Avispa Midia / Eugenia López.
En México, las y los jornaleros son las víctimas mayoritarias del trabajo esclavo o forzado. En su primer informe intitulado “Violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”, publicado en marzo de 2019, identificó numerosos casos de explotación laboral, trata de personas y trabajo forzado. Los Estados del Sur, en particular Oaxaca, Guerrero y Chiapas proporcionan gran parte de los trabajadores que migran para ir a trabajar hacia el centro y norte del país.
Aunque la Ley Federal del Trabajo de México (LFT), en su Capi?tulo VIII – Trabajadores del Campo, arti?culo 279, establece que los trabajadores estacionales del campo o jornaleros, “pueden ser contratados por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón”, la gran mayoría de esos trabajadores no cuentan con un contrato de trabajo.
En general, la relación con el patrón es informal e indirecta, ya que existe a través de intermediarios conocidos como “contratistas”, “enganchadores”, “reclutadores”, “mayordomos”, “cabos” o “caporales” según los lugares. Esos intermediarios son los encargados de reclutar trabajadores, con los cuales establecen un acuerdo laboral verbal. El acuerdo suele prometer buenas condiciones de trabajo, incluyendo el monto del salario, el pago de las horas extras, la prestación de servicios, y en ocasiones un lugar donde vivir. Sin embargo, es común que las condiciones reales sean muy diferentes a las prometidas.
“Nosotros no firmamos contrato, el contrato es de palabra. Me dieron de enganche $700, nos prometieron $1000. Nos dijeron que el pago es de 170 pesos por di?a, esto no lo sabremos, pues pagan al finalizar la temporada”, comparte un trabajador* de 23 años, originario de Veracruz.
Segu?n el Programa de Atencio?n a Jornaleros Agri?colas (PAJA), en 2016 la poblacio?n jornalera era de 5 millones 955 mil 889 personas, incluyendo 1 millo?n 543 mil 400 de trabajadores y trabajadoras agri?colas y 4 millones 412 mil 489 integrantes de sus familias.
Por otra parte la Encuesta Nacional de Ocupacio?n y Empleo (ENOE) subestima las cifras al registrar solo 2 millones 990 mil 049 jornaleros en 2017. Pero “ninguna de esas cifras refleja la realidad”, como lo señala la Red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas, “uno de los principales problemas con las estadi?sticas existentes es que no dan cuenta del total de poblacio?n jornalera, ni tampoco los datos se actualizan de manera perio?dica. Las personas jornaleras migrantes son las ma?s castigadas, pues el dato censal no se levanta en hogares, y los albergues”.
“Las y los jornaleros junto con sus familias esta?n expuestos en los campos agri?colas a que sean vi?ctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas, condiciones de explotacio?n que conllevan a que en el contexto de la poblacio?n jornalera exista una normalizacio?n del abuso y de la explotacio?n”, señala el documento elaborado por la Red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas
Millones de trabajadores y trabajadoras pobres
En México existen tres tipos de jornaleras y jornaleros: primero, los y las que viven y trabajan en su lugar de origen, segundo las que migran temporalmente para trabajar, y tercero los migrantes asentados en las regiones de agricultura intensiva.
Los Estados del Sur, en particular Oaxaca, Guerrero y Chiapas proporcionan gran parte de los trabajadores que migran para ir a trabajar en el centro y norte del país. En el caso de Chiapas, cabe señalar que si bien es un importante estado “expulsor” de fuerza de trabajo, tambie?n es receptor de jornaleras y jornaleros migrantes, principalmente guatemaltecos.
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Los Estados de Michoaca?n, Puebla, Nayarit, Morelos, San Luis Potosi? y Veracruz son a la vez lugares de destino como de origen para las y los jornaleros.
Los Estados del norte, en particular Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua y Sonora son los que más reciben trabajadores originarios del centro y sur del país.
Para gran parte de la población jornalera, el trabajo agrícola temporal aparece como la única opción para generar ingresos. “Es un sector de la población nacional para quienes, en la mayori?a de los casos, la migracio?n y la incorporacio?n al mercado de trabajo agri?cola significan –a veces junto con la siembra de sus pequen?as y exiguas parcelas– las u?nicas estrategias de supervivencia”, relata el informe de la Red.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Jornaleros 2009 (ENJO) intitulada “Pobreza, migración y capacidades básicas en la población jornalera agrícola en México” señala que 78 de cada cien jornaleros agrícolas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, de ellos, 40% de los jornaleros agrícolas migrantes pertenece a una comunidad indígena, son hablantes de 29 lenguas distintas.
Mujeres
Si bien durante mucho tiempo la migracio?n interna agri?cola en Me?xico fue considerada como fundamentalmente masculina, una de sus principales caracteri?sticas es que suele ser conformada por grupos familiares y comunitarios. Las mujeres, así como las nin?as y nin?os, cobran importancia en los procesos migratorios, ya sea porque acompañan a otros familiares en sus lugares de trabajo, o porque también migran para trabajar.
Según el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), tomando en cuenta las familias enteras, las mujeres representan 47.5% (2.8 millones), mientras que los hombres constituyen el restante 52.5% (3.1 millones) de la población jornalera mexicana.
Como lo señala el informe de la Red, “las mujeres que migran realizan un sin fin de labores que no les son reconocidas. Son mujeres que han sorteado situaciones que van desde la violencia y olvido por parte del Estado, hasta las que viven en sus hogares, en sus comunidades y en los surcos de los campos donde van a laborar”.
Esa situación se ve agravada en el caso de las mujeres indígenas, las cuales sufren también las consecuencias del racismo institucional. “Esta situacio?n se agrava en el caso de las mujeres indi?genas jornaleras, que junto con los varones comparten la desigualdad e?tnica y de clase, tambie?n sufren mecanismos de exclusio?n que operan particularmente contra ellas, por ser mujeres”, afirma el reporte.
Niñas y niños
Según datos presentados por la Red de Jornaleros y jornaleras, en 2015 se encontraban trabajando en el sector agropecuario 5 359 nin?as, 25 054 nin?os (de 5 a 15 an?os) y 660 135 adolescentes (entre 16 y 17 an?os).
Además, la informacio?n sobre el trabajo infantil revela que 711 688 nin?as, nin?os y adolescentes en hogares jornaleros tienen como actividad principal el trabajo remunerado como jornaleros.
El 60% tiene una educacio?n inferior a la ba?sica. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009, la escolaridad promedio de los jornaleros agrícolas migrantes para ese año era de 4.5 años, mientras para los jornaleros agrícolas no migrantes era de 5,2 años, en comparación con la media nacional de 8.1 años.
Según la Red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas, esa realidad se explica por la inadaptación del sistema educativo a los constantes desplazamientos de las familias jornaleras para responder a la oferta laboral, pero además por “la falta de accesibilidad al servicio educativo regular”, es el principal obsta?culo que enfrentan. “Si un nin?o o nin?a jornalera migrante entra a la escuela regular, se presume rezago, monolingu?ismo, lo que implica un trabajo mayor para la escuela y el maestro, adema?s de que en la evaluacio?n de la propia institucio?n perjudica los indicadores de desempen?o de la escuela”, explica la Red.
De acuerdo con la Lista de bienes producidos con trabajo infantil o forzado 2018 publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, identifica la existencia de trabajo infantil en particular en la producción de jitomate, chile, ejote, café, pepino, berenjenas, melón, cebolla, caña, tabaco, y amapola. En el caso del cultivo de jitomate y chile, también señala la existencia de trabajo forzado.
Cabe destazar que Estados Unidos es el principal socio comercial agrícola de México, “al recibir casi el 80 por ciento de las exportaciones agrícolas mexicanas; en 2016, EE. UU. importó casi $ 24 mil millones en productos agrícolas del otro lado de la frontera sur (México). Nuestra salsa, catsup o pizza – que contienen todos tomates o chile, pueden estar manchados por trabajo infantil y trabajo forzado”, señala el documento del Departamento de Trabajo.
Condiciones deplorables
La demanda en frutas y verduras en el mercado nacional e internacional existe de enero a diciembre, en particular para productos frescos pero también congelados, semicongelados, picados o envasados. Esa caracteri?stica garantiza la oferta de trabajo por al menos nueves meses al año.
Los principales productos de exportacio?n son el jitomate, la cebolla, calabacita, chile verde, chile morro?n, papa, espa?rrago, cebolli?n, zanahoria, limo?n, naranja, mango, durazno, pla?tano, uva, nuez, manzana, aguacate, pepino además del cafe?, can?a de azu?car y tabaco.
La produccio?n se hace mediante cultivos intensivos, los cuales ocupan grandes extensiones de tierra para su explotacio?n. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), en Baja California, el 12% de los predios son de 100 y ma?s hecta?reas y absorben el 55% de la superficie de labor, y en Sinaloa el 8.5% de los predios absorben el 50.2% de la superficie.
El trabajo de las y los jornaleros es un elemento clave para los cultivos intensivos para la exportación, en particular la produccio?n de hortalizas: la explotación de su fuerza de trabajo a bajo costo aumenta sustancialmente la rentabilidad de la agricultura intensiva.
Respecto al hospedaje, según Jose? Antonio Meade Kuribren?a, extitular de la SEDESOL, en 2015 existían 118 albergues administrados por la SEDESOL, y 850 administrados de manera mixta, con una participacio?n importante de los productores del sector agropecuario. Las familias jornaleras que no tienen acceso a los albergues tienen que rentar espacios donde vivir.
En muchos casos, tanto en albergues como casas privadas, las condiciones de alojamiento también son difíciles ya que no cuentan con los servicios básicos.
“Nos prometieron todo y nos dan atole con el dedo, dormimos en una base de cama, sobre el tubo pues no tenemos colcho?n. Dijeron que tendri?amos agua para tomar, pero no tenemos aqui?, la tenemos que comprar. No nos pagan horas extras, nos dicen que no las hicimos o que el cabo no las apunto?, segu?n”, denuncia otro trabajador de 17 an?os, también originario de Veracruz.
Según describe el informe de la Red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas, en mayo de 2018 se encontró en el municipio de Villa de Arista, San Luis Potosi?, “una casa de dos plantas, con cinco habitaciones y tres ban?os, de los cuales dos no tienen techo ni puertas, por lo que les ponen tela o pla?stico para cubrirlos. Ahi? habitan aproximadamente 90 jornaleros y jornaleras. Las condiciones que observamos fueron: que no se contaba con camas, mucho menos colchones, las personas dormi?an con cartones y cobijas, paredes rayadas con graffiti, hu?medas, so?lo piso firme, sin ventanas, con varios espacios sin ventilacio?n ni iluminacio?n. Adema?s, de la falta de servicios, no hay condiciones de higiene y hacinamiento, ya que llegan a haber hasta cuatro familias en un mismo espacio. Ninguna de las personas que habitaba en este lugar contaba con contrato de trabajo.”
En cuanto al acceso a la seguridad social, registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) establecen que en 2018, el 7,5% de trabajadores del campo estaban asegurados. A pesar de trabajar en contacto diario con plaguicidas, pesticidas, agrotóxicos y fertilizantes, así como bajo la exposición al sol por periodos prolongados, para la mayoría, la realidad es una falta de apoyo casi total en caso de accidentes y enfermedades, con la ausencia de centros de salud o, en caso de tener uno, la multiplicación de obsta?culos para el acceso a la atencio?n me?dica.
Sistema de prestamos y endeudamiento
Como en muchos casos, el trabajo no está remunerado hasta el final de la temporada, las y los trabajadores del campo se encuentran obligados a aceptar un sistema de préstamos que les lleva a situaciones de endeudamiento con sus empleadores.
“El grupo en el que vengo estamos aqui? desde julio, el contrato (verbal) es por 90 di?as, nos dieron de enganche $1000, aqui? no nos pagan por semana, menos por quincena, la verdad es que nos pagan hasta el final del contrato, o sea hasta octubre.
Nos dan adelantos pre?stamos semanales de $100 hasta $200, eso depende del gasto de cada quien. Aqui? nos dan dos comidas al di?a: a las 11:00 am comemos en el rancho, a las 4:30 pm comemos aqui? en el albergue. La verdad es que el adelanto lo usamos para comprar pan, leche, jabo?n, entre otras cositas que luego usamos, el pan lo comemos en la man?ana antes de irnos con cafe? y leche para aguantar”, relata una trabajadora de 49 an?os de edad, indi?gena Totonaca, originaria de Puebla.
Además, es común que las y los empleados están obligados a comprar en tiendas que pertenecen a sus empleadores y que se aprovechan por inflar los precios, ya que son las únicas que se ubican a proximidad de sus lugares de trabajo y vivienda.
Como lo señala la “Lista de bienes producidos con trabajo infantil o forzado 2018”, elaborada por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (EEUU), esta situación “obliga a los empleados a comprar a crédito y así limitan su capacidad para abandonar las granjas”.
AMLO elimina el PAJA
Aunque quede más que claro que la población jornalera vive bajo condiciones que constantemente violan sus derechos, el gobierno federal eliminó este año el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), sin dejar claro el tipo de atención que se dará a esta población.
“No se sabe cómo se atenderá a las mujeres, a los niños. Falta un diagnóstico y visibilizar la problemática. Se vulneran los derechos humanos de millones de personas”, señaló para Vanguardia Mx Isabel Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
Durante el sexenio pasado, el programa ya se había ido deteriorando. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, su presupuesto se había reducido, pasando de 270 millones de pesos en 2012 a sólo 213 millones en 2017.
“Aunque el Paja era una vergüenza, lo que se debió hacer era fortalecerlo”, denuncia Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y desde hace casi 30 años especializada en el tema.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, también manifestó su preocupación ante esa situación, reconociendo que si bien el PAJA “tenía importantes aspectos por corregir, la omisión de generar una política o programa para proteger o garantizar los derechos de las personas jornaleras agrícolas es inadmisible, dada su situación de riesgo que les coloca dentro de un grupo de atención prioritaria”, según destacó Proceso.
* Los nombres de los jornaleros entrevistados se han omitido porque así ha sido su deseo.
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Foto: Santiago Navarro F.
