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Yucatecas víctimas de violencia: Ignoradas en la pandemia

Redacción / Foto de Lilia Balam / Haz Ruido

Condenadas a quedarse en casa con sus agresores, niñas y mujeres buscan ayuda en organizaciones de la sociedad civil, las cuales reportan récords de atenciones brindadas.

Por otro lado, autoridades de todos los niveles menosprecian la problemática o no implementan medidas adecuadas para hacerle frente durante la contingencia sanitaria.

Mérida, Yucatán, 25 de mayo de 2020.- A pesar de los discursos de autoridades de distintos órdenes de gobierno, en el sentido de que la violencia contra las niñas y mujeres ha disminuido o no es una problemática grave durante la pandemia de Covid-19, quienes trabajan directamente con las víctimas afirman que el confinamiento ha agudizado esta situación en Yucatán.

El mensaje para evitar la propagación de la enfermedad ha sido “quédate en casa”, sin embargo, en el estado y el resto del país este no es un sitio seguro para las mujeres. Los tres feminicidios registrados en 2020 en el territorio han sido cometidos en la intimidad de los hogares, razón por la cual muchas yucatecas han tenido que salir a buscar auxilio.

Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora General de APIS Sureste, indicó que el refugio para quienes se encuentran en riesgo de violencia feminicida que administra dicha asociación operó al 100 por ciento de su capacidad en abril. Podemos tener hasta cinco núcleos familiares, es decir, mujeres con sus hijas e hijos, pero a principios de abril recibimos dos nuevas usuarias y nos quedamos sin espacios, comentó.

En entrevista con Haz Ruido, dijo que en ese mismo mes hubo dos peticiones más de ingreso, las cuales tampoco encontraron cupo en el albergue del Ayuntamiento de Mérida, por lo que tuvieron que vincular a las solicitantes con otras opciones. Cabe recordar que, en Yucatán, estos dos sitios son los únicos refugios para mujeres que viven violencia extrema.

En cuanto al Centro Externo de APIS, que brinda diferentes tipos de asesoría, detalló que tan sólo en abril pasado ofreció 160 atenciones psicológicas y 64 jurídicas, así como 20 servicios a niñas y niños. “Nos sorprenden muchísimo estos datos porque esto nunca nos había sucedido”, agregó.

Asimismo, destacó que la contingencia sanitaria les ha obligado a modificar su forma de trabajar ya que todos las consultas se han llevado a cabo mediante llamada telefónica o internet. Además, a través del perfil de APIS Sureste en Facebook, han orientado a personas e, incluso, instancias gubernamentales de otras entidades, que buscaban ayuda.

“En abril y en lo que va del mes de mayo hemos tenido alrededor de seis casos de mujeres en situaciones de violencia extrema que requieren de refugio. Hemos hecho las canalizaciones para que, efectivamente, puedan estar en condiciones de seguridad”, contó.

“Como estamos articuladas a la Red [Nacional de Refugios], eso también da para que nos escriban o nos hablen mujeres de otros estados de la República. Por recordar ahorita alguno, nos hablaron de Puebla en dos ocasiones: una usuaria de manera directa y otra de una dependencia que buscaba canalizar a una usuaria en esta situación”, manifestó.

Las declaraciones de la experta contrastan con lo boletinado por el Gobierno del Estado, en el sentido de que las llamadas de auxilio “relacionadas con la violencia de pareja disminuyeron 55.2 por ciento durante el periodo posterior a la declaración de la Ley Seca”, disposición que entró en vigor el 9 de abril pasado.

Vale la pena recordar que el decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, explica que esta medida se puso en marcha debido a que la atención de casos de violencia contra niñas, niños y mujeres, causados por la ingesta de alcohol, pone en riesgo a elementos de seguridad pública y “los distrae de labores de seguridad más importantes o apremiantes”.

Después de implementarse la prohibición, continúa el comunicado, los pedidos de ayuda al número 9-1-1 por violencia familiar cayeron 49.7 por ciento, así como aquellos que tienen que ver con violencia contra las mujeres, que decrecieron en un 42.6 por ciento.

Cuestionada al respecto, la titular de APIS Sureste sostuvo que el hecho de que las mujeres estén confinadas con sus maltratadores podría explicar esta disminución. “Como el generador de violencia se encuentra en casa, tienen también menos posibilidades de hablar”, recalcó.

Acceso parcial a la justicia

El pasado 10 de abril, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo un llamado a los 32 poderes judiciales de las entidades federativas a garantizar la atención e investigación de delitos contra niñas y mujeres durante la pandemia, puesto que estas instancias anunciaron que implementarían suspensión de labores y guardias.

En Yucatán, desde el 18 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura estatal anunciaron que “se seguirían despachando las órdenes de protección y medidas precautorias como parte de un proceso judicial; asimismo, se celebrarán audiencias y se dictarán acuerdos respecto de los asuntos relativos a niñas, niños y adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, pensión alimenticia, restitución de menores o providencias cautelares en la materia, de manera enunciativa y no limitativa”.

No obstante, en el informe (des)Protección judicial en tiempos de Covid-19 de la organización feminista EQUIS Justicia para las Mujeres, se señala que el estado se encuentra a media tabla, con una calificación de 59.5, en cuanto a la atención que brinda a los asuntos de violencia de género durante la contingencia sanitaria .

El estudio evalúa las acciones que en Yucatán sí se establecieron guardias para emitir órdenes de protección en materia familiar y penal, pero omitieron o no hicieron una mención expresa sobre el otorgamiento de medidas precautorias en las materias familiar y penal. En cambio, sí se implementaron guardias presenciales para que el pago de pensiones alimenticias opere de manera regular y no se vea afectado.

Por otro lado, en el caso de los centros de convivencia familiar se dejó a discrecionalidad de las autoridades analizar caso por caso y, por último, no se pusieron en marcha políticas laborales internas para responder a las necesidades de su personal con cargas adicionales de cuidado.

En cuanto a las medidas de protección, las cuales tienen el objetivo proteger a la víctima desde el comienzo de la investigación cuando el imputado representa un riesgo contra su seguridad e integridad, Leticia Murúa Beltrán Aragón lamentó que se estén dictando únicamente por 30 días.

“No sé qué esté pasando en otras partes, pero aquí en Mérida, en los juzgados, lo que hemos visto es que sí dan las medidas de protección solamente por 30 días […] entonces, cada 30 días las mujeres tiene que ir nuevamente a los juzgados a solicitar nuevamente”, dijo.

“En el momento que se terminan les dicen que tienen que estar muy al pendiente para regresar, a los 30 días, y que les vuelvan a dar las medidas de protección. Entonces, bueno, claro que eso en una situación como esta, pues no debería de ser, es como incrementar los riesgos, o sea, no tiene sentido”, agregó.

Además, comentó que el tema de la pensión alimenticia preocupa a muchas usuarias de los servicios legales de APIS Sureste. “Han estado preguntando constantemente cuándo se abren los juzgados porque están estos asuntos pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia que también ha dejado de pagarse y, bueno, esa va incrementando las situaciones difíciles que las mujeres viven”, finalizó.

#NosotrasTenemosOtrosDatos

Este lunes 25 de mayo se lleva a cabo una protesta virtual en todo el país para visibilizar la realidad de las mexicanas durante el confinamiento. A través de fotografías, videos y carteles, organizaciones feministas y activistas denuncian las distintas formas de violencia que experimentan las mujeres.

La manifestación exige que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su responsabilidad de promover, respetar, garantizar, defender y proteger los derechos humanos de las niñas y mujeres, sobre todo ante la omisión, inacción y negligencia de autoridades de todos los órdenes de gobierno.

http://www.hazruido.mx/reportes/yucatecas-victimas-de-violencia-ignoradas-en-la-pandemia/