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Militares para todo: despojo y control de la vida social en la 4T (parte I)

Colectivo Grieta, 20 de mayo de 2020

Ciudad de México.- El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto mediante el cual se asigna a las fuerzas armadas la facultad de ejercer labores de seguridad pública por un periodo de al menos 5 años. Con ese decreto se dio curso legal a la militarización de la vida cotidiana. Pero el proceso de despliegue de las fuerzas armadas, que comenzó hace más de 12 años en México, no se circunscribe a las labores de seguridad nacional y seguridad pública. Lejos de eso, la llamada Cuarta Transformación ha ampliado los alcances de la participación de los militares con la implementación de los programas de gobierno, de control de aspectos de la vida social y económica al tiempo que ha transferido enormes sumas de recursos públicos a la SEDENA y SEMAR, a veces bajo el cobijo del discurso del “combate a la corrupción”, al mismo tiempo que ha reducido el presupuesto de los instituciones civiles encargadas de la seguridad. El apuntalamiento militar del actual régimen es de tal magnitud que en enero de 2020 el jefe del Estado Mayor Presidencial, Homero Mendoza, enumeraba las tareas que les ha encomendado el presidente, reconociendo sin tapujos que son ellos quienes se encargan de “frenar el flujo migratorio”, al hacerlo, desnudaba el carácter militar de la Guardia Nacional, que era quien en ese momento aparecía nominalmente como la encargada de tales tareas. Mientras que el 9 de febrero, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) ya agradecía, durante su discurso el día de la “Marcha de la Lealtad”, la confianza depositada por parte de López Obrador al incluirlos en tareas de seguridad pública:

Garantizamos que la confianza que usted –comandante supremo de las Fuerzas Armadas– ha depositado en las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad pública, en los proyectos y programas prioritarios de su administración, es y será correspondida siempre con profesionalismo, honestidad y trabajo constante, pero, sobre todo, con lealtad inquebrantable”.

El decreto presidencial del 11 de mayo no hizo sino formalizar un camino que ya estaba pactado y en funciones.

 

FOTO tomada de la RED: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO

Las fuerzas armadas incrementan su presupuesto.
En medio de una campaña mediática desplegada por los voceros de la 4T para presentar el disciplinamiento financiero del Estado mexicano a los designios del gran capital como una política de ‘austeridad’, en 2019 el presupuesto de la SEDENA incrementó de una forma sin precedentes. El gobierno de la ‘cuarta transformación’ de López Obrador apostó a cambiar de secretaría de seguridad favorita: Ahora no es la Marina, sino el Ejército Mexicano el predilecto del administrador en turno. Mientras se redujo el presupuesto de las otras dependencias (Marina 9% menos que en 2018, PGR 9.1% menos que en el año precedente, y Policía Federal 5% menos que en 2018), la SEDENA recibió un aumento del 11.3%. Una nota de diciembre de 2018 informó que el proyecto de presupuesto para 2019 elaborado por el gobierno entrante del presidente Andrés Manuel López Obrador contempló un incremento de recursos para el Ejército Mexicano de 12 mil 648 millones de pesos.
“En el caso de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la propuesta enviada al Congreso para su análisis prevé un presupuesto total de 93 mil 670 millones 187 mil 410 pesos. En 2018 se asignaron al Ejército 81 mil 21 millones de pesos, lo que equivale a un incremento (tomando en cuenta el factor de la inflación) del 11.3%. Se trata no solo del mayor presupuesto para la Defensa Nacional por lo menos de 2010 a la fecha, sino además del mayor incremento de un año a otro”.

Recorte de documento. Fuente: PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018

Ya en 2018 se anunciaba que el plan de las Fuerzas Armadas Mexicanas era la de triplicar su presupuesto a lo largo de los siguientes años según información del “Libro Blanco” (documento a través del cual la SEDENA informa a presidencia la situación de las Fuerzas Armadas). Durante el 2018, su presupuesto representaba el 0.49% y la exigencia era llegar al 1.5% del Producto Interno Bruto del país.
En un artículo de octubre de 2019, el periódico El Economista publicó una nota en la que se preveía un ejercicio sin precedentes, por parte de la SEDENA, con respecto a seguridad pública: “En el 2006, año en el que asumió la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra contra el narcotráfico apenas fue investido, la SEDENA destinó 1,197 millones de pesos para “realizar acciones de vigilancia en el territorio nacional”, bajo el Programa Nacional de Seguridad Pública. Para el 2020 se prevé que la Secretaría de la Defensa Nacional destine más de 3,671 millones de pesos al Programa de Apoyo a la Seguridad Pública que despliega la dependencia; el presupuesto previsto sería el más alto en casi una década.”
Sin embargo, un mes después, el periódico Contralínea publicó datos distintos. Dado que la SEDENA recibiría presupuesto en 2020 para realizar trabajos tanto de Seguridad Nacional, como de Seguridad Pública, una nota de noviembre del 2019 informaba que: “la Sedena es la que mayor cantidad de recursos recibirá, con 83 mil 450 millones 150 mil pesos. Y es que recibe tanto de los fondos para seguridad nacional como de seguridad pública. Igual circunstancia es la de Semar, que recibirá 29 mil 6 millones 100 mil pesos. La Policía Federal, 25 mil 443 millones 930 mil. Y la Guardia Nacional, 3 mil 842 millones 200 mil pesos.” Esa misma nota afirma que para sus funciones de Seguridad Pública, la SEDENA habría de recibir 25 mil 593 millones 360 mil pesos.
Sin embargo, los datos de la nota de Contralínea son más bajos que los publicados por el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero del 2020. Ahí se informa que el total general destinado a la SEDENA asciende a $94,028,694,246. Lo cual implica un aumento en el presupuesto con respecto a 2019 de $358,506,886. La diferencia entre los datos de Contralínea y los del DOF puede deberse a los aspectos del presupuesto de la SEDENA que -en teoría- no tienen que ver con labores de Seguridad Pública o Seguridad Nacional, pero lo que es claro es que desde el inicio de la actual administración la 4T ha mantenido la tendencia de aumentar el presupuesto de la SEDENA dándole prioridad incluso respecto al resto del aparato de policial y militar del Estado.

Recorte de tabla. Fuente: CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5583407

 

Estos números de presupuesto ni siquiera consideran los montos asignados para administrar, desarrollar y lucrar con megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) o el mal llamado Tren Maya; tampoco contempla los montos otorgados para dispersión de los programas clientelares de la nueva administración como el programa “Sembrando Vida”. Es decir, el dinero en manos de los militares también se ha incrementado a través de una transferencia oculta, pues recursos que en el presupuesto de la federación aparecen nominalmente asignados, por ejemplo, a la Secretaría de Bienestar, pueden terminar en manos de la SEDENA como “pago” por la participación de los militares en los proyectos políticos del gobierno.
Militarización de aduanas
Al mismo tiempo que el gobierno de México firmaba el nuevo tratado de libre comercio (TMEC) en junio del 2019, también desplegaba decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras con fin de bloquear el paso de migrantespara julio ya habían 21 mil elementos de la GN en ambas fronteras. En ese mismo contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria acordaban que personal militar ocupara los cargos de administradores y subadministradores aduanales, así como jefes de planta y verificación en 22 de las 44 aduanas del país. Esto implica que la SEDENA se encarga ahora de la administración tributaria del país en lo relacionado al comercio exterior.  
Previamente, en 2018, ya se había firmado un convenio de colaboración entre la SEDENA y SAT con el fin de desplegar 1,139 efectivos militares para el resguardo de todas las aduanas del país, sin embargo, con el esquema que se puso en marcha a mediados del 2019 la SEDENA queda a cargo de los más altos puestos de administración aduanal, tomando prácticamente todo el control del comercio exterior y regulación de flujos migratorios, especialmente en las aduanas de las fronteras norte y sur. 
De esta manera se evidencia que mientras el gobierno aprueba  un nuevo acuerdo para la libre circulación de mercancías (TMEC), al mismo tiempo militariza las fronteras por completo para impedir la circulación de personas.  Y  ambas cosas, movimiento de mercancías y la limitación al libre tránsito de las personas, quedan en manos del ejército.

Construcción de “Bancos del bienestar”, en manos de militares.

En el primer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador anunció la transformación del  Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) en el llamado “Banco del Bienestar”, cambio que fue aprobado por la mayoría de Morena en la cámara de diputados en 2019. A primera vista se trata de un cambio de nombre más, pero el gobierno federal ha anunciado repetidamente que su objetivo es lograr que el sistema financiero penetre hasta las regiones más remotas del país, por lo que usará Banco del Bienestar como medio para dispersar los programas sociales y también como medio para atraer a las comunidades rurales al mundo del crédito, es decir, para endeudar a los campesinos.
Pero esta empresa requiere ampliar la infraestructura existente, de modo que la bancarización de la vida rural pueda realmente acontecer. Y, como en otros tantos proyetcos, el gobierno de López Obrador recurrió a los militares: “Tengo el compromiso de los ingenieros militares que me están ayudando y vamos a construir dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, así vamos a empezar porque queremos llegar a 13 mil”, dijo orgulloso AMLO.
 Al inicio del 2020 el proyecto de la 4T era entregar a los militares 5 mil millones de pesos para la construcción de 1350 sucursales de los Bancos del Bienestar. Pero una vez que la pandemia de COVID-19 comenzó a azotar el país y en medio de fuertes carencias de equipo médico, AMLO decidió ampliar el programa de construcción de sucursales para llegar a las 2,700 para 2021 y finalmente a 13,000. Por supuesto, al asignar a los militares la construcción, el gasto público pasó directamente a manos de la SEDENA, evitándose así el proceso de licitación de un programa de obra pública de ese tamaño. Si las cifras se mantienen, el plan del gobierno implicaría transferir a los militares unos 48 mil millones de pesos en los próximos 5 años, solo para la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. En pocas palabras, ante la crisis, el gobierno se apoya en y coloca más recursos en manos de los militares. Que nadie se llame al engaño.
La entrada de las sucursales del llamado Banco del Bienestar es importante para el gobierno porque pretende que además sean “integradores de servicios públicos” (sin que hasta el momento se haya especificado el alcance de esta función), al tiempo que ha habido interés por parte de los banqueros de que dichas sucursales sean “corresponsales bancarios”, es decir que puedan dar servicio indirecto al capital privado. Lo que sí es claro, es que nuevamente el ejército esta en el centro de uno de los proyectos de expansión del capitalismo más ambiciosos del actual gobierno. De nueva cuenta son los militares los que administrarán los recursos y con cada peso ganan poder al interior de la 4T.
¿Es casualidad que los militares construyan bancos?
Hace poco más de un siglo, Rosa Luxemburgo explicó que en las regiones y áreas donde las formas no mercantiles (economía natural) aún persisten, la introducción de vías de comunicación, como ferrocarriles, canales y carreteras es vital para que se extienda la economía de mercancías. Para ejercer su dominio, el capital necesita comprar los productos de las comunidades en las que queda algo de la vida social sin sumergirse en el mundo capitalista y necesita venderle a esas mismas comunidades las mercancías que el capitalismo produce. Para eso, se necesita el dinero. El capital necesita que la gente del campo compre sus mercancías y eso solo se puede lograr restringiendo la vida de esa gente a una sola actividad, sea agrícola, forestal o ganadera. 
El Banco del Bienestar se inscribe en este proceso de ruptura del tejido social, de destrucción de la vía comunitaria. En agosto de 2020, el EZLN lo explicaba así:

Si la mayor de las artimañas del diablo es persuadir de que no existe, uno de los cimientos del sistema capitalista es convencer de que el dinero todo lo puede. Y el dinero es el amo y señor de los gobiernos. En el dinero basan su proyecto de pasar a la historia como grandes transformadores.

Y hoy el ejército federal es el constructor de la infraestructura para que el dinero fluya y reine en el mundo. No es casualidad que sean también los militares quienes producen parte de los árboles del programa “Sembrando vida”, otra pieza clave del proyecto de monetización de la vida social en la 4T.

Sembrando vida: otra cara de la militarización.
La dependencia de este programa respecto al ejército fue resumida por el gobierno de México al señalar que  sin los militares “sería imposible cumplir los objetivos y metas de Sembrando Vida”. Este programa, que pretende cubrir un millón de hectáreas transformando los sistemas productivos por decisión presidencial hacia las llamadas “Milpas Intercaladas con Árboles Frutales”, se relaciona con el despliegue de las fuerzas armadas en dos niveles.
Por una parte, como ha sido denunciado desde la academia, el despliegue de la Guardia Nacional guarda una sospechosa y casi perfecta correlación con las llamadas “posiciones de referencia” del programa Sembrando vida. Por otra parte, y en concordancia con esto, según informes del propio gobierno de México, el grueso de las especies que se producen en los viveros militares corresponden a especies del sureste y este de México, como caoba, macuilis y cedro rojo (por cierto, ninguna de ellas es un frutal, sino especies maderables que demorarán al menos 30 años en poder se aprovechadas), es decir, especies que corresponden al área donde López Obrador pretende construir el mal llamado “Tren Maya” y el “Corredor Interocéanico“. Si a inicios del siglo XX el sueño del ferrocarril transístmico de Porfirio Días se apoyaba en la “Guardia Rural”, en 2020 los proyectos capitalistas no solo van enlazados, sino  que tienen en la Guardia Nacional y el Ejército a “aliados indispensables”.
     Pero estos “aliados indispensables” han sido, en el terreno de la producción de plantas, mucho menos eficientes de lo que el presidente supuso. De 80 millones  de árboles que los viveros militares se comprometieron a entregar en 2019, sólo entregaron 37 millones; el convenio significó el ingreso a las arcas de la SEDENA de 739 millones de pesos. La ineficiencia no importó, en 2020, se amplió el convenio con SEDENA para incorporar más viveros militares sin que hasta el momento se sepa cuánto dinero implicará.

Foto: CORAT, 19 de Febrero de 2020.

     Los efectos del programa Sembrando vida en términos ambientales son, por lo menos, debatibles, pues al fomentar el pago (otra forma de bancarización) por la siembra, no solo convierte a los campesinos en dependientes del dinero del gobierno (al perder superficie de cultivo las familias pierden capacidad para resolver sus propias necesidades), sino que ha incentivado la tala de áreas forestales para poder inscribirlas después al programa Sembrando Vida, como ha sido documentado en Campeche y Veracruz. Como ha sido denunciado por el EZLN, la condición para que se otorgue el programa “es que los “derecheros” (los ejidatarios con derechos agrarios) le cedan a los “solicitantes” dos hectáreas de las que son su derecho. Esto quiere decir que la “nueva” reforma agraria 4T consiste en quitarle tierra a los que menos tienen”. En un inicio, la “dispersión” de los recursos que reciben como pago los campesinos se ha hecho a través del otro gran aliado de la 4T: Banco Azteca. La apuesta de AMLO consiste en ampliar el alcance de este programa y para ello ha recurrido una vez más a los militares, que construyen las sucursales del Banco de Bienestar.
Los Puertos: también militarizados.
Foto tomada de la red: Raúl Solís / El Diario de Xalapa
En el afán de entregar la administración del comercio exterior de México al mando militar, el gobierno federal ha impulsado la iniciativa para que la administración portuaria quede bajo total control de la Secretaria de la Marina, lo cual implica la administración de asuntos marítimos, el control sobre las actividades de la marina mercante, la educación náutica y la certificación de embarcaciones.
La militarización de la actividad portuaria es una tendencia creciente que viene de tiempo atrás. En 2016, durante el gobierno de Peña Nieto, se realizaron reformas a la Ley de Navegación y Ley de Puertos para que la SEMAR pudiera compartir actividades portuarias esenciales de seguridad, búsqueda y rescate y supervisión de la marina mercante junto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, con el gobierno actual se pretende realizar una nueva modificación legislativa propuesta por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aprobada públicamente en toda su extensión por López Obrador para que el aparato militar pueda controlar la totalidad de la administración de las actividades mercantes, ya sean de turismo, comercio o seguridad en todos los puertos.
Con esta reforma la SEMAR estaría a cargo entre otras cosas de las contrataciones y construcción de obras -las cuales podrían estar resguardadas o exentas de las obligaciones de transparencia por tratarse de una institución de seguridad nacional-, la representación en asuntos internacionales, el nombramiento y remoción de capitanes de puerto, la planeación y conducción de la política de marina mercante y puertos; esto implica que la Marina se apropie de las utilidades que generan los recintos portuarios por uso de infraestructura, arrendamientos, cesiones parciales de derechos, y prestaciones de maniobras y servicios, lo cual representó en 2019 un monto de 7,359 millones de pesos
Esto pondría entre la espada y la pared a miles de trabajadores portuarios ya que de aprobarse la reforma significaría que estarían bajo el mando de la institución armada o por el contrario, si la Marina sustituye su trabajo, muchos empleados perderían su trabajo poniendo en riesgo la estabilidad de sus de familias.