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Juez niega amparo vs. instalación de Hidroeléctrico Puebla 1; se está revictimizando a las comunidades totonacas, acusa Fundar

Yadira Llaven Anzures / La Jornada de Oriente

El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que pretende implementarse en los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya.

Los pueblos, que recibieron el respaldo del Consejo Tiyat Tlali y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, acusaron que el juez Miguel Arroyo Herrera está revictimizando a los pueblos originarios de la entidad.

Por su parte, el juez arguyó que negó el amparo por considerar que la consulta indígena que la Secretaría de Energía (Sener) realizó en 2015, cumplió con los estándares en la materia, determinando que fue previa, a pesar de que los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, seis años antes de dicha consulta.

Asimismo, el juez estimó que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute para tener por cumplido el estándar, contraviniendo el marco internacional que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones.

Para Fundar resultan preocupantes algunas de las afirmaciones del juez en su sentencia, entre ellas que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades indígenas deben ser consultadas en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos sobre su entorno”.

Lo anterior, aseveró, debido a que es contrario a lo dispuesto por la Corte, quien ha señalado que cuando se trate de proyectos de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación no sólo de consultarles, sino también de obtener su consentimiento previo, libre e informado.

Poder Judicial federal revictimiza a comunidades totonacas de Puebla al no reconocer la violación a sus derechos en la imposición de un proyecto hidroeléctrico en el Río Ajajalpan

?? Poder Judicial federal revictimiza a comunidades totonacas de Puebla al no reconocer la violación a sus derechos en la imposición de un proyecto hidroeléctrico en el Río Ajajalpan

Posted by La Jornada de Oriente Puebla on Tuesday, October 15, 2019

En ese sentido, Fundar afirmó que la interpretación que hace el juez sobre los impactos significativos restringe el derecho a la consulta.

Además, señaló que el Juzgado niega el amparo desestimando las afectaciones a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental elaborado por Procuraduría General de la República (PGR), el cual establece que el Proyecto Hidroeléctrico tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.

En la sentencia, afirmó que el juez omite el análisis de este peritaje, pero sí retoma los peritajes ofrecidos por la empresa beneficiaria del proyecto y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos en la población.

Fundar aseveró que uno de los puntos centrales de la demanda de las comunidades es la inexistencia de un interés público en la autorización del proyecto; sin embargo, sostuvo que el juez afirma con contundencia que el proyecto les beneficia, sin dar razonamiento alguno.

Esto, agregó, a pesar de que el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía establece expresamente que la energía a generarse deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios de la empresa beneficiaria Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Wal-Mart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.

Finalmente, señaló que las comunidades también reclamaron a las autoridades no haber efectuado un estudio de impacto social previo al otorgamiento de los permisos, el juez no reconoció la existencia de esta obligación internacional, a pesar de que se encuentra establecida para México desde 1991 en el Convenio 169 de la OIT, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de los años 2007 y 2008.

“La sentencia dictada constituye una muestra más de una política de Estado que ha buscado despojar de sus derechos y de sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas”, afirmó.

En acompañamiento a las comunidades demandantes, advirtió que seguirán pugnando porque el Poder Judicial Federal cumpla con su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos y colectivos.

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/amparo-hidroelectrico-puebla/