CNDH nombra defensor de migrantes a funcionario que ignoró un caso de torturas, según la propia institución

Se trata de Raúl Ramírez Ramírez, exombudsman de Sonora. Llega en sustitución de Elizabeth Lara Rodríguez, quien renunció el martes pasado

Alberto Pradilla y Manu Ureste/ ANIMAL POLÍTICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nombró el miércoles pasado como nuevo defensor de migrantes a Raúl Ramírez Ramírez, exombudsman de Sonora, que en 2011 ignoró un caso grave de torturas, desaparición forzada y detención arbitraria a manos de policías estatales y ministeriales. Fue la propia CNDH, en una recomendación de 2013, la que constató que Gisela Peraza, exempleada doméstica del antiguo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue torturada y víctima de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de policías. La institución federal retomó el caso después de que la defensoría estatal presidida por Ramírez Ramírez lo cerrase por no encontrar pruebas.

Desde el miércoles, Animal Político quiso conocer la versión del nuevo visitador y solicitó una entrevista, así como la postura oficial de la CNDH, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta alguna.

Ramírez Ramírez es el nuevo quinto visitador general de la CNDH y entre sus principales áreas tendrá la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. El exombudsman sonorense llega en sustitución de Elizabeth Lara Rodríguez, quien renunció el martes pasado, un mes después de que Animal Político revelase que la institución presidida por Rosario Piedra Ibarra ocultó por más de un año múltiples testimonios de extranjeros en su camino hacia Estados Unidos que fueron víctimas de secuestros masivos y otras violaciones graves.

El perfil de Ramírez Ramírez viene marcado por su trabajo al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sonora, institución que presidió en dos períodos: de 2010 a 2014 y de 2014 a 2018. Es en el primero de ellos en el que tiene lugar la denuncia por torturas a la que dio carpetazo.

En marzo de 2011, Gisela Peraza, que trabajaba para el entonces gobernador Guillermo Padrés -quien hoy cumple condena por lavado de dinero en libertad condicional-, denunció haber sido detenida ilegalmente por funcionarios de seguridad y acusada de un robo en casa del mandatario sin pruebas. El 13 de ese mes fue arrestada e interrogada violentamente en la casa del exgobernador, donde ella laboraba. Un mes después volvió a ser arrestada y denunció nuevamente torturas. En el relato de la recomendación 54/2013, que puedes consultar aquí, habla de cómo un funcionario público “la trató de asfixiar con una bolsa de plástico, le vendó la cara, le quitó los zapatos, la golpeó en la planta de los pies con una tabla de madera, la jaló del cabello, la enrolló en una cobija, y junto con otros agentes le vertía agua sobre las vendas que le pusieron en la cara”.

A pesar de que en 2013 la CNDH le dio la razón, la mujer permaneció en prisión durante cuatro años, hasta que recuperó la libertad en 2015.

Posteriormente presentó una denuncia contra Padrés y 19 personas, de las que tres ya fueron condenadas por actos de tortura: dos policías ministeriales de Sonora y el entonces encargado de seguridad del exmandatario.

Esta es una de las polémicas que acompañan a Ramírez Ramírez, pero no la única. En 2018 fue empujado por Movimiento Ciudadano como candidato a una diputación federal plurinominal. En aquel momento, la revista Proceso señaló que, además de ignorar las torturas de Peraza, también fue acusado de presunto blanqueo de divisas, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones, motivos por los que previamente, en febrero de 2017, el abogado sonorense Juan Antonio Ortega interpuso una denuncia ante el Congreso local para que se llevara a cabo un juicio político en contra del hoy quinto visitador de la CNDH, mismo que a la fecha no ha originado ningún resultado.

“Un insulto a las víctimas”
Juan Antonio Ortega Luna sustituyó a su padre tras su fallecimiento en 2019 como abogado de Gisela Peraza. En entrevista telefónica, el letrado dijo que el nombramiento de Raúl Ramírez al frente de la Quinta Visitaduría de la CNDH lo dejó “consternado y sorprendido” por los antecedentes del exombudsman sonorense en el caso de su representada.

“Está plenamente probado que sí hubo tortura y que sí hubo violaciones a derechos humanos en contra de Gisela. Tan es así que ya hay tres funcionarios sentenciados por este caso. Sin embargo, el ex ombudsman le dio carpetazo al caso. Y este es el funcionario a quién hoy la CNDH está premiando de manera incomprensible”, recalcó Ortega.

Por su parte, Gisela Peraza recordó también en entrevista telefónica que ella y su familia fueron muchas veces a la Comisión estatal de Derechos Humanos que dirigía el hoy quinto visitador a pedirle ayuda para documentar las torturas que sufrió.

“Pero este señor (Raúl Ramírez) dijo que no era cierto que me torturaron. Incluso, me revictimizó diciendo que, como se trataba del gobernador, que era un personaje público importante, yo quería sacar un provecho económico”, acusó Gisela, que enfatizó que tuvo que ser la Comisión nacional la que tuvo que ir desde México a Sonora “a hacer el trabajo que el ombudsman no quiso hacer y ponerse a investigar”.

“De haber sido por Raúl Ramírez, mi caso hoy aún seguiría siendo una terrible injusticia. Por eso me parece un insulto a las víctimas que este señor ahora ocupe un cargo nacional en la misma CNDH que en su día me ayudó a demostrar que fui torturada”.

Polémica renuncia de antecesora
La llegada de Ramírez Ramírez también viene marcada por un contexto turbulento. Especialmente, por la salida de su antecesora, Elizabeth Lara Rodríguez, de la que se anunció su dimisión apenas 48 horas antes de que llegase su sustituto. Un mes antes, Animal Político hizo públicos duros testimonios de secuestros, extorsiones y torturas sufridas por migrantes en la ruta hacia Estados Unidos y que la CNDH mantuvo ocultos durante un año. Tanto Lara Rodríguez, como la titular actual de la CNDH, Rosario Piedra, tenían conocimiento de estos testimonios, según prueban documentos en poder de este medio. Sin embargo, la CNDH no los hizo públicos ni en comunicados, ni en recomendaciones, ni en informes especiales de violaciones sistemáticas a migrantes, como los que la Comisión sí publicó en 2009 y en 2011.

Tras la publicación, la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra pidió a Elizabeth Lara que diera una “explicación” sobre los testimonios ocultos, y anunció una investigación interna de la que más de un mes después no se conocen las conclusiones.

Aunque la CNDH anunció que Lara Rodríguez dejó el cargo por voluntad propia, activistas de apoyo a los migrantes han denunciado que fue la dirección de la institución la que le hizo marcharse.

Por ejemplo, Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, denunció que “Rosario Piedra le solicitó la denuncia” y defendió la trayectoria de la exvisitadora. También Pueblo Sin Fronteras, organización que integra a estadounidenses, mexicanos y centroamericanos, emitió un comunicado en el que mostró su inconformidad con la “destitución” y aseguró que con la marcha de Lara Rodríguez “se pierde el único interlocutor y contrapeso” con las organizaciones.

Animal Político se puso en contacto con la antigua visitadora para conocer su versión de los hechos pero esta declinó hacer declaraciones.

https://www.animalpolitico.com/2021/03/cndh-nombra-defensor-migrantes-funcionario-ignoro-caso-torturas/

Llegan 600 elementos de la GN a Jalisco

Foto: Presidencia / Cuartoscuro

Redacción / El Diario NTR

Llegan a Jalisco 600 efectivos de la Guardia Nacional para reforzamiento de la seguridad en el estado. Desde la madrugada de este viernes, empezaron a arribar los elementos que habrán de montar operativos y patrullajes prioritariamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque no se descarta que, de requerirse, se puedan trasladar a algún punto de conflicto en municipios del interior del estado.

El capitán Segundo de Infantería, Víctor Chávez Constantino, informó que como parte del servicio a los tapatíos, está el que las personas puedan acercarse a los efectivos para poder denunciar actos ilícitos. de inicio los elementos de la GN se encargarán de atender delitos de alto impacto.

A partir de su llegada, muy temprano empezaron a desplegarse a los puntos donde los índices delictivos de alto impacto han sido más recurrentes.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163245

Trabajadores de la salud de Oaxaca bloquean vías para exigir vacuna contra covid-19

Proceso / Pedro Matías.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud bloquearon seis vías para exigir que se aplique la vacuna contra el covid-19 a personal administrativo.

OAXACA, Oax. (apro).- Con seis bloqueos carreteros en la región del Istmo de Tehuantepec, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud exigieron a los Servicios de Salud de Oaxaca la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 al personal administrativo.

Los bloqueos carreteros iniciaron alrededor de las 08:00 horas en los tramos Tehuantepec-Jalapa del Marqués, a la altura del puente Caracol; Juchitán-Tehuantepec, frente al Canal 33; Tehuantepec-Salina Cruz, a la altura de la Agencia Nissan; Niltepec-Tapanatepec, a la altura de la población de Zanatepec; Ixtaltepec-Ixtepec, a la altura del arco de seguridad y Salina Cruz-Tehuantepec, a la altura de la Agencia Ford.

De acuerdo con el documento firmado por el secretario subseccional 02 del Istmo, Lorenzo Carrasco Castillo, los inconformes decidieron bloquear diferentes tramos de la región “ante la nula respuesta por parte de los Servicios de Salud para la aplicación de la primera dosis de la vacuna covid-19 al personal administrativo y demás compañeros que aún no se les ha aplicado la vacuna”.

Las acciones de presión iniciaron el pasado miércoles con una marcha, mitin y un bloqueo carretero, y continuaron con seis bloqueos carreteros este viernes.

Los bloqueos iniciaron a las 08:00 horas y culminarían al mediodía con la advertencia de radicalizar sus acciones si no hay respuesta positiva de los Servicios de Salud.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/5/trabajadores-de-la-salud-de-oaxaca-bloquean-vias-para-exigir-vacuna-contra-covid-19-259561.html

Denuncia disidencia del SNTE 39 deficiencias en Ley de Pensiones y servicio médico (Colima)

Foto: El Comentario

Francis Bravo / El Comentario

Luego de señalar deficiencias en la prestación de servicio médico, así como legales y constitucionales en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del estado de Colima, el movimiento “Somos la Base” de la Sección 39 del SNTE, analiza la posibilidad de presentar una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE).

A nombre del movimiento magisterial, su vocera Cecilia Vázquez señaló que se ha buscado un acercamiento con la dirigencia de la Sección 39 del SNTE, encabezada por Heriberto Valladares, así como con la dirigencia nacional de ese sindicato

“Desde hace varios años padecemos un deficiente servicio médico, el cual nos deja expuestos en plena pandemia generada por el Covid-19 y, en general, ante cualquier enfermedad que enfrentemos”, expuso.

Por lo anterior, manifestó que “Somos la Base” seguirá exigiendo que quede establecida la seguridad social de los docentes de forma definitiva en la futura Ley de los Trabajadores de la Educación del estado de Colima, cuyo borrador, dijo, ya tienen en sus manos y tras un análisis constataron varias inconsistencias que se deben atender para garantizar un derecho que no puede estar sujeto a una voluntad política.

Manifestó que, junto con sus compañeros, no se sienten representados por el líder sindical ni por el partido político vinculado al magisterio, Nueva Alianza.

“Apenas llevamos tres meses de este año y ya hay incumplimiento en el pago de prestaciones. Los préstamos a corto plazo tienen retraso, van apenas en octubre de 2019; la farmacia sigue sin medicamentos suficientes y la atención en las clínicas y médicos especialistas siguen siendo deficientes”, expuso.

Además, aseguró que los maestros que radican en Manzanillo y Tecomán no cuentan con ningún servicio médico en sus municipios, lo que los obliga a trasladarse a la ciudad capital para ser atendidos.

https://elcomentario.ucol.mx/denuncia-disidencia-del-snte-39-deficiencias-en-ley-de-pensiones-y-servicio-medico/

Continuarán las protestas de jubilados por pagos de pensiones con UMA’s (Colima)

Foto: El Comentario

Francis Bravo / El Comentario

Durante una protesta por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) para que las pensiones a trabajadores jubilados se paguen en UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), el 9 de marzo se realizará otra marcha a la que se convoca a todas las organizaciones de jubilados, pensionados y trabajadores activos del ISSSTE.

En una rueda de prensa, el dirigente del Grupo Independiente de Jubilados y Pensionados del ISSSTE Colima, Ángel Solís Rincón, anunció que continuarán rechazando dicha determinación de la SCJN, para lo cual se está convocando a otras organizaciones de jubilados y pensionados, así como a trabajadores activos, a sumarse a la marcha. Por el momento, no informó ni la hora ni punto de inicio.

Esa protesta se coordina con movimientos nacionales también en contra de la decisión de la Suprema Corte y, además de la marcha del próximo martes, contemplan una a nivel nacional para el 18 de marzo, la cual se replicará en Colima.

Solís Rincón explicó que pertenece a un grupo de jubilados y pensionados de la Ciudad de México, que se llama “Todos Contra la UMA”, y mencionó que las protestas se efectúan en todos los estados del país. En caso de Colima, dijo, no solo se harán en la capital del estado y Villa de Álvarez, sino también en Tecomán, Armería y Manzanillo.

Añadió que los inconformes recurren a amparos a través de diversas vías y hasta el momento, 5 docentes ganaron el amparo, por lo tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) les debe de pagar la diferencia de su salario que dejaron de recibir desde 2017.

Aunque la determinación de la SCJN es inapelable, expuso, van “a buscar otros medios para lograr que se nos pague lo que nos corresponde”.

Recordó que el pasado sábado (27) inició la primera actividad de esa lucha, después de que la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las pensiones se van a pagar con un tope de 10 UMA’s. El reclamo de los jubilados viene porque la misma SCJN antes calificó como injusto el pago con UMA’s.

Ángel Solís señaló que acudirán con representantes populares ante el gobernador Ignacio Peralta Sánchez y al Congreso del Estado para solicitar su apoyo. En el caso de los diputados locales, les pedirán que emitan un punto de acuerdo dirigido al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sus pensiones sean pagadas en salarios mínimos.

Si no encuentran eco, explicó, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fue en noviembre de 2019 cuando iniciaron su lucha, pues se jubilaron con salarios mínimos. En 2016, la puesta en marcha de la UMA’s no tuvo consecuencia, pues equivalía al salario mínimo. A partir de 2017 fue cuando empezó a despegarse el salario mínimo y debido a los aumentos de porcentaje, la UMA se rezagó.

“La UMA está en 89 pesos con 72 centavos, y el salario mínimo es de 141 pesos con 70 centavos. Aquellos compañeros que alcanzan el tope salarial, que era de 10 salarios mínimos, reciben 26,650 pesos. Si nos pagaran con salarios mínimos deberíamos de estar ganando 43,076 pesos con 80 centavos, la diferencia es de 15,801 pesos con 92 centavos”, explicó.

“La situación de todos los jubilados y pensionados en este momento es crítica económicamente, por eso es nuestra lucha, tenemos la seguridad de que vamos a lograr que nuestra pensión sea pagada en salarios mínimos como debería de ser”, añadió.

Integrantes del Grupo Independiente de Jubilados y Pensionados del ISSSTE Colima manifestaron su rechazo total a la decisión de la SCJN, y ante ello reiteraron que las manifestaciones iniciaron y continuarán de manera pacífica para no poner el mal ejemplo, ya que la mayoría son maestros.

El grupo está integrado por 89 trabajadores pensionados, de los cuales 76 son maestros y maestras, hay secretaria, intendentes, una enfermera y un trabajador de la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA).

https://elcomentario.ucol.mx/continuaran-las-protestas-de-jubilados-por-pagos-de-pensiones-con-umas/

Familiares de trabajadores de SAPAL fallecidos hace cinco meses exigen respuestas (Guanajuato)

Trabajadores de SAPAL, León, Foro: Facebook @SapalLeon

Por Verónica Espinosa
Proceso, jueves, 4 de marzo de 2021

LEÓN, Gto., (apro).- A casi cuatro meses de la muerte de cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), por intoxicación, familiares denunciaron que no se han deslindado responsabilidades por las anomalías que previamente se detectaron en las instalaciones, ni por el percance que causó las muertes.

También revelaron que después de una primera denuncia pública que hicieron a fines del año pasado, la Secretaría del Trabajo realizó una auditoría extraordinaria en la que detectó más de 150 irregularidades en la planta “y, con todo, lamentablemente jamás fue cerrada”.

Los familiares reclamaron que directivos de SAPAL incluso presentaron una versión en la que afirmaban que los empleados solamente iban a limpiar y barrer áreas de la planta, cuando en realidad realizaban reparaciones, además de que en los documentos de finiquito a algunos les pusieron un sueldo menor al que en realidad ganaban y hasta les descontaban el costo de los uniformes.

La noche del 13 de noviembre de 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, trabajadores del SAPAL, perdieron la vida cuando realizaban labores de mantenimiento en el Módulo de Desbaste, en el que se tratan las aguas residuales de las empresas de la industria curtidora.

El organismo se deslindó de los desperfectos reportados días antes por varios de los empleados –como se demostró en los mensajes telefónicos de uno de los fallecidos–, y ofreció un finiquito laboral a los deudos, sin contemplar indemnización o reparación alguna del daño.

Las familias de Alberto Zúñiga y José Afanador expusieron que han buscado infructuosamente entrevistarse con el alcalde, el panista Héctor López Santillana, así como con el presidente del consejo del Sistema de Agua, Jorge Hernández, y hasta con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Juan de Dios Hernández Araiza, representante legal de las familias, señaló que funcionarios de SAPAL dejaron pasar hasta 20 días antes de ponerse en contacto con los deudos, y se negaron a cubrir alguna indemnización hasta que se tenga el resultado de la investigación del Ministerio Público y, en su caso, se determine alguna posible responsabilidad en un juzgado.

A fines de febrero, tres meses después del percance, en la Fiscalía General del estado les dijeron que todavía no habían concluido las investigaciones.

En una conferencia de prensa convocada por la asociación civil ambientalista Acción Colectiva, su director, Gustavo Lozano, recordó que antes de que ocurriera el accidente, la organización había evidenciado públicamente anomalías en el funcionamiento de la planta de desbaste que sirve para tratar el agua residual de la industria curtidora.

Acción Colectiva incluso presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), misma que evidenció desacuerdos entre SAPAL y la empresa Ecosys III, que entonces operaba el sistema de saneamiento, debido a que la industria curtidora envía agua con numerosos residuos no previstos en los acuerdos para el saneamiento.

SAPAL asumió el manejo de la planta de desbaste y dejó fuera a Ecosys III. Después vino la muerte de los cinco trabajadores.

Gustavo Lozano afirmó que lo ocurrido “pudo evitarse si el SAPAL hubiera realizado una transición ordenada para tomar el control y dirigir la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD) y si, en cumplimiento a sus obligaciones, hubiera capacitado a sus trabajadores y observado los protocolos de seguridad laboral correspondientes”.

En la rueda de prensa efectuada ayer, las familias estuvieron acompañadas por el maestro en Ciencias Forenses Enrique Pérez Ramos, quien en un análisis del dictamen de necropsia de algunos de los fallecidos –obtenido de la carpeta 106048– expuso posibles omisiones o negligencia de peritos de la Fiscalía que no habrían embalado adecuadamente ni los cuerpos ni la ropa de los fallecidos.

Peor aún, dos páginas del protocolo de necropsia no aparecen en el documento que forma parte de la carpeta de investigación.

“Las muestras del tejido necesarias para los exámenes posteriores y realizar una determinación concluyente nunca fueron tomadas por los médicos legistas. El levantamiento del cadáver es la prueba clave en muerte de este tipo: la deben realizar el perito investigador y el médico legista presentes en el escenario, (pero) en este caso el levantamiento del cadáver lo hizo el chofer del Servicio Forense”, criticó el experto.

A los peritos “no les interesó dar fe de la pérdida de la vida” de estos trabajadores, abundó Pérez Ramos. “Jamás se tomaron muestras de tejidos y otras partes del cuerpo que en el dictamen de necropsia ni se mencionan”, para realizar análisis que determinen qué sustancias fueron las que causaron el envenenamiento de los cinco empleados de SAPAL.

Algunos familiares de dos de las cinco víctimas, entre ellos la viuda de José Salvador, se mostraron indignados porque han constatado que en la carpeta “ni siquiera fueron a la planta de tratamiento a tomar una foto, no se tomaron nada en serio”.

Subrayaron: “Se ha tratado más de tapar que darnos algo claro sobre lo que pasó…Ya nos tenían las carpetitas donde decía que había sido un accidente y que no emprenderíamos ninguna acción”.

“Hasta la ropa me dieron de mi hijo, porque no tenían planes de hacer ninguna investigación. No se ha abierto el celular de mi hijo para que vean toda la información que tenía”, expuso el padre de uno de los trabajadores. “Está claro que todo está enfocado para ayudar a SAPAL”.

Ayer, después de la conferencia de prensa, el organismo divulgó un comunicado en el que afirmó que está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos del 13 de noviembre pasado y que, además de “dar seguimiento a los procesos administrativos de apoyo a los familiares”, acordó otorgar un apoyo extraordinario “a fin de atender las necesidades más inmediatas de los deudos, así como la cobertura de sus gastos funerarios y el soporte de un especialista en tanatología a quienes lo consideraron necesario”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/4/familiares-de-trabajadores-de-sapal-fallecidos-hace-cinco-meses-exigen-respuestas-259430.html

Hallan otra fosa en Villa Fontana Aqua (Jalisco)

Foto:  Twitter @FiscaliaJal

Juan Levario / El Diario NTR

Una nueva fosa clandestina fue hallada en Tlajomulco de Zúñiga. La Fiscalía del Estado informó que en el sitio, ubicado en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, se hallaron dos cadáveres correspondientes a un varón y una mujer.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) dio con el lugar tras cumplimentar una orden de cateo y exhumó los cuerpos de dos personas fallecidas sin identificar. Los trabajos en el sitio ya concluyeron luego de verificar un conjunto de departamentos.

Como resultado de las acciones quedaron dos viviendas clausuradas.

La Fiscalía precisó que los cuerpos se hallaron en el patio de una vivienda de la planta baja del edificio.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, mencionó que en el lugar se buscaron indicios para esclarecer casos de personas desaparecidas y de casas de seguridad.

“Se dieron por concluidos los trabajos, se quedaron dos fincas debidamente clausuradas y ahora esperaríamos el resultado de los peritajes para proceder a la identificación y posterior investigación de algunos datos complementarios”, explicó.

En el lugar hubo intervención de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de binomios caninos para localizar a las víctimas. Luego de la exhumación de los dos cuerpos, los especialistas determinaron que ya no había más personas inhumadas.

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue metropolitana del fraccionamiento Revolución para la necropsia y para determinar si corresponden a las personas que se mencionaban en las carpetas de investigación que dieron origen a la orden de cateo.

Los peritos fijaron como indicios distintos objetos, entre ellos ropa de personas.

Por otro lado, la FEPD informó que en Tepatitlán de Morelos continúan las labores de búsqueda en un predio asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras casos de desapariciones. Hasta ahora se han localizado cuatro conjuntos de restos óseos y mil 231 cartuchos en el inmueble, el cual se presume era un campo de entrenamiento de la delincuencia organizada.

Familiares de personas desaparecidas, a través de colectivos de búsqueda, fueron quienes presionaron para que la instancia estatal realizara investigaciones bajo la sospecha de que había personas calcinadas.

Durante 2020 fueron localizadas al menos 591 personas en 27 fosas clandestinas en Jalisco, con lo que se convirtió en el año con mayor cantidad de víctimas exhumadas en la historia, además, aún con peritajes pendientes para relacionar secciones anatómicas de cuerpos desmembrados.

Para enero de este año se extrajeron los cuerpos de otras 16 personas y se iniciaron nuevas indagatorias.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163200

Son 1400 personas desparecidas en Colima; Fiscalía sólo ejerció acción penal en 9 casos en 2020

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (04/03/2021).- La Fiscalía General del Estado ejerció acción penal en sólo nueve carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de personas.

La información anterior forma parte de las estadísticas que aparecen en el segundo informe de labores del Fiscal, Gabriel Verduzco Rodríguez, documento que está disponible en la página de transparencia de la institución para la consulta pública.

En el informe, que fue entregado por escrito al Congreso del Estado y del cuál no se ha hecho ningún análisis por parte de los legisladores locales, se desprende que hasta octubre de 2020 la Fiscalía tenía 716 carpetas de investigación por la desaparición de 727 personas.

Asimismo se menciona que hasta octubre de 2020 se habían localizado a 325 personas de las 725 denunciadas como desaparecidas; sin embargo, no se explica si éstas fueron localizadas con vida.

De la misma manera señala que se localizaron 34 fosas clandestinas y se recuperaron 87 cadáveres inhumados ilegalmente; se entregaron 30 cadáveres a los familiares.

En el rubro de desaparición de personas, el informe expone que la Fiscalía ha obtenido 25 órdenes de aprehensión, 16 órdenes de cateo y exhumación, y se ha ejercido acción penal en nueve carpetas de investigación “obteniéndose autos de vinculación a proceso y medida cautelar para los imputados de prisión preventiva oficiosa”.

Por su parte, la semana pasada, la Red de Desaparecidos en el estado informó que en la entidad había mil 400 personas desaparecidas.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=20636

Cancún; Ante negativa del Congreso, feministas reafirman su lucha por aborto (Quintana Roo)

SalasM / La Verdad Noticias.

“La lucha sigue”, dice integrante del colectivo Resistencia Sorora, tras la no despenalización del aborto en Quintana Roo; preparan una serie de eventos.

Con más de nueve eventos programados en Cancún, feministas seguirán luchando para que la despenalización del aborto sea una realidad en Quintana Roo, esto ante la ante negativa del Congreso por votar contra el aborto. Colectivos hablaron con La Verdad Noticias y detallaron la serie de actividades que tienen programadas “para continuar con la lucha”.

Diana Miramontes, integrante del colectivo Resistencia Sorora, en entrevista, dijo que alrededor de 10 actividades tienen preparadas durante la primera y parte de la segunda semana de marzo en Cancún y detalló que tras lo ocurrido del pasado martes en el Congreso sobre el tema del aborto, no las detendrá para no llevar a cabo lo ya planeado.
No descansarán hasta lograr su objetivo

“La ola será de Marea Verde, todas las actividades serán con la finalidad de apoyar todavia el aborto, no lo vamos a soltar, ya que parece que, el mismo lunes 8 de marzo se presentará el amparo indirecto para que se lleve a la Suprema Corte de Justicia”. señaló.

Es de mencionar que las actividades de las feministas iniciaron desde el pasado lunes 1 de marzo y se espera que concluyan hasta el martes 9 del mismo mes. Las futuras actividades son las siguientes, iniciando desde el jueves 4 de marzo de 2021.

Jueves 4 de marzo: panel se psicólogas de manera virtual.
Viernes 5 de marzo: evento artístico, cultural entre colectivas en el Mora Mora, en este evento solo mujeres pueden asistir.
Sábado 6 de marzo: cine al aire libre en la zona hotelera de Cancún.
Domingo 7 de marzo: mercadito en el domo de la Región 95, de 15:00 horas a 20:00 horas.
Lunes 8 de marzo: Se tiene previsto dos actividades, la primera, una marcha sobre ruedas en la zona hotelera, la ruta es del ceviche hasta el asta bandera y a las 15:00 horas “Concentración Pacífica en el Malecón Tajamar.
Martes 9 de marzo: comité de víctimas del 9N en la explanada del palacio municipal de Benito Juárez, Cancún.

Llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia

Diana del colectivo Resistencia Sorora, señaló que aunque las y los diputados votaron en contra, las feministas reconocen que ya se avanzó bastante en esta lucha por eso no lo van a soltar, afirmó que después de presentar el amparo, verán que procede, lo cierto es que, “nunca nos cansaremos de luchar, seguiremos apoyando a las compañeras, todo esto es por el aborto legal ya”, concluyó.

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Cancun-Ante-negativa-del-Congreso-feministas-reafirman-su-lucha-por-aborto-20210303-0195.html

Tres comunidades de Campeche obtienen suspensión provisional contra Tren Maya

Rosa Santana / Foto Alejandro Saldívar /Proceso

CAMPECHE, Camp. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito concedió al Colectivo Tres Barrios la suspensión provisional contra el “proceso de relocalización consensuada” del proyecto Tren Maya en esta capital, en tanto se resuelve el juicio de amparo con el que esperan impedir el desalojo de viviendas aledañas a la vía.

Este nuevo juicio de amparo fue promovido por 80 familias que habitan en los barrios Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de esta ciudad, quienes se resisten a ser reubicados a otra zona para despejar la ruta del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En vísperas de la nueva visita que el presidente programó este fin de semana para supervisar los avances del proyecto, el Juzgado Primero de Distrito concedió a los quejosos la suspensión provisional de todas las actividades de la primera etapa del “proceso de relocalización consensuada”, nombre técnico de la fase de desalojo forzoso.

La suspensión tiene vigencia hasta el próximo martes 9, fecha en la que se programó la audiencia en la que se definirá si la medida se mantiene hasta la resolución del juicio.

No es la primera demanda de amparo que promueve el Colectivo Tres Barrios en contra el cuestionado megaproyecto y en defensa de sus viviendas y sus barrios. El 20 de abril de 2020 entabló otra. Ese juicio está en curso.

El pasado 19 de diciembre los inconformes le entregaron a López Obrador, durante su visita a Campeche, una carta en la que le expusieron su caso y le solicitaron que sean las vías del tren las que “relocalicen” y no a ellos. No recibieron respuesta.

El colectivo insiste en que el “proceso de relocalización consensuada”, para el que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contrató a ONU-Habitat, es en realidad “un proceso de desalojo forzoso”, dado que a los afectados no se les ofreció más alternativa que la de abandonar sus barrios.

“Si bien a la fecha no se ha desalojado a ninguna persona, el llamado proceso de relocalización inició justo al comienzo de las medidas de distanciamiento social por la pandemia, con información confusa y bajo la premisa de que el desalojo de sus barrios era ‘inminente’”, denunció Kalycho Escoffié, asesor jurídico de los demandantes.

Argumentó: “A diferencia de uno común, los desalojos forzosos son una violación al derecho a la vivienda reconocido por las leyes internacionales”.

La violación –subrayó– estriba “en obligar a las personas a abandonar sus viviendas sin que haya una causa prevista en la ley, o sin que se haya ordenado judicialmente, o sin que se les haya permitido defenderse en juicio.

“Ni la Constitución, ni ninguna legislación faculta a las autoridades demandadas a desalojar barrios enteros para un proyecto turístico”, resaltó.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/3/3/tres-comunidades-de-campeche-obtienen-suspension-provisional-contra-tren-maya-259387.html

Bloquean ejidatarios acceso a Vallarta por la vía Mascota, exigen al gobierno pago de sus tierras (Jalisco)

Foto: Tribuna de la Bahía

Alberto García / Tribuna de la Bahía

Al menos un medio centenar de ejidatarios del Ejido Soyatán tienen cerrada la carretera Estatal 544 por falta de pago a sus terrenos afectados por el gobierno del Estado.

Contando apenas con la presencia del personal de la Policía de Vialidad del Estado, los ejidatarios cerraron por completo ambos sentidos de la carretera a escasos 3 kilómetros del ingreso a su comunidad.

En estos momentos se forman largas filas a ambos lados de la carretera y hay desesperación entre los automovilistas, algunos de ellos han decidido bajarse caminar un poco, mientras que otros como presas de la desesperación hacen sonar sus claxons.

Los ejidatarios señalan que mantendrán cerrada la carretera el tiempo que sea necesario, aunque mencionaron que también estarán dejando pasar los vehículos de manera aleatoria en el momento que lo decidan.

Los ejidatarios para contrarrestar un poco la situación y la tensión que se vive en este momento gritan consignas en contra de Enrique Alfaro, a quien hacen responsable de que los recursos no lleguen.

Señalan que la carretera permanecerá cerrada hasta que no reciban la atención de algún representante del gobierno del Estado que se comprometa a pagarles a su dinero.

Mientras tanto los automovilistas desesperados deciden regresar, algunos hacia Puerto Vallarta o del lado contrario hacia Talpa y Mascota.

Cabe recalcar que siendo las 12:19 de la tarde, no hay ninguna autoridad presente, a excepción los pocos elementos de Vialidad del Estado, por lo que en estos momentos aumenta la tensión entre conductores y ejidatarios.

Liberan Carretera

Los ejidatarios por no perjudicar a los conductores liberaron la carretera, pero con la consigna de que volverán a cerrar, pero ahora de manera permanente si no tienen respuesta de una autoridad estatal.

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/puerto-vallarta/bloquean-ejidatarios-acceso-a-vallarta-por-la-via-mascota-43797

Ven irregular proceso por abuso infantil de funcionario de Puerto Vallarta (Jalisco)

Foto: Cuartoscuro

Juan Levario / El Diario NTR

La Fiscalía del Estado, la Comisaría de Puerto Vallarta y la procuraduría de la niñez del municipio violaron los derechos humanos de una niña que fue vulnerada sexualmente por un funcionario municipal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 2/21 por la agresión física, psicológica y sexual en contra de la niña de 10 años por parte de un servidor público del municipio que se desempeñaba como jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

La defensoría estimó que el ministerio público encargado de la integración y seguimiento del caso, así como elementos policiales municipales y el asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta fallaron en garantizar una adecuada procuración de la justicia para la menor de 10 años de edad.

El 26 de julio de 2020, policías municipales encontraron a Luis Alonso N con la niña desnuda en su automóvil en un paraje de la comunidad de El Salitrillo, por lo que quedó detenido.

Sin embargo, tanto el ministerio público como los policías incurrieron en acciones y omisiones que derivaron en deficiente mando y conducción de los primeros respondientes, según las investigaciones de la CEDHJ. Hubo errores en la integración de la carpeta de investigación y en su judicialización.

El 14 de agosto de 2020 el imputado recibió auto de no vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores y después solicitó el beneficio de suspensión condicional del proceso para quedar en libertad, aunque sí fue vinculado por abuso sexual infantil sin agravantes.

La Fiscalía no aportó argumentos sobre los grados de vulneración que podía sufrir la niña ni que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia, según la CEDHJ.

La Fiscalía, posteriormente, realizó nuevamente la acusación por corrupción de menores y el 21 de agosto obtuvo el auto de vinculación a proceso.

El juez que inicialmente llevaba el caso, Jorge Luis Solís Aranda, fue separado de su cargo. Aún no se ha dictado sentencia.

Algunas de las recomendaciones de la CEDHJ están dirigidas al fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez para garantizar la reparación integral del daño. También recomendó ofrecer atención psicológica a la víctima e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios que incurrieron en irregularidades y omisiones en la carpeta de investigación.

La defensoría pidió anexar una copia de la recomendación en sus expedientes laborales.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163150

Un Salto de Vida exige se impida sobreexplotación de acuíferos (Jalisco)

Foto: Twitter @unsaltodevidaac

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

Un Salto de Vida externó su inconformidad por el incumplimiento del gobierno municipal de El Salto ante una suspensión definitiva contra el fraccionamiento El Mirador de Casas Bali.

La agrupación aseguró que la empresa continúa con actividades y, pese a los tandeos de agua potable que habrá en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) por la escasez del líquido, exigen al municipio que acate la suspensión para que Casa Bali deje de explotar los acuíferos de la zona.

“A pesar de eso, el Gobierno Municipal El Salto, permite que Casas Bali siga haciendo una extracción ilegal de las aguas en el acuífero en el cual nos asentamos, que es el de Toluquilla, el más sobreexplotado de todo Jalisco. Eso no solo nos pone en riesgo a los habitantes nativos sino, principalmente, a los nuevos habitantes de El Mirador, quienes ya sufren de desabasto porque la empresa prioriza el agua que utiliza en la construcción ilegal de viviendas, violando la clausura todos los días en complicidad con el ayuntamiento”, señalaron.

El temor se funda en que El Salto es parte de la ZMG por lo que hay riesgo de que el desabasto de agua potable pueda alcanzarlos. Además, el proyecto que anunció el presidente municipal con licencia Ricardo Santillán Cortés, precisamente se basa en disponer de agua de la presa Calderón, misma que tuvo que cerrar ante su nivel bajo.

“Estamos a una semana de que se cumpla el tiempo que anunció Enrique Alfaro Ramírez para que la presa Calderón se quede sin agua. Ya se programan los recortes en más de 200 colonias de la ZMG, pero recuerden que el anunció que hizo Ricardo Santillán hace un año para resolver los problemas de abasto de la cabecera era en referencia al abastecimiento de esta misma presa”.

Exigen que, si “la gente en la ZMG no paga el agua, se la cortan o la reducen. Si una empresa como Casas Bali extrae millones de litros sin permiso, el ayuntamiento mira para otro lado”.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163149

Sin dinero y ‘a garrotazos’, así combaten en Nahuatzén la tala ilegal (Michoacán)

“Hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado”, dicen comunitarios de Nahuatzén.

Maru Ureste / Animal Poítico, 02 de marzo de 2021

Con las cicatrices aún frescas de tres balazos que estallaron en el cristal delantero, una vieja camioneta avanza renqueante por senderos sinuosos hasta adentrarse en la profundidad de los montes de Nahuatzén, en la meseta purépecha del estado de Michoacán.

La camioneta la maneja un integrante de la ronda comunitaria; un grupo de policías purépechas que desde 2015, cuando los vecinos de la localidad siguieron el ejemplo de lo sucedido en Cherán en 2011 y expulsaron a los partidos políticos y a la policía municipal por la corrupción y la violencia, tomó el control de la vigilancia del pueblo.

Aunque tomar el control no sería la palabra exacta.

Desde noviembre de 2017, el Tribunal Electoral michoacano reconoció al consejo comunal de Nahuatzén el derecho a autogobernarse sin partidos políticos. Pero, en los últimos dos años, la comunidad ha enfrentado -y enfrenta- múltiples problemas con el todavía existente gobierno municipal de Nahuatzén y con las autoridades del gobierno michoacano.

Derivado de esos problemas, una Misión Civil de Observación, integrada por organizaciones como Serapaz o el Centro Pro de Derechos Humanos, entre muchas otras, documentó agresiones por parte de la policía estatal en contra de los comuneros de Nahuatzén, el encarcelamiento de dos concejales y de otro comunero, y la “asfixia presupuestaria” del consejo comunal, al que no le llegan los recursos de la Federación que por ley le corresponde para ejercer su autogobierno.

Lo anterior ha mermado notablemente la capacidad operativa del consejo comunal.

Y a la ronda comunitaria, también.

Efraín Avilés, vocero del consejo indígena de Nahuatzén, explica que hace unos cuatro años la ronda comunitaria tenía 120 elementos, a los que se equipó con chalecos antibalas, uniformes tácticos, botas, y un par de patrullas.

Pero hoy, ante la falta de recursos, la ronda solo tiene 36 elementos que, además, no reciben un salario, que ya no tienen chalecos, ni uniformes, ni botas, y que siguen dando rondines en las dos viejas patrullas que tienen impactos de bala en los cristales.

El resultado: un grupo de apenas cuatro policías purépechas va ahora arriba de la camioneta tratando de cuidar una enorme extensión de monte sin más armas que las palabras y los puños para enfrentarse a los talamontes que, ante la precariedad de los guardabosques y la falta de oportunidades laborales, han vuelto a brotar con fuerza en Nahuatzén y en otras localidades vecinas, como Comachuén.

“Hace un par de años logramos detener la tala ilegal hasta en un 85%. Pero ahorita ya no podemos. Estamos volviendo a lo de antes”, asegura Sergio Ramírez, uno de los concejales mayores del consejo indígena, que va sujeto a los hierros de una de las camionetas que va rumbo hacia el invernadero que el consejo abrió arriba del cerro.

Mientras habla, el vehículo va dejando tras de sí una estela de polvo y un paisaje donde, a simple vista, se aprecian los efectos de la tala masiva: hay troncos cercenados y ramas regadas por extensas ‘calvas’ de tierra.

Cuando dice que están “volviendo a lo de antes”, Sergio se refiere a hace unos cinco años, aunque rápido matiza que ese “antes” era todavía mucho peor que ahora.

En aquel entonces, toda la zona estaba dominada por el crimen organizado, que cobraba extorsiones y ‘derechos de piso’ al por mayor, tanto a los aserraderos, como a cualquier campesino que se acercara al monte a cortar unos cuantos troncos.

Sacar a los malandros del pueblo les costó mucho, enfatiza Sergio que aún luce los restos de un tatuaje en la piel morena del brazo derecho.

Fueron años de barricadas, de las que aún quedan abandonadas por las carreteras de la comunidad, como si fueran vestigios del paso de una guerra. Fueron años de armarse cada quién como pudiera, de enfrentamientos con quienes tenían al pueblo en permanente toque de queda, de balaceras, y de comuneros que aparecían muertos en los caminos de terracería con el rocío escarchado de la madrugada.

Ahora, la situación es otra.

El narco se mantiene a raya, por ahora. Aunque cada vez más, la gente se está lanzando al monte a buscar madera para sacar unos pesos.

“La tala se nos está saliendo un poco de control”, admite Sergio, al tiempo que la camioneta se encuentra de frente con un campesino montado a caballo que detiene su marcha en seco.

A simple vista, el hombre no trae armas. A lo sumo, el clásico machete que la mayoría en la zona lleva siempre pegado al cinturón.

Los guardabosques se miran unos a otros y el ambiente se torna tenso.

A lo lejos, el campesino se lleva la mano al sombrero. Saluda sin perder el gesto hosco, mientras, con la otra mano, tira de una lona azul para tratar -torpemente- de ocultar la mercancía que lleva en un viajo carromato: decenas de troncos gruesos de pino recién cortados.

Los guardabosques se dan cuenta del movimiento, pero asienten con la cabeza, regresan el saludo, y el hombre pasa con sus troncos ilegales.

Ante la escena, Sergio se encoge de hombros. Explica que para mucha gente en el pueblo “cortar unos pinos para luego fabricar muebles y venderlos” es prácticamente su única salida para subsistir en un municipio donde, según cifras oficiales, 8 de cada 10 de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, y donde la alternativa es subir al monte, o emigrar, o acabar en la maña. No hay muchas más.

“Desafortunadamente -comenta el concejal agarrado de los fierros de la batea y aguantando como si fuera un vaquero arriba de una res brava los embistes violentos que da la camioneta a su paso por los senderos escarpados y llenos de baches-, si la gente no tiene otra forma de obtener un ingreso para dar de comer a su familia, tampoco podemos estar deteniéndolos a cada rato”.

Foto: Maru Ureste, Animal Político

“Nadie nos ayuda a defender el bosque”

Una hora y media después de partir desde la casa comunal de Nahuatzén, en la cabecera municipal donde hay calles pintadas con murales que aseguran que en el pueblo “no queremos a los partidos políticos”, la camioneta de los policías purépechas hace cumbre en una pequeña meseta, donde hay una basta extensión de campo cercado por vallas metálicas y una balsa de agua para riego.

Los policías y el concejal Sergio acceden al lugar, y rápido sale al encuentro Arnulfo Espino, un hombre de 60 años que viste una camisa de cuadros roja, pantalones tejanos y un sombrero estilo cowboy.

Las manos grandes y el rostro angosto de Arnulfo están agrietadas y polvorientas por el paso de los años, y por el desgaste del trabajo en el campo desde que prácticamente era un niño imberbe.

Por eso, por su experiencia, lo escogieron a él para cuidar del invernadero con el que el consejo comunal de Nahuatzén pretende ir reforestando lo que los talamontes devoran a diario, como si fueran termitas en una tienda de muebles.

“Todos los días vienen los talamontes, todos”, dice con el ceño fruncido el campesino, que está parado junto a una plantación de cientos de pinos que apenas sobresalen unos centímetros del suelo arcilloso del invernadero.

“Le hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado, porque sin bosque no hay agua, no hay animales, y tampoco hay vida”, dice con la mirada puesta en sus pinos, para los que asegura que tampoco cuenta con fertilizantes “para ayudarlos a que crezcan más rápido” y así acortar el proceso de reforestación.

“Pero a los presidentes eso no les importa -añade acariciándose el mentón por donde una barca grisácea brota desde la barbilla hasta el bigote formando un candado-. Por eso nunca han puesto un pie acá y por eso nadie nos ha echado la mano para defender el bosque”.

Y lo peor del caso, abunda Arnulfo, es que ahora que ya tienen su propio consejo y su propia ronda comunitaria “tampoco los dejan trabajar” porque los recursos no están llegando por el pleito con los gobiernos municipal y estatal. Y sin dinero, el sueño del autogobierno está muy complicado. Casi imposible.

“Nosotros solo pedimos que nos den los recursos que nos corresponde como consejo comunitario y que nos dejen trabajar para detener la taladera de nuestro monte”, hace hincapié el campesino, que sostiene entre sus grandes manos ocres uno de los pinos que, tal vez en meses, sirva para repoblar la vida del bosque que da la vida a Nahuatzén.

A garrotazos

Abel Sánchez, jefe de los pocos guardabosques que aún quedan en Nahuatzén, no viste ningún uniforme policiaco ni militar.

Como el resto de la ronda comunitaria, lleva un pantalón de mezclilla, un polo azul claro, y una gorra de béisbol. Poco más.

Arriba de la batea de la camioneta, ya de vuelta al pueblo antes de que termine de caer el ocaso anaranjado de la tarde, Abel lamenta que proteger el bosque se ha vuelto una tarea cada más más complicada y peligrosa, por la que muy pocos quieren arriesgar la vida. Y que conste que no lo dice como reproche, matiza a colación. Nadie trabaja de gratis, por mucho que se quiera al pueblo y a la comunidad. Y menos si en ello va implícito arriesgar la vida ante los delincuentes.

“Nosotros no vamos armados, no traemos nada porque no tenemos dinero para comprarlas”, insiste el hombre quien, no obstante, dice conciliador que los guardabosques “no son gente de violencia”.

“Siempre tratamos primero de hablar con los vecinos -recalca-. Les explicamos que no pueden llevarse tanta cantidad de árboles porque todos tenemos que cuidar el bosque. La mayoría lo entiende, aunque siempre sale por ahí algún rebeldito que no quiere entenderlo”.

¿Y qué pasa con esos que no entienden? -se le pregunta a Abel, a lo que éste, responde espontáneo con una sonrisa burlona.

“Entonces, de las palabras pasamos a los puños y a los garrotazos, como se ha hecho toda la vida”.

A unos 11 kilómetros del bosque, en Comachuén, la localidad vecina que desde el 2018 también consiguió el reconocimiento del Tribunal Electoral de Michoacán como comunidad que se autogobierna sin partidos políticos ni policía local, Virginia explica que la situación de la tala ilegal en su comunidad es idéntica a la de la cabecera Nahuatzén.

Aunque ella sí va uniformada con botas, pantalón y polo azul marino -al estilo de la Policía Federal-, la ronda comunitaria de Comachuén tampoco porta armas porque no tienen el dinero para comprarlas, y también porque legalmente aún no están autorizados para portarlas.

Por ello, su única autoridad en la calle y en los campos de la comunidad es la simbólica que le otorgó el pueblo. Y con eso, asegura Virginia, les alcanza para hacerse respetar y para imponer el orden.

“Cuando pillamos a los talamontes les quitamos los caballos y entonces tienen que venir a la presidencia comunal a pagar para poder recuperarlos. A veces, traemos tres y cuatro caballos por día. Pero también se nos escapan muchos”, expone la mujer.

En cuanto a si no reciben ayuda de otros cuerpos policiacos para cuidar los montes, Virginia encoge los hombros y sonríe resignada.

A veces, reciben apoyo de la policía estatal michoacana, dice. Pero la mayor parte del tiempo es ella y sus compañeros los que enfrentan “a los malos” con palabras o “a los puros golpes”, como sus compas de la ronda comunitaria de Nahuatzén.

Aunque, en otras ocasiones, también tienen que mirar para otro lado.

“Acá todos sabemos quiénes son los que suben al monte para cortar unos pocos troncos, y quiénes son los que suben con camionetas y armados”, asegura la policía, enigmática.

“Los que van con armas siempre se organizan en grupitos, nunca suben solos. Y cuando vemos que son ellos, mejor solo pasamos de largo y no nos acercamos…”, dice Virginia, que clava la mirada en sus botas negras recién boleadas con grasa y cierra los puntos suspensivos con una sentencia cargada de lógica: “Porque sin armas no podemos hacerles nada”.

 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/03/sin-dinero-y-a-garrotazos-asi-combaten-comunitarios-de-nahuatzen-la-tala-ilegal/ 

Sospechosos, cortes anunciados por el Siapa: Observatorio (Jalisco)

Foto: Foto: Coordinación General de Gestión del Territorio

Redacción / El Diario NTR

Resulta sospechoso que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) opte por afectar el abastecimiento de agua en 214 colonias por el cierre de la Presa Calderón, consideró Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.

No descartó que el gobierno estatal busque atemorizar a la gente con el tema del desabasto de agua para justificar proyectos como la Presa El Zapotillo o incluso vayan a apostar por privatizar este servicio.

“Pudiera ser también una forma de poner en la mesa de nueva cuenta el proyecto de El Zapotillo de una manera no directa porque es un periodo electoral, pero sí con esa posibilidad de cerrar la llave, generar este temor y que la propia gente sea quien presione; sería muy lamentable, pues no se está recurriendo al abasto de agua del servicio para la gente”.

Dijo que el organismo que preside estará al pendiente de la situación porque, pese a este escenario que se pudo prever con tiempo, el Siapa tuvo un recorte presupuestal de mil millones de pesos para 2021.

“Si se hubiera conservado el presupuesto de 2020 del Siapa ahí tenían los recursos para hacer las obras y los ajustes necesarios para que el suministro siguiera siendo a través de las tuberías y de la llave, y no de pipas. Es por demás extraño esa forma de estar atendiendo una problemática que era previsible totalmente”.

En entrevista para Informativo NTR, con Nivia Cervantes, el especialista criticó que el gobierno del estado le dé mucha importancia a la Presa Calderón, cuando es mínimo el porcentaje de agua que llega a la ciudad desde esa infraestructura.

“Con información de la Comisión Nacional del Agua la presa aporta medio metro cúbico por segundo de los tres metros que originalmente en el proyecto se consideraban, entonces partiendo de esto, estamos hablando de que es un cinco por ciento del agua que se consume en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Ante los recortes al servicio de agua potable por algunas horas del día durante los próximos meses, el Siapa anunció que abastecería a las colonias con pipas.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163078

 

48 mujeres, asesinadas en Manzanillo (Colima)

Foto: Especial

Jesús Lozoya Baeza / El Noticiero

Durante el año anterior fueron asesinadas 48 mujeres en el municipio de Manzanillo y ha sido la delegación de Santiago donde más homicidios se cometieron en contra del género femenino, particularmente en el fraccionamiento Terraplena.

Lo anterior fue dado a conocer por la directora de Vinculación y Proyectos del IMM, Karla Assaleih Preciado, quien explicó que en segundo lugar se ubica la delegación de El Colomo con seis casos, mientras que en Santiago fueron 14.

Dejó en claro que estos datos se obtienen de las estadísticas con las que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo que les ha permitido mapear en donde se han localizado los cuerpos de las mujeres a efecto de conocer las zonas más violenta y peligrosa para las féminas.

Recordó que efectivamente hubo un aumento en el número de homicidios y de feminicidios, por lo que la entidad sigue en los primeros lugares en cuanto a violencia contra la mujer y Manzanillo también ocupa los primeros lugares nacionales (14) como un lugar donde se genera violencia contra la mujer.

Explicó que el año anterior, el mayor número de llamadas de auxilio, por parte de mujeres, se recibieron del Valle de las Garzas con 339; de Santiago 331 y de Salagua 284, las tres delegaciones donde mayor número de violencia fueron denunciadas.

https://elnoticieroenlinea.com/48-mujeres-asesinadas-en-manzanillo/

Desmantelamiento de Constellation Brands en Mexicali inicia el 18 de marzo (Baja California)

La coperacha / Redacción.

La trasnacional acepta plazo de 24 meses, en acatamiento de Consulta Ciudadana del 2020.

El jueves 18 de marzo comenzará la primera fase de salida ordenada de Constellations Brands de Mexicali, en acatamiento a la Consulta Ciudadana elaborada por la Secretaría de Gobernación en marzo del 2020.

La planta cervecera de la trasnacional requería 20 mil millones de litros de agua anuales en un ecosistema con estrés hídrico, se documentó en su momento.

El proceso de desmantelamiento y salida será supervisado por una comisión donde participan la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

De acuerdo a un comunicado la trasnacional se compromete a respetar los tiempos de conclusión y salida definitiva de Mexicali, estipulado en 24 meses. El lunes 08 de marzo se dará a conocer el proceso de desmantelamiento.

Lo anterior se informó luego de una reunión que sostuvieron autoridades federales, estatales, municipales y representantes de la empresa. Entre las personas participantes estuvieron la titular de Semarnat, María Luisa Albores; la encargada de Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera; así como el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Constellation Brands, Julio Portales.

La titular de Semarnat quedó como responsable de la comisión de seguimiento y su dependencia, como encargada del proceso de restauración ambiental.

Los días 21 y 22 de marzo de 2020 se llevó a cabo la Consulta Ciudadana donde participaron 36 mil 781 personas, de las cuales 76.1% manifestaron su desacuerdo con la construcción y operación de la cervecera en Mexicali.

Durante el proceso de consulta activistas denunciaron que la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Segob, encabezada por Diana Álvarez, operaba en favor de la cervecera al difundir trípticos con información en favor a Constellation Brands. Entonces la Semarnat se desmarcó y pidió quitar sus logos de dicha información.

https://lacoperacha.org.mx/desmantelamiento-salida-constellation-brands-mexicali-inicia-marzo-2021/

Maestros de Chetumal denuncian incumplimiento en proceso de asignación de plazas (Quintana Roo)

José Ramos / PorEsto!

La SEP no ha dado a conocer los criterios de este proceso a los docentes que presentaron examen de asignación para nivel básico

Maestros integrantes del Frente de Admisión Magisterial Definitiva (FAMD) en Chetumal manifestaron su inconformidad ante el incumplimiento en el proceso de asignación de plazas por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los docentes recordaron que la SEP no ha dado a conocer los criterios para la asignación de plazas a maestros que presentaron examen de asignación para nivel básico por medio de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Señalaron que lo anterior los deja en total incertidumbre ante el vencimiento de los plazos de los contratos temporales que les fueron otorgados inicialmente como parte de la asignación de plazas con un nombramiento provisional en vacante definitiva.

En ese sentido piden que se realicen las gestiones para que se publiquen, las disposiciones normativas que establecen los criterios y mecanismos para la conclusión del proceso de admisión educación básica 2020-2021 y solicitaron ser considerados en la aplicación del instrumento de evaluación del sistema de apreciación de conocimientos y actitudes, con la finalidad de concluir el proceso de admisión en educación básica; o si las condiciones sanitarias no lo permiten se indique el mecanismo que se realizará para que se otorgue la base de manera definitiva.

MA
https://www.poresto.net/quintana-roo/2021/3/1/maestros-de-chetumal-denuncian-incumplimiento-en-proceso-de-asignacion-de-plazas-240757.html

Convocan a marcha feminista en Michoacán el 8 de marzo

La manifestación se realizará con las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios por Covid-19

Foto: Mariana Luna | El Sol de Morelia

Foto: Mariana Luna | El Sol de Morelia
Foto: Mariana Luna | El Sol de Morelia
Adrián Bucio | El Sol de Morelia, 28 de fenrero de 2021
Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Red Colectivas Feministas Michoacán (Redcofem) anunció que el próximo 8 de marzo se realizará una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y asimismo, exigir al estado el reconocimiento, respeto, defensa y garantía de los derechos de las mujeres, además de expresar la cero tolerancia a las situaciones de violencia que diariamente se viven en el país.

“Se está convocando a la marcha respetando la libertad de decisión de cada una de participar o no, así como respetamos a quienes intervienen el patrimonio arquitectónico, espacios legislativos y judiciales, o cualquiera otro, porque finalmente todas las luchas son por el mismo fin y objetivo”, dice el comunicado.

Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

La Redcofem, que está conformada por más de una treintena de mujeres y activistas independientes en todo Michoacán, señaló que en la manifestación prevalecerán las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar cualquier riesgo de contagio de Covid-19.

El anuncio se da luego de que integrantes de la Asamblea de Mujeres Michoacán (AMM) declararan que, por su parte, no convocarían a marcha en esta fecha. Sin embargo, estas propusieron un Paro Estatal de Mujeres de 12:00 a 12:30 horas para aquellas que no puedan unirse todo el día, así como la invitación a colocar un mandil afuera de los hogares.

Por otro lado, la Redcofem invitó al respeto, unidad, rechazo a la intolerancia, señalamiento entre compañeras y la descalificación entre mujeres.

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/convocan-a-marcha-feminista-en-michoacan-el-8-de-marzo-6417992.html

La gentrificación en el centro de Guadalajara: un fenómeno social disfrazado de progreso y tecnología (Jalisco)

Imagen: Zona Docs

A lo largo de los años, la gentrificación del centro de Guadalajara se ha desarrollado bajo el disfraz del progreso urbano e, incluso, tecnológico; en entrevista con Héctor Eduardo Robledo y Christian Grimaldo, académicos especializados en gentrificación, hablamos sobre las consecuencias negativas que trae este fenómeno social, siendo las más relevantes: el desplazamiento y la desigualdad social.

Josue Ibarra / Zona Docs

La gentrificación en Guadalajara lleva décadas existiendo, a lo largo de los años, diversos gobiernos estatales y municipales junto con las inmobiliarias han impulsado una estructura que sólo pueden disfrutar los más privilegiados, esto debido a los costos de las nuevas viviendas que, poco a poco, desplazan a las familias menos privilegiadas a las periferias de la zona metropolitana; este fenómeno que desde el discurso político se vincula con el progreso urbano, siempre olvida las consecuencias que trae la erosión de las dinámicas que formaban parte de las vidas de los barrios que hoy conviven, por ejemplo, con torres de departamentos de lujo.

Este fenómeno que tiene una manifestación global ha tenido como foco de atención, en las últimas semanas, los terrenos aledaños a la llamada Ciudad Creativa Digital, proyecto que se ideó después de que en la zona no prosperara la construcción de las Villas Panamericanas, en 2011; misma situación que ocurrió con la idea de edificar en los alrededores del Parque Morelos, en pleno centro histórico de Guadalajara, el “Silicon Valley” de América Latina.

Tras sólo construirse un clúster en la zona, en 2019, se anunció que se venderían los terrenos para desarrollos mixtos, pero esto se formalizó hasta el pasado 15 de febrero cuando el Gobierno de Jalisco informó que se rematarían cuatro predios, tres ubicados en la calle San Diego y uno más en Juan Manuel; esto con el objetivo de construir ahí 500 viviendas.

Sobre este proceso y la gentrificación que se ha dado en diversas partes del centro de Guadalajara, en ZonaDocs platicamos con Héctor Eduardo Robledo, investigador del Colectivo Caracol Urbano y vecino del centro, quien señaló las diversas consecuencias que esto ha acarreado:

“Los alquileres están subiendo porque se están construyendo edificios como, por ejemplo, el edificio Acervo; no digo que las mejoras sean malas, las mejoras en la ciudad están muy bien, pero la preguntas es: ¿para quién son? Esto sólo son beneficios para un sector de la población, para personas que pueden pagar departamentos de dos millones, así que sólo se arreglan estos espacios para un sector en especial”.

Entonces: ¿La gentrificación fomenta la desigualdad social?

“Claro que fomenta la desigualdad social, mientras que en estos sectores de la ciudad se crean este tipo de edificios; en fraccionamientos en Tlajomulco, en Zapopan o Tonalá tienen problemas con el agua, deficiencia en el transporte público y están muy alejados del centro, así que esto sólo amplía las brechas de desigualdad social”.

Para ahondar en su explicación, Héctor Eduardo Robledo ahondó en el cómo los gobiernos no han creado políticas públicas que en verdad combatan la desigualdad social:

“Es el Estado el que deliberadamente decide no invertir en una zona durante mucho tiempo, y también es el Estado el que en algún momento dice: ahorita van todos los recursos al centro; ahí es donde se abre la puerta a los desarrolladores inmobiliarios que resultan parientes, amigos o socios, como con Alfaro que es obvio que sus parientes son inmobiliarios, entonces, esos son las políticas reales que aplica el Estado”.

Al mencionar medidas que puedan darle un giro a la gentrificación, Robledo habló de la organización vecinal:

“Al nivel en políticas públicas hay lugares donde ya se están experimentando ciertas cosas que ayudan como el tope alquileres, la inversión en vivienda social, pero para que eso pase debe haber mucha presión vecinal y, entonces, ¿qué es lo que necesitamos?: organización vecinal…. Veo que es algo que dicen es fácil, pero no lo es, pues se debe empezar a hablar con tus vecinos, con las personas de tus barrios, ver qué necesidades hay, apropiarse de los espacios públicos y exigir mejoras, pero para los mismos vecinos, no para subir los alquileres”.

Sobre las especulaciones inmobiliarias en la zona del parque Morelos donde diversas propiedades serán destinadas para la construcción de complejos habitacionales verticales en el marco del proyecto Distrito Creativo, el integrante de Caracol Urbano nos brindó su punto de vista:

“No da buena espina este proceso de gentrificación, Ciudad Creativa Digital se empezó a hacer en 2012, y en su folleto esto se presenta como una oportunidad, la cual no es; estaría bien si hicieran apartamentos accesibles, pero así no será, estos desarrollos inmobiliarios están pensados para personas con un nivel adquisitivo mucho más alto”. 

El Colectivo Caracol Urbano es un espacio de acción vecinal contra el despojo urbano, en éste Héctor Eduardo Robledo aporta su conocimiento para trabajar de manera colectiva contra las consecuencias que ha traído la gentrificación de diversas zonas de la ciudad.

“Es una dinámica muy perversa”

Por su parte, el investigador del ITESO, Christian Grimaldo, señaló que procesos de gentrificación como éste lo que, principalmente, provocan es el desplazamiento de las personas hacia las periferias de la zona metropolitana, lo cual remarca la desigualdad social.

Esto lo ejemplifica de la siguiente manera:

“Imagina una persona que habita un apartamento en el Centro, a la hora de llevarse a cabo la gentrificación su renta aumenta y eso provoca que esta persona se desplace a vivir a zonas como Tlajomulco; esto causa un descontrol socioeconómico en su vida, pues esto lo orilla a dedicar mucho tiempo en su movilidad, lo cual también se traduce en más gasto de dinero”.

A esto, en palabras del experto, hay que sumarle el desbalance alimenticio que la gentrificación le provoca a la persona a quien debe dejar el barrio donde, quizá, creció o trabajó toda su vida:

“Un colega mío identificó que en la zona de Mezquitán había una fonda que vendía comida muy económica a la cual llegaban vecinos de ahí que pagaban, además, rentas muy económicas también, muchos de ellos, incluso, eran migrantes indígenas que se alojaban por ahí; entonces, ellos tenían acceso a una comida bien servida con un precio muy accesible, pero después empezaron todos los procesos de gentrificación en la calle de Mezquitán… y ya no tenían a donde ir a comer, de entrada, porque la fonda tuvo que cerrar porque ya le habían pedido su local…, y así fue cómo estas personas ya no tuvieron dónde comer y, al final, se terminaban alimentando en un Oxxo donde comían un hot-dog o un sándwich que les salía mucho más caro”.

Christian Grimaldo mencionó que la gentrificación también amenaza los procesos culturales de los barrios donde se van asentar las nuevas construcciones:

“Cuando hay algún evento cultural sin problema sales y lo disfrutas y te regresas caminando hacia a tu casa, pero dejará de pasar porque ahora para ir a esos eventos culturales deberás desplazarse una hora y media, lo cual será una limitante para acudir”.

Al igual que Héctor Eduardo Robledo, Christian Grimaldo también habló sobre las políticas que el gobierno ha implementado:

“En verdad yo no he visto ninguna política pública de parte del Estado para blindar a los habitantes del centro histórico de estos procesos de despojo; al contrario, es una cosa muy perversa la manera en que el dinero público se deposita en obras que se desarrollan cerca de donde empieza a ver desarrollos habitacionales privados, es una dinámica perversa; esto yo lo he notado mucho en los parques, hay parques que se rehabilitan de una manera muy altruista del gobierno, con este afán de atraer a las personas, pero si tú te fijas alrededor de cada parque que se rehabilita aparece una torre llena de departamentos con precios exorbitantes”.

Sobre el proyecto inmobiliario que se anunció llegará a la zona aledaña al parque Morelos, Christian Grimaldo mencionó:

“Ese ha sido un proyecto especulativo que lleva ya años, que no inicia con este gobierno si no con un gobierno panista, pero aún hay gente que sigue insistiendo en debatir si lo que pasa en el centro de Guadalajara es o no gentrificación; los expertos y un montón de urbanistas y arquitectos se mofan de que haya personas que digamos que hay un problema real y tangible, ya que hemos escuchado casos de vecinas y vecinos, y hemos visto cómo acosan con estas obras públicas y también hemos visto el descarado nivel de inversión pública alrededor de estos proyectos inmobiliarios (…) Los actores claves siguen diciendo que no es gentrificación porque este concepto es europeo y se respaldan en cosas absurdas que los hace hasta sonar clasistas”.

En el transcurso de la entrevista, Christian Grimaldo hizo énfasis en la disparidad de acciones que se toman en México y otros países sobre la gentrificación, pues mientras aquí se niegan sus efectos y consecuencias; en otros lados: “Si se toma el problema en serio, cuidando a las personas en general y no sólo apoyan a un sector social”.

-¿Y, entonces, qué podemos hacer al respecto?

“Se debe limitar ciertos tipos de construcciones, limitar el precio que tienen los nuevos apartamentos, legislar por la vida digna porque también lo que estamos viendo es la construcción de departamentos de una habitación o dos, súper pequeños… lo que no identificamos, a primera vista, es que esto también es una cuestión biopolítica, empieza a determinar que una sola estructura familiar debe vivir en el centro… pensamos que en esas casas no van a vivir niños, imagínate algunos niños viviendo en un departamento de una habitación y un baño, es inhumano, creo que el gobierno podría empezar a legislar en este sector, creo que es posible hacerlo”.

Para encontrar diversas explicaciones y soluciones a este problema de y a través de las y los vecinos que se ven afectados por la gentrificación del centro de Guadalajara, tanto Héctor Eduardo Robledo como Christian Grimaldo forman parte del Programa de Aplicación Profesional (PAP) – Co-laboratorio urbano: acción vecinal frente al despojo del ITESO, el cual es dirigido por Rocío Orozco del Colectivo Culturaula.

Este programa de incidencia educativa tiene como objetivos:

1) Investigar el proceso de gentrificación en cinco cuadrantes del Centro Histórico de Guadalajara.

2) Proponer espacios de formación y de colaboración para el diagnóstico de la gentrificación y el diseño de contra-proyectos vecinales.

3) Realizar productos de divulgación (textuales, audiovisuales y cartográficos) sobre la gentrificación en Guadalajara.

Con ello buscan incidir en la formación y concientización de las y los estudiantes sobre las duras consecuencias que trae la gentrificación del centro de Guadalajara.

Sobre los procesos de licitación para adquirir los cuatro predios en la zona aledaña al Parque Morelos, el Gobierno del Estado señaló que las propuestas técnico-económicas serán evaluadas por una comisión dictaminadora integrada por el sector público y privado; las bases se publicarían en las primeras semanas de marzo y el recurso que se recabe se destinará a la obra pública en el Distrito Creativo; sobre el apoyo social derivado de la gentrificación en la zona no se hizo mención alguna.  

***

Si deseas conocer más del Co-laboratorio urbano: acción vecinal frente al despojo, aquí puedes hacerlo: 

https://sites.google.com/view/co-laboratorio-urbano/página-principal

 

https://www.zonadocs.mx/2021/02/28/la-gentrificacion-en-el-centro-de-guadalajara-un-fenomeno-social-disfrazado-de-progreso-y-tecnologia/

Personal de salud protesta en Yucatán: Exige vacunación sin distinción


Por Claudia Arriaga. / Haz Ruido

“Hemos enfrentado a la pandemia Covid-19 cada uno desde nuestras trincheras, arriesgando nuestras vidas por el bien de la población yucateca, con el riesgo de ser contagiados y vemos con tristeza y angustia la falta de vacunación o la lentitud de la cobertura de los trabajadores de la salud”, recalcaron en la protesta en el Monumento a la Patria.

Mérida, Yucatán, 27 de febrero del 2021.- De nueva cuenta, personal de salud de hospitales públicos y privados de Yucatán se manifestó para ser incluido en el plan de vacunación contra el Covid-19. En esta ocasión, se dieron cita al menos un centenar de profesionales de las distintas áreas en el Monumento a la Patria de Paseo de Montejo.

Además, también acudió personal que ya fue vacunado con carteles en los que se leía “Apoyo la vacunación sin distinción”, para manifestar su solidaridad a sus colegas que no fueron considerados en la inoculación.

“Es una manifestación en pro de la vacunación de los médicos y trabajadores de la Salud, desde el camillero, intendencia hasta llegar a los médicos especialistas. Aunque aquí estamos algunos que hemos sido vacunados, una gran parte no la ha recibido, sobretodo los que no gozan de trabajar en una institución pública”, explicó el presidente del Colegio de Pediatría de Yucatán, Adolfo Palma Chan.

La manifestación fue organizada por el Colegio de Médicos de Yucatán que agrupa a 33 organizaciones de distintas especialidades, cuya solicitud fue dirigida al Gobierno Federal, ya que es el encargado de la logística de las vacunas. Exigen vacunación sin distinción, ya que muchos trabajadores de nosocomios privados no están siendo contemplados.

“Hemos enfrentado a la pandemia Covid-19 cada uno desde nuestras trincheras, arriesgando nuestras vidas por el bien de la población yucateca, con el riesgo de ser contagiados y vemos con tristeza y angustia la falta de vacunación o la lentitud de la cobertura de los trabajadores de la salud. Han vacunado como un 10 por ciento, pero faltan más y todos deben ser incluidos, desde la persona que recibe al paciente y los que establecen el diagnóstico”, detalló la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González.

Otro de los reclamos del personal de salud fue que, aunque les proporcionan insumos de bioseguridad, también deben de comprar de sus propios recursos para tener mayor seguridad. Asimismo, señalaron que no están en contra de la vacunación de las y los adultos mayores, pero no por ésta deben detener la del personal médico.

En la protesta acudió el señor José Canales Rubio, padre del joven pediatra intensivista, José Carlos Canales Rincón, quien falleció la semana pasada tras perder la batalla contra el Covid-19. Él alzó la voz para que todo el sector salud de Yucatán sea vacunado.

“Todos son susceptibles a ser contagiados, pero el sector médico está en la primera línea, no se vale que no lo hayan vacunado. Yo perdí a mi hijo, mi esposa está totalmente destrozada, yo también, pero no me importa tanto movimiento y lo que tenga que hacer para que se cumpla lo que prometieron: que el sector salud sería vacunado en primera instancia”, recalcó.

https://www.hazruido.mx/reportes/personal-de-salud-protesta-en-yucatan-exige-vacunacion-sin-distincion/

Maestros jubilados realizan caravana contra esquema de pensión en Mérida (Yucatán)


Redacción PorEsto!
A minutos de terminar una manifestación de médicos en el Monumento a la Patria, una caravana de maestros se movilizó de este inmueble al Palacio de Gobierno, quienes pidieron que sus esquemas de pensión no se base en Unidades Medida de Actualización (UMA), sino en salarios mínimos, ya que esto significaría un duro golpe a su economía.

Durante la caravana, de alrededor de 25 vehículos de maestros, los maestros pintaron en sus cristales consignas contra los UMAS, así como pedir jubilaciones justas.

La maestra Guadalupe Pacheco señaló que la movilización tiene como fin defender los derechos de los trabajadores de la educación, particularmente lo que respecta a su esquema para el retiro, sus jubilaciones.

Comentó que en algún momento los docentes que están en activo tendrán que pasar por el proceso de jubilación y se encontrarán con los problemas que han detectado.

“Pretendemos sumarnos a un movimiento nacional, es muy importante reconocer a todos aquellos trabajadores que están siendo afectado, y que están haciendo presencia física, así como en las redes sociales”, comentó.

Indicó la autoridad durante la movilización hubo representatividad, tanto de la base trabajadora del sector de la educación, así como los representantes sindicalizados, y líderes docentes, los cuales están pidiendo se dé marcha atrás a esta propuesta realizada por el Gobierno Federal.

Consideró que si los docentes se mantienen unidos y reclaman sus derechos, puede haber una rectificación de las autoridades por estas medidas.

JG
https://www.poresto.net/yucatan/2021/2/27/maestros-jubilados-realizan-caravana-contra-esquema-de-pension-en-merida-240468.html

“Nos están arrebatando la vida de quienes más amamos” (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (26/02/2021).- Las fotografías de los desaparecidos en Colima inundan las redes sociales. La tragedia se cuenta por decenas, por centenas hasta llegar a las mil 400 denuncias en la entidad.

Ante ese hecho, integrantes de la Red de Desaparecidos señalaron que en la entidad hay un estado fallido, que tiene más de mil 400 denuncias por desaparición.

El posicionamiento en la página de la Red se hizo tras la localización de los cuerpos sin vida de tres jóvenes que desaparecieron cuando se dirigían a una fiesta en Manzanillo y fueron localizados semienterrados en una fosa clandestina de la comunidad de El Chavarín.

En el mismo escrito se menciona la indolencia de la autoridad para resolver los casos de desaparición y también se señala que en Colima, “nos están arrebatando lo que más amamos”.

En la publicación aparece la fotografía de los tres jóvenes que fueron localizados asesinados y también, las imágenes de David Verduzco y sus dos amigos, quienes desaparecieron hace 3 años y 9 meses.

En dicha publicación, la Red lamentó que en el caso de David y sus amigos, el Ministerio Público no haya priorizado la investigación y por ende, hasta la fecha continúan desaparecidos.

Sobre el hallazgo de los tres jóvenes en una fosa en Manzanillo, la Red puntualizó: “Hoy estoy de luto, un luto que no es mío y me duele tener que agradecer a la vida, a Dios, al universo o a lo que sea que mueva lo bueno, porque estos jóvenes ya tienen un lugar donde descansar, sí, sí es de locos tener que agradecer un asesinato. Pero en un estado fallido con más de 1400 denuncias por desaparición y años de dolor para quienes lo enfrentan, el saber que encontraron a su familiar ya es un gran consuelo. Ya tienen paz sus padres, Dios permítenos encontrar la nuestra” concluye el mensaje.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=20380

Desmantelamiento de Constellation Brands en Mexicali inicia el 18 de marzo (Baja California)

Proceso / Jesusa Cervantes.

MEXICALI, BC. (apro).- La empresa cervecera internacional Constellation Brands informó que el próximo 18 de marzo iniciará el desmantelamiento de sus instalaciones en este municipio, y el proceso durará dos años.

Después de la consulta popular realizada los días 22 y 22 de marzo del año pasado, donde la población rechazó en su mayoría la continuidad de la cervecera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la cancelación del proyecto y negó los permisos que aún le faltaban a la empresa.

Grupos empresariales en el estado criticaron la determinación y acusaron una desinversión de 2 mil millones de dólares en el estado.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por María Luisa Albores, conformó un comité donde participan autoridades del estado e integrantes de la cervecera para realizar el desmantelamiento en forma ordenada.

El próximo 8 de marzo se informará a los mexicalenses sobre el proceso cuya primera etapa arrancará el día 18. La comisión especial que se conforme revisará mensualmente el procedimiento. En paralelo, la Semarnat deberá estar al tanto del proceso de “restauración ambiental” en la zona donde se ubica la cervecera.

En 2015 se anunció la llegada de la empresa, que adquirió terrenos en el Ejido El Choropo y utilizó los permisos de riego de agricultores.

En 2017, mexicalenses agrupados en el movimiento “Mexicali Resiste” se plantaron en las afueras de la zona, además de que realizaron marchas y estuvieron a punto de “tumbar” al gobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid, por haber autorizado el permiso para la instalación, de la cervecera, aun cuando los mantos acuíferos de la zona se encuentran en “estresa hídrico”.

El gobierno estatal del morenista Jaime Bonilla no canceló ni se pronunció en contra de la cervecera, y fue el presidente López Obrador quien ordenó la consulta. Tras los resultados, se determinó su cancelación.

El desmantelamiento se hará en tres fases y tendrá una duración de dos años. A través de un comunicado, Constellation Brands informó que sus equipos serán enviados a otras instalaciones, pero no precisó el lugar. El más cercano sería Obregón, Sonora.

“Seguimos trabajando con funcionarios del gobierno federal para determinar opciones potenciales que cubran nuestras necesidades de producción a largo plazo en México”, puntualizó.

“A medida que continuamos estas conversaciones, seguimos trabajando con Semarnat y autoridades locales para transferir algunos suministros y equipos de Mexicali a otras instalaciones para su mantenimiento y resguardo”, concluyó.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/26/desmantelamiento-de-constellation-brands-en-mexicali-inicia-el-18-de-marzo-259140.html

¿Y nosotros cuándo tendremos respuesta? Dos años han esperado una cita con el gobernador los familiares de desaparecidos (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (25/02/2021).- Los integrantes de la Red de Personas Desaparecidas en Colima le recodaron al gobernador Ignacio Peralta Sánchez que desde hace dos años solicitaron una audiencia con él y hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta.

El recordatorio anterior surgió tras un mensaje escrito que el titular del Ejecutivo compartió en sus redes sociales donde hacía referencia a los tres jóvenes que fueron desaparecidos el 13 de febrero cuando acudieron a Manzanillo.

Los integrantes de la RED, a través de la página donde documentan los casos de desaparecidos en el estado, le reclamaron al mandatario estatal su indiferencia ante el dolor de madres, padres, esposas e hijos que buscan apoyo para poder encontrar a sus familiares desaparecidos.

En el Estado de Colima, la desaparición de personas fue documentada por el Comité de Derechos Humanos no Gubernamentales a cargo de Efraín Naranjo Cortés, y recientemente, por la Red de Personas Desaparecidas en Colima, integrada por familiares de víctimas de la desaparición.

El Colectivo de Búsqueda de Personas también solicitó al mandatario colimense la remoción de la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia por los nulos resultados en el cargo, sin embargo, tampoco tuvieron ninguna respuesta oficial.

También, el papá de Kelsy Naomi, la menor de 8 años desaparecida en Tecomán en el 2017, acusó al gobernador de haberlo engañado y no haber priorizado la búsqueda de la menor.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=20322

Comunidades mantienen suspendidas las obras del Corredor Interoceánico en cinco municipios mixes (Oaxaca)

La coperacha / Redacción.


Foto: Raquel Ortiz.

Olla de presión en la zona norte del Istmo por actores externos y elecciones: Ucizoni.

Autoridades comunitarias y agrarias de 17 comunidades de cinco municipios mixes en la zona norte del Istmo en Oaxaca, mantienen sus resolutivos de impedir los trabajos de rehabilitación de vías para el Corredor Interoceánico.

Durante la última asamblea comunitaria, celebrada el domingo 22 de febrero en Rincón Viejo, informaron que las obras siguen detenidas del Ejido El Zarzal hasta Mogoñé, en tanto no reciban la información completa del Plan Maestro del proyecto y se resarzan demandas históricas de los pueblos, como conflictos agrarios, de agua y salud pública.

Los habitantes de los municipios Matías Romero, Ixtaltepec, San Juan Guichicovi, El Barrio de la Soledad y Santa María Petapa, señalaron que han identificado que serán afectadas directas 280 familias en dicha zona.

En estos lugares los trabajadores de las empresas Diamante y Peninsular, la última propiedad de Jorge Hank Rhon, fueron corridos por pobladores porque no pidieron permiso a las autoridades comunitarias ni fueron tomados en cuenta durante la consulta indígena de 2019, que calificaron de simulación.

“La zona norte del Istmo es una olla express y en cualquier momento va a estallar”, describió Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), organización que ha impulsado la resistencia al Corredor Interoceánico en dicha región de Oaxaca.

Con la llegada de actores externos, empresas, crimen organizado, gente del actual gobierno y el inicio del tiempo electoral, los ejidos se han visto divididos, algunos han impedido los trabajos del megaproyecto, pero otros los han permitido, al beneficiarse con la venta de material pétreo para las obras, explicó.

Añadió que la principal división ha ocurrido a partir de ofrecimientos económicos, una campaña de desinformación sobre un supuesto desarrollo y un imaginario arraigado con el viejo tren de Matías Romero, donde los pobladores podían transportar sus frutos y ofrecer sus mercancías.

Otro de los conflictos que ha traído el Corredor Interoceánico es el paro de trabajadores de la empresa Mecano, encargada de la construcción de un rompeolas en Salinas del Marqués, donde se piensa ampliar el puerto de Salina Cruz. Ahí un trabajador se accidentó y al tratar de atenderse se percató que él ni ningún otro tenía seguridad social.

https://lacoperacha.org.mx/comunidades-mantienen-suspendidas-las-obras-del-corredor-interoceanico-en-cinco-municipios-mixes/

Feministas vuelven a tomar Congreso de QR por incumplimiento de acuerdo sobre aborto

Rosa Santana / Proceso

CHETUMAL, Q. Roo. (apro). – Después de acusar al gobernador Carlos Joaquín González de sabotear la sesión de las comisiones unidas que el miércoles 24 discutían el dictamen para despenalizar el aborto en la entidad que hoy presentarían al pleno legislativo, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense se apoderaron nuevamente la sede del Congreso.

Dado el incumplimiento al Legislativo al acuerdo que tenía con los colectivos de feministas para elaborar a más tardar el 24 de febrero el dictamen, lo cual no ocurrió debido a que varios legisladores abandonaron la sesión antes de la medianoche para romper el quórum, las quejosas advirtieron que esta vez no entregarán el inmueble hasta que su demanda llegue al pleno.

Dicho acuerdo fue firmado el pasado 10 de febrero.

Antes de tomar nuevamente el Congreso, dirigentes de la Red Feminista Quintanarroense reprocharon al gobernador su intromisión en los asuntos legislativos y de impedir en este caso la aprobación del dictamen para la despenalización del estado valiéndose de diputados que reventaron la sesión al romper el quórum para la aprobación del dictamen.

También anunciaron que por este sabotaje se retiraban de la mesa de trabajo con el Ejecutivo. No obstante, dijeron que seguirán abiertas al diálogo para establecer un nuevo acuerdo respecto a la protección de los derechos humanos de las mujeres, aunque ahora exigieron que la interlocución “sea a nivel nacional”.

Las manifestantes tomaron por primera vez la sede del Congreso luego de la violenta represión policiaca a la protesta feminista de noviembre pasado en Cancún por el feminicidio de Alexis, que dejó varios heridos de bala, caso por el que coincidentemente ayer fueron imputados once elementos de la Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez.

Ante una juez de control, se les imputaron los delitos de abuso de lesiones, abuso de autoridad, robo agravado, encubrimiento y delitos contra el sistema penal acusatorio. El 28 de febrero se resolverá su situación jurídica, pero mientras tanto se les impusieron medidas cautelares.

Las manifestantes aceptaron entregar la sede del Congreso tras acordar con legisladores en cuanto se elaborará el dictamen para la despenalización del aborto, fijando como fecha límite el 24 de febrero.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/25/feministas-vuelven-tomar-congreso-de-qr-por-incumplimiento-de-acuerdo-sobre-aborto-259057.html

4 años de feminicidio de María José : familia acusa inacción de autoridades (Michoacán)

María José desapareció el 17 de febrero de 2017 en Morelia, después de ir a un bar en el que un hombre la abordó y salieron juntos del sitio. Un día después su cuerpo fue hallado sin vida.

Foto: Cuartoscuro

Por Itxaro Arteta, 18 de febrero de 2021

El papá de María José Medina Flores dice que creyó que con el tiempo se le iría pasando la tristeza, pero no ha sido así y no hay un solo día que no piense en su hija desde que hace cuatro años fue asesinada en Morelia, Michoacán, sin que haya ni un solo detenido ni avances claros en la investigación por feminicidio.

José Armando Medina y su familia viven en Salvatierra, Guanajuato. María José estaba estudiando Veterinaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cada fin de semana volvía a casa. Hasta que el 18 de febrero de 2017 su cuerpo fue encontrado sin vida. María José ya no volvió, y en lugar de eso, su padre lleva ya cuatro años yendo a la ciudad en la que perdió a su hija, tan solo para toparse con pared.

Lo más cerca que sintió estar de que se hiciera justicia fue a los dos años del crimen. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) le informó que había localizado en la red social Facebook a un hombre que parecía ser la última persona con quien se vio hablando a María José en videos de la puerta de un bar.

“Me da la impresión, a estas alturas… no, no me da la impresión, tengo la certeza de que no están haciendo nada porque una vez que logran identificar al tipo, dan con él, dan con el nombre, dan con el domicilio, lo citan y se presenta a declarar. Pero pues obviamente en la declaración él no iba a decir ‘sí, yo fui o yo hice esto’. Al contrario, yo después fui a ver qué había pasado y me dicen: no, pues no pasó nada, él dijo que no estuvo ahí”, relata.

El sujeto era también de Guanajuato, del municipio de Uriangato, a menos de una hora de distancia de Salvatierra y el mismo de donde son originarios los amigos con los que María José salió esa noche. Pero todos negaron conocerlo, aunque en Facebook, uno de ellos sí tenía contacto con uno de los amigos con los que el sospechoso reconoció haber ido a ese bar de Morelia en otra ocasión.

“De los otros tres, creo que nada más uno fue a declarar y que no tenía nada que ver. Y los otros dos, los citaron pero que no habían ido, y así se la llevaron una buena cantidad de días o meses, que no iban y no iban, y según esto, me decían que ellos no podían hacer nada cuando es una Fiscalía del Estado, me dicen que no pueden hacer nada en otro estado, no pueden molestar a nadie en otro estado, como si fueran países independientes. Y pues el caso es que estas tipos no fueron, le encargaron la entrevista al Ministerio Público de Uriangato, nomás fue uno y el otro nunca apareció”, recuerda.

María José desapareció la madrugada del viernes 17 de febrero de 2017 después de ir a un bar con unos amigos estudiantes de Derecho. Los videos muestran que en la mesa de al lado había cuatro jóvenes, uno de ellos la abordó y en algún momento salieron juntos del bar. Después de eso, ella intentó llamar por teléfono a varios amigos y amigas, pero nadie le contestó y no se supo más de qué le pasó después de eso.

Su familia empezó a buscarla en la tarde para saber a qué hora regresaba a Salvatierra, pero su teléfono ya no daba tono. Entonces viajó a primera hora del sábado a Morelia, y unas horas después recibió la noticia que cambiaría todo: se había encontrado el cadáver de una chica que fue violada, golpeada y asesinada con un disparo en un paraje rumbo a Atécuaro, unos kilómetros al sur de la ciudad. Era el cuerpo de María José.

“A partir de ahí empezó un viacrucis, porque hay que estar declarando, hay que estar al pendiente de la investigación, hay que estar acudiendo las veces que sea necesarias a presentar pruebas, a presentar testigos. Pero me voy dando cuenta desde que pasa el primer año, pues que no tienen nada; pasa el segundo, pasa el tercero, el cuarto año va a pasar. Yo me desespero porque las veces que he ido me devuelvo con una patada en el trasero. Muchas de las veces que he ido ni me reciben, y me reciben pero solo con previa cita. Y el problema no es ese, sino que cada que voy pues no tienen nada”, lamenta su padre en entrevista.

José Armando ni siquiera ha podido hojear la carpeta de investigación. Nunca se la ofrecieron, dice, y tampoco tienen abogado de oficio, así que mucho después se enteró de que tenía derecho a tener una copia. Pero una vez que se las pidió, le dijeron que justo ese día, no la tenían ahí, en la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio.

Otra pista de la que lamenta que no se hizo nada para obtener más, es de las llamadas que intentó hacer su hija la última noche de su vida. En la sábana de llamadas aparecía que había marcado varios números, unos fueron ubicados como compañeros de la misma universidad de Morelia, pero otro era uno de Salvatierra que no identificaban.

Hace poco, se presentó a casa de la familia Medina Flores un vecino que le contó a los padres que era de él ese registro, y además de la llamada, recibió mensajes de Whatsapp. En ellos María José le decía que se sentía muy incómoda porque estaba en un bar y había llegado un muchacho con el que una vez pasó “algo malo” que en ese momento no quería contar. Es decir, la prueba de que sí conocía a quien estaba en la otra mesa esa noche.

Dieron aviso a la Fiscalía de Michoacán y hasta 15 días después fueron a buscar al vecino, que para ese entonces, se echó para atrás, negó tener información, y no hubo nada que lo obligara a entregar esos mensajes.

En septiembre pasado, José Armando vio en las noticias el caso de Jessica González Villaseñor, otra joven casi de la misma edad de su hija que fue asesinada. Vio cómo se publicó por todos lados la fotografía del presunto asesino, Diego Urik N, la Fiscalía ofreció una recompensa de un millón de pesos y emitió una Ficha Roja a la Interpol, hasta que fue detenido, y reclama que para el posible feminicida de su hija no haya habido más que una entrevista de la que lo dejaron ir porque negó ser el responsable.

Animal Político preguntó a la Fiscalía sobre avances del caso; la respuesta fue que han tenido reuniones para darle información al padre de María José, pero por seguir en investigación no se puede dar ningún dato públicamente.

Este jueves, cuatro años después del crimen que sigue impune, colectivas feministas de Morelia planean montar un memorial en honor de María José.

Morelia fue en 2020 el onceavo lugar en feminicidios de todo el país, por encima de Ecatepec, con 9 casos registrados. Pero Michoacán es uno de los estados que menos tipifica así los asesinatos de mujeres y que más absuelve a los acusados, a pesar de ser una de las 14 entidades que tiene una Fiscalía especializada para ello. En 2020 solo clasificó como feminicidio 21 de 250 homicidios femeninos, el 8.4%, cuando a nivel nacional fue el 25.8%.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) documentó en un informe publicado el año pasado que de 2017 hasta mediados de 2019, Michoacán fue el estado con más condenas absolutorias en caso de feminicidios, 26, ligeramente por encima de las condenatorias.

https://www.animalpolitico.com/2021/02/feminicidio-maria-jose-michoacan-4-anos-inaccion-autoridades/

“Atiendo pacientes COVID y no me han vacunado”: reclama personal de salud del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente (Jalisco)

Foto: Tomada de Facebook

“No le vamos a negar el servicio a nadie, al contrario, estamos dispuestos a atenderles, para eso nos preparamos, solo pedimos y necesitamos que se nos va cune, que nos protejan”, afirmó Silvia, Médica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco.

El personal médico de este nosocomio, advierte que el mayor riesgo al que se enfrentan cotidianamente es que las y los pacientes que atienden suelen ser casos asintomáticos. Mientras tanto, señalan, la Dirección del Hospital de Pediatría, solo responde con un “veremos” sin ofrecerles respuestas claras o acciones que aseguren el ejercicio de su trabajo sin riesgos.

Christian Noe Ccantero Mora / Zona Docs

Personal de salud de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, se han manifestado para denunciar que no han sido vacunados contra el virus SARS-CoV2; aseguran, que no se les considera personal médico de primera línea, aunque atienden a pacientes con COVID-19.

En Jalisco, el 13 de enero comenzó la aplicación de la vacuna contra el coronavirus al personal de salud de la llamada “primera línea”, es decir, aquellas y aquellos médicos, enfermeros y personal que se encuentran en contacto directo con pacientes de COVID-19. Sin embargo, bajo este orden, no todas y todos han sido vacunados.

Afuera del Hospital de Pediatría de Guadalajara, hombres y mujeres, que forman parte del personal de salud de la institución médica gritaron y exigieron ser vacunados:

“Atiendo paciente COVID y no me han vacunado” pedían alzando la voz y mostrando carteles que reclamaban: “vacuna hoy”; “por mis compañeros muertos”; “atiendo pacientes enfermos de COVID-19, necesito mi vacuna”.

Silvia, es una doctora del Hospital de Pediatría, quien, por seguridad, ha pedido se use un nombre que permita resguardar su anonimato. Ella, como el resto del personal del hospital en el que trabaja, se encuentra con sobrecarga de trabajo; a veces, incluso, dobla turnos para atender pacientes de COVID-19 que llegan de otros hospitales. Y es que, advierte que “eso aligera la carga del hospital” que se encuentra en “desabasto” de personal debido a la contingencia sanitaria.

“Nos exponemos más que otros hospitales, porque atendemos a pacientes pediátricos que, en su mayoría, son asintomáticos, entonces, el hospital, sea COVID o no,  no sabemos cuáles pacientes están contagiados, y lo que nos dicen las autoridades es que no somos un hospital COVID y por eso no recibimos la vacuna, sin embargo, tenemos un ´coviario´, tenemos una área de COVID y pacientes COVID (…) según el calendario de vacunación nos debieron haber vacunado a nosotros antes que a los de la tercera edad, que maestros y todos” expresó Silvia.

El personal de salud del Hospital de Pediatría dice estar trabajando bajo protesta, debido a que cuando preguntan a las autoridades “¿Cuándo se nos va a vacunar?”, solo responden con un “veremos” sin ofrecerles respuestas claras ni alguna acción que asegure el ejercicio de su trabajo sin riesgos.

“La directora se puso indiferente, nos quieren explicar con peras y manzanas como si no entendiéramos. La primera línea ya se vacunó la semana pasada, Hospitales Civiles, ISSTE y Salubridad, todo el sector salud que no es Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya está vacunado, porque son hospitales COVID. En el IMSS se vacunaron a los hospitales que están catalogados como COVID, todos los demás, estamos descubiertos, y ya se está hablando que todo el sector salud ya está vacunado, y no es cierto”, manifestó Silvia sobre el panorama que plantean las autoridades de la Secretaría de Salud y la dirección del Hospital de Pediatría.

 

Petición realizada por personal del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Exigen la aplicación URGENTE de vacunas contra COVID-19.

“Solo pedimos que se nos vacune, no negamos la atención a ningún paciente, sabemos que para eso nos preparamos y estamos en la mejor disposición para hacerlo, pero siempre y cuando se nos proteja a nosotros y a nuestras familias por consecuencia, porque estamos perdiendo compañeros, estamos perdiendo familia y amigos, solo pedimos que se nos vacune para seguir trabajando”, concluyó Silvia

https://www.zonadocs.mx/2021/02/24/atiendo-pacientes-covid-y-no-me-han-vacunado-reclama-personal-de-salud-del-hospital-de-pediatria-del-centro-medico-de-occidente/

Policía de Tulum detiene a pareja gay extranjera por besarse en público

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La policía municipal de Tulum, Quintana Roo, detuvo a una pareja gay con el argumento de que “no pueden besarse en público porque hay niños presentes”.

Los presentes protestaron e hicieron viral un video donde se ve cómo se llevan detenida a la pareja.

La policía retuvo a una pareja de extranjeros por besarse, los subieron a una patrulla y el video se difundió por TikTok y por la presión de la gente fueron liberados.

“Quiero expresar mi enojo porque la policía aquí en Quintana Roo es homofóbica”, indicó la delegada Municipal de Mujeres en Movimiento Tulum de Movimiento Ciudadano, Maritza Escalante.

Ella contó que estaba en la playa con su familia y notó que algunos oficiales en cuatrimotos se acercaron a los extranjeros en esa playa y después de 20 minutos arribó una patrulla que se los quería llevar esposados por su orientación sexual.

Las personas ahí reunidas estaban enojadas y frustradas por el abuso de los policías y por homofobia.

“Comenzamos a darles el apoyo, no dejamos que se los llevaran, incluso comenzamos a gritar todos que ´éramos gay’, pero la policía usó la fuerza pública y cometió abuso de poder.”

Luego, los dejaron ir y la gente comenzó a gritar: “¡No a la homofobia!”

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/24/policia-de-tulum-detiene-pareja-gay-extranjera-por-besarse-en-publico-258987.html

A proceso un profesor de la Unistmo de Ixtepec, Oaxaca, acusado de abusar de una alumna

Proceso / Pedro Matías.

De acuerdo con la investigación, en distintas fechas de los meses de septiembre y octubre de 2019, la joven universitaria fue víctima de abuso sexual probablemente por el imputado.


Una de la sedes de la Unistmo:@UNISTMO-SUNEO

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General confirmó la detención y vinculación a proceso de otro profesor de la Universidad del Istmo (Unistmo) Campus Ixtepec acusado de abuso sexual en agravio de una joven estudiante de esa institución, cometido en los meses de septiembre y octubre de 2019.

A través de la Vicefiscalía Regional del Istmo se recabaron los datos de prueba necesarios para la detención del profesor J. G. V. C., y solicitar al Juez la cita para comunicar la imputación y el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra del imputado, el cual fue concedido al tiempo que otorgó un mes para el cierre de investigación.

De acuerdo con la carpeta de investigación 9631/FIST/IXTEPEC/2020, en distintas fechas de los meses de septiembre y octubre de 2019, la joven universitaria fue víctima de abuso sexual probablemente por el imputado, quien tras ser denunciando ante la Fiscalía General, fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

Cabe mencionar que, en primera instancia, en septiembre de 2020, también fue vinculado a proceso otro profesor identificado como S. F. A. E., acusado también por este mismo delito cometido contra una estudiante de esa misma universidad.

La abogada Flora Gutiérrez de la Red Nacional de Abogadas Indígenas que acompaña el caso precisó que después de seis horas de audiencia, la jueza de control vinculo a proceso al segundo profesor de la Unistmo por abuso sexual contra una alumna.

Sin embargo, el primero de los maestros, pese a que fue vinculado a proceso, continuó dando clases que le fueron asignadas para el segundo semestre de 2020 dentro de la Universidad del Istmo, mientras que la profesora que daba acompañamiento a las alumnas acosadas fue despedida.

El despido ocurrió pese a que la profesora tenía medidas cautelares ante la campaña de desprestigio que orquestaron las autoridades educativas de Oaxaca contra estudiantes y maestras que denunciaron casos de violencia sexual.

La red de información feminista Medios Libres cuestionó el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca (Suneo) por el despidió a la profesora Virginia Ilescas Vela que respaldaba a alumnas que denunciaron casos de violencia sexual en la Universidad del Istmo (Unistmo), en Ciudad Ixtepec.

De igual forma, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) manifestó su preocupación ante la determinación del Suneo de rescindir el contrato a Ilescas Vela, quien cuenta con medidas cautelares por la campaña de desprestigio que orquestaron las autoridades educativas contra estudiantes y maestras que presentaron las denuncias.

El hecho se da en el contexto de las investigaciones que realiza la propia Defensoría en los expedientes DDHPO/0014/RIX/(10)/OAX/2020 y DDHPO/0080/(10)/OAX/2020, iniciados en febrero y marzo, respectivamente.
Denuncias, desde 2019

Desde 2019, alumnas de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Derecho de la Energía de la Unistmo informaron a las profesoras Monserrat Sánchez Moreno y Virginia Ilescas Vela del hostigamiento y abuso sexual que sufrían por parte de tres profesores, así como de las amenazas de feminicidio de un alumno de la misma carrera.

Las docentes dieron aviso a las autoridades académicas del campus Ixtepec, entre ellas al vicerrector académico Israel Flores Sandoval, a la jefa de la licenciatura en Derecho, Cora Silvia Bonilla Carreón, y al abogado general de la Unistmo, José Luis Ayala Álvarez.

Sin embargo, esas autoridades se negaron a iniciar algún tipo de investigación y, por el contrario, revictimizaron a las alumnas y emprendieron hostigamiento laboral y procedimientos administrativos ilegales contra las dos profesoras.

Ante la complicidad y omisión de autoridades universitarias, que permitieron a los agresores seguir actuando con impunidad, las agraviadas denunciaron públicamente los hechos.

El 8 de marzo de 2020, durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, demandaron investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En respuesta, Hernán Castillo Villalobos, profesor de la licenciatura en Derecho, “ha organizado a diversos grupos porriles dentro de la comunidad estudiantil para intimidar y violentar a las víctimas mediante conductas de acoso escolar”.

Los profesores señalados como agresores, con la anuencia del rector del Suneo, Modesto Seara Vázquez, iniciaron un nuevo procedimiento administrativo contra las profesoras, bajo el argumento de que la denuncia pública desprestigia la imagen de la institución educativa.

Ante ello, el pasado 10 de septiembre la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que realiza la labor de defensa legal de las alumnas y el profesorado, dio acompañamiento ante el juez de Control de Juchitán, quien resolvió vincular a proceso a uno de los docentes señalados como agresores, por el delito de hostigamiento sexual.

Y ahora, la Fiscalía General de Oaxaca logró vincular a proceso al segundo profesor de la Unistmo, J. G. V. C., como probable responsable del delito de abuso sexual.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/24/proceso-un-profesor-de-la-unistmo-de-ixtepec-oaxaca-acusado-de-abusar-de-una-alumna-258927.html

Crece el panteón clandestino: más hallazgos de fosas en Colima

Imagen: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (23/02/2021).- Convertido en un creciente panteón clandestino, Colima suma cada vez más fosas en su territorio con cuerpos de personas sepultados de manera irregular, todos ellos desaparecidos.

El más reciente hallazgo fue el realizado la tarde de este domingo 21 de febrero por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes encontraron los restos de cuatro personas en el interior de fosas descubiertas en la zona limítrofe de los municipios de Manzanillo, Colima, y Cihuatlán, Jalisco.

Datos preliminares indican que se trata de los cuerpos de una mujer y tres hombres.

Una fuente extraoficial informó que no ha sido posible establecer la identidad de los cadáveres porque se encuentran descuartizados, sin ropa ni algún otro objeto reconocible, por lo que para identificarlos será necesario realizar los exámenes de ADN a las partes encontradas.

Hasta la noche del lunes 22, la FGE no había informado de manera oficial sobre el hallazgo de las fosas clandestinas, que se encontraban a un costado del Río Marabasco, que marca los límites entre Colima y Jalisco.

La localización de las fosas se habría logrado luego de la detención de un presunto implicado en el asesinato e inhumación de los cuerpos.

A lo largo del año pasado fueron localizados 89 cuerpos sepultados en fosas clandestinas en territorio de Colima, de acuerdo con el informe 2020 “Búsqueda e identificación de personas desaparecidas”, presentado a finales de enero pasado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

En el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2020 los estados que concentraron el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas fueron Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas que concentran el 79.46 por ciento.

El mayor hallazgo de fosas clandestinas en Colima se produjo a principios de febrero de 2019 en predios aledaños a la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tecomán, donde fueron localizados los restos de 73 personas.

En noviembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó el hallazgo de once cuerpos y restos óseos en nueve fosas clandestinas localizadas en cuatro predios de las comunidades de Madrid y Tecolapa, en el municipio de Tecomán.

Antes en agosto, en el mismo municipio de Tecomán, fueron encontrados 32 cadáveres exhumados, en fosas clandestinas localizadas en un predio cercano a la carretera que conduce a la comunidad Cerro de Ortega.

Los cuerpos fueron encontrados en el interior de una huerta de limón que fue intervenida mediante una orden de cateo por parte de elementos de instituciones federales y estatales, entre ellas la Guardia Nacional, la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Colima y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, perteneciente a la FGE.

En febrero de 2020, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, localizó osamentas de 12 personas, que se encontraban sepultadas en un predio rústico de la comunidad de Caleras, en el Municipio de Tecomán.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas rendido en esos días, Colima estaba en segundo lugar en número de fosas clandestinas localizadas en los primeros 13 meses de la actual administración federal, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, con 115 hallazgos, sólo después del estado de Sinaloa.

En relación con el número de cuerpos rescatados, en Colima se contabilizaron 146, a los que se sumaron 11 localizados a principios de febrero de 2020 y los 12 de a mediados del mismo mes, para arrojar un total de 169.

Consulta el Mapa de Homicidios en Colima:

Mapa de homicidios en Colima

 

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=20207

La crisis del gas en México y los gasoductos estratégicos en manos de empresas norteamericanas

Avispa Midia / Santiago Navarro F.

Las bajas temperaturas que han golpeado al sur de los Estados Unidos (EEUU) han dejado al descubierto la dependencia de México hacia el gas natural norteamericano, para poder mantener la producción de electricidad. De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, las importaciones de gas estadounidense, desde octubre del año 2020, ya habían alcanzado los 6,194 millones de pies cúbicos diarios, el 72% del consumo total del país. La determinación del gobernador de Texas, Gregg Abbott, de “no exportar gas fuera del estado (de Texas) hasta el 21 de febrero y venderlo en su lugar a suministradores dentro de Texas”, ha dejado claro que la seguridad nacional en términos energéticos de México depende de EEUU.

Los apagones generados desde el 15 de febrero en México, por la caída en el suministro de gas proveniente principalmente de Texas, afectaron al 66% de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el norte, noreste y centro de México. Los principales apagones alcanzaron a más de la mitad del territorio mexicano, 26 de los 32 estados del país.

Este escenario impactó fuertemente a la industria automotriz. Las compañías KIA, Audi, Honda, Ford, Nissan, BMW, Toyota y Volkswagen suspendieron temporalmente operaciones en algunas de sus plantas en México.

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en conferencia de prensa que el desabasto se debía principalmente a “la severa tormenta invernal que golpea desde hace días a Texas”, y por “el precio de ese combustible”, el cual se encareció hasta 5.000% según los cálculos de la CFE.
Gasoductos: mina de oro para las transnacionales norteamericanas

Con la Reforma Energética de México implementada en el año 2013 se incrementaron las importaciones de gas natural proveniente de Estados Unidos. Entre diciembre de 2012 y agosto de 2017, se añadieron 3,392 kilómetros a la red nacional de gasoductos conectando México a los Estados Unidos, según el Informe anual 2018 de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al menos dos gasoductos estratégicos entraron en funcionamiento desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia. Con la conclusión del gaseoducto Waha-Texas, que llega hasta Guadalajara, inició sus operaciones en octubre de 2020. En un comunicado la CFE dijo que, con esta ruta, a través de su filial CFEnergía, comenzaba el suministro de gas a la empresa de capital estadounidense Arcelor Mittal.

Otro gasoducto que entró en operaciones en 2019, tras casi un año de retraso, fue el gasoducto Sur de Texas – Tuxpan. IEnova, de capital norteamericano, tiene el 40% y TransCanada, de capital canadiense, el 60% de los activos. El ducto tiene una longitud de 772 kilómetros y una capacidad para transportar 2.600 millones de pies cúbicos de gas natural por día. A su vez se interconecta con una serie de otros ductos, incluido el gasoducto Nueces-Brownsville en Texas y el gasoducto Tuxpan-Tula que abastece a las nuevas centrales de generación ubicadas en los estados de Tamaulipas y Veracruz.

Ver también ⇒ Se reactiva gasoducto que importará gas de EEUU tras acuerdo con López Obrador

La norteamericana Sempra Energy, por medio de su subsidiaria IEnova, es una de las primeras empresas que comenzó a invertir en el sector energético de México un poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 1994. A través de sus subsidiarias ha invertido más de 8 mil millones de dólares en infraestructura en los últimos 23 años.

Brinda servicios en 17 estados de México. Los activos de la Compañía están distribuidos en dos segmentos de negocios: (1) el segmento Gas, que incluye el transporte por medio de ductos y almacenamiento de gas natural y Gas LP, compresión de gas natural, transporte de etano en fase liquida y gaseosa, el almacenamiento y distribución de Gas Natural; y (2) el segmento Electricidad, que incluye la generación de electricidad de la Termoeléctrica de Mexicali, una planta de ciclo combinado alimentada con gas natural, así como los parques eólicos de los complejos llamados Energía Sierra Juárez y Ventika.

De acuerdo con los informes de la Bolsa Mexicana de Valores, hasta 2017 Sempra Energy en México ya contaba tan solo en el segmento del trasporte de gas, activos del 100% en 16 gaseoductos: Gaseoducto Rosarito; Gaseoducto TGN; Gaseoducto Agua Prieta; Estación de Compresión Naco; Gaseoducto Sonora; Gaseoducto San Fernando; Gaseoducto Samayuca; Etanoducto; Ducto de gas LP TDF de Guadalajara; Gaseoducto Ramal-Empalme.
Oportunidad

La tormenta de frío en Texas que ha dejado un saldo de al menos 58 muertes, en EEUU, provocó un escenario de crisis energética en México, una ‘tormenta perfecta’ que la transnacional Sempra Energy ha sabido aprovechar. El pasado 20 de febrero, Tania Ortiz Mena, exconsejera de Comisión Reguladora de Energía (CRE) y hoy directora de IEnova inauguró la terminal de recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en el Nuevo Puerto de Veracruz. La directora de IEnova estuvo acompañada de Rocío Nahle, secretaria de energía.

“Esta es la primera de varias terminales de almacenamiento de refinados que IEnova está desarrollando en México en beneficio de la seguridad energética del país. Con esta infraestructura, reafirmamos nuestro compromiso a largo plazo con el desarrollo sustentable de México, generando empleos, derrama económica e implementando programas socio ambientales que promueven la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de las comunidades donde operamos”, afirmó Tania Ortiz Mena, Directora General de IEnova.

Tania Ortiz, el 16 de agosto del año 2017, como representante legal de ESJ Renovables III, otra subsidiaria de Sempra Energy, celebró un contrato de cesión parcial de derechos con la Administración Portuaria Integral del estado de Veracruz (API). ESJ Renovables III obtuvo los derechos, libre de todo gravamen y sin limitación alguna para su ejercicio, de un área de 147 m2 con frente de agua de 300 metros para usar, construir, aprovechar, equipar, operar y explotar la terminal portuaria. Esta zona portuaria es una de las más estratégicas de México por su posición geográfica, su capacidad y su conexión ferroviaria hacia todo el país.

“En cuanto se refiere a nuestras nuevas líneas de negocio, actualmente tenemos en construcción tres terminales para recibo, almacenamiento y entrega de productos refinados en el nuevo puerto de Veracruz”, anunció en 2019 con gran orgullo Tania Ortiz al dejar la CRE y asumir su nuevo puesto como Directora General de IEnova.

En relación a la falta de suministro de gas, Tania Ortiz dijo que “esperemos que esta sea una gran oportunidad para pensar a largo plazo sobre cómo contar con un suministro de gas y electricidad más confiable en México”, señaló la ejecutiva en conferencia.

Tania Ortiz dijo también que IEnova, desde que comenzó la crisis de la falta de gas el 15 de febrero, se han mantenido en comunicación con CFE. “Nuestro equipo ha estado trabajando las 24 horas del día para tratar de minimizar el impacto de la escasez de gas y apoyar a CFE de cualquier manera que podamos para, nuevamente, tratar de estabilizar las cargas de gas en sus centrales”, agregó.

También te puede interesar la investigación ⇒ Los «Ventajosos» beneficios de Sempra Energy en México

“Es maravilloso tener acceso a gas barato, pero, para tener un suministro confiable es fundamental contar con almacenamiento a largo plazo en México”, puntualizó la directora de IEnova. “México no cuenta con almacenamiento subterráneo de gas natural, y creo que esto ciertamente va más allá de una oportunidad de inversión para IEnova. Sería importante que México lo considere en su planificación sobre su seguridad energética”,
COMPLEMENTÓ TANIA ORTIZ.

Interconexiones

Mientras tanto la Agencia Internacional de Energía (AIE por sus siglas en inglés) anunciaba que gracias a la implementación de tecnología de punta y un área de explotación aproximada de 500,000 millas cuadradas, el crecimiento de extracción de Gas Shale en los Estados Unidos iba en aumento. La proyección hacia el año 2030 era alcanzar 6 mil millones de barriles por día, un aumento del 38% en relación al año 2018. El documento aseguraba que este crecimiento permitiría el aumento de exportaciones de gas natural a México. “Las exportaciones de gasoductos a México y las de Gas Natural Licuado (GNL) aumentarán hasta 2025”, anunciaba el documento llamado Annual Energy Outook 2019.

Desde al año 2012 ya existían 16 interconexiones para la importación de Gas Natural de los Estados Unidos hacia México. Hasta 2018 se sumaron 8 más, con capacidad en su conjunto de 10,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), un gas extraído en su mayoría por sistema de fractura hidráulica, mejor conocido como Fracking. Los puntos de interconexión son: Mexicali; Los Algodones 1 y 2; Nogales; Naco; Agua Prieta; Cd Juárez/ El Hueco; Acuña; Piedras Negras; Cd Mier; Reynosa; Argüelles; Río Bravo; Sàsabe; Camargo; Waha – San Elisario (San Isidro); Waha – Presidio (Ojinaga); Nueva Era / Howard (Colombia); Nueces – Brownsville Texas.

https://avispa.org/la-crisis-del-gas-en-mexico-y-los-gasoductos-estrategicos-en-manos-de-empresas-norteamericanas/

Campo justo, Opinión Ellas nos alimentan, empresarios y gobiernos las acosan

Pie de Página / Ariane Assemat.

Las familias jornaleras indígenas migran en condiciones deplorables que ponen en riesgo su integridad; las empresas que las emplean incumplen su obligación de bindarles seguridad en el transporte; y cualquier irregularidad es pretexto para que agentes públicos multen y extorsionen a estas personas jornaleras, aprovechando su vulnerabilidad.

Cada año, miles de familias indígenas atraviesan el país de sur a norte para emplearse por temporadas en los campos agrícolas del norte y bajío del país. Son migrantes económicos que huyen del hambre en sus comunidades de origen, en las que no existe salud, ni educación, ni fuentes de trabajo digno, con la esperanza de un futuro mejor para sus hijas e hijos.

A este sector, la Ley Federal del Trabajo le dedica un capítulo y enlista una serie de obligaciones para quienes les emplean, entre las cuales se encuentra el brindar servicios cómodos, gratuitos y seguros de transporte entre sus viviendas y su lugar de trabajo, así como un seguro de vida para los traslados entre sus comunidades y las zonas agrícolas[1]. Sin embargo, en el marco de la precarización e informalización creciente del mercado laboral propia del neoliberalismo, quienes emplean a la población jornalera agrícola se deslindan por completo de cualquier obligación hacia ellas y ellos, dejándoles en una grave situación de indefensión.

Ante esta omisión por parte de las empresas, muchas familias jornaleras se ven obligadas a usar sus propios medios de transporte para trasladarse de sus comunidades a las zonas agrícolas, y dentro de ellas. Al hacerlo, se enfrentan a múltiples riesgos, tanto a su integridad física como a repetidos abusos de autoridad, sin que en ningún momento se finquen responsabilidades a las empresas sino a la población jornalera, muestra de la discriminación histórica de la que sufre.

Un ejemplo paradigmático de ello ocurrió en el 2014, cuando un grupo de personas jornaleras originarias del municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres del país, sufrió un accidente mientras se trasladaban en su vehículo propio hacia su lugar de trabajo, resultando en la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños, y graves heridas a 18 personas[2]. Frente a ello, la empresa empleadora buscó deslindarse de toda responsabilidad, mientras el chofer de la unidad fue detenido y pasó varios meses en la cárcel. Fue apenas el año pasado que, después de un largo juicio, la empresa fue obligada a pagar una indemnización por el accidente[3], la cual aún no se ha cobrado.

Otra violación cotidiana a los derechos de la población jornalera son los abusos de autoridad por parte de las corporaciones de seguridad pública, policías estatales, ministeriales y de tránsitos viales que verifican las unidades de las personas jornaleras. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, así como la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, reciben de manera constante denuncias, detectando desde el año 2019 el reforzamiento de un modus operandi por parte de las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno que incurren en prácticas como la extorsión, el abuso de autoridad, multas excesivas, infracciones y detenciones durante sus traslados en contra de las personas jornaleras.

Se presentan durante todo el trayecto migratorio que realizan las personas jornaleras, desde sus comunidades de origen, hasta en las zonas agrícolas en las que diariamente usan vehículos propios para trasladarse de sus viviendas hasta sus lugares de trabajo. Los agentes se colocan estratégicamente en puntos en los que pasan todos los días las camionetas de las personas jornaleras, y cobran diariamente su cuota. Si las personas protestan, se les amenaza con retirarles sus vehículos o multarles por cualquier irregularidad que puedan presentar, llegando a infligir multas de más de 80,000 pesos para poder recuperar sus unidades. Estos abusos no son actos aislados por parte de algunos agentes, sino que configuran un patrón de actuación por parte de diferentes autoridades que los ven como presas fáciles de extorsionar, violando su derecho al libre tránsito y sus derechos humanos en general.

La dureza con la que se usa cualquier irregularidad para extorsionar e imponer multas exorbitantes a la población jornalera, contrasta brutalmente con la impunidad total de la que gozan las empresas que violan sistemáticamente los derechos de sus trabajadores. En un reportaje reciente, se reveló que, de los 14 mdp de multas impuestas por la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Sinaloa a empresas agrícolas en la entidad entre los años 2007 y 2017, no se había pagado ni 1 peso, debido a que el 97,5% de las multas habían sido canceladas ante tribunales y el otro 2,5% simplemente no había recibido respuesta[4].

Es urgente cambiar de enfoque si queremos transitar hacia la justicia social en México. Desde la Alianza Campo Justo, hacemos un llamado urgente a las instituciones para que, en vez de castigar a la población jornalera por su pobreza, tomen las medidas necesarias para que las empresas agrícolas cumplan con las obligaciones que de ley les corresponden.

[1] Artículo 283 fracc. VII y XI de la Ley Federal del Trabajo, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_110121.pdf

[2] Exigen reparación del daño a jornaleros accidentados en SLP, Verónica Espinoza, Proceso, 9 de julio 2015. Disponible en https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2015/7/9/exigen-reparacion-del-dano-jornaleros-accidentados-en-slp-149548.html

[3] Jornaleros serán indemnizados por accidente ocurrido en SLP hace 5 años, María Medrano, El Universal, 23 de mayo 2019. Disponible en https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/23-05-2019/jornaleros-seran-indemnizados-por-accidente-ocurrido-en-slp-hace-5-anos

[4] Pizcar entre plaguicidas. Los jornaleros sin protección a la salud. Reportaje especial para El País de Zorayda Gallegos, 2018. Disponible en https://elpais.com/especiales/2018/campo-mexicano/sinaloa/pizcar-entre-plagicidas.html

https://piedepagina.mx/ellas-nos-alimentan-empresarios-y-gobiernos-las-acosan/

«En busca de ti»: familias se unen para encontrar a las y los desaparecidos en la región Altos Sur de Jalisco

Foto: Christian Cantero

Oficialmente en la región Altos Sur de Jalisco se reconoce la desaparición de 633 personas; sin embargo, los relatos de quienes se han agrupado a través del Colectivo Altos Sur “En busca de ti” dan cuenta de una realidad aún más dolorosa.

En este reportaje se exponen los motivos que llevaron a madres, hermanas, esposas e hijas a romper el silencio para integrar por vez primera en esta región un grupo de búsqueda de personas desaparecidas.

Dalia Souza – Darwin Franci / Zona Docs

La región de los Altos Sur en Jalisco es el epicentro de la producción avícola del país, pues aquí se producen el 53 por ciento de los huevos que se consumen a nivel nacional; sin embargo, de forma paralela también se ha convertido en una región donde la violencia se ha incrementado produciendo a su paso: homicidios y desapariciones en los 13 municipios que conforman la región.

Del 2010 a la fecha, en la región se han cometido 195 homicidios dolosos y 633 desapariciones o, al menos, eso es lo que reconoce la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El municipio que encabeza los efectos de esta violencia es Tepatitlán de Morelos con 65 homicidios y 242 desapariciones; hace muchos años en este lugar se produjo un gran socavón que conforme pasaron los años se le fue conociendo como “El Zanjón del diablo”, la leyenda narra que ese lugar que se abrió, desde la esquina de la calle 20 de noviembre a la de Guadalupe Victoria, era usado como un sitio para cometer crímenes.

Las historias cuentan que ese socavón se realizó tras el paso de un tornado, pero otros relatos dicen que se provocó por la presencia maligna del diablo; sin embargo, más allá de las leyendas, lo que sí ha prevalecido en Tepatitlán es la presencia de lugares donde hombres armados realizan en total impunidad diversidad de crímenes.

Conforme a los relatos de quienes en esta región buscan a sus seres queridos desaparecidos, existen diversos terrenos o parajes donde se tiene información de que ahí eran llevados los jóvenes a los que se les desaparecía.

Uno de estos lugares, en donde se hizo una búsqueda prospectiva el pasado 19 de febrero, se ubica en los alrededores del rancho San José de Gracia, mismo lugar donde el 29 de mayo de 2020 se localizó una camioneta incendiada con múltiples disparos de arma y en cuyo interior había dos cuerpos calcinados.

Desde esos hechos, el lugar quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, la cual lo vigiló por un tiempo y después sólo dejó los cordones de seguridad.

Este sitio, este nuevo zanjón, fue clave para la conformación del Colectivo Altos Sur “En busca de ti”, pues por información recabada por las familias se logró saber que el lugar era usado como un sitio de seguridad y exterminio, ya que ahí trasladaban a las personas que desaparecía para golpearlas, torturarlas y quitarles la vida; sus cuerpos -narran bajo anonimato las madres buscadoras- eran incinerados en hornos crematorios.

Desde que obtuvieron esa información pidieron a las autoridades municipales y la Fiscalía del Estado de Jalisco que realizaran una búsqueda exhaustiva; las respuestas eran negativas porque se aseguraba que, tras el hallazgo de mayo de 2020, en ese lugar no había ya nada más que buscar.

Sin embargo, las familias de las y los desaparecidos de Altos Sur no desesperaron y buscaron la manera de incidir para que la búsqueda se llevara a cabo; por ello, es que a inicios de 2021 se unieron para conformar el Colectivo Altos Sur “En busca de ti”, el cual es el octavo colectivo de búsqueda en Jalisco, pero el primero en la región.

“Nosotras nos conformamos con el objetivo de hacer la búsqueda en campo de ese paraje, pero también para buscar a los nuestros en vida… nos acercamos con el colectivo Entre El Cielo y Tierra, quienes nos asesoraron y nos dijeron qué era lo que debíamos hacer para organizarnos y comenzar a buscar”, precisó la señora Rosa, quien comenzó a contactar a las familias buscando sus fichas de búsqueda en sitios como Facebook.

Actualmente, el colectivo está conformado por más de 40 familias de la región Altos Sur:

“La seguridad aquí es muy mala, tenemos más de 600 desaparecidos en la región… y la atención de la Fiscalía ha sido terrible, la mayoría de nosotras no hemos tenido avances en nuestras carpetas…. Nos cambian seguido a los policías investigadores y a los ministerios públicos, y eso nos hace empezar una y otra vez… y a eso súmele que a los nuestros no los buscan porque se les juzga y se les responsabiliza de su desaparición”, precisó Rosa.

Las exigencias del colectivo se centran en la búsqueda del predio donde ellas saben que hay restos de personas que han sido reportadas como desaparecidas; después lo que pugnan es que se les dé acceso a sus carpetas de investigación y se sigan cada una de las pistas que, en su momento, otorgaron para localizar a sus seres queridos desaparecidos.

Tras su presentación pública como colectivo “En busca de ti” logró, el pasado 19 de febrero, una primera búsqueda en el paraje de San José de Gracia, la cual realizaron en compañía de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

“Para nosotros buscar ahí es importante porque tenemos información de que ese lugar funcionó por más de cinco años… sabemos que ahí llevaban a todos los que desaparecieron… sabemos que ahí tenían un horno, por eso queremos buscar ahí… lo único que uno quiere como familiar es encontrar aunque sea un huesito para analizarlo y saber siquiera que es nuestro familiar… y aunque no sea como uno lo deseaba, saber que ese pedacito que nos entreguen ya va a tener un lugar para descansar en paz”.

En la búsqueda realizada se lograron encontrar algunos fragmentos óseos y diversos cartuchos percutidos de armas, instrumentos usados para prácticas de tiro y algunos objetos más que serán analizados por las autoridades para saber si es posible obtener de éstos alguna información o material genético. 

A continuación, presentamos diversas historias de quienes buscan e integran el Colectivo Altos Sur “En busca de ti” y que dan cuenta de la violencia e impunidad que impera en la región.

“Alberto, soñaba con ser policía”

La necesidad de encontrar a su hijo, Alberto Joel Polanco Vivanco, llevó a la señora Rosa a conformar una agrupación de familiares de personas desaparecidas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Para ese entonces sólo había recibido de la autoridad ministerial un par de comunicaciones. Una de ellas fue para informarle que la última ubicación de Alberto se había registrado cerca de un restaurante a las orillas del Boulevard Anacleto González Flores en el mismo municipio; pero nada más.

Y es que, como sucede con frecuencia en México, en Jalisco, son las familias quienes se encargan de dar con el paradero de sus seres queridos, quienes buscan pistas, quienes indagan en los sitios que las autoridades desdeñan porque “ya han buscado ahí” o porque “ya se agotaron todas las diligencias”.

Así fue como surge el Colectivo Altos Sur: En Busca de Ti, reuniendo a las familias de Tepatitlán que en los últimos dos años han sido víctimas de la desaparición de alguno de sus seres amados, pero, además, que se han unido para exigir a las autoridades el rastreo de un predio en San José de Gracia, donde presuntamente se encuentran algunos de sus amores desaparecidos.

La ubicación de este lugar surgió luego de que una persona anónima les informara sobre la probable localización de restos humanos en el sitio y, si bien, se informó a las autoridades con tiempo, la Fiscalía del Estado de Jalisco comenzó con las investigaciones después de que las familias lo denunciaran pública y mediáticamente.

Para la señora Rosa, no hay una situación que evidencie más la realidad de las desapariciones en Tepatitlán y en la Región Altos Sur de Jalisco que las más de 600 personas desaparecidas en la zona. A ello, sesuma la lentitud con la que las autoridades les buscan y el incremento casi cotidiano de la inseguridad y la violencia.

La mayoría de las y los jóvenes desaparecidos en este municipio alteño tienen entre 20 y 30 años; Alberto, el hijo de la señora Rosa, tenía 29 cuando lo desaparecieron el 12 de diciembre de 2019.

En realidad, no hay mucha información, su familia sólo sabe que se encontraba en el lugar conocido como “Zona Altos” reunido con unos amigos y amigas en un departamento. Las personas que lo vieron por última vez aseguran que salió de ahí y no supieron más.

Esperando que regresara Alberto, su madre espero un par de días y, finalmente, el 13 de diciembre levantó una denuncia, no sin antes haber agotado por su cuenta todas las posibilidades para dar con su paradero.

Hasta la fecha, su carpeta ha pasado por dos policías investigadores, pero sin ningún avance. La última pista, producto de la sábana de llamadas solicitada, es la ubicación de su celular, y aunque se ha querido incorporar más información a la carpeta, la autoridad ha requerido a la familia datos que les pondrían en riesgo.

Alberto, soñaba con ser policía, viajó, incluso, a la Ciudad de México a presentar un examen para formar parte de la Policía Federal, no lo consiguió. Sin embargo, logró pertenecer a la policía municipal de Tepatitlán y después a la de San Miguel El Alto.

Cuando fue desaparecido, Alberto ya no se encontraba en funciones, pues el salario que recibía se le iba en traslados. Sin embargo, asegura su madre, él soñaba con ser policía, esa es su más grande pasión.

“Aunque sea un hueso, un pedacito”

Félix Antonio Arriaga Cruz, de 34 años, fue desaparecido por un grupo de hombres, el 17 de mayo de 2017 en la colonia Jardines de la Rivera en Tepatitlán.

Una llamada lo hizo salir de su domicilio. Félix sólo le dijo a su padre que se trataba de unos amigos y que debía salir; sin embargo, en casa dejó su cartera y a dos cuadras de su casa abandonó su celular:

“Era como si él supiera lo que le iba a pasar y no quería dejar rastro para que no nos fuera a pasar lo mismo a la familia”, contó su hermana Anny.

Desde que Félix desapareció, su familia lo buscó en todos lados, incluso, uno de sus hermanos se armó de valor y fue a preguntar a quienes se sabe que manejan el narcomenudeo, pero éstos “aseguraron” que ellos no se lo habían llevado 

Sin embargo, las circunstancias de su desaparición les hizo sentir miedo, así que decidieron confiar en la autoridad, pero en las oficinas regionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco han sido nulos los avances sobre la búsqueda de su hermano.

Los ayudaron al inicio cuando recibieron llamadas de extorsión, pero después ya no tuvieron noticias de los supuestos avances de investigación:

“A mí la Fiscalía me dijo que me iban a mantener informada sobre la investigación, pero a cuatro años no me han dado nada… fue hasta 2019 cuando me marcaron para dar mis datos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero información de la Fiscalía sobre mi hermano no he recibido nada”, precisó Anny.

Aunque los avances no llegaron, ellos no detuvieron sus pesquisas y ahí fue cuando pudieron ver un video de una cámara de seguridad cercana al lugar donde golpearon a Félix para subirlo a un vehículo: “eso lo comunicamos a la Fiscalía, pero del video dicen que no se pudo obtener nada…”.

“Nuestras exigencias, como dicen las compañeras, es que los busquen y nos dejen buscar para ver si, al menos, logramos encontrar aunque sea un hueso… que tras analizarlo podamos saber que es nuestro hermano… lo que queremos es encontrar algo de ellos para tener donde llorarles porque esto, la desaparición de mi hermano, se llevó a mi familia”. 

Lamentablemente, el padre de Félix Antonio Arriaga Cruz, falleció sin poder volver a su hijo; por ello, Anny se unió al Colectivo Altos Sur “En busca de ti” para cumplirle la promesa a su padre de regresarle a su hijo.

“Las autoridades no han hecho nada”

Doña Amparo es originaria de Capilla de Milpillas y busca a su hijo Luis Alberto Parra Villalobos de 41 años.

“Él trabaja en el mezcal, en moler, en piscar, en todo lo que hubiera de trabajo del campo” dice doña Amparo. Algún tiempo atrás, hace muchos años cuando era más joven, Luis Alberto se fue a los Estados Unidos y logró hacer una familia, sin embargo, lo deportaron y desde ese entonces tuvo que regresar a Jalisco, a vivir en la comunidad que lo vio crecer.

Doña Amparo asegura que ya preguntaron con sus hijos en el norte y estos le confirmaron que él, no se encuentra por allá.

Era sábado 3 de octubre de 2020, cerca de las 2:00 p.m. cuando se le vio por última vez. Había regresado de trabajar y alcanzó a despedirse de sus cinco hijos más pequeños, -pues recientemente había conformado una nueva familia con una joven de la comunidad-. Les dijo que se iría a darle de comer a sus gallos, pero nunca llegó. 

“Llegó de trabajar y dejó a sus niños, la señora no estaba, pues andaba lavando en un rancho cercano. Les dijo ahorita vengo hijos, voy a darles de tragar a mis gallos, se salió y nunca llegó. Él no llegó ni con los gallos. No sabemos qué pasó. Él iba caminando, no sé ni qué ropa traía, no me tocó verlo”, asegura doña Amparo. 

Cuando su madre se enteró de su desaparición pidió ayuda a la policía de Capilla de Milpillas, pero le aseguraron que no podían hacer nada hasta que levantara una denuncia ante la Delegación de la Fiscalía del Estado en Tepatitlán. Lo hizo, presentó una denuncia por la desaparición de su muchacho y acudió a la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que le realizaran la toma de ADN correspondiente; sin embargo, hasta ahora, como en los otros casos, no ha tenido más información:

“Las autoridades no han hecho nada, yo estoy a vuelta y vuelta y no han hecho nada. El otro día firme unos papeles para enviar unos oficios para ver si ya está en Guadalajara la prueba de ADN. Están en eso a penas”.

Ha pasado tan poco tiempo y a la vez tanto, dice doña Amparo, que sólo pide encontrarlo “esté como esté”, si le han arrebatado la vida “para darle santa sepultura” y si está vivo “para darle un abrazo” y acabar con la angustia que tiene en su corazón.

“Yo no pierdo las esperanzas, le estoy pidiendo mucho a Dios que me ayude a saber de mi muchacho, le pido a él que me dé una señal, que me diga si está muerto, pues encontrarlo y si está vivo, pues también encontrarlo. Yo ya no quiero estar batallando se me ha hecho mucho tiempo, aunque no ha pasado tanto”.

Con sus más de 70 años, doña Amparo se mantiene de pie, desplazándose cada que es necesario a la ciudad de Tepatitlán desde su natal Capilla de Milpillas, recorriendo casi dos horas de camino cargando a cuestas la angustia de un hijo desaparecido y el dolor de sus huesos, ocasionado por la osteoporosis y el cáncer, que advierte padecer.  

Como señas particulares, Luis Alberto no tiene cuatro de sus dientes frontales superiores, los perdió una tarde que anda roseando la milpa. Tiene también unos tornillos en la rodilla izquierda y la cicatriz de un balazo que se dio mientras cazaba zorrillos en el campo.

“No hicieron nada para encontrar a mis dos hijos”

La voz tersa de Gloria para parece no empatar con su relato, pues en menos de dos años, quienes operan con toda impunidad en Tepatitlán se llevaron a dos de sus hijos.

El primero fue Joan Jonás Quezada Navarro de 19 años; éste desapareció de la mismísima Comisaría de Seguridad Pública de Tepatitlán, lugar al que fue remitido cuando se estaba brincando para entrar a su propia casa. Esto ocurrió el 8 de agosto de 2017.

Después le desaparecieron a Jonathan Quezada Navarro de 27 años, a él se lo llevaron “los de la plaza” justo enfrente de su casa cuando éste recién había llegado de trabajar, el 21 de octubre de 2019.

En ambos casos se presentó la denuncia por desaparición en las oficinas regionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero de ninguna ha recibido avance alguno: “No hacen nada, no han hecho nada”, precisa con mucha firmeza y desesperanza Gloria.

La desaparición de sus dos hijos ocurrió en la colonia La Cadena en Tepatitlán.

En el caso de Joan Jonás a éste se le detuvo cuando una patrulla de la policía municipal, de Tepatitlán lo sorprendió bricándose a su propia casa, y aunque éste explicó que ahí vivía, aún así fue remitido a la Comisaría.

“Nosotros fuimos a la comisaría a recoger al muchacho y primero me dijeron que ahí lo tenían, hasta yo vi su firma en la detención… pero luego nos dijeron que nunca estuvo ahí, total que me lo perdieron ahí dentro y desde entonces no hemos sabido de él”.

Un trabajador de la policía que reconoció a Joan Jonás era amigo de éste desde la infancia, pero después éste mismo negó que el hijo de la señora Gloria “hubiera sido detenido”; es decir, negó que lo hubiera visto aunque, él mismo le preguntó a Gloria: “¿por qué habían de detenido a Joan?”.

Sobre la desaparición de Joan Jonás, la señora Gloria sólo ha recibido un papel donde la policía de Tepatitlán negó la detención de su hijo:

“Si ahí estuvo, ahí estaba su firma… les dije y como no me dieron más, pues corrí a los investigadores de mi casa y les dije que si no me traían a mi hijo, ya no los quería ver”.

Al paso de los años, la Fiscalía ya no acudió a dar más información sobre Joan Jonás; lamentablemente, la señora Gloria sí tuvo que regresar a la Fiscalía para denunciar la desaparición de otro hijo, Jonathan, a quien se lo llevaron unos hombres que ya lo estaban esperando en las puertas de su domicilio, la tarde del 21 de octubre de 2019.

“Sobre este hijo tampoco me han dicho nada… lo que sabemos es porque nos lo dijeron los vecinos que vieron cómo se lo llevaron… pero de la autoridad nada… que están investigando, pero para mí que no están haciendo nada”. 

A Jonathan Quezada Navarro lo desaparecieron hombres armados cuando éste regresaba de trabajar. Se lo llevaron de su propia casa en una camioneta blanca, el 21 de octubre de 2019. Sobre la investigación para dar con su paradero, la Fiscalía no le ha dado avance alguno.

Lo que ella espera al unirse al Colectivo Altos Sur “En busca de ti” son respuestas de la autoridad, pues no es posible que no haya hecho nada en estos años por buscar a Joan Jonás y Jonathan; además esperar hallar la comprensión porque “la gente que no sabe qué fue lo pasó con nuestros hijos, nos juzga de mala manera sin saber qué les pasó”.

“Como si se lo hubiera tragado la tierra”

La señora Cande, mamá de Andrés López López, lo busca desde el viernes 10 de abril de 2020. “Rapunzel” como le dicen sus amigas y amigos, tenía 29 años cuando fue desaparecido y ahora ya ha cumplido 30. Su trabajo era cuidar y lavar carros muy cerca de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, en el municipio de Tepatitlán.

Ese día que se le vio por última vez se despidió de su madre tras terminar de lavar el coche de una vecina. Entró a su casa, como siempre, recuerda la señora Cande y le dijo “Ahorita vengo, ma”, pero ya no regresó; “fue un ahorita que… no piensas que es la última vez”, dice.

Eran días santos y su madre llegó a pensar que se había ido a divertir con algunos amigos. Esperó todo el viernes, todo el sábado y el domingo, pero el lunes, angustia de ver que no regresaba, acudió ante las autoridades a interponer una denuncia por su desaparición.

Tampoco es que aquello haya significado mucho para la búsqueda de Andrés, pues advierte la señora Cande, “no mandaron policías, no investigaron a quienes tenían que investigar, no hicieron nada”. Es fecha que no se sabe nada del paradero del joven, incluso, cuando se aportaron todos los elementos para localizarlo.

La señora Cande, como otras madres y familias, ha tenido que sumar a su dolorosa experiencia de búsqueda y vida, el desdén de personas que han querido extorsionarle a cambio de supuesta información. Toda ha sido falsa.

“En el barrio no dijimos nada, mi hija me decía que si lo subíamos al face, pero teníamos miedo de que comenzaran las llamadas y las extorsiones, y así fue. Cuando lo subió comenzaron las llamadas, mi hija tuvo que cambiar de número”.

Y es que es como “si se lo hubiera tragado la tierra”, pues quienes le vieron ese día por última vez, aseguran que se encontraba junto con unos jóvenes enfrente de las oficinas de Agua y Saneamiento de Tepatitlán (ASTEPA) en la colonia Centro, muy cerca del Parque Hidalgo y la calle González Gallo.

“Mis hijas fueron quienes se anduvieron moviendo ese día y nadie sabía nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. La última vez que lo vieron fue enfrente de donde se paga el agua, por el parque Hidalgo junto con unos muchachos. Por la colonia González Gallo”.

Esta madre incansable sólo pide que las autoridades del municipio y del estado les permitan buscar a sus hijos e hijas, pues, en su opinión, si no están dispuestos, ellas harán todo lo posible, incluso, rascar la tierra con sus manos para encontrarles:

“Lo que pedimos es que nos permitan buscar a nuestros hijos, si nos lo permiten, si nos dan permiso hasta con las manos buscamos a nuestros hijos, aunque sean sus huesitos, para tener en dónde llorarles. Eso es lo único que quisiéramos”.

“No es necesario que venga”

Emigdio Díaz Martínez, de 33 años, fue desaparecido en 2014; su hermano, Gabriel Díaz Martínez, también de 33 años, fue desaparecido el 31 de julio de 2020; ambos en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

El primero desapareció cerca del núcleo de la feria. Se lo llevaron de su propio domicilio un grupo de hombres armados que hasta ahí llegaron en una camioneta blanca. Emigdio bajó el niño que traía en los brazos cuando estos hombres le dijeron que se subiera con ellos; él se subió y la camioneta tomó rumbo a la comunidad de Aguilillas. De entonces, ya no supieron nada de él.

“Yo esperé unos cuatro días para poner la denuncia, pero de aquí de la Fiscalía no obtuvimos nada. Las fotos que llevé nunca las usaron; al contrario, yo iba y me decían: No es necesario que venga, el día que tengamos una noticia… nosotros les hablaremos, pero nunca lo hicieron”.

María del Carmen, su madre, lo comenzó a buscar por su cuenta. Se arriesgó y siguió todas las pistas que le dieron sobre un posible paradero, pero hasta ahora le ha sido imposible localizarlo. Aunque tiene pendiente buscarle en algún centro penitenciario donde le aseguraron que podría estar.

Su búsqueda, incluso, la hizo vivir una situación de alto riesgo pues en diciembre de 2019, un grupo de hombres armados llegaron a su casa para golpear a toda su familia. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad, pero el hecho quedó impune. Lamentablemente, a raíz de esta agresión, su esposo, perdió la viuda producto de un paro cardíaco.

Las penas, sin embargo, no se detuvieron ahí para la familia Díaz Martínez, pues el 31 de julio de 2020; su hijo, Gabriel Díaz Martínez fue desaparecido durante su turno como trabajador en una paquetería.

“Al principio no me querían decir lo que había pasado… que para no preocuparme, pero yo ya sé de eso… como ya no creíamos en la autoridad, pues decidimos buscar por nuestra cuenta… todo eso del asalto se me hizo muy raro, pues dejaron su camión como a 100 metros del lugar y no le robaron nada…”. 

A Gabriel, lo buscaron en todos lados, incluso, con el riesgo de hacerlo en zonas donde saben que operan integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo, semanas posteriores a su desaparición se les notificó que su cuerpo había sido localizado en San Juan de los Lagos.

Aunque María del Carmen no pudo ver el cuerpo de su hijo; su nuera confirmó que se trataba de Gabriel. Ella, no obstante, pide que se le deje ver todo el expediente para que pueda tener plena certeza de que es su hijo.

Ni de la desaparición de Emigdio, ni del homicidio doloso de Gabriel, ni de la agresión artera que vivió en su propia casa, María del Carmen ha tenido un sólo avance de parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco: “Aquí no hacen nada, nunca han hecho nada por nosotros”.

Pese a todo, ella se sabe valiente; por ello, forma parte del Colectivo Altos Sur “En busca de ti” y espera que la unión de todas las familias las lleve a localizar a sus seres queridos, pero también les permita tener toda la certeza de cuando, lamentablemente, se les localice sin vida.

En su caso no descansará hasta encontrar a Emigdio y hasta tener toda la certeza en torno a la localización de Gabriel, pues les prometió que los encontraría y que les haría justicia.

“La policía nunca llegó”

Ana busca a sus hermanos Arnulfo Miranda Íñiguez y Javier Miranda Íñiguez, quienes desaparecieron en dos eventos diferentes el 20 de abril de 2019. Arnulfo de 35 años fue desaparecido de la colonia Las Aguilillas en San Carlos y Javier de 29, tres horas después, de la calle Pedro Moreno.

Cuando fueron desaparecidos, la policía nunca llegó. 

La denuncia que presentaron por la desaparición de ambos hombres, asegura su hermana Ana, fue una especie de “requisito” en medio de una sistema de seguridad y de procuración de justicia con poca legitimidad, que requiere todavía de un documento “para buscar a las y los desaparecidos”, incluso, a sabiendas de que “se tapan con la misma cobija”.

Sin exigir culpables, sus demandas están puestas en que estas dependencias se pongan a trabajar y en que quienes se llevaron a sus seres queridos, los regresen y detengan esta crisis de desapariciones:

“No queremos culpables, los queremos a ellos, nuestros seres queridos, es lo único que exigimos. Queremos que regresen a quienes tenemos desaparecidos”.

“Puros pretextos, pocas respuestas”

El 26 de enero de 2019, Luis Vargas Pérez de 27 años fue desaparecido, su esposa Esmeralda y madre de sus tres hijos, le busca desde aquel entonces.

Luis, “Pepe” como le dicen con cariño, trabajó un tiempo como policía municipal de Tepatitlán y poco después en Valle de Guadalupe; sin embargo, cuando fue desaparecido ya no laboraba en ninguna de las dos corporaciones.

 

El mes previo a su desaparición, incluso, una semana antes de su última llamada, había estado al pendiente de su familia, pues desde que se fue a vivir a Valle de Guadalupe a trabajar, regresaba esporádicamente a Tepatitlán.  El 24 de diciembre de 2018 llevó los regalos de navidad para sus hijos, sin embargo, el 25, no regresó por ellos como prometió.

El 31 de diciembre volvió a escribir un mensaje a Esmeralda para saber cómo estaban y el 1 de enero lo acompañó a una revisión médica, ya que “se había sentido mal”. Aunque le hicieron estudios del corazón, no regresó por los resultados.

El 12 de enero, día del cumpleaños de una de sus hijas, llegó de sorpresa a visitarla, pero también permaneció pocos minutos en la celebración y luego se fue.

Durante la semana del 19 al 26 de enero, mantuvo constante comunicación con Esmeralda: “cómo amanecieron, ¿ya almorzaron, ya comieron, ya desayunaron?” preguntaba en mensajes a su familia.

Finalmente, el 26 de enero, Esmeralda recibió la última llamada, no duró más de un minuto. Pepe, pidió hablar con su hija la mayor y en unos cuantos segundos le dijo cuánto es que la quería y le pidió que se cuidarán, después colgó.

Dos días más tarde, la familia de Pepe junto con Esmeralda, comenzaron a notar que ya no contestaba las llamadas y comenzaron a alarmarse; sin embargo, esperaron cerca de un mes para presentar la denuncia, pues la persona con la que vivía les aseguró que “volvería”, pero eso no pasó.

Las últimas llamadas que realizó Luis fueron desde San Diego de Alejandría los días 26, 27 y 28 de enero de 2019, pero sobre esto no han indagado más las autoridades regionales de la Fiscalía; a ello, se ha sumado el rechazo de información importante que podría coadyuvar al proceso de búsqueda e inteligencia del caso. De acuerdo con Esmeralda, los policías investigadores han tachado esta información de “chismes y mitotes”.

Por otro lado, aunque ella ha acudido en cinco ocasiones ante la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en Lagos de Moreno, -dependencia regional a la que pertenece el municipio de San Diego de Alejandría- para tratar de buscar algún cuerpo que coincida con las características de su Pepe, sólo una vez ha sido atendida:

“La primera vez sí me atendieron bien, pero al momento que les enseñé foto de él, la persona le tomó foto con el celular, la mandó, me pidió que esperara y cuando salió me dijo que mis ADN ya estaban y que no coincidían con ninguna de las personas que tienen hasta el momento. Le pregunté si me permitiría ver las fotos, me dijo que no, que para qué si no coincidía con nadie de las personas que tenían ahí hasta el momento. He ido cinco veces y ninguna de esas ocasiones me han enseñado fotos, los pretextos son que no está el delegado”. 

Por ello, su exigencia es que, si las autoridades ministeriales no han buscado en vida a su esposo, las forenses le permitan indagar en los registros de personas fallecidas sin identificar que mantiene las delegaciones regionales donde presuntamente podría encontrarse su marido -de acuerdo con los últimos registros de su ubicación-.

“Sólo les pido que hagan su trabajo”

Jacquelinne, busca a su padrastro, José de Jesús Hermosillo Gonzáles, quien fue desaparecido el 5 de marzo de 2020. A un año de su desaparición, su familia aún desconoce si desapareció en Arandas o Tepatitlán, o, incluso, si fue en el trayecto entre ambos municipios.

José de Jesús es mecánico en Arandas, ahí tenía su taller y viajaba cada determinado tiempo a Tepatitlán para estar con su esposa, mamá de Jacquelinne y sus hijas. El último día que se le vio estaba arreglando la camioneta en la que viajaría.

Pasó cerca de un mes si que nadie supiera de él y, si bien, estaban preocupados, consideraban que si no se había comunicado, era porque no tenía un celular. Después, uno de los hermanos de José de Jesús, se comunicó para advertirles que no tenía información sobre él. Ahí fue, advierte Jacquelinne, que supieron que se trataba de una desaparición.

“Pensamos que estaba enojado, sin embargo, llegó su hermano a preguntar si lo habíamos visto porque tenían rato que no lo veían. Ahí ya lo tomamos como una desaparición”.

Con poca información sobre el paradero de su padrastro, Jacquelinne sólo pide a las autoridades que hagan su trabajo y, como cada una de las más de 35 familias que integran el Colectivo Altos Sur: En Busca de Ti, que, si no han hecho lo posible por encontrarlos con vida, les permitan comenzar a rastrear los sitios donde pudieran localizar sus restos.

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El Colectivo Altos Sur “En busca de ti” invita a más familias a sumarse a este colectivo en la región Altos Sur que no descansará hasta encontrar a sus amores desaparecidos.

Para contactarles pueden hacerlo en el grupo de Facebook:

 https://www.facebook.com/groups/4826207657449885 

También pueden escribir al correo colectivodelosaltossur@gmail.com  o comunicarse al número 3781218224.

https://www.zonadocs.mx/2021/02/22/en-busca-de-ti-familias-se-unen-para-encontrar-a-las-y-los-desaparecidos-en-la-region-altos-sur-de-jalisco/

Resistir contra un proyecto que se llenó de sangre: a dos años del asesinato de Samir Flores

Aranzazú Ayala Martínez / Lado B

“Definitivamente este proyecto se tiene que largar de acá. Porque además ya se bañó de sangre, y aún así siguen queriéndolo impulsar”. Las palabras de Teresa Castellanos, habitante de Huexca, Morelos, y defensora del territorio, son claras y fuertes: la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), sólo ha traído cosas malas: daños ambientales, división de la comunidad, represión y muerte.

El 20 de febrero de 2019, hace dos años, Samir Flores, comunicador de la radio comunitaria de Amilcingo, Morelos, fue asesinado en la puerta de su casa, justo dos días antes de que el gobierno federal hiciera una consulta popular para definir el destino de la termoeléctrica. A la fecha, no se sabe quiénes fueron los asesinos de Samir y no hay justicia; esto, pese a que en septiembre del 2020 el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo en entrevista que el Fiscal de la entidad sabe quiénes mataron al comunicador comunitario, pero que tenía miedo de revelar sus identidades.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (Fpdta) convocó a una jornada de tres días de actividades virtuales y presenciales —con todas las medidas de seguridad e higiene— en memoria de Samir, y para seguir articulando la defensa del territorio, del 19 al 21 de febrero.

El viernes 19 se hizo una manifestación en Cuernavaca; el sábado 20 una misa y ceremonia en Amilcingo, y el domingo 21 se realizó el “Encuentro nacional e internacional por la vida, la defensa del agua, contra el coronavirus y contra los megaproyectos en Huexca”.

Ese último evento se hizo en el plantón de Huexca, al que asistieron cerca de 150 personas, representando a más de 25 organizaciones nacionales e internacionales, todas sumándose a la defensa de la vida y a la lucha por el territorio.
CFE inició con pruebas

Al entrar a Huexca, lo primero que se ve es la gigantesca termoeléctrica: torres, cables, alambre de púas, y un zumbido potente que emana del complejo resguardado por un muro gris. Frente a la entrada principal de la termoeléctrica están las lonas y mesas instaladas por el Fpdta para el plantón, en el mismo lugar donde se reunieron para honrar la memoria de Samir Flores y reiterar el rechazo al PIM. El plantón se mantiene vivo por los integrantes del Frente, que se van rotando para estar a diario desde las nueve de la mañana y al menos hasta las seis de la tarde: a veces son sólo dos personas, a veces 30, pero el lugar nunca se queda abandonado.

De espaldas a la termoeléctrica, Tere hace un recuento de lo que ha pasado durante los últimos meses, desde el 12 de diciembre del 2020 cuando se instaló el plantón. Aunque, en teoría, la central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) todavía no funciona, hace poco el personal estuvo haciendo pruebas.

A principios de año, los habitantes de Huexca escucharon el fuerte ruido que hace la termoeléctrica cuando trabaja, y vieron cómo entraban pipas y pipas de agua al complejo. Tere cuestiona el que hayan llevado agua limpia (la cual sacaron de un balneario cercano, de acuerdo con lo documentado por el Fpdta), porque se supone que la termoeléctrica trabajaría sólo con aguas residuales.

Desde el plantón han visto cómo la Guardia Nacional entra a las instalaciones de la CFE; al menos 150 elementos han estado dentro de la termoeléctrica y tienen vigilancia permanente, tomando fotos y videos de los defensores del territorio y del agua.
El PIM, en la incertidumbre

Actualmente, hay al menos ocho amparos que paran temporalmente el funcionamiento del PIM, tres de los cuales fueron impulsados por las comunidades poblanas de Zacatepec, Calpan y Atzala. Estos tres recursos legales están aún en la etapa de desahogo de pruebas, por lo que la obra no puede echarse a andar hasta que haya una resolución.

El gobierno federal anunció en 2020 que el PIM estaría en marcha a finales de año, pero hasta ahora sigue parado. Los integrantes del Fpdta no saben con certeza qué va a pasar, pero de lo que sí están seguros es que seguirán resistiendo. Desde 2012 han denunciado y evidenciado los problemas que traería la obra; en el caso de Puebla, el Gasoducto Morelos atravesaría zona de alto riesgo volcánico y alta incidencia de robo de hidrocarburos.

Pese a la incertidumbre, hay algo que las comunidades tienen muy claro: la lucha y la unión. En palabras de Tere Castellanos, todas las personas que integran el Fpdta son una sola familia. “Y esta familia no se rompe por más tropiezos y piedras que pueda haber en el camino”.

https://www.ladobe.com.mx/2021/02/resistir-contra-un-proyecto-que-se-lleno-de-sangre-a-dos-anos-del-asesinato-de-samir-flores/

Juzgado ordena detener obras del Tren Maya en Mérida, Chocholá e Izamal

Gloria Leticia Díaz / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) emitió el primer fallo en contra del Tren Maya al resolver la suspensión definitiva para realizar obras nuevas en los municipios de Mérida, Chocholá e Izamal, cuyos habitantes promovieron un amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por omisiones detectadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto.

El amparo fue promovido por el colectivo Kanan Derechos Humanos, que en un comunicado precisó: “esta suspensión definitiva es importante, con ello podremos exigir el derecho a la información pública y obtener una sentencia que se pueda materializar”.

La suspensión definitiva, que puede ser impugnada por Fonatur y Semarnat, fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que desde el 21 de enero había considerado que había elementos para determinar que las poblaciones impactadas por el Tren Maya no habían contado con la información suficiente para poder opinar sobre la MIA, sometida a consulta en julio de 2020, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

En un comunicado, el colectivo Kanan recordó que en dicha consulta “algunas personas detectaron la omisión de ciertos anexos que se señalaban en la MIA del Proyecto ‘Tren Maya Fase 1’, pero que no estaban integrados en el expediente a consultar”.

Resaltó que el Juzgado Tercero de Distrito resolvió la suspensión definitiva del Tren Maya el viernes 19, ratificando “su decisión inicial de ordenar la detención de ejecuciones de obras nuevas, con la finalidad de mantener el estado de cosas que se guardan al momento en lo que se resuelve el juicio principal”.

El amparo será analizado de fondo para emitir una sentencia definitiva, proceso que, de acuerdo con Kanan, será importante si al concluir “detiene el proyecto para evitar daños irreparables a los derechos de todas las personas, específicamente a la participación pública, transparencia activa y medio ambiente sano”.

Roberto Sánchez, abogado del colectivo, narró que el amparo se inició luego de que “personas interesadas de los tres municipios (Mérida, Chocholá e Izamal) acudieron a la delegación estatal de la Semarnat con el fin de revisar la MIA para revisarla, y se dieron cuenta que faltaban algunos de los 20 anexos que están contemplados, entre ellos faltaban algunos sobre protección de cenotes y protección de fauna silvestre, anexos importantes especialmente por el tema del agua”.

Cuando los habitantes de los tres municipios acudieron a Kanan, el colectivo identificó “una violación clara a la información pública, en la vertiente de la transparencia activa, que significa que no tienes que acudir a una solicitud de información, sino que la institución la tiene que exponerla”, abundó.

Esa falta de información, agregó, “viola el derecho a la participación pública, porque si no tienes toda la información pública ¿cómo pretenden que puedas aportar observaciones críticas al proyecto? Todo esto se fundamenta en la Constitución, que reconoce estos dos derechos: el de información y de participación pública, pero también las leyes secundarias”.

El abogado recordó que la MIA presentada por Fonatur fue aprobada por Semarnat el 30 de noviembre del año pasado y publicada el 3 de diciembre en la Gaceta Ecológica número 45, documento en el que la Semarnat reconoce que habitantes de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo habían acudido a sus delegaciones en los estados para solicitar información y notificar que faltaban los anexos.

“La misma Semarnat dice en la Gaceta que se dio cuenta que faltaban los anexos, que se los solicitó a Fonatur y que la dependencia atribuye la omisión a un error involuntario, pero la consulta de la MIA se realizó en julio, por tanto se violó el derecho a la información y a la participación pública”, puntualizó el abogado.

Pese a la resolución judicial, Fonatur podrá continuar realizando obras de mantenimiento de las vías preexistente, porque la suspensión definitiva sólo aplica para las obras nuevas, hasta que el juzgado defina el amparo de fondo.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/22/juzgado-ordena-detener-obras-del-tren-maya-en-merida-chochola-izamal-258795.html

Familiares de personas desaparecidas realizan marcha pacifica en Cancún

Adriana Varillas / El Universal
Cancún.- Voces entrecortadas, llanto y desesperación, envolvieron a madres, hermanas y familiares de personas desaparecidas en Cancún y en la Zona Continental de Isla Mujeres, quienes marcharon hoy por las calles de la ciudad para reprochar las omisiones de la Fiscalía General de Quintana Roo, exigirle acciones eficaces en la búsqueda de una veintena de víctimas y demandar una audiencia con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

Con un año o más de haber denunciada la desaparición de sus hijas e hijos, las madres de familia solicitaron la “inmediata intervención” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para poner freno a las desapariciones en Quintana Roo, pero especialmente en Cancún.

“Que miren a Cancún, se está yendo abajo. Yo no soy quintanarroense, señores. Yo vine a radicar hace 13 años y hoy por hoy no tengo a mi hija; me voy a regresar sin mi hija. Lloro porque realmente era lo único que tenía, era mi única joya, mi hija Diana. Y hoy solamente saco fuerza para gritar por ella”, expresó Romana, madre de una de las víctimas.

Pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los expedientes y realice todo tipo de acciones en campo y gabinete para conocer el paradero de un promedio de 22 desaparecidos, ubicar a los responsables, castigarles y reparar el daño.

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“En los casos de desaparecidos, evidentemente, de acuerdo a datos que existen en las diversas carpetas de investigación, intervino algún grupo de la delincuencia organizada”, dijo, al demandar a la Fiscalía del estado, realizar los actos de investigación tendientes a su labor, sin encubrir a nadie, interno o externo a la institución.

“Que brinde seguridad a cada una de los ofendidos del delito, porque el simple hecho de buscar o manifestarnos, nos coloca en riesgo, ante victimarios de nuestros familiares”, añadió, al solicitar la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO).

Los casos tienen que ver con jóvenes que han desaparecido de las discotecas o bares de la ciudad, como El Emporio, en Plaza Infinity, por ejemplo.

También con empleados que llegaron a su centro de trabajo, en obras en construcción de hoteles como el Planet Hollywood Cancún, en Costa Mujeres o de fraccionamientos como Kuzamil y no salieron; hasta jóvenes sustraidos de sus domicilios o que salieron a hacer alguna compra a una tienda en la zona de El Crucero y no regresaron.

Ante los nulos o nimios avances de la Fiscalía, las madres de familia se organizaron, a convocatoria de una de ellas, para conformar un colectivo ciudadano que hoy salió de Malecón Tajamar, protestó en el Monumento de las Estrellas y los Caracoles (El Ceviche) y caminó hasta la Fiscalía General para hacer un pase de lista, pegar fotografías y encender veladoras como símbolo para que sus hijas e hijos sean encontrados o vuelvan.

En cada parada repitieron la dinámica, además de ir narrando cada caso y pidiendo la localización de Carlos de la Cruz, Francisca Mariner, Erick Flores, Georgeth, Andrea Aitana, Karla Polanco, Erick Fernando, Maggy, Karen, Cinthia, Amairani, Doris, Viviana, Jorge Kiau, Rubiel Robles, William Llanes, Carlos López, Juan Pablo Pech, Laureano Méndez, Ángel de la Cruz, Diana García y Jonh Paul Miller.

El común denominador en torno a la actuación de las autoridades, narrado por las madres de las víctimas, son las omisiones de la Fiscalía para investigar diligentemente, para comunicarles el estado del asunto; la queja de ministeriales y policías de investigación para hacer su trabajo, a falta de recursos; la obstaculización para acceder a la carpeta de investigación; dilaciones, falta de certeza, entre otros.

También reprocharon la ineficacia de las y los asesores victimales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), que no se aparecen, no dan seguimiento a los asuntos o son ignorados por la autoridad ministerial, sin avanzar.

“Pedimos su intervención en la atención integral de los ofendidos del delito, a fin de que sus asesores jurídicos realmente cumplan con su labor, asesorando e impulsando actos de investigación en las carpetas, que lleven a la localización de las y los desaparecidos.

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“Así mismo, atención y acompañamiento psicológico, porque hasta la fecha nada de eso se nos ha brindado”, manifestaron.

De lado de las familias, hay ausencia de dinero para contratar abogados privados o para costearse los gastos de viaje cuando viven en Tabasco, Veracruz, Chiapas u otra entidad, de donde partieron sus hijos para labrarse una mejor condición de vida en Cancún.

De la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, requirieron acciones reales y proactivas, encabezando grupos de búsqueda física que permita encontrar a sus familiares.

Propusieron la creación de una Mesa o Comisión que integre a esas autoridades y a los familiares, para que compartan la información obtenida y ello agilice la actuación de la búsqueda de las víctimas.

“Hablamos al fiscal, al gobernador, por favor, que nos atiendan en cada caso y queremos una mesa de reunión con el señor gobernador para darnos la cara t atendernos”, indicaron.

afcl/nv

https://www.eluniversal.com.mx/estados/familiares-de-personas-desaparecidas-realizan-marcha-pacifica-en-cancun

Líder de colectivo encontró los restos que serían de su hijo desaparecido desde mayo del 2019 (Sinaloa)

La osamenta de la víctima, quien desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, no tenía el cráneo (Foto: Madres Buscadoras de Sonora) La osamenta de la víctima, quien desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, no tenía el cráneo (Foto: Madres Buscadoras de Sonora)

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora halló un esqueleto que, de acuerdo con su ropa y sus identificaciones, pertenecería a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Cecy Patricia Flores Armenta, líder del grupo. La osamenta de la víctima, quien desapareció el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, no tenía el cráneo.

La asociación empezó la búsqueda en las cercanías de la Carretera Estatal 100, Hermosillo-Bahía de Kino, después de recibir una llamada anónima que advertía sobre el lugar. En el kilómetro 60 descubrieron un cadáver que coincidía con las identificaciones, cartera, y ropa de Sauceda Rocha.

Flores Armenta, a través de una entrevista, según La Jornada, reveló que se trata de su hijo. No obstante, afirmó que esperará a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirme su identidad con las pruebas genéticas del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense.

La asociación empezó la búsqueda en las cercanías de la Carretera Estatal 100, Hermosillo-Bahía de Kino, después de recibir una llamada anónima que advertía sobre el lugar (Foto: Facebook/Madres Buscadoras de Sonora)La asociación empezó la búsqueda en las cercanías de la Carretera Estatal 100, Hermosillo-Bahía de Kino, después de recibir una llamada anónima que advertía sobre el lugar (Foto: Facebook/Madres Buscadoras de Sonora)

La lideresa también agregó que continuarán las labores de búsqueda hasta encontrar a su otro hijo desaparecido en Los Mochis, Sinaloa: Alejandro Guadalupe. El colectivo regresó este sábado a las inmediaciones de la carretera para buscar el cráneo de la víctima.

“Con mucho dolor, porque aquí se acaba la esperanza, pero seguiré buscando su cráneo aquí mismo porque quiero tener a mi hijo completo, las búsquedas no van a parar por mi otro hijo y por todas las madres que estamos buscando a nuestros corazones”, dijo Flores Armenta.

Por lo menos siete grupos de búsqueda se han formado desde enero del 2018: Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, Madres Buscadoras de Sonora, Buscadoras de la Paz en Hermosillo, Buscadoras en vida de Huatabampo, Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerreras Buscadoras de Cajeme, y Guerreras Buscadoras de Guaymas.

De los siete colectivos, tres de sus líderes, entre ellos Flores Armenta, han encontrado los restos de sus hijos: víctimas de la desaparición forzada y el crimen organizado.

De los siete colectivos, tres de sus líderes, entre ellos Flores Armenta, han encontrado los restos de sus hijos: víctimas de la desaparición forzada y el crimen organizado (Foto: Facebook/Madres Buscadoras de Sonora)De los siete colectivos, tres de sus líderes, entre ellos Flores Armenta, han encontrado los restos de sus hijos: víctimas de la desaparición forzada y el crimen organizado (Foto: Facebook/Madres Buscadoras de Sonora)

Nora Lira, del grupo Rastreadoras de Ciudad Obregón, localizó los restos de su hija, Fernanda Sañudo Lira, en octubre del 2020 dentro de una fosa clandestina en el municipio de Bácum, al sur de la entidad federativa. Cecilia Delgado, de Buscadoras por La Paz, descubrió el cadáver de uno de sus hijos, Jesús Ramón Reynoso Martínez, el pasado 25 de noviembre. Jesús Alfonso, su otro hijo, continúa desaparecido.

Flores Armenta y Delgado comparten el mismo dolor y la misma rabia: tener a sus hijos desaparecidos.

Delgado decidió sumarse a esta búsqueda debido a que el pasado 2 de diciembre de 2018 un grupo de personas secuestró en Hermosillo a Jesús Ramón Martinez Delgado, quienes lo subieron a un vehículo pickup. Hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

Por su parte, Flores Armenta, ha comentado en entrevistas que su lucha comenzó un 4 de mayo de 2019, cuando su hijo Marco Antonio Saucedo Rocha fue privado de su libertad por un grupo armado en la capital sonorense junto a otro de sus hermanos.

Del 1 de enero al 25 de noviembre de 2020, el país ha registrado 11 mil 841 personas desaparecidas, de las cuales 5 mil 779 sí fueron localizadas, pero 6 mil 62, el 51.20%, no han sido encontradas (Foto: REUTERS/Henry Romero)Del 1 de enero al 25 de noviembre de 2020, el país ha registrado 11 mil 841 personas desaparecidas, de las cuales 5 mil 779 sí fueron localizadas, pero 6 mil 62, el 51.20%, no han sido encontradas (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Cecy confesó durante una entrevista para El Sol de Hermosillo que después de ser testigo de la ineficacia de las autoridades decidió buscar a su hijo con sus propios recursos y haciendo llamados a través de redes sociales y provocando que otras mujeres que pasan por la misma situación se unieran a la causa.

Ambas mujeres se han organizado en brigadas para buscar a sus familiares por su propia cuenta, sin embargo, en ocasiones el presupuesto no es suficiente, por lo que tienen que construir las formas para obtener financiamiento para combustible, herramientas, y alimentos.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero al 25 de noviembre de 2020, el país ha registrado 11 mil 841 personas desaparecidas, de las cuales 5 mil 779 sí fueron localizadas, pero 6 mil 62, el 51.20%, no han sido encontradas

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/22/lider-de-colectivo-encontro-los-restos-que-serian-de-su-hijo-desaparecido-desde-mayo-del-2019/

Cerca de 800 mujeres han sido asesinadas en el estado de Sinaloa en la última década

Cerca de 800 mujeres han sido asesinadas en el estado de Sinaloa en la última década

Una protesta contra los feminicidios en México . Foto: J. Raúl Pérez

Proceso/EuropaPress

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, que preside Ricardo Jenny del Rincón, informó que en la última década han sido asesinadas cerca de 800 mujeres en la entidad, de las cuales al menos el 70% era menores de edad.

En un informe, el organismo indicó que entre 2010 y 2020 se observa un aumento “desmesurado” de la violencia familiar, dado que la década finalizó con una media de 4 mil 740 denuncias de violencia doméstica respecto a las mil denuncias anuales que había en 2010.

En este sentido, las autoridades alertaron de que cuatro de cada diez feminicidios registrados en 2020 se cometieron con armas de fuego en Sinaloa, si bien este baremo desciende a dos por cada diez asesinatos a nivel nacional.

El documento de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública indica que tanto los feminicidios ocurridos en 2020 en el estado como los ocho registrados en lo que va de 2021 han sido cometidos con un alto nivel de violencia y ensañamiento.

De las ocho víctimas registradas en lo que va de año, cuatro de ellas fueron asesinadas en la ciudad de Culiacán, dos en Mazatlán, una en el municipio de Sinaloa y otra en Novalato.

El pasado 6 de enero, en un predio sembrado de granos, en el municipio de Navolato, se hallaron los restos calcinados de Cinthia Karely ‘N’, de 26 años, según informaciones del diario El Universal. Su familia había denunciado que fue vista por última vez el 27 de diciembre, cuando salió de su casa, en la sindicatura de Bachimeto, en el mismo municipio.

Ese mismo día, en la sindicatura de Lázaro Cárdenas, en Sinaloa, fue hallado el cuerpo de María Guadalupe, una joven madre que fue asesinada a golpes y asfixiada con una bolsa de plástico en la cabeza. Su familia indicó que la mujer, con residencia en el municipio de Guasave, salió a trabajar en su vehículo días antes y luego desapareció.

El caso más reciente, registrado el 15 de febrero en una residencia del fraccionamiento Montecarlo, ubicada en esta ciudad, María del Carmen, de 54 años, fue asesinada a golpes por su hijo, un joven estudiante de Medicina que fue detenido en el lugar de los hechos.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/22/cerca-de-800-mujeres-han-sido-asesinadas-en-el-estado-de-sinaloa-en-la-ultima-decada-258748.html

Lilia Alejandra: la impunidad frente al frágil discurso oficial (Ciudad Juárez)

NORMA ANDRADE CON LA FOTO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA ASESINADA EN CIUDAD JUÁREZ, EN 2001. FOTOGRAFÍA: ABRAHAM RUBIO

Ciudad Juárez, Chihuahua– Norma Andrade, quien frente al féretro de su hija juró que no iba a descansar hasta encontrar justicia, ahora duda. El tiempo la ha orillado a creer que morirá sin cumplir esa promesa, y cuando cae en cuenta y lo dice, llora.

Han pasado 20 años y ese duelo que se abrió el 14 de febrero de 2001 está lejos de cerrarse para ella y Jade y Caleb, quienes quedaron huérfanos desde ese momento.

El caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, permanece impune debido a las deficiencias en la investigación y el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, que tras una investigación de tres meses en 2018 detuvo al presunto asesino serial, Manuel N., y dio por “resuelto” un caso que llevaba más de tres lustros sin respuestas.

El gobernador Javier Corral y la Fiscalía han presionado a la defensa de Norma y a ella para que acepten al detenido como el responsable, pero no lo admiten ante las inconsistencias en la investigación por el feminicidio de Lilia Alejandra y la arbitrariedad con que las autoridades descartaron la línea de investigación más importante desde 2010: tres muestras genéticas.

Norma dice que estas acciones implicarían más violaciones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaría al Estado, pero eso no le importa en realidad: “Lo que me interesa es que detengan al que mató a mi hija y a los que lo ayudaron.”

LA PROMESA DE JUSTICIA

 

Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero del año 2001 tras salir de su trabajo de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A. de C.V. Pidió prestado dinero para tomar el transporte público y partió al atardecer por un lote baldío cercano a la zona.

Horas después, cuando sus familiares se percataron de su ausencia, comenzaron a buscarla con sus amigos y conocidos para conocer su ubicación. No pudieron localizarla y acudieron a la Agencia del Ministerio Público. El primer encuentro desagradable de Norma Andrade con la autoridad fue ese día cuando le dijeron que debía esperar 72 horas para reportarla desaparecida porque “seguro estaba con el novio”.

Una semana después, su cuerpo sin vida, torturado y abusado sexualmente fue abandonado enredado en una cobija en un terreno baldío entre dos de las avenidas más importantes de la ciudad, la Tecnológico y la Ejército Nacional.

Norma Andrade sepultó a su hija con la promesa de que no descansaría hasta encontrar justicia.

Pasaron nueve años para que la carpeta pudiera tener una línea de investigación sólida, que se dio por la presión de la defensa de Norma, Grupo de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, y por ella misma. Se identificaron tres muestras genéticas: el raspado de las uñas restos orgánicos (perteneciente a un varón o “dudoso”), una mancha de sangre O+ en el cobertor en que fue envuelta la víctima (muestra C1666-1/07) y semen que se extrajo del cuerpo de la víctima (muestra 1298/06).

La última muestra, la 1298/06, coincidió en el haplotiplo “Y” con el ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010 e ingresado a la base de datos de la FGE meses antes de que la defensa pidiera el cotejo de la muestra en la base de datos.

Los resultados del Informe Pericial en Materia Forense, que entregó y firmó la perito Karely Liliana Islas González el 8 de junio de 2010, mostraron que el agresor de Lilia Alejandra es un familiar perteneciente al linaje paterno de Castañeda Ogaz y, de acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla y Coral Arrieta Medina.

Sin embargo, el avance en la investigación no facilitó las cosas para encontrar justicia: las complicaron. Norma sufrió dos intentos de asesinato en un lapso de 60 días (el primero en Ciudad Juárez el 2 de diciembre de 2011 y el segundo en Ciudad de México el 3 de febrero de 2012), además han entrado a su casa a vandalizarla, robado las computadoras de la organización en la que trabaja y ha recibido amenazas. Desde 2011, Norma, Caleb y Jade, viven desplazados, lejos de la ciudad donde nacieron.

En el caso de Lilia Alejandra el acceso a la justicia no ha llegado, pero en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso debido a la existencia de “un retardo injustificado por parte de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados”. En 2018, durante la comparecencia del “Caso 12.853 – Lilia García Andrade, México”, el Estado mexicano aceptó su “responsabilidad internacional” por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra.

 

El Gobierno Federal ofreció un acuerdo amistoso que la defensa negó. Pero fue la participación del representante de la FGE de Chihuahua la que cambió todo a partir de ese momento: Sergio Castro Guevara se presentó como el nuevo ministerio público encargado de la carpeta y el mismo día de la comparecencia les informó de una nueva línea de investigación.

UN DETENIDO, UNA “PRUEBA CIENTÍFICA”

El ministerio público Sergio Castro Guevara tomó la carpeta de investigación entre febrero y marzo de 2018 y, luego de entre dos y tres meses con el caso, determinó con una investigación basada en estadística genética que el principal sospechoso desde 2010, un familiar directo del linaje paterno del agente Castañeda Ogaz, no podía ser, porque ya se había cotejado el ADN encontrado en el rastro de semen con gran parte de la familia paterna del agente.

Incluso, refirió el agente del Ministerio Público en una entrevista, se exhumó a un familiar de la línea paterna y no coincidió con el ADN, por lo que luego de que se compulsaran las muestras de varios familiares con la del semen, se concluyó que lo que en un principio dijeron los peritos no era posible.

Entonces, dijo Castro Guevara, se inició una investigación desde el principio. En algún punto de la investigación Castro Guevara pidió comparar el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal –que fue asesinada en 2011 y cuyos restos óseos fueron encontrados dos años después–, con el de la muestra de semen 1298/06. Y, de acuerdo con el agente, se determinó que el semen que se encontró en el cuerpo de Lilia Alejandra pertenece por “estadística genética” a quien fuera padre biológico de Leticia García Leal: Manuel N.

Para llegar a dicha conclusión se tomaron muestras genéticas de la madre e hija de Leticia, pero no se tomó muestra a Manuel N para confirmar.

Manuel N. fue detenido en la ciudad de Chihuahua el 19 de mayo de 2018, a tres meses de que Castro Guevara tomara la investigación, y 12 días después de que se llevara a cabo la audiencia en República Dominicana de la CIDH.

Manuel N. está detenido y en proceso, aún sin sentencia a casi tres años de su detención, por su presunta responsabilidad en el homicidio y violación de Rosa Isela Tena Quintanilla y por el de Sonia Ivett Sánchez Ramírez.

El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró el 8 de agosto de 2018 a los medios de comunicación, luego de una manifestación de familiares de víctimas en el Foro de la Pacificación que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade estaba resuelto:

“Que haya motivaciones personales o políticas es otra cosa, son casualmente las dos personas más atendidas por la Fiscalía (el otro caso al que se refirió es José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo). Un caso que ya está resuelto es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es… es un crimen seguir medrando con el dolor de las víctimas”, dijo en esa ocasión.

El gobernador dio por resuelto el caso, pero en los hechos, ese 8 de agosto, no había una orden de aprehensión validada por el juez por el caso de Lilia Alejandra y tampoco alguna persona detenida por este feminicidio.

De hecho, la orden de aprehensión por el caso de Lilia Alejandra fue negada el 27 de agosto de 2018 por el juez primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional, Rubén Efrén Ramírez Santillán, al no estar comprobada su probable responsabilidad. Dos semanas después de que Javier Corral anunciara la resolución del caso “con prueba científica”.

Esa “prueba científica” fue cuestionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) al hacer una revisión de la estrategia pericial seguida por el MP y determinó que:

“las actuaciones realizadas por las y los peritos estatales (…) han contribuido en forma significativamente negativa en la investigación del homicidio de Lilia Alejandra García Andrade”.

Por ello, la CEAV ordenó un estudio exhaustivo de dos aspectos de la investigación.

El primero sugiere una evaluación de los dos peritajes contradictorios realizados por la perita Karely Liliana Islas González, que en un primer momento determinó la relación de parentesco por el linaje paterno entre Castañeda Ogaz y el agresor de Lilia Alejandra, y ocho años después eliminó esta línea de investigación tras emitir un segundo documento donde descarta esta hipótesis.

El segundo pide una revisión y evaluación de las técnicas, métodos, análisis y conclusiones realizados y si lo referido por los peritos “es congruente con lo dictado y sugerido en la comunidad científica, las bases teóricas y prácticas del área de conocimientos en la que dictaminan”.

A más de dos años de que se negara la orden de aprehensión a Manuel N. por el caso de Lilia Alejandra, la carpeta de investigación no ha tenido modificaciones, es decir, no se ha apelado la decisión del juez, y por lo tanto no se ha liberado alguna orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Lilia Alejandra, de acuerdo con el Departamento de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

FEMINICIDIOS EN MÉXICO: LA SITUACIÓN ESTÁ MÁS GRAVE

 

La búsqueda de justicia de Norma ha sido transexenal: cuatro gobernadores y presidentes se han reunido con Norma o han escuchado alguna vez la petición de justicia. Sin embargo, considera que la situación es más grave hoy que hace 20 años: “no nomás por el aumento de casos, no nomás porque ya es en todo el país. Es más grave el problema porque, a pesar de todo lo que hay (leyes, instituciones, visibilidad en los casos), seguimos sin justicia”.

La impresión de la activista no es para menos: en cinco años los feminicidios en México aumentaron un 128.71 por ciento, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El país aumentó de 411 carpetas abiertas por feminicidios en 2015 a un total anual de 942 en 2019 y 940 en 2020. Cifras que de acuerdo con organizaciones civiles podrían ser más debido al subregistro en los estados donde no está tipificado el feminicidio y se considera como homicidio doloso.

 

Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, explica que desde 2003 un informe de las Naciones Unidas – en el que se analizaron 86 feminicidios ocurridos en Juárez– planteó la incapacidad en los procesos de investigación de las autoridades y la necesidad de cambios profundos en las fiscalías, pero estos no fueron suficientes: “el sistema ha sido manifiestamente desbordado por un desafío criminal para el que no estaba preparado a partir de 2008, dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes”.

Sin embargo, considera injustificable que las autoridades del estado de Chihuahua y federales continúen subestimado el problema: “sí hay feminicidios, no es una leyenda negra, y las sociedades necesitan para su propia reconciliación saber la verdad y tener justicia, saber por qué estas niñas y mujeres empiezan siendo asesinadas desde 1993 y todavía hasta el 2021, a pesar de que el Estado mexicano ha sido condenado internacionalmente, sigue todavía permitiendo la desaparición forzada y el feminicidio”.

Este 21 de febrero se cumplen 20 años del asesinato de Lilia Alejandra y Norma ve lo que vio hace 20 años: “el mismo gobierno insensible de aquella época. Antes no teníamos nada de medios, entonces había pretexto para decir que no teníamos y no se encontraba justicia por eso; ahora lo tenemos y de todos modos no encontramos justicia”

Lilia Alejandra: la impunidad frente al frágil discurso oficial

Familiares de desaparecidos piden transparentar búsqueda en Guanajuato

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada en Guanajuato pidieron a las autoridades que les informen sobre la búsqueda de restos, debido a que no son invitados por el semáforo epidemiológico rojo en la entidad

 

Búsqueda de personas desparecidas en Guanajuato. Foto: Comisón Estatal de Búsqueda

Por Verónica Espinosa / Proceso, domingo, 21 de febrero de 2021

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Integrantes de 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato y de la sociedad civil que los acompañan pidieron a la Comisión Estatal de Búsqueda que transparente la información sobre las prospecciones que está realizando de enero a la fecha en el estado, así como sobre los hallazgos de restos o cuerpos humanos en este lapso, durante el cual las familias no han sido convocadas a participar en estas actividades por el semáforo rojo derivado de la pandemia de coronavirus.

Los colectivos también urgieron al Congreso del estado a que convoque para la integración del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley estatal de búsqueda de personas, mismo que debió ser instalado en septiembre del año pasado, a los 90 días de la publicación de la ley, que apareció el 6 de junio de 2020.

Recientemente, la Fiscalía general del estado encontró restos humanos que fueron inhumados ilegalmente en un predio en los límites entre Irapuato y Salamanca, y la semana pasada la Comisión realizó tareas de prospección en Barranca de Venaderos en León, una zona de esa ciudad en donde frecuentemente son depositados restos o cuerpos de personas asesinadas.

Pero la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) no ha convocado a las familias de las personas que están desaparecidas o no localizadas en el estado. El comisionado Héctor Alonso Díaz Ezquerra comunicó a los colectivos que la Secretaría de Salud del estado recomendó no incorporarlos a estas tareas mientras permanezca el semáforo rojo epidemiológico, que desde el 26 de diciembre está activo en Guanajuato.

Integrantes de los diversos colectivos han externado su desesperación y la petición a la CEB para que ya se les permita integrarse a la prospección y búsqueda.

El 29 de enero, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe sobre la desaparición de personas y la localización de fosas de inhumación clandestina, en el que destacó la situación de Guanajuato como el segundo estado con un crecimiento exponencial de este delito y los hallazgos, después de Jalisco.

A través de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, los 12 colectivos que están actualmente conformados en Guanajuato con las familias de personas desaparecidas dieron a conocer las dos cartas dirigidas al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, y al Congreso del estado, para solicitar información inmediata sobre la agenda para las tareas de prospección y exploración en puntos identificados del territorio estatal y los motivos por los que no se ha podido incluir a ningún representante de los colectivos.

Le pidieron al comisionado que convoque a una reunión para que informe sobre las prospecciones realizadas recientemente y los resultados, si es que se han encontrado cuerpos o restos humanos “a efecto de no vulnerar los derechos humanos de los familiares a conocer la verdad, participación y coadyuvancia”, entre otros.

Además, solicitaron que el Congreso emita la convocatoria para conformación del Consejo Estatal Ciudadano “respetando los principios del trato preferente y de la participación conjunta” previstos en la ley, hacia los propios colectivos, familias y acompañantes, para que puedan participar en la revisión de criterios y la selección de quienes integren este consejo.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/21/familiares-de-desaparecidos-piden-transparentar-busqueda-en-guanajuato-258721.html 

El Corredor en el Istmo de Tehuantepec está basado en cifras inverificables: ASF (Oaxaca)

Proceso / Redacción.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que correrá del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al de Coatzacoalcos, Veracruz, está basado en cifras inverificables, consideró la Auditoría Superior de la Federación.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los megaproyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en el arranque de su sexenio y que cayó paulatinamente en el olvido, está basado en cifras inverificables, que plantean un incremento de 982% en el transporte de bienes entre los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el proyecto está sustentado en un estudio elaborado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el cual planteó que con la instalación del ferrocarril entre ambos puertos la demanda de carga pasaría de 400 millones de toneladas anuales –las que actualmente se mueven en tráilers– a 4 mil 334 millones de toneladas, pero no incluyó “elementos suficientes que permitieran evaluar la razonabilidad de los supuestos”.

En otras palabras: la estimación de la demanda determina la rentabilidad de dicho proyecto, por lo que, si no se garantiza que ésta se haya estimado bajo supuestos razonables, se pone en riesgo el beneficio social previsto para el proyecto de inversión”, subrayó el ente fiscalizador.

En sus informes sobre la Cuenta Pública 2019, publicados este sábado 20 de febrero, la ASF también puso en duda las proyecciones y estimaciones que sirvieron para justificar los megaproyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ambos impulsados por la autodenominada “Cuarta Transformación”

En su auditoría número 257-DS, la ASF se concentró en el primer año de operación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que pretende modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para conectar los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, y crear alrededor de las vías un corredor industrial conformado por nuevas ciudades, carreteras y aeropuertos.

Tras cambiarle el nombre a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) –creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, López Obrador entregó el proyecto a su amigo y allegado, Rafael Marín Mollinedo.

Sin embargo, la ASF planteó que el ente recién creado operó durante su primer año sin un órgano colegiado o Comité de Cumplimiento Normativo, encargado de establecer las políticas y procedimientos para garantizar el desarrollo de sus actividades conforme a la normativa vigente.

Aparte, el organismo fiscalizador observó que, desde su primer año, el programa absorbió el proyecto de infraestructura de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) para corregir la “línea Z” que recorre los 206 kilómetros entre Salinas Cruz y Coatzcacoalcos, lo que quintuplicó el monto del proyecto, el cual pasó de 645 millones de pesos a 4 mil 164 millones de pesos.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/21/el-corredor-en-el-istmo-de-tehuantepec-esta-basado-en-cifras-inverificables-asf-258732.html

Voces contra megaproyectos en Oaxaca se suman a pesar de intimidaciones

Avispa Midia / Nañí Pinto.

El reloj marcaba las 10 horas de la mañana del día 20 de febrero. Era la hora que los colectivos y participantes habían acordado para iniciar la Acción Informativa y Artística contra los Megaproyectos en Oaxaca. Una actividad más que se realizaba en México y en otros países, en memoria del indígena Samir Flores Soberanes del estado de Morelos, quien fue asesinado frente a su casa el día 20 de febrero del año 2019 por oponerse al mega proyecto denominado Proyecto Integral Morelos.

Los activistas habían acordado ocupar el Jardín Carbajal para realizar esta acción en Oaxaca. Inspectores del municipio, acompañados de no más de seis vecinos, intentaron boicotear el evento. Al final los participantes se mantuvieron. Al final el evento se realizó bajo una tensa calma ya que los rondines de la policía municipal y estatal fueron constantes.

Entre los presentes estuvo la comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de Cuatro Venados, quienes han sido atacados por personas armadas más de una vez. Denunciaron que estas personas han sido contratadas por políticos y empresarios que tiene intereses por el agua y los bosques que hay en este territorio. Además, en su territorio existe por lo menos tres concesiones mineras para la explotación de oro y plata.

También estuvieron representantes de la comunidad de Magdalena Ocotlán, quienes denunciaron las afectaciones de la actividad minera en su territorio por la Compañía Minera Cuzcatlán.

Entre otras comunidades participantes estuvo el Tianguis Autogestivo, Feminista y Disidente, quien viene ocupando plazas públicas para ejercer el trueque y venta de sus propios productos. Los inspectores que hicieron acto de presencia este sábado 20 son los mismos que justificaron una fuerte represión contra el tianguis el 7 de noviembre de 2020, dejando como saldo varios heridos, que hasta el día de hoy sufren las consecuencias.

También se realizaron acciones de forma virtual y física en España, Francia, Alemania, ciudad de México, Morelos, Veracruz, entre otras.

A continuación, se recogen parte de las voces participantes en esta acción en la ciudad de Oaxaca.

Voces contra megaproyectos en Oaxaca se suman a pesar de intimidaciones

Imágenes de la movilización zapatista en la Jornada por la vida, contra los megaproyectos y por nuestro hermano Samir Flores

Caracol Jacinto Canek. JBG Flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos. Comunidad del CIDECI-Unitierra. Municipio oficial de San Cristóbal de las Casas.

Caracol Resistencia y Rebeldía un Nuevo Horizonte. JBG La luz que resplandece al mundo. Dolores Hidalgo. Tierra recuperada.

 

 

 

 

 

Caracol Espiral digno tejiendo los colores de la humanidad en memoria de l@s caídos. JBG Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan por siempre. Tulan Ka’u, tierra recuperada.

Caracol Raíz de las Resistencias y Rebeldías por la humanidad. JBG Corazón de nuestras vidas para el nuevo futuro. Ejido Jolj’a.

Caracol Floreciendo la semilla rebelde. JBG Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad. Poblado Patria Nueva, tierra recuperada.

Caracol Madre de los Caracoles de nuestros sueños. JBG Hacia la Esperanza. La Realidad.

 

 

 

 

Caracol Torbellino de Nuestras Palabras. JBG Corazón del Arcoiris de la esperanza. Morelia.

 

 

 

Caracol Que habla para todos. JBG Nueva Semilla que va a producir. Roberto Barrios.

 

 

Caracol Resistencia Hacia un nuevo amanecer. JBG El camino del Futuro. La Garrucha.

Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad. JBG Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo. Oventik.

Caracol En Honor a la memoria del Compañero Manuel. JBG El pensamiento rebelde de los pueblos originarios. Poblado Nuevo Jerusalén.

 

 

 

Caracol Colectivo el corazón de semillas rebeldes, memoria del Compañero Galeano. JBG Pasos de la historia, por la vida de la humanidad. La Unión.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/02/20/imagenes-de-la-movilizacion-zapatista-en-la-jornada-por-la-vida-contra-los-megaproyectos-y-por-nuestro-hermano-samir-flores/

Fonatur exageró cifras para hacer ver rentable el Tren Maya: ASF

Mathieu Tourliere / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Contrario a lo que afirman el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, uno de los megaproyectos más emblemáticos de la presente administración, presenta riesgos de no ser rentable, no fue consultado debidamente ante la población indígena, tiene escaso interés en la protección ambiental y es poco transparente en la adjudicación de contratos públicos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2019, más de un año antes de asignar los contratos multimillonarios a constructoras mexicanas y extranjeras para instalar los primeros rieles del Tren Maya, el Fonatur incurrió en varias irregularidades durante la fase de diseño y de estudios, los cuales ponen en vilo la viabilidad social y financiera del proyecto.

Un ejemplo: el organismo fiscalizador señaló, en el informe de auditoría 1384-DE, que el Fonatur utilizó algunos supuestos que “no fueron razonables” para elaborar sus proyecciones del uso de carga y de pasajeros del Tren Maya entre 2023 y 2053.

En otras palabras: la ASF insinuó que el Fonatur exageró sus cifras de uso del Tren Maya a futuro para presentar el proyecto como rentable, lo cual implica “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”.

A raíz de varias reconfiguraciones, el Valor de Reposición Neto (VPN) del Tren Maya se cayó en un 8% desde el arranque del proyecto, el cual se sitúa en 10.2%, y en caso de cualquier incremento presupuestario pasaría el límite fatídico del 10%, debajo del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que un proyecto deja de ser rentable.

Estas forman parte de las observaciones emitidas por la ASF en una serie de auditorías que publicó hoy sobre varios aspectos del megaproyecto –cuyo costo total se elevará a 321 mil 384 millones de pesos y provendrá en su totalidad del presupuesto federal– durante el año 2019; en ellas, determinó que el Fonatur pagó sobrecostos, adjudicó contratos de manera directa de manera injustificada, no contó con “una estructura administrativa para llevar a cabo el proyecto” ni con estudios terminados.

Así, la ASF observó, en la auditoría 1385-DE, que el Fonatur se lanzó en el proyecto faraónico sin estudios para determinar la “factibilidad social” del Tren Maya, “como un diagnóstico en el que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación”.

La ASF señaló algunas deficiencias profundas durante los eventos que el gobierno federal presentó como una “consulta indígena” y que se llevaron a cabo en diciembre de 2019: el organismo fiscalizador planteó que, durante las asambleas con comunidades indígenas, el Fonatur no presentó información sobre los llamados “polos de desarrollo” –las ciudades que pretende construir alrededor de las estaciones del tren–, dejó fuera a más de la mitad de las comunidades de la Península –más de 2 millones de personas–, y realizó las asambleas en un solo día.

Total, según la ASF, “el Fonatur no proporcionó a los indígenas la información necesaria para que éstos aceptaran el proyecto con pleno conocimiento de causa, por lo que no acreditó que el consentimiento del proyecto se obtuviera con la condición básica de ser informado”, en eco a las críticas que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) expresó en su tiempo.

También vio que, en su análisis de costo beneficio de 2019, el Fonatur no incluyó algunos aspectos esenciales como el posible desplazamiento de las actividades tradicionales y empresas locales –como los servicios turísticos y los transportistas–, ni las afectaciones a los ejidos, los “efectos ambientales negativos”, la “destrucción de hábitats naturales; características del suelo; daños a la fauna local; daños a especies florísticas, y existencia de ecosistemas críticos y daños a los corredores biológicos”.

Además, señaló que debido a “ambigüedades jurídicas y conceptuales”, el análisis costo-beneficio tampoco integró el “beneficio social del tren y los polos de desarrollo” en el reordenamiento territorial de la región, pues el Fonatur ni siquiera tiene estudios definitivos sobre los polos de desarrollo.

Peor: sostuvo que la dependencia tampoco contempló riesgos básicos en materia ferroviaria, como “la existencia de vicios ocultos; bajo nivel de calidad y servicio; definición de estándares de funcionamiento en el sistema ferroviario; disponibilidad del servicio, y catástrofes naturales asegurables y no asegurables”.

La falta de estudios exhibe la prisa con la que el Fonatur lanzó el proyecto, dejando fuera factores esenciales. Así, en la auditoría 1386-DE, la ASF señaló que, en 2019, el Fonatur “no contrató estudios de impacto ambiental referentes a la flora, fauna, medio socioeconómico y al paisaje, relacionados con la fase 1 del proyecto Tren Maya”, ni estudios de “factibilidad ambiental”.

De hecho, el Fonatur obtuvo una exención para no realizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre la vía existente –pidió una en modalidad regional en 2020, que divide el proyecto en cuatro manifestaciones distintas–, la cual “careció de las acciones de seguimiento y control ambiental”, según la ASF.

El desinterés del Fonatur hacia la problemática ambiental quedó evidenciada en el hecho de que la dependencia no incluyó el costo de las acciones de mitigación y otras “externalidades ambientales” en su análisis de costo beneficio.

Así, según la ASF, “las acciones de planeación, coordinación, contratación, elaboración y presentación realizadas por el Fonatur en 2019, no aseguraron la determinación de los daños al ambiente que pueda causar el desarrollo del proyecto Tren Maya”; es decir, que “no se aseguró la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya que permitiera la sustentabilidad ambiental del proyecto y garantizar el derecho a un ambiente sano”.

Y no solo esto: en 2019, un año antes que Fonatur empezara a entregar los contratos multimillonarios a los consorcios internacionales para la instalación de las vías –entre ellas a empresas de los magnates Carlos Slim Helú y Germán Larrea Velasco, y empresas contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México–, la dependencia gastó cientos de millones de pesos en estudios, de manera a veces cuestionable, y necesita aclarar el destino de 135 millones de pesos –de los 351 millones auditados–.

La ASF determinó, por ejemplo, que el Fonatur no debió adjudicar de manera directa el contrato de ingeniería al consorcio encabezado por la empresa española Senermex –por cerca de 300 millones de pesos–, el cual incluía un “costo mayor” de 50 millones de pesos que la ASF incluyó como “probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal.

Según el organismo fiscalizador, el Fonatur tampoco debió pagar los “costos altos” por los estudios de asesoría legal y económica financiera, otorgados a los despachos Woodhouse Lorente Ludlow y PricewaterhouseCoopers por los cuales determinó que pagó sobrecostos de 2 millones 732 mil pesos.

La ASF también cuestionó los acuerdos millonarios –por más de 160 millones de pesos– celebrados con las agencias internacionales ONU-Habitat y la UNOPS por diversas asistencias, pues sostuvo que Fonatur “no acreditó la documentación que sustente la justificación por la que el Gobierno Federal decidió la suscripción de ambos acuerdos, así como el costo beneficio que implicó para el Gobierno Federal su intervención en la construcción del Tren Maya”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/20/fonatur-exagero-cifras-para-hacer-ver-rentable-el-tren-maya-asf-258713.html

A dos años del asesinato de Samir: ¡Samir no murió, el gobierno lo mató!

Colectivo Grieta, 20 de febrero de 2021.

Hoy 20 de febrero del 2021 se cumplen dos años del asesinato impune de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, luchador indígena nahua de Amilcingo que se oponía al despojo y destrucción de las comunidades por el Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual pretende entre otras cosas la construcción de un gasoducto, el entubamiento del río Cuautla y una termoeléctrica en el oriente del Estado de Morelos. Aquí presentamos un recuento breve de lo acontecido.

La lucha en contra del PIM tiene varios años. Antes de llamarse Proyecto Integral Morelos, tuvo otros nombres y otros rostros, pero siempre ha sido el proyecto del capital para destruir una forma de vida y construir otra, a su imagen y semejanza. Así, compañeros del municipio poblano de Juan C. Bonilla, han señalado que llevan luchado en contra de proyectos de gasoductos para la región desde hace 20 años.

Con el nombre por el cual se conoce actualmente al proyecto, la lucha tiene más de 10 años. Primero fue impulsado por la administración de Calderón, retomado por la administración de Peña Nieto y actualmente por López Obrador. No hay diferencia. Todos han intentado hacer el trabajo que les exige el gran capital: echar a andar el proyecto para construir infraestructura necesaria para la acumulación capitalista a costa de las vidas, tierras y territorios de las comunidades de la región.

Sin embargo, el pueblo no olvida que durante su larguísima campaña presidencial, López Obrador pasó por los pueblos del oriente de Morelos donde, en 2014, engañó al pueblo diciendo que se opondría al gasoducto y a la termoeléctrica:

“No robar, no mentir, no traicionar”…

Cuando López Obrador hacía proselitismo para conseguir votos, prometió: vamos a defender a Morelos. Dijo: “Ya estuve en Anenecuilco, ahí me expusieron lo de la termoeléctrica. Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos. Que no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio y van a contaminar las aguas […] Imagínense en la tierra donde nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente que ha habido en la historia de México, el mejor dirigente social, aquí en Anenecuilco quieren llevar a cabo una termoeléctrica… es como ir a Jerusalén y querer constuir ahí, qué se yo, un basurero, una planta nuclear […] es una ofensa, es un agravio, ¡qué les pasa a estos!”

Un engaño electoral, como el de todos los políticos de siempre. Igual a los candidatos del PRI, igual a los candidatos del PAN. Un señor que vive de mentiras, igual que todos esos políticos.

Una vez que llegó a la presidencia, asumió el trabajo que le toca: administrar la finca al patrón. A inicios del 2019, el discurso cambió y, en flagrante contradicción con lo que se había comprometido con el cacareado lema de la 4T de “no robar, no mentir y no traicionar”, en su conferencia mañanera del 11 de febrero del 2019 comenzó a desdecirse de su promesa y compromiso de “defender con todo lo que podamos a los pueblos” del oriente de Morelos:

“Ayer nos tocó ir a Morelos a enfrentar un problema heredado por estas prácticas, porque el ducto que se construyó para la termoeléctrica de Morelos es un ducto privado, de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, y hay una inversión, les diría, deuda pública, mediante el mecanismo de Pidiregas de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, vamos a hacer una consulta en Morelos para que podamos utilizar esa planta, porque hay protestas y no se puede conectar, faltan 150 metros de ductos.”

El discurso ya no hacía referencia a detener este megaproyecto. Ahora trataba de afirmar como podía que, como salió muy caro, hay que consultar. La consulta se ha convertido en el mecanismo de farsa e imposición de esta administración, las realiza sin información completa y usando todos los recursos del Estado para favorecer sus imposiciones. Pero además se revelaba aquí un elemento clave del discurso de la 4T vinculado al sofisma de: si es el gobierno quien despoja, entonces está bien, porque el gobierno encarna el supremo interés nacional, la gente de los pueblos debe entonces hacerse a un lado.

Una denuncia, un asesinato.

Por esas fechas, también llamó a la consulta con amenazas veladas: “‘Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores’, dijo López Obrador en Cuautla, al escuchar a la distancia los reclamos de las comunidades traicionadas y observar algunas pancartas. ‘Si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras, así de claro, entonces a la hora de votar nada más piensen en eso'” ¿”Empresa de la nación”? En esa ocasión el presidente olvidó convenientemente que en ese proyecto participan como inversoras las empresas españolas Abengoa, Enagás y Elecnor, así como la italiana Bonatti.
En esa ocasión, también, Samir Flores comparó la descarada traición de López Obrador a los pueblos en resistencia de Morelos con la de Madero a los zapatistas cuando llegó a la presidencia: “Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel. Eso me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata […] Lamentable cómo nos ha llamado el día de hoy, cómo hoy está haciendo a un lado, de manera denostativa la manifestación de quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”.

López Obrador mandó al delegado federal para Morelos Hugo Erick Flores, dirigente del Partido Encuentro Social (PES) y defensor de paramilitares en Chiapas (fue parte del equipo jurídico que defendió a los asesinos materiales de la masacre de Acteal), quien se encargó de realizar a todo vapor la consulta a modo. Cinco días antes de la “consulta”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) acudió a un evento donde estaba el delegado federal, ahora representante del gobierno de la 4T. En ese lugar, Samir tomó la palabra y planteó las contradicciones del PIM y los riesgos ecológicos que traería para los pueblos la imposición de proyectos como la termoeléctrica. Es importante recordar que además de tratarse del territorio de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, el famoso gasoducto atraviesa una zona de riesgo volcánico y sísmico, lo que lo convierte en una bomba de tiempo.” Al día siguiente de esta intervención en la que se evidenció la prepotencia e ignorancia del delegado del gobierno, Samir Flores fue asesinado afuera de su domicilio en Amilcingo, Morelos. En su conferencia mañanera del día siguiente, López Obrador salió a lamentarse del asesinato del líder indígena al que pocos días antes había llamado “conservador”, pero afirmó que la consulta se iba a realizar de todas formas.

En comunicado conjunto, el CNI/CIG y el EZLN afirmaron: “Responsabilizamos por este crimen al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir.”

La ‘consulta’: una farsa

Con el asesinato de Samir a cuestas, en forma de amenaza, la consulta se realizó y resultó una farsa. Se consultó a gente que no iba a ser afectada, habitantes de otras regiones donde el régimen tiene apoyo, pero el proyecto del gobierno fue rechazado en todos los municipios organizados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Una consulta a modo, bajo amenaza, para aprobar el proyecto. Una consulta que violó todos los acuerdos y normativas vigentes sobre consultas a pueblos indígenas.

La lucha, la resistencia, la memoria.

El 7 de enero del 2020, el EZLN, en conjunto con la Asamblea de la resistencia de Amilcingo, el Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos e individu@s participantes en el Foro en defensa del territorio y la madre tierra realizado los días 21 Y 22 de diciembre de 2019 en el Caracol Jacinto Canek/CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, además de muchas organizaciones y colectivos firmantes, llamaron a las JORNADAS EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA “SAMIR SOMOS TODAS Y TODOS”.

En febrero del 2020, a un año del asesinato y aún sin justicia, el gobierno de López Obrador se enfrentó a la primera organización masiva del México de abajo a la izquierda. En decenas de ciudades de México y el mundo, hubo movilizaciones que exigieron la cancelación del PIM y los otros proyectos de muerte del capital y la autoproclamada 4T y llamaron a la construcción y fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y la defensa de sus territorios como forma de alcanzar la justicia para Samir.

Las movilizaciones por Samir, y las movilizaciones de mujeres en los primeros tres meses del año pasado, orillaron a López Obrador a festejar las políticas de distanciamiento social: “nos cayó como anillo al dedo” afirmó López Obrador refiriéndose a la crisis derivada de la pandemia. La administración actual no sabía como contener la movilización del abajo y a la izquierda real.

Las comunidades en resistencia al PIM han obtenido al menos 16 amparos y nueve suspensiones en contra de dicho megaproyecto; sin embargo, el primero en violarlos, en claro desacato a los mandatos judiciales, es el Poder Ejecutivo que no reconoce ni respeta, en éste y otros casos, lo determinado por el Poder Judicial.

El 24 de noviembre del 2020, dado que no pudo imponer su modo con farsas, el gobierno de la 4T recurrió a la fuerza y envió a la Guardia Nacional -corporación formada y dirigida por militares-, que entró y destruyó con violencia el plantón de Apatlaco que impedía la conexión del acueducto que roba el agua del Río Cuautla, para enfriar la termoeléctrica.

La termoeléctrica en Huexca empezó sus pruebas operativas el 8 de diciembre del 2020. Como el pueblo siguió resistiendo, el ejecutivo envió al elemento favorito de la 4T dentro de la maquinaria represiva: los militares llegaron a Huexca a proteger la termoeléctrica el 18 de diciembre del año pasado, así, solo rodeada de armas largas, la termoeléctrica pudo iniciar sus pruebas de funcionamiento.

La termoeléctrica sigue en fase de pruebas y ya descarga aguas contaminadas demostrando falsa incluso la afirmación de que el agua iba a regresar tratada, si bien en mucho menor cantidad, y sin nutrientes para los sembradíos de la región, al cauce del río Cuautla. Un detalle sin importancia para el gobierno es que decenas de comunidades dependen de esa agua para el riego de sus cultivos: entre la vida y el capital, la 4T eligió, otra vez, al capital.

Hoy se cumplen dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes. No hay detenidos, no hay responsables y la investigación no avanza. La retórica del ejecutivo no engaña a nadie. Estos dos años de impunidad son una confesión: ¡Samir no murió, el Estado lo mató!

Hoy se cumplen dos años del asesinato de Samir Flores Soberanes, pero la organización, la resistencia y la voluntad de defender la tierra están más vivas que nunca en el México de abajo. En esta fecha, el ejemplo de Samir resuena nuevamente en todo el país en una nueva jornada de movilizaciones en defensa del territorio. Más aún el horizonte de la lucha contra el capitalismo se amplía, desborda fronteras y busca encontrarse con otras y otros que frente al capitalismo han decidido defender la vida.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala acompañará la gira zapatista por Europa. El capataz en México puede tener los medios y la publicidad para controlar parte de la agenda informativa dentro del país. Afuera, no controla nada. Y la memoria y la vida de la lucha de Samir seguirán siendo puente entre los abajos que luchan por la vida.

Colima triplicó la tasa nacional de homicidios en enero

Foto: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (20/02/2021).- Los niveles de violencia no han disminuido en el estado, pues durante el primer mes de 2021 fueron asesinadas 54 personas, cantidad ligeramente superior al promedio mensual registrado el año pasado, que fue de 53.1, con un total de 638 víctimas del delito de privación de la vida a lo largo de los 12 meses de 2020.

Con las 54 víctimas de asesinato contabilizadas el mes anterior, Colima registró una tasa que triplica la media nacional en este delito, ya que tuvo 6.65 casos por cada cien mil colimenses, mientras que en el país hubo 2.20 casos por cada cien mil mexicanos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo, Colima se ubicó durante enero con la tercera tasa más alta de incidencia de asesinatos, sólo superado por Zacatecas, que registró una tasa de 9.60 casos por cada cien mil habitantes, y Baja California, con una tasa de 7.70, pero por encima de Guanajuato, con 5.33; Chihuahua, con 5.11; Sonora, con 4.60; Michoacán, con 4.20; y el estado de Morelos, con 3.68.

Desde febrero de 2016 cuando tomó posesión, hasta el 31 de enero de 2021, el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, acumuló una cantidad de 3 mil 564 asesinatos ocurridos durante su gobierno.

Según el SESNSP, de febrero a diciembre de 2016 se cometieron 575 asesinatos; a lo largo de 2017 la cifra se elevó a 817 casos; en 2018 fueron 720 las personas privadas de la vida; en 2019 la cantidad subió a 760 y en 2020 el número de asesinatos fue de 638, lo que arroja un total de 3 mil 510, a los que se suman los 54 del mes de enero de 2021.

De las 54 víctimas de asesinato en el mes de enero, 53 fueron clasificadas como homicidio doloso de hombres y mujeres y un caso fue clasificado como feminicidio, esto es, privación de la vida de una mujer por razones de género.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=20161

Gobierno de Oaxaca intentará boicotear Acción en memoria de Samir Flores

Avispa Midia / Nañí Pinto


Foto de portada por Santiago Navarro F.

Vecinos del el Jardín Carbajal, en la turística ciudad de Oaxaca, han alertado a los participantes que llevarán acabo la Acción Informativa y Artística por la Vida y contra los Megaproyectos, este sábado 20 de febrero, que el gobierno municipal pretende boicotear el evento. Funcionarios del gobierno municipal, presidido por Oswaldo García Jarquín, han visitado a los vecinos para pedirles que se sumen al boicot.

“Es evidente que lo que pretenden es crean una confrontación con los vecinos y los participantes de esta actividad”, han denunciado los activistas que vienen organizando esta acción días atrás.

Esta actividad es parte de diversas acciones que se realizarán en otros estados del país en memoria del asesinato del indígena náhuatl Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero del año 2019. Samir se opuso, junto a su pueblo, contra de la puesta en marcha de una termoeléctrica en el Estado de Morelos, el cual hace parte del Proyecto Integral Morelos.

En Oaxaca, el Tianguis Autogestivo, Feminista y Discidente, junto a comunidades del Valle de Oaxaca, organizadas en el Congreso Nacional Indígena, se han sumado a estas acciones. “Esta acción es meramente informativa y artística por la vida, por lo que también invitamos a los vecinos y vecinas a participar, ya que se tocarán temas que nos aquejan a todos y a todas. Nuestras actividades son pacíficas, artísticas, culturales e informativas. No venimos a causar violencia, venimos a denunciarla”, ha puntualizado los activistas en un comunicado que han emitido.

Comunicado completo:

Alerta por desalojo de la Acción en memoria de Samir Flores en Oaxaca y del Tianguis Autogestivo, Feminista y Disidente.
19 febrero, 2021

Funcionarios y policías del municipio Oaxaca de Juárez, presidido por Oswaldo García Jarquín, han recurrido a los vecinos del Jardín Carbajal, donde se tiene planeado realizar la Acción Informativa y Artística por la Vida y contra los Megaproyectos, para suspenderlo y boicotearlo.

Los mismos vecinos han alertado sobre los acercamientos de los funcionarios de gobierno y las intenciones de boicotear el evento. Es evidente que lo que pretenden es crean una confrontación con los vecinos y los participantes de esta actividad.

Hacemos saber a los vecinos de la ciudad de Oaxaca que no es la primera vez que el gobierno municipal y estatal han mandado a reprimir las acciones autogestivas que viene realizado el Tianguis Autogestivo, Feminista y Discidente. Somos personas que, al no tener empleo y al encontrar una respuesta ineficiente por parte del gobierno para atender la crisis de salud, pero también económica, hacemos uso de los espacios públicos para ejercer el trueque y la venta de nuestros propios productos. Cabe destacar que estos espacios también son usados por las cadenas hoteleras y restauranteras, y el gobierno no les da un trato igual. Por ejemplo, en las calles públicas hay estacionamientos particulares; los corredores del zócalo están ocupados por los restaurantes cuando son un bien público, y las banquetas funcionan como extensión de negocios privados.

Por ello, pedimos a las vecinas y vecinos no caer en los llamados a la violencia y acciones promovidas por el municipio oaxaqueño, toda vez que incitan a la confrontación entre la sociedad civil.

Dejamos claro que realizaremos esta acción, en conjunto con varios participantes de comunidades organizadas de los Valles Centrales y miembros del Congreso Nacional Indígena, en el marco de la Acción Global, contra los Megaproyectos que vienen dejando destrucción y muerte en los pueblos originarios.

Esta acción es meramente informativa y artística por la vida, por lo que también invitamos a los vecinos y vecinas a participar, ya que se tocarán temas que nos aquejan a todos y a todas. Nuestras actividades son pacíficas, artísticas, culturales e informativas. No venimos a causar violencia, venimos a denunciarla.

Responsabilizamos al gobierno municipal de Oswaldo García Jarquín y al gobierno de Alejandro Murat por cualquier agresión u hostigamiento hacia los participantes de esta actividad.

Llamamos a los colectivos y simpatizantes a sumarse, para respaldar esta acción en memoria del asesinato de Samir Flores y contra los proyectos de muerte que vienen despojando a los pueblos originarios.

Atentamente

Comunidades organizadas de los Valles Centrales de Oaxaca y el Tianguis Autogestivo, Feminista y Disidente

https://avispa.org/gobierno-de-oaxaca-intentara-boicotear-accion-en-memoria-de-samir-flores/

Desdén a las familias de desaparecidos en el Congreso de Jalisco por creación de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas

Foto: Zona Docs

Jonathan Ávila / Zona Docs

La indiferencia institucional hacia la problemática de las desapariciones en el estado de Jalisco y su lógica dentro del entramado macrocriminal mexicano es sorprendente, sólo explicable ante el nivel de complicidad e impunidad que entrelaza al Estado y a los grupos criminales.

Este año, esa indiferencia y desdén a la lucha de años por parte de las familias de personas desaparecidas vino desde el Congreso del Estado de Jalisco, al no querer aprobar plenamente el dictamen de Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, trabajado durante cinco meses por familiares, personas expertas, organizaciones, universidades, organismos internacionales, autoridades obligadas para dar respuesta a la problemática y tres diputadas con sus respectivos asesores en la Subcomisión que se creó para tal fin.

Desde temprano, el martes 16 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco había sesionado para dar el visto bueno al dictamen de esta ley, que hasta unas horas antes había sido peleada por las familias de personas desaparecidas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos internacionales, como la Cruz Roja Internacional y la ONU.

El júbilo por la votación en comisiones para pasar al Pleno del congreso y ser aprobada parecía inminente, y se aderezaba con la presencia de las familias, principales beneficiarias de las iniciativas, desde las calles con sus lonas y cartulinas exigiendo el regreso de los suyos. Pero después del mediodía todo el escenario cambió. No importó que las familias estuvieran horas afuera del recinto, bajo el sol y sin comer. Desde el Congreso de Jalisco se había decidido que el dictamen de Personas Desaparecidas no sería votado ese día, bajo el pretexto de que debía ser socializado con los demás diputados.

Corren algunas versiones de que desde Casa Jalisco se le está pasando revista a las semanas de trabajo que todos los ya mencionados tuvieron que hacer en las llamadas mesas técnicas de la Subcomisión que se hizo para poder crear leyes avanzadas.

Hasta la mañana del martes, la sociedad civil peleó por tener un proyecto de ley acorde a las necesidades del contexto, avanzado en estándares internacionales y con la verificación de que dicho texto llegaría hasta el Pleno del Congreso de Jalisco sin modificaciones sustanciales al espíritu garantista de la ley. Tanto así que debieron hojear el dictamen votado en la comisión legislativa para tener certeza de que se trataba del proyecto colectivo.

Por eso el riesgo de que el proyecto de ley pueda ser modificado desde Casa Jalisco es una señal de alarma para todas las personas, tanto familias, personas expertas y para quienes nos hemos solidarizado con las familias, en virtud de la necesidad de hacer presión para que la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco continúe bajo las disposiciones legales que los grupos ciudadanos y las autoridades acordaron en las mesas técnicas.

Llama la atención que desde Casa Jalisco se esté haciendo una revisión al texto, cuando en las mesas técnicas estuvieron presentes los representantes de las instancias responsables de atender la problemática de la desaparición en la entidad y que forman parte del Poder Ejecutivo, así como el abogado general del gobernador, David Bernal o sus representantes. ¿Acaso querrán quitarle responsabilidades a una Fiscalía Especial de por sí ineficiente? ¿Buscarán restarle dientes a una Comisión de Búsqueda que requiere de mayor peso ante el contexto de impunidad? ¿El Instituto de Ciencias Forenses será de nuevo relegado a los designios de los Ministerios Públicos saturados y omisos?

Bajo esa sospecha es imprescindible defender el texto de las mesas técnicas, que además las familias y organizaciones hicieron público desde el miércoles, debido a que lo aprobado por la comisión legislativa aún no está público con las firmas respectivas en la Gaceta Parlamentaria o en el sistema INFOLEJ.

La espera se ha vuelto eterna, pues a pesar de la presión que han tratado de ejercer familiares y organizaciones para que los diputados aprueben el dictamen consensuado, los legisladores decidieron no meter en la sesión extraordinaria de este viernes 19 de febrero la votación en primera lectura. 

Cada vez que una ley es presentada y consensuada en el Congreso de Jalisco, por norma general debe pasar dos veces por el Pleno del Congreso, que es cuando los diputados se reúnen en las curules de manera general. A esa revisión se les llama primera y segunda lectura, respectivamente. En la segunda es cuando, si ya tiene el visto bueno de todos, se aprueba y esa votación se toma como aprobación del dictamen en lo general. Después de esa aprobación ya pasa al Gobierno del Estado para que sea publicado en el Periódico Oficial y entre en vigor, es decir, ya sería aplicable para las autoridades.

En el caso de la Ley de Personas Desaparecidas, la votación del martes 16 fue solo en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, su paso natural es que llegue a esa primera lectura y espere a ser aprobada en otra sesión en segunda lectura.

Solo que, habiendo voluntad política y argumentando el sentido prioritario de esta ley, se podría pedir la “dispensa de las lecturas”, de acuerdo a los artículos 164 y 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Esto significa que no necesitaría pasar por dos revisiones sino ser votada en una sola vez y así quedaría aprobada para ser publicada por el Gobierno del Estado.

Esta “dispensa” puede ser solicitada por cualquier diputado y solo debe tener el aval de la mayoría en el Pleno, lo cual sería factible ante un dictamen que ya tiene toda una semana que fue aprobado en su texto final, consensuado con familias y autoridades, y del cual ya no pueden argumentar los legisladores que no sabían nada de su contenido.

El pretexto del martes era que debía ser leído por todos, como si no supiéramos que votan a ciegas la mayoría de los textos que pasan por el Congreso. No obstante, el dejar fuera la votación de esta ley en la sesión extraordinaria de este viernes evidencia la falta de voluntad política de los legisladores y las presiones desde el Ejecutivo para darle el visto bueno o hacer modificaciones a modo de los pactos de impunidad que ahora sostienen el dolor e impotencia en los casos ante el Ministerio Público.

Lo principal es proteger a la figura constitucional del Ministerio Público para no darle más obligaciones, ya que ha sido una de las figuras que más obstaculiza los casos junto a los Policías Investigadores de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y cuya ineficiencia impacta en las tareas de otras instancias como la Comisión de Búsqueda o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

No importó el cabildeo previo de las familias y organizaciones con autoridades estatales y legisladores. No importó el compromiso público de la presidenta del Congreso, Mara Robles, o lo que dijo el líder de la fracción panista Gustavo Macías en Notisistema. Una de las personas que más ha obstaculizado los trabajos ciudadanos es Salvador Caro Cabrera, una de las figuras políticas con mayor poder en el Congreso de Jalisco y líder de la Junta de Coordinación Política, que es la entidad que decide los asuntos a tratar en las sesiones del Congreso, además de ser una de las piezas clave de Enrique Alfaro en este poder público.

Hasta ahora todos han hecho mutis. El desdén hacia las familias ha quedado marcado en el Congreso del Estado. Ayer Enrique Alfaro se paseaba por los Altos, por cierto una de las zonas más preocupantes en casos de desaparición y por las lógicas macrocriminales de la región. Pero no fue a dialogar con familias sino a presumir obras públicas.

Una victoria agridulce se sintió el martes 16 de febrero, cuando el Congreso del Estado aprobó el dictamen de creación de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en esta entidad. Habían pasado más de mil 490 días de espera para que este congreso armonizara las normas locales con la Ley General en materia de Desaparición, pero el logro no está completo.

Las horas afuera del recinto legislativo y los cambios de sensación térmica entre la sombra y el sol en la Plaza de la Liberación, hicieron que cada minuto fuera más desesperante para las familias que estaban en esas calles. 

Falta la Ley de Personas Desaparecidas, esa que en su mayoría armoniza el contenido de la Ley General y que establece las directrices de coordinación y obligaciones para la búsqueda, investigación y atención a las víctimas de desaparición. La victoria sigue a medias y sólo más presión social puede ayudar a que las autoridades y legisladores reabran el diálogo y hagan lo que les corresponde.

Si un ápice de dignidad les queda por recuperar antes de irse a las campañas, por las que algunos ya pidieron licencia que empieza después del 28 de febrero, esta es la oportunidad. Las familias requieren YA que se apruebe la #LeyDesapariciónJalisco.

https://www.zonadocs.mx/2021/02/19/desden-a-las-familias-en-el-congreso-de-jalisco/

Tres hospitales reportan saturación total (Jalisco)

Foto: Jorge Alberto Mendoza

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas y Graves) tres hospitales en Jalisco reportaron saturación total en camas generales este miércoles. Se trató del Comunitario de Sayula, el Militar Regional de Guadalajara y la Enfermería Militar de Zapopan.

Adicional a esto, tres presentaron porcentajes arriba de 70 por ciento, entre ellos el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) Fray Antonio Alcalde que reportó estar a 75 por ciento.

En cuanto a camas con ventilador, fueron tres los hospitales que registraron ocupación al cien por ciento. Fueron el hospital Comunitario de Jocotepec y el de San Juan de los Lagos, además del Real San José. Adicional, el hospital regional de Ciudad Guzmán reportó 75 por ciento de ocupación.

Mientras que en camas de Unidades de Cuidados Intensivos uno reportó estar al cien por ciento: el Real San José. Además, el Militar Regional de Guadalajara estuvo a 80 por ciento y el HCG Fray Antonio Alcalde a 77 por ciento.

Destacar que la Red IRAG omitió actualizar en el rango de 24 horas los niveles de ocupación de los hospitales correspondientes al martes, además, en esta semana desaparecieron de la lista los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que es imposible conocer qué ocupación presentaron.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=162590

Hay trato desigual ante la pandemia (Jalisco)

Foto: Especial

Lauro Rodríguez / El Diario NTR

De pronto la gente comenzó a morir en San Clemente. Uno diario o cada tercer día durante un mes –de la mitad de diciembre, a la mitad de enero–. Todos adultos mayores. Las muertes fueron sorpresivas. La incertidumbre reinó.

San Clemente es una comunidad rural del municipio de Unión de Tula, en la Sierra de Amula. Está a cuatro horas de la capital del estado y tiene sólo mil 200 habitantes. Por nueve meses estuvo libre de Covid-19, pero en diciembre todo cambió.

Las personas comenzaron a enfermar. En poco tiempo comenzaron las defunciones. 10 o 15, la gente perdió la cuenta de cuantos fallecieron. Algunos por enfermedades que ya acarreaban, pero otros mostraron síntomas de Covid-19. Pero la incertidumbre reinó ya que persistió la desinformación, la no creencia en el virus y la falta de acceso a la salud.

Enfermarse de Covid-19 en un “pueblito” no es igual a hacerlo en la ciudad. Si bien, Guadalajara sufrió por camas de hospital, oxígeno e incluso pruebas, principalmente al inicio de 2021, las comunidades rurales batallaron mucho más.

En San Clemente, para que las personas puedan conocer si tienen Covid-19 o no, tienen que acudir a las cabeceras municipales más cercanas: Unión de Tula o Ayutla. Ahí, la prueba no cuesta menos de mil 200 pesos, casi imposible de pagar para familias que viven al día gracias al campo. Radar Jalisco, ahí no existe.

Además, los laboratorios son de médicos particulares. Sus oficinas son una habitación más de la casa del médico y esos resultados son solo para la familia. No llegan a la estadística oficial, esas personas forman parte del sub registro. Lo mismo pasa con las “muertes sospechosas”, nunca se sabrá si fueron por Covid-19 o por otras causas.

Todo esto imposibilita la detección y aislamiento oportuno de los contagios, reconoció Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo por la UdeG.

“(Las comunidades rurales) han sido relegadas a un segundo o tercer término. Por eso es que cuando se calculan las estadísticas de letalidad de estas zonas, la letalidad que presentan es mucho mayor porque obviamente la letalidad depende de la cantidad de pruebas que se han realizado, de los contagios confirmados y en proporción a las defunciones. Pero al haber muy pocas pruebas realizadas en esas zonas, la letalidad va a ser mucho mayor. Más que demostrar que en las zonas rurales se mueren más que en las zonas urbanas, lo que demuestra es que no se han diagnosticado oportunamente los casos en esas zonas, no se han hecho las pruebas necesarias ni se les ha dado la atención necesaria”.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=162574

Profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM denuncian falta de pago de salarios y retención de prestaciones

Foto: @fciencias

– No hay respuesta de las autoridades universitarias.
– El 86 % de los profesores de la Facultad de Ciencias son de asignatura, con contratos semestrales y bajos salarios.
– Esperan tener audiencia con el Consejo Técnico de la Facultad.
– El día 19 de febrero se realizará la primera asamblea virtual de profesores de Asignatura y Ayudantes.

Colectivo Grieta, 18 de febrero de 2021
Ciudad de México.- Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, organizado en la Asamblea de Profesores de Asignatura y Ayudantes, denunció a través de un boletín de prensa que cientos de profesores de asignatura de dicha escuela no ha recibido sus salarios completos, a pesar de haber continuado con sus labores docentes durante el periodo de la pandemia por COVID-19, sufragando además gastos adicionales en conexión a internet y en electricidad. Lejos de haber una compensación a este respecto por parte de la universidad, el personal de asignatura ha tenido que realizar trámites presenciales para solicitar la regularización de sus pagos, los cuales en algunos casos se adeudan desde hace 5 meses. A las y los profesores se les adeuda desde el pago de meses completos de salario hasta retenciones injustificadas de prestaciones laborales como apoyos para despensa y primas vacacionales.

El personal de asignatura es contratado por horas, con sueldos base de apenas 2400 pesos mensuales por 6 horas a la semana de clases, además su situación laboral es inestable pues sus contratos duran solo 6 meses, al cabo de los cuales no tienen certeza de que se les volverá asignar un curso. De acuerdo a la explicación de la Asamblea de Profesores, el 86 % de los cursos de la Facultad de Ciencias y el 70% de los de la UNAM en su conjunto son cubiertos por personal de asignatura. La respuesta de las autoridades universitarias ha sido que las solicitudes presentadas por las y los profesores de asignatura serán atendidas hasta que se actualicen los datos de los docentes, proceso que llevará hasta inicios del siguiente semestre escolar.

Frente a esto, la Asamblea de Profesores ha señalado que:

“Es indignante que el personal de asignatura trabaje sin cobrar y que los funcionarios no resuelvan de manera eficaz el pago de adeudos. Este problema no es exclusivo de la Facultad de Ciencias: diversos planteles han manifestado las mismas dificultades. La UNAM ha sido muy insistente en continuar con el trabajo docente a distancia, en muchos casos sin siquiera realizar encuestas o revisiones sobre el bienestar de profesores y alumnos, refugiados bajo su eslogan “la UNAM no para”. La mayoría del personal docente ha hecho esfuerzos enormes para continuar impartiendo clases a distancia, sin ningún apoyo económico ni moral por parte de la universidad. Denunciamos: “La UNAM sí para” cuando se trata de resolver los problemas salariales del personal docente del estrato más bajo.”

Se esperaba que el día de hoy una representación de la Asamblea de Profesores pudiese entrevistarse con el Consejo Técnico de dicha facultad, demandando atención inmediata a sus demandas. Mientras tanto, la situación se ha agravado hasta tal punto que los profesores que sí reciben pago, así como académicos de tiempo completo, se han organizado en un “Fondo Solidario” que ha apoyado económicamente a algunos profesores sin pago, al tiempo que ha realizado un diagnóstico de la problemática. De acuerdo a datos de este fondo solidario, al menos 205 profesores no han recibido pago de los cursos impartidos en el semestre 2021-1 (septiembre de 2020 a enero de 2021), mientras que el monto sumado de los pagos incompletos que han recibido 118 profesores ascendería a un total de $1, 366 179.78 pesos.

La organización de académicos ha convocado para el día viernes 19 de febrero a una Asamblea virtual, para la cual se han venido organizando en diversos foros, páginas de Facebook y espacios cibernéticos desde hace varios días. Dicha Asamblea a distancia será la primera en su tipo en la historia de la lucha del personal académico por condiciones laborales más justas.

La problemática de estos profesores se suma a la situación de precariedad e inseguridad laboral que aqueja desde hace varios años a diferentes universidades públicas de todo el país.

 

Con información de: https://www.facebook.com/groups/280079872093866

iden a la Corte libertad de concejales que luchan por la autonomía purépecha (Michoacán)

El Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán, promovió un recurso de reclamación con el que esperan que la Suprema Corte ayude a liberar a dos autoridades indígenas de la comunidad que fueron aprehendidos en 2018 para reprimir la construcción de un gobierno autónomo en la comunidad

Foto: Mario Marlo / Zona Docs

Pie de Página, 18 de febrero de 2021

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Mario Marlo / Zona Docs

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arriola Jiménez están encarcelados injustamente desde 2018 por defender la autonomía de gobierno de su comunidad, acusan sus compañeros. Ellos son parte del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), una localidad en el municipio del mismo nombre en Michoacán. En 2017 el concejo se hizo del gobierno de esta localidad sin la intermediación de partidos políticos. Desde ese año los hostigamientos a la comunidad no pararon, incluidos los encarcelamientos de estos concejeros. Su liberación ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Después de que en un primer intento la magistrada desechara nuestra solicitud de un recurso de revisión, ahora se presentó este recurso de reclamación, que está en la primera sala a cargo de la ministra Norma Lucía Piña. Y pues, formalmente, no nos han notificado, no tenemos un pronóstico de para cuando, pero confiamos en que debido a la grave violación de derechos humanos y a todos los atropellos que ha habido en este proceso jurídico, confiamos en que la ministra tendrá que resolver pronto”, explica en entrevista telefónica Efraín Avilés, vocero del CCIN.

Desde 2017, cuatro de las 15 localidades que conforman el municipio de Nahuatzen iniciaron distintos procesos de autonomía para regir su vida política mediante sus propios mecanismos comunitarios, prescindiendo de la intervención de partidos políticos. La idea es crear un cuarto nivel de gobierno, que añada un escalafón al orden existente: nacional, estatal, municipal y comunitario.

El camino ha estado lleno de atropellos y abusos por parte del gobierno municipal y estatal, controlados por políticos del Partido de la Revolución Democrática.

“El Gobierno del estado de Michoacán así como el ayuntamiento de Nahuatzen han atacado y criminalizado al CCIN, a través de la causa penal 182/2019, violentando los derechos a la autonomía, libre determinación y autogobierno. El encarcelamiento de José Luis y Antonio es una clara muestra del abuso de poder por parte del gobierno estatal contra los derechos de la comunidad”, advierte en un comunicado del 17 de febrero de 2021 la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), una organización que acompaña a la comunidad en su proceso de autonomía.

La historia de la autonomía en Nahuatzen data de 2015, cuando 4 mil, de los 7 mil votantes que hay en la comunidad, desconocieron al presidente municipal en turno, David Otlica Avilés, quien incluso se vio obligado a dejar la comunidad y establecer una oficina de gobierno municipal alterno en una comunidad de cercana. En 2017, el Tribunal Electoral de Michoacán reconoció el autogobierno de la comunidad.

Un año después, en noviembre de 2018, policías municipales y estatales realizaron diferentes operativo en la comunidad para detener a cinco de los once concejales del gobierno indígena, pero sólo detuvieron a tres personas, dos de los concejales: José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arriola Jiménez y a un comerciante: Gerardo Talavera Jiménez, quienes hoy permanecen tras las rejas.

El 11 de noviembre detuvieron a Gerardo Talavera en su domicilio de Morelia. Gerardo es un comerciante de la región purépecha, a quien confundieron con una de las autoridades locales. Al día siguiente, agentes del estado soltaron a los animales de José Luis Jiménez Meza, quien al alejarse a los linderos del pueblo para que no se extraviaran fue interceptado por policías que lo sometieron y lo detuvieron. El 13 de noviembre, elementos de seguridad acudieron al domicilio de José Antonio Arreola en Nahuatzen. Sin orden judicial entraron a su domicilio, de donde lo sacaron desnudo, a golpes y después de encañonar a su familia, se lo llevaron.

Los tres fueron acusados de haberse robado, el 1 de noviembre de 2018, dos automóviles Tsuru y un camión de volteo pertenecientes al gobierno municipal, por lo que se les adjudicaron los delitos de robo de vehículo y sabotaje. Sin embargo, ese día los tres se encontraban en una reunión conciliadora de gobierno en el municipio cercano de Pátzcuaro, por lo que no pudieron cometer el delito. A pesar de que el delito de robo de vehículo ya fue desechado, y el delito de sabotaje no se sostiene, ésta sigue siendo la causa de su encarcelamiento.

 

https://piedepagina.mx/piden-a-la-corte-libertad-de-concejales-que-luchan-por-la-autonomia-purepecha/ 

Cinco meses sin Kenia y Karla, mujeres trans desaparecidas en Jalisco

Imagen: Zona Docs

Este 18 de febrero se cumplieron cinco meses de la desaparición de Kenia Duarte Pérez de 20 años y su amiga Karla García Duarte de 22 años, desaparecidas en septiembre de 2020 en la colonia Mesa Colorada Oriente del municipio de Zapopan, mientras se dirigían a una fiesta.

En rueda de prensa, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Fiscal Especial en Personas Desaparecidas informó que entre diciembre de 2020 y febrero del año corriente se han llevado a cabo dos operativos de búsqueda tendientes a dar con su paradero; sin embargo, aunque aseguró que ya cuentan con líneas de investigación sólidas e, incluso, afirmó que en los predios cateados se encontraron indicios y el cuerpo de una persona sin identificar, las familias de ambas jóvenes continúan con pocas certezas sobre su localización.

El pasado 10 de diciembre, la señora Ana Duarte, madre de Kenia, presentó una carta pública dirigida al gobernador del estado, Enrique Alfaro, donde le demandó frente a las puertas de Casa Jalisco que se tocara el corazón, que reconociera la agonía que está viviendo sin conocer la suerte de su hija y de su amiga y que dispusiera todos los recursos disponibles para encontrarlas.

Dalia Zouza / Zona Docs

“Yo la he buscado en Semefos, Cruz Verde, Cruz Roja, hospitales, calles, salgo con la foto de mi hija preguntándole a la gente si la han visto, cualquier madre o cualquier padre de familia lo hace”, exclamó la señora Ana Duarte, madre de Kenia Duarte García joven mujer trans desaparecida junto con su amiga Karla García Duarte el pasado 18 de septiembre de 2020 en Zapopan, Jalisco.

Lo expresado por la señora Ana, daba cuenta del largo caminar que había emprendido durante tres meses y que, el pasado 18 de febrero se convirtieron en cinco. Aquella vez lo hizo parada frente a las puertas de Casa Jalisco, hogar oficial del gobernador del estado, Enrique Alfaro, a quien le dirigió algunas palabras:

“Con las pocas fuerzas que me quedan, y las demasiadas ganas que tengo de encontrar a mi hija, me dirijo a usted que antes que nada es un ser humano, padre de familia, y debe entender lo que significan los hijos para las personas”.

Y es que, a decir de sus familiares, han pasado cinco meses de la desaparición de ambas jóvenes y de su paradero se sabe muy poco o nada.

Recientemente, la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó en rueda de prensa y a petición de los medios de comunicación, los avances en el caso. Según explicó, han sido llevados a cabo dos operativos de búsqueda entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, ambos autorizados por el juez de control.

El primero de estos en un predio del municipio de Zapopan, donde fue localizada una persona fallecida sin identificar; al respecto, aseguró que ya se han solicitado los dictámenes periciales correspondientes para conocer su identidad. De este cateo, explicó “se obtuvieron elementos de prueba” que les llevaron a rastrear una segunda finca.

En ésta fueron localizados “diversos indicios que fueron asegurados y procesados por el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses”, señaló; sin embargo, no aunó más al respecto.

Finalmente, señaló que existen “líneas de investigación sólidas” respecto a la desaparición de Kenia y Karla, y refrendo que “no vamos a parar en labores de búsqueda, acciones de investigación y de inteligencia hasta dar con su paradero, siempre aplicando el protocolo de actuación en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.

Al respecto, la organización Unión Diversa de Jalisco, quienes acompañan de cerca a las familias de las jóvenes, hicieron un llamado a la sociedad para solicitar información y datos que permitan localizarles.

A la par, urgieron a las autoridades responsables: “garantizar el derecho humano a las familias y a Karla y Kenia a una justicia expedita, pronta y completa”.

Hay que recordar que existe una Acción Urgente ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre este caso. La medida humanitaria fue enviada el pasado 8 de octubre de 2020 por las organizaciones: I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Unión Diversa Jalisco. Y, si bien, el plazo para el Estado mexicano y las autoridades locales venció, aun queda pendiente que informen y transparenten qué se está haciendo o hicieron para localizar a Kenia y Karla, así como, para que se lleven a cabo ciertas medidas cautelares en el proceso y para sus familias.

https://www.zonadocs.mx/2021/02/18/cinco-meses-sin-kenia-y-karla-mujeres-trans-desaparecidas-en-jalisco/

Tamaulipas y Guatemala posponen reunión sobre masacre en Camargo; familias esperan repatriación de cuerpos

La vocería mexicana argumentó problemas de tráfico aéreo; sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco dijo que el funcionario no tuvo las condiciones diplomáticas ideales para la reunión

CIUDAD CAMARGO, TAMAULIPAS, 23ENERO2021.- La tarde del 22 de enero, se realizó un hallazgo de al menos 19 cuerpos y vehículos calcinados en el poblado de Santa Anita del municipio de Camargo. De los restos humanos, al menos 15 de ellos se encontraban en la cajuela de uno de las unidades. Según indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, tienen establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego, sin encontrarse casquillos en la zona.
FOTO: CUARTOSCURO.COM

Carlos Manuel Juárez/ ANIMAL POLÍTICO

Los gobiernos de Tamaulipas y Guatemala pospusieron la reunión por la masacre de Camargo. La vocería mexicana aseguró que el embajador Mario Adolfo Búcaro Flores avisó que no llegaría a Victoria por problemas de tráfico aéreo; sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco dijo que el funcionario no tuvo las condiciones diplomáticas ideales para la reunión.

La nueva fecha para el encuentro por el asesinato de cuatro mujeres y 10 hombres del departamento de San Marcos, presuntamente a manos de policías estatales, no ha sido definida. Las familias siguen esperando la repatriación de los, hasta ahora, 14 cuerpos identificados.

Lee: Juez ordena prisión preventiva contra 12 policías de Tamaulipas por masacre en Camargo

Por la mañana del martes 16 de febrero, el gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que no recibiría al embajador. En su representación, dijo a través de un comunicado, estarían el titular de la Secretaría General de Gobierno, César Verástegui Ostos; y el fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica.

De acuerdo a un comunicado conjunto, los temas de la visita eran la repatriación de las víctimas guatemaltecas de la masacre de Camargo y ahondar en la certeza de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas.

La masacre de Camargo ocurrió la mañana del viernes 22 de enero en territorio tamaulipeco. La versión oficial refiere que dos camionetas y 19 cuerpos calcinados fueron encontrados por policías tamaulipecos, gracias a una llamada ciudadana, en el poblado de Santa Anita, Camargo.

Siete días después, el fiscal Barrios Mojica anunció la detención de 12 elementos de seguridad por ser los presuntos asesinos de las 19 personas. Una mujer y 11 hombres son acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Los acusados fueron vinculados a proceso la semana pasada y permanecen presos en la cárcel de Victoria.

Se reconoció, vía medicina forense, a 16 víctimas, dos hombres mexicanos y 14 migrantes guatemaltecos que llegaron a México a mediados de enero. Los primeros identificados fueron el jugador de futbol, Marvin Alberto, y el profesor perito contador Élfego Roliberto. Posteriormente se informó el reconocimiento de Adán “N”, Édgar “N” y Ribaldo “N”.

Mádelyn “N”, Brandon“N”, Rubelsy “N”, Santa Cristina “N”, Anderson “N”, Iván “N”, Osmar Neftalí“N”, Paola Damaris “N”, y Dora Amelia “N”, fueron los últimos identificados.

En los días finales de enero los familiares de los mexicanos Jesús “N” y Daniel “P” reclamaron los cuerpos de los hombres presuntos traficantes que trasladaban a los migrantes centroamericanos, de acuerdo a lo anunciado por el titular de la Fiscalía, Irving Barrios.

https://www.animalpolitico.com/2021/02/tamaulipas-guatemala-posponen-reunion-masacre-camargo/

El mal llamado “Tren Maya” acumula tres nuevas suspensiones en Yucatán

FOTO/ESPECIAL/COR/EBF/TREN/

Comunidades y colectivos denuncian que, con el pretexto de dar mantenimiento a las vías, el Gobierno Federal viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles

COLECTIVO GRIETA

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.

Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.

La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.

Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.

Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.

Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.

En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por eso estamos luchando”.

Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.

Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.

Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.

Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.

Maestros reclaman pago de salarios; instalan plantón (Michoacán)

Maestros de la sección 18 de Michoacán instalaron un campamento a un costado de Palacio Nacional para demandar, entre otras cosas, que les paguen los seis meses de adeudo salarial. Exigen al gobernador Silvano Aureoles el pago de 651 millones de pesos

Foto: Alexis Cruz Rojas. Pie de Página

Pie de Página, 17 de Febrero de 2020.
Texto: Kau Sirenio

Fotos: Alexis Cruz Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- El muchacho, escuálido, rostro marchitado por el sol, sostiene su cartulina mientras camina por el Paseo de la Reforma. No se quita su cubrebocas, ni dice su nombre. “¿A poco es muy importante que diga mi nombre? Lo que importa es que ya estoy aquí, en pie de lucha”, dice con confianza.

Cuenta que es maestros, egresado de la generación 2019. Que hay dos generaciones de egresados que no han podido trabajar, porque no hay presupuesto. “Me incorporé a las actividades de lucha desde el 28 de enero, en el puerto de Lázaro Cárdenas, recorrimos todo el estado de Michoacán, parte del Estado de México hasta llegar a la capital”.

Junto con él, otros 2 mil docentes salieron de Michoacán el 28 de enero y este martes 16 de febrero se instalaron en plantón afuera del Palacio Nacional. Lo que piden es muy simple: que les paguen sus salarios y que les den la estabilidad laboral que no han tenido durante toda la pandemia.
La marcha

Cuando los maestros de Michoacán arribaron a la Ciudad de México no pudo ser más caótico para algunos capitalinos que, tras un año de pandemia, se acostumbraron a no ver muchedumbre en el Paseo de la Reforma, sin embargo, ahí entre los rascacielos caminaron los profesores con sus pequeños escudos de protección de la covid-19 hacia los otros: los cubrebocas.

Desde La Marquesa hasta el corazón de la capital, unos dos mil maestros caminaron en silencio, como niños sin tomar distancia, sin soltar el cordón que ata las lonas garabateadas con consignas. Se veían agotados, con sed y hambre, pero ahí iban ya sin las consignas que siempre repiten.

En la primera parada en Reforma, justo a un lado del Caballito, los maestros le cayeron como enjambre al vendedor de frutas. Mientras que los líderes seccionales repetían sus demandas en el mitin que improvisaron a unos metros del antimonumento de los 43.

Cada región llevaba su propio lienzo con colores llamativos, en algunos casos, cubrebocas del mismo color. Unos maestros improvisaron cartulinas de color tenue, pero con tinta fuerte: rojo y negro que resaltan la demanda de los maestros a metros de distancia: “Queremos estabilidad laboral y salarial”.

“La caminata empezó desde muy temprano, a las siete de la mañana”, confió un maestro del contingente que se nutrió con aspirantes a normalistas de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Mexe (que aún no recupera su esencia) y maestros de Jalisco, que se sumaron a la movilización nacional en defensa de estabilidad laboral.

Los maestros acusaron a los gobiernos federal y estatal por no cumplir con los acuerdos que pactaron en la mesa de trabajo de 19 de agosto del año pasado. “Aquí y allá con la Coordinadora”.

En el Ángel de la Independencia fue la concentración de los maestros que llegaron el martes de la semana pasada. Ahí esperaron a los que partieron de la Marquesa hacia el corazón político y económico del país, una vez que se juntaron se organizaron para avanzar hacia el zócalo.
¿Qué piden los maestros?

Esta nueva caravana viene a reforzar al movimiento que empezó el 28 de enero, que demanda «estabilidad laboral y salarial». La demanda principal es el pago atrasado a mil 200 docentes y administrativos, además de la entrega de plaza a igual número de egresados de las generaciones 2019 y 2020. y la derogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestro.

Al gobierno de Michoacán le reclaman apoyos a los programas Alfabetización para adultos (ALFA) y apertura de los Centros de Desarrollo para la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte (CDCCAD).

Al frente del contingente van los de seguridad, le siguen los secretarios seccionales, de ahí los maestros de la sección XVIII, luego los de Jalisco, normalistas egresados, más atrás los maestros de la sección XV de Hidalgo y aspirantes de la Normal de El Mexe.

El profesor Antonio Guerrero reiteró en una entrevista previa a la llegada de la caravana que en Michoacán que hay alrededor de mil 200 maestros y administrativos eventuales:

“A través de la gestoría de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se avanzó en el tema de pagos retrasados, pero aún hay varios con incidencias que no han podido cobrar. Además, hay unos 2 mil 200 normalistas egresados de las generaciones 2019 y 2020 que aún no tienen plaza base”.

Antes de la una de la tarde, los maestros se detuvieron en las tres esquinas del paseo de la Reforma, Bucareli y Juárez con un mitin para enviar mensaje al gobierno federal, el primer orador, un aspirante de El Mexe, Hidalgo, amenazó que no si no había respuesta al pliego petitorio de los maestros, la marcha se instalaría en platón.

“Estamos aquí como aspirantes a la Normal de El Mexe, Hidalgo, porque nos prometieron que reabrirían la escuela, pero esto no ha ocurrido, a dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de nuestra de normal, sin embargo, aún seguimos esperando que empiece las clases”, dijo el vocero normalista desde el templete.

Los aspirantes a maestros normalistas en El Mexe partieron en una caravana a la Ciudad de México, la madrugada de este martes. Acompañados de un grupo de egresados de la Escuela Normal Rural Luis Villareal y pobladores de la localidad de Tepatepec, Hidalgo.

Mientras que el líder magisterial de la sección XVIII, Gamaliel Guzmán Cruz, dijo: “No venimos por migajas, sino para exigir que se cumplan los acuerdos que se pactaron en la mesa nacional el 19 de agosto del año pasado”.

Después de la consigna de los maestros del Coordinadora, Guzmán Cruz agregó: “Después de varios días de movilización el magisterio de la CNTE ha dado muestra de unidad y dignidad. Así como echamos abajo la reforma de Peña Nieto con la resistencia, lo volveremos hacer porque hasta ahora no encontramos respuesta a nuestra demanda. Hoy nos encontramos en una situación distinta porque se nos escucha, pero no se cumplen con los acuerdos pactados con el gobierno federal y estatal”.

Foto: Alexis Cruz Rojas, Pie de Página


El chantaje de Silvano

Gamaliel Guzmán acusó al gobernador de Michoacán, Silvano, Aureoles Conejo, de no cumplir con los acuerdos para basificar a los mil 200 maestros y administrativos eventuales. Además del adeudo de 651 millones de pesos para pagos de bonos y otras prestaciones a maestros estatales.

De acuerdo con Gamaliel Guzmán, se realizó un calendario que no se ha respetado.

“Exigimos que se resuelvan los problemas añejos en Michoacán, como la estabilidad laboral y salarial. Se ha planteado que es un derecho y queremos que se concrete. A eso venimos”, arenga a sus compañeros de lucha.

Los maestros denunciaron que el gobierno de Michoacán les advirtió que si venían a la Ciudad de México, le cerraban las posibilidades de entablar mesa de trabajo:

“Nos dijeron que sí veníamos a la Ciudad se cerraba todas las posibilidades de diálogo, sin embargo, aquí estamos. Porque queremos que resuelvan todas las demandas que el gobierno de Michoacán no quiere atender, es por eso que estamos en pie de lucha a pesar de la pandemia que nos pone en peligro a todos”, dijo una maestra que intervino en el segundo mitin frente a la oficina de Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Alameda central.

Después de la marcha por el paseo de Reforma, los docentes instalaron un campamento sobre la calle de Moneda, a un lado de Palacio Nacional donde esperan que los demás maestros de otros estados lleguen a reforzar la movilización nacional que emprendieron de hace tres semanas en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

https://piedepagina.mx/maestros-reclaman-pago-de-salarios-instalan-planton/

Por paso de Tren Maya, investigadores exigen transparencia de recursos en Cuxtal

David Rico / PorEsto!

Por la importancia que tiene la Reserva Ecológica de Cuxtal y los efectos negativos que generará el Tren Maya a su paso por esta zona protegida, de acuerdo con el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de Mérida, Rodrigo Patiño Díaz, el convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Ayuntamiento de Mérida para llevar a cabo acciones de prevención y mitigación, deberá estar en un marco de transparencia y hacer público el monto de recursos que se ha recibido o que llegará, así como en qué se van a usar y la efectividad de las acciones que se implementarán.

El lunes 15 de febrero, informamos que, tras una solicitud de transparencia con relación a la cantidad de recursos que han llegado, de los más de 278 millones que se recibirán y el avance de las acciones acordadas en el convenio que firmó Fonatur y el municipio, el Ayuntamiento de Mérida declaró que dicha información es “inexistente”, a pesar de que ha pasado ya un tercio de la vigencia total del acuerdo.

El también integrante de la agrupación Articulación Yucatán dijo que es de llamar la atención que, aunque el convenio se firmó en septiembre del año pasado y señala que la vigencia es a partir de ese mes y con vigencia de 15 meses, a la fecha no haya información de ningún movimiento, en cuanto al dinero recibido y las acciones llevadas a cabo.

“Independientemente de que haya o no haya, debería de haber un marco de transparencia, es decir, este convenio debería ser público desde un principio, y que se informe cuándo se reciban los recursos, que se den a conocer los reportes que deben ser públicos y que todo mundo vea para qué se usa el dinero; la efectividad, digamos, de estos recursos para el fin que se propone en el convenio, que es el de conservación o mitigación de impactos”, comentó.

Expuso que este tema responde a la misma tendencia que ha tenido el proyecto del Tren Maya, en el sentido de ser una propuesta que llega desde fuera y son los actores locales los que se deben adaptar a la misma, cuando debería ser al revés.

“El paso por Cuxtal es una decisión que se toma muy desde fuera y sin mayor consideración. Se contempla más bien el paso del gasoducto, que es el mismo espacio por el que va a pasar el Tren. En el asunto de la Reserva se ve como que no pasa nada, aunque pasa justo en medio, y un poco para enmendar se hace un convenio y Fonatur da ciertos recursos para que se resuelvan problemas de conservación”, expuso.

Dijo que debió ser al revés, que desde lo local se estudiara el paso del Tren Maya por la zona que ya está degradada, pero no fue así. También es lo que está sucediendo con la entrada del proyecto a Mérida y con la estación en los terrenos de La Plancha.

“No hay sensibilidad de los problemas locales, porque es un proyecto de alguien que no conoce la región y los actores locales tratan de ver cómo se acomodan a esas decisiones”.

“Los biólogos y ecólogos no están de acuerdo en que se fragmente esta zona, porque hablamos de áreas naturales protegidas y, justamente, no es el impacto sólo en el área de las vías, sino que habrá una afectación. La parte del norte y la parte sur de la reserva van a estar divididas, ahora en dos reservas, y aunque haya pasos de fauna, las mejores condiciones de reforestación, etcétera, al final será habrá dos fragmentos ya separados. Al final, no es el mismo efecto que si pasas por la orilla o lejos de la reserva”, agregó.

Patiño Díaz consideró que el haber escogido que el Tren Maya pase por este punto responde a decisiones técnico-económicas, pero sin ver la parte social y ambiental.

“Un tema relevante y que no se toma en cuenta es que la reserva está poblada con unidades que son en su mayoría mayas. En Mérida hay una población maya importante, el 25 por ciento que se reconocen como indígenas; tanto la decisión de declarar la reserva, primero, como luego mantener la ruta del tren después, se toman sin considerar a las poblaciones locales”, dijo.

SY
https://www.poresto.net/tren-maya/2021/2/17/por-paso-de-tren-maya-investigadores-exigen-transparencia-de-recursos-en-cuxtal-238876.html

Estudiantes de la Universidad de Colima: en lucha por el derecho a la educación pública y gratuita

Foto: La Izquierda Diario

Estudiantes de la Universidad de Colima (UdeC) compartieron con este medio las duras condiciones que las y los estudiantes de la universidad han enfrentado a lo largo de la pandemia, contagios de covid 19, despidos, desempleo, bajos salarios y ahora, cuotas incosteables para miles de ellos. (Etrevista)

Redacción / La Izquierda Diario

Desde los primeros días de febrero, al conocerse los costos de inscripción y reinscripción para el nuevo semestre, cientos de alumnos de la Universidad de Colima expresaron en redes sociales su descontento por los altos costos de las cuotas que tendrán que cubrir para acceder a la educación que imparte esta universidad, lo que en los hechos, provocará que miles abandone sus estudios.

Después de los primeros actos de protesta contra el cobro de cuotas, lo que incluyó una movilización para entregar un pliego petitorio y la entrega del mismo pliego al Congreso del estado, los estudiantes resaltan la nula respuesta de las autoridades universitarias.

Reproducimos a continuación parte del intercambio sostenido con los estudiantes.

LID: Sabemos que las cuotas en la UdeC son de las más altas entre las universidades estatales, ¿cuánto es lo que les están cobrando?

Verne: En la Facultad de Comercio Exterior están cobrando $2350.00 tan sólo por concepto de talleres y laboratorios y a eso aún se suman algunos otros rubros. Según se aplica un descuento de 25% pero ya con el descuento incluido, el monto que tienen que pagar los estudiantes de esa facultad es de $2395.00.Cada escuela es diferente pero en este caso da la casualidad que no se imparten talleres ni laboratorios, pero incluso, donde si se imparten talleres, no hay materiales o son materiales viejos. En la facultad de medicina por ejemplo el pago con todo y “descuento” es de $2756.00.

LID: Luego de las protestas, de la reacción en redes y de los testimonios que les llegan de quienes no les alcanza para pagar esas cuotas, ¿cómo ven que las y los estudiantes están viviendo la pandemia y los problemas que enfrentan para continuar estudiando?

Verne: Te voy a contar desde mi experiencia. En la facultad nos organizamos para tratar de buscar becas, pensé que serían pocas personas pero en realidad fueron muchas. Para el trámite se pedía un comprobante para ver cuánto ganaban y lo que me llevé fue que había quienes ganaban incluso menos de $1000.00 a la semana, como $700. 00, para vivir y pagar la escuela, tienes que escoger una de dos, seguir estudiando o salirte. Eso a mí me impactó mucho y le dije a mis amigos “hay que hacer algo”, no me gustaría que mis amigos se salieran de estudiar. Pero eso solo fue en mi facultad, imagínate si nos metemos a ver en otras facultades.

Betsa: Hace poquito en una entrevista, el rector de la Universidad, en un medio importante acá en Colima, dijo que no se tenían números, detalles, de chicos que tuvieran que salirse de estudiar por la pandemia de covid. Para nosotros fue demasiado estresante, nos pareció cínico, pues a pesar de que nosotros no tenemos los medios para saber el número de chicos que han dejado la escuela, sí sabemos que hay muchos porque nosotros reunimos testimonios de muchos de ellos.

Es muy frustrante que digan que nadie se está saliendo. Hace apenas un par de horas, uno de ellos nos preguntaba ¿qué podía hacer?, que no le alcanzaba para pagar la colegiatura, y como ese, nos preguntan muchos. Datos duros no tenemos, pero obviamente hay muchos, madres solteras, chicos que vivían solos, aquellos que apoyan económicamente a sus familias, otros a los que ya nos los puede apoyar sus familias, los que sus papás perdieron el trabajo y ahora tienen que trabajar y es por ellos por quienes nos levantamos.

Verne: Imagínate ahora con la pandemia, muchos han perdido su familia, uno no tiene mucho pero luego salen estos imprevistos y pues ni modo, uno tiene que gastar, o con los tanques de oxígeno, muchos costaba 30 mil pesos.

Según nos cuentan los estudiantes, en Colima, el semáforo epidemiológico recién cambió de color rojo a naranja, sin embargo, continúan los contagios y la única indicación es guardar cuarentena en casa, de manera que, en los hospitales públicos, solo te atienden si se te complica la enfermedad. En el estado se reproducen muchas de las escenas producto de la crisis económica, despidos, negocios que cierran, desempleo sin freno en las zonas turisticas del estado, y como siempre, los más vulnerables son los trabajadores y sus familias.

Los profesores y los trabajadores de la universidad no son ajenos a las consecuencias de la crisis y en muchos casos ven atacados sus derechos laborales más elementales. A pregunta de La Izquierda Diario, nos cuentan que, puesto que el gobierno de Colima es el encargado de asignar los recursos para el pago de salarios, si estos recursos no llegan a tiempo, no se paga a los profesores.

Del total de los recursos que recibe la UdeC, sólo el 5% de los ingresos proviene de las cuotas de inscripción, el resto proviene de las aportaciones federales y estatales, no obstante, según los vaivenes de la política estatal, es común que año con año haya atrasos en el pago de profesores. Por ese motivo, los estudiantes agregaron a su pliego petitorio el pago puntual de salarios como una de sus principales demandas.

Sobre el escenario político del estado nos platican que aunque el PRI es quien mantiene la gubernatura algunos de los municipios, así como algunas de las diputaciones las tiene Morena. Frente a ese escenario, los estudiantes, quienes además se organizan en el Colectivo de Resistencia Estudiantil, se reivindican a apartidistas.

Verne: Al principio, cuando comenzamos a hablar de eliminar las cuotas de talleres, un político de Morena, Vladimir Parra, se pronunció al respecto, pero nosotros siempre hemos mantenido una postura independiente.

Betsa: Después de eso, hubo profesores cercanos al régimen universitario que en sus columnas de opinión acusaron al movimiento de pertenecer a Morena, pero a quienes nos acusan los identificamos muy bien como parte del régimen universitario.

Respecto a Vladimir Parra, cuando era estudiante de la universidad era parte del activismo universitario, pero ahora que está en un partido político sentimos que no nos representa, está bien que se pronuncie pero en ningún momento hemos entablado comunicación con él porque aunque esto claramente es político, no se trata de vincularnos a un partido político.

LID: No sé qué piensen, pero mantenerse independientes les da todas las herramientas para seguir exigiendo al gobierno federal y estatal su derecho a la educación, más ahora que la 4T se muestra tan contradictoria, y que, por lo menos en el terreno de la educación, más allá de las promesas de campaña, no ha garantizado educación para todos, porque pagar casi 3 mil pesos no es precisamente educación gratuita.

Verne: En la ley es una cosa pero en la práctica es completamente diferente…

LID: Seguro lo tienen presente, pero nosotros tenemos muy claro que solo con la movilización estudiantil es que se puede defender derechos y arrancar conquistas a las autoridades, el gobierno y sus partidos. Eso nos dejó a nosotros la experiencia de la huelga del 99-00 en la UNAM, una lucha que hasta hoy permite que en el centro del país paguemos 20 centavos de inscripción, un piso mínimo para hablar de educación pública y gratuita.

Betsa: Puede llegar a sonar utópico para muchos compañeros, que están acostumbrados a que lo que dicen las autoridades es lo que se hace, pero estamos avalados en la ley, para que esa realidad pueda ser posible también en Colima, para que todos los estudiantes sin importar su situación económica, tengan acceso a la educación desde que son niños hasta la universidad. Tenemos el derecho y la misma ley nos respalda, no tenemos más que seguir exigiendo y como dijiste arrancar estos derechos al estado y a la Universidad.

Verne: De hecho nuestra Universidad es contraria a la Constitución cuando dice que la educación debe ser pública y gratuita, nuestro reglamento dice que si no pagas quedas fuera, y digamos, puedes decir que la Universidad no recibe mucho presupuesto, pero si te paso unos datos verás que la aportación estatal en 2020 fue de más de 286 millones de pesos, el subsidio federal fue de 1 mil 646 millones, si lo analizamos bien, nos da un total son 1 mil 933 millones, si lo divides entre los 28 mil estudiantes, ¡somos 28 mil! , te sale aproximadamente 69 mil pesos por estudiante. Si te preguntas cuáles son los ingresos de la propia universidad, estos son de alrededor de 60 millones por concepto de talleres que dan los mismos maestros, las cuotas, las constancias, entre otros, que no son más del 3.6%

Betsa: Además, tenemos un rector que gana más que lo que gana el presidente, es de lo que muchos se quejan, cómo es posible que mientras muchos de los estudiantes se están cuestionando si continuar estudiando porque con lo que pagas de talleres y laboratorios, una familia de cuatro personas, sin muchos recursos, podría comer una semana, el rector sigue ganando más que el presidente.

No encontramos lógica en el discurso [del rector] que sale a decir a los medios, de que está preocupado por sus alumnos, que son su prioridad, cuando él está ganando todo eso y los alumnos no saben si podrán seguir estudiando por falta de dinero.

LID: Vimos que acudieron a entregar su pliego petitorio a la Universidad y al Congreso del estado. ¿Qué respuesta les han dado?

Verne: La misma Universidad sólo dio 15 días para pagar y nada más, respecto a la marcha, sí, se llegó al Congreso del estado donde tuvimos que esperar cerca de dos horas para que nos atendieran y lo único que hicieron los diputados fue firmar de recibido y un diputado del PAN dijo que hablaría con el rector.

Betsa: Al inicio no se tenía pensado llegar hasta el Congreso, pero se tuvo la información de que iba a sesionar (el Congreso del estado), entonces se pensó en llegar hasta allá, el objetivo era leer nuestro pliego petitorio, el que llevamos a la universidad de Colima en la marcha anterior y del que no se tiene una respuesta oficial, como nosotros se lo dimos. Debimos recibir una respuesta pero lo único que recibimos fue una publicación en Facebook. También para que se sepa cuáles son nuestras exigencias y que se comprometieron a hacer algo.

Verne: Porque de hecho los mismos diputados son los que aprueban lo que va de aportación a la UdeC. Desde un principio se hablaba de aumentar el presupuesto pero no todos los diputados estaban de acuerdo, sólo algunos aceptaron firmar [de recibido] el pliego.

LID: Pero como dices, no hay nada formal ¿no? Digo, los diputados saben que es año electoral y aunque de dientes para afuera los diputados dirán cualquier cosa, son ellos mismo quienes se aprueban salarios y aguinaldos millonarios mientras a la universidad se asignan migajas. Pero, ¿qué sigue? tienen en mente alguna otra acción, ¿qué va a pasar con los estudiantes que no paguen?

Betsa: Hay una serie de acciones que tenemos planeadas para continuar luchando por la educación gratuita. De momento hay la posibilidad de pagar la cuota en dos partes, pero vamos a continuar con marchas y demás porque no sólo nos interesa este tema de los talleres y laboratorios, que si es una importante parte del movimiento que estamos teniendo, sino también tener un movimiento crítico respecto a las acciones de la universidad, los pagos de los maestros, los casos de acoso y violencia hacia las mujeres etc., de forma que nos organicemos y darle voz al estudiantado para que las cosas no sean como ahora.

Esto no se acaba con esto de los talleres y laboratorios, nosotros buscamos que las cuotas se eliminen, no sólo para nosotros sino para otras generaciones así como se logró en la UNAM.

Verne: Acá, a diferencia de la UNAM no hay tantas tradiciones de organización, pero nosotros queremos que se nos escuche, por eso surgió el Colectivo donde participamos.

http://www.laizquierdadiario.mx/Estudiantes-de-la-Universidad-de-Colima-en-lucha-por-el-derecho-a-la-educacion-publica-y-gratuita

 

Comunidades indígenas a la 4T: “No queremos ser la servidumbre”

Gloria Leticia Díaz / Proceso

Líderes de las comunidades donde pasará el Tren Maya reiteran su resistencia al proyecto porque consideran que el gobierno federal los trata de manera desigual. “No cambia la relación histórica de subordinación”, reclaman.

El Tren Maya amenaza con acabar la Reserva Ecológica de Cuxtal, que alberga 474 especies de plantas, 472 tipos de invertebrados y 17 de reptiles de alto valor medicinal y cultural para grupos indígenas en Yucatán, advierten académicos e investigadores que han estudiado los impactos negativos de la megaobra de la 4T. Además, en entrevista con este semanario, líderes de las comunidades donde pasará el tren reiteran su resistencia al proyecto porque también consideran que el gobierno federal los trata de manera desigual. “No cambia la relación histórica de subordinación”, reclaman.

MÉRIDA.- El dzidzilché es un arbusto endémico de la Península de Yucatán que crece en regiones no perturbadas, mundialmente es conocido por el sabor que sus flores impregnan a la miel producida por la abeja melipona, oriunda de esta zona de México, explica Denis Magaña, investigador de biotecnología.

En un recorrido por las veredas del Parque Ecológico Metropolitano del Sur, en la Reserva Ecológica de Cuxtal, Magaña muestra otras especies vegetales de alto valor medicinal y cultural para el pueblo maya, como el chacká blanco, utilizado en rituales, los hongos que purifican el agua que se filtra al subsuelo, el guarumbo para recubrir el tabaco, chaká rojo también para rituales, bromelia para combatir la parasitosis y más especies que sólo crecen en la selva de la península, entre el monte y los cenotes.

“Una vez que sea impactada el área de Cuxtal la reserva se va a perder y no habrá marcha atrás”, advierte este científico a quien se le ha prohibido informar para qué institución pública labora, cuando se trata de comentar sobre los efectos de la megaobra del Tren Maya sobre la reserva de Cuxtal, una zona de 10 mil 757 hectáreas que alberga 474 especies de plantas, 472 tipos de invertebrados y 17 reptiles.

“Sólo puedo hablar a título personal”, insiste el investigador; no obstante, alerta sobre los impactos de la ocupación de 35.75 hectáreas del proyecto sobre la reserva a la cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destinará 278 millones de pesos a manera de “compensación y restauración ambiental”, según un convenio establecido en septiembre del año pasado con el municipio de Mérida y el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administrador de la Zona sujeta a Conservación Ecológica Cuxtal.

El convenio, recuerda el investigador, fue firmado antes de que se diera a conocer el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), presentado por el Fonatur y aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el plan de construir un túnel para el paso del tren, cuando en este municipio el agua está a menos de 10 metros de profundidad.

“Todo se hizo sin consulta pública ni difusión de información a las comunidades, sin considerarse la gestión del agua, cuando es de todos”, denuncia Magaña.

Insiste en advertir sobre los daños catastróficos que las obras significarán para la práctica de la menipolicultura ancestral de los mayas, impactos que intentan detener los científicos, como él, en coordinación con las comunidades indígenas involucradas.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2311 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 14 de febrero de 2021.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/2/16/comunidades-indigenas-la-4t-no-queremos-ser-la-servidumbre-258406.html

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena en Ocosingo, Chiapas. 15 febrero, 2021

Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPIOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido el Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido peña limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

https://www.congresonacionalindigena.org/2021/02/15/accion-urgente-denuncia-de-agresiones-y-detencion-arbitraria-contra-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-en-ocosingo-chiapas/

Bacanora inicia la construcción de su planta de litio en Sonora

La empresa anunció a sus inversionistas que ya recaudó el dinero para iniciar el proyecto, y que las obras comenzaron la semana pasada. Especialistas advierten de la especulación con la extracción de metal, llamado «el oro blanco»

Texto: Daniela Pastrana y José Ignacio De Alba

Foto: Especial y Talison Lithium

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa británica de capital canadiense Bacanora Lithium anunció el inicio de la construcción de su planta de litio en Sonora, luego de que consiguió recaudar los recursos que le faltaban para financiar el proyecto extractivo que tiene en sociedad con la compañía china Ganfeng.

En un comunicado difundido el miércoles 10 de febrero entre inversionistas, la empresa informó que la semana pasada logró una recaudación de 65 millones de dólares para sumar a las porciones no utilizadas de su línea de financiamiento y aportaciones de asociados los 450 millones de dólares que necesitaba para poner en marcha la etapa uno del proyecto.

Aseguró además que ha contratado a una firma local especialista en servicios ecológicos para avanzar en las obras de remoción de la cubierta vegetal y la capa superior del suelo en el área donde se instalará la planta procesadora.

“Me complace anunciar que Bacanora ha comenzado los trabajos iniciales del Proyecto de Litio de Sonora. Este hito consolida la transición de la empresa, que busca cumplir su ambición de convertirse en un productor del metal en 2023”, dijo Peter Secker, director general de la compañía.

El proyecto “Sonora Litio” está ubicado en el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra Madre Occidental de Sonora. Según Mining Technology, en ese lugar se encuentra el mayor yacimiento de litio en el mundo, con reservas estimadas en 243.8 millones de toneladas.

Las expectativas son tan grandes, que, a mediados de octubre de 2020, Bacanora vendió sus participaciones en su segundo proyecto más importante, ubicado en Alemania, para concentrarse en el proyecto de México. “Esta operación asegura de manera importante que el único foco de Bacanora estará ahora en Sonora y que toda la energía de la compañía se dirigirá a hacer realidad la etapa 1 de Sonora”, dijo entonces Peter Secker.

El proyecto

A finales de 2019, el gobierno mexicano confirmó la existencia del yacimiento en Sonora y que estaba en marcha un proyecto de explotación del consorcio Sonora Lithium, formado por la empresa británica con capital canadiense Bacanora Lithium, con 77.5 por ciento de las acciones, y la empresa china Ganfeng Lithium, con el otro 22.5 por ciento. Ganfeng es la productora de litio más grande del mundo y la proveedora de Tesla, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos.

El proyecto tiene 8.8 millones de toneladas de recursos equivalentes de carbonato de litio, con una vida útil aproximada de 250 años, según su Estudio de Viabilidad de diciembre de 2017.

Se trata de una mina a cielo abierto que, en la primera fase, prevé producir al menos 17 mil toneladas de litio anuales. Y en una siguiente etapa, que requeriría una nueva inversión de 350 millones de dólares, Sonora Litio prevé concretar una producción de carbonato de litio de 35 mil toneladas toneladas anuales.

Sonora Lithium es el holding operativo del proyecto y posee el 100 por ciento de la concesión La Ventana y el 70 por ciento de las concesiones de El Sauz y Fleur. Según la propuesta, al finalizar los primeros 19 años de vida útil, en los que se extraería la mayor cantidad del metal, Sonora Litio será la propietaria de la mitad de las participaciones de Bacanora y Ganfeng.

Los riesgos

El litio es el mineral de más interés para la era tecnológica, algunos especialistas lo llaman “el petróleo blanco del siglo XXI”.

Esto se debe a que se usa para baterías, herramientas tecnológicas, aparatos móviles y autos eléctricos que están revolucionando la industria automotriz. Sin embargo, un solo vehículo eléctrico requiere lo equivalente de hasta 10 mil baterías de celulares.

El 25 de enero pasado, en la primera emisión del noticiero Momentum, una alianza de Rompeviento Tv y Pie de Página, se presentó la investigación realizada por Violeta Núñez, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que advierte que la ley minera permite a las empresas extranjeras la explotación ventajosa del litio en México.

Entre otras cosas, la académica sostiene que el argumento de las energías limpias “es tramposo”, porque los autos son vendidos como una opción amigable con el ambiente, aunque “poco se dice de los contextos donde se extraen estos minerales, y en particular, el litio”.

El litio se encuentra en pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas y océanos.

La demanda de litio se ha vuelto más grande, explicó, pues los gobiernos de Francia, China, Taiwán y Reino Unido han establecido el fin de la venta de automóviles que utilizan combustible para el año 2040. Eso generará un aumento de la demanda de vehículos eléctricos que requieren enormes cantidades de litio.

“Se proyecta que pasemos de los 2 millones a 49 millones de vehículos para el 2030”, explicó la investigadora. “Antes fue plata, oro y cobre, donde México se colocó como uno de los países con mayores minerales, pues ahora se está colocando como uno de los siete mayores productores de litio”, relató Núñez.

Los otros proyectos

El informe “El Litio la nueva disputa comercial dinamizada por el falso mercado verde”, elaborado por GeoComunes, Minning Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que se presentó hace unos días, destaca otros dos proyectos de extracción de litio, además del de Sonora.

Uno de ellos es el de Organimax, empresa que tiene cinco concesiones en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí por una superficie total de 22.1 mil hectáreas y que “pretende explotar 15 salares con métodos similares a los que se utilizan en Sudamérica de extracción de salmuera para extraer primero potasio (para fabricar fertilizantes orgánicos) y litio”.

Organimax Nutient (que anteriormente se llamaba Alset  Minerals) es una empresa “junior” que se dedica principalmente a la especulación y trabajos exploratorios.

El informe explica que las empresas mineras juniors se caracterizan por tener muy poco capital, no tener fuentes de ingresos productivos, “y así depender de la especulación para generar inversiones en las bolsas de valores”.

Organimax, por ejemplo, comercializa acciones en la Bolsa de Valores de Toronto-Ventura, “bolsa criticada por tener pocos controles y mecanismos de rendiciones de cuenta contra empresas responsables de publicar reservas exageradas y, en casos más serios, de violaciones ambientales y a los derechos humanos”. La empresa tiene apenas 2.5 millones de dólares en bienes y activos, y maniobra con pérdidas operativas todos los años.

El tercer proyecto de extracción de litio en fase avanzada es del Salar del Diablo, de la canadiense One World Lithium (anteriormente One World Minerals). El proyecto fue adquirido por One World Minerals en 2017 cuando esta empresa compró Lithium Investments. Según el acuerdo de la adquisición, One World Lithium tiene 60 por ciento del proyecto y el derecho de adquirir el 90 por ciento después de cumplir varias fases de exploración.

One World Lithium también es una empresa minera junior y vende acciones en la bolsa de Acciones Canadiense, “una bolsa de poca relevancia comercial en Canadá”. Tiene una deuda acumulada de 18 millones de dólares canadienses y opera con pérdidas operativas todos los años. Sus accionistas principales son empresas “de inversión” pequeñas, propiedad de los mismos ejecutivos de la empresa. El proyecto tiene por 3 concesiones en trámite a nombre de la particular Ana Lilia Varela Reynoso por una superficie total de 73.5 mil ha (según la información de superficie de las concesiones mineras en trámite) o 103.4 mil ha (según lo que anuncia la empresa).

A pesar de eso, el análisis de las tres organizaciones especializadas destaca que el crecimiento de la demanda de litio ha sido lento y sólo ha llegado a satisfacer el 75 por ciento de la oferta.

“La desaceleración en la venta de los vehículos eléctricos, agudizada por la falta de subsidios chinos, y la reducción en el almacenamiento del litio (stockpiling) han disminuido la producción. Sin embargo, las principales fuentes de información para la industria, además de las instituciones financieras más importantes, siguen insistiendo en un inminente boom en la demanda del litio. Esto está provocando una creciente especulación minera alrededor de la exploración de litio en las Américas por empresas mineras juniors”, dice el documento.

Como en otros tipos de minería, estas empresas “posesionan tierras, generan expectativas irreales, además de conflicto, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas”.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas y hay 537 mil más en trámite. De hecho, el 84 por ciento de las concesiones asociadas con la extracción del litio están en trámite.

“Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium, Organimax y One World Lithium). Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEU, por lo tanto, no es casual que esto se ve reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC”.

Especial.

La soberanía energética

El año pasado, la entonces secretaria de Economía Graciela Márquez aseguró en las conferencias vespertinas del Palacio Nacional que el yacimiento de Bacadehuachi era menor a las proyecciones inicialmente presentadas y destacó que en México aún no se produce un solo gramo de litio.

“Es importante destacar que una porción significativa de los proyectos de exploración son de depósitos de lodo. No existe aún una mina de litio en producción que sea de este tipo de depósito por la falta de tecnologías adecuadas de extracción además de los altos costos que la extracción de lodo significa”, dice por su parte el informe de GeoComunes, Mining Watch y Rema.

Y un grupo de senadores impulsan la discusión sobre la nacionalización del litio, como una pieza clave para la soberanía energética del país.

El 11 de noviembre de 2020, el senador por Morena Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó una iniciativa de reforma el artículo 27 constitucional que plantea considerar al litio como propiedad exclusiva de la nación y una fuente de energía estratégica para el desarrollo del país.

“El mundo se moverá con litio en los próximos años”, sostuvo el legislador, al asegurar que su propuesta permitirá garantizar la soberanía energética del país en la transición de las energías fósiles hacia las limpias. Y que la nacionalización permitirá las concesiones a la iniciativa privada, pero con base en lineamientos en beneficio de México.

El documento, turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación, ha ido ganando respaldo de otros legisladores, como la a senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu Artiñano, y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Sobre esa posibilidad, Peter Secker ha dicho que confía en que el gobierno mexicano respetará el contrato que otorgó hace más de 10 años. “El presidente de México ha declarado que no buscarán nacionalizar las licencias y arrendamientos mineros que fueron emitidos legalmente. Y estamos muy seguros de que seguirá siendo así”.

El arranque

En su comunicado a los inversionistas, Bacanora informó que ya comenzó la transmisión de planos y documentación, además de que está trabajando con sus proveedores para que los equipos de procesamiento sean entregados antes de la primera parte de 2022. Además, esta semana comenzaron los preparativos para mejorar la carretera de acceso principal al sitio donde se ubicará la planta para facilitar la entrada de equipo pesado durante el año.

“Bacanora no ha sido inmune a los impactos de la pandemia covid-19 y su calendario para el proyecto se vio ligeramente afectado durante 2020 (…) Sonora está saliendo de la segunda oleada de infecciones y la Compañía proporcionará actualizaciones sobre la situación a medida que ocurran cambios”, dice el documento

https://piedepagina.mx/bacanora-inicia-la-construccion-de-su-planta-de-litio-en-sonora/

México solo dio trabajo a 64 solicitantes de asilo devueltos por EU, y no a miles como prometió

México prometió más de tres mil empleos a solicitantes de asilo devueltos por EU, pero en dos años solo registró a 64. Afirma que se ofertaron 356 vacantes

Cuartoscuro

Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO

México se comprometió a ofrecer oportunidades laborales para los solicitantes de asilo expulsados por EU tras la aprobación del plan “Quédate en México”. Sin embargo, aquellas promesas quedaron prácticamente en nada. El canciller, Marcelo Ebrard, llegó a anunciar en julio de 2019 que habría al menos 3 mil 700 puestos de trabajo en industrias del norte del país. Año y medio después de aquellas afirmaciones, la Secretaría de Trabajo apenas tiene registradas a 64 personas que obtuvieron un empleo a través de esta institución, según datos obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia.

Desde enero de 2019, más de 70 mil extranjeros fueron devueltos a ciudades del norte de México a la espera de que un juez de EU analizase su caso de petición de asilo. Se trata del programa “Quédate en México”, que se puso en marcha después de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. El plan inició en Tijuana y se extendió progresivamente por toda la frontera hasta que fue cancelado el pasado 21 de enero, en una de las primeras medidas adoptadas por Joe Biden, nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Aunque el programa se puso en marcha en enero de 2019, no fue hasta junio que México y EU lo formalizaron a través de una declaración conjunta. En ella se afirmaba que “México, de acuerdo con sus principios de justicia y fraternidad universales, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos”.

La realidad ha sido otra. Diversas organizaciones han documentado que cientos de los solicitantes de asilo sufrieron secuestros, extorsiones y otras violaciones a sus derechos humanos. Además, el gobierno mexicano se desentendió de ellos y apenas ofreció empleos o medios de subsistencia. Quedaron abandonados en ciudades peligrosas y que no conocían, expuestos a la explotación y el crimen organizado.

Aunque Ebrard aseguró en julio de 2019 que había 3 mil 700 empleos disponibles y que en ese entonces 327 ya estaban trabajando, los registros de la secretaría de Trabajo lo desmienten.

Según documentos a los que tuvo acceso Animal Político, únicamente 64 solicitantes de asilo recibieron un empleo a través de la secretaría de Trabajo. De ellos, 63 se encontraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, y uno solo en Tijuana, Baja California.

Según las estadísticas de Trabajo, los empleados tenían entre 19 y 55 años y eran originarios de Guatemala (24), Honduras (24), El Salvador (2), Cuba (2) y Ecuador (1). Además, se incluyen cuatro personas de nacionalidad mexicana que no están incluidas en el programa “Quédate en México”. Además, 55 eran hombres y 9 eran mujeres.

Las empresas que contrataron a los solicitantes de asilo fueron Brown Jordan, Del Río, Global Printing, Química Apollo y Superior Bright, en Ciudad Juárez, y Center Com en Tijuana.

Según Trabajo, se ofertaron 236 empleos en Ciudad Juárez y 120 en Tijuana, sin especificar por qué las plazas quedaron vacantes.

“Se comunica que los solicitantes de asilo reportados son aquellos que, de manera voluntaria, personal y autónoma se acercan a los módulos para preguntar por información sobre ofertas de empleo disponibles, y que, tras expresar su interés por trabajar en México, son vinculados de manera directa con los empleadores”, especificó la secretaría de Trabajo en su respuesta.

Animal Político pidió datos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM). La primera institución, a pesar de ser la que negoció y aceptó la expulsión de solicitantes de asilo a territorio nacional, argumentó no disponer de información sobre esta materia. La segunda, por su parte, remitió a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la secretaría de Trabajo, “por ser la autoridad designada por instrucción presidencial para coordinar la estrategia de atención a la población migrante en la frontera norte de nuestro país, que cuenta con solicitud de asilo en EU”.

Ante la gran diferencia observada entre las cifras que anunció Ebrard, Animal Político consultó al departamento de comunicación social de la SRE y de la secretaría de Empleo, sin recibir respuesta al cierre de la edición.

En su comunicación, la secretaría de Trabajo incluyó también los puestos ofertados en la Bolsa de Trabajo (2 mil 328 en Baja California, 365 en Tijuana, mil 028 en Chihuahua y 400 en Ciudad Juárez) y en el Portal de Empleo (98 en Baja California, 44 en Tijuana, 43 en Chihuahua y 21 en Ciudad Juárez). “Las plazas vacantes son incluyentes para cualquier persona que busque trabajo y cuente con autorización para hacerlo”, dice. El problema es que la mayoría de solicitantes de asilo que fueron devueltos desde EU no contaban con permiso de trabajo, ya que apenas se les entregó un CURP temporal, lo que les dificultaba el acceso a los puestos de trabajo.

El Programa de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) o “Quédate en México” fue uno de los principales programas diseñados por el gobierno de Donald Trump para impedir la llegada de solicitantes de asilo a México. Entre enero de 2019 y enero de 2021, más de 70 mil personas fueron devueltas por diversos puntos de la frontera norte. La mayoría quedó abandonada en ciudades que no conocía, como Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.

En estas dos últimas, el gobierno mexicano ni siquiera se molestó en prever la posibilidad de que los extranjeros obtuviesen un empleo. Desde agosto de 2019, según reveló Animal Político, puso en marcha autobuses que trasladaban a los solicitantes de asilo a la frontera con Guatemala, argumentando que se trata de municipios peligrosos. Los afectados ni siquiera sabían a dónde eran trasladados, lo que motivó quejas de Acnur y otros organismos internacionales. Aquellos traslados fueron financiados con dinero del Fondo México, supuestamente pensado para la cooperación internacional con Centroamérica.

El programa “Quédate en México” llegó a su fin el pasado 21 de enero después de que el presidente Joe Biden firmase una orden para que no se vuelva a expulsar a solicitantes de asilo. Se estima que unas 30 mil personas todavía tienen su caso abierto y esperan en México en lugares como el campamento de Matamoros, convertido en símbolo del abandono de este colectivo. Nadie ha dado una solución para ellos.

https://www.animalpolitico.com/2021/02/mexico-prometio-miles-empleos-solicitantes-asilo-solo-registro-64/

Visitan a vecinos de La Plancha: o desalojan o vivirán con restricciones (Yucatán)

Diario de Yucatán

Fonatur propone reubicar a vecinos por el Tren Maya

La amenaza de desalojo entre vecinos que tienen sus viviendas frente al parque Artículo 123 de La Plancha renació la semana pasada cuando un representante del Tren Maya los visitó para proponer un plan de reubicación.

El enviado, de nombre Daniel, solo les dio dos opciones: el desalojo de las viviendas a cambio de nuevas en un fraccionamiento o que permanezcan en ellas, pero no tendrán lugar para automóviles ni negocios porque todo se convertirá en una zona de áreas verdes.

De acuerdo con una grabación que uno de los probables afectados proporcionó al Diario, la semana pasada el identificado como Daniel se presentó en algunas viviendas para informar del plan de Fonatur para esta sección de viviendas, que han sobrevivido desde que existía el tren en la ciudad.

El primer aviso fue que Fonatur arreglaría las fachadas de las casas y les dio dos opciones a los habitantes porque ese terreno serviría para el proyecto del Tren Maya.

Según les propuso, Fonatur les daría el título de propiedad en cualquiera de las opciones que acepten.

Si aceptan la nueva casa que les darían en un fraccionamiento nuevo, cuya ubicación no les dijeron, les darían el título de propiedad.

Si se quedan en la casa también les darían el documento, pero con la condición de que no podrán estacionar ningún automóvil ni tendrán uso comercial porque cerrarán la calle y la convertirán en área verde, con un entorno que vaya con el diseño del Tren Maya.

El enviado de Fonatur dejó muy en claro que en este proceso de desalojo no dará dinero y que no hay otras alternativas a las dos que ya se indicaron.
Un “estorbo”

“Hay opción de quedarse, pero bajo las condiciones que nos pongan”, señaló una de las vecinas que se reunió con otras para comentar la propuesta. “Nos vinieron a explicar lo del Tren Maya, pero eso no nos importa, ni nos va ni nos viene. “Lo que nos interesa es por qué nos están convocando a nosotros”.

“Ya sabemos que estas casas estorban, la vez pasada lo mismo pasó, vinieron los americanos, querían las casas, que aquí sería la estación, pero se ve que solo querían el terreno”.

Esa franja de viviendas está entre lo que fue la estación central y los talleres y patio de maniobras.

Los vecinos empezaron a comunicar el plan de Fonatur a los dueños de las casas, no a los que lo habitan ahora, porque ellos pueden tomar decisiones sobre el planteamiento.

No se removerá a nadie más de los que viven alrededor de La Plancha, solo a los que habitan frente al parque Artículo 123, dicen.

Desde el momento del planteamiento surgió división entre los vecinos porque a algunos les gusta la idea de que les reparen la fachada, cierren la calle lateral y construyan un área jardinada porque podrán salir al frente a admirar las áreas verdes, tomar fresco y ver el movimiento de los ferrocarriles y de la gente.

“No habrá paso aquí (la calle lateral), verán limitaciones como a ellos les convenga, no me importa, meto mi coche a la vuelta, me siento en la terraza a ver las áreas verdes”, habría dicho una de las vecinas.

“Allí (en el fraccionamiento donde las cambiarían) no habrá nada, será privado. Nos dijo (el enviado de Fonatur) que harán las casas y las bardas colindarán con un parque, que podemos poner nuestros puestos, hacer algún negocio, pero creo que solo es para convencernos”.

Otras vecinas recordaron que las casas tienen más de 100 años, allí vivieron sus abuelos, sus padres y ahora ellas. Saben que el terreno y las casas le dejarán mucho dinero a Fonatur, invertirán dinero mexicano, pero cobrarán en dólares por ese terreno.

Además, desconfían de Fonatur porque ven el caso de otros vecinos de Campeche a los que quieren desalojar: a pesar de tanto pleito (en los tribunales) Fonatur no les resuelve nada y sigue el proceso de desalojo contra la voluntad de los propietarios.— Joaquín Chan Caamal
Proyecto presidencial La Plancha

Personas que viven frente al parque Artículo 123 se dicen preocupadas por el cambio.

Reubicación

“Ya lloré, pero es inútil, quién sabe a dónde nos mandarán”, relató una vecina. “Si nos darán una casa, no podemos decir que nos están botando”.

El INAH

“Como le dije al muchacho (el enviado de Fonatur), somos personas que hemos estado 50, 60 y 100 años en estas casas, son casas históricas, ojalá las proteja el INAH”, señaló.

De otro país

En la grabación proporcionada al Diario se escucha que una vecina dice que sería triste que las saquen de ese lugar y con el tiempo vean que los americanos son los nuevos dueños.

https://www.yucatan.com.mx/merida/fonatur-propone-reubicar-a-vecinos-por-el-tren-maya

Brechas Maestros de Michoacán avanzan a CDMX a exigir que el gobierno cumpla los acuerdos de 2020

El magisterio michoacano agrupado en la CNTE busca entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir el pago de la nómina de docentes y la basificación de eventuales y recién egresados de las escuelas normales, como habían acordado desde agosto de 2020

Foto: Cortesía de la Sección XVIII del SNTE-CNTE

Texto: Alejandro Ruiz, Pie de Página 9 de febrero de 2021

Fotos: Cortesía de la Sección XVIII del SNTE-CNTE

MICHOACÁN.- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán vuelven a la capital del país para exigir que el gobierno federal cumpla los acuerdos de basificación y pago de salarios pendientes.

El pasado 6 de febrero, el magisterio michoacano, agrupado en la Sección XVIII de la CNTE, arrancó la caravana motorizada por la estabilidad laboral y salarial; esto, después de que durante 8 días integrantes de la Coordinadora sostuvieran un plantón en las inmediaciones de la zona portuaria del municipio de Lázaro Cárdenas para exigirle al gobierno federal el cumplimiento dos en el mes de agosto del 2020.

El secretario general de la Sección XVIII, Gamaliel Guzmán Cruz, sostiene que ante la falta de respuesta del ejecutivo federal a los compromisos emanados de las mesas de trabajo que sostuvieron con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Michoacán, las y los docentes de la Coordinadora acordaron realizar esta jornada de lucha para exigir que sus demandas se solucionen inmediatamente.

“Nosotros hemos tenido una buena respuesta de la federación”, puntualiza el profesor Gamaliel “pues hemos sostenido 18 mesas de negociación. Sin embargo no ha habido solución a nuestras demandas, por lo que determinamos venir a dialogar con el presidente. Pues esta situación no puede continuar así”.

Pese a que integrantes de la Sección XVIII aseguran que la Federación se ha prestado al diálogo, afirman que desde que anunciaron esta caravana motorizada, representantes de los gobiernos federal y de Michoacán los han llamado a desistir de sus acciones pues “harán enojar al presidente.”
Basificación y pago de nómina, los pendientes

En agosto del 2020, estudiantes normalistas y maestros de Michoacán instalaron un plantón en el zócalo capitalino para exigir la basificación y el pago de en ese entonces cinco meses de nómina a mil 200 profesores que laboraban como eventuales, así como la asignación de claves docentes a mil 400 egresados de las escuelas normales.

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió las peticiones de los docentes y se comprometió a resolver las demandas del magisterio, durante todo el 2020 la problemática, lejos de solucionarse, se agravó.

Aidee Morales es una docente que actualmente se encuentra laborando como eventual, pese a los más de 14 años que está frente a un grupo escolar.

“Para nosotros esta es una situación insostenible”, relata, “pues algunos compañeros tienen ya más de 6 meses sin cobrar un salario, o poder acceder a un seguro social, lo cual en esta época de pandemia es esencial, pues laboramos en condiciones que nos ponen en riesgo”.

Uno de los acuerdos emanados del 19 de agosto del 2020 era que a los maestros recién egresados de las normales rurales y a los que trabajan como eventuales se les otorgarían claves escolares y basificación después de una decimoquinta etapa de jubilación, donde se promovería, a través de beneficios, a que los profesores que cumplieran la temporalidad estipulada en la ley se pudieran jubilar y les cedieran sus plazas a los eventuales y de las las nuevas generaciones.

Aidee Morales, quien también es representante de las y los maestros eventuales, afirma que esto no se ha podido concretar debido a la falta de disposición de las autoridades federales y de Michoacán, quienes, asegura, han dilatado la fecha de la jornada masiva de jubilación bajo argumentos como la pandemia, el mal estado financiero del estado de Michoacán, y la ausencia del gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“Estamos esperando desde el 19 de agosto que el acuerdo al que llegamos con la Federación, la SEP y el gobierno del estado se haga realidad, pero nos han dado largas y no han resuelto nuestras demandas, por eso nosotros vamos a exigir nuestro derecho, pues así como nos exigen una calificación, o que sigamos laborando bajo condiciones de riesgo, nosotros vamos a exigir nuestra dignidad como trabajadores”, puntualizó.

Respecto a los salarios devengados, las y los profesores de la CNTE reconocen que a mediados de enero se les pagó una parte a la mitad de los eventuales que demandaban el pago de su nómina, sin embargo esto tan sólo representó el 25% del total del adeudo, por lo que además de la basificación, los maestros exigen que se les paguen sus salarios.

“Hemos puesto de nuestra bolsa para cumplir con nuestra labor”, señala Aidee Morales, “y en esta época de pandemia nuestros gastos se han incrementado, pues tuvimos que comprar teléfonos nuevos para poder comunicarnos con nuestros alumnos, y contratar internet para no dejar sin educación a nuestros grupos, y eso es responsabilidad del gobierno.”

La profesora señala que una de las razones centrales por las que exigen su basificación es para poder acceder a una certeza jurídica que les permita tener condiciones de estabilidad laboral, además de ser dados de alta en el seguro social.

“Claro que al salir a protestar nos estamos exponiendo a un riesgo”, concluye Aidee, “pero es nuestro derecho pelear por lo que es nuestro, pues después de estar trabajando 14 años como eventual, sin seguro, salario fijo y prestaciones, nos encontramos más vulnerables ahora en la pandemia, pues tenemos que salir a buscar nuestro sustento.”

Foto: Cortesía de la Sección XVIII del SNTE-CNTE

«Trabajo digno y estabilidad», demandas de los nuevos maestros

Juan Hernández, un profesor recién egresado de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” en Tiripetío, Michoacán, dice que no poder ejercer su profesión por el reducido número de plazas obedece a un proyecto de privatización de la educación pública que inauguró la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto en el 2012 y que sigue vigente.

“Aunque se echó para abajo la Reforma peñista”, puntualiza, “la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es inclusive más agresiva, pues no garantiza que al egresar de las normales accedamos a las plazas, sino que las pone a concurso, abriendo un número reducido de ellas, pues el 80% de los egresados quedamos fuera.”

Para Juan, ser docente es una profesión a la que muchas y muchos de los jóvenes campesinos de México aspiran, pues desde la educación inicial son figuras que inspiran respeto entre la comunidad, y al ser las normales rurales un sistema que permite la formación y sostenimiento de las y los jóvenes durante su instrucción como maestros, entrar en ellas es una aspiración de muchos.

“Para mí ser maestro es servir a mi comunidad, ¿pero cómo voy a poder ejercer mi profesión si al salir me encuentro con que no hay trabajo? Por eso venimos a exigir un trabajo digno para el cual nos hemos formado durante cuatro años.”

El joven relata cómo las autoridades han postergado el cumplimiento de los acuerdos. “Primero nos dieron fecha para septiembre del 2020, luego para octubre, diciembre y después enero del 2021, ya estamos en febrero y no más nada. Ya hasta sentimos que se están burlando de nosotros”.

Foto: Cortesía de la Sección XVIII del SNTE-CNTE

Como Juan, hay otros mil 200 nuevos profesores de los ciclos escolares 2019 y 2020 que no han podido acceder a un contrato laboral que les garantice las condiciones óptimas para el ejercicio de su profesión, por lo que una de las demandas centrales de la Coordinadora es la urgente contratación de los recién egresados.

“Venimos a exigir nuestros derechos laborales”, concluye Juan Hernández “pues hemos esperado mucho desde el plantón de agosto del 2020, pues les dimos voto de confianza con las autoridades. No estamos en contra de AMLO, pero esperamos que se retomen los acuerdos, que tengan el grado de sensibilidad y que cumplan”.

Además de la basificación y el pago de nómina pendiente, las y los profesores del magisterio michoacano exigen que se regularice la situación laboral de los docentes que trabajan para el sistema estatal de educación, pues hay 32 mil docentes a quienes se les adeudan 651 millones de pesos de su salario.

“No buscamos generar problemas: buscamos resolverlos”, asegura el secretario de la Sección XVIII, Gamaliel Guzmán Cruz. “Sólo venimos a exigir que se cumplan los acuerdos a los que las autoridades se comprometieron desde agosto”.

Respecto a esta nueva jornada de lucha de las y los profesores de la Sección XVIII, diversas secciones de la CNTE se han pronunciado en apoyo a las demandas del magisterio democrático, y anuncian de que en caso de que fuera necesario respaldarán las acciones que las y los profesores michoacanos determinen realizar.

La caravana motorizada cruzó los municipios de Apatzingán, Nueva Italia, Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Ciudad Hidalgo, y prevén arribar a la capital del país hoy para realizar una concentración en el Ángel de la Independencia y avanzar en contingente hacia el Zócalo. Exigirán una audiencia con López Obrador y, en caso de que sus demandas no se solucionen, instalarán un plantón para exigir su inmediata resolución.

https://piedepagina.mx/maestros-de-michoacan-avanzan-a-cdmx-a-exigir-que-el-gobierno-cumpla-los-acuerdos-de-2020/

Turba de ejidatarios suspende asamblea informativa en Acanceh (Yucatán)

Por Esto!

El grupo de campesinos ingresó a la fuerza para evitar que se realizara la asamblea

Una turba de ejidatarios ingresó a la fuerza a la casa ejidal de Acanceh para suspender la asamblea informativa en donde se aprobaría la venta de terrenos ejidales y se acordaría el pago correspondiente.

Sin embargo, esto no pudo realizarse, ya que los campesinos forzaron los portones e ingresaron a la fuerza para suspender dicha asamblea.

Haciendo uso de la palabra algunas personas como José Yah, Eusebio Estrella, Celso Cen, Víctor cardeña entre otros, manifestaron su desacuerdo ante la asamblea.

Por su parte, el comisario Juan Alberto Puc, dijo lamentar lo ocurrido y acusó a estas personas como los principales responsables para que los campesinos suspendieran el evento.

SY

https://www.poresto.net/yucatan/2021/2/14/turba-de-ejidatarios-suspende-asamblea-informativa-en-acanceh-237533.html

Semefo negó tener el cadáver de Susana durante 4 meses, denuncian colectivos y familiares (Jalisco)

Foto: Román Ortega – El Occidental

Elizabeth Ibal / El Occidental

Luego de la muerte de Susana Silvestre, mujer trans, sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense para realizar la identificación oficial, sin embargo, siempre se les negó que sus restos estuvieran ahí. Hasta hace unos días el colectivo Por Amor a Ellxs, localizó el cuerpo a través de un tatuaje, justo el mismo día que sería inhumado al no ser reclamado.

María del Carmen Frías García, quien es amiga de Susana, señaló que desde el 10 de octubre que se localizó su cadáver, se les negó que estuviera en la morgue.

“Con fotos y con las marcas de su cuerpo que tenía yo de él (Susana), se las presentó su hermana a Semefo y le dijeron que él no se encontraba ahí. Volvió a ir dos o tres veces más, le siguieron diciendo lo mismo, le siguieron negando que él se encontraba ahí”.

Fue el 4 de febrero, cuando sus consanguíneos se enteraron de que Susana estaba en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde el 10 de octubre. A través de pruebas genéticas se realizó la identificación del cuerpo.

“La indignación de nosotros es por qué nos lo negaron tantos meses, si se llevaban pruebas, se llevaban fotografías de su caso y siempre nos lo negaron, entonces nos sentimos indignados, por qué lo tuvieron tanto tiempo”, contó su amiga.

Hasta ahora nada saben de la causa de su muerte, así como tampoco de quién le arrebató la vida.

Por lo anterior, el colectivo Por Amor a Ellxs, así como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y otros de diversidad sexual se pronunciaron este sábado sobre el caso de Susana.

“Nuestra compañera Susana estuvo a punto de ser inhumada como una persona fallecida no identificada, lo cual haría que sus personas cercanas y sus familias la hubieran tenido que seguir buscando indefinidamente, ya que ni el IJCF, ni el Ministerio Público que investigan la muerte, fueron capaces de agotar los actos de investigación como se debió para dar con su identidad y regresar el cuerpo de Susana con sus familiares”, señaló un integrante de Cepad.

Por su parte, Por Amor a Ellxs, pidió que el caso se investigue con perspectiva de género y con un enfoque diferenciado, y que se retome como ejemplo para el mejoramiento de los procesos de búsqueda e identificación de personas en el IJCF.

https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/noticias-mujer-trans-semefo-nego-tener-el-cadaver-de-susanasilvestre-durante-4-meses-6359440.html

Preocupa a la CIDH el trato a migrantes por parte del gobierno de AMLO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la inseguridad, trato y dificultades de procedimiento a migrantes solicitantes de asilo por parte del gobierno de López Obrador

J.Jesús Esquivel/ PROCESO

WASHINGTON (proceso.com.mx).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la inseguridad, trato y dificultades de procedimiento a migrantes solicitantes de asilo por parte del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Tras concluir una “visita virtual” de dos días a México, la CIDH, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también reconoce “avances” por parte del gobierno mexicano en la implementación de mecanismos de protección estatal para los migrantes.

“La Comisión recibió con preocupación información relacionada con las dificultades de acceso a procedimientos de asilo y de protección, las condiciones de detención de las personas en situación de movilidad, incluidas solicitantes de asilo o con necesidades de protección”, acota.

Por medio de un comunicado, el órgano jurídico del sistema interamericano, luego de terminar la visita virtual realizada los días 11 y 12 de este mes de enero, alerta sobre el impacto que tiene en los migrantes la adopción de medidas del gobierno de AMLO por covid-19.

“La Comisión advierte contextos como la pandemia y pos pandemia podrían agravar la situación de las personas en situación de movilidad humana y generar nuevas situaciones de preocupación en relación con el acceso a sus derechos en condiciones de igualdad”, añade

La CIDH establece que la primera parte de la visita virtual a México se llevó a cabo del 16 al 18 de diciembre de 2020 y la segunda ocurrida este mes de enero, se hicieron para obtener información sobre la movilidad humana y la realidad transfronteriza en México.

“La Comisión observó avances, tales como la implementación de mecanismos de protección estatales que, incluyen de manera expresa la protección de personas en el contexto de la movilidad, adopción de protocolos y rutas de actuación”, expone el órgano jurídico de la OEA.

En este sentido, suma que la reciente reforma legislativa armoniza disposiciones de la Ley de migración sobre refugiados, protección complementaria de asilo político, con Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que prohíbe su detención.

La CIDH informó, por otro lado, que el gobierno del presidente López Obrador la convocó a que realice otra visita a México en terreno cuando lo permitan las condiciones sanitarias y prevención por la pandemia de covid-19.

Por invitación también del gobierno mexicano, las dos visitas virtuales las realizaron Julissa Mantilla, relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes, y Esmeralda Arosamenta de Troitiño, relatora para México y sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Así como Soledad García Muñoz, relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina, y especialista de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH.

Las comisionadas sostuvieron reuniones virtuales con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la del Trabajo y Prevención Social, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Unidad de Política Migratoria.

El Registro de Identidad de Personas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

También las integrantes de la CIDH se encontraron con representantes de gobiernos locales y estatales, del Poder Judicial y Legislativo, el Instituto Federal de la Defensoría Pública y autoridades consulares de las fronteras sur y norte y, organismos internacionales y de la sociedad civil con presencia territorial en México.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/13/preocupa-la-cidh-el-trato-migrantes-por-parte-del-gobierno-de-amlo-258224.html

Sigue la tensión en Xocén; encierran a comisario municipal (Yucatán)

Reporteros Hoy
Valladolid, Yucatán; 13 de febrero de 2021 (ACOM).- Molestos por que el Ayuntamiento de Valladolid a través de un comunicado los tachó de mentirosos, ayer pobladores de Xocén protestaron de nuevo en la comisaría municipal.

Según la Comuna, el altercado que se registró la noche del jueves en la comisaría se debió a la presunta detención de una persona en estado de ebriedad, pero lo que no precisó fue las lluvias de quejas por la falta de atención a esa comunidad.

Sus habitantes molestos encerraron por casi 12 horas al comisario Juan de la Cruz Noh May a quien acusaron de estar coludido con el alcalde Enrique Ayora Sosa para que únicamente se beneficie con los apoyos a familiares o simpatizantes de Morena.

Además, denunciaron diversas irregularidades en el manejo de apoyo de empleo temporal en donde solo se les otorgó a familiares del comisario y gente cercana.

También dijeron que no querían que la policía municipal ingrese al poblado pues son hostigados, incluso les cobraban multas de hasta 2 mil pesos.

Otra queja fue que hasta el día de hoy la Comuna no les ha construido el domo que se les prometió.

Más tarde la Guardia Nacional tuvo que ingresar de nuevo al pueblo y sus efectivos lograron rescatar al comisario, al enterarse los pobladores optaron por encerrar al comandante de la policía quien también fue rescatado, pero este decidió quedarse en el pueblo.

Los pobladores esperan que pronto el alcalde Enrique Ayora Sosa acuda al pueblo y les dé la cara, en tanto están planeando una reunión para la destitución del comisario.

https://reporteroshoy.mx/noticias/sigue-la-tension-en-xocen-encierran-a-comisario-municipal/

Políticos y empresas se comieron la crema y dejaron a ejidatarios en cueros. Empezó con Salinas…

Dulce Olvera / SinEmbargo

Tras el despojo a ejidatarios registrado en la Península de Yucatán de los noventa a la fecha, a la par de la deforestación, se desarrolla la agroindustria y ganadería en Campeche, y el desarrollo inmobiliario-turístico en Quintana Roo, documenta el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– En 2005 operadores de tierras vinculados con el entonces Gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, arribaron a Holbox y ofrecieron desarrollo a los ejidatarios a través de un fideicomiso. Los ejidatarios lo acordaron con el empresario Fernando Ponce, yucateco que controla la distribución de autos y bebidas de Coca-Cola por medio de la empresa Bepensa en el sureste mexicano.

Un año después, Ponce firmó el fideicomiso y una sociedad mercantil llamada Península Maya Developments. Los compradores de los terrenos eran dos empresas de su propiedad y de su yerno. El precio pagado por cada parcela fue equivalente a un 5 por ciento del valor catastral de esos terrenos con frente de 100 metros a la playa, y el Gobernador González Canto también obtuvo su parte: tres parcelas de 12 hectáreas. La mayoría de los ejidatarios firmó documentos en blanco, con la complacencia del entonces comisario ejidal Eduardo Jiménez Ancona. Aunque algunos ejidatarios entablaron procesos legales y lograron en 2012 un amparo, el magistrado que lo permitió fue removido del cargo.

Después, Roger Octavio Méndez, abogado del empresario Fernando Ponce, fue nombrado notario público y actualmente la asamblea general de ejidatarios de Holbox es controlada por Fernando Ponce. La mayor parte del padrón “ejidal” está formado por inversionistas, funcionarios, notarios y prestanombres. El proyecto original de desarrollo turístico “La Ensenada” ha sido cancelado, pero la tierra no ha sido recuperada por los ejidatarios.

La Península de Yucatán ha sido blanco de procesos de privatización, mercantilización y despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos principalmente por el sector empresarial y gubernamental. Mapa: Geocumunes con datos del Registro Agrario Nacional.

Es solo un ejemplo. En las últimas tres décadas, principalmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Península de Yucatán ha sido blanco de procesos de privatización, mercantilización y despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos principalmente por el sector empresarial y gubernamental, expone un informe reciente del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) que propone redefinir la política agraria nacional y regional; combatir la corrupción al interior del sector agrario a fin de ponerle un alto total a la “mafia agraria”; y fortalecer los núcleos agrarios para que defiendan su territorio.

Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, documenta, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán 22 mil 660 parcelas (con 192 mil 600 hectáreas) dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Durante el peñismo, 68 mil hectáreas pasaron de régimen ejidal a “dominio pleno”, por lo que ha sido el sexenio en el que más superficie ejidal se convirtió en propiedad privada. Ahora, a la par de la deforestación, se desarrolla la agroindustria y ganadería en Ciudad del Carmen, Escárcega, Palizada, Candelaria, Champotón, Hopelchén, en Campeche (como Kekén, la empresa productora de cerdos más importante de la Península), y el desarrollo inmobiliario-turístico en Quintana Roo. Y, también, proyectos eólicos y solares.

“La noción de mafia agraria sirve para identificar a grupos de poder empresarial nacional, coludidos con funcionarios de gobierno, en particular del sector agrario y con representantes de los ejidos (integrantes del comisariado ejidal), a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial, lo que conlleva un proceso de despojo”, expone el documento realizado por los investigadores Gabriela Torres-Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Benet. “Los ejidatarios aceptaron las ventas, en la medida en que les dieron acceso a cantidades de dinero que recibieron de forma individualizada. Sin embargo, el control empresarial abusivo, ejercido por la mafia agraria entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia y confrontamientos entre grupos de ejidatarios que pueden convertirse en litigios”.

En entrevista, la autora del estudio Gabriela Torres-Mazuera expuso que más de la mitad de la Península de Yucatán es de tierra de uso común, cuya mayoría tiene una cubierta forestal que brinda de servicios ambientales a su población donde desarrollan la apicultura. Sin embargo, la privatización para la expansión de desarrollo agroindustrial, inmobiliario, turístico y de proyectos de energías renovables implica deforestación dependiendo la superficie requerida.

“El proyecto del Tren Maya ha generado un proceso de especulación que involucra a los ejidos. Ya hay procesos de compra-venta de tierras de uso común”, planteó la investigadora. “La afectación no es en los derechos de vía, sino los polos de desarrollo alrededor de las estaciones. En el ejido vecino de Bacalar, por ejemplo, la Fonatur está negociando mil hectáreas con los ejidatarios”.

Venta de ejidos en la Península de Yucatán. Imagen: Informe.

El informe del Consejo Civil detectó un aumento “inusual” de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán y Quintana Roo particularmente entre 2014 y 2015. Es decir, ocurrió en menos de un año de que se celebrara la asamblea ejidal, lo cual es “muy excepcional”, ya que el proceso de inscripción en el Registro Agrario Nacional debe pasar por un conjunto de trámites y revisiones del expediente que suelen llevar más de 12 meses.

De acuerdo con abogados de la región, la respuesta a esta anomalía está en quien fuese el titular de la Secretario de Desarrollo Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2014: Jorge Carlos Ramírez Marín. El político priista de origen yucateco “se apropió” de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y en Quintana Roo con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico como Holbox, Tulum, Playa del Carmen, Hopelchén, Valladolid, entre otros. Justamente entre 2012 y 2015, periodo de su gestión, la investigación halló un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales están en litigio en la actualidad.

El CCMSS también recuerda que investigaciones periodísticas han señalado como parte de la “mafia agraria” al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien enfrenta procesos penales por delitos relacionados con la apropiación y venta indebida de decenas de predios que formaban parte del patrimonio inmobiliario del estado, y a la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, identificada por acaparar tierras ejidales. También salta a la vista el banquero Roberto Hernández, quien tiene la afición de coleccionar las haciendas que aún quedan de las más de mil que hubo en la Península durante el porfiriato.

“La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. La mayoría de los habitantes de los núcleos agrarios de la Península son personas jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este conjunto de personas ha tenido muy poco que decir o decidir sobre la venta de tierras de los ejidos, las cuales les dejan casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afectan sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, concluye el informe.

ORIGEN: PROGRAMA SALINISTA

Para implementar la reforma al artículo 27 constitucional, en 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se lanzó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) empujado por el exsecretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, priista que había sido secretario de la oficialista Confederación Nacional Campesina (CNC) y Gobernador de Yucatán (1984-1988).

Este programa fue una importante herramienta de reordenamiento territorial regional que proyectó el crecimiento de las ciudades de Mérida, Campeche, Cancún y Playa del Carmen, y permitió la entrada de empresarios interesados en el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Mérida y la incorporación de empresarios agroindustriales, dice el informe del Consejo Civil. De igual forma “debilitó” a los órganos colegiados de los ejidos, ya que quitó importancia a las asambleas generales, lo que ha posibilitado la entrada de empresarios a los ejidos que, en muchos casos, han logrado “cooptar” a integrantes del comisariado ejidal.

Los cambios de destino promovidos en Quintana Roo han involucrado ejidos en superficies mayores a las 10 mil hectáreas y corresponden al desarrollo turístico y urbano de la entidad. Entre estos ejidos destacan Isla Mujeres, Playa del Carmen, Jacinto Pat (Tulum), Tulum, Puerto Morelos (Benito Juárez), Chiquilá (Lázaro Cárdenas), Alfredo Bonfil (Benito Juárez) y Othón P. Blanco.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) de 1993 fue una importante herramienta de reordenamiento territorial regional que proyectó el crecimiento de las ciudades de la Península de Yucatán. Foto: CCMSS.

Campeche presenta un patrón similar en cuanto a los parcelamientos realizados en ejidos que se incorporaron al crecimiento urbano de la ciudad como Lerma y dos ejidos en los municipios de Hopelchén y Candelaria para la actividad agroindustrial.

Yucatán revela una tendencia mantenida de cambios de destino en 354 ejidos. Destaca el proyecto de construcción del aeropuerto promovido por el Gobernador Patricio Patrón Laviada (el cual nunca se realizó), quien entre 2000 y 2006 adquirió a nombre del gobierno estatal amplias extensiones de tierras en ejidos cercanos a Mérida como Hunucmá, Ucú y Umán. Durante este periodo se identifican también cambios de destino promovidos por empresarios para distintos proyectos inmobiliarios, turísticos, agroindustriales. Por ejemplo, la construcción del Country Club de Yucatán sobre tierras del ejido de Chablekal y con inversiones de políticos yucatecos con gran poder, como Emilio Gamboa Patrón, asegura el documento del CCMSS.

https://www.sinembargo.mx/13-02-2021/3935589

A tres meses del 9N en Cancún, víctimas denuncian impunidad

Texto: Ricardo Hernández Ruiz / Foto: Mar Andrea Aldana / Pie de Página

Han pasado tres meses desde la represión a feministas en Cancún, Quintana Roo, que dejó como saldo tres personas heridas de bala, abusos y detenciones arbitrarias. Las víctimas siguen sin atención médica ni psicológica; el caso sigue en la impunidad, señala su abogado

CANCÚN.- El martes 9 de febrero, el Comité de Víctimas del 9N se manifestó frente a la Vicefiscalía General del Estado y, como cada mes desde diciembre pasado, realizaron un evento político-cultural para exigir la justicia que no llega.

En paralelo, la reportera Cecilia Solís, una de las personas que fueron heridas de bala aquel día, acudió a la mañanera en la Ciudad de México para pedir la intervención de la federación en el caso, ante la falta de avances a nivel local.

Presionada, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo emitió un comunicado en el que se informaba que se ejercitó acción penal en contra de 11 mandos policiales –el secretario, subsecretario y director de Seguridad Pública municipal, así como tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policiacos– por su probable participación en la represión, sin embargo, era información que ya se conocía desde el 13 de diciembre de 2020.

En el boletín se informó sobre las entrevistas, dictámenes periciales y análisis de videograbaciones y de decenas de armas de fuego; de las investigaciones realizadas por el organismo, que a Javier Sotelo Nava, representante legal de las víctimas, le parecen una burla.
Omisiones y parálisis de la justicia

Da un breve ejemplo del porqué: la Fiscalía nunca aseguró el lugar donde ocurrió la represión e inspeccionó el sitio solo hasta 23 horas después… y en apenas 12 minutos.

Lo anterior, dice, es apenas una de las irregularidades, obstrucciones a la justicia y de deficiencias de parte de las autoridades que la defensa de las nueve víctimas ha identificado al revisar el expediente y durante el proceso legal.

Desde mediados de diciembre pasado, la Fiscalía ejercitó la acción penal contra los 11 policías. Se fechó para el 22 de diciembre la audiencia inicial, donde un Juez de control les imputaría lo correspondiente y formularía las medidas cautelares. Llegó el día y uno de los policías no contaba con abogado, ni de oficio ni particular. Además, a los otros no se les había hecho llegar el expediente, por lo que la defensa no pudo prepararse.

“Eso se tuvo que revisar desde antes de la audiencia, no era posible que lo vieran hasta ese momento”, dice Sotelo en entrevista.

Así pues, la audiencia se difirió para el 8 de enero de 2021. Sin embargo, ésta tampoco se celebró porque los videos de los hechos, que el Ministerio Público había conseguido del C4, no habían sido compartidos con la defensa de las víctimas, alegando que no se contaba con el dinero para comprar dispositivos de almacenamiento temporal.

La audiencia se volvió a diferir, ahora para el próximo 23 de febrero.

Sotelo también muestra su descontento con los delitos imputados, pues solo se incluyeron lesiones, abuso de autoridad y robo, cuando también ocurrió una tentativa de feminicidio, privación de la libertad, violación sexual tumultuaria y demás agravios. Es así, asegura la defensa, porque se pretende concederles una condena muy menor a la que ameritan.
9N: Día de los hechos

Aquel 9 de noviembre, las mujeres de Cancún decidieron tomar las calles. Condolidas, entre lágrimas y caras desencajadas, más de 300 mujeres salieron a exigir un alto a la violencia feminicida y a clamar justicia para Alexis –una joven cuyo cuerpo fue encontrado en condiciones indecibles una noche antes en la periferia de la ciudad– y las demás asesinadas en el estado. Pero ocurrió algo que nunca esperaron: fueron recibidas a balazos por la Policía Municipal de Cancún, operativamente a cargo del Mando Único estatal.

Esa noche, algunos de los 78 elementos de seguridad que disolvieron la protesta retuvieron a siete mujeres, a quienes empujaron, les jalaron el cabello, robaron sus pertenencias, propinaron macanazos, golpes con escudos, arrodillaron, tocaron e intentaron violar en el interior del Palacio Municipal, según consta en la queja por violación a los derechos humanos. El uso desmedido de la fuerza pública también dejó como saldo otros tantos lesionados y tres heridos de bala: dos reporteros de la fuente policíaca y la propia Wendy Galarza.

Horas después de la represión, la presidenta municipal “Mara” Lezama, del partido Morena, difundió un video en sus redes sociales para eludir cualquier responsabilidad. Enfatizó que el gobierno estatal tiene el control de los policías municipales (y no el gobierno municipal), puesto que desde junio de 219 fue aprobada la adhesión al Mando Único. A la mañana siguiente, el gobernador panista Carlos Joaquín González reviró: fue el director de la Policía Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría, quien ordenó disparar.

Joaquín González “recomendó” separar a Santamaría del cargo en lo que se desahogan las averiguaciones previas, lo cual sucedió momentos después. A cambio, el gobernador hizo lo propio con Alberto Capella Ibarra, quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Este último permanece intocable, sin que lo hayan llamado siquiera a comparecer.

La defensa de las víctimas decidió ingresar una demanda administrativa en contra del gobernador, la alcaldesa y el fiscal, Óscar Montes de Oca, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo. Sin embargo, este órgano se ha negado a aceptarla.

Sotelo es conocido en Cancún por defender los casos más difíciles de abuso de autoridad padecidos por los más desprotegidos. Este es, tal vez, uno de los más relevantes de su carrera. No cejará en la defensa hasta ver, aunque sea, inhabilitados al gobernador y a la alcaldesa de Cancún, afirma.

La represión feminista en Cancún es la más grave: ONU-DH México

A decir de Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-Derechos Humanos en México, la represión policiaca contra feministas y reporteros ocurrida en Cancún, localizado en el Caribe mexicano, el pasado 9 de noviembre es el caso más grave de los últimos tiempos del país.

El saldo de aquel suceso fueron tres personas baleadas –dos reporteros y una manifestante–, una mujer violada y varias personas golpeadas y detenidas arbitrariamente, por la Policía Municipal de la capital turística de México.

En entrevista con Pie de Página, el representante del organismo internacional hizo un llamado a las autoridades locales a crear un ambiente seguro para las mujeres y de respeto a los defensores de los derechos humanos, así como cesar la estigmatización contra organizaciones civiles feministas.

Además, resaltó la importancia del debido proceso y de esclarecer los hechos para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia a la reparación y a la no repetición de actos violatorios de los derechos universales.

«Mientras haya impunidad no habrá garantías de no repetición», advierte Fernández-Maldonado.

Asimismo, ofreció asistencia técnica a las diferentes instancias de gobierno de la entidad para encontrar mecanismos de diálogo y prevención de hechos de violencia.

https://piedepagina.mx/a-tres-meses-del-9n-en-cancun-victimas-denuncian-impunidad/

Violencia e inseguridad en el servicio social de pasantes en Yucatán

Iris Ceballos / Diario de Yucatán
“Necesita que la viole para que se calme” le dijo el marido a la promotora que ayudaba a “Rosa”, pasante de la carrera de medicina, en las campañas de prevención de la salud que incluyen temas de anticoncepción y estudios de papanicoláu, entre muchos otros.

La frase cimbró a la estudiante, quien no se llama “Rosa”, pero aunque ya pasaron varios años del suceso prefiere guardar el anonimato cuando narra lo que le tocó vivir al realizar su servicio social en Chemax.

Pasante de la carrera de medicina en la facultad del ramo de la Uady, como todos los demás compañeros que quieren graduarse tuvo que realizar su servicio social durante un año. Fue asignada a la comisaría de Catzín en el municipio de Chemax.

“Rosa” cuenta que la clínica perteneciente al IMSS está en la orilla de la carretera y en ese entonces no contaba con reja.

Los habitantes del lugar, señala, eran personas conflictivas. En su mayoría los pobladores en el sitio tenían ideas machistas derivadas de la religión, se enojaban por los programas de uso de anticonceptivos, que como parte de su labor tenía que realizar, y no dejaban que las señoras fueran a realizarse las pruebas de papanicoláu, entre otras cosas.

La entrevistada comparte que contaba con varias promotoras, habitantes del lugar, que le ayudaban en la promoción de los programas para concienciar a la población y acudieran al sitio a hacerse los estudios de prevención necesarios.

Una de esas promotoras que era cercana a ella le contó un día que su esposo le dijo que necesitaba que la violaran (a la pasante) para que se calmara y dejara de hacer “esas cosas” (el trabajo de prevención de salud).

La confesión de la promotora le preocupó mucho, dice, pues la gente del pueblo era muy hostil con ella.

Ante la situación redactó las amenazas que había recibido, planteó las condiciones de la clínica que no contaba con una reja de protección y solicitó su cambio a otra clínica, pues tenía miedo de seguir ahí.

Luego entregó el documento a la Facultad de Medicina, el cual recibieron, pero nunca hicieron nada.
Viviendo con miedo

Espero que alguien de la Universidad fuera al sitio a ver la situación que vivía, porque es obligación que visiten los pueblos donde los pasantes hacen el servicio social para verificar que sean seguros y supervisar el trabajo de los alumnos, pero nadie se presentó antes ni después de que entregara el documento.

Ante la falta de respuesta y el temor que tenía, pues la conducta de los pobladores seguía siendo hostil y amenazante, optó por que alguien de su familia le acompañara en su estancia en el lugar.

Su hermana se convirtió en su compañera por un breve tiempo, hasta que la coordinadora del IMSS se enteró y le dijo que eso no estaba permitido en el reglamento bajo ninguna circunstancia, y le indicaron que su hermana debía irse, pues de otra forma la daría de baja y la sacaría del lugar.

“Rosa” expresa que dejar el sitio significaba no completar su servicio social; por tanto, nunca podría titularse y ejercer la carrera.

Eso es lo que obliga a los pasantes de medicina a quedarse en las clínicas que se les asignan a pesar de la inseguridad y las amenazas que muchas veces reciben, “si no lo hacemos es tirar seis años de nuestra vida a la basura”.

Lo que hizo entonces fue tomar todas las previsiones posibles, nunca andar sola en el pueblo, siempre estaba acompañada de alguna de las promotoras o señoras de la comunidad.

Cuando estaba sola en la clínica y alguien llegaba de noche a pedir una consulta, solo abría la puerta de madera y si se trataba de un niño, por ejemplo, le tomaba la temperatura a través de la reja, si no tenía fiebre le solicitaba a la mamá que regresara al día siguiente.

La gente del pueblo ya sabía que si estaba sola en la noche no abriría la puerta.

Unos cuatro meses antes que terminara su estadía en el sitio, en el IMSS mandó a ponerle reja a la clínica, no porque ella lo hubiera solicitado, sino porque estaba dentro de los planes de la institución. Por fortuna ninguna amenaza llegó a cumplirse, pero el trato de la mayoría de los pobladores siempre fue agresivo.

A lo largo de la carrera de medicina, sobre todo cuando ya están por terminar, cuenta que se comienzan a enterar de cosas que otros pasantes han sufrido durante el servicio social, amenazas de gente de los pueblos por diversas situaciones, intentos de violación e incluso supo de un estudiante al que le intentaron dar un machetazo.
Sonados casos

Hace cuatro meses a Karla, una joven pasante de medicina que realizaba su servicio social en Tahdziú, se le encontró ahorcada.

Ahora ese suceso toma nueva relevancia a raíz de que en Ocosingo, Chiapas, se diera a conocer el caso de Mariana, estudiante también de medicina a quien se encontró en las mismas circunstancias, pero se considera que no fue un suicidio, sino un homicidio.

No solo en el servicio social pasan cosas terribles, asegura, sino que viven situaciones penosas, incómodas y devastadoras en el internado; es decir, el año en el que realizan sus estadías en los hospitales, donde tienen guardias cada tres días y pasan 36 horas despiertos.

El trato que reciben por parte de los médicos es muy duro, “de brutos no nos bajan, por decir lo menos” y también hay agresiones.

Este período se vuelve tan pesado que muchos caen en depresión. “Tuve depresión ese año”, pero una de sus compañeras tuvo una depresión mayor, estaba medicada e iba dopada al hospital. Murió durante el año del internado.

Los padres de la joven trataron de hacer pasar el caso como una muerte súbita, pero se sabe que fue un suicidio, en este caso porque no soportó la presión del internado.

La Facultad de Medicina supo del caso en su momento y nunca hizo nada, indica.— IRIS CEBALLOS ALVARADO
Dificultades Estudios

“Rosa” comparte al Diario su experiencia como pasante de la carrera de medicina.
Tragedia en Tahdziú

“Rosa” cree que el caso de Karla debió investigarse más, “decir que fue suicidio es lo más fácil, pero no hubo una investigación a fondo y se le dio carpetazo”.
“Te abandonan”

A su decir, no hay las condiciones adecuadas, seguras, confiables y de respeto para hacer el internado y el servicio social. Deberían cambiarse muchas cosas, la Universidad debería involucrarse más porque a partir del sexto año, cuando inician el internado, de ahí brincan al servicio social, “se lavan las manos y abandonan a los estudiantes, se deslindan de cualquier cosa, te entregan a las instituciones de salud, pero no eres trabajador de ellos, así que no responden por ti”.

https://www.yucatan.com.mx/merida/violencia-e-inseguridad-en-el-servicio-social-de-pasantes-en-yucatan

Estudiantes de la FEU piden oxígeno, dentro de las nuevas medidas gubernamentales (Jalisco)

Foto: Eugenio Magaña – El Occidental

Víctor Chávez / El Occidental+

A las afueras de casa Jalisco, jóvenes integrantes de La Federación de Estudiantes Universitarios se manifestaron para que en las nuevas acciones se incluya #MásOxígeno para las familias con enfermos por Covid-19, de manera gratuita.

Piden que la solución se integre en la mesa de salud y en las nuevas opciones que ha planteado el gobierno de Jalisco para enfrentar durante los siguientes meses, al Covid-19, y que ya no incluyen los botones de emergencia. De momento no fueron escuchados.

Fue la tercera manifestación durante esta semana, segunda en Casa Jalisco, con la campaña Un Respiro para Jalisco.

Javier Armenta, presidente de la FEU, calificó como “una lástima” el hecho de que no fuera escuchada la petición “no es una medida para la federación, es un apoyo para todas las personas que no cuentan recursos para adquirir un tanque de oxígeno para sí o para familiares, enfermos de Covid-19.

Anunció, sin embargo, que no se darán por vencidos e insistirán para que no dependa de la capacidad económica de una persona o una familia, el hecho de que esta continúe con vida o no.

https://www.eloccidental.com.mx/local/estudiantes-de-la-feu-piden-oxigeno-dentro-de-las-nuevas-medidas-gubernamentales-frente-al-covid-19-6356796.html

Ejidatarios protestan por venta ilegal de tierras en Muxupip (Yucatán)

Reporteros Hoy

Mérida, Yucatán; 11 de febrero de 2021 (ACOM).- Unos 80 ejidatarios del municipio de Muxupip se manifestaron en el Tribunal Agrario Unitario de Mérida para exigir la devolución de mil 600 hectáreas de terreno que habrían sido vendidas de manera ilegal a 3 empresarios.

Los quejosos, quienes gritaban injurias y portaban pancartas de rechazo, afirmaron que la magistrada del tribunal, Isabel Ochoa, avaló la venta de dichos terrenos ejidales, aunque estos afirman que la asamblea en la que se haría la transacción no alcanzó el quórum necesario, por lo que esta no fue legal.

Santos Martín Mex, comisario ejidal de Muxupip, también denunció que dicha funcionaria anuló la elección que este ganó en octubre del año pasado, situación que los campesinos calificaron como un acto de corrupción.

Exigieron que las autoridades agrarias den marcha atrás a este proceso y señalaron que no es la primera vez que son presas de este tipo de artimañas. Insistieron en que dicho tribunal está al servicio de intereses obscuros.

Durante la protesta, los quejosos se enfrentaron a una persona a la que señalan como presunta orquestadora de los atropellos en contra del ejido, la cual intentó revirar, aunque al final tuvo que huir de los campesinos.

Se averiguó que un grupo de ejidatarios fue atendido en la dependencia federal para aclarar esta situación.

https://reporteroshoy.mx/noticias/ejidatarios-protestan-por-venta-ilegal-de-tierras-en-muxupip/

Fosas de Santa Rosa: Exterminio impune (Colima)

Foto: Ilustrativa

Redacción / Diario Avanzada

En estos primeros días de febrero se cumplieron dos años del descubrimiento de las fosas clandestinas de Santa Rosa, en un predio ubicado en esa comunidad de Tecomán aledaña al municipio de Armería.

El impacto de ese hecho lo produjo el hallazgo de 73 cuerpos de personas que habían sido asesinadas y fueron sepultadas ahí de manera clandestina, con el propósito de desaparecerlas.

Pero a pesar de que ya pasaron dos años del descubrimiento de ese campo de exterminio, el crimen múltiple permanece prácticamente impune. Ninguna autoridad, de ningún nivel ha respondido por este hecho ignominioso, empezando por el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez; el fiscal general de Estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, y las autoridades federales, cada una de ellas en el ámbito que les corresponde.

Con la indolencia que le ha caracterizado, el gobernador no ha mostrado interés en la situación de las víctimas de la violencia, a pesar de que fue su principal oferta de campaña; el fiscal se ha manejado entre el inmovilismo y la opacidad, pues ni siquiera es capaz de salir a dar la cara cuando han ocurrido situaciones graves en el estado, que desgraciadamente esto se da con mucha frecuencia; y las autoridades federales no muestran suficiente interés en Colima, pues sólo voltean a ver esta entidad cuando ocurren situaciones como la desaparición y asesinato de la diputada morenista Anel Bueno Sánchez o cuando fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz junto con su esposa.

En el caso de las fosas clandestinas de Santa Rosa, habría que precisar que su hallazgo ni siquiera fue resultado de una investigación seria y profunda de la Fiscalía, en la que se hubiesen aplicado técnicas de inteligencia, sino que fue un hecho derivado de la casualidad, cuando dos individuos fueron detenidos en flagrancia cuando llevaban secuestrada a una mujer y su pequeña hija en la cajuela de un vehículo y esa fue la hebra que condujo a la localización del panteón clandestino.

Sin embargo, dos años después no se ha tenido noticia de la detención de alguna otra persona implicada en las muertes de las 73 personas, además de todos los delitos adyacentes. Es de pensarse que en torno a esa masacre debe encontrarse implicada una organización criminal formada por muchas personas.

Hasta ahora sólo se tiene conocimiento de la sentencia condenatoria a uno de los detenidos, a quien el juez sancionó a 33 años y cuatro meses de prisión, acusado del delito de secuestro de la mujer y su hija. Nada relacionado con los secuestros, desapariciones, asesinatos e inhumaciones ilegales de las 73 personas cuyos restos fueron localizados en Santa Rosa.

La impunidad sigue ahí, arraigada en el sistema político, sin que exista claridad si es resultado de la ineptitud y negligencia de las autoridades responsables de investigar, procurar y administrar la justicia, o por la complicidad y colusión con la delincuencia.

Cualquiera de las dos situaciones trae consigo un nivel de gravedad.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=19826

Por hostigamiento sexual, exigen destitución de alcalde de Tototlán (Jalisco)

Foto: Twitter  @MaFernanda_GE

Redacción / El Diario NTR

Después de que se viralizó el caso de hostigamiento sexual por parte del alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, en contra de una trabajadora del Ayuntamiento, quien acudió a él para denunciar el acoso del que era víctima por parte de su jefe, las paritaristas exigen que lo inhabiliten del cargo y que no vuelva a ocupar un cargo de primer nivel, explicó Nancy Castañeda.

Además, exigen la aplicación del protocolo cero y que el acoso y hostigamiento sexual se consideren una falta grave.

“Tiene que servir de ejemplo, una para que lo inhabiliten del cargo, que lo quiten, pero que lo inhabiliten que no vuelva a ocupar un cargo de primer nivel, no podemos tener más agresores en el poder, dos, para que su jefe inmediato que fue el que lo acosó también se vete, tenemos un protocolo cero y una ley de servidores vamos haciéndolas vale”.

Nancy Castañeda, integrante del grupo de paritaristas, señaló que es inhumano lo que le hicieron a la trabajadora del ayuntamiento porque además de acosarla y hostigarla sexualmente le negaron su derecho a trabajar.

“Todo este hostigamiento sexual que le hace pasar a ella, y como la revictimiza diciendo que la denuncia ya no la haga, que no vaya a mayores, y que todavía le digan que sea ella la que se cambie de área como si la víctima fuera la que se tuviera que ir”.

Además, de que se inicie un juicio político en contra del alcalde de Tototlán, Sergio Quezada, Nancy Castañeda señaló que se busca que la Fiscalía de Jalisco reabra la carpeta de investigación y castigue a los funcionarios que la cerraron al considerar que no había hostigamiento en su contra a pesar de que la víctima contaba con pruebas de video y audio.

“Queremos que se vuelva a abrir la carpeta de investigación, pero que también se vaya en contra de los servidores públicos que incurrieron en cerrar su carpeta manifestando que no había hostigamiento a pesar de que ella tenía grabaciones”.

Acompañamiento legal y protección del estado”.

En Informativo NTR, Nancy Castañeda manifestó que ayer durante la clausura del Ayuntamiento de Tototlán otras mujeres se atrevieron a denunciar que fueron víctimas de acoso y hostigamiento, pero también hubo quien les gritó que se pusieran a trabajar.

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=162191

Denuncian a constructora Aldaba por daño ambiental en el arroyo Las Liebres (Guanajuato)

Ambientalistas piden parar la deforestación en el arroyo Las Liebres. Foto: Omar Ramírez

Joel Reyes Laura, 10 de febrero de 2021.
AM León Guanajuato
León, Guanajuato.- Arboristas denuncian un daño ambiental de gran impacto en el arroyo Las Liebres, señalan que constructoras inmobiliarias han afectado periódicamente los árboles en la zona para instalar una vía de acceso que conecte con el bulevar Vicente Valtierra.

Deforestación y suicidio ecológico son acciones que se han venido ejecutando por al menos 10 años en este arroyo, acusó la Fundación de Rescate Arbóreo (FURA).

Jonathan Palomino, miembro de FURA y también custodio ambiental por parte de la Conagua, indicó que el daño ocasionado a la vida verde de la zona ha provocado la muerte de decenas de árboles.

“Con máquinas que meten al arroyo han erosionado la tierra, eso expone las raíces de las especies y su inminente muerte a sabiendas de que es una zona protegida urbana.”

Mencionó que trabajadores de la inmobiliaria Aldaba trabajan por las noches y madrugadas para talar árboles y sacar tierra del cuerpo de agua Las Liebres.

“Aquí hay especies arbóreas aún vivas que tienen hasta 100 años, son un tesoro para León y está a punto de perderse todo esto.”
“La lucha por proteger y parar este ecocidio tiene años, el problema pasa de administración en administración y no se resuelve nada, el Municipio sigue sin apoyar con el pretexto de que como es arroyo pasa a ser competencia de la Federación”, sentenció Jonathan.

La Fundación de Rescate Arbóreo señala que el problema de deforestación en el arroyo Las Liebres tiene al menos 10 años. Foto: Omar Ramírez

Respecto a si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya tomó acción, el ambientalista indicó que ya se presentaron en el lugar y se hizo un estudio de los daños, sin embargo, comentó que la autoridad federal no puede hacer mucho hasta que se detecte actividad directa de la constructora en dicho arroyo.
En respuesta a esta denuncia, la Dirección de Medio Ambiente de León informó ayer que ya se levantaron dos folios para atender esta problemática, misma que se turnará a dependencias federales, Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Leon-Guanajuato-Denuncian-a-constructora-Aldaba-por-dano-ambiental-en-el-arroyo-Las-Liebres-20210210-0001.html

“De aquí no nos vamos a mover”: Familiares de desaparecidos realizan plantón en IJCF para exigir se acelere la identificación forense (Jalisco)

Foto: Zona Docs

Por la falta de resultados en las confrontas genéticas entre las tomas de ADN de familiares de desaparecidos y las obtenidas de los cuerpos de personas fallecidas no identificadas, pero sobre todo por el calvario que implica el recuperar el cuerpo de sus familiares luego de identificarlos, integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) realizan un plantón permanente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que no se moverá hasta que esta instancia y la Fiscalía del Estado de Jalisco realicen acciones urgentes para superar la crisis forense.

Christian Cantero / Zona Docs

Mujeres integrantes del colectivo Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) se manifestaron frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para reclamar y ejercer presión para la pronta identificación de las personas fallecidas no identificadas que están bajo el resguardo del IJCF y la Fiscalía del Estado de Jalisco; anunciaron que, además, permanecerán en un plantón permanente hasta que se realicen acciones urgentes que permiten la entrega de los cuerpos de quienes ya han sido identificados 

Guadalupe Aguilar, vocera de FUNDEJ, comunicó: “Estaremos aquí día y noche hasta que se nos dé una respuesta a nuestras peticiones”, las cuales recalcaron como “exigencias factibles de llevar a cabo (…), así que queremos que quede claro que no estamos aquí por gusto, estamos aquí porque los amamos”.

Entre las exigencias del colectivo de familiares de personas desaparecidas están la realización inmediata de las confrontas genéticas entre el ADN que les han tomado como familiares y el ADN de las personas fallecidas no identificadas bajo resguardo de la autoridad; así como la publicitación de dichos resultados para que familias puedan recuperar a su ser querido desaparecido; también piden que se contrate a personal capacitado para hacer estos trabajos; por ejemplo, peritos, genetistas, médicos y antropólogos forenses, pues esto ayudaría a la pronta identificación de los cuerpos  segmentados que en los últimos años han sido localizados en fosas clandestinas.

“Desafortunadamente, la delincuencia nos los ha entregado en segmentos, nos están haciendo sufrir más, cada día, y si alguno de ellos nos escucha, les pedimos que, si ya nos los mataron, nos los dejen donde los podamos encontrar, porque a ustedes también los busca su mamá” manifestó Guadalupe Aguilar de FUNDEJ.

Conforme a los datos presentados, el pasado 29 de enero de 2021, por la Secretaría de Gobernación, Jalisco concentra el 40% de todos los cuerpos de personas fallecidas no identificadas que se han localizado en fosas clandestinas en los últimos dos años.

Los municipios con más exhumaciones de cuerpos o partes de éste son: El Salto (189 cuerpos), Tlaquepaque (88) y Zapopan (46).

Esta dura realidad se materializó en la manifestación en la carpeta que Guadalupe Aguilar mostró con las hojas de las integrantes de FUNDEJ que ya localizaron a sus desaparecidos tras el hallazgo de las fosas y que, sin embargo, no han sido entregados a sus familiares.

“Todas estas (hojas dentro de una carpeta) ya encontraron un resto de sus hijos, ya tienen la certeza de que están muertos y que están aquí, pero aún no se los entregan, pues les falta que conformen todo el cuerpo, ya que la delincuencia nos los está dejando en segmentos. Entonces, ya identificaron un segmento o dos o tres, y nosotras les estamos ayudando” explicó Guadalupe al remarcar la relevancia que tiene el proceso de “confronta”.

“Pero, el Instituto no nos da respuesta en cuanto al ADN y a las confrontas ¿por qué no nos dan respuesta? Adjudican falta de personal, pero principalmente porque no tienen una base de datos, eso no lo dicen ellos, eso no lo digo yo porque lógicamente, si tuviesen una base de datos nada más sería confrontar con todo, pero esa base de datos no existe, por lo tanto les cuesta más trabajo hacer las confrontas y darnos una respuesta de genética”.

Además explicó que es necesario llegar a un acuerdo entre la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues todas estas instituciones deben trabajar de manera coordinada y siempre con las familias de las y los desaparecidos al centro.

“Las autoridades tienen mucho que ver también en la revictimización que se está haciendo a todas las señoras… porque aún cuando ya están a punto de que van a entregar un cuerpo, nos la hacen cansada en Fiscalía, porque no es posible que ahí haya casi tres mil cuerpos y no sepan de quiénes son, y nosotras busque y busque (…) Exigimos una mesa de diálogo para respuestas contundentes porque no estamos aquí por gusto, estamos aquí porque tenemos desaparecidos” puntualizó Guadalupe Aguilar.

¿Por qué no nos entregan los cuerpos de nuestros familiares?

Guadalupe Gallardo identificó el cuerpo de su hermano hace un poco más de dos meses, pero debido a las largas que le dan y al entorpecido proceso entre la Fiscalía del Estado de Jalisco y el IJCF no le ha sido posible recuperar el cuerpo de su hermano.

“A mi hermano lo identifiqué por su ropa, por sus cadenitas y después fue positivo y supimos que era él, pero no hay respuestas claras… no sabemos el por qué no nos lo entregan. Es una cosa muy fea saber que él está aquí y no nos lo entregan, llegar a mi casa y decirle a mi madre que todavía nada, porque te dan esperanzas, pero no pasa de ahí”.

Esto lo precisó Guadalupe quien decidió unirse con FUNDEJ al platón porque ya desea darle paz a su madre y familia.

“Hoy estoy en este plantón estoy para exigir que ya me entreguen a mi hermano, yo sé que ya está aquí, pero con las confrontas todavía no tenemos respuesta de cuándo nos lo vayan a entregar; nada más nos dicen que está en proceso y que vente en quince días, vente en quince días, y pues de quince en quince así nos traen” explicó

El hermano de Guadalupe es Juan de Dios Gallardo Pérez, él fue desaparecido el 16 de julio de 2020 en la colonia Ermita en El Salto, Jalisco.

Esta terrible circunstancia también la padece Consuelo Martínez; ella está buscando a su hijo desaparecido, pero hace un poco más de un año lo encontró e identificó entre los cuerpos resguardados en el SEMEFO del IJCF; sin embargo, es fecha que no logra recuperar su cuerpo porque le hace falta los resultados de la Dirección de Genética del IJCF.

“Nosotras ya sabemos que es tardado, pero no tanto, yo tengo confronta de la cabeza y un brazo desde el 14 de agosto, y hasta ahorita (6 meses después) no ha salido el resultado”.

El cuerpo de su hijo llegó al ICFJ el 30 de enero del 2020; desde, entonces, ha comenzado un duro peregrinar para recuperar el cuerpo de su hijo.

“Me dijeron que iba a ser tardado, de tres a cuatro meses, pero ya es más de un año. Yo no he dejado de venir, yo vengo cada ocho días, pero las excusas que nos dan son: todavía no hay nada, no se desespere” y, últimamente, dicen que es por culpa del COVID-19… que, porque están incapacitados, que les hace falta gente, porque la mayoría eran personas adultas y las tuvieron que descansar. Yo soy diabética e hipertensa y aquí estoy”.

De su hijo, a la fecha, tiene ya identificados un brazo, la cabeza, el torso y los pies, pero a pesar de ello dicen que se los entregarán hasta que esté completo:

“Ya es mucho, un año y no me entregan a mi hijo, todavía en las condiciones que se encontró, y permanecer un año aquí, es muy desgastante, el dolor es mucho, sólo quiero que me lo den para darle santa sepultura, tener un lugar a donde llorarle, no aquí”.

El hijo de Consuelo se llama Salvador Guadalupe Munguía Martínez fue desaparecido el 21 de octubre de 2019.

Por su parte, Silvia Ramos busca a su hija Tania Marita Francine Chávez Ramos, de 25 años, quien fue desaparecida junto a su pareja el 5 de marzo de 2020 en la colonia Villas de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga.

Para el día 7 de Marzo, el cuerpo de la pareja de su hija ya estaba en el IJCF, pero no fue hasta el mes de junio que, preguntando, ella se enteró: “a él ya lo sepulté, ya sólo queda encontrar a mi hija”, pero de ella, en la Fiscalía nunca tiene avances: “yo les hablé para decirles que ya había enterrado a mi yerno, me dijeron que ni se acordaban”.

Desde el primer día que su hija fue desaparecida, levantó denuncia, hizo los trámites correspondientes y acudió a hacer su registro de ADN en la Dirección de Genética del IJCF, pero no hay noticias de sus resultados

“En el instituto sólo dicen que hay personas que han traído en bolsas, pero tienes que esperar a que salga la prueba de genética. Mi hija tiene 11 meses desaparecida, pero las madres nunca se cansan, yo la busco porque la amo y no me voy a detener hasta encontrarla” dijo la señora Silvia.

Las madres, familiares e integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, han comunicado que se van a quedar a las afueras del IJCF hasta que sea necesario, lo que esperan, como lo precisaron en su comunicado, es incidir en la identificación de los más de tres mil cuerpos de personas fallecidas no identificadas que están bajo el resguardo del IJCF y la Fiscalía del Estado de Jalisco; así como agilizar la entrega de quienes ya han sido identificados, pues lo que les hacen vivir por meses o años es un calvario. 

https://www.zonadocs.mx/2021/02/10/de-aqui-no-nos-vamos-a-mover-familiares-de-desaparecidos-realizan-planton-en-ijcf-para-exigir-se-acelere-la-identificacion-forense/

Acción Urgente. Denuncia comunidades indígenas pertenecientes a Cuatro Venados, Oaxaca.

A los medios de comunicación
A los medios Libres e independientes
Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

9 de febrero del 2021

Nosotras, nosotros, comuneros y vecinos de la localidad el Rebollero, Rio Minas y Paraje
los Arquitos, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, nos
declaramos en Alerta Máxima.

Este 9 de febrero, aproximadamente 2 de la tarde, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacarnos.

Estas personas descendieron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo, estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero, el ataque armado duró unos 20 minutos aproximadamente, lo más
preocupante es que siguen llegado personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas
entre la maleza en el río. Nuestras familias están preocupadas de que pueda haber un baño de sangre en nuestras comunidades, ya que hay rumores que quieren nuevamente atacar a la comunidad como ocurrió el 31 de mayo de 2019. En esta fecha se internaron en nuestros territorios más de 500 personas derribando con trascabos nuestras casas, quemando el maíz y robando nuestro ganado. De la misma forma, todos iban armados con armas de grueso calibre.
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, ya que más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros. Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Título 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013. Estas tres concesiones tienen por objetivo explotar principalmente oro y plata.

Sabemos que quieren neutras tierras para venderlas, de la misma forma el agua. Dejamos
claro a los tres niveles de gobierno que vamos a defender la memoria y dignidad de nuestros abuelos que han luchado y defendido este territorio.

Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos.
¡Nunca más un México sin nosotros¡

https://www.congresonacionalindigena.org/2021/02/09/accion-urgente-denuncia-comunidades-indigenas-pertenecientes-a-cuatro-venados-oaxaca/

Por falta de recursos, Cruz Roja anuncia la suspensión temporal de sus servicios en Tuxtepec (Oaxaca)

Proceso / Pedro Matías.

El Consejo Directivo de Administración hizo un llamado a los gobiernos estatal y municipal de Tuxtepec, así como de los municipios circunvecinos, a la IP y a la ciudadanía, para que “juntos rescatemos a nuestra benemérita institución a través de sus aportaciones económicas”.

OAXACA, Oax. (apro).- Después de 48 años de servicio, la Cruz Roja Mexicana en Tuxtepec anunció la suspensión temporal de sus servicios en esa región del estado de Oaxaca, ante la falta de recursos para solventar los gastos e insumos mínimos, confirmó el Consejo Directivo de Administración de la institución.

En un comunicado precisó que a partir de este miércoles 10 dejan de brindar a la población actividades operativas de ambulancias, que realizaban las 24 horas del día los 365 días del año.

La presidenta del Consejo Directivo de la Cruz Mexicana delegación Tuxtepec, Libby Margarita Ahuja Sánchez, detalló: “Con mucha tristeza y preocupación comunicamos al gobierno estatal, municipal, a los ayuntamientos circunvecinos y a la ciudadanía en general (la suspensión de actividades)”.

Y es que, debido a la crisis económica que sufre la institución, ya no se cuenta con el recurso para poder solventar gastos como: gratificaciones a paramédicos, gasolina, energía eléctrica, teléfono, papelería, mantenimiento de unidades e insumos médicos que se utilizan en los servicios de auxilio.

El Consejo Directivo de Administración hizo un llamado a los gobiernos estatal y municipal de Tuxtepec, así como de los municipios circunvecinos, a la Iniciativa Privada y a la ciudadanía en general, para que “juntos rescatemos a nuestra benemérita institución a través de sus aportaciones económicas”.

Tras mencionar que con las actividades que realizaron en los últimos meses lograron cubrir lo necesario hasta este momento, recalcó: “Sabemos que las condiciones actuales no son favorables, pero seguros estamos que contaremos con ustedes para poder tener este servicio de vida en nuestra comunidad”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/10/por-falta-de-recursos-cruz-roja-anuncia-la-suspension-temporal-de-sus-servicios-en-tuxtepec-258012.html

Detectan privatización de más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales en la Península de Yucatán

Pablo Puerto / Yucatán a la Mano

En por lo menos 30 años, más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, revela el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

La investigación evidencia los mecanismos que han permitido que estas tierras hoy estén en manos privadas; además, demostró que un enfoque de la seguridad jurídica privilegia al sector empresarial, aunado al uso fraudulento de la Ley Agraria por parte de una “mafia agraria” integrada por funcionarios y empresarios que ha permitido la apropiación de tierras de uso común, parcelas ejidales y terrenos nacionales, en detrimento de la población maya y campesina de la región, señala el informe.

De acuerdo con el documento, desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada.

Aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial).

“La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales, que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial, ha sido promovido por una ‘mafia agraria’ con capacidad económica suficiente para sortear restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”, afirmó Gabriela Torres-Mazuera, quien realizó el informe en colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet.

A su vez, el texto, señala que la conversión a dominio pleno, es decir propiedad privada individual, tanto de parcelas ejidales certificadas como de los terrenos nacionales, así como el parcelamiento de tierras de uso común, son procesos de privatización y mercantilización y, en muchos casos, de despojo de las tierras de propiedad social y pública, promovidos de manera muy activa por diversos actores, entre los que destacan aquellos pertenecientes al sector empresarial que actúa coordinadamente para apropiarse de dichas tierras de gran valor comercial.

El documento, según sus autores, describe las estrategias de apropiación y acumulación de las tierras ejidales en la Península de Yucatán, a partir de un conjunto de casos ampliamente documentados.

Entre los procesos de privatización ejidal que analiza están: el programa Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares), que abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus terrenos -incluidas aquellas que tenían cubierta forestal-, debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”; la operación de una “mafia agraria”, integrada por funcionarios de la Procuraduría Agraria, los gobiernos estales y empresarios, que lograron un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos de parcelamiento a través de asambleas ejidales que fueron rápidamente inscritas en el Registro Agrario Nacional, gracias a lo cual ejidos de enorme valor comercial se privatizaron: Isla Holbox, Península Holbox, Tulum, Playa del Carmen, entre muchos otros; asimismo, la creación de nuevos asentamientos humanos para evadir las restricciones de la Ley Agraria y el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la división de ejidos para crear nuevos núcleos agrarios como simulación legal de la venta de tierras de uso común; la creación de Sociedades de Producción Rural, con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a las tierras ejidales, y la expropiación de tierras, mecanismo utilizado por los gobiernos para impulsar el desarrollo de megaproyectos.

Si bien, algunos ejidatarios han participado y avalado estos procesos, “el control empresarial abusivo ejercido por la ‘mafia agraria’ entre 2012 y 2018 comenzó a generar molestia, por lo que a partir del año 2016 comenzaron a surgir resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras”, precisó CCMSS.

Para Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la resistencia viene no sólo de parte de los propios ejidatarios, sino también de los habitantes de los núcleos agrarios sin derechos, quienes pierden sus medios de vida con la continua privatización de las tierras.

“La privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y para México como país. Por un lado, los ejidatarios y sus familias pierden su patrimonio más preciado a cambio de un dinero que se gasta rápidamente; por otro lado, están las personas avecindadas y residentes, es decir: jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este sector de la población ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales, cuya venta les deja casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, afirmó.

Ante esta problemática, se requiere una respuesta contundente, bien articulada en una nueva política nacional agraria por parte del gobierno actual. Esta política debe ponerle un alto total a la “mafia agraria”, revertir procesos ilegales de privatizaciones de las tierras de uso común ejidal y fortalecer a los núcleos agrarios y su gobernanza interna, concluyeron.

Fuente: Jornada Maya

https://www.yucatanalamano.com/detectan-privatizacion-de-mas-de-500-mil-hectareas-de-tierras-ejidales-en-la-peninsula-de-yucatan/

Críticas contra el Tren Maya, por el planeta y empleos

Diario de Yucatán
El Tren Maya ofrece un viaje al desarrollo, pero también despierta críticas entre expertos y pueblos originarios por el temor a una mayor explotación medioambiental y laboral, afirma EFE.

El Tren Maya, cuya construcción empezó en junio de 2020, recorrerá a partir de 2023 casi 1,554 km en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El gobierno estima una inversión total de más de 6,294 millones de dólares para la obra, de los que este año se ejecutarán 41,852 millones de pesos (más de 2,092 millones de dólares), y la creación de 80,000 empleos con la construcción de los primeros cinco tramos (de siete).

A este estimado, se añadirían 715,000 nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150,000 empleos asociados en la economía rural, para totalizar casi un millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Esta entidad de la ONU igual anticipó un alza de 28% de la población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas empleadas serán de comunidades indígenas.

“Para el gobierno es progreso, es desarrollo y eso significa más trabajos y más urbanización. Para nosotros, como mayas, eso implica que otra vez nos ven como mano de obra barata, implica especulación de la tierra y, por lo tanto, despojo”, expresa Alberto Velázquez, de la asociación civil Indignación.

Velázquez cuestiona la calidad de los trabajos que tendrán los pobladores originarios: “Van a ser los que limpien los hoteles, los restaurantes, meseros. Van a ser básicamente, como dicen los compañeros, la gente que va a limpiar la mierd… de los turistas”, afirmó el antropólogo de origen maya.

El Tren Maya ha despertado la oposición de un sector de los pueblos originarios mexicanos, como el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno al anunciar un “combate contra los megaproyectos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación (de México) pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso”, denunciaron.

Aunque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), creado por López Obrador, avaló la consulta pública, asociaciones civiles han conseguido recursos legales contra nuevas obras en tramos de Campeche y Yucatán por argumentar que las manifestaciones de impacto no estaban listas.

“Hubo bastantes deficiencias. ¿En qué sentido? Para empezar, el proceso de consulta para nada ha sido acordado con los pueblos, fue unilateralmente el gobierno diciendo en qué fecha, en qué lugares, en qué tiempos, en qué modo”, aseguró el integrante de Indignación, que obtuvo uno de los amparos.

La obra del Tren Maya también ha despertado críticas porque las Fuerzas Armadas construirán los tramos 6 y 7, además de crear una empresa para operar tres tramos que irán de Tulum, Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas.

A nivel geopolítico esto es “extremadamente preocupante”, expuso el investigador Sergio Prieto, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

“Parece un intento desesperado por seguir adelante, por seguir avanzando en un proyecto que debería estar mucho más pensado y más consensuado con las poblaciones de la región”, indicó el experto en megaproyectos, migración y territorio.

El académico observó que la presencia del Ejército podría intimidar a los pueblos originarios que se oponen a la obra.

También señaló que se enmarca en el contexto de la movilización de la Guardia Nacional, un cuerpo policial-militar creado por López Obrador, para la detención de centroamericanos.

“Hay una relación entre la multiplicación de estos grandes megaproyectos y las políticas de detención y control de migrantes en la frontera sur”, señaló Prieto, quien considera que el tren “extiende las fronteras de influencia de México”.

Pero Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), institución encargada del proyecto, defiende la participación de los militares por su eficiencia en la ejecución de obras, la soberanía y la seguridad nacional.

“Lo que el Presidente quiere es darle una parte también, hay una zona que es muy caliente, que es la que está pegada a la frontera con Guatemala, en esa zona hay mucho narco, hay mucho tráfico de personas, de ganado, de armas”, indicó.

De un vistazo
Crecimiento poblacional

Según Fonatur, con la llegada del Tren Maya, en 2030 habrá 17.3 millones de habitantes en el sureste de México, casi 13 de cada 100 personas del país, una tasa de crecimiento anual del 2% adicional a la esperada.
Expulsión y desplazamiento

Para el investigador Sergio Prieto, se expulsará y desplazará a comunidades de la zona, y las suplirán núcleos de empresarios y personas que buscan empleo.

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/criticas-contra-el-tren-maya-por-el-planeta-y-empleos?utm_source=vuukle&utm_medium=talk_of_town

Fonatur no acata un fallo del Tren Maya, denuncian

Diario de Yucatán

Desde el momento de la notificación de que el Tribunal Colegiado desechó por infundada la queja de Fonatur contra el amparo que interpuso la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal por falta de información y por usar un Manifiesto de Impacto Ambiental incompleto, desde ese momento la dependencia debió parar la obra en toda la vía, porque como se ve en los hechos está realizando obra nueva en toda la ruta, indicó Pedro Uc Be, integrante de esa organización.

“Ellos siguen trabajando, a pesar del amparo”, se quejó. “Usan como trampa que no están construyendo, sino rehabilitando. En teoría no deberían de hacer nada en las vías del Tren Maya, debería de estar parado todo trabajo, pero no es así”.

“Es vaga esta resolución. No nos da mucha alegría, no es una sentencia contundente, pero justamente porque el Poder Judicial federal y el Poder Legislativo están sometidos a la autoridad del Poder Ejecutivo federal. Es triste que pase esto porque siempre hemos sido víctimas del autoritarismo, no respetan nuestros derechos”, dijo.

“Nosotros vamos a esperar a ver qué hace el juez, le va a doler si no acatan su sentencia y le vamos a exigir que haga valer su autoridad. Nosotros decimos abiertamente y con firmeza que hay consigna del presidente (Andrés Manuel López Obrador) para que se realice el Tren Maya a como dé lugar, aun pase sobre los derechos de los mexicanos y de los pueblos originarios. Hay un autoritarismo detrás del Tren Maya, hay una fuerza política para hacer lo que se le antoje al presidente, a pesar de la inconformidad y el daño que le ocasiona a los pueblos indígenas”.

El activista informó que este amparo (21/2021) es nuevo. Lo promovieron en diciembre de 2020 porque Fonatur no presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental con información completa y con el sustento ambiental ante la Semarnat y aún así realiza los trabajos.— Joaquín Chan Caamal

Con todas las dudas que crea el proyecto por la falta de información, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya solicitó al Inaip copia de la MIA de los tramos, pero sólo

presentó uno y con información incompleta. Con estos elementos promovieron el amparo que les dio la razón en esta primera instancia y que demostró que Fonatur engaña a la ley y trabaja en forma ilegal. Fonatur impugnó esta sentencia de suspensión para tratar de invalidarla,, pero su queja fue desechada por infundada.

“Fonatur no tiene argumentos para contradecir la verdad que estamos presentando”, dijo Pedro Uc en la entrevista. “Este amparo no es sólido, falta la sentencia definitiva y como en este gobierno federal el sentido de la ley se estira y encoge, puede cambiar. Fonatur se escuda y da informes de que no construye, sino rehabilita y modifica las vías del tren existentes, entonces el amparo no es contundente para suspender toda la obra que realiza. No es cierto que solo rehabilita, realiza nueva construcción en toda la vía porque hasta en la MIA hablan de construcción, no de rehabilitación. Ellos mismos se contradicen y la realidad es que es una construcción nueva a todas luces. El amparo solo dice que se concede para suspender obra nueva y esto da lugar a un juego de palabras y de interpretación. Se necesitaría un perito en construcción para acreditar si lo que hace Fonatur es construcción o rehabilitación”.

Se le preguntó si las fotografías o vídeos de los trabajos no son pruebas documentales para acreditar que es obra nueva y respondió: No se puede con fotografías, solo con peritaje que tiene valor legal, es lo que determina el juez. Nosotros sabemos y vemos que todo es obra nueva, no es una rehabilitación o modificación, todo, absolutamente todo es obra nueva. Es como si se dinamitara una casa antigua en un terreno y luego se construye una casa nueva, eso es lo que hace Fonatur con las vías ferroviarias, es obra nueva, pero el gobierno federal insiste que es rehabilitación”.

https://www.yucatan.com.mx/merida/fonatur-no-acata-un-fallo-del-tren-maya-denuncian

El asesinato de Julián Carrillo, un patrón de agresiones contra la comunidad rarámuri (Chihuahua)

Integrantes de la Fiscalía de derechos humanos en Chihuahua testificaron ante el tribunal por los homicidios del activista Julián Carrillo y su hijo, y advirtieron que esos crímenes son parte de agresiones constantes a la comunidad que defiende su territorio de la tala ilegal

Texto y foto: Jaime Armendáriz / Raíchali

CHIHUAHUA.- A dos días de iniciado el juicio contra Feliciano Q. M. por el homicidio del activista Julián Carrillo y su hijo Víctor, ocurridos en octubre del 2018 y febrero del 2016, respectivamente, se han presentado elementos para demostrar que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de agresiones desde el crimen organizado contra la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.

Las audiencias se realizan en una sala en Parral. Por ahí han pasado hasta el momento a testificar dos analistas de contexto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, y 2 integrantes de la comunidad.

Los primeros presentaron durante el martes una investigación de contexto ante los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, para explicar que los homicidios y otras agresiones se derivan por la defensa de la tierra que han realizado los habitantes, entre ellos Julián Carrillo.

Además, advirtieron que existe un patrón en esos hechos violentos: cada vez que se emite una resolución judicial que beneficie a la comunidad o perjudique a las personas que intentan despojarlos de la tierra, se registra una agresión.

Esto coincide con una cronología realizada por Amnistía Internacional en 2019 en un informe en el cual condenó al Estado Mexicano por no haber protegido a Carrillo.

En el 2007 la Semarnat dio un permiso para talar el bosque de Coloradas de la Virgen. A partir de ahí los indígenas y autoridades tradicionales exigieron anular los permisos y en 2013 se intensifican agresiones contra abogados de los líderes rarámuri.

En 2014 Julián Carrillo y otros defensores de la tierra recibieron medidas de protección. Un año después el Tribunal Agrario suspendió los permisos para talar el bosque y como reacción la casa de Carrillo fue quemada y su hijo, asesinado; además de otros 4 defensores en 2016.

Para mayo del 2018, luego de varios recursos legales, el Tribunal Agrario solicitó reiniciar el proceso de los permisos de tala, y 2 meses después asesinaron al yerno de Julián y éste último salió del estado, a donde volvió en octubre siguiente y fue asesinado.

Durante esa lucha no solo la familia de Carrillo ha tenido que salir de Coloradas de la Virgen, sino que hay el registro de por lo menos otras 60 personas más.

Reparar el daño a una comunidad

Con este juicio no se busca solo una sanción para el imputado, sino que exista una reparación integral y que se entienda la dimensión de las afectaciones. Que se reconozca a la comunidad y que en una de las medidas de satisfacción se reconozca la lucha de Julián y como eso llevó a las agresiones, subrayó Ruth Fierro, directora del Cedehm.

Aparte, dijo, es necesario que al finalizar este proceso, el Estado garantice el retorno seguro de las personas desplazadas.

Testigos temen agresiones por el vínculo del detenido con el crimen organizado

Para este miércoles 03 de febrero, en el segundo día del juicio, acudió un testigo de identidad reservada y otro más como integrante de la comunidad. Ambos narraron ante los jueces los daños que han sufrido por un grupo del crimen, y declararon tener conocimiento de los homicidios de Julián y su hijo.

Pero también externaron el temor que les representa estar denunciando ante el tribunal, ya que en una parte relevante de las audiencias se ha vinculado al imputado con un grupo delincuencial.

El juicio todavía tendrá más testimonios y en la parte final la defensa del detenido presentará a 3 personas. El proceso podría durar entre 2 semanas a un mes.

Feliciano es la segunda persona que va a ser juzgado en el caso específico de Julián. El año pasado se estableció una sentencia de 2 años a un menor de edad detenido por el homicidio; se encuentra bajo custodia de un albergue para menores infractores.

Homicidio de Julián Carrillo, un patrón de agresiones a la comunidad, advierten ante jueces

 

Urgente: Atacan nuevamente con armas de fuego a comuneros de Cuatro Venados, Oaxaca

Avispa Midia / Ñaní Pinto.


Niña de Cuatro Venados cuidando sus chivos. Foto por Santiago Navarro F.

Aproximadamente a las 2 de la tarde de este 9 de febrero, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacar a los vecinos de la comunidad San Pablo Cuatro Venados, específicamente en los parajes “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca.

“Campesinos que en esos momentos se encontraban pastoreando su ganado en el área que conocemos como los platanares y loma de costales fueron agredidos con armas de fuego. La agresión la hicieron aproximadamente 20 personas que bajaron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo”, explican los agredidos, quienes se encuentran resguardados.

Los habitantes de esta comunidad aseguran en un comunicado que, “estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero”, y que el ataque armado “duró unos 20 minutos aproximadamente”.

Los atacantes se han internado entre la vegetación de la comunidad y hasta las 17 horas de este día 9 de febrero los habitantes de esta comunidad afirman que, “personas extrañas siguen llegando y se están internando en entre la vegetación”, dijo uno de los habitantes, que por seguridad prefirió mantenerse en el anonimato.

En el comunicado que han lanzado estos comuneros afirman que están en “alerta máxima”, ya que hay rumores de que pueden atacarlos como sucedió 31 de mayo de 2019, cuando más de 500 personas armadas y con trascabos derribaron sus viviendas y quemaron sus cosechas. “Lo más preocupante es que siguen llegado otras personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas entre la maleza en el río”, denuncian en el comunicado.

Sepa más – Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras y el documental Cuándo los Coyotes Aúllan

Estos comuneros responsabilizan a los tres niveles de gobierno por lo que pueda ocurrirles. “Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno ya que, más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros”.

Para entender el Contexto, lea ⇒ Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras

Los comuneros advierten que parte de los intereses por sus tierras, es la explotación de oro y plata, así como el agua que nace entre sus montañas. “Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Titulo 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013”, dice el comunicado.

El 31 de mayo del 2019, tras el ataque a esta comunidad, un equipo de Avispa Midia contabilizó 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rosearon gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares de donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua, todo lo que pudieron.

Ver comunicado completo de la comunidad:

Acción Urgente. Denuncia comunidades indígenas pertenecientes a Cuatro Venados, Oaxaca.

A los medios de comunicación
A los medios Libres e independientes
Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

9 de febrero del 2021

Nosotras, nosotros, comuneros y vecinos de la localidad el Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, nos declaramos en Alerta Máxima.

Este 9 de febrero, aproximadamente 2 de la tarde, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacarnos.

Estas personas descendieron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo, estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero, el ataque armado duró unos 20 minutos aproximadamente, lo máspreocupante es que siguen llegado personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas entre la maleza en el río. Nuestras familias están preocupadas de que pueda haber un baño de sangre en nuestras comunidades, ya que hay rumores que quieren nuevamente atacar a la comunidad como ocurrió el 31 de mayo de 2019. En esta fecha se internaron en nuestros territorios más de 500 personas derribando con trascabos nuestras casas, quemando el maíz y robando nuestro ganado. De la misma forma, todos iban armados con armas de grueso calibre.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, ya que más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros. Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Título 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013. Estas tres concesiones tienen por objetivo explotar principalmente oro y plata.

Sabemos que quieren neutras tierras para venderlas, de la misma forma el agua. Dejamos claro a los tres niveles de gobierno que vamos a defender la memoria y dignidad de nuestros abuelos que han luchado y defendido este territorio.

Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos.

¡Nunca más un México sin nosotros¡

https://avispa.org/urgente-atacan-nuevamente-con-armas-de-fuego-a-comuneros-de-cuatro-venados-oaxaca/

Ni la pandemia frena violencia feminicida en Oaxaca; son 329 casos en el gobierno de Murat: Consorcio

Página 3 / Pedro Matías.

OAXACA, Oax.- La violencia sexual y feminicida contra las mujeres, particularmente contra estudiantes durante la pandemia no se detiene, por el contrario, sigue sucediendo tanto en espacios públicos como cibernéticos, denunció Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad.

Para resaltar su dicho mencionaron los recientes casos ocurridos a alumnas, una de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad La Salle Oaxaca, quien fuera víctima de acoso sexual cibernético por parte de dos profesores.

Otro caso ocurrió en el Istmo de Tehuantepec contra profesoras y estudiantes de la Universidad del Istmo campus Ciudad Ixtepec donde tres profesores de la Licenciatura de Derecho ejercían violencia sexual y hostigamiento contra ellas.

De igual forma, las estudiantes del Colegio de Bachilleres de Oaxaca denunciaron -a través de los Tendederos del Acoso- las agresiones y hostigamiento que venían padeciendo en 7 planteles educativos, por lo que fueron despedidos 6 profesores.

Sin embargo, el feminicidio de la estudiante de medicina en Chiapas, Mariana Sánchez, generó indignación a nivel nacional porque no son escuchadas y ahí están los resultados de la violencia feminicida durante la pandemia.

Consorcio Oaxaca analizó datos sobre la violencia sexual contra las jóvenes estudiantes en la entidad y de acuerdo a los datos recuperados de la Plataforma de Violencia Feminicida en este estado reflejan que del total de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales -329 casos del 01 de diciembre de 2016 a la fecha-, el 11% eran estudiantes (37 casos).

Además se observa que tan sólo tres regiones del estado suman 84% de las agresiones sexuales a mujeres estudiantes: Valles Centrales con 20 casos; Mixteca con 7 casos e Istmo con 4.

La cifra más alta de agresiones contra ellas han sido los abusos sexuales, con 17 casos; violación, 13 casos y acoso sexual, con 8.

De acuerdo con la organización feminista, el 46% de as agresiones sexuales a estudiantes suceden en la calle o la comunidad (17 casos); 35% ocurre en la escuela o espacios escolarizados (13 casos); 14% se registra en la casa (5 casos) y 5% ha ocurrido en el trabajo (2 casos).

Además, los datos revelan que 73% de las mujeres estudiantes que han sido víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes que se ubican en el rango de los 4 a 17 años de edad (27 casos) y son profesores los principales agresores sexuales (12 casos) a estudiantes; le siguen compañeros de trabajo o escuela, familiares y conocidos (11 casos) y desconocidos (10 casos). Dos casos no cuentan con esta información.

Consorcio Oaxaca resaltó que en pleno contexto de pandemia la violencia sexual y feminicida contra las mujeres estudiantes no se detiene, por el contrario, sigue sucediendo.

Aunque en el caso de la alumna de la Universidad La Salle Oaxaca los dos profesores acusados de acoso cibernético fueron removidos de su función como una medida correctiva de la institución, no resuelve la urgente necesidad de realizar acciones que garanticen la prevención, la no repetición y sanción de estos delitos, para que niñas y mujeres estudiantes ejerzan su derecho a educarse en contextos libres de violencia de género.

Respecto al caso de profesoras y estudiantes de la Universidad del Istmo campus Ciudad Ixtepec que denunciaron, en marzo de 2020, que tres profesores de la licenciatura de Derecho ejercían violencia sexual y hostigamiento contra ellas, y a pesar de que las autoridades educativas lo saben, su actuar ha sido a favor de estos presuntos acosadores.

En cuanto a los casos del Colegio de Bachilleres de Oaxaca fueron despedidos 6 profesores por el acoso a alumnas de siete planteles.

“Sin embargo, el resultado de estas y otras acciones son exigencias de la sociedad civil y el estudiantado, mas no de las instancias correspondientes que deberían generar medidas que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres en Oaxaca”, puntualizó.

Y agregó: “Es sabido que en el estado, a pesar de que las víctimas de violencia sexual y sus familias se atreven a denunciar ante autoridades educativas e institucionales, sus voces siguen siendo ignoradas, pues la impunidad y negacionismo es una característica del gobierno encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quién inicia su quinto año de gobierno con un total de 12 feminicidios, tan sólo en lo que va de 2021.

https://pagina3.mx/2021/02/ni-la-pandemia-frena-violencia-feminicida-en-oaxaca/

“Marcha por los nuestros”: Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos y familiares demandan a gobiernos estatales acciones coordinadas de búsqueda e investigación (Jalisco)

Foto: Darwin Franco

Familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México organizados a través de los colectivos Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos; Entre Cielo y Tierra; De Pie hasta Encontrarte y Hasta Encontrarles CDMX realizaron dos acciones de protesta en Guadalajara, Jalisco, donde exigieron a los gobierno estatales mayor coordinación institucional para buscar a sus seres queridos desaparecidos, pues han identificado que los “famosos oficiones de colaboración” son simples trámites que no derivan en búsqueda.

A través de una rueda de prensa y una marcha que culminó en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco, más de 200 familiares portaron con dignidad el rostro de los suyos para visibilizar que todas ellas y ellos han no logran regresar a casa, pues quienes tendrían que buscarles en vida y, lamentablemente, en muerte no tienen voluntad ni dispocisión para investigar por qué desaparecieron a sus familiares, quiénes se los llevaron y, lo más importante, dónde están ahora.

Darwin Franco – Dalia Souza/ Zona Docs

Ángel Iván Gómez, Ciro Manuel Vera, Ricardo Daniel Moreno, Jonathan Eduardo Martínez, Wuilliams Omar Salinas, Alejandro Carranza, Carlos Alberto Flores, Jaime Eduardo Vega, Cristian Alexander Valencia y Raúl Servín Galván.

Presentes: Ahora y siempre.

Con diversos pases de lista para nombrar y visibilizar la desaparición de sus seres queridos; las y los integrantes de los colectivos que se unieron a la sexta Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos tomaron las calles de Guadalajara con la firme intención de señalar que la pandemia de desapariciones en el país no ha cesado y que para frenarla hace falta acciones de investigación y búsqueda interestatales que simplemente no se han realizado porque los gobiernos no han querido trabajar de manera coordinada.

Bajo el sol que caía a plomo en la Plaza de la República, diversos familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México ofrecieron una rueda de prensa para informar que su presencia en el estado es consecencia del trabajo coordinado entre colectivos familiares que han comprendido que para la comisión de un delito de lesa humanidad como la desaparición no existen fronteras ni delimitaciones institucionales, pues quienes son desaparecidos en Torreón, Coahuila, bien pueden ser traídos a Guadalajara o la Ciudad de México, y viceversa.

Sin embargo, denunciaron que al ser pocos los estados que tienen una visión integral de esta práctica delictiva, han tenido que ser las familias quienes instauren procesos de búsqueda interestatales o regionales, pues la excusa de las autoridades es que no pueden buscar más allá de su jurisdicción y, por lo tanto, lo único que hacen es enviar un oficio de colaboración a otros estados, mismos documentos que siempre acaban en nada.

Georgina Aranda, presidenta de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos y madre de Tania Sánchez Arana -desaparecida el 21 de enero de 2012 en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila- manifestó que trabajar de manera conjunta amplia el margen de búsqueda sin importar dónde ocurrió la desaparición.

Así mismo, Julio Sánchez -integrante de la Caravana Internacional– precisó que, además, es un modelo que permite buscar en vida, pero también en muerte porque quienes integran este colectivo también busca en servicios médicos forenses y en fosas clandestinas:

“nuestra búsqueda se hace confiando en que los encontraremos vivos, pero también es pacífica porque no buscamos culpables… buscamos a nuestros hijos, y queremos que la gente lo sepa porque si algo padecemos es la criminalización de nuestros familiares”.

En las diversas lonas de búsqueda colocadas sobre la Plaza de la República existía una constante: la juventud de quienes fueron desaparecidos. Ellas y ellos son jóvenes, en su mayoría, entre los 16 y 29 años. Jóvenes que -como señalan sus madres- un buen día salieron de sus casas o trabajos para ya no volver.

Jóvenes como el 45% de todas las personas que han desaparecido en México desde el 2012, y como el 40% de todos aquellos que no han vuelto con sus familias en Jalisco.

Marlety García, coordinadora del colectivo Entre el Cielo y Tierra y madre de César Ulises Quintero -desaparecido desde el 4 de agosto de 2017 en Ocotlán Jalisco–, remarcó la importancia que tiene que familias de otros estados estén en Jalisco, entidad que ocupa el segundo lugar en personas desaparecidas en el país y la primera eb mayor número de cuerpos de personas fallecidas no identificadas exhumadas de fosas clandestinas:

“Que la Caravana Internacional esté aquí es importante para exigirles a las autoridades que hagan lo que tiene que hacer para buscarlos, pues a las familias que estamos en el colectivo y a muchas más no se les atiende como debería”.

Una de las acciones que estas familias realizarán en Jalisco es la revisión de los expedientes forenses que se tienen de las más de 4 mil personas fallecidas no identificadas y/o reclamadas que están bajo el resguardo de la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense, pues existen sospechas de que ahí pudieran estar algunos de los familiares de quienes integran la sexta Caravana Internacional.

Rosaura Magaña también integrante de Entre Cielo y Tierra y madre de Carlos Eduardo Amador Mañaga -desaparecido desde el 13 de junio de 2017 en Tlaquepaque, Jalisco- recordó que el integrarse a l

a Caravana Internacional ha sido clave para comprender que no se está sola en la búsqueda y que al hacerlo de manera colectiva:

“se fortalece la esperanza y se controla el miedo, pues aunque la búsqueda que hacemos es en vida, no deja de ser díficil porque al buscarlos en cárceles o centros de salubridad uno se enfrenta a estigmas, pero ahí es donde hemos encontrado pistas y personas que se han rescatado con la información que ahí hemos recabado”.

Después el micrófono fue tomado por diversas familias que expusieron sus casos y búsquedas; por ejemplo, la señora Cuquita -como la conocen en la Caravana– denunció que su hija Elda Adriana Valdez Montoya tiene ya seis meses desaparecida.

A ella se le vio por última vez en centro nocturno El Nuevo Galeón, el 10 de agosto de 2020; sin embargo, es fecha que a nadie de este lugar ubicado en la zona centro de Guadalajara se le ha llamado a declarar para explicar qué fue lo que pasó aquella noche en que Elda fue desaparecida. Ella tenía apenas 15 días de trabajar en ese establecimiento.

Del colectivo De Pie Hasta Encontrarte, Sandra Mercado, madre de Ramona Ramos Mercado -desaparecida desde el 11 de septiembre de 2017 en Silao, Guanajuato- narró que su hija fue desaparecida a pocos días de celabrar sus XV Años y, desde esa fecha, lo único que ha encontrado es la ineficacia e incompetencia de las autoridades de Guanajuato, donde con todas sus palabras señaló: “Nadie ha buscado a mi hija”.

Misma situación padece Jaqueline Palmeros, proveniente de la Ciudad de México, y quien busca a su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros -desaparecida desde el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa-:

“A seis meses de su desaparición sólo han ocurrido omisiones; tres veces nos han cambiado a los ministerios públicos y a los policías investigadores; también se ha pérdido parte de la carpeta de investigación y un video que era una prueba fehaciente de un vehículo que aborda a mi hija; y el apoyo de otros estados para seguir las pistas simplemente no llega… no hay un sistema para buscar en otro estados, nosotras no tendríamos que estar haciendo esto”, concluyó.

Mismas omisiones en la desaparición de Dilan Alejandro Colmenares Guerrero de 14 años -desaparecido desde el 9 de junio de 2020 en Iztapalapa-:

“En el caso de mi hijo, la Fiscalía de Desaparecidos en la Ciudad de México no ha hecho su trabajo, la primera búsqueda ocurrió cuatro meses después de su desaparición y el principal sospechoso no ha sido detenido”.

Estas dilaciones de la justicia, lamentablemente, se replican en muchas de las familias presentes en la Caravana Internacional; por ello, es que se han conjuntado, pues no están dispuestas a seguir esperando que las autoridades cumplan con la obligación que tienen de investigar la desaparición de sus familiares y de localizarles con vida.

¿Qué harían si su hija o hijo sale de su casa y ya no regresa jamás?

Los pases de lista en la sexta Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos continuaron en la acción denominada “Marcha por los nuestros”, la cual se realizó la tarde del 8 de enero de la Plaza de la República a la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco.

Desde una camioneta con un altavoz que después escuchaba replicar su mensaje a lo largo de un contingente de más de 200 personas, se nombró uno a uno los familiares desaparecidos de las y los integrantes de los colectivos Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos; Entre Cielo y Tierra; De Pie hasta Encontrarte y Hasta Encontrarles CDMX.

Raudel Sandoval, Jesús Martín Batres, Dilan Colmenares, Tania Sánchez, Marco Antonio Ibarra, Jael Monserrat Uribe, Fernando Martínez, Víctor Manuel Guajardo, Jaime Eduardo Vega, Carlos Alberto Flores, Alejandro Carranza Rojo, Ángel Iván Gómez, Manuel Amante, Noé Soto, José Márquez y Carlos Eduardo Amador.

Presentes: Ahora y siempre.

Esta última era la frase que se repetía como un mantra después de cada nombre porque si de algo están seguras las familias presentes en la marcha, es que no cesarán de buscar a sus seres queridos donde quiera que los hayan llevado y como sea que éstos se encuentren.

Así lo reflejaban sus expresiones contenidas detrás de cientos de cubrebocas que fueron intervenidos con frases como: “¿Dónde están? o ¡Hasta Encontrarlos!”, pero también los testimonios que a este medio otorgaron durante la transmisión en vivo que se hizo de su recorrido por Avenida Chapultepec hasta llegar a la Glorieta de las y los desaparecidos.

Ricardo Daniel Moreno, Jonathan Eduardo Martínez, Jared Antonio Cano, Vicente Hernández, Raúl Hernández, Marco Antonio Vázquez, César Ulises Quintero, Carlos Arturo Serrano, Erick Ramírez, José Francisco Guillén, Jorge Rivas, Fernando Guillén, Daniel Becerra, Víctor Manuel Iñiguez, José de Jesús Mejía, Carlos Serrano y Roberto Amezquita.

Presentes: Ahora y siempre.

Y los nombres podrían continuar por horas porque en México, conforme a la Secretaría de Gobernación, existen más de 76 mil personas desaparecidas y no importa que las autoridades digan que el delito va a la baja, mientras estas familias sigan siendo fiel testimonio del poco trabajo que se hace para buscar a las y los que ya han desaparecido.

Así lo evidenciaron, los familiares de Leonel Baez Martínez, Jesús Armando Reyes Escobar y Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, quienes fueron desaparecidos el 29 de enero de 2019 al salir de trabajar de la tienda departamental Sanborns en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México: “A casi dos años de la desaparición, no nos han dado ninguna respuesta las autoridades”.

Misma tragedia padece la madre de Jessica Monserrat Jiménez Ibarra, quien fue desaparecida el 7 de agosto de 2019 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco:

“Las autoridades no nos han dado respuesta alguna… ya me cambiaron a los comandantes y eso siempre hace que volvamos a empezar… yo espero encontrar a mi hija, pues mi otro hijo también se me perdió, pero a ese me lo entregaron en cenizas, y eso que yo estuve yendo a Semefo… pero a mí nunca me dijeron que estuvo ahí y así me lo entregaron. Yo por eso estoy aquí porque no quiero que a mi hija me la entreguen de la misma manera”.

La magnitud de una tragedia como lo es la desaparición de personas no debe medirse sólo con la estadística delictiva sino con el peso de los testimonios que dan las y los familiares de las personas desaparecidas, quienes solas y/o en caravana buscan a sus seres queridos desaparecidos con y a pesar de la autoridad.

La marcha culminó en la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco; ahí las familias provenientes de otros estados colocaron sus lonas de búsqueda y realizaron un acto espiritual para encaminar a sus hijos a casa:

“Prendan la luz de sus celulares y piensen que ésta es una lucecita para guiar a sus seres queridos a su hogar… que es una lucecita de comprensión y esperanza… que es una luz que debe tocar a quienes deberían buscar a sus familiares”, precisó el padre Julio.

La imagen de las familias con sus luces significó un consuelo colectivo que cerró con varios abrazos que les hicieron reconocer a estas familias que no caminan solas en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, ya sea aquí en Jalisco o en cualquier otro lugar donde en caravana tengan ir a localizárseles, pues lo que las mueve es el amor y la esperanza, lo cual jamás podrá opacar o borrar ningún gobierno omiso e indolente.

https://www.zonadocs.mx/2021/02/09/marcha-por-los-nuestros-demandan-familiares-a-gobiernos-estatales-acciones-coordinadas-de-busqueda-e-investigacion/

Amenazan con paro de labores en hospitales de Nayarit

Foto: Crys Benítez

Crys Benítez / El Occidental

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).-Este lunes por la mañana en conferencia de prensa el dirigente de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) José Luis Martínez Medina, sumamente molesto denunció la falta de equipo de protección para el personal que labora en los hospitales de Nayarit, ya que pone en riesgo la salud y hasta la vida de los trabajadores.

El líder sindical explicó que todo indica que el desabasto no se debe a que no existe el material, si no a que este no se distribuye, puesto que el almacén se encuentra lleno, incluso se pretende habilitar una bodega, porque este no cabe y aun cuando han pedido en reiteradas ocasiones que dispersen los artículos y los medicamentos, no lo hacen.

Ante esta situación, advirtió que si para este martes los SSN, siguen ignorándolos, realizarán un paro de labores en los hospitales, ya que consideran injusto que mientras permanece guardado el equipo los trabajadores diariamente se exponen a contraer el virus y llevarlo a sus hogares. De esta situación ya fue enterado el Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán.

Como si lo anterior no fuera suficiente, las áreas de reconversión, para atender a los infectados por Covid-19, no están funcionando al 100%, porque no cuentan con el equipo, por lo tanto, no se está dando un servicio adecuado a quien lo necesita, incluso no existen filtros en los centros de trabajo y hay unidades de Salud con altos contagios y aun así no se dignan a desinfectar.

Para concluir, José Luis Martínez Medina, confirmó que la situación es grave, ejemplo de ello, es que tienen 435 trabajadores contagiados y 14 muertes registradas en la Secretaría de Salud y una de las causas es la falta de protección personal y además de buena calidad, pues hay quienes se meten a las áreas covid con cubrebocas no aptos para ello.

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-coronavirus-covid-19-amenazan-con-paro-de-labores-en-hospitales-de-nayarit-6338974.html

Normalistas de Tamazulapam marchan en contra de recorte presupuestal de su institución (Oaxaca)

Noticias / Redacción.

Estudiantes de la Escuela Normal Vanguardia de Tamazulapam iniciaron movilizaciones en la capital de Oaxaca para protestar contra del recorte presupuestal de esta institución para 2021.

Los integrantes iniciaron una marcha desde el paseo Juárez El Llano con destino al kiosko del zócalo capitalino en donde mediante consignas y discursos exigían a las autoridades apoyar a la educación.

“Este recorte nos afecta a toda la comunidad estudiantil, es injusto para nosotros como estudiantes estar saliendo a la calle, exponernos y estar horas en el sol para ser escuchados”, exclamó una integrante.

Estudiantes de la Escuela Normal Vanguardia de Tamazulapam iniciaron movilizaciones en la capital de Oaxaca para protestar contra del recorte presupuestal de esta institución para 2021.

Los integrantes iniciaron una marcha desde el paseo Juárez El Llano con destino al kiosko del zócalo capitalino en donde mediante consignas y discursos exigían a las autoridades apoyar a la educación.

“Este recorte nos afecta a toda la comunidad estudiantil, es injusto para nosotros como estudiantes estar saliendo a la calle, exponernos y estar horas en el sol para ser escuchados”, exclamó una integrante.

Los manifestantes afirmaron que el recorte presupuestal, el cual afirmaban que sería del 95 por ciento, dejaría en total marginación a las escuelas rurales del estado de Educación Media y Superior.

Finalmente comunicaron que las protestas continuarán en la capital si no se tiene respuesta por parte de las autoridades.

https://www.nvinoticias.com/nota/175129/normalistas-de-tamazulapam-marchan-en-contra-de-recorte-presupuestal-de-su-institucion

Covid19 frenó epidemia de rebeldía vs minería en pueblos indígenas (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Cuando la epidemia de la rebeldía contra la minería parecía haber contagiado a los pueblos originarios de Oaxaca, llegó la pandemia de la Covid-19, para frenar, aislar e inmovilizar los procesos de resistencia.

Ganaban amparos en defensa de su territorio contra los megaproyectos, principalmente mineros, salían a las calles y advertían: “esta lucha apenas empezó”.

La situación es que han pasado los días, las semanas, los meses… y las empresas mineras han desacatado los mandatos judiciales.

Ello debido a un sistema judicial con leyes laxas y enredadas que solo favorecen a empresas transnacionales.

Pueden comprar, vender, cambiar de nombre o de titular, hasta intercambiar concesiones como una estrategia para el alargamiento de los procesos judiciales.

Así pueden seguir con su operación, algunas de ellas de forma clandestina.

Pero pese que las comunidades en resistencia han paralizado sus luchas por la pandemia del virus SARS-CoV2 (covid-19), se encendieron las alarmas.

Hicieron la denuncia sobre la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre.

La empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V. pretende perforar en las tierras de la Selva de los Chimalapas, Oaxaca.


Imagen del cartel promocional del Encuentro de Minería, en Ejutla, Oaxaca.

Oaxaca, en la mira

Sin embargo, hay algo que preocupa al coordinador del Área de Derechos Territoriales de Educa, Neftalí Reyes Méndez.

“Con el proyecto interoceánico, Oaxaca sigue en la mira para abrir el tema de industrialización y extracción de recursos”.

El integrante de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), refirió que existe el interés de poner una fundidora de mineras en la entidad.

Muestra de ello son las declaraciones del coordinador nacional de la Federación de Concesionarios y Empresarios Mineros de México, Juan Rodríguez González.

Rodríguez señaló que tienen el proyecto de crear una fundidora en el estado que beneficiaría a la ciudadanía oaxaqueña.

Se crearían más de 5 mil empleos directos y hasta 35 mil indirectos.

Por lo que deberá reunirse con ambientalistas, ciudadanía, entre otros grupos para que sea una realidad.

El diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca publicó el 11 de octubre de 2020 una nota del director General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo.

Informó que tiene interés de abrir la fundidora de hierro para que se genere un desarrollo minero, por lo que buscan sumarse a este proyecto.
La riqueza de Oaxaca

Reconoció que en el estado hay oro, plata, cobre, zinc, antimonio, hierro, tierras raras y minerales de los más codiciados por el mundo.

Pero necesitan extraerse del subsuelo y ponerlos afuera ya que en el subsuelo no tienen valor para los pequeños y medianos empresarios:

“La minería es la oportunidad que nos va a sacar a México de la pobreza; pero necesitamos extraerlos y darlos a conocer para generar fuentes de empleo”.

Neftalí Reyes reconoció que la “Covid-19 ha beneficiado a empresas transnacionales porque se detuvieron procesos legales ganados por las comunidades indígenas.

“Y a las empresas se les permitió buscar nuevas estrategias para el alargamiento de los juicios y la operación clandestina”.

“Las comunidades están cuidándose de que no lleguen los contagios, con instalación de filtros. Suspendieron asambleas y reuniones para proteger la vida y la salud.

“En tanto, las empresas desacatan los mandatos judiciales o reponen algunos procesos para seguir operando con la anuencia de las autoridades”.

Aunque la federación decretó, en marzo del año pasado, la suspensión de actividades, entre ellas la minería, ésta nunca dejó de operar clandestinamente.

Y desde que les levantaron la pausa, el 12 de junio, operan sin contratiempos.

Esta decisión gubernamental ha sido cuestionada por autoridades de las comunidades de:

Santa María Zapotitlán,
Santa María Ecatepec y
Yautepec.
Así como por la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio,
Tequio Jurídico y
Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

Porque esas prácticas evidencian una clara posición de anteponer los intereses de las mineras sobre los derechos colectivos de la población indígena.
La lucha comunitaria

La resistencia de los pueblos y comunidades indígenas en defensa del territorio lleva más de una década.

Sin embargo, apenas iniciaba el 2020 su lucha comenzó a obtener resultados positivos.

Se convirtieron en noticia al ganar amparos históricos contra empresas mineras.

Y es que los juzgados federales les concedieron suspensiones de plano o resoluciones favorables.

También instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó permisos ambientales.

Aunado a ello, comunidades enteras salieron a las calles para exigir a las autoridades respeto a su territorio y advirtieron que su lucha apenas empezaba.

La capital de Oaxaca, calificada como la “Ciudad de la Resistencia” al ser testigo de revueltas sociales como la del 2006, ahora en sus calles retumbaron consignas como:

“No nos vamos a dejar, sea como sea, ya estamos decididos, esta es la voz del pueblo, no nos damos por vencidos”.

Al dirigirse a la ciudadanía aclararon: “Nunca venimos a molestar, pero ahora sí nos estamos manifestando.

“Ahí está la mina, llevan 10 años, no queremos recibir su dinero, lo que queremos es que no sigan contaminando nuestros recursos naturales”.

Y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le pidieron “que le haga caso al pueblo.

“Que no sea como los gobiernos anteriores, corruptos, que se hicieron ricos esos malagradecidos, esos que vendieron nuestras tierras”.

“AMLO, que apoya a los pueblos indígenas, le pedimos que nos escuche.

“Que se retiren esas empresas mineras extranjeras porque ya no las queremos en el pueblo”.

Y con pancartas frente al Palacio de Gobierno pidieron que el gobernador Alejandro Murat clausure esas empresas porque “ya estamos cansados”.

También le advertían que “esta lucha apenas empezó”.

JUICIO POPULAR CONTRA MINERAS

Antes, en octubre de 2018, 52 comunidades de los pueblos:

Chatino,
Chontal,
Cuicateco,
Ikoots,
Ayuuk,
Mixteco,
Zapoteco y
mestizo

Realizaron un juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, donde se tomó la decisión:

“Sí a la vida, no a la minería”, al tiempo que se declararon territorios prohibidos para la minería.

De acuerdo con el informe popular:

Desde enero de 2002 hasta abril del 2016, la Secretaría de Economía otorgó 322 títulos de concesión minera.

Cubren una superficie total de 462 mil 974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal.

Las concesiones mineras se han otorgado en 90 municipios de Oaxaca sin ninguna consulta por un periodo de 50 años.

Mismas que pueden ser renovadas por otros 50 años.

Hasta el 2017, en Oaxaca están registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros.

Impulsados por 38 empresas de:

Canadá,
Estados Unidos,
Perú,
Australia y
México.

Según datos oficiales:

36 proyectos de minería se encuentran en etapa de exploración,
2 en etapa de desarrollo,
1 postergado y
2 en etapa de explotación comercial.

Estas últimas, una ubicada en San José del Progreso y otra en San José de Gracia.

Los proyectos de minería han generado una inversión privada durante el periodo 2011-2015 de seis mil 382 millones de pesos.

Lo cual colocó a Oaxaca en el séptimo lugar nacional en producción minera.

Sin embargo, dicha inversión no se ha traducido en mejores condiciones de vida para las comunidades y pueblos originarios.

Por el contrario, la minería ha generado violencia y ruptura del tejido comunitario.

Lo más reciente que trascendió por la información difundida por Regeneración Radio es el documento con fecha del 23 de julio de 2020.

Publicado en la gaceta ecológica, señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”.

El documento fue enviado el 5 de agosto de 2020, al área correspondiente dentro de la Semarnat.

De iniciarse la exploración, dañaría una de las reservas naturales más importantes del país.

Proyecto en ciernes


Foto: Cortesía del Comité Ixtepecano Vida y Territorio.

El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec.

Y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz.

El proyecto minero de la empresa canadiense incluye la apropiación de 6 mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre.

Estima invertir dos millones 500 mil dólares en gastos de exploración.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala:

“El estado de conservación de estos hábitat es excelente, conteniendo aproximadamente 300 mil hectáreas de vegetación inalterada.

“Esta región representa la mayor área de vegetación primaria del trópico mexicano.”

Lo preocupante es que la selva de los Chimalapas está considerada como uno de los pocos lugares en los que aún se conservan importantes ecosistemas.

Tiene selva alta, media, baja, bosque de montaña y bosques de maderas preciosas.

Se estima que ahí viven:

Unas 150 especies de mamíferos,
350 de aves,
Más de 60 de reptiles,
50 de anfibios,
16 de libélulas
Y cerca de 500 de mariposa.

Corredor Interoceánico

Cabe mencionar que el 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo; amplía el puerto de Salina Cruz que arrancará este 2021.

Además, incluyen la modernización de las vías del ferrocarril, el de transporte de contenedores y al mismo tiempo tren de pasajeros.
Férrea defensa

Integrantes del Colectivo Matza -de origen zoque- detallaron que los cinco proyectos mineros pretenden instalarlos en la zona de los Chimalapas Oaxaca.

Uno ya fue autorizado por la Secretaría de Economía bajo el nombre de la concesión “Santa Martha” con número de proyecto “20OA2020MD038”.

Y los otros cuatro que se encuentran en trámite no están respetando la tenencia de la tierra comunal.

Lo que es violatorio a sus derechos humanos y territoriales.

Este colectivo junto con pobladores de:

San Miguel Chimalapa,
Zanatepec,
Unión Hidalgo, e
Ixhuatán

Desde hace cinco años mantienen una defensa en rechazo a la explotación minera en la zona.

Inclusive, clausuraron de forma simbólica la zona denominada “La Cristalina”.

Buscaban evitar que la empresa Minaurum Gold, que es la ejecutora, no realizara exploraciones en la zona, pero lo ha hecho.

Explicaron que la concesión Santa Martha fue otorgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Voz especializada

El especialista en temas de minería, Daniel Arellano Chávez, hace unos señalamientos.

Dijo que la empresa transnacional Minaurum Gold no es la única empresa interesada en territorios del estado de Oaxaca.

Y esto lo demuestra la intensa actividad de trasferencia, adquisición y compra de concesiones mineras realizadas en agosto de 2020.

Fueron hechas por las mineras G79 Golden 79 Mines Ltd, Inomin Mines y Megastar Development.

Medios especializados en el sector minero transnacional, publicaron el 5 de agosto:

“Aura Resources Inc. se complace en anunciar que de conformidad con una resolución aprobada por su junta directiva el 28 de julio de 2020, la Compañía cambió su nombre a “Gold79 Mines Ltd.”

De esta manera concesiones mineras establecidas en Oaxaca cambian el nombre del titular.

Sin que esto sea regulado por el gobierno federal y las instituciones encargadas del sector.

Gary R. Thompson, ahora presidente de G79 Gold79 Mines Ltd declaró:

“Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente y convertirme en un accionista importante de Gold79.

“Nuestro objetivo es crear valor para los accionistas aumentando nuestro sólido equipo técnico y haciendo un seguimiento de los éxitos de exploración anteriores.

“Tres de nuestros proyectos prioritarios “.
Más proyectos en Oaxaca

Entre los territorios que la nueva empresa minera presume como proyectos, están 986 Hectáreas de los municipios de San Pedro Taviche y San Jerónimo Taviche.

El proyecto minero llamado Higo Blanco, ubicado en Taviche Oaxaca, es “propiedad” en 80% de otra empresa minera, llamada Minaurum Gold y 20% “propiedad” de G79 GOLD79 MINES LTD.

Las exploraciones realizadas en los años 2009 y 2011 señalan que existe una mineralización “robusta” de plata.

Inomin Mines compró los proyectos denominados La Gitana y Peña Blanca ubicados en Oaxaca, a la empresa Gunpoint Exploration en agosto de 2020.

Pagó a la anterior empresa posesionaria de la concesión con:

Un millón de acciones,
25 mil dólares en efectivo y
Una regalía de 1.5% del valor de la explotación.

Significó un beneficio directo para sus propietarios e inversionistas, dado que las acciones de la empresa dieron un salto de 700% en su valor financiero.

Sin embargo, esa transacción no deja un solo centavo en el territorio concesionado ni a la administración del gobierno federal.

En La Gitana, 38 barrenos perforaron las tierras de Yautepec encontrando oro y plata.

Peña Blanca, ubicada a unos escasos kilómetros, presenta mineralización de oro y plata dentro de un sistema que alcanza una extensión de 9 km.

Megastar Developmen Corp por su parte anunció también en agosto de 2020 que:

“Ha modificado los acuerdos de opción mediante los cuales la Compañía puede adquirir una participación íntegra del 100% en los proyectos

Rama de Oro,
Magdalena y
Yautepec

(Los “proyectos”), ubicados en el estado de Oaxaca, México, mediante la extensión de las fechas de vencimiento para los gastos de exploración en cada Proyecto.”

Arellano Chávez hizo hincapié que un documento publicado en los últimos días de 2018 por la actual administración del gobierno federal, reconoce 427 concesiones mineras vigentes.

Mientras estas no sean canceladas, la especulación financiera, que genera ganancias económicas para las corporaciones continuará, dijo.

LA REBELDÍA

El abogado de Tequio Jurídico, José Pablo Antonio, enumeró los casos donde los pueblos lograron avances legales en su lucha contra las empresas mineras:

Capulalpan de Méndez, en la Sierra Norte,
San Pedro Quiatoni, en la Sierra Sur
Santa María Zapotitlán,
Santa María Ecatepec,
Yautepec, en la región Chontal y
San José del Progreso, en los Valles Centrales.

Neftalí Reyes Méndez, de Educa, agregó en 2020 se venía de un proceso de movilización y resistencia en Valles Centrales y la Sierra.

Con “triunfos históricos” de una lucha de más de 10 años de estar en tribunales, de desgaste económico.

Y, de pronto, se viene la Covid-19 y “viene la parálisis judicial”.

Por la pandemia, el gobierno decretó la suspensión de actividades como la minería.

Pero en San José del Progreso los dos proyectos que enarbolan la minera San José o Cuzcatlán solo redujeron al 60% las labores.

Y la explotación continúa y al volver a la nueva normalidad, como actividad esencial colocan con mayor vulnerabilidad a las comunidades.

Lo que sí reconoció es que empresas como Cuzcatlán están aprovechando el tema de la pandemia para ganarse a la comunidad y debilitar su lucha.

Llevan gel, mascarillas y sanitizantes a las comunidades donde hay resistencia.
Triunfos

El 12 de febrero de 2020 se informó que la Semarnat negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al Proyecto San José II.

Es de la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, por violar las leyes ambientales al construir 81 obras irregulares.

El Frente No a la minería exige la cancelación del proyecto y las concesiones mineras en Valles Centrales.

12 comunidades se han declarado territorios libres de minería.

Luego, el 13 de febrero, se realizó una marcha y un mitin frente al palacio de gobierno.

Habitantes de San Pedro Quiatoni exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar las concesiones mineras, si en verdad apoya a los pueblos indígenas.

Le pidieron no solapar a los gobiernos corruptos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque “esos malagradecidos se hicieron ricos vendiendo nuestras tierras”.

Lo anterior, dado que 11 mil 623 hectáreas del territorio comunal de San Pedro Quiatoni se concesionaron a las empresas mineras:

Don David Gold México S. A. de C.V.,
Minerales del Prado y
Desarrollos Mineros San Luis.

Todas subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp (GRC).
Caso Quiatoni

Simitrio Ruiz, representante de la comunidad, precisó que ese 13 de febrero es una fecha histórica.

“Porque hemos decidido emprender la lucha contra el gigante y porque es el día que San Pedro Quiatoni despertó para iniciar una lucha por sus derechos”.

Presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal para defender a su comunidad de la minería.

“Sabemos que nos enfrentamos a un monstruo empresarial transnacional.

“Pero haremos valer nuestros derechos con toda la dignidad y valentía que nos caracteriza como pueblos originarios”, lanzó.

Y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión a la comunidad indígena de San Pedro Quiatoni.

Las empresas mineras Don David Gold, Minerales El Prado y Desarrollos Mineros San Luis no debían seguir con la explotación de recursos minerales en su territorio.

En concreto se refieren a la mina El Águila o El Águila III, cuya entrada está en San José de Gracia, municipio de San Pedro Totolapan.
Caso Calpulálpam

Igual, Calpulálpam de Méndez ganó un amparo que cancela todas las concesiones mineras en su territorio.

Este pueblo zapoteco ganó un amparo contra la minería; sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera La Natividad desacatan dicho mandato judicial federal.

Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria interpuso una demanda de amparo.

Capulálpam de Méndez solicitó la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.

Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en octubre de 2019.

Se reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su propiedad y posesión de sus tierras desde la época prehispánica.
Caso Zapotitlán

Y el 12 de marzo de 2020, Santa María Zapotitlán ganó un amparo.

Con ello se impide que la empresa minera Zalamera S.A. de C.V. entre a operar en esa población chontal de Oaxaca.

https://pagina3.mx/2021/02/covid19-freno-epidemia-de-rebeldia-vs-mineria-en-pueblos-indigenas/

“No basta con encontrarlos; necesitamos que dejen de desaparecer”

Texto: Daniela Pastrana / Foto: Rubén Figueroa / Pie de Página

Freddy Díaz Figueroa fue visto por última vez el 21 de junio de 2020 en Playa del Carmen; su hermano Rubén, quien se dedica a buscar migrantes desaparecidos en México, advierte: “el problema es que sigue desapareciendo la gente”

CIUDAD DE MÉXICO.- Rubén Figueroa se ha dedicado durante años a buscar a migrantes desaparecidos en México. Hoy, es su propio hermano menor, Freddy, quien lleva 7 meses sin llegar a casa.

“Es increíble. Me dedico a buscar gente desaparecida, pero es como los policías cuando los asaltan, ¿no? Cuando te pasa a ti, no sabes qué hacer”, dice el activista, que responde al teléfono desde su casa en Tabasco.

Rubén Figueroa es un conocido defensor de los derechos de los migrantes. Él coordina “Puentes de Esperanza”, un proyecto del Movimiento Migrante Mesoamericano que tiene como objetivo reencontrar a familias separadas por la migración, y cada año, organiza las caravanas de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en el territorio mexicano.

Desde esa posición, habla de la desaparición de su hermano como parte de un problema estructural que cruza todos los espacios de la vida pública del país y que no ha tenido la atención que requiere.

“Cada día están más familias despertando a una realidad: que estas desapariciones siguen ocurriendo. El problema es que sigue desapareciendo la gente. Todos los días. Es decir, no sólo basta con encontrarlos, o que encuentren más fosas. Necesitamos que las personas dejen de desaparecer”.
Rubén Figueroa

Siete meses ausente

Freddy Díaz Figueroa, de 40 años, fue visto por última vez el 21 de junio de 2020 en el trayecto de Playa del Carmen a San Carlos, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Desapareció junto con otras dos personas. Se dedicaba a los trabajos de construcción, por lo que no era extraño que se moviera de un lugar al otro para trabajar.

La denuncia de su desaparición la tienen la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda. Y este sábado, su hermano Rubén decidió hacer pública la denuncia.

“Desde mi experiencia como defensor de Derechos Humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas, principalmente migrantes, he sido testigo del dolor y el sufrimiento que estos casos acarrean a los familiares de las víctimas. Hoy lo vivo en carne propia”, escribió en el comunicado que subió a sus redes sociales. “La familia no ha tenido ningún contacto con él y nos encontramos en la zozobra y la desesperación”.

Junto con el documento, difundió un video acompañado de su madre, en el que asegura que seguirá trabajando en la búsqueda de personas migrantes.

“Quiero decirle a las familias de desaparecidos que los abrazamos y que continuaremos en la lucha, también en las búsquedas personas migrantes desaparecidas, no claudicamos en esa labor”.
“Hemos dejado que siga creciendo”

Rubén Figueroa está tratando de confiar en las autoridades. Por eso, dice, acudió a la Fiscalía y a la CNB. Hasta ahora, se ha realizado la toma de muestras de ADN “para, en caso de ser necesario, realizar la identificación”. Y les proporcionó a las autoridades federales toda la información que ha logrado obtener en estos meses.

Pero reconoce que tiene pocas expectativas.

“Están rebasados. Esto de los desaparecidos tendría que ser motivo para poner a todos a buscarlos, y no estar pensando en su imagen o su propio proyecto. Caray, que una persona desaparezca nos daña a todos. Y es mentira que solo desaparezcan los delincuentes, que es parte del discurso que yo no espero de este gobierno. Es una situación de alerta, por alguna razón hemos dejado que siga creciendo, y si no se detiene un día es mi hermano y otro día es el tuyo y el de todos”.

https://piedepagina.mx/no-basta-con-encontrarlos-necesitamos-que-dejen-de-desaparecer/

Confirman suspensión para ejecutar obras de Tren Maya en Yucatán

Víctor Fuentes / Criterio Hidalgo

Un tribunal federal confirmó una suspensión provisional que impide ejecutar obras nuevas para el Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, todos en Yucatán, al menos hasta el próximo 19 de febrero.

El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, confirmó la suspensión otorgada el 20 de enero por la jueza federal Karla Domínguez Aguilar, como parte de un amparo promovido por residentes de Yucatán que alegan que el tren provocará daños ambientales y no fue suficientemente consultado con las comunidades.

Por unanimidad, las tres magistradas del tribunal rechazaron los argumentos de Fonatur Tren Maya en el recurso de queja 21/2021, votado el jueves pasado, y cuya sentencia, que es inapelable, fue notificada hoy.

La jueza resolverá el 19 de febrero si la suspensión provisional se convierte en definitiva, lo que impediría obras nuevas para el Tren Maya en los municipios mencionados por tiempo indefinido.

La suspensión afecta sobre todo al tramo 3, y parcialmente al tramo 4 del Tren Maya, cuyas obras para plataformas y vías férreas fueron adjudicados al consorcio GAMI Ingeniería y Construcciones Urales, y a ICA Constructora, respectivamente, por un total de casi 40 mil millones de pesos, IVA incluido.

El tramo 3 va de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, pasando por Chocholá y Mérida, mientras que el 4 va de Izamal a Cancún.

La suspensión es para los siguientes efectos:

“Que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto Tren Maya Fase 1 derivado de la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) el pasado 30 de noviembre de 2020, únicamente en lo que atañe a los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, pues los quejosos son habitantes de dichos municipios, es decir, para que no se ejecute ese proyecto de obra dentro de la zona geográfica de la referida comunidad”.

“En el entendido que dicha limitante únicamente es respecto de obras y/o construcciones nuevas; es decir, que si el proyecto denominado Tren Maya Fase 1 requiere rehabilitar y/o dar mantenimiento a vías férreas preexistentes, las autoridades responsables sí podrán ejecutar dicho proyecto”.

La jueza consideró que el tren puede alterar la tierra, bosques, flora, fauna, recursos naturales, medio ambiente, biodiversidad, agua y salud, entre otros, y que dichas alteraciones pueden causar daño irreparable a los promoventes del amparo.

Agregó que algunos documentos faltantes de la MIA del proyecto, fueron publicados hasta el 30 de julio de 2020, misma fecha en que concluyó la consulta pública sobre dicha manifestación.

“Lo que indiciariamente y en, apariencia del buen derecho, podría transgredir el derecho a la participación pública democrática y deliberativa en relación con el derecho a un medio ambiente sano”, afirmó.

Fonatur sostuvo que el tren ya cuenta con Autorización de Impacto Ambienta y rechazó daños ecológicos irreversibles, pero el tribunal resolvió que precisamente ese es el tema que tendrá que ser aclarado al dictar sentencia de fondo en el juicio de amparo, no en la suspensión.

El tribunal también rechazó la petición de Fonatur de fijar a los quejosos el pago de una garantía monetaria para que siga surtiendo efectos la suspensión.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

https://criteriohidalgo.com/noticias/confirman-suspension-para-ejecutar-obras-de-tren-maya-en-yucatan

Maestros de Michoacán realizan caravana hacia CdMx

Alma Paola Wong y Jocelyn Estrada
Milenio
Michoacán / 08.02.2021 16:01:52

Maestros de Michoacán iniciaron una caravana vehicular con rumbo a la Ciudad de México para pedir al gobierno federal intervenga para que la administración estatal cumpla el pago de adeudos económicos y la entrega de mil 200 plazas a normalistas.

Los organizadores de la movilización estimaron que los profesores llegarán durante la mañana del próximo martes al Zócalo capitalino.

Ya en la Ciudad de México, los maestros michoacanos buscarán una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de que los ayude en la solución de los problemas magisteriales. Sin embargo, los maestros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que si no tienen respuesta positiva mantendrán el plantón en el Zócalo capitalino por tiempo indefinido.

Los profesores provenientes de varios municipios marcharon en el centro histórico de Morelia, y emprendieron después la caravana vehicular Según la policía local, el número de manifestantes no rebasan los 500 docentes, mientras que los organizadores de la protesta consideran que son mil 200. Uno de los dirigentes de la CNTE, Gamaliel Guzmán Cruz, estimó que la deuda que el gobierno tiene con los maestros de Michoacán supera los 500 millones de pesos.

En este contexto, este lunes en videoconferencia, líderes de la CNTE demandaron la creación de un centro nacional de monitoreo para atender los casos del coronavirus en el magisterio. Tras insistir que no existen las condiciones para regresar a clases presenciales, también pidieron que el gobierno federal garantice atención domiciliaria pronta y expedita para maestros contagiados por covid-19. Además, se debe ampliar la vacunación a todo el magisterio previo al regreso a clases. La denominada “Caravana por la Estabilidad Laboral y Salarial” de la CNTE, que partió desde el pasado 6 de febrero del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y recorrió Uruapan así como Pátzcuaro, llegará este martes a la capital del país con dichas demandas.


“Rechazamos el regreso a clases presenciales mientras continúa la pandemia. Para el regreso seguro el Estado debe garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa”, expresó Fredy Gutiérrez, de la sección 14 de Guerrero.”

https://www.milenio.com/estados/maestros-de-michoacan-realizan-caravana-hacia-cdmx

Investigación revela la deportación de recién nacidos estadounidenses a México sin certificados de nacimiento

Al menos una decena de mujeres migrantes fueron expulsadas de EE.UU. pocos días después de dar a luz, según The Guardian y The Fuller Project.

Jose Luis Gonzalez / Reuters

Al menos una decena de bebés nacidos en Estados Unidos han sido deportados a México sin certificados de nacimiento que confirmen su ciudadanía, luego de que se aplicara a sus madres inmigrantes la legislación fronteriza introducida la primavera pasada por la Administración de Donald Trump, reveló este viernes el diario británico the Guardian.

A finales de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. autorizaron —con el pretexto de impedir la propagación del coronavirus— a los trabajadores de Aduanas y Protección Fronteriza a deportar de inmediato a las personas indocumentadas, incluidas las solicitantes de asilo, sin que medien procesos legales.

Según una investigación realizada en conjunto con el portal de noticias The Fuller Project, basada en múltiples conversaciones con abogados de inmigración, registros hospitalarios y documentos legales, desde que la legislación entrara en vigor, al menos 11 mujeres migrantescon bebés recién nacidos han sido expulsadas a ciudades fronterizas mexicanas pocos días después de dar a luz en EE.UU.

Una de ellas es Hélène, una haitiana de 23 años que estaba embarazada de nueve meses cuando llegó a EE.UU. en julio. La mujer se encontraba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza cuando rompió aguas y fue llevada a un hospital de California. Tres días después de dar a luz, la joven madre y su hija fueron dadas de alta e inmediatamente expulsadas a México sin obtener el certificado de nacimiento.

Más de 380.000 expulsiones
Expertos entrevistados por los medios sospechan que el número real de casos de este tipo podría ser mucho mayor, dado que la gran mayoría de las llamadas deportaciones aceleradas bajo el Título 42 de los CDC se llevan a cabo fuera de la vista del público y sin la participación de abogados

La historia de Hélène es solo una de las casi 200.000 deportaciones realizadas bajo el Título 42 —que la Administración Trump aclamaba como “tremendamente eficaz”—, registradas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en el año fiscal 2020. Solo en los primeros tres meses del año fiscal 2021 (de octubre a diciembre de 2020), las expulsiones de este tipo han superado las 180.000.

Se estima que unos 5.500 menores fueron separados de sus padres en la frontera durante la presidencia Trump, incluidos unos 600 niños que aún no han sido localizados.

“Vergüenza moral y nacional”
El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, que se opone a la política de ‘tolerancia cero’ de su sucesor, ha firmado este martes 2 de febrero una orden ejecutiva, ordenando a los CDC y al Departamento de Seguridad Nacional que “revisen rápidamente” el Título 42, entre otras controvertidas políticas migratorias de Trump.

“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la Administración anterior”, señaló Biden durante la ceremonia de firma.

Sin embargo, los expertos entrevistados por The Guardian afirman sentirse “frustrados” de que Biden y su mano derecha, la vicepresidenta Kamala Harris, aún no hayan tomado medidas más decisivas y rápidas.

https://actualidad.rt.com/actualidad/382713-investigacion-revela-expulsion-recien-nacidos-eeuu

Torreón: Trabajadores del ISSSTE desmienten que su protesta afecte trámites de pacientes (Coahuila)

En un comunicado, los trabajadores de base del ISSSTE que mantienen el plantón iniciado el 25 de enero, desmintieron las declaraciones del director general Alejandro Gómez referidas a que su protesta está obstaculizando la realización de trámites administrativos de los derechohabientes.

La Izquierda Diario Coahuila

Esta declaraciones mentirosas del director, acusado de dejar fuera de la inoculación a doctores y trabajadores de primera línea contra la Covid-19 para vacunar a sus familiares y allegados, se ha hecho eco en distintos medios locales, Por ello desde La Izquierda Diario queremos darle cabida a las voces del personal que está protestando para refutar lo que dijo Alejandro Gómez.

En primer lugar, el comunicado aclara que Alejandro Gómez sí ha tenido acceso a sus oficinas:

“se han firmado los documentos de medicamentos y estudios subrogados que tiene abiertos el presupuesto, porque cabe mencionar que no todos los estudios tienen el contrato liberado”.

Y continúa:

“Se han firmados tramites tales como los traslados de pacientes y las solicitudes necesarias para:

1. Envío y trámites para oxígeno domiciliario

2. Material de consumo para la atención Interhospitalaria de los pacientes

3. Material que se compra para cirugías programadas, entre otras gestiones administrativas.”

Además, si el director no se presentase, arguyen los trabajadores en lucha, los trámites pueden llevar la firma del Licenciado Manuel de Jesús Ibarra Ruiz, quien está en el área de servicios generales.

También aclaran los trabajadores en su desplegado que “la autorización de medicamentos de alto costo PEPMAE -los cuales son indispensables para el tratamiento de pacientes externos y hospitalizados-, lo concerniente a la vacunación Covid, entre otros, pueden ser firmados por el Coordinador de Medicina Interna, el Dr. Mario Alberto Sifuentes Lozano, ya que a cargo de él está el área Covid. En ningún momento las áreas administrativas se han visto afectadas”.

En ese sentido, como afirman en su comunicado, la funcionalidad del hospital continúa como hasta entonces se venía haciendo y los trámites jamás se han entorpecido. Finalizan su comunicado recordando por qué decidieron luchar:

“volvemos a hacer la connotación del objetivo de este movimiento, el cual es todo lo que ya hemos expresado en el pliego petitorio por de más conocido y firmado por la mayoría de los trabajadores de este Instituto: transparencia en las listas de vacunación Covid, porque siguen saliendo sorpresas, [que] se termine el favoritismo, influyentismo, gandallismo, actos de corrupción”.

Alientan a que la base trabajadora y la población no se deje engañar ni confundir por las calumnias de los altos funcionarios que sólo buscan desprestigiar su movimiento.

La unidad de los trabajadores es la mejor vacuna contra el virus del nepotismo
Frente a esta situación, es indispensable avanzar en la organización democrática desde los centros de trabajo y en la coordinación nacional de las y los trabajadores de la salud para luchar unidos por medidas como:

una auditoría pública encabezada por los propios trabajadores, verificada por ellos mismos mediante una comisión independiente y autónoma;
equipos de protección e insumos médicos suficientes;
plenos derechos laborales para todo el personal;
la centralización del sistema de salud público y privado por parte del Estado y bajo control de sus trabajadores, como paso previo a la nacionalización del sector privado;
aumento al presupuesto al sector Salud a partir de impuestos progresivos a las grandes fortunas y, el redireccionamiento del presupuesto que se destina al pago de la deuda externa cancelando el pago de ésta. Al mismo tiempo, es necesario organizarnos desde las asambleas de base para imponer a las direcciones sindicales la unidad con otros sectores de trabajadores para enfrentar juntos tanto la criminal política de los gobiernos frente a la pandemia como las consecuencias de la crisis económica: el desempleo y la precarización laboral.

https://www.laizquierdadiario.mx/Torreon-Trabajadores-del-ISSSTE-desmienten-que-su-protesta-afecte-tramites-de-pacientes

Rufina, otra vida perdida entre el desplazamiento forzado y la pandemia (Guerrero)

Texto: Beatriz García / Amapola Periodismo
Foto: Amapola Periodismo

CHILPANCINGO.- El miércoles pasado, Rufina Benítez Crispín, de 78 años, murió. El diagnóstico médico advirtió una complicación en los pulmones; pero sus familiares coinciden: principalmente fue la depresión que le causó no poder regresar a su casa, en la Sierra de Guerrero. después de que dos años atrás unas personas armadas la sacaron junto a otros mil pobladores.

Rufina era originaria de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo. El 11 de noviembre de 2018, ante el temor de ser víctimas de desaparición o asesinato, varias familias –incluida la deRufina– dejaron sus casas; los agresores probablemente ahora las ocupan.

El caso de Rufina y el de otras víctimas de desplazamiento forzado están documentados por el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que les ha acompañado en su desplazamiento y en sus acciones y gestiones ante los gobiernos para que les den seguridad.

Rufina fue parte de los cientos de desplazados de la violencia en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala que el 17 de febrero del 2019 se plantaron afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Exigían garantías de un retorno seguro a sus casas. Después de 38 días en plantón, firmaron una minuta de acuerdos con el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Entonces los desplazados se retiraron. Pero esos acuerdos continúan pendientes.

“Poco a poco la señora Rufina fue cayendo en depresión a consecuencia de no poder regresar a su pueblo. Le dio una infección en los pulmones, su salud empeoró hasta que murió con la esperanza de regresar a su comunidad, sumándose a otras personas más que han corrido la misma suerte”, se lee en un texto que difundió el Centro Morelos.
Promesas de las autoridades

A las familias desplazadas les han prometido en varias ocasiones apoyos y ayuda, primero, para subsistir el tiempo fuera de sus casas, y segundo, que regresarán pronto; hasta fechas les han programado, y siguen en los mismos lugares donde se refugiaron.

Cuando los integrantes del Centro Morelos pidieron apoyo para los gastos funerarios de Rufina, la directora de la Comisión de Atención a Víctimas, María de los Ángeles Haces, dijo que para otorgar el apoyo era necesario demostrar que la muerte era a causa del mismo evento de violencia que le provocó el desplazamiento.

El argumento, supuestamente, lo basan en la Ley General de Víctimas, es decir, que la atención sólo es para las familias de víctimas de desaparición.

Para los defensores de derechos humanos del organismo es sabido que la depresión debilita las defensas, como en el caso de Rufina, y que cualquier enfermedad puede complicarse; aunado a ello se suman las condiciones precarias, con mala alimentación, falta de higiene y poco descanso que padecen los desplazados forzados. Por eso, insisten los defensores, las autoridades siguen violentando sus derechos humanos.

Rufina no es la única desplazada que ha muerto. La información registrada por el organismo defensor de derechos humanos es que ya son cinco personas fallecidas, cuatro mujeres y un hombre. Dos de ellas murieron por Covid-19.

Además dos mujeres sufrieron abortos, una a los ocho meses de embarazo y otra a los tres meses.

Durante esta pandemia, en total, 25 desplazados dieron positivo a la Covid-19, y el organismo gestionó atención médica.
¿Cuál es el trasfondo de las intervenciones militares en la Sierra?

El Centro Morelos se pregunta por qué el gobierno envía militares a destruir los sembradíos de amapola, pero no desarticula los grupos armados que han desplazado a cientos de familias de distintas poblaciones de la Sierra de Guerrero.

También cuestiona, y lo hace público en un comunicado: ¿por qué el gobierno federal prefiere crear policías especiales para asegurar la explotación minera y no garantiza los derechos humanos de la población?

En la pregunta está la respuesta. Se han creado policías especiales para cuidar las industrias extractivistas y no para garantizar seguridad a la población en general.

Los desplazados de la Sierra y de otros lugares– Centro Morelos también acompaña a desplazados de Zitlala –continúan fuera de sus casas.

Asilo en otro país

Crescencio Pacheco González, el ex líder de este movimiento de desplazados, hasta salió a pedir asilo político a Estados Unidos.

Desde el desplazamiento, él nunca paró de denunciar públicamente la situación que vivían en la sierra, donde la violencia y amenazas se recrudecían cada vez más. Fueron aumentando las balaceras y después personas irrumpieron en los hogares. Al final éstos se quedaron con sus casas, con sus vidas, con su entorno.

Por denunciar esa situación, Pacheco González recibió amenazas telefónicas para que se retirara del movimiento. Salió de México junto con su familia.

Crescencio también participó en el plantón de 38 días del Palacio Nacional, vio morir a algunos de sus compañeros, y a otros enfermarse de depresión y otras complicaciones en la salud provocadas por el desplazamiento forzado.

https://piedepagina.mx/rufina-otra-vida-perdida-entre-el-desplazamiento-forzado-y-la-pandemia/

Ecocidios, el latente riesgo ambiental del Tren Maya en el sureste mexicano

Infobae

Los proyectos inmobiliarios y de urbanización podrían general al menos 19 afectaciones ambientales al sureste de México

El Tren Maya, uno de los proyectos que más enorgullecen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría causar alrededor de dos decenas de ecocidos por su construcción, de acuerdo con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur).

Estos eventos podrían ser ocasionados por los proyectos inmobiliarios y de urbanización que pretenden realizarse. El objetivo, señala un estudio del al que tuvo acceso El Universal, es replicar en las “comunidades sustentables” el modelo que presenta la ciudad de Cancún en Quintana Roo, uno de los espacios turísticos más importantes del país.

La zona en la que se presentaría este escenario se encuentra ubicada al sureste de México, específicamente en los lugares aledaños a la Reserva de la Biosfera de Calakmul y Escárcega en el estado de Campeche, en Palenque, Tabasco, y en Mérida Yucatán.

La investigadora de la Universidad Autónoma de México (UAM), Violeta Núñez, señaló al periodista Carlos Carabaña que “Van a tratar de reproducir 19 ‘Cancunes’, una depredación de la naturaleza”.

Sin embargo, los datos del centro turístico no dan un panorama alentar sobre los proyectos. El estudio del Fonatur también reveló que durante los últimos 40 años se perdieron 77% de las selvas y 64% de la vegetación de dunas costeras en Cancún. Además, existe el riesgo de que haya un desenfrenado crecimiento urbano si los proyectos no se desarrollan correctamente.

Los expertos consultados por el medio señalaron que esto representaría una amenaza para el medio ambiente, especialmente en el tramo número siete del Tren Maya que atraviesa 287 kilómetros y pasa por Escárcega en Campeche y Bacalar en Quintana Roo.

De acuerdo con EFE, la construcción del Tren recorrerá a partir de 2023 cerca de 1,554 kilómetros en siete tramos con 19 estaciones para transporte de pasajeros locales, turistas y carga en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Gobierno estima una inversión total de más de 6,294 millones de dólares para la obra, de los que este año se ejecutarán 41,852 millones de pesos (más de 2,092 millones de dólares) y la creación de 80,000 empleos con la construcción de los primeros cinco tramos.

A este estimado, se añadirían 715,000 nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150,000 empleos asociados en la economía rural, para totalizar casi un millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

El Programa de las Naciones Unidas también anticipó un incremento del 28% de la población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas empleadas serán de comunidades indígenas.

“Para el Gobierno es progreso, es desarrollo y eso significa más trabajos y más urbanización. Para nosotros como mayas eso implica que otra vez nos ven como mano de obra barata, implica especulación de la tierra y, por lo tanto, despojo”, expresó a EFE Alberto Velázquez, de la asociación civil Indignación.

Por otro lado, El Tren Maya ha despertado la oposición de un sector de los pueblos originarios mexicanos, como el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno al anunciar un “combate contra los megaproyectos” del presidente.

“Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación (de México) pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso”, denunciaron.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/07/ecocidios-otro-riesgo-ambiental-del-tren-maya-sale-a-luz/

Médicas y pasantes de medicina protestan contra acoso y agresiones en Chihuahua

Proceso/Patricia Mayorga

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El homicidio de la joven pasante de Medicina, Mariana Sánchez Dávila en Chiapas, desató la indignación de las estudiantes y egresadas de Medicina en Chihuahua, quienes desde hace años han denunciado los riesgos de trabajar en zonas inseguras e incluso con sus propios compañeros, sin que sus denuncias sean atendidas.

En una marcha que inició en el hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, exigieron justicia para Mariana, y garantías para ejercer su labor de manera segura, porque no cuentan con protocolos claros y eficaces para denunciar delitos desde acoso sexual y laboral, hasta intimidación de grupos delictivos.

La marcha tuvo cuatro puntos estratégicos para elevar el nivel de exigencia, en donde colocaron batas blancas con sangre simulada con pintura roja. El primero fue el IMSS Morelos en la ciudad de Chihuahua, donde colocaron las batas. El segundo fue la rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada frente al palacio de gobierno y a un costado de la Fiscalía General del Estado.

El tercero, la cruz de clavos colocada desde hace varios años en la plaza Hidalgo también frente al palacio de gobierno y que se ha convertido en el ícono de la impunidad de feminicidios, homicidios contra líderes ambientales y otras víctimas de la violencia generalizada que vive la entidad.

El cuarto punto fue en las antiguas instalaciones de la Facultad de Medicina de la UACH, que se encuentra a un costado del Hospital Central Universitario, hoy convertido en hospital covid.

En el cierre de la marcha, estudiantes y egresadas dieron testimonio de los abusos de los que han sido víctimas, como la violación sexual de un compañero de la misma aula, que hasta ahora continúa impune a pesar de las denucias ante las autoridades universitarias y judiciales.

Recordaron también la situación en la que mujeres y hombres pasantes de Medicina, realizan su servicio social principalmente en las zonas de riesgo, donde por lo menos se ha registrado un caso de desaparición en Gómez Farías. En esa región fue desaparecido por un grupo delictivo que se lo llevó de su casa para exigirle atención médica, el doctor Blas Juan Godínez, quien hasta ahora no ha aparecido.

Otras jóvenes también han sido llevadas por integrantes de grupos delictivos para atender a sus heridos, aunque afortunadamente las han regresado con vida.

La marcha fue convocada por el colectivo MedFemCuu y Médicas con A, quienes tuvieron una amplia respuesta de estudiantes y egresados de Medicina. Se reunieron alrededor de 200 que caminaron al grito de “Mariana, escucha, estamos en tu lucha”.

Las pancartas, entre otras frases demandaban justicia: “En Chihuahua y Chiapas desaparecen y matan médicos (as)”, “Protocolos para las (os) pasantes, ¿cuándo?”, “Las universidades nos niegan como alumnas (os) cuando somos internos y pasantes”, “Mi familia espera un médico, no un cadáver #JusticiaParaMariana”, “Voy a servir a la comunidad, no a que me maten #JusticiaParaMariana”.

Sofía García, médica egresada de la UACh, quien también ha denunciado abusos sexuales, refirió que la pandemia puso en evidencia la precariedad de la inversión en el sistema de salud, lo que repercute en la falta de médicas y médicos en zonas rurales o de riesgo, que son cubiertas por quienes realizan el servicio social generalmente.

Cristina Gutiérrez Sandoval, médica pasante de servicio social, destacó el apoyo que hubo en la marcha que les unió en un sólo sentimiento y reclamo de justicia.

“Como pasante de servicio social estuve en una clínica rural en un ambiente de hostilidad y machismo por la misma comunidad y las jerarquías médicas. Con el asesor no había posibilidad de diálogo, se trabaja bajo una presión muy fuerte, no somos escuchados. Aunque yo me siento afortunada, a pesar de que era una plaza tipo C, porque la comunidad no fue una historia trágica, gracias a las enfermeras que hacian visible la violencia de género. Pero no todas tienen la suerte que tuve”, compartió Cristina.

Contó que el presidente municipal también la escuchó, entendió que las mujeres médicas tenían miedo al atender pacientes a cierta hora del día. A partir de que habló con él, las personas que requerían atención médica por la noche, sólo podrían ser atendidas si iban acompañadas por una mujer.

“En una plática con adolescentes, hablando de sexualidad en un programa institucional, me preguntaron si yo ya había estado allí porque me parecía mucho a una médica anterior. Les dije que no. Y burlándose dijeron: ‘ah no, a la otra la mataron’. Es un ambiente muy normalizado con la violencia”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/2/7/medicas-pasantes-de-medicina-protestan-contra-acoso-agresiones-en-chihuahua-257807.html 

Sea Shepherd: un poder internacional (Baja California)

Proceso / Jesusa Cervantes.

La senadora por Baja California, Alejandra León, acusa que las acciones del gobierno y de Sea Shepherd no han logrado proteger especies en peligro como la Vaquita Marina, pero sí consiguieron criminalizar a los pescadores de San Felipe.

SAN FELIPE, BC. (Proceso).- Después de formar parte de Green Peace, el capitán Paul Watson fundó Sea Shepherd en 1977, en Vancouver, para proteger y conservar la fauna marina. En 1981 migró a Oregon, Estados Unidos.

En 2010 la organización ambientalista Sea Shepherd Conservation Society recibió una donación de 5 millones de dólares de Bob Barker, un famoso presentador de la televisión estadunidense, y otra por 1 millón del empresario israelí, radicado en Hollywood, Ady Gil.

Según el informe anual de sociedades sin fines de lucro entregado a Washington aquel año, la organización obtuvo ingresos por 11.4 millones de dólares y activos por 6.4 millones.

En 2016, la Fundación Leonardo di Caprio (LDF) donó 15.6 millones de dólares a diversas causas, entre ellas el programa Milagro V de Sea Shepherd para salvar a la vaquita marina en el Mar de Cortés, según la página de internet del actor, pero no dice la cantidad que le dio a la organización. Sólo indica que Sea Shepherd, “beneficiaria de LDF”, se coordinará con la Marina de México y organizaciones no gubernamentales para eliminar las amenazas a la vaquita marina.

“Además de patrullar el área en busca de pescadores furtivos –se dice en el citado portal–, las embarcaciones de Sea Shepherd trabajarán incansablemente para retirar los aparejos de pesca del hábitat de la vaquita, protegiendo no sólo a ésta, sino también a especies como la tortuga laúd y el tiburón martillo, en peligro de extinción”. El 7 de octubre de 2017 Di Caprio firmó en Los Pinos, con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, un acuerdo para proteger a la vaquita marina.
Confrontaciones

Sin embargo, antes de la operación Milagro V, Sea Shepherd había realizado la operación Milagro IV, en 2014, también en México. Su punto de anclaje fue el puerto de San Felipe, ya que en 2005 el gobierno mexicano decretó área protegida el hábitat de la vaquita marina y en 2010 creó la norma de protección de especies en riesgo.

Sea Shepherd asegura que las redes de enmalle matan a la vaquita. Y como los cazadores furtivos de la totoaba utilizan todo tipo de redes, incluyendo esta, los activistas comenzaron a perseguirlos y a decomisarles las redes. La página de la agrupación dice que así han recuperado cerca de mil mallas, pero hasta la fecha no hay evidencia de que hayan encontrado ninguna vaquita en redes de pesca.

Los constantes enfrentamientos generaron malestar en la población, aunque nunca había muerto nadie, como sucedió el pasado 31 de diciembre.

La senadora por Baja California Alejandra León afirma que las acciones del gobierno y de Sea Shepherd no han logrado proteger las especies en peligro, pero sí consiguieron criminalizar a los pescadores de San Felipe.

De acuerdo con la página de Sea Shepherd, sus activistas han sido atacados constantemente. El 9 de enero de 2019 cerca de 30 pangas de pescadores furtivos los atacaron cuando una de sus embarcaciones con totoaba fue detectada.

Según la organización, los pescadores ilegales les arrojaron “pesos de plomo, anclas, basura, peces muertos e incluso salsa Tabasco al barco y las ventanas de la timonera, además de amenazar al barco con cócteles molotov y rociar gasolina”. Algunos subieron al navío e incendiaron el casco. El comunicado de Sea Shepherd dice que avisaron a la Marina y las pangas se alejaron cuando los militares sobrevolaron el área.

El 28 de marzo de 2019 elementos de la Marina esperaron en tierra a que llegaran varias pangas, luego de que Sea Shepherd señaló a sus tripulantes como totoaberos. En la persecución un marino hirió en la cabeza a Enrique García Sandez. Inconformes, los pobladores incendiaron autos.

El pasado 11 de noviembre, una semana antes de que la Marina indemnizara al herido –asesorado por organizaciones internacionales y a quien no se le comprobó el cargo de pesca ilegal–, agentes de la Fiscalía General la República se lo llevaron de su domicilio sin orden de cateo o de aprehensión. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su “preocupación” por esa acción irregular.

Actualmente García Sandez permanece en un penal federal junto con el exlíder de pescadores Sunshine Rodríguez.
“Ecoterroristas”

En marzo de 2020 la agrupación ambientalista reportó otro ataque de pescadores con pesas de plomo.

El mismo año, embarcaciones de Sea Shepherd navegaban con las luces apagadas cuando un pescador furtivo llamado Gabriel chocó contra una de ellas y falleció. Como no era de San Felipe, no hubo disturbios.

No fue el caso del pasado 31 de diciembre, cuando la población se volcó en las calles en protesta por la muerte de un pescador y las graves heridas de otro.

La gente del puerto acusa a la agrupación extranjera de ordenarle a la Marina que proceda contra quienes ella señala como presuntos integrantes del llamado “cártel de la totoaba”. De ahí que la senadora Alejandra León se refiera a la “criminalización” de los pescadores.

Incluso la legisladora presentó una relación de hechos por los cuales Sea Shepherd ha sido expulsada de varios países bajo la acusación de usar tácticas “ecoterroristas”:

En 1979 una embarcación de Sea Shepherd­ embistió y hundió al ballenero Sierra en los mares de Portugal. En 1981 se adjudicó el hundimiento de las embarcaciones Isba I e Isba II en aguas españolas. Dos años después Paul Watson y otros miembros de la organización fueron condenados a 15 meses de prisión en Canadá por pilotar una embarcación de manera peligrosa y por intimidación, después de interferir en la caza anual de focas en el Golfo de Saint Lawrence.

En 1986 un activista de Sea Shepherd disparó un arma de fuego contra un policía de las Islas Feroe. También se le adjudica el hundimiento de dos embarcaciones y el ataque a una estación ballenera en Islandia. En 1988 el gobierno de ese país declaró non grata a la organización.

En 1992 integrantes de Sea Sherpherd intentaron atacar a la embarcación noruega Nay­braena y embistieron otra de la Guardia Costera del mismo país. Dos años más tarde la organización perdió su estatus como observador en la Comisión Ballenera Internacional, cuyo secretario general, Ray Gambell, calificó los actos de ese grupo como terroristas.

En 1994 el Instituto Nacional de Pesca de Estados Unidos solicitó una investigación por los actos de la agrupación contra embarcaciones noruegas, catalogándolas como casos claros de piratería. En 2002, un navío de Sea Shepherd embistió a la embarcación costarricense Varadero. Y en 2008 activistas abordaron el barco Yushin Maru 2, de Japón, por lo que el gobierno de ese país los llevó a juicio y logró que los sentenciaran a dos años de prisión.

Poco después, en 2010, un buzo perdió un brazo a consecuencia de una colisión entre un navío de Sea Shepherd y dos barcos atuneros que pescaban legalmente en Malta.

Y en 2012 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos sentenció a la organización a mantenerse a más de 500 yardas de cualquier embarcación japonesa y a abstenerse de realizar cualquier tipo de acción en su contra. Finalmente, en 2015 Sea Shepherd aceptó pagar 2.5 millones de dólares al Instituto de Investigación de Cetáceos por desobedecer esa restricción judicial.

Reportaje publicado el 31 de enero en la edición 2309 de la revista Proceso, cuya versión digital puede adquirir en este enlace.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/2/6/sea-shepherd-un-poder-internacional-257776.html