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El CCIN exige la liberación de dos concejales y un simpatizante del movimiento

Gloria Leticia Díaz/ Proceso, 23 de septiembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), Michoacán, exigió la liberación de dos concejales y un simpatizante del movimiento ciudadano, detenidos en noviembre pasado, como parte de “una serie de agresiones, tales como difamación, hostigamiento, agresiones físicas y hasta criminalización”.

En un comunicado, el CCIN recordó que se conformó en 2015 ante “un clima de violencia y ante la presumible complicidad del gobierno municipal con los grupos del crimen organizado”, derivado del desconocimiento de los partidos políticos, “con el objetivo de buscar condiciones de vida dignas en la comunidad”.

El CCIN, abundó, “es un gobierno comunitario que desde su formación defiende los derechos e intereses de la comunidad y de los pueblos indígenas, encargándose de la promoción de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales”.

Tras resaltar que en 2017 fue reconocido legalmente como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del gobierno de Michoacán y el gobierno federal, en la resolución TEEM-JDC-035/2017, el CCIN destacó que en noviembre de 2018 los concejales Arreola y Jiménez y el simpatizante Talavera fueron detenidos “por su ejercicio de defensa de su derecho a la autonomía como pueblo indígena”.

De acuerdo con el concejo indígena, “el proceso ha estado plagado de irregularidades, pues los indígenas presos han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos, incluyendo a los hijos pequeños de Antonio”.

Al acusar al gobierno de Michoacán de hacer uso del sistema de justicia penal con el objetivo de “desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejercen desde el CCIN”, agregó que desde que los concejales y el simpatizante fueron encarcelados “se han pospuesto varias audiencias, y no han logrado determinar la inocencia o culpabilidad” de los procesados, debido a que “los testimonios de los testigos no son congruentes y se contradicen”.

El gobierno comunitario sostuvo que “los hechos de los que se les acusa nunca existieron, por lo tanto, no se puede probar que José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y Gerardo Talavera cometieran algún delito”.

Al señalar que este martes habrá una nueva audiencia en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Uruapan, el CCIN consideró que “de respetarse la ley y los derechos humanos de los inculpados, la consecuencia lógica sería que sean liberados ante la falta de pruebas”.

Los tres detenidos fueron acusados por el ayuntamiento de robo calificado, robo de vehículo terrestre y sabotaje, hechos que hasta ahora no han podido ser comprobados, según el CCIN.

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