Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) denunció que, a 3 años de la promulgación de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas de Coahuila de Zaragoza, los 1 mil cuerpos encontrados en fosas comunes y clandestinas se encuentran sin identificar.
El 20 de diciembre de 2016, en el gobierno de Rubén Moreira Valdés, se publicó dicha ley que estipula, en el artículo segundo, el derecho a la plena identificación de personas que se encuentran sin vida en el estado. No obstante, hasta ahora continúan sin identificarse los 1 mil cuerpos hallados en fosas. De acuerdo con la organización Fundem, esto se debe a “la falta de personal, equipo y voluntad política” del actual gobernador Miguel Riquelme Solís.
Con ello, suman ya más de 37 mil cuerpos y miles de fragmentos óseos sin identificar, encontrados en “lugares de exterminio de todo el país”, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos.
Por tanto, exhortó a las autoridades correspondientes a reconocer y garantizar este derecho, ya que de acuerdo con la ley “toda persona tiene derecho a ser identificada”. La Red TDT remarcó la urgencia de un mecanismo extraordinario de identificación forense. “Para situaciones de emergencia se necesitan acciones emergentes”.
El titular del Instituto Nacional de Migración fue señalado de xenófobo y de promover la criminalización de migrantes por parte de organizaciones ciudadanas. Conapred inició investigación
Redacción/ PIE DE PÁGINA
Texto: CHIAPAS PARALELO
Foto: Guillermo Arias
El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y organizaciones sociales reprobaron las declaraciones del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien dijo que los migrantes indocumentados serán enviados a sus lugares de origen “así sean de Marte”.
El Consejo hizo público un exhorto dirigido al comisionado y censuró sus palabras “despectivas” hacia los migrantes, pronunciadas el martes durante la inauguración de una exposición.
“Este consejo ciudadano encuentra sumamente desafortunadas las declaraciones hechas por usted en el marco de la inauguración de una exposición fotográfica, con las cuales hizo referencia a migrantes africanos”, señala el pronunciamiento.
“Promueve la criminalización de quienes por diversos motivos se encuentran actualmente en México en una situación de vulnerabilidad, misma que requiere se comprendida y adecuadamente atendida, como lo marcan los estándares más altos en la materia”.
Hace una semana, el INM deportó a 311 personas procedentes de India en un vuelo directo a Nueva Delhi y el comisionado quiso hacer una comparación con los migrantes africanos que permanecen varados en Tapachula desde hace casi cuatro meses.
“Eso es un aviso para toda la migración transcontinental, de que así sean de Marte los vamos a mandar, hasta la India, hasta Camerún, hasta el África”, dijo Garduño.
El funcionario acusó a los extranjeros de agredir a la Guardia Nacional.
“No es posible ver compañeros o humanos de la raza negra con esa conducta en contra de los agentes migratorios, de los agentes de la Guardia Nacional, de los agentes que trabajan en migración, lanzándoles botellas, siendo rehén en nuestro propio país de ese tipo de migración”, afirmó.
El consejo consideró poco apropiadas estas palabras, especialmente en un contexto en el que la hostilidad y discursos de odio hacia los migrantes están en aumento.
“Lamentamos profundamente estas expresiones suscitadas en un contexto de hostilidad y discurso de odio hacia las personas migrantes a nivel internacional. Consideramos que las expresiones hechas por usted no corresponden a las de un servidor público cuya encomienda es la aplicación de la política migratoria, que esta administración federal reiteradamente ha afirmado que se encuentra apegada al respeto a los derechos humanos”, dice la nota.
“El consejo ciudadano le exhorta a conducirse con el debido respeto que merecen las personas en movilidad y llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas con apego irrestricto al compromiso de respeto a la dignidad humana”, concluye.
El consejo ciudadano es una institución dependiente del INM que tiene entre sus funciones emitir opiniones sobre la política migratoria, formular propuestas para la defensa de los derechos humanos de los migrantes y establecer lazos de unión con asociaciones de la sociedad civil.
Sin Fronteras IAP presentó una queja contra Garduño ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en la que pidió que se sancione a Garduño, a quien tachó de xenófobo.
El Conapred anunció que indagará las declaraciones del comisionado del INM sobre la deportación de migrantes.
“A petición de personas y organizaciones que presentaron quejas sobre las recientes declaraciones realizadas por el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el Conapred informa que se ha iniciado el procedimiento de queja para
El Presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), Wilner Metelus, pidió la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez:
Ésta no es la primera denuncia por racismo a alguna autoridad mexicana. En agosto, Metelus acusó de racismo en la muerte de un migrante haitiano en la Estación Migratoria Siglo XXI.
“La muerte de Maxene Andre, migrante de origen haitiano, de 34 años, al interior de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, es una muestra de la xenofobia y el racismo que está levantando la nueva política migratoria de México”, acusó en ese momento en entrevista Wilner Metelus.
En julio pasado, en un chat entre funcionarios, Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección a niñas, niños y adolescentes, se refirió a los africanos que protestaban en un albergue en Chiapas como “caníbales” .
La denuncia fue recibida desde el 5 de julio en el Sistema Nacional DIF, Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) previno a la procuradora, para que evite hacer comentarios racistas. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración, dijo que se investigaría, pero hasta el momento no hay resultados de dicha investigación.
Piden que sea revisado el actuar de responsables de esta clínica
Foto: La Prensa
La Prensa | Vox Populi, 23 de octubre de 2019.
Ante el silencio de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las denuncias de acoso sexual y laboral de que son víctimas, médicos residentes del servicio de Medicina Interna en el Hospital General de Zona número 21 IMSS, en León, Guanajuato, se han visto orillados a denunciar ante la opinión pública la situación que prevalece en esa institución.
A esta redacción llamaron e hicieron llegar un escrito en el que narran la serie de arbitrariedades que viven cada día desde hace semanas, por que enviaron fotografías de los médicos en jefe responsables y el escrito enviado desde el pasado mes de mayo, en el que describen abusos, maltrato y falta de materiales para realizar su trabajo, del que depende la vida de sus pacientes.
Luz María tenía solamente 12 añoa de edad, fue cruelmente asesinada y violada la madrugada de este miércoles en Tamazunchale
Agencia Reforma/Debate
23 octubre
San Luis Potosí.- La niña Luz María “N”, de 12 años de edad, fue asesinada esta madrugada en Tamazunchale, Municipio ubicado en el sureste de San Luis Potosí.
En el reporte ministerial se especificó que la menor de edad tenía signos de violencia en su cuerpo, el cual fue encontrado con el uniforme escolar de la secundaria “Martires de Cananea”.
“Se recibió el reporte de la presencia de una menor occisa en la calle Manuel José Othón, perteneciente al Barrio del Carmen, el cual presentaba signos de violencia y vestía el uniforme escolar de una escuela secundaria de la localidad de Temamatla”, informó la Fiscalía estatal.
“Luego de acordonar la escena del hallazgo y levantar indicios por medio del área de Servicios Periciales de la Fiscalía, el cuerpo de la víctima que ya se identificó, fue llevado al Servicio Médico Legista (Semele) para practicar la necropsia de ley y conocer la causa real del deceso”.
De acuerdo con reportes locales, Luz María fue encontrada alrededor de las 5:30 horas, y antes de su crimen presuntamente fue drogada y violentada sexualmente.
Asimismo, la agencia Quadratin reportó que los padres de la menor radican en Tamaulipas por cuestiones de trabajo, y que ella se encontraba bajo la tutoría de su abuela y tío.
De enero a septiembre, en esta entidad se han abierto 16 carpetas de investigación por feminicidio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En lo que va de este mes sigue sin parar la ola de violencia en el municipio y al momento van 23 ejecutados, entre los que destacan dos menores, tres damas y 18 individuos, desconociendo más detalles, según fuentes policiales.
Se indicó que El Colomo, ejido Francisco Villa, El Naranjo, Jalipa, delegación Valle de las Garzas, así como Santiago y Salagua, son los lugares más conflictivos, en donde en los últimos días son escenarios del crimen organizado.
Cabe destacar que el primer día, un joven fue lesionado con un arma de fuego por parte de un elemento policial, aunque se desconocen si fue consignado, así como el estado de salud del herido.
Derivado de estos ataques de sicarios, se menciona el suicidio de un individuo de aproximadamente 40 años de edad, que decidió colgarse del interior de su domicilio particular que se ubica en la colonia Francisco Villa, en la delegación Santiago.
Todo parece indicar que las estrategias de seguridad en el municipio se han visto devastadas por los ataques de integrantes de las organizaciones criminales, que actúan a cualquier hora del día, sin importarles operativos de las corporaciones policiales.
Colima. Manuel Godina Velasco, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a concoer que se les adeuda alrededor del 125 mil pesos a los que tienen el concepto de pensión al tope.
“Por ejemplo ahorita a los del ISSSTE que hay un topo de cuota de 10 salarios mínimos que serían 31 mil 500, pues resulta que a muchos nos están robando 5 mil 500 pesos anuales de este año, de los años anteriores era un poco menos”.
Godina Velasco refirió que esto se debe a que desde el año 2016 el gobierno de la República creó las famosas unidades de medida para efectos administrativos, tiempo en que comenzaron a aplicar las UMAS en el pago para jubilados y pensionados.
“Cuando las UMAS son para pago de multas y entonces la Constitución en su artículo 23 habla muy claramente que a los trabajadores del estado se les tiene que cubrir sus emolumentos en salarios y eso incluye a los jubilados y pesnsionados”.
Sin embargo lo anterior no ha sido posible debido a que las instituciones aplicación las UMAS para dichos pagos.
“Entonces ahí vino no un error sino una mala de las instituciones que alguien de arriba les dijo aquí nos vamos ahorrar miles de millones de pesos”.
Actualmente en Colima hay alrededor de 12 mil jubilados pagados por el ISSSTE, aunque no todos están con el tope.
Juanis Gallardo, madre de Juan Carlos no ha recibido ninguna notificación del caso por parte de las autoridades
Gabriela León / UDGTV
Juanis Gallardo, madre de Juan Carlos Pedroza Gallardo, quien despareció el 7 de febrero de 2018 a la edad de 17 años, muestra su descontento y desilusión por el paradero de su hijo, pues comenta que a pesar de que el caso fue denunciado a la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) días después de su desaparición, no ha visto ningún progreso en la investigación, y hace meses que no recibe ni una llamada por parte de esta dependencia, ni del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
“En la Fiscalía no me han dicho nada, no hay ninguna respuesta de nada y va uno a preguntar y no te dicen nada”.
Desde su nacimiento, la madre de Juan Carlos padece de una discapacidad que le impide caminar sin muletas, lo que hace más difícil la búsqueda por su propia cuenta, a pesar de ello Juanis se unió a los familiares de víctimas de desaparición que acudieron el pasado 17 de septiembre de 2019 para manifestarse frente a las instalaciones locales de SEMEFO y exigir apertura en el reconocimiento de restos, pero no tuvo éxito.
El 14 de octubre de 2019, el colectivo FUNDEJ Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos publicó una lista de personas sin identificar en el SEMEFO de Lagos de Moreno, en la cual aparece un masculino de 18 a 25 años de edad sin tatuajes, lo que vislumbró un poco de esperanza, sin embargo no ha recibido ninguna llamada por parte del IJCF.
El 18 de octubre Juanis llamó a las instalaciones locales de Servicios Médicos Forenses, y fue informada por el personal que ella podría entrar cuando quisiera, sin embargo comenta que en otras ocasiones ya se le ha impedido el acceso a los restos.
“Nada más que hoy (18 de octubre) yo llamé (a SEMEFO) para preguntar y me dijo que no necesitaba que fuera en grupo, que yo podía entrar sola cuando yo quisiera, pero ya estando ahí es muy diferente y no le muestran a uno nada”.
El caso se suma a las más de 3 mil 762 personas desaparecidas en la entidad durante el 2017, según los datos recabados por la Asociación Civil del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Dicha asociación también arrojó que durante el pasado sexenio se denunciaron los índices más altos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país hasta 2017: cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para cuando Juan Carlos desapareció, debió haberse activado la alerta Amber en el municipio, sin embargo, su madre menciona que no hubo mucha movilización por parte de las autoridades, quienes le marcaban a ella para saber si había escuchado algo más, si ya había aparecido, si sabía “en qué andaba metido”.
Como cualquier madre, Juanis pasa gran parte de su día pensando en su hijo, pero también en la manera de acercarse a la gente de su municipio y de la región, para que puedan interesarse en su caso y en el de muchos otros padres, hermanos y amigos que buscan a sus desaparecidos entre la ola de violencia que envuelve a nuestro país.
“Mi hijo era morenito, muy delgado, mide 1.60 (cm), sus ojos grandes, labios gruesos, nariz ancha, ojos cafés…”.
En menos de un año de la administración estatal en el OPD Servicios de Salud Jalisco se cocinan las finanzas a favor de familiares de la titular Consuelo Robles Sierra
Isaura López Villalobos / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. Pese al discurso de gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez de ir en contra de funcionarios que provocaron el saqueo en salud en la pasada administración, hoy da luz otro brote en contra de las arcas de salud.
En menos de un año de la administración estatal en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco se cocinan las finanzas a favor de familiares de la titular Consuelo Robles Sierra.
La empresa que otorga mantenimiento a vehículos oficiales de salud es Llantas Tapias S de RL de CV cuyo gerente es Víctor Manuel Guzmán Villaseca (esposo) y de Quey Julieta Chavira Robles (hija) de la funcionaria estatal.
Dicha empresa antes de participar en la Licitación Pública Local LPL99/2019 ya otorgaba servicio de mantenimiento y reparación de vehículos al OPD en particular a la región sanitaria XI Centro-Tonalá -el día nueve de abril de 2019- de acuerdo al documento que Señal Informativa obtuvo.
En el aparato de descripción se señala “LLANTAS 235/70R16 COOPER WILDCAT MASTERCRAFT AT2, con un valor unitario de 2 mil 672 pesos con 41 centavos, sin descuento, más impuesto, el aporte total fue por casi 12 mil 400 pesos de la partida 29601. Tipo vehicular: FORD 2001 NO. ECO 899
Llantas Tapias S de RL de CV del cual es gerente el esposo de la funcionaria estatal Víctor Manuel Guzmán Villaseca e hija Quey Julieta Chavira Robles participó en la licitación Pública LPL99/2019 denominada “Adquisición del servicio de talleres mecánicos externos para mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos de gasolina, diésel y motocicletas propiedad del Gobierno del estado de Jalisco”; el cual tiene documentos este medio informativo.
En el aparto de resolutivos, de acuerdo al documento vía transparencia, se indica, la adjudicación económica fue por un monto aproximado de 3 millones 174 mil pesos, dicha licitación inició el 10 de julio, y el 6 de agosto fue la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.
Sin embargo, la empresa del esposo de la funcionaria ya había otorgado el servicio a la región sanitaria XI Centro-Tonalá.
El documento está firmado por el coordinador general de administración, región sanitaria XI Centro-Tonalá, Edmundo Aguirre Garrido y por el director de la región Edgar Jesús Ramos.
Otro de los datos obtenidos fue que la empresa Llantas Tapatías S de RL de CV fue proveedor del Gobierno de León, Guanajuato, además de aparecer en el Buholegal, expediente: 779/2012, Juzgado de Partido Séptimo Civil. Actor: Eliseo M, Demandado: entre otras personas aparece Víctor Manuel Guzmán Villaseca. Tercero llamado a juicio ordinario civil. El último informe fue el 27 abril de 2015.
De acuerdo a las leyes un proveedor del Gobierno no puede ser deudor, y los servidores públicos pueden incurrir en conflicto de interés, cuando al realizar sus actividades atiendan o se relacionen con familiares o amigos cercanos o tienen alguna deuda.
* Los obligan a laborar los siete días de la semana, sin horario de salida y sin remuneración extra por las horas de más
A través de una denuncia ciudadana, trabajadores e instaladores acusaron a la empresa TotalPlay de explotación laboral. El gerente de la plaza de San Luis Potosí – Soledad amenaza a los empleados con represalias si llegan a denunciar ante las autoridades los abusos.
Los trabajadores aseguran que además del salario bajo, los obligan a trabajar toda la semana y con la famosa frase: “aquí tienes hora de entrada, pero nunca de salida», los hacen cumplir con más de 12:00 horas de trabajo sin remuneración, pues no les pagan horas extra ni utilidades.
Aunado a esto, no cuentan con buen equipo de trabajo y lo poco que les proporcionan, debido al uso intensivo, esta muy deteriorado. Por si fuera poco, denuncian que cuando se les ha dañado su material se los cobran a más del valor real del equipo.
Para pagar menos de impuestos y seguro, a los trabajadores los registran ante el fisco con el salario mínimo y si llegan a quejarse de esto, los amenazan con perder su puesto. Relatan que en una ocasión llevaron una denuncia por parte de Conciliación y Arbitraje, la cual recibió uno de los vigilantes. Cuando este se la entregó al gerente, el jefe lo abofeteó y lo amenazó: «Usted que vuelve a recibir demandas o papeles no autorizados y yo que le rompo el hocico y lo corro».
Esta empresa es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, también dueño de Elektra, Salinas y Rocha, TV Azteca, además de ser socio de Netflix, ITT Telefónica. Junto con estas empresas, TotalPlay enfrenta demandas en todo México, tanto laborales como de otra índole, como las que recibió hace unos años por el repentino cierre de las tiendas Blockbuster. Salinas Pliego es uno de los aliados de la 4T, pues a través de Banco Azteca el Gobierno Federal entrega las becas y apoyos.
Hoy en día, laboran en la zona metropolitana alrededor de 140 empleados y aseguran que ninguno se encuentra conforme en su lugar de trabajo; sin embargo, debido a la necesidad, no se arriesgan a buscar otra fuente de empleo. Esperan que sus denuncias las escuche el presidente y tome cartas en el asunto.
REYNOSA, Tamps. (apro).- Colectivos de familiares de desaparecidos en Tamaulipas lamentaron la poca disposición de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para apoyar con equipo y recursos el operativo de localización de restos humanos que se inició en Reynosa, una de las ciudad más violentas de México donde se reportan aproximadamente 4 mil desaparecidos.
“La doctora Karla fue nombrada para que encabece la búsqueda de personas a nivel nacional. No obstante, a Tamaulipas no viene”, comentó a Proceso Geovanni Barrios Moreno, quien encabeza la organización Justicia Tamaulipas que afilia a unas 200 familias con parientes a los que se les perdió el rastro.
“El Comisionado Estatal está limitado con sus recursos científicos para poder contar con toda la tecnología y los recursos con los que cuenta la Federación”, agregó Barrios.
Refirió que la comisionada dispone más de 400 millones de pesos que puede utilizar para apoyar estos operativos de búsqueda. “No lo hace y tampoco ordena que venga el personal adecuado”.
“Estaremos trabajando estos dos días de la mano del Comisionado Estatal de Búsqueda, sin contar la presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por la doctora Karla Quintana, quien creo debe estar en un escritorio en la comodidad de la ciudad de México”, dijo Barrios Moreno.
El dirigente de Justicia Tamaulipas enfatizó que la Comisionada Nacional “no viene porque hace política con esta problemática de los desaparecidos”.
Los colectivos de parientes desaparecidos están participando desde ayer, lunes, como testigos en un operativo en Reynosa que encabeza la Comisión Estatal de Búsqueda, mismo que hasta el momento ha arrojado el hallazgo de los restos de al menos tres personas en fosas clandestinas ubicadas muy cerca del puente fronterizo Anzaldúas que une al estado de Tamaulipas con Texas.
Jorge Ernesto Macias Espinoza, Comisionado Estatal de Búsqueda, dijo a Proceso que están trabajando “conjuntamente con las familias con personas desaparecidas, para localizar a las víctimas”.
“Estamos empezando los trabajos de campo, a partir de lunes y durante los próximos dos días”, agregó a Macias Espinoza tras destacar que el órgano que representa colabora con cerca de 15 colectivos de familias con parientes desaparecidos.
“En las últimas semanas hemos realizado unas 25 búsquedas de campo en polígonos ubicados en diversos municipios de Tamaulipas”, agregó.
Macias Espinoza informó que para agilizar las búsquedas recientemente adquirieron un dron que cuenta con un sensor especial para reconocer los gases que arrojan los cuerpos en descomposición.
“Este dron será utilizado para las búsquedas en campo. Sobrevolará áreas inaccesibles donde tendremos que realizar una búsqueda y a través de los gases que pueda detectar a cierta altura, podremos obtener resultados”, concluyó Macias
El Operativo de Búsqueda fue coordinado por la Comisión Estatal y es protegido por efectivos del Ejército Mexicano, de Policías Federales y decenas de policías estatales que se movilizaron en camionetas blindadas y unidades militares equipadas con armas de grueso calibre.
El operativo continuará durante los próximos dos días en caminos vecinales, ranchos y en una zona rural aledaña a la ciudad, que está considerada uno de los lugares más peligrosos de Reynosa.
Los manifestantes piden reajustar bases y salarios de acuerdo a su profesión
Químicos graduados de todo el país bloquean, desde el mediodía, los accesos a la Cámara de Diputados en demanda de que se les otorguen los códigos laborales que les corresponden de acuerdo con su perfil académico y con las actividades que desempeñan.
Juana Onofre Polvo, química farmacobióloga por la Universidad Autonóma de Puebla, explicó que esta problemática afecta a cuatro mil trabajadores de la Secretaría de Salud con impacto en sus salarios y prestaciones.
Detalló que en 2008 varios compañeros obtuvieron su base laboral, pero con códigos inferiores a los que les corresponden, es decir no “Químico A”, sino como “Técnico laboratorista” o “Auxiliar de laboratorio”, que son para personas que cursaron carreras técnicas o la secundaria, respectivamente.
Sin embargo, criticó, la diferencia salarial entre un código y otro es muy grande, ya que mientras el “Técnico laboratorista” y el “Auxiliar de laboratorio” perciben unos seis mil pesos mensuales, el sueldo de un trabajador con la categoría de “Químico A” es de 20 mil.
La trabajadora del laboratorio del estado de Tlaxcala explicó que su lucha comenzó hace casi un año y medio, cuando se percataron de que su problemática no era local sino generalizada, por lo que conformaron el Frente Nacional de Químicos de la Secretaría de Salud.
Los representantes del grupo se reunieron con la Comisión de Salud del legislativo, a fin de exponer su situación y con miras a conseguir justicia laboral.
Juana Onofre destacó que han sostenido diversas reuniones con el titular de la Unidad de Administración de Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, quien no les ha dado solución a sus demandas, bajo el argumento de que el techo presupuestal no alcanza.
El presidente municipal de Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega, apuntó que los trabajos de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, a la altura de dicho municipio, están detenidos.
Al respecto, el edil refirió que se trata de un asunto de la empresa que, hasta donde tiene conocimiento, está detenido por falta de pagos.
“Es un problema entre empresa y sindicato”, añadió el edil, además de anotar que cuando se realizan bloqueos a la vía de comunicación por parte de inconformes también se afecta a terceros.
Pescadores afectados por la contaminación a los arroyos y río Coatzacoalcos. / PESCADORES
Areliz Sosa / Imagen del Golfo
Pescadores de Nanchital e Ixhuatlán afectados por la contaminación del río Coatzacoalcos, responsabilizan a las dependencias Federales de no intervenir en los derrames que se han generado en el municipio de Nanchital durante el 2018 y 2019.
El 2018 y 2019 son los años que los socios de la cooperativa producción pesquera Gavilán del río Coatzacoalcos, y del municipio de Ixhuatlán del Sureste, han contemplado los peores en la producción pesquera, derivado a los efectos que han generado la contaminación ambiental provocada por la falta de mantenimiento a las líneas de Salmuera y ductos activos de PEMEX.
“Desde hace varios meses reportamos a las dependencias marítimas el derrame de salmuera que se está registrando en la boca de San Regino, el cual está provocando la disminución en la producción de peces, por lo que tenemos que ir río arriba, como pescadores ya efectuamos el reporte a la SEDEMA, PROFEPA, pero nuestras quejas no han sido atendidas”, comentó Jacinto Palacio Rojas. Pescador de Nanchital.
Anteriormente la jornada laboral para lograr sacar diez kilos de pescados era entre dos a tres horas, sin embargo en los últimos meses para obtener esa cantidad trabajan casi toda la noche y lo que más atrapan en las redes, matayahual y trampas es basura, palotada y lirio acuático.
“Como marinos adheridos cooperativa producción pesquera Gavilán del río Coatzacoalcos, estamos decepcionados de los servidores públicos que laboran en las dependencias encargadas del cuidado al medio ambiente, porque no hacen nada por ayudar a los afectados, y protegen a los responsables porque últimamente petróleos mexicanos no pago por los daños ocasionados al arroyo Tepeyac, mucho menos atenderá las afectaciones que está causando el derrame de salmuera”, expresaron los pescadores afectados.
Los Ardillos pelean por el control de la montaña baja de Guerrero para el trasiego de drogas (Foto: Cuartoscuro)
Redacción / Infobae
Alrededor de 500 sicarios del grupo criminal Los Ardillos cercaron la comunidad de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, denunció la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La organización lanzó un llamado urgente a los gobiernos federal y estatal para que intervengan a la brevedad para evitar una tragedia.
El coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna informó que alrededor de la una de la tarde de este martes unos 200 hombres armados fueron vistos cerca de la comunidad El caracol, que se encuentra a unos 20 minutos de Rincón de Chautla.
Explicó que del otro extremo por el lado de Zacapezco intentaban llegar caminando otras 300 personas armadas con la intención de agredir a la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla.
Sánchez Luna denunció que los presuntos sicarios buscan entrar a Rincón de Chautla a donde han pretendido irrumpir desde el 27 de enero cuando ocurrió un enfrentamiento en la entrada del pueblo que dejó dos agresores muertos. Insistió en que intervengan los gobiernos federal y estatal para evitar un enfrentamiento.
Ese día, 150 hombres armados del grupo de Los Ardillos, entraron a Rincón de Chautla, y durante cuatro horas dispararon contra la policía comunitaria dejando 12 muertos y dos heridos.
En mayo pasado en redes sociales fue difundido un video en el que un grupo de niños aparece realizando un adiestramiento de guerrilla, mientras leen un comunicado donde aseguran que combatirán a todo grupo armado que intente ingresar al poblado Rincón de Chautla.
Después de esto, la violencia ha continuado cobrándose la vida de los promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y del Congreso Nacional Indígena, por lo que, tras no recibir ayuda de las autoridades, estos niños se presentaron como integrantes de las autodefensas de esta comunidad indígena enclavada en la Montaña Baja de Guerrero.
Las imágenes muestran a ocho menores no mayores a 12 años, que portan palos que manejan como si fuesen armas de fuego en un adiestramiento.
“Es nuestra cara contra la de los sicarios, nos matan a un policía comunitario y vamos por 10 sicarios. Fuimos atacados los niños y las niñas que hoy somos sobrevivientes de un ataque sanguinario”, leyó uno de los niños.
Ante esta situación, el gobierno del estado se pronunció por el respeto de los derechos de la niñez y dijo que su participación no debe ser alentada.
En julio pasado integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) lanzaron una campaña para capturar a 100 sicarios al servicio de Los Ardillos en al menos 17 comunidades de la zona de la montaña baja de Guerrero.
Esto, luego de que el 24 de mayo fueron encontrados muertos en la vía Chilapa-Tlapa, los comunitarios Bertoldo Hilario Morales e Isaías Xantenco Ahuejote.
David Sánchez Luna, líder de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores explicó que ya están listos los policías comunitarios que van a incursionar en los poblados nahuas de Tula, Zacapexco, Ayahualtempa, Paraíso de Tepila, Alcozacan, Xicotlán, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, Xochitempa y Ahuehueitec, entre otras, para detener a informantes y otros integrantes de la delincuencia organizada.
Dijo también que la CRAC- PF continuará adiestrando a niños y mujeres para que aprendan a defenderse de los criminales y detengan a sus cómplices. En las comunidades de Rincón de Chautla, Ayahualtempa y Zacapexco ya se integraron mujeres a las policías comunitarias.
En julio, El Consejo Indígena y Popular de Guerrero denunció un ataque armado en la comunidad Tula de Guerrero, también perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez por lo que llamó a las autoridades locales, estatales y federales para que intervinieran para evitar una masacre.
En Chilapa, Los Ardilos mantienen una guerra por el control del territorio para el trasiego de drogas, por lo que no cesa la violencia desde que en 2015 los grupos de policías comunitarios irrumpieron en la zona.
Violaciones a los derechos humanos, 10 millones 233 mil 826 pesos pagados a empresa de seguridad privada y más de 105 millones de pesos invertidos en un centro de reubicación, donde actualmente siete familias viven recluidas sin tener acceso a servicios básicos, son el resultado del desplazamiento forzado que el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realizó en la comunidad de Palmarejo; una de las tres comunidades que luchan por no quedar inundadas por la imposición de la presa El Zapotillo.
Foto: Mario Mario
Mario Mario /Zona Docs
Con rostro desencajado e incrédula, Martha cuenta: “Claro que sí, se siente mucha tristeza de que el gobierno no respete ¿Por qué quiere acabar con nuestras tradiciones, nuestra identidad? Que triste será que cuando nos pregunten: ¿De dónde eres? Tengamos que contestar, de un pueblo que desapareció.”
Originaria de Palmarejo, Jalisco, Martha, es una de las muchas personas desplazadas de su territorio. Me dice que dejar a sus difuntos es lo que más le dolería, pues éstos: “se quedarían enterrados aquí bajo el agua. Nos dijeron que a 80 o 105 metros, nos íbamos a inundar; entonces, con miedo muchos aceptaron de buena voluntad vender, pero hasta ahora no les han pagado”.
Asustados por la amenaza de que “si no aceptaban la reubicación se quedarían sin nada”, los campesinos de Palmarejo, una de las tres comunidades amenazadas de quedar inundadas por la presa El Zapotillo, fueron obligadas a derrumbar sus casas y desplazarse a Talicoyunque, un predio ubicado en una colina, a unos kilómetros de la comunidad de Temacapulín, el pueblo que por 14 años ha detenido la construcción de la presa El Zapotillo.
“A muchas personas las obligaron a tumbar sus casas, creo que para que se vea el rancho ya sin personas y todo destruido. Ahora, hay personas que se lamentan la vida que llevan allá, porque no es la misma vida que tenían acá en el rancho”, relata Martha.
Actualmente, siete son las familias que viven en el predio denominado: Talicoyunque.
“Ahí se siente uno encerrado, uno voltea para todas partes y es puro zacate y en cambio acá, hay más vida, agua y productos que se pueden comer, allá no hay nada. El gobierno lo que quiere es abusar de las personas porque quedó de entregarles escrituras, y así los tienen, pero cuáles escrituras les pueden entregar si no está el permiso de uso de suelo, ellos entregaron escrituras”.
EL ZAPOTILLO, LA PRESA DE LA CORRUPCIÓN
Con el argumento de abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco, en el año del 2005, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) junto con los gobiernos del estado de Jalisco y Guanajuato, comenzaron a impulsar la construcción del sistema Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo-León que inundaría una superficie de 4 mil 500 hectáreas dentro de las que se encuentran tres comunidades milenarias: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Entre protestas, violaciones a los derechos humanos, oposición por parte de las comunidades afectadas e inconsistencias, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que correspondía a una presa con cortina de 80 metros y no para 105 metros; en el año 2009, de manera ilegal, la empresa española FCC Construcción, junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, iniciaron la construcción de la presa El Zapotillo.
Tres años después de iniciada la obra, en septiembre del 2011, la CONAGUA adjudicó a la empresa española Abengoa México, la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León. Empresa que actualmente se encuentra en banca rota y mantiene una demanda por indemnización de más de 2 mil 378 millones de pesos a pesar de que nunca instaló ni un sólo metro del acueducto.
Ante todas estas arbitrariedades, despojo y violaciones, los habitantes de las comunidades comenzaron una lucha contra este megaproyecto denunciando y demostrando más de una vez las violaciones cometidas por los gobiernos estatales y federales a sus derechos humanos, y la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se han invertido a la mega obra.
Ejemplo de lo anterior, es la inversión de más de 27 mil millones de pesos que el Gobierno Federal ha gastado en el proyecto que se mantiene suspendido desde el año 2012 debido a la controversia constitucional 93/2012 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura, y que hasta la fecha no ha sido transparentada ni auditada.
Talicoyunque es otra de las irregularidades que han denunciado el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), organización que acompaña a las comunidades desde hace más de 10 años, pues este es el lugar donde la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) pretendía crear el mal llamado: “Nuevo Temaca”, sitio que estaría asentado en un lugar empedrado, sin agua y a unos metros del basurero municipal de Cañadas de Obregón.
TALICOYUNQUE, DESPLAZAMIENTO DE UNA COMUNIDAD
En junio del 2018, representantes de la CEA presentaron a la comunidad de Temacapulín la opción de reubicación en Talicoyunque. La respuesta fue un rotundo no.
Como parte de las acciones de resistencia impulsadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la comunidad interpuso una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), quien -en 2010- ordenó detener la edificación del desarrollo habitacional que se construía en el predio; sin embargo, en desacato a las órdenes de suspensión, la CEA inició la construcción del poblado edificando 34 casas rodeadas de un alambrado y con vigilancia las 24 horas.
Al ver que Temaca rechazó irse a Talicoyunque, la CEA con amenazas obligó a los habitantes de Palmarejo a aceptar la reubicación, ya que si no lo hacían se quedarían sin nada, pues la comunidad por encontrarse en una altura menor a la presa, se inundaría de cualquier forma.
De esta manera fue como Talicoyunque, comenzó a poblarse: “Nosotros entregamos nuestras escrituras, hubo gente que aceptó vender, otros aceptaron una casa, a la mayoría los obligaron a derrumbar sus casas, yo creo que fue con la intención de que ya no regresaran”, explicó una habitante de Talicoyunque.
Actualmente, en este lugar viven siete familias que son custodiadas por elementos de seguridad privada quienes controlan lo que pasa en el lugar.
GASTO MILLONARIO EN SEGURIDAD PRIVADA PARA TALICOYUNQUE
En una investigación realizada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), explica que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), del 2014 al 2018, pagó a la empresa Seguridad Especializada en Logística en Custodia y Seguridad Privada, S.A de C.V. (SEMAG), la cantidad de 10 millones 233 mil 826 pesos por el servicio de seguridad y vigilancia en el predio denominado Talicoyunque, esto conforme a los datos obtenidos por la Unidad de Transparencia de la dependencia solicitados por el IMDEC.
En total, son ocho elementos los que resguardan la seguridad del predio cubriendo dos turnos de 24 x 24 horas de lunes a domingo. Dentro de sus funciones, según el Contrato de Prestación de Servicios, está el impedir el acceso a cualquier persona que no viva en el centro de reubicación, permitiendo sólo el acceso a las personas que cuenten con un escrito expedido por la CEA.
“Los vigilantes tienen llaves de nuestras casas, no nos dejan hacer fiestas, no podemos tener visitas y nos revisan los vehículos cuando entramos y salimos, estamos muy cuidados”, relata una mujer, integrante de una de las siete familias que viven actualmente en Talicoyunque.
Otros de los gastos que la CEA ha realizado del 2014 al 2018, es el de 65 mil 112 pesos por suministro de agua potable misma que es entregada a las familias de Talicoyunque a través de pipas; 272 mil 839 pesos por servicio de suministro de energía eléctrica; y 740 mil 541 pesos por mantenimiento de las instalaciones.
Actualmente, en Talicoyunque se encuentran terminadas 34 casas de al menos 100 que se tienen contempladas en el proyecto original; en la misma información obtenida a través de la solicitud de transparencia, se indica que la CEA ha gastado en la construcción de estas 34 casas: 105 millones 778 mil 403 pesos. Hasta ahora, la CEA no cuenta con ningún documento que diga cuánto dinero se tiene aprobado para continuar con la construcción del centro de reubicación.
A pesar del gasto millonario realizado por la CEA durante cuatro años en este predio, las familias que viven actualmente en Talicoyunque, no cuentan con: servicios médicos, escuelas, tiendas, iglesias, tierras para sembrar, corrales para criar sus animales, incluso, el agua se les suministra cada tercer día.
Para María González, investigadora y coordinadora del IMDEC: “una presa para abastecimiento de agua se ha convertido en una contradicción para las personas que fueron desplazadas de su territorio, donde contaban con comida, agua, tierras fértiles, escuela, servicios de salud, su iglesia, por la construcción de una presa, ahora sufren por que el estado no les garantiza su derechos fundamentales y sobre todo, no les garantiza el agua”.
Pero lo más grave de estas cifras se puede encontrar cuando estos gastos millonarios realizados en Talicoyunque se comparan con lo que las últimas dos administraciones del municipio de Cañadas de Obregón, han gastado en la comunidad de Temacapulín, pues de acuerdo con información obtenida a través de transparencia, la administración municipal (2012–2015), invirtió en obra pública para la comunidad: cero pesos, mientras que para las Fiestas Patronales y la Feria del Chile se gastaron 42 mil pesos.
En tanto, la administración (2015-2018) gastó 463 mil pesos en la instalación de una antena repetidora y 382 mil pesos en la aportación que hizo para la construcción del arco de bienvenida de Temacapulin; la otra mitad de la inversión (otros 382 mil pesos), la pagaron los hijos ausentes de Temaca.
EL ZAPOTILLO, MEGAPROYECTO PLAGADO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El intento por parte del gobierno federal y estatal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), para desplazar a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a centros de reubicación ha estado lleno de violaciones a la ley y a los derechos humanos de los habitantes de estos tres poblados; así como a los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y Desplazamientos Generados por el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante su visita oficial a México, el 20 de junio del 2011, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier De Shutter, después de conocer la comunidad de Temacapulín y el predio de Talicoyunque, explicó:
“No se puede hacer una comunidad en donde se pierdan sus condiciones de vida, tiene que garantizarse las mismas o mejores condiciones. Las personas que viven en estas comunidades, viven de la agricultura y siembran distintos cultivos que no van a crecer en las tierras que se les están proponiendo en el lugar en donde serían reubicados. Es esencial que conserven sus medios de subsistencia, ya que en el derecho internacional no se prohíben los desalojos a favor del interés público, pero hay condiciones que se tienen que cumplir para una reubicación, pues éstos tienen que ser en condiciones favorables, que no afecten sus medios de subsistencia y estas condiciones no se están cumpliendo”.
“Al respecto, María Gonzalez del IMDEC detalló que: “está documentado que los megaproyectos como las presas, nunca cumplen con los supuestos beneficios que las empresas y las autoridades prometieron a las comunidades; el caso de la Presa El Zapotillo no fue la excepción, 14 años después, se han cometido una de las mayores violaciones de derechos humanos en caso de grandes obras de infraestructura: el desplazamiento forzoso de la comunidad de Palmarejo”.
Según un análisis realizado por el IMDEC, en el caso del desplazamiento forzado de la comunidad de Palmarejo al predio de Talicoyunque, la CEA no cumplió ninguno de los puntos del Protocolo de Actuación para Proyectos de Desarrollo e Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anterior, el pasado 8 de enero de 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), presentó la recomendación 50/2018 donde se documentó la violación a los derechos humanos de los habitantes de las tres comunidades afectadas por la presa El Zapotillo.
En la recomendación, la CEDHJ reconoció que los habitantes de la comunidad de Palmarejo fueron desplazados forzadamente de sus casas, por lo que solicitó al actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lo siguiente:
La reparación del daño a los habitantes que fueron desplazados de su territorio.
Garantice a los habitantes de las comunidades el derecho humano a la salud, a la educación y al desarrollo integral de sus comunidades.
Regularice la situación jurídica de las personas que fueron desplazadas de Palmarejo y se les otorguen los títulos de propiedad e indemnizaciones justas.
Se les dote de tierras de cultivo para garantizarles el derecho a la alimentación y la vida campesina.
Se realicen inventarios de los bienes personales y comunes que han sido abandonados en la comunidad de Palmarejo, a fin de que sean mejorados en el nuevo centro de población a donde se ha dirigido el re-asentamiento, incluyendo edificios históricos y religiosos.
Se garanticen los derechos al libre tránsito, agua, alimentación, educación, movilidad y desarrollo de las personas desplazadas de Palmarejo al predio denominado Talicoyunque.
Hasta ahora, las respuestas de la autoridad ante esta recomendación han sido escasas y en la vida cotidiana de las siete familias que actualmente viven en Talicoyunque aún persisten las violaciones a sus derechos humanos.
Comunidades de Ixtacamaxtitlán -organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua así como comunidades habitantes de la cuenca del río Apulco, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal autorice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el Proyecto Minero Ixtaca que impulsa la empresa Minera Gorrión.
En la Ciudad de México, fue entregado un documento al titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, con tres mil 500 firmas contenidas en más de 40 actas de asamblea de comunidades de Ixtacamaxtitlán, así como en el acta de la 30 Asamblea de los pueblos maseual, tutunaku y mestizo por la defensa del territorio, firmada por representantes de 27 municipios de la Sierra Norte de Puebla y la cuenca del río Apulco.
Con dicho documento declararon su rechazo al proyecto de minería a cielo abierto de la canadiense ante la próxima resolución de la Semarnat sobre la MIA para el Proyecto Minero Ixtaca, promovido por la empresa que es propiedad de la canadiense Alamaden Minerals.
A la autoridad ambiental, las comunidades afectadas señalan que desde el año 2014 se han organizado para defender sus derechos humanos y el territorio, llevando a cabo un conjunto de acciones como caravanas, concentraciones y marchas en Ixtacamaxtitlán, Puebla y Ciudad de México, a la par de acciones jurídicas y de investigación, como la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del Proyecto Minero Ixtaca.
Asimismo, que por su relevancia biológica y cultural, han declarado la región libre de proyectos extractivos, y que la Minera Gorrión actualmente no cuenta con derechos sobre las concesiones con las cuales sustenta su MIA, debido al juicio de amparo 445/2015, que el ejido de Tecoltemi interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Puebla.
De igual forma, que desde el año 2017 han denunciado los impactos que la etapa de exploración del Proyecto Ixtaca causó sobre el derecho humano al agua, la salud y un medio ambiente sano y los potenciales riesgos que la explotación representa. También que el 25 de junio, organizaciones sociales, investigadores y académicos presentaron a Semarnat un total de 17 documentos técnicos que demuestran que la explotación minera amenaza la biodiversidad de la región.
“Comprobamos que el proyecto minero no tiene viabilidad ambiental, social ni cultural. Denunciamos que la empresa Minera Gorrión se conduce con un discurso manipulador a la población cuando dice que la construcción de la mina empezará en el 2020, cuando realiza actividades para ofrecer empleos, aunque no tiene aprobada la MIA y sus concesiones están en litigio. Denunciamos la violencia y hostigamiento de la Minera Gorrión contra defensoras y defensores de derechos humanos en la localidad de Santa María y, en Ixtacamaxtitlán”, señalan.
La violencia e inseguridad no son los únicos problemas a los que se enfrenta Sinaloa y su capital, Culiacán, puesto que la informalidad laboral y la falta acceso a servicios sociales forman parte de las deudas pendientes de las autoridades con su población.
A pesar de que en el primer trimestre de este año tuvieron una tasa de crecimiento económico en el estado fue del 6.1%, la de trabajadores informales se manutuvo en el 48.3%, mientras la cifra de creación de empleos formales cayó a -5,635, de acuerdo con un análisis de “México, ¿Cómo vamos?” que retoma datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Aunque el nivel de pobreza del estado durante 2018 fue 30.9%, de acuerdo con el CONEVAL, forma parte del listado de las entidades que entre el 42 y 45% de su población son vulnerables por carencias sociales.
Culiacán, corazón de Sinaloa
Ayer por la tarde y noche, Culiacán se colocó en el ojo del huracán a nivel nacional por la ola de violencia que registró, tras el enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados por la captura y posterior liberación de Ovido Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante oriundo de la entidad.
Esta ciudad es la que más reportó índices de violencia de toda Sinaloa, explicó Semáforo Delictivo en su último estudio, puesto que presentó 6 focos rojos, 2 amarillos y 2 verdes, del total de 10 que toma en cuenta la evaluación.
Feminicidio, extorsión y robo a casa, así como violencia familiar, lesiones y violación fueron los rubros donde peor calificada resultó esta ciudad de acuerdo con el diagnóstico.
Otro de los problemas a los que se tienen que enfrentar los pobladores es la falta de acceso a servicios de salud, ya que el 49.3% de ellos no cuentan con esto, además que el 22% se emplea en el sector informal, refirió el estudio del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.
De las más de 2 mil escuelas de educación básica y de educación media superior de la entidad, en alrededor de 50 el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) no cuenta con la propiedad legítima de los terrenos en donde se asientan los planteles, debido a que el proceso de escrituración no se ha concluido, según informó el director general del instituto, Raúl Silva Perezchica.
“Son alrededor de 50 escuelas que pudieran estar en condiciones de no haber terminado toda la donación, a pesar de haber sido donadas en los años 70 o en los años 80, pero como nunca se hizo este tipo de gestiones, y hoy para hacer una inversión de cualquier tipo necesitas la propiedad, entonces ahorita todo nuestro equipo del instituto está trabajando en esas condiciones”.
Refirió que hay escuelas que se asentaron en zonas ejidales, por lo que la propiedad legal de los predios aun corresponde a particulares. En otros casos, no se ha completado el proceso de donación de las tierras a favor del IEA. “El propio Instituto de Educación de Aguascalientes yo creo que es el más claro ejemplo, hay un predio en donación pero como no se hizo todo el trámite legal, entonces ahorita todo está en juicio para la propiedad de estos inmuebles”, mencionó. En 1992 se realizó la donación de predios del ex ejido Ojocaliente para la construcción del IEA, pero desde entonces existe un litigio por la propiedad de las tierras en donde se asientan el instituto y la Casa del Maestro Jubilado.
El funcionario estatal señaló que la mayoría de estos casos datan desde hace 40 años o más, pero desde entonces se ha tenido la anuencia de los propietarios para la construcción y preservación de las escuelas. “Son escuelas de comunidades rurales, pero también de la ciudad, porque recordemos que parte de los ejidos también alcanza a la ciudad, y tenemos escuelas de educación básica y también de educación media”. A pesar de ello, afirmó que se han dado algunos casos en donde se ha reclamado la posesión de los predios y se han tenido que reubicar las escuelas, además de que de perder los laudos el IEA tendría que pagar indemnizaciones, que de momento están ajenas al presupuesto del instituto.
“En caso de que haya un laudo que no se soporte, lo que hace el instituto es recoger la escuela, ya nos pasó alguna vez, de que ya con todo y construcción se recogió una escuela telesecundaria”, añadió. Por lo anterior, Silva Perezchica mencionó que en la actual administración estatal se ha priorizado la construcción de nuevas escuelas en terrenos donados por los ayuntamientos, a fin de evitar un mayor número de litigios.
“La política está cifrada para que los municipios donan el terreno y el Estado coloca la construcción, esa es la política que se ha tenido; es decir el municipio, a través de las mismas donaciones de los fraccionadores que hacen los fraccionamientos, y entonces el municipio tiene la obligación de hacer una donación al IEA para que este pueda construir las escuelas”, concluyó el titular del instituto.
Una fosa con los restos de al menos tres personas fue descubierta cerca de un puente fronterizo de México con Estados Unidos, informó este lunes a la agencia de noticias Efe la Comisión de Búsqueda del norteño estado mexicano de Tamaulipas.
Colectivos de familias víctimas de la violencia descubrieron esta fosa a escasos metros del Puente Internacional Anzaldúas en Reynosa, México, frontera con el condado de Hidalgo, Texas, indicó el titular de la Comisión, Jorge Ernesto Macías Espinoza.
Un hueso de una pierna, parte de un pie y una mano cercenada son algunas de las partes que se hallaron, dijo el funcionario.
“Estamos trabajando junto con las familias de personas desparecidas para localizar a las víctimas. Estamos empezando los trabajos de campo, a partir de hoy y durante los próximos dos días”, agregó Macías Espinoza.
El Comisionado destacó que están trabajando con unos 15 colectivos de familias.
“En las últimas semanas hemos realizado unas 25 búsquedas de campo en polígonos ubicados en diversos municipios de Tamaulipas”, dijo.
Macias Espinoza informó que recientemente adquirieron un dron que cuenta con un sensor especial para reconocer los gases que arrojan los cuerpos en descomposición.
“Este dron será utilizado para las búsquedas en campo. Sobrevolará áreas inaccesibles donde tendremos que realizar una búsqueda y a través de los gases que pueda detectar a cierta altura, podremos obtener resultados”, abundó.
Durante el operativo en el puente internacional participaron grupos de familias de desaparecidos que están organizados en el colectivo Justicia Tamaulipas A.C., que afilia a unas 200 familias.
La búsqueda fue coordinada por la Comisión Estatal y protegida por efectivos del Ejército Mexicano, Policías Federales y policías estatales en camionetas blindadas y unidades militares equipadas con armas de grueso calibre.
También peritos forenses, antropólogos, canes entrenados en la búsqueda de cadáveres y los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, quienes realizan las excavaciones y los trabajos de campo.
El operativo continuará durante los próximos dos días en caminos vecinales, ranchos y zonas rurales aledañas a la ciudad de Reynosa, aunque no se precisó el objetivo de esta búsqueda en particular.
Datos de Organizaciones no gubernamentales señalan que de los más de 34.000 desaparecidos registrados oficialmente en México entre los años 2006 y 2018, 5.862 tuvieron lugar en Tamaulipas, y a 990 se les perdió la pista en Reynosa.
Desde 2006 hasta la mitad de agosto de 2019, las autoridades mexicanas habían encontrado 4.974 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas, la mayoría en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco, reportó Efe.
Tepic, Nayarit.- Son muchas quejas ciudadanas que están advirtiendo a sus compatriotas para que no se dejen ”sorprender” por instituciones de salud que están aplicando, cobrando tarifas exageradas y anticonstitucionales por cualesquier atención médica que solicitan o que necesitan con urgencia algunos de sus pacientes a los que les cobran “la luna y las estrellas” con cualesquier pretexto, y uno de estos es que nos dicen que por una simple ”terapia” médica le están cobrando a sus enfermos TRES MIL PESOS, más el IVA, o sea que estos farsantes de la medicina, estos abusivos “mercenarios del dolor” no tienen sentimientos ni sensibilidad social y mucho menos ética, porque todo lo ven con signos de pesos, a sus pacientes no les ven cómo curarlos de sus dolores o enfermedades si no que primero le ven el ”bolsillo” para ver si los reciben o no en la mayoría de los casos porque dicen que ha habido pacientes que los ignoran porque no les ven ”futuro ”financiero.
En síntesis dicen los quejosos familiares de enfermos que han tenido la necesidad de ser atendidos por ejemplo, en el Hospital Puerta de Hierro, que hace alusión a su nombre ya que sus administradores, sus dueños o sus socios son insensibles, sin Corazón, sin sensibilidad y mucho menos sin solidaridad con el pueblo trabajador que llega a dichas instalaciones enfermo y que ahí ya han fallecido muchas personas que dicen no les alcanzó la existencia y mucho menos su salud para salir por su propio pie y pudiésemos señalar nombres de personajes de la vida pública que han llegado con algún problema de salud y ahí han fallecido lamentablemente y bueno hay que señalarlo que no es toda culpa de los médicos o enfermeras de dicho hospital si no del destino pero en el tema de la salud en este centro hospitalario que no se sabe a ciencia cierta quiénes son sus verdaderos dueños.
Denuncian abusos por parte del gerente Javier Vidal Hernández
Jairo Magaña/ La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Aunque afirmaron que no habrá problemas en el servicio que ofrece la empresa de televisión por cable Telecable, trabajadores de la misma realizaron un paro laboral alegando malos tratos, hostigamiento y abusos por parte del gerente Javier Vidal Hernández. Cerca de 13 empleados mencionaron que han asistido a las instancias correspondientes, pero hasta ahora no hay acciones positivas para ellos y sí tortuguismo para ejercer acciones de protección a sus derechos laborales.
Josué Chi dijo que a pesar de todo el problema, buscarán llegar a un acuerdo que beneficie a los trabajadores, aún y cuando como hombres han recibido agresiones físicas y no han respondido al gerente; dijo también que esta situación sólo la viven los trabajadores del área operativa, es decir, los encargados de conectar el servicio y dar revisión a las instalaciones del cableado.
Refirieron que el causante del problema tiene apenas unos meses de haber ingresado como su jefe, proveniente del estado de Yucatán. Desde un principio les advirtió que las cosas estarían pesadas, pues según estos su primer día llegó con actitud prepotente y les dijo que no sirven para hacer el trabajo que realizan.
Todo esto viene aún y cuando trabajan “a la bendición de Dios”; es decir, no cuentan con el equipo de seguridad requerido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuando incluso han llegado a haber renuncias debido a la presión que se ejerce sobre ellos, ya que les cobran daños que tienen algunos vehículos a pesar del seguro, el poco equipo que tienen fue adquirido por ellos y su ambiente laboral no es el adecuado.
Hasta que Vidal Hernández o algún administrativo no llegue a dialogar con ellos, no regresarán a sus actividades, por lo que los problemas podrían llegar en días posteriores.
Los habitantes de los municipios del corredor industrial de Huejotzingo, Puebla pusieron un alto a las descargas industriales en el Río Metlapanapa. Acciones de resistencia que los llevaron a mantener bloqueos permanentes y la toma de uno de los ayuntamientos de las faldas del volcán
Las aguas del río Metlapanapa, uno de los cauces que nace del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl al poniente de Puebla está en riesgo de contaminación. Esto debido a la actividad industrial en Huejotzingo que, ante la falta de regulaciones, vigilancia y sanción por parte de las autoridades locales, amenazan con convertir el afluente en el nuevo tiradero de desperdicios de la entidad.
Este hecho no sólo despertó la indignación de los habitantes de los municipios aledaños al corredor industrial de Huejotzingo, sino que motivo a un fuerte levantamiento organizado por los integrantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua de los Estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla.
Movimiento que respalda las luchas para la protección de los recursos naturales en estas regiones del centro del país y que en el caso del río Metlapanapa, no sólo consiguió frenar las obras de colocación de tuberías industriales, sino que además mantienen un plantón permanente para evitar que los desechos industriales sigan ensuciando los mantos acuíferos.
Las comunidades no piensan esperar a que el cauce alcance los niveles de contaminación del Rió Atoyac, uno de los más dañados del estado
“Anteriormente ya se habían instalado empresas proveedoras que le maquilaban a Volkswagen y Audi. Es en ese corredor (Huejotzingo) en donde estamos viendo que todas las aguas industriales las quieren descargar en un río que nace en el Popocatépetl y es uno de los pocos que conservamos limpios”, explica Miguel López Vega, representante del pueblo de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.
En entrevista para Reporte Índigo, el activista y defensor de los derechos de las comunidades nahuas de la zona, explica que los trabajos, encabezados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) ocurre al amparo de los presidentes municipales de Huejotzingo y Juan C. Bonilla; Angélica Alvarado y Joel Lozano Alameda.
Ambos funcionarios, acusados de permitir la penetración del Proyecto Integral Morelos (PIM) sin consentimiento de las comunidades. Sin escuchar su opinión o sus preocupaciones sobre los trabajos en las zonas de riesgo.
“El proyecto que está haciendo la Ceaspue está enfocado sólo en los empresarios, es decir, en las empresas del corredor industrial de Huejotzingo.
Y entonces vemos que las empresas, que son las que utilizan y ensucian más el agua respecto a las comunidades, no la tratan y cuando son multadas pues pagan un porcentaje menor a lo que representaría poner una planta tratadora
– Miguel López Vega, Concejal CIG Zacatepec
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos en su capítulo XIV referente a los derechos por uso y aprovechamiento de cuerpos receptores de aguas residuales, las empresas o entes que descarguen “en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas y derivados” estarán sujetos a obligaciones económicas.
Asimismo, la ley dertermina que los cuerpos receptores –ríos, lagos, lagunas, entre otros– se clasifican en tres tipos: A, B o C, según los efectos ocasionados por la contaminación, siendo los cuerpos receptores tipo C aquéllos en los que la contaminación tiene mayores efectos. En esa lista, el río Metlapanapa se encuentra en el nivel A, mientras que el cauce vecino, el Atoyac se encuentra en nivel B a pesar de la elevada contaminación que registró durante este año.
Sin embargo, las comunidades no quieren esperar hasta que este afluente se encuentre en las mismas condiciones del Atoyac, una corriente altamente contaminada por la actividad industrial cuyos efectos en la población y saneamiento apenas comienzan a tomarse en cuenta por parte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).
“La contaminación que tiene en la actualidad el río Metlapanapa no va más allá de problemas como los del Río Atoyac, en donde se han presentado enfermedades más serias y crueles, como cáncer, leucemia o incluso casos de abortos”, detalla López Vega.
Clausuran a edil de Huejotzingo
El movimiento consolidado de los pobladores del corredor industrial de Huejotzingo, tuvo un punto de quiebre con las autoridades a principios de octubre, cuando tomaron el ayuntamiento y lograron desplazar al alcalde morenista Joel Lozano Alameda de su despacho oficial.
Este 15 de octubre, fecha en que el funcionario tuvo que presentar su informe del primer año de actividades al frente del ayuntamiento, decidió evitar la confrontación y seguir sus operaciones por fuera del municipio.
“Lo que estamos pidiendo las comunidades del municipio Juan C. Bonilla es que se lleve a cabo el Cabildo, lo que había hecho el anterior presidente municipal. Porque de acuerdo con el artículo 115 constitucional que tiene que ver con la autonomía, el municipio tiene la facultad de poder decidir si se acepta o no se acepta el proyecto hídrico”, comenta Miguel López.
El también concejal del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) afirmó que los habitantes insisten en que las decisiones sobre los recursos de la región queden debidamente registradas, tomando en consideración primero las necesidades de la gente y después los intereses privados.
“Quede plasmada y que exista la anuencia de que no se pueden llevar a cabo esas descargas en nuestro río Metlapanapa”, demanda.
En este periodo, los defensores del agua en el estado de Puebla ya fueron blanco de intimidaciones por presuntos empleados, que se presentan a nombre de las empresas automotrices para amedrentar a los integrantes del movimiento.
López Vega relata que tanto él como dos delegados del CIG, recibieron la visita de un individuo que se hizo llamar Raúl Morales, de quien detalla, sus características físicas y rasgos caucásicos los hicieron dudar de la veracidad de su identidad.
“El empresario comentó que ya habían asesinado a uno en Morelos y que faltaba otro de Puebla para echar a andar el PIM. Esto haciendo referencia a Samir Flores –activista asesinado en febrero 2019– y a los defensores que estamos aquí en la entidad”.
Por esa razón, los integrantes del Frente de Pueblos y las comunidades del corredor de Huejotzingo, lanzan un llamado al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta para que atienda, en primer lugar, las necesidades de los municipios e instale colectores de aguas negras para el saneamiento de los cauces; y en segundo, que escuchen que los pueblos nahuas no están en contra del progreso industrial.
“Nosotros no estamos en contra de las empresas, porque también generan empleos (…) Pero en la cuestión de las aguas industriales, lo único que queremos es que reciban tratamiento como en otros países. En donde lo que están haciendo empresas como Volkswagen, Audi y muchas más, en otras regiones no está permitido”.
Fachada de la empresa Traktolamp en su sede en zona industrial del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.. Foto Véronica Espinosa
En un caso inédito en México, una interna del penal de La Pila, en San Luis Potosí, entabló una demanda laboral contra Traktolamp, la empresa que la empleaba dentro del reclusorio. El asunto destapó una red de explotación laboral que implica a autoridades estatales y federales, y a tres compañías que consiguieron operar en dos cárceles mediante gestiones opacas. A los reclusos que laboran para las compañías los llaman “becarios”, pero carecen de las prestaciones que sí tienen sus pares en libertad. “Están en condiciones de esclavitud”, denuncia Joel Hernández Vázquez, abogado que lleva el caso.
SAN LUIS POTOSÍ (Proceso).– María de la Luz Miranda Cárdenas es interna del Centro de Reinserción Social número 1 de San Luis Potosí, La Pila. Durante casi un año fue operadora multifuncional de ensamble de la empresa potosina Traktolamp –proveedora de Ford– en el interior del penal. Como otras presas, hacía soldadura de estaño con cautín, cableado y armado de tarjetas electrónicas de circuitos para las luces y faros de los vehículos de la trasnacional.
De manera inesperada, un día el capataz le dijo que estaba despedida “porque había bajado su nivel de producción en más de 10%”. Ella no recibió su liquidación ni las partes proporcionales de las vacaciones y el aguinaldo, tampoco su finiquito ni nada pese a que trabajó ocho horas y media al día –con una hora para comer– de lunes a sábados, desde el 7 de mayo de 2018 al 4 de febrero de 2019, cuando fue escoltada hasta la salida de la nave de producción.
Tampoco recibió el acumulado del fondo de ahorro que la empresa maneja mediante un Fideicomiso en Banorte. Para dicho fondo le descontaban 33% de su pago total de 80 pesos diarios, quedándole un salario de 53.6 pesos al día.
Su salario no sólo representa un ingreso menor al mínimo vigente, también es inferior a lo que ella percibiría por el mismo trabajo en la misma empresa fuera de prisión.
Según el contrato colectivo del 15 de abril de 2016, un trabajador líder de producción percibía 166.16 pesos diarios, un ajustador de moldes, 147.64 y un operador de máquina de inyección y multifuncional (ensamble) percibía 131.27 pesos al día. Éste último es el nivel de actividad que desempeñó María de la Luz Miranda, pero ella recibió 51.27 pesos menos por cada día de trabajo.
Molesta por la manera con la cual fue despedida, buscó asesoría jurídica. La demanda laboral presentada a su nombre por el abogado Joel Hernández Vázquez –el 3 de abril último ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí– destapó un negocio de dimensiones colosales para al menos tres empresas potosinas.
Funcionarios estatales, desde el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) al actual del priista Juan Manuel Carreras López, literalmente le abrieron las puertas de los centros carcelarios de La Pila y de Matehuala a las empresas para que instalaran sus líneas de producción y emplearan a los presos bajo la figura de “becarios”. A cambio, las fábricas deberían pagar por concepto de compensación no más de 30 mil pesos mensuales “en especie”.
La supuesta compensación para los centros penitenciarios representa un monto muy por debajo de los 2 millones de pesos al mes que le costaría a cada empresa rentar una nave industrial para su producción.
Mano de obra barata… y cautiva
Los reclusos cumplen tareas, horarios y cargas de producción tal y como lo hacen los trabajadores externos de esas industrias, pero perciben un ingreso inferior, justificado en los convenios entre las empresas y las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales, mediante un “programa de capacitación para el trabajo para la reinserción social”.
Los “becarios” en reclusión carecen de las prestaciones que sí tienen sus pares en libertad. Los presos no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también carecen de otro tipo de seguridad social, tampoco cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sólo reciben su pago en efectivo en bolsitas de plástico, sin que medie recibo alguno.
Las operadoras de ensamble, como María de la Luz, deben contar con equipo de protección, como cubrebocas para evitar respirar el humo cuando trabajan la soldadura de estaño con cautín. Pero la empresa no se los proporciona, al menos no a las reclusas.
“Yo no conocía mis derechos laborales. Se nos informó al llegar aquí que no tenemos derechos y que la empresa nos hace un favor empleándonos. Nos dijeron que si hacíamos algún reclamo, se llevarían la línea de producción y los trabajos”, escribió María de la Luz, de puño y letra, en un mensaje enviado a esta reportera desde “La Pila”, donde enfrenta hace un par de años un proceso judicial que no ha concluido.
“Entiendo que es la primera demanda de este tipo en México, donde una trabajadora reclama laboralmente el reconocimiento de sus derechos dentro del centro penitenciario. No existe antecedente alguno de esto y su vida ha sido amenazada por esta causa”, revela Joel Hernández Vázquez, representante legal de María de la Luz.
El abogado aclara que el respaldo jurídico que decidió dar a las internas “no nada más es para que les paguen sus salarios, sino analizar el sistema penal y de reinserción social a la luz de la crisis que se está viviendo en el país”.
Continúa: “Lo que se ve en La Pila en realidad es una fábrica con dormitorio. Eso riñe con los principios de reinserción social, basado en el trabajo que consigna el artículo 18 constitucional, porque el patrón no está pagando prestaciones laborales ni la seguridad social. Los trabajadores dentro pueden estar 1, 5 o 10 años y van a salir y no tendrán un ahorro, tampoco tendrán ni una semana cotizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni antigüedad ni nada en perjuicio suyo y el de sus familias”.
La Ley Nacional de Ejecución Penal también contempla el trabajo como parte fundamental de la reinserción, y eso va con sus prestaciones. “No es una invención, es una ley que debe llevarse a la práctica”, dice el abogado.
Joel Hernández asegura que este caso se trata de “una mano de obra literalmente cautiva. Deberían tener derechos laborales, incluso la sindicalización, precisamente para defender esos derechos. La lucha por el artículo 123 constitucional fue para que no hubiera esclavos, y aquí se está configurando un esquema de esclavitud patrocinado por las autoridades”.
Más denuncias
A la demanda iniciada por María de la Luz se unieron otras dos internas: Matilde Moreno González, operadora de ensamble para Traktolamp desde principios de junio de 2018, y Gabriela N, quien comenzó a realizar el mismo trabajo en marzo de 2018.
“Las personas que trabajamos, estemos aquí o en libertad, tenemos derecho a que se nos pague lo que dice la ley. Aquí estamos haciendo piezas exactamente iguales a las que arman afuera. Ni los trabajadores externos de la empresa son más personas, ni nosotros somos menos, produciendo las mismas mercancías”, afirma Matilde en otro mensaje escrito entregado a Proceso.
Gabriela N decidió demandar “para tener una pensión segura en mi vejez y un patrimonio para mis hijos. Para que se nos trate como lo que realmente somos, trabajadoras y no esclavas”.
Además de las demandas laborales se han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como denuncias penales por el uso de datos e información de las internas y acusaciones contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por las omisiones en las que ambas incurrieron al no inspeccionar los centros de reinserción e incorporar a los internos a los regímenes de seguridad y fondos para vivienda, por la actividad laboral que realizan.
Negocios ocultos
Las autoridades estatales sostuvieron una férrea negativa a transparentar los convenios y las condiciones en las que se acordaron las operaciones de las empresas en los reclusorios de La Pila y de Matehuala.
Los documentos fueron requeridos entre mayo y julio vía solicitudes de acceso a la información pública en las plataformas de transparencia de las instancias del gobierno del estado, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Inicialmente las autoridades estatales respondieron que no existía la información solicitada, pero después señalaron que “se lograron localizar” los documentos.
Una de las negativas de la Unidad de Transparencia de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) declaró: “No omito hacer de su conocimiento que las empresas anteriormente citadas actualmente se encuentran apoyando en los diferentes centros de prevención; sin embargo, no se halló documental alguno sobre dichos convenios, ya que éstos se celebraron con la anterior gubernatura”.
Las empresas han rechazado la solicitud del abogado de las reclusas de conocer los anexos de los contratos en los que se detalla la operación del fideicomiso, por el cual se les descuenta 33% de las becas para un fondo de ahorro. También mantienen en la opacidad los detalles sobre los “pagos en especie” que las maquiladoras dan a manera de compensación a la DGPRS.
Uno de los documentos entregados por la autoridad se refiere al primer convenio entre el gobierno del estado y Traktolamp, para operar en La Pila, firmado el 4 de junio de 2007, durante el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga.
La información oficial revela que Traktolamp consiguió dos convenios para trabajar en las cárceles: el de 2007 y otro firmado a principios de 2016. Existe otro acuerdo, éste firmado entre la autoridad y Envases del Potosí S.A. de C.V., dedicada a la fabricación de todo tipo de envases de plástico.
Uno más fue concretado por Ixtlera Santa Catarina S.A. de C.V., para operar en la cárcel de Matehuala en la producción y comercialización de fibras, particularmente el ixtle de lechuguilla, común en la región.
En ninguno de los documentos se menciona que los contratos deriven o resulten de una licitación o concurso. Tampoco se encontró registro de algún proceso de este tipo.
En el primer contrato con Traktolamp aparecen las firmas del entonces director general de Prevención y Readaptación Social Roberto Delgado Cervantes; del director general para el Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo (DGDH), Héctor Xavier Andrade Ovalle, y del apoderado legal –y dueño– de la empresa local Traktolamp, Francisco Xavier Campos Ávila, un joven heredero, entusiasta de las carreras de automóviles que incluso tiene representación con los logos de esta empresa en las competencias de Nascar, como ampliamente difunde en sus redes sociales.
Traktolamp es representada en el pleito laboral de las tres demandantes por el bufete De la Garza S.C., encabezado por Mario de la Garza Marroquín. De la Garza también impulsa la representación en San Luis Potosí de la organización civil Renace A.C., que se supone defiende a las personas en situación de cárcel.
De acuerdo con los documentos en poder de Proceso, las empresas tienen acceso a toda la información personal de los internos, como perfiles psicológicos y reportes de salud.
En el caso de Traktolamp, ésta “se compromete a mantener una plantilla de 200 becarios de la sección varonil y 30 becarias en la sección femenil”. El número puede crecer “buscando siempre el beneficio de la población interna becada”, agrega otra parte de los convenios.
Con Envases del Potosí –del empresario local Fernando López Machinena– se firmó un contrato el 22 de enero de 2016. Le asignaron un área de mil 500 metros cuadrados también dentro de La Pila, para instalar los talleres y para guardar maquinaria, herramienta y el material proporcionado a los internos, y una plantilla de 140 “becarios” con los mismos turnos: de 8:30 a 18:30 horas de lunes a sábado, excepto los jueves, con cinco horas, por ser día de visitas.
En tanto, Ixtlera Santa Catarina firmó el 8 de abril de 2016 para el proceso de selección de fibra de ixtle de lechuguilla en la cárcel de Matehuala, con una plantilla mínima de 30 becarios.
Los contratos firmados en 2016 con Traktolamp, Envases del Potosí e Ixtlera Santa Catarina fueron suscritos por Arturo Alejandro Barrera Genchi, quien llegó de Tamaulipas para asumir la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el sexenio de Fernando Toranzo y continuó con Carreras López. Su paso por el gobierno dejó una estela de acusaciones por maltrato a custodios y extorsión, entre otros señalamientos.
El jueves 10, de manera inesperada, representantes de Traktolamp y funcionarios estatales reunieron a todas las internas que laboran para la empresa en La Pila y les anunciaron que dejará de operar dentro del reclusorio.
Presuntamente, los funcionarios y los representantes de la compañía culparon del cierre a las internas que demandaron sus derechos laborales. En respuesta, las reclusas expresaron su indignación por el cierre y exigieron sus finiquitos y el fondo de ahorro acumulado. No hubo respuesta de parte de las autoridades y la empresa.
Hacienda y Banobras lanzan licitación, que incluye cuatro autopistas; el peaje de esas instalaciones es de mil 900 mdp.
Israel Navarro/Milenio
20 octubre
El gobierno federal contratará empresas para operar y dar mantenimiento durante 10 años a los accesos de los puentes internacionales Reynosa-Parr e Ignacio Zaragoza, en Tamaulipas, y a cuatro autopistas del noreste. De acuerdo con la estimación de flujos, “el proyecto es autofinanciable”, además de “económicamente y financieramente viable” y la única fuente de pago serán los ingresos provenientes de las cuotas de peaje.
Además explican que en promedio, en los últimos cinco años los ingresos anuales de los activos han sido mayores a mil 900 millones de pesos. Actualmente esas autopistas y puentes internacionales son operados por Caminos y Puentes Federales (Capufe), pero la Secretaría de Hacienda y Banobras lanzaron la licitación para operar un esquema de asociaciones público privadas.
De acuerdo con el plan de Hacienda, en el primer trimestre del próximo año entrará en operación el esquema, con el inicio de las obras de modernización con cargo a las empresas que resulten ganadoras.
El proyecto —con número 0885 bajo el rubro Mantenimiento, Rehabilitación y Operación de los Caminos y Puentes Internacionales— consiste en la modernización, operación, mantenimiento y conservación de 348.634 kilómetros de las autopistas Cadereyta-Reynosa, Monterrey-Nuevo Laredo, Matamoros-Reynosa, el Libramiento Sur II de Reynosa y los accesos hacia los Puentes Internacionales Reynosa-Pharr e Ignacio Zaragoza.
El contrato de asociación público privada tiene los objetivos de “alcanzar altos niveles de servicio en las autopistas y migrar a un esquema de mantenimiento”, para ello “se estima que la puesta a punto concluya en dos años”, así como la operación y mantenimiento en un plazo de 10 años, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño.
El contrato para la operación incluye las labores en plazas de cobro o casetas, gestión de servicios y atención de emergencias, administración de derecho de vía, así como el Telepeaje y Sistemas de Transporte Inteligente. Mientras el mantenimiento consiste tanto en las labores de rehabilitación y conservación, como la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos y la restitución de la infraestructura por fenómenos naturales.
Hacienda informó que “estas carreteras pertenecen al título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”, instancia que, a su vez, contrata a las empresas operadoras bajo un esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, con deducciones ante incumplimientos. Las autopistas del Paquete Noreste son la principal ruta comercial de México y principal enlace fronterizo, con un nivel de servicio promedio de 420 puntos de acuerdo con la calificación de SCT, considerado como aceptable.
La crisis interna en el sistema de salud del Gobierno de Jalisco ocasionó una epidemia sin control en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Isaura López Villalobos / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. La crisis interna en el sistema de salud del Gobierno de Jalisco ocasionó una epidemia sin control en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el dengue ha arrebatado la vida de 13 personas, puso en riesgo a 6 mil 434 enfermos y a 46 mil 700 personas, clasificados como probables.
Un núcleo fragmentado, sin directriz ni experiencia por quienes están en la toma de decisión, despido de personal, falta de campañas preventivas, compra de insumos a destiempo, un insecticida caduco y contratación de brigadistas sin experiencia son algunos factores de riesgo que han ocasionado, que hoy, la principal metrópoli de Jalisco este en una alerta sin reconocerse.
En entrevista con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 28, José Guadalupe Ramírez Robledo, advirtió de un “divorcio” entre el OPD Servicios de Salud y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), dirigido por Consuelo Robles Sierra y Fernando Petersen Aranguren, respectivamente.
En ese divorcio, dijo se agravó el virus de dengue al darse despidos de cerca de mil brigadistas en el primer trimestre del año, un área consolidada para la prevención contra el vector Aedes Aegypti, transmisor del virus.
Durante la entrevista, el dirigente confirmó lo que este medio de comunicación ha señalado a través de las voces de la ciudadanía con relación a las campañas de promoción contra el dengue.
Aunado a ello, evidenció la falta de experiencias en quienes están en la toma de decisiones, atrasando la compra de insumos e insecticidas, se refirió el dirigente sindical a la directora de prevención y promoción de la Salud del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Blanca Estela Bravo Lara, de profesión antropóloga y con antecedentes laborales de bibliotecaria.
En ese divorcio ha traído sobresaturación en hospitales del gobierno estatal: Hospital General de Occidente, Hospital de Geriatría y en el Hospital Materno Infantil Esperanza López, además de violentar los derechos del trabajador.
Expuso que, hoy los pacientes con dengue son atendidos en el Hospital de Geriatría tras la saturación en el Hospital conocido como Zoquipan.
Para el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 28, José Guadalupe Ramírez Robledo en la ZMG se vive una alerta por dengue ante las omisiones y el divorcio entre el OPD Servicios de Salud y la SSJ.
A fin de disminuir la incidencia delictiva en el Estado de México, se firmaron los contratos de comodato para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en la entidad mexiquense
TECÁMAC. Para reforzar los esfuerzos de autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública, y a fin de disminuir la incidencia delictiva en el Estado de México, se firmaron los contratos de comodato para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en la entidad mexiquense.
El acuerdo fue signado por los alcaldes de Amecameca, Chicoloapan, Ecatepec, Tecámac, Tultepec y Zumpango, además del General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, César Augusto Bonilla Orozco, Comandante de la 37 Zona Militar.
El comandante aseguró que los cuarteles serán construidos con ingeniería militar y estarán listos en cuatro o hasta seis meses. Informó que de manera inicial desplegarán 100 elementos de la Guardia Nacional en cada uno de los seis municipios que firmaron el contrato.
Añadió que el Estado de México cuenta con dos centros de adiestramiento para la Guardia Nacional, uno ubicados en la 37 Zona Militar, en Tecámac, y otro en la base de San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca.
“Se está capacitando a personal tanto del Ejército, la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Policía Federal, de la Gendarmería y personal de nuevo ingreso que se está incorporando a la Guardia Nacional, en estos dos centros de adiestramiento por lo que corresponde aquí al Estado de México”.
Señaló que las tropas se encuentran actualmente desplegadas, que se cuenta con un batallón de la Guardia Nacional asignado a este mando territorial y está ocupando instalaciones provisionales, pero dignas.
“Ahora con la construcción de los nuevos cuarteles van a tener un lugar adecuado donde descansar, donde realizar su planeamiento, sus actividades administrativas y logísticas y lógicamente para su descanso cuando así proceda”, puntualizó.
Los predios por ahora estarán en calidad de comodato pero, según explicó el secretario de gobierno, Alejandro Ozuna, posteriormente se convertirán en donación.
Un grupo de feministas se manifestó con la llamada “ola verde” y colocó pañuelos en las principales estatuas de Orizaba en apoyo a la interrupción legal del embarazo.
Los activistas, miembros de diferentes colectivos, se reunieron alrededor de las 4:00 horas de este domingo para colocar los pañuelos verdes en varios monumentos de manera pacífica y sin realizar actos vandálicos.
Aseguraron que en total cubrieron un 90 por ciento de las estatuas de la ciudad para solicitar que la interrupción legal del embarazo sea legislada y aprobada en Veracruz.
Elementos de la Policía Municipal de Orizaba intentaron evitar la actividad, y a pesar de que permitieron la colocación de los pañuelos, posteriormente procedieron a retirarlos.
– Colocaron pañuelos verdes en estatuas de la ciudad, fueron retirados por la policía
– No solo hay conservadores, también estamos quienes pensamos diferente: Colectivo
– Se cubrieron el 90 por ciento de los monumentos, no fueron vandalizados
La madrugada de este 20 de octubre un promedio de 90 feministas colocaron igual número de pañuelos verdes que significan la exigencia y apoyo a la aprobación de la interrupción legal del embarazo.
Fue a la filo de las 4:00 horas que se reunieron las mujeres para colocar en cada uno de los monumentos y estatuas de Orizaba los pañuelos verdes, con el propósito de mostrar su apoyo y exigir a los legisladores que aprueben la interrupción legal del embarazo y más en Veracruz, donde se tiene una Alerta de Género por agravio comparado.
En entrevista, la abogada del Colectivo Feminista Ciuahtlahtolli, Luz Reyes, indicó que fueron mujeres de Orizaba las que se organizaron y después se sumaron algunas de otros municipios aledaños; sin embargo, enfatizó que la actividad fue pacífica; es decir sólo se colocaron estos pañuelos.
“Se cubrieron casi un 90 por ciento de los monumentos, fuimos todas de la región se Orizaba, que tenemos la misma postura y fue para evidenciar que la ciudad de Orizaba y la región no solo es esa parte conservadora, sino que estamos las que pensamos diferentes y que apoyamos la interrupción legal del embarazo”.
Dijo que al efectuar su actividad sí tuvieron algunos altercados verbales con la Policía Municipal, quienes les impedían realizar esta actividad que fue pacífica y al final dejaron que colocaran los pañuelos, pero esta mañana ya habían sido quitados la mayoría de estos.
“No se vandalizó, sólo se colocaron los pañuelos y unas lonas del motivo por el cual deben autorizar la interrupción legal del embarazo, pero casi de manera inmediata los retiraron. Habíamos puesto una lona en el Parque Castillo y en los Arcos que dividen a Orizaba y Río Blanco. Nosotros tenemos un derecho a manifestarnos y si son edificios públicos son de todos, además no se les vandalizó; colocamos como 90 pañuelos”.
Ellas se dividieron en cuatro grupos para cubrir la ciudad y, a uno de ellos dijo la entrevistada, los quiso detener la Policía pero no pasó a mayores.
(Francisco Triano) Los docentes se llevaron sus escritorios y así quedó el lugar.
Francisco Triano Coronel / Tabasco HOY
Cunduacán, Tabasco
Docentes del sector número 12 de telesecundarias en este municipio sufrieron la represión de la alcaldesa Nyia Naranjo Cobián, ya que sin razón alguna y tras varios años de estar ocupando espacios en la parte alta de central camionera, simplemente fueron echados a la calle.
Lo más sorprendente es que a los directivos de una sociedad de transportistas locales mantiene en este mismo espacio, donde inclusive hay locales abandonados.
Fue a mediados de la semana pasada cuando los supervisores escolares de la zona escolar número 12 de telesecundarias, a cargo del docente Alfredo Hernández Palacios, tuvieron que desocupar los locales que desde hace muchos años venían ocupando, al parecer por órdenes directas de la alcaldesa Nydia Naranjo.
Informes proporcionados por una fuente allegada a la propia Presidenta Municipal, fue el encargado de la Central Camionera, Abel Mario Taracena en “hacer la chamba” de correr a los maestros, ya que desde hace varios meses los comenzó a presionar para que dejaran esas oficinas, ya que al parecer él pretende apoderarse de ese espacio.
SE CUMPLE LA ORDEN
Pero, fue hasta la semana pasada cuando finalmente, por órdenes de la edil, Nydia Naranjo, que los maestros fueron echados a la calle, tal y como sucedió el pasado 11 de diciembre del 2018, con los maestros de la zona escolar número 25 de telesecundarias a cargo del maestro Ramiro de la Cruz Carrillo, quienes, por presiones de la Directora de Asuntos Jurídicos, Maygualida Rodríguez fueron desalojados de las oficinas que tras ocupar 25 años ocuparon en las instalaciones del DIF local.
Esta situación, ha generado una grave molestia entre un gran número de maestros de este sector, ya que aseguran que ellos no causaban ningún problema.
LAS 3 BÁSICAS
¿QUÉ?
Los maestros ocupaban un local en la segunda planta de la central camionera.
¿CÓMO?
Por órdenes de la alcaldesa Nydia Naranjo los maestros fueron desalojados del local.
¿CUÁNDO?
Fue la semana pasada cuando los maestros dejaron el lugar que utilizaban como oficina.
PUEBLA.- A lo largo de su vida, Isabel Cano Flores no solo vio morir al río Atoyac, también sufrió la muerte de una de sus hijas a causa de cáncer en la sangre que adquirió por la exposición a tóxicos como el benceno, plomo y arsénico que descarga al afluente la industria textil principalmente.
Sin embargo, el caso de Doña Chabe no es aislado, de 2002 a 2016 más de 25 mil personas murieron por algún tipo de cáncer; la cuenca del río atraviesa siete municipios de Tlaxcala y 11 de Puebla.
“Conocí las aguas muy limpias de mi río, tuve la oportunidad de cruzarlo. Mi padre ahí pescaba y mi madre nos bañaba; ellos rejuntaban animalitos: acociles y bacalao, eso comíamos, además de las yerbitas medicinales. Por el años 1965 nos empezaron a decir que no era recomendable meterse”, relató la mujer de 68 años en entrevista con MILENIO.
Isabel nació en 1951 en la comunidad de Villa Alta, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, donde formó su propia familia, al tiempo que la contaminación en el río aumentaba.
Hacia la década de los 90, las enfermedades cancerígenas se agudizaron en la región, pero no fueron atendidas por las autoridades con la urgencia debida, al contrario, se crearon mitos, como que los hijos las padecían “porque éramos pecadoras, porque no los alimentábamos, que era brujería”.
Sin embargo, lo que hubo fue impunidad por parte de los gobiernos y una inacción gubernamental, denunció Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos, que con base en cifras del Inegi, documentó que “de 2002 a 2016, murieron 25 mil 737 personas por cáncer, así como 4 mil 379 por insuficiencia renal, además de que ocurrieron 906 abortos espontáneos. Eso nos lleva a determinar que falleció una persona cada hora en la cuenca por estas enfermedades”.
Una de esas personas es Zulma de 33 años, quien enfermó de leucemia mieloide crónica, y a pesar de los esfuerzos de su madre por conseguirle atención médica, la joven falleció en 2010, tres años después de su diagnóstico.
En 2017, la CNDH envió una recomendación por violación a los derechos humanos de los habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan, dirigida a la Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris, así como a los gobiernos de Puebla, Tlaxcala y a autoridades municipales; aunque fue aceptada, aún no es atendida.
En Tepetitla de Lardizábal el gobierno estatal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se lleva a cabo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Sin embargo, no atenderá la verdadera problemática, pues no tratará las descargas industriales, por lo que la comunidad exige el saneamiento del río y la separación del drenaje de fábricas del domiciliario, y que éstas traten sus aguas tóxicas antes de llegar al afluente.
Los recursos humanos, económicos y materiales del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son insuficientes, y la mayoría de los ataques a estos colectivos en México son perpetrados por servidores públicos, reveló un informe de la ONU.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El cuerpo del activista Cruz Soto Caraveo fue hallado sin vida, luego de seis días reportado como desaparecido.
El hecho fue confirmado por las organizaciones sociales Cencos y Serapaz, a través de sus cuentas de Twitter.
“Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas forzadamente de la Sierra Tarahumara, fue encontrado sin vida luego de haber sido desaparecido el 13 de octubre”, señaló Cencos.
Por lo que exigieron el “esclarecimiento de los hechos y justicia para Cruz y sus seres queridos”.
El activista desapareció el pasado 12 de octubre, en Chihuahua. Se iba a reunir con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la localidad de Témoris, municipio de Guazapares, sin embargo no llegó.
Soto Caraveo se encontraba desplazado desde el 2014, luego de recibir amenazas por parte del integrantes del crimen organizado que controlan la zona de Monterde.
Apenas el pasado sábado 12 de octubre, el presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec, fue asesinado. Los reportes señalan que el hecho ocurrió en el municipio de Malinaltepec.
Cantú Carrasco era integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) y se oponía a la explotación minera en la región.
El activistas había sostenido algunas reuniones durante la mañana; al volver de sus diligencias por la tarde fue asesinado con un arma de fuego cerca de la comisaría en el centro de dicho poblado.
Por su parte, los integrantes de la Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio exigieron el esclarecimiento del homicidio.
DEFICIENCIAS EN PROTECCIÓN A ACTIVISTAS
Los recursos humanos, económicos y materiales del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son insuficientes, y la mayoría de los ataques a estos colectivos en México son perpetrados por servidores públicos, reveló un informe de la ONU.
Al presentar el diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el Mecanismo, el representante del organismo en México, Jan Jarab, indicó que varios de los 62 beneficiarios entrevistados para la elaboración del documento destacaron que la protección brindada es el motivo por el cual siguen vivos.
No obstante, advirtió que “los avances no deben impedir ver que el Mecanismo continúa siendo una respuesta insuficiente por distintas razones, algunas de las cuales persisten desde su creación” a raíz de una ley que entró en vigor en 2012.
“Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección, y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”, dice el documento.
La violencia –estridente o silenciosa– ha provocado una diáspora en Centroamérica y México de proporciones históricas. Las familias huyen de la pobreza y de las balas por decenas de miles. En este éxodo suman cientos de miles los menores de edad: niñas y niños con futuro cancelado en sus lugares de origen.
Muchas de las familias que salen de sus pueblos ya ni siquiera buscan llegar a Estados Unidos. Sólo quieren evitar una muerte que parece inminente. Por ello, a veces creen ponerse a salvo con cambiar su lugar de residencia, llegar a otro sitio, aunque las condiciones sociales y económicas que encuentran sean casi las mismas de los lugares que salieron: de vulnerabilidad y explotación.
El informe Migración y desarrollo sostenible: la centralidad de los derechos humanos –una serie de textos compilados por Leandro Reboiras y publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hace una semana– documenta que las solicitudes de asilo se han incrementado entre los países de la región centroamericana, sobre todo en México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
En el documento se advierte que lo que viven México y Centroamérica es “una crisis migratoria con connotaciones humanitarias que impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, y no una situación de crisis de seguridad nacional, por lo que los enfoques de protección tienen que incluir el principio pro persona y el interés superior de la niñez, y no de securitización y endurecimiento de las políticas migratorias”.
De este modo, señala, los países de esta región deben evolucionar sus políticas migratorias hacia una perspectiva de derechos humanos sobre la visión securitaria.
Al parecer, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador comenzaba a dar tímidos pasos en ese sentido cuando de un manotazo el gobierno de Donald Trump hizo no sólo detener sino retroceder el camino trazado. Vaya que para México es, hoy por hoy, un asunto de seguridad nacional que hasta la flamante Guardia Nacional es la encargada de contener el flujo migratorio.
Destacar que son niños y niñas cientos de miles de los migrantes debería motivar la instrumentación de políticas humanitarias al respecto. Pero hasta la fecha se mantiene la denominación homogénea de “menores extranjeros” y sólo se identifica a aquellos “no acompañados y sin protección”. Los términos no alcanzan a reflejar la gravedad de estos casos.
¿Cuál es la situación de estos menores migrantes en tránsito o asentados en algún lugar de la región? Sólo puede ser alguna de las siguientes: viviendo por sus propios medios; como víctimas de trata o explotación por parte de personas adultas, o menores acogidos informalmente por compatriotas o conocidos.
¿Qué lleva a un niño, a una niña, a migrar sin acompañamiento de sus seres queridos? ¿Qué lo empuja a correr riesgos, pasar hambre y someterse a la incertidumbre de buscar un lugar donde pasar la noche diariamente?
Dentro de las principales causas que señala el documento se encuentran: reencontrarse con su familia en el lugar de destino; buscar oportunidades laborales y educativas; urgencia de escapar de situaciones de abandono familiar o de violencia social o institucional.
Es momento que sociedades y gobiernos miren con otros ojos la migración. En la Frontera Sur de México, de acuerdo con el informe, los niños migrantes se encuentran: 1) dedicados al trabajo del hogar, servicios, venta ambulante y asociados a la problemática de explotación sexual; trabajando como mano de obra barata de sectores informales y precarios del mercado laboral; 3) en situación de abuso, maltrato, violencia intrafamiliar y abandono.
Mientras todo esto ocurre, el estudio encuentra que las autoridades de México y Guatemala no cuentan con una perspectiva de niñez en la política migratoria; las legislaciones respectivas están desfasadas y son inadecuadas para las características de la migración en esa zona; se padece de una discrecionalidad administrativa y falta de coordinación entre organismos públicos; priva la obstaculización en el acceso a la información; no hay mecanismos nacionales y bilaterales que aseguren el interés superior del niño; los procedimientos de detención y repatriación carecen de garantías básicas de debido proceso; está generalizados los abusos y las extorsiones contra los migrantes, y crece de manera sostenida la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual.
El documento advierte que particularmente “la política migratoria en México esta caracterizada por una serie de contradicciones o ambivalencias entre aspectos positivos y negativos, en términos de reconocimiento normativo y ejercicio efectivo de derechos”.
Basta ya del doble discurso y de los eufemismos para referirse a la contención de los migrantes a toda costa. Estamos ante una crisis humanitaria. Sociedades y gobiernos deben decidir actuar solidariamente o comportarse como verdugos. La migración es uno de los fenómenos con más vigor del presente siglo. No acabará en meses ni años. Es momento de asumir una nueva realidad.
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) convocó a una concentración afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por el asesinato de Atzhiri Paulina Sánchez Sánchez, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Derecho Semiescolarizado, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y la aparición con vida de José Francisco Villa Tomás, alumno de la Preparatoria Tonalá Norte.
90 por ciento de los cáncer de mama se curan si se detectan a tiempo
lla tiene 30 años y un dolor anormal en los senos, un piquetito, una punzada que llega de repente, sobre todo en las noches cuando se acuesta.
En la autoexploración no siente una bolita, como dicen que se siente cuando hay riesgo de cáncer, pero ha leído que ese no es el único síntoma: también hay piel naranja, inflamaciones, enrojecimiento, secreciones. “A veces es normal que nos llegue un dolor en los senos cuando viene nuestro periodo, ¿no?”, piensa. Pero tiene su regla, pasan dos semanas y el dolor continúa. “Esto no es normal”.
Acude al doctor en el IMSS Unidad de Medicina Familiar 73, en el centro de Saltillo. Llega dos horas antes de que empiecen los turnos para alcanzar consulta. El médico la revisa en presencia de una enfermera. Como él no palpa nada extraño, le encarga un ultrasonido mamario para descartar algún indicio de cáncer o la presencia de un quiste o una lesión.
También le receta un medicamento para los nervios por si acaso era algún nervio lastimado el que le provoca dolor, pues “no es normal si dices que ya vino y se fue tu periodo”, dice el doctor.
Ella va al área de Rayos X donde también practican ultrasonidos. Ahí le dicen que no hay citas pronto, que todo este mes y el que sigue están llenos y que le pueden asignar un estudio después del 15 de diciembre. Estamos a 8 de octubre, justo un día antes del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud cada 19 de octubre, y prácticamente le dicen en el IMSS que espere 2 meses.
De acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, el 90 por ciento de los casos de cáncer de mama se pueden curar si se detectan a tiempo, ¿pero puede ella esperar 2 meses para saber si tiene cáncer o un quiste o algo más o nada? Y si decide esperar porque no queda de otra, ¿detectarían a tiempo el riesgo para darle un tratamiento oportuno y eficaz?
Consulta en clínicas particulares por ultrasonidos mamarios: el precio oscila entre mil 200 y 2 mil pesos. Va a una farmacia y compra las ampolletas para aplicarse las inyecciones que le recetó el doctor para los nervios. Pregunta al médico si conoce un lugar donde realicen ultrasonidos mamarios. Y sí: le muestra una lista de precios de una clínica.
Ella termina pagando 500 pesos y en 30 minutos tiene los resultados en sus manos: se descarta cáncer o quistes.
Es un alivio, pero piensa ¿y si hubiera tenido un indicio de cáncer?
El 84 por ciento de las crisis de contaminación en San Luis Potosí provienen de la Zona Industrial, de acuerdo con un investigador de la UASLP
Roberto Rocha/La Orquesta
19 octubre
En San Luis Potosí, el 84 por ciento de los episodios de altos niveles de contaminación provienen de la zona este de la ciudad, justo hacia donde se encuentra la Zona Industrial, de acuerdo con una investigación de Valter Armando Barrera López, el director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático de la UASLP, que fue presentada en el Primer Congreso Nacional de Aire y Salud, organizado en conjunto con la organización Cambio de Ruta.
Esos episodios se deben a altos niveles de BC y partículas PM10. El BC es Black Carbon, o humo negro, que se genera por la quema incompleta o ineficiente. Las partículas PM10, por su parte, son conocidas como partículas gruesas, aunque tienen un diámetro inferior a 10 micrómetros, es decir, la centésima parte de un milímetro.
La investigación de Barrera López concluye que San Luis Potosí tiene una toxicidad superior a la de la Ciudad de México, en ciertas condiciones. Otras ciudades medianas en el país también tienen niveles de contaminación superiores a los de la capital del estado.
Pese a la existencia de partículas PM10 en el aire de San Luis Potosí, solo una de las cuatro estaciones de monitoreo ambiental en la ciudad miden ese tipo de contaminantes.
El estudio de Barrera López señala que San Luis Potosí cuenta con una extensa industria manufacturera alrededor y más de 120 ladrilleras dentro de la ciudad.
Además, “existe poca información de los contaminantes del aire en la ciudad. La Red de Monitoreo provee información insuficiente para dar un análisis de la problemática por contaminación del aire en la ciudad de San Luis Potosí”.
Esta contaminación “deriva con mayor frecuencia en cuadros alérgicos, a través de la inhalación de los pólenes, las cuales afectan la mucosa respiratoria”, dice la investigación del director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la UASLP. “Los efectos de la contaminación industrial aumentan la capacidad del polen para producir trastornos alérgicos, ya que se ha observado una mayor incidencia en los medios urbano en relación con los rurales, en donde la exposición a los granos de polen, sin embargo, es más intensa”, explica el texto, divulgado anoche por Cambio de Ruta.
La investigación de Barrera López concluye que es necesaria la reubicación de ladrilleras y de la planta de Zinc, en la ciudad de San Luis Potosí.
Este déficit de infraestructura que presenta el instituto ha provocado que empleados tengan que lidiar con una carga de trabajo
En Guanajuato faltan al menos 200 consultorios y 2 hospitales para poder brindar atención adecuada a los derechohabientes. Foto: Archivo, Noticias Vespertinas
Ignacio Ramírez @nachomxn /noticias vespertinas, 18 de octubre de 2019
La infraestructura con la que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha crecido a la par con el número de afiliados y empresas que han llegado a Guanajuato, siendo rebasado por el número de pacientes y ante ello se necesitan por lo menos 200 consultorios de medicina familiar y 2 hospitales para atender a la demanda de los derechohabientes.
Este déficit de infraestructura que presenta el instituto ha provocado que empleados tengan que lidiar con una carga de trabajo y por ende, en muchas ocasiones la derechohabiencia no recibe el servicio adecuadamente.
“En relación a las cargas de trabajo se han generado desde hace mucho tiempo, ha crecido la demanda en relación a pacientes por toda la infraestructura que el gobierno estatal ha traído a Guanajuato, entonces por lógica que hace 8 o 10 años a lo mejor la derechohabiencia era de 2 millones y medio, ahorita son arriba de 3 millones de derechohabientes, eso y como no hemos crecido a la medida en infraestructura de hospitales y clínicas, eso ha incrementado a que se tenga un exceso en pacientes y eso ocasiona a veces el que no se tenga un área adecuada o suficiente; nosotros siempre hemos pugnado con el instituto a que tenemos que crecer también en hospitales y en unidades médicas”, comentó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección XV (SNTSS) en la entidad, Gumersindo Mercado García.
Ante esta problemática, indicó que como sindicato coadyuvan en dotar del personal que necesita el instituto, haciéndoles saber que pueden tener una carga de trabajo, la cual no se debe a que el sindicato no haga algo al respecto o que el instituto no quiera darles más.
Como ejemplo citó el Hospital General Regional No. 58 que hace un año abrió sus puertas en León y el cual a la fecha no opera al 100%, atribuyéndoselo a que es parte de un proceso de asentamiento que vive la obra, pues en varias ocasiones las puertas se dañan, lo que provoca la alteración de servicios hasta tener una solución.
“Algunos servicios no están abiertos al 100%, entonces eso está ocasionando que el paciente no reciba la atención adecuada y a que todo el personal, no solo los médicos no esté teniendo el material, los medicamentos, el equipamiento necesario para que la derechohabiencia tenga la atención que necesita”
La sección sindical que representa Mercado García agrupa a cerca de 13 mil 800 trabajadores de base y 1 mil 200 de suplencia.
José Luis Tinoco, explicó que dos de las personas que “abonaron al desfalco millonario de Pensiones” forman parte del Consejo de Transparencia y Rendición de Cuentas
Rafael Hernández / UDGTV
Guadalajara, Jalisco. Pensionados y jubilados del estado de Jalisco denunciaron corrupción dentro del Instituto de Pensiones (IPEJAL).
José Luis Tinoco, uno de los representantes de los pensionados, indicó que están en total desacuerdo con la forma en que se maneja, al momento, la institución; explicó que dos de las personas que “abonaron al desfalco millonario de Pensiones” forman parte del Consejo de Transparencia y Rendición de Cuentas, es decir, quienes vigilan que no haya corrupción ni desvíos de recursos.
Tinoco agregó que, actualmente los préstamos a los pensionados son cada vez más caros y con más requisitos, es decir, que los intereses son muy elevados y en general, sus prestaciones se han visto seriamente disminuidas.
Los pensionados se se reunieron con diputados en el Congreso del Estado en aras de una reforma a la ley de pensiones que les permita una reestructuración del organismo a fin de hacer eficientes los recursos de los mismos burócratas y una depuración del instituto.
Uno de los empleados asegura que varios de sus compañeros fueron despedidos bajo amenaza. Asegura que existen irregularidades hasta dentro del mismo sindicato
Foto: Karla Silva
Karla Silva /Periódico Correo, 24 de septiembre de 2019
Silao.- De acuerdo con información de los empleados de la Planta Silao de la General Motors, en lo que va del año se han registrado alrededor de 20 despidos que consideran como injustificados y una represalia al respaldo de la huelga en Estados Unidos, y la intención de retirar el sindicato laboral.
Dolores Israel Cervantes Córdova es uno de los afectados con estas determinaciones de la empresa armadora. La noche del 28 de agosto fue sacado de las instalaciones bajo el argumento de que había reprobado el examen de antidopaje, lo que asegura, es falso.
El exempleado confirmó que este fin de semana fueron cinco los despidos, varios de ellos bajo amenaza, pero en lo que va del año suman aproximadamente 20: “Seguimos en la batalla todavía; muchos compañeros han estado uniendo, bajo presión y amenazas los hicieron firmar renuncia voluntaria. Hay compañeros que tenían de 20 a 25 años de antigüedad y ellos (GM) quieren callarnos para que la gente empiece a tener miedo”.
Ante las irregularidades que se están cometiendo en contra de los obreros por no aceptar jornadas laborales exhaustivas y solicitar cambios sindicales, se sienten decepcionados: “Es frustrante en primera, que no te den cuentas (el sindicato), en segunda, que te estén amenazando para aumentar la producción (…) ni al baño los están dejando ir, prácticamente (…) los están hostigando para que ellos renuncien voluntariamente”.
Por esta situación continúan en la lucha para exigir que se respeten sus derechos laborales, acciones en las que son respaldados por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
Llevarán a cabo cine debates en Jantetelco, Huexca y Amilcingo, a partir del próximo jueves
Se proyectará el documental Recuperando el paraíso, sobre la defensa del territorio/GUDE SERVÍN
“Un documental sobre la organización del pueblo indígena de Santa María Ostula, que logró detener la violencia en su comunidad”. Tal es la reseña del documental que será presentado en tres comunidades de la región Oriente del estado de este 17 al 19 de octubre, en el marco de la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y Nuestros Territorios, a ocho meses del asesinato del activista Samir Flores Soberanes.
La proyección de este documental en las comunidades de Jantetelco, Huexca y Amilcingo busca crear un espacio de cine debate en el que los habitantes puedan conversar tanto de la producción documental, que corrió a cargo de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, así como del movimiento que prevalece en varios municipios de la región, en contra del acueducto, el acueducto y la termoeléctrica que forman parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Bajo la convocatoria del Colectivo Caracol de la Vida Morelos de Apoyo al CIG-CNI (Concejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena), estas actividades se llevarán a cabo ocho meses después de la muerte de uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca, quien fuera asesinado en la puerta de su casa el pasado 20 de febrero.
Se han unido más de 140 maestros al paro de labores afectando alrededor de 1,200 alumnos de tres preparatorias en Gómez Palacio. (Cristal Rivera)
Piden se tomen en cuenta los puntos expuestos en un pliego petitorio dirigido a autoridades de la Subsecretaría de Educación Pública Región Laguna Durango. https://www.milenio.com/aula/continuan-inconformes-docentes-preparatorias-gomez-palacio
Liliana Yáñez/ MILENIO LAGUNA
Docentes de las preparatorias Jaime Torres Bodet del turno matutino; Alicia Fierro de Méndez, del turno vespertino y Luis Fierro Lares, del turno nocturno, ubicadas en el mismo edificio del bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio, permanecen en protesta y paro de labores hasta que las autoridades de la Subsecretaría de Educación Pública Región Laguna Durango cumplan con las necesidades su pliego petitorio.
De acuerdo con Héctor Villarreal, vocero de la delegación D-II 17, comentó que el pasado viernes 11 de octubre, personal de las instituciones tuvo acercamiento con Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación, con quien se acordó avanzar en las peticiones de inconformidad que los docentes han manifestando desde el año pasado. Entre las peticiones se encuentra darle seguimiento a la asignación de recursos generados por jubilaciones, la destitución de algunas autoridades de la Subsecretaría de Educación, y una auditoría por parte de la contraloría del Estado de Durango para la detección de las condiciones en las que se labora dentro de la educación media superior.
Héctor Villarreal, vocero de la delegación D-II 17. (Cristal Rivera) https://www.milenio.com/aula/continuan-inconformes-docentes-preparatorias-gomez-palacio
Al paro de labores se han unido más de 140 maestros de los tres turnos, con lo que se han visto afectados alrededor de 1,200 alumnos que permanecen sin clases desde el 7 de octubre.
Tecpan, 17 de octubre. Más de 180 familias que, por la inseguridad, salieron de sus pueblos en la parte alta de la sierra de cuatro municipios del estado, están desde hace seis años olvidadas por las autoridades del gobierno federal y estatal, hacinados en un hotel de Tecpan y carentes de alimentos, agua, ropa, atención médica; los niños no van a la escuela y los hombres tienen pocas oportunidades de trabajo.
En seis años, según dijeron, el gobierno federal jamás ha dado muestras de estar interesado en brindarles ayuda, por lo que clamaron la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los pobladores son provenientes de las localidades de Cuatro Cruces y Chilacayote, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso; Palos Altos y Linda Vista de San Miguel Totolapan; Pie de la Cuesta, de Atoyac y Bajitos de la Laguna de Tecpan. El primer grupo, del pueblo de Linda Vista, llegó a esta ciudad en 2013 resguardados desde su salida, asustados por la inseguridad en la zona, por la Policía estatal, siendo acomodados por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal en el hotel en el que están hasta hoy.
Paulatinamente, llegaron otros grupos al mismo inmueble, provenientes de otras poblaciones serranas, a los que las autoridades estatales los amontonaron en el mismo inmueble y los olvidaron, aseguró Pablo Angulo Rojas, representante de los desplazados.
Abundó que desde su llegada a Tecpan fue poco el contacto que tuvieron con las autoridades de la dependencia estatal, y apuntó que si se mantienen en esta ciudad es porque han logrado abrirse paso por cuenta propia, a pesar de las condiciones precarias e insalubres en las que habitan el edificio.
Un año después de su llegada, agregó, los funcionarios estatales se comprometieron a ayudarlos con proyectos productivos para iniciar un negocio, acomodar a los menores en las escuelas de la ciudad, así como proporcionarles terrenos para que ellos mismos construyeran una vivienda, lo que hasta la vez no sucede, afirmó “porque el gobierno se olvidó ya de nosotros”.
Asentó que aunque los niños van a la escuela, éstos carecen de uniformes y útiles escolares, porque el dinero que ganan sus padres contratándose de jornaleros no alcanza, “porque no saben hacer otra cosa, además de que en el municipio hay pocas fuentes de trabajo”.
Al reunirse en un área dentro del hotel, los pobladores gritaron al mismo tiempo “queremos solución”, y demandaron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que los ayude, “porque no basta conocer todas las comunidades del estado, como él pregona, lo que importa es atenderlas y solucionar sus problemas”, puntualizó Angulo Rojas.
Solicitantes de asilo en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) Siglo XXl en Tapachula. Foto: Alejandro Saldívar
PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) “aceptó” e “inició las acciones para atender de manera inmediata” el caso de las tres adolescentes hondureñas que fueron encarceladas en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, pese a haber iniciado un trámite de refugio y haber sufrido abusos sexuales.
En un comunicado, la institución afirmó que “hace suyos los señalamientos” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los considera “como un área de oportunidad para mejorar la atención, en la cual el respeto a su dignidad humana, independientemente de su nacionalidad o condición, es imprescindible”.
Durante una visita al Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes del DIF municipal de Tapachula, integrantes de la CNDH entrevistaron a las adolescentes, quienes manifestaron que salieron de Honduras huyendo de una organización delictiva, y dos de ellas fueron violadas en su país.
En julio de 2018 pidieron refugio en México, y mientras corría el trámite rentaron una casa en Tapachula. Ahí, “dos de ellas también fueron víctimas de abuso sexual”; una interpuso una denuncia y la otras dos fueron detenidas por agentes del INM, quienes las encarcelaron en la estación migratoria Siglo XXI.
Sobre el caso de las adolescentes, la CNDH dirigió ayer la recomendación 79/2019 a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM; Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y al DIF municipal.
De acuerdo con el organismo, la Comar “no salvaguardó la integridad de las personas adolescentes realizando su traslado a un Centro de Asistencia Social (CAS) o a un albergue especializado en víctimas de violencia sexual”, y la atención que recibieron no fue “oportuna, a pesar de que eran víctimas de abuso sexual, por lo que requerían protección y asistencia integral; tampoco garantizó que recibieran la atención médica y psicológica adecuada”.
Santa Lucía. Maquinaria a la espera del banderazo de salida. Foto: Benjamín Flores
Neldy San Martín / Proceso
Al presidente López Obrador no le bastará clasificar el de Santa Lucía como “instalación estratégica” para empezar a construir ahí el nuevo aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Lo cierto es que el gobierno federal no tiene todavía todos los estudios técnicos que exige la ley y se ha demorado el avance en los trabajos para la interconexión con el actual AICM.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los hangares de la base aérea número 1 de Santa Lucía, Estado de México, aguarda la maquinaria para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.
Pero no sólo una ola de amparos está frenando el inicio de las obras; también la falta de los estudios técnicos requeridos por el reglamento de la Ley de Aeropuertos.
El lunes 7 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está todo listo para que las obras comiencen al día siguiente de que se declaren improcedentes los amparos contra el aeropuerto. Y el martes 8 reiteró que la meta es concluir la primera etapa en 2021.
“Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria. Sólo espero que no procedan los amparos para dar el banderazo de salida. Literal, nos vamos para allá para dar el banderazo de salida”, dijo ese día en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Sin embargo el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de geotecnia y mecánica de suelos, la reubicación de las instalaciones militares y la adquisición de predios, siguen en proceso. De hecho, las solicitudes de amparo contra Santa Lucía y las resoluciones de suspensión de los jueces se fundamentan en la falta de los estudios y permisos necesarios que establece el reglamento de la Ley de Aeropuertos, al que debe sujetarse la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según al artículo 4.
A finales de julio Proceso solicitó, vía la ley de transparencia, el plan maestro a la Sedena, que por conducto del general Jorge Ramírez Zúñiga, titular de la Unidad de Transparencia, respondió que dicho plan “se encuentra en desarrollo, mismo que, una vez que sea integrado, se pondrá a disposición de la ciudadanía conforme a la normatividad aplicable en la materia”. En ese momento la dependencia todavía no clasificaba como “información reservada” los documentos técnicos del proyecto.
El 1 de septiembre, en el primer informe de gobierno de López Obrador, se dio a conocer que al 30 de junio el avance en la integración del plan maestro, a cargo de la empresa Aeropuertos de París (ADP), era de 40%. Una fuente del gobierno federal confirmó que hasta el pasado viernes 11 no se contaba con la totalidad del plan maestro.
La Sedena firmó con ADP un contrato plurianual mixto (DN-8/S/HyE/3050/7889-0002/F/2019, del que este semanario tiene copia) por 15 meses, con vigencia desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de junio de 2020, para elaborar “el plan maestro con estudios de capacidad y niveles de servicio”. Por esa razón difícilmente el aeropuerto será inaugurado en junio de 2021, como prometió el mandatario.
El contrato establece que el plan maestro es “necesario para la materialización del proyecto de construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional, su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y reubicación de instalaciones militares”.
El monto total del contrato con ADP fue de 1 millón 979 mil 300 euros: 798 mil para el plan maestro y 1 millón 181 mil 300 para la asistencia técnica del proyecto.
Según el primer informe de gobierno, el avance de los trabajos de ingeniería para la definición de la trayectoria de la interconexión con el AICM, así como los estudios de geotecnia y de laboratorio de mecánica de suelos, tenían hasta junio pasado un avance de 29.2%.
La adquisición de predios, con un presupuesto de 4 mil millones de pesos, para el área de amortiguamiento acústico y de seguridad, también ha sido lenta. De acuerdo con el informe de gobierno, hasta junio se habían adquirido sólo 569.66 hectáreas de predios aledaños, es decir, 41.29% de las mil 284 necesarias.
En tanto, el avance de los proyectos ejecutivos para la reubicación de las instalaciones militares era de apenas 47.9%, con una inversión estimada en 6 mil 275 millones de pesos.
Estudios a medias
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que en julio se concluyeron los estudios de aeronavegabilidad para los que fue contratada la empresa francesa NavBlue, filial de Airbus, con lo que determinaron la factibilidad técnica para el desarrollo aeroportuario y la operación simultánea de los tres aeropuertos: AICM, Toluca y Santa Lucía.
El contrato entre la Sedena y NavBlue (DN-8/S/HyE/3050/7889-0003/F/2019), cuya copia tiene Proceso, para elaborar el estudio de aeronavegabilidad y de operaciones simultaneas AICM-Santa Lucía-Toluca, es por un monto de 6 millones 164 mil 872 dólares. En el documento se indica que entre las obligaciones de la dependencia está la entrega “en forma oportuna” del plan maestro a la compañía, lo que evidentemente no ha ocurrido al no contar todavía con el documento.
El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, reconoció el pasado miércoles 9 que si bien ya tiene el estudio del rediseño del espacio aéreo, éste sigue sufriendo modificaciones “para optimizarlo”.
Hasta el momento, el único estudio público es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en julio pasado, tres meses después de que la Escuela Militar de Ingenieros y el Instituto de Ingeniería de la UNAM entregaron el documento.
Pese a ello, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) ha cuestionado que la Semarnat haya autorizado una MIA sin conocer el plan maestro definitivo, los estudios de seguridad aeronáutica conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional ni los estudios de geotécnica y mecánica de suelo.
En entrevista, el presidente de la AMIA, Daniel Basurto González, pone como ejemplo que para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el antiguo lago de Texcoco “hubo estudios que tardaron dos años” y calificó la MIA de Santa Lucía como “deficiente”.
“La manifestación debe estar constituida por aquellos estudios que determinen o analicen qué impactos va a causar. En este caso no fueron tomados en cuenta”, señala.
En la autorización de la MIA se propone construir un acueducto para suministrar agua a Santa Lucía desde el acuífero Valle de Mezquital, Hidalgo, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, dado que el aeropuerto requerirá de 6 millones de litros al día y la base área militar se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado: el Cuautitlán-Pachuca.
“La resolución reconoce que no se puede tomar agua de ahí y propone el Valle del Mezquital, pero para hacer el acueducto necesitan realizar otro estudio de impacto ambiental, porque van a atravesar más de cinco kilómetros para proveer a Santa Lucía”, dice Basurto González.
Se queda con las ganas
Desde abril López Obrador quería dar el banderazo de salida. El 24 de ese mes, desde la base aérea, flanqueado por el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el presidente anunció que las obras estaban a punto de comenzar.
“Adelanto, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, que el lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”, dijo.
Pero la falta de los estudios lo hizo recular y al día siguiente explicó en su conferencia matutina que se trataba del banderazo a los trabajos preliminares del proyecto.
En ese entonces se estimaba que la construcción comenzaría a finales de julio. Para el presidente bastaba con tener autorizado el presupuesto: 91 mil 977 millones pesos, como informó el 1 de septiembre. En los hechos, su administración no contaba con los amparos interpuestos contra Santa Lucía que, basados en la falta de los requerimientos técnicos obligatorios por normatividad, han retrasado sus planes hasta el momento.
Tampoco en lo financiero el proyecto está saliendo conforme a lo planeado. Sin que hayan comenzado las obras, la inversión ya se incrementó. Según el presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda para 2020, la infraestructura del aeropuerto necesita 95 mil 260 millones de pesos.
Pese a todo, el martes 8, en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que confía en que los ingenieros militares cumplirán el compromiso de tener lista la obra a la mitad de su administración.
Ese mismo día el juez Juan Carlos Guzmán Rosas dio luz verde a la construcción del aeropuerto, al revocar una suspensión definitiva que había concedido al colectivo #NoMásDerroches, del que forman parte la Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que lidera Claudio X. González.
Esa resolución tomó como válido el alegato de la Sedena de que se trata de una instalación estratégica y que la suspensión “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”. Esta resolución todavía es apelable y el colectivo #NoMásDerroches prevé que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, con la reclasificación de la obra como “instalación estratégica”, López Obrador no sólo prevé que los fallos judiciales le sean favorables, sino que también podrá evadir la transparencia de la información, pues la seguridad nacional es uno de los motivos legales para imponer reservas, algo a lo que ni siquiera se atrevió la pasada administración.
Los residentes argumentan que la construcción y operación de la terminal aérea dejará sin agua potable tanto a las comunidades de las zonas cercanas a la base como los municipios que se encuentran en esta zona del Valle de México
Tecámac, Mex.- Un grupo de habitantes de los doce pueblos originario de Tecámac realizan una protesta frente al acceso principal de la base aérea de Santa Lucía donde se lleva a cabo el evento de la colocación de la primera piedra del Aeropuerto Felipe Ángeles encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes se reunieron en un hospital del IMSS contiguo a las instalaciones militares de donde caminaron a la entrada de la base aérea en donde desplegaron mantas para expresar su desacuerdo con la edificación del aeródromo.
“Viva autodeterminación de los pueblos originarios. No al nuevo aeropuerto. #NiFalsasConsultas”, son unas de las consignas que exigieron en las mantas que desplegaron en el acceso principal bloqueando parcialmente las entrada y salida de vehículos.
Los residentes argumentan que la construcción y operación de la terminal aérea dejará sin agua potable tanto a las comunidades de las zonas cercanas a la base como los municipios que se encuentran en esta zona del Valle de México.
Hasta ahora, dijeron, han presentado ante instancias judiciales 10 amparos para evitar que el gobierno federal lleve a cabo la construcción de la terminal.
Su lucha para impedir la realización del proyecto aeroportuario inició desde hace una año luego de que la población participó en la consulta nacional para determinar donde se edificaría el nuevo aeropuerto, después de que se canceló el proyecto de Texcoco.
La intención de los habitantes era ver en la entrada de la base aérea al presidente López Obrador, pero el vehículo en que iba aceleró la marcha y no se detuvo para dialogar.
Los manifestantes esperarán la salida del jefe del ejecutivo federal para intentar acercarse a él. Hasta ahora no se ha presentado incidente alguno con el personal militar que se encuentra en la entrada principal.
QUERÉTARO, Qro., 17 de octubre de 2019.- Cientos de estudiantes de distintas universidades marcharon esta tarde en las calles de la capital del estado para pedir al gobierno del estado mejora en el servicio de transporte público colectivo además de exigir el cumplimiento en la promesa de campaña del mandatario sobre la gratuidad para usuarios preferentes.
De acuerdo a las autoridades de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quienes dieron acompañamiento a los estudiantes durante todo el trayecto se estima la participación de aproximadamente 1 mil jóvenes además de que aseguraron que hubo un saldo blanco en dicho encuentro.
Los participantes a dicha manifestación se concentraron a la 1 de la tarde en la Plaza del Estudiante y cerca de las 2 la tarde iniciaron su recorrido, mismo que transcurrió sobre Av. Tecnológico, Av. 5 de febrero por los carriles centrales a partir de la Comisión Estatal de Aguas, Av. Constituyentes, Corregidora y posteriormente subieron por el andador 5 de mayo hacia el Palacio de Gobierno.
Al llegar a Plaza de Armas, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad Pedagógica y la UAQ leyeron en voz alta el pliego petitorio que incluía entre otras cosas la mejora en la frecuencia y cobertura de las rutas, servicio extendido, rechazo al subsidio, gratuidad de transbordos así como para los usuarios preferentes y que se permita al transporte suburbano entrar a la zona urbana.
Cabe señalar que a la marcha se sumaron algunos concesionarios de Movilqro Bús quienes dijeron representar solo al 15% del total de accionistas de dicha empresa.
La alerta de violencia de género en Sinaloa no ha servido de nada porque no hay un interés real por resolver la violencia contra las mujeres, ni se han colocado a las personas correctas en los institutos de las mujeres, aseguró la activista Jaqueline López Leal.
“Si la cabeza principal no tiene la preocupación real para ayudar a mujeres y niñas, esto no va a caminar por el camino correcto. ¿Cómo puedes decirles a las mujeres que se cuiden dándoles cursos de cocina, cursos de cómo pintarse las cejas?”, dijo.
Una investigación de medio digital SinEmbargo.mx, reveló que la alerta de violencia de género en los estados donde fue declarada, incluyendo Sinaloa, está descarrilada en aplicación de estrategias contra la violencia hacia las mujeres y opaca en la aplicación de recursos.
Sólo en Mazatlán, entre 2017 y 2018, tiempo en que Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga fueron alcaldes, se invirtieron 111 mil 350 pesos en vales de zapatos, playeras, jugos, galletas, servicio de hotel, pintura, plumas con etiqueta, pulseras impresas y palitos de madera para el combate a la violencia de género.
“No hay un interés real por atender el tema, vemos que están matando mujeres y nadie se preocupa por eso, ¿cuándo vemos que se impartan talleres bien, conferencias bien? Se van por lo más fácil. Y si no hay un interés real esto va a seguir así”, declaró López Leal.
“Vemos que no han colocado a las personas correctas en los institutos (de las mujeres), se tienen que poner las pilas y desde arriba poner a trabajar a sus subalternos, que no se estén malgastando un buen presupuesto, que exista una preocupación real”
En lo que va del año se cuentan 35 feminicidios en Sinaloa, dijo, un hecho que debe preocupar a todos los niveles de Gobierno, indistintamente el partido político que les llevó al poder.
— La alerta de violencia de género se declaró en marzo de 2017. ¿Tú has visto una diferencia?
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) demandó al Instituto de Pensiones del Estado (Ipecol) que haga valer su autoridad y ordene al Gobierno del Estado pague los 192 millones 700 mil pesos que se adeudan por retenciones a los trabajadores.
En rueda de prensa, el líder de los burócratas del estado, Martín Flores Castañeda, destacó que desde que entró en función el Ipecol y la Ley de Pensiones, el gobierno estatal no ha enterado la totalidad de las retenciones.
Señaló que aún no se entra en “terapia intensiva” la viabilidad financiera del estado, pero sí está en “riesgo”, aunque dijo que se está a tiempo de corregir, al mencionar que el Consejo de Administración del Ipecol, junto con los titulares de las entidades públicas, pueden resolverlo.
Por ello, destacó que el mayor responsable es el director del Ipecol, Édgar Chávez Sánchez, quien tiene la facultad “para implementar las medidas de apremio y coactivas que establece la Ley para que paguen las entidades públicas”.
Además del daño a la zona, representa riesgo para la salud en Cuernavaca y Temixco: Garza Tarazona
La arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, exhortó a las autoridades federales y estatales evitar que la mina de Tetlama siga trabajando, debido a que no sólo afectará gravemente a la zona arqueológica de Xochicalco, también dañará la salud de los morelenses al llegar las ráfagas de viento hasta Cuernavaca y sus alrededores.
Recordó que en 2009, el subsuelo de Xochicalco fue otorgado en concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver por la Secretaría de Economía, terreno que equivale a 278 hectáreas y permiso que tiene vencimiento al 14 de mayo de 2059.
A pesar de que el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez, manifestó su rechazo por las minas a tajo abierto en la entidad, la de Tetlama sigue operando de manera normal, haciendo túneles como un método de exploración, lo cual, aseveró la especialista, generará contaminación en los ríos, suelos y el medio ambiente.
Explicó que primero harán un gran hoyo, sacarán la tierra, la molerán y pasarán por gran cantidad de químicos para separar la tierra de los minerales y esa misma tierra y agua, la echarán nuevamente a los cauces y suelos; además de que derivaría en enfermedades graves de la piel, problemas en los ojos, riñones, hígado y pulmones; incluso podría incapacitar permanentemente o hasta provocar la muerte, pues los tóxicos de los metales viajan en el aire y el agua.
Respecto a Xochicalco, Garza Tarazona precisó que podría ser afectada debido a que cuenta con 37 cuevas y en el momento que empiecen a detonar, se vendrá abajo. Prueba de eso, son las fisuras que se registraron tras el sismo del 19S de 2017, mismas que ocasionaron que ciertos lugares de la zona arqueológica permanezcan cerrados.
Por ello, exigió a las autoridades no reactivarlo tanto por los seres humanos, como por la tierra de Morelos,
“No se vale que por unas toneladas de oro, que es mucho dinero, la gente muera como moscas. Nunca se ha dejado de explorar y lo han hecho con túneles y quieren hacer un gran hoyo. Yo defiendo mi zona arqueológica que es patrimonio de la humanidad porque la van a destruir, defiendo a mis abuelos con eso pero defiendo a mis nietos que viven en Cuernavaca y lo van a padecer”, expresó.
La arqueóloga Silvia Garza Tarazona informó que los trabajos en la mina, generará contaminación en el medio ambiente.
El Poder Judicial de la Federación negó el amparo interpuesto en 2016 por integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende desarrollarse en los municipios San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
El juez Miguel Arroyo Herrera negó el amparo por considerar que la consulta indígena que la Secretaría de Energía (Sener) realizó en 2015 cumplió con los estándares y determinó que fue previa, estimó también que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute para tener por cumplido el estándar.
Al conocer el fallo, Consejo Tiyat Tlali y Fundar, organizaciones que han acompañado a los indígenas que defienden sus tierras en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), consideraron que el Poder Judicial Federal revictimiza a las comunidades totonacas al no reconocer la violación a sus derechos. En la Sierra Norte de Puebla se han concesionado 160 mil hectáreas para minería y la construcción de 11 plantas hidrológicas.
Consideraron que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla contraviene el marco internacional, que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones, y afirman que los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, seis años antes de la consulta.
Con el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 lo conforman las presas Ahuacoya, con una cortina de 45 metros de altura y una capacidad total de generación eléctrica de 60 MW; y la presa Zoquiapa, con una cortina de 6.5 metros de altura que capta el agua del río Zoquiapa para enviarla a la presa Ahuacoya y complementar el gasto para la generación de energía. El proyecto afectará el río Ajajalpan usado por la población para la pesca y riego de cultivos.
Los indígenas totonacos afirman que la construcción de la hidroeléctrica implica la remoción de vegetación forestal, desvío del cauce del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera.
Consejo Tiyat Tlali y Fundar señalaron que uno de los “puntos centrales de la demanda de las comunidades es la inexistencia de un interés público en la autorización del proyecto; sin embargo, el juez afirma con contundencia que el proyecto les beneficia, sin dar razonamiento alguno” y a pesar de que la energía a generarse atenderá el autoabastecimiento de las tiendas Wal-Mart, Waldo’s, Operadora Vips y Suburbia, de acuerdo con el permiso de energía eléctrica otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
La sentencia emitida el pasado 10 de octubre “está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes involucradas en el juicio, por lo que aún puede pasar algún tiempo para contar con la definitiva”, afirmaron en un comunicado Consejo Tiyat Tlali y Fundar.
Habitantes de Leonardo Bravo y Zitlala, desplazados por la violencia, bloquean la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués en el municipio de Chilpancingo, para exigir al gobierno del estado que les garantice su regreso a las comunidades serranas de dónde salieron huyendo.
Minutos antes de las 10:00 de la mañana de este jueves, antes de que el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores rindiera su cuarto informe de gobierno, alrededor de 50 personas arribaron al lugar para tapar la totalidad de los carriles con sentido México-Acapulco, para denunciar que el estado no garantiza las condiciones de seguridad.
Lo inconformes de Leonardo Bravo salieron de sus comunidades en el mes de noviembre del año próximo pasado debido a amenazas de criminales, por lo que solicitan que se restablezca la seguridad para llegar a sus viviendas que se encuentran en el abandono, así como apoyos para continuar con sus actividades económicas.
“Nosotros no estamos acostumbrados a que nos mantenga el gobierno, pero si queremos que nos suba a nuestros pueblos, nos dicen que podemos subir, pero las casas están abandonadas y no hay garantías”, dijo una de las inconformes, mientras que los provenientes de Zitlala piden una reubicación.
Debido a que la manifestación afecta la circulación en la carretera de cuota, elementos de la policía federal división caminos arribó al lugar para dialogar con los manifestantes, sin embargo, éstos piden la presencia de representantes del gobierno estatal para tomar acuerdos.
Alejados de sus familias y convencidos de que su profesión es un riesgo, los periodistas en México son desplazados por la violencia y la falta de protección.
José Méndez, a quien se le cambió el nombre por motivos de protección, se ha dedicado a esta profesión desde hace seis años y tuvo que dejar Quintana Roo para resguardarse en la Ciudad de México.
Yo cubría nota roja en Playa del Carmen, Quintana Roo. Pero en los últimos años ya era cubrir narcomantas y estar bajo las órdenes de los grupos delictivos ya que por una parte recibía la orden de cubrir un determinado mensaje o ejecutado, como ellos lo llaman y, por el otro lado, estaba el rival que te exigía que bajaras esa nota y no informaras nada
– Juan Méndez
Periodista desplazado
En entrevista con Reporte Índigo, Méndez detalló que comenzó a recibir amenazas de muerte por redes y vía telefónica, no sólo hacia su persona, también lo amenazaban con hacerle daño a su familia.
“Me escribían en redes sociales, incluso me llamaban por teléfono para advertirme que me encontrarían, que ya le bajara. Al principio no lo tomé tan en serio pero recuerdo que sentí miedo hasta que dijeron que iban a matar a mi hija, que la iban a descuartizar; fue entonces que pedí ayuda al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y ellos me enviaron a la Ciudad de México a principios de este año”, comentó.
José platicó que estar lejos de su familia no ha sido nada fácil, mucho menos asimilar que ya no puede salir en libertad.
“Lo que más me preocupa es la situación de mis papás. Hace como un mes los amenazaron, los pararon unos sicarios que iban en motos. A mi papá le apuntaron con la pistola, les preguntaron por mi paradero. Pedí al Mecanismo ayuda pero no la tuve, dicen que no basta ese hecho, que se carece de base para que mis padres tengan protección”, reclamó.
José Méndez es uno de los mil 39 beneficiarios de este programa, el cual ha tenido un crecimiento significativo, refirió el pasado 14 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
“Hace siete años el mecanismo empezó con seis beneficiarios, hoy superan los mil, de los cuales 691 son defensores de derechos humanos y 348 periodistas”, declaró durante la conferencia matutina.
Otro beneficiario es Manuel Torres, cuyo nombre también fue cambiado, y afirmó que ser reportero en estos días es estar preparado para ir al campo de guerra y enfrentar la censura.
En Zihuatanejo, Guerrero es difícil hablar de temas de violencia. Allá los periódicos no publican nada que tenga que ver con enfrentamientos, es una zona silenciada y como reportero tienes que aprender a sobrevivir
– Manuel Torres
Periodista
El periodista ha trabajado los últimos 14 años cubriendo la fuente policial y asegura que el narcotráfico tiene influencia en las redacciones.
“Allá hay dos cárteles que se disputan la plaza, uno de ellos es el de “Los Viagras”, quienes nos pedían que no sacáramos notas y fotos de personas detenidas con armas y con drogas porque era su gente. También está el Cártel Jalisco Nueva Generación que a veces nos pedía que sí sacáramos esa información porque era de sus enemigos”, comentó.
Las amenazas de muerte contra los reporteros y atentados contra la redacción son parte de los riesgos que enfrentan en Guerrero.
“Una vez que yo estaba trabajando sobre el hallazgo de un decapitado en la colonia La Noria, mi jefe me dijo que primero había que preguntar si salía o no. “Los Viagras” nos piden que no salga y el Cartel que sí; ambos nos dicen que de no obedecer nos atengamos a las consecuencias, que pueden matar al reportero e incluso rafaguear las oficinas del medio; allá los grupos del narco nos ponen entre la espada y la pared”, relató.
Manuel solicitó protección del Mecanismo, el cual lo apoyó con traslado, casa y alimentos para radicar en la Ciudad de México.
“Vivo en la CDMX desde el pasado 25 de febrero, pero desde antes yo ya padecía de insomnio, he aumentado más de peso, siento que he envejecido más y todo ha empeorado también porque estoy lejos de mi familia. Yo ayudaba económicamente a mis padres, ambos ya están grandes, tienen más de 60 años, igual tengo una sobrina de 9 años, yo le ayudaba con sus estudios y sus gastos escolares. Me deprimo bastante por pensar en cómo estarán, me entristece no estar allá, no estar pendiente de ellos y hacerme cargo de mi familia”, expresó.
De acuerdo con ambos periodistas, la protección del mecanismo fue más necesaria luego de los asesinatos de sus compañeros Francisco Romero Díaz, el 16 de mayo, y Edgar Alberto Nava, el 2 de agosto, en Quintana Roo y Guerrero, respectivamente.
Pendientes en el rediseño de la protección a periodistas
En el marco de la entrega de los avances en materia de seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que aún prevalece la violencia.
Para Encinas, el programa debe perfeccionar la prevención para identificar los niveles de riesgo, así como mejorar los protocolos para garantizar la seguridad de las personas sujetas a la protección del Estado o sin necesidad de que formen parte del Mecanismo.
Sobre el rediseño urgente que había sido anunciado desde marzo de este año, el diagnóstico comenzado al inicio de la actual administración ya fue concluido.
Por ello, los servicios de escoltas se retiraron para que la protección la brinde el Estado a través de la Policía Federal.
Parte del rediseño urgente es que los servicios de escoltas se retiraron para que la protección la brinde el Estado a través de la Policía Federal
Si bien se ha establecido en la Ciudad de México el mecanismo de protección capitalino, aún está pendiente la cooperación entre los órganos locales y el federal, más apoyo internacional e involucrar directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad.
Actualmente, colectivos y comunidades de todo Jalisco luchan contra el despojo de sus territorios y formas de vida por parte de los gobiernos, las empresas privadas e, incluso, el crimen organizado. Una de las amenazas más latentes son el gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, así como cuatro termoeléctricas que se planean construir a lo largo de la rivera del Río Santiago.
Gabriel Trujillo / ZonaDocs
En el Cerro de La Reina, sede de gobierno de la recién declarada comunidad indígena de Tonalá, Jalisco; el Concejo del Congreso Nacional Indígena (CNI), sección Occidente, inauguró la Jornada de Lucha Global “Samir Vive”, en homenaje al activista y comunicador náhuatl Samir Flores, asesinado el 20 de febrero en Cuautla, Morelos, por su oposición activa a la termoeléctrica de la Huexca y al Proyecto Integral Morelos, ambos megaproyectos del actual Gobierno de México.
Ante la presencia de colectivos y pueblos organizados contra los despojos, Rocío Moreno, concejala del CNI y comunera de la comunidad indígena de Mezcala, enfatizó en que el nuevo gobierno indígena de Tonalá no está solo, ya que 217 años después del inicio de la colonización de América, los pueblos originarios continúan en resistencia frente al Estado Mexicano, el cual ha negado históricamente su existencia en Jalisco imponiéndoles requisitos burocráticos para que demuestren sus orígenes.
El evento, celebrado el 12 de octubre de 2019, se realizó en tres fases. Un primer momento para el reconocimiento entre sí de los participantes, que presentaron sus luchas y discutieron en dos mesas de trabajo los temas centrales del encuentro: ¿Cuál es el papel de las mujeres en la lucha? y ¿Qué es lo que sigue para la organización colectiva de los pueblos contra la destrucción capitalista?
En un segundo momento, se presentaron los megaproyectos de desarrollo del actual sexenio que asechan a comunidades indígenas, entre los que destacaron el Tren Maya en el Sureste del país; el Corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec; y en Jalisco, el gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, así como cuatro termoeléctricas que se planean construir a lo largo de la rivera del Río Santiago, y que afectarán las condiciones socioambientales de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, según datos del colectivo Un Salto de Vida A.C.
Como cierre, las mujeres asistentes se organizaron dentro del mismo encuentro para denunciar las violencias machistas que aún viven por parte de sus compañeros en los procesos de lucha, mismos que replican constantemente el orden patriarcal en todas sus formas y normalizan la desigualdad de género.
La lucha por la vida y contra el capitalismo será anti-patriarcal o no será.
La imagen de una mujer zapatista cargando a sus hijos en las espaldas y portando un palo, un arma, en pleno levantamiento zapatista, no se le olvida a Rocío Moreno, concejala del CNI que dirigió el evento. Ese fue su momento de inspiración. Con esa imagen entendió que sin la presencia de las mujeres es imposible hablar de luchas emancipadoras.
“Si en las luchas de los pueblos no están las mujeres estamos hablando de otro tipo de movilización, pero no una lucha que permita reconstruir la sociedad, generar otra vez la vida comunitaria con todos los sujetos que la habitamos. Para nosotros es vital y es la forma en la que nos explicamos, y esa es la invitación de decir que si no están presente las mujeres no es una lucha contra el capitalismo; va a ser otra lucha, pero no contra el capitalismo.”
Y es que esa escena que recuerda la concejala es protagonizada por la mayoría de las mujeres que luchan por sus pueblos. Cada vez que se mueven cargan con sus hijos, algunas tienen que convencer a sus parejas sentimentales de que es relevante el trabajo que están haciendo; incluso, se han dado casos de compañeras con cargos importantes dentro de las comunidades a las que sus esposos no les permiten que asistan a los encuentros. Estas situaciones han empobrecido la organización, pero es un tema del que cada vez se habla más, explica Rocío mientras calma el llanto de su hija de cuatro años.
Para ella, lo más difícil en la lucha de las mujeres por el reconocimiento al interior de sus pueblos y comunidades ha sido aspirar a los cargos comunitarios. Esto ha implicado barrer con cientos de años en los que solo los hombres han tenido el derecho de desempeñarse como presidentes, secretarios y tesoreros, los tres cargos más visibles y públicos del gobierno tradicional.
“Como pueblos indígenas decimos que queremos luchar por la vida, esa es una palabra que han puesto las compañeras. Los compañeros eran la denuncia agraria, los juicios, que también nosotras lo llevamos, pero aquí había otra palabra, otro sentido. Hay que luchar por la vida. Y ese ha sido el gran triunfo.”
Otro de los triunfos más claros que destaca la concejala fue impulsar a Marichuy como Vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Con esta iniciativa se incorporaron más mujeres al Consejo Nacional Indígena, un proceso lento pero que una vez iniciado y a medida que más mujeres participen, ya no tendrá marcha atrás.
Colima, México, Avanzada (16/10/2019).- Entre 2014 y 2018 desaparecieron en Colima 61 menores de 17 años de edad. Los casos más conocidos son el de Kelsy Naomy Castañeda Córdova y Rodrigo Flores, ambos de ocho años de edad y que fueron vistos por última vez en el 2017.
Los dos menores vivían en el municipio de Tecomán, uno de los más golpeados por la violencia que afecta Colima y por la pobreza que se incrementó a partir de la plaga agrícola conocida como el “dragón amarillo” que afectó la citricultura local y que dejó sin empleo a más de 10 mil personas.
De acuerdo al reporte organización civil: Save the Children muestra que en Colima desaparecieron 61 menores entre el 2014 y el 2018.
Con esa información, Colima tiene el sexto lugar nacional en la tasa de niños desaparecidos con 26.2 casos por cada 100 mil menores. La entidad sólo es superada por Tamaulipas con una tasa de 50.2 casos por cada 100 mil menores; Sonora, con 41.2; Baja California, 37.7; Puebla con 31.9; Chihuahua con 30.9.
A nivel nacional existen 6 mil 226 niños y adolescentes desaparecidos, los datos los obtuvo Save the Children del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre el 2014 y 2018.
El Semáforo de la Infancia recopila los datos recogidos en el informe VOCES, una consulta realizada por Save the Children entre 3,133 niñas, niños y adolescentes que participan en los programas de la organización en 60 escuelas públicas de 13 entidades federativas: Baja California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.
Profesionistas de la alimentación realizaron una manifestación pacífica para entregar un pliego petitorio al Gobierno de Jalisco, al Congreso estatal, a la Dirección de Profesiones y Secretaria de Salud
Isaura López Villalobos /UDGTV
Guadalajara, Jalisco. Nutriólogos de Jalisco exigen nivelación salarial, profesionalización e inserción laboral. Denuncian que existe una desigualdad laboral y salarial entre los profesionales de la salud aún con el nivel académico y responsabilidad: manifiestan que ganan 45% menos en comparación con otras disciplinas, violándose el artículo 11 de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del estado.
Cerca de medio centenar de profesionistas de la alimentación, realizaron una manifestación pacífica desde la conocida Glorieta de la Normal hasta el centro de Guadalajara, para entregar un pliego petitorio al Gobierno de Jalisco, al Congreso estatal, a la Dirección de Profesiones y Secretaria de Salud.
La presidenta del Colegio de Nutriólogos, Claudia Elizabeth Granados Manzo, desgloso parte del pliego petitorio para cada una de las instancias: Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Mientras que a la Secretaría de Salud Jalisco se le pide la clasificación, categorización y reconocimiento del nutriólogo, Granados Manzo precisa que están disponibles en el “Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios para el profesional de la rama paramédica”,sin haberse modificado desde hace una década, y hoy se cuenta con posgrados, maestrías y doctorados.
Y, a la Dirección de Profesiones del estado, anotó la presidenta del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, se le solicita el reconocimiento de la profesión.
En cuanto a la inserción laboral, piden la incorporación del nutriólogo en programas nacionales y estatales en alimentación y nutrición, y se legisle la regulación de la profesión para evitar charlatanes que ponen en riesgo la salud de la población ante un cóctel de enfermedades crónicas degenerativas como obesidad y sobrepeso.
La construcción de la presa se realiza en el Río Xochiapa, en Puebla. Foto: Martina Zoldos, Pie de Página.
José Ignacio de Alba / Sinembargo / Pie de página
Un juez negó un amparo a comunidad totonaca en la Sierra Norte de Puebla para favorecer una hidroeléctrica que generará electricidad para exclusivamente a Walmart. El fallo desestimó la ausencia de consulta a los pobladores y de la manifestación de impacto social.
Diana Pérez una de las abogadas que interpuso el amparo por parte de los pueblos totonacas asegura que “la interpretación que hizo el juez es restrictiva de los derechos de los pueblos”, además aseguró que el proyecto carece de interés público.
Puebla, Puebla, 16 de octubre (Pie de Página).- El Juez, Miguel Arroyo Herrera, falló a favor del Grupo Comexhidro y en contra de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla. A los pobladores de municipios San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán les negó un amparo para detener la operación de la hidroeléctrica Puebla 1.
Los pobladores que reclaman irregularidades en la consulta y advierten sobre daños ambientales que el proyecto causará en la zona.
Las comunidades presentaron ante el Juez un peritaje oficial, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), donde se establece que la hidroeléctrica provocará una disminución de agua en la región, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
En su lugar, el juez del juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil tomó en cuenta los peritajes ofrecidos por la propia empresa, donde se asegura que no habrá impactos negativos en la población.
PERMISOS SIN CONSULTA
La organizaciones no gubernamentales Fundar y Tiyay Tlali aseguraron en un comunicado que la Secretaría de Energía (Sener) entregó los permisos para el funcionamiento del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 seis años antes de que se consultara a los ciudadanos.
Fundar y Tiyay Tlali aseguran que la autoridad no realizó una manifestación de impacto social previa al otorgamiento de permiso, violando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Diana Pérez una de las abogadas que interpuso el amparo por parte de los pueblos totonacas asegura que “la interpretación que hizo el Juez es restrictiva de los derechos de los pueblos”, además aseguró que el proyecto carece de interés público.
Las comunidades interpondrán un recurso de revisión. Además de que esperan que se haga una segunda instancia haga una mejor valoración del caso. https://www.sinembargo.mx/16-10-2019/3662855
La imposición del fracking continúa en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, gracias al proyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo. Ello, pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar la fractura hidráulica, reveló el etnólogo Mauricio González González en un acercamiento etnográfico a la comunidad nahua de la Huasteca Meridional.
En el libro Maseual ojtli. Grafías de la diferencia nahua en la Huasteca Meridional, González González da cuenta de que el indigenismo del mandatario no ha marcado la diferencia respecto de las administraciones pasadas en lo que respecta a la defensa de los recursos de las comunidades despojadas por la delincuencia organizada y por empresas multinacionales, comentó el investigador Eduardo García Silva durante la presentación del libro.
Y es que la legislación actual en materia de hidrocarburos permite dicha práctica, la cual ha dañado y despojado de territorios a pobladores de la Huasteca del Sur.
Aún con la existencia de seis iniciativas en el Congreso para prohibir el fracking, no ha sido tema de discusión hasta el momento, señaló en un comunicado la Alianza Mexicana contra el Fracking. Por el contrario: la cuarta transformación designó 10 mil 800 millones de pesos de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.
Ante el despojo territorial y la imposición del modelo de propiedad privada, la comunidad indígena nahua “resiste” frente a las empresas Royal Dutch Shell, Halliburton y Tecpetrol, porque, según Mauricio González –doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana–, “en donde hay opresión hay resistencia”.
Fue roto el diálogo entre la empresa Minera Autlán y el Movimiento Ambientalista para la Sierra Hidalguense, confirmó el asesor legal de dicha agrupación, Eduardo Medécigo Rubio.
El abogado explicó que sostuvieron una reunión con el director de Vinculación y Desarrollo Institucional, Roberto Rivera Larrea donde expusieron las exigencias de las comunidades afectadas.
Hasta antes de esta cita, los representantes de la empresa que habían participado no tenían capacidad de decisión y sería durante el encuentro con Rivera Larrea que se alcanzarían acuerdos.
Sin embargo, el directivo abandonó la reunión luego que la presidenta del movimiento, Griselda Bautista Paredes advirtió que no levantarían el bloqueo hasta tener respuestas satisfactorias.
Desde hace cerca de un mes los habitantes de varias comunidades tienen cerrado el paso conocido como Las Moras, que es un tramo de operación por donde salen las góndolas hacia otros estados.
Bautista Paredes dio lectura a una minuta alcanzada anteriormente donde el movimiento aceptaba retirar el bloqueo siempre y cuando se resolvieran sus peticiones a entera satisfacción.
Acto seguido, Roberto Rivera Larrea, quien insistía en la liberación del camino, dio por concluida la reunión y abandonó el lugar, según relató Eduardo Medécigo Rubio en entrevista con AM Hidalgo.
El asesor legal de Movimiento Ambientalista para la Sierra Hidalguense se pronunció por restablecer las negociaciones, puesto que se trata de mejorar las condiciones de los habitantes.
Reconoció que las afectaciones a la mina impactan a la economía de los pueblos núcleo, pero insistió que la empresa debe permitir la inclusión social para que el desarrollo sea equitativo.
Explicó que el bloqueo, que permanece, se ha dado en diferentes puntos, como el relatado de Las Moras y el de Tlasintla, situación que afecta la productividad e imagen de la empresa Minera Autlán.
El asesor legal de Movimiento Ambientalista para la Sierra Hidalguense se pronunció por restablecer las negociaciones, puesto que se trata de mejorar las condiciones de los habitantes.
Reconoció que las afectaciones a la mina impactan a la economía de los pueblos núcleo, pero insistió que la empresa debe permitir la inclusión social para que el desarrollo sea equitativo.
Explicó que el bloqueo, que permanece, se ha dado en diferentes puntos, como el relatado de Las Moras y el de Tlasintla, situación que afecta la productividad e imagen de la empresa Minera Autlán.
La empresa mandó elaborar un estudio particular en materia de protección civil con el que concluyó que la comunidad no estaba en riesgo por la mina y retiró su oferta de reubicación”, dijo Medécigo.
Ahora ofrecieron llevar a un valuador para establecer un precio de base a los terrenos de los 40 moradores del lugar y de ahí negociar el precio, que será menor, pues los devalúa la presencia de la mina.
También está sobre la mesa la construcción de gaviones dentro de la mina, que son muros para contener el polvo que genera el proceso del horno, explicó el asesor legal de los pueblos inconformes.
La construcción de muros ecológicos en la comunidad de Tolago igualmente fue abordada, que es la siembra de árboles, y que obedece a una recomendación emitida desde 2010 aún sin consolidarse.
Pero la exigencia de los inconformes radica en la solución al problema del camino que cruza el núcleo de la mina, un camino real que fue absorbido por la mina y ahora los pobladores deben atravesar.
Ese camino cruza por el centro de operaciones de la mina y a la par los niños deben sortearlo para ir a la escuela, por eso se pide que se construya un libramiento o se ofrezca alguna otra solución.
También piden una respuesta integral, no solamente apegarse al programa de beneficios paliativos para las comunidades núcleo, que se centran en la dotación de pollos o algunas otras prebendas.
Cuando le iban a proponer a Rivera Larrea que participara en una reunión con los tres niveles de gobierno, para acordar las mejoras de infraestructura en las comunidades, no dio ya oportunidad, finalizó el entrevistado.
Por Dassaev Téllez Adame / La Jornada Guerrero
Extenderán la jornada de búsqueda de desaparecidos en la zona Centro del estado.
Llevan a cabo la tercera Jornada de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada.
Chilpancingo, 15 de octubre. En los límites de Chilpancingo, a espaldas de la presa del Cerrito Rico, el colectivo de familiares de desaparecidos Madres Igualtecas, acompañados de miembros diversos colectivos de desaparecidos, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), realizan la tercera Jornada de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en un punto donde existen puntos con posibles fosas clandestinas.
Cabe señalar que durante los primeros 20 minutos de la búsqueda, se localizó una fosa con un cuerpo, por lo que los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para verificar cuántos cuerpos hay en este punto.
Además de que casi de manera simultánea y en un perímetro no mayor a diez metros, se detectaron otros dos puntos, los cuales, por las características se marcaron como posibles fosas y se esperaría a que los peritos hicieran los trabajos correspondientes.
Esta brigada está resguardada por agentes de la Policía Federal y miembros del Ejército, también se contó con la presencia de visores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
En este lugar anunciaron que estarán buscando fosas clandestinas en los próximo diez días en la zona Centro de nuestra entidad.
La presidenta del colectivo Madres Igualtecas, Sandra Luz Román, declaró que la jornada de búsqueda duraría toda la semana en el municipio de Chilpancingo, pero dado que se encontraron diversos indicios en este punto, los trabajos en la periferia de la capital del estado continuarían durante los próximos días.
Adelantó que regresarían a las inmediaciones del ejido de Coapango, donde en el pasado mes de abril encontraron restos humanos al fondo de una cueva.
De esto, explicó que luego de las diligencias hechas por la FGR y el rescate de restos óseos, han vuelto a usar la cueva para arrojar cuerpos y basura, por lo que trabajarán con los miembros de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes los estarán acompañando durante toda la jornada de búsqueda.
Indicó que en Coapango, es muy habitual que vayan “ir a dejar restos a esa cueva, hay como otros seis puntos, que también son cuevas en esa zona, hay que explorarlas y por eso venimos con rescatistas para hacer esa labor”.
Y por esta razón, la brigada de búsqueda se extenderá por varios días, siempre acompañados y resguardados por la Policía Federal y el Ejército, en puntos específicos que les han informado.
Por otro lado, informó que, derivado de estas brigadas de búsqueda, se han recuperado siete cuerpos en Coapango y uno más en una fosa en Huitzuco; además de que a esto se le sumarán los restos que rescaten en los próximos días.
“Tenemos que explorar las zonas donde nos han dado información de fosas clandestinas para poder llegar a puntos específicos para que también la Fiscalía no haga gastos innecesarios y haga puntos precisos, en esta zona ya se había descubierto lugares previamente identificados”, indicó.
Antes de finalizar, pidió a la población que “tal vez tengan miedo de dar información de puntos precisos en donde se puedan encontrar cuerpos, si saben y van a una iglesia nos dejen recados en las alcancías de las iglesias con un mapa a mano donde nos indiquen lugares donde haya fosas clandestinas y nosotros podamos contrastar esa información”.
Considera que violó el derecho a la consulta de las comunidades originarias que no están de acuerdo con la construcción del aeropuerto
Tecámac.-El Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua (FPODA) de Tecámac y Zumpango demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno federal porque consideran que violó el derecho a la consulta de las comunidades originarias que no están de acuerdo con la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
La inconformidad que presentarán incluye también violaciones al derecho al agua y a tener un ambiente sano en la región, donde mañana iniciarán las obras del aeródromo.
El dirigente del FPODA, Ricardo Ovando Ramírez, consideró que existe complicidad entre el Poder Judicial y la Federación para que un juzgado federal haya revocado la última suspensión que impedía la realización del proyecto aeroportuario que impulsa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La demanda contra el gobierno mexicano está sustentada por la violación al derecho a la consulta de los pueblos originarios que, según el Convenio 169 de la OIT, en armonía con los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución, obliga al Estado Mexicano a realizar una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en determinaciones gubernamentales, situación que no ha ocurrido en lo más mínimo”, denunció.
La demanda será interpuesta a través del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y se espera que además del FPODA otras agrupaciones sociales se sumen a la propuesta.
“A lo mejor la oposición jurídica de momento se cayó, pero ahora lo que el Frente va hacer es que el conflicto jurídico escale a nivel internacional, dado que lo que vemos nosotros es que es muy difícil que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda atraer el caso.
“Ante su avallasamiento y complicidad de los órganos jurídicos vamos a recurrir a órganos internacionales”, anunció Ricardo Ovando.
México. Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur anunciaron paro activo y una manifestación para exigir justicia y seguridad por el caso de abuso sexual en contra de una sus estudiantes la semana pasada.
En asamblea los estudiantes acordaron realizar un paro activo programado este viernes y un paro total de 12 horas el próximo lunes, esto como medida de presión para exigir a las autoridades que presenten las grabaciones de las cámaras de seguridad del plantel.
Esto con el fin de ubicar a los culpables de la violación cometida contra una menor de primer semestre y la implantación de un protocolo de seguridad para la comunidad.
La Comisión Local de Seguridad del plantel informó que hasta el miércoles las autoridades no habían recibido ningún señalamiento directo sobre el hecho.
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y las autoridades reiteraron su disposición para trabajar con las instancias investigadoras y esclarecer los hechos.
El Tren Maya, el Corredor del Itsmo de Tehuantepec y los gasoductos de Morelos son megaproyectos que traerán desgracia a los pueblos indígenas, alertaron hoy activistas, especialista e indígenas, quienes precisaron que estos implican expropiación y devastación de territorios, violaciones a la autonomía de las comunidades originarias, además de riesgos a las formas de vida popular y violencia ejercida tanto por particulares como por el Gobierno.
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Tres megaproyectos, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Proyecto Integral Morelos (PIM) “fortalecen la violación a los derechos de los pueblos indígenas” con la ocupación de sus territorios, de acuerdo con los ponentes del foro “Derecho de Réplica” de la organización DesInformémonos.
Hoy en día los pueblos están amenazados “por dónde se les vea”, porque son los dueños de las grandes reservas naturales del país, en momentos en que el Gobierno busca desarrollo a través de proyectos que sólo producen “depredación” que pone en riesgo al país, explicó el periodista Hermann Bellinghausen.
Los activistas explicaron que previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República existía una suerte de esperanza. La situación del país no cambiaría del todo, pero al menos los pueblos indígenas podrían descansar. “Se pensaba que no nos matarían tanto”, dijo la lingüista mixe Yásnaya Aguilar.
Pese a la promesa, la opresión y la sangre siguieron su curso, acusaron los ponentes.
De acuerdo con Aguilar, la primera transgresión fueron las consultas populares. Aunque las comunidades indígenas no se oponen al progreso, consideró que debió respetarse la autodeterminación de los pueblos para que realizaran su propia consulta y, posterior a ella, generaran un acuerdo con el Gobierno. En cambio, explicó que las autoridades impusieron una consulta que no representó la voz de todos los pueblos.
Además de la autodeterminación, la lingüista consideró que hoy existe una “lucha por la vida”, ya que los usos y costumbres de los pueblos indígenas están en riesgo con la llegada de proyectos que aunque velan por la inversión y el desarrollo, se apropian de la herencia cultural de los pueblos [como el territorio] a través de “simulaciones” [como las consultas].
Teresa Castellanos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), confirmó la existencia de agresiones relacionadas con el PIM, en Morelos, Puebla y Tlaxcala.
“Una parte de lo que está pasando en mi comunidad [en Morelos] son las agresiones totalmente del mismo Presidente de la República”, lamentó.
López Obrador no sólo “amañó” la consulta pública. Los activistas “estamos viviendo lo que pasó con el compañero Samir”.
El 20 de febrero de 2019, el activista en contra del PIM, Samir Flores Soberanes, fue asesinado a balazos afuera de su casa en el poblado de Amilcingo, Morelos.
Para Castellanos, el asesinato no sólo ha generado “encabronamiento” en las comunidades con el Gobierno en turno. También refleja que México “no está creciendo” y que las autoridades le “están dejando el país a los grandes empresarios” mientras que, a los pueblos indígenas “nos están dejando sin nada”.
EL NEOLIBERALISMO SIGUE
Para Bettina Cruz, aunque el Jefe del Ejecutivo diga que el neoliberalismo ya se acabó, existe despojo por parte de los “poderes del capitalismo”.
Uno de los “sueños” más viejos de los potentados y de quienes se han ostentado como dueños del país, entre ellos políticos y empresarios, ha sido el Corredor Transísmico.
Para la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) se trata de un proyecto tan viejo como el país, y poco inclusivo por su propósito: producción a pesar de los pueblos indígenas que exigen su derecho de réplica.
“Este proyecto viene a querer quitarnos todo lo que tenemos”, dice. No sólo afectará a Oaxaca y Veracruz. También tendrá consecuencias en Chiapas y Tabasco.
Para Bettina Cruz, aunque el Jefe del Ejecutivo diga que el neoliberalismo ya se acabó, existe despojo por parte de los “poderes del capitalismo”. Foto: Efrén Flores, SinEmbargo.
De acuerdo con Bettina Cruz, el Corredor, así como el Tren Maya y el PIM “son tres proyectos que no podemos verlos aislados”, porque “se busca construir una plataforma logística de producción e inversión” que arrasará con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Aunque el proyecto podría conectar las costas mexicanas y generar espacios comerciales en los que converjan mercados americanos, asiáticos y europeos, Cruz recordó que el riesgo parte de la imposición de proyectos y no de un acuerdo democrático, como se hace creer.
Para ella, las experiencias anteriores dicen mucho.
“En Veracruz habrá fracking en Coatzacoalcos y un nuevo gasoducto” que complemente el de SalinaCruz-Coatzacoalcos, explicó. Las nuevas obras traerán progreso a costa de la devastación. Bettina Cruz refirió que ya hay dos mineras en la zona de los Chimalapas y Juchitán, además de los más de 10 parques industriales, puertos, carreteras y una línea de transmisión que ya existen en la región y que fueron construidos sin consulta y a pesar de la autonomía de los pueblos originarios. Eso es lo que otra vez se avecina: devastación –explicó.
EL TREN DEL DESPOJO
“Las consultas que se han hecho son una verdadera tomadura de pelo”, dijeron los activistas del foro.
El Tren Maya y las dos centrales termoeléctricas del PIM fueron supuestamente avalados por las comunidades en donde serán construidos, con 89.9 y 59.5 por ciento de aprobación, de acuerdo con las consultas populares de 2018-2019.
Acerca del Corredor Interoceánico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril que “ya se hizo la consulta y [que] la gente está a favor”. Pero ese mismo mes, al menos 12 pueblos de Oaxaca y Veracruz —Afromexicano, Ayuuk, Binnizá, Chinanteco, Chontal, Ikoots, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Popoluca, Totonaco y Zoque— se pronunciaron en contra del proyecto.
Para los activistas del foro “Derecho de Réplica”, el reordenamiento territorial y los megaproyectos de infraestructura implican “desplazar las actividades que la gente tiene para sobrevivir”.
En el caso del Tren Maya, Heber Uc, integrante del colectivo de semillas Much’ Kanan I’naj explicó que se trata de una obra que va más allá de la infraestructura y la inversión, que tendrá graves consecuencias en la región de la Península de Yucatán.
El “Tren del despojo” —como lo llamó— no es un medio de transporte sino un proyecto de inversión y de infraestructura de mil 500 kilómetros de recorrido a lo largo de 15 estaciones, cada una con “subcentros de desarrollo turístico con capacidad para 50 mil personas”.
Tres megaproyectos, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Proyecto Integral Morelos (PIM) “fortalecen la violación a los derechos de los pueblos indígenas” con la ocupación de sus territorios, de acuerdo con los ponentes del foro “Derecho de Réplica” de la organización DesInformémonos. Foto: Efrén Flores, SinEmbargo.
De acuerdo con Uc, los legisladores han creado leyes que permiten la explotación de territorios antes protegidos, con lo que la Península ha cambiado de manera irreversible.
Hoy, enormes lagunas que pertenecían a pueblos indígenas fueron convertidas en centros turísticos. Eso mismo pasará con la llegada de los subcentros, lamentó el activista.
La zona de Bacalar y las regiones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han sufrido un proceso indiscriminado de “mercantilización”. Lugares donde los gobiernos siguen aplicando políticas para proteger la naturaleza, pero que más bien acaban con el territorio.
Como ejemplo, Heber Uc mencionó las consecuencias del Programa Sembrando Vida, entre las que contó deforestación por la siembra de plantas y productos que no son nativos de la región, como sucedió en el ejido de Juan Sarabia, en Quintana Roo.
Sin embargo, Uc acusó que el llamado progreso gubernamental ha traído consigo violencia, una circunstancia que no será ajena después de la construcción del Tren Maya. Como ejemplo recordó que la Riviera Maya —sobre todo Cancún y Playa del Carmen— es la zona con mayor violencia desde la llegada del turismo y del crimen organizado.
“El turismo es preocupante en Bacalar. […]. El nivel de violencia se triplicó con el anuncio del Tren Maya. Sólo la semana pasada mataron a tres personas”, denunció el activista.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que pretende implementarse en los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.
Los pueblos, que recibieron el respaldo del Consejo Tiyat Tlali y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, acusaron que el juez Miguel Arroyo Herrera está revictimizando a los pueblos originarios de la entidad.
Por su parte, el juez arguyó que negó el amparo por considerar que la consulta indígena que la Secretaría de Energía (Sener) realizó en 2015, cumplió con los estándares en la materia, determinando que fue previa, a pesar de que los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, seis años antes de dicha consulta.
Asimismo, el juez estimó que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute para tener por cumplido el estándar, contraviniendo el marco internacional que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones.
Para Fundar resultan preocupantes algunas de las afirmaciones del juez en su sentencia, entre ellas que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades indígenas deben ser consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos sobre su entorno”.
Lo anterior, aseveró, debido a que es contrario a lo dispuesto por la Corte, quien ha señalado que cuando se trate de proyectos de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación no sólo de consultarles, sino también de obtener su consentimiento previo, libre e informado.
En ese sentido, Fundar afirmó que la interpretación que hace el juez sobre los impactos significativos restringe el derecho a la consulta.
Además, señaló que el Juzgado niega el amparo desestimando las afectaciones a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental elaborado por Procuraduría General de la República (PGR), el cual establece que el Proyecto Hidroeléctrico tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
En la sentencia, afirmó que el juez omite el análisis de este peritaje, pero sí retoma los peritajes ofrecidos por la empresa beneficiaria del proyecto y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos en la población.
Fundar aseveró que uno de los puntos centrales de la demanda de las comunidades es la inexistencia de un interés público en la autorización del proyecto; sin embargo, sostuvo que el juez afirma con contundencia que el proyecto les beneficia, sin dar razonamiento alguno.
Esto, agregó, a pesar de que el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía establece expresamente que la energía a generarse deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios de la empresa beneficiaria Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.
Finalmente, señaló que las comunidades también reclamaron a las autoridades no haber efectuado un estudio de impacto social previo al otorgamiento de los permisos, el juez no reconoció la existencia de esta obligación internacional, a pesar de que se encuentra establecida para México desde 1991 en el Convenio 169 de la OIT, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de los años 2007 y 2008.
“La sentencia dictada constituye una muestra más de una política de Estado que ha buscado despojar de sus derechos y de sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas”, afirmó.
En acompañamiento a las comunidades demandantes, advirtió que seguirán pugnando porque el Poder Judicial Federal cumpla con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos y colectivos.
En una carta enviada al mandatario jalisciense, los pueblos de la barranca hicieron un reporte detallado de las afectaciones que sufre cada uno de las seis cuencas y subcuencas referidas
Zapopan, Jalisco.
Los pueblos de la barranca del río Santiago solicitaron ahora al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el saneamiento de los ríos Achichilco, Blanco, Agua Prieta, Agua Zarca-Los Camachos, La Soledad y Milpillas, los cuales se localizan en el municipio de Zapopan.
Los representantes de las localidades rurales de Zapopan han hecho ya el reclamo ante el alcalde Pablo Lemus Navarro, para que evite el derrame de lixiviados de los basureros de Picachos y Hasar’s, los cuales contaminan los ríos Milpillas y La Soledad, lo cual se acreditó en una visita realizada el pasado jueves 10 de octubre.
En una carta enviada al mandatario jalisciense, los pueblos de la barranca hicieron un reporte detallado de las afectaciones que sufre cada uno de las seis cuencas y subcuencas referidas.
Explicaron que el río Milpillas está devastado por lixiviados de la basura de Picachos y Hasar’s, los cuales reciben a diario 2 mil 600 toneladas de desechos. También sigue emanando lixiviados (jugos tóxicos de la basura) el basurero cerrado de El Taray. A ese afluente del río Santiago, llegan también las descargas residuales del fraccionamiento Montechello y las descargas de granjas de cerdos.
Otro río contaminado es el de Los Camachos, el cual recibe las aguas negras de los fraccionamientos de alta densidad, Ara, Valle de los Molinos I y II y otros asentamientos, donde en conjunto habitan alrededor de 80 mil personas.
Los habitantes que suscriben la petición dirigida a Alfaro Ramírez, piden al gobierno de Jalisco que se hagan visitas de inspección de las procuradurías Estatal y Federal de Protección al Ambiente (Proepa y Profepa), para que levanten actas de sanción bajo el principio “el que contamina, paga”.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro). – Tras una negociación con autoridades, 11 de los 12 activistas detenidos por policías municipales por oponerse al retiro de árboles para ampliar la Calzada Guadalupe en este municipio fueron liberados.
La ampliación es una obra de la administración municipal encabezada por el ex diputado federal panista Luis Alberto Villareal García.
En un operativo encabezado por el titular de la dependencia, Jorge Ignacio Luna, policías municipales arrestaron a 12 activistas del movimiento denominado #41arboles.
La periodista Ana Luz Solís, que cubría el desalojo, fue jaloneada por dos elementos de seguridad pública, para impedir la cobertura noticiosa.
Por medio de un comunicado en la página oficial del movimiento, se informó que 11 de los detenidos fueron liberados después de una negociación entre los familiares y las autoridades.
La condición para su liberación fue que no regresaran a manifestarse y en caso de faltar al acuerdo serían detenidos por 72 horas y sometidos a proceso penal.
“Estamos sumamente preocupados por Omar, nuestro compañero sigue detenido debido a que las autoridades se opusieron a darle libertad.
Gracias a la negociación de los familiares e integrantes del movimiento preocupados por las 12 personas que fueron arrestadas, 11 lograron salir”, consigna el desplegado oficial del movimiento.
Por su parte el gobierno municipal consignó que los dos extranjeros detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria.
“En el caso de las dos personas extranjeras detenidas (una colombiana y un alemán), su situación legal quedó en manos del Instituto Nacional de Migración, entidad que será responsable de determinar lo conducente”.
En el sitio de la obra, activistas se mantienen vigilando las obras, sin interponerse, también policías municipales con binomios caninos resguardan la seguridad del movimiento de trasplante de los árboles de las especies, ficus, jacarandas, laureles de la india y castaños
De acuerdo a publicaciones en redes sociales, trabajadores de la empresa Egeos Ambiental, han estado trasplantando los árboles sin la técnica adecuada, cortando las raíces a machetazos.
La empresa cobrará 8 mil pesos por el trasplante y traslado de cada uno de los 8 árboles.
os gigantes del Desierto de Sonora, en los límites entre Lukeville, Estados Unidos y Sonoyta, México, son las primeras víctimas del muro de Donald Trump.
Maquinaria pesada arrasa con los emblemáticos saguaros para abrir paso a una valla de nueve metros de altura, que forma una profunda cicatriz entre las reservas ecológicas del Organ Pipe Cactus National Monument y la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.
Ejemplares de una especie endémica y en peligro de extinción, que puede vivir más de 175 años y alcanzar alturas de 16 metros, yacen en la arena aplastados por trascabos, documentó Kevin Dahl, integrante de la Asociación para la Conservación de Parques Nacionales en Arizona (NPCA, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, imágenes difundidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU pretenden demostrar que son trasplantados exitosamente para asegurar su supervivencia.
La obra, que inició el 22 de agosto, avanza conforme a lo planeado, sin que, hasta ahora, los recursos legales interpuestos por organizaciones de la sociedad civil hayan prosperado, reconoció Laiken Jordahl, campañista del Centro para la Diversidad Biológica en Arizona, quien dio a conocer que se instalaron 70 secciones del nuevo muro en la zona.
Las excavadoras podrían dañar, además, 22 sitios con patrimonio arqueológico en EU, de acuerdo a un informe interno del Servicio de Parques Nacionales obtenido por The Washington Post.
El reporte advierte sobre el riesgo de destrucción que corren vestigios enterrados como herramientas de piedra, fragmentos de cerámica, refugios de roca y grabados de culturas milenarias, como la nación Tohono O’odham, que sigue teniendo presencia en ambos lados de la frontera.
Mientras tanto, las empresas constructoras siguen bombeando agua del subsuelo para hacer la mezcla de grava y cemento, lo que podría acabar con Quitobaquito, un oasis en el Desierto de Sonora.
“El muro fronterizo también pone en riesgo ecosistemas mexicanos, específicamente ese paisaje que vemos en el nuevo billete de 200 pesos, que es la Reserva de la Biósfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, también patrimonio de la humanidad”, dijo Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica.
Los datos
En la biósfera existen especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción, como el berrendo de Sonora, el borrego cimarrón, el monstruo de Gila y la tortuga de desierto.
La extracción de agua podría acabar con el oasis de Quitobaquito.
Buscan que el gobierno pida a la Unesco considerar la biósfera como Patrimonio en Peligro.
epic, Nayarit.-
El líder de la Sección XX del SNTE, José Manuel Ávila Torres, declaró: “Ya ocupamos cobrar nuestro dinero que nos debe el gobierno del estado, desde la anterior administración que encabezara el Exgobernador del sombrero, el priista, Roberto Sandoval Castañeda, y que el actual gobernador Antonio Echevarría García, no ha querido pagarnos, porque ya son casi dos largos años de su arribo a dicha responsabilidad y aún, no nos ha pagado, a pesar de que habíamos pactado un compromiso de pagos que no se han cumplido y que ya nos urge se cumplan a cabalidad y esperamos que antes de que termine este ciclo lectivo 20l8-20l9 se nos paguen nuestros dineros que son alrededor de SETENTA MILLONES DE PESOS que nos deben, que nos tienen que pagar porque es nuestro dinero y no queremos que estos pagos sigan atrasándose porque si siguen sin pagarnos vamos a tener que cobrar intereses porque son muchos millones de pesos que andan volando o que han estado jineteando, es nuestro dinero, es de la Sección XX del SNTE y de nadie más.
Sabemos que es deuda que se viene arrastrando desde la anterior administración estatal, que encabezara el exgobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda de extracción Priista y que ahora el actual Gobernador que ya tiene dos largos años de haber asumido el poder, y que es de extracción Panista, sigue sin pagarnos y no entendemos el por qué, ya que habíamos acordado un programa de pagos que no se han estado cumpliendo y ya ocupamos que nos pague porque si siguen ignorándonos vamos a tener que aplicarles INTERESES porque son muchos Millones de pesos que están jineteando que no nos han pagado y que como es normal Generan intereses sobre intereses y el gobernador tendrá QUE HACER UN GRAN ESFUERZO PARA PAGARNOS”.
Lo ha señalado muy firme el líder estatal de la Sección XX del SNTE el profesor, Manuel Torres Ávila, en que esta deuda tiene que cubrirse antes de que termine este 20l9 que ya está aquí a “la vuelta de la esquina”.
El líder agregó: “Porque nosotros hemos sido pacientes, consientes y respetuosos con el gobierno, sin embargo, creemos que ya es tiempo de que se nos cubra todos estos adeudos y esperamos que el gobernador se aplique, se sensibilice para que ya se cubra dicha deuda y todos transitemos en armonía porque es nuestro dinero, que ya debemos de cobrar porque ya no podemos esperar más tiempo, ya son dos largos años de esta administración y más de un año de la anterior, bueno pues creo que ya está bueno y que ya tienen que pegarnos porque es dinero que necesitamos para seguir trabajando en bien de la educación del pueblo todo de Nayarit”, puntualizó.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigió esclarecer “el cobarde asesinato” de su compañero Isaías Cantú Carrasco, integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), quien desde hace siete años emprendió una lucha contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biosfera en la región.
En un comunicado, los miembros de la REMA denunciaron que, desde el crimen del defensor de la naturaleza en la montaña de Guerrero, el pasado viernes 11, no han obtenido información sobre lo ocurrido y tampoco se sabe nada de los responsables del crimen.
Por ello, se sumaron a la exigencia de esclarecer de manera pronta y expedita el asesinato del defensor del pueblo Mè’phààà y castigo para los culpables. Además, enviaron sus condolencias a la familia.
El viernes pasado Cantú Carrasco, quien también fungía como comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero, en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, fue asesinado por arma de fuego cerca de la comisaría de la región.
Estudiantes de esta facultad denuncian que vienen siendo llamados al jurídico de la facultad en un intento de avanzar en la criminalización a la comunidad por parte del director
Como en las peores épocas del PRI, al menos media decena de compañeros de la facultad que son parte de la Asamblea General de la FES Acatlán, han sido llamados por las autoridades para presentarse en el jurídico para comparecer por haber participado en el paro que se votó masivamente en la explanada central con el fin de conmemorar la masacre estudiantil del 2 de octubre.
El director de la facultad Manuel Martínez Justo, junto con la secretaria general académica Nora del Consuelo Goris y funcionarios como Claudia Márquez Díaz, son quienes están detrás de este intento de amedrentar a estudiantes que se organizan para cuestionar la antidemocracia universitaria.
Los estudiantes están siendo llamados para comparecer supuestamente por las acciones que se llevaron a cabo durante las noches del paro como pintas o vidrios rotos, de las cuales la propia Asamblea General se habría deslindado a través de comunicados.
Es decir que queda claro que, quienes están siendo llamados al jurídico nada tuvieron que ver con estas acciones (no hay forma de probar lo contrario) y lejos de ello lo que se busca es perseguir a sectores de la comunidad que en otras ocasiones han señalado el manejo turbio de las finanzas en la facultad, los altos sueldos de los funcionarios y la actitud despótica y antidemocrática de las autoridades.
Sin embargo, los estudiantes han informado que no van a parar de organizarse y harán todo lo necesario para denunciar públicamente esta violación a sus derechos universitarios y a su derecho fundamental de manifestación.
Una muestra más de la forma en que funcionarios y directivos de la UNAM, quienes han sido acusados de tener vínculos con el PRI en distintas ocasiones, utilizan la represión política contra sus opositores y hacen cualquier cosa para intentar impedir la organización democrática de la comunidad.
*Yucuquime de Ocampo se separa de Tezoatlán de Segura y Luna. *Su decisión se hace en el marco de la campaña Samir Flores Vive.
Oaxaca, Oax.- En el marco de la campaña “Samir Flores vive”, el pueblo mixteco de Yucuquimi de Ocampo se declaró “municipio indígena y libre” este sábado 12 de octubre de 2019 a las 13 horas con 48 minutos porque “cuando un pueblo despierta de esa oscuridad, uno puede volver a sus orígenes, a dignificar su gente, a devolverles la confianza que les fue arrebatada de la manos”.
Los habitantes de Yucuquimi de Ocampo decidieron separarse del municipio de Tezoatlán de Segura y Luna y “conformarnos constitucionalmente como un municipio indígena libre, sustentado en el artículo 2 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y en los acuerdos de San Andrés Larráinzar”.
Yucuquimi significa ‘cerro de la estrella’ en mixteco, tiene una población de dos mil 260 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) y el 99% de la población son hablantes activos del mixteco o Tù’ùn Dàò (lengua de la lluvia).
Los mixtecos celebraron con autonomía con un acto cívico, un festival y una comida porque “durante años nuestros pueblos originarios han sido discriminados por los gobiernos y los grupos de poder la clase política”.
Insistieron que la “opresión y despreció sigue siendo hasta el día de hoy y se nos sigue negando muestra dignidad y atentando contra nuestros derechos, debido a intereses de unos cuantos, tanto a nivel municipal, estatal como federal”.
“La propaganda de medios de comunicación como televisa y el gobierno nos muestra como ‘orgullo nacional’, pero en realidad se nos desprecia y margina, nos trata como racismo”, añadieron en un comunicado.
Su afirmación la soportan en que “para los gobiernos somos ignorantes, la mirada de los políticos quienes solo quieren vernos bailar y mostrando nuestros trajes típicos. No quieren que alcemos la voz, no quieren que nuestros pueblos y nuestra cultura sigan de pie, no quieren que luchemos y resistamos por nuestra autodeterminación y por nuestra libertad”.
Subrayaron que “lo que quieren es vernos muertos, vendernos como productos, nos quieren encasillar en espacios destinados al olvido, en museos. Sin embargo seguimos vivos y seguimos haciendo historia que marca al país, que nunca podrán callar porque siempre quedara en la palabra y en nuestro pensamiento que se transmite gracias a toda nuestra gente valiente que lucha por los pueblos de la región mixteca y de México”.
El pueblo mixteco lamentó que “son tantos años en la oscuridad que uno puede perderse en el camino; son tantos años que uno pierde la esperanza en uno mismo; son tantos años que uno puede olvidar, son muchos años buscando sin encontrarnos, pero cuando un pueblo despierta de esa oscuridad, uno puede volver a sus orígenes, a dignificar su gente”.
Y “Yucuquimi de Ocampo está demostrando que todos podemos soñar y construir un mundo diferente, uno más justo, uno más igualitario donde la diferencia pueda coexistir un mundo donde quepan muchos mundos”.
“Cuando veo mi pueblo Yucuquimi, me anima a seguir adelante a resistir y a luchar, me exhorta pensar que hay una luz, una esperanza para nosotros y nosotras que nos acompaña para seguir peleando, y alzar la voz para visibilizar que no todo es Tezoatlán, Huajuapan, ciudad de Oaxaca, sino que son sus pueblos los que conforman al estado, somos muchos pueblos olvidados quienes continuamos la lucha de nuestros hermanos y hermanas a seguir por el reconocimiento de nuestros derechos”, puntualizaron.
Destacaron que “nuestras compañeras y compañeros vuelven a gritar al gobierno que existimos y que seguimos en pie de lucha por nuestro territorio”.
Además mandaron un mensaje a “todas la personas del país y pueblos originarios que hoy ven esto como un acto de rebeldía, decirles que nos manifestamos por defender nuestra dignidad y por nuestros pueblos que han sido olvidados en la oscuridad”.
Finalmente corearon: “¡Viva la dignidad y la libertad de los pueblos indígenas (originarios)!”, “¡viva Yucuquimi de Ocampo!”, “¡Nunca más un México sin nosotros!”,
Colima, México, Avanzada (14/10/2019).- Pese a tener una población de apenas 750 mil habitantes, Colima es el segundo estado con la tasa más alta de mujeres desaparecidas en el país; sólo es superado por Tamaulipas, de acuerdo a los Registros Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).
Aunque los datos anteriores corresponden hasta el mes de abril de 2018 y las cifras pudieron haber variado en estos últimos meses, es el registro oficial más reciente que se tienen en el tema de mujeres desaparecidas en el país.
De acuerdo a la información que se encuentra en el RNPED, hasta abril de 2018 había en Colima 181 mujeres desaparecidas, sin embargo, la Fiscalía General del Estadoreconoció que existen 55 mujeres que no han sido localizadas sólo de los meses de enero a junio de este año.
Con 181 mujeres desaparecidas hasta abril de 2018, Colima tiene una tasa de 50.2 por cada 100 mil mujeres, la segunda más alta del país. Tamaulipas, quien ocupa la primera posición, reportó mil 274 mujeres desaparecidas, lo que equivale a una tasa de 72.8 por cada 100 mil mujeres.
Jalisco, un estado con más de 8 millones de habitantes, registró 386 mujeres desaparecidas y su tasa fue de 9.6 por cada 100 mil mujeres, mientras que Michoacán contabilizó 232 mujeres desaparecidas y la tasa fue de 9.8 por cada 100 mil mujeres. Por su parte, Nayarit reportó 10 mujeres y la tasa es de 1.7 por cada 100 mil mujeres.
Lo anterior significa que Colima, siendo una de las entidades con el menor número de habitantes, tiene una tasa superior a la media nacional, la cual se ubicó en 15.2.
En la misma información se muestra que entidades como Baja California, quien tiene una población de 763 mil registra una tasa de 1.1 desaparecidas por cada 100 mil mujeres.
Chihuahua – Los cuatro pueblos originarios de Chihuahua, ódami, rarámuri, o’boa y warijó, han demandado al Estado el respeto a su autonomía, fuentes de empleo que les permita permanecer en su comunidad, y acceso a servicios básicos como agua y alimentos.
Aunque las necesidades varían por comunidad y etnia, estos tres temas han sido recurrentes durante el proceso de consulta que actualmente está en proceso en 20 municipios. Así lo dio a conocer el director de Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Martínez, quien destacó que en las comunidades existe un gran interés por participar en el desarrollo de políticas públicas.
AGUA Y ALIMENTOS, CADA VEZ MÁS ESCASOS
En algunas comunidades el problema es que llovió tarde, en otras, que el temporal llegó con granizo, al final el resultado es el mismo: la producción de alimentos no será suficiente.
Durante el proceso de consulta, detalló, todas las comunidades coinciden en que, de nuevo, el próximo año no tendrán suficiente comida. Uno de los municipios más afectados será Guadalupe y Calvo, específicamente en Baborigame.
“Vemos que en algunos lugares se secó el maíz porque no llovió a tiempo, hay otros en donde llovió, la milpa iba bien, pero el granizo lo tumbó. Hay preocupación porque se prevé una carencia de alimentos, otra vez”.
A esa problemática se suma la necesidad de acceder al servicio de agua potable cerca de sus casas, lo que les permitiría desarrollar huertos y corrales de gallinas para la producción de más alimentos.
Expresó que acercar el agua a las comunidades también les ayudaría a disminuir las enfermedades gastrointestinales que afectan principalmente a niños, niñas y adultos mayores.
DERECHO A LA AUTONOMÍA
En los recorridos del equipo de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) se han detectado situaciones como la intromisión de los ayuntamientos en el nombramiento de autoridades indígenas.
Uno de esos casos, explicó Martínez, es el municipio de Morelos, en donde las personas consultadas expresaron que es el Ayuntamiento el que nombra a los gobernadores indígenas.
Batopilas es otro caso similar. Ahí, la denuncia fue que la Coepi, antes Coordinadora Estatal de la Tarahuamara, hacía los nombramientos y, al llegar con la consulta, lo primero que les preguntaron fue cuándo iban a ir para elegir a sus autoridades.
En esa misma línea, una exigencia recurrente es el reconocimiento de su derecho a la autonomía en la organización interna de cada comunidad y el respeto al espacio común y a su territorio.
“Un común: la demanda al respeto a sus autoridades, a su propia forma de organizarse, sí hay interés de participar, de conservar su territorio y espacios comunes”.
EXIGEN FUENTES DE EMPLEO
Otra de las denuncias más sentidas entre las comunidades indígenas es la falta de empleo, lo que los orilla a migrar para salir adelante.
La principal preocupación, detalló él funcionario, es que al terminarse le programa de empleo temporal del gobierno federal, también perdieron una fuente de ingresos importante y la posibilidad de trabajar en proyectos que ayuden a las comunidades.
“El trabajo es una demanda fuerte. Dicen que no quieren salir fuera pero no les queda de otra. Les parecía, por ejemplo, que el programa de empleo temporal iba más acorde a los intereses y necesidades porque tenían un ingreso seguro”.
El impacto que han tenido las comunidades por la cancelación de programas federales con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se puede observar en el reclamo de los indígenas que iniciaron en junio con las marcha del hambre por trabajo.
La demanda de los representantes de 20 comunidades de Guachochi y Bocoyna, es que eliminaron programas como Procampo, Prospera, así como becas para las mujeres entre 45 y 55 años que ya no tienen hijos en edad escolar.
SOBRE LA CONSULTA
La consulta a los pueblos originarios inició en 2017 como parte del Plan Estatal de Desarrollo, el cual establece que se debe trabajar con respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
El objetivo, informó el director, es armonizar la ley estatal con los parámetros nacionales y los tratados internacionales que ha suscrito México, entre ellos el Convenio 169.
A la fecha se han realizado dos consultas. La primera fue para la reforma de los artículos 8, 9 y 10 de la constitución local, para ampliar el derecho a la participación y consulta.
La segunda corresponde a la ley de consulta, la cual esperan que sea el mecanismo que garantice a los pueblos originarios que tendrán voz y voto en los proyectos que les pueda impactar tanto positiva como negativamente, por ejemplo, el desarrollo de megaproyectos.
En la cancha del poder legislativo también hay una reforma al Código Municipal para que cada Ayuntamiento cuente en su estructura con una representación indígena.
“Hay interés de participar, vemos que el tema de consulta no es un tema prioritario en las comunidades, pero para quienes hacemos política pública deben marcarse bien los caminos. Sí el informar, sí el sensibilizar, pero también tienes que obligar a que se respeten los derechos y eso sólo lo vamos a lograr con la ley”.
Las reuniones se han realizado en las sedes que las comunidades han determinado en los municipios de Madera, Temósachi, Guerrero, Moris, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias, Meoqui, Parral, Balleza, Guachochi, Unique, Morelos, Batopilas,Carichí, Chihuahua, Juárez, Uruachi, Chínipas y Guadalupe y Calvo.
Israel Torre / Tribuna de la Bahía
Bahía de Banderas, Nay.- Aunque Bahía de Banderas no figura entre los municipios con mayor tasa de explotación infantil, según un mapeo realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2017, donde se encontraba en los municipios con menos casos, sí preocupa los primeros lugares que ocupa Nayarit a nivel nacional de 19.7% casos por arriba de la media nacional del 11% y el incremento de casos que se han dado en la zona centro y la zona costera.
La explosión demográfica que ha tenido Bahía de Banderas en las últimas dos décadas ha sido impresionante, por lo que también han crecido las problemáticas y una de ellas es el trabajo infantil, niños entre los 5 y 14 años se han visto en las calles ofreciendo mercancías en conjunto con sus padres o lo más grave solos en medio de cruceros peligrosos como los es el crucero de Mezcales. https://tribunadelabahia.com.mx/reconocen-incremento-de-explotacion-infantil/
Por Redacción / Sin Embargo, 14 de octubre de 2019
Activistas del colectivo “Salvemos 41 árboles” mantenían una manifestación pacífica desde el pasado 8 de octubre en la cual abrazaron los árboles de la avenida Guadalupe en San Miguel de Allende, Guanajuato, con el fin de evitar de que fueran retirados debido a la resolución del Gobierno del municipio de trasplantarlos.
El movimiento compartió un video en el que se observa a elementos de la Policía Municipal cuando jalonean y arrestan a un grupo de personas. Foto: Especial
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Activistas del movimiento “Salvemos 41 árboles”, el cual busca impedir que autoridades municipales de San Miguel de Allende, Guanajuato, retiren decenas de árboles de la Avenida Guadalupe, denunciaron que elementos de la Policía Municipal disolvieron con violencia una protesta que mantenían en el lugar donde se pretende quitar la vegetación.
Mediante una publicación a través de su cuenta de Facebook, el colectivo denunció que 13 de sus integrantes fueron detenidos de forma violenta por uniformados, hechos que quedaron captados en varias grabaciones difundidas en redes sociales.
Durante las primeras horas de este lunes, alrededor de la 01:00, el movimiento compartió un video en el que se observa a elementos de la Policía Municipal cuando jalonean y arrestan a un grupo de personas que se encontraban alrededor de un árbol para impedir que fuera retirado.
Gabriel Graniel Herrera / Foto: Tomada de Twitter/La Jornada Maya
Ciudad del Carmen, Campeche
Luego que el movimiento de huelga emprendido por el Sindicato del Personal Docente del Conalep del Estado de Campeche, fuera declarado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como improcedente, este lunes, más de 600 alumnos del plantel Carmen, regresaron a sus actividades educativas de manera normal.
El director del plante Ciudad del Carmen, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico (Conalep), José de los Santos Acosta Ocampo, explicó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, declaró como improcedente el movimiento de huelga, que mantenía suspendidas las actividades educativas, desde el pasado lunes.
Disponibilidad de diálogo
Expresó que desde ante del estallido de la huelga, la Dirección General en el estado del Conalep, ha mantenido la disponibilidad del diálogo, para que los docentes que se sientan agraviados por las disposiciones que se han tomado en oficinas centrales sobre el rebase de horas, puedan ser atendidos en la medida que el marco legal lo permita.
Señaló que este mismo lunes, se reunió con los profesores para determinar cuáles fueron los temas que no se abordaron durante la semana del paro laboral y de qué manera se habrán de adecuar los programas de estudios, para que puedan ser incluido y repuestos para lograr la regularización. “Hay que recordar que afortunadamente, solo se trató de una semana, en la que se mantuvo el paro laboral, por el retraso en los planes de estudios son de temas que se debieron abordar durante este lapso y que se recuperan con
facilidad”, asentó.
Acosta Ocampo significó que existe disposición por parte de los maestros sindicalizados, de llevar a cabo las acciones que sean necesarias para no afectar la preparación académica de los alumnos.
Presentaran nuevo proceso
Por su parte, Miriam Esmeralda Sánchez Madrigal, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato del Personal Docente del Conalep, explicó que la calificación de improcedente del movimiento de huelga, no se debió a que no les asista la razón, sino situaciones de forma, no de fondo.
Sostuvo que se trabaja en el análisis de los procedimientos, para volver a recurrir a las instancias laborales, para exigir lo que por derecho les corresponde, ya que el rebase de horas, se encuentra plasmado en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y debe de respetarse.
Integrantes de la APPM piden que la FGR atraiga la investigación / Cuartoscuro
Emmanuel Ruiz / El Sol de Curnavaca
Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos lamentaron que la investigación realizada por la Fiscalía del Estado no presente avances
A casi ocho meses del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, quien fuera uno de los principales opositores a la operación de la planta termoeléctrica construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Huexca, Yecapixtla, integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) lamentaron que la investigación realizada por la fiscalía del estado no presente avances.
De acuerdo con Teresa Castellanos Ruiz, integrante de la APPM y vocera del grupo Huexca en resistencia, la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha tenido resultados, por lo que recordó que la APPM ha exigido que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que tome el control de las investigaciones correspondientes.
Queremos que el caso pase a la federal, como lo hemos dicho, pero hasta ahorita no lo pueden pasar; y por eso es que estamos luchando y manifestándonos, expuso Castellanos Ruiz, quien encabeza el movimiento conformado por los habitantes de Huexca que se niegan a aceptar la operación de la termoeléctrica.
Samir Flores fue asesinado el pasado 20 de febrero en su casa, en el poblado de Amilcingo, del municipio de Temoac, sólo tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para que los ciudadanos de Morelos, Puebla y Tlaxcala se manifestaran a favor o en contra de la operación de termo. En aquella consulta, finalmente, la mayor parte de los ciudadanos votaron a favor.
Aún y cuando la Secretaría de Salud de Tabasco a través de la unidad jurídica tiene radicados expedientes de 2016 y 2017 por robo de medicamentos y están en proceso de resolución, fue hasta el 2019 que aplicó multas económicas que ascendieron a 598 mil 52 pesos.
La secretaria de Salud, Silvia Roldán informó que en un operativo realizado por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios se detectó la venta de medicamentos en cinco farmacias, los cuales habían sido sustraídos de los almacenes y hospitales del sector salud del estado de Tabasco.
Los negocios infraccionados están ubicados frente a hospitales públicos y son: la Farmacia Especialidades de Tabasco, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, frente al Hospital Juan Graham Casasús, municipio de Centro, a la cual se le aplicó una sanción de 241 mil pesos.
En la colonia El Recreo donde está ubicado el Hospital “Dr. Gustavo a. Rovirosa”, se aplicaron sanciones a la Farmacia Genéricos, a esta solo se le amonestó con un apercibimiento; en esa misma colonia, a la Farmacia Ether JC se le aplicaron dos multas en sus locales 182 y 212, la primera por nueve mil 672 pesos y la otra por 40 mil 300 pesos.
La Farmacia El Buen Samaritano, en la colonia Pueblo Nuevo, del municipio de Cárdenas, recibió un correctivo de 241 mil 800 pesos; se ubica frente al Hospital General de Cárdenas.
La Farmacia La Económica, de la colonia Centro, del municipio de Huimanguillo, se hizo acreedora a una multa de 64 mil 480 pesos; se localiza frente al Hospital General de Huimanguillo, en total los correctivos ascendieron a 598 mil 52 pesos.
La dependencia indicó que en el momento del operativo se aseguraron medicamentos e insumos médicos propiedad del sector salud; las medicinas aseguradas fueron metronidazol, bencilpenicilina, hioscina, cefalotina, paracetamol forte, acarbosa, entre otros.
La Secretaria de Salud Silvia Roldán indicó que para evitar el robo de medicamentos, se han instalado cámaras de seguridad en todas las farmacias y almacenes de los hospitales centrales, así también el personal de enfermería está llevando un control del material de curación por lo que se lleva un control minucioso de las entradas y salidas de los mismos.
El monto de la sanción no es ni el 0.01 por ciento del reciente gasto que se hizo en el mes de julio en la entidad para la compra consolidada de medicamentos la cual fue por 150 millones de pesos, con dinero del Seguro Popular.
“La vigilancia de la dirección de protección contra riesgos sanitarios es permanente, hasta el momento se ha podido contener este problema luego de las sanciones aplicadas por este hecho”, mencionó.
De acuerdo al reporte de la comunidad No al Huachicol de Medicinas, del total de reportes recibidos por entidad federativa, estos se concentran en su mayoría en la Ciudad de México y el Estado de México, después, se encuentran Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Estas cinco entidades acumulan el 54% de los casos reportados para el país. Las entidades con menos reportes de desabasto son Baja California Sur,
ISSET
El director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), Fernando Mayans Canabal, ventiló que personal de esa institución está involucrado en el robo hormiga de medicamentos, por lo que continúa siendo un problema para el ISSET..
“Estamos tomando las medidas necesarias para evitar que siga proliferando este ilícito el cual no será fácil erradicarlo”, añadió.
El funcionario manifestó que en el ISSET se está aplicando un sistema de control para ver desde quién vende la medicina y el paciente que lo consume.
ABASTO DE MEDICAMENTOS
La organización indicó en su informe que los reportes por desabasto de medicamentos se concentran en su mayoría en la Ciudad de México y el Estado de México, después, se encuentran Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Estas cinco entidades acumulan el 54% de los casos reportados para el país.
Las entidades con menos reportes de desabasto son Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo y Quintana Roo. La hipótesis detrás del bajo número de reportes en algunas entidades del país es el desconocimiento de la plataforma y su acceso y uso más o menos intensivo de la tecnología.
En esta tabla, Tabasco se sitúa en el lugar número 17 de entidades dónde no hay surtimiento de las recetas en el sector salud, con el 1.86 % del total de casos reportados a la plataforma.
En este sentido, las autoridades informaron que en segundo semestre del año el abasto de medicamentos en los hospitales públicos del estado está al 80 por ciento y finales de este 2019 se espera alcanzar un 90 por ciento de abasto, señaló el Subsecretario de Servicios de Salud en Tabasco, Manuel Adalberto Pérez Lanz.
Los medicamentos con los que cuentan son principalmente para tratar enfermedades como la diabetes e hipertensión que han ido a la alza entre la población de Tabasco.
En los hospitales de alta especialidad el surtimiento de recetas es del 60 por ciento, mientras que en el primer y segundo nivel de atención (centros de salud y hospitales generales), se sigue avanzando, por lo que ya no se vive la crisis que se encontró a inicios de esta administración.
Son 125 claves de medicamentos las que más emplea la institución en los centros de salud y 220 claves de los hospitales generales.
Los cerca de cuatro mil pacientes que viven con VIH en el Estado y que se encuentran registrados en la plataforma del Seguro Popular también tienen garantizados sus tratamientos antirretrovirales, además que el servicio de hemodiálisis que se brindan en los hospitales “Dr. Juan Graham Casasús” y “Dr. Gustavo A. Rovirosa”, se están prestando sin problemas.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advirtieron de la necesidad de cancelar los proyectos hidroeléctricos que no consideraron el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en Puebla, evitar la emisión de concesiones y permisos de uso de agua con fines empresariales y, garantizar la vida e integridad de comunidades, organizaciones y personas defensoras del territorio y de los derechos humanos.
El texto completo del pronunciamiento se publica a continuación:
Las organizaciones y colectivos que integramos la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Mesa DESCA) de Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. de la Universidad Iberoamericana Puebla, reconociendo las violaciones a derechos humanos que han sufrido comunidades indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el proceso de establecimiento de proyectos extractivos y/o de infraestructura en el estado de Puebla, nos dimos a la tarea de documentar estos casos, con la finalidad de visibilizar y generar una estrategia de incidencia para la defensa de los derechos afectados en cada situación.
Esta estrategia incluye la presentación itinerante del Informe sobre violaciones a los derechos humanos al territorio y al agua en Puebla presentado en el municipio de Coyomeapan el pasado 10 de octubre. En el informe se documentan los casos del Sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan y del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que se han pretendido instalar sin reconocer los derechos a la libre determinación, al agua, la tierra y al territorio de los pueblos indígenas afectados. Asimismo, en el intento de instalación, las comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han sufrido criminalización, hostigamiento, división y coacción en el proceso de defensa de sus derechos humanos.
Durante la implementación del Sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan (ahora suspendido), diversas personas defensoras del territorio recibieron amenazas, entre ellas José Luis Leiva Machuca , quien fue amenazado de muerte después de darse a conocer la sentencia que suspende el avance del sistema hidroeléctrico, a favor de la comunidad Huitzilatl, Coyomeapan, así como Sergio Rivera Hernández, quien se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto de 2018.
Los casos documentados en este informe dan cuenta del cómo las empresas con el aval del gobierno han generado violaciones a los derechos humanos y afectaciones al tejido social de las comunidades indígenas. Por lo anterior, quienes integramos la Mesa DESCA de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos, expresamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos y exigimos:
A la Secretaría de Gobernación Federal, A la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla:
1. Que, en el marco del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, se cancelen y no se autoricen permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y de los relacionados con el uso del agua a favor de empresas, y por encima de las necesidades comunitarias y regionales.
2. Garanticen la vida e integridad de las comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que han promovido la defensa de sus territorios en medio de la implementación de proyectos extractivos o de infraestructura, en especial de José Luis Leiva Machuca, e implementen medidas inmediatas y adecuadas para dar con el paradero de Sergio Rivera Hernández.
Al Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla:
1. Se abstenga de otorgar permisos de cambio de uso de suelo para proyectos extractivos o de infraestructura sin el consentimiento de las comunidades indígenas.
2. Se garantice la vida e integridad de las comunidades, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que han promovido la defensa de sus territorios en medio de la implementación de proyectos extractivos o de infraestructura, en especial hacia el defensor del territorio José Luis Leiva Machuca, beneficiario del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Atentamente: Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos en el estado de Puebla. Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular MIOCUP-CNPA MN . Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular, MASCIP-CNPA MN . Consejo TIYAT TLALI, Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio . IMDEC, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) . Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J.”
En la entidad hay 22 mil 990 casos de empleados en riesgos de trabajo, donde se ocupa el octavo lugar, y de ese total, el 28.3 por ciento terminaron con una incapacidad permanente, siendo seis mil 504 en su totalidad; con ello, la entidad ocupa el lugar uno a nivel nacional
Coahuila lidera a nivel nacional en enfermedades e incapacidades producto de los trabajos en la minería, denunció ayer la organización de Familiares de Pasta de Conchos citando datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la entidad hay 22 mil 990 casos de empleados en riesgos de trabajo, donde se ocupa el octavo lugar, y de ese total, el 28.3 por ciento terminaron con una incapacidad permanente, siendo seis mil 504 en su totalidad; con ello, la entidad ocupa el lugar uno a nivel nacional.
En términos de minería, la organización detalla que existen otras entidades donde se reportan serios problemas en la salud de los trabajadores; sin embargo, la diferencia en los registros con otros estados mineros, son “abismales”.
“En todos los estados mineros Chihuahua, Zacatecas o San Luis Potosí, existen registros de neumoconiosis, que tiene su origen en la inhalación de sustancias minerales como polvo de carbón mineral, grafito, fierro, o vegetales como polen o café. Sin embargo, en Coahuila la diferencia es abismal”, detalla la organización.
En los registros del IMSS, Coahuila contabilizó 887 casos de incapacidades permanentes por neumoconicosis, mientras que el segundo lugar Chihuahua, donde el IMSS atendió a 179 personas.
Asimismo, otra de las incapacidades permanentes detalladas fueron las de causas por hipoacuasias, con mil 441 casos, y después de las incidencias, Zacatecas ocupó el segundo lugar con 186 casos.
“La otra enfermedad que sale de las minas de carbón, es la hipoacusia o sordera por ruido. Nuevamente tenemos el primer lugar con mil 441 casos, seguidos por Zacatecas con 186. Es decir, hay una diferencia del 87.1 por ciento.
“Nuevamente podrán decir, los empresarios del carbón y el Gobierno de Coahuila que el ruido es inevitable, pero no dicen, que en la mayoría de las minas no se les entregan protectores auditivos adecuados”, expresa la organización.
En ese sentido, manifestó que dicha situación se abona dado que en los centros de trabajo, no se cuentan con las condiciones que prevengan afectaciones a la salud, cuestión que se ve reflejada en los altos números.
El ayuntamiento de Morena en Metepec acusa que detrás de los vecinos inconformes hay grupos políticos infiltrados.
La donación –vía comodato- de un predio del Parque “La Pilita” para instalar un cuartel de la Guardia Nacional, propició el desencuentro entre vecinos y autoridades de Metepec, Estado de México, porque colonos de La Pila se niegan a entregar áreas verdes a las Fuerzas Federales.
Tras la aprobación en cabildo, donde se le entrega a la Guardia Nacional una de las 10 hectáreas que comprenden el parque recreativo, pobladores y colectivos ambientalistas instalaron un plantón a las afueras de la zona verde de “La Pilita” para evitar el arribo de los elementos de seguridad.
Por un lado, los colonos inconformes dicen que el gobierno municipal nunca los consultó sobre esta decisión y exigen que si se le va a dar un espacio a la policía nacional que sea en otro lugar y no en el parque.
Guillermo Sánchez Garduño, integrante del movimiento “Abracemos el Parque La Pila”, denunció que este fin de semana la policía municipal trató de desalojarlos con actos intimidatorios.
Por su parte y a través de un comunicado, el ayuntamiento de Morena en Metepec acusa que detrás de los vecinos inconformes hay grupos políticos infiltrados para desestabilizar a la administración y evitar la llegada de la Guardia Nacional; incluso la alcaldesa Gabriela Bamboa aseguró que los disidentes habrían falsificado firmas para mostrar su descontento social.
La posesión de acciones –vía prestanombres– por parte del mandatario estadounidense y la pragmática decisión de emplearla como proveedora de material pétreo para el proyecto del Tren Maya hacen de la polémica empresa minera una “intocable” de la Cuarta Transformación
A punto de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del periodista Xavier Méndez Camacho, recuperamos uno de sus grandes reportajes, exclusivo para El Despertador, en el que desveló, además, el empleo de grava y arena procedente de Quintana Roo para levantar el muro fronterizo
CANCÚN.- La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica), dedicada a la extracción de material pétreo del suelo quintanarroense durante décadas, ha sido repetidamente señalada como uno de los grandes depredadores medioambientales de la región, pese a lo cual ha mantenido su actividad de manera impune a lo largo de los años, más allá de administraciones gubernamentales, incluso en tiempos de la Cuarta Transformación.
Un reportaje exclusivo del periodista Xavier Méndez Camacho para El Despertador de Quintana Roo, publicado el 22 de enero de 2018, exhibió los intereses de Donald Trump en la empresa minera, por medio de 300 mil acciones en manos de su prestanombres, la secretaria de Transporte estadounidense Elaine Chao, hecho que sería uno de los motivos de que la protección a la empresa depredadora continúe extendiéndose bajo el cobijo de Andrés Manuel López Obrador.
Calica, que exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava, es, de acuerdo con la investigación de Méndez Camacho, una de las proveedoras del gigantesco muro que el magnate metido a presidente levanta a lo largo de la frontera con México, por medio de la empresa Vulcan, de la cual es subsidiaria.
El proteccionismo del gobierno de la Cuarta Transformación, que bajo ninguna circunstancia está dispuesto a arriesgarse a una confrontación que signifique oponerse a los intereses de Trump, alcanzaría a cumplir la añeja pretensión de la minera, de ampliar el uso de suelo de más de mil hectáreas de reserva natural en la selva del municipio de Solidaridad, lo que obedecería también a la pragmática determinación de hacerse, a cambio, de los materiales pétreos que requerirá la construcción del mayor proyecto de López Obrador en el sureste de México, el Tren Maya, objeto a su vez de insistentes cuestionamientos por el impacto ambiental que generará en la región.
Recientemente, Calica ha recurrido a un “lavado de cara”, argumentando un “compromiso con la sustentabilidad y la comunidad que se ha traducido en un cambio de imagen y nombre a Sac-Tun”.
A fines de septiembre, Sac-Tun presentó su “Estrategia de Sustentabilidad Ambiental 2019-2021”, en la que, afirma, contará con la colaboración de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo, el Colegio de la Frontera Sur-Chetumal, Pronatura Península de Yucatán, Amigos de Sian Ka’an, Conservación y Biodiversidad, y la Universidad Autónoma de Querétaro.
En tanto los hechos sustentan las buenas intenciones, y se confirma que no se trata de una estrategia de la empresa para justificar, con la connivencia de las autoridades, el cambio de uso de suelo que tanto han buscado, a punto de cumplirse este 19 de octubre el primer aniversario del fallecimiento de Xavier Méndez Camacho, reproducimos a manera de homenaje su reportaje, cuya flamígera denuncia sobre la cínica impunidad con la que se imponen los grandes intereses cupulares, permanece tan vigente como entonces.
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Xavier Méndez Camacho
Especial para El Despertador de Quintana Roo
Los mexicanos pagaremos con sudor y lágrimas de nuestros trabajadores la desventura del muro fronterizo. Quintana Roo pagará con sus entrañas los cimientos, entrañas que ya no son nuestras, sino de norteamericanos.
¡El muro fronterizo ya lo estamos pagando!
Es y será construido con costillas de cuerpo mexicano cuyas entrañas pertenecen a los gringos.
Conocedor de que una de sus empresas en México (Calica S A. de C V.) surte y surtirá material para su construcción y explotará a trabajadores mexicanos para hacerlo, al igual que la recién adquirida por este grupo, Polaris Materials Corporation, compañía que atiende a mercados clave en la zona oeste de los Estados Unidos a través de operaciones estratégicamente situadas en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, Donald Trump desvergonzadamente tiene la certeza de que lo pagaremos… muy caro.
John A. Caddell, presidente de Caddell Construction, contratista de Vulcan, hizo varios de los prototipos del muro en octubre del 2017.
Calica-Trump
Calica (Calizas Industriales del Carmen) es la mayor exportadora a Estados Unidos de arena y grava mexicana.
Tiene concesión hasta 2037 para la operación de la terminal portuaria que sirve para carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos.
La terminal se localiza a la altura del kilómetro 282+600 de la carretera Chetumal-Cancún, dentro del recinto portuario de Punta Venado, municipio de Cozumel.
Entre los socios capitalistas de esta empresa que opera en la Riviera Maya desde 1986 y que cuenta con el material suficiente para seguir construyendo el muro de la ignominia, está nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald John Trump.
Calica es subsidiaria de Vulcan Materials Company.
Donald J. Trump es propietario de trescientas mil acciones de esta empresa en la bolsa de valores estadounidense aunque no están a su nombre.
Vulcan Materials Company forma parte del índice S&P 500 de la Bolsa de Valores estadounidense y tiene sede en Alabama.
Su prestanombres y defensora de sus intereses, según fuentes norteamericanas, es la actual secretaria de Transporte de los Estados Unidos, Elaine Chao.
Elaine Chao fue miembro de la junta directiva de Vulcan en 2015 y 2016.
Renunció a su puesto en la Junta Directiva de Vulcan después de que el Senado de Estados Unidos votó el 31 de enero de 2017 para confirmarla como Directora de Transporte pero decidió conservar más de trescientas mil acciones diferidas de Vulcan Materials pese a que representa un conflicto de intereses, de acuerdo a una investigación de Tom Scheck, reportero de AFM Reports, reportajes de investigación y documentales de radio de American Public Media.
Elaine Chao las conservó porque en realidad no son de ella, sino de Donald J, Trump.
De hecho, cuando Chao fue confirmada, renunció de inmediato a Vulcan incluyendo News Corporation e Ingersoll Rand, y también vendió sus participaciones en acciones relacionadas con compensaciones de esos consejos. Pero con Vulcan, en lugar de solicitar una ruptura limpia de la empresa, Elaine Chao optó por conservar las adjudicaciones de acciones.
Falta de ética
Richard Painter, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota que se desempeñó como el principal abogado de ética en la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, ha dicho que Chao usó su falta de juicio: “No creo que sea posible que Elaine Chao haga su trabajo como Secretaria de Transporte sin participar personal y sustancialmente en un asunto que tendrá un impacto directo y predecible en Vulcan Materials”, expresó.
Elaine Chao, de origen taiwanés, está casada con el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. A la fecha se ha negado a detallar sus declaraciones patrimoniales.
Las acciones de Vulcan Materials subieron a un máximo de 10 años en los días posteriores a la elección de Trump. Los inversionistas de la empresa, incluyendo a Donald Trump, están más que contentos porque se benefician de un paquete de infraestructura financiado con fondos federales.
La decisión de Chao de mantener sus privilegios en acciones en una compañía que podría beneficiarse de sus decisiones políticas, es más que evidente: beneficia los intereses de su patrón, Donald Trump.
Vulcan, que generó 3.5 mil millones de dólares en ingresos en 2017, se encuentra entre los mayores productores de agregados de construcción de Estados Unidos: piedra triturada, arena y grava. También produce asfalto y concreto premezclado.
Con los recursos naturales mexicanos para la construcción del muro, Vulcan se estaría llevando una fantástica bolsa, dado que las estimaciones del costo del muro fronterizo llegan a los 12 mil millones de dólares, con un posible desembolso de 10 mil millones sólo para cemento.
En los días posteriores a la elección de Trump, el precio de las acciones de Vulcan Materials subió 14 por ciento, hasta 119 por acción al día,
La palabra “infraestructura” y Vulcan comparten precios. Siempre que la secretaria de Transporte de los Estados Unidos Elaine Chao o el presidente Donald Trump hablan de infraestructura, las acciones de Vulcan Materials saltan.
Más de 250 millones de toneladas extraídas
Se estima que de los materiales pétreos millones que se extraen de Calica, un total de 6 millones de toneladas se exporta anualmente a los Estados Unidos.
A la fecha, ha extraído 250 millones de metros cúbicos, es decir 250 millones de toneladas.
Con ello arrasa con flora y fauna, vestigios arqueológicos de invaluable valor y lo que encuentre a su paso. Ninguna autoridad aduanera los supervisa, por lo que el lleva y trae de material de México a Estados Unidos crea suspicacias de contrabando, desde sustancias prohibidas hasta armamento para los cárteles mexicanos.
En los últimos dos años, según los registros de divulgación presentados ante el Senado de los Estados Unidos, Vulcan gastó millones de dólares en cabildeos para presionar al Congreso y al Departamento de Transporte de Estados Unidos para doblegarlos a sus intereses.
En México, representantes de la empresa empujan actualmente con el ayuntamiento de Solidaridad y otras autoridades para intentar cambiar el uso de suelo de la zona en Punta Venado al pasarlo de reserva natural a minero.
Se trata de más de mil hectáreas de selva pertenecientes al municipio de Solidaridad, en los predios conocidos como La Adelita y El Corchalito.
La empresa pretende seguir devastando y extrayendo material pétreo 17 metros debajo del manto freático, es decir, dos veces más de lo permitido, destruyendo y cambiando la orientación de los bancos de agua.
Se habla de que Calica ha ofrecido sobornos que podrían alcanzar los cinco millones de dólares para repartirlos entre autoridades mexicanas, a los vendepatrias, para cambiar el uso del suelo, el POEL. (Con información de Tom Scheck, reportero de APM Reports, reportajes de investigación y documentales de radio de American Public Media).
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¿Quién es Elaine Chao?
Elaine Chao, nacida en 1953, es una inmigrante taiwanesa que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica a los 8 años y se hizo ciudadana a los 19, según un cuestionario que envió al Senado de Estados Unidos.
Su padre, James Chao, fundó una compañía naviera. En 2008, le dio a Chao y McConnell, su marido y actual líder del Senado, entre 5 y 25 millones de dólares con lo que incrementaron su fortuna.
Se desempeñó como Secretaria del Trabajo desde 2001 hasta 2009 bajo la tutela de George W. Bush y Subsecretaria de Transporte desde 1989 hasta 1991.
También fue presidenta y directora ejecutiva de United Way of America y directora del Cuerpo de Paz.
Chao también ha trabajado en varias juntas corporativas, incluyendo Protective Life Corp., Centerra Group y Dole Food Co.
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Calica
La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., es una subsidiaria Mexicana de Vulcan Materials Company. Fue fundada en 1986, en tiempos del gobernador Pedro Joaquín Coldwell. En su origen pertenecía de forma conjunta a Vulcan Materials Company y el Grupo ICA, pero Vulcan Materials Company compró Calica al Grupo ICA en 2001. El puerto es uno de los de mayor calado en el Golfo de México y el Mar Caribe, está excavado en roca caliza, cuenta con una dársena de 200 m de ancho y 500 m de largo, convirtiendo la longitud del canal de acceso en 300 m. A este lugar arriban tanto cruceros internacionales como transbordadores locales. El puerto permite conectar el macizo continental con las diversas islas del Caribe Mexicano. Se encuentra a una distancia de 8 km al sur de Playa del Carmen. Calica actualmente cuenta con más de 400 empleados directos (norteamericanos y mexicanos) y 2,000 indirectos entre proveedores y contratistas.
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Calica depredadora
Desde 2015, el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), liderado por Araceli Domínguez, advirtió que la empresa pugnaba con las autoridades locales y estatales para que se aprobase la modificación del Programa de Ordenamiento Ecologico Local (POEL) de Solidaridad, así como las modificaciones de las Unidades de Gestión Ambiental de los predios La Adelita y El Corchalito, para la explotación y extracción de material pétreo por encima y por debajo del manto freático.
En tiempos de la administración municipal de Cristina Torres se hablaba de que la empresa ofrecía millonarias sumas a regidores para cambiar una Unidad de Gestión Ambiental de un predio en estatus de “conservación” para realizar explotación minera.
Las detonaciones para extraer piedra caliza dañan los ríos subterráneos, el corredor biológico del jaguar y otras especies protegidas, además de causar un daño al patrimonio arqueológico de la zona.
El 24 de enero de 2018, apenas dos días después de la publicación original del reportaje de Xavier Méndez Camacho en El Despertador de Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la clausura “de manera parcial temporal de las actividades de explotación del proyecto ‘Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático’ de la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., en los predios El Corchalito y La Adelita, en Solidaridad, Quintana Roo”; ello, “en razón de que de la revisión del expediente se concluyó que rebasó la superficie de explotación autorizada que es de 7 hectáreas anuales, lo cual da un total de 140 al año 2020, y se constató que la superficie excedente es por 2.15 hectáreas, es decir, a la fecha de la visita complementaria tiene una superficie de 142.15 hectáreas, por lo cual ya agotó la superficie de explotación”.
Sin embargo, a pesar de la clausura, todo siguió igual. El 9 de febrero, alrededor de las 13:00 horas, se escuchó una detonación, de acuerdo con denuncias del ambientalista Raúl Padilla, autor del documental “Erosión” sobre la depredación de la minera en las selvas de Solidaridad. Calica había vuelto a la carga, a sobreexplotar la tierra sin mayores obstáculos, aunque en teoría se mantenía sin operar, en estira y afloja con las autoridades municipales en busca de “un ordenamiento urbano y ambiental adecuado a la circunstancias” que les permitiera continuar con la explotación pétrea de ambos predios, en palabras de Ernesto Enríquez Castillo, director general de Calica.
Todavía en octubre de ese año, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain se manifestaba en contra: “Calica eternamente, ya lo sabemos, tiene ahí 35 o 40 años, yo no sé quién recibe, qué recibe y cómo lo recibe, lo que sí sé es que los efectos colaterales de Calica hoy dañan al municipio de Solidaridad, aunque pertenezca a Cozumel, pero está en el patio de mi casa y mi municipio, nuestro municipio, es el que está recibiendo el daño directo (…) en ese tema es un comité municipal y nuestra postura, al menos la mía, es negativa, me da vergüenza inclusive que sigan insistiendo”, dijo.
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El Corchalito y La Adelita en controversia
La empresa Calica se escuda, mediante oficio número D.O.O.DGOEIA.-0007237, de fecha 30 de noviembre del 2000, mediante el cual la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca le otorgó Autorización de Impacto Ambiental Federal con respecto a los predios El Corchalito y La Adelita, ubicados en el municipio de Solidaridad, con una vigencia de 20 años.
No obstante, hay dos antecedentes jurisprudenciales, que señalan que en materia de medio ambiente no aplican los derechos adquiridos por un permiso, ya que un derecho de índole particular no puede estar por encima del interés público y no se explica la preeminencia de un individuo cuando su status afecte de manera ostensible a la sociedad.
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Cozumel, en la mira de Trump
Los intereses del hoy presidente de los EEUU en la región datan de años atrás, a pesar de su antipatía manifiesta por México. Se dice incluso que durante el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, los primogénitos de Trump eran invitados especiales a los informes gubernamentales.
Durante el mes de mayo de 2011 en medios nacionales se difundió la noticia de que Cozumel corría el riesgo de convertirse en el Guantánamo mexicano, debido a un ambicioso proyecto en la costa oriente de la isla.
“Punta Arrecifes Resort”, era el nombre tentativo que llevaría el proyecto, que se conoció desde 2007 en Miami, pero que desató polémica hasta el año 2011.
El plan del emporio al que pertenece la famosa Trump Tower en la Quinta Avenida de Nueva York y casinos en Atlantic City, era totalmente exclusivo, por lo que se especulaba que una parte de Cozumel sería negada al libre acceso.
El plan maestro incluía una marina y un campo de golf, además de 3 mil habitaciones, una pista de aterrizaje para aviones privados, muelles y villas.
Las manifestaciones en contra se expresaron públicamente con marchas y la amenaza de salir a las calles a protestar por la devastación ambiental que se advertía, estuvo latente por años.
El riesgo de llevar a cabo este proyecto era alto, ya que es un sitio donde se absorbe de forma natural el agua dulce de la que depende toda la vida en la isla, tiene manglares, lagunas costeras, dunas, es santuario de tortugas y cuenta con extensas colonias de vegetación protegida por las normas oficiales mexicanas.
En septiembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaró área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la porción norte y la franja costera oriental, terrestre y marina de la isla de Cozumel.
Con este decreto prácticamente se sepultó el proyecto de Trump por conquistar Cozumel, quien posteriormente llegó a señalar a México como un país de corrupción, donde “tiene una demanda ganada que no ha podido cobrar”.
Cabe señalar también que, de acuerdo con una investigación realizada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Trump y su empresa DTTM Operations LLC obtuvieron en los últimos años el registro de 26 marcas para diferentes giros comerciales, todas ellas tramitadas directamente a nombre del magnate, una de las cuales, aún vigente, se denomina Trump Isla Cozumel. (Con información de Reporte Lobby y Aristegui Noticias)
Iván Cruz, Elsa Hernández y Cristina Hernández / El Universal
“Por minuto tienes que marcar aproximadamente seis u ocho productos. Por eso te dan una bonificación, y ya así me ayudaba a salir bien en la quincena”, dice Nohemí Rodríguez, quien fue cajera de una tienda Walmart. Ganaba 2 mil 200 a la quincena, ya incluía prestaciones y bonos.
Trabajó en la empresa durante cinco meses hasta que la despidieron cuando faltó porque se enfermó su hija y tuvo que llevarla al doctor. “Si te interesa más tu hija, entonces mejor quédate con ella”, fueron las palabras de su jefa cuando Nohemí se reincorporó algunos días después.
Ninguna otra empresa en México emplea a más trabajadores que Walmart. De acuerdo con el Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2018 de la propia empresa, ésta tiene 195 mil 571 empleados. Este país es, a su vez, uno de los más importantes para la compañía pues aquí cuenta con más del doble que en Brasil, India y China juntos. El número total de establecimientos que registró en México hasta 2018 fue de 2 mil 438; de ellas, mil 910 son Bodega Aurrera, 274 Walmart, 163 Sam’s Club y 91 Superama.
A diferencia del caso de Nohemí, Karen Pérez, también ex empleada de esta compañía, sí volvería a trabajar ahí porque, asegura, “tienen un ambiente laboral muy bonito”. Karen fue gerente de operaciones en una de las tiendas Walmart durante agosto de 2016 a octubre de 2018.
Se enteró del trabajo por una plataforma llamada OCC, donde publican bolsas de trabajo, mandó su Currículum Vitae (CV) y días después le llegó un correo para que fuera a una entrevista en el corporativo de la alcaldía Azcapotzalco donde se encargan de las contrataciones.
Le hicieron un examen psicométrico y una entrevista laboral. Quedaron de llamarla para el segundo filtro que era una prueba de inglés y una de matemáticas. Dos días después le avisaron que debía asistir a una junta con el comité formado por los gerentes de varias sucursales. Ese día por la tarde, le notificaron que había sido aceptada en la empresa.
Después de todo eso, todavía tomó una capacitación de dos días para conocer la historia y cultura de Walmart. Además de un curso de tres meses en una escuela de couching donde los asistentes deben hacer un proyecto tipo tesis.
Karen pasó los filtros y se quedó en Walmart Tepeyac que es considerada una de las tienda más grandes, “número uno”. “Decir número uno es también porque es la más pesada de todo el mundo”, dice.
Tenía un contrato por tiempo indefinido, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que el horario no era justo porque no coincidía con el sueldo. Su salario era de 18 mil 600 pesos. Les daban caja de ahorro, seguro y préstamos. En la gerencia no pagaban horas extras, únicamente a los “asociados” (cajeros).
La empresa, afirma Karen, solo les da un café y el pan que sobra de la tienda; el transporte y comidas eran pagados por su propia cuenta. “Fue una de las razones por las que salí de ahí. La cantidad de horas que se trabajan son extremas. Yo llegué a laborar hasta 27 horas seguidas. Son muy explotadores”.
Al preguntar a Walmart sobre esta situación específica, la empresa respondió que “si bien existen las horas extras, mismas que son pagadas conforme a lo que establece la ley, hay un límite de horas para estar dentro de las unidades.”
Karen trabajaba 10 horas fijas al día, según su contrato, pero le decían que “gerencia sólo tiene hora de entrada pero jamás de salida”. Cuenta que si alguna vez tenía la opción de salir conforme a su horario, le preguntaban que por qué se iba temprano: “Cuando menos tienes que estar doce horas diarias en la tienda”, decían sus supervisores.
Pese a lo anterior, la ex gerente afirma que hay empleados que llevan muchos años y tienen “muy bien puesta la camiseta. Te enamoras de la empresa. Es por eso que los demás te contagian”.
La brecha de ingresos
En la página Indeed, portal para postular a una vacante laboral, se afirma que hay trabajadores de Walmart cuyo salario empieza en mil 800 pesos quincenales, únicamente 17 pesos más del salario mínimo que es de 102.68 pesos, monto que además contrasta con los ingresos totales que generan anualmente por sus ventas.
Su director general, Doug McMillon, ha sido uno de los beneficiados por el aumento de los ingresos de la compañía. Tan sólo en 2017 cobró un sueldo de alrededor de 23 millones de dólares, equivalente a unos 444 millones de pesos, es decir, 37 millones al mes. Sólo con su salario, se le pagaría a 10 mil 277 empleados de Walmart.
Esta cadena minorista es la tercera compañía más importante en volumen de ventas en México, sólo por detrás de Pemex y América Móvil. Durante 2018, Walmart ingresó 503 mil 692 millones de pesos, cifra superior en 8% al del año anterior.
Walmart de México es más rentable que Walmart Inc., es decir, si bien la primera aporta a la segunda, la utilidad neta de la división nacional tiene un 6% sobre los ingresos, mientras que la utilidad de la corporación mundial es de 3%.
La bolsa de Nueva York, en Wall Street, calculó que en promedio un trabajador de esta empresa gana 31 mil pesos al mes, sin embargo hay que hacer la precisión que esta estimación está basada en los salarios de todo el personal del Walmart, ejecutivos, no ejecutivos, de Europa, Estados Unidos, México, Centroamérica… es decir, se juntan diferentes condiciones económicas.
Incluso suponiendo que los 195 mil 571 empleados de la tienda en México ganaran dicha cifra (31 mil pesos al mes), el corporativo gastaría en nómina aproximadamente 72 mil 752 millones de pesos al año, lo cual representaría únicamente el 14% de todas las ganancias que obtiene por sus ventas en esos 12 meses a nivel nacional.
En México, el 1.5% de los empleados de esta tienda son ejecutivos, mientras que la mayoría del personal, el 98.5% que equivale a 192 mil 715 empleados son cajeros, vendedores, ayudantes generales, gerentes, supervisores, entre otros. De los trabajadores, 191 mil 710 son permanentes y 3 mil 861 son eventuales.
A pesar de esta disparidad de ingreso al interior de la empresa, Walmart asegura a aspirantes y empleados que forman parte de un mismo equipo, de ahí el nombre de “asociados”. Si pasan las pruebas de contratación, muestran un video –de acuerdo con el testimonio de trabajadores y ex trabajadores– en donde dicen que “tú eres parte del negocio, no eres un empleado sino un ´asociado´ y por lo tanto si crecen ellos ‘creces tú’”.
Luego se deben aprobar cursos de trato al cliente, manejo de producto, merma, entre otros. Después se hace la contratación y aclaran que los horarios tanto de trabajo como de descanso nunca son fijos ni elegibles.
La jornada laboral es de 48 horas semanales y un día de asueto. El número de tiendas sigue aumentando – 134 nuevas sucursales hasta 2018 – y con ello el de empleados; aunque se generan miles de vacantes, el tipo de trabajo es en ocasiones apenas superior al salario mínimo.
Para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2020, con base en el Annual Report Defining the Future of Retail 2019, la empresa espera agregar aproximadamente 300 nuevas tiendas en Walmart International, principalmente en México/América Central y China, y agregar menos de 10 tiendas en Walmart EE. UU.
De acuerdo con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el sueldo no sube, a pesar de que los salarios no representan un porcentaje alto de los costos operativos de la comercializadora, en la nómina los cajeros son el gasto más importante de la empresa.
Uno de los empleados, quien prefiere omitir su nombre porque se encuentra activo en la compañía, trabaja como coordinador nocturno en el horario de la madrugada en una Bodega Aurrera de Guadalajara. Coincide en algunos aspectos con el testimonio de Karen y los datos recabados. Él entró a la empresa desde hace doce años y asegura que ha permanecido porque vio la oportunidad de crecimiento y decidió aprovecharla.
Ingresó como cajero y desde entonces ha ido teniendo puestos más altos. Fue supervisor de caja y después jefe de cajas, luego entró al departamento de recibos y de ahí regresó a cajas. Ahora está en un cargo que se denomina “coordinador nocturno”.
Explica que al personal de línea, que no es de confianza, siempre le paga el tiempo extra; es decir, a cajeros, a auxiliares, a vendedores de piso y a personal de limpieza. “Cuando se pertenece a la gerencia, a partir de mi puesto en adelante, se podría decir que es el primer punto de confianza. Existe el dicho que hay hora de entrada pero no de salida. Es una idea que se ha ido construyendo dentro de la empresa”, comenta.
Pero esto es también debido al compromiso hacia el trabajo, “no tienes alternativa de dejar las cosas a medias. Tienes que terminar todas las actividades”. Durante este tiempo en la empresa ha sido testigo del trato que se da a los empleados.
Uno de estos casos es el de los cajeros a quienes, en ocasiones, les llega a sobrar o faltar dinero. Si les falta, dice el coordinador, deben rodo lo que cueste más de 5 pesos. Le llaman “sábana de faltantes” y lo pasan a recursos humanos para que en el siguiente pago se les descuente.
“Hay personas que hasta 15 mil pesos les llega a faltar y destinan hasta medio año o un año en estarlo pagando. Los descuentos van desde 750 a 800 pesos”, añade.
Al ver esto, él ha tratado de organizarse con otros empleados para formar un sindicato pero, asegura que, la gente tiene miedo a perder su trabajo. Su sueldo actual es de 15 mil 500 pesos, lo considera justo de acuerdo con las actividades que realiza, a comparación del que recibía antes como jefe de cajas que era de 8 mil 500 con una plantilla de 17 personas a su cargo.
Cuando David García trabajó en Walmart, de 2004 a 2006, cubría el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, en la tienda El Yaqui, de Cuajimalpa. Su puesto fue de vendedor en el área de electrónica y, en ese entonces, ganaba 6 mil pesos al mes. En temporada alta, a pesar de la carga de trabajo, el salario era el mismo. “Friegan mucho al empleado por un sueldo muy bajo”, comenta.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el equipo de comunicación de la empresa asegura que sus salarios y prestaciones son superiores a la ley, “buscando contribuir a mejorar la vida de nuestros asociados.” Además que el tiempo extra generado se paga conforme a lo establecido por estas normas.
David García, quien trabajó en Walmart en el turno nocturno de 2004 a 2006, asegura que los jefes “friegan mucho al empleado por un sueldo muy bajo”.
David asegura que en cada uno de los departamentos, el objetivo es lograr siempre un peso más que en el periodo anterior. “Si este mes se llegó a 250 mil, el siguiente debe ser un peso más arriba. Esas son siempre las metas en el grupo Walmart”.
Les daban prestaciones y, en ocasiones, algún día de descanso como recompensa por haberlo conseguido. De acuerdo con la misma compañía, el pago de la nómina se realiza invariablemente de forma quincenal, no es en función a bonos.
“En Walmart de México y Centroamérica otorgamos un bono anual sujeto a los resultados de la compañía, ya que éste se considera un reconocimiento, entre otros beneficios adicionales.” Pero esto ocurría ocasionalmente, de acuerdo con lo que dice David, por lo general su sueldo no aumentaba mucho.
“Yo no hice esas observaciones a los directivos pero otra gente sí y, desafortunadamente, fueron a quienes dieron de baja por ponerse al brinco”, recuerda. David dejó de trabajar ahí porque le ofrecieron una mejor oferta de empleo y ahora prefiere quedarse en donde está actualmente.
La empresa detalla que cuenta con “un área especializada en compensaciones y beneficios para nuestros asociados, quienes están constantemente evaluando el mercado salarial” y que se les otorga un bono anual equivalente a los progresos de la compañía.
LAPA, GRO.- Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), tomaron las instalaciones del palacio municipal de Tlapa y protestaron en las instalaciones del 93 Batallón de Infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional, para exigir la presentación con vida de su dirigente Arnulfo Cerón Soriano, quien se encuentra desaparecido desde hace 42 horas.
Al mediodía de este domingo, un centenar de personas entre ellos estudiantes normalistas se posesionaron de las instalaciones del palacio municipal exigiendo la presentación del dirigente Cerón Soriano.
egún familiares del líder social, supieron de él a las 8 de la noche del pasado viernes 11 de octubre, cuando incluso envío mensajes a algunos contactos a las 8:35 de la noche.
El pasado sábado a la una de la tarde, seguidores del Frente Popular de la Montaña, realizaron un bloqueo informativo hasta la una de la mañana de este domingo.
Después de la toma del palacio municipal de Tlapa, una comisión de 10 personas del Frente Popular de la Montaña, se apersonaron a las instalaciones del 93 Batallón de Infantería, donde exigieron que miembros del Ejército mexicano participaran para instalar retenes en diferentes puntos de esta ciudad de Tlapa.
La comisión del FPT, durante más de dos horas se entrevistaron con el comandante del 93 Batallón de Infantería, quienes se comprometieron a instalar tres retenes sobre las carreteras de Tlapa-Chilapa, Tlapa-Puebla, y Tlapa- Marquelia.
Los inconformes urgieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se aboquen a la búsqueda de Arnulfo Cerón Soriano y adelantaron que no se van a quitarán del palacio municipal hasta que las autoridades hagan su trabajo.
Hasta el momento solo han tenido conocimiento de diversos cuerpos sin vida y que no corresponden al líder social.
Foto: Karen ROJAS I Grupos conservadores realizaron un cerco para proteger templos.
Marcos Nucamendi / El Popular
Con ánimo y rebeldía salieron las autodenominadas “putas” a tomar las calles de la capital del estado. Feministas, integrantes de la campaña a favor del aborto legal, familiares de desaparecidos y trabajadoras sexuales se encontraron en el marco de los recientes rechazos a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
Algunas con el rostro cubierto por un pañuelo verde o morado, otras enmascaradas, hicieron frente a las autoridades y a los grupos religiosos que se agarraron de las manos para “proteger sus templos”, mientras les sacaban sus rosarios como si de vampiros se tratase; no faltaron quienes las llamaron locas e irrespetuosas, por bailar enganchadas de las rejas de Catedral y celebrarse vivas.
Así fue la Novena Marcha de las Putas, una ocasión más para manifestarse contra la violencia machista, los recientes desacatos de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de aborto y matrimonio e igualitario por parte del Congreso del Estado.
De acuerdo con Mónica García, ésta fue una oportunidad más para reafirmar las alianzas entre las luchas históricas de organizaciones y colectivos de mujeres.
“Nos encontramos para hacer mucho ruido en torno a las problemáticas que nos están afectando en este momento. Nos encontramos mujeres muy diversas, todas las mujeres que queremos gritar porque no han sido atendidas nuestras exigencias,” dijo la coordinadora de Ddeser Jóvenes e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Puebla. “Lo que se nota en toda la marcha es sobre todo hartazgo.”
María de Jesús Patricio, Vocera del Concejo Indígena de Gobierno, durante las actividades del Encuentro Nacional de Mujeres del Concejo Nacional Indígena (CNI). Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
María de Jesús Patricio, precandidata a la Presidencia de México, aseguró que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder no ha habido beneficio para los pueblos, sino todo lo contrario, ya que se han agudizado los problemas en las comunidades.
“Los intentos organizativos, el levantar la voz para decir ‘no estamos de acuerdo’ con la intrusión de estos megaproyectos pues ha derivado, entre otros ataques, en febrero en el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, y él decía que su comunidad no estaba de acuerdo con la toma eléctrica que quería imponer el Proyecto Integral Morelos y ¿qué pasó? Lo asesinaron en la puerta de su casa”, recordó.
Maialen Ferreira / El Diario Es – Sinembargo
Madrid, 13 de octubre (ElDiario.es).– Es la primera vez que la lideresa indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, dirigente del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, visita Euskadi. Al pasear por las estrechas calles del Casco Viejo bilbaíno no puede evitar acordarse del famoso Callejón del Beso de Guanajuato, una callejuela de su país en la que, según cuenta la leyenda, dos amantes cuya relación estaba prohibida podían comunicarse sin que los vieran, gracias a la cercanía de los balcones de ambas casas. Marichuy visitará algunas ciudades de España, como Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Madrid, donde ofrecerá charlas en universidades y asociaciones en las que tratará temas como la vulneración de derechos que sufren las comunidades indígenas en México, lucha que encabeza desde hace años y que el año pasado la llevó hasta la precandidatura a la Presidencia en las Elecciones Federales de México, convirtiéndose en la primera mujer indígena en presentarse para el puesto. A pesar de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respaldase su precandidatura, no logró reunir las firmas suficientes para posicionarse como una de las candidatas a la presidencia, que tras una polémica campaña terminó en manos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy. Foto: ElDiario.es
¿Cómo se vive actualmente el zapatismo en México?
Ellos se siguen organizando, sigue creciendo su organización desde abajo. Hombres, mujeres y niños. Hasta nosotros los pueblos indígenas nos sorprende cuando van caminando poco a poco, no salen en los medios, no se les ve, pero ahí están, ahí siguen construyendo. Aquí me han preguntado que si es un grupo armado y mi respuesta es que aunque declararon la guerra al Gobierno en el 94, ellos decidieron que el camino correcto no era por esa vía. Ellos son parte del CNI y eso a los pueblos indígenas de México nos demuestra que se puede lograr esa organización que a veces consideramos imposible. Se puede construir un Gobierno realmente desde abajo y a la izquierda.
La celebración del 25 aniversario de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol Zapatista “La Realidad”. Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro
¿Qué supuso para usted y para su país que una mujer indígena lograra ser precandidata a las Elecciones Federales?
Participar en las elecciones de 2018 fue un pretexto no para ocupar la silla presidencial, sino para lograr visibilizar la problemática de nuestros pueblos indígenas y también ir acercándonos a los diferentes pueblos, barrios, colonias para mostrar que la única manera de ir construyendo este Gobierno realmente desde abajo es mediante la organización. Esa fue la idea de participar en el proceso electoral, decidimos meternos en “la fiesta de los ricos”, porque la consideran suya y se pasan el poder de mano en mano, por eso decidimos usar sus mismas armas para cumplir nuestros objetivos. Por eso se lanza esta propuesta y se decide conformar el Concejo Indígena del Gobierno, que es representativo de los pueblos a través de una concejala. Generalmente los puestos de arriba son para hombres, pero esta lucha que vamos construyendo desde abajo tiene que incluir mujeres, tiene que ser de manera igual. Si vemos que algo está mal es el pueblo quien debe, desde una forma organizativa, ser quien manda y el Gobierno quien obedece.
Marichuy en compañía de concejales del Consejo Nacional Indígena (CNI), quienes realizaron una conferencia de prensa en mayo de 2018 para informar de los siguientes pasos a seguir después de no haber conseguido las firmas y la candidatura independiente. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
¿Y lograron ese objetivo de visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas?
Aunque no reunimos todas las firmas, yo creo que sí se logró. Muchos nos tomaron de ejemplo. Al principio nos decían “¿cómo si ustedes son minoría quieren aparecer”? Y nosotros decíamos “¿y por qué no”?. Es lo que falta, que el pueblo de abajo, los trabajadores del campo y de la ciudad no se sientan menos. Que veamos que tenemos los mismos valores y derechos. Nuestra dignidad es lo que nos tiene que tener con la frente en alto, porque ya basta de tanto rechazo, de tanto abandono, olvido, humillaciones que han tenido nuestros abuelos y abuelas. Por ellos yo creo que vale la pena luchar y decir que hay otras formas de comunicarnos, de relacionarnos, para ir construyendo esta nueva forma organizativa.
AMLO ha logrado llevar a la izquierda al poder por primera vez desde que se estableciera la democracia, en el año 2000. En su campaña criticó las reformas estructurales de los últimos 25 años y declaró el fin del “periodo neoliberal” en México. ¿Cómo valora hasta ahora el mandato su mandato?
Para los pueblos no ha habido mucho beneficio desde que llegó. El cambio que aseguró cuando tomó el mando, nosotros vemos que no es cierto, ha sido todo lo contrario. Se han agudizado los problemas en las comunidades, ha habido más muertos, más desaparecidos, más represión. Los intentos organizativos, el levantar la voz para decir “no estamos de acuerdo” con la intrusión de estos megaproyectos pues ha derivado, entre otros ataques, en febrero en el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, que era miembro del CNI y él decía que su comunidad no estaba de acuerdo con la toma eléctrica que quería imponer el Proyecto Integral Morelos y ¿qué pasó? Lo asesinaron en la puerta de su casa. Eso fue una declaración de guerra a los pueblos para que no hablen, no se organicen y dejen pacíficamente las puertas abiertas para que se metan los megaproyectos.
Ceremonia donde AMLO pidió, en diciembre de 2018, permiso a la madre tierra para la construcción del Tren Maya. Foto: Cuartoscuro
¿Esto qué quiere decir? Que arriba se dice una cosa y abajo otra. No sólo Morelos, también Puebla, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo es una franja donde van a imponer diferentes megaproyectos como gasoductos, hidroeléctricas, eólicas o el Tren Maya. La gente ha dicho que no quiere eso, que no está de acuerdo, porque lo que va a traer es destrucción de la vida, de la tierra, los bosques, las aguas, los animales y también va a lesionar la organización de las comunidades, porque habrá en algunas comunidades que tendrá que partirlas, pasar por encima de sus bosques y sus aguas. Dicen que va a traer un beneficio ¿pero beneficio para quién? Las comunidades saben que para ellos no. Por eso creemos que no está escuchando a la gente de abajo ni le interesa escuchar. Creemos que ya ha hecho un acuerdo de ceder esas tierras para los que quieren invertir en esos proyectos.
Cientos de personas se manifestaron en avenida Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, para exigir justicia por el asesinato del activista Samir Flores, opositor de la termoeléctrica de Huexca. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
En México el tema del colonialismo es algo muy delicado, en España el 12 de octubre es Fiesta Nacional. ¿Qué supone para usted esa fecha?
Yo lo voy a explicar desde el punto de vista de los pueblos indígenas de México. En España a ese día lo llaman el descubrimiento de América, en México lo llamamos el desangramiento de América, porque fue cuando llegaron y hubo masacres, hubo asesinatos, hubo manera de imponer algo desde fuera. Ellos llevaban, o al menos nosotros así lo vemos, una cruz en una mano y en la otra una espada y si no te convencían, te obligaban. Pero no es algo que haya acabado, lo que comenzó el 12 de octubre se sigue reproduciendo con la imposición de los megaproyectos, porque también es una forma de colonizarnos, porque son proyectos que traen muerte. En la escuela nos enseñaron que los indios eran unos salvajes y eso no es cierto. Las comunidades tienen y tenían su forma de vida. Llegaron buscando oro y plata y es lo mismo que está ocurriendo ahora, lo que no se acabó entonces lo quieren acabar ahora, es muerte, es represión. Entonces ¿qué vamos a celebrar nosotros? Sí que nos hacían creer en las escuelas que era bueno, que traían beneficio a nuestra tierra, pero ¿qué beneficio, si nos mataron a nuestra gente? Nos robaron nuestro oro, nuestra plata, eso no es traer beneficio.
En esta imagen de abril del año pasado se observa a María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), vocera del Concejo Indígena de Gobierno y el Subcomandante Galeano, en las actividades del conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar? Foto: Daliri Oropeza, Cuartoscuro
En México, a pesar de que gobierne la izquierda, como comenta, hay comunidades en los pueblos que no se ven representadas. En España, la izquierda no ha conseguido formar Gobierno. ¿Por qué cree que cuesta tanto un Gobierno real de izquierdas?
Hay gente que está organizándose, luchando, y a medida que se proponga, y yo creo que lo van a lograr. Llega un tiempo en que ya de plano la gente dice “hasta aquí”, y es cuando el agua ya está llegando al cuello. El problema es que cuando hay una vida cómoda es cuando uno deja de lado la ideología. Si sentimos que hay cosas que están mal y que quisiéramos cambiar, hay que empezar a buscar esas alianzas, porque a veces parece imposible que uno solo pueda hacer todo. A medida que vamos caminando y vamos encontrando más compañeros y compañeras que van coincidiendo con nuestros ideales, con nuestra lucha, se va a ir creando una organización de izquierda, una organización desde abajo y a la izquierda, pero no simulando que son de izquierda para luego a la hora de la verdad mostrar que son de derecha. No, tiene que irse construyendo realmente desde abajo y eso se puede aplicar a cualquier país.
En el Estado de México se tiene un registro de 340 mil menores entre los 5 y 17 años de edad que labora, de los cuales, el 89% lo hace en condiciones no permitidas, es decir, cerca de 302 mil infantes y el 11% restante (38 mil) lo hace dentro del margen legal.
Lo anterior fue referido por la secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado de México, Olga Esquivel Hernández quien enfatizó que mucho del trabajo no permitido se localiza en el sector informal, tales como en comercios familiares, tianguis y mercados.
“En las condiciones no permitidas podemos encontrar casos de niñas y niños que colaboran con sus padres de familia, en su propio comercio y que trabajan bajo un cierto régimen de explotación infantil, incluso otros en trata de personas”, señaló al indicar que para mitigar la problemática, SIPINNA ha emprendido una estrategia de difusión de información que involucra a los propios ayuntamientos para rescatar a los infantes de situaciones que vulneren sus derechos y bien, dando a conocer la importancia de no contratar a menores en empresas y comercios.
Al respecto, indicó que sí han funcionado los distintivos que se les otorgan a las empresas formales para ser libres de trabajo infantil; sin embargo, falta trabajar en el sector informal.
“La labor de los municipios es fundamental para que puedan empezar a erradicar la problemática no sólo retirando a los menores de lugares de vulneración de derechos, sino para que puedan restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en el círculo cercano, brindando mejores oportunidades de acceso a la educación, orientando a padres de familia y comerciantes en donde se les indique que los niños no deben trabajar”, puntualizó.
Lo anterior al precisar que sólo los adolescentes de 15 a 17 años tienen permitido laborar, pero con fines de aprendizaje y con ciertas condiciones que no vulneren sus derechos como el de la educación, salud y esparcimiento, por lo que deben tener jornadas laborales mucho más pequeñas que las comunes, días de descanso y el empleo debe ser remunerado.
“Es una problemática que no es fácil de afrontar y combatir, nos enfrentamos a una visión cultural y de estereotipos, estoy convencida de que no sólo se debe castigar el trabajo infantil, sino que tenemos que reeducar a la población adulta”, concluyó.
Las administraciones municipales son el primer contacto con nuestra niñez y adolescencia mexiquense, por lo que trabajar de manera coordinada con los Sistemas municipales es fundamental para impulsar acciones conjuntas, expuso Olga Esquivel Hernández.
A casi 5 meses de haber sufrido un atentado por más de 500 personas armadas, los comuneros y comuneras que habitan la localidad el Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos, pertenecientes al núcleo agrario denominado San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, México, anuncian que se mantienen firmes en la defensa de sus tierras, el agua y, actualmente se encuentran cosechando los primeros frutos de sus siembras colectivas que no fueron destruidas. Por lo que piden a la sociedad civil estar atentos ante cualquier agresión.
Fue el pasado 31 de mayo cuando los indígenas zapotecas fueron sorprendidos por más de 500 personas armadas quienes llegaron disparando y derribando sus casas con maquinaria pesada. “Sabemos por fuentes cercanas a quienes nos agredieron que, fueron pagados, armados y asesorados por personas de la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca”, denunciaron en un comunicado que han leído en el marco de la Jornada Global Samir Flores Vive, llevado acabo en Oaxaca este sábado 12 de octubre, en memoria del activista indígena Samir Flores, asesinado el mes de febrero pasado, tras oponerse al complejo denominado Proyecto Integral Morelos, en el estado de Morelos.
?Ver el Reportaje Especial: Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras
Los indígenas zapotecos se muestras alegres ya que han comenzado la cosecha del maíz, cacahuate y frijol que no pudieron destruir por completo los agresores. “Esta es una señal de vida de nuestra madre tierra, lo que nos da fuerza para continuar defendiéndola. Aquí seguiremos y no nos vamos a ir. Defenderemos el agua y lucharemos contra la minaría proyectada en nuestras tierras”, señala Bernabé Ramírez Santiago, integrante de esta comunidad.
El contexto en que dejaron sus viviendas fue muy parecida al de un desastre natural o al de una guerra. Así que estos indígenas están comenzado de ceros a construir sus viviendas, a retomar el cuidado de su ganado y a comprar los utensilios básicos. “Hemos recurrido a todas las instancias gubernamentales posibles para denunciar estos hechos y para demostrar con documentos en mano, que estamos en las tierras que nuestros abuelos y padres han habitado por generaciones”, denuncian en su comunicado.
Efectivamente, de acuerdo a los documentos obtenidos por Avispa Midia, los comuneros han recurrido ante la Procuraduría Agraria, Delegación Oaxaca, para citar a comparecer a las autoridades de Cuatro Venados, a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIDAC), pero el comisariado de Bienes comunales y nadie más hizo acto de presencia según documenta el acta de seguimiento de este caso, con numero de folio 20190603RESTFD_2. Pero en este mismo documento, los agredidos han exigido la presencia del comisariado ya que es necesario, “aclarar la situación de cada una de las personas que integran las comunidades afectadas”, porque no son invasores.
Pero estas personas no solo han sufrido actos de agresiones e intentos de desalojo en esta fecha. Ya que hay registros ante la Defensoría de los Derechos Humanos, del Pueblo de Oaxaca, que en los años 2017 y 2018 también. Esta instancia decretó una medida cautelar en 2018 a favor de los agredidos y señaló que ambos municipios tenían que “girar instrucciones a los servidores públicos involucrados en los hechos de referencia para que se abstengan de causar actos de molestia en contra de los quejosos, de su familia, domicilio, propiedades, posesión y derechos”, reza el oficio con nuero de expediente DDHPO/1551(29)OAX/2018.
La ultima denuncia ante esta instancia fue realizada 10 de junio de este año 2019 por la intervención de estas 500 personas armadas a estas localidades. Pero hasta el momento no hay ninguna respuesta. Incluso, los indígenas remitieron una solicitud de atención al gobierno federal, donde respondió la funcionaria publica Leticia Ramírez Amaya, Directora de Atención Ciudadana, argumentando lo siguiente, “el Lic. Andrés Manuel López Obrador, comprometido con dar atención a todas la peticiones, propuestas o denuncias (…) me ha recomendado recibir su solicitud y gestionar una respuesta”, al final proporcionaron un nuero de folio para dar seguimiento al caso, pero nada concreto.
“El silencio y la ineptitud de las autoridades estatales y federales nos dan a entender que este grupo tiene el respaldo del gobierno”, señalan los comuneros en su comunicado.
Pero también advierten, “sabemos con certeza, que el interés sobre nuestras tierras, es principalmente por el agua de nuestros manantiales y arroyos. Pero también por cuatro concesiones mineras que se han expedido para empresas extrajeras para explotar, principalmente, oro. Así mismo existen otros proyectos contemplados en nuestro territorio, como la venta de lotes para el sector inmobiliario donde hay personajes políticos, como Flavio Sosa Villavicencio, quien tiene interés en negociar nuestras tierras”.
Estos comuneros aseguran que los actos de corrupción de las autoridades anteriores, de Cuatro Venados, han quebrado el tejido comunitario y han pasado por encima de la máxima autoridad que es la Asamblea Comunitaria, pero además han impuesto a nuevas autoridades que obligan a los vecinos a firmar acuerdos. “Bajo coerción han hecho que las personas de la comunidad firmen documentos y así sostienen que tienen el respaldo de la comunidad. Quienes no firman estos acuerdos les cobran un impuesto, incluso hasta los privan de su libertad”, continua el comunicado.
“Porque es claro que hay un acuerdo, no entre las comunidades, sino entre algunas personas que han incurrido en actos de corrupción de ambos municipios. Porque quieren ceder nuestras tierras para la minería y para construir viviendas y venta de lotes”, dijo Braulio Hernández, vecino de esta comunidad agredida.
Lectura del comunicado. Foto por Rafael E Lozano.
Sobre este escenario los indígenas de esta comunidad han decidido continuar con sus vidas, pero se mantienen alertas por si los vuelven atacar una vez más. “Por lo tanto llamamos a la sociedad civil a estar atentos de posibles agresiones. Y hacemos responsable al gobierno federal, estatal y municipal de Cuilapam de Guerrero y Cuatro Venados, sobre cualquier agresión que sufra cualquiera de los integrantes de nuestra comunidad”.
Al termino de la lectura de este comunicado, se sumaron a una macha que se realizó en la ciudad de Oaxaca, en memoria y por la exigencia del activista Samir Flores, quien fue asesinado por oponerse al complejo denominado Proyecto Integran Morelos, en el estado de Morelos, donde también participaron pueblos que denunciaron la presencia de mas concesiones mineras, presas hidroeléctricas y complejos eólicos.
Comunicado completo ?
Fragmento de la denuncia leída por pobladores de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, hoy 12 de octubre de 2019 en el marco de la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios ¡#SamirFloresVive! En la ciudad Oaxaca. pic.twitter.com/WKWmjbA0KW
Comunicado de los comuneros contra la minería y la defensa del agua de la comunidad de Cuatro Venados, Oaxaca
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios Libres y Alternativos
A los medios de comunicación en general
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
En el marco de la Jornada global de lucha en defensa de la Vida y de Nuestros Territorios “SAMIR FLORES VIVE”
Nosotros, nosotras, quienes formamos parte de la comunidad que habitan la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos, pertenecientes al núcleo agrario denominado San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, México, anunciamos lo siguiente. A casi 5 meses de haber sufrido un atentado armado por parte de un grupo de personas, 500 aproximadamente, quienes derrumbaron nuestras viviendas, quemaron nuestro semillas, destruyeron nuestros cultivos , robaron animales y herramientas de trabajo que hemos comprado colectivamente, anunciamos que, continuamos en nuestras tierras, actualmente estamos cosechando y estamos reconstruyendo nuestras viviendas.
Sabemos por fuentes cercanas a quienes nos agredieron que, fueron pagados, armados y asesorados por personas de la comunidad de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca. También sabemos que las autoridades del periodo anterior de Cuatro Venados, en contubernio con las autoridades de Cuilapam, participaron en esta agresión. Estas personas sostienen que hemos invadido sus tierras y nos han tachado de paracaidistas. Hacemos de su conocimiento que hemos recurridos a todas las instancias gubernamentales posibles para denunciar estos hechos y para demostrar con documentos en mano, que estamos en las tierras que nuestros abuelos y padres han habitado por generaciones.
También denunciamos que prohibieron el acceso de nuestros hijos a las escuelas de la comunidad por un lapso de tres semanas, por presiones de las autoridades impuestas en el ayuntamiento y por parte del comisariado de bienes comunales, violando así el acceso a la educación.
El silencio y la ineptitud de las autoridades estatales y federales nos dan a entender que este grupo tiene el respaldo del gobierno.
Sabemos con certeza, que el interés sobre nuestras tierras, es principalmente por el agua de nuestros manantiales y arroyos. Pero también por cuatro concesiones mineras que se han expedido para empresas extrajeras para explotar, principalmente, oro. Así mismo existen otros proyectos contemplados en nuestro territorio, como la venta de lotes para el sector inmobiliario donde hay personajes políticos, como Flavio Sosa Villavicencio, quien tiene interés en negociar nuestras tierras. Compraron a las autoridades del periodo anterior de Cuatro Venados para firmar acuerdos, pasando por alto a la máxima autoridad de la comunidad, que es la asamblea. Bajo coerción han hecho que las personas de la comunidad firmen documentos y así sostienen que tienen el respaldo de la comunidad. Quienes no firman estos acuerdos les cobran un impuesto, incluso hasta los privan de su libertad.
Actualmente, pasando por alto nuestros usos y costumbres, se ha nombrado a un nuevo presidente municipal, que anteriormente fungió como tesorero de bienes comunales, el mismo que firmó los acuerdos apócrifos. Fue elegido por dedazo y no por la comunidad por medio de sus usos y costumbres.
Como comuneros y comuneras, con nuestros documentos que nos respaldan, hemos actuado dentro de la legalidad y en ese mismo sentido hemos decidido continuar nuestras vidas en nutras tierras. Por lo tanto llamamos a la sociedad civil a estar atentos de posibles agresiones. Y hacemos responsable al gobierno federal, estatal y municipal de Cuilapam de Guerrero y Cuatro Venados, sobre cualquier agresión que sufra cualquiera de los integrantes de nuestra comunidad.
Atentamente
Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos
Todo empezó cuando la 10ª edición del Oaxaca FilmFest decidió formar una alianza con la Compañía Minera Cuzcatlán, S.A. de C.V. una de las cuatro filiales en México de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., dueños y operadores de la mina en el pueblo zapoteco de San José del Progreso. En los primeros días de octubre de 2019, las calles del centro histórico de Oaxaca se llenaron de publicidad del festival, y al pie de cada letrero, cartel y folleto se mostraba el logotipo de la Compañía Minera Cuzcatlán. El mismo logo sobresalía dentro del aeropuerto en una lona enorme que daba la bienvenida, a quienes arribaban en avión, al festival internacional de cine en Oaxaca. En su página web (único sitio oficial del festival) bajo la categoría Alianzas / Master, la mina ocupaba el tercer lugar después de la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Por si fuera poco, en la función inaugural del festival, se proyectó uno de los videos promocionales de la Compañía Minera Cuzcatlá.
Campaña de lavado de imagen de la minera Cuzcatlán, responsable por contaminar el medio ambiente y violentar a comunidades zapotecas.
Fotos del Río del Coyote y del lugar conocido como la Ciénega. Foto de denunciaoaxaca.org
La mina contra los pueblos.
Aproximadamente un año antes llovía sobre San José del Progreso. El 8 de octubre de 2018 autoridades agrarias, municipales y pobladores de Magdalena Ocotlán se percataron que el afluente del Río del Coyote, que abastece de agua potable su comunidad y que desemboca en el río Atoyac, presentaba una corriente de agua “color blanca” que provenía de la mina en San José. El río había sido contaminado por desechos mineros que se derramaron de una de las dos preses de jales (en donde se depositan los desechos) de la minera. Según el reporte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se “observó que los hechos denunciados corresponden a un desborde de la presa de jales secos.(…) esta pileta fue saturada a su máxima capacidad, provocando el rebase de las aguas de escurrimiento debido a que la bomba que recircula el líquido de captación de la mencionada pileta hacia la presa de jales secos, no tuvo la capacidad para rebombear la totalidad del agua que capta la pileta”.
Fotos del Río del Coyote y del lugar conocido como la Ciénega. Foto del sitio oficial profepa.
Un año y otra visita de la PROFEPA después, las autoridades municipales y pobladores de Magdalena Ocotlán no tienen certeza sobre la respuesta de las autoridades competentes. No confían en la veracidad de las pruebas recogidas porque fue una empresa contratada por la misma Minera Cuzcatlán la que llevó a cabo el muestreo. Por otro lado, hasta la fecha no han recibido notificación o información alguna de los resultados, ni de las sanciones procedentes a la mina. Así lo denuncian en un documento que publicó la autoridad Municipal de Magdalena Ocotlán y que se dio a conocer durante una jornada informativa y de denuncia a un año del derrame. En el comunicado del 28 de junio de 2019 narran cómo encararon al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y éste hizo el compromiso de enviar una comisión a investigar y atender su demanda. Sin embargo, han pasado más de tres meses de ese suceso, y hasta la fecha no han recibido ningún enviado del presidente. En consecuencia, apelando a su derecho ancestral al territorio y al convenio 169 de la OIT, en el documento plantean tres exigencias primordiales:
-La cancelación inmediata de las 29 concesiones otorgadas a la minera canadiense Fortuna Silver Mines, y su prestanombres Minera Cuzcatlán.
– Que la PROFEPA, la Comisión Nacional del agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natulares (SEMARNAT) atiendan de inmediato, y de manera independiente el derrame del año pasado.
– Que la SEMARNAT no autorice, bajo ninguna circunstancia, la ampliación del proyecto San José II con el cuál la minera Cuzcatlán pretende ampliarse a más de 7 mil hectáreas del Valle de Ocotlán.
En dicha jornada de información, el 8 de octubre de 2019, habitantes de Magdalena Ocotlán y colectivos acompañantes proyectaron diapositivas de las concesiones mineras, las cuales han sido ampliadas en varias ocasiones en los últimos años. Más adelante, habitantes de Magdalena Ocotlán dieron su testimonio de las amenazas de muerte que han recibido quienes buscan justicia ambiental y social, así como el constante hostigamiento a quienes resisten, y la profunda división que ha traído la mina en los pueblos y en las familias.
Lavado de imagen: intenciones frustradas
Promocional tomado de la página principal de: fortunasilver.com
Mientras tanto, la Compañía Minera Cuzcatlán aprovechaba la nueva alianza celebrada con Oaxaca FilmFest para proyectar –literalmente- su campaña de lavado de imagen estrenada recientemente a través de sus redes sociales (inauguradas en marzo de 2019, no obstante la mina está en etapa de producción comercial desde 2011). Esto no pasó desapercibido. Para el cuarto día de Festival comenzó a circular entre colectivos, organizaciones, redes de cineastas y defensores del territorio, un pronunciamiento denunciando la “deplorable alianza entre la Compan?i?a Minera Cuzcatla?n y Oaxaca FilmFest”, el cuál terminó siendo firmado por 31 organizaciones, y 195 personas que se opusieron a la operación de lavado de imagen que estaba llevando a cabo Fortuna Silver Mines, a través de su filial, la Compañía Minera Cuzcatlán, al patrocinar eventos culturales como el festival.
En el documento que se leyó y publicó el 8 de octubre de 2019, en el marco de la jornada informativa y de denuncia a un año del derrame, hicieron un recuento sobre la contaminación con deshechos mineros en el río, y revisaron a grandes rasgos el violento proceso de imposición de la mina:
“Si quienes organizan el Oaxaca FilmFest no lo saben, o lo olvidaron, les recordamos que la minera canadiense Fortuna Silver Mines, a través de su filial, la Compañía Minera Cuzcatlán, es responsable de múltiples violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como de violaciones a tratados internacionales de derechos humanos, ya que se impuso de manera violenta e irresponsable con el Proyecto Minero “San José” en el pueblo zapoteco de San José del Progreso, ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca.
Radio comunitaria y juvenil en San José del Progreso: Movimiento Radio 103.7 FM Foto de AvispaMidia
De ahí que se desatara una serie de conflictos sociales y políticos que llegaron al extremo de cobrar la vida de opositores a la mina y defensores de la tierra y el territorio, como fue el caso (en 2012) de los asesinatos de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (CPUVO), entre muchos otros agravios y violaciones al pueblo de San José del Progreso. (Véase el Informe de la Misión Civil de Observación: “Justicia para San José del Progreso” coordinado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y publicado en noviembre de 2013)”.
También cuestionaron las condiciones de seguridad para sus trabajadores y mencionaron el reciente caso de Luis Fernando Landeros García, empleado de empresa contratista, quien murió en un “accidente fatal” ocurrido en el interior de la mina San José el 18 de agosto de 2019. Y concluyeron: “Lamentamos la falta de ética profesional y de criterios de selección del Oaxaca FilmFest a la hora de elegir a sus aliados. (…) Ante esto, llamamos a quienes así lo sientan pertinente, a boicotear esta 10º edición del Oaxaca FilmFest y no acudir a sus funciones y actividades, y al mismo tiempo exigir que actúen con criterio, responsabilidad y respeto”.
El llamado no se hizo esperar, en pocas horas después comenzó a circular por redes sociales un invitación a asistir a la ceremonia de clausura del Festival que leía: “A un año del derrame de tóxicos en el Río Coyote, la autoridad Municipal de Magdalena Ocotlán junto a colectivos de los Valles Centrales de Oaxaca convocan a la acción informativa y de protesta en boicot a los intereses de la Compañía Minera Cuzcatlán que busca lavar su imagen en eventos culturales como el Oaxaca FilmFest”.
El Boicot
El 9 de octubre de 2019 a las 8:30 pm, diversas expresiones de colectivxs e individuxs de Valles Centrales de Oaxaca llegaron a la reja del Hotel Plaza Fortín con la intención de buscar un espacio en la Ceremonia de Clausura del Oaxaca FilmFest, para que pobladores de Magdalena Ocotlán dieran lectura al comunicado de su autoridad Municipal a un año del derrame. Al tiempo que lxs participantes del festival, en su mayoría extranjeros, entraban al hotel acreditados con un gafete amarillo y la cara incrédula, lxs manifestantes desplegaban mantas y pancartas, Se disfrazaban de esqueletos mineros, y al grito de ¡Agua sí, Minas no!, avanzaban por el estacionamiento hasta llegar a la recepción. En el camino, una mujer con vestido de hojuleas se acercó a preguntar en inglés qué pasaba; por allá otro hombre de traje azul y corbata grababa atónito desde su celular los rostros ocultos de quienes con rabia repudiaban el que un festival de cine internacional estuviera lucrando con dinero de una minera canadiense a la que no le importa la muerte, destrucción, contaminación ni despojo a los pueblos indígenas de Oaxaca.
Una vez en el pasillo se hizo sentir la vigilancia: Cámaras y radios eran esgrimidos por hombres trajeados, probablemente guardias de seguridad, que comenzaron a grabar a todxs. Mientras el contingente subía por las escaleras rumbo a la puerta del Gran Salón, desde dentro se apresuraron a cerrar todas las entradas, y de esa manera quedó el grueso del contingente frente a las puertas y el resto de participantes acreditados con gafete amarillo detrás. No dejaban entrar a nadie. Ante la puerta cerrada se gritaron consignas, y se dio cuenta en español e inglés de los agravios cometidos por la Compañía Minera Cuzcatlán a los pueblos indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca. Uno de los invitados acreditados, un señor cano, comenzó a golpear con fuerza la puerta del Gran Salón, parecía irritado de que lo hubieran dejado fuera “¡Yo solo fui al baño!” gritaba en inglés.
Boicot a la alianza entre Cuzcatlán y Oaxaca FilmFest, durante la ceremonia de clausura. Fotos de: Avispa Midia
Una pareja, más joven, pasó al frente a cuestionar por qué se manifestaban ahí.
– Por todo lo que ha hecho la mina y ahora quiere lavarse las manos- alguien dice detrás de una manta.
– Pero este es un evento cultural- responde irritado a lxs manifestantes.
– ¿Son organizadores?– les interrogan de vuelta. -¿Ustedes aceptaron dinero de la mina de muerte?
Sube la tensión.
-No… somos invitados, pero pagamos mucho dinero para participar, y ahora no podemos entrar a la premiación gracias a ustedes. –Responde, ahora inquieto.
Detrás de él, la mujer que lo acompaña levanta el celular y graba muy cerca los rostros de quienes levantan carteles. Comienzan los empujones.
-No estamos bloqueando nosotros, son sus organizadores los que cerraron la puerta y los dejaron afuera. –Alguien entre la multitud grita.
Boicot a la alianza entre Cuzcatlán y Oaxaca FilmFest, durante la ceremonia de clausura. Fotos de: Avispa Midia
Los empujones aumentan, alguien de gafete amarillo sale detrás y llama a la pareja para que se retiren de ahí, parece que están metiendo a invitadxs por otra puerta. En cambio, a quienes exigen una respuesta por la alianza con la minera, les mandan dos policías estatales con armas largas terciadas al cuerpo para desalojar.
Así, al mismo tiempo que la directora ejecutiva del festival leía un comunicado que había circulado de manera extraoficial en el que daban por terminado el patrocinio de la mina, el mismo Oaxaca FilmFest que se decía “comprometidos con Oaxaca” y “sensibles a la sociedad”, dejaba entrar a su evento “público” a quienes, mayoritariamente extranjeros, parecían haber pagado por participar; y dejaban fuera escoltados por policías a quienes, mayoritariamente Oaxaqueños, pedían llevar la voz de un pueblo originario agraviado por la minería.
Policías estatales con armas largas terciadas al cuerpo para desalojar a participantes del boicot. Foto de Avispa Midia
Posturas finales
Poco tiempo después la Compañía Minera Cuzcatlán publicó en su página un comunicado titulado: “Compañía Minera Cuzcatlán lamenta decisión del Oaxaca FilmFest” en el que lamentan la cancelación de su participación comercial acaecida por la presión de múltiples organizaciones, colectivxs e individuos, que según la mina lo exigían “con argumentos falsos y difamatorios”. Sin embargo, en el resto del comunicado no dan información ni fundamentos que contra-argumenten ni una sola de las tesis sostenidas por los señalamientos originales:
1- Las violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, y de derechos humanos (entre ellos el derecho a la vida), durante la imposición violenta del Proyecto Minero “San José” en el pueblo zapoteco de San José del Progreso.
2- Las gravísimas afectaciones al medio ambiente durante el derrame de desechos mineros al río Coyote en el pueblo zapoteco de Magdalena Ocotlán.
3- La muerte de Luis Fernando Landeros García empleado de la mina a través de una empresa contratista, y los señalamientos a las opacas condiciones de trabajo.
4- La escasa cantidad de dinero que dejan en San José del Progreso, en Oaxaca, y en México, en comparación con las ganancias reportadas año con año por la canadiense Fortuna Silver Mines Inc.
5- Las intenciones de seguir ampliando las concesiones mineras en los Valles Centrales de Oaxaca.
Comunicado leído durante la clausura de la 10ª edición del Oaxaca FilmFest.
Por último, no obstante circuló en medios de comunicación (y se leyó durante la clausura) la decisión del Oaxaca FilmFest de “terminar de manera inmediata y definitiva con ese patrocinio”, durante todo el miércoles 9 de octubre siguieron los logos de la Minera en su página oficial, y hasta el cierre de esta edición no se ve publicada ahí dicha respuesta o ningún comunicado que explique las implicaciones que tuvo la alianza, ni las que tendrá el rompimiento. Tal vez terminó por cumplirse la predicción de Ana Echenique, directora ejecutiva del festival, cuando describió durante la conferencia de prensa inaugural la ambición de esta última edición, y se refirió al Oaxaca FilmFest como “un pequeño festival monstruo”.
Se manifiestan frente al instituto; no hay medicinas desde hace un mes, señalan
Familiares y derechohabientes del ISSSTE se manifestaron frente a las oficinas del instituto en demanda de atención a pacientes oncológicos, pues desde hace un mes carecen de medicamentos.
Algunos de los afectados señalaron que el doctor David Acosta, quien los trataba, fue removido, por lo que también exigieron que regrese el médico, ya que la llegada de los otros especialistas significaría volver a empezar.
El esposo de Lucrecia Jiménez, paciente de cáncer de seno, Celia Román y Luisa Alonso, quienes padecen lo mismo, solicitaron el regreso del especialista, pues sólo él “los trata con humanidad”.
Con pancartas en las que pedían el regreso del médico, se colocaron frente al instituto.
Una de las afectadas precisó que no hay oncólogo en la mañana y que el que cubre el turno de la tarde no puede atender a todos los pacientes. Agregó que el doctor Acosta está dentro del ISSSTE, pero en labores administrativas, lo que considera un desperdicio.
Los quejosos precisaron que los afectados por la falta de este especialista son 100, por lo que un solo médico, el del turno vespertino, no puede atender a todos.
De la misma manera señalaron que hacen falta medicamentos para los pacientes oncológicos, pues disminuye su calidad de vida y el padecimiento avanza.
A las pacientes que les tocaba quimioterapia el lunes pasado les fue suspendida y, dicen, los medicamentos “no son para una gripa”, sino que son más costosos, inalcanzables para ellos en la mayoría de los casos.
La quimioterapia, abundaron, no se puede suspender, y en el ISSSTE les dicen que no hay el tratamiento porque no tienen el proveedor o porque no ha llegado.
Indicaron que desde que no son atendidos por el doctor Acosta se han cometido algunas negligencias: narraron que una paciente recibió una dosis mayor de medicamento, lo que le provocó un problema en su salud. En otro caso, una enfermera se dio cuenta del error y evitó la aplicación del medicamento.
La amenaza de desechos tóxicos en el río Metlapanapa despertó la energía de las mujeres de estos cuatro pueblos náhuatl, que ponen el cuerpo para defender lo que queda de este territorio en Puebla, asediado por zonas industriales. Éstas son las historias de mujeres que habitan en las cuatro comunidades en la rivera del río
Texto y fotos: Daliri Oropeza
CHOLULA, PUEBLA.- El ambiente cambia cuando, en esta asamblea, las mujeres toman el micrófono. Aún con la lluvia, se escuchan las niñas jugar a lo lejos. Entre el silencio, un tono de voz alto atraviesa, exclama e irrumpe en los oídos de al menos 100 personas que participan en la plaza de la iglesia de Santa María Zacatepec. Dialogan después de que máquinas entraron al pueblo para construir un sistema de tubería de desechos tóxicos que desembocarían en el río Metlapanapa.
Son las mujeres quienes primero acuden al llamado de las campanas que alertan que llegaron las máquinas. En los últimos 6 meses han sido por lo menos cuatro llamados para frenar la construcción provocada por la creciente zona industrial de Huejotzingo, pues las empresas buscan arrojar sus desechos tóxicos en algún lugar.
“Nuestro pueblo ya les dijo que primero limpien el río. Las empresas quieren envenenarlo, no quieren tratar sus aguas, aquí vienen a hacer negocios. Aquí vienen a asentarse porque saben que con corrupción les van a dar los permisos. Estamos dispuestos a todo, todos aquí estamos por defender la vida”. Es Gloria Tepale, originaria de Cuanalá, la que sostiene el micrófono y habla. La mayoría de las personas tiritan pues además de lluvia hace frío y hay niebla.
Dos semanas antes de esta asamblea, el 14 de agosto, la comunidad decidió en una reunión pública con pobladores, representantes de las empresas, regidores y presidente municipal, que no quieren que descarguen los desechos industriales en el río Metlapanapa, y que es cuestión del municipio de Huejotzingo resolverlo. Todos los presentes, incluido el cabildo, avalaron con firma el acta de asamblea.
Pero las máquinas no se detuvieron ante esta decisión colectiva. El 27 de septiembre, pese a que ya era pública la decisión, entró maquinaria acompañada de policía estatal y con la Guardia Nacional patrullando por el municipio.
El jueves 10 de octubre, habitantes de la comunidad documentaron la incursión de la constructora, a quien le exigieron que retirara los tubos que estaba colocando.
El río atraviesa las cuatro comunidades náhuatl del municipio Juan C. Bonilla: Zacatepec, Cuanalá, Ometoxtla y Nextetelco. En estos cuatro territorios, que también son parte del Congreso Nacional Indígena, las mujeres son quienes impulsan la limpieza, sanación y defensa de lo que les queda del Metlapanapa, donde de por sí el gobierno direccionó el desagüe y empresas porcícolas vierten de manera ilegal los desechos de los animales de la granja.
De eso están conscientes los empresarios, quienes antes de la reunión pública del 14 de agosto pidieron a los representantes comunitarios que las mujeres no hablaran, “porque se ponen agresivas”, relatan habitantes de la comunidad.
“Le están prohibiendo a la mujer el habla, y no, no vamos a callar, está decretado que somos iguales, nunca volveremos a callar, vamos a decir lo que pensamos y no queremos esos tóxicos que van a matar al río”,
afirma Zenaida Xochihuila, originaria de San Lucas Nextetelco.
La lluvia se detiene en esta asamblea, las participantes acuerdan imponer un amparo para hacer valer su derecho como pueblos a decidir que no quieren contaminación en el río que atraviesa sus territorios. Y acuerdan también instalar un plantón que clausura el palacio municipal, donde despacha el morenista Joel Lozano Alameda, antes del PRI.
Quienes instalaron el plantón tienen la sospecha de que Lozano ya pactó con los empresarios, y por eso lleva más de una semana —lo que lleva el plantón— sin ir a la presidencia. Dicen los trabajadores que está en la Ciudad de México con un diputado.
Plantón en la presidencia y amenazas de muerte
Doña Gloria Tepale llega al plantón con un tazón gigante lleno de ensalada de atún para alimentar a las personas que permanecen en la presidencia municipal. Exigen al presidente municipal Joel Lozano que él debe hacer valer la voluntad del pueblo que ya dijo no a los residuos tóxicos en el río.
Llevan una semana aquí, esperándolo para dialogar y según los trabajadores del municipio, el presidente se encuentra en la ciudad de México viendo cuestiones con un diputado de Puebla.
“Lo que queremos es que limpien el río, no que nos lo envenenen más”, insiste Tepale. Si no fuera por ella, nadie comería en el plantón, ella lleva hasta mesa y refrescos para que compartan la comida.
En este plantón, campesinos y habitantes de las cuatro comunidades de Juan C Bonilla realizan un diagnóstico y una ruta a seguir, mientras ocupan el palacio. Entre pláticas, revelan que alguien del municipio fue quien filtró el documento de más de 500 hojas de las 28 empresas que son parte del “Proyecto integral para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona industrial de Huejotzingo, en el estado de Puebla”. Se la dio a una mujer de San Gabriel Ometoxtla, la cual piden no revelar su nombre por seguridad.
Los empresarios han insinuado amenazas contra los habitantes de estos 4 pueblos náhuatl que piden limpiar el río y no seguirlo contaminando. En este mismo plantón, denuncian que uno de los empresarios llegó a Zacatepec y Cuanalá, les dijo “necesitamos 500 hectáreas, toda esta zona ejidal”, y después de esa sentencia, dijeron “ya mataron a uno de Morelos y sólo falta uno de Puebla”, aseguran los campesinos que lo dijeron en referencia a Samir Flores.
Este proyecto industrial está íntimamente relacionado con el Proyecto Integral Morelos. En esta región también pasa el gasoducto que desemboca en la termoeléctrica de Huexca. De acuerdo con el abogado que ha llevado distintos procesos legales de pueblos originarios contra el PIM, Juan Carlos Flores, se está impulsando un proceso de industrialización en la zona que rodea el Volcán Popocatépetl:
“Además de gasoducto, acueducto y termoeléctrica, incluye un cinturón de incluyen cinturón de infraestructura para la industrialización de la zona, como han dicho la CRE, la CFE y el presidente, y que este proyecto es para beneficiar la industrialización en la región, que es campesina. Esto trae área de mas industrias, venta de terrenos, contaminación, extracción de agua potable y también un lugar donde verter los desechos, en este caso, las del área de Huejotzingo, que es estratégica para la industrializacion pues tiene la autopista a la Ciudad de México, está cerca de San Martín Texmelucan, del Aeropuerto internacional de Puebla, vías federales, y ahora un gasoducto que te da la energía”.
Las empresas que están involucradas son Portatex, Seamless, Triton, Skypue, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Lupinni by OTT México, Draexlmer, Thyssenkrupp Presta, Ajenix, Multiaceros, Espintex, Neptuno, Aunde México, Skyfelt, Titan Textil, Stone Lav, Concours Mold, Posco Mesdc, Productos Químicos Industriales, Tae Global Foods, Ero Metrón, Autopartes y Pinturas.
Fotos: Cortesía habitantes de la comunidad náhuatl de Zacatepec que tomaron ante la incursión de maquinaria cerca del río el 10 de octubre del 2019, pese a que la comunidad decidió que no quiere el proyecto industrial en asamblea.
El mismo documento del proyecto asegura que las aguas tendrían químicos como arsénico, plomo, mercurio, benceno, níquel, cianuro, cloroformo, etilbenceno, cloruro de metileno, entro otros deshechos industriales. Si bien los representantes de las empresas han dicho en las reuniones con el pueblo que limpiarían el agua antes de arrojarla al río Metlapanapa, y que serían solo drenajes pluviales, las mujeres tienen el presentimiento de que eso no sucederá.
“Sabemos que no es cierto, que es mentira, sólo es cuestión de ver lo que pasó en el Atoyac”, dice tajantemente doña Gloria Tepale. A este río llegaron los residuos del Complejo Industrial Quetzalcóatl y actualmente es el tercer río más contaminado de México. Apenas el 29 de Agosto del 2019 la CNDH emitió una recomendación para sanearlo.
De acuerdo con el abogado Flores, en Juan C Bonilla, autoridades públicas y empresarios están vulnerando diversos derechos: al medio ambiente, el derecho al agua, a la legalidad, “el proyecto no está claro en la información, no dice si tiene los permisos, y es bien conocido que no tiene los permisos correspondientes”, el abogado menciona también la vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que ya habían determinado de manera colectiva y en modo de usos y costumbres que ese proyecto no se lleve a cabo en el territorio. También el derecho a la consulta libre previa e informada.
“Ya existió una autoconsulta donde determinaron que ya no quieren ese proyecto, se le dio una segunda oportunidad a empresarios y al gobierno de tomarles en cuenta, pero aún así entraron las máquinas”, denuncia Flores, quien también agrega que se está afectando el derecho a la libertad de manifestación, pues hay hostigamiento por parte de la policía estatal, ferderal y el ejercito para llevar a cabo la obra. Agrega que también violan el derechos defender los derechos humanos, porque hay hostigamiento hacia los defensores de territorio con tomas fotográficas, identificación de las personas y señalamientos directos a integrantes de la Radio Comunitaria Zacatepec.
Las personas en el plantón aseguran que nadie de los regidores, ni el de salud, ni el de educación, ni el mismo presidente municipal han sabido responder si saben de qué va el proyecto. Incluso en la última reunión realizada con ellos, el 10 de octubre del 2019, les pidieron el proyecto a los campesinos.
En este plantón, donde las personas campesinas dialogan sobre su situación y debaten estrategias para sanar el río, también preparan el Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos, con el cual participan en la jornada Global convocada por el Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena llamada “Samir Flores Vive”. Es momento de hacer la mayordomía de la virgen de las resistencias.
Guías de la sanción del río: Zenaida de Nextetelco
El río Metlapanapa era muy bello, recuerda Zenaida Xochihuila, de 66 años. Ella es de Nextetelco. En su terreno tiene una casa sencilla y un espacio amplio de plantas medicinales, árboles frutales y animales que ajan con libertad entre las plantas. También tiene mucha flores y un gran espacio para lavar.
Platica debajo de un árbol con doña Gloria Tepale. Juntas recuerdan cuando había acociles, pescados, “podíamos ver el agua limpiecita, donde uno podía empinarse a beber, hoy ya no, todo eso se ha ido perdiendo por tanta contaminación, bajábamos a jugar dentro del río cuando éramos niños, ahora ahora ya ni se puede pisar porque echan toda la cochinada al río; hasta vidrios, y te salen ronchas. Yo digo, yo pus, nuestra niñez la crecimos muy bonita, pobres, pero estábamos muy ricos de todo”.
Zenaida tiene su cabellera larga, hasta la cintura, y la peina constantemente para dejarla lisa. Tuvo 13 hijos. Ahora, además de continuar sembrando, vende tortillas de maíz azul, típico de la región, en el mercado de Cholula. Tiene una complexión fuerte y musculosa.
“Estamos bien indignados de que no vamos a dejar, cueste lo que cueste, que los empresarios, que tienen sus fábricas aquí en Huejotzingo echen toda la contaminación para acá, para el río Metlapanapa, son aguas dulces que tenemos nosotros, nuestros ameyales, que nos los van a contaminar nuestros pozos, nuestro ameyalito que todavía tenemos gracias a Dios, todavía tenemos, ya nada más uno porque teníamos más cantidad de agua, es lo que estamos y lo que vamos a seguir defendiendo, no queremos ya contaminación, a ver dónde lo echan”, expresa Zenaida, quien además ofrece tortillas azules con sal para quien la escucha.
Si bien ya no habla náhuatl, recuerda como sus padres y abuelos lo hacían. Piensa en los niños de su comunidad cuando imagina el río envenenado, no solo contaminado como está ahora, con residuos tóxicos:
“¡Cuántos niños hay que se van a contaminar. Los pozos se van a morir de contaminación, por eso hay tantas enfermedades. Quieren matarnos a toda la humanidad con todos esos que vienen con todas esas aguas negras, pues para matarnos nos pegan cáncer. ¿Hasta dónde vamos?: a la muerte”.
Mientras las mujeres están sentadas bajo el árbol, los gallos cacarean, sus hijas llenan los tambos de agua del pozo que tienen, su esposo trabaja la tierra. Están rodeadas de plantas como ruda, Santa María, pirúl, romero, árboles de duraznos, higos y ciruela. Hay un árbol de aguacate que Zenaida espera de frutos pronto. Todo esto es lo que está en riesgo para ella y para el pueblo:
“El agua ya viene sucia, está contaminada nuestra agua, y nuestras tierras también ya están contaminadas. Mi ilusión es tener vida, qué haya vida para todos, que no nos falte que comer y salud, más quenada, que depende de nuestra vida, tener las cosas sanas ¡Cuánto diera que todo fuera sano!. Desgraciadamente el gobierno con nuestros gobernantes, que piden el voto para sentarse, y lo traicionan a uno, pero nosotros seguimos luchando.”
Pero para ella es muy importante que las mujeres defiendan el río, “nosotras como mujeres que somos, dejamos el quehacer por estar con la lucha e impedir que el rio sea envenenado, algunas dejan abandonado el marido, por no hacerles la comida pronto, por estar allá poniendo el cuerpo, como ahorita que hemos estado en el plantón esperando que el presidente municipal de la cara”.
Sonríe cuando piensa en su apellido, y dice que viene del significado de flor en náhuatl.
La voz y la entereza: Norma Xocolatl de Zacatepec
Norma Xocolatl inspecciona los tubos clandestinos escondidos entre el pastp de descarga de la granja de puercos, que vierten y contaminan conlos deshechos en el río metlapanapa. Foto Daliri Oropeza
Norma es una mujer joven y madura. Ha estado presente todas las veces que han entrado las máquinas a Santa María Zacatepec para intentar meter la tubería en la Tierra. Ha presenciado cómo son las mujeres las primeras que llegan después de que tocan las campanas de alerta y ha visto cómo son las que se ponen frente a las máquinas para que no avancen con la destrucción de las tierras.
Ella participa activamente en la defensa de la Tierra y el agua desde hace varios años, además de ser ama de casa, tiene dos hijos y también realiza un programa sobre mujeres en Radio Zacatepec, en donde ha dado a conocer el papel de las mujeres en esta defensa del Río Metlapanapa contra las máquinas.
Está consciente de las amenazas que ha recibido la comunidad por parte de los empresarios y sabe de la visibilidad que tiene por si participación de la radio. Pero eso no la inhibe para continuar con su programa.
Recuerda cómo, cuando era tenía 8 años, iba al río con su abuelo a pastorear borregos y mientras él los contaba, ella aprovechaba para darse un baño y jugar en el río. Hace una cara de tristeza al ver el río y saber que ya no es así.
“El agua era limpiecita, estábamos muy cerca del río, pero luego metieron el drenaje y luego la granja de puercos, y eso ha provocado que en algunos pozos el agua sea amarillenta y en otros tenga un olor raro, sale amarilla el agua, eso tiene que ver con la contaminación”, describe Norma, quien además remarca que lo que tiene el río son enfermedades de la tierra, que se traducen en enfermedades de las personas que habitan cerca de él.
Ella no quiere que envenenen más el río, “Eso está mal, están envenenando a la comunidad porque la comunidad está relacionada con el río desde siempre, yo creo que ya solo quedan los árboles porque la gente ya no se acerca como antes. Hace 15 días mi sobrino se metió sin zapatos, y para la noche le empezaron a brotar ronchas, ¡imagínate, qué va a pasar con los deshechos tóxicos!”.
“El agua ya no se puede tomar, y a veces la ocupan para la ropa pero le tienes que echar 1 litro de cloro al pozo, sino no sale limpia, y dura poco”.
Norma Xocolatl muestra el lugar en donde desembocaría la descarga de residuos tóxicos de la zona industrial de Huejotzingo que aún sigue en construcción. Es justo abajo de la carretera federal que lleva a la Ciudad de México, en un punto donde el río se ve gris y están las salidas también del desagüe. No puede evitar mirarlo con tristeza.
“La Guardia Nacional empezó a patrullar cuando entraron las máquinas en septiembre, hicieron sus rondines desde las 12 del día, los que primero salieron primero fueron las mujeres adultas y las personas que viven cerca del río, quienes corrieron las másinas y a la policía fueron las mujeres, de hecho había un grupo de muchachos que querían agredir, pero las mujeres no los dejaron y se pusieron enfrente y les dijeron que si no se iban ellas se quedarían ahí hasta que se fueran. Y poco a poco se fueron”.
De acuerdo con el abogado Flores, hay una estrategia del municipio de pagar grupos de jóvenes para crear confrontación.
En un recorrido realizado junto con Norma Xocolatl, Pie de Página constató que hay tubos clandestinos de la Granja de puercos que arrojan los deshechos de los animales al río. Asegura que han exigido varias veces a las autoridades hacer valer la ley y no permitir que lo hagan, además han pedido que se limpie el río, pero no reaccionan.
“Nos mostramos fuertes como mujeres, diciendo que también nosotras podemos, hay mujeres que ya reaccionan molestas y enojadas porque no quieren que sigan envenenando el río”.
Es visible lo que se pierde: Leonides de Ometoxtla
Leonides Tlahuel, de más de 70 años, es campesina. Muestra entre sus manos un tejocote que está muy oscuro por dentro. Lo tomó de su patio, justo abajo de un árbol que parecía tener un tapete anaranjado a su al rededor. Todos los tejolotes están en el suelo, nadie los levanta. El fruto que muestra doña Leo se ve un poco cenizo, como el árbol. A un costado de ese árbol hay un plantío de flor de xempasúchitl y la mujer remarca que ya es fecha para la cosecha de esta flor.
“Antes decía yo: “¡Ay, qué bonito!. Ya vivían mis abuelos, diario íbamos como a estas horas o más temprano, íbamos, nos metíamos de rápido al río, pero el agua era clara; ahora ya no·.
Se lamenta pues las frutas dejaron de estar buenas cuando la contaminación del río aumentó.
“Ya no se siembra como antes que se sembraba calabaza, rábano, así cositas sembraban mis papás: flores de nube, maíz, alfalfa, forraje para los animales. Pero ahorita ya no porque viene el agua muy contaminada y luego pues darles a los animales a comer eso y ya pues lo que sería también que nosotros tomar leche pues ya no se, así digamos una leche sana, pues ya al comer el animal la alfalfa pues también tiene que ayudar, pues ya contaminada, la leche, el producto de la vaca”.
A veces cuando habla tiene un toso asustado, pero eso no impide que sus manos hagan ademanes de enojo: “lo están matando, lo quieren acabar con tanta agua contaminada, lo quieren envenenar, lo están envenenando”, exclama en referencia al Río.
“Yo le digo al río que lo vamos a defender para que cuando uno esté enfermo, pues curarlo para verlo sano, volverlo a ver verde, agua limpia, como antes que el agua nos llegaba así limpiecita, clarita para que toda esa agua que baja del volcán pasa por ahí limpia, que nos llega hasta el Atoyac”.
Leonides Tlahuel asegura que han sido muchos atropellos contra el río y las comunidades, “él -río- como no habla, no se defiende, no nos dice: “Ya no me hagan esto. Nosotros nomás vamos, más lo contaminamos. Sino porque nos hace falta mucha reforestación en el río para tener más oxígeno nosotros de los árboles y los árboles de nosotros, no, el cuidado ese mantenimiento que él necesita”.
De acuerdo con Doña Leo, para limpiar el Metlapanapa lo primero es reforestarlo y llenarlo de árboles. Además, concientizar para que la gente deje de tirar pañales y plásticos, llantas o muertos. Sobre todo, dejar de fijarse en el dinero y mirar a las personas, y todas las repercusiones que ya tiene el río contaminado, y lo que podría pasar si está envenenado con deshechos tóxicos.
“Yo no estoy de acuerdo a que el presidente -municipal- le da permiso a los grandes empresarios que traen sus químicas para sus productos que ellos usan, eso lo desechan ellos al río, y yo no estoy de acuerdo porque nos contaminan el agua, pues nuestra agua de nuestros pozos,-porque tomamos agua del pozo-, pues es algo grave, ya nos afecta a nuestra salud”.
Leonides asegura que el río vive en todo, y por eso los tejolotes empezaron a tener manchas y ya no son comestibles.
La organización y la fuerza: Gloria Tepale de Cuanalá
Gloria Tepale, originaria de Cuanalá, tiene varios referentes de Zapata y Marichuy en la calle donde vive, aquí es retratada con el manifiesto zapatista en Náhuatl que dicta: “Por la gran lucha que tenemos que dar por nuestra benerada madre tierra”. Foto: Daliri Oropeza.
Gloria Tepale es una mujer delgada, pequeña, sencilla pero con una presencia muy importante en la comunidad. Cuando habla todos callan y si llega todos la miran. Es fácil sonreirle porque tiene una mirada franca. Ella fue enfermera mucho tiempo en su vida aunque ahora se dedica a la siembra y atender a su familia, pues tiene tres hijos y varios hermanos de edad avanzada.
Gloria Tepale es una mujer delgada, pequeña, con casi 60 años, sencilla pero con una presencia muy importante en la comunidad. Cuando habla todos callan y si llega todos la miran. Es fácil sonreirle porque tiene una mirada franca. Ella fue enfermera mucho tiempo en su vida aunque ahora se dedica a la siembra y atender a su familia, pues tiene tres hijos y varios hermanos de edad avanzada.
Eso no le impide ser guardiana del río Metlapanapa. Para ella, esa guardia es también para quienes junto con ella defienden el agua y la tierra de este pueblo náhuatl. Se sintió indignada cuando los empresarios no querían que como mujeres hablaran en la asamblea. Con rabia en la voz y en la mirada, asegura que como mujeres no van a dejar que las vuelvan a silenciar.
Acusa que un empresario se echó de cabeza y en una de las 4 reuniones que han tenido, reveló que no solo es en el río Metlapanapa, sino que “harían más ramales” para los deshechos tóxicos.
“La vida no se vende aunque se deslumbren con el dinero. Son las armas que nos están apuntando, que están atentando contra la naturaleza pero también cintura la vida de quienes habitamos a lo largo del río”.
Se refiere al presidente municipal, asegura que ha traicionado al pueblo porque presiona para que se lleve a cabo el proyecto de deshechos tóxicos. Para ella, es la continuación de los abusos en contra del agua de este pueblo náhuatl.
“Qué lástima que tengan esa mentalidad tan materialista”.
A Gloria Tepale le brillan los ojos y luego le escurren un par de lágrimas cuando se expresa de lo hermoso que era el río Metlapanapa, a como lo recuerda de su juventud.
“Ibamos a nadar, juntábamos costales de arena y se llenaba el río, también íbamos a pescar, a pastorear, las mujeres, mis abuelas lavaban en el río, era hermoso”.
Pero ahora no solo es la amenaza de la contaminación del desagüe y la granja de puercos. “Estamos conscientes del problema tan grave que es que vengan las industrias a poner sus deshechos tóxicos en nuestro río. La enfermedad del río es el capitalismo”, dice tajantemente, después de remarcar que los empresarios plantean el proyecto a 30 años, pero ella sabe que el daño puede ser para siempre.
Denuncia que en el proyecto, los empresarios no adjuntaron ninguna Manifestación de Impacto ambiental. Además, indica el apartado donde
Lo que Gloria Tepale, con sus ojos llenos de lágrimas y sus manos en las rodillas, le dice al río: “estamos luchando por rescatarlo y pues que nos perdone pero estamos luchando por evitar que lo envenenen y a nosotros también”.
Eso no le impide ser guardiana del río Metlapanapa. Para ella, esa guardia es también para quienes junto con ella defienden el agua y la tierra de este pueblo náhuatl. Se sintió indignada cuando los empresarios no querían que como mujeres hablaran en la asamblea.
Mujeres muestran contaminación en parte del río Metlapanapa en la comunidade de Nextetelco. Foto:Daliri Oropeza
Caminamos rápido. Llegamos con diez minutos de retraso a la entrevista con Marichuy, es imperdonable. Entramos en el Centro Social Autogestionado Tres Peces Tres, en el barrio madrileño de Lavapiés. Sentada debajo de los carteles del Congreso Nacional Indígena de México su rostro serio nos regala una sonrisa, y empezamos a tejer con los hilos coloreados de Chiapas de la camisa que lleva puesta.
María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy es una luchadora por la vida digna del pueblo nahua, actualmente vocera del Congreso Nacional Indígena de México (CNI). En las elecciones de 2018, fue la primera candidata indígena a la presidencia de México.
“Fue muy atinado participar en este proceso electoral, aunque al principio fuera un balde de agua. Fue propuesta de nuestros hermanos zapatistas que lo lanzan en la asamblea del CNI. Tuvimos que discutirlo dos días porque muchos decían “¿cómo pues? Si habíamos dicho que estábamos en contra de los partidos, que nosotros llevamos otro caminar”.
¿Quién es Marichuy?
Marichuy es una mujer indígena del pueblo Nahua del sur de Jalisco que ha venido participando en el Congreso Nacional Indígena (CNI) como espacio de los pueblos indígenas del México. También soy médica tradicional en mi comunidad. Tengo más de 25 años trabajando lo que son las formas tradicionales de curar. Tenemos una Casa de Salud donde atendemos enfermos, pero más que atender enfermos la establecimos para ser un medio y llegar más allá.
¿Tiene relación la Casa de Salud, la medicina tradicional con la memoria de los pueblos?
Claro que sí. Desde que están los pueblos originarios tienen su propia forma de curarse, que se ha venido desplazando por otras medicinas, consecuencia de un proceso capitalista que viene robando, despojando todas las riquezas de los pueblos. Consideramos parte del despojo que le quieran quitar la propia medicina a los pueblos e imponer otro modelo de fuera, costoso, dañino y lejano. Las comunidades tienen que ir a conseguirlo lejos. Por eso, nuestra lucha también es cómo ir manteniendo la propia forma de curarse con aquello que tenemos a nuestro alrededor. Es una lucha conjunta, pelear por la tierra es pelear también por lo que está en la tierra, las plantas, las aguas,… Todo eso es fuente de curación para nuestras comunidades. Si se enferma lo que está a nuestro alrededor, enfermamos. Y si cuidamos que no se enferme pues también va a beneficiar porque menos nos vamos a enfermar. Por eso, no solo luchamos por nuestro pueblo sino por todo lo que está alrededor, nuestro entorno, donde va incluida la medicina.
Es interesante esto que dices de cuidar nuestro entorno, la vida que nos rodea para a la vez cuidarnos. Si enferma lo que tenemos al lado enfermamos nosotros. Tiene mucho que ver con capitalismo, lo mencionabas ¿cuál es el propósito de la lucha anticapitalista que proponen?
La lucha anticapitalista que se propone desde los pueblos es ir reconstruyéndonos, ir organizándonos desde abajo. Creemos que sí es importante la lucha de alzar la voz, de decir que no estamos de acuerdo con la destrucción del capitalismo, pero le apostamos más a lo que vamos construyendo desde abajo, desde nuestras comunidades, y creo que una manera de resistencia es esta: retomar nuestra medicina, retomar nuestra lengua que es por donde más nos han golpeado, retomar nuestras formas de cultivar la tierra, no depender tanto de lo que nos venden, que viene envasado, empaquetado, con un costo. Eso nos va a afectar económicamente y en la salud. Formas propias que tenían nuestros antepasados y que generalmente son sustituidas por lo que está trayendo el capitalismo. Lo que decíamos en relación a la medicina, por ejemplo, a finales de 1999 surge un decreto de prohibición de plantas medicinales en México y éste es firmado por el secretario de salud a nivel federal. En un análisis que tuvimos tras convocar un Foro en defensa de la medicina tradicional donde asistieron más de 700 médicos indígenas de todo el país, vimos que si nos prohíban una planta medicinal es que la conocen. Se llevaron un pedazo de planta la analizaron y vieron que efectivamente servía para lo que decíamos pero que tenía otras propiedades. ¿Qué quiere decir? Pues que nos quieren prohibir el uso de las plantas amarrando las manos a los médicos tradicionales para que dependamos de las botánicas de ellos. La misma planta se la llevan y la regresan en forma de pastilla, con un precio y un valor. Si eso se convertía en ley –que logramos parar un rato- era como si estuviéramos traficando. Es lo que viene haciendo el capitalismo y entonces lo que estamos haciendo nosotros es fortalecer, retomar lo que es propio nuestro. Consideramos muy importante ir tejiendo desde abajo, ir reconstituyendo nuestros pueblos indígenas, porque de esa manera es como vamos a ir venciendo al capitalismo. Y al ir tejiendo abajo y a la izquierda, un tejido donde están incluidas las mujeres, de participación y anticapitalista se da una lucha contra quien está diseñando este sistema, que tiene el dinero y el poder. La única manera que vemos es esa, desde abajo y poco a poco.
Has dicho una palabra: patriarcado. Estamos ante la primera mujer de su comunidad que bailó el Baile de los Sonajeros donde solo lo bailaban hombres. Cuéntanos cómo fue, ¿qué pensaste para animarte a hacer eso?
Tal vez pensaba por qué a la mujer le dejan cosas que tiene que hacer como mujer y al hombre como hombre. Desde la familia se va haciendo muy natural y ese baile, que es muy bonito y que es una fiesta para pedir que haya buen temporal, que llueva bien para que se de bien la cosecha y poder comer bien, pues yo sentía la necesidad de participar. ¡Me gustaba! lo veía así y empezaba a tocar los instrumentos de baile y yo decía “¿y por qué yo no puedo bailar? quiero bailar”. Entonces, fui buscando formas, tampoco fue así que les dije ‘quiero entrar’ y ‘ándale, sí pásate’, noooo. Algo que era exclusivo para hombres. Fui pensando: “voy a ensayar yo, mientras ellos andan bailando, voy a ensayar yo por aparte y me pongo a preparar mis pasos para ver cuando ya entre que bailo bien”, porque eran tan estrictos que tenía que ser uno igual, o sea no podían dejar que se equivocaran. Y le dije a mi papa y me juzgó. Ya después le dije “ándale déjeme bailar, yo quiero participar” y me dijo “ya, bueno, vas a entrar, pero si estas de patarata te vas a salir”. Patarata es un término así de que no pisas bien. Cuando entré tuve que hacerlo bien y no hubo problema, no me decían nada, pero sí me sentía rara al interior pues eran puros hombres. Y de ahí me dejaron participar cada año. Tiene poco que dejé de danzar, pero me da gusto porque ya hay muchas mujeres que danzan. Hay varias cuadrillas de puras mujeres. De esa manera, vamos demostrando que sí podemos lograr las cosas que nos proponemos como mujeres. Y que no es para nosotros sino para todos.
Se dice que la lucha de la mujer tiene que sumarse a la lucha anticapitalista, que no habrá anticapitalismo sin las luchas feministas. ¿Cómo entiendes el antipatriarcado? ¿Cómo se puede tejer en lugares donde es tan marcado el papel del hombre? ¿Cuáles son las dificultades?
Se tiene que ir tejiendo poco a poco. No tenemos que desesperarnos, porque hay veces que las mujeres, mismas compañeras que tienen tan arraigada la manera de pensar del patriarcado -nos lo han sabido meter en la cabeza- que hasta cuando nos hablan de eso pensamos que es ponernos contra el hombre. Y una, si se va por ese extremo, y le declara la guerra al hombre, se pierde el sentido. Nosotros pensamos que no es eso, que una nueva construcción antipatriarcal se tiene que ir tejiendo, hombres y mujeres, de manera respetuosa. Vale el hombre y vale la mujer, es la idea que tenemos que ir construyendo para demostrarles a los demás cuál es ese patriarcado que nos han metido. Las mujeres color rosa, hombres color azul. Mujeres muñecas, hombres carritos. Hombres sentarse a esperar que les den de comer, mujeres preparar la comida. Decía mi abuelita a mi abuelito: “tú también tienes manos y puedes ayudar, no solo una hacerlo”. Ahora lo entiendo. Tal vez no tenía ella el concepto de lo que era el capitalismo, pero creo que es eso, ir haciendo conciencia en corto con más mujeres; no ir reproduciendo entre mujeres eso que nos ha venido lesionando porque a veces nos vamos al otro extremo y consideramos que las que sabemos tenemos la vara mágica para cambiar y no. Creo que entre todas podemos ir quitando esa venda y ver quién nos está oprimiendo y quién ha tomado fuerza, que es el mismo capitalismo teniéndonos a todos con los ojos cerrados y solo obedeciendo órdenes de quien las impone, que es un sistema opresor, un sistema de muerte. Entonces sí confiamos en tejer poco a poco, poniendo en práctica y no reproduciendo los golpes que te dan desde arriba. Trabajo de hormiga, es como vamos a ir creciendo, escuchándonos, platicando, reflexionando juntas. A veces las que menos hablan son las que tienen más qué decirnos. Se ha visto que hay muchas que hablan y hablamos, y no escuchamos a la otra. Construir algo diferente, es escucharnos, tener esa paciencia porque lo que vamos construyendo tiene que quedar bien cimentado, no tiene que ser algo que de aquí a un ratito venga un aire fuerte y nos lo desbarate. Si queremos ir destruyendo este capitalismo pues se tienen que ir haciendo fuertes esos cimientos, para que de ahí en adelante se siga construyendo lo demás. Y va a ser solamente así: escuchándonos, reflexionando juntas, pensando si lo que vamos construyendo es justamente para eso o estamos equivocando el camino o nos estamos lesionando entre nosotras, o si estamos solamente peleando contra nuestro marido, nuestro hermano, nuestro papa. Yo creo que ir reflexionando entre todas aclara más esta lucha, porque a veces lo que yo vea la otra lo puede ver de otra manera y la otra puede verlo distinto también. Esa construcción se tiene que ir haciendo fuerte de esa forma: escuchando y caminando juntas. También dándonos golpes, que es lo que nos va a ir haciendo crecer, y dejar de golpearnos entre nosotras. Porque si caemos juntas nos duele menos, nos levantamos y seguimos caminando.
México, ¿hay un México o muchos México?
Hay un México diverso. Muchos pueblos indígenas, cada uno con su diversidad. Además de los pueblos, otros grupos que en este caminar que dimos en el 2018 fuimos viendo que ahí están, y que han caminado. Se puede decir que son muchos Méxicos. Los pueblos indígenas están desde mucho antes que fueran colonizados, ya estaban, no es cierto que fueron y los descubrieron. Dicen los pueblos: “nosotros ya estábamos, no es cierto que vinieron, nos descubrieron y aparecimos, aquí hemos estado, somos los dueños primeros de estas tierras y cuando vino eso, vino el despojo, el racismo, todo se vino”. Recuerdo que mis abuelitos decían que a ellos les decían “es que los indígenas éramos muy… que no nos tapábamos nada”, pues no hacía falta, nosotros estábamos bien, es lo que a ellos les fueron platicando. Son otras formas lo que vinieron trayendo con todo este despojo que se dio a partir del colonialismo. Pero ahí están los pueblos, más de 500 años después, y siguen conservando su lengua y siguen conservando sus vestidos, unos más golpeados actualmente, otros menos, pero ahí están, siguen existiendo con su organización propia, sus fiestas, su comida, su manera de cultivar y eso es lo que le da sentido a seguir luchando juntos. Lo que ha venido destruyendo el capitalismo nosotros lo vamos a ir reconstruyendo poco a poco, pero como pueblos que somos, como los originarios de esta tierra. Todo eso que nos han robado e impuesto lo vamos a hacer a un lado y vamos a ir caminando como nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas si queremos seguir existiendo. Por eso, cuando estamos juntos se ve toda una diversidad de colores, lenguas y fiestas, pero al final somos lo mismo, somos hermanos que habitamos esas tierras y seguimos al acecho.
En ese recorrido que haces a través de la diversidad de los pueblos de México ¿hay un propósito de unidad?
Sí. Desde antes del 94 como que se decía que no había pueblos indígenas, que había campesinos, les daban otro nombre a las comunidades. Gracias al levantamiento de nuestros hermanos zapatistas fue un sacudir de conciencias aquí y en otros países también. ¿Cómo que hay grupos guerrilleros? ¿Cómo se atreven a desafiar? Pero eso ayudó mucho a que se voltearan y vieran que al lado tenían a un pueblo indígena. Eso ayudó mucho a nuestros pueblos de México. Porque gracias a eso, volteamos y vimos que teníamos otros hermanos indígenas cerca. Hablaría por ejemplo de Jalisco, yo creí que éramos solo los que estamos al sur, los Nahua, y resulta que estaban los Wixáritari que están hacia el norte y son otro pueblo. Encontrarnos en 1995 en Chiapas a un llamado de nuestros hermanos zapatistas que convoca a los pueblos de México hace que nos encontremos y que veamos que allí estamos, los de Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos,… En la mayoría de los estados había pueblos indígenas y no sabíamos, a lo menos yo. Y estar todos juntos nos hizo ver que somos bastantes y no nos habíamos encontrado. Entonces vimos necesario tener un espacio propio para caminar juntos, que no era bueno que estuviéramos cada quién en nuestros lugares. Que, si nos estaban golpeando, pues tal vez, si formábamos algo donde llegáramos todos podíamos ponernos de acuerdo para que no nos siguieran golpeando tan fuerte. Entonces se le dio importancia a instalar el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de los pueblos que no fuera una organización más, sino que fuera así como la casa de todos. Donde llegáramos y nos sintiéramos en casa, que podíamos hablar, decir, pensar. Un lugar donde juntos fuéramos una asamblea y separados una red y ya no aislarnos más. Por eso se le ha dado mucha fuerza a este espacio, porque es la casa de todos para ir caminando juntos y hacernos fuertes ante quien nos quiere acabar.
Ese levantamiento del 1994 fue increíble. Fue un sacudir conciencias y sacudirnos a nosotros mismos. Sobre todo, ver que la lucha de ellos, no era para ellos, sino para todos y todas. Los pueblos indígenas nos sentimos identificados y los consideramos nuestros hermanos mayores. Y es lo que seguimos diciendo, porque siempre un hermano mayor en la casa es el que ha vivido más y tiene algunas ideas que pueden servirles a los más chicos y nosotros así los hemos tomado. Ellos no solo están pensando por todos, sino que la forma organizativa que van fortaleciendo desde abajo es un ejemplo para todos. Hay veces, que a los pueblos nos tienen divididos, golpeados y peleados entre nosotros, por los partidos, las iglesias, las dádivas del gobierno… Nuestros hermanos mayores han sabido superarlo, han sabido ir caminando y fortaleciendo y cada vez integrando a más. ¿Si ellos lo han logrado por qué no nosotros los otros pueblos si también somos golpeados y divididos y también han llegado los partidos y nos han partido? ¡claro que podemos hacerlo!
Estamos en un momento en que se refortalecen, se amplían los caracoles, las autonomías ¿cómo vivís eso desde allá?
Hay veces que la gente de México piensa que cuando ya no hay ruido y no hablan pues ya no hay nada, que ya se acabó, y no. Como ellos dicen, no todo el tiempo hay que estar hablando, no todo el tiempo hay que estar diciendo “oye aquí estoy voltea a verme”. Ese comunicado donde dicen lo que han crecido es el trabajo que han estado construyendo. Ese callar es que han seguido caminando, reconstruyendo. Para los demás pueblos y para el Congreso Nacional Indígena, ellos han hecho realidad lo que se ha dicho, los de abajo irnos tejiendo, fortaleciendo que es la manera como vamos a resistir. Es un ejemplo, un animar a que no debemos de quedarnos solamente en decir las cosas sino en ir construyendo abajo.
Tal como hablas uno puede olvidar esa otra parte contra la que se resiste: fosas comunes, narcotráfico, esa violencia con la que habitan. ¿Cómo construir enfrentándose a la muerte?
A raíz de la gira fuimos encontrando mucho rechazo, fuimos muy criticados. Más mi persona. ¿Cómo que una mujer indígena, sin estudios, quiere ahora gobernar? ¿Por qué si son repoquitos quieren que los tomemos en cuenta? ¿Por qué no?, decíamos nosotros. Si el capital que son pocos son los que han manejado ¿por qué no dejar que los de abajo, que son más y dueños de las tierras originarias, decidan? Sabíamos a qué nos enfrentábamos. Lo que nos daba fuerza, fue la necesidad de voltear los reflectores hacia nuestro pueblo. El 94 fue un sacudir, ¡aquí están los pueblos!, se decía que ya todo estaba bien, que los pueblos no tenían problemas y eran tomados en cuenta. La situación que se estaba viviendo de despojo, desprecio, muertes, encarcelados, pues ya no figuraba en los medios. La gira fue una propuesta para que otra vez la problemática de nuestros pueblos se pusiera a nivel nacional, y a la vez, permitirnos dar un recorrido por los territorios asediados por el crimen organizado y esta era la manera de poder llegar, era necesario escuchar la palabra de esas comunidades. Se dio para eso, para recorrer, decir, invitar a que la única forma que podemos crear nuestro gobierno propio es la organización de abajo donde el pueblo sea quien mande y el gobierno sea quien obedezca. Pero sin organización no podemos crear eso, siempre vamos a esperar que quien está arriba nos diga, y que es el que tiene que decirnos y crear el cambio y cambiar todo, y no es cierto, porque él está respondiendo a unos intereses mucho más allá de México. Es lo que decíamos y es lo que escuchamos. Después del recorrido vimos que la situación estaba peor de lo que nos habían platicado. Escuchar directamente a las comunidades, hombres y mujeres, escuchar cómo tenían años resistiendo ante algún megaproyecto y cómo les habían matado gente, o cómo interfieren en sus asambleas para desde ahí modificar la toma de decisión…nos fue aclarando cuál es la forma que usan los poderosos para venirse apropiando de las riquezas de los pueblos. Y a los que menos quieren ahí es a los indígenas, quieren quitárselos de ahí para que les sea facilito ese robo del agua, bosque, minerales. La gente no quiere eso porque nos trae enfermedad, división, la tierra ya no quiere dar, los bosques se están acabando, los ríos se están contaminando. Después de este recorrido vimos que la situación empeoró más. Fue muy atinado participar en este proceso electoral, aunque al principio fuera un balde de agua. Fue propuesta de nuestros hermanos zapatistas que lo lanzan en la asamblea del CNI. Tuvimos que discutirlo dos días porque muchos decían “¿cómo pues? Si habíamos dicho que estábamos en contra de los partidos, que nosotros llevamos otro caminar”. Nos propusieron analizar la propuesta en colectivo, después de dos días de discusión se aclaró y se dijo sí, tienen razón. Porque cada vez la gente lee menos los comunicados y declaraciones y pronunciamientos y lo que está pasando en los pueblos ahora también está pasando en las ciudades y menos caso nos hacen. Y también con los trabajadores del campo y la ciudad y con las mujeres y en todos lados, entonces por eso la propuesta 2018 fue un pretexto para poder visibilizar la problemática real que pasa en los pueblos y también en este caminar fue visibilizándose la problemática de trabajadores, mujeres, maestros, los que fuimos encontrando en nuestro caminar y que ellos mismos fueron dando la palabra porque de eso se trataba. Poner el reflector y que ellos lo dijeran de su propia voz. Cuando celebraban de que habíamos fracasado, que no estábamos actos para ocupar un cargo, nosotros analizábamos que se habían cumplido los objetivos que nos habíamos planteado, que nos había mandatado la asamblea, que habíamos conseguido llegar a los pueblos que jamás hubiéramos podido llegar si no se da esto. Logramos recorrer 29 estados y escuchamos sus problemas de cerca y escucharon nuestra forma de que hay otra manera de organizarse para lograr ese cambio. El objetivo no era la presidencia, como dijeron en una asamblea: “se trata de meterse en la fiesta del otro, de los ricos, del poder, de los que deciden y arruinarles su fiesta”. Por ese lado logramos el objetivo y si no ahora este otro gobierno del cambio por los pueblos indígenas se hubiera quedado como que ya no existían. Si se ha acelerado más el despojo después de este gobierno de cambio, como que se viene más la guerra recontra los pueblos, se declara directamente y por eso hay tanto asesinato, desaparecidos, encarcelados, represión contra quien se opone a estas megaempresas. El cambio para los pueblos se dio, pero de manera contraria. No vimos cambio más bien un retroceso, se ha agravado la situación, se ha militarizado la zona, hay paramilitares y más encarcelados. La guardia nacional se pone al servicio de las megaempresas, justamente donde se meten los megaproyectos hay más fuerza policial, más fuerza militar, más marina, y crimen organizado. Lo que quieren hacer es atemorizar a los habitantes de la comunidad para que no se opongan, no digan nada, no se organicen, no luchen y con facilidad abran su puerta y den entrada. Por eso digo que se ha incrementado más la guerra contra los pobres.
Con este gobierno de cambio parecía que la cosa iba a favorecer a los pueblos ¿Qué ha pasado? ¿hay fuerza en las comunidades para resistir estas circunstancias?
En cada pueblo, en cada comunidad las fuerzas son diferentes, pero en todas hay ganas de seguir manteniendo las tierras, los bosques, las aguas para las comunidades. El cómo hacerlo, eso ya cada comunidad se organiza como puede de acuerdo a las condiciones que tienen y la forma como ellos acuerdan que lo van a hacer. En algunos lugares crean su propia policía comunitaria para irse defendiendo y parar el narco y los grupos delictivos. Pondría el ejemplo de Ostula que queda más cerca de donde vivo. Ahí, antes de que tuvieran su policía comunitaria, a diario había muertos y desaparecidos. Para traer víveres tenían que regresar por un lugar donde no los querían y ya la gente no quería salir y tenían mucho temor, ellos mismos implementaron su propia policía y el día que se pusieron a cuidar dejó de haber muertos y desaparecidos. Cada comunidad busca formas propias para irse defendiendo. Pero el gobierno no quita el dedo, para él allí hay unas playas bonitas que debe tener pensado ya a quién se las va a vender. No quiere decir que, por el hecho de que tienen un grupo que los protege todo el tiempo vaya a estar bien. Yo creo que el gobierno intensifica la militarización. A la comunidad que mencioné, llegó la marina, según ellos a custodiar y cuidar a la propia comunidad, pero empieza otra vez la desaparición de dirigentes, pues la marina da la información de a qué hora salen y a dónde van. Está difícil. Pero lo que sí hemos dicho al interior del CNI es que tenemos que ir denunciando lo que está pasando en cada pueblo, no podemos quedarnos callados y rápidamente difundir, que se sepa que llegan grupos a hostigarnos.
Esta actividad que hoy se celebra, 12 de octubre, fue un acuerdo de la asamblea para que a una sola voz denunciar la introducción de las megaempresas que están afectando a todos por igual. Y que viene acompañada no solo de llegar pacíficamente sino de imposición. Eso ya nos agrede, y que traigan de la mano de un lado los grupos delictivos del crimen organizado y por otro la policía o la guardia nacional es toda una estrategia de despojo y eso es lo que se va a denunciar en México y en otros países porque solamente así estaremos dándonos la mano y cada quien en la región no descuidar la organización que se va tejiendo desde abajo que es lo que va a quedar para que nuestros hijos vayan teniendo sus bosques, sus tierras, sus aguas y que son ellos, que viene atrás, quienes van a continuar esta lucha que emprendamos. En eso estamos, y en eso vamos a seguir y por eso la resistencia de mantenernos vivos y que haya vida para los que vienen atrás.
¿Qué es para ustedes la dignidad?
La dignidad es la vida, es la forma como ha estado presente el pueblo con su lengua, con su vestido, con su forma propia de organizarse, con sus tierras, sus bosques, y lo que ha pasado es que nos han querido pisotear y acabar. Lo único que no se nos ha acabado ni se nos va a acabar es la dignidad. Que debe ser más fuerte a cada rato porque eso es lo que nos va a hacer luchar para que no nos acaben ni nos exterminen porque el día que se nos acabe eso entonces ya seríamos parte de este proceso represor y capitalista, y no. Nuestros abuelos nos dejaron bien claro el mensaje: siempre hay que pensar por los demás, que siempre hay que luchar por cuidar nuestra madre tierra, nuestros bosques, y hay que seguir resistiendo, manteniendo esa dignidad como indígenas, que dicen ellos que no valemos porque no tenemos estudios, porque somos de un color. Yo creo que somos los originarios de México, los que hemos estado y los que vamos a seguir estando en la medida en que luchemos juntos y no nos sigan pisoteando y dañando porque somos iguales a pesar de que nos ven de otro color.
12 de octubre en Madrid ¿qué sientes estando por acá un día como hoy, sabiendo que no solo no se ha hecho memoria de todo aquello, sino que se sigue celebrando “el descubrimiento” mediante un desfile militar? ¿Qué sientes?
Coraje. Mientras celebran unos un día de fiesta, para otros es un día, como dicen en México, de lucha y de protesta porque es el día en que muchos hermanos murieron y fueron masacrados. Recuerdo que por ahí escuchaba que en una mano llevaban la espada y en otra la cruz e iban sometiéndolos y no solo eso sino cómo los iban masacrando. Fue un desangramiento de América. Cómo unos celebran eso te llena de coraje e impotencia. Quienes tienen el dinero siguen disfrutando de esas muertes y todavía lo siguen haciendo y siguen privando a otros sectores con tal de seguir masacrando pueblos y llevar a cabo sus negocios. Nunca me había tocado estar acá donde celebran un 12 de octubre. Nosotros siempre en México, como dicen allá, es de lucha y protesta, es el día en que los pueblos deben levantar la voz y decir que seguimos de pie y queremos seguir existiendo y vamos a luchar por esa existencia. Es el día que tenemos que dignificarnos como pueblo y decimos estamos aquí, vamos a seguir y vamos a luchar por todos. Nuestra lucha va a ser colectiva, desde abajo. Escuchar acá como se celebra este día me llena de coraje pero un coraje que se convierte en rebeldía en ir echándole más ganas a lo que se va construyendo desde los pueblos y otros que han asumido la lucha de los pueblos como suya, hemos logrado tal vez descubrir que si tenemos los mismos dolores podemos construir un espacio grande donde vayamos pensando juntos cómo vamos a ir acabando con este monstruo y que de eso se trata, de eso se trató el camino en el recorrer de ir invitando a que si no nos juntamos y nos ponemos de acuerdo para acabar el capitalismo éste nos va acabando de manera separada. Juntemos para ser más fuertes y que les cueste más trabajo que no tan fácil nos acaben. Da trabajo, pero es el llamado y el reto. Que juntos construyamos algo diferente y de muchos lados para que juntos vayamos tejiendo y haciendo una red grande.
Especialistas en el tema analizaron lo aprobado y aseguran que es solo un curita frente a un gran problema, que no se resuelve por falta de voluntad política.
Foto: Cuartoscuro
Por Andrea Vega /Animal Político, 12 de octubre de 2019
En México, más de 97% de los jornaleros agrícolas, poco más de 2.9 millones de personas, no tienen seguridad social, así lo documenta la iniciativa de ley para otorgar este beneficio a los trabajadores del campo eventuales o permanentes, que la Cámara de Diputados aprobó este 2 de octubre y que ahora pasó a la de Senadores para su análisis y aprobación.
El dictamen atiende una demanda esencial de uno de los sectores más marginados y explotados del campo: contar con seguridad social. Pero lo aprobado por los diputados es “tan general” y “deja tantos pendientes” que podría ser apenas “un curita frente a un gran problema”, afirman Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México, e Isabel Margarita Nemesio, coordinadora general de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA).
Estos jornaleros son trabajadores temporales que se dedican a la siembra, cosecha, recoleccio?n y preparacio?n de productos del campo. Hay dos tipos: los locales y los migrantes. Los primeros trabajan en su regio?n de origen, mientras que los segundos se desplazan de sus hogares a otras zonas para laborar y obtener un ingreso.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registra que en el segundo trimestre de 2017, había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. Pero a esa cifra, señala Barrón, hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones.
La Ley Federal del Trabajo reconoce la figura de los trabajadores estacionales o jornaleros, pero hay un divorcio entre lo legal y la realidad, tal como se asienta en la misma iniciativa de ley para dotarlos de seguridad social, que presentó el diputado de Morena, Francisco Javier Borrego.
“Este tipo de trabajadores no esta? bien remunerado, el trabajo es eventual, no hay vacaciones, ni reparto de utilidades, ni pago de horas extras, ni jubilaciones, y pocos son los que reciben proporcionalmente aguinaldo y prima vacacional”.
Los empresarios, señala el documento, “violan las garanti?as mi?nimas al propiciar y permitir la carencia de contratos colectivos de trabajo, el empleo de menores, las condiciones de hacinamiento, la exposicio?n a agroqui?micos y la existencia de guardias blancas”.
Sin embargo, y pese a todos esos atropellos, la iniciativa aprobada por los diputados apenas modifica el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.
Con la reforma, se establece que el trabajador estacional o eventual del campo, podrá ser sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio de seguridad social cuando presten, en forma permanente o eventual, con carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones.
El documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que la prestación de la seguridad social a que tienen derecho los empleados del campo se debe garantizar; no obstante, “en la práctica se encuentran dificultades para su pleno goce”.
Así de generales son los cambios que se plantean, dice Barrón. La economista e investigadora se refiere a que las condiciones de trabajo de los jornaleros son tan precarias e inestables que hace falta tener una regulación muy precisa para poder beneficiarlos.
Por ejemplo, Barrón señala que mientras no se reforme el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, que exige tener 1,250 semanas cotizadas ante el IMSS para tener derecho a una pensión por vejez, los jornaleros no podrán acceder a este beneficio. Al ser su trabajo temporal y estacional, el promedio de días que logran trabajar al año, de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI, son 110 o 120. “A ese ritmo les llevaría 50 años de trabajo poder pensionarse”.
Margarita Nemesio de REJJA coincide con que deben modificarse las semanas que se les exige cotizar a los jornaleros, porque la estacionalidad del trabajo, pero también las malas prácticas no les permite alcanzar el número solicitado. “Muchos patrones los dan de alta cuando saben que habrá operativo o frente a una eventualidad, pero luego los dan de baja”.
Barrón da otro ejemplo de por qué no se puede hacer una iniciativa general. Respecto al acto por el que se les da trabajo y la naturaleza del patrón, explica que en ocasiones los trabajadores suelen reunirse en un punto para esperar a que alguien llegue a ofrecerles jornal.
“Llega un señor en un camión y dice a ver 35 trabajadores, se suben, trabajan un día, les pagan y no firman ningún papel y solo saben que fueron al predio tal a tantos kilómetros de x lugar, pero quien sabe quién es el patrón y no les pagan con una hoja”.
Nemesio subraya que los jornaleros están sujetos a un trabajo cada vez más discrecional y a destajo, en el que no se contempla ni un rubro de los que están en las leyes.
Con esos esquemas operando, lo que se debería hacer, dice Barrón, es “los del IMSS deben ir hasta donde están los trabajadores, decirles vayan a la delegación que vamos a poner en San Quintín, por ejemplo, los vamos a dar de alta y les vamos a dar un número de seguridad social. Después la Secretaría del Trabajo debería vigilar que se les pague con un número y que lo tengan que reportar los patrones”.
Por su parte, agrega la investigadora, la Secretaría de Agricultura debería calcular cuántos jornaleros se necesitan por hectárea de cierto cultivo y sobre este estimado podría cobrar una cuota a los empleadores.
“Pero no existe esa coordinación necesaria porque en realidad no hay voluntad política para apoyar a los jornaleros agrícolas y tampoco van los políticos a los campos para ver las condiciones reales de los trabajadores y saber qué necesitan”.
En este sentido, Nemesio señala que para aplicar la ley en favor de los jornaleros hace falta un diagnóstico, porque ahora no se sabe exactamente ni cuántos son, ni cuántos realmente tienen seguridad social, ni hay un mapeo de las formas de contratación o de movilidad.
“Ahorita hay familias de Tlapa Guerrero que estuvieron trabajando en Michoacán, ahora están en Coahuila y en 15 días se van a Sinaloa, si esa movilidad y lo que implica no está radiada en las iniciativas de ley, pues son un mero curita”, asegura.
(Agencia SIM)/ Noticaribe
FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- En el marco del 527 Aniversario del descubrimiento de América, la Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”, convocaron a una resistencia nacional en defensa de los territorios de los pueblos originarios.
Con el nombre de “Samir Flores”, activista social asesinado en Morelos, el Colectivo y ‘U Kuchil Ch’ibalo’ob, se suman a las actividades de difusión y explicación de proyectos que ponen en riesgo los derechos de los pueblos y comunidades de la península de Yucatán sobre el agua, la tierra, trabajo, cultura y conocimientos.
Celebrada en la cabecera municipal, se dijo que a 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el planeta tierra.
En Felipe Carrillo Puerto, se lleva a cabo en el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on -Raxalaj Mayab’- con la presentación de la investigación cartográfica sobre amenazas al territorio de la península de Yucatán realizada por GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, presentado por Sara Cuervo.
Por la noche se ha programado un tsikbal, música, lecturas y otras manifestaciones de lucha social.
Además en el quiosco del parque central del pueblo se realizará el evento político cultural con proyecciones de videos, música y mucho más por El Colectivo.
Van contra proyectos federales
Los activistas denunciaron que con la implementación de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya (Chiapas-Tabasco-Campeche-Quintana Roo-Yucatán), la Refinería Dos Bocas (Paraíso, Tabasco), el Corredor Inter-Oceánico del Istmo (Oaxaca-Veracruz), el proyecto Integral Morelos, el Nuevo Aeropuerto y sus obras asociadas como la Autopista México-Tuxpan, se va a depredar el medio ambiente, además de desplazar a los pueblos originarios.
Comentaron que lo que se pretende hacer es un monstruoso conjunto de proyectos de depredación ambiental, territorial y social con minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etc. que forman parte de la infraestructura que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, selvas, viento, ríos, lagos y mares) y la sobreexplotación de mano de obra de los pueblos de México y Latinoamérica.
Según los organizadores estos proyectos son para entregar los territorios al gran capital trasnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe del calentamiento global”, quedando claro que esta propuesta del estado de carácter desarrollista neoliberal no abonará de ninguna manera a la solución de los problemas de las mexicanas y los mexicanos que son el desempleo, la pobreza y la violencia, entre otros.
Aspecto de las mantas durante la jornada de lucha. Foto: Comuneros de San Pablo Cuatro Venados
Colectivo Grieta, 12 de Octubre de 2019
Oaxaca, Oaxaca.- Los comuneros de San Pablo 4 Venados pertenecientes a las localidades de El Rebollero, Río Minas y Paraje los Arquitos, anunciaron que la continuación de su lucha en defensa de la tierra, al tiempo que reponsabilizaron a los tres niveles de gobierno por actuar coludidos con las empresas mineras que intentan despojarlos de sus tierras . Mediante un comunicado dado a conocer en el marco de la Jornada global de lucha en defensa de la Vida y de Nuestros Territorios “SAMIR FLORES VIVE”, convocada por el Congreso Nacional Indígena, este sábado 12 octubre en la Plaza de la Danza de esta ciudad los indígenas zapotecos de San Pablo 4 Venados dieron a conocer que pese a las agresiones que han sufrido continuarán la defensa de sus tierras.
Explicaron en su texto que: “A casi 5 meses de haber sufrido un atentado armado por parte de un grupo de personas, 500 aproximadamente, quienes derrumbaron nuestras viviendas, quemaron nuestro semillas, destruyeron nuestros cultivos , robaron animales y herramientas de trabajo que hemos comprado colectivamente, anunciamos que, continuamos en nuestras tierras, actualmente estamos cosechando y estamos reconstruyendo nuestras viviendas.”
Los comuneros de San Pablo 4 Venados, señalaron también que este despojo tiene que ver con el interés por el agua y los arroyos de la localidad, y que el ataque armado fue orquestado desde la Presidencia Muncipal de Cuilapam, la cual opera al servicio de los intereses de cuatro concesiones mineras que se han expedido para empresas extrajeras para explotar oro. Es importante recordar que San Pablo Cuatro Venados se encuentra en los Valles Centrales de Oaxaca, a menos de 1 hora de camino hacia el oeste-suroeste de la capital del Estado y que la operación de estas minas podría poner en peligro el agua de toda esta región, tanto por sobreexplotación como por las consecuencias de la contaminación que genera la minería de oro.
Diversas comunidades indígenas y organizaciones se organizaron en torno al llamado del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. Foto: Comuneros de San Pablo Cuatro Venados
En su comunicado, también señalan la existencia otros proyectos de capital que buscan hacerse de las tierras. Estos proyectos tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios y en ellos participan operadores políticos de MORENA. Así, lo comuneros señalan que se busca vender sus tierras de cultivo como lotes para el sector inmobiliario “donde hay personajes políticos, como Flavio Sosa Villavicencio, quien tiene interés en negociar nuestras tierras. Compraron a las autoridades del periodo anterior de Cuatro Venados para firmar acuerdos, pasando por alto a la máxima autoridad de la comunidad, que es la asamblea. Bajo coerción han hecho que las personas de la comunidad firmen documentos y así sostienen que tienen el respaldo de la comunidad. Quienes no firman estos acuerdos les cobran un impuesto, incluso hasta los privan de su libertad.”
Los comuneros señalaron que recientemente se nombró un nuevo presidente municipal para San Pablo 4 Venados, violando los usos y costumbres de la comunidad. Este nuevo presidente está vinculado ala falsificación de documentos para entregar tierras de San Pablo Cuatro Venados al municipio de Cuilapam para que éste las entregue a los proyectos mineros e inmobiliarios de la zona.
Por su parte, los comuneros han presentado en diversas instancias gubernamentales documentos que respaldan su identidad como comuneros, y han reivindicado su legítimo derecho a vivir de su trabajo en su propias tierras, por lo que anunciaron que no las dejarán y las defenderán. Por ello llamaron a la sociedad civil a estar atenta ante posibles agresiones y concluyeron “hacemos responsable al gobierno federal, estatal y municipal de Cuilapam de Guerrero y de Cuatro Venados, sobre cualquier agresión que sufra cualquiera de los integrantes de nuestra comunidad.”
Aspecto de las actividades en la plaza de la danza de Oaxaca durante la Jornada de Lucha. Foto: Comuneros de San Pablo Cuatro VenadosLas comunidades indígenas presentaron denuncias y compartieron experiencias de lucha y organización durante la jornada “Samir Flores Vive”. Foto: Comuneros de San Pablo Cuatro Venados.
Dentro de las cárceles de San Luis Potosí se está formando “un esquema de esclavitud patrocinado por las autoridades”, considera el abogado de tres demandantes
12 octubre 2019
Redacción/infobae
Las internas del Centro de Reinserción Social La Pila, en San Luis Potosí son explotadas al trabajar como maquiladoras de autopartes de autos. A través de una demanda laboral se dio a conocer las condiciones bajo las cuales laboran los reclusos.
María de la Luz Miranda Cárdena, una de las internas que se desempañaba como operadora de máquina de inyección y multifuncional, recibía 53.6 pesos al día por su trabajo, cuando el contrato colectivo del 15 de abril de 2016 indicaba que por ese puesto se paga 131.27 pesos.
Trabajaba de lunes a sábado 8 horas y media al día, con una hora de comida. Cuando la despidieron por bajar más de 10% su nivel de producción, no recibió liquidación, las partes proporcionales por las vacaciones y el aguinaldo ni finiquito.
Por esta razón, interpuso una demanda laboral contra la empresa Traktolamp, sentando un precedente. Hasta el momento, otras dos internas, también mantienen un litigio contra la misma empresa. En el caso están implicadas autoridades estatales y federales, así como tres compañías que emplean a presos.
Desde la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el actual periodo de Juan Manuel Carreras López (2015-2021), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permitieron que instalaran líneas de producción en los centros carcelarios de La Pila y Matehuala para emplear a los presos sin darles prestaciones porque eran contratados como “becarios”.
A cambio, las fábricas debían pagar por compensación del cerca de 30,000 pesos mensuales en especie a los centros penitenciarios, pues el costo de uso de las instalaciones es más barato que rentar una nave industrial para producir, de acuerdo con un reportaje del semanario Proceso.
El trabajo de las reclusas tiene reglas iguales a las de los empleados en libertad, tienen horarios, tareas y deben cumplir con un estándar de producción. A pesar de ello, reciben un pago inferior justificado por los convenios realizados entre las empresas y las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública estatales. La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla el trabajo como parte de la reinserción y eso incluye las prestaciones laborales.
“Lo que se ve en La Pila en realidad es una fábrica con dormitorio […] Los trabajadores dentro pueden estar 1, 5 o 10 años y van a salir y no tendrá ahorro ni siquiera una semana cotizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni antigüedad ni nada en perjuicio suyo y el de sus familias” dijo Joel Hernández Vázquez, representante legal de María de la Luz, a Proceso.
Bajo estas condiciones de trabajo, el abogado considera que dentro de las cárceles de San Luis Potosí se está formando “un esquema de esclavitud patrocinado por las autoridades”.
Además, se han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denuncias penales por el uso de datos e información de las internas, así como acusaciones contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por incurrir en omisiones al no inspeccionar las cárceles e incorporar a las internar en los sistemas de seguridad y fondo para la vivienda.
A las trabajadoras reclusas se les descuenta 33% del dinero que perciben bajo el concepto de beca para un fondo de ahorro, pero el abogado no ha podido acceder a los anexos de los contratos que detallan la operación del fideicomiso. También se desconoce qué tipo de pago en especie reciben en compensación los centro de reintegración por parte de las empresas. Proceso intentó conocer más detalles sobre las operaciones de las empresas en los reclusorios, pero obtuvieron respuestas negativas.
Según información oficial, tres empresas tienen otros convenios para trabajar en las cárceles: Traktolamp, Ixtlera Santa Catarina S.A. de C.V y Envases del Potosí S.A. de C.V.
Todos los contratos fueron suscritos por Arturo Alejandro Barrera Genchi, quien fue director General de Prevención y Reinserción Social en el periodo de Fernando Toranzo (2009-2015) y de Carreras López. Fue acusado por maltrato a custodios y extorsión.
Traktolamp dejó de operar en La Pila de manera inesperada desde el jueves 10 de octubre. Las reclusas exigieron sus finiquitos y el fondo de ahorro acumulado, pero la empresa no ha dado respuesta hasta el momento.
Las cifras más recientes dadas a conocer por el sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en México se han cometido 638 asesinatos de mujeres que son investigados como feminicidios, esto debido a la condición de género de las víctimas, hechos de los que el 3.9% se han cometido en el Estado de Sonora.
Al cierre del mes de agosto, las estadísticas mencionadas indican que de inicios de año al corte se han contabilizado 26 feminicidios en la entidad, lo que coloca a la demarcación en el noveno puesto entre los estados de la república con mayor incidencia en este delito y representa un incremento de 73.33% respecto a los 15 casos registrados en Sonora a las mismas fechas de 2018.
Por parte de esta casa editorial, el conteo más actualizado contempla los feminicidios registrados durante los meses de septiembre y lo que va de octubre, con lo que la cifra ya se redondea a 30 incidencias en lo que va del año.
El último hecho registrado corresponde al municipio de Guaymas, Sonora, donde un joven de 23 años asesinó a su pareja sentimental asfixiándola el pasado día 5, hecho que consternó a la sociedad guaymense y dejó huérfanas a dos menores de edad.
Este hecho, es de señalarse, fue inmediatamente judicializado y tras la confesión del asesino se llevó a cabo un proceso legal abreviado que culminó con una sentencia de 40 años para el agresor, no obstante, pese a los esfuerzos de la autoridad los feminicidios siguen siendo un problema serio en Sonora.
Municipios peligrosos
La misma fuente señala que en la lista de los primeros 100 municipios de México donde se han registrado crímenes de esta naturaleza en contra de mujeres Sonora aporta cuarto ciudades, mismas que se encuentran, además, entre los primeros 50 lugares nacionales.
De estas ciudades la primera es Nogales, Sonora, donde se han censado siete feminicidios, uno con arma de fuego, otro más con arma punzocortante y los restantes cinco con otro tipo de objetos.
Después, en el sitio número 32 en el listado se ubica Cajeme, con cinco asesinatos de mujeres, tres con arma de fuego y dos con otro tipo de elementos o a golpes.
No muy lejos en el listado se encuentra Hermosillo, capital que tiene investigaciones judiciales por cinco incidencias más, en este caso una con arma de fuego y las restantes cuatro con diversos objetos.
Para cerrar la lista de ciudades sonorenses en el grupo de los 100 municipios con mayor número de crímenes de esta naturaleza se encuentra San Luis Río Colorado con cuatro feminicidios, el primero con arma blanca y el resto con métodos diversos.
En estas cuatro ciudades, es de señalarse se suman 21 hechos de los 30 que se contemplan por parte de este medio a lo largo del año, lo que indica que el 70% de los hechos de todo el estado se concentran en estas demarcaciones.
ACTOPAN, Ver., 11 de octubre.- “No a la mina, sí a la vida” fue el mensaje claro y firme que se envió al subsecretario de minería de la Secretaría de Economía, Fernando Quiroga, quien no acudió a esta asamblea realizada en el municipio de Actopan y en su lugar acudió Antonio Suárez, Director del Registro Público de Minería, quien se comprometió a llevar el sentir de autoridades locales y estatales así como de organizaciones civiles y de la propia población que rechaza la minería a cielo abierto.
El salón ”Estrella” fue insuficiente para dar cabida a quienes se dieron cita en ese lugar en punto de las 10:00 horas del pasado viernes para hablar y exponer sus puntos en contra, por los cuales no se debe llevar a cabo la minería a cielo abierto en los proyectos conocidos como La paila y Caballo Blanco.
Luego de escuchar todas las voces en contra de los proyectos mineros de Actopan y Alto Lucero, pero también las quejas contra otros proyectos como los de Yecuatla y Juchique de Ferrer el funcionario federal, Antonio Suárez expresó que llevaría el sentir y la expresión de la población al subsecretario de Minería.
Aseguró que acudió para escuchar a la población y es que recordó que la opinión de la comunidad es fundamental para el avance o el apoyo que se pueda dar a un proyecto minero, por lo que insistió que sin el apoyo de la comunidad no puede avanzar la minería y por eso el apoyo de la comunidad es lo primero que se tiene que gestionar.
Puntualizó que las concesiones de las que se habla en la asamblea de Actopan que son la Paila y Caballo Blanco no son de reciente expedición y es que precisó que lo que pasó en los últimos días de la administración anterior fue que se liberaron un número no tan grande, pero sí significativo de lotes mineros.
Explicó que liberar significa que se ponen a disposición, pero no que se hayan iniciado nuevos proyectos mineros, por lo que no se tienen nuevas concesiones.
Foto: Jesús Escamiroza
Como gobierno aseguró que no aceptaran presión de las empresas mineras y tampoco la presión es algo a lo que responda o haga que trabaje la actual administración del gobierno de México. Sin embargo, refirió que era su obligación comentar que la parte de la subsecretaría de Minería y la Secretaría de Economía constituyen solamente algunos de los puntos que se tienen que cubrir para el avance de los proyectos mineros.
Sostuvo que para que esos proyectos mineros avancen se debe cumplir con la normativa ambiental, pero además desde hace 3 años existe la obligación de hacer consultas públicas para que puedan continuar adelante los proyectos.
Acerca de que ya en una ocasión se frenó la instalación de la mina Caballo Blanco y de que hoy solo cambian de nombre y las empresas mineras vuelven a intentar instalarse el funcionario federal aseguró que no tienen conocimiento de que se este reiniciando el proyecto.
También refirió que desconoce cuál es el número exacto de proyectos mineros, esto a pesar de ser el titular del registro público minero y acudir a la entidad a escuchar la inconformidad de la población en torno la instalación de minas en Veracruz.
Reiteró que todo lo que se diga en esta asamblea será comunicado a sus superiores, por lo que aseguró que dará a conocer todo ese sentimiento y expresión de la población y reiteró que para eso fue enviado a esta asamblea.
Foto: Jesús Escamiroza
La UV, LaVida, Inecol, Pronatura y otros organizaciones y colectivos coinciden en “No a la Mina”
Guillermo Rodríguez Curiel integrante de la Asociación Civil LaVida y quien llevó la batuta de la asamblea realizada en Actopan refirió que el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto se autorizaron concesiones mineras para Veracruz.
Esto, dijo, pone en riesgo a más de un millón de habitantes y más de 200 mil hectáreas de tierra toda vez que estas concesiones no solo son las de Alto Lucero y Actopan sino también para los municipios de Yecuatla, Juchique, Chiconquiaco, Tenochtitlan lo cual calificó como una irresponsabilidad del expresidente.
Recordó que se ha demostrado que la minería en Veracruz es inviable y más aún si se pretende realizar en lugares como Actopan y Alto Lucero que son susceptible de huracanes.
Refirió que por eso este tipo de asambleas y es que es urgente que la gente se sume para defender la naturaleza toda vez que no hay planeta “B”.
Reconoció que las autoridades municipales, estatales y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que los proyectos mineros no van y esperan que sí sea.
Recordó que en Veracruz sólo queda el cuatro por ciento de corteza vegetal, junglas, manglares, por lo que es necesario llamar la atención y no ser irresponsables con las siguientes generaciones.
Jorge Juárez de la Secretaría del Medio Ambiente recordó que el gobernador del estado ha dicho en diversas ocasiones que la minería no va y lo dijo antes de que fuera gobernador, como gobernador electo y luego como gobernador mantiene su posición de no a la minería.
“Este proyecto no va, esas fueron las palabras y como gobernador constitucional del estado de Veracruz lo ha ratificado, este es el posicionamiento del gobierno del estado de Veracruz”, aseguró el funcionario de la Sedema.
Expuso que la posición de la Secretaría de Medio Ambiente, Rocío Pérez Pérez se ha pronunciado también en contra de la minería tóxica de Veracruz, por lo cual aseguró que la funcionaria también está contra la minería tóxica en la entidad.
El subprocurador de Medio Ambiente del Estado, Ernesto cuevas aseguró que están en el análisis de este tema de la minería a cielo abierto y aseguró que hay muchos elementos para cancelar este proyecto e indicó que estas asambleas son buenas y así el gobierno federal se da cuenta de que al población no quiere este tipo de proyectos.
“La Procuraduría de Medio Ambiente del Estado harpa el trabajo necesario para presentar los elementos y decir porque no se puede llevar a cabo este proyecto”, indicó el subprocurador ambiental del Estado.
Foto: Jesús Escamiroza
Domingo Canales Espinosa, director del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana aseguró que los argumentos de científicos que se han ido acumulando a lo largo de estos últimos años se han ido difundiendo mediante publicaciones científicas, congresos , encuentros y foros y recordó que incluso la publicación más reciente es el libro “En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz: El Caso del proyecto de la Mina la Paila en el municipio de Alto lucero Veracruz”.
Recordó que en octubre de 2017 la minera Caballo Blanco se desistió formalmente de la evaluación de impacto ambiental ante Semarnat, por ello se detuvo el proceso de evaluación, pero recordó que ya en dos ocasiones han solicitado una evaluación a esa dependencia y nada garantiza que las trasnacionales no van a solicitar una tercera.
“Como institución científica y académica, luego de analizar escrupulosamente su viabilidad de procesos amplios de deliberación colectiva, y de acreditar que en nuestro estado existe un consenso en el rechazo al extractivismo minero… nos pronunciamos por la cancelación de las concesiones de minería a cielo abierto en Veracruz”
Alexandro Medina, investigador del Instituto de Ecología refirió que luego de analizar los Manifiestos de Impacto Ambiental elaboradas por los promoventes de Caballo blanco se determinó que los volúmenes de agua para el proceso no garantizan la sostenibilidad de la extracción, pero además el volumen y características de las piletas de lixiviados no garantizan que no se puedan presentar desbordamientos y con ello un eventual derrame de sustancias como el cianuro de hidrógeno que representa un riesgo catastrófico para la salud humana.
Del mismo modo otros colectivos y organizaciones como Pronatura hicieron uso de la voz para exponer los riesgo que representa tener minería a cielo abierto no solo para la salud humana, sino para el entorno.
Juan Jaime Loera González y Jesús Hernández Olivas/ La Jornada
La sierra Tarahumara, al suroeste del estado de Chihuahua, es escenario de resistencias y movimientos activos de comunidades, en su mayoría indígenas organizadas contra proyectos desarrollistas, que enarbolan un amplio abanico de expresiones políticas ambientalistas. Chihuahua posee una de las superficies forestales más importantes del país: 16.5 millones de hectáreas, de las cuales 7.6 millones son bosques de coníferas y selva baja caducifolia que se concentran en las montañas, barrancos y valles que dan forma a la sierra Tarahumara. Estos bosques captan buena parte del agua que se dispersa por la zona semidesértica y nutre zonas agrícolas de Sinaloa. La Tarahumara es una región de gran diversidad cultural al ser territorio de los pueblos rarámuri (o tarahumara), odame (o tepehuano), oóba (o pima) y warijo (o guarijío), además de una diversidad biológica significativa.
Al igual que otros territorios indígenas, la Tarahumara ha experimentado un incremento en las últimas décadas en extracción y explotación de recursos energéticos, forestales, mineros y acuíferos. Esta situación ha generado conflictos socio- ambientales siguiendo la pauta de la realidad a nivel nacional. Desde 2016 se documentan en el país 420 conflictos socio-ambientales. La mayoría afectan población y territorios indígenas, con fuerte presencia en Chihuahua y Oaxaca (Toledo 2015). De igual manera, EJOLT Project ubica a México en el décimo tercer lugar del atlas mundial en cantidad de conflictos ambientales. En la misma tendencia, la CEPAL indica que en América Latina entre 2010 y 2013 hubo más de 200 conflictos en territorios indígenas ligados a actividades de generación de energía, explotación de hidrocarburos y minería, y otros más se encuentran en confrontación latente. Cálculos conservadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconocen que la deforestación avanza a un ritmo de entre 316 mil y 800 mil hectáreas anuales, la erosión afecta 45 por ciento del territorio nacional, casi 2 millones 600 mil especies de plantas y animales están en peligro de extinción y 100 acuíferos se encuentran sobreexplotados.
La región Tarahumara es de las zonas del país que presenta mayor daño en su cobertura arbórea. De 2001 a 2017 perdió 19 mil 100 hectáreas, según Global Forest Watch. Guadalupe y Calvo es uno de los municipios con más pérdida de árboles: de 2001 a 2017, por lo menos, 3 mil 014 hectáreas registraron esta situación.
Un dato crucial para entender la magnitud de la extracción de recursos maderables es el volumen de metros cúbicos autorizados por la Semarnat en la Sierra Tarahumara, que entre 2014 y 2016 llegó a 6 millones 446 mil 694 metros cúbicos. Los aserraderos autorizados y las denuncias de tala ilegal son constantes.
A pesar de esta degradación, las políticas públicas del gobierno pasado, a través del Programa Nacional Forestal 2014-2018, se proponían “incrementar la producción forestal maderable de 5.9 millones de metros cúbicos a 11 millones en 2018”, sin un plan viable para poner en el centro de todo la sustentabilidad de los sistemas de producción campesinos, verdaderos dueños de los bosques y quienes mejor los han manejado. Al interior de los poderes públicos no hay contrapesos a los verdaderos causantes de la deforestación: agroindustria, ganadería, tala ilegal o narcotala, grandes megaproyectos y otras causas de cambio de uso del suelo.
Narcotráfico, factor transversal
Dentro de los factores que agravan la violencia estructural en la Tarahumara están el cultivo y transporte de amapola y mariguana. La actividad no es nueva para la región, pues ya desde la década de los setenta y ochenta el “triángulo dorado” entre Sinaloa, Durango y Chihuahua era conocido internacionalmente por la producción de enervantes. El narcotráfico ha cambiado dramáticamente las relaciones sociales, configuraciones de movilidad y patrones de producción en la región. Se ha extendido la narcosiembra, y los grupos que buscan el control de la amapola también han despojado a las comunidades de su territorio y recursos. En 1996 se tenían identificados cinco municipios de la sierra donde se sembraba droga; actualmente son 20 (Diagnóstico y Propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara, Consultoría Técnica Comunitaria, 2018). Además de una creciente diversificación geográfica, se desarrolla la diversificación de actividades del crimen organizado. Los habitantes señalan un mayor control en la venta de madera, alimentos, bebidas alcohólicas y productos piratas. La violencia practicada por los grupos armados muestra mayor grado de sadismo y crueldad. Familias enteras, indígenas y mestizas, abandonan rancherías y comunidades hacia centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida.
Agresión y persecución ambiental
Degradación ambiental y presencia del narcotráfico traen de la mano violencia contra comunidades e individuos afectados por las grandes inversiones turísticas, maderería, construcción de aeropuertos, la contaminación de ríos y arroyos con desechos de hoteles y minas, las actividades del crimen organizado, el crecimiento urbano y recientemente la construcción de gasoducto El Encino-Topolobampo a lo largo de la sierra. Las luchas emanadas a raíz de intervenciones desarrollistas en territorio indígena traen consigo denuncias y movilizaciones que desafían las relaciones de poder local y federal, alcanzando incluso a las corporaciones transnacionales. Existen casos paradigmáticos de luchas colectivas bajo amenaza, con muertes, desplazamiento de familias y trastornos sociales y culturales. El caso más visibilizado por la prensa fue el asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez el 24 de octubre de 2018. Carrillo dedicó los últimos años de su vida a denunciar el despojo del territorio que han sufrido históricamente los habitantes de su comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, dentro del “triángulo dorado”. El asesinato de Julián no es aislado ni consecuencia colateral de la delincuencia. Forma parte de procesos históricos de violencias sistemáticas y estructurales que propician un clima de impunidad para los perpetradores de crímenes contra defensores del territorio y el medio ambiente. Otros crímenes lo anteceden: en 2016, su hijo Víctor y otros seis integrantes de la comunidad fueron asesinados; en julio de 2018, su yerno; finalmente él, después de refugiarse varios días en el monte. Todos los crímenes fueron similares: las víctimas estaban en situación de indefensión y vulnerabilidad tras denunciar irregularidades, despojo sobre el territorio o amenazas. Sin embargo, responsabilizar completamente de los asesinatos al crimen organizado impide vincular responsabilidades políticas profundas. La ausencia de las autoridades en cada uno de los casos evidencia que el Estado ha omitido acciones para prevenir y evitar los asesinatos contra los defensores indígenas. Su inacción está presente en todos los casos de agresiones, lo cual representa una violencia sistemática por omisión de sus responsabilidades. Julián Carrillo contaba con medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Esas medidas fueron implementadas en 2014, destinadas a proteger a Julián y otros líderes rarámuri, así como a sus familiares, quienes, no debe pasarse por alto, viven desplazados del municipio de Guadalupe y Calvo. En tanto, los abogados que han acompañado a las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen viven con medidas de protección permanentes. Durante décadas en Chihuahua, estas violencias han normalizado las agresiones contra defensores indígenas, que pueden repetirse porque permanecen impunes, lo cual facilita el despojo y la ocupación de territorios. Como apunta Devalle (2000; 17), “donde la violencia se desarrolla, ésta adquiere para las clases dominantes el peso de un ‘valor’, es decir, de condición normal de la vida, necesaria para mantener el orden existente, legitimada como ‘el derecho’ de los que tienen el poder”. Quienes detentan el poder en la sierra de Chihuahua son los caciques que han tenido la propiedad de la tierra favorecidos por las reformas del Estado, así como los grupos del crimen organizado que se instalaron desde la década de 1970 como autoridades de facto en los municipios de la sierra Tarahumara. El caso de Julián es sólo el más reciente, visibilizado por Amnistía Internacional. Sin embargo, la lista de asesinatos y amenazas a defensores rarámuri es larga y dolorosa: Juan Ontiveros Ramos, asesinado el 31 de enero de 2017 en Choréachi; Isidro Baldenegro, asesinado el 15 de enero de 2017 en Coloradas de la Virgen; Jaime Zubía Ceballos y Socorro Ayala, asesinados en 2013 en Choréachi, entre otros. Las organizaciones que acompañan luchas comunitarias también sufren amenazas. La Asociación Civil Bowerasa recibió las primeras amenazas de muerte en 2009, después de su exitosa defensa jurídica del municipio de Carichí contra caciques ganaderos. Un año después fue ultimado el defensor Ernesto Rábago, pareja de la directora, quien a su vez fue víctima de un atentado fallido, y en otra ocasión su hija. En el ejido Benito Juárez, municipio Buenaventura, integrantes de El Barzón habían denunciado la extracción inmoderada e ilegal de agua de la cuenca del río del Carmen por parte de agricultores influyentes y la minera El Cascabel, subsidiaria de la canadiense Mag Silver. Ismael Solorio y su hijo fueron golpeados por empleados de la minera, la cual junto al gobierno estatal emprendió una campaña mediática contra la organización. En octubre de 2012, Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís fueron amenazados de muerte y ese mismo mes fueron asesinados por sicarios. La asamblea ejidal resolvió expulsar a la minera y prohibir toda actividad de ese tipo en su territorio. Tres años después el asesinato sigue impune, y recientemente en el municipio de Villa Ahumada fue ejecutado otro defensor de El Barzón por causas relacionadas (Almanza 2016).
La estigmatización como violencia
Son varios los mecanismos del Estado para estigmatizar, amenazar y reprimir defensores de derechos territoriales y ambientales en la Sierra Tarahumara (Almanza 2016). Una primera reacción de los inversionistas públicos y privados de proyectos que afectan a las comunidades es eclipsar a la población propietaria y/o poseedora de las tierras. En segundo lugar, cuando la movilización hace visibles las demandas comunitarias, la intervención se proyecta como única opción viable para desarrollar la economía local. Y cuando los sujetos alcanzan victorias legales, se dan condiciones para ataques físicos contra activistas locales, asesores y acompañantes de la sociedad civil.
Dos casos ejemplifican luchas comunitarias que alcanzan victorias legales y que posteriormente se convierten en conflictos que estigmatizan a los opositores al Proyecto Turístico Barrancas del Cobre y el gasoducto El Encino-Topolobampo. El proyecto turístico inició en 2008 con la construcción de un teleférico y tirolesas en el Cañón del Cobre (Almanza y Guerrero 2014). Dos particulares ostentaban la propiedad legal de tierras en sitios de los que se habían apropiado en décadas anteriores, a pesar de la ocupación ancestral de comunidades rarámuri. Al inicio de las obras, los particulares de la familia Sandoval y Elías Madero buscaban el desplazamiento de familias de Witosachi y Mogotavo, sin lograrlo, pues las comunidades interpusieron amparos judiciales. La primera ya obtuvo un fallo favorable a la certificación de su propiedad, y la segunda espera la sentencia.
A orillas de la ciudad de Creel, la comunidad rarámuri de Repechique se amparó exitosamente contra el aeropuerto internacional, cuya construcción se emprendió sin el consentimiento libre, previo e informado. En este contexto, se anunció el paso del gasoducto El Encino-Topolobampo por los municipios serranos de Carichí, Bocoyna y Guazaparez, afectando comunidades indígenas y ejidos como Bahuchivo, Cuiteco y San Luis de Majimachi. La mayoría de estos otorgaron su consentimiento bajo procedimientos apresurados, faltando a los protocolos establecidos. Repechique, la misma comunidad indígena que logró el amparo contra el aeropuerto, junto con la comunidad indígena de San Luis de Majimachi, y asociaciones civiles lo buscan ahora contra el gasoducto.
Ante los triunfos de algunas comunidades contra los megaproyectos, el hostigamiento tomó diversas formas. Por una parte se iniciaron auditorías irregulares ordenadas por el Estado contra la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), y se presentaron amenazas de muerte a miembros de la comunidad. También se hizo evidente una estigmatización en medios de los defensores de derechos humanos, como el director de Tierra Nativa y especialmente el jesuita Javier Ávila, cabeza de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en la región serrana.
El futuro frágil
Los escenarios posibles para la región son inciertos. Se han logrado sentencias legales exitosas del territorio que ofrecen una luz de optimismo para resolver las demandas de las comunidades. Pero dichas victorias no representan el final de un conflicto, implican potencialmente represalias y mayor violencia.
Hay una resolución sin precedentes digna de recordar. Tras más de 20 años de lucha jurídica, el Tribunal Superior Agrario reconoció plenamente sus derechos territoriales a la comunidad rarámuri de Choréachi (Guadalupe y Calvo). El conflicto se remontaba a la sobreposición gubernamental de linderos con la comunidad mestiza Colorada de los Chávez, pretendiendo que Choréachi estaba dentro de su territorio e intentando despojarlo.
La sentencia revoca una anterior del Tribunal Unitario Agrario de Distrito en Chihuahua contra la comunidad. Ahora se les reconoce y respeta el ejercicio de su autonomía y libre determinación, otorgándoles la calidad de propietarios, que han demostrado inmemorial. Choréachi tiene derecho a su territorio (32 mil 832 hectáreas) al ser preexistente al ejido Pino Gordo y las comunidades agrarias Coloradas de los Chávez y Tuaripa. La lucha y la victoria judicial se conciben por la comunidad como la aceptación de su responsabilidad de preservar la esencia rarámuri y recordar a los defensores que perdieron la vida (Milla, 2018). La sentencia sienta precedente y abre la puerta a otras comunidades indígenas. Sin embargo, ante posibles represalias por la resolución, se pidió a la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Derechos Humanos, de Gobernación, protección para los habitantes de la comunidad y los integrantes de Alianza Sierra Madre.
Referencias
Susana B.C. Devalle,“Violencia: estigma de nuestro siglo”. En Poder y cultura de la violencia, compilado por Susana B.C. Devalle, 15-31. México: El Colegio de México, 2000.
Horacio Almanza, “Criminalidad Ambiental de Estado en los territorios indígenas del norte de México” En Ecopolíticas Globales, Medio Ambiente, Bienestar y Poder, editado por Piergiorgio Di Giminiani, Ángel Aedo, Juan Loera González, 193-230. Santiago de Chile: Hueders, 2016.
Horacio Almanza, y Rafael Guerrero. Paradojas del turismo: entre la transformación y el despojo. Los casos de Mogotavo y Wetosachi, Chihuahua, México. Revista de Análisis Turístico, 18(1): 45-56, 2014.
Francisco Milla, “Tras 21 años de litigios, reconoce Tribunal Superior Agrario derechos territoriales a comunidad rarámuri de Choréachi tras demostrar su propiedad inmemorial”. Diario El Puntero, 23 de octubre de 2018: http://elpuntero.com. mx/n/86569
Verónica Espinosa / Proceso, 11 de octubre de 2019
Trabajadores despedidos de la planta de General Motors en Silao que participan en movimiento por un nuevo sindicato. Foto: Verónica Espinosa
SILAO, Gto. (apro).- El paro técnico en la armadora de General Motors (GM) en Silao y la huelga en los Estados Unidos puso al descubierto un cúmulo de inconformidades que personal de la empresa expresa en contra de la dirigencia del sindicato que tiene el contrato colectivo de trabajo, mismo que pertenece a la CTM, y que se ha perpetuado por nueve años sin ofrecer un verdadero respaldo a los afiliados.
El activismo de un grupo de trabajadores de GM en Silao en busca de conformar un nuevo sindicato –con base en las reformas a la Ley federal del trabajo- ha sido castigado con presiones, movimientos de áreas y hasta despidos injustificados con todo tipo de argucias, según denuncian los afectados.
De junio a la fecha, por lo menos 13 personas han sido despedidas con diversos pretextos, incluyendo padecimientos físicos derivados de condiciones laborales, como es el caso de Guadalupe Ibarra, una mujer que tras laborar por siete años en la planta, fue despedida el 5 de junio pasado, cuando presentó un problema de salud en la espalda por una lesión ocurrida durante sus jornadas de trabajo.
Israel Cervantes Córdova fue despedido el 28 de agosto. Alrededor de las 11 de la noche de ese día, fue notificado de que se le aplicaría un examen antidoping. El médico tuvo el resultado en cinco minutos, que presuntamente dio positivo para mariguana y antidepresivos.
“Yo sabía que eso no era cierto; en ese momento me ofrecen firmar el finiquito pero yo me negué. Fui al día siguiente a un laboratorio particular a que me hicieran una prueba, que se entregó 24 horas después y salió negativa”, contó Cervantes Córdova a Apro.
A través de diversas plataformas y redes, numerosos empleados de la planta en Silao han expresado durante meses su molestia por la falta de apoyo de la dirigencia sindical cetemista que encabeza Juan Carlos Félix Vázquez.
Y desde fines de abril de este año comenzaron a reunirse algunos con la inquietud de formar un sindicato nuevo.
Pero gente del sindicato cetemista presionó a algunos de los agremiados y se conoció la lista de quienes están participando en el movimiento por un nuevo sindicato; a partir de eso, comenzó a despedirse a quienes aparecen en las listas.
Otro momento que derivó en presiones y otros despidos fue el 16 de septiembre, cuando varios empleados de GM Silao hicieron a través juntas públicas por Facebook expresiones de apoyo a sus compañeros huelguistas en los Estados Unidos.
“El sindicato no mete las manos y en contubernio con la empresa toma represalias. Nosotros expresamos que no aceptaríamos tiempos extras en respaldo a ellos. El sindicato mandó gente que tomó fotos y horas después, hubo cinco despidos”, narró Israel Cervantes.
Junto con Arturo Martínez Cervantes y Javier Martínez Mosqueda –uno con 23 y el otro con 24 años dentro de la empresa hasta su despido en septiembre pasado- Cervantes espera a que se defina la negociación de la huelga en los EU, pues “nuestros compañeros de allá están pidiendo como una de las condiciones la reinstalación de todos los que hemos sido despedidos. Y eso nos incluye a nosotros, es una de las principales demandas para levantar la huelga”.
La exigencia principal en Silao es que se permita a las y los trabajadores de la planta decidir y votar libremente por un sindicato y tener más de una opción, expuso Israel Cervantes.
“Que se nos reinstale a los despedidos injustificadamente, que nos den interlocución dentro de la empresa y que se nos deje votar libremente a todos los empleados para que ellos elijan el sindicato que decidan. Y hay también compañeras que han sufrido lesiones en el trabajo y lo que hace la empresa es despedirlas”, reveló.
-¿Por qué quieren sacar al sindicato de CTM?-
Félix Vázquez nunca ha sido trabajador de la empresa, nunca ha pasado por una sola área de General Motors. Nunca ha rendido cuentas de las cuotas, antes de ese periodo teníamos algunas prestaciones que se habían ganado y cuando él llegó las perdimos, como la despensa, o rifas de fin de año que nos hacían con hasta 3 carros, ahora apenas se rifa uno. No hay un respaldo a los trabajadores, no están viendo por ellos”.
También, por un presunto acuerdo entre el sindicato y la empresa (o al menos, la aceptación tácita del primero) se ha obligado a los trabajadores a aceptar trabajar un domingo para poder descansar un día feriado como el 16 de septiembre, pero sin que se les cumpla con el pago extraordinario por ser domingo.
También se redujeron las utilidades y se eliminó la entrega de una despensa que recibían.
Un trabajador sindicalizado debe aportar –vía descuento en nómina- entre 64 y 85 pesos de cuota sindical a la semana.
El grupo no se ha disuelto y tampoco quita el dedo del renglón por el nuevo sindicato. “Seguimos teniendo apoyo de otros compañeros dentro de la planta, seguimos en el movimiento”.
Redacción / La Silla Rota
Son los expedientes de los colectivos de búsqueda quienes tienen mayor información de los cuerpos y sus pertenencias que fueron encontrados en fosas clandestinas. Las personas dibujan la ropa que encontraron ahí.
“Fue hasta que revisé El expediente Jojutla y vi la cantidad de brasieres dibujados que dimensioné cuántas presuntas mujeres o personas no binarias podrían estar en aquella fosa estatal”, señala Carolina Corral Paredes del CIESAS-GIASF.
Ilustraciones a mano hechas por familiares de desaparecidos.
En el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas bajo la dirección de Karla Quintana, se señaló que existen 3 mil 24 fosas desde 2016 hasta la fecha; donde se encontraron 600 desaparecidos en 522 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumadas 200 personas y entregaron 116 a sus familiares.
Sin embargo, Quintana no ha dado detalles que estas fosas se han usado para enterrar personas en secreto sin avisar a los familiares, reporta el portal A dónde llevan a los desaparecidos.
“Necesitamos saber cuántas fosas comunes fueron y siguen siendo usadas para terminar de desaparecer personas, quiénes están enterrados allí, qué les pasó y por qué no se hizo investigación al respecto”, apunta Corral.
Por los reportes gráficos, se conoció que en las fosas estatales de Jojutla y Tetelcingo en Morelos se encontraron a menores de edad con las uñas pintadas, con el uniforme de la escuela; más de la mitad presentaron señales de tortura, algunas con indicios de tiros de gracia.
Pese a estas evidencias, los cuerpos son registrados con las descripciones “causa de muerte indeterminada”, “sexo no valorable”, sin hacer mayor investigación. Pese a que Morelos es uno de los estados con mayor índice de trata de mujeres, niñas y tráfico de órganos; además es un estado donde está activa la alerta de género “¿por qué no se han investigado las muertes de estas mujeres como feminicidio?”, se cuestiona la especialista del CIESAS.
Que las integrantes de de Regresando a Casa Morelos dibujaran los brasieres dieron pistas para determinar que cuerpos femeninos fueron violentados. Se sabe que hay alrededor de 10 mujeres enterradas en Jojutla, varias menores de edad, una de ellas porta un uniforme de secundaria. Además, el cuerpo de una tiene la marca de una herida de un objeto punzocortante. Pese a esto, se reportan como muertes indeterminadas. Ya van dos años de las exhumaciones y no se ha ampliado la información. ¿Quiénes son estas mujeres y niñas, quién las mató y por qué?
En lo que va de este año la Fiscalía General del Estado (FGE) ha emitido 253 fichas de búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas en toda la entidad morelense, de ellas 153 son niñas y solo han sido localizadas 97.
Los municipios con mayor número de casos son:
Cuernavaca con 42
Cuautla con 40
Jiutepec con 32
Ayala y Yautepec con17
Temixco con 12
Solo el 62 % por ciento han sido localizadas, para Susana Díaz Pineda, integrante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, quien ha seguido de cerca los casos de extravío de jovencitas en los últimos años, indicó que más del 90 por ciento de todas ellas, tienen un rango de edad de entre 13 a 29 años.
Indicó que también en este 2019, destaca que municipios en donde no se habían reportado desapariciones en épocas pasadas, ya se registran casos en municipios como Jojutla, Atlatlahuacan, Temoac, Jantetelco y Tlaltizapán.
Este viernes en el Día Internacional de la Niña, reiteró que todavía no se ha comprendido el interés superior de la niñez.
“Hemos tenido que obligar a las autoridades a que volteen a ver a las niñas para que hagan lo sufieciente y necesario para proteger y garantizar sus derechos… Sin embargo, van a paso de tortuga.”