Colectivo del Periódico El Zenzontle / La Jornada de Oriente
El día 23 de mayo, en Chilapa, Guerrero, fueron “levantados” Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, ambos integrantes de la Policía Comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, el primero de ellos comandante, promotores del CIPOG–EZ y miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes fueron encontrados sin vida y descuartizados el día de ayer 24 de mayo.
Este crimen se sumó al reciente asesinato de los compañeros Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, extendiendo la política de terror que los grupos narco paramilitares, en acuerdo con el mal gobierno en contra de los miembros del CIPOG-EZ y todos los territorios indígenas de México. El perpetrador reconocido de estos crímenes por las comunidades y por algunos retenidos por la policía comunitaria (que eran halcones y pistoleros) fue el Grupo Paz y Justicia, ligado al grupo de los Ardillos, quien cuenta con la complicidad del Ejército Federal y el gobierno estatal.
La acción con esta expresión de terror contra miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), contra las poblaciones de la región y contra el CIPOG-EZ se acumulan decenas de casos de personas ejecutadas, desaparecidas y secuestradas, además de la continua extorsión que grupos como los llamados Ardillos, o los Rojos realizan en esa región guerrerense de la Montaña.
Estos hechos son parte de un extenso plan contra los pueblos originarios, comunidades barrios y organizaciones sociales que han decidido darse la seguridad y la impartición de justicia frente a las amenazas y actos criminales no sólo de delincuentes, narcos y funcionarios, sino de la variada forma de aparecer de las empresas con sus megaproyectos mineros, de presas para hidroeléctricas, de fraccionamientos turísticos, de pistas y aeropuertos, y un largo etcétera, que en Guerrero incluye el narco negocio capitalista de la siembra, transformación y trasiego de mariguana, amapola y otras drogas de amplia demanda, principalmente en los Estados Unidos.
Las poblaciones que no se someten a esos negocios, las personas que quieren vivir en tranquilidad, pero también las que han sido forzadas a emplearse o usar sus tierras para algunos de esos negocios ajenos, son acosadas, extorsionadas y si no las someten se les combate con el caudal de armas que los paramilitares y las fuerzas del gobierno han adquirido para proteger a empresas y criminales.
Porque se ha mostrado desde hace 25 años que las comunidades pueden organizarse para darse la defensa inmediata y la justicia interna de sus comunidades, es necesaria y legitima la existencia de las policías, guardias y rondas comunitarias creadas por asambleas para servir voluntariamente como una forma más de autogobierno, de solución propia de sus problemas, como también lo hacen en la salud, la educación, la producción colectiva, la comunicación e incluso en los cambios profundos que requiere superar las formas patriarcales y violentas de vida.
Ante esos esfuerzos ejemplares, la Crac- PC y la Crac -Fundadores, a pesar de sus diferencias y formas de liderazgo, son fuerzas que el poder quiere eliminar. Lo ha intentado por medios violentos, pero también busca negarles la legalidad desde la cual se constituyen como parte de los derechos a la autonomía de los pueblos originarios, en el caso de Guerrero y con la complicidad de los partidos, anulando la Ley 701. A la vez, así como los paramilitares han antecedido los negocios capitalistas que saquean los territorios, ahora se anuncia la instalación de unidades y coordinaciones de la Guardia Nacional para dar el paso a la militarización que los pueblos guerrerenses han repudiado y combatido ante las masacres, violaciones, desapariciones que han sufrido en su historia.
Los grupos comunitarios que realizan su autodefensa al servicio de sus pueblos y no de líderes o empresarios necesitan de la solidaridad en la acción para erradicar el paramilitarismo y sus mandos narco-militares, empresariales y gubernamentales.
No es un choque armado y desventajoso, es la organización de una conciencia para la defensa integral y común de los territorios y la vida.
Berencie Santos y Paola Odiardi / El Universal, 18 de junio de 2019
Lidia Suárez, de 72 años, es dueña de una pequeña casa de adobe ubicada en el sur de la Ciudad de México. Su hogar, con más de 300 años de antigüedad, se encuentra en el corazón del pueblo de Xoco, en la alcaldía de Benito Juárez. En 2005 pagaba 6 mil pesos de predial, pero el año pasado aumentó hasta 32 mil.
La razón: alrededor de estas casas se está construyendo un gran desarrollo inmobiliario; los edificios City Tower, Urban Park y el proyecto —aún en construcción— Mítikah hicieron que esta área dejara de ser un “pueblo originario” y se convirtiera en una “zona residencial”.
“Con Marcelo Ebrard nos quitaron el nombre de ‘pueblo’, porque en los pueblos y en los barrios no se pueden construir edificios sin consultarnos, así que pasamos a ser colonia”, cuenta Lidia. Pero hace menos de un año les regresaron la nomenclatura de pueblo originario y ahora esperan ser consultados sobre la construcción de la torre Mítikah, un edificio que se pretende tenga 65 pisos”.
Este caso forma parte de las 901 quejas relacionadas con las construcciones de la capital que llegaron a las oficinas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de 2012 a 2018, de acuerdo con los más de mil expedientes revisados por la Unidad de Datos de EL UNIVERSAL.
Aunque los habitantes de Xoco sobreviven al encierro provocado por la edificación de estos complejos residenciales, tampoco se dan por vencidos para frenarlos por la vía legal. En los registros de la PAOT hay más de 10 quejas por incumplimientos de las constructoras al no contar con los dictámenes técnicos y no recibir medidas de mitigación. Mientras tanto, los pobladores padecen aumento del predial, desabasto de los servicios, así como el impacto vial y ambiental.
La transformación de Xoco llegó cuando se cambiaron las zonificaciones. Durante mucho tiempo sólo se permitía construir viviendas de máximo tres pisos, luego cambiaron hasta los 22 niveles y terminaron autorizando superficies formadas por la fusión de predios y el cambio de uso de suelo.
“Al inicio éramos 3 mil habitantes; después de las normas de vialidad estábamos entre los 10 mil y 12 mil, y cuando arranque Mítikah seguro llegaremos a los 50 mil”, asegura Miguel Galicia, arquitecto y residente de la zona.
El cambio del polígono de actuación fue fundamental para las constructoras, porque lograron tener un terreno mixto: donde antes sólo era habitacional, ahora hay consultorios, oficinas y centros comerciales, con esto cambiaron el uso de suelo, explica Galicia.
Originalmente, este tipo de instrumentos urbanos (polígonos de actuación) se utilizan para regenerar ciudades y se establece en zonas deterioradas, pero en la Ciudad sirve para fines inmobiliarios
“Las grandes constructoras convierten a los barrios en parques temáticos y junto al Gobierno definen el territorio a rescatar urbanamente, pero esto sólo significa ‘modernización’”, afirma Pablo Gaytán, sociólogo especializado en Diseño y Estudios Urbanos.
Aunque en otras ciudades del mundo estos instrumentos generan beneficios sociales y económicos, en la CDMX son herramientas mal estructuradas a causa de la corrupción y la falta de transparencia, además no cumplen un fin público, dice Salvador Herrera, director de Urbanística.
Quejas sin resultados
De 2012 a 2018, la PAOT recibió 901 quejas relacionadas con las construcciones de la capital del país. En 44% de estos casos, es decir 404, la procuraduría ambiental logró comprobar que había irregularidades; violación de normas de construcción y no contaban con los permisos necesarios. A pesar de esto, únicamente en seis de estos casos pudieron intervenir directamente, pues hasta ahí llegaban sus atribuciones; en el resto emitió una recomendación o la denuncia pasó a manos de otra dependencia, de acuerdo con los expedientes revisados por EL UNIVERSAL.
Los encargados de vigilar y sancionar a los desarrolladores son las alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). Ambas figuras son clave para que se lleve a cabo una construcción regular, sostiene Mariana Boy, titular de la PAOT. Sin embargo, de 404 casos en donde se encontró irregularidades, en 47 las dependencias ya habían tomado alguna medida —sellos de clausura o suspensión—.
Incluso hay ocho reportes en los que la PAOT confirma que algún organismo otorgó un permiso que contravenía el uso de suelo del terreno, además en 19 casos se comprobó que se dio la autorización para la creación de polígonos de actuación. “En la CDMX se utilizan [estos instrumentos urbanos] como una herramienta para apalancar el desarrollo inmobiliario”, considera Salvador Herrera.
Las tres principales irregularidades que se detectaron en los expedientes fueron que carecían de permisos para realizar la construcción, pisos excedentes a los permitidos y daño ambiental como consecuencia de las obras. Estas causas reúnen 50% de las quejas. A esto se le puede sumar la falta de transparencia en los procesos y que pocas veces se llega a un consenso entre habitantes, autoridades y desarrolladores, considera el urbanista.
Sanciones insuficientes
Entre 2017 y 2018 se registró el mayor aumento en el número de quejas, al pasar de 96 a 184, y aunque la procuraduría ambiental debería tardar máximo dos meses para emitir una resolución, según sus propias normas, aún hay 99 de los 184 casos que se abrieron en el año pasado que no se han resuelto.
De acuerdo con el análisis de los expedientes, 50% de las personas presentan la denuncia inicial porque las obras carecen de permisos de construcción, pero cuando la PAOT realiza la verificación encuentra casos en los que faltan más documentos, incluso algunos son falsos o están caducos.
El 65% de las irregularidades se concentraron en las alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Esto no sorprende a la procuradora ambiental, pues “ahí hay vecinos informados y organizados, y en la zona del Centro siempre hay más demandas”.
Desde 2008, año en el que comenzó la edificación de las torres de City Tower, la situación se comenzó a agravar en el pueblo de Xoco. La falta de agua se convirtió en una constante para los residentes de la zona y las pequeñas calles se llenaron de automóviles que impiden el correcto paso de los peatones, que incluso pone en riesgo su seguridad. Pero el desarrollo que está por venir, Mítikah, puede empeorar todo. “Basado en el reglamento de construcción hicimos un aproximado de cuánta agua consumirían estas nuevas torres, necesitarían entre cuatro y cinco millones de litros diarios. Además tienen ocho cisternas con una capacidad de hasta 6 millones de litros, con tuberías de 12 pulgadas de diámetro. En cambio, nosotros, por reglamento, tenemos tuberías de media pulgada. Nadie nos puede garantizar que tendremos agua”, detalla Miguel Galicia.
La falta de permisos también ha estado presente desde el inicio. Para estas obras se derribaron alrededor de 80 árboles de 40 años y se trasplantaron otros 21 para modificar una de las calles principales con la intención de cerrarla y convertirla en un lobby. Los vecinos manifestaron ante las autoridades esta tala y los inspectores de la alcaldía de Benito Juárez aseguraron al principio que todo estaba en orden. Después se supo que en realidad no tenían permisos y tuvieron que cubrir una multa de 40.8 millones de pesos.
La procuradora Boy Tamborrell insiste en que es importante que las constructoras sepan desde el inicio cuáles son sus obligaciones y que, de no cumplirlas, habrá una sanción. Pero también está consciente de que las sanciones administrativas son insuficientes y por eso propone la posibilidad de sanciones penales: “Trabajamos con la Fedapur [Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana] para judicializar los asuntos en denuncias penales. Hasta ahora se han presentado más de 500 denuncias y ninguna se ha judicializado, la mayoría son contra inmobiliarias”.
Para los especialistas, como Salvador Herera, las quejas que recibe la PAOT tienen su fundamento en que las normas de construcción de la CDMX aún se rigen con el mismo Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) de hace más de una década.
A esto se le suma que las dependencias responsables de la correcta edificación tienen un rendimiento deficiente y los pobladores, aunque esperan por años, son los que denuncian. “A pesar de las resoluciones, ni la alcaldía o Invea han actuado. A nosotros sólo nos queda seguir insistiendo”, afirma Galicia, habitante de Xoco.
Se contabilizan 593 personas no localizadas en el estado, número que podría aumentar debido a que, en muchos de los casos, los familiares decidieron no interponer una denuncia por desaparición ante la Fiscalía del Estado
Noticieros Televisa| COLIMA, México | 18 de junio de 2019
Colima ha hallado 90 fosas clandestinas en lo que va del año.(Fiscalía Colima)
En lo que va del año en el estado de Colima se han localizado 90 fosas clandestinas con 122 restos humanos. La mayoría en predios urbanos y rurales, en los municipios de Manzanillo, Coquimatlán, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, en este último se han ubicado el mayor número de restos humanos.
De las que hemos obtenido en estas fosas clandestinas 122 indicios entre restos humanos y cuerpos; en el mes de mayo hubo unas fosas que se localizaron en los municipios de Tecomán y Manzanillo, sin embargo, el mes álgido para nosotros fue el mes de febrero, en donde se localizaron 69 restos humanos en 49 fosas en Tecomán en la comunidad de Santa Rosa”, explicó Gustavo Adrián Joya Cervera, vicefiscal de procedimientos penales de la Fiscalía de Colima.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del 2014 al 2018, se contabilizan 593 personas no localizadas en el estado de Colima, sin embargo, este número podría ser mayor, ya que en muchos de los casos, los familiares decidieron no interponer una denuncia por desaparición ante la Fiscalía del Estado.
Porque tanto hay gente que tiene su familiar desaparecido que no puso una denuncia, como hay gente que tampoco ha venido a que se le tome una muestra de ADN sin la denuncia, entonces de esas personas no tenemos ningún dato”, dijo Rosa Evelia Pérez, comisionada estatal para la búsqueda de personas desaparecidas en Colima.
Por su parte, Gustavo Adrián Joya Cervera, vicefiscal de procedimientos penales de la Fiscalía de Colima, señaló: “En la comunidad de Santa Rosa hemos obtenido 67 perfiles genéticos, es decir, hemos identificado 67 cuerpos, lo que nos ha permitido identificar debido a la confronta nuestra base de datos, 26 cuerpos que ya han sido entregados a sus familiares, nos restan 41 cuerpos que no han dado resultado positivo”.
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Colima es el estado con el mayor número de hallazgos en lo que va del año, por encima de Sinaloa donde han identificado 80 fosas, le sigue Sonora con 55 y Nayarit con 35.
El 3 de mayo, la Fiscalía del Estado de Colima localizó 13 fosas clandestinas con restos de 13 personas en el puerto de Manzanillo y Tecomán, este último, el municipio con el mayor número de hallazgos en lo que va del año.
En Manzanillo, fueron ubicadas 10 fosas, muy cerca de los límites con el estado de Jalisco.
Derechohabientes del IMSS se manifiestan en las afueras del instituto para exigir que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no les quite el recurso al área de la salud
Blanca Regalado / El Debate
Mazatlán, Sinaloa.- Concepción Becerra, llorando le exige al presidente la república, Andrés Manuel López Obrador, sea sensible y deja de quitarme recurso al área de la salud.
Agotada y con la voz entrecortada se sumó a la protesta frente al Hospital General de Zona 3 ,del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir les den hemodiálisis.
El hospital La Marina , ya no les dio servicio porque el IMSS no ha pagado. Son 130 pacientes que en tres secciones reciben hemodiálisis .
La comunidad otomí de Huitzizilapan, en el Estado de México, demandó que les regresen su bosque, expropiado hace cinco años para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. El plazo del constructor para terminar la obra venció el 29 de mayo sin que, aseguran, se haya concluido. El 25 de junio harán un recorrido con medios de comunicación en el área señalada
Hace cinco años el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de un decreto presidencial, expropió 6,938.7 hectáreas de la comunidad San Lorenzo Huitzizilapan, en el Estado de México, para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. Ahora la comunidad otomí que vive en el pueblo le exige al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador la devolución de sus tierras, tras concluir los cinco años de plazo que se le otorgó a la empresa Constructora Teya –filial de Grupo Higa– para terminar de construir carretera.
“En los últimos recorridos que se han hecho; que son hace siete, ocho días; constatamos que en unas partes del trazo carretero no se ha empezado a construir, otras partes está al 20, al 40, al 50 por ciento, hay partes donde ya hay una plancha asfáltica, pero ya está en muy mal estado por las condiciones climatológicas”, narró Efrén Santana en conferencia de prensa.
Debido al incumplimiento en los plazos asignados por el artículo 9 de la Ley de Expropiación, la comunidad indígena solicita la devolución de sus tierras. En el artículo noveno hay un apartado donde se puede hacer un proceso de reversión.
“Pero ese proceso de reversión es vía agraria, es lo más cercano que los pueblos indígenas tienen a la mano, pero está muy lejos de las necesidades de los pueblos indígenas”, advirtió Santana.
Es por ello que los pobladores insisten en crear nuevos mecanismos que se vayan adaptando a cuestiones más allá de las agrarias y pase a los derechos humanos.
“Queremos recuperar las tierras y que el Estado y las empresas involucradas reparen el daño ocasionado y no nada más en cuestiones de la flora y la fauna o de los pasos ancestrales; sino también todo el daño psicológico que ha tenido la población porque hemos tenido represiones muy fuertes, la comunidad de Xochicuautla ha tenido presos políticos”.
El señor Santana cuenta cómo el bosque sigue siendo una parte medular los pueblos; la gente sube por sus plantas medicinales, van por leña para combustibles, por hongos, ramas para hacer adornos.
La primera pista que los alertó de que algo estaba mal fue la tala indiscriminada de árboles que también afectaba sus veneros de agua; “cuando dejó de llegar el líquido a la comunidad fue cuando dijimos algo está mal”.
Efrén dice que el trazo carretero a ellos no les lleva progreso, más bien corta los siete cerros sagrados, rompiendo la espiritualidad y la conexión que tienen con ellos; los fisura como comunidades, y les quita identidad; todo esto lo cambia por algo muy popular en la ciudad: la contaminación.
El campesino explica el impacto de vivir alrededor de la carretera: “son los ruidos, las emisiones de gas, ya no vas a respirar el aire puro que respirabas; implica que ya no vas a poder comer tus hongos en temporada de lluvias, implica que si dejamos que pase la autopista a la tercera sección de Chapultepec no vamos a poder ni entrar a nuestros bosques, la única forma en que vamos a poder entrar es con una identificación en mano, pero para ser jardineros, para ser domésticas, para ser el chalán de ellos, cuando ese territorio es de los pueblos”.
Agua Dulce, Ver.- El Fiscal General del estado, Jorge Winckler Ortiz, dio a conocer en rueda de prensa que se investiga la posible participación de elementos policíacos en el ataque armado ocurrido el viernes en la carretera Villahermosa–Coatzacoalcos y que dejó como saldo una persona sin vida.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que los migrantes agredidos a balazos el pasado viernes por la tarde en la carretera Costera del Golfo, fueron perseguidos desde un retén ubicado en los límites de Tabasco y Veracruz, así como también que los presuntos agresores son policías o agentes de migración, de acuerdo a lo que señalaron testigos y los propios migrantes entrevistados por las autoridades judiciales.
Los sobrevivientes narraron que el grupo de 17 migrantes salió de su natal El Salvador e ingresó a México por Chiapas hasta llegar a Villahermosa, Tabasco, donde abordaron la camioneta Chevrolet Avalanche color blanco con intenciones de ir hasta la Ciudad de México y de ahí al norte del país, pero después de pasar una zona con topes —presuntamente el retén ubicado en los límites de Tabasco y Veracruz— vieron sirenas de patrullas y comenzó una persecución.
Los dos migrantes lesionados, quienes viajaban en la batea escondidos, relataron que tras un par de horas llegaron a una zona de topes —aparentemente el retén de la Policía Federal ubicado en los límites de Veracruz con Tabasco– y después escucharon sirenas, además de que el conductor incrementó la velocidad.
Tras un lapso aproximado de entre 10 y 20 minutos escucharon detonaciones de arma de fuego y la camioneta se detuvo sobre la carretera federal 180, a la altura de la planta Madisa en el kilómetro 26+500, en donde el conductor fue intervenido por hombres con uniforme, quienes lo golpearon y presuntamente se lo llevaron, pues no se le volvió a ver aunque tampoco se reportó oficialmente la detención del chofer.
Mientras el chofer era intervenido, la mayoría aprovechó para huir, aunque en el sitio se quedaron los lesionados y la joven sin vida por un disparo en la cabeza por una bala calibre .762, correspondiente a un fusil Iwi Galil Ace, un tipo de fusil ocupado comúnmente por la Policía Federal de México.
La fallecida fue reconocida como M.Z.E.C por su padre que reside en Estados Unidos. Al inicio se creyó que tenía 12 años por un pasaporte que había en el sitio, pero resultó que no correspondía a esta persona y en realidad la muchacha muerta tenía 19 años de edad; el cuerpo se encuentra en la ciudad de Las Choapas a la espera de ser entregado y la FGE mantiene coordinación con la cónsul de El Salvador, Claudia Patricia Saldaña de Sifontes, para los trámites correspondientes.
La Fiscalía de Veracruz abrió la carpeta FEAM/ACA/033/2019 para investigar si hubo participación de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal en estos hechos que resultaron con la pérdida de la vida de una jovencita y dos heridos de bala.
Aumenta la detención de migrantes en Aguascalientes, según estadísticas publicadas por la Unidad de Política Migratoria adscrita a la Secretaría de Gobernación
Aumenta la detención de migrantes en Aguascalientes, según estadísticas publicadas por la Unidad de Política Migratoria adscrita a la Secretaría de Gobernación, en abril el número de extranjeros presentados ante las autoridades creció más de un 500% en comparación con los tres primeros meses del año.
El documento, que puede consultarse en el sitio http://www.politicamigratoria.gob.mx, informa en su más reciente publicación que en abril fueron detenidos 89 migrantes en Aguascalientes –todos ellos en la capital del estado, a excepción de uno en el municipio de El Llano–, un alza considerable comparados a los 14 migrantes presentados ante las autoridades en marzo, 11 en febrero y nueve en enero.
El alza no fue exclusiva de Aguascalientes, ya que esta tendencia se ha registrado a nivel nacional de manera sostenida durante los primeros cuatro meses del año, pero en ninguna otra entidad del país el crecimiento ha sido tan abrupto.
Foto: Adrián Carmona[/caption]
Según los registros históricos, los 89 extranjeros presentados ante las autoridades migratorias en Aguascalientes el pasado mes de abril, representa la tercera cifra más alta en los últimos 50 meses, y es el número más elevado desde abril de 2016, cuando fueron detenidos 108 migrantes en territorio estatal.
En promedio durante 2018 fueron detenidos 27 migrantes cada mes dentro del territorio estatal, cifra que en 2017 fue menor, pues un estimado de 18.5 extranjeros fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración en dicho año.
Más de mil hectáreas fueron destruidos a causa de los menonitas, la deforestación se realizó en la comunidad de San Fernando, El Bajío y El Paraíso, municipio de Bacalar, Quintana Roo.
Los menonitas no han recibido ninguna sanción económica y según la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) en los tres casos se resolvieron en sentido sancionatorio.
Las autoridades ejidales de Bacalar mencionaron que los representantes menonas solicitaron permiso para utilizar 900 hectáreas para su cultivo, pero se extralimitaron.
De igual forma la instancia señaló como responsable a las autoridades ejidales, según el informe de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la dependencia federal.
FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO
En 2017 se devastaron 130.73 hectáreas en San Fernando; 637.5, en El Paraíso y 678.50 en el ejido El Bajío que suman mil 446.73 hectáreas.
Desde ese año los agricultores y apicultores del municipio de Bacalar, Quintana Roo, pidieron apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que frene la devastación de flora y fauna de la Selva Bacalar.
Según la Profepa, los autores del verdadero ecocidio han sido los menonitas, quienes han destruido varias hectáreas.
Habitantes del lugar señalaron que se pueden observar 200 hectáreas de la selva que han sido limpiadas con maquinaria. Los pobladores señalaron que ya se habían clausurado algunas parcelas y un camino, aunque esta medida no freno el trabajo de los menonas.
Este problema ha resurgido después de que en el 2017 los apicultores se preocuparan por la situación, ya que han escaseado de floración debido a la intensa sequía.
Y ahora con la devastación de árboles y flores ocasionadas por el grupo menonita, consideran que se afectará más a la actividad que desempeña.
El productor apícola Alberto Chí Puc, de la comunidad de Nuevo Jerusalén, mencionó que la intervención de la dependencia federal es necesaria para que se limite la devastación que se ha realizado.
“Ellos acostumbran a cultivar en grandes extensiones con sus maquinarias y para eso barren con todo lo que encuentran a su paso sin importarles que sean árboles o plantas de cualquier tamaño”, aclaró.
En el 2008 el estado de Campeche, municipio de Hopelchén, una deforestación de casi 800 hectáreas de bosque tropical generó un operativo de inspección, vigilancia y decomiso de productos forestales ilegales, diversas Resoluciones Administrativas, verificaciones, aseguramientos de maquinaria, 18 denuncias penales ante la PGR y una multa de 2.8 millones de pesos.
Aún así nunca hubo consecuencias para nadie y ni tampoco se reparó el daño.
En el estado de Coahuila, en el municipio de Tierra Mojada, en 2013, la profepa advirtió la destrucción de 2,300 hectáreas de bosque templado en 23 predios menonitas donde se perpetró el cambio de uso de suelo sin ninguna autorización. Sin embargo, tampoco hubo consecuencias.
La maginación en Durango alcanza a una tercera parte de la población, según datos oficiales.
David Vicenteño/Excélsior
Unos 667 mil habitantes del estado norteño enfrentan marginación; 50 mil habitantes no tienen agua potable
CIUDAD DE MÉXICO.
Con una población calculada en un millón 852 mil 952 habitantes, hasta el año pasado, en el estado de Durango, 667 mil 62 personas vivían en condiciones de pobreza moderada y extrema, 36%, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019, de la Secretaría de Bienestar.
En la entidad, gobernada por el panista José Rosas Aispuro Torres, la población clasificada en condiciones de pobreza moderada es de 615 mil 180 habitantes, el 33.2% del total.
Mientras tanto, el estudio de la Secretaría de Bienestar determinó que 2.8% de los duranguenses enfrentan condiciones de pobreza extrema, un total de 51 mil 882 personas.
El informe indicó que, hasta el año pasado, un total de 125 mil 400 personas en Durango presentaban carencias por acceso a la calidad y espacios en la vivienda.
De ese total, 91 mil 900 duranguenses viven en condiciones de hacinamiento y 30 mil 300 personas habitan una vivienda con pisos de tierra.
Un total de 10 mil 100 habitantes de Durango ocupan una vivienda construida con techos de materiales endebles y seis mil 200 personas lo hacen en una casa con muros de material vulnerable.
El reporte establece que, en combinación de algunas de estas condiciones, 11 mil 165 personas ocupan una casa con pisos de tierra y viven en condiciones de hacinamiento.
Mientras tanto, un total de mil 566 personas padecen condiciones de hacinamiento en casas construidas con muros elaborados con materiales endebles.
En el capítulo Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 establece que 50 mil 300 personas no cuentan con agua potable en el lugar donde habitan.
Padecen pobreza 36% en Durango; carecen de vivienda digna
Unos 667 mil habitantes del estado norteño enfrentan marginación; 50 mil habitantes no tienen agua potable
18/06/2019 05:45 DAVID VICENTEÑO
COMPARTIR
SÍGUENOS
Padecen pobreza 36% en Durango; carecen de vivienda digna
La maginación en Durango alcanza a una tercera parte de la población, según datos oficiales.
CIUDAD DE MÉXICO.
Con una población calculada en un millón 852 mil 952 habitantes, hasta el año pasado, en el estado de Durango, 667 mil 62 personas vivían en condiciones de pobreza moderada y extrema, 36%, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019, de la Secretaría de Bienestar.
En la entidad, gobernada por el panista José Rosas Aispuro Torres, la población clasificada en condiciones de pobreza moderada es de 615 mil 180 habitantes, el 33.2% del total.
Mientras tanto, el estudio de la Secretaría de Bienestar determinó que 2.8% de los duranguenses enfrentan condiciones de pobreza extrema, un total de 51 mil 882 personas.
El informe indicó que, hasta el año pasado, un total de 125 mil 400 personas en Durango presentaban carencias por acceso a la calidad y espacios en la vivienda.
De ese total, 91 mil 900 duranguenses viven en condiciones de hacinamiento y 30 mil 300 personas habitan una vivienda con pisos de tierra.
Un total de 10 mil 100 habitantes de Durango ocupan una vivienda construida con techos de materiales endebles y seis mil 200 personas lo hacen en una casa con muros de material vulnerable.
El reporte establece que, en combinación de algunas de estas condiciones, 11 mil 165 personas ocupan una casa con pisos de tierra y viven en condiciones de hacinamiento.
Mientras tanto, un total de mil 566 personas padecen condiciones de hacinamiento en casas construidas con muros elaborados con materiales endebles.
En el capítulo Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 establece que 50 mil 300 personas no cuentan con agua potable en el lugar donde habitan.
Sin drenaje
Pero la cifra se duplica en relación con las personas que ocupan una casa que no cuenta con el servicio de drenaje, un total de 104 mil 600 durangueses bajo el mandato de Rosas Aispuro.
En casas de no cuentan con el servicio de electricidad viven 3 mil 500 personas y 16 mil 200 ocupan una casa sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Bienestar.
Por otra parte, el estado de Durango muestra deficientes resultados en el tema educativo, donde los principales afectados son los alumnos.
Y es que datos del Observatorio de la Laguna, un proyecto del Consejo Cívico de las Instituciones A.C, revelan que sólo dos de cada 10 niños en Durango obtuvieron buenos resultados en el área de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA.
Este 15 de junio de 2019, a las 10 de la mañana se llevó a cabo una conferencia emergente en la calle Roma 18, colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc ubicada la Ciudad de México. La comunidad Otomí residente en la CDMX convocó de manera emergente ante la alerta de un desalojo en próximos días, denunció el racismo y la discriminación que viven por parte de las autoridades gubernamentales y las clases acomodadas de esta colonia.
“Queremos hacer una denuncia pública directamente en contra del gobierno de la ciudad, en contra de Claudia Sheinbaum, quien es responsable directamente de la política pública que se pueda llevar a cabo de la CDMX, queremos señalar la responsabilidad de la alcaldía de la Cuauhtémoc. Nestor Nuñez, el tiene mucho que ver en la situación que se vive”, afirma Diego García Bautista, representante legal de la comunidad Otomí e integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez.
Bautista indica que la comunidad indígena ocupa el inmueble hace más de 20 años. La historia del inmueble data de 1930 y albergó la embajada de España en México. Después de los sismos de 1985 quedó abandonado y la comunidad indígena ocupó inmuebles vacíos en las colonias Roma y Juárez.
Estos, como Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas 74, están inscritos de modo oportuno en el Instituto de Vivienda (INVI) a través de sus programas que contemplan inmuebles con alto riesgo estructural para ser expropiados en pro de un bien común. “Tenemos un sustento jurídico”, sentenció la comunidad Otomí.
El representante legal anunció que existe una situación de urgencia desde el pasado 19 de septiembre del 2018, pues debido al violento desalojo se mantuvieron en un campamento a las afueras del inmueble.
“Nunca conocimos una orden”, afirma y recuerda que el 31 de mayo pasado se llevó a cabo un nuevo desalojo a cargo del cuerpo de granaderos que se efectúa en contra de los habitantes vecinos, ubicados en Londres 7: “La comunidad vecina ya no se encuentra, esto deja en plena indefensión a Roma 18”.
Por su parte, Néstor Nuñez anunció en conferencia de prensa la desocupación de Roma 18, por lo que la comunidad decidió alertar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación sobre un inminente desalojo.
“Hacemos un llamado urgente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que esta mesa de trabajo que hemos demandado de manera directa pueda tener sentido para resolver. Desde su arribo a la jefatura, un solo funcionario se ha presentado para resolver la problemática. Denunciamos la política de gentrificación que tiene como total objetivo el desplazamiento de la Comunidad Otomí. Estamos enfrentándonos a un desplazamiento, lo que vemos comúnmente en las comunidades rurales lo vivimos aquí. Lo que están viviendo es un escenario de discriminación”, enfatizaron los denunciantes.
Incongruencia
La comunidad Otomí también criticó a la presidencia en turno: “Cuando hace su arribo AMLO para gobernar, el país recibe de una serie de pueblos un bastón de mando que contradice lo que hoy está pasando aquí. No hay congruencia en el discurso ni en la política pública del Gobierno Federal y esta comunidad hace esta denuncia, en términos de una salida en atención a la urgencia de vivienda”.
Durante la conferencia, Filiberto Margarito, integrante de la Comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, inició con un saludo en lengua otomí y compartió su experiencia:
“Racismo es lo que estamos sufriendo en la Ciudad de México. El año pasado instalamos una escuela autónoma otomí. Los niños salen a la banqueta a estudiar y los vecinos se molestan y dicen que no pueden estar aquí afuera. Por la vestimenta que tienen dicen que somos unos farsantes. Que nos vayamos a donde venimos. También nosotros tenemos derecho a una vivienda, que queremos pagarlas no que nos la regalen por parte del gobierno. En la escuela en que van nuestros niños, la discriminación es por parte de la directora. Nos iban a cerrar la escuela Alberto Correa. Los vecinos de enfrente nos dicen que no podemos estar aquí porque somos delincuentes, nos acusan de robo de partes, trata de blancas y narcomenudeo. Somos artesanos, unos venden manzanas, somos comerciantes. En la colonia, saben las autoridades dónde venden las drogas, donde venden las autopartes. Nosotros aquí vivimos. No somos esa clase de personas. Con eso están en las redes y nos han señalado por algo a lo que no nos dedicamos”.
Estela Quirino, mujer habitante de Roma 18, integrante Comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, también compartió:
“Que bueno que nos vinieron a ver cómo vivimos. Nosotros vivimos muy mal porque la gente nos discrimina. No se me hace justo que nos vean y nos digan de cosas. Viene un desalojo sin ningún documento; 200 o 300 granaderos vienen, todo lo que teníamos allá adentro lo perdimos definitivamente. Es cosa que a nosotros nos cuesta, salimos a trabajar. No es justo que el gobierno que está venga y nos quite un pedazo de donde vivimos. Los vecinos nos discriminan, no dejan que los niños jueguen aquí, nuestros niños. Nos dicen quitense porque no tienen derecho ¿Por qué no?
Tenemos derechos, no porque seamos indígenas nos vamos a quitar y no nos vamos a dejar que nos traten como nos traten. Queremos una vivienda digna para nosostros y nuestros hijos. No todo el tiempo nuestros niños van a estar viviendo en la calle. No nos vamos a ir. Yo quiero lo mejor para mis niños. Viene otro desalojo sin ningún documento. Los granaderos vienen y golpean a nuestros compañeros y no se nos hace justo. Vamos informamos todo y no nos hacen caso. Eso no se me hace justo a mi”.
Román Sánchez Nuñez, integrante de Colectivo Zapatista Neza, explica que el término de gentrificación tiene que ver directamente con una idealización de las ciudades, en donde la figura del indígena no es bienvenida, pues atiende directamente a un proceso capitalista.
Por último la comunidad Otomí hace un llamado a la solidaridad, pues la amenaza de desalojo es latente y vulnera directamente su derecho a la vivienda.
En esta imagen del 1 de junio de 2019, migrantes en un patio del centro de detención Siglo XXI en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
María Verza/ AP/ SIN EMBARGO
Washington ha exigido a México que reduzca el flujo de migrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, pero también cubanos, haitianos y africanos. Además, el Presidente Donald Trump mantiene viva la amenaza de poner aranceles a las importaciones mexicanas si no se cumple ese objetivo. Y aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar a más detenidos.
Voces dentro y fuera de México, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, han denunciado desde antes de la crisis actual que los migrantes son detenidos sin los estándares mínimos, a veces son extorsionados o no tienen un debido proceso. También han pedido que la detención sea algo excepcional y que se elimine por completo en el caso de niños y adolescentes. Esto no ha ocurrido y una niña guatemalteca murió en mayo en la estación migratoria de Ciudad de México en circunstancias todavía bajo investigación.
México (AP) — El mecánico cubano de 36 años tiene la mirada perdida mientras recuerda cómo funcionarios de la estación migratoria Siglo XXI rompieron el documento que le acreditaba como solicitante de refugio en México. Era el principio de una pesadilla que empeoraría con la llegada de más migrantes detenidos: cubículos de 4×3 metros para 50 personas, heces que rebosaban las letrinas, falta de comida y agua.
Las mujeres dormían en los pasillos o en el comedor entre ratas, cucarachas, excrementos de palomas, niños llorando, madres reciclando pañales y el desprecio de los guardias. “Nos tiraban ahí como animalitos”, dice una joven hondureña.
En esta imagen del 1 de junio de 2019, el centro de detención de migrantes Siglo XXI en Tapachula, en el estado de Chiapas, México. Foto: Pedro Giron, AP
Miles de migrantes que entran a México de manera irregular acaban en este lugar, considerado el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Ubicada en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, la vida transcurre en la estación Siglo XXI lejos del ojo público y se han denunciado reiterados abusos que incrementaron con el hacinamiento registrado esta primavera.
En esta imagen del 27 de mayo de 2019, una mujer migrante y su hijo son detenidos por agentes mexicanos de migración en Tapachula, en el estado de Chiapas, México. Foto: Marco Ugarte, AP
El Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de las instalaciones, negó a The Associated Press permiso para visitarlas y no respondió a una solicitud de comentarios. Pero una veintena de migrantes, funcionarios y miembros de ONG describieron el centro como un lugar insalubre, sobrepoblado y donde reina la arbitrariedad de los agentes al mando. La mayoría hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Washington ha exigido a México que reduzca el flujo de migrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia, pero también cubanos, haitianos y africanos. Además, el Presidente Donald Trump mantiene viva la amenaza de poner aranceles a las importaciones mexicanas si no se cumple ese objetivo. Y aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un plan para enfrentar la llegada creciente de extranjeros, diversos observadores advierten que México no tiene los medios para albergar a más detenidos.
Si se detiene a más migrantes, “no se cuenta con la infraestructura correspondiente”, dijo el jueves Edgar Corzo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante un recorrido justo antes del anunciado despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional para ayudar a las labores de control migratorio.
En esta imagen del 1 de junio de 2019, migrantes en los patios del centro de detención de migrantes en Tapachula, en el estado de Chiapas, Mexico. Foto: Marco Ugarte, AP
Esta entidad oficial denunció a finales de abril que había más de dos mil personas en la Siglo XXI, un lugar construido para 960. Cientos fueron trasladados a otras instalaciones, pero la semana pasada había mil 230 migrantes, según Corzo. Otras instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, también en Chiapas, albergaban a 400, aunque están habilitadas sólo para 80.
“No imagino la estación siglo XXI teniendo tantas personas, todavía pongan 100 o cientos más… las estaciones migratorias no están para dar una respuesta de mayor capacidad porque han sido superadas”, añadió Corzo.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, una migrante hondureña que no quiso ser identificada habla sobre su experiencia detenida en el centro de detención de migrantes Siglo XXI en Tapachula, en el estado de Chiapas, México. Foto: Marco Ugarte, AP
La Siglo XXI es una estructura carcelaria con muros de cinco a diez metros de alto, torres de control, cámaras de seguridad y espacios con techos enrejados por donde patrullan los guardias. Incluso hay una celda de castigo, el “Pozo”, que el Gobierno se comprometió a no usar más, aunque el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las pocas ONG que tienen acceso, no ha podido confirmar que sea cierto.
Al cruzar las rejas y dejar atrás a quienes abarrotan la entrada en espera de información, hay un patio y una especie de muelle de carga y descarga de seres humanos que van y vienen en autobuses.
A los que llegan, detenidos en redadas o engañados diciéndoles que iban a verificar sus papeles, les confiscan cordones de zapatos, cinturones y celulares, aunque siempre hay quien luego les ofrece una llamada, un cigarro o comida extra si pagan por ello, coinciden varios que estuvieron detenidos ahí.
Voces dentro y fuera de México, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, han denunciado desde antes de la crisis actual que los migrantes son detenidos sin los estándares mínimos, a veces son extorsionados o no tienen un debido proceso. También han pedido que la detención sea algo excepcional y que se elimine por completo en el caso de niños y adolescentes. Esto no ha ocurrido y una niña guatemalteca murió en mayo en la estación migratoria de Ciudad de México en circunstancias todavía bajo investigación.
En esta imagen del lunes 27 de mayo de 2019, una mujer migrante mira por la ventana de un autobús que la lleva con otros migrantes al centro de detención Siglo XXI en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
Graciela, una hondureña de 29 años, cuenta que cuando estuvo en la Siglo XXI no podía ni dormir por el miedo a que le quitaran a sus dos pequeños, dos flaquitos de 7 y 9 años. Los rumores se mezclaban con la angustia, la falta de información y la insistencia de los agentes para que aceptara el retorno al país del que salió huyendo.
En esta imagen del 27 de mayo de 2019, agentes de migración y de la Policía Federal retienen a una niña después de que su madre intentara saltarse una fila en un centro de migración en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
“(Los niños) me decían ‘vámonos´, ‘¿por qué estamos aquí?’”, recuerda. “A veces llorábamos todos”. Graciela salió de ahí porque logró que aceptaran su petición para solicitar asilo en México.
Julio, un cubano de 15 años, fue detenido junto a sus padres, pero separado de ellos nada más llegar a la Siglo XXI. Aunque estaban en la misma instalación, pasaron periodos incomunicados.
Su madre recuerda cómo ella entró en pánico después de uno de los motines que se dio en el lugar, porque no sabía cómo estaba su hijo y los rumores proliferaban. “Lloré, imploré para que me dijeran si estaba bien, pero nada. Tardé cinco días en verle”.
El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha reconocido recientemente que el Gobierno no se ha preocupado en atender las instalaciones migratorias en la frontera sur, que están “muy por debajo de los estándares”, y Tonatiuh Guillén, hasta el viernes el jefe del INM, reconoció en una entrevista reciente con AP que “tienen un modelo muy severo de control”.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, migrantes detenidos por las autoridades mexicanas en la plaza central deTapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
Sin embargo, López Obrador insiste en que el respeto a los derechos humanos es la máxima de su política migratoria y su Gobierno dice estar estudiando opciones para construir nuevas instalaciones migratorias.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, niños migrantes que se van despertando mientras las autoridades desalojan a sus familias de la plaza principal de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
Pese a la desinformación, pronto queda claro que sólo hay dos maneras de salir: deportados en un autobús o con una solicitud de asilo como la que le rompieron al mecánico cubano. Que este documento –que teóricamente garantiza la libertad de un migrante– pueda ser destruido tan fácilmente, es una muestra más de la arbitrariedad que hay en el lugar.
El Gobierno federal ha reconocido que el INM es una de las instituciones más corruptas del país. Se han depurado a más de 600 funcionarios y a la Siglo XXI han llegado nuevos agentes, aunque se desconoce cómo va el proceso de depuración ahí.
Según Salva Lacruz, del Fray Matías, el centro sigue en manos “negligentes, irresponsables y racistas” que operan al margen de las directrices de Ciudad de México. Un funcionario migratorio recién llegado calificó a algunos de sus compañeros de “inhumanos”.
Por eso, en medio de la desesperación, se encontró otra formar de salir: amotinarse y escapar.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, migrantes esperando a registrarse para buscar la posibilidad de regularizar su llegada en un centro de detención de migrantes en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
Más de 600 personas se fugaron en abril, algo nunca visto en México. En videos publicados en redes sociales se ve a gente corriendo por la entrada principal y las rejas abiertas. Los migrantes aseguran que la fuga fue alentada por las autoridades. Éstas lo niegan.
“Algunas celdas no tenían candado ese día”, asegura el mecánico que no huyó por temor a ser deportado.
En esta imagen del 29 de mayo de 2019, migrantes haitianos trepan el muro del recinto ferial Mesoamericana en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
Los motines elevaron la tensión, los choques entre internos, el miedo de los trabajadores y las represalias contra los cubanos, acusados de ser instigadores de los levantamientos.
Eliezer Pino, Jonathan Eduardo Merrero, Yunier Rives, Yasiel Rodríguez, Danilo Claro y Eduardo Martínez dicen haber sido seleccionados al azar durante uno de los motines, llevados detrás de unos autobuses y golpeados. Pino dice que lo patearon entre seis y casi le reventaron el ojo de un puñetazo. Su único delito, dicen todos, fue gritar “¡queremos salir!” y avanzar hacia la puerta junto a otros. Los policías federales, que apoyan en tareas de seguridad, evitaron una paliza mayor.
Una treintena, incluidos ellos, fueron trasladados esa noche a una caseta de migración en la carretera donde pasaron 45 días en condiciones similares a las de la Siglo XXI. “Pensé que no iba a salir cuando nos dijeron: ‘son comida para perros’’”, afirma Pino. No salían al sol, apenas se bañaban, casi no dormían. Estaban hacinados e incomunicados.
“Era una tortura, un infierno”, asegura Martínez.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, un migrante cubano que no quería ser identificado camina junto a una puerta en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. El hombre de 36 años era uno de los más de 600 migrantes que se fugaron del centro de detención Siglo XXI en abril. Foto: Marco Ugarte, AP
“A mí hasta me velaron”, dice Rodríguez. Su familia en Cuba le creyó muerto.
Algunos no aguantaron y pidieron la deportación. Otros, gracias a las gestiones del Fray Matías, consiguieron solicitar asilo y ser liberados, aunque no pueden salir de Tapachula.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, migrantes cubanos protestan ante un hotel donde estaban alejados tras una redada de las autoridades mexicanas en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Foto: Marco Ugarte, AP
Desde enero, México ha detenido a más de 74 mil migrantes y deportado a más de 53 mil , y desde hace semanas pueden verse soldados, marinos y policías federales apoyando las labores de los agentes migratorios o participando en redadas. Algunos de esos efectivos, ahora comienzan a llevar brazaletes que les identifican como Guardia Nacional.
Organizaciones gubernamentales y ONG celebran ciertos avances, como el cierre de cinco pequeñas estaciones, o el reconocimiento de deficiencias, aunque creen que no es suficiente.
Vidal Olascoaga, del Fray Matías, alerta de que pueden imponerse las “devoluciones en caliente, como hace Estados Unidos”, que deporta al migrante al cruzar y sin averiguar si tiene o no necesidades de refugio.
“Los flujos migratorios no se disminuyen por arte de magia y en el corto plazo sólo se logra con detenciones y deportaciones masivas”, asegura.
No obstante, el horror de la detención no detendrá el flujo migratorio.
Yanel, una hondureña de 21 años que estuvo dos semanas encerrada con su hija de dos años, tuvo miedo y asegura que recibió un trato denigrante, pero que lo que había dejado a atrás era peor: un esposo de la Mara 18, una de las pandillas más violentas de Centroamérica, que la golpeaba y casi hizo que perdiera a su bebé cuando estaba embarazada.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, migrantes cubanos caminan por las calles de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. El grupo dice que fueron señalado por las autoridades como líderes de una fuga masiva en abirl, cuando más de 600 personas escaparon del centro de detención de migrantes Siglo XXI. Foto: Marco Ugarte, AP
Pasar por la Siglo XXI, asegura, “vale la pena si le dan los papeles a uno”.
Todavía no sabe si después seguirá la ruta hacia el norte.
En esta imagen del 28 de mayo de 2019, migrantes cubanos se instalan en una casa que arrendaron en Tapachula, en el estado de México. El grupo dice fueron detenidos y golpeados por las autoridades mexicanas. Algunos cedieron y aceptaron ser deportados. Estos aguantaron y fueron liberados tras presentar peticiones de asilo, aunque se les ha prohibido abandonar la ciudad. Foto: Marco Ugarte, AP
–A veces se pasan semanas enteras caminado, escondiéndose.
–Comen lo que pueden: nopales, plantas, lo que encentran en el camino.
–Se van apenas con lo que llevan puesto. Son pocos los que logran planear su salida.
–Pasan de comunidad en comunidad hasta que encuentran en dónde volver a empezar.
–El tiempo no cura el daño. Los persigue la incertidumbre, la idea de que los pueden encontrar…
Así comienzan las historias de las familias rarámuri desplazadas por la violencia generalizada en la Sierra Tarahumara. Los sobrevivientes de este fenómeno, que lleva en el estado más de 10 años, suelen encontrar asilo con amigos o familiares de municipios cercanos a su comunidad, otros llegan hasta la capital e incluso a otro estado.
Dimensionar el problema no es tan sencillo. Varios de ellos prefieren no denunciar por miedo a ser localizados, por lo que prefieren volver a comenzar de cero, pues huyen sin ningún proyecto de vida.
De acuerdo con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Irma Villanueva, en los últimos dos años han identificado al menos 400 casos de desplazamiento interno.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Atascaderos, Guadalupe y Calvo. Según los habitantes de la comunidad, cerca de 60 por ciento de sus habitantes prefirieron irse a vivir con el miedo de ser asesinados.
En redes sociales circuló un video que muestra a familias enteras abandonan el lugar en caravana. De acuerdo con los habitantes de esa región, a varios de ellos los emplazaron para salir del pueblo en máximo 24 horas porque se negaron a entregar sus camionetas.
Video tomado de Raíchali
Vivir con miedo y en silencio
Como este caso hay varios que no se cuentan, aunque el camino para todos es igual de difícil. Una familia desplazada puede tardar hasta seis meses en encontrar un hogar y un trabajo para establecerse.
Por ello, es más difícil que las niñas, niños y jóvenes en edad escolar puedan continuar con sus estudios.
En sus comunidades no sólo dejan el patrimonio que habían logrado construir con su familia, cambiar de la sierra a ciudades más grandes como Juárez o Chihuahua, también trae consigo la pérdida de su identidad étnica.
No importa cuánto tiempo pase desde su desplazamiento, las familias viven con la zozobra de que los vengan persiguiendo y, con tal de no correr más riesgos, optan por vivir en escondidos y en silencio.
Aunque la pérdida de identidad étnica está ligada a varios factores, en el desplazamiento forzado se puede observar en la dificultad que tienen las personas para reproducir su cultura fuera de su territorio.
Al salir de sus comunidades, tanto los rarámrui como los ódami (tepehuanes), inician un proceso de desterritorialización, es decir, que se alejan de su identidad indígena al estar íntimamente vinculado al territorio y sus elementos materiales del medio ambiente.
Encontrar un sustento es uno de los problemas más difíciles que enfrentan. Al ser familias grandes que vivían en un rancho, viven acinados en una casa y batallan más para conseguir sus alimentos.
Por ejemplo, los desplazados pasan de una economía de autoconsumo en el campo a trabajar en oficios a los que no están acostumbrados como la construcción o maquiladoras, mientras que las mujeres suelen encontrar un espacio en el trabajo doméstico.
Operativo en Atascaderos. Fotografía Raíchali
Operativo Conjunto Chihuahua, el detonante
El desplazamiento forzado en Chihuahua está directamente asociado con la violencia generalizada provocado por el crimen organizado, principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo y Balleza.
De acuerdo con el antropólogo Rafael Ortega, este fenómeno inicia con el asedio de un grupo criminal local sobre una comunidad. Los conflictos pueden variar desde alguna rivalidad sobre una familia, el despojo del territorio por prácticas como la tala ilegal del bosque.
Aunque hay registros de desplazamiento forzado antes del 2007, explicó, fue a partir del operativo Conjunto Chihuahua que los índices delictivos en el estado se dispararon y la Sierra Tarahumara fue una de las regiones más afectadas.
En el 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la estrategia, la estadística de homicidios en Chihuahua se disparó de 700 casos 6 mil en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En ese contexto de violencia, detalló Ortega, el desplazamiento se da como una consecuencia, no como un delito, por lo que es difícil pensar en una solución a corto plazo.
“Hay muchos conflictos que pueden provocar el desplazamiento, pero todos, invariablemente, están ligados al crimen organizado. A veces se quieren salir porque sus hijos están enganchados, casi esclavizados en la siembra, otras porque son acusados de llevar o traer información a grupos contrarios o por rivalidades con personas de un apellido específico”
Como ejemplo, mencionó que muchas familias salen porque escucharon que iban a asesinar a las personas de una familia en específico, no se les considera víctimas porque salieron por un contexto de violencia.
También hay personas que sufrieron en su familia delitos como homicidio, secuestro y extorsión, pero deciden no denunciar porque desconfían en las instituciones de seguridad, por lo que tampoco pueden acceder a los fondos de atención para la reparación del daño.
Por la complejidad de este fenómeno social, Ortega Sinaloa insistió en que más allá de las medidas de seguridad por parte del Estado, establecer una estrategia de prevención y atención a las víctimas requiere de un análisis profundo.
“La generalización de la violencia va desplazando a la gente de sus comunidades, es la consecuencia de un fenómeno social que se llama narco y que viene de un proceso de muy larga duración y, si estamos hablando de un problema de larga duración, la solución también lo es”
Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), aseguró que se trata de un operativo encabezado por autoridades federales y que la intención es advertir el riesgo de cruzar hacia Estados Unidos por el río. Foto: Rey R. Jauregui / Alejandro Sánchez, La Verdad
Rocío Gallegos/ SIN EMBARGO
El despliegue se dio desde el puente internacional Zaragoza hasta la zona de las compuertas del afluente, a la altura de la Casa de Adobe, aunque la concentración de los efectivos fue más evidente en algunos tramos como la zona del Puente Negro, por donde miles han entrado a Estados Unidos.
Algunos policías federales consultados indicaron que el operativo arrancó este fin de semana con la intención de desalentar el cruce de migrantes hacia Estados Unidos por esta región.
Ciudad Juárez, 18 de junio (LaVerdad).– Efectivos militares, así como agentes federales, estatales y municipales fueron desplegados para vigilar el bordo fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, como parte de un operativo que activaron este domingo autoridades migratorias mexicanas.
Algunos soldados permanecieron fijos en algunos tramos, mientras otros patrullaban la zona en conjunto con policías de tres niveles de Gobierno y oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes encabezan las acciones, se pudo apreciar en un recorrido por el bordo del río Bravo.
El despliegue se dio desde el puente internacional Zaragoza hasta la zona de las compuertas del afluente, a la altura de la Casa de Adobe, aunque la concentración de los efectivos fue más evidente en algunos tramos como la zona del Puente Negro, por donde miles han entrado a Estados Unidos.
Durante el patrullaje se pudo apreciar que los oficiales migratorios además abordaban a las personas que se encontraban en el lugar y les pedían identificación. Fotos: Rey R. Jauregui / Alejandro Sánchez, La Verdad
Algunos policías federales consultados indicaron que el operativo arrancó este fin de semana con la intención de desalentar el cruce de migrantes hacia Estados Unidos por esta región.
Durante el patrullaje se pudo apreciar que los oficiales migratorios además abordaban a las personas que se encontraban en el lugar y les pedían identificación. Así lo indicaron también algunos hombres entrevistados luego de interactuar con los agentes. Se reportó la presencia de un helicóptero sobrevolando el bordo, pero no se pudo corroborar que formara parte del operativo.
Abordados para conocer de las acciones implementadas, los oficiales del INM declinaron hacer alguna declaración, porque aseguraron que no tienen autorización para eso. Se buscó al delegado del instituto, Héctor Padilla, y a su vocero, pero no fueron localizados.
Tampoco fueron localizadas autoridades estatales y los voceros de la policía estatal.
Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), aseguró que se trata de un operativo encabezado por autoridades federales y que la intención es advertir el riesgo de cruzar hacia Estados Unidos por el río.
Se reportó la presencia de un helicóptero sobrevolando el bordo, pero no se pudo corroborar que formara parte del operativo. Fotos: Rey R. Jauregui / Alejandro Sánchez, La Verdad
“La intención es salvaguardar la integridad de los migrantes, ahorita el río trae mucha agua, se abrieron las compuertas, y en los últimos días se ha visto a mucha gente migrante pasarse el río sin considerar el riesgo por el agua que trae la afluente”, dijo el funcionario.
Esta semana muchos migrantes atravesaron el río Bravo con niños pequeñitos, por lo que se busca evitar que se vayan a lastimar o hasta perder la vida por cruzar el río en zonas profundas, agregó el funcionario.
Las acciones con militares en el bordo fronterizo se implementaron a unos días de que el Gobierno de México activó el plan migratorio en la frontera sur del país, con el que busca contener el flujo de migrantes con operativos encabezados por militares con brazaletes de la Guardia Nacional. Fotos: Rey R. Jauregui / Alejandro Sánchez, La Verdad
Las acciones con militares en el bordo fronterizo se implementaron a unos días de que el Gobierno de México activó el plan migratorio en la frontera sur del país, con el que busca contener el flujo de migrantes con operativos encabezados por militares con brazaletes de la Guardia Nacional.
De acuerdo con los datos proporcionados durante la presentación del plan, éste contempla: despliegue de la Guardia Nacional (GN) en el sureste, contratación de más de 800 empleados a través del Instituto Nacional de Migración para atender migrantes, lanzar programas de la Secretaría de Bienestar en la frontera sur, identificar nueve puntos para recibir solicitantes de asilo que esperan audiencia en EU y mayor contacto con Honduras, Guatemala y El Salvador para abordar tema migratorio y el desarrollo en conjunto.
En la iniciativa no se dieron a conocer acciones para atender la situación que se enfrenta en frontera norte, en comunidades como Ciudad Juárez, donde se encuentran miles de migrantes varados, unos a la espera de poder cruzar a Estados Unidos y otros que lograron entrar a territorio estadounidense pero fueron retornados a México desde El Paso, bajo el programa Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) de la administración Trump.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA VERDAD. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.
El gobierno mexicano anunció que el plan para contener la migración se enfocará también en desmantelar las redes ilegales de transportistas de personas. Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, advierte que desde 2014, con Plan Frontera Sur y las medidas más estrictas en la frontera las organizaciones criminales resultaron favorecidas
Por: Andro Aguilar/ PIE DE PÁGINA
Texto: José Ignacio De Alba
Fotos: Ángeles Mariscal y Pepe Jiménez
“Ha habido una tolerancia a este tráfico (de personas) muchos años”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en conferencia matutina. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno federal combatirá a las redes ilegales que transportan migrantes a Estados Unidos.
El gobierno mexicano admite que estas redes criminales son unas de las más grandes del mundo. Aunque Ebrard no mencionó una estrategia específica, aseguró que acabarán con este delito. El canciller explicó que algunas de estas organizaciones operan en trayectos que abarcan varios países.
En Veracruz, informó el gobierno federal fueron halladas 785 personas transportadas en cuatro cajas de tráileres. La detención la hizo la Policía Federal y, según explicó Ebrard, entre la gente que era transportada había niños. El canciller aseguró que la Fiscalía General de la República será la que determine quiénes son los responsables, pero advirtió:
“Decir a los transportistas involucrados que se han iniciado las acciones legales correspondientes y que inclusive se llegará a la extinción de dominio si es necesario”.
El gobierno federal estima que la ganancia de los grupos criminales por el transporte de estas 785 personas rodó los 69 millones de pesos.
Foto: Pepe Jiménez.
Rubén Figueroa, coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano, explica que las redes de tráfico de personas crecieron desde 2014, cuando el gobierno mexicano con Enrique Peña Nieto echó a andar el Plan Frontera Sur y endureció la seguridad para contener la migración. Figueroa dice que el tiempo que tardan estas redes en transportar a una persona de frontera a frontera se redujo en comparación con otros años.
“Las redes criminales son las que más se han beneficiado del endurecimiento de las políticas migratorias”, afirma.
Figueroa explica que estas operaciones no podrían suceder sin la participación de las funcionarios públicos.
“Las autoridades no sólo reciben sobornos, también forman parte de estas estructuras criminales”.
Ésa, apunta Figueroa, es la razón por la que no se ha logrado desmantelar ninguna red del tráfico de persona, ya que, afirma el Instituto Nacional de Migración (INAMI) es una de las instituciones más corrompidas que hay en el país.
El activista asegura que la propuesta de acabar con el tráfico de personas es un reto mayúsculo y requeriría de limpiar a varias instituciones dentro del gobierno.
Una de las preocupaciones de Figueroa y de varias organizaciones es que el gobierno mexicano siga nombrando a las personas detenidas como “rescatadas”, cuando la realidad es que no se les da un trato de víctimas, sino de detenidos que son deportados instantáneamente. Para Figueroa la detención de las 785 personas obedece más a una “chiripa”, que un plan de inteligencia.
* **
Como parte del Plan Especial Para la Migración, informó Ebrard, se completó el personal que le hacía falta al INAMI y esta semana se completará el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.
México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.
Redacción / SINEMBARGO
En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latina para imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.
El informe “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.
“La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley”, dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.
La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.
México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.
El estudio analiza 38 demandas en las que más de la mitad de las mineras tienen su domicilio en Canadá. Asimismo, la mayoría de estos casos los presentaron empresas de exploración que no cuentan ni con minas en operación ni con ningún otro proyecto minero, y realizan un último intento de extirpar millones e incluso miles de millones de dólares de gobiernos en la región a través del arbitraje supranacional sin importar si respetaron o no los reglamentos ambientales y mineros locales, y en casi todos los casos sin contar con el consentimiento de la comunidad para operar.
Años más tarde, una solicitud amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información en Canadá reveló que la embajada de Canadá en México había asesorado a Blackfire Exploration sobre cómo iniciar una demanda, a pesar de que funcionarios del gobierno canadiense tenían un detallado conocimiento sobre las protestas con relación a la mina de barita de Blackfire, al igual que la criminalización, las amenazas y la violencia contra miembros de las comunidades que se habían pronunciado sobre los impactos de la mina, refiere el informe.
La empresa no llegó a materializar su amenaza de demanda y se disolvió en 2017.
Otro caso es el de la empresa canadiense Primero Mining (que First Majestic Silver compró posteriormente). En junio 2016, unas semanas antes de la Cumbre de los “Tres Amigos”, entre México, Canadá y los Estados Unidos, México recibió la notificación de intención de someter a arbitraje internacional la reclamación de la minera por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN luego de que la autoridad impositiva mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata.
Primero Mining era gravado sobre la base de sus ventas de plata a un precio muy por debajo del valor de mercado, conforme a un acuerdo con las autoridades mexicanas para el período entre 2010 y 2014. El precio por debajo del valor de mercado se remite al contrato entre Primero Mining y Silver Wheaton, a la cual le vende una parte de la plata proveniente de la mina San Dimas en Durango a través de una subsidiaria off-shore, es decir una subsidiaria ubicada en un paraíso fiscal. Luego, Silver Wheaton vende esa plata a un precio más elevado.
La empresa indicó que su amenaza con relación al TLCAN por un monto indefinido desembocó en un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas y que por esta razón había suspendido el procedimiento arbitral a marzo de 2018.
Otro caso ocurrió en septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del TLCAN (actualmente denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC). La empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN y con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.
La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano han impedido que la empresa explote dos predios.
El estudio indica que la empresa efectivamente presentó la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019, y el monto que reclama rondaría los 500 millones de dólares. En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Mineral Exploration entabló una notificación de intención de demandar a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en suelos marinos cerca de costas de Baja California Sur por la enorme cantidad de 3 mil 540 mil millones de dólares.
Los zapatos de bronce habían sido colocados por padres y familiares de los 49 menores fallecidos en el incendio de 2009, eran réplicas de los que usaban las niñas y niños el día del percance.
@juliomarquezABC
Redacción/ ANIMAL POLÍTICO
Siete de los pares de zapatos de bronce colocados en el Antimonumento ABC por los padres de los 49 menores fallecidos en el incendio de la guardería en 2009 fueron robados este domingo.
Julio César Márquez, padre de “Yeye”, uno de los menores que perdieron la vida, reportó el robo en su cuenta de Twitter reclamando la desatención de las autoridades capitalinas para resguardar el antimonumento.
“Sociedad y Gobierno que no solo olvidan, y que además no respetan la poca MEMORIA que se mantiene, están perdidas. Atacaron el Antimonumento ABC llevándose 7 réplicas en bronce de zapatos de nuestros 49 hijos (…) Claudia Sheinbaum usted es responsable de preservar los espacios contra el olvido”, escribió el padre de “Yeye”.
En un segundo mensaje Julio César reclama que el hecho haya ocurrido a pesar de estar frente a las instalaciones del IMSS, donde hay vigilancia continua.
“Entiendo IMSS y Zoe Robledo que no debe importarles mucho lo que ocurra en el Antimonumento ABC que es un reclamo permanente contra su Institución, pero es increíble que habiendo vigilancia permanente alguien pueda dañarlo y llevarse 7 réplicas de zapatitos sin problema alguno”, agregó.
Los tuits del padre de “Yeye” están acompañados de la fotografía que comprueba el robo junto con la imagen donde se aún se observan los zapatos que fueron robados.
El pasado 5 de junio se cumplieron 10 años del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niñas y niños y hubo 106 personas lesionadas. Ese día, padres, familiares y amigos de los menores instalaron 25 pares de zapatos de bronce en el Antimonumento ABC.
Los zapatos de bronce son réplicas de los que usaban los menores el día del incendio.
Aquel día, Julio César Márquez dijo que la instalación de los zapatos de bronce le daría “un mayor sentido de pertenencia al espacio (…) que no se vea solo el 49, que estén en este lugar sus pertenencias, estos zapatitos con los que ellos jugaron, corrieron y fueron a la guardería”.
Comunidades que padecen la contaminación en la cuenca piden además la detección y atención de las personas que padecen enfermedades renales derivadas de ésta
En representación de las comunidades que padecen la contaminación en la cuenca Lerma Chapala Santiago, por las descargas de agua sin tratar de industrias y poblaciones, integrantes del Foro Socioambiental Gdl. y de Red Ciudadana demandaron a las autoridades declarar zona de emergencia sanitaria toda la cuenca, informó Enrique Lira Coronado, coordinador de enlace con los pueblos afectados.
Pidieron además la detección y atención de las personas que padecen enfermedades renales derivadas de la contaminación y dotarlos de agua potable saludable, no solo en la cuenca, sino en toda la entidad, donde recordó que existen alrededor de 800 mil personas con algún tipo de daño renal, ocho mil de los cuales están alrededor del lago de Chapala, 600 de ellos en la zona de Mezcala e Itzicán.
Según dijo, a lo largo de los ríos y lago existen unas diez mil empresas en 384 municipios desde Almoloya del Río, en el Estado de México, hasta Nayarit, donde se hacen descargas que contaminan el agua con metales pesados como mercurio, arsénico, plomo, aluminio y tungsteno.
“Los Pueblos Unidos Coca y los Pueblos Unidos de la Cuenca Lerma Chapala Santiago trabajaremos hasta las soluciones totales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes ambientales y de salud obligan”, señalan en un pronunciamiento entregado la mañana de este lunes en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y en el Despacho del Gobernador.
Los lugares más afectados por la contaminación en Jalisco, apuntó Lira, son San Pedro Itzicán y Agua Caliente, donde ni drenaje hay.
El 8 y 9 de julio, representantes de las comunidades se reunirán en la Ciudad de México con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde demandarán que los que contaminan resarzan los daños.
“Vamos a exigir acciones de saneamiento, de detener descargas. Lo que pasa es que el anterior gobierno estaba asociado casi con los que contaminaban, pero ahora vamos a lograr que se cumplan seis leyes.
Una es la Constitución, que señala en el artículo 4 que quienes contaminen deben ser responsables de los daños; y el artículo 29 bis, fracción 3 de la Ley de Aguas Nacionales, que advierte lo mismo.
Juan Flores Carrillo, quien pertenece a la organización Ciudadanos Unidos por la Democracia, anunció que también participarán en la XV Asamblea de los Pueblos ribereños afectados por la contaminación, en Venustiano Carranza, Michoacán.
“Queremos ir creciendo, porque luego vamos a Nayarit, porque es la última parte donde llega toda la porquería”.
Sabuesos Guerreras localizaron un predio donde hay restos humanos, ropa, zapatos y objetos enterrados
Redacción / Colateral Sinaloa
El colectivo de buscadoras de desaparecidos “Sabuesos Guerreras” localizó lo que podría ser un campo de exterminio en donde peritos encontraron evidencias de restos humanos y donde podrían estar sepultadas por lo menos 10 personas.
En esa misma área en diferentes fechas han sido localizados los cadáveres enterrados de dos militares, restos óseos, tambos donde se almacenaba gasolina robada, mangueras y ropa.
En el lugar ya trabaja personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y peritos de la Dirección de Servicios Periciales, quienes han asegurado evidencia de restos humanos en cinco pequeñas áreas.
También debido a las excavaciones que realizó el colectivo de búsqueda con una retroexcavadora que rentaron, se hallaron restos de vehículos y por lo menos tres tanques de gas butano, enterrados a más de dos metros de profundidad.
María Isabel Bernal, líder del colectivo de búsqueda, informó que llamadas anónimas las llevaron a ubicar el predio donde existe una casa que supuestamente era de seguridad y era utilizada por el crimen organizado para retener personas que habían sido privadas de la libertad en Culiacán.
En la vivienda abandonada, las mujeres localizaron ropa, zapatos y diversos objetos.
“En el lugar se percibe un olor muy fuerte a combustible, y localizamos restos humanos quemados, casi en cenizas. Con la retroexcavadora encontramos también los tanques y restos de vehículos, pero se requiere de excavar toda el área porque nos dijeron que había por lo menos 10 personas enterradas en ésta área”.
Dijo que por las evidencias halladas y por los antecedentes que han realizado de otros hallazgos a pocos metros de allí, se presume que ese lugar era utilizado para vender combustible robado, casa de seguridad, pero principalmente como un lugar presuntamente de exterminio.
El lugar, ubicado a un kilómetro al norteponiente del fraccionamiento Cedros, permanece resguardado y también la Fiscalía General de la República iniciará las investigaciones porque el lugar supuestamente también era utilizado como narcolaboratorio.
Casuchas construidas con materiales endebles “cobijan” a los jornaleros oaxaqueños.
Al menos 45 jornaleros migrantes originarios de Oaxaca viven en condiciones de esclavización en Rancho Constitución, ubicado en Baja California. Las personas se encuentran hacinadas en insalubres cuartos de lámina, con una paga mínima y sin seguridad social.
Vía telefónica los denunciantes señalaron que con engaños fueron trasladados de San Quintín hacia Ciudad Constitución en donde actualmente están trabajando por cuatro pesos la recolección por bote, la mitad de lo que en promedio se gana por estas actividades agrícolas.
El temor
Debido a las condiciones infrahumanas solicitaron a la parte patronal mejorar la paga, pero además de la negativa recibieron amenazas e insultos. “Nos dijeron que fuéramos a quejarnos, pero no nos animamos porque los patrones tienen dinero y tienen comprada a la autoridad, no nos van a hacer caso. Estos ranchos no tienen ni condiciones ni seguro, entonces no nos van a hacer caso y nos arriesgamos a que nos maten”, indicó en el anonimato una de las personas afectadas.
Las fotografías enviadas como prueba de su acusación, muestran las condiciones ínfimas en las que viven en galeras con colchones viejos, en algunos casos empotrados sobre cajas de plásticos sólo para no estar a ras de piso. En otros casos las habitaciones sólo son carpas y paredes armadas de huacales de madera y recubierta por plástico. Los sanitarios son baños portátiles carentes de toda higiene.
Demandan ingerencia del gobierno de Oaxaca
Las personas afectadas hicieron un llamado a las autoridades en Oaxaca para que intervengan y puedan regresar a San Quintín, ya que debido a la falta de recursos no pueden pagar el traslado.
“Hacemos el llamado para que nos echen la mano. El patrón nos dijo que, si no nos gusta que nos vayamos a la chingada, entonces que nos pague el pasaje de vuelta de donde nos trajo y no pasa nada”, añadió.
En distintos foros, la titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, advirtió que mujeres, hombres y hasta niños y niñas que viajan a los campos de cultivo como jornaleros se encuentran en riesgo constante debido a que ahora las empresas están reclutando sin la supervisión de las autoridades debido a la desaparición del programa Jornaleros Agrícolas.
Cada año, en promedio 2 mil jornaleros agrícolas de origen oaxaqueño viajan al norte del país a los campos de cultivo. Con los recortes realizados por el gobierno federal, ya no cuentan con recursos para para su traslado ni para enfrentar los primeros días de trabajo en tanto llega la primera paga.
Operaban en zonas urbanas y atendían a población adscrita a Prospera; doctores y personal de 18 entidades denuncian despidos sin indemnización
Perla Miranda / El Universal
El logo del IMSS de la Unidad Médica Urbana (UMU) de La Noria apenas se ve. Unas rejas impiden el acceso a vecinos de Xochimilco afiliados al antiguo programa Prospera —ahora IMSS-Bienestar— que se atendían ahí. No es la única clínica que cerró. Médicos y enfermeras de las UMU de 18 entidades denunciaron que fueron despedidos, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.
De acuerdo con el oficio 59 54 61 0722/1727, firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña, encargada de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar, se informó que debido a la conclusión del proyecto Prospera y su transformación al nuevo Programa de Becas para el Bienestar de Educación Básica Benito Juárez, IMSS- Bienestar ya no recibirá los recursos que Prospera proporcionaba al ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que ahora se entregaría a los beneficiarios, por lo que las Unidades Médicas Urbanas tendrían que dejar de operar.
“Me permito hacer de su conocimiento los lineamientos a seguir para el cierre de operaciones y conclusión de los servicios que se proporcionaban a las familias beneficiarias de Prospera en las Unidades Médicas Urbanas”, cita el documento del que EL UNIVERSAL tiene copia.
De acuerdo con el catálogo de infraestructura del IMSS-Bienestar, a nivel nacional existen 315 Unidades Médicas Urbanas distribuidas en 28 entidades federativas. Su principal tarea era brindar servicios médicos a la población sin seguridad social que habita zonas urbanas marginadas; en cada una laboraban alrededor de uno o dos equipos integrados por un médico, dos enfermeras, un promotor de acción comunitaria, un administrador y una secretaria.
Sin embargo, el pasado 26 de mayo, al conmemorar el 40 aniversario de IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, director general del instituto, mencionó que este programa cuenta con 4 mil 86 unidades médicas, de las cuales 15 son UMU. No obstante, no explicó qué pasó con las otras 300.
En dicho evento, el funcionario afirmó que no habría recortes de personal médico, “porque es al que más tenemos que proteger. Allí es donde la gente reclama atención”.
Pero un recuento hecho por esta casa editorial detectó el cierre de UMU en Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.
Empleados que trabajaron en ellas por más de 10 años comentaron a EL UNIVERSAL que es una lástima el maltrato laboral que sufrieron; también denunciaron malas condiciones y que el cierre de estas clínicas afectará a los mexicanos más vulnerables.
“No tenemos seguridad social, estamos contratados por honorarios, no generamos antigüedad y muchas veces se retrasaron nuestros pagos, [pero] eso no importó nunca, y ahora nos corren sin liquidación, no hay oportunidad de reubicarnos y lo peor es que la gente que venía para controlar su diabetes, hipertensión o a darle seguimiento a su embarazo se quedó sin ese servicio”, dijo la enfermera Tania Rincón, quien trabajó en la UMU Ocotal 2, en la alcaldía Magdalena Contreras.
Octavio Méndez, quien laboró como médico en una UMU de Guanajuato, expresó que luego de ser despedidos, a algunos compañeros se les ofreció una plaza en alguna Unidad Médica Rural (UMR), pero las vacantes son muy pocas si se comparan con el número de profesionales despedidos; además, para el personal de enfermería el panorama es más complicado.
“Ofrecieron una plaza similar, pero en las UMR, a donde los pasantes no van, aunque son muy pocas. Tan sólo en Guanajuato somos 25 médicos los que perdimos nuestro trabajo y los lugares que ofrecen no llegan ni a 100. Para las enfermeras la situación es más grave, porque no hay vacantes”, dijo.
Karina Herrera se desempeñó como médico en la UMU 1 de Coahuila, la cual ya cerró. Sus compañeros de los municipios de Saltillo y Castaños fueron reubicados en una UMR y hay posibilidad de que un médico y una enfermera lleguen a la única UMU que sobrevive en la entidad y que se encuentra en Torreón.
“No entiendo por qué quitan las UMU si podemos trabajar como consulta externa para toda la gente que no tiene seguro social”, dijo.
En Veracruz, el médico Miguel Martínez González explicó que en la delegación norte de esa entidad había 19 Unidades Médicas Urbanas y atendían a alrededor de 44 mil 677 habitantes.
“Actualmente, ya todas estas unidades se encuentran sin dar servicio. A la gente no sabíamos ni qué decirle: nos preguntaban dónde se atenderían, pero a nosotros no nos dieron detalles, sólo nos pidieron entregar las instalaciones. Con respecto a nosotros, nunca tuvimos ni seguridad social ni ninguna prestación de ley”, señaló.
Personal de UMU de Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Campeche, Oaxaca y Tlaxcala dieron a conocer que les deben dos meses de salario y que para pagarles los condicionaron a realizar inventarios de los insumos en cada clínica y a hacer efectiva la entrega-recepción.
“En Hidalgo se cerraron seis centros de salud de este tipo: Sahagún, Pachuca, Tulancingo, Santiago Tulantepec, Ixmiquilpan y Tula. Nos deben dos meses de salario y aseguran que el pago sale la última semana de junio, pero la indicación es guardar todo en cajas, cuadrar inventario y esperar la entrega-recepción; si no lo hacemos, no hay sueldo”, mencionó un médico que prefirió omitir su nombre.
El documento 59 54 61 0722/1727 señala que el próximo 30 de julio “serán dadas de baja la totalidad de claves y combinaciones presupuestales, unidades de información, claves de ubicación y centros de costos del ámbito urbano, por lo que la delegación deberá asegurarse de que el presupuesto designado en el centro de costos 073206 podrá ser reordenado a los centros del ámbito rural”.
Además, se indica que a más tardar el 30 de junio será retirada la totalidad del presupuesto no ejercido en estas clínicas y el enlace de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar. El designado para atender los asuntos relacionados al cierre de operaciones financieras será Armando I. Olvera Infante, jefe del departamento de Recursos Financieros del IMSS y a quien EL UNIVERSAL solicitó entrevistar pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
«No es cosa de otro mundo lo que nosotros hacemos», dicen dos compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). «Es la forma en que vivimos, como viven los pueblos». Tranquilos a pesar del hostigamiento, las amenazas y el dolor por sus cuatro compañeros recientemente asesinados, cuentan cuál es el objetivo central de su organización: la reconstitución de los derechos de los pueblos amuzgos, tlapanecos, nahuas, mixtecos y mestizos de Guerrero.
No es casualidad que su horizonte coincida casi perfectamente con el lema del Congreso Nacional Indígena (CNI). Prácticamente desde su fundación, el CIPOG-EZ ha formado parte del CNI. En 2017, Lucio Bartolo Faustino —asesinado el 4 de mayo pasado junto a Modesto Verales Sebastián— fue elegido concejal del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y acompañó, junto a los pueblos de la Montaña de Guerrero, el recorrido de María de Jesús Patricio, Marichuy, por esa región. Uno de los compañeros del CIPOG-EZ lo dice claramente: trabajan «para que los siete principios [del mandar obedeciendo] se realicen, para que no sean solo un sueño».
Precisamente por esos principios, las decisiones y los proyectos que acompaña el CIPOG-EZ se construyen desde abajo, tejiendo consensos en asamblea. La educación, la salud, la agronomía y la seguridad autónomas se construyen así: «nuestra propuesta se basa en el proceso de la plática con los pueblos».
Ese proceso, insisten, no es un ‘invento’ del CIPOG-EZ. Es la forma en que de por sí los pueblos se organizan. Las comunidades que conforman hoy el CIPOG-EZ tienen una historia centenaria de lucha que, en los últimos 25 años ha cristalizado en el movimiento por la autonomía de Guerrero: el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia; la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas primero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) después.
En 2014 los pueblos organizados en torno al CIPOG-EZ buscaron reconstituir sus sistema de seguridad y justicia comunitarias, acompañando la formación de la policía comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Hasta hoy, el principio es el mismo: más allá de cualquier institución, las decisiones sobre la vida colectiva las toman los pueblos mismos a través de sus asambleas. El nombre no es, tampoco, una ocurrencia: las comunidades son las fundadoras y depositarias de la herencia de lucha por la autonomía en Guerrero, las que han acompañado el caminar del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Fotografía: Cristian Leyva
Desde entonces, cuentan los compañeros, los pueblos han buscado construir «una alternativa de vida, propia de las comunidades». Esa alternativa es un verdadero horizonte, es la forma de vida de los pueblos. En 2015 se fundó en el ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Radio Zapata: una emisora libre y comunitaria cuyo objetivo es fortalecer la defensa del territorio. Allí mismo, en un terreno donado por la asamblea se prepara la construcción de un Centro de Saberes, uno de los proyectos más ambiciosos del CIPOG-EZ. Así lo explican:
Los Centros de Saberes son una propuesta educativa para resolver en colectivo y de manera autogestiva nuestras demandas y necesidades: seguridad y justicia, defensa del territorio, alimentación, producción y mercado interno, información, educación y salud comunitaria. Para rescatar nuestra cultura, nuestra memoria y la experiencia de nuestras comunidades.
Por lo que se viene, pensamos que el futuro del Territorio Comunitario y el futuro de los pueblos Ñu savii, Me´phaa, Nahua y Ñomdaá requiere, ahora como antes, de la fuerza organizativa de nuestras comunidades y de la autonomía de nuestras instituciones y organizaciones.
El Centro, como todos los proyectos que acompaña el CIPOG-EZ, tiene su origen y su fin en la asamblea: de ella surgen los acuerdos y hacia ella se dirige su fortalecimiento. Las mujeres, hombres, niños y ancianos son el sustento y la razón de ser de la organización. El sistema de cargos tradicional es el soporte ancestral de su fuerza: los comisarios, los representantes con mayor respeto de la asamblea, son también los encargados de realizar las peticiones de lluvia para las milpas. La vida entera se genera y se reproduce en la asamblea.
Y, como en todos los pueblos originarios, el corazón de la vida es la tierra. Una de las primeras luchas de los pueblos que hoy conforman el CIPOG-EZ fue la resistencia frente a la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, y al programa de «certificación» individual de lo que eran tierras comunales y ejidales, el Procede.
El programa Procede ha sido la herramienta jurídica fundamental para el despojo de las tierras colectivas de los pueblos. Al otorgar títulos de propiedad individuales a comuneros y ejidatarios, facilita la venta de las tierras. A través de ese mecanismo, mineras, inversionistas y grupos narcoparamilitares han ocupado el territorio guerrerense. Los pueblos del CIPOG-EZ han resistido y resisten a la fragmentación y venta de sus tierras: las 22 comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez que se han negado a venderlas son, hoy, el principal obstáculo del Estado narcoparamilitar.
El territorio que defienden esas comunidades es el que hoy se encuentra sitiado por Los Ardillos y Los Rojos, los principales grupos criminales de la región. Además de intereses mineros, las tierras nahuas están en una zona de paso para el tráfico de drogas y armas y sus zonas altas son ideales para la siembra de amapola. Por eso, la existencia misma de los pueblos es un obstáculo para el despliegue de los grupos del crimen organizado, en franca complicidad con los tres niveles de gobierno.
Para los compañeros del CIPOG-EZ, la gravedad de la situación es clara: el objetivo de los narcogbiernos es eliminarlos como organización e, incluso, desaparecerlos como pueblos. Hasta hoy, cuatro familias han sido desplazadas de la comunidad de Tula, cuatro localidades permanecen sin luz, y existen retenes en los principales cruceros de acceso a la zona nahua de la Montaña Baja. Los puestos de control del narco —abiertamente tolerados por las Fuerzas Armadas y por las policías municipal y estatal— impiden que las familias se abastezcan de productos básicos en la cabecera municipal. La situación es tan grave que, en muchas comunidades, es imposible incluso salir a trabajar la tierra: las lluvias comenzaron ya y no se está sembrando las milpas que son el sustento de la vida.
Precisamente en un viaje para comprar víveres, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote fueron levantados el pasado 23 de mayo. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente, descuartizados, dentro de bolsas negras de basura. El mensaje era claro. En la región todos saben que el presidente municipal de Chilapa —el priista Jesús Parra García— obedece a Los Ardillos, pero un detalle atroz disipa cualquier duda. Un día después de que los cuerpos fueron encontrados, Parra García extorsionó al pueblo de Xicotlán, ofreciendo dinero y los cuerpos de Hilario y Xanteco a cambio de la liberación de dos sicarios que el pueblo mantenía retenidos bajo el sistema comunitario de seguridad y justicia.
La respuesta de los pueblos del CIPOG-EZ ha sido clara, pacífica y digna. Abrazados por la solidaridad del CNI-CIG y del EZLN, y confrontados con la omisión y complicidad de los tres niveles de gobierno, publicaron a comienzos de junio la Primera declaración de resistencia del CIPOG-EZ, CNI-CIG ante el cerco de los grupos paramilitares y la omisión de los tres niveles de gobierno. Se trata de un documento histórico, donde los pueblos se declaran abiertamente en resistencia y autonomía frente al Estado narcoparamilitar:
Hoy informamos públicamente que las comunidades que conformamos el Territorio Comunitario de la Montaña Baja, integradas al CIPOG-EZ, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG ante el terror narcoparamilitar y ante la ausencia del Estado mexicano. Nuestro territorio será cerrado totalmente para evitar una masacre por parte de los grupos narcoparamilitares, pero también está cerrado para cualquier partido político o funcionario gubernamental, porque solo se han venido a burlar de nosotros, cualquier comunicación deberá ser directa con nuestras asambleas permanentes presididas por las autoridades civiles y agrarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. Reiteramos que nuestra lucha es civil y pacífica, pero no podemos resistir ante los grupos narcoparamilitares solo con voluntad, así que a partir de hoy se establecerán las barricadas que sean necesarias, desde donde los hombres y mujeres de todos nuestros pueblos seremos quienes resguardemos nuestro territorio, porque hoy tomamos en nuestras manos el destino de nuestra vida colectiva.
En la Declaración se reitera, una vez más, que todas las decisiones, las responsabilidades de seguridad y la interlocución con otros actores reside únicamente en las asambleas locales y regionales:
Somos los pueblos de la región Montaña Baja de Guerrero que estamos integrados al CIPOG-EZ, los que hoy estamos en resistencia, quienes les informamos que la CRAC-PC-PF quedo rebasada ante esta situación. Y que hoy reafirmamos como pueblos, autoridades civiles y agrarias, que en nuestro territorio comunitario las decisiones se tomaran de forma colectiva por todos los pueblos en resistencia en pleno apego a nuestros modos de organización. Declaramos que no buscamos ninguna confrontación con nadie y que nuestra lucha es por la vida. Nuestra voz y nuestras decisiones emanan de nuestras asambleas permanentes, cualquier interlocución es con esta estructura comunitaria y se dará a conocer a todos nuestros hermanos y hermanas de México y el mundo a través del CIPOG-EZ, y el CNI-CIG.
La solidaridad no se ha hecho esperar. El CNI-CIG y el EZLN convocaron recientemente a una Campaña por la vida la paz y la justicia en la Montaña de Guerrero «que partirá de la comunidad indígena nahua de Amilcingo, Morelos, el día 12 de julio de 2019 para estar los días 13 y 14 de julio en la comunidad de Acahuehuetlan, municipio de Chilapa, Guerrero».
Además, se han activado distintos centros de acopio de víveres y una cuenta bancaria para recibir los apoyos económicos y en especie para las 22 comunidades que se encuentran dentro del cerco paramilitar.
La guerra de exterminio es de larga duración, y cada vez cobra una forma distinta. Los pueblos que conforman el CIPOG-EZ lo saben. Han resistido más de 500 años y, por más de 25, lo han hecho con un horizonte claro: su autonomía, es decir, su libertad.
Los pueblos mismos, pues, son los que tomarán las decisiones que les permitan defenderse y vivir seguros, en paz, autonomía y dignidad. Por ahora, su llamado es a la solidaridad. Antes de despedirnos, le preguntamos a los compañeros qué quisieran decirle a quien lea estas palabras. Su respuesta es cristalina: «que necesitamos un alto a la guerra. Queremos paz. Es eso. Porque ya no queremos que haya más muertos».
Newsweek México, 17 de junio de 2019
Guanajuato.- Los médicos, enfermeras y trabajadores de las Unidades Médicas Urbanas (UMU) del IMSS han denunciado despidos injustificados sin liquidación debido al cierre de más de 300 unidades que brindaban atención a personas sin seguridad social.
En Guanajuato al menos ocho UMU han cerrado sus puertas desde el 1 de mayo de este año, dejando sin atención médica a alrededor de 40 mil personas.
De acuerdo con algunos medios locales, las Unidades que se han visto afectadas se encontraban en Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, San Felipe, Salvatierra, San Miguel de Allende, Acámbaro y dos más en Comonfort.
De igual forma, a través de la página de Facebook “IMSS Bienestar Guanajuato – aval ciudadano” se ha reportado el cierre de algunas unidades en San Felipe, Acámbaro y Comonfort. En las publicaciones se pueden ver fotografías de las instalaciones, equipo y medicamentos abandonados.
El Universal detalló que doctores y trabajadores afirmaron que en el país hay 315 Unidades Médicas Urbanas distribuidas en 28 entidades.
En relación con lo anterior, el pasado 26 de mayo durante la celebración del 40 aniversario del IMSS Bienestar, las autoridades afirmaron que este año no habría recortes ni despidos.
Sin embargo, medios de comunicación afirman el cierre de las UMU en Guanajuato, Puebla, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Zacatecas y Campeche.
Asimismo, el director general del Instituto, Zoé Robledo, dio a conocer que son 4 mil 86 unidades, de las cuales 15 son UMU, pero no explicó qué pasó con las otras 300 unidades médicas.
Aunado a lo anterior, el personal de las UMU ha manifestado que les adeudan dos o más meses de salario y, en algunos casos no han sido liquidados.
El acuerdo 59 54 61 0722/1727, el cual fue firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña, encargada de la Unidad del Programa IMSS Bienestar, señala que el antiguo IMSS Bienestar ya no recibirá los recursos que el programa Prospera brindaba al Presupuesto de Egresos de la Federación. Por el contrario, ahora ese dinero se entregará a los beneficiarios.
Peto, Yucatán; (ACOM).- Después de varios días de tomar la escuela secundaria estatal “Pilar Victoria y Victoria”, padres de familia abrieron las rejas de la institución tras llegar a un arreglo con la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) sobre el tema de la directora Janet Sulú, acusada de malos manejos y hostigamiento a los alumnos.
Mientras que un grupo de padres de familia mantenían guardia en las puertas de la institución desde el pasado jueves, otro grupo viajó a la ciudad de Mérida para reunirse con autoridades de educación, mostrar evidencias y pedir la destitución de la maestra en cuestión.
El comité de padres de familia informó que han tomado acuerdos con la doctora Rosely Francisca Bacelis Be, directora del nivel de secundaria en la Segey, para entregar la escuela y, a partir de mañana, reanudar las clases en los dos turnos de la “Pilar Victoria y Victoria”.
Informaron que la directora de educación secundaria firmó un documento de acuerdos, donde se plantea una reunión general con los padres de familia y comunidad escolar de la secundaria estatal No. 14 para mañana martes a las 8:30 de la mañana en el local de la escuela.
Entre los acuerdos pactados está respetar la integridad y fomentar el respeto hacia cada uno de los alumnos, padres de familia y personal docente y administrativo de la secundaria “Pilar Victoria y Victoria”, entre otros puntos que serán comunicado en la reunión de mañana.
El pasado jueves por la noche, un grupo de padres de familia colocó candados a la reja de la escuela secundaria estatal No.14 “Pilar Victoria y Victoria” para solicitar la destitución de la directora, acusada de malos manejos y hostigamiento a los alumnos del plantel.
Así como el sistema capitalista intenta imponer su lógica en todo el mundo, las resistencias nacen y se fortalecen. En tiempos en que la tormenta capitalista comienza a arreciar florecen experiencias organizativas de lucha que se oponen a este sistema de muerte y destrucción. Historias de mujeres, hombres, niñ@s y otroas que de manera colectiva han decidido plantarle cara a la bestia capitalista se tejen en uno de los centros económicos más importantes de nuestro planeta: Nueva York.
En este lugar el desprecio, despojo, explotación y represión son la constante, y frente a ello existen personas, colectivos y organizaciones que resisten. Ejemplos de ello son el Colectivo Semillas y Descolonizar este lugar (Decolonize This Place o DTP). Ambos luchan en contra de la discriminación y el avance sin tregua de la deshumanización capitalista construyendo espacios de organización colectiva de las diferentes formas de resistencia y lucha en NY.
Semillas es una colectiva que se define a sí misma como feminista Chicana-Mexicana, que une al arte y la sanación como estrategias de descolonización. Sus proyectos, explican, se enfocan en dar luz sobre lo que está pasando específicamente en México. Su trabajo y acciones se han enfocado en el Plan Mérida y la lucha por la justicia para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias, y más recientemente con lo que está pasando en la frontera con las y los migrantes, todo esto caminando con el CNI y con Marichuy, “siempre tratando de implementar el modelo zapatista”.
Otra lucha en la ciudad de Nueva York es la del Colectivo Descolonizar este lugar (Decolonize this place, DTP). Ellas y ellos, tod@s afroamericanos, comentan que su trabajo consiste en conectar diferentes luchas, como la autonomía y la de los pueblos originarios del mundo, la liberación negra, la liberación de Palestina, el movimiento global de trabajadores migrantes que son despojadas de sus tierras y se tienen que ir a otros países, el desplazamiento de las personas de las ciudades como Nueva York, y la lucha antipatriarcal. Ell@s ven que estas luchas son puntos sobre los cuales gira la organización del colectivo, lo que les ha ayudado a conocer y reconocer la historia de cada una de ellas y la suya propia como comunidades de color en Nueva York.
Para organizarse, los compañeros de estos colectivos se han enfrentado a obstáculos que también comparten otras organizaciones alrededor del mundo: primero, que la gente no tiene tiempo; el segundo es la represión y la brutalidad policiaca; el tercero son los recursos limitados pues “cuando haces lo que te dice el sistema, trabajas duro y ahorras y haces todo lo que tienes que hacer y aún así no te puedes movilizar porque de todos modos te van a desplazar, de todos modos te va a matar la policía”
Ante este panorama, los colectivos se han preguntado ¿cómo podemos seguir organizando o continuar resistiendo de una forma más efectiva? “Intentamos aprender de los zapatistas”, dicen, practicando diferentes modos de construir algo más fuerte. Saben que “hacer esa construcción lleva más tiempo, pero el mismo proceso de escucharnos es también lo que nos fortalece(…) Con el tiempo hemos encontrado formas estratégicas de señalar algo específico que está pasando; convocar a otros colectivos y personas a colaborar, a llegar, a darle visibilidad a una injusticia. Lo que hacemos, porque estamos pensando en el proceso de descolonización, es elegir un lugar cultural importante o significativo”. Por ejemplo, cuentan su experiencia en una acción organizada en el Withney Museum contra uno de sus fundadores, Warren Kanders, quien es un reconocido filántropo que “está financiando las bombas en Palestina, así como lo que está pasando en la frontera”. Se enfocaron en él e hicieron una campaña de denuncia, a la que convocaron a otr@s a ocupar este espacio, “descolonizando este museo hablando de lo que en realidad está pasando”. Esta acción tuvo un gran impacto en la prensa, lo que consideran importante pues permite que los ecos de la organización se extiendan por Estados Unidos, y que algunas instituciones rechazaran el dinero de esta persona.
En otra ocasión ocuparon el Museo Americano de Historia Natural y tomaron las salas para hablar a los visitantes de la historia de las diferentes comunidades que viven en NY. “Ese museo es un espacio en donde muchos niños van y aprenden esa historia colonial y no la verdad, entonces nosotros ese día contamos la verdad, que nosotros todavía existimos y aquí estamos”.
Los medios han dado un seguimiento importante a este tipo de acciones, lo cual consideran que “también nos apoya a nosotros que formamos parte de la Red de apoyo del CNI y del EZLN”. “En NY hay muchos grupos que se consideran activistas. Esto nos ayuda porque las luchas están aisladas, a veces no estamos tan unidos, entonces nosotros tratamos de buscar espacios como estos lugares que representan cierto poder y lo tomamos, reclamamos el espacio. Abrimos ese espacio y simplemente convocamos para que lleguen todos a unirse a luchar contra el mismo opresor. Ese es un enlace, todas las luchas están conectadas porque el enemigo es el mismo, y eso nos hace pensar en la liberación colectiva de todos”.
Estas acciones, sin embargo, también han despertado la necesidad de definiciones pues, explican, “la identidad chicana es una postura política donde nunca nos ha impresionado AMLO o Morena porque hemos mirando a las Hillarys y los Obamas, sabemos cómo se ve este monstruo que se hace pasar como liberal, que parece muy del cambio pero que están sosteniéndole la mano al capitalismo, al neoliberalismo”.
Desde Nueva York, dicen, “lo que nosotros estamos tratando de hacer, no solamente es internacionalizar y globalizar la solidaridad. Es encontrarnos con otros y entender juntos la realidad de lo que está pasando, y que no podemos ver y entendemos la severidad de lo que está pasando, ahora en este momento, que este es un momento especial en nuestra historia, porque es posible que nosotros podamos romper con la lógica del capitalismo en la forma que el capitalismo nos está rompiendo y destrozando a nosotros (…)Tenemos que tomar acuerdo de cómo queremos vivir y de que nuestras comunidades sobrevivan”
Jesús Peña; fotos: Marco Medina y Jesús Peña; video: Estefan Baltezán y Jesús Peña; diseño: Édgar de la Garza; edición: Quetzali García/ LA VANGUARDIA MX.
Los niveles de arsénico en el agua de la Laguna rebasan el 100% de lo que permiten las normas ambientales. Esto se traduce negativamente en la salud y resulta en la extinción de pueblos aledaños a pozos. La negación de las autoridades ante el problema y el abandono de los filtros fue documentada por SEMANARIO
Mientras cuenta los muertos, Doña Mati camina a paso lento por las calles polvorientas y sofocantes de Finisterre…
Esas ruinas, dice, y señala una choza de adobe en el centro del poblado, eran la casa de una señora que ya falleció.
Le amputaron las piernas, a raíz de lo del hidroarsenicismo, porque el arsénico es como una termita que se aloja en las extremidades.
Se llamaba Gabina García.
En la casa verde vivía un matrimonio: el señor Telésforo López y su esposa, la señora Julia Rodríguez Nery.
Hace un año, o año y medio, que murieron.
Tenían manchas en la piel.
También la señora María Sandoval Casillas, esa que vivía allá, por las galeras. A ella la hicieron una biopsia porque ya le supuraban las manchas y despedían fétidos olores.Padecía de cáncer. Se murió.Y en la casa aquella que está por el panteón, ésa que ya se está cayendo, vivía don J, Manuel Donato Mejía.
Aquel viejito que tenía el cuerpo todo lleno de manchas cafés y negras, una sobre la otra.Ya murió.
“Él me decía, ‘ay muchacha, tú todos los días vienes a verme, pero va a haber un día en que ya no me vas a encontrar’, y desgraciadamente así fue. Dios nuestro Señor bajó la mano y se lo llevó a su lado”, dice doña Mati por no decir que el cáncer de piel que le resultó a don Manuel de tomar agua contaminada con arsénico durante años, lo mató.
Y aunque las autoridades aseguran que el hidroarsenicismo en Finisterre, como en el resto de la Región Lagunera, ya no es tanto, doña Mati no lo cree.
Hace algunos años que a ella también empezaron a brotarle unas machas cafés en la espalda.
La doctora le dijo que podía ser a raíz del agua que consumían en Finisterre.
Matilde Suárez Rivera, la asistente de salud de Finisterre, uno de los municipio de Francisco I, Madero, Coahuila, famoso por su agua con altas concentraciones de arsénico, llegó aquí hace 37 años, cuando la gente tomaba agua, o mejor dicho arsénico, de una vieja noria que está a la salida de la comunidad.
Cuenta Mati, en el solar de su casa de Finisterre, se sube la blusa por la espalda y enseña unas manchas parduzcas como continentes que se extienden a lo largo de su espinazo.
La señal inequívoca y fatal del cáncer.
También a don Eusebio López Bernal, el anciano que vive al lado de la casa de doña Mati, le han salido ya manchas en la espalda; y a don Martín López, el esposo de Rosy, ese que vive en la casa aquella pasando la carretera.
“Yo digo que ésa es y debe ser la prioridad del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, del Municipal, de poner atención en las cuestiones de salud”, dice doña Mati.
Historias como éstas abundan en todos los rincones de la Comarca Lagunera, sin que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno hagan algo para solucionar, de manera eficiente, el problema del hidroarsenicismo en esta comarca, ocasionado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Ejemplo de ello son las llamadas plantas potabilizadoras para la remoción de arsénico a pie de pozo, también llamadas filtros antiarsénico, que fueron avalados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, (IMTA), instaladas a instancias de la Conagua y entregadas a los sistemas de agua municipales en la zona urbana y rural de Torreón, Madero, Matamoros y Viesca, Coahuila a principios de esta década, y algunas de las cuales se encuentran sin funcionar y en total abandono.
Con base en un reporte emitido por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, en la Laguna de Coahuila se instalaron 29 plantas potabilizadoras para remoción de arsénico a pie de pozo, con una inversión de 267 millones 976 mil 074 pesos.
En una visita realizada por SEMANARIO a 12 de las 29 plantas que costaron el erario público entre 5 y 12 millones de pesos, se pudo constatar el olvido y, en algunos casos, el deterioro que presentan estas obras.
Juan Carlos Parga Torres, presidente del Comité Ciudadano por la Calidad y Cantidad del Agua en la Laguna, calificó este hecho como “un gran fraude en contra de la salud de los habitantes de la Región Lagunera”.
Es el caso de la planta ubicada en el pozo 79 que se localiza en el Fraccionamiento Lagos, de Torreón.
Estos filtros metálicos lucen completamente oxidados, convertidos en chatarra, en fierro viejo. Son como cilindros parecidos a cohetes espaciales, que deberían estar conectados mediante tubería al pozo que abastece a esta colonia para limpiar el agua de arsénico.
De acuerdo con datos obtenidos mediante la solicitud de información 00517219 hecha a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceas), en este filtro para la eliminación de arsénico, cuyo órgano ejecutor fue la Conagua y que según el inventario de la Ceas ya está terminado, se erogaron 8 millones 16 mil 895 pesos.
En el olvido, los filtros en estas condiciones son un monumento a la estupidez humana, señalaron los especialistas. Fotos: Marco Medina y Jesús Peña
ALERTA: ¿Qué dicen los últimos estudios?
RIESGO MORTAL.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, reveló con un estudio cómo el arsénico provoca una oxidación de las células del ADN
BEBER AGUA CON ARSÉNICO.
Provoca infertilidad, deficiencias del desarrollo, afecciones neurológicas, asma y de problemas crónicos pulmonares
OTRAS CONSECUENCIAS.
Favorece la aparición de obesidad o aumenta el riesgo de ser obeso y de ser diabético, porque altera el metabolismo
“Los filtros de arsénico no los estamos usando. Desde que llegamos la instalación ha estado mal hecha…. A parte los consumos excesivos de electricidad…”.
ABEL RAMÍREZ/ GERENTE GENERAL DE SIMAS MADERO
Aquí cabe señalar que el Fraccionamiento Lagos se encuentra en una zona de Torreón donde las concentraciones de arsénico han alcanzado por años los 0.045 o 0.050 microgramos de arsénico por litro, las más altas de toda la ciudad, superando casi al doble los 0.025 microgramos por litro que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-250-SSA1-2014.
Entrevistado al respecto Mauro González Montoya, gerente técnico de SIMAS Rural, órgano del gobierno del estado responsable de la operación de ésta y otras plantas en localidades de Torreón, Matamoros y Viesca, señaló que en su jurisdicción existen otros dos casos de filtros cuyos trabajos han quedado inconclusos y las obras abandonadas: uno en el Ejido Ana y otro en la comunidad de Venustiano Carranza, municipio de Viesca.
“Tenemos aquí unos filtros que nos dejaron empezados y ya no volvieron. Uno en el pozo del Ejido Ana, el del pozo Lagos y otro en Viesca, esos tres. Que iban a instalar los filtros y no, los dejaron empezados nada más. Por ejemplo en el Ejido Ana empezaron las excavaciones, llevaron material, varilla y todo para iniciar con las planchas, los desplantes y ya, hasta ahí. En el pozo Lagos pusieron unos tanques, hicieron una caseta y fue todo. En Viesca empezaron a hacer excavaciones, pero nada más”.
¿Cuándo iniciaron estos trabajos?
A principios de 2018, de repente ya no volvió nadie, ya no vimos a nadie… Les avisé a los de CNA y dijeron que iban a ver qué había pasado con los contratistas, pero nada.
Una de las plantas que permanecen en calidad de elefante blanco en medio de la nada, es la situada a la salida de Francisco I. Madero, Coahuila, justo a la orilla de la carretera que va a San Pedro de las Colonias, en el pozo llamado Caballo Blanco, cuya inversión, según cifras oficiales, fue de 6 millones 605 mil 965 pesos.
Este filtro no está conectado a la red y en sus instalaciones, resguardadas con malla ciclónica, tampoco se observan vigilantes ni personas operando el sistema nombrado de filtración directa con cloruro férrico.
SEMANARIO buscó a Abel Ramírez, el gerente general de SIMAS Madero, para que diera su versión sobre el estado de cosas que guardan las cinco plantas potabilizadoras para remoción de arsénico que fueron instaladas en este municipio con autorización de la CONAGUA y cuyo valor supera los 45 millones de pesos:
Los filtros de arsénico no los estamos usando. Desde que llegamos la instalación ha estado mal hecha…. A parte los consumos excesivos de electricidad…
¿Por qué?
Al momento de usar los filtros usamos otros motores, los cuales nos van a causar más consumo de electricidad.
¿Y con qué están eliminando el arsénico de Madero entonces?
Cloramos el agua…
Lo mismo sucede con las plantas establecidas en los pozos 3 y 4 de Matamoros, Coahuila, que a más de un año de haberse construido están inconclusas y sin funcionar.
Pese a que históricamente los análisis del agua de estos pozos, realizados por el propio SIMAS, han arrojado concentraciones de arsénico de hasta 0.050 microgramos por litro, cantidad que duplica lo permitido por la norma; en este proyecto de los filtros colocados en los pozos 3 y 4, ubicados en el área urbana de Matamoros, se gastaron recursos por el orden de los 8 millones 130 mil 482 pesos y 11 millones 367 mil 557 pesos, respectivamente.
“Nomás se vinieron a tomar la foto y ya no volvieron, ái nomás dejaron”, dijo un vecino del lugar durante la visita de SEMANARIO al pozo 4.
Tampoco en estas plantas se observó a gente trabajando en la operación de los filtros, pero sí, en el caso del pozo 4, a dos trabajadores bebiendo cerveza acompañados de una mujer.
Rogelio Ayup, el gerente general de SIMAS Matamoros, aclaró que ambas plantas, cuya construcción data de unos ocho meses, registran ya un avance de 90 por ciento.
Sin embargo, dijo desconocer la fecha exacta en que las obras serán entregadas por la Conagua a este organismo operador.
“No están en funciones todavía y como lleva los filtros, bardeado del área, unas pilas, entonces sí es un trabajo laborioso. Esos trabajos los hizo la CNA y entonces ellos mandan a la empresa, le empresa empieza a construirlos, yo no tengo fecha de entrega. Queremos suponer que en un mes, dos meses ya puedan estar funcionando los filtros adecuadamente y creo que en este año nos libramos del arsénico”.
Con relación a los pozos que abastecen de agua a las colonias Senderos y Zacatecas de Torreón, se pudo constatar que las plantas para remoción de arsénico se encuentran inactivas.
Empleados del SIMAS, que al momento de la vista de SEMANARIO se encontraban al interior de las plantas afirmaron que los filtros están sin operar, dijeron ignorar la causa.
Dulce Pereda, síndica del municipio de Torreón, declaró que esta situación se debe principalmente a la falta de mantenimiento de los filtros antiarsénico por parte de los organismos operadores, en este caso el SIMAS Torreón.
“Si no le dan mantenimiento adecuado a la bomba, mucho menos les están dando a los filtros de arsénico. Y al no darle mantenimiento a estos filtros obviamente no estás previniendo el arsénico”, declaró.
Es de destacar que el sector Senderos se ha caracterizado por ser una de las zonas de Torreón cuyas aguas han llegado a niveles de contaminación de 0,045 y 0.050 microgramos de arsénico por litro, 100 por ciento más de lo permitido.
Durante los recorridos efectuados por SEMANARIO, en varias visitas a municipios de la Laguna de Coahuila, realizadas en el lapso de dos meses, se pudo observar que en el caso de colonias como Compresor, Lucio Blanco y el Ejido Paso del Águila, asentadas en el área urbana y rural de Torreón, losfiltros se encuentran parados y bajo candado dentro de los predios del SIMAS donde se localizan los pozos.
Pasa igual con el pozo 32 – R, ubicado por la Plaza Jumbo, frente al Parque Industrial Oriente, y en el que se gastaron 11 millones 622 mil 386 pesos.
Un vecino del sector informó que hace más de un año en este pozo no hay ni velador.
Cuestionado sobre el caso de la planta instalada en el Ejido Paso del Águila, Mauro González Montoya, gerente técnico del SIMAS Rural, dijo que los paros de este filtro, que lleva operando alrededor de dos años, se deben a los constante robos de que es objeto, con todo y que hay vigilante.
“Es que la otra vez nos robaron casi todo ahí y luego ya ves que es electrónico, batallamos mucho para volver a reparar”.
Y aclaró que en época de invierno el pozo normalmente está parado, “porque nos sobra gasto. Ya se llega el calor y lo echamos a funcionar. A lo mejor el pozo estaba parado cuando fueron ustedes”, explicó.
¿Dice que el pozo es poco gasto?
En Paso del Águila son pozos que dan poco gasto. Los filtros se deben de ubicar en un pozo donde…, Y los filtros es una inversión muy fuerte. Hay que hacer un estudio bien hecho, completo, para que sea costeable poner filtros. A lo mejor nosotros pensamos hacer una reposición de ese pozo… Hacemos la reposición ¿y los filtros?
“Yo digo que ésa es y debe ser la prioridad del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, del Municipal, de poner atención en las cuestiones de salud”.
DOÑA MATI/ HABITANTE DE FINISTERRE
SEMANARIO buscó por más de un mes a Óscar Gutiérrez Santana, el director general del organismos Cuencas Centrales del Norte, para que hablara de las condiciones actuales de los filtros.
“La agenda del ingeniero está bastante cargadita. En cuanto tenga instrucción yo me comunico con usted”, dijo Guadalupe Saldívar, la vocera de este organismo, en la última comunicación sostenida el pasado 11 de junio.
¿Cuándo prevé que podrá atendernos?
No sabría decirle. Es información que los directores no traen bajo la manga.
“Nomás se vinieron a tomar la foto y ya no volvieron, ái nomás dejaron”.
JUAN, VECINO DEL POZO 4.
SEMANARIO buscó también durante casi un mes a Juan José Gómez, el gerente general del SIMAS Torreón, para que diera su versión en torno a los problemas que enfrenta el proyecto de los filtros antiarsénico en Torreón.
Hasta el cierre de esta edición no se había reportado.
Por su parte Antonio Nerio Maltos, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, reconoció que no todos los filtros para la eliminación de arsénico instalados en la Laguna de Coahuila están operando.
“Hay algunos que probablemente requieran mantenimiento, hay algunos que, quizá por los costos operativos, dejaron de funcionar y el SIMAS decidió trabajar únicamente con otros pozos que no tuvieran problemas de arsénico”.
¿Cuánto representa en dinero la operación de los filtros?
No tengo el dato exacto, pero sabemos que es costosa porque tenemos mucha relación con los sistemas operadores y de por sí el gasto en energía eléctrica ya casi alcanza el 90 por ciento de su presupuesto en algunos casos, con estas plantas se incrementa aún más. Es lo que escuchamos de ellos y es donde buscamos colaborar directamente ante Comisión Federal de Electricidad, pero también con algunos esquemas de inversión en páneles solares …”.
Nerio Maltos subrayó que esta tecnología, avalada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ha resultado efectiva en la eliminación de arsénico de los pozos donde se encuentra instalada.
“Sí, donde están funcionando los filtros el agua cumple los parámetros aceptables”.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, con 30 años de experiencia en el tema del arsénico, advirtió que si no se toman acciones adecuadas para solucionar el problema del hidroarsenicismo en la Comarca Lagunera, no solamente seguirán los daños ocasionados por el consumo de arsénico, como la gran incidencia de cáncer que existe en la región, sino que se van a desencadenar problemas de cadmio, flúor y boro en el agua.
“Ya hay muchos problemas de deformaciones óseas, de alergias, de cáncer”, dijo.
Aunque la Secretaría de Salud no cuenta con estadísticas sobre enfermedades y muertes provocadas por el hidroarsenicismo en la Laguna de Coahuila.
“Hay muchas muertes que se dan en las comunidades, en los ejidos donde solamente se murió y lo enterraron. Hay poca, muy poca información al respecto”.
Sin embargo, Adame de León detalló que La Laguna es un referente mundial de la presencia de cáncer, asociado con el consumo de metales pesados.
“Métase en al buscador de google y pregunte sobre los temas asociados con el arsénico, con el cadmio, con el flúor y le va a aparecer como referencia la Comarca Lagunera. A nivel mundial la Comarca Lagunera es un foco donde ocurren esos problemas. No somos la única zona, pero tampoco es un orgullo”, dijo.
Y declaró que las plantas potabilizadoras para la remoción de arsénico a pie de pozo, pronto resultarán insuficientes porque el agua del acuífero ya no es tan abundante.
“Los pozos hay que reponerlos constantemente porque se abaten, ¿para qué quiere usted un filtro en un pozo que ya no tiene agua?”.
Jorge Antonio Espinoza Femmat, médico cirujano, doctorado en medicina molecular y maestro investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dijo que hoy más que nunca se requiere un trabajo conjunto entre las fuerza políticas, las fuerzas académicas y la población en general, para resolver el problema del arsénico en la Laguna.
“Por más que nosotros descubramos el hilo negro y sepamos cuál es el problema del arsénico, si no hay un esfuerzo conjunto no va a haber una solución”.
Jesús Burciaga, médico general, estudioso del tema del arsénico desde la década de los setentas, lamentó que a pesar de que ya se ha dicho demasiado sobre los efectos del consumo de este metaloide en la salud humana, no se ha hecho nada.
“Hay antecedentes en la Laguna desde 1958, de las consecuencias en la salud por la exposición al arsénico, al plomo, al cadmio y el problema es que no pasa nada”.
En tanto las manchas en la espalda de doña Mati, la asistente de salud del pueblo de Finisterre, siguen creciendo y creciendo, hasta que un día, como a sus vecinos, en el pueblo no la vuelvan a ver…
“Un gran fraude en contra de la salud de los habitantes de la Región Lagunera (El abandono de las plantas tratadoras)”.
Juan Carlos Parga Torres, presidente del Comité Ciudadano por la Calidad y Cantidad del Agua en la Laguna
“Si no le dan mantenimiento adecuado a la bomba, mucho menos les están dando a los filtros de arsénico. Y al no darle mantenimiento a estos filtros obviamente no estás previniendo el arsénico”
Dulce Pereda/ Síndica del municipio de Torreón
En los setentas y ochentas se dio la incidencia de cáncer de piel y de pie negro, con amputaciones, y se concluyó que se debía al arsénico
100 % más del arsénico permitido son los niveles de contaminación de 0,045 y 0.050 microgramos de arsénico por litro
29 plantas potabilizadoras para remoción de arsénico a pie de pozo, con una inversión de 267 millones 976 mil 074 pesos.
12 de 29 plantas que costaron al erario público entre 5 y 12 millones de pesos, están en el olvido y deterioro
PARA LA HISTORIA:
Desde 1958 existen en la Laguna antecedentes de cáncer de vejiga, pulmón, hígado, colón, a consecuencia del hodroarsenicismo
En los setentas y ochentas se dio la incidencia de cáncer de piel y de pie negro, con amputaciones, y se concluyó que se debía al arsénico
En torno al método de filtración directa con cloruro férrico e hipoclorito de sodio, recomendado por IMTA y utilizado en las plantas potabilizadoras para la remoción de arsénico a pie de pozo instalas en la Región Lagunera, Jesús Guadalupe Moreno Rodríguez, experto en el tema del agua, advirtió que esta tecnología es nociva para la salud humana.
“Yo les puedo demostrar que esta tecnología es una ocurrencia. El hipoclorito de sodio es cloro activo, muy oxidante. oxida al cloro y ese cloro que va ahí, cuando la gente lo consume y se topa en el estómago con la materia orgánica, se vuelve triahalometano”.
El trihalometano, asegura Morano Rodríguez, es un cancerígeno que resulta mil veces más peligroso que el arsénico.
“¿Qué hacemos con el agua que usamos para la ducha?, esa agua que salió de los filtros esos de cloruro férrico va rica en halógenos, llega al drenaje y se vuele a topar con la materia orgánica y ahí se vuelve trihalometano”.
El trihalometano, explica, es volátil y sale por las alcantarillas. Hay un cancerígeno en el ambiente. “Esa máquinas van a quedar como monumento a la corrupción, a la ignorancia y a la estupidez humana” dice y recuerda que la electrocoagulación, método basado en el uso de corriente eléctrica, es la alternativa más barata y que además no tiene agua de rechazo, porque no usa reactivos químicos.
Alejandra Martín Domínguez, tecnóloga del agua adscrita al IMTA, declaró que los sistemas a pie de pozo que cuentan con la tecnología de filtración directa, están avalados por la OPS y la OMS.Y añadió que dicho método es el más económico, el más fácil de operar y el que permitía remover el arsénico.
Cuestionada sobre si el método de filtración directa es dañino para la salud, Martín Domínguez subrayó: “No es cierto. El hierro ni siquiera es un contaminante que esté considerado dentro de las normas por daños a la salud. Los cloruros… ¿Usted no toma cloruro de sodio que se llama sal?”. Aparte, detalló Alejandra Martín, la cantidad que se agrega es tan pequeña que ni siquiera contabiliza fuera de la norma los cloruros. Y el hierro se queda en los lodos, se precipita.
El hostigamiento policial hacia los habitantes de la comunidad de San Juan de la Laguna, municipio de Lagos de Moreno, que se oponen a la construcción de un gasoducto en el lugar, continúa.
Como parte de las acciones de protesta contra el proyecto que realiza la empresa Gas Natural del Noreste para brindar el servicio a dos parques tecnológicos cercanos, con la colaboración de diversos artistas y del programa radiofónico Ghetto soul, el pasado sábado se llevó a cabo el concierto denominado Más raps, menos gasoductos en el campamento que mantienen los opositores.
Sin embargo, mediante sus redes sociales, los habitantes del lugar denunciaron la presencia de la Policía Estatal durante el evento cultural. El motivo, expusieron, fue exigirles que contaran con los permisos para la realización del mismo.
A pesar de que el concierto concluyó sin mayores contratiempos, los opositores al gasoducto consideraron que se trata de una nueva acción de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad, mismas que el pasado 13 de mayo detuvieron a tres activistas que participaban en una manifestación y que, desde entonces, han mantenido una presencia continua en la zona.
Con anterioridad, los opositores al proyecto anunciaron que mantendrán el plantón hasta que se les brinde toda la información relativa al proyecto.
Las colectivas que acompañan el caso de Marlene, la joven cuyo cuerpo fue localizado en un domicilio en el fraccionamiento Verona el pasado ocho de abril, han logrado recaudar un 30 por ciento del recurso necesario para pagar los peritajes externos y con los que buscará abrir la posibilidad de que su muerte fue un homicidio y no un suicidio.
Ivonee Roa, representante de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos, explicó que el primer peritaje será con un médico legal, quien abriría la posibilidad de que la muerte de la joven, haya sido provocada por un tercero.
Cabe recordar que según la información proporcionada por las activistas, el cuerpo de Marlene se encontró con una agujeta en el cuello, sujeto a la perilla de una puerta.
“Más que la causa, que exista la posibilidad de que fue un homicidio. Eso es a través del peritaje de un médico legal, aparte y digamos que como consecuencia de este primer peritaje, van a surgir otros”, declaró.
Roa abundó que también se buscará un peritaje psicológico que demuestre que Marlene no tenía intención de suicidarse; asimismo, subrayó que la Fiscalía General del Estado aún considera la posibilidad de un suicidio, por lo que dijo, aún no hay una fecha establecida para que den los primeros resultados y se judicialice este caso.
“Nosotros estamos haciendo todo lo posible para complementar esa etapa de investigación, por medio de los peritajes. Entonces, aún no hay una fecha establecida, ya que continúa en etapa de investigación”, acotó.
Culiacán,Sin. El grupo de búsqueda de desaparecidos; Sabuesos Guerreras A.C. protestó pacíficamente en el kiosko de la Plazuela Obregón a un costado de la Catedral colgando lonas con la leyenda “no más desaparecidos” y fotos de los hijos y familiares de sus integrantes.
María Isabel Bernal, dirigente del colectivo explicó la razón de la protesta, siendo un pequeño y de visibilización a los desparecidos que en su mayoría son padres.
María Isabel Bernal, dirigente del colectivo explicó la razón de la protesta, siendo un pequeño homenaje y búsqueda de visibilización a los desparecidos que en su mayoría son padres.
“son padres los desaparecidos y están esperando ser abrazados por sus hijos”. María Isavel Bernal
Una protesta parecida tuvo lugar el pasado 10 de mayo, dónde decenas de madres con hijos desaparecidos marcharon por las calles de Culiacán rumbo a la Fiscalía General del Estado gritando consignas de justicia y la misma leyenda resonaba en sus gritos “nada que celebrar”.
El grupo de buscadoras han estado presionando a las fiscalías locales para verificar los avances de las investigaciones por medio de amparos ante juzgados federales y esto se ha traducido en una ambiente tenso en cuanto a si seguridad, sin embargo ellas siguen con la presión y las protestas.
Durango es uno de los estados de la República Mexicana donde existen altos índices de trabajo infantil, por arriba de la media nacional, con 47 mil 457 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, lo que se traduce en que 10.46 por ciento de los menores de edad que viven en la entidad gobernada por José Rosas Aispuro Torres tienen que laborar.
De esta cifra, el 20 por ciento se ubican en rangos de entre 15 y 17 años, mientras que el 80 por ciento restante tienen entre 5 y 14 años de edad.
Según el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las personas menores de edad que trabajan en Durango son 70.42 del sexo masculino y 29.58 por ciento del sexo femenino.
Los sectores donde se emplean a las niñas, niños y adolescentes a nivel estatal son agricultura, seguido por la industria y los servicios.
El estudio señala que Durango es una de los estados del país con mayores municipios en alto riesgo de trabajo infantil, junto con Chiapas y Oaxaca.
De los 39 municipios, 20 presentan riesgo bajo, 14 riesgo medio y cinco riesgos altos, principalmente en la zona centro y oeste de la entidad.
Los principales factores asociados a la ocupación infantil no permitida en el estado de Durango, de acuerdo con su grado de incidencia, se generan en hogares donde los niños y adolescentes son de sexo masculino y el jefe de hogar está ocupado en el sector agropecuario”, destaca el documento.
El trabajo infantil es una de las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que al pasar largas horas en la vía pública y convertirla en su espacio de socialización y de actividad económica, pone en riesgo su desarrollo físico, mental y social, porque constantemente se encuentran expuestos a muchos riesgos.
Texto y fotos: Arturo Contreras Camero/Piedepágina
Las familias que acampan en la calle Roma, de la colonia Juárez, temen un nuevo desalojo como el que ocurrió el 30 de mayo en la calle de Londres. Es la única respuesta que les han dado las autoridades capitalinas a su demanda de vivienda. Mientras, hombres armados vigilan el predio que ocupaban antes del 19S y en una reunión con colonos, el alcalde Néstor Núñez prometió liberar la calle
Dos semanas después de que trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc desalojaran el campamento que ocupaba parte de la calle Londres, en la colonia Juárez, el alcalde Néstor Núñez prometió a los vecinos liberar la calle Roma, donde aún queda la otra parte del mismo campamento, en el que unas 80 familias indígenas viven desde hace un año y ocho meses.
“Ya atendimos la petición del levantamiento de la vía pública en la calle de Londres, y tenemos ahora la solicitud de liberar el paso en la calle de Roma”, aseguró Núñez a los colonos, en la reunión realizada el jueves 13.
El alcalde no estableció fecha ni plazo para la liberación, pero en el campamento, las familias temen que sea de un momento al otro.
“Tenemos amenazas de que esta semana viene el desalojo”, dice Filiberto Margarito, uno de los habitantes del campamento.
“Estar aquí ha sido muy duro, los vecinos nos discriminan y nos dice que nos vayamos. Nos vienen a decir que nos van a quitar, ¿Si abren los carriles, a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Nos va estar otro desalojo sin órdenes judiciales, como los otros?” Estela Quirino.
Las 80 familias de indígenas otomíes, nahuas y tsotsiles que hoy viven sobre el asfalto ocuparon antes el predio ubicado en Roma 18, que alguna vez albergó la embajada de la España Republicana en México.
Son familias llegaron a la ciudad hace más de 30 años, y que ocuparon predios abandonados tras el terremoto de 1985. En un inicio, cuentan, pagaban renta al cuidador del lugar, quien los dejaba vivir en el lugar, pero de un día a otro desapareció sin dejar rastro y ellos permanecieron en el lugar.
Con el sismo del 19 de septiembre de 2017 el edificio en el que vivían resultó tan dañado que ya no se pudo habitar. Sin tener a dónde ir, la comunidad resolvió tomar las calles como hogar para que nadie más se apoderara del lugar.
Su estancia en la calle generó tensión con los vecinos, y fue creciendo hasta terminar en una enemistad abierta entre indígenas y vecinos, quienes reclaman la solución inmediata de la vía pública.
“Como la gente ya no pasa por la calle, nos han bajado las ventas más de 30 por ciento, ya no nos da para mantener el negocio. En este punto no sabemos si cerrar o aguantar un poco más”, dice el dueño de una cafetería, afectado por el cierre.
El pasado 30 de mayo, un grupo de trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc desalojó a una parte de esta comunidad. De acuerdo con las autoridades, se hizo a petición expresa de los vecinos y no fue un desalojo, sino un “levantamiento de la vía pública” a petición de los vecinos.
Ese día, mientras los trabajadores se llevaban muebles y objetos de una parte de las personas del campamento, policías de la ciudad rodearon al resto del campamento por más de cinco horas para impedir la salida de sus habitantes.
Al día siguiente del desalojo, comenzaron a llegar obreros con material de construcción. Ahora, muros, vallas y alambre de púas dificultan el acceso al predio. Dentro, hombres armados resguardan el lugar.
El terreno está actualmente en un juicio para determinar su legítima propiedad. De acuerdo con los indígenas, una empresa llamada Eduardo S.A. de C.V. reclama la propiedad del inmueble, aunque no sabes a quién pertenece la empresa.
En la reunión con los vecinos, el alcalde Núñez –quien no ha buscado reunirse con los indígenas del campamento– aseguró que el inmueble es propiedad de Marcos Ushdi, con quien ya tuvo una reunión, pero no especificó bajo qué argumentos reclama la propiedad.
Núñez no tiene un plan para reubicar a las personas que solían vivir en el predio.
Asegura que buscará que sean atendidos por el instituto de vivienda, para que puedan conseguir un departamento; sin embargo, no tiene aún una oferta de reubicación.
De acuerdo con la la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, 590 menores se encuentran entra los más de 5 mil desplazados por la violencia. Foto: El Sur
Redacción / El Sur / Sinembargo
Representan el 44 por ciento de las 11 mil 491 víctimas del país y aumentan a 338 mil 405 desde 2006.
Muy cerca está Chiapas con 5 mil 35 desplazados, luego Sinaloa con 860, Oaxaca con 300 y Michoacán con 240.
El informe señala que la causa de los 13 desplazamientos en Guerrero es la violencia de grupos armados.
Vía telefónica se le preguntó a la coordinadora del área de desplazamiento de la CMDPDH, Brenda Pérez por qué el estado presenta varios episodios mientras que otros igual de violentos no. Dijo que probablemente influya la disputa del territorio que ocasiona una singular violencia con el fin de ahuyentar a comunidades enteras.
También puede existir un sesgo informativo de los medios en otros estados que no publican sobre estos hechos como en Guerrero. Criticó la falta de registro gubernamental que no permite cuantificar de manera exacta la magnitud del problema.
El episodio más numeroso ocurrió el 11 de noviembre cuando 2 mil personas aproximadamente, 400 menores de edad, de las comunidades Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), Los Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar y Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, se desplazaron por enfrentamientos entre grupos armados, uno de ellos el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) conformado por 3 mil hombres.
El 17 de noviembre intentaron retornar pero su caravana, acompañada de militares, policías, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue atacada entre Los Morros y Campo de Aviación.
En marzo pasado se plantaron frente a Palacio Nacional y luego regresaron a Chichihualco, donde se han refugiado todo este periodo, con la promesa de la ayuda federal que ha llegado por partes.
El Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que las víctimas deben tener seguridad y libertad de circulación, acceso a la alimentación, vivienda, agua, salud, educación y empleo, entre otros derechos.
NO SE GARANTIZA EL DERECHO AL RETORNO
Brenda Pérez señaló que los desplazados de Chichihualco evidenciaron la falta de entendimiento de las necesidades de las víctimas, de protocolos de actuación y de una repartición clara de las responsabilidades de las dependencias involucradas. Expuso que el derecho al retorno debe ser asistido, seguro y digno lo cual no se ha logrado ante la falta de condiciones “porque no se combaten las causas estructurales que causaron el desplazamiento”.
Guerrero es el único estado junto con Chiapas que cuenta con una ley sobre la materia desde 2014 –“está bien hecha” a criterio de la entrevistada– pero no tiene reglamento, “omisión de las autoridades locales por no poder ofrecer medidas integrales a las víctimas”, y debe crearse, asignarle presupuesto y formar un consejo que planee programas y políticas públicas.
La irrupción de 200 hombres armados en el poblado Los Corralitos el 9 de junio desplazó a 92 familias y regresaron 16. En Las Palmas, Eduardo Neri, 300 habitantes lo sufrieron el mismo día. Todos se refugiaron a Tlacotepec o Chichihualco. En Carrizal de Bravo, comunidad de Leonardo Bravo, 225 habitantes huyeron entre el 5 y 9 de septiembre por la llegada de un grupo armado que realizó diversas agresiones en esas fechas.
De las comunidades de San Bartolo y Laguna de Hueyanalco, municipio San Miguel Totolapan, 100 habitantes huyeron alrededor del 20 de marzo ante la presencia de Los Tequileros que llegaron a esa última comunidad en mayo de 2017 tras abandonar La Gavia, su bastión.
El 10 de abril 92 habitantes, 40 menores, de esas comunidades más Jimotla salieron con resguardo del Ejército y la policía estatal rumbo a Atoyac por los enfrentamientos entre La Familia Michoacana y Los Tequileros.
De la misma forma se desplazaron 131 integrantes de la comunidad Las Ventanas el 17 de julio por el “acoso” de Los Tlacoleros de Tlacotepec.
La comunidad nahua Tlatempanapa, Zitlala, vivió su primer desplazamiento el 6 de noviembre cuando 70 personas, 35 menores, huyeron de un supuesto grupo de autodefensa al servicio de Los Ardillos caminando por dos noches hacia Zitlala, donde les negaron ayuda, y se fueron a Copalillo, al igual que otras 62 personas, 32 menores, en un segundo evento fechado el 3 de diciembre.
El primer desplazamiento del año fue el 5 de enero cuando 900 habitantes de San Felipe del Ocote, Apaxtla, con apoyo de la Policía Comunitaria de ese municipio, huyeron de La Familia Michoacana que los obligaba desde hace más diez años a proveerles de “alimento, agua y hospedaje”. Una semana después 86 personas huyeron de la localidad San Pedro de los Limones.
Entre las fechas 19 y 21 de ese mes 82 habitantes de la Unión y Buenavista Tomatlán, municipio de Michoacán, huyeron por una persecución de grupos armados vinculados al cártel de Los Viagras rumbo al cruce fronterizo El Chaparral, en Tijuana, donde solicitaron asilo a Estados Unidos. Otras 15 familias de Guerrero y Michoacán–no se especifica el municipio de residencia–también lo hicieron en primera semana de marzo al igual que 109 entre enero y febrero, de acuerdo con La Casa del Migrante a la que se cita.
El 29 de mayo 306 habitantes, 83 menores, de Los Horcones y Las Mesas en Cerro Azul, Ajuchitlán del Progreso, huyeron hacia Tecpan por la irrupción de hombres armados en sus localidades.
El 4 de octubre 16 familias de El Zapotillal y 8 de Las Canalejas, poblados de la ruta de los Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán destaca el documento, salieron por amenazas de un grupo relacionado a la Familia Michoacana. Después 4 familias de Las Canalejas huyeron y sumaron 112 desplazados.
Colectivo de organizaciones sociales en alianza con CEDH y Uni Unida arman un frente contra las detenciones arbitrarias de adolescentes y jóvenes que realizan corporaciones policiacas, principalmente la Municipal; son un atropello, advierten en campaña informativa que llevan a la vía pública
Ciudad Juárez – Usar rastas, tatuajes o la simple manera de caminar y de vestir son motivos para que agentes de la policía arresten a los adolescentes y jóvenes en la vía pública de la ciudad y los envíen tras las rejas atribuyéndoles cualquier cargo, incluso, la falta de respeto a la autoridad.
“Son detenciones arbitrarias, son un atropello a la libertad de los jóvenes y queremos frenarlas”, dice Laurencio Barraza, de ¡Tira Paro!, un colectivo de organizaciones que trabaja con jóvenes para interrumpir ciclos de violencia en Ciudad Juárez.
En alianza con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Uni Unida, el colectivo integró un frente contra las detenciones arbitrarias. Unieron fuerzas para lanzar una campaña con la que buscan generar conciencia, dar orientación sobre qué hacer ante esas situaciones y combatir la problemática.
Adolescentes y jóvenes realizan un performance (representación) sobre arrestos de policías municipales en crucero de las avenidas De la Raza y Tecnológico, bajo el conocido como puente al revés. Fotografía: La Verdad
Carlos Casas, visitador de la CEDH en Ciudad Juárez, dice que los arrestos de muchos jóvenes no están fundados en ningún delito o falta administrativa, por lo que se busca alentar a las víctimas de estas acciones para que presenten su queja con la intención de documentar la situación en la localidad.
Es imposible documentar esta arbitrariedad de oficio porque cuando los jóvenes son trasladados a las estaciones de policías les atribuyen cualquier falta, como escándalo en la vía pública o faltas a la moral, y los jueces de barandilla le creen a la autoridad, indicó el derechohumanista.
Por ello, comenta Barraza, se lanzó la campaña para llamar a los chavos a que se sumen a este proyecto y a denunciar con nosotros cualquier acción que se considere irregular por parte de la policía, por medio de mensajes en redes sociales de Tira Paro o al teléfono 6124747.
Fotografía: CortesíaFotografía: Cortesía
“Queremos que quienes deben cuidarnos ya no nos violenten”, dice a su vez Giovanna Alarcón, estudiante de Sociología e integrante de Uni Unida, quien participó en la brigada informativa sobre detenciones arbitraras que se presentó este viernes a la comunidad.
Recuerda que hace unos meses caminaba junto a uno de sus compañeros, Mario, cuando agentes de una patrulla les marcaron un alto. “Nos detuvieron, nos revisaron, también a nuestro celular, y cuando nos arrestaban, unas mujeres que estaban en la calle cuestionaron a los agentes por su actuación y estos le respondieron: por qué se mete, míreles su aspecto, no se metan”.
Ambos son coordinadores de grupos juveniles de ¡Tira Paro!. Mario es maestro de artes plásticas e Isabel estudiante, pero por su aspecto y la zona donde viven son criminalizados. Llevan rastas, tienen tatuajes y usan piercing.
Su testimonio lo compartió Isabel mientras esperaba el cambio de luz en el semáforo del crucero de avenida De La Raza y Tecnológico, donde se apostaron el viernes durante la mañana para lanzar el mensaje de cese al abuso policiaco hacia los jóvenes y ofrecer orientación gratuita de qué hacer ante una detención arbitraria.
Lo que ocurre es una practica que fue la principal estrategia de seguridad de lo que se denominó la guerra contra el crimen organizado, en el sexenio de Felipe Calderón, que desgraciadamente sigue escalando a pasos preocupantes, dice Laurencio Barraza.
Asegura que, del análisis de la situación, destaca también el carácter recaudatorio de esos arrestos, ya que para ser liberados las familias de los jóvenes pagan multas cuyos montos varían según el día de la detención, de los 500 a los mil pesos.
Saltillo, Coah.- La maquiladora Remy de Piedras Negras decidió cerrar sus puertas y despedir a casi 700 trabajadores por temor de los propietarios a que en el futuro cercano se apliquen aranceles por parte de Estados Unidos.
Así, decidieron reagruparse en Reynosa en la planta que poseen en aquella frontera, dijo José Alberto Morales, dirigente de la CROC en el estado.
“Hoy se liquidó a casi 700 trabajadores de la empresa en presencia de autoridades laborales y de representantes del sindicato”.
El líder croquista explicó que el grueso de los trabajadores serían liquidados en el transcurso del día y estableció que aproximadamente 100 seguirán trabajando para terminar de desmontar la planta, proceso que llevará un mes.
Morales Núñez dijo que de acuerdo a versiones de los directivos de Remy, la decisión de llevar la planta local a Reynosa, obedece a la incertidumbre que existe entre los dueños por la posible aplicación del Gobierno de EU de aranceles a los productos mexicanos.
Los trabajadores recibirían el pago de su prima de antigüedad equivalente a 20 días por año trabajado además del resto de las prestaciones de ley.
Jaime Guerrero, imparte taller de “Bailes de Nuevo León”.
Acuña, Coah.- Los recortes presupuestales que se han efectuado por parte de la Federación han impactado de forma negativa en el trabajo que se realiza por parte de los docentes en lo que refiere a la promoción y difusión de la danza y las tradiciones que identifican a México como nación, así lo manifestó Jaime Guerrero Hernández, director del Grupo Magisterial de Nuevo León.
Dijo que el Gobierno federal no ha logrado entender la importancia que tiene en la vida de las personas la educación y el arte, aspectos que son vitales para fortalecer el sentido de pertenencia, de orgullo e incluso permite a quien lo observa y a quien desarrolla con pasión, habilidad y destreza sobre el escenario, valorar el trabajo callado que se realiza por cada una de las etnias para mantener vivas sus tradiciones.
Agregó que la cultura es una parte esencial dentro de cualquier gobierno para combatir problemas serios como lo es la inseguridad, ya que involucra la participación directa de los jóvenes, quienes al contar con el apoyo de sus mentores y de las propias autoridades, pueden transitar por el camino del éxito.
El profesor Jaime Guerrero Hernández visitó esta frontera para impartir el taller de “Bailes de Nuevo León” a los integrantes del Grupo Cotzal, quienes se alistan para su participación en el tradicional Mitote Folclórico Acuña 2019, el cual en esta ocasión llevará su nombre como un homenaje a sus 50 años de destacada trayectoria dentro del mundo de la danza.
Dentro del legado del profesor Jaime Guerrero Hernández, está la creación del Mitote Folclórico que se realiza en el estado de Nuevo León, el nacimiento de uno de los principales exponentes de la danza en el país como es el Ballet Folclórico Magisterial del Estado de Nuevo León, que se ha convertido en un semillero de talento y del cual se desprenden varias agrupaciones o compañías artísticas en diversos estados del país, tal es el caso del Grupo Cotzal.
Las coreografías que se montaron a los integrantes del Grupo Cotzal, son el vals “Chole”, la contradanza “El crucero de Marín” y el chotis “Si no se brinca no se baila”. Al término del taller se entregó reconocimiento a los alumnos participantes.
Dos médicos para una clínica; ni agua para los baños: sindicato
Alejandro Payán Vázquez / El Diario de Querétaro
Personal médico del ISSSTE trabaja a pesar de las carencias y fallas en la infraestructura, aseguró el secretario de Trabajo y Conflictos de la sección XXVIII del SNTISSSTE, Emilio Monroy Calvo.
Reconoció que en las unidades médicas familiares hay carencias, principalmente de personal, donde solo hay uno o dos médicos, las clínicas se encuentran en colonia Satélite, Azteca, en Pedro Escobedo, San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Colón, Tolimán, Cadereyta y Jalpan.
“Desde hace dos años hemos reportado las deficiencias en equipo, material de curación, medicamentos y recursos humanos que es lo más valioso y hemos pedido que se respeten los derechos de los trabajos porque las condiciones de trabajo establecen que se les debe proporcionar los recursos para que desempeñen sus funciones con eficiencia y eficacia”.
El representante del sindicato lamentó la situación del servicio que afecta a los usuarios y aseguró que el personal que trabaja para el ISSSTE busca brindar la atención en las mejores condiciones.
“Fue lamentable por la forma en que se manejó la situación con el paciente, no debe acontecer y si hay responsabilidad administrativa se debe asumir, buscamos brindar trato digno y con calidad y calidez a los derechohabientes”.
Además de los elevadores otras áreas médicas que tienen carencias son quirófano, cuidados intensivos, toco quirúrgico y rayos x.
Monroy Calvo aseguró que trabajarán en coordinación con la dirección del hospital para atender las principales necesidades de usuarios y pacientes, pues son quienes más se han visto afectados por las estas carencias.
El servicio médico en el hospital y clínicas del ISSSTE es malo, principalmente por los recortes presupuestales y de persona, donde quienes más resienten la carencia son los derechohabientes.
Alberto Tecsón se atendió una lesión en el brazo derecho en un hospital particular ya que asegura que de haberse atendido en el ISSSTE, hubiera tardado más y el dolor era insoportable.
“Es pésimo el servicio, por eso luego ni vengo, es muy mala la atención, si he venido dos veces en toda la mi vida es mucho, pero si es malo”.
La señora Lupita, esposa de Joaquín Grafías Pérez, derechohabiente titular viene con su esposo cada tres días desde San Juan del Río, pues su esposo recibe hemodiálisis, además de que las maquinas ya están en mal estado, tienen problema para que se les reembolse el pago de viáticos, ya que una prestación es el pago del traslado.
“Nosotros venimos cada tercer día porque mi esposo esta hemodializado hemos visto muchos problemas aquí, ya no hay ginecólogo, reumatólogo, casi no hay servicio, tenía cita con el ginecólogo desde abril y ya me ha han reprogramado cuatro veces”.
Además las malas condiciones de las unidades de hemodiálisis, el tiempo es de tres horas y muchos pacientes se quejan del cansancio, pues no se pueden mover los equipos.
Otra maestra derechohabiente quien no dio su nombre para evitar represalias, acudió al hospital para recibir atención de traumatología, pero fue reprogramada hasta enero del próximo año.
“Yo vengo al hospital con varios especialistas y hace días me halle con la novedad que despidieron al traumatólogo que me atendía y mi cita que tenía en mayo me la hicieron en enero porque no hay médicos, tengo un problema en la cadera y de aquí a enero y hable con el jefe de traumatólogos y no hay manera si antes atendían 15 pacientes ahora atienden 25”.
Aunque las autoridades administrativas del ISSSTE aseguran que se está atendiendo el tema de servicios e infraestructura, los pacientes son quienes padecen las deficiencias en cuanto a equipo médico y falta de servicios.
Al igual que muchas colonias del poniente de la ciudad, el fraccionamiento Monraz comenzó a ser urbanizado a mediados del siglo 20 en el sitio donde anteriormente se encontraba una hacienda del mismo nombre.
Desde entonces, junto con colonias como Chapalita, Ladrón de Guevara, Lomas Altas o Providencia, se ha convertido en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad.
En el contexto del boom inmobiliario que se ha dado en Guadalajara y su zona metropolitana durante los últimos años –entre 2012 y 2018 al menos 46 desarrollos verticales fueron levantados tan solo en la capital del estado, según recoge la investigadora Leticia Galindo en la Revista Iberoamericana de Ciencias Biológicas y Agropecuarias–, el alto valor de los terrenos ha derivado en que el fraccionamiento Monraz y otras zonas aledañas se hayan convertido en puntos ampliamente codiciados por los desarrolladores.
Prueba de ello es que, en algunos nuevos desarrollos verticales de la colonia, el valor comercial de un metro cuadrado ronda los 40 mil pesos; los departamentos promedio tienen un precio de alrededor de 4 millones de pesos.
Pero mientras las inmobiliarias ganan, muchos habitantes salen perdiendo.
DENSIDAD Y EL NUEVO CONSULADO
Apenas a finales de mayo El Diario NTR publicó el caso específico de una torre que se levanta en Manuel Acuña 3144. Debido a las excavaciones profundas de esta construcción que actualmente se encuentra clausurada, las banquetas a su alrededor fueron levantadas y las raíces de los árboles que se encuentran en ellas han sufrido cortes importantes.
“He sabido que la gente que vive por aquí se queja porque les afecta su patrimonio (…) A mí, lo único es que a veces me tengo que bajar por las calles y con los coches estacionados y los carros que van pasando, pues sí es incómodo, luego los clausuran y duran meses tapados y las obras no avanzan y uno…”, expone Rubén, trabajador de un bar de la zona que transita cotidianamente por el lugar.
Un integrante de la mesa directiva del fraccionamiento indicó entonces que existe tolerancia de las autoridades a esta construcción de la que los vecinos no conocen los detalles.
“Obras Públicas les pidió permisos, licencias, todo, no tenían ni un solo papel para mostrarles, entonces les dieron cinco días para que entregaran todo, también a nosotros, los edificios vecinos. Se dio la fecha de la reunión y no pudieron entregarnos un solo permiso, ni papel ni nada, Obras Públicas no quería clausurar, empezamos a hacer presión y clausuraron de forma parcial”, manifestó.
La laxitud de las autoridades, consideraron, tiene relación con que la empresa que hace las excavaciones -Sandstorm GAM, SA de CV, es propiedad del Gabriel Martínez Ramírez, hermano de la ex pareja de Enrique Alfaro Ramírez.
El problema no es nuevo. Fue precisamente Alfaro Ramírez quien, en 2016 –entonces presidente municipal de Guadalajara– se reunió con los colonos del lugar y prometió “defender” a la colonia de construcciones irregulares.
“No habrá en mi administración una sola obra o desarrollo inmobiliario que violente la ley. Vamos además a combatir legalmente los que ya están construidos de manera irregular (…) Hablamos también sobre el cambio de sede del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara a esta zona. Vamos a garantizar que éste sea un proyecto que les deje un aporte positivo”, expuso entonces.
Las promesas parecen haber quedado en eso, pues, a la fecha, los habitantes de la zona siguen mostrando preocupación por las implicaciones que tiene en la zona el incremento de la densidad poblacional.
En principio, el ambulantaje y los congestionamientos viales son los temores que tienen los vecinos respecto a la nueva sede de la representación estadounidense, pero, a decir de las autoridades, se promoverá el respeto al entorno urbano una vez que el consulado entre en operaciones, lo que se espera que suceda el próximo año.
¿Y LOS SERVICIOS?
La calidad de los servicios públicos que se tienen es otra de las preocupaciones por los desarrollos verticales, más cuando una de las particularidades de la colonia Monraz es que su asociación de colonos se encarga de la administración, manejo y planeación del uso de sus recursos hídricos.
“La colonia cuenta con dos pozos de extracción de agua potable concesionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el uso de los habitantes de esta zona, ubicados en la glorieta de la avenida Manuel Acuña con su cruce con la avenida Aztecas y, el otro, en la calle Toltecas. En las últimas décadas se han visto afectados los niveles friáticos por lo que la extracción de agua es cada vez a niveles más profundos, en los estudios realizados por la asociación (vecinal) se detecta que el nivel estático en el pozo de Manuel Acuña ha bajado de 38 metros a 56 metros y su extracción se ha visto mermada de 16 litros por segundo a 8 litros por segundo; en el caso del pozo de la calle Toltecas su nivel estático ha descendido de 39 a 52 metros de profundidad y su gasto de 18 litros por segundo a 15 litros por segundo registrados desde 1980 a 2014”, se expone en el proyecto titulado Propuesta de mejora para la gestión de aguas para la Asociación de Colonos en el Fraccionamiento Monraz de Guadalajara, Jalisco, realizado por el maestro Héctor Valadez Sánchez.
En el mismo documento se señala que, el consumo promedio per cápita de agua al día es de mil 325 litros, mismo “que se considera elevado con referencia en la media nacional de 380 litros por habitante al día”. El fenómeno, se explica, “podría deberse” a fugas no detectadas, toda vez que la infraestructura hidráulica de la colonia se mantiene sin cambios desde hace más de cinco décadas.
El río Santa Catarina era una de las 12 cuencas que concentraban 69 por ciento de los escurrimientos naturales de México, de acuerdo con un estudio de la CNDH. Ahora es un arroyo que no garantiza la humedad en las tierras de siembra de 10 pueblos, donde viven unos 6 mil habitantes. Su saqueo está ligado a familias políticas
Texto y Fotografía: Jacob Morales Antonio / Amapola
OMETEPEC, GUERRERO.- Marco Hernández López, un indígena Nn’anncue Ñomndaa’ (amuzgo), mira la arena a su alrededor. Parece un valle de dunas en el desierto. Entre las elevaciones una delgada línea de agua corre. Es lo que queda del cauce del río Santa Catarina, en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.
Desde ahí recuerda cómo hace 25 años corría entre las milpas, se enredaba en las guías de las siembras de frijol, sandía y pepino y se refrescaba a la orilla de este río que divide a Guerrero de Oaxaca.
El río Santa Catarina era una de las 12 cuencas que concentraban 69 por ciento de los escurrimientos naturales de México, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional del Derechos Humanos (CNDH). Ahora es un diminuto arroyo de agua que ni siquiera garantiza la humedad en las tierras de siembra de los 10 pueblos que hay a su alrededor, donde viven unos 6 mil habitantes, según los censos oficiales. Paso Tabaco, habitado por unas 80 personas, es el pueblo más cercano al río, los separan 400 metros.
La razón de esta sequía en su caudal es la explotación de grava y arena, que en el ámbito industrial se conoce como material pétreo. Su extracción de los ríos es una práctica autorizada desde las oficinas del gobierno federal a empresarios gavilleros que, en el caso de Guerrero y Costa Chica, está ligada a familias de políticos de la región.
“Recuerdo que el río estaba con más agua, con más humedad, ya horita la humedad se está yendo porque el río está más bajito. Antes el agua corría a lo ancho, todo estaba verde, lleno de arbolitos, ni los cerros estaban secos”, dice Marco.
Hace 25 años, siguiendo los recuerdos de Marco, fue una de las mejores épocas para el río y las familias que vivían a su alrededor, porque al año lograban hasta tres cosechas de maíz, frijol, sandía y pepino sin tener que regar los sembradíos.
En Paso Tabaco poco a poco la tierra se secó y enterró no sólo la comida de 25 familias, también la única forma de obtener dinero. Las siembras servían para comer y mantenerse.
En la actualidad el río es una tercera parte de lo que era hace 20 años (300 metros de anchura), sólo en épocas de lluvia mejora su apariencia escuálida.
Para desgracia de los habitantes, las lluvias anteriores agudizaron el problema de los humedales. El sedimento que conocen como arenilla, excavado por las máquinas que saqueaban el material pétreo, fue expulsado por las corrientes a orillas del río y sepultó a más de un metro la tierra fértil, la tierra de siembra. Lo peor quizá esté por venir.
Paso Tabaco está ubicado a 15 minutos en automóvil de Ometepec, ciudad situada a cuatro horas de distancia de Acapulco. Aun con su cercanía de la zona urbana, carece de casi todo. Para llegar hasta ahí hay que bañarse de polvo.
Ya la pobreza es visible. Las casas están construidas de lodo de barro, ligeras varas, lámina y de cartón. Pero lo más notorio es la unidad de sus habitantes, quienes hicieron saber que aun con su condición actual, ocasionada por la sequía del río, nadie se queda sin comer, porque comparten los beneficios de alguna cosecha.
Si al río Santa Catarina no lo hubieran saqueado, es muy probable que las familias a su alrededor no tendrían problemas de autosuficiencia.
Ahora las tierras de siembra, principalmente maíz, están cercados con alambres puntiagudos y cortantes. Deben cuidar con esmero cada planta, porque la tierra está seca.
Los saqueadores
La lucha por la defensa del río, y con eso su propia subsistencia, llevó a los habitantes de las comunidades alrededor del río a crear en 2009 el Frente de Comunidades en Defensa de los Recursos del Río Santa Catarina.
Sus intentos por frenar el saqueo del río no es una tarea fácil para los habitantes de la ribera, porque ya les han hecho saber que no están dispuestos a soltar el negocio. El mismo mes de la creación del Frente, donde organizaron varios bloqueos carreteros para denunciar el saqueo, uno de sus integrantes fue baleado en su rancho, ubicada en las inmediaciones de la comunidad de Huixtepec, Ometepec.
Desde entonces los integrantes viven con temor de ser blanco de la venganza por quienes están detrás del negocio que deja el río, pero siguen con la defensa.
Una de sus actividades más recientes, ocurrió en marzo del 2017, cuando bloquearon la carretera que conecta a Ometepec con Paso Tabaco y pararon las máquinas y retroexcavadoras con que los empresarios explotaban el material pétreo del río.
De alguna manera su lucha ha tenido algunos ecos.
El 7 de abril del 2010, a propuesta de dos diputadas federales de la entonces bancada del PRD, Florentina Rosario Morales y Leticia Robles Colín, el Congreso de la Unión exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que propiciara el respeto al Estado de derecho haciendo cumplir la Ley de Aguas Nacionales y evitara la extracción ilegal de material pétreo del río Santa Catarina.
En el documento se señala a tres empresas y empresarios comercializadores de material de construcción, como las responsables de la explotación del río: “la ciudadana Francisca Montalván, propietaria de la central de materiales Ferretera Cruz Azul y de la Casa de Materiales para Construcción Montalván; del ciudadano Norberto Rodríguez Cruz, propietario de la casa de materiales San Juan; del ciudadano Vicente Reyes Ortiz, propietario de Constructora Reyes; y del ciudadano Paul Nolasco Velasco”.
El empresario Jorge Sandoval Melo revela que en realidad son siete las concesiones otorgadas por el gobierno federal para explotar el río Santa Catarina. Una está a su nombre, y según su testimonio la consiguió legalmente en 2010, y con responsabilidades asumidas, entre ellas actividades de reforestación y campañas de concientización entre los habitantes sobre el cuidado del río.
Para el empresario la extracción de arena y grava del río Santa Catarina no es la razón de su condición actual, lo atribuye sólo a la tala de árboles en los cerros.
Por cierto, Sandoval Melo fue subsecretario de Desarrollo Rural durante 2014, en la administración estatal anterior.
Sobre los concesionarios expuestos en el exhorto también son importantes algunas precisiones. Francisca Montalván es madre de los actuales alcaldes de Ometepec, el priísta Efrén Adame Montalván (2018-2021), y de Marquelia, Javier Adame Montalván (2018-2021).
Efrén está casado con la tres veces alcaldesa de Xochistlahuaca, otro municipio de la zona amuzga de Guerrero, la priista Aceadeth Rocha Ramírez, a quien habitantes de comunidades de la región han señalado de explotar de forma desmedida el río Santa Catarina, en este tramo de la Costa Chica.
Las consecuencias del saqueo
Los impactos que causan el saqueo de arena y grava con grandes máquinas de un río van desde el derrame de líquidos aceitosos, que de manera inmediata acaba con la vida acuática, hasta la reducción de sedimentos que fertiliza suelos río abajo, lo que detiene el ciclo normal del afluente, de acuerdo con el experto en Ciencias Forestales Octavio Klimek Alcaraz.
El ambientalista sabe que existe daño, pero también admite que hay pocas herramientas para desmenuzarlas, porque no conoce que las instituciones realicen estudios para medirlo.
“Tengo la impresión que no se está haciendo en Guerrero, no se está midiendo todas las series y variables. Tendríamos que estar viendo qué impactos hay, hasta el momento es como en el viejo oeste, se extrae con gran demanda”.
A su juicio, lo ideal sería que establecer como regla la cantidad de material pétreo que podría extraerse de los ríos sin generar un daño ambiental. “Que las concesiones no sean necesariamente en términos de temporalidad, sino cuánto te puede soportar el río, y revisar si los impactos han sido mínimos”, señala.
“Tenemos que revisar de qué tamaño es el negocio en términos económicos”, advierte.
Los ríos en México
De acuerdo con el estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos de la CNDH de 2018, el volumen de agua dulce renovable anual es de 446 mil 777 millones de metros cúbicos que cada año sufre variaciones en su cantidad por la creciente población.
Para propósitos administrativos, la Conagua ha definido 731 cuencas hidrológicas de una red hidrográfica de ríos y arroyos de 633,000 kilómetros de longitud. De las 13 regiones hídricas, tres pasan por Guerrero.
El estudio advierte que de las 731 cuencas hidrológicas 104 muestran problemas de disponibilidad. Los problemas en materia hídrica se deben a una mala gestión de las aguas: sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que 48,236.4 hectáreas del territorio de Guerrero están ocupadas por cuerpos de agua; 69 ríos y seis lagunas, además de cinco presas. El río de Santa Catarina no es el único en Guerrero en el que confluyen conflictos ambientales y sociales.
En el río Balsas, considerado de los más importantes y que además cruza por las regiones Norte y Centro, existe un impacto por la minería que se desarrolla en la zona, según el testimonio de los habitantes. Las familias asentadas cerca del río Papagayo, es decir la parte rural de Acapulco, desde hace más de 16 años mantienen un movimiento en contra de la construcción de la hidroeléctrica La Parota. Del río Atoyac, cauce de la Costa Grande, se seca de a poco por la deforestación en la Sierra.
Santa Catarina tiene esperanzas de salvarse
Marco, quien toda su vida se ha dedicado al campo como su padre, aunque él ahora siembra menos, es el comisario del pueblo y desde ahí empuja la recuperación del río.
En sus recuerdos mantiene el panorama de hace tres años y es muy probable que eso lo haya hecho reaccionar: un débil caudal solitario, maloliente, con lunares de aceite y peces moribundos en las orillas, porque el camarón desde mucho tiempo atrás desapareció.
Con los bloqueos de carreteras promovidas por el Frente y el cierre del paso al río que los habitantes generaron con cercas, los pueblos lograron detener el saqueo de los empresarios. “Como las tortugas, de poquito a poquito pero ahí vamos”, dice Marco.
Las orillas del río comienzan a enverdecer, pero hay zonas completamente muertas, donde la arena quedó desnuda y reseca. Ahí mismo se ven cerros de arena como huellas de la explotación que insisten en frenar aún con los riesgos.
La defensa de los recursos naturales es una bandera llena de complejidades. Esto lo conocen los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que durante 16 años se han opuesto a la hidroeléctrica, obteniendo persecución y cárcel.
A lo lejos, Marco señala hacia uno de sus vecinos que riega la tierra donde ha sembrado sandía y melón. En medio de un sol radiante sobresale un arcoíris que deja el rocío de una máquina de riego que hace años era impensable, cuando el caudal del río era prominente.
Aun con el panorama, el comisario se esperanza en que el río pueda recuperar sus mejores años de vida, pero de pronto lo invaden los malos recuerdos.
El comisario comenta que en 2005 dos jóvenes de la región murieron ahogados en el río, por dos hoyos que dejaron las máquinas que explotaban el material pétreo. Los muchachos intentaban cruzar el caudal. Hubo más personas ese mismo día en riesgo, pero se salvaron de aquellas pozas de la muerte.
Este reportaje fue publicado priginalmente en Amapola, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
En Yucatán el 14% de la población de entre cinco y 17 años desempeña alguna labor económica, para ayudar a los gastos de la casa.
El apoyo a la economía familiar es la principal causa del trabajo infantil, en Yucatán, el 14% de la población de entre cinco y 17 años desempeña alguna labor económica, de acuerdo al subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Agustín Menéndez Reyes.
Destacó que con base en las estadísticas del Inegi, hasta el año 2011, en Yucatán había 478 mil 511 menores en ese rango de edad, es decir que cerca de 66 mil 991 niños, niñas y adolescentes trabajan, en su mayoría en el sector terciario: el comercio.
Yucatán figura por encima de la media nacional en ese rubro de acuerdo con el Informe de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se estipula que en el país 217 mil 648 menores laboran, lo cual representa el 7.5 por ciento de la población infantil mexicana.
El funcionario explicó que prácticamente todo el trabajo infantil que tenemos en el estado es para aportar ingresos a la economía familiar.
Agregó que en breve se reunirá con Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sus homólogos en otras entidades federativas, para desarrollar acciones que erradiquen el trabajo infantil.
Se debe trabajar en coordinación con la Secretaría de Educación, con los ayuntamientos y con el sector privado, para detectar el origen de la problemática y generar mano de obra calificada para las diferentes industrias, de modo que los sectores productivos “no tengan que recurrir, por necesidad de ambas partes”, a contratar menores de edad y se oferten empleos para gente capacitada, dijo
NIÑEZ DESEMPEÑA TRABAJOS NO PERMITIDOS
En el análisis del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, se revela que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Esto representa una tasa de 11%.
Es así que en el MTI 2017, se estima que 2.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad se encuentran ocupados en actividades económicas y de éstos 2.1 millones laboran en trabajos no permitidos.
De los niños ocupados que no cumplen la edad mínima para trabajar, 17.9% no asisten a la escuela, situación que se presenta en 55.1% de los que están en trabajo peligroso.
Niños de Yucatán hacen trabajos forzosos por necesidad Niños de Yucatán hacen trabajos forzosos por necesidad
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para poner de manifiesto la situación mundial de los niños que trabajan y que tiene por objeto ejercer de catalizador para el creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil.
En el marco de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta indicadores sociodemográficos sobre la situación de la población ocupada de 5 a 17 años de edad en México, a partir de los datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
POBLACIÓN INFANTIL OCUPADA
En 2017 el MTI estimó que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años realizan actividades económicas no permitidas o quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Esto significa una tasa de ocupación de 11.0% para el conjunto de la población infantil: 13.6% para los varones y 8.4% en mujeres.
MARCO LEGAL
El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados, por trata, tráfico o cualquier forma de explotación; el trabajo antes de la edad mínima de 15 años, el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, entre otros.
“Lo habían agarrado (al asesino), pero lo soltaron, que por falta de pruebas, y eso que estaba confeso…me volvieron hablar para que fuera otra vez a hacer otra declaración, pero ya no, ya para qué, Dios es quien hará justicia”.
Así se expresó la madre de una víctima de feminicidio a quien le dieron 26 puñaladas para robarla en su domicilio el pasado mes de abril, en la colonia Carlos Chavira Becerra.
Maribel, madre de Valeria Uribe Chávez, la víctima, sostuvo que perdió las esperanzas de que se le haga justicia por parte de las autoridades.
Hasta ayer ya son 67 casos documentados de homicidios de mujeres en el 2019 por la Fiscalía Zona Norte.
El último evento quedó registrado a las 21:00 horas del pasado jueves en la colonia Ampliación Aeropuerto, donde una mujer de nombre Jessel Cabral López, de 35 años, fue asesinada a balazos junto con un hombre de 38 y quedó lesionado un menor de apenas 11 años de edad, hijo de la pareja.
Del total de homicidios de mujeres de este año, la Fiscalía ha logrado judicializar 13, considerados resueltos en investigación al presentar a los presuntos responsables ante jueces, lo que representa un 19 por ciento de efectividad en los casos.
Silvia Nájera, portavoz de la Fiscalía de Género, dijo que del homicidio de Valeria no se han presentado detenidos y señaló que hay el compromiso de resolver todos los casos turnados a esa instancia.
Pero la madre de Valeria asegura que el agente a cargo de su expediente, a quien identificó como, agente Del Real, le confirmó un viernes que ya habían detenido al responsable del homicidio de su hija, a quien identificó como “El Güero Pecas”.
“Era un viernes y me fui a buscar (la Fiscalía de Género) al agente Del Real, pero como ellos no trabajan ni sábado ni domingo, pues la oficina de ellos estaba cerrada…para el lunes me habló otra vez y me dijo que el juez del Cereso ya lo había soltado”, comentó la mujer.
De hecho en archivos periodísticos “El Güero Pecas” aparece con el nombre de Rodolfo González Compeán, quien fue vinculado a proceso por el homicidio de otra mujer y un hombre el pasado 30 de mayo.
Según las notas de El Diario, Compean fue acusado de asesinar a Vanesa Aguilar Espinoza y Cristian Hinojosa Díaz, de 18 y 24 años de edad, entre julio y agosto del año pasado en el interior de una casa ubicada en las calles Puerto Isabel y Puerto Progreso de la colonia Tierra Nueva.
Pero en el caso de Valeria, la vocera de la Fiscalía de Género, Silvia Nájera, negó ayer que haya detenido por ese homicidio.
La estadística de muertes de mujeres por motivos de violencia el presente año, indica que en enero fueron 14 las víctimas; en febrero, 8; marzo, 9, abril, 13; y 17 casos en mayo, así como otros seis en los primeros 14 días del mes de junio.
De ese total, la Fiscalía ha establecido que en 16 homicidios se ha confirmado que los hechos se originaron por razones de género.
El año pasado al cierre del mes de mayo la Fiscalía tuvo registro de 36 homicidios de mujeres, lo que comparado con 61 de estos eventos que se tuvieron en los primeros cinco meses del presente año, estos asesinatos se habían incrementado en un 70 por ciento.
El video enumera los asesinatos y la violencia ejercida entre 2018 y 2019 en contra de los pueblos originarios organizados que resisten contra la violencia de la hidra capitalista .
Chihuahua.- Con la amenaza de que en cualquier momento pueden ser desalojados, los artesanos del Tianguis Cultural Revolución aseguraron que van a continuar sus actividades culturales porque tienen el derecho de utilizar el espacio público.Hace una semana, mientras realizaban un taller de medicina tradicional, dos inspectores de Gobernación Municipal llegaron al Parque Revolución para pedirles que se retiraran del lugar que, desde hace seis años, es utilizado por el colectivo para realizar actividades culturales.
Los artesanos les pidieron una explicación o un documento para conocer los motivos del desalojo, sin embargo, lo único que les comentaron fue que «por órdenes de arriba» ya nadie debía estar en el parque.
El problema nació por una denuncia de los vecinos del parque contra vendedores ambulantes que se habían instalado en el lugar. Como de solicitó el apoyo de las autoridades para retirarlos, la respuesta del Ayuntamiento fue que no podían hacer excepciones, por lo que también procedieron a retirar a los artesanos.
Zinnia Medrano, coordinadora del tianguis, informó que el jueves acudieron a la presidencia para explicarles de qué se trata el proyecto, pero no obtuvieron una respuesta favorable.
«Nosotros les explicamos nuestro proyecto. Les dijimos que tenemos aquí seis años, pero nos dijeron que no podían hacer excepciones, que si quitaban a uno, tenían que quitarnos a todos»
La artesana sostuvo que no van a retirarse del lugar, por lo que esté sábado realizaron varias actividades para iniciar la defensa de tianguis, entre ellas una recolección de firmas.
Destacó que el Ayuntamiento se comprometió a no desalojarlos este fin de semana, sin embargo, trabajan bajo la incertidumbre de que en cualquier momento los pueden retirar del parque.
Manifestantes permitieron el libre paso a automovilistas. Foto: staff AM
AM León Guanajato, 14 de junio de 2019
Guanajuato capital.- Con el paso libre de la caseta de cuota Guanajuato – Silao, familiares de Axel Coronado Licea exigen justicia por su muerte; acusan a la jueza que llevó el caso del homicidio de Axel de rechazar todas las pruebas en contra de los presuntos asesinos, por lo que determinó dejarlos en libertad el pasado martes.
Los aproximadamente 25 manifestantes caminaron desde la glorieta Santa Fe hasta la caseta de cobro de la autopista Guanajuato-Silao, donde dialogaron con dos asesores de gobierno del Estado quienes prometieron a la madre de Axel organizar un encuentro con magistrados del poder judicial y la Fiscalía General con ella.
Los manifestantes decidieron liberar la caseta en dirección a Silao para que los automovilistas pasen libremente sin pagar la cuota.
Foto: Adobe Stock. Los delitos contra la población femenina aumentaron durante el primer cuatrimestre del año en la capital michoacana.
Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán, 14 de junio de 2019
Morelia, Michoacán. Pese a las acciones anunciadas para disminuir la violencia contras las mujeres en la capital michoacana, datos oficiales apuntan a que los delitos contra la población femenina aumentaron durante el primer cuatrimestre del año en Morelia, pues incluso ya se alcanzó la cifra de feminicidios de 2018, con lo cual la ciudad figura entre los primeros municipios con mayor número de casos de este tipo a nivel nacional.
Datos de la plataforma Semáforo Delictivo revelaron que, al corte del 30 de abril de este año, Morelia sumaba dos casos confirmados de feminicidios, con lo cual en estos primeros cuatro meses de 2019 ya se logró igualar la cifra reportada en 2019, en la que también figuraban dos casos de este delito con el que se priva de la vida a una persona directamente por un tema relacionado con su condición de mujer.
Además, con esta tendencia, Morelia se ubica dentro de la cifra de los 100 municipios con mayor número de casos de feminicidio a nivel nacional, ya que en el ranking emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la capital michoacana se posicionó en el puesto número 38, acompañando a localidades como Ciudad Juárez, con 9 casos; Monterrey, con 5 casos; Hermosillo, con 4, o Guadalajara, con 3 casos. Es, además, la única ciudad michoacana en el listado.
También puedes leer: 93% de los 337 mil casos de violencia contra mujer se dan en ámbito familiar
Adicionalmente, si bien no se precisa que cada uno de estos casos corresponda a mujeres, la misma plataforma refleja que el delito de violación no ha salido de foco rojo y amarillo durante todo el año. De acuerdo con los datos, en enero y febrero se presentaron nueve casos, lo que implicó una alerta roja en la materia. En marzo y abril se disminuyó a ocho casos en cada mes, manteniendo una alerta amarilla. En total suman 34 hechos de este tipo durante 2019, 11 más comparado al año anterior, cuando la tendencia hasta la fecha de corte era de 23 casos. En contraste, también se ha dado una importante disminución de los casos de violencia familiar, que en 2018 llegaban hasta 210 hechos a finales de abril, mientras que al mismo corte, pero de 2019, suman 98 incidentes.
Mujer ‘encobijada’, fuera de la estadística
Uno de los casos que todavía no entran en la estadística es el de una mujer de aproximadamente 26 años de edad que, de acuerdo con reportes, fue ubicada muerta y “encobijada” en un camino de terracería cerca de la población de Cuto de la Esperanza, en Morelia, el pasado 20 de mayo. En relación con este caso y el de una menor de edad suscitado en Pátzcuaro, Circe López Riofrío, presidenta de la asociación civil Humanas Sin Violencia, calificó como “agobiante” la violencia contra niñas y mujeres en Michoacán.
“Realmente me agobia y me preocupa, los dos casos son una evidencia explícita del alto nivel de criminalidad y de violencia en contra de las mujeres, son ejercicios de brutalidad extrema y yo esperaría un poco más de la ciudadanía. Sí lo ha hecho, pero me gustaría que fuéramos más contundentes con respecto a exigirles a las autoridades. Nosotros lo hemos hecho todo el tiempo, pero no creo que sea un deber sólo de una organización, tendría que ser un proceso con el que la sociedad se ha ido indignando”, expresó la activista en entrevista con La Voz de Michoacán.
La también galardonada del Presea Eréndira añadió que en este fenómeno incide la escasez o el uso poco efectivo de los recursos económicos orientados al combate de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, es importante recordar que a inicios de este 2019 se informó de un recorte de cerca de 2 millones de pesos al Instituto de la Mujer Moreliana (Imumo), de manera que contaría con únicamente 5 millones de pesos, de los que más de 4 millones de pesos estarían orientados a pagos de nómina.
Por otro lado, la documentación anexa al convenio del subsidio del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) se refiere a un gasto de 900 mil pesos por parte de la Comisión Municipal de Seguridad para un “proyecto” de “prevención de violencia familiar y de género”, y otra inversión de 100 mil pesos para “seguimiento y evaluación”, pero hasta la fecha las autoridades correspondientes no han hecho un anuncio formal en este sentido.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso TV).- A cambio de evitar la arbitraria imposición de un arancel de 5% a sus exportaciones hacia Estados Unidos, México aceptó el pasado viernes 7 frenar el éxodo centroamericano y convertirse de facto en un “tercer país seguro” para retener aquí a quienes pretenden lograr el “sueño americano”. Y el drama de los migrantes que huían por la frontera con México entró a una nueva etapa en la que manda la incertidumbre.
Luego de que el gobierno federal solicitara al ayuntamiento de Zapopan un predio municipal para establecer una base operativa para la Guarda Nacional y éste le planteara algunas opciones, el alcalde Pablo Lemus confirmó que ya se les notificó la aceptación de uno ubicado en El Fortín, mismo que les será entregado en comodato o donación.
De acuerdo con el alcalde, hoy mismo por la tarde el ayuntamiento recibió una misiva firmada por Sergio López Lara, comandante del Cuarto Batallón Militar, donde manifiestan que el predio del Fortín fue el más apto para construir la oficina de la Guardia Nacional en el Área Metropolitana de Guadalajara, que Lemus señaló tiene la ventaja de estar cerca del Periférico y permite una rápida movilización por la ciudad.
“Esperamos que con este proceso se inicie ya la construcción inmediata de las oficinas de la Guardia Nacional en el municipio de Zapopan, yo me imagino que ellos necesitan la certeza jurídica del predio para poder justificar la inversión, nosotros calculamos que el comodato o la donación tardaríamos aproximadamente un mes y medio. Alrededor del mes de agosto ellos pudieran iniciar ya la construcción de la sede”
“Es un predio de alrededor de 1.8 hectáreas (…) completamente plano, esto es muy importante porque nos habían pedido que no existieran decibeles (sic) que complicaran la construcción de la sede. Segundo, tiene acceso cercano a todos los servicios públicos, drenaje, agua potable, electrificación, ya nada más ingresar estos servicios al predio es pasarlos unos metros más”.
Es de señalar que la Guardia Nacional había hecho la petición a varios municipios del Área Metropolitana de Guadalajara para que le facilitaran predios en los que pudiera establecerse en la ciudad, si bien ya eligió a Zapopan, se desconoce si habrá más sedes en otras demarcaciones cercanas.
Por lo pronto, el municipio analizará si lo entrega a esta institución en comodato o en donación, pero Lemus afirmó que se trata de un proceso administrativo que no demorará más de un mes para que puedan comenzar los trabajos.
“Tenemos sin duda alguna un problema de seguridad en El Fortín, Santa Ana Tepetitlán, ya acercándose a la zona de Tlajomulco, entonces nos ayuda mucho la presencia de la Guardia Nacional para inhibir la delincuencia en la zona”, añadió el alcalde.
Sin embargo, de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo, independientemente de la sede en Zapopan, habrá un envío de dos mil 200 elementos de la Guardia Nacional a Jalisco a partir del 1 de julio, que contanto los mil 400 que ya operan a través de las Bases Operativas Interinstitucionales (Bois) sumarán tres mil 600 efectivos en Jalisco de esta corporación, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Culiacán, Sinaloa.- A las rastreadoras Sabuesos Guerreras las autoridades no les han informado cómo van a contabilizar las osamentas de las fosas clandestinas, dijo María Isabel Cruz.
La presidenta de este colectivo indicó que mediante amparos están buscando hacer visibles a las víctimas del delito que terminan en las fosas, porque las autoridades no quieren contabilizarlos como homicidios porque no les conviene que la cifra de asesinatos les aumente.
Detalló que en la actualidad de nada sirve estar encontrando fosas y sacando los restos porque no se están confrontando las pruebas de ADN que se les realizan con los familiares de personas desaparecidas.
Explicó que su colectivo está solicitando que vengan a apoyar en la identificación con expertos forenses de otros países para poder avanzar.
Si bien el salario mínimo incrementó un 16% en 2019, al pasar de 88.7 a 102.7 pesos, quienes perciben ingresos cercanos a esta cantidad se encuentran vulnerables frente a la inflación.
Prueba de ello es lo que ocurrió durante el primer trimestre de 2019: el costo de la canasta alimentaria más la no alimentaria que se registró en mayo superó el nivel del salario mínimo por 80 centavos, por lo que, estrictamente, el monto del salario mínimo nuevamente se encuentra en el terreno de la pobreza.
De acuerdo con el discurso oficial, este incremento salarial se llevó a cabo bajo la idea de que el salario mínimo alcanzara para adquirir los bienes y servicios que conforman la canasta alimentaria y la no alimentaria.
En efecto, en noviembre de 2018, cuando el gobierno recién electo mencionaba el monto que en ese momento pretendía asignar al salario mínimo de 2019, estos 102.7 pesos sí cubrían el costo de estos productos, sin embargo, la dinámica de los precios hizo que este discurso quedara obsoleto en lapso muy corto.
El complicado panorama de los niveles salariales en Guanajuato
La situación salarial resulta dramática en México, y Guanajuato no es la excepción. De acuerdo con la última medición de la Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de Inegi, durante el primer trimestre de 2019, en el estado se encontraban ocupadas cerca de 2.5 millones de personas.
De ese total, el 15% ganaba hasta un salario mínimo, es decir, casi 385 mil personas tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar si el trabajador vive zonas urbanas. Cabe mencionar que, según la ENOE, a nivel nacional el 70% de quienes percibían un salario mínimo desempeñan su actividad económica en zonas no rurales.
En el rango de entre uno y dos salarios mínimos, se encuentran otros 835 mil trabajadores, es decir, el 34% de la población ocupada.
Tomando en cuenta también que un 5% de la población ocupada no recibe ingresos, se tiene que el 54% de los guanajuatenses ganan hasta dos salarios mínimos. Lo anterior implica que 1.3 millones de personas en el estado tienen ingresos iguales o inferiores a 6 mil 161 pesos por mes.
En el rango de quienes ganan entre dos y tres salarios mínimos se encuentran el 22% de la población ocupada, el equivalente a más de 545 mil trabajadores; en el rango de entre tres y cinco salarios mínimos sólo se encuentra el 8%, y únicamente el 4% tiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos: esto último significa que únicamente 87 mil 500 trabajadores guanajuatenses ganan más de 15 mil 402 pesos por mes.
También es importante recordar que, el costo de la línea de bienestar es por persona. En este sentido, si de un salario mínimo depende más de una persona, entonces se ubicarían en situación de pobreza extrema debido a que sus ingresos son insuficientes para adquirir los productos de la canasta alimentaria.
FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE LA RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA /RAÍCHAL
Raíchali/ LA VERDAD
Chihuahua – Vestidos de blanco, niñas, niños, jóvenes, adultos, amas de casa, maestros y religiosos que viven en Baborigame, marcharon para pedir que regrese la paz a su comunidad, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Desde hace tres años, los habitantes de este poblado ubicado en la Sierra de Chihuahua, que colinda con Badiraguato, Sinaloa, decidieron salir a las calles para recuperar su espacio y decirle a la autoridades y ciudadanía en general, que van a luchar para recuperar la tranquilidad y mejorar su condición de vida.
Fotografía: Cortesía de la Red de Participación Ciudadana / Raíchali
Una movilización de este tipo no es cualquier cosa.
Baborigame es conocido como el corazón del Triángulo Dorado, conformado por los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, la zona en donde nació una de las generaciones más violentas de narcotraficantes en México.
La Marcha por la Paz nació por iniciativa del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, conformado por un grupo de ciudadanos cansados de vivir sin servicios básicos, sin la garantía del respeto a sus derechos humanos y de convivir con la violencia.
A diferencia del primer año, cuenta la activista Francisca Jiménez, en la marcha de este sábado el contingente logró salir sin la presencia de agentes estatales y militares.
“En esa comunidad se vive una situación muy triste. De ahí es que este grupo de ciudadanos decide salir para decir que quieren paz, que quieren contribuir a cambiar su entorno. A tres años, la marcha ha sido una experiencia esperanzadora”
Para el próximo año, anunció, la comunidad espera instituir la Marcha por la Paz en una fiesta para el pueblo, con el que se logre recoger la dignidad de este pueblo y transformar ese estigma de violencia en un punto de encuentro sano para la convivencia.
“La unión de este pueblo puede ser un ejemplo para atacar la violencia. Esta marcha puede ser una forma para dar un rostro de unidad a un pueblo que quiere transformar su dignidad y contribuir a generar mejores contextos, es un gran avance en la búsqueda de la paz”
Fotografía: Cortesía de la Red de Participación Ciudadana /Raíchali
Con fronteras militarizadas, AMLO habla de protección a migrantes a 80 años del exilio español
LA IZQUIERDA DIARIO MÉXICO
Con presencia del canciller Marcelo Ebrard, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un acto de conmemoración a 80 años del exilio español a México.Ebrard intervino brevemente para declarar que se trata de “un día especial para la diplomacia mexicana”, que había tenido uno de sus momentos cumbres con la política cardenista que, en 1939, permitió el ingreso a México de por lo menos 20 mil hombres, mujeres y niños que huían de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que hay “compromisos esenciales que configuran el perfil de la diplomacia” y, como si su administración no hubiera negociado la militarización de las fronteras en detrimento del actual éxodo migrante, habló de un supuesto “compromiso con los perseguidos”.
Ernesto Casanova, por su parte, tomó la palabra y agradeció a nombre de integrantes del exilio y su descendencia. Habló de una “deuda impagable” y aseguró que México estuvo considerado una “nación hospitalaria por excelencia”, epíteto que, como demuestran las decenas de miles de detenciones perpetradas por el gobierno de la “4ta transformación”, no describe más la realidad migratoria mexicana.
El acto contó con la presencia de Irene Lozano, secretaria de Estado de España Global; Juan López Dóriga, embajador de España en México; Lázaro Cárdenas, coordinador de asesores presidenciales de la república; Gerardo Fernando Bravo, presidente del patronato del Ateneo español en México; Cristina Alatorre, subsecretaria de justicia para la memoria histórica; Fernando Rodríguez Miaja, decano representante de exiliados españoles en México; Enrique Márquez, director ejecutivo de diplomacia cultural y de Ernesto Casanova, presidente del Ateneo español de México.
Irene Lozano, secretaria de Estado de la España global, intervino entre versos de Luis Cernuda para reconocer la labor de Fernando Miaja como representante de exiliados y su descendencia. Asimismo, su discurso recurrió en repetidas ocasiones a destacar la “amistad” entre pueblos que, destacó, trasciende el tiempo.
Por su parte, López Obrador recordó también la época cardenista y mencionó la llegada de León Trotsky a México. En una participación también muy acotada, el presidente habló de “fraternidad universal” y de “respeto y protección a migrantes y a sus DDHH”, palabras que saben a poco a unos días de que su gobierno negociara con Estados Unidos nuevas y peores condiciones para los miles de migrantes que huyen de la violencia, la precarización y la miseria.
La Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Oaxaca (CITI), es una comisión membrete. Desde su conformación, el año pasado, no ha celebrado sesión alguna.
En contraste, 168 mil 535 personas de 5 a 17 años de edad, el 16 por ciento del total de esta población en el estado, están en situación de trabajo infantil, principalmente en ocupaciones no permitidas o de riesgo, señalaron especialistas durante el panel Trabajo Infantil en Oaxaca realizado por Word Vision, Sikanda y SESIPINNA, en el marco del 12 de junio Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
Al inaugurar el panel, Rosario Villalobos Rueda, Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SESIPINNA), señaló que si bien hay avances importantes en leyes a favor de la infancias, hay esfuerzos institucionales así como de la sociedad civil, “también hay que decir que los esfuerzos no han sido suficientes, hay que decir que de acuerdo con lo que nos comparte la UNICEF, México no es un país seguro para la infancia y la adolescencia”, afirmó.
Problema social sin atención
Uno de los grandes pendientes -apuntó- es la instalación de la CITI instancia que tienen como objetivos el diseñar, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones enfocadas a la prevención y supresión del trabajo infantil, la cual hasta el momento en Oaxaca no opera.
“El trabajo infantil es un reto a solucionar por todos los gobiernos. Constituye un problema social que se relaciona con contextos de pobreza extrema y que en el corto plazo pareciera una salida a ella, pero es lo contrario, la consolida, es una falacia que el trabajo infantil mejore la vida económica”, señaló a su vez Mario Alberto Ramos, Coordinador de Normatividad e Inspección del Trabajo, durante su participación en el panel.
La prohibición del trabajo -agregó- no es suficiente para erradicar el problema porque la mayoría lo hacen por necesidad, por ayudar a la economía familiar y satisfacer sus insumos personales. “La probación no representa una mejora para la niñez, se requiere la acción decidida de los tres órdenes de gobierno, de padres y madres de familia”, agregó.
Trabajo doméstico
Por su parte, Manuel Othón Oliver, especialista en Trabajo Infantil, enfatizó sobre una forma de trabajo poco visibilizada, es decir el trabajo doméstico en el cual se estima que hay al menos 68 mil menores de 17 años de edad.
“El trabajo doméstico se da cuando salen de la escuela, pero también en muchas ocasiones se da todo el día, con jornadas prolongadas que les impiden ir a la escuela porque tienen que cuidar a sus hermanitos, entre otras cosas”, señaló
Malcom Aquiles, especialista en Políticas Públicas del Programa Campos de Esperanza en World Vision México, agregó que actualmente cientos de menores de edad viven desamparo de atención por lo que se ven orillados a migrar y enrolarse en el trabajo en el campo.
Por vez primera, los trabajadores del sector central, del INAH y el INBA, congregados en el SNDTSC, trabajan con bases comunes y han logrado paralizar parte de la Secretaría de Cultura
Por tres días, integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) han mantenido en paro las instalaciones de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, en Reforma 175; la Biblioteca de México José Vasconcelos de “La Ciudadela” y las bodegas y oficinas de la Dirección General de Bibliotecas.
Ayer sumaron al paro laboral a la Biblioteca Vasconcelos —la “megabiblioteca”—, el Museo Nacional de Culturas Populares y las 17 unidades regionales de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura. Exigen el cumpliento de las demandas de incremento a sus salarios y a prestaciones, conforme a lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por vez primera, los trabajadores del sector central, del INAH y el INBA, congregados en el SNDTSC, trabajan con bases comunes y han logrado paralizar parte de la Secretaría de Cultura; incluso es la única secretaría de Estado paralizada por sus trabajadores.
Ángeles Medina González, secretaria ejecutiva del sector central del Sindicato Nacional Democrático, aseguró a EL UNIVERSAL que seguirán con los bloqueos y paralizarán cada día más instituciones culturales hasta que las autoridades solucionen sus demandas.
Incluso señalan que no detendrán los bloqueos aun cuando esta tarde sostengan la mesa de diálogo con representantes de las secretarías de Hacienda, Gobernación y Cultura, prevista a las 18 horas.
Por su parte, trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH convocan este 16 de junio a una “jornada cultural” en el Museo Nacional de Antropología, donde ofrecerán talleres, conferencias y visitas guiadas. “Atravesamos por un momento difícil para el país y para nuestra institución, pero no es impedimento para conmemorar los 80 años del instituto”, dijo Joel Santos.
Esa institución pública de alta especialidad, que depende de la Secretaría de Salud, tenía programados mil 948 procedimientos, pero sólo se pudieron realizar mil 737.
En el primer trimestre del año, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNNMVS) dejó de realizar, por falta de presupuesto y de personal, 211 procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad.
De acuerdo con el documento “Presupuesto basado en resultados, cumplimiento de metas institucionales”, esa institución pública de alta especialidad, que depende de la Secretaría de Salud, tenía programados mil 948 procedimientos, pero sólo se pudieron realizar mil 737.
En el informe del INNNMVS se detalla que “en enero-marzo de 2019, el número de procedimientos terapéuticos fue menor debido a que se disminuyó el presupuesto para recursos humanos, no pudiendo cubrir el servicio en el turno vespertino, lo que generó que el número de procedimientos disminuyera”.
Los procedimientos diagnósticos ambulatorios de alta especialidad son aquellos que requieren el uso de equipo con tecnología de punta y costo, así como personal con altas calificaciones técnicas.
Dichos procedimientos se realizan en equipos multidisciplinarios para lograr intervenciones más costo-efectivas que los métodos tradicionales, ya que permiten realizar diagnósticos aprovechando el avance de la ciencia y la innovación.
El martes pasado circuló en redes sociales un oficio del Departamento de Neuroimagen de ese instituto, firmado por el jefe de área, el doctor Jesús Taboada Barajas, dirigido a jefes de Servicio y subdirectores del Área Médica, en el que informa que la tomografía con contraste no se llevaría a cabo por “falta de jeringas”.
En respuesta, el INNNMVS aseguró que “los servicios de tomografía con contraste funcionan de manera normal”, mientras que la Secretaría de Salud argumentó que “los que estudios de tomografía contrastados fueron suspendidos sólo durante el lunes”.
Adolfo Leyva Rendón, director médico del instituto, afirmó que el servicio de tomografía con contraste funciona de manera normal, “no ha habido repercusiones por diagnóstico o tratamiento en los pacientes hospitalizados, ni estuvieron en riesgo”.
La institución –que al año atiende a más de 6 mil nuevos pacientes, ofrece cerca de 90 mil consultas y realiza más de 2 mil cirugías– fue una de las más castigadas con los recortes presupuestales de este año, al pasar de 134 millones 299 mil pesos, en 2018, a 118 millones 755 mil 629; es decir, 15 millones 543 mil 433 pesos menos.
Bajo el argumento de llevar el agua a donde más se necesita, autoridades de Zacatecas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretenden construir, en el municipio de Jiménez del Teúl, un embalse de almacenamiento, se proyecta por año represar 69.88 millones de metros cúbicos de agua, lo cual afectaría directamente a 19 ejidos, su producción local y población.
La realización de este megaproyecto conocido como Presa Milpillas sobre el río Atenco, se inició sin el menor respeto a los derechos de los ejidatarios y bajo argumentos de bienestar, pero como en todo megaproyecto lejos del beneficio social hay empresas que podrían verse favorecidas por la construcción del embalse y un acueducto que atravesaría la sierra; ZonaDocs visitó las comunidades afectadas por esta iniciativa del gobierno local como el federal y el reportero se percató que “casualmente” en el camino de la línea de conducción para el abastecimiento del agua que pretende llevarla al corredor urbano Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, hay mineras y productoras de cerveza.
En este reportaje se cuenta la historia de quienes luchan por defender su territorio y autonomía ante la imposición de otro megaproyecto hídrico.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @MarioMarlo
El 8 de septiembre de 2015, durante su Quinto Informe de Gobierno, el entonces gobernador priísta de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, anunció oficialmente la construcción del proyecto: “Presa Milpillas y la línea de conducción para el abastecimiento de agua potable en el corredor Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe”, en el municipio de Jiménez del Teúl, ubicado a 250 kilómetros de distancia de la capital del estado; el proyecto consta de una cortina de 88 metros de altura y un acueducto 166 kilómetros que llevaría agua del río Atenco al corredor urbano e industrial a Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, municipios donde se concentra una alta densidad poblacional y se encuentran otros proyectos extractivos como eólicos y minería.
Según Benjamín de León Mojarro, director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), el costo total del estudio de factibilidad será de 40 millones de pesos, mientras que la inversión inicial asciende a 6 mil millones de pesos: 1.8 para levantar la cortina y 4.2 para construir el acueducto.; los recursos de la obra provienen del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, el gobierno municipal de Zacatecas y el sector privado.
Los 19 ejidos directamente afectados por la construcción del trasvase son: dos del municipio de Jiménez del Teúl, Atotonilco y El Potrero; cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México; 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.
Una comunidad organizada
Niños y niñas juegan en las inmediaciones de la cancha de basquetbol de la comunidad El potrero en el municipio de Jiménez del Teúl. Debajo de dos árboles, mujeres han montado puestos de elotes, agua, refrescos y dulces que ofrecen a las más de trescientas personas que ocupan sus asientos frente a una manta en la que se lee: 1er Encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo en Zacatecas que se realizó el sábado 8 de junio para extender solidaridad y visibilidad al conflicto socio-ambiental que ocupa a estos pueblos.
A través del equipo de sonido se escucha: “Teníamos miedo porque decíamos qué se puede hacer contra el gobierno: él es todo poderoso, pero hemos aprendido que debemos de luchar, no nos podemos quedar ahí estacionados viendo cómo llegan a nuestra casa y se llevan todo lo que tenemos.”, es la voz de una de las mujeres de Jiménez del Teúl, las cuales participan activamente desde hace más de un año en la resistencia contra la presa Milpillas. Su intervención culminó sentenciando lo que he escuchado en muchos otros pueblos más: “solo han traído división y nos han quitado la tranquilidad”.
Desde que las autoridades del gobierno de Zacatecas en el año 2016, lograron que ejidatarios otorgaran los permisos para que ingenieros de la CONAGUA comenzaran a realizar el Estudio de Factibilidad, la vida ha cambiado en Jiménez del Teúl: “Nos dijeron que no iba a pasar nada, solo querían un permiso para hacer un estudio, pero nos convencieron al decirnos que Zacatecas, Fresnillo y Calera estaban padeciendo de agua, había que darles agua. Después ya no volvieron a pedir permiso, sólo los veíamos, midiendo, sacando medidas por todos los ejidos.”
Desde entonces representantes de Comisión Nacional del Agua emprendieron la misma estrategia de baja intensidad que divide a los pueblos: se acercaron a convencer y comprar uno a uno a los ejidatarios; la posesión y derechos sobre las tierras ha generado que el pueblo se fragmente entre los que están a favor de la presa y los que están en contra.
“Nosotros comenzamos a buscar apoyo e información, así fue como comenzamos a organizarnos y comenzar con la resistencia contra la imposición de la Presa Milpillas y se creó el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Apoyados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los habitantes de los ejidos a quienes se les están violentando sus derechos, han comenzado a realizar acciones jurídicas: ante el Ministerio Público en Sombrerete se denunció la violación a la Ley Agraria y la libre determinación de los ejidos en la Asamblea Ejidal del 14 de octubre del 2018, en la que denunciaron también, la invasión de maquinaria en propiedad ejidal de Atotonilco.
En su proceso también han presentado dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas y tres en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Actualmente, Comisariados Ejidales de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como delegados municipales de los ejidos, La Lagunita del Mezquite Blanco, Carretas, Las Bocas, Las Palmas, La Mota y habitantes de la cabecera municipal de Jiménez de Teúl se organizaron en resistencia contra la imposición de la Presa Milpillas, la cual amenaza con inundar su territorio.
El Comal, una AC paraestatal que divide para imponer la presa
El 20 de mayo del 2019 en una conferencia de prensa en la capital de Zacatecas, se presentó la creación de la asociación civil Comunidades por el Agua y la Libertad (Comal), presidida por Benjamín Miranda González, uno de los principales promotores de la Presa Milpillas; de las declaraciones vertidas hace unos días, destaca la de la intención de convertir a Comal AC como antagonista al derecho de los pueblos en resistir y oponerse al megaproyecto de agua que les despoja del territorio y podría hasta inundarlos: “Nosotros no nos oponemos a la construcción de la Presa, pero sí queremos que antes que cualquier cosa, nos informen todo lo que esto significa y cómo nos va a afectar”, dijo uno de los ejidatarios involucrados.
Siete meses antes, el 14 de octubre de 2018, autoridades estatales y municipales, resguardados por más de cien policías estatales, llegaron al salón ejidal en El Potrero donde se realizaría una asamblea para decidir la construcción del embalse; ese día integrantes de El Comal fueron los primeros en ingresar al lugar.
La instalación de dos filtros de seguridad a cargo de la policía estatal, impidió el paso a ejidatarios y ejidatarias opositores al megaproyecto, violando los derechos de autonomía que otorga la ley Agraria; en la entrada narraron a ZonaDocs, una persona del gobierno estatal con lista en mano, decidía quién entraba y quién no al salón ejidal que es el máximo recinto de autonomía de un ejido.
En la Asamblea, Alfonso Carlos del Real López, representante del gobernador de Zacatecas, el titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente en el estado, Luis Fernando Maldonado Moreno; el Procurador Agrario, Francisco Godoy Cortés y la Presidenta Municipal de Jiménez del Teúl, Victoriana Espinoza Sánchez, lograron obtener el resultado de 34 votos a favor y 28 en contra para otorgar un convenio de ocupación previa a una superficie de 125 hectáreas de uso común para la construcción de la cortina de la Presa Milpillas.
A fuera de la Asamblea, la policía estatal intimidó, golpeó y desalojó a ejidatarios que intentaban ingresar para emitir su voto, y también atacó a los habitantes de Jiménez de Teúl que protestaban por la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del ejido.
UNA PRESA INVIABLE
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Zacatecas se encuentra dentro de los cinco estados con mayores déficit en aguas subterráneas como pasa en Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México.
En su texto, La corrupción institucionalizada en el manejo del agua en México: el caso de Zacatecas, la investigadora Cindy McCulligh explica que de los 34 acuíferos del estado, 14 se encuentran en déficit, con niveles de extracción que superan la recarga a una tasa de 382.9 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como un intento de resolver esta crisis, la CONAGUA propuso la construcción de la Presa Milpillas bajo el concepto arcaico de que represar ríos garantizar abastecimiento, pero probado está a nivel mundial que ese paradigma ha resultado insustentable. Su argumento es ya no explotar más los acuíferos que dotan de agua a estas poblaciones y podrían recuperarse, pero no hay evidencia científica que lo compruebe.
Darcy Tetreault, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, no está de acuerdo con la teoría de represar para que se recuperen los mantos freáticos. En su texto La No Factibilidad de la presa Milpillas, detalla que el estudio de factibilidad no presenta: “en ningún lugar los datos y cálculos correspondientes para respaldar la afirmación de que a finales de la vida útil de la presa, 50 años, se espera que los acuíferos que dotan de agua a estas poblaciones, ya hayan recuperado sus niveles freáticos y se encuentran en condiciones satisfactorias para poder abastecer la demanda de agua en ese momento.”
Por otro lado, el investigador resalta -en el mismo texto -que según los datos del estudio oficial para el megaproyecto, para que el agua llegue a la capital del estado se tiene la necesidad de bombear el agua de la presa Milpillas desde una distancia vertical de casi 600 metros en su trayectoria a la capital. Se calculan los costos energéticos asociados con este bombeo en 8.62 pesos por cada metro cúbico por lo que sí el acueducto mueve 41 Mm3 /año de agua hacia la región centro del estado, entonces, el costo anual promedio de operación de la presa y el acueducto será de 353.4 millones de pesos durante un periodo de 50 años, a cargo del erario público y con impacto en las tarifas de cobro de agua para pequeños consumidores.
El investigador señala que el acueducto de la presa Milpillas, estará en las inmediaciones de al menos tres empresas mineras propiedad de Grupo Peñoles y de Fresnillo PLC; incluso Darcy Ttetreault afirma que el Grupo Modelo ha mostrado interés por financiar el proyecto hídrico lo que le permitiría también beneficiarse del agua.
DEFIENDEN EL AGUA, EL TERRITORIO Y SU SUBSISTENCIA
“Es muy triste que a uno le quieran quitar su casa donde nació, su vida, su historia. Todo Jiménez está situado sobre el río, al desaparecer el río, pues desaparecería Jiménez… la gente tendríamos que salir, no sólo de Jiménez, también de las comunidades río abajo que serían afectadas”, relata Manuel Miranda, uno de los ejidatarios de Jiménez del Teúl en claro rechazo por el proyecto.
Manuel y sus hermanos, Jesús y Fernando Miranda Sánchez, son cuarta generación, heredaron el rancho de la Providencia que tiene 600 hectáreas actualmente usadas como agostadero para más de 150 cabezas de ganado.
Este rancho sería el primer territorio en inundarse debido a que se encuentra a escasos 800 metros del punto donde se construiría la cortina de la presa Milpillas.
“Nosotros nacimos y nos criamos en este Rancho, por eso es que no estamos de acuerdo con que se inunde, nunca vamos a ver La Providencia”, cuenta Fernando, mientras camina por el patio del que fuera su casa cuando era niño.
Actualmente, los habitantes de los ejidos que serían afectadas por la construcción de la presa Milpillas se encuentran articulándose y aprendiendo de otras comunidades que defienden sus ríos contra obras hidráulicas en todo el país.
Entre lo que han constatado es que la estrategia que ha utilizado la Conagua y el gobierno de Zacatecas es la misma que se ha usado en otros casos para imponer este tipo de proyectos que despojan a las personas de su territorio; dividen las comunidades; cooptan a los líderes,; además de amenazar, criminalizar y violar los derechos humanos de los habitantes, todo bajo procesos que se desarrollan entre la corrupción y los sobre costos del proyecto.
El caso de la presa Milpillas, es la misma fórmula que se uso para imponer la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco; Pilares en Sinaloa; El Cajón y Agua Milpa en Nayarit.
Domingo Valdez y Betsabee Fortanell / El Universal Querétaro
Usuarios de las redes sociales denunciaron que algunos cadáveres fueron bajados por las escaleras, debido a la falla de los elevadores del hospital del ISSSTE de Querétaro.
En un vídeo, se miestra cómo el personal médico arrastra y jalonea cadáveres cuando son movidos al interior del nosocomio.
La denuncia se hizo pública con imagen de un documento en el que se solicita al subdelegado Víctor Ali Cadena Romero atender la “contingencia de operatividad por ‘FALTA DE ELEVADORES”.
En el texto se especifican las dificultades para mover pacientes, así como alimentos, ropa y muestras de laboratorio.
ISSSTE Queretaro niega información
Personal del hospital general del ISSSTE en Querétaro se niega a brindar información sobre la situación en la que trabaja el nosocomio, luego de conocerse que por falta de mantenimiento los elevado de servicio funcionan al 50% de su capacidad por falta de mantenimiento.
En el acceso al hospital, los guardias de seguridad limitan el acceso a los medios de comunicación, que buscan a los directivos del instituto que se muestran renuentes a declarar o emitir un comunicado al respecto.
Faltan analgésicos, gasas, algodón, jeringas, cubrebocas; en riesgo, la salud del personal médico y de enfermería
Para aliviar el dolor de los pacientes con los escasos analgésicos, el personal valora quien los requiere más, o en su caso, familiares tienen que comprar lo que falta
Ni paracetamol suficiente existe en el stock de atención del Hospital Tercer Milenio en Aguascalientes; el personal médico y de enfermería está haciendo “milagros” para resolver las necesidades más básicas de sus pacientes.
“La semana antepasada no tuvimos ni siquiera cubrebocas”, revelan a La Jornada Aguascalientes afectados por las marcadas carencias en el sector salud que se han intensificado después de nuevas disposiciones federales que incidieron en la falta de recursos para la adquisición de insumos médicos.
Sin revelar su nombre por temor a represalias, los entrevistados hicieron pública su preocupación no sólo por quienes reciben atención médica en el nosocomio -uno de los de mayor demanda en Aguascalientes-, sino que también advierten que el personal que ahí presta sus servicios está en riesgo pues el no contar con insumos básicos para su protección como los cubrebocas es convertirlos inmediatamente en sujetos de riesgo de contracción de enfermedades contagiosas.
Pero ahí no termina la lista de necesidades -de tantas, a veces se olvidan y no se quisiera dejar pasar nada-, señalan. Pañales de adulto se han convertido en un lujo, ya no hay. Jelcos o punsocart que es material de canalización también está en el listado de insumos restringidos.
Han llegado a trabajar con una sola caja de jeringas de 20 mililitros para todo el hospital, lo mismo sucedió con una solución salina de 1000 ml y con un frasco de insulina de acción rápida también para todo el Tercer Milenio.
Antibióticos que son prescritos para tres tomas por día, ahora se limitan a dos dosis cuando mucho, y hasta los análgésicos más comunes ahora son escasos, entre ellos, el paracetamol, aquel medicamento que por años incluso se convirtió en motivo de burla social por la recurrente entrega del mismo en el sector salud ante cualquier enfermedad.
Tramadol, es otro analgésico escaso, revelan que para el suministro de este tipo de medicamentos el personal tiene que valorar qué paciente lo necesita más “quién presenta más dolor” para darle prioridad, y es que no en todos los casos, sus familiares cuentan con recursos para comprar por fuera lo que tanta falta hace dentro de aquel hospital.
Equipos de infusión y de transfusión, también forman parte de las carencias vigentes, lo que se hace es que también se envía a los familiares de los pacientes a comprar los mismos, pero no todos tienen posibilidad de hacerlo pues por ejemplo, un equipo de transfusión sanguínea puede llegar a costar de 500 a 600 pesos y la gran mayoría de quienes recurren a recibir atención médica al Tercer Milenio no gozan de situación económica desahogada.
Tiras para glucómetros también son escasas y el colmo, las gasas y las torundas (algodón) son insumos muy limitados. Esta es la realidad que enfrentan día con día médicos, especialistas, enfermeros y todo el personal del Tercer Milenio.
El presidente de Acción Ciudadana, José Luis Casillas, informó que desde hace varios días, muchas de las viviendas no han recibido el vital liquido pese a tener todos sus recibos pagados.
Fernando Ulloa Pérez / NCC. mx
Tepic Nayarit.-Ante diversos medios de comunicación, el señor José Luis Casillas, quien es el presidente de Acción Ciudadana de la colonia Chapultepec, denunció que en esta zona de la ciudad, sus habitantes carecen del servicio de agua potable.
El señor Casillas, afirmó que en esta colonia hay familias que hasta por 80 días han dejado de recibir el vital liquido en sus hogares: “tenemos demasiados problemas con el abastecimiento de agua en esta colonia, tenemos calles, casas en donde hasta por 80 días no nos ha llegado el agua potable”.
El denunciante comentó, que por diversas razones, los habitantes de la colonia Chapultepec no reciben agua potable: “nosotros tenemos un problema muy fuerte, no sabemos de que lado estamos conectados, nos comentan que nos conectan de tal parte y después de otro lado y que después nos van abrir la llave de otro lado, total que al último la solvencia que nos dan de agua es muy escasa, duramos hasta 15, 20 días sin agua, muchas veces acuden los vecinos me enseñan que sus recibos están pagados y no tiene nada de agua en lapso de 15, 20 y hasta 80 días y que no les llega el servicio de agua potable y eso no se nos hace justo”.
Finalmente, el señor José Luis Casillas refirió que a pesar de que en reiteradas ocasiones han acudido al SIAPA Tepic para darle a conocer esta situación al titular de este organismo, la falta de agua potable en la colonia Chapultepec es evidente: “se ha hecho el reporte sobre oficios, por teléfono con el señor Oscar Medina, con Reynaldo, con ellos que son los encargados y tenemos soluciones muy escasas, no sé porqué causas, yo ignoró, pero de momento nos dicen que si van a solucionar y no vemos resultados”.
En Guerrero, donde ocurrió la primera desaparición forzada en el país y ahora encabeza la lista de víctimas de desaparición, de enero del 2017 a la fecha, de acuerdo con las alertas Amber y Alba, se perdieron 12 mamás, algunas jóvenes de entre 18 y 20 años, con todo y sus hijos, la mayoría bebés de cero a cuatro años.
Yareni Monserrat Morales Cisneros, de 18 años, y su hijo Fernando Emanuel Bautista Morales, de un año, desaparecieron en enero del 2017. Pero ellos no forman parte del conteo.
Cuando se perdieron aún no funcionaban las alertas Amber, para niños y niñas, y la Alba para mujeres mayores de 18 años, aunque tenía dos años que el Congreso local había aprobado ambos protocolos.
De hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) podría seguir omisa con respeto a los protocolos de búsqueda si la desaparición de Yareni Monserrat y Fernando Emanuel hubiera tenido un desenlace diferente.
Después de Yareni Monserrat y Fernando Emanuel más madres con todo y sus hijos siguen desapareciendo.
De acuerdo con los registros oficiales de las alertas Amber y Alba de la FGE, en Guerrero han ocurrido 12 eventos de desapariciones de madres con sus hijos, que involucran a 15 bebés de cero a cuatro años y a 12 madres, algunas son jóvenes que recientemente habían cumplido la mayoría de edad.
En algunos casos de estas desapariciones, la FGE sólo activó la alerta Alba, por la pérdida de la madre, y en otros sólo la Amber, por los menores.
Siete de las 12 desapariciones de mujeres e hijos se registraron en la capital de Guerrero, Chilpancingo.
Sólo en tres eventos de desapariciones, las madres y sus hijos han sido recuperados.
Madre e hijo
En la foto que se tomó para las redes sociales, Yareni Monserrat carga a Fernando Emanuel con el brazo izquierdo y lo pega a su pecho. El bebé no sabe que hay que hacer guiños a la cámara. Ella sonríe. Él voltea la vista.
Es su última foto… vivos.
El 14 de enero del 2017, Yareni Monserrat salió con su hijo en brazos, aproximadamente a las 10 de la mañana de su domicilio, en el barrio de San Mateo, en donde vivía con sus padres. Avisó a su madre y padre que se iba a encontrar con el papá de su hijo, quien le iba a dar el dinero de la pensión.
A mitad y al final de cada mes, la madre recibía dinero para la manutención del bebé. Caminaba de San Mateo al zócalo, en donde la esperaba su expareja. Ese 14 de enero, la mamá de Yareni se angustió cuando después de 12 horas, no regresaba su hija con su nieto. Pero mucho más, cuando comenzó a marcar y el número mandaba directo a buzón.
Aunque no tenía buena relación con su exyerno tuvo que marcarle para que le diera noticias de Yareni. Contestó la llamada. Sobre el paradero de Yareni y el hijo de ambos sólo dijo que no sabía nada porque ella se había ido muy rápido.
La búsqueda
Cuando desaparecieron Yareni Monserrat y Fernando Emanuel únicamente los buscaron sus familiares. La FGE no emitió el anuncio ¿Has visto a…? para localizarlos. Los hermanos, primos y tíos hicieron viral en las redes la petición para encontrarlos.
En las redes sociales, la sociedad de Chilpancingo se enteró de que la joven mamá había salido de su domicilio a ver al padre de su hijo para la pensión, que cuando no llegó le hablaron y que él aseguró que los vio un rato porque Yareni Monserrat recibió el dinero de la pensión y se fue rápido.
La foto, la última foto vivos, seguía viajando en el ciberespacio, cuando el 19 de enero, se propagó la noticia de que en las inmediaciones de la colonia Norberto Flores Baños, al sureste de la ciudad, habían localizado los cuerpos de una mujer y un fragmento de un bebé en una bolsa negra.
Los restos, de acuerdo a la identificación, eran de Yareni Monserrat y Fernando Emanuel, del bebé de un año, sólo había una pierna.
Sólo entonces, ante la crítica recibida por su omisión y negligencia, la FGE echó a andar la alerta Amber, con dos años de retraso.
La Fiscalía, un caos
Marina Reyna Aguilar está al frente de una asociación contra la violencia hacia las mujeres. Lleva el registro de los feminicidios en Guerrero. Sostiene que la FGE no ha podido generar una política para atender el problema de las desapariciones porque no ha sistematizado la información de los registros de las alertas.
No sabe cuántas mujeres y de qué edades son las que más desaparecen y por lo tanto no sabe por qué se pierden, afirma.
“No tienen idea de lo que está pasando. No puede ver un móvil detrás de todo esto. Quizá se trate de una red que se está dedicando al tráfico de personas y de órganos, pero lo desconoce”.
Sin prestaciones laborales, así es el trabajo infantil en Oaxaca.
Que a sus 13 años Clemente recorra el mercado “Margarita Maza” con un diablo de metal, no es novedad. Esa necesidad de trabajar para sobrevivir, anula cualquier capacidad de asombro.
La pobreza delinea su rostro adolescente en un cuerpo aún de niño, tanto por su delgadez como por su baja estatura. Habla lo necesario para pactar el precio: diez pesos si la carga es ligera y 15 pesos si implica estibar más mercancía.
Su única regla es no ir más allá de un sitio de taxis colectivos o la terminal de autobuses de segunda clase que circundan la Central de Abasto.
Desde hace tres meses, cuando murió su padre, Clemente y su hermano mayor dejaron la precariedad de su casa en la región de la Mixteca, para vivir en la ciudad en condiciones similares, con la diferencia de que aquí pueden emplearse como estibadores.
Mano de obra barata
Como él, al día, unos 50 menores, que rayan entre la infancia y la adolescencia, trabajan con la permisividad e indiferencia social e institucional.
“Es muy común”, reconoce Daniel Dolores Martínez desde la sombra que le da su puesto de metal que arrastra por los estrechos pasillos de la Central ofreciendo gorras y sombreros.
Aunque es un adulto, él mismo experimentó la necesidad como el justificante para trabajar desde los ocho años a cambio de “muy poquito”.
Después de unos segundos de forzar la memoria, Daniel alcanza a recordar que si acaso le pagaban 6 o 7 pesos por pasar todo el día lavando platos en la cocina de un pequeño restaurante en Puebla, de donde es originario.
En casa de Daniel “todos trabajaban”, desde su madre, su padre y sus otros nueve hermanos, lo que le dificultó pasar del tercer grado de primaria.
“Trabajaba porque no nos alcanzaba para toda la familia”, dice sin pena y reconociendo que esa misma necesidad de sobrevivir es lo que justifica que la Central de Abasto sea un punto álgido del trabajo infantil.
Sin prestaciones laborales, así es el trabajo infantil en Oaxaca.
Sin prohibiciones
Carlos, un estibador que empezó de manera tardía en esta actividad, calcula que en la Central de Abasto, 5 mil personas se dedican a esa actividad, de los cuales al menos 50 son menores de 15 años.
Cobrar un poco menos o causar compasión entre las personas, puede ayudarles a encontrar quién los emplee unos minutos, a cambio de diez pesos.
Eso hizo Agustina, pagó diez pesos para que de las entrañas del mercado Maza, un niño le ayudara a cargar el manojo de alfalfa y su bolsa con las compras del mandado.
“Es una forma de ayudarle y que me ayude”, reconoce mientras el adolescente camina con la prisa de terminar la encomienda para empezar otra.
Ángel, quien acaba de venderle la alfalfa a Agustina, no se extraña de la escena de la que él mismo es parte. Desde que su madre enfermó y su hermana mayor no puede ir a atender el puesto porque se enfrentó a una caída, el adolescente se encarga del puesto la mayor parte del tiempo.
La venta de dulces, otra actividad en la que predominan infantes y adolescentes.
Trabajo duro desde la infancia
En el mismo pasillo que expende Ángel también lo hace Ofelia, una mujer adulta que también empezó a trabajar a los ocho años.
“Bueno, no era trabajo como tal porque ellos no me obligaban a hacerlo”, justifica luego de contar que todas las tardes se la pasaba metida en la pequeña cocina que montó su mamá en su natal San Dionisio Ocotepec, “para darle de comer a los maestros”.
Es eso, la necesidad de comer, lo que anula la gama de derechos que se le han otorgado a niñas y niños, pero que en los hechos no todos lo ejercen ni hay autoridad que vigile que así sea.
En realidad, el Tren Maya es un proyecto de reordenamiento fronterizo. No sólo es un tren y tampoco sólo es para la zona maya. Aspira a crear un nuevo espacio global a disposición del capital extranjero. El “problema” de las migraciones sirve como pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente
Los espacios fronterizos son, por su propia definición y construcción, espacios de continuidad y de conflicto. Continuidad porque lo que está del otro lado de la imaginaria línea fronteriza es continuidad en múltiples formas, a veces hasta con mayor afinidad que con otras regiones del mismo país. La conflictividad emana de su propia definición como límite del Estado-Nación, lo que permite que estos territorios fronterizos sean objeto de frecuente disputa, entre el país a quien pertenecen, y el resto de poderes con intereses sobre los mismos.
Esto es especialmente representativo de la frontera sur de México, y muy particularmente de la Península de Yucatán: un territorio geoestratégico por su posición, rico en biodiversidad y recursos naturales, que ha sido, y sigue siendo, pretendido y disputado por numerosos y distintos intereses (desde colonizadores españoles, piratas europeos, viejos y nuevos imperialismos y otros múltiples agentes foráneos). En esa disputa histórica, el factor (muchas veces también conflictivo) de la movilidad humana siempre ha estado presente.
Hoy día, en el territorio que va desde el Istmo de Tehuantepec (la línea que conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca) hacia el sur hasta la línea fronteriza (y de ahí hacia Centroamérica), se desarrollan una serie de acciones, políticas y discursos que van mucho más allá de lo aparente, y que es necesario tratar de analizar y comprender en su conjunto. La coyuntura, más en este caso por su complejidad, nos impide percatarnos de la estructura.
Desde mediados de 2018, el Tren Maya es el proyecto icónico de la “cuarta transformación”: desarrollo turístico sin impacto ambiental, beneficios para las comunidades originarias, nuevas comunidades verdes y sostenibles. Al ser un proyecto que aún no tiene proyecto ejecutivo, gran parte de las noticias e informaciones al respecto se producen en ámbitos informales, declaraciones de prensa, y presentaciones habitualmente sesgadas y superficiales. Sin embargo, el paso del tiempo y la multiplicación de dudas y resistencias han complejizado aquel simple ideario: progresivamente se ha incorporado y destacado su función para el traslado de comunidades locales, a precio diferenciado y subvencionado gracias al traslado de mercancías y combustibles; la reforestación de los árboles que sean dañados, justificado por su hipotético mayor beneficio social; se plantean novedosos mecanismos de participación, integración y financiación para las comunidades, como los Fibras (Fideicomisos para la Inversión en Bienes Raíces); así como innovaciones técnicas y tecnológicas del más alto nivel (seguimiento y control mediante satélites y drones, sistemas biométricos de acceso, construcción de teleféricos y trenes de hidrógeno…). A cada cuestionamiento al proyecto parece seguirle una justificación ad hoc y adecuada para que el ritmo del proyecto no decaiga y siga en boca de todos.
Pero lo que me interesa destacar va mucho más allá del Tren, que es, desde mi punto de vista, el árbol que impide ver el bosque.
En primer lugar, porque el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, ni es sólo Maya. De hecho, es una pequeña parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. Se trata de un “proyecto de reordenamiento territorial”, del cual el Tren es, siguiendo esta analogía, tan sólo el medio de transporte. En este proyecto integral (que en gran parte embona con la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal– de un Programa Integral de Desarrollo del Sur de México y Centroamérica), el componente migratorio es axial pues se trata de “evitar la migración, que la gente pueda quedarse en su lugar”, y sobre todo evitar que llegue a Estados Unidos; y en estos días más que nunca constatamos su relevancia en la renegociación de tratados, el establecimiento de alianzas, e incluso, la amenaza con guerras comerciales y arancelarias. Este proyecto (y sólo considero hasta el momento sus alcances “del lado mexicano”) se conformaría, además del Tren Maya, al menos por:
-El Proyecto Sembrando Vida, que ya se extiende por la región y sobre el que existen interesantes trabajos que rescatan su sentido y detalles: sin embargo, hasta ahora apenas se han planteado los aspectos más preocupantes, como la participación de viveros de la Secretaría de la Defensa Naciona (Sedena) y la Guardia Nacional para la siembra inicial y distribución de plantines de árboles a reforestar, y su localización próxima a territorios históricamente en resistencia (en Ocosingo, Copalar, Comitán o Chicomuselo, alrededor de los recursos de la Selva Lacandona y presionando a las comunidades zapatistas residentes).
-El Corredor Transístmico: para unir los puertos y nodos comerciales de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, se plantea la construcción de un tren, carreteras, líneas de fibra óptica… Esta propuesta es también parte de un viejo sueño imperialista de tener una alternativa al Canal de Panamá más cerca del territorio de Estados Unifos. Varias veces fracasó, pero vuelve a resurgir con fuerza.
-Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): pese a que se declaró la cancelación de este proyecto icónico del sexenio de Peña Nieto, no queda claro el alcance de la misma. Frente a las ZEE que existen/existían en la Frontera Sur (Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Puerto Progreso, Campeche, cada una con una especialización productivo/comercial específica), existen indicios que apuntan a que su eliminación supondrá de facto una ampliación de sus particulares “fronteras” y su integración en una gran zona económica, también llamada sugerentemente “zona libre” en clara identificación con la existente en el norte del país. Estas continuidades parecen indicar una construcción de la región como nueva “zona maquilera global” (sugerentemente bautizada como “zona de prosperidad”).
-La proliferación de proyectos vinculados a la llamada “economía verde”: energéticos, ecoturísticos, producción orgánica, captura de carbono. Esta orientación no es por sí misma negativa, pero resulta especialmente contradictoria cuando se contrasta con la generalización expansión del acaparamiento de tierras para el cultivo extensivo de “semillas mixtas” (transgénicas disfrazadas), y la utilización intensiva de recursos naturales escasos (como el agua), o de agroquímicos y pesticidas (menonitas), así como la expansión de las talas clandestinas (llevadas a cabo por personas de origen chino, ruso, portugués…).
Por tanto, y como punto de arranque, resulta fundamental confrontar la “imagen idílica” que plantea el mapa oficial del Tren Maya… con la complejidad subyacente que no se muestra, y hasta cierto punto aún no está (físicamente) pero cuyos efectos y articulaciones pueden empezar a entretejerse…
El trasfondo de esta complejidad, de las contradicciones entre discursos y prácticas, de la interconexión entre tan diferentes proyectos y aproximaciones, es lo que yo considero un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable. Lo que muestran estos proyectos articulados, sus previsibles responsables, las ideas de los discursos oficiales e informales, es que hoy día, en la Península y la Frontera Sur, el “problema” de las migraciones regionales (que es un “problema” tan sólo para Estados Unidos) sirve como justificación y pretexto para un nuevo intento de controlar e integrar los territorios y riquezas regionales a la lógica neoextractiva vigente. Que ese proceso de justificación de las políticas públicas, además no tiene ninguna intención de mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen de las personas migrantes, si no más bien crear una infraestructura en la que puedan ocuparse: se trata de hacer un “tapón migratorio” en el Istmo, y una industria para su incorporación y aprovechamiento. En el proceso de concesión y reparto de estos territorios, con cláusulas y arreglos que favorecen cada vez más a los potenciales inversores, si no la propiedad, al menos la gestión de los territorios queda en manos privadas y, en muchos casos, extranjeras.
Por tanto, desde mi punto de vista, más allá del proyecto sin proyecto del Tren Maya, más allá de la justificación sobre las necesidades, bondades o beneficios de esta articulación de megaproyectos, lo importante son las preguntas que hasta ahora no sólo no tienen respuesta, si no que ni siquiera se han planteado. Y sólo adelanto las dos que me parecen más urgentes:
-¿Cómo se relacionan territorios fronterizos, políticas públicas, y migraciones?
-¿Cuántas fronteras existen en el sur de México? ¿Quién está (o estará) a su cargo?
Los muros físicos pueden ser más evidentes, pero las barreras y límites más efectivos, sobre todo en un tema tan crítico como los grandes desplazamientos de población, suelen ser simbólicas, se erigen sin apenas darnos cuenta, y son las más difíciles de identificar y superar.
Sergio Prieto Díaz*
*Migratólogo especialista en fronteras, territorios, (in)movilidades y megaproyectos; catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Sur-Campeche
* En represalia Fiscalía de Oaxaca retira seguridad a Soledad Jarquín * Fueron arrancadas las fotografías del gobernador de Oaxaca y del Fiscal del Estado
Oaxaca, Oax.- Uno de los tres espectaculares colocados el pasado 1 de junio para visibilizar el reclamo de justicia para María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán de Zaragoza el pasado 2 de junio de 2018, fue vandalizado durante la madrugada de este lunes.
Los espectaculares colocados con la aportación financiera de activistas feministas y del movimiento amplio de mujeres de Oaxaca, cumplía la demanda de visibilizar la falta de justicia para una de las tres víctimas del asesinato ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec, sin que hasta ahora exista la aplicación real de la justicia.
El espectacular vandalizado está colocado sobre la carretera internacional, conocida como cerro del Fortín, donde fueron mutiladas las fotografías del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y del fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, que al igual que la fiscal especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, y los hermanos Francisco Javier y Hageo Montero López, el primero ex secretario de Asuntos Indígenas y el segundo ex candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, hoy regidor de ese municipio, son señalados como parte de una red de complicidades.
De igual forma, la Fiscalía General de Justicia del Estado retiró de manera unilateral la guardia que desde junio pasado tenía la madre de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista y defensora de Derechos Humanos, Soledad Jarquín Edgar, dejándola en un estado de vulnerabilidad.
Sarabia, corresponsal del diario ‘Tabasco hoy’ en Huimanguillo, ha recibido varios disparos en la puerta de su casa
México suma ya seis periodistas asesinados en lo que va de 2019. La reportera Norma Sarabia ha fallecido este martes tras ser tiroteada en la puerta de su casa en Huimanguillo, en el Estado de Tabasco (sur de México). La corresponsal en esta localidad del diario Tabasco hoy durante más de 15 años fue atacada por dos sujetos armados que dispararon desde una motocicleta, según ha informado el periódico para el que trabajaba.
La sangría contra la prensa no cesa en México. Hasta este martes seis periodistas han sido asesinados durante 2019, una cifra similar a la de los últimos años, especialmente sangrientos para los informadores, según datos de la organización Artículo 19. Hasta el 11 de junio de 2018 se contabilizaron cuatro informadores asesinados, en 2016 fueron cinco y seis en 2017, el año más violento para los reporteros desde el 2000.
La localidad, situada en el límite con el Estado de Veracruz, sufre desde hace tiempo el aumento de la violencia. Este mismo lunes fue asesinado un líder sindical en este municipio de unos 180.000 habitantes, situado a unos 70 kilómetros de la capital del Estado.
La policía local ha acordonado la zona cercana a la vivienda de Sarabia y hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la Fiscalía General del Estado para investigar lo ocurrido. La Asociación Tabasqueña de Periodistas ha lamentado el asesinato a través de Twitter. También lo ha hecho el director editorial de Tabasco Hoy: “Lamentamos profundamente su muerte y nos solidarizamos con su familia”, ha asegurado. El colectivo Artículo 19, organización a favor de la libertad de prensa en México, ha exigido a las autoridades que el homicidio de Sarabia tenga como principal línea de investigación su labor periodística. De acuerdo con sus indicadores siete periodistas han muerto por actividades derivadas de su profesión como reporteros durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Durante los seis años que estuvo el expresidente Enrique Peña Nieto en el poder 47 reporteros fueron asesinados y México se convirtió en el país más peligroso para ejercer la profesión, según denuncia Artículo 19. En los primeros seis meses de mandato de López Obrador poco parece haber cambiado. La tendencia sigue siendo la misma.
Convocatoria del CNI-CIG y el EZLN a la CAMPAÑA POR LA VIDA, LA PAZ Y LA JUSTICIA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO
Los pueblos, las comunidades, naciones, colectivos, barrios y tribus originarias que somos el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llamamos a tomar las acciones necesarias para desmontar la guerra de los poderosos en contra de la vida de la humanidad y el planeta entero, en particular el cerco paramilitar y la estructura que sostiene la violencia contra nuestros pueblos que, con dignidad, estamos decididos a frenar y desmontar.
Por lo que:
Considerando
Que la guerra narco paramilitar capitalista en contra de pueblos y comunidades miembros del Congreso Nacional Indígena, con la complicidad de los malos gobiernos y bandas criminales, se expande por muchas geografías de este país, pretendiendo imponer con terror el exterminio de la vida y la paz que defendemos para concretar sus violentos proyectos neoliberales.
Que continúa la impunidad ante el cobarde asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes de la comunidad indígena nahua de Amilcingo, Morelos, así como las intenciones de los dueños del dinero de hacer la criminal termoeléctrica en Huexca, Morelos.
Que el Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, miembros del CNI-CIG, convocan a romper el cerco narco paramilitar que organizaciones criminales imponen sobre la región de la montaña baja.
Que esta agresión permanente a nuestros compañeros está generando una crisis humanitaria ante la dificultad para ingresar alimentos y medicamentos a la región, el miedo de sembrar la tierra ante el riesgo de ser asesinados en la parcela, o el no poder tener abiertas las escuelas por temer un posible ataque a nuestras hijas e hijos.
CONVOCAMOS
A las redes de apoyo del Concejo Indígena de Gobierno, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones y redes de derechos humanos, a la sociedad civil consciente y solidaria, a participar en la
CAMPAÑA POR LA VIDA, LA PAZ Y LA JUSTICIA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO
que partirá de la comunidad indígena nahua de Amilcingo, Morelos, el día 12 de julio de 2019 para estar los días 13 y 14 de julio en la comunidad de Acahuehuetlan, municipio de Chilapa, Guerrero.
Con esta iniciativa, llamamos a realizar acciones paralelas y simultaneas en los espacios organizativos de todas y todos desde nuestras capacidades colectivas para parar la guerra capitalista en contra de los pueblos de Guerrero, con los que juntos romperemos el cerco impuesto por grupos criminales, que aliados con los malos gobiernos, pretenden acabar el poder de abajo con el terror y la violencia, porque saben que es ahí donde ellos serán derrotados.
Convocamos a participar en el ACOPIO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN LA CALLE DR. CARMONA Y VALLE NO. 32, COLONIA DOCTORES, CIUDAD DE MÉXICO CON UN HORARIO DE 10:00 A 17:00 HORAS.
Igualmente invitamos a hacer donativos en la cuenta del Congreso Nacional Indígena A NOMBRE DE ALICIA CASTELLANOS GUERRERO, BBVA BANCOMER, NO. DE CUENTA: 0471079107, CLABE BANCARIA: 012540004710791072, SWIFT BCMRMXMM, ABA: 021000128, ENVIANDO COPIA DEL DEPÓSITO CON NOMBRE, TELÉFONO O DIRECCIÓN AL SIGUIENTE CORREO: aliciac.2145@gmail.com; y manifestando que dicho donativo va dirigido a las comunidades participantes en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG- EZ).
Todo lo recaudado será administrado directamente por el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG- EZ) y distribuido de acuerdo a sus acuerdos colectivos.
Así pues, el llamado es para defender nuestra vida y existencia colectiva, pues no solo resistiremos esperando la muerte, sino que reconstruiremos el mundo antiguo, el del presente y el del futuro que derrotará este embate contra nuestra existencia, porque la vida del mundo, de nuestra madre tierra, de nosotros los pueblos indígenas, no es negociable.
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA / La Jornada de Oriente
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció ayer la suspensión de la reunión pública de información sobre el Proyecto Minero Ixtaca, después de que la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua denunció ante el titular de la dependencia, Víctor Toledo, un proceso viciado y manipulado por la empresa Minera Gorrión, y solicitó la cancelación del evento, informó la organización Poder.
En la Gaceta Ecológica de este lunes, la Semarnat anunció la reprogramación de la reunión pública sin dar más detalles. El evento quedó fijado para el próximo martes 25 de junio.
Minera Gorrión es subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals y promovente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtacamaxtitlán.
La reunión pública de información fue solicitada a la Semarnat por las comunidades, como un recurso posterior a la presentación de la MIA. Es la autoridad ambiental la única responsable de convocar, organizar y llevar a cabo este proceso de participación. Sin embargo, “en este caso no ha pasado así. La empresa estuvo interviniendo de manera directa en estos días previos al evento”, denunció Francisca Zamora, vocera de la Unión de Ejidos.
La portavoz señaló varias irregularidades, apuntó Poder, entre las que destacan que la minera hizo perifoneo y pega de carteles con los que llamaban a acudir a la reunión y dar un “sí al proyecto minero”, usando el argumento de “no dejarse manipular, presionar ni desinformar”, y que colocó agentes de seguridad privada en la comunidad de Santa María Zotoltepec, donde se llevaría a cabo el evento.
Además, en distintas reuniones previas, representantes de la minera “insultaron y menospreciaron a quienes nos oponemos al proyecto”. Estos, entre otros, “fueron claramente actos de provocación para generar un ambiente de confrontación, tensión y malestar en las comunidades”.
Las integrantes de la Unión también denunciaron que la empresa estuvo haciendo trabajos de remozamiento del auditorio de la misma comunidad de Santa María, lugar de la reunión; que Minera Gorrión se ofreció a pagar los alimentos de los asistentes durante la jornada de consulta, y a proveer de mesas, sillas, pantalla y equipo de sonido para que ésta se lleve a cabo. Las comunidades notificaron inmediatamente de esta situación a las autoridades responsables.
La propaganda de la minera sobre la reunión pública de información empapeló muros y postes de las comunidades.
“Exigimos que ahora la Semarnat tome en cuenta todas las irregularidades que hemos denunciado en el proceso, cancele definitivamente una reunión que ya está viciada y que no autorice la MIA a Almaden Minerals”, aseveró la vocera.
Desde hace más de 10 años, las comunidades de la Sierra Norte de Puebla han manifestado que no otorgan consentimiento para la realización de este proyecto y han construido un proceso organizativo e informativo en la región, gracias al cual han podido documentar las violaciones cometidas por la empresa en contra del derecho humano a la salud, el agua y el medio ambiente.
Dalia Villegas Moreno/Quadratín, 12 de junio de 2019
MORELIA, Mich., 12 de junio de 2019.- De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo), en Michoacán trabajan alrededor de 100 mil niños, principalmente en los campos agrícolas donde se desempeñan como jornaleros.
En el Marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, es pertinente señalar que Michoacán se encuentra en el lugar 14 a nivel nacional con menores trabajando bajo sueldo o sin percepción en algunos casos.
Actualmente en México trabajan 3 millones 50 mil menores de edad de los cuales el 10 por ciento, más de 300 mil lo hacen en las peores condiciones.
“En nuestro estado trabajan 100 mil niños, de los cuales el 50 por ciento están empleados como jornaleros en los diversos cultivos agrícolas”, refiere información oficial del Coespo.
El informe señala que los municipios con mayor índice de trabajo infantil en Michoacán son: Chilchota, Coeneo, Yuréuaro y Tanhuato.
En 2010 Chilchota y Coeneo eran expulsores de jornaleros agrícolas a los municipios de Yurécuaro y Tanhuato, estos últimos municipios actualmente persisten en la dinámica.
Sobre todo Yurécuaro, que es el municipio con mayor rezago educativo infantil a consecuencia del trabajo infantil como jornaleros agrícolas de muchos niños y niñas en ese municipio.
La Secretaría de Educación en el Estado atiende mil 252 niños jornaleros en educación básica, 689 niños tienen su estancia en Yurécuaro.
Hay 255 en Coahuayana y 126 en Antúnez, siendo estos los municipios con mayor población infantil jornalero donde 59 por ciento cuanta con nivel primaria, el 29 por ciento tiene nivel escolar y el 12 por ciento no tiene acceso a educación.
Chilchota, Coeneo, Yurecuaro y Tanhuato son los municipios con mayor índice de trabajo infantil. De la población infantil jornalera 59 por ciento tienen nivel primaria.
En lo que va de la actual administración federal, que preside Andrés Manuel López Obrador, suman al menos siete periodistas asesinados, dos de ellos que incluso contaban con el mecanismo de protección, de acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de la libre expresión.
Pero la cifra de los activistas ejecutados es más grave: de diciembre de 2018 a junio de 2019 van al menos 14 asesinatos, de los cuales ocho eran indígenas.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– En menos de tres días un activista ambientalista y una periodista fueron asesinados a balazos en Tabasco, mientras que otro periodista más fue privado de su libertad en Veracruz. Esta situación de violencia provocó que organizaciones como el CPJ, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) denunciaran la omisión de las autoridades de todos los niveles de Gobierno y exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador establecer mecanismos eficaces de protección.
En lo que va de la actual administración suman al menos 7 periodistas asesinados, dos de ellos contaban con el mecanismo de protección, según cifras de las propias organizaciones. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se cometieron 47 asesinatos de un total de 2 mil 347 agresiones contra los medios de comunicación.
Pero la cifra de los activistas es más grave: de diciembre de 2018 a junio de 2019 van al menos 14 asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, ocho eran indígenas. Esta cifra representa un aumento significativo de la violencia contra este sector, ya que en todo el 2018 se documentaron 13 casos.
“Nosotros tenemos registrados al menos 14 asesinatos de defensores de derechos humanos en lo que va del sexenio de López Obrador, pero puede haber una cifra negra que aumente los casos”, mencionó en entrevista José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. “Estos asesinatos están ligados a empresas y gobiernos”.
El Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos tiene en su registro un total de 498 activistas y 292 comunicadores resguardados por este protocolo.
El lunes pasado, el reconocido ambientalista José Luis Álvarez Flores, defensor del santuario del mono saraguato en el estado de Tabasco, fue asesinado a balazos. El hecho se produjo dos semanas después de que denunció que las autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “solaparon” a los bancos de extracción ilegal de arena en la región del río Usumacinta, refugio para los monos saraguatos en peligro de extinción.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero exigió “un compromiso total del Estado para que haya una política real de protección a personas defensoras de derechos humanos”. Lara Duque destacó que no se trata de tener más presupuesto público para atender este tema, sino que el Gobierno ponga un alto a los intereses privados que en afán de un lucro están privando de la vida a personas que defiende el medio ambiente, la tierra, los bosques y el agua.
Para la organización, en estos seis meses de la administración de López Obrador se han detectado actos de omisión y falta de compromiso para la protección a las personas defensoras de derechos humanos, además de que el Gobierno no ha soslayado las protestas ciudadanas en contra de sus megaproyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya.
“En el Gobierno federal no han entendido que hay personas que se oponen a sus proyectos, pero no en un afán de oponerse a ellos, sino hay una preocupación real de los ciudadanos por esos proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas o el Tren Maya, y consideran que pueden haber violaciones a los derechos humanos”, aseguró Lara Duque.
CRECEN ASESINATOS DE PERIODISTAS
El número de periodistas asesinados en los últimos seis meses (7) ya rebasó a los registrados en el segundo año del sexenio de Enrique Peña Nieto (5), de acuerdo con cifras de las organizaciones Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y CPJ.
El último caso que se registró fue el de Norma Sarabia, asesinada el martes a balazos a la entrada de su domicilio en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Los reportes señalaron que la corresponsal del diario Tabasco Hoy en Huimanguillo, fue agredida por dos sujetos en una motocicleta cuando llegaba a su casa y tras llamarla por su nombre le dispararon en varias ocasiones.
El pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Presidente prometió que “siempre va a haber protocolos para proteger a los periodistas” y pidió que no los asesinen: “Tenemos que proteger a los periodistas, defenderlos, y que no los asesinen”.
Sin embargo, las organizaciones consideran que el Gobierno ha minimizado la situación de violencia y no ha reforzado el Mecanismo de Protección a Periodistas con recursos humanos y económicos. También solicitan acabar con la impunidad.
“Un elemento que nosotros observamos es el tema de la impunidad en los ataques a periodistas, no conocemos un plan o acciones contundentes por parte del Gobierno federal sobre qué lineamientos van a seguir para combatirla”, explicó Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros sin Fronteras en México (RSF).
Flores Martínez destacó que las condiciones de inseguridad para los periodistas continúan: “hay periodistas que han tenido que salir de sus regiones por amenazas, nosotros tenemos conocimiento que hay más de 30 periodistas que han solicitado acogerse al Mecanismo de Protección, algunos de ellos han sido desplazados”.
La organización hizo un llamado a las autoridades federales y locales a que hagan un reforzamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas con recursos económicos y humanos para atender esta situación de emergencia. “No se puede seguir soslayando ni minimizando una situación tan grave, hoy México es el país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo”, dijo Balbina Fores.
Reporteros sin Fronteras tiene registrados ocho periodistas asesinados en lo que va de la administración de López Obrador, un número muy alto, dijo Flores, si se compara con el segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto. “Es alarmante porque no hemos visto un retroceso en esta situación”.
De las agresiones a periodistas, RSF tiene registrados a 20 periodistas que han establecido contacto para pedir medidas de protección, pero otras organizaciones suman 40 casos en los últimos seis meses.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas inglés), destacó que hay dos patrones en los asesinatos de comunicadores: “los periodistas trabajan para medios locales y no para grandes medios, tienen una precariedad laboral y casi siempre viven en los estados”.
De acuerdo con Jan-Albert Hootsen, la violencia en contra de los periodistas comenzó en los gobiernos de Enrique Peña y Felipe Calderón, donde se generaron problemas muy graves en términos de impunidad y desaparición forzada, sin embargo, advirtió que la actual administración tiene la responsabilidad de elaborar políticas públicas que combatan esa impunidad y se mejoren los sistemas de protección en los diferentes niveles de gobierno.
“No hemos detectado políticas públicas integrales que estén enfocados en defender a los periodistas, en realidad lo que vemos es una continuación de la violencia y la impunidad en los crímenes contra l prensa. Estamos viendo una omisión muy grave por parte de este gobierno”, dijo.
El Comité para la Protección de Periodistas también recomendó al Presidente mantenga un diálogo equitativo con la prensa en sus conferencias mañaneras para evitar este círculo vicioso de violencia e impunidad.
Para la organización Artículo 19, no basta con tener buenas intenciones por parte del Gobierno, se deben establecer protocolos que protejan a los periodistas y se acabe con la impunidad, la cual es de más del 90 por ciento en los casos.
“Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) indague los casos de agresiones en contra de periodistas y tomen como línea principal su labor periodística en todos los casos, también pedimos que se aplique el protocolo homologado para investigar los delitos contra la libertad de expresión”, dijo en entrevista Paula Saucedo, coordinadora de Prevención en Artículo 19.
Buaysiacobe en lengua yoreme significa: lugar donde crece el zacate lana. Como ejido, Buaysiacobe (municipio de Etchojoa) tiene sus inicios en 1930 cuando, organizados por líderes del gobierno mexicano y uno que otro indígena, más de 200 hombres y una docena de mujeres empezaron desmontar, sembrar y cuidar cerca de 6 mil hectáreas. Inicialmente todos eran yoleme o yoreme, “el que respeta”, como nos llamamos a nosotros mismos, aunque el resto de la gente nos conozca como indígenas mayo.
Para el 6 de enero de 1939, el presidente de la República Lázaro Cárdenas vino a decirles: “Esta tierra ya es de ustedes” a 217 yoremes (208 hombres y 9 mujeres), 28 agraciados (los que recibieron, en este caso, tierras, sin haber trabajado para merecerla) y 38 ingresantes, éstos últimos quienes vinieron desde la sierra de Álamos y de las comunidades yaquis –hermanos de los mayos–, y a todos se les recibió de lo mejor compartiendo con ellos el territorio propio, su casa, ahora con el pomposo nombre de parcela ejidal. La siguiente década fue de más trabajo, búsqueda de apoyos y socios poderosos que les ayudaran a cuenta de dos o tres cosechas a terminar de desmontar.
Para 1951 los 283 ejidatarios, recibieron sus documentos y empezaron a cosechar los frutos del esfuerzo de haber perseverado, se maravillaban de lo que obtenían cada ciclo agrícola, y así las penurias de ser yoreme iban quedando lejos, cubiertas con la algarabía de la trilla y el pago del trabajo familiar encabezado por cada jefe de familia, dueños cada uno de 20 hectáreas de cultivo, posesión que les hacía dueños de un patrimonio de sustento para heredar a su progenie; en una parte importantísima del Valle del Mayo, cuyo río del mismo nombre abasteció de agua las tierras tan ricas que, a la fecha, son todavía parte del motivo de acoso y despojo por parte de los modernos latifundistas.
Ya con los “papeles” de la tierra todo marchó muy bien, no faltaba quien ganaba más que otro, pero había aceptación y hasta felicidad; este gusto duró menos de lo imaginado. En 1992 les fue anunciado que el gobierno tan justo y tan bueno quería igualdad y que ahora les traería nuevos títulos que les permitiría vender la tierra y no tener que aguantar al vecino y a los rateros y a nadie. La identidad yoreme, medio dormida, todavía anunciaba su regreso, pero nadie lo advirtió pues una nube de ilusión invadía el ejido.
Hay razones de sobra para saber que había todo un plan armado, pues inició la etapa del “rentismo”: llovieron los agricultores ofreciendo dinero a manos llenas, hasta parecía que era a cambio de ningún esfuerzo. Los “inversionistas” desde entonces vienen una y otra y otra vez, hasta que consideran haber soltado algo significativo a cuenta de renta y les dicen que ya la tierra estaba pagada, o con una cantidad igual a la deuda, ellos amablemente comprarían la tierra o exigían el pago inmediato de lo prestado. De esta manera, perdieron sus tierras los antiguos habitantes de El Rincón Verde, donde la prosperidad crecía a la par que la vegetación y el pasto para sus pequeños hatos de ganado de subsistencia alrededor de la laguna que, cada que tiempo, pues aún tiene memoria, recibe agua y acaba con casas y demás, recordándole a la gente de Buaysiacobe, quiénes son y lo que ha sido de sus vidas.
A más de 100 años de su fundación, la comunidad de Buaysiacobe hecha ejido a mediados del siglo XX, cuenta con cerca de 5 mil habitantes, sin contar quienes cada verano migran a la costa de Hermosillo o Caborca y ya no regresan, o los que se fueron un día a las fábricas de la frontera del estado o a las de Baja California y los que cruzaron “pa’l otro lado” los menos, pero que todavía dicen kaita tomi (no hay dinero) buite buite (apúrate, apúrate); inapo enchi watia (te quiero), por mencionar algunas expresiones en nuestro idioma originario.
Los primeros habitantes de Buaysiacobe se asentaron alrededor de la laguna, provenientes principalmente de las congregaciones del pueblo de San Pedro –que, por cierto, fue despojado en 1994 de su título como unos de los ocho Pueblos Mayos de Sonora–, otros más que bajaron del legendario cerro del Bayajorit a cuyos habitantes salvó de morir ahogados en una tremenda inundación. Era entonces una comunidad con un futuro promisorio, más aún con la tierra que se les otorgó como ejido. ¿Qué ha sido de ese sueño? Habría que preguntarles a los ricos, pues los yoremes, los ejidatarios, los verdaderos dueños de la tierra vivimos esperando a que se nos regrese la ilusión, la justicia y el sueño de ser un pueblo próspero.
A algunos de ellos les arrebataron 10 hectáreas, pero el comprador siembra 12 o más y sólo les deja 8 hectáreas o menos para rentar y poder mal comer. A otros más les compraron a conveniencia donde se le hizo bueno al rico y les negoció a cambio de tierra con otro ejidatario, pero todos esos arreglos se hicieron sólo de palabra.
Por otra parte, las instituciones de atención a los indígenas han destrozado la infraestructura de servicios básicos. Y a la gente que sobrevive del jornal campesino no le queda ni tiempo ni dinero para organizarse; menos, para iniciar la búsqueda de justicia. Además, si confía a las autoridades agrarias, sólo les hacen dar vueltas llevando copias y más copias de sus documentos y papeles sin resultado alguno. Se termina la administración ejidal cada 3 años y, al llegar otros, hay que iniciar el proceso de nuevo. Mientras tanto, como la planta en tierra pobre, las familias se reproducen con presteza, pues el mundo se acaba para ellos antes que el de los yoris (hombre blanco), ellos tienen la tierra, el dinero y las influencias para comprar a las instituciones y apoyar el despojo de quienes conocen el secreto de la supervivencia humana: los pueblos y comunidades indígenas y sus congregaciones, llámese grupos de gente o ejidos.
La geografía que tenemos la dicha de habitar y vivir como in kaari (mi casa), que en la cultura mestiza se conoce como “hábitat” o nuestro territorio, en general ayudó al yoreme a subsistir y más que eso a persistir hasta nuestros días.
Myrna Valencia Banda*/Primera parte
*Educadora y concejala del Concejo Indígena de Gobierno por parte del pueblo yoreme-mayo de Cohuirimpo, Sonora
ZACATECAS, Zac., (apro).- Representantes de pueblos y comunidades indígenas y de organizaciones civiles defensoras del agua y territorio de ocho estados se reunieron el fin de semana en el ejido El Potrero del municipio de Jiménez del Teúl para respaldar la lucha del Movimiento en defensa del territorio y Río Atenco en contra del proyecto de la presa Milpillas, impulsado por los gobiernos federal y estatal.
El Río Atenco sería represado, proyecto que es impulsado por el gobierno del estado “que ha utilizado como su principal estrategia la creación de conflictos” lo que ha dividido a comunidades y familias en las localidades impactadas por el proyecto de la presa Milpillas que se pretende imponer, denunciaron.
En el “Primer encuentro de pueblos afectados por el modelo extractivo en Zacatecas”, participaron también representantes de organizaciones de otros países que expresaron su apoyo al movimiento, mismo que ha sido criminalizado con denuncias del gobierno del estado en contra de defensoras y hostigamiento a investigadoras del Observatorio de conflictos mineros de Zacatecas, como la maestra universitaria Grecia Rodríguez Navarro, quien ha asesorado a los ejidatarios que impugnan el proyecto.
Incluso, el Mecanismo federal remitió al gobierno del estado un oficio para solicitar medidas para resguardar la integridad de la académica Rodríguez Navarro, las cuales no se han aplicado.
“Conocer la experiencia de otras partes del país y de Latinoamérica nos confirma que en Zacatecas también estamos enfrentando un modelo extractivo depredador, que para decepción nuestra está siendo fomentado por los gobiernos federal, estatal y municipal, quienes de manera sumisa y servil han decidido abandonar a los pueblos para entregar nuestra tierra y nuestros recursos naturales a empresarios privados de capitales nacionales y extranjeros”, señalaron en el pronunciamiento conjunto que emitieron al concluir el encuentro.
Además, sostuvieron que la presa Milpillas en Jiménez del Teúl “es inviable e innecesaria”, además de que represar el río Atenco “contaminaría el agua y devastaría los ecosistemas de la cuenca”.
En el encuentro se escucharon historias de lucha en contra de diversos megaproyectos como presas, hidroeléctricas, gasoductos, plantas de cianuro, minas y acueductos en comunidades de Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Durango, Puebla, Jalisco y Guerrero.
“No a la Presa Milpillas” se leyó en diversos carteles y mantas que colgaron los participantes alrededor del foro.
En el diálogo sobre el movimiento opositor a la presa Milpillas intervinieron ejidatarios y habitantes de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe, Corrales, La Lagunita de Mezquite Blanco, Carretas, Las Bocas, Las Palmas, así como de la cabecera municipal de Jiménez del Teúl.
También integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Comité Salvemos Temalcapulín, Acasijo y Palmarejo contra la Presa del Zapotillo, Frente popular en defensa del Soconusco en Chiapas, Frente unido de pueblos de la Laguna en defensa de la vida y del territorio, así como estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otras.
· Denuncian la situación de violencia en contra de sus comunidades por parte de grupos delictivos y caciques solapados por los malos gobiernos.
· Solicitan acopio de alimentos y medicinas para contrarrestar el asedio narcoparamilitar que se vive en comunidades aledañas a Chilapa.
Colectivo Grieta, Ciudad de México, 8 de junio 2019.
El pasado 23 de mayo a plena luz del día, cuando regresaban a sus comunidades después de asistir a una reunión en Chilpancingo, Guerrero, fueron secuestrados en las cercanías de la cabecera municipal de Chilapa, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, integrantes de la Policía Comunitaria de las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán. De acuerdo con el comunicado firmado conjuntamente por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Bartolo Hilario fungía como comandante de la Policía Comunitaria y tanto él como Isaías Xanteco eran promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG–EZ) y miembros del CNI. El 24 de mayo, un día después de haber sido privados de su libertad, sus cuerpos fueron hallados descuartizados.
El “artero crimen” de estos dos indígenas nahuas, viene a sumarse al del concejal del CIG-CNI, José Lucio Bartolo Faustino y del delegado del CNI, Modesto Verales Sebastián, ocurridos el pasado 5 de mayo de 2019. Ellos también fueron interceptados en el camino de regreso a sus comunidades cerca de Chilapa. No hay detenidos por ninguno de estos crímenes. La impunidad es parte de la cruda realidad de esta zona de Guerrero y de una buena parte del territorio nacional.
Los integrantes de esta organización indígena, que también articula a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) en la Montaña Baja de Guerrero, acudieron el sábado 8 de junio del 2019 al Rincón Zapatista del DF para denunciar los ataques en contra de luchadores sociales en Guerrero, integrantes de organizaciones indígenas que luchan por la autonomía y la situación actual de violencia extrema a la que están siendo sujetos.
Los compañeros del CIPOG-EZ explicaron el contexto en el cual se da este ataque a las comunidades organizadas en la Montaña Baja que se encuentran sitiadas en estos momentos por sicarios que forman parte de distintos grupos delincuenciales que a su vez están al servicio de los caciques y políticos de la zona.
Explicaron que su lucha como CIPOG–EZ tiene una larga trayectoria: entre 1989 a 1992 se organizaron para luchar contra los megaproyectos que Salinas de Gortari intentó imponer en territorios nahuas del Alto Balsas. En su momento formaron parte del Consejo Guerrerense de 500 años de Resistencia. Años después, articulados con los pueblos fundadores de la CRAC-PC, fundaron su Casa de Justicia en el municipio de Chilapa, con el objetivo de ofrecer seguridad en esta región nahua, asi como “de luchar por la vida y promover su respeto”. A la par de estos procesos internos el CIPOG-EZ ha caminado desde sus inicios junto al Congreso Nacional Indígena y muchos de sus miembros más jóvenes han crecido en este caminar.
A partir del nacimiento de la Casa de Justicia, las agresiones en su contra se han incrementado por distintas vías. Lo que es parte de lo que ellos denominaron la “ingeniería de guerra”, que implica desde las múltiples estrategias que los malos gobiernos usan para dividir a las comunidades organizadas, como la constante fabricación de delitos en contra de sus autoridades y policía comunitaria. Por la vía judicial, denuncian que “la Fiscalía del estado fabricó perversamente 67 órdenes de aprensión contra igual número de indígenas”. En un estado donde la delincuencia goza de total impunidad, las autoridades locales detuvieron a 8 indígenas del CIPOG-EZ, siete mujeres y un hombre, de los cuales éste continúa preso. Los compañeros explicaron que “los delitos que tenían eran de ser consecuentes, de no traicionar a sus pueblos. Si luchas por defender los acuerdos de la asamblea en tu pueblo eres criminalizado.”
Además de esto la maquinaria de guerra se ha desplegado en su contra con toda la violencia posible durante los últimos dos meses. Pero ellos explican que esta saña lleva un mensaje claro. Explicaron que ellos entienden que el ataque a los miembros de su organización ocurre en la carretera principal porque el objetivo es provocar. Además,
a su parecer, se ha ido acelerando el siguiente mensaje: “Si luchas apareces embolsado, descuartizado”.
“Estamos de luto pero estamos luchando por que los sueños de nuestros compañeros no queden en el camino”, afirmaron.
“A estos últimos cuatro compañeros nos los arrebataron los grupos criminales porque en vida no se doblegaron, fueron firmes en sus principios y defendieron a su pueblo y el territorio indígena.” Y recuerdan que sus “hermanos asesinados, en su momento, promovieron asambleas en las que, acta en mano, se dijo no al PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) y demás programas de certificación de tierras que buscaban cambiar el estatus de sus tierras y convertirlas en mercancía”.
Habría que mencionar que la lucha por defender el territorio en Guerrero es muy actual, pues existen al menos 70 concesiones mineras vigentes que el gobierno federal ha autorizado. “Estamos entendiendo que no sólo es Guerrero: en todo el mundo están apoderándose de las tierras mediante el saqueo y la destrucción de los pueblos”. Para los pueblos originarios del CIPOG-EZ es claro que existe una alianza entre el gran capital con caciques, políticos y el crimen organizado. Explican con claridad y sin el menor ápice de duda que los distintos niveles de gobierno utilizan a los grupos delincuenciales (es decir, narcoparamilitares) para “destruir las iniciativas de los pueblos” quienes han luchado para procurarse seguridad y justicia en un territorio donde la muerte y impunidad caminan mano a mano.
“La inseguridad significa dinero” para estas bandas delictivas las cuales están conformadas generalmente por los peones de los caciques regionales. Los integrantes del CIPOG-EZ denuncian lo que es un secreto a voces no sólo en la región o en el país: que los grupos delincuenciales como los Ardillos, los Rojos, etc. son auspiciados y protegidos por presidentes municipales y diputados locales, algunos de ellos familiares de los líderes criminales. Eso explica que cuando algunos de los integrantes del crimen son detenidos, “desde el Estado no se imparte justicia y prontamente son liberados”.
Parte de esta guerra también se da a través del cerco informativo al que están sujetos y explicaron que buscan espacios donde denunciar las verdaderas causas de la violencia en su contra: a saber, la negativa por parte de la comunidades a que entren programan de privatización de tierras comunales que rompan el tejido comunitario y conviertan a la tierra en propiedad.
Los compañeros explicaron que el propósito de estos “asesinatos viles” en contra de los pueblos indígenas es desplazar a las comunidades originarias para tener control del territorio y así poder llevar a cabo los negocios que resulten convenientes al gran capital trasnacional: minas, presas, tala de árboles, o siembra de la mercancía que resulte más redituable para los señores del dinero.
Explicaron también que el gobierno del estado ve una amenaza en la organización de los pueblos y en sus sistemas de procuración de justicia, que, en la práctica, demuestra que no se necesita de los malos gobernantes y su burocracia.
En la comunidades integrantes de la Casa de Justicia ubicada en el municipio de Chilapa, la policía Comunitaria ha logrado erradicar el secuestro, el robo de ganado, las violaciones, los asesinatos. Es cuando salen de estas comunidades que conforman el CIPOG-EZ, que el peligro se hace presente.
Denunciaron que los medios de paga hablan de Guerrero como un territorio en el que sólo existe la violencia pero que eso es una visión que no está completa: “Donde gobiernan nuestros pueblos no hay violencia, hay regiones donde se lucha por respetar la vida. Por eso luchamos, por el respeto a la vida… Queremos parar esa guerra. Mientras no haya acuerdo entre los “patrones” de arriba, necesitamos hacer el llamado para que haya respeto a la vida. No más proyectos de muerte. No puede haber más muerte. Queremos promover la cultura de la paz”.
También dijeron claramente lo que muchos otros pueblos organizados han venido reafirmando con el paso del tiempo: “Es un error que las cosas pueden cambiar desde arriba: las cosas van a cambiar cuando los pueblos nos organicemos desde abajo”.
También dijeron que en la gran ciudad también han encontrado “el corazón de la gente de abajo” por lo que lanzaban un llamado a romper el cerco que se ha puesto a su alrededor. La gente de sus comunidades sale a la cabecera municipal de Chilapa para comprar alimentos y para cubrir sus necesidades básicas. Con el asedio reciente, salir de sus comunidades implica correr el riesgo de ser asesinados.
Por eso solicitaron el envío de alimentos no perecederos (maíz, aceite, arroz, frijol, sardinas, atún, café, chiles en lata), papel de baño, pañales, medicamentos, cobijas, colchones, o aportaciones en moneda nacional. El acopio se está reuniendo en el local de UNÍOS, ubicado en la calle de Dr. Carmona y Valle 32, colonia Doctores (de 10 a 14 hrs. y 17 a 19hrs).
“(…) ya estamos cansados de tantas arbitrariedades por parte de la CFE, ya estamos cansados de que ellos nomás se arreglan con los presidentes municipales en turno y no pasa nada, se hacen de la vista gorda y que sigan contaminando nuestro mar, nuestra comunidad y que sigan matándonos de cáncer” Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar / Sinembargo
Habitantes de Petatalco, en el municipio de la Unión, Guerrero, denunciaron que gracias a las emisiones de la termoeléctrica, propiedad de la CFE, 40 personas han enfermado de cáncer; entre ellos menores de edad.
La Unión, Guerrero, 12 de junio (El Sur).– Vecinos de la comunidad Petatalco, municipio de La Unión, demandaron que los tres niveles de gobierno intervengan ante la contaminación de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dijeron que están cansados de respirar a diario las cenizas que emiten sus chimeneas y los patios de ceniza.
Informaron que en lo que va del año 40 personas enfermaron de cáncer, entre ellos menores de edad a los que les han diagnosticado tumores.
En nombre de los habitantes de esta comunidad el señor Juan Ramos Peralta denunció que el lunes en el interior de la termoeléctrica, “lavaron las calderas, toda el agua con los químicos con los que las lavaron la arrojaron de manera directa al mar por el canal de salida, era un agua completamente de color marrón y el olor picaba la nariz, nosotros suponemos que era ácido u otros químicos que echan directamente al mar, eso a los pescadores les afecta porque matan toda la fauna marina que está a cuando menos unos 10 kilómetros en nuestro litoral”.
Ramos dijo que el lunes desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, “todo el pueblo de Petacalco estuvimos respirando cenizas porque se reventó un soporte de la banda transportadora de cenizas, y el aire estuvo arrojándolas hacia la comunidad. Aunque las cenizas las respiramos todos los días, las 24 horas porque las chimeneas no tienen filtros, no hay un control ni un manejo adecuado de este desecho en los patios que incluso están a un lado de la barda de la escuela secundaria de nuestra comunidad”.
Agregó que el llamado a las autoridades es urgente porque “la gente se está enfermando de cáncer en los pulmones, cáncer en el cerebro, les están saliendo tumores
porque todo lo que estamos respirando es aire contaminado, en lo que va de este año hay 40 personas enfermas de algún tipo de cáncer no sólo aquí en Petacalco, también en San Francisco y en El Naranjito, la gente se está muriendo por la contaminación de la termoeléctrica, es una gran mentira que digan que la Comisión es una empresa socialmente responsable”.
Enseguida se dolió de que “los pescadores sólo se preocupan por el bienestar económico y piden ayuda y proyectos para ellos, pero Petacalco es una comunidad en la que vivimos 2 mil habitantes, muchos son niños y están enfermos de cáncer, algunos de las vías respiratorias, la situación es grave, es delicada y a ninguna autoridad parece importarle, nosotros estamos haciendo este llamado urgente porque ayer lunes vivimos una contingencia ambiental, no se veía absolutamente nada de tanta ceniza y eso el gobierno ni la CFE tienen interés en solucionar”.
Agregó que en la comunidad se están preparando para que en cuanto se dé el cambio en la Comisaría municipal, “nos vamos a empezar a movilizar como pueblo, porque ya estamos cansados de tantas arbitrariedades por parte de la CFE, ya estamos cansados de que ellos nomás se arreglan con los presidentes municipales en turno y no pasa nada, se hacen de la vista gorda y que sigan contaminando nuestro mar, nuestra comunidad y que sigan matándonos de cáncer, ¿qué espera el gobierno para actuar?, nosotros le hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República para que ya se pare esta masacre que la CFE está haciendo, tanto al medio ambiente como a nosotros los habitantes de Petacalco y las comunidades cercanas a la termoeléctrica”.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR.
Tehuacán, Pue.- Pobladores de la junta auxiliar de San Nicolás Tetitzintla exigen que se cancelen los permisos para evitar la instalación de la tienda Walmart, debido a que se cometería un ecocidio ante la tala de unos 250 árboles y una afectación en la zona de recarga.
Durante los acercamientos con la población han buscado convencer a la gente que la instalación de la tienda comercial les favorecería porque acortaría la distancia a los sitios de adquisición de bienes y consumibles, además de haber un aumento en la plusvalía de la zona, hecho que algunos han visto para bien y otros más se oponen.
El biológico que se aplica a niños de uno y seis años no se tiene desde finales de mayo
Julissa Félix / El Debate
Guasave, Sinaloa.- Desde finales de mayo de este año el personal de Enfermería de la Secretaría de Salud dejó de aplicar el biológico contra el sarampión porque no se tiene en existencia. Son madres de familia de menores de 1 año y de 6 quienes hicieron saber que durante las jornadas de vacunaciones que realiza el personal casa por casa se omitieron las vacunas a los infantes porque no contaban con las dosis y en reiteradas ocasiones se les ha dicho que aún no llega.
Recomendación
Pese a que durante la última capacitación “Enfermedades preventivas por vacunas” en el Centro Cultural, al personal médico de Salud Municipal y la SSA, José Pérez, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Centro de Salud Urbano y coordinador de Epidemiología de la Dirección Municipal, detalló que un afectado puede contagiar el virus a 18 personas, y resaltó la importancia de la aplicación de la vacuna y que se debe gestionar para que se tenga disponible en las unidades de salud por el bienestar de la salud pública.
nte el faltante se buscó hacer contacto con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, José Guadalupe Espinoza Madrid, quien no se encontraba en su oficina y vía telefónica explicó que se encontraba en una reunión y no podía hablar al respecto.
Ayer se hizo contacto pero argumentó que se encontraba en Culiacán y que preguntaría cuándo llegaría el biológico, sin dar mayor detalle, pese a que se indagó si era una escasez generalizada o falta de gestión, pero dijo que investigaría al respecto y no dio respuesta alguna. Pasadas las 19:30 horas indicó que se encontraba en Culiacán y que sería el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien daría información en relación con dicho tema.
En al menos 18 entidades del país, los servicios forenses están en crisis. La falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos ha derivado en el apilamiento de más de 26 mil cuerpos y miles de fragmentos óseos sin identificar. Las familias de desaparecidos son las que pagan: se someten a muestras de ADN que terminan en archivos muertos
¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido?
Sara Uribe
“A mi hija la busco en el mundo de los vivos, de los muertos, en todos lados. A donde me dicen [que puede estar] ahí voy. La verdad, duele no…”, a Manuel Ramírez se le quiebra la voz y, al tiempo, se le humedecen los ojos; respira hondo y, después de un breve momento de flaqueza, continúa: “duele no dar con [el paradero de] mi hija. De pronto me canso, me siento mal, frustrado. Siento que le he fallado a mi esposa por no encontrar a nuestra hija; eso me llena de dolor, me siento mal conmigo mismo. Pero sólo Dios dirá cuándo encontraremos a mi hija”.
Para él y su familia, las primeras horas de no saber nada de Mónica Alejandrina se convirtieron en días, meses, luego en años: 15 años de llevar a cuestas el dolor de su ausencia y de la infructuosa búsqueda que, irremediablemente, se ha topado con autoridades insensibles, burócratas que nada hacen por encontrar a Mónica y a los miles de desaparecidos de este país, unas 45 mil personas en esa condición.
Al momento de su desaparición, ocurrida en las inmediaciones de la estación de metro Martín Carrera en 2004, Mónica estudiaba psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus vecinos Jesús Martín Contreras Hernández y Marlon Gaona Espinoza fueron encontrados culpables de estos hechos y sentenciados a prisión, pero del destino de la joven estudiante no se ha sabido más.
El mundo de los muertos que visita don Manuel con la esperanza de encontrar aunque sea los restos de Mónica es el mismo al que acuden centenas de familiares de desaparecidos: los servicios médicos forenses que apilan miles de restos humanos, muchos de los cuales acaban en fosas comunes sin dar oportunidad a sus seres queridos de despedirse, de enterrarlos o incinerarlos y así buscar resignación.
Grace Fernández considera que es muy posible que alguno de los 26 mil cuerpos sin identificar en México sea el de su hermano, Dan Jeremeel Fernández, quien fue desaparecido por militares en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008 y a quien ha buscado a lo largo de la República durante más de 10 años.
“Las estadísticas y la experiencia dicen que las personas desaparecidas podrían estar en alguno de los servicios médico forenses [Semefos] del país. Todos los cuerpos sin identificar tienen nombre, apellido y una familia que los busca”, explica en entrevista la joven.
En México existen 60 servicios forenses que dependen de las fiscalías y procuradurías estatales; una revisión hemerográfica hecha por Contralínea revela que al menos en 18 entidades están colapsados o presentan anomalías (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz).
Cuando alguien sufre la desaparición de un ser querido acude al área de identificación de esas instalaciones, que albergan los registros de personas fallecidas no identificadas.
Para Grace Fernández –una de las fundadoras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)– el derecho humano a la identidad es fundamental, y por ello es necesario dar nombre a los miles de cuerpos y de fragmentos óseos sin identificar, garantizar un trato digno y devolverlos con sus familias: no merecen el trato denigrante que les dan en los Semefos por la sobresaturación.
Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad jurídica. Para el caso mexicano, la Secretaría de Gobernación (Segob) refiere que “el derecho a la identidad constituye la base mediante la cual se puede acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible.
Crisis humanitaria
La crisis de los servicios médicos forenses está ligada al contexto violento que, desde hace más de 1 década, sufre México, con un promedio actual de 80 personas asesinadas al día, muchas de las cuales terminan en las también llamadas morgues.
Esa crisis ya nadie la niega: Alejandro Encinas Rodríguez –subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob– reconoció que el saldo actual de la tragedia es de 40 mil personas desaparecidas, más de 1 mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar. La declaración la hizo el 4 de febrero pasado, durante la presentación del plan de instrumentación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
También en el ámbito internacional se sabe de esta compleja situación. Son “miles de cuerpos y decenas de miles de fragmentos [óseos] sin identificar y sin que se puedan realizar las acciones mínimas indispensables para su identificación”, denunció Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por medio de una carta enviada en mayo pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El defensor internacional agregó que los servicios públicos mexicanos en materia forense están rebasados en tres sentidos: por el volumen de trabajo que enfrentan; por las condiciones materiales para la realización de sus tareas; y por las capacidades técnicas que se necesitan.
En entrevista con Contralínea, Jesús Peña –representante adjunto de la ONU-DH en el país– señala que el gobierno mexicano ya aceptó que el sistema forense está en crisis. Agrega que la autoridad “ha expresado la voluntad de construir con las familias una solución. Qué bueno que el trabajo que venían haciendo las organizaciones de la sociedad civil ha llevado a un reconocimiento. Esperamos que a la mayor brevedad se concreten acciones que permitan superar la actual situación”.
Desesperada, Grace Fernández señala: “Desde 2006 existen estas violaciones graves a los derechos humanos [asesinatos y desapariciones masivas], y en 12 años no han tenido la capacidad de fortalecer las instituciones [forenses]. ¿Cuánto tiempo más creen que es necesario para fortalecerlas? Tengo 10 años buscando a mi hermano”.
Luego de la desaparición de Dan Jeremeel, la joven –de profesión contadora pública– se volvió activista y se sumó a las decenas de familias organizadas en Coahuila en las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, que se fundó ante la ola de desapariciones que ocasionó en esa entidad la supuesta “guerra” contra el narcotráfico que declaró en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón.
No obstante la crisis de derechos humanos, las cifras de desaparecidos no se han actualizado desde abril de 2018, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejó de encargarse del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del fuero común y del fuero federal, y comenzó a corresponderle el registro a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, cuya titular actual es Karla Quintana Osuna. Sin embargo, se calcula que son alrededor de 45 mil víctimas.
“Guerra” contra el narcotráfico, detonante de la violencia actual
La “guerra” contra el narcotráfico fue el detonante de la violencia que se vive actualmente en México, porque “no fue una guerra contra el narco sino contra la gente, fue un ejercicio de legitimación ante la ilegitimidad que tuvo en las urnas Felipe Calderón”, señala la senadora Antares Guadalupe Vázquez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
En este contexto de violencia, el representante adjunto de ONU-DH, Jesús Peña, señala que en México se han cometido múltiples atropellos: “se han violado el derecho humano a la integridad física; el derecho a la vida cuando hablamos de homicidios y de tortura; el derecho a la justicia, donde la experticia forense es un elemento clave tanto para determinar la ocurrencia de la violación como para poder investigar e identificar a los responsables; el derecho de la sociedad a la verdad, a conocer qué sucede en el país”.
Por su parte, la legisladora morenista Antares Vázquez señala que el derecho a la verdad “es ese derecho de los familiares que están buscando a sus hijos, padres, abuelos, a veces por años y que no saben en dónde están, qué les pasó; ¿cómo se encuentra paz si no se sabe en dónde está el familiar?”
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador –5 de diciembre de 2018 a 3 de junio de 2019– se han registrado 14 mil 133 homicidios dolosos en el país, refiere el Informe de seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad.
Aunado a lo anterior, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran que entre 2007 y 2016 murieron de manera violenta 304 mil 889 personas; y registros oficiales y de la prensa refieren que en 2017 la cifra superó los 29 mil asesinatos y, en 2018, llegó a 34 mil.
Decenas de miles de esos cuerpos se apilan en los servicios forenses de México. Es inhumano el tratamiento de los cuerpos y restos mortales en México, señala la senadora Antares Guadalupe. Lo menos que una persona merece es un trato humano en la muerte, tener un paradero final como se destine en la familia: incinerado, sepultado, como sea, pero que la familia encuentre paz en el reposo final del familiar”.
Las familias observan que ese trato inhumano no sólo es de los servicios forenses, sino también de otras autoridades que no se coordinan para revertir la crisis. Al respecto, Grace Fernández critica que el fiscal de la República, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, andan cada quien por su lado. “La que está más cerca es la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas y su equipo, pero aún es poco”.
La activista, que desde hace 2 años abandonó su empleo para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de su hermano, agrega: “si uno de los engranajes no se mueve, todo truena”. Por ello, indica, “lo que esperamos del gobierno actual es honestidad y la capacidad de reconocer si no sabe cómo proceder, lo cual no hicieron los gobiernos anteriores, que se dedicaron a negar, minimizar y criminalizar a las víctimas por no tener la capacidad”.
Para la senadora Antares Vázquez, en este rubro “se requiere de un trabajo profundo porque hay cambios culturales que se tienen que hacer, y se debe tener voluntad política que ahora sí hay”.
“Nunca nos han tratado mal ¡pero no investigan!”
Adela Alvarado, quien junto con su esposo Manuel Ramírez busca desde diciembre de 2004 a su hija Mónica Alejandrina, explica que en los servicios médico forenses del Estado de México les han tomado varias pruebas genéticas porque, según les dicen, la ciencia avanza y se requieren muestras nuevas.
“Nunca nos han tratado mal, incluso en las reuniones que tenemos con los ministerios públicos y en las mesas de trabajo nos atienden bien, nos dan un café, un dulce… ¡Pero no investigan! Yo no quiero me que abracen, que me den un beso, que me den café, que me ofrezcan agua… ¡quiero que investiguen! Ése es el sistema del PRI [Partido Revolucionario Institucional], que te da palmaditas, te dicen: ‘pásele, siéntese, qué quiere: agua, un bocadillo. A eso se reduce todo y eso no es lo que queremos”.
Según Jaime Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en los Semefos de esa entidad hay 3 mil 275 cuerpos sin identificar (Excélsior, “Hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar; datos de fiscalías y Semefos”, 11 de octubre de 2018).
Esa cifra podría ser superior, pues sólo de enero a abril de 2019 se han registrado 1 mil 196 homicidios en el Estado de México, indica el reporte Incidencia delictiva del fuero común 2019, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Manuel Ramírez explica que antes no existía orden en los Semefos de esa entidad. “Ahora ya zonificaron por áreas. Cuando desapareció mi hija estaban dispersos. Antes íbamos a Texcoco, Amecameca, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla”.
Problema crónico
La senadora Antares Vázquez señala que hay un problema crónico en los servicios forenses del país. Y recuerda que cuando estudiaba medicina y pasaba por el Semefo de la Ciudad de México, ubicado en Niños Héroes, el hedor a muerto era intolerable e, incluso, asegura que los fluidos de los cuerpos podían observarse.
“No estábamos en la crisis actual, el Semefo estaba rebasado en cuanto a que no había refrigeradores. Todo lo que ha tenido que ver con servicios periciales ha sido descuidado en este país, lo que impide el acceso a la justicia para la gente porque se quedan impunes las situaciones.”
Según uno de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) –que solicitó el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa– asegura que ya no hay ese tipo de problemas porque, a diferencia de lo que ocurre en otros estados, el Incifo cuenta con un departamento de identificación que alberga un archivo “bastante grande en relación con todos los cadáveres que ingresan sin identificar y tiene el espacio suficiente para los cuerpos que surgen [sic] a diario en las alcaldías”.
Sin embargo, el padre de Mónica Alejandrina refiere que en el Incifo no se puede acceder a los registros forenses. “Sólo toman nuestros datos pero no nos permiten entrar, nos dicen que si hay algo nos llaman. No nos dejan acceder a los libros, a las imágenes; dicen que son muy fuertes, pero nosotros lo vemos en todas partes: soy médico y lo puedo soportar”.
El 22 de mayo pasado, la doctora en derecho Zoraida García Castillo –coordinadora de la carrera en ciencias forenses de la UNAM– señaló que los problemas de los Semefos son estructurales por lo que hay que reconocerlo y corregirlo.
En el acto oficial de la disculpa pública a la familia de Lesvy Berlín Rivera, la investigadora indicó que se deben formar expertos con perspectiva de respeto a los derechos humanos. “Los servicios forenses necesitan atención, apoyo, mejores sueldos, más personal, infraestructura moderna y recursos para trabajar, pero sobre todo necesitan coordinarse entre sí y con el Ministerio Público. Es momento de reflexionar en eso”.
Los colectivos de familiares y defensores de derechos humanos hacen su parte: están en el campo, buscando, destapando fosas, subsidiando el trabajo del Estado mexicano, advierte Grace Fernández. Entonces, “¿por qué el Estado no lo hace, no quiere, no puede, no le conviene? ¿Por qué los colectivos son los que están llenando los Semefos con restos? ¿Qué falta, que también nos metamos a la identificación de ADN? ¿Qué tomemos el trabajo de los Semefos y hagamos autopsias? ¿Qué más quiere el Estado que nosotros hagamos?”
El camino de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
Cuando Grace Fernández y su mamá comenzaron la búsqueda de Dan Jeremeel, los familiares de las víctimas no estaban organizados: por falta de respuesta de las autoridades, los caminos de personas, colectivos y organizaciones de diferentes partes del país coincidieron. Ahora luchan juntos por justicia.
“Comprendimos que íbamos a tener más fuerza juntos. Aunque hay muchas más organizaciones, Serapaz y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios ayudaron a coordinar y a acercar a los colectivos; así comenzamos a tener más incidencia con las familias para hacer el insumo de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.”
La Ley General fue construida en el Senado por tres partes negociadoras: la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación –con el entonces subsecretario Roberto Campa– y el equipo técnico (abogados y familias) del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“Con la Comisión había acercamiento, pero no le dieron recursos; entonces no hubo forma de que avanzáramos más allá. A final de cuentas, si no hay recursos que fortalezcan esa voluntad no va a ver avance”, expresa Grace.
Adela Álvarez, quien busca a su hija Mónica Alejandrina y también es integrante del MNDM, explica que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido más interacción que con la anterior administración.
Para Adela, no todo lo que se hizo en el pasado está mal. Ejemplo de ello, dice, es la propia ley en materia de desaparición forzada. Sin embargo, señala: “De qué sirve que tengas un instrumento legal si no tienes una voluntad política y financiera para llevarlo a la práctica. Al actual gobierno le dijimos lo que podíamos recuperar con la intención de no querer iniciar de cero, porque eso es deslegitimar el esfuerzo de las familias”
La senadora Antares Guadalupe Vázquez observa que en administraciones anteriores la impartición de justicia se desdeñó: hay un “rezago pavoroso” en este ámbito. En cuanto a la crisis forense, expresa que debido a la impunidad y falta de justicia, “en los servicios periciales del país ha imperado la corrupción”.
Necesario, mecanismo extraordinario de identificación forense
Por la urgencia de identificación de cuerpos y restos óseos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México demandó al Estado mexicano la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Kingston, Jamaica.
En el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, el Movimiento participó en la audiencia “Las desapariciones forzadas y la propuesta del mecanismo extraordinario de identificación forense en México”, en la que recomendó un órgano especial, con independencia técnica y administrativa, recursos propios, apoyo internacional técnico y financiero, a fin de abordar la problemática forense en materia de identificación de personas.
“Estamos pidiendo que sea un mecanismo extraordinario porque la violencia y las muertes no han bajado, lo que quiere decir que los servicios forenses siguen recibiendo cuerpos. El sistema forense está ahogado y no va a haber forma de que caminen en la identificación. Lo que decimos es que pidan ayuda internacional, que sea diferente a lo que se tiene en el sistema de procuración de justicia en los servicios periciales, porque no confiamos en la institución”, dice en entrevista Grace Fernández.
Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de 2019 se han registrado 14 mil 620 homicidios a nivel nacional, lo que se traduce en 121 asesinatos al día. A lo anterior se deben sumar las muertes por otras causas que en algunos casos también implican a los servicios forenses, como accidentes, decesos naturales o por enfermedad.
El mecanismo de identificación forense es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, quien ha instado al Estado mexicano para que en éste participen las familias, organizaciones civiles e instituciones académicas, con procedimientos de evaluación de calidad del trabajo, transparencia y rendición de cuentas, y que la información forense contribuya a la identificación y a las investigaciones.
Jesús Peña, representante adjunto en México de ONU-DH, dice en entrevista que si bien se le han dado distintos nombres a ese mecanismo, todas las propuestas “apuntan a un tipo de asistencia técnica que permita atender la situación de emergencia forense actual, y que permita identificar cadáveres y restos óseos”.
Grace Fernández comenta que el MNDM tiene una alianza estratégica con el Encuentro Forense (un grupo integrado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, antropólogos mexicanos y la Cruz Roja Internacional), con quienes han realizado diagnósticos sobre el sistema mexicano. Actualmente trabajan en la propuesta del mecanismo extraordinario, a la vez que se discute con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Todavía les cuesta entender [a los funcionarios del gobierno federal]: reconocen que hay una necesidad urgente de identificación [de cuerpos], pero al mecanismo extraordinario dicen no. Le quieren apostar al Instituto Nacional Forense. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en crearlo si va a requerir del apoyo, colaboración y coordinación de los estados que no han querido invertir por años en esto?”, se pregunta la integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
Desconfianza en los servicios periciales del país
La desconfianza en los servicios periciales del país ha orillado a las familias de desaparecidos a exigir peritajes independientes. “Que [los peritos] no tengan quién les diga qué decir y den certeza a las familias”, comenta Fernández.
Asimismo señala: “La mayoría de los financiamientos independientes son llevados a cabo por las organizaciones. No es que no confiemos en el trabajo del perito, en quien no confiamos es en la institución que representa, no confiamos en que tengan autonomía técnica”.
Para Manuel Ramírez, padre de Mónica Alejandrina, es desesperante no encontrar a las personas vivas o sus cuerpos: los pocos que sí se llegan a localizar es gracias al trabajo de las familias, organizaciones y colectivos que realizan las búsquedas con sus propios recursos; no obstante, cuando se hayan restos no hay recursos públicos para poder aplicar pruebas de ADN e identificar los cadáveres.
Una de las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es financiar peritajes independientes, sin embargo, Grace Fernández comenta que son pocos los que se han pagado “porque la Comisión pone trabas y trabaja más para no dar que para ver cómo ayuda”.
La Fiscalía General de Puebla realizó un operativo con más de 10 agentes armados para buscar al activista Sergio Rivera, víctima de desaparición forzada 10 meses después…en su propia casa.
#Video graba el momento en el que con violencia ingresaron en su domicilio como si buscaran a un criminal y no a una víctima.
Familiares, amigos y testigos del juicio han recibido intimidaciones y amenazas.
A casi 10 meses de la desaparición del defensor indígena del medioambiente Sergio Rivera ocurrida el pasado 23 de agosto en la comunidad indígena de Coyolapa, en el municipio de Zoquitlán, Puebla, la Fiscalía General del Estado de Puebla ordenó una orden de cateo para “buscar al activista” al interior de su propio domicilio.
Autoridades de la Fiscalía armaron un operativo para cumplimentar la orden de cateo solicitada por la propia Fiscalía a partir de una información irregular de un agente policial que en un informe señaló que “había visto a Sergio conviviendo con sus hijos y escondiendose en ese domicilio”.
Con armas largas los agentes policiales rompieron puertas y cerraduras para ingresar violentamente al domicilio como si buscaran a un delincuente y no a una víctima de desaparición forzada, a pesar de que hasta el momento se desconoce el paradero de Sergio ya hay 3 personas detenidas y procesadas por el crímen sin que ninguna de ellas haya informado sobre el destino del activista indígena.
Mientras la Fiscalía de Puebla realiza este tipo de operativos de “búsqueda” se ha negado a realizar verdaderas acciones de búsqueda en la región donde el activista fue desaparecido, y a la par, algunas personas que han sido testigos en el juicio han recibido diversas amenazas y actos de intimidación, entre ellas la propia esposa del activista Consuelo Carrillo y sus cinco hijos así como amigos y compañeros de lucha de Rivera Hernández.
Los planes de imponer en la Sierra Negra de Puebla, la construcción del sistema hidroeléctrico (hidroeléctrica) Coyolapa-Atzala impulsada por Grupo Ferrominero de México (Minera Autlán) no han parado, lo cual representaría el entubamiento y contaminación de importantes mantos acuíferos y la destrucción de más de 9000 hectáreas de Selva, en plena crisis medioambiental mundial.
Sergio Rivera Hernández encabezaba en la comunidad de Coyolapa y en otras comunidades vecinas un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y para impedir este grave atropello a los derechos de las personas que habitan en ese contexto, a raíz de su desaparición se ha evidenciado el modo en el que la minera Autlán ha propiciado un esquema de división en las comunidades y la corrupción con las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto.
Los gobiernos de la zona han utilizado la propia infraestructura y al personal del de estos municipios para favorecer los intereses de la minera, incluso, han conformado un grupo armado para intimidar y amenazar a las personas que se oponen a la Minería, y así mantener el control, estos sicarios ya había amenazado y secuestrado previamente a su desaparición a Sergio Rivera.
Reporteros Hoy IM
Mérida, Yucatán, 11 de junio de 2019 (ACOM).- Trabajadores del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) tomaron las instalaciones de esta dependencia como medida de protesta ante el accionar del actual director general, Kirbey Herrera Chab, a quien acusan de malas prácticas en contra de los empleados sindicalizados.
Al respecto, Jaime Gómez Castillo, secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación de los Adultos, explicó que desde principios de la actual administración, varios trabajadores de confianza y contrato fueron despedidos, aunque refirió que posteriormente, Herrera Chab inició una campaña en contra de los trabajadores sindicales.
Entre otras cosas, dijo que suele dejarlos sin laborar o no les asigna tareas, además de que se ha encargado de generarles una mala imagen, lo que afecta a los 171 trabajadores afiliados a este sindicato.
Asimismo, denunció que recientemente se despidió a una trabajadora sindicalizada de manera injustificada, medida que generó el descontento en los demás empleados, quienes ayer se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, para externarle la situación, aunque no fueron atendidos.
Es por ello que se efectuó la clausura de las instalaciones de la dependencia, hasta que alguna autoridad tome en cuenta sus peticiones.
Jaime Gómez refirió que el sindicato sólo busca una mesa de diálogo para externar la inconformidad de los trabajadores, además de que se elaboró un pliego petitorio que entre otras cosas, plantea que no haya acoso ni hostigamiento contra los trabajadores, la reinstalación de la persona despedida y que se respete la dignidad de los empleados, pues aseguró que el director, Kirbey Herrera, no lo hace.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 77.1 por ciento realiza actividades no permitidas por la ley.
MONTERREY.- En Nuevo León, la tasa de ocupación de la población de niños de entre 5 y 17 años es de 5.4 por ciento en ambos géneros, y del total de niños “ocupados”, el 77.1 por ciento realizan actividades no permitidas por la ley al no cumplir la edad mínima, ponen en riesgo sus salud y desarrollo o se trata de jornadas excesivas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer datos sobre el trabajo infantil en Nuevo León, ya que este miércoles 12 de junio se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. En la información enviada, el Instituto detalló que, además, el 42.5 por ciento de los menores que trabajan, no asisten a la escuela.
Añadió que, en total, 62 mil 14 niñas y niños realizan alguna actividad económica, y del total de menores ocupados, el 58.2 por ciento son niños y el 41.8 por ciento son niñas. Esto representa una tasa de 6.3 ocupados por cada 100 niños, y 4.6 ocupadas por cada 100 niñas.
El Inegi denunció además que existen menores que se encuentran ocupados en actividades definidas como “no permitidas” según la Ley Federal del Trabajo. En concreto, de los menores de 5 a 17 años ocupados, ocho de cada 100 o el 77.1 por ciento realizan actividades no permitidas.
Esto significa que la entidad tiene una tasa de ocupación no permitida de la población de menores de edad de 4.2 por cada 100 niñas y niños; la cifra es mayor para los niños que para las niñas; de 5.6 por cada 100 niños y 2.8 por cada 100 niñas.
Cabe señalar que la regulación indica que niños de 5 a 11 años no deberían realizar ningún tipo de actividad laboral; de 12 a 14 años solo deben realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud o desarrollo y no impidan su asistencia escolar, y los mayores de 14 años pueden tener un trabajo regular, pero no con actividades y condiciones consideradas como trabajo peligroso.
Cabe señalar también que del total de los niños que trabajan en la entidad, el 42.5 por ciento no asiste a la escuela, lo que el Inegi consideró como evidencia de la relación de ocupación-inasistencia, pues el 95.7 por ciento del total sí asiste, y 4.3 por ciento no asiste.
Aunado a esto, ocho de cada 10, o 77.1 por ciento realizan actividades no permitidas; el 42.5 por ciento tiene una ocupación no permitida en servicios, el 33.3 por ciento en comercio y 8.7 por ciento en el sector de la construcción. En menor representación, se encuentran sectores como el de la industria manufacturera, con 8 por ciento, y el agropecuario con 6.6 por cien.
Soldados, acompañados de estatales, destruyen chapas de las puertas, rompen vidrios de una ventana, avientan bombas de humo y catean vivienda de una familia que públicamente denunció que fueron amenazados de muerte y despojados de dinero, celulares y joyas
REDACCIÓN/ LA VERDAD
Ciudad Juárez – De madruga y sin orden de cateo, militares acompañados por policías estatales, irrumpieron en una vivienda habitada por un matrimonio, dos hijos y una hija, su nuera y dos nietos, quienes dormían en ese momento.
Los soldados destruyeron el cerrojo de la malla del inmueble, las chapas de los accesos principales de la casa, rompieron vidrios de una ventana y aventaron bombas de humo para ingresar, denunciaron los afectados.
Batallaron para entrar, para abrir la puerta, nosotros le decíamos que qué buscaban, si traían orden de cateo, dice la madre de familia, una mujer de 44 años cuya identidad se omite por seguridad.
De acuerdo con los testimonios, los hechos se registraron cerca de la una de la mañana de este martes, en una vivienda ubicada en la calle María Martínez, en la colonia Felipe Ángeles, en un sector que los residentes llaman la bloquera, porque colinda con una fábrica de bloques para construcción.
Video: Cortesía
Los soldados, acompañados de agentes estatales, llegaron en un convoy integrado por dos unidades militares, una de ellas fue identificada con el número 009, y una patrulla estatal, con el número 018. De la otra unidad de la Sedena no alcanzaron a tomar el número. Aseguran que eran como unos 20 elementos, en su mayoría militares.
Destrozaron las chapas de las puertas con pinzas y a golpes, con una herramienta de fierro, “se metieron a la fuerza”, dice el jefe de la familia, quien asegura que los militares también los despojaron de tres celulares, de 40 mil pesos y joyería.
El hombre comentó que, durante el allanamiento, los militares les decían que recibieron una denuncia de que en esa casa tenían un secuestrado.
“Somos una familia, les decíamos, pero les valió” dice el padre de familia.
La mujer asegura que, al ingresar, unos militares aventaron a sus hijos, yerno y esposo al piso, dándoles cachetadas, a ella y a su hija las arrinconaron mientras otros cateaban la vivienda.
“No se apiadaron ni de los niños” dice la mujer al referirse a sus dos nietos, de 8 meses y tres años.
Revolcaron todo, la ropa sucia, la de los cajones, los colchones y movieron todos los muebles, dice la mujer mientras muestra cómo quedó el interior de su vivienda, las puertas golpeadas y la huella de la explosión de una bomba de humo, que pintó de azul y negro una parte de una pared exterior.
Vivienda que allanaron militares, ubicada en el norponiente de Ciudad Juárez Fotografía: La Verdad
‘Decían que nos iban a matar’
“Tenemos miedo… nos decían que nos iban a matar”, dice la madre de familia.
Dice que al lugar se acercaron también dos patrullas de la policía municipal, pero los militares los corrieron cuando fueron advertidos por los agentes que no era correcto lo que estaban haciendo.
Tras el incidente la familia abandonó su hogar. Este martes, durante el día regresaron solo a cerrar con bloques las ventanas y poner chapas nuevas para asegurar el inmueble.
“No vamos a estar aquí, al menos no hasta que podamos bardear todo”, dice el padre de familia.
Un militar es captado por una cámara de seguridad en el interior de la vivienda
COMMENTS
Soldados, acompañados de estatales, destruyen chapas de las puertas, rompen vidrios de una ventana, avientan bombas de humo y catean vivienda de una familia que públicamente denunció que fueron amenazados de muerte y despojados de dinero, celulares y joyas
La Verdad
Ciudad Juárez – De madruga y sin orden de cateo, militares acompañados por policías estatales, irrumpieron en una vivienda habitada por un matrimonio, dos hijos y una hija, su nuera y dos nietos, quienes dormían en ese momento.
Los soldados destruyeron el cerrojo de la malla del inmueble, las chapas de los accesos principales de la casa, rompieron vidrios de una ventana y aventaron bombas de humo para ingresar, denunciaron los afectados.
Batallaron para entrar, para abrir la puerta, nosotros le decíamos que qué buscaban, si traían orden de cateo, dice la madre de familia, una mujer de 44 años cuya identidad se omite por seguridad.
De acuerdo con los testimonios, los hechos se registraron cerca de la una de la mañana de este martes, en una vivienda ubicada en la calle María Martínez, en la colonia Felipe Ángeles, en un sector que los residentes llaman la bloquera, porque colinda con una fábrica de bloques para construcción.
Video: Cortesía
Los soldados, acompañados de agentes estatales, llegaron en un convoy integrado por dos unidades militares, una de ellas fue identificada con el número 009, y una patrulla estatal, con el número 018. De la otra unidad de la Sedena no alcanzaron a tomar el número. Aseguran que eran como unos 20 elementos, en su mayoría militares.
Destrozaron las chapas de las puertas con pinzas y a golpes, con una herramienta de fierro, “se metieron a la fuerza”, dice el jefe de la familia, quien asegura que los militares también los despojaron de tres celulares, de 40 mil pesos y joyería.
El hombre comentó que, durante el allanamiento, los militares les decían que recibieron una denuncia de que en esa casa tenían un secuestrado.
“Somos una familia, les decíamos, pero les valió” dice el padre de familia.
La mujer asegura que, al ingresar, unos militares aventaron a sus hijos, yerno y esposo al piso, dándoles cachetadas, a ella y a su hija las arrinconaron mientras otros cateaban la vivienda.
“No se apiadaron ni de los niños” dice la mujer al referirse a sus dos nietos, de 8 meses y tres años.
Revolcaron todo, la ropa sucia, la de los cajones, los colchones y movieron todos los muebles, dice la mujer mientras muestra cómo quedó el interior de su vivienda, las puertas golpeadas y la huella de la explosión de una bomba de humo, que pintó de azul y negro una parte de una pared exterior.
Vivienda que allanaron militares, ubicada en el norponiente de Ciudad Juárez
Fotografía: La Verdad
‘Decían que nos iban a matar’
“Tenemos miedo… nos decían que nos iban a matar”, dice la madre de familia.
Dice que al lugar se acercaron también dos patrullas de la policía municipal, pero los militares los corrieron cuando fueron advertidos por los agentes que no era correcto lo que estaban haciendo.
Tras el incidente la familia abandonó su hogar. Este martes, durante el día regresaron solo a cerrar con bloques las ventanas y poner chapas nuevas para asegurar el inmueble.
Leer Más: Exige Conavim a El Diario de Juárez disculpa pública para maestra violentada
“No vamos a estar aquí, al menos no hasta que podamos bardear todo”, dice el padre de familia.
Un militar es captado por una cámara de seguridad en el interior de la vivienda
“Tenemos miedo de que vuelvan a venir” reitera la mujer que hasta la tarde de ayer aún no se decidía a presentar denuncia ante las autoridades por el allanamiento de los militares.
La familia asegura que nunca habían visto por ahí a los soldados patrullar.
Aunque la presencia de militares en acciones de seguridad pública en Ciudad Juárez se retomó a mediados de febrero, cuando el gobierno federal activó aquí la estrategia de zonas prioritarias, como parte del plan de combate a la inseguridad para 17 regiones.
Videos, testimonio del allanamiento
A la casa en la que irrumpieron los militares se llega por calles de tierra invadidas por montones de escombros, en el norponiente de la ciudad.
En ese lugar habita la familia desde hace cuatro años, en un inmueble de dos recamaras, una sala-comedor y dos baños. En el segundo piso hay un cuatro a medio construir. Todos esos espacios fueron registrados por los militares, denunciaron
La familia comenzó a grabar en video a los soldados desde que ingresaron al patio de la vivienda, luego a través de la ventana de su cocina, donde quebraron los vidrios y en algunos momentos mientras cateaban el inmueble, que también contaba con una cámara de seguridad en el exterior donde quedó grabada la presencia de los efectivos del Ejército en el lugar.
Video: Cortesía
Al darse cuenta de que los grababan les pidieron desbloquear los aparatos para borrar las imágenes, como los integrantes de las familias dicen que se negaron se los arrebataron y se llevaron tres celulares. Sin embargo, otros quedaron en poder de la familia con imágenes del allanamiento de los militares.
En uno de los videos se aprecia como un militar apunta a través del vidrio que quebraron de la ventana de la cocina mientras el padre de familia narra: “aquí los oficiales se quieren meter, no sé por qué, aquí estoy grabando en vivo, se quieren meter… están rompiendo los vidrios, están rompiendo todo”.
También se escucha cuando el soldado le dice a través de la ventana “salgan, salgan, salgan”, mientras se escuchan golpes y luego se ven a dos militares pegándole a la puerta principal con un fierro y se escucha el grito de “dejen entrar”.
Los hechos también quedaron grabados en videos de vecinos del lugar y parientes de la familia que llegaron al recibir llamado de lo que estaba ocurriendo y algunas de esas imágenes se compartieron en Facebook.
(apro). – Tras sostener una reunión entre autoridades locales con el Gabinete Nacional de Seguridad en Casa Jalisco, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que, en la primera semana de julio, arribarán 3 mil 600 elementos de la Guardia Nacional a la entidad.
Además, en el encuentro se habló que el Modelo Metropolitano de Seguridad, que conlleva la Policía Metropolitana, será respaldado por el gobierno de Andrés López Obrador, con la entrega de recursos del Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) y del FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), y estará en coordinación con la Guardia Nacional.
Los recursos serían empleados para la compra de equipamiento; sin embargo, Alfonso Durazo no supo a cuánto ascendería el presupuesto que se le daría a Jalisco mediante esos dos programas.
Durazo recordó que la Guardia Nacional se dedicará a combatir todos los delitos que más afectan a la población como son los robos a casa habitación, a transeúntes, a vehículos, así como asaltos a vehículos en carreteras, secuestros y extorsión.
Por su parte, el coordinador de la comandancia de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio explicó que, en Jalisco, como un estado prioritario, habrá ocho coordinaciones regionales –de las 150 del país–, en cada una habrá 450 elementos, en una primera etapa, hasta llegar en 2021 a 7 mil 600 policías.
Las coordinaciones regionales se dividen de la siguiente manera: uno, Mascota y Puerto Vallarta; dos, Ameca; tres, La Barca, Lagos de Moreno y Tepatitlán; cuatro, Colotlán; cinco, Zapopan y Tequila; seis, Guadalajara; siete Zapotlán el Grande y Autlán de Navarro; ocho, Jocotepec, Tlajomulco de Zúñiga, y Tonalá.
En tanto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mencionó que también se propuso una mesa especial para el tema de tala clandestina, la redistribución de los elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el área metropolitana de Guadalajara, y los espacios que se les entregará para que tengan su sede.
El mandatario estatal detalló que la Policía Metropolitana “permanece como un modelo de coordinación estatal y municipal, pero con un esquema de coordinación directo con el modelo de seguridad nacional y particularmente, la Junta de Gobierno tendrá un asiento para la Guardia Nacional”.
“Si no hay necesidad de subir arriba (a Estados Unidos) no lo haría, si encuentro oportunidades de trabajo para mí, aquí me quedo”, Omar Gutiérrez
Monterrey.- El acuerdo del pasado viernes entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos para controlar el flujo de migrantes centroamericanos, trae consigo un problema para ciudades cercanas a la frontera norte, incluyendo Monterrey.
La presión que ejerció el presidente Donald Trump de incrementar el 5 por ciento de los aranceles a las importaciones mexicana, recibió como respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el compromiso de ejercer mayor control migratorio.
Tras ese pacto, ABC Noticias hizo un recorrido por algunas calles de la ciudad durante los últimos días, y destaca que la presencia centroamericana es notoria.
Al platicar con algunos de ellos, el común denominador es la siguiente postura: si no hay posibilidad de avanzar hacia Estados Unidos, lo mejor es permanecer en la capital regia.
“Si no hay necesidad de subir arriba (a Estados Unidos) no lo haría, si encuentro oportunidades de trabajo para mí, aquí me quedo. Es mejor estar aquí en México porque es el mismo idioma y no hay tanto peligro”, indicó Omar Gutierrez, quien salió hace 22 días de El Paraíso, Honduras.
“Estaría bueno quedarse aquí, somos personas jaladoras y de vez en cuando encontramos trabajo aquí. Si tuviera la oportunidad de quedarme lo haría”, menciona Brandon Flores, migrante salvadoreño que lleva un mes viajando y una semana viviendo en Monterrey.
Tan solo en el Albergue Casa Indi se estima que a diario acuden 320 migrantes, (250 hombres y 70 mujeres), los mismos que regularmente durante el día están en los cruceros para pedir dinero a los automovilistas.
Pero la cifra puede ir en aumento después del acuerdo binacional entre los gobiernos mexicano y estadounidense, situación que ya prevén estos albergues.
“Es un derecho al humano (apoyo al migrante). Ahora (los gobiernos) deben ser conscientes de las estrategias que se van a tener que considerar para que estas personas tengan los beneficios que se les brinda de una manera sencilla. Todos tienen derecho al trabajo”, expresó Edith Ovalle, coordinadora de Casa Indi.
El sacerdote José Manuel Guerrero, “El Padre Chema”, indicó que los cuatro albergues para migrantes que administra la Iglesia Católica ya son insuficientes.
La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre posibles violaciones a derechos humanos derivadas de las detenciones masivas en México. AI pidió a sus seguidores enviar comunicaciones a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para pedirle que evite las detenciones.
“Estas tácticas de mano dura vienen a sumarse a una serie de respuestas cada vez más duras a las miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México en las últimas semanas”.
Mayo registró un total de 248 delitos de abuso de autoridad, mientras que el bimestre correspondiente a marzo-abril sólo tuvo 235.
Durante el mes de mayo del año en curso, el delito de abuso de autoridad tuvo un alza del 140.77 por ciento con respecto al mes de abril, y alcanzó su cuarta cifra más alta en la historia del estado de Nuevo León.
De acuerdo con las estadísticas de la incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el quinto mes del 2019, se tuvieron 248 delitos de abuso de autoridad.
Mientras que, señala la fuente oficial, en los 30 días de abril la cantidad de denuncias por este delito fue de 103.
Cabe destacar, además, que el mes de mayo tuvo 13 delitos más de este tipo que los dos meses previos de manera conjunta, luego de que marzo cerrara con 132 y abril con 103, para un acumulado en el bimestre previo de 235.
Otro dato interesante es que en mayo fue la primera vez en este año en que se pasó la cifra de 200 abusos de autoridad.
Los meses de enero y febrero concluyeron con 176 y 174 denuncias, respectivamente, mientras que en marzo y abril, las citadas cantidades de 132 y 103 delitos en cada uno de esos periodos mensuales.
Por otra parte, mayo del 2019 se ubicó como cuarto lugar histórico en abusos de autoridad, solo por debajo de diciembre del 2017, con 301 casos; de noviembre del 2018, con 264; y de octubre del 2018, con 258.
Mientras que en este mes de mayo se alcanzó, por décima ocasión, en la historia de Nuevo León, un mes con doscientas o más denuncias por abuso de autoridad.
Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Canaco, solicitó al municipio que continúe con el retiro de los vendedores, ya que aún hay mil 744 comerciantes informales en la ciudad.
Al considerar que han logrando bajar los números de vendedores informales en el primer cuadro de la ciudad, la Canaco Monterrey pidió al municipio regio que continúe con los operativos para removerlos.
Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Canaco Monterrey, reveló que de diciembre a la fecha, gracias a los operativos realizados por el municipio, se pasó de 2207 a mil 74 comerciantes informales en el primer cuadro de la ciudad.
Esto, de acuerdo a cifras que la misma cámara recaba mes con mes como parte de sus labores para combatir el comercio informal.
“Reconocemos que el municipio ha emprendido un esfuerzo por limpiar las calles del centro, pero no ha terminado. Nosotros estamos pregonando desde hace mucho tiempo sobre la importancia de combatir el comercio informal porque eso hace un daño a todo el comercio y a la comunidad.
“Lo que queremos es que continúe, que no se detenga en su plan. Sí ha disminuido, pero no es suficiente. El censo que tenemos nos marca mil 74 comerciantes informales, y es una cifra que todavía es muy alta. Queremos que siga el alcalde limpiando el primer cuadro de la ciudad y que no regrese”, argumentó.
El también empresario comerciante aseguró que no esperan que el problema de comercio informal desaparezca por completo de las calles del área metropolitana, pero sí que se encuentre una manera de poder integrarlos y trabajar de manera en conjunta.
Agustín del Castillo / El Diario NTR, 10 de Junio de 2019
La destrucción ambiental propiciada por la sustitución de bosque por huertas de aguacate, fenómeno al alza en el sur de Jalisco y que ha traído destrucción de diversidad biológica, pérdida de suelos fértiles, sobreexplotación de agua de comunidades rurales y desastres como el alud del 2 de junio en San Gabriel, empezará a ser un factor de discusión en contra por parte de los introductores del fruto domesticado en Mesoamérica en los tiempos precolombinos hacia el mercado europeo, altamente sensible a esos efectos.
Fuentes ligadas a la comercialización en Jalisco aseguran a El Diario NTR Guadalajara que hay argumentos que se harán pesar sobre todo por el problema de pérdida de sumideros de carbono. Investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) arrojan datos preocupantes: un huerto de aguacate captura menos de la cuarta parte de carbono que un bosque de Pinus douglasiana. El aguacate deja muchas divisas, pero no es una respuesta al desafío del cambio climático (ver Impactos ambientales y socioeconómicos del cambio de uso del suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán, documento de Inifap).
Esta temática es recurrente en productos agrícolas de exportación. El reproche a los productores mexicanos es tanto por sus impactos ambientales no internalizados, caso del aguacate, como el dumping laboral: el empleo de mano de obra barata de indígenas del sureste y de Centroamérica en cultivos de hortalizas, especialmente el jitomate.
MENOS EFICIENCIA. Un huerto de aguacate captura menos carbono que un bosque. (Foto: Especial)
PROBLEMÁTICA MAYOR
Esto tiene que ver con el espíritu de los tratados comerciales firmados por el país en las últimas décadas.
“La protección al medio ambiente tiene un carácter multidisciplinar, lo que motiva que sean diversos los ordenamientos jurídicos de protección al mismo, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Desde luego, el derecho comercial internacional refleja esta preocupación por la protección medioambiental y de ahí el surgimiento de conceptos, todavía en discusión y formación conceptual, como el denominado ‘dumping ecológico’ o ‘eco dumping’ (…) en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte existe la preocupación de que las disposiciones relativas a inversión, dentro del tratado se conviertan en ‘armas estratégicas’ para aquellas empresas que busquen evadir las disposiciones ambientales locales”, señala Óscar Cruz Barney, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cita disposiciones del TLC, firmado en 1993, entre Estados Unidos, Canadá y México: “el capítulo 11, en su artículo 1114, establece en materia de medidas relativas al medio ambiente: 1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como impedimento para que una parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida, por lo demás compatible con este capítulo, que se considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. 2. Las partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna parte debería renunciar o derogar dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio. Si una parte estima que otra parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra parte, y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole”
El dumping ecológico “tendría lugar cuando los costos de operación resultado de la regulación ambiental se asumen en distinto grado en el interior de dos economías que comercian entre sí. El país con una regulación más permisiva contará con una ventaja en los costes que trasladará a los precios. El argumento del dumping ecológico reside en que esa diferencia de precios es desleal y distorsiona el comercio”, tal como han reclamado respecto a Michoacán los productores de aguacate de California, pues Jalisco no exporta aún a Estados Unidos (ver texto completo en http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex121/BMD000012102.pdf).
Las consecuencias
La producción ilegal de aguacate, aquella que sustituye bosques, acarrea los siguientes problemas
Destrucción de diversidad biológica
Pérdida de suelos fértiles
Sobreexplotación de agua de comunidades rurales
Desastres
Piden que se respete el incremento salarial anual y la adición de los tres puntos porcentuales para trabajadores del Estado que perciben menos de 10,000 pesos, anunciado por el presidente.
La mañana de este lunes, trabajadores de base de la Secretaría de Cultura, integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), cerraron las instalaciones de la sede de la dependencia, en Paseo de la Reforma, para exigir un incremento salarial y evidenciar que son quienes perciben los salarios más bajos del personal de base de cualquier secretaría de Estado.
En entrevista para El Economista, Ángeles Medina González, colegiada general ejecutiva del SNDTSC, declaró que se demanda “el incremento salarial que, año con año, se negocia en esta secretaría de gobierno y que este año, las autoridades de la dependencia nos han avisado que solamente se va a incrementar en un 3.34% del salario, sin incremento a prestaciones. Ese incremento de salario es el más bajo que hemos tenido desde que éramos Conaculta. Incluso no habíamos tenido un incremento tan bajo en la historia del Conaculta y de esta secretaría”.
“Pedimos que se haga válido el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el incremento a los trabajadores al servicio del Estado que cobran menos de 10,000 pesos mensuales. Nosotros somos parte esos trabajadores. Él dijo que sería la inflación más tres puntos porcentuales. Cuando lo anunció, el presidente dijo que ya había girado instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, lo que dicen en Hacienda es que no tienen ninguna instrucción del presidente”.
Se exige, agregó, que se establezca una mesa con autoridades de la SHCP, de la Secretaría de Gobernación, como representación de la Presidencia, y con el enlace administrativo de la Secretaría de Cultura.
Apuntó que en la Secretaría de Cultura laboran 1,484 trabajadores de base que están dentro de las sede en Reforma, además de los órganos desconcentrados, como los son Radio Educación y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
Los manifestantes mostraron un recibo de percepciones salariales del personal de base de la dependencia con el menor salario, el cual llega a los 3,186.04 pesos quincenales netos.
“Se tiene ya planteada una semana de movilizaciones, no solo en el edificio sino en los demás centro de trabajo que también forman parte de esta secretaría. La idea es que nos respondan respecto al incremento salarial, que, reitero, es el más bajo que hemos tenido”, declaró.
De inmediato, los líderes del cuantioso grupo reunido a la entrada de la Secretaría de Cultura, sin permitir el ingreso de ninguna persona, se posicionaron públicamente e instaron a los reunidos a cerrar de manera intermitente el Paseo de la Reforma hasta ser atendidos por las autoridades antes mencionadas.
Con la consigna “¡Fuera Frausto!”, en alusión a la secretaria de Cultura federal, realizaron el cierre, primero, en el carril central de dicha avenida, con dirección al poniente y, posteriormente, cerraron tramo en la dirección opuesta, únicamente dejando libres los carriles laterales.
Aunado a esto, la semana pasada, los trabajadores no sindicalizados de la Secretaría de Cultura, los llamados de confianza, se manifestaron de la misma manera en exigencia de prestaciones adquiridas que la presente administración no ha reconocido y sobre los cuales este diario ha venido informando.
El edificio permanecerá cerrado el resto del día. Los trabajadores apostados sobre Reforma realizarán cierres intermitentes a la avenida hasta que sus peticiones sean atendidas.
Aguas de Saltillo es una empresa paramunicipal del Republicano Ayuntamiento de Saltillo, por más que ellos se sientan incómodos con este arreglo, y gusten de actuar como que sólo responden a su matriz en la madre patria, Aguas de Barcelona. La presencia de esta entidad en territorio coahuilense se debe a la insistencia de quien fuera alcalde de la capital del estado, Oscar Pimentel González, quien ahora la gira de director del Instituto Municipal de Planeación, en espera de que las cosas se pongan a tono para lanzarse otra vez sobre la candidatura del PRI a la presidencia municipal.
La mera existencia de Aguas de Saltillo es un contrasentido, muy parecido a querer mezclar el agua con el aceite. Tan sencillo como que el SIMAS, Sistema Municipal de Agua de Saltillo, JAPAS, y sus antecesores, entidades de carácter público, tenían un solo objetivo, que era el de brindar los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, en cambio el esperpento llegado desde Cataluña persigue un objetivo muy distinto, la generación de utilidades para los accionistas de la empresa madre, en una segunda, el generar ganancias para la empresa local, de las que en el manoteo contable, algo ha de ser para el Ayuntamiento, y algo para el mejoramiento de la operación de la compañía.
Sí, sí, los empresarios desde siempre han justificado su presencia en la administración pública aduciendo que son mucho más eficientes que lo que jamás logrará ser el gobierno, pero esto en sí mismo es una falacia, porque al no perseguir la obtención de ganancias, cualquier trabajo emprendido por el gobierno necesariamente será más barato que el de una compañía privada. Que el gobierno sea, o haya sido en el pasado muy ineficiente, ah eso es otra cosa, ¿Pero, nos van a decir que la paramunicipal de Saltillo y todas las empresas de capital mixto no tienen también un uso político? desde luego que sí, su sola continuidad y permanencia a la hora de la revisión de las concesiones depende de esto.
Lo que pasa es que se rodean de un aura de eficiencia que a las dependencias públicas les ha faltado, ocupadas como siempre están de parecer que están al servicio del pueblo.
En cuanto que Aguas de Saltillo genera ganancias, y si estas están adecuadamente administradas, de ellas debería derivarse un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución, la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento, y particularmente la adecuación al crecimiento de la demanda y de su interacción en una mancha urbana que no para de crecer. Esto viene a cuento porque hace algunos días se dio a conocer que Aguas de Saltillo había solicitado un préstamo por sesenta millones de pesos, mismos que, luego se explicó, serían utilizados para hacer un retendido de la línea de abastecimiento en el sur de la ciudad, obra que se hace indispensable, según dicen, para que la población no se vea afectada por las obras de ampliación de la carretera Saltillo Zacatecas.
Acá entre nos, a nosotros nos pareció que sesenta millones de pesos por abrir una zanja y meter tubo de pvc, de cemento o hasta de bronce con costura de oro, era demasiado dinero. Pero bueno, queremos suponer que dentro de la plantilla de personal de Aguas de Saltillo hay ingenieros que pasaron la materia de precios unitarios, como para hacer el planteamiento adecuado. Sí, nos surgió la duda de si AGSAL no tenía entre sus ahorros y su guardado sesenta millones de pesos de entre lo que le cobra a los saltillenses por agua, contratos, recontrataciones, multas y sus tracaladas con los medidores, pero bueno, allí sí que no creemos que los diputados se hayan tomado la molestia de echarle una mirada a su estado de resultados, como para ver porqué estaban pidiendo para algo que debería poder cubrirse con el flujo de efectivo normal, pero en eso se parecen a los bancos que otorgan tarjetas de crédito como si fueran barajitas. Hasta allí todo más o menos normal, que no es decir correcto.
Pero de repente el domingo salió una nota que nos pareció verdaderamente preocupante, por sí misma y por lo que revela de pasada de la movida de Aguas de Saltillo: el “centro SCT”, comunicaba, sin dar a conocer las razones porqué, el diferimiento en el proceso de licitación de un tramo de la carretera Saltillo Zacatecas, la cual debió llevarse a cabo el pasado día 29 de mayo, y se mandó para quien sabe cuándo, para lo cual se mandará aviso… repetimos, grave de por sí, porque no es posible que esa carretera que debería unir con eficiencia las capitales de Coahuila y Zacatecas se esté tardando tantas décadas, avanzando cuando avanza, a paso de tortuga, y cuando no, pues peor. Imagínese, el tramo en cuestión es de menos de dos kilómetros, ¿así cuando vamos a acabar?, pero tienen importancia capital por tener el objetivo de aligerar el tránsito en la entrada al valle de Derramadero y su zona industrial.
Ahora lo bueno, las propuestas económicas de las compañías interesadas en hacerse del contrato de obra, iban de los treinta millones de pesos, la más barata, a los cuarenta y nueve millones la más cara, y entre estas dos, otras siete. Hace mucho que pasaron los tiempos en que un kilómetro de carretera costaba un millón de pesos, hoy ya ve, cuesta entre quince y veinticinco, dependiendo, y lo importante ¿Es posible comparar en lo técnico, en lo operativo, en lo que usted quiera, una obra de treinta centímetros de ancho por un metro o dos de profundidad, con el movimiento de tierras necesario para hacer un cuerpo de carretera asfaltada de dos carriles más sus acotamientos? la primera es la que dice Aguas de Saltillo que requiere hacer, y la segunda es lo de la carretera. Ahora sí que a la hora de hacer presupuestos de obra cada quien se rasca de acuerdo a lo que considera sus posibilidades de obtener el contrato, y el préstamo: lo de AGSAL cuesta, costaría, costará el doble que la opción más barata del tramo carretero y un veinte por ciento más que la opción más cara, así nomás.
Fíjese que curioso, la obra grande, gruesa, la que incluso debe contemplar por fuerza drenajes pluviales, puentes sobre arroyos y otras obras relacionadas con el agua, cuesta mucho menos dinero que lo que los “especialistas” de AGSAL calculan, o dicen que calculan que cuesta mover su línea de abastecimiento, que hacen aparecer como justificación como si fuera más grande que el sistema Cutzamala que abastece la ciudad de México, y que en este desierto no pasa de ser un chisguete de ¿Qué, veinte pulgadas?, tenga por seguro que en la maniobra va incluida la ganancia de Aguas de Saltillo y Aguas de Barcelona, por una obra que urge auditar, porque no vale ni de relajo lo que están cotizando por ella.
Los casi 50 extrabajadores fueron despedidos en el 2016 ante el cambio de administración, ahora exigen el finiquito que no han recibido
Marco A. Rodríguez
TEPEHUANES, Dgo. (OEM).- El lunes amaneció con la Presidencia Municipal tomada por extrabajadores que exigen el pago de su indemnización.
Esta acción inició a las ocho de la mañana con la presencia de entre 30 y 40 personas que a través de pancartas mostraron su inconformidad contra el alcalde Enrique Corral López, en los letreros se podían leer frases como, “nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”.
También, “exijo mi finiquito”, ” cuando los de abajo se mueven los de arriba caen” se puede leer en los carteles colocados sobre la puerta principal del edificio municipal.
Cabe mencionar, que en esta acción tomaron parte trabajadores que fueron despedidos al iniciar la presente administración municipal, es decir en el año 2016, así como personas despedidas luego de la jornada electoral del día dos de junio, en la cual contendió y perdió el presidente municipal Corral López.
“Queremos que la Junta de Coordinación y Arbitraje de la ciudad de Durango de respuesta a la demanda interpuesta, queremos que las autoridades correspondientes nos ayuden y se haga justicia ante los despidos injustificados”, mencionaron algunos de los ex trabajadores.
Yucatán a la Mano
Tras la denuncia que realizó por medio de redes sociales una estudiante de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en la cual acusaba a un profesor de haberla acosado, un grupo de jóvenes realiza una marcha en apoyo a la alumna.
Con pancartas y una manta que dice “universidades libres de violencia, Uady sin acoso”, lo manifestantes llegaron hasta las puertas del plantel para mostrar su indignación por el caso.
Los jóvenes marcharon hasta el edificio central de la Uady, ubicado en el Centro de Mérida, para denunciar que hay varios casos de acoso hacía los alumnos por parte de los profesores.
Entre gritos ‘Este cuerpo no se toca’ y ‘UADY sin acoso’, estudiantes de la #Prepa1 marchan contra el caso de acoso de un maestro de la #UADY hacia una joven pic.twitter.com/U7cvW2uJzd
— Novedades Yucatán (@NovedadesYuc) 10 de junio de 2019
Foto: Archivo
Julio Santoyo Guerrero/ 10 de junio de 2019, Quadratín
La lucha por la protección de los bosques michoacanos, por ahora está perdida. Estamos condenados a perecer a manos de los ecocidas. Parece drástica esta afirmación pero hemos medido bien el alcance de lo dicho. Lo explicamos con argumentos: está perdida frente al arrasador avance de las huertas aguacateras, de frutillas y frente a las debilidades de las instituciones federales, estatales y municipales. En lo que va de 25 años nuestro estado ha perdido más de la mitad de los bosques que poseía hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, y sin embargo, ningún esfuerzo ha fructificado para recuperar ni siquiera la quinta parte de aquel patrimonio ecológico. El crecimiento del mercado internacional del aguacate, que se estima en un promedio del 20 %, seguirá ejerciendo una presión brutal sobre nuestros bosques, aguas y tierras. La pérdida de 16 mil hectáreas de bosques y pastizales en el estiaje 2019 representa crudamente el ariete de esta presión. De ellas más de 10 mil terminarán convirtiéndose en plantaciones aguacateras principalmente. Son bosques y ecosistemas que jamás retornarán, son delitos que en su mayoría no serán castigados a pesar de que la ley general del medio ambiente sea clara y las leyes estatales sean duras al respecto. El problema es que esta realidad ha rebasado a las instituciones. A las federales, que desde hace mucho tiempo claudicaron y en la práctica se entregaron a los ecocidas afanosos por el oro verde; a las estatales, que ante la magnitud del problema no tienen los recursos para frenar el tsunami aguacatero, y; a las municipales, que no obstante sus obligaciones tampoco tienen estructuras para ello, menos recursos. En algunos casos la complicidad de políticos y jueces cierra el círculo de la impunidad. Ante la devastación sorprende que hasta ahora no se haya hecho en Michoacán la declaratoria de ecocidio. En una generación más, y considerando el ritmo de destrucción medio ambiental, nuestro estado va a quedar reducido a un páramo estéril, en contraste, los capitales aguacateros estarán buscando otro nicho más rentable para la inversión. Es un mito del progresismo económico que la inversión aguacatera está generando riqueza para los michoacanos. Cierto que los indicadores macroeconómicos reconocen el protagonismo aguacatero en el PIB estatal y nacional y que su cuantía es ya mayor a la riqueza generada por Pemex. Sin embargo, según los datos que proporciona el Coneval respecto a la pobreza tenemos que en Michoacán el porcentaje de personas pobres comparadas con la prosperidad aguacatera en los años indicados en lugar de disminuir se ha incrementado: en el 2010 el 54.7% eran pobres; en 2012 lo eran el 54.4; en el 2014 el 59.2; y en el 2016 el 55.3. Con la salvedad de que la reducción de la pobreza en los años posteriores se debe a las políticas gubernamentales contra la pobreza no a la derrama aguacatera. Si revisamos los datos que proporciona el Coneval referidos a los municipios aguacateros confirmamos esa realidad. Veamos: Tancítaro, “la capital mundial del aguacate”, en 2010 tenía 62.5 % de pobreza, en 2015 bajaba a 61.2%, pero en cantidad de personas se incrementaba de 21 406 a 22 050, lo que se explica por el crecimiento demográfico. Peribán: en 2010 tenía un 56.3 % y en 2015 bajaba a un 48.9, sin embargo, el conteo de personas se incrementaba, pasaba de 14,923 pobres a 16,114. En Los Reyes, en 2010 53.7 % eran pobres, en 2015 bajaba a 52.3 %, con el mismos fenómeno que en Peribán, las personas pobres en 2010 eran 39,304 pero en 2015 aumentaba a 41,609. En Ario de Rosales, municipio de expansión literalmente criminal del aguacate, la pobreza en 2010 era de 59.1%, para 2015 se incrementaba a 59.3 %, pero en el conteo de personas evolucionó con mayor dramatismo, pasó de 21,108 a 24,161 pobres. En Salvador Escalante, municipio que alberga al contaminado lago de Zirahuen, la pobreza de 2010, estimada en 68.7% paso en 2015 a 78.7%, es decir, de 30,478 a 37,924 personas. En Tacámbaro la evolución de la pobreza fue peor, pasó de 56.9 % en 2010 a 60.2 en 2015. Con todo respeto para nuestras autoridades federales, estatales o municipales, los datos macroeconómicos a secas ocultan la otra realidad, la de la pobreza que induce el sistema aguacate cuya cadena económica extrae riqueza de manera atroz y absoluta sin que ésta alimente y dinamice las economías locales. Gran parte de la riqueza del sistema aguacate queda en manos de las comercializadoras, la mayoría extranjeras, las que fijan el precio a costa del sacrificio de ganancias de las propias plantaciones y del uso exhaustivo de las tierras y la mano de obra. La barbarie aguacatera debe ser frenada ya. Bien por las acciones legales del gobierno de Michoacán para sancionar a quienes han hecho cambio de uso de suelo. Las sanciones contra los ecocidas no deben cesar. Sin embargo, ofrecerles amnistía para regularizar las más de 100 mil hectáreas que ilegalmente le robaron al patrimonio de Michoacán, de México y del planeta, es alentarles su codicia. La pedagogía que ello conlleva es clara: quema y planta ahora que el perdón llegará después. Mejor establecer la norma de “Aguacate Ambiental y de Paz” para que este sea el medio para posicionarlo en el mercado. Ningún aguacate que proceda de bosques incendiados, de la contaminación, del acaparamiento del agua y de la delincuencia organizada, podrá tener está denominación para salir a los mercados. No debe haber perdón al ecocidio. Puede parecer extremo -no lo es si se considera el derecho humano a un medio ambiente sano establecido en el artículo cuarto constitucional- pero las 100 mil hectáreas deben ser recuperadas a su vocación boscosa. A quien sí se debe estimular es a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de bosques que con enormes sacrificios están resistiendo, desde la pobreza muchos de ellos, la embestida y el acoso de los capitales aguacateros. Efectivamente, en consecuencia con la ley general que prohíbe el cambio de uso de suelo, se deben vedar las tierras boscosas, pero indicar a estas alturas que aún hay lugar para plantaciones aguacateras creo que resultará contraproducente. La plantación de aguacate en Michoacán ya no es sustentable, la cantidad de bosques que infiltran agua no es suficiente para generar los altos volúmenes de agua que consumen. Los gobiernos no deben desestimar los datos que los académicos están proporcionando advirtiendo del riesgo ambiental que el monocultivo del aguacate está ocasionando en materia de acceso social al agua, contaminación de tierras, aniquilación de ecosistemas, exterminio de polinizadores, contribución al cambio climático, enfermedades por pesticidas y agudización de la pobreza. Por favor, escuchen, analicen y tomen decisiones correctas. No puede seguir posponiéndose, en materia legislativa, la figura del ecocidio pues el mensaje que se manda a los señores de la barbarie ambiental es que el Estado está a modo para que la destrucción continué. Quien daña al ambiente debe pagar y remediar. En Michoacán se han hecho cuantiosas fortunas realizando ecocidio pero no han pagado un centavo por la destrucción de más de 100 mil hectáreas, en cambio reciben de manera indirecta el subsidio de recursos públicos para construir hoyas, caminos, fertilizantes, etc. Las instituciones están rebasadas y deben reconstituirse para detener la barbarie ecocida. Debe romperse la visión alegre pero fatalista de que el progreso aguacatero es nuestro destino, existen alternativas productivas sustentables para el campo. Si no corregimos, “la dulce” muerte por el oro verde será el verdadero destino de Michoacán.
Los municipios afectados fueron Parácuaro, Buenavista y Aguililla
Gilbert Gil Yáñez / El Sol de Zamora, 10 de junio de 2019
Entre enero de 2016 y diciembre de 2018, en el estado de Michoacán han sido desplazadas 11 mil 590 personas en seis episodios de violencia y amenazas del crimen organizado.
Tan solo en 2016, el estado registró un solo episodio con más de 10 mil desplazados internamente. En 2017 se registraron dos hechos de violencia donde fueron desplazadas mil 350 personas.
Según el informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), “Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México”, Michoacán es de las cinco entidades en el país con mayor número de casos de este fenómeno interno o forzado masivo registrados en 2018.
El año pasado se registraron 240 personas desplazadas en tres episodios de tres distintos municipios: Parácuaro, Buenavista y Aguililla, en el primero la localidad afectada fue Antúnez y en el segundo Buenavista Tomatlán, del tercero no se especifica la comunidad.
En los tres casos, la causa de desplazamiento fue la violencia generada por grupos armados organizados, en Parácuaro se registraron 40 familias desplazadas con 168 personas afectadas, donde se incluye a menores de edad. En el episodio de los municipios de Buenavista y Aguililla se registraron 32 familias, 82 personas afectadas, de las cuales 41 pertenecían a Michoacán y las otras a municipios de Guerrero.
En el tercer episodio que se registró en Tierra Caliente, sin que el informe especifique los municipios afectados, fueron desplazados 15 familias, con 62 personas, de las cuales 31 pertenecían a Michoacán y las otras a gente de municipios de Guerrero. En ninguno de los tres episodios de 2018 se ha reportado el retorno de estas familias.
INFORME A DETALLE
Durante 2018 se registraron al menos 25 episodios de desplazamiento interno forzado en México, que afectaron a 11 mil 491 personas, de los cuales mil 437 eran niñas y niños.
Los estados afectados por este fenómeno en 2018 fueron Guerrero, con cinco mil 56 personas desplazadas; Chiapas, con cinco mil 35; Sinaloa, con 836; Oaxaca, con 300 y Michoacán con 240.
Entre enero de 2016 y diciembre de 2018, el total de personas internamente desplazadas por la fuerza ascendió a 338 mil 405 en todo el país.
Según el informe analizado por El Sol de Morelia, se destaca que 20 de los 25 episodios de 2018 fueron causados por violencia por parte de grupos armados en Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
En 17 episodios, el temor fundado ante la violencia de las organizaciones criminales fue reportado como una de las formas que originaron el desplazamiento. Éstos ocurrieron en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
En ocho episodios, los enfrentamientos armados de grupos delincuenciales entre sí o entre grupos delincuenciales y agentes del estado fueron una de las formas de violencia que dieron lugar al desplazamiento. Estos episodios ocurrieron en Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
En el informe la organización detalló que en 84% de los casos se usaron armas de fuego, en 80% se reportó que la población recibió amenazas y en 52% se indicó que casa, cultivos o negocios fueron quemados, destruidos o baleados.
Además en 32% se reportó el saqueo de viviendas, en 24% hubo extorsión o cobros de cuotas de piso, en 20% se dio con violencia el desalojo y en 16% hubo reclutamiento forzado de personas.
En 16% de los episodios de desplazamiento forzado se reportó la desaparición de personas pertenecientes a la comunidad y en 12% de los casos las comunidades ya habían sido obligadas a huir de sus viviendas en ocasiones anteriores.
AMENAZAS Y ENFRENTAMIENTOS, LAS CAUSAS
De acuerdo con el reporte, en todos los episodios de desplazamiento interno forzado en 2018 se mencionó que entre las víctimas se encontraban “familias”, lo que indica un perfil diverso de personas: mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores.
El análisis añadió que en 72% de episodios se mencionó específicamente la presencia de infantes, en 60% había mujeres, en 52% participaron adultos mayores, en 16% hubo jóvenes y en 12% participaron embarazadas.
Respecto a las causas que provocaron estos hechos, en 17 episodios el temor fundado ante la violencia de las organizaciones criminales fue una de las formas de violencia que originaron el desplazamiento, algunos de estos casos ocurrieron en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
Respecto al tipo de localidad donde tuvieron lugar los episodios de desplazamiento, se observó que el 84% ocurrió en entornos rurales, 8% en comunidades urbanas, 4% sucedió en poblaciones rurales y urbanas, mientras en otro 4% no se pudo determinar las características del lugar.
TRES CASOS EN LA ENTIDAD
Municipio: Parácuaro
Localidad: Antúnez
Fecha: 11/09/2018
Causas: Violencia generada por grupos armados organizados
Víctimas: 40 familias, 168 personas
Destino: Antúnez, Municipio de Parácuaro
Perfil de población desplazada: Familias, incluyendo menores de edad
Retorno: No reportado
Municipios: Buenavista y Aguililla
Localidades: Buenavista Tomatlán y Localidades no identificadas de Aguililla
Fecha: 19/01/2018
Causas: Violencia generada por grupos armados organizados
Víctimas: 32 familias, 41 personas
Destino: Tijuana, Baja California
Perfil de población desplazada: Familias
Retorno: No reportado
Municipios: No especificado
Localidades: No especificado
Fecha: Primera semana de marzo de 2018
Causas: Violencia generada por grupos armados organizados
Víctimas: 15 familias, 31 personas
Destino: Tijuana, Baja California
Perfil de población desplazada: Familias, incluyendo menores de edad
Las presiones económicas norteamericanas de la administración de Donald Trump han conseguido que México endurezca aún más su política migratoria y anuncie la militarización de su frontera sur. Para ello, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado a la recién creada Guardia Nacional (GN), un nuevo cuerpo militar encaminado a sustituir a las policías en labores de seguridad pública y con la facultad también de actuar como agentes migratorios.
Al mismo tiempo, el Estado mexicano ha desplegado una campaña de criminalización contra personas que se han solidarizado con los migrantes, principalmente centroamericanos, quienes desde octubre del año pasado han ingresado en caravanas para aminorar los riesgos de desaparición, secuestro y asesinato de los que son presa mientras cruzan el territorio mexicano rumbo a EEUU.
Aunado a estas acciones, el nuevo gobierno mexicano autodenominado de izquierda, se compromete a brindar refugio en la frontera norte a todas las personas migrantes que soliciten asilo a los EEUU, mientras asume su labor como policía fronteriza de los Estados Unidos… en la frontera sur de México.
Contradictorias, las políticas de México para los migrantes
El miércoles 5 de junio de 2019, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo para bloquear el paso de aproximadamente 1, 200 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras.
A sólo 12 kilómetros de la frontera con Guatemala en el poblado de Metapa de Domínguez, en el estado sureño de Chiapas, el INM acompañado por policías antimotines y militares asignados a la recién conformada Guardia Nacional bloquearon el paso de los migrantes centroamericanos.
Detención de familias centroamericanas. 5 junio 2019. Foto: Cuartoscuro
Familias completas, principalmente de Honduras, habían caminado por la carretera que ha servido como ruta para las caravanas que desde octubre del 2018 han atravesado México en su camino hacia la frontera con EEUU.
A pesar de la aparente permisividad de funcionarios mexicanos, la estrategia de castigo para los migrantes centroamericanos ha ido en aumento desde el inicio de la administración federal actual en diciembre de 2018.
Según cifras del INM, sólo en mayo de 2019 el número de migrantes detenidos ascendió a 22, 694 personas y se deportaron 15,654. Esto representa un aumento de 119 por ciento de personas deportadas cuando se compara con el registro de mayo del año 2018 y un 220 por ciento mayor que los casos ocurridos en mayo del 2017.
El operativo anti-migrante reciente se realizó al mismo tiempo en que representantes del gobierno mexicano y estadounidense mantenían negociaciones en Washington con el objetivo de evitar la imposición de aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos comprados por los mercados norteamericanos.
Dicha acción fue anunciada por la administración de Donald Trump como represalia ante la “omisión” de México para detener el flujo migratorio que atraviesa su territorio con el objetivo de alcanzar los EEUU.
Finalmente, el viernes 7 de junio ambas delegaciones anunciaron el alcance de un acuerdo mediante el cual México aplicará medidas más drásticas para detener el flujo migratorio.
No obstante el resultado de las negociaciones, medios norteamericanos afirmaron que la amenaza de Trump fue un montaje pues acciones como el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur ya se había acordado con funcionarios de EEUU desde marzo de este año.
Aunado a esta acción militar, el mismo artículo publicado en The New York Times, confirma lo que diversas fuentes periodísticas indicaron desde diciembre del 2018: “la expansión de un programa para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras continúan sus casos legales (en solicitud de asilo)”, con lo cual en la práctica México se convierte en el “tercer país seguro”, lo cual a corto plazo le obligaría a recibir aproximadamente a medio millón de refugiados.
Aunado a esta acción militar, el mismo artículo publicado en The New York Times, confirma lo que diversas fuentes periodísticas indicaron desde diciembre del 2018: “la expansión de un programa para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras continúan sus casos legales (en solicitud de asilo)”, con lo cual en la práctica México se convierte en el “tercer país seguro”, lo cual a corto plazo le obligaría a recibir aproximadamente a medio millón de refugiados.
Frontera sur de México: tortura, racismo y persecución
Apenas el pasado 31 de mayo la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por 24 organizaciones, difundió que tras el monitoreamiento de las principales rutas migratorias del sureste mexicano se confirma la agudización del enfoque de seguridad militarizada “por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”.
En su informe “La frontera sur es una tortura silenciosa”, la misión documentó la presencia de más retenes militares y recibieron denuncias de cateos en hoteles; además, denunciaron “las consecuencias que esta estrategia tiene sobre las familias que son separadas en redadas, durante la detención, liberación y deportación… incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas”.
La misión también registró que la detención migratoria llega a formas de tortura física y psicológica e incluso identificaron prácticas racistas por parte de funcionarios mexicanos.
En contexto Estadounidenses y europeos son favorecidos en México, mientras que centroamericanos son discriminados
Mientras frente a las cámaras funcionarios mexicanos defienden el flujo migratorio frente a la exigencia desde Washington por detenerla a todo costo, en las acciones desplegadas en Chiapas, el gobierno mexicano complace desde hace meses a las demandas de represión y militarización provenientes de los EEUU.
Chiapas, prioridad
Desde el 18 de mayo pasado, funcionarios del INM anunciaron la operación de la recién creada Guardia Nacional (GN) en labores de “vigilancia perimetral” en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, lo que representó la primera tarea formal de la GN en ese estado.
De acuerdo al comunicado de los funcionarios de migración, la presencia del cuerpo militar sería temporal. Pero el 20 de mayo, una centena de elementos de la Marina y la Policía Militar fuertemente armados y con equipo antimotines instaló un campamento afuera de la estación migratoria, en donde permanecen migrantes que esperan la aceptación a su petición de regularización o la deportación.
Efectivos militares establecieron un campamento desde mayo en la estación migratoria en el sur de Chiapas. Foto: Luis Castillo
Dos semanas después, el 6 de junio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció el envío de 6,000 elementos de la GN para militarizar la frontera sur de México como respuesta a las presiones económicas de la administración de Trump.
La Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) analiza que
Asi mismo, la semana pasada y durante las negociaciones entre funcionarios mexicanos y norteamericanos, trascendió la solicitud del gobierno de Chiapas al Congreso del estado para otorgar “vía donación” tres predios propiedad del estado sureño para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional.
Dichos lugares serán entregados a las secretarías de la Defensa Nacional y a la Marina para la edificación de infraestructura para apoyar las operaciones de los efectivos policiaco-militares en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, sitios claves para la coordinación regional de la Guardia Nacional en su papel anti-migratorio.
Guardia Nacional: legitimar la militarización
Aunque meses antes el gobierno federal desplegó a policías militares y navales en 150 regiones consideradas prioritarias por su índice de criminalidad, la creación de la Guardia Nacional fue un hecho consumado hasta marzo del 2019 cuando se anunciaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales para legitimar su existencia.
Con el nuevo cuerpo de formación militar el presidente mexicano “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La aprobación se realizó pese a los múltiples cuestionamientos sobre el perfil castrense que integraran la Guardia Nacional pues desde 2006 y durante las operaciones de la seguridad pública bajo el enfoque de “guerra contra el narcotráfico”, los abusos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército han incrementado y se mantienen impunes.
Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas entre 2006 y 2017 señalan que 929 personas sufrieron tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada a manos del ejército, marina y policía federal.
Ahora en 2019, las modificaciones a la Constitución incluyen un paquete de leyes secundarias propuestas por el gobierno federal para la reglamentación de la Guardia Nacional.
En estas se le otorgan un total de 45 facultades muy superiores a otras instituciones dedicadas a la seguridad pública en todo el país: Además de permitirle el uso de fuerza letal también podrán realizar investigaciones policiacas y están autorizados a operar labores de inteligencia como la intervención de telecomunicaciones; también cuidarán infraestructura estatal desde centros penitenciarios, garitas, aduanas, aeropuertos, puentes y carreteras. Además, tendrán la facultad de detener población migrante.
¿Quién conforma la Guardia Nacional?
El comandante de este cuerpo de seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio, no obstante un acuerdo previo en el Congreso mexicano para colocar a un mando civil en la Guardia Nacional, petición exigida desde diversas organizaciones sociales para legitimar la creación de la GN.
Entre otros, la Guardia Nacional contará con un Estado Mayor que incluye personajes activos bajo el perfil de la “guerra contra el narco” de los últimos 13 años. Entre ellos se encuentran Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, (Policía Federal).
En tan solo los cinco primeros meses de este 2019, el INM detuvo a 74 mil 031 migrantes, un 36% más que el año pasado, y un 105% más que en 2017, siendo abril y mayo cuando se produjo la escalada de intensidad en el control migratorio, como lo prueba otro dato: entre enero y mayo de este año, las capturas se dispararon 175%. Mientras que, en el mismo periodo del año pasado, solo aumentó 12%.
Casi el 50 por ciento de los detenidos proceden de Honduras, país donde el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández se mantiene apoyado por EEUU pese al descontento popular, al mismo tiempo que se agudizan las condiciones de violencia y pobreza, principales motores de la migración forzada.
Plan de desarrollo integral Centroamérica: el despojo como solución
“Se trata de construir un nuevo espacio económico: integración comercial, productiva, energética y logística”. Con esta frase se presenta el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México, un conjunto de políticas que priorizan el incremento en las inversiones de infraestructura regional, tanto de generación y distribución energética; así como las acciones para facilitar el comercio intra-regional como medidas para detonar el desarrollo económico y así reducir la migración.
Nada nuevo. Megaproyectos para la integración centroamericana propuestos por la CEPAL.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, sostuvo que se trata de un plan que cambia de paradigma, al establecer como base la seguridad humana en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.
Como en el caso de las Zonas Económicas Especiales en México
Ejército de EEUU en Guatemala
Pese al silencio de los funcionarios de países centroamericanos de donde son expulsados la mayoría de los migrantes, en el caso de Guatemala el presidente Jimmy Morales firmó un memorando de cooperación con el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan.
En dicho documento, autoridades de Guatemala se comprometen a compartir información y mejorar la seguridad fronteriza, de acuerdo a lo publicado por McAleenan a los medios norteamericanos.
Sin embargo, para el 3 de junio el ministro de Defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda confirmó que elementos del ejército estadounidense se encontraban en el departamento de Huehuetenango, en la frontera entre México-Guatemala, donde se concentran los niveles más altos de migración hacia los EEUU.
Mientras tanto, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, minimizó la presencia de tropas extranjeras y mencionó que “esta es una solución civil con el apoyo de la policía de ambos gobiernos, no es una solución dirigida a las tropas de seguridad nacional y regional”, sino argumentó que los militares se encuentran en el país centroamericano por razones “humanitarias”.
El proyecto de CEPAL fue realizado a petición del gobierno mexicano desde el inicio de funciones de la nueva administración en diciembre de 2018. En consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un organismo específico para poner en marcha y dar seguimiento a este plan, a la vez de proponer a Estados unidos su apoyo a la estrategia.
Funcionarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y la CEPAL anunciaron acciones conjuntas desde el 1 de diciembre del 2018.
Durante la presentación del plan en mayo del 2019, el canciller mexicano Marcelo Ebrard destacó que para concretarlo se requiere de una inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de cada uno de los cuatro países involucrados, además de 10 mil millones de dólares anuales por un periodo de 10 años.
Pese al anuncio de los funcionarios mexicanos en torno a la “victoria” en las negociaciones con EEUU para evitar las sanciones económicas, autoridades norteamericanas condicionaron un plazo de 90 días para analizar el avance en las acciones de México en materia migratoria con lo cual la amenaza de los aranceles no fue cancelada, sino suspendida temporalmente.
En cambio, México se comprometió a brindar los resultados exigidos por EEUU, con lo cual se avizora un incremento en las detenciones y deportaciones contra los migrantes, así como la criminalización contra activistas y defensores de las personas que se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen.
Tamaulipas encabeza un grupo de cinco Estados donde se ha localizado el mayor número de fosas clandestinas en el país.
De acuerdo con una investigación realizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, denominada, “Situación de las Fosas Clandestinas” en México, esas mismas cinco entidades reportan también la mayor cantidad de cuerpos de personas exhumadas.
Además de Tamaulipas, figuran en el grupo, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y Jalisco, y entre todos concentran el 76.40 por ciento del total recuperado de cuerpos sepultados clandestinamente en México.
Según cifras reportadas por las fiscalías o procuradurías de 23 entidades del país, desde finales de 2006 a mediados de 2017, las autoridades han registrado 1 mil 608 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 3 mil 043 cuerpos de personas y 868 restos o fragmentos.
En ese periodo, en Tamaulipas fueron localizadas 295 fosas clandestinas, y se recuperaron 869 cuerpos y 846 fragmentos.
La situación puede ser peor porque hay fosas que aún no han sido incorporados a los registros oficiales.
“A pesar de que las cifras mencionadas nos confirman la gravedad de la situación sobre fosas clandestinas en México, tenemos que tomar en cuenta que lo registrado por cifras hemerográficas y oficiales corresponde a una fracción de un total que todavía permanece sin ser registrado. Es decir, aún existen fosas que no han sido descubiertas” precisó.
Frente a la situación, la Comisión demandó implementar varias medidas de manera urgente.
Algunas acciones urgentes son: instrumentar las medidas de carácter jurisdiccional, administrativo o de otra índole necesarias para investigar la desaparición, la desaparición forzada y la inhumación clandestina de personas; sancionar a las personas responsables de dichos actos y reparar a las víctimas, incluyendo a través de medidas de no repetición; y diseñar un Registro Nacional de Fosas con participación de grupos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles e instituciones académicas que puedan proporcionar información, herramientas y otros elementos de análisis que contribuyan a que dicho registro sea un instrumento útil y actualizado.
También pidió diseñar e implementar con participación de grupos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles e instituciones académicas, un Programa Nacional de Exhumaciones capaz de responder a la magnitud del problema de fosas clandestinas en México y garantizar el derecho a la verdad de las familias de las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Un contingente de 450 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército entrenados como unidades élite de combate a guerrillas urbanas, fue aerotransportado ayer a esta frontera en tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para desplegar operativos en Reynosa, Río Bravo y la región Ribereña.
El arribo de las tropas inició con el aterrizaje de la primera aeronave con un centenar de militares a las 11:00 horas en el Aeropuerto Internacional ´´General Lucio Banco´´ y posteriormente arribaron las dos aeronaves a las 13:00 y 14:00 horas con el resto de las fuerzas.
El contingente es un batallón completo integrado por elementos de los Regimientos 18 y 20, con sedes en los estados de Tabasco y Chiapas, respectivamente.
En el batallón vienen tropas entrenadas como unidades élite de combate a guerrillas urbanas.
Según informes de inteligencia militar, los soldados de élite fueron entrenados en Estados Unidos y la tarea prioritaria que tienen en Tamaulipas es neutralizar grupos criminales que han generado una ola de violencia y explotación de migrantes.
Entre los objetivos prioritarios, señalaron los informantes, traen las plazas de Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán y alrededores.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no emitió un informe al respecto, los testimonios del aterrizaje de los tres aviones señalan que los militares llegaron con los tradicionales uniformes en verde olivo y no con el nuevo uniforme de la Guardia Nacional.
La ola de violencia causada por la presencia del crimen organizado en la entidad ha obligado al reforzamiento de la seguridad en diversas ocasiones.
El envío de elementos militares se produce en la víspera del despliegue de al menos 500 efectivos de la recién creada Guardia Nacional que contempla a la ciudad de Reynosa como zona prioritaria para iniciar tareas de vigilancia.
A finales de marzo pasado, fuerzas federales y estatales arrancaron un operativo conjunto de seguridad en Ciudad Victoria, luego del asesinato de la agente del Ministerio Público a cargo de la Coordinación Estatal Antisecuestros, Lucía Patricia Butrón Rivera.
En el marco de la Estrategia Federal de Seguridad, el más reciente arribo de tropas a la ciudad de Reynosa se registró en junio del año pasado cuando 500 elementos militares fueron desplegados para fortalecer las tareas de vigilancia y combate al crimen organizado, en el marco del relevo de tropas que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en diversas entidades del país.
Tras el anuncio que hizo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, en cuanto a la llegada de al menos mil 200 elementos de la Guardia Nacional, Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad del Estado, adelantó que llegarían más efectivos de la nueva corporación.
Lo anterior, luego de que el propio funcionario federal asegurara que la Policía Militar se convertiría en el nuevo modelo de Guardia Nacional.
En este sentido, Fasci Zuazua sostuvo que llegarían en total cerca de mil 800 elementos de la Guardia Nacional. “No, llegan más, van a ser alrededor de mil 800 para Nuevo León, pero ya casi está (aproximadamente) el total. Para este año se prevén mil 200 más de los que teníamos con Policía Militar. “(Sobre) las cuatro regiones, nos parece correcto; de los cinco estados somos los que más regiones tiene, entonces, creemos que es correcto.
La zona Sabinas se va a dividir en dos, para tener una en Anáhuac. De hecho, ya vamos a entregar instalaciones para trabajar coordinadamente Fuerza Civil con la Guardia Nacional”, dijo. Al respecto, el secretario de Seguridad estatal informó que habrá una etapa de transición para que la operatividad no se vea afectada por los cambios que se implementarán. “Vamos a trabajar con la Policía Militar mientras ya viene la Guardia, porque Guardia empezará este año y faltan siete meses para que termine.
“No (complica el trabajo que tienen actualmente de coordinación), vamos a hacer este trabajo previo: la idea fue fijar metas y establecer una transición, pero vamos a empezar a trabajar en zonas determinadas entre Fuerza Civil y Policía Militar, para cuando llegue Guardia Nacional hacer la sustitución y no se resienta el cambio”, concluyó.
La existencia de flujos subterráneos entre la presa El Papalote y el vaso del parque Los Cárcamos fue desestimada por la alcaldía de León, que insiste en facilitar el megadesarrollo del City Center y presumir la atracción de inversiones y la creación de empleos
Texto: Arnoldo Cuéllar / Pop Lab
Foto; Archivo
LEÓN, GUANAJUATO.- Las conclusiones de un exhaustivo estudio técnico y científico del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), uno de los centros de investigación más prestigiados de México, no fueron suficientes para que la empresa Mexico Retail Properties (MRP) y el gobierno municipal leonés se convencieran de la existencia de flujos subterráneos e interacciones entre la presa El Palote y el vaso del parque Cárcamos.
Tampoco abonó la opinión calificada de la Dirección General de Obra Pública del municipio, que iba en el mismo sentido y solicitaba estudios complementarios para garantizar la estabilidad de las obras.
MRP, en cambio, no tuvo reparo en financiar dos estudios más, de una empresa geotécnica de Irapuato y un consultor académico de la UG, para desestimar las conclusiones de CIATEC y las sugerencias de Obra Pública y allanar el camino a los permisos y las condicionantes al desarrollador del City Park, hoy City Center, México Retail Properties.
“El primer estudio que realizó CIATEC se realizó únicamente con sondeos eléctricos verticales, una metodología que emite ondas para verificar el tipo de sedimentación para identificar las capas del acuífero (…) En la zona de la obra se encuentra un acuífero colgado o acuitardo, cuya permeabilidad es muy lenta, no permea hacia el acuífero profundo por la capa de material poco permeable, eso está en referencia bibliográfica. El acuitardo tiene una dinámica muy puntual, pero no forma parte de una comunicación entre los cuerpos de agua”.
En contraste, las conclusiones del CIATEC, emitidas en enero de 2017 antes de que se ingresara el nuevo manifiesto de impacto ambiental cuyo resolutivo permitió el arranque de las obras, son nítidas:
“Debido a que el agua del vaso de almacenamiento en la Presa del Palote ejerce una presión que actúa sobre el área de aguas arriba de la cortina; así como a la porosidad de la roca de cimentación; el agua se filtra por todo el cuerpo de la cortina y su soporte, transmitiendo presiones internas denominadas supresión. El efecto que se produce es un flujo vertical ascendente que da origen a pequeños cuerpos de agua. En el caso del área de estudio, estos flujos fueron observados en el cuerpo de agua ubicado en el parque Los Cárcamos.”
City Center va por que va
En León, el centro comercial conocido inicialmente como City Park y a la postre modificado a City Center vio como su primera piedra la colocaban un gobernador y un alcalde del PAN antes de contar con permisos ambientales y de construcción y desde entonces no ha habido pero que valga, desechándose incluso criterios técnicos que establecen la existencia de corrientes de agua entre la Presa El Palote y el vaso del parque Cárcamos que afectarían a este último y que pueden desestabilizar los edificios por construir.
Foto: Juan José Plascencia. Pie de Página
En noviembre del año 2016, en un baldío al norte de la ciudad de León se colocó un templete, pantallas, luces y sillas para un centenar de invitados V.I.P., ante los cuales el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador Miguel Márquez Márquez encomiaron la llegada de un grupo desarrollador que invertiría 400 millones de dólares en la construcción de un complejo con centro comercial, edificio de oficinas, hotel con 300 cuartos y edificio de departamentos.
Allí, bajo un logo gigantesco de la administración municipal y uno más pequeño de “City Park”, el alcalde aseguró: “el éxito no es obra de la casualidad, es producto del esfuerzo y de la unidad, de una colaboración entre el sector público y el sector privado: somos aliados con metas comunes para lograr el desarrollo.”
Y en efecto, la alianza ha resultado más que productiva para la empresa MRP, el consorcio que construye el desarrollo.
Foto: archivo
Mall con vista
Aledaño a un parque público construido en las inmediaciones de un tiradero municipal, el cual se ha convertido en parte importante de la vida cotidiana de miles de vecinos, el proyecto se anunciaba como el primer centro comercial “con parque y lago”. La mercadotecnia prendió las alarmas de los usuarios de Los Cárcamos y de grupos de defensores del medio ambiente.
El proyecto no ha mantenido su inicial línea discursiva, ya que de 60 mil metros cuadrados que abarcaría la superficie, se redujo a poco más de 20 mil; de cinco torres, bajó a tres, aunque se sigue manejando la cifra de 400 millones de dólares como monto de inversión, pese a que solo se trata de una primera etapa.
La planeación del City Park/City Center no tuvo ese único traspié. Después de anunciar entre sus tiendas anclas al anhelado Palacio de Hierro, una de las pocas tiendas departamentales de prestigio con las que León no cuenta, la empresa de Grupo Baillères se encargó de desmentir ese anuncio en el diario a.m., apenas un día después.
Los flujos subterráneos detectados por CIATEC
A la vuelta de los meses, la polémica se centró en el aspecto ambiental y uno de los argumentos cobró importancia: el hecho de que el cárcamo del parque debiera su existencia a corrientes subterráneas o “microtubificaciones” que provinieran de la presa El Palote y que pudieran verse interrumpidas o desviadas por la colocación de una mole de concreto y una cimentación profunda en el terreno aledaño.
Esa polémica no ha cesado, sobre todo por la existencia de por lo menos 3 estudios, una opinión de la Dirección de Obra Pública y una investigación de la Dirección de Gestión Ambiental, las cuales difieren en sus conclusiones.
Imagen tomada de Pie de Página
En enero de 2017, México Retail Properties encargó al Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), el “Estudio integral para la conservación del Parque Los Cárcamos, León, Gto.”, una amplia investigación que revisó aspectos físicos, climatológicos, ecológicos y geofísicos, del parque y del terreno donde se construiría el centro comercial.
En el estudio hidrogeológico, las investigadoras Norma Liliana Cruz Ortiz, Norma Claudia Calderón Rosas y el investigador José de Jesús Torres García establecieron con toda claridad la existencia de “flujos subterráneos”, producidos por agua del vaso de almacenamiento en la presa El Palote, cuya presión hace que el agua se filtre “por todo el cuerpo de la cortina y su soporte, transmitiendo presiones internas.”
Estos flujos, de acuerdo al estudio, “fueron observados en el cuerpo de agua ubicado en el Parque Los Cárcamos”.
En sus conclusiones, junto con recomendaciones para el cuidado del cuerpo de agua, de la flora y de la fauna, los científicos subrayan el tema de los flujos:
“Se estima que la inserción de infraestructura a una profundidad no mayor de 11 metros no intervendrá en el flujo natural existente entre la presa El Palote y el cuerpo de agua correspondiente al Parque Los Cárcamos, siempre y cuando se atienda la siguiente recomendación: Como medida preventiva y conforme al Estudio de Mecánica de Suelos, debe insertarse una capa rompedora de capilaridad que circunde el sótano de la infraestructura que se proyecta edificar, esta condición podría condicionar el flujo natural establecido entre los cuerpos de agua durante la etapa de movimiento de tierras y construcción de la cimentación y muros de contención, sin embargo, esta condición será restablecida por las mismas presiones hidrodinámicas existentes en el sitio. La presencia de esta capa rompedora de capilaridad minimizará el contacto continuo del agua con la infraestructura proyectada, esta condición deberá ser evaluada durante la ejecución del proyecto estructural de cada una de las instalaciones y edificaciones.”
El estudio desaparece y reaparece
Extrañamente, sobre todo debido a que fue realizado por encargo y a costo de Grupo MRP, el Estudio integral para la conservación del Parque Los Cárcamos, León, Gto., no fue incorporado en el documento de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por el fideicomiso MRP LEON CIB/2467 para la obra en cuestión. De ello da cuenta el oficio DGG/988/2017, de 31 de agosto de 2017, en el que el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, suspende el procedimiento de evaluación hasta en tanto no se entreguen una serie de estudios con los datos y firmas de quienes los elaboran. El documento requerido en segundo lugar es el elaborado por el CIATEC, el cual no había sido anexado.
No hay flujos subterráneos: SGI
La empresa incorpora en septiembre un estudio geohidrológico de la empresa irapuatense Soluciones Geotécnicas Integrales, la cual difiere de las conclusiones del estudio de CIATEC. Para SGI, el agua del lago Cárcamos “se debe a los escurrimientos superficiales generados en época de lluvias e infiltraciones por sistemas de riego”.
El estudio también afirma que “no se tiene un flujo horizontal de agua que vaya de la presa al lago de Los Cárcamos.” Sus conclusiones aseguran: “No existe influencia de infiltración hacia el sitio de estudio”; y mediante el análisis de muestras de agua también concluye: “no existe interconexión entre el agua de la presa El Palote y el agua del lago del parque Los Cárcamos.”
Este estudio no hace referencia al del CIATEC elaborado en enero de 2017.
Mecánica de Suelos: mucha agua; DGOP, hay flujos
El estudio de mecánica de suelos, realizado por la empresa de ingeniería MKE, del que POPLabdispone de una copia, es exhaustivo y recomienda una serie de medidas para contrarrestar la excesiva humedad del terreno, del orden del 30 %, incluyendo una red de subdrenajes bajo los tres niveles de sótanos y una membrana plástica en toda la estructura subterránea que esté por debajo del Nivel de Aguas Freático (NAF).
Analizado por la Dirección General de Obra Pública del municipio, en un oficio de respuesta a Gestión Ambiental con fecha 21 de noviembre de 2017, firmado por el director de gerenciamiento de proyectos Fidel Ramírez Calvillo, hace la siguiente puntualización:
“El estudio de Mecánica de Suelos contempla las pruebas geotécnicas adecuadas para el proyecto a realizar, sin embargo, la propuesta de solución para la excavación de la cimentación así como sus obras complementarias para la protección de las mismas, no garantizan la estabilidad de la obra por encontrarse cercano a un cuerpo de agua el cual está comunicado a la Presa del Palote por redes de flujo, por lo que es importante contar con Estudios Geofísicos para posteriormente poder modelar la situación actual de la zona, así como la situación del proyecto con las consideraciones que presentan la Mecánica de Suelos, verificando así la viabilidad de la propuesta presentada y con ella garantizar la estabilidad de las excavaciones y sus obras complementarias. Lo anterior debido a los cuerpos de agua existentes en la zona se ven comunicados mediante redes de flujo las cuales no están determinadas en el estudio de mecánica de suelos realizada.”
Estos estudios geofísicos fueron solicitados por POPLab y la respuesta primera de Transparencia Municipal fue que no existían. La segunda fue que se habían equivocado y estaban contemplados dentro de los estudios geotécnicos.
Tercer estudio niega los flujos
Ya fuera del proceso de análisis de la dirección de Gestión Ambiental, concluido en noviembre de 2017 con la aprobación del resolutivo y la autorización del desarrollo, la empresa MRP encargó un tercer estudio, que se sumó al de CIATEC y Soluciones Geotécnicas Integrales.
Imagen tomada de Pie de Página
En agosto de 2018, medio año después de la aprobación del resolutivo de impacto ambiental, y con la intención explícita de “clarificar a personas vecinas preocupadas por el cuerpo de agua del Cárcamo que piensan puede haber tubificación entre este cuerpo de agua y el de la Presa del Palote, si en verdad existe esta o no y sus posibles implicaciones”, se encarga un nuevo estudio al director del Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato, Juan Esteban García Dobarganes Bueno.
Aunque en su momento fue presentado como un estudio “de la Universidad de Guanajuato”, al ser consultada al respecto la Casa de Estudios se deslindó, asegurando que se trataba de un trabajo realizado a través del Centro de Vinculación con el Entorno, el cual era autónomo.
El estudio de García Dobarganes Bueno, el ingeniero Pablo Francisco Pérez Pérez y la ingeniera Lucila Martínez Torres, denominado “Estudio de Ingeniería Geológica City Park León” coincide con el estudio geohidrológico elaborado por Soluciones Geotécnicas Integrales: A) El agua del Cárcamo depende de agua de lluvia y escorrentía superficial. B) Las diferencias de los niveles de superficie de El Palote y El Cárcamo, de hasta 11 metros, permiten suponer que no hay una comunicación, pues de lo contrario El Cárcamo se desbordaría.
La conclusión de García Dobarganes, al final de las 13 cuartillas del estudio es terminante: “La obra de City Park no afecta ni afectará al acuífero ni los niveles de agua del Cárcamo, por no existir tubificación en esta zona y la obra estar sobre el nivel del acuífero regional y del acuífero somero colgado de esta zona.”
Este estudio fue avalado por el Centro de Vinculación con el Entorno, una entidad de la que la UG forma parte, pero de la cual se deslindó la casa de estudios al solicitarle el documento, alegando que gozaba de autonomía.
La posición de Gestión Ambiental
La existencia de los tres estudios y de la opinión de Obra Pública del municipio sobre el análisis de Mecánica de Suelos, cuyas conclusiones evidencia dos posiciones encontradas sobre la existencia de conexiones entre los dos cuerpos de agua, motivó una entrevista con la actual directora de Gestión Ambiental del municipio, bióloga María del Carmen Mejía Alba, la cual se desarrolló en dos partes, tras el surgimiento de nuevas dudas.
Para la funcionaria no hay duda alguna de que no existe comunicación entre ambos cuerpos de agua, coincidiendo con las explicaciones de García Dobarganes y de Soluciones Técnicas Integrales. Su explicación sobre las conclusiones del estudio del CIATEC fue que la metodología “de sondeos verticales” no es tan detallada como la “tomografía” del sitio que hicieron los estudios posteriores.
La funcionaria incluso cita el estudio de García Dobarganes, pese a que este fue presentado nueve meses después de concluido el resolutivo de impacto ambiental, para apuntalar su convicción de que no hay comunicación entre ambos cuerpos de agua, la tesis que la empresa MRP ha venido sosteniendo frente a críticas de ambientalistas y vecinos. Para Mejía Alba ya había certeza de la no comunicación de los cuerpos de agua incluso antes del estudio del académico de la UG, pero este vino a reforzarla.
Incluso cita una “investigación” realizada por la propia Dirección de Gestión Ambiental para reforzar la idea de que los cuerpos de agua son independientes. Solicitada esta investigación, resulta un documento de PowerPoint de seis diapositivas con una pobre investigación hemerográfica y documental que se limita a analizar de forma somera 3 años de comportamiento de la zona: 1995, 2003 y 2012.
La presencia de agua a poca profundidad, que tanto para los investigadores de CIATEC como para la Dirección de Obra pública forman parte de “redes de flujo”, para la nueva directora de Gestión Ambiental no tiene nada que ver con una comunicación de ambos cuerpos. Su explicación sobre el acuífero somero o acuotardo es prolija y de acuerdo a su visión hay amplia bibliografía que la respalda. Sin embargo, nada de eso aparece en ninguno de los estudios aquí citados.
Interrogada sobre la posibilidad de realizar un nuevo estudio por una institución acreditada a nivel nacional, la funcionaria responde que para el municipio la situación está definida y el resolutivo de impacto ambiental ya está emitido por lo que solo resta vigilar el cumplimiento de condicionantes, a menos que existiera una solicitud “de algún otro ámbito de gobierno”.
Imagen tomada de Pie de Página
Comportamiento del acuífero: tres estudios técnicos, dos visiones
Llegamos a este punto con dos conclusiones: CIATEC y Obra Pública del municipio coinciden en que existen redes que comunican ambos cuerpos de agua y que generan una hidrodinámica en la zona que debe ser tomada en cuenta para la ingeniería de la construcción que se piensa realizar. Por otra parte, GSI y García Dobarganes rechazan cualquier posibilidad de comunicación entre ambos vasos y por lo tanto no es necesario contemplar medidas especiales.
La conclusión adoptada por el resolutivo de Impacto Ambiental es ambigua y solo pide que se tomen en cuenta las recomendaciones derivadas de los estudios presentados.
Una decisión más política que técnica
La Dirección de Gestión Ambiental en las dos administraciones de Héctor López Santillana, la primera encabezada por Ricardo de la Parra y la segunda por María del Carmen Mejía, deja en claro en las decisiones tomadas, la interpretación de los estudios, su propia investigación y la respuesta a las dudas, la disposición a favorecer el punto de vista del desarrollador y a renunciar a la tarea normativa y reguladora de la autoridad.
La “alianza para alcanzar metas comunes de desarrollo” que desde 2016 planteó el alcalde Héctor López Santillana a los empresarios de México Retail Properties y de Grupo Impulza, sigue intacta.
El medio ambiente es un commodity más que puede intercambiarse.
Usuarios gastarán 6 millones de litros: Sedena; expertos advierten sobreexplotación de mantos
El aeropuerto internacional de Santa Lucía gastará seis mil metros cúbicos de agua al día, sólo para el consumo de pasajeros, cantidad equivalente a llenar 300 pipas con 20 mil litros de capacidad.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se prevé que a diario se destine la cantidad de seis millones de litros para atender los requerimientos de los usuarios de la terminal aérea. Un metro cúbico de agua equivale a mil litros.
Para regar las áreas verdes, el documento elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) propone instalar una planta de tratamiento, la cual está proyectada para tener una capacidad estimada de 4 mil 500 metros cúbicos al día.
Señala que la fuente de suministro de agua será mediante pozos ubicados dentro de la Base Aérea Militar No. 1, aunque no detalla su ubicación ni la capacidad que tienen.
La Sedena aclaró que si la operación del proyecto requiere de otras fuentes de suministro de líquido, se determinarán de común acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua).
La Base Aérea de Santa Lucía se encuentra inmersa en los mantos acuíferos del Valle del Mezquital, Texcoco, Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Cuautitlán-Pachuca, siendo este último donde se construirá la terminal aérea.
Este acuífero tiene una superficie de mil 653 kilómetros cuadrados y se ubica al norte de la Ciudad de México, colindando con el Estado de México e Hidalgo. Especialistas han advertido la escasez de agua que se generará en los municipios colindantes si se construye la obra.
Ricardo Ovando, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, refirió que este manto está sobreexplotado: en 2002 reportaba un déficit de 40 millones de metros cúbicos; sin embargo, para 2018 la Conagua reportó un déficit de 106 millones de metros cúbicos anuales en el informe Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea .
“Con esa cantidad de agua se podría llenar 106 veces el Estadio Azteca, es una cifra enorme que se está extrayendo y no se vuelve a recargar el acuífero”, resaltó.
En 2016, en el documento Resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Cuautitlán-Pachuca, la Conagua advertía que el acuífero estaba sobreexplotado desde hace varias décadas, por lo que no tenía disponibilidad para otorgar concesiones o asignaciones.
“El recurso hídrico subterráneo debe estar sujeto a una extracción, explotación, uso y aprovechamiento controlados para lograr la sustentabilidad ambiental, así como evitar que se agrave la sobreexplotación del acuífero”, recomendó en esa ocasión la comisión.
El pasado 9 de mayo, la Semarnat abrió el proceso de consulta pública para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el cual cierra el 12 de junio. En este proceso se someterá a revisión la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra, a cargo de la Sedena.
Tiahoga Ruge, ambientalista y exfuncionaria de la Semarnat, destacó que ninguna obra debe construirse sin que se tengan los permisos ambientales, por lo que se deben hacer los estudios necesarios para determinar los impactos que tendrá el aeropuerto.
Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, comentó que las manifestaciones de impacto ambiental no deben ser una justificación para la construcción de algún proyecto, sino una evaluación seria para determinar si un proyecto de estas magnitudes es viable o no.
Yucatán a la Mano
Miles de maestros de Quintana Roo resultarán afectados con la convocatoria de cambio de adscripción para el ciclo escolar 2019-2020 emitida por la SEQ, que entra en vigor este lunes, ya que pone en el catálogo de horas disponibles las de todos los profesores que no cuentan con una base, ante la situación los secretarios generales, representantes del gremio magisterial, están dispuestos a iniciar paros laborales e incluso a ampararse ante las autoridades competentes.
Secretarios generales de escuelas secundarias técnicas y generales de Benito Juárez están inconformes por las acciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) porque la convocatoria de cambio de adscripción para el ciclo escolar 2019-2020 que emitió está en contra del decreto de la reforma educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo pasado.
“La convocatoria que entrará en vigor el próximo lunes se contradice de los lineamientos del documento presidencial”, aseguró uno de los secretarios generales inconformes, el cual pidió el anonimato por temor a represalias.
Acompañado de una docena de representantes de docentes, lanzó una petición al presidente de la República, para que intervenga y suspenda la convocatoria de cambio de adscripción en el estado de Quintana Roo emitida por la Comisión Institucional del Cambios y Permutas ya violenta los lineamientos.
Explicó que con la convocatoria miles de maestros de todo el estado saldrán afectados ya que se ofertan las horas laborales que habían logrado y la autoridad educativa las otorgará a personal docente con más años en el servicio, sin tomar en cuenta la afectación que eso va a generar.
Sandra es una de las maestras que de la noche a la mañana vio que las horas que había logrado obtener para dar clases ya están en la lista de disponibilidad. En tres años de servicio ya fue asignada a una escuela de una de las islas de Quintana Roo, también a un plantel de un municipio costero y cuando ya estaba en el municipio donde tiene su casa, ve que las horas repartidas en tres escuelas fueron puestas en la lista de opciones.
En la misma situación que Sandra están miles de profesores que no cuentan con base, sin importar los años de servicio que lleven, detallaron los quejosos.
Debido a que ya tienen el tiempo encima para lograr que la SEQ cambie la convocatoria, pues ésta entra en vigor el próximo lunes, planean realizar paros laborales e incluso ampararse contra esa medida.
La parte del decreto que “habla de la promoción en plazas por horas, semanas y mes, especifica que, durante la vigencia de los lineamientos, las autoridades educativas federales y estatales y los organismos descentralizados que cuenten con plazas vacantes definitivas por horas, semanas o mes, podrán asignarlas conforme a las necesidades del servicio, al personal del plantel que reúna el perfil requerido para la asignatura o módulos que imparte y que cuente con mayor tiempo en el servicio educativo”, abundaron los profesores.
Añadieron que el mismo documento especifica que “las autoridades educativas y los organismos descentralizados podrán destinar hasta el 40 por ciento del banco de plazas de horas, de tres o más grupos disponibles a la promoción, el porcentaje restante se destinará a la admisión en el servicio público educativo”.
Sin embargo, en la convocatoria de la SEQ, señalaron, está especificado que “se someterá a programa de cambio de adscripción todos aquellos espacios disponibles definitivos por promoción, jubilación, renuncia, defunción, cese, transferencia, nueva creación o expansión que se generaron entre el 16 de junio del 2018 y 16 de mayo del 2019 y/o posterior a la junta de cambios de adscripción que fueron ocupados de manera provisional durante el ciclo escolar 2018-2019”.
“Tenemos compañeros que tienen más de 10 años de servicio y con diez horas o menos, por más que han presentado su examen y han salido con resultados óptimos, aún no tienen la oportunidad de crecimiento. De acuerdo a lo establecido en los nuevos lineamientos estos pueden tener un crecimiento para este ciclo escolar dentro de su mismo centro de trabajo, derivado de las vacantes definitivas de sus escuelas, al estar cubriéndolas por varios años y tener la oportunidad de basificarlas, después de seis meses y un día”, añadieron.
Bahía de Banderas, Nayarit.- Domingo 09 de junio del 2019.- De manera sistémica incendian pastizal en la zona de flamingos en Nuevo Vallarta, colindante a la laguna del Quelele donde hay presencia de mangle.
Vecinos del municipio de Bahía de Banderas, han reportado por varios días la emisión de humo sobre la franja turística de Flamingos. Algo que preocupa ya que es un espacio cercano a la laguna del Quelele en donde se pueden hallar desde patos, hasta cocodrilos.tra indigenas,
“Incendio que ya tiene casi una semana y nada hacen. El humo ya nos ahoga.
Ayer vino bomberos pero según nada pueden hacer. Y de casualidad andan fraccionando cerca de esa área. Pobres cangrejos, iguanas, cocodrilos, aves, etc. Se están rostizado. Y nada hacen, ojala llueva para que se apague”.
Aunque ha habido presencia de los tragahumo para mitigar las llamas es un hecho que la maleza la vienen incendiando conforme sale de los trabajos de limpieza que ejecutan en esta zona.
Por este lado del condominio maestro Flamingos existen varios terrenos que están siendo limpiados para una posible urbanización que conlleve a la construcción de algún desarrollo inmobiliario.
Por tanto los mismo métodos de contaminación ambiental que procuran en la franja poblacional son empleados en la zona turística en donde quienes limpian sus terrenos deben de trasladar sus desechos al relleno sanitario pero no lo hacen, lo grave es que estas “quemas controladas” son hechas a metros de mangle.
Toneladas de sargazo terminan en tiraderos clandestinos que, por no contar con las medidas necesarias, ponen en peligro el medio ambiente. Hasta ahora, ninguna instancia de gobierno atiende este problema que atenta contra el mar, ríos subterráneos, arenales, fauna marina y a los arrecifes de corales. Es una catástrofe, denuncian académicas
Texto: Ricardo Hernández
Fotos: Cecilia Suárez
CANCÚN, QUINTANA ROO.- Frida barre el sargazo que recala en la playa, lo junta y llena –pala a pala– la carretilla que se lleva a vaciar –pala a pala– al camión que está 30 metros atrás. Se acerca el verano, el termómetro marca 31 grados centígrados en el ambiente y una sensación térmica de más de 35. La mujer de 40 años de edad no para.
Frida Luna, madre soltera y trabajadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puerto Morelos, un pequeño municipio de Quintana Roo, rellena unas 40 carretillas de sargazo por día: cerca de 3 mil 500 kilos diarios recolectados de forma manual, por 4 mil 800 pesos al mes.
—¿A dónde llevan las toneladas que recolectan?
—A los sitios de disposición final— Responde Alfredo Arellano, secretario de Medio Ambiente de Quintana Roo.
—¿Cuentan estos con medidas de protección medioambiental?
—No.
—¿Dónde se ubican?
Dejó de responder. Aunque no se pudieron localizar los sitios “oficiales”, sí se hallaron, en cambio, tiraderos clandestinos –sobre zonas selváticas de captación pluvial–, que, al no estar regulados, ponen en inminente peligro al medio ambiente, específicamente, al mar, ríos subterráneos, arenales, fauna marina y a los arrecifes de corales.
***
La superficie promedio de la “isla de sargazo” fue de 50 kilómetros cuadrados entre 2011 y 2017, pero, en 2018 multiplicó su tamaño en 56 veces, hasta medir el doble de la Ciudad de México. Por ahora, abarca 787 kilómetros cuadrados, según la Universidad del Sur de Florida y la NASA.
***
El sargazo es una macroalga que se origina en las costas de Brasil, se reproduce a velocidad de vértigo, codicioso avanza por el Atlántico, hacia el norte, hasta llegar al Caribe mexicano. Una plaga que ha causado estragos medioambientales superlativos, más en los lugares donde escurre y filtra.
En 2015 se registró el primer arribo masivo a México, a Quintana Roo. 2018 fue el peor: 168 mil toneladas recolectadas de las costas del estado.
Como medida de emergencia, el gobierno habilitó siete espacios de disposición final para su almacenamiento. Ninguno cumplÍa con las medidas de protección al medio ambiente. “Era un plan emergente”, justificó el secretario de Medio Ambiente.
Entonces fue un imprevisto, pero llegó 2019.
Nadie, ni la federación, ni el estado, ni los municipios, etiquetaron recursos para el combate al sargazo, pese a las advertencias de la academia: la plaga volverá y habrá que estar mejor preparados con almacenes con capas protectoras, a fin de evitar la infiltración de lixiviados al manto freático; de amonio, nitrógeno, fósforo, arsénico y ácido sulfhídrico –generados tras la descomposición de la macroalga–, así como de los metales pesados –plomo e incluso oro– que acarrea en su travesía oceánica; sustancias que contaminan los ríos subterráneos, mares, arenales; que matan los corales, así como la fauna y pastos marinos.
No obstante, este año redujeron, de siete a cinco, los espacios a disposición final. Puerto Morelos lo mantuvo. En él tendrían que estar los 800 mil metros cúbicos recolectados el año pasado y lo acumulado del presente. No es así.
A falta de regulación, vigilancia y sanciones, comenzaron a tirarlo por doquier. Y decidieron que en la Ruta de los Cenotes sería buen destino: escondido: muy práctico para salir impune de un delito medioambiental.
El no tirarlo en los sitios autorizados violenta los lineamientos federales sobre el tema, estipulados desde 2015 por la Semarnat.
Filtración de agua contaminada
La Ruta de los Cenotes es un camino de 35 kilómetros de decenas de depósitos de agua manantial, que conforman una compleja red fluvial subterránea, interconectada con otras más de toda la Península de Yucatán, nutrida por la filtración del agua de lluvia y de donde se abastece de líquido dulce la población del municipio.
Es a uno de los costados del camino, a cuatro kilómetros de distancia de la costa, donde Grupo Dakatso desecha 30 toneladas diarias de la macroalga, aproximadamente. Lo depositan entre la selva tupida. Es uno los tres tiraderos clandestinos que registrados en el municipio.
—¿Son ellos!” —dice, sorprendida, casi que enojada, Rosa Rodríguez-Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
—Sí.
—¡Si ellos también participan en las reuniones del Protocolo Puerto Morelos! —una estrategia ambientalmente amable y funcional, ideada durante meses entre científicos, hoteleros, autoridades y demás empresarios, como los de Dakatso— ¡No puede ser!
El giro comercial de Dakatso, de acuerdo con su acta constitutiva, es la hojalatería, pintura y mecánica automotriz. A Dakatso le concedieron un contrato en 2018 por 13 millones de pesos para que, en tres meses, removiera el sargazo de las costas de Playa del Carmen y lo contuviera en el mar con un sistema de boyado, que nunca instaló completo. Fracasó. No obstante, lo invitaron a las reuniones del para elaborar, en conjunto y de manera plural, el “Protocolo”.
En 2019 fue el municipio vecino de Puerto Morelos le otorgó un nuevo contrato, por ocho meses, para lo mismo. Las barreras que no instaló antes, ahora las colocará en este pequeño pueblo pesquero. Esta vez incluyeron una embarcación que recolecta la macroalga que flota en el mar. Lo que no contempla el acuerdo millonario es un lugar de depósito definitivo.
Para ahorrarse la geomembrana (lámina impermeabilizante), optaron por tirarlo en zonas de captación pluvial; para robarse los 400 pesos que cada hotelero paga por llevarse lo acumulado al sitio oficial, lo apilan en la selva; con esto contaminan uno de los sistemas fluviales más importantes de la entidad.
“El sargazo se va secando y se va haciendo un polvo, y cuando llueve, pues todo se filtra y llega al acuífero. Todas esas sustancias tóxicas que te digo se van al acuífero y luego van a llegar al mar, y eso, a su vez, va a ayudar a que haya más sargazo”, explica la científica.
Las consecuencias, prosigue, es la eutroficación del mar: proceso de alteración química del agua, causado por una excesiva acumulación de nutrientes, lo cual está matando a los arrecifes de corales.
Muerte de corales
En uno de sus habituales viajes submarinos, en mayo de 2018, excursionistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) notaron algo fuera de lo común: unas pequeñas manchas blancas desperdigadas sobre algunos corales, ubicados frente a las costas de Quintana Roo.
“No sabía que era”, reconoce, aún con espanto, María del Carmen García, una de las excursionistas, presidenta del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, responsable del lugar donde encontraron las pequeñas manchas. No sabía que era el inicio de una enfermedad que, en menos de un año, acabaría con la vida del 30 por ciento del segundo sistema arrecifal más importante del mundo, según el censo más reciente que ella misma realizó.
Al ser un fenómeno inédito en México, reciente y poco estudiado, aún no se encuentran las causas, cuenta María del Carmen, aunque sí hay dos indicios: 40 años de verter aguas residuales al mar y el arribo masivo del sargazo.
El primero proviene de los complejos hoteleros siempre ocupados, el otro, de una “isla flotante” en el Atlántico.
De la inmensa “isla del sargazo” se desprenden racimos que las corrientes marinas conducen al Caribe mexicano; racimos de hasta 50 kilómetros de extensión, de los que salen otros más pequeños que llegan, ininterrumpidamente y por tandas, a las costas de todo Quintana Roo.
“De las 6 de la mañana, a ahorita que es las 11, hemos limpiado tres veces todo este tramo, todo”, dice Frida Luna, de piel tostada, manos callosas, de ojos vidriosos y con derrame, “y si usted se da cuenta, pareciera que no lo hubiéramos hecho”.
A Frida, que repite la operación ocho horas al día, seis días a la semana, no le resulta tan extraño la pérdida de 15 kilos que sufrió en el año que lleva de recolectora. Antes trabajaba como secretaria, también en el Ayuntamiento, pero no quiso vender su voto. Infausto y soviético escarnio le propinaron.
“Si andas muy cansada, te haces 30, pero copeteadas. Y cuando hay mucho, tú mismo barres, llenas la carretilla y la vacías en el camión”, relata, sin dejar de apoyarse en el rastrillo que usa para limpiar la playa.
En 2018 y principios de 2019 lo común era apilar o sepultar el material colectado por los sargaceros en las costas para que allí se descompusiera. Altos montículos de sargazo podían verse sobre las playas de todo Quintana Roo. Al dejarlo descomponer, ahí, las sustancias contaminantes terminaron en el mar.
El primer estudio científico sobre la calidad del agua de mar, coordinado por la UNAM, evidenció las altas concentraciones de amonio, nitrógeno, fósforo y ácido sulfhídrico: un cóctel letal para los corales.
Una vez que los corales adquieren la enfermedad del “síndrome blanco”, como ha sido nombrada, mueren en cuestión de semanas. El sargazo consume su tejido hasta dejarlos desnudos, en el puro esqueleto.
La combinación de las sustancias, me explica María del Carmen, genera condiciones hipóxicas –de poco oxígeno– y sin oxígeno no es posible la vida. Lo que no acaba de permear entre la sociedad, prosigue, es que, sin arrecifes, también se acaba la vida, al menos para las 100 mil especies que dependen de ellos.
Además, la eutroficación (aumento de nutrientes por exceso de sargazo) incentiva la proliferación de otro tipo de algas que ahora crecen sobre los corales.
“Lo que va a pasar es que vamos a tener, no ahora, pero sí en un futuro, un arrecife de algas, y no de corales”, advierte la especialista.
Si por María del Carmen fuera, harían muchas más pruebas científicas a fin de dar con las causas de la enfermedad, aplicarían el doble de medicamento y apremiaría el nuevo censo, pero el recorte de 157 millones de pesos que el gobierno federal le impuso a la Conanp lo dificulta.
Perjuicio a tortugas
Lo cuenta y parece el mejor método de concientización. Al encargado de instalar en el mar el sistema de boyado anti-sargazo lo enfundaron en el chaleco salvavidas. “A ver, intenta sumergirte y pasar por debajo de la barrera”, le indicaron. Brazadas y pataleos inútiles. No pudo. “Es lo que le pasa a las tortugas recién deshovadas”, lanza, a modo de moraleja, Gisela Maldonado, vicepresidenta del Grupo Tortuguero del Caribe.
No hay una afectación directa hacia las tortugas por el sargazo, dice, pero sí por los diferentes métodos de limpieza o de su contención en el mar.
Si se colocan barreras flotantes en el mar, con redes, para evitar que los racimos recalen en la costa, le obstruye el paso al animal.
Si la limpieza es por tierra, también puede afectar, tal como pasó el pasado 22 de mayo. En Tulum, una retroexcavadora que removía el sargazo, pasó a centímetros y por el rededor de un nido de tortuga, una especie en peligro de extinción.
“El nido estaba balizado –señalizado y delimitado– y aún así la maquinaria pesada pasó, aunque no encima, sí le generó vibración y sufrió compresión”, acusó Gisela.
Cuando la arena se comprime, ninguna otra tortuga será capaz de excavar los suficiente para desovar, menos para salir del nido.
Por los hechos ya se tramita una denuncia ante la Profepa.
Y si la limpieza no se realiza, también impacta. El año pasado, por no remover las toneladas de la macroalga que se acumularon a un costado de un corral de anidamiento, en una playa de Puerto Morelos, los huevos de entre diez y quince nidos se cocieron a causa de las altas temperaturas generadas por la descomposición de la macroalga.
“Este es un clásico dilema de un filósofo griego: hagas lo que hagas, va a afectar. Si no limpias, afectas el turismo; si limpias, puedes afectar a la tortuga”, dice.
Y añade: “Somos los vecinos incómodos, pero es mi trabajo, las tenemos que proteger porque, además, hay una Norma Oficial que las protege. No estoy en contra de la limpieza. Sé que tienen que limpiar porque, si no, se va el turismo, pero exijo que se realice de una mejor manera”.
Otra afectaciones indirecta es que el sargazo acaba con el pasto marino –alimento de la tortuga verde– y con moluscos, que son alimento de la tortuga caguama.
“Las estrellas del mar, que están en el fondo, al perder estos pastos marinos, de los que ellas se alimentan, empiezan a morir, y estás son parte de la dieta de la tortuga caguama, lo mismo que el caracol rosado, que crece sobre el pasto marino. Entonces, si se pierde el pasto marino, el caracol se queda sin alimento. Si el caracol se queda sin alimento, la tortuga también. Es una cadenita”, expone.
En Quintana Roo habitan cuatro especies de tortuga: laud, verde, caguama y carey; hay 50 campamentos que las procuran.
“ Todas las tortugas marinas de México, las que llegan a aguas mexicanas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, todas, absolutamente todas, están en peligro de extinción”, advierte.
Era mayo, finales. Era mayo y la temporada de lluvias comenzaba. Llovía ligero sobre Puerto Morelos. La búsqueda era por tiraderos clandestinos de sargazo. Era secreto a voces, nada documentado… Y ahí estaban, el primero, el segundo y luego el tercero. Miles de toneladas de esa plaga marina amontonada sobre zonas selváticas de captación pluvial. Era mayo, llovía y la idea de que el agua se filtrará al manto freático agua cargada de sustancias tóxicas emanadas del sargazo, ronda. Cuando acabe el verano, los mares y aguas de Quintana Roo estarán saturadas de contaminantes. Tal vez para entonces estará muerto el 50 por ciento de sistema arrecifal, otro tanto de pasto marino y algunas tortugas.
Durante el mes pasado se registraron 80 asesinatos en la entidad, 19 por ciento más que los que se cometieron en abril
Monterrey.- La violencia en Nuevo León aumentó durante el mes de mayo, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia.
Registrando 13 asesinatos más que en los meses de marzo y abril donde la estadística disminuyó considerablemente.
En mayo se registraron 80 muertes violentas, mientras que en los dos meses anteriores la cifra se mantuvo en 67.
Las autoridades lograron bajar los números rojos que se dieron en enero y febrero con 99 y 110 homicidios respectivamente, siendo febrero el mes más violento de lo que va en el 2019, pero de nuevo va en incremento.
En diversas ocasiones Aldo Fasci, secretario de Seguridad, ha señalado que el aumento de la violencia se debe a disputas entre bandas del crimen organizado, en donde también elementos policiacos han perdido la vida.
“El tema es específicamente crimen organizado, de todos esos detenidos, en la inmensa mayoría, el 36 por ciento es por venta de drogas y bueno, hay por todos los delitos, pero ese es un tema muy fuerte, y los primeros lugares en las detenciones son los que llevan en el mismo orden las policías que han sido atacadas”, señaló el pasado 28 de mayo.
También a través de la Fiscalía se indicó que las denuncias de robo a casa habitación aumentaron en el último mes, de 197 que se registraron en abril a 213 durante el mes de mayo.
El robo a negocio aumentó de 241 a 254, de abril a mayo, respectivamente.
Las denuncias que disminuyeron fueron las de los siguientes delitos:
Robo a vehículos: en abril se registraron 163 y en mayo 140.
Robo a persona: en abril se registraron de 139 y en mayo 172
Extorsiones: en abril se registraron 39 denuncias y en mayo 38.
El 92% de los casos de asesinatos de periodistas continuan impunes / PERIODISTAS
Heder López Cabrera / Imagen del Golfo
La impunidad es una constante en los asesinatos de periodistas por parte de las autoridades judiciales, pues de 12 casos, sólo uno de ellos obtuvo sentencia condenatoria desde 2012, fecha en que se creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp).
“Significa un 92% de impunidad. Es una realidad terrible y dolorosa. Por esta razón, en la Comisión hemos decidido no olvidar, porque también somos periodistas quienes integramos este organismo y al margen de las discusiones y polémicas”, se lee en el pronunciamiento de la Ceapp en el marco del Día de la Libertad de Expresión.
Del 2014 a la fecha la Ceapp atendió 406 casos de agresiones a periodistas y a sus familias, 39 correspondientes de junio a diciembre de 2018; y 18 en lo que va de este año, situaciones alarmantes que van desde el homicidio, robo, agresiones físicas, acoso u hostigamiento, privación ilegal de la libertad, así como daños materiales a los medios de comunicación y amenazas.
“Tan sólo en el año 2018 y en lo que va del año 2019 se han contabilizado 19 restricciones, las cuales son en su mayoría cometidas por servidores públicos que impiden el acceso a la información, situación grave, pues es el Estado a través de los funcionarios quienes deben garantizar el goce de los derechos humanos”, se indica en el reporte.
En cuanto a la inseguridad la presencia de grupos delictivos y organizaciones dedicadas al robo de combustible también son de los retos más grandes que enfrentan los periodistas en la entidad.
Sin embargo, a estas amenazas y agresiones se suman las autoridades en 17 municipios, especialmente por parte de alcaldes, servidores públicos municipales, estatales, como de los policías y elementos de la Policía Naval o Marina, todos por amenazas, detenciones arbitrarias y censura a periodistas.
“Lamentamos la falta de atención de esta asignatura especialmente de instituciones enfocadas a la investigación de los delitos, como es la Fiscalía General de Veracruz, a pesar de los llamados y las exigencias realizadas… En la mayoría de los casos, el destino de estas denuncias o investigaciones abiertas de oficio, se encuentran en el olvido, archivadas, extraviadas en la burocracia de la Fiscalía, sin avances concretos”, se lee en el documento.
SE AMPARARÁN CONTRA REFORMA
AL ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO PENAL
La Ceapp presentará recursos legales ante las instancias judiciales ante la reforma al Artículo 298 del Código Penal que establece como delito la toma de fotografía, videograbación o difusión de imágenes de un cadáver o restos humanos bajo resguardo de una institución forense, pues dicha tipificación al tener deficiencias en su redacción puede aplicarse de manera errónea a la labor periodística.
“Agudizaría las condiciones adversas de represión u hostilidad en la que ejercen su labor los periodistas veracruzanos. Si bien existen derechos de las víctimas y éstos deben respetarse y garantizarse mediante las leyes y las acciones institucionales, este reclamo no puede ser atendido reprimiendo, eventualmente, la labor de los periodistas por la vía penal y/o censurando previamente cualquier registro periodístico”, explica el escrito.
Dentro de estos recursos legales, la Ceapp invita a los periodistas que se sientan afectados por este decreto a acercar a esta institución para recibir asesoría.
Manadas de migrantes e indigentes han tomado como refugio los edificios abandonados y puentes peatonales de la avenida ‘Adolfo Ruiz Cortines’, propiciando un panorama devastador a lo largo de dicha arteria, que es la más transitada de todo Villahermosa.
Y es que ante la falta de un techo, los mencionados se instalan paulatinamente en diferentes puntos de esta avenida, principalmente en el tramo que comprende la colonia Atasta de Serra catalogado como la zona roja de la capital villahermosina.
Personas discapacitadas, de la tercera edad, niños y adultos, son lo que pernoctan bajo los puentes a las orillas de las banquetas, mientras que otro grupo más se acomodó en un edificio abandonado con localización en Ruiz Cortines casi esquina con Paseo Usumacinta.
El lente de este medio de comunicación pudo captar el momento en el que los indigentes y migrantes se conjuntan para preparar comida en un fogón improvisado. En tanto, de acuerdo a los ciudadanos durante las mañanas algunos se llegan a bañar en plena vía pública.
Todo lo anterior, genera preocupación por parte de la ciudadanía, quienes expusieron que la presencia de estas personas incrementa el peligro en este punto de la capital, pues muchos de ellos se dedican a delinquir.
“De por si aquí siempre ha sido peligroso, pues con mayor razón ahora más, porque muchas de estas personas son las mismas que roban en los semáforos, porque de algo tienen que vivir, y se ponen a robar, entonces esta parte de Ruiz Cortines de por si es peligrosa, y ahora más”, indicó la señora Carmita González Alcudia, residente de la colonia Atasta de Serra.
Anexó que por el día se la pasan sentados refugiándose del sol y preparando algunos alimentos, mientras que por las tarde-noche piden monedas en los cruceros, al tiempo que ingieren bebidas embriagantes hasta altas horas de la noche.
“En la mañana se quedan sentados, preparan comida y están ahí, pero en las tardes que ya bajó el sol salen a pedir monedas y con lo que sacan compran alcohol, luego se quedan bebiendo ahí hasta la madrugada”
Sin embargo, este estilo de vida es el único al que pueden aspirar momentáneamente, indicó Alberto ‘N’, quien de manera extraoficial comentó a este matutino que salió de Honduras con su hermano hace seis meses, y aunque logró llegar hasta Tabasco, no ha podido avanzar hasta la frontera con los Estados Unidos, y debe vivir de las monedas que le dan en las calles.
Finalmente, compartió que no le hacen daño a nadie a como todo el mundo piensa, pues únicamente piden monedas y se refugian en los mencionados espacios, sin afectar a terceros.
Foto: Adrián Carmona[/caption]
