El Movimiento Vecinal de Tlalpan con apoyo de la Asamblea General de la ENAH, como fue aprobado por la comunidad en la ultima sesión, aplicaron un bloqueo del Periférico de lado sur para demandar seguridad, cumplimiento y la colocación inmediata del puente para la Carrasco.
Vecinos y estudiantes dialogaron con representantes y funcionarios la firma de compromisos y una agenda de trabajo para el cumplimiento de las demandas. Los vecinos también se pronunciaron porque la ENAH cumpla las demandas estudiantiles.
La constante violencia y falta de seguridad en La Carrasco y varios casos de intentos de secuestro contra compañeras estudiantes alrededor de la escuela, que han aumentado a falta del puente peatonal, han detonado las protestas de las organizaciones ejerciendo el poder popular.
Ciudad de México | Desinformémonos. Este 12 de octubre inicia la «Jornada global de lucha en defensa de nuestra vida y nuestros territorios ‘Samir Flores Vive’», con la cual se busca llevar a cabo «una movilización dislocada y contundente, en todo el país, contra los megaproyectos de muerte, de carácter anticapitalista y antipatriarcal», explicó la Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”.
La Jornada se llevará a cabo en varias entidades del país a través de diferentes actividades y actos, como marchas, proyecciones de documentales contra los megaproyectos en las comunidades indígenas, foros, mesas de reflexión y actividades culturales y artísticas.
En Morelos, cuna del defensor comunitario Samir Flores, asesinado el pasado 20 de febrero en Amilcingo, se realizará una marcha con antorchas y un jolgorio, así como habrá un «Tren Escénico» en el Plantón de Apatlaco, lugar de lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).
En Oaxaca, se celebrará un ritual y la inauguración de la exposición «Megaproyectos y resistencias», así como un panel, un evento cultural y la proyección del documental «En la cintura de México».
En Quintana Roo, se llevará a cabo la presentación de la «Investigación Cartográfica: Expansión de Megaproyectos en la Península de Yucatán», a través de una exposición fotográfica, una ofrenda, lecturas y música, y por la tarde se hará una proyección de videos, un taller de serigrafía y una presentación musical.
En la Ciudad de México, habrá una marcha por la vida y contra los proyectos de muerte, que partirá de la Glorieta a Colón al Zócalo a las 11 horas, mientras que en Toluca, Estado de México, se realizará una ofrenda y pinta de mantas.
En Querétaro, este sábado iniciará el Festival la Resistencia de los Pueblos Originarios a partir de las 15 horas en el Centro de Desarrollo Artesanal Indígena.
Las actividades de la Jornada están destinadas a denunciar que los megaproyectos en el país «forman parte de la infraestructura que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales» y la «sobreexplotación de la mano de obra», así como a difundir y compartir las experiencias de lucha y fortalecer la resistencia.
A continuación la convocatoria completa:
A 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el planeta tierra.
Particularmente en México, con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur del país, el gobierno de López Obrador en pleno contubernio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio nacional al capital global.
Frente al desastre nacional y mundial, La Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”, reunida en Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 6, 7 y 8 de septiembre del 2019
CONVOCAMOS a los pueblos, organizaciones y personas de México y del Mundo a que, de acuerdo con los modos y tiempos de cada organización, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS en el marco de la
Jornada global de lucha
En defensa de la Vida y de Nuestros Territorios
“SAMIR FLORES VIVE”
el 12 de octubre de 2019.
Les invitamos a que sea una movilización dislocada y contundente, en todo el país, contra los megaproyectos de muerte, de carácter anticapitalista y antipatriarcal, buscando que todos los sectores participen, haciendo del paliacate un símbolo común y que en todos los espacios mostremos el arte, la música, la creatividad de abajo.
Denunciemos que con la implementación de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Corredor Inter-Oceánico del Istmo, el proyecto Integral Morelos, el Nuevo Aeropuerto y sus obras asociadas como la Autopista México-Tuxpan, así como un monstruoso conjunto de proyectos de depredación ambiental, territorial y social con minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etc. que forman parte de la infraestructura que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales (petróleo, minerales, bosques, selvas, viento, ríos, lagos y mares) y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoamérica para entregar nuestros territorios al gran capital transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe del calentamiento global”, quedando claro que esta propuesta del estado de carácter desarrollista neoliberal no abonará de ninguna manera a la solución de los problemas de las mexicanas y los mexicanos que son el desempleo, la pobreza y la violencia, entre otros.
Las actividades que cada organización defina deberán registrarse a más tardar el 1 de octubre en el correo samirflores.vive@gmail.com.
Todas las acciones que se registren serán difundidas en las distintas redes sociales y pagina web del Congreso Nacional Indígena/ Concejo Indígena de Gobierno.
A T E N T A M E N T E
Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectiv@s “El Istmo es Nuestro”
Hay entidades como Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Jalisco, México, CDMX, que tienen más trabajadores bajo el Seguro de Riesgo de Trabajo, sin embargo, Coahuila lidera en incapacidades
La mayoría de los trabajadores en Coahuila están siendo incapacitados de forma permanente por quedar sordos, con los pulmones intoxicados o por presentar lesiones en la columna vertebral.
De acuerdo con una solicitud de información realizada al Instituto Mexicano de Seguro Social, éste informó que el Estado ocupa el primer lugar nacional de incapacidades laborales permanentes la mayoría otorgadas por enfermedades causadas por los trabajos que desempeñan.
Durante 2018, Coahuila otorgó 6 mil 504 incapacidades por 4 mil 510 del Estado de México y 2 mil 349 de la Ciudad de México. Debido a que el IMSS captura la información por año, la institución entregó las cifras con las que se trabajó en el 2018.
En el Estado existen 33 mil 228 empresas de las cuales tienen bajo seguro de Riesgos de Trabajo a 797 mil 623 trabajadores. Hay entidades como Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Jalisco, México, CDMX, que tienen más trabajadores bajo el Seguro de Riesgo de Trabajo, sin embargo, Coahuila lidera en incapacidades.
Coahuila también ocupó el primer lugar en otorgar incapacidades laborales permanentes por Neumoconiosis, intoxicación pulmonar muy frecuente en mineros y en trabajadores expuestos a residuos sólidos en el aire. En un año, el IMSS incapacitó a mil 339, seguido por Chihuahua con 179.
También lidera en incapacidades por hipoacusias, una especie de sordera con mil 858 casos. La entidad en segundo lugar nacional es Zacatecas con 186 casos. En los problemas de la columna vertebral (Dorsopatías), Coahuila también marcó la pauta con mil 227 incapacidades permanentes durante todo el 2018.
La movilización de estudiantes recorrió algunas de las facultades de la Universidad Nacional, para posteriormente desplazarse sobre avenida Insurgentes Sur
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron este viernes una marcha en contra de la violencia de género y la presencia de porros en esta casa de estudios.
La movilización denominada “¡Por una Universidad democrática, sin porros y sin violencia de género!”, que tuvo como destino la Rectoría de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, comenzó alrededor de las 13:00 horas de este viernes.
La movilización de estudiantes recorrió algunas de las facultades de la Universidad Nacional, para posteriormente desplazarse sobre avenida Insurgentes Sur, por lo que la circulación vehicular en esa zona es complicada.
La carretera federal a Zihuatanejo permanece bloqueada por pobladores de El Cundancito, quienes exigen que las autoridades tomen el control. Foto: Israel Flores, El Sur
A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero no ha confirmado el éxodo de familias del municipio de Coyuca de Catalán, la Secretaría de Educación estatal reportó un disminución en la matrícula de estas localidades, así como en la ruta a Zihuatanejo, donde hay escuelas cerradas a causa de la falta de maestros que no acuden a dar clases debido a la presencia de grupos criminales.
Oficialmente no hay una cuantificación de los desplazados por la violencia ni se conoce algún sitio en específico a donde hayan llegado, porque aparentemente buscaron refugio fuera de la región.
Israel Flores / El Sur- Sinembargo
Ciudad Altamirano, Guerrero, 11 de octubre (El Sur).- En los últimos cinco meses decenas de familias de unas 30 comunidades del municipio de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, abandonaron sus hogares ante el incremento de la violencia, tanto de la ribera del Balsas como de la parte de la sierra.
Pueblos como El Embarcadero y El Jabalí, localizados en dicho municipio guerrerense quedaron prácticamente sin gente. El motivo está relacionado con que esta es una zona de cruce de embarcaciones del lado de Michoacán, donde grupos criminales tienen vigilancia.
La gente salió de sus hogares, al igual que familias específicamente ubicadas como los comerciantes Rentería de La Ciénega, y los Pineda de la comunidad de Santa Teresa.
Oficialmente no hay una cuantificación de los desplazados por la violencia ni se conoce algún sitio en específico a donde hayan llegado, porque aparentemente buscaron refugio fuera de la región.
El Secretario General del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Simón Gama García, fue asesinado en mayo pasado. Foto: Facebook, Vocero Roberto Álvarez Heredia.
La Secretaría de Seguridad Pública no confirma el éxodo de familias, pero la Secretaría de Educación Guerrero reportó la disminución de matrícula en estas localidades, así como en la ruta a Zihuatanejo, donde hay escuelas cerradas por falta de maestros que no acuden ante la presencia de grupos criminales.
Varias familias de comunidades cercanas a Mesas de Pineda y al Cundancito en la parte de la sierra de Coyuca de Catalán, también abandonaron sus hogares debido a diversos hechos de violencia en las últimas semanas.
En mayo fue asesinado el secretario municipal del Ayuntamiento, Simón Gama García, y balearon la casa del ex alcalde asesinado hace un año, Abel Montúfar Mendoza, de donde levantaron a tres policías.
Posteriormente la violencia se desató con enfrentamientos y balaceras en la ruta a Zihuatanejo, y en el lado de la colindancia con Michoacán y Zirándaro.
Fuentes de las localidades confirmaron la salida que por lo menos ocho familias desde junio, de diferentes comunidades del municipio de Coyuca de Catalán. La salida tuvo que ver con balaceras y hechos violentos registrados entre Mesas de Pineda, Los Fogones, El Pescado, Cetina y Pueblo Nuevo.
Entre las personas que se tuvo conocimiento que salieron son Alejandro Pineda Gómez, Mauricio Gómez, y Eleuteria Gómez, todos con sus familias.
También se tuvo conocimiento de que de la comunidad Los Fogones salió el señor Isaí Pineda Cortez con su esposa Elixayana Saldivar Burgos. Son parientes cercanos de Lucio Pineda Valle, Enrique Pineda Pineda y Cesario Espinoza Espinoza, asesinados en 2017 y 2018.
La carretera federal a Zihuatanejo permanece bloqueada por pobladores de El Cundancito, quienes exigen que las autoridades tomen el control y regresen los servicios a estas comunidades, porque llevan dos meses sin energía eléctrica, sin médicos y sin maestros en las escuelas, pero no han tenido respuesta.
Mientras tanto, la carretera que comunica no sólo a la región de Tierra Caliente sino al centro del país con el puerto de Zihuatanejo, permanece cerrada.
La violencia en esta ruta no es nueva, en 2016 murieron 11 personas tras una fiesta y como consecuencia después murieron dos turistas que cruzaban por la carretera de Altamirano a Zihuatanejo, y al pasar por ese tramo fueron confundidos. Era una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que venía de la Ciudad de México a pasar su luna de miel en el puerto guerrerense.
Los solicitantes de asilo acampan y bloquean el paso de camiones en el cruce que separa a Matamoros (Tamaulipas) de Brownsville (Texas) tras varios meses de espera
Elías Camhaji/ El País
La frontera entre México y Estados Unidos es una olla de presión. Cientos de inmigrantes han bloqueado este jueves el puente fronterizo que separa a Matamoros (Tamaulipas) de Brownsville (Texas) para exigir que se acelere la respuesta a sus solicitudes de asilo. Los manifestantes esperan desde hace varios meses en territorio mexicano como parte del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), una política de la Casa Blanca que obliga a los solicitantes a esperar al sur de la frontera mientras las cortes estadounidenses resuelven si pueden recibir protección en suelo estadounidense. Unos 40.000 solicitantes esperan en México, 16.000 son menores de edad, según Reuters. El campamento improvisado ha paralizado el tráfico de camiones en ese punto de la franja fronteriza y ha impedido el tránsito de miles de personas que cruzan la garita para trabajar, estudiar y desempeñar otras acciones cotidianas en ambos países.
Los inmigrantes han impedido el acceso en la garita, también conocida como Gateway, desde primera hora de la madrugada y la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha desplegado unos 50 elementos antimotines para cerrar el tránsito en ambas direcciones. Notimex, la agencia estatal de noticias de México, calcula que hay unos 500 inmigrantes en el Puente Fronterizo Internacional, mientras que la CBP cifra la protesta entre 250 y 300 manifestantes.
Los automovilistas y transeúntes han tenido que optar por otras alternativas de cruce, como el puente Brownsville & Matamoros, la garita de Los Tomates o el paso de Los Indios. La frontera entre ambos países es la más transitada del mundo, con un comercio binacional que supera los 600.000 millones de dólares al año. El área metropolitana entre Matamoros y Brownsville es la cuarta más poblada con alrededor de 1,3 millones de personas que habitan en ambos lados del muro.
En el centro de las protestas están las consecuencias del MPP, una política que se empezó a aplicar a principios de este año y que se conoce informalmente como Quédate en México. En los días previos al cierre de la garita, organizaciones y periodistas acusaban que solo se estaba dando trámite a las solicitudes de asilo de mexicanos. La Universidad de Syracuse, que ha dado seguimiento estadístico a los procesos legales del MPP, asegura que hay más de 6.300 personas que esperan en Matamoros mientras reciben una audiencia ante los tribunales estadounidenses.
El cuello de botella a las puertas de EE UU provoca largos tiempos de espera, que oscilan entre los cuatro y los seis meses. En los puntos más concurridos, la dosificación de solicitudes puede prolongarse hasta los ocho meses. Uno de los principales cuestionamientos es que los solicitantes de asilo que esperan en México se enfrentan a la precariedad y a contextos de violencia. Ante el desplazamiento hacia el Norte de la Caravana migrante de octubre del año pasado, Matamoros calculaba que la infraestructura de acogida de la ciudad apenas alcanzaba para un millar de migrantes.
La ciudad, que tiene poco más de medio millón de pobladores, se encuentra en Tamaulipas, uno de los focos rojos de la violencia y el crimen organizado en México. En marzo pasado, una veintena de migrantes que viajaban en autobús de San Fernando, en el centro del Estado, a Reynosa, en la frontera, fue secuestrada. El Gobierno ligó la desparición al tráfico de personas. En septiembre, Naciones Unidas ordenó que se investigaran las denuncias de ocho ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cubiertas por la Policía estatal. Ese mismo mes la Alcaldía de Matamoros fue desalojada por una amenaza de bomba. El azote de la violencia en la entidad del noreste de México ha sido tan grave en la última década que llevó a que Morena, el partido gobernante, solicitara la desaparición de poderes en Tamaulipas, pero la solicitud fue desechada.
Mientras Washington ha puesto en marcha en los últimos cuatro meses una serie de políticas unilaterales y acuerdos con México y los tres países del norte de Centroamérica para contener la migración, el foco de preocupación de las organizaciones civiles e internacionales está en que se garanticen los derechos humanos de las personas en tránsito, así como en la propia capacidad de los países para gestionar la crisis migratoria. El éxodo desde el istmo centroamericano se cifra este año en más de 800.000 personas, según el Gobierno mexicano.
El bloqueo del puente fronterizo en Matamoros es uno de los últimos episodios de tensión entre grupos de inmigrantes y las autoridades mexicanas. La organización Sumando Venezuela, que auxilia a inmigrantes de ese país en el turístico Estado de Quintana Roo, ha denunciado esta semana que alrededor de 500 venezolanos han sido retenidos por varias horas, incluso días, en el aeropuerto de Cancún. Las organizaciones denuncian que se les ha impedido entrar a México sin justificación y sin que se les permita contactar a sus familiares, aislados en un cuarto conocido como “la burbuja”.
En Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, varios centenares de inmigrantes de Congo, Angola y Camerún que han estado varados en territorio mexicano se han enfrentado en los últimos días con agentes de la Guardia Nacional. Los inmigrantes han protestado porque las autoridades no han resuelto sus solicitudes para regularizar su estancia en México y han amagado con organizar una caravana de no obtener respuesta.
La denominada “Marcha del orgullo cimarrón”, de estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Foto: Twitter @UABC_oficial
Ciudad de México (apro).– El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Valdez Delgadillo, presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, quien dejará el cargo el próximo 30 de octubre.
En el Congreso del estado, a donde acudió encabezando una protesta de aproximadamente 35 mil personas, el rector informó que también presentó denuncias contra “Kiko” Vega ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La UABC reclama al gobierno del estado un adeudo de mil 597 millones de pesos, recordó el sitio en internet del semanario Zeta.
“Hoy, la UABC está unida en una voz para exigir justicia por la Educación… Hemos recibido tan solo promesas falsas y mentiras”, dijo Valdez Delgadillo al salir del Congreso, en la Plaza de los 3 Poderes, donde se encontraban los manifestantes.
La denominada “Marcha del Orgullo Cimarrón” convocó a miles de estudiantes de todo el estado para exigir el pago de la deuda del gobierno del estado.
“¡Kiko ratero, regresa el dinero!”, “No recortes nuestra educación, gobierno ¡paga!”, “No a la privatización de la educación”, “No roban dinero, roban mi educación”, se leía en las pancartas que sostenían los jóvenes.
Los manifestantes marcharon hasta la Plaza de los 3 Poderes desde el edificio de Rectoría, la Vicerrectoría Mexicali, la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Administrativas.
Participaron estudiantes, egresados y trabajadores, así como padres de familia. (Con información de Zeta)
A LAS COMUNIDADES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COLECTIVOS, Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A TOD@S L@S QUE DEFIENDEN NUESTROS DERECHOS Y TERRITORIOS!
A LA OPINIÓN PÚBLICA
¡ALTO A LA REPRESIÓN!
Está clara la intención de los señores del poder y del dinero:
Destruir a como dé lugar las organizaciones indígenas, sobre todo cuando defienden territorios codiciados por las empresas turísticas y extractivistas, los caciques regionales partidistas, las mafias madereras y el crimen organizado.
Mandaron a provocar mil veces. Asesinaron a 5 miembros de CODEDI . Atentaron en varias ocasiones contra sus miembros, y también contra las ex- autoridades de Xanica. CODEDI y todos sus aliados hemos exigido de manera pacífica en innumerables ocasiones la detención de los asesinos. Sin resultado alguno.
Los integrantes del Concejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas COOA, estamos indignados ante la doble moral del estado, en donde nuestros esfuerzos jurídicos y políticos, nuestras movilizaciones masivas, caravanas y campamentos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas organizados en CODEDI, y por el esclarecimiento de los cinco asesinatos en su contra, han encontrado oídos sordos de parte de los que se dicen representantes de los tres poderes del estado. Estos mismos que ahora fingen preocupación por la muerte de un integrante de los cuerpos represivos que enviaron nuevamente a provocar con arma de fuego a los miembros de CODEDI, quienes por lo mismo actuaron en defensa propia. Si bien lamentamos el deceso de un ser humano, no les creemos su preocupación a las autoridades estatales, porque ni siquiera su propia carne de cañón les preocupa. Lo que los tiene preocupados es la riqueza de la región en donde CODEDI intenta reconstruir la resistencia y autonomía indígena. No quieren que los indios pobres estorbemos el “desarrollo” turístico, empresarial y criminal de Huatulco y alrededores. Las mismas mafias que encarcelan y asesinan en todo el país a los indígenas que defendemos nuestros territorios contra la voracidad de las empresas nacionales y transnacionales y contra el exterminio ecológico, ahora hablan de justicia y “todo el peso de la ley”. Los que han saqueado al estado de Oaxaca de manera insultante durante décadas, los que nunca mueven ni un dedo para esclarecer crímenes en nuestra contra, ahora instrumentan operativos inmediatos. ¿Cuántas veces les hemos exigido proceden conforme a la ley contra los autores de los asesinatos contra los cinco miembros de CODEDI?
Nunca pasó nada. No hay ni un solo detenido. La vida de los indígenas pobres no vale nada.
Solo la de los lacayos del poder.
Envía tu firma solidaria al correo oidho@yahoo.com.mx
¡Exigimos un alto inmediato a la campaña represiva contra CODEDI!
¡Exigimos que cesen los atentados y las provocaciones armadas contra integrantes de CODEDI y ciudadanos de Santiago Xanica!
¡Exigimos respeto irrestricto a los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución Mexicana!
Oaxaca de Flores Magón, Año 527 de la Resistencia Indígena, Negra y Popular
CONSEJO DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS AUTÓNOMAS: APIIDTT (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio), CINPA (Coordinadora Indígena Popular Autónoma), CODEDI (Comité de Defensa de los Derechos Indígenas), OIDHO (Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca), UCIO-EZ (Unión Campesina-Indígena de Oaxaca “Emiliano Zapata”)
Pablo Puerto/ Yucatán a la Mano
Lamentan que presupuesto se discuta en la Cámara de Diputados
Más de 600 trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), suspendieron labores de las 9 a las 18 horas de este miércoles, convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Conatu), para denunciar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) libere los recursos para el pago de retroactivos salariales y que se considere las alzas en prestaciones, desde la aprobación del presupuesto del año próximo.
Encabezado por José Ramón Magaña Domínguez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen, señaló que a través de la Conatu, se llegó a la reunión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con el objetivo de solicitar que en el análisis del paquete fiscal del 2020, se considere en el presupuesto para la instituciones de educación superior, los recursos para el aumento salarial que se acuerda año con año y no verse en los conflictos que se encuentran actualmente, en donde no se les ha liberado el retroactivo.
“Estamos en espera del cumplimiento del compromiso de que se instalará una mesa de trabajo, con la participación de todos los actores en la educación superior como lo son los rectores, líderes sindicales, gobernadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, para buscar los acuerdos en este sentido”, asentó.
No se afectan labores
Destacó que este paro de labores se llevó a cabo de las 9 a las 18 horas, al cual se podrían sumar trabajadores no sindicalizados que así lo desearan, aunque no se impidió el paso a los alumnos.
Magaña Domínguez subrayó que uno de los problemas que han venido presentando, es que hasta ahora no se les ha cubierto el pago retroactivo del aumento salarial, cuando en año anteriores se hacía en el mes de septiembre, derivado que no ha sido erradicado el recursos para ello por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Crisis en Universidades
“El motivo principal de este paro laboral, es la solidaridad con los compañeros de Universidades que están en crisis, que son 12 en todo el país, entre ellas las de Tabasco, del Estado de México, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Zacatecas, porque ellos no tienen para el pago de las nóminas de los obreros”, sostuvo.
Los migrantes han manifestado que tienen ya varios meses en México, sin embargo, no han recibido respuestas favorables a sus peticiones
El Puente Internacional Nuevo, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, fue tomado por cerca de 500 migrantes para pedir a las autoridades de Estados Unidos que se aceleren sus trámites migratorios, ya que su petición de asilo no ha avanzado en meses.
Fue durante la noche del 9 de octubre cuando los migrantes tomaron el puente en la ciudad fronteriza, para exigir que sus casos se resuelvan, pues muchos llevan varios meses en espera de ser escuchados; algunos otros intentaron cruzar a Estados Unidos.
Entre los migrantes que tomaron el puente en Matamoros se encuentran menores de edad y adultos; algunos llevaron cobijas para dormir ahí, es por eso que este jueves el paso estaba cerrado e impedía el flujo de autos hacia Brownsville, Texas.
Ante esa situación, las autoridades estadounidenses cerraron el paso a peatones y automovilistas.
Los migrantes han manifestado que tienen ya varios meses en México, sin embargo, no han recibido respuestas favorables a sus peticiones.
Por otro lado, el activista Irineo Mujica, líder de Pueblo sin Fronteras, expresó a través de un video compartido en Facebook su descontento por la lamentable situación por la que atraviesan los miles de migrantes que se encuentran en espera de una solución a su petición de asilo.
“Es preocupante la situación de los migrantes en México, porque realmente las cortes decidieron permitir a Donald Trump que regresara a los solicitantes de asilo, tomando en cuenta que México tenía este programa de “Quédate en México””, dijo Irineo.
“Realmente no iba dar atención a los migrantes retornados que eran bienvenidos, sí, pero en la práctica cuando los solicitantes de asilo que no tienen a donde ir, quedan varados y los avientan a la frontera y han regresado más de 3 mil personas a la frontera”.
El activista mostró su molestia, ya que dijo que el Gobierno mexicano no ha protestado y tampoco se ha hecho responsable del número de personas a las que están regresando.
“López Obrador ha quitado los fondos a las personas del fondo migrante lo que agravo más la situación de los albergues, porque si antes era difícil contener el número y después al no haber ningún tipo de ayuda […] solo sirve al gobierno “trumpista” que quiere que estas personas desistan de asilo”.
También mencionó que México favorece a los intereses de Donald Trump, ya que los migrantes se encuentran desesperados por tener a sus niños enfermos en la calle y no encuentran la manera de salir de esa situación.
“El estado mexicano dijo que eran bienvenidos, pero el decir que son bienvenidos no quiere decir que estas personas tienen un lugar digno y la verdad es que la migración se ha salido de control en esta administración”, dijo Irineo respecto a lo sucedido en Matamoros.
“Le pedimos al estado que se haga responsable y que realmente cumpla con su responsabilidad, si es que ha decidido tomar la situación y tomar las exigencia y berrinches de un gobierno que su única intención es que las personas tengan el peor infierno, para poder empeorar la situación de los migrantes y que regresen a sus países”, agregó Mujica.
El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa) denunció que el gobierno –en sus tres niveles– está violando los derechos humanos de los defensores de la tierra que se oponen a la construcción del corredor industrial en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos (conocido como Proyecto Integral Morelos).
Ello, porque en un periodo menor a 15 días se han registrado cuatro casos de amenazas de muerte a defensores de la tierra en los municipios Zacatepec y Huaquechula, en el estado de Puebla.
Miembros del Conapa afirmaron que el gobierno estatal de Puebla encabezado por Miguel Barbosa y empresarios del corredor industrial Huejotzingo –como las armadoras Audi y Volkswagen–han lanzado amenazas de muerte directamente en contra de Miguel López Vegas, Alejandro Torres e Israel Mendoza, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala.
En conferencia de prensa, los miembros del Frente aseguraron que la policía estatal de Puebla y elementos de la Guardia Nacional son utilizados para intimidar y proteger las zonas de construcción. Además, denunciaron la amenaza de cerrar la radio comunitaria indígena Zacatepec- Tlaxcalancingo 107.1 FM, violando así la libertad de expresión de los defensores.
Por su parte, Claudia Martínez, directora del Conapa, declaró que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no está cumpliendo con las medidas cautelares solicitadas y reportó que los botones de pánico no funcionan; asimismo, informó que el licenciado Jorge Ruiz, que es regularmente el contacto en la Secretaría de Gobernación, “no atiende las llamadas o sólo responde que regresará la llamada [sin hacerlo]”.
El Colectivo informó que seguirá trabajando en acciones dentro de sus comunidades, con talleres para que la información llegué a las instancias nacionales e internacionales y que se conozcan los casos ocurridos en Puebla.
El Conapa llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervengan en estos casos. De no ver resultados, agregaron, recurrirán a instancias internacionales para dar solución a la situación de los defensores amenazados, desplazados, asesinados y desaparecidos.
Comunidades y colectivos anuncian acciones dislocadas en México, España, Estados Unidos contra megaproyectos.
Con un llamado a realizar acciones dislocadas a los largo del país e incluso en el extranjero, diversas organizaciones indígenas y colectivos, agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI-CIG), adherentes a la Sexta y las Redes de Resistencia y Rebeldía, manifestarán su rechazo a los megaproyectos dentro de la Jornada Global Samir Flores Vive.
El Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, Corredor Interoceánico, Proyecto Integral Morelos, Nuevo Aeropuerto, Autopista México-Tuxpan, minería, hidroeléctricas, agroindustria, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos y páneles solares empresariales representan el saqueo de los bienes naturales y la sobreexplotación de mano de obra de los pueblos, señalaron en un comunicado. Están confirmadas a la fecha “acciones dislocadas” en varias ciudades del México, en Estados Unidos y España:
1. Marcha y Jornada Anticolonial en la Glorieta de Colón, CDMX
A las 11 horas del sábado 12 de octubre iniciará la marcha Por la Vida y Contra los Proyectos de Muerte de la Glorieta de Colón rumbo al Zócalo de la CDMX, convocada por el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno.
La Jornada Anticolonial en el monumento a Colón del Paseo de la Reforma comienza a las 8 horas y convocan Flores de Jamaica, PalabrAndando, Panafricanistas México, Pulquería Vacas Verdes y la Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género.
2. Movilización de pueblos originarios de Matías Romero, Oaxaca
En el Istmo de Tehuantepec, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) convoca a las caravanas de la Jornada de Movilización de los pueblos originarios contra el Corredor Transístmico, que ocurrirá 12 de octubre desde las comunidades ayuuk de Piedra Blanca, Guichicovi; y desde la comunidad afrodescendiente El Ajal, Barrio de la Soledad, ambas caravanas avanzaran por la Carretera Transístmica y se encontrarán en la ciudad de Matías Romero, para denunciar las consultas simuladas y la negación de información veraz sobre el megaproyecto.
3. Movilización en Defensa de Nuestros Territorios en el Sur de Veracruz
El CNI-CIG, la Coordinación Regional El Istmo es Nuestro y la Red Nacional de Resistencia Civil, convocan a una movilización el 12 de octubre, a las 9 horas, en el Puente Peatonal Cosoleacaque.
4. Proyección del documental “La Cintura de México, Corredor Transístmico”, Oaxaca
El Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), pertenecientes a la nación Mazateca, convocan a la proyección de un documental sobre el Corredor Transístmico el 12 de octubre a las 15 horas en el Centro Cultural Historias y Memorias Mazatecas, en Huautla de Jiménez, Oaxaca. También se instalará una mesa informativa en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, el 12 de octubre de 2019, a partir de las 16 horas (horario de la resistencia).
5. Cine-Debate “El Tren que no tiene permiso”
La Red de Resistencia y Rebeldía La Otra Tuxtla proyectará el video “El Tren que no tiene permiso” de Gloria Muñoz en el Lobby del Museo de la Ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 12 de octubre a partir de las 17 horas.
6. Jornada de resistencia en el Puerto de Veracruz
El CNI y la Red de Resistencia y Rebeldía del Puerto de Veracruz convocan a una acción en el Zócalo del Puerto de Veracruz el 12 de octubre, de 16 a 19 horas.
7. Presentación de investigación cartográfica de megaproyectos en Yucatán
El Colectivo/Centro comunitario U’Kuuchil Ch’l’bao’on convoca a la presentación de la investigación cartográfica “Expansión de megaproyectos en la península de Yucatán” en el Centro Comunitario de U’Kuuchil Ch’l’bao’on a las 10 horas del 12 de octubre. Y a las 19 horas una jornada política cultural en el kiosko del parque central de Felipe Carrillo Puerto.
8. Conversatorios sobre la Violencia de Estado en Veracruz
La Red de Resistencia y Rebeldía Xalapa, estudiantes de Antropología y Sociología convocan al conversatorio “Luchas por la vida frente a la Violencia de Estado en Veracruz”, el 11 de octubre a las 12 horas en el Salón Blanco, de Humanidades, en la Universidad Veracruzana.
9. Jornada Jugando a defender la vida en Plaza Romita, CDMX
Plaza Romita convoca a realizar actividades y música para niños y no tan niños el 12 de octubre de 12 a 16 horas en Callejón de la Romita 24, Colonia Roma, cerca del Metro Cuauhtémoc, CDMX.
10. Semillas de Rebeldía en San Luis Potosí
La Red de Resistencia y Rebeldía San Luis Potosí convoca a una acción el 12 de octubre a partir de las 17:00hrs en la Plaza del Carmen, San Luis Potosí.
11. Acción en el Cerro de la Reina, Jalisco
El CNI Región Occidente, colectivos anticapitalistas y antipatriarcales convocan a una acción en el Cerro de la Reina, en Tonalá, Jalisco, el sábado 12 de octubre a las 10 horas. Habrá mesas de trabajo y charlas informativas sobre los megaproyectos del Tren Maya, Corredor Interoceánico y la Termoeléctrica de Juanacatlán.
12. Jornada de proyección y charla informativa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
La Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ, convoca a la proyección y charla Geografías del neocolonialismo y la resistencia, el domingo 13 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
13. Día de los Pueblos Indígenas en New Haven, EUA
El Day of Indigenous Resistance se realizará el 12 de octubre de 12 a 21 horas en la Escuela Christopher Columbus, New Haven, convocada por la Unidad Latina en Acción y la Red de Pueblos Trasnacionales.
14. Jornada #12OCTNadaQueCelebrar en Valencia, España
Con una denuncia en contra de la discriminación racista que se vive en la ciudad de Valencia, España, la Red de Colectivas Antirracistas de Valencia, convoca a manifestarse y marchar de calle Doctor Waksman (Destapadores) hasta la Plaza de los Pinazo (Metro Colón), donde habrá un acto anticolonial.
El colectivo denuncia que el “genocidio, extractivismo y expolio iniciados el 12 de octubre de 1492 hacia los territorios de Abya Yala y África, dieron origen a un sistema perpetuado hasta nuestros días”.
Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) realizaron una “toma” simbólica de la Secretaría de Cultura la tarde de este jueves, en exigencia de mejores condiciones laborales y estudiantiles, así como la asignación de mayor presupuesto para la institución educativa.
Asimismo, acusaron el cumplimiento parcial del pliego petitorio entregado en 2018 a las autoridades de la Escuela dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es que, aunque el presupuesto asignado para este 2019 pasó de 14 millones a 28 millones de pesos, los recursos no han sido transparentados, denunciaron miembros de la Asamblea General ENAH.
La Asamblea, la comunidad estudiantil y académica instaron a la Secretaría a incrementar los recursos públicos a la ENAH para que se sostenga la ampliación de la matrícula, pues su presupuesto “alcanza cada vez menos”.
Los más de 20 millones de pesos que exigieron los estudiantes se deberían distribuir en la mejora de las instalaciones, la construcción de un comedor estudiantil, bebederos y una alerta sísmica, así como para culminar la construcción del edificio de posgrado, el cual lleva aproximadamente una década en obra negra. Asimismo, señalaron que el salario de la planta docente no ha sido aumentado: siguen en la precariedad laboral.
Las miembros de la Asamblea se dijeron conscientes de la política de austeridad de la actual administración, por lo que saben “no se trata de pedir presupuesto de manera indistinta”, sino el suficiente para dignificar las condiciones “sin lujos”.
En cuanto a las exigencias en materia de género, la colectiva Mujeres Organizadas ENAH señaló que si bien la Escuela es un espacio donde se tejen y promueven relaciones horizontales, actividades de reflexión y de crítica, en “el cotidiano de su formación” se enfrentan a actos violentos en contra de las mujeres miembros de la comunidad.
La colectiva considera “deplorable” la inacción de las autoridades escolares ante el ambiente de violencia de género que se vive. Por ello exigieron la “instrumentación inmediata” del Protocolo en Casos de Violencia Contra las Mujeres, redactado por alumnas, docentes, trabajadoras y especialistas en género ante la nula existencia de mecanismos similares.
La Asamblea llamó a la Secretaría de Cultura a responder mediante una carta escrita las demandas planteadas por la comunidad estudiantil y promover medidas para enfrentar el futuro de la Escuela encargada de formar antropólogos, historiadores y etnólogos desde hace 80 años.
También exhortaron tanto a la Secretaría como al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a reconocer y dignificar los espacios del sector cultural, por ser parte fundamental de la investigación de México sobre el patrimonio inmaterial .
La manifestación transcurrió entre consignas como: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, y “la cultura no se vende, se ama y se defiende”.
En el caso de la BUAZ, son 40 mil alumnos, 3 mil 500 docentes y 2 mil 500 trabajadores los que suspenderían actividades. FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ
Exigen mayor subsidio a instituciones de educación superior y que se atienda la crisis
Universidades corren el riesgo de no pagar salarios y prestaciones en el cierre de año
MARTÍN CATALÁN LERMA / La jornada Zacatecas, 09 de octubre de 2019
Zacatecas.-
El Sindicato de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) y el Sindicato de Trabajadores (Stuaz), se sumarán al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), programado para este miércoles, para exigir un mayor subsidio a las instituciones de educación superior y que se atienda la crisis financiera en que se encuentran algunas de éstas.
La exigencia es, entonces, que se aumente el subsidio para las universidades y que el Gobierno Federal entregue apoyos extraordinarios a nueve instituciones en situación de crisis económica, ya que éstas corren el riesgo de no pagar salarios y prestaciones en el cierre de año.
Otra petición es al Poder Legislativo, al que exigen que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se apruebe un mayor subsidio para las universidades públicas, especialmente ahora que en el discurso gubernamental se habla de eliminar el examen de admisión, lo que implicará un aumento de la matrícula.
De acuerdo a la Contu, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca elevar la gratuidad de la educación, pero ello no corresponde con la asignación presupuestal para las universidades y sus funciones sustantivas.
La confederación ha señalado que en los últimos años ha habido recortes a los recursos extraordinarios que permitían a las instituciones acceder a recursos que les permitieran solventar sus compromisos contractuales de fin de año, además que el incremento del subsidio ha estado por debajo del índice inflacionario.
El paro nacional de este miércoles, según cifras de la Contu, se realizará en 30 universidades del país lo que significa que 70 mil estudiantes y 60 mil docentes y administrativos suspenderían actividades académicas.
En el caso de la BUAZ, son 40 mil alumnos, 3 mil 500 docentes y 2 mil 500 trabajadores los que suspenderían actividades, a fin de sumarse al paro nacional mediante la movilización del Spauaz y el Stuaz.
Asimismo, las instituciones que se encuentran en una condición crítica son la Universidad Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Zacatecas, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como las de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas, mientras que las de Baja California y Coahuila se encuentran en una situación vulnerable. http://ljz.mx/2019/10/09/se-sumaran-spauaz-y-stuaz-a-paro-nacional-convocado-por-la-contu/
Un informe de Médicos sin Fronteras informa que el 45 por ciento de los migrantes atendidos han sido víctimas de la violencia en la frontera con Estados Unidos.
CD. VICTORIA.- La integridad física de los migrantes se encuentra en peligro ante las condiciones de inseguridad que privan en el norte de Tamaulipas, advirtió la organización no gubernamental “Médicos sin Fronteras”.
En tanto, migrantes que se mantienen en la región denunciaron ser discriminados por las instituciones de salud.
Según el informe “México: la política migratoria de Estados Unidos pone en peligro la vida de los solicitantes de asilo en Tamaulipas”, el 45 por ciento de los migrantes atendidos por Médicos sin Fronteras han sido víctimas de violencia, han sufrido heridas de bala y lesiones por arma blanca o golpes.
El documento, difundido en la página de internet de Médicos Sin Fronteras, indica que entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45% de los 2,315 pacientes de salud mental (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o retornados) atendidos por miembros de la organización en Reynosa y Matamoros, manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria.
De ese 45 por ciento, el 33% aseguró haber sido agredido físicamente y el 19% sufrió violencia sexual.
El informe señala que los procedimientos para migrantes solicitantes de asilo los obliga a esperar en México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos, quedándose en diversas ciudades, como Matamoros, donde la infraestructura es deficiente y registran altos niveles de violencia, incluidos delitos como secuestro, extorsión, robo a mano armada y violencia sexual, mismos que ponen en riesgo su salud y sus vidas.
A la vez, apunta: “es inaceptable que personas vulnerables, mujeres, niños, familias y hombres sean forzados a vivir en condiciones de riesgo debido a la violencia de las redes criminales y también al trato inhumano al que son sometidos por parte de México y Estados Unidos”.
De igual forma, indica que las casas de ayuda al migrante se encuentran rebasadas en su capacidad de atención, toda vez que debido a la sobresaturación hay problemas de higiene, no hay sanitarios suficientes, viven en condiciones de hacinamiento y ante la propensión de enfermedades transmisibles.
El reporte de Médicos sin Fronteras alerta sobre la falta de albergues en condiciones salubres, agua potable, dormitorios ventilados e higiénicos, drenaje sanitario.
Denuncian discriminación
En tanto, migrantes denunciaron que son víctimas de discriminación cuando han acudido a clínicas del IMSS y de la secretaría de Salud en busca de atención médica.
Alejandra Canseco, cubana, cuenta: “una mujer salvadoreña que estaba a punto de dar a luz, la llevamos a la clínica del IMSS, pero no querían atender la emergencia, la criatura iba ya prácticamente afuera y se negaban atenderla, pues no era asegurada. Hasta que nos juntamos e hicimos presión la recibieron”.
A su vez Julia Fonseca, salvadoreña, narra: “Yo llevé a mi hijo a un hospital, pues tenía mucha diarrea y se encontraba deshidratado. En muy mal estado. Me dijeron que no me podían atender, porque era migrante y no tenía servicios de salud. Desesperada, les pedí que por humanidad lo atendieran”.
“Ya después de mucho esperar lo atendieron, me dieron una receta, les dije que no tenía dinero, que era migrante. Una enfermera se apiadó y me dio las medicinas”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) denunciaron amenazas de muerte por oponerse a la construcción del colector de aguas negras, con el que se pretende descargar los desechos industriales y pluviales del corredor industrial Hujotzingo al río Metlapanapa, en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla.
En conferencia de prensa, los defensores del territorio advirtieron que la construcción del colector afectaría a más de 30 pueblos, comunidades y colonias de la región cholulteca de Puebla que durante años han resguardado el afluente.
Miguel López Vegas, quien también es delegado del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), afirmó que empresarios de armadoras de autos les advirtieron que una persona ya había sido asesinada por oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM), en referencia a Samir Flores, y que faltaba uno de Puebla.
Explicó que en la región que defienden existen alrededor de 30 empresas que componen el corredor industrial Quetzalcóatl-Huejotzingo y que a su vez forman parte del PIM, al que Samir Flores se oponía cuando fue asesinado el 20 de febrero pasado. A la fecha ese crimen sigue sin esclarecerse.
El activista señaló que, para echar andar el PIM –consta de dos termoeléctricas, un acueducto, torres de alta tensión y un gasoducto de más de 160 kilómetros de longitud que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos–, el gobierno de Puebla y los empresarios de la zona han amenazado con órdenes de aprehensión a los pobladores que se oponen a vender sus tierras para la construcción de este “proyecto de despojo”.
Israel Mendoza, también defensor del territorio, indicó que no existen permisos ni estudios de impacto ambiental para el corredor de aguas negras, y de permitirse su construcción –aseguró– se estaría violando la NOM 001 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat), que establece los límites de contaminantes en descargas de aguas residuales, como plomo, cobre, arsénico, cianuro, entre otros.
“Todo ese corredor industrial que quieren hacer a cielo abierto es un proyecto de muerte”, sostuvo, y responsabilizó al gobierno de Puebla y a los empresarios del corredor textil, en caso de que algo llegue a sucederle a él o a sus compañeros.
Alejandro Torres, comunicador comunitario, detalló que han recibido mensajes de texto con amenazas y son objeto de hostigamiento por parte de la policía municipal, el Ejército y hasta la Guardia Nacional, cuyos elementos se mantienen resguardando el lugar por donde pasará el colector de aguas negras.
El presidente municipal de Juan C. Bonilla, Joel Lozano, indicó que también ha sido amenazado con la destitución y con problemas en la cuenta pública, si respeta la voluntad del pueblo que se niega a la contaminación del río.
Además, agregó, han amenazado con cerrar la Radio Comunitaria Indígena de Zacatepec-Tlaxcalancingo 107.1, en la que colabora, y por medio de la cual la gente se mantiene informada.
Por ello, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que garantice su seguridad y cumpla su promesa, realizada en campaña, de cancelar el Proyecto Integral Morelos, así como el proyecto de descarga de aguas industriales y pluviales en el río Metlapanapa.
Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa), pidió implementar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para los cuatro defensores del territorio que han sido amenazados en los últimos 15 días.
Asimismo, denunció que el organismo federal de protección no está cumpliendo a cabalidad con las medidas cautelares para los defensores del territorio que ya han solicitado protección, pues el director general adjunto de reacción rápida y recepción de casos, Jorge Ruiz del Ángel, no responde a los llamados y los botones de pánico no funcionan.
Expresó que ya han interpuesto recursos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita medidas cautelares, pero hasta el momento sólo ha dado respuesta a uno de ellos.
En entrevista con Apro, Alejandro Torres, concejal del CIG, agregó que como parte de estos proyectos se planea implementar 42 desarrollos inmobiliarios, que servirían para dar hogar a los empleados del PIM y que acabarán con las áreas de siembra.
“Este proyecto es integral, viene con el despojo completo y la esclavitud, porque al quitar la tierra fértil, al no producir el campo, nos veremos obligados a agarrar una de esas chambitas con las que las empresas ganan mucho dinero, pero que tienen explotado al trabajador. Te desintegras de tu comunidad, ya no participas, y eso rompe con los usos y costumbres de nuestros pueblos”, manifestó.
Además, señaló que el pasado 14 de agosto la comunidad de Juan C. Bonilla acordó en asamblea negar el permiso para la construcción del colector pluvial, pero en menos de una semana las autoridades violaron los acuerdos y pusieron elementos de las policías local y Federal para resguardar la zona de obras y evitar que los pobladores se acercaran.
Desde entonces, los habitantes han implementado una serie de protestas. Por ejemplo, ayer tomaron la presidencia municipal y declararon un plantón permanente hasta obtener audiencia con las autoridades.
Según declaraciones recientes del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, desde el primero de diciembre de 2018 y hasta el 11 de agosto del año en curso, se detuvieron más de 46,000 migrantes en su tránsito por el país. Casi la mitad de ellos, (cerca de 20,000) fueron detenidos después del 8 de junio de este año, cuando México pactó con EEUU el control en la frontera sur para evitar la imposición de aranceles. La Secretaria de Relaciones Exteriores consideró un logro plausible la reducción del flujo migratorio en un 39% en 53 días, y de un 56% al cumplirse el plazo de 90 días establecido por el gobierno de EEUU. La presidencia de EEUU ha expresado sus congratulaciones al gobierno de México por su participación en obstaculizar la llegada de migrantes a Estados Unidos. El discurso oficial y los medios de información, con algunas raras excepciones, llaman a estas detenciones “rescate” o “aseguramiento” de migrantes.
La detención de migrantes implica un proceso de persecución y criminalización en contra de quienes huyen de las condiciones de pobreza, inseguridad y represión en Centroamérica, África y Asia. Generalmente estas detenciones van acompañadas de violencia y abuso por parte de las fuerzas represivas. Según una denuncia de la A.C. “Instituto para las mujeres en la migración” y de la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, las revisiones y detenciones que realizan las autoridades migratorias, o no migratorias, se basan en criterios discrecionales que a veces tienen que ver con juicios sobre procedencia “racial”, étnica o idiomática. Así sucede en los retenes en donde se detiene a los camiones de pasajeros y se les solicita papeles a quienes ‘no parezcan mexicanos’ a los ojos de las autoridades migratorias. Esto se desarrolla en el contexto de una clara política de criminalización de los migrantes. Como política de Estado, se hacen redadas, en las que participan a veces policías, o militares, o miembros de la marina y de la Guardia Nacional, en hoteles, plazas públicas, autobuses, trenes y carreteras.
FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ / CUARTOSCURO
La militarización en el proceso de persecución, detención y concentración de migrantes no sólo implica el despliegue de efectivos en las calles y carreteras del país, también ha ido acompañada de cambios en la titularidad de las delegaciones federales del Instituo Nacional de Migración. En los estados de Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo, mandos militares y ex navales han asumido el cargo, según informó Francisco Garduño Yañez, comisionado del Instituto Nacional de Migración. En Veracruz, el contralmirante retirado de la Armada, Raúl Alberto Paredes Hernández rindió protesta como delegado del Instituto Nacional de Migración, en sustitución de Edgar González Suárez.
Además, la política de criminalización de la migración va acompañada del uso de tecnología para detectar el transporte ilegal de personas. En algunos retenes, por ejemplo en Zacatecas, se utilizan rayos X para analizar el contenido de los transportes.
Foto: La silla rota
La política de persecusión y criminalización de migrantes se ha presentado, en su forma más extrema, como cacería abierta: se documentó un caso el 14 de junio, apenas una semana después del pacto con EEUU, en que un grupo de policías federales abrió fuego en contra de un grupo de 17 migrantes salvadoreños en el tramo de la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, en el municipio de Agua Dulce, Veracruz. Como resultado hubo dos personas lesionadas (un hombre y una mujer) y una mujer de 19 años asesinada. Según testigos, la camioneta en la que iban viajando los 17 salvadoreños fue perseguida por elementos de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración.
Otro caso documentado es el que aconteció en Saltillo, Coahuila, donde elementos de la policía federal asesinaron a Marco Tulio Perdomo Guzmán de Honduras, según reporta una nota del 4 de agosto del diario Animal Político. Ahí se afirma que: “La Fiscalía General de Coahuila reconoció que Marco Tulio Perdomo Guzmán, el migrante hondureño asesinado el pasado 31 de julio, es inocente pues nunca agredió al policía que le disparó y que hubo un uso excesivo de fuerza letal.” En una nota previa, se da a conocer que “La Casa del Migrante de Saltillo informó en un comunicado que los oficiales persiguieron y dispararon contra el grupo de migrantes entre ellos familias con menores, que habían dejado el albergue para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos”. La primera respuesta de la Fiscalía General de Coahuila había sido que los policías habían repelido un ataque de los migrantes. Posteriormente se retractaron y reconocieron el carácter de ejecución extrajudicial.
Imagen tomada de Animal Político
La ruta migrante más corta, si se ingresa por Guatemala, atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Hay retenes de autoridades migratorias y no migratorias, como la Guardia Nacional con 6,000 efectivos en Chiapas, y a lo largo de toda esa ruta. Diversas ONG’s han señalado que esto, y la terrible inseguridad de esa ruta, obliga a que los migrantes empiecen a ensayar caminos más largos. Así consta en una nota del 10 de noviembre del 2018 de la BBC: “‘Es más largo pero también más seguro’, le dice a BBC Mundo Rosenda Mariño, una joven de 23 años que viaja desde Honduras con sus dos hijos. ‘Aunque se tarde más yo no voy a arriesgar a mis niños. De todos modos ya llevamos mucho caminando’.”
Varios de estos estados se encuentran señalados como algunos de los más peligrosos. Sobre ello, el Movimiento Migrante Mesoamericano alertó que Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Coahuila, son los estados más peligrosos para los migrantes en su traslado rumbo a Estados Unidos, debido a que hay un aumento de violaciones y secuestros. Rubén Figueroa, vocero de esta organización, también denunció que la nueva política migratoria sólo criminaliza a los migrantes y no tiene una política que atienda la industria criminal de tráfico de personas a la que se enfrentan los migrantes en su tránsito por el país. Según unanota de Intra America News, en estados como Veracruz y Tamaulipas, las redadas masivas realizadas por el Estado mexicano no son el único problema con el que se encuentran los migrantes. La ONG Médicos Sin Fronteras ha declarado que el 45% de las 2,315 personas que han atendido en el Noreste de México, han sufrido algún tipo de violencia durante la ruta migratoria. El secuestro, los asesinatos, los malos tratos y hasta la muerte, han sido las premisas de los testimonios de las personas que intentan cruzar la frontera de México con EEUU.
Después de la detención, son concentrados en campos cercados y vigilados conocidos como ‘estaciones migratorias’ ubicadas a lo largo de la ruta, principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, como lo han constatado periodistas de distintos medios de comunicación. En Tamaulipas policías estatales y personal del Instituto Nacional de Migración, concentran a migrantes centroamericanos en las instalaciones de Migración en el Puente Internacional del municipio Miguel Alemán, por ejemplo. En Tabasco, el INM, los concentra en una ubicación que fue cedida por una institución religiosa para funcionar como estación migratoria, de la cual, los migrantes han intentado fugarse. “En testimonios, migrantes señalaron que su evasión del lugar fue por falta de atención adecuada, como retraso o falta de alimentos, desatención médica, sanitaria y maltrato de los agentes que los atendían, por lo cual algunos pidieron incluso ser deportados.” En otra nota se recupera este testimonio: “¿Cuál es la situación en la Casa del Migrante, por qué optaron por fugarse? Porque estamos padeciendo con la comida. Nos están tratando como unos perros. Cuando vamos al sanitario, sólo 5 minutos y dicen afuera, ya estuvo. Los niños están con calentura, están demasiado enfermos. Ayer a un señor le dio un paro y se quedaron, como si no tuviera nada”. En Chiapas, son concentrados en la ‘Estación Migratoria Siglo XXI’ que está en Tapachula, de la cual también ha habido varios intentos de fuga. Por ejemplo, en abril, se registró una fuga masiva de más de 600 migrantes. ‘Operativos’ de la poicía federal y el INM se dieron a la tarea de volver a capturar y concentrar a los migrantes.
Según múltiples denuncias, las condiciones de las estaciones migratorias son inhumanas e insuficientes para recibir a la cantidad de personas que están siendo concentradas en estos espacios. Los migrantes son detenidos y concentrados en condiciones de hacinamiento insostenible. Según una nota del diario La Opinión, “Los inmigrantes dicen que no les dan comida, que no se pueden bañar, que están demasiado enfermos y no tienen medicina ‘ni para bajar la calentura’. En resumen: que ‘los tratan como perros’ y por eso buscan la forma de escapar de los Centros de Detención Migratoria, el epicentro de las deportaciones de indocumentados en este país.” Además, se afirma que: “El número de detenidos ha desbordado a los más 59 centros de detención para personas migrantes: 32 estaciones migratorias, 15 estancias provisionales tipo A para una estancia máxima de 48 horas y 12 estancias provisionales de tipo B para una estadía máxima de 7 días.”
Ante esta situación de precariedad en que se encuentran los migrantes concentrados, y frente a los intentos repetidos de fuga, las autoridades mexicanas han decidido invertir dinero en mayor seguridad y vigilancia. Lo cual evidencia que para el Estado el problema no es que estén hacinados y en condiciones inhumanas, sino que se fuguen. Así se constata, por ejemplo en una nota de MVS noticias:
“El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga anunció la remodelación de las estaciones migratorias de Chiapas, Tabasco y Veracruz, para reforzar la seguridad y vigilancia de los migrantes asegurados, así como los espacios para la atención en estas instalaciones. En conferencia de prensa, informó que la estación migratoria Siglo XXI, la más grande de Chiapas se reforzará la seguridad con la instalación de nuevos accesos, ampliar las bardas perimetrales, así como la instalación de cámaras de vigilancia, además de la ampliación en áreas de salud, cocina, centro telefónico y área lúdica para menores… ”
Además se afirma que los centros migratorios que se reforzarán se ubican en Tenosique, Tabasco; Acayucan, Veracruz y Tapachula, Chiapas. Otros migrantes, en lugar de ser detenidos, son extorionados por miembros de la policía federal, como sucede en Reynosa, Tamaulipas, según declaró Héctor Silva, director del albergue ‘Senda de Vida, la Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe’. También afirmó que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) cobra entre mil 200 y mil 500 dólares para agilizar los trámites de asilo. La situación de los migrantes deportados de EEUU hacia México es igual de precaria. A un mes de que EEUU decidiera implementar el programa de ‘Migrantes retornados’, 4,000 personas han sido expulsados hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las autoridades migratorias lejos de atender su situación migratoria los ha abandonado a su suerte.
Después de ser perseguidos, capturados, violentados, y concentrados los migrantes son deportados. Según una nota del 6 de septiembre de Pie de Página, el saldo es el siguiente: Al concluir los 90 días de plazo que EEUU le impuso a México para detener el flujo migratorio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó:
– Se detuvieron 138,000 migrantes en tres meses.
– Se deportaron 134,000 migrantes.
– Se redujo el flujo de migrantes en tránsito por México en 56%.
La nota de Pie de Página también informa que “En la implementación de este nuevo plan fronterizo, el gobierno de México echó mano de 25 mil 454 elementos de la Guardia Nacional que han apoyado los operativos migratorios en el norte y el sur del país. A pesar de la documentación constante que han hecho diferentes medios de comunicación en cuanto al trato que están recibiendo los migrantes en su paso por México, Ebrard Casaubon afirmó que el despliegue de estos elementos ha sido ‘exitoso respecto a los Derechos Humanos’, pues en este periodo, sólo se han presentado siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de dicha corporación.”
Luego de una larga tradición de la política exterior mexicana en la que se protegió a los perseguidos durante el siglo XX, la violación de los derechos humanos de los migrantes que pasan por México se convirtió en una divisa de los gobiernos neoliberales que lejos de protegerlos de los abusos y agresiones del crimen organizado convirtieron al Estado en cómplice y partícipe de esos crímenes contra hombres, mujeres y niñ@s. El terminar con esas política deshonrosa para nuestro país es un imperativo y, sin embargo, el balance de tres meses de política migratoria de la autodenominada “izquierda” en México prueba que las políticas persecutorias del actual gobierno se han incrementado como nunca antes en la historia reciente de nuestro país.
El paro se realizará este 9 de octubre como muestra de apoyo a las instituciones de educación superior que se verán afectadas por el recorte presupuestal de 2020
Foto: Crescencio Torres
J. Manuel Álvarez | El Sol de León, 09 de octubre de 2019
Con la finalidad de exigir al gobierno federal que recapacite y no recorte el presupuesto a nueve universidades públicas del país para 2020, la Universidad de Guanajuato y los agremiados de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), se unirán al paro nacional que se llevará a cabo este miércoles 9 de octubre.
La suspensión de todas sus labores la Casa de Estudios en la Entidad será por espacio de una hora, de 12:00 a 13:00 horas, como muestra de apoyo solidario a las instituciones de educación superior del país, que se verán afectadas por el recorte presupuestal de 2020.
Este fue el acuerdo que se dio en las reuniones de trabajo convocadas por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), en las que participaron los representantes de las Asociaciones Sindicales de las principales universidades del país, informó la Asociación de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, (ASPAAUG).
El objetivo es analizar las estrategias para solicitar a la Federación el apoyo que permita subsanar la crisis económica que afrontan actualmente nueve instituciones de educación superior de México, aunque no precisó qué universidades están en esa situación.
De igual forma manifestarán su inconformidad con la propuesta del recorte financiero al presupuesto 2020 por el Gobierno Federal a las universidades, por lo que se acordó llevar a cabo el Paro Nacional de Labores en las Universidades cuyos sindicatos se encuentran integrados en la CONTU.
Cabe destacar que la Universidad de Guanajuato, en común acuerdo con ASPAAUG realizarán el paro de labores.
“Se ha hecho extensiva la invitación a nuestras y nuestros afiliados a participar de este Paro de Labores en la fecha y horario señalados, de manera pacífica y responsable, afectando lo menos posible las actividades habituales de nuestra Universidad”.
Numeralia:
En 50 delegaciones sindicales serán colocadas mantas alusivas al paro
Un promedio de 70 mil personas, entre funcionarios, académicos, administrativos y comunidad estudiantil pararán sus respectivas labores
Dos catedráticas de la Universidad Veracruzana (UV) buscaron a Remedios Álvarez Santos, maestra en la licenciatura de Filosofía, para iniciar procesos por también ser víctimas de violencia laboral.
Los nombres son omitidos por apenas iniciar el procedimiento. Una de ellas detalló su situación a Álvarez a través de un correo electrónico y otra más mantiene clases en la facultad de Pedagogía.
El primer caso de los tres fue dado a conocer por Remedios y radica en la recomendación 50/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz.
Bajo el expediente CEDH/2VG/DAM/1081/2017 relató ser víctima de constantes agresiones hacia su persona como discriminación y violencia de género. Todo a raíz de que se incorporó hace siete años a la Facultad de Filosofía, aumentando la agresión a partir de entrar en funciones el director de citada facultad, el maestro que llamaremos Adrián.
Él, con ayuda de otros cinco catedráticos de la Máxima Casa de Estudios en Veracruz y dos alumnos, iniciaron una campaña de desprestigio contra Álvarez que con mayores pormenores desglosa una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la CEDH.
La querella en la FGE sigue en curso, mientras la interpuesta ante la CEDH obligó a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara emitir una disculpa pública por los hechos e iniciar una investigación contra él o los responsables del acoso laboral.
De ésta solo fue emitida en papel y difundida en redes sociales. Ninguna llamada telefónica o cita para ofrecer citado alegato ocurrió.
“La misma rectora reconoce que son muchas mujeres agraviadas y la pregunta es, ¿y usted qué ha hecho al respecto?”, pregunta Remedios Álvarez.
La maestra “rebelde”
Desde el 2010, Remedios imparte la experiencia educativa de Filosofía a veracruzanos y extranjeros que buscan intercambios semestrales o anuales a la entidad veracruzana.
“Paloma” es el sobrenombre que adquirió antes de nacer pues al salir del vientre de su madre, la abuela designó Remedios pero las palabras de su tía convencieron la primera imposición en su vida.
Para ella, la rebeldía no es alterar el orden, el concepto lo limita en luchar por los ideales sin olvidar las obligaciones de cada ser humano.
“Rebeldía es poner en tela de juicio tus propios dogmas, las verdades que te han mentido, impuesto como tal, el rebelde siempre está poniendo en sospecha lo que percibe, cuestiona, reflexiona, dialoga, abona a la sociedad, construye pensamiento con vínculos”
exclamó a esta reporta en 2017
Por mantener esa actitud de exigencia, la etiquetan dentro del campus como “la maestra rebelde”.
Acusada de ser indomable y poner “desorden” en la Facultad de Filosofía, actualmente atraviesa por una “atmósfera muy tóxica, de terror” al experimentar en dos años agresiones contra ella.
Remedios Álvarez Santos, catedrática en la Facultad de Filosofía UV Foto: Juan David Castilla
“Cuando denuncié es porque estaba en una batalla con ese sentimiento adverso que es el miedo. Cuando uno logra vencer eso se tiene que seguir para que la sociedad sepa que no debemos permitir ningún tipo de violación a nuestros derechos humanos. Que debemos denunciar. Si queremos que las instituciones cambien, tenemos que denunciar”.
Uno de los cinco profesores denunciados ante la FGE y la CEDH escribió en su red social de Facebook una disculpa dirigida hacia otro presunto compañero de aulas.
“Yo te ofrezco disculpas como profesor de la facultad y parte de la comunidad UV porque experimentaste lo más estúpido y antifilosófico que la facultad de Filosofía UV ha tenido desde hace muchos años. De parte de una persona muy enferma que es digna de lástima y de un buen psiquiatra. Que le explique que su infelicidad no se cura haciendo el mal hacia los demás, que no le caen bien o no se someten a sus caprichos. Nunca había visto tanta miseria en una persona. Te abrazo y reitero mis disculpas”
se lee en la cuenta que por cuestiones legales solo transcribimos
La rebeldía que promueve la justifica con el letargo en la sociedad, la inactividad en algunos sectores aún con las severas lesiones de amenazas, desaparición y sangre.
La catedrática de la Universidad Veracruzana ha vivido momentos críticos con los jóvenes universitarios, el primero ocurrió el 5 de junio del 2015 y en semanas recientes la revisión a sus pertenencias antes de ingresar al campus universitario.
Revisión de mochilas
A finales de septiembre y octubre, estudiantes de la Unidad Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) denunciaron casos de acoso por parte de los directivos, al ser presionados para revisar sus pertenencias.
El pasado 2 de octubre, cuando salieron a las calles de la ciudad de Xalapa para conmemorar la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, dieron a conocer la situación de intimidación en la universidad.
Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan en conmemoración del 2 de octubre Foto: Juan David Castilla
Ante ello, Remedios Álvarez agregó que será necesario un consenso entre las partes involucradas, una forma democrática.
“No sé si sea contraproducente estar encerrados y ante una eventualidad como un sismo, un incendio haya dificultades para salir. Hablando de seguridad eso sería peor porque quedaríamos encerrados”.
En tanto la situación mantiene este clima “tóxico”, la afectada continúa con proyectos entorno a la violencia, en colaboración con académicos de la Facultad de Sociología UV.
Sergio Elías Uribe Sierra y Grecia Eugenia Rodríguez Navarro / Revista Contralínea, 08 de octubre de 2019
El apuntalamiento del sistema económico capitalista en la minería y las políticas de dominación neoliberales han hecho del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, una de las caras más visibles del modelo extractivo minero en México. La creciente demanda de materias primas por los países centrales y las economías emergentes, así como el incremento del precio de los minerales, entre los que destaca el oro, al ser visto como un refugio para los grandes inversionistas ha significado un crecimiento en la centralización de tierras en forma de concesiones y, a la vez, un boom para la extracción de este metal. Durante el periodo 2000-2006 el precio del oro creció 117 por ciento su valor, lo cual generó que a partir de 2009 se elevara significativamente el volumen extraído, alcanzando un aumento de 366 veces en los últimos 27 años, pasando de 41.5 a 15 mil 229.4 kilogramos. Por su parte, la plata aumentó el volumen de extracción 30 veces y el cobre 13 veces en el mismo periodo. Estos datos también reflejan el perfeccionamiento de las técnicas de extracción a través de la tecnología, que requiere cada vez más insumos para ser sostenida.
Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
La llegada de la empresa canadiense Goldcorp, ahora Newmont-Goldcorp, a Mazapil, y la adquisición del yacimiento Peñasquito para operarlo bajo la técnica de tajo a cielo abierto en 2006, se anunció como el inicio de un auge económico importante para la región que traería progreso y desarrollo. Pero a 13 años de su llegada, la realidad no corresponde con lo prometido. El ejemplo de la farsa del “desarrollo minero” se observa al analizar los siguientes datos: en 2010, por cada 1 mil dólares de minerales vendidos Goldcorp obtenía de ganancias aproximadamente 998.82 dólares y las comunidades sólo recibían 18 centavos de dólar (Garibay, 2010); por otro lado, en 2016, mientras que Mazapil aportó el 8.7 por ciento del valor total de la extracción minera a nivel nacional (Secretaría de Economía, 2017), era reconocido como el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9 por ciento, además, contaba con el 63 por ciento de la población en condición de pobreza (Cobeval, 2015). Es una paradoja: grandes ganancias para la empresa y gran pobreza para el poblado (Uribe y Rodríguez, 2019).
Como se puede observar, no hay simetría entre las ganancias de la empresa Newmont-Goldcorp y los impactos, tanto sociales, culturales, económicos, ambientales y a la salud que ha ocasionado su operación en la región. Otro tema de suma relevancia, es el despojo de tierras para la actividad minera, ya que, entre el 2006 y el 2010, la empresa despojó con engaños, chantajes y coerción más de 7 mil 971 hectáreas de tierra de los ejidos de Mazapil, Cedros, Cerro Gordo y El Vergel, generando el desplazamiento forzado de la comunidad de Peñasquito, además de poner en riesgo latente el desplazamiento de las comunidades de Mesas, Charcos y Palmas Grandes. A la par, el agotamiento del agua comenzó a sentirse rápidamente, en mayo de 2010 se constató que todas las norias relacionadas a la mina Peñasquito se secaron (Garibay, et. al., 2014). Algo más alarmante aún es que Goldcorp mintió a sus accionistas sobre las concesiones de agua y todo apunta a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue cómplice de la empresa al poner a remate el acuífero, haciendo informes técnicos con sendas alteraciones que favorecen a la trasnacional (Garibay, et. al., 2014), lo cual, deja ver un claro entramado de corrupción.
En estos años, también se ha hecho visible la devastación ambiental y la transformación del paisaje que ha generado la minería a cielo abierto, misma que comenzó a visibilizarse y sentirse velozmente, debido a que tan sólo en el periodo de 2012-2017 la minera ha consumido 84 mil toneladas de cianuro y ha removido 396 millones de toneladas de materia rocosa para la extracción de oro. Lo cual ha repercutido en la contaminación del suelo y el aire por la transmisión de polvo con contenido tóxico, derivado de metales pesados y el uso de cianuro para el beneficio del mineral. Esto ha significado el surgimiento de distintas enfermedades dermatológicas y crónico-degenerativas como el cáncer. Los casos de los niños y niñas de Charcos son los más representativos. También se ha generado la muerte de ganado y la pérdida de cosechas.
La relación desigual con la minera Peñasquito ha desatado un conflicto eco-territorial de convivencia y bienes pecuniarios que se sobrepone a un conflicto laboral e intersindical entre ejidatarios, campesinos avecindados, transportistas y la empresa Newmont-Goldcorp. El saldo de los conflictos a lo largo de los años ha sido el aumento de la violencia en la región, la división comunitaria, el desplazamiento forzado, varios homicidios, criminalización a líderes y la presencia de un grupo armado.
La operación de Newmont-Goldcorp ha desencadenado una disputa por el control del trabajo y la vida humana, animal y vegetal del territorio, pero no hay mejor calidad de vida sino más conflictos mineros (Uribe, 2019). La esencia de estas tensiones muestra una contradicción de origen entre quienes manifiestan una mirada crítica sobre la forma de actuar de la minera y una postura que defiende la tierra, el agua y el territorio, pero, al mismo tiempo, aceptan que la empresa pueda seguir operando el yacimiento siempre y cuando cumpla el marco legal nacional e internacional que integra el principio economicista “el que contamina paga”, poniendo en peligro el futuro de toda la región.
La articulación y correlación de fuerza entre los diversos actores involucrados en el caso Peñasquito se vislumbra cada vez con mayor complejidad, lo cual genera cuestionamientos sobre lo que verdaderamente está en juego para quienes se han organizado y pelean contra la trasnacional. Recordemos que después de las primeras remuneraciones económicas, muchos ejidatarios lograron adquirir camiones e integrarse al trabajo con la minera para el acarreo de material, eso ha generado un cambio cualitativo en los conflictos, pues se pone en la mesa la tensión no sólo por la negociación de las retribuciones requeridas por la explotación territorial entre la empresa y los ejidatarios, sino una disputa entre sindicatos transportistas por el control de los contratos de acarreo de material.
Aunque en las constantes demandas de los afectados se exige el resarcimiento del daño por el agotamiento de los mantos freáticos en la comunidad de Cedros y de una auditoría ambiental, estos argumentos parecen secundarios frente a la exigencia de recuperar los contratos de acarreo para las asociaciones transportistas en pugna. Pese a que se ha corroborado que la empresa ha operado en la ilegalidad tras detectar diversas irregularidades para obtener los permisos de ocupación temporal de tierras como negar la participación de miembros opositores al comisariado, realizar asambleas sin la información necesaria, con anomalías en la determinación del acceso al voto y en los propios escrutinios, con dudas sobre las firmas, en algunos casos no se presentaron actas de no verificativo, entre otros aspectos. Los afectados por la mina Peñasquito apuestan por la negociación permanente antes que exigir el cierre de la mina, la rendición de cuentas y el resarcimiento de los daños ambientales, así como un proceso de reconstrucción del tejido social.
Es en este complejo marco que se juega el negocio y la vida de los ejidos y comunidades influenciados por el megaproyecto minero “Peñasquito” en la región de Mazapil, Zacatecas.
Por Tere Segura / Zona Franca, 8 de octubre de 2019
Guanajuato, Gto. Norma Campos Vázquez ha pasado los últimos 19 años de su vida en una lucha contra el acoso sexual y laboral que sufrió cuando trabajaba en Teléfonos de México (Telmex), empresa que durante todo ese tiempo ha evadido la justicia laboral con la complicidad del gobierno mexicano.
La odisea empezó cuando Luis Alberto, llegó como jefe de departamento de Centrales de Irapuato, desde entonces comenzaron las insinuaciones sexuales y al tratar de poner un alto se convirtió en un acoso laboral. Tras 17 años de servicio en Telmex fue despedida por denunciar los hechos.
Desde el 2002, cuando se le rescindió el contrato de manera injustificada, Norma Campos ha tocado varias puertas para pedir ayuda, desde que denunció que su jefe la acosaba, pero solo se ha encontrado con simulaciones a pesar de que en cuatro ocasiones ha tenido fallos legales a su favor, lo que hace suponer una red de corrupción entre la empresa nacional de Carlos Slim y el gobierno federal.
Norma Campos extrabajadora de Telmex y Verónica Cruz directora de Las Libres Foto: Tere Segura
Los hechos
Al no encontrar justicia, Norma Campos se acercó a la Asociación Las Libres para pedir acompañamiento en la lucha que decidió iniciar hace más de una década, y dar a conocer públicamente su historia.
Narró que durante 17 años mantuvo una relación laboral de respeto en Telmex Irapuato, pero cuando llegó Luis Alberto Cañas como su jefe comenzó a ser víctima primero de acoso sexual y luego laboral.
Dicha situación fue comunicada de forma verbal y por escrito al Sindicato de Telefonistas de la República, pero no recibió ninguna atención, por lo que en el 2000 recurre ante el Comité Ejecutivo Nacional, con el coordinador de la zona 5, Héctor Peñaranda, pero las cosas no cambiaron.
Tras un permiso que solicitó al Sindicato y que le fue otorgado por 10 meses para atender un asunto de salud de su hijo, en el 2002 a su regreso fue notificada sobre su rescisión de contrato por faltas injustificadas.
La situación la llevó a interponer la primera demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, contra Telmex en el 2002 bajo el número 911/2002, cuya resolución, en 2010, ordenaba su reinstalación y pago de salarios caídos; en 2011 es regresada a su trabajo, pero un día después volvió a ser despedida.
“En la segunda demanda ,1838/2011, la empresa ofrece empleo que yo acepto, el 14 junio del 2013 me reinstalan y con la misma práctica de la vez anterior, al día siguiente no me es permitido entrar a laborar”.
En ese mismo año vuelve a interponer otra demanda 967/2013, y Telmex vuelve a hacer el ofrecimiento de reinstalación, ella acepta con la esperanza de que esta vez sea de buena fe, pero vuelve a suceder lo mismo.
En el 2016 interpone la cuarta demanda, y en agosto de este año se dicta la reinstalación y el pago de salarios caídos.
“Al día de hoy, estoy a la espera de que Telmex acate la resolución de cuatro demandas que ley ha fallado a mi favor. Ya son 19 años de mi vida dedicados a luchar por la justicia, sin que se me permita el derecho de regresar a mis labores como lo ha dictado la ley, y sobre todo que Telmex siga evadiendo el cumplimiento de leyes, sin que tenga repercusión”.
Reprochó que pesar de haber denunciado a su jefe inmediato por acoso sexual, ante la empresa y el Sindicato, no haya tomado acción alguna.
“No posible que en la actualidad existan casos de mujeres que tengan que vivir situaciones similares a la mía, por empresas como Telmex, que arrebatan el ejercicio de hacer valer nuestros derechos humanos. Interpelo al gobierno de México a que haga cumplir la ley y las resoluciones, levanto la voz por mi lucha y la de miles de mujeres, en mi situación o situaciones similares que no se atreven a hablar por temor a ser ridiculizadas, señaladas y expuestas a burlas de otros compañeros como si la dignidad de una mujer fuera motivo de risa, o de inclusive, acoso laboral de una empresa que se dice socialmente responsable, por atreverse a denunciar los hechos que violentan la dignidad de las mujeres”.
Norma Campos señaló que sus hijas, quienes también han tenido que sufrir daño emocional, han sido la fortaleza que la ha llevado a aguantar la lucha que inició contra una empresa del calibre de Telmex.
“Soy el ejemplo de mis hijas y espero ser el ejemplo de muchas mujeres para que se atrevan a no quedarse calladas y a luchar por la justicia”.
Caso evidencia corrupción
La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, señaló que el acoso y el hostigamiento sexual es el pan de cada día de las mujeres, en el ámbito laboral, pero está tan normalizado que la mayoría de los casos no son denunciados.
Dijo que de acuerdo a estadísticas del INEGI, el 40 por ciento de las mujeres en empresas sufren acoso u hostigamiento laboral, por parte de los jefes, seguido de los compañeros de trabajo.
“La mayoría de las mujeres, de acuerdo a la encuesta que realiza el INEGI, cuando se les pregunta porque no denuncian, dicen en primero que no tiene caso y porque no lo vieron grave”.
Verónica Cruz señaló que el caso de Norma Campos, evidencia corrupción, “la Junta de Conciliación tiene completa responsabilidad y completa impunidad porque se trate de Telmex, no se puede creer que 19 años, cuatro demandas, y esto no se entiende sin la lucha de Norma y su familia”.
Una ola de despidos en todo el país inició en diciembre de 2018 producto de la política de “austeridad” del gobierno de la “cuarta transformación”. El supuesto objetivo, barrer con los privilegios de los altos funcionarios.
Pero los impulsores de la campaña #QueremosTrabajoDigno denuncian que mientras despiden a trabajadores precarios se mantienen privilegios de los altos funcionarios, y a quienes denuncian esta situación se les persigue y despide.
Trabajadoras del DIF denuncian despidos injustos en video que circula en redes sociales.
“Anunciaron que los recortes y despidos serían a los altos funcionarios pero la realidad es que somos los trabajadores más precarios quienes estamos sufriendo recortes y despidos.” Flora Aco
“En el DIF CDMX después de realizar cientos de despidos injustificados, se nos redujo a los trabajadores precarios el salario en 3%, mientras los altos funcionarios se les aumentó 5.7%, teniendo así la Directora General del DIF Esthela Damián un salario mensual de 154 mil pesos.” Alejandra Sepúlveda
“Frente a esta situación impulsamos la campaña #QueremosTrabajoDigno exigiendo derechos laborales, aumento salarial y nos pronunciamos contra los recortes y despidos.” Ameyali Mancilla
Un ejemplo de la violación de derechos laborales es el caso de la Terapeuta Física Libia Galicia, quien trabajó 20 años en el DIF Milpalta sin derechos ni prestaciones. Además, más del 60% de las personas despedidas son mujeres.
Por denunciar esta situación y exigir derechos laborales, se despidió a tres trabajadoras impulsoras de la campaña #QueremosTrabajoDigno, una de ellas tenía al momento del despido tres meses de embarazo.
Trabajadoras que vienen denunciando los despidos y recorte llaman a sumarse a la campaña #QueremosTrabajoDigno.
En las comunidades se reportan fuertes impactos negativos por la minería, y a pesar de ello, el marco regulatorio no está a la par de la problemática
Minería y sustentabilidad ambiental son incompatibles, asegura investigadora de la UNAM. Imagen: www.pacozea.com
Zacatecas, 8 de octubre de 2019
Creer que la minería es sinónimo de progreso y desarrollo es irrisorio; se deben tomar en cuenta sus implicaciones negativas, pues es una actividad incompatible con la sustentabilidad ambiental y soberanía hídrica del país, afirmó Sol Pérez Jiménez, maestra y candidata a doctora en Geografía Ambiental por la UNAM.
En las comunidades se reportan fuertes impactos negativos por la minería, y a pesar de ello, el marco regulatorio, incluso de derechos humanos, no está a la par de la problemática.
Por ejemplo, por esta industria hay tala excesiva de vegetación, pérdida de biodiversidad y perturbación del entorno, que van en detrimento del ambiente; en términos sociales, se persigue y criminaliza a dirigentes y defensores ambientales, hay desplazamiento forzoso de comunidades y aumenta la desigualdad y violencia, subrayó.
En el ámbito económico, hay marginación y se pierden actividades productivas tradicionales, como la agricultura. Todo ello sin contar las afectaciones a la salud de la población debido a la liberación de metales pesados.
La universitaria expuso que en México hay un aumento constante de los proyectos mineros, y en la última década se ha incrementado el número de conflictos relacionados con el sector, así como el asesinato y persecución de defensores ambientales, muchos de ellos indígenas.
Según datos de la Secretaría de Economía, en 2010 estaban registrados 677 proyectos, y para 2017 ya eran más de mil 500, lo que implica mayor presión para los recursos naturales. “Antes de continuar por ese camino, se debería tomar en cuenta que México atraviesa por la mayor crisis ambiental de su historia. Debemos cuidar los recursos y la soberanía hídrica del país, pues en menos de una década 130 acuíferos pasaron a tener déficit”, alertó.
En la actualidad “regalamos y contaminamos los recursos o bienes de los que dependen cientos de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, para el enriquecimiento de los magnates del país”, dijo.
Al respecto, Beatriz Olivera, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, detalló que desde 2015 el aporte que hace la minería a las finanzas públicas de México es de menos del uno por ciento; en 2018 contribuyó con 0.56 por ciento de los ingresos que recaudó el Estado.
“Se dice que esta actividad es palanca de desarrollo nacional, pero la industria extractivas genera 0.66 por ciento del empleo asegurado del país; en 2016 fueron sólo 120 mil puestos, y buena parte de ellos operan bajo outsourcing”.
En los centros productores de oro, casi 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, y al 55 por ciento no le alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria; en los centros productores de plata este último porcentaje se eleva a 65 por ciento. En tanto, a la exploración y explotación de minerales corresponde sólo 0.9 del producto interno bruto.
Rodolfo García Zamora, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, expuso que ese estado, con la experiencia de cinco siglos, puede constatar que la minería no es un motor de desarrollo, sino un factor de destrucción de los territorios y de las comunidades.
“La minería implica mucha riqueza para los poderosos, pero pobreza, explotación, desigualdad y ecocidio para las comunidades. Afecta radicalmente las economías locales y regionales; las grandes corporaciones se convierten en auténticos gobiernos en esos territorios, y los gobernadores en sus lacayos. Ante ese panorama, el marco legal institucionaliza el despojo y los conflictos”, concluyó.
Conferencia de prensa Oaxaca, 7 de oct. Foto: Rafael E Lozano/Avispa Midia
Autoridades de los pueblos indígenas de Santa Catarina Lachatao y de Magdalena Teitipac junto a organizaciones y colectivos de Oaxaca anunciaron este lunes 7 de octubre, en conferencia de prensa, que se sumarán a la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios “SAMIR FLORES VIVE” convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) / Concejo Indígena de Gobierno (CIG) quienes invitaron a “que sea una movilización dislocada y contundente, en todo el país, contra los megaproyectos de muerte, de carácter anticapitalista y antipatriarcal” para este 12 de Octubre de 2019.
Quienes preparan la jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca recalcaron que “en el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular (…) convocamos a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios ¡Samir Flores Vive! para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Indígenas y reivindicar nuestro derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas”, e insistieron en que existen alternativas viables para el planeta, que respetan la Madre Tierra y permiten mantener y reproducir las formas propias de la vida de los pueblos originarios.
En la capital de Oaxaca las actividades previstas para el 12 de octubre incluyen la exposición gráfica y oral de los procesos de imposición de megaproyectos mineros, eólicos, hidroeléctricos, así como del corredor transístmico. También se informará sobre el reciente caso de biopiratería del Maíz Nativo de Oaxaca. Además, se ofrendará un ritual y se realizará una actividad cultural e instalará una mesa informativa. La cita es a partir de las 10 am en el Zócalo de la Ciudad, y se espera que las actividades duren hasta la tarde.
La Jornada global de lucha en defensa de la vida y de nuestros territorios “SAMIR FLORES VIVE” fue uno de los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional e Internacional del CNI / CIG y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, organizaciones y colectivos “El Istmo es Nuestro”, que se llevó a cabo en Juchitán, Oaxaca, el 6, 7 y 8 de septiembre del 2019. En dicha asamblea se acordó intensificar la defensa activa de los territorios amenazados a través de acciones coordinadas. Además, se conversó de manera central la emergencia que viven los pueblos originarios ante la destrucción que se advierte con los megaporyectos principales del nuevo gobierno, entre los que se encuentran el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Interoceánico o Transístmico, y el Tren Maya, así como el aumento en las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el territorio, como Samir Flores Soberanes, cuya memoria se llevará en alto, al tiempo que se exigirá justicia, durante la próxima Jornada.
Entre las acciones coordinadas para el 12 de octubre en México se han anunciado marchas, conversatorios, proyectos de cine, jornadas culturales, conciertos y concentraciones entre otras actividades, en los estados Morelos, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, la Ciudad de México y Oaxaca. En cuanto a este último no solo se llevarán a cabo las actividades en la capital, al mismo tiempo, en la Sierra Mazateca se proyectará un documental a las 3 pm dentro del Centro Cultural “Historias y Memorias Mazatecas” de Huautla de Jiménez; también se planea un bloqueo al crucero de San Pedro Pochutla en la costa, y en el Istmo de Tehuantepec acordaron movilizaciones en torno a Matías Romero. Todo a propósito de la Jornada global de lucha en defensa de la vida y de nuestros territorios “SAMIR FLORES VIVE”.
Pese a las enormes ganancias que obtuvieron por su operación en el territorio mexicano, las empresas extractivas fueron altamente favorecidas por las condonaciones fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Pea Nieto
Texto: Redacción Pie de Página
Fotos: Leonardo Garza Treviño / Cuartoscuro
El SAT condonó o canceló montos millonarios a empresas extractivas de capital nacional y trasnacional con ganancias millonarias. La minería y la industria petrolera se vieron bastante favorecidas por estos perdones. Así lo revela un vistazo a la lista de pagos de impuestos cancelados y condonados que obtuvo mediante litigio el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
De acuerdo con los documentos, entre 2007 y 2015, el SAT “perdonó” casi 173 mil millones de pesos.
Pasta de Conchos: 109 millones perdonados
El gobierno de Felipe Calderón condonó y canceló deudas por casi 109 millones de pesos a General de Hulla, empresa contratista de Grupo México en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.
En febrero de 2006, un accidente en Pasta de Conchos sepultó a 65 mineros. Grupo México se negó a iniciar una búsqueda, alegó que no tenía caso. Hasta la fecha, los restos no han sido recuperados. General de Hulla contrató a 36 de los 65 mineros fallecidos.
Dos años después de la explosión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó 4 millones 894 mil 374 pesos en impuestos a General de Hulla. Y en 2012, el último año del gobierno de Calderón, le canceló una deuda de 104 millones 714 mil 297 pesos.
Los casi 109 millones de pesos que no pagó General de Hulla contrastan con los 80 pesos de salario que pagaban a los trabajadores, cuyos restos aún se encuentran atrapados.
Una limosna a Peñasquito
La mina Peñasquito, de la trasnacional Neumont Goldcorp, siempre está entre los primeros dos lugares nacionales en extracción de oro en México. Aunque no sólo extrae oro: también se encuentra en los primeros dos lugares de plata, y aprovecha muchos otros minerales.
Pese a las enorme ganancias que obtiene Peñasquito, en 2013, el SAT le condonó 13 millones 724 mil pesos, por “por cumplir con los requisitos previstos en el artículo 3ro transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2013”.
En Zacatecas también hay otros “perdonados”: Capstone Gold S.A. de C.V., al que le fueron condonados 4 millones 493 mil 818 en 2010. Ello a pesar de que explota Cozamine, mina polimetálica al norte de Zacatecas, de donde extrae plata, zinc y otros derivados.
Evoba Mining de México es una empresa catalogada de capital mexicano y con participación extranjera. Concretamente, con capital canadiense. De acuerdo con Bloomberg, la empresa se fundó en 2008. Hay notas de la empresa en internet: que vende acciones o las compra. La información más reciente es de 2019. Sin embargo, desde el 2016 hay documentos de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas, en la que buscan la empresa para que reporte financieramente. Entre 1015 y 2018, el SAT le canceló una deuda en impuestos por 4 millones 828 mil 603 pesos.
El oro guerrerense
Productos y Servicios Mineros Geo-Luna, S.A.de C.V., fue beneficiada. El SAT le condonó 1 millón 636 mil 96 pesos. Este despacho de servicios ha trabajado para la explotación de la mina Filos, operada por Goldcorp. Esta mina y Carrizalillo representan el yacimiento de oro más productivo a nivel nacional, actualmente.
Plata en Durango
La Refinadora Plata Guanacevi es propiedad de la empresa canadiense Endevour Silver Corp. Opera la primera mina, localizada al noroeste de Durango, dentro del Municipio de Guanacevi; es un proyecto de minería subterránea (menos agresivo que el tajo abierto). Sin embargo, en 2013, el SAT condonó 67 millones a la canadiense.
Hierro en el puerto
En Michoacán, destacan las minas de hierro. Pero su operación siempre ha estado relacionada con la fuerte ilegalidad en el área. En 2014, durante el conflicto de las autodefensas, se dio a conocer que diversas minas de hierro eran controladas por el crimen organizado; y a pesar de ello, exportaban sin ningún problema el mineral con rumbo a China desde el puerto Lázaro Cárdenas.
En ese contexto, la empresa New World Mining Corporation, que extrae hierro en Michoacán y lo exporta a China fue clausurada, debido a que no contaba con ningún permiso. Incluso hubo una nota , no en la sección de Economía, sino en la de conflictos sociales: los comuneros se oponían a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) se llevara el material ferroso decomisado, ya que era suyo.
Sin embargo, al año siguiente, en 2015, el SAT le condonó a New World Mining Corporation casi dos millones de pesos. Finalmente, de 2015 a 2017 también se le cancelaron algunos impuestos.
En Manzanillo, Colima, está la dirección física de Sunju Mining & Resources, una compañía que se oferta como “actividades de minería de hierro”. Si uno busca en la red, no hay mucha información, sólo que es una Pyme, sin director o dueño visibles. En una página se especifica que se trata de actividades de exportación. En otra página web, la empresa detalla que da trabajo a entre seis y 10 personas.
El Diario Oficial de la Federación anunció en 2013 la cancelación de permisos a Sunju Mining & Resources, porque no presentó reporte de operaciones.
Sin embargo, entre 2015 y 2017, el SAT le canceló impuestos por 79 millones 446 mil 605 pesos.
AHMSA, perdonado
Minera del Norte (Minosa) es una filial de Altos Hornos de México, la principal siderúrgica del país. Minosa abastece de carbón y otros minerales a la siderúrgico. Sin embargo, en 2013, el SAT le “perdonó” 23 millones 939 mil 488 pesos.
Claro que no es nada con lo que el mismo SAT condonó a AHMSA: en 2007, 33 millones 856 mil 932 pesos. Al siguiente año: 40 millones 69 mil pesos 886. En 2013, le fueron cancelados: 13 millones 972 mil 061.
La lista es interminable. Muchas de las empresas, aparentemente, ya no existen. Otras sí. Las deudas condonadas o canceladas van de unos cuantos miles de pesos a millones. Por ejemplo, a la Corporación Minera del Noreste (con base en Nuevo León, y que ofrece servicios de bases mineras) se le condonó 28 millones de 2013. Otra: Minerales de Pacific CoasT, que hace exploración en varias partes del país, no pagó 22 millones en 2013.
Oleoductos y gasoductos, muy apapachados
Servicios Protexa Construcciones S. A. de C.V es una empresa cuya matriz se encuentra en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con Bloomberg, emplea a unas mil 500 personas y se dedica a la creación de gasoductos y oleoductos. La revista Obras advierte: “Pemex siempre ha sido su cliente”.
Pero es una de las empresas con más condonaciones: en 2007, el SAT le condonó 487 millones de pesos. En 2008, 398 millones; y en 2009, 935 millones. Para 2010, el SAT únicamente le perdonó 88 mil 200.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró a las afueras del Servicio Médico Forense que: “No había crisis forense en el estado”, ya que en las instalaciones aún existían espacios para más cuerpos; sin embargo, la verdadera crisis que reside en la identificación y el acceso a la justicia, ni siquiera ha sido abordada por el mandatario.
Esta es la historia de una familia a la que sin más les quisieron entregar una bolsa con restos humanos que aseguraban, tras “haber analizado genéticamente cada elemento”, correspondían a su ser querido; sin embargo, de éste sólo era un antebrazo.
Darwin Franco Migues / Zona Docs
Cristina encendió la televisión, las noticias daban cuenta del testimonio de Gloria, madre de José Manuel, quien fue localizado dentro de una de las 138 bolsas de restos humanos que se exhumaron en dos dos fosas localizadas en la Delegación La Primavera en Zapopan, el 3 y 9 de septiembre de 2019.
A Gloria, su ministerio público le quería entregar sólo algunas de las partes de su hijo, y así se lo hicieron saber el 14 de septiembre de 2019, tan sólo 11 días después de haber localizado la fosa.
Ella logró identificar a su hijo por algunos tatuajes que aún eran visibles en los restos que observó a través de fotografías forenses que le mostraron personal de la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y trabajadoras sociales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); sin embargo, el cuerpo no estaba completo, pero aún así querían dárselo en una caja sellada.
Al escuchar el testimonio de Gloria, los recuerdos regresaron rápidamente a la cabeza de Cristina, ya que a su familia les tocó vivir un episodio similar entre el 25 de septiembre y el 18 de diciembre de 2018. Su primo, César, de 24 años, fue desaparecido el 23 de septiembre; sin embargo, su cuerpo fue localizado junto con cuatro personas más dentro de cinco bolsas plásticas, el 25 de septiembre en la colonia El Briseño en Zapopan.
En su caso también fue un tatuaje lo que facilitó la identificación, el 1 de octubre de 2018; sin embargo, el encargado en ese entonces del Área de Genética del IJCF, Sergio Palacios, les pidió que tuvieran paciencia porque al estar los cuerpos tan diseccionados tardarían mucho tiempo en determinar qué restos de todos los localizados en las cinco bolsas pertenecían a su familiar. Decidieron esperar a que la genética les diera certezas.
La espera, no obstante, duró mucho tiempo. Primero, les dijeron que esperaran de 15 a 22 días; después les pidieron que regresaran después de un mes porque no se daban a basto con la crisis de los dos contenedores frigoríficos en los que la FGJ y el IJCF habían hacinado 322 cuerpos de personas no identificadas. Después de un mes, decidieron interponer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la queja 3819/2019.
Yo tomé la batuta en los trámites del SEMEFO, iba a cada ratito a preguntar qué había pasado, ya que se me hacía mucho tiempo para identificar los restos de mi familiar siendo que les habíamos dicho que ese antebrazo era de él (…) la respuesta es que seguían haciendo las pruebas de ADN y pues todavía no tenían nada, por eso cuando yo vi la noticia en la televisión de la señora a la que le querían entregar incompleto a su hijo, supe que la estaban engañando porque a mi primo que lo encontraron de manera similar tardaron mucho tiempo en identificarlo, así que no es creíble que a esos cuerpos los hayan identificado en menos de quince días.
Cristina cuenta que no fue hasta el 14 de noviembre de 2018 cuando recibió una llamada del encargado de genética del IJCF donde le decía:
– Ya venga, tenemos las pruebas de identificación de su primo. Traiga a su tía para que ya puedan llevarse a su familiar.
Sin embargo, una noticia que debió traer paz para la familia inauguró un nuevo calvario, ya que primero les dijeron que su primo había sido inhumado junto con los de los tráileres y que, por tanto, ya no estaba en el SEMEFO; después, les dijeron que ya lo habían entregado desde el 2 de octubre. Nadie sabía a bien qué había pasado con César.
Yo me molesté demasiado porque cómo era posible que nadie supiera nada; tras insistir un ministerio público me dijo que los restos de mi primo: sí estaban en el SEMEFO… para quitarme las dudas, yo le pedí a una trabajadora social que me mostrara las fotos… me pasé y vi fotos que jamás esperé ver… la forma en cómo lo dejaron fue fatal… una carnicería… yo al ver las fotos no podía dejar de pensar que sólo eso me llevaría de él. La trabajadora social me vio y me dijo, es que fue todo lo que quedó de él.
Tras ver las fotos y confirmar que se trataba de César; elementos de la Fiscalía les señalaron que sólo habría que acabar con el papeleo para poder llevarse a su familiar, pero eso no ocurrió.
Hay un problemita con Ustedes
Aunque aparentemente todo estaba listo para entregar los restos de César, en las instalaciones de SEMEFO, Cristina comenzó a ver un desfile de funcionarios que iban y venían. Uno de ellos se acercó a decirles que el director del IJCF, Daniel Barba Rodríguez, quería hablar con ella y su tía porque había “un problemita con su primo”.
Cristina pensó que les confirmarían que ya habían entregado los restos de César a otra familia; sin embargo, nunca imaginó lo que se les vendría encima. A la sala a donde las llevaron estaban muchos peritos y directores de área; sin embargo, una de las peritas fue la que se acercó a ella y de manera enérgica le confesó:
Tuvimos un problemita aquí contigo. Mira en tus papeles sale que el ADN de tus tíos sí dio positivo con la foto 337/2018 (la de un antebrazo); la confronta sí fue positiva, pero no hubo más positivos… ese antebrazo estaba en una bolsa, pero eso (señalando una bolsa con restos humanos ) es lo que mis compañeros te quieren entregar… y de todo lo que ahí hay, a mí no me consta que sea de tu familiar. Yo no te voy a entregar a ti algo que no me consta que sea suyo”.
La angustia se apoderó de Cristina, ya que en ese momento pensaba en cómo le iba a decir a su tía que lo que les querían entregar no eran los restos de César, pues lo que se encontró de éste estaba repartido dentro de las cuatro bolsas que, supuestamente, se habían analizado bajo pruebas genéticas:
A mí me explicaron que habían hecho exámenes de ADN a los restos, pero no fue cierto… me querían entregar un bulto que tenía, por lo menos, los restos de dos personas más… por eso no creo que a quienes encontraron en La Primavera ya los hayan identificado y dudo mucho de que los restos entregados correspondan a una misma persona, esto por lo que a nosotros nos pasó… Cuando nos tocó vivir esto, yo los insulté demasiado porque cómo era posible que nos hicieron esto a las familias que vamos buscando a nuestro desaparecido al SEMEFO.
Además de que no tienen tacto ni inteligencia para decirle a uno las cosas, ya que esto de que no tenían todo el cuerpo de mi primo nos lo dijeron a mi tía y a mí así de golpe, así como también dijeron sin pensar mucho las cosas que si no estaban las otras partes de César es porque, quizá, éste aún estaba vivo, pero sin un brazo… a mi tía le dieron esperanzas que ellos sabían no existían, ya que a mi primo lo tenían ahí en unas bolsas…
Después de estos hechos, Cristina y su familia exigieron cada una de las pruebas genéticas y cada uno de los peritajes que comprobarán que cada resto que les querían entregar en realidad correspondía verdaderamente César. En este último tramo del proceso, Cristina sólo recuerda que recibió ayuda de una perito de nombre Martha, su apellido lo ha olvidado con el tiempo, pero no así lo que ella hizo para recuperar a su primo.
Esta árdua tarea de identificación duró hasta el mes de diciembre de 2018; ahí fue cuando el IJCF determinó que en esas cinco bolsas localizadas, el 25 de septiembre de 2018 en la colonia El Briseño, correspondían a cuatro personas, tres hombres y una mujer, uno de estos hombres era César.
A mediados de diciembre, me dijeron que ya tenían identificadas las partes más significativas de mi primo, pero de Fiscalía me dijeron que sólo tenía dos opciones: tomar lo más significativo de éste y, entonces, ya recuperarlo, o esperar a que salieran las pruebas de ADN de otros restos que quizá darían negativo… Yo le tuve que decirle a mi tía que pudimos rescatar lo máximo de César, y que sólo le faltarían sus dedos y orejas… Mi tía me preguntó que si realmente era su hijo, yo le enseñé los dictámenes y ella, finalmente, aceptó los restos identificados.
Esta es la primera vez que Cristina y su familia narran esta terrible experiencia en SEMEFO, la razón para romper el silencio fue descubrir que a casi un año de lo que ocurrió con César, una madre denunció una situación similar.
Cristina pensó que el personal de la FGJ y el IJCF en verdad cumplirían la promesa que les hicieron cuando “tuvieron ese problemita con su primo” -palabras con las que definieron las autoridades forenses a la negligencia en el registro de identificación de los restos humanos localizados, el 25 de septiembre de 2018-; la promesa que en ese entonces les hicieron fue: “Lo que les pasó jamás volvería a sucederle a ningún otra familia”. Hoy saben que no fue así.
Hasta el 30 de septiembre de 2019, de las 138 bolsas con restos humanos localizadas en la Delegación La Primavera en Zapopan, se sabe que los restos corresponden a 34 personas; del primer hallazgo, se tienen 13 cuerpos completos y 16 incompletos (este es el caso del hijo de Gloria, José Manuel); en el caso de la segunda fosa donde se hallaron 19 bolsas con restos humanos dentro de una pileta, se logró identificar cinco cuerpos completos; en ambas fosas aún hay diversas secciones anatómicas que esperan los resultados de confrontas genéticas. Sobre los cuerpos que sí están completos, 12 son hombres y tres mujeres; de éstos, sólo nueve han sido identificados por sus familiares.
Sobre las investigaciones que deberían de concluir en quiénes son los responsables de quitarle la vida a Cesár; la familia nunca más volvió a tener noticias del área de homicidios de la Fiscalía General de Jalisco; la única información que tienen sobre el caso es aquella que llega por la queja interpuesta en la CEDHJ. Lo que el organismo de derechos humanos les ha informado hasta ahora sólo son las declaraciones donde peritos del IJCF aseguran y perjuran que jamás hubo un mal proceder en la identificación del joven de 24 años.
Exigen cumplimiento de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo
Gabriel Graniel Herrera/ La Jornada Maya
Ciudad del Carmen, Campeche
Luego de varios paros escalonados desde el inicio del semestre julio-diciembre, maestros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), de los tres planteles de la entidad, iniciaron la huelga, demandando que se cumpla con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, en lo relacionado al rebasamiento de horas, que afecta a aproximadamente 120 maestros, al reducirles sus ingresos.
Tan solo en el plantel Ciudad del Carmen, el Conalep mantiene una matrícula de 600 alumnos, los cuales, se verán afectados con esta suspensión de labores, además de los que realizan sus estudios en Carmen, Campeche.
Colocan banderas
Cumpliendo con lo acordado en el Expediente de Emplazamiento a Huelga 50/2019, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a las 9 horas de este lunes los maestros del plantel Carmen, iniciaron con la colocación de las banderas rojinegras.
La secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato del Personal Docente del Conalep, expuso que de acuerdo con el pliego petitorio que presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el primer punto tiene que ver con la reducción de horas de clases, que se encuentra plasmado en la cláusula diez del Contrato Colectivo de Trabajo.
Expuso que ante la negativa de la Dirección General en el estado, de llegar a un acuerdo relativo a la instrucción de reducir a los 20 horas de trabajo por maestro, se tuvo que llegar a la suspensión de labores y estallamiento de la huelga, misma que es autorizada y reconocida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche.
Aseveró que esta limitación nos afecta, porque reduce sus salarios y les impide trabajar más horas a pesar que hay matricula de alumnos que atender, pero sobre todo que siempre hemos podido dar las clases con el número de horas que cada docente puede atender según su voluntad.
ISSSTE y FOVISSTE, sin recibir pago
Sánchez Madrigal señaló que de la misma manera reclaman, que el Conalep les descuenta por nómina las cuotas de seguridad social para el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para tener derecho a atención médica y pero la institución no hace el pago a correspondiente, por lo que hay un adeudo pendiente, que a la larga nos afectará con las cotizaciones necesarias para lograr nuestra pensión jubilatoria.
Indicó que lo mismo sucede con el FOVISSSTE, en donde se les descuenta la mensualidad de sus créditos, sin embargo ellos aparecen como moroso, ya que la institución no paga estas aportaciones.
(Agencia SIM)/Noticaribe
CANCÚN, MX.- En el tercer trimestre de este 2019, el número de personas desaparecidas y reportadas como extraviadas en Quintana Roo suman 187; de éstas, 60 ya fueron reportadas como localizadas, lamentablemente no siempre con vida, como en el caso de Juan Manuel González Verdín, Arife Chávez Moreno y Juan Luis Robles Gómez, los tres ciclistas a quienes privaron de la libertad a principios de agosto del presente año.
La información fue recabada en la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), del periodo 1 de septiembre al 4 de octubre del presente año; donde se especifica los que fueron declarados “extraviados”, “desaparecidos”, “alerta Amber” o donde se requiere el “servicio social” para localizar a tal o cual persona.
El Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada dice que “la desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes para la sociedad por violaciones múltiples a los derechos humanos. En él concurre el involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servidor público, pero también particulares, sin la participación, apoyo o aquiescencia de la autoridad”.
La propia Secretaría de Gobernación (Segob), en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez informó a principio de año que están en búsqueda de más de 40 mil personas desaparecidas en México y trabajan para identificar a más de 26 mil cadáveres, pero el resultado aún no se alcanza.
En Quintana Roo, el panorama de los desaparecidos parece ser el de indiferencia, pues ni las autoridades responsables, ni las asociaciones civiles se han manifestado en cuanto a los más de 500 desaparecidos en los municipios del estado, principalmente en la zona norte, Cancún y Playa del Carmen se llevan la delantera.
Faltan recursos para buscar a desaparecidos
Lógicamente, ni el país ni el estado cuentan con un presupuesto público asignado al tema de los desaparecidos, más allá de la publicación de “Alerta Amber” o “ayúdanos a localizarlo”; pues de los 400 millones de pesos asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), no llegó nada a Quintana Roo. El mismo subsecretario de gobierno comentó que “estaremos trabajando con la Fiscalía General de la República para obtener recursos adicionales que nos permitan crear un sistema de identificación forense, para mejorar todos los servicios en el país”.
El Protocolo Homologado recomienda que, para lograr el éxito en la búsqueda, es indispensable impulsar la profesionalización y capacitación permanente, generar dinámicas que lleven al trabajo en equipo, asegurar condiciones mínimas de operación y seguimiento de todos los procesos en el interés de que la autoridad dé a los ciudadanos la seguridad que requieren y vigilen el estricto apego al Estado de Derecho.
“Los mejores resultados se darán solo en la medida que exista un compromiso por parte de todas las autoridades del país para trabajar coordinadamente y superando todas aquellas situaciones que están implicando dificultades para una búsqueda efectiva de la persona e investigaciones profesionales y estratégicas”.
Lamentablemente el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no tiene datos al día, pues la última actualización es de abril de 2018; aunque hay que aclarar que el RNPED integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Este registro incluye únicamente a las personas que, a la fecha de corte, permanecen sin localizar.
El silencio de los familiares de las víctimas
Hasta el momento, no se conoce a detalle cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, pero presumiblemente por cada reporte existe una cifra negra de tres más que no acuden a la autoridad, prefieren guardar silencio por varias razones.
También otro temor, señala un familiar que todavía tiene la esperanza de ver al adolescente desaparecido en el 2017, es que los corruptos dentro de la corporación proporcionen datos falsos, con el fin de obtener recursos para “continuar con la investigación”, pero que no se atreven a denunciar porque considera que en la corporación no todos son honestos.
Hasta ahora, en Quintana Roo no existe un “colectivo de desaparecidos”, pues los casos en ocasiones es que los extraviados son víctimas del crimen organizado, ya sea para ejecutarlos o para el tráfico de órganos, que la autoridad no reconoce de manera oficial.
DESAPARECIDOS DE JULIO A SEPTIEMBRE
1.- Julio César Sosa Sosa, desapareció Chetumal.
2.- Tiara Isela Torrez Beltran, fue vista por última vez en Cancún.
3.- Cinthya Alejandra Mendoza Ramírez, vista por última vez en Benito Juárez.
4.- Christian Alberto Aldana Flores, visto por última vez en Cancún.
5.- Jennifer Edith May Loeza de 16 años.
6.- Nidia Abril Malpica Campos, desapareció en Cancún.
7.- Elpidio Covarrubias Cortés se encuentra extraviado desde el pasado 4 de julio de 2019.
8.- Víctor Alejandro Bautista Domínguez, extraviado en Cancún.
9.- Ricardo González Duarte fue visto por última vez el 6 de julio de 2019.
10.- Enrique Barraza González.
11.- Víctor Manuel Poot Cocom, fue visto por última vez en Cancún.
12.- Nidia Abril Malpica Campos, desapareció en el municipio de Benito Juárez.
13.- Cristofer Alexander Balam Koh de 13 años. Visto por última vez el 8 de julio en Cancún.
14.- Keila Esther Ceme Uc. Fue vista por última vez el 9 de julio de 2019.
15.- Abraham José García Cámara, fue visto por última vez en Solidaridad, Q. Roo.
16.- Gumesindo Espinosa Pesero, fue visto por última vez en Leona Vicario.
17.- Jorge Braulio Pinto Hoil, fue visto por última vez en Chetumal, Quintana Roo.
18.- Diana Guadalupe Rodríguez Pérez, de 14 años. Fue vista por última vez en Cancún.
19.- Brenda Carolina Noh Uc, fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
20.- José de Jesús Hernández Torres, fue visto por última vez en Benito Juárez.
21.- Inocencia Polito Ixba, desapareció en la colonia Payo Obispo de Chetumal.
22.- Ninfa Paola Hernández Ávalos, desapareció en Benito Juárez.
23.- Joselyn de los Ángeles Contreras Soberanis.
24.- Sergio Abraham Ramírez Noyola, fue visto por última vez en Cancún.
25.- Rubí Alejandra Campos Pérez. Fue vista por última vez el 19 de julio de 2019.
26.- Mariana Lindo Isidro.
27.- Carolina Vicuña Peña de 13 años. Fue vista por última vez en el municipio de Tulum.
28.- María Elizabeth Pool Kumul.
29.- Dushan Isahías Guzmán Morales, de 14. Fue visto por última vez en la ciudad de Cancún.
30.- Jhoni López Tosca. Fue visto por última vez el 20 de julio de 2019.
31.- Brandon Manuel Manzanilla Chan. Fue visto por última vez el 17 de julio de 2019.
32.- Liliana Morales Hernández, fue vista por última vez el 23 de julio de 2019.
33.- Landy Maribel Medina Dorantes, fue vista por última vez el 23 de julio de 2019.
34.- Maribel Ibarra de Jesús, fue vista por última vez el 24 de julio de 2019 en Chetumal.
35.- Salma Santiago Pardo, fue vista por última vez el 24 de julio de 2019 en Benito Juárez.
36.- Marina Hernández Jiménez, fue vista por última vez el 28 de julio.
37.- Marcos Hernández López, fue visto por última vez el 18 de julio de 2019,
38.- Gabriela Janeth Hernández López, de 15 años. Fue vista por última vez en Cancún.
39.- Fabiola del Rosario Rodríguez Sansores. Fue vista por última vez en Cozumel el 11 de julio.
40.- Gabriela Janeth Hernández López, desapareció en Benito Juárez
41.- Localizar a los familiares de Noelia López Aguirre.
42.- Eduardo Tuz Ucán
43.- Karla Iriana Quijada Tilán. Fue vista por última vez en Felipe Carrillo Puerto.
44.- Jorge Alberto Ballina Trujillo fue visto por última vez en Solidaridad.
45.- Brayan Aguilar Juanillo. Desapareció en Benito Juárez.
46.- Freddi Rodrigo May Sosa. Extraviado en Benito Juárez.
47.- Sara García Chávez, se reporta como desaparecida en Benito Juárez.
48.- Alfonso Pablo García, se reporta su desaparición el 9 de agosto 2019, en Chetumal.
49.- Localizar a los familiares de Albert Esau Gómez Gay.
50.- Jorge Antonio Méndez Rodas, desapareció en el municipio de Benito Juárez.
51.- Alejandro Martínez Córdoba, fue visto por última vez el 2 de agosto de 2019 en Cancún.
52.- Israel Argumosa Miranda regrese a su casa. Fue visto por última en Cancún.
53.- José Alfredo Cool Cauich, desapareció en Cancún
54.- Kendy Viridiana Solís Rivero, se reporta como desaparecida en el municipio de Benito Juárez.
55.- Venancio Velázquez Martínez. Visto por última vez en Cancún.
56.- Ana Paola García Santos. Fue vista por última vez el 19 de agosto.
57.- Eva María Schuster Morales. Ayúdanos a que regrese a su casa.
58.- Miguel Ángel Hernández Arias, fue visto por última vez el 20 de agosto de 2019.
59.- Mario Madera Esquiliano, extraviado desde el pasado 23 de agosto en Oxtankah, OPB.
60.- Jade Esmeralda Cocom Bacab.
61.- Miguel Ángel Madrigal Lázaro, fue visto por última vez el 24 de agosto de 2019.
62.- Jhoana Guzmán Canul, visto por última vez en el municipio de Benito Juárez.
63.- Iván Yunue Echeverría Montiel.
64.- Yostin Manuel Sandoval Sánchez. Fue visto por última vez el 14 de agosto.
65.- Jorge Aparacio Domínguez, fue visto por última vez el 02 de agosto de 2019.
66.- Griseydi López Hernández.
67.- María de Jesús Poot Chay, en el municipio de Benito Juárez.
68.- Carlos Miguel Álvarez Pérez. Fue visto por última vez el 25 de agosto.
69.- Ricardo Armando Álvarez, quien fue visto por última vez el 27 de agosto de 2019.
70.- Mario Martínez Hernández.
71.- Rogelio Rodríguez Martínez, fue visto por última vez el 22 de agosto de 2019.
72.- Abraham Hernández Domínguez, fue visto por última vez el 25 de agosto de 2019.
73.- Marcelino Cambrano López, fue visto por última vez el 25 de agosto de 2019.
74.- Linda Areli Morales Chacón.
75.- Sascha Mauricio Guerra Galván.
76.- Francisco Antonio Tzuc Tucuch.
77.- Rubí del Rosario Canul Granados. Fue vista por última vez en Benito Juárez.
78.- Ángel Baltazar Witzil May.
79.- Zeydi Noemí Heredia May, vista por última vez en el municipio de Solidaridad.
80.- Karla Yasmín Moo Tun, fue vista por última vez en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
81.- Jhosuar Miguel Córdova Ucan. Fue visto por último vez en el municipio de Benito Juárez.
82.- Jorge Ramón Ibarra Gómez. Fue visto por última vez el 26 de agosto de 2019.
83.- Salma Jared González Collí.
?84.- Adalid Olán Jiménez.
85.- Josmar Emmanuel Domínguez Díaz, visto por última vez el 15 de mayo de 2019 en Tulum.
?86.- Landy Marlene Cime Chan.
87.- Carlos Nahin Coh Che, visto por última vez en julio de 2019, en Solidaridad.
88.- Diana Lizeth Gallegos Alfaro, vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
89.- Martha Ortiz Manzano, vista por última vez en el municipio de Benito Juárez,
90.- Uri Adramelechs Ceja Rodríguez regrese a casa. Fue visto por última vez el 27 de agosto.
91.- Jorge Luis Uitzil Caamal regrese a casa. Fue visto por última vez el 05 de septiembre de 2019.
92.- Ángel Rusbel Arcos Hidalgo. Fue visto por última vez en Solidaridad.
93.- Ricardo Pérez Tapia, quien fue visto por última vez el 9 de septiembre en Benito Juárez.
94.- Noé López Marcial, quien fue visto por última vez en el municipio de Benito Juárez.
95.- María Magdalena Sifuentes Rosas, fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
96.- Alicia Guadalupe Córdova Peche. Fue vista por última vez en Chetumal.
97.- María Belem Pool Ramírez, vista por última vez en el municipio de Solidaridad.
98.- Lizbeth Angelita Barrera Rodríguez, vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
99.- Ingris Estefanía Guevara Benítez, quien desapareció en el municipio de Solidaridad.
100.- Carlos Josué Torres Pech, fue visto por última en la ciudad de Chetumal.
101.- Hugo Ottoniel Pablo Sevastian fue visto por última vez en la comunidad de Bacalar.
102.- Drew Yathana Marcelo Pérez, vista por última ocasión, en el municipio de Benito Juárez.
103.- Maribel Pérez Hernández, vista por última en compañía de su hija menor de edad, en Benito Juárez.
104.- Fernanda Adame González, vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
105.- Cristofer Morgan García Macías, fue visto por última en el municipio de Bacalar.
106.- Stephany Medina Orduña, quien fue vista por última en el municipio de Benito Juárez.
107.- Bethzy Neftaly Euan Ramayo, quien fue vista por última vez en Benito Juárez.
108.- María Fernanda Flores Sánchez, visto en el municipio de Benito Juárez.
109.- Mirna Chale Maz, que fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
110.- Bethzy Nefttaly Euan Ramayo Fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
111.- Andrea Naomi Olvera Ximello quien fue vista por última vez en el municipio de Tulum.
112.- Oliver Gastelum Maciel quien fue visto por última vez en el municipio de Benito Juárez.
113.- Adrián Gastelum Maciel quien fue visto por última vez en el municipio de Benito Juárez.
114.- Dana Scarlett Gilharry Arias, quien fue vista por última vez en Chetumal.
115.- Noé Isaías Sánchez Suarez quien fue visto por última vez el 29 de septiembre.
116.- Andrea Naomi Olvera Ximelo, vista por última vez en el municipio de Tulum.
117.- Arely Cristal Méndez Gómez, quien fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
118.- Giovany Madrigal Gamas, fue visto por última en el municipio de Benito Juárez.
119.- Arely Cristell Gómez Méndez, quien fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
120.- Yessica Amada Baas Cohuo, quien fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
121.- Brissia Guadalupe Gómez Castillo, quien fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
122.- Dana Scarlett Gilharry Arias, quien fue vista por última vez en el municipio de Othón P. Blanco.
123.- Riki Luis Alfaro Hernández, ya que fue visto por última vez en Benito Juárez.
124.- Alejandro Córdova Hernández, quien fue visto por última vez en Benito Juárez.
125.- Darwin Efrén Gómez Buenfil, fue visto por última vez en la ciudad de Chetumal.
126.- Ángel Manuel Guzmán de la Cruz, fue visto por última vez en la ciudad de Chetumal.
127.- Carla Angélica Gómez Santiz, fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez.
LOCALIZADOS JULIO-SEPTIEMBRE
1.- Gaby ya se encuentra con sus familiares a salvo.
2.- Diana Guadalupe Rodríguez Pérez.
3.- Brenda Carolina Noh Uc.
4.- Rubí Alejandra Campos Pérez.
?5.- Cinthya Alejandra Mendoza Ramírez.
6.- José Vicente Pérez Vázquez.
7.- Rosendo Ibáñez López.
8.- Cristina Jiménez Cruz.
9.- Julia Jiménez Cruz.
10.- Julio Marcial Carrillo.
11.- Juan Manuel González Verdín.
12.- Arife Chávez Moreno.
13.- Juan Luis Robles Gómez.
14.- Israel Argumosa Miranda.
15.- David Gael Pimentel Enríquez.
16.- Andrea Isabel Borda Morales.
17.- Rosendo Ibáñez López.
18.- José Vicente Pérez Vázquez.
19.- Miguel Ángel Hernández Arias.
20.- Iván Yenue Echeverría Montiel.
21.- Ricardo Armando Álvarez.
22.- Erick Alberto Cervantes López.
23.- Yostin Manuel Sandoval Sánchez.
24.- Enrique Barraza González.
25.- Sascha Mauricio Guerra Galván.
26.- Liliana Martínez Dzul.
27.- Mitzi Paola Sánchez Martínez.
28.- Francisco Antonio Tzuc Tucuch.
29.- Josué Alejandro Gómez Castro.
30.- Fernando Daniel Castro Dzul.
31.- José Ignacio Fuentes Pascual.
32.- Kristel Adriana Ysidro Gomez.
33.- Zeydi Noemi Heredia May.
34.- Zeydi Noemi Heredia May.
35.- Angel Rusbel Arcos Hidalgo,
36.- José Atila Morales Concepción.
37.- Lorenzo Andrés Pech Yam Concepción.
38.- Kelsy Kate Orozco Leyva de 15 años.
39.- Alicia Guadalupe Córdova Peche.
40.- Jaspe Guadalupe Escalante Gómez.
42.- José Román Balam.
42.- Jorge Ramón Ibarra Gómez.
43.- Stephani Medina Orduña.
44.- Ingrid Alejo Chablé.
45.- Giselle Margarita Góngora Ortiz.
46.- Geny Guadalupe Ruíz Estrada.
47.- Nelsi Guadalupe Gutiérrez Patrón.
48.- Sharon Karen Espinoza Ortiz.
49.- Anayeli de Jesús Sigero Pimiento.
50.- Laura León Córdova.
51.- Nelda Alejandra Ceh Uc.
52.- Astrid Itzel Agonizante Fernández.
53.- Bethzy Neftaly Euan Ramayo.
54.- Kerem Esmeralda Ávalos García.
55.- Norma América Díaz García.
56.- Alexa Samantha García Balam.
57.- Evelin Yulitza Gómez Nucamendi.
58.- Pia Belem Kú Montes de Oca.
59.- Salma Jared González Collí ha sido localizada.
CUERNAVACA, MORELOS, 01MAYO2019.- Miles de personas participaron en las diversas marchas que se realizaron para conmemorar el día del trabajo en la capital del estado. En la imagen una manta donde se exige justicia en el caso del asesinato del activista social Samir Flores. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM
Cinco de los defensores y ambientalistas fueron atacados en Oaxaca, y otras cuatro en Chiapas. “México es uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas”, alerta Amnistía Internacional.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques.
México es el sexto país del mundo más peligroso para los ambientalistas, según informes de la ONG Global Witness. Esta asociación detectó que en 2017 fueron asesinados 15 defensores y en 2018 otros 14. A falta de tres meses para que concluya el año ya se han contabilizado 12 homicidios, por lo que las cifras de ataques se mantienen en la línea de años anteriores.
La primera víctima del año fue Sinar Corzo Esquinca, asesinado en Arriaga, Chiapas, el 3 de enero. Murió por heridas de bala después de ser tiroteado. Su activismo había estado centrado en el agua, la vivienda y la salud, aunque en los últimos años también defendió a damnificados por el sismo de 2017.
Noé Jiménez Pablo y José Santiago López fueron asesinados en Amatán, Chiapas, el 18 enero. Ambos participaban en un plantón de protesta contra el alcalde, Manuel Carpio Mayorga. Hombres armados irrumpieron en la protesta y secuestraron a los dos activistas. Sus cuerpos aparecieron un día después en un vertedero con evidentes signos de tortura. El alcalde terminó por renunciar a su cargo al ser señalado como instigador de los asesinatos.
El 19 de enero fue asesinado Rafael Murúa Manríquez en Mugelé, Baja California Sur. Su cuerpo apareció en una cuneta. La víctima era periodista, director de la radio comunitaria Radiokashana y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).
Bernardino García Hernández falleció por un ataque armado en el paraje conocido como Camalote, en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca. Según denunció en su momento el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), un grupo armado de San Sebastián Nopalera fue el responsable. García Hernández era representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en una comisión que buscaba una salida dialogada a un conflictos por tierras existente entre ambas comunidades.
El 20 de enero fue asesinado en el municipio Santiago Jocotepec, en Oaxaca, Gustavo Cruz Mendoza. Era integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO- RFM) en la comunidad de Cerro Caliente.
Ese mismo día, en Morelos, fue asesinado Samir Flores. El activista se oponía a la construcción de una termoeléctrica en Amilcingo. El ataque tuvo lugar días antes de la celebración de una consulta sobre la construcción de la planta energética. Actualmente un juez ordenó la paralización del proyecto.
El 25 de marzo fue asesinada Eulalia Lilia Díaz en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Un hombre amenazó a la activista, integrante del Consejo Indígena del Trueque. Posteriormente se presentó en su domicilio armado con una escopeta y acabó con su vida.
El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por un disparo tras sufrir una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra ydel Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales que trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho de acceso a la tierra, según datos de la ONG Frontline Defenders.
Un día después, el 12 de abril, fue asesinado el abogado defensor de derechos humanos, Juan Quintanar Gómez. El ataque tuvo lugar en el centro de la ciudad de Oaxaca, cuando el abogado llegaba a su despacho. El letrado estaba especializado en defender a comunidades indígenas de Oaxaca en diversos conflictos agrarios.
Telésforo Santiago Enríquez, de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado el 2 de mayo en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca.
Finalmente, el 11 de junio fue asesinado José Luis Álvarez Flores en Chiapas. Álvarez Flores era ambientalista y también había formulado diversas denuncias por extracción de arena.
“México es uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas. Actualmente, dada la emergencia climática, es una buena oportunidad para resaltar la labor de los defensores”, explicó Graciela Martínez, de Amnistía Internacional.
La activista señaló que los defensores forman parte de “uno de los colectivos que más están sujetos a represalias en la región y particularmente en México”.
Los datos, dice Martínez, muestran que el número de asesinatos se mantiene estable.
“Creemos que es una buena oportunidad para que se llame la atención al Gobierno y tome medidas para su situación. Hubo algunos cambios en el mecanismo de protección, pero debe tenerse en cuenta las causas estructurales de la violencia que sufren estas comunidades y colectivo”, dijo.
Heriberto Paredes / Pie de Página, 6 de octubre de 2019
A ocho años del levantamiento de Cherán, municipio indígena en la meseta p’urhépecha michoacana, la comunidad realiza un continuo proceso de construcción de autonomía. Una generación más joven pregunta, observa participa en los cambios y trata de proponer pensamientos críticos al interior.
Mujeres de fuego es un proyecto pensado para potenciar las voces de las mujeres que lideraron este levantamiento armado, mujeres a quienes se les cruzó en el cuerpo la tristeza, la impotencia y el coraje. ¿Qué significa autonomía? ¿Libertad? ¿Territorio? Aquí, la palabra de Yunuen, joven p’urhépecha que participa en la historia reciente de Cherán.
Foto: Heriberto Paredes
Entrevista: Daniela Flores y Heriberto Paredes
Transcripción: Emilia Bautista / Las Vanders
Fotografía: Heriberto Paredes
Video: Sonia Häkansson
‘El apoyo de mi asamblea de barrio fue muy notorio’
Soy Yunuen Torres Asencio, del Barrio Segundo de esta comunidad de Cherán, y formo parte del Consejo de Jóvenes, un consejo operativo dentro de la estructura de gobierno comunal.
Foto: Heriberto Paredes
El Consejo de Jóvenes se propuso desde un inicio del movimiento por parte de los jóvenes. Fue de lo más importante en la comunicación interna de la comunidad y se empezó, de alguna manera, a trabajar con los medios. Era un espacio que se nos debía. En la primera administración, no se pudo concretar. Estábamos a cargo del Consejo de Barrios, pero no era propiamente que estuviera representada la voz de la juventud dentro de la toma de decisiones del estructura de gobierno.
Para la convocatoria que se hace en el cambio de administración se propone que dentro de los consejos operativos, que son los que hacen la chamba de la comunidad, tendría que estar un Consejo de Jóvenes, al igual que el de las mujeres, por lo que éste y el Consejo de la Mujer somos los dos consejos operativos que se integraron a partir de la administración que entra en 2015, el 1 de septiembre. Ahí es donde sentimos que sí se tomaba en cuenta la presencia de la juventud.
¿Y cómo llegué acá? Fue de manera muy inesperada. Ya se conocía que iba a haber convocatoria para formar el Consejo de Jóvenes, sin embargo, a mí nunca me pasó por la cabeza. Se hizo de la misma manera, bajo la propuesta de las fogatas y llevarlo a la asamblea, pero yo llegué de manera inesperada porque en mi fogata habíamos platicado y la propuesta era un vecino mío que iba para Bienes Comunales.
Entonces yo, ese día que fue la asamblea, me fui con esa idea. Íbamos a proponer al señor, mi fogata lo iba a proponer, incluso anteriormente me había tocado apoyar algunos procesos de las asambleas y esa vez justamente hasta llegué tarde y no pude apoyar en nada, estaba siendo parte de la asamblea y de repente no sé qué pasó en el transcurso de unas horas, sólo escuché mi nombre.
Se hizo el proceso igual, nos subieron en una silla y la gente se formó en filas atrás de nosotros, se dieron los resultados y ahí es donde sentimos que el compromiso era mucho, porque el apoyo de mi asamblea de barrios, por ejemplo, fue bastante notorio.
Es una gran responsabilidad el que podamos trabajar directamente con la juventud y el que hagamos un buen papel, porque aparte tenemos esa presión. Somos el primer Consejo de Jóvenes pero tenemos que hacerlo bien o bien, porque si no eso pone en riesgo el que en lo posterior pueda abrirse nuevamente esta parte de que este espacio permanezca.
Ahora sentimos que la voz por lo menos la tenemos al igual que todos los otros sectores, estamos presentes y nuestra palabra vale igual que cualquier integrante de la estructura.
Foto: Heriberto Paredes
Una universitaria en las fogatas
Yo vivo en una de las partes de las afueras, en la salida a Paracho, mi calle la abren en 2008, precisamente para salir de la comunidad, era como un atajo. Nos tocaba ver diario cómo bajaban la madera. Era mucho coraje porque en la familia, internamente, hemos trabajado esos temas desde antes. Era algo muy doloroso ver cómo diario pasaban los camiones y que tú no podías decir nada.
Cuando mi mamá y mi tía intentaron decirlo, los señores abrían las camionetas y traían sus armas, era “o te callas o qué”. Era que algo se tiene que hacer, eran los temas que teníamos en la mesa de comer.
Yo seguía estando en la escuela, en la universidad en Morelia, me tocaba ir y venir cada fin de semana, y precisamente ese fin de semana, ese viernes 15 de abril [de 2011] recibo una llamada de mi mamá en la mañana, alertada diciéndome “no te vengas”, y yo “¿por qué, qué está pasando?”. “No te vengas, las cosas no están bien, no viajes, ni digas que eres de Cherán, nada”.
Ya era mediodía y obviamente no hice caso. Mi papá también había salido con mi hermano y nos venimos juntos los tres. Cuando regresamos a Cherán, nos tuvo que traer un taxi y nos dejó a las afueras, desde ahí ya empezamos a ver el bloqueo en las calles, nos tocó entrar caminando.
Mi papá, recuerdo que saludó a la gente y empezó a preguntar, desde ahí empezamos a decir “no pues ya, esto ya tronó”. Nos detuvieron, nos incorporaron a la fogata, nos tocó ser parte de la fogata porque precisamente eran vacaciones y era quedarse definitivamente.
En nuestra fogata, la 24 del Barrio Segundo, la zozobra sí fue mucha porque nosotros sabíamos que estábamos fuera del límite de la barricada y con una posible salida o entrada.
Nos decían: “Intégrense a la barricada del barrio segundo”. Y decíamos, “pero si nosotros somos los desprotegidos, aquí pueden entrar cuando se les dé la gana”. Entonces lo que hicieron mis vecinos y mi familia fue salir a la esquina y estar ahí, desde ese momento recuerdo cómo eran muy marcadas las indicaciones: “si hay algo, si ven luces, ustedes a la casa, no salgan, los niños igual”.
Pero era en ese momento cuando nadie se quería meter, incluso nos decían “no, hay que estar sólo hasta tal hora”.
Ahí las guardias también nos las aventamos de corrido. Nosotras, como mujeres, a las tres o cuatro de la mañana, a veces nos mandaban, “ustedes ya váyanse a dormir”, siempre se quedaron los señores, nuestros papás, en la esquina y aguantando toda la noche y en la mañana ya las mujeres.
Era rotativo y ahí empezamos a hacer más comunidad, a convivir con los vecinos, si yo los saludaba por cortesía, pues ahora ya conocía algo más de ellos, comíamos de la misma fogata.
Empezamos a ver situaciones difíciles también, porque yo tenía vecinos que también trabajaban bajando madera, con eso subsistían y de repente ves que no tenían sustento y que tú no podías hacer nada, más que decir,”‘yo puedo sacar algo más de la casa y vamos a comer y ya”.
La dinámica de hacer fogata los empezó a cambiar muy drásticamente y ya los veías como una parte más de la familia más que como tus vecinos.
‘Seguimos convencidas de lo que estamos haciendo’
El que haya sido primero un grupo de mujeres al interior significó mucho. Hemos tenido charlas con algunos amigos y decían: “Nosotros ya lo íbamos a hacer pero las señoras nos ganaron, entonces hay que apoyarlas” y también se metieron.
Pero yo veía que parte de la organización que agradecemos es porque las mujeres siempre han estado al pie del cañón, y sí, de alguna u otra manera tuvieron las agallas, y que cuando platicamos con ellas, las del primer momento, era “pues nos quitamos el miedo para hacerlo”, ver cómo todas las demás mujeres se integraron y ver cómo eran una base realmente de la fogata, de lo que ahora tenemos como organización, siempre me ha parecido importante porque ellas son las que dinamizaban las cosas, las tareas, o decir vamos a hacer esto o que los señores se vayan para allá, o nosotras nos quedamos, o por qué no realizamos tal cosa, o por qué no hacemos esto.
La participación siempre ha sido muy notoria, activa, sigue siendo ese enlace, la mujer está muy al pendiente. De repente los ritmos ahora se tornan diferentes pero ver la presencia de las mujeres y que sigamos convencidas de lo que se está haciendo da para mucho, es la parte que refuerza el sentir que tenemos para seguir trabajando. Ha implicado también, lo comentábamos con incluso las K’eris , el cambio de rol que representa para las mujeres que han estado ahora, que les ha tocado trabajar dentro de la estructura.
El referente más cercano que tenemos es la estructura de gobierno. Implica que cambien roles en sus casas, que la familia no siempre va a estar segura de que la mamá les va a dar de comer o que va a hacer esto. De repente hay días que no va a llegar, hay días que va a salir y hay días que de plano no va a estar, cómo te las ingenias para hacerte también cargo, sobre todo las señoras que tienen familia, hijos y todo, pero que han sentido también el apoyo porque saben que esto es algo por lo común, siento que por eso hemos defendido esto.
Nos ha tocado visitar otros contextos y compararlo con lo nuestro, creo que eso es algo que sólo hace que te convenzas más de que estamos haciendo lo correcto.
La presencia negativa del Estado
Cherán antes del levantamiento era ya como cualquier otro lugar del país.
De por sí, ya decir Michoacán es situarte en un contexto violento, donde ya empezaba a haber levantones, cobros de piso, donde a tus papás les preocupaba, a eso de las 8:00 o 9:00 de la noche, si andabas en la calle, ya era ‘¿dónde andas? ¿qué estás haciendo?’, ¿por qué? Porque había una amenaza muy latente de que algo pasara, había ya secuestros y violaciones como en cualquier otra parte, era preocupante.
Saber que no podías confiar en la policía porque ni los conocías, que no podías confiar en que si venías a lo que era la presidencia municipal, te iban a resolver alguna situación, yo lo vi con mis vecinos, en detalles muy en específico de servicios, nunca pasaba nada, venías, reportabas y no pasa nada, no te resuelvo, no hay problema, qué me vas a decir, soy la autoridad. No pasaba nada.
Foto: Heriberto Paredes
Así fueran quejas o lo que fuera, Cherán era un lugar en que ya no podías tener tú tanta incidencia ni participación porque quien estaba al frente era quien se hacía cargo y no pasaba nada, si resolvía o no las necesidades y las quejas que teníamos como comuneros, si se resolvían bien y si no también.
Nadie les decía nada y ya no podías salir seguro a la calle, si te topabas un camión con madera, aparte de que te daba coraje verlo, era la alerta, algo podían hacer estando ellos armados, cubiertos por la autoridad. Era inseguro.
El contexto, al igual que muchos otros pueblos y comunidades cercanas, ya era inseguro. Era igual de temeroso que cualquier otro lugar, algo ya que no era sobrellevable, era mucha la angustia de andar en la calle, era bastante diferente antes del movimiento.
Los partidos políticos, realmente, como nosotros lo hemos descubierto no funcionan. En el contexto que tenemos se trata de intereses muy particulares, es algo que sólo ayuda a fragmentar las sociedades, a dividir familias, era lo que para nosotros fue muy evidente.
Aquí había, con el sistema por partidos políticos, peleas muy apasionadas, eran rudas, entre familias, al límite de que Cherán sí tuvo, anteriormente algunos conflictos internos en donde quien tuvo que ver era la parte partidista, y en donde había habido conflictos familiares, hasta balazos o muerte, porque no compartían los mismos ideales o porque uno era de un color y el otro de otro. Para empezar es algo que ni siquiera nos llamaba la atención, cómo se estructuraba esa forma de organización por partidos.
A mí no me interesaba, o no sabía bien el esquema que se seguía, que usan, que el síndico, que el regidor. No te llama la atención, no es algo que te interese saber, y pues sí, solamente ha servido de fragmentación e intereses muy particulares que realmente no contribuyen a algo en específico, siempre hay una u otra cosa cuando se está este tipo de división, por eso ahora lo reiteramos más, es algo que definitivamente no nos sirve, y es algo, a lo que yo espero, no volvamos.
Redefinir la cultura con la continuidad de la autonomía
En la participación cultural dentro del Consejo de Jóvenes, yo soy quién ve la parte de promoción y difusión cultural, porque es una parte que me gusta y porque me ha tocado estar relacionada en ello, entonces, nos hemos dado a la tarea de unir todas estas cosas.
De por sí me ha tocado, en la historia hacer esto, eres alternativa pero también te gustan tus raíces y también te gusta lo propio, entonces hemos tratado de replicarlo de alguna manera y nuestra preocupación es esa, cómo estamos nosotros reaprendiendo elementos que ya no conocimos como juventud, cómo ahora nos gusta, o al menos, en lo personal, ver el cambio desde ciertas perspectivas de los jóvenes.
Era imposible que las chavas usaran un guaneco, ahorita todo el mundo lo porta, más si es algún día en específico, en el aniversario no se diga. ¿Por qué? Porque son formas que están volviendo y por qué te hacen sentir cómoda, porque no puedes negar la parte que tenemos como comunidad indígena pero también eso no te cierra las posibilidades de que tengas algo alternativo que de repente entre, como un concierto de hip hop en un espacio público en una comunidad, en donde vimos gente mayor parada escuchando y diciendo, ‘me dejó un mensaje’.
Para nosotros, eso ya implica otras cosas es meterle ondas diferentes. Por ejemplo, también nos toca organizar el concierto de la Madre Tierra, todo el mundo nos puso un pero porque aún así siendo Cherán, en Cherán hay muchas cosas que todavía no están tan abiertas, ‘qué van a hacer’, ‘son una bola de esto y lo otro’, y nosotros, pues con el miedo, pero dijimos, ‘lo vamos a hacer’, porque el que digas jóvenes no siempre implica desorden.
Entonces armamos el concierto, fueron familias completas y salieron diciendo, ‘yo nunca había estado en esto y me gustó’, ‘yo no sabía que hacían esto’, los chavos bailaron hasta que se cansaron, se enlodaron porque nos llovió, salieron a gusto.
Incluso la gente grande ahora nos dice, ‘¿cuándo van a hacer otro?’. Porque le demuestras a la gente que la parte de la juventud también es responsable en ese sentido, no es como en una fiesta, no tuvimos absolutamente ningún detenido, fue saldo blanco, la ronda nos apoyó, los revisó, nadie le faltó el respeto a la ronda, ni la ronda a nadie, y fue confiar en lo que estábamos haciendo, incluso en el Consejo Mayor había mucha preocupación, y ya cuando vemos sus caras les decimos ‘tranquilos, no vamos a sacrificar a nadie, ni va a pasar nada’.
Ver sobre todo que la gente mayor nos ha hecho buenos comentarios y referencias a eso, a nosotros nos deja a gusto y que de repente ahora también tenemos esta parte la recuperación de la lengua y tenemos un taller y la gente mayor también se interesa porque son parte de los elementos que estamos perdiendo y dice, ‘bueno están haciendo un intento de recuperar’, y que podemos trabajar también muchos gustos diferentes porque así es la juventud, no todos somos iguales, somos muy diferentes, muy diversos, pero que estemos ahora teniendo cosas en conjunto pues también ha sido un cambio bastante significativo, precisamente por eso seguimos en esta parte.
Hemos trabajado con la recuperación de ciertos espacios en la comunidad, que antes estaban ya abandonados, ahora, mediante lo que nos enseña Cherán, que es la faena, que es una cooperación sin tú recibir algo a cambio más que el uso del espacio, lo hemos hecho así.
En esas faenas hemos tenido niños que han participado para recuperar una cancha, para recuperar unas pilas de agua, entonces ha sido un trabajo en conjunto que al final nos lleva a algo que vas a disfrutar en conjunto, aparte los chavitos se están acostumbrando, te dicen, ‘¿ahora qué vamos a hacer? ¿cuál es la siguiente tarea? ¿cuándo vamos a hacer esto?’. Hemos tenido también talleres de juegos tradicionales, del papalote, del balero y, por ejemplo, del papalote nos decían, ‘yo no sabía que se hace así’, como usábamos elementos que ahora ya ni quién reconoce, todo fuera como ir a comprarte uno de plástico, pero antes era con popote y es cera y su papel y los niños aprendieron hacerlo.
Para nosotros es trabajar esa parte de comunicación entre nosotros y que los niños aprendan algo, nos deja buen sabor de boca, ya cuando vemos los resultados, es algo positivo que ves y dices, ‘bueno, no estamos tan mal, ahí vamos’, porque estamos haciendo diversas cosas pero todo siempre enfocado a esa parte de recuperar parte de nuestra identidad que al menos se conozca y que ahora se vea de manera diferente.
Es lo mismo con los senderos o los campamentos que hemos hecho, como eso de meternos de nuevo a esta parte del territorio desde los niños. Llevamos a niños a reforestar, para que veas lo que implica el que tú lo plantes, el que tengas el contacto con la tierra y que digas eses es mi arbolito y que de repente quieras ir y ver cómo va.
Entonces es otra cosa, los niños inclusive no conocen lugares muy cercanos que tenemos: los ojos de agua cercanos, la Cofradía, partes de algunos de los cerros, el cerrito del aire.
Son lugares que ahora que los hemos acercado, los niños vuelven a decir, ‘¿vamos a ir ora vez? ¿cuándo vamos?’. Seguimos trabajando en esa parte desde reconocer el territorio de nuevo, ¿para qué? Todo es con el fin de que el proyecto pueda seguir teniendo una continuidad.
La continuidad es a partir del amor que también a los niños les va a nacer y que esos niños están por convertirse en jóvenes y que esos jóvenes son los que tienen que atorarle en un futuro muy cercano para cuando esto se tenga que seguir trabajando.
“Lavar una taza no les quita nada“
Precisamente en este cambio de relación siento que es algo que estamos entendiendo como comunidad, de alguna manera. No es algo que se logre de la noche a la mañana.
Igual yo coincido en que hay cosas en las que yo a veces no estoy tan de acuerdo, pero que también hay que reconocer que como mujeres, muchas veces tenemos la culpa, somos también responsables por no cambiar ciertos esquemas tradicionales que tenemos en la comunidad.
Desde que empieza a sonar este término usos y costumbres, nos decían, ‘¿Cómo es posible que quieran regresar a todo lo pasado?’ No, espera, vamos a regresar a ciertas formas pero sólo las que nos sirvan, es decir, estamos tratando de adaptar todo al contexto que ahora tenemos, tampoco podemos volver a decir cosas que ya no van al pleno momento que vivimos, afortunadamente siempre he tenido los ejemplos muy claros.
En mi familia, por ejemplo, la equidad siempre se notó mucho, a mi papá no le pasaba nada si él también lavaba o si barría, yo crecí así, sabiendo que todos podemos hacer todo y no pasa nada. Cosa que ahora yo puedo reconocer, incluso en la estructura, eso todavía cuesta.
Un ejemplo muy reciente, nos tocó ir a la comunidad de Huancito a la celebración del Fuego Nuevo y yo fui con mis compañeros, entonces cuando nos indican la dinámica para ir a comer y estaban unos señores de Bienes Comunales, y de repente uno de ellos no tenía comida y me dice una señora, ‘ve, tráele un plato’, y le dije, ‘pero no, ya dijeron que cada quien va a pasar y ahorita pasa’, entonces yo le digo eso y la señora se enojó, se molestó mucho, se paró y fue y se lo trajo.
Por eso digo que a veces somos también responsables de volver a generar el, ‘sí tú hazlo porque eres mujer’, ‘ah, no, en esa comisión sólo van ellas’. Son cambios que tendremos que seguir trabajando. Y que entre las mismas mujeres a veces no nos veamos como, ‘es que no quiere hacer nada porque ya no son como antes’.
Luego dicen mucho eso las señoras mayores, ‘es que ya no son como antes y ya no quieren ni aprender a cocinar, ni esto, ni lo otro’, pues no, porque no tengo que hacerlo, si todos lo podemos hacer en conjunto pues vamos a hacerlo, o si todos tenemos una misma comisión.
Incluso yo a mis compañeros, les digo, ‘te toca barrer y no te pasa nada por barrer, así que barre’. Entonces son tareas que son muy simples y que tenemos que dividirnos y que no pasa nada si lo hace una o el otro.
Ser mujer en la comunidad, el adentro y el afuera
En el Consejo, yo soy la única mujer. Mis compañeros a veces me han dicho, ‘es que siempre nos traes para esto o lo otro’, yo les digo, ‘no pasa nada’, las cosas así las resolvemos tú o yo, es equitativo, pero afortunadamente lo han entendido y ha sido bueno.
Pero sí han sido, también, cambios desde ellos, porque la primera vez que yo los puse a barrer sí me vieron con cara de qué te pasa. Pero es algo que de verdad, no les pasa nada, incluso ya hace poco, vi a uno de mis compañeros fregando y yo dije, ‘ah, van agarrando la onda’. Porque, ¿qué tiene? Lavar una taza no les quita nada.
En la comunidad puedo decir que me ha tocado no sólo amar la cultura y decirla, muchas mujeres me han dicho, ‘Ah sí, como están ahorita en el Consejo les toca encabezar ir bailando en tal celebración’. Y, por ejemplo, a mí esas cosas no me gustaban tanto y me dijeron, ‘¿No que mucho la cultura? Ahora te vas adelante, bailando y haciendo esto’.
Tienen razón, vamos a aceptar esta parte. Y también, a veces en las fiestas patronales me toca bajar bajar y hacer esto, y bueno lo hemos aceptado. Siento que hay buena relación en general con las compañeras de la estructura e igual afuera, cuando hay algo que hay que echar la mano en algo también ha funcionado de la misma manera.
Aquí todo siempre ha funcionado así, de esta forma colectiva, si te puedo ayudar en algo y después cuando puedas me apoyas, el apoyo es mutuo.
Igual siento que a veces como me ven un poco más determinada en ciertas cosas, por ejemplo, de mujeres hacemos guardia en las barricadas, sólo soy la única mujer que mandan en ese equipo. No sé porqué, si de repente me ven más segura o algo, pero en mi equipo la estructura son hombres y las otras compañeras siempre están de, ‘¿quién más va a de mujer? ¿quién va a ir?’.
Entonces, a veces se acompañan, pero a mí no, siempre he sido yo, no sé, a veces porqué me avientan así. Pero está bien, me gusta.
Foto: Heriberto Paredes
Las chicas que tengo de amigas de ciudad no conocían esta parte de Cherán. Les ha sorprendido, por ejemplo, verme con el traje típico o de repente me ven haciendo una u otra cosa en la comunidad, que no se lo imaginaban. Pero creo que sólo puede ser eso, solamente eres diferente en algunas cosas pero la relación sigue siendo la misma.
Afortunadamente, por esa parte que tenemos luego de ciertos eventos y que siempre estamos pidiendo también apoyo de una a otra parte, mantenemos nuestra relación.
Hay misma gente que conozco desde antes que me involucrara con esta parte de la cultura, se plantean las cosas y ya saben que es un contexto diferente, saben que es otra cosa pero lo hacen, entonces nos han apoyado también en una u otra cuestión que necesitamos y a veces eso es hasta bueno. Poner a trabajar aquí a grupos de jóvenes con gente que viene de fuera ha servido también.
Por ejemplo, recientemente hemos estado trabajando muy de cerca con la orquesta infantil de aquí de Cherán, pero tenían muchos problemas de proyección cuando tocaban, porque se quedaban parados y no se movían, entonces les trajimos a una chica que les enseñara un poco de expresión corporal y fue bastante bueno, y los niños se sintieron bien, les gustó, esa relación que tenemos con otras personas, en otros medios, podamos integrarlas e incorporarlas y puedan servir para algo aquí.
Es fácil, por ejemplo, que tú puedas expresarte aquí y decir lo que piensas pero estamos sujetos, también, a la estructura y la gente puede pararse enfrente de ti y decirte, ‘esto no lo estás haciendo bien por esto y esto y esto’. Y tienes que aguantar, pero por lo menos aquí lo que dices puede ser muy libre y nadie te va a decir nada porque digas lo que piensas o lo que sientes.
Entonces eso es muy claro, y que después de eso y de las grandes peleas, y de que te digan que no está bien o que no hacen esto o lo otro, y después como si nada, ‘échale ganas, vamos a hacer esto o lo otro, para eso está también la asamblea y vamos a trabajar juntos’. Y al menos ese modelo ha servido para eso, es un respaldo, y es trabajo y es tomar la responsabilidad juntos. Eso es lo que se siente ahora más fácil.
Los retos que plantea la autonomía a las mujeres
A Cherán le falta afinar muchas cosas. Yo puedo decir de esto, igual que muchos otros compañeros de la comunidad, que es algo que apenas va comenzando. Son pocos años, para nosotros son primeros pasos, sabemos que muchas brechas se están abriendo gracias al trabajo en comunidad y a muchos otros acompañantes que han servido a este proceso, pero que sí faltan muchos aspectos que se tienen que ajustar, que tienen que situarnos a nuestro entorno, hay muchas cosas que no tenemos claras, como esta situación de hasta qué alcance tiene la ronda, hasta dónde es efectiva, qué sí se puede ejecutar, qué no, cómo va a ser en específico nuestra relación, cuando hay casos de fuerza mayor, al exterior.
Y también algunas cosas que tenemos planeadas como el proyecto que se escribió primero, a 30 años, qué es lo que se tiene que ir adaptando a lo que hay ahora, un claro ejemplo somos nosotros, en el primer manual que se hace sobre Cherán, no estaba el Consejo de Jóvenes, ni el de las Mujeres.
En esta segunda administración lo está, esperamos, por supuesto, que permanezca pero son cosas que se tienen que ir adaptando. Cómo va a funcionar el ritmo de las asambleas y cómo se tienen que seguir manejando las decisiones en conjunto con la asamblea, son detalles que se tienen que ir trabajando pero que siento que ya se están tomando en cuenta.
Para las mujeres que quieren seguir el ejemplo de Cherán pero que no han podido, por las condiciones, o que no se han animado, les quiero decir que es momento, que se animen, no hay de otra.
Hay muchas cosas que sabemos que pueden pasar, pero que las decisiones se tienen que tomar, siempre hay un riesgo pero las cosas se hacen o se hacen, así sea con sus implicaciones y lo hemos visto nosotros. No ha sido fácil, han habido vidas en el camino, hay detalles, hay cosas, pero sabes que van para un bien común y que alguien tiene que arriesgarse primero, siempre.
A las niñas de mi comunidad, les diría que nuestra mayor esperanza está también en ellas, que sabemos y nos gusta que estén adoptando un lenguaje diferente, que afortunadamente a ellas les está tocando crecer con una estructura diferente, con que aquí no hay policías sino ronda, que aquí no ha presidente sino son integrantes del Consejo Mayor, son los K´eris.
Desde ahí van cambiando las perspectivas de los conceptos que utilizamos a diario y de cómo ellas pueden entender el modelo que se está proponiendo desde acá y que son eso, son la esperanza de que el proyecto de Cherán continúe y continúe para largo.
El vocabulario de lucha
La libertad para mí es esto, poder confiar en tu entorno, en lo que estás viviendo, poder hacer las cosas a plena luz del día, con la seguridad y confianza de que nada te puede pasar, de que estás haciendo lo que te gusta, de que es sentirlo propio, tu comunidad, respirarla, vivirla. Estar al interior de Cherán.
El bosque es nuestra casa, nosotros somos quienes hemos llegado a invadirlo, de alguna manera, entonces, precisamente la lucha por eso, por el respeto, por nuestra casa, por lo que está más próximo, por lo que hemos descuidado y ahora es cómo tratamos de protegerlo y remediar un poco lo que no hemos sido capaces de mantener.
Cherán para mí, aparte de ser mi hogar, ha significado un ejemplo de organización con sus altibajos, detalles que aún hay que prever, continuar y seguir trabajando, pero que brinda está capacidad de pensar y de unirnos y discutir, volver a discutir, si ya había quedado claro, no importa, volverlo a discutir, pero que es un crecimiento en lo común, en el pueblo, en las personas que lo habitamos.
La palabra comunidad pues es la unión, y muy situado en mi contexto, es la unión de comuneros y comuneras en donde podemos trabajar todos juntos por lograr algo, que no siempre es fácil pero que siempre se llegan a resultados.
La alegría es precisamente poder convivir con la comunidad, con el espacio, con el bosque, con la seguridad que tenemos ahora y que esto pinta de que puede durar mucho y que puede seguir consolidándose, y que, si bien hay obstáculos todavía a afrontar, pues también decir que los cambios que han sido positivos en la comunidad. Son muchos. Nos da alegría cada vez que trabajamos con los jóvenes y vemos que, aunque no tengamos los mismos gustos, el interés es común y las cosas que podemos hacer uniéndonos son muchas, así seamos totalmente diferentes, cuando trabajamos por algo juntos, se nota. Y se nota en los resultados que tenemos y eso es lo que ha hablado, los resultados, y lo vamos a seguir haciendo así.
No solamente por decirlo sino cuando ya tomamos una acción, en conjunto, pues es lo que da gusto, ver cómo los jóvenes empiezan a interesarse, a preguntar, a investigar más, a ver cómo estamos. Y que al acercarse a nosotros, también, de alguna u otra manera, ellos mismos nos han dicho, entienden mejor cómo está trabajando la comunidad.
Para mí, el fuego es esta parte más cercana a la espiritualidad, al poder interno como de crecimiento, a mí me impresiona mucho que en Cherán se utilice hasta para curar. El fuego es eso que puede mantener la esperanza de algo que puede seguir abonando y que tú puedas seguir trabajando y que sabes que es uno de los elementos, no sólo en Cherán, sino en la cultura p’urhépecha. El fuegos es todo, es la representación de todo lo que tú puedas creer, pero que es esta parte que te soporta.
Y las fogatas, pues desde antes del movimiento siempre han sido el lugar de encuentro, el lugar donde tú puedes charlar, no importa la generación. El lugar donde platicas con los abuelos, con tus papás, con tus hermanos, lo que pasaba en el día y que ahora se ha convertido en parte de una base de organización dónde se hace lo mismo, la plática, el análisis de lo que está pasando en el día pero que sigue siendo alrededor de una fogata. Convivir, compartir.
Mujer de fuego, fuerte, como una mujer fuerte que puede hacer frente y que puede cambiar tu presente inmediato. Puede justo eso, decir, no quiero esto, no quiero aquello, soy capaz de decidir y me encuentro como con la convicción de hacerlo, con la certeza de que puedo decir yo y que para mí se genera valía y valentía. Tener esa fortaleza que no te impida nada, que el miedo no te pueda colapsar, que puedas ser firme en algo que tú plantees si pasa o no, que puedas cambiar el contexto.
Tehuacán, Pue.- Vecinos de la calle 27 sur se manifestaron en contra de la construcción de una gasera y acusaron que las autoridades municipales se han negado a escuchar los motivos de su negativa, por lo que decidieron bloquear la vialidad por más de tres horas y exigir una audiencia, informó el representante de vecinos, Marco Antonio Flores.
Con pancartas mostraron su descontento ante la obra particular que se realiza desde hace varias semanas en la colonia las Flores. Lugar que además ya tuvo una suspensión temporal y volvieron a reanudar los trabajos de construcción.
Los inconformes han solicitado a las dependencias que no se entreguen los permisos del proyecto, percatándose que para su autorización, es necesaria la aprobación vecinal y no la tienen por lo que se estaría cometiendo una irregularidad de proceder la construcción, además de acuerdo al peritaje preliminar que conocieron de la obra, se instalará un tanque de 10 mil litros, lo que consideran un riesgo de explosión, además de que no han construido muros de contención y están utilizando la edificación de los vecinos.
Fue en días pasados cuando pidieron una reunión con los regidores y aunque reúnen todos los requisitos para concretar la junta, no se las han agendado, por lo que no ven apertura al diálogo y parece haber preferencia para la empresa, dándole tiempo a que se termine de instalar e incluso a funcionar sin la aprobación de los vecinos.
Los manifestantes amenazaron con incrementar las acciones si no son tomados en cuenta porque consideran que es un problema que debe ser atendido a la brevedad, e hicieron un llamado para que lo antes posible se tenga una solución, de no ser así continuarán los bloqueos y en diferentes puntos de la ciudad hasta que realmente sean observados por la autoridad.
Reiteraron que una gasera en ese punto de la ciudad podría representar un peligro para sus familias, quienes día con día hacen uso de gas para cocinar o de materiales flamables que podrían generar un accidente en cualquier momento, principalmente al tener conocimiento que han ocurrido accidentes en otros lugares, los cuales lamentablemente han causado el fallecimiento de personas.
La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país.
En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.”opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc.,transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala.
El historial de esta empresa en la zona, incluye varios cierres de operaciones por parte de opositores y trabajadores en donde siempre está presente algún acto violento perpetrado por los trabajadores de la CTM y el crimen organizado, el mismo que, desde hace años, opera abiertamente para la empresa controlando entradas y salidas, ofreciendo empleo y sometiendo a sus caprichos a la población. La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país; desde los desplazados de la comunidad La Fundición que tuvieron que huir del país o rumbo a otros estados para no ser asesinados, la aparición de falsas escrituras de tierras para despojar a los dueños originarios, la reubicación forzada para cerca de 170 familias de La Fundición y Real del Limón, la contaminación del agua ocasionada por la minera que afectó para siempre la actividad económica y la salud de las y los pescadores de la comunidad de Nvo. Balsas, contaminación que fue distorsionada, por lo tanto falseada, por la Universidad de Guerrero, lo cual no es casualidad si entendemos que dicha Universidad está siendo financiada desde hace años tanto por la Torex Gold como en su momento por la Goldcorp que operaba en Carrizalillo.
También se suman a las agresiones múltiples extorsiones, levantones y secuestros, que nos hacen recordar la ocurrida a los 3 hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas, miembros del ejido Real del Limón, quienes fueron levantados no sin antes haber sido balaceado, el otro hermano, Eligio Rebolledo Salinas, lo que también nos trae a la memoria el asesinato de otros dos hermanos; Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, trabajadores de la empresa que se opusieron a continuar siendo explotados por la empresa y el sindicato de la CTM. Lo “singular” del asesinato de ambos hermanos, es que suceden ante la mirada de unos “militares” adscritos a la patrulla número 0827327 quienes pocos días antes instalaron un reten de seguridad, porque ese proceso se encontraba en un momento álgido del cierre de la empresa ocasionado por poco más de 600 trabajadores quienes luchaban por ejercer su libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva como derechos fundamentales. Poco después asesinaron a otro de los principales líderes de ese movimiento obrero patronal, el Sr. Quintín Salgado Salgado. La Limpia de Luchadores por sus Derechos, por parte de la empresa Torex Gold y sus sicarios, incluye por supuesto, despidos individuales y masivos, y persiste una persecución que raya en lo grotesco, porque continúan las desapariciones de opositores como le ocurrió a Óscar Hernández Romero este 23 de septiembre de este año, a quien desde entonces más de 100 personas salieron a buscarlo en diferentes rincones de Cocula. La causa de esta desaparición es porque 200 trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, sostienen una demanda contra la empresa. Ahora la seudopolicia comunitaria e integrada por sicarios que opera en la zona a favor de la empresa, ha decidido detener la búsqueda y mantiene amenazada de muerte a las y los amigos que buscan a su líder.
Aquí detenemos este breve relato de los recurrentes agravios de la violenta empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., porque se hace necesario poner en la mira del público una historia no contada o poco analizada, quizás únicamente por el Diario el Sur de Acapulco.
Desde el cierre de las operaciones de la empresa promovido por los poco más de 600 trabajadores de la mina, exigiéndole a la empresa canadiense DESCONOCER el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato de la CTM, poco a poco se fueron presentando una serie de acontecimientos violentos que le fueron dando más y más notoriedad a este caso. Fue así que se intentaron visitas solidarias de diferentes actores, mismas que en el camino a las comunidades fueron detenidas por grupos de sicarios. También aparecieron los más altos niveles del gobierno del estado, el cuerpo diplomático canadiense, la policía estatal y municipal, la gendarmería y el ejercito, así como se presentó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), liderada por el actual Senador Gómez Urrutia quien, utilizando la influencia canadiense de la que goza, hizo participes de este conflicto al Sindicato de los Trabajadores del Acero de Canadá (USW), quienes solicitaron la intervención del primer ministro Justin Trudeau para con las autoridades mexicanas, y detener la represión contra los promoventes del paro laboral. El sindicato canadiense también emitió un boletín denunciando “que la filial de Torex Gold Resources pactó una alianza con la CTM para afiliar a todos sus trabajadores en el sindicato -sin su consentimiento-, y recordó que esta “práctica corrupta” es ilegal, tanto en Canadá, como Estados Unidos”. La asesoría de estos sindicatos, pronto llevó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos se efectuaron dos audiencias públicas y determinar fecha en la cual se llevaría a cabo la votación para la selección del sindicato, que claramente apuntaba a la creación de una sección a cargo del STMMSRM.
Por los medios se anunció la fecha en la cual se realizaría el conteo que finalmente definiría el cambio de sindicato. Sin embargo, un día antes de la fecha dispuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la empresa movió por todos lados un comunicado, en el cual hacia manifiesto su gusto por finalmente las partes haber establecido un acuerdo interno, con el cual se levantó el bloqueo y así, de un plumazo, quedó en el “olvido público” el conflicto, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, al mismo tiempo que no se supo más tampoco del apoyo nacional que habían recibido los opositores por parte del STMMSRM o del apoyo internacional del USW. Las auto-loas del artífice represor el Sr. Fred Stanford, director de Torex Gold Resources Inc., fueron exuberantes y llenas del buen proceder empresarial, pero todo fue mentira, porque los relatos de los opositores citan que fue el crimen organizado a cargo de la empresa quienes concluyeron con el plantón, se presentaron y de golpe y porrazo las y los amenazaron con masacrarlos a todos, si no terminaban con el paro laboral. Todos se retiraron sin decir nada; sindicatos (nacional y extranjero), gobierno estatal y municipal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulado canadiense en México, fuerzas armadas del estado y federales, mientras el Sr. Stanford salía en todos lados celebrando su “el gran acuerdo”.
Esta reseña sirve para ubicar que, la violenta realidad que viven los pueblos del Mpio. de Cocula y de los municipios del rededor, no ha cambiado a favor un sólo milímetro. El gobierno federal sigue ausente de la zona, aun a pesar del efecto creado por el caso de los muchachos de Ayotzinapa, por lo tanto, la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado. El progreso y desarrollo minero, tal cual lo hemos documentado y denunciado hasta el hartazgo como REMA, es por decirlo suavemente una barbaridad.
Las cuatro cementeras que se ubican en la región de Tula concentran el 19 por ciento del material particulado de la Megalópolis conformada por cinco estados del centro del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath).
En la región Tula —que comprende 12 municipios del sur del estado— operan cuatro de las 16 cementeras que emplean combustibles de coque, petróleo, combustible pesado, carbón bituminoso y llantas, por lo que son competencia de la Semarnat federal la regulación de sus emisiones de partículas contaminantes.
En cuanto al cemento que se produce en el estado cada año, las cementeras de la región producen el 11.4 por ciento de la generación total y el 13.3 por ciento de la producción nacional, aunado a que otras dos empresas de este rubro operan también en el estado y en total suman seis compañías de este sector.
La Semarnath dio a conocer que también existen seis caleras en la región sur del estado, las cuales elaboran alrededor de un millón de toneladas de cal al año, y en total Hidalgo junto con otras nueve entidades concentran el 88 por ciento del total de la producción de caliza.
Por dicha situación, en Hidalgo se fabrica el 16 por ciento del cal del país, siendo una de las zonas más afectadas por la contaminación, aunada a la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos que operan en la región.
Según el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Hidalgo (Proaire), la emisión de partículas concentradas puede ser perjudicial tanto para la salud humana como para el entorno natural y por ello es considerada por la Semarnat federal un área de emergencia ambiental.
Información: Dafne Betsabe García Mendoza / Lado B
Las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia, e Igualdad de Género, dominadas por Morena y partidos afines al gobernador Luis Miguel Barbosa, aprobaron la propuesta del mandatario de mantener la sanción penal a las mujeres que aborten hasta con un año de cárcel, y excluyeron la posibilidad de que el matrimonio igualitario sea reconocido legalmente en Puebla.
La justificación para la decisión impuesta por la mayoría legislativa de la 4T la puso sobre la mesa Gabriel Biestro: la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario son temas que solo dividen a la sociedad y sobre los cuales no urge legislar.
Así, y con la oposición de la priísta Rocío García Olmedo, del legislador sin partido Marcelo García Almaguer y de la legisladora de Morena, Vianey García, las comisiones referidas consintieron que el matrimonio quede establecido como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer”, contrario a la resolución 29/2016 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Aún no hay fecha para que el paquete de reformas que el gobernador Luis Miguel Barbosa mandó al Congreso se discuta y apruebe en el pleno, tras recibir el aval de las comisiones referidas
Lejos de Oaxaca, Puebla mantiene la criminalización
En la larga discusión legislativa que duró cerca de ocho horas también quedó sin discusión el Artículo 342 del Código Penal, que mantiene la pena corporal de seis meses a un año de prisión para las mujeres que aborten.
Una decisión a contracorriente de lo que decidió la mayoría legislativa de Morena en Oaxaca, que desde el pasado 25 de septiembre decidió por mayoría despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Ironías de la política, en Oaxaca fueron diputadas de Morena las que propusieron e impulsaron la despenalización, y al momento de ser votada fueron los priístas y una panista quienes votaron en contra.
Por el contrario, en Puebla, la iniciativa para mantener las sanciones penales llegó desde la oficina del gobernador de Morena y fue avalada por los legisladores de ese partido y afines; y una priísta Rocío García Olmedo y un expanista y hoy legislador sin partido, Marcelo García los que intentaron detener la aplanadora.
Durante la sesión, García Olmedo intentó una salida técnica para que se retiraran de la discusión los artículos relacionados con matrimonio igualitario, despenalización del aborto y violencia electoral contra las mujeres (294,342, 21Bis, 21Ter), por tratarse de temas que estaban siendo abordados en otras iniciativas presentadas en el Congreso.
García Olmedo invocó el “principio de concentración”, que establece que cuando hay dos temas del mismo asunto o que versen sobre lo mismo, se deben dictaminar de manera conjunta, sin que ello signifique desconocer alguna iniciativa. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.
Por su parte, el diputado ex panista Marcelo García Almaguer propuso que el matrimonio se definiera como “La unión libre de dos personas”, pero esta propuesta ni siquiera fue discutida pues así lo decidió la mayoría de ambas Comisiones Legislativas.
El morenista Gabriel Biestro justificó que dichos temas no se discutían por la urgencia de legislar en lo concerniente a la Alerta de Violencia de Género, ya que tenían fecha límite.
Por su parte la diputada Rocío García Olmedo le recordó que el séptimo punto de dicha declaratoria especifica que le corresponde al gobierno del Estado, es decir al Poder Ejecutivo “accionar y entregar un informe en un plazo de 6 meses”, no al Legislativo, por lo que era un error decir que había “urgencia de legislar”, y que no se trataba de “legislar al vapor” en temas tan importantes y relevantes para la sociedad en especial para las mujeres.
Entre las modificaciones que sí fueron aprobadas del paquete legislativo que Luis Miguel Barbosa mandó al Congreso con el argumento de atender las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, estuvo una planteada por Rocío García Olmedo para prohibir la mediación o conciliación entre agresor y víctima.
También se aprobó un registro sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres prevista en la fracción XXVI del artículo 38 de la Ley de Acceso, pero se eliminó que este fuera público por recomendación de la diputada Nora Merino (PES), quien argumentó que conforme al nuevo sistema de justicia penal se violentarían los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables al hacerlos públicos.
En el análisis del Código Penal se pretendía que los artículos 264 y 265, sobre el delito de estupro, se derogaran y se incluyeran en la sección de violación, pero la diputada García Olmedo consideró que se estaban equiparando los delitos, cuando su naturaleza era muy diferente, pues en la violación se utiliza la violencia, mientras que en el estupro se usa la seducción y el engaño, por lo que pidió que se analizara a fondo, y acordaron que el Jurídico del Congreso replantearía dicha modificación.
También, a propuesta de la priísta, se aprobó que los albergues, casas de medio camino y refugios encargados de atención a las víctimas fueran regulados por el Estado, para evitar dejar toda la responsabilidad en las organizaciones civiles, y que la reparación del daño para las víctimas aparte de garantizada fuera integral.
Matrimonio Igualitario y legalización del aborto nuevamente al congelador
El paquete de reformas que envió el gobernador al Congreso con fecha del 25 de septiembre fueron discutidas el pasado viernes por las Comisiones ya referidas, integradas por Gabriel Biestro, Vianey García y Olga Lucía Romero, de Morena; Rocío García Olmedo, del PRI; Marcelo García Almaguer y María del Carmen Saavedra, independientes; Mónica Lara y Nora Merino Escamilla, del PES; Guadalupe Muciño y María del Carmen Cabrera, del PT; Uruviel González, de CPP; y Carlos Alberto Morales, de MC.
La iniciativa de Barbosa se da en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) decretada en 50 municipios de la entidad, y el plazo que tiene el Estado para “enfrentar y revertir la tendencia en materia de violencia contra las mujeres en la entidad”.
Se trata de un paquete de reformas a más de 200 artículos y fracciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Trata y la Ley para la Igualdad entre hombres y mujeres, además de los Códigos Civil y Penal del estado.
La parte más controversial de la iniciativa está en las modificaciones propuestas al Artículo 294 del Código Civil, sobre matrimonio igualitario, y al 342 del Código Penal sobre aborto.
Pachuca.- El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detectó que 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la zona de explotación de la minera Autlán, en la Sierra de Hidalgo, padecen síntomas similares al Parkinson. Además, 50 por ciento de la población estudiada presentó altas concentraciones de manganeso en la sangre.
Un dictamen recibido por la Cámara de Diputados en 2014 pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que estableciera diagnósticos de atención a las necesidades especiales en materia educativa de niños y jóvenes, con motivo de la disminución de capacidades de aprendizaje, intelectuales y daños físicos por altas concentraciones del material en sangre.
Desde el año 2000, autoridades estatales monitorearon los efectos en la salud y el ecosistema, y solicitaron ayuda de un equipo interdisciplinario de investigadores de instituciones de salud nacionales, universidades e instituciones públicas locales.
Los estudios arrojaron que 50 por ciento de la población presentaba concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados internacionalmente.
Además, fue registrada una alta presencia de alteraciones en pruebas que miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y realización de dibujos secuenciales.
Encontraron que las concentraciones en cabello disminuyen significativamente el coeficiente intelectual de los niños; cada microgramo de manganeso en la cabellera reduce 1.5 puntos del coeficiente intelectual.
Asimismo, análisis del INSP arrojaron también que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tienen problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.
Si bien desde 1904 hasta 1950 México exportó más de 434 mil toneladas métricas de manganeso, fue hasta finales de esa década que geólogos localizaron el yacimiento de ese elemento más importante del país en Molango.
A partir de entonces, la minera Autlán convirtió ese en su proyecto más importante, explotándolo desde 1962 en una superficie de mil 250 kilómetros cuadrados.
El área de impacto directo radica en localidades de Molango, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol.
El manganeso es un metal que se encuentra en forma natural en diversos tipos de rocas. Se usa principalmente en la producción de acero para mejorar su dureza, rigidez y solidez. También puede usarse como aditivo en la gasolina para mejorar el octanaje.
Puede liberarse al aire, suelo o agua durante la manufactura de productos, por lo que ese material no puede ser degradado por el ambiente, únicamente puede cambiar de forma, adherirse o separarse de partículas.
La exposición a niveles excesivos puede ocurrir al respirar aire que contiene ese elemento. En altos niveles y periodos prolongados de exposición, puede provocar daño en el cerebro en el sistema nervioso central. Los efectos nocivos incluyen alteraciones del comportamiento y en la movilidad, que puede hacerse lenta y con falta de coordinación.
Análisis en niños revelaron que la exposición a niveles extremadamente altos de manganeso pueden alterar el desarrollo del cerebro, alternado así su comportamiento y restándoles capacidad para aprender y memorizar, agregó el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro.
De lo anterior, la empresa enfrenta actualmente acusaciones del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense por altos niveles de contaminación; los activistas exigen que la firma haga frente a sus responsabilidades.
A finales de septiembre de 2019, dentro de los compromisos asumidos por el subsecretario de Economía Francisco Quiroga con habitantes, fue establecido que sería realizada una auditoría ambiental a la empresa minera Autlán, ello bajo tres ejes rectores: responsabilidad ambiental, inclusión social y responsabilidad fiscal.
La productora enfrenta actualmente
acusaciones de activistas por altos niveles de contaminación y exigen que haga frente a sus responsabilidades
El manganeso se encuentra
en forma natural en diversos tipos de rocas y es usado principalmente en aceros; en altos niveles y periodos de exposición prolongados puede provocar daños en el sistema nervioso central.
PUEBLA, México.- La puesta en marcha del Gasoducto Morelos, que cruza por algunos municipios aledaños al volcán Popocatépetl, no solo es inviable en materia de protección civil, también porque atenta contra los usos y costumbres de los pueblos involucrados; así lo acusó Arturo Villaseñor García, coordinador de la organización civil “Iniciativa Ciudadana región Puebla”.
El investigador señaló que está comprobado que esta clase de megaproyecto, derivan en fenómenos de alto costo social, como violencia y el desplazamiento forzado de las comunidades, además de las consecuencias medioambientales, todo para impulsar un modelo de desarrollo que sólo pondera el factor económico.
El activista recordó que los habitantes de Morelos y Puebla, directamente involucrados con el proyecto, han luchado durante años por detenerlo, y lamentó que el actual Gobierno Federal haya decidido retomarlo, avalado bajo los resultados de una consulta ciudadana que no fue constitucional.
Recordó que, según los resultados de la consulta, el proyecto obtuvo el aval de los municipios que no están directamente involucrados con el gasoducto, y que además no tenían datos suficientes para emitir su voto.
Villaseñor García se sumó a las voces que han enumerado los riesgos de poner en marcha el gasoducto, como la cercanía con el volcán, la alta sismicidad de la zona, entre otros; insistió en que esa clase de proyectos generalmente llevan consigo el aumento de la violencia, ya que el gobierno no ha logrado contener a las bandas delincuenciales dedicadas a la extracción ilegal de combustibles.
El alcalde Fernando Vilchis consideró que con el recorte se pueden ahorrar hasta 50 millones de pesos
Por instrucciones del alcalde Fernando Vilchis, se hizo un recorte de 400 plazas de trabajo en el gobierno municipal, al considerar que con la afectación a esas familias puede ahorrar 50 millones de pesos que presuntamente invertirá en seguridad, acorde a los principios de la Cuarta Transformación.
Con el propósito de ahorrar cerca de 50 millones de pesos en materia de gasto corriente para invertirlos en el mejoramiento de la seguridad pública, el gobierno municipal aplicó un recorte de personal de la administración pública local.
El alcalde Morenista Fernando Vilchis explicó que se decidió aplicar esta medida de austeridad consistente en el recorte de cerca de 400 plazas laborales para generar ahorros que permitan la compra de más unidades de seguridad pública, equipo y tecnología para reforzar las acciones contra la delincuencia en todo el municipio.
El recorte de personal se enfocó en áreas administrativas, donde se determinó que es viable brindar atención de calidad a la ciudadanía con una menor cantidad de personal.
Vilchis Contreras recordó que su principal compromiso con los habitantes de Ecatepec es recuperar la paz y la tranquilidad en las calles del municipio, por lo que no se escatimarán recursos para lograr el objetivo incluido el dejar al desamparo laboral a 400 familias.
Recordó que su gobierno ya realizó la adquisición de más de 200 patrullas, equipos de radiocomunicación, más de 2 mil uniformes y 40 motopatrullas para contar con una policía mejor preparada para enfrentar a la delincuencia, pero según dijo le hacen falta 100 unidades, equipo de alta tecnología como cascos con videocámaras que portarán los elementos, cámaras de seguridad y chalecos antibalas, los cuales se podrían adquirir con los ahorros que se logren al despedir a empleados.
Sentenció que uno de los ejes centrales de los gobiernos de la Cuarta Transformación, es hacer más con menos.
Trabajadores de los Cendis “Tierra y Libertad” bloquearon ayer la Glorieta del Rey Colimán, la Calzada Galván y los accesos a Casa de Gobierno para reclamar el pago de sus salarios desde enero a mayo de este año, señalando que los recursos los tienen retenidos indebidamente la Secretaría de Educación del Estado.
A partir de las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde los trabajadores se apostaron afuera de Casa de Gobierno para impedir la entrada y salida de personas y vehículos, pidiendo ser atendidos por el gobernador Ignacio Peralta.
En primer término, como esto no sucedió, a partir de las 9:30 decidieron cerrar la Calzada Galván, donde la coordinadora del sistema Cendis, Evangelina Bustamante indicó que no se moverían de ahí hasta ser recibidos y advirtió que cerraría la glorieta del Rey Colimán.
Al lugar llegó el secretario de educación cerca de las 10:00 de la mañana y habló con los trabajadores, donde les informó que el gobernador los iba a recibir el miércoles a las dos de la tarde, lo que fue rechazado por los trabajadores.
En vista de que su reclamo no fue cumplido, a partir de la una de la tarde cerraron la glorieta del Rey Colimán, en espera de que llegara el senador Joel Padilla, para lograr un acuerdo y dar solución política a esta problemática.
NO PUEDE PAGAR
El secretario Jaime Flores Merlo explicó que no puede pagar de enero a mayo porque el reglamento no lo permite, porque la Secretaría de Educación Federal les pidió que se ajusten al convenio y que busquen una solución para pagar los cinco meses que se adeudan, dicha propuesta de solución les será entregada, dijo, el miércoles en la reunión con el gobernador, por lo que pidió paciencia.
Ante el abucheo de los trabajadores de Cendis, el secretario de Educación dijo exasperado que el podía dejar la Secretaría, “pero a mí no me meten a la cárcel. Es lo que me estoy jugando. Al que le van a fincar responsabilidades es al secretario de Educación, por eso quiero ajustarme a los criterios”.
Flores Merlo aclaró que no les van a pagar “tajantemente”, sino mediante un mecanismo que les permita recuperar el recurso apegado al convenio.
Foto: Cortesía Caminando por la justicia; tomada de Animal Político
Alberto Padillo, Animal Político, 05 de octubre de 2019
“Así manejan ellos todo. Matan a un familiar y a los dolientes los tienen que retirar. Ellos de eso viven, robando”. Lucina Pulido tiene 43 años y es hermana de Zenaida Pulido, activista asesinada en Michoacán el pasado 19 de julio. Dos meses y medio después del atentado mortal, la familia Pulido ha sufrido nuevos ataques.
Por un lado, una vivienda y dos bodegas que utilizaban para un negocio de perfumería ubicadas en la comunidad de Huahua, municipio de Aquila, fueron saqueadas y usurpadas. Por otro, un potrero ubicado en el Agüijote, en el mismo terreno municipal, fue asaltado. Los ladrones se llevaron 140 cabezas de ganado propiedad del patriarca, de 73 años.
Todo esto ocurrió a escasos kilómetros del lugar en el que Zenaida Pulido fue recientemente acribillada. La mujer era activista en la búsqueda de desaparecidos y buscaba a su primer esposo. Además, administraba y era dueña de dos restaurantes en primera línea de playa que habían sido codiciados por integrantes de grupos criminales.
Michoacán es uno de los estados con más impacto de la violencia que asola México. En 2018 registró 2 mil 653 homicidios según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1,623 dolosos, es decir, que tenían voluntad previa de causar el daño, y 1,030 culposos). Este año, con datos cerrados a 20 de septiembre, hubo 1,880 homicidios (1,192 dolosos y 668 culposos), lo que le sitúa como el séptimo estado con mayores índices de violencia homicida.
“Queremos que alguien, el gobernador, el presidente, tomen cartas en el asunto”, protesta Lucina.
Desde el viernes 27 de septiembre la familia Pulido no pone un pie en su casa de Huahua, municipio de Aquila, en Michoacán.
Se trata de su segundo exilio en dos meses y medio.
Tras el ataque que acabó con la vida de su hermana, Lucina, sus padres, sus cuatro hermanas y su hermano abandonaron el domicilio familiar en la comunidad de Pichilinguillo, también en Aquila. Ahora se encuentran en otro lugar. No quiere especificar dónde. Tiene miedo de que los asaltantes les persigan.
“Nos dicen que si volvemos a nuestro domicilio nos van matar. Y cumplen sus amenazas”, dice.
Tras el asalto a sus propiedades del 27 de septiembre, la familia Pulido interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Aseguran que los perpetradores son antiguos miembros de Los Caballeros Templarios que ahora actúan como organización criminal local denominada los Tena. Dicen que están vinculados también al asesinato de Zenaida, que fueron identificados y denunciados, pero que ninguna autoridad les tomó declaración ni les arrestó.
Fuentes de la FGE rehusaron dar declaraciones sobre el caso. Alegaron que las investigaciones sobre el asesinato de Zenaida siguen su curso y que no querían exponer a las víctimas revelando la existencia de nuevas denuncias.
Amenazas de muerte para que abandonen la comunidad
Lucina Pulido dice que la persecución contra su familia comenzó en el mes de abril. Según recoge una denuncia presentada ante la PGE, en ese momento llegaron las primeras amenazas de muerte. “Le dijeron a un empleado que nos dijese que si no nos marchábamos de la comunidad nos matarían”, dice. Entre abril y mayo tuvo lugar también la caravana de búsqueda de desaparecidos “Buscando Encontraremos”, promovida por el colectivo Familiares Caminando por la Justicia. Encontraron una fosa clandestina con 43 restos óseos. Este es, a juicio de Lucina, otro de los motivos por lo que acabaron con la vida de su hermana.
Poco después del asesinato se produjo una disputa entre allegados de Zenaida y la FGR.
Los primeros alegaban que el ataque estuvo motivado por su activismo. Como Evangelina Contreras, que busca a su hija y al papá de esta, relató a Animal Político los mensajes amenazantes que Zenaida recibía.
La fiscalía, sin embargo, aseguró que el origen del atentado estaba en la disputa por un predio y provocó el enfado de los colectivos michoacanos al decir que la víctima era comerciante y no activista.
Lucina incluye todas las variables en su explicación. También Jeremías Juárez Domínguez, el viudo. “Se querían quedar con el terreno de mi esposa en la playa. Y su activismo les había molestado”, dice.
Desde el 27 de septiembre la familia no ha vuelto a pisar su domicilio. Perdieron dos restaurantes en Pichilinguillo tras el asesinato de Zenaida. Acaban de perder una casa y dos bodegas, con todo su contenido. Sabe que hay bienes, como el ganado, que es probable que no recuperen.
Llegados a este punto, lo más lógico es que los asaltantes ya lo hayan vendido. Lo que Lucina pide que es que las autoridades intervengan para, al menos, recuperar sus viviendas sin temor a que les peguen un tiro. Su gran lamento: el trabajo de toda una vida, arrebatado de la noche a la mañana.
“Queremos que haya justicia, que el gobierno nos proteja”, asegura Lucina.
Este segundo exilio está vinculado, dice la mujer, al asesinato de su hermana. Denuncia que, a pesar de que identificaron a algunos de los hombres armados presentes en el ataque, solo dos personas fueron arrestadas. Se trata de Ricardo C.P. y Enoc C.M., que están encarcelados desde entonces.
Los atacantes fueron más, pero no han sido detenidos.
Lo dice Jeremías, el viudo de Zenaida, que salvó la vida de milagro el 19 de julio. Relata que recibió un balazo en el hombro y pasó dos días escondido en el monte. Su esposa quedó acribillada en el coche. Ambos transitaban, con una tercera persona, por la carretera entre Huaha y Pichilinguillo. Venían de buscar al comisariado de la zona para interponer una denuncia por un asunto de tierras cuando fueron interceptados por hombres armados que no les dieron margen más que para que la mujer pronunciase algunas de sus últimas palabras: “¿qué quieren?”
“Nos dispararon a la llanta derecha y contra el coche. Pisé el acelerador y caminé unos ocho kilómetros. Ahí lo dejé y me fui al monte. Mi esposa ya estaba muerta. Quedó en el vehículo”, dice, en conversación telefónica. Lleva tres meses en un exilio constante. Guanajuato. Nuevo León. Michoacán.
A Juárez Domínguez ya no le van a devolver a su esposa. Pero exige justicia. Al menos, que alguien le escuche. Asegura que prestó declaración en varias ocasiones pero que solo fueron arrestados dos de los responsables del ataque.
En su relato queda expuesto el nivel de impunidad con el que grupos armados operan en Michoacán. Él ha denunciado, aunque tiene miedo. Como toda su familia política. Otros abandonan sus propiedades en silencio
“Por aquí hay muchísima gente con el mismo caso. Todos tenemos miedo, porque si haces una denuncia, al día siguiente amaneces muerto”, dice Lucina.
Hasta tres horas de espera en laboratorios particulares y hasta 600 pesos de gasto en el examen de detección de dengue en Cruz Roja, es lo que tienen que padecer las personas que presentan algún síntoma de dengue en la ciudad.
Hoy por la mañana, NTR realizó un recorrido donde se pudo constatar la saturación en las salas de espera de clínicas de consulta como Cruz, Roja, Clínica 3 del IMSS y laboratorios de diagnóstico privados. En estos últimos, pacientes que llegaron desde las 8 horas, tuvieron que esperar más de tres horas para ser atendidos debido la gran demanda de este estudio que ya rebasó la capacidad de las instituciones de salud, públicas y privadas
“Llegué desde las 8 horas y estoy aún en espera de que me llamen para tomarme la muestra de sangre. Me harán un estudio de biometría hemática porque desde antier tengo mucha fiebre y molestias en huesos y ojos”, señaló la señora María Eugenia Rodríguez, quien acudió a un laboratorio particular, luego de que ayer, en la Cruz Verde del Planetario, no servía el aparato para realizar los resultados de dicho estudio.
De igual manera, en la Cruz Roja del Parque Morelos, algunos pacientes se quejaron de que los estudios tienen un precio superior a los que se ofrecen en laboratorios particulares. Éste fue el caso de Gerson Esquivel, paciente que duró poco menos de una hora para ser atendido y recibir sus resultados.
“Me cobraron 40 pesos de la consulta y 600 del estudio de sangre. La semana pasada llevé a mi mamá por un cuadro similar, y en el hospital privado me costó 320 pesos el estudio más 200 de la consulta, además aquí (en Cruz Roja) me cobraron 150 pesos más por unas gasas con agua para bajarme la fiebre”, compartió.
En Clínica 3 del IMSS en consulta externa, la saturación se aprecia igual. Filas de gente parada y las sillas abarrotadas, denotan la preocupación de este fenómeno, que ya rebasó la capacidad de las instituciones de salud.
Sin pagar Minera Autlán y accionistas 121 mdp en impuestos, obtuvieron condonación | Especial
Víctor Valera / AM
Ser una empresa minera exitosa en México significa condonación millonaria de impuestos y prueba de ello es la Minera Autlán.
A este consorcio, dedicado a la extracción de manganeso señalado de contaminar el ecosistema de la Sierra hidalguense, el SAT condonó más de 121 millones de pesos en impuestos, lo cual también beneficia a sus principales accionistas.
Por ejemplo, el fisco condonó tan solo a la empresa Minera Autlán 61 millones de pesos en impuestos durante 2007, cuando, en contraparte, obtuvo ganancias por 2 mil 461 millones.
La empresa solicitó al gobierno federal le condonara créditos fiscales, así como multas, que datan de 2003. Además, pidió la reducción al 50 por ciento de las sanciones del ejercicio fiscal 2007, amparada en un transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de dicho año.
TAMBIÉN ACCIONISTAS BENEFICIADOS
El presidente del consejo de administración de Minera Autlán es José Antonio Rivero Larrea, quien también es accionista mayoritario de Grupo Ferrominero, con sede en Nuevo León, Monterrey, el cual gozó de condonaciones de impuestos por un total de 41 millones de pesos.
La primera condonación a Grupo Ferrominero fue de 38 millones 936 mil pesos durante 2008 y la segunda sucedió dos años después por 2 millones 687 mil 39 pesos.
Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) condonó a José Antonio Rivero Larrea 7 millones 473 mil 583 pesos durante 2008, amparado en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación.
Al consultar el Registro Público del Comercio, hay constancia que José Antonio Rivero Larrea también es accionista en Vallerc Holdings, Metallorum Holding, Metal Trading, así como Compañía de Energía Mexicana.
El año pasado, formaba parte del consejo de administración de Minera Autlán, Dionisio Garza Medina, a quien el SAT le condonó 11 millones 226 mil 442 pesos derivado de impuestos, aunque la dependencia federal no especifica a que ejercicio corresponden.
Como dato, Autlán cuenta con una mina subterránea de manganeso en Molango y dos más a cielo abierto en Nonoalco y Naopa. También posee tres plantas de ferroleaciones en Veracruz, Puebla y Durango.
Víctor Lara Martínez)/ PorEsto!
Después de manifestarse por espacio de dos horas, ejidatarios de Yaxkukul firmaron ayer un acuerdo con funcionarios de la Procuraduría Agraria, instancia a la que acudieron para pedir el cambio de Juan Bautista Aké al frente del Comisario Ejidal, alegando que éste se niega a emitir la convocatoria correspondiente pese a que su gestión está por concluir.
Los ejidatarios señalaron que el comisario ejidal se niega a separarse del cargo, porque no quiere perder la “gallina de los huevos de oro”, en este caso su relación con el ejidatario Rafael Acosta Solís, que forma parte de los 335 que pertenecen a esa comunidad, según una copia de la lista en poder del Registro Agrario Nacional (RAN).
Protesta
Los campesinos del ejido de Yaxkukul llegaron poco después de las 9 de la mañana y se plantaron frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán para solicitar que las autoridades presionen al Comisariado Ejidal para que emita la convocatoria de la renovación de ese órgano de gobierno.
Tras ser atendido por el encargado de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, acordaron realizar una junta conciliatoria al que serán citados el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, todo ello con la finalidad de acordar los términos de la convocatoria, para el lunes 7 de octubre a las 12 horas.
Por tal motivo, hoy acudirán dos visitadores agrarios a presentar la cita a los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, además de que verificarán si existe o no la convocatoria fijada en los estrados correspondientes.
Los campesinos fueron asesorados por el abogado Cuitláhuac Hernández, quien pidió a la autoridad que sean intermediarios entre el comisaría ejidal y consejo de vigilancia, con los campesinos inconformes.
De acuerdo a lo que dijeron, el período de esas autoridades ejidales concluye en este mes de octubre y no han emitido la convocatoria.
Se les informó que la Ley Agraria prevé que, en caso de emitirse la convocatoria y vencerse el período del comisariado, el Consejo de Vigilancia toma el control y tiene 60 días para emitir la convocatoria, que tiene que ser fijada en la casa ejidal y los estrados más importantes del ejido, en caso contrario, bastará que unos 20 ejidatarios regresen y soliciten ante la PA para que esa instancia proceda a emitir la convocatoria correspondiente.
Desfalco
Por otra parte, varios ejidatarios, denunciaron que el Lic. Rafael Acosta Solís es dueño de poco más de 250 hectáreas y ahora quiere apropiarse las otras 250 que todavía posee el ejido de Yaxkukul, lo cual no están dispuestos a permitir.
La entidad se ubica en el onceavo nacional por el delito
Jesús Manuel Domínguez
Desde enero de 2018 y hasta agosto de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado 60 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
Sin embargo, sólo ha judicializado cinco, es decir que en el resto no se ha identificado a los responsables para vincularlos a proceso, según se desprende de una respuesta a una solicitud de transparencia.
Esta cifra no representa ni siquiera el 9 por ciento del total de casos que ha investigado el órgano autónomo en los últimos dos años, además de que no se especifica si se han logrado condenas.
De acuerdo con el reporte “Información sobre violencia contra las mujeres” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tabasco se ubicó hasta el mes de septiembre en el onceavo puesto por presuntos casos de feminicidio.
Esta semana el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) cuestionó las omisiones del gobierno del estado para terminar con la violencia de género que desde 2015 ha convertido a la entidad en un “paraíso” para los feminicidas ante la impunidad que prevalece en las instituciones.
La directora del Codehutab, Leonor Ramírez Bautista, indicó que finales de octubre o noviembre se solicitaría de nueva cuenta la activación de la alerta de género a la Secretaría de Gobierno (Segob), e incluso el Observatorio Nacional del Feminicidio podría sumarse a esta petición.
Detalló que a la fecha han contabilizado 21 feminicidios este 2019 pero desde que el delito fue tipificado suman 140 y apenas unos 10 han derivado en el encarcelamiento de los asesinos.
PUEBLA, Pue. (apro).- Integrantes del grupo de apoyo Guerreras Unidas, que conjunta a pacientes de cáncer de mama y sus familiares, realizaron una protesta este viernes a las afueras del Hospital General del Norte, para denunciar la falta de medicamentos, y retraso en la entrega de apoyos y en el tratamiento contra esa enfermedad en instituciones médicas de Puebla.
Con pancartas en mano, las mujeres pidieron al gobernador Luis Miguel Barbosa que atienda la problemática que se vive en hospitales públicos de esta entidad, donde desde julio han dejado de recibir medicamentos que se requieren para el tratamiento contra el cáncer.
Además, mencionaron que se han presentado otro tipo de situaciones, como retrasos en la aplicación de radioterapias y quimioterapias, o el desabasto de materiales que antes eran entregados de manera gratuita a las pacientes y ahora tienen que comprarlos con recursos propios.
Una de las manifestantes indicó que la mayoría de las participantes en la protesta son pacientes que proceden de municipios de Puebla para recibir tratamiento, lo que de por sí les implica problemas económicos, pues tienen que costear sus traslados y ahora, además, hacer el gasto para comprar los medicamentos y equipos que han dejado de suministrar a los hospitales.
Por el costo de algunos medicamentos, agregó, es imposible que ellas y sus familias los puedan costear, pues algunos cuestan más de 50 mil pesos.
Según los inconformes, estas deficiencias en el tratamiento no sólo se presentan en el hospital del Norte, sino también en el del Sur “Doctor Eduardo Vázquez Navarro”.
En febrero pasado, las integrantes del grupo de apoyo se manifestaron para pedir que el gobierno estatal canalice recursos para cubrir las necesidades del tratamiento y de los insumos que se requieren para atender a los pacientes de cáncer de escasos recursos.
El Comisariado Ejidal del Ejido El Potrero, ubicado en el municipio de Jiménez del Teul, interpuso otra denuncia penal en el Módulo de Atención Temprana del Distrito Judicial en Sombrerete, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas radicada con el folio 618/2019-10.
Esta nueva denuncia se suma a una vasta lista de acciones jurídicas impulsadas por los campesinos de los ejidos ante las constantes irregularidades y delitos cometidos por el gobierno del estado de Zacatecas en su afanoso interés por imponer la construcción de la Presa Milpillas. Del mismo modo, el jueves 03 de octubre se entregó una solicitud en el H. Ayuntamiento de Jiménez del Teul dirigido a Victoriana Espinosa Sánchez, actual presidenta municipal, exigiendo que respete la autonomía del ejido y se informe con el debido procedimiento al Comisariado Ejidal cualquier acción que pretendan llevar a cabo sobre su territorio.
Toda vez, que el pasado jueves 26 de septiembre alrededor de las 10:00 am, las y los ejidatarios se percataron de dos camiones de carga con la leyenda de “Obras Públicas” en sus ejidos, contrario a lo que dice Maldonado.
Uno de los vehículos responde al código VY-37 con placas XG-0995-A, además, se identificaron dos máquinas: una retroexcavadora tipo CAT y otra motoconformadora.
Es importante señalar que el ejido no ha otorgado permiso alguno al gobierno municipal y estatal para el acceso de maquinaria y realizar trabajos sobre los terrenos de uso común. Por lo tanto, consideramos que una vez más, los gobiernos encabezados por Alejandro Tello Cristerna y Victoriana Espinosa Sánchez violentan la tranquilidad y los derechos colectivos de las y los campesinos zacatecanos establecidos en la Ley Agraria. Esto, debido a que no conformes con introducir la maquinaria de forma ilegal, los automotores se encuentran extrayendo material de tepetate para el revestimiento de caminos, ocasionando un daño irreversible al territorio al extraer los recursos sin autorización, esto significa, que también están robando al ejido.
Los impactos por la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad para ampliar un camino de 3 metros a 4 metros de ancho por un kilómetro de largo y que va rumbo a la ubicación de la pretendida Presa Milpillas es muy visible.
Denunciamos que las acciones y estrategias de quienes promueven el Megaproyecto Hidráulico “Milpillas”, encabezado por el gobierno del estado de Zacatecas, demuestran desesperación y una urgencia plagada de violencia, corrupción, actos ilegales y autoritarios, a pesar de que dicho proyecto no es social ni ambientalmente viable.
Responsabilizamos al Gobernador Alejandro Tello Cristerna de cualquier agresión física y/o conato de violencia en los ejidos de El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales, sobre todo, por la integridad de las y los campesinos que conforman el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Finalmente, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos deslindamos de cualquier figura, caudillo o líder político-partidista. Somos y seremos un movimiento autónomo que lucha por combatir al modelo extractivo, que indistintamente del partido que ostente el poder, está depredando al país y despojando a los pueblos y comunidades con el objetivo de obtener ganancias económicas para unos y pobreza para otros.
El recorte al presupuesto del 2020 desata la incertidumbre en padres con hijos discapacitados
Mayreli Cortés / El Debate
Mazatlán.- Padres de familia de alumnos inscritos en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) del Cetmar 08 protestaron la mañana de ayer en las oficinas de los Derechos Humanos. Solicitaron que el derecho a la educación sea respetado.
Cerca de 20 alumnos se manifestaron. Con pancarta en mano y gritando al unísono: “¡Queremos CAED, queremos CAED!”, exigieron que no se recorte el presupuesto al centro de atención para que los continúe ayudando.
Los padres entregaron un escrito al visitador adjunto, Adán Barrón Hernández, dirigida al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que exigieron que el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad continúe laborando; papel que fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por razón de competencia.
Por tratarse de una queja federal, esto se turna a México”, explicó el visitador adjunto.
Ante esto, los padres nombraron a un representante para recibir notificaciones del tema para conocer a detalle el seguimiento de la petición.
René Zamudio, representante y vocero de los padres de familia, dijo que buscan no perder la ayuda, ya que cerca de 60 alumnos con discapacidad están inscritos en el centro de atención
La incertidumbre
Al borde de las lágrimas y la desesperación, las madres narraron lo difícil que ha resultado encontrar una escuela capaz de atender a sus hijos que padecen alguna discapacidad y para ellos la institución ha influido de manera benéfica en el desarrollo estudiantil de sus hijos.
Por ende, piden al presidente de la República que no les quite el apoyo a los estudiantes con discapacidad.
“Mi hijo tiene síndrome de Asperger y gracias al CAED aprende y socializa… No podemos permitir que lo cierren”, expresa Noelia Moraga, madre de dos hijos más.
Patricia Cruz, de 47 años y con osteoporosis, pide que su hijo Christopher continúe siendo atendido mediante el programa.
Otro caso
Anteriormente, una asesora del CAED del CBTIS 43, que atendía a más de 50 alumnos con discapacidad en ese plantel, fue despedida debido a las medidas de austeridad que emprende el Gobierno Federal.
Sin embargo, Mazatlán no es el único caso, otras ciudades están pasando por el despido de personal.
La atención
En el plantel se atiende a jóvenes con síndrome Down, lento aprendizaje, discapacidad motriz y discapacidad intelectual.
El programa, que por años ha beneficiado a miles de jóvenes con discapacidad en el tema de estudios, se encuentra a punto de desaparecer, pues no se encuentra contemplado para el próximo año debido a la austeridad del gobierno de López Obrador.
CAED apoya a más de 50 mil personas discapacitadas que continúan con sus estudios en cerca de 300 centros en el país, ubicados principalmente en planteles federales de la República Mexicana.
Los CAED están basados en el acuerdo 445 de la Secretaría de Educación Pública, que contempla la certificación del bachillerato por evaluaciones parciales.
LOS DATOS
El testimonio
Los padres de familia expresan que el CAED es un centro que ha apoyado el desarrollo estudiantil de sus hijos con discapacidad, al grado que pueden socializar con otros alumnos.
El temor
Los afectados temen que el programa desaparezca, ya que actualmente otras escuelas no cuentan con el programa en el que se basa el CAED para enseñar a los alumnos.
Exigirán que ya se libere el recurso puesto que dan fechas y no cumple la Secretaría de Educación, dicen trabajadores
Anilú Salazar Mejía / El Noticiero de Colima
Apartir hoy miércoles los Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” (Cendis) entraron en suspensión indefinida de labores con la finalidad de exigir a las autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado “el pago de enero a mayo” que les adeuda la institución educativa.
A través de las redes sociales, directivos y maestros de los Cendis “Tierra y Libertad” del PT anunciaron a los paterfamilias que tienen a sus hijos en maternal y preescolar la decisión de iniciar este miércoles “una huelga” para presionar a las autoridades el pago de los salarios vencidos correspondientes a cinco meses.
“Es urgente hacerles saber de un acuerdo por parte de los maestros que se acaba de tomar: El día de mañana iniciaremos una huelga los maestros ya que la SEP no nos ha pagado los meses de enero a mayo”.
Las maestras de los Cendis se “disculparon” con los paterfamilias “por dejar sin clases a los menores”.
“Pararemos labores para ir a exigir que ya se libere el recurso puesto que nos dan fechas y no nos están cumpliendo solo están poniéndonos más pretextos y trabas aun cuando este ya está en manos del secretario de Educación”.
Es de mencionar que el pasado 9 de septiembre el Secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, informó que ya se les habían entregado más de 8.5 millones de pesos, como parte del programa federal de Expansión a la Educación Inicial a las trabajadoras de los Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad del PT correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de este año.
Flores Merlo había dado a conocer que era importante dar a conocer a la sociedad, así como a los propios padres de familia y maestros, que desde el pasado 6 de septiembre se llevó a cabo la dispersión a las cuentas de los trabajadores de los Cendis del PT, luego de llegar a un acuerdo con la directora general de los Centros de Desarrollo Infantil, Evangelina Bustamante Morales y con el Senador, Joel Padilla Peña.
Sin embargo, ahora exigen se les pague de enero a mayo, siendo que en la normatividad dichos meses no fueron contemplados dentro del acuerdo de la Secretaría de Educación y Hacienda Federal.
Mazatlán, Sinaloa.- Más de dos días sin energía eléctrica pasaron los vecinos de la colonia Centro tras el paso de la tormenta tropical Narda.
Las más de 45 familias de la calle Vicente Guerrero, entre los callejones Francisco Serrano y Franco, pasaron horas de angustia por algunas personas mayores de la zona que sufrieron complicaciones debido a la falta del servicio.
Testimonio
El caso del vecino Modesto Calderón Fuentes es uno de los que más preocupaba a los colonos, pues su esposa, quien padece cáncer en fase terminal, sufrió una recaída de salud por la falta de energía eléctrica.
La esposa de Modesto se alimenta con papillas, que no podían ser preparadas, por lo que la señora tuvo que ser trasladada con una de sus hijas.
Además, el medicamento que consume debe mantenerse en refrigeración y al no contar con electricidad, este se echó a perder.
Calderón Fuentes aseguró que personal de la CFE acudió al lugar pero argumentaron no llevar el equipo necesario para reparar el daño.
“Pónganse en mi lugar, mi mujer se me está muriendo”, les expresó Modesto a los trabajadores.
Adultos mayores
Marlene Isordia, vecina del callejón Franco, señaló que fueron muchas personas mayores a las que se les echó a perder la insulina. Además, dijo que una de sus vecinas necesita el apoyo de un tanque de oxígeno, y por la falta de luz, sufrió una crisis respiratoria.
Aleyda Rojo, vecina afectada, señaló que muchos de los vecinos tuvieron que tirar sus alimentos, pues todos los que necesitaban de refrigeración se estropearon.
Dijo que están cansados y ahora temerosos de continuar con los problemas de energía eléctrica.
En Yucatán existe un contexto de criminalización y persecución con respecto de luchas sociales, que hoy está dirigida contra las mujeres, pero también lo han hecho con las comunidades indígenas y la comunidad LGBT+.
Asamblea Feminista Yucatán/Animal Político
Actualmente en el estado de Yucatán existe un contexto de criminalización hacia las activistas y defensoras de derechos humanos. Tras la manifestación del día 28 de septiembre, en el “Día internacional para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, el alcalde Renán Barrera Concha difundió, a través de sus redes sociales, un video en el cual refiere que el Monumento a la Maternidad fue vandalizado por feministas y anunció que la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Esto ha sido acompañado de represión, discursos de odio a cargo de los medios de comunicación, y criminalización hacia las defensoras de derechos humanos.
Desafortunadamente, esto no es nada nuevo, ni el uso desproporcionado de fuerza pública, ni la persecución a personas defensoras de derechos humanos. Estos mismos elementos han estado presente en otras luchas que continúan hoy, como lo son la lucha de los pobladores de Homún, la lucha por el matrimonio igualitario y nuestra lucha, la lucha por los derechos de las mujeres, en específico, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.
Desde el inicio de funciones del actual gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, hasta la actualidad, se ha reportado la represión de la protesta social, así como la persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
En el caso de la lucha de los pobladores de Homún contra el otorgamiento de permisos para la construcción de una granja porcícola sin consultar al pueblo y sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en septiembre de 2018 se manifestaron pacíficamente, realizando una clausura simbólica de la megagranja.
Mientras esta protesta se llevaba a cabo, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron ilegalmente 5 cenotes cuyos encargados eran líderes del movimiento que se oponía a la instalación y operación de la megagranja. Debido a esto, exigieron el retiro de los sellos.
Al mismo tiempo, quince camionetas antimotines y más de cien elementos de la policía estatal llegaron al lugar, reprimiendo a las personas que exigían sus derechos como personas indígenas mayas.
Respecto a la lucha por el matrimonio igualitario, recientemente activistas fueron expulsados del recinto donde se llevaba a cabo la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, cuya sede fue la capital yucateca; esto bajo el argumento de que sus registros habían sido bloqueados por “seguridad”. Cabe mencionar que aun cuando desde el inicio del evento había presencia policial y de militares, posterior a la denuncia de los activistas se observó la presencia de militares en la zona de ingreso al Centro de Congresos.
Esto resulta especialmente contrastante tomando en cuenta que el Matrimonio Igualitario fue un tema sobre el cual se pronunciaron conferencistas e invitados como Diego Luna, Joy Huerta y Ricky Martin.
Meses antes, el legislador local Felipe Cervera declaraba públicamente que activistas de la comunidad LGBT+ “solo son 4” y que, además, estaban “bien ubicadas”. Esto después de la interposición de dos amparos, uno por la negativa del Congreso a legislar en materia del matrimonio igualitario, en desacato de lo ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otro porque esta votación se realizó mediante cédula (de forma secreta).
En nuestro caso, durante la protesta del #28s se encontraban policías armados, que si bien al principio se mantuvieron al margen y eran aproximadamente 6 agentes, conforme el tiempo pasaba el número de agentes aumentó, comenzaron a empujar a las mujeres encargadas de la seguridad, tomando fotos y vídeos de todas las mujeres en general, aun cuando se les explicó que mantuvieran distancia al ser una manifestación exclusiva de mujeres.
Esto finalizó con amenazas de violencia explícitas y directas de hacernos daño al término del evento. Es alarmante que inclusive en una protesta pacífica, en la que no hubo enfrentamientos directos, ni uso de violencia y en la que se reclamaba la garantía de nuestros derechos humanos como mujeres, los agentes policiales portaban armas largas y en lugar de protegernos fueron los primeros en pasar por alto nuestras exigencias.
Además, diversos medios de comunicación locales han participado en una campaña de odio y desprestigio contra los grupos feministas y mujeres específicas. Medios que han estado publicando fotos sin consentimiento, noticias antiguas y de otros estados simulando ser actuales haciendo referencia a la ya mencionada manifestación, acompañadas de titulares estigmatizantes en donde se resaltan palabras como ‘’feminazis’’, ‘’vándalas’’ y ‘’radicales’’.
¿El Gobierno de Yucatán criminaliza la defensa de derechos humanos?
Sí, no solo hemos sido nosotras, también hemos visto la represión contra activistas por los derechos de la comunidad LGBT+ y activistas por los derechos de las comunidades indígenas. Lo anterior es una clara muestra de la represión de la protesta social y de la libertad de expresión que existe en el estado de Yucatán.
En nuestro caso, ¿ha variado la forma de represión? ¿Por qué la cobertura de medios ha sido distinta?
Sí, no solamente se ha repetido el patrón de uso desproporcional de la fuerza y persecusión a activistas, en nuestro caso ha sido acompañado de violaciones al derecho a la vida privada que han dado pie a acoso y amenazas directas contra las mujeres identificadas en las fotografías publicadas en distintos portales de noticias. La variable que resalta es simple, es porque somos mujeres.
En Yucatán esta reacción no es nueva, siempre hemos sido calladas. Recordemos que la lucha por la autonomía de las mujeres siempre ha sido reprimida. Elvia Carrillo Puerto fue callada a través de la institución del Día de la madre en 1922, y justo el Monumento a la Maternidad, que tanto se menciona en estos días, es un recordatorio de la labor ‘’natural’’ de las mujeres y que fue donada por la “Liga de Acción Social” Mérida en 1928.
En esta ocasión la prensa ha jugado un papel muy importante, pues mientras que en los casos de Homún y el matrimonio igualitario la mayoría de las notas se centran en el relato de sucesos, en nuestro caso se han empeñado en tener titulares que nos colocan como las enemigas número uno del Estado por el simple hecho de ser mujeres que reclaman derechos, tildándonos de vándalas, feminazis, delincuentes, entre otras.
Estas violaciones al derecho a la vida privada han dado pie a acoso y amenazas directas contra las mujeres identificadas en las fotografías publicadas en distintos portales de noticias. Además de que la reproducción de titulares y notas de este tipo deslegitima la lucha, desvía la atención y constituye discursos estigmatizantes que criminaliza la labor de defensa de los derechos humanos y lucha por la autonomía de las mujeres.
En Yucatán definitivamente existe un contexto de criminalización y persecución con respecto de luchas sociales, en esta ocasión nos persiguen a nosotras las mujeres, pero también lo han hecho con las comunidades indígenas y la comunidad LGBT+.
Tanto el gobierno estatal encabezado por Mauricio Vila, así como el Ayuntamiento de Mérida encabezado por Renán Barrera, deberían cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como hemos referido en el comunicado publicado el día 1 de octubre, en específico la obligación de respetar la protesta social y la obligación de protección a las mujeres defensoras de derechos humanos.
La Ley cuyos ejes centrales son generar mejores condiciones de seguridad y laboral, sigue en la congeladora del Congreso
Irene Medrano Villanueva / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin.- “En Sinaloa estamos en cero en la protección a periodistas”, advirtió Alejandro Sicairos, quien el pasado mes de junio, la Asociación 7 de Junio, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado, misma que dijo, va muy lenta, pese a los riesgos que a diario se enfrentan los comunicadores ante una violencia agazapada que de un momento a otro puede hacer de las suyas ante un indefenso comunicador.
Una encuesta presentada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), detalla que Sinaloa está dentro de los 18 estados que representan riesgo para los periodistas, además detectó tres grandes problemas para el ejercicio periodístico en el país: ineficacia de las instituciones para resolver ataques a los periodistas; la persistencia y crecimiento del número de agresiones; y la ampliación de las zonas de silencio, donde los medios de comunicación ya no reportan informaciones de inseguridad, derechos humanos y violencia por miedo a represalias.
Iniciativa Sinaloa
En junio pasado periodistas de Sinaloa presentaron ante el Congreso estatal una iniciativa para crear la Ley de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, cuyos ejes centrales son generar mejores condiciones de seguridad y laborales entre el gremio periodístico local.
Cabe recordar que al inicio de esta legislatura, la presidenta de la Jucopo y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Graciela Domínguez, destacó que en su agenda legislativa traía como prioridad, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, se hicieron foros sobre el tema para presentar una iniciativa, “nosotros le tomamos la palabra”, recuerda Alejandro Sicairos y hasta el momento sólo una iniciativa hay sobre el tema y está “en la congeladora”.
Explica que hasta el momento todavía no está dictaminada y la Comisión de Derechos Humanos y el área jurídica del congreso iban a elaborar el documento final, en eso está, pero ya es tiempo de que la empiecen a mover.
“Es necesario que se le dé celeridad porque en materia de protección a periodistas no hay nada y el riesgo sigue, esto va muy lento. Nosotros esperábamos que se le diera un trato especial, no porque se trata de periodistas, sino por las circunstancias de riesgo que se están presentando en todo el país y desde que presentamos la iniciativa para acá, cinco periodistas han sido asesinados en el país”, dijo.
Recordó que el Congreso del estado, llevó a cabo una serie de foros para presentar una iniciativa “y no sé si la vayan a presentar o se sientan reflejados con la que presentó la 7 de Junio, Iniciativa Sinaloa, otras organizaciones y ciudadanos”, dijo.
Precisó que ahora están a la espera de que todas las bancadas la respalden y la saquen adelante.
Dijo que sería una lástima que se siguiera posponiendo ya que es la única iniciativa que hay en el poder legislativo en espera de que se apruebe, ya que si bien es cierto que hay un mecanismo de protección a periodistas del gobierno del estado que está a medias porque ni siquiera como lo establece el acuerdo de protección a periodistas.
“Ahorita en protección a periodistas en Sinaloa no tenemos avances, no tenemos nada, estamos en cero y la situación de riesgo ahí está. Tenemos periodistas amenazados, intimidados, si bien es cierto que en otros estados se han presentado situaciones letales, aquí no estamos exentos porque la delincuencia que está agazapada”, indico.
Sinaloa se encuentra entre los 18 estados de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en México, el cual se sigue considerando entre los países más mortales para la prensa.
La Palabra del Caribe
Cancún.- Los docentes de los siete planteles de Conalep en el estado iniciaron hoy un paro de “brazos caídos” de dos horas en sus dos turnos, el que será aumentado a tres el próximo lunes, para exigir la recategorización de la planta laboral, así como la solución a un pliego petitorio.
Así lo afirmó Walter Ku Pech, dirigente del Sitaconqroo, el sindicato de Conalep en el estado, en rueda de prensa, en la que pidió a la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) a iniciar una auditoría hacia la gestión del director general, Anibal Montalvo, quien no ha entregado más de 4 millones de pesos en prestaciones, pese a que se confirmó por el lado de la Federación que ya se le liberaron.
“Pedimos la intervención de la Secretaría de Gobierno, de la Secoes, así como una auditoría; sí se pueden comprobar estos desvíos, pero deben sumarse a la transparencia que indica nuestro gobernador”, declaró el educador.
Ku Pech dijo tener información interna de la secretaría general del Conalep de estos malos manejos, principalmente en el dispendio de recursos en gastos administrativos e incluso en la promoción de la imagen del director general, en lugar de mejorar los salarios de los docentes.
Dicen contar con un oficio del subdirector de Planeación, el 7 de septiembre, en donde confirma que la liberación de los recursos que piden está en manos del director general.
Sobre el paro de “brazos caídos”, confirman que fue de dos horas, en ambos turnos hoy, mañana será de tres y será acompañada por una manifestación, al mediodía, afuera del Palacio de Gobierno en Cancún, que es donde están la mayoría de los planteles.
El lunes igualmente será un paro de brazos caídos de tres horas, y el próximo martes, 8 de octubre, se hará una manifestación a nivel nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, con la participación de 26 estados.
Según el líder sindical, el director se niega a realizar la recategorización porque supuestamente costaría 60 millones de pesos, pero ellos hicieron su propia corrida y aseguran que solo será un importe de 5 millones de pesos.
Son 5 mil alumnos en siete planteles los que están afectados por el paro de brazos caídos.
Oaxaca, Oax.- Madres y padres de familia de la escuela primaria “Adolfo López Mateos” de la comunidad El Cuajilote cerraron las entradas de la minera Cuzcatlán en San José Progreso por incumplir promesas de realizar obras sociales en la comunidad a cambio de establecerse en el Valle de Ocotlán.
Desde temprana hora, las personas inconformes colocaron bancas escolares a la entrada de la minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines y colocaron cartulinas con fotografías de la escuela inconclusa, así como leyendas de “En un buen ambiente el niño aprende”, “seguridad escolar necesitamos en mi comunidad”.
Tanto padres y madres de familia se consideran engañados porque a cambio de permitir que la empresa minera se estableciera en la zona acordaron que les construirían caminos, obras y la escuela, mismas que a la fecha no han cumplido.
Acusan a la minera de incumplir compromisos sociales, engañaron a la gente con obras para establecerse en el Valle de Ocotlán y ahora exigen hablar con los directivos para obligarlos a cumplir.
“Operación a mi esposa no fue posible por gotera en quirófano, la dieron de alta con fiebre y deshidratada, llevo gastado más de mil 200 pesos en médico particular, pido la reprogramen de inmediato”: Moisés González
José Gilberto Ibañez Anguiano / Pantallazo.Com
Villa de Álvarez, Col.- Moisés González Alcalá originario de Coquimatlán, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, denunció ante este medio de comunicación al Hospital de Especialidades del IMSS, su esposa Elena García Solís estaba programada para ser operada por un quiste y un tumor que le detectaron, pero no fue posible ya que le informaron que en el quirófano, estaba cayendo una gotera por recientes lluvias registradas, fue dada de alta de manera irresponsable por el Doctor Llamas, tenía mucha temperatura, fiebre y deshidratada.
Asimismo, manifestó que, debido a su padecimiento y a la nula atención, tuvo que llevarla con una Doctora Particular a Coquimatlán para que la controlarán, entre los días miércoles y jueves, ya lleva poco más de mil 200 pesos gastos en servicio de especialistas particulares en transporte, consultas e inyecciones.
Mencionó que las vacunas que le aplican a su esposa, tan sólo le aminoran el dolor, pero no le quitan el dolor que tiene a consecuencia del quiste y tumor que tiene, que la ponen prácticamente al borde de la muerte por lo que hace un llamado al Delegado del IMSS, Rafael Briseño Alcaráz y al Director del Hospital de Especialidades para que la operen a la brevedad posible ya que está muy delicada de salud.
Precisó que, el Doctor Llamas fue quien autorizó el alta de su esposa pese a conocer su estado de salud.
Finalmente, Moisés González señaló que, no quiere llegar a esos extremos, pero, en caso de que no reprogramen para cirugía a su esposa y llegue a fallecer, habrá de denunciar al Hospital de Especialidades del IMSS por negligencia médica, “no acepté que la reprogramaran para su operación hasta dentro un mes, pedí que la operaran lo más pronto posible”, concluyó.
Infoqroo/Diario de Yucatán
CHETUMAL.— Unos 60 maestros protestaron en las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) para exigir el pago de 4,500 pesos que no les cubrieron desde agosto pasado.
Ese grupo de docentes labora en comunidades de la zona limítrofe con Campeche y de la frontera con Guatemala.
Los educadores afirmaron que los 4,500 pesos corresponden a un concepto denominado “Arraigo”, que les debían pagar en la segunda quincena de agosto, pero que no les depositaron.
Reclaman su dinero
Según los inconformes, las autoridades de la SEQ les dijeron que se les depositarían a más tardar en septiembre, pero no han recibido esa prestación.
Por ello decidieron acudir hoy con la secretaria de Educación del Estado, Ana Isabel Vásquez Jiménez, para reclamar el recurso.
Como la funcionaria no los recibió, decidieron revelar ante los medios informativos la situación por la que atraviesan y presionar a la SEQ para que se les pague.
Los maestros reconocieron que su movimiento afecta a decenas de alumnos de nivel básico, pues se ven obligados a ausentarse de sus comunidades.
Sin embargo, insistieron en que eso no sucedería si las autoridades les pagaran, además que los recursos vienen etiquetados desde la Federación.
Una trabajadora del sector salud durante una inspección a una vivienda en San Andrés Tuxtla para evitar la propagación del dengue. Foto: Tomada de @SSALUDVeracruz
Noé Zavaleta / Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- La Secretaría de Salud Federal ya ubicó a Veracruz como primer lugar nacional con número de casos de dengue registrados y de “probables casos”, de acuerdo con la tabla Incidencia y Serotipos de Dengue, se registran hasta el momento 5 mil 267 casos de dengue.
De estos, 124 son catalogados como grave, 517 con signos de alarma, hay dos defunciones y 4 mil, 626 casos de “dengue no grave”. Veracruz también ocupa el primer lugar de dengue con una cifra de 26 mil 288 probables casos.
Al revisar la hemeroteca sanitaria, los casos de dengue se elevaron en casi un 100 por ciento, pues en el 2018 se contabilizaron 2 mil 863 casos.
Ante la epidemia y los cuestionamientos, el gobernador, Cuitláhuac García ha declarado que no se ha recurrido a jornadas de fumigación por parte de las Jurisdicciones Sanitarias, pues se corre el riesgo de “matar a las abejas” y a otro tipo de fauna no nociva.
En el puerto de Veracruz, el ayuntamiento que encabeza el alcalde Fernando Yunes –enemistado políticamente con el gobernador-, comenzó programas de fumigación en colonias populares de este caluroso municipio. Hoy, vectores sanitarios rociaron de insecticida la colonia Rio Medio 4.
En la entidad veracruzana, uno de los talones de Aquiles del actual gabinete conformado por servidores públicos extraídos de Morena es el sector salud, aunado a la epidemia de dengue, también hay escasez de retrovirales para el VIH, nulo abasto de insumos para intervenciones quirúrgicas y desabasto de medicamentos oncológicos.
Hoy, en el World Trade Center en Boca del Río, reporteros cuestionaron al secretario estatal de Salud, Roberto Ramos Alor quien apenas explicaba que se hacía lo posible por contener la epidemia de dengue, pero en cuanto le tocaron el tema de desabasto de medicamentos para contrarrestar el cáncer, el funcionario Alor prefirió huir de la prensa: “Perdón, perdón con permiso. Ese tema sí no”.
En junio pasado, Ramos Alor, estalló contra políticos de oposición, prensa y sociedad en general, quienes cuestionan al actual gobierno de Cuitláhuac García primero por el desabasto de medicamentos en los hospitales de Veracruz y luego por la adjudicación directa y con un contrato de 36 millones de pesos a una empresa señalada por irregularidades.
“No había medicamentos, y con toda la razón estaba la demanda… llegan los benditos medicamentos y ahora: ¿Que dónde los compró? Como ciudadano yo lo diría, no les embona ningún chile”.
En aquella ocasión, Alor pidió a la prensa dejar “atrás los compromisos que tengan” y darle una “objetividad social” a las acciones que realiza la Secretaría de Salud.
Ayer, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros subió a sus redes sociales imágenes del Palacio de Gobierno con luminarias rosas, para concientizar –dijo- sobre la importancia de combatir el cáncer de mama.
La lluvia de críticas de cibernautas, políticos de oposición y de periodistas no se hizo esperar, pues le recriminaron que en lugar de adornar el inmueble gubernamental, era prioritario voltear a ver el desabasto de medicamentos oncológicos en los nosocomios veracruzanos.
Por Esto!
Tizimín, Yucatán.- Alrededor de 200 ejidatarios de Popolnah tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de esta ciudad impidiendo el paso de empleados y clientes, en busca de un diálogo con los directivos para el pago de los más de 600 millones de pesos que aseguran les adeuda la CFE por el uso de suelo donde pasan sus líneas de transmisión.
Los Mochis, Sinaloa.- De manera pacífica, padres de familia, estudiantes y maestros del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), con sede en el CBTIS 43, emprendieron una manifestación pacífica para defender a los docentes de este centro educativo de un recorte a nivel nacional.
La coordinadora de este programa, Fátima Sepúlveda Fierro, explicó que esto inició por el recorte presupuestal del gobierno federal que a nivel nacional afecta a una planta laboral de más de 85 docentes.
En este centro, dijo, pretenden quitarles a una maestra de vital importancia y dejar solamente cuatro para la atención de 60 estudiantes con discapacidad auditiva, motriz y características especiales de aprendizaje.
Temor que lo quiten
La responsable de este programa educativo semiescolarizado, dijo que se tiene temor de que CAED desaparezca para el próximo año, ya que en el presupuesto gubernamental no está incluido.
“Ahorita fue una asesora, pero dadas las circunstancias quizá el próximo año desaparezca el programa.”
Malestar de los padres
Laura Elena Sánchez, madre de familia, dijo que CAED es una oportunidad de vida para estos jóvenes, ya que muchos ya no tenían a dónde ir y aquí tienen un espacio vital. “Es impensable que donde más se necesita más se quiera reducir. Debemos ser congruentes entre el discurso y la acción. Lo que está haciendo la SEP es reducir los espacios más necesitados y eso no debe ser así”.
Asimismo, Beatriz Elena Morales Bunquer, quien diariamente lleva a su hijo desde el ejido Chávez Talamantes a este plantel educativo en Los Mochis, lamentó los recortes presupuestales que hace el gobierno federal que afectan directamente a sus hijos.
Los estudiantes llegaron hasta la Presidencia Municipal donde protestaron y dialogaron con autoridades estatales y municipales
Zona Franca, 02 de Octubre de 2019
*Con información de Ricardo Aguilar
Celaya, Gto. Alrededor de 14 mil estudiantes de diversas preparatorias y universidades de Celaya se sumaron al reclamo de seguridad que se convocó para este miércoles hacia la Presidencia Municipal, tras el homicidio de dos alumnos del Tecnológico de Celaya en menos de un mes.
Foto: Ricardo Aguilar
Los “Linces”, como se les conoce a los alumnos del ITC, iniciaron desde ayer con las marchas para exigir seguridad para los celayenses y justicia tras el asesinato del estudiante Gabriel Luna Ibarra.
Para esta jornada, se sumaron a la manifestación los alumnos del Tecnológico de Roque, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Celaya y la Universidad Latina, Universidad de Guanajuato campus Celaya-Salvatierra, Universidad Politécnica de Cortazar, alumnos de DGTI e incluso de algunas preparatorias.
Este movimiento ha sido cuidado por los propios estudiantes, quienes colocaron cintas amarillas para delimitar los contingentes que avanzaron desde los diferentes campus universitarios. Las cintas impidieron que a la manifestación se colara alguien que no formara parte de la comunidad universitaria.
Para el filo de las 12:30 del día de este miércoles, el contingente mayor de estudiantes avanzó por avenida Insurgentes con dirección a la Zona Centro. Este grupo está formado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, lugar donde estudió Gabo, quien fue asesinado este fin de semana.
Alrededor de la 1:30 de la tarde, la plaza principal de Celaya ya reunía a entre 6 y 7 mil alumnos exigiendo que la paz vuelva a las calles de este municipio.
Foto: Ricardo Aguilar
Al rededor del medio día los estudiantes comenzaron a llegar a la Presidencia Municipal y se apostaron al frente con pancartas y consignas, minutos más tarde fueron atendidos por personal municipal.
Cerca de las 2:00 de la tarde fueron atendidos por una comitiva en la cual se encontraba la Alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, Alfonso Ruiz Chico, Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado, y representantes de instituciones educativas y áreas de seguridad municipal, estatal y federal, para iniciar una mesa de negociación.
Después de casi hora y media de diálogo y ante la creciente exigencia de los estudiantes la alcaldesa salió de la sala donde se dialogaba con una comitiva de estudiantes para, hacer frente a las protestas, no respondió preguntas ni atendió demandas de los manifestantes, a quienes les reconoció el coraje y le aseguró que están trabajando en la situación de inseguridad que a todos les afecta.
Foto: Ricardo Aguilar
Horas más tarde el gobierno municipal de Celaya emitió un comunicado en el que señaló algunos acuerdos generales a los que se llegaron tras la reunión con los estudiantes.
Entre los compromisos se mencionan el esclarecimiento del homicidio del estudiante Gabriel Luna Ibarra, un plan de seguridad coordinado con las instituciones educativas, buscar que se agrave el delito de robo a transeúnte así como incrementar los operativos de vigilancia en los alrededores de las instituciones educativas, entre otras acciones.
CANCÚN, MX.- Alrededor de 200 alumnos del Colegio Kukulcán de Cancún, de nivel bachillerato, marcharon este miércoles en conmemoración del 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
“Aplaude, aplaude, no dejes de aplaudir que el pinche gobierno se tiene que morir”; “Si Villa viviera en su madre les pusiera”; “Ayotzi vive, la lucha sigue”, y “aquí está, aquí está, el Colegio Kukulcán”, fueron algunas de las consignas que repitieron los jóvenes estudiantes.
Julián Ramírez Olivares, director general de la escuela, comentó que actualmente en todos los estados de la República siguen presentes las ejecuciones ‘extrajudiciales’ por cuestiones políticas, sociales o relacionadas con el crimen organizado, razón por la cual deciden seguir marchando cada año.
“Es la razón por la cual se ha visto minado el acceso a la justicia durante los últimos 15 y 20 años que ha colocado esta situación de indefensión mexicana”, destacó.
Por otro lado, aseguró que los presidentes municipales son los mayores culpables de las desapariciones forzadas en México.
El Colegio Kukulcán marcha desde hace 30 años cada 2 de octubre. Sin embargo, Julián Ramírez mencionó que la mayoría de los alumnos que se encuentran en el plantel son los que no lograron entrar a escuelas de gobierno por una violación de derechos humanos que existen en la ciudad, al no entregar más plazas.
“Actualmente hay una violación grave de los derechos humanos en esta ciudad que es no otorgar suficientes plazas de educación media superior”, finalizó el docente.
Javier Ortiz/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- Ejidatarios de Juan Sarabia que viven en la comunidad de Xul Há están devastando selva mediana, ubicada del otro lado de la carretera federal, para que puedan ingresar al programa federal “Sembrando Vida”.
De acuerdo con los habitantes, desde hace una semana están devastando la selva mediana que existe en las parcelas ubicadas cerca de los pozos de agua potable, para lo cual utilizan un tractor que los pobladores identifican como un Caterpillar D8, con el que están arrasando cualquier forma de vida en esa zona.
Uno de los ejidatarios beneficiados que prefirió omitir su nombre para evitar represalias, señaló que es un acuerdo al que llegó el comisariado ejidal, Ernesto Haro Gutiérrez, con 80 ejidatarios para que puedan ingresar a dicho programa federal que requiere la limpieza de 2.5 hectáreas por cada uno, lo que representa la devastación de 200 hectáreas en total.
Lamentó que desvíen el noble objetivo de este programa del gobierno federal, que tiene entre sus propósitos “hacer florecer el campo, respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos, de la flora y de su fauna”.
“Los ejidatarios de Juan Sarabia encabezados por Ernesto Haro Gutiérrez y Marcos Jiménez Potenciano, quien supervisa los trabajos de la maquinaria, están haciendo todo lo contrario porque están destruyendo hábitat de varias especies de aves, mamíferos, reptiles y demás animales que por años han vivido en esos lugares”, enfatizó.
De acuerdo con los pobladores, el comisario ejidal presume tener compradas a las autoridades de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por eso no prosperan las denuncias ambientales que existen en su contra.
“Por eso se pasa por el arco del triunfo las clausuras de relleno de manglares y devastación de flora y fauna del ejido porque existe corrupción, muestra de ello es esta devastación a pesar de las denuncias en su contra”, señaló molesto Lorenzo “N”.
Aseguró que es del dominio público los excesos del comisario ejidal en contra del entorno natural del ejido.
“Nadie dice nada porque es una persona de armas tomar y preferimos quedar callados esperando que algún día la justicia deje de ser corrompida, quizá sea cuando deje el poder”, indicó.
Ninguna autoridad ejidal o de la Profepa ha hecho comentarios al respecto, a pesar de que se les intentó localizar.
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SLP., 2 de octubre de 2019.- El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, donó un terreno ubicado en el Fraccionamiento El Toro para la instalación del cuartel de la Guardia Nacional (GN), pero los vecinos de la zona hicieron llegar sus quejas a diferentes autoridades, pues dicho predio ya se había apalabrado para la construir de una escuela secundaria.
Al respecto, la secretaria General del Ayuntamiento soledense, Yoloxochitl Díaz López, aclaró que la entrega de esta tierras conlleva un proceso en donde se priorizo el tema de la seguridad.
“Los vecinos que se acercaron tenían platicas constantes con el alcalde porque él recorre todo el municipio por las tardes y por las mañanas y tiene un acercamiento pleno con la gente para saber sus necesidades. Los vecinos le plantearon su problemática y en específico el presidente municipal les manifestó que en ese momento esas áreas de donación efectivamente eran para infraestructura de la población, pero nunca se especificó cuál era el predio que se les iba a entregar”, explicó.
Dijo que una de las características que el municipio busca es la inmediatez y que los proyectos sean de beneficio de la ciudadanía y “estamos viendo que la llegada de la Guardia Nacional era algo inminente que viene a beneficiar a este sector sobre todo por su presencia. El terreno fue requerido por la GN para sus operaciones generales a nivel estado y el alcalde está en toda la disposición de atender el tema de seguridad pública en el municipio”.
Informó Díaz López que además se tiene un proyecto a ejecutarse y si se autoriza comenzará a construirse en un plazo máximo de seis meses para instalarse en forma permanente en esta ubicación. “Se puso todo sobre la balanza, se analizó cuáles serían los beneficios que brinda tanto uno como otro proyecto y se espera que sean alrededor de mil 500 elementos los que pernocten y que tengan su base de operaciones fija aquí en el municipio”.
La secretaria general del Ayuntamiento dijo que hasta el momento ninguna otra institución les ha requerido el terreno. “Hasta el día de hoy, de parte de ninguna institución pública estatal hay una solicitud de donación. Sabemos de las necesidades de los vecinos pero también se les ha explicado en forma puntual cuáles son los requisitos y cuáles son las autoridades a donde deben pedir una donación y cuál es el procedimiento a seguir.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya cumplió, la GN nos justificó la necesidad y creo que es muy obvio que son instalaciones para una base fija. También sabemos cuáles son los beneficios que traería a la comunidad y al municipio el que se instalen en nuestro municipio”.
MANZANILLO, Col., 2 de octubre de 2019.- Este miércoles, el periodista y locutor Javier Montes Camarena, responsabilizó pública y penalmente de lo que le pueda pasar a él y su familia, al director de la Administración Portuaria Integral, Héctor Mora Gómez, por las amenazas de muerte hacia su persona y contra su integridad que hizo el funcionario federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en hechos ocurridos en el afamado restaurante familiar manzanillense denominado Bar Social.
El director de www.enlacemanzanillo.com, narró que el 20 de septiembre anterior, siendo aproximadamente las 16:00 horas y ante más de 20 comensales entre los que había mujeres y niños, llegó a su mesa el director de la API Manzanillo, Héctor Mora, quien a gritos reclamaba publicaciones hechas por las que ya demandó por daño moral, profiriendo además insultos y amenazas de muerte durante más de media hora, sin que le importara que la empresa restaurantera lo llamara a cejar en su actitud y a retirarse.
También mencionó el periodista y locutor, que en el momento de los insultos y amenazas, él estaba acompañado en su mesa por dos personas, una de ellas un adulto mayor discapacitado, sin que esto importara al funcionario federal de la SCT, el que se aseguró, realizó su agresión alardeando prepotencia e influyentismo.
La demanda del periodista y locutor Javier Montes Camarena fue presentada el 30 de septiembre en la representación en Manzanillo de la Fiscalía General, y le fue asignado el número de carpeta 1394/2019.
Texto y fotos: Juan David Castilla / Voz Alterna
El reclamo se escuchó sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad. “¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!”, gritaron una y otra vez.
“Hay que estudiar, hay que estudiar, el que no estudie de policía va a acabar”, increpaban alumnos de la Unidad Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV), mientras marchaban para recordar la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Menos de 100 estudiantes salieron de Humanidades. Posteriormente, pasaron por el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave”, donde otras diez personas se sumaron al contingente.
Recorrieron la avenida Ávila Camacho, el Viaducto del parque Benito Juárez y las calles Ignacio Zaragoza, Primo Verdad y Juan de la Luz Enríquez hasta llegar a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, también conocida como Plaza Regina Martínez.
Cuando pasaban por el Palacio de Gobierno, lanzaron diversas consignas, como: “esos son, esos son, los que chingan la nación”.
En la protesta también se observaba a integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y del Colectivo Acero.
Una gran cantidad de lluvia cayó cuando los estudiantes se acercaba a la entrada principal del palacio.
De acuerdo con Kevin Miñón, estudiante de la Facultad de Sociología, es de gran relevancia continuar saliendo a las calles durante el 2 de octubre para exigir la democratización de la educación.
“Muchas de las acciones que hicieron nuestros compañeros en el 2 de octubre del 68, siguen presentes”.
Mientras la lluvia arreciaba, los universitarios se resguardaban en bajos de Palacio de Gobierno, mostrando sus lonas y pancartas, donde se leía: “ni perdón ni olvido, el movimiento sigue vivo”.
Sólo un alumno decidió taparse de la cabeza a los pies con una manta de la protesta y permanecer en la plaza pública.
El reclamo se escuchó sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad.
“¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!”, gritaron una y otra vez.
El pasado 23 de septiembre de 2019 se llevó a cabo, en el auditorio ‘César Carrizales’ de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el conversatorio “La revolución de las mujeres: Kurdistán y México”. En ella participaron Magdalena García Durán, concejala mazahua del CIG, CNI; Teresa Castellanos, defensora del territorio de la comunidad de Huexca, Morelos; Melike Yasar, representante del Movimiento de Mujeres en el Kurdistán para América Latina; y Silvia Marcos, de la Red de feminismos decoloniales. Las intervenciones de las participantes giraron en torno a sus experiencias de lucha y resistencia en contra del capitalismo y el patriarcado. A través de sus intervenciones, se pusieron de manifiesto ciertas líneas de tensión entre los procesos de lucha en México y el Kurdistán.
El auditorio Carrizales se llenó de alumnos, académicos y demás miembros de la comunidad universitaria interesados en la palabra de las compañeras. Silvia Marcos contó que su relación con el movimiento del Kurdistán tiene ya 10 años, a partir de su visita a un pueblo kurdo en el sureste de Turquía. Explicó cómo la lucha de las mujeres kurdas le recuerda a la lucha de las mujeres del CNI, y mencionó cómo el ‘confederalismo democrático’ que están construyendo en el Kurdistán y los procesos autonómicos de los pueblos mayas zapatistas son procesos políticos nuevos a los que es necesario prestar atención. Además, dijo que hay similitudes entre estos procesos, como por ejemplo: el tema de la autonomía, los procesos productivos sustentables y el hecho de que las mujeres ocupan un lugar protagónico en estas luchas.
Hablando en particular del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), mencionó que era destacable que éste ha abandonado las antiguas concepciones de revolución que se hallaban estrechamente relacionadas con el concepto y política del Estado-nación, y en cambio ha decidido apostar a los procesos autonómicos. También habló sobre el principio de igualdad para todos los pueblos que abraza la revolución del Kurdistán, y los procesos de colectivización de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Cerró su intervención con una reflexión en torno a cómo la lucha de las mujeres Kurdas no permite la explotación ni el monopolio ni la cosificación de las mujeres.
Por su parte, Melike Yasar contó la historia de lucha del pueblo kurdo, la revolución que las mujeres kurdas están llevando acabo en el Kurdistán, y del papel que los hombres kurdos tienen en su acompañamiento a esta lucha. Melike realizó su intervención en español y comenzó por decir que para ella era un orgullo compartir la mesa con la compañera Magdalena, concejala del CIG, porque las mujeres kurdas habían crecido con el referente de lucha de los pueblos originarios de América Latina, del CNI y de las compañeras zapatistas.
Para explicar la lucha de las mujeres del Kurdistán, Melike afirmó que había que combatir la imagen romantizada que se ha promovido durante los últimos 6 años que presenta a las “bellas guerrilleras” en su lucha armada. La lucha de las mujeres, dijo, no es la lucha armada, o no sólo. Eso sólo representa el 10% de la lucha, pero lo más importante es la lucha que han emprendido desde hace 40 en contra del patriarcado, para transformarse ellas mismas, además de la sociedad y a los propios compañeros: Una lucha que implica organización, estudio, y trabajo casa por casa. Reconoció que el movimiento tiene 10 mil milicianas y 20 mil guerrilleras en el frente de guerra, pero aseguró que esa parte no es la más fuerte de su lucha.
Contó cómo el pueblo kurdo, es un pueblo de 45 millones de personas que nunca ha tenido un Estado-nación, y que no sólo ha luchado en contra de la opresión de los distintos estados-nacionales que se dividen el territorio del Kurdistán, sino también una lucha en contra de las distintas formas en que ha avanzado el patriarcado, por ejemplo a través de las religiones. Explicó que originalmente el pueblo kurdo venía del zoroastrismo, pero el Islam impactó fuertemente al pueblo kurdo, sobre todo por el influjo de los estado nacionales, como Irán y Turquía.
Habló sobre la historia de lucha del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) narrando cómo empezó con una visión marxista-leninista de la lucha, que tenía por horizonte la toma del poder político y la conservación de la estructura del Estado-nación; pero que, a lo largo de la lucha esa concepción fue cambiando radicalmente. Ahora, ya no piensan la lucha así, critican fuertemente la institución del Estado-nación, pues han reflexionado que el socialismo no se puede construir a partir de las instituciones heredadas del capitalismo. En este contexto mencionó el ejemplo de las comunidades zapatistas y de los pueblos autónomos del CNI, dijo que ellos están construyendo sus propias alternativas frente al capitalismo, y dijo cómo eso era un referente para ellos, y que en el Kurdistán están construyendo procesos autonómicos también.
Para ellos, no se puede separar la lucha en contra del capitalismo, de la lucha en contra de los estados nacionales ni de la lucha en contra del patriarcado. Afirmó que la liberación de la sociedad tiene que pasar por la liberación de las mujeres y de la naturaleza. Por eso explicó que ellas no quieren ni una sociedad sin hombres, ni una sociedad en donde los hombres ‘apoyen’ la lucha de las mujeres; sino más bien, una sociedad en donde los hombres entiendan que la lucha de liberación de las mujeres también es la lucha de ellos.
A través de su proceso de lucha, las mujeres kurdas han construido una academia, a la que todos los hombres tienen que asistir para poder participar de la revolución. Una de las disciplinas que tienen se llama ‘Gynelogy’, y se ocupa del estudio de la mujer en la sociedad.
Después habló Teresa Castellanos Ruiz, de Huexca. Ella contó cómo en su comunidad tienen 7 años luchando en contra del intento de imposición del Proyecto Integral Morelos, y en particular, de la termoeléctrica ubicada precisamente en Huexca. Teresa afirmó que han parado el proyecto durante todos estos años, y denunció la mentira de que esa termoeléctrica será para dar energía eléctrica a Morelos. Dijo que esa mentira empezó en sexenios anteriores y ahora es repetida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el Plan Integral Morelos va a llevar a cabo un ecocidio de la entidad. Además del PIM, dijo que hay 3 concesiones mineras en Morelos en Miacatlán, Jantetelco y Ayala que van a traer problemas ambientales y económicos a las comunidades.
Teresa mencionó que se ve claro que Andrés Manuel López Obrador es maderista y se está comportando como tal en el estado de Morelos. Dice, en su discurso que reivindica a Zapata y al zapatismo, pero en los hechos lo que quiere es destruirlos, igual que hizo Madero en tiempos de la Revolución.
Teresa dijo que también eran mujeres las que luchaban, aunque afirmó que no eran muchas, pero que a lo largo del proceso se han ido construyendo relaciones de amistad y solidaridad entrañables. Que antes de la lucha había vecinos con quienes ni se saludaba, pero que ahora hay amistades y relaciones de compañerismo que no se imaginaba posibles antes. También contó cómo su lucha se transformó, que antes era sólo en contra del PIM, pero que ahora también es para que se haga justicia al compañero Samir, que fue asesinado por luchar.
Teresa afirmó que a los que ocupan la silla presidencial no les importa lo que pase con ellos. Dijo: “El presidente ha dicho ‘el pueblo es sabio’. Pero nosotros preguntamos ‘¿a qué pueblo se refiere?’ A los pueblos indígenas no nos escuchan, no nos quieren.” Además, denunció que el presidente los engaño para que votaran por él, pues dijo que en campaña prometió que iba a clausurar el PIM, y sólo lo hizo para conseguir votos.
“Ya no tenemos los ojos cerrados. El gobierno nos dice ‘te amo, te adoro’, pero por la espalda nos mete puñaladas.” Teresa dijo que el asesinato de Samir había dolido mucho, mucho. Dijo que ese asesinato no le había servido de nada a los poderosos, que pensaron que si lo mataban a él, iban a meter miedo y la gente iba a dejar de luchar. Pero no pasó eso, Teresa afirmó que todo se encendió, que ahora están más fuertes que nunca. Además, dijo que Samir no era el único asesinado en la lucha, que había varios compañeros zapatistas a los que habían asesinado.
Teresa concluyó su participación reflexionando sobre la guerra que se vive en México. Dijo que muchos dicen que en México no estamos viviendo una guerra civil como en otros lados; sin embargo, “aquí están cayendo más muertos que en los países que están en guerra.” Y sobre eso afirmó que la guerra, la lucha, es contra el gran capitalismo, porque si éste sigue se va a acabar el mundo y los primeros que vamos a morir somos los seres humanos. Dijo: “En el lugar donde estamos en el planeta, somos huéspedes, no somos dueños […] La solución no es ponernos a barrer las calles, la solución es destruir las fábricas, luchar en contra del capitalismo.”
Finalmente participó la compañera Magdalena, quien había cedido su turno a Teresa. Agradeció la invitación a compartir sus conocimientos como mujer mazahua. Además, hizo la aclaración de que su participación no era en calidad de concejala ya que ése es un rol muy específico, sino como mujer, indígena mazahua. Contó que para sus abuelos y sus padres, la lucha fue la de ganarse un espacio en la calle para vender fruta para poder vivir. Lo cual no fue fácil. Contó como la autoridad le echaba petróleo a la fruta y se la robaban, los llevaban a la cárcel y los golpeaban. Les jalaban el pelo. Además había mucho desprecio y racismo hacia ellos como indígenas, los trataban de pobrecitos y de tontos. “Pero no somos pobrecitos ni somos tontos. Los poderosos pensaban que íbamos a seguir besando su mano.” Contó cómo se tenían que quitar de la banqueta cuando pasaban las personas trajeadas, y ellos estaban vestidos con sus ropas tradicionales. Dijo que se les cerraron las puertas de la educación porque no sabían hablar español y no sabían escribir. Agregó: “Nuestro único lugar era el parque y la calle, vendiendo chicle.”
Luego contó que vino la Otra Campaña, y fue ahí que pudieron volver a vestir sus ropas, porque ya la habían cambiado para que no los maltrataran. Empezaron a vestir como la gente de la ciudad, pero “no nos sentíamos a gusto, porque no era nuestra ropa”. Magdalena contó cómo se sumó a la Otra Campaña para enfrentarse a los poderosos y defender su cultura.
“Cuando vino la Otra Campaña me solidaricé con los de Atenco, que les querían poner un aeropuerto.” Contó cómo la detuvieron y la metieron a la cárcel. Entre los cargos que tenía estaban que había secuestrado a 6 policías, que cerró calles y que era delincuente. “Yo les dije que me daba risa, porque yo era la mujer maravilla para agarrar a 6 policías con arma.”
Además, dijo: “Pero ese es el sistema de nuestro país. La justicia la hace el propio pueblo que se da cuenta de lo que está mal. Gracias a las mujeres y jóvenes y niños que gritaron por nuestra libertad […] Cuando salgo, entonces digo la verdad: soy indígena, soy mujer, soy luchadora, no soy secuestradora, no soy delincuente.”
Después contó cómo empezó su camino con el CNI. Al CNI llegó en Nurio, Michoacán y dijo cómo cuando ella llegó ahí entendió que era una casa de todos los indígenas, donde todos se pueden escuchar. Explicó cómo el CNI no tiene líder, y cómo son todos los que cuidan, piensan, hacen y analizan. Explicó además que cuando nombraron a la compañera Marichuy para ser vocera, el objetivo nunca fue la presidencia, y eso lo dijeron claro siempre, el objetivo era organizarse. Se trataba de ir y conocer a todos los que se resisten y luchan e invitarlos a que se organicen. Porque los poderosos y el capital están avanzando para apoderarse de los bosques, las tierras y las aguas.
Explicó que la lucha del CNI para defender la tierra no es con armas:
“Nosotros no tenemos armas, las armas es la palabra, es la resistencia, es la rebeldía […] Pensamos que tal vez es la última lucha de los pueblos indígenas.”
Además, afirmó que el CNI piensa que la lucha no puede ser sólo de los pueblos indígenas y que por eso llamaron a los maestros, a los estudiantes, a las mujeres, a todos los que son concientes. Dijo cómo hay gente que le dice que ella no es de Morelos y que entonces por qué quiere defender y luchar por lo que pasa en Morelos. Entonces hizo un llamado a entender que lo que pasa en Morelos nos afecta a todos, explicó cómo el problema de Huexca es un problema para todo México, igual que el Tren Maya y lo mismo con el proyecto Transístmico. Son proyectos que afectan a todo México. Magadalena recordó lo que había dicho Melike sobre cómo la lucha era ir casa por casa, dijo que era cierto. Que había que luchar así, casa por casa para hacer conciencia.
Cerró su intervención explicando que en el CNI se rigen por 7 principios que llaman “Mandar obedeciendo”. Dijo que mientras se rijan por esos principios no va a llegar nadie a engañarlos con una gorra ni con dinero. Porque la lucha para defender los bosques, la tierra y el agua tiene que seguir.
Luego de que el pasado 25 de septiembre, los directivos de Minera Gorrión presentaran una serie de documentos en donde diferentes organizamos federales validaron los avances del Proyecto Ixtaca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, para la construcción de la mina a cielo abierto de oro y plata; el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla acusó a la subsidiara de la canadiense Almaden Minerals Ltd. de tergiversar la información. Por su parte la empresa puntualizó que los señalamientos de los activistas no tienen sustento.
Uno de los puntos que confrontó a los activistas y los representantes de la Minera Gorrión fue el tema de la presencia de indígenas en la zona de influencia del Proyecto Ixtaca.
A través de un comunicado, el Consejo Tiyat Tlali destacó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI); en la demarcación de Ixtacamaxtitlán sí hay presencia de población indígena.
Esta presencia también fue reconocida por los representantes de la Minera Gorrión, sin embargo los representantes del Proyecto Ixtaca presentaron un documento oficial de la Comisión Nacional para los Derechos Indígenas donde se confirma, que, si bien Ixtacamaxtitlán es un municipio con presencia indígena, específicamente dentro del área de influencia del proyecto no hay comunidades de este tipo.
Es por ello, que la consulta indígena para cuestionar a los pobladores la construcción de la mina a cielo abierto para extraer oro y plata, que solicitaron los activistas, no procedió.
El amparo
Acerca del amparo interpuesto por la comunidad y Ejido de Tecoltemi donde parte de la población se oponía al proyecto minero, el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla recordó que “el pasado 11 de abril el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla, emitió sentencia concediendo amparo a la comunidad (…) dentro del juicio de amparo 445/2015”.
El Consejo agregó que dicho proceso legal continúa pero ahora en manos de un Tribunal Colegiado, una vez que “la empresa impugnó la sentencia”.
Al respecto Minera Gorrión señala que dicho amparo “interpuesto por algunos habitantes de la comunidad de Tecoltemi, población que se encuentra a 10 kilometros del área de influencia del proyecto en contra del gobierno de México. Éste involucra unas concesiones canceladas hace 4 años”
Al mismo tiempo informa que: “La resolución judicial de abril fue impugnada por la empresa, el Congreso de la Unión, el Senado, la Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas, cada uno por sus propias vías. Tras recibir estos recursos en tiempo y forma, la juez del caso lo turnó al Tribunal Colegiado correspondiente, continuando por ello el caso dentro del ámbito judicial y sin que hasta el momento haya una sentencia definitiva”.
Con esta explicación Minera Gorrión destaca que las acciones que realiza como parte del Proyecto Ixtaca se realizan en un territorio que por el momento no se encuentran bajo ningún amparo ni causa judicial.
Pobladores del municipio Juan C Bonilla, Puebla, denuncian que con el respaldo de policías estales, federales y militares, las autoridades municipales buscan iniciar el proyecto de la ampliación del corredor industrial de Huejotzingo. Aseguran que dicho proyecto traería enfermedades y afectaría de manera significativa su economía.
A pesar de que la comunidad en diversas ocasiones manifestó el rechazo al proyecto de ampliación del corredor, que nace en el río Atoyac y desemboca en el río Ametlapanapa, las empresas iniciaron la semana pasada las obras para instalar los colectores industriales que recibirían los desechos. En el lugar se hizo presente la fuerza pública para garantizar los trabajos de construcción, aseguran pobladores.
Agregan que el proyecto replicaría la situación que se vive en el río Atoyac: en los municipios cercanos las personas fallecen a causa del cáncer, insuficiencia renal y otras enfermedades producto de la contaminación industrial. Asimismo, detallan que existen más de 10 empresas con permiso para descargar sus residuos en el río Ametlapanapa, lo que ya ha afectado de manera significativa sus cosechas.
Producto del disgusto al proyecto, el pasado domingo la comunidad decidió cerrar la presidencia municipal de Juan C Bonilla. Los manifestantes acusaron al presidente municipal, Joel Lozano Almeda, que en campaña aseguró no estar de acuerdo con el proyecto y, sin embargo, fue quien dio vía libre a que se iniciaran las obras. De igual forma denunciaron que existen amenazas de muerte y encarcelamiento a los líderes que se oponen al proyecto.
Los líderes comunitarios buscan tramitar un amparo para detener el proyecto por las enfermedades que traería así como sus consecuencias sociales y ambientales.
Culiacán, Sin. – Con 89 homicidios y 35 feminicidios cerró el mes de septiembre en Sinaloa, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, convirtiéndose en el mes más violentó, aumentando siete casos en comparación con el mes anterior.
De esta manera, en lo que va del año se han registrado 695 homicidios dolosos, presentando una baja de 168 crímenes en comparación con el año 2018, donde se registraron 863 asesinatos en Sinaloa, durante el mismo periodo.
De acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía del Estado y Semáforo Delictivo, el estado tuvo en promedio 2.95 muertes por día, superando con cinco milésimas al mes anterior, donde se registraron 85 muertes.
En el caso de los feminicidios, el mes cerró con cinco, siendo un total de 35 los cometidos durante el año, teniendo un caso más en comparación con el mes anterior y cinco en comparación con el mismo mes, pero del año 2018.
En total fueron 15 los municipios que tuvieron incidencias, y solamente tres terminaron con saldo blanco, siendo Concordia, Cosalá y Sinaloa de Leyva los que no presentaron homicidios durante el mes.
Por su parte, el municipio que más homicidios tuvo fue Culiacán con 47 hechos, seguido por Mazatlán con nueve, Mocorito con seis, Ahome y Guasave con cinco, respectivamente; Badiraguato, Choix, El Rosario y El Fuerte tuvieron tres casos cada uno, por último, Angostura, Elota, Escuinapa, Navolato, Salvador Alvarado y San Ignacio, solamente tuvieron un hecho.
El Observatorio de Seguridad y Justicia del Departamento de Derecho Público, de la Universidad de Guadalajara, dio a conocer una gráfica sobre homicidios en los nueve municipios metropolitanos, la cual muestra un considerable en la cantidad de homicidios de 2018 a 2019 principalmente en los municipios de Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque.
La tabla difundida en la redes sociales del Observatorio, señala que se realizó comparando la cantidad de homicidios de enero a junio de ambos años, en base a las cifras de la página de transparencia de la Fiscalía Estatal.
Se observa que el único municipio que mantuvo la cantidad de homicidios fue Juanacatlán, con dos, seguido de Ixtlahuacán de los Membrillos que el año pasado tuvo cinco y ocho en el presente.
Le sigue Zapotlanejo con cuatro del año anterior y siete en el actual. Continúa El Salto con 44 en 2018 y 51 en 2019. En Tonalá se disparó la cifra de homicidios de 65 a 111. En Zapopan la cantidad pasó de 98 a 143 en el año que transcurre.
Mientras que en Tlajomulco de 108 homicidios el año pasado, en el presente de enero a junio hubo 145. Tlaquepaque subió de 133 a 165. Finalmente Guadalajara sólo tuvo un incremento de seis asesinatos, es decir de 208 a 214.
De poco han servido las alertas de violencia de género para Jalisco que han emitido los gobiernos estatal y federal, pues en la entidad los índices de agresiones contra mujeres siguen estando entre los más altos del país, lamentaron investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“Los resultados no han incidido en la disminución de los crímenes porque hacen falta muchas cosas. En primer lugar, hay mucha impunidad. De los feminicidios, casi ningún (presunto responsable) está encarcelado (…) Hacen falta cambios culturales, educativos, de valores y el gobierno debe de tener el papel de salvaguardar la vida de las mujeres, pero no lo ha logrado porque no es un tema prioritario para ellos”, expuso el maestro Alfonso Hernández Rodríguez, coordinador del Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
El 8 de febrero de 2016, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval Díaz emitió la alerta de violencia contra las mujeres (AVM) para ocho municipios, mientras que el 20 de noviembre de 2018 se emitió otra, pero federal, para 10 demarcaciones.
Actualmente, son 11 municipios los que cuentan con una alerta de género: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Mezquitic y Ameca.
Pese a los mecanismos emitidos para estos sitios, Hernández Rodríguez indicó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México, Guanajuato y Jalisco ocuparon las primeras posiciones en número de homicidios dolosos cometidos contra mujeres de enero a agosto de 2019.
Por ello, añadió el académico, resulta indispensable que se dote de mayores recursos a las instancias estatales que atienden a mujeres violentadas, así como fortalecer las casas de acogida para quienes se ven obligadas a dejar sus hogares por motivos de género.
Las instalaciones de la UPN. Foto: Tomada de Wikipedia
Ixtlixóchitl López/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Permanente de Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Ajusco realizó este martes un paro de labores para exigir el pago total de estímulos sin impuestos y mayor presupuesto para la institución.
Además, los profesores inconformes solicitaron la sustitución de la rectora Rosa María Torres Hernández.
La semana pasada la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) alertó sobre la situación de la UPN, pues advirtió que, a pesar de estar considerada como institución formadora de docentes en la nueva reforma educativa, no tuvo un incremento real en el proyecto de presupuesto de Egresos de la federación.
El organismo precisó que este año la UPN recibió un presupuesto de 858. 3 millones de pesos y que para 2020 se prevé que obtenga 889.6 millones de pesos, lo que considerando la inflación representa un incremento real de 0.1%.
A través de sus redes sociales, las autoridades del plantel informaron la suspensión de los servicios administrativos y académicos en la unidad Ajusco.
Colectivo Grieta, 1 de octubre de 2019
Ciudad de México.- En el marco de las acciones para demandar justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayoztinapa, y de las preparaciones para la movilización del 2 de octubre, los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso (perteneciente al a UNAM), realizan un paro de 7 días para organizarse, e impulsar la concientización reflexión política en la comunidad estudiantil. Las mantas que cuelgan en las rejas del plantel, en apoyo a la libertad de Miguel Peralta, y para recordar a Samir Flores (luchador indígena asesinado en Morelos), invitan a cuestionar políticamente hacer un alto en el ajetreo diario, y voltear a mirar a los estudiantes y a su lucha.
En este paro participan estudiantes de toda la comunidad de la prepa 6, organizados fundamentalmente alrededor del Cubículo Estudiantil del plantel, y de un colectivo denominado “Comité Mujeres Prepa 6”.
Los estudiantes demandan también la libertad de Miguel Peralta, indígena mazateco injustamente preso Foto: Colectivo Grieta
En una plática con una de las guardias del paro comentó:
“Pensamos que hay un gran vacío en los espacios de la UNAM. La violencia de género en la UNAM es un problema muy cañón, especialmente porque desde la institución se encubre a los perpetradores. A pesar de que existe un protocolo de género al interior de la institución, representado por la UNAD (Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM), éste no funciona; hay mucha difusión del mismo, e incluso hay números telefónicos a los que nos podemos dirigir; sin embargo, no es posible comunicarse. Necesitamos una orientadora de género en cada plantel de educación. La situación en cuanto a violencia de género en la prepa es grave, pues en el plantel ya han habido bastantes casos de acoso, y gracias a la organización de los y las estudiantes, estos casos se han ido visibilizando y se han logrado acciones al respecto gracias a la movilización estudiantil. Por ejemplo, en el plantel, dos profesores han sido retirados de sus cargos debido a comportamientos indebidos hacia los estudiantes, o bien, por utilizar su posición de poder para obligar a los estudiantes a realizar actividades académicas que nada tienen que ver con el programa de estudios establecido desde la institución. En un caso, Erick de la Vega, profesor de literatura, fue denunciado por varias estudiantes por acoso y comportamiento indebido hacia ellas. La movilización estudiantil logró que él y otro profesor fueran retirados de sus cargos.”
Como estudiantes, ellos ven una comunidad estudiantil apática y no participativa. No reaccionan ni se movilizan ante la situación nacional. Por eso, uno de sus objetivos dentro de la movilización es lograr la concientización de la comunidad.
El paro ha sido motivado por el trato injusto por parte delas autoridades. Foto: Colectivo Grieta.
Nos cuentan que ellos quieren seguir haciendo su trabajo, seguir en la lucha. En particular, continuarán organizándose como estudiantes en torno a actividades muy sencillas pero prácticas, orientadas a apoyar a los estudiantes: por medio de los préstamos de batas, de balones, pelotas y raquetas, para las actividades deportivas y de recreación; también proporcionan medicamentos para combatir el cólico menstrual de las compañeras, y de la misma manera ofrecen toallas sanitarias para ellas.
Adicionalmente a eso, se han organizado para construir una biblioteca digital, en la cual suben los materiales que algunos profesores piden que lean obligatoriamente, y de esta manera los estudiantes no tienen que hacer los gastos exorbitantes que los profesores están exigiendo.
En su pliego petitorio ya tienen delineadas una serie de acciones. Principalmente, acudirán a la UNAD para impulsar que se le dé formación especial a una persona que pueda atender los casos de violencia de género que siguen ocurriendo al interior del plantel.
También acudirán con el abogado de la prepa, para exigir que publique un informe mensual de todas las situaciones de acoso y violencia de género que ocurren en el plantel.
Los estudiantes trajeron a la primera de línea de lucha la memoria de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, asesinado hace unos meses. Foto: Colectivo Grieta
Los estudiantes se proponen seguir trabajando para que todas las compañeras del plantel estén concientizadas acerca de lo que es la violencia de género y cómo combatirla, así como para que sepan qué hacer en casos de violencia. También quieren organizar pláticas y conferencias acerca de psicología, salud mental, salud sexual, ecología y sustentabilidad, para contribuir a esa concientización. Por último, trabajarán para que exista un psicólogo de planta en la prepa, el cual ofrezca atención de calidad para todos los estudiantes; esto se debe a que conocen muchos casos de trastornos mentales en los estudiantes del plantel, de hecho se han reportado varios intentos de suicidio entre los estudiantes, y un suicidio ya documentado.
Así alumnos y alumnas de la Prepa 6 muestran que la reflexión, la organización y la acción cotidiana por mejorar las condiciones inmediatas de su día a día es también otra forma de recordar, resistir y luchar.
Ell@s lo resumen así:
“Ante la situación de violencia de género que viven en el plantel, los estudiantes se organizan.
Ante la inacción de las autoridades y los abusos de autoridad por parte de algunos profesores, los estudiantes se organizan.
Ante la situación de trastornos psicológicos y los intentos de suicidio, los estudiantes se organizan.”
Noticaribe
CANCÚN, MX.- Los festejos por el 40 aniversario del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Quintana Roo se vieron empañados por la presencia de un grupo de docentes que denunció que su director estatal, Aníbal Montalvo Pérez, continúa sin pagarles diversas prestaciones desde 2016, lo que afecta a 380 personas. El señalado les ha dicho que es por falta de dinero, lo que aseguran es mentira, pues al funcionario le ha alcanzado para rentar oficinas, contratar un secretario particular y hasta derrochar en estas celebraciones.
“Lo que exigimos es, en primer lugar, la liberación de un recurso federal etiquetado, de un recurso del ejercicio 2016-2017; tenemos información fidedigna de transparencia, de oficinas nacionales, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que ese recurso llegó al estado; son más de 4 millones de pesos; el director general Aníbal Montalvo hace oídos sordos a nuestras peticiones”, denunció en entrevista Werner Aarón Ku Pech, secretario general del sindicato de docentes.
La respuesta a todos estos cuestionamientos es que este recurso no corresponde a su gestión, puesto que él asumió en abril de 2018.
“Se lava las manos; es imposible esa actitud porque él es nuestro jefe; no puede evadir su responsabilidad y nos tiene que cumplir con ese pago al estímulo docente; además exigimos la recategorización inmediata de los docentes; hay quienes tienen maestría o doctorado y ganan en el nivel más bajo de todos los subsistemas: 100 pesos por hora; exigimos el nivel que nos corresponde”, indicó.
Mientras la ceremonia continuaba, con la premiación a los alumnos destacados, y el director estatal daba su mensaje, los inconformes se congregaron detrás suyo, mostrando cartulinas con mensajes de protesta.
“El subsistema más golpeado”
“Somos el subsistema más golpeado y más pisoteado, por debajo de los Cecytes y Bachilleres”, sentenció. Relató que estos problemas se han venido dando desde hace tiempo. A Montalvo Ruiz le han presentado oficios desde que asumió la dirección, la cual heredó de Nelia Uc Sosa, quien a su vez llegó cuando se fue Cecilia Loría Marín. En sus gestiones se habría iniciado el atraso con los pagos.
Dice que si no hay respuesta convocaran a un paro nacional la próxima semana. Aclara además que la dirigencia nacional e incluso instancias estatales les han dicho que el dinero ya llegó en su momento a Conalep Quintana Roo y que no pueden intervenir.
“Hemos platicado en la Cámara de Diputados, la de Senadores, con la presidenta de la Comisión de Educación, con el presidente de la Comisión de Presupuesto; solo pedimos que a trabajo igual salario igual; el dirigente nacional nos reenvía con el director general Aníbal Montalvo; Sefiplan también ya nos dijo que no puede inmiscuirse en la vida interna del organismo descentralizado”, detalló.
Derroches en oficinas y festejos
En contraste al argumento de que Conalep no tiene dinero enlistan lo que ellos consideran son las pruebas de que sí hay recursos pero que se están ocupando en todo menos en pagarle a los maestros.
“Tiene ejecutivos zona norte y zona sur, algo que ningún director general había tenido; tiene a su secretario particular; ha contratado personal administrativo en los demás planteles, apenas incorporó a una jurídica, sus oficinas -que antes eran ordinarias- ahora son ejecutivas, modernizadas y para acabar son rentadas, no son propias”, enunció.
Concluyó resaltando que incluso está gastando excesivamente por los festejos del 40 aniversario del subsistema. “Va a celebrar en Cancún, en Chetumal, trae a periodistas como (Jorge) Zarza a una conferencia; el señor no cobra 10 mil ni 30 mil pesos; ¿qué sucede, hay o no hay recursos?”. (Agencia SIM)
Foto: Guerrero de Sal.
Los hechos se registraron este fin de semana, en inmediaciones de la colonia Fundo Legal en Guerrero Negro.
Mulegé, Baja California Sur (BCS). Este fin de semana se inició una carpeta de investigación por un atentado contra el auto del titular del medio digital Guerrero de Sal, en el municipio de Mulegé; sujetos desconocidos le rociaron gasolina y le prendieron fuego.
Los primeros informes detallan que los hechos se registraron en las primeras horas de este sábado 28 de septiembre, en la calles Constituyentes de 1975 de la colonia Fundo Legal, donde se encontraba estacionado el vehículo.
Sujetos desconocidos a bordo de un automóvil llegaron a rociar gasolina a la camioneta del comunicador de la marca Honda CRV, para después prenderle fuego y darse a la fuga.
El incidente no pasó a mayores debido a que, en los patrullajes de vigilancia de la Guardia Nacional elementos de seguridad se percataron de los hechos y el incendio fue controlado a tiempo.
Por otro lado, trascendió que a unos metros de la escena se localizaron envases de refresco que presumiblemente fueron utilizados por los perpetradores, pues quedaban en su interior restos de gasolina.
Finalmente, el comunicador denunció lo ocurrido ante las autoridades competentes, quedando registrado en la carpeta de investigación GN/298/2019/NUC, iniciándose también los mecanismos de seguridad, como medida de protección en favor del ofendido.
Conviene recordar que, a inicios del 2019, fue encontrado sin vida el periodista Rafael Murúa, mismo que fue reportado como desaparecido en el municipio de Mulegé; luego de 9 meses después del hallazgo, se informó sobre la detención del autor intelectual del homicidio.
Por Alan Jiménez y Erika Gutiérrez / Quadratín Hidalgo
NOPALA DE VILLAGRÁN, Hgo., 1 de octubre de 2019.- Pobladores del municipio de Nopala de Villagran y demarcaciones aledañas, denunciaron que mediante una avioneta que sobrevuela la región en círculo, la empresa fotovoltaica asentada en la región suelta sustancias para disipar las nubes para bajar el torrencial de lluvias, lo cual está afectando sus cultivos y generando enfermedades.
Los afectados solicitaron al gobierno local información respecto al funcionamiento de la central fotovoltaica Guajiro, además de los permisos otorgados para el asentamiento de dicha empresa en ese municipio, pues presumentamente la avioneta es propiedad de la empresa.
Para buscar una solución a esta problemática se han realizado tres reuniones, la primera el pasado 21 de septiembre en el Telebachillerato de la comunidad de Dañu con la empresa Atlas Renewable Energy, presidida por Miguel Chávez Loeza, donde se abordó el tema de la presencia de avionetas que sobrevuelan la zona y que disipan sustancias en las nubes, presuntamente por la instalación de paneles solares en más de 400 hectáreas.
Ante el cuestionamiento, el representante de la empresa Atlas, negó que las avionetas fueran propiedad de la empresa, respecto a los permisos otorgados por las diferentes instancias y dijo no llevarlos, por lo cual se programó una nueva reunión para el pasado sábado 28 de septiembre en el mismo lugar, en donde estaría también el presidente municipal David Padilla Guerrero, el gerente de la empresa Atlas, Camilo Serrano y de un representante de Gobierno del Estado, sin embargo, ninguna autoridad se presentó.
En esa ocasión acudieron pobladores de comunidades de los municipios de Nopala de Villagrán, Huichapan, Chapantongo, Tepeji del Río, Aculco, Polotitlán, Jilotepec, San Juan del Río, Paso de Mata.
Ante la situación los vecinos acordaron una asamblea pública el lunes 30 de septiembre a las 9 horas frente a la presidencia municipal de Nopala de Villagrán para exigir que una explicación a las autoridades.
Frente al Palacio Municipal y en presencia del alcalde, varios lugareños tomaron la palabra y externaron sus dudas y exigieron información respecto a la avioneta, así como el motivo de su presencia en la zona y los permisos expedidos a la empresa para su asentamiento.
Además, pidieron que se convoque a la asamblea municipal a una sesión de cabildo extraordinaria para que se comprometan a que no habrá permisos de cambio de usos de suelo en tanto no se aclaren sus dudas, así como la presencia de la avioneta.
Ahí los pobladores expusieron que no están en contra del asentamiento de empresas, sólo piden que no se haga con engaños.
Durante su intervención el presidente municipal se comprometió a realizar una investigación en coordinación con Gobierno del Estado respecto a la procedencia de la avioneta, y leyó un comunicado que le envió la empresa en donde se deslindan de la presencia de la avioneta, así como los daños al clima, al tiempo que también pidieron que se investigue la situación.
Por separado en el Congreso local el diputado local Armando Quintanar Trejo dijo que ante la intriga que viven habitantes del municipio de Nopala por sobrevuelos de avionetas de la central fotovoltaica de la empresa Atlas Renewable Energy, en la que se presume que por medio de químicos dispersan las nubes y con esto se evitan lluvias, pidió al gobernador, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal y municipales de Nopala de Villagrán, atender e informar sobre el funcionamiento de dicha central en Guajiro.
El legislador detalló que entre los habitantes hay inquietud en torno a sobrevuelos de avionetas en los cielos de Nopala, ya que los han asociado con la intención de lanzar sustancias químicas a las nubes y dispersar las lluvias, con la central fotovoltaica Guajiro, por lo que han solicitado, (sin obtener respuesta hasta el momento), conocer el impacto real y las acciones que se toman para el adecuado funcionamiento de la central, así como los efectos secundarios, tras la puesta en marcha del complejo.
Armando Quintanar manifestó que es importante reconocer los efectos positivos que tienen las energías renovables, pero también rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones en cuanto al funcionamiento de la central.
Explicó que los ciudadanos de Nopala convocaron a reunión el sábado 28 de septiembre con la empresa, autoridades del ayuntamiento y del estado, pero ninguna de las autoridades se presentó, aunque ya se había realizado un encuentro, el 21 de septiembre, con el representante de la empresa, donde se habló del vuelo de las avionetas en Nopala para atomizar las nubes y evitar las lluvias, lo cual causa problemas de sequía en el campo, y conjuntivitis, dolores de cabeza, dermatitis y sinusitis en las personas.
El representante de la empresa negó que las avionetas fueran de su propiedad.
“Hago un llamado para que autoridades estatales y municipales atiendan el problema de forma directa, que se esclarezca la relación del sobrevuelo de las avionetas con la central fotovoltaica Guajiro en el municipio de Nopala de Villagrán y se especifique cuál es su propósito, e informen de manera detallada el funcionamiento de la central fotovoltaica, para que la población conozca el impacto real y las acciones que se toman para el adecuado funcionamiento de la central, así como los efectos secundarios”, demandó el legislador.
El exhorto considera que el gobernador informe sobre el funcionamiento de la central fotovoltaica y su relación con las avionetas; que Semarnath supervise que la empresa cumpla con acciones que favorezcan al ambiente y haga entrega de los permisos necesarios para cualquier acto o medida que la empresa tome, además de proteger y garantizar la estabilidad y resguardo adecuado de los recursos naturales.
Entre 2013 y 2017, el gobierno federal destinó más de 940 millones de pesos para la instalación de 16 plantas de tratamiento de agua en Puebla y Tlaxcala; sin embargo, esto ha propiciado casos de desvío de dinero y complejos construidos, pero sin entrar en operaciones en la entidad.
De acuerdo con el estudio “Corrupción en el sector del agua ¿Quién es el responsable de la crisis?”, se destaca al Río Atoyac como uno de los caudales más contaminados del país, pues se han detectado partículas fecales, metales pesados, desechos químicos y compuestos cancerígenos.
El principal argumento de los investigadores sugiere que gobiernos locales “han privilegiado el negocio con la construcción de plantas municipales”, en el que aseguran que grupos empresariales construyen Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs), pero no las ponen en marcha.
“Los dejan como meros elefantes blancos”, señaló Alejandra Méndez, directora del Centro “Fray Julián Garcés”, de Derechos Humanos y Desarrollo Local.
El patronato del Centro Universitario del Valle de Zacapu había donado el lugar, pero como el gobierno no se hizo cargo ni está pagando a maestros, reclama que lo regrese y se vayan los 350 estudiantes nuevos del programa.
Foto: Google Maps
Por Itxaro Arteta / Animal Político, 30 de septiembre de 2019
Los alumnos de la universidad creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Zacapu, Michoacán, están a punto de quedarse sin escuela por un conflicto con las instalaciones donde apenas hace un mes habían empezado a tomar clases.
Laura Zamora Yáñez, de 25 años, cuenta a Animal Político que no sabe qué va a pasar. Esta semana vio cómo ya no llegó una maestra que le daba dos de sus seis materias, pues al menos desde que empezaron las clases, el 26 de agosto, no le habían pagado. Jefa de grupo de su carrera, Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable, también está preocupada porque de 37 estudiantes que eran en su salón, unos 10 dejaron de asistir en los últimos días.
Hace apenas cinco meses, todo era ilusión en Zacapu. El 5 de abril pasado, el propio López Obrador fue a dar el banderazo al programa de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez en Michoacán. Lo acompañó el gobernador del estado, Silvano Aureoles, y la coordinadora de las escuelas, Raquel Sosa Elizaga. Ahora ninguno de ellos da la cara ante los alumnos.
Este plantel sería el único del país con cuatro carreras ofertadas —Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable, Ingeniería Industrial, Derecho, y Contabilidad y Administración Pública—, debido a que eran las que se impartían en el ya existente Centro Universitario del Valle de Zacapu (CUVZ), que se transformaría en Universidad para el Bienestar Benito Juárez.
Foto: Animal Político
El cambio incluiría que en lugar de pagar 900 pesos mensuales por estudiar, que era como funcionaba, ahora todos los inscritos recibirían la beca de 2 mil 400 pesos que prometió el programa federal, que absorbería el control de la universidad.
Ante el anuncio, se inscribieron el doble de estudiantes de los que ya atendía: la matrícula actual es de 718, de los que alrededor de 350 son de nuevo ingreso.
El alcalde, Luis Felipe León Balbanera, explica que el Patronato del CUVZ donó el lugar al gobierno federal para la nueva universidad, pero todo fue de palabra, de buena fe y sin firmar documentos.
Laura recuerda que la directora se fue a trabajar con Sosa y llegó un nuevo director, pero solo estuvo unos días, y ahora ni siqueira saben quién es la autoridad de la escuela.
“Lo que dicen los directivos de la Universidad del Valle de Zacapu es que nunca se hizo un contrato, nunca se estableció por escrito las condiciones de cómo iba a ser; los maestros únicamente se registraron pero tampoco tienen contrato, así que el problema es que no están recibiendo ningún pago. Los directivos literalmente dejaron la escuela, se iba a hacer cargo el programa Benito Juárez, pero ya jamás se siguió el orden por escrito, todo quedó en el aire, en una plática y ya”, señala la estudiante.
“Las maestras, el patronato que estaba de la universidad, llega el momento en que dice: oye, ¿qué va a pasar con los jóvenes que ya van en séptimo, en los otros semestres? Y al no haber una respuesta, dicen ellas: pues no, que se vayan los de la Benito”, detalla el alcalde.
Hace como dos semanas, recuerda Zamora, los maestros hablaron con los estudiantes y les dijeron que tenían que decidir en cuestión de unos días si querían quedarse estudiando pero con el pago de cuotas que tenía la universidad, o si querían seguir en el programa Benito Juárez, tendrían que abandonar el plantel y no sabían a dónde o en qué condiciones.
El pasado 20 de septiembre, el patronato del CUVZ publicó un boletin informando a la comunidad universitaria que solo se haría cargo de los alumnos con documentación previa de su escuela, con 35 años de historia, pero no de los adheridos al programa Benito Juárez —que igual que en otras partes del país, no tienen ni credencial de estudiante u otro documento oficial, más que un número de folio de inscripción—.
“Al resultar estas instalaciones insuficientes dada la alta demanda en la inscripción de estudiantes, se está solicitando a la Dra. Raquel de la Luz Sosa Elizaga, la reubicación tanto del personal docente, adinistrativo, así como de todos sus estudiantes a más tardar el día viernes 11 de octubre del año 2019”, dice el comunicado.
Ese mismo día respondió el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (antes Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL), señalando que desde diciembre las directoras del CUVZ entregaron las escrituras del inmueble y se incorporaron al nuevo organismo, hasta que el pasado 10 de septiembre abandonaron sus puestos sin enviar su renuncia o justificación.
También aseguró que se habían pagado 509 mil 558 pesos en sueldos a los maestros en los meses de abril, mayo, junio y julio; y que a los estudiantes les ofrecen ser reubicados en otras sedes del Programa con las mismas carreras, reconocimiento de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), gratuidad y becas.
“La única limitación que tenemos es de carácter ético y de lo que señalan con claridad los principios y objetivos de nuestro Programa. NO deseamos ninguna confrontación con las que han sido autoridades muy queridas y respetadas por nosotros a lo largo de muchos años, y no abriremos otra sede en Zacapu con carreras que compitan con las del CUVZ, al que respetamos su derecho de tomar decisiones para recuperar su institución en los términos que convengann a sus intereses”, expuso.
Foto: Animal Político
Las oficinas centrales de lo que era Crefal están en Pátzcuaro, a tan solo una hora de Zacapu. Ya fueron grupos de estudiantes y el alcalde a buscar arreglar la situación, pero no hay una respuesta concreta.
“Lo que la gente pide ya es que ella (Raquel Sosa) venga con nosotros y nos aclare las dudas, pero no se ha prestado a eso”, denuncia la estudiante.
“La mayoría de mis compañeros iban terminando la prepa y fue mucho realmente por la facilidad económica, sí fue una oportunidad muy grande porque ellos, si no, ya iban a entrar a trabajar, y cuando se presentó esto se inscribieron”.
“Queremos es que si se dio esta oportunidad de estudiar, pues que se respete. Creo que no estamos como para que jueguen con nuestro tiempo o con nuestras actividades. Porque ponemos mucho de nuestra parte para estudiar, alumnos de escasos recursos, gente que trabaja, padres de familia; hay gente que viene de otros estados y hace una inversión en renta, transporte, comida, para que de repente sea como que ya no”.
El viernes pasado, el alcalde acudió directamente a la SEP a entregar un oficio respaldado por autoridades del Centro Universitario, estudiantes y padres de familia, para solicitar una audiencia con el secretario Esteban Moctezuma que permita buscar una solución, en espera de que no haya más deserciones y no se cierre una de las 100 universidades prometidas en Zacapu.
Suman 30 años sin informes específicos sobre las consecuencias a la salud pública y al medio ambiente del llamado Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos. https://www.milenio.com/politica/comunidad/piden-investigar-tiradero-radiactivo-de-temascalapa
A casi 30 años de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó que el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), ubicado en Temascalpa, Estado de México, no cumplía las medidas técnicas de seguridad, por lo que era necesario hacer estudios de tierra, agua y aire para determinar los daños que ha provocado al medio ambiente y a la salud, ninguna institución los ha realizado, indicó el activista Juan Antonio Medina Austria. En entrevista con MILENIO Estado de México, Medina Austria señaló que fue desde 1970, cuando este depósito de desechos radiactivos llegó a la comunidad de San Juan Bautista Tecalco, donde a lo largo de 50 años han detectado casos de niños con leucemia, que es cáncer en la sangre, posiblemente relacionado con que sus casas se ubican a dos kilómetros del basurero.
Precisó que en el sitio hay desechos radiactivos como el samario y cobalto-60 (material altamente peligroso por las radiaciones de rayos beta y gama que emite), así como americio y radio carbono 14, entre otros altamente riesgosos para la salud de todos los seres vivos.
98 toneladas
Mencionó que en este cementerio se depositaron 98 toneladas de varillas contaminadas con cobalto- 60, que fueron elaboradas por la empresa Aceros Chihuahua, quienes provocaron un accidente nuclear por tener chatarra infectada en Yonke Fénix, donde el empleado de un hospital en Ciudad Juárez vendió una máquina de radioterapia en desuso.Alertó que las toneladas de varillas que están ahí desde la década de los 80, solo están cubiertas con plástico y cemento, colocadas en trincheras, cuando es necesario darles un manejo más seguro, es decir, es evidente que el Cader no tiene las medidas de seguridad para evitar que los habitantes de la zona se expongan a esta contaminación. Indicó que un estudio de la Agencia Internacional de Energía Atómica determinó que este tipo de desechos pueden penetrar la tierra, expandirse y hacer tóxica el área.
El investigador Federico Guzmán con los conductores del programa radiofónico Sound Politicón, Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz ? FOTO: ODÍN SALINAS
? El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón
? La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito
RAQUEL OLLAQUINDIA, La Jornada Zacatecas, 24 de septiembre de 2019
Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.
Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.
Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.
El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.
En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.
Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.
En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.
Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.
Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.
Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.
Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.
No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.
Preparan cuadrillas de limpieza para actuar una vez que se detecte presencia de basura ante la posibilidad de que la contaminación del río Blanco entre al sistema lagunar de Alvarado
BOCA DEL RÍO, Ver- Ante la posibilidad de que la contaminación del Río Blanco entre al sistema lagunar de Alvarado, ambientalistas preparan cuadrillas de limpieza para actuar una vez que se detecte presencia de basura, informó el presidente de la organización Earth Mission, Sergio González Ramírez.
En entrevista explicó que desde que circularon las primeras imágenes del ecocidio del río Blanco y el tapón de contaminación en la parte de El Salto en el municipio de Ignacio de la Llave han estado en contacto con las autoridades de la dirección del medio ambiente de Alvarado para implementar una estrategia de trabajo.
Consideró que hay muchas posibilidades de que los residuos contaminantes lleguen al sistema lagunar porque conecta con el río en la zona superior de lo que se conoce como la Riviera Veracruzana, por lo que deben estar preparados.
“Estamos a disposición del ayuntamiento para que una vez que detecten la presencia de basura podamos actuar, estaremos organizando cuadrillas de trabajo para limpiar esa parte, hemos estado pendientes de los reportes de la Procuraduría Ambiental que está investigando de donde viene esa contaminación”, dijo.
Opinó que la basura pudo haber estado acumulándose en una zona muy cercana al río y las lluvias arrastraron todos los desechos hasta concentrarse en ese tapón.
Señaló que esto es el resultado del mal manejo que se hace con la basura que termina en los ríos, lagunas y el mar, dañando a todas las especies que habitan en esas zonas.
El ambientalista llamó a la sociedad a empezar a tomar conciencia de las consecuencias de tirar basura en la calle, no separarla y sobre todo acumular tantos contaminantes, como son los plásticos de un solo uso y optar por alternativas que protejan al ambiente y a los animales.
Cientos de normalistas marchan en columnas bien organizadas sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México. A su paso, el eco de sus voces y consignas resuena en los edificios más altos de la capital y pese a que muchos ni siquiera imaginaban formar parte de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa un lustro después del 26 de septiembre de 2014, hoy recuerdan a los 43 desaparecidos como compañeros y hermanos.
A la vanguardia avanzan los padres y madres que continúan en la búsqueda de verdad y justicia sobre el paradero de sus hijos, desaparecidos una noche de hace cinco años en Iguala, Guerrero. Detrás de ellos, la generación más reciente de la Normal de Ayotzinapa con fotografías de los 43 estudiantes pegadas en papalotes, imagen que invariablemente recuerda al fallecido artista oaxaqueño, Francisco Toledo.
Detrás de este contingente se hacen presentes alumnas de la Normal Ricardo Flores Magón de Saucillo, Chihuahua y compañeros de la Escuela Normal Rural Mactumactza, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Normalistas rurales de Chihuahua y Guerrero marchan en la CDMX a 5 años de la desaparición de los 43. Fotografía: Alejandro I. López/ Acento
Estudiar en Ayotzinapa hoy
Las Escuelas Normales, en especial las rurales, nacieron con el objetivo de brindar educación a las comunidades más pobres de México y con ello, otorgarles mejores oportunidades de vida. La historia de las normales ha estado marcada por condiciones de precariedad, pero también de lucha y resistencia frente a gobiernos que han apostado por desaparecerlas y generar narrativas de criminalización sobre los jóvenes que ingresan a ellas, la gran mayoría provenientes de familias campesinas.
Las nuevas generaciones de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa cargan con el antecedente directo la desaparición de los 43 estudiantes, el crimen más mediático a nivel mundial, ícono de la violencia e impunidad que atraviesa México desde hace al menos 14 años.
El antecedente de los 43
Hace un lustro, cuando los policías de Iguala atacaron a los 43 estudiantes (quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la manifestación de la Matanza de Tlatelolco), Erick Miranda Marino tenía 18 años de edad y no se enteró de lo sucedido hasta el día que entró a estudiar a la Normal.
“Cuando entré me enteré de la desaparición, con los movimientos y la organización de la escuela, por las 43 butacas que hay en la cancha y un cartel que dice el nombre de la Normal y de los chavos”, cuenta el originario de Tlacoapa, quien carga junto con otros tres compañeros una manta con la leyenda: «Los golpes dentro y fuera del sistema no nos debilitan, nos hacen más fuertes».
Alejandro Valle Rafaela, de Zihuatanejo, recuerda que cuando se enteró de lo sucedido tenía 17 años y no aún no era estudiante de la Normal, pero la noticia hizo eco en su familia porque su tío estudiaba ahí. “Fue impactante porque tengo un tío egresado de la Normal, salió hace dos años y él estuvo en el movimiento de los 43 en 2014. Afortunadamente no se subió en ese autobús donde desaparecieron a los compañeros, pero toda la familia estuvo atenta de lo sucedido”.
Hoy Alejandro Valle tiene 23 años y confiesa que en ese entonces no quería estudiar en Ayotzinapa; sin embargo, las condiciones laborales y la historia de la escuela lo orillaron a buscar un lugar.
“Quería hacer un cambio interno porque estuve trabajando y siempre era la misma rutina: 8 horas de trabajo, la paga muy poca, no me alcanzaba para nada … cuando escuché que esta Normal luchaba prácticamente por todo, preferí dejar de luchar sólo, sino en multitud, en la organización”, dice Valle al tiempo que relata la preocupación de su madre al enterarse de su ingreso a la Normal y el consejo que le dio: ”Me dijo que me escondiera, que no saliera mucho con los normalistas y que no me fuera de Comisión”, afirma mientras la marcha cruza la Glorieta del Caballito.
“Voces y consignas de las nuevas generaciones de normalistas de Ayotzinapa”
El estigma de ser normalista
La mayoría reconoce que existe una estigmatización histórica contra los estudiantes de las normales, en específico los de Ayotzinapa. Sobre todo, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció en noviembre de 2018 como posible motivo de agresión la infiltración de un grupo del crimen organizado entre los estudiantes.
Para Dareth Flores Posada, originario de Monterrey, Nuevo León, ir a la Normal de Ayotzinapa no es algo común, pues desde entonces las personas lo ven diferente. “Yo llego a mi casa y la gente ya ni siquiera se me quiere acercar por el temor, quieras o no tenemos una mala imagen, pero la verdad es que ya cuando estás dentro y conoces el ambiente y sabes las cosas, entonces todo es diferente”.
Tras el ataque que sufrieron los alumnos en 2014, la matrícula de la Normal se redujo drásticamente. De acuerdo con una entrevista del medio Expansión Política al director de la Normal, Víctor Gerardo Ríos, en 2015 el número de estudiantes cayó de 523 a 287 y para 2018 había sólo 387. El principal motivo fue la imagen de inseguridad y peligro que se generó al exterior una vez que el caso le dio la vuelta al mundo.
Normalistas de la escuela Raul Isidro Burgos cargan una manta con tortugas durante la movilización porque Ayotzinapa significa “el lugar de las tortugas”. Fotografía: Luz María Contreras/ Rompeviento TV
Dareth tenía 18 años cuando desaparecieron los 43, pero esto no influyó en su decisión de ingresar a la Isidro Burgos, primero, por sus bajos recursos y segundo, porque algunos familiares que son maestros influyeron en sus intereses.
A la estigmatización de los estudiantes de las normales se suma la discriminación por su condición económica y campesina. Al respecto, Dareth invita a cualquier persona a visitar al lugar en el que ahora estudia y vive, pero también donde limpia la tierra, cosecha, alimenta a las vacas y a los puercos:
“No se le tiene a nadie negada la entrada. Quítense de dudas, así como dicen que allá en nuestro sembradío hay marihuana, que es un lugar lleno de gente guerrillera, bandolera, pueden ir el día que quieran, adelante, no hay ningún problema y pueden comprobar por ustedes mismos cómo son las cosas en Ayotzinapa”.
La condición de campesino fue fundamental para que Pedro Daniel Álvarez Cruz, oriundo de Morelos, entrara a la Normal. Durante la trágica noche de Iguala, él tenía tan sólo 14 años y pese a que a sus padres les preocupaba que se fuera a Guerrero, terminaron por aceptar la situación, pues no tenía más opciones para continuar sus estudios. Por esto, Daniel señala que antes de criticar a un normal, deberían leer la historia de la federación, “cómo fue creada y para qué fue creada. No fue creada simplemente para ser cuna de guerrilleros y todo eso, sino para darle estudio a los hijos de campesinos”.
Alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa exigen la aparición con vida de sus compañeros en la marcha del 26 de septiembre 2019. Fotografía: Luz María León/ Rompeviento
“Todo ese miedo se va olvidando y nos empezamos a reír”
Los futuros maestros coinciden en que han sentido miedo por el hecho de ser normalistas. “Sí, como toda persona siento miedo. Una vez que entras a una Normal rural pasas a ser atacado por el gobierno, estás en un foco rojo ante las personas porque ya eres como un protestante más del pueblo”, asegura el morelense.
Las ideologías socialistas que se inculcan en ellas y los antecedentes de líderes críticos y opositores al poder –como Luicìo Cabañas, estudiante egresado de Ayotzinapa, quien fue guerrillero, luchador social y defensor de la tierra– son algunas de las principales causas por las que la organización de los normalistas resulta una amenaza para el Estado. De ahí que la infiltración gubernamental en las rurales sea una práctica constante.
No obstante, los intentos de desarticulación desde el gobierno no son la única amenaza para las 16 normales rurales del país. La propia naturaleza de estas instituciones y los oficios que se aprenden en ellas provocan una disputa directa con el crimen organizado (espacialmente el narcotráfico) por el territorio y la mano de obra de jóvenes.
Frente a esto, muchos estudiantes reivindican su calidad de normalistas campesinos y comprenden que la lucha va más allá de la educación.
“Todos sentimos miedo en algún momento porque tenemos ese temor de que nos vayan a golpear, nos vayan a desaparecer o algo peor, pero tenemos el apoyo de todos nuestros compañeros, algo que nos enseñan es que somos hermanos y cuando entramos a la Normal y llega un momento en que después de las actividades te sientas con tus compañeros en el comedor, en tu cuarto, comenzamos a platicar y todo ese miedo se va olvidando y nos empezamos a reír”, señala el regiomontano Dareth.
Estudiar en Ayotzinapa es motivo de orgullo para los jóvenes que además de conocimento han encontrado en las aulas otras formas de vida posibles. Para Dareth, ser alumno de la Normal no es motivo de vergüenza porque “porque quierase o no, la escuela es muy buena, independientemente de todos los problemas que tiene; tenemos clases de calidad, tenemos un hogar de calidad y ahí vamos aprendiendo de qué manera podemos contribuir al país para que pueda ser un lugar mejor.”
Bandera de México con el mensaje “Ayotzinapa vive” durante la movilización en la CDMX convocada por padres y madres de los 43. Fotografía: Alejandro I. López/ Acento
“Me llena de orgullo decir que soy de Ayotzinapa”
La escuela para maestros en el municipio de Tixtla, Guerrero, imparte en la actualidad las licenciaturas en Educación Primaria, en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe y en Educación Física. Pese a ir a contracorriente por los bajos recursos que el gobierno les otorga, por los problemas internos y los contextos de violencia que les atraviesa, la convicción por una educación con impacto social se mantiene en pie.
“Cuando uno habla de Ayotzinapa no es cualquier cosa, créeme que es hablar de cultura y de disciplina… voy en tercer año y me llena de orgullo decir que soy de Ayotzinapa, anteriormente para mí no daba el ancho de decir “soy de Ayotzinapa”, pero ahora tengo la certeza de decirles que soy de la Normal”, dice Alejandro Valle de la Costa Grande, mientras se escucha de fondo el discurso de los padres de los 43 desaparecidos en la plancha del Zócalo.
Actualmente hay 479 estudiantes en la Normal, quienes llevan diversas materias que van desde español hasta manualidades. Sin embargo, el eje rector que guía su educación es la lucha contra la desigualdad a través de la transformación social. “Estudiar en una nomal significa orgullo… nosotros defendemos los derechos del pueblo, no nos dejamos ante nada. Si vemos que una ley es injusta, vemos la forma de hacer una protesta para no dejarnos y no quedarnos callados”, expresa Daniel.
El alumno Alejandro Valle tiene claro que su enfoque es mejorar a la sociedad y que para ser maestro necesariamente se debe estudiar en una Normal, que él concibe como una comunidad: “es una comunidad y tenemos talleres, nos preparan y al fin y al cabo te mandan a una zona casi muy restringida de tecnología y alejada de esta ciudad (CDMX), es allá donde nosotros les vamos a enseñar verdaderamente los valores que forman a una persona”.
De la conciencia a la memoria
Para Erik Miranda, la organización de la Normal forja una identidad que puede contra cualquier problema, desde los recursos económicos hasta los ataques: “Ser normalista significa mucho por la organización en los movimientos ahí dentro de la escuela, significa demasiado porque no cualquier Normal se organiza y se mantiene después de haber perdido 43 chavos y 3 muertos”.
A cinco años de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de tres de ellos, los futuros maestros se refieren a esa fecha como un día trágico, pese a que aún no pertenecían a esa institución.
A sus 21 años, Alberto Hernández Domingo estudia en la Normal y durante la marcha exige justicia en el caso de quienes considera como sus compañeros: “No buscamos pelea, no cargamos armas ni nada de eso, con nuestra voz le haremos llegar al gobierno estas palabras de que queremos a nuestros 43 hermanos…la gente inconsciente que no sabe, que nunca ha perdido un hijo, va a hablar mal siempre de nosotros, pero nosotros que lo estamos viviendo pues nos duele y queremos la verdad sobre nuestros compañeros”.
La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en la Normal Raúl Isidro Burgos. En las aulas, clases y espacios públicos existen memoriales que hacen referencia a los desaparecidos y fallecidos aquel día. “En la Normal cuando hablamos de 43 compañeros nos metemos en un diálogo más profundo de que damos la vida por la Normal. Ellos (los desaparecidos) quisieran que la Normal estuviera mejor, que la familia estuviera mejor porque ellos llegaron con la intención de mejorar, de mejorar su pueblo”, relata el zihuatanejense Alejandro Valle.
Desde entonces, los normalistas no sólo aprenden a ser maestros y luchadores sociales, también analizan el fenómeno de la desaparición en nuestro país. “El 26 es un momento donde ocurrió una tragedia, donde creemos que no sólo es desaparición de nuestros compañeros, sino más, hay muchas personas que desaparecen y son oídos sordos del gobierno que no quiere entender que nosotros no peleamos sólo por nuestros compañeros, sino que es por todo México”.
A un lustro de la noche de Iguala, sus compañeros no sólo buscan verdad y justicia, al mismo tiempo han sembrado conciencia y ésta ha florecido en memoria.
Pobladores de la comunidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C Bonilla, tomaron este lunes las instalaciones de la alcaldía ante el incumplimiento del edil morenista Joel Lozano Alameda de frenar la colocación de la red de descargas de aguas residuales del Parque Industrial Ciudad Textil Huejotzingo al río Ametlapanapa.
Así lo anunciaron campesinos de la comunidad, quienes este lunes ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Puebla, para informar que se interpondrá un amparo por la contaminación y los daños al ecosistema.
Lo anterior como resultado de una asamblea efectuado este domingo por la noche, donde también acordaron formar grupos de vigilancia para impedir el reinicio de la obra y que una comisión de campesinos se presente ante la Jornada de Martes Ciudadano que encabeza el gobernador Luis Miguel Barbosa, para solicitar su intervención.
Miguel López, autoridad comunitaria de Zacatepec e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, pidió al alcalde Joel Lozano se convoque a una sesión de Cabildo extraordinaria, donde los regidores frenen la obra que contempla las descargas de aguas industriales a la red de drenaje local.
El representante de Zacatepec denunció que las descargas de la zona de fábricas de Huejotzingo, en su mayoría textileras y proveedoras de la armadora Volkswagen, no están siendo saneadas debido a que es inoperante la planta tratadora de la región.
Por esta razón, señaló que es urgente que se ponga freno a los trabajos de colocación de la tubería porque se pone en riesgo la salud de los pobladores.
Además, Miguel López declaró que se pone en riesgo la producción de alimentos, como maíz y calabaza, aunado acusó a que la armadora automotriz alemana lanza bombas antigranizo para no generar abolladuras a los vehículos.
Inicialmente, informó que el municipio contaba con mil 200 hectáreas de tierras de labor, de las cuales 70 hectáreas fueron destinadas para el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”; 20 hectáreas para la empresa Presforza del empresa José Abed, y 30 más para el asentamiento de fábricas de autopartes.
“Está acabando no sólo con las tierras sino con el agua, la industria está contaminando las pocas tierras de labor que quedan, las cuales suman unas 256 hectáreas ejidales”, advirtió.
Este viernes, reventó el conflicto social en el municipio de Juan C Bonilla, luego que la Coordinación Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) autorizó que el Parque Industrial Ciudad Textil Huejotzingo descargara sus aguas residuales al drenaje local que va a partir al río Ametlapanapa.
Por esta razón, labriegos bloquearon por tres horas la carretera federal a México en protesta por la instalación de una red de ductos.
Los lugareños advirtieron que de conectarse las aguas negras de las fábricas asentadas en las inmediaciones al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, colapsaría la red de drenaje pluvial de la localidad, debido a que la tubería es de menor magnitud.
A esto sumaron la alta contaminación y tóxicos que serían encausados a alcantarillado del municipio, provocando un “foco de infección”, debido a que la planta tratadora de la región no está funcionando desde hace años.
Habitantes de las colonias 20 de Noviembre y Santa María denunciaron una especie de “terrorismo” por parte de la concesionaria Agua de Puebla.
Los inconformes de estas colonias afirmaron que las tarifas de agua se elevaron 700 por ciento desde hace 4 meses; pasaron de pagar 600 pesos bimestrales a mil 700 pesos al mes.
Incluso dijeron que hay casos en los que han pretendido cobrar de 12 mil hasta 23 mil pesos; tal es el caso de una vivienda y un hospital ubicados en la colonia 20 de Noviembre y en La Paz, respectivamente.
La empresa ha generado una práctica de “terrorismo” para obligarlos a cubrir estos gastos, dijo Graciela González, una de las habitantes.
“Llegan con los vecinos, los presionan, amenazan, incluso piden moches de hasta 30 mil pesos para no proceder al corte de agua. En muchos casos hasta hay convenios firmados con ellos que no respetan.”
La afectada afirmó que esta cantidad que le exige de pago la empresa no corresponde al consumo real de agua mensual ni a la calidad de la misma.
Omar Jiménez, abogado del movimiento por la Defensa del Derecho Humano al Agua, afirmó que se han promovido más de 300 amparos para evitar los cortes ilegales, producto de los pagos exagerados que aplica la empresa.
Detalló que el pasado 28 de septiembre, personal de la empresa llegó a un domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, que infundadamente debía pagar 12 mil 222 pesos por el concepto de agua y drenaje, cuando es de 561.
El dueño del inmueble ha sido objeto de hostigamiento, aun cuando se trata de un adulto mayor que enfrenta un problema de cáncer avanzado.
Dependencias de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de México violaron derechos de 57 víctimas –directas e indirectas– del delito de feminicidio al incurrir en la falta de investigación, y filtración de información en al menos 20 casos, asentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su Recomendación 19/2019.
Además, el “Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México”, identificó 25 formas o patrones con las que se violaron los derechos, por acciones u actos de servidores públicos y autoridades.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Violencia institucional; omisión en la investigación y negligencia en diligencias ministeriales; revictimización, filtración de datos, son prácticas – violatorias de derechos– que persisten en dependencias de seguridad y de procuración de justicia de la Ciudad de México, denunció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
“En su búsqueda de justicia, las víctimas se enfrentan ante escenarios adversos con las instituciones de administración de justicia, que se caracterizan por desgaste físico y emocional a las víctimas, por los excesivos trámites burocráticos que deben de realizar”, pronunció el organismo en una de cuatro recomendaciones emitidas el pasado 26 de septiembre.
Las recomendaciones fueron presentadas junto con el “Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México”, un estudio que identificó 25 formas y patrones con los que se violaron derechos de las víctimas, por acciones u actos de autoridades de procuración de justicia.
LAS FILTRACIONES
La CDHCM acreditó que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia; Tribunal Superior de Justicia, y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, violaron los derechos de al menos 57 víctimas de feminicidio –directas e indirectas– por falta de investigación, violencia institucional, revictimización y filtración de información en al menos 20 casos ocurridos en la Ciudad de México.
Lo anterior se asentó en la recomendación 09/2019 emitida tras la investigación por 20 quejas interpuestas entre el año 2016 a 2019.
Estas quejas fueron por casos de feminicidios que ocurrieron entre el periodo de 2013 al 2018. Algunos actos, diligencias ministeriales y acciones de queja abarcan desde el arranque de la investigación (2013) hasta el año 2019. Es decir, que las violaciones se cometieron entre la administración de Miguel Ángel Mancera y el inicio del sexenio de Claudia Sheinmbum.
Las víctimas de violencia de género no solo sufren las afectaciones derivadas de la violencia familiar, sino que también padecen la violencia y deficiencias de la impunidad, “eso las deja ante escenarios de vulnerabilidad, inseguridad, desamparo e indefensión”, de acuerdo al documento.
Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCX, detalló que en cuatro de cada 10 casos, se acreditó la absoluta omisión de investigar con diligencia, y, el resto de ellos, fue negligente.
Además, el 30 por ciento de los casos de feminicidio se presentó filtración de información, aseguró la defensora en la presentación del estudio.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México –en la Recomendación 09– manifestó estar profundamente preocupada porque “a pesar que el reproche social frente a la violencia de género es mayor, los delitos relacionados con violencia contra las mujeres no han disminuido, por el contrario, han incrementado”.
La falta de recursos humanos o materiales no sería la causa de estas deficiencias, según deja entrever el informe: “la Ciudad de México cuenta con recursos para la investigación”, pues tiene la tasa más alta de policías ministeriales 34.2 por cada cien mil habitantes; además, cuenta con una tasa de 13.1 Ministerios Públicos por cada cien mil habitantes, frente a un promedio nacional de 8.4, se lee en el documento.
Las víctimas sufren enfrentan a un camino lleno de dolor y obstáculos al buscar justicias por la omisión e indolencia de las autoridades. Foto: Cuartoscuro.
LAS VIOLACIONES
Omisión para investigar con la debida diligencia; no ordenar medidas de protección en casos más urgentes; carencia de perspectiva de género en la calificación de los delitos; peritajes realizados de manera negligente o incorrecta; falta de aplicación de los protocolos de feminicidio; y la ausencia en la asesoría jurídica, son algunas de las fallas descritas en la recomendación.
En la Ciudad de México, durante los primeros seis meses del año, se reportaron al menos 107 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo 18 casos son investigados como feminicidios, de acuerdo a cifras presentadas por el SESNP.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reporta en su portal de datos abiertos sólo 57 mujeres asesinadas, de las cuales, 7 fueron clasificadas como feminicidios, 35 homicidios dolosos por arma de fuego, 7 homicidios con arma blanca, 4 homicidios a golpes.
Las autoridades capitalinas –planteó el Organismo– invisibilizan la problemática de feminicidios y violencia estructural, al clasificar las muertes violentas de mujeres como homicidios y no feminicidios, lo que incurre en un proceso de victimización secundaria.
Explicó que, dentro de este proceso de victimización secundaria, se culpabiliza a las víctimas y se encuentran justificaciones para los victimarios tratando de pasar esta problemática por una situación excepcional, y no ven las circunstancias que rodearon esas muertes.
El pasado 17 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México creó la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio; sin embargo, aún se no muestra un compromiso real para visibilizar la información de las víctimas del delito de violencia de género.
La Comisión puso énfasis en que, a pesar de la gravedad del feminicidio, aún no se cuenta con una política criminal que considere las razones de género, ni un plan de persecución penal tome en cuenta el contexto de las víctimas, y, con ello, dejar de tratar los casos como un problema pasional.
Al respecto, el organismo urgió a la construcción de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a justicia.
Al menos diez mujeres son asesinadas en todo el país al día en este 2019. A nivel nacional, tan solo en el primer semestre del año se han registrado al menos 1 mil 812 casos, de los cuales, 448 son investigados como feminicidios y 1 mil 364 como homicidio doloso. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.
La escasa o casi nula atención de los asesores jurídicos, o que las víctimas no cuentan con ellos, es otro de los puntos que se recalcan en el informe.
El Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), – la detención encargada de atender casos de violencia de género– no brindó atención psicológica a ninguna víctima en ocho de los 20 casos analizados, “únicamente llevó a cabo entrevistas para la dictaminación pericial”.
Esta dependencia sólo realizó dictámenes psicológicos que establecieron las afectaciones de las víctimas y sugirieron el tipo de tratamiento que debían tener; pero esas valoraciones carecían de una evaluación de riesgo, lo cual, es fundamental en casos de violencia de género porque “habría permitido habilitar las medidas de protección a las víctimas”, reveló CDHCM.
“El derecho de los familiares de las víctimas a la verdad implica un acceso adecuado a la información sobre investigaciones en curso, la eventual sanción de los responsables”, apuntó. Ese derecho se vulnera cuando las víctimas, no tiene información necesaria, a falta de un asesor jurídico o un asesor negligente.
A nivel nacional, cada asesor jurídico atendió a 147 víctimas, en concreto de la ciudad de México, no se brindó información.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La CDHCM también ubicó un patrón relacionado a la violencia institucional que, “subyace en la actuación omisa y negligente de las autoridades ministeriales de la PGJE”, en diversos casos desde que las víctimas interponen las denuncias.
Aunado a lo anterior, la revictimización o victimización secundaria, la desacreditación y minimización del dicho de la víctima, la negativa de investigar y la impunidad en la que permanecen muchos de los casos, “constituye violencia institucional por parte de la PGJ, lo que vulneró el derecho de las víctimas al debido proceso, en relación con su derecho de acceso a la justicia”, aclaró la Recomendación.
La Comisión también acreditó que, en al menos cinco de los 20 casos denunciados, personal de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública incurrieron en actos de filtración de información y con ello, “vulneraron el derecho a la intimidad y a la vida privada”.
Lo anterior por “no proteger a las víctimas de las injerencias arbitrarias a su vida privada, ataques a su vida privada por parte de la autoridad, por la difusión de imágenes, siendo omisos en salvaguardar la información que se encontraba bajo su custodia”.
Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCM apuntó que en 30 por ciento de los casos de feminicidio existe filtración de información. Foto: Cuartoscuro.
RECOMENDACIONES
La Comisión reiteró que es preocupante que no haya previsiones, ni un marco normativo claro para la actuación de las y los servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
“Hay prácticas institucionales que oscilan entre la omisión y la negligencia pasando por la invisibilización de la violencia contextual de las víctimas”.
En el Informe también se urgió a las autoridades a que fortalezcan la atención inicial, asistencia jurídica, atención psicológica, medidas de protección, los protocolos, procedimientos, y la actuación tanto de servidores públicos, peritos, policías y agentes del Ministerio Público.
CDMX.- Durante esta mañana, miembros del Frente de Mazahua se manifestaron en el Palacio Nacional para exigir al Gobierno federal su intervención para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se responsabilice de las pérdidas originadas por el Sistema Cutzamala a tierras de cultivo y de criaderos de peces.
Habitantes representantes de los municipios de Donato Guerra, Villa Victoria y Villa Grande se apostaron frente a la entrada principal del Palacio Nacional para poder dialogar con las autoridades.
Su inconformidad radica que en pasadas semanas, al realizar acciones de desfogue en un tramo del Sistema de Cutzamala, gran parte de sus cosechas se perdieron en su totalidad mientras cientos de peces murieron al ser arrastrados por la corriente.
Hasta el momento no han tenido respuestas por parte del Gobierno federal, el Frente Mazahua amenaza con cerrar las válvulas de paso que abastecen la zonas conurbada del Estado de México, así como el que llega a la capital.
“Todas las mujeres tenemos el derecho de tener un aborto si así lo queremos”
Foto: El Sol de Guanajuato
Alfonso Díaz / EL Solde Guanajuato, 29 de septiembre de 2019
En el Estado de Guanajuato hay cuatro mujeres en la cárcel por tener un aborto de manera espontánea o porque las autoridades lo catalogaron como homicidio en primer grado y agravante de parentesco, por lo que varios grupos feministas y la asociación REDefine Guanajuato luchan por legalizar un aborto legal, seguro y gratuito en la entidad.
Esta asociación es una red nacional de jóvenes que tiene presencia en 12 estados de la República Mexicana, integrada en su mayoría por estudiantes involucrados en alguna ciencia social o de la salud que incide con los derechos reproductivos y sexuales.
De acuerdo con una de la voces de REDefine Guanajuato, dentro de todas sus actividades tienen dos temas principales; la prevención de embarazos no deseados en adolescentes y acceso al aborto seguro.
“Hace unos día se aprobó en la constitución de Oaxaca el aborto legal, solo en el país hay dos entidades que lo han legalizado, esto quiere decir que hay más de una causal para hacerlo. En Guanajuato únicamente es legal el aborto cuando es por una violación y las instituciones públicas están obligadas a respetar el derecho bajo la normal de dar acceso a la pastilla del día siguiente y una revisión de un examen médico para determinar que no hay enfermedades de transmisión sexual”, aseguró la vocera.
Asimismo, aseguró que el estado es muy conservador debido a que siguen muy influenciados por la religión y las reglas de años pasados.
“Todas las mujeres tenemos el derecho de tener un aborto si así lo queremos, no solo es una cuestión de derechos individuales sino que también hay derechos humanos y económicos, ya que hay mujeres que mueren por no pagar un aborto, más allá de que sea vea como una moda, como lo están manejando son derechos humanos de la salud pública a los que tenemos derecho”, aseguró.
Finalmente, informó que Guanajuato es uno de los estados con mayor nivel de menores de edad embarazadas a nivel Latinoamérica.
Cargados con pinturas, brochas y creatividad, decenas de fronterizos ´tomaron´ el bordo de río Bravo para protestar por las políticas migratoria implementadas por los gobiernos de México y Estados Unidos.
Justo en las paredes del cauce que marca el límite del territorio mexicano y el inicio del estadunidense colocaron murales para reprochar la construcción del muro, que promueve la administración de Donald Trump, y la política antimigrante que lleva cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con militares.
Ni muro ni militares se lee en los murales pintados este sábado en un evento organizado por el Movimiento vs Militarización Ciudad Juárez.
hace meses la política del estado mexicano dio un giro más hacia la militarización de la vida pública, ahora la Guardia Nacional hace el trabajo de detener el flujo de los y las migrantes, sometiéndose al imperialismo estadounidense, bajo la dirección de Donald Trump, difundió la agrupación que con este evento alzó su voz en protesta.
Las causas de la migración en los países del sur y centro, y en México, hunde sus raíces en la desigualdad y violencia estructurales, de una división del trabajo en donde nuestros países y población están al servicio de las fortunas de los países imperialistas, afirmó en su convocatoria donde reprocha que con estas acciones solo se administra el problema de las personas que deben dejar su país, pero no soluciona el problema.
Silvia Ortiz, vocera de Vida, denunció que hay retrasos de varios meses para la presentación de resultados de exhumaciones hechas en enero de este año. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Señaló que siguen sin dar ningún dato a las madres de familia
Virginia Hernández/ EL SIGLO DE TORREÓN
Denuncia Grupo Vida retrasos en la entrega de resultados por parte del área de servicios periciales y la fiscalía de desaparecidos de la Fiscalía General de Coahuila.
En rueda de prensa y acompañada de miembros del grupo, Silvia Ortiz, vocera de Vida, denunció que hay retrasos de varios meses para la presentación de resultados de exhumaciones hechas en enero de este año.
Señaló que siguen sin dar ningún dato a las madres de familia.
Ante la falta de resultados indicó que en la investigación de los cuerpos enviados a la facultad de Medicina se pide precisar cuántos cuerpos fueron donados y su destino final.
Se pide a la autoridad la documentación oficial de recepción-entrega y salida de los cuerpos al ingresar al Semefo y facultad de Medicina para su verificación.
Denunciaron que la autoridad no da prioridad a los casos en donde aparentemente ya se encontraron los desaparecidos, como el caso de Manuel de Jesús, reportando a familiares esta situación en enero, pero que aún no confirman la identificación científica del cuerpo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe exhortar a los gobiernos de México, Estados Unidos y países centroamericanos a adoptar inmediatamente acciones para que prevalezcan, sin excepción, la dignidad y el interés superior de la niñez y la adolescencia en situación de migración, pidió Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado de prensa, el organismo autónomo expresó que se ha observado una continua práctica de ingresar y mantener en estaciones migratorias a personas menores de edad acompañadas y no acompañadas, aun cuando esos lugares no son adecuados para que permanezca la niñez migrante. Desde la perspectiva de derechos humanos, no hay justificación alguna para que ese grupo vulnerable permanezca detenido por carecer de documentos para transitar en el país.
La CNDH advirtió que este año será en el que se haya detenido al mayor número de niñas, niños y adolescentes, ya que a julio pasado se registraron 38 mil 581, lo que representó un aumento del 21 por ciento respecto del año anterior. Por ello se estima que la cifra superará el número de detenciones en los últimos 5 años.
Al participar en la audiencia sobre “Denuncias de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en América Central, México y Estados Unidos”, en el marco del 173 Periodo de Sesiones de la CIDH en Washington, DC, el quinto visitador declaró que en México se han observado deficiencias en los procedimientos administrativo o judicial, falta de capacitación en derechos humanos, perspectiva de género y derecho internacional humanitario e inadecuada articulación entre las autoridades en el tema.
“La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados omite la prioridad de las solicitudes en que están involucrados niños, niñas y adolescentes”, agregó el defensor Édgar Corzo Sosa.
Es por ello que la CNDH pidió crear un mecanismo regional o trasnacional que supervise y apoye la elaboración de políticas públicas sobre niñez migrante retornada en la región y que destaque las agresiones físicas y amenazas contra las personas defensoras de los derechos migrantes, tomando en cuenta los mecanismos que ya existen y el acompañamiento que pueden dar las instituciones nacionales de derechos humanos de la región, especialmente la Red de Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
Sosa finalizó exhortando a las autoridades mexicanas a actuar siempre en el marco legal e iniciar los procesos de denuncias por actuación irregular de personal del servicio público. Asimismo pidió regular la difusión de información por la cual se piensa que las personas migrantes que llegan a Estados Unidos acompañadas por personas menores de edad se les dejará en libertad mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo.
Mayapolitikon
Estudiantes y profesores del City College de San Francisco, California, exhortaron al gobierno mexicano y a otros a detener la destrucción de los montes de Yucatán con la instalación de megaproyectos.
“Escribimos en apoyo a los activistas mayas quienes se oponen a la destrucción causada por el tren maya, la urbanización planificada en Yucatán, las granjas de cerdos y la energía solar”, dicen los firmantes en un boletín en cuyo pie figuran las firmas.
Con el título “Al gobierno mexicano, corporaciones multinacionales, industria turística y al liderazgo menonita”, los estudiantes y profesores piden preocuparse más en el medio ambiente.
“Estos proyectos amenazan con destruir las tierras mayas y sitios sagrados, así como desplazar a los mayas lejos de sus casas tradicionales”, advierten.
“Las enormes granjas de cerdos están envenenando los cenotes –agregan–. Más allá de todo lo mencionado, estos proyectos dañan complejos ecosistemas naturales y amenazan el bienestar del planeta”.
“Nosotros firmamos en apoyo a los esfuerzos de la resistencia de activistas mayas, incluyendo al [maestro] Pedro Uc Be y a las personas con quienes él está trabajando en equipo. Los exhortamos a detener la destrucción del bosque y a remediar los impactos ambientales negativos”.
Asimismo, “les imploramos concretar beneficios equitativos para la comunidad maya y que la administración de planes futuros para Yucatán se centre en el ambiente”, agregaron.
En Yucatán hay una resistencia a un puñado de megaproyectos de firmas trasnacionales cuya instalación requiere la deforestación de cientos de hectáreas de monte, muchos de ellos de monte alto intocados.
La deforestación pone en peligro la cosecha de miel y la instalación de cientos de hectáreas de paneles solares amenaza a comunidades con grandes olas de calor que no tendrán vuelta atrás una vez instalados los proyectos.
Al frente de esta resistencia se encuentra la organización Múuch’ Xíinbal que aglutina a representes de tres decenas de municipios y ejidos, y su lema es “la tierra ni se renta ni se vende”.– (Traducción del inglés al español: maestra Mirna Canul Aké)
Cocula, 29 de septiembre. Miembros del movimiento de resistencia de la zona minera de Cocula que fueron despedidos por la empresa Media Luna desde hace 2 años, comenzaron con una intensa búsqueda del activista y líder obrero, Oscar Hernández Romero quien desapareció en el recorrido camino a su casa en la comunidad de Real de El Limón.
Una parte de los más de 200 expulsados de los trabajos de la minera, realizaron recorridos por varias comunidades cercanas a la minera, en busca de Hernández Romero sin dar con su paradero. En varias camionetas, los ex mineros salieron y tomaron rutas, visitaron domicilios, barrancas, zonas despobladas y parajes, así como estuvieron en la mina preguntando por el líder opositor al sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sin obtener ninguna pista.
Hernández fue visto por ultima vez la tarde del 23 de septiembre, cuando salió de su casa de Real de El Limón hacia Nuevo Balsas y ya no regresó a su domicilio. De ahí que comenzó la intensa búsqueda sin la localización.
En las redes sociales los miembros condenaron la desaparición de la que calificaron como forzada, y acusaron a la empresa canadiense, y a la delincuencia organizada de la presunta desaparición del líder, quien fue uno de los que se opuso a seguir dentro del sindicato de la CTM y exigir la autonomía para la representatividad gremial sin la injerencia de la empresa.
Alberto Romero/ Centuria, noticias de Aguascalientes, 25 de septiembre de 2019
La tarde de este miércoles 25 de septiembre de 2016, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) se manifestaron en las instalaciones del Instituto Cultural de Aguascalientes, pues denuncian que las autoridades los tienen en un total abandono, además de mostrar un total desinterés hacia las necesidades de la Orquesta y sus integrantes.
La gota que derramó el vaso fue el despido injustificado de Salvador Meza, quien se desempeñaba como Gerente de la OSA. En palabras de los músicos, este hecho forma parte de una serie de anomalías que ocurren al interior de la Orquesta y que evidencian las deficientes condiciones laborales en que trabajan.
TOLUCA, Edomex., 28 de septiembre de 2019.- La lucha feminista a recalado entre las generaciones más jóvenes, quienes han salido a las calles de la capital mexiquense con pañuelos verdes para pedir al congreso local la despenalización del aborto. Previamente, la marea verde color simbólico de la campaña que pide la interrupción legal, segura y gratuito del embarazo, colocó paliacates en diversos monumentos históricos al amanecer del sábado. De forma colectiva las manifestantes demandan y exigen que cada persona tenga la opción de elegir o no de tener a un hijo, la movilización reunió a unas 200 mujeres que llegaron hasta el centro de la ciudad.
La Palabra del Caribe
Cancún.- Un grupo de padres de familia de la secundaria del Centro de Atención Múltiple (CAM) acudió a manifestarse en las oficinas de la Secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ), pues a un mes de haber iniciado el ciclo escolar, todavía no hay maestros para el turno vespertino, lo que tiene a sus hijos sin clases.
Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación de la zona Norte, atendió a los inconformes y aceptó que todavía no cuentan con esos maestros, pero que los asignarán con base en una lista de prelación.
“No es tan simple cuando no existen las plazas, cuando tenemos que diagnosticar con especialistas que chicos y chicas tienen una discapacidad que implique y que determine qué hay que tener o llevar atención en un centro como este,” añadió.
La idea era tener un grupo, pero al superar el listado de inscritos los 35 alumnos, primero se empezó a derivarlos a escuelas normales, aunque finalmente, ante presiones, aceptaron abrir un turno por la tarde
Sin embargo, la situación ya les había sido advertida, pues al grupo que termina primaria, se le suma otra escuela primaria inclusiva, cuyos alumnos inicialmente habían sido rechazados
La próxima semana quedaron de reunirse con la encargada de educación especial, para ver el tema de los maestros, requiéndose tres.
De todas formas, la SEQ harán sus propias evaluaciones, y habrá menores con discapacidades no severos que no irán al CAM.
Dijo entender que los padres tienen temor que se les discrimine a sus hijos, pero que ingresarán en un esquema “de inclusión”.
Aunque la exigencia de atender a estos menores está en la ley Federal de educación no siempre se tienen las adecuaciones y la herramienta para brindar este tipo de servicio.
“sin embargo el compromiso va más allá, al grado que el director y el maestro tendrán que ingeniárselas para atender a este alumno”.
Dijo que la contratación de los maestros corresponde al Gobierno del Estado, mediante la Sefiplan que es donde se gestionarán los recursos para pagarles a tres maestros y una maestra de lenguaje.
“El recurso de la contratación de estos maestros tenemos que gestionarlo con Sefiplan ya tenemos una muestra de tres que requerimos, de los 35 alumnos necesitamos tres maestros; estamos en el proceso de selección, se van a crear estos salones de turno vespertino y para ello la consecuente gestión para que nos otorguen el dinero”, agregó.
Además añadió que en puerto Morelos las condiciones están dadas para abrir un preescolar, pues han diagnosticado 35 chicos con discapacidad en la cabecera municipal y otros 35 en leona Vicario.
Gabriela Plasencia Montaño, representante de los padres de familia, indicó que desde el 11 de septiembre se acordó abrir el turno vespertino, pero pasa el tiempo y ya están desesperados, porque todavía no inician clases
Ya acudieron a la Comisión de Derechos Humanos, por este retraso.
Advirtió que cada año serán más alumnos los que se sumen, al ser este el segundo ciclo de secundaria, habiendo más en los niveles de primaria
Hernán Casares Cámara/Diario de Yucatán
Ejidatarios se oponen al remate de sus tierras
Un grupo de 62 ejidatarios de Ucú, de un total de 355, se oponen a la venta de 690 hectáreas de ese ejido ubicadas entre Sierra Papacal y Chuburná Puerto, a un grupo de supuestos empresarios, que se concretaría este domingo, mediante una asamblea para cambiar el destino de esas tierras, de usufructo a cesión de derechos.
Los inconformes rechazan la venta porque los compradores ofrecen 17.50 pesos por metro cuadrado, cuando en diciembre los ejidatarios de Chuburná vendieron a 30 y 35 pesos el metro a un complejo habitacional cercano, “según declaró el comisario de ese ejido a Diario de Yucatán”, señala Felipe Quintal Dzul, uno de los líderes de los inconformes.
El complejo habitacional, cuyos dueños tienen desarrollos similares en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, “está exactamente enfrente del predio que se pretende vender este domingo”, dice Quintal y pregunta: ¿por qué si Chuburná vendió a ese precio nosotros debemos vender a la mitad? Esas tierras valen en realidad 60 pesos el metro, según el avalúo que encargamos”, dice.
El economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península, una empresa especializada en estudios de mercado, entrevistado por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, señala que el precio de la tierra en esa zona podría ser aún mayor, “no solo porque hay un acelerado proceso de urbanización allí, sino debido también a un fuerte movimiento especulativo surgido a partir de que trascendió el proyecto del gobierno del Estado de vender las más de tres mil hectáreas del ejido de Ucú en poder del fideicomiso que se formó para pagar las deudas que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco le dejó a ese instituto”.
Esto aumentará automáticamente los precios de los terrenos en esa área, añade Osorio Acevedo, y “por eso pienso que los ejidatarios inconformes tienen razón: les están ofreciendo una miseria por sus tierras”.
De acuerdo con averiguaciones de Central 9, la operación de compra la encabeza Ángel Azael Ruiz López, un traficante de tierras ejidales, acusado de participar en operaciones fraudulentas para apoderarse de terrenos.
Ruiz López se presentó al ejido como representante de un grupo de “empresarios” interesado en las tierras, que primero solicitó 200 hectáreas en usufructo y luego otro de 490. Ahora quiere la cesión de derechos y dice que ya tiene comprometida la venta con inversionistas de aquí y de México, afirma Quintal Dzul.
Los miembros del grupo de “empresarios” que aparecen formalmente ante el ejido, y quienes ya obtuvieron su carácter de avecindados, son, además de Ruiz López, sus familiares Diana Lía Ruiz López, Javier Adonay Ruiz Nicolín y Javier Azael Ruiz Rivero, todos oriundos de Progreso y sin antecedentes de ser gente de dinero.
Igual integran el grupo José Rubén Sansores Chuil, quien hasta hace unos años era beneficiario de los programas de ayuda alimentaria del gobierno; Luis Alberto Chacón Bucio, Juan Carlos Pérez Hinojosa, empresarios de Irapuato, Guanajuato, y Carlos Rubén Elizondo Jacobo, de San Luis Potosí.
“Este es el otro fenómeno relativamente nuevo en el tráfico de tierras en Yucatán”, afirma Osorio Acevedo: “la silenciosa llegada de personas de fuera, metidos de lleno en la especulación con terrenos ejidales, algo que aún no sabemos qué consecuencias traerá”.
Ruiz López y su grupo prometen pagar a cada ejidatario de Ucú que acepte su oferta de cederle sus derechos, 323,300 pesos, por 1.8 hectáreas aproximadamente, que sería la parte proporcional que le correspondería a cada uno de las 690 hectáreas que están en la negociación.
Según Quintal Dzul, Ruiz López ya les adelantó 23,300 pesos a quienes aceptaron la oferta y el domingo deberá darles un primer pago de cien mil pesos en efectivo y 200, 000 en los siguientes meses.
“Si todos los ejidatarios aceptaran ceder sus derechos, él deberá de presentarse a la asamblea del domingo con 35.5 millones de pesos en efectivo, una situación muy rara”, advierte el dirigente.
Quintal Dzul dice que él y sus seguidores no firmarán la cesión de derechos y piden que se les respete 115 hectáreas que les corresponderían dentro de ese polígono de 690, y Ruiz López ofrece dárselas, pero fuera de esa extensión, en la ciénega.
“No lo aceptaremos e impugnaremos la asamblea”, indica Quintal. “En la Procuraduría Agraria ya nos dijeron que tenemos todas las de ganar”. (Continuará).—
Foto: Cortesía Guerreras en busca de Nuestros Tesoros, Nayarit
“Yo quise ir a gritar que en Nayarit también tenemos desaparecidos, también tenemos muchos hijos que buscamos y estamos esperando que también nos ayuden a nosotros” expresa la señora Vicky fundadora del grupo Guerreras en busca de nuestros tesoros, Nayarit. A decir de esta madre buscadora y rastreadora de tesoros desaparecidos, la urgencia de llevar su lucha a la marcha nacional por el quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas y, con ello, caminar en solidaridad junto con sus padres y madres; radica en hacer entender a las autoridades en su estado y en la nación que sus hijas e hijos desaparecidos en Nayarit, requieren la misma prioridad y diligencia para traerles de vuelta, tanto en las investigaciones como en la búsqueda de su paradero.
Esta agrupación que fue fundada en el mes de marzo de 2018, hoy representa en Nayarit, una de las más recientes y reaccionarias muestras de organización colectiva alrededor de la búsqueda de las y los desaparecidos en vida y en fosas clandestinas; y es que, denuncia la señora Vicky, las autoridades forenses en el estado, así como, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, han sido incapaces de responder de forma diligente y congruente a sus obligaciones y competencias, incluso, expresa, a las demandas que los familiares tienen para realizar las investigaciones, búsquedas y localización de sus seres queridos desaparecidos.
Dalia Souza / Zona Docs
Marcharon en la Ciudad de México y por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para visibilizar la situación que guardan sus seres queridos desaparecidos en el estado de Nayarit, así lo expresa la señora Vicky fundadora de la agrupación Guerreras en busca de nuestros tesoros, Nayarit, quienes se manifestaron el pasado jueves 26 de septiembre al lado de los padres y madres de los 43 normalistas para demandar al Gobierno Federal y a las autoridades en su estado que busquen a sus hijos con la misma diligencia y exhaustividad con la investigan este caso histórico:
“Las autoridades nos hacen menos caso a nosotros individualmente que a los 43. Por eso es que yo puse en una de las publicaciones “No sólo son 43, nos faltan 43 y nuestros hijos también nos faltan. Nuestros hijos también merecen ser buscados”. Nayarit necesita que lo volteen a ver y que los busquen, que trabajen y no solamente los 43”
“Yo quise ir a gritar que en Nayarit también tenemos desaparecidos, también tenemos muchos hijos que buscamos y estamos esperando que también nos ayuden a nosotros” señala la señora Vicky, madre de Bryan Eduardo Arias Garay de 19 años, desaparecido el 6 de febrero de 2018 en Tepic, Nayarit. Ella junto con las más de 30 familias que integran este colectivo, cansadas de esperar la búsqueda de sus seres queridos en oficinas de gobierno, decidieron salir a buscar en campo, en los centros penitenciarios y de rehabilitación, así como, en los Servicios Médicos Forenses del Estado.
Sin embargo, expresa, las autoridades deben responder a sus obligaciones, no es posible, denuncia, que todo el trabajo lo estén realizando ellas y ellos en solitario. En el tema forense, señala que, por ejemplo, todos aquellos restos o cuerpos que permanecen bajo resguardo de los Servicios Médicos Forenses en el estado, corresponden a los hallazgos que las familias han realizado en sus búsquedas en campo:
“Únicamente lo que las familias han encontrado en fosas es lo que existe en SEMEFO”, denuncia.
Por ello, advierte, resulta vital que la Comisión de Búsqueda de Personas en el estado “se ponga a buscar y encuentre; que se ponga a buscar en vida, que se ponga a buscar de todas las maneras”. Y es que, señala, “no basta con que publique la ficha de desaparición de nuestros hijos, eso ya lo hacemos nosotros. Necesitamos que los busque, que nos muestre un plan de trabajo de búsqueda: cómo los va a buscar, cómo los está buscando, dónde está buscando y qué está haciendo”.
Sumada a esta exigencia que incluye la presentación de un plan de trabajo congruente con las demandas de las familias y con el pleno reconocimiento de la situación de violencia y crisis de desapariciones que enfrenta el estado de Nayarit; las familias exigen al titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, que su trabajo no se ciña a un mero acompañamiento presencial, sino que, ahonde en los procesos de búsqueda de justicia, verdad y reparación:
“Necesitamos que el Centro Estatal de Atención a Víctimas ayude a las víctimas en todos los aspectos. No solamente haga acto de presencia cuando hay que ir a revisar carpetas y esté ahí presente y escuche, que haga algo, que nos ayude a trabajar, a presionar a las autoridades para que nos entreguen respuestas. Porque no nos interesa que solamente estén ahí haciendo presencia a un lado, que nos ayude a hacer un documento para pedir la copia del expediente y que a la mera hora no se entrega, ¡no necesitamos eso, necesitamos que realmente se pongan a trabajar! Que realmente nos digan y nos apoyen y nos digan en todos los aspectos”.
El contexto
El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Fiscalía General del Estado de Nayarit hizo público por primera vez, a través de un video en redes sociales, las cifras que documentan los casos de personas desaparecidas en la entidad. En ese sentido, esta institución reconoce tres tipos de causales en el delito de desaparición: 1) Extravío de personas; 2) Desaparición Forzada; y 3) Desaparición cometida por particulares.
Hace 9 años Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó desde El Paso, Texas hacia Ciudad Juárez; su crimen sigue impune y su familia espera que la Corte de Estados Unidos delibere si pueden demandar en ese país a pesar de su nacionalidad mexicana
Rocío Gallegos/ LA VERDAD
Ciudad Juárez – Aun cuando los gobiernos de ambos lados de la frontera agotaron su paciencia, María Guadalupe Güereca dice que mantiene la fuerza para exigirles justicia por su hijo Sergio Adrián, asesinado hace nueve años por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó desde El Paso hacia el lado mexicano.
“Voy a seguir insistiendo hasta que se haga justicia, así no pueda ni caminar” dice la mujer que este sábado encabezó una protesta para recordar a México y a Estados Unidos que sigue en la batalla porque no quiere que la muerte de su hijo, a quien le llamaba Keko, quede en el olvido.
Desde la joroba del puente internacional Paso del Norte, justo donde termina el límite de México y comienza Estados Unidos, exigió justicia por Sergio Adrián Hernández Güereca, asesinado el 7 de junio de 2010 debajo del Puente Negro, cruce ferroviario que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
Estuvo acompañada por Jesús Hernández, papá de Sergio Adrián, sus nietos e integrantes de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza ( The Border Patrol Victims Network – BPVN ).
La protesta se llevó a cabo en esta fecha previo al día en el que Sergio Adrián cumpliría 25 años y al inicio de actividades en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se espera que en pocos días se decida si sus padres pueden o no demandar en cortes de este país, a pesar de su nacionalidad mexicana.
Guadalupe Güereca y Richarson Boren, de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, en el puente internacional Paso del Norte Fotografía: La Verdad
El pasado 29 de mayo la Corte anunció que revisará el caso del adolescente juarense.
“Sé que posiblemente se tarde, pero creo que un día Dios va a hacer justicia”, afirma la mujer que porta en su camiseta blanca con la imagen de su hijo asesinado, que este domingo cumpliría años.
Asegura que la bala que le quitó la vida a su hijo también les destruyó su vida.
Pero advierte que aún cuenta con la fuerza para mantener su exigencia de que este crimen no quede sin castigo. “Eso me mantiene viva”, comenta la mujer que advierte que esta pendiente del caso desde México, pues carece de visa para cruzar la frontera.
Richarson Boren, de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, dice que Sergio Adrián fue asesinado y no han puesto cargos criminales contra su agresor.
Asegura que en este caso como varios más documentados en la frontera entre México y Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron uso de fuerza letal.
Uno de sus objetivos de la Red es crear memoria colectiva para que los asesinatos no queden en impunidad, dice.
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Hace 9 años Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó desde El Paso, Texas hacia Ciudad Juárez; su crimen sigue impune y su familia espera que la Corte de Estados Unidos delibere si pueden demandar en ese país a pesar de su nacionalidad mexicana
Ciudad Juárez – Aun cuando los gobiernos de ambos lados de la frontera agotaron su paciencia, María Guadalupe Güereca dice que mantiene la fuerza para exigirles justicia por su hijo Sergio Adrián, asesinado hace nueve años por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó desde El Paso hacia el lado mexicano.
“Voy a seguir insistiendo hasta que se haga justicia, así no pueda ni caminar” dice la mujer que este sábado encabezó una protesta para recordar a México y a Estados Unidos que sigue en la batalla porque no quiere que la muerte de su hijo, a quien le llamaba Keko, quede en el olvido.
Desde la joroba del puente internacional Paso del Norte, justo donde termina el límite de México y comienza Estados Unidos, exigió justicia por Sergio Adrián Hernández Güereca, asesinado el 7 de junio de 2010 debajo del Puente Negro, cruce ferroviario que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
Estuvo acompañada por Jesús Hernández, papá de Sergio Adrián, sus nietos e integrantes de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza ( The Border Patrol Victims Network – BPVN ).
La protesta se llevó a cabo en esta fecha previo al día en el que Sergio Adrián cumpliría 25 años y al inicio de actividades en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se espera que en pocos días se decida si sus padres pueden o no demandar en cortes de este país, a pesar de su nacionalidad mexicana.
Guadalupe Güereca y Richarson Boren, de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, en el puente internacional Paso del Norte Fotografía: La Verdad
El pasado 29 de mayo la Corte anunció que revisará el caso del adolescente juarense.
“Sé que posiblemente se tarde, pero creo que un día Dios va a hacer justicia”, afirma la mujer que porta en su camiseta blanca con la imagen de su hijo asesinado, que este domingo cumpliría años.
Leer Más:Cargan 68 defensores de oficio con casi 5 mil casos
Asegura que la bala que le quitó la vida a su hijo también les destruyó su vida.
Pero advierte que aún cuenta con la fuerza para mantener su exigencia de que este crimen no quede sin castigo. “Eso me mantiene viva”, comenta la mujer que advierte que esta pendiente del caso desde México, pues carece de visa para cruzar la frontera.
Richarson Boren, de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, dice que Sergio Adrián fue asesinado y no han puesto cargos criminales contra su agresor.
Asegura que en este caso como varios más documentados en la frontera entre México y Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron uso de fuerza letal.
Uno de sus objetivos de la Red es crear memoria colectiva para que los asesinatos no queden en impunidad, dice.
Jesús Hernández, papá de Sergio Adrián, reprocha el abandono del gobierno de México. “Defienden a miles de extranjeros y a un adolescente mexicano no lo han podido defender”, dice al sumarse a la acción por la justicia de su hijo, exigencia que han dejado en manos de abogados privados en Estados Unidos, pues él tampoco cuenta con visa para estar en la Corte.
Su demanda ha pasado por varias instancias judiciales desde que interpusieron en La Corte Federal en El Paso, Texas en enero del 2011.
Considera que la exigencia del Gobierno de México a su contraparte de Estados Unidos para detener al agente de asesino a su hijo se quedó en una mera declaración.
“Se olvidaron de Sergio Adrián, pero nosotros nunca lo haremos ni dejaremos de pedir justicia, por que lo mataron”, expresó el hombre.
En México, del 2007 al 2016, fueron procesadas penalmente 4 mil 246 mujeres por abortar
Katia Rejón/Foto: Enrique Osorno/La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Con música, baile, pintas y un tendedero de información sobre el panorama del aborto en México y particularmente en Yucatán, cientos de mujeres marcharon por la despenalización del aborto en el país este 28 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Despenalización del aborto.
Que en Yucatán, al menos 65 mujeres han sido denunciadas por aborto y aborto culposo entre 2009 y el primer semestre del 2018; que en el país, del 2007 al 2016 fueron procesadas penalmente 4 mil 246 mujeres por abortar: 53 de ellas se encuentran actualmente en prisión definitiva; y el personal médico es quien denuncia los abortos, a veces sin saber si son o no inducidos, son algunos de los datos que compartieron a través de una cartulina.
También criticaron la declaración del presidente del Frente Nacional por la Familia quien ha declarado que las mujeres víctimas de violación difícilmente se embarazan debido a que los violadores tienen problemas de infertilidad y porque la mujer está en crisis durante la violación.
Dieron a conocer que de acuerdo con la investigación de un medio nacional, del 2007 a la fecha, 36 asociaciones “pro vida” han recibido 857 millones 841 mil 961 pesos en donativos, de instituciones privadas y públicas.
Durante la manifestación gritaron consignas como “saque sus rosarios de nuestros ovarios” y “hay que abortar este sistema patriarcal”. Algunas mujeres cantaron canciones como “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade e interpretaciones de canciones originales, bailaron vogue e improvisaron musicalmente.
“Encontrándonos entre mujeres que viven, comparten, luchan, defienden, abortan, acompañan y resisten, nos reunimos para exigir la autonomía del primer territorio que habitamos: nuestros cuerpos, para reclamar la libertad de decidir sobre nosotras sobre nuestras vidas una libertad que nos pertenece la ira e indignación no nos son ajenas en un país que persigue más a las mujeres que deciden”, leyeron en el comunicado.
“Estamos hartas de vivir en estas condiciones. Estamos furiosas por sus violencias pero por sobre todas las cosas las sobrevivientes de este estado feminicida estamos organizadas y nos estamos fortaleciendo entre nosotras y por nosotras.
En esta noche de sororidad lucha y resistencia nos sumamos al grito global por la despenalización del aborto reconocemos las luchas y las victorias de nuestras compañeras que habitan en otros estados”, agregaron.
Solicitaron el acceso al aborto libre y gratuito para todas las mujeres del país, despenalización del abort o parte de las protestas contra la violencia sexual y la falta de acceso a los derechos reprpductivos.
Tanto la defensa de la víctimas, como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, afirmaron que se investigará al Ejército por las presuntas ejecuciones extrajudiciales del pasado 5 de septiembre.
La defensa legal de las ocho víctimas de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, ocurridas el pasado 5 de septiembre en Tamaulipas, informó que será investigada la actuación del Ejército en estos incidentes.
Este 27 de septiembre, se realizaron dos reuniones en las que participaron autoridades y organizaciones que tienen relación con la investigación sobre los hechos ocurridos en una colonia de Nuevo Laredo por los cuales, hasta el momento, han sido liberadas siete órdenes de aprehensión contra policías estatales.
Al salir de esas reuniones, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, informó que fue abierta una carpeta de investigación que incluye pesquisas sobre la presencia del Ejército en las inmediaciones donde ocurrieron las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El pasado 5 de septiembre, las autoridades de Tamaulipas informaron que sucedió un supuesto enfrentamiento entre policías e integrantes de un grupo delincuencial que dejó un saldo ocho de ellos fallecidos y fueron exhibidos sus cuerpos con armas y uniformes que los identificaban como miembros de la delincuencia.
Familiares de las víctimas y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo mostraron evidencias de un presunto montaje a los medios de comunicación. Tamaulipas nombró a un fiscal especial para este caso.
Este viernes, Raymundo Ramos informó que en las reuniones participaron el fiscal especial, Gabriel González Pérez, testigos sobrevivientes, representantes de la ONU Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según el defensor de las víctimas, el fiscal informó que se abrió una investigación para esclarecer la participación de elementos del Ejército el 5 se septiembre en los hechos ocurridos en la colonia Valles de Anáhuac, de la ciudad fronteriza.
“Se nos ha informado que se ha abierto una carpeta. Se está haciendo una investigación sobre la participación del personal del Ejército mexicano pero se le dará vista a vista a a Fiscalía General de la República porque tienen mucha información que proporcionar en relación a su presencia el 5 de septiembre en Valles de Anáhuac”.
Agregó que hay un total de 25 personas que pudieron haber participado “de manera directa” en los hechos que se investigan y no solo los siete policías sobre los cuales pesan las órdenes de aprehensión que fueron anunciadas por la Fiscalía de Tamaulipas.
“Le hemos hecho la observación de que en estos hechos participaron de manera directa más de 25 elementos, tanto del Centro de Análisis Información y Estudios de Tamaulipas como de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano”, informó Ramos en unas declaraciones realizadas a la salida de las reuniones.
“Hemos pedido al fiscal especial que investigue a toda la cadena de mando de ese operativo. Nos dicen que la información está en curso, que existe la posibilidad de que se amplíen estas órdenes de detención y que se llegue hasta las últimas consecuencias”.
Otra institución que ha solicitado que la investigación se amplíe a la cadena de mando es la CNDH, la cual inició una investigación el pasado 12 de septiembre, un día después de que fueron publicadas las pruebas recabadas por las familias de las víctimas.
Esa institución espera que las autoridades de Tamaulipas faciliten la declaración de los mandos que pudieran tener algún tipo de relación con los hechos.
Ramos informó que habrá una nueva reunión entre autoridades, organizaciones y familiares de las víctimas el próximo 12 de octubre.
La policía estatal resguarda a trabajadores de la construcción. Foto: Facebook Frente De Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala
Gabriela Hernández / Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- El Frente de Pueblos Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPMPT) denunció que, con el respaldo de policías estatales, federales y de la Guardia Nacional, este viernes se reiniciaron las obras para descargar desechos al río Metlapanapa, con lo que se busca extender el corredor industrial de Huejotzingo hacia la zona del volcán Popocatépetl.
Pese a que pobladores del municipio de Juan C. Bonilla firmaron un acta –en agosto pasado– donde se establecía el rechazo al proyecto de descarga de desechos industriales en el afluente, esta semana llegó maquinaria para reiniciar la colocación de tubos de drenaje de aguas negras, pero ahora con la protección y custodia de la policía, destacaron los inconformes.
De igual manera, recordaron que el mes pasado, en la localidad Cuanalá, los vecinos afectados se pronunciaron en contra de esas obras, ante empresarios, autoridades municipales y representantes de dependencias federales y estatales, quienes trataron de convencerlos de que la descarga de aguas no afectaría la calidad del agua del río que usan para consumo y riego de sus cultivos.
En esa ocasión, los lugareños colocaron ante sus interlocutores garrafas con agua extraída de pozos cercanos al área del corredor industrial, y los retaron a que consumieran el líquido, pero ninguno aceptó hacerlo.
Alejandro Torres Chocolatl, integrante del FPMPT, explicó que los pobladores de la región se oponen al proyecto de descargas industriales del corredor de Huejotzingo en el río Metlapanapa, porque esto afectará no sólo los pozos, ameyales y manantiales de los cuales depende económicamente la región, sino también la salud de los habitantes de la zona cercana al volcán Popocatépetl.
En un comunicado, destacó que este proyecto está relacionado con el Proyecto Integral Morelos y su gasoducto, que pasa precisamente por esa zona, pues el plan es industrializar las tierras cercanas al volcán que son ricas en recursos naturales, en especial de agua.
“Ahora los parques industriales de la región están creciendo aún más, se expanden en nuestro territorio, con un nuevo parque industrial que servirá a las empresas armadoras automotrices proveedoras de AUDI y VW, cuya producción depende de la extracción del agua de nuestros mantos, la misma agua que usamos para el consumo diario, para la producción de alimentos y para la crianza de ganado”, expuso.
Con las obras que pretenden llevar a cabo, añadió, el desarrollo industrial no sólo hará uso del agua de esa región, sino que además contaminará los ríos.
“Vemos y vivimos la continuidad de los proyectos de muerte, la práctica extractivista y las imposiciones del gobierno de la cuarta transformación. Somos víctimas de la militarización legalizada por Andrés Manuel López Obrador. Seguimos igual que en 2014, cuando Moreno Valle y Enrique Peña Nieto impusieron el gasoducto por la fuerza y con uso de la policía y el Ejército. Nada ha cambiado”, lamentó.
Los pobladores hicieron un llamado a estar pendientes de las acciones de resistencia que realizarán para oponerse a esas obras, pues temen que se haga uso de la fuerza para reprimirlos.
“De lo que pueda suceder responsabilizamos directamente a Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador del estado de Puebla; a Joel Lozano Alameda, presidente municipal de Juan C Bonilla; a Angélica Alvarado, presidenta municipal de Huejotzingo, y a la empresa constructora del parque industrial de Huejotzingo”, advirtieron.
Sinaloa.- Después de que ayer se anunciara el paro de labores para el día de hoy de todos los trabajadores pertenecientes al Stase, durante la mañana de este viernes cumplieron con la protesta y solo personal de confianza atienden en las oficinas.
Alrededor de 8 mil de trabajadores se ven afectados por la falta de pagos al adeudo que tiene el Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por Quirino Ordaz Coppel con el Stase.
De acuerdo a información otorgado Gabriel Ballardo Valdez, el adeudo del Gobierno de Sinaloa asciende a los 80 millones de pesos, el cual serviría para solventar los gastos del programa de vivienda, un programa de caja de ahorro y un programa para prestamos y jubiliciones, los cuales se encuentran paralizados.
Este paro es por justicia laboral dijo Gabriel Ballardo Valdez porque si permiten que les sigan negando plazas y que no les abonen los adeudos a sus prestaciones más adelantes les van a seguir quitando otras prestaciones que fueron muy difíciles de conquistar.
Afirmó que el adeudo se está arrastrando desde la administración pasada y que la actual solo ha abonado dos millones de pesos.
Son cerca de 10 mil trabajadores los que en este momento no están laborando en el estado.
Balkardo Valdez detalló que tienen dos años que no les abonan lo cual les esta afectando mucho.