CNDH expone deficiencias en procuradurías de Guanajuato y SLP

Ordenan iniciar procedimientos administrativos contra tres agentes de Ministerio Público de Guanajuato por muerte de un hombre en 2015.

Por: José Antonio Castro Murillo / AM, León Guanajuato, 12 de Septiembre de 2019

León.- Deficiencias en el actuar de la extinta procuraduría General de Justicia de Guanajuato fueron evidenciados en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual ordenó iniciar procedimientos administrativos contra tres agentes de Ministerio Público de Guanajuato.

Se trata de la recomendación 55/2019, que fue emitida el pasado 27 de agosto de 2019 por este organismo nacional y fue dirigida en primera instancia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.

Pero también al ahora fiscal general del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, así como su homónimo en San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera.

Se trata de una recomendación emitida por uso excesivo de fuerza que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por parte de agentes de la Policía Federal.

UNA MUJER DENUNCIÓ LA DESAPARCIÓN DE SU ESPOSO

Además se comprobó la inadecuada investigación del caso por parte de las entonces Procuradurías Federales de Justicia de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí.

El documento relata que el 20 de septiembre de 2015, una mujer denunció la desaparición de su esposo en una agencia del Ministerio Público de Irapuato, Guanajuato.

Horas después, pero siendo 21 de septiembre, la misma mujer presentó una queja en la procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato en la que informó que su hijo y su esposo fueron detenidos cerca de las 2:00 de la mañana del 20 de septiembre por elementos de la Policía Federal.

Ese mismo 21 de septiembre, la agencia del Ministerio Público local del municipio de Villa Reyes, San Luis Potosí, tomó conocimiento del hallazgo de un cadáver de sexo masculino, tres días después se confirmó que se trataba del padre desaparecido.

Pero también, el hijo del fallecido ya había presentado una queja en asuntos internos de la Policía Federal debido a las circunstancias de la detención de él y su padre, además de la forma en que los elementos federales lesionaron a su progenitor con arma de fuego.

Igualmente la esposa del occiso denunció irregularidades en la expedición del certificado de defunción.

De estos hechos se inició la investigación por parte de la Comisión Nacional con la cual se acreditó uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal que no fue acorde a principios de legalidad necesidad y proporcionalidad.

IRREGULARIDADES EN EL CASO

En el caso de las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia y ahora Fiscalía General de Guanajuato, el análisis de evidencias permitió constatar que el personal de la dependencia no recabó testimonios de otras personas que aportaran mayores elementos a las indagatorias ni tampoco citó a los agentes federales que fueron identificados por una de las víctimas para que fueron entrevistados con relación a los hechos, y tampoco recabó evidencia registradas en cámaras de seguridad.

Por lo tanto. la recomendación dicta que el general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, a que inicie un procedimiento de investigación administrativa en contra de tres agentes del Ministerio Público de Guanajuato.

Además da un plazo de 3 meses para diseñar y llevar a cabo un curso de capacitación dirigido al personal ministerial.

En este se deben incluir técnicas de investigación criminal, la adecuada preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, la cadena de custodia, la debida diligencia y el plazo razonable para su determinación, “con el objetivo de que cuenten con elementos legales técnicos que les permitan desempeñar sus funciones de manera eficiente para prevenir casos como éste”, detalló el organismo.

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