que fueron recabados, entre finales de 2019 y principios de 2020. En su segundo posicionamiento sobre el asunto en los últimos dos días, la institución, que dirige Rosario Piedra Ibarra, elevó el tono y anunció que investigará el modo en el que este medio obtuvo la información. Lo que no explicó la CNDH es por qué los testimonios quedaron guardados y no se realizó acción alguna en forma de recomendación o informe.
“Atendiendo a la publicación por parte del medio Animal Político de algunos testimonios recabados por personal de esta CNDH en funciones de visitadores adjuntos durante 2019 y 2020, cuyo contenido se encontró bajo el resguardo y responsabilidad de los mismos y, ante el uso indebido de dicha información sensible en agravio de presuntas víctimas, así como de la reserva de esta por Ley y en perjuicio de esta institución, se ha dado parte a las instancias competentes a fin de que realicen las investigaciones respectivas, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones a que haya lugar”, señaló en un comunicado.
“Es conveniente precisar que los referidos testimonios a que se hace alusión fueron realizados en su mayoría durante la administración pasada de la CNDH, en 2019 y algunos en 2020, cuya información fue entregada hasta noviembre de 2020 por personal que la tenía bajo su resguardo, misma que se encuentra en proceso de estudio y seguimiento por personal de la Quinta Visitaduría General de esta Comisión Nacional, a fin de emitir en su momento oportuno la determinación o pronunciamiento que en derecho proceda, previas investigaciones del caso y sin perjuicio de brindar la atención que requieran las personas en situación de víctimas”, asegura la institución.
Animal Político solicitó en cuatro ocasiones una entrevista con Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Quinta Visitaduría o la persona que la CNDH considerase adecuada para abordar el asunto. En lugar de esto, la institución remitió dos comunicados: el primero, en el que hace referencia a las 44 recomendaciones elaboradas en el ámbito de la migración y el segundo en el que hablaba sobre los retos en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos en cuestiones migratorias. En ningún momento la CNDH dijo, hasta después de la
publicación de la investigación, que los testimonios recabados estaban siendo analizados al interior de la institución para preparar futuros pronunciamientos.
“No publicitar los testimonios y expedientes que se integran en la CNDH no es sinónimo de ignorar. No exponer a las víctimas no es y nunca será una falta; es nuestra misión y responsabilidad velar por la protección de su seguridad y, en general, de sus Derechos Humanos”, dijo la Comisión en el comunicado.
“Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como para cualquier organismo que trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos, la privacidad y el derecho a respetar la intimidad de las víctimas no sólo es un derecho básico, sino incluso una herramienta necesaria para actuar y a la vez proteger”, añadió.
La CNDH acusó que se ponía en riesgo a los migrantes con la publicación de los testimonios. Sin embargo, la investigación de Animal Político no dio datos personales ni ningún otro detalle que sirviese para identificar a estas personas, de las que las que solo se mencionó su nacionalidad.
“La CNDH no otorga información efectivamente cuando se trate de datos o información sensible y que ponga en riesgo la vida y los Derechos Humanos de las personas. De manera que, llama la atención que sea el medio de comunicación el que haga esta misma precisión y, no obstante, al mismo tiempo haga la publicación de diversos testimonios de presuntas víctimas, que indica fueron obtenidos por vía de la Unidad de Transparencia de la CNDH, situación que se niega categóricamente, toda vez que, como se indicó, por razones de seguridad y protección de datos, así como por privilegiar la no revictimización a las víctimas, no se otorga fuera de la ley”, añadió el comunicado, que obvia que en la propia investigación de Animal Político se especifica que se emplearon diversas vías para obtener la información. Una de ellas fueron las solicitudes de transparencia, pero no la única. También se realizaron diversas entrevistas con expertos y personal de albergues y organizaciones de derechos humanos.
Por último, la CNDH “condena la difusión de notas periodísticas sustentadas en la obtención de información de manera ilegal o ilegítima, más aún cuando existe una tendencia a desinformar”.
“La CNDH condena todo acto que atente contra el derecho de la sociedad a la información y a conocer la verdad. Los medios de comunicación son aliados en la defensa y protección de los Derechos Humanos; sin embargo, la desinformación atenta contra nuestra institución y se convierte en un obstáculo para sus labores constitucionalmente encomendadas, además de resultar un agravio para las víctimas”, concluyó.
El INM llegó a pedir a EU que dejase de utilizar estos pasos para devolver migrantes debido a la inseguridad en El Sásabe y Sonoyta, Sonora. Casi 400 mil personas fueron retornadas por las leyes anti COVID.
Jesús Santamaría
Alberto Pradilla y Manu Ureste/ ANIMAL POlÍTICO
Douglas, nacido en Tegucigalpa y de 26 años, quería llegar a Estados Unidos. Probó suerte la noche de Reyes, pero no hubo regalo para él. En medio del desierto, cuando ya estaba al otro lado de la frontera, la Patrulla Fronteriza dio el alto al grupo con el que avanzaba y lo capturó. A las dos de la madrugada del 6 de enero los agentes lo devolvieron a Nogales, Sonora. “Me quedé a la orilla de la aduana hasta las seis de la mañana, cuando pregunté por un albergue”, explica por teléfono. Solo y vulnerable, pasó la noche pegado a la aduana hasta que amaneció y pudo buscar ayuda.
El caso de Douglas ni siquiera está contabilizado como deportación y tampoco aparece en los registros de México, ya que ninguna autoridad estaba al otro lado cuando fue expulsado. Es como si nunca hubiese ocurrido. Esta es una práctica habitual desde hace casi un año. En concreto, desde el 21 de marzo de 2020, cuando el gobierno del expresidente Donald Trump aprovechó el contexto de pandemia de COVID-19 para implementar nuevas reglas en la frontera: se cerraron los cruces salvo para cuestiones esenciales y se impuso el Título 42, un mandato que permite que las personas que lleguen irregularmente sean inmediatamente devueltas a México sin opción a pedir asilo ni a ser procesados dentro de las leyes migratorias estadounidenses alegando que son un peligro para la salud pública.
Según un acuerdo de 2016 entre México y Estados Unidos, las repatriaciones debían limitarse preferente a 11 puntos fronterizos, que corresponden con ciudades como Tijuana, Baja California; Nuevo Laredo o Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, según la documentación facilitada por el Instituto Nacional de Migración (INM), las autoridades de EU ampliaron los municipios por los que se expulsa a lugares más aislados como Sonoyta o El Sásabe, en Sonora, o Puerto Palomas, en Chihuahua.
Desde que inicio la pandemia las autoridades no son claras al ofrecer datos acerca de las devoluciones exprés mediante el Título 42. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), entre marzo y noviembre fueron expulsados por esta vía 319 mil 841 personas, aunque es cifra llega hasta los casi 400 mil si se contabiliza hasta enero. Lo que no dice EU es cuántas de ellas son mexicanas y cuántas de otros países.
Una respuesta del INM a una solicitud de transparencia de Animal Político reveló que, de estos casi 320 mil expulsados hasta noviembre, un total de 17 mil 129 eran centroamericanos. En concreto, 6 mil 451 procedían de Guatemala, 7 mil 874 de Honduras y 2mil 714 de El Salvador. Es decir, que la gran mayoría de personas que trataron de cruzar irregularmente y fueron devueltas por las autoridades de EU son mexicanas. Sin embargo, el instituto que dirige Francisco Garduño no incluyó en su respuesta otras nacionalidades como cubanos o venezolanos que también están siendo rechazados en frontera.
Antes, la deportación terrestre solo afectaba a personas mexicanas y estaba regulada por un acuerdo de 2016 que establece 11 puntos fronterizos en los que se puede expulsar por unos horarios específicos. En el resto se prohíbe las deportaciones “salvo excepciones y con una apropiada comunicación al gobierno de México”. Desde marzo, las autoridades estadounidenses expulsan a la hora que lo desean y por el punto fronterizo que les resulte más cómodo. Además, incluyen también a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños o venezolanos, que quedan en México a expensas de ser deportados por el INM o abandonados en zonas peligrosas y que no conocen.
Douglas fue expulsado por Nogales, que sí es un puerto autorizado. Sin embargo, según los mencionados acuerdos existe un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche para evitar, precisamente, lo que sufrió el hondureño: ser abandonado en mitad de la madrugada en un terreno hostil para él. Otros compañeros fueron expulsados en municipios como El Sásabe o Sonoyta, ambos en Sonora, o Puerto Palomas, en Chihuahua. Se trata de localidades aisladas y con fuerte presencia del crimen organizado. Los riesgos son tan altos que el INM llegó a hacer una solicitud pública a la Patrulla Fronteriza para que dejase de expulsar por los dos municipios sonorenses debido a los altos índices de inseguridad. La situación en la apartada localidad de Chihuahua es ahora “un caos”, según Rosalío Sosa, un conocido activista citado por el Diario de Juárez.
Los puntos por los que más centroamericanos fueron expulsados son Reynosa, Tamaulipas, con 10 mil 957 devoluciones; Sonoyta, Sonora, con 1 mil 185; y Puerto Palomas, Chihuahua, con 654. Es decir, que algunos de los lugares más apartados y peligrosos fueron los más utilizados para la deportación de migrantes.
Por estados, Tamaulipas fue el que más devoluciones registró, 11 mil 742; seguido por Sonora, 2 mil 120; Coahuila, 1 mil 685; Chihuahua, 940 y Baja California, 642.
Entre los datos ofrecidos por Migración hay otras cifras relevantes: 1 mil 470 de los expulsados eran menores de edad. Lo que no explica la institución es si iban acompañados o, por el contrario, estaban solos. Tampoco, qué es lo que se hizo con ellos: si se les dio acompañamiento o se les dejó abandonados.
Preguntado por Animal Político, el CBP argumentó que los acuerdos de 2016 solo aplican a la deportación de mexicanos, pero no a las devoluciones por Título 42. En este caso, la institución estadounidense explicó que utilizan el puerto más cercano al lugar donde el migrante fue capturado. Es decir, que este registro también permite conocer cuáles son los estados por los que las personas indocumentadas intentan cruzar a EU con mayor frecuencia.
Animal Político también quiso conocer la versión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Instituto Nacional de Migración, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Las expulsiones son un estado de excepción en la frontera y México lo está aceptando. Las autoridades de EU están moviendo de una parte de la frontera a otra en lugares en los que no están autorizadas las deportaciones. No es que viole ninguna ley ni tratado, porque son arreglos que Méxic acepta. El problema es que esta situación pone a la gente en situaciones de mucho peligro”, explicó Gretchen Kuhner, directora del Instituto de la Mujer Migrante (Imumi).
Animal Político documentó las torturas, extorsiones y asesinatos que sufren los extranjeros que trataban de alcanzar EU y que fueron recogidas en documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ocultos hasta la publicación de la investigación. Además, el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, de los cuales al menos 13 eran migrantes guatemaltecos volvió a recordar que México es un país muy peligroso para aquellos que tratan de alcanzar Estados Unidos o que son devueltos desde el norte.
Queda en el aire conocer qué es lo que México hizo con todos estos centroamericanos devueltos desde EU. En su respuesta, el INM se limitó a recordar la Ley de Migración y sus supuestos, lo que implicaría que aquellos que tuviesen documentación en regla podían permanecer en el país y aquellos en situación irregular fueron detenidos, encerrados y deportados. En el inicio de la pandemia, Animal Político documentó cómo centroamericanos que EU había expulsado eran abandonados en la frontera con Guatemala, que en aquel momento permanecía cerrada.
La aplicación del Título 42 fue una de las últimas medidas antimigrantes adoptadas por Trump. Ahora que el magnate ya no está en la Casa Blanca, su sucesor Joe Biden ha anunciado que revertirá algunas de sus políticas, como el programa “Quédate en México”. El nuevo mandatario dijo que buscará poner fin a la separación familiar, anunció el fin de la construcción del muro y promovió una moratoria de 100 días para las deportaciones (aunque en la última semana ya hubo expulsiones). Sobre el Título 42 todavía no se ha pronunciado, aunque organizaciones de Derechos Humanos ya le han interpelado públicamente para ponga fin a esta política.
Colima, México, Avanzada (04/02/2021).- El Hospital Regional Universitario (HRU) y el Hospital General de Tecomán reportaron una ocupación del 100 por ciento en las áreas destinadas para atender a pacientes con Covid-19.
El lleno se registra, justo en los días cuando los casos positivos de coronavirus van en aumento, lo que llevó al gobernador del Estado, Ignacio Peralta Sánchez a ordenar el cierre de los bares, establecimientos de venta de alcohol y al resto de los negocios a operar con un 25 por ciento de aforo.
La secretaria de Salud en la entidad, Leticia Delgado Carrillo confirmó que en el HRU no hay camas disponibles para atender a los enfermos de Covid-19 y explicó que esta situación tiene algunos días.
“En algunos hospitales hay disponibilidad (de camas) pero aquí en el Universitario estamos llenos” dijo la funcionaria estatal. Sin embargo, personal del Hospital General de Tecomán informó que en dicho nosocomio, tampoco hay disponibilidad para atender a los pacientes con sospecha de Covid-19 o aquellos que están confirmados.
Mientras que la clínica del ISSSTE en la capital colimense reportó una ocupación del 70 por ciento la semana pasada y el IMSS de Villa de Álvarez un 60 por ciento.
Desde que inició la pandemia en marzo pasado, hasta este 3 de febrero han muerto mil 20 personas por el virus del SARsCov-2 en el territorio estatal.
Colima, México, Avanzada (04/02/2021).- Ante diputados locales y el secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, la Red Desaparecidos en Colima A.C. insistió en la destitución de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia.
En una reunión privada en la que compareció la comisionada ante los diputados, acompañada por el secretario de Gobierno, se dio acceso a la presidenta de la Red, Carmen Sepúlveda Gómez, pero sólo se le permitió hablar durante cinco minutos.
En su intervención, obtenida por Avanzada, la representante de los familiares de los desaparecidos denunció la “falta de compromiso, profesionalismo y empatía ante las víctimas” por parte de Pérez Valdivia, por lo que exigió a los presentes la “renuncia o remoción inmediata” de la Comisionada de Búsqueda de Personas en el Estado de Colima.
Tras advertir que “5 minutos son insuficientes para tratar un tema tan sensible como la grave crisis de desaparición de personas que atraviesa nuestro país y que desafortunadamente se acentúa en Colima”, Sepúlveda Gómez resaltó que la titular de la Comisión de Búsqueda “consiente, limita y contraviene los Principios de No revictimización y máxima protección que está obligada a proteger, soslayando nuestros derechos como madres, esposas, hijos y familiares”.
La presidenta de la Red hizo un reclamo por “la falta de resultados de la Titular de la Comisión de Búsqueda a casi ya 3 años de haber entrado en funciones”.
En principio, les dijo a los legisladores y al secretario de Gobierno que en 2019, por su falta de coordinación e irresponsabilidad, Rosa Evelia Pérez no cumplió en tiempo y forma con los requisitos formales para obtener el recurso económico por parte de la Federación, dejando sin recursos para que se realizaran acciones de búsqueda.
Así también, dijo que en 2020 Colima, siendo uno de los Estados con el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas, necesitaba contar con un proyecto adecuado para acceder hasta 18 millones de pesos, pero la comisionada sólo obtuvo un recurso ante la Federación por 11 millones.
Además, Sepúlveda advirtió que el uso de dichos recursos no ha sido transparentado, por lo que “no conocemos, ni hemos podido observar, en qué fueron aplicados esos 11 millones de pesos; es decir, si se destinó efectivamente o tendrá que devolverse”.
Alertó que en marzo de 2021 vencerá el término de la convocatoria para presentar el proyecto que permitiría acceder hasta los 18 millones de pesos, por lo que consideró necesario cuestionar qué avances tenía la Comisionada y si se ha coordinado con otras instituciones para conseguir presupuesto ante la Federación, “esto en virtud de que está obligada a realizar un proyecto institucional y que desde luego al ser una Entidad Federativa con elevados índices de hallazgos de fosas clandestinas, al día de hoy dicho proyecto debería contar con todos los elementos que permitan acceder a Colima a ese recurso”.
Aunado a lo anterior, cuestionó que a casi tres años de creación de la Comisión de Búsqueda no se cuenta con una fuente de información pública, en la cual se puedan consultar los avances o resultados de la gestión de la licenciada Rosa Evelia Pérez Valdivia, ni su cumplimiento con el Programa Nacional de Búsqueda.
La CNDH rechazó “tajantemente que se oculte información, o se encubran actos violatorios de derechos humanos”.
TAPACHULA, CHIAPAS, 20JUNIO2019.- Migrantes de diferentes nacionalidades realizaron una manifestación en las inmediciones de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que el tramite que han iniciado para solicitar su visa humanitaria les ha llevado más de 40 días en la mayoría de los casos y aun no tienen respuestas. Después se dirigieron al Aeropuerto para exigirle al presidente que se respetaran su derechos como migrantes, pero fueron detenidos en la carretera por policías Federales quienes les obstruyeron el paso por varios minutos. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM
Redacción/ ANIMAL POLÍTICO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la titular de la Quinta Visitaduría, Elizabeth Lara Rodríguez, a que dé “seguimiento” a la difusión por parte de Animal Político de testimonios de personas migrantes que señalaron violaciones graves a sus derechos humanos por parte de grupos criminales y miembros de las policías estatales y federal.
“Elizabeth Lara tiene la encomienda de explicar detalladamente todo lo relacionado con la información referida”, apuntó la CNDH en un comunicado que publicó la tarde de este miércoles.
La CNDH rechazó “tajantemente que se oculte información, o se encubran actos violatorios de derechos humanos”. “Por el contrario, siempre hemos denunciado y señalado las condiciones, negligencias u omisiones del Estado Mexicano respecto a la vulneración de los derechos de las personas”.
“La actuación de esta Comisión siempre ha sido transparente. Y ratificamos nuestro compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, añadió la CNDH, que puso como ejemplo de esto la recomendación 50/2020 emitida a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y al Instituto Nacional de Migración (INM) “por las agresiones que personal de ambas instituciones infringieron en contra de integrantes de la caravana migrante que ingresó al territorio nacional en enero de 2020”.
La respuesta de la Comisión llega luego de que la tarde del lunes, Animal Político publicó una investigación que documenta que la CNDH recabó entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 múltiples testimonios de migrantes que denunciaron ser víctimas de secuestros masivos y de otras violaciones graves a derechos humanos.
Este medio tiene en su poder documentos oficiales que prueban que la CNDH tiene conocimiento de estos testimonios desde hace más de un año. Y que, sin embargo, no los ha hecho públicos en comunicados, recomendaciones, ni en un informe especial sobre violaciones sistemáticas de derechos en contra de personas migrantes, como los que sí publicó en 2009 y 2011.
Por poner dos ejemplos: en el oficio OF/TAP/573/2019, la Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula le envió el 20 de noviembre de 2019 copia a la propia titular de la CNDH, Rosario Piedra, de testimonios de secuestros masivos de migrantes, recabados entre el 24 y 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga, en la frontera sur de México.
Mientras que en el oficio SE/DOI/0140/20, que este medio obtuvo por transparencia pública, la dirección de Organismos Internacionales de la CNDH informó a la titular de la Quinta Visitaduría que organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras alertaban sobre casos de secuestros masivos de migrantes en Tabasco, también en la frontera sur mexicana.
Previo a la publicación del reportaje, Animal Político buscó en múltiples ocasiones una entrevista con la directora de la Quinta Visitaduría, Elizabeth Lara, o una postura al respecto.
Sin embargo, la CNDH solo aportó un resumen de 44 comunicados sobre sus acciones en defensa de los migrantes, las cuales incluyen recomendaciones realizadas en 2019, durante la administración del anterior ombudsman, Luis Raúl González Pérez.
Este miércoles, la CNDH volvió a defender su trabajo señalando estos comunicados relacionados “con diversas problemáticas” que enfrentan los migrantes, como “agresiones y observar la omisión en el tema o la arbitrariedad por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno”; “exhortos para garantizar el derecho a la salud de las personas en las estaciones migratorias, o el establecimiento de medidas cautelares”.
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>Rechaza CNDH se oculte información o se encubran actos violatorios del <a href=”https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#DDHH</a>.<a href=”https://twitter.com/hashtag/DefendemosAlPueblo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#DefendemosAlPueblo</a> <a href=”https://t.co/z75n61177C”>pic.twitter.com/z75n61177C</a></p>— CNDH en México (@CNDH) <a href=”https://twitter.com/CNDH/status/1357139347280068609?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 4, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
No obstante, como se apuntó en el reportaje, en ninguno de esos comunicados se referencia a los testimonios de secuestros masivos revelados por Animal Político.
La mañana de este 3 de febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la CNDH debe rendir cuentas, ser transparente y no ocultar información.
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>"Si no reconocemos que existen estas violaciones no podemos avanzar": <a href=”https://twitter.com/M_OlgaSCordero?ref_src=twsrc%5Etfw”>@M_OlgaSCordero</a> dijo que la <a href=”https://twitter.com/CNDH?ref_src=twsrc%5Etfw”>@CNDH</a> debe rendir cuentas y ser transparente y no ocultar información, al ser cuestionada sobre testimonios de migrantes que la Comisión reservó. <a href=”https://t.co/0WEDXJfidq”>https://t.co/0WEDXJfidq</a> <a href=”https://t.co/HarI2O0ckB”>pic.twitter.com/HarI2O0ckB</a></p>— Animal Político (@Pajaropolitico) <a href=”https://twitter.com/Pajaropolitico/status/1357000597770223617?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 3, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
Al ser cuestionada sobre los testimonios de tortura, asesinatos y violaciones de migrantes entre 2019 y 2020 revelados por Animal Político y que la CNDH ha ocultado, la funcionaria respondió que la actuación de la dependencia tiene que ver con la denuncia, las recomendaciones y la transparencia.
“Esperaría que la actuación de la CNDH, que es una institución muy prestigiada, siga y continúe transparentando y no ocultando información, denunciando y haciendo recomendaciones que es su función para que las autoridades actuemos en consecuencia”.
CANCÚN, QRoo, 3 de febrero de 2021.- Madres desesperadas piden ayuda en la redes sociales para localizar a sus hijos, pues temen que hayan sido víctimas de la delincuencia.
Julio Gonzalo Kuyoc Canul y Juan Carlos Kuyoc Poot, ambos trabajadores de la construcción en la isla de Holbox desaparecieron el mismo día, es decir el 25 de enero del 2021 y la fecha no hay rastros de ellos.
Las desesperadas madres temen que sus hijos corran con la misma suerte como les ocurrió a los 13 desaparecidos en el Hotel Planet Hollywood.
Así mismo, aseguran que en la empresa donde laboraban los hoy desaparecidos se deslindó de toda responsabilidad y además, en la isla nadie quiere dar razones de ellos.
Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ya emitió alertas para la localización de ambos trabajadores.
Tan solo en el mes de enero hubo 13 “levantones”; el colectivo “Familias Unidas por Nayarit” teme que éstos arrecien en los últimos meses
Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Martes 02 de febrero del 2021.- En lo que va del año en la Entidad 13 “levantones” son los que tiene registrado el colectivo de familias de desaparecidos “Familias Unidas por Nayarit”, cifra que supera con mucho a la que se tuvo en el 2020, situación que es preocupante y que se requiera atender, para evitar que esta clase de situaciones se siga presentando.
Así lo señalaron integrantes de la organización en mención, quienes explicaron que el año pasado tuvieron conocimiento de tres “levantones” en el mes de enero, lo que significa que hay un incremento en este sentido de poco más del 400 por ciento.
La ola de “secuestros” aclararon que está azotando principalmente a Tepic, pues de los 13, 11 pertenecen a este municipio, mientras que los dos restantes, pertenecen , uno a Tecuala y otro a Santiago Ixcuintla, lo cual deja claro que esta clase de delitos no solo continúan, sino que van en incremento y ante ello se requiere que las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno, trabajen para bajar la incidencia de desaparecidos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aceptó que tiene una cifra menor, puesto que los familiares por temor u otras circunstancias prefieren no denunciar estos hechos que le parecen lamentables y que temen que arrecien en los siguientes meses, pues las desapariciones y ejecuciones suele presentarse a la salida de cada administración estatal.
Para concluir, añadieron que durante este mes, tres personas cuyos familiares han sido desaparecidos se han integrado al colectivo, el cual, para poderse adherir, requiere que se interponga la denuncia correspondiente, pues de esta manera pueden constatar que han sido víctimas y que pueden acceder a toda la información que manejan.
Guadalajara, Jalisco. La Unidad Guadalajara de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que ofrece tres licenciaturas, tres maestrías, un doctorado, una especialización y diplomados, está en una crisis administrativa y laboral, cuya responsabilidad le atañe al gobierno de Jalisco y parece no importarle.
La UPN Guadalajara no tiene director o directora y la Secretaría de Educación no ha publicado la convocatoria para designarlo; una parte importante de los docentes trabajan en condiciones precarias al tener contratos de los que no saben su vigencia y tampoco se ha convocado a concursos de oposición para otorgar plazas a los profesores y autorizarles recategorizaciones de acuerdo a su perfil académico.
Docentes y estudiantes de la UPN Guadalajara realizaron una conferencia de prensa virtual, en la que le piden al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que atienda los reclamos referidos, en forma inmediata.
Habla Lourdes Angulo, profesora titular desde 2010.
“De realizar un procedimiento que es totalmente institucional, pero que desconocemos las razones por las cuales esta negativa prevalece, que es el nombramiento de la dirección. Actualmente lo que tenemos es una encargada de la dirección”, expresó.
Por su parte, César Torres Nabel, coordinador del doctorado en desarrollo educativo de la UPN Guadalajara, señaló que existe un clima hostil para los estudiantes y para los más de 80 maestros que ahí laboran, a quienes los amenazan con despedirlos.
“Y finalmente el asunto actual que hay un problema de gobernabilidad en la Unidad Guadalajara. Llevamos un tiempo sin dirección real. Hace unos días que tampoco ya sin la encargada de la dirección. Todo eso trae un problema muy fuerte en la institución, que directamente se ven afectados los estudiantes, con un clima cada vez más hostil”, enfatizó.
En lugar de convocar a un concurso de oposición para otorgar plazas a los docentes que trabajan por contrato, las autoridades a cargo de la UPN decidieron quitarle plazas a algunos profesores para dársela a otros maestros, lo que generó que algunos de ellos interpusieran juicios laborales en contra de la Universidad, informó el maestro de la Unidad Guadalajara, Juan Flores Vázquez.
“Ellos decidieron tomar los recursos de la propia universidad, es decir, de nuestra propias plazas. La Ley los obliga a que ellos tienen que destinar recursos presupuestales para pagar esta prestación y lo que hicieron es tomar los recursos de nuestras propias plazas para asignarlas como promoción a compañeras y compañeros”, manifestó.
Los problemas existentes en la UPN Guadalajara han generado que algunos docentes y estudiantes hayan presentado quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Además, los profesores y la representación sindical no reconocen a Verónica Vázquez Escalante, como encargada de la dirección.
Según el Sistema Nacional de Seguridad en los últimos cinco años, Yucatán tiene 22 denuncias por corrupción de menores y 624 denuncias por violación
Víctor Chan Martín sociólogo e integrante de la Red de Protección a la Infancia (RPI) en Yucatán, indicó que la explotación sexual infantil en el Estado es una realidad. Sin embargo, el problema es que no se denuncia, y cuando se realiza el Ministerio Público no lo tipifica como tal, lo que hace invisible ese delito. El también presidente de la Asociación “Un Lazo Por María”, enfocada a la lucha de los derechos de la niñez, aseguró que de manera sistemática las denuncias por explotación sexual o trata de personas las autoridades no lo tipifican como tal, sino que se investiga como corrupción de menores o violación y no como explotación sexual infantil o trata como debería de ser.
Chan Martín, ex integrante del Comité del Combate de la Trata de Personas en Yucatán, indicó que en el Estado no existen delitos de la magnitud de la problemática, aunque desde la sociedad civil es palpable esta situación.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad en los últimos cinco años del 2016 al 2020, Yucatán está libre de delitos de explotación sexual y trata de personas, aunque durante ese lapso
Hizo un llamado a las autoridades en este caso a la Fiscalía tienen 22 denuncias por corrupción de menores y 624 denuncias por violación.para que realmente se clasifique el delito como tal y no como otro. Asimismo, dijo que hace mucha falta que el Congreso del Estado legisle para imponer sanciones a los funcionarios que por falta de conocimiento u omisión no tipifique el delito como tal.
Recordó que en el 2016 una adolescente yucateca fue víctima de trata de personas quien fue contactada por medio de las redes sociales y llegó hasta Texas, donde tras un fuerte operativo fue rescatada por las autoridades yucatecas.
Aseguró que este grave problema social no está al mismo nivel que en otras partes del país. Sin embargo, es una situación que existe y que se debe de atender.
Asimismo, indicó que el caso de Samy M.T., quien durante seis años fue víctima de explotación sexual y trata, no es el único en Yucatán. El problema es que muchas personas no denuncian, no levantan la voz y cuando lo hacen el delito se tipifica de otra manera o se encuentra con trabajo en la búsqueda para encontrar justicia.
Indicó que el caso de Samy es especial, ya que ella está buscando que se haga justicia. Por su parte, Adelaida Salas Salazar presidenta del Observatorio Nacional contra el Feminicidio indicó que las autoridades yucatecas no están preparadas para enfrentar esta clase de delitos por lo cual no existen los protocolos para atender a las víctimas y las afectadas se enfrentan a una serie de dificultades, lo que ocasiona que en la mayoría de las ocasiones claudiquen en su intento por conseguir justicia.
Cerca de un centenar de personas se manifestaron esta mañana en contra del eje vial de Pie de la Cuesta, donde se han presentado múltiples accidente fatales y hasta en donde unidades de la policía se han visto involucradas.
La mayoría de estos manifestantes eran de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), donde con banderines y cartulinas exigen a las autoridades municipales su intervención para mejorar la movilidad en esta avenida y así disminuir la cantidad de accidentes que se han presentado en este eje vial.
La manifestación se presentó sobre avenida Pie de la Cuesta, recorriendo la vialidad hacia la explanada de la delegación municipal Epigmenio González, desde donde se expresaron con distintas consignas.
Después de un tiempo, se nombró una comisión para entablar diálogo con las autoridades municipales de la delegación.
Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos.
Son escenas de lo que personas migrantes han vivido en México cada día de los últimos dos años, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que la actual Comisión Naconal de Derechos Humanos se ha encargado de silenciar y ocultar.
El asesinato de 19 migrantes ocurrido el pasado 24 de enero en Camargo, Tamauipas, es solo el último ejemplo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos de quienes van en ruta hacia Estados Unidos.
Pero esta violencia no es un hecho aislado.
Entre septiembre de 2019 y febrero del año pasado, la CNDH elaboró 32 documentos con testimonios que narran torturas, amputaciones, violaciones, y asesinatos de personas migrantes, entre las que habría mujeres, niños, niñas y adolescentes. En las agresiones estuvieron involucrados integrantes del crimen organizado, pero también funcionarios estatales y federales de la policía, según el relato de las víctimas.
Los documentos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que los testimonios fueron tomados por la CNDH en seis estaciones migratorias y estancias provisionales de detención, así como en 12 albergues de la sociedad civil en el norte, centro y el sur del país.
Y que las autoridades actuales de la CNDH tienen pleno conocimiento de los casos.
La propia titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, recibió por escrito el 20 de noviembre de 2019, tan solo cuatro días después de asumir el cargo, copia de los testimonios de agresiones a migrantes recabados entre el 24 y 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga, en la frontera sur de México. Así lo prueba el oficio OF/TAP/573/2019, elaborado por la Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula.
El 4 de febrero de 2020, Elizabeth Lara Rodríguez, la nueva directora general de la Quinta Visitaduría, recibió copia del oficio SE/DOI/0140/20, elaborado por la directora de Organismos Internacionales de la CNDH, Ángeles Corte. En el escrito, que este medio obtuvo por transparencia pública, se expone que Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños que fueron agredidos “física y sexualmente” en Tabasco, advirtiendo, además, que “los métodos de tortura” y “la violencia” contra los migrantes en la zona “no son aislados”.
El 13 de mayo de 2020, la Dirección General de la Quinta Visitaduría también recibió por escrito una nota informativa de personal de la propia CNDH, donde se advierte que las agresiones y secuestros de migrantes en el país siguen sucediendo con los mismos niveles de violencia que hace una década, cuando la Comisión publicó en 2009 y 2011 sendos informes especiales sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México.
A pesar de lo anterior, la CNDH ha optado por mantener oculta la información por más de un año, y no dar a conocer públicamente estas violaciones. No lo ha hecho en comunicados, ni en recomendaciones, ni en un informe especial. Ni siquiera hizo mención a un solo caso de secuestros de migrantes en el primer informe de actividades de Rosario Piedra al frente de la CNDH, el pasado 20 de noviembre.
La CNDH, incluso, clasificó como información “reservada” los testimonios, alegando que transparentarlos pondría en riesgo la vida de los migrantes, a pesar de que esos testimonios son anónimos; es decir, no incluyen nombres, ni direcciones, ni ningún otro dato personal de la víctima, salvo la nacionalidad, y la fecha y el lugar donde fueron recabados los casos.
Mientras la CNDH reserva la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que, en su gestión, “ya no se violan los derechos humanos de los migrantes”. Aunque los testimonios silenciados por el órgano autónomo lo contradicen.
“En el lugar donde nos encerraron había cadáveres de niños y adultos regados por el piso”, relató uno de los migrantes entrevistados por la CNDH en un albergue de Tijuana, Baja California.
“Nos hicieron caminar por el monte hasta una cañera, y ahí nos robaron todo. Nos golpearon y nos pidieron los números de nuestros familiares. Mis sobrinos dieron el número de mi hermana, su mamá, porque estaban espantados. Empezaron a golpear fuerte a mis sobrinos para que su mamá escuchara los gritos mientras le pedían el rescate. Mi hermana terminó pagando tres mil dólares por nosotros”, dijo otro migrante hondureño en un albergue en Tenosique, Tabasco.
“Me pegaban con las manos en la nuca y en las piernas con un garrote repetidamente para sacarme información. Me amarraron toda la noche y marcaban de mi teléfono a mis contactos para torturarlos y exigirles dinero para no matarme”, relató un guatemalteco en un albergue en Torreón, Coahuila.
Desde el pasado 7 de enero, Animal Político ha buscado hasta en cuatro ocasiones a la CNDH para conocer su postura.
Si bien no concedió entrevista, la CNDH envió el 8 de enero un resumen de 44 comunicados de prensa con diversas recomendaciones emitidas en defensa de migrantes. No obstante, ninguna de esas recomendaciones está relacionada con los casos de secuestros masivos.
Este mismo lunes 1 de febrero, ante la insistencia de este medio en obtener una entrevista, la CNDH envió otro escrito en el que, por medio de cuatro puntos, defiende su labor de protección a migrantes, señalando que realiza visitas periódicas tanto a estaciones migratorias, como a albergues de la sociedad civil.
Además, apuntó que en 2020 emitió 10 recomendaciones al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos a migrantes. Y aseguró que actualmente se encuentra realizando un “análisis” para “evaluar las capacidades institucionales del Estado mexicano para cumplir con los derechos” de los migrantes, “a fin de exhortar a que se fortalezcan las instituciones que deben atender a las personas (migrantes)”, tanto a las que son víctimas de secuestro, como a quienes viajan en caravanas, solicitantes de asilo, etcétera.
Sin embargo, la CNDH tampoco explicó en este último escrito por qué no ha dado a conocer los testimonios de secuestros masivos, de los que, a continuación, se revela una muestra.
Este es el México al que decenas de miles de migrantes se enfrentan a diario, la situación que la CNDH ha mantenido oculta.
En redes sociales circulan fotografías donde se observa un módulo instalado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, lugar en el que se concentraron 20 trabajadores enviados por su jefe inmediato para vacunarse contra el covid-19, sin estar en la primera línea de combate al virus.
OAXACA, Oax. (apro).- En contra de la línea oficial, directivos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), en contubernio con el sindicato mayoritario, aplicaron de manera selectiva la vacuna contra el covid-19 a personal administrativo o “cuates” ajenos a la atención de pacientes con coronavirus.
Así lo denunció un grupo de trabajadores de salud, inconformes por ese procedimiento irregular. “No se vale que mientras el personal médico que se encuentra en primera línea ha sacrificado su vida e incluso dado su vida por estar en la primera línea combatiendo el covid-19, la vacuna se la apliquen a sus cuates”, subrayaron.
El pasado 23 de enero se cumplieron tres meses de que Zayra Morales Loyola fuera desaparecida en Xochilxtlapilco, Huajuapan de León. Luz María Leticia Loyola López, su madre, no oculta la tristeza, el dolor y la impotencia de no tener a su hija en casa.
“Han pasado tres meses sin saber el paradero de mi hija, tres meses soportando críticas, malos comentarios de personas que no tienen empatía ni conocimientos de cómo se llevan las investigaciones. Tres meses que han aumentado mi dolor, mi impotencia de no encontrarla aún. Sigo pidiendo a todas las personas que no se cansen de compartir la foto de mi hija”, expresa Luz María Leticia en un video circulado en Facebook, mismos que han acompañado durante todos estos meses su exigencia de que su hija sea localizada con vida.
Sentada frente a un altar en donde mantiene encendida la esperanza de volverla a ver, la mujer se enjuga las lágrimas que nacen del dolor que sólo conoce quien vive con una ausencia tan grande, con el vacío, el recuerdo y la incertidumbre.
Además de las imágenes religiosas que la familia mantiene permanentemente con flores frescas, se observan las fotografías de Zayra, aquellas que muestran a una mujer feliz y libre.
“Zayra, hija de mi vida, si llegas a ver este video, quiero que sepas que te amo y que te sigo buscando. No me cansaré hasta encontrarte. Este dolor que yo siento a nadie se le desea”.
Recientemente la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cateó el rancho de la banda delictiva “Los Gavilanes” a quienes se les atribuye la desaparición de la joven.
La búsqueda se derivó de la carpeta de investigación 32963/FMIX/HUAJUAPAN/2020 iniciada por el delito de desaparición de personas. Durante la diligencia no se encontró ningún rastro que la joven madre de dos hijos.
Zayra Leticia fue desaparecida la noche del 23 de octubre de 2020 en dicha agencia municipal cuando salió a cancelar una cena en un local de comida ubicado a unos metros de su vivienda. Desde ese momento toda pista de la joven se perdió.
El 15 de diciembre del año pasado fueron detenidas dos personas integrantes de la banda delictiva Los Gavilanes. Uno de ellos fue identificado con las siglas E.S.M. y otro como J.C.S.M quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva. Cabe destacar que E.S.M. cuenta con un largo historial delictivo.
En el asilo de Ancianos de Celaya, A.C. se identificaron 45 personas contagiadas de covid-19.
Covid. Adulto mayor en un asilo. Foto: Margarito Pérez.
Por Verónica Espinosa / Proceso, lunes, 1 de febrero de 2021
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Otro asilo de ancianos, éste ubicado en Celaya, presentó un brote de covid-19. En enero murieron cinco residentes, y en tres de estos casos se confirmó que fue por coronavirus. Actualmente 45 residentes y empleados que atienden a los adultos mayores están contagiados.
La Secretaría de Salud estatal envió una brigada de la jurisdicción sanitaria para efectuar un monitoreo, pero ninguno de los residentes fue hospitalizado, según datos proporcionados por la dependencia.
El fin de semana, allegados al Asilo de Ancianos de Celaya, A.C., ubicado entre las calles Francisco Juárez y Albino García, en esa ciudad, difundieron llamados de auxilio en redes sociales para pedir guantes, cubrebocas, medicamentos y otros insumos, y avisaron que había 35 contagiados.
Este lunes, la Secretaría de Salud confirmó el brote e indicó que a través del personal de la jurisdicción sanitaria III se efectuó una visita y, tras realizar pruebas rápidas, se encontró que 45 personas están contagiadas.
Los encargados del asilo precisaron a la jurisdicción que el 18 de enero detectaron a dos personas con problemas respiratorios.
Días después, el 26 de enero, varios de los adultos mayores presentaron síntomas relacionados con el coronavirus, como malestar de garganta y congestión nasal, por lo que el médico que brinda atención a las personas albergadas recomendó aplicar pruebas, mismas que se hicieron en un laboratorio particular.
Todo el personal fue revisado mediante esta vía y se confirmó que 35 personas estaban contagiadas: 18 hombres y 17 mujeres.
En total, en el asilo se encuentran albergados 71 adultos mayores, mientras que la plantilla de personal está conformada por 31 personas.
En la visita, personal de la Jurisdicción Sanitaria repitió las pruebas y resultó que en total son 45 personas con covid-19, casi la mitad de quienes residen y laboran en el lugar.
La directiva del asilo aseguró a las autoridades sanitarias que desde marzo se suspendieron las visitas de los familiares y se mantiene el contacto telefónico, además de que el personal que atiende a los residentes duerme en el mismo asilo.
En la visita de revisión se hicieron recomendaciones “para reforzar las medidas de prevención para evitar más contagios y defunciones derivadas de dicho padecimiento”, señaló la Secretaría de Salud, y anunció que enviará diariamente una brigada para monitorear la evolución de los enfermos en el asilo.
Sin embargo, no se informó si alguno de los adultos mayores necesitó ser hospitalizado, después de que cinco residentes fallecieron en un mes.
La semana pasada se conoció de un brote en otro asilo, el hogar para ancianas pobres “María Asunta”, en León, donde tres monjas y una anciana perdieron la vida en enero, y se detectó que actualmente hay 37 personas contagiadas, entre ellas 15 de las personas albergadas, 10 monjas y 12 empleados que ayudan en las tareas de la casa hogar.
Nuevo León ha sufrido eventos violentos en los últimos años. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía de Justicia estatal, en 2017 se registraron 656 homicidios dolosos y para 2020 la cifra subió a 914.
Nacional. Un helicóptero del Ejército. Foto: Miguel Dimayuga
Luciano Campos Garza/ PROCESO
MONTERREY, N.L. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que a partir de este martes 2 emprenderá acciones en la zona conurbada del estado para disminuir los índices de violencia, con delitos de alto impacto.
El llamado Operativo Metropolitano se efectuará con efectivos de las Comandancias de la IV Región y la Séptima Zona Militar, con respaldo de autoridades federales, estatales y municipales, precisó la Sedena en un comunicado dirigido a la opinión pública.
Esta acción se realizará “en los municipios con mayor índice delictivo, con el fin de reducir los índices de violencia, el trasiego de enervantes, armamento, numerario o hidrocarburos ilícitos; garantizando un ambiente de paz y armonía”, puntualizó.
Con estas acciones, añadió, la Sedena “reafirma el esfuerzo en conjunto de los gobiernos federal, estatal, municipal y sus Fuerzas Armadas para alcanzar un México en paz. Asimismo, refrenda el compromiso institucional, patentizando el interés en fortalecer las actividades que mejoren y coadyuven el apoyo a las autoridades responsables de las funciones en materia de seguridad pública en el Estado de Nuevo León”.
Nuevo León ha sufrido eventos violentos en los últimos años. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía de Justicia estatal, en 2017 se registraron 656 homicidios dolosos y para 2020 la cifra subió a 914.
El pasado 22 de enero fueron hallados en Camargo, Tamaulipas, en sus límites con Nuevo León, los cadáveres de 19 personas, al parecer migrantes, quienes fueron calcinados.
Los operativos del Ejército en la zona conurbada se establecieron a partir de 2006, en el inicio de la crisis de inseguridad, cuando múltiples cárteles de la droga se disputaban el control de la entidad, con acciones violentas en espacios públicos.
Aunque la CNDH conocía del secuestro y extorsión a migrantes ha preferido mantenerlo oculto durante más de un año y no hablar de ello ni en sus informes ni en comunicados.
Andrea Paredes y Jesús Santamaría
Manu Ureste y Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO
Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos.
Son escenas de lo que personas migrantes han vivido en México cada día de los últimos dos años, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha encargado de silenciar y ocultar.
El asesinato de 19 migrantes ocurrido el pasado 24 de enero en Camargo, Tamaulipas, es solo el último ejemplo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos de quienes van en ruta hacia Estados Unidos.
Pero esta violencia no es un hecho aislado.
Entre septiembre de 2019 y febrero del año pasado, la CNDH elaboró 32 documentos con testimonios que narran torturas, amputaciones, violaciones, y asesinatos de personas migrantes, entre las que habría mujeres, niños, niñas y adolescentes. En las agresiones estuvieron involucrados integrantes del crimen organizado, pero también funcionarios estatales y federales de la policía, según el relato de las víctimas.
Los documentos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que los testimonios fueron tomados por la CNDH en seis estaciones migratorias y estancias provisionales de detención, así como en 12 albergues de la sociedad civil en el norte, centro y el sur del país.
Y que las autoridades actuales de la CNDH tienen pleno conocimiento de los casos.
La propia titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, recibió por escrito el 20 de noviembre de 2019, tan solo cuatro días después de asumir el cargo, copia de los testimonios de agresiones a migrantes recabados entre el 24 y 26 de septiembre en Tapachula y en Arriaga, en la frontera sur de México. Así lo prueba el oficio OF/TAP/573/2019, elaborado por la Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula.
Lee: CNDH: oportunidad perdida
El 4 de febrero de 2020, Elizabeth Lara Rodríguez, la nueva directora general de la Quinta Visitaduría, recibió copia del oficio SE/DOI/0140/20, elaborado por la directora de Organismos Internacionales de la CNDH, Ángeles Corte. En el escrito, que este medio obtuvo por transparencia pública, se expone que Médicos Sin Fronteras informó del secuestro de 11 jóvenes hondureños que fueron agredidos “física y sexualmente” en Tabasco, advirtiendo, además, que “los métodos de tortura” y “la violencia” contra los migrantes en la zona “no son aislados”.
El 13 de mayo de 2020, la Dirección General de la Quinta Visitaduría también recibió por escrito una nota informativa de personal de la propia CNDH, donde se advierte que las agresiones y secuestros de migrantes en el país siguen sucediendo con los mismos niveles de violencia que hace una década, cuando la Comisión publicó en 2009 y 2011 sendos informes especiales sobre agresiones sistemáticas a migrantes en México.
A pesar de lo anterior, la CNDH ha optado por mantener oculta la información por más de un año, y no dar a conocer públicamente estas violaciones. No lo ha hecho en comunicados, ni en recomendaciones, ni en un informe especial. Ni siquiera hizo mención a un solo caso de secuestros de migrantes en el primer informe de actividades de Rosario Piedra al frente de la CNDH, el pasado 20 de noviembre.
La CNDH, incluso, clasificó como información “reservada” los testimonios, alegando que transparentarlos pondría en riesgo la vida de los migrantes, a pesar de que esos testimonios son anónimos; es decir, no incluyen nombres, ni direcciones, ni ningún otro dato personal de la víctima, salvo la nacionalidad, y la fecha y el lugar donde fueron recabados los casos.
Mientras la CNDH reserva la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que, en su gestión, “ya no se violan los derechos humanos de los migrantes”. Aunque los testimonios silenciados por el órgano autónomo lo contradicen.
“En el lugar donde nos encerraron había cadáveres de niños y adultos regados por el piso”, relató uno de los migrantes entrevistados por la CNDH en un albergue de Tijuana, Baja California.
Lee: La CNDH contrató a un capacitador electoral para defender a víctimas de tortura
“Nos hicieron caminar por el monte hasta una cañera, y ahí nos robaron todo. Nos golpearon y nos pidieron los números de nuestros familiares. Mis sobrinos dieron el número de mi hermana, su mamá, porque estaban espantados. Empezaron a golpear fuerte a mis sobrinos para que su mamá escuchara los gritos mientras le pedían el rescate. Mi hermana terminó pagando tres mil dólares por nosotros”, dijo otro migrante hondureño en un albergue en Tenosique, Tabasco.
“Me pegaban con las manos en la nuca y en las piernas con un garrote repetidamente para sacarme información. Me amarraron toda la noche y marcaban de mi teléfono a mis contactos para torturarlos y exigirles dinero para no matarme”, relató un guatemalteco en un albergue en Torreón, Coahuila.
Desde el pasado 7 de enero, Animal Político ha buscado hasta en cuatro ocasiones a la CNDH para conocer su postura.
Si bien no concedió entrevista, la CNDH envió el 8 de enero un resumen de 44 comunicados de prensa con diversas recomendaciones emitidas en defensa de migrantes. No obstante, ninguna de esas recomendaciones está relacionada con los casos de secuestros masivos.
Este mismo lunes 1 de febrero, ante la insistencia de este medio en obtener una entrevista, la CNDH envió otro escrito en el que, por medio de cuatro puntos, defiende su labor de protección a migrantes, señalando que realiza visitas periódicas tanto a estaciones migratorias, como a albergues de la sociedad civil.
Además, apuntó que en 2020 emitió 10 recomendaciones al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos a migrantes. Y aseguró que actualmente se encuentra realizando un “análisis” para “evaluar las capacidades institucionales del Estado mexicano para cumplir con los derechos” de los migrantes, “a fin de exhortar a que se fortalezcan las instituciones que deben atender a las personas (migrantes)”, tanto a las que son víctimas de secuestro, como a quienes viajan en caravanas, solicitantes de asilo, etcétera.
Sin embargo, la CNDH tampoco explicó en este último escrito por qué no ha dado a conocer los testimonios de secuestros masivos, de los que, a continuación, se revela una muestra.
Este es el México al que decenas de miles de migrantes se enfrentan a diario, la situación que la CNDH ha mantenido oculta.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“Ya no recuerdo cuántas veces ni cuántos me violaron”
País de origen: Honduras
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 1 octubre 2019, Santa Catarina, Nuevo León
“Tuve que huir de mi país con seis meses de embarazo porque el marero con el que vivía ya tenía vendido a mi hijo cuando naciera.
Llegando al municipio de Vanegas, cerca de San Luis Potosí, unos policías municipales subieron al camión donde viajaba y me quitaron el dinero. Después me entregaron a otras personas con uniforme oscuro con un mapa de México en la parte alta de la manga. Ellos me llevaron a otro lugar donde había otras ocho mujeres. Supe que era un secuestro porque nos obligaban a hablarles a nuestros familiares y a pedir dinero por nuestras vidas.
Practicaban el snuff: violaban a una entre todos mientras la acuchillaban. Yo recuerdo ver pedazos de cuerpos y a ellos masturbándose. Nos pegaban y violaban en repetidas ocasiones. Ya no recuerdo cuántas veces ni cuántos me violaron porque casi siempre me desmayaba. Les imploraba para que pararan, pero no servía de nada. Al contrario, me hacían más daño. Me decían que me matarían si gritaba.
Enfrente de mí mataron a algunas mujeres. Nos trataban como si fuéramos sus juguetes eróticos. Por mí pagaron 850 dólares.
Por las armas y las claves que utilizaban para hablar, casi puedo asegurar que eran policías los que me secuestraron. Salí de ahí totalmente perdida, humillada, golpeada, hinchada y desmoralizada. Tuve que acogerme a un programa de protección de víctimas. He tardado mucho en poder recuperar mi vida.
Me tocó recorrer mucho y vivir muy malas experiencias en México. Mi hija tuvo que nacer en México, y nació bien gracias a los cuidados que me dieron en el albergue”.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“Éramos 75 en cada casa de seguridad. Pedían 5 mil 500 dólares por cada uno”
País de origen: Guatemala
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 25 septiembre 2019, Huixtla, Chiapas
“Esto fue el 15 de febrero de 2019, cuando entré por la Mesilla con 50 personas y un pollero. Llegamos a Villahermosa (Tabasco) y ahí nos reunimos con más gente. Éramos en total alrededor de 425 personas. A todos nos metieron en tráileres.
Recuerdo que salimos un martes por la noche. Como llevaba mi celular, el jueves me di cuenta por el GPS de que estábamos en Altamira, Tamaulipas. Ahí de repente el tráiler se paró. Abrieron las puertas y aparecieron muchos hombres armados. Nos bajaron y nos metieron a otro camión sin techo, de esos donde llevan ganado. En el mío íbamos como 70 hombres. Todos hacinados.
Tardamos alrededor de seis horas en llegar a Heroica Matamoros (Tamaulipas). Ahí, nos quitaron los teléfonos y el dinero que cargábamos, y nos metieron en diferentes casas pequeñas. Éramos como 75 por casa. Todas bien encerradas. Luego nos dijeron que nos iban a cruzar (a Estados Unidos), pero querían antes 5 mil 500 dólares por cada uno. Creo que eran los del Cártel del Golfo. Gente muy violenta, bien armada, y con chalecos antibalas, gorros, y pasamontañas.
Fue un secuestro muy grande, de ahí que las autoridades se dieron cuenta. Yo pienso que les pusieron el dedo y el domingo en la noche llegaron los de la Marina a rescatarnos. Pero los del cártel tienen gente en cada esquina que les informa, y por eso siempre encuentran la manera de escaparse. Nunca los agarran.
(Las autoridades) nos llevaron a un albergue. Estuvimos tres días en el refugio y luego nos llevaron a la estación migratoria Siglo XXI (de Tapachula, Chiapas). Allí, al ingresar, el personal te dice: ‘Bienvenido al infierno’.
Me devolvieron a mi país el 1 de marzo de 2019. Pero volví a intentar cruzar en septiembre de ese mismo año. Le pagué 25 mil quetzales a un pollero por dejarme en la frontera y me volvieron a agarrar. Ahora estoy detenido en Huixtla (Chiapas) y me van a deportar otra vez.
México cuesta cruzarlo. Dejas mucho dinero aquí y ni así logras llegar a tu destino”.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“Me secuestró la policía”
País de origen: Honduras
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 24 septiembre 2019, Tapachula, Chiapas-
“En junio de 2019, entré con cuatro amigos por La Mesilla (frontera sur entre Guatemala y México). Un día íbamos caminando cerca de un retén por San Cristóbal (Chiapas) y nos detuvieron unos agentes uniformados y armados. De repente, levantaron el retén, nos subieron a una patrulla, y nos llevaron a una estación de policía muy cerca del retén. Estacionaron la patrulla y nos dejaron ahí adentro.
Luego, uno de los agentes llegó y nos dijo: “Si quieren salir libres tienen que pagar 60 mil pesos o los entregamos a Migración”.
Nos exigieron números de contacto y nos obligaron a hablarle a nuestras familias para pedirles que les hicieran los depósitos a cuentas de otras personas. Nos retuvieron más de un día y medio adentro de la patrulla. Sin comer, sin beber, y con amenazas y maltratos. Entre ellos se turnaron para cuidarnos hasta que nuestras familias negociaron con ellos, les depositaron el dinero, y nos dejaron ir.
No sé qué tipo de agentes eran. Pero yo creo que eran de la policía estatal por lo cerca que estaba su estación del retén que improvisaron.
En mi país también corro peligro. Lo único que busco es poder trabajar”.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“Me cortaron el dedo meñique”
País de origen: Nicaragua
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 26 septiembre 2019, Tapachula, Chiapas.
“Salí de mi país, Nicaragua, porque quería llegar a Estados Unidos para buscar el famoso sueño americano.
En noviembre del 2018 entré a México por el río Suchiate (Chiapas). Viajé a veces en tren, otras en bus, y también caminé mucho. Así logré llegar hasta San Luis Potosí.
En ese lugar fui secuestrado por un grupo de cuatro personas armadas. Me llevaron a una casa donde había otros tres hombres, dos mujeres, y un niño. A todos nos preguntaron si teníamos familiares para pedir rescate. Como les dije que no, me mandaron a otro cuarto con otros que estaban igual que yo.
Me torturaron para que hablara y les diera el número de un familiar. Pero no lo hice porque mi única familia es mi esposa y mis dos hijos que están en Nicaragua. Y ellos no tienen dinero. Por eso me voy a los Estados Unidos. Así que, como no hablé, me cortaron el dedo meñique de la mano derecha.
Después de cinco días de estar encerrado, una noche, mientras los cuidadores estaban distraídos golpeando a los nuevos, logré escaparme con otros tres migrantes. Corrimos hasta que amaneció y llegamos a una ranchería donde nos regalaron agua y comida.
Decidimos no denunciar porque temíamos por nuestras vidas, así que avanzamos rumbo a Tamaulipas, hasta que en el trayecto nos agarró migración. A mí me regresó a mi país. Sin embargo, aquí ando de nuevo. Haciendo la lucha otra vez”.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“Ellos nos gritaban: “cállate, o te matamos a ti y a tu hijo”
País de origen: Honduras
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 3 octubre 2019, Tijuana, Baja California.
“Mi madre salió de Honduras en 2017, para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Al día de hoy no sabemos qué fue de ella. No sabemos si está desaparecida, muerta o secuestrada en algún lugar de México.
Allá en mi país no hay trabajo y a uno ya no le alcanza para sobrevivir. La violencia se ha vuelto insoportable, por lo que decidí irme el 13 de mayo de 2019, con la ilusión de volver a ver a mi madre y darle una mejor vida a mi hijo.
Salí con seis mujeres, cada una traíamos a un hijo. Entramos por Frontera, Tabasco. El pollero nos subía a los buses como si nada. Él pagaba los boletos y se sentaba en el asiento delantero; teníamos que estar atentas para que no se escapara.
El 1 de junio veníamos avanzando, yo estaba medio dormida, cuando de repente sentí que el bus paró abruptamente. Abrí los ojos y vi como subieron unos hombres cargando armas muy grandes en las manos y otras en las piernas, con chalecos antibalas y encapuchados. Nos hablaban muy fuerte y ponían sus armas en nuestra cabeza.
Cuando nos bajaron no nos dieron tiempo de nada. Antes de que me cubriera la cabeza, pude ver que había muchas camionetas y miré que había policías. Lo sé por el traje color negro. Sólo nos bajaron a las seis mujeres con nuestros hijos.
Nos llevaron en tres camionetas con la cabeza agachada y siempre cubierta. Mi hijo venía conmigo temblando y llorando. Yo le decía: “vamos a salir de esto”. Pero ellos nos gritaban: “cállate, o te matamos a ti y a tu hijo”. Creo que nos llevaron a una casa muy lejos, porque nos agarran en la mañana y llegamos ya de noche. Yo digo que ocurrió en Veracruz, porque vi un rótulo en el camino antes de que nos secuestraran. Lo más duro fue cuando me quitaron el gorro. Pude ver que había mucha gente, en ese momento pensé que podía encontrar a mi mamá.
Me quitaron todas mis pertenencias. Ahí vi cómo torturaban a varones dándoles “chavelazos” con una raqueta de fierro, muy pesada; les pegaban fuertísimo mientras les decían: “habla con tu familia, queremos respuesta hoy mismo”. Nunca había visto ni oído eso.
Nos pedían mucho dinero. No podíamos llorar porque el jefe se molestaba. En la casa que yo estaba había como 45 personas torturadas, atada de pies a cabeza, se escuchaban balazos a cada momento, la gente estaba tirada en el suelo. En una ocasión pude escuchar a un hombre que mientras golpeaba decía: “mira, quiero un rancho o 50 mil dólares”.
La casa en la que estaba tenía cuatro cuartos. Un día pude ver por un ventanal que alrededor había casas bonitas, era como una colonia. Los torturados gritaban: “regálenme agua, me estoy asfixiando”.
A las mujeres nos ponían a cocinar y a fregar. En las noches, los que nos cuidaban se juntaban para drogarse, se meten una bolsita con polvo blanco en la nariz. Escogían a las mujeres que les gustaban para meterlas en un cuarto donde entraban unos y salían otros para abusar de ellas repetidamente.
Por las noches siempre había puras “humasonas”, ¡mucho humo! Sólo una vez me dieron oportunidad de hablar con mi hermana mientras me apuntaban un arma sobre mi cabeza, diciéndome: “no vas a llorar, ni a decir nada, sólo le vas a decir que necesitas 20 mil dólares. También dile que se porte bien porque nosotros controlamos México y nos enteramos de todo, hasta en Honduras sabemos todo”. De nada sirvió porque ellos le hablaban y le decían: “está rica tu hermana, la hago mujer cada que yo quiero y el niño se va a morir”.
Le hablaban cada dos días. Logró juntar 100 mil lempiras (algo más de 80 mil pesos) y le dijeron que viera la forma de mandar el resto. Ellos me decían: “nunca te vas a ir de aquí, te vas a quedar a trabajar con nosotros”.
Yo estaba desesperada hasta que supe que Dios existía por la respuesta que me dio. Desde que llegué me di cuenta cómo uno de los sicarios no me dejaba de mirar. Un día se me acercó y me dijo: “tú estás galana, quédate conmigo. Yo te arreglo papeles, no te va a faltar nada”. Noté que era hondureño. Le dije: “Soy mujer de pueblo y estoy casada”. Pasaron más días y se me volvió a acercar diciendo: “me caes bien, no te pongas triste. Vas a salir de aquí”. Le contesté: “¿cómo? Mira alrededor cuántos hay aquí”. Me dijo: “así como te agarraron, a mí me secuestraron hace 10 años. No quiero estar aquí, pero ya saben todo sobre mi familia en Honduras. Estoy obligado con ellos, no me pagan mal y ese dinero se los puedo enviar. Si yo me logro escapar tendría que buscar la forma de que mi familia huyera o los matarían. Tantos secuestrados han pasado por aquí que quizás hasta en Estados Unidos me encontrarían”.
Ya llevaba ocho días en esa casa. A mí no me hicieron nada, pero sólo nos daban de comer dos veces al día. Muchas veces se les olvidaba. De repente, una mañana me llegó el hondureño y me dijo: “te voy a ayudar a escapar, me la estoy rifando porque me pueden matar. Vas al baño y te subes a la camioneta”.
Agarré a mi hijo y me fui, nos hizo agacharnos y taparnos la cara. Llevaba la pistola cerca del timón y no nos dejaba quitar el gorro. Dijo: “¡Con el cartel de los Zetas no se juega!” Cuando llegamos a una calle pavimentada dijo: “bájate rápido, me dio 500 pesos y me dijo agarra el primer bus que pase”. Eso hice y cuando me bajé en una terminal vi que decía Cárdenas.
Ya era mitad de julio, una señora me dejó hablar y nos dio posada. De ahí me entregué en Reynosa y me mandaron a San Diego. Me deportaron a Tijuana el 26 de julio. Estando aquí decidí acudir a la fiscalía para levantar una denuncia sobre mi secuestro, se me negó en la FGR, diciéndome que fuera a la Procuraduría General del Estado. Fui y señalaron que no eran competentes, ya que los hechos habían ocurrido en otro estado, por lo que me recomendaron volver a ese estado para poder presentar mi denuncia.
Por obvias razones me es imposible hacerlo, y cada día que pasa tengo más miedo y me siento totalmente vulnerable. Es increíble ver cómo el crimen son todos, que pasa todo y no pasa nada. A nadie pareciera importarle el dolor humano. Mi hijo está muy lastimado. Ya no supe nada de las mujeres con las que salí. Hay muchas víctimas migrantes en el camino. En el año 2010, muchos de los 72 muertos eran de mi municipio. Aquí en el albergue han secuestrado muchos, pero nadie quiere hablar”.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“La policía municipal nos entregó al CJNG”
País de origen: Honduras
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 27 de febrero, CDMX.
Iba en un camión de pasajeros de Acayucan, Veracruz. Todos los que íbamos ahí éramos migrantes, solo que unos parece que ya habían pagado al cártel para pasar y otros, como nosotros, pues no.
Ahí conocí a otros compañeros que también fueron secuestrados conmigo, ellos son de Guatemala. Iban también en ese camión.
Saliendo de Acayucan nos topamos con un retén de policías municipales. Detuvieron el camión y, fue raro, porque nos buscaron justo a los que veníamos viajando sin pollero. Como que a todos los demás ya los tenían bien marcados.
Nos bajaron del camión, a los dos de Guatemala, a mí, y a otros dos que no supe de dónde eran. No subieron a una patrulla de ellos, de la Policía Municipal, y nos dijeron que nos llevarían a Migración, pero todo eso fue mentira porque nos llevaron directo a una casa de seguridad y nos entregaron con gente del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Nos recibieron como 12 personas armadas hasta los dientes, andaban 45 mm, 9 mm, M16 y pistolas manuales. Parecían mexicanos. No se cubrían la cara ni nada, se ve que estaban bien de acuerdo con toda la policía de ahí. Muchos de ellos traían gorras rojas, pero también andaban unos con gorras negras o azules que tenían bordadas las letras CJNG.
Nos amenazaron de muerte y nos quitaron nuestros teléfonos celulares. Ya que tuvieron nuestras claves para desbloquearlos, de ahí sacaron los contactos de nuestros familiares para empezar a extorsionarlos. De inicio a mi familia le sacaron mil 500 (dólares) para que no me hicieran daño, y después otros 2 mil para soltarme.
De los cinco que entramos al mismo tiempo, los familiares de tres pagaron el rescate, pero de los otros dos no sabemos qué habrá pasado.
Esto sucedió el 8 de febrero, ahí nos tuvieron hasta el 10 de febrero que nos soltaron por la tarde, después de hacer el segundo cobro.
Cuando llegamos había otros dos secuestrados en ese lugar, y cuando nos estaban sacando ya venían con otro grupo de 10 personas, todos migrantes. Incluso, se veía a una mujer con su hijo como de seis años, y también llevaban a un chamaco que viajaba solo. Se veía como de unos 14 o 15 años.
Mientras nos alistaban para sacarnos, vimos cómo empezaban a torturar a los que acababan de llegar porque no querían dar los teléfonos de sus familiares. Les quitaban la ropa y empezaban a “tablearlos” (pegarles con unas tablas), ahí frente a todos los que estábamos. También agarraban un plástico largo y les pegaban en la espalda, como si fuera una especie de látigo. Les estaban preguntando si traían pollero en el momento en el que nos estaban subiendo al coche.
El coche era un Volkswagen Jetta blanco. Ahí iba el chofer y el copiloto, los dos bien armados. Uno manejaba y el otro nos llevaba agachados y nos apuntaba con un arma en la nuca, nos decía que si mirábamos tantito nos mataba. Nos dejaron cerca de la estación de autobuses, donde los estaba esperando otro que se suponía también que era de ellos.
Después nos enteramos de que habían cobrado otros dos mil (dólares) a nuestras familias, supuestamente para que el pollero nos llevara a Estados Unidos. Pero eso fue otro engaño, sólo nos subieron a otro camión rumbo a Saltillo.
Y ahí es donde nos agarraron, en un retén de migración. Pero al pollero lo soltaron porque decían que tenía papeles mexicanos.
Al final le quitaron a mi familia 5 mil 500 dólares. Ya me quiero regresar a mi casa, no quiero saber nada de este país.
Ilustración: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
“Me metieron en una bodega donde tenían secuestradas a otras 100 personas”
País de origen: Cuba
Fecha y lugar donde la CNDH tomó el testimonio: 6 de septiembre, CDMX.
“Salí de Cuba el 8 de junio de este año (2020), en avión, con destino a Panamá. De ahí empecé a moverme en autobús. Crucé todo Centroamérica hasta llegar a la frontera entre Guatemala y México. Durante este tramo no tuve problemas reales, solamente un par de retenes militares en Honduras donde me quitaron 30 y $40, respectivamente.
En Chiapas tomé un camión directo a Puebla, donde me estarían esperando para llevarme hasta la frontera con Estados Unidos. Una hermana mía iba pagando lo del viaje a las personas que me llevaban.
Fue como a la una de la mañana que el camión se detuvo, ya estábamos en el estado de Puebla, pero aún no llegamos a la ciudad. En alguna parte de la autopista, un grupo de 10 o 12 personas vestidas como policías detuvo el camión de pasajeros. Ahí me quitaron 1 mil 500 dólares, que es todo lo que traía.
Todo ese camión estaba lleno de migrantes, algunos cubanos, pero la gran mayoría centroamericanos. Después de mí, agarraron a tres guatemaltecos que no quisieron dar dinero e intentaron escaparse, pero ahí mismo los mataron. Les pegaron un tiro en la cabeza, ahí, enfrente de mí. Mientras hacían los cuerpos a un lado, otro cubano y yo logramos echarnos a correr en el monte y nos escapamos.
Agarramos rumbos distintos, pero después de dos días metidos ahí entre los árboles nos encontramos. Fue como si fuera un milagro. Antes de reencontrarme con el otro cubano, estuve durmiendo entre los árboles, sin probar una gota de agua ni comer absolutamente nada.
Mira, yo me pongo nervioso hablando de esto, ya me están comenzando a temblar las manos.
Te voy a contar algo, sólo lo sabe mi esposa que está en Cuba porque yo le conté, y la psicóloga que me estaba atendiendo en este lugar. Yo tuve un ataque de pánico después de que logré escapar, no recuerdo muchas cosas, sólo que cuando volví a la realidad, yo me había cagado y orinado en los pantalones. Aún ya a salvo en este lugar, continúo con problemas de incontinencia provocados por el miedo, por el terror de las cosas que yo presencié.
Cuando me encontré con el otro cubano en el monte, estábamos cerca de un lugar que creo que se llama charco Buenaventura. El hermano del otro cubano ya le había mandado un coyote para que fuera por él y lo llevara con la gente que lo movería a Estados Unidos. Pero no me dejaron solo. Este chico me dio hasta dinero para que me las arreglara en el camino y su coyote nos llevó juntos hasta un lugar en Pachuca, Hidalgo. Ahí nos metieron en una especie de bodega donde había mucha gente, tenían más de 100 personas secuestradas compartiendo el espacio con nosotros. Cerca había un panteón, me parece, pero no estoy seguro porque habían tapado con lonas y bolsas las ventanas de la bodega. El espacio tenía un solo baño para todos los que estábamos ahí y las puertas siempre estaban cerradas con cadenas y candados. Además, había gente armada cuidándonos todo el tiempo.
Cómo me daba dolor ver a los niños. Había muchos, casi todos enfermos. A mi amigo cubano se lo llevaron y hasta donde sé, él sí logró llegar hasta Estados Unidos. Yo todavía estuve ahí como ocho días más. Recuerdo que sólo nos daban un tiempo de comida, generalmente de una especie de sopa con frijoles y agua sola. Si querías algo de comer te lo tenías que pagar.
Era una situación extraña porque había muchos que parecía que estaban secuestrados, y muchos otros que sólo estaban ahí unos días y después los movían, los llevaban para el norte.
En esa bodega me dejaron hablar con mi familia en Cuba. Ahí tengo a mi esposa y a mi hija de 12 años. Le conté lo que me había pasado en el camión.
Mi esposa habló con un pastor importante. Y él, a su vez, habló con alguien aquí en México. No entiendo bien qué pasó, ni cómo sucedió, pero un día el religioso de México, cuyo nombre no voy a mencionar porque no lo quiero poner en riesgo, pactó mi entrega en el centro de Ciudad de México. No sé cuánto le cobraron por el rescate.
Cuando me entregaron en la plaza del centro de la ciudad, el religioso me trajo aquí, a casa Mambrú, donde me han tratado con amor, paciencia, y con un profesionalismo increíble.
Los hombres armados me devolvieron con la condición de que mi entrega se hiciera en la Ciudad de México, no en Pachuca, como había propuesto inicialmente el hombre religioso. Yo no sé qué habrá pasado con los demás, no he vuelto a verlos.
Aquí en la ciudad todo ha estado más tranquilo, hasta ahora. Desde entonces, sólo tuve un problema con policías de la ciudad de México, que me agarraron aquí en la esquina de fuera del albergue y me quitaron todo el dinero que me habían mandado mis familiares. Me vieron en la calle, me preguntaron de dónde era, y cuando notaron que era extranjero, de inmediato me subieron a la patrulla y me empezaron a buscar el dinero hasta que me quitaron todo.
Ahora le he cogido más miedo a los policías que a los propios secuestradores”.
Hoy se cumplen tres años de que Juan y José Ángel Meléndrez Luna; así como José Juan Santos Meléndrez y José Meléndrez Pineda fueran víctimas de desaparición forzada a manos de policías municipales del Autlán de Navarro, Jalisco.
A pesar de haber detenidos a varios de los policías implicados es día de que no se sabe nada de estos cuatro comerciantes veracruzanos desaparecidos el 1 de febrero de 2018.
Darwin Franco / Zona Docs
El último mensaje que envió Juan Meléndrez Luna a su novia a través de WhatsApp indicaba que estaban siendo detenidos sin razón aparente por elementos de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, el 1 de febrero de 2018. Los policías que descendieron de las patrullas con número oficial SP46 y A48, lo hicieron bajar del Tsuru (tipo taxi) en el que viajaba junto con José Meléndrez Pineda, de 72 años; José Juan Santos Meléndrez, de 44 años; y José Ángel Meléndrez Luna de 37 años; desde ese día Juan y sus familiares están desaparecidos.
Aunque la familia Meléndrez Luna aportó la hora de detención y el número de las unidades que detuvieron a los cuatro veracruzanos, esto no fue suficiente para las autoridades municipales, las cuales negaron en todo momento que hubiese existido la detención.
Desde ese momento, se presentó una denuncia en la Delegación de la Fiscalía General de Jalisco en Autlán de Navarro por la desaparición forzada de sus familiares. De esta instancia y a más de dos años de la desaparición sólo han obtenido un: “seguimos investigando”.
Doreen Meléndrez lamenta que la Fiscalía del Estado de Jalisco no le dé a la desaparición de sus familiares la atención que se merece, ya que nunca se han dignado a informarles qué está pasando con su investigación y búsqueda:
“A nosotros nunca nos han dicho nada sobre el caso, si existe un avance nos vamos enteramos por los medios de comunicación, así sucedió con estos dos policías que ya fueron detenidos, pero no sabemos nada porque no nos han permitido leer el expediente ni nos han notificado nada”.
Juan y José Ángel Meléndrez Luna son originarios de Minatitlán, Veracruz, y se encontraban en Jalisco debido a sus labores como comerciantes; en cambio, José Meléndrez Pineda y José Juan SantosMeléndrez son residentes de Guadalajara. Los cuatro se encontraban en Autlán realizando labores de mercadeo.
Ese 1 de febrero estaban a punto de regresar a Guadalajara cuando fueron interceptados por los policías municipales; sin embargo, en los informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro se aseguró que no había registro alguno de su detención y/o presentado en algún juzgado municipal.
El Fiscal General, Gerardo Octavio Solís, informó que estos dos policías municipales de Autlán de Navarro: “Ya se encuentran a disposición de un juez por desaparición forzada”, por lo que se espera que en los próximos días se den las primeras audiencias para que puedan recibir sentencia por la comisión de este delito cometido contra los integrantes de la familia Meléndrez.
“Ojalá que esto que pasó sirva para hallar a nuestra familia porque ya son dos años y 10 meses que les buscamos, así que también esperamos que de la Fiscalía se nos informe todo lo que declaren, pues a la fecha no tenemos ninguna información de su parte”, concluyó Doreen.
Sin embargo, los días han pasado y la familia no ha sido notificada de ningún avance sobre la localización de sus familiares; es más desconocen a cabalidad qué fue lo que declarado los policías municipales detenidos.
Hoy a tres años, Doreen escribió este mensaje para sus hermanos en sus redes sociales:
El día 1 de febrero 2018 desaparecieron en Autlán de Navarro por los policías de Autlán, desde ese día nuestras vidas cambiaron… ellos eran personas trabajadoras, honradas y tenían mucho por delante. José Ángel Meléndrez Luna, Juanito Meléndrez Luna donde quiera que estén, los amamos un chingo y los extrañamos…. para mí eran alguien importante, eran nuestra alegría… mis destrampados: los amo”
Ejidatarios y habitantes de la comunidad indígena de Yecapixtla, Morelos, acusan que el presidente López Obrador y su gobierno cometen una “traición total” al continuar las obras de la termoeléctrica de Huexca, construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2012 a 2017.
La termoeléctrica de ciclo combinado forma parte, junto con un gasoducto y un acueducto, del Proyecto Integral Morelos impulsado en 2009 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón y después por el de Enrique Peña Nieto.
La resistencia al proyecto surgió en 2011 y desde entonces los pobladores han acusado que implica graves daños ambientales, un golpe al suministro de agua local y perjuicios a la salud humana.
En 2014, López Obrador, entonces presidente de Morena, manifestó en Yecapixtla su oposición al Proyecto Integral Morelos. En 2019, ya como presidente, anunció una consulta pública ese mismo mes para determinar si operaría o no la termoeléctrica. Además, se refirió como “radicales de izquierda” a quienes cinco años antes había prometido ayudar. Hoy, los habitantes ven una “traición total” de su parte.
Cancún, Q. Roo, 1 de febrero.- Enero cerró con el asesinato de cuatro mujeres y la desaparición de 12, 11 de ellas, adolescentes y una mujer de 39 años, informó la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), al exigir el esclarecimiento de los crímenes, la búsqueda de las víctimas y la visibilización de aquellos que son feminicidios y se ocultan dentro de las cifras de homicidios dolosos.
Las mujeres asesinadas en lo que va del año, son Jade Ivone Matus Pérez, de 45 años, quien murió a consecuencia del incendio de su vivienda, en el municipio maya de José María Morelos, provocado por su ex pareja, el 1 de enero; y una mujer de 40 años, a quien dispararon en su domicilio, ubicado en Chetumal, el 27 de ese mes.
También, Reyna “N”, una joven de 27 años, embarazada, quien fue apuñalada en su domicilio, en Cancún, el 28 de enero; y un día después, una mujer originaria de Honduras, a quien dispararon en “El Crucero”, en Cancún.
“Es importante mencionar que, aunque los asesinatos de formas violentas, pueden no conllevar a un feminicidio, si consideramos fundamental que, conforme a la Sentencia Mariana Lima 554/2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los asesinatos de mujeres deben ser investigados por las autoridades con perspectiva de género”, indicó la Red, al emitir un pronunciamiento sobre el tema, este lunes.
Las colectivas señalaron que la autoridad debe explorar todas las líneas de investigación posibles -incluyendo el hecho de que la mujer haya sido víctima de violencia de género- para determinar la verdad histórica de lo sucedido.
“Dichas autoridades, además de realizar las diligencias que se hacen, en cualquier caso, deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta.
“Además, deben investigar, de oficio, las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que se da en una región determinada”, manifestaron.
La RFQ subrayó que muchos de estos asesinatos son feminicidios “por sentido de pertenencia”, ligados al crimen organizado y no homicidios dolosos, categorización que invisibiliza la violencia contra la mujer y que “responsabiliza a las estructuras del crimen organizado por su acción y a las estructuras del Estado por su completa omisión”
Las defensoras de derechos humanos explicaron que, dentro de las redes criminales, las mujeres son asesinadas por venganza o utilizadas como escudo humano, protegiendo al hombre “como si a él debiera su existencia”.
“La violencia nunca termina en el asesinato de una mujer, las mujeres son violentadas incluso después de su muerte, sus cuerpos son exhibidos públicamente, una especie de victoria o trofeo que impone la posición del hombre frente al enemigo por encima de una mujer asesinada”, ahondaron.
En ese sentido exhortaron a los medios de comunicación a dar cobertura a estos hechos con perspectiva de género, lo que implica cumplir con los máximos estándares de protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razones de género.
“Su labor es muy importante en la visibilización de la violencia que vivimos las mujeres, por lo que les pedimos que cuenten bien a nuestras muertas”, reiteraron.
A la sociedad le solicitaron el no normalizar las violencias que viven las mujeres y las niñas, a no juzgar a las víctimas por su género y a involucrarse en la exigencia de los derechos humanos.
Mientras que a las autoridades les exigieron cumplir con aquello a lo que están obligados.
En el caso de la Fiscalía General del estado, que en todos los asesinatos de mujeres tomen en cuenta la Sentencia Mariana Lima; que identifique cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verifique la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta.
Que indague las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia en su agravio.
Y que se apegue a sus protocolos, código de ética y reglamentos, para que la información de las víctimas permanezca siempre de forma confidencial y cualquier funcionario que filtre o venda información sensible sobre las agraviadas, sea destituido y que se proceda legalmente en su contra.
Del gobierno del estado demandaron continuar con el cumplimiento de los 54 puntos del pliego petitorio que le fue entregado al gobierno del estado, Carlos Joaquín González, el 16 de noviembre de 2020, el cual está enfocado en acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
Al Congreso de Quintana Roo lo exhortaron a cumplir los 10 puntos de ese pliego petitorio que son de su competencia, los cuales se enfocan en garantizar los derechos de las mujeres y legislar sobre las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.
La semana pasada, las autoridades municipales y de salud estatal realizaron un evento en el rancho el Colorado, Jalisco para nombrarlo comunidad saludable, casi de inmediato los vecinos de la comunidad renegaron de ese hecho considerando que se trataba de una burla cuando desde hace tres años ni cuentan con un médico de planta, curaciones o atención que consideran son indispensables para ellos.
Por tal razón realizaron un reporte a tu denuncia CPS para manifestar su descalificación a tal nombramiento porque no se puede considerar una comunidad saludable al estar cerrado el centro de salud convertido en bodega y tener que buscar otras opciones para poder atender sus problemas de salud.
Las situaciones de emergencia se tienen que atender en Puerto Vallarta, pero antes buscan ayuda en Ixtapa o en una farmacia de similares para estabilizar al enfermo y llegue en mejor estado al regional o al Seguro Social, muchas de esa persona con problemas de salud bajan de la zona serrana
Señaló que para que los atiendan en la clínica de las Palmas es un gran problema porque los encargados de ese centro de salud les dicen que les toca en El Colorado, pero su cínica en el colorado hace tres años que está cerrada.
A pesar de que existe la promesa de que ya está en planes la liberación y apertura de esa clínica, los vecinos desconfían de esa promesa, por eso exigen que sea reactivada.
Le recordaron a la UADY que tiene una deuda pendiente con la joven Karla Gutiérrez, quien perdió la vida en un consultorio de Tahdziú. Demandan que les garanticen seguridad en su servicio social y pasantía.
Mérida, Yucatán, 1 de febrero del 2021.– Este lunes, más de 200 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de otras instituciones educativas, marcharon en Paseo de Montejo para recordar la deuda pendiente con Karla Jaqueline Gutiérrez Kú, la joven yucateca que perdió la vida el 15 de septiembre del año pasado mientras realizaba su servicio social en el centro de salud de Tahdziú.
Pero también protestaron para exigir justica por Mariana Sánchez Dávalos, quien fue víctima de feminicidio el 28 de enero en la Clínica de la colonia Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, y que fue ignorada por las autoridades cuando un mes antes denunció abuso sexual.
En el caso de Karla, la versión oficial es que se suicidó, pero hoy su madre, la señora María Guadalupe Ku Cobá, relató que su hija sufrió ataques de ansiedad porque fue obligada por la Facultad de Medicina a vivir en la precariedad durante su pasantía.
“Después de fallecida me enteré que tuvo severas crisis de ansiedad que no me fue notificado, la obligaron a estar en un cuartucho, yo le había rentando casas, hice un préstamo para poder equiparla con estufa, frigobar y fui a ponerla en un lugar que se sintiera protegida. Pero la obligaron a estar en ese hospital sin seguro, que hasta yo le tuve que comprar candado, cadena, endeudándome aún más. Hasta papel sanitario, ella misma se lo tenía que comprar”, explicó en la protesta.
María Guadalupe recordó que desde pequeña su hija soñó con ser doctora, pero jamás pensó que al llevarla a Tahdziú no regresaría más a casa. Es por esta razón que marchó junto a las y los estudiantes de Medicina para exigir un trato seguro y justo.
“¡Y no se preocupen porque con mi vida no voy a hacer nada que no sea para bien, porque créanme, me uno a ustedes jóvenes y a todas esas madres para que no haya ni una más, ni una madre como yo que se desgarre el corazón!”, exclamó.
Las y los estudiantes caminaron desde el Monumento a la Patria hasta llegar al parque de Santa Ana en donde leyeron un desplegado con sus solicitudes, entre estas sobresalen que se cancelen las plazas para servicio social y pasantías en las localidades en donde el Gobierno del Estado y la Universidad no puedan garantizarles seguridad.
Además, que los estudiantes puedan manejar las plazas en parejas, es decir, que haya dos pasantes de Medicina en cada sede. De igual forma, aumentar el monto de la beca, protección jurídica, atención médica para los estudiantes y que exista un médico titular como supervisor en las zonas rurales.
“Estamos exigiendo justicia para Mariana, para Karla y para cada uno de los pasantes. Ser médicos, ser estudiantes, querer mejorar este país no tiene que ser a costa de nuestra seguridad física, psicológica o nuestra vida, nos queremos vivas, ya no tenemos miedo y no nos quedaremos calladas”, enfatizó una estudiante al final de la marcha.
La activista Araceli Salcedo advirtió que no habrá votos para quien no lo merezca
Tania Guzmán / Al calor político
La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo, criticó que durante las épocas electorales los políticos se acuerdan de las víctimas de desapariciones. Según la activistas, ahora que muchos diputados se quieren reelegir, sin duda vendrán a buscar a los colectivos para intentar abanderar sus causas.
Sin embargo, aclaró, no irán los votos para quienes no lo merecen. Salcedo acusó que durante la pandemia ni un Diputado se acercó con las familias, a pesar de que hay muchas que necesitan ayuda.
“Simplemente se dieron la vuelta y se taparon los ojos, como si con cubrirse los ojos se acabara el problema. Es una muy lamentable situación y tan sólo cuando fue lo de Ixtac el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, estaba ahí y nos ignoró”, dijo. Recordó que el propio Gobernador se ha ido escondido de Orizaba para ni siquiera verlas.
El 15 de mayo del 2019 Miguel Ángel, junto con cuatro personas más, fueron privados de su libertad en el municipio de Tlaquepaque, aunque en octubre les confirmaron a familiares que lo encontraron en una fosa clandestina en Santa Anita, hasta el momento no les han entregado lo que encontraron de él.
Eva Ochoa Hernández, madre de Miguel Ángel, señaló que lo único que desea es que le regresen los restos de su hijo a fin de poderle dar una sepultura digna, y así la familia tenga un lugar al cual acudir a entregar flores.
Miguel Ángel tenía 22 años y era sordomudo, y si bien no fue sino hasta octubre que corroboran con familiares que los restos encontrados pertenecían a él, doña Eva no tiene certeza de que las investigaciones en torno al secuestro de su hijo y las demás personas hayan avanzado, por lo cual no entiende el por qué no le regresan los restos del él.
“Ya va a cumplir dos años que no está completo mi hijo, y la verdad yo quiero ya sepultarlo, yo quiero descansar, mi madre murió de tristeza, y yo ya quiero enterrar a mi hijo, que me den lo que tengan de mi niño, porque ya quiero descansar”.
Su hijo trabajaba de mesero en un puesto de tacos y la privación de su libertad se dio por desconocidos que en primera instancia fueron por familiares de los dueños para los que Miguel Ángel trabajaba.
“Fueron cinco personas a las que se llevaron, tres hombres y dos mujeres, y solo han encontrado a dos, a una mujer y a mi niño. Mi hijo no tenía ningún vicio, estaba en escuela especial. Cuando encontré a mi niño (en la Semefo) encontré su pura cabeza, pero yo ya lo quiero sepultar, ya van para dos años”.
Al respecto, David Hernández, fundador de la asociación Da Vida a San Pedro Tlaquepaque, habló del acompañamiento que le han dado este tiempo a doña Eva en un afán de conseguir que autoridades dejen de revictimizarla y le entreguen los restos de su hijo, sin embargo, refirió que el camino ha sido difícil pues solo se han encontrado con obstáculos y desdén.
“En Semefo nos decían que como el cuerpo no está completo no se puede entregar, al final sacaron todos los cuerpos de la fosa de Santa Anita y el cuerpo de Miguel Ángel no quedó completo. Hablamos con el MP y le pedíamos que pudieran agilizar el tema y la realidad es que lo que nosotros vemos es que Eva es víctima de la delincuencia, porque le levantan a su hijo, y ahora está siendo víctima de la falta de atención del gobierno a estos temas. Si hubiera algún indicio de que se estuviese investigando, de que están realmente buscando las otras partes otra cosa sería, pero esa fosa, ese trámite ya se cerró. Prácticamente para Semefo ese tema está terminado”.
Llamó a autoridades a que en un acto de humanidad le entreguen a Eva lo que queda de su hijo, pues no puede ser posible que a casi dos años sigan en una misma situación sin que a familiares les digan gran cosa.
La masacre de migrantes centroamericanos del viernes 22 en Tamaulipas forma parte de la narcoguerra entre los cárteles del Noreste y del Golfo en la región. A decir del obispo Raúl Vera, el crimen entra en la lógica de las bandas: los del Golfo cobran entre 700 y mil 500 dólares por persona a los coyotes que usen “sus” rutas para llevarlas a Estados Unidos. Al asesinar a los clientes, los del Noreste arruinan el negocio de sus rivales. Pero el Movimiento Migrante Mesoamericano sostiene que los primeros eslabones de ese cruento negocio son las financiadoras guatemaltecas, así como los policías y los agentes migratorios corruptos de México.
Frontera. Migrantes centroamericanos. Foto: Hugo Cruz
Juan Alberto Cedillo/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La tarde del viernes 22 un convoy de camionetas con miembros de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste (CDN, los antiguos Zetas), arribaron a la comunidad de Los Guerra, municipio de Miguel Alemán, a través de la “Brecha 57”, un largo y solitario camino de terracería que inicia en Nuevo León y está sembrado de camionetas calcinadas.
El comando buscaba a un alto mando del grupo rival, el Cártel del Golfo (CDG), que controla los principales municipios de la “frontera chica” de Tamaulipas, según testigos entrevistados por Proceso en México y Guatemala.
El capo que buscaba el CDN, El Entenado, escapó de los sicarios. Ello llevó a la Tropa del Infierno a peinar la zona para “ejecutarlo”. Durante su búsqueda detectaron una “casa de seguridad” entre Camargo y Díaz Ordaz, donde se ocultaban 34 migrantes originarios de Comitancillo y San Marcos, Guatemala, esperando que los cruzaran a Estados Unidos de forma segura, para lo cual cada uno pagó 14 mil dólares a coyotes guatemaltecos.
A su vez, los coyotes le pagan a CDG entre 700 y mil 500 dólares por persona para usar recónditos sitios de cruce del río Bravo para pasar con los migrantes ilegales.
Cuando los sicarios del CDN descubrieron a los guatemaltecos, los asesinaron y apilaron sus cuerpos en la parte trasera de una camioneta, que manejaron hasta los límites con Nuevo León para quemarla y abandonarla. Por sólo unos metros, el vehículo quedó en Tamaulipas.
Testimonios recolectados en Guatemala revelan que uno de los dos coyotes –padre e hijo– que acompañaban a los migrantes guatemaltecos –indígenas de lengua mam– logró escapar con 12 de ellos. En cuanto pudo avisó a sus familiares sobre la tragedia del viernes 22.
En un comunicado, la Fiscalía de Tamaulipas informó que “la tarde del 23 de enero autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública fueron alertadas por un reporte ciudadano de que en una brecha del poblado Santa Anita se encontraba un vehículo incendiado.
“En una de las camionetas localizadas estaban dos cuerpos en la cabina, otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo”.
En entrevista con Proceso el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Felipe Rodríguez, reveló que la fiscalía estatal ya tomó pruebas de ADN de los 19 cuerpos y trabaja con autoridades guatemaltecas para cotejarlas con los probables familiares a fin de identificar a las víctimas. Detalló que se trata de 16 hombres, una mujer y dos cuyo sexo aún no se ha determinado.
El domingo 24 el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, que ha defendido la seguridad de los migrantes y sostiene un refugio para los originarios de Centroamérica, exigió justicia durante su homilía.
Expuso que esos trabajadores representan onerosas ganancias para las diversas mafias del crimen organizado que operan en el país: “Son un negocio porque los ayudan a pasar a Estados Unidos y sus familias se endeudan allá. Y dice la gente de Santa Anita que en la casa de seguridad donde los sacaron tenían guatemaltecos.
“Ahí la gente dice que un cártel tenía a personas, delito que se llama trata, porque les sacaban dinero para pasarlos; pero el grupo enemigo, que no quiere que sus rivales ganen dinero con ellos, decidió matarlos e incinerarlos”.
La travesía de los migrantes guatemaltecos por México es muy diferente a la del resto de la migración centroamericana, señala Rubén Figueroa, coordinador en el Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano.
El coyote guatemalteco siempre acompaña a sus clientes; cuenta con una red de protección en México, que incluye camiones de redilas, donde los transportan; casas de seguridad a lo largo del trayecto y protección pagada a policías municipales y estatales… pero también al “cártel de Instituto Nacional de Migración”.
Fragmento del texto publicado en la edición 2309 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir.
Naciones Unidas exhorta al Estado mexicano a garantizar la vida, seguridad e integridad de personas que han denunciado desapariciones forzadas cometidas por integrantes de la Fiscalía de Nayarit
El Comité contra las Desapariciones Forzadas manifiesta su preocupación por la campaña de persecución y falsos señalamientos iniciada por el gobierno de Nayarit en contra de personas y colectivos que han denunciado la impunidad, la corrupción y los crímenes cometidos por la fiscalía del estado, como podría ser el caso de Santiago Pérez Becerra, coordinador del Colectivo “Familias Unidas por Nayarit” que fue detenido este pasado jueves
Arcelia García / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Sábado 30 de enero del 2021.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Justicia Transicional en México, (i), denuncian a través del siguiente comunicado, la persecución policiaca, el acoso y las amenazas, que están sufriendo las víctimas de delitos que se han atrevido a denunciar las atrocidades que se cometen en la Fiscalía de Nayarit.
COMUNICADO
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED), en uso de sus atribuciones convencionales y en el marco de las acciones urgentes que ordenó en octubre de 2020 con relación a la desaparición forzada de 39 personas cometidas por autoridades ministeriales de Nayarit, solicitó HOY al Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de dieciséis miembros –víctimas, testigos, líderes y asesores legales– del colectivo ciudadano “Comisión de la Verdad de Nayarit” (CVN), conformado para exigir justicia y verdad en contra de los abusos de poder cometidos particularmente entre 2011 y 2017 en la entidad, quienes han sido objeto de amenazas, represalias y criminalización, recrudecida desde diciembre de 2020 –por denunciar de manera valiente el accionar de diversas autoridades del estado en casos de graves de violaciones a los derechos humanos, en particular el fenómeno generalizado y sistemático de las desapariciones forzadas en Nayarit.
El COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El CED exhortó a las autoridades mexicanas a adoptar todas las medidas necesarias para que estas personas puedan desarrollar sus actividades como defensoras de derechos humanos, y participar como testigos en investigaciones, libres de amenazas, actos de violencia, hostigamientos o atentados. Igualmente, solicitó al Estado que de comprobarse que en la campaña de amenazas se encuentra involucrada la Fiscalía estatal, las investigaciones sean atraídas por la Fiscalía General de la República.
EL ESTADO MEXICANO NO HA DADO RESPUESTA A LA ONU SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE LAS 39 PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADAS EN NAYARIT
El CED también expresó su preocupación debido a que desde el 25 de septiembre de 2020 y a pesar de que le fueran enviados tres recordatorios no se ha recibido la información solicitada por parte del Estado mexicano, relativo a las acciones urgentes para la búsqueda de 39 personas.
En este contexto tan grave de amenazas y persecución, el día de hoy fue detenido Santiago Pérez Becerra, coordinador del Colectivo Familias Unidas por Nayarit y padre de Santiago Eloir Pérez, víctima de desaparición forzada el 21 de junio de 2017 y localizado sin vida en una fosa clandestina. Al señor Pérez Becerra se le acusa de conductas delictivas supuestamente cometidas hace 14 años.
De acuerdo con información preliminar, hombres sin identificar y vestidos de civil ingresaron a su casa, encañonándolo y subiéndolo a un vehículo desconocido. La familia se enteró de la detención por un comunicado público emitido por la fiscalía Estatal, que por su contenido vulnera gravemente la presunción de inocencia del señor Pérez.
Al respecto es importante recordar que día 28 de octubre de 2020, el noticiero de Denise Maerker publicó un reportaje en el que familiares de personas desaparecidas denunciaron los cientos de desaparecidos en Nayarit y su desconfianza hacía la Fiscalía General del Estado.
El día siguiente, 29 de octubre de 2020, la FGEN publicó un comunicado en el que señaló: “Lamentamos que Noticieros Televisa le haya dado voz a quienes solo lograron confundir a su reportero, tal es el caso de un cuestionado y desacreditado dirigente de uno de los colectivos”, refiriéndose a Santiago Pérez Becerra, Dicho comunicado fue publicado tanto en las redes sociales de la FGEN (Facebook y Twitter) como en la cuenta privada de Facebook de Petronilo Díaz Ponce Medrano, Fiscal General del Estado.
Consideramos que la criminalización, estigmatización y actos de represalia de la FGEN en contra del coordinador del principal colectivo de familiares de personas desaparecidas de Nayarit contraviene una de las medidas ordenadas por el Comité, al impedir o desincentivar la denuncia, el desarrollo de las actividades para la búsqueda de las personas desaparecidas, incluido su derecho a denunciar las desapariciones forzadas.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Justicia Transicional en México, (i) reconocen los esfuerzos de los colectivos y agrupaciones de víctimas de Nayarit, así como de la CVN, que no claudican en su reclamo de verdad y justicia frente a los abusos de poder y atrocidades como el fenómeno de desaparición, (ii) continuarán acompañando estos ejercicios y demandas, (iii) exigen se garanticen cuanto antes condiciones de seguridad y el cese de represiones y persecución para todas aquellas personas que puedan estar en riesgo con motivo de las investigaciones en curso y (iv) solicitan la liberación inmediata del señor Santiago Pérez Becerra y una investigación imparcial en el caso de las acusaciones en su contra, y exigen por parte de las autoridades ministeriales que se garantice el debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia a la cual se encuentra obligada la fiscalía del estado.
DHEAS Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C.
Justicia Transicional en México
Cabe destacar que la Fiscalía giró un comunicado donde informa sobre la detención de Santiago Pérez efectuada el pasado jueves 28 de enero por la noche a partir de una orden de aprehensión de fecha 9 de octubre del 2006, es decir, la Fiscalía esperó 15 años para cumplimentar una orden de aprehensión.
La fiscalía de Antonio Echevarría García, comandada por Petronilo Díaz Ponce, esperó cuatro años para echarle el aguante a Santiago a pesar de que él muchas veces estuvo en la Fiscalía, inclusive frente al Fiscal.
A Santiago se le acusa según el comunicado, por el delito de violación agravada en agravio de dos menores de edad.
Al final, el comunicado de la Fiscalía señala: “Lo anterior se informa con detalle y prontitud, ya que actualmente el inculpado hoy detenido es activista de un tema muy sensible, lo que en todo momento se ponderó, pero ante la naturaleza y gravedad de los delitos materia de la orden de aprehensión, es una obligación de la Fiscalía cumplir con el deber legal de su puesta a disposición del Juez que lo requiere”.
Los ejidatarios han emprendido una lucha jurídica ante la sospecha de que la granja porcícola se apoderó de terrenos nacionales, y porque detectaron que contamina el monte y el agua con desechos de 50 mil cerdos.
Chapab, Yucatán, 30 de enero de 2021.-Ejidatarios de Chapab denunciaron la presunta apropiación de terrenos nacionales y contaminación por parte de la granja porcícola de la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán” ubicada a poco más de un kilómetro de la localidad. El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán ordenó la suspensión provisional de las funciones de la granja ante el amparo promovido por la población. La resolución de la audiencia, programada para principios de febrero, determinará si se mantiene el cierre.
El 18 de junio del 2020, campesinos que trabajan la milpa en la zona vieron a empleados de la granja porcícola -ubicada en el tramo carretero Chapab-Ticul- brechar parte del monte donde desde hace años cultivan. Los trabajadores les confirmaron que la empresa compró el terreno por lo que alertaron a los ejidatarios quienes, a su vez, convocaron una asamblea a la que el comisario ejidal, Guadalupe Pacheco Palomo, no se presentó.
“Fuimos a buscarlo a su casa y él salió a regañarnos porque era domingo y no lo dejábamos descansar. Le dijimos que era importante y se comprometió a ir a la Casa Ejidal donde estábamos 200 ejidatarios, pero después de 40 minutos de esperarlo, el comisario ejidal nuevamente brillaba por su ausencia”, relató César Acosta en entrevista.
Ante la falta de apoyo de la autoridad, decidieron nombrar una comitiva integrada por Hipólito Cumi Góngora, Eutiquio Alvardo, Esteban Salazar Loeza, Florentino Salazar y Marvin Salazar Alvarado. La comisión invitó al propietario de la granja, Jorge Antonio Zumárraga, a acudir a una asamblea el 28 de junio para explicar cómo obtuvo el nuevo terreno. En ese momento, Zumárraga se comprometió a suspender los trabajos en el predio e iniciar el proceso de mediación ante la Procuraduría Agraria con sede en Tekax.
La granja llegó a la comunidad hace aproximadamente dos años y en ese entonces, Zumárraga les pagó a los ejidatarios la renta por 30 años del paso servidumbre, un tramo de 700 metros que va de la carretera a la puerta del establecimiento y que funciona como entrada. El tramo coincide con la ubicación del terreno en disputa.
“Dijo que él ya lo compró y dijimos ¿y entonces por qué nos pagaste el paso servidumbre como ejido? Y él no contestó”, declaró Hipólito Cumi.
Los ejidatarios solicitaron la intervención de un especialista para determinar si se encontraba dentro del ejido. El 17 de septiembre del 2020, el topógrafo Guillermo Can Cetina acudió por solicitud de la Procuraduría Agraria a realizar la medición y determinó que “la superficie recorrida se encuentra en propiedad privada, colindando al noreste con la carretera Ticul-Chapab, al norte con la propiedad San Antonio, al este con propiedad de Antonio Ortiz, al sur con propiedad de José Novelo e Isidrio Cauich y al oeste con la Hacienda San Cristóbal”.
Sin embargo, los ejidatarios insistieron en que la medición se realizó de forma amañada, en 20 minutos y se midió únicamente la parte norte, así que solicitaron una segunda medición topográfica. El Tribunal Agrario les autorizó la nueva medición del polígono pero todavía no se realiza.
“Nosotros hemos ocupado esas tierras desde 1960. Mi abuelo, mi papá, y yo hemos trabajado en la tierra que dice Zumárraga que es de él. Nunca ha aparecido el dueño. Tal vez no es nuestro ejido, pero puede ser terreno nacional y por usos y costumbres nos pertenece”, aclaró Florentino Salazar.
Chapab tiene más de 400 ejidatarios y la comisión encargada de resolver la controversia asegura que la mayoría está a favor de no vender la tierra. Acusaron a la empresa de motivar conflicto entre los trabajadores de la granja y los ejidatarios.
“Le están dando la buena vida a los trabajadores, les dan mercancía para que no hablen mal y los chamacos nos quieren intimidar, pero no son ejidatarios. En la última asamblea fueron a armar su show con pancartas exigiendo que se elimine la comisión”, contó Eutiquio Alvarado.
A partir de la disputa, el empresario ha salido públicamente a plantar árboles, regalar comida y playeras a las personas.
“Antes los trataban de la patada, ahorita los dejan salir temprano, les compran cervezas. El socio de Zumárraga vino a tratar de convencernos a solucionar el problema. Nos preguntó qué queríamos. Lo que queremos es que no sigan invadiendo el terreno”, agregaron.
Contaminación y deforestación de la zona
Durante la limpieza de la mensura ejidal, los pobladores se percataron que las aguas residuales habían matado parte del monte, por lo que convocaron a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Asesorados por el grupo defensor, se dieron cuenta de que la granja nunca realizó una consulta libre, previa e informada para su instalación, a pesar de que el olor proveniente de los 50 mil cerdos de la granja es cosa de todos los días en el municipio.
Los ejidatarios tomaron fotografías aéreas de la zona contaminada y después de que se publicaran en el periódico, la empresa tapó el desastre con matas que duran solo unos cuantos días.
“Antes de hacer ese tipo de infraestructura tienen que hacer una consulta ciudadana, y después hay que hacer el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Lo hemos solicitado y no tienen, el único que ya nos contesta que sí tiene pero no lo puede entregar porque es confidencial, es la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Nosotros vamos a abogar por la salud de los niños de todo el municipio, esto no es un juego”, agregaron.
Ante ello, presentaron un amparo el 14 de diciembre del 2020 y días después volvieron a ver a los trabajadores de la granja brechando en el terreno. La última audiencia que tuvieron ambas partes y la Procuraduría Agraria fue el 29 de diciembre del 2020 en la cual se acordó que el caso sea llevado hasta el Tribunal Agrario.
César Santos comentó que están al tanto de la situación de otras comunidades como Kinchil y Homún, y reconoce la similitud de las prácticas de las granjas para apropiarse y contaminar su tierra. “Nos están haciendo lo mismo que en Kinchil, es la misma forma de actuar”, dijo.
De acuerdo con Miguel Anguas, consultor jurídico del caso, la suspensión definitiva dependerá si la granja cuenta o no con los permisos necesarios para operar. Aunque la granja comenzó sus trámites ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, presuntamente operan sin esos permisos desde hace aproximadamente un año.
“Se nota en la afectación directa que ha tenido la flora del lugar. No tenían medidas para tratar el agua residual de los cerdos y colocaron una tubería en la parte de atrás para verterla en el suelo, lo que ocasionó que el área se deforestara”, explicó en entrevista.
Coincide en que el caso es muy parecido a todos los de las granjas porcícolas y ganaderas en Yucatán. Esto es así, recalcó, porque el tipo de suelo en el estado hace inviable la actividad.
“Es muy difícil cumplir las normas existentes porque no prevén el tipo de suelo de Yucatán ni su sistema acuífero de cenotes. Las normas son aplicables para otras zonas del centro o del norte pero es prácticamente imposible que haya granjas sustentables en Yucatán”, finalizó el abogado.
Los profesores se expresaron de manera despectiva y sexual de una alumna durante una clase en línea y compartieron de manera accidental la pantalla de su conversación de WhatsApp.
OAXACA, Oax. (apro).- La Universidad La Salle campus Oaxaca separó de sus cargos a dos profesores de la Licenciatura de Arquitectura al estar involucrados en un presunto acto de violencia sexual cibernético contra una alumna del séptimo semestre.
Aunque el hecho ocurrió el tres de septiembre de 2020, fue hasta ahora que el caso trascendió, donde están involucrados los profesores Víctor M. M.G. y Fernando V. C., quienes se expresaron de manera despectiva y sexual de una alumna durante una clase en línea que compartieron de manera accidental la pantalla de su conversación de WhatsApp.
De acuerdo a la publicación del El Universal, el alumnado envió un documento dirigido a las autoridades de la Universidad La Salle, donde cuestionan el actuar de los docentes por cosificar a la mujer con expresiones de manera despectiva y sexual.
Explicaron que la clase estaba siendo grabada y aunque después fue eliminada de la plataforma, al igual que la materia, sin embargo, los alumnos lograron guardar la evidencia del acoso sexual.
“Los hechos antes narrados encuadran en una situación de violencia de género y violencia sexual, toda vez que se desplegaron conductas de naturaleza sexual erótica ofensivas e indeseadas hacia una de nuestras compañeras”, resaltó el documento del alumnado.
Se rebelan contra el gobernador panista, Antonio Echevarría García, por pretenderles cerrar sus negocios indiscriminadamente sin detenerse a pensar que necesitan trabajar para comer porque viven al día y le reprochan al gobernador, que ventajosamente sus negocios permanecen abiertos aunque no son esenciales
Señalan que entienden la gravedad de la situación pero acorde a ello se deben incrementar las medidas de seguridad y clausurar a todos aquellos negocios que no cumplan con las medidas sanitarias que dictan las autoridades correspondientes, aunque claro que para esto necesitan poner a trabajar a sus policías y funcionarios y eso es lo que le molesta al gobierno y se van por lo más fácil, “que se chinguen los comerciantes”
Verónica Ramírez y Mildra Benítez
Tepic, Nayarit.- Viernes 29 de enero del 2021. Por segundo día consecutivo, restauranteros y comerciantes de Tepic y San Blas protestan contra el Gobierno Antonio Echevarría García quien ordenó el cierre de los establecimientos “no esenciales” durante este viernes, sábado y domingo.
Al ser ignorados por las autoridades, los manifestantes cerraron las vialidades para exigir que los dejen trabajar aún y cuando Nayarit se ubica en color rojo en semáforo epidemiológico.
Los propietarios y trabajadores de los sectores afectados por el cierre comenzaron su protesta afuera de la Casa de Gobierno donde se lleva a cabo las reuniones del Comité Covid pero nadie salió a recibirlos.
Encabritados, con todo y pancartas se trasladaron frente a Palacio de Gobierno y cerraron las vialidades aledañas a este lugar durante varias horas para que el pueblo conozca la incertidumbre que viven quienes dependen de la actividad comercial.
Y es que aseguran que los fines de semana es precisamente cuando sus ventas se incrementan porque de lunes a jueves, ni las moscas se paran, y están a punto de cerrar definitivamente sus puertas.
Uno de los comerciantes del centro histórico, indicó que desde hace dos años, no encuentran la puerta porque primero bajaron sus ventas por las obras del centro histórico y después se vino encima la pandemia.
DICEN NO AL CIERRE DE ACTIVIDADES COMERCIALES
Por ello, dicen “no” al cierre de actividades comerciales por tres días en la zona de Tepic y San Blas aunado a las semanas subsecuentes sólo sábados y domingos y dicen “sí” a cumplir las medidas de sanidad dictadas por el comité Covid.
A este movimiento se sumó la Sociedad Cooperativa de La Tovara, quien en voz de su presidente, Francisco Galeano pidió que los dejen trabajar porque de esta actividad dependen más de 300 familias. Dijo además que no existe piso parejo porque a los lugares turísticos de Compostela y Bahía de Banderas, les dieron “la venia” de seguir laborando pese a que están con más casos positivos de coronavirus que el municipio de San Blas.
BLOQUEAN CALLES COMERCIANTES DE TEPIC
Tal y como lo habían anunciado, debido a la inconformidad por las restricciones, comerciantes cerraron varias calles del centro de la capital nayarita, a lo cual se unieron los restaurantero de Tepic y los ramaderos de San Blas, quienes también, se manifestaron en Casa de Gobierno, debido a que están en desacuerdo por las afectaciones económicas que les provocará.
Las autoridades en la materia aclararon que estas nuevas restricciones se impondrán ante el aumento de casos, así como el alza en ocupación hospitalaria y decesos a causa del COVID-19, lo cual aseguró el secretario de Seguridad, Benito Rodríguez, Nayarit regresa a Semáforo Rojo.
MANIFESTANTES CONFIRMARON QUE NO OBEDECERÁN LAS RESTRICCIONES
Es de aclarar, que en esta manifestación confirmaron que no obedecerán las restricciones, dado que esta es la fuente de empleo de cientos de familias por lo tanto otro golpe como este, no lo soportarán.
En Nayarit no se puede, desde su punto de vista, tener las mismas medidas que otros Estados que cuentan con muchos más recursos de ingresos económicos , si se hiciera una verdadera inspección para detectar los puntos de contagio, se darían cuenta que no está en los negocios, ya que hoy en día en su mayoría se tienen 3 a 5 mesas por día con este horario limitado de servicio.
Ante esta situación, proponen, negocios mucho más responsables, conciencia social y con base en información precisa de las medidas sanitarias ya que sería imposible no salir de casa a trabajar.
Al llegar la vacuna, fueron relegados……. Y privilegiaron gente del Hospital, pero muchos de ellos confinados, sin tener contacto con pacientes del Instituto, otros con trabajo eventual, otros comisionados al sindicato sin tener el contacto a diario con pacientes que han sido infectados por la enfermedad existente Covid-19.
Se han manifestado argumentando con certeza, el contacto a diario y el riesgo de contraer el padecimiento, y sin embargo, no fueron tomados en cuenta para la Vacunación.
Están decididos a llevar esta inconformidad a otros niveles, y solicitan a la autoridad se supervise adecuadamente con el propósito de que sean tomados en cuenta la gente que día a día se encuentra en contacto y con riesgo…
Hacen llegar un oficio firmado y dispuestos a efectuar otro tipo de acciones, para ser tomados en cuenta y el recurso de la vacuna sea efectuado, sin influyentismos … y se haga acordé a una evaluación objetiva.
Tepic, Nayarit. A 29 de Enero de 2021. Desde la semana pasada un grupo de maestros y ciudadanos de la tercera edad, puso en nuestras manos una lista de medicamentos con que tiene el ISSSTE del FOVISSSTE, para controlar el avance del tan traído y llevado mal denominado ” diabetes”.
Mes a mes se les da a los ancianos derechohabientes: Ácido Acetilsalicílico, Metroprolol, Azetimiba, Amlodipino, Metformina y Lozartan HIDROCLOROTIAZIDA, solo por mencionar algunos medicamentos que mensualmente el ISSSTE le entrega a los paciente para controlar una serie de males que ya son común ataca a los mayores de edad.
Siendo el mal de males que ya es común que no todos estos medicamento, están a la mano de los derechohabientes debido nos dicen mismos médicos, enfermeras, y trabajadores de otras áreas de los dos hospitales el de la Loma y del que se ubica en el fraccionamiento del FOVISSSTE.
Ante este estado de cosas, que ya es común se dan en los nosocomios de Nayarit, quienes conocen muy de cercas estas cosas de la falta de medicamentos en las farmacias de la institución, hacen responsables directamente a los siguientes encargados empezando por María Luisa Pérez Valdez encargada de la delegación del ISSSTE en Nayarit, Dr. Juan Javier Elías Martínez encargado de la Subdelegación Médica, al Lic. Kenia Plumón Morán responsable de hacer los pedidos de medicina a México, jefa del departamento de programas y abastos.
En ese orden nos dice nuestra fuente muy cercana a los manda mandamás del ISSSTE, y funcionarios del hospital Aquiles Calles que si viviera este gran hombre ya los hubiera fusilado, al igual que el hospital del fraccionamiento FOVISSSTE, en donde si algo hace falta, es personal médico con capacidad para tener las cosas en orden, para que no sigan siendo culpables de que los derechohabientes, sigan careciendo de sus medicamentos y por estos motivos sigan muriendo los pacientes a falta de sus medicinas que mes a mes les dan en calidad de medicina de control.
De seguir permitiendo que los directivos del ISSSTE, continúen haciéndole al tío Lolo, lo único que están haciendo es ensuciar al gobierno de la república ya que ante estas controversias le dan salidas cómodas a estos desaciertos, diciendo que la falta de medicina es responsabilidad del gobierno federal.
Así las cosas, mientras esto pasa, los diabéticos siguen careciendo de su metformina y de su Lozartan, vamos a seguir muy de cercas estas quejas tomando en cuenta en que los encargados de la administración del ISSSTE seguirán conduciéndose irresponsablemente para culpar de la falta de medicamentos al gobierno de México.
Colima, Col.- Según estadísticas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en los dos años de la presente administración federal, los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas al sumar casi el 80% del total nacional.
“Los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas -esto también es un dato que estamos dando por primera vez de manera puntual- son los estado de Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas, donde estas cinco entidades concentran el 79.5% del total de los cuerpos recuperados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020”.
Como se mencionó, Jalisco encabeza la lista con 433 cuerpos recuperados el año pasado que significa el 42.96 por ciento del total nacional de 859 cadáveres.
En segundo lugar está Guanajuato con alrededor de 204 cadáveres, esto es, el 20.23 por ciento.
El tercer sitio lo ocupa Colima, con 89 cuerpos (equivalente a 8.83 por ciento); le sigue Michoacán, con 73 (7.24 por ciento), y Zacatecas, con 60 cadáveres recuperados (5.95 por ciento).
Por municipios, son seis los ayuntamientos que concentra poco más de la mitad de los hallazgos: El Salto Jalisco, con 189 cuerpos (18.75 por ciento); luego viene San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 88; en tercer lugar, Salvatierra, Guanajuato, con 79 cuerpos; cuarto lugar, Acámbaro, Guanajuato; Quinto, Cortázar, también en Guanajuato, y sexto, Zapopan, Jalisco.
El total son 527 cadáveres en estos seis municipios, que concentran el 52.37 por ciento de los hallazgos, se indica en el reporte de Gobernación.
PUEBLA, Pue. (apro).- Trabajadores del Hospital de Traumatología y Ortopedia de esta capital, así como de las clínicas 9 y 30 de Tehuacán, pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizaron hoy una manifestación virtual porque no fueron incluidos en la primera fase de vacunación contra el covid-19, pese a que atienden a personas contagiadas.
A través de diversas cuentas de Twitter, los médicos y enfermeras publicaron fotografías con los letreros: “UMAE HTO Puebla. Soy trabajador del Sector Salud IMSS y no me han vacunado y sigo trabajando. Yo también tengo familia”.
En otro mensaje con el hashtag #htoimsspuebla, los trabajadores del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla exigieron ser incluidos en la primera fase de la Estrategia Nacional de Vacunación.
“Hoy tenemos que unirnos y levantar la voz, en el hospital de traumatología y ortopedia del imss sí vemos y atendemos pacientes covid, hoy tenemos 9 compañeros fallecidos por esta enfermedad y no nos tienen contemplados para la vacuna”.
Los manifestantes señalaron que no se oponen a que médicos de hospitales privados y maestros también sean vacunados, pero –subrayaron– primero debe darse cobertura a todo el personal que está al frente de la batalla contra el covid.
También este jueves se manifestaron los trabajadores de las clínicas 9 y 30 del IMSS en Tehuacán, porque tampoco fueron considerados en la campaña de vacunación, a pesar de que cada día atienden alrededor de 60 casos sospechosos de coronavirus.
La campaña de vacunación contra el coronavirus en la entidad arrancó el 13 de enero con 21 mil 440 dosis para personal de 37 hospitales que directamente atienden a pacientes contagiados.
En una comparecencia en el Congreso, el secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, advirtió que para que Puebla logre una “inmunidad comunitaria artificial” ante el covid 19, se requiere vacunar al 70% de la población, que serían alrededor de 4.7 millones de habitantes.
Semáforo rojo
El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que Puebla volvió hoy a semáforo rojo al reportar en las últimas horas 374 nuevos contagios y 43 defunciones.
“El día de ayer, en cuestión de covid, es muy muy grave, y ya el reconocimiento de que Puebla está en rojo es un asunto que habíamos estado advirtiendo”, advirtió el mandatario, quien pidió la solidaridad de los poblanos para reducir los contagios.
La Secretaría de Salud informó que este jueves registraron mil 754 casos activos, de los cuales mil 428 personas están hospitalizadas y 137 requieren ventilación mecánica.
En total, en la entidad 58 mil 510 personas se han contagiado y 7 mil 405 han perdido la vida.
Además, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que a la fecha el gobierno tiene el registro de 546 personas oriundas de Puebla que han muerto a causa del coronavirus en Estados Unidos.
Otra vez como cada año, los trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud se manifestaron afuera de Casa Jalisco pidiendo ser reinstalados y es que cada año es lo mismo, se quedan sin trabajo durante semanas.
Una de las inconformes, Liliana González, explica:
“Otro año a pesar de la pandemia, seguimos tocando puertas para que no se nos esté cortando el contrato, ya que cada año se nos terminó el contrato y es hora que la autoridad correspondiente no nos da respuesta para nuestra reincorporación”.
Son alrededor de 400 trabajadores de varias dependencias como del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Centros de Salud, del Hospital Psiquiátrico el Zapote, brigadistas contra el dengue, de Promoción de la salud, enfermeros, quienes tienen años renovando contrato anualmente y esperan ser considerados para las basificaciones:
“También otra de nuestras peticiones es que se nos respete la antigüedad desde el primer día que empezamos la relación laboral con la OPD ya que queremos aspirar al programa de basificación a nivel nacional para los trabajadores de la salud”.
Lamenta que han tenido compañeros que se han contagiado de Covid-19 y han fallecido.
Derivado de la reunión del 3 de diciembre con del gabinete del Gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa con la docente Dra. Virginia Ilescas Vela, donde el ejecutivo estatal ratificó telefónicamente tanto a la Docente como a la Mtra. Rogelia González Luis, dirigente del Grupo 8 de Marzo ahí presente el compromiso de pago y reinstalación de la Dra. Ilescas y atención a la violencia que sufren las alumnas víctimas de acoso sexual y a las mujeres en la Universidad del Istmo campus Ixtepec; la Dra. Virginia Ilescas Vela fue convocada a una nueva reunión que se realizó el lunes 18 de enero en el edificio 4, segundo nivel de Ciudad Administrativa que fue presidida por el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez Subsecretario de Gobierno, la Mtra. Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el Lic. Manuel Francisco Márquez, Coordinador General de Educación Media Superior, Pedro Santiago identificado como asesor del Gobernador y una persona no identificada. Por su parte, la Docente fue acompañada por el Mtro. Héctor Ortega Martínez quien también ha apoyado a las alumnas y él es ahora otra víctima de diversos actos de hostigamiento por parte de las autoridades de la UNISTMO y al mismo tiempo asistió el defensor el Lic. Omar Hernández Mendoza Delegado Estatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al inicio de la reunión el Lic. Juan Enrique Lira pretendió sacar de la sala a quienes acompañaban a la Dra. Virginia Ilescas justificando la sana distancia a pesar de que el número de lugares y la sala era exactamente para 8 personas ahí presentes, cinco de las cuales eran por parte del gabinete del Ejecutivo Estatal. Al no lograr expulsar de la reunión al Mtro. Héctor Ortega Martínez y al Lic. Omar Hernández Mendoza, el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez dijo que la reunión era solo para el tema de la docente y no para los otros temas, con esta expresión del funcionario el mensaje fue claro: para el Subsecretario de Gobierno y los integrantes del gabinete del Gobernador del estado de Oaxaca ahí presentes, la violencia y el acoso sexual contra mujeres y defensoras no presenta ninguna relevancia según afirmación totalmente en contra del compromiso del gobernador.
“Ahora si ya estoy…” dijo Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, “la otra vez fue una sesión en otro sentido, ahora si lo hago como Secretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno y traemos la agenda a petición de Pedro y de Rogelia, no tenía que venir con usted (Lic. Omar Hernández Mendoza) aunque sea defensor de derechos humanos, ni usted (Mtro. Héctor Ortega Martínez)” y preguntó a la docente “¿queremos saber cuál es su planteamiento?” La Dra. Virginia Ilescas al insistir en el compromiso del Gobernador de realizar el pago de su salario y reinstalación, el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez en un tono burlón dijo: “esa vez fuimos muy claros y usted dijo: es que tengo el acoso, me están intimidando y no se qué…”, con el afán de desacreditar las denuncias penales y las quejas ante la defensoría que en todos estos actos ya existen.
Esta forma de conducirse de Lic. Juan Enrique Lira Vásquez y del gabinete del gobernador del estado de Oaxaca ahí presente fue en clara intención de desvirtuar el sentido del apoyo del Gobernador Alejandro Murat quien dijo claramente su intención de atender la violencia y el caso de la docente para su reinstalación.
La docente Dra. Virginia Ilescas argumentó que los integrantes del gabinete estatal presentes en la mesa de trabajo del 3 de diciembre del año pasado le pidieron su confianza y que el Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, le aseguró que atendería sus peticiones y le pidió que depositara su total confianza en que su gobierno atiende la violencia contra las mujeres. Nada mas alejado de la realidad, puesto que desconocieron este compromiso y el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez insistió en una “oferta” puesto que afirmó que: “el marco legal de la SUNEO no nos da elementos jurídicos que nos permitan incursionar como gobierno y no tenemos un instrumento legal para intervenir a nivel del Estado…”, “pese a que ya pasó el término legal para su demanda nosotros le guardamos ese espacio” el Subsecretario de Gobiernosiguió “ofreciendo”, “buscando si pueden reinstalarla y será otro cantar”, pudiendo apoyarla con abogados y le pidió nuevamente su confianza, de lo contrario dijo, “no podemos hacer nada para ayudarla y finalmente tendríamos que dejarla…ellos articularon un esquema de contra-estrategia ante esta envestida y ni usted, ni el profesor salen bien parados, ya movieron sus contactos” insistió el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez.
Con esta declaración por parte del Subsecretario de Gobierno y de los integrantes del gabinete estatal; Virginia Ilescas, señaló al Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, que fue de la burla a la amenaza y finalmente a reconocer que ni el Ejecutivo del estado, Alejandro Murat puede contravenir la regulación a modo y totalmente discrecional que tiene el rector Modesto Seara en sus universidades, por lo que el Lic. Omar Hernández Mendoza, Delegado Estatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mencionó la pertinencia de llevar este caso a otro nivel dada la incapacidad del gobierno del Estado de Oaxaca en intervenir para terminar la violencia sexual y violencia conta las mujeres en una universidad pública que además no es autónoma y depende directamente del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa.
La Mtra. Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, insistió en que una instrucción del gobernador no es suficiente, puesto que el consejo universitario encabezado por su rector Modesto Seara Vázquez ya había aprobado todo el hostigamiento contra tres docentes incluyendo el despido de la Dra Ilescas y no se podía hacer nada al respecto.
El Maestro Héctor Ortega le recordó a la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y a todos los presentes, que ese consejo no es de una universidad privada, ni que el SUNEO sea una entidad autónoma y que la política refrendada tanto por Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del estadode Oaxaca, como por su esposa Ivette de Murat para atender este caso y de la violencia de género en el estado, no se sustenta en hechos, puesto que las denuncias ante la Fiscalía General de Oaxaca y las quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ya llevan desde marzo del año pasado.
También se le señaló a la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña que la propia UNISTMO se dice respaldada en todos estos actos por ella, en convenio firmado, según lo asegura Israel Flores Sandoval, Vicerrector destituido y Ulises Gaytán Casas Jefe de carrera de administración pública.
La titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña negó estar coludida tanto de forma personal y como Secretaría con tales actos. Señaló que se trata de difamaciones que ya están en conocimiento de las autoridades, también afirmó de estas autoridades de la UNISTMO que ya es de sobra conocido, hacen cosas falsas y que le dificultan al gobernador su actuación, y expresó su mejor intención de seguir atendiendo este caso junto con el CAAMI y con la Mtra. Rogelia González activista por los derechos de las mujeres que en todo momento, -indica la propia docente, la Dra. Virginia Ilescas- ha estado pendiente de este caso tan agraviante para las oaxaqueñas.
También se les recordó que ha sido ignorada por este gabinete la recurrencia de diversos actos de violencia realizados por el abogado general de la UNISTMO, José Luis Ayala Álvarez y que están en videos ya por todos conocidos y de los que hasta este momento no hay sanción o inhabilitación administrativa hacia esa esta persona que en más de una ocasión ha cometido actos de agresión al domicilio de la Dra. Virginia Ilescas y del Mtro. Héctor Ortega Martínez, hechos ya señalados en carpetas de investigación en la Fiscalía, no obstante, José Luis Ayala cuenta con impunidad y todo el respaldo del rector Modesto Seara Vázquez al nombrarlo como miembro del comité de ética de la UNISTMO.
Por su parte, Manuel Francisco Márquez, Coordinador General de Educación Media Superior, que ha sido totalmente ajeno al interés de atender la violencia de género, tuvo la pretensión de desviar la temática de la reunión e insistió que el único camino para solucionar este diferendo es el laboral, puesto se según él “el tema es, quién es el mayor acosador si uno u otro”, desvalorizando la actuación de las autoridades tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como de la Fiscalía General de Oaxaca quienes en sus atribuciones deben realizar la investigación y el peritaje a cada uno de los quejosos, incluyendo al alumnado quienes manipulados por las autoridades de la UNISTMO firmaron sendas quejas por diferentes hechos contra los defensores y que estos mismos denunciantes tendrán que entregar pruebas y someterse a los peritajes por cada una de sus acusaciones contra quien ha defendido a las alumnas víctimas de acoso sexual.
Se le recordó al Lic. Manuel Francisco Márquez que los peritajes del CEJUM son importantes y que también hay desconfianza en esta institución y en otras autoridades a lo que Juan Enrique Lira Vásquezrespondió: ¿Qué es el CEJUM? Ante este desconocimiento se le informó que hay al menos 5 denuncias ante fiscalía, que la UNISTMO en su afán de callar estas denuncias ha usado incluso recursos institucionales para trasladar a los alumnos en vehículos oficiales a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en la capital del estado y que hizo uso de sus instalaciones en la Escuela de Turismo en la UMAR para que los alumnos calumniaran a los docentes que han apoyado a las alumnas víctimas de acos, y que en todo momento, niegan u omiten el acoso sexual y la revictimización de las alumnas denunciantes y la existencia de al menos un profesor de la carrera de derecho vinculado a proceso a quien la UNISTMO le pidió la renuncia para deslindarse de responsabilidades.
El Lic. Omar Hernández Mendoza, Delegado Estatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les recomendó a los integrantes del gabinete del gobernador asistir con fichas informativas y Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, Subsecretario de Gobierno respondió “que las fichas informativas se usaban en otra época cuando la palabra del gobernador era ley pero que ya no es así”. Se desconoce si el Subsecretario de Gobierno se refería a que un apunte o notas con información del caso de acoso sexual y abuso de poder en la UNISTMO-SUNEO no era de su interés o que el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, no tenía injerencia en los asuntos de las entidades de su propio gobierno.
También los funcionarios Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, la Mtra. Ana Vásquez Colmenares y el Lic. Manuel Francisco Márquez señalaron que sería más fácil ganar una denuncia laboral por las diversas pruebas que hay del despido injustificado de la Dra, Virginia Ilescas y que le apoyarían para que fuera admitida su demanda laboral si así fuera necesario incluso a destiempo y con abogados para “arroparla”.
A este ofrecimiento por parte de los funcionarios, la Dra. Virginia Ilescas les respondió: ¿Cómo pueden decir -ustedes-, que respetan la autonomía de las diferentes instancias de gobierno, pero si pueden influir en la junta laboral para llevar a cabo una acción que es a todas luces manipulada y así desviar la atención de un tema relevante como la violencia contra las mujeres en una universidad pública que ni es autónoma y ni sus comités y ni reglamentos atienden las prioridades de política del gobierno del estado?
Finalmente, la Dra. Virginia Ilescas, el Mtro Héctor Ortega Martínez y el Lic. Omar Hernández Mendoza, exhortaron a Lic. Juan Enrique Lira Vásquez y los integrantes del gabinete estatal a que, en lugar de tratar de desviar la atención del tema de acoso sexual y violencia contra las mujeres en la UNISTMO, se comprometan con el gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa a reforzar su política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y se cumpla el compromiso de reinstalación y pagos de la Dra.Ilescas.
A pesar de lo ya discutido en la mesa de trabajo, el C. Pedro Santiago, identificado como asesor del gobernador dijo: “una pregunta maestra, ¿valoraría usted la posibilidad de poner su demanda laboral?”. La Dra. Virginia Ilescas respondió enfáticamente: “lo único que valoraré es la palabra del Gobernador”, ante la insistencia del gabinete estatal agregó además que es algo que no le diría. El Lic. Juan Enrique Lira Vásquez dijo “Sí lo tiene que decir”.
La Dra. Virginia Ilescas, se negó a esta presión y le recordó que esto tampoco era una negociación porque ella esta privada de todos sus derechos, el derecho a la alimentación, a un trabajo digno, a una vida libre de violencia, a la salud, y estando privada de sus derechos no se puede realizar una negociación en tales condiciones de desigualdad, por eso la importancia del compromiso del gobernador de reestablecerle en principio sus derechos y de atender en la Unistmo el tema de la violencia contra las mujeres.
Al final de la reunión y para información de Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, Subsecretario de Gobierno, la Dra. Virginia Ilescas y el Mtro. Héctor Ortega Martínez intentaron entregarle dos documentos informativos que se negó a recibir, aduciendo que no estaban los oficios dirigidos a ellos, no obstante, ambos docentes reiteraron que eran documentos para informar al Mtro. Alejandro Murat Hinojosa Gobernador del Estado, de los acontecimientos recientes de acoso laboral por parte de la UNISTMO. El segundo documento que sí estaba dirigido al Lic. Juan Enrique Lira Vásquez, tampoco lo quiso recibir y envió al Mtro. Héctor Ortega Martínez a que fuera a la oficialía de partes a entregarlo.
CUÁLES FUERON LAS INTENCIONES
Con esta actitud, el Lic. Juan Enrique Lira Vásquez y los integrantes gabinete estatal presentes en esta fallida mesa de trabajo, sólo ratificaron que la intención de esta reunión fue:
Secundar y coludirse con el rector Modesto Seara y sus autoridades universitarias en el encubrimiento del acoso sexual, violencia contra las mujeres y venganza contra la defensora a través de su despido.
Desviar la atención de un grave problema como es el uso de las instituciones de educación pública de Oaxaca para albergar delitos como acoso sexual y hostigamiento laboral que se requiera para silenciar las voces de denuncia, como lo han hecho ya con la Dra. Virginia Ilescas y seguramente o están preparando como dijeron aquí para el Mtro Héctor Ortega Martínez y la Mtra. Monsserrat Sánchez Moreno por parte del rector Modesto Seara Vázquez y sus cómpliceslos funcionarios de la UNISTMO.
Y sobre todo, negarse al cumplir el compromiso del gobernador Alejandro Murat para la reinstalación y pago a la Dra. Virginia Ilescas Vela quien hasta el momento se le ha negado incluso el pago de su aguinaldo correspondiente al año 2020.
ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
El día 20 de enero, el segundo profesor denunciado por acoso y hostigamiento sexual en la carrera de derecho contra una alumna, no se presentó a su audiencia en la Fiscalía General de Oaxaca ubicada en el municipio del Espinal aduciendo que se tendría que hacer la prueba de COVID. Es de destacar de lo anterior lo siguiente:
Este docente de la UNISTMO ha estado ingresando durante toda la pandemia en el plantel.
Que este maestro ha recibido al alumnado constantemente en su cubículo.
Cora Silvia Bonilla Carreón desde que era jefa de carrera de derecho y ahora vicerrectora, le asignó a este maestro de derecho sus clases con normalidad, incluso frente a su víctima, al igual que al profesor vinculado al proceso en claro encubrimiento.
De ser cierto esta sospecha de que el profesor denunciado esta contagiado o es asintomático de COVID 19 SARS-CoV-2 tendrían que cerrar los tres planteles de la UNISTMO de inmediato, además de desalojar a los trabajadores y docentes que ahí viven y de no ser cierto, también es claro que fue una argucia para que este docente no se presentara a rendir cuentas ante la justicia.
PRONUNCIAMIENTO DE LA QUINTA ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS CINCO CONTINENTES
HERMAN@S Y COMPAÑER@S
Herman@s del mundo, reciban un saludo de los que constituimos el Congreso Nacional Indígena, nosotr@s somos pueblos y comunidades que habitamos nuestras tierras y territorios desde antes que impusieron eso que le llaman Estado Mexicano, no solo tenemos nuestra propia lengua y vestimenta, sino una forma de gobierno, ver, entender y vivir el mundo diferente al mundo capitalista que ve todo como mercancía, somos pueblos que amamos la tierra, los montes, aguas, cerros, pájaros y todo ser vivo que habita nuestra madre tierra, para nosotr@s la vida es sagrada, la veneramos. Con el tiempo los mandones, los que tienen por objeto dominar y explotar, han querido acabar con nosotr@s, destruir nuestra cultura, nuestro territorio, somos una historia de despojo, de resistencia y rebeldía y hoy, después de más de quinientos años de la conquista y guerra estamos en peligro de extinción, junto con el mundo entero.
Herman@s zapatistas, herman@s mayores, como siempre sus palabras e iniciativas generan una luz de esperanza y camino para nuestros pueblos, los megaproyectos, las empresas transnacionales, el crimen organizado y su coordinación con el gobierno nos invaden cada vez más para explotar y acabar con nuestro territorio, con la vida. Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso, algo de lo que los demás gobiernos ya nos acusaban, pero que hoy cobra un sentido más destructor. Nuestra palabra, nuestra realidad, la guerra que vivimos no llega a todos los corazones a donde debe llegar, porque nosotr@s no solo defendemos nuestro territorio, con él defendemos la vida de la madre tierra y el futuro de la humanidad. Toda la fuerza del capital, el Estado y el crimen organizado está sobre nuestros pueblos, dividiéndonos, despojándonos, amenazándonos, encarcelándonos, asesinándonos.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala que formamos parte del CNI-CIG vivimos la misma guerra de megaproyectos que viven nuestros herman@s en todo el territorio nacional, el Proyecto Integral de Muerte llamado Proyecto Integral Morelos se impone para beneficiar principalmente a las empresas mineras, por encima de la legalidad, desconociendo y violando recursos de amparo, ocupando la Guardia Nacional para concretar la construcción del acueducto y la imposición de consultas indígenas que violentan nuestros derechos fundamentales. Las investigaciones del asesinato de Samir, lejos de esclarecerse evidencian la relación que hay entre la Fiscalía del Estado y el crimen organizado, en resumen, vivimos la misma guerra de exterminio que el resto de nuestr@s compañer@s del CNI y de otros pueblos, ciudades y sectores herman@s. Sin embargo, el ataque del gran capital y el gobierno y el asesinato de nuestro hermano Samir, no acaba con nuestra resistencia, al contrario, seguiremos luchando hasta que triunfe la vida sobre la muerte, con nuestras armas más poderosas: la dignidad, la resistencia y la rebeldía.
La imposición del Tren Maya, que va aparejado de la construcción de 15 centros urbanos, del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, que contempla 10 corredores urbano-industriales, y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el Proyecto Integral Morelos, buscan el reordenamiento del país de acuerdo a los intereses económicos del gran capital. Del mismo modo es muy grave el proyecto de construir, para beneficio de diversas empresas extranjeras, tres termoeléctricas -una de ellas ya está concluida-, una red de gasoductos y una megacentral para almacenar combustibles en la cuenca del Río Santiago, al sur de Guadalajara, lo que adicionalmente ocurre en una de las regiones más contaminadas del país; a lo que habría que agregar el proyecto Canal Centenario, actualmente ejecutado por la Guardia Nacional, que en Nayarit pretende trasvasar los ríos San Pedro y Santiago. La minería a cielo abierto amenaza del mismo modo a cientos de territorios de pueblos indígenas ocupando la misma fórmula de división, despojo y destrucción de nuestras comunidades.
Todos estos proyectos están precedidos de infraestructura carretera e hidráulica, numerosos parques eólicos y fotovoltáicos, así como hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos que invaden ilegalmente los territorios de nuestros pueblos y muchos no cuentan tan siquiera con autorización en materia de impacto ambiental; contemplan la ocupación de miles y miles de hectáreas y el cambio en los usos de suelo de ejidos, comunidades y pueblos indígenas, sin tomar en cuenta la libre determinación de los pueblos sobre su territorio.
Estos grandes megaproyectos y todo el despojo y la explotación provocado por el modelo extractivista del gobierno federal, están siendo protegidos mediante la militarización del país entero y de la seguridad pública, que ahora con las palabras falsas de López Obrador ha avanzado cuando en gobierno anteriores, gran parte de la sociedad se oponía, sin que desaparezca el antecedente y situación real de que los cuerpos militares son violadores sistemáticos de los derechos humanos y se coluden fácilmente con el crimen organizado. La guerra contra los pueblos para imponer los megaproyectos es tan clara, que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, proyectos a los que nos oponemos rotundamente.
En todo este proceso de recolonización de nuestros territorios, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, una imposición más del mal gobierno de la Cuarta Transformación, ha estado cumpliendo las tareas que llevaba a cabo el viejo indigenismo del régimen priista: mediatizar, manipular, fragmentar, dividir a nuestros pueblos y comunidades; sirviendo al capataz en turno para convalidar sus megaproyectos, prestándose para falsas ceremonias oficialistas que ofenden a nuestra Madre Tierra y participando en estrategias contrainsurgentes y de la llamada “ingeniería de conflictos”. Frente a ello, la comunidad otomí que reside en la Ciudad de México ha tomado las instalaciones de este Instituto para demandar más allá del derecho legítimo a la vivienda, el respeto y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos sobre su territorio.
La pandemia del Covid-19 ha venido, como dijo el gobierno mentiroso de López Obrador, “como anillo al dedo” para la imposición de los megaproyectos y la militarización del país; estando la mayor parte de la población desmovilizada, a su vez, la pandemia contribuye a la guerra de exterminio contra nuestros pueblos, donde los servicios de salud y la capacidad económica son muy escasas y en muchos casos nulas.
Vemos que se trata de una crisis global y civilizatoria nunca antes vista que obliga a la humanidad entera a destruir este actual sistema capitalista y patriarcal, responsable de la destrucción de la naturaleza y que se basa en la explotación y el despojo, cada vez más crecientes, de millones y millones de seres humanos. Sistema que para generar ganancias y riqueza se apoya en el crimen organizado, en las guerras y en las epidemias y pandemias.
Por eso es que como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, reunidos en esta QUINTA ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, tomamos los siguientes
ACUERDOS
UNO.- SUSCRIBIMOS LA DECLARACION POR LA VIDA REALIZADA POR EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL, PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y PERSONAS DEL MUNDO. COMPROMETIÉNDONOS A FORTALECER NUESTRAS LUCHAS EN DEFENSA DE LA VIDA EN NUESTROS TERRITORIOS Y ABRIENDO LA ESCUCHA, LA ORGANIZACIÓN Y LA PALABRA CON NUESTR@S HERMAN@S DE MEXICO Y EL MUNDO QUE LUCHAN CONTRA ESTE SISTEMA CAPITALISTA Y PATRIARCAL CON EL OBJETIVO DE DESAPARECERLO.
DOS.- PARTICIPAR DE MANERA DIRECTA, CONFORME LOS CRITERIOS ACORDADOS EN ESTA ASAMBLEA, CON UNA DELEGACIÓN DEL CNI-CIG Y FPDTA-MPT, EN CONJUNTO CON EL EZLN, EN LA GIRA POR EUROPA PROPUESTA POR NUESTR@S HERMAN@S Y COMPAÑER@S DEL EZLN Y EL MUNDO EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2021 Y, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES, EN LAS QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD EN ASIA, AFRICA, OCEANIA Y AMERICA.
TRES.- REALIZAR ACCIONES POR LA VIDA, CONTRA LOS MEGAPROYECTOS Y EN MEMORIA DE NUESTRO HERMANO SAMIR FLORES SOBERANES DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, CUMPLIÉNDOSE DOS AÑOS DE SU COBARDE ASESINATO. REALIZANDO UN LLAMADO A NUESTROS HERMAN@S Y COMPAÑER@S EN MEXICO Y EL MUNDO A QUE REALICEN ACCIONES EN ESTAS FECHAS.
CUATRO.- EXIGIMOS EL CESE AL ATAQUE Y HOSTIGAMIENTO A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS; LA INMEDIATA LIBERTAD DE NUESTROS HERMANOS FREDY GARCÍA RAMÍREZ, VOCERO DE LA ORGANIZACIÓN CODEDI DE OAXACA, Y DE FIDENCIO ALDAMA, MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI; ASÍ COMO LA LIBERTAD DE NUESTROS HERMANOS ADRIAN GOMEZ JIMENEZ, GERMAN LÓPEZ MONTEJO Y ABRAHAM LÓPEZ MONTEJO, INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN LA VOZ VERDADERA DEL AMATE, MARCELINO RUIZ GOMEZ, INTEGRANTE DE VINIKETIK EN RESISTENCIA, ASÍ COMO DE OSMAN ALBERTO ESPINALES RODRÍGUEZ Y PEDRO TRINIDAD CANO SANCHEZ, QUIENES SE ENCUENTRAN INJUSTAMENTE PRESOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y COMITÁN, CHIAPAS; ALTO AL ASESINATO DE NUESTROS HERMANOS DEL CIPOG-EZ; LA PRESENTACIÓN CON VIDA DEL HERMANO SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN MAIZ EN LA SIERRA NEGRA DE PUEBLA, DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA Y DE TODOS LOS DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS.
ATENTAMENTE
Enero de 2021.
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA / CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA MORELOS,
PUEBLA, TLAXCALA
CUERNAVACA, MORELOS.- La minería es un riesgo latente para las comunidades que habitan en las inmediaciones de zonas que son explotadas para la extracción de minerales. En Morelos hay más de 15 mil hectáreas concesionadas para este fin.
Los daños a la salud son graves y pueden desarrollarse enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, cáncer de piel, de vejiga, leucemia y linfomas, por mencionar algunas.
En el marco del Día Internacional de Educación Ambiental, la doctora Patricia Mussali Galante, responsable del laboratorio de Investigaciones ambientales, del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), expuso que hay una serie de estudios que comprueban los riesgos en diferentes partes del mundo, y en Morelos.
De acuerdo a un estudio realizado en la zona sur de la entidad, donde hace muchos años se explotaron minas, han encontrado metales pesados en el agua, entre ellos plomo, arsénico y cadmio, que son de los más tóxicos para la salud humana y otros organismos.
“Estos riesgos se han identificado en un sinfín de ocasiones en diferentes lugares del país y en Morelos no es la excepción, generalmente las empresas mineras comentan que los efectos a la salud y al ambiente son pocos, pero en realidad no es así, hay innumerables ejemplos donde los efectos son graves, la minería es una de las actividades que más degradan el ambiente” detalló.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Mientras que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa prioriza la coyuntura electoral que se aproxima, en Oaxaca sigue en aumento “la matanza impune de mujeres y niñas”, afirmó Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en un pronunciamiento intitulado “¡Alerta, semáforo rojo! feminicidio en Oaxaca”.
Según las cifras que registraron en su Plataforma de Violencia Feminicida revelan que del 01 de diciembre de 2016 al 15 de diciembre de 2020 ocurrieron 2,484 casos de violencia feminicida en la entidad. La cifra más alta corresponde a 1,029 mujeres desaparecidas; en segundo orden 483 feminicidios; le siguen 419 víctimas de violencia familiar y 325 delitos sexuales; 77 suicidios y 51 casos de violencia política de género.
Consideran que estas cifras son resultado de esta incapacidad gubernamental porque “iniciamos el 2021 en medio de la crisis por la pandemia de la covid-19, agravado con el incremento de desapariciones de mujeres y feminicidios en la entidad que nos indignan y preocupan, ya que la vida de las mujeres corre peligro en Oaxaca”.
Mencionaron que las cifras de violencia contra las mujeres por razón de género en Oaxaca no cesaron durante el periodo vacacional, pues del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 han documentado 55 casos de violencia feminicida en el estado, de las cuales la desaparición de mujeres es la mas alta con 31 casos; le siguen nueve feminicidios, ocho casos de violencia familiar y seis suicidios.
Detallaron que 68% de los casos de mujeres desaparecidas (21) se registran sólo en dos regiones: la Costa, con 11 y Valles Centrales con 10.
Mientras que el 78% de las víctimas de feminicidio (7) fueron asesinadas con arma de fuego y/o arma blanca, de las cuales 4 tenían entre 17 y 30 años de edad.
Y el 50% de las mujeres agredidas en el ámbito familiar fueron víctimas de tentativa de feminicidio, en cuyo caso tenían una relación de pareja con los agresores. En 6 de los casos registrados se desconoce la edad de las agredidas.
Del total de suicidios de mujeres en este periodo también se registran en Valles Centrales, 4 casos, y en la Costa, 2 casos. El 50% de las víctimas tenían entre 12 y 17 años de edad.
Destacaron que “no es un secreto, que la ineptitud, la falta de voluntad política y la negligencia institucional han sido características de este gobierno que se ha convertido en cómplice de los feminicidas y ha contribuido a perpetuar la cadena de impunidad y permisibilidad”.
En su análisis denunciaron que “la realidad que enfrentamos es resultado de la falta de políticas integrales que prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres. Ni siquiera porque en 44 municipios de la entidad fue declarada la Alerta de Violencia de Género se han implementado las recomendaciones que la CONAVIM mandó”.
Otro aspecto que cuestionaron es la procuración de justica donde “hay una deuda pendiente por parte de la Fiscalía General del Estado, encabezado por Rubén Vasconcelos. En diferentes ocasiones ha sido llamado a comparecer ante el Congreso y sigue sin dar resultados, aún así se mantiene en su cargo”.
Por ello, pidieron al “gobernador Alejandro Murat Hinojosa que tome con seriedad la violencia feminicida que existe en Oaxaca. Es necesario que asuma esta grave situación. Es momento de separar de sus funciones a servidores públicos que no estén cumpliendo con sus obligaciones de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”.
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A un año y cuatro meses de que la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido por ordenes del empresario priista Juan Antonio Vera Carrizal, la artista mixteca sigue con miedo y clamando justicia ante la “inacción e incompetencia” de la Fiscalía General de Oaxaca.
Y es que a pesar de que ya fueron detenidas cuatro personas acusados de feminicidio en grado de tentativa, entre ellos el autor intelectual Vera Carrizal, ninguno ha sido sentenciado, mientras que el hijo del empresario sigue prófugo, ahora pretenden reclasificar el delito y el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez ya no le contesta las llamadas.
Es por ello que “hago la invitación al Congreso local de Oaxaca, a los senadores, a que inviten al fiscal general de Oaxaca a comparecer. Nos debe muchas explicaciones y me atrevo a decir nos debe porque ha sido un caso emblemático: muy duro, complejo, triste y doloroso pero sobre todo emblemático, porque muchas mujeres se han visto reflejadas”.
En una entrevista con Aristegui en Vivo, la saxofonista también externó su miedo:
“No ha habido una búsqueda adecuada, como fue el compromiso. Y la verdad es una burla que mi familia y yo sigamos viviendo con miedo mientras esta persona, que tiene una orden de aprehensión, ande como si nada”. Por esa razón decidió recurrir a los medios para evidenciar las omisiones de la fiscalía, en espera de que “se pongan a hacer su trabajo”.
Mencionó que el fiscal ya no le toma las llamadas y que si bien se logró la reapertura del caso para que fuera analizado con perspectiva de género, “no se ha hecho absolutamente nada” y el plazo para la acción está próximo a vencer.
Considera que esto deja en evidencia la “falta de empatía” o que existe un acuerdo: “Creo que no soy la única que lo piensa, lo percibe la sociedad en general, que tiene una postura muy similar”.
Cabe mencionar que la saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019, situación que le causó daños irreversibles en gran parte de su cuerpo.
Ante la presión nacional e internacional, el gobierno de Alejandro Murat logró detener a tres implicados en el ataque: Ponciano H. Y. (23 de diciembre de 2019) y su hijo Ruvicel H. R. (el 25 de diciembre de 2019), así como Rubén L. C. (1 de abril 2020).
La presión no cesó hasta que el 6 de abril de 2020, Juan Antonio Vera Carrizal se entregó de manera voluntaria en las instalaciones del Centro de Comando, Control y Comunicación C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPO).
Tras su aprehensión -proveniente de la causa penal 553/2019 emitida por el Juez de Control de Huajuapan de León- el imputado fue llevado a audiencia ante la autoridad judicial correspondiente con sede en esa ciudad de la mixteca oaxaqueña.
Ahora solo el hijo del diputado identificado como “El Gordo” es quien sigue prófugo de la justicia.
Vera Carrizal es acusado de ordenar a Rubén contratar a otra persona, en este caso a Ruvicel, para vaciarle ácido sulfúrico a María Elena y causarle la muerte, a cambio le pagaría 30 mil pesos.
María Elena Ríos manifestó a Carmen Aristegui “el caso trasciende a su persona y a su familia y se trata de un caso de todos, por lo que demandó al fiscal a que no se reserve la información: “Sobre todo que acepte y reconozca la inacción, la incompetencia que ha tenido respecto a mi asunto y que a pesar de que públicamente se comprometió en repetidas ocasiones ese compromiso deja mucho que desear”.
Ríos se dijo “muy desconcertada” y “triste” por las mujeres oaxaqueñas que han sido víctimas de violencia y que se encuentran con una autoridad que, lejos de cobijarlas, resulta omisa. “Si [esto ha sucedido] con mi caso, que es demasiado emblemático y conocido -no solamente en Oaxaca sino en la república y en otros países- ¿qué se pueden esperar mujeres cuyo caso desafortunadamente no ha trascendido?”.
Finalmente comentó que en su caso hay evidencia suficiente para responsabilizar al priista Juan Vera Carrizal como presunto autor intelectual de la agresión y a las otras personas señaladas:
“Actualmente está en prisión preventiva. Intentaron tumbar el asunto aminorándolo nuevamente por lesiones, que es una enorme falta de respeto no solamente a mí sino a todas las personas, a toda la sociedad. Lamentablemente persiste, por parte de su defensa, [la idea de] que nosotras somos personas muy vulnerables y que pueden arrebatarnos de un momento a otro la poca justicia que se ha logrado mediante la corrupción”.
Considera que su caso ha sido “muy corrompido”, porque si bien algunos presuntos responsables están en prisión preventiva, la última orden de aprehensión emitida no se ha ejecutado “porque no se ha querido, es evidente”. En ese sentido, comentó que se ha tratado de comunicar con el fiscal Vasconcelos para preguntarle por qué en Huajuapan de León -donde se encuentra- se ha visto en innumerables ocasiones a su agresor material.
“No ha habido una búsqueda adecuada, como fue el compromiso. Y la verdad es una burla que mi familia y yo sigamos viviendo con miedo mientras esta persona, que tiene una orden de aprehensión, ande como si nada”. Por esa razón decidió recurrir a los medios para evidenciar las omisiones de la fiscalía, en espera de que “se pongan a hacer su trabajo”.
Colima, Col.- Un grupo de trabajadores jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se manifestaron pacíficamente para exigir el respeto a sus derechos laborales y que de inmediato se reactive su acceso a servicios médicos integrales.
A las afueras de las instalaciones de PEMEX, ubicadas en la comunidad de Rancho de Villa, Ignacio Pérez Barrón habló a nombre de los jubilados y pensionados de la Delegación 31 de la Sección 40 del Sindicato de la paraestatal, para exigir la reposición de sus derechos.
Denunció que la carencia de servicios médicos abarca consulta de especialidades, laboratorios y falta de medicamentos a través del servicio de farmacia, lo cual consideró como grave, ya que algunas personas necesitan medicamentos de por vida para enfermedades como la hipertensión.
Aseguró que esta situación no sólo afecta a los jubilados y pensionados, sino que también a los trabajadores en activo y familiares asegurados; así mismo, denunció que ya tienen un año con esta problemática y que desde el mes de octubre, ya no les surten medicamentos.
Ignacio Pérez dijo que la justificación que les han dado en PEMEX es que no se han firmado los contratos con las farmacéuticas, sin embargo, aseguró que el personal afectado sospecha que esto va a más allá.
Ante esta situación, los jubilados y pensionados solicitaron la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sus derechos laborales sean respetados y se reactiven a la brevedad.
De acuerdo con información de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas y Graves), seis hospitales de Jalisco que atienden a pacientes con Covid-19 se quedaron ayer sin camas con ventilador.
Los nosocomios que se quedaron sin lugar en estas camas son: el Hospital General Regional (HGR) 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); los hospitales generales de zona (HGZ) 89 de Guadalajara y 20 de Autlán del IMSS; el Hospital Regional de La Barca; el Hospital Real San José, y el de Enfermería Militar de Zapopan.
La red también reportó que el Hospital Comunitario de Cihuatlán y el de Enfermería Militar de Zapopan presentaron saturación total en camas generales.
Además, los HGZ 89, 14 y 7 de Lagos de Moreno del IMSS reportaron entre 90 y 98 por ciento de ocupación. En la misma situación estuvieron el Real San José y el Hes Oblatos. https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=161598
Los tramos 4 y 5 del Tren Maya, que tendrán vías electrificadas, costarán una fortuna en comparación con los tres primeros.
El contrato para el tramo Izamal-Cancún, adjudicado directamente a ICA en septiembre pasado, es de 25 mil 849 millones de pesos más IVA por 257 kilómetros, es decir, ICA cobrará 100.5 millones de pesos más IVA por cada kilómetro, pese a que la obra aprovechará el derecho de vía de una autopista que tiene concesionada.
El alto costo de electrificar las vías también se refleja en las ofertas para el Tramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, que se adjudicará el 29 de enero. La oferta más baja es de 227 millones de pesos más IVA por cada uno de los 59 kilómetros, que además incluyen viaductos elevados.
En contraste, el Tramo 1, de Palenque a Escárcega, costará 58.7 millones más IVA por kilómetro; el Tramo 2, de Escárcega a Calkiní, 72.1 millones más IVA, y el 3, de Calkiní a Izamal, 56.1 millones más IVA. Este último con todo y la construcción de un túnel a cielo abierto en Mérida.
La razón principal para esta diferencia es que a partir de Mérida y en 680 kilómetros hasta Chetumal, el tren correrá sobre vías dobles electrificadas, lo que requerirá obras extras, mientras que, en la mayor parte de los tres primeros tramos, y del 6 y 7, que regresan desde Chetumal hasta Campeche, los trenes usarán diésel.
El contrato a ICA, el más cuantioso en lo que va del sexenio, fue adjudicado el 21 de septiembre, pero Fonatur contrató a la Academia de Ingeniería de México (AIM) como testigo social hasta el 28 de septiembre, por lo que no pudo revisar ningún documento previamente, y sus recomendaciones quedaron como meras declaraciones, pues ya estaba cerrado.
En su reporte, fechado el 2 de octubre, la AIM especula que la diferencia de precio del Tramo 4 con los tres primeros podría deberse a que aquél tiene más secciones de vía doble, pero no menciona el tema de la electrificación de vías, y no llega a una conclusión clara, porque los documentos que revisó no detallan la forma en que ICA cotizó para cada concepto.
La violencia en Jalisco no da tregua: mientras el gobierno de Alfaro presume reducción en desapariciones y homicidios, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre aumento de feminicidios y fosas clandestinas. En medio quedan las cifras negras y la vida de las familias cruzadas por la violencia
Jacqueline López / Zona Docs – Pie d Página
JALISCO.- El 11 de enero el gobierno de Jalisco presentó un balance bianual sobre la incidencia delictiva en el estado (2018 y 2020). Los resultados prenden alertas: los feminicidios incrementaron 106 por ciento; la violencia familiar y hallazgos de fosas clandestinas un 388 por ciento.
El gobernador Enrique Alfaro presumió la reducción de 20 por ciento en el número de personas desaparecidas dentro del estado; 11.3 por ciento en homicidios dolosos y 4.3 por ciento en secuestros.
Para organizaciones y expertos que monitorearon el incremento de la violencia durante el 2020, como Dolores del Carmen Chinas y Arturo Villarreal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) pese a que se ha reconocido una disminución en el registro de la incidencia delictiva, esto no refleja la inseguridad y la violencia que siguen experimentando las y los ciudadanos; mientras que, el informe presentado, obvia analizar las estadísticas del año 2019, es decir, las deja fuera.
Por su parte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), manifestó su preocupación sobre el incremento de los delitos de alto impacto, particularmente el incremento del 388.4 por ciento en el número de víctimas encontradas en fosas clandestinas; y la responsabilidad del Gobierno del estado en la instalación y permanencia de la violencia en la entidad.
Es falta de registro: ONG
Dolores del Carmen Chinas, especialista en seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), reconoció que, aunque en el informe presentado por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hubo una disminución numérica en la incidencia delictiva, aún prevalecen fuertes problemáticas vinculadas a temas complejos que afectan al estado y a sus habitantes, como: las desapariciones de personas, los feminicidios, así como, los hallazgos de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas. Delitos que no han disminuido con la pandemia, sino que se han agravado.
Por ejemplo, ante la ausencia de personal en muchas instituciones públicas de seguridad y procuración de justicia, debido a las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, se dejó de dar continuidad a muchas carpetas de investigación y diligencias en campo para la búsqueda de personas desaparecidas.
La especialista, advirtió que, si bien, las cifradas hablan de una disminución (2019-2020) del 23.30 por ciento en el número de personas desaparecidas en el estado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), es una realidad que muchos de estos casos no son denunciados: “las familias refieren que, por cada una de las personas desaparecidas, mínimo hay otras tres que no se están denunciando’’.
Por ello, resulta fundamental advertir que se trata de una problemática que no disminuye, sino que, con el tiempo se ha agravado.
Algunas de sus causas, precisó, se deben a que no hay suficiente personal capacitado en las dependencias para la búsqueda de personas desaparecidas; los recursos para la identificación forense son escasos; y las leyes en la materia aún permanecen en proceso de revisión. Es urgente, por lo tanto, una acción coordinada entre el gobierno estatal y las dependencias para resolverlas: “se requiere demasiada colaboración entre instituciones, para facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas’’.
Respecto al alza de 106 por ciento en los casos de feminicidio, con 68 mujeres víctimas de este delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dolores del Carmen Chinas advirtió que, pese a que en Jalisco esto ya era un problema, las medidas de confinamiento han sido un factor importante para su aumento, no sólo para mujeres adultas y jóvenes, sino también, para las y los menores de edad: “esta pandemia también ha generado mucha vulnerabilidad a los menores”.
No existe una disminución y esto se debe a la impunidad, la corrupción, la validación social de la violencia hacia la mujer y la falta de políticas públicas y de prevención para atender esta problemática y todo lo que se deriva de ella, explicó Chinas. Señaló, además, que pocos son los programas que están siendo destinados a apoyar a las y los niños huérfanos por un feminicidio.
El gobernador de Jalisco también informó sobre un aumento de 388.4% en el número de víctimas encontradas en fosas clandestinas; sin embargo, aseguró que el incremento se debe a las labores de búsqueda ejecutadas por la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
No obstante, la presencia del crimen organizado en el estado y sus colindancias ha provocado que estos entierros clandestinos se vuelvan cada vez más comunes. A ello, se suma la saturación de los servicios médicos forenses, la demorada labor de identificación de restos humanos y las cada vez más brutales formas en las que son encontrados los cuerpos:
“Es un problema agravado y más allá de que ahora sí están haciendo el trabajo correcto para encontrar las fosas, refleja el problema de seguridad tan grave que seguimos teniendo, pues no todas las fosas clandestinas encontradas en el 2020 son antiguas, muchas son recientes’’.
Por otro lado, el mandatario estatal informó que en 2020 se colocaron en la vía pública mil 500 botones de pánico, además de 6 mil 640 cámaras de videovigilancia y sensores para “ayudar a combatir la inseguridad”; sin embargo, los botones de pánico, sensores y cámaras son útiles, pero necesitan de todo un engranaje de seguridad preventiva, aseguró la especialista.
La investigadora, consideró importante resaltar que la delincuencia tiene una repercusión grave en la sociedad, no sólo para quienes ya han sido sus víctimas directas, sino para todas aquellas potenciales. Y es que, señaló que las personas han dejado de hacer muchas cosas, privándose del espacio público debido a la inseguridad.
Por lo tanto, es vital que el miedo no se convierta -como sucede ahora- en una dinámica social naturalizada, puesto que, el miedo provocado por la inseguridad genera como resultado: una afectación al derecho de vivir con dignidad.
Por su parte, Arturo Villareal del departamento de Derecho Público en el CUCSH, precisó que este informe “no tiene elementos de contraste para ver si efectivamente las cosas están como las señala el gobierno del estado’’.
En su opinión, es importante considerar que las estadísticas presentadas se basan en el número de denuncias que reciben las autoridades, lo que no necesariamente refleja el número real de delitos que se cometieron en el estado; sobre todo si se considera que la cifra de impunidad y el número de delitos que no se denuncia ronda en 92 por ciento.
Al mismo tiempo, aunque advirtió que podría reconocerse el trabajo que han realizado las corporaciones policiacas para disminuir la incidencia delictiva del estado, esto no puede ser atribuido exclusivamente a la actuación del gobierno estatal. En su opinión, hay “un factor importante y atípico”: la pandemia.
De esta forma, el confinamiento ha ayudado a la disminución de algunos delitos, sin embargo, la inseguridad se ha trasladado a otras esferas y esto se debe a que la delincuencia tiene la capacidad y movilidad de cambiar estructuras y objetivos.
‘’Hay una pequeña trampa en ese informe, pues se contrasta el 2018 con el 2020, dejando fuera el 2019, lo que hace suponer que se están tratando de maximizar los logros’’ afirmó.
Desde la sociedad civil organizada, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), manifestó que existe “mucha desconfianza” por parte de las y los ciudadanos hacia a las autoridades del estado, debido al índice de impunidad en el que permanecen un sinnúmero de carpetas y expedientes de investigación, lo que inhibe la presentación de denuncias. Así es como las estadísticas muestran una cifra a la baja:
‘’Pero eso no quiere decir que los millones de delitos que se comenten a diario no sigan prevaleciendo. Hay mucha impunidad por lo que las personas deciden ya no denunciar, pues realmente la sociedad no siente que tendrá justicia, no existe una atención inmediata, los procesos son muy largos para las víctimas y eso dificulta muchísimo el que se quiera denunciar. Solo 10 por ciento de los delitos son denunciados, y el 7 por ciento de las denuncias llegan a una carpeta de investigación” explicó Jonathan Ávila, encargado del área de investigación e incidencia delictiva del CEPAD.
En ese sentido, dijo que es necesario que el Gobierno del estado diseñe y ejecute verdaderas acciones preventivas, donde los cambios sustantivos sean visibles dentro de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Finalmente, con preocupación habló sobre “lo peligroso” de los informes de seguridad que esta administración ha utilizado para justificar su quehacer en la materia, principalmente, porque no existe un reconocimiento de la responsabilidad que el Gobierno del estado mantiene sobre el incremento de la violencia en los delitos de alto impacto, particularmente, respecto al aumento en el número de fosas clandestinas encontradas en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como, al interior del estado, tal y como se denunció en el reportaje: Guadalajara: Zona de exterminio y desaparición – ZonaDocs.
“El gobierno se vanagloria de que el número de fosas son resultados de la búsqueda, pero es algo que nos debería de alarmar bastante’’ concluyó.
CULIACÁN, SINALOA, 25ENERO2021.- El colectivo de buscadoras de desaparecidos en Sinaloa, Sabuesos Guerreras, fue agredida a balazos, después de hallar restos humanos en una hacienda abandonada FOTO: JUAN CARLOS CRUZ/CUARTOSCURO
Un colectivo de madres rastreadoras de desaparecidos llamado “Sabuesos Guerreras” fueron atacadas a balazos en los alrededores de Culiacancito, en el municipio de Culiacán, donde realizaban labores de búsqueda el lunes pasado.
Este martes, las buscadoras regresaron al lugar, acompañadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército y Guardia Nacional, y desde temprana hora continuaron las labores y han logrado localizar hasta el momento, tres osamentas humanas.
Al lugar también arribó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, encabezados por el titular Juan Carlos Saavedra Ortega, así como personal pericial de la Fiscalía de Sinaloa.
Foto: (Facebook)
Al volver al predio, las madres de los desaparecidos se percataron que les robaron celulares, palas y otros objetos, y además quemaron una playera de la persona que hallaron sepultada.
Los restos de las tres personas fueron llevados al Servicio Médico Forense. Se estima que en el predio haya más cuerpos enterrados, por lo que los trabajos de excavación continuarán en la zona.
Los restos óseos de otras dos personas ejecutadas, fueron halladas en fosas clandestinas dentro de los terrenos de una finca abandonada en Culiacancito, y se sospecha pueda haber más cuerpos enterrados.
agredieron a balazos a un grupo de madres que busca a sus hijos desaparecidos
Hallaron los restos de al menos tres personas Foto: (Sabuesos guerreras)
Se dividieron en dos brigadas, una de las cuales se dirigió a la zona de la pensión de autos de la empresa Grúas Culiacán, en la cual se han registrado una serie de incendios y además en las últimas semanas han localizado dos cuerpos. En la pensión la búsqueda resultó negativa.
Sin embargo, en la finca abandonada en las inmediaciones de la sindicatura de Culiacancito, cerca de una granja de puercos, la búsqueda resultó positiva.
Debido a que la zona está enmontada fue necesario hacer trabajos de desmonte y de excavación.
La líder del grupo, María Isabel “N”, compartió que al momento del ataque salieron rápidamente del lugar, donde habían encontrado restos humanos, el cual se encuentra en la carretera Culiacancito-La Palma.
Informó que al rastrear la zona encontraron restos humanos, pero de pronto escucharon disparos, lo que las alertó y pudieron ponerse a salvo.
Agentes de la Policía Municipal les brindaron protección y desplegaron un operativo para dar con los responsables, lo cual tuvo resultados negativos, pero al inspeccionar el lugar, se percataron que saquearon sus mochilas, se llevaron sus celulares y les robaron sus herramientas de trabajo.
Finalmente, se solicitó la presencia de investigadores y forenses para proceder en la excavación de los restos encontrados.
“Gracias a todos los que se preocuparon por nosotros estamos bien y a seguir buscando porque si nosotros no los buscamos nadie lo hará ¡¡¡Hasta encontrarles!!! porque los desaparecidos son de todos”, comentaron en sue cuenta de Facebook.
“Querido Michael Corleone mañana cumples 4 años de tu desaparición cobarde pero tienes madre y mucha para seguir buscándote y mañana onrare tu memoria regresando tesoros a casa te amo y te amare por el resto de mi vida espero tu regreso con ansias”, añadió una madre que no se rendirá hasta encontrar a su hijo.
Personal médico de la Unidad de Medicina Familiar No.13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumó a las protestas de sus homólogos del sector público, quienes exigen que sean considerados en la campaña de vacunación anticovid, pues aseguran que en todo el hospital son más de 200 trabajadores, entre médicos, enfermeras y asistentes de la salud, quienes a diario ponen en riesgo su vida en la atención de la derechohabiencia.
Con pancartas en mano exigieron ayer las autoridades federales congruencia en sus acciones pues, si bien la justificación para no vacunarlos ha sido que no están atendiendo directamente a pacientes confirmados de Covid-19, subrayan que el riesgo es mayor en la atención de la derechohabiencia en general, pues son ellos el primer punto de contacto entre los pacientes con síntomas sospechosos a la enfermedad, quienes muchas veces por temor, irresponsabilidad o ignorancia, no acuden a los Módulos de Atención Respiratoria y ponen en riesgo el área de consulta familiar.
“Estamos inconformes médicos, asistentes, enfermeras, los químicos, intendentes, todo el personal, nadie tiene vacuna, ¿por qué están vacunando a otras personas que realmente no tienen nada qué ver con la salud? No estamos pidiendo nada que no merezcamos, nada que no esté al alcance de nuestras autoridades. Esto no es un paro, es una solicitud a nuestros derechos. La Dra. Guadalupe y yo somos de las más antiguas aquí y no nos hemos rajado en ningún momento para estar trabajando en el módulo de Covid atendiendo con lo que se nos da o con lo que tenemos”, manifestó la Dra. Micaela Lemus Orozco, médico familiar del UMF No.13.
En este sentido, incluso refirió que desde el comienzo de la contingencia sanitaria se les otorgó un bono extra por productividad, el cual se dejó de pagar desde septiembre del año pasado, sin embargo, su compromiso a seguido intacto con la derechohabiencia.
“Queremos que esto se oiga hasta donde tenga que ser y nos vengan a vacunar, tenemos derechos igual que todos pero como primera línea que somos estamos muy expuestos. Estamos trabajando aquí todos los días codo a codo sin echarnos para atrás. Aproximadamente somos más de 200 los que integramos el hospital y que no hemos sido vacunados”, agregó.
MÁS INCONFORMES
Esta manifestación se suma a la realizada por la UMF No.10 de Santa Lucía, donde su personal también pidió ser considerado como personal de alto riesgo para recibir la vacuna, en ambos casos dejaron en claro que no se trata de una confrontación con el sector educativo, que fue beneficiado con la vacuna anticovid pese a que aun no regresarán a clases presenciales, sino con las decisiones del Ejecutivo federal, quien está a cargo del calendario de vacunación y las prioridades de inmunización.
“Sin menospreciar a ninguna unidad, somos los que más transferimos al Hospital General de Zona No.1 de pacientes en malas condiciones, regulares, muy malas o ya para morir, aquí hay un módulo Covid, no pueden decir que no somos de primera línea porque todos lo somos, entonces, no se vale que solo nos llamen ‘héroes de bata blanca’ porque tenemos familia, tenemos miedo, tenemos derechos también”.
VIVEN CON TEMOR
Por su parte, el representante sindical de la clínica, Carlos Ángulo Solís, subrayó que la inconformidad es con las autoridades del IMSS, quienes deben gestionar y presionar para que sus trabajadores sean protegidos, pues todos los días están en riesgo laboral, mismo que se expande hacia sus familias. “Todos los días tenemos temor al contagio y no es justo que el instituto no nos retribuya la labor que nosotros realizamos”.
“La inconformidad es con las autoridades del instituto pues como siempre lo hemos dicho, se debe comenzar en casa y nosotros hemos hestado cumpliendo cabalmente para que toda la derechohabiencia reciba atención y asi como los tramites que requieren por eso consideramos una verdadera incongruencia que nosotros estemos desprotegidos, que no se cumpla a los trabajadores y si consideramos que es una falta de empatía de las autoridades hacia su propio personal porque debe cumplir primero con nosotros para que garanticemos el no estar enfermos y seguir dando la atención”.
Las muertes de ciclistas se han duplicado en meses recientesen Ciudad de México. Para activistas y usuarios de la bicicleta el Plan de Protección a ciclistas que presentó la Secretaría de Movilidad es insuficiente: reacciona mas no resuelve el problema ni garantiza seguridad
Semovi presentó su plan de protección a ciclistas, sin embargo activistas de la seguridad vial y usuarios de la bicicleta lo ven como una reacción ante las protestas, pero no una garantía de seguridad para moverse libremente en bicicleta por la ciudad.
Las muertes de ciclistas en Ciudad de México crecieron más del doble en los primeros meses de 2020, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Movilidad. Mientras que de enero a septiembre de 2019 se registraron 7 fallecimientos al siguiente año pasaron a 16.
El plan
“¿Qué mensaje le daría a los ciclistas y activistas que se han manifestado?”, regunta una reportera a Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Son las ocho de la mañana y el funcionario termina la presentación virtual del plan de protección a ciclistas con esta respuesta:.
“Que estamos actuando, que justamente es importante la información que nos dan y las reuniones con integrantes de la sociedad civil porque nos permite fortalecer y agregar medidas que pueden ayudar a la seguridad vial. Insisto, hay muchos componentes en la seguridad vial, que tienen que ver con infraestructura, sanciones, información, prevención. En este momento nos estamos centrando en el tema de la impunidad, que nos parece que sin duda es uno de los temas más importantes en la seguridad vial y, sobre todo, en atención a las víctimas directas e indirectas de hechos de tránsito”.
El plan se basa en tres ejes: acceso a la justicia, aplicación de ley y acciones en el transporte público. Tiene una intención principal: atender a las víctimas, que ningún hecho vial quede impune. Para lograrlo plantearon la creación de un equipo conformado por diversas instituciones dedicado a la seguridad vial, una reforma al reglamento de tránsito y dos reformas legislativas que presentarán próximamente.
Para el acceso a la justicia, el gobierno capitalino propone una reforma al código penal que incluya la guía para recabar pruebas en las primeras horas posteriores al hecho vial. Este documento apenas está en elaboración.
En cuanto al reglamento de tránsito la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que cualquier vehículo que tenga cinco o más sanciones sin cumplimiento será enviado al corralón. También, implementará más dispositivos de control de velocidad, sobre todo en fines de semana. Los conductores en estado de ebriedad que sean descubiertos tendrán sanciones económicas como horas de arresto y sus acompañantes no podrán retirar el vehículo. Sin embargo, la SSC no informó cómo detectará a conductores de ebriedad.
Y respecto al tercer eje, sobre el transporte público, revisarán que las unidades cuenten con frenos, que los conductores tengan licencia y se dictarán sanciones claras y directas a quienes estén involucrados en un hecho vial. También reformarán la Ley de movilidad, respecto a seguros y sanciones, para que el transporte concesionado tenga una póliza vigente.
Evelyn López muestra a sus compañeros ciclistas un video donde su sobrino Mario Trejo, sobreviviente de un hecho vial en el que perdió una pierna, pide apoyo.
Limpiar la inundación no resuelve la fuga
Para la activista, y alcaldesa de la bicicleta, Areli Carreón el plan presentado fue como un intento de limpiar la inundación pero no de resolver la fuga. Cree que las medidas planteadas son adecuadas pero insuficientes:
“Son una deuda que la ciudad tenía con los ciclistas y con la ciudadanía respecto a la seguridad vial. Que se establezcan protocolos para atender hechos de tránsito, que se vayan reduciendo las posibilidades de que exista impunidad cuando ocurran estos hechos”. Sin embargo, advierte, garantizar la seguridad requiere más acciones:
“El problema, y lo que a los activistas de la seguridad vial nos deja con un mal sabor de boca, es que siguen sin atenderse las causas. Lo que se ha anunciado esta mañana atiende ya que ocurrieron los hechos. (El gobierno de) la ciudad debe asumir la responsabilidad y el trabajo para prevenir que ocurran. No nada más atender a las víctimas y que los seguros sean adecuados, o que la justicia sea real para las familias afectadas, si no que realmente podamos tener un sistema seguro de tránsito, que sin importar qué modo de transporte escojas, llegues con bien y sin tener que sufrir un percance vial”, explica Carreón.
Para la ciclista la seguridad es la gran deuda que la ciudad tiene con la ciudadanía. Señala que faltan políticas públicas enfocadas en la prevención, no sólo acciones para atender lo ya ocurrido. También le parece inadecuado que no se necesite hacer un examen de conocimientos de manejo y reglamento de tránsito para tener una licencia de conducir.
Ciclistas detienen a conductor que conducía en estado de ebriedad en Viaducto durante una rodada en protesta contra muertes viales.
“La pintura no es infraestructura”
Saúl Gómez, vocero de Ni un repartidor menos, se ha vuelto uno de los activistas más radicales de la ciudad. Una de sus consignas es “la pintura no es infraestructura”, con la que busca evidenciar que pintar el pavimento con líneas amarillas no representa una infraestructura que garantice su libre movilidad como ciclista, sobre todo si éstas son usadas de estacionamiento.
Este miércoles Saúl protestó casi de sol a sol. Junto a sus compañeros llegó al Zócalo por la mañana y terminó por la noche en la Semovi. El plan presentado por los servidores públicos le parece una burla.
iclistas, repartidores de apps y familiares de víctimas de hechos viales acudieron por la mañana del martes a las oficinas de Semovi para presentar una serie de peticiones al secretario de Movilidad. Denunciaron no sentirse escuchados por Lajous, ni conformes con sus respuestas, por lo que este miércoles llegaron a las ocho de la mañana al Palacio de Gobierno de la Ciudad deMéxico para exigir hablar con Claudia Sheinbaum. Como no lograron una reunión con la jefa de gobierno, rodaron desde las seis de la tarde y hasta las diez de la noche por distintos puntos de la avenida Insurgentes, empezando en el metrobús Álvaro Obregón.
Sus exigencias son: cancelación de las fotocívicas; que mientras la CDMX esté en semáforo rojo por la pandemia baje la velocidad permitida a 50 KM/ o menos en vías de acceso controlado; la renuncia de los funcionarios Natalia Rivera, titular del Órgano Regulador de Transporte; de Édgar Doroteo, director de Operación y Licencias de Transporte de Ruta y Especializado, y de Mayra Cabrera, directora ejecutiva de Cultura de la Movilidad y Coordinadora de Comunicación Social de la Semovi.
Sobre Natalia Rivera denuncian inoperancia en su cargo, respecto a Doroteo expresan que es señalado por actos de corrupción y la renuncia de Cabrera la piden por un accionar revictimizante en el caso de Patricia Sánchez, atropellada por un camión de la Ciudad de México en septiembre del 2019.
Tan solo hace una semana Carlos Rivera fue atropellado mientras iba en su bicicleta sobre Tlalpan, perdió la vida y el conductor huyó. Michelle Gómez, esposa de Rivera pidió en redes sociales que se encuentre al culpable. Debido a esto el viernes pasado ciclistas rodaron en protesta , la quinta realizada en lo que va de 2021para exigir seguridad y justicia por las víctimas de hechos viales.
El caso de Carlos y Michelle no es aislado. Las muertes viales son un problema constante al que ciclistas mexicanos se enfrentan. Activistas piden que estas muertes no sean normalizadas y que las víctimas tampoco sean ni revictimizadas, ni invisibilizadas y que se accione contra los conductores responsables, que en su mayoría huyen. Según datos de la investigación Ambiente seguro: intervenciones para prevención de atropellamientos (ASIPA) del Instituto Nacional de Salud Pública en México en el 90% de los hechos viales el conductor que atropella huye.
Furia ciclista
Para los ciclistas que protestaron hoy el día terminó con una última intervención enfurecida en las oficinas de la Semovi. La rodada que comenzó en la esquina de Álvaro Obregón e Insurgentes buscó cerrar vialidades durante varias horas.
Mantuvieron un diálogo en la calle con la directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, Fernanda Rivera, en donde le explicaron sus inconformidades y evidenciaron violencias que día a día sufren por parte de conductores.
Después de esta conversación, continuaron con la protesta y finalizaron en las oficinas de Semovi donde rompieron vidrios del inmueble. Esta es la primera rodada con daños en un un edificio gubernamental. En rodadas previas hicieron algunas acciones como detener conductores en estado de ebriedad y realizar pintas.
Promovieron un juicio de amparo ante la contaminación, el uso indebido de sus tierras y porque las autoridades les negaron información sobre permisos ambientales.
Mérida, Yucatán, 28 de enero de 2021.-El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Yucatán, admitió una demanda de amparo y concedió la suspensión provisional para que las autoridades ambientales paralicen el funcionamiento de la granja porcícola ubicada en el kilómetro 4 de la carretera Chapab- Ticul, pues amenaza el medio ambiente y el territorio de la población maya.
La controvertida granja pertenece a la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán”, la cual tiene una producción aproximada de 50 mil cerdos.
Habitantes de Chapab y la agrupación Múuch´ Xíinbal manifestaron su inconformidad con el impacto ambiental que está provocando esa empresa en dicho territorio, pues aseguran que contamina el aire con los olores desagradables, además de que destruye la flora con el vertimiento de aguas residuales.
Los pobladores mayas de esa localidad explicaron que realizaron solicitudes de información a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para saber si la granja contaba con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria para operar legalmente. Al respecto, la dependencia estatal señaló que esa información se encuentra reservada y aún sujeta a evaluación, por lo que no podía entregarla.
Por tal razón, la comunidad indicó que ante la contaminación y el uso indebido de sus tierras, sumado a que las autoridades les han negado información, fue que decidieron promover el juicio de amparo. En diciembre pasado, más de cien personas, incluyendo niños, niñas y adultas mayores, demandaron a la granja por violaciones a su derecho al medio ambiente sano.
Al respecto, el Juzgado Tercero de Distrito decidió conceder la suspensión provisional para efectos de que las autoridades ambientales, incluyendo a la SDS, paralicen las actividades de la granja en tanto se esclarece la existencia de permisos en materia ambiental.
“Con esto, las personas de la población y las agrupaciones que los acompañamos esperamos que se mantenga la suspensión provisional y el Juzgado conceda la definitiva. Asimismo, instamos a las autoridades estatales y federales a cumplir con las resoluciones judiciales”, informó la agrupación Múuch´ Xíinbal. (Foto de archivo de Lorenzo Hernández)
Santiago de Querétaro, Qro., a 28 de enero de 2021. Vecinos del fraccionamiento Paseos de San Miguel en la Delegación Félix Osores del municipio de Querétaro protestan ante la Comisión Estatal de Aguas por cobros excesivos y la falta de servicio, hace seis años realizaron acuerdos con el Organismo CEA para el mejoramiento de la infraestructura pluvial, situación que se limitan a decir que no está dentro de su competencia.
LOS VECINOS DE PUERTAS DE SAN MIGUEL ESTAMOS SIENDO HUMILLADOS POR LOS ABUSOS POR PARTE DE LA CEA Y SUS ALTOS COBROS EN EL CONSUMO DE AGUA
– Está abusando en los cobros de consumo de agua de hasta por 70 mil pesos.
– Cobros excesivos en el pago de agua y falta de servicio.
Esto señalan las lonas y mantas colocadas en la CEA.
Asimismo señalan que no han tenido solución por parte de la constructora referente a la entrega de su fraccionamiento, por lo que no cuentan con servicios públicos municipales, ya que “no están entregados a municipio”.
Los colindantes seguirán con su plantón hasta que no busquen soluciones a sus demandas.
Toluca, México; 28 de enero de 2021. A casi un mes de su primera protesta, pacientes del hospital Adolfo López Mateos vuelven a las calles para denunciar la falta de hemodiálisis en este nosocomio pues son más de 100 enfermos los afectados.
Don Octavio Cruz, oriundo de Zinacantepec, es uno de ellos; él tiene 40 años y necesita de tres sesiones a la semana, sin embargo no logra costear el tratamiento pues en hospitales particulares cada tratamiento ronda los mil 500 pesos, lo que lo ha orillado a dejarse de atender.
El problema es tal que ayer falleció una persona por la falta de atención en este rubro y que deriva del dos de enero, cuando el cuarto piso de ese hospital se incendiara. Reportes preliminares indicaban que el siniestro se suscitó debido a que un aparato de hemodiálisis se había quemado y esto había propagado las llamas al resto de la instalación. Ese mismo aparato no ha sido repuesto y por ello los pacientes siguen sin ser atendidos.
La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre. El tratamiento coadyuba a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, el sodio y el calcio, por lo que este procedimiento resulta indispensable para mantener una vida digna.
El vocero del Organismo de Agua Potable afirmó que el adeudo asciende a los 4 millones de pesos
Desde el pasado martes pobladores de Cacalomacán, en Toluca, se encuentran sin el servicio de agua potable, de acuerdo con información de miembros del Organismo de Agua Potable. La razón es el corte al suministro eléctrico que permite la extracción y el bombeo desde el pozo de esta comunidad.
Ramiro Gil, vocero del organismo habló en entrevista para AD Noticias sobre la situación:
“Tuvimos una reunión con la comisión, ayer me dijeron que eran millón y tantos, y hoy me salen que son 4 millones, el adeudo viene desde el 2012 y es por unas supuestas reconexiones ilícitas”.
Ramiro Gil también informó que “se dejó de pagar porque era muy alta la cuota de luz: si antes se pagaban 20 mil, ahorita están cobrando 40 mil”.
Aseguró no haber llegado a ningún acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para la disminución del adeudo, además informó que debido a la pandemia la recaudación por el pago del servicio a disminuido en esta localidad.
Pobladores de Cacalomacán, como María del Carmen Linares, quien dispone de tinaco y un pozo, han pasado por alto la falta de agua, “tengo un pozito”, algunos otros como “Tania”, quien prefirió guardar el anonimato, se han organizado con vecinos para la compra de agua en pipas.
En redes sociales vecinos han mostrado inconformidad con la actuación del organismo al no dar respuesta al corte de agua:
“Me tomo el atrevimiento de juntar a 6 personas voluntarias que sean honestas con la capacidad de tener valor civil de pasar a cobrar x casa el agua y así poder juntar dinero para ir abonando a la comisión de luz (sic)”, escribió Lau Valdes en el grupo de Facebook Cacalomacán Toluca.
Como en otras comunidades, el Organismo de Agua Potable de Cacalomacán es autónomo por lo que no depende del ayuntamiento de Toluca. En un comunicado dicho organismo informó que se realizarán las gestiones para restablecer el suministro a la brevedad sin precisar la fecha.
Ejidatarios de Xbacab presentaron una denuncia ante el Tribunal Agrario por el desacato en que ha incurrido el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al continuar con las obras del Tren Maya, que debieron haber sido detenidas desde días pasados tras la suspensión que decretó un juez a favor de los 165 campesinos de la localidad.
La demanda involucra un juicio de nulidad de los avalúos que realizó el bufete de abogados Barrientos y Asociados sobre la propiedad de más de once hectáreas del poblado, por considerarlos “irreales”.
Una comitiva encabezada por el comisario ejidal, Juan Arturo Dzib Novelo, junto con una decena de inconformes, se presentó ante el Juzgado del Distrito 50 del Tribunal Agrario para radicar una querella legal, ya que pese a la orden girada por la autoridad para que las obras del proyecto fueran suspendidas, estas continúan.
Juan Arturo Dzib Novelo, Efraín Ek Chi y Óscar Gómez, en su calidad de comisario ejidal, secretario y tesorero de la comunidad de Xbacab, notificaron al juez que el Fonatur ha desobedecido el dictamen que impera sobre los más de tres kilómetros de construcción que están en pugna; la denuncia la presentaron por escrito y la respaldaron con material fotográfico como evidencia.
Las tres autoridades ejidales señalaron al magistrado que “desde el viernes 22 de enero del 2021 no se han interrumpido los trabajos de las empresas que prestan sus servicios a Fonatur, por lo cual han incumplido con la medida precautoria emitida el 10 de diciembre del 2020”; por lo mismo, solicitan que se notifique a los demandados de que se abstengan de transgredir el ordenamiento jurídico y no prosigan con la invasión de selva y daños a las superficies agrarias.
Hicieron del conocimiento del Tribunal Agrario que Fonatur infringió la medida legal, por lo que solicitan al órgano colegiado que genere un apercibimiento contra la dependencia; igualmente extendieron la solicitud al Ministerio Público Federal, ante el desacato en que han incurrido las autoridades federales.
Más de 100 estudiantes de la Licenciatura de Psicología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), denuncian que se verán afectados y afectadas a causa del rezago que ha provocado la poca oferta de cupos para las materias necesarias durante la carrera.
Por ello, las y los estudiantes se han organizado para señalar la incompetencia de la UdeG para organizar la oferta académica y para exigir una solución definitiva, y así garantizar su derecho al acceso a una educación digna, libre y gratuita.
María FernandaLattuada / Zona Docs
Bajo el argumento de contar con insuficientes recursos para tener la cantidad de docentes necesarios, cada semestre el proceso educativo de cientos de estudiantes de la Universidad de Guadalajara se ve entorpecido por la baja disponibilidad de lugares en las asignaturas, dejandoles sin la posibilidad de cursar materias y provocando que el rezago sea cada vez mayor.
Ante el hartazgo de esta problemática, las y los alumnos de la Licenciatura de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), han señalado su inconformidad a través de redes sociales y exigen que se aseguren cupos suficientes para todos y todas, conforme establece la misma Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
“Solo de mi generación éramos entre 70 y 80 alumnos por prácticas y los cupos disponibles eran alrededor de 40. Entonces tan solo de mi generación que somos unos 200, más los que vienen rezagados de las generaciones de arriba, serían 4 generaciones rezagadas aproximadamente”, explicó una de las alumnas afectadas, quien ya tiene 10 semestres cursando.
Las y los alumnos organizados explicaron que, como último recurso se ven obligados a solicitar “sobrecupo” o un lugar extra en las asignaturas, sin embargo, esta medida no es una solución de raíz a su problemática ya que no existe garantía de que sean abiertos dichos espacios extras.
“El sobrecupo complica más las cosas porque es trabajo extra para los profesores. Entonces realmente nos complica mucho el aprendizaje y el trabajo a ellos (docentes). Porque no les importa invertir y no le importa realmente la educación que merecemos, una educación de calidad”, agregó otra alumna afectada, quien cursa el octavo semestre pero que reconoce que se extenderán a diez.
A pesar de que, de acuerdo al Artículo 35 de la Ley Orgánica de la UdeG, es obligación del Rector General, en este caso de Ricardo Villanueva, promover lo que contribuya al mejoramiento académico, como lo sería atender esta situación; no obstante, las y los estudiantes no han recibido una respuesta concreta respecto a las acciones que darán pie a la solución.
Únicamente la coordinación de la carrera de Psicología, a través de un comunicado, mencionó que están tomando medidas al respecto, sin embargo, para las y los alumnos organizados no es suficiente ya que en años anteriores esa ha sido la misma respuesta.
“No dicen qué medidas, ni qué van a hacer. Eso lo llevan diciendo todos los semestres y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que nos digan las acciones concretas; hasta que nos muestren resultados”, reiteraron.
Por esta razón, las y los alumnos a través de sus redes sociales han utilizado el hashtag#SoluciónDefinitiva, ya que su aspiración es que haya un cambio real para las siguientes generaciones:
“Estamos exigiendo bien, no solamente para nosotros ahorita, ni los cupos que necesitamos ahorita, sino que realmente tiene que ser algo que cambie y que nuestros compañeros que van a pasar a tercero o cuarto no tengan que pasar por esto como nosotros”, compartieron.
Además, señalaron que esta problemática no sucede únicamente en Psicología. Han recibido mensajes de distintas carreras del CUCS, así como del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), donde los alumnos atraviesan la misma situación.
“Es importante hacernos la pregunta ¿Qué es una universidad sin clases? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Si se supone que para eso es una universidad entonces qué están haciendo con ese tiempo, con ese espacio y con ese dinero. La universidad nos debería de pertenecer a los estudiantes y no es así. Por eso exigimos una educación digna para todas y todos los alumnos”, puntualizaron.
A través del manifiesto firmado por alumnas y alumnos del CUCS exigieron energéticamente que el problema sea resuelto y no se les dé la espalda como en exigencias anteriores. Como aquellas denuncias por acoso, hostigamiento y violencia a alumnas y profesoras, que han afectado su formación integral; y reiteraron su compromiso con hacer valer sus derechos “hasta que se haga algo al respecto” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
MÉRIDA, MX.- A pesar de que no es la primera vez que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán es denunciada porque sus elementos torturan a ciudadanos, un policía del municipio de Tekax se tomó la libertad de exhibir en redes sociales a un hombre detenido, luego de presuntamente haber sido maltratado.
La Policía Municipal de Tekax informó a través de un comunicado que el elemento ya fue dado de baja debido a los actos cometidos, además que la persona se hizo acreedora de una investigación.
La foto en donde el policía de apellido Serrano García exhibía una fotografía de una persona detenida, semidesnuda y en el suelo, circuló este día en redes sociales.
La foto fue titulada “Iniciando” y el policía saluda a la cámara; esta imagen es compartida precisamente con la que sería la prueba del maltrato al que fue sometido el ciudadano.
Incluso, en la fotografía es posible ver al hombre detenido, sólo con ropa interior y su short hasta las rodillas y sobre todo, con las manos atadas a la espalda.
Sobre el tema, el director de la Policía de Tekax, Manuel Lugo Trejo, exhortó que no tolerará ningún acto de este tipo y que violen los valores de la corporación.
El comunicado dice lo siguiente:
“Un elemento a través de su cuenta personal de Facebook, difundió información sensible de una persona detenida, se ha ordenado la separación inmediata de su cargo y se ha solicitado el inicio de un procedimiento administrativo al órgano de control interno del ayuntamiento de Tekax”.
Hay que recordar que el año pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reconoció que tienen en registro 22 casos de presunta tortura en el estado, cometidas por policías estatales y municipales.
Los familiares de los desaparecidos se dicen desencantados de las autoridades de los tres niveles: “Gobiernos van y vienen y sólo administran la impunidad y toleran la acción delincuencial de los policías”, dice Araceli Salcedo, del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
Noé Zavaleta / Proceso
En Veracruz la violencia y la impunidad se enseñorean mientras el gobernador Cuitláhuac García, su fiscal y su titular de Seguridad Pública se ufanan en presumir sus presuntos logros contra los grupos delincuenciales. Los familiares de los desaparecidos se dicen desencantados de las autoridades de los tres niveles: “Gobiernos van y vienen y sólo administran la impunidad y toleran la acción delincuencial de los policías”, dice Araceli Salcedo, del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.
XALAPA, Ver. (proceso).- “Ganando como siempre” es un sticker con la fotografía posada del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Y aunque Fernando Javier Contreras, vocero del funcionario, suele incluirlo en los boletines de la corporación policiaca, los hechos demuestran lo contrario, pues el domingo 17 fueron localizados en la carpeta asfáltica en la zona del Cerro de Nanchital, en Las Choapas, al sur de la entidad, los cadáveres de 12 personas.
Once días antes las autoridades ubicaron el cuerpo de la adolescente Adriana Beatriz López Rodríguez en el interior de una maleta en la congregación de Las Olas en Cosoleacaque. La joven había sido reportada desaparecida un mes antes. El miércoles 6 fue hallado un cuerpo más, el de Samara Aurora, de 28 años, en un predio en Palmas de Arriba, municipio de Actopan. Sólo en este caso, se detuvo a un presunto sospechoso, un instructor de un gimnasio; los demás siguen impunes.
“Veracruz se sacó la lotería” con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, suele repetir el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras por Veracruz. No obstante, tomando como parámetro diciembre de 2018-diciembre de 2020, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los primeros dos años de su gestión las cifras del “premio mayor” son preocupantes:
Cuatro mil 761 homicidios (190 por mes), 203 feminicidios (casi 10 por mes), 463 secuestros (18 por mes) y más de 56 mil robos, de los cuales más de 15 mil 600 corresponden a robo de vehículos.
Apenas el miércoles 20 la avenida Murillo Vidal y Papaloapan fue escenario de una balacera en la que cinco presuntos delincuentes fueron abatidos, hubo cuatro detenciones y los agentes de la SSP rescataron a ocho personas de una casa de seguridad y los cuerpos de dos personas que habían sido ejecutadas por sus captores.
“Lamentablemente pretendían los presuntos secuestradores ejecutar a sus víctimas además de cobrar lo del secuestro. Se actuó muy a tiempo, se logró la detención de los involucrados y se liberó a las víctimas, lamentablemente a dos de ellas no, pero pretendían un acto abominable.”
Y aunque García Jiménez y la fiscal Verónica Hernández Giadáns con frecuencia hablan de una disminución de homicidios, secuestros y extorsiones, el SESNSP tiene “otros datos”.
Si se equiparan las cifras, en 2018 –último año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares– hubo 203 homicidios y ocho feminicidios por mes; en 2016, en el ocaso del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa –quien purga una condena de nueve años en el Reclusorio Norte por asociación delictuosa y lavado de dinero–, el secretariado contabilizó 151 homicidios y cinco feminicidios mensuales en promedio. Cifras muy similares a las del sexenio del morenista García Jiménez.
Este martes, los ex empleados del Sistecozome volvieron a salir a las calles y piden que se instale una mesa de trabajo para definir el monto que se debe y que se diga cuándo se les va a pagar.
Foto Pérez Vega / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. Tras el cierre de la paraestatal Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), en agosto de 2017, los ex trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Empleados, calculan que han realizado alrededor de 100 actos de protestas, desde marchas y plantones, hasta mítines frente a Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado.
La petición ha sido la misma durante 42 meses: exigen que el gobierno de Jalisco cumpla con los pagos ordenados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) a los ex trabajadores, desde conductores de camiones y trolebuses, hasta mecánicos y personal administrativo.
Este martes, los ex empleados del Sistecozome volvieron a salir a las calles y piden que se instale una mesa de trabajo para definir el monto que se debe y que se diga cuándo se les va a pagar.
“Queremos hacernos escuchar con el gobernador o por el secretario de Gobierno, con una petición tan clara y tan sencilla: que nos de una mesa de negociación con la JLCyA, con el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), con el pagador Oliver Diez y nosotros como representantes del Sindicato, para que nos digan de una vez: ¿cuánto dinero hay? y ¿Cuándo nos quieren pagar? y ¿para cuando?. No queremos que nos lo den mañana o pasado, si ellos no lo tienen ahorita, si son dos meses, está bien, lo podemos aceptar”, explicó.
A la manifestación acudió Sergio García, ex operador de Sistecozome Puerto Vallarta, en representación de los ex trabajadores despedidos de esa ciudad.
De Puerto Vallarta, hay pendientes del pago de juicios laborales, alrededor de 25 ex empleados.
“Soy de Puerto Vallarta, tengo aproximadamente siete años con mi demanda. Somos como 25 compañeros en Puerto Vallarta y los vengo representando aquí en Guadalajara. La mayoría son demandas de despido con laudos ya ganados”, explicó.
En total, el Sindicato de Empleados del Sistecozome, afiliado a la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM) tiene acreditados 184 juicios pendientes por pagar, entre ellas 10 viudas.
En diciembre pasado el gobierno de Jalisco prometió que haría el pago de 16 casos, sin embargo, solo pagó cheques a la mitad: seis viudas y dos ex trabajadores.
Discrepancia en cifras de feminicidios y muertes violentas de mujeres; colectivas acusan que no son escuchadas y que han sido intimidadas por el congreso estatal.
“Ser mujer en Quintana Roo es estar condenada a una paraíso que huele a sangre; ser mujer en Quintana Roo es armate para la guerra y la revolución para que tu hija no tenga que salir a las calles con ese temor que tú tienes; ser mujer en Quintana Roo es un destino que está sellado con la violencia feminicida, sexual y la que estamos sufriendo nosotras las defensoras de derechos humanos”, dice en entrevista con La-Lista Ariadne Song Anguas, activista y vocera del colectivo Xtabay, que pertenece a la Red Feminista Quintanoarrense.
A partir del 27 de noviembre de 2020, las feministas tomaron el Congreso del Estado de Quintana Roo, ubicado en Chetumal. Días antes, algunas de ellas pidieron justicia por el feminicidio de Alexis en una marcha el 9 de noviembre pero fueron reprimidas por la policía que disparó “al aire” hiriendo a varias personas. “Pedimos justicia y nos recibieron con balas”, dijo la activista.
El gobernador Carlos Manuel Joaquín González se deslindó de la represión y separó de su cargo a Alberto Capella, quien era el secretario de seguridad pública del estado. Por su parte, la alcaldesa Mara Lezama cesó a Eduardo Santamaría, director de la policía de Benito Juárez, ayuntamiento donde se ubica Cancún.
“El pliego petitorio abarca 54 puntos y fue entregado el 16 de noviembre al poder ejecutivo, en presencia del diputado Gustavo Miranda, presidente de la Junta de Coordinación y Gobierno del estado de Quintana Roo. Son 10 acciones legislativas, entre ellas, la creación del tipo penal de transfeminicidio, feminicidio infantil, creación del padrón de agresores sexuales, ley 3 de 3 para que ningún violentados ocupe un puesto público, ley de autodefensa feminista para que se nos permita portar gas pimienta y teaser”, señaló Song Anguas.
En el estado, se reportaron 15 feminicidios en 2020 y 61 homicidios dolosos de mujeres (hasta noviembre de ese mismo año), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La-Lista pidió vía transparencia información detallada sobre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de 2015 al 18 de noviembre de 2020, sin embargo, la fiscalía estatal sólo dio datos de 2019 y 2020. Las causas de muerte que señalaron en los feminicidios fueron asfixias, degollamiento, lesión por arma de fuego y traumatismos craneoencefálicos.
El 7 de noviembre de 2020, se reportó como desaparecida a Bianca Alejandrina Lorezana Alvarado, conocida como Alexis, quien tenía 20 años. El 8 de noviembre se activó el Protocolo Alba para localizarla, ahí se indicó que vestía de negro y se le vio por última vez en Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo. El 9 de noviembre, la fiscalía estatal anunció que se inició una carpeta de investigación 11/6/2020 por feminicidio, esto tras encontrar el cuerpo de la joven “con claras huellas de violencia”, según un comunicado de prensa.
La fiscalía estatal mencionó que en lo que iba del año, hasta ese momento, se habían registrado 12 feminicidios, de los cuales se resolvieron 9. “Por este delito 12 personas han sido detenidas y procesadas penalmente”. El fiscal Oscar Montes de Oca Rosales dijo que no habría impunidad en el caso. El 16 de noviembre la fiscalía dijo que se puso a disposición de un juez de control a dos hombres por el caso de Alexis, estos poseían el celular de la joven, también indicó que otras tres personas estaban a disposición del Ministerio Público.
Uno de los casos de feminicidio que también indignó al estado fue el de Ana Gómez. Desapareció el 18 de diciembre y, de igual manera, se inició el Protocolo Alba, pero el cuerpo de la joven fue encontrado 10 días después en las inmediaciones del hotel Hard Rock Riviera Maya. La fiscalía indicó que se encontraron indicios y evidencias sobre el probable feminicida, quien fue identificado como prestador del servicio de seguridad de dicho hotel.
Otros de los puntos que piden las feministas es la “Ley Ingrid” para no ser revictimizadas después de muertas, “que no tomen fotografías como en el caso de Alexis, que su familia se enteró a través de redes sociales que las partes de su cuerpo estaban en bolsas negras. Ley de acoso callejero porque las miradas lascivas y toqueteos parece que no son faltas al buen gobierno o la fiscalía no quiere tomar en cuenta tu denuncia, también estamos pidieidno la despenalización del aborto. Son 10 acciones legislativas que hasta ahorita el congreso de Quintana Roo se niega a legislar a favor del reconocimiento de todos los derechos para todas las mujeres”, señaló Ariadne Song Anguas.
Durante la toma pacífica del Congreso estatal se han enfrentado al corte de agua y luz, esto pese a que el gobernador pidió que se restablecieran los servicios, pero el poder legislativo se negó. Esta situación en plena pandemia a causa de Covid-19, las pone en una situación de vulnerabilidad de contagio. También se han enfrentado a amenazas de uso de la fuerza para desalojarlas. Ningún legislador se ha acercado a dialogar con ellas sobre sus peticiones.
Números de feminicidios y muertes violentas no cuadran
La defensora de derechos humanos y periodista Graciela Machuca Martínez lleva desde hace 4 años un conteo hemerográfico de las muertes violentas de mujeres y feminicidios en el estado de Quintana Roo. Resaltó que hay discrepancias entre los números oficiales y entre los casos que ella ha registrado a través de notas de prensa.
Por ejemplo, comentó que en 2019 el SNSP registró 64 muertes violentas y ella 74, en cuanto a feminicidios el secretariado reportó 16 feminicidios y la activista detectó uno más. Hasta noviembre de 2020, el SNSP reportó 61 al igual que su registro respecto a muertes violentas, pero la dependencia reportó 13 feminicidios y Machuca Martínez contó 18.
“El problema es que se minimiza, ya que llegamos al grado de que el fiscal general (federal Alejandro) Gertz Manero quería no reconocer el feminicidio, entonces es una lucha muy seria la que nosotras como activistas tenemos de, ¿por qué no es feminicidio si fue encontrada con heridas infamantes, expuesta, si tiene parentesco con quien se señala como feminicida? Tenemos que agarrar cada caso y estarnos peleando con la fiscalía para que se reconozca como feminicidio”.
“No querían, por ningún motivo, que la Alerta de Violencia de Género se decretara por un gobierno priista que fue el gobierno saliente de Roberto Borge, pero tampoco por el gobierno entrante de Carlos Joaquín González (PAN-PRD), que actualmente es gobernador. No querían ninguno de los dos por cuidar la imagen del destino turístico, pero entonces ya vienen ahí nuestros registros que exhiben toda la violencia y que los obligan a dar respuesta más con estas acciones que se dieron cómo la del 09 de noviembre”, dijo Machuca Martínez, quien también es representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Quintana Roo.
Aborto legal para no morir
“El derecho a decidir de la mujer no se somete a consulta, es un tema de salud pública, sobre todo en esta pandemia del Covid-19, en donde si no te estabas muriendo no tenías acceso a la salud reproductiva y no tenías cita con tu ginecólogo por miedo a exponerte. Muchas mujeres quedaron embarazadas sin desearlo (…) Esto ya no se trata de aborto sí o aborto no, sino de aborto clandestino legal y esto va a seguir sucediendo y las mujeres vamos a seguir luchando”, contó la vocera del colectivo Xtabay. El congreso discutirá esto hasta abril.
Hubo 12 registros por aborto en la incidencia delictiva de 2020, según datos del SNSP. Por su parte, la fiscalía del estado respondió a un peticionario vía transparencia que había 147 denuncias contra mujeres por el delito de aborto de 2007 a 2019. Sin embargo, las mujeres que residen en Quintana Roo y tienen las posibilidades viajan a la Ciudad de México para practicarse un aborto. Un total de 77, se realizaron el procedimiento de 2016 a 2020, según datos sobre la Interrupción Legal del Embarazo de la Agencia Digital de Innovación Pública.
“Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”, dice el Código Penal de Quintana Roo en el artículo 92. La pena para las mujeres que procuren el aborto, que consientan a que otra persona la haga abortar o a quien haga a una mujer abortar, se les impondrán penas de seis meses a dos años de prisión. En el caso de que intervenga un médico, partero o enfermero se le suspenderá en el ejercicio de su profesión de dos a cinco años.
Pero en el mismo código se contempla como excepciones para que no sea punible el delito y éstas son cuando: sea resultado de una conducta culposa de la mujer, cuando sea resultado de una violación y que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, cuando al menos dos médicos tengan la suposición de que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den como resultado el nacimiento con trastornos físicos o mentale sgraves y cuando un médico determine que peligra la vida de la mujer.
“Los efectos de la criminalización del aborto impactan no solo a quienes son procesadas penalmente por este delito, sino también a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud y su libertad mediante abortos fuera de la ley, modificar su proyecto de vida continuando un embarazo no deseado o bien, sufrir violencia institucional al acudir a las clínicas u hospitales a solicitar la interrupción del embarazo bajo alguna de las causales establecidas en las leyes”, indicó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) en su informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México.
La mano del juez Francisco Javier Hernández Lima y las de allegados a la oficina del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, agudizaron el conflicto ambiental, social y agrario detonado en Veracruz por la invasión y depredación del bosque de niebla en Coatepec, acusaron propietarios de predios en la zona de Jinicuil Manso, que advirtieron una intentona desde el poder del Estado para legalizar el despojo. El juez local determinó no retirar a los invasores del predio.
Por ello, recurrirán al amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El despojo está denunciado ante la Fiscalía Sexta, desde julio de 2019: 18 meses esperando que el organismo autónomo emita una determinación.´Se nos está presionando con todo el aparato del Estado para dejar de hablar, para doblarnos las manos y que la gente que está en nuestros terrenos amenazándonos a nosotros, a nuestras familias, tenga una preferencia. ¿Entonces dónde quedó el Estado de derecho?´, deploró uno de los legítimos propietarios.
En la zona (incorrectamente denominada Sierra Alta) se hallan especies reconocidas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y que están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la salamandra, tigrillo, chivizcoyo y la codorniz endémica.
Un estudio de Pronatura identificó que son al menos 37 las especies que peligran por las acciones de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en el bosque de Veracruz. Investigaciones del Instituto de Ecología AC señalan que las zonas que reciben la mayor precipitación de lluvia se encuentran justamente en la franja de la montaña entre los mil 500 y 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar; justo en esta franja en donde se encuentra el bosque mesófilo de montaña, que es la vegetación más representativa de esta zona.
Itzel Jurado, abogada de los afectados, denunció que el pasado 8 de enero el juez Hernández Lima ignoró los 40 datos probatorios que los coatepecanos presentaron para decretar la restitución provisional de sus bienes.
La abogada advirtió que el juez Francisco Javier Hernández Lima exhibió tolerancia al delito y la corrupción y hasta entregó documentos de uso interno a la CIOAC, violentando el principio de igualdad que debe regir el procedimiento y favoreciendo a los invasores.
‘No nos dio la razón por razones desde nuestra perspectiva ilegales. Le va a corresponder al Poder Judicial federal decidir quién tiene la razón. Mientras decimos lo que creemos: que es una decisión ilegal, porque de entrada se le dio un trato especial al abogado de la contraparte, que no iba preparado y al momento de la audiencia se le solucionaban los detalles. Desde ahí nos damos cuenta para dónde va la balanza’.
De los 11 integrantes de la CIOAC acusados bajo el delito de allanamiento, solo 7 se presentaron a la audiencia; eso fue, a sesgado criterio del juez, causa suficiente para que no se diera la orden de desalojo.
Además, el Juez hostigó durante la audiencia a la abogada Itzel Jurado y desestimó su exigencia de proteger el patrimonio familiar y, con ello, el bosque.
La abogada aseveró que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos del orden federal que hubieran cometidos los servidores públicos de la la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por las irregularidades en el procedimiento de deslinde y por los delitos ambientales.
‘Dentro del Plan de Adaptación al Cambio Climático, esta zona montañosa en las faldas del Cofre de Perote, se ha identificado a esta zona montañosa como una región prioritaria para focalizar las actividades de conservación, restauración y adecuación de buenas prácticas, así como sitios prioritarios para implementar acciones de conservación, y una zona que provee servicios ambientales hidrológicos claves proveyendo de agua para las ciudades en la cuenca baja, así como en las actividades agropecuarias de la zona baja que se extienden más allá de la cuenca a través del Distrito de Riego de La Antigua‘, refirió en su análisis Pronatura.
El agua que se recarga en estas cuencas y faldas del Cofre de Perote surte a Coatepec, Xalapa, Cardel. También es sustento de las actividades turísticas y económicas de Jalcomulco que dependen del río, y proveen al distrito de riego de La Antigua, con extensas áreas de cultivo de caña de azúcar. A esto se añade que la zona que se pretende deslindar y dotar a los invasores, se encuentra en las Unidades de Gestión Ambiental. Los supuestos ‘zapatistas’ lo quieren para edificar viviendas y, según ellos, para siembra.
Hasta ahora hay denuncias en contra de 59 personas que invadieron hectáreas en el predio de Jinicuil Manso en la congregación de Tapachapan. Entraron a chapear, a tirar linderos, tumbar árboles, y desplegar banderines. Durante las últimas semanas se ha incrementado los actos de intimidación, acoso y violencia por parte de la CIOAC, fortalecida por los espaldarazos de funcionarios federales y estatales. Entre los líderes de la organización se ha identificado a Ramón González, secretario de la organización, Marcelino Ruiz, Diego Ruiz, Francisco Ruiz Hernández, David Ruiz, Valerio Ruiz, José Alfredo Lozada, Aurelio Morales, Celestino Castizo y Rocío Hernández.
´No solamente tenemos encima a un grupo de delincuentes, que es la CIOAC, y no sólo padecemos amenazas, balazos, amenazas con machetes todos los días en esa zona y no sólo los que estamos invadidos, sino toda la comunidad que pasa por ahí caminando o en su coche´, deploró uno de los agraviados.
En la reserva considerada como la de mayor nivel de integridad ecológica respecto a bosques de niebla de otras regiones, se perciben señales de tala y quema de vegetación. Charcos de agua sucia que provienen del campamento de la CIOAC. Denuncias por caza a especies en peligro de extinción fueron atendidas casi 3 meses después de ser presentadas ante instancias federales. Instancias estatales como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría del Medio Ambiente se lavaron las manos para no coadyuvar con las autoridades federales y safarse del conflicto geferado por la Sedatu.
Entre las especies presentes en esa zona de Veracruz que han sido puestas en peligro destacan reptiles, mamíferos, aves, anfibios. Algunas de ellas están en riesgo de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial o son endémicas, de acuerdo con un estudio elaborado por Pronatura Veracruz AC.
Uno de los propietarios invadidos, Ari Sebastián Brickman, reveló que hace algunos meses funcionarios del Gobierno de Veracruz, concretamente de la Secretaría de Gobierno, les pidieron que desistieran de las denuncias y protestas.
´Hay muchas pruebas de que el Gobierno ha estado cobijando a esta organización (CIOAC). Por la petición del Gobierno del Estado de que nos calláramos, fue que ya no seguimos. Se nos está presionando con todo el aparato del Estado para dejar de hablar. Se nos ha pedido directamente que aguantemos. Nos lo pidió la Secretaría de Gobernación’.
Ante este escenario, también contemplan recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). ´Nos han pedido, directamente, que aguantemos, que esto se está resolviendo. Que ya viene una resolución. Esto desde que vino el Presidente´, aseveró Brickman.
AMENAZAS Y LUEGO PETICIÓN PARA DESMOVILIZARSE
Frida, una propietaria agraviada, detalló que funcionarios de la Secretaría de Gobierno en un primer momento amenazaron telefónicamente para favorecer los intereses de la CIOAC. ´No te metas con el Gobierno´, fue el mensaje que recibió otra propietaria.
´Se nos ha pedido que no hagamos ruido. El Gobierno, desde el año pasado, estuvo generando mesas de trabajo a las que asistíamos varios propietarios y la abogada. Y en esas mesas vivimos de todo: desde amenazas, amenazas telefónicas de “no te metas con el gobierno”, “por favor, cállense”´, reveló el afectado por las acciones de CIOAC.
Posteriormente, operadores de la Secretaría de Gobierno solicitaron a los legítimos dueños de terrenos en la zona del bosque de niebla que se desmovilizaran y que ya no dieran entrevistas a la prensa, pues en coordinación con Sedatu, estaba pronta la solución al conflicto.
´No solamente estamos siendo violentados por un grupo delictivo (CIOAC), estamos siendo violentados por el Estado mismo. El Estado en todos sus niveles ha manifestado el apoyo para estas personas. Hay muchas pruebas de cómo el Estado los ha cobijado. La audiencia es un botón de muestra (…) Por eso, si ustedes ya sabían de este tema antes y después hubo un bajón, fue porque ellos (desde la Secretaría de Gobierno) nos lo pidieron, que porque iban a resolver la situación. No la resolvieron.´
Paralelamente a la petición de desmovilizarse que hiciera a los propietarios, en su comparecencia ante el Congreso de VeracruzCisneros reveló que ofreció apoyos, tierras y vivienda a la CIOAC para que ya no depredara el bosque de niebla. El juez Francisco Javier Hernández Lima, por lo menos ahora, echó abajo el esfuerzo del secretario.
´No hemos tenido contacto directamente con Eric Cisneros. Hemos tenido contacto directo con su oficina. Y hasta donde sé, efectivamente, cuando amenazaron a la compañera, fue gente de su oficina. Y eso se supo a nivel nacional. Después de eso vino una especie de repliegue del Gobierno y nos invitaron a que siguiéramos dialogando´, detalló Ari Sebastián Brickman.
Desde hace 40 años, pseudolíderes han intentado invadir y devastar el bosque de Coatepec en al menos 5 ocasiones. Incluso en periodo recientemente fueron replegados por la Guardia Nacional. Ahora se han valido de una constancia falsificada de posesión de 2 mil hectáreas, denunciaron ambientalistas y propietarios.
La CIOAC en Veracruz tiene una pauta a seguir en la invasión y despojo de tierras, advirtió un propietario: presentan una solicitud de tierra, cambian el nombre a los predios que desean, invaden esos predios, talan árboles, amenazan a los propietarios, recurren a las autoridades federal, estatal y municipal, presentan documentos falsos y hacen alarde de sus relaciones políticas al más alto nivel.
La hospitalización por COVID-19 es alta en la CDMX. Foto: Cuartoscuro
Nacha Cattan y Andrea Navarro / Bloomberg
Ante el alto nivel de contagios y muertes, los profesionales de la Salud han tenido que hacer de todo para poder salvar vidas.
Así se siente en este momento estar en la primera línea de la pandemia enCiudad de México:
*Un hombre de 77 años es trasladado de urgencia a un hospital, pero queda varado dentro de la ambulancia durante 11 horas antes de que una cama quede libre.
*Un paramédico de 50 años, que ha pasado meses ayudando a otros, se enferma y no puede respirar. Después de cinco horas de llamadas desesperadas de sus colegas, consigue una cama y muere al día siguiente.
*Después de conducir a un paciente toda la noche por la ciudad, Miguel Mata decide manejar durante tres horas hacia el norte y solo así encuentra una sala de emergencias con una cama disponible.
La semana pasada, las muertes por coronavirus en México aumentaron en más de mil 500 durante tres días, alcanzando un total de más de 150 mil, lo que lo convierte en el país con el cuarto lugar más alto de mortalidad del mundo.
El COVID-19 aparece por todas partes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y la persona más rica del país, Carlos Slim, dieron positivo esta semana y ambos tienen síntomas leves.
Lo peor está en la Zona Metropolitana del Valle de México, con sus 21 millones de residentes y un excesivo número de muertes que, según los informes, es más alto que en cualquier otra ciudad importante del mundo.
Solo hay que preguntarle a quienes conducen las ambulancias.
“Escuchamos que el Gobierno dice que estamos a una capacidad de 90 por ciento, esto quiere decir que vas a llegar a un hospital y que va a haber una cama disponible”, señaló Mata, quien dirige una asociación de 15 proveedores privados de ambulancias.
“No es lo que estamos viendo. Conseguir una cama hoy en Ciudad de México es un tema de suerte”.
El Gobierno capitalino reconoce que la ocupación hospitalaria es alta, pero dice que aún hay espacio. Asegura que tiene cerca de mil camas disponibles y está haciendo avances extraordinarios para agregar ventiladores y equipar más hospitales, incluido uno con fondos de Grupo Modelo, un conglomerado cervecero.
“Hicimos un esfuerzo enorme todas las instituciones por agregar ventiladores al ver la velocidad de cambio de las hospitalizaciones”, declaró Oliva López, secretaria de Salud de Ciudad de México.
“Planeábamos agregar 100 ventiladores al final de enero y hemos logrado añadir más de 200”.
Pero los números siguen cambiando. En enero, el total de camas con ventiladores era de 2.069, una semana más tarde, el número cayó y días después, nuevamente, alcanzó un nivel alto.
Los funcionarios explican que eso se debe a que los ventiladores nuevos aún no se habían contado porque no funcionaban correctamente. La ciudad también indicó que su aplicación para smartphones que indica qué hospitales tienen camas disponibles no puede mantener el ritmo, por lo que es mejor llamar al 911.
Incluso el propio centro de control del 911 de la CDMX no es lo suficientemente rápido, afirma Diego Arcos, quien dirige las unidades de motocicletas de emergencia de la Cruz Roja en la capital.
El miércoles pasado, Arcos transportaba al paciente de 77 años a un centro médico que supuestamente tenía cama disponible.
Sin embargo, no fue así y tuvo que pasar toda la noche coordinando motocicletas para que llevaran tanques de oxígeno al hombre semiconsciente y así lograr elevar sus niveles de oxígeno de 39 por ciento a 75 por ciento.
Después de una larga espera, el paciente fue finalmente ingresado.
“Si tenemos que esperar tanto, es porque no hay nada disponible”, aseguró Arcos, quien luchó durante horas para conseguirle una cama a su compañero paramédico de la Cruz Roja a principios de este mes antes de que muriera.
“Tenemos que esperar para que haya camas, que den a uno de alta o que fallezca”.
La secretaria de Salud reconoce que los recursos están agotados y que los pacientes esperan en promedio dos horas de casa al hospital. “Pero todavía tenemos espacio para maniobrar”, estimó.
Las hospitalizaciones en Ciudad de México crecieron 21 por ciento la semana del 11 de enero, pero López menciona que la tasa de aceleración ha comenzado a mostrar signos de desaceleración.
La capital ha implementado una estrategia de alta hospitalaria para los pacientes con COVID-19 que muestran signos vitales estables y pueden ser monitoreados en casa.
Aproximadamente 24 mil pacientes han pasado por ese programa desde que comenzó la pandemia.
Eso podría ayudar a aliviar la presión en los hospitales, pero una de las medidas para enviar a las personas a casa, una saturación de oxígeno de 90 por ciento, en otros lugares sería suficiente para enviarlas al hospital.
Rafael Aguilar, médico jefe de la Cruz Roja de la ciudad, ha tenido que devolver a los hospitales a los pacientes que, según dijo, fueron dados de alta demasiado pronto. “Horrible, terrible, no alcanzo a describir lo que hay en este momento”, dijo.
Recalcaron que no regresarán a laborar hasta que las autoridades les confirmen que serán contemplados para el proceso de vacunación
La mañana de este martes trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar Chalco perteneciente al ISSSTE, se manifestaron para exigir que sean vacunados e incluso, señalaron que el nosocomio registra un desabasto de insumos para afrontar la presente pandemia.
“No alcanzamos vacunas dado las nuevas políticas del gobierno federal de reducir a la mitad la compra de las vacunas, nosotros no fuimos…. No alcanzamos ese beneficio de la vacuna ni para el personal que tenemos contacto con pacientes Covid-19”, comentaron.
Con pancartas en mano con leyendas como “No queremos morir, Queremos material queremos vacuna”, los afectados caminaron hacia la carretera federal México-Cuautla donde bloquearon el paso de los vehículos.
En este lugar aseguraron que en dicha clínica hay un área Covid-19 que estuvo cerrada por un tiempo, debido al alto número de contagios por parte de compañeros que entraron a dicha zona. “Varios de nuestros compañeros están enfermos y dos de ellos han fallecido”, confirmaron.
Señalaron que esta situación la han estado viviendo durante meses, por ello decidieron cerrar la clínica para que autoridades estatales y federales se den cuenta de la situación. Aunado a esto, detallaron que la Unidad Médica Familiar tiene más de 30 años de antigüedad y brinda atención a más de 120 mil derechohabientes oriundos de Chalco, Ixtapaluca, Amecameca, Valle de Chalco, Ecatzingo, Cocotitlán por mencionar algunos.
Asimismo, pidieron a las autoridades del ISSSTE el cierre de la zona Triage para evitar contagios entre los pacientes de otras enfermedades pues denunciaron que hay desabasto de insumos e inclusive han tenido que comprar cubrebocas, gel antibacterial para no contagiarse de coronavirus.
Como resultado de esta manifestación la carretera presentó severo caos vial por lo que policías municipales realizaron cortes a la circulación para desahogar el tráfico vehicular mientras que los inconformes recalcaron que no regresarán a laborar hasta que las autoridades les confirmen que serán vacunados contra el Covid-19.
En el periodo 2008-2018 el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos en Estado de México incrementó en 2.6 puntos porcentuales
El programa principal del gobierno mexiquense para combatir la pobreza en la entidad es “Familias Fuertes-Salario Rosa” cubre solamente el 13% de los 7.5 millones de pobres que alberga el Estado de México, ya que otorgó 999 mil apoyos económicos a madres de familia que enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica, de acuerdo información del tercer informé de gobierno.
El apoyo consta de un pago bimestral de 2 mil 400 pesos, con el que las mujeres que son madres deben apoyarse para cubrir gastos de la canasta alimentaria y no alimentaria.
No obstante, el CONEVAL señala que la canasta básica alimentaria más gastos y servicios en la zona urbana es de 3 mil 296 pesos y en la zona rural de mil 676 pesos por persona. Por lo que el apoyo no alcanza a cubrir los gastos alimenticios de una persona en zona urbana.
La institución precisa que las líneas de bienestar que miden la pobreza son: bienestar económico, rezago educativo, acceso a la alimentación, a la salud, a la seguridad sociales, a la vivienda de calidad, por lo que es indispensable que se trabaje en políticas publicas que ayuden a reducir estos tipos de carencias sociales.
Del Mazo implementó para el programa de canastas alimentarias para combatir la pobreza, sin embargo,durante el 2019 se entregaron 461 mil 519 despensas, que beneficiaban a 76 mil 919 personas.Esta cifra representa una disminución de 62% respecto al año 2018 cuando se entregaron 739 mil 792 apoyos de este tipo y solo cubre el 1% de la población en situación de pobreza.
A pesar de que el Estado de México cuenta con una zona industrial muy importante donde se realizan diversas actividades económicas, es una entidad en donde casi la mitad de su población se encuentra en situación de pobreza.
En el estudio de medición de la pobreza realizado por el Coneval en 2020, la institución precisa que en el periodo 2008-2018 el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos en Estado de México incrementó en 2.6 puntos porcentuales.
Lo que se traduce en un incremento de aproximadamente 751,500 personas que tuvieron un ingreso insuficiente para comprar la canasta alimentaria, al pasar de 1,691,600 en 2008 a 2,443,100 en 2018.
La situación se recrudece ante el contexto del covid-19: del primer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, el ingreso laboral per cápita real disminuyó 16.3% al pasar de $1,785.51 a $1,494.13 pesos constantes.
Estas cifras nos permiten comprender que el programa principal del gobierno mexiquense no es una solución que contribuya a reducir la pobreza ante el contexto pandémico, pues este elevará el porcentaje de pobreza, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México aumentará 7.5% en numero de pobres.
Por otro lado, en la entidad solo 7.6 millones de personas tienen acceso a al servicio de salud, por lo que el 60% de la población está vulnerable en el contexto de la pandemia.
A pesar de que el Coneval consideran relevantes los programas en salud que contribuyen al acceso de la población a los servicios y a la implementación de las medidas de sanidad necesarias para reducir los niveles de propagación de la enfermedad covid-19.
OAXACA, Oax. (apro).- El presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde contra megaproyectos, Fidel Heras Cruz, fue asesinado en la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec.
No se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a la activa defensa del territorio por parte de la víctima.
Luego de condenar este nuevo crimen, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad afirmó que en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa han sido asesinadas al menos 25 personas defensoras de derechos humanos: seis en 2017, nueve un año después, seis en 2019, tres el año pasado y ahora Heras Cruz.
La mayoría de las víctimas eran defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y el territorio.
Fidel Heras fue ejecutado el sábado 23, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec. El cuerpo sin vida fue encontrado al interior de su camioneta, con impactos de arma de fuego.
El crimen fue condenado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), las autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y las organizaciones Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consorcio-Oaxaca y Ecosta Yutu Cuii, entre otras.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también condenó el homicidio del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y, según el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/202, pidió a la Fiscalía General de Justicia del estado dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
Asimismo, requirió a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación de rondines de vigilancia en el tramo que va de la agencia municipal Paso de La Reina a la cabecera de Santiago Jamiltepec, y el paraje La Esperanza, sitio donde ocurrió el ataque.
La Defensoría señaló que entre 2015 y 2020 ha iniciado 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos, cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.
Confirmado el asesinato de Heras, las autoridades de la agencia Paso de la Reyna mencionaron que el pasado jueves 21 la víctima recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, localizado dentro de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado.
En esos mismos días el propio agente Filogonio Martínez Merino fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa, con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, por lo que dio parte a la policía municipal y pidió lo acompañaran y escoltaran hasta la comunidad.
Además de ser la autoridad ejidal, Fidel Heras Cruz contaba con antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso, por lo que la funcionaria se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.
“La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, señalaron los pobladores.
En diciembre de 2020, añadieron, “dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras”.
Las autoridades de Paso de la Reina manifestaron que apenas el domingo 17 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y el avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado, y se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalaron que se mencionó un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad, y también que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
“Entonces, debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde, además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde”.
En tal sentido, exigieron al gobierno del estado su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta que se esclarezcan los hechos y se brinde atención a quienes hacen la denuncia.
“Este es un grito de esperanza y rabia. Esperanza de volverte a ver y reír contigo. Rabia de lucha porque no queremos vivir en un país de desaparecidxs, de justicia selectiva, de silencio en la burocracia de las fiscalías”, es lo que señala la convocatoria para realizar una acción virtual permanente para exigir la aparición con vida de Wendy Sánchez Muñoz, artista desaparecida desde el 9 de enero de 2021.
La acción busca recordar que Wendy no ha regresado a casa; además pretende enfatizar que las Fiscalías de Jalisco y Nayarit no han cumplido con su obligación de buscarle y encontrarle.
Darwin Franco / Zona Docs
Como una acción para ejercer presión mediática y política, famliares y amigos de Wendy Sánchez Muñoz convocan a una acción virtual permanente para exigir su búsqueda y localización con vida, pues consideran que “el movimiento mediático ha sido esencial para presionar la búsqueda de Wendy” y, por lo tanto, creen necesario “continuar hablando de su búsqueda en redes sociales”.
Wendy se encuentra desaparecida desde el 9 de enero de 2021 cuando se dejó de saber de ella en el trayecto carretero que va de San Francisco, Nayarit, a Guadalajara, Jalisco. Desde entonces, su familia, amigos y la comunidad artística en general han emprendido una campaña de búsqueda en redes sociales con el hashtag: #WendyTeVamosAEncontrar.
Sin embargo, ahora se solicita la ayuda a la población en general para sumarse a la campaña con el objetivo de que su desaparición no se olvide y siempre esté presente en los contenidos que se difunden en redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram; aquí los detalles que se ofrecen para sumarse a esta campaña de búsqueda colectiva solidaria y permanente.
Para que los mensajes que puedan emitirse se sumen a esta campaña permanente, se pide que siempre se escriba #WendyTeVamosAEncontrar, además de arrobar a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR), y al de Nayarit, Antonio Eche (@AntonioEcheG), al ser estos los funcionarios responsables de ofrecer una respuesta de la búsqueda y localización de Wendy.
Así mismo se ofrecieron una diversidad de ilustraciones para compañar cada uno de los mensajes, mismas que pueden descargarse en este link:
Baruc Sánchez, hermano de la joven, es quien encabeza esta iniciativa y ha sido también quien desde sus redes sociales no ha dejado de exigir la búsqueda y localización de Wendy, a la cual dedicó estas palabras.
Porque se han relajado las medidas de prevención y autoridades municipales han incumplido con dotarlos de lo necesario para no contagiarse de Covid-19, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara comenzó con la distribución, de nuevo, de algunos equipos preventivos.
A decir del secretario general del sindicato, José Miguel Leonardo Cisneros, personal de diferentes unidades de la Cruz Verde les ha reportado la falta de insumos como gel, cubrebocas o guantes, lo cual ha generado preocupación ante un riesgo de contagio, más porque hace días falleció de coronavirus el coordinador de los enfermeros.
“Como sindicato empezaremos a llevarlos más insumos a los trabajadores, pero no es nuestra responsabilidad, la responsabilidad es del gobierno municipal, como sindicato nosotros vamos a empezar a hacer ese trabajo, incluso compramos un equipo para sanitizar las diferentes dependencias como lo vayan pidiendo los trabajadores, pero obviamente lo vamos a empezar a hacer”
Por ello, entre los kits que reparten se encuentran cubrebocas, gel antibacterial, alcohol, repelente para mosquito de dengue, guantes y spray desinfectante. De momento se comenzó en las unidades de Cruz Verde, pero la intención es seguir con las demás dependencias del municipio.
“Creo que no están llevándose adecuadamente los protocolos o algo está fallando, pero sí tenemos que poner énfasis en este tema y no podemos permitir que los trabajadores de la Cruz Verde estén falleciendo por este tema”.
La mayoría carece de identidad debido a la falta de una ley sexo genérica en el Edomex
Los colectivos de mujeres transexuales que habitan en el Valle de Toluca, temen que debido a su condición jurídica, no tengan acceso oportuno a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.
Tania Vázquez, líder y representante de los colectivos en Toluca, informó que un 80 por ciento de sus compañeras, carecen de identidad, debido a la falta de una ley sexo genérica en el estado de México.
“Aunque se aprobó en comisiones y se dictaminó a favor de la ley de rectificación de identidad de género, aún no se sube a pleno la iniciativa y no es aún ley. Mientras eso no pase seguimos en las mismas, invisibilizadas jurídicamente, a parte de que no sé ejercen nuestros derechos, se suma la incertidumbre de si vamos a poder acceder a la vacuna”, señaló la activista en entrevista telefónica para este diario.
Comentó que hay muchos casos de compañeras suyas que son migrantes y otras que provienen de otros estados, y con las cuales hay mayor incertidumbre para poder recibir la vacuna.
“No sabemos si se les va a considerar a esas compañeras por ser de otros países, o a quienes son de otros estados”, añadió Tania Vázquez.
Dijo que debido a la falta de documentación, se podrían generar casos de discriminación y dejar hasta el final a dicho sector en la entidad.
Resaltó que además el personal que aplique las vacunas, si así ocurre, deberá tener una capacitación especial para atender a las mujeres y hombres transexuales.
Mencionó que no hay una cifra exacta de cuántas compañeras suyas provienen de otros estados y países, pues hay personas que no se suman a los colectivos.
“Considero que las cifras son muy altas, ya que muchas migran, pero más del 80 por ciento de las personas trans están con la incertidumbre”, dijo.
En tanto, el 20% tuvo que ir realizar su cambio de identidad a otro estado con la ley de identidad ya aprobada.
Colima, México, Avanzada (24/01/2021).- Una niña de ocho años de edad fue baleada en las dos piernas, ante lo cual sus padres la internaron de emergencia en una clínica de la cabecera municipal de Villa de Álvarez.
Sin embargo, tiempo después los propios progenitores de la menor se la llevaron del nosocomio sin dar ninguna explicación y sin que la paciente hubiese sido dada de alta, por lo que el personal de la institución dio parte de los hechos a las autoridades correspondientes.
El traslado de la niña fue realizado a bordo de un vehículo particular, tanto en su llegada como en su retiro del lugar.
Una fuente extraoficial refirió que no se sabe el lugar ni las circunstancias en que fueron producidas las lesiones a la víctima, aunque las corporaciones policiacas realizan las investigaciones al respecto.
A finales de noviembre, un niño de diez años fue baleado en el municipio de Tecomán, cuando hombres armados se introdujeron a su domicilio con la supuesta intención de cometer un robo.
Tras ser atendido en las instalaciones de la Cruz Roja tecomense, personal médico reportó que el menor presentaba una herida de bala en un codo y una contusión en la cabeza luego de haber recibido un cachazo.
Los hechos ocurrieron la noche del 28 de noviembre en la vivienda de la familia del niño agredido, en la calle Damián Carmona de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio costero.
En otro hecho, en enero del año anterior una niña sufrió heridas de gravedad durante un ataque a balazos en el centro de la capital del estado, donde también resultó lesionado un adulto que la acompañaba.
Tras el suceso, ocurrido a pleno mediodía, los heridos fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica, los agresores huyeron y en su momento no se informó si fueron detenidos.
A pesar de que se acreditó que dicho sitio almacenaba clandestinamente cerros de excremento de vacas en los montes y que operaba sin permisos, no recibirá castigo.
Mérida, Yucatán, 24 de enero de 2021.-El Juzgado Segundo de Distrito decidió no pronunciarse sobre el juicio promovido por la comunidad maya de San Antonio Chel en contra de la megagranja que contamina sus cenotes y lo dejó por concluido. La población lamentó que este caso quedó impune y que con esta decisión la granja podría reiniciar sus actividades contaminantes.
Como se hizo público, en marzo de 2019 la comunidad de San Antonio Chel y avecindados presentaron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por permitir que la granja de Yuca Agroalimentos opere sin permisos y a sabiendas de que vertía desechos de ganado a los ríos subterraneos que se encuentran bajo sus instalaciones.
Tal y como se acreditó durante el juicio, el complejo de mil vacas almacenaba clandestinamente cerros de excremento en los montes.
El 11 de octubre de ese año, el Juzgado Segundo concluyó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” por lo que ordenó como medida cautelar que las autoridades interviniesen y realicen inspecciones a las actividades de la granja. Como resultado de la orden judicial, la SDS ordenó el cierre de la granja.
Por su parte, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos.
Para colmo, el pasado 15 de diciembre de 2020 el Juzgado decidió sobreseer el caso, lo que significa que lo da por concluido sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos de los pobladores. En su decisión, argumentó que las violaciones habían cesado porque la granja se encontraba cerrada.
La decisión generó inconformidad entre los pobladores debido a que los permisos de Conagua siguen vigentes y la granja podría intentar el reinicio de sus operaciones.
“Al sobreseer el juicio, el Juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó el abogado Kalycho Escoffié, quien asesora legalmente a la comunidad. Dijo que es absurda la decisión porque si la granja está cerrada es porque el juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde.
Guillermo Solís, también abogado de la comunidad, indicó que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución, el cual sería resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán.
“Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, señaló.
Los habitantes de San Antonio Chel reportan que aunque la granja está cerrada el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias, por lo que temen que el agua que utilizan siga contaminada.
“Se han ido las vacas, pero el problema sigue, por eso seguiremos con la lucha hasta que se cancelen todos los permisos y se repare el daño que han hecho”, indicó Cecilio Bacab, vecino de la comunidad.
El problema se agudizó desde el inicio de la pandemia, lo que dificulta seguir algunas de las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus, entre ellas el lavado de manos de manera constante
Vecinos de San Lorenzo Coacalco, perteneciente al municipio de Metepec, denunciaron la falta de agua desde hace varios días y, en algunos casos desde hace varios meses, presuntamente debido a una falla en la bomba de agua del pozo que suministra el vital líquido.
Ésta situación, ha complicado el día a día de los afectados, pues en el marco de la pandemia de la Covid-19, es complicado seguir al pie de la letra algunas de las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus, entre ellas el lavado de manos de manera constante.
“No nos dan el suministro diario, sólo tres veces por semana. En mi caso me toca los martes, los jueves y los sábados, pero de ésta semana sólo tuvimos agua el martes, en la semana pasada no hubo en dos días y en la última semana de diciembre, tampoco la estuvieron echando los días que nos correspondía”, expresó una vecina del sitio que solicitó su anonimato.
Al ser cuestionada sobre la fecha en que comenzaron los problemas del suministro de agua en el poblado, la entrevistada aseguró que desde el inicio de la pandemia se agudizó la escasez debido a la reducción en la dotación.
“A veces cae normal y otras veces definitivamente no cae nada porque nos la redujeron, entonces como ya no cae con la misma fuerza en ocasiones cae a cuentagotas”, agregó.
Otra vecina de San Lorenzo Coacalco, quien pidió su anonimato, narró que desde abril de 2020 se ha visto obligada a comprar pipas de agua debido a la reducción en el suministro.
“Cuando redujeron el suministro me dejó de caer. Desde entonces tengo que comprar pipas y me gasto 750 pesos por una pipa de 20 mil litros”, mencionó la afectada.
Cabe mencionar que en abril de 2020, el Comité de Agua Potable de San Lorenzo Coacalco, informó a través de sus redes sociales que el nivel de agua registrado en el pozo que abastece a la comunidad se encontraba por debajo de lo normal, por lo que se aplicaría un reajuste en la distribución.
En este contexto, se informó que los lunes, miércoles y viernes, se abastecería del vital líquido a vecinos de las calles Iturbide y Juárez, pero sólo durante siete horas.
Mientras que los martes, jueves y sábados, se suministraría a los vecinos de las calles Madero y Codagem y, el día domingo, correspondería a vecinos que viven en la calle Iturbide, a partir de la Delegación y hasta la carretera Toluca-Tenango (en ambos lados), así como de la Caseta hasta la avenida Codagem y en las inmediaciones de un conocido establecimiento de venta de alimentos.
No quieren municipalizar el servicio
A decir de varios afectados, se trata de un problema que cada año tiene una constante, sin embargo, pese a que se ha intentado municipalizar el servicio, una parte de los pobladores de San Lorenzo Coacalco se niegan.
“Cuando han convocado a reuniones (el Comité de Agua) se ha tocado el tema, pero muchos no quieren que se municipalice el servicio porque ahora se verán obligados a pagarlo. Hay gente que tiene adeudos de hace varios años y siguen recibiendo el servicio, por eso no quieren que se haga cargo el municipio”, explicó otro vecino del lugar que también solicitó el anonimato.
Barrenderos muertos por COVID-19 en la CDMX. Foto: Cuartoscuro
David Rodríguez / Plumas Atómicas
Los trabajadores de la limpieza y la recolección de basura suplican a la población que marque los residuos de las personas contagiadas
El COVID-19 provocó la muerte a 383 barrenderos de la Ciudad de México, informó La Jornada.
En entrevista, integrantes del gremio de la limpieza y recolección de desechos de la CDMX, dijeron que su actividad no se ha detenido pese a la contingencia sanitaria por COVID-19 y denunciaron falta de atención por el Gobierno de la CDMX y su sindicato.
Max García, quien fue líder de la sección 1 de limpia y transporte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, dijo que cada quincena los 17 mil barrenderos de la capital tienen un descuento de 106 pesos.
Mensualmente, el sindicato recibe alrededor de 3 millones 600 mil pesos, sin embargo, según Max García, no les han dado ni siquiera cubrebocas.
El trabajador de la limpieza y recolección también denunció que las alcaldías entregan insumos insuficientes para los barrenderos, quienes recogen desechos sanitarios de personas enfermas, lo que ha provocado contagios en el gremio.
Martín Hernández Torres, líder de la organización Grupos Construyendo Red Sindical, tiene documentado la muerte de 383 barrenderos y 80 más hospitalizados.
Por la saturación hospitalaria en la CDMX, muchos trabajadores de la limpieza y la recolección han muerto en sus casas y sus familiares también se han contagiado, lamentó Torres.
“Los trabajadores llegan y separan la basura y allí es donde va el contagiadero”, lamentó Torres, quien pidió a la ciudadanía marcar los residuos de una persona contagiada con COVID-19.
Max García y Martín Hernández Torres acusaron al sindicato por no protegerlos.
“Estamos a al deriva porque no hay quien nos defiendan en las alcaldías. Era para que hubieran hecho un gasto, comprar material, protegernos, pero no”, señalaron.
Piden prioridad para recibir vacuna
Los trabajadores de la limpieza piden a las autoridades que sean considerados como una población de riesgo y se les priorice para que reciban la vacuna. Consideran que también es justo que reciban un bono económico por exponerse a residuos sanitarios peligrosos.
A Oscar Manuel Inda Acevedo se lo llevaron de su casa la noche del 14 de enero cuando un comando, supuestamente de la Fiscalía, entro a la fuerza
Celia Niño /UDGTV
Guadalajara, Jalisco. La familia de Oscar Manuel Inda Acevedo denuncia la inacción de la Fiscalía Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda para encontrarlo con vida. A él se lo llevaron de su casa la noche del 14 de enero cuando un comando entro a la fuerza. Su pareja que se resguardo en una habitación con sus dos hijos, escuchó que le decían que venían de la Fiscalía y que se lo iban a llevar, también escuchó que en su casa estaban más de tres hombres desconocidos, escuchó golpes y escuchó también como tumbaron la puerta de su casa.
La madre de Oscar, Patricia Acevedo, hace esta narración mientras con enojo y desesperanza, explica cómo desde el 14 de enero ninguna autoridad le ha dado novedades del proceso de búsqueda de su hijo.
“Buscamos adentro de las Fiscalía como pude que me apoyarán, no lo tienen según esto, pero tienen muy cerrado el caso y hasta la fecha no tengo ningún reporte de ellos, nada”.
“Donde él vive hay cámaras, hay cámaras de video de vigilancia pues me imagino que son de gobierno, son varias y hasta la fecha no han querido revisarlas que porque el juez no ha autorizado ver las cámaras, y digo ya pasaron muchos días y hasta la fecha no han visto las cámaras, no están buscando nada, simplemente pues va muy lento y que todavía no tienen nada y pues cualquiera se puede hacer pasar por la Fiscalía y yo digo que entonces por qué están deteniendo el proceso, por qué va tan lento”.
La denuncia por la desaparición forzada de su hijo, la hizo su esposo Oscar Inda desde el 15 de enero, es decir, apenas un día después de los hechos, sin embargo en la Comisión de Búsqueda les dicen que no se tiene ninguna novedad, su madre, Patricia Acevedo, solo pide que se cumpla con la urgencia de buscar a los desaparecidos en las primeras horas, algo que en el caso de su hijo no ha sucedido ni de cerca.
“Que desgracia de tener esta autoridad que tenemos y que no pueda hacer nada por apoyarnos, si fuera un alto funcionario ya lo estuvieran buscando luego luego pero pues uno no tiene los recursos para hacer todo lo que ellos pueden hacer y me entristece y no sabía la verdad lo que se siente estar de esta manera, es muy feo y no se lo deseo a nadie, simplemente quiero saber si mi hijo está bien y está con vida, eso es lo único que pido como una madre”.
Varios vecinos se reunieron este sábado en el parque Jamadi ubicado en Zibatá, esto con el fin de hablar y organizar acciones ya legales contra la Operadora Querétaro Moderno, quien desde hace mucho tiempo, mencionan muchos, hay problemas graves, no solo en Zibatá, si no también en Zakia y El refugio, todos en el municipio de El Marqués
Se desconoce con exactitud de dónde procede el agua, se teme que tenga químicos como Flour y Arsénico, contaminantes naturales altamente tóxicos, ya que OQM ha demostrado no contar con una potabilizadora de agua.
Otro de los principales problemas es el consumo que se supone que registran las casas, 35 a 50 m³ al mes, estamos hablando de más de 35 a 50 mil litros por cada casa, una tasa exageradamente alta, ni las tuberías caseras tienen para soportar tales cantidades de agua, con recibos que incluso rebasan los 21 mil pesos y que se han apelado, la OQM simplemente se deslinda o hace caso omiso a las peticiones de sus clientes.
Una de las peticiones que frecuentemente se realiza es tener un servicio eficiente y de calidad así como lo venden, se ha demostrado que las tuberías están en muy mal estado, la infraestructura deficiente de la OQM debido a la presión, provoca que las tuberías “chafas” se rompan y provocan cortes semanales de suministro de agua, incluso unos llegan a tener más de 4 días de duración y por supuesto, después de todo esto llega grandes cantidades de aire a las tuberías que el medidor contabiliza como m³ de agua.
Vecinos de varias privadas han demostrado que al menos el 50% de sus lecturas son aire, está confirmado que lo que se vende es el aire más caro del mundo, no agua.
Numerosos han sido los intentos de arreglar las cosas con la operadora, de los cuales han sido inútiles, algunos han dicho recibir amenazas, incluso sobornos de la misma operadora para que no se arme la “revolución” contra ellos, de un recibo de 15 mil, te compran ofreciéndote que pagues solamente 1,500 o similares.
Dos tambos de 220 litros guardan el agua que deberán administrar por una semana una de las familias afectadas
Frente a la iglesia de San José Chalmita vive Ángela Arias de 87 años junto a media docena de niños, nietos y bisnietos todos, ellos al igual que el resto de los habitantes de esta comunidad carece de agua potable desde hace más de 6 meses.
Dos tambos de 220 litros guardan el agua que deberán administrar por una semana, familiares, conocidos o los mismos delegados facilitan a la familia de Ángela los tambos regularmente, sin embargo, el agua para consumo la deben acarrear desde un pozo cercano.
En esta comunidad ubicada a más de 20 kilómetros de la cabecera municipal de Tenancingo el Covid-19 aún no ha llegado, 6.4 kilómetros de terracería los ubica en una situación ventajosa para evitar el constante contacto con el exterior potencialmente contagioso.
Para Francisco de 68 años, quien vive en una situación menos favorecida que Ángela, el virus que ha causado la muerte de casi 150 mil mexicanos es una preocupación distante, en su casa de construcción rudimentaria el lavado constante de manos es un lujo que no se puede dar.
Los cubrebocas, caretas, gel antibacterial y otros enseres comunes en las ciudades son raros de observar en esta comunidad, sin embargo, la posibilidad de contraer el virus no es nula, el hijo de Francisco acude cada semana al centro de salud de Tenancingo debido a un problema renal.
“Antes había un médico” comenta una vecina, actualmente esta comunidad carece de cualquier servicio sanitario, de requerir atención sus pobladores se tienen que desplazar los 45 minutos que los separan de la cabecera municipal por 150 pesos, si tienen suerte de encontrar alguno de los vecinos que cuenta con taxi, las unidades tampoco cuentan con las medidas apropiadas para evitar el contagio.
En una casa ubicada sobre la avenida principal de esta comunidad se presume un tinaco nuevo en su azotea, a la vista de todos por el relieve montañoso de la zona, al frente se lee en una cartulina “En esta casa no hay agua potable”.
Recientemente una regidora otorgó tinacos con subsidios a algunos pobladores de esta región, pobladores y delegados han denunciado el uso electoral que se pretende dar al tema del abasto del agua, “se han acercado regidores a decirnos que nos ayudan a cambio del voto”, dijo José Medina, miembro del Comité del Agua de San José Chalmita.
Para la familia de Ángela el agua es solo uno de sus problemas, su bisnieta Yamileth de 8 años lleva meses sin tomar clases, “antes nos enseñaba una maestra, pero ya no” dice, lo complicado de la zona dificulta el acceso a internet.
Con la pandemia el rezago de San José Chalmita se ha acentuado, los jóvenes, como el hijo de Francisco, se han tenido que regresar desde sus zonas de trabajo al pueblo de sus padres.
De acuerdo con información pública en los informes de actividades en esta comunidad se han invertido 900 mil pesos en pavimento hidráulico (más del doble de lo que adeudan a la CFE) en lo que va de esta administración, esto pese a que solo una fracción de la comunidad posee un automóvil.
Durante una conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles los miembros del Comité del Agua afirmaron que presentaron una solicitud para pagar el adeudo de manera conjunta con el ayuntamiento, “es un tema ajeno al municipio” respondieron desde la oficina de comunicación social a este medio.
“Ayer vinieron a pintar la cancha”, comenta Yamileth sobre los trabajos realizados en las canchas de basquetbol frente a su casa por parte de autoridades municipales.
Para José Medina, solicitar el apoyo a otros municipios como Zumpahuacán o Malinalco a cambio de las participaciones es una posibilidad cercana, para él los apoyos, como los tinacos y los trabajos de pintura en la cancha de básquet, son absurdos frente a la problemática que enfrenta la comunidad.
OAXACA, Oax.- Los Servicios de Salud de Oaxaca confirmaron que 20 hospitales de los 26 que forman la red de hospitales covid19 se encuentran colapsados al 100% de su capacidad, lo que significa una ocupación de camas del 62.3%.
El jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José Ramón Pintor Sill, informó que al corte de este jueves 21 de enero, del total de las 673 camas, 419 se encuentran ocupadas, lo que representa el 62.3% de ocupación a nivel estatal.
Y pese a ello, el número de contagios y muertes por el coronavirus continúa en aumento, razón por la que colegios de médicos y abogados han hecho un llamado a las autoridades de salud a nivel federal que se declare a Oaxaca en semáforo rojo.
Tan solo en las últimas 24 horas, se confirmaron 330 nuevos casos positivos de covid-19 en la entidad
Lo que suman 32 mil 540 acumulados; hay cuatro mil 677 sospechosos y 730 casos activos, así como dos mil 363 defunciones.
Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 22 mil 464 casos confirmados y mil 256 defunciones, Istmo dos mil 726 y 370 muertes, Mixteca dos mil 470 y 205 defunciones, Tuxtepec dos mil 172 y 288 muertes, Costa mil 624 y 156 defunciones y la Sierra mil 84 y 88 muertes.
Detalló que de los dos mil 363 muertos que ha cobrado esta pandemia, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con mil 94, 536 y 339 respectivamente.
Al desglosar las estadísticas por sexo, refirió que mil 550 son hombres y 813 mujeres. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.
Cabe mencionar que entre los fallecidos por covid-19 se encuentra el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud, Saúl Ulises Cortés Maldonado.
Cada vez que se alarga el trámite de su petición de asilo en Estados Unidos (EEUU), Yaneth Blanco Valdez siente que se le esfuma la posibilidad de vivir del otro lado de la frontera. Su situación migratoria la mantiene en Ciudad Juárez desde hace casi un año y siete meses, en el olvido de los gobiernos de dos países.
“Estoy como en el limbo, no sé si me quedo aquí o me voy para allá” dice Yanet, quien el 23 de junio de 2019 fue retornada por el gobierno de Donald Trump a Ciudad Juárez, junto con su hermana Claudia, con quien huyó de Cuba para solicitar asilo en Estados Unidos.
Salió de su país por la situación económica y política, dice. Acompañada de su hermana llegó esta frontera en 23 días; ambas cruzaron a Estados Unidos por el Río Bravo el 14 de junio, se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y nueve días después fueron regresadas a territorio mexicano.
Sus casos son dos de los más de los 70 mil migrantes que fueron trasladados desde Estados Unidos a la frontera norte de México, bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como Quédate en México, programa que comenzó a operar el 29 de enero de 2019 y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano mientras sus casos son atendidos en cortes de migración.
Yanet aún espera la resolución de la Corte de inmigración. La situación de su hermana Claudia es distinta, a ella le negaron el asilo y se quedó en el limbo en territorio mexicano, donde no cuenta con residencia legal.
Yaneth Blanco, médica cirujana cubana, se prepara un café en la cocina del lugar derenta que habita al lado de su hermana en Ciudad Juárez, en donde aguarda en espera de su próxima citapara solicitar asilo político en Estados Unidos
Solo ocho días estuvieron en territorio estadounidense, en celdas de centros de detención para inmigrantes. Cuatro días en El Paso y otros cuatro en Fort Hancock, Texas. “Ahí nos metieron al MPP y nos enviaron para México”, cuenta desde su casa en una vecindad deteriorada en Juárez, ciudad que pasó de ser una ruta de migrantes a una sala de espera de Estados Unidos.
La incertidumbre que le desata su situación no se desvanece con el arribo del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, menciona. Aunque confiesa que con el cambio en el gobierno recuperó un poco la esperanza que aún tiene de cruzar la frontera para permanecer de manera legal en EEUU, porque el nuevo presidente ofreció cambios migratorios.
“No tengo 100 por ciento de seguridad de que voy a cruzar, pero del 10 por ciento de esperanza contra el 90 que tenía de que se me negara con (Donald) Trump, ya por lo menos ahora tengo un 50 por ciento de esperanza” afirma Yaneth, de 35 años, sin saber cuánto más debe esperar aún en México.
Su tercera audiencia en la Corte de inmigración en El Paso se aplazó dos veces por el cierre de la frontera debido al COVID y su próxima cita está programada hasta el 8 de marzo de este año, bajo un nuevo gobierno.
Biden advirtió a mediados de diciembre que tardará meses para establecer su propio plan de asilo y desmantelar el de la Administración de Trump.
Mientras eso ocurre los migrantes extranjeros que aún esperan su asilo en Ciudad Juárez, en su mayoría cubanos y centroamericanos, viven condenados a permanecer en condiciones de extrema precariedad en albergues o departamentos, casas o cuartos que rentan de manera compartida, en muchos casos, sin la posibilidad de contar con servicio médico y ante condiciones de inseguridad.
Isela y Fernando de El Salvador cuelgan ropa en el patio del albergue de migrantes El Buen Samaritano
“Tenemos una situación poco complicada con los migrantes, estas personas no han podido seguir sus Cortes en Estados Unidos, por la pandemia están cerradas. Entonces, esas personas están esperando en México seguir su proceso y muchas esperando empezar su proceso. Hay mucha incertidumbre” dice Luz Adriana Torres Serrano, consultora del Comité Internacional de Rescate (IRC), organización que ofrece ayuda a migrantes en la frontera mexicana.
Por su experiencia Torres Serrano asegura que los migrantes están vulnerables, han ser víctimas de delitos, y el clima invernal es una situación problemática, desata enfermedades respiratorias, lo que complica su salud en medio de una pandemia.
Esas condiciones de precariedad y abandono de los solicitantes de asilo en Estados Unidos son documentadas en el informe de investigación “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”.
El documento fue elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Asylum Access México, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones encontraron en más de un año de investigación que los solicitantes de asilo enfrentan abusos no solo por parte de autoridades, también por bandas de delincuencia organizada, debido a que son enviados a ciudades que el Departamento de Estado incluye en su lista de más peligrosas para los ciudadanos estadounidenses, y a donde recomienda no visitar.
Mencionan, además, varias irregularidades legales detectadas en la forma como se implementó la estrategia, como el hecho de que se anunció por el Gobierno de México como una “medida humanitaria”. Sin embargo, no ha garantizado a los retornados el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, empleo o seguridad.
En su investigación, las organizaciones documentaron que desde 2019 y hasta mayo de 2020 más de mil integrantes del programa MPP fueron víctimas de secuestro, extorsión, tortura, asesinato y abuso sexual.
“Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el gobierno mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la administración de Donald Trump”, se menciona en el informe, donde se reporta que las primeras personas retornadas ingresaron por Tijuana el 29 de enero; en marzo de 2019, se iniciaron a las ciudades de Mexicali y Ciudad Juárez. Posteriormente, se incorporaron Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila y, desde inicios de 2020, Nogales, Sonora.
‘NO PODEMOS PARAR, NECESITAMOS AVANZAR’
La inseguridad y la precariedad son condiciones que Yaneth ha sorteado durante su travesía y su estancia en Ciudad Juárez, donde ha logrado sobrevivir con ayuda que ofrecen grupos promigrantes o religiosos, con trabajos en bares, restaurantes y desde mayo del 2020 con su labor en el hotel filtro, estancia donde se recibe a los retornados de Estados Unidos. Ahí ejercer su profesión de médica, en la atención de migrantes con COVID-19.
Ella es egresada de la Universidad de Ciencias Médicas ubicada en la provincia de Camagüey.
“Decidí salir de Cuba por la situación política y económica, que se está poniendo bastante complicada”, narra mientras realiza la limpieza de la casa donde reside temporalmente. “Tenía un dinerito y vi que allá no me iba alcanzar para nada, decidí dejar el país”.
Decidió iniciar su travesía hacia Estados Unidos donde vive su papá, dice. Junto con su hermana viajó a Nicaragua, porque ahí los cubanos tienen visa libre, es decir, pueden viajar sin demostrar a su gobierno que van a regresar con la compra de pasajes de regreso.
“Ahí contactamos un coyote que nos cobró 5 mil dólares por traernos hasta acá, pasamos ríos, ya sabe, de todo lo que se pasa en el camino, huyendo de la policía, venimos por el pacífico en lancha, el día que hubo un terremoto en El Salvador casi se tira la lancha en zona de tiburones. Una trayectoria bastante difícil” cuenta.
Cruzaron México de manera ilegal. Llegaron a Ciudad Juárez, donde las convencieron de no anotarse en la lista de espera para cruzar por el puente internacional. Pagaron mil dólares más para pasar por el Río Bravo. Les pidieron entregarse a los agentes de migración de EEUU.
“Nos hicieron decir toda una historia, de que nos asaltaron… para que un contacto que supuestamente tenían allá supiera que éramos enviados de ellos. ¡Mentira! Nadie tiene contacto de aquí allá”, expresa al tiempo que eleva su voz para mostrar su molestia.
Les dijeron las verían del otro lado de la frontera en tres o cuatro días. Con ese argumento los traficantes las desposaron de sus pertenencias, solo les dejaron los pasaportes, dice.
Las hermanas Claudia y Yaneth
“Todas emocionadas nos creímos la historia, y como nos había salido todo bien con el coyote que veníamos, nos confiamos”, cuenta. “Todo era mentira”.
Sin dinero, sin teléfono, sin documentos y solo con la ropa que traían puesta ella y su hermana fueron retornadas por Ciudad Juárez, donde se estima que aún permanecen unos 11 mil migrantes extranjeros, de los más de 22 mil que cuentas con audiencias programadas en la Corte de El Paso, Texas.
“Cuando llegamos a Migración (en Ciudad Juárez) nos dicen que todas las casas para los inmigrantes estaban llenas, porque en esa época era todos los días gente pa’ca y pa’ca y no había ni dónde meterse”, cuenta Yaneth, quien tuyo que llamar a su papá que reside en Estados Unidos para que les enviara ayuda, solo ese mes pudo hacerlo porque por la pandemia el hombre se quedó sin empleo.
Ella lleva dos audiencias ante un tribunal de inmigración, pero debido al cierre de la frontera, por la pandemia del COVID-19, desde marzo su trámite quedó suspendido.
“La primera cita ante la Corte la tuve el 22 de enero del año pasado, luego tuve una segunda el 20 de febrero y tenía una próxima el 6 de junio, pero ya estaba cerrada la frontera y la Corte por el COVID, después me la pusieron para octubre, también se cambió”, dice. Ahora debe esperar hasta el próximo 8 de marzo.
Su situación le angustia, no solo por la incertidumbre de la espera por el asilo, también por la condición de su hermana a quien el gobierno de Estados Unidos le negó el refugio.
A Claudia la rechazaron en su cuarta Corte, en diciembre del 2019, cuenta. Pidió apelación y se la programaron para febrero del 2020, pero ya no se presentó.
“Me negaron todo y no podré ir para allá, aquí me quedaré en Juárez, aquí tengo varios propósitos, primero sacar mis papeles para trabajar y reunirse con mi familia. Pero es un poco complicado” dice Claudia, de 20 años.
Tampoco obtuvo una opción para regular su estancia en México. El refugio debe pedirse dentro de los primeros 30 días de entrada a México. Así que las opciones que tiene ahora es casarte, tener un hijo o una enfermedad grave para que el gobierno mexicano le otorgue la residencia.
“Hay que seguir adelante, no se puede uno parar en la vida, necesitamos avanzar”, expresa Yaneth, quien quiere cruzar la frontera para dirigirse a Dallas, Texas, donde quiere retomar su vida.
MILES ABANDONARON SU PETICIÓN
Dos adultos y dos niñas migrantes el exterior del migrante el Buen Samaritano enespera de susiguiente cita para solicitar asilo en Estados Unidos.
Hasta diciembre de 2020, 70 mil 467 personas fueron trasladadas desde Estados Unidos a la frontera norte de México, de acuerdo con datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Syracusa que reúne información sobre justicia federal en Estados Unidos.
De esa cantidad, 22 mil 694 tienen su proceso en una corte en El Paso, Texas; sin embargo, únicamente 3 mil 268 solicitantes de asilo se presentaron a sus audiencias. Otros 8 mil 514 aún esperar su primera cita.
Al menos 10 mil 912 migrantes no acudieron a su última audiencia, de acuerdo con los datos difundidos por el TRAC. Organizaciones promigrantes estiman que la mayoría de ellos abandonaron su trámite para permanecer en México o regresaron a su país de origen.
Aunque esta situación no se documenta en registros oficiales de México ni de Estados Unidos, si se refleja en los albergues donde la población de migrantes que esperaban su asilo disminuyó en los últimos meses. Tal es el caso de El Buen Samaritano, donde son pocos los que permanecen.
El refugio, atendido por el pastor Juan Fierro García y su esposa María Dolores tiene unos 50 migrantes, menos de la mitad de los que tenía hasta marzo del 2020, cuando se reportó en situación de hacinamiento.
Juan Fierro, el director del albergue El Buen Samaritano, ubicado al surponiente de Ciudad Juárez habla sobre las medidas de seguridad impuestas, como cámaras de seguridad, sentado en su oficina
Desde ese mes Estados Unidos cerró su frontera con México y canceló las audiencias a personas bajo el programa MPP, sin una fecha fija para su reanudación.
Este albergue ha dado refugio a unos mil 750 migrantes desde octubre del 2018, cuando comenzó el arribo de las personas que llegaron con la primera caravana, cuenta el pastor del albergue, que se habilitó en las instalaciones del templo El Buen Pastor.
“Empezamos con personas que duraban un día, luego tres días, luego cinco, siete días, quince días, un mes, tres meses y luego ya se vino la espera larga de hasta casi dos años” dice el religioso.
La situación obligó ampliar su infraestructura para recibir a más migrantes y por más tiempo, aunque ahora tiene menos. Una condición similar se registra en la red de albergues que reciben migrantes en la ciudad.
Ismael Martínez Santiago, encargado de Pan de Vida, que desde hace dos años da refugio a extranjeros, comenta que muchos de los migrantes retornados por el gobierno de Trump y que estaban alojados en su albergue se regresaron a su lugar de origen porque no aguantaron la espera para su asilo.
El año pasado llegó a tener hasta 360 personas en el lugar, ahora son menos de la mitad las que permanecen alojadas en casitas tipo cabañas, donde hay dos habitaciones con camas, un baño y una estancia grande donde se improvisó una cocina, un espacio con sillones y camas tipo literas. En ellas habitan varias familias.
Entre los migrantes que no han desistido y mantiene la esperanza de cruzar a Estados Unidos y lograr su asilo se encuentra Victoria Santos, de 21 años, procedente de San Paulo, Brasil, quien busca asilo para reunirse con su suegra en Nueva Jersey.
Victoria Santos cocina en el albergue El Buen Samaritano. Ella es una migrante Sao Paulo de Brasil que tiene meses en espera de su siguiente cita para solicitar asilo
Dice que cruzó la frontera junto con su marido y su hija de dos años por Mexicali, Baja California, se entregó a los agentes de inmigración en Arizona y de allá la trasladaron para El Paso. Ahí les informaron que serían enviados a México.
“No queríamos estar aquí”, dice en español, un idioma que se esfuerza en hablar para comunicarse con el resto de los residentes del albergue que en su mayoría son cubanos y centroamericanos.
Ella llegó en febrero del 2020, su cita en la Corte de El Paso se la dieron en marzo, pero por el cierre de la frontera ya no cruzó. El gobierno de Estados Unidos le difirió su audiencia para junio, luego para septiembre y otra vez para enero, pero ahora espera una nueva fecha bajo un nuevo gobierno.
Ella permanece en el albergue El Buen Samaritano, donde tiene la comisión de ayudar en la cocina con la preparación de los alimentos para todos.
Cada seis días le toca hacer equipo para sumarse a las labores de elaborar platillos, lavar trastes y hacer el aseo del lugar, cuenta mientras prepara lo que van a servir ese día: arroz, frijoles y un guiso de papas con zanahorias.
Sirven la comida a las 2 de la tarde, dice. “No estaba acostumbrada a cocinar para tantos”.
Tampoco estaba preparada para esperar tanto en su trámite de asilo.
Lo mismo dice Yaneth, quien se da ánimos para no desistir.
“Casi todos salimos buscando un mejor futuro, los que salimos intentamos vivir normal, solo queremos mejorar la vida”, expresa mientras continua su espera a que el nuevo gobierno de Estados Unidos les abra las puertas.
Desde 2020, muchas personas han sufrido pérdidas humanas por la COVID-19. Perola otra pandemia, la de la violencia contra las mujeres, también sigue dejando víctimas.
Ni el nuevo coronavirus, ni las medidas de confinamiento… nada impidió que creciera el número de niñas víctimas de feminicidio en 2020, en México, respecto al año previo.
Sin ropa interior, con la falda levantada y con presuntos signos de abuso sexual, así encontraron el cuerpo sin vida de Tomasa, una niña de nueve años, en una casa en construcción, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.
Tomasa fue reportada como desaparecida el 20 de diciembre de 2020, aún así, las autoridades gubernamentales no evitaron que le quitaran la vida violentamente y por razón de género, al igual que a otras 111 niñas víctimas de feminicidio, 17 más que las registradas en 2019.
¿Lo peor? Otras176 pequeñas fueron víctimas de homicidio doloso durante el mismo año en el que llegó el SARS-CoV-2 a nuestro país.
Eso significa que en 2020, las historias de vida de 288 niñas fueron interrumpidas por un feminicida u homicida, dos más que en el año previo. Aunque la cifra podría ser mayor, considerando que en 2020 se registraron 512 mujeres víctimas de homicidio doloso o feminicidio, sin rango de edad especificado.
Durante 2020 se contabilizaron, en total, 969 víctimas de feminicidio (una más que en 2019) y 2,783 mujeres y niñas víctimas de homicidio doloso (85 menos que el año previo).
La ausencia de las autoridades
Otro de los crímenes que indignó al país a inicios de 2020 fue el feminicidio de Fátima. La pequeña de siete años fue secuestrada, asesinada y violada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.
En el caso de Fátima hubo una cadena de negligencias por parte de las autoridades capitalinas, lo que provocó enojo e impotencia en la ciudadanía. Seis días después de que encontraran el cuerpo de Fátima, sus familiares, amigos, vecinos y colectivos feministas salieron a las calles para exigir justicia.
Y es que, después que la hallaron asesinada “encuentran los videos (donde se observa que una mujer se la lleva de la mano al salir de su escuela). El problema no sé si es negligencia, o si nos les importa, ya no sé qué es, no están buscando a la gente”, nos dijo entonces María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México.
“Hay un factor importante de impunidad, en seguridad y procuración de justicia, pero también hay un problema importante de capacitación, que se debe hacer desde las agencias de salud, educativas, de desarrollo social, ya que son las que pueden detectar casos tempranos”, dijo Francisco Rivas, director general de la organizaciónObservatorio Nacional Ciudadano, en febrero del año pasado.
Colima sigue siendo la entidad más peligrosa para las mujeres
María Herlinda, una mujer de 24 años, fue una de las 97 mujeres que fueron asesinadas en Colima, en el año 2020. María estaba embarazada cuando fue apuñalada, presuntamente por su ex pareja, en el municipio de Comala, Colima.
Desde 2016, esa entidad federativa se encuentra entre las peores del país con la primera o segunda peor tasa de asesinatos contra mujeres (homicidios dolosos o feminicidios). En 2020 se registraron 25.0 asesinatos por cada mil mujeres.
A Colima le siguen Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas y Michoacáncon tasas de entre 10 y 16 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
El promedio diario no ha cambiado
En total, más de 3,700 mujeres y niñas fueron violentadas hasta provocarles la muerte entre enero y diciembre de 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior significa que cada día mataron a 10.3 mujeres, en promedio, en ese año. O en otras palabras, que al menos 10 mujeres fueron asesinadas, al día. Ese promedio mínimo es igual al registrado en 2019, el año más violento en la historia reciente de México.
Las armas más usadas contra ellas
Cuatro de cada 10 feminicidios (44%) se cometió con “otro elemento”, es decir con un arma distinta a un arma de fuego o arma blanca; éstas últimas se usaron en 23% y 24%, respectivamente. Y en 8% de los casos no se identificó el tipo de arma, según la clasificación del Secretariado Ejecutivo.
Cuando las autoridades registran que el tipo de arma que se usó contra la mujer fue “otro elemento” quiere decir que la mujer pudo ser envenenada, estrangulada, quemada, ahogada, asfixiada, entre otras modalidades.
Mientras que siete de cada 10 homicidios dolosos contra mujeres (71%) se cometieron con un arma de fuego; muy por encima de “otro elemento” (19%) y de arma blanca (7%). En este tipo de delito no se especificó el tipo de arma usada en el 3% de las víctimas.
Carolina, Claudia, una mujer desconocida, todas asesinadas en 2021. La lista sigue creciendo sin que las autoridades lo impidan. ¿Hasta cuándo encontrarán una “cura” o “vacuna” para esta otra pandemia que sufren las mujeres?
Un presunto oficial municipal avisó a la madre de la víctima que tenían a su hijo, pero el día del rescate los responsables lograron escapar.
Un adolescente fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, tras ser secuestrado presuntamente por policías municipales de Valle de Chalco.
La SS informó que la madre del menor realizó una llamada al número de emergencias para denunciar el presunto secuestro de su hijo.
De acuerdo con reportes, el adolescente de 14 años salió de su domicilioubicado en el estado de Puebla -en su vehículo marca Chevrolet, tipo Silverado de cabina y media, color azul- el pasado 20 de enero con rumbo desconocido.
“Posterior a ello, comenzó a recibir mensajes de texto de Adrián ‘N’ quién se identificó como posible policía municipal, sin embargo, no fue posible encontrar datos de él en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (Relino); dicho sujeto informó a la madre que recibiría una videollamada para confirmar que tenían a su hijo, por quien exigían la cantidad de 10 mil pesos, a cambio de su liberación que se efectuaría en la caseta de cobro de Chalco”, informó la SS.
A través de la video llamada, la madre identificó al menor, sin embargo, las personas que lo acompañaban se cubrieron el rostro en todo momento.
Ante la denuncia, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mantuvo contacto con la madre y se realizó un cerco virtual y se llevó a cabo el despliegue territorial con uniformados en campo adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT).
“La madre recibió la instrucción de que el intercambio del menor se haría en la carretera México-Puebla, a la altura del Puente Rojo, sin embargo, minutos después cambiaron el lugar a las inmediaciones de la Comisaría de la Policía Municipal de Valle de Chalco“, detalló la dependencia.
Por medio de las cámaras de videovigilancia autoridades captaron el momento en el que la madre de la víctima llegó al punto para entregar el dinero, así como patrullas municipales con el menor de edad.
Uniformados de la Secretaría de Seguridad estatal se acercaron y lograron poner a salvó a la víctima y su madre, sin embargo, al verse acorralados los elementos municipales pidieron apoyo y lograron escapar.
“Los probables responsables pidieron ayuda a policías municipales que se encontraban al interior de la comisaría, mismos que entre jaloneos lograron liberar a sus compañeros y finalmente resguardarlos al interior del edificio de seguridad“.
En el sitio quedaron abandonadas dos unidades policiales que fueron puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias y deslindar responsabilidades por los delitos de secuestro exprés y extorsión.
La octava regidora de Tenancingo facilitó a algunos pobladores de San José Chalmita tinacos con subsidio, sin embargo, esta comunidad carece de agua desde hace más de 6 meses
San José Chalmita es una comunidad perteneciente al municipio de Tenancingo que se encuentra a mil 986 metros sobre el nivel de mar. De los 45 minutos que lo separan de la cabecera municipal cerca de 25 se recorren en caminos de terracería.
De acuerdo al Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI) para el 2010 el 50 por ciento de los hogares de esta localidad contaba con piso de tierra, y solo el 10 por ciento contaba con drenaje, el suministro de agua potable representaba su mayor problema socioeconómico.
Recién en 2017, durante el trienio del priista Roberto Espiridion Sánchez Pompa, los habitantes de San José comenzaron a recibir agua en sus domicilios, una bomba ubicada a un kilómetro extrajo y proveyó del líquido a los cerca de mil 500 pobladores hasta junio del 2020.
Según las autoridades auxiliares y miembros del Comité del Agua de San José, la instalación de dicha obra no les fue notificada por lo que durante cerca de 3 años no se emitió pago alguno por los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el bombeo de agua.
“En marzo se realizó el primer corte”, dijo José Medina, poblador y miembro del comité. Durante su peregrinaje los inconformes acudieron a distintas instancias en municipios como Villa Guerrero y Valle de Bravo para resolver la multa impuesta por el uso “ilegal” de la bomba y tratar de reducirla lo más posible.
Del millón 400 mil iniciales actualmente el poblado de San José Chalmita adeuda únicamente 334 mil 152 pesos por lo que han solicitado el apoyo del ayuntamiento, “los regidores nos han apoyado con lo de los pasajes” aseguró Medina, sin embargo, el apoyo de las autoridades no ha sido suficiente.
“El día de ayer fueron a regalar tinacos a San José, no sé con que piensan que los vamos a llenar”, dijo Medina durante una conferencia de prensa del pasado miércoles frente al palacio municipal de Tenancingo.
A través de sus redes sociales, la octava regidora Aurelia Stéphanie Reynoso Villanueva presumió la entrega de tinacos con subsidio a pobladores San José Chalmita.
Durante la transmisión la regidora se comprometió a solucionar el problema del suministro de agua: “vamos a hacer todo lo posible por que ustedes pronto tengan su agua”, dijo a Margarita Jardón, pobladora de San José Chalmita y quien comentó a la regidora la situación por la que atraviesan. Cabe señalar que la regidora no especificó como ni cuando sería resuelto el adeudo.
Este medio buscó una entrevista con la octava regidora y el presidente municipal, Gabriel Gallegos García, para conocer el avance en la resolución del conflicto por el agua, pero no se obtuvo ninguna respuesta.
Mientras tanto la comunidad continúa sin agua, sus habitantes acarrean como pueden el líquido. Sin especificar quiénes, José Medina dijo durante la conferencia que algunos regidores se han acercado para brindar su apoyo a cambio de votos. En el ánimo del pueblo existe un rechazo a las autoridades que no han podido solucionar los problemas que aquejan a San José Chalmita.
Marisa, de unos seis o siete años, no sabe cuál es su edad. Su madre, Josefina, asegura que trae a la pequeña al campo por los riesgos que correría si la deja sola en el rancho del patrón, donde viven. Marisa recoge jalapeños como cualquier adulto. AITOR SAEZ / EL PAÍS
Aitor Saez / El País
Más de 600 menores de edad fueron localizados en los campos de jalapeños al norte de México, donde los jornaleros migrantes de esta etnia, conocida como ‘pies ligeros’, viven bajo formas de esclavitud moderna. Las inspecciones se complican por la presencia del crimen organizado y apenas hay sanciones
—¿Cuántos años tienes?
—No sabe. No sabe.
Marisa desconoce su edad, debe tener unos seis o siete años. Ante la pregunta se encoge de hombros y frunce el ceño cegada por los tempraneros rayos de sol, sin dejar de agarrar chiles y arrojarlos a la cubeta. Sus maltratadas uñas le dificultan arrancar de cuajo el tallo. Sus manos, resecas, se arrugan como los dos jalapeños que apenas puede sostener, insensibles ante los constantes rasguños. Marisa ni parpadea.
Varios surcos adelante, su madre llena el primer balde del día. Aplasta los chiles hasta rebosarlo y así amortizar los viajes hasta el saco donde se los contabilizarán: 20, 40 o 100 pasos cargando al hombro nueve kilos, 11 pesos (unos 50 céntimos de euro), dos horas de trabajo. Un significativo trayecto en estas plantaciones de Camargo, en el desértico norte de México.
—¿Trae a su hija para que le ayude?
—No, nada más me la traigo para que no esté allá en el rancho —responde Josefina, de 30 años, refiriéndose a la granja del patrón, donde viven.
—¿Por qué? ¿Hay riesgo?
—Sí, porque hay mucha gente.
La gorra de Josefina resulta un lujo para quienes deben cubrirse del inclemente sol con pañuelo y capucha. Carmela, de 12 años, afirma que viene al cultivo para colaborar con su familia, pero por decisión propia. Empezó la temporada pasada y se enorgullece de haber ahorrado para comprarse unos guantes. Un hombre y su hijo de 12 años se apresuran en sorber su caldo en los 15 minutos de descanso. “Un sueldo solo no alcanza”, justifica Barragán la presencia del menor.
Estos jornaleros ganan de 150 a 250 pesos (de 6 a 10 euros) diarios, según si trabajan de ocho a doce horas. Las 60 espaldas del sembradío tan solo alzan la vista para vaciar uno de los 20 cubos que, como mínimo, deben cosechar para que les rinda el jornal.
Cada año llegan unos 30.000 campesinos migrantes para la pizca, donde se valora más su baja estatura y manos pequeñas. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.AITOR SAEZ
Se han detectado 623 menores de edad —211 por debajo de los 15 años— en campos agrícolas de Chihuahua desde 2018 gracias a 493 inspecciones, según datos de la Secretaría estatal del Trabajo (STPS). El trabajo infantilaumentó un 8% respecto al ejercicio anterior, cuando murieron al menos 15 chicos en esos latifundios. El pasado septiembre una niña de seis años fue arrollada por un autocar en una granja de Camargo mientras sus padres pizcaban chile.
“¡No hay justicia!”, grita uno de los varones a lo lejos. Su hijo de tres años murió la noche del 17 de septiembre, embestido por un conductor ebrio que se dio a la fuga. “Lo atropellaron y no hicieron nada”, gimotea con rabia Juan, quien ni siquiera ha tenido el tiempo de velar a su pequeño. Tan solo faltó a la colecta el día de su entierro. Cada mañana madruga para apiñarse en la camioneta del patrón junto al mayor de sus hijos, de 12 años. Por las tardes, vaga por numerosas oficinas para encontrar respuesta. La Policía le da largas sobre el caso y todavía no han detenido al culpable, fácilmente identificable en una localidad de unos 50.000 habitantes.
Rarámuri, parias en tierras ajenas
La mayoría de los jornaleros en el centro-sur de Chihuahua provienen de la sierra Tarahumara, al oeste. Los rarámuris solían sustentarse del maíz y frijol que sembraban en las escarpadas montañas, pero las sequías acabaron con sus cosechas. Otros se vieron forzados a abandonar sus hogares por las arremetidas del crimen organizado que controla la tala ilegal de árboles, la siembra de amapola, marihuana y la minería en esos lindes del Triángulo Dorado, feudo insondable de narcotraficantes.
—¿Por qué viniste?
—Porque no hay empleo, no hay lluvias —contesta un joven, uno de los pocos que no enmudece al preguntarle por la violencia, aunque sin dar su nombre.
—¿Por el crimen también? ¿Está fuerte en la sierra?
—Sí, está fuerte —responde con la cabeza agachada.
Los rarámuri, pies ligeros en su lengua, son reconocidos por correr largas distancias en sandalias. Pero de poco sirve en esas tierras. Cada año llegan unos 30.000 campesinos migrantes para la pizca, donde se valora más su baja estatura y manos pequeñas. Eso explica, según expertos, la mayor presencia de menores en recolecciones de chile y tomate que en otros productos de la zona, como la nuez.
La histórica pobreza y abusos contra este pueblo originario, de unos 120.000 miembros, ha provocado desde hace décadas una diáspora por todo el país. Jamás se promovió su integración y es habitual verlos mendigando en las calles de las principales ciudades y destinos turísticos. Unicef indicó en 2013 que cerca de la mitad de las familias temporeras en México que tienen a hijos menores trabajando son indígenas; y que estos niños y niñas aportan un 41% de los ingresos del hogar.
Los peligros del campo
Las coloridas faldas de las rarámuri tiñen el árido paisaje. Una radio alienta la monotonía con baladas y rancheras. Daisy, de tres años, juega con una cubeta vacía al lado de su madre. Una muchacha de unos nueve años pasea en cochecito a su hermano bebé. Otros brincan entre los matojos o se sientan junto a las ruedas de las camionetas en busca de la única sombra que ofrece la estepa. Muchos de los atropellos de menores se producen por el descuido de arrancar sin revisar. Pero también se han registrado muertes por las excesivas temperaturas. En mayo de 2018 una niña rarámuri falleció en Camargo por deshidratación tras un golpe de calor.
“Se nos ha convertido en un problema por las familias que traen niños menores de 15 años. No los quieren en el campo”, se queja Alejandro Chávez sobre las inspecciones de las autoridades estatales
El dueño de los sembradíos se recuesta en una de las todoterreno, repleta de botellas de agua que se racionan escrupulosamente. “Se nos ha convertido en un problema por las familias que traen niños menores de 15 años. No los quieren en el campo”, se queja Alejandro Chávez sobre las inspecciones de las autoridades estatales. En este far west mexicano todavía se normaliza el trabajo infantil, o que los niños deambulen bajo el sol durante largas jornadas.
Una de las normas escritas en el muro de entrada a su rancho, El Altar, prohíbe el ingreso de niños y mujeres embarazadas con intenciones de trabajar. Chávez explica que, las veces que ha tratado de negar el acceso a las madres con menores, todo el grupo de jornaleros ha rechazado trabajar en señal de protesta. “Batallamos porque la gente no quiere venir a los campos si no trae a toda la familia. No hay guarderías, no tienen dónde dejarlos —explica el cacique—. Desconfían de dejar a sus hijos a otras personas”.
La única aula móvil para esta población queda a 36 kilómetros y la fija más cercana, a 250. Una mujer del pueblo los cuida por 50 pesos al día, una cuarta parte de su mísero jornal, un precio caritativo imposible de asumir
En Camargo, las autoridades localizaron el pasado año a 24 menores rarámuri laborando en campos agrícolas y tan solo a 18 en la escuela. La única aula móvil para esta población queda a 36 kilómetros y el aula fija más cercana, a 250. Una mujer del pueblo los cuida por 50 pesos al día, una cuarta parte de su mísero jornal, un precio caritativo imposible de asumir.
“Ganan dependiendo de las ganas que pongan”
Chávez asegura que “ganan dependiendo de lo que trabajen, de las ganas que le pongan”. Es propietario, junto a sus hermanos, de 150 hectáreas de chile y otras tantas de nogal. La superficie se pierde en el horizonte hasta topar con la silueta de la cordillera. Al año ingresan más de medio millón de euros.
“No hay libertad para estos jornaleros. No les permiten salir del albergue, les cobran ilegalmente por los traslados”, dice Ana Luisa Herrera, titular Secretaría del Trabajo de Chihuahua
Varios hombres mestizos aguardan en las cuatro pick-ups donde transportan a los trabajadores. Son los jefes de cuadrilla, encargados del reclutamiento y logística de la mano de obra. La parte trasera de los vehículos sirve de abarrotes, donde venden comestibles a sus empleados. El almuerzo —un insulso caldo de patata—, el refresco y un paquete de chips o galletas para que los niños se entretengan, cuesta alrededor de 100 pesos (cuatro euros): un cuarto, un tercio o la mitad de su jornal, según el rendimiento, como diría el patrón.
Esclavitud moderna
El Departamento de Asuntos Laborales Internacionales de Estados Unidosincluye al chile de nuevo en su última lista de alimentos producidos con trabajo infantil y forzado, localizado sobre todo en pequeñas y medianas de esas plantaciones en Chihuahua, Jalisco y San Luís Potosí. “Algunos trabajadores enfrentan un creciente endeudamiento con las tiendas de la empresa, que a menudo inflan los precios, lo que les obliga a comprar provisiones a crédito y limita su capacidad de abandonar las granjas”, arroja el reciente informe.
Asimismo, expone que “les mienten sobre la naturaleza del trabajo, salarios, horas y condiciones de vida (…) Una vez en las granjas, algunos trabajan hasta 15 horas al día bajo amenaza de despido y reciben un mínimo sueldo o ningún pago. Algunos trabajadores son amenazados o maltratados físicamente por abandonar sus trabajos”. Se estima que en México hay 341.000 víctimas de esclavitud moderna, según el último Índice Mundial de Esclavitud.
Daisy, de tres años, y su madre Macrina, de 21, recogen chile. La mayoría de jornaleros en los campos de chile de Chihuahua son rarámuri que tuvieron que abandonar la Sierra Tarahumara debido a la sequía y al crimen organizado. Sus tierras se ubican en el llamado Triángulo Dorado, feudo del narcotráfico dedicado a la tala ilegal y a la siembra de amapola y marihuana. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.AITOR SAEZ
“No hay libertad para estos jornaleros. Hemos detectado casos en que losenganchadores (intermediarios) no les permiten salir del albergue, les descuentan el alojamiento, les retrasan el pago o les cobran ilegalmente por los traslados”, indica la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) de Chihuahua, Ana Luisa Herrera, quien en 2018 lideró la creación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI), integrada por 17 dependencias gubernamentales. Una vehemencia a la altura de la gravedad del problema en una entidad con más de 42.000 menores empleados en actividades no permitidas, pero alejada de resultados plausibles.
Lo imprescindible es un traductor. Sin entender, no pueden acceder a ningún derecho” Marina Morga, activista
Pese a que el Gobierno chihuahuense anunció un Programa de Atención a Jornaleros Migrantes (Projam), este carece de presupuesto propio. En 2018 se destinaron cerca de 27 millones de pesos (1,1 millones de euros) en atención a personas jornaleras, y en el último ejercicio los recursos se desplomaron a unos 4,3 millones de pesos (170.000 euros).
“¡No nos pagan!”, denuncia un joven lo suficientemente tenue para que los enganchadores no lo escuchen. Su coraje se esfuma al ser preguntado. Le puede el temor a cualquier represalia del patrón:
—¿Cómo que no les pagan?
—No, no, todo está bien aquí.
Invisibles y excluidos
Las monosilábicas conversaciones con los rarámuri se estancan en algún punto. La mayoría hablan un castellano limitado, nunca lo necesitaron en la inhóspita serranía donde tampoco había escuelas. “Lo imprescindible, de entrada, es un traductor. Sin poderse comunicar, no pueden acceder a ningún derecho”, reclama la activista local Marina Morga sobre el primer eslabón de una cadena de discriminaciones.
Hace una década que apoya a los desplazados con los trámites de una burocracia jeroglífica que les haría perder valiosas jornadas de cosecha. “Vienen sin dinero y mientras encuentran trabajo viven en la calle. Los vemos durmiendo tirados, pero no sabemos que llevan mucho tiempo en el municipio. Malviven fuera del sistema, nadie les hace caso”, añade.
Nos han asaltado hombres con armas largas para frenar la inspección ranchos
MARCO GAYTÁN, JEFE DE INSPECCIÓN
En julio del pasado año Chihuahua albergó la 16ª Convención Mundial del Chile. En su inauguración, el gobernador Javier Corral presumió de Camargo como “la capital mundial del chile chipotle” utilizado para salsas. Su administracióngastó 1.681.314 de pesos (unos 70.000 euros) en publicidad oficial para el evento, más de una cuarta parte del rubro dedicado a jornaleros migrantes en todo el pasado año.
Vivienda infrahumana
Entretanto, sigue sin haber una oficina de asuntos indígenas. Tampoco un albergue para jornaleros, como tampoco existe en la mitad de los 13 distritos agrícolas del centro-sur de Chihuahua. Algunos productores, muy pocos, han construido barracones en sus fincas para brindar un techo a sus trabajadores.
En el rancho La Liebre, propiedad de los hermanos Chávez, se encuentran algunas de las estancias mejor acomodadas en el campo camarguense, al menos gratuitas y con paredes de hormigón. Alfonso Silva vive junto a su esposa y sus dos hijas en 16 metros cuadrados. Las moscas y el hedor colman el habitáculo, pero al joven se le hace un buen lugar para vivir: “Hay agua, espacio, baño junto (comunal)”, que comparten con el medio centenar de jornaleros. Alfonso trabaja en el secado y ahumado del chile chipotle, un puesto privilegiado respecto al de pizcador que le permitió comprar un fogón y una nevera.
El hacinamiento empeora en las últimas estancias construidas. “Pues hay muy poco espacio. Una pareja no más, creo cabe en el cuarto (…) Sí hay agua, pero no hay luz”, murmura Guadalupe Carrillo. Colocó unos palés y plásticos afuera para ampliar su cuartucho de tres por tres donde habita con su marido y su hijo de un año. En el exterior cocina con hoguera y adentro amontona un par de maletas y ropa.
Guadalupe Carrillo llegó de la sierra el pasado año junto a su marido y bebé. Viven en un cuarto de nueve metros cuadrados. Para ganar espacio ha colocado unos palés y lonas afuera para utilizar el exterior de cocina. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.AITOR SAEZ
Un enjambre de jejenes ―un diminuto mosquito de picadura muy irritante― hurga en los ojos del bebé para comerse sus legañas. Su nariz tapada de mocos secos hasta la boca hace pensar que ese pequeño está enfermo. La joven madre se extraña al preguntarle si alguna doctora ha examinado a su hijo. “Los trabajadores se encuentran en viviendas hacinadas e insalubres sin acceso a agua potable, letrinas, electricidad y atención médica”, subraya el informe estadounidense.
En la finca de enfrente las barracas apenas llegan a chabolas de tablones y lonas. El dueño de Godea Agroindustrial niega el acceso a este medio, aunque las deplorables condiciones se observan desde la carretera. En otra hacienda a 10 kilómetros murió en septiembre una bebé rarámuri por una broncoaspiración socorrida con mucha demora. Dos años atrás, en ese mismo Rancho Santa Clara, fallecieron dos jóvenes por descargas eléctricas en diferentes momentos de un mismo día.
Cuando en 2018 la Secretaría de Trabajo (STPS) lanzó la primera ronda de inspecciones sorpresa, detectaron un promedio de tres menores en cada campo. Desde entonces la mayoría de los productores ha optado por poner guardias en la entrada de sus ranchos, o bien, dar aviso al crimen organizado.
Cuando en 2018 la Secretaría de Trabajo (STPS) lanzó la primera ronda de inspecciones sorpresa, detectaron un promedio de tres menores en cada campo
“En Camargo, hasta en dos ocasiones han acudido un par de camionetas cargadas de hombres con armas largas para frenar la revisión y obligar a retirarnos. En otras partes de Chihuahua nos han interceptado y bloqueado el paso. Hay comunidades imposibles de monitorear, de muy difícil acceso geográfico y de seguridad”, señala Marco Antonio Gaytán, jefe de esas inspecciones, que se efectúan con el acompañamiento de elementos de la Policía estatal.
Nula penalización
En sus tres años de funcionamiento, la STPS ha abierto 38 procesos condenatorios que se canalizaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para su sanción como delito penal. Sin embargo, ningún caso ha llegado a sentencia. El máximo órgano de justicia del país revela a este medio que no fue posible avanzar en las investigaciones por “deficiencias de origen en las actas de las visitas de inspección”. Por su parte, el ente de asuntos laborales de Chihuahua insiste en que nunca recibieron dicha comunicación.
Las manos de Marisa, la niña que nunca ha celebrado su cumpleaños. De unos cinco o seis años, no sabe cuál es su edad. Su madre, Josefina, asegura que trae a la pequeña al campo por los riesgos que correría si la deja sola en el rancho del patrón, donde viven. Marisa recoge chiles como cualquier adulto. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.AITOR SAEZ
Tan solo se han impuesto dos multas de unos 17.000 y 20.000 euros, todavía en plazo para interponer recursos. Se trata de las cantidades más elevadas que prevé la ley, aunque apenas representa alrededor del 3% de las ganancias anuales de un latifundista mediano, como por ejemplo los hermanos Chávez.
“Al Gobierno le corresponde reforzar la supervisión y los albergues. Hay un rezago en cuanto a los derechos de esos niños jornaleros y a las condiciones en las que viven, muchas veces infrahumanas”, reconoce el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz. El anacronismo se extiende a todo el país, donde cerca de un millón de menores se dedican a actividades del sector primario. En 2017, había en México más de 3,2 millones de niños y niñas empleados —más de la mitad en ocupaciones peligrosas—, un 11% de esa población. Aun así, algo por debajo del promedio en Latinoamérica.
—¿Te duelen las manitas?
—No.
—¿Cuánto llevas trabajando aquí? ¿Quieres estar aquí?
—No sabe.
Marisa tampoco sabe cuánto tiempo ha pasado ni qué hora es, pero ya son las cuatro de la tarde. Diez sofocantes horas arrodillada, pizcando unos 400 chiles, cinco baldes, 50 pesos (dos euros). Es octubre, está por terminar esa cosecha y en breve arrancará la temporada nogalera en la región. Sus manos enchiladas, agrietadas, donde el campo esculpió toda su crueldad hasta robarles el tacto, mañana se tiznarán ennegrecidas por la cáscara de las nueces. Así pasarán incalculables kilos de frutos, de millones de dólares y severos soles, hasta que algún día Marisa pueda comprarse unos guantes. La niña, de unos seis o siete años, solo sabe que en este desierto mexicano la vida se mide en cubos de jalapeños.
La medida impide al Fonatur ejecutar obras nuevas en Chocholá, Mérida e Izamal, en lo que se decide la suspensión definitiva y se resuelve el juicio.
Cancún, Q. Roo.- El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión provisional del megaproyecto “Tren Maya” en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, lo que impide al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ejecutar obras nuevas ahí, en lo que se decide la suspensión definitiva y se resuelve el juicio.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal y Kanan Derechos Humanos, informaron que habitantes de esos municipios promovieron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Fonatur, el 20 de julio de 2020, ante la carencia de información durante la consulta pública sobre el proyecto, celebrada el 02 y el 03 de ese mismo mes.
Pese a tal deficiencia, que es violatoria de derechos e impide a la autoridad ambiental una evaluación correcta, el 30 de noviembre la Semarnat emitió la autorización de impacto ambiental para el proyecto Tren Maya en su Fase 1 (TM-F1), que abarca tres tramos: El 1, de Palenque a Escárcega; el 2, de Escárcega a Calkiní y el 3, de Calkiní a Izamal, abarcando municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán.
Múuch’Xíinbal y Kanan indicaron que, en el resolutivo expedido por la Semarnat, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) reconoce la ausencia de información durante la consulta pública y admite que la omisión fue responsabilidad del Fonatur, al no ponerla a disposición de la autoridad ambiental.
Por tal motivo, habitantes de Chocholá, Mérida e Izamal, en Yucatán, ampliaron el amparo inicialmente presentado en contra de la autorización del proyecto, al haberse emitido “sin haber garantizado toda la información, ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental en la materia”.
Tanto Fonatur, como la Semarnat “fueron demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta al público”, se informó.
En consecuencia, el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán concedió la suspensión provisional del proyecto, para efectos de que las autoridades se abstengan de ejecutar obras nuevas en esos municipios.
Las agrupaciones confiaron en que el Juzgado conceda además la suspensión definitiva y exhortaron a Fonatur y Semarnat a cumplir con las resoluciones judiciales.
De acuerdo con lo autorizado por la Semarnat, en términos generales, para la Fase 1 del megaproyecto se desarrollará la construcción y operación de una vía férrea y obras asociadas como viaductos, pasos vehiculares, puentes, terminales ferroviarias, estaciones, talleres de mantenimiento (en Campeche y Mérida), pasos de fauna y alcantarillas.
La mayor parte de la ruta se llevará a cabo en derechos de vía y servidumbres de paso de obras lineales ya existentes, como vías férreas y carreteras y de tendidos eléctricos.
Los trabajos autorizados se realizarán en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakány Tenabó, en Campeche; Libertad y Palenque, en Chiapas; Balacán, Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco; y Bokobá, Cacalchén, Chocholá, Halachó, Izamal, Kanasín, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Tekantó, Tixkokob y Umán, en Yucatán.
En esa ruta, que abarca 631.25 kilómetros de Palenque a Izamal, transitará una locomotora de biodiesel híbrida, es decir, el tren será eléctrico, pero también funcionará con diésel; tendrá una velocidad media, máxima de 160 kilómetros por hora para pasajeros, y de 100 kilómetros por hora para carga.
Contará con 13 estaciones ferroviarias, 146 pasos vehiculares, 24 viaductos, 3 bases de mantenimiento, 40 pasos de fauna y dos estaciones de carga en Campeche y Candelaria.
CHILPANCINGO, GUERRERO, 12DICIEMBRE2020. – Estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, junto con los Padres y Madres de los 43, delegaciones de las 17 normales que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), conmemoraron los 9 años del asesinado de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverria de Jesús, quienes fueran asesinados por policias ministeriales en el punto conocido como ‘El Parador del Marqués’, en el año 2011. Durante el recorrido, donde estuvieron presentes los familiares de ambos estudiantes, los estudiantes normalistas arremetieron contra las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que, en el año de los hechos, el partido del sol azteca era el que gobernaba el estado de Guerrero.FOTO: DASAEV TÉLLEZ ADAME / CUARTOSCURO.COM
Redacción / Sin Embargo
Un testigo protegido de la investigación, identificado como “Juan”, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el asesinato de los 20 indigentes fue para que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero tuviera pruebas de la desaparición de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– La organización criminal Guerreros Unidos habría asesinado a 20 indigentes para simular que sus restos eran los de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, según reveló esta mañana el periódico Reforma.
De acuerdo con la declaración que dio el hombre identificado como “Juan”, quien sería presunto líder de Guerreros Unidos, los homicidios tuvieron el objetivo de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, encabezada en ese momento por Iñaki Blanco Cabrera, tuviera pruebas de la desaparición de los jóvenes.
“En un primer momento agarraron a unos 20 indigentes y los metieron a las fosas, atrás de Pueblo Viejo, y dado que el asunto estaba muy mediático, dijeron que la Fiscalía, o sea Iñaki, que no iba a resultar y fueron a los lugares donde en un primer inicio habían tirado los restos de los estudiantes para ir a preparar lo del basurero de Cocula”, afirmó el testigo protegido, según la información a la que tuvo acceso Reforma.
Ante la Fiscalía General de la República (FGR), “Juan” reveló que la estrategia fue realizada entre Guerreros Unidos y Wenceslao Elizalde Zempoalteca, excoordinador de la Policía Ministerial, por lo que a este último fue a quien le entregaron las cenizas de estudiantes incinerados en la funeraria “El Ángel”, las cuales fueron dispersadas con otras “evidencias” en el basurero de Cocula.
“Sobre estas ‘evidencias’, el Gobierno estatal y la PGR [la extinta Procuraduría General de la República] construyeron la denominada ‘verdad histórica’”, concluyó Reforma.
Desde ayer, el medio dio a conocer que este mismo testigo protegido aseguró que los estudiantes fueron detenidos por un convoy de operación conjunta entre militares, policías y sicarios.
La persona dijo que se detuvieron a 30 personas más, es decir, en total a 73, pero sólo una parte de ellas fueron interrogadas en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero. Después, fueron entregadas al grupo criminal para que las desaparecieran, algunas ya muertas.
Derivado de estas declaraciones fue que se detuvo al militar José Martínez Crespo, quien fue aprehendido el pasado 12 de noviembre, y se liberaron al menos 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados con los hechos.
Reforma relató que el testigo de la FGR señaló al Capitán Martínez Crespo como el presunto operador de la detención de los normalistas y que también tenía la intención de capturar a algunas personas que estaban heridas y que eran atendidas en un hospital de la localidad.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, rescató el diario de la declaración que “Juan” hizo a las autoridades y que tiene fecha del 10 de febrero del 2020.
El testimonio del presunto líder de Guerreros Unidos indicó que dicho grupo buscaba a criminales de un cártel rival que le debían dinero, sin embargo, los sicarios rivales se mezclaron entre los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, quienes se encontraban protestando en Iguala.
En total se habría detenido a tres grupos de personas, uno capturado por Guerreros Unidos, otro por policías estatales, y otro, por miembros del Ejército. Todos los grupos fueron llevados al Batallón municipal para ser interrogados y conocer quiénes eran los involucrados con el grupo criminal rival, apuntó Reforma.
LA SEDENA, DISPUESTA A COLABORAR EN LA INVESTIGACIÓN
Después de que se difundiera la información antes mencionada, el jefe del Ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, prometió colaborar con las autoridades tras nuevas filtraciones de un testigo protegido que asegura que hubo militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“En todo lo que está presentándose de Ayotzinapa damos la información, tenemos la obligación de hacerlo así. Nuestra jurisdicción militar, cuando llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal, pasa la información”, afirmó el Secretario de la Defensa Nacional.
“La institución ante todos los señalamientos que ha habido, no nada más de este tipo, a través de toda su historia siempre ha colaborado con las autoridades, nunca se trata de ocultar”, expresó Sandoval cuestionado en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río.
Pero familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión de la “verdad histórica” al señalar que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.
El testimonio de este último testigo protegido ha impactado el caso porque involucra de forma directa a soldados.
El jefe del Ejército reconoció la existencia de señalamientos, pero argumentó que las Fuerzas Armadas “no investigan ese tipo de delitos” porque su jurisdicción es militar y no abarca crímenes del fuero común o federal.
“Son las autoridades correspondientes a las que le toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo”, sostuvo Sandoval.
El caso cobra relevancia porque la FGR exoneró la semana pasada a Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército en el sexenio pasado, de las acusaciones de narcotráfico de las autoridades de Estados Unidos, que lo arrestaron en Los Ángeles el 15 de octubre y lo entregaron a México un mes después.
La inacción de la FGR ha indignado a activistas y familiares de Ayotzinapa, quienes acusan a Cienfuegos de tener responsabilidad en el caso Ayotzinapa, que ha prometido resolver el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Junto al mandatario, Sandoval rechazó una afectación al prestigio de las Fuerzas Armadas.
“Esos errores de forma particular creo que no dañan la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano”, afirmó el Secretario.
LA SEGOB INVESTIGARÁ LA FILTRACIÓN
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentará una denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR) por la publicación del periódico Reforma sobre el caso de los 43 normalistas.
“Como lo hemos señalado, este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”, detalló Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en un comunicado.
DENUNCIAMOS LAS AGRESIONES PARAMILITARES DE LA ORCAO A LA COMUNIDAD ZAPATISTA DE MOISÉS GANDHI, CHIAPAS, MÉXICO
Desde la aparición pública del EZLN en enero de 1994, el gobierno mexicano en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) ha promovido, organizado, financiado y alentado a distintos grupos paramilitares para que ataquen a la población civil zapatista.
En este contexto, la comunidad de Moisés Gandhi, ubicada en el crucero Cuxuljá, municipio autónomo de Lucio Cabañas, (del municipio oficial de Ocosingo) ha sufrido recientemente varios ataques por parte del grupo paramilitar ORCAO (Organización de Cafeticultores de Ocosingo).
– El pasado 22 de agosto, la ORCAO atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del Centro de Comercio “Nuevo Amanecer del Arcoiris”, ubicado en el crucero de Cuxuljá.
– El pasado 8 de noviembre, la ORCAO secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimentos hasta el día 11 noviembre en que fue liberado.
– El lunes 18 de enero de 2021, la ORCAO disparó contra la comunidad de Moisés Gandhi. El ataque comenzó a las 1530 hrs (hora de México) y hasta las 1800 hrs. hubo disparos en contra de las casas de la comunidad. 170 disparos de calibres grandes y 80 de calibres chicos.
– El miércoles 20 de enero de 2021, a las 16:00 horas, nuevo ataque armado contra la comunidad, con calibres grandes y chicos. A las 22:30 horas de nuevo ataque con armas de fuego contra la comunidad.
– El jueves 21 de enero de 2021, nuevos ataques con disparos contra las casas de la comunidad de Moisés Gandhi. Primero a las 00:30 horas y posteriormente desde las 02:10 horas hasta las 02:55 horas.
Se calcula que el número de atacantes es de al menos 20 personas. Todas pertenecientes a la organización paramilitar ORCAO de las comunidades de San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de febrero.
(Toda la información se puede consultar con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, Chiapas, México)
Por todo lo anterior, denunciamos la escalada paramilitar contra las comunidades zapatistas, así como la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal en la misma.
Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen, los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares, como el de la ORCAO, contra la población civil. Son criminales pues, aunque piensen que no se ensucian sus manos con la sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos que viven pacíficamente en todas esas comunidades atacadas por los paramilitares.
¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!
¡ALTO A LOS ATAQUES PARAMILITARES!
¿ALTO A LA MUERTE QUE SIEMBRAN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO!
Organizaciones, colectivos, individuos, firmantes:
ESTADO ESPAÑOL
Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-
Asamblea de Solidaridad con México (ASMEX)
Yretiemble Madrid
Madrid43 Ayotzinapa
Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL)
CGT
Olga Clavería
Juan Carlos Capanegra
Sara Bergasa
Teresa González de Chávez
Enrique Bauzá Ferré
Cristina Asenjo Berzal
Anticapitalistas
Pallasos en Rebeldía de Galicia, Madrid
Tomas Ibáñez
Assemblea 8M d’Elx
Mujeres Supervivientes
Solidaridad con el pueblo Mexicano (Málaga)
Federico Noriega González
CATALUÑA
Adhesiva, Espai de Trobada i Acció
Ass. Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona
Jaime Pastor
Manuel Garí Ramos
Juan Carlos Capanegra
FIRMES – Federación Internacional de Resistencia Migrante en España
Maria Antònia Arnau Puigvert
Grup de consum agroecològic Pinyol Vermell
Pallasos en Rebeldía de Catalunya
Adherentes a la Sexta Barcelona
PAÍS VASCO
Lumaltik Herriak
ELA-EUSKAL-SINDIKATUA
Zapatisten Lagunak
TxiapasEKIN
Begoña Zabala
Bakea eta Elkartasunak
Mundubat fundazioa
Paz con Dignidad- Bakea eta Duintasuna
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
A Planeta
PAIS VALENCIÁ
Perifèries del Món
ITALIA
Tatawelo
Ya Basta Milano
YAKU
Associazione Jambo Italia
CIAC ( centro immigrazione asilo cooperazione internazionale)
Collettivo Caffè Malatesta (Torrefacion Artesana Autogestionada)
LINA SORTINO
Germana Villetti
Elena Giuliani
CSOA Gabrio, Torino
La Pirata
Nodo Solidale Italia
Enzo Traverso
Fuorimercato, autogestione in movimento
Associazione Jambo- commercio equo Fidenza Italia
Casetta Rossa
Partido de la Refundacion Comunista – Izquierda Europea
Centro sociale intifada Empoli
Associazione Ya Basta! Moltitudia Roma
Proyecto 20ZLN
CSOA ZAPATA
Zanchetta, Aldo
Zanchetta, Brunella
Associazione Yaku
COBAS Confederazione dei Comitati di Base
Non una di meno Torino
Comitato Piazza Carlo Giuliani
Rete Antifascista Roma Sud
Associazione TATAWELO
Marquito Buscemi
Giulia Trobbiani
Potere al Popolo
Ex-Opg Occupato – Je’ So Pazzo
CHIPRE
Colectivo Ramona
NORUEGA
Chiapasgruppa LAG
Susana Norman
GRECIA
Espiral de solidaridad-semilla de resistencia
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista
Grupo Calendario Solidario con l@s Zapatistas
Chispa de Solidaridad con l@s Zapatistas y los Pueblos Indingenas, Atenas
Asamblea libertaria autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia
Espiral de solidaridad-semilla de resistencia, Grecia
Confrontacion, grupo de comunist@s (Grecia)
Guerreros del agua (Tesalónica, Grecia)
Jará Tzouma,aigio, Grecia
Domni Zef, atenas, Grecia
Kostas Svolis, atena, Grecia
Agie Kyriakidi,Tesalonica, Grecia
Eugenia Michalopoulou, Atenas, Grecia
Stavros Stavrides, Atenas, Grecia
Τasula Cheppaki, Tesalonica, Grecia
Niovi Diatsigou, Atenas, Grecia
Cooperativa de trabajo “To Kivotio”, Ciudad de Rethymno, Isla de Creta
Christy Petropoulou, Mytilene, Grecia
Aris Mermigkas, Mytilene, Grecia
Comunidad Cooperativa de Autosuficiencia “ApoKoinou”, Heraklion, Crecia
Michael Kabitis Athens Grecia
Spyridoula Trakaki, Tesalonica, Grecia
Dimitra Souliou, Atenas, Grecia
Betty Mourtzi, Athenas, Grecia
Ocupación Anarquista UTOPIA A.D. Komotini Grecia
Escuela comunitaria “el arbolito que se convertirá en bosque”, Tesalonica, Grecia
Suburban Crew, Tesalonica, Grecia
La Red Vacia(Teoria, Utopia,Emparia, Artes Efimeras)
Ciclo Vacío – Miembro de la Federación Anarquista
Lydia Lada Athens Greece
Despina Anastasopoulou, Mitilene, Grecia
Iro Panagiotopoulou,aigio,Grecia
Sonia Vlachou, Ioannina, Grecia.
Sergio Kompogiorgas, Marmari, Grecia
Elena Gogou, Drama, Grecia
Obscura Creative Cooperative Lab, Ciudad de Rethymno, Isla de Creta
Dimitra Karachotziti, Argos Greece
ARGENTINA
Colectiva corazón del tiempo
Juan Wahren
ALEMANIA
Colectivo gata-gata
Tres gatas – producción en colectivo
Citizens Summons
Gruppe B.A.S.T.A.
red Ya-Basta-Netz
Campaña cafe mesoamericana
Edo Schmidt
Partner Suedmexikos e.V.
AUSTRIA
Colectivo libertad
FRANCIA
Union syndicale Solidaires
Philippe Corcuff
Odille Laurie
Yvon Le Bot
Ruben Navarro
Jerome Baschet (franco mexicano)
Christine Pellicane
Compagine Tamerantong
Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, Paris
Solidaire 09
MUT Vitz 13
Colectivo Granos de arena
Franck Gaudichaud
Michael Lowy
Collectif Paris-Ayotzinapa
Comité en solidaridad con los pueblos indigenas des las Americas (CSIA-Nitassinan)
Grupo de apoyo à Leonard Peltier (LPSG – France)
espoir Chiapas esperanza Chiapas
Compagnie Jolie Môme
Gabriel Gau
Philippe Maymat
Olivier Besancenot
Ya basta!
Les Gilets Jaunes de Saillans
Americasol (Red Escargot)
Collectif Chiapas-Ariège
LA MILPA associacion civil
Dr Jean Baptiste BAJON
LE KIOSK
Emancipation Collective
Jeanne Studer
Angélique Sapolin
Claudine Baschet
CÒRSEGA
Corsica Internaziunalista
ESTADOS UNIDOS
Sabino Espinoza
Greg Ruggiero
Lita RIAS
Americasol (Red Escargot)
Iris Crystal Viveros Avendaño
Chris Rodriguez
SUIZA
Collettivo Zapatista di Lugano
Barfuss Kollektiv
BELGICA
Quinoa
Groupe CafeZ
Casa Nicaragua
Eric Toussaint
Bernard Duterme
Geert Carpels
Bernard Duterme
Actrices et acteurs des Temps Présents
Le DK
RAZB
BRASIL
Roberto Lima
Pallasos en Rebeldía de Brasil
Leandro Fernandes Sampaio Santos
CHILE
Carmen Castillo
Edagrs Martínez Navarrete
Tierra y Libertad para Arauco – Wallmapu
URUGUAY
Raúl Zibechi
Ernesto Herrera
Correspondencias de Prensa
Jorge Pedro Zabalza
COLOMBIA
Vilma Almendra
Manuel Rozental
Colectivo Proyecto Ceis
Medios al derecho – MAD
Plataforma comunicativa popular Como la cigarra
Andrés Felipe Ortiz Gordillo
FINLANDIA
Colectivo Armadillo
PALESTINA
Festiclown Festival Internacional de Clown de Palestina.
REPÚBLICA CHECA
Black Seeds
GUATEMALA
Ileana Valenzuela
MÉXICO
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A. C. ( DESMI A.C.).
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR/Chiapas)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH)
Colectivo Flor de Asfalto
Red de Resistencia y Rebeldía Puerto Vallarta
Colectivo Caracol de la Vida Morelos – Red de Resistencia y RebeldíaMorelos, México
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Radio zapatista sudcaliforniana (BCSUR, México)
Promedios de Comunicación Comunitaria
Nodo de Derechos Humanos
Rigoverto Albores Serrano
Coralia Pérez CabañasMérida, Yucatán, México
Diana Itzu Gutiérrez Luna
Heriberto Paredes, periodista y fotógrafo independiente
Oswaldo Gianelli, escritor
Miriam García del Saz
Nodo Solidale Messico
Antonio Gritón
Gilberto López y Rivas
Cynthia Ventura
Bruno Baronet
Cátedra Intercultural Carlos Montemayor
Rosalva Aida Hernandez
Ana Lidya Flores Marin
Francisco Morfin Otero (México)
Raúl Delgado Wise (México)
Margara Millan (México)
Álvaro Salgado (México)
Jorge Alonso Sánchez
Alicia Castellanos Guerrero (México)
Fernanda Navarro(México)
Magdalena Gómez (México)
Salvador Diaz Sánchez (México)
Sylvia Marcos (México)
Luisa Riley (México)
Ariel García (México)
Carlos Antonio Aguirre Rojas (México)
María Eugenia Sánchez Díaz (México)
Eduardo Almeida Acosta (México)
Gustavo Esteva (México)
Miguel Radilla
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR/Chiapas)
Abel Torres Elizondo
Adriana Camacho
Adriana Hernández Segura
Adriana María Henao Gaviria
Agrupación Un Salto de Vida
Agustín Bernal Inguanzo
Alan Anwar de la Cruz Gutiérrez
Aldo Cortes Pérez
Alejandra Briones Herrera
Alejandra Ferniza López
Alejandra Rosas Armenta
Alejandro Rodríguez Andrade
Alicia Beatríz Cruz Camarena.
Alicia Escamila Jaime
Alicia Romo de la Rosa
Aline González Balcázar
Allan Christian Humbert Muñiz
Alma Guadalupe Melgarito Rocha
Alma Kullick Lackner
Alma Leticia Borrego
Alma Michelle Salazar Vargas
Amaranta Cabrera Pimentel
Ana Celia Colio Auceta
Ana Karen Flores Flores
Ana Laura Vázquez Caso
Ana Lucía Pérez del colectivo Zurcando el Temporal
Ana Valentina López De Cea
Ana Victoria Padilla Velasco
Ana Virgen Solano
Ana Yamile Ventura Gómez
Analí Escobar Ibáñez
Andrés Gerardo Valdes Braña
Andrés Ismael Galindo Solís
Ángel Sulub
Anselmo David García Cazares
Antonio “Gritón”
Araceli Elizabeth Alvarado García
Araceli Ledesma G.
Araceli Osorio
Argelia Rentería
Ariadne Alvarado Uribe
Armando Soto Baeza
Arturo Espinoza
Arturo Guerrero
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal.
Asociación Cívica Mexicanos Unidos
Ateneu Libertário a Batalha da Várzea
Aurelio Morales Posselt
Aurora Macías Rea
Azucena Rodríguez Gómez
Batallones Femeninos
Beatriz Camarena Carbajal
Beatriz Vela Arizmendi
Bertha María Rayas Camarena
Bertha Melendez, cantante
Betzabé Rivera López
Blanca Aimee Cabrera Cuellar
Blanca Imelda Pedroza Gallegos
Bonifacia Hernández Flores
Brenda Elicet Giles Miranda
Brenda Ximena Salazar Barrón
Brenda Yoban López Sandoval
Brian Machado García
Carla Daniela Arce Ramos
Carlos Durand Alcántara
Carmen Edith Flores Gutiérrez
Cecilia Granados Salgado
Cecilia Margarita Cuevas Dávila
Centro Cultural Carretera 45 A.C
César Sánchez Palacios
Christian Eduardo Gutiérrez Cortés
Christian Sánchez Muñoz
Cindy Vanessa Olvera Camacho
Cipactli Yruegas Ruvalcaba
Círculo de Estudios y Autoconsciencias Feministas
Círculo de lectura sin cables
Claudia Muñiz
CNTE Nuevo León
Coalición de Ex-trabajadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional ( sede en Jalisco)
Colaboratorio Deshumanizante
ColectivA SucuLENtaZ
Colectiva: Mujeres tejiendo resistencias
Colectivo Acción Directa Autogestiva
Colectivo Aequus,Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Colectivo Ariles del Caracol
Colectivo Caracol de la Vida Morelos
Colectivo Cuaderno Común
Colectivo de familia La Ruda
Colectivo de Jóvenes de la Nueva Central de Trabajadores
Colectivo de La Ezkina Libertad
Colectivo de lectura
Colectivo de Profes en la Sexta
Colectivo Gavilanas
Colectivo Los hijos del maiz pinto
Colectivo Mujeres Tierra AC
Colectivo Paso Doble de Apoyo al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno.
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas COTRIC
Colectivos del Sur, Xochimilco
ColectivoTejiendo Luz
Comité Agua y Vida del antiguo Valle de Xuchitlán
Comité Estudiantil Metropolitano (CEM)
Comunidad Antihistoria
Comunidad Circular AC
Comunidad de Tlanezi Calli
Comunidad de Xochitlanezi
Concejo Nacional Urbano y Campesino CNUC/Tlaxcala
Cooperativa de Consumo Comandanta Ramona
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia
Cristian Leyva
Cristina González Machado
Cristina Gonzalez Serna
Cristina Peralta Casillas
Cuerpos Parlantes
Daniel Sandoval Cervantes, México, ANEICJ; UAM-C.
Daniela Amenic Alvarado, Amenic MC Poética,
Dante Khalil Ibarra Pichardo
David Loarca Calderón
David Villa Real Zavala
Delia Angelly González Ochoa
Delia Elizabeth Delgado Rivera
Dennise Berenice Robles Marrón
Diana Betanzos
Diana Gabriela Arangure Quevedo
Diana Idalia Montiel Espinosa
Edgar Salvador Sanabria
Edgar Sánchez Beltrán
Ediciones Ají
Edmundo García García
Efrén Mila López
El Aguante
El Árbol Proyecto Cooperativa
El Bordado de Ramona
Eladio Abundiz Guadian coordinador Nacional de FAT
Elena Ferrer Amarillas
Elena Katzenstein Ferrer
Elizabeth Mora Romo
Elizabeth Sáenz-Ackermann
Emerson Carlos Muñiz Soto
Emilio Angulo Perkins-Puebla
Enrique Ávila Carrillo
Enrique Gabriel Salinas Enriquez
Erika Charles Niño
Erika Isabel Varela Rodríguez
Ernesto Santillan Anguiano
Escuela para Defensoras en derechos humanos y ambientales Benita Galeana A. C
Esmeralda Erandi Aldaco Lemus
Esteban Moises Chavez Almanza
Eva Gutiérrez Ortega
Eva Nelli Chaire Mendoza
Fabián Guerrero
Faustino Celestino Martínez
Felipe Willys Ortiz
Fernando Bedolla
Fidel Soto Aragon
Formación y Capacitación. AC
Francisco Humberto Peregrina
Francisco Javier Panduro Baltazar
Francisco Javier Tapia Hernández
Frente Nacional Ni Una Menos
Gabriela Elizabeth Madrigal Mora
Gabriela Fuentes
Gabriela Huerta Castillo
Gabriela Ibáñez Cornejo
Gabriela López Ávila
Georgina Navarro Núñez
Gerardo Díaz Pérez
Gerardo Roberto Flores Peña
Gerardo Rolando Rincón Ávila
Germán Licea Vázquez
Gloria Iris de la Peña Lopez
Gpe. Sandra de la Garza Vargas
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Guadalupe Ortega Rodríguez
Guadalupe Pérez Rodríguez,
Guadalupe Varela Esparza
Guardianes y Guardianas del río Metlapanapan
Gustavo Alvarez
Heather Dashner Monk
Hector Abraham Borrego Duran
Héctor de Jesús Aguilar Farias
Henry Forero-Medina
Hijas de su maquilera madre
Hilda Teresa Ramírez Alcantara
Horacio Rodriguez Castro
Hugo Alejandro Rojas López
Hugo Molina
Iris Adriana Hernández Rivera
Isabel Gutierrez Paredes
Isabel Margarita Magaña Gómez
Isis Samaniego
Israel Alejandro Mora Navarro “Pirra”
Ivan Alonzo Cuevas
Iván Ramírez Pérez
Ivanovich Michel Luna
J. Jesús María Serna Moreno
Jacobo Alan Sandoval Vázquez
Jaime Oscar Macías Torres
Jaime Renán Ramírez Zavala
Jaime Sánchez Beltrán
Jazmin Rendon Sánchez
Jeniffer Zoe Borrego Duran
Jesús Alfonso Soto Gastelum
Jesus Antonio Rubio Sandoval
Jesús Eduardo Carrillo Guerrero
Jesus Espinoza Mendez
Jesús Israel Rojas López
Jonathan Sibraim Macotela Aldrete
Jorge Eduardo Arce Ramos
Jorge Ismael Dávila Ruvalcaba
Jorge Villa Medina
José Alejandro Barón Hernández
José Ángel Bucio Pacheco
José Antonio Arce Acosta
José Antonio Olvera
José Antonio Salgado Maldonado
José de jesús Vargas Ponce
Jose Eloy Cota Ortiz
José Luis Aguilar Alatorre
José Luis García Valero
Jose Manuel Lomelin
José Ramón Segurajáuregui Pérez
José Salgado Barragan
Josefina Torres Aguilera
Josué Vergara
Juan Antonio Acosta Ríos
Juan Fernando Escobar Ibáñez
Juan Manual Noriega Ojeda
Juan Pablo Nava Gomez
Juan Pablo Sánchez Castellanos
Juan Pedro Fernández Hernández
Juan Romo Nuñez
Judith de la Mora Ruiz
Juieta García
Juventud Comunista de México
Karen Abril Vera Paredes
Karla Concha Olán
Karla Cristina Herrera Meléndez
Karla Edna García Rocha
Karla Navarro Menchaca
La RRR Jo’ también suscribe compas (Mérida, Yucatán)
La Voz del Anáhuac
Laura Carranza Leal
Laura Díaz Ortiz
Laura Estivali Varela Esparza
Laura Rocha
Lengualerta
León Fierro Resendiz
Leonardo Cardona García
Leonardo Rendón Nava
Leopoldo Chassin Ramírez
Leopoldo Rayas Camarena
Leslie Acevedo Sánchez
Lilibeth Paulina Ochoa de Dios
Lizeth Capulín Arrellano
London Mexico Solidarity
Lorena Hernández Escalona
Luis Octavio Vázquez Huitrón
Luiz Miguel Mendonça Gonçalves
Luz Verónica Gallegos Cantú
Lylia Palacios
Ma de la Luz Morales Rivera
Marco A. Velázquez Navarrete
Marco Antonio Bonilla Sarabia
Margarita Gastelum Ramirez
Margarita Robertson
Margaritas Morales Rivera
María Alejandra Bucio Pacheco
María Alejandra Ruíz Cervantes
Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega
María de Fátima Prieto Razo
María de la Luz Núñez Cham
Maria De Los Angeles Covarrubias Garcia
Maria de Los Angeles Romo Hurtado
María de Lourdes Villegas Morales
Maria del Carmen Briseño
María del Carmen Martínez Genis
María del Rosario Aguilar Pizaña
María del Rosario Pérez Navarro
María del Rosío Cázares Blanco
María Elena Ortiz García
Maria Guadalupe Moedano
María Guadalupe Pámanes Conejo
María Isabel Domínuez Herrera
Maria Magdalena Aranda Delgado
María Sagrario Anta Martínez
María Teresa Sánchez Beltrán
María Trinidad Gutiérrez Ramírez
María Usabel Domínguez Herrera
Mariana Barreda Marin
Mariana Escobar Ibáñez
Mariana Lourdes Troncoso
Mariana Olivo Espinoza
Mariana Rivera
Maribel Aguilar Medina
Maricarmen Victoria
Mario López Lopez
Marisol Sánchez Cortés
Marlen Alicia Cano Morales
Marta De Cea
Martha Alicia Pérez
Martha Elena Welsh Herrera
Martha Gabriela Valdéz Romero
Martha Gonzélez Lázaro
Martha Molina Avila
Martín de la Rosa Trejo
Maye de la Rosa
Mayra Yadyra Vega Flores
Mercedes Adriana Portillo Elías
Mercedes González
Meza de Café Zapatista UAM-Iztapalapa
Miguel Ángel Zenón
Miguel Gil
Miguel Valdés Villarreal M
Miriam Álvarez Enríquez
Mirna Valdés viveros poeta
Miryam Ariadna Concha Olan
Mitzi Zuleica Herrera González
Modesto López, productor discográfico y documentalista
Moisés David Hermosillo
Mónica Aguado García de Alba
Mónica Lorena Murillo Acosta
Mónica Márquez
Movimiento Internacional ChiaPaz
Municipio Autónomo Otomi de San Francisco Tlalcilalcalpan
Nadia Constanza Hernández Díaz.
Nahui Olin Castelo Torres
Nancy Monserrat Rostro Bonifás
Nancy Raquel Olvera de la Rosa
Ninett Torres Villareal
Norma Angélica Parra Hernández
Norma Ávila Báez
Nueva Central de Trabajadores
Obeja Negra
Omar Israel Reyes Mendoza
Oreandy Maldonado
Orlando Garcìa Silva
Oscar Alarcón escritor
Óscar Barragán Guerrero
Pablo Betancourt Castro
Pablo Vicente Gómez Lauría
Paloma Esperanza Aguilar Morales
Paloma Villalobos
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores
Paulina Munguía
Paulina Navarro Núñez
Paulino Alvarado Pizaña
Pedro Pachaguaya Yujra Asociacion Departamental de Antropologos de La Paz. Bolivia
Ramón Eduardo Juárez Sánchez
Ramsés Hernández Chávez
Raquel Herrera
Raquel Rodríguez Ramírez
Raquel Soto Salazar
Raúl Falcón Martínez
Rebeca Aguayo Sánchez
Rebeca Paulina Malo Castañeda
Red de Apoyo Iztapalapa Sexta
Red de Mujeres que Luchan “Porque Acordamos Vivir”
Red de Rebeldía y Resistrenzas Puebla
Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género
Red de Resistencia y Rebeldía Morelos
Red de Resistencia y Rebeldía Tijuana
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Red de Resistencia y Rebeldía Xalapa
Red de Resistencia y Rebeldía Zacatecas
Red derecho, lucha de clases y reconfiguración del capital.
Red Regional de Resistencias y Rebeldías Noroeste
Red Resistencia y Rebeldía de Querétaro
Red Universitaria Anticapitalista
Renato Alejandro González Guerra
Ricardo Vázquez González
Roberto Briceño Figueras
Roberto Castro Maldonado
Roberto Rodriguez Rangel
Rocío Ivonne Ramírez Martínez
Rocío Servín Jiménez
Rodrigo Reyes Carranza
Rojos y Anarquistas Skinheads – Guadalajara
Rosa Isela Bastida Torres
Rosa María García García
Rosa María Jurado Muñoz
Rosa Paulina Resendiz Flores.
Rosaura López De Cea
Rosendo Ramírez Sánchez
Rubén Morales Farías
Ruby Hernández Vicente
Salvador Fong Fierro
Samira Campos Cuevas
Santiago Aguilar Castañeda
Sarai Rangel Quillo
Sashenka Fierro Resendiz
Sebastián Arroy
Sección 9 del SINTS de Oaxaca
Selene de la Rosa Dueñez
Sergio Armando Flores Carranza
Sergio Luna Morán de Azcapotzalco
Shakti Arte Escena S.C.
Sigifredo Esquivel Marin
Silvana A. Figueroa Delgado
Silvia Leticia García Alvarado
Silvia Resendiz Flores
Silvia Zuñiga padilla
Sinai Carolina Fuentes Cebreros
Sindicato Mexicano de Electricistas
Siria Garibay Marrón
Soledad Saavedra Chascomús
Sonia Cuevas Cabrera
Sonia Leticia Macías Morales
Susana Valdéz de Alba
Tania Gallaga Hernández
Tania Martínez Báez
Tania Paloma Hernández Ramírez
Tania Violeta Dávila Ramírez
Unión Campesina Zapatista del Sur
Unión popular Apizaquence Democrática e Independiente Upadi.
Valeria Aguirre
Valeria Herrera
Valeria Lyssette Valadez Hernández
Vania Machado Hernandez
Veronica Bucio Pacheco
Victor López Ruelas
Victor Manuel Cabrera Morelos
Virginia Rivera
Voices in Movement (Mexico, USA, France)
Yinue Flores de Santiago
Yoshiro Cruz Alonso
Raúl Romero, CDMX, México
Argelia Guerrero, CDMX, México
Unión popular Apizaquence Democratica e Independiente Upadi.
Etcétera Errante Colectivo SJF
Jimena Soria Tello
Carolina Torreblanca
Daniela Philipson García
Mónica Meltis Véjar
Lucía Riojas Martinez
Gabriela Jáuregui
Ecos del Caracol, colectiva independiente CDMX
Yolanda Molina Reyes
Nicole Huete Guevara
Ixchel Cisneros Soltero
Nora Hinojo
Patricia Carranza Rodríguez
Simón Alberto Sánchez Ortega
Inés Carrasco Scherer
Daniela Tejas Miguez
Mariana Zaragoza
Pandeo-Espacio Cultural Independiente
Nelly Cesar
Marcela Zendejas
Margarita Nuñez
Luciana Kaplan
Estanislao Froylán
Nadia de mond
Inés Durán Matute
Rocío Noemi Martínez
Camilo Valqui
BRIGADA RICARDO FLORES MAGÓN
Ana María Vera Smith
Colectiva Rebeldas
Julio Garduño
Adán González
Víctor Manuel Escobar Pineda
La Otra Cultura Inlakech
Radio Zapatista Sudcaliforniana
Brigada Ricardo Flores Magón
Colectivo Disidentxs Teatro
Adalberto Vicente Estrada Ortiz Monasterio
Adriana del Moral
Alberto Ubaldo Montenegro Padilla
Alejandra López Lujano
Alejandro Martínez
Amanda Mata Rojo
Ana Isabel Mar García
Ana Sabina Ojeda Rich
Andrea Angulo Valdez
Angel Noe Hernández Toscano
Aníbal Mendez Martínez
Antonio Castillo González
Antonio esparza rodriguez
Areli Zaragoza Ruíz
Argelia Ramírez Cerda
Armando Abreu Vidaurri
Asamblea General de Trabajadores
Bárbara de la Garza Pineda
Brigadas Emiliano Zapata de México
Carla Paola Sarabia González
Chris Rodríguez
Christopher Cesar Llamas Burgueño
Christopher Rishel
Claudia Patricia Ávila Gaxiola
Clínica de Heridas
Colectiva Magdaleonas Teatro de las Oprimidas
Colectivas Rebeldas
Colectivo CNI-Totonacapan
Colectivo Entretejiendonos
Colectivo Los Tlacuilos
Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo (UNAM)
Compas Arriba!
COMUNARR AC
Coordinadora de Colonias Ecatepec
Coordinadora de estudiantes y colectivxs de la Facultad de Derecho-UNAM
Cristian Villarruel Gonzalez
Cristina Abrajan Cabanillas
Derecho a la rebelión
Diana Cecilia Rodríguez Ugalde
Diana Laura Arce Martinez
Edgar Leonel Nuñez Preciado
Edgar Méndez Salas
Eduardo Ramírez Varela
Efraín Ávila Delfín
Elena Sofía Rich González
Elizabeth Hernández Nava
Elizabeth Paulina Segura Limón
Emma Lourdes Medrano Amaya
Emmanuel Galavíz
Ena Miroslava Martínez Pérez
Enver Gerardo Martínez Hernández
Erika Lozano
Erika Soto Villalobos
Esther Pérez Aboytes
Fabricio Sánchez Granados
Félida Deyanira Cázares Sánchez
Felipe Martínez
Fernando Resendiz
Francisco Barrios “Mastuerzo”
Franco Aguirre Benotti
Frente de Consumidores FEDECO
Galeón Pirata Centro Cultural Independiente
Gerardo Morales
Germán A. Cravioto Batarse
Gilberto Zúñiga
Griselda Gamez Escobedo
Grupo de teatro Mitote
Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México
Guadalupe Guerrero Dávila
Hermelinda Espinoza Contreras
Horacio Almanza Alcalde
Ignacio Pamplona Leaño
Iván Marentes Rosas
Ivone Ayala
Jacob Cristóbal Pérez
Jaqueline Astorga Rios
Javier Iván Talamantes Tovar
Jesús Gutiérrez
Johnatan Guerrero Rentería
José Alejandro Barón Hernández
José Francisco Hernández Ochoa
José Francisco Palma Aguirre
José Manuel Fuerte García
Juan Jaime Loera González
Juan José Barcenas Casas
Juanita Rincón Lorenzo
Karen Estefania Cervantes Mendoza
KloakasKomunikantes
Kurt McLean
La Casa del Centro
La Red Digna Rabia Coyoacán
La Resistemcia L.A.
Lesvy Rivera Calderón
Lucia Lara Rivas
Lucia Linsalata
Luis Raúl Pérez Herrera
Luz Gabriela Durán López
Ma del Pilar López D.R.
Ma. De los Angeles Ortiz Sánchez
Manuel Mariano Matías
Marco Habib Zuñiga Diaz
Margarita Inostroza Ríos
María del Consuelo Ortíz Leyva
María Isabel Quezada de la Torre
María Matilde Salazar Rodríguez
Mario Alberto Rubio Ramírez
Martín Gara Ololiuki
Melissa Funes Pérez Montemayor
Melissa Lara Flores
Miguel Ángel Cardenas Garza
Miguel Ángel Radilla
Miguel Chávez Sánchez
Mónica Fernández de Córdova
Nadia Xochiquetzalli González Briseño
Norma Alicia Palma Aguirre
Norma Cruz González
Norma Patricia Vale Gómez
Ofelia Pastrana Medina
Olga Olaez Ortega
Olinka Gil Amezcua
Orlando Reynoso Orozco
Oscar Arturo González Espinoza
Pablo Ortiz Gurrola
Paloma Rosales Casas
Paola Contestabile Freire
Paola Mercedes Martínez Ramírez
Patricia Gonźalez
Paul Enrique Nava Durán
Polo Loya
Priscilla Alexa Macias Mojica
Rafael Ortega Sinaloa
Raúl Romero
Red binacional de mujeres que luchan
Red de Rebeldía y Resistencia Ajmaq
Red de Resistencia y Rebeldía Orizaba, Altas Montañas
Ricardo Javier Juarez Estrada
Roco Pachukote
Rosa Adriana Segura
Semillero de investigación Torbellino de Nuestras Palabras
Sexta Teatrito
Silvia Rocío López
SINÉ AC
Solidarios de la Voz del Amate
Tania Flores de la Torre
Tania Yocelin Rosales Covarrubias
Tanya Elizabeth Méndez Luévano
Tatiana Amor
Universidad de la Tierra
Urdidumbre Audiovisual
Veronica Martinez Ledesma
Víctor Manuel Ojeda Chávez
Victoria Ochoa Murra
Vincent Jacquemin
Walter S. Salazar García
Zoraida Balcázar Cedillo
Cynthia Osorno Sánchez
ORGANIZACIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala
Indigenous Anarchist Federation – Federación Indígena Anarquista
Never Again 88, Europa
La Red de Colectivas Feministas tabasqueñas emitieron su postura rechazando la revocación realizada por el Tribunal Electoral de Tabasco (TET), ante la resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco, en contra del alcalde de Centro, Evaristo Cruz Hernández, quien había sido acusado por violencia política contra una mujer en razón de género tras unas declaraciones que dio hacia una diputada local.
Puntualizaron que las palabras emitidas por el edil incitan al desprecio público y evidencia repudio, misoginia y discriminación por su condición de ser mujer.
Detallando el declaró ante los medios de comunicación que la legisladora ignorante, y amargada, cuyos calificativos responden a un estereotipo de género femenino, violando al artículo 20, fracción IX y XXII de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, el TET señaló que esos dichos se encuentran dentro del ‘margen de aceptación y tolerancia a las críticas’, sin dar mayor razonamiento sobre el cual es la normativa en la que se basa para llegar a esa conclusión, normalizando el actuar de Evaristo Hernández, el cual puntualizan, no es un improvisado en el tema, ya que dos veces ha sido alcalde de Centro.
Reprocharon las reformas, foros, cursos, talleres y capacitaciones que emplean en cuanto al tema, si lo que ven en teoría, no lo aplican en los resolutivos.
Destacaron que las denostaciones del alcalde fueron específicamente por ser mujer, y que ese tipo de expresiones no son utilizadas cuando las críticas van hacia los hombres.
Exigen un criterio distinto, ya que las nuevas leyes que aprueban quedan en letra muerta al recurrir a las viejas prácticas patriarcales.
Extendieron su solidaridad con la víctima, extendiendo la frase de Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”.
Guadalajara, Jalisco. Un grupo de diez trabajadoras y empleados de la Maternidad “Esperanza López Mateos” y del Hospital de Zoquipan, se manifestaron en la sede central de la Secretaría de Salud y en forma posterior en Casa Jalisco, para expresar su inconformidad al no haber recibido su base como empleados, en el paquete de mil bases que recién autorizó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Refugio Serrano Cerda, trabaja en el área de intendencia desde hace 12 años y siete meses en la Maternidad y no ha recibido su base laboral. Ella explicó que el personal del área “paramédica”, entre quienes están intendentes, personal de cocina y los administrativos, se sienten “discriminados”, ya que las plazas se otorgaron únicamente a médicos y enfermeras, cuando también debían darse bases a quienes tienen más de 10 años como eventuales.
Por ello, les pidieron explicaciones al secretario de Salud, Fernando Petersen y al gobernador Enrique Alfaro.
“Estamos a una cuadra de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, porque nos vamos a manifestar, porque no es justo la forma en que se otorgaron las bases. No se tomó en cuenta lo pactado, de tomar en cuenta la antigüedad y darle base al personal más antiguo. Estamos aquí porque estamos inconformes. Si algún hospital, como el HGO (Hospital General de Occidente), la Maternidad, centros de salud, en las regiones y en Hospital de la Mujer, todos los departamentos que pertenezcan a la Secretaría de Salud Jalisco, si están inconformes, pueden apoyarnos”, expresó.
Derivado de la pandemia y en reconocimiento a la entrega y dedicación, en un acto de justicia laboral, el gobernador Enrique Alfaro, anunció la entrega de mil bases. El proceso se hará en tres años, hasta llegar a un total de 4 mil 622 plazas laborales.
Cuca Serrano y sus compañeras y compañeros que laboran en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud están conscientes que no se van a dar plazas a todos, en el primer año. Sin embargo, creen que en este primer paquete debe incluirse al personal de intendencia, cocina y del área administrativa, ya que ellos también han estado en contacto con pacientes que tienen Covid-19 y que han estado internadas hasta dos días en la Maternidad “Esperanza López Mateos”.
Cuca Serrano y sus compañeras y compañeros que laboran en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud están conscientes que no se van a dar plazas a todos, en el primer año. Sin embargo, creen que en este primer paquete debe incluirse al personal de intendencia, cocina y del área administrativa, ya que ellos también han estado en contacto con pacientes que tienen Covid-19 y que han estado internadas hasta dos días en la Maternidad “Esperanza López Mateos”.
En la promoción del mal llamado Tren Maya el gobierno federal a través del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) Rogelio Jiménez Pons informó que en menos de 10 años se espera que la afluencia de turistas en Palenque pase de 600 mil visitas al año a 3 millones. Este vertiginoso aumento tendría consecuencias como el despojo y privatización de tierras campesinas y su consecuente destrucción cultural, el colapso ambiental y el aumento de la pobreza y marginación de su población. Por estas y otras razones, los pueblos mayas han calificado a éste como un proyecto de muerte y se organizan en defensa de la vida.
De acuerdo con el gobierno federal el aumento a 3 millones de turistas al año será posible a partir de la conexión que se establecerá entre Palenque y la Riviera Maya a través del tren, por lo que Jiménez Pons señaló que el proyecto se está vendiendo a inversionistas nacionales y extranjeros que generen la infraestructura necesaria para recibirlos. Además, se espera que la estación Palenque sirva para establecer un punto de atracción que permita la afluencia a puntos intermedios como Tenosique y Balancán en Tabasco.
La estación Palenque es una de las diecinueve que el gobierno federal pretende construir como parte del tren. Según cifras oficiales del gobierno chiapaneco, actualmente Palenque cuenta 2994 habitaciones en 103 hoteles que pueden albergar 2412 turistas diarios, por lo que, con el aumento esperado, se necesitarían construir por lo menos 262 hoteles más, lo que implicaría, de acuerdo con el director de FONATUR, en ésta y el resto de estaciones, “generar toda esa serie de programas urbanos que de paso empieza a ordenar el espacio de desarrollo”. Este “ordenamiento del espacio de desarrollo” tiene múltiples consecuencias para los pueblos que las habitan, de las cuales señalaremos algunas.
El proyecto de construcción de la estación Palenque está vinculada a otros proyectos de desarrollo regional como el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul (que abarca los municipios de Catazajá, Chilón, Ocosingo, Salto del Agua, Tumbalá y Palenque) y la autopista San Cristóbal-Palenque impulsadas por el propio FONATUR. Estos proyectos intentan desarrollar toda una serie de infraestructuras que buscan, según el Senado de la República, integrar diferentes circuitos turísticos “especializados, ecológicos, culturales, deportivos, de lujo y para un turismo de estancia prolongada”, en los que Palenque sería la punta de lanza, para lo cual “se tendrían que reubicar comunidades indígenas, que permitiría tanto a los inversionistas como a dichas comunidades coparticipar de manera activa en el proyecto turístico”.
Disfrazado de coparticipación, el Senado reconoce la necesidad de despojo a las comunidades indígenas para echar a andar estos proyectos. En el municipio de Palenque los censos oficiales señalan que un poco más de la mitad de la población pertenece a los pueblos ch´ol y tzeltal. La mayoría de ellos se dedica a la agricultura de autoconsumo en tierra ejidales, siendo el sistema de la milpa la forma productiva dominante. El desarrollo de estos megaproyectos implicaría la destrucción de esta forma tradicional de trabajo de la tierra y la conversión de una parte de los antiguos milperos en fuerza de trabajo para la construcción del tren, la industria del turismo o la agroindustria, y otra parte, en seres humanos simplemente desechables.
Por otro lado, como se ha señalado el proyecto del tren no solo es turístico sino industrial y de carga. Por ello es importante mencionar que, en Palenque, la actividad industrial principal es la producción ganadera de leche y carne bovina, actividad desarrollada en grandes latifundios y controladas en su mayoría por la empresa SuKarne. Así mismo existen monocultivos industriales de maíz y palma africana, esta última, utilizada en la elaboración de aceites para la industria de alimentos y cosmética, principalmente.
La conversión al monocultivo de la palma se ha hecho bajo el pretexto de la producción de energías limpias, sin embargo, los agrocombustibles que no se han producido todavía han generado un verdadero colapso ambiental. Enfermedades respiratorias, gástricas y cáncer, así como destrucción de flora y fauna son las consecuencias de este monocultivo, lo cual es más grave en este caso, pues su producción se ha desarrollado en la zona límite del Parque Nacional de Palenque zona de alta biodiversidad decretada como Zona Natural Protegida, en peligro de convertirse en un “desierto verde”.
Finalmente, el proyecto de tren profundizará las diferencias sociales aumentando la brecha social en un municipio en el que el 33% de la población vive en la pobreza extrema. El proyecto de urbanización del tren no cuenta con un plan de desarrollo de servicios públicos básicos (salud, seguridad, agua, drenaje, alumbrado, etc.), pero sí de conversión de tierras ejidales a uso habitacional. Con el desarrollo del tren incrementaría la especulación sobre la tierra, generando el despojo y desplazamiento de los antiguos pobladores. Esta destrucción del tejido social, así como la actuación de policía y políticos locales, podría acrecentar las redes de tráfico de mujeres y migrantes, las redes de explotación sexual y narcotráfico.
Estas son algunas de las posibles consecuencias que tendría la imposición del mal llamado Tren Maya, sin embargo, éste todavía no se define. Los proyectos que acompañan al tren tienen por lo menos dos décadas de intentarse echar a andar y no lo han logrado. La organización de los pueblos ha sido clave para frenarlos. En la lucha contra el tren los pueblos ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, ganaron un amparo para suspender las obras, sin embargo, como lo demostró el gobierno federal con la represión del plantón en Apatlaco para la imposición del Proyecto Integral Morelos (a pesar de existir 9 amparos de suspensión del mismo), los primeros en violar las leyes si estas no les favorecen, son los poderosos. Así los pueblos se organizan y desde el fortalecimiento de su tejido comunitario, tejen redes de resistencia para frenar la imposición, como señaló el Subcomandante Insurgente Moisés: “Así que ténganlo claro compañeros y compañeras; aquí no hay salvador, ni hay salvadora. Los únicos que son salvadores y salvadoras son los hombres y las mujeres que luchan y se organizan”.
La menor salió de su comunidad, en Buena Vista Zoquiapam, para pagar la luz en San Isidro Zoquiapam, pero no regresó. Este miércoles se encontró su cuerpo en un arroyo con visibles huellas de violencia.
OAXACA, Oax. (apro).- Una estudiante de 16 años del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) fue asesinada en San Isidro Zoquiapam. Con este caso suman 18 feminicidios cometidos en la región mazateca en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa.
Tras los hechos, la diputada local Elisa Zepeda Lagunas, de Morena, pidió a la Fiscalía General de Oaxaca que el crimen se investigue bajo protocolos que tengan como base la perspectiva de género.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18, cuando la menor salió de su comunidad, Buena Vista Zoquiapam, rumbo a San Isidro Zoquiapam, para realizar el pago de su recibo de luz.
Pasaron las horas y la adolescente no regresó, por lo que sus familiares y las autoridades realizaron un operativo de búsqueda, y alrededor de las 17:40 localizaron el cuerpo sin vida de la estudiante, con visibles huellas de violencia, cerca del arroyo “Río Duende”.
La diputada Zepeda solicitó a la Fiscalía recabar los datos de prueba suficientes para alcanzar la justicia por el feminicidio de la menor.
De igual manera, refirió que la violencia contra las mujeres continúa incrementándose en la entidad, pese a que existe una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mientras que “las dependencias del Poder Ejecutivo en Oaxaca y la Fiscalía General nada han hecho para cambiar esta realidad lacerante”.
Por separado, las autoridades de San Isidro Zoquiapam advirtieron que “no permitirán una atrocidad de esta naturaleza o que quede impune este acto violento, por lo que exigen a la Fiscalía del estado que realice las investigaciones necesarias para dar con él o los responsables de estos reprobables actos”.
A su vez, el Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) manifestó que con el crimen de la estudiante suman seis los casos de mujeres asesinadas en lo que va de 2021.
Y, según su informe de muertes violentas en Oaxaca, del 1 de diciembre de 2016 al 20 de enero de 2021, es decir lo que va del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, se han registrado 501 casos de mujeres asesinadas.
Respecto a las cifras de los últimos sexenios, mencionó que en el gobierno de José Murat Casab documentaron 429 mujeres asesinadas; en el de Ulises Ruiz Ortiz, 283; en el de Gabino Cué Monteagudo, 527, y en los primeros cuatro años de Alejandro Murat ya van 501 casos.
En julio de 2020, Proceso publicó en su edición impresa 2280 un reportaje que daba cuenta, a partir del testimonio de un testigo, de la participación activa del Ejército y otras fuerzas de seguridad pública en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este miércoles, más de seis meses después, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que si los militares cometieron “errores” por este caso, deberán pagar por ellos. En ese escenario, Proceso publica íntegramente el trabajo periodístico en cuestión por el interés de los lectores.
La investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó, el sexenio pasado, a una “verdad histórica” y ésta limitaba la responsabilidad de los hechos al crimen organizado. Ahora, en nuevas indagatorias que lleva adelante la Fiscalía General de la República, sale a la luz un hecho grave: la supuesta participación de miembros del Ejército –algo que se negó reiteradamente en el gobierno peñanietista– en la desaparición y ejecución de los estudiantes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En contraste con la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército mexicano, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos: detuvieron a numerosos jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares para interrogarlos y después los entregaron al grupo criminal que los destazó, incineró y disolvió en ácido.
La hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala, entre el 26 y el 27 de septiembre de ese año, establece que los restos de los jóvenes fueron sepultados y esparcidos en varios lugares; esto se comprobó con el caso de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos fueron localizados a 800 metros del basurero de Cocula, donde la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que se incineró a los 43.
Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indican también que ese cártel entregaba sobornos a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero, y por ello participaron en la desaparición de los normalistas, según documentos que obtuvo Proceso.
Detalles de la participación de militares en La Noche de Iguala, que tanto se había negado durante el gobierno de Peña Nieto, emergen en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014 que integra el fiscal Omar Gómez Trejo, ante quien uno de los testigos “de identidad reservada” aseguró que comenzó desde que los estudiantes llegaron a Iguala.
“Entre la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, declaró Juan, quien afirmó que los estudiantes fueron detenidos en grupos, uno de los cuales fue llevado por militares armados, en vehículos oficiales, a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.
“La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no puedo precisar quién iba al frente de los militares que se llevaron a los muchachos”, afirmó el testigo, quien, como miembro de Guerreros Unidos, aseguró que tuvo “conocimiento de los hechos directamente, vía radio, pláticas y porque los vi”.
En marzo, en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, los padres de los 43 normalistas exigieron no sólo proceder contra el exjefe policiaco Tomás Zerón de Lucio, contra quien se libró orden de aprehensión, sino contra los militares que participaron en la Noche de Iguala (Proceso 2263).
En el escrito que entregaron, los padres de familia les exigieron “proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.
Y le exigieron a López Obrador que “reitere sus instrucciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren proactivamente entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que ocurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero al momento de los hechos”.
Conforme a la narración del testigo Juan, quien ingresó al grupo delincuencial bajo las órdenes de los hermanos Mario, Adrián, Sidronio y Ángel Casarrubias Salgado –fundadores y jefes de Guerreros Unidos–, y de Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, en el ataque a los normalistas sí participaron activamente militares.
En la declaración ministerial consultada por el reportero se establece la participación de miembros del 27 Batallón de Infantería, pero también del 41 Batallón de la misma arma, que compartía cuartel en Iguala, en el lugar donde llegaron los normalistas a bordo de autobuses, detrás de los cuales iban sicarios armados del grupo contrario a Guerreros Unidos, que luego supuestamente se “mezclaron” con los jóvenes.
Los que viajaban en “cinco o seis” camionetas eran sicarios de Onésimo Marquina Chapa, que de aliado pasó a rival de Guerreros Unidos, y supuestamente se infiltraron en los estudiantes. El operativo lo dirigió El Güero Mugres, responsable de “relaciones públicas” del cártel y de entregar los sobornos a militares; su orden fue: “¡Pártanles la madre!”.
El testigo narró las instrucciones que dio El Güero Mugres, su superior: “Y empezó a movilizar en un principio a las autoridades, Policía Federal, Ejército, Policía Estatal, la Policía de Caminos, la Federal Ministerial, la Municipal ya estaba controlada por ser del municipio donde operaba el grupo. Empiezan a atacar a los muchachos a balazos, no era algo dirigido contra ellos, pero al estar mezclados los muchachos con la gente de Onésimo, según informaron los halcones a Los Tilos, fue que se debía contener y no se sabía quién era estudiante y quién no, el ataque fue general”.
Detenidos en grupos
Los Tilos, según el testigo, era un grupo de sicarios de Guerreros Unidos comandado por los hermanos Palacios Benítez, y otro grupo del cártel lo encabezaba Nicolás Nájera Salgado, El Cholo. Cada facción se hizo cargo de un grupo de los normalistas, quienes previamente, según el testigo, habían sido detenidos por soldados y policías.
“De las personas que fueron detenidas, una parte se las entregaron a Víctor Hugo Benítez Palacios, Osiel Benítez Palacios, Salvador Benítez Palacios, Orbelín Benitez Palacios para interrogarlos, para saber quiénes venían con el grupo contrario al que operaba en Iguala. Les fueron entregados por la colonia Martín Aceves, por lo solitario del camino. Esto lo dijeron los Benítez Palacios después.
“Y otra parte se los llevó la Policía Estatal y el Ejército para saber quiénes venían con el grupo contrario al que operaba en Iguala, o sea, la gente de Onésimo que tenía camionetas detrás de los autobuses.”
Agregó: “la Policía Estatal se los llevó a una casa en Iguala… La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón; tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no sé si los entregaron a los estatales o municipales, y ésos a Los Tilos y a la gente de Nicolás Nájera”.
Lo que sí supo, asegura el testigo, es que los militares sí entregaron a los muchachos a los narcotraficantes que, conforme a esa versión, los habrían asesinado: “los de la Policía Estatal y del Ejército son entregados a Nicolás Nájera, se los entregaron para destazar, y no fue en un solo momento, sino por varios momentos que llevaban cuerpos al crematorio y recogían y tiraban”.
En la declaración ministerial, rendida en febrero de este año, el testigo asegura que ninguno de los normalistas capturados quedó con vida.
“En el transcurso de la madrugada, como a las dos de la mañana del 27 de septiembre de 2014, El Güero Mugres preguntó qué sucedía y se le fue informando, vía radio, por parte de quienes se llevaron a las personas, que varios de los que había detenido estaban muertos, no se dio el número de muertos, fueron muertos a golpes.
“Víctor Hugo (Benítez Palacios) fue quien informó a Juan Salgado, alias El Indio o El Caderas, y a su vez al Güero Mugres, por la frecuencia de radio, que muchos quedaron en el interrogatorio, o sea por golpes, y decidieron matarlos a todos para no dejar ningún cabo suelto.”
Este testigo de la FGR, quien asegura que conoció los detalles porque tenía un radio de telecomunicación y porque participó en una reunión en la que los involucrados contaron lo sucedido, insiste en que los normalistas fueron detenidos en dos grupos.
“Los estudiantes fueron divididos. De los que se había llevado la estatal se los entregaron a Nicolás Nájera Salgado y se los llevó a una casa que él tenía por la colonia Los Granjeles, unos iban vivos y otros muertos, pero no se supo el número de cada uno.”
En esa casa, según el relato, un número no identificado de estudiantes fueron asesinados y después incinerados en el horno crematorio de la funeraria El Ángel, de Iguala: “los destazaron y se llevaron los cuerpos destazados a un crematorio en bolsas de plástico transparente. Se hicieron varios viajes en camionetas. Se destazó para que cupieran en el horno crematorio”.
Esto ocurrió entre las tres y las cuatro de la madrugada del 27 de septiembre y los restos y las cenizas se metieron en las mismas bolsas de plástico que, según el relato de Juan, fueron esparcidas en Coacoyula, cerca de Iguala, y en un paraje hacia Taxco.
El otro grupo de estudiantes, conforme a ese relato, fue desaparecido de otra manera: “los que se llevaron los Benítez Palacios dijeron que los habían hecho agua: disolverlos en ácido y luego echarlos al drenaje”.
Militares corruptos
Y es que la participación de elementos del Ejército mexicano en la desaparición de los normalistas en Iguala, rechazada siempre por el gobierno de Peña Nieto, obedeció a la corrupción, conforme al expediente de la FGR.
“Algunos mandos del Ejército estaban en la nómina del grupo; los elementos que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, eran los que estaban trabajando ese día”, aseguró el testigo, a quien el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa interrogó para obtener más detalles.
–¿Quién era el enlace entre elementos del 27 Batallón y Guerreros Unidos?
–Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres.
–¿Sabe cuánto se pagaba a los elementos del 27 Batallón por su pertenencia al grupo delictivo?
–Se pagaba mensualmente, según el cargo era lo que variaba. Un teniente andaba entre 60 mil y 80 mil pesos, un capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un general ya es cosa seria lo que se da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres.
–¿Quién recibía el dinero que se pagaba a los elementos del 27 Batallón por su pertenencia al grupo delictivo?
–Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres, lo recolectaba entre los miembros del grupo Guerreros Unidos y él se encargaba de hacerlo llegar a quien se debía entregar; la cooperación se hacía y luego se iba a entregar. Se sabía que el dinero se entregaba porque a esa gente que se le mandaba el recurso se le preguntaba si había llegado y cuánto le llegaba.
Pero en la “nómina” de Guerreros Unidos no sólo había efectivos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, sino del 41 Batallón de Infantería, que ocupaban entonces las mismas instalaciones. Y miembros de éste también participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según el testigo, “fueron varios” miembros del 41 Batallón los que participaron en los hechos, y a la pregunta de qué actividad desplegaron éstos, respondió: “pues igual, detenciones de los muchachos, pues comparten cuartel con el 27 Batallón”.
–¿Quiénes son los integrantes del 41 Batallón que realizaban actividades a favor del grupo delictivo?
–No puedo decirles, pues ahora no tengo seguridad garantizada para protegerme en mi vida diaria.
–¿Quién del grupo Guerreros Unidos daba órdenes a los elementos del 41 Batallón respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014?
–Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres.
–¿Quién era el elemento del Ejército que se encontraba al frente de los elementos que participaron del 41 Batallón respecto de los hechos del 26 y 27 de septiembre?
–No le puedo decir quién era por lo mismo, pero sé quién era y en su momento les podré decir quién era.
–Diga si los elementos del 41 Batallón usaron vehículos para concretar su participación respecto de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
–Igual que la anterior del 27 Batallón, en sus vehículos militares, que eran varios.
El testigo respondió que, además de los vehículos oficiales, los elementos del 27 y del 41 batallones también usaron sus armas en la noche de Iguala.
“El Güero Mugres”, clave
Jesús Pérez Lagunas, El Güero Mugres, no había sido identificado en las investigaciones de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto como un personaje prominente de Guerreros Unidos, pese a que, según Juan, fue quien coordinó el operativo contra los normalistas:
“Era el enlace entre el grupo Guerreros Unidos y las autoridades estatales y federales, hacía los pagos y acuerdos entre las autoridades cooptadas y el grupo. Él era como el de relaciones públicas con todos los niveles de gobierno y él actuaba bajo las órdenes de los Casarrubias, pues sólo Mario estaba preso. Jesús Pérez Lagunas, alias El Güero Mugres, comenzó a dirigir el operativo en contra de los estudiantes.”
En julio de 2015, Pérez Lagunas fue detenido en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana lo identificó como jefe de Guerreros Unidos en ese municipio y en Tonatico, y dedicado al trasiego de droga de Iguala a Toluca.
Pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación 160181000105615, en la que se detalló que al momento de ser detenido traía droga y portaba dos armas de fuego –un rifle Iver Johnson Arm, calibre .30 mm, y una pistola Glock, calibre .45–, Pérez Lagunas obtuvo su libertad.
Y sólo se supo de él hasta dos años después, el 27 de febrero de 2017, cuando fue atacado a balazos por desconocidos, en Iguala, a 100 metros de un retén del Ejército. Su esposa, Yoselyn Díaz Velázquez, y su suegra resultaron heridas y él mismo las llevó al hospital Jorge Soberón Acevedo, donde murió la primera y donde fue supuestamente detenido por soldados.
Pérez Lagunas recuperó la libertad tras esos hechos con igual sigilo que en 2015, y a un año del ataque en su contra en Iguala fue supuestamente abatido a balazos en Tonatico, Estado de México, el 29 de marzo de 2018, según reportes de prensa.
La nota de la agencia Guerrero Noticias describió que “desangrado y recostado al interior de un automóvil fue encontrado un hombre sin vida a escasos metros de su domicilio”, en Tonatico. Presentaba disparos de arma de fuego y junto a él se localizaron 15 casquillos percutidos al parecer de un arma AK-47 y una calibre 9 milímetros.
La nota sigue: “al lugar arribaron familiares de la víctima, el cual fue identificado como Jesús Pérez Lagunas, alías el Güero Mugres, de 28 años, por lo que dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar al lugar confirmaron que el masculino carecía de signos vitales”.
Lo de Samir lleva un año, y ya sabe (el fiscal) quién fue, pero no quiere decirlo por miedo”, fue la declaración que en septiembre pasado el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ofreció respecto al trabajo que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno al asesinato del activista Samir Flores Soberanes. Y a casi dos años de aquel homicidio, ocurrido el 20 de febrero de 2019 al salir de su hogar, los habitantes de Amilcingo demandan la presentación de los responsables de haber privado de la vida a uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM).
Hasta hace unos meses, la comunidad de Amilcingo, perteneciente al municipio de Temoac, en la región Oriente del estado, exigía que la investigación del homicidio fuera atraída desde la FGE por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, las declaraciones del gobernador modificaron esta demanda:
“Ya no es opción, pero no lo descartamos. Ya no tiene caso que lo atraiga la FGE, si ya saben quién lo mató. Entonces que detengan al responsable”, declara Jorge Velázquez Escalvazeta, del movimiento “Amilcingo en resistencia”.
Este 20 de enero los pobladores de Amilcingo tenían planeado conmemorar los 23 meses desde el asesinato de Flores Soberanes con una serie de actividades simbólicas en la comunidad, pero no fue posible llevarlas a cabo. No obstante Velázquez Escalvazeta adelantó que para el próximo vez se ha preparado una acción global cuyas actividades tendrían inicio desde el 19 de febrero y duraría tres días, y que contempla una movilización en la Ciudad de México.
“No hemos encontrado ningún resultado por parte de la fiscalía y no tiene ningún interés el gobierno federal de dar resultados, de dar con la verdad. Lo que hemos mirado es que el actual gobierno es igual o peor”, señala el activista.
Desde que la Comisión Federal de Electricidad iniciará la construcción de la termoeléctrica de Huexca, el movimiento “Amilcingo en resistencia” ha expresado su apoyo al grupo de pobladores que se oponen a la puesta en marcha de esta central de ciclo combinado. Desde la estación de radio comunitaria “Amiltzinko”, Salir Flores Soberanes formó parte del movimiento de oposición, realzando la defensa del territorio de las comunidades del Oriente de Morelos.
Coatzacoalcos, Ver.- En su conjunto, se van a explorar 18 mil kilómetros cuadrados.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emitió una opinión técnica favorable para 15 asignaciones en dos cuencas, ubicadas en los estados de Veracruz y Tabasco. En áreas no convencionales, que en caso de ser positivas, requerirán procedimientos como el fracking.
En la sesión se presentó este proyecto para asignar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 15 nuevas asignaciones para exploración y extracción de hidrocarburos, las cuales en caso de ser factibles se podría tener una producción 3 mil 219.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) en recursos prospectivos.
Las nuevas asignaciones que obtuvo Pemex se realizarán en la cuencas de Tampico-Misantla, y la cuenca del sureste en zonas de Tierra Blanca y Macuspana.
Los comisionados aprobaron estas nuevas asignaciones, ya que se mantienen otros pozos que han sido exitosos en estas zonas solo que ahora van a realizar exploraciones en las capas mesozoica, por lo que consideran que se deben presentar los planes de exploración correspondientes para después aprobar las etapas de desarrollo.
En la exposición realizada a los comisionados, se dio a conocer que en la cuencas Tampico-Misantla, al norte del estado de Veracruz van a evaluar el potencial de hidrocarburos en las trampas estructurales y estratigráficas en los plays maduros Cretácico Superior, Medio e Inferior, así como los plays en Jurásico Superior Titoniano y Oxfordiano, y contempla tres escenarios operativos: Base, Incremental 1, e Incremental 2.
Foto: Revista Debate
En esta cuenca se podría obtener una reserva de mil 256.6 a mil 978.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una inversión total de 21,837.3 millones de pesos.
En el caso de las ocho asignaciones ubicadas en la cuenca de Veracruz, con una superficie total de 6 mil 889.95 kilómetros cuadrados, va evaluar el potencial Terciario y Mesozoico, particularmente el bloque autóctono cercano al campo Ixachi, en el municipio de Tierra Blanca.
Los escenarios operativos se prevén recursos prospectivos hasta por mil 126.2 mmbpce y una posible reserva a incorporar de 202.4 mmbpce con una inversión de 8 mil 390.8 millones de pesos.
En la asignación ubicada en Macuspana, que tiene una superficie total de 333 kilómetros cuadrados, se prevén recursos prospectivos hasta por 115 mmbpce, una posible reserva a incorporar de hasta 26.74 mmbpce y una inversión de 760.1 millones de pesos en el escenario Base y de 672.8 mdp en el escenario Incremental.
La asignación se realizó por mayoría, solo la comisionada Alma América Porres Luna votó en contra, ya que consideró que la exploración y producción en estas áreas no convencionales va en contra de la política energética del actual gobierno.
De acuerdo con el atlas geológico de la Comisión, los recursos no convencionales se encuentran en las Provincias Geológicas de Chihuahua, Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, donde se han detectado plays con potencial de aceite y gas lutita.
Para este tipo de recursos se utiliza el método de fracturamiento hidráulico (fracking), la cual genera una fracturas en la roca y formaciones a través de pozos horizontales.
En los seis pozos explorados de la zona de Tampico-Misantla se encontró gas húmedo y aceite ligero, mientras que en la zona de Veracruz, cercana a la zona de Maltrata, tiene una prospectiva de aceite y gas.
Los estudios geológicos y geoquímicos recientes indican una riqueza orgánica regular con baja madurez térmica del kerógeno en esta formación y una alta complejidad tectónica del área, por estar relacionada con el frente tectónico sepultado de la Sierra Madre Oriental.
Comunidad LGBTIQ+ señala que no tolerara más violencia hacia aquellas personas que salen de las normatividades corporales, sexuales y de género
Mildra Benítez Robledo / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- 20 de enero del 2021. La mañana del pasado domingo, Dayanne Scarllett, una mujer trans de 20 años, fue brutalmente asesinada en la capital nayarita y su cuerpo abandonado en la avenida Zapopan, una de las rutas más transitadas de la ciudad.
En relación a este homicidio la presidenta de la Asociación civil “Casa de las Muñecas Tiresias” Kasandra Manjarrez, afirmó que la muerte de esta chica les causa dolor y viene a recordar una importante herida en la memoria colectiva de la comunidad LGBTIQ+ del Estado.
La impunidad, la negligencia y la insensibilidad con el que las autoridades, los medios de comunicación y la población en general han manejado los transfeminicidios y crímenes de odio de los ultimos años, deja claro que en cuestiones de discrimación hay un largo camino por transitar.
Aclaró que se ha perdido una valiosa vida humana, por lo que reclaman que se le dé la debida importancia social y jurídica. Así mismo, piden a la sociedad nayarita que respete y recuerde de manera justa su vida y muerte, para evitar la revictimización de Dayanne, su familia y la gente que la quería.
Dayanne, aseguró, fue una chica alegre, con sueños y aspiraciones cuya vida fue lastimosa e injustamente interrumpida. Por parte de todo el equipo de “Casa de las Muñecas Tiresias” reprueban el suceso.
Para concluir, Kasandra Manjarrez, añadió que no tolerarán mas violencia hacia aquellas personas que salen de las normatividades corporales, sexuales y de género por lo que exhortan a las autoridades a que estos casos se atiendan con el debido respeto y apego a los protocolos internacionales en materia de género y derechos humanos.
HERMOSILLO.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora arrancó el año con “búsquedas positivas“, como ellas le llaman, aunque encontrar más de 30cuerpos enterrados no es nada para celebrar. Sin embargo, para estas mujeres significa estar cada vez más cerca del paradero de sus desaparecidos.
En entrevista con La Silla Rota, Ceci Patricia Flores cuenta detalles sobre una serie de visitas a diferentes puntos del estado, que denominaron “Megabúsqueda”, en la que trabajan con el colectivo Todos somos Erick Carrillo, de Tijuana, Baja California.
La continua desaparición de personas en estas dos entidades vecinas provocó que se compartieran mutuamente las fichas con los rostros y las características de niños, jóvenes y adultos de quienes sus familiares han perdido su rastro.
Empezamos compartiendo las fichas de desaparecidos, nosotros de los desaparecidos en Sonora, que eran de Tijuana, y ellos los sonorenses que desaparecieron en Tijuana. Entonces, decidimos unirnos, hacer una megabúsqueda y que la gente nos conociera más y más personas se unan a nuestro colectivo
La madre de Marco Antonio, desaparecido el 4 de mayo de 2019, relató que decidieron comenzar el 2021 como lo terminaron: escarbando en la tierra para encontrar osamentas o cuerpos descompuestos.
Por eso, el pasado 6 de enero, 20 integrantes de ambos colectivos, en su mayoría mujeres, arrancaron los trabajos en Hermosillo, específicamente en un predio llamado 7 cerros, cerca de la carretera que va hacia Bahía de Kino.
Ahí, las Madres Buscadoras hallaron restos óseos como un fémur, la espina dorsal y la cadera de, al parecer una persona.
Al día siguiente, el colectivo se desplazó al sur de la entidad, en Ciudad Obregón, donde se unieron algunos padres y madres de familia para también buscar entre las piedras. El 8 de enero bajaron más al sur, en Huatabampo y para el sábado acudieron al puerto de Guaymas.
En esos lugares contabilizaron cinco restos humanos, en lugares como lotes baldíos, orillas de las carreteras y ejidos.
El domingo 10 de enero, ambos grupos llegaron a la ciudad fronteriza de Nogales. El lunes, en Caborca, en el tramo carretero a Sonoyta localizaron un cuerpo envuelto en una cobija. Una llamada anónima los alertó sobre su ubicación.
Para el martes, Ceci Flores, acompañada de las madres que siempre la acompañan a búsquedas y algunos integrantes de Todos Somos Erick Carrillo, llegaron a San Luis Río Colorado, que colinda con Mexicali, Baja California.
En unos predios del ejido Mesa Rica, en la zona desértica de este municipio, sus picos y palas dieron con más restos, entre huesos, un cráneo fragmentado y otras piezas. Además, las osamentas todavía tenían sus ropas: un brassiere y pantaletas mujer, una sudadera azul con gorro y un pantalón de mezclilla azul.
Gracias a que todavía tenían sus vestimentas, estaban ahí sus credenciales de votar. Con ello, sus familias lograron su identificación.
“Los restos de estos muchachos tenían sus ropas, ahí estaban sus identificaciones y gracias a Dios la familia pudo identificarlos. Bendito Dios que ya los reunimos con su familia”, cuenta Ceci Flores.
EL HALLAZGO MÁS GRANDE: 19 FOSAS EN GUAYMAS
De acuerdo con la líder del colectivo, una persona les informó, de manera anónima, sobre la locación de varios cuerpos enterrados en el municipio costeño de Guaymas.
A este lugar, en la zona de Valle de Guadalupe, ya habían estado con trabajos de búsqueda el sábado 9 de enero, pero no encontraron nada. Sin embargo, esta persona les dibujó un croquis con las especificaciones de dónde había restos humanos.
Ahí, las madres y las personas que se les unieron a la Megabúsqueda fueron escarbando la tierra; poco a poco salieron los huesos, pero restos pequeños y calcinados.
Colectivos de Sonora comienzan el año con buenas noticias, aunque encontrar cuerpos no es para celebrar; pero para estas mujeres significa estar más cerca del paradero de sus hijos. Este es el momento en que encuentran una fosa #rb Aquí la historia https://t.co/ZWjJlzmfZnpic.twitter.com/idRv7eOmjs
Después de una larga jornada, lograron abrir 19 fosas, todas con personas que habían sido asesinadas y quemadas para borrar evidencias.
Él estaba asegurando que ahí estaban los cuerpos, entonces decidimos ir de nuevo, e hicimos un hallazgo positivo de las osamentas. 19 fosas y una fosa, él dice que hay más de una decena de cuerpos. Son fosas con restos calcinados, no sabemos exactamente cuántos cuerpos son
Ceci Patricia se siente satisfecha por los resultados de esta primera Megabúsqueda, con un aproximado de 30cuerpos. Ahora espera que todos puedan ser identificados.
Por ello, la líder de Madres Buscadoras pide a todos los familiares de personas desaparecidas que acudan a las autoridades y dejen sus muestras de ADN, para hacer las comparativas con los restos hallados.
A los que tienen desaparecidos, que se acerquen a hacerse pruebas genéticas que se acerquen a buscarlos con pico y pala, nosotros somos su única esperanza, nadie más los está buscando
FGJE SONORA ASEGURA ESCENA Y LEVANTA HUESOS
La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que elementos periciales y del Ministerio Público acudieron a la zona de Valle de Guadalupe, en Guaymas, donde acordonaron la escena e hicieron el levantamiento de los restos.
“El Antropólogo y personal de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), realizaran en el Laboratorio Científico Forense el procesamiento e inspección del lugar en donde el colectivo Madres Buscadoras realizaron el hallazgo de restos óseos”, cita la FGJE.
Aunado a esto, informaron que, en este lugar, ubicado en el ejido Esteban Baca Calderón también localizaron casquillos percutidos, que ingresaron como evidencia forense.
Además de los restos óseos, se hallaron otros indicios, tres casquillos con alto grado de oxidación, que fueron asegurados y recolectados por personal de la FGJE
Desde que inició el colectivo Madres Buscadores de Sonora, en octubre de 2019, suman 249 que han desenterrado, principalmente en Hermosillo, pero también en Puerto Peñasco, San Luís Río Colorado, Ciudad Obregón y Guaymas. Más de la mitad ya han sido regresados con sus familias.
“Estoy harto de salir a la calle siempre en la incertidumbre. Le he estado dando desde marzo sin parar”, dice el fotoperiodista Ramsés Mercado mientras recorre Toluca como habitualmente lo hace. En la capital del Estado de México quienes han cubierto la mayor parte de la pandemia de coronavirus son los periodistas gráficos y camarógrafos, que no se han encerrado como otros reporteros lo hicieron y que trabajan de manera directas en sitios con alto riesgo de contagio como hospitales y funerarias. De cualquier manera, encerrados o en la calle, 15 reporteros o trabajadores relacionados con medios y oficinas de comunicación murieron en el Estado de México desde mayo de 2020.
Mercado, fundador de VCV Noticias en Toluca, tiene razón. La incertidumbre que se experimenta al salir a reportear, sobre todo en este enero de 2021, pone a prueba algo más que el temple. El del reportero es un trabajo de alto riesgo que por lo menos en el Estado de México se realiza en condiciones mínimas de seguridad social y con pagos que apenas cubren el día a día. Los reporteros en Toluca que hacen diarismo ganan entre 3 mil y 6 mil pesos quincenales, la mayor parte de las veces sin contrato ni prestaciones.
La organización Artículo 19 ha recogido una lista de 82 muertos por la pandemia en todo el país, desde mayo de 2020 hasta la fecha, entre los cuales están los casos mexiquenses. “Esto ubica a México dentro de los cuatro países con mayor número de decesos de periodistas a causa del virus”, apunta Artículo 19, que se encarga de visibilizar y defender los derechos de los comunicadores en nuestro país.
Reportear la muerte es habitual en los medios. Los reporteros se mueven entre balaceras, accidentes, suicidios y ejecuciones pero la pandemia ha cambiado los paradigmas.
“La primera preocupación hoy es no contaminarse”, dice Mercado mientras toma fotos a una familia que vende figuras en la calle. Pero no solamente los reporteros se enferman. También editores, diseñadores y otros trabajadores de medios han padecido la infección. Si no son ellos, sus familiares han enfermado y, en muchos casos, muerto. Estos casos son prácticamente desconocidos, pues no se hacen públicos ni tampoco se conocen las condiciones en las que se padece la enfermedad.
Algunos pocos han contado sus experiencias, como el fotoperiodista Mario Vázquez de la Torre, director de la Agencia MVT en Toluca, quien ha enfermado dos veces, aunque en ambos casos salió adelante. Su testimonio público es también reflejo de lo que otros reporteros han vivido y narró así su segundo contagio: “La dificultad para respirar es desesperante y angustiante, sólo podría describirlo como tratar de respirar con la cara metida en una bolsa de plástico, pero además con dolor y una opresión en el pecho, como si algo estorbara para tomar aire. Mi oxigenación bajó a 70% y con el oxígeno de apoyo llegaba a subir a 80% y el corazón latía muy rápido. Aún tengo lagunas mentales y no sé bien cómo pasaron los días del 23 al 27 de diciembre, sólo recuerdo mucho que una noche, después supe que fue el 25 pasada la medianoche cuando se celebra la Navidad, me llamó por teléfono mi amigo Jorge Compeán, no sé cómo fue que le tomé la llamada pero seguro no quería hacerlo, yo llevaba un buen tiempo pensando en que mi hora de morir estaba a punto de llegar, recuerdo que ya no me sentía preocupado, por el contrario, ya estaba muy conforme y hasta cierto punto tranquilo”.
Vázquez refiere que fue su amigo quien le advirtió sobre una depresión que al mismo tiempo lo atacó y complicaba su curación: “’tienes que vivir, tienes que vivir, Mario tienes que vivir, tenemos que vivir…’ y me la apliqué, a partir de ese momento mi principal propósito fue vivir y dejar de pensar en la muerte”.
Pero si Vázquez superó la infección, quince personas de los medios no lo hicieron y desde mayo del 2020 comenzaron a morir. Sus nombres, medios en los que trabajaban y fechas de fallecimiento son las siguientes:
Carlos Ramírez Castro, fotógrafo del ayuntamiento de Chimalhuacán, murió el 26 de mayo, lo mismo que Fabiola Bueno Cardiel, de Comunicación Social del IEEM.
Un día después murió Ricardo Camacho, del diario 8 Columnas. Víctor Martínez Fragoso, de la Agencia NVM, falleció el 5 de julio.
Evelia Barrón Venegas, directora de Perfil Urbano, murió el 13 de ese mismo mes.
Francisco Cruz Velázquez, reportero gráfico de Fotonoticias en Toluca, murió el 9 de septiembre.
José de Jesús Ruiz Morán, colaborador de Ricardo Rocha, falleció el primero de diciembre y Fernando Yescas Rangel, de Factor Noticias, murió el 17 de ese mismo mes. Todos estos reporteros murieron en el 2020.
Este año, el 3 de enero de 2021, murieron tres personas: Alfonso Torres, del semanario Siglo XXI de Cuautitlán; Manuel Macías, de La Voz Informativa de Ecatepec y Rosalinda García, de La Opinión, radicado en Toluca.
El 7 de enero fallecieron Santos Sánchez, de El Informante en Toluca y José Luis Arzate, de WW Noticias. El 15 de enero murió Raúl Correa, fundador de la Fraternidad de México, con base en Ciudad Neza. Dos días después falleció Ariadna Sandoval, de AMX Noticias.
*Alrededor de 20 Colegios Médicos calificaron de “inaudita la actitud irresponsable” de los gobiernos de Alejandro Murat y de Oswaldo García Jarquín. | *Cuestionaron que prioricen “la politiquería y la economía por encima de la salud pública”. | *Los hospitales están colapsados
OAXACA, Oax.- Oaxaca vive una crítica situación al estar fuera de control la epidemia del covid-19, debido a la saturación de los hospitales públicos.
Alrededor de 20 Colegios Médicos demandaron aplicar “la instrumentación del semáforo rojo epidemiológico y el confinamiento de los sectores no esenciales durante 30 días”, en Oaxaca por Covid
Enviaron un documento al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al titular de los Servicios de Salud, Donato Casas Escamilla, así como al presidente municipal de la capital, Oswaldo García Jarquín.
Los Colegios Médicos consideran que “es inaudita la actitud irresponsable de ustedes como autoridades por priorizar la politiquería y la economía por encima de la salud pública”.
CARTA PÚBLICA
La carta intitulada “colapso”, y va con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Resalta que “una de sus principales obligaciones como autoridades legalmente responsables es procurar, organizar y ejecutar una política de salud pública en el estado y en la ciudad Oaxaca.
“Con el objetivo de atender, enfrentar y solucionar el colapso del sistema estatal de salud pública que está ocurriendo en la entidad pero sobre todo en la capital oaxaqueña”.
Consideran que la epidemia en Oaxaca está fuera de control y se demuestra en el continuo aumento de pacientes y la consecuente saturación de los hospitales públicos de la capital oaxaqueña:
IMSS,
ISSSTE,
Hospital General “Aurelio Valdivieso”,
Hospital Regional de Zona de Ixcotel,
y de San Bartolo Coyotepec:
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y
Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.
Mencionaron que una de las consecuencias importantes de esta crisis de salud pública causada por el SARS-CoV-2 es la disminución, y en algunos casos carencia absoluta, de personal médico y paramédico.
Debido a que también hay aumento de contagios y fallecimientos en este personal indispensable.
Así como que hay enorme desgaste físico y psicológico del personal que tiene ya meses de estar atendiendo a pacientes covid-19”.
PESONAL MÉDICO CON COVID-19
Según cifras oficiales, hasta el momento entre dicho personal médico y paramédico hay cuatro mil 77 casos confirmados de covid-19:
1,226 médicos,
1,537 profesionales de enfermería y
1,314 en otras áreas afines,
así como 55 defunciones.
También se quejaron que “cada vez hay más carencia continua y permanente y creciente de toda clase de insumos y de elementos indispensables para atender a los pacientes con covid-19.
Entre ellos camas, medicamentos, ventiladores, oxigeno medicinal, equipo médico, artículos para curación, reactivos químicos…”
Además “faltan equipos de protección personal completos y adecuados para el personal de salud, como indican los protocolos sanitarios para evitar que continúen y aumenten los contagios entre el personal sanitario que atiende a los pacientes”.
Remataron con una serie de preguntas: ¿Quién cuida a los cuidadores?
Es decir: ¿Quién cuida al personal de salud que sigue luchando en la línea del frente de batalla hospitalario contra la Covid-19? ¿A quién le importa?
Y remataron con una respuesta contundente: “Es evidente que no a ustedes (las autoridades de salud y gubernamentales)”.
Aunque reconocen que “esta crisis de salud proviene también de un problema estructural crónico que viene de década atrás como producto lógico del desmantelamiento paulatino y progresivo del sistema de salud pública del país, magnificado por esta epidemia y pandemia inéditas, es inaudita la actitud irresponsable de ustedes como autoridades”, reiteraron.
El Colegio Médico de Oaxaca “Aurelio Valdivieso”,
Colegio de Anatomopatólogos del Estado de Oaxaca,
Sociedad Oaxaqueña de Patología Clínica,
Colegio de Medicina Interna de Oaxaca,
Sociedad de Médicos Generales,
Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar,
Médicos Cirujanos de la Mixteca,
Colegio de Pediatría y
Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública, entre otros,
Exigieron se aplique el semáfor epidemiológico rojo en Oaxaca
Más de 4 mil 600 trabajadores y docentes, exigen el pago de las dos quincenas del mes de diciembre, aguinaldo, prima vacacional, bono del día del maestro, entre otras prestaciones
Verónica Ramírez / Realidades de Nayarit
Tepic, Nayarit.- Martes 19 de enero del 2021.- En medio de un polvorín político estalla la huelga en la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), más de 4 mil 600 trabajadores y docentes exigen el pago de las dos quincenas de diciembre, aguinaldo, prima vacacional y bono del día del maestro, entre otras prestaciones, lo que en total suma más de 4 meses de salario que les adeudan.
Son 2 mil 350 docentes adheridos al SPAUAN y 2 mil 200 trabajadores agremiados al SETUAN quienes reclaman el pago de sus prestaciones devengadas.
Desde el pasado 16 de diciembre, se inició el procedimiento legal ante Conciliación y Arbitraje porque la universidad dejó de pagar la primer quincena de diciembre pero determinó el estallamiento este 18 de enero a las 12 del día, detalló el dirigente del SPAUAN, José Francisco Haro Beas.
De nada le valió al gobierno de Toño Echevarría García, la guerra sucia y la serie de acciones perversas para tratar de impedir la huelga que incluye, la detención de uno de los dirigentes sindicales y declaraciones absurdas contra la UAN que buscaron -sin éxito-, denostar este movimiento legal.
“Lo empezamos a notar desde el jueves pasado, una estrategia mediática muy fuere para denostar a la universidad y para minimizar la fuerza que pudiera tener este movimiento”.
El dirigente sindical junto con el Secretario del Interior del SETUAN, Guadalupe Ulloa y un nutrido grupo de docentes y trabajadores colocaron las banderas rojinegras en la rectoría y en los ingresos a la Máxima Casa de Estudios en punto de las 12 del día de este lunes, comprometiéndose a defender los derechos de los universitarios.
“Estamos de pie, vamos a lucha y defender a la Universidad Autónoma de Nayarit” y no levantarán el movimiento hasta que se paguen todos los adeudos a los docentes y trabajadores.
Ante la ausencia del dirigente del SETUAN, Luis Manuel “N”, preso político del gobierno del estado, se acordó brindar todo el apoyo al sindicato “hermano” quienes se dividieron para estar –por un lado-, en el movimiento de huelga y por otro, en las acciones de defensa de su líder.Además, toda la comunidad universitaria alza la voz para que se aclaren todas las acusaciones, tienen el respaldo del SPAUAN porque hay otros implicados, señalados y confesos que siguen libres.
“Lo más extraño que se nos hace es que si las carpetas estaban integradas desde hace tiempo como se mencionó en algunos medios oficiales, por qué sacarlas un día antes del estallamiento a huelga”, remarcó Haro Beas.
Hizo un llamado puntual a la comunidad universitaria a cumplir con las medidas de salud estipuladas para evitar que les invaliden.
Haro Beas, apuntó que en unas horas arribarán al Estado, los dirigentes de otros sindicatos universitarios del país, así como el líder nacional la CONTU para respaldar el movimiento de huelga de los universitarios y defender al dirigente del SETUAN.
“Vamos a exigir que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, cuál es el encono histórico que traen con la universidad”, dijo el líder del SPAUAN.
Agregó que para levantar el movimiento de huelga se tienen que cumplir todos los puntos o presentar una ruta de cómo se van a solventar los adeudos porque los universitarios no pueden soportar más tiempo sin recibir su salario.
La situación se ha complicado, el presupuesto que recibe la universidad no es suficiente porque a nivel nacional hay un convenio que las universidades deben ser financiadas por parte del Gobierno del Estado con un porcentaje del 50 por ciento con respecto a lo que es el recurso federal y aquí nos dan el 16 por ciento.
Señalan que es un preso político del gobierno de Toño Echevarría García
Verónica Ramírez
Tepic, Nayarit.- Martes 19 de enero del 2021.- Este lunes, cientos de trabajadores agremiados al SETUAN marcharon por las principales calles de Tepic para exigir la liberación inmediata de su dirigente, Luis Manuel “N”, preso político del gobierno de Toño Echevarría García, tras ser acusado por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño en un edificio de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Al finalizar la marcha, el grupo de trabajadores se manifestó frente a Palacio de gobierno donde lanzaron una serie de reclamos al actual gobierno entre los que resalta: “Gobierno represivo, la universidad no es tu enemigo, libertad a los trabajadores”, “No a la represión del gobierno en contra de nuestro líder”, “No permitiremos que violen los derechos de los trabajadores universitarios con el secuestro de nuestro líder”.
Afirman que su líder fue detenido de forma arbitraria y se violentó el debido proceso al que toda persona tiene derecho.
“Estamos molestos porque esta situación es política, quieren polarizar la situación financiera de la institución cuyas personas que hicieron el quebranto a la UAN están libres y las personas que siempre se han preocupado por defender a la universidad, hoy están presas”, afirmó Héctor Saúl Godoy, empleado del SETUAN.
SEÑALAN QUE LUIS MANUEL ESTÁ PRESO POR UN BERRINCHE
El líder Luis Manuel “N” está preso por un berrinche y una situación totalmente ajena al problema real de la universidad que es su crisis financiera cuyos autores gozan de total libertad.
Le han inventado una serie de delitos como la quema del edificio de la Tesorería de la UAN en donde ya fueron juzgadas y sentenciadas otras personas e incluso, ya se reparó el daño y salen con el cuento de que lo quieren juzgar a él, afirmó.
LAMENTAN QUE EN NAYARIT SE VIOLE EL ESTADO DE DERECHO
Lamentó que en Nayarit se viole el estado de derecho por capricho de sus gobernantes y autoridades de la Fiscalía quienes han impedido todo contacto con el imputado.
“El día de ayer estuvo secuestrado porque no teníamos una razón real que nos dijera en qué condición se encontraba si de detenido, de secuestrado o desaparecido”, dijo Saúl Godoy.
Y es que afirman que no puede ser posible que siendo una universidad pública, el gobernador ni siquiera se preocupe por qué está pasando, se desentendió del problema de la falta de pago a los universitarios y le preocupa más denostar y meter preso a los defensores de la Máxima Casa de Estudios, indicó el denunciante.
CONTINUARÁN MOVIMIENTOS
Advierten los trabajadores que van a continuar con los movimientos en las calles hasta que liberen a su dirigente y no van a permitir que el gobierno pisotee los derechos de terceros.
“Si tenemos que marchar cien días, lo vamos a hacer, si tenemos que estar aquí un año, vamos a estar aquí un año”, indicó.
SINDICATOS UNIVERSITARIOS DEL PAÍS ARRIBARÁN A NAYARIT EN APOYO A LA CAUSA
La lucha será férrea y se contará con el respaldo de los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), quienes arribarán al estado en las próximas horas para encabezar la defensa del dirigente Luis Manuel “N”.
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