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Talicoyunque: historia de desplazamiento forzado, corrupción y violaciones a los derechos humanos (Jalisco)

Violaciones a los derechos humanos, 10 millones 233 mil 826 pesos pagados a empresa de seguridad privada y más de 105 millones de pesos invertidos en un centro de reubicación, donde actualmente siete familias viven recluidas sin tener acceso a servicios básicos, son el resultado del desplazamiento forzado que el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realizó en la comunidad de Palmarejo; una de las tres comunidades que luchan por no quedar inundadas por la imposición de la presa El Zapotillo.

Foto: Mario Mario

Mario Mario /Zona Docs

Con rostro desencajado e incrédula, Martha cuenta: “Claro que sí, se siente mucha tristeza de que el gobierno no respete ¿Por qué quiere acabar con nuestras tradiciones, nuestra identidad? Que triste será que cuando nos pregunten: ¿De dónde eres? Tengamos que contestar, de un pueblo que desapareció.”

Originaria de Palmarejo, Jalisco, Martha, es una de las muchas personas desplazadas de su territorio. Me dice que dejar a sus difuntos es lo que más le dolería, pues éstos: “se quedarían enterrados aquí bajo el agua. Nos dijeron que a 80 o 105 metros, nos íbamos a inundar; entonces, con miedo muchos aceptaron de buena voluntad vender, pero hasta ahora no les han pagado”.

Asustados por la amenaza de que “si no aceptaban la reubicación se quedarían sin nada”, los campesinos de Palmarejo, una de las tres comunidades amenazadas de quedar inundadas por la presa El Zapotillo, fueron obligadas a derrumbar sus casas y desplazarse a Talicoyunque, un predio ubicado en una colina, a unos kilómetros de la comunidad de Temacapulín, el pueblo que por 14 años ha detenido la construcción de la presa El Zapotillo.

“A muchas personas las obligaron a tumbar sus casas, creo que para que se vea el rancho ya sin personas y todo destruido. Ahora, hay personas que se lamentan la vida que llevan allá, porque no es la misma vida que tenían acá en el rancho”, relata Martha.

Actualmente, siete son las familias que viven en el predio denominado: Talicoyunque.

“Ahí se siente uno encerrado, uno voltea para todas partes y es puro zacate y en cambio acá, hay más vida, agua y productos que se pueden comer, allá no hay nada. El gobierno lo que quiere es abusar de las personas porque quedó de entregarles escrituras, y así los tienen, pero cuáles escrituras les pueden entregar si no está el permiso de uso de suelo, ellos entregaron escrituras”.

EL ZAPOTILLO, LA PRESA DE LA CORRUPCIÓN

Con el argumento de abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco, en el año del 2005, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) junto con los gobiernos del estado de Jalisco y Guanajuato, comenzaron a impulsar la construcción del sistema Presa El Zapotillo-Acueducto El Zapotillo-León que inundaría una superficie de 4 mil 500 hectáreas dentro de las que se encuentran tres comunidades milenarias: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Entre protestas, violaciones a los derechos humanos, oposición por parte de las comunidades afectadas e inconsistencias, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que correspondía a una presa con cortina de 80 metros y no para 105 metros; en el año 2009, de manera ilegal, la empresa española FCC Construcción, junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, iniciaron la construcción de la presa El Zapotillo.

Tres años después de iniciada la obra, en septiembre del 2011, la CONAGUA adjudicó a la empresa española Abengoa México, la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León. Empresa que actualmente se encuentra en banca rota y mantiene una demanda por indemnización de más de 2 mil 378 millones de pesos a pesar de que nunca instaló ni un sólo metro del acueducto.

Ante todas estas arbitrariedades, despojo y violaciones, los habitantes de las comunidades comenzaron una lucha contra este megaproyecto denunciando y demostrando más de una vez las violaciones cometidas por los gobiernos estatales y federales a sus derechos humanos, y la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se han invertido a la mega obra.

Ejemplo de lo anterior, es la inversión de más de 27 mil millones de pesos que el Gobierno Federal ha gastado en el proyecto que se mantiene suspendido desde el año 2012 debido a la controversia constitucional 93/2012 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que la cortina de la presa no debía rebasar los 80 metros de altura, y que hasta la fecha no ha sido transparentada ni auditada.

Talicoyunque es otra de las irregularidades que han denunciado el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), organización que acompaña a las comunidades desde hace más de 10 años, pues este es el lugar donde la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) pretendía crear el mal llamado: “Nuevo Temaca”sitio que estaría asentado en un lugar empedrado, sin agua y a unos metros del basurero municipal de Cañadas de Obregón.

TALICOYUNQUE, DESPLAZAMIENTO DE UNA COMUNIDAD

En junio del 2018, representantes de la CEA presentaron a la comunidad de Temacapulín la opción de reubicación en Talicoyunque. La respuesta fue un rotundo no.

Como parte de las acciones de resistencia impulsadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la comunidad interpuso una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), quien -en 2010- ordenó detener la edificación del desarrollo habitacional que se construía en el predio; sin embargo, en desacato a las órdenes de suspensión, la CEA inició la construcción del poblado edificando 34 casas rodeadas de un alambrado y con vigilancia las 24 horas.

Al ver que Temaca rechazó irse a Talicoyunque, la CEA con amenazas obligó a los habitantes de Palmarejo a aceptar la reubicación, ya que si no lo hacían se quedarían sin nada, pues la comunidad por encontrarse en una altura menor a la presa, se inundaría de cualquier forma.

De esta manera fue como Talicoyunque, comenzó a poblarse: “Nosotros entregamos nuestras escrituras, hubo gente que aceptó vender, otros aceptaron una casa, a la mayoría los obligaron a derrumbar sus casas, yo creo que fue con la intención de que ya no regresaran”, explicó una habitante de Talicoyunque.

Actualmente, en este lugar viven siete familias que son custodiadas por elementos de seguridad privada quienes controlan lo que pasa en el lugar.

GASTO MILLONARIO EN SEGURIDAD PRIVADA PARA TALICOYUNQUE

En una investigación realizada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), explica que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), del 2014 al 2018, pagó a la empresa Seguridad Especializada en Logística en Custodia y Seguridad Privada, S.A de C.V. (SEMAG), la cantidad de 10 millones 233 mil 826 pesos por el servicio de seguridad y vigilancia en el predio denominado Talicoyunque, esto conforme a los datos obtenidos por la Unidad de Transparencia de la dependencia solicitados por el IMDEC.

En total, son ocho elementos los que resguardan la seguridad del predio cubriendo dos turnos de 24 x 24 horas de lunes a domingo. Dentro de sus funciones, según el Contrato de Prestación de Servicios, está el impedir el acceso a cualquier persona que no viva en el centro de reubicación, permitiendo sólo el acceso a las personas que cuenten con un escrito expedido por la CEA.

“Los vigilantes tienen llaves de nuestras casas, no nos dejan hacer fiestas, no podemos tener visitas y nos revisan los vehículos cuando entramos y salimos, estamos muy cuidados”, relata una mujer, integrante de una de las siete familias que viven actualmente en Talicoyunque.

Otros de los gastos que la CEA ha realizado del 2014 al 2018, es el de 65 mil 112 pesos por suministro de agua potable misma que es entregada a las familias de Talicoyunque a través de pipas; 272 mil 839 pesos por servicio de suministro de energía eléctrica; y 740 mil 541 pesos por mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente, en Talicoyunque se encuentran terminadas 34 casas de al menos 100 que se tienen contempladas en el proyecto original; en la misma información obtenida a través de la solicitud de transparencia, se indica que la CEA ha gastado en la construcción de estas 34 casas: 105 millones 778 mil 403 pesos. Hasta ahora, la CEA no cuenta con ningún documento que diga cuánto dinero se tiene aprobado para continuar con la construcción del centro de reubicación.

A pesar del gasto millonario realizado por la CEA durante cuatro años en este predio, las familias que viven actualmente en Talicoyunque, no cuentan con: servicios médicos, escuelas, tiendas, iglesias, tierras para sembrar, corrales para criar sus animales, incluso, el agua se les suministra cada tercer día.

Para María González, investigadora y coordinadora del IMDEC: “una presa para abastecimiento de agua se ha convertido en una contradicción para las personas que fueron desplazadas de su territorio, donde contaban con comida, agua, tierras fértiles, escuela, servicios de salud, su iglesia, por la construcción de una presa, ahora sufren por que el estado no les garantiza su derechos fundamentales y sobre todo, no les garantiza el agua”.

Pero lo más grave de estas cifras se puede encontrar cuando estos gastos millonarios realizados en Talicoyunque se comparan con lo que las últimas dos administraciones del municipio de Cañadas de Obregón, han gastado en la comunidad de Temacapulín, pues de acuerdo con información obtenida a través de transparencia, la administración municipal (2012–2015), invirtió en obra pública para la comunidad: cero pesos, mientras que para las Fiestas Patronales y la Feria del Chile se gastaron 42 mil pesos.

En tanto, la administración (2015-2018) gastó 463 mil pesos en la instalación de una antena repetidora y 382 mil pesos en la aportación que hizo para la construcción del arco de bienvenida de Temacapulin; la otra mitad de la inversión (otros 382 mil pesos), la pagaron los hijos ausentes de Temaca.

EL ZAPOTILLO, MEGAPROYECTO PLAGADO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El intento por parte del gobierno federal y estatal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), para desplazar a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a centros de reubicación ha estado lleno de violaciones a la ley y a los derechos humanos de los habitantes de estos tres poblados; así como a los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y Desplazamientos Generados por el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su visita oficial a México, el 20 de junio del 2011, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier De Shutter, después de conocer la comunidad de Temacapulín y el predio de Talicoyunque, explicó:

“No se puede hacer una comunidad en donde se pierdan sus condiciones de vida, tiene que garantizarse las mismas o mejores condiciones. Las personas que viven en estas comunidades, viven de la agricultura y siembran distintos cultivos que no van a crecer en las tierras que se les están proponiendo en el lugar en donde serían reubicados. Es esencial que conserven sus medios de subsistencia, ya que en el derecho internacional no se prohíben los desalojos a favor del interés público, pero hay condiciones que se tienen que cumplir para una reubicación, pues éstos tienen que ser en condiciones favorables, que no afecten sus medios de subsistencia y estas condiciones no se están cumpliendo”.

“Al respecto, María Gonzalez del IMDEC detalló que: “está documentado que los megaproyectos como las presas, nunca cumplen con los supuestos beneficios que las empresas y las autoridades prometieron a las comunidades; el caso de la Presa El Zapotillo no fue la excepción, 14 años después, se han cometido una de las mayores violaciones de derechos humanos en caso de grandes obras de infraestructura: el desplazamiento forzoso de la comunidad de Palmarejo”.

Según un análisis realizado por el IMDEC, en el caso del desplazamiento forzado de la comunidad de Palmarejo al predio de Talicoyunque, la CEA no cumplió ninguno de los puntos del Protocolo de Actuación para Proyectos de Desarrollo e Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, el pasado 8 de enero de 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), presentó la recomendación 50/2018 donde se documentó la violación a los derechos humanos de los habitantes de las tres comunidades afectadas por la presa El Zapotillo.

En la recomendación, la CEDHJ reconoció que los habitantes de la comunidad de Palmarejo fueron desplazados forzadamente de sus casas, por lo que solicitó al actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lo siguiente:

  • La reparación del daño a los habitantes que fueron desplazados de su territorio.
  • Garantice a los habitantes de las comunidades el derecho humano a la salud, a la educación y al desarrollo integral de sus comunidades.
  • Regularice la situación jurídica de las personas que fueron desplazadas de Palmarejo y se les otorguen los títulos de propiedad e indemnizaciones justas.
  • Se les dote de tierras de cultivo para garantizarles el derecho a la alimentación y la vida campesina.
  • Se realicen inventarios de los bienes personales y comunes que han sido abandonados en la comunidad de Palmarejo, a fin de que sean mejorados en el nuevo centro de población a donde se ha dirigido el re-asentamiento, incluyendo edificios históricos y religiosos.
  • Se garanticen los derechos al libre tránsito, agua, alimentación, educación, movilidad y desarrollo de las personas desplazadas de Palmarejo al predio denominado Talicoyunque.

Hasta ahora, las respuestas de la autoridad ante esta recomendación han sido escasas y en la vida cotidiana de las siete familias que actualmente viven en Talicoyunque aún persisten las violaciones a sus derechos humanos.

https://www.zonadocs.mx/2019/10/22/talicoyunque-historia-de-desplazamiento-forzado-corrupcion-y-violaciones-a-los-derechos-humanos/