Crece la crisis migratoria y de personas refugiadas en Oaxaca

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Diana Manzo / Pagina3

OAXACA.- En los últimos dos meses, la llegada de personas migrantes de al menos diez nacionalidades se incrementó en Oaxaca por la frontera sur.

Especialmente de nacionalidad venezolana, haitiana, nicaragüense y cubana.

También han arribado de Indonesia, países africanos, de China, Japón, Australia, Perú, y Colombia entre otros.

Hace diez días, las autoridades federales y de Oaxaca instalaron tres centros de movilidad.

Dos en el Istmo de Tehuantepec y uno en el municipio de San Sebastián Tutla, en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

Desde esos lugares, a diario salen autobuses de primera y segunda clases y líneas turísticas con destino a la Ciudad de México.

LAS CIFRAS
El récord de traslado de personas migrantes ha alcanzado de 500 a 800 migrantes por día.

En ese sentido, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, informó que esta dependencia, a través del Instituto Nacional de Migración (Inami), comentó que en el 2021 se rescataron más de 13 mil personas migrantes.

Para el 2022 se rescataron a más de 52 mil personas en tránsito, mientras que en lo que va del año 2023, de enero al 30 de septiembre, se han rescatado a más de 170 mil personas.

«Se han rescatado a través del Instituto Nacional de Migración y prácticamente se ha triplicado el flujo migratorio; por ello se tomó la decisión de instalar los Centros de Movilidad Migratoria», señaló el funcionario federal.

Sin embargo, pese a que existe un acompañamiento a las personas en tránsito de parte de las autoridades, muchas unidades no tienen control de calidad.

De acuerdo con las múltiples denuncias de las y los propios migrantes, los autobuses en que viajan se detienen por fallas mecánicas en pleno viaje.

Resultado del estado de esas unidades de transporte, en este año se han tenido varios accidentes carreteros en los que personas migrantes se han visto afectadas, como la volcadura de este viernes 6 de octubre.

https://pagina3.mx/2023/10/crece-la-crisis-migratoria-y-de-personas-refugiadas-en-oaxaca/

Catorce mil niños en Colima están en riesgo por el trabajo que realizan

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Heidi de León Gutiérrez / luzia.com

Colima, México, Avanzada (06/10/2023).- La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, reveló que más de 28 mil niños y niñas en Colima están involucrados en actividades laborales, y la mitad de ellos realizan trabajos no aptos para su edad, lo que los pone en riesgo.

Así también mostró que el trabajo infantil en Colima creció en los últimos dos años, pasando de una tasa del 13.9 por ciento en 2019 a un 17 por ciento en 2022. Estos datos sitúan al estado en la séptima posición nacional en términos de trabajo infantil, solo detrás de estados como Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán y Puebla.

Según la ENTI, difundida por el INEGI ayer, en 2022 había 168 mil 961 niños y niñas en el rango de edad de 5 a 17 años en Colima, de los cuales 28 mil 756 se encontraban ocupados laboralmente. De este grupo, 14 mil 701 menores realizaban trabajos no permitidos y 2,047 estaban en ocupaciones permitidas.

Además, se destaca que la tasa de ocupación no permitida en Colima ha aumentado del 8.6 por ciento en 2019 al 8.7 por ciento en 2022, colocando al estado en la posición número 11 a nivel nacional. De manera alarmante, más de 10,000 de los menores involucrados en trabajos no permitidos no reciben un salario adecuado por su labor.

En cuanto a las actividades domésticas en condiciones inadecuadas, Colima ocupa la cuarta posición a nivel nacional, con un 9.7 por ciento de la población de 5 a 17 años involucrada en este tipo de trabajo. La ENTI revela que 140,882 menores realizan quehaceres domésticos, de los cuales 16,378 lo hacen en condiciones no adecuadas, lo que significa que enfrentan riesgos físicos y no pueden cumplir con sus compromisos escolares.

A nivel nacional, la ENTI reporta que en 2022, 3 millones 700 mil menores de entre 5 y 17 años realizaban trabajo infantil, representando una tasa del 13.1 por ciento, un aumento preocupante de 1.7 puntos porcentuales en comparación con 2019.

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Tren Maya: Sedena incrementará seguridad en Quintana Roo con más de 3 mil elementos

Con la inauguración del Tren Maya que se dará durante diciembre, el Secretario de la Defensa Nacional de México Luis Cresencio Sandoval informó que en Quintana Roo se incrementará la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional, pues habrá tres nuevas bases aéreas.

De acuerdo con los datos del titular de la Sedena, en Quintana Roo habrá tres mil 200 elementos de la Guardia Nacional adicionales para salvaguardar el mega proyecto, asimismo detalló que habrá cinco aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para realizar sobrevuelos en todo el trayecto y estarán desplegados en las bases aéreas.

“Con el proyecto del Tren Maya está considerado aumento de la Guardia Nacional, el estado tendrá 3 mil 200 de Guardia Nacional adicionales, este personal estará cubriendo toda la seguridad, todo completo el proyecto, habrá tres nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea, se contará con cinco aeronaves que estarán exclusivamente para la seguridad del Tren”, explicó.

El mandatario dijo que esta seguridad se hará en todos los lugares donde va a tocar el recorrido del tren, estarán en estaciones, hoteles, museos, aeropuertos, así como dentro de las terminales, en donde se vigilará a los pasajeros.

https://www.poresto.net/tren-maya/2023/10/6/tren-maya-sedena-incrementara-seguridad-en-quintana-roo-con-mas-de-mil-elementos-402764.html

Enfermedades relacionadas con la pobreza incrementan en Colima

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Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (05/10/2023).- En el estado de Colima, la incidencia de enfermedades relacionadas con la pobreza, como las infecciones estomacales por parásitos, ha experimentado un preocupante aumento en comparación con el año anterior.

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica número 38, muestra que de enero a octubre de este año, se registraron más de 20 mil casos de enfermedades gástricas relacionadas con infecciones parasitarias o infecciones intestinales.

El boletín epidemiológico de la secretaría de Salud muestra que se atendieron en los servicios de emergencias, 530 casos por infecciones gastrointestinales relacionadas con protozoarios, 144 casos más que los casos atendidos por el mismo padecimiento en el mismo periodo del 2022.

En cuanto al número de pacientes atendidos por infecciones intestinales, se contabilizaron más de 18 mil casos: 8 mil 449 hombres y 9 mil 835 mujeres.

También fueron atendidas 540 personas por presentar infecciones estomacales relacionadas con la amebiasis; 253 hombres y 287 mujeres, pero no se especifican las edades de los pacientes y tampoco los municipios donde residen.

Mientras que por enfermedades gástricas por Helmintiasis se tienen 279 hombres y 421 mujeres. En el mismo periodo de 2022 se registraron 633 casos, por lo que este año hay un aumento en el número de pacientes.

La Organización Panamericana de la Salud estima que una de cada tres personas está infectada por geohelmintos y cerca de 46 millones de niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse por estos parásitos [aproximadamente 13 millones de niños en edad pre-escolar (1 a 4 años) y 33,3 millones en edad escolar (de 5 a 14 años)], por falta de saneamiento básico y acceso al agua potable.

También advierte que las infecciones parasitarias son  las más comunes a nivel mundial y afectan a las poblaciones más pobres y vulnerables.

La misma organización refirió que la infección es más frecuente en mujeres y niños. La falta de acceso al agua y saneamiento es la causa de la persistencia de estas infecciones. La desparasitación masiva una o dos veces al año en comunidades y países con altas prevalencias, junto con medidas de higiene personal, e incremento al acceso al agua y saneamiento son las intervenciones para reducir la carga de enfermedad.

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Sierra de Manantlán: territorio indígena marcado por la minería de hierro y el narcotráfico (Colima, Jalisco)

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Analy Nuño / Pie de Página

Celedonio Monroy Prudencio nació en territorio nahua, en donde el agua del arroyo de Mameycito era tan cristalina que podía beberse. Apenas tenía cinco años y ya había recorrido buena parte de la Sierra de Manantlán bajo la guía de su abuelo. Así que en su adolescencia ya conocía los caminos, los manantiales, los animales que ahí habitaban y empezaba a sembrar maíz con su padre para la cosecha familiar. La sierra y él se reconocían.

En el mismo año en que Celedonio Monroy nació, 1975, la minería llegó a la Sierra de Manantlán, territorio ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Colima, en el occidente de México, en donde se encuentran grandes yacimientos de hierro y una importante zona forestal.

La lucha por defender su territorio siempre estuvo presente en la vida de Celedonio Monroy. Su abuelo Estanislao Prudencio, su tío Juan Monroy y su padre Liberato Monroy participaron en la defensa del bosque que se dio desde la década de los setenta y hasta los ochenta. En esos años, los indígenas nahuas hicieron marchas épicas desde la sierra hasta las oficinas de las autoridades forestales en La Huerta, Jalisco. Con sus movilizaciones lograron que los gobiernos federal y estatal enviaran policías para sacar a los taladores que no dejaban en paz a sus bosques.

Celedonio Monroy siguió los pasos de sus mayores. En su adolescencia, mientras estudiaba la telesecundaria, se unió a la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Después, migró a la ciudad de Colima para estudiar Ciencias Políticas y más tarde ingresó a la carrera de Derecho. Desde entonces, se distinguió por ser uno de los miembros de su comunidad mejor preparados, por eso, él era el encargado de escribir oficios y representar a la comunidad indígena de Ayotitlán en su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y en sus denuncias en contra de la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la minería. Era uno de los líderes más visibles.

La noche del 23 de octubre de 2012, cuando tenía 37 años y después de una serie de amenazas, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a su casa y se lo llevó por la fuerza. Desde aquella noche, el indígena nahua está desaparecido.

“El gobierno no hizo nada en busca de él cuando recién sucedió (su desaparición), pedimos garantías a todas las autoridades, pero nunca hubo. Hasta ahorita no hay nada”, dice uno de los familiares de Celedonio Monroy. Ellos no han dejado de buscarlo y reclamar justicia.

La desaparición del líder nahua desató una nueva y larga etapa de agresiones en contra de los habitantes de los pequeños poblados de la Sierra de Manantlán, territorio donde hace años la comunidad indígena de Ayotitlán no sólo reclama el reconocimiento de sus tierras ancestrales, también ha denunciado las afectaciones provocadas por la minería legal e ilegal de hierro. En los últimos años, además, es asediada por grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su lucha por defender los manantiales, los ríos, el bosque, los cerros, sus tierras y la vida como la conocen, en la última década, la comunidad indígena de Ayotitlán ha padecido la desaparición y asesinato de otros de sus líderes e integrantes. Uno de ellos es J. Santos Isaac Chávez. A él lo mataron en abril de 2021. Los poblados de la región, además, llevan años denunciando las amenazas cotidianas y el despojo de tierras.

En esa región donde la presencia de la minería y de los grupos del crimen organizado está por todas partes, los habitantes de pequeñas comunidades se han visto forzados a salir del territorio.

Reconocimiento del territorio, una lucha añeja

Para entender las causas detrás de la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio y del asesinato de J. Santos Isaac Chávez, hay que conocer primero la historia de la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual está conformada por varios poblados unidos por su identidad indígena y dispersos en el amplio territorio que hoy ocupa el ejido Ayotitlán, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco.

La historia de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán comienza mucho tiempo antes de que se creara el ejido. Académicos como el sociólogo Darcy Tetreault han documentado que, en 1696, la comunidad nahua-otomí recibió de la Corona española alrededor de 460 000 hectáreas que constituían la “República de Ayotitlán”. Durante el siglo XIX, la desamortización de los bienes comunales y la expansión de las haciendas redujo su territorio a menos de 10 000 hectáreas.

En La lucha en torno a la minería en Manantlán, Tetreault documenta que en 1921, los pobladores solicitaron la restitución de su territorio, pero fue hasta 1956 cuando esas tierras pasaron, por disposición de las autoridades agrarias, de régimen comunal a “dotación ejidal”, una de las dos formas de propiedad social que en México se crearon a partir de la reforma agraria.

Tuvieron que pasar casi diez años para que, en agosto de 1963, una resolución presidencial reconociera la creación del ejido y lo dotara con un poco más de 50 000 hectáreas, de acuerdo con los datos públicos disponibles en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

En los hechos, los indígenas de Ayotitlán sólo recibieron 35 000 hectáreas. Fue por ello que, a partir de 1969, comenzaron una lucha jurídica para obtener el reconocimiento de su territorio. En 1971, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón y ordenó ejecutar la dotación de tierras que faltaban. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Tres años después otra resolución presidencial otorgó al ejido Ayotitlán una ampliación por poco más de 10 000 hectáreas que, hasta ahora, tampoco se les han entregado.

Los ejidatarios de Ayotitlán luchaban por el reconocimiento de su territorio cuando, en 1975, el gobierno mexicano creó el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. La paraestatal abrió la mina Peña Colorada y con ello inauguró la explotación de hierro en la Sierra de Manantlán, específicamente en terrenos ubicados en municipios que son vecinos, pero pertenecen a dos estados diferentes: Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y Minatitlán, Colima.

Buena parte de la concesión que permite la explotación de la mina Peña Colorada está en el territorio del ejido Ayotitlán.

Seis años después de que abrió la mina, en 1981, los ejidatarios comenzaron a denunciar que la actividad minera provocaba contaminación del agua de sus ríos y daños al bosque. También exigieron que se les pagara por los minerales que se extraían de las tierras del ejido.

Los ejidatarios tomaron en varias ocasiones las instalaciones de la mina, sin que prosperara ningún acuerdo con la empresa. Desde entonces se notaba que la comunidad de Ayotitlán no estaba dispuesta a retroceder en la defensa de su territorio.

De paraestatal a una empresa privada

Desde 2005, tras la privatización de la paraestatal realizada años atrás por el presidente Carlos Salinas, el consorcio minero pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen cada una el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica considerada por la revista Expansión en el lugar 37 de las empresas más importantes de México.

Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país, y 0.4 millones de concentrado de hierro.

El presidente de ArcelorMittal es el magnate indio Lakshmi Mittal. En septiembre de 2023, la revista Forbes lo ubicó en el lugar 104 de los hombres más ricos del mundo. El italoargentino Paolo Rocca, dueño de Ternium, posee una de las mayores fortunas de Argentina de acuerdo con Forbes.

Uno de los ejidatarios que ha visto cómo el territorio de Ayotitlán comenzó a cambiar a partir de la llegada de la mina dice: “Operan la mina más grande, la más rica del país, en una de las zonas más pobres de México, con niveles de 90 % de marginación y pobreza extrema”.

En Cuautitlán de García Barragán, en donde se ubica el ejido de Ayotitlán y una parte de la mina Peña Colorada, 11.8 % de la población es analfabeta y el principal grado académico es la primaria. El municipio está clasificado con un alto grado de marginación, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Bienestar.

Convenios que generan división comunitaria

Los reclamos de los pobladores de la región en contra de la minera, que surgieron en la década de los ochenta, continuaron. En 1991, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada comenzó a celebrar diversos convenios con el Ejido Ayotitlán para realizar las actividades mineras en su territorio.

“Por estos convenios vigentes, Peña Colorada paga al ejido Ayotitlán aproximadamente 90 millones de pesos al año (alrededor de cinco millones de dólares, al tipo de cambio de septiembre de 2023), entre pagos directos y planes sociales”, aseguró el equipo de comunicación de la empresa en las respuestas que dio a un cuestionario enviado en junio de 2023.

La firma de estos convenios ha traído consigo la división en el ejido Ayotitlán y también entre las poblaciones de la región.

En esas mismas respuestas, la empresa apunta que los pagos se realizan a “los ejidatarios indicados por su asamblea, según el padrón vigente de aproximadamente 1400 ejidatarios a través de un depósito a las cuentas bancarias individuales”.

Al interior del ejido, varios de sus miembros señalan que el padrón de ejidatarios no se ha actualizado, ya que se sigue considerando a personas que ya están muertas y no se ha reconocido el derecho que tienen sus familiares. Además, denuncian que a partir de 2012, el grupo que controla al ejido toma las decisiones en forma unilateral y ha establecido acuerdos con la empresa minera sin tomar en cuenta a todos los integrantes del ejido.

Al interior de las pequeñas poblaciones de la región también hay molestia, porque el dinero de la mina sólo llega a los ejidatarios de Ayotitlán y el grupo que controla el ejido es el que ha avalado la expansión de la actividad minera. Muchos de los habitantes de esas poblaciones son los que hoy padecen la contaminación de sus ríos y la invasión de las tierras en donde siembran.

“A raíz de los acuerdos se da una división y discordia por la posesión de linderos y terrenos de bienes comunes”, explica Óscar González Garí, consejero jurídico de la Red Jalisciense de Derechos Humanos y quien por más de dos décadas ha acompañado como asesor a varias de las pequeñas poblaciones que forman la comunidad indígena de Ayotitlán.

La tierra del teocintle y de Celedonio

En 1979, científicos descubrieron que en la Sierra de Manantlán aún era posible hallar al teocintle (Zea diploperennis), especie identificada como el ancestro vivo más antiguo del maíz. Ese hallazgo impulsó que en 1987 el gobierno federal creara la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán en 139 577 hectáreas.

En la declaratoria también se exponen otras de las razones que se tomaron en cuenta para crear el área natural protegida, una de ellas fue que en esta sierra nace buena parte del agua que abastece a los habitantes de ocho municipios de la región. No en vano, a la sierra se le bautizó con el vocablo nahua Manantlán que significa “lugar de manantiales” o “lloraderos de agua”.

Pese a ser un área natural protegida, al menos 54.3 % de las 41 901 hectáreas que forman parte de la zona núcleo de la reserva están concesionadas para su explotación minera, de acuerdo con datos analizados por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La declaratoria del área natural protegida tampoco ha logrado detener la tala ilegal, dice González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos. Las zonas núcleo de la reserva se encuentran entre las más afectadas, pese a estar destinadas a la conservación del maíz ancestral. Integrantes del CJNG han deforestado estás zonas, aseguran fuentes consultadas.

Celedonio Monroy, al igual que sus ancestros, fue uno de los habitantes de la zona que siempre denunció a quienes entraban con camiones y se llevaban los troncos de árboles como cedro blanco, primavera, granadillo y rosa-morada. “Él se empecinó en la lucha por la preservación de los recursos naturales de la reserva y es el que se enfrenta al cacicazgo, los talamontes y la mina”, dice González Garí.

De 2009 a 2012, Celedonio Monroy ocupó el cargo de director de asuntos indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, desde donde impulsó la defensa de la Reserva de la Biósfera de Manantlán y la promoción de la Ley Estatal Indígena. En este proceso, participó como miembro del consejo consultivo de la Comisión Estatal Indígena (CEI), desde ahí también denunció la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la actividad minera.

Veinticuatro días después de dejar el cargo en el CEI, lo desaparecieron.

El 23 de octubre de 2012, ocho hombres con el rostro cubierto y portando ropa militar ingresaron por la fuerza a la casa de Celedonio Monroy en Loma Colorada. Después de golpear y encañonar a su esposa, Blanca Esthela González Larios, se llevaron al defensor del territorio. Uno de los testigos fue asesinado pocos meses después, su cuerpo quedó tendido sobre el río Ayotitlán.

La desaparición de Celedonio Monroy, coinciden varios ejidatarios, fue un punto de quiebre para la comunidad indígena de Ayotitlán. Aquellos que se atrevían a denunciar la presencia de grupos criminales, la tala, las afectaciones de la minería fueron amenazados, hostigados y acechados. Muchos salieron desplazados de la región para salvar sus vidas, otros se replegaron.

“Que se lo llevaran infundió miedo; la lucha se paró porque se llevaron a nuestro compañero, era muy de lucha y no lo regresaron nunca. Fue como ir corriendo y de repente no poder ni caminar”, dice uno de los ejidatarios entrevistados para este reportaje.

Durante cerca de 18 meses, los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán suspendieron los procesos legales que había en curso para echar atrás los convenios que el entonces comisariado ejidal había firmado con la empresa minera y que algunos ejidatarios consideraban fraudulentos.

La comunidad retoma sus exigencias

Meses antes de su desaparición, Celedonio Monroy informó a integrantes de su familia que estaba recibiendo amenazas. Un día de junio de 2012, por ejemplo, un grupo armado lo interceptó cuando viajaba de la comunidad de Telcruz a Ayotitlán; fue golpeado y amenazado de muerte. Por estos hechos presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Cuautitlán.

Esta alianza periodística tiene copia de esa denuncia, en ella se lee que Celedonio Monroy señaló a Faustino Cobián de los Santos y a Ernestino Ciprián Ocaranza entre los líderes del grupo responsable de la agresión. Estos dos hombres están entre los integrantes de la Comisión Ejidal Plural de Ayotitlán que, en julio de 2012, firmaron con la minera Peña Colorada un convenio de ocupación temporal en poco más de 801 hectáreas del ejido.

En 2013, la comunidad indígena de Ayotitlán presentó un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras, autorizaciones ambientales, licencias de operación, usos de suelo, extracción de mineral y uso de agua, convenios de ocupación y la privación de posesión de bienes agrarios, construcción y operación en 1200 hectáreas.

El abogado Eduardo Mosqueda, quien acompaña legalmente a la comunidad, explica que en 2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara otorgó una suspensión de pleno de los actos reclamados, es decir, la minera debía parar sus actividades. Eso no sucedió.

Un año más tarde, en julio de 2015, un grupo de unos 600 ejidatarios intentó hacer efectivo el cumplimiento del amparo, por lo que se plantaron en la entrada de la mina. Esa protesta terminó cuando el gobierno del estado de Colima envió a la policía estatal; 34 ejidatarios y el abogado Mosqueda fueron encarcelados acusados de secuestro, despojo y daños a propiedad ajena. Los ejidatarios salieron libres días después, cuando la minera les otorgó “el perdón”. El abogado permaneció durante nueve meses en un penal de máxima seguridad de Colima.

Desaparición y asesinato de otro líder

J. Santos Isaac Chávez fue uno de los pobladores de Manantlán que retomó la batalla legal para que el amparo ganado por la comunidad en 2014 se hiciera efectivo y, sobre todo, se empeñó en que el ejido de Ayotitlán tuviera una adecuada representación. Por eso, decidió postularse como presidente del comisariado ejidal, el órgano encargado de garantizar que se cumplan los acuerdos tomados en asamblea, representar al núcleo ejidal y administrar los bienes comunes del ejido.

Días antes de las elecciones, el 1 de abril de 2021, diez hombres vestidos de civil y que dijeron ser “del gobierno” llegaron a su casa en Telcruz. Él se escondió. Sus agresores amenazaron y golpearon a su esposa y a uno de sus hijos, por lo que Isaac Chávez salió del lugar donde se encontraba. Lo esposaron y se lo llevaron en su propio vehículo. Tres días después, encontraron la camioneta desbarrancada. Al interior estaba el cuerpo de quien era el candidato más fuerte para ser el presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán.

“Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones”, señaló la organización no gubernamental Global Witness en su informe Una década de resistencia, publicado en 2022.

Isaac Chávez había prometido que, de ganar la presidencia del comisariado para el periodo 2021-2023, iniciaría una lucha para actualizar el padrón del ejido y revisar los acuerdos que se tenían con la minera.

Roberto Cobián Gutiérrez ganó las elecciones para la presidencia del comisariado ejidal de Ayotitlán, miembros de la comunidad no estuvieron de acuerdo con el procedimiento ante las autoridades agrarias, explica el abogado Mosqueda. Hasta ahora, el ejido no tiene una representación formal.

Tras la desaparición y posterior asesinato de Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Además, la comunidad ingresó como beneficiaria al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Cada seis meses, este mecanismo debe realizar una evaluación del riesgo en la región, según los acuerdos establecidos. Desde noviembre ha pospuesto la visita a la comunidad, asegura el abogado Mosqueda. La última fecha programada para la evaluación era la primera semana de febrero de 2023, pero se canceló por “falta de recursos”.

Esta alianza periodística solicitó desde mediados de agosto una entrevista con Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección. No se tuvo respuesta.

Los defensores del territorio víctimas de desaparición y asesinato en la Sierra de Manantlán son varios.

En 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, miembros del Consejo de Mayores de la comunidad indígena y que fueron asesinados en 2001 y 2003. También menciona el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras de Ayotitlán.

En octubre de 2020, Rogelio Rosales Ramos fue asesinado. Era hijo único de Santos Rosales Contreras, un activo defensor de la región.

Cuatro meses después de la muerte de Isaac Chávez, se registró otro asesinato, el de Javier González Contreras. Él estaba organizando a más personas de la comunidad indígena de Ayotitlán para presentar denuncias sobre lo que se vive en la región. Era músico de profesión y apoyó en la campaña a Isaac Chávez.

En Sierra de Manantlán también se han presentado desapariciones temporales.

A mediados de 2022, hombres armados llegaron a la casa de un defensor, del cual se omite su nombre por seguridad. Ingresaron por la fuerza, lo golpearon y subieron a una camioneta. Diez minutos después repitieron la acción en el domicilio de otro de sus compañeros. Con los ojos vendados y las manos esposadas, fueron llevados a un lugar en donde el grupo esperó instrucciones vía telefónica. Horas más tarde los trasladaron “con el jefe”, un hombre de voz grave los interrogó sobre sus acciones en defensa del territorio y les reclamó su postura contra la mina. Después de día y medio, fueron liberados por sus captores.

Para tratar de entender estas olas de violencia hay que volver al territorio y a los intereses económicos que ahí se están moviendo.

Una sierra con minería legal e ilegal

Para este trabajo periodístico, GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó mapas que muestran las concesiones mineras que el Estado mexicano ha entregado en la región. Ahí es posible observar que casi todas las tierras del ejido Ayotitlán han sido concesionadas para la minería.

Las trasnacionales accionistas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada han manifestado su interés por ampliar las operaciones de la mina Peña Colorada.

En junio y septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en distintas fechas con los propietarios de ArcelorMittal y Ternium. En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 133 hectáreas donde había especies arbóreas de selva baja caducifolia y bosque de encino. El documento de la autorización, del cual se tiene una copia, señala que en esa zona el consorcio construirá  el “Nuevo taller y terrero oriente” destinado a depósito de desechos minerales.

Un año después, la Semarnat entregó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada dos autorizaciones más para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el municipio de Minatitlán, Colima, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por este equipo periodístico. En la información entregada por la dependencia no es posible conocer cuántas hectáreas forestales incluyen estas autorizaciones.

En el camino Ramal Cerro de Los Juanes, que conduce a unas oficinas del consorcio minero, y a Las Astillas, un pueblo casi vacío a consecuencia del desplazamiento forzado, hay un punto que funciona como mirador. Desde ahí, en medio de la brecha sin cobertura telefónica, se alcanza a ver el Cerro Los Juanes cercenado por la actividad minera.

La mina Peña Colorada no es la única en la Sierra de Manantlán.

Hace una década, la periodista Alejandra Guillén documentó que en la región, así como en el estado de Michoacán, el crimen organizado realiza minería ilegal de hierro.

Pobladores señalan que la minería ilegal se realiza en, por lo menos, diez lugares de la sierra: Roble Ancho, Cañada Verde, Las Pesadas, La Astilla, La Mochuta, Piedra Imán, Las Marías, Champerico, Los Juanes, Llano Grande, Las Palmas, Chanquiáhuilt y Las Parejitas. Durante una visita a la zona realizada en septiembre de 2022, este equipo periodístico corroboró la existencia de una de esas minas.

“Son varias  minas las que están operando. Antes, cuando se metía una mina así, Peña Colorada luego luego los sacaba y reportaba, ahora no hace nada”, dice uno de los pobladores entrevistados.

En su informe de 2022, la organización Global Witness advierte que en la Sierra de Manantlán “el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha establecido un interés en la minería ilegal. El grupo ilícito impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano”.

Los pobladores lo viven así: “Cualquier cosa que hagamos se sabe, anda gente armada en camionetas, cada rato van pa’rriba, y nomás andan viendo y preguntando qué hace uno, nos señalan”. También hay quienes mencionan las restricciones de movilidad: “Antes podías pasear, caminabas en la noche, a la hora que fuera y andabas a gusto. Y ahorita ya no, ha cambiado mucho. Antes estaba tranquilo y ahorita no. Ahorita ya no, la gente tiene prohibido salir después de las nueve de la noche”.

Comunidades dejadas a su suerte

El día 22 de septiembre de 2022, en un punto de la Sierra de Manantlán, alrededor de 50 pobladores de al menos cinco comunidades vecinas a la mina Peña Colorada recibieron a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organizaciones no gubernamentales.

Los representantes de la CNDH escucharon los testimonios de los pobladores que denunciaron la invasión de sus tierras, la tala los árboles para ampliar las actividades mineras; señalaron que policía privada los intimida con perros de ataque, que el agua de sus ríos está contaminada, que también los amenazan la gente de la “maña”, como llaman en esta región a quienes forman parte de los grupos del crimen organizado.

En un escrito que entregaron a los representantes de la CNDH, los pobladores señalaron que se les está presionando “para que nos vayamos y dejemos nuestras casas y tierras. Padecemos también la contaminación del río Marabasco, porque ahí van las aguas residuales de la planta minera, las aguas negras de las viviendas de los trabajadores…”

Hasta septiembre de 2023, la CNDH no se había pronunciado sobre lo que denunciaron los pobladores de las comunidades de Manantlán. Esta alianza periodística solicitó una entrevista a la CNDH sin que se tuviera una respuesta.

Los pobladores también denunciaron que “el grupo que controla al ejido Ayotitlán ha firmado contratos con la mina Peña Colorada para que extraiga mineral, destruyendo nuestras tierras”.

En las respuestas al cuestionario que se le envió en junio, la oficina de comunicación de la empresa Peña Colorada asegura que en la zona se mantienen “relaciones cordiales, transparentes, con respeto a los derechos humanos y de beneficio mutuo”. Derivado de estas relaciones, agrega, “en algunos casos, la empresa ha firmado convenios de ‘ocupación temporal’ (arrendamiento de tierras) con ciertos ejidos. Dichos convenios sin excepción han sido autorizados por la Asamblea Ejidal e inscritos en las instituciones gubernamentales competentes para su reconocimiento y validación”.

En su informe publicado en 2022, la organización no gubernamental Global Witness señaló: “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, el cambio climático y la contaminación tóxica… ha sido imposible cuantificar los daños a una verdadera escala, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la Sierra de Manantlán”.

A finales de septiembre de 2023, esta alianza periodística solicitó a la empresa Ternium su postura sobre las denuncias realizadas por las comunidades y lo señalado en el informe de Global Witness, sin que se tuviera una respuesta sobre esos temas.

Un territorio que se queda sin manantiales

Celedonio Monroy nació, creció y lo desaparecieron en una sierra que fue bautizada como Manantlán por ser “lugar de manantiales”. Hoy en ese territorio el agua comienza a faltar.

“En (la comunidad de) Telcruz todo se secó. Había como ocho arroyos y pozos, la gente iba con su vasija y agarraba agua. Hoy ya no, no hay nada; no hay agua y quedó todo talado”, dice un habitante de la región.

En 2009, el área de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, registró que parte del arroyo El Mamey fue cubierto con material de desecho de la minería y se tapó un manantial. “El patrón hidrológico se modificó por el corte de los cerros, lo que afecta al afluente del río Marabasco”.

Un ejidatario menciona que en los ríos Chanquiáhuilt y el San Antonio “el agua se ve como con aceite, antes uno tomaba agua de ahí, ahora no”.

Otro más hace una síntesis de lo que se vive en la Sierra de Manantlán: “Aquí hay asesinatos, secuestros, desaparecidos, mataron a un candidato [al comisariado ejidal], a Santos, pero ¿qué hicieron las autoridades? Nos piden que denunciemos, pero denunciamos y al siguiente día ya tenemos ahí afuera al crimen”.

https://piedepagina.mx/sierra-de-manantlan-territorio-indigena-marcado-por-la-mineria-de-hierro-y-el-narcotrafico/

Casi mil granjas de cerdo en Yucatán producen carne para EEUU, Canadá y Asia

Jeny Pascacio / Avispa Midia

En portada: Habitantes de la comunidad maya de Homún mantienen acciones de resistencia para cerrar la mega granja que alberga casi 50 mil cerdos y contamina el agua y suelo de la región.

La ubicación estratégica de la Península de Yucatán ha facilitado la expansión de la industria porcina. A la fecha, Mercy For Animals documentó la existencia de 872 granjas de cerdos en la Península de Yucatán, siendo que muchas de ellas albergan hasta 100 mil cerdos.

En el estado Yucatán, donde se encuentra el mayor número de granjas, tras la crisis de la industria henequenera, el gobierno comenzó a impulsar la porcicultura a finales de la década de los sesenta; y a partir de los noventa, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), la producción de cerdo tuvo un crecimiento acelerado.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la media de producción de carne en el Estado pasó de 17,662.2 toneladas entre 1984 y 1992, a 38,278.6 en 1993 y 1994, con lo que se cubrió el 95% de la demanda regional. En 2019 la producción tuvo un crecimiento 4.5 % anual, mayor a las cifras en Sonora (2.6%) y Jalisco (1.7%), que por años ocuparon los primeros lugares de producción nacional de carne de cerdo.

A partir de la exigencia de las comunidades y por los fundamentos científicos presentados en las denuncias, se realizó el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en marzo de 2023.

En este estudio, la dependencia federal identificó 507 coordenadas de posibles granjas solo en el estado de Yucatán. Fueron localizadas en 83 de los 106 municipios, pero con mayor presencia en Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Por lo tanto, las comunidades donde hay una mayor densidad de granjas son: Conkal (27), Telchac (22), Homún (15), Tizimín (15), Umán (15), Chicxulub (15), Tixkokob (14), Tetiz (14), Izamal (12), Ticul (11).

Las investigaciones de organizaciones y expertos coinciden en que una cantidad considerable de las granjas opera fuera de la ley y no cuenta con una evaluación de impacto ambiental (EIA). Por ejemplo, en el 2020 Greenpeace documentó la existencia de 257 granjas; el 47% se localizó dentro de las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.

La mayor parte de la producción porcícola de esta zona se exporta a Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos y Canadá.

Zonas kársticas

Este año, los investigadores de Mercy For Animals hicieron sobrevuelos en algunas instalaciones y confirmaron la deforestación que propician las mega granjas industriales construidas en selvas tropicales en las que antes no existía ninguna afectación.


Mega granjas porcícolas se multiplican en territorios de la península de Yucatán donde contaminan aire, suelo y mantos acuíferos.

Encontraron, además, evidencia de un potencial colapso ambiental, pues observaron edificios con miles de animales y millones de litros de desechos de animales a la intemperie que contaminan el suelo, el aire “y, posiblemente, el agua de los cenotes”.

Aunque algunas instalaciones tienen biodigestores para tratar los desechos, éstos sobrepasan la capacidad de los tanques, contaminan los suelos y, posiblemente, se filtra a la red subterránea de cenotes.

“El impacto ambiental provocado por las actividades de estas granjas es desgarrador, pues contribuyen a la deforestación de la selva, la erosión y contaminación del suelo y a la emisión de gases de efecto invernadero”, señaló la organización en un informe de septiembre de 2023.

“Y no hay sistema que pueda soportarlo, es imposible que estas zonas kársticas puedan retener y transformar tantas cantidades y volúmenes”, pues el cerdo produce cuatro veces más residuos que un humano, destacó Yameli Aguilar Duarte, Doctora en Geografía Ambiental por la UNAM, durante las sesiones del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.

Se suma que el dictamen de la Semarnat identificó 205 títulos de aprovechamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) relacionados a la actividad de granjas porcícolas que, a su vez, corresponden a 343 permisos de descargas, según el Organismo de Cuenca de la península de Yucatán.

De las 507 coordenadas de las posibles granjas en Yucatán, el 60% de estas granjas no se logró identificar algún título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales, sólo el 30% cuentan con algún título.
Hallazgos

El estudio publicado este año por la Semarnat integró los análisis de calidad del agua que arrojaron concentraciones elevadas de E. Coli, indicativo de contaminación difusa de excretas de seres vivos de sangre caliente.

“Los ácidos nucleicos o metabolitos finales como la urea y el ácido úrico; como materia orgánica está sujeta al consumo por parte de microrganismos, los cuales lo procesan y transforman el nitrógeno presente en amoniaco, al cual denominamos nitrógeno amoniacal”.


Activistas seguran que durante la pandemia Kekén, la mayor empresa mexicana, duplico su produccion

El análisis se hizo en 22 pozos de agua potable y 20 cenotes identificados a fin de realizar el muestreo correspondiente a la calidad del agua. En la zona sur y este de Mérida se identificó hasta 3 veces la concentración de Nitrógeno amoniacal en el agua subterránea.

En la misma zona se identificó contaminación con fósforo, mientras el este y noroeste, convergiendo con los municipios con mayor densidad de cerdos por hectárea. Existe señal de un efecto inducido por las granjas porcinas, destaca el estudio.

Por otro lado, en la primera aproximación sobre las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en tres granjas en Yucatán, la Semarnat encontró niveles importantes de concentraciones de amoniaco y ácido sulfhídrico, aun en condiciones atmosféricas de un Norte, donde las altas velocidades del viento diluyeron las concentraciones.

La peste que impide vivir

Entre otras afectaciones se encuentran el despojo de tierras y de los derechos de quienes habitan la región y buscan defender la biodiversidad, pues se violenta, incluso, el derecho de los pueblos a una consulta previa e informada, genera problemas de salud en la producción local, en las formas de organización social y de vida de las comunidades.

En el caso de la comunidad maya de Siltipech, municipio de Izamal, Yucatán, donde se concentran 12 granjas, los habitantes iniciaron la lucha por su derecho a la vida hace poco más de dos años cuando se activó una mega granja de 49 mil cerdos de la empresa Kekén, muy cercana a sus viviendas.

“La gente ya está presentando erupciones en la piel y malestares estomacales. No hay bienestar porque incluso la peste les impide vivir en armonía… Aunque sabemos que hay sistemas de tratamiento sabemos que no funcionan adecuadamente”, y se le suma las condiciones del clima, agregó Aguilar Duarte.

En este tenor, Mercy For Animals llamó de manera urgente a la Conagua, Conanp, Profepa y Semarnat para que dejen de otorgar permisos que abonan a la proliferación de esta industria, además de supervisar y clausurar las que no cuentan con los permisos correspondientes.

La investigadora de la UNAM lamentó que los gobiernos municipal y estatal se enfoquen en apoyar cada vez más a toda la industria. “Información científica hay mucha desde hace 20 años, incluso sobre sistemas de tratamiento que funcionan para ciertos aspectos, pero no para el impacto de suelos y acuíferos”.
Otras contaminaciones

Salvador Castell, fundador de la organización Va por la Tierra, aseguró a Avispa Mídia que la urgencia por la contaminación del agua en Yucatán va más allá de la industria porcícola, pues incluye a toda la producción pecuaria.

Consideró, por ejemplo, que el uso de agroquímicos en la agricultura que, además de ser tóxicos y cancerígenos, son persistentes, algunos se acumulan y se usan sin ninguna regulación.

Sin embargo, el también académico dijo que es necesario no dejar de vigilar a la porcicultura, ni toda actividad que tenga descargas que puedan tener un impacto en el ecosistema, como la industria textil y cervecera que también es una problemática en la entidad.

https://avispa.org/casi-mil-granjas-de-cerdo-en-yucatan-producen-carne-para-eeuu-canada-y-asia/

Bloquean acceso a ejido en Pisté (Yucatán)

Juan Osorio Osorno / Diario de Yucatán

PISTÉ.— Aumentan los núcleos ejidales inconformes debido a que no les cumplieron algunos ofrecimientos por el trazo de la línea del Tren Maya, pues ayer por la tarde unos 30 ejidatarios de Pisté bloquearon el acceso a sus tierras y retuvieron cuatro vehículos de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) que se quedaron atrapados dentro de los terrenos ejidales.

Ejidatarios de Chan Yokdzonot, Tesoco, Yalcobá, Sisbicchén y Xcán habían manifestado su inconformidad porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto del Tren Maya, no cumplió sus ofrecimientos.

En su mayoría no les construyeron el camino a su ejido, que se dañó por el cruce de los rieles de lo que será el ferrocarril.

Ejidatarios de Pixoy también advirtieron que aplicarán acciones porque no les construyeron su paso ganadero y ahora no pueden llegar a sus tierras debido a la instalación de los rieles.

Los trabajos del Tren Maya están programados para concluir en diciembre, de modo que es difícil que les cumplan a los inconformes.

Según se averiguó, a nadie le han cumplido las obras que les prometieron.

En el caso de los ejidatarios de Pisté, se les ofreció la construcción de 6.5 kilómetros del camino a su ejido, que está a unos metros de lo que será la estación ferroviaria en Chichén Itzá.

Los inconformes comentaron que a pesar que en varias ocasiones le han pedido a ICA que les responda sobre el ofrecimiento, la empresa les han respondido que es responsabilidad del Fonatur cumplir con el ofrecimiento y hasta ahora ellos no tienen instrucciones sobre el caso.

Los ejidatarios se quejaron de que además de la afectación de sus tierras, arrojan en el ejido residuos de asfalto y otros materiales que retiran de la vía de cuota, y no reciben ningún peso por tener el lugar como tiradero.

Por lo anterior, los afectados cerraron el acceso a su ejido y no permiten que entre ningún vehículo de ICA.

Incluso, se quedaron adentro cuatro vehículos, entre ellos una revolvedora de cemento, una grúa y otras dos máquinas, y advirtieron que no permitirán que los retiren si no les cumplen.

Los inconformes solicitaron la presencia de funcionarios del Fonatur para que les expliquen el motivo por el que no les han cumplido con el ofrecimiento.

De ser necesario, pedirán que les firmen un acuerdo en donde Fonatur se comprometa a reconstruir los 6.5 kilómetros de acceso al ejido o no reabrirán el acceso.—

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/10/01/bloquean-acceso-a-ejido-en-piste.html

Marcha del 28S: Mujeres exigen el derecho a decidir sobre su cuerpo (Querétaro)

Imagen: Quadratin

Leonardo Caballero / Quadratin

QUERÉTARO, Qro., 28 de septiembre de 2023.- En un acto lleno de determinación y unidad, Mayra Dávila, líder destacada en la lucha por los derechos de las mujeres, encabezó la marcha del 28 de septiembre, en la cual miles de personas se congregaron para hacer un llamado enérgico y claro: el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos debe ser respetado y protegido.

l 28 de septiembre es una fecha emblemática en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en todo el mundo. En este día, se conmemora la Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, una iniciativa que busca eliminar las barreras legales y sociales que impiden a las mujeres tomar decisiones autónomas sobre su salud y su vida reproductiva.

Mayra Dávila, una voz influyente en la defensa de los derechos de las mujeres, destacó la importancia de esta marcha y su significado en el contexto actual. Durante su discurso, enfatizó que la consigna de la manifestación es exigir que las mujeres no sean discriminadas por decidir sobre sus cuerpos. «Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio destino, su salud y su bienestar. No podemos permitir que se les prive de ese derecho fundamental», afirmó Dávila.

Uno de los momentos más relevantes de la manifestación fue el anuncio de que se había presentado un amparo por omisión legislativa ante el Gobierno del Estado y el Congreso Local. Mayra Dávila explicó que esta medida legal busca presionar a las autoridades para que armonicen las leyes locales con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos reproductivos.

La SCJN ha establecido jurisprudencia en diversos casos relacionados con los derechos reproductivos de las mujeres, sentando precedentes que deben ser respetados en todo el país. La omisión de las autoridades locales en adaptar sus leyes a estas decisiones judiciales representa una violación de los derechos de las mujeres, y es por ello que se ha recurrido a esta vía legal.

https://queretaro.quadratin.com.mx/marcha-del-28s-mujeres-exigen-el-derecho-a-decidir-sobre-su-cuerpo/

Por el derecho a acceder al aborto legal, se movilizaron mujeres en Toluca (Estado de México)

Imagen: Quadratin

Ariel Díaz / Quadratin

TOLUCA, Edomex., 28 de septiembre de 2023.- En el Día de la Acción Mundial por el Aborto Legal y Seguro, más de cien mujeres se movilizaron en Toluca para exigir al Congreso del Estado de México la legalización de la interrupción del embarazo, como un derecho a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

“La autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas es fundamental para el avance de cualquier sociedad. Cada mujer y persona con la capacidad de gestar, tiene derecho a tomar decisiones autónomas, libres e informadas sobre su propio cuerpo, ninguna ley ni ningún gobierno debería de intervenir en estas decisiones personales”, se pronunciaron.

El contingente partió del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 221 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde con pintas y consignas también se pronunciaron en contra de la violencia obstétrica.

En el recorrido hacia la Plaza de los Mártires, corearon consignas como “Si no hay aborto legal, el desmadre que se va a armar”, lema principal de la convocatoria, así como ¡Saquen los rosarios de nuestros ovarios! mientras realizaron actos de iconoclasia en una iglesia.

Ante un Palacio de Gobierno protegido con vallas y policías, las mujeres reprocharon la protección al edificio, y lograron derribar parte del cerco.

https://edomex.quadratin.com.mx/por-el-derecho-a-acceder-al-aborto-legal-se-movilizaron-mujeres-en-toluca/

Exigen feministas en el Congreso eliminar al aborto como delito (Michoacán)

Imagen: Alejandro Hernández

Fátima Alfaro / Quadratin

MORELIA, Mich., 28 de septiembre de 2023.- Colectivas feministas se manifestaron este jueves 28 de septiembre, en el exterior del Palacio Legislativo, para exigir la reforma al código penal estatal mediante la que se elimine al aborto como un delito.

En el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la Asamblea de Mujeres Michoacán, colectiva MAPAS, Red Asaleas y Amnistía Internacional Michoacán se movilizaron sobre la avenida Madero Oriente para expresar el reclamo del cese del tratamiento del aborto como un botín político.

Señalaron, a través de la lectura de un pronunciamiento, que es urgente que el Congreso del Estado legisle en materia de aborto, ya que por lo menos siete iniciativas han sido presentadas y enviadas a la congeladora legislativa, sin posibilidad de ser analizadas en comisiones, menos aún por el pleno.

Asimismo, demandaron al gobierno del estado que no utilice el aborto como una bandera política de simulación, y que mensajes en favor del derecho de las mujeres a decidir trascienda discursos como el Plan Morelos para materializarse en acciones que permitan a las personas que han optado por la Interrupción de un embarazo un acceso gratuito, seguro y legal al aborto.

También destacaron que es imperativo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no criminalice más a las mujeres que abortan con la integración de carpetas de investigación por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Esto, debido a que aunque el aborto no es un delito que se sanciona con pena corporal, a 2021 se tenían casos de personas vinculadas a proceso por homicidio en razón de parentesco luego de atravesar por un aborto.

Al término de la lectura del pronunciamiento conjunto, las manifestantes realizaron intervenciones sobre el arroyo vehicular en la avenida Madero Oriente, con mensajes en favor de su reconocimiento como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por su parte, integrantes de REDefine se instalaron en la plaza Melchor Ocampo, para llevar a cabo el tendedero del aborto.

Un total de 11 testimonios anónimos fue seleccionado para ser expuesto en el sitio, como una forma de visibilizar las situaciones que pueden llevar a una persona a tomar la decisión de abortar, así como las consecuencias de enfrentar este trance en la ilegalidad y la incertidumbre.

Expresaron que en promedio cinco personas por semana se acercan a REDefine en busca de acompañamiento y asesoría para efectuar un aborto, lo que muestra la necesidad de disponer de espacios que ayuden a las mujeres a tomar la decisión de continuar o interrumpir un embarazo.

https://www.quadratin.com.mx/principal/exigen-feministas-en-el-congreso-eliminar-al-aborto-como-delito/

 

#28SGDL: Colectivas llaman a garantizar el derecho a abortar en instituciones de salud que han sido omisas (Jalisco)

Imagen: Leslie Zepeda

En una acción histórica, las colectivas feministas que tomaron el espacio público este 28 de septiembre en Guadalajara se manifestaron a las afueras de algunas de las instituciones de salud pública del estado para reclamar que han sido omisas y negligentes en garantizar el derecho a abortar a víctimas de violencia sexual.

En su recorrido, se detuvieron a las afueras de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Civil Nuevo y las instalaciones de la Secretaría de Salud Jalisco para leer las historias de dos niñas a las que se les negó su derecho a decidir tras ser víctimas de un embarazo por violación.

Por ello, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro llamaron a las y los legisladores del Congreso de Jalisco a garantizar la no criminalización y la despenalización del aborto voluntario para mujeres y personas con capacidad de gestar en función de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo contrario, advirtieron no tendrán su voto en las siguientes elecciones.  

Dalia Souza / Zona Docs

“El IMSS objetor es un macho opresor” con este mensaje colectivas para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco arrancaron la movilización por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en Guadalajara.

La marcha convocada a las afueras de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscó poner en evidencia a las instituciones de salud de la entidad que han sido omisas en garantizar el derecho a decidir de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Así, a una sola voz y con megáfono en mano, leyeron los casos de dos niñas de 13 y 11 años, a quienes les fue negado su derecho a abortar en clínicas del IMSS de Jalisco.

Según narraron en su pronunciamiento, Yadira de 13 años acudió con su mamá y su papá a su clínica del IMSS en marzo de 2023. Luego de una exploración médica el personal de salud detectó que tenía un embarazo de 20 semanas, producto de una violación sexual, según declaró la niña a la pediatra que le atendió.

Sin embargo, aunque ella solicitó al personal de salud la interrupción de este embarazo, la institución rechazó su petición. Los argumentos utilizados por el personal de salud para negar su acceso al derecho a abortar señalaron las colectivas, fueron no sólo erróneos, sino falsos. Y es que le aseguraron que la legislación local, específicamente el artículo 229 del Código Penal de Jalisco establece que se puede acceder a la interrupción del embarazo producto de violencia sexual, pero sólo dentro de las 12 semanas de gestación.

Posteriormente, denunciaron, Yadira junto con su papá fueron remitidos a la Delegación del IMSS, requiriéndoles que llevaran una serie de documentos, entre ellos, actas de nacimiento, comprobante de domicilio, tarjetón de derechohabiente, e, incluso, copia de la denuncia que había interpuesto ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto, sólo para “verificar” que Yadira podía seguir siendo asegurada por su padre, dado que, de acuerdo con la institución, al estar embarazada “dejaba de ser una niña”.

“El IMSS se niega a dar por escrito la negación del servicio, impidiendo que pudiera acudir a la Secretaría de Salud de Jalisco en donde sí podía acceder al procedimiento de interrupción de forma inmediata, sin trámites burocráticos”, exclamaron.

Otro de los casos expuestos es el de Zayda de 11 años, quien en mayo de 2023 acudió a su clínica del IMSS a solicitar un procedimiento de interrupción de embarazo por las causales salud y violación, reconociéndose una niña y, además, víctima de una violación.

Sin embargo, precisaron en su pronunciamiento las colectivas, “después de derivarla con diferentes funcionarios, en diferentes horarios y turnos” el médico que le valoró le señaló que tenía un embarazo de 6.4 semanas y que debía solicitar el servicio por NOM-046 porque las causales no son legales en el Estado de Jalisco. “Información que es falsa” advirtieron las feministas.

Pero esto no es todo. De acuerdo con las colectivas, Zayda tuvo que esperar cinco días para que el departamento jurídico del IMSS resolviera su solicitud y determinara si era posible realizarle el procedimiento y, pese a que su madre acudió en el tiempo solicitado, el personal del departamento jurídico le dijo que aún no tenía su resolución.

Lamentablemente, el IMSS le notificó que no podía hacer el procedimiento y se negaron a proporcionarle un documento en donde constara esta determinación para que Zayda y su madre pudieran acudir a la Secretaría de Salud a solicitar la interrupción.

Estas historias, reconocieron las colectivas por los derechos sexuales y reproductivos de Jalisco, evidencian que en la entidad prevalecen vacíos significativos entre la legislación en la materia y su aplicación dentro de las instituciones obligadas a garantizar el derecho a decidir, especialmente las encargadas de garantizar servicios de salud.

Es importante advertir que en Jalisco las cuatro causales no punibles en el Código Penal del Estado, previstas en el artículo 229, establecen que un embarazo podrá ser interrumpido cuando 1) éste sea producto de una violación; 2) cuando exista un grave riesgo a la salud de la madre o el producto; 3) cuando su continuación implique un peligro de muerte para la mujer; y 4) cuando el aborto sea espontáneo o “culposo”.

Tras la denuncia de estas historias el contingente avanzó hasta llegar al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara donde también llamaron a la comunidad estudiantil y docente de las carreras vinculadas a la salud a reconocer su papel en el ejercicio y aplicación del derecho a decidir. Y es que reconocieron que sobre estas prevalece una responsabilidad compartida.

En su recorrido hasta llegar al Congreso del Estado de Jalisco se detuvieron a las afueras del Hospital Civil Nuevo y las instalaciones de la Secretaría de Salud Jalisco donde también leyeron las historias de Yadira y Zayda, reclamando que estas instituciones deben asumir su responsabilidad en el cumplimiento de este derecho en la asistencia a abortos para mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

Ya en Plaza Liberación, a las afueras del Congreso del Estado, llamaron nuevamente al poder legislativo a garantizar la no criminalización y la despenalización del aborto voluntario en la entidad.

Como un día antes lo hicieron junto a más de 50 organizaciones locales y nacionales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, señalaron que Jalisco los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar son violentados al mantener en su Código Penal artículos que criminalización el aborto y bloquean el avance hacia el acceso a una interrupción del embarazo de “manera libre, legal informada, segura, gratuita y acompañada”.

Puntualmente demandaron al Congreso del Estado de Jalisco que “descongele” las iniciativas de ley en la materia que fueron presentadas en 2021 por los partidos Futuro y Hagamos, en las que se contempla la reforma y adición de diversos artículos de la Constitución del Estado de Jalisco y de su Código Penal, ya que, hasta ahora en estos se sostiene la protección de la vida desde el momento de la concepción y se establecen sanciones a la persona que aborte o facilite el acceso a un aborto.

Finalmente, manifestaron que de no responder a su llamado y no despenalizar el aborto en Jalisco, no contarán con su voto en las siguientes elecciones.

https://www.zonadocs.mx/2023/09/28/28sgdl-colectivas-llaman-a-garantizar-el-derecho-a-abortar-en-instituciones-de-salud-de-jalisco-que-han-sido-omisas/

Puerta al Mar, proyecto que revive viejas injusticias contra los mayas (Quintana Roo)

Octavio Martínez / Revista Proceso

El proyecto Puerta al Mar –que busca conectar Carrillo Puerto con una salida a la costa– enfrenta amparos interpuestos por comunidades originarias, cuyos habitantes recuerdan que en el porfiriato esa ruta sirvió para despojar a los mayas y destruir su territorio. Ahora, dicen, la historia se repite.

Playa del Carmen, Q. Roo (Proceso).- El proyecto Puerta al Mar, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revivió antiguas pugnas en el pueblo maya porque no fue consultado para la rehabilitación del antiguo camino a Vigía Chico, en la costa oriental de Quintana Roo, donde en la época porfirista existió un tren que la población desdeñaba pues sirvió, recuerdan, para la destrucción de su mismo territorio.

La historia se repite, coinciden varias voces del pueblo originario, de donde ya surgieron acciones por la vía del amparo.

El proyecto viene aparejado al Tren Maya, el cual ya ha dejado una estela de descontento en dicha comunidad, pues las expropiaciones de terrenos comunales no han sido justas, como lo han venido denunciando desde hace más de un año.

Puerta al Mar busca conectar al pueblo de Felipe Carrillo Puerto con una salida a la costa, a través de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. Como ha ocurrido con los recientes proyectos federales en la Península de Yucatán, se ha iniciado sin la emisión y aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).


Rehabilitación del antiguo camino a Vigía Chico. Foto: Facebook/ Mara Lezama

La reconstrucción es encabezada por ingenieros militares de la Sedena y el visto bueno de la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa.

Inmediatamente que se consumaron los primeros actos de autoridad hace algunas semanas, las voces de descontento y tramitación de nuevos amparos de la comunidad maya han surgido contra el proyecto.

“No hay información de este proyecto mal llamado Puerta al Mar, no se consultó a los habitantes de Felipe Carrillo Puerto; además, este proyecto está siendo realizado como todo lo del tren, sin información y sin los procesos debidos como se deben llevar en la zona”, sostiene Francisco Alexis Jooy Juul, miembro de la Asamblea de Defensa del Territorio Maya Múuch’ Xiibal y habitante de Felipe Carrillo Puerto.

Este municipio es cuna de la insurrección maya, con el surgimiento de la llamada Guerra de Castas o Guerra Social Maya, el evento bélico más trascedente en la que ha participado la comunidad contra el gobierno mexicano.

El 8 de mayo, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del proyecto Puerta al Mar para conectar a esta localidad con la costa, por el antiguo camino a Vigía Chico.

El mismo presidente reconoció que el lugar era punto de entrada de militares en la época porfirista para llegar a la zona y reprimir a los mayas y los ecos de la Guerra Social. Era un campo de castigo también para sublevados proveniente de otras partes del país.

En esto coincide con los recuerdos de los mayas actuales, quienes ven con desdén ese antiguo camino, por eso destruyeron un tren que existía y servía para conectar a la costa con su comunidad.

“Este camino fue utilizado para el tráfico de esclavos, un camino que tuvo un tren que nuestros abuelos quemaron porque estaba funcionando para el despojo de la zona. Entonces este camino tiene una memoria que no se nos olvida para qué fue utilizado y ahora con este proyecto de la Puerta al Mar vienen a realizar lo mismo, a despojarnos y a entregarlos a los nuevos caciques, los empresarios y los políticos, esta élite que ahora está en el estado”, afirma Jooy Juul.

En este contexto, el pasado 29 de agosto, sin ninguna consulta indígena, la gobernadora Mara Lezama dio el banderazo de salida de obras. Lo hizo acompañada del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, los mismos que construyen el Tren Maya en diversos tramos de Quintana Roo y, por supuesto, también en Felipe Carrillo Puerto.


Lezama. Banderazo de salida. Foto: Facebook / Mara Lezama

El proyecto, de acuerdo con información del gobierno de Quintana Roo, es un camino de 55 kilómetros de longitud que parte de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico, a través de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.

Un total de 22 kilómetros serán pavimentados y los 33 restantes serán de tipo artesanal, con cinco metros de ancho. En la intersección de ambos tramos habrá un estacionamiento y zona de descanso.

Desde el día del banderazo, la gobernadora quintanarroense en diversos actos públicos y redes sociales ha reiterado los beneficios que esta obra traerá para los habitantes de Felipe Carrillo Puerto.

“Llevamos justicia social a las y los carrilloportenses, con el inicio de la construcción de “La Puerta al Mar”, una vialidad de más de 50km para conectar (…) con Vigía Chico. Esta obra detonará el crecimiento y el desarrollo económico y sustentable de la zona Maya” (sic), posteó el martes 5 Mara Lezama.

Pero para diversos colectivos mayas, como Múuch Xíinbal y U kúuchil k ch’i’ibalo’on, el proyecto sólo servirá para la entrada de cacicazgos a la zona maya, que amasen más tierras y continúe el detonante turístico, similar a lo que ha ocurrido en Cancún y la Riviera Maya.

En un comunicado que circuló entre los colectivos de la zona maya, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, también se aclara que el proyecto no lleva al mar, sino a la bahía de la Ascensión, la cual forma parte de un conjunto lagunar cercano al Mar Caribe.

“Vienen imponiendo un modelo de turismo que se ha estado imponiendo en el norte del estado (Cancún y Riviera Maya) que no tiene nada que ver con lo comunitario, sino la folclorización de la cultura (…) Es ahora vender la cultura de las comunidades, ya han explotado la parte de sol y playa y ahora vienen a las comunidades. Este modelo de turismo no es comunitario, sólo viene a acrecentar la desigualdad”, remata Francisco Alexis Jooy.

Actualmente, en Felipe Carrillo Puerto se ejecuta también la obra del Tren Maya al poniente de la localidad y, al norte, el Aeropuerto Internacional de Tulum, que se ubica en terrenos ejidales de la comunidad de Muyil, perteneciente a este municipio.


Felipe Carrillo Puerto. Cuna de la resistencia maya. Foto: Facebook

Consulta negada

Tras el inicio de los trabajos de desmonte para la reconstrucción del camino a Vigía Chico –a mediados de agosto– indígenas mayas de Felipe Carrillo Puerto tramitaron una demanda de amparo contra la obra Puerta al Mar, debido a que no se les consultó.

Señalan a la Sedena como autoridad responsable por la violación de diversos derechos humanos por falta de consulta indígenas ante obras que los militares han emprendido en su territorio, no sólo por Puerta al Mar, sino también por el Aeropuerto Internacional de Tulum, ubicado en Muyil, y el Tren Maya. Todas estos se construyen, alegan los quejosos, sin consulta indígena.


Obras del aeropuerto de Tulum. “Abstención de consulta”. Foto: Presidencia de México

Aunque en el caso del Tren Maya sí se consultó a los mayas, pero en reiteradas ocasiones se ha alegado que dicha consulta fue viciada y no se han cumplido acuerdos como la reconstrucción de los centros ceremoniales, entre otros (Proceso 2389).

“La abstención de realizar la Consulta Indígena a los Pueblos Mayas, por sí y representados por el Gran Consejo Maya, y a las Comunidades Indígenas para realizar el conjunto de obras que están desarrollando sobre el territorio de nuestro pueblo asentado en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto”, se lee como exposición en uno de los expedientes de amparo.

Asimismo, la demanda es por la abstención de celebrar con el pueblo maya un convenio para la explotación y protección del patrimonio cultural originario, “convenio que tiene obligación de celebrar con nuestras comunidades por el uso y aprovechamiento no autorizado de nuestro territorio, con las obras que está desarrollando”, agrega.

La demanda de amparo indirecto fue inicialmente tramitada en el Juzgado Primero de Distrito, de Yucatán, que se declaró incompetente, pues, aunque éste resuelve asuntos del Tren Maya, la acción legal también contiene proyectos federales diferentes.

El Juzgado Primero de Distrito, de Chetumal, también se declaró incompetente, al igual que un juzgado federal de la Ciudad de México.

Ahora es el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de la capital del país, el encargado de resolver a quién le corresponde ver este asunto que ha derivado en un conflicto de competencias bajo el número de expediente 45/2023.

Es el magistrado Sergio Urzúa Hernández el encargado de la ponencia de resolución del conflicto de competencia. Se espera un escenario similar a los amparos contra el Tren Maya en la Península de Yucatán, dicen abogados consultados: los procesos legales se encuentran detenidos a más de año y medio de haberse tramitado.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/9/28/puerta-al-mar-proyecto-que-revive-viejas-injusticias-contra-los-mayas-315731.html

Asesinaron a 10 mujeres por mes en Colima a pesar del gobierno feminista

Imagen: Tomada de la Red

Heidi de León  Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (28/09/2023).- Este año en Colima, 10 mujeres fueron asesinadas al mes en distintos hechos violentos de los cuales la autoridad no ha dado información específica.

Los datos oficiales refieren que hasta este 26 de septiembre, 102 mujeres fueron víctimas de un ataque en el que perdieron la vida, sin embargo, ni la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva o las diputadas locales de la Bancada de Género han hecho un pronunciamiento sobre el tema.

En la entidad, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva declaró que su gobierno sería el más feminista de la historia en Colima; en consonancia con el discurso de la mandataria, funcionarias de primer nivel, estatales y federales, como diputadas locales se han pronunciado a favor de los derechos de la mujer, pero han guardado silencio ante los crímenes que afectan a este sector de la población.

De manera pública, ninguna de las funcionarias o legisladoras locales han emitido algún discurso para condenar los 102 asesinatos de mujeres que se tienen registrados desde el primero de enero y hasta el pasado 26 de septiembre.

Tampoco le han pedido al Fiscal General que explique las causas por las que se niega a investigar la mayoría de los crímenes como feminicidios, a pesar de que la entidad tiene la tasa más alta del país en violencia familiar.

Ayer, en entrevista con diversos medios de comunicación, la presidenta de IUS Género, Evangelia Flores lamentó que grupos feministas no levanten la voz ante los 102 asesinatos de mujeres y dijo que eso se puede deber a que muchas de las activistas ahora forman parte del gobierno estatal o federal.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=48864

Colima no garantiza la reparación del daño a familiares de las víctimas de feminicidio

Imagen: Tomada de la Red

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (26/09/2023).- Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Colima tiene pendiente garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas menores de edad del delito de feminicidio.

El organismo destaca que en 14 estados del país, en la ley se contempla que el estado debe poner atención especial en las hijas, hijos y adultos dependientes de una mujer víctima de feminicidio.

La CNDH refiere que esta situación es urgente de atender porque adquiere una mayor complejidad cuando el feminicida es el padre de las víctimas indirectas, por lo que quedan en una posición de vulnerabilidad aún mayor.

“En materia de violencia contra las mujeres, este Organismo Nacional Autónomo recomienda que se fortalezca su ley de víctimas y se incorpore la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio (madres, padres, hermanas/os, hijas/os”, expone la CNDH en el monitoreo legislativo que realizó en 2022 y que no ha sido atendido por el gobierno de Colima.

Colima tiene la tasa de homicidios dolosos de mujeres más alta en todo el país, y se encuentra en segundo lugar en feminicidios, solo superado por el estado de Morelos, pero además duplica la tasa nacional por violencia familiar.

A pesar de ello, no contempla acciones legales para la reparación del daño a las víctimas indirectas del feminicidio.

La CNDH refiere que la Ley General de Víctimas prevé una disposición respecto de que en las medidas de rehabilitación se debe tener especial atención a los hijos de las víctimas y adultos mayores dependientes.

La Ley de Víctimas para el Estado de Colima sí regula una disposición para medidas de rehabilitación y atención de hijas/os de víctimas y adultas/os mayores dependientes, pero no una atención donde se garantice la indemnización, la garantía de la reparación del daño, se les procure la alimentación y estudio.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=48779

Violencia de género alcanza a 587 extranjeras y migrantes en Quintana Roo

Alejandra Galicia / La Verdad

La violencia de género afecta a todas las mujeres que viven en Quintana Roo, sin importar la nacionalidad de origen. Tan solo el primer semestre de 2023 y el año pasado, 587 mujeres extranjeras y migrantes manifestaron ser víctimas de algún tipo de violencia y solicitaron ayuda para defenderse de su agresor.

En la primera mitad del año, fueron víctimas de violencia 173 mujeres, la mayoría de origen colombiano, seguido de las venezolanas y beliceñas; además, del total de víctimas, por lo menos 41 eran migrantes.

En 2022, la cifra de atenciones llegó a 414 mujeres de 47 países del mundo. La mayoría guatemaltecas, estadounidenses, colombianas y salvadoreñas, según el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.

Del total de víctimas, el 96% de los casos se trató de mujeres que tiene residencia en el Estado, mientras que el 4% correspondió a mujeres que se encontraban de manera transitoria. Las autoridades también identificaron a 39 víctimas que manifestaron pertenecer a las etnias mixteco y guarijío.

La directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), María Hadad Castillo, dijo que cada año son más mujeres las que deciden denunciar y utilizar los servicios de asesoría jurídica y psicológica para salir de una situación de violencia.

Tan solo en el primer año de administración, 110 mil mujeres utilizaron servicios del IQM para enfrentar una situación relacionada con la violencia de género. Sin embargo, en el caso específico de mujeres extranjeras, han atendido a 85, la mayoría provenientes de Centroamérica, por casos de violencia familiar.

Explicó que se trató en varios de los casos de mujeres que tienen una situación regular en el país y se encontraban en un entorno de pareja y en el núcleo familiar, cuando ocurrió la violencia.

Recursos disponibles

Para atender a todas las mujeres que se enfrentan a una situación de riesgo, el IQM tiene un presupuesto de 10 millones de pesos este 2023, destinados a la aplicación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef). Con ese recurso federal proveniente del Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se pagan los salarios y servicios que realizan profesionales de psicología y derecho para dar asesorías a víctimas del Estado.

Cuando se trata de mujeres extranjeras también se les ofrecen los servicios de asesoría del IQM, pero se hace contacto con sus respectivos consulados y, en situaciones de alto riesgo, como delitos de trata de personas, se da aviso a las autoridades de investigación como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General del Estado (FGE).

La directora del IQM agregó que este año se agotaron los recursos federales del Paimef y solicitaron un nuevo presupuesto o, de lo contrario, se dejaba en pausa el programa y afectaba a 80 profesionistas que dan servicios psicológicos y jurídicos y se vulneraba a las mujeres víctimas de violencia.

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Violencia-de-genero-alcanza-a-587-extranjeras-y-migrantes-en-Quintana-Roo-20230924-0204.html

Colima, primero en homicidios de mujeres y violencia familiar; segundo en feminicidios

Imagen: Tomada de la Red

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (25/09/2023).- A pesar de haber sido declarado con Alerta de Violencia de Género desde 2017, el estado de Colima continúa padeciendo la ola de violencia familiar y de género. Las cifras son alarmantes: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Colima ostenta la tasa de homicidios dolosos de mujeres más alta en todo el país, y se encuentra en segundo lugar en feminicidios, solo superado por el estado de Morelos, pero además duplica la tasa nacional por violencia familiar.

Las estadísticas señalan que en Colima existen más probabilidades de que una mujer sea víctima de violencia dentro del hogar con una tasa de 300.7 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 129.9.

En segundo lugar nacional y con una tasa alejada de la de Colima se encuentra el Ciudad de México con 255.6 y en la tercera posición, Coahuila con 231.3.

De enero a julio se denunciaron ante la Fiscalía 2 mil 468 casos de violencia familiar, Yucatán solo denunció 87.

DELITOS CONTRA LAS MUJERES EN COLIMA

Además de los homicidios y feminicidios, el estado registra una alta incidencia de violencia intrafamiliar, mayoritariamente dirigida hacia mujeres y niñas. El SESNSP también reporta casi 400 delitos contra la libertad y la seguridad sexual en los primeros siete meses de este año, con un énfasis en casos de abuso sexual y violación simple.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=48732

“Cacería” de trabajadores de CFE, sino regresa energía eléctrica al sur de Mérida (Yucatán)

JHM / La Verdad
Después de tener casi 100 horas sin energía eléctrica, vecinos de la colonia San José Tecoh ubicado al sur de la ciudad de Mérida, advirtieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que de no dar solución al apagón que vive dicha colonia desde hace cuatro días, tomarán otras acciones para que dicha empresa cumpla.

Explicaron que en dicha zona el recibo más barato llega en mil 500 pesos, y otros casos han pagado hasta los cinco mil pesos por bimestre, por lo que exigen a la paraestatal que cumpla con la función de proveer el suministro eléctrico a sus viviendas.

“Si no llegan a cumplir en restablecer la energía eléctrica, no solo vamos a bloquear las calles, sino vamos a empezar a amarrar a los trabajadores de la CFE como en Valladolid”, advirtió Nancy Madera

Manifestación

Fue desde el sábado que cansados de que dicha empresa no les brindara la atención, que tuvieron que cerrar varias calles de la zona afectada, la 54 entre 131 y 135; 133 entre 52 y 56, y sus colindantes.

Sin embargo, la molestia aumento cuando empleados de la CFE les informaron que el problema había sido un transformador, por lo que contemplaban que el problema quedaría solucionado hasta el martes, debido a que no contaban con el material en ese momento.

A esto, los vecinos decidieron empezar a quemar llantas, palos y basura en medio de las calles exigiendo que la Comisión diera una solución para el domingo, ya que mencionaban que el problema no solo era el calor, sino pérdidas económicas y riesgos de salud.

“Yo vendo jugos y desayunos, toda mi venta se echó a perder y ahora como le haré, sino vendo, no como”, dijo Liliana Chávez.

“Mi esposo es diabético, necesita la insulina y he tenido que estar consiguiendo hielo para que no se vaya a echar a perder”, narró Gilda Vargas

Problemática

Expusieron la problemática que viven personas de la tercera edad, así como personas con alguna discapacidad, que son “las que sufren el peor daño”, debido a que difícilmente pueden valerse por sí solas.

Tras la manifestación arribó un camión de la CFE, donde el trabajador que omitió su nombre, le informó que este domingo les intentarían restablecer la luz, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, los vecinos informaban que la colonia se encontraba sin energía eléctrica.

https://laverdadnoticias.com/yucatan/Caceria-de-trabajadores-de-CFE-sino-regresa-energia-electrica-al-sur-de-Merida–20230924-0188.html

Denuncian agresión por parte de Policías Municipales a integrante de colectivo de búsqueda (Baja California)

Imagen: Archivo, Ángeles García

Juan Miguel Hernández / El Sol de Tijuana

Tijuana.- Colectivos de búsqueda denunciaron agresiones físicas en contra de Valeria Martínez, integrante del grupo “Armadillos: Ni un Migrante Menos”, presuntamente a manos de Policías Municipales.

De acuerdo a la activista Livvy Márquez, la agresión a mano de los agentes municipales ocurrió poco después de las 5:40 de la madrugada en el Maclovio Rojas, cuando Valeria vio que los elementos supuestamente agredían a un joven.

Mencionó que la mujer se puso a grabar la acción que realizaban los policías municipales, por lo cual fue detenida, golpeada e insultada.

Livvy Márquez indicó que tras ser trasladada a El Refugio y Villa Fontana, fue liberada, pero antes le borraron las imágenes de su teléfono, además de que no recibió atención médica.

Debido a las agresiones sufridas y al traslado arbitrario a las delegaciones, anunciaron que se presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, además de solicitar una reunión con la presidenta municipal de Tijuana.

Valeria Martínez dijo a El Sol de Tijuana estar físicamente y emocionalmente lastimada, por lo que pide mayor conciencia por parte de los agentes municipales.

“Me molesta que suceda esto, puede ser otra persona que no tenga capacidad para defenderse. Ojalá que capaciten a los policías y que hablen con ellos, no es la manera tratar a una mujer”, expresó.

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/denuncian-agresion-por-parte-de-policias-municipales-a-integrante-de-colectivo-de-busqueda-10739556.html

Buscadoras acuden a hallazgo de fosa y Policía de Irapuato responde con detención y amenazas (Guanajuato)

Imagen: Zona Docs

“Te faltan unos buenos putazos” fue la amenaza de preventivos municipales a Karla Martínez, integrante de la Brigada Independiente al llegar a una fosa resguardada por la corporación en la comunidad El Conejo

Edith Domínguez / Zona Docs

Guanajuato se ha convertido en el estado más violento para los familiares que buscan a sus personas desaparecidas. En en los últimos años han asesinado a 6 buscadoras, 19 más recibieron amenazas, algunas por la labor que realizan en municipios como Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao, Pénjamo, Juventino Rosas, Acámbaro y en la capital del estado; otras han sido desplazadas.

Los riesgos para las personas buscadoras se multiplican y algunos se originan desde las propias autoridades, como sucedió en Irapuato, donde un policía municipal sometió y esposó a Karla Martínez, integrante de la Brigada Independiente de Búsqueda.

El agente de la Policía Municipal la amenazó: “ganas no me sobran” de golpearla, le dijo, mientras la seguía insultando verbalmente.

La Brigada Independiente de Búsqueda de Personas fue creada por integrantes del colectivo Hasta Encontrarte ante la indiferencia de la autoridad por buscar a los ausentes. A la fecha, han encontrado 180 cuerpos en búsqueda forense, realizada en las fosas clandestinas localizadas en el estado.

El jueves 14 de septiembre se encontraban en búsqueda en una zona rural y a escasos kilómetros la policía municipal de Irapuato hizo un hallazgo forense (en una fosa). Las integrantes de la Brigada acudieron e intentaron llegar al punto porque podía ser su hermano, padre o madre desaparecida.

Además, en el Protocolo Homologado de Búsqueda indica que “todas las victimas tienen derecho a participar en la búsqueda de su familiar desaparecido”, y ser observadoras de los hallazgos forenses es parte de su derecho.

Pero los policías de Irapuato, presuntamente por una orden que recibieron, esposaron a dos buscadoras que intentaron ejercer este derecho. Al estar detenidas, fueron amenazadas y agredidas verbalmente, luego de “unas vueltas” y recibir un mensaje -“otra orden”- las regresaron a la misma zona donde las detuvieron.

A la criminalización que por este tipo de incidentes han vivido, se suman las pérdidas de varias de sus compañeras que han sido asesinadas.

Teresa Magueyal, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir” fue la última madre buscadora asesinada el 2 de mayo del presente año en Celaya.

María del Carmen Velázquez del colectivo “Madres Buscadoras de Personas Desaparecidas en Pénjamo” fue asesinada el 8 de noviembre del 2022 en Abasolo.

Francisco Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado y hermano de la maestra Lupita, desaparecida y posteriormente localizada sin vida en la fosa más grande hasta ahora encontrada, en Salvatierra, fue asesinado el 29 de mayo del 2021.

El 29 de julio del 2022 fue asesinado en la entrada de su casa Jorge Ulises Cardona Zavala del colectivo de Búsqueda de León. Dos años antes, el 16 de octubre del 2020, fue asesinada su madre, María del Rosario Zavala. Ambos buscaban a su hermano e hijo, Yatziri Misael, de 16 años de edad, quien permanece sin ser localizado.

https://www.zonadocs.mx/2023/09/18/buscadoras-acuden-a-hallazgo-de-fosa-y-policia-de-irapuato-responde-con-detencion-y-amenazas/

Madres Buscadores de Cancún irrumpen Desfile Cívico-Militar; reclaman justicia a autoridades (Quintana Roo)

Martín Chi / Foto David Pérez / Por Esto!

Las Madres Buscadoras de Cancún irrumpieron entre los participantes del Desfile Cívico-Militar por el 213 aniversario del inicio de la Independencia de México y se manifestaron frente al presídium, clamando justicia por los desaparecidos.

Las madres gritaron consignas buscando justicia y mostraron carteles con las fotografías de sus familiares desaparecidos frente a las autoridades municipales, estatales y federales del estrado.

Las afectadas urgieron de respuestas y resultados a sus demandas ante la Fiscalía General del Estado, ya que llevan meses sin encontrar a sus familiares.

Entre los manifestantes se encontraron la mamá de Fernanda Cayetana, desaparecida hace más de un año en la zona continental de Isla Mujeres, así como Francisca Mariner, William Hernández, Kevin Josef, Luz María, entre otros que con lágrimas suplicaban y exigían el apoyo de las autoridades.

Las madres piden que no haya impunidad contra los responsables de las desaparecidas y advirtieron que no pararan hasta encontrar sus familiares.

https://www.poresto.net/quintana-roo/2023/9/16/madres-buscadores-de-cancun-irrumpen-desfile-civico-militar-reclaman-justicia-autoridades-399905.html

Grave contaminación en Celestún: Kekén destruye única fuente de agua potable (Yucatán)

Rubén Darío Hau / Por Esto!

Los daños por contaminación que propicia la granja del Grupo Porcícola Mexicano, operador de la marca Kekén, ubicada en Kinchil, ya están llegando a Celestún: la autoridad municipal aumentó la cloración del agua que consume la población, advirtió Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del Consejo Maya del Poniente de Yucatán.

Este creciente daño al recurso pone en riesgo la actividad económica del 67 por ciento de la población del puerto de la costa Poniente del Estado, que vive de la pesca y el turismo, añadió el funcionario municipal. Él es uno de los directivos de la cooperativa que presta el servicio de recorrido por la ría. Actualmente, la actividad es baja, pues de 50 embarcaciones que tiene la cooperativa sólo están funcionando 10 naves por día.

Dijo que el servicio que prestan es de calidad, con gente capacitada y preparada, cuya base está en el parador turístico. El recorrido es por el mangle, la anidación de flamingos, el ojo de agua, y en general, toda esta actividad tiene duración de una hora a hora y media.

POR ESTO! publicó ayer el recorrido que realizó junto con ejidatarios de Celestún, en el ojo de agua Sactún, donde el municipio se abastece de agua potable para toda la población que alcanza a 13 mil habitantes. Esa es la única fuente de agua para el consumo humano y que Kekén pretendía afectar a través de la expansión de su granja de Kinchil.

Sin embargo, un magistrado agrario devolvió los derechos ejidales a 72 personas y de paso revirtió la intención de Kekén de “arrebatarles” 3 mil 500 hectáreas. Los planes de la empresa, según explicaron los ejidatarios, era expandir sus plantas hasta Celestún.

En este contexto, Rodríguez Pisté explicó que el impacto por el daño ecológico de Kekén alcanza a toda la población, tanto en su actividad económica como en el agua que consumen. “Todo este paraíso que tiene Celestún, que es motivo de visita de turistas todos los días, de esta fauna impresionante y de la actividad que genera ingresos para las familias estaría en riesgo”, reiteró.

Además de las dos cooperativas que operan en la ría, en la playa también está la “Pez Plata”, que nació desde el 2011, y que tiene 10 socios, que trasladan a turistas a las ruinas herradura, salineras, mar-río, túnel de manglares, ojo de agua y hasta baño, a precio de 400 pesos por persona.

Alberto Rodríguez mencionó que el grupo operador de Kekén está arriesgando la salud y los empleos de los celestunenses, por la contaminación del manto freático, que está llegando poco a poco; la planta de Kinchil produce 90 mil toneladas de carne de exportación anual y una grave contaminación ambiental, pues aunque presuman de métodos modernos para tratar el agua, los residuos se filtran y finalmente llegan a los mantos acuíferos que desembocan al mar de Celestún, pasando primero por la ría, aseguran los afectados.

Como publicamos esta semana, Kekén, bajo engaños, y con el apoyo de líderes ejidales, intentaron “arrebatar” 3 mil 500 hectáreas, adjuntas a Kinchil. El Tribunal Unitario Agrario (TUA) dictaminó sobre una controversia tras un proceso que duró cuatro años (expediente 253/2020).

Sin percatarse, había un “acuerdo de confidencialidad” que daba ventaja a los empresarios para adueñarse ya no sólo de parte de la tierra, sino del agua de Celestún y con ello expandir su emporio hasta el puerto.

Los anteriores líderes ejidales, entre ellos, Luz Alba Solís Cohuo, aliada de Kekén, orilló a los comuneros a firmar hojas en blanco, para que recibieran un supuesto pago de daños y perjuicios, por 12 mil pesos. El TUA detectó el fraude y frenó las intenciones de Kekén. Aunque hay el temor que el proceso siga y recurra a amparos hasta llegar hasta la Suprema Corte del país.

POR ESTO! ha dado cuenta del daño que ha causado esta empresa en el anillo de Cenotes, en Homún, y en Izamal, donde el caso se elevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los derechos a la salud prevalecieron por encima del interés económico del grupo empresarial.

En el caso de Celestún se logró una victoria parcial, pues aún falta más procesos legales. De hecho, anunciaron que promoverán una contrademanda a Kekén por las “triquiñuelas” usadas para retirar los derechos a 72 ejidatarios y por intentar arrebatarles miles de hectáreas del ejido.

https://www.poresto.net/yucatan/2023/9/15/grave-contaminacion-en-celestun-keken-destruye-unica-fuente-de-agua-potable-399740.html

Agroindustria, turistificación y Tren Maya en Bacalar (Quintana Roo)

Redacción Jaltún

La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.

Hasta hace un par de décadas, Bacalar era un pequeño pueblo maya de puertas abiertas al Caribe y cuya economía se sostenía a través de la milpa, la apicultura y la docencia, en este último caso a partir del funcionamiento del Centro de Educación Normal en Bacalar. En ese apartado del estado de Quintana Roo el turismo mostraba un rasgo regional y los atributos del lugar se transmitían de boca en boca.

Veinte años atrás, los pobladores no imaginaban que con el correr del tiempo el turismo se convertiría en el soporte económico primordial del municipio. Y que, combinada con la agroindustria, la actividad terminaría resquebrajando el paisaje biocultural y los modos de vida locales.

Dos eventos cambiaron la historia de ese Bacalar ajeno al extractivismo turístico, bajo el cual se promovió la Riviera Maya como destino internacional, y de labor agrícola concentrada entre los pobladores históricos del lugar.

El primero de ellos correspondió a la instalación de colonias menonitas que, a inicios del 2000, comenzaron a proliferar a partir de la compra ilegal de tierras ejidales. Nadie en el pueblo y sus alrededores, ni siquiera los mismos ejidatarios, sospecharon que el arribo de los menonitas abriría paso a una explotación que, respaldada mediante programas de impulso agropecuario, corrupción de funcionarios agrarios e intereses de empresas nacionales e internacionales, terminaría lacerando la selva de Bacalar por efecto de una expansión incontenible.

Los datos de esta depredación son contundentes: según un monitoreo de Global Forest Watch, el estado de Quintana Roo perdió, justamente en 20 años, al menos medio millón de hectáreas de monte a manos del desarrollo turístico, la agroindustria ligada al cultivo intensivo de soya, maíz y caña de azúcar, y la expansión inmobiliaria.

El segundo evento tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox, declaró “Pueblo Mágico” a Bacalar. La categoría asignada a la comunidad, estatus pensado para acentuar la explotación turística en determinadas zonas de México, disparó el interés de los capitales privados por hacer del sitio otro espacio destinado a captar visitantes y viajeros sobre todo del exterior.

Rápidamente se consolidó la idea de comercializar a Bacalar como un paraíso de calma, relajación y aventura basado en las aguas turquesas de su laguna. Ese mismo rótulo es el que terminó por invisibilizar los estragos que fue multiplicando la difusión del pueblo como un espacio, de pronto enfocado, en atraer el turismo masivo.

El aumento de la violencia criminal, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la tierra, la marginación y la segregación poblacional, la migración, la gentrificación y la folklorización de la identidad maya, fueron algunos de los aspectos que emergieron a partir de la declaración de “Pueblo Mágico”.

Y cuya gravedad resultó invisibilizada tanto por los beneficiarios de los negocios que alentó la categorización como por las autoridades y organismos competentes, interesados también en asegurarse una mayor recaudación económica a partir del cobro de impuestos, regalías y prebendas de ocasión.

Más cercano en el tiempo, el impacto de ambos eventos se vio magnificado a partir de la imposición del Tren Maya, un megaproyecto impulsado por la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como premisa acentuar la expansión del turismo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, y la industria en general en el sureste del país. Con afectación directa de los modos de vida y los medios de sustento de las poblaciones mayas y campesinas que habitan dicho territorio.

La investigación que aquí inicia da cuenta, precisamente, de cómo esta combinación de decisiones e iniciativas impulsadas por actores políticos y del capital privado dio lugar a una transformación de Bacalar que, aún en proceso dramático, tensiona de un modo riesgoso la perduración de las comunidades y sus formas históricas de habitar el municipio.

Expansión agroindustrial menonita

Entre 2001 y 2022, de acuerdo a mediciones de Global Forest Watch, Bacalar perdió casi 130,000 hectáreas de cobertura arbórea. Semejante superficie equivale al 24 por ciento del territorio del municipio, que llega a nuestros días como el más deforestado de todo el estado de Quintana Roo.

En ese lapso, la selva fue rápidamente reemplazada por monocultivos de soya, sorgo y maíz a partir de una agroindustria que ganó tamaño, también, mediante prácticas de compra y renta de tierras ejidales y privadas.


La deforestación de la selva inicia con la apertura de caminos que permiten la expansión de la frontera agrícola. Fotografía: R. Canul.

El rol de las colonias menonitas ha sido determinante en ese sentido. El inicio de la avanzada de estos grupos tuvo su primer capítulo en el inicio de los años 2000, momento en que integrantes de esa comunidad provenientes de Belice hicieron pie en la selva bacalareña con la fundación de Salamanca. A ese posicionamiento inicial le siguieron los de El Bajío, Paraíso y San Fernando hasta completar 15 ejidos con presencia menonita.

Salamanca nació tras la adquisición de 5,000 hectáreas del ejido de Bacalar. Ya en 2004, y a partir del tamaño y la concentración de colonos ostentada por el asentamiento, Salamanca obtuvo el status de ejido menonita en sí mismo, en lo que fue un proceso inaudito hasta ese momento en Quintana Roo.

Fernando Canul, integrante del Consejo Indígena Maya de Bacalar y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, se refiere a cómo ocurrió aquel arribo.

“El primer asentamiento de menonitas fue en Salamanca. De allí fueron buscando colocarse en otros ejidos. Llegaron ofreciendo una cantidad de dinero que nunca habíamos visto. Dijeron ‘venimos a trabajar, no a cuidar el monte’”, recuerda.

Ubicado a sólo 7 kilómetros de la laguna de Bacalar, Salamanca es fuente de contaminación de los ecosistemas de la zona a raíz del uso indiscriminado de pesticidas que los menonitas ejecutan en su labor agrícola.

Con el cancerígeno glifosato a la cabeza entre los herbicidas que más resultan aplicados sobre los cultivos de soya que se multiplican en el ejido -también de uso común para combatir las hierbas en lotes de maíz y sorgo-, los productores de Salamanca llevan a cabo fumigaciones intensivas que llegan a los acuíferos del municipio por efecto de la naturaleza kárstica del suelo.

Símbolo de la deforestación y el incremento de la presencia menonita en la zona, Salamanca exhibe hoy un tamaño 11 veces mayor al delimitado por la mancha urbana de la cabecera municipal de Bacalar.

A la par de lo ocurrido con ese asentamiento, los ejidos de El Bajío, Paraíso y San Fernando también acumulan años de depredación agroindustrial por causa de los menonitas. En cada caso, el despliegue de los colonos tomó forma a partir de 2012 siempre mediante la estrategia de comprar lotes.

Una vez avecindados en esos espacios, los menonitas fueron un paso más allá con la adquisición de derechos ejidales. En concreto, esta acción les permitió comenzar a tallar en las decisiones respecto del futuro de las tierras de uso común disponibles en esas mismas áreas.


En 2022 el Estado mexicano conmemoró los “100 años de la llegada de los Menonitas a México” mediante la emisión de una moneda de 20 pesos. Fotografía: R. Canul.

El posicionamiento de los colonos llegó a un punto tal que, por estos días, se dan situaciones de ejidos en los que más del 50 por ciento del padrón de, justamente, ejidatarios, corresponde a productores menonitas.

“Hasta hoy vamos más o menos bien. Poco a poco estamos comprando tierra en dos ejidos: El Bajío y Paraíso. Entre las dos colonias ya tenemos como cinco mil hectáreas”, detalla al respecto A. Schmitt, ejidatario menonita de El Bajío.


Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, siempre de acuerdo a Global Forest Watch y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), son los ejidos con mayor porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal. Pero la merma no se ajusta únicamente a esos espacios: a través de la compra de derechos ejidales y la renta, los menonitas han diseminado la deforestación por otros 16 ejidos aledaños a los ya controlados por los colonos.

En una serie de recorridos llevados a cabo por el equipo de Jaltún, se corroboró que la destrucción de la superficie arbórea en todas esas áreas guarda relación directa con el cambio de uso de suelo para el tipo de agroindustria que desarrollan las comunidades menonitas mencionadas.

Mediante un análisis cartográfico realizado por Jaltún en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, se estableció que la deforestación efectuada en los últimos 20 años implicó la pérdida de más de 11,450 hectáreas de monte. Cifra equivalente a la superficie de la ciudad de Cancún.

“Están destruyendo la vida del campo. Ellos tienen el apoyo del gobierno, toda la maquinaria que ellos sacan tiene ese aval. Si uno como campesino va, no tiene esas garantías”, asegura Fernando Canul.

Lo expuesto por Canul encuentra asidero en las más de cuatro décadas de políticas agropecuarias que han priorizado la producción agroindustrial en la Península. En ese sentido, las colonias menonitas de Bacalar han sido beneficiadas con incentivos y créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto, con el objetivo de fortalecer la producción de oleaginosas a partir de la disponibilidad de maquinaria agrícola y semillas.

Los gobiernos, garantes de la deforestación

La expansión agroindustrial en Bacalar es la principal causa de deforestación en el municipio. El cambio de uso de suelo sin previa autorización y con complicidad silenciosa de las autoridades ambientales, sobre todo para la producción de monocultivos como la soya transgénica, repercute de manera negativa en el modo de vida campesino y alienta la pérdida del segundo bosque tropical más extenso de América.


Las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno siguen sin intervenir para frenar la deforestación, mientras las colonias menonitas expanden la frontera agrícola sobre la selva y los territorios ejidales. Fotografía: R. Canul.

La injerencia de los actores políticos debe entenderse como una variable determinante al momento de explicar cómo este sistema se consolidó con tanta celeridad en Bacalar. En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que SAGARPA -hoy SADER, sigla que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.

La decisión de esa dependencia de gobierno dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar. Los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano, además de destacar la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los pueblos indígenas.

Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica. La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.

Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a las y los habitantes mayas de Bacalar.

Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado. Y así llegamos a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.

En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2022, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa. El principal comercializador de lo que genera el cultivo es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A. Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.

A la par de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades. Así, en agosto de 2021, SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo en los que, siempre de forma presunta, los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales. El pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.

Su aplicación no pasó del acto mediático. Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte: “Si el gobierno decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos. Queremos seguir en lo mismo. Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar. La última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.

El turismo de masas da la espalda al pueblo de Bacalar


La laguna de Bacalar alberga al mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo. La turistificación, la agroindustria y actividades antropogénicas ponen en riesgo a este ecosistema (Tarjeta 2021). Fotografía: R. Canul.

Luego de que, en 2006, el gobierno federal de Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas de desarrollo económico para las familias locales. Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con la espalda económica suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.

El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a nivel internacional, promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluye a Chetumal y Mahahual.

En un puñado de años, Bacalar dejó de ser un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas. En los primeros catorce años de vigente el rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó 750 por ciento.

Pero el tenor de este incremento lejos estuvo de fortalecer la economía local. En ese sentido, investigaciones como la desarrollada por la doctora Giovanna Gasparello dan cuenta de cómo los procesos de turistificación en Quintana Roo mantienen un vínculo estrecho con el ascenso de la violencia criminal en la llamada “Riviera Maya”, con alcance a la zona urbana y rural del sur del estado.

A ese escenario se sumó, ya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto federal del Tren Maya, el cual acentuó los procesos de desposesión y despojo de la tierra y, en simultáneo, instauró un programa de reordenamiento territorial mediante el impulso de un corredor regional.

“El tren irrumpe en el territorio maya peninsular como un proyecto que continúa la colonización. ¿Qué significa esto? Que le arrebata tierras a las comunidades mayas. Viene a hacer eso que llaman reordenamiento territorial. Nos quitan porque saben que nosotros convivimos de otra forma con la tierra. Para nosotros devastar la selva no es prosperidad. Vienen a quitarnos nuestra agua, nuestra tierra, nueva vida en general”, explica un miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiímbal.


El proyecto del Tren Maya abarca tres ámbitos: turismo, transporte de personas y movimiento de carga. Según el colectivo GeoComunes, el último de estos “vagones” articulará la producción agroindustrial y la industria cárnica a partir del movimiento de productos hacia los puertos de exportación. El empresariado de las granjas porcícolas y avícolas, así como los actores de la industria y la siembra de transgénicos y otros cultivos intensivos, estarán entre los principales beneficiados de la iniciativa ferroviaria.

Del otro lado se ubican las comunidades mayas, totalmente omitidas en los procesos de decisión y excluidas de forma intencional de los mecanismos de consulta que establecen leyes locales y los distintos acuerdos internacionales rubricados por México.

Una prueba de esto último tuvo lugar durante el segundo semestre de 2019 cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron una consulta dirigida a los ejidos que incumplió estándares a los que adhiere el país.

“… la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”, expresó, respecto de este procedimiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un comunicado divulgado a mediados de diciembre de ese año.

“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso”, añadió la organización.

Al año siguiente, y tras incumplir la normativa ambiental vigente, el proyecto del Tren Maya dio comienzo y con él se activaron los preparativos para atravesar el municipio de Bacalar y sus ejidos mediante el denominado Tramo 6. Semejante plan implicó un escalón más en los procesos de turistificación del municipio alentando, por ejemplo, un aumento en el valor de la tierra del orden del 350 por ciento en apenas dos años, según datos del Colegio de Ingenieros Civiles.

De acuerdo a esa entidad, aquellos lotes que cotizaban a razón de los 1,000 pesos el metro cuadrado pasaron a valer 4,500 sólo entre el anuncio de la construcción del tendido ferroviario y el inicio de 2020. Para imponer su tren, el gobierno federal -a través de FONATUR- activó una campaña de desalojos a los que públicamente presentó como reubicaciones consensuadas y acordó con el ejido de Bacalar la toma de control de algo más de 56 hectáreas.


La señora M. Olvera y su familia están entre las familias afectadas por el paso del tramo 6 del tren en el ejido Bacalar. Fotografía: R. Canul.

“La especulación en los terrenos cercanos a la laguna es terrible. Hay una violencia que no se está diciendo, pero que en el propio pueblo se escucha. Llega gente que está involucrada en el crimen organizado, que violenta a los veladores de los terrenos en disputa, para apoderarse de espacios que pueden ser estratégicos para el turismo”, afirma otro integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muuch Xiímbal.
Y añade: “La gente de Bacalar ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a estar rentando? ¿Nos van a seguir sacando de nuestras tierras o vamos a sentirnos obligados a vender?”

La voracidad oficial por disponer de espacios para desplegar el proyecto viene siendo tal que, a fines de junio de este año, y según quedó indicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal expropió por “causa de utilidad pública” 150 hectáreas y 261,000 metros cuadrados pertenecientes, entre otros, al municipio de Bacalar.

El impulso al Tramo 6 trajo aparejado, además, un despliegue de militares inusitado en todo el municipio dada la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como coordinadora del proyecto.

Precisamente fue el Ejército Mexicano quien protagonizó en el tramo 6 uno de los eventos más desafortunados de destrucción ambiental al devastar los humedales del Estero de Chac, sistema que conecta a la laguna de Bacalar con el río Hondo, con la pretensión no consumada de rellenar con material su canal principal para atravesar la vía del tren.


Sociedad civil denuncia públicamente a la SEDENA por rellenar el canal principal del Estero de Chac, un caudal que conecta a la laguna de Bacalar con el resto del sistema transversal costero. Fotografía: M. Hernández.

“Esa decisión es una enorme equivocación que traerá consecuencias graves para los frágiles ecosistemas que conforman esta región. Constituye además una amenaza para el bienestar y la seguridad de las poblaciones locales quienes nunca fuimos consultadas y atenta contra nuestro derecho a un medio ambiente sano”, se indicó en una carta abierta firmada por más de 150 pobladores e integrantes de centros culturales, espacios comunitarios y académicos, y organizaciones no gubernamentales.

Estos actores señalaron que, en el tendido correspondiente a Bacalar-Chetumal, SEDENA abrió brechas de hasta 70 metros de ancho previa destrucción de miles de árboles. “Estamos constatando que la construcción de las vías para el tren no está tomando en cuenta el enorme valor de los humedales y ni ha dado la importancia debida a los procesos de conectividad entre ecosistemas acuáticos”, añadieron.

SEDENA se excusó de su intervención en el Estero de Chac alegando “error humano”, y a modo de alternativa propuso la construcción de un puente elevado sobre ese curso de agua. Pero lo cierto es que aquellos pobladores y organizaciones que exponen los efectos negativos que provoca el proyecto ferroviario remarcan que los actores de gobierno que impulsan la iniciativa y el mismo Ejército Mexicano disponían de información precisa respecto de la relevancia del brazo hídrico. Y que aún así efectuaron el relleno adrede y con la expectativa de que la acción pasará desapercibida ante la opinión pública.

En un comunicado emitido el 2 de agosto de 2023, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la organización CartoCrítica informaron que 1,309 hectáreas del tramo 6, concernientes a Bacalar, no disponen de autorización alguna en términos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Indicaron, además, que sólo el 13 por ciento del trazado del Tren Maya cuenta con dicha autorización.

Los horcones de la vida campesina

La milpa, la apicultura y, más recientemente, el manejo forestal comunitario son los horcones que sostienen la vida campesina y comunitaria en Bacalar. Y son las principales muestras de resistencia al perfil de producción intensiva y turistificación que se pretende solidificar en Bacalar. Estas prácticas campesinas priorizan la seguridad alimentaria y ponen el foco en el resguardo del monte y sus saberes.

“La tierra es casa, hogar, espacio, milpa donde nacen y crecen las semillas que le dan vida a nuestros pueblos”, explica un defensor del territorio maya e integrante del colectivo de semillas Much’ Kanan I’naj.


Apicultor de miel orgánica de la Sociedad Kabi Habin en el ejido Blanca Flor, Bacalar. Fotografía: R. Canul.

Su organización, dedicada al resguardo, la reproducción y el compartir de semillas nativas, es uno de los pilares de la resistencia milpera en el poniente de Bacalar. Much’ Kanan I’naj acumula más de dos décadas de protección del territorio. En su andar, el colectivo logró la cancelación jurídica del permiso para el cultivo de soya transgénica en la zona.

Sus acciones se entretejen con otras organizaciones mayas de la Península de Yucatán, principalmente de Hopelchén, que también han sufrido en primera línea los estragos del agronegocio soyero que lideran las colonias menonitas con respaldo de todos los gobiernos.

“Sostenemos espacios anuales de intercambios de semillas como un acto político para la defensa del territorio”, comenta uno de los coordinadores del colectivo, quien además señala que que a través de la práctica de los 4 Ch’iles se asegura la preservación y reproducción de hasta ocho variedades de semillas de maíz.

En congruencia con dicha práctica, recientemente la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, reconoció a la milpa maya como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por el manejo productivo de la tierra que efectúan las y los campesinos, y el cuidado que éstos establecen de los ecosistemas.

La apicultura es otro pilar que sostiene la preservación de la biodiversidad de los bosques tropicales de Bacalar. La pandemia del COVID-19, en combinación con el impacto negativo de las tormentas Amanda y Cristobal ocurridas en 2020, paralizaron la economía y fue en ese contexto adverso que la Sociedad de Producción Rural Kabi Habin, organización ubicada en Blanca Flor, ganó protagonismo logrando mantener a flote a más de 165 familias distribuidas en al menos 26 ejidos.

Con el foco puesto en llegar de forma directa a los mercados de miel orgánica, la entidad combina los aspectos más relevantes de la vida comunitaria en Bacalar. Esto es, desarrollo económico local, soberanía alimentaria, resguardo de saberes ancestrales y conservación del monte.

También existen iniciativas de manejo forestal que merecen ser asumidas como ejemplos contundentes de resistencia en medio de tanta depredación de la selva. La sociedad El Achiotal, por mencionar un caso, propone una labor forestal comunitaria que también brinda una salida económica a las familias que participan de la iniciativa. El Achiotal se encuentra ubicado en el ejido de Isidro Fabela, considerado uno de los mejor conservados del municipio. En esa área, la superficie arbórea se redujo cerca de un 3,5 por ciento (214 hectáreas sobre un total de 6,200) en los últimos 20 años.


La selva de Bacalar es un importante corredor biológico que conecta la reserva de la Biosfera de Sian Ka´an con la de Calakmul y el Área de Protección de Flora y Fauna Balaan Kaax. Fotografía: R. Canul.

“Ahorita se están capacitando para conocer más el monte. Han tenido capacitación para ubicar los árboles y cómo se siembran. Eso les va a ayudar a ver, más adelante, por qué esto tiene valor. Solo teniendo una visión hacia el futuro es como esto se va a conservar. Los jóvenes están muy interesados”, comenta un ejidatario de Isidro Fabela.

Precisamente lo que ocurre en El Achiotal es inspirador para jóvenes como Juana, que ya se ve estudiando ingeniería forestal en unos años. También para Beatriz, ejidataria y otra de las personas que propone un desarrollo turístico sustentable, respetuoso de las aves, los mamíferos, el monte, los cuerpos lagunares, en Bacalar.

Por su parte, la sociedad civil organizada en Bacalar, también ha sido un contrapeso importante contra el agronegocio, la turistificación y el proyecto del Tren Maya que tanto afecta al municipio. La participación de investigadores, pobladores, organizaciones no gubernamentales y activistas ha sido fundamental para visibilizar, denunciar y frenar acciones que atentan contra el ambiente y la vida en general.

Esto se hizo visible, por poner una referencia, en la carta pública dirigida al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a María Luisa Albores y Luis Crescencio Sandoval, titulares de SEMARNAT y SEDENA, respectivamente. Difundida en julio de este año, en la misiva se hizo un llamado para suspender y reparar el ecocidio perpetrado en el Estero de Chac. La acción logró visibilizar e impulsar la reparación del daño efectuado.

A diferencia de todo lo que se publicita a partir de discursos que sólo postulan el desarrollo industrial y la acumulación de riqueza a costa del despojo y el deterioro ambiental, los modos de vida que sostienen miles de familias en Bacalar, a partir de quehaceres basados en la conservación del monte y el territorio, acercan un soplo de esperanza que deviene en oportunidad para el patrimonio natural en esta parte de México. Precisamente, esas formas del buen vivir están ligadas a una sapiencia que puede ser redentora ante la crisis civilizatoria actual.

Video reportaje

Por seguridad de nuestros entrevistados, los nombres fueron cambiados.

Texto, guion y edición de video: equipo Jaltún – Voz: Rosario Nieto – Diseño web: Miguel Guzmán – Diseño e ilustración: Yadira Martínez

https://jaltun.mx/bacalar/

Ocho meses de incertidumbre: La desaparición de Ricardo y Antonio sigue sin esclarecerse (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (14/09/2023).- Mañana viernes se cumplirán ocho meses de incertidumbre desde la desaparición de los  líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Los dos hombres desaparecieron el pasado 15 de enero en la población de Cerro de Ortega, ubicada en el municipio de Tecomán, uno de los territorios más violentos del estado de Colima.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos, así como de la Organización de las Naciones Unidas en México (ONU), que han solicitado insistentemente al gobierno de Colima y al gobierno federal activar todos los protocolos para localizar inmediatamente a los dos activistas, hasta el momento no se ha logrado ningún avance significativo en el caso.

En abril pasado, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron públicamente que la Fiscalía en Colima se había negado a cooperar con otras instituciones y a compartir información vital para la investigación de la desaparición de Lagunes Gasca y Díaz Valencia. Esta falta de colaboración ha sido un obstáculo significativo en la búsqueda de respuestas.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, en ese mismo mes de abril, hizo hincapié en que los dos hombres habían sido víctimas de desaparición forzada debido a sus actividades de lucha en contra de los incumplimientos por parte del consorcio minero de Aquila, en detrimento de los comuneros de la región. Antes de su desaparición, Ricardo y Antonio ya habían recibido amenazas por parte del personal de la empresa Ternium, una de las siderúrgicas más grandes de México.

La información pública disponible sobre el caso es escasa, pero se sabe que la camioneta en la que viajaban el 15 de enero fue localizada en Tecomán. Los familiares de las víctimas instaron al gobierno de Colima, Michoacán y al federal a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a examinar de cerca al personal de la mina en relación con la desaparición de los líderes comunitarios.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=48476

Nayarit: Colectivos de familiares de desaparecidos temen represalias tras liberación de fiscal

Imagen: Crys Benítez

Crys Benítez / El Occidental

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- A raíz de que el juez de control ordenara la liberación de la fiscal de Desaparecidos de la Fiscalía General del Estado, quien fue detenida el pasado jueves en las instalaciones de la dependencia, los colectivos temen represalias en su contra.

Así lo manifestó la fundadora del colectivo “Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros”, Virginia Garay Casas, quien explicó que se encuentran preocupados por la resolución del juez al dejar en libertad a la funcionaria y demás señalados, supuestamente por falta de pruebas, pues las asociaciones con esta determinación, ahora resultan que quedaron como mentirosos.

Durante la audiencia que tuvo una duración de 10 horas aproximadamente, estuvieron en la defensa de la fiscal cinco abogados que al parecer, según una denuncia anónima, están siendo sufragados por los mismos ministerio públicos a quienes les descontaron de su salario.

Decepcionados de la justicia, es como dice que se sienten las asociaciones, porque cuando creen que han dado un paso importante hacia adelante de nada retroceden 10, por lo que dudan que en verdad el gobierno, tenga intenciones de trabajar para esclarecer las cientos de desapariciones forzadas en Nayarit.

Para concluir, Virginia Garay Casas, quien también es miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema de Busquedas de Personas Desaparecidas, añadió que podrían haber mucha más dilación en los asuntos, pues en este momento creen que la Fiscalía se dedicará a limpiar su nombre a toda costa, dejando de lado su obligación de trabajar en este tema.

https://www.eloccidental.com.mx/local/nayarit-colectivos-de-familiares-de-desaparecidos-temen-represalias-tras-liberacion-de-fiscal-10696219.html

En Ciudad del Carmen, jubilados de la Unacar exigen pagos atrasados (Campeche)

Un grupo de jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma del Carmen marcharon del Sindicato Único de Trabajadores de la Unacar (Sutunacar) hasta rectoría para exigir a las autoridades universitarias, encabezadas por Sandra Martha Laffón Leal, como rectora, que cumpla con el pago de quincenas atrasadas, pues hay algunos a quienes les deben hasta 14 quincenas.

El reclamo genuino de los extrabajadores sindicalizados universitarios es en razón de que el paliativo recibido de dos millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, pero la rectora Sandra Martha Laffón Leal no ha informado a cuántos y cuánto se le pagó a los jubilados y pensionados.

https://www.poresto.net/campeche/2023/9/14/en-ciudad-del-carmen-jubilados-de-la-unacar-exigen-pagos-atrasados-399666.html

Denuncian, amenazas, coerción y corrupción en Facultad de Odontología de la UADY (Yucatán)

Líneas Emergentes

Estudiantes denuncian que son obligados a comprar caro instrumental, bajo la amenaza de no poder entrar a sus prácticas. Además, parte de este material se lo deben comprar al hijo del director de la Facultad, Rubén Armando Cárdenas Erosa, y quien, además, es docente.

Mérida, Yucatán, 13 septiembre de 2023.- A través de una carta anónima, a nombre de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se denunció que se les está obligando a comprar caro instrumental, bajo amenaza de no poder entrar a sus prácticas si no lo hacen.

Además, parte de este caro material se lo deben comprar al hijo del director de la citada Facultad, que es Rubén Armando Cárdenas Erosa, y quien es docente también.

Señala que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes es la imposición de adquirir instrumentos y herramientas específicos de alta gama, con un costo considerablemente superior al promedio.

“Esta situación se agrava por el hecho de ya poseemos herramientas similares y completamente funcionales que fueron pedidas desde hace dos años, lo más preocupante es que se nos ha amenazado con consecuencias académicas graves si no cumplimos con la compra exacta de estos instrumentos, se nos ha comunicado de manera explícita que, si no cumplimos con la adquisición de los instrumentos y materiales específicos que se nos exigen, se nos negará el acceso a las prácticas clínicas y por ende, a la oportunidad de atender a los pacientes”, señala el documento.

Agregan que esta situación los pone en una posición extremadamente delicada, donde su derecho a una educación justa y equitativa se ve amenazado por la imposición de costosos materiales.

“Particularmente nos sorprenden que uno de los instrumentos requeridos sea una lámpara con un valor de 4,000 aproximadamente, que solo se puede obtener a través del hijo del director de la facultad quién también es docente de la misma, ya que es quién tiene el contacto directo con el único proveedor de México de esa lámpara”, denuncian.

Además, señalan que todos estos instrumentos que se les está obligando a comprar tienen que adquirirlos en un tiempo menor a un mes, ya que la fecha límite es el día 28 de septiembre del año en curso.

Mencionan que han intentado expresar sus inquietudes y cuestionar estas prácticas, pero fueron ignorados y silenciados.

“No se nos brindó una respuesta adecuada, y lo único que obtuvimos fue la amenaza de que los profesores también sufrirían las consecuencias si no cumplían con las órdenes de la administración. Esta situación no solo afecta a los estudiantes, sino que también pone en una posición complicada a nuestros propios profesores”, exponen.

Añaden que, después de revisar tanto el reglamento de la UADY como el Reglamento de la Facultad de Odontología, no se encuentra justificación alguna para estas acciones.

“Consideramos que se nos está forzando a gastar una cantidad significativa de dinero en instrumentos innecesarios, mientras que la infraestructura de la escuela sigue en condiciones precarias”.

Señalan en el texto que la intención es hacer la denuncia para que la comunidad educativa, Rectoría y la sociedad en general conozca estas injusticias y que se tomen medidas para abordarlas adecuadamente, así como también que se le proteja de seguir recibiendo amenazas por parte de la administración.

https://lineasemergentes.mx/denuncian-amenazas-coercion-y-corrupcion-en-facultad-de-odontologia-de-la-uady

‘Permiso para matar’, solo lo tienen las autoridades y en Yucatán #sípasa

Cecilia Abreu / Líneas Emergentes

Data Cívica identificó mil 524 casos de asesinatos o desapariciones cometidos por fuerzas de seguridad pública federales o estatales, quienes forman parte de la lista con ‘Permiso para Matar’ en el país.
Existen al menos siete casos de crímenes cometidos por fuerzas de seguridad pública en Yucatán

Data Cívica, con la colaboración de 30 periodistas, organizaciones y medios de comunicación, realizó una investigación que —atinadamente— llaman Permiso para Matar, donde dejan ver que han habido más de mil 500 crímenes cometidos por fuerzas de seguridad pública en el país y… Yucatán no es la excepción.

Esta investigación, es un proyecto periodístico que realizaron para construir una base de datos de crímenes de guerra que ha cometido el Estado mexicano, dado que fueron en contra de personas a las que no se les probó ningún delito y fue realizada en un intento por saber cuántas de las desapariciones forzadas han sido perpetradas por las propias autoridades. En esta nota, nos enfocaremos únicamente en Yucatán, Estado en el que #sípasa, aunque digan que no.

Entre los casos identificados en la entidad yucateca (Valladolid), está el de José Felipe Castillo, un artesano de 17 años, que fue encontrado en condiciones de aparente suicidio y asimismo fue como la Fiscalía General del Estado (FGE) catalogó los hechos. Sin embargo, el cuerpo presentaba evidentes señales de que el joven había sido torturado.

A pesar de esto, los elementos de la fiscalía asentaron el caso como suicidio y, además, falsificaron la autopsia de José Felipe, utilizando información de un cuerpo distinto al suyo; todo esto, fue solapado por un médico legista que ni siquiera formaba parte de la dependencia. Por todo esto, en esta investigación clasifican el caso como desaparición forzada en complicidad con la delincuencia, mismo que fue identificado del año 2011.

En 2019, también detectaron otro caso, en esta ocasión por perpetrar una ejecución alegando ‘acciones preventivas’; el delito, ejecutado en manos de la Policía Estatal de Yucatán en contra de Salvador Osmar López Escamilla, ocurrió cuando él tenía 31 años; iba en la carretera Chicxulub-Telchac, en el municipio de Progreso, cuando elementos policiales lo detuvieron en un puesto de control por supuesta posesión de dos dosis de droga. Luego de esto, la víctima murió por estrangulamiento.

En el mismo año, los pescadores José Emiliano Cob Poot y Anacleto Mex fueron víctimas del mismo delito en el Puerto de Sisal, pero en manos de la Marina; los hombres de mar fueron embestidos por una lancha rápida de elementos de la Marina con el alegato de que patrullaban contra el tráfico de drogas, el hecho culminó en el asesinato a los pescadores que estaban allí y, además, hirieron a otro. Tras los hechos, los implicados en el delito se justificaron diciendo que los pescadores no frenaron la lancha, sin embargo, el sobreviviente (y otros testigos), aseguran que el embestimiento fue intencional.

Al año siguiente, en 2020, la Policía Estatal volvió a cometer el delito, esta vez los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abusaron de su autoridad luego de que la dueña de un puesto del mercado les llamara porque José Santiago Medina Naal se negó a llevarse la basura de su puesto; la señora, al recibir esta negativa,optó por golpear con la escoba a José Santiago, quien padecía esquizofrenia paranoide y deterioro cognitivo, por lo que con los golpes, se alteró.

Cuando la policía llegó, se lo llevó y lo golpeó hasta que él no pudo resistir más. Su cuerpo fue encontrado días después de los hechos, en la carretera Hunucmá-Sisal y la necropsia indica que la muerte ocurrió por asfixia y broncoaspiración… Pero la policía niega haberlo arrestado.

También en 2020, la policía estatal provocó la desaparición forzada (temporal) de Claudia Ivette Bárcenas Espinoza por supuestas acciones preventivas; fueron seis policías los que privaron de la libertad a Claudia, llevándola a las instalaciones de la policía preventiva estatal, en donde la torturaron durante seis horas, en un supuesto intento por hacerla conesar sobre el paredero de dos niñas —con las que ella no tenía ninguna relación—. La liberaron diciéndole que la habían confundido con alguien.

En 2021, ocurrió el caso que más ha sonado en Yucatán, José Eduardo Ravelo Echavarría fue asesinado a sus 23 años y encubrieron el delito con una supuesta neumonía. El joven de 23 años, fue detenido por policías municipales porque —según ellos— tenía una actitud sospechosa. Luego de la detención, José Eduardo se comunicó con su mamá para decirle que los policías lo habían golpeado y violado… Tres semanas después falleció y la Fiscalía, intentando ocultar los hechos, anunció que el fallecimiento fue por la enfermedad (neumonía); pero el caso no quedó ahí y la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó otra investigación, solamente para acabar respaldando la teoría de que la muerte fue por neumonía.

Las personas identificadas como víctimas del permiso para matar que se toman las autoridades, no son un número o ‘un caso más’, son personas con familias, sueños, amistades (y mucho más); por eso mencionamos sus nombres, para recordarles y honrarles.

https://lineasemergentes.mx/permiso-para-matar-solo-lo-tienen-las-autoridades-y-en-yucatan-sipasa

Estudiantes toman la Enesmapo y piden el despido de profesor denunciado por acoso (SLP)

Imagen: María Ruíz

María Ruíz / Astrolabio Diario Digital

Alumnas y alumnos pertenecientes a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (Enesmapo) tomaron las instalaciones de la institución debido a los casos de acoso escolar, hostigamiento sexual y abuso de poder ejercidos presuntamente por el profesor Erick Gustavo González Lomelí.

De acuerdo con los estudiantes, el maestro ya tiene dos denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por hostigamiento sexual y acoso en contra de dos alumnas, situación que se ha vuelto insostenible, pues el alumnado se siente vulnerable ante estos constantes actos de violencia, de los cuales afirmaron que el director Víctor González Vigil tiene total conocimiento.

“La manifestación se hizo debido a que hay varios casos de abuso de poder, acoso sexual y hostigamiento sexual por parte del profesor Lomelí y también denunciamos actos de nepotismo, pues este docente se jacta de ser compadre del director de la escuela y en ese sentido abusa de su cargo para agredir tanto alumnas como alumnos”.

Asimismo, detallaron que al menos ante la dirección de la Enesmapo se han presentado 20 quejas, en las que se hace del conocimiento a las autoridades sobre estos hechos que consideran impiden que exista un ambiente sano de enseñanza.

“El maestro Erick Lomelí es encargado de gestionar las prácticas de cada área en su nivel especializado, ya sea prescolar, primaria y secundaria y si no se accede a lo que él quiere, ya sean mensajes, salidas o hacerle segunda a comentarios subidos de tono, nos amenaza de que no nos va a dejar ir, que no nos van a prestar las escuelas para nuestras prácticas y de eso depende nuestra calificación”.

Las y los afectados también indicaron que estos actos de agresión, al no ser atendidos en tiempo y forma, han sido replicados no solo por parte de otros docentes, sino también por el personal administrativo y de vigilancia, quienes hacen comentarios inapropiados y tienen actitudes intimidantes hacia ellas y ellos.

“Hay una evidente complicidad por parte del director Víctor quien ha tolerado este comportamiento. No es posible que una institución educativa que nos enseña a proteger a los niñas, niños y adolescentes de este tipo de violencias, permita que se cometan estas agresiones”.

Durante la toma y cierre de la escuela se presentó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien dijo al alumnado que llevarán a cabo una mesa de diálogo para dar solución a sus peticiones, pero sobre todo atender de manera directa las quejas particulares de cada estudiante.

“Nosotros queremos la baja del maestro y que el director sea sancionado por su omisión al no atender las demandas de los estudiantes. No se puede impartir educación a docentes, a alumnos, con esos perfiles. Somos maestros en formación, no necesitamos docentes que eduquen con violencia y que se valgan de prácticas de hostigamiento para salirse con la suya”

https://www.astrolabio.com.mx/video-estudiantes-toman-la-enesmapo-y-piden-el-despido-de-profesor-denunciado-por-acoso/

Colectivo ILE interpuso 7 amparos para despenalizar el aborto en SLP

Imagen: Juana María Olivo

Fueron presentados en todos los juzgados de Distrito de la capital para ejercer presión y hacer un manifiesto de la importancia que tiene legislar a favor de las mujeres y su salud reproductiva

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Alejanadra Ruíz / El Sol de San Luis

Colectivo ILE informó a través de una rueda de prensa que ha promovido un total de 7 amparos para lograr la despenalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestión.

Las integrantes de este colectivo señalaron que estos amparos fueron presentados en todos los juzgados de Distrito de la capital para ejercer presión y hacer un manifiesto de la importancia que tiene legislar a favor de las mujeres y su salud reproductiva.

“Las demandas son promovidas por mujeres no embarazadas cuya afectación es que las normas impugnadas generan un contexto social discriminatorio y estigmatizante a las mujeres que dentro de su plan de vida han decidido no ser madres, amparos que ya se han concedido en otros estados”.

Remarcaron que estos amparos también exhiben la necesidad de modificar el Código Penal relativo al aborto, el cual viola Derechos humanos fundamentales de las mujeres quienes son discriminadas, estigmatizadas y enfrentan un impacto negativo en su vida y autonomía reproductiva.

“Les recordamos que la Campaña ILE, además de los amparos hoy que dimos a conocer, también cuenta con una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud que presentamos el primero de junio de este año, de igual manera ya se había dado a conocer que el 22 de mayo también se presentó una queja ante Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el Congreso del Estado por su misión del legislar la interrupción legal del embarazo”, recordaron.

Sumado a esto hicieron un exhorto al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, a qué se sume a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres potosinas e intervenir para convencer a las los legisladores para que trabajen en reformar el Código Penal y la Constitución Local para que no se criminalicen a quienes deseen acceder a la Interrupción Legal del Embarazo.

“Le solicitamos que sus dependencias coadyuven a que prosperen estás demandas de amparo y que intervenga para que la legislación actual no siga violando los derechos humanos de las mujeres, por lo que solicitaremos una audiencia personal con el gobernador del estado y hacerle llegar la información correspondiente “.

Para finalizar el Colectivo ILE indicó que estarán en campaña permanente para presentar todas las demandas de amparos que sean posibles para ejercer presión en más autoridades para que sean responsables de no violar de manera continua los derechos de las mujeres.

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/colectivo-ile-interpuso-7-amparos-para-despenalizar-el-aborto-en-slp-10682463.html

¿Quién protege a las buscadoras de Guanajuato?

Imagen: Ernesto Álvarez

Aunque seis buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato durante los últimos tres años, la autoridad amenazó con dejarlas sin seguridad si salen a campo sin la Comisión de búsqueda local. Esta presión, que atenta contra el ejercicio del derecho que las familias de personas desaparecidas han forjado en décadas de lucha, se completa en este artículo con las declaraciones del Comisionado Díaz Ezquerra, quien negó que la muerte de dos de ellas esté vinculada a su labor de búsqueda

Eiliana Gilet / Pie de Página

GUANAJUATO. – Mientras las miradas estaban concentradas en el centro de la Ciudad de México para conocer el nombre de la candidata presidencial de Morena, un grupo de mujeres montó un plantón en las escalinatas del Teatro Juárez, en Guanajuato capital.

Su movilización hizo que cerca de las 9 de la noche del martes 5 de septiembre, el secretario de Seguridad del estado, Alvar Cabeza de Vaca, se presentara personalmente ante ellas. Antes de este momento, el funcionario se había comunicado por medio de oficios y redes sociales, que suspendería el acompañamiento policial en sus salidas a campo, hecho que motivó la protesta.

“Cuando sacamos nuestro comunicado denunciando el retiro de las medidas de protección para la Brigada de búsqueda independiente, la Secretaría de seguridad pública se dedicó a contestarnos por twitter, cosa que me parece muy indigna para el tema tan sensible del que se trata. Lo menos que merecíamos, es que nos hubieran marcado por teléfono y nos hubiera invitado al diálogo”.

Quien señaló los detalles de la falta de delicadeza oficial fue Bibiana Mendoza, vocera de la Colectiva Hasta Encontrarte. Ella, a pesar de su juventud en el movimiento de familiares organizados, fundado en febrero de 2021, tiene en su haber grandes acciones públicas, como la protesta ante Palacio Nacional cuando simularon fosas clandestinas con tierra, a fines de 2021.

También fue quien escaló la Estela de luz en la Ciudad de México, para desplegar una enorme pancarta, en una acción que duró más de 24 horas.

Mendoza explicó que la discusión sobre la seguridad no terminó de la mejor manera, ya que el secretario Alvar se comprometió a brindar la seguridad a una sola persona, Karla, la compañera del colectivo que coordina la Brigada Independiente que sale a campo.

“Aún no reconocen a las brigadas independientes, y eso es gravísimo, porque no están respetando al movimiento social que nosotras estamos haciendo por nuestras personas desaparecidas. El secretario le da a una, lo que debería dar a todas las mujeres que buscan en el estado de Guanajuato, y que es lo mínimo: garantizar la seguridad cuando nosotras salimos a campo, a realizar las búsquedas”

Teresa y Javier

Unos cien kilómetros al sur, y apenas un mes antes, otras mujeres buscadoras expresaron la misma molestia por las trabas que la autoridad pone para brindarles seguridad en sus búsquedas independientes: “Están muy renuentes a que trabajemos sin la Comisión”, dijo la vocera del colectivo Una promesa por cumplir (UPPC)

Fundado también en 2021, este es uno de los 22 colectivos de familiares nacidos en Guanajuato desde la creación de la Comisión de búsqueda, en 2020.

El 2 de mayo de este año, Una promesa por cumplir perdió a una de sus compañeras, Teresa Magueyal. La asesinaron a plena luz del día en el centro de San Miguel Octopan, al poco tiempo de participar de una búsqueda en Celaya, de donde Teresa era originaria, y donde su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, fue desaparecido el 6 de abril de 2020.

Según el conteo de la Plataforma por la paz y la justicia de Guanajuato, Teresa fue la sexta buscadora asesinada en el estado en tres años.

Sus compañeras denunciaron lo sucedido y agregaron su nombre en las playeras que usan en campo. Se convirtió en su rostro público, pues ante la inseguridad y la impunidad, las integrantes de este colectivo se reúsan a dar entrevistas con su cara descubierta.

Parte de esa inseguridad es promovida directamente por la autoridad, como fue manifiesto al inicio de la jornada regional de búsqueda en Pénjamo (junto a colectivos de Michoacán, que se reporta en el video). En esa búsqueda, uno de los funcionarios de la Comisión local dijo a las familias que la prensa puso en riesgo a la buscadora asesinada, al entrevistarla.

Horas más tarde, el Comisionado de búsqueda local, Héctor Díaz Ezquerra, negó que su muerte y la de Javier Barajas, se vinculen a su labor de búsqueda.

Al día siguiente, el 16 de agosto, se pudo comprobar cómo ese tipo de discurso contribuye a la impunidad que sostiene la crisis, cuando el Poder Judicial de Guanajuato con sede en Salvatierra, liberó a las dos personas acusadas del asesinato de Javier, que llevaban dos años en la cárcel.

“No se nos ha acercado nadie de la Comisión en este proceso. La realidad es que, cuando salimos desplazados de Guanajuato, yo les pedí que apoyaran con algo a las hijas de Javi, que están chiquitas. El licenciado Díaz Ezquerra me dio su palabra en un principio, pero luego nos dijeron rotundamente que no, porque Javi no trabajaba para la Comisión, cuando todo mundo sabía que era parte del grupo de búsqueda. Hoy, sus hijas sólo reciben 2 mil 900 pesos por mes del apoyo a víctimas, para el mantenimiento de dos niñas de 3 y 8 años ”, explicó el padre de Javier, el profesor Barajas, llamado igual que su hijo.

La familia se acercó a la búsqueda tras la desaparición en 2020 de su otra hija, Lupita, cuyo cuerpo fue hallado en las fosas de Salvatierra un año más tarde. Junto a ella encontraron los restos óseos de otras 80 personas, que en su mayoría siguen sin identificar.

Javier fue asesinado el 29 de mayo de 2021, apenas tres meses después del hallazgo de su hermana.

“Estamos mal, fue un golpe muy duro que nos dieron con esta sentencia en beneficio de ellos. Pero vamos a seguir luchando, no hay de otra más que seguir pidiendo por una verdad y una justicia. Nuestros hijos no van a regresar, pero no queremos que estos individuos vuelvan a hacer pasar a otras familias por lo mismo que nosotros. En el juicio se ventiló que la persona que mató a Javi tiene varios pendientes con la Justicia y con esa misma arma, ya había matado una señorita en Salvatierra y otra persona en Ballesteros. No se vale. Nosotros ya no podemos regresar a nuestra ciudad porque ahí están las familias de los involucrados, porque sigue la violencia en todo su esplendor en ese pueblo mágico”, concluyó.

El reportaje en video está disponible en Youtube.

https://piedepagina.mx/quien-protege-a-las-buscadoras-de-guanajuato/

Comunidades mayas demandan al INAH por discriminación en Chichén (Yucatán)

Haz Ruido

Pobladores de Pisté y Xcalakoop presentaron amparos porque los excluyen del aprovechamiento económico de la zona arqueológica, a pesar de ser la más visitada del país.

Mérida, Yucatán, 12 de septiembre de 2023.-Las comunidades mayas de Pisté y Xcalakoop, que colindan al noroeste y al sureste respectivamente con la zona arqueológica de Chichén Itzá, presentaron amparos en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por actos de discriminación que afectan su economía.

En específico, lo demandaron por su omisión a “garantizar su derecho a la cultura, la identidad y al patrimonio cultural en cuanto al aprovechamiento económico, así como a la participación, la información e inclusión en la administración, desarrollo y/o manejo de esa zona arqueológica”.

Los amparos de ambas comunidades señalan también la omisión del INAH y otras autoridades locales para “garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación” de estos pueblos indígenas mayas con respecto a la participación de sus integrantes en la administración, uso, aprovechamiento de beneficios económicos compartidos generados por la administración, resguardo y cuidado de Chichén Itzá.

Ambos juicios de amparo fueron interpuestos con apoyo de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que lleva más de 15 años acompañando a comunidades indígenas y grupos de ejidatarios/as en la defensa de su derecho a la tierra y el territorio.

En los procedimientos jurídicos presentados, las personas que integran estas comunidades explican que son descendientes de los pueblos indígenas mayas que habitaban la región “desde antes de la colonización llevada a cabo por Estados extranjeros”, por lo que se autoadscriben como indígenas.

Estas comunidades detallan que históricamente han convivido, poseído, usado y disfrutado de forma permanente su territorio, bienes naturales y su patrimonio cultural material e inmaterial, y que a lo largo de los siglos han transitado a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, adaptando sus formas de vida y “asimilando de forma forzada” su identidad a dichos cambios, señaló Armando Dzul Mex, comisariado del ejido Pisté.

“Derivado de dicho contexto, nuestra forma de vida y subsistencia se vio impactada a que el principal ingreso de nuestra comunidad dependiera en gran medida del turismo y los bienes y servicios que se prestan para dicho fin,ya que la zona arqueológica ha generado una atracción visitada por miles de turistas extranjeros y nacionales, según los datos oficiales, la zona arqueológica de Chichén Itzá recibió 2 millones 630 mil visitantes durante 2022”, indicó el comisariado.

Los amparos de Pisté y Xcalakoop señalan que muchas familias de estas comunidades se dedican a la fabricar y vender piezas artesanales de tallado de madera, así como bordados y artesanías de palma, todo ello, con la disponibilidad de los bienes naturales y culturales que se encuentran en su territorio, con la que representan gran parte de su identidad como pueblo Maya.A pesar de lo anterior, indicaron que el INAH los ha excluido sistemáticamente de participar en las actividades económicas que se llevan a cabo en Chichen Itzá.

“No consideran que nuestras comunidades son quienes sufren día con día las afectaciones directas del turismo, lo que significa una violación a nuestro derecho al aprovechamiento económico de la zona arqueológica, y en los hechos se traduce en un acto de discriminación”, declaró Jeremías Cimé Ciau, presidente del comisariado ejidal de Xcalakoop.

Los recursos interpuestos por las comunidades mayas indican que “el uso de nuestro patrimonio cultural se ha desarrollado sin nuestra participación, ya que tanto en la utilización como aprovechamiento de la zona arqueológica no se establecen mecanismo que nos permitan obtener un beneficio económico, vulnerando nuestro derecho al patrimonio cultural”, detalló.

De acuerdo con el abogado Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional en ProDESC, esta es la primera vez que se presenta un amparo de esta índole contra el INAH y la zona arqueológica de Chichén Itzá, y explicó que la respuesta de las comunidades mayas de Pisté y Xcalakoop es resultado del enorme crecimiento y el auge que están teniendo las zonas arqueológicas por la entrada en funciones del Tren Maya, en donde las comunidades y pueblos no ven beneficios directos, y en cambio obtienen exclusión, represión e invisibilización por parte de las autoridades.

Según información del propio INAH, en 2022 la zona arqueológica de Chichén Itzá obtuvo ingresos por más de 889 millones, de los cuales el 82.4 por ciento provino de la venta de boletos por parte del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, y el 17.6 por ciento restante fue por concepto de boletos cobrados directamente por el INAH.

De los recursos económicos obtenidos por el aprovechamiento de su patrimonio cultural, las comunidades Mayas no obtienen beneficios o mejoras que se traduzcan en la erradicación de la pobreza y desigualdad en la que han vivido históricamente, ya que según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Tinum, al que pertenecen ambas comunidades, ocupa el tercer lugar dentro de los 5 municipios con mayor incremento de población en situación de pobreza, donde 84.8 por ciento del total de la población del municipio enfrenta alguna situación de pobreza, 52.7 se encuentra en pobreza moderada y 32.1 en pobreza extrema(datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI).

Así, las comunidades de Pisté y Xcalakoop no obtienen mejora alguna con respecto a los beneficios económicos que se obtienen de lo que legalmente forma parte de su identidad cultural y su patrimonio material e inmaterial, por lo que demandan del Estado Mexicano su inclusión sin discriminacion en la participación, administración y aprovechamiento de Chichén Itzá.

López señaló que el objetivo de los amparos interpuestos por las comunidades de Pisté y Xcalakoop es que el Poder Judicial reivindique a estos dos pueblos en el goce de sus derechos y se les permita hacer uso del territorio para obtener ingresos y beneficios directos para sus comunidades.

“Es inaceptable que las autoridades de la zona turística más visitada del país excluyan a las comunidades mayas del crecimiento económico que vive la península de Yucatán, y peor aún que discriminen a las personas descendientes de los pueblos mayas de los frutos económicos que genera su propio legado histórico y cultural”, concluyó el abogado.

https://www.hazruido.mx/reportes/comunidades-mayas-demandan-al-inah-por-discriminacion-en-chichen/

¡Somos las que no olvidamos! (Jalisco)

Imagen: Dalia Souza

Mujeres buscadoras: madres, esposas e hijas salieron a tomar las calles este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En Jalisco la consigna que acompañó su andar fue: “exigimos que paren las desapariciones para que ninguna otra familia más sufra lo que nosotras sufrimos”.

Sin embargo, frente a la indiferencia gubernamental que perciben y la apatía social que no termina de reconocer que la problemática en el estado incrementa, estas mujeres buscadoras resisten a este escenario reconociendo que ellas son las que no olvidan y no se detendrán hasta traer a todos sus amores de vuelta.

Estas son las historias de Rubí quien busca a su esposo; Alejandra y Laura quienes mantiene viva la esperanza de traer con vida sus hijos.

Dalia Souza / ZonaDocs

Rubí pertenece al colectivo Buscando Corazones en Jalisco; el suyo fue desaparecido el 21 de octubre de 2021 en el Fraccionamiento Ruiseñores en el municipio de Tala, se llama Fermín Hernández Asiain y es su esposo.

Junto a su hija salió a marchar este 30 de agosto por él y por todos los corazones que hacen falta en casa, dice: “yo vengo a gritar en apoyo a todas las personas y no vine sola, no, no vengo sola, vengo con mi hija que viene a acompañarme para gritar por su papá y por todos”.

A su esposo se lo llevaron sujetos armados, es lo único que sabe; y aunque han pasado ya casi dos años de los eventos, asegura que la investigación está avanzando. Su única petición es que el Gobierno del estado sea empático, “que se toque el corazón con todas las familias” y que demuestre este compromiso a través de su colaboración en las brigadas de búsqueda en campo y en vida que realizan como colectivos de buscadoras.

Rubí sabe que Jalisco es el estado número uno a nivel nacional con más personas desaparecidas. Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuantifican la crisis en 14 mil 889 personas con una denuncia por desaparición en el estado.

Se reconoce como una persona valiente y fuerte, incluso, las personas que le conocen se lo han dicho. Ella afirma que esta fortaleza está anclada al amor que tiene por su esposo, al que buscara hasta el final, pero también está segura de que esta reconfiguración de su ser y hacer nació luego de verse obligada a enfrentar algo que nunca esperó que le sucediera.

Por eso dice que no olvida, ni a su corazón desaparecido, ni a ninguno de los miles que también le hacen falta.

De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) en Jalisco, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tiene a su cargo un total de 12 mil 192 investigaciones relacionadas con personas desaparecidas y localizadas.

Alejandra Cruz Dimas marcha junto a su hija pequeña. En la mano lleva una bolsa para “el mandado” de la que saca botellas de agua con la ficha de búsqueda de su hijo Julio César Aguayo Cruz, desaparecido el 30 de mayo de 2020 en San Juan de Ocotán en Zapopan. Dice que, a veces, también regala paletas.

En esencia, explica, no importa el objeto que utilice para hacer llegar el rostro de su hijo a las personas que se encuentra en la calle o en movilizaciones públicas, pues para ella, es igual a dejar “un cachito de su corazón” con la esperanza de llegar algún día con la persona indicada que le permita encontrarlo.

“Yo sé que en esta vida a pesar de que hay gente mala también hay gente buena y que en una ocasión me digan, “sabes que Ale yo lo vi en tal lugar”. Es mi esperanza al repartirlas”.

“Hacemos pega de cédulas y él no las quita. Yo creo que alguna de esas paletita o agua, de verdad más de alguna gente lo va a conservar para saber que en algún lado están”.

En la casa de la señora Alejandra “una pieza de su rompecabezas hace falta”; con esta analogía explica a sus demás hijos lo que ahora mismo están viviendo “sin esa pieza ya no somos igual, falta en casa falta tu hermano”, les dice. Su ausencia, contradictoriamente, está presente a diario en el hogar, en su cumpleaños que se acerca el próximo 29 de septiembre y en el Día de las Madres. Y es que la señora Alejandra está segura de que para su hijo ella es la reina y para ella, él su fortaleza.

Jamás se imaginó estar en medio de esta situación, recuerda que antes de enfrentarse a la desaparición de su hijo, veía las escenas de las marchas en la televisión y no podía creer que existiera tanta maldad y tanto dolor. “Yo antes lo veía en la tele y yo decía qué feo, qué feo para las familias, pero ahora que lo estoy pasando yo en carne propia es algo que duele y es una herida que jamás sana”.

“Si alguien sabe algo de él, yo no busco culpables, de verdad, no busco culpables yo los perdono de corazón, todos los que le hicieron daño a mi hijo. Yo sólo pido que me digan dónde, un mensaje anónimo, un mensaje, no sé lo que sea para llegar, a dónde está mi hijo” este es su mensaje.

***

Las botellas y paletas que reparte la señora Alejandra llevan también el rostro de Luis Ángel Gómez Martínez, el hijo de su compañera Laura Martínez. Ambas buscadoras se encontraron en este andar tras identificar que esta crisis de desapariciones azota en su mayoría a personas jóvenes -como sus muchachos-, “no somos pocos, cada vez somos muchos y muchos y desgraciadamente es puro jovencito puro niño chiquito”.

Según explica la señora Laura a su hijo lo han visto en distintos puntos de la zona centro de Guadalajara. Él fue desaparecido el 18 de diciembre de 2022.

En las inmediaciones del Hospital Civil, el Parque Morelos y la Plaza de Los Mariachis son algunos de los lugares donde le han referido haberlo visto vagando en situación de calle. En una brigada de búsqueda en vida que ella hizo por sus propios medios, narra que recorrió todos estos sitios durante 15 días, sin dormir, sin regresar a su casa, pero que, pese a recibir algunas pistas positivas que le confirmaban que ahí había estado, ella aún no tiene la suerte de encontrarlo.

A Luis Ángel se lo llevaron de la colonia La Primavera en Zapopan, fue con engaños en un mototaxi, es lo único que sabe su madre.

Su única petición es que le ayuden a buscarlo, que la Comisión Estatal de Búsqueda junto al personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas la acompañen a revisar punto por punto los lugares donde se le ha dicho que su hijo fue visto. Sabe que Luis Ángel, después de casi nueve meses desaparecidos no se verá igual, sin embargo, está segura de que con la solidaridad de las personas y la voluntad de la autoridad podría estar más cerca de encontrarlo “quisiera que me ayudaran un poquito más de lo que me han ayudado, sí me han ayudado, pero un poquito más, ahora con esta información que he recolectado”.

https://www.zonadocs.mx/2023/09/11/somos-las-que-no-olvidamos/

 

Madres buscadoras de Sonora denuncian atentado

Imagen: Somos el Medio

Cecilia Flores, Presidenta de Madres Buscadoras de Sonora y México, denuncia un atentado en el sur de Hermosillo, mientras pide paz para sus almas y la oportunidad de abrazar los restos de sus hijos.

Miranda Chavarría / Somos el Medio

Cecilia Flores, madre buscadora y Presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, denunció la mañana del pasado 10 de septiembre de este año, qué integrantes del colectivo, recibieron un atentado en el Sur de Hermosillo Sonora, cerca del Cerro de La Virgen.

En un video, Cecilia Flores relató que fue a través de una llamada anónima que iniciaron la búsqueda y que, gracias a que iba la guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisión de Búsquedas del Estado, fue que las madres buscadoras, lograron salir con vida. También cuenta que “mandaron la información donde había una fosa clandestina con muchos cuerpos, y el hijo de una compañera. Las madres están en shock”.

De igual manera, pidió a los carteles que les permitan continuar con sus búsquedas “solo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias, no buscamos culpables, ni justicia ni verdad, solo queremos dejarle de llorar al viento; déjenos abrazar lo respetos de nuestros hijos”

Por otra parte, la titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, afirmó en su intervención en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, que “no hubo agresión a las madres en Sonora”, además dijo que “El reporte que nos dio Alejandro Encinas, es que las detonaciones ocurrieron en otro lugar que no tienen relación con el evento”

En contraste, las madres buscadoras de Sonora respondieron a la Segob, asegurando que, “porque los tiros que se escucharon al llegar a búsqueda, fueron hacia arriba. ¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? ¿Que nos disparen de frente? ¿Ver cómo caen las compañeras? ¿Una masacre?”, y que ellas conocen el sonido de las balas, pues todos los días las han escuchado y saben cuando están lejos, cerca o a las afueras de sus casas.

La Presidenta del colectivo, finaliza haciendo una invitación a las autoridades del país para que las acompañe en su búsqueda, ya que les dará otra visión de lo que viven y quizás así, escuchen los disparos.

https://www.somoselmedio.com/madres-buscadoras-de-sonora-denuncian-atentado/

Kekén ‘se burla’ de la ley; continúa operaciones en la granja clausurada de Santa María Chí en Mérida (Yucatán)

Rubén Darío Hau / Por Esto!

“Hartazgo”, es el calificativo que los pobladores de la comisaría de Santa María Chí expresaron contra la granja San Carlos, aparcera de Kekén, que a pesar de que fue cerrada parcialmente, aún funciona en su interior: siguen engordando alrededor de 60 mil cerdos en 70 naves.

William Nahut Chalé pidió al Gobierno federal intervenir para cerrar el paso a la contaminación del agua, que está enfermando a la población y causando un daño irreparable al medio ambiente. Él y otros dos compañeros tienen montado desde hace cuatro meses un campamento frente a la entrada principal de la granja, pero se han enterado de que la empresa abrió accesos por otros sitios para seguir comercializando los cerdos.

Desde que el 13 de mayo iniciaron la protesta, han colgado en todo el trayecto de la única vía de la subcomisaría varias lonas con la leyenda: “Santa María Chí sostiene una defensa de vida, que ya es un símbolo de cada pueblo maya que lucha contra el ecocidio que propicia la megagranja San Carlos”.

Cerca del campamento, montado sobre palos y tiras de lona y viejas láminas de zinc, se observa la puerta de acceso de la granja, totalmente cerrada por indicaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Sin embargo, los habitantes de la comisaría, como William, comisario ejidal, saben que la empresa abrió acceso para seguir con la comercialización de los cerdos. En la planta hay alrededor de 60 mil animales en engorda, gestación y destete, con el propósito de que Kekén pueda exportarlos.

El escándalo de la aparcera de Kekén estalló cuando la población entera empezó a sentir fuerte olor a humo pestilente, que provenía de cerros de estiércol se habían incendiado; toneladas de excremento de cerdo, en tolvas de 24 toneladas cada una.

Desde que iniciaron la protesta han recibido el apoyo de organizaciones civiles para frenar la actividad de la granja que consta de 30 hectáreas, incluso más grande que el pueblo. Se han enterado de que cuando mueren los cerdos o lechones les tiran un ácido para disolverlos de inmediato.

Al no poder consumir el agua de pozo, tienen ahora que comprar garrafones de 19 pesos cada familia; pero no sólo es el temor de beber, sino también de bañarse con el líquido que extraen del pozo, por miedo a enfermarse de la piel.

Ambrosio Chalé Poot y Pedro Ribas Aké, dos de los habitantes que se mantienen permanentemente en el “campamento”, aseguraron que el Ayuntamiento de Mérida autorizó la construcción de dos privadas en los alrededores de Santa María Chí y que los desarrolladores están presionando al Gobierno estatal para que saquen de ahí a la granja.

https://www.poresto.net/yucatan/2023/9/9/keken-se-burla-de-la-ley-continua-operaciones-en-la-granja-clausura-de-santa-maria-chi-en-merida-398971.html

Asesinan a 73 mujeres en el gobierno “más feminista” en 2023 (Colima)

Imagen: Tomada de la Red

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (05/09/2023).- El asesinato de mujeres es una crisis que ha alcanzado dimensiones alarmantes y que representa una grave violación de los derechos humanos. Esta problemática se ha agravado aún más debido a la negativa de algunas autoridades, como la Fiscalía de Colima, para clasificar los homicidios de mujeres como feminicidios.

Durante los primeros siete meses de este año, 73 mujeres fueron asesinadas en la entidad, reveló el vocero de la Mesa para la Construcción de la Paz, Francisco Javier Almazan Torres el pasado 5 de agosto. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado solo clasificó 10 feminicidios.

De los 10 feminicidios que la Fiscalía General del Estado reportó ante el Secretariado Ejecutivo, seis se cometieron con arma de fuego, uno con arma blanca y tres con otro elemento que no se especifica.

La negativa de clasificar los homicidios de mujeres como feminicidios contrasta con el discurso de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, las diputadas locales de la bancada de género y funcionarias de la administración estatal quienes se han autodefinido como feministas, pero no han hecho un pronunciamiento por la falta de claridad de la Fiscalía al momento de investigar los asesinatos de mujeres.

El pasado mes de junio, la activista social y defensora de los derechos de las mujeres, Rosa Evelia Villarruel advirtió que la negativa de la autoridad por investigar los homicidios de mujeres como feminicidios significa que no se están tomando medidas adecuadas para abordar la raíz del problema e indicó que la violencia de género persistirá si no se reconoce y combate de manera efectiva, “la falta de clasificación adecuada también puede llevar a la impunidad, ya que los culpables pueden recibir sentencias más leves que no reflejan la gravedad de sus acciones” dijo.

Villarruel puntualizó que la negativa de la autoridad para reconocer los feminicidios tiene un impacto en la percepción pública, “si las autoridades no reconocen oficialmente los feminicidios, las víctimas y sus familias pueden sentir que su dolor y su lucha por justicia no son validados. Esto crea desconfianza en el sistema de justicia y puede disuadir a otras mujeres de denunciar casos de violencia de género”.

También dijo que ésta negativa para clasificar ciertos homicidios de mujeres como feminicidios implica una minimización de la gravedad de estos crímenes y una falta de reconocimiento de la violencia de género.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=48155

“Sembrar no es un delito, es un derecho”: Red de Agricultura Urbana y Periurbana (Jalisco)

Imagen: Ángel Cisneros

Los recientes actos de criminalización y hostigamiento hacia colectivos que se dedican a promover y realizar huertos urbanos en la Zona Metropolitana de Guadalajara ha sido tales que la Red de Agricultura Urbana y Periurbana, en rueda de prensa, exigió que se detengan los actos represivos que autoridades municipales  justifican con marcos legales que buscan hacer de esta práctica un delito.

Aitana Rodríguez / ZonaDocs

Con la consigna “Sembrar no es un delito”, la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAU-ZMG) exigió la revisión de la iniciativa de Ley de Huertos Urbanos escolares y Jardines Polinizadores propuesta por la diputada Alejandra Giadans Valenzuela.

La RAUZMG, en rueda de prensa realizada en la Plaza Liberación, manifestó su preocupación ante la iniciativa de Ley que, consideran, vulnera la soberanía y atenta contra la manera autónoma de organizarse y, a la par, promueve la privatización del espacio público.  Aseguran, además, que no se realizó una consulta de ley representativa y que, en su lugar,: “fue una simulación de participación ciudadana”.

Expresaron primordialmente su preocupación ante el artículo 17 que prohíbe la construcción de huertos sin la autorización de las autoridades competentes o personas autorizadas para el mantenimiento o mejoramiento de las áreas verdes; también manifestaron su descontento por el artículo 66 que expone las sanciones para quienes “alteren” el orden público.

El descontento hacia esta ley tiene raíz en la intención de burocratizar la práctica agrícola en la zona urbana y periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues contempla a la agricultura desde un punto de vista meramente productivo. Es más, la RAU-ZMG señala que los huertos urbanos son un acto político, social, cultural, formativo de la comunidad y  de apropiación del espacio público.

“Bajo esta visión se abre el riesgo para que proyectos particulares que sean rentables o productivistas desplacen los espacios de siembra comunitaria ya que la iniciativa tampoco reconoce derechos de quienes cuentan con años trabajando la tierra urbana”, expresaron integrantes de la RAU-ZMG.

Además expresaron que:

“Cuenta con una perspectiva propia del modelo agroindustrial  que obliga a formas de experimentación, innovación y registro de la información generada por los huertos y jardines para ser utilizada por cualquier persona física o moral. La iniciativa se encuentra aparejada con la ley agroalimentaria de legislación estatal aprobada en 2022 para favorecer intereses económicos. No considera métodos de participación social vinculantes para la determinación de dónde y quiénes pueden trabajar la tierra”.

Exigieron al Congreso del Estado de Jalisco, la apertura a ejercer el derecho a la participación en las decisiones del gobierno, fundado en el artículo 35 constitucional; esto para que la propuesta sea;:

 “Consultada de forma pública para, así, generar una legislación donde el eje transversal de la agricultura urbana y periurbana sea la autonomía y cohesión comunitaria, no la ponderación mercantilista del espacio público”.

 “Que el fin de la iniciativa sea la promoción y fortalecimiento de la actividad y no el condicionamiento ni el establecimiento de formas punitivas para quienes siembran y cultivan en los territorios de Jalisco.”

Además, proponen espacios de discusión abiertos y previos ante la toma de decisión con el fin de hacer respetar el derecho de todxs en la construcción de esta propuesta de ley:

 “Queremos espacios abiertos de discusión antes de la toma de decisión, esto para hacer respetar todos los derechos para todas y todos en la construcción de esta propuesta de ley. Impulsaremos la creación de foros, mesas de trabajo y análisis donde se escuchen las distintas voces de los espacios agroecológicos colectivos y comunitarios, así como visitas a estos espacios, algunos de los cuales tienen hasta 20 años de actividad comunitaria”.

#SembrarNoEsUnDelito

#SembrarEsUnDerecho

#NoALaCriminalizaciónDeSiembraEnEspaciosPúblicos

Fueron las consignas con las que cerró la acción política de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara (RAU-ZMG).

https://www.zonadocs.mx/2023/09/05/sembrar-no-es-un-delito-es-un-derecho-red-de-agricultura-urbana-y-periurbana/

 

Ejidatarios marchan en contra de la ANP La Giganta y Guadalupe (Baja California Sur)

Imagen; Tribuna deMexico

Andrea Villareal / Tribuna de México

Este martes un grupo de ejidatarios se manifestó en contra del proyecto del área natural protegida (ANP) de las sierras La Giganta y Guadalupe. Al grito de “¡No a las ANP!”, los representantes ejidales marcharon desde el Parque Revolución hacia el Palacio de Gobierno para posteriormente ingresar a la sala de sesiones del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Algunos de los mensajes que se leían en las lonas que llevaban fueron “Rechazo ante el despojo de nuestras tierras. ¡Fuera ANP!” y “Somos todos los ejidos unidos más que nunca. No a la imposición. Señor gobernador, exigimos cumplas tu palabra”,

Los manifestantes acusaron al gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, de darles la espalda y no atenderlos. Marely Higuera, una de las ejidatarias, indicó que en repetidas ocasiones han solicitado audiencia con el mandatario estatal. Además, solicitó que respalde con un documento sus afirmaciones acerca de que el proyecto no se concretará si no hay consenso de los ejidatarios.

“No basta decir es que está de acuerdo en que los está apoyando cuando por debajo de la mesa está maquillando este despojo en contra de más de 5,000 familias que dependen de eso. De la cara, señor. Tenga el valor de dar la cara por todas aquellas personas que un día le dieron el voto porque fue a buscar el voto a todas las comunidades olvidadas y ahora así es como les da las gracias”, mencionó.

Antonio Castro, coordinador del Consejo Ciudadano por el Sexto Municipio, comentó que, de convertir las sierras en área natural protegida, la actividad económica de las familias que habitan en la zona se vería afectada, pues se prohibiría la ganadería caprina. De igual manera, sostuvo que los únicos beneficiados serían los extranjeros.

“El día que a toda esta gente le hagan área natural protegida no le van a dar permiso ni de sembrar una planta, no le van a dar permiso de explotar el agua, le van a llamar chiva invasora a los animales cuando realmente el extranjero es el que viene despojando nuestros derechos. Es importante que la soberanía de México, que los derechos de pertenencia, de usos y costumbres de Baja California Sur sean respetados”, enfatizó.

De no obtener una respuesta oficial sobre la cancelación del proyecto, los ejidatarios continuarán manifestándose. Por el momento, no descartan el bloquear carreteras para hacerse escuchar.

https://tribunademexico.com/ejidatarios-marchan-anp-giganta-guadalupe/

Querétaro: a casi 3 meses de detención arbitraria, defensores del territorio siguen en la cárcel

Imagen: Especial

La detención y encarcelamiento de tres pobladores de la comunidad de Escolásticas, en Querétaro, desnuda una red de complicidades entre empresarios, autoridades municipales y estatales que ilegalmente han querido privatizar los sabinos, unos mantantiales comunitarios del pueblo

Alejandro Ruíz / Pie de Página

QUERÉTARO. – El 13 de junio María Trinidad Osorno barría la calle afuera de su casa, en la comunidad de Escolásticas del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Ese día, una patrulla municipal se estacionó frente a ella. Del vehículo descendieron tres policías y un sujeto que se identificó como personal de la fiscalía estatal. Este último, sin ninguna orden de aprehensión, le notificó a María Trinidad que estaba arrestada.

“Llegaron por mi mamá a las 8:33 de la mañana, pero nosotros supimos de ella hasta las 3 de la tarde. Todo ese tiempo estuvo desaparecida, incomunicada. La llevaban de un lado a otro en la patrulla, y ahí escuchó que daban la orden de cerrar algunas calles del pueblo porque iban a detener a más personas”, relata Fabiola, hija de María Trinidad.

La amenaza del radio era cierta, pues junto a María Trinidad la policía municipal detuvo a otras dos personas, entre ellas al joven de 19 años, Jonathan Fajardo. Los familiares del otro detenido pidieron que se reservara su identidad.

“Cuando la gente se entera que los estaban deteniendo pues comienzan a querer impedir que se los lleven, pero cuando reaccionaron ya había un operativo de más de cien policías estatales y municipales que agredieron a la gente del pueblo”, relata Fabiola.

La molestia culminó en una trifulca, donde los policías agredieron con toletes a la gente de Escolásticas. Ese mismo día detuvieron a otras 9 personas, que después fueron liberadas por la presión de las organizaciones sociales.

“En la patrulla, mi mamá escucha que la persona que venía de a fiscalía habla con el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz. No entendió bien qué le dijo, pero es raro, porque da a entender que el presidente municipal estaba de acuerdo en eso”, reflexiona Fabiola.

¿Por qué detuvieron a María Trinidad, Jonathan y el otro habitantes de Escolásticas desplegando un operativo de más de cien policías? ¿Por qué el presidente municipal aparece involucrado en estas decisiones?

Las respuestas se resumen en un conflicto antaño: el interés empresarial por los manantiales de la comunidad: Los Sabinos.

«A mi mamá se la llevan porque defendió a unas personas del pueblo que se brincaron la cerca para entrar a los sabinos. Ese día llegó la policía y los querían arrestar, y le hablaron a mi mamá para que fuera a defenderlos. Mi mamá es delegada de la comunidad (un cargo comunitario, no gubernamental), por eso le hablaron. Ella evitó que se los llevara la policía, y ahora está en la cárcel».

Los sabinos: historia de un despojo silencioso

Escolásticas es una ranchería que se caracteriza por el trabajo de la cantera. Es un pueblo de paso, que entre sus caminos se conecta con los municipios de Huimilpan, Amealco y San Juan del Río, una zona del estado de Querétaro donde en los últimos años el desarrollo inmobiliario se ha expandido y generado conflictos sociales.

Pero más allá de su ubicación, esta ranchería esconde uno de los pocos tesoros naturales del estado de Querétaro: el manantial de los sabinos, uno de los pocos cuerpos de agua que aún existen en la región.

El manantial se encuentra en un terreno donde hay una ex – hacienda de la época colonial, y aunque el casco de la hacienda es propiedad privada, la zona natural no lo es. Aunque los empresarios insistan en decir que sí, y apropiarse de ella. Muchas de las veces a base de engaños y el uso de la fuerza.

Pero la zona, según testimonios de ejidatarios de Escolásticas, es parte del ejido. O sea: propiedad de la comunidad.

«Nosotros tenemos un acta del general Lázaro Cárdenas que dice que el manantial es propiedad del ejido, pero los empresarios quieren venir a engañarnos y decirnos que no», dijo un ejidatario durante una asamblea en 2021, cuando policías municipales agredieron a algunos pobladores de Escolásticas que entraron a los Sabinos.

«Así ha sido siempre, nos echan a la policía cuando entramos al lugar. No es la primera vez que pasa», agregó el ejidatario en entrevista durante esos años.

Su argumento se refuerza con las historias de represión que ha vivido la comunidad.

Un ejemplo de esto, y tal vez el registro histórico más viejo de los intentos por apropiarse de los manantiales, data de 1936. Ese año, según un documento académico en el repositorio de tesis de la Universidad Autónoma de Querétaro, la ex propietaria de la ex hacienda, Isabel Helguera Rojo, intentó «comprar» el área del manantial sobornando al comisariado ejidal de esos años para que no consultara a la asamblea ejidal.

Su intentó no funcionó, pero 32 años después, en 1968, otro dueño de la hacienda, Pedro Aspe Armella (quien después fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari), intentó, de nuevo, apropiarse de los Sabinos.

Su maniobra consistió en enviar a cientos de policías federales y militares a reprimir y presionar a los ejidatarios para que abandonaran sus tierras.

La acción, cuenta el documento de la UAQ, se coordinó junto a Diego Fernández de Cevallos, quien es dueño del rancho La cabaña, ubicado muy cerca de Los Sabinos. En esos tiempos, Cevallos era un personaje influyente en la región, particularmente en el municipio de San Juan del Río, donde el panista negoció con Salinas de Gortari el primer gobierno del PAN en Querétaro.

«Nosotros sabemos que Cevallos siempre ha querido hacerse de este lugar. Pero la verdad, si me pides una prueba, no la podemos tener, porque todo es muy oscuro respecto a eso. Pero no tenemos dudas», contó otro ejidatario de Escolásticas en 2021.

Lo que sí saben es que en 1996 se reactivó otro intento por despojarlos del manantial. Ahora, encabezado por un empresario constructor llamado José Dolores Torres Macías.

El empresario favorito del PAN

La aparición de Torres Macías coincide con el arribo del PAN como fuerza política en Querétaro. Por ejemplo, en 1991, el PAN se hace de la presidencia municipal del municipio de San Juan del Río con Salvador Olvera Pérez a la cabeza.

El dato es relevante, porque su llegada al ayuntamiento fue negociada (según el académico y dirigente priísta, Jaime Nieto Ramírez) entre Fernández de Cevallos y Salinas de Gortari.

Pero también, porque San Juan del Río es un municipio colindante con Pedro Escobedo, donde se ubica el rancho de Escolásticas.

«En esos años José Torres llega después de construir una carretera. Le venden el casco de la hacienda como un premio», dijo otro de los ejidatarios en 2021.

Efectivamente, en aquellos años el empresario construyó una carretera que comunica a Escolásticas con la carretera federal 57, y con el municipio de San Juan del Río.

«En ese momento yo creo que le prometieron que podía tener como premio todos los sabinos, no nada más el casco de la hacienda, pero nos opusimos. Aunque el señor José Torres compró al comisario ejidal de ese entonces, y dice que tiene un acta donde le vendieron los manantiales, pero eso es mentira», reafirmó un ejidatario.

Desde esos años, el conflicto entre Torres y los habitantes de Escolásticas ha ido escalando. No han sido pocas las veces que el empresario ha intentado hacerse del manantial.

Por ejemplo, en 2021, durante la pandemia de covid-19, el empresario decidió cercar Los Sabinos bajo el pretexto de la contingencia sanitaria. Todo esto, avalado por el presidente muncipal, el panista Amarildo Bárcenas Reséndiz.

Ese año, los habitantes y ejidatarios de Escolásticas volvieron a enfrentarse a las fuerzas policiales, porque les negaban el acceso al manantial comunitario.

«Amarildo protege al señor Pedro, y sabemos bien que la intención es apropiarse de los sabinos», dijo en entrevista una ejidataria en 2021, días después de que fueran reprimidos por la policía municipal.

La historia se repitió el pasado 13 de junio con la detención de María Trinidad, Jonathan Fajardo, y el otro habitante de la comunidad, pues el delito que les imputan es el de despojo agravado en contra de José Torres.

Sobre esto, Fabiola recapitula:

«Nos enfrentamos a gente muy poderosa que está coludida con el gobierno. Piensan que pueden hacer lo que quieren, y cuando alguien se opone, como mi mamá, los detienen, aunque no haya ningún delito por perseguir, pues la gente que entró a los sabinos es gente del pueblo que tiene derecho a hacerlo, porque le pertenecen al pueblo, no a José Torres. A mi mamá y a Jhonatan los tienen en la cárcel porque reconocer su inocencia es reconocer que los sabinos no les pertenecen».

La trampa judicial

Las detenciones de María Trinidad, Jhonatan, y el otro habitante de la comunidad, son la punta del iceberg de una red de complicidades que poco a poco han ido saliendo a la luz.

Por un lado, su encarcelamiento retrata la forma en que procede la Fiscalía del Estado y la policía ante las manifestaciones de pueblos y defensores de Querétaro.

Su actuar, es reflejo del talante autoritario del gobierno estatal. Mismo que han denunciado organizaciones locales y nacionales, así como por instancias como la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En el caso de Escolásticas, por ejemplo, la CNDH emitió un pronunciamiento donde solicitaron la implementación de medidas cautelares a favor de los detenidos.

Por su parte, el Programa del medio ambiente de la ONU en México ha reflexionado sobre el caso en distintos foros, donde inclusive apuntan que a los detenidos se les puede aplicar el Acuerdo de Escazú, diseñado para proteger a defensores ambientales y del territorio.

Sin embargo, entre las autoridades queretanas esto no ha hecho eco.

«Nosotros creemos que es por los intereses que el señor Torres representa para el gobierno», dice Fabiola. Y no parece estar equivocada.

Los intereses a los que se refiere Juanita son contratos millonarios que José Torres ha adquirido con el gobierno del estado.

Por ejemplo, una de sus empresas: Constructora y arrendadora de Querétaro, ha recibido contratos en las dos últimas administraciones del PAN en la entidad, como la de Francisco Domínguez Servién, quien le adjudicó un contrato de más de 4 millones de pesos para renovar calles de la capital del estado; y también por la actual administración de Mauricio Kuri González, quien le adjudicó un contrato de más de 17 millones para obras en el municipio serrano de Landa de Matamoros.

Torres, además de constructor, es dueño de gasolinerías. Una de ellas, es el Grupo Alfa, el cual aparece en la lista de proveedores de gasolina del Poder Judicial del Estado.

Para protegerlo, denuncia Juanita, el gobierno del estado ha aplicado distintos mecanismos como alargar el juicio y no reconocer la inocencia de los detenidos, pero también reuniones a puerta cerrada con funcionarios de alto nivel el gobierno del Estado.

«A nosotros nos llamo hablar Guadalupe Murgía (secretaria de gobierno) para llegar a un acuerdo. Asistimos con toda la disposición, pero ahí entendimos que su intención era hacernos firmar una carta donde no íbamos a hacer público el caso, y que íbamos a negociar con José Torres. Eso nos demostró que están coludidos».

Mientras tanto, el juicio penal para liberar a los tres detenidos continúa, y a casi tres meses de la detención, el panorama parece complejizarse aún más: pues el gobierno del estado tendrá que definir si sigue encubriendo al empresario José Torres, o reconoce la inocencia de los pobladores de Escolásticas.

Fabiola concluye:

«Sólo buscamos justicia. Mi mamá y mi hijo son inocentes, también el otro señor. Pero ahora vamos por todo o nada, porque los sabinos son nuestros, de la comunidad, y los vamos a defender».

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Mafias inmobiliarias, pescadores a la deriva y megagranjas impunes en Yucatán

Texto y fotos: Patricio Eleisegui / Pie de Página

Los intentos de despojo de tierras, la contaminación de las porcícolas y el abandono de comunidades que sufren daños socioambientales se han vuelto una constante en el estado que gobierna Mauricio Vila

YUCATÁN. – “Yo soy esposa de Neftalí Quijano Moguel, la persona a la que más golpeó la policía, al punto que tuvo que ser trasladado al Hospital General O’Horán en Mérida para ser atendido. Estuvo tres días internado y aún estamos esperando los resultados de las numerosas pruebas médicas que le han hecho. Él solamente quería atender a los animales que tenemos en nuestro terreno, pues de otra forma se iban a morir de hambre y sed, pero la policía le negó el acceso y le golpeó violentamente. Le dieron golpes y patadas en todo su cuerpo y luego se lo llevaron sin notificarnos. Le sacaron del pueblo por un camino secundario. Yo pregunto a las autoridades estatales y municipales, ¿ellos piensan que vamos a aceptar ser esclavos de nuevo en nuestra propia tierra? Ancestralmente estas tierras son nuestras, ya basta de que estemos agachados ante tanta agresión. Peleo por mis hijos y mis nietos, puede que hayan golpeado a mi esposo, pero yo voy a seguir aunque nos maten”.

Pronunciadas por Antonia Trinidad Cisneros Correa, habitante del municipio de Ixil –distante 30 kilómetros de Mérida, la capital de estado–, estas palabras ilustran sin eufemismos el nivel de represión y atropello de derechos y libertades individuales que sufrieron las y los vecinos de la comunidad maya a mediados del mes pasado. Desde hace más de un año, Ixil y sus tierras ejidales y de uso común se volvieron la obsesión de los Abimerhi y los Millet, dos familias acaudaladas de Yucatán que buscan apropiarse de más de 320 hectáreas de lotes comunales para el lanzamiento de proyectos inmobiliarios de lujo.

El cenit de este avasallamiento tuvo lugar durante la mañana del 17 de agosto, momento en que un pelotón integrado por más de 300 policías del estado interrumpió completamente el paso por la calle que más utilizan las y los campesinos para llegar a sus tierras. Ese día, la población de Ixil fue víctima de golpes, gases y apedreadas propinadas por los uniformados sólo por intentar acceder a terrenos donde las familias ejidatarias crían sus ganados, pollos y gallinas, y siembran elotes, cebollitas o cilantro.

“Ya es la segunda vez que las familias Abimerhi y Millet nos intentan despojar de estas tierras con ayuda de la policía estatal. El 4 de agosto de 2022 ya lo intentaron pero el pueblo les impidió el acceso. Todo el pueblo sabe que estas son tierras de la comunidad, tenemos los documentos que lo prueban. Como el año pasado no pudieron despojarnos, este año regresaron con una fuerza de invasión en toda regla”, dice Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil.

Ejidatarios, entre el despojo y los matones

El blindaje policial al despojo que buscan llevar a cabo los Abimerhi y los Millet, dos familias de Yucatán con protagonismo en el negocio de las gasolineras, las grúas y los talleres mecánicos, y la industria del vidrio, continúo más allá de la jornada del 17 y agosto concluyó con postes y alambradas que, colocadas con total ilegalidad a lo largo de varios kilómetros, impiden hasta hoy el acceso a los lotes de uso común a cientos de familias.

Los Abimerhi y los Millet alegan disponer de documentación que acreditaría la posesión de esas hectáreas, pero tanto las y los vecinos de Ixil como los representantes de organizaciones que participan de la defensa legal de la comunidad denuncian la circulación de papeles fraudulentos e ilegítimos y la invocación de permisos inexistentes.

“Trajeron un grupo de personas ajenas a la comunidad y los metieron en esos terrenos para amedrentar a los campesinos. Estuvieron entrando en los predios cultivados por la comunidad, y se robaron herramientas de trabajo. Las fuerzas policiales están metiendo a ladrones en nuestro territorio, a amenazar y robar a los campesinos”, denuncia Jorge Yam Ek, otro poblador.

La comunidad en resistencia no duda en señalar a Alejandro Escoffié y Rafael Acosta, empresario y abogado con peso en los círculos de inversionistas que en la actualidad tienen la mira puesta en Yucatán, como los grandes responsables de la comercialización ilegal de tierras en ese municipio. Y también destaca el vínculo existente entre el gobernador panista Mauricio Vila y la familia Millet, mencionada como contribuyente permanente de las campañas del político por organizaciones de la talla de Fundación Yansa.

La situación que transita Ixil es representativa de los intentos de quitas de tierras comunitarias para aprovechamiento inmobiliario que comenzaron a multiplicarse en Yucatán en años recientes. Situado a poco más de 50 kilómetros de Mérida, Kinchil es otro municipio que sufre acciones de despojo por efecto de empresarios dedicados a la compraventa de lotes que buscan apropiarse de 5 mil hectáreas ejidales.

“Nuestro ejido está en la ruta Mérida-Celestún y por lo mismo es ambicionado por inmobiliarias, industrias extractivas como granjas de cerdos y avícolas e industrias de toda clase. Ahora mismo nos están intentando despojar de casi 5 mil hectáreas que los kinchileños han trabajado desde que se creó el ejido en 1937 por decreto presidencial”, explicó recientemente Federico de Jesús May Cuitún, productor local de chile habanero orgánico.

“Se dice que los empresarios que pretenden robar estas tierras son Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa, entre otros, quienes cuentan con la complicidad de las autoridades ejidales de Tetiz. Las numerosas familias de campesinos y apicultores afectados están organizándose para defender el territorio de Kinchil, ya que de perderlo se destruirá y contaminará”, agregó.

Santa María Chi y la mega granja de los Loret de Mola

La comunidad maya de Santa María Chi, distante 20 minutos del centro de Mérida, se ha vuelto otro epicentro de la lucha popular contra la contaminación que generan las mega granjas porcícolas en Yucatán. La población sufre los efectos del desastre ambiental que, desde hace más de 15 años, genera la firma San Gerardo, propiedad de la familia Loret de Mola, y su instalación dotada con más de 43 mil cerdos.

Las enfermedades pulmonares, el olor nauseabundo, las excretas que navegan las banquetas en épocas de lluvia y el agua peligrosa para la salud, forman parte de la cotidianeidad de un pueblo que, sobre todo de mayo a esta parte, padece amedrentamientos continuos por parte del personal de la factoría de cerdos e, incluso, la persecución judicial de sus líderes comunales.

Las calles breves de esa comunidad de 500 habitantes son recorridas prácticamente a diario por camionetas que emergen de la mega granja y trasladan a personal que filma y fotografía a las y los vecinos que se reúnen o circulan en torno al campamento que, desde hace más de tres meses, los habitantes montaron muy cerca de una de las entradas de San Gerardo para exponer el rechazo a la porcícola.

Cada jornada, el personal de los Loret de Mola patrulla los caminos públicos con el objetivo de desarticular cualquier potencial registro del daño ambiental que la compañía ejecuta en las más de 220 hectáreas que controla junto al pueblo. A fines de junio, empleados de la empresa incluso pusieron a circular entre vecinas y vecinos la versión de que tenían órdenes de disparar contra cualquier individuo que resulte detectado en terrenos bajo dominio de la compañía. Y que igual suerte correría todo dron que se atreviese a sobrevolar la mega granja.

Pero esta presión asfixiante sobre las y los vecinos en lugar de multiplicar el temor no ha hecho más que acentuar la unidad y el espíritu de lucha de la comunidad, que mantiene activo el funcionamiento del campamento de protesta y no ha dejado de promover actividades sociales, además de estrechar lazos con otros pueblos contaminados por las porcícolas, con el objetivo de incrementar la visibilidad de la afectación socioambiental que sufre la población.

Durante la mañana del pasado 18 de agosto, los habitantes de Santa María Chi se desayunaron con la novedad de que San Gerardo finalmente cerró el acceso que conectaba de forma directa a la mega granja con el pueblo. La compañía respondió así a un pedido de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, que además solicitó se coloquen árboles y otras plantas para conformar una suerte de barrera natural que reduzca de alguna manera el hedor que, proveniente de la instalación de cerdos, respira la comunidad de forma permanente.

Claro que la clausura de la entrada no implicó en absoluto el fin de la actividad contaminante de la porcícola. Tras el cierre de la entrada, y según lo dispuesto por Desarrollo Sustentable, la firma obtuvo el permiso para seguir moviendo sus cerdos a través de otro ingreso que San Gerardo construyó en cuestión de pocas semanas y previa nueva depredación del monte nativo. La empresa de los Loret de Mola, reconoce la comunidad, continúa afectando el ambiente y la salud pero ya sin tener encima la mirada de los organismos de control.
Abandono a los pescadores de Sisal

Otro frente de afectación que se mantiene abierto en Yucatán corresponde a Sisal y sus familias de pescadores, perjudicadas gravemente por los daños ambientales que motivó el encallamiento del buque italiano Gran Senegal ocurrido en la última semana de julio. El atascamiento de la embarcación originó la destrucción de al menos 800 metros del arrecife Madagascar –ubicado a 40 kilómetros de la costa–, con impacto directo en la actividad económica de las más de 960 familias que viven de la captura de especies marinas en esa comunidad portuaria.

El 18 de agosto, los pescadores se movilizaron prácticamente en su totalidad hacia la capital de Yucatán para solicitar medidas de reparación del hábitat y ayuda financiera hasta tanto la pesca recupere su volumen habitual. Los funcionarios que asisten a Mauricio Vila respondieron a estos pedidos desligando responsabilidades, ignorando las peticiones entregadas por las familias convocadas en Mérida y haciendo uso de los medios de comunicación cercanos a la Gobernación para deslegitimar el reclamo de los habitantes de Sisal.

“No hubo ninguna intención política de nuestra parte. Sólo buscábamos el apoyo del gobernador y nos dieron la espalda. Nos trataron de vándalos sólo por pedir ser escuchados. Teníamos la esperanza de que el gobernador nos atendiera, algún secretario de gobierno, y al final sólo nos prestó atención apenas un encargado de despacho”, relata Miguel Ek, actual comisario de ese pueblo portuario.

“Casi el 90 por ciento de la población de Sisal se ve afectada por lo que pasó con el barco y el daño del arrecife. Llevamos más de una semana con la actividad de pesca paralizada. Al menos 965 familias impactadas en su economía. La gente ahora está tratando de ver cómo se subsiste. Algunos trabajando de mototaxi, otros con emprendimientos familiares. Pero la situación es grave, aparte de que el turismo aún es muy bajo”, detalla.

Ek afirma que la comunidad espera por una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que acercaría compensaciones a los pescadores. “El daño que provocó el barco es millonario aunque todavía no tenemos datos precisos. El 19 de septiembre iremos a Mérida para ver si tenemos una respuesta favorable a nuestras peticiones. Desde el gobierno federal al menos nos escucharon, nos atendieron, así que el diálogo será con ellos. Lamentablemente, ya sabemos que no podemos contar con el gobierno del estado”, confiesa.

Para enseguida concluir: “Esperamos que surja algún ingreso que pueda permitirnos el sustento de aquí a fin de año. La afectación del arrecife demorará años en recuperarse y mientras atravesaremos una situación económica difícil. Aguardamos por una compensación tras los daños generados. Vivimos una realidad difícil que parece no tiene importancia para las autoridades del estado, que al no recibirnos o escuchar lo que estamos padeciendo no hacen más que demostrar que se han olvidado del pueblo”.

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Los otros datos de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)

Imagen: Diana Manzo

Diana Manzo / Itsmo Express

#IstmodeTehuantepec #Oaxaca 03 Sep (Alianza de Medios) (#Istmopress) – Ya nada volverá a ser como antes. El Istmo de Tehuantepec va a terminar convirtiéndose en la segunda frontera de México. Va a terminar como Ciudad Juárez, llena de maquiladoras, de fabricas, explotando la mano de obra barata para beneficiar a las grandes empresas, refutó la indígena Ayuuk, Juana Ramírez Villegas.

Dijo que con los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, él impuso el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para ofertar su tierra y territorio a los grandes capitales neocolonialistas.

Y es que mientras el presidente neoporfirista afirma que su megaproyecto traerá desarrollo económico y será detonante de progreso regional, anunció la licitación para construir los Polos de Desarrollo para el Bienestar, así como incentivos o subsidios fiscales a empresas transnacionales y lo que ha provocado es la militarización, la violación a los derechos humanos, conflictos intercomunitarios al romper con el tejido comunitario, asesinatos, despojos y la llegada de grupos del crimen organizado.

El agente comunitario binnizáa de Puente Madera, David López Salazar, reforzó los otros datos que el presidente se niega escuchar:

“Hace 10 años atrás daba gracias a Dios porque aquí (en el Istmo) no se veía la violencia e inseguridad que padecían en el norte del país o que obligó al doctor (José Manuel) Mireles a crear grupos de autodefensas contra el crimen organizado. Llegó a mi memoria eso y le di gracias a Dios porque en mi comunidad no se veía nada de eso y se siente uno contento con esa seguridad de vivir en paz”.

Frente a la Misión Civil de Observación en la que participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y que realizó una visita a Puente Madera, López Salazar confesó que desde que López Obrador decidió imponer en 2019 el Corredor Interoceánico “todo cambió, ya nos rebasó la violencia en la región del Istmo. En Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz se ven cosas que no se veían antes. La delincuencia ya rebasó al gobierno federal en esta región”.

Y advirtió:

“Si nosotros como comunidad indígena no defendemos nuestros derechos, aquí va a ser un corredor interoceánico que logrará la pérdida de identidad con el aumento de la delincuencia organizada, de migrantes y la contaminación”.

El 14 de marzo de 2021 empezó la pesadilla para Puente Madera. Con la premura de imponer la aprobación del Parque Industrial, el entonces presidente municipal de San Blás Atempa y actual secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, simuló una supuesta asamblea de comuneros donde falsificaron el 80 % del padrón, en el que incluyeron personas fallecidas, por lo que interpusieron un juicio de nulidad (159/2021) ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec y que al día de hoy no han resuelto nada.

Igual pasó con la consulta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde cinco personas de Puente Madera alzaron la mano y, con ello, el gobierno empezó a dividir esta comunidad, militarizó la región y ha criminalizado a los opositores, como ocurre en Puente Madera, donde 17 comuneros, entre ellas mujeres de la tercera edad, tienen orden de aprehensión.

La respuesta del Estado no se hizo esperar: “A mi me levantó la ministerial el 17 de enero con la llegada de la primavera oaxaqueña del gobernador Salomón Jara Cruz, que ordena mi detención, me vinculan a proceso, pero eso no apaga la lucha de Puente Madera. Se ha logrado mucho como es el amparo de la cancelación de plano y el proyecto del polo de desarrollo”.

Y es que después de dos años y cuatro meses, el Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, decretó la suspensión de plano para que el gobierno federal se abstenga de instalar el Polo de Desarrollo en el Pitayal hasta que se resuelva el juicio de amparo número 314/2023-IV-B, que interpuso la comunidad de Puente Madera.

“(…) Se concede de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables con motivo de la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar, San Bas Atempa, se abstengan de privar total o parcialmente de la propiedad, posesión, o disfrute de sus derechos agrarios de la comunidad denominada Puente Madera, ubicada en el mencionado municipio, hasta en tanto se dicte resolución en el presente juicio de amparo”.

En respuesta, el director ejecutivo contencioso del Corredor Interoceánico, Julio Francisco Rosas Jiménez, informó del cumplimiento de suspensión decretado el 6 de junio de 2023 al sostener que “este organismo público descentralizado del gobierno federal se abstendrá de realizar actos jurídicos referentes a la Declaratoria de mérito, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo que nos ocupa”.

Tanto indígenas ayuuk de Mogoñé Viejo, perteneciente a San Juan Guichicovi, como los binnizáa de Puente Madera, perteneciente a San Blas Atempa, han sido denunciados penalmente al integrarles por lo menos 33 Carpetas de Investigación por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, los primeros por el bloqueo de 62 a las vías férreas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y los segundos por bloqueos a la carretera panamericana.

Durante los días 25, 26 y 27 de julio, la misión de observación documentó graves violaciones a derechos humanos enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo.

En su vista constató la intimidación de la Marina en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo; la conflictividad originada por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, los despojos encabezados por Anastasio Gutiérrez y su hermano en Santa Cruz Tagolaba y la criminalización de la resistencia de comuneros de Puente Madera que se oponen al parque industrial en su territorio.

Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en voz de Xavier Martínez, reveló que con la imposición del megaproyecto presidencial denominado Corredor Interoceánico se incrementaron las agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos al ser documentados 31 casos en los últimos 10 meses, reveló.

Detalló que entre octubre de 2022 a julio de 2023 se han registrado 31 eventos de agresiones, principalmente contra personas indígenas mixes y zapotecos, de los cuales 21 casos fueron por intimidación, hostigamiento y amenazas.

Además, 11 fueron casos de violencia física y psicológica y desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras; 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y defensores comunitarios del territorio y dos casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance.

PAGAN 26 PESOS M2 POR TIERRAS PARA POLO INDUSTRIAL

En el municipio de Mixtequilla la queja no es contra el megaproyecto, exigen que los millones que pagó el gobierno federal por sus tierras para el Polo de Desarrollo se reparta en toda la comunidad.

“Nos prometen y después no nos cumplen, así pasó con un mercado, con un parque recreativo, con varias obras; por eso es que no les creemos que ahora habrá un parque industrial acá en Mixtequilla, porque nunca nos han cumplido”, expresó Teresa Vásquez Orozco, cocinera tradicional e integrante de la Resistencia Civil Pacífica y Comuneros Mixtequillenses.

Morena y de pelo negro, Teresa de 54 años de edad, junto con otras 12 mujeres son las encargadas de preparar la comida y mientas ordenan todo para servir, hablan de su lucha, la cual consideran legítima y digna.

“Acá nos enseñaron a luchar en colectivo, pero vemos que eso es imposible ahora. Nos pagaron mucho dinero, pero de antemano sabemos que ahí quedará, esas tierras ahora son del gobierno, y nosotros nos quedamos sin nada, ellos dicen que es para un parque industrial, que es progreso, pero siempre nos mienten, finalmente no se va a construir nada”, recalcó.

Es medio día, hace calor. Teresa junto con otras cien personas están reunidas debajo de un árbol de chicozapote en la Casa Comunal, la cual desde el mes de abril está tomada por integrantes de este grupo de resistencia.

Este colectivo independiente exige al presidente de los comuneros de Mixtequilla, Eduardo Desales, repartir los 132 millones de pesos que pagó el gobierno federal por la expropiación de las 502 hectáreas de tierras agrarias y de uso común, donde se construirá uno de los 5 polos industriales de Oaxaca del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Imagínense, las tierras que compró el gobierno federal acá en Mixtequilla nos la pagaron a 26 pesos el metro cuadrado, menos que un kilogramo de tortilla. A eso le llaman progreso?”, recalcó un hombre alto, delgado y de bigote, su nombre Ricardo Vargas.

Izamar Pacheco de 30 años de edad, también tomó el micrófono y habló: “No estamos acá por el dinero, esta resistencia no es por el dinero, sino estamos pensando que le vamos a dejar a nuestros hijos, esas tierras eran de los abuelos, que habían sido heredados de generación en generación, y ahora que las vendieron sin tomarnos en cuenta a toda la comunidad, no nos quieren compartir, solo ellos, los comuneros”.

La exigencia de esta agrupación, quienes desde hace 3 meses activaron una resistencia en Mixtequilla, es que por el pago en millones por las 502 hectáreas, se comparta para los 4 mil habitantes y no solo para los 800 comuneros, como lo están considerando.

“Nosotros lo que queremos es que el recurso por el pago de las tierras de uso común se reparta entre nosotros también, la sociedad civil, y no solo en los comuneros, y eso ha sido la confrontación, además vemos que 26 pesos el metro cuadrado es una burla, exigimos al presidente López Obrador reconsiderar ese pago, le enviamos una carta para decirle que queremos un dialogo, pero hay negativa de su parte”.

Las comuneras y comuneros inconformes de Mixtequilla también hablaron y señalaron que la llegada de esta obra ha causado confrontación entre los habitantes, al grado de que ya no se hablen, se critiquen, criminalicen la lucha, lo que ha creado conflictos fuertes entre vecinos y hasta familiares.

Y es que en este municipio, no es la primera vez que llega un proyecto. Con la inauguración de la presa Benito Juárez en el año de 1961 en Jalapa del Marqués y que obligó a toda esta comunidad a vivir un desplazamiento forzado a cambio del “progreso”, en Mixtequilla, se instaló una red de tubería que atraviesa las tierras agrarias con destino a la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca.

“Acá tenemos red de riego, pero muchas veces tenemos que exigir, hacer movilizaciones para que nos cumplan, sabemos que eligieron a Mixtequilla no por gusto, si no que el parque industrial va a necesitar aguas, y mucha, entonces que pasará con nosotros, con el pueblo, eso la gente, los ambiciosos de la comunidad no ven, ellos solo quieren su dinero y ya”, denunciaron.

Estas quejas y denuncias fueron presentadas durante la Misión de Observación, el pasado 26 de julio, que escuchó durante tres horas a cada una de las personas que compartieron lo sentir.

La Misión de Observación conformada por 23 organismos nacionales e internacionales entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), cuyo representante Xavier Martínez, les compartió la existencia de un tratado internacional llamado “Acuerdo de Escazú”, el cual tiene la obligación de brindar protección y garantizar seguridad a las personas que luchan por su territorio y medio ambiente.

“Nadie debe vivir criminalización ni intimidación, ni agresiones” recalcó Martínez, mientras reiteraba que este tipo de luchas deben ejercerse en forma colectiva y bajo vigilancia de organismos nacionales y extranjeros.

En Santa Maria Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.

Mientras tanto, los integrantes del Consejo Comunal insisten y sostienen, que el dinero obtenido por la venta de las tierras- que fue de 132 millones de pesos- se entregará a los dueños y posesionarios de las tierras, y la otra parte considerada como “tierras de uso común”, se repartirá entre los 800 comuneros, no entre la comunidad en general.

TIERRAS PARA EL TREN TRANSÍSMICO

En Santo Domingo Tehuantepec, se escuchó otra problemática, el despojo de tierras, la presencia de grupos criminales y la violencia.

Su voz dulce se transforma en enojo cuando habla de sus tierras. A Norma Angélica Miranda Reyna, de 58 años de edad, le despojaron de casi 40 hectáreas en el 2009. En su momento pensó que eran para beneficios personales de los hermanos Sergio y Anastasio Gutiérrez, quienes ingresaron a su terreno, rociaron de gasolina, prendieron fuego a su camioneta y la corrieron.

A 14 años de ese suceso, la campesina biinizá (zapoteca) sigue sin recuperar sus tierras y llora porque no se acostumbra a vivir en un espacio alejado del campo y de sus borregos. “En el rancho vivíamos muy felices, no me acostumbro a la ciudad, pero estos señores no tienen escrúpulos y dicen que yo no soy la dueña”.

Además denunció haber sido víctima de tentativa de feminicidio. “Estaba con mi cuñada en la Fiscalía presentando nuestra denuncia, cuando estos señores y sus seguidores llegaron y nos rociaron de gasolina, nos querían matar, pero nada sucede, no los detienen”.

Norma Angélica, con la ayuda de la agrupación social “Sol Rojo”, han efectuado infinidad de denuncias ante las instancias policiales y también ante la Procuraduría Agraria, pero nada se ha logrado, sus tierras siguen en manos de los hermanos Gutiérrez, que ostentan ser los dirigentes de la comisaria Agraria de Santa Cruz Tagolaba, sin tomar en cuenta el juicio de nulidad interpuesto por la mayoría de los comuneros ante el Tribunal Agrario.

Las tierras de Norma Angélica y de otros tres campesinos que como ella denunciaron despojo suman alrededor de 100 hectáreas que los hermanos Gutiérrez pretenden vender o negociar con el gobierno para la instalación de drenes para el tren transistmico.

“Lo que exijo es justicia” enfatizó Norma al recalcar que los hermanos Gutiérrez pareciera que tuvieran un pacto con el gobierno federal y estatal, pues las denuncias presentadas parece no importarles, porque gozan de impunidad.

Lilia Juárez Juárez, habla en voz de su padre, y recalca que los hermanos Gutiérrez también le despojaron de sus tierras y se han quedado sin nada.

“Mi padre es campesino, y aunque estos hermanos siguen haciendo lo que se les dé la gana, yo no me voy a dejar, y vamos a recuperar las tierras, porque sabemos que ellos nos lo despojaron para su beneficio”.

Erick Sánchez Gutiérrez, comunero y representante de los comuneros que luchan por recuperar sus tierras despojadas recalcó que en los últimos años ha incrementado la violencia para beneficiar al Tren Transistmico.

Aclaró que aunque las tierras de esta comunidad agraria no van a utilizarse para ningún polo industrial, sí se ocuparán para la instalación de drenes, contenedores y estaciones que beneficien a este proyecto.

Como sobreviviente de un intento de homicidio, Erik reconoció que la llegada del Corredor Interoceánico ha provocado despojo, asesinato y también agresiones constantes.

“Nuestro compañero Jesús Manuel García Martínez, conocido también como “Chu Pau”,  fue asesinado  por un grupo de personas armadas, quienes  interrumpieron su domicilio en Tehuantepec, Oaxaca, y aunque hemos denunciado, no hay justicia”, dijo.

Por este crimen y atentado, la agrupación Sol Rojo que dirige Elliot Escobar recalcó que los hermanos Anastasio y Sergio Gutiérrez García son los responsables.

“Responsabilizamos al mercenario Anastasio Gutiérrez García “Tacho Canasta” y Sergio Gutiérrez García de este atentado , así como de la ola de desalojos y violencia creciente en Santa Cruz Tagolaba”, dijo.

Además denunció que el comunero Salvador Pinal Martínez fue víctima de una persecución. Fue detenido y recluido en la cárcel de Tehuantepec por casi un año y aunque hoy está libre, su proceso legal continúa.

Los campesinos aseguran que siguen en pie de la lucha y no se detendrán por recuperar sus tierras. En el Tribunal Agrario hay juicios esperando respuesta, lo mismo en la Fiscalía de Oaxaca. Estos casos de despojo fueron denunciados durante la Misión Civil de Observación, que esperan dé frutos, porque recalcaron que “la tierra es de quién la trabaja”.

La Misión de observación concluyó que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

Específicamente se refirieron a sus derechos a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural.

Por el contrario, lo que constataron fue la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas alrededor de el campamento Tierra y Libertad.

Consideran que el despliegue de las fuerzas armadas y su involucramiento en la supervisión y/o administración de las obras de gran escala – como en el caso del Corredor Interoceánico – es alarmante porque observamos que, históricamente, la militarización de los territorios no es una estrategia de seguridad que reduzca la violencia.

Al contrario, preocupa que esta presencia incremente los enfrentamientos, hostigamientos, intimidaciones y demás violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional.

Por esto, llama la atención que las fuerzas armadas tengan la supervisión de las obras que se están desarrollando en el Istmo y también que fortalezcan su presencia a través de la construcción de cuarteles, retenes y bases militares en los territorios de pertenencia indígena.

Tras concluir el recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico, también constataron la impunidad y la falta de acceso a la justicia en la región.

Por esta razón, la misión de observación hizo un llamado a las autoridades competentes para que: Reconozcan y respeten los DDHH y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.

Que garanticen el derecho de acceso a la justicia y detengan toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los DDHH y de la naturaleza.

Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.

Y provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el mega proyecto y todos sus componentes como son el Gasoducto y los Polos de Desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

De nueva cuenta, Juana Ramírez toma la palabra y sentencia que “lo malo es que nuestro presidente de la república siempre ha tenido otros datos y siempre los va a tener, nunca nos va a escuchar”, sin embargo, le aclaró que “no puede haber desarrollo cuando nuestros derechos están siendo violentados”.

Finalmente le preguntó al presidente López Obrador “¿Dónde quedó el discurso de primero los pobres? Porque ahora los pobres estamos siendo pisoteados”.

La Misión de Observación la conformaron:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI),Front Line Defenders,Brigadas Internacionales de Paz (PBI),Servicios para una Educación Alternativa A.C.,Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ),Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.,Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT),Resistencia Civil Mixtequillense,Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM), Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM), Brigada Humanitaria de Paz Marabunta,Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca,Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. Corriente del Pueblo Sol Rojo,Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT),Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno,Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos,Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta,Artículo 19 México,Espacio OSC,Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e Indigenous Peoples Rights International IPRI-México

http://www.istmopress.com.mx/istmo/los-otros-datos-de-corredor-interoceanico-del-istmo-de-tehuantepec/

En Guanajuato, quitan seguridad a mujeres buscadoras

El gobierno de Guanajuato ha quitado el apoyo en seguridad para las brigadas de búsqueda independientes que desde hace algunos años realizan colectivos de familiares de personas desaparecidas. Su tarea no es menor, pues en los últimos tres años, cinco familiares dedicados a la búsqueda han sido asesinados en Guanajuato

Texto: Redacción Pie de Página

Foto: fHasta encontrarte Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO. – Buscadoras de Guanajuato reclamaron al gobierno del Estado apoyo de seguridad para las búsquedas que realizan en campo

El pasado 17 de agosto emitieron un comunicado en el que denunciaron que el gobierno de Diego Sinhué, a través del secretario Alvar Cabeza de Vaca, informó a los colectivos de búsqueda que no se otorgaría seguridad a la Brigada de Búsqueda Independiente, pues la Comisión Estatal de Búsqueda es la responsable de esas acciones.

Para Bibiana Mendoza, integrante de la Brigada de Búsqueda Independiente y del colectivo Hasta Encontrarte, el trabajo de los colectivos de familiares que han salido a buscar en campo a sus desaparecidos ha sido clave en las tareas de localización en el estado, y no compite con el trabajo de la CEB.

En el estado de Guanajuato hay 2 mil 633 personas no localizadas, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 24 de agosto del 2023.

En el año 2020 los colectivos de Guanajuato comenzaron por iniciativa propia, a hacer búsquedas en campo. En julio del 2021, casi un año después de que los colectivos hicieron sus búsquedas, comenzaron a recibir apoyo de seguridad de la Policía Estatal, luego de que unos hombres armados persiguieran a las mujeres buscadoras durante un rastreo en el municipio de Cuerámaro.

“Le recordamos a la Secretaría que el apoyo inició porque dos buscadoras sufrieron un intento de homicidio en una de las brigadas independientes. La creación de la Brigada surgió debido a la desconfianza y el mal trabajo que realizan las instituciones. Durante el tiempo que la Brigada lleva trabajando hemos realizado 412 acciones de búsqueda, 139 con hallazgos positivos y la localización de 12 personas con vida”, señaló el colectivo Hasta Encontrarte en un comunicado publicado en redes sociales.

“Tenemos un año y medio trabajando con Policía del Estado y de pronto nos dicen que ya no nos van a prestar a la policía”, dice Bibiana Mendoza a Pie de Página.

La petición de seguridad es una obviedad en el estado donde los últimos tres años cinco familiares dedicados a la búsqueda han sido asesinados.

“Que nos quiten el apoyo significa que hay que poner por delante el hecho de que las madres buscadoras de Guanajuato han estado expuestas a la violencia, amenazas, asesinatos, quitar el apoyo en el contexto de violencia que estamos viviendo es una afrenta a las familias buscadoras”, dijo Bibiana Mendoza.

El próximo año se celebran elecciones estatales en Guanajuato. “Nadie quiere que las búsquedas de fosas, mujeres de manera independiente encontrando fosas, nadie quiere que sean un tema durante las elecciones”, precisó.

“No tienen voluntad política, las búsquedas independientes aportan muchísimo, nostoras subimos tatuajes, prendas que encontramos en las fosas, transmitimos en vivo para que esto facilite la identificación por parte de las familias”, agregó Bibiana Mendoza.

El gobierno de Guanajuato respondió con un comunicado en el que negó el señalamiento de las familias, pero señaló que estas búsquedas se dan en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para las acciones que se determinen en esta materia.

“En sentido estricto, se les reiteró que esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado actúa bajo la coordinación permanente a la cual están obligadas todas las instituciones públicas involucradas ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para las acciones que se determinen en esta materia”.

Los colectivos piden que la Policía Estatal mantenga su apoyo en las búsquedas independientes que realizan las familias y no sea exclusivo de las búsquedas realizadas y coordinadas por la CEB.

https://piedepagina.mx/en-guanajuato-quitan-seguridad-a-mujeres-buscadoras/?utm_source=pocket_saves

Con miedo a protestar y sin indemnización: Tren Maya divide a comunidad de Paraíso Nuevo, Campeche

Orsetta Bellani / Animal Político

El Tren Maya ya causó cambios profundos en Paraíso Nuevo, Campeche. Los espacios públicos han sido ocupados por hombres armados, las excavadoras trabajan a pleno ritmo haciendo polvo y ruido, y los pasos peatonales pronto serán cerrados.

Los habitantes de Paraíso Nuevo, en Campeche, consideran las vías del tren como un elemento de la comunidad, a la par del domo o de los juegos infantiles. Están allí desde mediados del siglo pasado y desde entonces unos vagones de carga las recorren despacio, unas pocas veces al mes. Los pobladores siempre vieron a los rieles nada más como dos piezas de hierro oxidadas y tapadas por la maleza, que les toca cruzar para ir de una parte del poblado a la otra. Las atraviesan continuamente, varias veces al día, pues de un lado de las vías hay unas viviendas, el jardín de niños y la casa de salud; del otro hay más viviendas, el parque y las escuelas primaria y secundaria.

Por eso los vecinos se alertaron cuando supieron que el trazado del Tren Maya, que pronto pasará por allí, estará rodeado por una valla y ya no será posible cruzar las vías una vez que esté en funciones.

Tampoco les agradó la solución encontrada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur): construir un puente, para peatones y vehículos, que los obligará a caminar medio kilómetro más cada vez que quieran pasar de un lado a otro de la comunidad, y que los ancianos y las personas con discapacidad motriz no van a poder subir y bajar.

El malcontento entre los habitantes explotó cuando los 35 ejidatarios de Paraíso Nuevo recibieron una indemnización del gobierno federal de casi 7 millones de pesos, a pesar de que la mayoría de ellos no vive en Paraíso Nuevo, mientras que no estaba previsto ningún desembolso para los 300 pobladores que serán afectados por la obra en su vida cotidiana.

Fue entonces, en julio de 2021, que decidieron levantar su primer plantón y retener a algunas unidades de transporte y maquinarias necesarias para la construcción del tramo 1 del Tren Maya, una obra que partirá el tejido social de una comunidad que quiere ser una.


Afectaciones en el Ejido Don Samuel, por el tramo 1 del Tren Maya | Foto: Orsetta Bellani

Comunidad de Campeche, el “corazón del Tren Maya”

Paraíso Nuevo se encuentra en el municipio de Candelaria, una región verde y ganadera tan plana que el horizonte siempre está a la vista. El tramo 1 del Tren Maya tiene una longitud de 227 kilómetros y está a cargo del consorcio Lamat, creado por Mota-Engil México y China Construction CC.

De acuerdo con el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, el tramo estará listo en octubre y entonces empezarán las pruebas de los primeros vagones que cruzarán esta llanura que divide la ciudad chiapaneca de Palenque de Escárcega, en Campeche, pasando también por Candelaria.

“En la cabecera municipal de Candelaria el Tren Maya pasará por un puente elevado. Para construirlo están rellenando humedales y contaminando el aire: por el polvo y la cal hubo muchas enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, sobre todo en niños y en adultos mayores”, afirma Sara López González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIP).

“Además, unas 300 familias que vivían en el derecho de vía fueron obligadas a dejar sus casas, muchas fueron amenazadas, para nosotros son desalojos forzados”, señala.

Según el CRIP, la obra es promocionada sobre todo como un proyecto que va a detonar el turismo, pero se trata también un tren de carga, un “tren neoliberal” funcional al despojo de los territorios y al desarrollo de la agroindustria.

De hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) afirma que la estación que se está construyendo en Escárcega ―que también se usará para dar mantenimiento a los trenes― es a servicio de la agrologistica.

Esta ciudad bochornosa, donde los camiones de volteo del consorcio Lamat se mezclan con el tráfico intenso del centro, es considerada por el gobierno como “el corazón del Tren Maya”, pues en ella confluyen tres tramos de la obra: el 7 que lleva a Bacalar, en Quintana Roo, el 2 que llega al poblado de Calkiní, Campeche, y el 1 que conecta con Palenque.

El primer ramal del tramo 1 es un terraplén alto que corre casi paralelo a la carretera estatal Candelaria-Escárcega, un camino en muy mal estado por tanto ir y venir de vehículos pesados dedicados a la construcción de la obra. Seguido a lado de la carretera aparecen, en el medio de la vegetación, grandes hoyos pelones que han sido abiertos para sacar material de construcción, y que así quedarán una vez que las obras terminen.


Paraíso Nuevo está dentro del Tramo 1 del Tren Maya en Campeche | Foto: Orsetta Bellani

En esta región hay consenso hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya, pero existen muchas críticas sobre la forma en que se está construyendo y, de vez en cuando, brotan protestas con demandas específicas.

Por ejemplo, a mediados de julio los pobladores del ejido Don Samuel bloquearon el trazado de la obra a la altura de su comunidad impidiendo al consorcio Lamat continuar los trabajos.

Se molestaron cuando se dieron cuenta de que los dos pasos que se habían construido se inundaban cada vez que llovía, además de ser tan bajos como para impedir el tránsito de los carros de redila o de los trailers que diario cruzan la comunidad para llevar víveres y mercancías.

El bloqueo se levantó cuando se alcanzó un acuerdo con Javier May Rodríguez, que prometió la construcción de pasos a ras del piso y más elevados.


Puntos de paso inundados para la población en el Ejido Don Samuel ante el Tren Maya | Foto: Orsetta Bellani

Protestas contra el Tren Maya en Pueblo Nuevo

El primer plantón en Paraíso Nuevo fue en julio de 2021 y participaron 130 pobladores. Tenían seis demandas muy claras, eran tan determinados que enviaron una comisión a la Ciudad de México y obtuvieron una visita de Javier May Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Bienestar.

Durante sus reuniones les prometió pavimentar las calles, componer el sistema de agua potable y la casa de salud, se comprometió a entregar antenas de Internet, paneles solares y apoyos de entre 35 mil y 90 mil pesos para las familias que quisieran ampliar o mejorar sus viviendas.

“Y quienes no tenemos terreno ni casa, ¿cómo le vamos a hacer?”, preguntó una señora a May Rodríguez.

“Consígase un terreno y les vamos a dar dinero para comprarlo y construir su hogar”, contestó él. “Soy un hombre de palabra y vengo de parte del presidente. Si yo quedo mal, dejo mal al presidente”.

Sin embargo, las 25 familias de Paraíso Nuevo que no tienen vivienda ni terreno jamás recibieron el apoyo económico y por esto el 16 de noviembre de 2022 decidieron levantar otro plantón.

Fue justo tres días antes del supuesto inicio del dialogo con Fonatur, el 9 de enero de 2023, que se llevó a cabo un operativo de desalojo por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

“Se vinieron como si fueran a agarrar al narcotraficante más peligroso del mundo”, dice Perla Rubí Garduza Pablo, que participó en las protestas. “Eran unos 60 policías y empezaron con violencia a quitar mallas”.


Obras del tramo 1 del Tren Maya en Campeche. | Foto: Orsetta Bellani

Los uniformados se acercaron a Joel Jiménez Morales, pastor de la comunidad, que las autoridades ubicaban como líder de la protesta y a quien, en algún momento, ofrecieron dinero para que parara las movilizaciones.

“Fonatur ha sido irrespetuosa en los pueblos donde pasa porque simplemente llega, marca y dice “por aquí vamos a pasar”, acusó el pastor durante una entrevista con el medio Versión Informativa Candelaria, en julio de 2022, poco antes de empezar la movilización.

Unos meses atrás, ante un medio local, aclaró: “No estamos en contra del proyecto Tren Maya, estamos en contra del mal manejo de los recursos públicos”.

Varios pobladores se rebelaron cuando se dieron cuenta de que la Guardia Nacional había agarrado el pastor.

“Muchas mujeres corrimos a defenderlo, a mí me aventaron dos veces los judiciales y me lastimaron, se me salió el huesito de la rodilla. Además, agarraron a un niño y lo empujaron, luego lo soltaron porque su mamá les gritó que era menor de edad. A ella también la empujaron“, recuerda Perla Rubí Garduza Pablo.

Naín Camacho López, un hombre que también llegó para apoyar a Joel Jiménez Morales, fue arrastrado e igualmente detenido. Ambos fueron acusados de obstrucción a las vías federales de comunicación, de oposición a la ejecución de una obra pública y de robo en pandilla, pero la fiscalía nunca pudo presentar pruebas y el 12 de junio se cerraron las investigaciones. Hasta el momento, Fonatur no ha cumplido con las promesas que hizo a las 25 familias sin casa ni terreno.
El parque de los niños militarizado

Durante ocho meses los niños de Paraíso Nuevo dejaron de ir al parque. Fue después del desalojo del segundo plantón, en enero de 2023, pues los militares lo ocuparon con sus camionetas, asustaban a los niños con las armas y a veces se emborrachaban.

Los soldados se posicionaron también en la comisaría y, cuando que terminaban las clases, ocupaban la escuela primaria, dejando los baños de los niños sucios.

“Nosotros mandamos en la escuela y los militares son cochinos”, dijeron los padres de familia al presidente municipal, que fue enviado a hablar con los soldados. Desde entonces empezaron a dejar más en paz a los niños, pero las tensiones con la población siguieron hasta cuando se retiraron del parque, a principios de agosto, mientras que la Guardia Nacional sigue estacionada a lado de las vías del tren, cerca de una caoba majestuosa.


Paraíso Nuevo en el municipio de Candelaria, Campeche | Foto: Orsetta Bellani

“La presencia militar ha llenado de miedo a todos los habitantes”, escribían en enero de 2023 los pobladores de Paraíso Nuevo en un comunicado.

“Un compañero de la comunidad fue interceptado por los militares cuando caminaba al amanecer cerca del parque, le fue arrebatado el teléfono celular y fue amenazado con un arma apuntándole en la ingle. La presencia de los militares y de la Guardia Nacional pretende intimidarnos y evitar cualquier tipo de protesta y organización legitima para la defensa de nuestros derechos”.

El Tren Maya ya causó cambios profundos en Paraíso Nuevo. Los espacios públicos han sido ocupados por hombres armados y uniformados, las excavadoras trabajan a pleno ritmo haciendo polvo y ruido, los pasos peatonales pronto serán cerrados y el puente elevado va tomando cada vez más forma.

No hay zonas arqueológicas ni ojos de agua en la comunidad, así que no habrá un paradero para que los turistas desciendan. Como en otros poblados de la Península, el Tren Maya pasará rápido y ensordecedor como un balazo a un lado de las casas y del parque donde, por lo menos, los niños ya regresaron a jugar.

https://www.animalpolitico.com/sociedad/tren-maya-campeche-paraiso-nuevo

Protesta contra la CFE en Valladolid, a punto de salirse de control (Yucatán)

Juan Antonio Osorio / Diario de Yucatán

VALLADOLID.— Una vez más vecinos de esta ciudad descargaron contra empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su enojo por las constantes interrupciones en la energía.

Anteanoche, vecinos de las calles 38 y 49 del barrio de San Juan protestaron enojados porque se quedaron sin energía el martes y miércoles, y estuvieron a punto de golpear a unos empleados de la CFE.

Por si fuera poco, entre el griterío alguien sugirió prenderle fuego a la camioneta en que se movilizaban, pero prevaleció la cordura ante la advertencia de otro de los inconformes en que sería una arbitrariedad.

Los ánimos se calmaron y los trabajadores procedieron a buscar una solución a la falta de energía.
Escala la molestia contra la CFE; vecinos amenazan con quemar un auto

Más de 50 vecinos protestaron enardecidos debido a los apagones que se registran casi todos los días. Hace un mes, vecinos de un sector del barrio de Santa Lucía, debido a que quedaban de manera constante sin corriente amarraron a un poste a un trabajador de la CFE y luego varias personas de la calle 39 del barrio de Bacalar bloquearon esa arteria porque se quedaron sin el servicio. En ambos lugares se instalaron nuevos transformadores y hasta donde se sabe no han tenido otras suspensiones del servicio.

Sin embargo, los apagones continuaron en otros sectores de la ciudad, como la calle 30 entre 39 y 41, en donde también se instaló otro transformador, con lo que supuestamente se resolvió el problema.

De acuerdo con información de los vecinos de la calle 38 y 49, desde el martes se quedaron sin el servicio, por lo que acudieron a la oficina de la CFE para reclamar, pero el encargado de apellido “León”, se tardó mucho tiempo para atenderlos, por lo que se originó una discusión en el lugar, aunque les ofrecieron resolver el problema

Por la tarde-noche del mismo martes se restableció el servicio, pero el miércoles por la mañana se volvieron a quedar sin luz, por lo que subió de tono la molestia de los vecinos. El asunto se resolvió el mismo día alrededor de las tres de la tarde, pero solo subieron las cuchillas de nuevo y se supone que se resolvió el problema.

Sin embargo cerca de las diez de la noche del miércoles se volvieron a quedar sin el servicio, por lo que fueron saliendo de sus casas hasta reunirse en la calle 49 con 38, que cerraron a la circulación pero de manera física, es decir no pusieron ningún objeto.

Los afectados comenzaron a pedir la presencia del personal de la CFE, quienes llegaron al lugar de los hechos, de tal modo que la gente cuando los vio, comenzó a gritar “¡agárrenlos!” “¡quemen la camioneta””, sin embargo uno de los manifestantes, José Luis Sánchez Aguilar”, mantuvo la cordura y les dijo “¡No, no cometan arbitrariedades, lo que se quiere es el servicio!”, por lo que los manifestantes ya no insistieron.

Exigen soluciones a la CFE

Al lugar llegó el encargado de la oficina de la CFE, de apellido “León”, quien dijo que debido a las cuarterías que se construyeron en la zona, se recargó el transformador, por lo que los vecinos le respondieron que no es asunto de los afectados si no de la misma paraestatal.

Los vecinos le dijeron que la misma CFE autorizó las instalaciones eléctricas en las cuarterías, de modo que existe una gran corrupción entre quienes otorgan las anuencias sin hacer un análisis de las condiciones en que se encuentran las instalaciones.

Luego los empleados se encargaron de hacer interconexiones entre sectores de los cables, para reforzar la que estaba débil, con lo que resolvieron momentáneamente el problema. Los afectados dijeron que no se resolvió de fondo el mal servicio.

Amagan con tomar el edificio de la CFE

Durante el bloqueo presencial, un auto de color rojo, cuyo conductor cruzó a la fuerza, fue objeto de agresión, pues los mismos afectados golpearon el cofre del vehículo, pero éste no se detuvo y siguió su marcha.

José Luis Sánchez Aguilar, uno de los afectados, advirtió que ya se pusieron de acuerdo todos los vecinos y determinaron que en caso que se registre otro apagón se dirigirán a la oficina de la CFE y tomarán el edificio, impedirán que los empleados entren a trabajar o que salga algún vehículo del lugar y no se retirarán en tanto no se resuelva de manera definitiva el problema de los apagones.—

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/9/1/protesta-contra-la-cfe-en-valladolid-punto-de-salirse-de-control-429423.html

Cierran primaria por falta de maestros (Yucatán)

Yucatán Ahora

Padres de familia de la escuela primaria “Ermilo Abreu Gómez”, de la colonia México Oriente, cerraron el plantel como protesta por la falta de maestros que les aqueja desde hace años.

Según Karina Gómez, una de las personas que protestaron, la escuela inició el curso con dos maestros de base faltantes, por lo que el director del plantel ha tenido que impartir clases a un grupo, aunque sus funciones le impiden hacerlo de manera correcta.

Señaló que, desde hace 8 años, esta misma situación a quejado al colegio, el cual se caracteriza por proporcionar clases a niños con alguna discapacidad, algo que se ha mermado por la falta de docentes.

Señaló que se manifestó está situación a la directora de educación primaria de la Segey, Adlemi Arjona Crespo, la cual ofreció apoyar a la institución, aunque refieren que solo se les envía maestros de contrato que luego son cambiados de manera constante.

“Mi hija, por ejemplo, terminó el curso anterior con 5 maestros. Ella padece discapacidad auditiva y eso no abona en nada en su educación “, apuntó.

Dijo que, debido al prestigio que el plantel tiene, en materia de educación a niños con discapacidad, personas de Kanasín y colonias como Las Américas y Caucel, han matriculado a sus hijos, aunque la falta de docentes les aqueja.

De hecho, refirió que una de las soluciones que se les planteó fue unir grupos, medida que rechazaron.

También, afirmaron que las autoridades han reprochado que la escuela se está quedando sin alumnos, pues hoy solo tiene matriculados 98 estudiantes, aunque los jefes de familia aseguran que esto se debe a que varios niños fueron cambiados de escuela por la ausencia de docentes.

Señalaron que mantendrán el colegio cerrado hasta que la Segey les envíe los dos maestros de planta que requieren para la educación de sus hijos.

https://yucatanahora.mx/cierran-primaria-por-falta-de-maestros/

Tren Maya: narco y otras ‘Stranger Things’ que lo acechan

Planteado como un atractivo para turistas y como eje de desarrollo, el Tren Maya también convivirá con problemas añejos en México: el narcotráfico, el daño ambiental, aún con consecuencias por calcular.

Una camioneta llegó a la comunidad de Maya Balam, en la zona rural de Bacalar, Quintana Roo. El hombre que bajó de ella enterró en el suelo una bandera y anunció: “Maya Balam y las comunidades cercanas ya pertenecen a esta facción”. A unos cuantos kilómetros, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador levanta el Tren Maya, una promesa de prosperidad con denuncias por daño al ambiente y contaminación de acuíferos.

Uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del sexenio que, en un contexto de incremento de inseguridad, será patrullado con drones, aviones y agentes del Ejército, la Policía Municipal y la Guardia Nacional.

“Hay una violencia tremenda en las comunidades, hay asesinatos y el crimen organizado está llegando a las poblaciones más pequeñas”, contó Aldair Tut, un dibujante oriundo de Bacalar que forma parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya en el colectivo Múuch Xíinbal.

El Tren Maya tiene planteado un recorrido de 1 mil 554 kilómetros por cinco estados del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este último estado, es el que más dolores de cabeza ha significado para el gobierno federal por los problemas para la ejecución del proyecto y por la violencia, que es un problema añejo.

La violencia en Quintana Roo, una herencia de gobiernos anteriores contra la que lucha con vehemencia la casi recién llegada administración de la morenista Mara Lezama, se reportaba principalmente en las zonas turísticas ubicadas al norte de la entidad, pero poco a poco los levantones, baleados y ejecutados aparecen de forma más cotidiana en el sur del estado, de acuerdo con reportes policiales.

Pese a la presencia policiaca y militar, la inseguridad no se detiene. Entre 2018 y 2022, los crímenes en Quintana Roo pasaron de poco más de 34 mil a 51 mil 297. Un incremento superior al 50 por ciento en cuatro años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizadas por Grupo Fórmula.

En medio de este panorama y tan solo en el primer semestre del año, por vía aérea llegaron a Cancún más de 5 millones de turistas, siendo 4.8 millones de extranjeros, según reportes oficiales de las autoridades aeronáuticas.

Los casos de violencia se reportan en varias partes de Quintana Roo. Según la prensa local, hasta agosto de este año, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a 226 kilómetros de Benito Juárez, se han contabilizado al menos 20 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.

En marzo, cámaras de seguridad captaron el secuestro del empresario Cipriano Torres por un comando armado que lo torturó y abandonó su cuerpo en una bolsa en la capital, Chetumal. Las dos personas detenidas por el asesinato fueron ligadas al Cártel de Caborca por las autoridades del estado.

Quintana Roo, dañado por gobiernos cuyos exmandatarios incluso terminaron en la cárcel por narcotráfico, se ubica en el Top 10 de estados con más homicidios en el país, pues ocurren 151 por cada 100 mil habitantes, según información divulgada por el Gabinete de Seguridad federal el pasado 7 de agosto de 2023.

Este 1 de septiembre, el presidente López Obrador recorrerá el primer tramo del Tren Maya. Un trayecto de supervisión entre Campeche y Mérida de un megaproyecto que casi triplicó su costo en cinco años, al crecer de los 120 mil millones hasta los 373 mil 699 millones de pesos, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A inicios de 2023, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González dio a conocer el Plan de Seguridad del Tren Maya que contempla 3 mil 200 elementos de seguridad física, 28 drones, 2 batallones de seguridad ferroviaria y 38 instalaciones de la Guardia Nacional. Aunque desde antes las corporaciones gubernamentales patrullaban la construcción.

Los batallones de la Guardia Nacional ofrecerán diversos tipos de seguridad, desde la operacional, con el monitoreo de comunicaciones y señalización hasta el resguardo físico.

En las zonas aledañas al Tren, la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Municipal es constante. Incluso activistas que buscaban proteger cuevas como Dama Blanca, en el tramo 5, tuvieron que lidiar con enrejados en las zonas de construcción que evitan el registro del megaproyecto, incluyendo eventuales daños ambientales.

“Ya hasta van mezclados”, señaló Tut. Elementos de los tres órdenes marchan, viajan en camionetas, se encapuchan y avanzan con sus armas a la vista de los pobladores. Las comunidades mayas aseguran que, más que seguridad, perciben desprotección. El resguardo militar se focaliza en una sola cosa: el Tren.

“Solo están ahí para proteger un proyecto porque está el trazado y hay mucho descontento”, aseguró el integrante de la Asamblea.

En julio de este año, la mandataria estatal anunció la inversión de 2 mil millones de pesos para la adquisición de equipo para la Policía de la entidad. El gobierno del estado entregó a la corporación alrededor de 689 vehículos, 507 chalecos antibalas además de un helicóptero a fin de blindar al estado contra la inseguridad.

“En seguridad no son admisibles las obras o los actos de relumbrón. Ya tuvimos mucho de eso durante mucho tiempo, y las consecuencias las tenemos hoy a la vista” comentó.

Sin embargo, delitos como el narcomenudeo han incrementado tanto a nivel nacional como en la entidad donde se construye el Tren Maya. De acuerdo con datos del Secretariado, de 2018 al cuarto trimestre de 2022, el narcomenudeo a nivel nacional pasó de 58 mil 588 a 86 mil 368 en todo el país. En los delitos relacionados al narcomenudeo, desde el inicio de este sexenio y hasta 2022, la cifra pasó de 166 mil 199 a 315 mil 676.

No obstante, el esfuerzo del gobierno estatal también ha sido para modificar la legislación de Quintana Roo a fin de crear nuevas instituciones de seguridades tales como la creación de una Policía de Investigación e Inteligencia.

“La seguridad representa el problema más importante para nuestro estado. Para resolver este dolor, desde la campaña electoral promoví la evolución del modelo de seguridad pública a un nuevo modelo de seguridad ciudadana”, dijo Lezama.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Quintana Roo, Mara Lezama se ha comprometido a reducir la tasa de la incidencia delictiva en un 17.5% durante su administración, que concluye en 2027.

Al cerrar su administración, el exgobernador Carlos Joaquín González dejó al estado como el décimo estado más inseguro del país, según datos del gobierno federal.

En plena construcción de un proyecto que atraerá millones de turistas a Quintana Roo, el narcomenudeo en el estado pasó de 500 delitos registrados en 2018 a 1 mil 881 al cierre de 2022, según el SESNSP. Un crecimiento del 276 por ciento que se aceleró especialmente en 2020, un año antes de que iniciaran las construcciones del Tren Maya en Benito Juárez.

“El tren es un juguete para el narco”, dijo Michel Duhart, activista de Selvame del Tren. “Si va a haber turismo masivo, el turismo masivo requiere drogas”, aseguró.

El 9 por ciento de los delitos en la entidad se concentraron en crímenes violentos como homicidios dolosos, secuestros, lesiones dolosas y narcomenudeo. Estas últimas dos con el mayor incremento a partir de 2018 con 12 y 276 por ciento, respectivamente en el estado.

El municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, está ubicado en el lugar nueve de los 50 más violentos del país, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su más reciente reporte publicado el 22 de agosto de 2023.

A partir de 2020, correos filtrados en los Guacamaya Leaks y reportes de Latia Intelligence, identificaron por lo menos cinco organizaciones criminales en Quintana Roo, las dos más fuertes: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque también destaca la presencia de Los Zetas, el Cártel del Golfo y algunos grupos criminales regionales.

Las principales actividades de los cárteles en esta zona se concentran en el narcotráfico, narcomenudeo, cobro de derecho de piso y delitos de alto impacto como el robo a transportistas y la trata de personas.

“Ya tenemos muestras de la violencia Cancún, Tulum y Playa del Carmen”, explicó Tut. Tal cual, Cancún fue considerada entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad con un 83.3 por ciento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su municipio, Benito Juárez, registró más delitos de narcomenudeo en el SESNSP que cualquier otra demarcación en la entidad este sexenio.

El problema de inseguridad en Quintana Roo no es nuevo, en los sexenios anteriores de gobiernos priistas y panistas, los niveles no hicieron más que crecer; un pasado que la actual gobernadora Mara Lezama, quien ostenta el cargo apenas desde 2022, busca revertir, por el bien de los quintanarroenses, pero también a sabiendas del flujo económico que deja el turismo.

“Estamos trabajando en la percepción, porque si te hablo que tenemos la cantidad de millones de turistas (en Quintana Roo), el flagelo que tiene alguno de ellos, estamos el 0.000007 por ciento”, detalló. “El 99.8 por ciento o casi 99.9 por ciento se van sanos y salvos a casa a menos que salgan de un lugar, que vayan a lo mejor a una renta vacacional o estas situaciones”, sostuvo en la conferencia matutina de López Obrador del pasado 7 de agosto de 2023.

Para Tut y las comunidades mayas: “Este tipo de turismo, que le dicen ‘de desarrollo’, va a representar un movimiento tremendo de dinero. Eso es lo que busca el crimen organizado. Nosotros sentimos que lo ven como un mercado en crecimiento”.

En entrevista con Grupo Fórmula, el director de la empresa Tren Maya S.A. de C.V., Óscar Lozano Águila, negó un incremento sustancial en la violencia, pero señaló que hasta la fecha han registrado alrededor de 20 incidentes en todo el megaproyecto.

“Yo creo que no se ha recrudecido la violencia, yo creo en el esquema de seguridad”, dijo. “Además de esta seguridad que va a tener exclusivamente el tren, existe el ámbito de la seguridad pública, la infraestructura de las secretarías de seguridad estatales y la infraestructura de las municipales”.

En este sentido, el narcomenudeo es uno de los delitos con mayor crecimiento, especialmente a partir de 2020 en los municipios por donde pasará el Tren Maya. Benito Juárez, donde los turistas visitan Cancún, aumentó 92 por ciento la incidencia delictiva de este crimen; Solidaridad que tiene Playa del Carmen subió 165 por ciento y Tulum alcanzó un 132 por ciento de incremento.

La violencia se ha ido extendiendo al sur. Bacalar, donde nació Aldair, es el sexto municipio -de los 11 que tiene la entidad- más violentos de Quintana Roo este sexenio, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 2018 a 2022 los delitos incrementaron 70 por ciento. Mientras que municipios como Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto se colocan incluso por encima de la localidad de Tut.

Un caso similar al narcomenudeo es el de las lesiones dolosas. A nivel estatal registraron un incremento del 12 por ciento en lo que va del sexenio, también acelerado a partir de 2020. Los municipios más afectados por este crimen son Benito Juárez, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, la mayoría al sur de Quintana Roo.

Los testimonios recabados denuncian que “el narco se quiso meter al Tren”, pero, en cambio, han inaugurado bancos de materiales ilegales en la carretera Chetumal-Calakmul.

Mientras los mayas lidian con la extensión del narcomenudeo en el Tramo 5 sur, que viajará de Cancún a Tulum, una mole de concreto se levanta en forma de viaducto elevado para “proteger” acuíferos, flora y fauna que, sin embargo, son destruidos por el Tren, según activistas ambientales.

Tren Maya: Los riesgos por el tipo de suelo

El terreno de Quintana Roo sobre el que correrá el Tren Maya es kárstico, es decir, un suelo ahuecado y hecho de rocas sedimentarias solubles. Por debajo de la capa superficial, un gran acuífero con cavernas y cenotes concentra el agua dulce, mantiene en armonía el ambiente y evita que el agua salada del subsuelo suba y destruya el ecosistema caribeño.

Un informe del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la etapa de Ingeniería Básica del Tren Maya, determinó que “cuando menos el 25 por ciento del trazo del proyecto se localiza en zonas de alta o muy alta karsticidad”.

Al analizar los siete tramos, los expertos de la UNAM fueron claros: “La evaluación del peligro kárstico no puede soslayarse (evitarse) para ninguno de los tramos del Tren Maya, de lo contrario, aumentará la probabilidad de que durante la construcción y operación del tren ocurran eventualidades no deseadas e inclusive peligrosas”.

Pese a ello, el gobierno continuó con la edificación del Tren. En febrero de 2023, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer la construcción de un viaducto elevado de 42.1 kilómetros en el Tramo 5, tras denuncias por contaminación del acuífero, tapado de cenotes y destrucción de zonas arqueológicas. Activistas y expertos han pronosticado que el tramo elevado, y el puente atirantado que incluirá, podrían colapsar por la estructura del suelo y el peso que tendrá la construcción.

“Actualmente ya se han caído varios pilotes (del viaducto elevado) y todavía no pasa nada por encima”, afirmó el activista de Selvame del Tren, Michel Duhart, quien además denuncia una fuerte contaminación acuífera por el acero en los pilotes que sostendrán el puente.

“Si en la preconstrucción del tren elevado ya se han caído pilotes, no quiero pensar qué va a pasar cuando ya esté circulando el tren”, señaló el activista. ¿Podría pasar un colapso como el de la Línea 12? “Así, tal cual, mucho más fácil”, respondió.

En respuesta, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que el próximo viernes 1 de septiembre trasladará el mando de la obra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sostenido que en el trayecto del tramo 5 se construye con ingeniería de última generación para proteger el suelo kárstico, así como cenotes, cavernas y ríos subterráneos.

El director de la empresa Tren Maya S.A. de C.V., Óscar Lozano Águila, aseguró a Grupo Fórmula que “se tiene la suficiente fuerza en el proyecto para sostener los pilotes, de tal suerte que el Tren Maya tenga la garantía de seguridad de circular a 160 kilómetros por hora sin posibilidad de colapsar la infraestructura”.

La obra incluye también un puente atirantado de alrededor de 266 metros de longitud por el cual cruzará el Tren Maya, a fin de salvaguardar la cueva conocida como ‘Garra del Jaguar’.

En 2012, la Garra del Jaguar, una cueva subterránea de 47 kilómetros de extensión fue descubierta en las entrañas de la selva de Paamul. De acuerdo con investigadores y protectores del medio ambiente, en este lugar habita el jaguar, además de diversos tipos de murciélagos y mamíferos.

Justo arriba de este sistema de cavernas y ríos subterráneos correrá el puente atirantado, el cual construye Grupo Indi y promete librar el área natural de 124 metros como parte del segundo subtramo de este proyecto, que consta de 20.7 kilómetros.

Debajo de la ruta del Tren Maya se extiende un acuífero con ríos y cavernas subterráneas, algunas descubiertas durante el desarrollo del megaproyecto. Entre Playa del Carmen y Tulum se tiene el registro de cuando menos unos 1 mil 600 kilómetros de cuevas inundadas y, aunque no se tiene una relación precisa de los cenotes, la asociación El Gran Acuífero Maya estima que puede haber más de 10 mil sólo en Quintana Roo y Yucatán, lo que implica que el suelo no es firme, sino ahuecado y con riesgo de hundirse al cargar peso excesivo.

Según mapeos realizados por la asociación, tan sólo en Tulum existen al menos 2 mil kilómetros de pasajes subterráneos con terreno kárstico inundados.

La Península de Yucatán se caracteriza por tener un suelo con estas condiciones, es decir, este tipo de terreno se constituye fundamentalmente por rocas compactas como la caliza, dolomita y yeso, entre otros minerales solubles en agua, lo cual lo hace inestable, con movimiento.

La organización ambiental Cenotes Urbanos ha cuestionado la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya al advertir que la poca profundidad y el sistema cavernoso de la zona podría propiciar el colapso de la infraestructura ferroviaria.

En medio de las construcciones del Tren, un socavón se abrió en Akumal, Yucatán. Era mayo del 2023 en pleno tramo 5 del Tren Maya. Con anterioridad, se registró una pequeña entrada por donde apenas pasaban una o dos personas, pero el peso de una máquina colapsó el suelo, dejando al descubierto un gran cenote que fue nombrado “Caída del Tren”.

Entre los reclamos ambientales y un terreno irregular en el que construir, un informe filtrado por Guacamaya Leaks apuntó directamente un riesgo de colapso de “alto a severo” en el tramo 5, sobre todo en el que va de Tulum a Playa del Carmen.

De 83 intervalos del tramo, 15 fueron considerados como zonas de riesgo severo y 12 de alto riesgo, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

El documento destacó que en el tramo 5 existe una “condición kárstica extrema” que reúne las características para ser considerada una zona de riesgo. “Del análisis de peligro se concluye que la mayor susceptibilidad en el tramo 5 es de hundimiento por karsticidad”, se lee en el documento.

“Dado que están en suelo kárstico, sujeto a la corrosión, nada asegura la estabilidad”, dijo Duhart.

En diciembre de 2022, ante las voces que alertaban sobre un riesgo de colapso del viaducto elevado del tramo 5, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los pilotes estarán a una profundidad de 25 metros donde el suelo es firme.

“A la altura de Tulum, es la zona de más riesgo kárstico que tenemos. Pero abajo de esta frontera, debajo de la capa de agua dulce y del nivel medio del mar, el terreno es muy consistente, muy uniforme, prácticamente no hay karsticidad, entonces la decisión fue ‘vámonos a 25 metros de la superficie’ y se hicieron 3 mil 600 sondeos”, explicó el coronel Antonio Sánchez Carrasco de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La aportación de esto es mostrar que la frontera de aquí hacia abajo nos brinda un buen terreno para que los demás consorcios, si así lo consideran, pueden hacer estudios, pruebas de carga, pueden diseñar con toda la seguridad”, explicó el militar, sugiriendo que la mayor parte de los 70 kilómetros de viaducto elevado estarán en la parte sur del tramo 5, a cargo de las empresas ICA, Mota Engyl e INDY”, apuntó.

Con el viaducto elevado, el Gobierno Federal pretende salvaguardar cuevas como Garra de Jaguar y Las Manitas, donde se encontraron pinturas rupestres, la cueva Ocho Balas y el complejo arqueológico Paamul II. Aunque los activistas denuncian que existen otros vestigios que fueron localizados y tapados durante la construcción, mientras la sanidad del agua, cuidada por décadas por comunidades mayas, peligra ante el megaproyecto.

“(El tramo elevado) significa la protección de ríos subterráneos, de cuevas, cenotes y se está librando. Se está protegiendo de verdad, no de manera demagógica, el medio ambiente. Por aquí cerca estaban unos que se oponían al Tren Maya y destruyeron todo, hicieron ríos subterráneos artificiales, como es el caso de Calica, no sólo se dedicaron a sacar material, a crear bancos para llevarse grava a Estados Unidos, sino que tienen hasta sitios arqueológicos”, expuso López Obrador en una supervisión realizada en enero de 2022.
Envenenar el agua

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontró la cueva Dama Blanca en 2022, la bautizaron con el nombre de ese pez blanco y ciego que avanzaba entre el agua cristalina, una especie endémica y en peligro de extinción que vive en medio de la selva de Quintana Roo.

A principios de este año, el presidente López Obrador dijo que desde que inició la construcción del Tren Maya en el sureste del país, el proyecto ha enfrentado al menos 50 amparos que buscan su detención.

No obstante, celebró que el Poder Judicial haya desechado todas las inconformidades y haya permitido el avance del proyecto pese a la fuerte oposición de actores de la sociedad civil como el activista Claudio X. González.

La existencia de la Dama Blanca, acompañada por el tramo 5 del Tren Maya, ahora está en riesgo conforme avanza la construcción que contamina el agua y la tala de decenas de hectáreas de selva.

En abril de 2022, activistas denunciaron que la tala de árboles para el paso del tramo 5 implicaría, cuando menos, la devastación de al menos 8 millones de árboles de la selva en un tramo de 20 kilómetros.

El tramo 5 sur tiene una extensión de 67.7 kilómetros y su construcción está dividida en tres subtramos.

La entrada a la cueva Dama Blanca apenas lograba percibirse entre las máquinas y el aplanado del tramo 5, de acuerdo con evidencia videográfica proporcionada por el colectivo Selvame del Tren.

Si dentro aún hay peces, no se sabe por cuánto tiempo, si aún hay agua, seguiría tan grisácea como la última vez que activistas y pobladores pudieron entrar a verla.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado daños a la cueva Dama Blanca y afirmó que el gobierno y la empresa ICA se han asegurado que las labores de construcción no afectarán la formación cavernosa.

“Estamos trabajando, precisamente, con la empresa ICA, aquí presente, para trabajar los ajustes, los pivoteos que se requieran para asegurarnos que no se va a tocar la formación cavernosa, de manera que aquí están los trazos que, además, consideran que en toda esta área es la vía elevada”, sostuvo en su conferencia de prensa del pasado 9 de mayo de 2023.

En tanto, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, aseguró que las autoridades no encontraron elementos de prueba que afirmen que la cueva ha sido dañada por la construcción.

‘No encontramos nada, el elemento está intacto. Se trasladó el equipo de arqueología al sitio y pues no encontramos nada, el elemento está intacto”, aseguró el funcionario en la misma conferencia.

“Pueden ustedes observar el abrigo rocoso de ingreso a la cueva, no tiene ningún problema, la vista interior de la cueva sin alteración y la vista donde se aprecia que el área fue protegida”.

Tren Maya envenena el agua de la Dama Blanca y otra cuevas y acuíferos

“Están contaminando nuestras aguas y nuestros cenotes”, aseguró Aldair Tut, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, en el colectivo Múuch Xíinbal, que acusa al Gobierno Federal de emparejar el suelo, talar la selva y tapar los acuíferos para que pase el Tren Maya por el tramo 6. Ahí, cerca de donde la Sedena se vio obligada a retirar escombros con los que rellenaban el Estero de Chac por un supuesto “error” humano.

Este escenario se repite en el tramo 5 del megaproyecto, cuyo trazado inicial no entraría a la selva. Avanzaría por la carretera federal 307, una zona ya impactada por la urbanidad. Pero ante quejas de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y otras 15 organizaciones cambió la ruta adentrándose en un paraíso caribeño.

“Han estado llenando cavernas como la Dama Blanca, cavernas que están protegidas por la ley”, señala Tut. “El agua es parte de nuestra comunidad, no podemos vivir sin ella. El agua tiene una función en nuestra comunidad, vivimos de ella, pero la respetamos porque tiene un sentido espiritual”.

Uno de los riesgos más fuertes al acuífero es el viaducto elevado del tramo 5, que quedará asegurado al suelo subterráneo de Quintana Roo con pilotes que pasarán entre cavernas y cenotes.

“La Península de Yucatán ya sufrió un estrés hídrico (que significa que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible)”, señaló Michel Duhart, especialista de Selvame del Tren. “No obstante, para meter los pilotes usan camisas de acero que se van a oxidar, se van a corroer y eso está en contacto con el agua, un agua prístina que alimenta la Riviera Maya y eventualmente a toda la zona hotelera y a las comunidades aledañas”.

El impacto ambiental del Tren Maya incluye un riesgo de desertificación del espacio, que significa, explica Duhart, que cuando la tala y la contaminación impidan la recarga del agua dulce en los cenotes, será el agua salada la que salga desde abajo hacia un ecosistema que no está preparado para su arribo.

Algunos especialistas e ingenieros pronosticaron a Selvame del Tren que por las condiciones de la obra sólo entre el 20 o 30 por ciento de los pilotes serán efectivos en el viaducto.

Cuestionado al respecto, el director de la empresa Tren Maya S.A. de C.V. el general Óscar Lozano Águila, aseguró que se toman todas las medidas para minimizar afecciones al acuífero y que los pilotes fueron desarrollados uno a uno para soportar el peso del Tren.

“La Secretaría de la Defensa Nacional y los tres consorcios que están en el tramo 5 Sur están teniendo el cuidado de hacer estudios casi por cada columna”, explicó. “Están buscando no afectar los mantos acuíferos. Eso es muy importante. Cada pilote que se mete se recubre, es decir, va un recubrimiento para que lo que toque el agua no sea el acero y no haya un proceso de oxidación”.

Además, recalcó que para evitar incidentes en las zonas kársticas más largas se colocará un puente atirantado que, aseguró, protegerá la cueva Garra de Jaguar.

Pese a estas afirmaciones, Selvame del Tren compartió evidencia gráfica de que las estructuras de acero se encuentran en contacto con el agua, poniendo en riesgo al acuífero y comunidades mayas, quienes además son víctimas de expropiación de tierras, pese a que viven en más del 50 por ciento del estado.

Tut aseguró que en Quintana Roo hay personas que enferman de cáncer por la contaminación del agua, donde incluso se identificó la presencia de glifosato, un herbicida relacionado con el cáncer por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.

En 2019, en los municipios de Cozumel y Tulum, en Quintana Roo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de un reporte de Diagnóstico sobre la Contaminación de Plaguicidas en Agua Superficial, Subterránea y Suelo identificó plaguicidas.

Aunque el general Óscar Lozano Águila negó que el Tren Maya tuviera impactos negativos en el ambiente, reconoció que dentro del proyecto hay presupuesto para “subsanar” la tala de árboles y otras actividades que se realizaron para la construcción del Tren.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) va a tener que cumplir para lograr hacer la mitigación y recuperación de todo lo que hemos afectado”, dijo. “Tenemos que sembrar más de 500 millones de árboles, tenemos que proteger las especies animales y flora comprometidas y tenemos que hacer una serie de medidas que cuestan mucho dinero y que están incluidas en el presupuesto”.

Por ejemplo, en abril de 2022 el presidente López Obrador afirmó que el impacto del Tren Maya sobre la selva de Quintana Roo sólo tiene presencia en 100 hectáreas donde la mayor parte de los árboles son acahuales.

Sin embargo, afirmó que para compensar el impacto, su gobierno reforestará alrededor de 200 mil hectáreas con árboles.

“Nuestros adversarios, con el apoyo de pseudoambientalistas y sus viveros, han montado una campaña contra el Tren Maya, pero esta es nuestra versión: en mil 500 kilómetros del tren se impactarán 100 hectáreas, la mayor parte de acahuales; sin embargo, al mismo tiempo se están reforestando 200 mil hectáreas, y se van a crear tres grandes parques naturales con 18 mil hectáreas y en las orillas de las vías se sembrarán hileras de árboles de flor, como guayacán, maculí y flamboyán”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en un mensaje difundido en Facebook.

El general Lozano Águila señaló que para cumplir con ello se creará un grupo de biólogos y especialistas “para garantizarle a la gente que el Tren Maya definitivamente está cumpliendo con toda la normativa ambiental tanto nacional como internacional”

Es en la selva donde nace el azul del Mar Caribe. El manto acuífero de Quintana Roo traslada el agua hasta las comunidades aledañas donde es utilizada en la vida diaria y en sentidos espirituales como zonas de convivencia social, impactadas hoy en día.

Los humedales y cuerpos de agua en el país “representan ecotonos de transición entre elementos terrestres y acuáticos donde el agua es el principal factor que controla el ambiente y la biodiversidad asociada”, señaló un Estudio Previo Justificativo Para Área Natural Protegida, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Pese a ello, el agua en el tramo 5 y 6 del Tren Maya corre riesgo de ser contaminada, mientras en otras secciones la carencia del líquido es latente. Todo esto mientras las comunidades mayas experimentan el lado más turbio de vivir junto al Tren.

Tren Maya: un proyecto que inicia incompleto

En diciembre de este año comenzará operaciones el Tren Maya, sin embargo, lo hará incompleto. Aunque el gobierno federal prometió que el proyecto tendría 42 trenes para operar, en una primera etapa sólo funcionará con seis convoyes para recorridos estándar.

Es decir, si los usuarios quisieran hacer viajes largos y dormir en el Tren Maya o incluso tener experiencias gastronómicas, tendrán que esperar varios meses, por lo menos 5, para poder realizarlo.

El día de la inauguración únicamente seis trenes avanzarán por las nuevas vías, reveló el director de la empresa Tren Maya S.A. de C.V., el general Óscar Lozano Águila.

Los 42 trenes, construidos en Ciudad Sahagún, Hidalgo, por Alstom México, tendrán un costo de 36 mil 564 millones de pesos y fueron nombrados en maya de acuerdo con los servicios que brindarán.

Xiinbal, que en español significa ‘correr’, será utilizado para los trayectos estándar. Janal, que significa ‘comer’, tendrá vagones con restaurante, y finalmente P’atal, alusivo al descanso, ofrecerá carros con dormitorio.

“El 1 de diciembre de 2023 vamos a entrar con solamente seis trenes diesel en la inauguración, seis trenes únicamente van a estar probados y listos para iniciar operaciones”, dijo el general en exclusiva para Grupo Fórmula.

Para abril de 2024 contará con otros siete convoyes híbridos (diésel-eléctricos) que entrarán en servicio una vez que esté lista la catenaria que corre de Mérida a Cancún.

“Esto nos permitirá destacar la operación ecológica de las rutas electrificadas desde estación Tella hasta estación Chetumal”, dijo Lozano Águila.

A partir de abril, cuando entrará en funcionamiento la segunda etapa del Tren Maya, el gobierno recibirá convoyes de la configuración P’atal, que son diseñados para viajes de larga distancia y que contarán con camarotes para traslados entre Cancún y Palenque.

De acuerdo con la dirección del Tren Maya, para este momento, se recibirán alrededor de 20 convoyes.

Por último, a finales del próximo año, el Tren Maya contará con ocho trenes de la configuración Janal que tendrán restaurantes para brindar experiencias gastronómicas en recorridos cortos.
La carga: la otra vocación del Tren Maya, hasta agosto de 2024

El proyecto del Tren Maya no se pensó únicamente como un medio de transporte. Lozano Águila destacó en un primer momento los beneficios turísticos y serviciales de este proyecto han acaparado la atención. Sin embargo, dentro de la vocación “la carga es tan importante como la viabilidad del proyecto”.

El Tren Maya, señaló, debe llegar a un punto de equilibrio, sobre todo si se pretende que el proyecto genere utilidades a mediano plazo.

“El servicio de carga va a iniciar operaciones el 1 de agosto del 2024”, dijo. A partir de esa fecha, se contempla que el Tren esté en condiciones de trasladar carga por la Península. “En el análisis que se ha hecho a toda la zona fundamentalmente se van a transportar combustibles. Nuestro principal socio será en este momento Petróleos Mexicanos (Pemex)”, detalló

El director de la empresa Tren Maya recalcó que el 82 por ciento de la carga será de combustibles suministrados por Pemex, con el objetivo de reducir los costos de distribución de la dependencia, al mismo tiempo que el Tren obtenga recursos por traslados que anteriormente se hacían en carrotanques.

Además, el Tren Maya moverá granos, metales, componentes de la industria manufacturera en Yucatán y gramínidos para Campeche. Lozano Águila pronosticó que al año se transportarán 90 mil toneladas de productos.

“Eso nos convierte en un transporte muy eficiente de carga y que va a estar compitiendo con el resto de las empresas que mueven carga en el resto del país”, aseguró.

El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que será inaugurado en septiembre y cuya operación con normalidad se dará a más tardar en diciembre de 2023 y que correrá del puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, hacia Salina Cruz, en Oaxaca, tendrá un papel fundamental en el traslado de carga del Tren Maya. Ambos se convertirán en “proyectos hermanos”. Uno administrado y operado por la Secretaría de Marina y el otro por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Vamos a converger en Palenque”, adelantó el general. “El servicio se prestará precisamente a partir del modelo interlineal en el que Tren Maya va a recibir y entregar carros de intercambio en Palenque, Chiapas, generando su propia red de tráfico local”.

El objetivo del gobierno se concentra en atender necesidades específicas de la industria y el comercio que se encuentra en los cinco estados que recorrerá el tren: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Entre las ubicaciones más importantes están los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos, desde donde se alimentará la carga para que Puerto Progreso pueda convertirse en el “alimentador hacia la costa oeste de Estados Unidos”, con miras a trasladar la carga del Pacífico al Atlántico.

Así, el otro lado del Tren Maya cuenta con un proyecto de carga que incluye apoyo a Pemex, traslado de metales y la generación de utilidades a largo plazo, es decir, en unos seis años, de acuerdo con el presidente López Obrador.

https://especiales.radioformula.com.mx/especiales/tren-maya-narco-y-stranger-things-que-acechan/

Galería | ‘Muro de la Memoria’ por Desaparecidos en Zacatecas

N+, Agosto 30, 2023

Con la frase “No lloraré tu ausencia, porque busco tu presencia” realizan protesta por la desaparición de 3 mil 586 personas no localizadas en Zacatecas

En protesta contra las autoridades y como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, organizaciones, familiares y amigos de desaparecidos colocaron el ‘Muro de la Memoria’ en la Plaza Bicentenario, en Zacatecas.

La Unión de Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos tapizó un muro con decenas de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, otorgadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Unión de Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos comienzan a instalar el memorial. Agosto 29, 2023. Foto: Cuartoscuro
Transeúntes observan el memorial de la Plazuela Bicentenario, Agosto 29, 2023. Foto: Cuartoscuro
Fichas de Víctimas de desaparición, Agosto 29 de 2023. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta julio de 2023 existen 3 mil 586 personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, cifra que va aumentando día con día, por lo que los colectivos buscan visibilizar la problemática y sensibilizar a la población.

Con la frase “No lloraré tu ausencia, porque busco tu presencia”, madres, padres, hermanos y amigos recuerdan la grave violación de derechos humanos que implica la desaparición.

https://www.nmas.com.mx/estados/galeria-muro-de-la-memoria-por-desaparecidos-en-zacatecas

Denuncian devastación de área protegida por proyecto turístico en Quintana Roo

Aldo Santiago / Avispa Midia

En portada: Destrucción ecológica derivada de las obras del proyecto turístico “puerta al mar”, el cual perturbará 33 km de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo.

Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.

También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.


Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación

Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.

En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.

“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.

La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.

“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.

Afectaciones

Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.

Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.

La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.

Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.

Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.


La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.

Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.

https://avispa.org/denuncian-devastacion-de-area-protegida-por-proyecto-turistico-en-quintana-roo/

Depresión, miedo, discriminación: Los estragos de la desaparición en niños, niñas y adolescentes

Imagen: Frida Betanzos

La desaparición de personas conlleva un problema invisibilizado: niños y niñas con depresión, cuadros de ansiedad, miedo a salir a la calle o a los policías, además de que sufren discriminación y bullying.

Alexis Ortiz / Zona Docs

Uno de los mayores temores de Sandra Geraldine es que los hombres armados que se llevaron a su papá y a su mamá ahora regresen por ella. La pequeña, de ocho años, no duerme con la luz apagada y le asustan los ruidos fuertes. Cuando su abuelita sale a la calle le pide tener cuidado, no quiere que ningún otro integrante de su familia sea víctima de desaparición.

La madrugada del 29 de septiembre de 2021, Sandra fue testigo de cómo un grupo de personas entró a su hogar para llevarse a su mamá, Mariela Morín Martínez, y a su papá, Juan Javier Navarro García. Hasta el día de hoy las autoridades no han dado con su paradero y la investigación de este crimen, ocurrido en Irapuato, Guanajuato, está paralizada.

“Era de noche, eran como las 3:10 (de la mañana) y tiraron la puerta con un balazo porque no la podían abrir”, recuerda Sandra de aquella vez.  “Mi papá despertó a mi mamá y ella se levantó muy nerviosa. Mi papá la quiso defender, pero en eso le pegaron con la pistola y ya después se los llevaron”.

La pequeña se despertó con el balazo que asestaron en la puerta de su casa. Su mamá la empujó a un cuarto contiguo donde estaba una de sus hermanas. Desde ahí escuchó a los delincuentes recorrer su casa y golpear a sus familiares. Ocurrió en cuestión de minutos. Unos vecinos llamaron a las autoridades, pero el Ejército, que tiene una base militar a unos 20 minutos de distancia, llegó horas después, hasta el amanecer.

“Tuve mucho miedo y desde ese momento ya tengo miedo”, dice Sandra. “Miedo me da en las noches cuando está todo oscuro. Le digo a mi abuelita que tengo miedo de que ellos regresen y ella me dice que no va a pasar”.

El miedo invadió a Sandra y afectó su desempeño escolar. “Bajé mi calificación, no quería hacer nada en la escuela. Algunos trabajos no los hacía porque se me olvidaba y con otros no podía sola porque necesitaba que estuviera alguien ahí explicándome”, señala.

En una ocasión le platicó a uno de sus compañeros de clase que su mamá y su papá estaban desaparecidos. La llamaron mentirosa. Solo una maestra y una amiga de su escuela intentaron comprender su dolor.

Detrás de la crisis de desapariciones que existe en México hay otro problema grave: el de las afectaciones que niños, niñas y adolescentes tienen cuando una persona cercana desaparece. La-Lista aplicó una encuesta aleatoria a 776 familias de víctimas de todo el país, quienes informaron que 2 mil 327 menores de edad han tenido consecuencias por la ausencia de sus seres queridos.

Los datos recopilados a través de esta encuesta muestran que, en promedio, en cada familia hay tres niños, niñas y adolescentes con afectaciones a su desarrollo por la desaparición de un ser querido. Si en México hay 110 mil personas desaparecidas, en el país podría haber cientos de miles de menores de edad en esta situación.

Las familias reportan que, luego de la desaparición de su familiar, los menores de edad que son parte del círculo cercano de la víctima tienen miedo de salir a la calle, se aíslan, entran en cuadros de depresión y ansiedad, no pueden dormir, no tienen una buena alimentación, sufren bullying, son discriminados, caen en el consumo de drogas o bajan su desempeño académico.

Los casos de desaparición de personas han aumentado de forma drástica en México desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón envió a las Fuerzas Armadas a combatir a los grupos del narcotráfico. Aunque ya han pasado más de 16 años, este delito sigue latente. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 43 mil víctimas, más de una tercera parte del gran total, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaría de Gobernación.

En el caso de la desaparición de Mariela y Juan Javier, sus cuatro hijas menores resintieron su ausencia. Sandra y sus tres hermanas quedaron al cuidado de sus abuelas materna y paterna. Ambas se dividieron las tareas: la primera vive con ellas y se esfuerza para que las pequeñas sigan estudiando, mientras la segunda se dedica a la búsqueda de las dos víctimas.

Sandra forma parte del colectivo Hasta Encontrarte, conformado por las familias de 88 personas desaparecidas. Esta agrupación consiguió que el gobierno municipal creara el programa Creciendo con Valores, con el que se brinda atención psicológica a algunos niños, niñas y adolescentes que sufren la ausencia de un ser querido.

En el colectivo Hasta Encontrarte, en el que se contabilizan unos 96 menores de edad afectados por la ausencia de un ser querido, estos pequeños y estas pequeñas se han sumado a las exigencias de justicia de los adultos. Ellos y ellas participan en marchas, en búsquedas de fosas clandestinas o en reuniones con funcionarios de gobierno.

Sandra ha acudido a marchas que van desde el Parque Irekua, donde el colectivo Hasta Encontrarte tiene un árbol con las fotos de sus desaparecidos, hasta la presidencia municipal de Irapuato. La exigencia de ella y la del resto de menores es la misma:

“Que me regresen a mi mamá y a mi papá porque me hacen mucha falta”.

¿Cuál es la principal afectación de la desaparición en niñas, niños y adolescentes?

La depresión es el síntoma más común entre los niños, niñas y adolescentes que tienen a un ser querido desaparecido. No solo se trata de los hijos y las hijas de las víctimas, también son hermanos y hermanas, primos y primas, sobrinos y sobrinas, nietos y nietas.

“Si alguna vez viéramos una marcha de todos los hijos e hijas, sobrinas o sobrinos de personas desaparecidas se nos caería la cara de vergüenza. Y si escucháramos sus demandas y sus reflexiones, me parece que veríamos lo importante de colocar todo esto como una de las circunstancias de mayor emergencia nacional”, señala en entrevista Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

No hay un número preciso sobre cuántos niños, niñas y adolescentes tienen a un familiar desaparecido. En 2022 la Redim publicó un informe donde estimó que en uno de cada 353 hogares podría haber un menor de edad con un familiar desaparecido. “Con solo multiplicar la cifra de 100 mil personas desaparecidas, todo indica que hoy se cuentan por cientos de miles las niñas, niños y adolescentes tocados por esa oscuridad que es la desaparición de un ser querido”, expresó la organización social en su estudio.

De las 776 familias de víctimas encuestadas por La-Lista, 260 respondieron que sus niños, niñas y adolescentes han tenido problemas de depresión por la desaparición de un ser querido; 105 que los menores tienen miedo de que ellos u otro familiar pueda ser víctima de este delito; 84 que estos pequeños y pequeñas han enfrentado carencias económicas, y 81 que esto ha provocado una disminución en su desempeño académico.

Especialistas en psicología explican que el grado de afectación que un menor de edad puede tener por la desaparición de un familiar depende de varios factores, entre los que se encuentran su edad, la cercanía que tenía con su ser querido, cómo supo del crimen, si fue testigo del delito, la red de apoyo con la que cuenta y la seguridad del lugar donde vive.

Anahy Rodríguez González, psicóloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que el delito de desaparición desata incertidumbre en las familias porque su ser querido no está físicamente, pero tampoco se le puede dar por muerto porque su cuerpo no ha sido localizado.

Esta “paradoja de la desaparición” provoca que la vida de un menor de edad entre en pausa, dice Rodríguez González. “En esta población de niños, niñas y adolescentes el impacto que genera este delito es una atravesamiento en diferentes momentos de su desarrollo”, añade.

La académica pone de ejemplo que, luego de la desaparición de un familiar, algunos pequeños y algunas pequeñas no pueden ejercer derechos básicos como tener una vivienda y educación. Esto llega a suceder porque tienen que desplazarse a otra comunidad por su seguridad o porque su ser querido ausente es quien se hacía cargo de sus estudios.

“Esto impacta en un sano desarrollo que debe ser estable, continuo, con capacidades para garantizar el libre ejercicio de sus derechos. Evidentemente el tener todas estas cuestiones de incertidumbre y de violencia alrededor lo dificulta”, agrega la experta.

Otro factor que determina las afectaciones en niños, niñas y adolescentes es la posibilidad de que conozcan la verdad sobre lo ocurrido con su ser querido. “El efecto del tema del secreto a veces puede ser tan costoso como la desaparición misma”, indica Michel Retama, psicólogo y cofundador de la organización Tejedores: grupo de apoyo psicológico.

Ante una desaparición los adultos se pueden unir a un colectivo y conocen a personas con experiencias parecidas. Las actividades y el diálogo que ellos establecen pueden ser hasta catárticos, menciona Retama. Esto no ocurre con los niños, niñas y adolescentes, quienes intuyen que algo está mal por el estado de ánimo de su familia, pero no saben con exactitud lo que ha ocurrido y no tienen a nadie con quién hablar de sus sentimientos.

“Estos jóvenes muchas veces son relegados, no pueden hablar de lo que les pasa, no pueden hablar del dolor, de lo que están experimentando”, lamenta Retama, quien ha trabajado de cerca con diferentes familias de víctimas de desaparición.

Si las afectaciones emocionales y psicológicas en un menor de edad son desastrosas, también lo son la discriminación y la estigmatización que enfrentan. En muchas ocasiones los niños, niñas y adolescentes tienen la etiqueta de ser el “familiar de un desaparecido”, lo cual les dificulta desarrollarse en su escuela o dentro de la comunidad donde viven.

“Una terapia no basta. El niño puede ir tres veces a la semana a una terapia psicológica, pero si llega a la misma escuela donde es discriminado la terapia no va a servir”, comenta David Márquez, otro psicólogo y experto de la organización Tejedores: grupo de apoyo psicosocial.

En 2021, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) publicó un informe donde destacó que los niños, niñas y adolescentes sufren discriminación cuando un familiar desaparece. La estrategia de los adultos en ese caso es no contar nada de lo sucedido a los menores, con tal de protegerlos y que sus compañeros no los molesten en la escuela.

María Luisa Cuéllar, una funcionaria del DIF Guadalajara, expresó en el informe del ITESO que “los niños también son discriminados. Hay muchos que mantienen muy en secreto el tema de la desaparición de su familiar. Hay mamás que no hablan del tema para que no les vayan a decir nada porque sí hay casos que se burlan de los niños”.

Las familias y los especialistas coinciden en que la desaparición de un familiar nunca se puede superar. Esa pérdida sólo se puede sobrellevar. En el caso de los menores de edad se llega a complicar por todas las situaciones que enfrentan.

El castigo social por la desaparición de un familiar

José Raúl se sintió triste cuando le dijeron que su hermano mayor, Alexis Fernando Ibarra Ojeda, estaba desaparecido. “Era mi favorito”, recuerda el pequeño de 12 años. Con él jugaba futbol y platicaba mucho por teléfono cuando no estaban juntos en casa.

Alexis estaba reunido con amigos en una casa de Irapuato cuando un grupo del crimen organizado llegó e incendió el inmueble. En el momento que las autoridades acudieron al lugar ya no había rastro de nadie, el lugar había sido destrozado. El joven de 23 años fue declarado desaparecido el 27 de octubre de 2022.

José Raúl se enteró un día después de lo que le ocurrió a su hermano. Autoridades llegaron en camionetas negras a su casa y se lo informaron a toda su familia. Para ese momento él ya conocía lo que significaba estar desaparecido. “Como esto ha ocurrido por varios años ya sabía qué era el desaparecimiento, o sea que se lo llevaron y ya no está”, explica el pequeño.

La tristeza que José Raúl sintió por Alexis provocó que empezara a sacar calificaciones de 6 en algunas materias. En ocasiones ha tenido problemas con otros niños que se burlan de él.

“Una vez un niño se enojó y me empezó a decir que mi hermano estaba desaparecido y quién sabe qué. Yo lo ignoré, me fui a mi casa y ya no le seguí hablando”, recuerda José Raúl. “A veces yo estaba enojado y no aguantaba. Estaba triste y si me decían algo me ponía más triste”.

José Raúl, quien estudiaba el sexto año de primaria cuando ocurrió la desaparición, dejó de ir uno o dos días a la escuela por semana. “Yo nunca le decía a mi mamá por qué no quería ir, solamente yo sabía por qué no quería ir, era por mi hermano”, dice.

A pesar de todo lo que ha vivido, José Raúl no se ha quedado de brazos cruzados. Ha participado en marchas y acudió a una búsqueda de fosas clandestinas para tratar de localizar a su hermano. “Yo siempre quise ir, pero mi mamá no me llevaba porque es peligroso”, comenta el pequeño de 12 años.

“Ahorita ya pasé a la secundaria y voy a tratar de echarle ganas por mi hermano. También quiero seguir yendo a búsqueda porque me gusta mucho”, añade José Raúl.

Él es uno de los niños que ha sufrido discriminación por la ausencia de un ser querido. De las 776 familias que respondieron la encuesta de La-Lista para este reportaje, 18 familias señalaron que los menores de edad han sufrido comentarios negativos por parte de otras personas. Otras tantas señalaron que los pequeños y las pequeñas han tenido afectaciones sociales, sin especificar lo ocurrido.

Alexander, un adolescente de 15 años, también ha pasado por esto: su hermano, Juan Eduardo Reyes Ventura, desapareció el 15 de agosto de 2018 en Pénjamo, Guanajuato. Un compañero de trabajo de la víctima dijo que unos hombres armados se lo llevaron en una camioneta. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero.

El joven recuerda que solía salir con Juan Eduardo en motocicleta. Eso era lo que más le gustaba. “Me puse muy triste, ya no era lo mismo si él no estaba. Antes entraba a su cuarto y estaba él, ahora ya no. Yo dije, ya no va a regresar y es fecha que no regresa”, lamenta.

Cuando Juan Eduardo desapareció, Alexander tenía 10 años. A la tristeza que sentía se sumó una disminución en sus calificaciones. Además, se rompieron los lazos que tenía con algunas personas porque ya no se querían juntar con él.

“Fue con un amigo y una vecina. Los dos me dijeron casi lo mismo, que ya no se querían juntar conmigo porque, si mi hermano regresaba, iba a pasar lo mismo. Y que si nos pasaba cuando estuviéramos con él, también a ellos les iba a ocurrir”, relata Alexander.

Pero no tomó importancia a lo que estas personas le dijeron. En su interior, confía en que su hermano sí va a regresar y saldrán a pasear en motocicleta como antes.

“Sí me sentí mal por lo que me dijeron, pero yo dije ‘pues si no me quieren hablar que no me hablen’”, recuerda Alexander. “Yo en mí digo que mi hermano sí va a regresar porque obviamente sí va a regresar. Yo tengo la fe de que sí va a regresar”.

Autoridades, ausentes en la atención de menores

Anahy Rodríguez, la psicóloga y académica de la UNAM, estima que faltan décadas para conocer el nivel de las afectaciones que los menores de edad han tenido por la desaparición de sus familiares. La experta señala que el gobierno, los medios de comunicación y la academia tienen una gran responsabilidad en investigar sobre los efectos de las generaciones que han crecido sin un papá, una madre, un hermano, una hermana u otros familiares.

“Es importante apostarle a la niñez, empezar a cuidarla. Tenemos un dicho que es el de ‘los niños y las niñas son el futuro’, pero no son el futuro, son el presente, lo que pasa con ellos y ellas en este momento marcará el camino de lo que vamos a ser como sociedad en las próximas décadas”, opina Rodríguez González.

Algunos colectivos de familias de desaparecidos han creado estrategias para aliviar los daños que los niños, niñas y adolescentes tienen por este tema. El gran ausente, coinciden en señalar los especialistas, es el gobierno mexicano, ya que ni las autoridades federales, estatales o municipales tienen un plan para atender de forma integral a todos los menores de edad.

Una muestra de esto es que, de acuerdo con solicitudes de información hechas por La-Lista, las comisiones estatales de atención a víctimas solo han brindado atención a 51 niños, niñas y adolescentes en todo el país.

La Comisión de Atención a Víctimas de Veracruz reportó que ha entregado una reparación integral del daño a 22 menores de edad por tener a un familiar desaparecido. Pero, a través de la encuesta aplicada para este reportaje, 100 familias de ese estado dijeron que por lo menos hay 249 niños, niñas y adolescentes con afectaciones.

Mientras que la Comisión de Atención a Víctimas de Guanajuato informó que solo reparó el daño por la desaparición de un familiar a un niño y una niña en 2020. En contraparte, 116 familias de ese estado que respondieron la encuesta señalaron que al menos hay 352 menores de edad con afectaciones por la ausencia de su ser querido.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal señaló que desde 2018 ha resuelto 401 casos en los que procedió con la reparación integral del daño para niños, niñas y adolescentes, aunque no especificó si todos ellos tienen a un familiar desaparecido o si el apoyo se les entregó por ser víctimas de otro tipo de violencia.

Se buscó a la CEAV y la CNBP para conocer su postura sobre los impactos de la desaparición de personas en niños, niñas y adolescentes, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de ninguna institución.

Tania Ramírez, la directora de la Redim, no cree que las autoridades mexicanas no tengan interés en atender a estos menores de edad. Lo que sí ocurre, opina la especialista, es que este sector de la población no es la prioridad en el tema de desaparición de personas.

“Siempre se van poniendo otras prioridades, los intereses, las urgencias y las emergencias se colocan en otros lugares. Ahora mismo estamos viviendo una crisis de identificación forense que pone al límite la capacidad y los recursos de las instituciones. Es por eso que no se voltea a ver a los niños, niñas y adolescentes”, señala Ramirez.

Además de las comisiones de atención a víctimas de Veracruz y Guanajuato, la de Durango y San Luis Potosí informaron que han entregado reparaciones del daño a niños, niñas y adolescentes por la desaparición de uno de sus familiares. En el resto de los estados las dependencias argumentaron que no lo han hecho porque las familias no lo han solicitado, porque no hay sentencias condenatorias contra los responsables del crimen o porque las comisiones de derechos humanos no se los han ordenado.

“Al que hay que cargarle los costos (de estas afectaciones en menores de edad) es al Estado”, considera el psicólogo Michel Retama. Si bien el experto explica que las familias pueden ayudar a que niños, niñas y adolescentes aprendan a sobrellevar la ausencia de su ser querido, en el fondo del asunto las instituciones del Estado son las responsables no solo de atender a estos pequeños y pequeñas, sino de prevenir que ninguna persona sea víctima de desaparición.

“Nos estamos acostumbrando a la desaparición en un sentido de decir ‘híjole, qué grave que los niños tengan que participar en las búsquedas’, pero lo que es grave es que tengamos que buscar a alguien. Y todavía más grave que el Estado no quiera responsabilizarse”, dice Retama.

En colectivo las heridas sanan

“Hay varias personas que nos dicen ‘vamos a salir a buscarlo, pronto va a regresar’, y como que todo lo triste se va. Me pongo feliz, como que digo, ‘ya va a regresar. El día de mañana ya va a estar con nosotros’”.

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Este trabajo fue publicado originalmente por La-Lista

 

https://www.zonadocs.mx/2023/08/31/depresion-miedo-discriminacion-los-estragos-de-la-desaparicion-en-ninos-ninas-y-adolescentes/

Familiares alzan la voz ante crisis de desaparición de personas (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (31/08/2023).- La Red Desaparecidos en Colima A.C., un colectivo conformado por familias en busca de sus seres queridos desaparecidos, ha emitido un contundente pronunciamiento que pone en relieve la creciente crisis de desapariciones que azota a México. En su comunicado, el colectivo denuncia la alarmante cantidad de fosas clandestinas descubiertas este año y resalta la grave problemática de desapariciones forzadas que enfrenta el país.

Los colectivos de familias buscadoras en todo México han trabajado incansablemente para visibilizar la desaparición de personas, enfrentando un problema que se ha vuelto endémico. El comunicado subraya la urgente necesidad de que el Estado Mexicano reconozca la magnitud de la crisis y adopte medidas efectivas para localizar a las personas desaparecidas y poner fin a esta atroz violación de derechos humanos.

El pronunciamiento destaca la dificultad de implementar de manera efectiva los mecanismos legales destinados a prevenir y detener las desapariciones, principalmente debido a la falta de voluntad de algunas autoridades y la persistente corrupción que contribuye a la impunidad. En este contexto, el comunicado es un grito de angustia por la ausencia de un verdadero Estado de derecho y de garantías para el respeto de los derechos fundamentales en México.

En el comunicado, las familias exigieron a las autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como al Presidente de la República, respetar el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas en todo momento, y demandaron la transparencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno a demostrar su compromiso con la lucha contra este crimen a través de la designación de titulares para las Comisiones Nacional y Local de Búsqueda, con la capacidad técnica y el genuino interés en abordar esta problemática.

El comunicado también se dirige a los perpetradores de estas desapariciones, exigiendo un alto a sus acciones y señalando que su violencia y terror solo profundizan la crisis en la sociedad. Finalmente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las familias recalcaron que las víctimas directas son sus seres queridos desaparecidos, pero que las víctimas potenciales son todas y todos, ya que la desaparición afecta a toda la comunidad y se considera un crimen contra la humanidad.

En un llamado a la unidad y a la comprensión de que todos están en riesgo, la Red Desaparecidos en Colima destaca la necesidad de unir fuerzas para enfrentar esta problemática y construir una sociedad más justa y pacífica.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=47975

Marchan colectivos en el Día Internacional contra la Violencia de Víctimas Desaparición Forzada, Veracruz


Se movilizan en Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba
En el Día Internacional contra la Violencia de Víctimas Desaparición Forzada
Reclaman nulo avance en la localización de personas

Noemí Valdez / Notiver

Este miércoles, colectivos salieron a las calles en diversas ciudades de Veracruz para levantar la voz en el Día Internacional contra la Violencia de Víctimas Desaparición Forzada.

Las movilizaciones se dieron en Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba donde los familiares reclamaron a las autoridades el nulo avance en la localización de personas y el poco avance en carpetas de investigación, así como la identificación de restos y “no dan la cara”.

Colectivos como “Justicia y Dignidad Veracruz”, “La paz Veracruz”, “Red de Madres Veracruz” y “Solecito de Veracruz” iniciaron la marcha en el Tranvía del Recuerdo, continuaron por la avenida Independencia, Mario Molina, Insurgentes Veracruzanos y terminaron el caminar frente al Faro “Venustiano Carranza”.

Los colectivos “Justicia y Dignidad Veracruz”, “La paz Veracruz” y “Red de Madres Veracruz” iniciaron la marcha minutos después de las 9 de la mañana, mientras que los integrantes del “Solecito de Veracruz” lo hicieron después de las 10 de la mañana.

Los familiares de personas desaparecidas unieron sus voces para gritar consignas como “No somos uno, no somos dos, pinche gobierno, cuéntanos bien”, “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Veracruz seguro, no existe”, “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”, entre otras.

Además, los familiares de personas desaparecidas portaron lonas con fotografías de los seres queridos a quienes buscan desde hace años como el caso de Obdulia Vega Parra, quien busca a su esposo Juan Francisco Martínez Lozano, el cual salió a trabajar de la colonia Carranza de Boca del Río en el 2010 y ya no regresó a su casa.

https://www.notiver.com/primera/se-levantan-colectivos/

Destruyen con maquinaria del Ejército para abrir camino a Chichén Viejo (Yucatán)

Haz Ruido

A marchas forzadas, abren un camino a pocos días de la visita de AMLO, pero sin los protocolos para salvaguardar el patrimonio arqueológico del área.

Tinum, Yucatán, 31 de agosto de 2023.- Con maquinaria pesada del Ejército Mexicano, se realizan acciones a marchas forzadas para abrir un camino hacia Chichén Viejo, área que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará el próximo fin de semana.

De acuerdo con artesanos y custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), esas acciones se están llevando a cabo sin protocolos de salvamento adecuados, situación que está provocando la destrucción de patrimonio arqueológico y de la selva.

La premura para abrir ese camino se debe al conflicto con familia Barbachano de hace unos días, la cual cerró el acceso de un sendero que pasaba por su propiedad.

Se averiguó que, con maquinaria del Ejercito, se realizan trabajos de construcción del camino prácticamente 24 horas al día, para tratar de terminarlo antes de la visita de supervisión de López Obrador.

El camino, que se calcula es de 2.5 kilómetros, sale del parador turístico hacia Chichén Viejo

Todo indica que la orden fue abrir el trazo de manera expedita, sin considerar los procedimientos necesarios para preservar y resguardar el patrimonio arqueológico y cultural presente en Chichén Viejo. (Fotos cortesía de Lector Mx)

https://www.hazruido.mx/reportes/destruyen-con-maquinaria-del-ejercito-para-abrir-camino-a-chichen-viejo/

Apicultores mayas de Campeche denuncian incumplimiento de suspensiones de amparos

Octavio Martínez / Proceso

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Miembros del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes denunciaron el incumplimiento de suspensiones de amparos con las que buscan proteger a las abejas luego de la mortandad ocurrida en Hopelchén, Campeche.

Tras la muerte generalizada de la especie registrada en las últimas semanas de marzo, la más grave de la que se tenga conocimiento, apicultores tramitaron diversas demandas de amparo por la violación del derecho a un medio ambiente sano.

Señalaron a diversas autoridades federales como las responsables del menoscabo ambiental por la deforestación y uso de agroquímicos, estos últimos, señalan, causante de la muerte de las abejas.

Son cinco demandas de amparo que se siguen en juicio de garantías en el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, órgano jurisdiccional que otorgó suspensiones definitivas para que las autoridades señaladas actúen contra los daños de la que son objeto esta especie y las comunidades mayas que la protegen.

No obstante, denunciaron, a más de un mes que comenzaron a dictarse estas medidas cautelares a su favor, no se han cumplido. Reunidos en la ciudad de Campeche, con Leydy Pech, defensora de la especie a la cabeza, pidieron sanciones para quienes no estén respetando las medidas cautelares impuestas por una juez federal.

“A pesar de las diversas denuncias presentadas por la deforestación y la siembra ilegal de transgénicos, han omitido realizar las investigaciones pertinentes y sancionar a los responsables”, expuso Pech.

Las autoridades señaladas son: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Además de la gobernadora Layda Sansores San Román.

El pasado 22 de marzo, los apicultores del municipio de Hopelchén se percataron que millares de abejas yacían muertas en el suelo -una de las zonas más importantes de producción de miel en México-. Inmediatamente señalaron las actividades de fumigación con agroquímicos, altamente tóxicos para la especie, como la causante del desastre.

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), según los documentos tipo peritaje a los que se tuvo acceso, confirmó que hubo en esos días fumigaciones con agroquímicos, que fueron a dar hasta las colmenas.

La lucha del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes continúa, pues buscan prevenir una catástrofe aún mayor en otras zonas de producción y cultivo de abejas, como en Yucatán y Quintana Roo.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/8/30/apicultores-mayas-de-campeche-denuncian-incumplimiento-de-suspensiones-de-amparos-313918.html

Nayarit: Colectivo de familias de desaparecidos reclaman la falta de operativos de búsquedas

imagen: El Occidental

Crys Benitez / El Occidental

Tepic, Nayarit (OEM- Informex).- En el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, el cual se instituyó el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, los integrantes de la asociación denominada, “Búsqueda de Desaparecidos Nayarit”, conmemoraron el día en el Parque La Madre, en donde instalaron un tendedero con las fotos de sus desaparecidos.

La vocera de la organización mencionada, Guadalupe Encinas Solís, señaló que se tiene registradas en la Entidad, alrededor de mil 600 desapariciones forzadas, sin embargo advirtió que hay quienes por miedo no denuncian es por eso que las víctimas podrían ser más.

En lo que va del presente año recordó que se han encontrado tres zonas con restos humanos, una ubicada en Santa María del Oro y dos más en Tepic, la primera en Camichín de Jauja y la tercera en el cerro de San Juan de donde se extrajeron un total de ocho cuerpos, mientras que en las dos primeros sólo hallaron fragmentos humanos.

Para concluir, Guadalupe Encinas Solís, crítico que las autoridades en la materia no han realizado una sola búsqueda por iniciativa propia, ya que ese trabajo se los han dejado a ellos, lo cual aclaró que no ha sido fácil porque a veces carecen de lo más elemental como un vehículo lo que dificulta sus traslados y aun así no pasan de buscar a sus familiares.

https://www.eloccidental.com.mx/local/nayarit-colectivo-de-familias-de-desaparecidos-reclaman-la-falta-de-operativos-de-busquedas-10619608.html

“Para nosotras todos los días son #30deAgosto”: colectivo Por Amor a Ellxs exige no más simulación frente a desapariciones en Jalisco

Imagen: Christian Cantero

El colectivo Por Amor a Ellxs se pronunció este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada para recordar que esta fecha es un recordatorio cotidiano desde que sus seres queridos les fueron arrebatados.

Exigieron a las autoridades que “hagan su trabajo” y reclamaron que se encuentran “hartas de la simulación” y de que las personas desaparecidas “sólo sean nombradas para beneficios políticos”.

Redacción / ZonaDocs

“Desde que se llevaron a nuestras personas queridas, nuestros esposos, hermanos, hijos e hijas, no hemos dejado de sentir su ausencia, extrañarles y buscarles. Nos hacen falta todos los días. Donde estamos cada una de nosotras, ellos y ellas están presentes” expresaron las familias que integran el colectivo Por Amor a Ellxs en Jalisco, a través de un comunicado este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Esta agrupación de familias buscadoras en Jalisco que permanece activa desde 2016, reconocieron que a lo largo de estos años han luchado por encontrar a sus seres queridos y a cada una de las personas desaparecidas de este estado; en este caminar, advirtieron, “nos hemos formado y capacitado” al tiempo que han “encontrado una nueva familia grande que entiende nuestro dolor” y les permite seguir adelante.

Señalaron que, si bien, mantienen siempre vivo el recuerdo de sus familiares ausentes, sus acciones de exigencia mantienen viva la lucha por encontrarles y ofrecerles justicia, sobre todo, “para que no haya más familias que tengan que vivir lo que nosotras vivimos”.

“Que nadie más tenga que vivir con el dolor de la ausencia y la incertidumbre” sentenciaron.
Respecto a sus demandas puntuales, llamaron a las autoridades a “hacer su trabajo”, reconociendo que, pese al cambio de administraciones de gobierno, esto no ha significado una mejora para sus casos, “nosotras seguimos aquí exigiendo un alto a la impunidad, no más promesas vacías, exigimos resultados” manifestaron.

Estas madres, esposas y hermanas dijeron estar “hartas de la simulación y de que las personas desaparecidas sean sólo nombradas para beneficios políticos” externaron, especialmente en medio de los periodos electorales.

“Parece que se les olvidara que detrás de cada cifra y cada número hay una persona con familia y amistades que les extrañan” puntualizaron.
Por último, exigieron acciones reales con una perspectiva de gran alcance, que garantice que ninguna persona más sea víctima de una desaparición, pues el panorama actual, señalaron, les hace temer que esta violencia alcance también a sus nietos y nietas y al resto de su familia.

“Porque somos muchas más que cien mil familias atravesadas por este crimen terrible que es la desaparición. Este 30 de agosto, como todos los días, gritamos, ¡les queremos de vuelta!”.

https://www.zonadocs.mx/2023/08/30/para-nosotras-todos-los-dias-son-30deagosto-colectivo-por-amor-a-ellxs-exige-no-mas-simulacion-frente-a-desapariciones-en-jalisco/

Desapariciones pausan la vida de cientos de madres en Morelos

Familias abandonan sus trabajos y sus hogares en busca de sus seres queridos, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades

Valeria Díaz / El Sol de Cuernavaca

“¿Por qué los buscamos?, ¡Porque los amamos!”, manifestaban madres, familiares e integrantes de colectivos que se reunieron para marchar en las calles de Cuernavaca en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada este 30 de agosto.

La labor de búsqueda que emprenden las familias representa sacrificios que las autoridades no son capaces de dimensionar. La esperanza de encontrarlos con vida o poder darles un último adiós son los motivos por los que miles de madres dejan su vida a un lado y buscan por todos los medios a sus hijos.

Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, compartió que la mayoría abandonan sus trabajos y sus hogares para recorrer predios baldíos, pedir información en las calles y arriesgar su vida por una respuesta.

A pesar de que en Morelos existe la reparación integral del daño a familiares directos, Edith sostiene que no hay cifra que compense el dolor de perder a un ser querido.

“La atención a las víctimas siempre va a ser precaria porque no tenemos medidas de salud activas, asesores jurídicos; o buscamos a nuestros familiares o trabajamos, muchas veces no les importa dejar su trabajo ni a sus hijos con tal de buscarlos”.

Exigen una respuesta…
La marcha avanzó por Tlaltenango con dirección al centro de Cuernavaca, y los afectados protestaban contra el trato injusto y negligencia de las autoridades que los ha orillado a tomar acciones por sí mismos y tejer de redes de apoyo comunitario.

“Lamentablemente han puesto el 30 de agosto para conmemorar a las familias que tenemos desaparecidos, pero siempre lo he dicho no debería de existir, más, sin embargo, día con día, mes con mes, año con año hay más desaparecidos”, externó Tranquilina Hernández Lagunas, madre de Mireya una joven desaparecida desde el 2014.

Enrique Mayorga Figueroa, padre de Enrique Mayorga García de 25 años desaparecido en marzo de este 2023 al salir de su casa en el poblado de Tilzapotla en el municipio de Puente de Ixtla, compartió su sentir tras cinco meses sin su hijo, “es una incertidumbre muy fuerte, es algo que no te puedo describir al cien por ciento”.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

María Esther, familiar del policía en activo Alejandro Castro González desaparecido en septiembre del 2022, al asistir a un partido de futbol y un convivio para cuidar a un comandante de Jojutla; reclamó la falta de avances en la investigación a pesar de que había testigos.

“Nosotros lo que pedimos es justicia para él, que era un elemento de seguridad pública de Jojutla. Las autoridades no nos han dado una respuesta favorable a todo lo que se les ha solicitado”.

El recorrido culminó en el memorial a víctimas ubicado a las afueras de Palacio de Gobierno. Uno a uno fueron nombrados las y los desaparecidos en Morelos.

“Éstas 110 mil personas que hoy no están aquí es gracias a su negligencia. No olviden estos rostros que hoy contamos, ni los nombres que decimos porque este clima que padecemos es de ustedes”, protestaron. / Con información de Enrique Domínguez

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/desapariciones-pausan-la-vida-de-cientos-de-madres-en-morelos-10619874.html

En el Día internacional del Desaparecido, familias reclaman la atención de las autoridades de SLP

Imagen: María Ruíz

María Ruíz / Astrolabio Diario Digital

Familias integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C. realizaron un acto de memoria por las y los desaparecidos en el estado en el marco del Día Internacional Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.

Al menos 20 familias víctimas indirectas de desaparición forzada y no localización se dieron cita este miércoles a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado, para recordar a sus seres queridos que son buscados.

Este acto simbólico comenzó con una protesta silenciosa, en la que realizaron la colocación de dos árboles de la memoria para disponer los rostros y fichas de búsqueda de más de 300 personas que son buscadas por el colectivo.

A la par, las madres víctimas indirectas realizaron un reclamo en el que señalaron la indolencia y la falta de atención del Gobierno del Estado, que “prefiere gastar millones en conciertos y ferias”, que en disponer recursos para que las familias puedan buscar a sus desaparecidos.

“Cómo es posible que el gobernador, teniendo tanto a su alcance, no emplee sus recursos para buscar a nuestros hijos ¿Qué no ve que estamos sufriendo?, ¿qué no sabe que a las personas las desaparecen todoslos días y que este estado presencia una crisis insostenible en materia de desaparción?”, cuestionaron.

La periodista y activista Marcela del Muro, quien por más de seis años ha acompañado y documentado el trabajo de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, señaló que la ubicación geográfica del estado es una de las condiciones que hace que este territorio sea disputado por el crimen organizado, esto se refleja actos de violencia, como las desaparciones forzadas.

Actualmente, las desapariciones forzadas se realizan con una violencia exacerbada, precisamente, según la activista, para mandar un mensaje de temor a la población y, en este caso, también a otras células delictivas.

“Este día es muy doloroso para las víctimas, pero también es un llamado a las autoridades que deben de visibilizar y se debe de reconocer el problema, sobre todo se deben de reconocer las cifras exactas de desaparición”, dijo.

Sobre esto último, Marcela del Muro explicó que la cantidad de desaparecidos que se han registrado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), no coinciden con el Registro Nacional de Desaparecidos, lo que demuestra que no hay claridad ni datos fidedignos por parte del Estado.

También enfatizó en que hay una necesidad de acciones preventivas por parte de las autoridades, quienes pueden estudiar el perfil de las víctimas y a partir de ahí realizar un panorama de estudio sobre a quienes desaparecen.

“Por ejemplo, ahorita que vemos el caso de Gustavo, el [conductor] Indriver, refleja cuáles son o qué tipo de personas son a las que están desapareciendo. Sabemos que son la mayoría hombres jóvenes, que trabajan en su mayoría y que pueden encontrar en situaciones de vulnerabilidad”.

Una situación que lacera a familias como la de Gustavo Ramírez Galván, quien desapareció el pasado 10 de agosto mientras realizaba su trabajo de traslado sobre la carretera San Luis-Querétaro.

Para su esposa, Ángeles Ramírez, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada reafirma la situación crítica que como familia enfrentan ante el desconocimiento del paradero de Gustavo

“La Fiscalía sigue una línea de investigación y dice que tiene avances, emprendieron acciones de búsqueda en Santa Rita, en la delegación de Villa de Pozos, y también en La Pila. También ya hicieron las pruebas pertinentes con los cuerpos que encontraron en esa zona y ninguna corresponde a mi marido. También nos informó el fiscal que mi hijo pequeño tendría que rendir testimonio en el caso. Todo esto es muy doloroso para nosotros”.

Y como esta historia se suman centenas, donde las familias relatan su trayecto de dolor y lucha contra la impunidad que envuelve la búsqueda de justicia para sus familiares desaparecidos.

“No estamos todos, nos faltan 100 mil, esa es la cifra que lapida a nuestro país. Ojalá que no solo este día recuerden a nuestros desaparecidos, que los recuerden siempre, hoy estamos aquí en honor a su memoria, a su ausencia”.

https://www.astrolabio.com.mx/en-el-dia-internacional-del-desaparecido-familias-reclaman-la-atencion-de-las-autoridades-de-slp/

Piden investigar a Gobernador y Graco Ramírez por omisiones en caso Samir; Morelos

Funcionarios como el expresidente municipal de Temoac, Valentín Lavín, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el exfiscal de Morelos Uriel “N” y el delegado federal Hugo Erik Flores están en la lista

Ofelia Espinoza / El Sol de Cuautla

Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el expediente por el asesinato de Samir Flores, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, pidieron a las autoridades federales investigar a funcionarios y exfuncionarios por omisiones en su actuar ante el caso.

Entre los personajes que piden se investigue están el expresidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero; el fiscal de Morelos Uriel “N”, actualmente sujeto a proceso por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda; el gobernador Cuauhtémoc Blanco; el entonces delegado federal Hugo Erik Flores; representantes de la Comisión Federal de Electricidad en Morelos, así como las empresas involucradas en la termoeléctrica y su relación, por ejemplo, con el exgobernador Graco Ramírez.

Además también pide se investigue al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de lanzar discursos de desprestigio y odio a quienes defienden sus derechos frente al Proyecto Integral Morelos.

Samir Flores Soberanos, fue uno de los principales activistas que se pronunció en contra de la instalación de la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado en febrero de 2019 afuera de su domicilio en el municipio de Temoac, tres días antes de la consulta que se propuso para el mencionado proyecto.

A cuatro años y 6 meses del hecho, el Frente de Pueblos indicó que con la atracción de la FGR se deberá investigar de manera imparcial a los mencionados personajes y actores públicos, para que se haga justicia y se dé con los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista Samir.

Acusaron que durante ese tiempo hubo un manejo mediático irresponsable por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), encubrimiento, así como dilación en las investigaciones y montaje de supuestos avances.

Señalaron que de igual forma toca a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar con imparcialidad, para demostrar que Samir fue víctima de un asesinato cometido por su activismo y los intereses que se encuentran detrás del Proyecto Integral Morelos.

Finalmente, dijeron que con esta atracción de la FGR se da un avance también en materia de reconocimiento a los comunicadores indígenas y comunitarios como periodistas, para contar con los mismos derechos de protección con que cuentan los que ejercen el periodismo en medios públicos y privados, luego que el mismo Fiscal el estado, argumentó que no existían las pruebas suficientes para determinar que Samir era periodista.

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/frente-de-pueblos-pide-investigar-a-funcionarios-en-el-caso-samir-10612160.html

Arte Maíz: un esfuerzo de artistas indígenas para revertir la discriminación, Guerrero, Oaxaca y Edo. Mex

Con la exposición Arte Maíz, seis cooperativas de arte indígena contemporáneo se unen para frenar la discriminación en precios y técnicas propias de los pueblos de Xochistlahuaca, Tlanixco, Juchitán, Xalitla, Huitzizilapan y Lachivito

Texto y fotos: Daliri Oropeza Alvarez / Pie de Página

XALITLA, GUERRERO.- Una hilera de cráneos y máscaras cuelga de una cuerda tendida a lo largo del taller de la cooperativa Kantemachtlakuillocan (lugar donde se aprende a pintar). Son piezas que flotan mientras se secan y dejan entrever un paisaje verde boscoso, a la vez, los presentes dan delicadas pinceladas negras sobre blanco.

Estos cráneos de barro cuentan la historia de su pueblo nahua, heredero de los tlacuilos, narran el día de muertos, la siembra, cómo son las bodas o los juegos tradicionales de las infancias. Con trazos magistrales, las pinceladas delimitan aves que sobrevuelan el cielo de este territorio, también las flores, árboles o serpientes que aquí habitan.

Kantemachtlakuillocan nació gracias al proyecto Arte Maíz: hospeda sabiduría, el cual busca fortalecer a los pueblos indígenas a través de la creación de opciones económicas en sus comunidades. Así como está cooperativa, nacieron 5 más, en total 6 que se unen para hacer una exposición de sus creaciones en la Ciudad de México.

Xalitla: de la organización a la cooperativa

En Xalitla, todas las casas tienen por lo menos una persona que pinta, a veces toda la familia. Desde que llegas, las personas hablan de los ancestros tlacuilos, personas que antes de la invasión española se dedicaban a la pintura y la historia. Fundamentales para la gobernanza mexica, realizaron lo que hoy conocemos como códices.

Sin embargo, las y los pintores se han enfrentado al regateo y desprecio de sus creaciones, etiquetadas como artesanías, además del coyotaje por parte de personas que les compran barato y venden caro.

“La finalidad de la cooperativa, primeramente, es unir. La unión entre nosotros, ser solidarios, para poder sacar nuestros trabajos. Y de nuestra cooperativa es hacer conciencia de que si nos unimos entre maestros pintores, podemos llegar más lejos y darle el verdadero valor a nuestra obra”, asegura Jesús Lozano, habitante nahua de Xalitla e integrante de la cooperativa Kan Temachtlakuillocan.

Este pueblo enclavado en los montes bajos del centro de Guerrero, ha sido dividido por líderes sociales y partidos políticos que entraron a hacer promesas, pero sigue la inseguridad del crimen organizado que mermó las ventas. Además de la desunión, los artistas se enfrentan a la falta de espacios para exponer y vender su obra. Solo cuentan con un parador turístico en la carretera federal.

“Hacer la cooperativa me ha servido de mucho, porque tiene mucho valor lo que pinto, y no lo sabía, es algo que tiene mucho valor para mí y para nuestro pueblo. Yo empecé a pintar a los 7 años, a colorear primero. Nos enseñaron a pintar la historia, se hacen primero florecitas, hojitas, cosas de la naturaleza. ”, describe Lucía Ascencio, habitante de Xalitla e integrante de la cooperativa.

Lucía fue migrante y, en esa experiencia, se topó con la minusvaloración de sus pinturas, realizadas en diversos tipos de soportes. No solo el abuso de los coyotes. También la discriminación ante el regateo, algo que le ha pasado a todos los integrantes de la cooperativa. Así fue como más de seis maestros y maestras pintoras se organizaron para crearla, vender a precio justo y buscar espacios de exposición.

“Cuando lo adquieren (las obras de arte), es como hospedar algo vivo, pues en nuestras piezas van nuestras energías, nuestros ánimos, nuestra historia. Todo esto va. Nosotros los seres humanos nos hemos olvidado de conectar con nuestra energía, con la naturaleza. Porque esto representa para mí algo muy sagrado, que es la vida. Representa para mí algo del ecosistema. Todo se siente en el ecosistema. Estamos invitando a la conservación de la vida silvestre”, cuenta Jesús Lozano, que habla del valor de sus piezas.

Lo cuenta mientras toma la palabra de manera apasionada durante el taller de “Creación de cooperativas y cómo cobrar por el trabajo”, que imparten integrantes del Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria (CICC) en la comunidad.

Los talleres para la creación de cooperativas de arte indígena contemporáneo son parte del área de Nidos Culturales del CICC . El esfuerzo culmina en la exposición Arte Maíz: hospeda sabiduría, que es también una puerta para el comercio justo y un escaparate para las creaciones de los artistas de seis pueblos indígenas que participaron en la incubadora de nidos culturales.

“En el diagnóstico fue evidenciándose cada vez más la necesidad de generar fuentes de empleo digno en las comunidades, que favoreciera la permanencia de jóvenes en las comunidades ante el contexto de crimen organizado incrementando en todos los territorios de México. Con ello, la consecuente migración y desplazamiento forzado que eso genera. Los nidos culturales nacen justamente como una alternativa, para generar fuentes de empleo digno”, asegura en entrevista Nadia Jiménez, directora del Centro de Investigación.

El CICC tiene seis años realizando diagnósticos con pueblos, comunidades y organizaciones de base. Nadia asegura que desde la investigación han buscado fortalecer los procesos de autonomía de los pueblos indígenas. “El proyecto de nidos termina perfilándose como todo un programa que busca construir un proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades a grupos y colectivos de artistas indígenas”, asegura.

Xalitla es reconocido por haber frenado una presa hidroeléctrica en su río en los años 90. Iban a inundar el pueblo de pintores, heredero de los tlacuilos. Un megaproyecto que después se fue más abajo, a La Parota. Era una etapa de unión en el pueblo, que recuerdan en las charlas entre integrantes de Kantemachtlakuillocan.

Lachivito, hablar la raíz entre bosque, ríos y montañas

Al entrar a este bosque, nublado y lluvioso, baja la espesa niebla que impide ver más allá de la redila. Lachivito es un pueblo didtzàa o zapoteco ubicado en las montañas de la sierra sur de Oaxaca. El pueblo habita en lo alto de la montaña y a simple vista se ve la conservación comunitaria del bosque preservado, ante la devastación que hay a sus faldas del monocultivo de agave para producir mezcal.

Los jóvenes de la comunidad han buscado oportunidades para habitar en su pueblo, lograron la instalación de una universidad de la mano del Cesder, llamada Centro de Estudios Comunitarios Autonomos (CECA). Luego obtuvieron el permiso del Comisariado y autoridades comunitarias para establecer un taller de artes visuales.

Ahora, con el proyecto de nidos culturales del CICC, realizaron un diálogo de saberes con las personas mayores de la comunidad. A partir de este diálogo tomaron las ideas para realizar las obras con la técnica de serigrafía que impartieron con talleres. Y ahora, plasman sus ideas, recrean su historia, a través del arte visual.

En un papel de algodón resaltan las raíces de un árbol que sale de la boca de una silueta humana pintada en café oscuro. La reflexión es sobre el desplazamiento y desuso de la lengua didtzàa o zapoteca, llevada a la pintura por Lucio Leyva, un joven que estudia en la primera generación del CECA y forma parte de la cooperativa Shkielmban ditzàa (Corazón zapoteco).

“La obra que yo hice es sobre la lengua que nosotros hablamos acá esa lengua zapoteca, pues muy antes, nuestros abuelitos hablaban zapoteco y no había lo que es el español, puro zapoteco. Con el tiempo y que empezaron a existir las escuelas, los niños fueron aprendiendo el español, porque los maestros que llegaban pues hablaban en español

y los obligaban”, describe Lucio, quien busca que su obra sea un mensaje para su pueblo que incentive el habla propia.

Las serigrafías realizadas en este taller, donde se trabaja en compañía de la niebla, los árboles y la tierra húmeda, son de un gran colorido. Destaca el uso del color llamativo y la luminosidad con la que reflejan lo que viven día a día los jóvenes en Lachivito. La hermana de Lucio, Josefa Leyva, reflexiona también sobre la lengua ditzàa.

“Mi obra es sobre de una lengua, porque acá hablamos zapoteco. Esa lengua contiene árboles, representa un bosque y lo que existe en un bosque, ríos, animales todo. También en ese bosque representa a las personas que vivimos acá y las personas que luchamos por nuestra tierra y por conservar la lengua materna. Que no se pierda. Represento el cielo y todo el paisaje que se ve acá y cómo lo cuidamos”, describe Josefa, que porta una blusa fluorescente, color que también usa en su obra de serigrafía a seis tintas.

Los jóvenes son conscientes que su pueblo ha cambiado, y que sus abuelos veían y hacían cosas que ellos ahora no. Sin embargo, también se dedican a la siembra además de estudiar y pintar en el taller de serigrafía. Para ellos, los talleres y la cooperativa Shkielmban ditzàa es una semilla no solo para ellos, sino para que los frutos alcancen a las próximas generaciones de jóvenes y vean oportunidades en su pueblo.

Víctor Díaz describe esa pérdida en su obra, donde representa a una mujer partida en dos: de un lado la tradición, la ropa tradicional, la naturaleza llena de vida de color verde y del otro lado, la minifalda, el bosque talado y los ríos cortados de color rojo.

“La serigrafía es una buena manera de expresarse, de decir lo que sentimos. Sin hablar para las personas que a veces nos cuesta sacar las palabras, es una excelente manera de expresarnos. Estamos plasmando cosas de nuestra cultura. Estamos plasmando, palabras colores, símbolos, vestimenta, tradiciones. Plasmamos parte de nosotros”, reflexiona Víctor, quien también es integrante de la cooperativa.

Los jóvenes coinciden que el arte que realizan es también resguardo de toda la sabiduría que los abuelos y las abuelas les transmiten. Tienen consciencia de que se pierde, pero que hay modos de mantenerla viva. Y quién decide adquirir las obras, también decide cuidar esa sabiduría. Por eso el planteamiento de establecer un precio justo en los talleres de creación de cooperativas.

“Vemos la necesidad del pago digno a las producciones culturales de los pueblos. Ha sido también una demanda presente y continua por parte de las compañeras y los compañeros de las comunidades. No podíamos imaginar una propuesta de fortalecimiento de capacidades y de comercialización que no suscribiera los principios del comercio justo”, cuenta Nadia del CICC.

Tlanixco, tierra de hongos, lluvia y lucha

Es temporada de hongos pero aún no salen. Las mujeres que van al bosque, a las labores de reforestación, aprovechan la visita para realizar búsquedas de los deliciosos ingredientes que usan para sus platillos tradicionales. Conocen más de 70 tipos de hongos comestibles.

Piensan que podrían hacer un guisado especial para quienes trabajan en los talleres para la cooperativa que nace en su pueblo nahua, Tlanixco. Pero no ha llovido y tendrán que cocinar otro plato, con quelites y chilacayote.

«Es muy triste que llueva, porque sí tiene que ver con el cambio climático», asegura doña Teresa al bajar de la montaña, a la Radio Tlanixco.

La cooperativa de serigrafía que conforman los jóvenes de esta comunidad se llama Tecolotes. Entre ellos dialogan sobre la migración a Estados Unidos, sus hermanas y otros parientes se encuentran allá. Pero ellos no quieren irse de su pueblo.

Tlanixco es reconocido por la defensa del territorio y por la lucha con la que liberaron a seis presos políticos que defendían el río, para evitar el robo de agua para la siembra masiva de rosas. Esto es parte ya de la memoria del pueblo, y Radio Tlanixco: manantial de libertad, que surgió de esta lucha, ahora comparte sus instalaciones con la cooperativa Tecolotes.

Ahí sostuvieron un diálogo extenso los y las jóvenes de la comunidad con los papás que contaron cómo la división territorial que generaron megaproyectos como la autopista a Ixtapan, también provocaron cambios sociales en los modos de hacer los rituales para sus difuntos en el panteón y las procesiones que se hacían. Cambios sociales que también se han expresado en la división social del pueblo.

“La autopista hizo que se despertara el interés del pueblo por los negocios, por el dinero, empezaron a vender ahí el paradero, a poner tiendas, urbanizar más. Ahora ya le hicieron de doble sentido, muchísimos carros ahí se paran cuando vienen de Ixtapan o de Toluca”, cuenta Rosario Peralta, habitante de Tlanixco, quien realizó el diálogo de saberes con las jóvenes de la cooperativa Tecolotes.

Las modificaciones impuestas en las geografías de su pueblo modificaron hasta el modo en que los ninos y niñas juegan.

La más reciente lucha ganada fue contra un padre de la iglesia católica que estaba prohibiendo y modificando por lo menos seis mayordomías tradicionales de la comunidad. Este conflicto ya estaba dividiendo a los creyentes nahuas, entre las familias más cercanas a la iglesia y quienes luchan por resguardar el modo de ser originario de este pueblo nahua, donde se ha perdido la lengua.

Los talleres del CICC llegaron en un momento en el que los jóvenes de Tlanixco están en búsqueda de oportunidades dentro de su pueblo. Algunos ya tienen hijos y otras ya terminaron la universidad. Como Frida, quien se dedica a la siembra y ve en la serigrafía una posibilidad para cuidar del territorio también.

“Los jóvenes de los pueblos indígenas compartimos nuestro arte para reforzar el conocimiento de nuestra propia cultura y territorios”, describe Frida durante uno de los talleres del CICC. Ve el arte como frutos del esfuerzo de muchos años de cuidar la tierra, desde sus abuelas y antes. Es cuidar también de la memoria de sus abuelas.
Las seis cooperativas

El proyecto de crear las seis cooperativas de arte contemporáneo tiene su punto culmen con la exposición ArteMaíz: hospeda sabiduría. Que además es una página web de comercio justo directo con las seis cooperativas que integran el proyecto del CICC.

“Lo que estamos buscando, lo que estamos imaginando con estas cooperativas es hacernos todas y todos, la sociedad mexicana y la sociedad internacional, partícipes del proceso de resguardo y respeto de las culturas y las diversidades que existen en este mundo. Distanciarse de esta idea de que las culturas van a los museos, que los pueblos indígenas venden artesanías oson de museos. Es para hacernos conscientes de que son culturas vivas”, cuenta Nadia Jiménez del CICC.

Las seis cooperativas que nacen de este proyecto son: editorial R’ayo Tsibi (Fuego nuevo) pueblo otomí de San Lorenzo Huitzizilapan. Tecolotes de San Pedro Tlanixco; ambas en Estado de México.

La cooperativa de artistas plásticos Kantemachtlakuillokan (Lugar donde se aprende a pintar) nahua de Xalitla y cooperativa de tejedoras Ñ’omtiuu’ ‘naa welaaya (Memoria de las abuelas), Nnánncue Ñomndaa de Xochistlahuaca; ambas en Guerrero.

Shkielbamban Ditzáa, (Corazón zapoteco), cooperativa de diseño y serigrafía en Santo Domingo Lachivitó. y la cooperativa audiovisual Zanate, binnizá de Juchitán; ambas en Oaxaca.

La exposición se inaugura este viernes 1 de septiembre en la Casa Refugio Citlaltepetl, Ciudad de México.

https://piedepagina.mx/arte-maiz-un-esfuerzo-de-artistas-indigenas-para-revertir-la-discriminacion/

Elaboran papalotes con los rostros de desaparecidos en Acapulco

Amapola Periodismo, Texto: Jesús Guerrero, Fotografía: Oscar Guerrero

Previo a la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes de un colectivo de madres buscadoras elaboraron papalotes donde pintaron los rostros de sus hijos con consignas de exigencia para que el gobierno los localice con vida.

La organización Memoria, Verdad y Justicia Acapulco-Chilpancingo realizaron esta actividad para sensibilizar a la ciudadanía y al gobierno.

El grupo de madres del colectivo iniciaron una serie de actividades desde el fin de semana pasado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco.

Las madres se concentraron en una casa para crear los papalotes y pintar los rostros de sus desaparecidos.
Patricia Retana Ahuejote contó que el pasado 13 de agosto su hijo José Ismael Martínez Retana cumplió seis años de ser secuestrado; sigue sin aparecer.

José salió a bailar con su novia y amigos a un antro en la playa La Condesa en Acapulco y ya no volvió. Les avisaron que fue secuestrado.

Patricia Retana, quien es doctora, recordó que pagó un rescate a los supuestos captores de su hijo, pero nunca lo liberaron.

José cumplirá 23 años este viernes 1 de septiembre.

«Para mí es una terapia hacer esto (elaborar los papalotes), pero a la vez siento mucho dolor por no saber el paradero de mi hijo», expresó.

Las madres utilizan papel de china de diversos colores, hilo y resistol para elaborar los papalotes que también en Acapulco los conocen como culebrinas.

Patricia Retana dijo que un individuo al que le entregó el dinero por el rescate de su hijo está detenido, pero un juez sigue sin dictarle la sentencia condenatoria y teme que el presunto secuestrador salga en libertad a través de un amparo que solicitó ante la justicia federal.
Ver también

En entrevista llamó a las autoridades a que muestren un poco de sensibilidad y busquen a sus seres queridos.

«El gobierno es muy apático y corrupto», agregó.

Este martes, las integrantes de este mismo colectivo soltaron los papalotes en Playa Suave del puerto.

Durante esta actividad, las madres de los desaparecidos exigieron a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos.

Este miércoles 30, diversos colectivos de personas desaparecidas en Guerrero realizarán movilizaciones en Chilpancingo, Acapulco e Iguala.

https://amapolaperiodismo.com/2023/08/29/elaboran-papalotes-con-los-rostros-de-desaparecidos-en-acapulco/?utm_source=pocket_saves

Son más de mil 800 los desaparecidos en Colima: Colectivo

Imagen: Red de desaparecidos

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (28/08/2023).- Mil 800 personas están desaparecidas en Colima, pero la cifra es mayor, advierten los integrantes de la Red de Personas Desaparecidas.

Además, lamentan que el número de desaparecidos en el estado vaya en aumento, “la situación es grave”, remarcan.

Colima es el estado con menos habitantes en el país, pero con un grave problema de desaparición de personas y localización de fosas clandestinas desde donde se han extraído más de 150 restos humanos en los últimos 8 meses.

Los familiares de las víctimas afirman que, a pesar de que la autoridad en el estado sostiene que la desaparición de personas va a la baja, la realidad es muy diferente a los números que el gobierno presenta, “nosotros tenemos otros datos (…) lamentablemente este delito va a la alza”, expone, María del Carmen Sepúlveda, madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido en agosto de 2018 en Villa de Álvarez.

Ante la grave situación de los desaparecidos, el próximo 30 de agosto se realizará una marcha con la finalidad de exigir justicia y la pronta aparición con vida de aquellos que fueron privados de su libertad de manera ilegal.

La marcha comenzará a las 5 de la tarde en la Plaza de los Desaparecidos en los terrenos de la Piedra Lisa y de ahí caminarán hasta el Jardín Libertad donde darán un pronunciamiento.

Los familiares de las víctimas de desaparición piden a la población sumarse y no dejarlos solos ante este problema, “no tengan miedo. Nos gustaría que nos acompañaran, que hubiera mucha participación pero sin desmanes, es una marcha pacífica para exigir justicia”, subrayan.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=47803

Familias de periodistas asesinados esperan justicia; “autoridades son indiferentes”, Veracruz

Las autoridades dijeron que se emprendería una campaña nacional para reivindicar el nombre de los periodistas asesinados

Mayra Figueiras / El Sol de Orizaba

Orizaba, Ver.- Debido a la indiferencia de autoridades estatales y federales, más de 16 familias de periodistas asesinados en Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México siguen en espera de justicia, sostuvo Jorge Sánchez, representante de la Red de Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos. La espera para muchos de ellos tiene más de 10 años.

Recordó que en enero tuvo una intervención en la mañanera con AMLO y le cuestionaron cómo puede decir que hay justicia cuando hay casos de periodistas asesinados que siguen esperando ser esclarecidos. Uno de ellos es el de su padre que tiene ocho años, el de Jacinto Romero, que tiene dos años, entre muchos más.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados desde el 2010 hasta el 2023 en México?
Dijo que organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19 tienen el registro de que desde el 2010 hasta ahora son 33 los periodistas asesinados, 16 de ellos del estado de Veracruz. Todos los casos a excepción de uno, están en la impunidad. “El secretario Alejandro Encinas reconoció que hay un 98% de impunidad en los casos de reporteros asesinados”.

Aseveró que los programas de víctimas son deficientes y, todo en conjunto ha dado pie a que las familias se organicen y reclamen al presidente de la República la falta de justicia.

“Autoridades no dan seguimiento a los casos”
Señaló que se reunieron también con el secretario Alejandro Encinas, con la secretaria de Seguridad Ciudadana y personal del Gobierno Federal, así como con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y la Fiscal Verónica Giadáns y “nos dimos cuenta de qué los expedientes que ya llevan más de cinco años y no tienen seguimiento, en la Fiscalía General no hay interés porque se haga justicia”, detalló.

Con el gobernador veracruzano sucedió lo mismo. Recordó que en marzo pasado se reunieron con él y les aseguró que haría una actividad en memoria de los compañeros asesinados, que daría una disculpa pública el 7 de junio (Día del Periodista), pero pasó la fecha y no la ofreció, expresó.

Hay, dijo, funcionarios que tienen un doble discurso, pues frente a las cámaras o cuando están en campaña dicen que están en la disposición de trabajar para que se les haga justicia, sin embargo, cuando tienen el poder no hacen nada; ni siquiera algo tan simple como lo es reivindicar el nombre de los periodistas que han sido asesinados.

Ese es otro agravio que afrontan sus deudos, resaltó Jorge Sánchez. “Apenas matan a un periodista y empieza la distorsión mediática de parte del gobierno diciendo que lo asesinaron porque seguramente algo debía. Echan la culpa al periodista de qué lo hayan asesinado. Eso es algo que lastima mucho a las familias, que tienen que luchar contra el estigma de que lo mataron porque algo debía”.

Familias exigen disculpa pública de autoridades
Por ese agravio las familias de los periodistas asesinados exigen tanto al Gobierno Federal como estatal, una disculpa pública, “porque desde el gobierno se ataca a los compañeros que son asesinados, para manchar su nombre”.

Recordó que las autoridades dijeron que se emprendería una campaña nacional para reivindicar el nombre de los periodistas asesinados y, que se haría una campaña especialmente para Veracruz, pero tampoco sucedió.

Incluso, dijeron que se haría un monumento en la capital del Estado, y las familias propusieron que fuera en la Plaza Regina, pero algo tan simple como eso tampoco se logró.

Pese a ello, la Red de Familias sigue exigiendo justicia, aunque las que tienen más de cinco años en esa lucha saben que no la van a obtener, pues después de ese tiempo no se puede hacer ningún peritaje. “Si no lo hicieron en su momento, ahorita ya no se van a recolectar ni testimoniales ni pruebas”.

Hace un año que se formó esta asociación en México llegaron a la conclusión, agregó, de que los periodistas asesinados no van a obtener justicia, por lo que evidencian lo que está sucediendo en el país y recurren a instancias internacionales.

Algunos casos ya los presentaron ante la Comisión Interamericana y están a la espera de que continúe el proceso, y llegue a la Corte Internacional, pues, aunque AMLO dice que la justicia se tiene que dar en México, ésta no llega. “El próximo año se acaba su administración y es mentira que en un año van a ser lo que no hicieron en cinco”, resaltó.

La justicia en Veracruz
En Veracruz, dijo, el problema es que el área de justicia y seguridad están totalmente intervenidas por grupos de intereses y, mientras eso continúe no se tendrá un aparato de justicia que termine con la impunidad.

Subrayó que la exigencia de las familias de periodistas asesinados no es un acto partidista o en contra de un gobierno. “Estamos en contra de ciertas acciones que no se han hecho: no puede ser posible que digan que están gobernando con el pueblo y no se acercan a las familias”.

Y es que dijo que a pesar de haber pedido a las autoridades federales una reunión para plantearles sus casos, no han accedido, “no hay voluntad de parte del gobierno y, no se puede resolver un problema si no se comprende; para eso se tiene que escuchar a quienes viven esa situación”, resaltó.

Las familias no pueden esperar más. Llevan 10 años, cinco, dos… “No nos pueden pedir que esperemos para darnos los resultados que debieron haber dado hace tiempo. No es sólo esta administración, sino la de Duarte con Luis Ángel Bravo; la de Yunes con Winkler y, la de Cuitláhuac García con Verónica Giadáns; no importa que cambien y el gobierno sea azul, rojo o guinda, lo que nosotros vemos es que lo que persiste es la impunidad”, concluyó el entrevistado.

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/casos-de-periodistas-asesinados-continuan-sin-ser-esclarecidos-10590374.html

Salvador Cienfuegos reaparece en ceremonia militar en Veracruz

El general fue uno de los invitados de honor en la ceremonia por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, realizada en la Fotaleza de San Carlos

Marcelo L. Bermudez / La silla rota

VERACRUZ, VER. – El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuego Zepeda, estuvo presente en la ceremonia del bicentenario del Heroico Colegio Militar, realizado este miércoles 23 de agosto en la Fortaleza de San Carlos, en el municipio de Perote, Veracruz.

El general Cienfuegos fue uno de los invitados al festejo del Bicentenario, en el que decenas de militares retirados fueron homenajeados y realizaron un recorrido por la fortaleza de San Carlos. El secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto se encontró entre los invitados de honor y participó la develación de la placa conmemorativa a los 200 años del Heroico Colegio Militar.

Además de Salvador Cienfuegos, también fueron invitados al evento Enrique Cervantes Aguirre, titular de la SEDENA en el sexenio de Ernesto Zedillo, y Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa en el periodo de Felipe Calderón.

La reaparición del general Cienfuegos de este miércoles sería su primera aparición en un evento público luego de haber sido encarcelado en octubre de 2020 en los Estados Unidos, acusado de tráfico de estupefacientes hacia este país vecino.

Salvador Cienfuegos fue detenido en la ciudad de Los Ángeles, señalado de planear el contrabando de drogas entre los años 2012 y 2012, en los que se encontraba al frente de la SEDENA. En noviembre del mismo año, el general Cienfuegos fue liberado, luego que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó los cargos en contra del general, y posteriormente regresó a México, y desde esa fecha había mantenido un perfil bajo en la vida pública.

Salvador Cienfuegos fue uno de los invitados de honor en la ceremonia, y fue uno de los que participaron en la develación de la placa conmemorativa, la cual se mantendrá en la fortaleza de San Carlos.

https://lasillarota.com/veracruz/estado/2023/8/23/salvador-cienfuegos-reaparece-en-ceremonia-militar-en-veracruz-444263.html

Huelga en el Cecati Ciudad del Carmen: Autoridades ignoran peticiones de trabajadores (Campeche)

Gerardo Can / Por Esto!

Se cumplieron cinco días de paro de labores en el Centro de Capacitación para el Trabajo (CECATI) no. 50 de Ciudad del Carmen, sin que las autoridades de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), atienda las peticiones de los docentes y personal administrativo que, desde el jueves, 17 de agosto tomaron” las instalaciones, mientras que quienes necesitan tomar cursos se ven afectados, a menos de siete días del inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Los maestros, personal administrativo y de intendencia llevan haciendo guardias de cuatro a cinco personas desde la noche desde el jueves 17 hasta el lunes 21, pues al cierre de edición ninguna autoridad se ha acercado a dialogar y no hay para cuándo se solucione.

Luisa Gabriela Linares Pérez, delegada de la Sección 04 del SNTE, dijo que desde el viernes alrededor de las 19:00 horas que concluyó la reunión con los representantes de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), no han tenido otra reunión, ni mucho menos algún tipo de comunicación.

“Sin duda alguna no solamente estamos siendo afectados nosotros como trabajadores, sino también los educandos del plantel ya que como se ha mencionado con anterioridad el día lunes 28 de agosto, inicia el ciclo escolar”.

Estas inscripciones y la información respecto a los cursos se darán una vez que se haya solucionado el conflicto, “se abrirán las inscripciones las cuales esperamos sean pronto porque nos encontramos en la mejor disposición para llegar a un acuerdo”.

Reiteró que no ha habido respuesta por parte de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), “no se han presentado nuevamente para dialogar, no han venido a mediar, absolutamente nada, pues en la mesa de dialogo donde ambas partes expuso su situación, y en el que, lamentablemente en ciertas normativas y leyes del centro, nos indicaron que no podíamos llegar al acuerdo de lo que nosotros solicitamos, como lo es revocar el nombramiento de Luz maría Peralta Castellanos como responsable de las funciones de director, pero nosotros también sabemos de nuestros derechos y nuestras obligaciones y sabemos si tienen la facultad de atender nuestra petición”.

Por último, dijo que seguirán en el paro hasta que se revoque el nombramiento de Peralta Castellanos, apertura de plazas y de especialidades, como dotar de material didáctica a los talleres y herramientas para continuar con los 16 cursos, aunque solamente se están ofertando cinco actualmente.

https://www.poresto.net/campeche/2023/8/22/huelga-en-el-cecati-ciudad-del-carmen-autoridades-ignoran-peticiones-de-trabajadores-396826.html

“Quienes somos jóvenes no conocemos otro país que uno lleno de sangre y violencia” (Jalisco)

Imagen: Zona Docs

Bajo la consigna: “Quienes somos jóvenes no conocemos otro país que esté, uno lleno de sangre y de violencia. Pero NO PODEMOS NORMALIZAR ESTA REALIDAD”, estudiantes y docentes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG cerraron Avenida Periférico a las 11 de la mañana del 21 de agosto.

Esta acción formó parte del paro simbólico para protestar por los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, así como por la violencia que se vive en el estado. Piden a los ciudadanos que no sean indiferentes con la problemáticas y a las autoridades federales, estatales, municipales, así como partidos políticos, les exigen que combatan esta situación.

Aitana Rodríguez / Zona Docs

Cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de Guadalajara se sumaron al paro simbólico para exigir a las autoridades de Jalisco un alto a la violencia, no sólo porque ésta les ha arrebatado a cinco jóvenes que fueron desaparecidos en Lagos de Moreno, el 11 de agosto de 2020, sino porque estas tragedias forman parte de una realidad que han tenido que padecer durante toda su vida.

Por ello, la consigna a la que conjuntó a cientos de estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara al paro activo fue: “Quienes somos jóvenes no conocemos otro país que esté, uno lleno de sangre y de violencia. Pero NO PODEMOS NORMALIZAR ESTA REALIDAD”, tal y como se puede escuchar en la justa rabia de esta estudiante:

Una de las acciones más potentes de este paro simbólico fue realizar el cierre de Avenida Periférico Norte, donde se leyó este posicionamiento:

Compañeras, compañeros, compañeres:

Hoy, lxs estudiantes del CUCSH, de la Universidad de Guadalajara protestamos simbólicamente contra el olvido, sumándonos al llamado del paro por la Federación Estudiantil Universitaria porque las juventudes en Jalisco y en todo México: No vivimos, resistimos. 

Estamos hartxs de vivir con el terror de ser la o el siguiente. Cada 24 horas, desaparecen 14 personas en nuestro estado. Jalisco es un estado líder, líder en desapariciones porque van 14 mil 78 personas desaparecidas, desde 2018, éstas solamente las contabilizadas por las autoridades. Más de 14 mil familias violentadas por el sistema, olvidadxs en estadísticas.

¡No son cifras! ¡No son números! Son nuestrxs amigxs, compañerxs, hermanxs, padres. Tienen nombre, y no les olvidamos. Hacemos justicia a su memoria, nombrándoles porque el olvido les deshumaniza, el olvido amenaza la esperanza y nos condena a ver la crisis como una normalidad: ¡No! ¡No es normal vivir así!

Esta crisis de asesinatos y desapariciones es una crisis que crece cada vez más, mientras el sistema colapsa y nuestra realidad se torna difícil y terrorífica de vivir donde nos desaparecen a los nuestros. Y de no actuar ahora, nos topamos con un futuro todavía más violento porque hoy puede ser nuestra hermana, nuestro compañero, nuestra amiga, nuestro maestro, puedes ser yo, puedo ser tú.

Queremos paz, la exijimos, y por ella resistimos. Gritemos sus nombres:

Héctor Adrián Águila Corona

Miguel Alejandro Soto Martín

Roberto Carlos Olmeda Cuéllar

Luis Alberto Moncayo Merino

Brian Alexey Moncayo Merino

Miguel Ángel Ojeda

Omar Ruíz González

Cesar Úlises Quintero

Adrián Ponce Morales

José Francisco Villa

Carlos Maximiliano Romero Meza

Diego Alberto Lara

Dante Cedillo Hernández

Jaime Adolfo Martínez

Uriel Galván

Recuerden sus nombres. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre hasta que su memoria tenga justicia y no tengamos miedo de caminar en la calle!

¡Que los ojos de las y los desaparecidos les sigan a donde vayan y el llanto de las madres nunca les dejen dormir!

https://www.zonadocs.mx/2023/08/21/quienes-somos-jovenes-no-conocemos-otro-pais-que-uno-lleno-de-sangre-y-de-violencia/

Denuncian que Procuraduría Agraria apoya a empresa minera de Canadá y siembra división en pueblos zapotecas (Oaxaca)

Imagen: Educa

Pedro Matías / Página 3

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunció que la Procuraduría Agraria lejos de defender los derechos ejidales en comunidades zapotecas, promueve los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

Las autoridades ejidales de siete comunidades se quejaron que la visitadora agraria, Miriam Reyes Carmona, y el Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Miahuatlán, Amaury Fernández Alvarado, han detenido en diversas ocasiones actas de asamblea de nombramiento de autoridades.

Y también generaron documentación agraria errónea con la finalidad de retener los procesos de acreditación e inscripción de actas de nombramiento para favorecer a Fortuna Silver Mines.

Los ejidos mayormente afectados por esta situación han sido:

  • Magdalena Ocotlán,
    Monte del Toro,
    San Martín de Los Cansecos,
    San Matías Chilazoa,
    Los Ocotes y
    El Vergel.

Esos ejidos se encuentran alrededor del proyecto minero, los cuales en los últimos meses han enfrentado un acoso permanente por parte de la empresa para aceptar la “ampliación del proyecto”.

Detallaron que en la comunidad de Monte del Toro, la visitadora agraria ha querido dividir al ejido.
Intentó convencer a las y los ejidatarios en asamblea general de los “beneficios” de la empresa minera.

De igual forma ha intentado convencer a ejidatarios por separado para obtener certeza jurídica para el proyecto minero de oro y plata.

Consideran que estas acciones violentan fehacientemente el Marco Legal de la Procuraduría Agraria consistente en:

“Promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.

Por el contrario, “denunciamos que lejos de promover la defensa de los derechos de las y los ejidatarios, la Visitadora Agraria promueve los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines”.

Estrategias de la minera
Por su parte, personal de la empresa minera ha visitado a través de su oficina de “relaciones comunitarias” diferentes comunidades y municipios de la región.

Prometió apoyos y bondades del mismo, desacatando la decisión de las comunidades de Valles Centrales que hemos dicho: Sí a la Vida, No a la Minería”.

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos también denunció que la problemática del agua se ha recrudecido preocupantemente en los últimos años.

Así como el impacto generalizado del proyecto en el medio ambiente, principalmente en emisión de polvo y ruido y afectando la calidad del paisaje de la región.

Por otra parte, se quejaron que “junto a las afectaciones del proyecto minero, en los últimos meses hemos sido testigos de la invasión de monocultivos de maguey en la región, profundizando la grave problemática del agua”.

“En San Matías Chilazoa y Magdalena Ocotlán principalmente hemos sido invadidos por empresas del mezcal, las cuales no acudieron ante las asambleas respectivas para tomar una decisión conjunta.

“Sino que, violentando nuestro derecho a la libre determinación, realizaron convenios con cada ejidatario o ejidataria”, puntualizaron.

En consecuencia, “las autoridades agrarias de los ejidos nos deslindamos de las afectaciones que puedan generar dichos monocultivos en los territorios.

“Así como de la ‘certeza’ de la inversión, misma que puede perderse en nuestros territorios al no contar con el consentimiento de las asambleas”.
Mientras tanto, el ejido de Monte del Toro ha determinado que no permitirá ninguna división, ya que la cohesión, la unidad y la colectividad del mismo han permitido el desarrollo de la comunidad, sin ninguna intervención de ningún tipo:

“Nuestros abuelos y abuelas lucharon para la dotación del ejido, por lo que velaremos por el espíritu colectivo de la tierra y el cuidado y protección de nuestro territorio”.

De igual forma, reconocieron el trabajo digno y la labor del Ayuntamiento de Ejutla de Crespo.

Ha respetado el derecho al territorio y libre determinación de las agencias que lo integran, dijeron.

El comunicado del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos lo firman autoridades agrarias de:

  • Monte del Toro,
    Magdalena Ocotlán,
    San Matías Chilazoa,
    El Vergel
    Los Ocotes,
    San Martín de Los Cansecos,
    San Dionisio Ocotepec,
    Cerro de las Huertas y
    El Llano Sitio Santiago.

https://pagina3.mx/2023/08/procuraduria-agraria-apoya-a-empresa-minera-de-canada-y-no-a-pueblos/

Crece en redes sociales discriminación y xenofobia contra migrantes que cruzan el territorio istmeño; no hay programa local de atención (Oaxaca)

Imagen: Página3

Crece en redes sociales la discriminación y la xenofobia hacia migrantes que cruzan por territorio istmeño.

Diana Manzo / Página3

Juchitán, Oax. (página3.mx).- Desde frases despectivas como “apestan mucho, huelen mal, son cochinos” y un sinfín de calificativos así como hacerlos responsables de una “una nueva epidemia” debido a que se han presentado casos de paludismo detectado por las autoridades de salud; en las redes sociales crece la discriminación y la xenofobia contra las personas migrantes han cruzado el territorio istmeño en las últimas semanas.

En las calles, espacios públicos y negocios se ve un acumulado de personas migrantes como nunca antes visto. Esto ha desatado una molestia ciudadana, sin que hasta el momento las autoridades de Juchitán apliquen un programa local de atención.

Igual en la terminal de autobuses, los usuarios han denunciado que por “culpa de los migrantes” se quedan sin viajar a los destinos principales. Lo cual ha desatado una exigencia de atención a las autoridades.

El pasado jueves, mientras unos migrantes se encontraban en la terminal de autobuses, un señor a bordo de un automóvil les arrojo piedras y les grito groserías.

También han reportado alza de precios, por ejemplo una copia fotostática cuesta un peso y a ellos les cobran 5 pesos. Los migrantes también se han quejado del mal servicio del transporte, quienes al rentar una unidad elevan los precios o bien no les respetan el pago adelantado.

En las carreteras también se observa el flujo de migrantes caminando, muchos aseguran que no les dejan subir a los autobuses y otros lo hacen por falta de dinero.

De acuerdo con Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca al día llegan a este municipio zapoteca entre 800 y mil 200 personas migrantes, desde recién nacidos hasta los 60 años de edad.

Hasta el momento dijo no hay un programa local de atención, lo que se han hecho son acciones para reforzar la seguridad y pláticas con gerentes de autobuses para evitar que se siga colapsando la venta de boletos a destinos como la Capital de Oaxaca y la Ciudad de México.

“Será hasta el miércoles cuando sepamos que plan de acción tomar, pero, los migrantes van de paso, no se quedan, sin embargo son muchos, y eso hace que la ciudadanía se queje, lo que quiero decirles, es que estamos accionando”, dijo.

El munícipe juchiteco informó que personalmente ha hecho un recorrido en la zona para brindar atención, y evitar más aglomeraciones de personas, y salvaguardar su integridad.

De acuerdo con las autoridades estatales, están instalados 46 puntos de atención a migrantes y de enero a agosto del 2023, se han asegurado a más de 119 mil personas en movilidad en Oaxaca.

https://pagina3.mx/2023/08/crece-discriminacion-contra-migrantes-que-cruzan-el-territorio-istmeno/

INAH Censura y Hostiga a Investigador por Alertar Sobre Destrucción de Bienes Arqueológicos por Obras del Tren Maya (Quintana Roo)

Laura Beytia / CAMBIO 22

Inician movimientos de protesta en rechazo al proceder de las autoridades

La delegación sindical en Quintana Roo exige el cese inmediato de las hostilidades que se han emprendido en su contra

CHETUMAL, 21 de agosto.- El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNIPCD-INAH), inició este lunes un movimiento de protesta en apoyo a Fernando Cortés de Brasdefer, que está siendo censurado, acosado y condicionado en su continuidad laboral, por alertar sobre la destrucción de numerosos bienes arqueológicos por la construcción del Tren Maya.

Cortés de Brasdefer quien más que arqueólogo es investigador con más de 30 años de experiencia en investigación arqueológica en Yucatán y Quintana Roo, ha hecho varias denuncias documentadas sobre el saqueo y la desaparición, que a decir de Jaime Garduño Argueta contradicen las versiones oficiales de las autoridades, que decidieron actuar de manera represiva a tal grado, que se pretende su despido, violentando las condiciones generales de trabajo del INAH.

“Hoy colocamos esta lona en apoyo a nuestro compañero Fernando Cortés de Brasdefer, sabemos que escribió un ensayo sobre la destrucción de los restos arqueológicos en el Tren Maya, él hizo uso de su libertad de expresión que sabemos que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero presenta su texto y pruebas entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia se sintió ofendido y entonces están haciendo acciones en contra de Fernando e intenta cesar a nuestro compañero lo que es inconcebible.”

Detalló que por la celeridad de las obras del Tren Maya especialmente en el tramo 7, hay evidencia de que se han destruido miles de vestigios arqueológicos, entre edificios, piezas de cerámica entre otros y que lo poco que se ha ido rescatando, no ha llegado a los sitios para su conservación y tampoco están recibiendo el tratamiento adecuado.

Es por ello que la delegación sindical en Quintana Roo, colocó una manta en la fachada del edificio y pancartas en el interior, donde exigen al director general del INAH Diego Prieto el cese de hostilidades contra Fernando Cortés, el retiro inmediato de las actas que le han sido levantadas y el respeto irrestricto del derecho a disentir, ya que están presionando para que diga que mintió al respecto y en caso de no hacerlo, busca incluso judicializar su caso.

“De entrada las protestas por ahora, serán la colocación de mantas y carteles de apoyo a Cortés de Brasdefer, exigiendo el cese de la serie de actos de hostigamiento que se han emprendido contra nuestro colega, el INAH está actuando de manera unilateral y eso es lo que no se vale, rechazamos este tipo de actos porque es injusto y viola los derechos laborales y humanos de nuestro compañero” finalizó.

https://diariocambio22.mx/inah-censura-y-hostiga-a-investigador-por-alertar-sobre-destruccion-de-bienes-arqueologicos-por-obras-del-tren-maya/

Sin garantías de no repetición: la crisis de desapariciones y violencia en Lagos de Moreno se repite diez años después (Jalisco)

Imagen:Zona Docs

Las desapariciones de Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Miranda y Dante Hernández en Lagos de Moreno, Jalisco a diez años de la tragedia del 7 de julio de 2013 dentro del mismo municipio, dejan en evidencia que estos patrones de violencia criminal, desprotección, indolencia y omisión estatal no son nuevas dentro de la región Altos Norte del estado.

Sus semejanzas, pero, sobre todo, su reiteración y sistematicidad, llaman a cuestionarse ¿qué hace posible que crímenes como estos sigan sucediendo y lacerando la vida de una comunidad entera? y ¿qué ha hecho el Estado para garantizar el derecho a la no repetición para sus víctimas?

Desde el año 2012, las y los habitantes han denunciado públicamente la violencia de la que han sido víctimas sus seres queridos, mientras que, en esta misma temporalidad, sobrevivientes, organizaciones y personas defensoras han documentado con alarma su incremento.

Dalia Souza / Zona Docs

La señora Tere sabe de la desesperación, la incertidumbre, la indignación y la rabia que provoca permanecer a la espera de un hijo desaparecido, lo considera, dice, “una de las cosas más dolorosa, sino es que la más dolorosa”. “Esa sensación de no saber de tu familiar es una herida que lacera todos los días…” confiesa.

Su hijo Ángel de Jesús Rodríguez tenía 19 años cuando fue desaparecido junto a sus tres amigos: Daniel Armando Espinosa de 22, Eduardo Isaías Ramírez de 21 y José Gerardo Aguilar de 18. Era el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco. Ese mismo día también fueron desaparecidos dos jóvenes más: Marco Antonio Ramírez Cárdenas de 19 y Cristián Fabián Ávila Cardona de 18, así como un adulto: Rodrigo Espinoza Aguayo de 38 años.

Con el tiempo, ella y su familia se han convertido en acompañantes de madres, padres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en este municipio. Lo hacen desde la experiencia y el amor, con la intención de orientarles por aquellas rutas “más sencillas”, deseando que no tropiecen con la burocracia y la espera gubernamental, como les sucedió en su momento y como le sigue sucediendo a quienes denuncian un delito como este en la región.

“Sabemos lo que se siente. Sabemos todo lo que pasa, como la fiscalía comete muchos errores, como son indolentes, como tratan de silenciar a las familias, que no digan, que no hablen, que porque “entorpecen” las investigaciones o porque entorpecen lo avanzado”.

Para ella y sus familiares, la desaparición de Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Miranda y Dante Hernández el pasado 11 de agosto de 2023, significa “volver a recordar, revivir y rectificar las indolencias, las omisiones y la corrupción”, pero, sobre todo, les implica reconocer que esta problemática “no es de ahorita”.

“No es de ahorita, de estos cinco jóvenes. Después de 10 u 11 años se viene recrudeciendo esta problemática de la desaparición forzada. Hay bastantes, bastantes desaparecidos y desaparecidas en Lagos de Moreno y hay gente que no tiene una respuesta, que su carpeta está ahí archivada, no hay búsqueda, no hay ninguna garantía para las familias” explica.

Y es verdad, la problemática de las desapariciones ha mantenido una tendencia permanente y reiterada en este municipio y en la Región Altos Norte.

En 2012, el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ya alertaba sobre el contexto de inseguridad y violencia que imperaba en el municipio y que condicionaba la seguridad de sus habitantes. CEPAD registró que, entre 2006 y 2012, 59 personas habían sido desaparecidas.

En tanto, el extinto Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) contabilizaba que desde el 2013 hasta el año 2015, en Lagos de Moreno había al menos 56 personas reportadas como víctimas de una desaparición.

A su vez, la Unidad de Transparencia de la ex Fiscalía General del Estado, informó a través de una solicitud de acceso a la información que, entre los años 2013 y 2015, las desapariciones en la Región Altos Norte sumaban 181 personas desaparecidas (50 fueron desaparecidas en 2013; 56 en 2014 y, finalmente, 75 en el año 2015). De acuerdo con la Fiscalía, un total de 90 personas habían sido localizadas, 74 con vida y 16 sin ella.

“Como en este caso, hace 10 años se visibilizó porque las familias eso queríamos, dar a conocer lo que estaba pasando en Lagos de Moreno, pero esto sigue pasando y cada vez con más crueldad, con más violencia, con más errores por parte de Fiscalía y no tienen el tacto para tratar a las familias” manifiesta la señora Tere.

En 2013, cuatro de los seis jóvenes desaparecidos (Ángel, Daniel, Eduardo y Gerardo) caminaban juntos hacia la casa de Daniel tras celebrar el cumpleaños de Eduardo. Su andar por una de las avenidas principales de la ciudad, el Boulevard Orozco y Jiménez, fue interrumpido cuando un grupo de sujetos armados, a bordo de una camioneta con torreta, se los llevaron. A Christian, Marco y Rodrigo, se los llevaron de sus propias casas.

Después de percatarse de su ausencia la mañana de ese domingo 7 de julio de 2013, sus familias comenzaron su búsqueda. Primero a través de los amigos y los sitios a los que frecuentaban asistir, luego siguieron la publicación de sus fotografías en las redes sociales, la denuncia ante la Fiscalía Regional Altos Norte y la difusión del caso como una desaparición de grupo de jóvenes, tal y como se documentó en medios de comunicación.

Un mes después, el 14 de agosto de 2013, agentes del Ministerio Público y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses notificaron a las familias de los jóvenes que se habían localizado unas osamentas en las inmediaciones de una finca apodada: “La ley del monte”, ubicada en una brecha que lleva hacia la comunidad de La Sauceda y la delegación de Comanja de Corona, ambas en el municipio de Lagos de Moreno. Estas osamentas de acuerdo con los análisis genéticos realizados pertenecían a cuatro de los seis muchachos: Daniel Espinosa, José Gerardo Aguilar, Rodrigo Espinosa y Marco Antonio Ramírez. Las autoridades forenses confirmaron más tarde la identificación de Eduardo Ramírez y Ángel de Jesús Rodríguez. Christian Ávila Cardona no ha sido localizado hasta ahora.

Los jóvenes habían sido sometidos, tras su desaparición, a vejaciones físicas y tortura, y luego de su asesinato, sus cuerpos fueron disueltos en sustancias químicas para tratar de desaparecerlos por completo.

Francisco Macías, abogado especialista en Derechos Humanos, afirma que dentro de esta región Altos Norte, ha hecho falta que el Estado en sus tres niveles de gobierno, identifique, reconozca y atienda los generadores de las violencias que rodean estas zonas; ¿qué tiene esta región que está generando este ecosistema violento? cuestiona el abogado, el análisis debería incluir una revisión a profundidad de los municipios que rodean la región, “sus policías, la actividad económica imperante, los desarrollos industriales, así como las dinámicas exacerbadas y la territorialidad”.

“Mientras no tengamos esa capa todo va a quedar en asesinatos, en amenazas, en desapariciones…”. Como si se tratara de casos aislados y no como en realidad lo son, delitos que subyacen en medio de estos cruces y dinámicas.

La señora Tere es capaz de identificar los contrastes y las semejanzas entre su caso y el de los cinco jóvenes. Tal vez, la más dolorosa, es saber que a 10 años, “otra vez se los llevaron con total libertad y a ojos vistos”. Observa que, como hace una década, las familias fueron quienes iniciaron los procesos de búsqueda independiente y colectiva, puesto que, la burocracia institucional demoró por lo menos un día entre búsquedas de escritorio y papel.

También, le indigna pensar que las autoridades, como lo hicieron con su hijo y sus amigos, siguen pretendiendo culpar a las víctimas de su desaparición “en lugar de buscar a los muchachos y a los que se los llevaron, indagan sobre ellos”.

Está segura de que el patrón común de la violencia se repite, aunque considera que la crueldad se ha recrudecido “es la misma saña, es la misma atrocidad”, sin embargo, se cuestiona “¿cómo los pudieron grabar?, ¿cómo pudieron hacer semejante cosa?”.

La noche del lunes 14, mientras familiares, amistades e integrantes del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarles en Lagos de Moreno se manifestaban a las afueras de la Delegación Altos Norte de la Fiscalía de Jalisco, una fotografía y un video donde aparecían presuntamente los cinco jóvenes desaparecidos, comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes, difundidas en distintas redes sociales, mostraban a las víctimas en situaciones que ponen en riesgo su seguridad y su vida.

De acuerdo con la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca J. Trujillo Cuevas, tras identificar la circulación de estos materiales los familiares de las víctimas fueron convocados para darles a conocer esta información. Pese a que las familias señalaron que existían posibilidades de que se tratara de sus seres queridos, la Fiscal informó que se encuentran trabajando en la verificación del origen y la veracidad de los materiales, los cuales también ya “forman parte de las líneas de investigación que se están agotando” dijo el Fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz en rueda de prensa.

Francisco Macías explica que alrededor de los cinco jóvenes desaparecidos, la Fiscalía del Estado ha informado de “avances” en la investigación y búsqueda que “no están teniendo una certeza de valor de prueba”; es decir, se han referido avisos, llamadas, reportes anónimos que han llevado, por ejemplo, a la localización de vehículos, presuntamente pertenecientes a las víctimas, -uno de ellos con restos óseos- o de las tres fincas donde se encontraron indicios y también la que se encuentra ubicada en la comunidad de La Troje, donde se localizaron restos óseos, así como cuatro cráneos que aún están siendo analizados para verificar su identidad. 

Sin embargo, precisa Francisco Macías es preocupante que estos “avisos” y “llamadas anónimas” sugieran la posibilidad de que la institución “esté siendo utilizada como mecanismo de los grupos que están violentando la zona”. 

“Este sistema no está garantizando el reconocimiento, no está garantizando derechos, no está garantizando la identificación, no está garantizando la investigación, simplemente Es un estado que está funcionando con una dinámica de denuncias anónimas. Pareciera indicar que sólo ha funcionado como un vocero o un administrador de las consecuencias de las violencias y de las necesidades de las víctimas. En las denuncias anónimas deberían de meterles más evidencia, porque son cosas que están administrando”.

Y es que, el Gobierno del Estado dijo que no volvería a retomar denuncias y reportes anónimos luego de los incidentes del pasado 11 de julio, donde seis policías resultaron muertos y doce heridos tras la detonación de explosivos en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin mencionar que las labores de búsqueda, presuntamente intensivas, se vuelven selectivas: “todo esto es parte de esta muralla que busca evitar que no haya historia, que la gente no conecte con las historias de ellos, que haya una barrera entre la sociedad y las víctimas, que digan “eso le pasa a sus hijos, pero no a los míos” sugiere Francisco.

En eso coincide la señora Tere y afirma que las familias que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años buscando a sus seres queridos estén indignadas y reclamando que sólo se busca a sus familiares si el caso es suficientemente mediático o masivo, como ha sucedido con la desaparición grupal de los cinco jóvenes. 

Administrar el horror y garantizar el dolor

Francisco Macías acompañó a las familias de los seis jóvenes y un adulto desaparecidos y localizados sin vida el 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco en sus procesos de exigencia de justicia, verdad, memoria y no repetición, así como a otras familias buscadoras que en el estado siguen en la exigencia del regreso de sus seres queridos.

En su análisis sobre la situación afirma que, luego de diez años, es posible hablar de la “consolidación de zonas concéntricas de impunidad y de máquinas que se están llevando a los jóvenes y administran la violencia en las regiones”. Una situación que, asegura, “es inversamente proporcional a las debilidades y la falta de atención a los gobiernos municipales”.

Habla de las dinámicas de reclutamiento forzado que han quedado en evidencia y de las cuales, presuntamente, fueron víctimas los cinco jóvenes antes de ser desaparecidos “está llegando a actividades muy cotidianas, esto de que les habían ofrecido a través de un call center tener un trabajo, confirma lo que se decía hace 10 años: está claro que quienes dominan económicamente estas regiones son estos grupos”.

A su vez, explica que, entre estas tendencias reiteradas, está el perfil de las víctimas, las cuales “siguen siendo jóvenes”, asegura, “porque es lo más vivo que hay en las comunidades. En otros casos que se han dado dentro de las desapariciones múltiples, son personas con un perfil relevante por una actividad productiva que le es simbólico para ellos”.

Para el también académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) el Estado ha autoconstruido “una muralla” que impide la rendición de cuentas, especialmente, que muestren “ese Estado desnudo, que no garantiza la mínima seguridad y vida de las personas”.

“Lo vemos en la categoría de ilocalizable, del coordinador de seguridad, cuando dijo que no se había detectado una situación de violencia cuando al siguiente día toda la evidencia indicaba todo lo contrario. Creando, incluso, estas nuevas tipologías. Ilocalizable, es un eufemismo del Estado para evitar permear a través de los medios, porque en realidad lo que les preocupa es su imagen”, ejemplifica.

Desde su mirada, nos encontramos de cara a “un Estado que administra el horror para autoprotección” y que lo único que garantiza con su actuar es el dolor de las víctimas.

https://www.zonadocs.mx/2023/08/20/sin-garantias-de-no-repeticion-la-crisis-de-desapariciones-y-violencia-en-lagos-de-moreno-se-repite-diez-anos-despues/

 

Se manifestarán por la aparición con vida de Carlos Donaldo (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (19/08/2023).- La Red de Desaparecidos en Colima convocó a la sociedad en general a sumarse a la marcha por la aparición con vida de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, quien fue privado de su libertad el 20 de agosto de 2018 en Villa de Álvarez.

La marcha para exigirle a la autoridad que avance con las investigaciones se llevará a cabo este sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde y el punto de reunión es la explanada de Bodega Aurrerá en la avenida Benito Juárez desde donde se caminará hasta llegar al jardín de San Francisco.

Donaldo es hijo de la presidenta de la Red de Desaparecidos, Carmen Sepúlveda, una de las mujeres que han evidenciado el calvario que sufren los familiares de las víctimas en el estado y la falta de personal en la Fiscalía General del Estado para que avancen las investigaciones para localizar a los desaparecidos.

Carlos Donaldo Campos Sepúlveda desapareció el 20 de agosto de 2018 en Villa de Álvarez cuando se encontraba con otros amigos y desde esa fecha sus familiares no han parado de buscarlo y de pedirle a las autoridades la aparición con vida del joven.

Colima es uno de los estados donde el delito de desaparición de personas ha aumentado en la última década. La Red calcula mil 700 desaparecidos aunque la cifra podría ser mayor por aquellas personas que no denuncian la ausencia de su familiar o amigo por temor.  Para la marcha se está solicitando a los asistentes acudir con una playera blanca.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=47501

Pescadores de Sisal protestan enérgicamente en Palacio de Gobierno (Yucatán)

Por Guillermo Castillo / Fotos de Lorenzo Hernández / Haz Ruido

Exigen una indemnización por las afectaciones ambientales y a su actividad económica por el encallamiento de un barco en Arrecife Madagascar. En la protesta destrozaron maderas y señaléticas, desarmaron andamios y prendieron fuego.

Mérida, Yucatán, 18 de agosto de 2023.-Pescadores de Sisal protestaron enérgicamente este viernes en el Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales que los indemnice por los daños causados por la embarcación Grande Senegal, en cual encalló hace unas semanas en el Arrecife Madagascar. Los manifestantes argumentan que el hecho ya afectó su actividad económica, así como al ecosistema marino de la zona.

Cerca de 500 personas que se dedican a la pesca de ese puerto del municipio de Hunucmá acudieron a las inmediaciones de la sede del Ejecutivo estatal, para demandar apoyos económicos. Cabe mencionar que la movilización fue encabezada por el comisario Miguel Ek.

“Estamos luchando para que se nos indemnice, por los daños que nos ocasionó -el Grande Senegal-, esa era la mejor zona de pesca y ahora no queda nada, es necesario que esto sea resarcido, queremos que nos compensen los daños… además el barco es de otro país y hasta ahorita no hemos recibido nada”, sentenció uno de los inconformes.


Los manifestantes informaron que se acercaron al secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable, Rafael Combaluzier Medina, para plantearle sus inquietudes, sin embargo, no fueron escuchados, por lo que decidieron realizar la movilización de este viernes.

El grupo de personas pescadoras presentaron una carta en donde plantean a la autoridad estatal que el encallamiento del barco italiano ha causado y causará impactos a largo plazo en su modus vivendi, así mismo lamentaron las afectaciones al ecosistema marino, particularmente a la zona de arrecife Madagascar.

Explicaron que han observado daños a las colonias de coral rojo y blanco, así como la presencia de especies para su captura como rubias, pargos, mulatos, cananés, coronados, entre otros. Recordaron que los corales sirven de barreras naturales que protegen la zona de los efectos de los ciclones tropicales.

Argumentaron que la principal actividad económica de Sisal es precisamente la pesca y que cientos de familias dependen de la disponibilidad de las especies marinas que habitan en la zona.

Advirtieron que los daños ocasionados por el navío en el ecosistema y la presencia de especies llevará años en repararse, por lo que insistieron en la importancia de recibir apoyo económico de la autoridad competente.

Una comitiva de pescadores fue recibida por funcionarios del Gobierno del Estado, quienes les explicaron que el Gobierno federal, a través de la Semarnat, es el encargado de evaluar los daños ocasionados por la embarcación y, en su caso, determinar si los indemnizará.

La respuesta generó malestar entre los hombres de mar, quienes destruyeron las maderas y desarmaron los andamios colocados en el Palacio de Gobierno que servían para acciones de remozamiento.

También rompieron señaléticas del Gobierno del Estado y parte de las gradas colocadas por el Ayuntamiento de Mérida de los espectáculos de luz y sonido. Además, prendieron fuego afuera del edificio.

Los pescadores advirtieron que si sus demandas no son atendidas, bloquearán el acceso al puerto de Sisal.

https://www.hazruido.mx/reportes/pescadores-de-sisal-protestan-energicamente-en-palacio-de-gobierno/

79 mujeres asesinadas en 8 meses y medio del gobierno de Salomón Jara: ¿Y el Oaxaca seguro?

Imagen: Página3

Pedro Matías / Página3

Oaxaca, Oax– (página3.mx).- El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) afirmó que en lo que va del gobierno de Salomón Jara Cruz han sido asesinadas 79 mujeres, situación que ubican a Oaxaca entre los estados con mas feminicidios en el país.

Tan solo del 1 de enero al 16 de agosto de 2023 han contabilizado 66 mujeres asesinadas pese a que el gobierno estatal ha minimizado esa problemática.

Hizo hincapié del caso que involucra a Karen, una adolescente de tan solo 17 años, quien fue víctima de violencia de género por parte de su pareja sentimental, Luis D.V.G. quien fue detenido en Ocotlán de Morelos, y ha sido vinculado a proceso. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva.

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó que obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Luis D.V.G., por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Karen.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2023 cuando la adolescente fue citada en Santa Inés Yatzeche, donde la subió a una motocicleta y el imputado la habría llevado por la zona de Santa Cruz Nexila, siendo esa la última vez que la vieron con vida.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, a través de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada, se logró obtener una orden de aprehensión por el caso y se ejecutó, logrando la detención de L.D.V.G., quien fue presentado ante el juez que conoce la causa, dictando auto de vinculación a proceso, además que impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

GESMujer hizo hincapié que del 1º de diciembre de 2022 al 16 de agosto, lo que va de esta administración, se han registrado 79 casos de mujeres asesinadas, principalmente en las regiones de Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Mixteca, respectivamente.

De acuerdo a los sexenios, con José Murat Casab se documentaron 429 casos de mujeres asesinadas; 283 con Ulises Ruiz Ortiz; 527 con Gabino Cué Monteagudo; 715 con Alejandro Murat Hinojosa y 79 con Salomón Jara en apenas ocho meses y medio de su administración.

https://pagina3.mx/2023/08/79-mujeres-asesinadas-en-8-meses-y-medio-del-gobierno-de-salomon-jara/

El agua es vida y la vida se defiende: 3º Asamblea Nacional en Defensa de la Vida y el Agua

– Con el grito: “¡Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas!” cientos de personas se reunieron en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
– En la lucha, seamos constantes como el agua, llaman durante la inauguración del encuentro
-La declaración final denuncia al actual gobierno federal por garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y del narco Estado, así como por la militarización en todo el país.

Colectivo Grieta
14 de agosto de 2023
Ciudad de México.- Provenientes de diferentes estados de la República mexicana, cientos de representantes de colectivos, comunidades indígenas, organizaciones sociales y personas individuales se reunieron los días 12 y 13 de agosto en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, Ciudad de México, en la 3º Asamblea Nacional en Defensa del Agua y la vida!. El encuentro, que fue convocado por el Congreso Nacional Indígena y decenas de organizaciones, redes y colectivos, tuvo como objetivo el visibilizar, denunciar y construir propuestas contra el despojo, la explotación, contaminación y exterminio del agua y la vida. Para ello se organizaron 6 mesas de trabajo: 1. Sujetos y mecanismos para el despojo del agua; 2. Leyes y programas gubernamentales que buscan desaparecer a los pueblos originarios; 3. Militarización y aumento de las violencias; 4. Transformaciones del paisaje lacustre; 5. Las mujeres en defensa y cuidado del agua, el territorio y la vida; 6. Experiencias comunitarias de lucha y resistencia.

Foto: Colectivo Grieta

Durante la primera plenaria Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, señaló cómo se ha recrudecido la guerra contra los pueblos originarios por parte del gobierno de la 4T. Hizo un recuento de los defensores ambientales y comunitarios muertos y desparecidos en los últimos años, especialmente en la comunidad de Santa María Ostula, donde los tres niveles de gobierno y el crimen organizado actúan en complicidad.

González también explicó cómo el concepto de “Ordenamiento territorial”, sin importar si se quiere disfrazar de “comunitario” o “participativo”, responde a la lógica del capitalismo, que ve al territorio como un conjunto de recursos cuya repartición hay que “ordenar”; el “ordenamiento territorial” -como el que impulsa el gobierno de la CDMX para los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta- lo que hace es fijar una relación instrumental con la naturaleza. Y recordó que las comunidades indígenas no ven a la naturaleza como simple “instrumento” o como “dinero”, sino como una relación simbólica con el territorio que habitan.

Foto: Colectivo Grieta

En el encuentro se compartieron testimonios sobre las diversas formas en las que el despojo del agua y del territorio van de la mano con la militarización del país. En casos como el del Ejido de San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta, o en Ixtapaluca, Estado de México, habitantes de esos lugares denunciaron como la instalación de cuarteles de la Marina o el Ejército se dan a partir del despojo de tierras ejidales o espacios públicos, pero además van de la mano con la instalación de tiendas del gran capital, sucursales del Banco Azteca y, en muchos casos a la par de la construcción de plantas de empresas embotelladoras de agua. Tal es el “ordenamiento” o reordenamiento del espacio que el capitalismo hace en las tierras de los pueblos, barrios y comunidades. Frente a ese ofensiva  es que crece la fuerza y organización de la resistencia de los pueblos, barrios y comunidades, que compartieron en las diferentes mesas experiencias de lucha e iniciativas de diverso tipo en defensa del territorio, el agua y la vida misma.

Temáticas de las mesas de la Asamblea

 

Temáticas de las mesas de la Asamblea

 

Después de los trabajos de la Asamblea, los 834 participantes, provenientes de 209 organizaciones, colectiv@s, redes, pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, medios libres e individu@s publicaron la Declaración de la 3ra Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. En ella se denuncia “la guerra de exterminio que se desarrolla en nuestros territorios. Especialmente la que se lleva a cabo contra los Pueblos zapatistas. Esta guerra se impone con la Explotación, el Despojo, la Represión y Desprecio; es decir, camina sobre las 4 ruedas del capitalismo. Como defensor@s del agua y la vida, denunciamos este sistema de destrucción y muerte”.

Asimismo denunciaron al gobierno encabezado por López Obrador por “garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narco Estado; además, la militarización en todo el país, como garantía para imponer sus mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que, basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio. Por tanto denunciamos que el crimen organizado y grupos paramilitares colaboran sistemáticamente con las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, al punto tal en que no podemos ya entenderlos como fenómenos distintos, sino piezas codependientes, músculos y ligamentos del brazo armado del Narco Estado Capitalista.”

Foto: Colectivo Grieta

La Declaración denuncia las múltiples formas en que la hidra capitalista se impone en el territorio nacional; exige el alto a la guerra contra las pueblos zapatistas, alto a la represión, alto a la violencia de género, también exige “la instalación de plantas tratadoras [de agua…] en lugar de derramarlas sin tratamiento alguno en la comunidad de Atlapulco, considerando el derecho a la salud”; y demandan “la restauración y protección del ciclo natural del agua en la región microcuenca Tláhuac-Xochimilco, Milpa Alta-Chalco y respeto al ecosistema originario” entre otras cuestiones.

Foto: Colectivo Grieta

La Declaración termina con un llamado a realizar acciones coordinadas entre las que se encuentran: la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida a realizarse en los meses de febrero o marzo del 2024 en Tlaxcala; una Manifestación en contra la Comisión Nacional de Agua, tanto en sus oficinas centrales en la CDMX, como en cada una de sus direcciones locales, estatales o municipales en cada estado, el 25 de septiembre; un llamado a sumarse a las movilizaciones que convoque el CNI, el día 12 de octubre del 2023 en contra de la Guerra que enfrentan los Pueblos Zapatistas, comunidades Indígenas y todos los pueblos de México; se acordaron también acciones por el 40 aniversario de la fundación del EZLN y el 30 aniversario del levantamiento zapatista, sumarse a las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer que lucha 8 de marzo; así como a una gran manifestación por el Día Internacional del Agua para el próximo 22 de marzo del 2024.

Revisa la declaración completa aquí:

https://www.asambleaporelaguaylavida.org/posts/declaracion-de-la-3a-asamblea-nacional-por-el-agua-y-la-vida

Video de la clausura de la Asamblea:

Foto: Colectivo Grieta

 

Reserva de Calakmul recibirá más de 6 mil autobuses al año (Campeche)

Santiago Navarro F / Avispa Midia

En portada: Fauna al interior de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F

La majestuosa armonía de los cantos de las aves, los monos saltando de un árbol a otro, el viento marcando el paso; así se va pintando el paisajre de la selva que hoy es conocida como la Reserva de la Biosfera Calakmul, ubicada en el estado de Campeche. Esta gigantesca alfombra de árboles y de vida es la segunda mayor extensión de bosques tropicales conservados del continente americano, superado tan solo por la selva del Amazonas en Sudamérica.

De pronto, la armonía se ve irrumpida. El estruendo de un motor de una camioneta de redilas toma por asalto el paisaje. Luego aparecen otras más. Sobre los vehículos van varios hombres que portan un casco amarillo y un chaleco color naranja. Son trabajadores de la construcción. Las camionetas, aunque no lo tienen permitido, viajan dentro de la reserva a más de 60 kilómetros por hora. Se dirigen presurosos hacia una carretera que se está construyendo al interior de la selva.

El general Blas Andrés Núñez Jordán informó en la conferencia matutina de la presidencia, el pasado 7 de agosto, que “se construye un camino tipo rural de 10 kilómetros, con un ancho de cinco metros”.

Este denominado camino, hacia donde se dirigen los trabajadores, es una carretera de cemento hidráulico que puede soportar carga pesada. Un equipo de Avispa Mídia que visitó la zona pudo constar que, a simple vista, no parece de cinco metros de ancho, ya que es de dos carriles. Sus medidas rondan entre 10 a 12 metros. Incluso este tipo de construcción fue realizada en comunidades en el estado de Oaxaca, por ello, el general Núñez agrego que en la obra hay presencia “de trabajadores del estado de Oaxaca”, y que lleva un avance del 22%.

Este fragmento de camino de concreto, al interior de la reserva, conecta la zona arqueologica Calakmul con un hotel que esta siendo construido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que lleva el mismo nombre de la reserva, Calakmul.


Obras del tramo 7 del Tren Maya impactan en los alrededores e interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. Foto: Aldo Santiago

Estas son algunas de las “obras complementarias” del área de influencia del Tramo 7 del Tren Maya. En el trascurso de este tramo se tiene proyectado la construcción de al menos cuatro estaciones, ubicadas en Nicolás Bravo, Xpujil, Conhuas y Centenario.

En un documento que lanzó la organización no gubernamental Greenpeace, en agosto del 2022, como parte del procedimiento de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 7, argumentó que Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) “no presentó un análisis general de todas las actividades indirectas que serán potencialmente incidentes en la región”.

En términos del flujo del turismo se agregaron solo “generalidades de un estudio de demanda de pasajeros y de servicios de STTER (consultora) con fecha del 09 de febrero de 2021”, detalla la organización ambiental.

Derivado del análisis sobre la MIA se destaca que solo de las estaciones establecidas en Conhuas y Xpujil, principales puntos de donde provendrá el turismo hacia la Reserva de la Biosfera de Calakmul y al Sitio Patrimonio de la Humanidad Antigua Ciudad Maya de Calakmul, se espera que arriben a través de vehículos o autobuses 43 mil 600 personas para el año uno de operaciones.

Esto representa 1,453 autobuses de 30 personas cada uno que se internarían hacia las entrañas de la selva. Siendo que para los años siguientes se espera el triple de turistas, casi el equivalente a 6,600 autobuses al año.

En ninguna parte de la MIA se detallan posibles afectaciones hacia la reserva por posibles emisiones contaminantes de los automotores o sobre los niveles máximos permisibles de ruido, vibraciones, de aguas residuales y de basura.
El Hotel

A casi 35 kilómetros de donde cruzará el Tran Maya y a 10 más de la zona arqueologica de Calakmul, se edifica, bajo el mando de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. de la SEDENA, el Hotel Calakmul. Un complejo turístico que contará con capacidad de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles.


Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F

En el mes de abril, diversos activistas y ciudadanos de la región denunciaron que esta obra no cuenta con los permisos, ni con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Gilberto del Pozo, director ejecutivo de la organización Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C., afirmó haber revisado la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el resultado fue que no encontró nada público. Esta organización finalmente presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

SEDENA replicó que el predio ya se encontraba impactado en su totalidad, como consecuencia de haber sido utilizado como campo chiclero hasta la década de los 90, es decir tres décadas atrás. No obstante, la Ley General del Equilibrio Ecológico exige que cualquier cambio en la reserva requiere presentar una MIA ante Semarnat. Hasta la fecha no se sabe si existe.

El general Núñez sostiene que el complejo turístico se está construyendo acorde a las “más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el adecuado funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar”.

En 2021, la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables, Fonatur, contrató a consultores externos para realizar lo que denominó como “Proyectos conceptuales de integración urbano arquitectónica para las áreas de servicio de las zonas arqueológicas”, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La creación de los planes maestros y los estudios estuvieron enfocados a las zonas arqueológicas de Edzná, Uxmal, Oxkintok, Chichén Itzá, Tulum, Cobá y Calakmul. Su objetivo fue identificar las necesidades que favorezcan el atractivo turístico, tales como: alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, transporte, atención médica, esparcimiento, conectividad, entre otras “que permitan la correcta operación y funcionamiento del sitio”, según Fonatur.

En los distintos tramos del Tren Maya, la SEDENA construye los llamados Hoteles Tren Maya, principalmente los que están ubicados cerca de las zonas arqueológicas de Palenque, Chiapas; Calakmul, Campeche; Uxmal y Chichén Itzá, en Yucatán. Contarán con un promedio de 160 habitaciones, albercas, gimnasio, restaurantes y otros servicios.

Según el general Núñez de la SEDENA, al fin de este año 2023 se va a concluir la construcción “de los seis hoteles y las oficinas de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya”, a cargo del órgano militar. El proyecto ferroviario atravesará o pasará por el área de influencia de 15 áreas naturales protegidas.
Seguridad

En la Reserva de Calakmul no solo se están creando las condiciones para que permitan los mejores servicios para el turismo, sino que también se está proyectando la seguridad de la zona. El pasado mes de junio, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, en un evento realizado en la reserva, anunció que se destinaban 10 hectáreas dentro de la selva para la Guardia Nacional.


Obras del tramo 7 del Tren Maya impactan en los alrededores e interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. Foto: Aldo Santiago

En el marco de esta gira se entregó a SEDENA este polígono para que se construya una base operativa para la Guardia Nacional “en la que se implementarán acciones de detección y prevención de la tala ilegal”, anunció Albores junto al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Adán Peña.

De acuerdo con las declaraciones de estos funcionarios, la ubicación estratégica de esta base “facilitará que este destacamento enfrente los delitos ambientales en la zona y se convierta en un emblema y ejemplo a nivel nacional”, además, enfatizaron que beneficiará “en el cuidado y salvaguarda de la RB (Reserva de la Biosfera) Calakmul”.

Un equipo de Avispa Mídia realizó un recorrido por esta ruta y, certeramente, pudo constar que actualmente hay elementos de la Guardia Nacional bajo los árboles en casas de campaña y hamacas. Mientras tanto, en el área destinada se realizan diversas actividades.
Falta de Agua

En la propia MIA del Tramo 7 destaca que, debido a la composición topográfica de la región, existe muy baja capacidad de retención de agua en la superficie, ya que este “vital líquido se filtra hacia los mantos subterráneos”. Así que los principales centros urbanos sufren estrés hídrico, incluso, son abastecidos por medio de tanques cisterna, mejor conocidos como pipas.

En 2019, en las vísperas de la firma del Plan Calakmul, encabezada por Fonatur – cuyo objetivo era la coordinación entre los tres niveles de gobierno, las comunidades y actores locales para empujar el complejo del Tren Maya en la región y sus obras complementarias -, Fonatur ofreció pipas de agua.

El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que las pipas serían entregadas “por parte de Conagua; es el principio de una serie de trabajos para ir resolviendo paulatinamente el problema del agua” en las comunidades, destacó. En ese momento anunció, a través del Comunicado 42/2019, que se invertirían más de 200 millones de pesos en obras de infraestructura social y productiva.

Una de las mayores preocupaciones de las comunidades aledañas al complejo turistico de Calakmul, es ¿de dónde van a traer agua?. Una incognita que aún esta por resolverse.

https://avispa.org/reserva-de-calakmul-recibira-mas-de-6-mil-autobuses-al-ano/

Ixil en resistencia por defender sus tierras; SSP les lanza gas lacrimógeno (Yucatán)

Por Claudia V. Arriaga Durán. / Proyecto Libres

Desde las 5 de la mañana, más de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerraron el acceso a las parcelas de las y los ejidatarios de Ixil. La población protestó y la policía respondió lanzándoles gas lacrimógenos y piedras. El origen del conflicto es la supuesta compra-venta de unas tierras por parte de la familia Abimerhi Millet, predios que aseguraron aún le pertenecen al pueblo.

Mérida, Yucatán, 17 de agosto de 2023.- Desde las 5 de la mañana, más de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerraron el acceso a las parcelas de las y los ejidatarios de Ixil. La población protestó y la policía respondió lanzándoles gas lacrimógenos y piedras. El origen del conflicto es la supuesta compra-venta de unas tierras por parte de la familia Abimerhi Millet, predios que aseguraron aún le pertenecen al pueblo.

En la protesta, los policías de la SSP lesionaron al menos a cuatro personas: tres mujeres y un hombre con lesiones visibles, le llaman Tali y fue arrestado.

“Arrestaron a un señor que quería pasar a su parcela para criar a su ganado. Todos los policías lo tiraron, pisotearon y le quitaron la moto. Toda la gente al verlo intentó ayudar, pero les valió empezaron a tirarnos piedras. Les dijimos que nos calmaríamos para que lo dejen y los policías seguían lanzando piedras”, relató en entrevista para Libres una de las manifestantes.

Otra de las personas acusó que las autoridades les quitaron sus motocicletas con las que se transportaban a las parcelas y herramientas de trabajo.

Los pobladores recordaron que está no es la primera vez que intentan apropiarse de sus tierras. En el 2022, los supuestos compradores también acudieron para tomar posesión de las tierras con policías estatales y los expulsaron.

“Este año regresaron con más papeles y están colocando muros de concreto y alambre”; agregó otra pobladora de Ixil.

De momento continúan en protesta las y los pobladores de Ixil, exigen cese la intimidación y criminalización de la protesta por la defensa de sus tierras.

https://proyectolibres.org/2023/08/ixil-en-resistencia-por-defender-sus-tierras-ssp-les-lanza-gas-lacrimogeno/

Comunidad de Ostula impide desalojo de tierras recuperadas (Michoacán)

Redacción Desinformémonos
16 agosto 2023

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, se movilizó para impedir el cumplimiento de la orden de desalojo de la encargatura costera de Xayakalan y logró que el Tribunal Unitario Agrario dejara sin efectos la diligencia de ejecución.

Los comuneros de Ostula reconocieron que a pesar de detener la orden del Tribunal, éste «trastocó profundamente la paz y la tranquilidad de toda la región», luego de que el pasado 11 de agosto fueran notificados de la orden para desalojar 700 hectáreas de tierras de Xayakalan, fundada en tierras recuperadas en 2009.

La orden de desalojo se sumó a la ola de violencia contra Ostula, sólo un día después de que fuera hallado sin vida el cuerpo del guardia comunal Lorenzo Froylán de la Cruz, quien había sido desaparecido por un grupo criminal el 1 de agosto en Coalcomán.

Durante la movilización los comuneros exigieron el respeto a sus territorios, particularmente a las tierras recuperadas de Xayakalan, así como el castigo a los responsables de la desaparición, tortura y ejecución de Lorenzo de la Cruz, el desmantelamiento de los grupos armados y garantías de protección para la guardia comunal de Ostula y su autonomía.

Foto: Desinformémonos

A continuación el comunicado completo:

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

La embestida por parte de funcionarios del Estado mexicano y de cárteles criminales, en contra de nuestra comunidad, en contra de sus territorios, y en contra de sus instituciones y de su autonomía ha crecido descomunalmente en los últimos días.

Junto a la violenta ejecución de nuestro hermano y compañero LORENZO FROYLAN DE LA CRUZ RÍOS, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el pasado 10 de agosto y quien unos días antes había sido “levantado” por un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sorpresivamente el viernes once de agosto nos fue notificado un acuerdo que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la Ciudad de Colima, JESÚS ANTONIO FRÍAS CARDONA, emitió desde el 26 de junio de este año en el juicio agrario número 78/2004, con el propósito de ejecutar una sentencia para deslindar nuestras tierras comunales correspondientes a la Encargatura de Xayakalan en favor de supuestos pequeños propietarios de La Placita, lo anterior sin que esta resolución se encuentra firme, pues existen recursos legales en trámite en contra de la misma.

Dicha orden de ejecución iba a materializarse el día de hoy, sin embargo, ante la movilización de miles de comuneros y comuneras para impedirlo, el Tribunal Unitario Agrario dejó sin efectos la diligencia de ejecución, pero trastocó profundamente la paz y la tranquilidad de toda la región.

Ante las graves circunstancias de peligro en que se encuentra nuestra comunidad y de frente a la embestida gubernamental y criminal desatada en su contra, exigimos:
1. EL RESPETO A LAS TIERRAS Y TERRITORIOS QUE CORRESPONDEN EN FORMA ANCESTRAL A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA Y EN PARTICULAR EL RESPETO A LAS TIERRAS DE LA ENCARGATURA DE XAYAKALAN, MISMAS QUE HABÍAN SIDO DESPOJADAS A NUESTRA COMUNIDAD POR SUPUESTOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA PLACITA Y QUE FUERON RECUPERADAS EL 29 DE JUNIO DE 2009.
2. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA TORTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LORENZO
FROYLÁN DE LA CRUZ RÍOS Y DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, ASI COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES.

3. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS CORRUPTOS DE LA GUARDIA NACIONAL ADSCRITA A CHINICUILA Y COALCOMÁN, A LA FISCALÍA GENERAL DE MICHOACÁN ADSCRITA EN COALCOMÁN Y A LA GUARDIA CIVIL ESTATAL.

4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA
GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Respeto a las tierras y territorios de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula!
¡Castigo a los autores intelectuales y materiales de la tortura y ejecución de nuestro guardia
comunal, Lorenzo Froylan de la Cruz Ríos!
¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las
libertades de la comunidad!
¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!
SANTA MARÍA OSTULA, A 15 DE AGOSTO DE 2023.

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

https://desinformemonos.org/comunidad-de-ostula-impide-desalojo-de-tierras-recuperadas/

Aumenta violencia contra activistas que se oponen al Corredor Interoceánico (Oaxaca)

Imagen: Avispa  MIdia

Renata Bessi / Avispa Midia

El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.

Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.

En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.

Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).

La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.

Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.

La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.

La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.

Acoso y violencia

La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.

El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.

El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.

El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.

Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.

Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.

Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.

Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.

“Accidentes”

El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.

El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.

“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.

“No hay conflicto”

Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.

El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.

“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.

Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.

Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.

https://avispa.org/aumenta-violencia-contra-activistas-que-se-oponen-al-corredor-interoceanico/

“En Santa María Chi, sabemos que peleamos contra un monstruo” (Yucatán)

Itzel Chan / Haz Ruido

La suspensión temporal de la granja de cerdos es un avance, pero la población seguirá luchando hasta que se retire de la comisaría y deje de contaminar su territorio.

Mérida, Yucatán, 16 de agosto de 2023.-La granja de cerdos establecida en la comisaría de Santa María Chi, en Mérida, fue suspendida de manera temporal, pero para las y los habitantes significa un logro parcial, ya que no se trata de un cierre definitivo. Al respecto, el comisario Wilberth Nahuat Puc aseguró: «Sabemos que estamos peleando contra un monstruo».

La suspensión temporal de las actividades de la granja se debe en gran parte a una denuncia ciudadana interpuesta por el mismo comisario. Aunque es un avance, Nahuat Puc dijo que por ahora es un beneficio a medias, porque lo único que tienen prohibido es que ingresen más cerdos a la fábrica, pero la empresa puede seguir operando con los animales que ya tiene dentro.

«También, aunque yo puse la demanda, ya no formo parte del proceso de denuncia porque es algo que verán la empresa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y no sé a qué acuerdos puedan llegar», refirió.

Para el comisario, quienes habitan en esta comisaría de Mérida no han tenido un logro completo, porque un logro al 100 por ciento sería que la fábrica se retirara del lugar.

Actualmente, el acceso a la granja está dentro de la comisaría, a 20 metros de la primera casa y justamente piden la reubicación del acceso.

«Si la granja no se retira, buscamos al menos que su acceso sea reubicado a otro lado porque así ya no tendríamos los vehículos pasando por la comunidad, llenos de cerdos y tirando popó y dejando mal olor a su paso», señaló.

El comisario asegura que quienes administran la granja deben tener influencia dentro del Gobierno actual, porque se priorizan las ganancias que la industria porcícola deja. Wilberth insistió que no quitarán el dedo del renglón en torno a esta lucha por la protección de su territorio.

«Seguiremos porque no queremos la contaminación de nuestra agua, de nuestro aire y no queremos que vuelva a pasar lo de la vez pasada cuando no podíamos ni salir al patio», agregó.

Durante el mes de mayo, personas de la comunidad comenzaron a enfermar a causa del mal olor que hay en su territorio debido a que se producen cerca de dos mil cerdos al mes en esta fábrica que ya se adhirió a Kekén. En tanto, por ahora cuentan con la suspensión temporal, los habitantes pedirán limpieza de áreas perimetrales y la presencia de más árboles.

Aunque reconoce que no es una medida que les funcione en su totalidad, quizá sí mitigue en menor medida la presencia del mal olor.

«Igual creemos que el Gobierno quiere apoyar a estos señores para que puedan regularizar su situación porque por ejemplo, ni siquiera tenían una Manifestación de Impacto Ambiental», agregó el comisario.

Mientras tanto, él enfrenta una denuncia por presunta privación de libertad de trabajadores de la granja, esto después de manifestarse para proteger su territorio.

https://www.hazruido.mx/reportes/en-santa-maria-chi-sabemos-que-peleamos-contra-un-monstruo/

Empleado de la CFE amarrado en Valladolid, en la indefensión según reportes (Yucatán)

Juan Antonio Osorio / Diario de Yucatán

VALLADOLID.— El departamento de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) separó de su cargo por tiempo indefinido y sin derecho a su sueldo al empleado que fue amarrado el domingo pasado por vecinos del barrio de Santa Lucía, porque se dejó atar.

La suspensión afectó a los compañeros del empleado, pero nadie se atreve a decir nada, mucho menos los líderes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), al cual pertenecen los trabajadores.

El domingo pasado vecinos del barrio de Santa Lucía bloquearon una calle y amarraron a un poste a uno de los tres empleados, porque desde hace mucho tiempo se registran apagones en ese lugar y la CFE hace caso omiso a sus reportes.

Ayer publicamos que entre los empleados trascendió que la misma CFE pretende darle de baja al empleado que fue atado, en lugar de apoyarlo por la agresión de los vecinos que sufrió.

El mismo personal manifestó que el compañero que fue amarrado ya fue separado de su cargo por tiempo indefinido, con el argumento que se dejó atar e, incluso, colaboró en la acción de los vecinos.
Molestia entre trabajadores de la CFE

La medida de la CFE molestó a otros trabajadores de la empresa porque, comentaron, es el colmo lo que pasa con ellos, ya que además que los agreden sin tener la culpa, ahora la empresa toma represalias contra ellos, lo que les afecta laboral y económicamente.

En la capacitación que imparte la misma empresa han dicho que en el caso que la gente los quiere agredir, ellos no deben responder nada o, de lo contrario, tendrían problemas en su trabajo.

El empleado suspendido, según se averiguó, es oriundo de Tizimín y cuenta con 10 años de servicio.

Según su expediente, ha sido responsable en sus funciones y no se tienen antecedentes negativos en su contra, de modo que la medida de la paraestatal es completamente reprobable.
Baja de empleado de la CFE, sería por anomalías de su superior

Pero trascendió que quien promovió la suspensión fue el encargado de personal que tiene su oficina en Tizimín y le apodan “Nicho”, quien está involucrado en presuntas anomalías internas que no se detallaron.

El caso tomó relevancia nacional porque anteanoche un noticiero por internet informó que la CFE argumentó que el empleado fue suspendido por tiempo indefinido porque colaboró en ser amarrado por los vecinos.

Los compañeros del afectado esperaban que el departamento jurídico de la CFE aplicara acciones legales contra los involucrados que ataron al empleado, pero están haciendo lo contrario, lo cual viola los derechos del trabajador.

Explicaron que hasta el momento el Suterm no se ha pronunciado a favor del empleado y se desconoce si se lleva al cabo alguna acción para defenderlo y evitar que se cometa una irregularidad en su contra.

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/2023/8/13/empleado-de-la-cfe-amarrado-en-valladolid-en-la-indefension-segun-reportes-425226.html

¡Preocupante!, activan Alerta Alba por la desaparición de cinco mujeres en dos días (Colima)

Imagen: Diario Avanzada

Redacción / DIario Avanzada

Colima, México, Avanzada (12/08/2023).- El sombrío panorama provocado por la violencia en el estado de Colima, se oscurece más con la desaparición de cinco mujeres que fueron reportadas por la Fiscalía General del Estado luego de que emitió sus Alertas Alba. La preocupación en la comunidad es mayor porque los hechos se registraron en tan solo dos días.

Las jóvenes desaparecidas han sido identificadas como:

  • Fátima Esmeralda Medina Miranda, de 17 años.
  • Bianca Valeria Hernández Chávez, de 15 años.
  • Daniela Guadalupe Magaña del Toro, de 21 años.
  • Fanny Monserrat Munguía Ramírez, de 11 años.
  • Selene Ramírez García, de 29 años.

Los detalles de cada caso han sido proporcionados por la Fiscalía, junto con la descripción física de cada joven y la fecha en que fueron vistas por última vez. Estos informes incluyen información como complexión, estatura, tez, características faciales y cabello, con el fin de facilitar su identificación.

La preocupación se ha acentuado debido a la proximidad en el tiempo de las desapariciones, y el hecho de que las jóvenes varían en edades y perfiles, lo que complica la identificación de un posible patrón.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=47309

México: consecuencias ambientales del derrame de petróleo que Pemex minimizó

Astrid Arellano / Mongabay

El derrame de petróleo que se registró desde principios de julio de 2023 en el Golfo de México tendrá consecuencias ambientales irreparables, coinciden especialistas, organizaciones y autoridades ambientales del estado de Campeche.

A mediados de julio, organizaciones no gubernamentales dieron a conocer la existencia del derrame que, de acuerdo con imágenes satelitales, cubrió al menos 467 kilómetros cuadrados del Golfo de México. Petróleos Mexicanos (Pemex) minimizó el alcance de la fuga de hidrocarburos.

En los últimos días, el hidrocarburo llegó a diversas costas de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche. Expertos prevén que las afectaciones ecológicas del derrame serán mayores en el fondo marino, provocando daños en los ecosistemas y especies que ahí se encuentran.

En un primer momento, los especialistas que observaron a través de imágenes satelitales los indicios de un derrame de petróleo en el Golfo de México pensaron que la fuga solo duraría unos días. Eso no sucedió. El evento comenzó el 4 de julio del 2023 y una semana después el vertido continuaba activo y sin control. En ese entonces, los cálculos que hacían indicaban que la mancha de hidrocarburos ocupaba poco más de 400 kilómetros cuadrados.

“Lo que más nos preocupó fue el número de días, el tiempo de exposición fue muy largo. Se estuvo monitoreando aproximadamente unos 18 días”, narra Eduardo Cuevas, ecólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California y especialista en monitoreo y detección de hidrocarburos en la superficie del mar.


Se detectan primeros indicios de derrame en Ek Balam Tango Alpha el 4 de julio y de forma claramente visible el 6 de julio. Pemex confirma esta fecha como inicio de derrame en su comunicación del 26 de julio. Imagen: Guillermo Tamburini Beliveau.

El derrame que, de acuerdo con la información que en su momento difundió Petróleos Mexicanos (Pemex), comenzó entre el 3 y 4 de julio y se logró contener hasta el 22 del mismo mes, puede traer consecuencias ecológicas todavía desconocidas, pero seguramente irreparables, coinciden especialistas, organizaciones y autoridades ambientales de Campeche.

Fue justo frente a las costas de este estado del sureste de México en donde se originó el derrame, en la plataforma Ek Balam Tango Alpha, propiedad de Pemex, que procesa el crudo de dos pozos productores. Se localiza a 95 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen y funciona desde 1991 como parte del complejo petrolero Cantarell.


Descripción gráfica del contexto paisajístico en donde se realiza gran parte de la extracción de petróleo en la sonda de Campeche. La ubicación de los elementos de origen antrópico y natural se basan en información pública oficial, aunque se simplificaron para fines esquemáticos. Se muestra de forma comparativa el área estimada de la influencia del derrame en Balam en comparación con el área real de la chapopotera Cantarell. Ilustración: Eduardo Cuevas, Abigail Uribe, Johnny Cruz, Jorge Trujillo, Alejandro Espinoza.

El derrame se conoció por una alerta emitida desde la sociedad civil y no por un aviso de las autoridades mexicanas. El 17 de julio, representantes de diversas organizaciones ambientalistas —Greenpeace, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Iniciativa Climática de México, entre otras organizaciones— ofrecieron una conferencia de prensa para alertar que había un derrame en la misma zona donde, el viernes 7 de julio, se registró el incendio de la plataforma Nohoch-A, también propiedad de Pemex, en donde murieron dos personas y una más se reportó como desaparecida.


El vertido continúa sin control. Primera imagen de radar satelital del 12 de julio de 2023. Medición aproximada de 400 km². Imagen: Guillermo Tamburini Beliveau.

Las imágenes satelitales que procesó el geógrafo Guillermo Tamburini y que sirvieron como base para la denuncia de las organizaciones, mostraban un derrame de crudo de considerable extensión. Hasta el 12 de julio ya se extendía por unos 400 kilómetros cuadrados, equivalente a más del doble del área que ocupa la ciudad de Guadalajara.


Imágenes satelitales ópticas (fotografías) de alta resolución, comparativas del 18 de junio al 15 de julio de 2023. Imágenes: Guillermo Tamburini Beliveau.

En un primer comunicado, emitido el 18 de julio como respuesta a la evidencia presentada, Pemex minimizó los hechos. La institución dijo que su fuga había sido únicamente de 58 metros cúbicos, es decir, el equivalente a 365 barriles de petróleo que habrían afectado un área estimada de 0.06 kilómetros cuadrados.

Sin embargo, el 22 de julio, expertos del Instituto de Geografía y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmaron lo expuesto por las organizaciones. A través de imágenes de radar se descubrió que la fuga petrolera de Ek Balam, en efecto había alcanzado una extensión de 467 kilómetros cuadrados hasta el 12 de julio. La ruta de la mancha de petróleo sería hacia el este-noreste y eventualmente recalaría en las costas del Golfo, en Veracruz, Tamaulipas o Estados Unidos.


Imagen obtenida con el radar Sentinel-1 que confirmó la extensión de 467 kilómetros del derrame de hidrocarburos, el 12 de julio de 2023. Imagen: Universidad Nacional Autónoma de México.

Para el 26 de julio, Pemex ofreció una conferencia en la que su director, Octavio Romero, afirmó que, cuando mucho, se habrían fugado 1368 barriles de petróleo durante los 18 días que el derrame estuvo activo. Según el funcionario, el derrame ocurrió con la instalación de una nueva red de ductos para esta plataforma petrolera. Durante los trabajos, sostuvo el funcionario, los ductos viejos —con un tiempo de operación de 32 años— presentaron una fisura de siete centímetros de longitud “por efectos de la erosión” y aseguró que su tamaño era menor al de un bolígrafo.

Las organizaciones ambientalistas respondieron que las declaraciones de Pemex fueron contradictorias, preocupantes y con la “intención de negar hechos irrefutables y desatender los impactos que este tipo de desastres tienen en los ecosistemas marinos y en las comunidades que viven a lo largo de la costa del Golfo”.


Imagen de radar del 24 de julio de 2023. El derrame tiene unos 80 km². Parte del hidrocarburo se ha disuelto, evaporado o migrado. La mancha migra en dirección oeste. Imagen: Guillermo Tamburini Beliveau.

Un mes después de que el derrame fue detectado por organizaciones no gubernamentales, el hidrocarburo ya se movió con las corrientes marinas. En ellas, ejemplifica Eduardo Cuevas, transitan las crías de diversas especies de tortugas marinas que actualmente están en plena temporada de anidación y eclosión en las costas mexicanas, por lo que la probabilidad de que esta fauna tenga interacción con el petróleo es muy alta.


Tortuga caguama (Caretta caretta)​ encontrada por la Fundación Caretta Mx en playas de Veracruz. Foto: Fundación Caretta Mx.

El hidrocarburo también se hunde en el fondo marino, en donde se almacena una parte del dióxido de carbono (CO2), que es absorbido de la atmósfera. El fondo marino también es un importante hábitat de organismos como corales, esponjas, larvas de peces —como el sobreexplotado atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus)— y de crustáceos como el camarón rosado del Golfo de México (Farfantepenaeus duorarum).

“Siempre que no se reconozca que hubo una emergencia, todos los protocolos y recursos estarán detenidos. El petróleo se está yendo a ecosistemas profundos en donde, de manera usual, el hombre no conoce qué pasa. Todo se queda metido debajo del tapete y no lo vemos”, asevera el ecólogo Eduardo Cuevas.


Manchas de petróleo en las playas de Veracruz, el 25 de julio de 2023. Foto: Fundación Caretta MX.

Un ecosistema invaluable

El Golfo de México es un mar semicerrado. Según el Sistema de Información y Análisis Marino Costero (SIMAR), de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), posee una gran diversidad de hábitats y ecosistemas que incluyen estuarios, fondos blandos en aguas someras, fondos rocosos, comunidades arrecifales y una gran extensión de mar profundo que sostiene una amplia diversidad de especies, como aves, tortugas y mamíferos marinos.

Su riqueza no solo es ecológica, también es vital en términos sociales y económicos. De allí se extrae el 56 % del petróleo del país, convirtiéndola en la región de mayor potencial petrolero, a la par que sostiene la pesca no solo para grandes empresas, sino también para pequeñas comunidades. Tanto la industria petrolera, como la pesca de grandes dimensiones, son presiones que han vuelto particularmente vulnerable al Golfo de México.

“El golfo de México es una joya. La extracción de hidrocarburos, la presión que creamos por la pesca —particularmente, por sus malas prácticas— le dan esa comorbilidad al golfo; lo dejan ya muy sensible y, en algunos casos, casi al borde de un infarto. El tema de hidrocarburos nos tiene con los pelos de punta”, agrega Eduardo Cuevas.


Manchas de petróleo en las playas de Veracruz, el 25 de julio de 2023. Foto: Fundación Caretta MX.

Desde finales de julio y en los primeros días de agosto, manchas de petróleo comenzaron a mirarse en las costas de Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz, estado en donde organizaciones como la Fundación Caretta MX —del municipio de Agua Dulce— ya han reportado la presencia de tortugas marinas muertas en sus playas.

“De abril a octubre es la temporada de anidación de tortugas en el Golfo de México. Durante todo ese tiempo están llegando las hembras a las playas y después de 45 días las crías salen al agua; las crías se mueven con las corrientes y el petróleo se mueve con las corrientes. La posibilidad y probabilidad de interacción es alta. Eso es parte de lo que se ha reportado a las autoridades, es un tema relevante”, explica Cuevas, quien también es especialista en quelonios marinos y su interacción con el petróleo.


Tortuga caguama (Caretta caretta)​ encontrada por la Fundación Caretta Mx en playas de Veracruz, el 25 de julio de 2023, luego del derrame petrolero de Pemex en el Golfo de México. Foto: Fundación Caretta MX.

Un ecocidio

Alexandro Brown Gantus, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de Animales, el Ambiente y los Ecosistemas, de la Fiscalía General del Estado de Campeche, explicó en entrevista con Mongabay Latam que esta dependencia mantiene un monitoreo satelital constante del derrame. Eso les ha permitido observar que la mancha de hidrocarburos ya se movió hacia la zona costera, donde está afectando a la pesca ribereña y a las aves marinas.

La mayor preocupación, dice, es que el petróleo alcance las diez zonas de manglares identificadas por Conabio en la zona costera de Campeche.

“Estamos muy preocupados en la Fiscalía por los efectos ambientales inmediatos, como la muerte de fauna marina, que es irremediable. En nuestras costas tenemos grandes extensiones de manglares; que el petróleo llegue a ellos sería catastrófico, porque les causaría la asfixia y muerte inmediata. Este es un ecocidio que se tiene que atender a la brevedad, para contener de inmediato afectaciones mayores”, aseveró Brown Gantus.


Vista satelital del derrame petrolero, el 12 de julio de 2023, obtenida con los satélites Copernicus de la Unión Europea. Imagen: Fiscalía Especializada en Delitos en contra de Animales, el Ambiente y los Ecosistemas de Campeche.

Pedro Borges, biólogo experto en el manejo de la zona costero marina y perito de la Fiscalía Especializada, explica que ha sido complicado seguirle la huella al petróleo porque los satélites —de la NASA, Canadá, Unión Europea y Japón— tienen un margen de tres a cuatro días para mostrar imágenes, incluso hasta siete, cuando se trata de imágenes con mucho mayor detalle.

“También estamos monitoreando modelos de corrientes y de mareas, de oleaje, para visualizar hacia dónde es probable que se esté moviendo la mancha. Los reportes de alrededor de toda la zona costera del Golfo de México dicen que sí ha habido presencia en las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz e incluso ha habido reportes en algunas zonas de Tamaulipas. La mancha ya se dispersó y eso dificulta enormemente tratar de contener el daño”, explica Borges.


El 24 de julio la mancha de petróleo midió aproximadamente 90 kilómetros cuadrados, la reducción pudo deberse a su dispersión. Imagen: Fiscalía Especializada en Delitos en contra de Animales, el Ambiente y los Ecosistemas de Campeche.

El llamado a la seriedad

Desde el 2021, un grupo de 40 científicos adscritos a instituciones como el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el Instituto Superior de Centla, la UNAM, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma del Carmen —entre los que se encuentra Cuevas— han liderado el proyecto denominado “La desafiante coexistencia de los sistemas socio-ecológicos acoplados; las industrias de la pesca y petróleo en la Sonda de Campeche”, iniciativa financiada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

A partir de entonces, los científicos han analizado más de 1 500 imágenes satelitales, con las que han emitido 36 reportes por sospecha de derrame que han hecho saber a las autoridades —como la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)— desde septiembre de 2022, para proveerles de información científica útil, lo más rápido posible, para su toma de decisiones. Su objetivo ha sido responder a diversas preguntas importantes para el uso sostenible de ese espacio marino en el Golfo de México.

Entre sus principales líneas de investigación, está detectar y monitorear la presencia de petróleo en la superficie del mar y así conocer las áreas y los períodos más frecuentes de este tipo de eventos. En caso de que estos sean originados por alguna actividad humana como plataformas petroleras, buques, ductos submarinos y pozos, se crea un mapa que muestra la ubicación de la mancha sospechosa y una interpretación con localización, características y nivel de certidumbre de que efectivamente se trata de un derrame de hidrocarburos.


Imagen Landsat OLI del 16 de julio. Pemex empieza a hablar de chapopoteras naturales sin vinculación alguna con los hechos. La distancia entre el punto de derrame de Balam A y las chapopoteras naturales de las que habla Pemex es de 20 kilómetros. Imagen: Sistema de Monitoreo de Derrames de Hidrocarburos, parte del proyecto Pesca y Petróleo.

“En el caso particular que observamos en julio, que tardó días emanando y del que constantemente veíamos la firma por varios satélites —porque no fue sólo uno y no pudo haber un error o una mala interpretación—, fue algo sui géneris, de lo más grande entre los eventos de estos últimos dos meses. Ha sido definitivamente de los vertimientos más grandes que hemos visto desde que venimos haciendo monitoreo”, aseguró Eduardo Cuevas.

Para inicios de 2024, el proyecto pretende lanzar un “Geoportal” en línea que constará de un mapa con toda la información recopilada en estos años, con datos como la ubicación de los ductos, las zonas de interacción entre pesca y petróleo, y evaluaciones de riesgo para pescadores.

La información que ha generado este y otros equipos de científicos mexicanos está disponible para las autoridades, sin embargo, no ha sido tomada en cuenta, aún cuando ha sido financiada por el propio gobierno de México, dice Eduardo Cuevas. Por el contrario, tanto los comunicados de Pemex como los propios discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador han optado por minimizar las dimensiones del derrame y sus consecuencias.


Imagen del derrame para el 16 de julio de 2023. Imagen: Guillermo Tamburini / PlanetLabs.

“Hemos sido muy cuidadosos, venimos haciendo esto desde hace más de dos años, de manera sistemática. Lo que procuramos es darle la información a las autoridades y hacer equipo, juntando capacidades. Han hecho oídos sordos a la información que se presenta. La invitación es a sumar esfuerzos, a escuchar”, agrega Cuevas.

Frente a la presión que representa la explotación de hidrocarburos, el Golfo de México debe ser monitoreado para asegurar que su aprovechamiento no comprometa su integridad, dicen los especialistas en una reciente publicación a raíz del derrame.

“Hay información, aquí estamos y se está brindando. En el buen sentido de la frase: queremos que nos usen, que aprovechen la información y la infraestructura de distintas fuentes, para los mejores manejos y las mejores estrategias. Buscamos transparencia y seriedad, hay una invitación para el gobierno particularmente, pero también para la sociedad civil; aquí estamos para responder”.

*Imagen principal:
Tortuga caguama (Caretta caretta)​ encontrada por la Fundación Caretta Mx en playas de Veracruz. Foto: Fundación Caretta Mx.

https://es.mongabay.com/2023/08/mexico-consecuencias-ambientales-del-derrame-de-petroleo-que-pemex-minimizo/

Pobres por ingresos: 248 mil colimenses sobreviven con menos de 11 mil pesos mensuales (Colima)

Imagen: Tomada de la Red

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (10/08/2023).- Mientras que el INEGI señala que en Colima el ingreso promedio en los hogares es 11 mil 500 pesos a la quincena y 69 mil 321 pesos al trimestre, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestra la otra realidad: 248 mil colimenses se encuentran en situación de pobreza por ingresos.

La semana pasada, el INEGI compartió los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH) y los resultados muestran que Colima se encuentra por arriba de la media nacional en cuanto a los ingresos trimestrales de los hogares.

Según los datos compartidos por el INEGI, la percepción promedio trimestral de una familia en la entidad creció poco más de 5 mil pesos. En 2020 el ingreso promedio trimestral ascendía a 64 mil 198 pesos, mientras que para 2022, la cifra es de 69 mil 321 pesos al trimestre, es decir, 11 mil 500 pesos a la quincena. Aunque en la zona rural el ingreso trimestral fue de 55 mil 737 pesos, es decir, 9 mil 289 pesos a la quincena.

Los datos, contrastan con la otra realidad que maneja el Coneval, dependencia que se encarga de medir la situación de pobreza y las carencias sociales de la población mexicana.

Para el caso de Colima, el Coneval destacó que el 30 por ciento de la población vive en pobreza por ingresos, lo que significa que el dinero que recibe por su trabajo es insuficiente para adquirir los productos de la canasta básica.

En número absolutos, el Coneval destacó que son 248 mil colimenses quienes se encuentran en pobreza por ingresos.  Para el Coneval, una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en situación de pobreza por ingresos si su ingreso mensual es inferior a 11 mil 290 pesos con 80 centavos.

https://diarioavanzada.com.mx/?p=47222

Atropellados por la transformación: El Tren Maya en México

Dawn Marie Paley / Ojalá

• 10 de agosto, 2023 •
Pedro Uc ha vivido la mayor parte de sus sesenta años en o cerca de Buctzotz, un pueblo maya a 90 kilómetros de Mérida donde sus antepasados han vivido desde tiempos inmemoriales. Conocido por su poesía y su escritura en maya, Uc es también un activista comprometido que lleva décadas difundiendo y trabajando para proteger su cultura y los derechos de su pueblo a las tierras comunales.

Pareciera, quizá, que hay poco que podría sorprender a este activista tan experimentado con conocimiento y raíces locales profundas. Pero la velocidad de los cambios provocados por el mal llamado Tren Maya ha rebasado por completo sus expectativas.

“En estos últimos tres años se ha vendido más tierra que en los 50 años anteriores”, afirma Uc en una entrevista telefónica desde Buctzotz. El frenesí de especulación con la tierra que describe Uc ha sido provocado por la construcción de más de mil 500 kilómetros de vías de tren en la península de Yucatán, parte de un megaproyecto turístico y de infraestructura que está al centro del programa político del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Un frenesí de expropiaciones

En los dos últimos años, el gobierno federal de México ha expropiado más de 15 mil hectáreas de tierra para el Tren Maya. Gran parte de esa tierra era ejidal, o de propiedad comunal, y una fracción era de propiedad privada. Cada hectárea se compra a precios muy superiores a los del mercado, lo que eleva los precios de la tierra en toda la región y desplaza a las comunidades locales. En la gaceta parlamentaria mexicana se publican nuevos decretos de expropiación con regularidad.

Por ejemplo, el lunes 10 de julio, mediante dos decretos se expropiaron más de 138 hectáreas de dos ejidos de Bacalar, Quintana Roo, y mediante un tercero se expropiaron 94 propiedades privadas en zonas donde se construirá la línea del tren. Un cuarto decreto expropió más de mil 500 hectáreas de tierras ejidales en Felipe Carrillo Puerto, en el mismo estado costero, para la construcción de una base militar y un nuevo aeropuerto en Tulum. La construcción del aeropuerto de Tulum forma parte de una agenda regional más amplia en la que el ejército remodelará y operará otros dos aeropuertos —en Palenque y Chetumal— a lo largo de la ruta del tren.

Inversionistas privados y especuladores ya están intentando beneficiarse del aumento del valor de la tierra. Uc describe el proceso con el que los representantes del gobierno federal convencen a los propietarios comunales de que cedan sus propiedades. Dice que el proceso de cesión de tierras va acompañado de pagos en efectivo, promesas, recompensas individuales y, a veces, hasta amenazas.

“Primero a la gente se les invita a participar en el gran proyecto del Tren Maya, y su participación va a consistir en ofrendar su tierra. Les dicen que más adelante van a tener empleo y le van a hacer un favor al mundo porque van a conectar la península con el resto del país”, dijo Uc.

“Es una narrativa en la que se plantea una mejor vida —lo de siempre— para las comunidades; si la gente no quiere eso, entonces buscan a los líderes de los ejidos y los corrompen por FONATUR”, la agencia federal de turismo en México. Muchos ceden sus tierras con gusto, pero otros no.

Pero el proceso de adquirir tierra no termina ahí. Si todavía hay personas que no quieren vender su tierra para el megaproyecto, entra a cuadro otro actor clave: el ejército.

“En caso de que no se quieran corromper, entonces el ejército les hace algunas visitas, y los amenazan para que entreguen la tierra”, dijo Uc. Pocos han denunciado públicamente este tipo de amenaza, pero Uc sostiene que no son eventos aislados.

Todo lo viejo es nuevo otra vez

La idea de que la península de Yucatán esté conectada—y transformada—por ferrocarril no es nueva.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, cinco líneas ferroviarias diferentes fueron construidas a lo largo de la península, expandiendose como una telaraña desde la ciudad de Mérida. A diferencia de otras partes de México, las vías de la época porfiriana en los estados de Yucatán y Campeche no fueron financiadas por empresas inglesas o estadounidenses, sino que fueron construidas y administradas por élites locales que buscaban comercializar el henequén.

El henequén —una fibra de agave conocida entonces como oro verde— fue el principal producto de exportación de la península hasta principios del siglo XX. Hizo extremadamente ricas a un puñado de familias, al tiempo que sometía a los indígenas mayas y a los trabajadores migrantes a unas condiciones que el periodista John Kenneth Turner equiparó a la esclavitud.

En ese momento, como ahora, la construcción de ferrocarriles se trataba de más que transporte. En su libro Crecimiento contra desarrollo, el historiador John H. Coatsworth sostiene que la expansión de las vías del tren por todo México durante el largo gobierno de Porfirio Díaz fue un catalizador central en la privatización de las tierras comunales indígenas.

Han pasado casi 50 años desde que los Ferrocarriles Unidos de Yucatán cayeron en desuso, y casi el mismo tiempo desde que algunos hombres poderosos de la Ciudad de México se propusieron reactivar la inversión y transformar la región.

Carlos Salinas promovió el “Proyecto Mundo Maya”, un proyecto de turismo masivo similar al Tren Maya en muchos aspectos. Una década después, el Plan Puebla Panamá de Vicente Fox anunciaba la reactivación de un corredor ferroviario a través de la península. Ninguno de estos proyectos se materializó en la península.

No fue sino hasta que López Obrador asumió la presidencia que ese viejo sueño de modernización y reordenamiento territorial para la península de Yucatán se hizo realidad.

Un megaproyecto emblemático hecho al vuelo

Tras una serie de anuncios sobre el proyecto, a finales de 2019 se realizaron consultas aceleradas con los residentes locales durante un mes. Poco se sabía del proyecto en ese momento. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue invitada a observar el proceso de consulta. Esta desaprobó las consultas, al encontrar que no cumplían las normas internacionales.

“Se ha reducido el tema del Tren Maya al tema de transporte y a tramos, se ha dividido y se ha fragmentado”, dijo Jazmín Sánchez Arceo, una ingeniera ambiental por la Universidad de Yucatán. “Incluso en sus propias evaluaciones de impacto ambiental por tramos, no se analiza el proyecto en general y se reduce al tema de las vías férreas, cuando va mucho más allá e implica una reconfiguración social y territorial”.

Activistas y académicos locales están preocupados por la disrupción que el megaproyecto —que incluye 21 estaciones y toda una nueva infraestructura turística— puede causar en ecosistemas y geologías sensibles. También están conscientes de cómo se conecta con otros fuertes intereses en la región.

“Vemos justamente cómo viene a catalizar y ser un potencializador mucho más fuerte para todo el proceso de extractivismo que vemos en la península desde hace varios años”, dijo Sánchez Arceo, quien es parte de Articulación Yucatán.

Articulación Yucatán es una coalición de académicxs y activistas que promueve procesos de “traducción” de información técnica, procesándola para volverla más accesible para un público no especialista, y haciendo procesos de socialización a través de presentaciones en comunidades, ejidos y por internet, entre otros.

Antes de que se desarrollara el Tren Maya, los principales intereses en la península eran los de las granjas industriales porcinas y avícolas, la agroindustria, las plantas de energía solar y eólica, la explotación petrolera, la construcción, la manufactura y el turismo.

En estudios recientes, integrantes de Articulación Yucatán exploran los impactos del Tren Maya en la biodiversidad y las tierras ejidales, así como la forma en que los promotores del proyecto han minimizado territorios y formas de vida complejas mediante el uso de un discurso desarrollista de progreso y la fragmentación del megaproyecto y la infraestructura que lo acompaña.

Sergio Prieto, investigador y profesor del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas en México, dice que es importante considerar el Tren Maya y el paquete de proyectos relacionados con él como parte de una visión más amplia para la región.

Entre ellos figuran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, o Corredor Transístmico, que se extiende del Atlántico al Pacífico a través de la parte más estrecha de México, y Sembrando Vida, un proyecto federal que incentiva a los agricultores a cultivar árboles frutales y nogales comercializables, con frecuencia en tierras comunales.

“Estos tres grandes proyectos son de iniciativa pública, y tienen el sentido justamente de penetrar y controlar un territorio que hasta cierto punto ha estado como una frontera, marginalizado de las dinámicas globales o de las dinámicas de estados”, dijo Prieto.

El trabajo de Prieto se centra en la migración, y su análisis trae al frente otro interés geopolítico favorecido por el creciente control del Estado sobre el sur de México.

“Es el mayor corredor migratorio del mundo”, dijo Prieto. “La externalización de la frontera de Estados Unidos también funciona en el marco de estos territorios estratégicos”.

Un tren militar

Aunque su participación no se anunció hasta mucho después de las consultas simuladas de 2019, soldados e ingenieros militares ya han cortado una franja profunda a través de la selva tropical seca del sur de Campeche para construir la Línea 7, y están trabajando a contrarreloj para terminar el proyecto antes de que AMLO deje la presidencia en 2024.

En total, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está construyendo 553 kilómetros de vías para la Línea 5 (de Cancún a Tulum), la Línea 6 (de Tulum a Bacalar) y la Línea 7 (de Bacalar a Escárcega). Se espera que los militares operen esos tramos del tren por tiempo indefinido, que proporcionen seguridad a todo el proyecto y que reconstruyan y operen tres aeropuertos locales.

Hasta la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha obtenido más de 6 mil 500 hectáreas de terreno en la península a través de expropiaciones. Los medios de comunicación mexicanos han informado que SEDENA está construyendo un hotel sin autorización a menos de 10 kilómetros de la zona arqueológica y reserva de la biosfera de Calakmul.

“El proyecto no está pensado o designado en términos benévolos, en términos de desarrollo, o para las necesidades de las comunidades en el territorio”, dice Prieto. “Está pensado en términos de seguridad nacional”.

https://www.ojala.mx/es/ojala-es/atropellados-por-la-transformacion

Desaparece Lorenzo Froylán, guardia comunal en Santa María Ostula, Michoacán; pobladores acusan a grupo criminal

Pobladores señalaron al CJNG por la desaparición de Lorenzo Froylán de la Cruz, guardia comunal de Santa María Ostula en Michoacán. Acusan que desde 2009 suman 39 asesinatos relacionados con el grupo criminal.

Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, guardia comunal en Santa María Ostula, Michoacán, fue reportado como desaparecido. Pobladores aseguran que un grupo criminal que opera en la región sería el responsable.

Desde el 1 de agosto se desconoce la ubicación de Lorenzo Froylán y el 7 de agosto la comunidad interpuso una denuncia penal ante la agencia del Ministerio Público del fuero común en Coahuayana, Michoacán, informó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Imagen tomada de Animal Político.

El día de la desaparición, tres habitantes de Santa María Ostula se encontraban en la cabecera municipal de Coalcomán resolviendo asuntos comerciales personales. Dos de ellos viajaban en una camioneta y otro en su motocicleta.

“Al salir Lorenzo Froylán de la moto, fue detenido por un retén del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los otros dos habitantes de Ostula al no saber nada de su compañero, regresaron a ver qué había sucedido y también fueron retenidos”, detalló el Congreso Nacional Indígena en un pronunciamiento.

Los tres estuvieron encerrados varias días y dos de ellos fueron liberados, con excepción de Lorenzo Froylán, de quien no se tiene más información.

Pobladores denunciaron que en la región existen diversas instalaciones de cuerpos castrenses, como el cuartel del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional, “sin embargo el CJNG actúa con total impunidad”.

Las y los comuneros de Ostula señalaron que esta desaparición forzada se suma a los crímenes que se han cometido en contra de las comunidades de la región, como San Miguel Aquila y Huitzontla. Dicho grupo criminal ha sido denunciado en otros casos, ligados a agresiones y daños presuntamente causados en conjunto con la empresa minera Ternium, que tiene presencia en Michoacán y Colima.

En su pronunciamiento, habitantes de Santa María Ostula, Michoacán, aseguraron estar organizados y unidos, que cuentan con su Guardia Comunal y reforzarán acciones para terminar con la presencia de la delincuencia organizada; además de que exigieron la localización de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos.
Pobladores de Santa María Ostula, Michoacán, denuncian ataques del crimen organizado

De acuerdo con la Red TDT, de 2009 a 2014 la comunidad de Santa María Ostula, sufrió diversos ataques por parte de la delincuencia organizada provocó 35 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales; incluyendo a un niño.

A estos casos se suma que el 12 de enero de 2023, los guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados. Días después, el 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero indígena Antonio Díaz, de San Miguel Aquila, fueron desaparecidos.

El 1 de abril, Eustaquio Alcalá Díaz, de la comunidad indígena de Huitzontla, fue asesinado, al igual que el exjefe de Tenencia de Ostula, Juan Medina, el 14 del mismo mes.

https://www.animalpolitico.com/estados/lorenzo-froylan-guardia-comunal-santa-maria-ostula-michoacan

Acosan a indígenas por oponer resistencia al paso del Tren Maya en Bacalar (Quintana Roo)

Renata Bessi / Avispa Midia

En portada: María Dolores Olvera Chi, junto a su esposo y sus dos hijos, resisten el desplazamiento forzado por las obras del tramo 6 del “tren maya” en Bacalar. Foto: Renata Bessi.

El hogar de una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, es una de las pocas casas que sobreviven en medio al trazado del tramo 6 del Tren Maya, en el Ejido Bacalar, estado de Quintana Roo, México.

La casa de María Dolores, donde vive con su esposo y dos hijos, impide que la maquinaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable por la construcción de la vía en este tramo, trabajen libres para la conclusión de las obras, prevista para estar lista hasta deciembre de 2023. Esta obra se ha convertido en prioridad máxima para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Las máquinas están en la puerta de mi casa trabajando día y noche, sin parar”, relata la mujer maya.

Un equipo de Avispa Mídia estuvo a principios de julio de 2023 en esta localidad y fue recibido por María Dolores. Ella relató la presión que estaba sufriendo desde cuatro meses atrás, por parte del comisariado ejidal del Ejido Bacalar, para que abandonara su casa y permitiera el avance del trazo del tramo 6.


La casa de María Dolores se interpone en el trazado del tramo 6 de las obras para el “tren maya”.Foto: Santiago Navarro F

El ejido desconoció que 12 años atrás le había vendido estas tierras a María Dolores. Hoy, estas tierras son parte de las 56 hectáreas que vendieron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de las expropiaciones de tierras para la construcción del megaproyecto.

El decreto de expropiación fue publicado el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

Un día después de que estuvo el equipo de este reportaje en la localidad, militares estuvieron en la casa de María Dolores. “Uno de ellos se presentó como el encargado del tramo 6; me preguntó si iba a salir de la casa, si ya me habían notificado”, dice la mujer maya.

En los últimos días, las presiones y el acoso hacia a la familia de María Dolores han aumentado por parte de las autoridades ejidales.

El viernes 4 de agosto dos integrantes del consejo de vigilancia del ejido fueron a la casa de María Dolores. Entraron a su predio sin pedir permiso. “Yo no estaba. Llegaron a mi casa y dijeron a mi esposo que los de Fonatur ya les había dado la notificación que iban a tener que agarrar mi terreno porque necesitan continuar la construcción de las vías del tren. Que ya va a entrar la máquina para raspar”, cuenta María Dolores para Avispa Mídia.

Ella cuenta que, como no se encontraba en su hogar, intentaron presionar a su “esposo para que diera la dirección de mi trabajo para que fueran a verme; no es justo que quieran ir a molestarme donde yo esté; me están quitando mi tranquilidad”, dice la mujer maya, quien ha presentado un desequilibrio en su salud desde que se enteró que su hogar es parte del Tren Maya y que es de seguridad nacional.

La presión a su esposo no funcionó. Entonces dijeron que iban a regresar horas después en el mismo día. “Nunca me dieron atención. Ahora, tampoco me citan a la casa ejidal, para que platiquemos de manera formal, pero vienen a mi casa, a buscarme, a la hora que les da la gana, entran en mi predio sin permiso”, relata Dolores.


Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Renata Bessi.

Los ejidatarios no regresaron en el mismo día. María Dolores se quedó en suspenso.

Tres días después, el 7 de agosto, dos integrantes del consejo de vigilancia regresaron a su casa. “Dijeron que fueron mandados por Fonatur”, cuenta María Dolores. De nuevo “entraron sin permiso; les dije que no podían entrar así nada más, porque es mi propiedad y que estaban violando mis derechos y mi privacidad”. Quieren desconocer que “pagué por el terreno y me contestaron que las tierras siguen siendo propiedad del ejido”.

De acuerdo con María Dolores, le dijeron que tenía que salir de la casa. “Cómo creen que voy a salir. Es mi hogar. He tratado de juntar pesito por pesito para obtener un terreno para vivir con mis hijos desde hace años. Ellos (los ejidatarios) ya obtuvieron lo que quisieron. Ya vendieron las tierras. Ya tienen su dinero en sus bolsas por las obras del tren. Viven bien con sus familias. Nosotros somos gente humilde que trabajamos día con día. Tenemos que salir a trabajar de sol a sol, no es justo que nos quieran despojar de lo que con mucho esfuerzo hemos construido”, asevera.

Entonces dijeron que iban a regresar. “Cuando se dieron cuenta de que empecé a grabarlos, se fueron”.

El día siguiente, 8 de agosto, llegaron de nuevo a la casa de María Dolores. Esta vez llegó el comisario ejidal, Felipe Castro Gómez. “Me dijo que están obligados a entregar las tierras a ellos (Sedena y Fonatur) porque ya les pagaron y que ellos ya no pueden hacer nada”.

Entonces María le preguntó: “¿Si yo no me salgo pasarían encima de mi?”. El comisario respondió que “no” y que iba a comunicar su decisión de no salir de su casa a Sedena y Fonatur.

“Les vamos a platicar a ellos, a ver la solución que pueden tomar (…). Le vamos a dar la notificación a ellos de cuál es la postura de usted (…)”, dijo Castro Gómez a María Dolores.


“Aunque me paguen millones no quiero dinero, quiero mi hogar, así como está”, dice Dolores.

Va porque va

En la conferencia de prensa matutina del día 7 de agosto, el general de brigada ingeniero constructor diplomado del Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, dio a conocer que los avances del tramo 6 del Tren Maya alcanzan un 35%. “Se trata de 255.8 kilómetros entre Tulum y Chetumal, es una vía doble electrificada que también corre, se soporta sobre terraplén y en algunos lugares sobre viaducto”, explicó.

López Obrador anunció que todos los tramos del Tren Maya va a tener un sistema de seguridad especial, con elementos de la Guardia Nacional. “Ya se están construyendo cuarteles. Va a haber vigilancia por helicópteros, ya se tienen los helicópteros, es todo un plan”, dijo el mandatario mexicano.

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Para este reportaje se intentó contactar con el comisariado ejidal del Ejido Bacalar por medio de teléfono. No hubo respuesta. Ni los ejidatarios ni los represenates del gobierno estatal y federal le han presentado a María Dolores una propuesta digna de reubicación.

https://avispa.org/acosan-a-indigenas-por-oponer-resistencia-al-paso-del-tren-maya-en-bacalar/

Organizaciones y activistas exigen que Fiscalía Federal atraiga el caso del defensor Samir Flores, Morelos

Redacción / Educa Oaxaca

Pese a que diversas organizaciones y activistas por los Derechos Humanos llevan meses exigiendo al gobierno federal que atraiga el caso del asesinato del defensor del territorio Samir Flores, no hay avances. Por ello han lanzado una petición, ya que “se corre el riesgo de que su asesinato quede impune, que no se reconozca que su asesinato fue político por su labor como comunicador comunitario y como defensor del territorio”.

Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero del 2019 en la puerta de su casa, era defensor comunitario y comunicador de la radio comunitaria Amiltizinko, Samir llevaba 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. A pesar de que organismos internacionales han denunciado este asesinato ligado a su trabajo como defensor, su muerte sigue impune a 4 años y 6 meses del suceso.

Desde su asesinato, fue la Fiscalía General del Estado de Morelos quien tomó su caso, sin embargo en todo este tiempo no hay avances en la investigación y al contrario han “tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”. La Fiscalía estatal ha generado una dinámica de obstrucción de la justicia desligando la relación entre el asesinato de Samir y el evidente contexto de conflicto social en el que se desarrolló”, denuncia el Frente de Pueblos. Es importante señalar que recientemente, el Fiscal del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara (quien ha llevado el caso de Samir) fue arrestado por la Fiscalía General de la Republica por su probable participación en delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia, y por retardo de justicia en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López.

Ante este panorama, es urgente que el caso de Samir sea atraído por la Fiscalía Federal y comiencen los actos de investigación de la Fiscalía Especial en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el Frente exige que el presidente Lopez Obrador cumpla su palabra, ya que el 30 de marzo de 2023, en su conferencia mañanera señaló que el caso de Samir sería atraído por la Fiscalía General de la República, sin embargo esto no ha acontecido. Señalan en la petición de Change.org.

https://www.educaoaxaca.org/organizaciones-y-activistas-exigen-que-fiscalia-federal-atraiga-el-caso-del-defensor-samir-flores/

Ejidatarios se manifiestan en el Palacio de Gobierno(Baja California Sur)

Adriana Márquez | El Sudcaliforniano

La Paz, Baja California Sur (OEM-INformex).- Ejidatarios se manifestaron en la explanada del palacio de Gobierno para exigir la intervención del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, para evitar la creación del Área Natural Protegida sierras La Giganta y Guadalupe.

Ademas, pidieron respeto ante los adjetivos que aseguran, utiliza el mandatario estatal para referirse a propietarios de las tierras, le recordaron que su función es defender y atender al pueblo y no darle la espalda.

“Esperamos que el señor nos escuche, que tenga la educación de escucharnos y que no nos llame ejidatarios cabrones porque no lo somos y si ese es el adjetivo que él nos va a poner por defender nuestras tierras pues sí compañeros, entonces estoy de acuerdo, entonces sí somos ejidatarios cabrones” dijo Marey Higuera, comisaria ejidal de La Purísima.

También explicaron que no son ejidatarios “ni de primera, ni de segunda” como lo han hecho ver autoridades estatales, simplemente son personas que están defendiendo su territorio y quienes no van a permitir el saqueo de sus tierras.

Expresaron que no han sido tomados en cuenta en las decisiones del Gobierno de México y hoy autoridades están decidiendo sobre ejidos que no les corresponden causando afectaciones a familias de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.

SIERRAS EN RIESGO

Ejidatarios temen que este decreto ponga en peligro a las mismas sierras, recordaron que el país carece de presupuesto para la protección de estos recursos naturales e incluso ya se han registrado accidentes en ANP del estado como Playa Balandra.

“No hay presupuesto para las Áreas Naturales Protegidas que ya están establecidas, incluso en este 2023 no ha sido suficiente y de esta manera quieren ampliar aún más ANP. Está demostrado en hechos que no existe presupuesto ni siquiera para la supervisión, el ejemplo más inmediato es Balandra donde han sufrido ya 2 accidentes porque no hay supervisión”, comentó la dirigente.

Detallaron que les parece ilógico que autoridades solo lleguen a imponer reglas y les limiten el uso de sus tierras donde las declaraciones de gobiernos van en favor a la creación de esta ANP y en contra de familia sudcalifornianas.

Ejidos La Purísima, Los Naranjos, San José de la Noria, Alfredo V. Bonfil, Tepentú, Santo Domingo, Cadegé, Josefa Ortiz de Domínguez, La Poza, y Emiliano Zapata 2, reiteraron que atentarán contra su patrimonio, exponen que el cien por ciento de las actividades que realizan ya no estarán permitidas, lo que limitaría el estilo de vida de las y los ejidatarios, dejándolos a la deriva al privatizar más de 900 mil hectáreas.

Emitieron un mensaje a la sociedad sudcaliforniana para hacerles ver que no son enemigos de la sociedad y ellos también buscan proteger la flora y la fauna de sierras La Giganta y Guadalupe, sin embargo, les parece injusto que se creen decretos que buscan saquear las tierras que con tanto esfuerzo han trabajado generación tras generación.

SE REUNIRÁN CON EL GOBERNADOR

Al ser atendidos por autoridades de gobierno, las y los ejidatarios fueron informados que en los próximos días se estarán contactando con ellos para que puedan tener un acercamiento con el gobernador del estado, donde le reafirmaran que no están de acuerdo como pueblo que se privatice la zona.

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/ejidatarios-se-manifiestan-en-el-palacio-de-gobierno-10511611.html

Tren Maya causa efectos negativos en aguas de ríos subterráneos en Q. Roo

Octavio Martínez / Novedades Quintana Roo

Los efectos negativos atribuidos al Tren Maya comenzaron a visualizarse en la turbiedad del agua de los ríos subterráneos del sistema Sac Actún, en el parque de Dos Ojos.

En días recientes, buzos han documentado el desprendimiento de sedimentos, algo nunca antes visto, en los diversos tramos de este sistema. Donde hasta hace algunos meses había aguas cristalinas y transparentes, ahora sólo queda el agua turbia.

José Urbina Bravo, buzo de cuevas e integrante de Sélvame del Tren, recordó que ya habían advertido de estos efectos.

“Hemos encontrado en estos cenotes muchas partículas, no provienen directamente del cenote, sino de otras partes del acuífero”, explicó Urbina Bravo.

El sistema de Dos Ojos forma parte de Sac Actún, el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo con alrededor de mil 800 kilómetros explorados.

Dos Ojos se ubica en el municipio de Tulum, a unos 40 kilómetros al sur de Playa del Carmen. Es uno de los puntos de mayor interés turístico por su cantidad de cuevas subterráneas inundadas, un atractivo para buzos de todo el mundo.

Forma parte de los terrenos ejidales de Jacinto Pat, una de las organizaciones comunales más importantes en la Riviera Maya. Justo al poniente de los terrenos del ejido pasan ahora los trabajos del Tren Maya tramo 5 Sur.

Ahí el gobierno federal tuvo una negociación exitosa para la adquisición de terrenos con causa de utilidad pública a través de la expropiación. Sin embargo, tal como señalan los integrantes de Sélvame del Tren, las consecuencias ya se dejan ver.

“Estos no son los únicos cenotes, el único impacto al acuífero que se ha visto afectado. Hemos visto muchos cenotes que se han visto afectados, con tramos turbios, estos cenotes particulares son muy importantes por lo turístico”, dijo Urbina.

José Urbina presentó el año pasado una demanda de amparo bajo el argumento de la afectación de su interés legítimo del derecho al medio ambiente sano.

Dijo en su escrito de demanda, que esto se configura en la afectación de cuevas y cenotes, donde precisamente desarrolla su labor como buzo.

https://sipse.com/novedades/tren-maya-causa-efectos-negativos-en-aguas-de-rios-subterraneos-en-q-roo-452100.html

Ataque a la periodista María Luisa Estrada en Jalisco “revela condiciones alarmantes de vulnerabilidad y falta de protección”: CIMAC A.C. y Article 19 (Jalisco)

Imagen:Zona Docs

María Luisa Estrada, periodista del medio Grillotina Política en Jalisco fue víctima de un ataque directo el pasado 15 de julio; un sujeto abordo de una camioneta modelo Mazda color blanco disparó en su contra, mientras ella viaja en su vehículo sobre la avenida Javier Mina en Guadalajara.

La periodista logró huir y salir ilesa, sin embargo, distintas autoridades e instituciones responsables de garantizar su protección dentro del estado “no le han brindado una respuesta adecuada y eficiente”, al tiempo que existen indicios de violaciones a su derecho a acceder a la justicia, así lo denunciaron Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC A.C.) y Article 19 en un comunicado.

Redacción / Zona Docs

María Luisa Estrada es periodista en el estado de Jalisco y labora para el medio Grillotina Política. El pasado sábado 15 de julio sufrió un ataque directo, mientras transitaba por la avenida Javier Mina en la ciudad de Guadalajara a bordo de su vehículo. Según denunciaron Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC A.C.) y Article 19 en un comunicado, un individuo que viajaba en una camioneta modelo Mazda color blanco “se le cerró abruptamente” y después “se escucharon dos disparos”.

Si bien, refiere el documento, la periodista intentó escapar del ataque, el conductor del auto la alcanzó “y de manera amenazante”, el sujeto desconocido “le gritó que la mataría, efectuando dos disparos adicionales” para después darse a la fuga.

Aunque la periodista logró salir ilesa del atentado, en su intento por recibir protección de parte de distintas autoridades responsables, éstas fueron negligentes en su deber e, incluso, cometieron violaciones a sus derechos, señalaron las organizaciones. Entre ellas se encuentra personal de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres de la Policía de Guadalajara, según señalaron, un agente le expresó a la periodista “si te hubieran querido matar, te habrían matado; esto fue sólo un mensaje para que le bajes”.

Estos eventos sucedieron posterior a que la periodista solicitara auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, quienes la canalizaron con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De acuerdo con las organizaciones denunciantes, pese a que se activó el operativo de seguridad -que incluye que elementos de la policía antimotines la resguardarán hasta llegar a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco- María Luisa Estrada se enfrentó a la negativa de las autoridades federal para aceptar su denuncia.

Dicha dependencia argumentó que “no era ámbito de su competencia” y, por lo tanto, no podrían recibir su denuncia, momentos después le requirieron que saliera de las instalaciones incluso, “como acto intimidatorio comenzaron a tomar fotografías” precisa CIMAC y Article 19. Pese a que el fiscal en turno optó por tomar su declaración y ratificar la denuncia, no se le brindó ninguna medida de protección, al mismo tiempo que no hubo seguimiento al caso.

A esto se suma que la delegación de la FGR en Jalisco haya reconocido como una de líneas de investigación del atentado un posible evento de “violencia intrafamiliar”, acción que sólo demerita aquellas que apuntarían hacia su labor periodística como móvil. En ese sentido, además, señalan que existieron deficiencias en el proceso, entre las que preocupan más son: la falta de acceso a la carpeta de investigación, la omisión de diligencias periciales necesarias (como el resguardo del vehículo y la provisión oportuna de información). Para ambas organizaciones esto sólo deja ver “una simulación del proceso”.

“Esta situación plantea serias inquietudes sobre la imparcialidad de la investigación y la posibilidad de que se esté minimizando o desviando la verdadera naturaleza del ataque, lo que podría afectar la integridad del ejercicio periodístico de la afectada” expresaron.

De parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, María Luisa Estrada recibió sólo como medida de protección un botón de asistencia y rondines bitacorados en su domicilio -por personal de la Guardia Nacional-, pese a que inicialmente se le ofreció una medida de protección de reubicación, misma que después le fue negada.

Por ello, a decir de las organizaciones, la periodista no tuvo más que rechazar las medidas propuestas, considerando que ésas no proveen una seguridad efectiva e idónea para resguardar su vida e integridad.    

“Es preocupante que la periodista esté en una situación vulnerable sin el apoyo necesario para salvaguardar su seguridad y garantizar el ejercicio de su labor periodística” demandaron las organizaciones.

Por lo tanto, denuncian que han existido claros indicios de violaciones a su derecho a acceder a la justicia y protección por parte de las instituciones responsables de garantizar la atención de las personas periodistas y defensoras frente amenazas y ataques inminentes.

En opinión de CIMAC y Article 19 esta situación “revela condiciones alarmantes de vulnerabilidad y una falta de protección para la periodista afectada” y es que reconocen que la violencia perpetrada en contra de María Luisa Estrada “sin duda busca coartar su labor periodística y enviar un mensaje intimidatorio a quienes se dedican a informar y comunicar situaciones de interés público”.

A través del comunicado han desplegado una serie de exigencias, entre ellas a la Fiscalía General de la Republica. A esta dependencia federal se le ha llamado a garantizar una investigación exhaustiva y transparente sobre el atentado cometido en contra de la periodista, a través de la aplicación del Protocolo Homologado de delitos contra la libertad de expresión, así como, la asignación de medidas extraordinarias de protección para salvaguardarla.

Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también se le ha llamado a brindar a la periodista una protección integral y efectiva acorde a la gravedad del riesgo que enfrentan.

Finalmente, al Gobierno Federal le exigen que pueda:

  • Garantizar el derecho de la periodista a realizar su labor informativa sin temor a represalias.
  • Que brinde capacitación a las fuerzas de seguridad pública para sensibilizarles sobre la importancia de proteger y respetar la labor de las personas periodistas.

https://www.zonadocs.mx/2023/08/08/ataque-a-la-periodista-maria-luisa-estrada-en-jalisco-revela-condiciones-alarmantes-de-vulnerabilidad-y-falta-de-proteccion-cimac-a-c-y-article-19/

Comunidad de Puente Madera acusa persecución de opositores al Corredor Interoceánico (Oaxaca)

Imagen: Avispa Midia

Sare Frabes / Avispa Midia

Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera mantiene una campaña para alertar a la población sobre su lucha y resistencia frente a la imposición de un parque industrial en tierras de uso común de la población binnizá. Contrario al discurso gubernamental, asegura que no es un conflicto interno, sino imposición y despojo.

Con énfasis, la Asamblea hace un llamamiento en espera de la audiencia intermedia, a efectuarse el próximo martes 15 de agosto, contra David Hernández Salazar, a quien, acusan, “se inculpa y fabrican diversos delitos, con la finalidad de privarlo ilegalmente de su libertad, y de esa manera detener su labor como representante y vocero de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera”, refiere mediante pronunciamiento.

La Asamblea de Puente Madera señala que, con los mismos delitos fabricados, se acusa a otros 17 habitantes de la comunidad binnizá, quienes cuentan con órdenes de aprehensión, en lo que señala como un proceso de criminalización y violencia, coordinado y ejecutado por los gobiernos locales y estatales.

Actualmente, Hernández Salazar funge como Agente Municipal Comunitario de Puente Madera, además de ser parte de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI)

La participación de Hernández en la defensa de sus territorios inició en 2017 frente a la extracción de material pétreo en el Cerro Igú, dentro de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Debido a ello, fue encarcelado por primera vez; sin embargo, obtuvo su liberación y poco después se integró a la lucha contra la instalación de una Subestación Eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), nuevamente, en tierras del Pitayal.

La resistencia de Puente Madera se reactivó el 14 de marzo del 2021, “cuando a través de una asamblea amañada, las autoridades comunales de San Blas Atempa, en confabulación con el entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, buscaban imponer la instalación de un Parque Industrial, por su nombre oficial; polo de desarrollo para el bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Tierras de Uso Común del Pitayal”, contextualiza un pronunciamiento de la APIIDTT.

Tras señalar la ilegalidad de dicha asamblea, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto a autoridades del municipio de San Blas Atempa, iniciaron denuncias penales contra Hernández Salazar y otros habitantes de la comunidad binnizá.

“A partir de esta fecha al día de hoy, existe una campaña de difamación, hostigamientos y amenazas contra David, los habitantes de Puente Madera y la APIIDTT, por parte de los 3 niveles de gobierno, instituciones, organizaciones partidistas, políticos y empresarios con interés en la instalación del PODEBI”, acusan las organizaciones sociales.

Aunado a ello, denuncian una serie de incidentes “que ponen en riesgo nuestra integridad física y psicológica, como ha sido la vigilancia por personas armadas en las oficinas de la APIIDTT en Juchitan, en busca del compa Mario Quintero, quién ha recibido amenazas constantes de muerte por llamadas telefónicas y mensajes de texto”, señalan en pronunciamiento difundido el pasado domingo (6).

Las organizaciones sociales y la comunidad de Puente Madera exigen alto a la persecución y criminalización contra 18 de sus habitantes. También demandan “transparencia e información pública, de la ilícita documentación agraria y convenios entre autoridades de los 3 niveles de gobierno para la imposición del Parque Industrial en Tierras de Uso Común de San Blas Atempa”.

https://avispa.org/comunidad-de-puente-madera-acusa-persecucion-de-opositores-al-corredor-interoceanico/

Periodista oaxaqueña denuncia que ataques de gobernador de Oaxaca la ponen en riesgo

Imagen: Página3

La periodista oaxaqueña María Nivón Molano denunció que los ataques del Gobernador de Oaxaca la ponen en peligro, por lo cual recibirá protección federal.

Diana Manzo / Pagína3

Oaxaca, Oax. (página3.mx).-María Nivón Molano, periodista oaxaqueña y dueña del portal de noticias “Primera línea” denunció ante la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que los ataques a la libertad de expresión recibida por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la ponen en riesgo.

La comunicadora acudió para denunciar que los dichos y acusaciones del mandatario durante su conferencia de prensa que se realizó ayer la ponen en riesgo.

“Durante 23 minutos estuvieron atracándome, me acusaron de ser mentirosa y falsear cifras, de obedecer línea de Polanco, barbaridades y media”, dijo en entrevista la comunicadora.

María Nivón Molano, quién tiene más de 30 años de trayectoria señaló que este tipo de dichos y acusaciones la ponen en riesgo. Los datos que ha publicado son con base a cifras oficiales.

La queja que interpuso ante la DDHPO fue en contra del gobernador oaxaqueño y del secretario general de gobierno, Jesus Romero, quienes la atacaron de forma directa diciendo su nombre y apellido y señalando al portal informativo.

“Yo tengo medidas cautelares desde el 2020 por amenazas, bajo el expediente DDHPO/106/01/OAX/2020 por la amenaza que tuve con Jorge González Ilescas, y ahora este nuevo riesgo que vivo con el ataque que hizo el gobernador”, señaló.

Originaria de Zanatepec, Oaxaca, lamenta que las autoridades de Oaxaca coarten la libertad de expresión, cuando se trata de datos reales tomados de instituciones federales.

La periodista refirió que su caso será abordado por el Mecanismo de Protección Federal adscrito a la Secretaria de Gobernación a fin de recibir protección. Considera que con los dichos emitidos por las autoridades de Oaxaca, encabezado por el gobernador, su vida está en riesgo.

Dijo que también la ha contactado la organización Artículo 19, quienes recogerán el testimonio.

Por último, la periodista oaxaqueña enfatizó que estará atenta a las recomendaciones emitidas por los organismos federales, porque recalcó “su vida corre riesgo”.

https://pagina3.mx/2023/08/periodista-oaxaquena-denuncia-ataques-del-gobernador-de-oaxaca/

Defienden a arqueólogo censurado por el INAH

El Diario.Mx

El investigador ha documentado y denunciado la destrucción que las obras del Tren Maya causan al patrimonio

Ciudad de México.- Investigadores del INAH y de centros académicos como la UNAM, la UAM y El Colegio de Michoacán, entre otros, manifestaron su indignación por la censura que ha ejercido el Instituto contra el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, quien ha documentado y denunciado la destrucción que las obras del Tren Maya causan al patrimonio.

“Al ser autoridad en el tema”, indican, “Cortes de Brasdefer ha difundido en primera instancia a la comunidad académica el estado de indefensión en que se encuentra la zona arqueológica que estudia (Chakanbakan) y en consecuencia toda el área que abarca la construcción del tren”.

“Su denuncia, a partir de la publicación en WhatsApp del 30 de abril de 2023, ha sido objeto de censura por parte de la Dirección General del INAH, quien hace a un lado el derecho inviolable que tiene como especialista para expresar sus opiniones técnicas y académicas consagradas en el artículo séptimo constitucional.

“El hostigamiento hacia su persona ha sido llevado al extremo inaudito de intentar cesarlo permanentemente de sus funciones como investigador del Instituto”, señala el pronunciamiento, suscrito por medio centenar de investigadores, entre ellos Antonio García de León, Jorge Ángulo, Martha Carmona, Noemi Castillo y Bolfy Cottom.

Cortés de Brasdefer, con 45 años de trabajo en el INAH, ha hecho notar “que hay riesgo de pérdida arqueológica durante los salvamentos, pero en el caso del Tren casi todo es pérdida, principalmente en la arquitectura monumental”, exponen.

“Como pares en las ciencias antropológicas e históricas”, prosigue el manifiesto, “nos indigna este trato que pretende silenciar una voz acreditada en tema tan sensible en la presente coyuntura. Dejar solo a Fernando Cortés de Brasdefer en esta embestida es equivalente a desistir en la defensa del patrimonio cultural de la nación por los mismos profesionales dedicados a su estudio”.

https://diario.mx/nacional/defienden-a-arqueologo-censurado-por-el-inah-20230807-2084656.html

Foro nacional “Del horror de la guerra a la resistencia por la vida”

Colectivo Grieta
Ciudad de México, 2 de agosto de 2023.- Convocadas por la Coordinación Nacional “Alto ala guerra contra los pueblos zapatistas”, más de cien de personas acudieron al Foro Nacional “Del horror a la guerra a la resistencia por la vida”, en el que se denunciaron diversas agresiones que han sufrido las comunidades indígenas zapatistas por parte los tres niveles de gobierno. Reunidos en el Centro de Derechos Humanos Pro Juarez, en Serapio Rendón #57, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México escucharon testimonios y reflexiones desde el México de abajo.

El foro estuvo organizado en cuatro mesas que abordaron los temas de Violencia (mesa 1), Justicia (mesa 2), Paz (mesa 3) y Arte (Mesa 4). En ellas participaron concejales del Concejo Indígena de Gobierno, delegados del Congreso Nacional Indígena, defensores de derechos humanos, profesoras, buscadoras de desaparecidos, y artistas que practican diferentes artes.

En la primera mesa, con el tema de “Violencia” Jesús Plácido del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata habló sobre la lucha de las comunidades Ñuu Savi por la construcción de la autonomía en la región de la Montaña en Guerrero y explicó la forma en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con los tres diferentes niveles de gobierno y con la protección por parte del ejército, agreden las comunidades mediante desapariciones, asesinatos y ataques con drones. Pero inisistió en que no van a dejar de construir autonomía. Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” denunció la estrategia de guerra irregular del gobierno federal mediante grupos paramilitares por parte del ejército mexicano contra las comunidades zapatistas de Chiapas y la continuidad de esas agresiones desde 1999 hasta la fecha, mientras el actual ejecutivo federal insiste en una defensa a ultranza del ejército represor. En su oportunidad, Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de las Casas documentó el proceso de violencia reciente contra las comunidades zapatistas en Chiapas y como la violencia en este caso está marcada por el racismo y la desigualdad estructural y a partir del gobierno de la 4T está asociada al saqueo de recursos naturales y a los objetivos capitalistas del desarrollo industrial. Por último Volga de Pina del Observatorio sobre desaparición e impunidad comentó sobre las continuidades y discontinuidades en la violencia contra los pueblos así como en la resistencia de lo mismos.

En la segunda mesa, con el tema de “Justicia”, la compañera Myrna Valencia, concejala del CIG por el pueblo Mayo-Yoreme habló de cómo los pueblos indígenas de México han vivido en la pelea por justicia y en defena de sus tierras y de cómo esa historia ha persistido a través la narración oral. Posteriormente Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y parte de la Comisión Jurídica del CNI, reflexionó sobre las formas de resistir y luchar por la justicia durante la IV Guerra mundial, en la que el capital busca conquistar los territorios de los pueblos, especialmente en la escalada del despojo violento por parte de la política de la llamada Cuarta transformación. María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos habló de cómo frente la injusticia por parte del Estado es necesaria la unión y la organización como sociedad para poder vivir en paz, pues de otro modo desde del Estado solo llega injusticia, que intenta esconderse tras las migajas de los programas sociales. Finalmente, Giovanna Gasparello, del INAH, hizo un comentario sobre las intervenciones y el hecho de que el despojo y los ataques contra el territorio, si bien se originaron hace mucho, en la actualidad, presentan una forma brutal en la acción coordinada del Estado y el crimen organizado; de ahí que el Estado ha dejado de ser un espacio para buscar justicia.

En la tercera mesa cuyo tema era “Paz”, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, reflexionó sobre cómo lamentablemente no podemos pensar la paz sin hablar sobre la guerra que recorre nuestro país además de apuntar cómo hay un nuevo tipo de mezcla entre organizaciones paramilitares y cárteles de crimen organizado que se está generalizando en nuestro territorio; Araceli Osorio, madre de Lesby, afirmó lo importante que era hablar sobre la paz que queremos y no tenemos, porque solo a partir de imaginarla y discutirla podremos empezar a construirla; Dolores González de SERAPAZ, reflexionó sobre lo específico del momento de acumulación del capital y del muy particular lugar que ocupa México en la geopolítica global, así como el fenómeno actual de la economía criminal.

Durante la cuarta mesa, dedicada al “Arte” como una otra forma de resistencia y lucha, una otra mirada y experiencia sobre lo que acontece, Hugo Molina bailarín, presentó una coreografía inspirada en el texto En (auto)defensa de las jirafas; la compañera Libertad Hernández, nos presentó una coreografía de Argelia Guerrero sobre la pieza “La ‘Esperanza’ es zapatista” con música de Víctor Jara; Arturo Torres cantó canciones rebeldes con su guitarra y armónica; Jesús Peredo platicó y cantó corridos revolucionarios; y el grupo La revuelta de las Semillas nos invitó a bailar con sus ritmos fusión.

Mesa 1:

Mesa 3:

Mesa 3:

Mesa 4:

Organizaciones denuncian deforestación de 6,659 hectáreas para el Tren Maya

Thelma Gómez Durán / Mongabay Latam / Animal Político

Un análisis de imágenes satelitales, realizado por la organización CartoCrítica, mostró que 10 mil 831 hectáreas hoy son ocupadas por obras relacionadas con el Tren Maya; 61% de esa superficie ha sido deforestada.

Era diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador sólo llevaba unos días como presidente de México y, en ese entonces, aseguraba que no se iba a talar un solo árbol con la construcción de Tren Maya. Cinco años después, un análisis de imágenes satelitales muestra que, al menos, se han deforestado 6659 hectáreas como consecuencia de las obras realizadas en torno al llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno y que se construye en la Península de Yucatán.

El análisis de las imágenes satelitales realizado por CartoCrítica muestra que para junio de 2023 había 10 mil 831 hectáreas ocupadas para alguna obra relacionada con el Tren Maya, el 61 % de esa superficie fue deforestada.


Militares realizan la construcción de la estación del tren en el tramo 7, en Xpujil, Campeche. Foto: Isabel Mateos

Eso significa que 6659 hectáreas que tenían cobertura forestal en 2018, ahora lucen sin vegetación. En su lugar hay vías férreas o se construyen estaciones, paraderos, zonas de electrificación, patios de maquinaria, caminos de acceso o son áreas que se utilizan como bancos de material.

Las 6659 hectáreas deforestadas equivalen a casi diez veces el área que hoy ocupa el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y casi 20 veces la superficie en donde se encuentra el Central Park de Nueva York, en Estados Unidos.

En su análisis, presentado el pasado 2 de agosto, CartoCrítica también destaca que el 87 % del área deforestada (5769 hectáreas) se desmontó o taló ignorando lo que marca la legislación ambiental, ya que los trabajos se realizaron sin contar con un trámite que pide la ley: la autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUST) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Horas después de que CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación Heinrich Böll dieran a conocer en conferencia de prensa la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat difundió un comunicado en donde señala que hay “inconsistencias” en los datos presentados por las organizaciones.


Superficie ocupada por el tren, según tipo de cobertura del suelo. Tabla realizada por CartoCrítica.

Seis mil hectáreas que dejaron de ser Selva Maya

Para realizar el análisis sobre las afectaciones que el Tren Maya está teniendo en la cobertura forestal de la Península de Yucatán, CartoCrítica comparó imágenes satelitales de noviembre de 2018, mayo y junio de 2023. Además, utilizó como referencia los datos de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) sobre la cobertura de suelo que existía antes del tren. Toda la metodología está disponible dentro de la herramienta cartográfica.

“No se tomó en cuenta la especulación de terrenos (que se está dando alrededor en la zona a causa de proyecto férreo) ni la infraestructura hotelera que se está construyendo”, explicó Manuel Llano, director de CartoCrítica, durante la conferencia en donde se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya.

El análisis de las imágenes satelitales muestra que de la superficie deforestada por las obras del Tren Maya, 4139 hectáreas eran selva baja y mediana; 2246 hectáreas estaban ocupadas por selva mediana caducifolia; 70 hectáreas eran manglar y petén (en la Península de Yucatán se llama así a las islas de vegetación arbórea que se encuentran en zonas inundables) y 11.4 hectáreas albergaban selva mediana y alta perennifolia.

Las imágenes satelitales también permitieron identificar que los tramos 4 y el 6 destacan por ser los que registran la mayor superficie deforestada hasta ahora. En el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se han deforestado 1640 hectáreas; mientras que la construcción del tramo 6, de Tulum a Chetumal, ha provocado la pérdida de 1308 hectáreas de cobertura forestal.


Superficie deforestada por tipo de vegetación y autorización de cambio de uso de suelo. Tabla realizada por CartoCrítica.

En la conferencia de prensa, Sergio Madrid, integrante del CCMSS, mencionó que el Inventario Nacional Forestal señala que en los ecosistemas de la Península de Yucatán una hectárea puede albergar un promedio de 900 árboles. Si se toma ese dato como referencia, alrededor de 6 millones de árboles se han talado en la región como consecuencia de las obras del Tren Maya.

En febrero de 2023, en una respuesta a una solicitud de información, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —dependencia que está a cargo del proyecto del Tren Maya— aseguró que se habían talado o removido 3.4 millones de árboles por los trabajos realizados en los diferentes tramos de la obra. De acuerdo con esa respuesta de Fonatur, en los tramos 4 y 5 es donde más se han talado o removido árboles.

Deforestar ignorando la ley

Para que una persona, empresa o institución de gobierno federal, estatal o municipal pueda desmontar o talar un terreno, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es necesario presentar ante la Semarnat una solicitud de autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF).

La Semarnat sólo puede autorizar un CUSTF en casos excepcionales. En la conferencia de prensa, Viridiana Maldonado, abogada del Cemda, recordó que “la excepción sólo aplica cuando esos cambios de uso de suelo no comprometen a la biodiversidad ni provocan la erosión del suelo, el deterioro en la calidad del agua o la capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas”.

Al analizar las 18 autorizaciones de CUSTF relacionadas con el Tren Maya que ha otorgado la Semarnat, las organizaciones encontraron que 16 de ellas fueron autorizadas durante 2023, es decir, cuando ya habían comenzado los trabajos y los terrenos ya habían sido desmontados.


Las zonas en rojo muestran algunas de las áreas en donde se realizó tala sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. En las resaltadas con amarillo, sí había una autorización. Foto: CartoCrítica.

“La política forestal prohíbe este tipo de prácticas que está realizando Fonatur, como desmontar y luego buscar tener las autorizaciones”, resaltó Maldonado. Incluso, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que no se puede otorgar ningún cambio de uso de suelo, durante los próximos 20 años, en las áreas donde se haya realizado tala o desmonte sin autorización. “La Semarnat estaría obligada a negar esas autorizaciones”, mencionó la abogada de Cemda.

Al analizar cuántas de las 6659 hectáreas que se han deforestado por las obras del llamado Tren Maya fueron desmontadas o taladas sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo, CartoCrítica encontró que en 87 % esa superficie se quitó la cobertura forestal sin contar con CUSTF.

“Fonatur sí tiene algunas autorizaciones de cambio de uso de suelo, pero no las suficientes… Las autorizaciones son pocas, incompletas y tardías”, señaló Manuel Llano, director de CartoCrítica, organización que desde hace más de un lustro promueve el acceso público a la información socioambiental georreferenciada para, entre otras cosas, conservar la diversidad biológica y cultural.

En su comunicado, la Semarnat asegura que aún tienen validez las autorizaciones provisionales que se otorgaron amparadas en el decreto de noviembre de 2021, cuando López Obrador declaró de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno federal, entre ellas el llamado Tren Maya.

“Las autorizaciones provisionales otorgadas previo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quedaron sin efecto, tal como lo determina la propia sentencia, por lo que las obras del Tren Maya continúan con apego al marco legal”, señaló en su comunicado la Sermarnat.

Por su parte, en un comunicado publicado este jueves 3 de agosto, las organizaciones resaltaron que las autorizaciones provisionales no existen en las leyes ambientales, incluso, las autoridades judiciales también han señalado que no pueden sustituir los procedimientos que sí contempla la ley: los CUSTF y la Evaluación de Impacto Ambiental.

En las 18 autorizaciones que se han dado para las obras del tren maya, Sergio Madrid destacó que no existió “una valoración del riesgo, una revisión de los daños irreversibles. No es solamente una violación a lo que las leyes del país ordenan, sino es la gravedad de no tener una evidencia de lo que esta autorización implica”.

Manuel Llano, director de CartoCrítica, también resaltó que para los tramos 6 (de Tulum a Chetumal) y 7 (de Bacalar a Escárcega) aún no se tiene registrada alguna autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. “Aún así, ya se ha deforestado”.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) es la dependencia que, de acuerdo con la ley, debería determinar si un cambio de uso de suelo en terrenos forestales violó la legislación e imponer amonestaciones, multas o suspensiones de las obras. “Se han presentado varias denuncias populares y Profepa se ha mantenido pasiva”, denunció Maldonado.

Mongabay Latam solicitó a Profepa una postura al respecto, pero hasta la publicación de este texto no se tuvo respuesta.


Obras realizadas alrededor del Tren Maya, en el estado de Campeche. Foto: Robin Canul.

La abogada de Cemda también recordó que el Código Penal Federal considera como delito el realizar un desmonte o tala sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo. La pena por esta acción puede ser de hasta nueve años de cárcel y la instancia encargada de investigar si existe un delito es la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República.

Los desmontes realizados por las obras del llamado Tren Maya “no sólo pasan por encima de la ley”. Sergio Madrid remarcó que la pérdida de cobertura forestal también significa “la fragmentación de la selva, la destrucción de hábitat de cientos de especies de flora y fauna, la contaminación de acuífero, destrucción de cavidades subterráneas, relleno de humedales, interrupción de flujos naturales del agua y la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas”.

Desacato a una orden judicial

Desde octubre de 2021, los abogados de Cemda denunciaron que en las obras del Tren Maya se estaban realizando cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con autorización de la Semarnat. En esa fecha presentaron ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán los resultados de un sobrevuelo realizado a lo largo de la línea del tren. En ese momento, documentaron que se había desmontado, al menos, 144 hectáreas de selva maya.

Fue hasta mayo de 2023, cuando el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ordenó a Fonatur suspender cualquier acto de tala o desmonte que no contara con autorización de cambio de uso de suelo en los tramos 3 (Calkiní-Izamal), 4 (Izamal-Cancún), 5 norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulúm-Chetumal).

Para tomar esa decisión, el Juzgado señaló que “las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones (de cambio de uso de suelo) que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.


Una de las zonas de la Selva Maya en donde se construye el Tramo 5 del llamado Tren Maya. Foto: @CCMSSAC

De acuerdo con los análisis de la organización, tan sólo en junio de 2023, en los tramos 3, 4, 5 norte y 6, se desmontaron o realizaron trabajos de tala en 67.4 hectáreas sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. “Hay una presunta ilegalidad y desacato por parte de Fonatur y de quienes construyen las obras del tren en estos tramos”, señaló Llano.

Los tramos 5 norte, 6 y 7 son construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La abogada Viridiana Maldonado también aseguró que “se están realizando actividades de desmonte dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul”.

Sergio Madrid recordó que la Península de Yucatán alberga a la Selva Maya, el segundo bosque tropical más importante de América después de la Amazonía. Además, en ese territorio se encuentra el sistema de cuevas subacuáticas más grande del mundo. Ese patrimonio natural está en riesgo: “Hoy en día existe un intenso proceso de deforestación en la Península de Yucatán”.

Cada año, dijo, se deforestan entre 40 000 y 90 000 hectáreas en la Península de Yucatán. Este “proceso dinámico de deforestación” se está generando por los proyectos energéticos, turísticos, mineros, inmobiliarios y agroindustriales que se impulsan en la región desde hace unos 20 años. Este proceso, advirtió Madrid, se intensificará con el llamado Tren Maya, el cual “va a interconectar y potencializar estos proyectos”.

Semarnat se pronuncia sobre los datos

En un comunicado difundido poco después de que se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat señaló que “el estudio mostrado señala que son 6,659 hectáreas totales susceptibles de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, cuando el total registrado ante la Semarnat en las autorizaciones definitivas y provisionales es de 3167.29 hectáreas”.

La dependencia aseguró que esas 3167.29 hectáreas representan “el total de hectáreas oficialmente identificadas” con cambio de uso de suelo y que todas cuentan con una autorización definitiva o provisional.

La Semarnat menciona también que la herramienta cartográfica desarrollada por CartoCrítica considera “bancos de materiales que no necesariamente forman parte del proyecto Tren Maya y que son propiedad de privados que ofrecen servicio a diversos clientes”.

Ante la respuesta de Semarnat, CartoCrítica, Cemda y la Fundación Heinrich Böll emitieron un comunicado en el que señalaron que la cifra de 6659 hectáreas deforestadas por las obras relacionadas con el Tren Maya se sustenta en la evidencia satelital. “Los datos presentados están respaldados, metro a metro, con las imágenes satelitales utilizadas para su cálculo”.


Construcción de una de las estaciones del Tren Maya, en el municipio de Xpujil, Campeche. Foto: Isabel Mateos.

El comunicado de Semarnat señala que el estudio realizado por CartoCrítica considera sólo 18 “autorizaciones definitivas” que suman un total de 1727.70 hectáreas y no 889.9 que aseguran las organizaciones.

Sobre este tema, las organizaciones señalan que de acuerdo con la información a la que se ha podido tener acceso, Fonatur ha solicitado 28 autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), de las cuales dos fueron desechadas, ocho están en evaluación y 18 han sido autorizadas.

Las organizaciones señalaron que las 18 autorizaciones de CUSTF, según los resolutivos respectivos, incluyen 1,726.31 hectáreas. Sin embargo, debido a que no toda la información es pública, para el análisis sólo fue posible acceder a la ubicación geográfica del 76 % de estas autorizaciones (1 314.42 hectáreas). “La superficie que no fue posible georreferenciar es de 412.32 hectáreas y corresponde a una porción exclusivamente del tramo 5”.

Al analizar las 1314.42 hectáreas que cuentan con autorización de cambio de uso de suelo y que sí fue posible georeferenciar, “se llegó a la conclusión de que, dentro del área de los polígonos autorizados, se han deforestado 889.9 hectáreas… Eso significa que hay porciones de las autorizaciones que, hasta junio de 2023, no han sido deforestadas”.

Estos datos, destacan las organizaciones, muestran que “se han expedido Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) que no fueron utilizados y, al mismo tiempo, se han deforestado otras áreas para las que no se cuenta con CUSTF“.

Las organizaciones también recordaron que muchos de los documentos sobre el Tren Maya no son públicos, ya que el gobierno federal los ha clasificado bajo el argumento de que son considerados como tema de seguridad nacional.

https://www.animalpolitico.com/sociedad/tren-maya-deforestacion-hectareas-organizaciones

Paraliza obras de Tren Maya quema de maquinaria en tramo 6 (Quintana Roo)

antonio.hernandez.press / Quadratín Quintana Roo

OTHÓN P. BLANCO, QRoo, 5 de agosto de 2023.- Cinco maquinarias pesadas fueron incendiadas en las obras del Tren Maya, en el frente seis del Tramo 6, muy cerca de la comunidad de Buenavista, supuestamente por parte de trabajadores inconformes por falta de pago.

De acuerdo con información extraoficial, el incendio de las maquinas ocurrió mientras la maquinaria se encontraba en el área de campamento, a donde solo tienen acceso los trabajadores, por lo que las autoridades investigan para dar con los responsables.

Debido al incendio de las máquinas, que dejó daños materiales por varios millones de pesos, las obras en el frente seis del Tramo 6 se encuentran paralizadas, ya que quedaron inservibles para continuar con la movilización del material pétreo.

Las autoridades federales investigan con hermetismo el origen del incendio de la maquinaria, ya que el Tren Maya se trata de una obra de seguridad nacional.

https://quintanaroo.quadratin.com.mx/paraliza-obras-de-tren-maya-quema-de-maquinaria-en-tramo/

Académicos y antropólogos señalan irregularidades laborales dentro del INAH

Sugeyry Romina Gándara / SinEmbargo

Primera entrega. Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia denunciaron problemas que afectan sus condiciones laborales, principalmente la precarización.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo). México es un país que se ha caracterizado por su riqueza y patrimonio cultural, tan diverso a lo largo y ancho de la República. Uno de los pilares fundamentales para la preservación y estudio de este patrimonio es la Antropología e Historia, una rama de la cual la principal institución encargada, por Ley, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, la situación que enfrentan los profesionales investigadores e incluso estudiantes de esta institución es precaria y violenta, como han denunciado dentro de este organismo.

El reciente caso de la desaparición y muerte del arqueólogo Emmanuel Eleazar Reyes Estrada, el pasado 21 de julio, participante en el “Proyecto de Salvamento Arqueológico Energía Los Cabos, Baja California”, ha reavivado las denuncias y demandas que han afectado a este especializado sector durante años. El INAH, al comunicar que la causa probable de su fallecimiento fue un golpe de calor o insolación ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes resaltaron la condición en que laboraba el también investigador, contratado por terceros, lo que permitió deslindarse al INAH.

Académicos, antropólogos y profesores entrevistados por SinEmbargo denunciaron que el INAH ha incumplido sistemáticamente los derechos laborales de numerosos empleados encargados de tareas fundamentales para la institución, como la formación de profesionales, investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del país.

SinEmbargo buscó desde el miércoles la postura de esta institución en relación a estas denuncias, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

La precarización laboral entre los trabajadores del INAH ha sido un problema arrastrado por años, y las autoridades, encabezadas por el Director General del INAH, Diego Prieto Hernández, han optado por evadir el problema, lo que ha ido agravado la situación, de acuerdo con estas acusaciones.

“Tiene décadas afectando al INAH, con un déficit en su planta laboral, y no se ha hecho nada para solucionarlo”, señaló Tlazoltéotl, una investigadora antropóloga que, por temor a represalias, prefirió usar un seudónimo. Ella ha trabajado durante más de 18 años bajo contratos eventuales.


Investigaciones denunciaron brecha salarial y precarización. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Alberto Herrera Muñoz, secretario general del Sindicato Nacional de profesores de identificación científica y docencia, quien ha sido investigador de base por 33 años en el INAH, señaló que hay una actitud de violencia laboral de “alguna manera generalizada”.

“Esto es un ambiente laboral agresivo contra el trabajador y lejos de que los derechos laborales crezcan, al contrario, cada vez los quieren disminuir más y más […] Es tanta la necesidad de los colegas y compañeros arqueólogos que han ingresado y están aceptando contratos leoninos en donde ni siquiera tienen derecho a recibir ni siquiera la Seguridad Social mínima que marca la ley. Entonces ahora les pagan por honorarios y ellos deben hacerse cargo supuestamente de pagar su seguro social”, señaló.


Algunos investigadores son contratados por terceros, lo que contraviene a la Ley, indicaron profesores. Foto: INAH

TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES

El profesor Alberto Herrera señaló que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hay al menos 897 investigadores con plazas oficiales ante la Secretaría de Hacienda, de las cuales 833 son investigadores de base y se encuentran activos. De ese número, al menos 300 son arqueólogos, y el resto pertenece a otras áreas como antropólogos sociales, antropólogos físicos, etnólogos, historiadores, lingüistas, etcétera.

“Es una cifra que no ha cambiado en los últimos 15 años, a pesar de que las calidades y cantidades de trabajo de la institución se han multiplicado por 100”, detalló.

El profesor mencionó que actualmente hay más de 60 plazas por ocupar, lo cual ha sido demorado, impidiendo el recambio generacional. Esto también ha contribuido a la precarización del Instituto y del trabajo que realiza.

El investigador agregó que estas plazas no han sido aumentadas, a pesar de que el trabajo se ha incrementado; en cambio, se ha optado por contratar investigadores por otros medios, como honorarios, capítulo 3000 o a través de terceros.

“Estamos hablando de más de 300 arqueólogos (de base) y, al menos, un inventario oficial de zonas arqueológicas a nivel nacional de 50 mil. Entonces la pregunta es: ¿son suficientes arqueólogos para atender las necesidades del patrimonio cultural en ese país? No”, afirmó.


Mientras que el número de investigadores de base apenas es superior a 800, los que están contratados por otros mecanismos sin estabilidad son más de 3 mil. Foto: INAH

OTRO TIPO DE CONTRATACIONES

En el ámbito de la arqueología se han presentado casos en los que se contrata a profesionales por terceros, como la Comisión Federal de Electricidad o dependencias privadas, para llevar a cabo obras en el país.

El doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Flores, profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por 11 años, explicó que este tipo de contratación viola la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas de 1972, que establece que solo el INAH puede contratar arqueólogos para ciertas actividades.

“Hay infinidad de formas de contratación para violentar la normatividad de la Ley Federal del Trabajo y las condiciones generales del trabajo. Una de ellas es esa contratación por terceros; por ejemplo, hay muchos trabajadores a quienes les paga la Comisión Federal de Electricidad o dependencias privadas que están llevando a cabo obras en el país y contratan arqueólogos”, detalló.

“La situación de esos contratos es anómala porque los están contratando como personal de servicio, como si fuera un oficio, cuando en realidad es una actividad profesional”.

Alberto Herrera señaló que esta dinámica “es una contratación que contraviene las condiciones generales de trabajo establecidas desde 1982”.

“Esa es parte de la anomalía que está utilizando el Instituto. El Instituto se desentiende de sus obligaciones y sus obligaciones institucionales con el profesional. Y eso es algo muy grave porque recientemente pasó en Baja California que uno de estos arqueólogos contratados falleció en campo. El trabajo de campo…”

La investigadora antropóloga Tlazoltéotl y Alberto Herrera coincidieron en que, además de los investigadores de base, se estima que hay más de 3 mil investigadores que han sido contratados vía terceros por outsourcing u honorarios.Alberto Herrera detalló que tan sólo en el proyecto del Tren Maya están subcontratados más de 300 arqueólogos porque los contrata “una compañía, un tercero, para un trabajo institucional”.

“Hacer este tipo de contrataciones también es ilegal por otro aspecto en el que la Ley establece que si se trabaja como arqueólogo, se debe estar habilitado por el Instituto Nacional de Antropología y tener permiso desde el mismo Instituto o una institución educativa de reconocido prestigio para ejercer la arqueología. ¿Qué prestigio académico pueden tener Fonatur o la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso del Tren Maya u otras compañías privadas?”, cuestionó el especialista.

Además de la Comisión Federal de Electricidad, otra dependencias que también ha contratado a investigadores para trabajos sustanciales de investigación de antropología e historia es la Comisión Nacional de Aguas.

“Esas no son instituciones académicas, son terceros que requieren servicios de arqueólogos. Ellos contratan, pero para que esos arqueólogos puedan hacer un diagnóstico, necesitan pedir los permisos correspondientes al INAH y eso no ha sucedido. Han estado evadiendo el ejercicio real de la Ley permitiendo la contratación de arqueólogos bajo el esquema de outsourcing ya que al final de cuentas están haciendo trabajo institucional pagado”, abundó Herrera.

La antropóloga Tlazoltéotl y el profesor José Flores explicaron que también existen las contrataciones por capítulo 1000 y capítulo 3000, incluso por Compranet, otras formas de empleo para negar prestaciones y reconocimiento.

“Resulta que tienes que registrarte en Compranet como un oferente de un servicio y además, tú como trabajador, tienes que pagar una fianza. O sea, de verdad se implementan cada vez más formas para violentar el reconocimiento de derechos laborales. Es un sinsentido decir que un arqueólogo que trabaja, que realiza actividades sustantivas para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en realidad es un proveedor de algún servicio o bien”, detalló José Flores.

“Para obtener contratos, los trabajadores pueden verse obligados a solicitar cotizaciones de sus compañeros que sean mucho más altas para presentar ofertas más bajas y ser seleccionados, lo que crea una competencia que puede afectar negativamente los salarios. Además también te piden pagar una póliza antes de ser contratados, lo que se considera un abuso y una violación de los derechos laborales”, coincidió Tlazoltéotl.

Asimismo, la arqueóloga mencionó que los tabuladores salariales no han sido actualizados desde el 2016, lo que implica que los trabajadores pueden estar recibiendo salarios por debajo de los estándares actuales.

La especialista indicó que el INAH incluso “les pone el pie” a los investigadores, aunque la dependencia no los contrate, pues a pesar de que sean contratados vía terceros, tienen que pagarles según el tabulador.

“Esa compañía que contrata en muchos de los casos también les da prestaciones, aunque sean temporales, pero les da prestaciones. Por ejemplo, los compañeros que están trabajando en el Tren Maya tienen, por así decirlo, una mejor calidad de contratación que los que estamos contratados por capítulo 3000. Es decir, hay diferencias sustanciales. El detalle es que, por ejemplo, esta compañía de Baja California Sur que contrató a Emmanuel, probablemente haya dicho ‘ah bueno, te voy a dar el sueldo que yo les doy a mis ingenieros para trabajar en campo’, pero si ese sueldo excede del tabulador caduco que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces el Consejo (del INAH) pide que se reduzca. ¡Así de canijos son!”, narró.

“(En el INAH) están tratando de desconocer el acuerdo número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los derechos laborales son progresivos, siempre van a más, no son en menos. Y últimamente han escatimado, bajo argumentos muy dudosos, algunas prestaciones”, abundó por su parte el investigador Alberto Herrera.
Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), anunció la mañana de este jueves que el próximo 19 de mayo se concretará “la más importante recuperación de patrimonio arqueológico en lo que va del siglo XXI”.


Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no ha atendido las demandas, denunciaron. Foto: Gobierno de México

LAS CONDICIONES PARA INVESTIGAR

El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH expresó el 21 de julio su demanda por mayor seguridad para el personal que realiza trabajos de investigación en campo a raíz del fallecimiento del investigador Emmanuel Eleazar Reyes Estrada, quien estaba contratado por terceros. Además, enviaron una carta al director de la institución, Diego Prieto, exponiendo la falta de seguridad y cobertura para el personal en estas labores, así como la precariedad y falta de respaldo institucional.

“Existen carencias en herramientas para mantener una comunicación constante y un acompañamiento efectivo del INAH en aspectos legales, administrativos y de protección civil en el desarrollo de sus labores”, apuntaron.

Las condiciones de trabajo en el INAH se han vuelto precarias debido a diversas normativas administrativas que han afectado la efectividad y eficiencia de las labores en la institución, según explicaron los investigadores entrevistados.

Un aspecto es la restricción de tiempo para trabajos de campo en zonas arqueológicas. A los investigadores se les recorta el tiempo a sólo cinco días, mientras que a algunos proyectos como la exploración de sitios arqueológicos o la investigación de pirámides, pueden requerir meses o incluso años para completarse adecuadamente.

En cuanto a los viáticos, se aplica una tarifa que no se ha actualizado en más de diez años, lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos necesarios. Además, el manejo de la gasolina se ha complicado debido a que se exige el uso de tarjetas que no son aceptadas en todas las gasolineras cercanas a los sitios de trabajo, lo que genera ineficiencias y largos desplazamientos para encontrar lugares donde se pueda cargar combustible.

Un ejemplo preocupante es el cálculo del monto asignado para gasolina, que no toma en cuenta los kilómetros adicionales que los investigadores deben recorrer por caminos difíciles para llegar a los lugares de trabajo, lo que implica costos personales no compensados.

“El manejo, por ejemplo, de la gasolina, administrativamente quieren controlarlo con una serie de tarjetas, que en un contexto urbano no hay gasolineras que reciban esa tarjeta, y en ocasiones es necesario desplazarse más de 100 km para encontrar una gasolinera que acepte la tarjeta o vale que les da el INAH, lo que vuelve muy ineficiente el trabajo arqueológico. Hay casos en que un hallazgo se reporta en una cabecera, por ejemplo, Chilpancingo, pero el vestigio se ubica a 30, 40 o más kilómetros por terracería, y todos esos kilómetros extras no los contabilizan para el cálculo del monto asignado para gasolina”, explicó Herrera.

Además, la burocracia también representa un problema en el INAH. Los proyectos de investigación deben pasar por siete niveles de autorización administrativa, que por cierto no garantizan la suficiencia financiera al finalizar la aprobación, pero que sí representan pérdida de tiempo.


A la investigación se agregan cargas administrativas que retrasan los trabajos. Foto: Cuartoscuro.

La insensibilidad y la falta de conocimiento acerca de la diversidad del conocimiento antropológico en la administración también obstaculiza el trabajo de los investigadores.

“En ocasiones quieren que un investigador se desplace tres o seis horas en vehículo, que vaya y regrese al centro de trabajo el mismo día. Cuando simplemente la jornada de trabajo es de 8 horas. Están exigiendo que el investigador esté en 10 o 12 horas de traslado para hacer una actividad que toma pocas horas”, explicó la antropóloga Tlazoltéotl.

Los investigadores también se ven obligados a realizar trabajos administrativos adicionales que no están relacionados con sus proyectos. Y más preocupante aún, cerca del 30 por ciento de los proyectos registrados en el INAH no reciben asignación presupuestal, lo que significa que los investigadores deben costearlos con sus propios medios. Sólo aquellos proyectos con impacto financiero tienen la autorización correspondiente.

“Hay normas administrativas impuestas que ponen personas ajenas y que no conocen lo que significa el trabajo de la investigación. En ese marco, la insensibilidad y la rigidez administrativa, que no solamente no saben de lo que es la diversidad de conocimiento antropológico, sino que está entorpeciendo el trabajo. Son detalles que han ido integrando y agregando cargas al proceso de investigación sin que el investigador pueda hacer algo porque de otra forma no opera”, concluyó Herrera.

https://www.sinembargo.mx/05-08-2023/4390521

Rectora de la Unacar se da a la fuga tras manifestación de sindicalizados (Campeche)

Por Esto!

Así huyó la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Martha Laffón Leal, después de que los extrabajadores cerraron los accesos a la rectoría con candados y cadenas, en protesta por la falta de pago de hasta 14 quincenas

Es decir, que la mayoría de los 152 jubilados y pensionados del Sindicato Único de Trabajadores de la Unacar (Sutunacar), no han recibido pago alguno en los primeros siete meses del año.

Por una ventana, junto a dos colaboradores, aprovechando la llovizna de la tarde de este jueves en Ciudad del Carmen, Laffón Leal, huyó del edificio de rectoría, pues los accesos a este han sido bloqueados por los jubilados y pensionados, que exigen transparencia en los recursos extraordinarios que ha recibido la Unacar.

Cuentas claras en las condiciones del fideicomiso, como el pago de al menos 14 quincenas, a quienes ganan por encima de los 10 mil pesos, y a algunos les han pagado al dos quincenas, correspondientes al mes de enero, y desde febrero no reciben pago alguno.

https://www.poresto.net/campeche/2023/8/3/rectora-de-la-unacar-se-da-la-fuga-tras-manifestacion-de-sindicalizados-394594.html

Presunto derrame de combustible pone en riesgo agua en Leona Vicario (Quintana Roo)

Eduardo del Valle / Novedades Quintana Roo

Más de 200 mil litros de agua están en riesgo de contaminarse, por el aceite de una máquina excavadora que cayó a un cenote, en Leona Vicario, y que según las denuncias.

Este incidente en Leona Vicario sucedió hace aproximadamente dos semanas, pero las autoridades ambientales no se han pronunciado al respecto.

Guillermo D. Christy, consultor de tratamiento de agua, explicó que solamente una gota de combustible puede contaminar hasta mil litros de agua, debido al nivel de solubilidad que tiene el hidrocarburo con el agua, pero además está contaminación se esparce por el sistema de ríos subterráneos de la península, por las corrientes.

“Puede afectar los pozos, donde se está tomando agua para beber. Va a afectar toda la vegetación que absorba esta agua con el hidrocarburo, matando plantas, posiblemente árboles. Y en el agua se va a notar la contaminación por su olor, va a oler a combustible”, detalló.

El entrevistado comentó que la excavadora es una de los diversos tipos de máquinas que se usan para construir las vías del Tren Maya.

Mediante recorridos que se han hecho por los tramos cinco norte y sur ha comprobado que cada día se encuentran más de 70 máquinas sobre el suelo kárstico.

Por otra parte, el biólogo Roberto Rojo García explicó que los colapsos en la Península de Yucatán son tan comunes que eso es lo que da origen a todos los cenotes.

La roca caliza que conforma todo el suelo de la península se degrada de forma natural mediante el proceso de karstificación. En la región hay más de 10 mil cenotes encontrados que se han formado con el paso de los años, y cada vez habrá más.

Los colapsos siempre han sido y serán naturales, aunque se espera que estos ocurran cada 100, cada mil o cada tres mil años.

Pero, al añadir el peso de las maquinarias para construir la vía, desmontar la selva, rellenar cenotes, colocar pilotes, y demás, se aceleran estos procesos de colapso, lo que puede resultar en el desplome de esta maquinaria al fondo de un cenote en Leona Vicario, donde también murió el operador del vehículo.

“Estas cuevas es el único sitio donde los animales pueden tomar su agua. En Quintana Roo tenemos 110 especies de mamíferos, pero no solo entran mamíferos, entran aves, anfibios, reptiles a esos lugares. Las especies que dependen directamente de las cuevas son más de 980”, resaltó.

El biólogo recordó que algunos colapsos anteriores pasaron en el 2015, cuando colapsaron los cuatro carriles de la carretera federal de Playa y Cancún, los taparon y eso no debe ser.

Y en el 2019 volvió a colapsar, en ese mismo año hubo otro colapso entre Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

https://sipse.com/novedades/presunto-derrame-de-combustible-pone-en-riesgo-agua-en-leona-vicario-451818.html

Cuatro mujeres fueron desaparecidas en Encarnación de Díaz; preocupa inseguridad y aumento de desapariciones grupales (Jalisco)

Imagen: Zona Docs

Las hermanas Rosa Olivia, Adriana y Marisela Saucedo Zermeño y Beatriz Hernández Martínez fueron desaparecidas entre el 27 y el 28 de julio en Encarnación de Díaz, Jalisco. El Observatorio de Violencia Social y Género de Aguascalientes ha denunciado que no se han emitido sus cédulas de búsqueda ni por parte de Protocolo Alba Jalisco, ni por el recién creado Protocolo Alba en Aguascalientes, esto frente a la urgente necesidad de implementar medidas de búsqueda interinstitucionales entre dependencias.

A estas desapariciones se suman las de cuatro hombres adultos y un adolescente, originarios de este mismo estado el 20 de junio cuando se dirigían a Zacatecas a trabajar.  

Desde el observatorio se ha señalado que la población de esta región se enfrenta a un contexto de inseguridad, derivado del aumento de desapariciones dentro de ciertos tramos carreteros entre Aguascalientes y estados colindantes como Jalisco y Zacatecas

Desde el observatorio se ha señalado que la población de esta región se enfrenta a un contexto de inseguridad, derivado del aumento de desapariciones dentro de ciertos tramos carreteros entre Aguascalientes y estados colindantes como Jalisco y Zacatecas.

Paula Souza / Zona Docs

Rosa Olivia Saucedo Zermeño y Beatriz Hernández Martínez son pareja y viajaron juntas desde Aguascalientes, donde tienen su domicilio, hasta Encarnación de Díaz, Jalisco para visitar a la familia de Rosa. Ambas fueron vistas por última vez el 27 de julio en este municipio junto a Adriana, una de las hermanas Saucedo Zermeño. A Marisela, también hermana de Rosa y Adriana, se la llevaron de su domicilio en la localidad de Las Chivas, ahí mismo, en Encarnación de Díaz.

A una semana de su desaparición, Violeta Sabás, Directora del Observatorio de Violencia Social y Género de Aguascalientes, organización que acompañan a las familias de estas cuatro mujeres, advierte que lo sucedido deja en evidencia el contexto de inseguridad, violencia y desapariciones que rodea tanto a las personas habitantes de Aguascalientes como a aquellas que transitan o se desplazan entre las comunidades y municipios que colidan con Jalisco y Zacatecas.

Muestra de ello, mencionó, es la desaparición de tres hombres adultos y un adolescente el 20 de junio de 2023, apenas un mes antes de estos hechos. Edilberto Ortega Acosta, Omar Guadalupe Rojas Salazar, Luis Gerardo Hermosillo Vargas y José de Jesús Soto -este último de 16 años- fueron desaparecidos mientras se dirigían a trabajar en la comunidad de Troncoso en el estado de Zacatecas.

“Es una problemática que nos parece muy grave. En los últimos meses se ha incrementado. Las personas que viven en Aguascalientes y que se dirigen a otros estados están siendo desaparecidas, eso no significa que en Aguascalientes no suceda”, advirtió Violeta Sabás. Tan sólo en lo que va del 2023 (enero-agosto), 41 personas se mantienen con paradero desconocido en este estado, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El 21% (9 casos) son desapariciones de mujeres.

Sin embargo, aunque la denuncia por la desaparición de estas cuatro mujeres ya fue presentada ante la delegación correspondiente de la Fiscalía de Jalisco, sus casos no se contabilizan estadísticamente dentro de la base de datos nacional, ya que, según esta plataforma el número de casos en dicho municipio es igual a cero en el transcurso de este 2023. En tanto, el histórico demuestra que 208 personas han sido desaparecidas, de las cuales 195 siguen sin ser localizadas: 164 hombres (84.1%) y 33 mujeres (15.9%).

Frente a este panorama, el Observatorio de Violencia Social y Género de Aguascalientes ha documentado como la situación se complejiza cada vez más para las personas que habitan estos lugares y son víctimas de estos delitos, especialmente para sus familias.

Por un lado, prevalece la inoperancia de las dependencias que están obligadas a investigar y buscar a las personas cuya desaparición sucede fuera de su entidad de origen; es decir, para intervenir en los casos de manera coordinada y colaborativa entre instancias.

Tal es el caso de Rosa Olivia y Beatriz. De acuerdo con Violeta Sabás, las dependencias de Jalisco y Aguascalientes “se han pasado la bolita”, además, han demostrado poca celeridad y burocracia para iniciar las carpetas de investigación.

En ese sentido, denuncia que, pese al contexto de desapariciones, especialmente de mujeres, no se han emitido las cédulas de identificación y búsqueda de estas cuatro mujeres, mismas que establece el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda “diferenciada, especializada, inmediata y con una perspectiva de género, interseccional e integral”, precisa Violeta.

En Aguascalientes, la puesta en marcha e implementación de este protocolo fue aprobada en febrero de este año 2023, por el Congreso del estado, luego de haber sido rechazado por las y los legisladores en meses anteriores.

Según refiere la directora del Observatorio de Violencia Social y Género de Aguascalientes las familias de las hermanas Saucedo Zermeño se han enfrentado también a que la Fiscalía del Estado de Aguascalientes haya sido poco diligente en el levantamiento de la denuncia por su desaparición.

“Se ha topado con trabas para poner la denuncia, bajo esta situación de que como “no desaparecieron en Aguascalientes”, la denuncia tiene que estar en Jalisco”, menciona; no obstante, advierte que este hecho no es “excluyente de que la denuncia también se presente en el estado de donde son originarias las personas”. Y, si bien, las autoridades alegaron en este caso el riesgo de “duplicación de registro”, argumenta que el contexto violento y de inseguridad, así como de impunidad, obliga a las Fiscalías y Fiscalías Especializadas en Personas Desaparecidas a “mantener una colaboración interdisciplinaria e interinstitucional”.  

“Si las familias presentan la denuncia en Encarnación de Díaz, también tendrían que tomársela en Aguascalientes, porque al ser una desaparición, al suceder en un contexto nacional y al estar en una desaparición muchos delitos en potencial impacto, entre ellos: el secuestro, trata de personas con fines de explotación sexual, la privación ilegal de la libertad que sucede en el momento de la desaparición. Entonces, al menos donde desaparece y donde vivía o vive la persona tendrían que tomarle la denuncia. Y eso no sucede en todos los casos”.

Violeta relata que, como organización junto a las familias de estas mujeres tuvieron que insistir para que la denuncia fuera iniciativa, así como para que se “otorgaran ciertos mecanismos de seguridad”. Y es que, señala que la violencia que enfrentan los tramos carreteros entre Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas las sumerge en un riesgo latente.

Como parte de sus trabajos de monitoreo y documentación, explican que las carreteras que van de Aguascalientes hacia los municipios cercanos de Jalisco, como Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, así como hacia otras ciudades cercanas a Zacatecas como Jalpan y Nochistlán, se enfrentan a “una situación de inseguridad impresionante porque se ha recrudecido la violencia en estos tramos carreteros, donde están desapareciendo más personas”.

Para hablar sobre la existencia y recurrencia de desapariciones grupales o masivas dentro de estas zonas específicas, declara Violeta, se requiere un trabajo de análisis y contexto, sin embargo, es contundente en mencionar que estos patrones se vienen repitiendo con regularidad, al menos en los últimos meses dentro de este territorio.

Estas lógicas de la violencia son semejantes a las que los colectivos de familias buscadoras han denunciado en estados del noreste y norte del país; donde jóvenes de entre 16 y 27 años están siendo víctimas de desapariciones masivas: “hace unos meses que tuvimos una reunión regional una de las madres buscadoras mencionaba que ya era una constante en Nuevo León y Tamaulipas que se están presentando desapariciones masivas de 4, 5 o 6 jóvenes de entre 16 a 27 años”.

“No podemos hablar de desapariciones masivas, pero en términos duros si allá está sucediendo, aquí también está pasando”.

“Estamos muy preocupadas, esta situación se está presentando cada vez más constante y se hace un llamado urgente para que no solamente generen este trabajo de escritorio porque sí integran las carpetas, solicitan la sábana de llamadas, la geolocalización que es indispensable para poder identificar dónde presumiblemente se encontraba la persona antes de ser desaparecida, pero la búsqueda en vida también es necesaria y también la búsqueda en campo que es algo que no están haciendo las autoridades” concluye Violeta.

https://www.zonadocs.mx/2023/08/03/cuatro-mujeres-fueron-desaparecidas-en-encarnacion-de-diaz-preocupa-inseguridad-y-aumento-de-desapariciones-grupales/

Pescadores exigen a Pemex resarcir daños por derrames en Sonda de Campeche

Gabriel Graniel Herrera / Foto: Fernando Eloy / La Jornada Maya

Piden realizar una reunión urgente para tratar las afectaciones ecológicas

02/08/2023 | San Francisco de Campeche

Pescadores ribereños del municipio del Carmen exigirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) que pague una indemnización o que aumente los apoyos que aporta para este sector, a través del Programa de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente (PACMA), derivado de las afectaciones que han resentido tras el derrame de crudo en la plataforma Balam.

Vicencio Luna Pérez, presidente del Comité de Pesca y Acuacultura del Municipio del Carmen, envió un oficio a los directivos del PACMA de Pemex, para solicitar se convoque a una reunión con carácter de urgente para tratar asuntos relacionados con el grave daño ecológico que están provocando los accidentes en los pozos o plataformas petroleras de la empresa, en la Sonda de Campeche.

“Debido a que las pérdidas ecológicas son cuantiosamente inmensas millonarias, provoca una repercusión en la economía del sector pesquero y sus familias, por lo tanto, pensamos que el apoyo en especie del programa PACMA nos da, no es suficiente, por lo cual exigimos que se nos atienda la problemática lo más pronto posible”.

El oficio firmado el 21 de julio del año en curso, busca exponer a los directivos del PACMA de Pemex las afectaciones que el sector pesquero ribereño ha resentido, con la drástica disminución de las pesquerías, así como los impactos que se resentirán a mediano y largo plazo, derivado del vertimiento de hidrocarburos al mar.

“El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha mencionado que se trata de chapopoteras naturales, sin embargo, no somos torpes y sabemos distinguir entre el impacto que se tienen por este fenómeno y los daños ambientales que se resentirán por el daño a las pesquerías, por los efectos de los derrames que se han presentado”.

Indicó que la pesca de la actividad que más ha resentido el impacto en el medio ambiente de estos derrames, lo cual repercute en los ingresos de sus familias, “por lo que consideramos justo que la empresa, resarza los efectos negativos que ha causado en las pesquerías”.

Adelantó que durante la reunión que habrán de sostener este lunes, en las instalaciones de las oficinas de la calle 25, se exigirá a Pemex, que les aumente el apoyo que cada año se les otorga a través del PACMA, ya que los daños se continúan presentando y aumentaran en medio y largo plazo.

Se estima que a la reunión, acudan los representantes de los pescadores de todo el municipio como son de la Península de Atasta, de Carmen, de Isla Aguada, y de Sabancuy.

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/218729/pescadores-exigen-a-pemex-resarcir-danos-por-derrames-en-sonda-de-campeche

Fugas de gas y aceite, resultado del desconocimiento de los directivos de Pemex: UNTyPP (Campeche)

Gabriel Graniel Herrera / La Jornada Maya

Ciudad del Carmen, Campeche

El cierre de operaciones del barco Yuum K’ak’ Náab en la Sonda de Campeche, por una fuga de aceite en uno de sus ductos, es el resultado del desconocimiento de los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre las condiciones en que se encuentran las instalaciones petroleras y no dar mantenimiento adecuado a las mismas, lo que provica daños al medio ambiente y pérdidas económicas millonarias, afirmó Pablo López Figueroa, secretario del Trabajo, Conflictos y Previsión Social de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).

Señaló que las fallas en las instalaciones petroleras no son una sorpresa, ni algo inesperado, ya que la incapacidad de funcionarios de Pemex de la 4T, las está llevando a este nivel de riesgo.

“Las fugas de gas y crudo, las pérdidas económicas por el paro de la producción, los obreros lesionados, las muertes, los diferimientos en la extracción de crudo, la contaminación al medio ambiente, todos sabemos que se están presentando por las condiciones deplorables en que se encuentran las instalaciones petroleras en la Sonda de Campeche”.

Negó que se trate de negligencia, ya que los directivos de Pemex desconocen los procesos y las instalaciones marinas de la petrolera nacional, por lo que no pueden tomar decisiones acertadas sobre situaciones críticas.

“Hay un completo desconocimiento de las autoridades que administran Pemex, no saben que es lo que puede al quitar las plazas de los especialistas técnicos, al no darles cumplir con los planes por falta de mantenimiento, por falta de presupuestos, la no querer sacar de operación algunas instalaciones, no saben nada, por ello no pueden tomar decisiones acertadas”.

Recordó que algunas plataformas ya cumplieron sus años de vida útil, por lo que al no recibir los mantenimientos adecuados, no sólo se expone a las instalaciones, sino también a los obreros, al medio ambiente y la producción.

López Figueroa indicó que al salir de operación el barco Yuum K’ak’ Náab no se presentan pérdidas económicas muy graves, ya que difieren el crudo a Dos Bocas, en donde se almacena y, en su momento, se buscarán las alternativas para enviar esta producción a donde corresponde.

“Si hablamos que los ductos han rebasado su vida útil de los ductos, al meterle más presión a una línea se podría causar un daño mayor, daños irreversibles al medio ambiente y lo peor serían las pérdidas humanas”.

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/218726/fugas-de-gas-y-aceite-resultado-del-desconocimiento-de-los-directivos-de-pemex-untypp-sonda-de-campeche-carmen