El sábado 15 de junio vecinos del pueblo de Santo Domingo Axoloapan, en el Estado de México, se encontraron con integrantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac y con especialistas de diversas áreas; compartieron su pensamiento con respecto al megaproyecto que impulsa el gobierno federal de construir en la base militar de Santa Lucía el nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” (AISL).
Al inicio del foro la organización de los 12 pueblos originarios habló y dijo que aún no los miran a pesar de ser un grito colectivo, señalaron que hay oídos sordos de los que se encuentran en el poder simulando transformaciones. Se presentaron como “una red de comités ciudadanos de vigilancia, comités de panteones y vecinos organizados de los 12 pueblos originarios de Tecámac”.
Hablaron sobre el grito colectivo de rechazo al AISL que mostraron el 30 de mayo durante un foro realizado en el municipio de Zumpango donde miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional expusieron el proyecto del AISL. Los originarios invitaron a la gente a acercarse a mirar de frente y horizontalmente a los pueblos. Reconocieron que, sin embargo, no sería fácil ya que acarrean sobre sus hombros 500 años de colonialismo y explotación a los pueblos indígenas.
Los pueblos buscan formas de convivencia entre la comunidad y la naturaleza, exploran la posibilidad, junto a otras experiencias organizativas, de germinar un mundo “como dijeran en el sur: un mundo en donde quepan todos los mundos”.
Los pueblos originarios de Tecámac reconocen en las asambleas de sus pueblos a sus máximas autoridades: “desconocemos y rechazamos enérgicamente la suplantación de la toma de decisiones de los pueblos por las formas verticales y asimétricas de todos los partidos políticos, rechazamos mesianismos o falsos profetas, no buscamos dirigir, buscamos que se respete nuestro derecho colectivo a determinar la forma y el modo en el que queremos vivir”.
Como pueblos territorializados en la zona conurbada de la Ciudad de México señalaron que el crecimiento de la mancha urbana, a través de proyectos inmobiliarios y manufactureros, ha sido el rostro con el que se les ha impuesto el discurso de progreso y desarrollo. Esto ha significado no sólo la reducción y destrucción de su territorio con el despojo de sus bienes comunes, tierra y agua principalmente, sino también han sido afectados en sus formas comunitarias de pensar y vivir. Son pueblos que a pesar de estar siendo asfixiados y reducidos con el proceso de urbanización salvaje, se niegan a desaparecer ante el AISL.
Mirarse en el espejo de los pueblos
Durante el foro realizado en la plaza comunitaria, una de las especialistas invitadas, mencionó cómo bajo el discurso del desarrollo y el progreso, los de arriba quieren hacer creer a los pueblos que los megaproyectos traerán beneficio para los pueblos pero esto, en la experiencia de otros pueblos originarios, no es así.
Puso como ejemplo la lucha del pueblo de Xoco, ubicado en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Los habitantes de Xoco actualmente enfrentan las afectaciones provocadas por el desarrollo inmobiliario desmedido que se ha realizado con la complicidad de las autoridades locales de la CDMX. Estos desarrollos han impactado negativamente a los vecinos del pueblo.
La lucha del pueblo originario de Xoco, y las afectaciones que actualmente discuten los pueblos originarios de Tecámac, tienen varios puntos en común: el desprecio de las autoridades locales y federales a los pueblos originarios al ignorarlos y no tomarlos en cuenta; la usurpación de las autoridades oficiales en la toma de decisiones al no tomar en cuenta a las asambleas de los pueblos; poner en riesgo el derecho humano colectivo al agua, ya que los megaproyectos y los desarrollos inmobiliarios implican la sobreexplotación de los mantos freáticos; el desplazamiento forzado de personas al aumentar el impuesto predial por el desarrollo de las inmobiliarias; deterioro del tejido social de las comunidades y vulneración del sentido de pertenencia e identidad de los pueblos, entre otras afectaciones.
El modelo de la hacienda de la cuarta transformación para los pueblos originarios
Uno de los académicos invitados al foro, habló sobre cómo el ordenamiento del territorio de los pueblos de Tecámac ha estado influenciado por la exhacienda de Santa Lucía, siempre en pos del despojo de las tierras a los originarios.
La actual base aérea militar donde se propone construir el nuevo AISL esta en terrenos que fueron antes una hacienda que pertenecía a los jesuitas, que al ser expulsados de la Nueva España por el rey Carlos III, fue vendida a particulares.
En el siglo XIX la hacienda estuvo varios años en conflicto con los pueblos de Tecámac, con la intervención de las autoridades políticas, la hacienda cedía caballerías a los terrenos de los pueblos. A cambio, los pueblos tenían que dividir estos terrenos. En la práctica, se realizaba la expropiación de terrenos para ser fraccionados y que se pudieran seguir vendiendo.
En la actualidad esto no ha cambiado mucho, el gobierno federal ha declarado que, de no ser vendidas las hectáreas necesarias para el AISL, se podrían expropiar estas tierras. A decir de uno de los participantes, se pretende que la historia, el territorio y desarrollo de los pueblos de la región gire alrededor del nuevo AISL en terrenos de la exhacienda. Este proceso de destrucción/despoblamiento y reconstrucción/reordenamiento hacia los pueblos pretende despojar del territorio a los pueblos originarios y dominar los recursos naturales, la tierra y el agua en pos de un megaproyecto aeroportuario en donde ninguno de los asistentes mencionó cual sería el beneficio para sus comunidades.
Los de arriba sólo se escuchan entre ellos
Durante el foro, se propuso que los pueblos originarios metieran un amparo, y llevaban preparado un documento. Una abogada especialista en derecho indígena invitada al foro aceptó revisarlo. Los pueblos preparan ahora una defensa legal para evitar la construcción del AISL. La licenciada les recordó que las estrategias legales son una herramienta más para la defensa de la tierra y el territorio, pero lo fundamental era mantenerse organizados.
También se habló sobre cómo un juez ordenó la suspensión de las obras de AISL hasta que no se tenga una Manifestación de Impacto Ambiental adecuada. Este amparo es promovido -a decir de uno de los participantes- por otros colectivos de empresarios interesados en otros negocios como es el que regrese el aeropuerto a Texcoco, o por empresarios que aún no están incluidos en el negocio del capital.
Los pueblos originarios también se deslindaron de otros grupos que se oponen al AISL. Señalaron a un grupo de simpatizantes de Aarón Urbina Bedolla, militante priísta que por más de 20 años mantuvo el control político de Tecámac quien a tratado de utilizar la lucha de los pueblos originarios de Tecámac al dar a entender que ellos son quienes convocan a los foros y asambleas que se han realizado en los pueblos. En el foro se habló sobre cómo este grupo solo pretende golpear políticamente la administración de López Obrador.
Una valoración que se hizo en el foro es que el hecho de que estén suspendidas las obras de construcción del AISL, no se debe a que los pueblos de Tecámac alzaran la voz, no hay oído para los pueblos. Más bien ocurre lo contrario, la clase política y empresarial alza la voz y las obras se suspenden. Los de arriba sólo se escuchan entre ellos. Los pueblos señalaron que no quieren aeropuerto ni en Texcoco ni en Santa Lucía. Están por la defensa de la tierra y la cuenca de México.
A pesar del impacto ambiental, siguen existiendo proyectos para la exploración de hidrocarburos bajo la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Puebla y Veracruz; además, continúa el riesgo de que se aprueben nuevos planes en el futuro, advirtió La Alianza Mexicana Contra el Fracking, entidad civil que pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sólo suspender un pozo, sino prohibir esta forma de extracción.
El pasado 25 de junio, durante la 34 Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se anunció la resolución para modificar el Plan de Exploración presentado por Pemex correspondiente a la Asignación AE-0387-2M-Humapa en la Cuenca Tampico-Misantla, en los estados de Puebla y Veracruz.
Se trató de la aprobación de exploración en formaciones no convencionales y la autorización del uso de fractura hidráulica. Ésta ha sido la quinta asignación durante la presente administración donde se autorizan planes que requieren fracking.
El pasado miércoles, durante sus conferencias matutinas, el presidente anunció la suspensión de este servicio, en línea con el compromiso del actual gobierno de no permitir el fracking. Sin embargo, aún quedan proyectos aprobados en el país para la realización de esta actividad, como el contrato celebrado por Pemex y Lewis Energy en el 2018 para la extracción de hidrocarburos de lutitas en la frontera norte de Coahuila.
El 11 de febrero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó y aprobó la Resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex: AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-2M-Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Miahuapán en la Cuenca Tampico-Misantla.
En Pantepec, los pobladores denunciaron el trasiego de decenas de pipas que circulaban en un nuevo pozo en el que sospechan se realizó fracking. El pozo tiene más de 4 mil metros de profundidad, según reportaron empleados trabajando en el sitio. A raíz de esta extracción, la población sufre de un olor intenso a huevo podrido, que les causa dolores de cabeza y náuseas.
También se sabe que Pemex podría presentar nuevos proyectos que implican el uso de fracking. La empresa tiene un presupuesto aprobado de más de 6.5 mil millones de pesos para el “Proyecto Aceite y Gas en Lutitas”, y el “Proyecto Aceite Terciario del Golfo” para el año 2019.
Este mes se publicó la sexta edición del “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking”, que reúne documentación académica donde se demuestra que la fractura hidráulica es una técnica peligrosa con consecuencias para la salud, el agua, el suelo y el aire.
El compendio se centra en temas relacionados con los impactos del fracking en la salud pública y la seguridad. Incluye los riesgos de montar la infraestructura para realizar fractura hidráulica, incluidas las estaciones de compresión, las tuberías, las operaciones de extracción de arena de sílice, las instalaciones de almacenamiento de gas natural, la fabricación y el transporte de gas natural licuado (GNL) y, por primera vez, las centrales eléctricas de gas.
El fracking genera dos gases que provocan un efecto invernadero: el dióxido de carbono y el metano, lo que no empata con las disposiciones en la sexta edición, que ven al cambio climático como una crisis de salud pública.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking exigió al presidente de la República tomar acciones inmediatas para cumplir con el compromiso de no permitir el fracking en México, lo que requiere su prohibición explícita en el marco legal. El día 26 de junio se le entregó una carta dirigida a la Presidencia, con el objetivo de abrir un canal de diálogo para definir la mejor manera de avanzar para que la prohibición de esta práctica sea una realidad en el país.
Ignoran los daños a futuro
La Alianza Mexicana Contra el Fracking señaló en febrero del año en curso que los encargados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos argumentaron que mientras el fracking no se prohíba Pemex puede realizarlo en formaciones no convencionales. Acusó que el Ejecutivo y el Legislativo están fallando en sus obligaciones de proteger a las comunidades, el territorio, al ambiente y al clima, por no detener esta modalidad extractiva.
Una amplia documentación académica demuestra que la fractura hidráulica es una técnica peligrosa con consecuencias a corto y largo plazo para las comunidades, ya que afecta de manera directa el agua, el suelo, el aire y el clima, por lo que se ha prohibido en diversos países.
Resulta alarmante que mientras el presidente reiteró su compromiso de no permitir esta actividad, los planes de Pemex y los permisos de CNH para realizar la práctica en formas no convencionales continúen ignorando las disposiciones. La Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por más de 40 organizaciones de diversos estados del país, exigió tomar acciones inmediatas para hacer realidad el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los legisladores de diversos partidos, para no permitir esta nociva práctica en el país.
Oaxaca.- De cuatro impactos de arma de fuego fue privada de la vida la señora Flavia en el municipio de Xoxocotlán, mientras que otra mujer fue asesinada en una comunidad de San Pedro Pochutla; con ambos, suman 76 muertes violentas de mujeres en Oaxaca en lo que va del año.
La presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, reconoció que junio se ha convertido en el mes mas violento contra las mujeres en lo que va del 2019 al documentar 18 casos, mientras que la región del Istmo de Tehuantepec sigue siendo la mas violenta con un 28%.
Y lo preocupante, dijo, es que a nivel estatal, en el 92% de los casos, se desconoce a los agresores.
Como parte de la sociedad civil organizada, GESMujer demandó “acciones que permitan transparentar los procesos de investigación para todos los casos de muertes violentas de niñas y mujeres, de tal manera que sea posible valorar los criterios de actuación de la fiscalía general de Oaxaca respecto a las determinaciones que toman al iniciar una carpeta de investigación como homicidio doloso y no como feminicidio, lo que ha sido una característica de la actual administración”.
Además, como Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos demandaron “acciones contundentes y en el principio de los casos lo que necesitamos es que todos sean investigados como feminicidio y que no sea una manera de ocultar información sino una forma de reconocer una problemática que nos afecta como sociedad”, puntualizó.
Apenas este miércoles 26 de junio, alrededor de las 21:30 horas, en Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital, individuos que viajaban en una unidad de motor arribaron a un negocio de Herbalife ubicado en la carretera al Tequio y asesinaron a doña Flavia mientras que su acompañante resultó gravemente herido.
Mientras que en la región de la costa, en la comunidad de San Rafael Toltepec, perteneciente a San Pedro Pochutla, fue localizada a una mujer ya sin vida y en estado de descomposición. Al parecer el crimen fue en un asalto.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una hondureña, que pidió no ser identificada, denunció malos tratos y las condiciones deplorables e inhumanas en las que viven cientos de centroamericanos en el centro de detención de migrantes de Villahermosa, Tabasco, en el sur de México.
La compatriota estuvo unos 15 días en el centro, hace unas semanas regresó al país y comenzó su búsqueda para poder ayudar a los demás hondureños que quedaron detenidos.
Ella platicó con EL HERALDO y denunció el mal trato y la poca atención que el cónsul designado al centro les presta a los hondureños.
La catracha llegó con tres menores y todos fueron metidos en “perreras” (así denominan los migrantes a los centros de detención) por varias horas y sin aire acondicionado, además, les quitaron los teléfonos celulares y el dinero que tenían consigo.
“Se puede imaginar cómo tratan los mexicanos a los hondureños”, dijo con la voz entrecortada. “Dormía en unas colchonetas hediondas, solo había un baño y no había agua”, relató.
También aseguró que la “comida, cuando había, daban el desayuno a las 11:00 AM, el almuerzo a las 5:00 PM y la cena casi a las 3:00 de la madrugada”.
Además, el centro solo cuenta con servicio de agua potable durante dos horas al día y, según la hondureña, hay unas 500 personas viviendo en el mismo lugar con un solo baño, aseguró.
La compatriota compartió algunas imágenes del hacinamiento en el que viven los centroamericanos. “Se duerme, basicamente, en el suelo, ahí (en las fotografías) se puede observar que la basura está donde se duerme”.
Tras su salida ha buscado la ayuda del cónsul asignado a la zona, Darwin Antonio Medina Rodas, pero él no le responde y hasta le bloqueó el contacto, afirmó.
La señora logró conseguir los nombres de al menos tres compatriotas que llevan casi un mes encerrados en el lugar: Claudia Mariela SanPang, Javier de Jesús Núñez (hijo de Claudia) y Carlos Andony Montufar, quienes solicitan ayuda para poder salir.
EL HERALDO se contactó con el cónsul asignado, pero dijo que él no estaba autorizado a brindar declaraciones.
Esta denuncia surge cuando miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos siguen saliendo de sus países en busca de una vida mejor en Estados Unidos.
EL HERALDO, en una serie de reportajes sobre la situación migrante, evidenció las terribles condiciones en las que están decenas de hondureños.
En ciudades como McAllen, Tijuana y Ciudad Juárez los migrantes se las ingenian para poder continuar con el “sueño americano”.
ZACATECAS.- Una manifestación terminó en un altercado entre los diputados locales e integrantes de la comunidad LGBT+; quienes encararon a los legisladores de Zacatecas por aplazar la discusión del dictamen para reformar el artículo 100 del Código Civil que permitiría el matrimonio igualitario como lo mandata la jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La manifestación de la comunidad LGBT+ inició ayer jueves con un plantón en las instalaciones de la Legislatura local, donde exigían a los diputados acatar la ley y no someter a consulta popular dicha reforma, al insistir que “los derechos humanos no se consultan, se ejercen y se respetan”.
Dos grupos encontrados
Esta exigencia se deriva a que días antes, los grupos pro familia también se manifestaron en el Palacio Legislativo, donde acudieron los diputados locales y en aquella ocasión; para que fuera liberado el recinto, se realizó una mesa de diálogo y los diputados que atendieron a dichos manifestantes acordaron realizar diversas técnicas y foros regionales que se programa concluir hasta octubre.
Tras conocer estos acuerdos, los colectivos LGBT+ también se presentaron en las instalaciones, donde exigían la presencia de los diputados para atender su exigencia de dictaminar la iniciativa.
En vísperas del cierre del segundo periodo de sesiones que concluye el próximo domingo, los diputados consideraron que no había condiciones para sesionar en el Congreso del Estado y los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), así como de las diversas bancadas parlamentarias, y determinaron realizar una sesión privada en un hotel del Centro Histórico, ubicado a unas cuadras del Palacio Legislativo.
Acusan a diputados
Por tanto, al tener conocimiento de esta sede, tanto los representantes de los colectivos como un grupo de manifestantes del ISSSTEZAC, se desplazaron hasta dicho restaurante, donde ambos grupos exigían ser escuchados por los diputados y pedían que no se “sesionara en lo oscurito”.
Paz Barrón Delgado, presidenta de la Comunidad en Zacatecas, afirmaba que con estas actitudes los diputados buscaban crispar el ambiente y postergar el dictamen de esta iniciativa de reforma, tras asegurar que lo único que buscan es exigir a los legisladores que se dictamine a favor o en contra dicha iniciativa que mantienen en la congeladora desde hace tiempo. https://twitter.com/RayMoreno1/status/1144392281161531392/photo/1
Por la tarde y noche, después de varias horas de sesionar a puerta cerrada los diputados, decidieron abandonar el recinto alterno y comenzaron los reclamos de los manifestantes y se registraron momentos de rispidez y comenzaron los empujones.
Se niegan a legislar “bajo presión”
Incluso, la diputada Susana Rodríguez, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, aseguró que no podían sesionar bajo presiones de los manifestantes y reprochó que se agrediera a un trabajador de la legislatura.
Por la madrugada de este viernes y tras no llegar a ningún un acuerdo entre los diputados de las comisiones unidas, Adolfo Zamarripa y Carolina Dávila, optaron por pedir apoyo a la policía para poder salir del recinto, ya que afuera estaba la exigencia de sacar el dictamen del matrimonio igualitario.
En contraparte, los integrantes de la comunidad LGBT+ argumentaron que solo exigían sus derechos y que sólo se defendieron, ya que el personal de los legisladores fueron los que utilizaron la fuerza y los empujaron.
Ejidatarios podrían emprender acciones en contra de la administración municipal
La intervención del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, originó que la Minera San Xavier suspenda la restauración que está obligada a realizar en el ejido Palma de la Cruz, por lo que ahora los ejidatarios podrían emprender acciones en contra de la administración municipal, señaló Bernardo Alvarado Alonso, ex comisariado ejidal de Palma de la Cruz.
Luego de que el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte denunció una supuesta invasión a territorio soledense por parte de la Minera San Xavier, Alvarado Alonso calificó como “verdaderos disparates” las declaraciones del alcalde, a quien además acusó de discriminación al haber señalado que la minera “maicea” a los ejidatarios, “nosotros no somos ningunas bestias que nos estén maiceando, tampoco estamos recibiendo cantidad alguna de dinero”.
Manifestó que hace 15 años que el ejido Palma de la Cruz tiene relación con la minera, con la cual se celebró un convenio de ocupación temporal en 132 hectáreas que la empresa utiliza para depositar residuos, aunque dijo que hasta el momento sólo ha observado que hay rocas de grandes dimensiones en ese territorio, “no hubo explotación a cielo abierto en Palma de la Cruz”.
Señaló que en todo caso, si hay afectación ambiental en la zona fue causada por el propio Ayuntamiento, ya que construyó un camino de un kilómetro de longitud atrás del Cerro de La Reposa, “ellos son los que están deforestando, porque quién les autorizó a llevar a cabo ese camino”.
Mencionó que el pasado 22 de junio, un convoy de entre ocho y 10 vehículos, entre patrullas y pick up color blanco, acudió a la zona con la justificación de cuantificar los daños de los incendios que hubo semas atrás; la presencia de policías armados habría generado temor y por eso no se le permitió el acceso al personal municipal en la mina, aunado a que dijo, la notificación a la minera fue dejada “en una vil piedra en una peña” en la parte posterior a la empresa.
El ex comisariado ejidal indicó que además del convenio de ocupación temporal, que ya concluyó, se tiene un convenio de restauración con la minera, sin embargo, tras la intervención del Ayuntamiento la empresa les notificó que suspenderá dichas labores, por lo que anunció que “convocaremos a una asamblea ejidal para tomar las medidas pertinentes para combatir esa suspensión (del municipio a la minera)”, ya que con el actuar del Ayuntamiento se afecta al ejido.
Finalmente, afirmó que los convenios celebrados entre el ejido y la minera están inscritos en el Registro Agrario Nacional (RAN), “considero que el señor Presidente está mal informado y debió haber acudido primero al Registro Agrario Nacional para que verifique la serie de convenios y contratos que se tienen”.
Los albergues de la zona norte denuncian que elementos de la Guardia Nacional quisieron entrar a las instalaciones de Agua Prieta. El gobierno no ofrece explicaciones.
Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO
Domingo 23 de junio, 19.00 horas. Perla del Ángel, voluntaria del Centro de Atención al Migrante Exodus (Came) en Agua Prieta, Sonora, está por abandonar el local. En el exterior hay un policía municipal que vigila el recinto porque han sufrido hostigamiento y amenazas por parte de grupos criminales de la zona. De repente aparecen tres vehículos militares. Sus agentes llevan brazaletes de la Guardia Nacional.
Domingo 23 de junio, 19.00 horas. Perla del Ángel, voluntaria del Centro de Atención al Migrante Exodus (Came) en Agua Prieta, Sonora, está por abandonar el local. En el exterior hay un policía municipal que vigila el recinto porque han sufrido hostigamiento y amenazas por parte de grupos criminales de la zona. De repente aparecen tres vehículos militares. Sus agentes llevan brazaletes de la Guardia Nacional.
Tras la amenaza de Trump, las detenciones de migrantes en México rompen récord
Las tres patrullas se detienen frente al centro. Bajan algunos uniformados y comienzan a interrogar al policía.
“Está ahí porque en el interior de nuestra institución tenemos a víctimas de delitos graves”, dice Del Ángel, quien se queda sorprendida por la presencia militar. Estaba a punto de abandonar el lugar, pero mejor se queda.
Pasa media hora y aparece el coordinador del centro.
Los integrantes de la Guardia Nacional le dicen que están allí porque han recibido una denuncia por la presencia de un hombre armado en el lugar.
Se trata del policía, quien previamente se había identificado como tal y únicamente se había quitado la chaqueta debido al calor, explica Del Ángel.
A partir de ese momento comienzan las preguntas sobre la Casa del Migrante.
Cuánta gente hay. Quiénes son. Cuál es su situación.
“Recibimos muchas personas que migran hacia Estados Unidos o solicitantes de asilo y son datos que no proporcionamos”, dice la voluntaria. Agua Prieta es un municipio fronterizo con la localidad de Douglas, en Estados Unidos, por lo que son muchos los migrantes y solicitantes de asilo que acuden a este albergue. Del Ángel explica que tienen por política no dar detalles sobre cuántas personas se encuentran alojadas por el momento, “por seguridad de los migrantes y de la propia casa”, afirma.
En ese momento las cosas comienzan a torcerse. “Uno de los militares insiste en entrar en el albergue. Dice que puede llamar al Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar una verificación migratoria. Que le resulta sospechoso que la puerta esté cerrada con llave, que cómo puede saber que las personas que están en el interior están por su propia voluntad. Que es un agente que tiene derecho a entrar en un espacio público.
Fuentes de la Guardia Nacional reconocieron la existencia de la denuncia y señalaron que “los hechos se están investigando”. “El compromiso de la GN es salvaguardar la integridad física de todas las personas que estén en territorio nacional, pero siempre respetando los Derechos Humanos bajo los protocolos de actuación”, dijeron estas fuentes, que insistieron en que “la Secretaría de Seguridad Pública no tolerará abusos de autoridad”.
Hostigamiento por parte de grupos criminales
“Estamos en alerta ante posibles incidentes”, explica Del Ángel. La Casa del Migrante, asegura, está inserta dentro del mecanismo de protección a defensores y periodistas. Sus integrantes han sido hostigados, asegura, por parte de grupos criminales, a través de llamadas y seguimientos.
Llegan dos patrullas militares más. Pasadas las 20:00 horas son cinco vehículos con seis efectivos por vehículo. Es decir, 30 miembros de la Guardia Nacional que insisten en entrar en la Casa del Migrante. Sus responsables se niegan.
Del Ángel explica que en ese momento hubo comunicación directa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante su oficina en Nogales, Sonora.
Denuncia que uno de los efectivos trató de interrogarle sobre aspectos como si pagaba impuestos. Denuncia que tomó fotografías y que los miembros de la Guardia Nacional le dijeron que estaba haciendo algo ilegal. Denuncia que fue filmada por uno de los uniformados
A las 20:24 horas, casi hora y media después de la llegada de los primeros vehículos militares, todo el dispositivo se retiró sin dar explicaciones, según señala la voluntaria.
La Casa del Migrante interpuso una queja ante la CNDH y solicitó medidas cautelares de protección. “Hemos pedido que la Guardia Nacional se abstenga de intimidar la labor de las casas del migrante. Lo del domingo es una ofensa a todos los que realizan esta labor. Hemos visto lo que la guardia está haciendo en Juárez”, afirma la voluntaria.
El incidente en Agua Prieta llega en un contexto en el que las casas de acogida a los migrantes han sido señaladas por parte de diversos estamentos del Estado mexicano.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 17 de junio que su gobierno tenía intención de retirar los fondos de los albergues y abogaba por el control estatal de estas infraestructuras. A pregunta de Animal Político, responsables de casas del migrante de norte, centro y sur del país aseguraron no temer a la retirada del supuesto apoyo por parte de la administración ya que en contadas ocasiones habían recibido fondos estatales.
Un día después, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco, anunciaba su intención de investigar albergues por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas, supuestamente, a las caravanas migrantes. Esta entidad estatal hizo referencia a informaciones reveladas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. No obstante, el funcionario negó haber proporcionado información alguna ni haber vinculado albergues u ONG al tráfico de personas.
La Casa del Migrante de Agua Prieta, Sonora, denuncia que la Guardia Nacional trató de ingresar en sus instalaciones
Preocupación legitima
“Vemos con mucha preocupación este tipo de actos que parece buscar deslegitimar la labor de asistencia humanitaria y defensa de los Derechos Humanos que han realizado por décadas las casas de migrantes y demás organizaciones de la sociedad civil en todo el país. La intimidación de las y los defensores no debe ser parte de los actos de autoridad, ni mucho menos de quienes aducen estar para realizar labores de ‘rescate de migrantes’”, denunció a través de un comunicado la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes. Esta red reúne a casas del migrante y asociaciones de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
El colectivo responsabilizó al gobierno federal del uso indebido que pueda hacerse de la grabación de la voluntaria de la Casa del Migrante, “así como de cualquier otro intento ilícito” de ingreso a sus instalaciones.
El incidente llega después de que el gobierno desplegó 15 mil elementos de la Guardia Nacional (por el momento militares y policías con un brazalete) para intentar impedir que migrantes accedan a la frontera con Estados Unidos. Se trata de una más de las medidas impuestas tras el acuerdo del 7 de junio entre México y Estados Unidos, por el que López Obrador aceptó reforzar el control contra los migrantes a cambio de que Washington no imponga aranceles progresivos a sus productos.
El Quinto Visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, informó que recibieron la queja, y que en este momento están haciendo los trámites para ver si implementan medidas cautelares al centro; además, dijo que están pidiendo información a las instituciones implicadas, que tienen 15 días hábiles para responder a las acusaciones.
Las autoridades no han transparentado los detalles sobre los cursos de capacitación y procesos de evaluación de los elementos de la Guardia Nacional.
Arturo Ángel/ ANIMAL POLÍICO
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo domingo 30 de junio se llevará a cabo el evento oficial de arranque de la Guardia Nacional, la nueva fuerza de seguridad pública creada en este sexenio para hacer frente a la escalada de violencia en el país, y que cuenta con capacidades de prevención, investigación y control migratorio.
Pero en este inicio de la nueva fuerza persisten dudas centrales. Aunque públicamente el gobierno ha dado información sobre elementos desplegados, presupuesto y capacitación, datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político difieren o incluso contradicen dichas declaraciones.
De hecho el anuncio oficial del arranque de la Guardia Nacional llega con elementos de dicha corporación (o que el gobierno ha dicho que son de la Guardia) ya desplegados en el terreno desde hace varias semanas, y cuya formación y capacitación tampoco fue detallada por las autoridades involucradas. Además, la nueva fuerza carece aún de su reglamento.
A continuación se refieren algunos de los puntos principales en donde la información oficial ha sido contradictoria o ha estado ausente, además de lo que está pendiente. Todo ello a partir de lo dicho por las propias autoridades y los documentos oficiales:
Una Guardia sin reglas
La Guardia Nacional cuenta desde mayo pasado con una ley que delimita sus funciones y organización, y que fue aprobada en consenso por el Congreso. Sin embargo, dicha ley requiere un reglamento que aterrice las disposiciones, el cual no ha sido expedido hasta la fecha.
Así lo reconoció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la que está adscrita la Guardia Nacional, en un oficio fechado el 24 de junio y entregado a Animal Político, como respuesta a la solicitud de transparencia folio 0002800049819. En ella se pidieron detalles sobre centros de reclutamiento y tiempos de capacitación, entre otros puntos.
La SSPC subrayó que la estructura, organización e integración de la Guardia Nacional dependen de la ley y de su reglamento. Dicha ley fue publicada el pasado 27 de mayo, sin embargo, el artículo primero transitorio de la misma establece que existe un plazo de seis meses para expedir el reglamento.
“El Ejecutivo Federal emitirá el mismo (reglamento) dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, por lo que se encuentra en el proceso de elaboración de dicho proyecto, para su posterior aprobación y publicación”, indica la SSPC.
Por este motivo, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo señaló que no podía dar respuesta a la mayor parte de los cuestionamientos planteados sobre el funcionamiento de la Guardia.
¿Cuál será el estado de fuerza inicial de la Guardia?
El jueves el presidente López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina que el estado inicial de la Guardia Nacional será de 70 mil efectivos, con el objetivo de llegar a 130 mil al finalizar el sexenio.
“Vamos a empezar el domingo con 70 mil. Entonces, se va a dar a conocer toda la estrategia de atención de la Guardia Nacional, se le está dando prioridad”, dijo el presidente.
Sin embargo, el pasado 18 de mayo el secretario Durazo afirmó que la Guardia arrancaría con una fuerza de veteranos compuesta por 35 mil elementos de Policía Militar, 18 mil efectivos de Policía Federal, y 8 mil de Policía Naval. Esto para un total de 61 mil efectivos.
Pero incluso en los datos de Durazo también hay diferencias. Por ejemplo, la Secretaría de Marina informó oficialmente a Animal Político vía transparencia que ellos prevén transferir a 6 mil 288 que son los que conforman toda su policía naval, a la Guardia Nacional, una cantidad 21% inferior a la dicha por Durazo. Ello reduciría el estado total de la Guardia a menos de 60 mil efectivos.
Además la Semar detalló en el oficio 2236/19 entregado como respuesta, que al menos hasta el pasado 24 de junio aun no se transferían elementos de policía naval a la Guardia, aunque estimaron que dicha transferencia se realizará justo el 30 de junio.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha calificado como “información inexistente” a la cantidad de elementos de policía militar que prevé enviar a la Guardia. La última respuesta de este tipo recibida en mayo pasado, por la solicitud con folio 0000700111319.
¿Y los nuevos reclutas? Con capacitación a medias
Una opción para completar el estado de fuerza de 70 mil efectivos señalado por López Obrador es que haya 10 mil o más que sean nuevos reclutas. Sin embargo, la propia Sedena había señalado, también vía transparencia, que para el reclutamiento lanzaría una campaña pública difundida en medios, la cual no se ha advertido al menos de forma notoria a la fecha.
No han presentado información oficial sobre el número de elementos desplegados en la ciudad fronteriza
TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) realizan ya patrullajes en las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa Hidalgo.
Con uniforme militar, los elementos portan en su brazo la insignia que los identifica como pertenecientes a la GN. Sin embargo, de manera oficial no existe información de cuántos elementos arribaron a Reynosa.
Otro grupo de elementos se ha visto patrullando en algunas colonias de la ciudad fronteriza.
HIDRATAN. Momentos en que eran auxiliados los migrantes por los elementos de la Policía Estatal, tras su rescate. Fotografía: El Mañana
El Mañana
Personal de la Policía Estatal los rescata de una casa de seguridad
Nuevo Laredo, Tam. – La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informa que un grupo de 8 migrantes procedentes de Bangladesh, que tardaron 5 meses en llegar a esta frontera mexicana, fueron detectados la madrugada de hoy por personal de la Policía Estatal en una casa de seguridad.
El grupo de migrantes señaló que al llegar a Nuevo Laredo fueron privados de su libertad por un grupo criminal local que los llevó a un domicilio ubicado en la zona poniente de la ciudad. Los policías estatales detectaron a los migrantes durante recorridos de vigilancia. Al escuchar ruidos y gritos en el domicilio procedieron a la revisión y encontraron a las personas atadas con cinta adhesiva.
Dijeron que en enero pasado salieron de Bangladesh hacia India, Etiopía, Brasil, Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.
A llegar a México, el Instituto Nacional de Migración les extendió un permiso para su tránsito por el país.
En meses anteriores, autoridades de Estados Unidos solicitaron apoyo internacional para la localización de un grupo de personas de Bangladesh por sospecha de terrorismo. Corresponderá a las autoridades migratorias establecer su calidad migratoria y situación jurídica.
Los migrantes fueron asistidos con hidratación, revisados por un médico y puestos a disposición de personal del instituto Nacional de Migración.
Foto: Archivo El Popular Siguen existiendo proyectos para la exploración de hidrocarburos bajo la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Puebla y Veracruz.
Mario REYNA / El Popular
La Alianza Mexicana Contra el Fracking exigió al presidente de la República tomar acciones inmediatas para no permitir el fracking.
A pesar del impacto ambiental, siguen existiendo proyectos para la exploración de hidrocarburos bajo la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Puebla y Veracruz; además, continúa el riesgo de que se aprueben nuevos planes en el futuro, advirtió La Alianza Mexicana Contra el Fracking, entidad civil que pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sólo suspender un pozo, sino prohibir esta forma de extracción.
El pasado 25 de junio, durante la 34 Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se anunció la resolución para modificar el Plan de Exploración presentado por Pemex correspondiente a la Asignación AE-0387-2M-Humapa en la Cuenca Tampico-Misantla, en los estados de Puebla y Veracruz.
Se trató de la aprobación de exploración en formaciones no convencionales y la autorización del uso de fractura hidráulica. Ésta ha sido la quinta asignación durante la presente administración donde se autorizan planes que requieren fracking.
El pasado miércoles, durante sus conferencias matutinas, el presidente anunció la suspensión de este servicio, en línea con el compromiso del actual gobierno de no permitir el fracking. Sin embargo, aún quedan proyectos aprobados en el país para la realización de esta actividad, como el contrato celebrado por Pemex y Lewis Energy en el 2018 para la extracción de hidrocarburos de lutitas en la frontera norte de Coahuila.
El 11 de febrero, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentó y aprobó la Resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex: AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-2M-Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Miahuapán en la Cuenca Tampico-Misantla.
En Pantepec, los pobladores denunciaron el trasiego de decenas de pipas que circulaban en un nuevo pozo en el que sospechan se realizó fracking. El pozo tiene más de 4 mil metros de profundidad, según reportaron empleados trabajando en el sitio. A raíz de esta extracción, la población sufre de un olor intenso a huevo podrido, que les causa dolores de cabeza y náuseas.
También se sabe que Pemex podría presentar nuevos proyectos que implican el uso de fracking. La empresa tiene un presupuesto aprobado de más de 6.5 mil millones de pesos para el “Proyecto Aceite y Gas en Lutitas”, y el “Proyecto Aceite Terciario del Golfo” para el año 2019.
Este mes se publicó la sexta edición del “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking”, que reúne documentación académica donde se demuestra que la fractura hidráulica es una técnica peligrosa con consecuencias para la salud, el agua, el suelo y el aire.
El compendio se centra en temas relacionados con los impactos del fracking en la salud pública y la seguridad. Incluye los riesgos de montar la infraestructura para realizar fractura hidráulica, incluidas las estaciones de compresión, las tuberías, las operaciones de extracción de arena de sílice, las instalaciones de almacenamiento de gas natural, la fabricación y el transporte de gas natural licuado (GNL) y, por primera vez, las centrales eléctricas de gas.
El fracking genera dos gases que provocan un efecto invernadero: el dióxido de carbono y el metano, lo que no empata con las disposiciones en la sexta edición, que ven al cambio climático como una crisis de salud pública.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking exigió al presidente de la República tomar acciones inmediatas para cumplir con el compromiso de no permitir el fracking en México, lo que requiere su prohibición explícita en el marco legal. El día 26 de junio se le entregó una carta dirigida a la Presidencia, con el objetivo de abrir un canal de diálogo para definir la mejor manera de avanzar para que la prohibición de esta práctica sea una realidad en el país.
Ignoran los daños a futuro
La Alianza Mexicana Contra el Fracking señaló en febrero del año en curso que los encargados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos argumentaron que mientras el fracking no se prohíba Pemex puede realizarlo en formaciones no convencionales. Acusó que el Ejecutivo y el Legislativo están fallando en sus obligaciones de proteger a las comunidades, el territorio, al ambiente y al clima, por no detener esta modalidad extractiva.
Una amplia documentación académica demuestra que la fractura hidráulica es una técnica peligrosa con consecuencias a corto y largo plazo para las comunidades, ya que afecta de manera directa el agua, el suelo, el aire y el clima, por lo que se ha prohibido en diversos países.
Resulta alarmante que mientras el presidente reiteró su compromiso de no permitir esta actividad, los planes de Pemex y los permisos de CNH para realizar la práctica en formas no convencionales continúen ignorando las disposiciones. La Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por más de 40 organizaciones de diversos estados del país, exigió tomar acciones inmediatas para hacer realidad el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los legisladores de diversos partidos, para no permitir esta nociva práctica en el país.
Darío Escobar Laínez muestra un retrato de su hija María Senaida, muerta en Veracruz presuntamente a manos de policías. Foto: David Ernesto Pérez
David Ernesto Pérez/ PROCESO
CABAÑAS, El Salvador (apro).- Darío Escobar Laínez regresó cansado, sudoroso e incómodo a su casa en el cantón San Antonio, en la zona paracentral de El Salvador. Desde las ocho de la mañana hasta casi las dos de la tarde esperó que los médicos del sistema de salud público terminaran de atender a Milagro Cerritos, su cónyuge, cuya diabetes empeoró desde que supo que María Senaida Escobar Cerritos, la última hija que procrearon juntos, fue asesinada de un tiro en la frente en México mientras viajaba indocumentada hacia California, Estados Unidos.
“Tenemos que cuidarla más”, dijo avanzando en la calle de polvo y piedras frente a su casa ubicada en Cabañas, a tres horas de distancia de San Salvador y a una hora de camino de la frontera más próxima con Honduras. Del vehículo en el que viajaron a Sensuntepeque, la ciudad más cercana, bajaban platos y vasos desechables, aceite, pan dulce, bolsas con cemento y otros productos para el funeral de su hija.
María Senaida fue asesinada el 14 de junio en Veracruz, cerca del municipio Agua Dulce. De acuerdo con las versiones de los testigos, publicadas por la prensa mexicana, un retén policial hizo el alto al vehículo en el que viajaba una docena de migrantes más, pero el chofer ignoró la señal y siguió de largo. Uno de los militares disparó al parabrisas; la bala de muerte cayó a la joven salvadoreña de 19 años de edad e hirió a dos más.
El viaje guiado por un traficante de personas (coyote) a Santa Cruz, California, lo pagaba Darío: 11 mil dólares. La menor de la familia había tenido dos ofrecimientos previos para largarse de uno de los países más pobres de Centroamérica. El primero lo rechazó porque aún estaba estudiando el bachillerato a distancia. El segundo porque no se había decidido a dejar sola a su mamá enferma y ya entrada en años. La tercera vez fue ella quien apeló a las eternas promesas de su padre que desde hace diez años, cuando él por su cuenta migró, les repetía a todas sus hijas: la que quiera venirse que lo haga pero que sea consciente de los riesgos del camino: el Río Bravo se traga a la gente, los migrantes se mueren de sed en el desierto, en el mar muchos se ahogan.
“Cuando tenga deseos de venirse que no sea yo el que la obligue, tiene que ser voluntad de usted si quiere venir a hacer su vida”, recordó Darío que le dijo hace más de un mes a su hija, cuyo cadáver llegó a El Salvador al mediodía del miércoles 26, es decir, casi trece días después del crimen y a un costo aproximado de seis mil dólares que pagó él con pequeñas ayudas de sus familiares y amigos que también son migrantes indocumentados. Sobre su caso el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño no dijo más que está trabajando en la repatriación y que presiona a las autoridades mexicanas para que esclarezcan el crimen.
Foto: David Ernesto Pérez
Migrar era la opción natural para María Senaida. Hay razones evidentes y razones subyacentes. Las primeras son las que se repiten en el Triángulo Norte y que obligan a docenas y docenas de personas a irse todos los días: pobreza, salarios miserables de menos de 300 dólares mensuales, violencia provocada por la guerra entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
En el cantón San Antonio, de donde era originaria María Senaida, las condiciones particulares de pobreza son evidentes: la única opción de trabajo es la agricultura pero únicamente se puede sembrar maíz porque la resequedad de la tierra no produce frijol, uno de los productos siempre necesarios en la canasta alimenticia salvadoreña. Los jornaleros pueden ganar hasta seis dólares diarios pero solo en un día gastan el doble para alimentar a sus familias que en promedio son de hasta ocho miembros. Los jóvenes pueden acceder a educación básica y media pero las universidades más cercanas están a casi dos horas de distancia y el servicio de transporte colectivo es deficiente y escaso porque las calles y las carreteras son de tierra y piedra. El que logra graduarse de bachiller puede optar a un empleo como barrendero o empleado en las zonas urbanas más próximas pero su salario siempre será inferior a 250 dólares mensuales, insuficientes para comprar una casa o un carro, mantener una familia o acumular para la vejez.
“Uno gasta más de lo que gana en el día. ¿Y si no tengo trabajo? ¿Una fábrica, algo donde uno pueda pedir empleo? Uno pasa encerrado en los pedacitos de casa. Yo tengo hijos: ¿y el futuro de ellos?”, se preguntó Carlos Escobar, tío de la víctima.
También están las razones subyacentes: San Antonio es un cantón familiar: los apellidos que más se repiten son Escobar, Cerritos y Laínez. De más de 50 personas que viven en los alrededores, 40 son primos o tíos de la fallecida. De esos más de la mitad vive en Estados Unidos repartidos en Santa Cruz, Virginia, California e Indiana. La carrera de relevos migratoria de la familia Escobar inició a principios de los años 80 cuando el hermano mayor de Darío estrenó la ruta: entonces el país era un campo de batalla que se disputaban guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Fuerza Armada. En los años 90 la paz estaba escrita en un papel y los fusiles se aquietaron pero la familia ya tenía una ruta marcada y las siguientes cuatro generaciones siguieron los pasos del primero que se fue. La historia se repitió en las décadas posteriores hasta llegar al 8 de junio de 2019 cuando María Senaida preparaba la mochila en la que llevaba cuatro o cinco prendas con las que se cambiaría en la larga travesía de más de 4 mil kilómetros desde San Salvador hasta la casa de su padre que trabaja como jardinero en Santa Cruz.
Para María Senaida la migración era natural. En su casa nunca tuvo una opciones de realización personal como la que sí tuvieron sus hermanas que migraron al cumplir la mayoría de edad. Está, además, el ejemplo de sus tíos y de sus primos que nunca tuvieron nada mientras vivieron en El Salvador pero que lograron acumular bienes una vez que se fueron del país.
Irse equivalía a confirmar que ya había crecido, que ya era toda una mujer dispuesta a hacerse cargo de sí misma. El migrante que manda remesas gana prestigio en la comunidad, se hace respetar entre los suyos. El que se queda es porque decidió que el resto de su vida dependerá de los que tuvieron más valentía.
La migración es transmitida generacionalmente en la familia Escobar y, en general, es considerada como la única opción para mantener un estilo de vida no ostentoso pero al menos sí con lo mínimo: dieta alimenticia variada, servicios básicos como agua potable y telecomunicaciones, energía eléctrica, acceso a servicios médicos, entre otros. A eso se suma que en los últimos 50 años San Antonio no cambió mucho. En los años de la Guerra Civil fue el bastión de grupos paramilitares agrupados en la desaparecida Organización Democrática Nacionalista (ORDEN). Santa Marta, la comunidad vecina, fue asediada por muchos de esos grupos y por fuerzas militares; la mayoría de sus habitantes se refugiaron en campamentos en Honduras y al terminar la guerra repoblaron su antigua comunidad. Entre finales de los años 90 y principios de la década del 2000 el gobierno del fallecido presidente Francisco Flores ofreció pavimentar la carretera que lleva a la comunidad para facilitar el comercio y al finalizar su periodo mostró como uno de sus logros ese proyecto. Pero la realidad es que la carretera y las calles nunca tuvieron ni una gota de pavimento.
Esas fueron algunas de las razones que María Senaida tuvo para migrar. Las mismas razones que motivaron a su tío paterno a hacerlo hace más de 40 años. Marta Escobar, su prima, recordó que unos días antes de irse platicó con ella y le pidió que no se fuera, que no dejara sola a su madre enferma, pero la respuesta fue que no tenía más que hacer en su país natal.
“No te vayas, el camino está muy peligroso”, contó que le advirtió. Pero María Senaida, según ella, le respondió que se iba porque su papá ya la había mandado a traer.
“Es cierto que uno a veces no se siente bien aquí, pero yo prefiero quedarme con mi mamá. ¿Qué es mejor que eso?”, dijo insinuando que María Senaida había sido demasiado ambiciosa ya que su padre y sus hermanas siempre le mandaban dinero a ella y a su madre.
Marta y María crecieron juntas. Estudiaron en la misma escuela. Vieron migrar a la mayoría de sus familiares. Disfrutaron las remesas que esos migrantes indocumentados les mandaron y gracias a las cuales siguieron estudiando y tuvieron una vida relativamente digna y sin mayores sobresaltos. Por eso el 9 de junio, el día en que ella partió, prefirió no asomarse a la casa ni hablarle ni contestarle mensajes.
Cristian Escobar, primo de María Senaida, tampoco la quiso ver irse. Prefirió ir a cortar las ramas de un árbol que estaban sobre el tejado de la casa en la que vive con su padre.
“Nosotros le decíamos que mejor se quedara”, afirmó.
Foto: David Ernesto Pérez
El 9 de junio una comunidad entera quedó en vilo. María Senaida se tomó las últimas fotografías en su país natal en San Sebastián, a un poco más de una hora de distancia de su casa. Posó en el quiosco del parque central. Esas mismas fotografías fueron publicadas y republicadas en docenas y docenas de medios de comunicación.
En la travesía mantuvo comunicación constante con una de sus hermanas en Estados Unidos y con su padre. La familia sabía que el camino era difícil. Había acontecimientos relativamente recientes que también pudieron encender las alertas: hace cuatro años Irene Laínez, prima de Ana Senaida y sobrina de Darío, murió de sed en el desierto. El 24 de mayo de 2019 Miguel Ángel Hernández Leiva, de la comunidad vecina a San Antonio, fue asesinado en Virginia por un estadunidense identificado como Steven Green, aparentemente por racismo.
Pero la experiencia de la familia nuclear en México era buena. Las cuatro veces que Darío entró y pasó no tuvo ningún problema con las autoridades. Tampoco tuvo su hermano Carlos que viajó hace 15 años.
“No había pasado lo que está pasando ahora. Antes usted llegaba a México, pagaba a migración y se iba”, explicó Carlos.
“Nunca estuve detenido, nunca estuve en la cárcel, para nada. Es primera vez que me han golpeado”, reiteró Darío.
El día 14, en la madrugada, María Senaida mandó un mensaje de texto al teléfono de Darío: “Papi, íbamos a salir hoy para allá, pero dicen que hay muchos retenes y por eso ya no vamos a salir”. Unas doce horas más tarde, después de un día cotidiano de trabajo, él regresó a su casa y mientras descansaba una de sus hijas le llamó por teléfono.
“Papi, le quiero contar algo”, le dijo llorando. “Atacaron el carro donde venía Senaida y la mataron”.
Darío sintió vértigo, luego rabia, luego pensó en lo peor contra los que mataron a su hija. Pero se contuvo y pensó en lo que se venía inmediatamente: recuperar el cuerpo, repatriarla, cuidar a su esposa enferma, regresar a su país de origen a preparar el funeral.
Marta no había abierto su página de Facebook aún. Eran casi las ocho de la noche. Su teléfono sonó; era una de sus primas de Santa Cruz. Llamaba para preguntar si era cierto que habían matado a María Senaida.
“¿Cuál Senaida?”, repreguntó Marta. Imaginó el cuerpo de una conocida suya que vive a más o menos media hora de distancia. Al otro lado de la línea la mujer que había llamado se calló. Ella colgó y llamó de inmediato a la hermana de María Senaida. Confirmó de quien se trataba.
“Sí, es ella, se nos fue”, le contestaron. No dijo nada. Sintió como hormigas escalando sus brazos. Notó que hacía más calor del habitual. “Cuando lleven el cuerpo quiero que estén todos en la casa de mi mamá”, ordenó la voz de la mujer.
La única ayuda que recibieron para repatriar el cuerpo fue de una agente en Veracruz que les habló de los procesos burocráticos. El gobierno del presidente Nayib Bukele no ha hecho nada por María Senaida y su familia. De las autoridades salvadoreñas los únicos que le llamaron fueron el alcalde de Ciudad Victoria, Juan Antonio Ramos; y Carlos Reyes, diputado de ARENA. Le ofrecieron ayuda pero nada más.
Darío dijo que ahora está concentrado en el entierro y en cuidar a la madre de sus hijas. También aseguró tener claro que exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador justicia puede ser peligroso.
“Si voy a demandar a alguien, me van a venir a esperar a la frontera a matarme. Eso yo no lo quiero”, comentó. “Por un dinero que me van a querer dar, después me van a querer matar”, agregó.
“En México está muy tremenda la situación y no voy a exponer mi vida por una denuncia”, dijo. “Claro que la policía mexicana es la culpable, ellos la mataron”, afirmó.
Darío no regresará a Estados Unidos. Dijo sentirse cansado a sus 58 años de edad. Una buena parte de sus ahorros los gastó en su hija asesinada. Es probable que para vivir reabra el billar que cerró el día en que se marchó a trabajar a California. María Senaida fue enterrada el jueves 27, a las once de la mañana.
Por ello, emitió una recomendación dirigida al Instituto Nacional de Migración y al DIF de Tlaxcala.
México.- El 5 de junio de 2018, un adolescente de 17 años de edad y su padre, ambos de origen hondureño, fueron golpeados y amenazados con ser desaparecidos por agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Estación Migratoria de Tlaxcala.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras entregaban alimentos a las personas de la Estación, un agente federal le dijo al joven que tirara una bolsa de basura pero él dijo que no, por lo que no le proporcionaron los alimentos y como protesta, su padre regresó los que él tenía, mismos que accidentalmente cayeron al piso. Luego fueron trasladados a un cuarto aislado donde fueron golpeados.
Refirió que ambas personas también fueron víctimas de violación a derechos humanos como la integridad personal, seguridad jurídica, al interés superior de la niñez, por lo que el organismo emitió la Recomendación 37/2019 al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y a la Directora General del DIF de Tlaxcala, Maday Capilla Piedras.
Ambos presentaron secuelas de tortura
En el desarrollo de la investigación, con especialistas en medicina y psicología, la CNDH concluyó que el adolescente presentó lesiones físicas y afectaciones psicológicas concordantes con tortura y su padre tuvo secuelas psicológicas que acreditaron tratos crueles.
En la integración del expediente revelamos que el adolescente presentó lesiones físicas y afectaciones psicológicas relacionadas con #Tortura, como refiere el Manual del “Protocolo de Estambul”, en tanto, su padre tuvo secuelas psicológicas por tratos crueles.
— CNDH en México (@CNDH) June 27, 2019
Además, el oficial de protección a la infancia asignado al joven no estuvo presente en ningún momento de los hechos, así como la ausencia de personal de la Procuraduría de Tlaxcala que se limitó a recibir comunicación sobre la situación sin realizar las gestiones necesarias.
Por ello, la CNDH solicitó la reparación integral del daño a ambas víctimas, atención psicológica y su inscripción al Registro Nacional de Víctimas. Además de apoyar en las denuncias contras los posibles responsables de esas dependencias y capacitar a su personal sobre el interés superior de la niñez.
Ciudad Juárez – La Guardia Nacional (GN) endureció sus acciones para evitar el paso de migrantes hacia Estados Unidos al extender su patrullaje más allá del río Bravo, colocando vigilancia en la zona fronteriza entre Anapra, Ciudad Juárez y Sunland Park, Nuevo México.
Elementos militares que portan las siglas de GN fueron apostados en los tramos donde Estados Unidos mantiene su frontera sur sin la valla metálica que colocó en la línea divisoria con México.
Ahí, en paisajes fronterizos semidesérticos, soldados armados fueron colocados por el gobierno de México para impedir el paso de migrantes hacia el territorio estadunidense.
Desde el 16 de junio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador activó un ‘muro humano’ con militares apostado en el bordo del río Bravo, como parte de un operativo antiinmigrante encabezado por oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que se ha detenido a más de un centenar de extranjeros indocumentados.
Esas acciones se extendieron ahora a largo de la frontera con Estados Unidos por Ciudad Juárez.
Hérika Martínez Prado y Luis Christian Torres Chávez tomaban fotografías, a través de la malla fronteriza, del centro de detención temporal para migrantes en Tornillo, Texas
Red de Periodistas de Juárez
Ciudad Juárez– Los periodistas Hérika Martínez Prado y Luis Christian Torres Chávez fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras tomaban fotografías, a través de la malla fronteriza, del centro de detención temporal para menores migrantes en Tornillo, Texas, colindante con el municipio de Guadalupe, en El Valle.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, pero trascendieron hoy cuando ambos periodistas decidieron hacer público su relato del incidente “para prevenir que a más compañeros les pase lo mismo”, como dice Hérika, una periodista en Ciudad Juárez desde 2005.
Ambos estuvieron detenidos durante 16 horas y trasladados a tres estaciones diferentes de la Patrulla Fronteriza en Texas. En la primera estación los entrevistaron unos supervisores, les tomaron fotografías y los hicieron firmar que autorizaban hacer una copia de todo el material que habían tomado en las cámaras y en los teléfonos celulares, incluidas fotografías, llamadas y mensajes, narraron. Posteriormente, a los dos les quitaron su visa de turista, otorgada por el gobierno de Estados Unidos.
“Nuestra intención nunca fue cruzar, ni para trabajar allá, ni para pedir asilo político. Ambos llegamos fácilmente hasta la malla fronteriza”, reitera Hérika.
“Pisamos suelo americano sin saberlo…vimos la malla que divide los dos países, pero como nunca nos había tocado trabajar en ese punto no sabíamos que el campo grande con muchas plantas es donde existe el Río Bravo, está completamente seco y como no existe ningún señalamiento que indique la división de los países pensamos que la malla era la división, como en Anapra y Nuevo México”, agrega Christian.
Ella trabajó durante 11 años para el periódico Norte de Ciudad Juárez. En 2015 ganó el Premio Nacional de Periodismo en México y actualmente colabora para Agence France-Presse (AFP) como fotoperiodista y como reportera en el periódico El Heraldo de México.
Christian lleva siete años como fotoperiodista de Ciudad Juárez, ha trabajado en el periódico El Diario de Juárez y actualmente colabora con la agencia de noticias Associated Press y la agencia china de noticias Xinhua cubriendo noticias en territorio mexicano.
Aquí dejamos íntegros los testimonios de Hérika y de Christian sobre su incidente con la Patrulla Fronteriza, en Texas.
Carta de Hérika Martínez Prado
El lunes 18 de junio, Christian Torres, quien colabora como fotoperiodista para agencias de noticas AP y Xinhua y yo fuimos detenidos durante 16 horas por la Patrulla Fronteriza, cuando tomábamos imágenes a través de la malla fronteriza, del centro de detención temporal para menores migrantes ubicado en Tornillo, Texas, frente al Valle de Juárez.
Todas mis historias son tomadas desde lado mexicano, ya que yo trabajo para la oficina de México de la AFP, y ellos cuentan con periodistas en Estados Unidos.
La historia de los menores migrantes que eran separados de sus padres al momento de cruzar la frontera obviamente me conmovió. Y ese día, más que por el tema del momento, me llevó hasta malla fronteriza el interés por comprobar que realmente estaba ocurriendo eso, que tenían a los menores solos, bajo carpas, lejos de sus padres.
Durante los últimos dos años he retratado muchas veces el muro y la malla fronteriza que se encuentran en las zonas de Anapra, en Ciudad Juárez, México, frontera con Sunland Park, Nuevo México, así como en el ejido de Jerónimo, municipio de Juárez, en la frontera con Santa Teresa, Nuevo México.
En ambos casos el muro o la malla dividen ambos países y siempre pensé que en la zona de Tornillo, Texas y el Valle de Juárez era igual.
Por eso, después de aplicar el protocolo de seguridad que realizo siempre voy a un lugar de alto riesgo, ambos nos acercamos a tomar imágenes del albergue a través de la malla fronteriza, desde el mismo punto donde muchos otros compañeros lo han hecho antes y después que nosotros.
Desde el año 2000 yo cuento con documentos para ingresar legalmente a Estados Unidos como turista. En 2010 renové la visa y se me otorgó la B1/B2 Visa Corder Crossing Card, la cual tiene vigencia hasta el 11 de noviembre de 2020. Christian también tiene documentos para ingresar de manera legal a Estados Unidos, pero nuestra intención nunca fue cruzar, ni para trabajar allá, ni para pedir asilo político. Ambos llegamos fácilmente hasta la malla fronteriza.
Yo no sabía que lo que parece un sembradío, con árboles es en realidad parte del río Bravo o río Grande, el cual me dijeron los agentes que no tiene una gota de agua porque hace meses cerraron las compuertas para que no llegue el agua al Valle de Juárez.
Nosotros no conocíamos esa zona fronteriza, y en ese punto en ningún punto se especifica en dónde empieza Estados Unidos, por lo que el desconocimiento nos llevó hasta ahí, la malla fronteriza que nosotros pensamos dividía ambos países.
Cuando tomábamos a través de la malla fronteriza a los menores primero formados afuera de las carpas del albergue y después jugando futbol, de pronto llegó una Patrulla Fronteriza, lo que nos sorprendió a ambos.
Debido a la seguridad de que estábamos en México nunca intentamos huir, por lo contrario, yo tomé tres fotos de la unidad que se acercó a mi compañero. Y me acerqué para ver porqué estaba una patrulla fronteriza en México, nunca intenté huir o correr.
Aunque nos identificamos como periodistas desde el primer momento, la patrulla fronteriza nos trasladó a tres estaciones diferentes. En la primera estación nos entrevistaron unos supervisores, nos tomaron fotografías, momento que confieso fue muy difícil para mí. Después nos hicieron firmar que autorizábamos que pudieran hacer una copia de todo el material que habíamos tomado en las cámaras y en los teléfonos celulares, incluidas fotografías, llamadas y mensajes.
Nos hicieron esperar horas en lo que un fiscal revisaba todo nuestro material. Un agente nos confesó que nunca había pasado algo similar con periodistas, pero sí con policías mexicanos, a quienes trasladaron con todo y sus armas después de haber pisado suelo estadounidense sin saberlo.
Aunque el trato de los primeros agentes, latinoamericanos, fue amable y siempre trataron de tranquilizarnos y explicarnos que estaban actuando conforme a su protocolo pero que todo estaría bien, fuimos trasladados a una celda.
Mientras éramos interrogados pude observar a un sinnúmero de familias, principalmente centroamericanas, que llegaban a la central de la Patrulla Fronteriza custodiadas por agentes.
Durante todo el tiempo observé a las mujeres migrantes que llegaban con sus hijos, en algunos casos con sus esposos, también había hombres y adolescentes solos. Todos llegaban y esperaban sentados en el suelo su turno para ser interrogados y trasladados a una celda. Solo vi a dos hombres que llegaron esposados por un agente estadounidense.
Un agente que parecía de origen mexicano escuchaba emocionado las canciones de Los Tigres del Norte y creo que eso relajaba un poco el ambiente de los migrantes, mientras los interrogaba de manera sonriente.
Algunos niños se veían cansados, quizá después de días de transitar desde su país hasta ahí. Y otros se mostraban completamente ajenos a lo que ocurría y le sonreían a los agentes a través de los cristales.
A las 10:30 de la noche nos dejaron hacer una llamada y yo le hablé a un compañero fotoperiodista para que se comunicara con mi familia, con la AFP, donde hasta entonces no sabían nada de mí, y con las autoridades del Valle de Juárez, donde dejé mi carro.
Hasta entonces nos dijeron que el fiscal había decidido que solo sería una sanción administrativa, con una recomendación de cancelación de visa, pero que todo estaba bien.
Un agente nos dijo que debido a esa recomendación podían cancelar mi visa al día siguiente, en una semana, un mes o nunca. Y nos recomendaron buscar a un abogado al regresar a México.
Nos dijeron que en ese momento no podían dejarnos regresar a México porque es un país muy peligroso, porque ya era de noche y porque yo soy mujer y corría muchos riesgos, por lo que teníamos que esperar hasta el amanecer.
A través de los espejos yo veía mujeres asomándose con sus hijos en brazos, niños dormidos en la misma celda que sus mamás y hombres envueltos en plásticos térmicos de color plateado.
Aunque nos tranquilizaron un poco, nosotros teníamos miedo, estábamos llenos de incertidumbre, pedimos que nos dejaran en la celda de entrevistas donde nos habían tenido hasta entonces, y donde se leían mensajes tallados en la pared como “Bebo” y “Chikitin 14”, escrito por migrantes que habían estado ahí. Pero nos dijeron que no podíamos estar juntos por ser hombre y mujer.
Nos pusimos más nerviosos cuando vimos que uno de los hombres dentro de las celdas no dejaba de temblar y veíamos cómo sus plásticos no dejaban de moverse por el aire.
Finalmente nos trasladaron a una celda a cada uno, donde estuvimos solos, siempre vigilados por una cámara de seguridad.
Yo estuve en una pequeña celda con grandes ventanas de vidrio, en la cual había una pequeña división y después estaba una taza de baño y un lavabo con aspecto de bebedero, pero me sentía intimidada al saber que estaba siendo vigilada.
En mi celda había una pequeña banca de madera, de aproximadamente un metro de largo, en la cual me dormí a ratos, siempre esperando el momento de salir, preocupada por mi familia e imaginando la desesperación de las familias de migrantes que estaban en las otras celdas.
Me dieron un plástico térmico plateado, pero aproximadamente a las 11 de la noche llegó una agente para revisarme, me dijo que ya sabía lo que había pasado, que todo iba a estar bien y me llevó otra cobija para que recostara la cabeza. También me preguntó nuevamente si ya había cenado.
Esa misma agente, le insistió a Christian que cenara, porque no había querido, y le llevó un pequeño burrito de frijoles en una bolsa, un jugo y una galleta en barra; lo mismo que me habían dado a mí unas dos horas antes.
Frente a mi celda había un reloj, por lo que estar al pendiente de la hora me hizo más larga la noche. Aunque dormía en ratos, la posición incómoda en la pequeña banca, el frío en los pies, el frio de la pared y los nervios de estar en una celda y en otro país me despertaban, esperando que dieran las siete de la mañana, porque nos dijeron que a esa hora nos dejarían ir.
En todo momento me sentí vigilada. Lo estaba. Incluso en el baño.
Hasta entonces el miedo y los nervios se habían apoderado de nosotros, pero el trato de los agentes había sido amable. Pero a las 5:30 de la mañana del martes 19 de junio hubo cambio de turno, entraron nuevos agentes y a esa hora me quitaron la cobija que me había llevado la agente.
Una hora después, un agente nos sacó de la celda, y junto a otro agente me hicieron firmar las hojas de la detención, uno de ellos hablándonos siempre con voz muy alta y muy molesto. Me dijo que eso no podía quedar así, que éramos un mal ejemplo para la gente.
Mientras yo firmaba los documentos, mi compañero volteó a ver la televisión, donde transmitían un partido de la Copa Mundial de futbol y el mismo agente se molestó por eso y lo reprimió.
También se molestó porque debido al frio del lugar, además del frio que causan los nervios, Christian encorvó la espalda y metió las manos a la bolsa del pantalón, aunque ellos ya lo habían revisado y sabían que no traía nada.
Yo los veía molestos por cómo habían llenado sus compañeros una noche antes el procesamiento.
Me pidieron firmar la cancelación de mi visa por 5 años, le pregunté al agente qué pasaba si no firmaba y se molestó más, me dijo con voz muy fuerte que yo había cometido un delito, que si no firmaba me volverían a meter a la celda, que me llevarían con un juez, que pasarían dos, tres o cinco días, que quizá me llevarían a la cárcel y que finalmente me iban a deportar sin la visa. Buscaba intimidarnos, y lo logró.
Foto: Cortesía Hérika Martínez y Christian Torres
También me preguntaba en forma burlesca que si era periodista cómo no conocía la frontera, y aunque yo le explicaba que en Anapra y Santa Teresa la malla divide la frontera, él estaba muy molesto y después decía que yo le dije que vivía en Anapra y cuando le dije que no, que yo dije que tomaba fotos en Anapra me preguntó de manera irónica “¿Ah, ya no vive en Anapra?, ¿Ahorita sí vivía en Anapra y ya no?”.
El agente del Instituto Nacional de Migración (INM) que llegó por nosotros fue testigo de cómo nos hablaba y nos sugirió levantar una queja.
Después de 16 horas de estar detenidos, en la mañana los agentes nos hicieron sentir psicológicamente mal, nos recriminaban haber confundido la frontera, y me hicieron sentir como si hubiera atentado contra la vida de alguien o contra la seguridad nacional de su país, cuando yo lo único que hacía era tomar fotografías creyendo que estaba en mi país.
Mi intención nunca fue pedir asilo político a Estados Unidos, como me lo preguntaron una y otra vez. Tampoco quería trabajar en Estados Unidos, ni entrar de manera ilegal.
Ahora me preocupa la cancelación de mi visa, ya que al igual que miles de juarenses y paseños tengo una vida transfronteriza; he acudido a Estados Unidos a cursos de seguridad para periodistas organizados en Washington por Fundación MEPI, el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez me becó en 2007 a través de El Diario de Juárez para acudir a una semana de periodismo a Quito, Ecuador, incluso todo el equipo fotográfico que utilizo lo he comprado en Estados Unidos.
Me parece que no utilizaron el criterio, que desproporcionaron las cosas, ya que desde el primer momento confirmaron que éramos periodistas, que al secarse el río y no haber señalamientos de que es un rio se hace invisible la división y por eso nosotros pensamos que la barrera era la malla fronteriza.
Nuestra intención no podía ser ingresar como indocumentados e internarnos a su país cuando ambos teníamos visa, cuando ellos sabían que mi carro estaba estacionado enfrente, en un lugar poco seguro, cuando traíamos cámaras y lentes, cuando desde el primer momento vieron mi gafete de prensa y cuando revisaron todo nuestras fotos, llamadas, mensajes.
Me preocupa la falta de criterio, cuando comprobaron que solo estaba tomando fotografías, que tengo visa y que por un error involuntario cruce los límites de ambos países para tomar imágenes a través de la malla. Me preocupa que para Estados Unidos cometí un delito.
Confieso que ahora me siento vigilada al saber que revisaron todo el contenido de mi celular, siento miedo de ser detenida al pasar involuntariamente los límites en los eventos que ocurren en los puentes, ya que aunque siempre soy cuidadosa de no hacerlo, lo que antes creía como imposible ahora sé que sí puede ocurrir.
Al ver las imágenes de los menores acostados en el suelo, envueltos en el plástico plateado pienso que mi miedo se multiplica en ellos al infinito al estar lejos de sus padres, de su país, sin saber cuándo volverán a encontrarse.
Desde el día que ocurrió eso tengo dolores de cabeza, y aunque dudamos en hacerlo público, sabemos que esto podría quizás prevenir que otros compañeros pasen por lo mismo, ya que es una zona donde muchos han hecho tomas de fotografía y video, debido a que es una zona donde es fácilmente confundible la frontera, y donde ni Estados Unidos ni las autoridades de México se han preocupado por poner algún señalamiento.
Afortunadamente, mi familia, mis jefes y compañeros de trabajo me han mostrado en todo momento su apoyo. Y aunque me siento temerosa, también siento mayor empatía con los miles de migrantes que se ven obligados a salir de su país y llegar a Estados Unidos sin saber lo que ocurrirá con ellos.
Carta de Luis Christian Torres Chávez
Tengo 7 años como fotoperiodista de Ciudad Juárez, desde octubre del 2010 fecha en el que empecé a trabajar en el periódico El Diario de Juárez y actualmente colaboro con la agencia de noticias Associated Press y la agencia china de noticias Xinhua cubiendo noticias en territorio mexicano.
Cuento con la B1/B2 Visa Corder Crossing Card (conocida como visa de turista) desde el año 2000.
El día lunes 18 de junio del presente año me acerqué a tomar fotos en la frontera del Valle de Juárez y Tornillo, Texas, para tomar fotografías del centro de detención temporal para jóvenes migrantes desde territorio mexicano.
Me comuniqué con mi compañera también fotoperiodista, Herika Martínez, que colabora para AFP, para ir juntos ya que el territorio del valle de Juárez es muy peligroso incluso de noche nadie puede circular por la inseguridad.
Llegamos al punto y vimos la malla que divide los dos países, pero como nunca nos había tocado trabajar en ese punto no sabíamos que el campo grande con muchas plantas es donde existe el Río Bravo, está completamente seco y como no existe ningún señalamiento que indique la división de los países pensamos que la malla era la división, como en Anapra y Nuevo México, lugar donde si nos toca mucho trabajar ya que es donde refuerzan la malla fronteriza y donde se han llevado acabo protestas y misas binacionales.
Caminamos a la malla fronteriza y empezamos a tomar fotografías a través de la malla, era muy complicado porque estorbaban las varillas que conforman la malla después de aproximadamente 15 minutos escucho el ruido de un vehículo y al voltear vi que era una patrulla de migración.
Se me hizo raro verla de lado mexicano, atrás del muro, el agente paró y bajó, sin hablarme yo me acerqué a él para saludarlo, pensé que nos iba a preguntar a qué le tomábamos fotos Hérika estaba como a 10 metros aproximadamente y también pensó que es lo que hacía un agente de migración de lado mexicano por lo que tomó fotos cuando yo estoy saludando al oficial.
Me pidió mis documentos y saqué mi credencial oficial y me preguntó que si era mexicano conteste que sí y me dijo estás en problemas y yo me asusté, me dijo que estaba en territorio americano, y mi compañera caminaba hacia nosotros y el oficial le hablo pero Hérika ya estaba llegando, y también desconcertada, empezamos a explicarle que no sabíamos que era territorio americano, que era una total confusión, nosotros no teníamos la intención de cruzar mucho menos de tener problemas con autoridades americanas.
Y el agente se molestó pensando que nosotros queríamos cruzar, habló por radio en inglés y llegaron dos patrullas más, les volvimos a explicar lo mismo y ellos nos decían que entendían que todo iba estar bien que no pasaría nada, que solo nos iban a llevar a tomarnos las huellas y que seriamos regresados a México lo más rápido posible.
El carro de mi compañera estaba a unos metros de nosotros, teníamos el temor que le fuera a pasar algo ya que ese territorio es muy peligroso, teníamos nuestras computadoras arriba del vehículo.
Aproximadamente después de 15 minutos nos subirían a una camioneta donde nos llevarían, pero nos tuvieron que bajar porque remolcaba unas motocicletas, entonces nos subieron a una patrulla donde trasladan a los migrantes.
Nos quitaron todas nuestras pertenencias, celulares y nuestros equipos fotográficos.
Estábamos tranquilos ya que solo era una confusión que se arreglaría de inmediato, los agentes se portaron muy amables y nos hacían sentir bien.
Llegamos a una estación de migración en Clint, y ahí varios oficiales nos empezaron a interrogar firmamos unas hojas para dar el permiso que revisaran nuestras cámaras y celulares, nos tomaron fotografías y nos empezaron a decir que, si queríamos un abogado, pensé que esto ya estaba bien.
Nos llevaron a otra estación como 35 minutos de Clint, pero los agentes nos platicaron que iríamos a la del centro de El Paso ya que esa se encontraba llena.
Llegamos y nos metieron a un cuarto ya estábamos muy preocupados nos tomaron huellas, fotos, me quitaron las cintas de mis tenis y nos mencionaron los agentes que no iban a levantar cargos los jueces, porque nuestra intención no era cruzar ilegalmente, que solo sería una sanción administrativa, que no podíamos ir de vuelta a México porque mi compañera era mujer y eran como las 11 de la noche y es peligroso nuestro país.
Dormimos ahí un poco más relajados, nos separaron, como a las 7 de la mañana me sacan del cuarto donde dormí y cambió completamente nuestro trato, me hacían sentir como un criminal, nos preguntaban en forma sarcástica que si somos periodistas porque no sabemos dónde es territorio americano.
Nos hacían firmar hojas mientras mi compañera llenaba sus hojas con firmas yo miré hacia la tele estaba un juego del mundial y los agentes se molestaron mucho que volteara a ver lo que hacía Hérika, tenía mis manos en las bolsas por el frio y me las sacaban.
Foto: Cortesía de Christian Torres
Firmamos unas hojas donde decía que tenemos la visa castigada por 5 años, completamente cambió todo a lo que nos decían los agentes que nos habían detenido, yo me preocupé mucho ya que tengo una vida fronteriza, mis dos hijos nacieron en El Paso, Texas, y tenemos que pasar seguido para aplicarles sus vacunas en El Paso, compró carros salvages en Copart donde tengo que irlos a pagar en Nuevo México para venderlos en Juárez.
Totalmente tengo una vida con El Paso, Texas, tengo corte el 9 de agosto por manejar un carro salvage de los que compro que llevaba a México para ser importado, es por todo esto me preocupa la cancelación de visa.
Me preocupa que otros compañeros tengan el mismo problema, también me preocupa la falta de criterio, entiendo que pisamos suelo americano sin saberlo, pero pienso que reunimos todas las pruebas para que no pasara a mayores.
“¡Te vas a morir!, ¡firma tu deportación y vuelve a tu país!, era lo que escuchaba mientras luchaba por superar las secuelas la crisis asmática que sufrí en la estación migratoria, me sentí acorralada por el guardia y pensé en hacerlo, pero al recordar los problemas por los que salí de mi país desistí de la idea”.
Lizzy es una de las 51 mil 607 personas detenidas en México por el Instituto Nacional de Migración durante el primer cuatrimestre del 2019, fue privada de su libertad por 45 días en los que según relata, sufrió tortura física y psicológica. “Nos sentíamos como en una cárcel, ¡fue horrible!, tuve dos crisis asmáticas adentro, cuando regresamos del médico otro guardia me cuestionó ¿y así quieres pedir refugio? ¿estas consciente de que estarás encerrada de 3 a 6 meses?.
A unos metros del parque de Pakal´ Ná, cerca de las vías del tren en Palenque donde cientos de migrantes se reúnen para platicar sus historias, la joven madre veinteañera recuerda su amarga experiencia, abandonó Honduras porque tenía problemas con el padre de su hijo quien pertenece a una pandillas, luego de años de maltratos y amenazas una día decidió huir junto con su hijo a los Estados Unidos para empezar una nueva vida.
Cruzaron la frontera a mediados de abril, por el punto fronterizo de Frontera Corozal, Chiapas, pero al llegar al cruce de Palenque fueron detenidos, recuerda que era de madrugada, estaban nerviosos cuando les pidieron sus documentos de identidad y al no presentarlos, fueron obligados a subir a una patrulla del Instituto Nacional de Migración (INM), “no se identificaron ni dijeron si teníamos algún derecho, solamente nos subieron a un vehículo en el que nos llevaron a la estación migratoria, éramos cinco adultos y dos niños (tres hombres, dos mujeres, mi hijo de seis años y una bebé).
Mientras sus compatriotas miraban con ansias y curiosidad las maniobras del tren en el que pueden lograr sus más anhelados sueños o sufrir sus peores pesadillas, Lizzi continuó su relato: “fue traumático, a un compañero que se negaba a ser detenido lo obligaron a subir por la fuerza, no les importó hacerlo frente a los niños que lloraban sin entender lo que pasaba, en ese momento pensaba en lo que nos sucedería a mi hijo y a mi si nos deportaban a Honduras”.
En la estación migratoria otras mujeres le hablaron de la posibilidad de solicitar refugio en México “pregunté a los agentes de migración y se molestaron, solo dijeron que el proceso duraba de tres a seis meses, fue hasta que un representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) visitó las instalaciones y nos explicó sobre el proceso que decidimos iniciar el trámite”.
De enero a abril de 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene registradas 18 mil 365 solicitudes, de las cuales, 10 mil 107 fueron realizadas por hondureños, 2 mil 880 de salvadoreños, 2 mil 464 de venezolanos, 973 de guatemaltecos, 760 de cubanos, 696 de nicaragüenses y 485 corresponden a personas de otros países.
“Los meses que permanecimos en migración fueron una tortura muy grande” expresó con pesar Lizzi mientras continuó compartiendo sus vivencias, “en el área de mujeres éramos un promedio de 80 personas, contamos 35 mujeres y 51 niños, pero un día llegamos a ser más de cien, en un espacio sin ventilación, con calor, mosquitos, escasez de agua, además de que los alimentos que nos brindaban estaban fríos y agrios, por lo que los niños no los podían a comer y se enfermaban, siendo hospitalizados los más graves”.
Estas condiciones provocaron que la bebe que la acompañaba se enfermará “nos sentíamos angustiadas y llamábamos a los guardias pero no nos hacían caso, decían que pasarían el reporte, hasta que un día la niña empezó a vomitar desde las seis de la mañana y aun cuando estaba demacrada, nos hicieron esperar a una persona que a las siete de la noche para atender el caso de una mujer embarazada con complicaciones, fue hasta ese momento que vieron que la pequeña estaba deshidratada y decidieron bajarla para darle un suero oral pero después la regresaron con su madre sin consultar a un médico”.
La madre de la niña estaba al lado de Lizzi y asentía con tristeza mientras palmeaba la espalda de la bebe que tosía constantemente “al día siguiente notaron que no mejoró y decidieron trasladarla a un hospital donde un médico informó que estaba tan grave que podía morir en 24 horas si desarrollaba una neumonía, extendió una receta con recomendaciones que en migración decidieron ignorar bajo el argumento de que no podían proveer a la menor de una dieta especial con frutas y verduras porque no lo tenían autorizado”.
Hasta el 22 de abril de este año en Chiapas se brindaron 31 mil 982 consultas médicas a migrantes que han ingresado a territorio mexicano por este estado, 258 atenciones a embarazadas, 20 mil 646 sobres de vida suero oral,13 mil 894 preservativos y aplicó 633 pruebas rápidas de VIH, según declaraciones del responsable del sector José Manuel Cruz Castellanos que en un boletín dio a conocer que en esta entidad existe un plan de atención integral que permita atender de manera digna y humana a todo aquel ciudadano extranjero que se internen en territorio estatal, pero no menciona cuantos pacientes provienen de las estaciones migratoria, ni en qué condiciones los reciben.
En el lapso que permaneció detenida sufrió por la escasez de agua, “nos empezaron a negar el líquido porque inicialmente nos daban cuatro o cinco botellones pero disminuyeron la cantidad sin avisarnos que la limitarían, en una ocasión nos llevaron el agua hasta las tres de la tarde, los niños lloraban porque tenían sed y nosotras sentíamos que nos ahogábamos, suplicábamos a los guardias que solo gritaban que nos calláramos, una mujer que había guardado un poco la repartió a los niños que solo alcanzaron a llenar la tapita del bote que usaban para enfrascar la que consumirían durante el día”.
Lizzi piensa que estos malos tratos tenían como finalidad presionarles para que firmaran su deportación, “nos dosificaban el agua, brindándonos el acceso solo por media hora, teníamos que competir para poder bañarnos o beber, algunos días no alcanzábamos, hablábamos con los guardias para pedirles ayuda pero solo respondían de manera arrogante, “¿firmaste refugio?, ¿tienes COMAR?, ¡pues aguántate!, así vas a estar todo este tiempo y eso que no ha empezado la calor buena”.
Además, “el kit de aseo no tenía toallas sanitarias, solo pasta dental shampoo y jabón neutro que compartíamos con los niños, en una ocasión solicitamos toallas sanitarias por lo que un guardia de seguridad solo nos paso un pañal que tuvimos que cortar en pedazos, el alimento era el mismo para todos y cuando había demasiada gente no alcanzaba para todos, nunca hubo una atención adecuada para los menores”.
La intervención de la COMAR permitió que al tercer día de que la niña fuera llevada al hospital les permitieran salir de su encierro “por lo menos 15 niños enfermaron por el calor que oscilaba en los 40 grados y por las picaduras de moscos, la mayoría tenía gripa, salpullido y estrés, muchos días las madres no dormíamos porque teníamos que abanicarlos para que ellos pudieran descansar, algunas veces nos turnábamos para poder hacerlo, el trato que recibimos todo ese tiempo fue indigno”.
Ante los señalamientos de Amnistía Internacional (AI), el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González ha rechazado que la política migratoria de México sea igual que la de Estados Unidos, “son realidades diferentes; allá hay un discurso de odio y esto genera xenofobia y racismo; aquí hay problemas fuertes donde la política del actual gobierno es más flexible que el gobierno anterior”.
Sin embargo, durante los 37 días que Lizzi permaneció en la estación migratoria, solo vio a los representantes de la CNDH en una ocasión, “aunque les dijimos acerca de lo que pasaba dentro, solo tomaron nota pero las cosas siguieron igual”.
En el comunicado de prensa DGC/145/19 publicado el 15 de abril, la CNDH solicitó a las autoridades federales y estatales de Chiapas medidas cautelares en favor de personas migrantes por condiciones de hacinamiento debido a la sobrepoblación en instalaciones del INM, así como por la lentitud en trámites migratorios en el Puente Internacional Rodolfo Robles, en la Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI) y en el albergue instalado en el Municipio de Mapastepec, en dicha entidad, sin mencionar reportes de la estación migratoria de Palenque.
Lizzi aún sueña con llegar a los Estados Unidos para alcanzar a su hermano, “México es un lugar muy bonito pero no me siento bien aquí, hay gente que nos mira mal y estoy sola, tengo varios días estar en libertad y aún sueño con lo que sufría en la estación migratoria, fue muy difícil porque como madre me dolía el sufrimiento de mi hijo y de los niños que estaban a mi alrededor, por ello quiero que se escriba esta historia para que se conozca lo que sufren los migrantes”.
ALLENDE, Coah. (apro).- Familiares de víctimas de la violencia rechazaron participar en la ceremonia en la que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador Miguel Riquelme ofrecieron una disculpa pública por la masacre de Allende, en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Las familias de FUUNDEC no necesitamos una disculpa que en nada alivia nuestro dolor, mucho menos lo sana; no contribuye en nada para salir del infierno que hemos vivido todos estos años”, argumentó la agrupación, una de las invitadas al evento realizado en la plaza principal del municipio de Allende. En un comunicado, la organización aseguró “no estamos dispuestas a que se justifique la desaparición con otro acto de simulación”. Además, dejó en claro que “aceptar una disculpa es aceptar que lo que ha pasado está bien, que tenemos que conformarnos y resignarnos a que no estén nuestros familiares”. La FUNNDEC sostuvo que no es normal que la gente desaparezca, por lo que se pronunció en contra de “actos protocolarios para la foto”. Y puntualizó: “Si bien una disculpa es un signo de reconocimiento de la responsabilidad por estos crímenes atroces que hemos padecido por más de una década, ésta no puede ser un acto aislado, ni inicial, debe integrar investigaciones claras, exhaustivas, independientes que permitan conocer la verdad, fincar responsabilidad de altos funcionarios que permitieron esta masacre”. En su intervención, la secretaria de Gobernación mencionó que hasta la fecha no hay claridad en el número de víctimas que fueron brutalmente asesinadas entre el 18 y 20 de marzo de 2011. “El Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de garantizar que lo sucedido en Allende no se vuelva a repetir en ningún otro rincón de nuestro país”, dijo. Sánchez Cordero subrayó que ojalá “sirva esta disculpa pública para intentar en algo sanar y para no volver a repetir este tipo de acciones que tanto nos han dañado como sociedad”. Las investigaciones realizadas en México y Estados Unidos señalan que un error de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) provocó la masacre de unas 300 personas. La DEA había logrado con el principal contacto del grupo criminal los Zetas para distribuir la droga en Estados Unidos, José Vázquez, colaborara con ellos y que les entregara los números de los teléfonos móviles de los líderes Zetas Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, así como de Heriberto Lazcano, entre otros. Los números fueron entregados por la DEA a una unidad especial de la Policía Federal que trabajaba con ellos para la captura de capos del narcotráfico en México. Sin embargo, desde esa unidad le advirtieron a los líderes Zetas que alguien de su organización los estaba traicionado. En venganza, los líderes Zetas se fueron contra las familias, sus trabajadores y amigos de dos de sus integrantes de Allende responsables del trasiego de drogas, identificados como Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán. Entre el 18 y 21 de marzo, unos 200 sicarios provenientes de Tamaulipas arribaron en unas 45 camionetas que fueron escoltadas por cuatro patrullas de la policía municipal. Testimonios de los pobladores narraron que en esos días fueron “levantadas” más de 80 personas en Allende y decenas más en Piedras Negras, Nava Múzquiz, Monclova y otros municipios del norte de Coahuila. Las víctimas suman más de 300 y además, unas 45 viviendas en la región fueron destruidas e incineradas. La masacre de Allende pasó de largo durante más de un año y medio por las autoridades de Coahuila y por mandos de la Policía Federal, PGR y del Ejército Mexicano que conocieron en su momento los hechos.
En México, ser bailarín significa vivir en el desamparo. Las legislaciones no consideran a estos artistas como trabajadores y, por tanto, la seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones son un lejano fantasma para ellos. Tal es la precariedad que hay quienes describen su situación como un abismo profesional
Jordana González/ CONTRALÍNEA
Tras un desafortunado giro con salto, Rosalía se tronó uno de los 206 huesos que conforman su cuerpo. El movimiento dancístico era parte de una pieza que ensayaba al lado de otros compañeros. El director de la compañía se acercó a ella y, al verla tirada, sólo dijo: ‘por favor, quítenme a esta niña de aquí para poder continuar el ensayo’”, recuerda Rosalía. Luego de eso, no recibió ningún apoyo, “ni siquiera emocional. Nada”.
Sin seguridad social, la exintegrante de una compañía de danza –de la cual se omiten mayores datos para evitar que la veten en otras compañías del país– tuvo que solventar los gastos médicos y de recuperación derivados de lo que se consideraría un accidente laboral. El problema es que Rosalía, como decenas de bailarines, no es considerada trabajadora y por tanto carece de cualquier derecho vinculado a ese ámbito.
Sufrir una lesión es una tragedia para quienes se dedican a esta profesión, cuya herramienta de trabajo es su propio cuerpo. Saltar, lanzar y desplegar en el aire una pierna hacia la izquierda y de inmediato al lado contrario para luego caer sólo en una extremidad puede resultar en rupturas óseas y, por ello, en cirugías y gastos médicos por miles de pesos, además de dejar de bailar –trabajar– por periodos largos.
En sus artículos 22 y 23, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –de la que México es parte– refiere que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; así como derecho al trabajo, con condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo.
Derechos que para decenas de bailarines sólo existen en el papel. La egresada de una escuela de danza ubicada en Europa recibió el diagnóstico preciso 6 meses después de haberse lesionado. De primera instancia, la ortopedista determinó un esguince de tercer grado, por lo que sólo le fueron recetados paliativos para desinflamar, cuando lo pertinente y necesario era realizar una resonancia magnética para saber que “tenía roto el hueso y el ligamento ya no funcionaba”.
El diagnóstico tardío hizo que Rosalía, por desconfianza, cambiara de médico y de hospital. Los gastos a partir de entonces se incrementaron radicalmente: acudió al nosocomio privado Médica Sur y ahí fue sometida a dos cirugías.
La cuenta hospitalaria resultó casi impagable: por las intervenciones quirúrgicas, los quirófanos utilizados, los honorarios de los médicos y la estancia de 4 días, Médica Sur le cobró medio millón de pesos. Gracias a un seguro médico que le compraron sus padres, Rosalía pudo saldar esa deuda.
Por tratarse de cirugías mayores estuvo en cama mes y medio. “Comencé la rehabilitación y no bailé durante 6 meses más”. Fue 1 año el que se alejó del salón de danza y los escenarios. La bailarina quedó con secuelas las cuales impidieron se recuperara totalmente. “No puedo llegar a mi extensión máxima como antes”.
Carecer de los derechos humanos a la seguridad social y al trabajo pone en una situación de suma vulnerabilidad a quienes se dedican a esta profesión, considera. Dedicarse a la danza de manera profesional sin protección “es entregarlo todo, tirarte al abismo y ver qué pasa…”
Bailarines, sin rostro en el mercado laboral
Al gremio de la danza no se le reconoce socialmente. En general, no tienen nada porque no son considerados trabajadores. Laboran en condiciones de precariedad, coinciden Haydé Lachino Mendoza, licenciada en gestión cultural y políticas públicas en materia cultural, por la Universidad de Guadalajara, y Argelia Guerrero Rentería, cofundadora de la Unión Nacional de Trabajadores de la Danza (Untradanza).
De acuerdo con Lachino Mendoza, además de no contar con seguridad social, el gremio artístico adolece de salario mínimo: no figuran en el tabulador de profesiones de la Ley Federal del Trabajo.
Las compañías de danza aprovechan estos vacíos legales, algunas de ellas pagan 200 pesos por función, denuncia la experta en gestión cultural. Tampoco les pagan los ensayos, refiere. Las arbitrariedades no paran ahí: al no contar con estabilidad laboral, pueden ser corridos en cualquier momento. Incluso su nombre puede omitirse en el programa de mano.
El nulo reconocimiento de la labor dancística es histórica y se debe a que es una práctica relacionada con el cuerpo y las emociones y no con la razón, considera Haydé Lachino, también directora de la Revista Interdanza, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
Los ejecutantes aceptan las adversas condiciones de trabajo con tal de bailar y estar en un foro, opina Diego Vázquez, director artístico del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM). “Ceden más”. Además, advierte, “no somos unidos” como gremio para exigir en colectivo la mejora de los derechos laborales.
Otro factor por el que los trabajadores de la danza no exigen mínimas condiciones laborales es que, desde su formación, fueron educados para obedecer y ser disciplinados, considera por su parte la gestora cultural Lachino Mendoza.
A pesar de que la danza en México crece “exponencialmente y de que existen jóvenes con mucho talento”, Diego Vázquez considera que la mayoría del gremio lleva una vida de sobrevivencia. Algunos estudian una segunda carrera, porque la danza no les da para llenar el refrigerador, buscan trabajar en varias compañías o ser profesores en escuelas particulares, incluso como instructores de aerobics.
“Se está de un lado a otro para ganarse el pan. Tienes ensayo en un lado, ensayo en otro; das clases aquí, allá; tomas clase aquí, allá”, dice Argelia Guerrero Rentería, quien a la par de formarse en la docencia en danza por la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, estudió Letras y Literatura Hispánicas en la máxima casa de estudios del país.
Derechos fundamentales convertidos en privilegio
En la Ciudad de México sólo dos compañías dancísticas garantizan condiciones mínimas para sus intérpretes: el Taller Coreográfico de la UNAM y la Compañía Nacional de Danza (CND), del Instituto Nacional de Bellas Artes, declara Stephanía Fierro, integrante del cuerpo de baile de la CND.
Aunque los 72 miembros de la Compañía Nacional están contratados como prestadores de servicios profesionales por parte del INBAL, están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Al tener dicha prestación, cuentan con un fondo de ahorro para la vivienda y con una afore en la que cotizan para la vejez. No obstante, el monto cotizado no es el mismo que el sueldo percibido, por lo que lo ahorrado es una “cantidad ridícula”, reconoce Stephanía Fierro.
Asimismo –indica– el trabajo del bailarín es muy corto en general: el tiempo de permanencia en la Compañía es de entre 1 y 2 años. En promedio permanecen hasta por 8 años; pero es extraordinario que alguien dure 20 años.
“En ese tiempo [1, 2 u 8 años] no cotizas lo que realmente ganas, y no es algo que valga la pena porque la mayoría no va a volver a trabajar para el gobierno. Se pierde el dinero.” Fierro es de esos casos raros: ha laborado en la CND ya 7 años y en ese tiempo sus ahorros para su vejez no rebasan los 300 mil pesos. Ella sabe que eso no le alcanzará para una pensión digna.
Aunque en ambas compañías se considera un privilegio contar con seguro de gastos médicos mayores y fisioterapeutas, la realidad es que los integrantes del Taller Coreográfico de la UNAM y la Compañía Nacional de Danza no tienen estabilidad laboral: sus contratos son anuales y por honorarios. “No se sabe si el próximo año tendrás trabajo”, admite Fierro.
En entrevista, el abogado Carlos de Buen Unna –expresidente de la Sociedad Mexicana del Derecho y la Seguridad Social– señala que la contratación por servicios profesionales es una simulación contractual: un “fraude” a la ley y al trabajador porque los patrones no brindan seguridad social.
El caso del Taller universitario
El Taller Coreográfico “está en la gloria, porque pertenece a la máxima casa de estudios: [los integrantes] tienen beneficios de trabajadores aunque también son prestadores de servicios profesionales”, asegura su director artístico Diego Vázquez, y agrega que es la compañía que más baila en todo el país.
En contraste, Alfonso –bailarín de ese Taller a quien se le otorgó el anonimato para que no sufra represalias– señala a Contralínea que no cuenta “con seguridad social: ninguna prestación. No tenemos nada. Lo único con lo que contamos es con un gasto de seguro de gastos médicos mayores”.
Hace tiempo, el joven sufrió una lesión laboral durante un ensayo y requirió de una cirugía de espalda: “Afortunadamente el seguro que tenemos se hizo válido y me cubrió los gastos”.
La contratación por honorarios de quienes forman parte de la compañía universitaria se debe a que, hace aproximadamente 20 años cuando un movimiento de bailarines pidió que se les considerara como trabajadores de la UNAM, las autoridades de la máxima casa de estudios argumentaron no poder otorgarles definitividad por la propia Ley Federal del Trabajo. “No fue por maldad ni falta de voluntad”, explica Diego Vázquez, también director de la compañía Laleget Danza.
Según el coreógrafo, la Universidad objetó una “laguna en la ley”, pues especifica que “un trabajador tiene las posibilidades de retirarse a hasta después de los 65 años, antes no; y un bailarín no puede hacerlo porque ya no baila como si tuviera 30 años. La otra razón es porque “a lo mejor ya no quieres bailar y no quieres perder la antigüedad”.
Por ello, refiere, se hizo “un contrato muy sui géneris en donde se convirtieron en prestadores de servicios profesionales pero cuentan con prestaciones: seguro de gastos médicos que cubre desde una lesión, hasta una cirugía y fisioterapia con acupuntura. Se les da su bono al final del año, pueden hacer uso de la alberca olímpica. Tienen todo”.
No obstante, desde el punto legal no hay tal laguna, explica el abogado Raúl Wilfredo Padilla, integrante de la Barra Mexicana de Abogados. “Es una omisión de ellos. Nada tiene que ver la edad. Simplemente los hacen firmar este tipo de contratos para evitar responsabilidades”.
El también miembro de la firma Marván y Muñoz Abogados agrega que “es ilegal hacerlos firmar un contrato de prestación de servicios profesionales. Lo que deberían darles a firmar es un contrato formal”, pues son auténticos trabajadores.
Sin resolver, demanda legal en la UNAM
Si los bailarines carecen de seguridad social, los “aprendices” son el eslabón más débil de esa cadena laboral. Por ejemplo, en el TCUNAM donde se vive supuestamente “en la gloria”, la figura del bailarín aprendiz –vigente hasta enero de 2019– significaba la precariedad total. Sin importar los estudios con los que contara el danzante, carecía de todo: desde la remuneración hasta el seguro de gastos médicos. Al aprendiz no le daban nada.
Esta situación dejaba totalmente desprotegidos a los artistas. Tanto, que durante la administración de la fundadora Gloria Contreras una aprendiz demandó a la UNAM tras haberse lastimado una rodilla. La Universidad no cubrió los gastos médicos. El caso sigue abierto, declara Diego Vázquez.
El director del Taller afirma que la Universidad no fue responsable: “no fue su culpa”. La figura del aprendiz fue impulsada por Gloria Contreras con el fin de que los recién egresados pudieran aprender y tener un proceso de formación. “No fue con dolo”.
Les era permitido permanecer hasta 4 años. “Eso ya no está bien” porque “un aprendiz tiene que estar 6 meses, 1 año máximo. Luego tienen que partir”, advierte el coreógrafo universitario. “Por una cuestión legal de derechos [la UNAM decidió] que es mejor no seguir con la figura, aunque sea voluntario”.
Compañía Nacional, desprotegida por la 4T
Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue “acabar con los privilegios” de los servidores públicos, entre ellos el pago de seguros de gastos médicos mayores. Pero no todos los que recibían ese beneficio estaban en una situación de privilegio.
Por ejemplo, la pérdida de ese seguro trastocó a la compañía de danza más importante del país porque era una de las pocas ayudas con las que cuentan los bailarines. La política de austeridad instrumentada por la llamada “cuarta transformación” dejó a los 72 integrantes de la Compañía Nacional de Danza sin su seguridad social básica, denuncia Stephanía Fierro integrante de la misma.
La Compañía Nacional ha pasado 6 meses sin los seguros de gastos médicos mayores y menores que tenían contratados de forma privada. Lo anterior a pesar de que el presidente de la República anunció la cancelación de “los seguros médicos privados [sólo] para altos funcionarios”.
En lo que va del año, al menos 50 trabajadores de la Compañía han tenido que pagar de su bolsillo radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas pues ha habido dos operaciones de rodilla, un parto, refiere Fierro.
Para la bailarina, la pérdida del seguro representa un problema porque aún con la prestación del ISSSTE prefieren ir a servicios médicos particulares, ya que el servicio público “no es opción: es muy tardado en términos de tiempo y de lesión. No, no puedo esperar 3 meses a que me den una cita para saber qué le pasó a mi pie.”
Además, Fierro señala que en el servicio público tratan de forma obsoleta situaciones médicas que los profesionales de la danza necesitan atenderse con tratamientos de vanguardia, porque son como los atletas de alto rendimiento.
El motivo de aplicar la política de austeridad para Fierro es claro: combatir la corrupción. Sin embargo, cree que las cosas “son mucho más finas” y las políticas no pueden ser aplicadas a todos los trabajadores del Estado por igual. “Se aplicó a ciegas. Nosotros no podemos trabajar sin seguro porque sería muy costoso pagar todas nuestras lesiones con nuestro sueldo”.
¿Responsabilidad de compañías o del Estado?
El deber de otorgar la seguridad social es de quien contrata los servicios, asegura el abogado Raúl Wilfredo. En este caso, las compañías deberían otorgarles prestaciones a sus trabajadores.
Sin embargo, Guerrero Rentería piensa que exigirle a las compañías es “poco rentable y realista” porque los propios coreógrafos (quienes dirigen las compañías) ponen de su bolsa para las producciones.
“Muchos consiguen los espacios de las escuelas en las que dan clase para no rentarlos. Ellos no disponen de recursos, no hay; si no es mediante una beca es imposible. Ellos también están en condiciones muy precarias.”
Para la cofundadora de Untradanza, el Estado tendría que discutir mecanismos dentro de los que haya algunas garantías para que “tú como creador puedas inscribir a tus bailarines en cierta relación laboral y puedan garantizar seguridad social, servicio médico”.
Seguridad social, un problema estructural
La carencia de la seguridad social es estructural: el sector artístico no es la única víctima. En México, más de 68 millones de personas no cuentan con un seguro médico, un fondo de ahorro para la vejez ni con la posibilidad de contar con un crédito para adquirir una vivienda propia, refiere el informe Pobreza y derechos humanos 2017, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ello se debe a que los derechos laborales van en retroceso, “tan es así que ahora creemos que ciertas condiciones laborales dignas son un privilegio y no un derecho garantizado”, señala Argelia Guerrero, quien en Untradanza brinda asesorías para que los bailarines exijan ciertas condiciones en sus contratos.
Dentro del gremio artístico hay una idea generalizada de que la seguridad social debe otorgárseles en tanto que artistas y no en tanto que ciudadanos. “La seguridad social debería ser extensiva para todos aquellos que pagan sus impuestos y que contribuyen a sostener las instituciones”, señala Haydé Lachino, también maestra en filosofía política por la Universidad Nacional de Quilmes.
En el caso de que sólo se les diera la seguridad social a los artistas se romperían los preceptos constitucionales “y el pacto que hace de este país una República, porque en la Carta Magna se establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.
Es por ello que en la Comisión de Cultura del Senado de la República se busca ya no brindar este derecho únicamente a los artistas, si no a todos los mexicanos. Ello pese a que en 2011 y en diciembre de 2018 en esa misma cámara se buscó impulsar una ley que crearía un fideicomiso para otorgar este derecho a los artistas mexicanos, pero no prosperó.
La senadora Susana Harp Helú, quien preside la Comisión de Cultura, ha dejado a un lado su promesa de que esta petición de la comunidad artística sea una prioridad, porque –dice a Contralínea– fueron encontradas complicaciones como determinar quién es artista y quién no. Por tal motivo se decidió hacer abarcativo el derecho: “Todos los mexicanos deberíamos tener los mismos derechos”.
La también músico asegura que el proyecto podrá llevarse a cabo en el mandato de López Obrador a pesar de que “el Estado no está preparado para hacer un proyecto de esta envergadura”, el cual cambiaria todo el sistema de salud. Además de presupuesto, para lograrlo es necesario “hacer crecer la cobija porque la cobija la jalan pa’ un lado y la jalan pa’l otro, algo destapan siempre”.
Aunque aún no se cuenta con el presupuesto suficiente para ello, en el Senado se trabaja en “una reforma muy grande en donde todos los mexicanos gozarán de seguridad social”, asegura la senadora Antares Vázquez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos.
Guerrero Rentería –cofundadora de la Unión Nacional de Trabajadores de la Danza– observa que en el gremio no hay mucha esperanza de que en esta administración se logre la seguridad social, pues no existe un proyecto cultural que vaya más allá de justificar presupuestos. “No veo, no existe. No hay un trato digno, no hay nada”.
En la región sur se han presentado seis casos en lo que va del año que involucran a corporaciones policiacas y a la Fiscalía: Visitador
Juan Carlos Ramírez / El Sol de Sinaloa
Mazatlán, Sin. En los últimos tres años, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido 11 denuncias por desapariciones forzadas en la zona sur del estado donde supuestamente están involucrados elementos de seguridad pública estatal y municipal, así como por deficiencia en la investigación que realiza la Fiscalía en casos de desaparecidos, informó el visitador de la CEDH, Fermín Núñez Millán.
De estas denuncias, seis se han presentado en lo que va del año, cuyo repunte puede estar relacionado con el incremento de desaparecidos recientemente que colocan a Sinaloa entre los primeros lugares a nivel nacional, señaló.
Aclaró que hasta el momento, la CEDH no ha emitido en la zona sur del estado una recomendación que señale a alguna autoridad en específico que haya intervenido en una desaparición forzada.
Dio a conocer que en el 2017, se recibieron 2 casos donde se involucra a elementos de las corporaciones estatales y municipales, en el 2018 sumaron tres las quejas interpuestas y en lo que va del año van seis.
“No quiere decir que estos casos hayan ocurrido este año, sino que la familia hasta este año se acercó a presentar la queja, y no todos los casos involucra necesariamente a una corporación policiaca, sino que también han presentado queja por una deficiente actuación en la investigación del caso por parte de la Fiscalía”, expresó.
Sin embargo, comentó que el aumento de quejas va en proporción a que ha ido aumentando los casos de desaparición, según las estadísticas.
ALTA INCIDENCIA
Los registros más recientes de 2019, con corte al 15 de junio pasado, reportan 551 cadáveres encontrados en 426 fosas clandestinas y 207 sitios de inhumación en todo el país.
De estos, Sinaloa encabeza la lista de los estados con mayor índice de sitios de inhumación clandestina, y se ubica en el segundo y tercer lugar con mayor índice de cuerpos encontrados y fosas clandestinas, respectivamente.
Entre los municipios con mayor índice de sitios de inhumación clandestina, Mazatlán aparece en el primer lugar con 9.17 por ciento de los casos, seguido de Ciudad Juárez con 7.24%; Acapulco, Guerrero, 5.31%; Tocomán, Colima, 4.83%, y Río Blanco, Veracruz, 3.28%.
En cuanto al número de fosas clandestinas encontradas entre diciembre de 2018 y el 14 de junio pasado, el municipio de Mazatlán se ubica en cuarto lugar de la tabla nacional con 3.39% de la incidencia, antecedido por Úrsulo Galván, Veracruz; Tecomán, Colima y Cajeme, Sonora.
Como parte del trabajo se han instalado 11 comisiones estatales de búsqueda en los últimos tres meses, con lo cual suman 24 comisiones, de las cuales 18 ya tienen titular, una de ellas es Sinaloa, la cual está en espera del presupuesto federal, pero ya opera con recursos estatales asignados este año.
Fermín Núñez señaló que hay muy buena relación entre la CEDH y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que opera en Sinaloa.
Refirió que con el funcionamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda se espera avanzar en la identificación de cuerpos encontradas y detección de personas desaparecidas en la entidad.
CRISIS EN LOS SEMEFOS
Según el Informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, la crisis en el Servicio Médico Forense pareciera tocar fondo ante el incremento en el número de personas desaparecidas, la incidencia de homicidios y el número de personas fallecidas.
Al 31 de marzo pasado, había en el país un total de 8 mil 116 cuerpos sin identificar en planchas, refrigeradores y contenedores dentro de los Semefos, con una sobreocupación de 2 mil 945 cadáveres.
Y es que a nivel nacional operan 217 laboratorios de genética y 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos.
Por otra parte, los Semefos y Servicios Periciales de la mayoría de las entidades federativas identifican mensualmente menos del 20 por ciento de los cadáveres que ingresan.
Las estadísticas muestran un incremento exponencial de los homicidios, ya que en el 2007 se registraron 8 mil 867 asesinatos, y en los últimos dos años, el índice ha sido de 32 mil 079 y 34 mil 200, correspondientes a 2017 y 2018.
Con respecto a personas desaparecidas, el registro de 2017 fue de 646 personas, y en el 2017, la cifra superó los 5 mil 477 casos.
A nivel nacional, de 2006 a 2017 suman 37 mil 443 los cadáveres que no tienen claridad en el certificado de defunción sobre si recibieron o no una necropsia o autopsia.
El informe reporta que existen a la fecha 494 expedientes de búsqueda, 379 antes de 2019 y
115 desapariciones recientes en el 2019, de los cuales solo se han localizado 26.
Entre las acciones que se plantean para resolver la deficiencia en el Servicio Médico Forense, destacan: instalar 5 institutos regionales forenses con sedes en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz, para lo que se invertirán 230 millones de pesos, así como construir 15 cementerios forenses para un mayor registro y control de las personas en calidad de desconocidas o no reclamadas, con 150 millones de pesos.
Para el caso de Sinaloa y Veracruz se construirán 3 cementerios, 2 en Jalisco y 1 en los estados de Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
Núñez Millán indicó que con la creación y operación de 5 institutos regionales forenses se podrá avanzar mucho en la identificación de cadáveres y la localización de personas desaparecidas.
“Esa infraestructura es muy importante para agilizar y dar más certeza sobre la identificación porque se construirán con la mejor tecnología, a la vanguardia, y vendría a desfogar el retraso en la identificación de los cuerpos”, concluyó.
QUEJAS POR DESAPARICIÓN FORZADA
2017, 2 casos
2018, 3 casos
2019, 6 casos
FUENTE: Visitaduría Estatal de los Derechos Humanos Zona Sur (CEDH)
CUERPOS EN FOSAS CLANDESTINAS
Sinaloa, 115
Colima, 111
Jalisco, 78
Sonora, 56
Nayarit, 39
Chihuahua, 39
FUENTE: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Gobernación
MUNICIPIOS CON MAYOR ÍNDICE DE SITIOS DE INHUMACIÓN CLANDESTINA
Mazatlán, Sinaloa, 9.17%
Ciudad Juárez, Chihuahua, 7.24%
Acapulco, Guerrero, 5.31%
Tecomán, Colima, 4.83%
Río Blanco, Veracruz, 3.83%
SEDES DE INSTITUTO REGIONALES FORENSES
Sonora, con cobertura para BC, BCS y Sinaloa
Coahuila, atenderá Chihuahua, Durango y San Luis Potosí
Culiacán, Sinaloa.- Los instructores de Icatsin plantel número 1, desde las 8:00 horas evitaron ingresar a sus áreas de trabajo debido a que están en contra del acoso laboral que denunciaron recibir por quien ocupa el cargo de director, Miguel Ángel Sepúlveda León.
En encuentro con el líder del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, el director del plantel y la docente Patricia Córdoba, se acusó que dentro de la institución se quitan y ponen docentes a conveniencia del área administrativa, esto sin importar la experiencia y antigüedad que tienen otros instructores.
“Él quitó de dos cursos a dos docentes con mucha experiencia y puso a novatos, esto a manera de represalias por manifestarse en su contra” dijo.
Esta situación ha generado el enojo de los instructores, ya que también les han retirado horas de trabajo dejándole solamente dos horas diarias.
Esto afecta la economía de quienes tenían entre 5 y 8 horas diarias, ya que por cada hora trabajada, los instructores reciben un pago de 80 pesos mensuales, pareciéndoles esto una injusticia porque en ocasiones los cursos son impartidos en colonias y sectores alejados, teniendo ellos que pagar los medios de transporte.
Manifestación
Con gritos desesperados, los maestros exigieron que les retiraran al director actual, ya que los ha puesto en contra del personal administrativo y se ha metido en la vida personal de cada instructor.
Asimismo, a algunos les fueron retirados de manera inesperada los cursos que ellos mismos consiguen en empresas y sectores públicos, por lo que desconocen si les llegará el pago de esta quincena.
El líder del Stase, Gabriel Ballardo, dijo que recibió denuncias de la mayor parte del personal que labora para este plantel educativo.
Oaxaca.- Cerca de 45 jornaleros migrantes de Oaxaca vivían en condiciones de esclavización en Rancho Constitución, ubicado en Baja California. Las personas se encontraban hacinadas en insalubres cuartos de lámina, con una paga mínima de 4 pesos por bote y sin seguridad social.
Por las condiciones infrahumanas solicitaron a la parte patronal mejorar la paga, pero además de la negativa recibieron amenazas e insultos.
En la víspera, vía telefónica, denunciaron que con engaños fueron trasladados de San Quintín hacia Ciudad Constitución en donde trabajaban por cuatro pesos la recolección por bote de frutos y verduras, la mitad de lo que en promedio se gana por estas actividades agrícolas.
“Nos dijeron que fuéramos a quejarnos, pero no nos animamos porque los patrones tienen dinero y tienen comprada a la autoridad, no nos van a hacer caso. Estos ranchos no tienen ni condiciones ni seguro, entonces no nos van a hacer caso y nos arriesgamos a que nos maten”, indicó en el anonimato una de las personas afectadas.
A través de fotografías probaron las condiciones ínfimas en las que vivían en galeras con colchones viejos, en algunos casos empotrados sobre cajas de plásticos sólo para no estar a ras de piso. En otros casos las habitaciones sólo son carpas y paredes armadas de huacales de madera y recubierta por plástico. Los sanitarios son baños portátiles carentes de toda higiene.
Tras el llamado a las autoridades en Oaxaca para que intervinieran y regresar a San Quintín, ya que debido a la falta de recursos no pueden pagar el traslado, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, no intervino, justificando que no solicitaron el apoyo de manera formal y correspondía al Servicio Estatal de Empleo.
Actualmente, los jornaleros agrícolas, ya radican en San Quintín, al tomar la propia decisión de abandonar los campos agrícolas de Rancho Constitución.
En común que mujeres, hombres y hasta niños y niñas que viajan a los campos de cultivo como jornaleros se encuentran en riesgo constante debido a que ahora las empresas están reclutando sin la supervisión de las autoridades debido a la desaparición del programa Jornaleros Agrícolas.
Cada año, en promedio 2 mil jornaleros agrícolas de origen oaxaqueño viajan al norte del país a los campos de cultivo. Con los recortes realizados por el gobierno federal, ya no cuentan con recursos para para su traslado ni para enfrentar los primeros días de trabajo en tanto llega la primera paga.
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio 2019.- Suman 18 alertas de género para igual número de entidades, han sido declaradas en los últimos años y son vigentes en este 2019 y entre los estados considerados como más peligrosos para las mujeres está precisamente Quintana Roo, incluido entre los primeros cinco donde se registran el mayor número de crímenes contra ellas. Y si el peligro es enorme en Quintana Roo, la situación es todavía más grave en el municipio de Tulum, donde hay asesinatos y desapariciones de personas, incluidas mujeres. El pasado sábado 15 de junio la joven de 25 años, mexicana, Erika Sánchez Basaldúa, desapareció luego de salir de su trabajo en el Hotel Azulik de donde pudo haber caminado hacia la ciudad en un trayecto donde han ocurrido agresiones físicas y sexuales numerosas a mujeres, agresiones que incluso dieron lugar a protestas de colectivos feministas, pues la iluminación continuamente falla y la vigilancia es casi siempre nula en esa zona. Como si fuera poco, pese a las denuncias interpuestas, en la Fiscalía General del Estado como en la presidencia municipal de Tulum, no se observa ningún interés en esclarecer su desaparición, a diferencia de las acciones ciudadanas para tratar de dar con su paradero. Lo preocupante es que muchas veces la desaparición persiste por meses o años y -más trágicamente- ocurre que deriva en una acción criminal tan grave como el feminicidio. La Alerta de Género vigente en la mayor parte del país incluye 424 municipios de 18 entidades donde existe una cifra inexacta de cientos de desaparecidas, pero se sabe con claridad que hasta noviembre del 2018 existen regustradis 507 feminicidios. En nuestro estado colectivos de mujeres como Marea Verde Quintana Roo trabajan activamente por denunciar los riesgos y agresiones a mujeres; agravadas por las omisiones, incapacidades o desinterés de gobiernos locales y una muy poco efectiva acción de la Fiscalía General del Estado. En todo el país las dolorosas cicatrices y secuelas por la inseguridad y la violencia que sufren las mujeres son enormes. Esta semana un grupo de mujeres madres de desaparecidas, o víctimas de feminicidio, mantuvieron una protesta de 8 días frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, protesta que han levantado temporalmente luego de una reunión con la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, pero que anuncian seguirá vigente en caso de que en un tiempo prudente no se observen nuevas medidas que realmente conduzcan a mejorar el clima de peligro para las mujeres en toda nuestra nación. Sí desgraciadamente se juzgara por la apatía de las autoridades en Quintana Roo; una de las entidades más peligrosas dentro de las alertas de género vigentes, las protestas plantones y agravios contra las mujeres continuarían a la alza. El padre de Erika Sánchez sigue pidiendo información de su hija vía WhatsApp o los números de teléfono 442 486 3602 o 647 667 1456.
Luego de que el ayudante municipal de San Pedro Apatlaco, Gerardo Cardoso Vargas, les propusiera reubicar el plantón que sostienen en la ribera del río Cuautla, en oposición a la conclusión del acueducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), los ejidatarios no sólo no se movieron, sino que afirmaron que buscarán fortalecer su presencia en este punto de resistencia.
Así lo expresó Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata Salazar, quien expresó que, ante cualquier futura amenaza de desalojo, los campesinos de la región serán convocados a concentrarse en el campamento para impedir la conclusión del acueducto que trasladará agua a la planta termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla.
Ahorita nomás habemos unos cuantos, pero en caso de ser necesario se convocará a todos los pueblos y se van a venir todos. Vamos a permanecer aquí en el plantón hasta que se resuelva un sí o un no en contra de esa termoeléctrica
El plantón de San Pedro Apatlaco, localidad perteneciente al municipio de Ayala, permanece ahí desde fines de 2016.
A través del ayuntamiento de la capital solicitaban descuentos en la nómina para pagar préstamos en dos instituciones, pero a pesar de que se aplicaron, nunca se hicieron los pagos
En rueda de prensa la síndica Municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez informó que este jueves unos 250 trabajadores del ayuntamiento presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado por créditos solicitados por los que se les descontaba en el pago de su nómina, sin embargo nunca se abonó a las tiendas departamentales.
José Mauricio Molina trabajador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública señaló que en su caso obtuvo un crédito personal en donde se le haría un descuento quincenal, y el ayuntamiento daría el pago a la tienda, sin embargo después de casi 2 años fue notificado del adeudo.
“Para la empresa yo seguía siendo deudor, me robaron, los funcionarios de la administración anterior se robaron mi dinero y la de los demás compañeros, que hoy nos encontramos en esta situación y no sólo nos robaron a nosotros, le robaron a todos los habitantes de San Luis Potosí. Ahora las autoridades actuales tendrán que pagar lo que se debe con dinero de impuestos que todos nosotros, es decir estamos pagando el doble”
Señalaron que este adeudo no previsto ha generado afectaciones a su patrimonio ya que puede perder hasta su casa, además de estar en buró de crédito.
Al respecto el tesorero municipal Rodrigo Portilla Díaz, informó que el monto que no se pagó asciende a 11 millones de pesos para las instituciones Famsa y Caja Libertad.
“Cuándo nos entregan la administración en Fondos Ajenos, que es este rubro, tenemos más de 40 millones de pesos, ahorita nos quedan 11 millones de pesos, en la cual el compromiso del alcalde y de la tesorería quedó saldado antes de que termine este trimestre”.
Chilpancingo Gro; a 26 de junio del 2019.- A 57 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y casi 7 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estudiantes de esta institución reclamaron la falta de avances para resolver este caso.
Los estudiantes arribaron al anti-monumento ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, donde durante un mitin bloquearon los carriles sur-norte.
Los normalistas desestimaron una vez más la versión “histórica ” del Gobierno Federal, al dar cuenta de la aparición de un video en que aparece Carlos Canto, presunto involucrado en la desaparición de los 43 normalistas, y donde asegura fue otro el destino de los estudiantes.
Destacaron que esa grabación comprueba que sí hubo tortura en las primeras indagatorias de la desaparecida PGR, por lo que se deben desechar esas declaraciones y reabrir la investigación con todos los datos que han sido desestimados
En el mitin, representantes del magisterio disidente reconocieron el valor y la conciencia de lucha que han generado a su paso por esta normal.
Ahí se pronunciaron en exigencia y castigo a los culpables. “Seguiremos en esta exigencia los padres y las madres de los 43; nos siguen dando el ejemplo”.
De forma reciente, Artículo 19 dio a conocer una convocatoria para reconocer trabajos periodísticos que aborden el tema de la violencia contra la libertad de expresión.
Vale la pena retomar el tema y la convocatoria, dado que desde diferentes instancias del poder hay acciones, documentadas, de ataques contra representantes de los medios.
Esta semana, por ejemplo, en la sesión de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, se dio cuenta de un conflicto interno que se registra en el Ayuntamiento de Rafael Delgado, donde la alcaldesa, Isidora Antonio Ramos, intolerante a la crítica, denunció al síndico, Julián Cotlame Cocotle.
El asunto no pasaría de un conflicto interno en uno de los 212 municipios veracruzanos; no sería el primer caso de un alcalde que responde con una denuncia a la crítica de un edil que ha señalado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos; el problema es que en ese proceso hay un intento de un juez, Poder Judicial, por involucrar a un grupo de periodistas locales.
El síndico hizo declaraciones a diferentes medios informativos, en los que hablaba de irregularidades en el Ayuntamiento; por ser material de interés público, los medios consignaron la posición del edil; posterior a ello, la alcaldesa presentó una denuncia contra el síndico por un supuesto daño moral de que habría sido víctima.
Al llegar el caso al juez cuarto de primera instancia del décimo quinto distrito judicial, Marco Antonio Castellanos Mar, este representante del Poder Judicial realizó una prevención a la alcaldesa, a efecto de que señalara los medios e identificara a los periodistas que difundieron la nota, mismos que ahora aparecen como codemandados por ese supuesto daño moral.
Entre los periodistas involucrados comienza a permear el temor a represalias judiciales, por un lado, y por otra parte la sospecha por la recomendación oficiosa del mencionado juez.
La sospecha se funda en que como juez del Poder Judicial, Castellanos Mar debe conocer a la perfección el Código Civil de Veracruz, cuyo Artículo 1849 indica que “No está obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… no procederá la reparación del daño moral a los servidores públicos afectados por opiniones o información difundida a través de los medios de comunicación, a no ser que se pruebe que el acto se realizó con malicia efectiva”.
Los periodistas que cubren la fuente del Ayuntamiento de Rafael Delgado, hoy codemandados por la alcaldesa Isidora Antonio, argumentan con razón que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, como la Corte Interamericana coinciden en que los periodistas que abordan temas de posible corrupción o actuaciones indebidas de los servidores públicos no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo.
Lo evidente, en este proceso judicial, es un intento de intimidación que busca inhibir el derecho a la libertad de expresión.
Ojalá ese llamado de atención que lanza la prensa de Rafael Delgado sea tomado en cuenta por el presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña; por el diputado presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, José Manuel Pozos Castro; y por el secretario de Gobierno, Èric Cisneros Burgos, a efecto de evitar un precedente tan lamentable como el que podría sentar el acoso judicial contra los periodistas.
Ciudad de México, a 26 de junio de 2019.-Desde que su automóvil fuera incendiado en su domicilio el 17 de junio, el periodista Alejandro Matty Ortega no ha recibido las medidas de protección necesarias por parte de las autoridades federales y estatales y en proporción al riesgo que enfrenta.
Ese día, alrededor de las 4:00 hrs., dos personas desconocidas arribaron a su domicilio en Hermosillo, Sonora. Desde la reja vaciaron diésel sobre su vehículo y prendieron fuego. En la mañana se dio conocimiento de estos hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo hasta el día de hoy, ninguna medida ha sido implementada.
Matty es director del medio Diario AM, el cual da principal cobertura a denuncias ciudadanas, corrupción y temas de política local. Las publicaciones previas a la agresión se relacionan con la falta de agua e inseguridad en Hermosillo y la inacción de la actual alcaldesa, Célisa López Cárdenas, para interponer denuncias por desvío de recursos por parte del ex alcalde, Manuel Acosta.
Ésta no es la primera vez que se agrede a periodistas de la misma forma en Hermosillo, Sonora. El 22 de febrero, las instalaciones de la radiodifusora digital Manzana Radio fueron incendiadas durante la madrugada. Asimismo, el 11 de marzo de 2017, sujetos desconocidos quemaron la motocicleta de Carlos Roberto Marroquín, locutor de Contexto Radio y director de Voces Colectivas A.C. en la comunidad de Bahía de Kino.
Ante este contexto, se vuelve indispensable buscar condiciones de seguridad para periodistas en la entidad además de generar acciones tendientes a proteger a Alejandro Matty. No obstante, a pesar de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha tenido conocimiento y ha otorgado medidas de protección extraordinarias que deben implementarse a través de Gobierno del Estado de Sonora, éstas siguen sin concretarse hasta el día de hoy.
ARTICLE 19 exige al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Gobierno de Sonora implementar de manera inmediata y coordinada las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de Alejandro Matty Ortega y su familia.
Por otro lado, esta organización tiene conocimiento de que dos denuncias distintas fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), por lo que se insta a ambos órganos encargados de procuración de justicia coadyuvar y tomar como principal línea de investigación la labor periodística de Matty Ortega.
Finalmente, se hace un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para iniciar la queja correspondiente y recabar la información necesaria para el caso de que alguna autoridad estuviera involucrada en el ataque al periodista.
La región del #Istmo de #Tehuantepec vivió otro día de bloqueos orquestados por organizaciones sociales, grupos y estructuras políticas.
Con la intensión de conseguir respuestas favorables a sus exigengcias, en esta jornada fueron mototaxistas y productores agrícolas quienes cerraron carreteras en 5 sitios diferentes:
1. Bloqueo en carretera Transistmica km 180+300 en desviación a Mogoñé,Tramo
Palomares – Matías Romero.
2. Bloqueo en carretera Juchitan – El Espinal
3. Bloqueo Juchitan – Unión Hidalgo frente al Basurero.
4. Bloqueo tramo Juchitan – La Ventosa frente a la colonia 28 de Enero.
5. tramo Juchitan – Tehuantepec, a la altura del IMECA.
En redes sociales circula un recuento de los bloqueos registrados en lo que va del año; quien firma en la cuenta de MONITOR VIKINGO, destaca que suman 100 de carretera en la región en lo que va del año. Con este número el #Istmo podría ser la región o el estado con el mayor número de bloqueos en toda la república mexicana.
Apenas hace 24 horas en la zona se registraron al menos 3 o 4 bloqueos por parte de presuntos damnificados por los sismos, quienes exigen “viviendas dignas”.
El concentrado de obstrucciones o ataques a las vías federales de comunicación no refiere o no suma los días de toma de la caseta de peaje de la autopista #SalinaCruz – Cd #Ixtepec.
De esta manera el recuento señala;
Enero 14 bloqueos
Febrero 11 bloqueos
Marzo 31 bloqueos
Abril 18 bloqueos
Mayo 8 bloqueos
Junio 18 bloqueos (al cierre del reporte)
La movilidad social y política no solo provoca la paralización económica de la zona, inhibe nuevas inversiones al frenar el paso de mercancías o insumos, afecta directamente a los habitantes de la región al impedir o dificultar el tránsito de estudiantes, trabajadores, enfermos y hasta productores locales que no pueden llevar sus mercancías o productos locales de una comunidad a otra.
Justo ahí, en esa región, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende un Corredor Interoceánico mediante la ampliación de las vías del ferrocarril y la construcción de gasoductos, el gobierno de #Oaxaca demanda o espera la modernización del puerto de Salina Cruz, o la reconfiguración de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”.
Cabe destacar que, como en otras administraciones, todos los gobiernos municipales deslizan su responsabilidad como autoridad y a pesar de que casi el 80 por ciento de las demandas son asuntos de su competencia, las y los ediles se muestran incompetentes, insensibles y hasta cínicos, debido a que algunas de las orgsnicones que bloquean son las mismas que los llevaron al poder municipal.
Ciudad de México. – El pasado jueves 20 de junio, en el marco del V Congreso Iberoamericano de Filosofía, María de Jesús Patricio -Marichuy-, vocera del Concejo Indígena de Gobierno y Carlos González, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena, recapitularon la importancia del alzamiento del EZLN y de la lucha llevada a cabo por los pueblos indígenas de México frente a la embestida capitalista. Reunidos en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, llena a reventar de estudiantes y profesores, los luchadores indígenas hablaron de la guerra que están enfrentando los pueblos indígenas de México, y reflexionaron sobre la importancia del ejemplo dado por el EZLN al revelar la profunda injusticia y opresión que se ha ejercido contra los pueblos originarios, así como la posibilidad de rebelarse frente a ella. Esa posibilidad, junto a la rica experiencia de lucha de los pueblos indígenas es clave para sobrevivir y hacer frente al capitalismo y su sed de destrucción.
Explicaron que la guerra de despojo contra los pueblos originarios ha sido una constante en nuestra historia, pues para poder reproducirse el sistema capitalista necesita de los recursos, las tierras y el conocimiento que los pueblos poseen, y que frente a esto, el 1 de enero de 1994, en México se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado por miles de mujeres y hombres indígenas que durante 500 años habían resistido la embestida del capital. Junto a ellos, en 1996, se formó en Congreso Nacional Indígena, y desde entonces, ambos han caminado juntos.
Carlos González habló del origen del Congreso Nacional Indígena (CNI) en 1996 cuando el EZLN abrió el proceso de diálogo en San Andrés a la participación de todos los pueblos indígenas de México. Con los diálogos de San Andrés, nacieron una serie de acuerdos con el gobierno federal entre 1995 y 1996, donde se buscaba el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derechos públicos y con facultades que les permitieran autogobernarse. Los Acuerdos de San Andrés buscaban, sobretodo, robustecer la base de derechos para las comunidades indígenas. Pero, como siempre en la política de arriba, el 28 de abril de 2001, los diputados y diputadas de los partidos políticos, incluyendo aquellos que se denominaban de izquierda, ejecutaron una de las más altas traiciones realizadas en contra de los pueblos indígenas. Contraviniendo lo acordado en San Andrés, hicieron modificaciones sustanciales al documento pactado; y en lugar de reconocer a las comunidades como entidades de derecho público, una de las piedras angulares para el crecimiento de su unidad política, las reconocieron como comunidades de interés público, es decir, como entidades sujetas a tutela por parte del Estado, mostrando así el profundo desprecio que sienten por los pueblos indígenas, pues no los consideraban sujetos de derecho.
Los luchadores indígenas explicaron que, para el CNI, en ese momento se hizo evidente que se orquestaba desde la vía legal, la guerra de despojo contra los pueblos originarios, guerra que con el paso del tiempo, y con el actual gobierno, se ha vuelto cada vez más violenta y más mortal. “Engañan a través de dádivas, de dinero. Se aprovechan de las necesidades de los habitantes de las comunidades, pero hay pueblos que caminan firmes y van a seguir resistiendo”, dice Marichuy.
A pesar de la traición de toda la clase política a los acuerdos de San Andrés, la construcción de la autonomía en las diferentes comunidades indígenas se fortaleció, y en 2005 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sacó a la luz pública su Sexta Declaración de la Selva Lacandona. El hecho del que CNI abrazara y asumiera los planteamientos de la Sexta, ratificando su postura como acompañante del EZLN y de las luchas de abajo, por declararse como organización de abajo y a la izquierda, cuenta González, “trajo como consecuencia una embestida violenta por parte de los diferentes gobiernos en turno, los cuales han buscado eliminar a estos pueblos”, y es que en octubre de 2016, a través del comunicado “Que retiemble en sus centros la tierra” (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/) el CNI y el EZLN dieron a conocer su decisión de dar un nuevo paso en la lucha, para reconstruir un proceso organizativo nacional que permitiera resistir y sobrevivir a la tormenta capitalista. Desde entonces, los ataques contra las comunidades indígenas no sólo no han cesado, sino que se ha recrudecido de forma brutal, particularmente en los últimos 6 meses, en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en llevar a cabo los diferentes Megaproyectos que iniciaron sus antecesores. “Hay una embestida contra los pueblos, compañeros muertos ydesaparecidos, ahora está peor que antes (…) Los proyectos siguen y los van a llevar a cabo aún con sangre de los pueblos indígenas, no es cierto que van a escuchar a los pueblos, por eso los pueblos deciden seguir organizándose, seguir resistiendo, y convocando a otros para pensar cómo hacerse fuertes”, señaló Marichuy durante su participación.
Lo anterior se ha visto magnificado desde el año 2016 cuando el CNI cumplió su 20 aniversario y propuso la creación del CIG, y con ello nombró a María de Jesús Patricio como representante, quien fungiría como vocera de los pueblos originarios; a través de ella, las comunidades indígenas nos harían llegar su voz, sus padecimientos y sus luchas.
A partir de 2016 y más aún a partir del presente año, la ocupación de territorio indígena por parte de los malos gobiernos a través de la militarización y de la puesta en marcha de variados programas educativos y culturales -los cuales llevan la intención de desaparecer las lenguas y las culturas originarias- ha traído como consecuencia una violencia creciente, que provoca la migración masiva y por lo tanto, un retroceso en el proceso organizativo: “los pueblos se están vaciando y vemos que esto va a continuar porque es una política contra todos los pueblos de este país. México está siendo desmontando y destruido por quienes tienen el poder político y económico en el mundo. Viene de más arriba porque son políticas y acciones globales que tienen un fin, favorecer la acumulación capitalista a través de ensanchar el libre mercado, a través de acrecentar esa acumulación por medio del despojo, pero también por medio de la guerra continuada, por medio de las epidemias, por medios cada vez más brutales, no hay límites” explicó Carlos González.
En México esta violencia brutal se expresa a través de una guerra directa apoyada en los cárteles, que están entramados con las estructuras del Estado y que van de la mano con una militarización exponencial que es la que viene con la Guardia Nacional. Con ello se busca la imposición de grandes proyectos que impulsan el capitalismo extractivista. Muestra de ello son el Proyecto Integral Morelos, el Proyecto Transismico y el Tren Maya, los cuales de una forma u otra buscan reordenar el territorio y la población. Los gobiernos de arriba siempre menospreciando a los pueblos y sus resistencias, pensaron que podrían llevar a cabo sus proyectos sin problema, no consideraron que las comunidades iban a resistir, se equivocaron. Los pueblos resisten y se organizan en contra de las políticas extractivistas del mal gobierno y su llamada 4T.
Marichuy llamó a la organización y a estar atentos, pues “la guerra no sólo es contra las comunidades y los pueblos, sino que también se manifiesta en las colonias y los barrios, en los ámbitos urbanos”, lo que constató durante el recorrido que como vocera, acompañada de las y los concejales del Concejo Indígena de Gobierno, hicieron en 29 de estados de la República Mexicana. “Eso es lo que miran los pueblos”, nos dice Marichuy, “que esta guerra no solo continuará, sino que se hará más cruenta, por lo que hace hacer falta encontrarse, conocerse y organizarse para crecer más y poder resistir el golpe que viene, organizarse para vivir”.
Para terminar, Marichuy explicó que frente a esta tormenta global y recrudecimiento del neoliberalismo a escala nacional: “Todas las luchas son importantes, pero falta más para poder derribar al monstruo y recuperar el territorio y heredar a los que vienen atrás, sin someterse ante el poder. Es necesario hacer más amplios al CNI y al CIG, que sean fuertes y que se tenga claro hacia donde se tiene que caminar. La tarea es que todos aquellos que sienten lo que los pueblos sienten, que no están dispuestos a perder la vida, los que sienten que hay que defender la tierra son parte de esos pueblos que luchan. Si los pueblos se mueren se acaban la tierra y al revés, por eso hay que defenderlos, esa es la tarea”. Y abundó “Vamos a luchar porque solo nosotros podemos hacer ese cambio.”
De ese tamaño fue el reto que dejaron sembrado, ahora en un aula universitaria, las reflexiones que desde la lucha compartieron como parte del CNI y del CIG. De paso, demostraron una vez más lo mucho que podemos aprender de la mirada de los pueblos indígenas organizados, una mirada que no solo viene de siglos de resistencia, sino que ha sido la más capaz de nombrar al enemigo -el capitalismo- y alumbrar caminos para construir en colectivo la resistencia y rebeldía.
De enero a la fecha 74 mujeres fueron asesinadas en el territorio estatal; con 16 casos junio se estableció como el mes más funesto por el número de víctimas de acuerdo con el Centro de Documentación del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (Ges-Mujer).
Angélica Ayala, presidenta de la asociación, señaló que el Istmo de Tehuantepec se mantiene como la región más violenta con el 28 por ciento de los casos.
De enero a la fecha 74 mujeres fueron asesinadas en el territorio estatal; con 16 casos junio se estableció como el mes más funesto por el número de víctimas de acuerdo con el Centro de Documentación del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (Ges-Mujer).
Angélica Ayala, presidenta de la asociación, señaló que el Istmo de Tehuantepec se mantiene como la región más violenta con el 28 por ciento de los casos.
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Uno de los elementos más preocupantes es que en el 92 por ciento de los casos se desconoce quiénes fueron los agresores o el móvil, y a pesar de ello las instancias de procuración de justicia descartan los crímenes como feminicidios
“Como sociedad civil organizada y consciente de la problemática que viven las mujeres y las niñas para el goce de sus derechos fundamentales para la integridad, libertad y la vida, demandamos acciones que permitan transparentar todos los procesos de investigación en los asesinatos de mujeres y niñas de tal manera que sea posible evaluar los criterios de actuación de la fiscalía respecto de las determinaciones que toman al iniciar una carpeta de investigación como homicidio doloso y no como feminicidio”, señaló.
De la misma manera demandaron mecanismos eficientes que permitan la investigación y sanción a actos de autoridades omisas o negligentes que violentan los derechos humanos de las víctimas y que derivan en impunidad.
“Demandamos acciones contundentes y en el principio de los casos lo que necesitamos es que todos sean investigados como feminicidio y no sea una manera de ocultar una información sino reconocer una problemática que nos afecta como sociedad”, apuntó.
Dar luz al problema
Angélica Ayala destacó que es de vital importancia seguir visibilizando esta problemática para que las autoridades reconozcan la gravedad de los hechos y también para que la sociedad misma no normalice la violencia. Los 74 casos acumulados en lo que va de 2019 -dijo- son muestra de la falta de voluntad política y capacidad técnica operativa por parte de las autoridades.
La demanda de justicia, agregó, no debe ser motivo de riesgo para quienes están sobre esta ruta tanto familiares de las víctimas como activistas. “Lo estamos viendo nuestra compañera Soledad Jarquín quien por el hecho de demandar justicia esta recibiendo amenazas, situaciones que ponen en riesgo su integridad y su vida.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Defensores de Derechos Humanos en Tlaxiaco pidieron alto a las agresiones y feminicidios en la región Mixteca, pues el estado de Oaxaca posee una alerta de género debido a la gran cantidad de agresiones contra el sexo femenino.
En este sentido, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo que el 20 de junio fue golpeada brutalmente Cornelia Cruz González, de 69 años de edad, originaria de la comunidad de Morelos, San Pedro Añañe, en Nochixtlán, quien a consecuencia de los golpes que sufrió, falleció en su comunidad.
Por ello, de estos hechos se inició una carpeta de investigación para detener al responsable, mismo que se encuentra a disposición de la autoridad competente en Asunción Nochixtlán -quien fue identificada como familia de las víctimas del 19 de junio del 2016-.
Santiago Reyes indicó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), desde el 30 de agosto del año pasado emitió una Alerta de Género para el Estado de Oaxaca; a pesar de ello, existe un alto índice de homicidios y feminicidios en la Mixteca de Oaxaca que no han sido investigados.
Cabe referir que para la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no hay feminicidios en la región Mixteca, sólo homicidios dolosos; sin embargo, las cifras destacan que son más de cuatro los que han ocurrido en esta demarcación, pero deben de ser catalogados por la instancia referida.
El defensor de Derechos Humanos indicó que es necesario que se investigue el feminicidio de la señora Cornelia Cruz González y se sancione a los responsables.
No obstante, las cifras en Oaxaca indican que en lo que va de este año, han aumentado 33 por ciento los feminicidios en comparación con el 2018; sin embargo, hay otros delitos que también se han estado presentando como son: homicidio doloso, secuestro, robos, entre otros más.
Cabe referir que hasta esta fecha no se ha aclarado el crimen de una señora de Tamazola identificada como F. F. B. y de las lesiones que tuvo su hija adolescente A. S. F. -quien era la hija de la fallecida-, mismas que fueron atacadas por la pareja sentimental de la primera mujer.
No hay detenidos por dichos crímenes, los cuales fueron difundidos por redes sociales.
Personas de todas edades, que provienen hasta de zona rural, no pudieron realizarse los estudios
Blanca Regalado / El Debate
Mazatlán, Sinaloa.- El equipo de rayos X del Hospital General de Zona (HGZ) 3, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se descompuso.
Esta falla dejó a decenas de derechohabientes sin que les realizaran estudios para los que tenían citas programadas con varios días e incluso semanas de antelación.
Muchos de los derechohabientes madrugaron para tratar de ser los primeros en recibir este servicio. María del Carmen Ramos llegó desde las 6:00 horas para hacer cola para su mamá, a quien le harían algunas imágenes de sus huesos, de pierna y cadera; pero, al abrir el servicio a los usuarios y tratar de atender a los primeros pacientes se informó que el equipo había fallado.
Se les indicó que sería cuestión de unos minutos, que se hicieron horas, y a algunos les empezaron a reprogramar fechas.
Las citas se dieron para la próxima semana, pues se les informó que este día podría quedar el equipo o el viernes. Se buscó respuesta por parte de la directiva de la institución médica, pero se informó que el director, Armando Félix Ortiz, había salido a una reunión y no fue posible contactarlo a través de una llamada.
Hay temor
Derechohabientes del IMSS temen que en el HGZ 3 de Mazatlán ocurra la problemática que se está presentando en otros estados, donde hay fallas en servicios.
José Ramón Martínez aseguró que él nunca ha tenido problemas con sus medicinas para una afección cardiaca que tiene, pero a un hermano que vive en la Ciudad de México el IMSS ya le ha retrasado fármacos para su artritis.
Exigen el pago de más de 1 millón de pesos que se les adeuda por aguinaldos y otras prestaciones
Ivette Vázquez / El Debate
Escuinapa.- Desesperados ante la nula respuesta al pago de sus prestaciones, trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa colgaron las banderas rojinegras que anuncian que los trabajadores permanecen en huelga definitiva, después de haber realizado varios paros provisionales durante el año para exigir un millón 100 mil pesos que se les adeuda.
Julio César Rivera Garibaldi, secretario general del sindicato de Jumapae, informó que ante el desespero de los 56 trabajadores que conforman la base sindical y ver el nulo acercamiento que se tiene con el gerente, Juan Manuel Grave Inda, y el presidente municipal, Emmett Soto Grave, han decidido proceder al estallamiento de la huelga para exigir el pago de un millón 100 mil pesos que se le adeuda de la mitad de su aguinaldo y primas vacacionales.
“Empezamos la huelga hoy (ayer) a las 12:00 horas y la mantendremos de manera permanente, hasta que veamos algo favorable de parte de las autoridades, porque el gerente solo se ha limitado a decirnos que no hay dinero y que el Gobierno del Estado no le ha hecho llegar la parte con la que se comprometieron”, expresó Rivera Garibaldi.
Sin solución
Comentó que el día que se realizaron las jornadas de apoyo Puro Sinaloa aprovecharon para abordar al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para manifestarle la crisis financiera por la que atraviesan, y el alcalde se acercó diciéndoles “que ya estaba viendo eso con el gobernador”.
“Hasta este momento no hemos tenido ningún acercamiento con el presidente municipal, se nos debe la mitad del aguinaldo, la prima vacacional del año pasado, que se hace un monto de un millón 100 mil pesos, y la negativa de jubilación de cuatro compañeros que ya han cumplido con su tiempo laboral”, expresó.
Rivera Garibaldi dijo que en la base sindical han sido muy conscientes y pacientes ante la situación financiera que vive la Junta, pero que ya es tiempo de hacer valer sus derechos al exigir recursos que los trabajadores ya tienen ganado.
Dejarán guardias
Informó que con el estallamiento de la huelga la población no se verá afectada, ya que solo dejarán de laborar la mayoría de los trabajadores que se mantendrán en paro, pero 12 permanecerán laborando para no afectar el servicio a los usuarios, se mantendrán abiertas las oficinas en donde estará una cajera cobrando a las personas que acudan a realizar su pago, así como el personal que se encarga del rebombeo de la laguna de oxidación y de los acueductos Baluarte-Escuinapa y Apoderado-Tecapán.
La advertencia
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, podría declararse en quiebra, si la huelga que mantienen trabajadores sindicalizados desde las 12:00 horas del martes permanece en los próximos días, ya que la paramunicipal no cuenta con recursos para cumplir con el pago de las prestaciones laborales que se les adeuda a la base sindical.
El Fuerte, Sinaloa.- Con la finalidad de que se arranque el programa de integración de la Guardia Nacional en el municipio de El Fuerte, el Ayuntamiento ya tiene listo el terreno en el polígono que ocupa el Aeródromo municipal, declaró el Secretario del Ayuntamiento Leonel Vea Gámez.
El funcionario señaló que el complejo tendrá una superficie de 3 hectáreas, estará ubicado en las inmediaciones del Pueblo Mágico de El Fuerte. Así mismo, anunció que ya están muy avanzados los trabajos de reencarpetando de la carretera El Fuerte- Estación Hoyanco, donde estarán ubicadas las instalaciones de este grupo de operaciones de seguridad.
“ Ya se está operando un cuerpo de seguridad como si fuera la Guardia Nacional, ya tenemos a la Marina Armada de México y tenemos al Ejercito Nacional, la Marina tiene una cocina móvil que utilizan cuando se aplica el plan DN3 para los operativos de contingencia, se la van a llevar para repararla, mientras tanto el Ayuntamiento los apoyara con una estufa industrial, refrigeradores y aires acondicionados para que estén en condiciones de continuar reforzando los operativos de seguridad”, dijo Vea Gámez.
El funcionario de la Comuna indicó que en los próximos meses se presentará al Cabildo la propuesta de donación en comodato del terreno, es un lote del municipio, además ya hay instalaciones, ahí se encuentra el campamento del Ejercito Nacional y de la policía militar y de la Marina Armada de México, el Ayuntamiento de El Fuerte va a seguir apoyándolos, acotó.
esde la siguiente semana, la Guardia Nacional entrará a Hidalgo, y en el municipio de Actopan tendrá su cabecera, esto para sumarse a las labores de seguridad de la región que forma la estrategia “Hidalgo 2”.
Según dio a conocer el área de Comunicación Social municipal, la policía municipal y del estado, estarán apoyadas por la Guardia Nacional, cuyos elementos llegarán en los siguientes días a operar en los municipios que conforman esta región denominada “Hidalgo 2”.
La siguiente semana se conocerán el número de elementos que llegarán a la región, quienes estarán al mando del Coronel Martín García.
Actopan será la cabecera de donde llegue la Guardia Nacional en el estado.
El dos de diciembre, se puso en marcha el programa Construcción de la Paz, a través de las cuales todos los días las diferentes corporaciones de seguridad municipales de los municipios de: Actopan, Tlahuelipan, Mixquiahuala, Francisco I. Madero, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Tetepango, Ajacuba, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán, Huasca y Atotonilco El Grande, del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal y la Gendarmería, realizan el intercambio de información para atender el tema de la inseguridad desde una óptica integral, partiendo desde las causas.
No hay jeringas, agujas, bolsas recolectoras ni sondas, acusan usuarios
Huejutla, Hgo.- Familiares de pacientes de la clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de este municipio, lamentaron que han tenido que comprar material ante la falta de jeringas, agujas, bolsas recolectoras y hasta sondas, donde han sido las propias enfermeras que solicitan estos insumos para sus mismos enfermos que tienen hospitalizados.
De igual manera, las personas que por distintas razones requieren atención por algún médico, deben esperar de dos a tres horas en los pasillos, aunque la mayoría proviene de las comunidades rurales de esta región Huasteca, aunado a la mala atención de las enfermeras, debido a que para la aplicación de una solución o intención pasa lo mismo.
Otra de las supuestas irregularidades que refieren los familiares de pacientes hospitalizados, es la falta de un equipo nuevo de Rayos X, ya que cuando solicitan alguna placa el aparato no sirve desde hace varias semanas, por lo que el personal los envía a negocios particulares que se ubican frente a este nosocomio y que, presumiblemente, los dueños son algunos de los médicos que los atienden.
Este diario consultó con algunos trabajadores administrativos, informando que días antes de la llegada del director general del IMSS, Zóe Robledo Aburto, el pasado 13 de junio, llenaron los anaqueles de medicinas y equipo quirúrgico, pero en pocos días y ante la gran demanda de personas de las comunidades, se redujo considerablemente y hoy se observan semi vacías.
Ante esta situación, los derechohabientes exigieron que las autoridades federales del IMSS realicen una minuciosa y sorpresiva visita a este nosocomio carente de personal médico, enfermeras, insumos de primera necesidad, ya que se darían cuenta de las múltiples necesidades que se tienen hasta el momento.
Mujeres migrantes extracontinentales claman ayuda para sus hijos enfermos y con hambre en un albergue habilitado por el Instituto Nacional de Migración en las instalaciones de la Feria Mesoamericana de Tapachula
Tapachula.— “¡Ayúdame!, ¡ayúdame con mi hijo, está enfermo, está enfermo”, suplicaba una mujer migrante originaria de Haití desde el centro de detención habilitado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en las instalaciones de la Feria Mesoamericana, en esta ciudad.
A las 8:00 horas, hombres y mujeres, desesperados por ver a sus hijos enfermos y sin medicamentos, intentaron salir, pero se los impidieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) habilitados como Guardia Nacional, junto con la Policía Federal, oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y guardias de seguridad privada.
Testigos que pidieron el anonimato por temor a represalias indicaron que, presuntamente, guardias privados vestidos de blanco se quitaron el cinturón y golpearon a algunos migrantes extracontinentales.
“Los de blanco les estaban pegando con el cincho a los negritos. Yo soy extranjero, pero eso que les hacen está mal”, dijo un migrante hondureño que se encontraba en el lugar cuando inició la protesta.
“¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”, gritaban hombres y mujeres tras un portón negro que estaba cerrado. Al mirar por una rendija se observaba a una veintena de agentes migratorios, navales, policías federales y guardias de seguridad privada.
Los migrantes reclamaban la falta de alimentos, atención médica y la tardanza en los oficios de salida para que sigan su viaje a Estados Unidos, con el fin de pedir refugio.
Ante las cámaras de EL UNIVERSAL, una mujer haitiana que se identificó como Fabiola, tirada en el piso junto al portón y entre lágrimas, clamaba ayuda para su hijo Pablo Andrés, de un año y dos meses de edad, quien, dijo, presentaba ronchas de picaduras de zancudo en todo su cuerpo.
En medio de las botas de los militares, la mujer, quien no paraba de llorar, dijo que su hijo nació en Chile y que desde hace varios días se encontraba enfermo, al igual que muchos otros niños: “¡Ayúdame!, ¡ayúdame!, muchos días mi hijo enfermo, poquita comida, no hay agua potable, muchos zancudos”, suplicaba la mujer, mostrando las ronchas en el cuerpo del menor.
“¡Justicia, por favor! ¡Diez días estar sufriendo, ayúdame, la policía me pegó!”, denunciaba, mientras militares y guardias privados pateaban piedras, tierra y ramas sobre la cámara para evitar que se documentaran las protestas, lo cual motivó el enojo de los migrantes.
Otras mujeres también clamaban ayuda y denunciaron que no contaban con pañales desechables, y que había médicos, pero no medicina.
“¡Ayúdame!, muchas personas aquí están sufriendo, nuestros hijos están enfermos, no comida, ayúdame, ya sufrí mucho”, suplicaba.
La Feria Mesoamericana, en el sur de Tapachula, fue habilitada por el INM como un centro de detención para extracontinentales, debido al sobrecupo que hay en la Estación Migratoria Siglo 21.
Los migrantes se mantenían sentados y acostados en el piso, exigiendo que los dejaran salir. Luego de varias horas de diálogo con personal de Derechos Humanos del INM, a las 13:30 horas se les entregó su oficio de salida a un centenar de ellos y fueron liberados; 18 fueron trasladados a la Estación Siglo 21 para su registro y más de 300 permanecen ahí a la espera de concluir su trámite.
* Por decisión editorial, la fotografía de Fabiola y su hijo se publica sin alterar en la portada de este diario, debido a la información que aporta.
Los solicitantes de asilo serán enviados de Estados Unidos a las ciudades de Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora, y Nuevo Laredo en Tamaulipas
Cd. de México, México.-Como parte del acuerdo con Estados Unidos, se enviarán a solicitantes de asilo a que esperen en tres nuevas ciudades fronterizas.
Se trata de Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora, y Nuevo Laredo en Tamaulipas, de acuerdo con fuentes gubernamentales.
El pasado 7 de junio, el Gobierno de México y el de Estados Unidos acordaron ampliar el MPP, la aplicación de la sección 235 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, para que se devuelvan más migrantes que solicitaron asilo a ese país a que esperen se termine su proceso en la región mexicana.
En entrevista con REFORMA, el Alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, indicó que le notificaron de ello hace 15 días los representantes de Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora.
“Tres ciudades fueron seleccionadas, fue un acuerdo en lo alto”, manifestó.
“La semana pasada tuvimos una reunión con Julio Navarro, del Instituto Nacional de Migración y con Antonio Larios, cónsul de México en Yuma, y les dijimos que necesitamos albergues y recursos para hacer frente a la contingencia”, añadió.
González Yescas refirió que actualmente el Municipio cuenta con tres albergues con capacidad de 200 personas en total, para recibir a los migrantes; sin embargo, estos espacios están llenos.
Explicó que hay 700 migrantes extranjeros que están en esos albergues esperando pasar hacia Estados Unidos.
“No nos han dicho todavía cuántos van a ser, pero pueden ser cientos a la semana como pueden ser 2 mil o 3 mil por semana”, aseveró.
“Necesitamos el apoyo de la federación, sin recursos ni presupuesto no podremos hacer frente a esta situación. Nos preocupa, estamos hablando de una crisis humanitaria que tenemos que hacerle frente. Me preocupa que no tenemos el presupuesto”, agregó.
La devolución de solicitantes de asilo a San Luis Río Colorado iniciará este viernes 28 de junio, de acuerdo con fuentes del INM.
En el caso de Nuevo Laredo, de acuerdo con José Carmona, presidente del Instituto Tamaulipeco para Migrantes, la devolución iniciará el 8 de julio.
Carmona advirtió también que los albergues del Municipio están llenos, pues detalló que hay 4 mil 500 migrantes en Nuevo Laredo y que se espera que en este mes de julio lleguen 2 mil 500 más buscando cruzar hacia Estados Unidos.
“El Gobierno Federal sabe que todos nuestros albergues están sobrepoblados”, dijo.
“Tenemos contemplado que en 2 meses, los 4 mil 500 migrantes que ahora tenemos sean 10 mil, con esos 3 mil que se devolverán más los que llegarán”, expuso Carmona.
La situación de Nogales no es diferente al de las otras dos ciudades, de acuerdo con su Alcalde, Jesús Pujol.
En entrevista con REFORMA, señaló que en Nogales hay una lista de espera de 800 migrantes que están intentando entrar a Estados Unidos, de manera legal.
“Siempre nos han llegado migrantes a Nogales pero ahora tenemos a más gente. No tanta como en Tijuana o Ciudad Juárez, pero los albergues están al 75 por ciento”, afirmó.
Pujol aseguró que Nogales todavía no entra al programa MPP pero que el Municipio está comenzándose a preparar para cuando empiecen a mandarles migrantes.
“No nos han avisado cuándo tuvieran pensado mandarnos gente, nos estamos preparando para el día que se dé”, explicó.
“Nos va a faltar albergue porque los albergues que tenemos ahora ya están casi llenos”, agregó.
APOYO. Personal del INM fue acompañado por elementos de la Guardia Nacional. Fotografía: El Mañana
Miguel Jiménez / El Mañana
Matamoros, Tam.- Personal del Instituto Nacional de Migración, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, encabezaron la revisión de los documentos a migrantes con la finalidad de corroborar su estancia legal en Matamoros mientras esperan asilo por parte de Estados Unidos.
Aunque ya se había informado de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la ciudad, esta vez fueron captados a unos metros del Puente Nuevo donde se llevó a cabo la solicitud de los papeles de los centroamericanos, sudamericanos, cubanos y africanos, que había en el sitio.
Luego de que personas acudieran a proporcionar alimento a los extranjeros y estos se agruparan en el bordo del río Bravo, llegaron los servidores públicos del INM para cotejar las visas humanitarias con el listado oficial de la instancia.
Mientras los funcionarios pedían los documentos, los elementos de la Guardia que ha desplegado el gobierno federal se colocaron en el perímetro a observar las acciones, sin intervenir.
Al final de la acción, sólo se encontró errores en dos visas y las personas fueron conducidas a las instalaciones del INM para que se hiciera la corrección y pudieran continuar con su espera.
Mientras el López Obrador mantiene en público una postura de rechazo al ´´fracking, las asignaciones de exploración con este método continúan. En el Senado hay visiones encontradas del partido de mayoría respecto a la práctica; y a pesar de que ya hay una iniciativa en proceso para prohibirlo, no propone sanciones o soluciones para frenar esta práctica de extracción de hidrocarburos
Este martes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó por unanimidad un nuevo plan de exploración de Pemex en el que se utilizará el fracking o fracturación hidráhulica, cuyo uso fue descartado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde los meses de la transición.
“Mencionaste que se trata de un yacimiento no convencional y mencionaste que se trata de una perforación horizontal, entonces, ¿estamos considerando fracturamiento hidráulico?”, cuestionó el comisionado Héctor Moreira Rodríguez para confirmar el método de exploración en la asignación AE0387 2M Humapa, en la Cuenca Tampico-Misantla, en la frontera entre los estados de Puebla y Veracruz.
A pesar de que López Obrador, ya como presidente en funciones, ha rechazado el uso de esta técnica, la legislación vigente aún lo permite.
Mientras que el presidente rechaza en público la práctica del fracking en la extracción de hidrocarburos, su partido Morena en el Senado, y otros partidos aliados como el Partido del Trabajo y el anterior Partido Encuentro Social, que tienen mayoría, rechazan u omiten legislar contra este método señalado por los graves daños ambientales que conlleva.
En el Senado hay una iniciativa que busca prohibir el fracking en el proceso legislativo, sin embargo, se encuentra en la congeladora. Además, la propuesta no contempla sanciones para la práctica de extracción de hidrocarburos con este método.
La postura de los senadores, con una mayoría del Morena y sus partidos aliados, se contrapone al rechazo público que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta técnica.
El 6 de diciembre del 2018 la agenda legislativa del PT contempló una iniciativa para prohibir la práctica de la fracturación hidráulica —también conocido como fracking— en el territorio mexicano; propuesta por seis senadores, entre ellos Alejandra del Carmen León Gastélum, de Baja California.
En entrevista, la senadora, también integrante de la Comisión de Medio Ambiente, niega que las iniciativas legislativas contra el fracking estén detenidas.
“Todas las iniciativas que se llevan a cabo en el Pleno llevan un proceso legislativo y ahorita está en Comisiones”.
Las propuestas sólo siguen sus tiempos, pero no fue prioridad para la actual legislatura.
El presidente hizo el compromiso después de ganar las elecciones presidenciales y reiteró “No al fracking. Es un compromiso (…) Somos ambientalistas, de verdad. Auténticos”, dijo el 4 de febrero durante una conferencia de prensa matutina.
Declaración de Andrés Manuel sobre fracking from Pie de Página on Vimeo.
La practica de fracturar el subsuelo al inyectar a una presión muy elevada una mezcla de agua, arena y químicos dentro de un pozo para extraer petróleo o gas se sigue practicando por empresas nacionales e internacionales, como la española Oleorey, compañía de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien afecta la parte del estado de Veracruz.
La ley en este caso en particular sólo promueve la prohibición, al adicionar al articulo artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos: Queda prohibido el uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la exploración y extracción de hidrocarburos. Pero en ningún apartado habla de sanciones.
Además, la senadora está convencida de que la iniciativa no tiene oposición en el Senado.
Cuando se le preguntó al senador Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía sí él cree que la práctica de la fracturación hidráulica debe de estar legislada ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió la practica, el norteño respondió: “es de vital importancia que se rescate el gas que está en el subsuelo de la tierra , que representan más de ochenta años reservas para el país”.
La importancia de este acto para el senador está relacionada con que México importa más del 60 por ciento del gas que utiliza del extranjero de acuerdo a al estudio “Transición hacia mercados competidos de energía: Gas LP de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Guadiana abunda, “Importamos cinco mil pies cúbicos diarios de los Estados Unidos que es la mitad del excedente de producción que tiene todo el país norteamericano, en un momento dado que nos cierren llave, olvídese que pongamos usted y yo una vela en la casa eso como quiera lo resolvemos, piense en el daño a la industria por la falta de gas”.
El 28 de mayo la Comisión Nacional de Hidrocarburos se inclinó más por la visión del senador Guadiana, que por la del presidente López Obrador al aprobar el plan de desarrollo, trabajo y de presupuesto para el área contractual CNH-M4-Ébano-2018.
El programa de trabajo contempla la perforación de 228 pozos entre 2019 y 2023 para alcanzar una producción máxima diaria de 14,200 barriles de aceite y 2.7 millones de pies cúbicos de gas hacia 2024.
Las perforaciones serán de 450 metros de profundidad, contaminando los mantos acuíferos de la parte de Ébano hacia Tampico con la práctica de fracturación hidráulica, por lo que en la Huasteca Potosina ya se interpusieron los amparos para detenerla.
El senador Guadiana cree que la contaminación se provoca porque las empresas no siguen la legislación, pero que sí existen suficientes normas medioambientales para proteger el entorno “Yo al menos siento que ya ahorita ya están las condiciones o el avance técnico, para que haga los menores daños posibles en el subsuelo. El asunto es que aquí en México desgraciadamente están las leyes perfectas desde el punto de vista del medio ambiente, pero no las respetan”.
Tener trabajo no es sinónimo de seguridad. En México, 16 millones de personas laboran para instituciones de gobierno y empresas privadas formales sin contrato; o bajo esquemas de freelance, acuerdos verbales o prestación informal de servicios que los hunden en la precariedad, señalaron especialistas consultados por Publimetro.
Explicaron que la crisis actual del IMER es un ejemplo del abuso de tales sistemas; debido a que 80% de su plantilla son freelancers, quienes pueden ser recortados en cualquier momento; tal y como lo reconoció el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, explicó que las cifras del Inegi advierten que existen 7.7 millones de personas ocupadas de manera informal por empresas registradas y organismo de gobierno.
Aunque si dicha medición –reportada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)– se extiende al resto de los esquemas mencionados; las cifras alcanzan hasta 16 millones de mexicanos bajo mecanismos que caen en la simulación laboral.
“La estadística nacional indica que estos 16 millones de mexicanos desarrolla una actividad productiva sin una contrato por escrito; sin prestaciones sociales ni derechos que garanticen su seguridad.
“Y aunque es muy difícil determinar el salario promedio que reciben o la afectación económica que enfrentan; en términos generales estos ganan una tercera parte de lo que percibe un trabajador formal, quien recibe todas las prestaciones del Ley” puntualizó el especialista.
Simulación y trabajo a detalle
La especialista en asuntos laborales del despacho Servicios Integrales en Psicología, Carmen Ramírez, señaló que la amenaza de recortes de personal en el IMER, por falta de presupuesto, apenas es “un botón de muestra” ante las dimensiones que alcanza la simulación laboral en el país.
Refirió que existen casos, donde cientos de empresas pagan a su personal a través de cooperativas, empresas de outsourcing ilegal o esquemas de subdeclación ante el IMSS, que oficialmente entregan hasta dos salarios mínimos y, por fuera, dan compensaciones en efectivo.
“Esto lo hacen –las organizaciones– para pagar menos a los trabajadores; evadir las cuotas ante el Seguro Social e Infonavit y, en el peor de los casos, para aprovecharse de la falta de oportunidades de trabajo y obligar a las personas a ser parte de un fraude fiscal.
“Nada más, si tomamos la cifra de 16 millones de mexicanos que desarrollan una actividad productiva sin contrato por escrito; estamos hablando de 28.5% de los 56 millones que integran la Población Económicamente Activa del país, puntualizó la especialista.
Pero esto no se queda ahí, indicó, porque aun cuando dichas personas cuentan con sustento económico, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el Fovissste son defraudados; porque no reciben las cuotas e impuestos correspondientes.
Evasión y daños al país
A pesar de que no hay registros específicos sobre los costos reales de la simulación laboral, debido a que se trata de actos informales o ilegales, las instituciones afectadas reportan:
– 72.1 mil millones de pesos anuales de evasión fiscal por concepto de sueldos y salarios; y tres mil 400 millones de pesos por actividades profesionales: SAT.
– 23 mil 235 millones de pesos por diferencias y omisiones en pago de cuotas obrero patronales, al cierre del 15 de marzo de 2019: IMSS.
– 500 mil empresas usan esquemas ilegales para pagar menos salarios; y evitar el pago de impuestos y cuotas de seguridad social. Ello, a través de esquemas por honorarios, esquemas fiscales por derechos de autor, pagos sindicales, cooperativas y formación de sociedades: ManpowerGroup México.
ARTILLERÍA Y FUSILES DISUADEN A MIGRANTES. FOTO: ÁNGELES MARISCAL / CHIAPAS PARALELO
Cifra de detenidos por autoridades migratorias en territorio mexicano supera tres veces la cantidad de extranjeros indocumentados detenidos el país en todo el 2018, de acuerdo con datos oficiales
LA VERDAD
Tapachula, Chiapas – El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, dio a conocer que a la fecha suman 500 mil los migrantes que han sido detenidos en los últimos seis meses; una cifra tres veces mayor a los que se detuvo en todo 2018.
Entrevistado al término de una gira que realizó en las estaciones migratorias y cruces fronterizos en el estado de Chiapas, Garduño explicó que “si en estos meses últimos ya llegamos a la cifra de 500 mil migrantes, esto quiere decir que si nosotros continuamos bajo este flujo migratorio, tendríamos un millón de migrantes (detenidos)” al finalizar el año.
Detalló que por ejemplo el pasado viernes 21 de junio, detuvieron a 1 mil 213 migrantes, entre estos 752 adultos, 461 menores; acompañados 373, no acompañados 88 niños, lo que evidencia también -aseguró- el incremento de niños migrantes.
En 2018, el total de migrantes detenidos fue de 138, 612, lo que quiere decir que solo en el primer semestre de 2019, esta cifra se triplicó.
“Mi preocupación también es la migración extracontinental que está llegando de África, de Asia, de Europa. Eran nacionalidades que no habían entrado al país. Tal parece que fue una convocatoria a decir vengan, y no es posible. Estamos rebasados en los albergues y en las estaciones migratorias, no es nuestra voluntad. Estamos tratando de habilitar albergues”, reconoció.
El comisionado del INM también señaló que segura la política hasta lograr “una frontera bajo controles, para saber quien entra, quien sale, cómo se llama y de dónde es y cuál es el motivo de su arribo”, y para ello, dijo, la presencia de la Guardia Nacional está siendo un elemento “disuasivo”.
Es una contradicción que sólo se le acreditará violencia psicológica y económica, cuando solicitó apoyo al gobernador, dice
Redacción / Diario de Querétaro
El plan de seguridad para proteger a Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, la mujer víctima de un feminicidio en Tequisquiapan, se rompió porque el Estado fue omiso, afirmó Alejandra Martínez Galán, representante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex).
De acuerdo con Martínez Galán, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), justifican y culpan a Nancy de su situación, al declarar que el plan de seguridad acordado con ella se “fracturó”; ya que este plan no respondía a la realidad que enfrentaba la mujer.
Este plan, de acuerdo con la activista, implicaba tener teléfonos a la mano, brindar la información a conocidos de lo que estaba ocurriendo y terapia psicológica; sin embargo, afirmó esto: “no responde, por sí mismo, a la situación que estamos observando que estaba viviendo Nancy. Nancy se sentía la situación de tanta vulnerabilidad (…) que hasta recurrió al gobernador”.
“¿En qué se rompió el plan de seguridad? No se rompió por responsabilidad de Nancy. Se rompió porque el Estado mismo fue omiso”, recalcó.
Asimismo, consideró como una contradicción que sólo se le acreditará violencia psicológica y económica, cuando solicitó apoyo al gobernador del estado; en este sentido, indicó que hubo una omisión por parte del IQM que no está brindando un acompañamiento adecuado a las víctimas de violencia.
Afirmó que argumentar que Nancy no aceptó las medidas de protección como el refugio, forma parte de una revictimización, pues el Estado tienen que mirar todas las opciones que tiene una mujer; “estos argumentos lo que hacen es revictimizar a Nancy, cuando estamos mirando es la desesperación de ella por no querer ser asesinada”, agregó.
“Es muy indolente de su parte salir a culpabilizar a Nancy de una situación de la que ellos tuvieron conocimiento y que lejos de brindarle las medidas de seguridad a Nancy, el Estado fue omiso”, externó.
Subrayó que si las autoridades en Querétaro no están respondiendo ni posibilitan garantías de seguridad a las mujeres, tendrían que presentarse renuncias.
La mañana del pasado lunes el grupo de búsqueda Sabuesos Guerreras, acompañadas por elementos de la Fiscalía General del Estado, se dirigieron a la sindicatura de Eldorado donde encontraron restos humanos y el cuerpo en estado descomposición de una mujer.
Redacción / Espejo
Sabuesos Guerreras se han convertido en el grupo de búsqueda más importante de Culiacán y en esta ocasión información confidencial las llevó al poblado de Eldorado, específicamente al sector cercano al campo pequero ‘Las Arenitas’, donde recientemente otro grupo de búsqueda encontró restos humanos cerca de las playas de Ponce.
Restos de cráneos, mandíbulas y de otros huesos, además de un cuerpo en estado de descomposición de una mujer, fue el resultado de esta travesía que las llevó por un camino inseguro y apartado de las zonas habitadas del poblado y sus alrededores.
A través de un audio dirigido a la prensa, las Sabuesos señalaron que entre más buscaban en el perímetro de la zona más restos encontraban, dejando en evidencia que se trata de un lugar que se utiliza comúnmente para este tipo de prácticas.
PARA SABER:
En el poblado de Eldorado existen rumores de zonas apartadas que son utilizadas para este tipo de situaciones relacionadas a la desaparición de personas; sin embargo, debido al reguardo que existe por parte del crimen organizado, muy pocas personas se atreven a investigarlas.
Ciudad de México.- Una de las enseñanzas más grandes del zapatismo es que la revoulción se puede (y acaso se debe) hacer bailando. Y esto lo mostraron los diferentes colectivos y bailarines solidarios que se unieron a la jornada “Danzando resistimos” organizada por El Rincón Zapatista y la Cafetería Comandanta Ramona el sábado 22 de junio en la calle de Dr. Carmona y Valle en la Colonia Doctores.
El evento forma parte de la “Campaña por la vida, la paz y la justicia en la montaña de Guerrero” convocada por el CNI, el CIG y EZLN en el comunicado publicado el día 12 de junio en el que denunciaron la guerra narco paramilitar capitalista desatada en contra de pueblos y comunidades miembros del Congreso Nacional Indígena, y la crisis humanitaria que se está generando ante la dificultad para ingresar alimentos y medicamentos en la región de la montaña de Guerrero. Así en el evento de danza se recibió acopio en apoyo a los pueblos de Guerrero y al CIPOG-EZ quienes han convocado a romper el cerco impuesto a su alrededor.
Los compañeros del CIPOG-EZ, quienes asistieron al evento, insistieron en la importancia de este apoyo solidario para sus comunidades debido a que, en Guerrero, se vive una lucha en contra de sus formas de organización comunitaria. Ellos explicaron que la violencia que se ejerce contra ellos es parte de una guerra desatada en contra de los pueblos organizados para despojarlos de su territorio que los caciques y los narcos de la zona, así como los malos gobiernos y los grandes capitales, buscan hacer redituable: “Los dueños del dinero de este mundo no se llenan; su ambición por la ganancia es la que lleva adelante esta guerra contra los pueblos en la montaña baja”.
Los compañeros insistieron en la importancia de darle cobertura de apoyo solidario así como de protección de derechos humanos a la caravana pacífica que partirá de la comunidad indígena nahua de Amilcingo, Morelos, el día 12 de julio de 2019 para estar los días 13 y 14 de julio en la comunidad de Acahuehuetlan, municipio de Chilapa, Guerrero. “Nos motiva ver que se realizan este tipo de eventos para luchar también desde la danza para parar la guerra que el poder libra contra nuestros pueblos”. Al mismo tiempo, los compañeros del CIPOG-EZ ven que esta lucha forma parte de una lucha más amplia y contaron a los asistentes su experiencia del día: “Hoy fuimos a ver a hermanos del pueblo Otomí allá a Huitzitzilapan. Ellos también están luchando contra la expropiación de su bosque, vemos que la guerra es la misma que enfrentamos nosotros. Hablamos de pueblo a pueblo de los de abajo, porque como gente sencilla entendemos que la guerra la están haciendo los de arriba. Es lo mismo que quieren hacer con sus proyectos como el Tren Maya o el Corredor Transístmico. Por eso tenemos que estar juntos para luchar”.
Desde el comienzo de la jornada la gente llegó con los víveres en mano para apoyar al CIPOG-EZ al mismo tiempo que aprovecharon el gusto y la alegría de bailar en colectivo, compartiendo risas y conocimientos de diferentes ritmos que se bailan en nuestro país y que hacen la resistencia un poco más alegre; un poco más ligera.
La jornada comenzó con ritmos de danzón que también es un ritmo que se resiste a las modas pasajeras y que une a las generaciones a través de la memoria de otros tiempos y otros ritmos. Asistentes de todas las edades se divirtieron contando hasta el atípico número once con el que se cierran todos los ciclos de pasos del danzón.
Asimismo en el segundo taller del día, compañeros del colectivo “Sembrando Son” compartieron las danzas de sones de tarima el Estado de Guerrero y enseñaron a los asistentes el ritmo básico del zapateado junto con otros pasos para combinar las tradiciones con la creatividad del baile en pareja y en comunidad.
Un poco más tarde, ya a la hora de las presentaciones, el Ballet Zarah compartió danzas de resistencia cultural de los pueblos árabes del norte de África y oriente medio, de Palestina y Egipto. En éstas los ritmos se combinaron con el grito de resistencia en homenaje a las mujeres de estos pueblos quienes hacen del movimiento otra forma de conservación de la identidad de un pueblo.
Además de la alegría de la danza en grupo, algunos de los actos que se presentaron en este evento de danza mostraron las formas en las que el arte puede hacer del cuerpo un medio para expresar la complejidad de la gama de sentimientos que se involucran en nuestro andar día a día en un mundo donde la violencia contra las mujeres, la represión, la soledad y el empeño de seguir luchando aparecen como parte de un mismo sentir y de un ir y venir entre la resistencia y la rabia que es también parte de la realidad que se vive día a día.
La pieza de danza neo clásica del colectivo Barro Rojo se valió del movimiento silente pero de una expresividad poderosa para expresar el sentimiento de desarraigo, soledad y frustración que trae consigo la ausencia de un ser querido. Combinando elementos de la expresión teatral y danzística, la bailarina mostró el dolor que representa la falta de un familiar o un compañero, pudiendo ser el caso de los presos políticos, de los desparaecidos o de la migración y desplazamiento forzado: casos todos en los que el sistema agrede, expresando su atroz inhumanidad.
Por su parte el acto de danza también neo clásica de Argelia Guerrero “Canto campesino”, hizo un relato de la historia de México narrada desde el movimiento del cuerpo que se empeña en resistir y en seguir danzando por encima de un mundo que se dedica a negarlo. Esta historia, contada en tres etapas, comenzó con una pieza inspirada en la historia de la revolución mexicana, siguió adelante con la lucha zapatista y su principio de luchar sin rendirse jamás y terminó con una pieza dedicada a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Por último el Colectivo Weeya presentó la pieza de danza folklórica experimental «Simples cosas», en donde la violencia contra las mujeres y su lucha por seguir vivas aparecen representadas en una pieza impactante que busca mostrar y denunciar a través de la abstracción la amenaza constante que se cierne sobre las mujeres en su andar cotidiano dentro de un sistema que las violenta constantemente.
De esta manera, la jornada mostró las distintas formas en las que el cuerpo hecho colectivo y movimiento puede seguir los caminos de la lucha que se van haciendo con el pasito rítmico, a veces alegre y a veces furioso, de los pies que lo deciden caminar.
Texto: Camila Plá Osorio / SubVersiones
Fotos: Regina López
Crónica de la Acción global por Samir Flores el 20 de junio del 2019 en la comunidad de Amilcingo.
A cuatro meses del asesinato del compañero Samir no ha habido avances en la investigación del caso. Ante esto, la comunidad de Amilcingo, Morelos —de donde era originario Samir— convocó a sembrar un árbol por Samir en cualquier territorio. Esta reflexión trata del proceso de siembra que se llevó acabo ese día en la comunidad de Amilcingo.
Después del asesinato de Samir Flores Soberanes, el pueblo de Amilcingo sigue llorando su partida: sus palabras y espíritu siguen vivos recorriendo las calles de la comunidad. Las paredes del pueblo hablan, gritan para ser escuchadas; sobre ellas se pueden leer consignas en contra del Proyecto Integral Morelos, a favor del sistema de usos y costumbres o en defensa del territorio. Más de un Zapata observa al caminante desde las bardas del pueblo.
Frente a la Ayudantía Municipal hay una imagen de Samir sonriendo micrófono en mano, rodeado de flores. Ese fue el punto de reunión el día jueves 20 de junio. Se convocó a las 8 de la mañana, pero cada pueblo tiene su tiempo y modo, y en Amilcingo no se camina con prisa. Lentamente fue llegando la gente, cada quien con su árbol, listo para sembrarse. Quienes no pudieron acompañar el recorrido llevaron plantas y hubo quienes regresaron corriendo a sus casas para sacar nuevos brotes e injertarlos. Había tamarindos, framboyanes, limones, guayabos, árboles de Neem y gran variedad de especies. Algunos iban en cubetas, otros en cazuelas y unos cuantos recién comprados para la ocasión.
Poco a poco la ronchita de gente que llegó a tiempo se fue convirtiendo en una pequeña muchedumbre. Había integrantes de Radio Amiltzinko —que Samir ayudó a conformar—, las autoridades electas por usos y costumbres, padres y madres de la escuela que ahora lleva su nombre) niños, niñas y algunos visitantes.
Con una carretilla todos y todas nos encaminamos hacia la barranca. «Samir llevaba a los niños a sembrar a la barranca», me dice alguien. «Ese Zapata lo pintó Samir. Era muy bueno pintando», me explica otra persona. Al caminar se va uniendo más gente y la caravana parece fiesta; se sonríe, se hacen chistes.
En cierto punto nos detenemos: las risas se acallan para darle lugar a las palabras y recordar al compañero; solo los niños parecen sordos al silencio y a la tristeza, con la ingenuidad vital que los caracteriza. Siguen jugando con las palas, levantando tierra y cavando agujeros. Samir es resistencia, sigue vivo en cada paso y en cada sonrisa de Amilcingo, todo el mundo lo recuerda. «Ya fueron cuatro meses», dice alguien y todos y todas parecen sorprendidos. «Se siente como si hubiera sido ayer que estuvimos con él. Siempre sonriente». No deja de estar presente y en donde sea que uno camine, se le siente.
Quienes lo conocimos sabemos que Samir no era una persona de mal carácter, al contrario: a quien le pidiera ayuda, él se la daba gustoso. Sonreía constantemente y huía del protagonismo. «Aquí no hace falta que alguien esté al frente, la gente sale a la calle si hay necesidad. Pues es algo que en Amilcingo nos ha dejado esa memoria histórica, esa parte que, quizás, con razón o sin razón, con justificación o sin ella, nos hace saltar», me dijo él mismo hace un tiempo. Ahora, sin saberlo y sin esperarlo, Samir se ha convertido en un referente de lucha mundial, un referente de la vida y la justicia, precisamente a raíz de la misma injusticia que se lo llevó.
En las palabras que le dedicaron sus compañeros y compañeras antes de plantar los árboles que sembraron en su memoria, se escucha el sentir de un pueblo en duelo. Con su asesinato se ha declarado la guerra en contra de Amilcingo. Alguien quiso callar su lucha sin entender que no es de uno, es de todos y es por la vida. Es por la defensa de su territorio; para los pobladores de Amilcingo, esa tierra los habita tanto como ellos a ella, y seguirán defendiéndola.
Mientras siga vivo en la memoria, Samir seguirá vivo. Mientras Amilcingo resista, Samir seguirá vivo. Sigue vivo cada vez que se teje su memoria en las palabras que lo nombran: cuando se cuenta una anécdota, se recuerda una hazaña o se relata una aventura. Su nombre perdura en las pintas, en las fotos y, sobre todo, en los nuevos árboles que darán sombra y frutos al futuro y que fueron sembrados en su nombre. «Nunca lo vamos a olvidar, eso es imposible, repetían las voces».
En nahuatl hay resonancia entre las palabras sembrar y nombrar. Sembrar se dice toka y nombrar se dice itoka. Mientras se sembraba (toka) se contaban las historias y se nombraba a la persona (itoka). Se le daba vida y nombre al mismo tiempo.
Cientos de familias tienen que desplazarse a Cihuatlán, Jalisco, para atenderse padecimientos menores: Fermín Galindo
Alejandro Pérez / El Noticiero de Colima
Más de mil 500 personas de las comunidades de El Charco, Marabasco y Centinela no cuentan con atención médica durante 5 días a la semana, pues el doctor que los atendía decidió renunciar ante la inseguridad, enviando la Secretaría de Salud a un pasante solo un par de veces cada 7 días.
Así, cientos de familias de la zona del Río Marabasco tienen que desplazarse a Cihuatlán, Jalisco, para atenderse padecimientos menores y cuando se trata de una emergencia mayor, se trasladan en taxi o piden apoyo a patrullas para ser llevados hasta el hospital en la avenida Elías Zamora.
El comisario municipal, denunció vía El Noticiero de Manzanillo que el doctor que se tenía de base, hace un par de meses decidió regresar a La Paz, Baja California, su lugar de origen, “argumentando que no valía la pena estar en Manzanillo arriesgando su integridad por tan baja paga y ante los hechos de violencia que se registran”.
José Gil Olmos, Pedro Matias, Marta Molina y Paulina Rios / Pie de Página.
Fotos: Archivo Pie de Página
Con engaños, falsas promesas y pagos mínimos, empresas españolas instalaron aerogeneradores de electricidad en comunidades indígenas del Istmo aprovechando del viento que arrecia entre los dos océanos como un negocio redituable, sin enmendar en la destrucción del medio ambiente.
SANTO DOMINGO INGENIO, OAXACA.- El horizonte se recorta por las siluetas de hileras interminables de aerogeneradores que parecen molinos de viento espigados. El Istmo de Tehuantepec es la cintura de México, allí donde la tierra se estrecha entre el océano Pacífico y el Atlántico, y por ello concentra la mitad de la industria eólica del país. Hasta aquí llegaron los inversionistas españoles a sacar dinero de donde los oaxaqueños no pensaban que podía salir: del viento.
Con contratos de 30 años, una manada de empresas españolas alquiló tierras a campesinos pobres a precios ridículos de 3 mil pesos mensuales (unos 150 euros) para instalar los aerogeneradores que aprovechan el fuerte viento del Istmo, el cual es es capaz de derribar árboles, casas, pesados camiones de carga, autobuses, coches y torres eléctricas.
Entre las empresas está ACS, que preside el presidente del equipo de futbol Real Madrid, Florentino Pérez, así como su antigua socia, Iberdrola, y otras compañías del índice bursátil de referencia de la bolsa española (IBEX) como Gas Natural Fenosa, Acciona o Renovalia?.
El Istmo de Tehuantepec, con 200 kilómetros de ancho, es la zona más angosta que posee México y tiene amplios recursos marítimos, petróleo, maderas que han custodiado históricamente sus habitantes originarios: ikoots (huaves, en español), binizaá (zapotecos) y O’depüt (zoques). Ahora, ese viento que arrecia entre los dos océanos, es también un negocio redituable, ya que su velocidad media anual es de 10 metros por segundo, 4 más que el promedio mundial.
Vientos rápidos y relativamente estables, lo que aumenta su potencial energético, han atraído a 24 empresas extranjeras y mexicanas, que han instalado 2 mil 123 aerogeneradores en 28 parques eólicos. Junto con sus socios, son los beneficiarios finales de los 2 mil 360 megawatts de electricidad que se producen en el Istmo de Tehuantepec y que representan la mitad de lo que se genera en todo el país.
En Oaxaca están la mitad de los parques eólicos que hay en el país. El interés de las empresas en el Istmo de Tehuantepec se debe a que la velocidad de los vientos es cuatro veces mayor que el promedio mundial. Fotos: Marta Molina
Estos nuevos molinos de viento ocupan 100 mil hectáreas, una extensión que prácticamente dobla el área de la ciudad de Madrid, y que antes eran tierras de cultivo de maíz, sorgo, caña de azúcar y pastizales para ganado. Se han ido instalando a pesar de las protestas de diferentes grupos sociales y defensores del territorio, que durante años han denunciado corrupción, impactos económicos y ecológicos negativos.
Para 2030 se proyecta instalar 3 mil generadores más. El secretario de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo, dijo hace un par de años que ya se tenía asegurada una nueva inversión de 4 mil millones de dólares en parques eólicos, lo que representa el 90 por ciento de las inversiones en este estado.
Un cambio acelerado
En menos de diez años la vida de Santo Domingo Ingenio cambió radicalmente. En 2012, la Operadora Azucarera Tehuana cerró el ingenio azucarero y la mayor parte de la población se quedó sin empleo. Muchas familias campesinas cambiaron la siembra del maíz por el sorgo, buscando mayor rentabilidad, pero no lograron completar los ingresos que les aportaban los jornales en la producción de caña de azúcar.
La esperanza llegó entonces con un grupo de empresas de la industria eólica: las españolas ACS, Iberdrola y Renovalia y la mexicana Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que llegaron de la mano de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública que distribuye la energía eléctrica en el país.
ACS e Iberdrola, que para entonces eran socias, llegaron con una propuesta que a los campesinos inicialmente les pareció una salvación: alquilarles sus tierras por 30 años para plantar torres de energía eólica. Para asegurar el negocio, propusieron a los dueños de las tierras un precontrato de apartado por mil pesos, con la promesa de que en 30 años de arrendamiento tendrían otros beneficios: empleos, luz más barata, alimento para sus animales, escuelas, hospitales y deportivos.
Luego vendrían los contratos definitivos con letras pequeñas que la mayoría de los campesinos no entendieron y que ahora luchan por rescindir.? La misma operación ocurrió en casi todos los municipios donde se instalaron los parques eólicos.
Para instalar los parques, las empresas ofrecieron a los pobladores muchos beneficios que no cumplieron. Foto: Ana Cristina Ramos.
En 2012 el entonces presidente Felipe Calderón inauguró el parque eólico Oaxaca I junto con Gustavo Fernández Tresgallo, el Director General en México de Cobra, que es la filial industrial de ACS.
“Esta inauguración mostró el lado sucio de la industria eólica que el discurso oficial promociona como sustentable y limpia”, dice Héctor Cruz, maestro de educación básica e integrante de uno de los grupos de campesinos de Santo Domingo Ingenio que rechazaron los contratos.
Asegura que no hubo reuniones públicas para que la población conociera las condiciones de los contratos de uso de sus tierras, como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes, ratificado por México en 1990.
“Los contratos eran muy amañados, tenían letras chiquitas para durar de 20 a 30 años con renovación automática”, comenta Cruz. Incluso cuenta que las empresas querían quedarse con los terrenos en caso de que murieran los dueños, aunque las tierras son comunales y cada comunero las tiene en uso y las puede heredar, pero no vender.
Cruz señala que, desde los primeros contratos, pagaron solo los metros donde instalan los aerogeneradores y no toda la extensión de la propiedad por hectárea como les dijeron: “Pagaron 1.5 pesos por metro cuadrado, se aprovecharon todos, las empresas y los líderes. Para convencerlos les llevaron cerveza y pollos”. ?
Habla delante de las rejas de una empresa eólica, a las afueras de la ciudad de Juchitán, el centro económico y político de la región del Istmo de Tehuantepec.
Los verdaderos beneficiados
En 1994 la Comisión Federal de Electricidad instaló en Juchitán la primera generadora de energía eólica, y dos décadas después, con las reformas a las leyes mexicanas que promovió el expresidente Enrique Peña Nieto, se abrió el mercado a las trasnacionales. ?Hoy existen 56 parques eólicos en 13 estados donde se generan 5 mil 507 MV. La mitad está en Oaxaca.
Las llanuras de Santo Domingo Ingenio, orientadas hacia el Océano Pacífico, por donde entran los vientos, son las más cotizadas por los empresarios. Entre 2012 y 2015 se instalaron nueve parques eólicos con 603 aerogeneradores. En toda la zona del Istmo de Tehuantepec hay un mil 462.
El primer parque que se instaló fue la Venta III. El proyecto fue realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la española Iberdrola (que ese año se asoció con ASC), le siguieron ese mismo año del 2012 ?Oaxaca I de EYRA -ACS y CFE, Oaxaca II, III y IV de CFE y Acciona, y el parque Piedra Larga de Renovalia y Demex. En 2013 la francesa EDF (Électricité de France) y la japonesa Mitsubichi instalaron el parque Eoliatec del Pacífico. Para el 2014 Renovalia y Demex colocaron Piedra Larga II y en 2015 Zuma Energía el parque Zuma.
El maestro Cruz precisa que la estrategia de las empresas fue convencer de manera individual a los comuneros para firmar los contratos y no a través de las asambleas, como debió haber sido por ser pueblos indígenas. “Rompieron el tejido comunitario”, afirma con pesar, pues ahora los campesinos no pueden acceder a sus tierras si no tienen autorización de los empresarios, que han contratado equipos de seguridad privada y van armados.
Las empresas han roto el tejido de pueblos ikoots, binizaá y zoques.que habitan en la región. Foto: Marta Molina.
“Ellos son dueños de las entradas, tiene seguridad y a los ejidatarios les dan una tarjeta para que puedan entrar. Los beneficios que prometieron inicialmente no se han cumplido, explica. Por ejemplo, “hay comunidades que no tienen luz y la energía se va a otro lado. Le dije a un empresario, ustedes están recibiendo euros de ganancias y a los campesinos les dan pesos”.
La mayoría de la población no sabe cuántas empresas se benefician de la electricidad que se genera en su región y se asombran cuando ven la lista de las más de 400 empresas beneficiarias, entre ellas: Telmex, Cemento Cruz Azul, Wal Mart, Soriana, BBVA Bancomer, Kimberly Clark, Cemex, Chedrahui, Oxxo, Cemento Moctezuma, Jugos del Valle, Nestle, Pepsico México.
Sara Méndez, defensora de derechos humanos e integrante de ?la organización Código DH comenta que empresas como Fuerza Eólica del Istmo, que opera en el parque de La Ventosa e Ixtaltepec, se negó a firmar el compromiso impulsado por el gobierno estatal para que se pague a los municipios 10 mil pesos por cada mega producido. En contraparte, los habitantes del Istmo sólo disfrutan de un descuento de 30 por ciento en el consumo eléctrico, y en algunos casos otro de 27 pesos, llamado “Beneficio Eólica del Sur”.
Además, aunque algunos habitantes de Santo Domingo Ingenio creían que la instalación de eólicas les daría trabajo durante años, no ha sido así.
“Los más beneficiados han sido los anteriores alcaldes, que recibieron 72 millones de pesos por ‘licencias de construcción’ sin que se reportaran en las finanzas del gobierno municipal”, comenta el maestro Héctor Cruz.
La alcaldesa priista, Amelia Gómez Ríos, defiende la llegada de las empresas de energía eólica a Santo Domingo Ingenio, pero toma con pinzas el tema del dinero que las empresas dan como “aportación social” por la instalación de los parques.
“Es un tema muy espinoso porque hay personas que están contra de la construcción de los parques eólicos”, dice Gómez al admitir que sus antecesores se llevaron el dinero que aportaron las empresas para obras sociales. “Por eso yo prefiero que lo usen directamente”.
La primera edil presume que Iberdrola auspició la construcción de la casa de cultura y un parque infantil que lleva en la fachada de ambas edificaciones el logo y el nombre de la empresa española.
Pero en la población se ven todavía los estragos de los temblores de septiembre de 2017 que conmocionaron la región y en el municipio dañaron más de 500 casas, de las cuales 250 se perdieron totalmente. Y la alcaldesa admite que ninguna de las desarrolladoras de energía eólica ha apoyado en la reconstrucción posterior al sismo.
La alcaldesa Gómez cuenta que 500 personas viven de la industria eólica y tres empresas ofrecen cursos de capacitación a jóvenes que posteriormente son empleados en cualquiera de los parques que hay en el país. Sobre las demandas que los pobladores impusieron a las empresas, argumenta que no puede meterse porque son contratos privados que aceptaron ambas partes. “No sabemos cuánto ganan, ninguna empresa lo ha informado”, admite.
Sin embargo, los beneficios que presumen desde el Ayuntamiento son refutados por el estudio Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, Actores y Oposición Social, publicado por los investigadores Sergio Juárez Hernández y Gabriel León: “En municipios como Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio, donde se ha concentrado el desarrollo eólico, de 2000 a 2010, habiendo ya proyectos en operación o en construcción, esos municipios mantuvieron un grado de marginación medio. Para las localidades, si bien algunas como La Venta y La Mata, conservaron un grado de marginación medio, otras como La Ventosa y Santo Domingo Ingenio pasaron de grado de marginación medio a alto”, dice el documento.
Los investigadores destacan una paradoja: en 2010, el 5.1 por ciento de la población de Oaxaca vivía sin energía eléctrica, era entonces el porcentaje más alto en el país y muy arriba del 1.9 por ciento promedio (Coneval, 2011).
Uno de los efectos sociales negativos de los proyectos eólicos en esta región, destacan los investigadores, ha sido “acentuar las asimetrías socioeconómicas” que comienzan a emerger entre quienes reciben pagos por arrendar sus tierras y aquellos que no los reciben o que ni siquiera poseen tierras. “Esta situación genera tensiones y división al interior de las comunidades y con ello aviva el rechazo de sectores de la población local a los proyectos eólicos”, concluye el estudio.
Firmaron y se chingaron”. Eso es lo que dicen los pobladores que les han respondido las empresas cuestionadas. Fotos: Marta Molina.
Como muchos de sus vecinos de Unión Hidalgo, la zapoteca Guadalupe Ramírez firmó un contrato en 2011 con la empresa Demex para instalar un parque eólico en sociedad con la española Renovalia.
Pero la firma fue casi a ciegas, sin información, por lo que ahora Ramírez y otros 40 propietarios originarios están peleando en los tribunales que se anulen. Todos y cada uno de ellos está inconforme con la misma situación que no detectaron en el contenido de los contratos: que sus tierras quedaban hipotecadas por tres décadas a favor de las empresas.
“Los contratos son leoninos, cuando se firmaron no teníamos el conocimiento de su contenido, cuando nos explicaron las cláusulas no entendíamos y luego cuando quisimos cambiarlas, la empresa Demex no quiso. Firmaron y se chingaron, nos dijo Fernando Ballesteros representante de la empresa, a pesar de que estaba la promesa de que se iban a revisar los contratos en el 2011 y no fue así y hasta la fecha los quieren hacer válidos”.
Despojo a cambio de canchas sin pasto
Cuando firmó el contrato, Guadalupe Ramírez confiaba en que las cosas marcharían bien, pero el día que quiso renovar la hipoteca con Financiera Rural le revelaron su situación: sus tierras estaban hipotecadas a favor de Demex.
De inmediato acudió a los tribunales agrarios de Juchitán, pero se le negó la anulación. “Hubo presiones por parte del exgobernador Gabino Cué para que no se anulara”, afirma la vecina de Unión Hidalgo municipio donde Demex tiene 2 mil hectáreas contratadas. En esa tierra, la empresa francesa EDF, que creó Eólica de Oaxaca, busca construir un parque de 4 mil hectáreas sobre la zona de riego y en el área pegada al mar.
En Unión Hidalgo, según cuenta la mujer, pasó algo similar a lo ocurrido en el municipio vecino de Santo Domingo Ingenio: no hubo consulta previa e informada al pueblo, las autoridades municipales se corrompieron y las empresas no cumplieron con los ofrecimientos de trabajo, ni de mejorar las condiciones de la comunidad y cuidar el medio ambiente.
Además de esto, ?en connivencia con el gobierno de la entidad, las empresas se encargaron de cambiar el régimen de propiedad comunal o ejidal a privada, para que se pudieran firmar los contratos?. Incluso, cuando ya hubo necesidad de hacer las asambleas pagaron para que la gente votara a favor de la instalación de los parques eólicos.
“Estamos peleando contra dos monstruos, contra las empresas y el gobierno, a las comunidades indígenas las aplastan, eso no se vale. Las amenazas van a seguir. Ahorita estamos en manos de una juez en Oaxaca que detuvo el caso el pasado 23 de marzo porque dijo que las cosas no se están haciendo bien. Pero tiene mucha presión, incluso del gobernador Alejandro Murat”, asegura Guadalupe Ramírez.
En Unión Hidalgo se suceden las hileras de aerogeneradores. Las torres están apenas a escasos metros de una escuela y de una cancha de fútbol de cemento y sin porterías. En este municipio, como en el barrio de San Martín, a las afueras de la ciudad de Oaxaca y junto a la zona arqueológica de Monte Albán, la empresa ACS, que encabeza Florentino Pérez, ha instalado como “proyectos sociales y solidarios” escuelas de fútbol del Real Madrid para niños.
En todo el país hay 8 de estas escuelas, repartidas en los lugares donde más inversiones tiene ACS–dos en la Ciudad de México y dos en Oaxaca y una en los estados de Veracruz, Chiapas, Campeche y Chihuahua–. El áurea del Real Madrid congracia a la gente.
De pie ante un aerogenerador, Guadalupe Ramírez pide que se escuche el ruido que producen las aspas y luego apunta a la base de la torre metálica, de donde sale aceite que se derrama en la tierra. Eso, afirma, es contaminación porque el sonido ahuyenta a las aves y el aceite se trasmina a los mantos freáticos. “Nos dieron atole con el dedo y eso está pasando en todos lados”.
La resistencia
En 2013, Juchitán albergó un Seminario Internacional sobre Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas llamado “El Istmo en la encrucijada”. En la declaratoria, los pueblos concluyeron: “No estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural”.
En San Dionisio del Mar hay un estero natural que durante años ha sido el sostén del pueblo, porque allí pescan el camarón. Los pobladores, indígenas ikoots (huaves, en castellano), se rigen ancestralmente en asamblea para dirimir sobre sus tierras y otros problemas cotidianos, pero tienen una presidencia municipal y un alcalde, que negoció directamente con las empresas de energía eólica. Querían construir un muelle sobre el estero y poder así instalar otro parque eólico. Pero los habitantes, que ya habían visto a los pueblos vecinos llenarse de aerogeneradores se opusieron, hasta tal punto de expulsar al alcalde.
“Echamos al presidente municipal porque firmó un convenio con una empresa eólica sin dar conocimiento al pueblo y por ello recibió 24 millones de pesos”, explica Alejandro Sosa López, representante de la asamblea de San Dionisio del Mar. Esta asamblea sustituyó y tomó el Palacio Municipal hace 7 años y desde entonces son la autoridad colectiva del pueblo.
Saidel Palafox en San Dionisio del Mal, Oaxaca. Foto: Marta Molina.
Saidel Palafox es un indígena ikoot de San Dionisio del Mar. La noche del 12 de julio del 2017 junto a otros pobladores de San Mateo, San Francisco del Mar y Álvaro Obregón, quemaron la maquinaria de la empresa Spectra que quiso dragar la barra de arena de Copalito, al considerar que los estaban engañando porque cinco años después seguían con la misma intención de instalar un muelle y un parque eólico sin el permiso de la comunidad.
Desde la playa Saidel mira del otro lado de la barra natural de Santa Teresa y a lo lejos se ven las torres eólicas desafiantes al horizonte marítimo. “Si la empresa quiere entrar otra vez, no les vamos a dejar. Estamos cuidando la tierra y el mar para que no entren las eólicas”, concluye.
De 2014 a mayo de 2019, dos mil 893 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el estado de Puebla. Aunque de ese total, mil 741 fueron localizadas, 18 de ellas muertas, las autoridades a la fecha desconocen el paradero de mil 152 mujeres de distintas edades, desde recién nacidas hasta adultas mayores. En los cinco años y cinco meses, aquí considerados, Puebla fue el municipio que concentró el mayor número de reportes con mil 543 desapariciones de mujeres, de las cuales 553 todavía no han sido ubicadas.
Los datos proporcionados por la Fiscalía del Estado a través de la solicitud de información con folio 00707619, señala que de 2014 a 2015, las denuncias por mujeres desaparecidas disminuyeron un 32 por ciento, ya que pasaron de 482 a 326 reportes.
No obstante, para los años posteriores, el fenómeno creció a un ritmo acelerado ya que de 2015 a 2018, la cifra de mujeres no localizadas aumentó más del doble con el 126 por ciento. Lo anterior, debido a que en 2015 las agencias del Ministerio Público iniciaron 326 averiguaciones mientras que en 2018 radicaron 736 expedientes en este rubro.
Año con año, el aumento de mujeres desaparecidas fue notable, de 2015 a 2016, el crecimiento fue de 48.4 por ciento, pasando de 326 a 484 reportes; para el siguiente año (2017), el número de carpetas de investigación creció 20 por ciento con un total de 581 denuncias, mientras que para el 2018, con 736 reportes, el incremento fue del 27 por ciento.
Por lo que respecta a 2019, de enero al 15 de mayo, la Fiscalía atendió 284 denuncias por mujeres no localizadas, lo cual quiere decir que en promedio, en este año, 14 mujeres han desaparecido a la semana, en el estado Puebla.
MUNICIPIOS CON MÁS DESAPARICIONES
Los tres municipios donde hubo mayor número de mujeres desaparecidas por año, fueron: 2014, Puebla, Tepeaca y Tehuacán, con 258, 45 y 41 casos, respectivamente; 2015, Puebla, Tehuacán y Tepeaca con 215, 45 y 21 reportes por orden de mención; 2016, Puebla, Tehuacán y Huauchinango con 242, 55 y 16 denuncias; 2017, Puebla, Tehuacán y Tepeaca con 302, 29 y 19, desapariciones; 2018, Puebla, Atlixco y San Martín Texmelucan con 440, 17 y 15 hechos; finalmente, 2019, Puebla, San Martín Texmelucan y Cuautlancingo con 86, 9 y 5 reportes cada uno.
Cómo se puede observar, el común denominador en todos los años, fue el municipio de Puebla, quien ocupó el primer lugar de desapariciones, con un total de 2014 a Mayo de 2019, con mil 543 reportes, sin embargo, el 34.5 por ciento de mujeres, es decir, 533, no han sido ubicadas.
MUJERES HALLADAS MUERTAS TRAS SU DESAPARICIÓN
El 17 de abril de 2015, Isarve N, de 19 años de edad, estudiante de Psicología de la BUAP y nieta del exdiputado federal Pedro Cano Merino, desapareció en la ciudad de Puebla, sin embargo, 30 días después, su cuerpo fue hallado cerca de la carretera en el municipio de Coxcatlán, en el distrito judicial de Tehuacán.
Más tarde se supo que todo se había tratado de un secuestro, el cual a decir de las autoridades ministeriales, fue planeado por Ángel N, un conocido de la víctima, quien además contrató a Efraín N y Jairo Adán N, para cometer el plagio.
Después de acordar el pago por 140 mil pesos como rescate, la estudiante nunca regresó.
Luego de dos años, y tras conseguir un amparo de la justicia federal, Ángel, sobrino de un ex funcionario de Tehuacán, consiguió salir de prisión.
ASESINADA POR EXCHOFER DE CABIFY, HOY PRESO
Otra de las desapariciones de las cuales se habló, incluso a nivel nacional, fue el de Mara Fernanda N, quien tras abordar una unidad de Cabify, fue reportada como desaparecida y después hallada muerta.
El 7 de septiembre de 2017, Mara Fernanda, estudiante de la UPAEP, salió a divertirse junto con unos amigos, con quienes se dirigió al antro The Bronx en el municipio de San Andrés Cholula; a su salida, la madrugada del 8 de septiembre, a través de la plataforma de Cabify, la joven solicitó un servicio de taxi ejecutivo para regresar a su casa en el fraccionamiento Torres Mayorazgo, al sur de la ciudad, sin embargo, jamás llegó a su destino.
Lo anterior, desató una campaña de búsqueda a través de redes sociales, incluso los padres de la joven veracruzana solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado.
No obstante, al conocerse que Mara tomó una unidad de Cabify, el reclamo social no se hizo esperar, de tal manera que dicha plataforma reveló a las autoridades la identidad del conductor, tratándose de Ricardo Alexis, quien para entonces contaba con 21 años de edad.
A la fecha, el acusado sigue detenido en espera de que se resuelva su situación jurídica, pues tras diversas indagatorias y pruebas presentadas por la Fiscalía de Puebla, se le ubica como el principal sospechoso de la muerta de la joven veracruzana, cuyo cuerpo fue hallado en paraje de Santa María Xonacatepec, luego de un cateo al domicilio del acusado en Tlaxcala.
TÍAS SECUESTRAN Y MATAN A SOBRINA MENOR DE EDAD EN CHICONCUAUTLA
Flor Itzel N, de tan solo seis años de edad, reportada como desaparecida el 23 de octubre de 2018, fue secuestrada y asesinada por sus dos tías, quienes en complicidad de otros dos sujetos, perpetraron el crimen en agravio de la pequeña, cuyo cuerpo fue localizado en un paraje de la misma localidad.
Por este caso fueron ubicados y aprendidos Brisanet N, de 20 años; Lidia N de 26 años; Alejandro N de 20 años y Benjamín N, de 43 años de edad, hoy internos en un Centro de Reinserción Social.
Es así como algunos casos de mujeres desaparecidas, han terminado de la peor de forma, siendo localizadas muertas por diversas índoles como el secuestro, violencia ejercida por parte de los esposos o parejas sentimentales, o bien, por el solo odio hacia la mujer.
Desde este mes ya no habrá recursos para el pago de salarios de profesores; UMSNH con una situación similar
Ireri Piña /Contramuro, 24 de junio de 2019
Morelia, Michoacán.- La crisis en el sector educativo de Michoacán estaba prevista desde el principio de año, incluso, el magisterio michoacano pidió al Congreso del Estado, presupuestar más recursos y evitar el panorama que se pronosticaba para el segundo semestre de 2019 y que ya está aquí:
La falta de recursos para el sector educativo a decir del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza ya no es suficiente y no hay dinero para en las arcas del gobierno michoacano para pagar la segunda quincena a los trabajadores de la educación; por lo que ha señalado que la única vía de “salvación” es la federalización de la nómina educativa.
Aunque en diversas ocasiones el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, se ha reunido en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y el propio presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la federalización va y Michoacán será la primera entidad en este proceso; a la fecha todavía no se concluye el trámite y resta una semana para el siguiente pago al magisterio.
Se precisa que el desplazamiento interno forzado masivo en Zacatecas tuvo lugar en la comunidad La Colorada, Chalchihuites, y afectó a 230 personas que tuvieron que salir de esta población por “proyectos extractivos/ megaproyectos (minería)”. En la imagen, habitantes protestan contra la minera Panamerican Silver ? FOTO: FACEBOOK
Raquel Ollaquindia/La Jornada Zacatecas
El informe, elaborado por Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos
? Zacatecas ha aparecido en dos ocasiones en este estudio, tanto en 2017 como en 2016
Durante 2018 en el país se registraron 25 casos de desplazamientos internos forzados masivos en cinco estados y con casi 11 mil 500 personas afectadas. Estos resultados los arroja el informe correspondiente al año pasado, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En esta ocasión, las entidades en las que se produjeron estos movimientos de comunidades enteras fueron Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Michoacán y las causas fueron la violencia de grupos delictivos y política.
No obstante, el nombre de Zacatecas ha aparecido ya en dos ocasiones en este estudio, tanto en 2017 como en 2016, y los motivos de los desplazamientos en el territorio estatal en los dos casos reportados fueron las actividades extractivas por parte de alguna empresa minera.
Respecto a las cifras del año pasado, Guerrero y Chiapas concentran el mayor número de afectados con 5 mil 56 y 5 mil 35 personas desplazadas respectivamente, mientras que en Sinaloa fueron 860, en Oaxaca se registró el traslado de 300 habitantes y en Michoacán, el de 240 pobladores.
El acumulado histórico de desplazados internos en México, según las cifras de esta comisión, asciende a 338 mil 405 personas que, por diversos motivos como violencia o actividades industriales como la minería, tuvieron que abandonar sus comunidades de origen y trasladarse ya sea a otra población del mismo municipio, a otro municipio o incluso a otro estado del país.
Durante los últimos tres años, de 2016 a 2018, el informe reporta una disminución en el número de afectados por desplazamientos masivos. Sin embargo, se precisa que esto no significa necesariamente una mejora en la situación, sino que pudieron haberse incrementado los casos de desplazamientos no masivos, es decir, de los conocidos como gota a gota que no se reportan en el análisis.
En 2016 los movimientos forzados de personas tuvieron lugar en 12 estados, entre ellos Zacatecas. Se trató de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y el territorio zacatecano. El caso concreto registrado en la entidad ese año, aunque no se menciona dónde ocurrió el desplazamiento, se señala que afectó a 67 personas que fueron desplazadas por “la actividad extractiva”.
En 2017 fueron nueve los estados con episodios de este tipo y nuevamente Zacatecas estuvo en la lista, junto con Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
En esta ocasión el informe precisa que el desplazamiento interno forzado masivo en el estado tuvo lugar en la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, y afectó a 230 personas que tuvieron que salir de esta población por “proyectos extractivos / megaproyectos (minería)”.
El detonador de estos hechos, según se expone en el informe, fue un “despojo con violencia” y se identificaron varios tipos de agresiones en contra de la población que tuvo que abandonar sus hogares.
Estas formas de violencia que se registraron en La Colorada fueron el uso de armas o la presencia de personas armadas en la comunidad, las amenazas y la intimidación, “casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados” y el “saqueo de viviendas, robo de animales y/o cultivos”.
En este caso, el desplazamiento fue calificado como intramunicipal, es decir, se trasladaron a otra ubicación dentro del mismo municipio de Chalchihuites y el estudio concluye que está entre los casos graves porque, al menos en el corto plazo, “no podrán regresar a sus hogares porque fueron destruidos”.
El informe también precisa que el perfil de los desplazados es el de familias completas, en total 47, incluyendo mujeres, hombres, niños y adultos mayores, mientras que de acuerdo a la información que recabaron se registraron además dos fallecimientos a consecuencia del desalojo.
En este punto, se sostiene que las víctimas fueron “desalojadas de sus viviendas por funcionarios de la minera canadiense Panamerican Silver” y se agrega que “Felicitas Guerrero Pasillas, una habitante de La Colorada, perdió a su padre y a su hermana, quienes habrían fallecido a consecuencia del despojo”.
Las formas de violencia que se reportaron en Chalchihuites no son las únicas por las que se detonan y se llevan a cabo los desplazamientos.
Por ejemplo, en los casos ocurridos en 2018 se registraron como detonantes del movimiento de población otro tipo de agresiones como “temor fundado ante la violencia de las organizaciones criminales”, “las incursiones y los ataques armados en contra de la población civil”, “los enfrentamientos de grupos delincuenciales entre sí o entre grupos delincuenciales y agentes del Estado” y “el asesinato de miembros de la comunidad”.
Mientras tanto, las formas de violencia que sufrieron antes y durante el desplazamiento también fueron diferentes y entre ellas se encuentran, aparte de las ocurridas en La Colorada, “las extorsiones y cobros de cuota de piso”, “desalojo con violencia”, “reclutamiento forzado o temor al mismo” y “desaparición de personas
Redacción/24 noticias
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación laboral en Durango se ubicó en 4.6 % de la Población Económicamente Activa, cuando la tasa de desempleo a nivel nacional es de 3.2 %.
Este porcentaje se traduce en más de 35 mil 400 personasdesocupadas en el Estado. Con estos números, Durango se encuentra detrás de Ciudad de México con 4.8 % y Tabasco con el 7.4 % de desempleo en México.
Ahogados, padre e hija perdieron la vida cuando intentaron cruzar el río hacia EU
La mañana de este lunes elementos de Bomberos encontraron el cuerpo de un salvadoreño y su hija que el pasado domingo por la tarde intentaron cruzar el río Bravo y terminaron ahogándose.
Desde el día de ayer se presentó la búsqueda que de estas personas, sin embargo no fue hasta hoy por la mañana que dieron con los cuerpos.
El nombre del ahora occiso es Oscar y es de origen Salvadoreño y su hija Valeria de quien apenas contaba con un año y nueve meses de edad.
Aseguran que llevan más de tres semanas sin una gota del vital líquido
Vecinos de la Fracción de Morales, pidieron al organismo intermunicipal de agua potable Interapas, que les proporcione el vital líquido, ya que llevan más de tres semanas sin gota de agua y las pipas para el abasto suplementario, brillan por su ausencia.
Los colonos señalan que son las calles de Polvillo, Bronce, Cobre, Plata, Azufre y otras más las afectadas, con miles de ciudadanos afectados por la falta de líquido, lo que los ha llevado ya a situaciones complicadas, pues no hay agua, ni para lo indispensable.
Refirieron que desde el inicio de la supuesta reparación del pozo, les dijeron que habría abasto con Pipas, pero no es así y casualmente cuando llega una pipa del Interapas, detrás de ella, llegan dos o tres pipas particulares ofreciendo llenar cisternas y depósitos.
La semana pasada algunos vecinos se manifestaron en Interapas y por arte de magia aparecieron las pipas, pero solo para quienes se habían manifestado, ya que los traían apuntados en una lista. El resto no pudo obtener líquido.
Ante esa situación, amenazaron con cerrar vialidades en el transcurso del día, para ver si de esa forma las autoridades atienden el asunto y les dan respuesta de que pasó con el pozo o comienza el abasto con Pipas, pero real y para todos los vecinos afectados.
Quienes defienden la Sierra Tarahumara, una de las zonas boscosas más importantes de México, se enfrentan al narcotráfico, a caciques locales, a la imposición de proyectos extractivos y a la indiferencia gubernamental. Esos defensores son, en su mayoría, indígenas cuya identidad se forjó entre montañas, barrancos, pinos y manantiales. Sin ese territorio, dicen, ellos no son nada. Por eso lo protegen. Por eso se niegan a que se talen sus bosques y a que sus manantiales se sequen. Por eso enfrentan a quienes buscan cortar sus raíces
Por Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga/MCCI*/ RAíCHALI
Cuando alguien de su familia muere, los indígenas rarámuri de Coloradas de la Virgen tienen una constumbre: a los ocho días toman tesgüino —bebida tradicional de maíz fermentado—, reúnen las cosas que le gustaban al difunto, lo que sembraba, todo aquello que lo identificaba y se lo entregan en forma simbólica. Le hablan, le aconsejan. Le dicen que ya no regrese, que ya está con la gente que murió. Que se quede allá. Que descanse.
—Eso tiene que hacerse tres veces si es hombre el que murió. Si es mujer, se hace cuatro veces —explica un médico tradicional rarámuri, defensor de los bosques de su territorio y amigo de Julián Carrillo Martínez, también rarámuri, asesinado el 24 de octubre de 2018 en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara localizada en el estado mexicano de Chihuahua.
A Julián lo mataron y, al siguiente día, su familia dejó Coloradas de la Virgen. Los asesinos podían regresar a matarlos a ellos también. Dejaron su casa, sus pertenencias y sus animales. No los dejaron cumplir con su costumbre. Julián no tuvo una despedida como lo marca la tradición de su comunidad.
—Él sabía que lo querían matar —dice en rarámuri María, esposa de Julián. El médico tradicional traduce sus palabras al español— Decía que cuando le pasara algo, no dejáramos el rancho. Si salíamos ya no íbamos a poder regresar a la tierra. Pero tuvimos que salir.
María ha padecido la muerte de su gente. En febrero de 2016 asesinaron a su hijo Víctor Carrillo. En diciembre de ese año, quemaron su casa. En 2017 mataron a dos de sus sobrinos y en julio de 2018 a su yerno. Y ahora también está sin Julián, lejos de su casa y desplazada con sus cuatro hijos, dos nueras y cuatro nietos en una ciudad del norte del país.
Las amenazas contra la comunidad de Coloradas de la Virgen —entre ellos Julián y su familia— llevaban años. Se desataron aún más cuando los indígenas emprendieron una lucha jurídica para evitar que se talaran los árboles que crecen en el territorio que habitaron sus padres, sus abuelos y los padres de sus abuelos.
Cuando lo mataron, Julián era el presidente de bienes comunales. Su función era cuidar todo aquello que es de la comunidad: árboles, agua y territorio.
Semanas antes de su asesinato, se enteró que el gobierno mexicano dio concesiones mineras en Coloradas de la Virgen.
Una de esas concesiones se otorgó a Mario Humberto Ayub Touche, importante empresario de Chihuahua, y a dos hijos de Artemio Fontes Lugo, cacique local que desde hace tiempo ha sido denunciado por los propios indígenas como el responsable de talar su bosque, de ser parte de los grupos de narcotráfico de la región y del despojo de su territorio.
A Julián lo asesinaron poco después de que él y sus compañeros en la defensa de los bosques de Coloradas de la Virgen comenzaron a denunciar la existencia de esas concesiones mineras para exploración y explotación de minerales en su comunidad.
Coloradas de la Virgen es sólo una de varias comunidades que en la Sierra Tarahumara defienden sus recursos naturales y su territorio de caciques locales, concesiones mineras, proyectos turísticos, tala ilegal y narcotráfico.
Fotografía de Julián Carrillo, asesinado en octubre de 2018, de la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 4, 2019. (Ginnette Riquelme)
María sostiene la fotografía de su esposo Julián Carrillo Martínez, defensor de los bosques de la Tarahumara, asesinado el 24 de octubre de 2018, en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Crédito: Ginnette Riquelme
Defender un territorio ancestral
En el sur del estado de Chihuahua y de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo, está Coloradas de la Virgen: un territorio de más de 49 mil 500 hectáreas que comparten indígenas rarámuri y, en menor medida ódami, quienes viven dispersos en unos 50 pequeños ranchos.
En esa tierra nació Julián. Él y sus compañeros en la defensa del bosque heredaron una lucha que comenzaron sus padres años atrás. Desde 1934, los indígenas de Coloradas de la Virgen reclaman sin éxito el reconocimiento de su territorio.
En 1953, cuando ya habían fallecido varios de los primeros indígenas que impulsaron el reconocimiento de sus tierras, el gobierno mexicano registró la parte más boscosa como un ejido. El resto, sobre todo la zona de barrancas, se quedó como una comunidad agraria.
En 1992 se realizó una asamblea para depurar la lista de ejidatarios, porque muchos habían fallecido. Julián y otros habitantes de Coloradas denunciaron que durante esa asamblea se presentaron varias irregularidades: los acuerdos fueron avalados con firmas y “huellas digitales” de indígenas que para esa fecha ya estaban muertos. Y se incluyó a 78 nuevos miembros del ejido, la mayoría no indígenas, entre ellos Artemio Fontes Lugo, sus familiares y trabajadores.
Artemio Fontes Lugo se instaló en Coloradas de la Virgen en la década de los 70. “Llegó con su familia. —cuentan los más ancianos de la comunidad— La gente de ese tiempo lo dejó quedarse… Después ya no se quisieron ir. Comenzaron a sembrar amapola y marihuana y a talar”.
Los indígenas denunciaron los abusos de la familia Fontes, pero eso poco importó a las autoridades ambientales mexicanas que, en abril de 2007, otorgaron al ejido —bajo el control de Artemio Fontes Lugo— permisos de aprovechamiento forestal para explotar el bosque de Coloradas de la Virgen.
Fue entonces cuando indígenas rarámuri y ódami, asesorados por la organización Alianza Sierra Madre, decidieron emprender una lucha legal para solicitar la cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal y para el reconocimiento de su derecho al territorio que han ocupado por generaciones.
Pie de foto: Vista aérea de la Sierra Tarahumara, en la zona de Guadalupe y Calvo. En esta región, los árboles están siendo sustituidos por los cultivos ilegales de amapola. Crédito: Ginnette Riquelme
Amapola, en lugar de árboles
Chihuahua, en la zona norte de México, es el estado con una de las superficies forestales más importantes del país: 16.5 millones de hectáreas, de las cuales 7.6 millones son bosques de coníferas y selva baja caducifolia, ecosistemas que se concentran en las montañas, barrancos y valles que dan forma a la Tarahumara.
En los manantiales que hay en esta sierra surge y se capta buena parte del agua que se dispersa por la zona semidesértica de Chihuahua y que nutre a muchas zonas agrícolas de Sinaloa, señala el investigador Salvador Anta Fonseca, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
También es una de las regiones con más daño en su cobertura arbórea. De 2001 a 2017, perdió 19,100 hectáreas, según la iniciativa de monitoreo Global Forest Watch. Los años en los que se registraron las mayores afectaciones fueron 2012 (casi 4,500 hectáreas) y 2017 (cerca de 2,000 hectáreas).
Guadalupe y Calvo, donde se ubica Coloradas de la Virgen, es uno de los municipios con más pérdida de árboles: de 2001 a 2017, por lo menos, 3,014 hectáreas registraron esta situación, según datos de Global Forest Watch. Los años más críticos fueron 2011, 2016 y 2017.
Quienes crecieron en Coloradas de la Virgen recuerdan que el desmonte comenzó más fuerte desde los ochenta. A partir de entonces, llega gente de afuera de la comunidad, elige el lugar que les gusta para sembrar marihuana y amapola y empieza a tumbar. A veces le prenden fuego al lugar arrasado. Pero la mayoría de las veces sacan la madera en rollo y la venden en aserraderos de la ciudad de Parral.
Eso que sucedía sólo en algunas comunidades comenzó a extenderse por varias regiones de la Tarahumara, sobre todo a partir de 2008, cuando el gobierno federal del entonces presidente Felipe Calderón emprendió lo que llamó la “guerra” contra el narcotráfico. A partir de ese momento, la región serrana de Chihuahua se convirtió en zona de disputa para diferentes grupos que, además de buscar el control en la siembra de amapola, también se han dedicado a despojar a las comunidades de su territorio y recursos naturales.
En 1996 se tenían identificados cinco municipios de la sierra en donde se sembraba droga. Hoy el número llega a 20, según el informe Diagnóstico y Propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara que la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) publicó en 2018.
Ese documento también señala que en la Tarahumara dejó de sembrarse marihuana a partir de 2012 —cuando comenzó a legalizarse su consumo en algunos territorios de Estados Unidos—, pero aumentó el cultivo de amapola.
En México, la superficie de cultivo de amapola pasó de 25,200 a 30,600 hectáreas de 2016 a 2017, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el gobierno mexicano.
Ese reporte señala que la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, donde comparten territorio los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua (el sur de la sierra Tarahumara), está entre las principales productoras de amapola en el país.
El médico tradicional —quien ha recibido amenazas y por ello pide que no se publique su nombre— explica cómo su comunidad comenzó a resentir la pérdida de su bosque:
—Antes de que empezaran a talar todos los años había buena agua, había mucha nieve, había una vida para nosotros: una buena cosecha, llovía mucho, no se secaban los arroyos. Si se acaba la madera se secan los manantiales que hay en el campo. Se acaban hasta el animal que es silvestre. Todo se acaba. Y si hay madera, todo vive.
Pie de Foto: Mujeres rarámuri de la comunidad de Bahuinocachi. Al igual que lo hacían sus abuelos y padres, ellas alimentan y platican con los manantiales “para que nos e vayan”. Crédito: Ginnette Riquelme
Alimentar los manantiales
Las mujeres rarámuri se reúnen en la escuela de Bahuinocachi para hablar de lo que han padecido en los últimos meses. Para llegar aquí, algunas caminaron poco más de media hora. En su trayecto pasaron por los restos de lo era parte de su bosque. Ahora sólo quedan ramas desperdigadas y tocones aferrados aún a la tierra.
Sólo las mujeres —con sus cabezas cubiertas con paliacates y sus cuerpos arropados con rebozos— asistieron a esta reunión. Los hombres se fueron a trabajar al campo o se quedaron en sus casas. Son ellas las que se atreven a contar. Lo hacen en orden, sin arrebatarse la palabra:
Los primeros talamontes llegaron a esta región del municipio de Bocoyna en febrero de 2018. Talaban durante el día, pero también en la noche. Lo hicieron durante meses. De poco sirvieron las piedras que se colocaron en los caminos para cerrarles el paso o las denuncias que se hicieron ante las autoridades ambientales, estatales o federales. Los inspectores y los policías que llegaron a ir al lugar sólo recorrían algunas áreas, pero no entraban a la zona más afectada.
Fue hasta el 26 de octubre de 2018 —cuando ya se habían talado 5,000 árboles, en un área de 226 hectáreas— que al lugar arribaron funcionarios federales y estatales, entre ellos el gobernador del estado, Javier Corral. Prometieron una estrategia para combatir la tala ilegal en la Tarahumara. No pasaron ni quince días cuando los talamontes regresaron.
Las mujeres de Bahuinocachi hablan quedito, como si surruraran un secreto:
—Ahora que regresaron a cortar, pues ya están tirando todo. Todo lo están dejando bien pelón.
—Y nosotros sin poder hacer nada, porque ellos andan armados.
—Ahorita ya destruyeron todo. ¡Y, ahora, para que vuelva a crecer!
—Van a pasar 20 o 30 años para que los chiquitos sean pinos grandes, con buena semilla. Nosotros ya estuvimos plantando pinos, pero a ver si crecen, porque no hay pinos grandes que los protejan del frío. Les pega el hielo y así se secan más fácil.
Las mujeres recuerdan lo que sus padres les decían: los árboles que están cerca de los manantiales no se deben tumbar, porque al hacerlo “se va el agua”.
De sus abuelos aprendieron un ritual “más antiguo”: alimentan a los manantiales con pinole (harina tradicional elaborada con maíz) y con tortilla. Y cuando lo hacen, platican con el agua que nace en ese lugar.
—Le decimos que no se vaya. Le damos de comer para que tenga fuerza y no se vaya de ahí. Para que sigamos teniendo vida nosotros, toda nuestra familia y también los animales. Todo eso le platica uno al manantial.
Cuando se les pregunta a las mujeres si en rarámuri hay una palabra para nombrar a los cerros o montañas que ya se quedaron sin árboles, ellas se miran unas a otras, hablan en su idioma y después de un rato explican que a esos lugares les llaman “cerro pelón: un lugar donde ya no hay nada”.
Antes de que las mujeres de Bahuinocachi denunciaran lo que pasaba en sus tierras, otras zonas del municipio de Bocoyna ya habían sufrido la tala ilegal e incendios provocados.
En julio de 2017, comunidades y ejidos indígenas de los municipios de Bocoyna, Carichí y Guachochi, así como organizaciones civiles, solicitaron a las autoridades federales y estatales replantear la política forestal y “ponerle un alto a la devastación de los bosques de la Sierra Tarahumara”.
Insistieron en lo que muchas comunidades han denunciado: grupos ligados al crimen organizado talan, y después incendian, grandes extensiones.
Tala en Bahuinocachi
El control de la madera
En algún tiempo cerca de 480 familias rarámuri vivían en una comunidad llamada El Manzano, en el municipio de Urique. Hoy el número de habitantes es incierto.
El Manzano comenzó a cambiar cuando se hizo cada vez más común mirar a hombres armados que no eran de la comunidad.
Antes —cuentan quienes vivían ahí— eran pocas las familias dedicadas a la siembra de marihuana y amapola; ellas podían vender su cosecha al mejor postor. Por un kilo de goma de opio, por ejemplo, llegaban a recibir hasta 15,000 pesos (780 dólares). Los “de afuera” llegaban, compraban y se iban.
Pero a partir de 2011, “los de afuera” se quedaban y obligaban a que la gente sembrara, pero también a que sólo les vendieran a ellos. El pago por un kilo de goma de opio disminuyó hasta llegar a 3,000 pesos (156 dólares).
Los mismos hombres que controlaban la siembra de amapola “reclutaban” a jóvenes de la comunidad: los subían a sus camionetas, los mantenían secuestrados algunos días, los amenazaban y obligaban a “trabajar” como sicarios. Si alguien se negaba, lo mataban. Así lo hicieron con Benjamín Sánchez, asesinado el 27 de febrero de 2015.
La familia de Benjamín fue forzada a desplazarse del Manzano. Les siguieron otras familias. Lo mismo vivieron habitantes de, por lo menos, diez comunidades del Ejido Rocoroyvo, en el municipio de Urique, de acuerdo con testimonios de personas desplazadas que, por seguridad, piden no publicar su nombre y que ahora, incluso, tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El desplazamiento de la población aumentó cuando el grupo que controla la zona decidió imponer sus propias reglas, incluso, con el manejo de los bosques: los ejidatarios sólo les pueden vender a ellos sus troncos. Los ejidos que se niegan a hacerlo, no pueden comercializar su madera.
A otros ejidos —han documentado las organizaciones, entre ellas Contec— les exigen los documentos oficiales y con ellos “legalizan” la tala ilegal.
En la publicación Diagnóstico y Propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara se señala que en la zona existe “un control de la actividad forestal por parte del crimen organizado, control que va desde el robo de guías (documentos para certificar que un árbol se taló en forma legal), corta ilegal y legal, transporte y comercialización, o incluso una veda regional por oponerse a vender a los criminales”.
Pie de Foto: En la región de Bahuinocachi, municipio de Bocoyna, la tala ilegal se intensificó a partir de febrero de 2018. Crédito: Ginnette Riquelme
En el informe de Contec también se resalta que las autoridades ambientales federales otorgan permisos de aprovechamiento forestal en zonas habitadas por comunidades indígenas, sin realizar una consulta previa a esta población, como lo marca la legislacion internacional y nacional.
Ejemplo de ello son los casos de Coloradas de la Virgen, Choréachi y Bosque de San Elías Repechique, los cuales han tenido que exigir en tribunales que se cancelen esos permisos.
“La explotación forestal —se remarca en el informe de Contec— no ha significado beneficio alguno para las comunidades indígenas, que no tienen voz ni voto en las asambleas ejidales, aunque vivan dentro de los ejidos y propiedades privadas”.
Ese mismo documento señala que “el uso intensivo del bosque, por los aprovechamientos forestales legales e ilegales, ha impactado seriamente las condiciones de vida de las comunidades indígenas, tanto en el uso doméstico del bosque, como en las condiciones ambientales que afectan a los manantiales en que tradicionalmente se han abastecido de agua”.
—La madera (árboles) significa mucho para el territorio, porque es lo que mantiene la estabilidad de las aguas. El agua que cae de las nubes se filtra y ahí dura el agua. De otra manera, cuando se derriba la madera sin responsabilidad se hace un desastre, se quema el bosque. Llegan las aguas y se lleva todo, ya no hay dónde se detenga, dónde se filtre. Se va el agua. —dice José Trinidad Baldenegro, cuyo padre y hermano fueron asesinados por defender esa estabilidad ambiental.
Los indígenas rarámuri y ódamis que han sido desplazados de Coloradas de la Virgen esperan poder regresar a su comunidad para seguir con sus costumbres, cuidar sus bosques y retomar su vida.
Crédito: Ginnette Riquelme
Tierra, agua e indiferencia
Mesa Blanca, El Cable y Mesa de las Espuelas, comunidades del municipio de Madera y habitadas por indígenas o’oba (también conocidos como pimas), fueron de las primeras en vivir lo que después se propagó por la Tarahumara: a partir de 2008 esas comunidades comenzaron a quedarse sin indígenas, después de que grupos ligados al narcotráfico incrementaron la violencia en su contra.
Algunas familias optaron por prestar sus terrenos para la siembra de amapola, pero poco a poco los han ido despojando de su tierra, cuando no acceden a trabajar para esos grupos, cuenta uno de los líderes que se encuentra desplazado y que pidió el anonimato para proteger su vida.
Los indígenas o’oba, explica el antropólogo Horacio Almanza, migraban de sus comunidades desde 2004, pero lo hacían por la falta de agua, como sucedió en el caso de la comunidad Las Espuelas.
Otras comunidades o’oba de los municipios de Madera y Temósachic también han denunciado, con diversas autoridades, la contaminación del río Tutuaca y otras fuentes de agua por la actividad de la Mina Dolores, que pertenece a la empresa canadiense Pan American Silver Corp. , y comenzó sus operaciones en 2009 para extraer oro y plata.
Los warijíos, otro de los grupos indígenas que habitan la Tarahumara, también han sufrido el despojo. El 29 de marzo de 2011, a la comunidad de Jicamórachi, en el municipio de Uruachi, llegaron hombres que vestían uniforme tipo militar, dispararon por todos lados, quemaron casas y vehículos. Las familias huyeron al monte. Fue hasta diez días después que el Ejército acudió al lugar y se instaló en la escuela primaria.
De las 122 familias mestizas y warijíos que vivían en Jicamórachi, sólo se quedaron cerca de 40.
Se le conoce como Guasachoque, pero también como Correcoyote. Es una comunidad rarámuri del municipio de Guadalupe y Calvo; de ahí era originario Irineo Meza. Lo mataron el 4 de diciembre de 2014. Tenía 23 años. Él denunció los despojos de tierras en su comunidad y se oponía a la apertura de minas en la región.
El Tule y Portugal, comunidad del municipio de Guadalupe y Calvo, también se ha ido quedando sin gente. En octubre de 2018 asesinaron ahí a otro líder indígena: Joaquín Díaz Morales, de 74 años y jefe de la brigada contra incendios. Antes ya habían matado al comisariado ejidal Crescencio Díaz Vargas y amenazado a los pobladores que decidieron demandar a una familia de caciques locales por despojo de tierras.
—Le mandan mensajes a uno, que si no quiere problemas, que se vaya… Usted no se puede quejar con la policía, con la judicial, con los guachos (militares), no hay apoyo. No hay confianza. No se la creen a uno —dice uno de los desplazados de El Tule y Portugal.
Palabras similares se escuchan de los desplazados ódami de la comunidad de Cordón de la Cruz, en Coloradas de la Virgen. Ellos señalan a los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega como responsables de las amenazas y el despojo de sus tierras.
—Quieren apropiarse de 3,500 hectáreas; tierras en donde la comunidad pastoreaba su ganado, ahora ya no permiten que se ingrese ahí. Son tierras que quieren para la amapola. Existen alrededor de 20 denuncias, pero sólo una ha sido judicializada —cuenta José Ángel, integrante de una de las familias ódami desplazadas.
Puerto Gallego, en el municipio de Urique, está entre las localidades que conforman el corredor turístico en la Tarahumara. También es la ruta para el trasiego de droga. De esa comunidad era Fabián Carrillo, líder ráramuri.
Tenía poco más de cuarenta años cuando dejó su casa en Puerto Gallego; hombres armados lo amenazaron. Querían sus tierras. Salió de su comunidad, pero no abandonó la defensa del territorio.
—Los hombres del gobierno no hacen nada. Desde septiembre (de 2014) fue más duro, porque llegaron queriendo quitar terrenos. Todavía hay invasiones, a muchos los tienen obligados a sembrar droga —contaba Fabián en 2016.
Fabián llevaba un registro de todos los gobernadores indígenas rarámuri, así como de la problemática que enfrentaban por las amenazas contra el bosque. Buscaba insistente —aún en el exilio— que sus denuncias fueran escuchadas en los juzgados y en la Coordinación Estatal de la Tarahumara.
Lo amenazaron varias veces, pero él entendió la manera de actuar de los delincuentes, su forma de organizarse, y eso le permitió recorrer la sierra esquivando a quienes no querían que hablara. Falleció, como consecuencia de la tuberculosis, a finales de septiembre de 2017.
En Guapalayna —una región tropical del municipio de Urique—, los indígenas han sido obligados a desplazarse, porque en esa zona no sólo los despojan de sus tierras, también les quitan el control de sus aguajes: si quieren utilizar esa agua, les cobran una cuota.
En casi toda la Tarahumara, las comunidades conocen el nombre e historia de los caciques o líderes de los grupos de narcotráfico que los amenazan y que los despojan de sus tierras. Varios de esos nombres han sido denunciados con autoridades de todos los niveles. Ninguno ha sido juzgado.
Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, señala que se ha sembrado el terror para ir deshabitando el territorio de los hombres y mujeres que le dan sentido, “porque los cuerpos son lo que dan fuerza a ese territorio”. La intención, insiste, es “dejar ese territorio desierto de esos cuerpos que nacieron ahí, de esos cuerpos que siempre han vivido ahí, que han sido formados como rarámuri y que han mantenido, a pesar de todas las adversidades, la cultura rarámuri”.
En la comunidad de Coloradas de la Virgen, ya no se realizan las fiestas tradicionales, como la de Semana Santa, debido a que la mayoría de los indígenas rarámuri que habitaban el lugar han sido forzados a desplazarse. Crédito: Cortesía Alianza Sierra Madre
Resistencia serrana
Los indígenas de la Tarahumara forjan su resistencia física desde que son pequeños: caminan durante horas y horas por la sierra —entre barrancos y pendientes— para llegar a una comunidad, para visitar a un familiar, para pastorear a las chivas, para ir a la escuela (cuando hay maestros) o para tener acceso a un médico. Para denunciar el despojo de sus árboles y de su territorio también han caminado un largo trecho. Desde hace varios años han realizado caravanas en Chihuahua y fuera del estado.
Una de esas caravanas llegó a la Ciudad de México. Fue en julio de 2014 cuando 35 gobernadores tradicionales de comunidades indígenas expusieron a senadores de la República los problemas de saqueo que viven en la sierra.
En esa reunión, incluso, señalaron a Artemio Fontes Lugo como uno de los responsables de las amenazas y autor intelectual de los asesinatos de autoridades tradicionales de Coloradas de la Virgen.
Ese señalamiento quedó registrado en el documento que, el 15 de marzo de 2016, realizó un grupo de senadores para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que realizara acciones para atender la problemática y violencia en la Sierra Tarahumara.
En ese documento también se menciona el caso de Cirilo Portillo Torres, ódami asesinado el 14 de marzo de 1992. Él había sido comisario de la policía tradicional y secretario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen.
—A Cirilo lo mataron porque no quiso trabajar con Artemio Fontes en sacar la madera, por eso lo mandan matar —cuenta un exgobernador indígena de Coloradas de la Virgen, quien ha recibido varias amenazas por defender el territorio y los árboles de su comunidad, por lo que él y su familia, así como muchos de sus compañeros de lucha, están ahora desplazados.
Quienes han sido desplazados de Coloradas de la Virgen, así como de otras comunidades de la Tarahumara, están dispersos en la ciudad de Chihuahua, Baborigame, Guachochi, Parral y Cuauhtémoc. Laboran en huertas o en la pizca. Otros tratan de encontrar trabajo en la construcción o de sobrevivir entre el asfalto que los ahoga.
—Allá, en el rancho, podíamos sembrar maíz, frijol. Con poquito que siembre uno, ya podía comer. Acá no. Nuestras costumbres, nuestras fiestas tampoco ya las podemos hacer como eran antes. Quisiéramos regresar, pero cómo le hacemos si quemaron la casa, se robaron los animales y esos hombres siguen allá —dice una de las mujeres que están desplazadas en Baborigame. Sus dos hijas, de 23 y 26 años, ya saben lo que es la viudez.
Para este reportaje se solicitaron entrevistas con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y con el subsecretario de derechos humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas. Las solicitudes se realizaron, por lo menos, en dos ocasiones con los encargados de prensa, quienes respondieron que no había espacio en la agenda de los funcionarios.
Cuando asesinaron a Julián Carrillo, su familia tuvo que dejar Coloradas de la Virgen. Hoy viven desplazados en una ciudad del norte de México. Crédito: Ginnette Riquelme.
Acompañar la defensa
Entre enero de 2009 y diciembre de 2018 mataron a, por lo menos, 15 defensores de bosques y territorios en la Sierra Tarahumara, de acuerdo con los casos recopilados en la base de datos de este proyecto.
Esos casos se conocieron, muchas de las veces, por la denuncia de organizaciones civiles.
Hay otros tantos nombres de defensores que han sido asesinados, pero no están en las estadísticas, “porque suceden en zonas en donde no hay trabajo de organizaciones, ya sea porque son lugares muy apartados, de difícil acceso o porque ocurren en territorios tomados por el narco”, dice una defensora de derechos humanos que pide el anonimato porque sólo así, teniendo un bajo perfil, puede visitar algunas comunidades.
En Chihuahua, el estado más grande del país, menos de diez organizaciones civiles acompañan a las comunidades en su defensa del ambiente y territorio.
Y esas organizaciones —cuyos miembros también han recibido amenazas por su trabajo— no cuentan con personal y recursos suficientes para denunciar y visibilizar lo que pasa en gran parte de la Tarahumara.
Aún así, en los últimos cinco años, juntos han logrado triunfos jurídicos en su lucha por la defensa del ambiente y el territorio.
En 2017, y después de siete años de un proceso legal que llevó Contec, la Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho al territorio ancestral de la comunidad rarámuri de Huitosachi, en el municipio de Urique.
Las tierras ancestrales de esa comunidad —260 hectáreas— están en el área de Barrancas del Cobre, una de las zonas más turísticas de la Tarahumara. Su defensa del territorio en los tribunales se dio, a partir de 2015, cuando una inmobiliaria —cuyo dueño es el empresario Federico Elías Madero— reclamó como suyas esas tierras e intentó sacar del lugar a los rarámuri. No lo logró.
También en el norte de la Tarahumara, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna, consiguió que por su territorio no pasara el gasoducto, por lo que la empresa responsable de su construcción, TransCanada, tuvo que modificar el trazo original para esta obra.
—Estos grandes proyectos —mineros, turísticos o gasoductos— han generado un deterioro muy grande al espacio, la ecología y, sobre todo a las comunidades. Son proyectos de muerte, no de vida, porque responden a intereses particulares, no ha intereses comunitarios —señala el sacerdote jesuita Javier Ávila Aguirre, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
En octubre de 2018, el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, reconoció el derecho que tiene a su territorio ancestral —32 mil 832 hectáreas— y bienes naturales la comunidad rarámuri de Choréachi, ubicada en el Municipio de Guadalupe y Calvo, y que por las amenazas que ha recibido cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
—Las comunidades, con sus demandas, están obligando a que se armonicen las leyes nacionales con los estándares internacionales sobre reconocimientos de los pueblos indígenas. Ha costado mucho, pero se ha ido picando piedra para el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades y hay que seguirle —señala Ernesto Palencia, asesor jurídico de Alianza Sierra Madre.
La comunidad rarámuri de Baquiachi, en el municipio de Carichí, también ganó 32 juicios en contra de caciques ganaderos que los habían despojado de poco más de 7,500 hectáreas de su territorio ancestral.
Durante ese proceso judicial, Estela Ángeles Mondragón, directora y abogada de la asociación Bowerasa, recibió varias amenazas, su hija sufrió un intento de asesinato y su pareja, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado el 1 de marzo de 2010.
Eso no detuvo a Estela Ángeles. Ella siguió con la comunidad de Baquiachi. De ellos aprendió una frase que escuchó muchas veces en rarámuri y que ahora dice en español: “Sin territorio, no se tiene nada. No somos nada”.
Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, explica que al acompañar a estas comunidades se está defendiendo “un territorio que para ellos es indivisible, bienes naturales que son colectivos, que son los que les dan vida como comunidad, los que reproducen material y simbólicamente su cultura. Sin territorio eso, su cultura, no es posible”.
El antropólogo Horacio Almanza, quien ha investigado estos procesos de defensa, resalta que la lucha ambiental muchas veces se personifica en un líder, “pero detrás de ellos están las comunidades y son ellas las que les dan fuerza a esos defensores que, por lo regular, son autoridades tradicionales que forman de un sistema normativo muy añejo y sólido en la sierra”. Por ello, dice, “las luchas por la defensa del medio ambiente, en la Tarahumara, son colectivas”.
Crédito: Ginnette Riquelme
Primero los árboles, ahora los minerales
La historia de Chihuahua está ligada a la minería, explica el antropólogo Horacio Almanza, “tuvo momentos de crisis y se deprimió mucho durante algunas épocas, pero regresó con fuerza con las mineras canadienses”.
En la actualidad, Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en la producción de oro y el segundo en extracción de plata. También se extrae zinc y plomo.
Si en un mapa de la Sierra Tarahumara se pintan de rojo las zonas donde hay una concesión minera, buena parte del territorio sería escarlata.
De los 3,323 permisos para minería otorgados en el estado de Chihuahua, casi la mitad —1,448— se encuentran en la sierra, de acuerdo con la base de datos pública sobre concesiones mineras de la Dirección General de Minas, que depende de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.
Los municipios serranos que tienen a comunidades indígenas desplazadas, por amenazas o asesinatos de sus líderes, están entre los que más concesiones tienen. Por ejemplo, en Guadalupe y Calvo se han otorgado 142 concesiones, de acuerdo con esa base de datos. En el territorio de Coloradas de la Virgen y sus alrededores se han expedido, al menos, cuatro permisos para exploración y explotación.
Una de ellos —de 3,104 hectáreas— se encuentra justo en un área que los habitantes de Coloradas de la Virgen reclaman como parte de su territorio. Los beneficiados con esa concesión minera son Arcadio y Artemio Fontes Martínez —hijos de Artemio Fontes Lugo— y Mario Humberto Ayub Touche, quien pertenece a una familia de empresarios de Chihuahua.
Mario Humberto y sus hermanos, entre ellos Sergio Ayub Touche, son socios en compañías mineras, inmobiliarias y también son dueños de Duraplay Colmercial S.A. de C.V., empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de productos relacionados con la industria forestal, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de Chihuahua.
También están relacionados con empresas en paraísos fiscales. Sergio Ayub Touche es director de Indycom International Holdings Ltd, compañía creada el 17 de diciembre de 2012 en Bahamas, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos en 2016 con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), para realizar la investigación conocida como Bahamas Leaks, y a los cuales Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso.
Además de los 12 permisos mineros que tiene Mario Humberto Ayub en Chihuahua y Sonora, también están a su nombre dos concesiones —otorgadas en 1994 y 1999— que le permiten extraer agua para uso agrícola.
Por su parte, en 2016 Artemio Fontes Lugo obtuvo del gobierno mexicano una renovación de un permiso para operar, hasta el año 2031, un aeródromo en el municipio de Cusihuiriachi.
La Secretaría de Economía del gobierno mexicano entregó la concesión minera a los hijos de Fontes Lugo y a Mario Humberto Ayub Touche el 24 de mayo de 2010. La vigencia del permiso es por 50 años.
Esa concesión se entregó sin que antes se consultara, como lo marcan las leyes internacionales y nacionales, a pobladores rarámuri y ódami de Coloradas de la Virgen. Incluso, ninguna autoridad les informó de la existencia de esos permisos mineros. Los indígenas se enteraron cuando Julián Carrillo y sus compañeros de lucha asistieron a un taller sobre minería.
En Baborigame se encuentra la tumba de Isidro Baldenegro, rarámuri que en 2005 recibió el Premio Goldman. Fue asesinado en enero de 2015. Crédito: Ginnette Riquelme
La primera sentencia
En el panteón de Baborigame está la tumba de Isidro Baldenegro, el rarámuri que fue asesinado el 15 de enero de 2017, en Coloradas de la Virgen, el hombre de piel cobriza que durante algunos años formó parte del grupo de indígenas que caminaron en caravanas para denunciar la tala de los árboles en su comunidad y que en 2005 obtuvo el Premio Goldman —considerado el Nobel verde— por su defensa al bosque. A su padre, Julio Baldenegro, lo mataron por la misma causa. Fue en octubre de 1986, cuando era gobernador tradicional de Coloradas.
—Nosotros aprendimos a defender la tierra de ver y escuchar cómo defendían los demás, viendo a los papás y a los mayores —decía Julián Carrillo.
—Defendemos lo que muchas personas antes también defendían, lo de uno, el territorio, el bosque. Al defenderlo ahorita, en este tiempo, es defender (para) los que vienen después de los hijos y de los nietos de uno —dice José Baldenegro, hijo de Julio y hermano de Isidro.
Isidro, además de recibir amenazas de muerte, también le tocó sortear una acusación judicial y pasar quince meses en la cárcel.
—Le sembraron semillas de amapola y marihuana; todo se lo sembraron, todo fue mentira… Era un compañero que estaba luchando junto con nosotros por el bosque —recuerda uno de los rarámuri que estuvo con Isidro en una de las caravanas que, en 2003, realizó para exigir a las autoridades detuvieran la tala en Coloradas de la Virgen. Después de una de esas protestas, fue acusado y detenido.
Isidro fue absuelto y logró salir de la carcel después de que diversas organizaciones —entre ellas Amnistía Internacional que lo declaró “preso de conciencia”—, hicieron una campaña para exigir su liberación, lo cual sucedió en 2004. Por un tiempo regresó a vivir a Coloradas, pero tuvo que salir de la comunidad porque las amenazas seguían. Lo asesinaron cuando visitó a familiares que estaban enfermos en Coloradas. En ese entonces, sus hijos tenían ocho y siete años.
En el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, publicado en marzo de 2019, por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se señala que después del homicidio, la criminalización es una de las agresiones más frecuentes en contra de estos defensores.
En ese mismo documento se resalta que la falta de investigación de los delitos cometidos contra las personas defensoras, la ineficiencia de medidas de protección cuando estas personas son amenazadas, así como el uso indebido del derecho penal para criminalizar su labor de defensa, son “estrategias que dejan a las personas en un estado de mayor vulnerabilidad y riesgo”.
Por el homicidio de Isidro Baldenegro se detuvo a Romero Rubio Martínez. El 19 de febrero de 2019 fue sentenciado a 11 años de prisión. En su resolución, el juez Javier Cornejo Páez no contempló el daño a la comunidad como agravante.
—Un reto que tenemos es que en estos casos se tenga como principal línea de investigación la labor de defensa que realizaron personas como Isidro y que no sólo se juzgue a los autores materiales, que también se llegue a los autores intelectuales —apunta la abogada Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que da seguimiento a las denuncias que se han presentado por los asesinatos de los defensores ambientales y de territorio de la Tarahumara.
Nuño resalta que en estos casos buscan hacer pública la sentencia y que ésta reconozca a la víctima, así como el daño que se hizo a la comunidad y a la sociedad con el asesinato del defensor.
—Es trascendental —resalta Nuño— que el Poder Judicial valore la relevancia que tiene su fallo, para que la sociedad entienda que las defensoras y defensores hacen un aporte sustancial no sólo a la democracia, sino a enfrentar las desigualdades, las violencias y las injusticias que el Estado no han podido resolver.
La esposa de Isidro Baldenegro, Aurelia Churivista, y sus dos hijos viven ahora en una ciudad de Chihuahua. Aún no se pueden acostumbrar a estar lejos de Coloradas de la Virgen. Para ellos, la sentencia en contra del autor material del homicidio fue mínima:
—Imagínese va a salir en nueve años, porque ya lleva dos años en la cárcel. Mis hijos dicen: “pues él va a llegar y se va a regresar a su pueblo y va a volver a su familia y nosotros, ¿cuándo vamos a volver a ver a mi papá?”
Cuando asesinaron a Julián Carrillo, su familia tuvo que dejar Coloradas de la Virgen. Hoy viven desplazados en una ciudad del norte de México. Crédito: Ginnette Riquelme.
Recuperar la Sierra
Las amenazas en contra de los indígenas de Coloradas de la Virgen se intensificaron a partir de que avanzaban en tribunales sus denuncias contra los permisos de aprovechamiento forestal.
Esas amenazas llevaron a que, en 2014, el gobierno mexicano integrara a cuatro miembros de la comunidad, entre ellos a Julián Carrillo, al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Esas medidas de protección no blindaron la vida de Julián.
El informe “Entre balas y olvido”, publicado por Amnistía Internacional en enero de 2019, se señala que el Estado mexicano “ha fallado en garantizar un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras, en particular debido a que las medidas no son adecuadas para el riesgo enfrentado por la comunidad (Coloradas de la Virgen) dado que ésta cuenta con una baja presencia estatal y una fuerte presencia de grupos del crimen organizado”.
Julián se resistía a dejar su comunidad. No lo hizo después de que mataron a su hijo Víctor o a sus dos sobrinos.
—Si me salgo, entonces ¿quién va a cuidar? —preguntaba.
Es en julio de 2018 —después de que asesinan a Francisco Chaparro, su yerno— cuando Julián sale de su comunidad y se refugia en Sinaloa con otro de sus compañeros de lucha, también amenazado.
Julián regresó a Coloradas —cuenta su compañero— después de que su hija Francisca falleció, como consecuencia de la falta de atención médica durante un embarazo que se complicó.
Francisca —como gran parte de los indígenas que nacieron y crecieron en Coloradas— no sabía escribir ni leer. Hace ya mucho tiempo, por lo menos 18 años, que en esta comunidad las escuelas están abandonadas, porque no hay maestros que lleguen a esa zona de la sierra. Tampoco hay médicos.
—Coloradas de la Virgen es una comunidad que no tiene acceso a los más elementales derechos humanos como es salud, educación, medio ambiente sano; no tienen fuente de empleo. Solamente tienen la agricultura de subsistencia —explica Isela González, de Alianza Sierra Madre.
Para ir recuperando la sierra y hacerle justicia a las comunidades que han defendido su territorio y recursos naturales, organizaciones civiles que trabajan en la sierra, acompañadas por Cedehm, impulsan con las autoridades federales y estatales un plan de atención para Guadalupe y Calvo, el municipio donde se encuentra Coloradas de la Virgen. —Si se cumple este plan serviría de ejemplo para replicar en otros municipios, incluso en otras regiones del país donde urge tener políticas eficaces, porque ya estamos hartas de documentar las agresiones en contra de los defensores —dice la abogada Alejandra Nuño, del Cedehm.
Julián Carrillo regresó a Coloradas de la Virgen para despedir a su hija como marca la costumbre rarámuri.
El teléfono satelital que las autoridades le proporcionaron a Julián, como parte de las acciones de protección, lo utilizó su hijo para avisar que a su padre lo habían asesinado. Lo mataron enfrente de su nieto de ocho años.
En enero de 2019, el gobierno estatal anunció la detención de dos personas acusadas por el homicidio.
La esposa de Julián, María, sus cuatro hijos, dos nueras y cuatro nietos ya quieren regresar a Coloradas de la Virgen. No se hallan en la ciudad donde están desplazados. Quieren despedir a Julián como lo marca su costumbre rarámuri.
Mientras llega ese día, los compañeros de lucha de Julián, los dos hombres que asistieron con él al taller sobre minería, que anduvieron en las caravanas y que han reclamado en tribunales su derecho a su territorio ancestral, no olvidan las palabras que él les decía:
—Hay que estar insistiendo que ya no se siga talando el bosque. Eso es lo primero.
Una lucha en la que a todo un pueblo le va la vida.
**Este reportaje forma parte de la investigación colectiva Tierra de Resistentes realizada por periodistas de siete países:
Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar está en desacuerdo con el proyecto del ferrocarri
Carlos Águila Arreola/La Jornada Maya
Foto: Facebook Pedro Uc
Cancún, Quintana Roo
“Ni rentamos ni vendemos la tierra”, sentencia y sostiene el activista Pedro Uc Be, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, y “estamos en alerta respecto de las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador”.
En entrevista, el también poeta maya añadió que “nos dice el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo): no les venimos a consultar, les vamos a meter un tren y si no se suben, se los va a llevar el tren”.
El también antropólogo y defensor de derechos humanos es de los pocos que se manifiesta en contra de lo que llama “capricho” de López Obrador al querer imponer un tren contra lo que dice la ley “pues, hasta ahora, no hay ningún estudio en materia de impacto ambiental, ni permisos ni nada, y apenas ayer dijo que este año se empezará a construir”.
En entrevista con La Jornada Maya expuso que el Tren Maya sólo beneficiará a las empresas a cargo del proyecto, mientras que los pueblos indígenas mayas corren el riesgo de perder los territorios que históricamente han dedicado al manejo forestal, a la producción de chicle y de miel orgánica.
“El gobierno debe preguntarnos qué necesitamos y no que nos imponga su proyecto. Como Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar no estamos de acuerdo con el proyecto del ferrocarril, lo digo y lo sostengo”, dijo Manuel Puc.
El dignatario del ejido Nueva Jerusalén comentó que ya lo han buscado en varias ocasiones para solicitarle vender sus tierras para el Tren Maya, aunque “hasta ahora no me han presentado un proyecto definitivo de participación”.
“Me dicen que el Fonatur quiere que seamos partícipes como socios con nuestras tierras, pero en realidad nos estamos dando cuenta que no nos conviene. Tenemos que ver de qué forma podemos trabajar, nosotros lo que queremos es que nos presenten los proyectos. ¿Qué nos van a dar a cambio?”, preguntó el además licenciado en Ciencias Sociales.
Comentó que “el tren se suma a la fila de otros megaproyectos que nos han ofrecido, pero a mí como maya eso del ordenamiento territorial no me funciona, porque los pueblos no tomamos así las decisiones ni dividimos nuestras tierras como ellos pretenden. Yo tengo una manera distinta de usar mi territorio, ha traído más conflicto”.
Sostiene que “el gobierno debe respetar la libre determinación de los pueblos, que somos los dueños del territorio; por eso ni rentamos ni vendemos nuestras tierras; además, la ruta del Tren Maya, a su paso por la Reserva de la Biósfera de Calakmul, ocasionará un colapso ecológico en la península de Yucatán, que sería irreversible e implicaría la extinción masiva de especies”.
Enunciando la principal preocupación de científicos, hecha hace días en un manifiesto del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el poeta maya añadió que el ferrocarril impactará severamente las comunidades en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y lo social: “No entiendo cuál es la prisa por hacer asignaciones directas a empresas internacionales, sin haber atendido antes la problemática local ambiental”.
Una de las medidas más cuestionadas es la estructuración de los Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras), en cuyas ganancias “quedaremos fuera los ejidatarios debido a las asignaciones directas de contratos a empresas extranjeras para diseñar el plan maestro y el estudio costo-beneficio”.
“Es un esquema neoliberal. El único criterio es maximizar la ganancia de los inversionistas en el menor tiempo posible, pero sin considerar la participación integral de los ejidos y comunidades indígenas mayas que son los dueños de la tierra”, acusó.
Uc Bec concluyó que lo que más temen en las comunidades mayas es que les vayan a despojar de sus tierras ejidales sin respetar a quienes están en contra del proyecto, “además de que hasta ahora los impactos ambientales y sociales parecen no importarle al gobierno”.
Denuncian una intención para evitar que se tipifiquen correctamente
Redacción / Diario de Querétaro
Luego de los casos de asesinato registrados a mujeres, como Ana Karen y Marlene Fernanda, la representante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas A.C. (Aquesex), Alejandra Martínez Galán, apuntó que hay una constante en la Fiscalía General de clasificarlos como suicidios y no como feminicidios.
Fue esta semana, cuando se dio a conocer que, después de un año y ocho meses, la ex pareja y el responsable de la muerte de Ana Karen, quien ya había sido absuelto por el juez, fue condenado a 41 años con tres meses de prisión.
A este caso, abundó Martínez Galán, se le agrega el fallecimiento de Marlene Fernanda, la joven que el ocho de abril fue localizada sin vida en un domicilio del fraccionamiento Verona y que de acuerdo con un boletín emitido por la Fiscalía General, se traro de un suicidio, sin embargo, activistas sostienen que pudo haber sido un asesinato.
“Tenemos varios casos, como una constante de la Fiscalía, de decir que las mujeres se suicidan, cuando todo apunta, y las propias familias apuntan a que es más bien un feminicidio”, declaró.
De acuerdo con Martínez Galán, estos casos responden a una realidad nacional en donde “estamos rebasadas por la violencia contra las mujeres” y apuntó que se deberá de observar cómo que van desarrollando organismos como la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de Mujeres.
“Hay una intencionalidad de la propia Fiscalía de crear mecanismos para evitar que se tipifiquen como feminicidios”, lamentó.
Ixtacamaxtitlán, Pue.- Pobladores marcharon contra el proyecto de mina Ixtaca, que impulsa Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, y clausuraron la oficina de información que tienen instalada en Ixtacamaxtitlán.
Esto, a dos días de una reunión pública de información que ha sido convocada por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para el 25 de junio.
Los opositores al proyecto convocaron a la población a sumarse a la protesta y acusaron que se trata de una actividad que terminará por contaminar el agua de la zona y causar muertes en la región.
Además de marchar por las calles, instalaron una carpa y sillas frente al auditorio de la localidad Santa María Zotoltepec, donde se tiene prevista la reunión informativa que forma parte del proceso de evaluación de la Semarnat como parte de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.
Cabe señalar que dicha reunión ya había sido postergada en semanas anteriores, situación que lamentó la empresa minera.
“Le decimos a las instituciones de gobierno municipales, estatales y federales involucradas en el análisis y autorización de este proyecto, que no permitiremos que antepongan la ganancia económica a la vida de todos los pueblos que habitamos al o largo de la cuencia del río Apulco”, señalaron en un comunicado.
“Manifestamos nuestro rechazo a las consultas que se han convertido en una herramienta del poder para legitimar sus decisiones, por ser consultas hechas desde la hipocrsía para cumplir formalismos, atropellando nuestra autodeterminación, siendo el ejemplo más claro la supuesta consulta del Proyecto Integral Morelos, que se celebró a pesar del atroz asesinato de nuestro compañero Samir Flores”, continúa el documento.
El proyecto de Mina Ixtaca, abarca un área de mil 44 hectáreas y un tajo a cielo abierto de 133 hectáreas, con una vida útil de 14.5 años, según ha informado la empresa, que calcula generar 00 empleos durante la construcción y 420 más a partir de cinco años de operación.
En la era Donald Trump y a su paso por Sinaloa, los migrantes están atrapados en su propia huída
Irene Medrano Villanueva / El Sol de Sinaloa
Culiacán, Sin. ¡No le podemos vender los boletos que pide…! Le dice la empleada de una línea comercial a Juancho, un hombre bajito que carga un bulto en el hombro y va acompañado de una señora y dos pequeños.
Desconcertado, vuelve a insistir mostrando una bolsita con billetes y morralla. La empleada, ya no lo toma en cuenta, lo ignora.
Su deseo es salir de Sinaloa. Viene desde el sur del país: es centroamericano. Hace cerca de tres meses abandonó el grupo de migrantes con los que llegó desde su natal Honduras. Pensaba que le iba a ser más fácil trasladarse solo con su familia. Quería trabajar en lo que fuera, pero se estrelló con la discriminación y hasta con el desprecio que se está arraigando en los mexicanos en contra de los inmigrantes.
Otea a todos lados, busca una luz que lo ilumine, mientras su esposa sentada en una de las mesas se ve asustadiza, con miedo.
Interrogamos a la empleada que no le quiso vender el boleto y nos asegura que no se lo vendió porque no tiene documentos que los identifiquen como sinaloenses o que sea de otra parte de México.
“Con su aspecto me di cuenta que no es del país…”, señala al preguntarle si le pidió los documentos que menciona.
Dolores Ortiz Serrano, administradora de la Central de Autobuses, confirmó que se atienden las recomendaciones del Gobierno Federal de que todos los que quieran viajar, al adquirir un boleto, tienen que presentar una identificación oficial como es credencial de elector, que los acredite para evitar el paso de migrantes al norte del país.
Juancho dice que el único documento que trae es su pasaporte de Honduras, sin embargo, su esposa y su hijo, no tienen nada que los identifique.
Ahora estos migrantes como miles que hay en todo el país, no saben qué hacer. Atrapados en su soledad, en su miseria. Su vida es incierta. Salieron de su ciudad natal en busca de un mejor porvenir, huyendo de la delincuencia, de la falta de oportunidades y se encuentran en un país, donde, dicen, nadie los quiere.
“No sabemos qué daño hemos hecho, pero nadie nos da una oportunidad”.
Detalla que al llegar a Culiacán, vieron cómo otros migrantes como ellos, en cartulinas pedían apoyo para continuar su camino y él se atrevió a escribir la propia, ahora, la trae entre sus cosas toda ajada porque ya no le sirve.
SOY MIGRANTE
“Soy migrante. De Honduras. Me puede ayudar para seguir mi camino, mi familia y yo vamos a Estados Unidos a buscar trabajo, huimos de la violencia”, se lee en una hoja naranja y garabateada con plumón negro.
“Ya no me sirve, la gente desde unos días pa’ acá, nos ven con desprecio…tenemos quince días. Llegamos como pudimos porque hasta los camioneros no nos daban el aventón. Con miedo a que se me cayera mi niño, nos subimos al tren y aquí nos bajamos para ahorrar un dinerito y viajar en un camión de pasajeros y ahora tampoco nos quieren vender el boleto”.
Señala que mejor guardó la cartulina porque no lo apoyaban y el mismo desaire de la gente lo obligó a mentir.
“Hasta mentiroso soy. Pido ayuda, a veces, digo que mi mujer está enferma, que somos de Nayarit. Algunos me dicen que me ponga a trabajar, pero nadie me ocupa. Quisimos apoyar en una trucha (tienda), pero nos dijeron que no se podían arriesgar porque somos migrantes”.
Dice que extraña una sopa de mondongo, y hasta la comida del chancho (puerco).
En los rostros de estos tres migrantes, se dibujan sus sueños rotos, sus ilusiones hechas añicos.
La soledad los acompaña, no tienen dónde vivir, dónde asearse, dónde dormir, dónde descansar un poco.
HUIMOS DE LA VIOLENCIA
“Nunca pensamos que esto fuera tan difícil. No somos delincuentes y así nos tratan, somos como cualquier persona que quiere progresar, que quiere trabajar. En mi país no se pudo y ojalá que a ustedes no les pase esto que tengan que huir de la violencia, dejando todo”.
Esta familia, al igual que otros centroamericanos de los que se han hecho amigos, duerme por el rumbo del puente negro, muy temprano corren al río a asearse y apenas empieza a salir el sol salen a buscar el pan de cada día, siempre con el temor de que los agarren y los saquen del estado.
“No podemos ya subirnos al tren, lo tienen muy bien vigilado, porque dicen que los Estados Unidos mandan en este país y que ahora los gringos están vigilando para que nadie llegue a su frontera… Por eso, yo quería comprar boletos y regresarme al sur, a ver si la migra me retacha a mi pueblo, a morir en manos de la MS-13…porque ese es nuestro destino, pero vale más quedar en tu terruño que en un lugar donde te rechazan…
Los vecinos de esta comunidad aseguran que el líquido sólo les llega por un momento en la madrugada
Marisela Jolie / El Debate
Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados ante la falta del servicio de agua potable, vecinos del ejido Goritos Viejo, perteneciente a la sindicatura de El Guayabo, advirtieron que podrían tomar la carretera a inicio de la próxima semana a fin de llamar la atención de las autoridades municipales para que brinden una solución definitiva.
Beatriz Castro Puente, vecina de esta comunidad, reveló que el servicio les llega a cuentagotas y solo un pequeño momento entre las 2:00 y las 3:00 horas, por lo que es necesario hacer guardia en las tomas domiciliaras para lograr obtener el líquido, el cual, dijo, nunca es suficiente ni para las más elementales necesidades.
“No nos llega nada de agua. Somos casi 70 familias que no tenemos agua y las autoridades no nos han atendido”.
Recibo puntual
Reclamó el hecho de que el recibo de pago llegue puntual cada mes con una cuota fija de 130 pesos cuando el servicio es deficiente desde hace meses.
“Ojalá nos llegara el recibo como nos llega el agua porque llega puntualito, usemos el agua o no”, agregó.
Asimismo, Rafael Higuera Álvarez dijo que los habitantes de la comunidad están dispuestos a dialogar con las autoridades, por lo que han solicitado su presencia ya en tres ocasiones y nunca acuden.
“Queremos dialogar con ellos y no dan la cara, ya van tres veces que nos dejan plantados. Nos están orillando a que tomemos la carretera y no queremos llegar a eso, que vengan a esta comunidad a atender esta necesidad de agua”, exigió.
Necesidades
Los vecinos reunidos ayer en el único árbol que produce sombra en el centro de la comunidad, resaltaron que ya no es posible lavar ropa ni bañarse, por lo que deben acudir a las comunidades aledañas a pedir favores con familiares y amigos.
Exigieron la presencia inmediata del gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) y el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno a fin de llegar a una solución definitiva a este problema.
Una de las caravanas migrantes a su paso por el Istmo de Tehuantepec.
En apenas 5 meses, de enero a mayo de 2019 las solicitudes de refugio de extranjeros a su paso por Oaxaca crecieron a más del doble en relación a las remitidas en todo 2018, al pasar de 178 el año pasado para situarse en 386, un crecimiento de 116 por ciento, de acuerdo a estadísticas hechas llegar por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca.
En contraparte, a abril de 2019 la entidad ocupa el tercer lugar nacional por migrantes asegurados a su paso por el estado, con 3 mil 459, un promedio de 29 detenciones al día, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración.
En los primeros tres meses de este año, por cada migrante que solicitaba asilo, fueron detenidos 13 indocumentados en territorio oaxaqueño.
Migrantes de 8 diferentes países han presentado la solicitud de condición de refugiado a su tránsito por territorio oaxaqueño; son los hondureños quienes, con 271 pedimentos, lideran los registros.
Multiplican por 6 trámites en un año
Sin embargo, comparado con el mismo periodo de 2018, la cifra se ha sextuplicado puesto que apenas 60 extranjeros solicitaron protección del gobierno mexicano desde Oaxaca de enero a mayo del año pasado; los trámites se multiplicaron por 6.4 veces o un repunte de 543% para este 2019.
Cifras de la la Unidad de Política Migratoria de Segob dan cuenta que en el primer trimestre de este año en Oaxaca se han otorgado 68 tarjetas para visitantes por razones humanitarias.
NOTICIAS publicó la semana pasada que, entre 2017 y 2018 se había cuadruplicado la cifra de demandas de refugio y estas se habían acelerado en el último trimestre del año pasado.
En todo 2017 hubo 40 solicitudes, las mismas tramitadas en un solo mes de 2019 dado que en marzo 39 migrantes de 8 países solicitaron protección.
Migrantes de 8 países
De acuerdo al documento de Comar ciudadanos del Caribe, Centroamérica y Sudamérica han tramitado documentos en busca de cobijo de México. Los países de donde provienen los migrantes son Colombia, Cuba, Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Según reportes periodísticos y oficiales, este fin de semana elementos de la Marina iniciaron un operativo de revisión en los márgenes del río Suchiate, fronterizo entre Chiapas y Guatemala, a fin de detener el flujo migratorio y frenar el paso de mercancías irregular.
Los marinos solicitaron identificaciones a las personas que atravesaron la frontera natural y llegaron a territorio mexicano.
Sube ritmo de solicitudes
En promedio, este año 5 migrantes presentan su solicitud para se considerados refugiados cada 2 días. En 2018 eran dos migrantes que presentaban su demanda cada 3 días, con lo que se aceleró el ritmo de solicitudes, de acuerdo a la estadística oficial.
Al menos 4 caravanas de migrantes transitaron territorio oaxaqueño entre finales de octubre y diciembre del año pasado, cuando el gobierno mexicano ofreció ayuda y acompañamiento de centroamericanos a su paso hacia Estados Unidos.
Luego de la amenaza arancelaria de Donald Trump, que obligó a México a dar un golpe de timón y endurecer la política migratoria, se ha iniciado un patrullaje en la franja fronteriza y en estados del sureste, incluido Oaxaca, como Chiapas, Tabasco o Veracruz, se busca contener la ola migratoria.
Un extranjero solicita condición de refugio cada 9 horas a su paso por Oaxaca; en comparación, un migrante pedía protección cada 36 horas, un día y medio, en 2018 al gobierno mexicano.
Es el municipio de San Pedro Tapanatepec el más peligroso para migrantes en Oaxaca, ahí se han dado 1 mil 573 detenciones, el 45 % del total de detenciones en territorio oaxaqueño en el primer trimestre del año.
Crisis “quema” a Oaxaca
El sábado en Chihuahua el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Centroamérica vive una crisis humanitaria que detona la migración de indocumentados hacia Estados Unidos y que tiene a México (y Oaxaca) como paso obligado.
Ese mismo día, la Policía Federal detuvo a 500 migrantes que transitaban en 4 tráileres por carreteras de Veracruz. La crisis migratoria también ha trastocado a Oaxaca, el 12 de mayo un grupo de hondureños quemó la estación migratoria de San Pedro Tapanatepec y al menos 8 migrantes fueron detenidos por este hecho.
De acuerdo a números de Comar, en abril y mayo se han acelerado las demandas de refugio, 123 en abril y 135 en mayo, entre ambos meses se acumularon el 66% de todo 2019. En apenas 61días se presentaron dos de cada tres demandas de protección por parte de ciudadanos de otros países.
Honduras y la violencia empujan migración
En ese orden, los hondureños lideran los reportes en busca de refugio, luego, con 45 trámites ciudadanos de El Salvador, hay guatemaltecos, nicaragüenses, cuatro venezolanos, tres cubanos, dos colombianos y un dominicano.
El mes con menos solicitudes fue enero, con 39, poco más de uno diario en promedio. En 2018 fue agosto el de mayor cifra de trámites, con 51 y septiembre, con 47.
La contención de migrantes se extenderá a municipios oaxaqueños como Tlacolula, Miahuatlán, San Juan Bautista, Tuxtepec y la ciudad de Oaxaca, de acuerdo al mapa de regiones prioritarias de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Tuxtepec es considerado dentro de las principales rutas de migrantes y, además, está incluido por su elevado índice delictivo.
La inseguridad toca también a Oaxaca, Tlacolula y Miahuatlán y están en dentro del “muro antiinmigrante”.
Muere periodista por un ataque a balazos en Tamaulipas | Pixabay
El Debate
El hombre, que trabajaba como jefe de talleres del periódico “El Expreso en Ciudad Victoria” fue víctima de un ataque a balazos
Tamaulipas.- En ciudad Victoria Tamaulipas fue asesinado uno de los miembros del periódico “El Expreso en Ciudad Victoria”, quien desempeñaba como jefe de talleres del diario. Juan N falleció víctima de un ataque a balazos en los días pasados.
Este sábado fue declarado muerto por personal del Hospital General, después de que, tras el ataque, su cuerpo sufriera complicaciones por los 5 tiros que recibió, los cuales eran de un calibre contundente.
Los compañeros de Juan mostraron miedo y consternación de saberlo muerto por un ataque que hasta ahora queda impune, y que por tal motivo han exigido a la Procuraduría General de Justicia el esclarecimiento de los hechos que llevaron a su muerte.
Los disparos fueron reportados el martes por la noche, en la colonia La Presita en un pequeño taller mecánico que Juan hacía funcionar en sus horas libres como un ingreso extra de dinero, para apoyar a su familia.
Tras el terrible despliegue de violencia, se implementó protección para su familia y el periódico, así como de su cuerpo, ahora inerte.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ya atiende el caso así como de las indagaciones que lleven al supuesto móvil del asesinato.
Gente cercana a Juan relata que a raíz de que fue testigo de un ilícito donde fue llamado a declarar no pudo hacerlo.
Debido a que salía muy de madrugada de su trabajo le era imposible acudir o presiones del crimen organizado quienes exigían derecho de piso, relatan.
La violencia en Ciudad Victoria se agudizó desde el 2011 donde diversos grupos del crimen organizado pelean por la ciudad y sus alrededores.
Diarios de la localidad han relatado que entre los pobladores cierta calma transitoria por espacio de dos meses, pero apenas está semana qué pasó al menos tres personas fueron ejecutadas entre ellas un excomandante del grupo antisecuestros.
Para colmo, células del crimen dejaron narco-mantas en diferentes puntos de la localidad en el que retan a sus rivales y reclaman la zona como suya, haciendo de la ciudad un campo de guerra.
Marco Antonio fue detenido por policías capitalinos en enero de 2018. Foto: Cuartoscuro
Redacción / SIN EMBARGO
Marco aseguró, en una entrevista con El País, que dos días después de su primer encuentro con la policía de la Ciudad de México, de nuevo lo volvieron a golpear agentes: “Fue en una avenida poco transitada, se acercaron y me dijeron: ‘A ver, hijo de tu puta madre, ¿qué estás haciendo?, ¿qué escondes?”. Y luego vino una tercer golpiza de policías antes de que fuera hallado finalmente por su familia. “Yo no sé de esto pero en mi sangre apareció tolueno, benzodiacepinas y anfetaminas, pero yo nunca he consumido eso”.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Marco Antonio Sánchez Flores, un estudiante de la UNAM desaparecido y golpeado por policías de la Ciudad de México en 2018, contó al diario español El País que, luego de ser abandonado por los agentes, y durante su travesía en busca de llegar a su casa fue golpeado por los uniformados que se encontraba en el camino. Además dijo que cuando finalmente lo hallaron, en su sangre había drogas que él nunca ha consumido.
En enero de 2018, Marco Antonio, de entonces 17 años de edad, fue detenido en las inmediaciones de la estación del Metrobús El Rosario por agentes de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Luego, el joven desapareció. Una imagen de Marco siendo sometido por los agentes era todo lo que su familia tenía. Cinco días después apareció en Tlalnepantla, Estados de México, golpeado y con severos daños en su salud.
En la primera entrevista que da a los medios más de un año después de su desaparición, Marco narró a El País que el día de su arresto se encontraba junto con sus amigos, que el plan era ir a un museo, y que en ese momento estaban tomando fotos en los alrededor de la estación. Fue entonces cuando los uniformados se acercaron a ellos y quisieron revisarlos.
Marco Antonio estuvo cinco días desaparecido. Foto: Especial
Marco contó que en ese momento corrió a toda velocidad a la estación del transporte y ahí comenzó a gritar: “¡Ayuda! ¡Me quieren robar!”, y fue sometido por los policías.
“Me pegaron primero en el hombro, yo le solté una patada a uno y le bajé la visera del casco, después me dieron un cabezazo”, dijo y agregó que luego lo subieron a la patrulla. Aunque, según la versión de los policías, el joven sólo estuvo diez minutos en la unidad, Marco contó ahora que no recuerda cuánto tiempo estuvo ahí pero que pareció “una eternidad”.
“Yo iba pensando que a lo mejor no debí haber salido de mi casa, no debí de haber visto a Bernardo, no debí haber venido hasta acá, debí haberme ido a mi casa”, dijo al medio español.
El joven coincidió con la versión de los policías que después de eso fue bajado de la patrulla y comenzó a caminar hacia el CCH Azcapotzalco, pero que para ese momento ya no tenía nada: ni dinero, ni llaves, ni su celular. Marco asegura que a partir de ese momento todo se volvió confuso.
“Creí que podría llegar a casa y no me detuve a pedir dinero ni ayuda, igual nadie se detuvo a ver qué pasaba”, dijo.
“¿Qué me pasó? ¿Por qué tenía ropa diferente? ¿Por qué estaba con policías la mayoría de las veces? ¿Por qué tienen que ser policías los que te golpeen? ¿Por qué no puedo ser como una persona normal, en la calle?”, añadió.
Marco aseguró que dos días después de su primer encuentro con la policía, de nuevo lo volvieron a golpear agentes: “Fue en una avenida poco transitada, se acercaron y me dijeron: ‘A ver, hijo de tu puta madre, ¿qué estás haciendo? ¿qué escondes?”.
Y detalló que hubo una tercera golpiza por parte de policías cuando intentó ingresar a un edificio de oficinas en renta. Luego lo llevaron a un juzgado de Tlalnepantla. “No me dijeron nada, no me pidieron mis huellas ni mi nombre y así como entré, salí”, recordó.
“El último viaje que recuerdo [en una patrulla] fue antes de que me encontraran. […] Llegué a una tienda, llegó una unidad y después me llevaron paseando hasta llegar a un lugar frío, no sé dónde era. Después me subieron a otra patrulla. Ahí me vistieron”, dijo.
“Cuando me tomaron la foto, ya estaba disfrazado totalmente”, añadió.
El entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció el hallazgo de Marco. Foto: Cuartoscuro
El joven también aseguró: “Yo no sé de esto pero en mi sangre apareció tolueno, benzodiacepinas y anfetaminas, pero yo nunca he consumido eso”.
El pasado 21 de mayo, un juez concedió un amparo a Marco Antonio Sánchez Flores y a su familia al considerar que las autoridades policiales son responsables de la desaparición forzada del joven.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) difundió la sentencia judicial con la que, dijo, se reconoció que “son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y el Estado de México”.
Así como los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
La organización recordó que “la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud”.
No obstante, las autoridades policiales siempre negaron que el arresto -que aseguraron fue temporal- se llevara a cabo de manera violenta.
“La administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro adolescente problemático”, denunció la Redim, quien ha acompañado a la familia del muchacho durante el caso.
El juez dictaminó que las autoridades policiales, ministeriales y judiciales eran responsables de la violación de derechos humanos, tal como “precisa la sentencia de Amparo en Revisión de Tribunal Colegiado”, por lo que “impone reparación integral del daño por violación grave de derechos humanos”, sostuvo.
Archivo/En la mayoría de los casos los cuerpos no son localizados
Redacción/Zacatecas en Imagen.
ZACATECAS.- Zacatecas es el quinto estado de la República Mexicana en fosas clandestinas, revela un estudio de la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Sinaloa superan a Zacatecas en fosas localizadas, en el periodo que comprende de 2006 a 2017.
A lo largo del país se exhumaron durante 11 años un total de 2 mil 489 cuerpos y 584 restos humanos.
“No son todas las fosas que hay; lamentablemente es una fracción”, dijo Denise González, coordinadora del estudio.
Investigadores universitarios trabajaron junto con grupos locales de derechos humanos en la realización del estudio que, aseguran, demuestra el “deterioro de la seguridad” en México. Criticaron a la Fiscalía General de la República y señalaron que el gobierno proporcionó estadísticas incongruentes sobre el número de fosas encontradas y de cuerpos recuperados.
Se mantiene la tendencia
Durante el último semestre la tendencia se mantuvo y según los datos presentados por el gobierno federal, Zacatecas fue el séptimo estado con más fosas localizadas con 10.
Veracruz encabeza la lista con 76 fosas, seguido por Sonora con 35 y Sinaloa con 23.
En base al número de cuerpos encontrados, Zacatecas es octavo nacional con 8.
Del 2018 a la fecha han sido recuperados 62 cuerpos en 42 inhumaciones, aseguró el fiscal Francisco Murillo.
Los municipios con mayor incidencia son Pinos, Loreto, Valparaíso y Río Grande.
El 90% de los cuerpos localizados corresponden a hombres y del restante 10% aún no ha podido determinarse el sexo por el alto grado de descomposición de los restos.
“Es un problema complejo la aparición de estas fosas clandestinas, el 2017 fue cuando se encontraron más fosas, en el 2018 también tuvimos una incidencia, y ahorita van a la baja”, aseguró el secretario de Seguridad Pública estatal Ismael Camberos Hernández quien habló sobre las fosas localizadas.
El calvario de la localización
Autoridades estatales coinciden en que uno de los mayores problemas en la localización de los cuerpos es poder descifrar los lugares en los que los grupos del crimen organizado entierran a sus víctimas.
“Los datos son muy relativos porque muy rara vez alguien da el pitazo (aviso) a las autoridades sobre los puntos en los cuales dejan los cuerpos, entonces si de cada 10 a lo mejor se localiza media o una de las fosas, el resto tardan años o quizá nunca las encontremos”, aseguró un investigador a Imagen.
Miles de familiares a lo largo del estado y el país piden a las autoridades el esclarecimiento del paradero de sus esposos, hijos o parientes, sin embargo en la mayoría de los casos los cuerpos enterrados en fosas jamás son descubiertos.
“Cuando logramos encontrar algún resto o que nos hacen el llamado anónimo y que se logra la identificación es una gran alegría, porque sabemos el peso de encima que le quitamos a los familiares, o el rezago que existe sobre las carpetas de desaparecidos, a estas alturas más que una tristeza es un respiro poder confirmar aún con el dolor que el destino final de la persona ya es claro”, agregó el elemento.
Los elementos serán divididos en ocho regiones operativas dentro de la entidad, siendo Mascota y Puerto Vallarta una de ellas
Enrique Pineda / Vallarta Opina
Puerto Vallarta. A partir del primero de julio se espera el arranque de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco, misma que estará compuesta por tres mil 600 efectivos de los cuales se estima que la mayoría llegue a la entidad a partir de este mismo mes.
De acuerdo con el gobierno federal, la asignación de elementos se hará con base en las regiones de operación de la Guardia Nacional en Jalisco, las cuales son ocho en total: Mascota y Puerto Vallarta, Ameca, La Barca, Lagos de Moreno y Tepatitlán, Colotlán, Zapopan y Tequila, Guadalajara, Zapotlán El Grande y Autlán de Navarro, Jocotepec, Tlajomulco y Tonalá.
En el caso de Mascota y Puerto Vallarta, el gobierno federal decidió que serán asignados un total de 450 efectivos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en esta región de la costa norte y sierra de Jalisco.
Durante una reciente visita del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a la ciudad de Guadalajara, el funcionario federal dijo que “se ratifica el compromiso del gobierno federal de asumir la seguridad pública del estado de Jalisco con carácter prioritario. No hay variación en la asignación de la Guardia Nacional al estado, se ratifica la asignación de tres mil 600 elementos para cubrir las distintas coordinaciones regionales en las que hemos dividido el estado”, expresó.
Entre estos elementos dijo, se incluye a los mil 400 elementos que ya se encuentran en nuestra Entidad conformando las Bases Operativas Institucionales (Bois), por lo cual, los dos mil 200 efectivos restantes llegarán a la entidad a partir del primero de julio.
OCHO REGIONES
Los tres mil 600 elementos serán divididos en ocho regiones operativas dentro de la entidad, asignando 450 militares a cada una, según informó por su parte Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.
Durazo añadió que luego de la reunión que sostuvo este lunes en Casa Jalisco con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se acordó que además se brindará apoyo a la Policía Metropolitana, misma que se conformará por siete mil 500 oficiales municipales y estatales y trabajará en coordinación directa con las autoridades militares, según confirmó Alfaro Ramírez.
El secretario también se comprometió a aumentar los recursos del Programa de Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad (Fortaseg), así como del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP para poder equipar al nuevo modelo metropolitano de seguridad.
Sin embargo, no dio una cifra sobre el incremento pues aseguró, antes deberá hacerse un análisis a finales de este año para llegar a un acuerdo antes de su publicación para el ejercicio fiscal del 2020. Actualmente Jalisco cuenta con un total de 189 millones 689 mil 153 pesos de recursos del Fortaseg y de 306 millones 410 mil 642 pesos del FASP.
Durazo señaló también que el País fue dividido en tres mil 600 regiones para la puesta en marcha de los programas de bienestar y seguridad, de las cuales, este 2019 solo se operarán 150 regiones, debido a limitaciones de elementos de la Guardia Nacional.
“El próximo año se desdoblan en 200 regiones, y en 2021 en 266. Al asumir 150 regiones no significa que las que están arriba de ese número no se atiendan, sino que estas 150 regiones son más amplias y el próximo año con 21 mil 170 nuevos elementos se reduce la proporción, al igual en 2021 con la graduación de nuevos 21 mil 170 elementos de la Guardia Nacional”, señaló.
Con ello, dijo, para 2021 Jalisco podrá contar con un total de siete mil 600 elementos de la Guardia Nacional.
A estas instalaciones se sumarían las de la zona de La Nopalera en Tlajomulco y el espacio que se pudiera asignar dentro de las instalaciones de la Quinta Región Militar ubicadas en el municipio de Zapopan
Víctor Ramírez / El Occidental
En Guadalajara se mantendrá la propuesta para que el Parque de la Solidaridad sea una de las sedes de los elementos de la Guardia Nacional y para lo cual ya se está en pláticas con el Gobierno del Estado para comenzar a construir el espacio para estos elementos, señaló el presidente municipal Ismael del Toro Castro.
“Está ya la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por iniciar ya los trabajos, se hizo todo el trámite administrativo” y se comprometió a presentar todo el proyecto en los próximos días y saber con exactitud la cantidad de metros que se les asignarían dentro de este espacio público y que de alguna manera serviría para reforzar la vigilancia en toda esa parte del oriente de la ciudad y que colinda con el municipio de Tonalá.
Aunque oficialmente inicia operaciones a partir del primero de julio, fecha en la que llegarían los mil 300 elementos del área metropolitana y mientras se termina de construir el espacio propuesto, en el auditorio se “hicieron adecuaciones para que estén ahí las llamadas BOIS (Bases Operativas Institucionales de Seguridad), puede servir momentáneamente para albergar a los elementos de la Guardia Nacional”.
A estas instalaciones se sumarían las de la zona de La Nopalera en Tlajomulco y el espacio que se pudiera asignar dentro de las instalaciones de la Quinta Región Militar ubicadas en el municipio de Zapopan, pero la intención es que en el Parque de la solidaridad se tenga la base de estos elementos y desde ahí se desplieguen las acciones de vigilancia.
Convocados por la “Red contra la desaparicion forzada”, aseguraron en su mayoría jóvenes solidarizarse con las familias de desaparecidos aglutinar la mayor cantidad de esfuerzos
Elsa Arenas / El Occcidental
Colectivos ciudadanos que claman la aparición con vida de sus familiares desaparecidos se dieron cita de manera pacífica en avenida Chapultepec este sábado. Alrededor de 70 personas y seis familias de desaparecidos se dieron cita para sensibilizar sobre la situación que se padece en todo el país sobre el tema.
“Agradezco a las personas que están aquí y al mismo tiempo me da pena, pena que seamos tan poquitos porque yo considero que justo cuando arropemos a todas las personas que les siguen desapareciendo a un ser querido, hasta entonces podrá esto cambiar, de otra manera no va a ser posible”, expresó la mamá de Xavier Hernández, desaparecido desde 2014.
Convocados por la “Red contra la desaparicion forzada”, aseguraron en su mayoría jóvenes solidarizarse con las familias de desaparecidos aglutinar la mayor cantidad de esfuerzos.
“Hasta que como sociedad entendamos que le falta una persona a una familia y todos vayamos a apoyar y todos arropemos a esa familia, no solamente en una manifestación, sino en un proceso”, agregó la señora Hernández.
Estuvieron presentes los familiares de Alejandro Trinidad Escobedo, desaparecido en 2013; de Alejandro Ulises de Alba, desaparecido en 2017; José Luis Ruvalcaba González; Sandra Nayeli Herrera, desaparecida en mayo 2019 junto a Karla Vázquez Covarrubias.
A las comunidades mayas y campesinas de la Península de Yucatán A los pueblos de México y del mundo
“(…) Ellos gozan, sin embargo, de todo lo que producen la tierra, el mar y el viento de estos lugares. Ahora nos toca entender, cómo y en qué tiempo debemos librarnos de este mal” CANEK, ERMILIO ABREU GÓMEZ
Oleadas de promesas de cambio fluyen en los caminos de nuestros pueblos, en nuestras asambleas y nuestras familias; historias que hablan de un futuro luminoso, de la llegada del desarrollo y los beneficios para nuestras comunidades con el Tren “Maya”. La tierra de los pueblos mayas en la Península de Yucatán está siendo, más que nunca, ofrecida y subastada al mejor postor, aquel quien engaña a nuestra gente, y viola y desmiembra nuestros territorios con el afán de crecer sus capitales. La agroindustria, el turismo masivo, los megaproyectos solares y eólicos, y los desarrollos inmobiliarios crecen de manera descomunal, recrudeciéndose el despojo y devorando insaciablemente la vida, nuestra vida. De esta manera, se conduce por manos ajenas el proyecto de “reordenamiento integral” de nuestra madre tierra, que busca cambiarle el rostro a la Península de Yucatán y a sus habitantes mayas, aún poseedores legítimos y legales de la tierra que nos fue reconocida gracias a la lucha de nuestros antepasados.
Ante estos hechos que se cruzan frente a nuestros ojos, es fundamental que valoremos lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos construido y hemos cuidado. Que valoremos y rescatemos aquello que nos sigue identificando como pueblo maya y que permite el florecimiento de nuestra cultura; eso que existe gracias a los saberes de las abuelas y los abuelos, a una lengua bondadosa y desafiante, y a la tenacidad y rebeldía de hombres y mujeres que han permitido el mantenimiento de una cultura en torno a la milpa maya, espacio generador y unificador de nuestro pensamiento y nuestra sabiduría, alimento y reproducción de la vida; referente universal de la convivencia con la tierra y fuente de la nutrición familiar.
Aún tenemos vastas extensiones de selva, cuna y nido del agua donde los animales beben y las semillas germinan, tributo al gran acuífero y a sus aguadas y cenotes. Aún tenemos nuestras abejas y nuestras mieles, néctar sagrado ofrecido a los mortales de todo el mundo. Tenemos nuestros saberes milenarios sobre las plantas que curan y las maderas para hacer nuestras casas.
Tenemos nuestros platillos culinarios para compartir la comida, la palabra y el trabajo. Tenemos nuestros rituales y ceremonias que pactan cada día nuestra vida con la madre tierra y nuestra convivencia con los animales de la selva. Tenemos formas propias de organizarnos, de comunicarnos, de cuidarnos y de pensarnos en colectivo. Tenemos un tejido social que sigue resistiendo el despojo y la embaída. Tenemos sitios sagrados que son marca indeleble de nuestro origen. Tenemos nuestra música y nuestros bailes, nuestros tejidos antiguos y una vestimenta digna.
Aún tenemos las formas de ver la vida que nos conectan con el sueño de florecer autónomos, ejerciendo nuestro derecho de libre determinación. Tenemos cientos de miles de niños y niñas mayas queriendo crecer en libertad y con justicia.
Y seguiremos teniendo todo esto. Si logramos beber de esa fuente llamada memoria, de estos lazos llamados identidad, nos reconoceremos como parte de esa fuerza ancestral. será más necesario que nunca fortalecer y mantener la lucha por la defensa de lo que es nuestro: nuestro territorio y nuestra cultura. Recordémoslo porque no estamos dispuestos a perderlos, no son monedas de cambio.
Queremos construir desde adentro para delinear formas que inviten a la vida, queremos vivir con la mirada y la voz en alto, erigiendo y construyendo relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, donde la salud, la alimentación y la educación estén íntimamente ligadas a la tierra y a la milpa. Queremos mejorar nuestras formas de vida y convivencia como pueblo, fortaleciendo valores que destaquen y engrandezcan nuestros conocimientos y saberes, y confiando en nuestra propia capacidad de diálogo y consenso, queremos definir el rumbo de nuestra vida y el sentido de hacia donde caminar.
Queremos seguir produciendo la milpa maya y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de los monocultivos que envenenan nuestra tierra.
Queremos generar y distribuir nuestra propia energía eléctrica y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de los megaproyectos privados de energías que nos despojan de nuestro territorio.
Queremos criar nuestros propios animales y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de las mega-granjas de cerdos que contaminan nuestra agua.
Queremos mantener y enriquecer nuestra cultura y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN del proyecto colonizador de un tren que nos desplaza y nos aplasta.
Queremos fortalecer la convivencia y la amistad con todos los pueblos del mundo, y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN del modelo de turismo depredador que banaliza y mercantiliza nuestra dignidad indígena.
Queremos seguridad para nuestros pueblos y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de las fuerzas oficiales del Estado y otras fuerzas delictivas en nuestros territorios.
Queremos conservar la unidad hacia el interior de las comunidades, ejercer plenamente nuestra autonomía y libre determinación, y EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN de la intervención externa que divide y lastima el tejido comunitario.
La tierra es comunitaria, ni la vendemos ni la rentamos
No a la división que generan en nuestros pueblos los partidos políticos y las religiones
Sí a la cultura y a la lengua maya
Sí a la defensa de nuestro derecho a la libre determinación
Atentamente,
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal
Centro Comunitario U kúuchil k ch’i’ibalo’on, municipio Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, municipio Hopelchén, Campeche
Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, municipio Bacalar, Q. Roo
Colectivo K-luumil x’ko’olelo’ob, municipio Bacalar, Q. Roo
Concejo Indigena U yóol lu’um, municipio José Ma. Morelos, Q. Roo
Ejido Dziuche, municipio José Ma. Morelos, Q. Roo
U Lool Che Sociedad Cooperativa, municipio José Ma. Morelos, Q. Roo
USAEC Apicultores Sociedad Cooperativa, municipio Calakmul, Campeche
U Yich Lu’um, municipio Sanahcat, Yucatán
En respaldo a este pronunciamiento, se adhieren:
Articulación Yucatán
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
Galeón Pirata Centro Cultural Independiente
Red de Resistencia y Rebeldía Jo’
Sergio Prieto Díaz, migratólogo
El 20 de junio, Feministas de Oaxaca reinstalaron las lonas en espectaculares que exigían justicia respecto al feminicidio de la fotoperiodista Maria del Sol Cruz Jarquín.
La madre de María del Sol, Soledad Jarquín Edgar, logró con el apoyo de diferentes organizaciones que pusieran tres espectaculares que informaran sobre el movimiento #JusticiaParaSol, que busca la clarificación del asesinato de su hija.
María del Sol perdió la vida mientras trabajaba para la candidata a segunda concejala Pamela Terán, quien también perdería la vida, además el primo de la política y su chofer, Adelfo Guerra.
Desde hace poco más de un año, Soledad ha exigido que se investigue como se debe el caso de su hija y que se ponga al descubierto a los perpetradores del delito.
Ante el supuesto hermetismo de las autoridades en el feminicidio de María del Sol, la reacción activista fue evidenciar gráficamente a los presuntos implicados y obstructores de la justicia; por ello que levantaran tres espectaculares protagonizados por el amplio rostro de la víctima y el hashtag #JusticiaParaSol.
En complemento, aparece un amplio subtítulo debajo de María del Sol: La red de complicidades, que da presentación a cinco rostros de figuras políticas bien reconocibles en el estado: Alejandro Murat Hinojosa, Rubén Vasconcelos Mendez, Araceli Pineda, y los hermanos Hegeo y Francisco Montero.
Días después de que la publicidad fue alzada, dos de las tres lonas fueron mutiladas y removidas.
La que fue cortada, perdió primero los dos rostros del Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, y el gobernador del estado, Alejandro Murat; horas después, perdería el rostro de todas las figuras públicas que ahí se exhibían.
Ahora, después de una pronunciación hecha por activistas y la madre de María del Sol, se han vuelvo a instalar las imágenes gracias al trabajo de organizaciones feministas que soportan el movimiento de Soledad Jarquín.
De acuerdo al informe de la Universidad Iberoamericana, Durango es la segunda entidad con más cuerpos exhumados, con 324. Foto: Cuartoscuro
David Vicenteño/Excélsior
En los últimos dos años, la entidad gobernada por José Rosas Aispuro, no ha actualizado las cifras de casos detectados por organizaciones de búsqueda de personas o por sus autoridades locales
CIUDAD DE MÉXICO.
En el periodo del año 2000 a 2015, el estado de Durango registró 21 casos de fosas clandestinas, con 280 víctimas, de las cuales sólo una fue identificada, de acuerdo con los resultados del estudio Violencia y Terror, Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017.
La investigación fue realizada por la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C. (CDPDH), de la Universidad Iberoamericana, y la organización Artículo 19.
En el texto se especifica que los resultados se obtuvieron a través de solicitudes de información pública, turnadas a la, ahora, Fiscalía General de la República (FGR), antes Procuraduría, en diferentes periodos.
En los últimos dos años, la entidad gobernada por el panista José Rosas Aispuro, no ha actualizado las cifras de casos detectados por organizaciones de búsqueda de personas o por sus autoridades locales.
De acuerdo con las cifras del estudio, aunque Durango no es la entidad con más fosas clandestinas encontradas en ese periodo, es la segunda entidad con más cuerpos exhumados en el periodo de 2009 a 2016.
El informe Violencia y Terror de la Ibero y Artículo 19 establece que en Guerrero se exhumaron 424 cuerpos humanos, seguido de Durango con 324, y en tercer lugar se ubicó Tamaulipas con 173 cuerpos.
Durango permanece como la segunda entidad con la mayor cantidad de cuerpos exhumados, a pesar de que no se tuvieron registros de prensa para este estado después de 2012”, se explica en el informe.
La investigación de la Ibero y Artículo 19 indica que a partir de las investigaciones de la FGR para los casos de fosas clandestinas y desapariciones forzadas, los presuntos responsables detenidos fueron procesados por otros delitos.
Los sospechosos fueron llevados a procesos, principalmente, con cargos por delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud, homicidio, secuestro y hasta el final por inhumación de cadáver.
Los extranjeros indocumentados que llegan a la frontera por Ciudad Juárez son perseguidos en el bordo del río Bravo por militares en la Guardia Nacional, quienes los detienen y entregan a oficiales de Migración para evitar su paso a territorio estadunidense.
Texto y Fotos: Rey R. Jauregui / LA VERDAD/ POR EL CAMINO/ PIE DE PÁGINA
Ciudad Juárez. – Las lágrimas de Mariet Jimena Moran se desbordan al darse cuenta de que su madre, Miurel Moran, no logró cruzar el río Bravo junto a ella para llegar a Estados Unidos.
Ambas corrieron para evadir la persecución de militares incorporados a la Guardia Nacional que vigilan el bordo fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, para frenar el paso de migrantes a territorio estadunidense.
La niña de 9 años, originaria de Nicaragua, llegó hasta el otro lado del río. Consiguió desafiar ‘muro humano’ que activó en la zona el gobierno mexicano, su mamá no. La mujer fue alcanzada por elementos de la Guardia Nacional, quienes la detuvieron y le impidieron cruzar al otro lado del límite fronterizo mexicano.
Al ver que su madre permanecía del lado mexicano, detenida por dos militares de la Guardia Nacional, que la mantienen tomada de sus brazos, la niña soltó el llanto y cruzó de regreso.
De nuevo junto a su mamá, la infante la tomó de su mano sin dejar de llorar. Madre e hija quedaron detenidas y fueron entregadas a oficiales del Instituto Nacional de Migración.
Esta es una secuencia en imágenes del drama que madre e hija vivieron la tarde de este viernes en la frontera por Ciudad Juárez:
La madre migrante es detenida.
Entre militares de la Guardia Nacional madre e hija corren junto a otros migrantes para llegar a territorio estadounidense.
La niña corre hacia territorio estadounidense por un tramo del río Bravo.
La mamá de la niña y otra mujer son alcanzadas por elementos armados de la Guardia Nacional. La mamá de la niña y otra mujer son alcanzadas por elementos armados de la Guardia Nacional. La menor corre y evade la detención.
Con ellas también quedó detenida Milda Jiménez Aguilar. Su esposo y sus dos hijas si lograron cruzar a Estados Unidos, junto a un grupo de migrantes que desafío la vigilancia mexicana.
De manera oficial, la delegación del Instituto Nacional de Migración no ha proporcionado información sobre el operativo implementado con militares en el bordo fronterizo en esta ciudad, colindante con El Paso, Texas.
Elementos que participan en las acciones aseguran que éstas son encabezadas por autoridades migratorias.
El trabajador de Expreso de Ciudad Victoria, falleció este sábado luego del ataque armado en su contra ocurrido el pasado martes
El jefe de talleres del periódico Expreso de Ciudad Victoria, Juan Escamilla Bautista, falleció este sábado luego del ataque armado en su contra ocurrido el pasado martes, de acuerdo con versiones de medios de comunicación locales.
Escamilla Bautista tuvo una serie de complicaciones por los cinco impactos de grueso calibre que recibió y hoy los médicos del Hospital General lo declararon muerto.
En entrevista realizada con Notimex, el director del rotativo, Pedro Alfonso García, señaló el pasado miércoles que la agresión contra el trabajador sucedió afuera de su taller mecánico.
Indicó que le dispararon con un arma de grueso calibre, el impacto que recibió en el pecho provocó una hemorragia que fue difícil de controlar durante la cirugía que le realizaron en el Hospital General de esa ciudad, por lo que el pronóstico era reservado.
El periódico Expreso de Ciudad Victoria ha sido blanco de la delincuencia organizada, como la instalación de un artefacto explosivo que provocó daños en el inmueble en el mes de marzo de 2012. Posteriormente, en diciembre del año pasado, dejaron una cabeza humana dentro de una hielera frente al rotativo.
El director explicó que en el caso del jefe de talleres se abrió una carpeta de investigación, y ya se encuentra desplegado el mecanismo de protección, hay vigilancia para él y su familia, ante el riesgo de que la acción contra el trabajador se repita.
Pedro Alfonso García explicó que la situación de riesgo para los medios de comunicación y periodistas se agudizó a partir del año 2011, y el pico de eventos fue al alza hasta 2015, 2016, que incluyen llamadas amenazantes.
Un estudio revela inconsistencias en los datos oficiales en torno a la recuperación de restos y búsqueda de fosas clandestinas del país. “Se nos acaba el tiempo”, dicen los familiares de desaparecidos
Lety Hidalgo, mamá de Roy Rivera, universitario desaparecido en Nuevo Leon, recuerda las palabras exactas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo pasado el 24 de marzo: “Es el compromiso, que no falten recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero”.
Se refería a los esfuerzos de su administración para atender la emergencia nacional de los desaparecidos en el país, sin embargo, explica Lety, la respuesta persistente de los funcionarios en esta primera mitad del año es que no hay presupuesto para buscar a su hijo.
María Herrera, madre de cuatro jóvenes desaparecidos, concuerda. “Estos meses han sido difíciles, ya son varios los funcionarios y peritos que han renunciado y nos dicen que es porque no tienen nada con qué trabajar”.
Ambas mujeres asistieron a la presentación del informe Violencia y terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, una investigación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que cruza los datos de hallazgos de fosas clandestinas reportadas por la prensa con los datos oficiales de las fiscalías locales de todos los estados entre los años 2006 y 2017.
El resultado es una cifra de por lo menos mil 606 fosas clandestinas en los últimos 12 años, de las cuales se han recuperados 2 mil 229 cuerpos y casi 100 mil restos humanos. El otro resultado es que se evidencia el descontrol en el registro de las autoridades sobre las fosas clandestinas y el número de víctimas e identificaciones que se han hecho hasta la fecha.
Jorge Ruiz Reyes, uno de los investigadores, explicó que la Fiscalía General de la República, antes PGR, ha sido inconsistente en la información que ha entregado a por lo menos cinco peticionarios que solicitaron datos sobre fosas.
En la presentación del informe, al que asistieron Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, los investigadores Jorge Ruiz Reyes, Denise González y Lucía G. Chávez, además de Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, y Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las entidades con mayor índice de fosas clandestinas reportadas por las autoridades son Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco, que concentran casi la mitad de los hallazgos. Sin embargo, la magnitud real del problema es todavía indeterminable derivado de la inconsistencia en los registros y para este ejercicio 11 entidades no respondieron a las solicitudes de información.
Una de las innovaciones más importantes del informe es la inclusión de un capítulo sobre acceso a la información que califican como insuficiente. Ana Cristina Ruelas, representante de Artículo 19, dijo que “la información a cuentagotas y la falta de registros insuficientes, son elementos que impiden crear un diagnóstico preciso de la situación”.
El representante en México del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, declaró que es urgente contar con información “accesible, fiable y homologada que permita generar políticas públicas enfocadas al cambio y a la materialización de resultados”.
Reconoció también la voluntad de la administración de Andrés Manuel López Obrador para aceptar la existencia de una crisis de Derechos Humanos en el país.
“El gobierno anterior mantuvo una narrativa de que no hay desaparecidos, son personas no localizadas, una tendencia de ocultar”, dijo Jarab.
“Es un paso fundamental para tomar medidas desde el gobiernos”, dijo Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda desde hace cuatro meses, la única representante del gobierno federal que asistió a la presentación del Informe y recordó que a 10 años de que iniciara la crisis de violencia en el país, quienes han hecho el trabajo de localizar y contabilizar los sitios de inhumaciones clandestinas han sido las familias y dijo que “el gobierno tienen que comprometerse a sumarse y dar toda la institucionalidad al tema”.
Aunque el nombramiento de la doctora Osuna al frente a la Comisión de Búsqueda fue bien recibida por los familiares, Lety Hidalgo, María Herrera y otras madres de jóvenes desaparecidos consideran que no se ha visto cambios significativos en la nueva administración y que sigue habiendo demasiadas trabas.
En un intercambio tenso entre la comisionada Quintana y Lety Hidalgo, donde la última exigió que se cumpliera la promesa de López Obrador de no poner un límite en los recursos para las búsquedas, Quintana reconoció que por el momento no existe la infraestructura y el personal suficiente para cubrir todas las necesidades que exige la búsqueda.
“Hicimos un diagnóstico nacional forense de los 250 anfiteatros del país y el resultado es que hay una carencia enorme de antropólogos forenses y arqueólogos forenses y ellos son los que están mayormente capacitados para hacer los hallazgos”, explicó.
Informó que se está creando un plan a mediano y largo plazo para subsanar las deficiencias.
“No va a existir un techo financiero, eso dijo el presidente pero no lo estamos viendo, y a nosotros ya se nos está acabando el tiempo”, dijo Lety Hidalgo al final de la conferencia, antes de acercarse a María Herrera y a otras madres para darse un abrazo.
Lo anterior fue revelado por un estudio que fue presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19,
presentaron un estudio que revela, que antes de que los colectivos de búsqueda encontraran
Patrocinio y Estación Claudio –unas de las fosas más grandes en México-, Coahuila ya figuraba
como una de las entidades con mayor hallazgo de fosas clandestinas.
Lo anterior fue revelado por un estudio que fue presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19.
A pesar de que la investigación está sustentada en datos hemerográficos y cifras de gobiernos
estatales y federales entre 2006 y 2017, para los casos municipales, únicamente se tomaron datos
de registros de 2009 a 2014.
En la información que detallaron en ese marco temporal y de transición entre los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la CMDPDH y Artículo 19, encontraron que Coahuila ya
había pronunciado el hallazgo de 45 fosas clandestinas, siendo el cuarto lugar con mayor número
de hallazgos de este tipo después de Jalisco donde fueron identificadas 53; en Guerrero 59; en
Chihuahua 47 y en Tamaulipas 40.
En el mismo informe, se detalla que en la misma temporalidad, la entidad fue quien reportó un
mayor número de hallazgo de restos óseos en todo el país, por un total de mil 828 restos que
pueden corresponder a personas desaparecidas, mientras que en Zacatecas se presentó un
hallazgo de dos mil restos.
En ese sentido, se detalló que el 82 por ciento de los restos fueron encontrados entre los
municipios de Guerrero y Piedras Negras, mientras que el 17 por ciento restantes, fueron
encontrados el 2009 en el municipio de Arteaga.
Tiempo después la situación ha persistido a lo largo del tiempo, pues desde el 2015 que se formó
el colectivo de familiares de personas desaparecidas Grupo Vida en la Laguna, la Fiscalía General
del Estado ha reportado el hallazgo en total de 87 fosas clandestinas, de las cuales más de 22,
entre ellas Patrocinio –donde hoy se sigue recuperando restos-, según lo informado hasta junio del
2018 fueron encontradas por el colectivo.
Los últimos hallazgos que informó Grupo Vida, quienes ya han recuperado para su análisis más de
100 mil restos óseos humanos, fueron en Matamoros en enero de este año de donde extrajeron
más de ocho kilogramos de restos óseos, levantando como reiteradamente la exigencia de los
laboratorios genéticos para el debido reconocimiento de los mismos.
La situación no para, pues por otro lado, en su último informe el Subsecretario de Derechos
Humanos del Gobierno Federal, detalló que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de
este año, Coahuila tuvo el hallazgo de 10 fosas clandestinas que han sido catalogadas como
“campos de exterminio”, pues el hallazgo de 33 kilogramos, al igual que como lo han registrado de
los colectivos en sus búsquedas, son de restos en estado de calcinación.
Son 183 docentes en Jalisco con antiguedad de hasta 20 años que fueron cesados; 72 de educación básica y 111 de educación media-superior
Rosario Bareño / El Occidental
Exigen maestros la reinstalación de sus plazas tras ser cesados en marzo del 2016 por no aceptar ser evaluados como obligaba la anterior reforma educativa.
Son 183 docentes. Con la Reforma Educativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue avalada por el Congreso del Estado, piden su reinstalación. El maestro Florentino Moreno Beltrán del Consejo directivo estatal del Movimiento Magisterial Jalisciense que a su vez integran el Movimiento Magisterio Nacional declaró: “Pedimos que se les restituyan sus derechos como docentes frente a grupo.
En los mismos términos en que nos veníamos desempeñando,conforme a la categoría, adscripciones y prestaciones que tuvimos hasta antes de nuestra separación, con las mejoras legales, sociales y contractuales, así como de los salarios que se dejaron de percibir ,desde la fecha de la separación y hasta que ae materialice la restitución integral de nuestros derechos, como docentes que fuimos afectados en nuestra permanencia por la citada ley”.
Son 183 docentes en Jalisco con antigüedad de hasta 20 años que fueron cesados; 72 de educación básica y 111 de educación media-superior.
“Fueron varios motivos, fue una situación de resistencia contra la reforma educativa de Peña Nieto, no nos presentamos a las evaluaciones porque las convocatorias fueron ilegales”, añadió. Se dió un proceso irregular. Moreno Beltrán dijo, “nos señalaron que llamarían a maestros entre seis y 20 años y convocaron a quienes tenían más de 20 años y que serían quienes daban clases en poblaciones mayores de más de 100 mil personas y en lugar de ello convocaron de rancherías y pueblos pequeños”.
Acapulco, Guerrero, (ElSur). La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 alertó que el director de El Sur, Juan Angulo, y el del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, fueron víctimas de una campaña de desprestigio, y exigió que cese cualquier acto de intimidación y hostigamiento.
En una alerta difundida este viernes, señaló que las autoridades de Guerrero deslegitiman la labor del periódico y de Tlachinollan, y que los directores fueron víctimas de una campaña de desprestigio del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec en medios impresos y digitales en la que se afirma que han sido beneficiados con la generación de la violencia en esta zona de Acapulco.
“El periódico El Sur es uno de los medios que primordialmente ha cubierto el conflicto de las comunidades opositoras a La Parota, desde una postura crítica frente al silencio gubernamental y retomando el testimonio de las personas defensoras de derechos humanos, por lo que la acción de deslegitimar el trabajo realizado por el medio pone en peligro la labor que éste realiza”, apuntó.
Artículo 19 recordó que los hechos se dan luego de que el gobierno federal y estatal buscaron imponer la presa hidroeléctrica, y que de acuerdo con Tlachinollan en dicho proceso se violentaron los derechos de los comuneros y que estos órdenes de gobierno fueron quienes generaron la violencia en asambleas agrarias, lo que dividió a la comunidad y rompió el tejido social.
Agregó que la situación se agudizó en 2013 cuando se liberaron órdenes de aprehensión contra 60 integrantes del Cecop, que el vocero de la organización, Marco Antonio Suástegui Muñoz fue encarcelado y liberado tras demostrar que el expediente había sido fabricado, y puntualizó que los comuneros han tenido el acompañamiento legal de Tlachinollan.
Recordó que en 2015 se dio el primer enfrentamiento armado entre pobladores de La Concepción y el 7 de enero de 2018 cinco campesinos del Cecop fueron asesinados, “sin que hasta el momento se haya garantizado el derecho a la justicia, verdad y memoria a sus familiares”.
Señaló que de acuerdo con los testimonios de Tlachinollan dicha violencia ha incrementado “sin que el gobierno federal y estatal busquen caminos para pacificar y por el contrario, abren procesos de criminalización y apuestan a una lógica de militarización de las comunidades.”
Artículo 19 añadió que se suma al llamado de Tlachinollan para que el gobierno y la Fiscalía estatal garanticen el estado de derecho, el acceso a la justicia, que respeten a los comuneros en su decisión contra la presa y construyan la paz con justicia y dignidad.
“Además de garantizar la generación de un ambiente propicio y seguro para ejercer el derecho la libertad de expresión de las y los integrantes del periódico El Sur”, afirmó.
La migrante denunció que fue violada luego de que elementos de la Policía Federal la entregaron a un grupo criminal. Imagen ilustrativa: Cuartoscuro
Parker Asmann/ SIN EMBARGO INSIGHY CRIME
El secuestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada. El dueño de la casa donde la mujer se hospedaba intentó detener a sus agresores. Estos lo golpearon y secuestraron, al igual que a su madre, quien también salió a ver lo que estaba sucediendo, y se los llevaron junto con la mujer hondureña, como informó El Diario de Juárez.
Ciudad de México, 21 de junio (InSight Crime).- El reciente secuestro y violación de una migrante de Honduras deportada de Estados Unidos a México llama la atención sobre los graves peligros a los que se ven expuestas las personas migrantes a manos de las fuerzas de seguridad corruptas y los grupos del crimen organizado.
Una migrante hondureña fue secuestrada y violada después de que agentes de la policía federal de la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez la detuvieran y la entregaran a un grupo de criminales en la madrugada del 10 de junio, informó El Diario de Juárez.
Después de su primera audiencia de inmigración en Estados Unidos, las autoridades deportaron a la mujer a México para que esperara allí sus audiencias de asilo en Estados Unidos. Esta polémica medida —implementada por la administración del Presidente Donald Trump, conocida como el programa “Permanecer en México”— permite que las personas solicitantes de asilo sean enviadas a México mientras esperan a que las cortes estadounidenses de inmigración resuelvan sus casos.
El secuestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada. El dueño de la casa donde la mujer se hospedaba intentó detener a sus agresores. Estos lo golpearon y secuestraron, al igual que a su madre, quien también salió a ver lo que estaba sucediendo, y se los llevaron junto con la mujer hondureña, como informó El Diario de Juárez.
Los elementos del Policía Federal los condujo a una casa, donde fueron entregados a un grupo criminal no identificado, narraron.
Los delincuentes exigieron 6 mil dólares por la liberación de la mujer hondureña, pero finalmente la liberaron, después de recibir cinco mil de la madre de la víctima, quien vive en Estados Unidos. El casero y su madre fueron puestos en libertad después de pagar 27 mil pesos mexicanos (cerca de mil 400 dólares), aunque el grupo había exigido inicialmente diez mil dólares, según informó El Diario de Juárez.
La unidad antiextorsión de la Fiscalía General de Chihuahua recibió a las víctimas el 14 de junio, cuatro días después de su secuestro.
La mujer les dijo a los fiscales de la entidad que uno de sus atacantes apuntó una pistola a su cabeza y la violó.
“Me preguntó que si sabía lo que era ese sonido. Dije ‘sí’, y me dijo que tenía que hacer todo lo que ellos me pidieran. Me desnudó, me penetró y luego se fue”, dijo.
ANÁLISIS INSIGHT CRIME
Este nuevo acto violento de secuestro, extorsión y asalto en la frontera entre México y Estados Unidos es una prueba más de que México es un lugar peligroso para los migrantes vulnerables mientras esperan una decisión por parte del sistema de inmigración estadounidense, que se encuentra sobrecargado, retrasado y avanza a paso de tortuga.
México registró su año más violento en 2017. Pero la tasa de homicidios ha seguido creciendo, de modo que volvió a alcanzar niveles sin precedentes en 2018. Y al parecer el país volverá a marcar otro récord de asesinatos este año.
Aún más, los funcionarios de migración mexicanos se han visto implicados en extorsiones a migrantes que esperan en México una oportunidad de hacer solicitudes de asilo en Estados Unidos.
México registró su año más violento en 2017. Pero la tasa de homicidios ha seguido creciendo, de modo que volvió a alcanzar niveles sin precedentes en 2018. Y al parecer el país volverá a marcar otro récord de asesinatos este año.
Aún más, los funcionarios de migración mexicanos se han visto implicados en extorsiones a migrantes que esperan en México una oportunidad de hacer solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Para empeorar las cosas, el reciente secuestro y violación confirman una vez más los temores acerca de las relaciones entre fuerzas estatales de seguridad corruptas y los grupos del crimen organizado. Las unidades de policía mexicanas han estado regularmente al servicio de los grupos criminales del país.
Sin embargo, México no es el único país donde los solicitantes de asilo deportados corren el riesgo de ser atacados. Una investigación del New Yorker reveló que unos 60 solicitantes de asilo han muerto después de ser deportados a sus países de origen en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). En estos casos, los migrantes suelen ser asesinados por las mismas personas de las que huían.
A principios de este año, por ejemplo, un migrante hondureño deportado fue asesinado a bala una semana después de regresar a su barrio controlado por las pandillas de Honduras. En El Salvador, una mujer transgénero que buscaba asilo en Estados Unidos para huir de las amenazas de muerte de la pandilla Barrio 18 fue asesinada poco después de ser deportada.
A pesar del lanzamiento conjunto entre los Gobiernos de México y Centroamérica de un ‘Plan de Desarrollo para la Migración’, no se hizo mención a las miles de personas que han solicitado refugio en México y que esperan plazos excesivos de parte de un sistema colapsado. Sputnik viajó a la frontera sur mexicana y trae las voces de los protagonistas.
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el recientemente electo de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron conjuntamente un acuerdo de cooperación como parte del lanzamiento del plan para Centroamérica, iniciativa con la que el Gobierno mexicano pretende disminuir la cantidad de personas que están nutren el flujo migrante al norte.
El convenio implica el envío de 30 millones de dólares al ‘pulgarcito’ de Centroamérica para que replique el plan ‘Sembrando vida’. Este programa tiene como objetivo la plantación de árboles frutales y maderables en 50.000 hectáreas de El Salvador, como una manera de “contener” su aporte a la cifras de migrantes que llegan a la frontera norte de México, con las que Donald Trump viene alimentando su retórica y amenazando a su vecino latinoamericano.
Sin embargo, los refugiados o solicitantes de asilo en México no son contemplados por el programa estrella “de desarrollo” del sureste mexicano y Centroamérica.
Además de soportar plazos demasiado extensos sin recibir información clara acerca de su proceso, los refugiados sólo reciben en México un apoyo económico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante tres meses, por lo que dependen de los albergues de la sociedad civil para evitar dormir en las calles y plazas mexicanas.
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Un sistema colapsado
En marzo, la revista Proceso publicó que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) tenía 33.650 solicitudes de asilo pendientes de resolución, mientras que las de 2019 no superaban aún los 13.000. Pero según datos publicados por Pie de página, entre enero y mayo de 2019, la Comar recibió 24.424 nuevas solicitudes, a razón de unas 160 por día.
México, como muchos otros países del mundo —EEUU incluido— han asumido la obligación internacional de atender las solicitudes de asilo, refugio o protección complementaria (otorgada generalmente a los niños) de las personas que llegan a su territorio temiendo por su vida en su país de origen. Debido a ese miedo, pueden solicitar protección a viva voz ante cualquier autoridad migratoria.
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A pesar del aumento en estas cifras, el presupuesto de la Comar ha sido disminuido paulatinamente, hasta alcanzar los 20 millones de pesos mexicanos —poco más de un millón de dólares al cambio actual— para 2019.
Hay sólo tres oficinas y delegaciones de la Comar en todo el país para atender esta situación, que no ha sido contemplada en los nuevos planes del Gobierno mexicano, presionado por el de EEUU para reducir la cantidad de gente que llega a su territorio y para que eventualmente, los absorba a todos a través de un mecanismo llamado ‘tercer país seguro’. Esta condición convertiría a México en el tapón del movimiento migrante del continente.
Esperas desesperantes
En una pequeña plaza pública de la colonia Pakal-na, en Palenque (Chiapas), esperan unas 100 personas, aprovechando la sombra de los árboles o el momento de distracción que brindan los juegos y aparatos para ejercitarse. Aunque oficialmente la Comar debe dar una respuesta en un máximo de 90 días, rara vez logra cumplir ese plazo.
“Es un proceso demasiado lento”, contó a Sputnik una mujer hondureña, solicitante de asilo en México, junto a su hijo pequeño.
Con más de tres semanas en espera en la resolución de solicitud de refugio en México, migrantes centroamericanos permanecen en la calle durante el día internacional de las personas refugiadas
Luego del registro de la solicitud y frente a las demoras de la Comar, la persona interesada en conseguir asilo debe firmar semanalmente en la misma oficina en dónde inició el trámite. Como están en un limbo, estas personas tampoco tienen posibilidad de trabajar para sostenerse en México.
“Nos pagan 100 pesos [5 dólares] por día en la construcción sin papeles”, explicó a Sputnik un hondureño de 36 años.
El migrante explicó que, por no tener documentos, reciben un pago de hambre, ya que no se llega a cubrir ni siquiera los 200 pesos (10 dólares) para acceder a una pequeña habitación donde pasar la noche.
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“Con 100 pesos y dos niñas, ¿qué hago?”, replicó.
Varios de las personas que conversaron con Sputnik expresaron su voluntad de trasladar su trámite al norte de México, donde tienen contactos u ofertas de trabajo. Sin embargo, la autoridad no se los permite.
Contrario a la imagen ampliamente difundida de la migración centroamericana “sin registro alguno”, buena parte de los presentes tenían documentos de su trámite iniciado ante la Comar o ante el Instituto Nacional de Migración, que les ofrece una visa de trabajo recortada, que sólo les permite quedarse en los estados del sur y sureste mexicano.
Entre las personas que conversaron con Sputnik, había una amplia variedad de plazos de espera medidos en firmas, que se rubrican una vez por semana en las oficinas oficiales. Mientras algunas familias llevaban ya cuatro semanas de espera, había al menos otros dos jóvenes solicitantes de refugio en México que llevaban ya 28 firmas esperando la resolución de su solicitud.
“Cuando pregunté en la oficina, la funcionaria me dijo: ‘podés llevar 200 firmas y a nosotros qué’. Lo que pedimos es que se agilice el trámite y que no nos miren como bichos cuando vamos”, explicó el joven a Sputnik.
En ese plazo, no reciben ningún apoyo oficial, ni económico ni de estancia, por lo que deben resolver por sí mismos dónde vivir y qué comer en un país ajeno, en el que no tienen documentos para trabajar legalmente.
“Ayer descargué 1.000 bolsas de un camión y me pagaron 70 pesos [3,67 dólares], por todo el día”, agregó el joven.
Sólo ACNUR les brinda una tarjeta prepaga con un apoyo financiero de unos 3.000 pesos mexicanos (unos 150 dólares) al mes durante el plazo legal establecido para obtener respuesta a su pedido de refugio en México: tres meses. Sin embargo, la espera es mucho más larga y nadie tiene asegurado qué va a hacer una vez que este dinero se termine.
Fueron expuestas situaciones de hacinamiento y mínimos servicios en los que habitaban jornaleros agrícolas en el rancho Constitución, en Baja California.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- La directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Aída Ruiz García, alertó a los jornaleros agrícolas de la región Mixteca para que no se dejen engañar por empresas fraudulentas que ofrecen empleo en la frontera del país con buenos salarios y prestaciones económicas, sin embargo a la hora de laboral las condiciones son otras.
Ruiz García indicó que luego de que la denuncia se hicieras pública el IOAM no puede intervenir, ya que la que realiza las contrataciones de las empresas y difunde los empleos es el Servicio Estatal del Empleo (SEE) dependiente de la Secretaria de Economía (SE) por lo que es a esta instancia a quien le toca ver las condiciones en las que se encuentran los jornaleros agrícolas oaxaqueños.
Cabe referir que un grupo de jornaleros originarios de Oaxaca denunciaron públicamente que trabajaban en condiciones de esclavitud en el rancho Constitución en Baja California, por lo que pidieron la intervención del gobierno del estado, sin embargo hasta este momento no se sabe si existe alguna denuncia penal por las condiciones en la que trabajan.
Al ser la Mixteca una de las regiones que envía mano de obra a los estados del norte del país, la titular del IOAM pidió a quienes siempre asisten a trabajar a estas entidades se acerquen al Servicio Estatal del Empleo y verifiquen que las empresas que los contratan estén dadas de altas y que cumplan con todo lo que ofrecen.
Responsabilidad del SEE
En caso contrario seguirán sucediendo situaciones adversas para los jornaleros como la explotación laboral, mismas que recientemente fueron expuestas por redes sociales.
“Yo les aconsejo a todas las personas que se quieran ir a trabajar al interior de la República Mexicana como jornaleros agrícolas que acudan al Servicio Estatal del Empleo que se ubica en Ciudad Administrativa en Oaxaca o su sede regional en Tlaxiaco o Huajuapan para que sea la dependencia quien tome cartas en el asunto” explicó la titular del IOAM .
Dijo que desafortunadamente hay muy poco por hacer porque actualmente no hay algún programa federal que pueda otorgar recursos para la ayuda de los paisanos.
Por la demanda de los jornaleros indicaron que son al menos 45 jornaleros de Oaxaca los que trabajan en condiciones de esclavitud y varios de estos podrían ser de la región de la Mixteca, por lo que se espera que el SSE pueda intervenir en apoyo de los jornaleros.
Los jornaleros viven en condiciones de hacinamiento en Baja California donde fueron contratados para trabajar
Jessica Ruiz/Diario de Yucatán
La ruta del Tren Maya a su paso por la Reserva de la Biósfera de Calakmul ocasionaría un colapso ecológico en la Península de Yucatán, el cual sería irreversible e implicaría una extinción masiva de especies.
Esta es la principal preocupación de científicos yucatecos, de acuerdo con una publicación del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CYCY).
El texto, difundido ayer, define un colapso ecológico “como una situación donde el ecosistema sufre una serie de cambios irreversibles que afectan a gran parte de sus organismos y resulta en una extinción masiva”.
Biólogos preocupados por el tren
En la revista “Desde el Herbario“, Casandra Reyes García, Celene Espadas Manrique, Manuel Tamayo Chin, del CICY; y Alejandra García Quintanilla, de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady , detallan sus motivos en el texto titulado “El tren maya ¿Por qué están tan preocupados los biólogos?”.
El escrito destaca los beneficios de la selva, “la cual se convierte en los pulmones del planeta”. La densa vegetación absorbe el dióxido de carbono y libera el oxígeno que respiramos. ” Esto hace que, en las horas de más calor, la diferencia de temperatura bajo un árbol y a pleno sol pueda llegar a ser de 10°C”. Otro de los grandes servicios es el de proveer agua.
“Teniendo en cuenta la importancia de los servicios ambientales, es preocupante el efecto que puede tener la construcción de la ruta que recorre las estaciones de Tulum-Carrillo Puerto-Bacalar y BacalarCalakmul-Escárcega, denominadas Caribe I y Selva 2 respectivamente”, cita el texto.
Estas rutas atraviesan porciones de la península de Yucatándonde se encuentran dos de las áreas naturales protegidas más importantes de México: la Reserva de la Biósfera de Calakmul, que por su extensión de selva continua constituye la segunda reserva de selva más importante de América tropical, sólo después de la Amazonia y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, que alberga un sistema de cenotes, y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
“Las vías acrecentarían la fragmentación y la pérdida de conectividad ecológica entre ambas Reservas”, recalcan los investigadores.
Los académicos ponen en duda las promesas de que la obra se hará de manera responsable con el medio ambiente y recuerdan lo ocurrido con la Riviera Maya.
“La biodiversidad ha sido fuertemente impactada; muestra de ello son los ecocidios tanto en el mar como en la tierra, donde el coral, las selvas y los manglares han muerto”.
“Las promesas del desarrollo sostenible han sucumbido ante la constante presión de expandir la oferta turística, con una demanda de cuartos e infraestructura creciente. En las playas de Tulum aún no hay electricidad… Sin embargo, los hoteles ya no son ecológicos. Ahora hay generadores de diésel para mantener los aires acondicionados que requieren los turistas, contaminando de ruido las playas día y noche, y que junto con los RAVES, inundan de ruido y luces una selva, donde quien tiene patas ya habrá corrido”.
“¿Es este el futuro que queremos para Calakmul? ¿Puede este tipo de perturbación derivar en un colapso ecológico?”, cuestionan los científicos.
El texto detalla que la vegetación primaria, más compleja y de mayor diversidad, de la península de Yucatán prácticamente está restringida dentro de las áreas naturales protegidas, la mayoría en Calakmul.
“Los servicios ambientales de la selva se dan por sentados y se piensa que, si siempre han sido así, lo seguirán siendo”, escriben los académicos.
Consecuencias catastróficas
Según los investigadores, el colapso de la selva solo será visible “cuando este se acerque al punto de quiebre, donde difícilmente podrá ser reversible. La destrucción de la poca selva que nos quede puede llevar a que los grandes mamíferos no tengan suficiente comida y refugio y mueran”.
En su texto, los articulistas describen las posibles consecuencias, el cual definen como “escenario catastrófico”. “Con esto los herbívoros aumentan, y disminuye la regeneración de la vegetación, que igualmente ya se habrá visto afectada por la falta de polinizadores y por el calentamiento en las zonas deforestadas.
“Esto deriva en que una vez que los grandes árboles mueran, no haya reclutamiento de individuos jóvenes. Entonces cambiarán las lluvias, se vaciarán los mantos freáticos, subirán las temperaturas y los cultivos no serán polinizados”.
“La destrucción de la selva impactará primero a los más pobres… Por esta razón, es importante detenerse y hacer un verdadero análisis de los impactos del Tren Maya y modificar su ruta para salvaguardar la selva”, concluyen los científicos.
Arturo Contreras: texto; Dulio Rodríguez: foto/ PIE DE PÁGINA
Para distintos vecinos de la colonia Juárez, la falta de hogar de 80 familias otomíes los ha llevado al extremo en las dinámicas del vecindario, pues viven en la calle desde hace casi dos años. Aseguran que el gobierno, no les ha dado una solución y eso en parte causa de que los campamentos instalados por las familias que quedaron sin casa bloqueen el paso vehicular en las calles de Roma y Milán. En suma, tienen sospechas de una nueva construcción inmobiliaria en ese predio.
“Los vecinos quedamos entre dos intereses, el del dueño o la inmobiliaria, y de estas personas que su demanda es la de la una vivienda digna”, asegura uno de los vecinos de esta colonia de la Ciudad de México.
Desde los terremotos de 2017, cientos de personas indígenas tuvieron que dejar el predio que ocupaban por los daños severos que tuvo después los sismos. Desde entonces, tendieron un campamento de lonas y mantas en dos puntos del predio. Uno en la entrada que está sobre la calle Roma 18, y una más en la otra entrada, ubicada en el número 7 de la calle Londres.
“Pareciera que nosotros somos los rehenes de la gente que está ocupando la calle, del grupo que los usa a ellos para invadir predios y de las mismas autoridades que omiten. Los que sufrimos la situación día a día somos los vecinos. No nos dejan dormir, se ponen a jugar futbol a las 2 o 3 de la mañana, están dando pelotazos, se pelean, imagínate la puerta de tu casas, hacen sus necesidades ahí a veces, consumen sustancias, se están drogando en la puerta de tu casa”, asegura uno de los vecinos de la calle Roma en entrevista.
Las familias de indígenas sin casa han expresado su inconformidad ante las actitudes racistas que tienen los vecinos de la Juárez hacia ellos, incluso realizaron una conferencia de prensa en donde denunciaron que los molestan y que les dan malos tratos. Los vecinos aseguran que esos tratos se dan por el ambiente de hostilidades que se ha desarrollado desde que los indígenas ocupan la calle.
El grupo de Vecinos Unidos de la colonia Juárez se reunió con Pie de Página para dar su versión sobre un conflicto que, aseguran, ha hecho que los tilden de racistas. Por temor a represiones piden se guarde su identidad.
“Estas son las personas más débiles de la ecuación, que son usados por grupos que se dedican a invadir predios. Aquí el tema principal de nosotros como vecinos es la falta de atención por parte de una autoridad competente, que en este caso, sería el alcalde”, se quejan.
Hace veinte días, trabajadores de la Alcaldía de Cuauhtémoc levantaron una parte de este campamento sobre la calle de Londres, ayudados por una centena de policías, equipados con equipo antimotines. Según el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, y el subsecretario de gobierno de la ciudad, Arturo Medina, las acciones se realizaron por petición de los vecinos, aunque ellos lo niegan rotundamente.
“¿Por qué fue el desalojo de Londres? Nuestra presunción es que fue el dueño del predio presionando al alcalde, porque el mismo alcalde ha dicho que se ha reunido con él dueño. A los dos días que liberaron la calle de Londres, quitaron la jardinera que está enfrente de la puerta del predio, para que pudiera entrar todos los materiales de construcción. ¿Cuál es la presunción? Que van a quitar los árboles para empezar la obra, y nosotros vamos a quedar entre dos fuegos, entre la construcción inmobiliaria y el campamento”, dicen.
En la última semana las bardas del predio fueron remozadas y un grupo de obreros levantó una malla ciclónica coronada por alambre de púas. Al interior del inmueble hay guardias privados con armas largas que lo resguardan.
“Lo chistoso es que el dueño y el alcalde sí se ha sentado a discutir el tema. A él le están facilitando todo. ¿Por qué liberaron la calle de Londres únicamente? Porque por ahí están empezando ya a construir y a bardear el predio”, dicen.
Los vecinos aseguran que el desalojo del mes pasado no se debió a sus solicitudes, pues desde hace meses han pedido una reunión privada con el alcalde, que no ha llegado.
Dueño incierto
A pesar de que los vecinos y el alcalde nombran con toda seguridad a un dueño, no hay certeza de que estén hablando de la misma persona, pues la propiedad del predio no está clara.
Este predio albergó, de 1938 a 1976, la embajada de la España Republicana en México. “La casona fue dada en comodato por el gobierno del general Cárdenas, por doña Amalia, a la república española en el exilio”, cuenta uno de los vecinos. “Después, la casona, la cierran. Hay una ceremonia y queda la casa abandonada”.
Tiempo después, aparecería una persona que ellos identifican como Jacobo, sin saber si es un nombre o un apellido, a reclamar la propiedad.
“Lo que Jacobo dice es que se la regaló su papá, que era de una familia judía y que el primer inmueble que se lo dieron a él como regalo para que invirtiera. Él, por su inexperiencia y su juventud no hizo nada y la dejó ahí”, complementa otro de los vecinos a la historia.
Tanto los vecinos como los indígenas que ahora viven en la calle identifican a una empresa, Eduardo SA de CV, como otra de las entidades interesadas en el predio. Incluso los vecinos aseguran que aparece en archivos y carpetas judiciales sobre el inmueble, pero no han podido comprobar nada.
“Lo peor es que el folio real del inmueble, que es el número con el que se cataloga y tiene toda la historia del inmueble. Los del registro público de la propiedad dicen que está reservado, porque está en un proceso jurisdiccional”. se quejan.
Sin embargo, ni Eduardo SA de CV ni el nombre de Jacobo han sido mencionados por el alcalde como los dueños del predio. A pregunta expresa de a quién se refería cuando hablaba del dueño, el alcalde nombró a Marcos Ushdi, un nombre que ni los vecinos, ni los indígenas habían escuchado antes.
Por seguridad, nadie en la calle
Aunque la propiedad del inmueble es un tema fundamental para la resolución del conflicto, a los vecinos no les parece importar demasiado.
“Nosotros como vecinos no nos podemos ni pronunciar ni a favor ni en contra de quién es el legítimo propietario, porque no nos corresponde. Si está chueco el papel, si el señor Jacobo no es Jacobo, a los vecinos la verdad es que ni nos compete, ni nos debería de importar”.
A ellos, lo que les preocupa es la liberación de la calle, aseguran, por una preocupación genuina de la calidad de vida que actualmente vive en las calles.
“Son personas ellos, no pueden vivir en situaciones infrahumanas, en situaciones de hacinamiento que los provoca y los altera de una manera terrible y que va en prejuicio de ellos y de los vecinos también. Todos estamos en ese caldo de cultivo desde hace siete u ocho años”, dice uno de ellos.
Ese mismo vecino niega que los indígenas hayan llegado a ocupar el predio desde hace más de 20 años, como dicen. Él ha vivido en el edificio de departamentos contiguo desde hace 35 años. Desde su cocina y su cuarto alcanza a ver el predio, y dice que ellos no tienen ahí más de siete u ocho años.
“El lugar no nos interesa, el asunto aquí es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Yo te lo puedo decir como vecino de ahí, como alguien que sufrió la invasión de estas personas. Fue verdaderamente un caos, se creó una ciudad perdida, sin ley, ahí”.
Otro más agrega: “Yo hice un arreglo a mi casa hace tres años, y saqué muchos muebles y se los regalé a una de las familias que estaban ahí. Ellos me contaron que les estaban pagando por vivir ahí”.
“Nosotros nos hemos dado cuenta que los van sacando y metiendo, sacando y metiendo, porque la gente que vive ahí no es siempre la misma. Esto da cuenta de una operación de personas que usan a otras personas para ocupar, en los sistemas de invasión de predios es muy conocido, los famosos ocupas, o paracaidistas”, Añade una tercera más, como para que no queden dudas de lo que dicen sus compañeros.
¿Racismo?
Los vecinos aseguran que el debate sobre el predio se ha centrado en si los vecinos quieren a los indígenas o no, o si es su discurso es racista. “Nos hemos polarizado en juzgar quién es el dueño y si tienen derecho o no. Y lo que queremos es salir de esa dinámica que nos ha enfrascado en prejuicios de los dos lados”.
Incluso, ellos se desmarcan de los señalamientos de racismo que les imputan. Aseguran que después de tanto tiempo, la situación ha generado hartazgo entre otros habitantes de la colonia, que sí llegan a emitir comentarios muy agresivos, pero no son de este grupo en específico.
Incluso, dicen, que estas expresiones son las que han cambiado el foco de la discusión a la propiedad del dueño y no a la atención de estas personas que viven en la calle.
“El punto es que es un problema para ellos, para los niños, vivir en esa situación. O sea, es violencia, es drogadicción, es foco de infección, es desnutrición, es falta de educación, son muchas cosas. ¡Es un caldo de cultivo que ya queremos que corten de raíz!”, dice uno sobre la gente que vive en las calles.
A pesar de todos los conflictos, los vecinos no se han acercado a dialogar con los indígenas. “El acercamiento con ellos no se ha dado hasta el momento, pero estamos en eso, porque queremos saber qué se puede hacer”, dicen.
Tampoco están seguros de que los indígenas operen a nombre de un grupo que se apodera de viviendas y predios, como señalaron.
¿Ustedes están convencidos de que ellos son un grupo de invasores? La pregunta parece caerles de peso. No todos responden, algunos se quedan callados, y después, como que no queriendo, alguien dice un sí dubitativo, alargado, sin certeza.
La misma respuesta se muestra cuando se les pregunta que si ellos estarían de acuerdo con que los indígenas regresaran a vivir al terreno que ocupaban, en el caso hipotético de que la propiedad del predio no se pudiera comprobar.
“Yo sí tendría problema porque ya se vivió ahí una situación como de ciudad perdida, en donde hubo delitos graves por el hacinamiento en el que vivían ahí adentro”, contesta uno tajante.
Otra, más mesurada, responde. “¿Tú qué quisieras en donde vives? ¡Una comunidad en paz! A mí no me interesa si son judíos, chinos, otomíes, mientras estén dispuestos a vivir en esta comunidad bajo sus reglas, como vivimos todos”.
Cinco organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de los migrantes y expatriados en el Noroeste de México, rechazaron el uso de los refugiados “como moneda de cambio en una negociación aberrante, donde se pondera el valor de las mercancías sobre la vida y la dignidad de las personas.”
Foto: ACNUR
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Cientos de migrantes llegan a la localidad de Matías Romero, en Oaxaca, el 1 de noviembre de 2018 (OIM / Rafael Rodríguez)
Ensenada, B.C., 19 de junio del 2019.- Asimismo, condenaron la política migratoria del Estado Mexicano bajo tutela del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque “evidencia una estrategia basada en la detección, detención y deportación, de lo cual da cuenta el despliegue masivo de fuerzas militares para sellar la frontera sur y deportar diariamente a 1,500 personas.”
En un comunicado, las organizaciones Families Belong Together México, Espacio Migrante, Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, y Asylum Access México afirmaron que esa política anuló el derecho a buscar protección internacional de miles de familias que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen.
“La criminalización, la persecución y las deportaciones masivas caracterizan ahora una política migratoria cada vez más semejante a la que aplica nuestro vecino del norte, en perjuicio de la migración mexicana”, indican.
Y anunciaron que cerraran filas para brindar la ayuda humanitaria donde ésta se requiera, así como documentar y atender las violaciones a derechos humanos de las familias migrantes que ya se presentan como consecuencia “de tan desafortunada estrategia anti inmigrante” de los gobiernos de México y Estados Unidos.
Consideraron “indispensable e impostergable” se clarifiquen las políticas públicas que implementará el Estado mexicano en materia de salud, educación, trabajo, inclusión social y regularización migratoria.
Y estimaron “sumamente urgente” que el gobierno federal convoque a organismos internacionales que velan por los derechos humanos, para que brinden asistencia técnica en la implementación de una estrategia de atención a la migración acorde al respeto por la vida, integridad y dignidad de todas las personas.
“Solicitamos claridad no sólo con la estrategia de seguridad para detener la movilidad humana, sino con los protocolos de actuación de la Guardia Nacional, Marina, SEDENA y demás fuerzas policiales comisionadas al cumplimiento de estas medidas orientadas a la contención del flujo migratorio”.
Esto lo piden para evitar la comisión de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
En la parte final de su posicionamiento, los grupos civiles expresaron su desasosiego por el cambio del discurso presidencial, en un principio humanista y solidario hacia la migración, por otro que adopta “crueles medidas” de contención con un muro militar en la frontera sur.
Ese cambio de actitud –concluyeron- dejó en el abandono institucional a quienes solicitan asilo en Estados Unidos y son retornados a México, bajo el programa conocido como ´Remain in México´, con la condena a esperar un largo proceso judicial “sin ninguna protección, mucho menos atención humanitaria.”
Ciudad Juárez – Trepados a la estructura ferroviaria binacional conocida como el puente negro o resistiendo el afluente del río Bravo, los migrantes extranjeros continúan su trayecto hacia Estados Unido por Ciudad Juárez, en un franco desafío a la custodia que mantienen elementos militarizados de la Guardia Nacional en el bordo fronterizo.
En grupo o en familia, los migrantes logran cruzar hacia El Paso, Texas, en busca del ‘asilo americano’ pese a la vigilancia de militares desplegados por este tramo de la frontera entre México y Estados Unidos.
En el calendario maya 5 kej, en territorio ancestral Tong’va, nosotras, mujeres que luchan en defensa, recuperación y sanación de nuestro territorio, cuerpo-tierra.
Somos mujeres que nos encontramos en esta geografía, desde las entrañas del monstruo imperialista, este monstruo capitalista y depredador, replicando el 1er Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, manteniendo vivo el fuego que nos entregaron las compas zapatistas en el Caracol Morelia, queremos decirles que entre todas, todos y todes seguiremos defendiendo estoicamente nuestra tierra, agua y bienes comunes.
Resistiendo y construyendo una gran red que denuncie, acompañe y proteja en la lucha codo a codo a todos los compañeros, compañeras y compañeres que resisten.
Por los pueblos originarios, por el CIG, por CIPOG- Guerrero, por el CNI, por nuestras abuelas ancestrales, por lxs activistas, por las mujeres que nos queremos vivas.
No somos una más, pero tampoco queremos ser una menos.
Por los estudiantes reprimidos, asesinados y desaparecidos, por las madres de lxs desaparecidxs que no han dejado un solo día de buscarles. Por les periodistas que en su búsqueda de la verdad pierden la vida, por las obreras y obreros, campesinas y campesinos, las mujeres del trabajo doméstico que han sido invisibilizadas, por les luchadores sociales, por lxs presxs políticos, por las resistencias en contra los megaproyectos de muerte y la militarización, por les migrantes que ya no están con nosotrxs y por los que están en el camino, por lxs cuerpos plurales y su criminalización, esta tarde nos pronunciamos ante todas las formas de opresión del nuevo gobierno que han dado seguimiento al entreguismo a proyectos de muerte, militarización, depredación y genocidio.
Las mujeres nos organizamos para luchar, cuerpo a cuerpo, porque nuestra lucha es por la vida, es por esto que te convocamos para que entre todas, volvamos a tejer LA RED DE LA VIDA.
Si resistes tú, resisto yo
Si sano yo, sanas tú
Porque tú eres yo y yo soy tú.
Vivan las mujeres que luchan
Vivan las zapatistas
Viva el EZLN
Viva el CNI
Viva Marichuy
Porque acordamos vivir.
Red Binacional de Mujeres que Luchan.
…………
In the Mayan calendar 5 Kejh in the ancestral territory
of Tong’Va. Us women who resist and are committed to recuperating, reclaiming and healing our bodies, land and territory, find ourselves in this geography, in the belly of this imperialist beast, in this capitalist, predatory monster, replicating the first international encounter of Women Who Resist that was held in 2018, maintaining alive the fire given to us in the Morelia Caracol by our Zapasita sisters. We want to tell you that, with conviction, we will continue to
defend our land, our water and our common goods. We will construct a wide network that denounces, protects and accompanies side by side all of those who choose to resist.
We
do this for:
The original peoples’ of the world.
The indigenous communities in resistance
The CIG (Concejo Indígena de Gobierno)/ Indigenous Council of Government
The Indigenous Peoples congress ( the CNI, Congreso Nacional Indigena).
The CIPOG-EZ
For grandmothers and our ancestors,
For the activists, For womxn
We are not one more but we also refuse to be one less.
For all students who continue to be killed, repressed and disappeared.
For all the mothers of the disappeared that never stop searching for their children.
For the workers,
For the journalists who have lost their lives in the quest for truth
For the domestic workers who are invisibilized.
For the agricultural, farm and land workers.
For those fighting for social justice.
For all of the political prisoners.
For all the different struggles against megaprojects of death and the militarization that accompanies these projects.
For the migrants who are no longer with us.
For the migrants who are currently on their journey…
For the plurality of bodies that continue to be criminalized
This evening we pronounce ourselves against all formas of oppression, and we resist this new government that continues to implement militrization and who continues to sale itself to projects of death, militarization, depredation and genocide. As Womxn we organize ourselves to unite in fighting together because we recognize that our struggle
is for life. We call for all of you to join us in sewing the web of life. If you resist, I resist. If I heal, you heal. Because you are me and i am you.
Vivan las mujeres que luchan
Vivan las zapatistas
Viva el EZLN
Viva el CNI
Viva Marichuy
Los migrantes han sido asegurados en municipios del norte y sur de Veracruz: Cosoleacaque, Acayucan, Sayula de Alemán, Agua Dulce y Tuxpan.
Xalapa, Ver.- En los últimos seis días, en Veracruz han sido asegurados 829 migrantes por fuerzas federales tras acuerdo de contingencia migratoria entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América. Las detenciones se distribuyen en los municipios de Cosoleacaque, Acayucan, Sayula de Alemán, Agua Dulce y Tuxpan.
El caso más reciente fue el aseguramiento de al menos 35 personas centroamericanas que viajaban en un autobús de pasajeros en Tuxpan, la tarde de este jueves 20 de junio. El autobús de la empresa Hola, fue detenido mientras circulaba por el libramiento Adolfo Ruiz Cortínez por elementos de la policía Naval y Marina.
Del vehículo descendieron mujeres, hombres y menores de edad. La calle fue acordonada por los uniformados. Hasta el momento se desconoce la situación del chófer.
El fin de semana se registró actividad intensa de contensión migratoria. El domingo 782 migrantes fueron hallados mientras viajaban a bordo de 4 tractocamiones, 368 eran menores de edad.
En Olutla fueron rescatados esa misma tarde 45 migrantes que habían sido abandonados en la caja de remolque de otro camión encontrado en la carretera Cosoleacaque – Acayucan.
En un enfrentamiento entre autoridades del INM, el sábado 15 de junio murió una joven de 19 años víctima de impacto de bala, dos salvadoreños heridos fueron asegurados en el lugar de los hechos e informaron que que otros seis migrantes más se dieron a la fuga.
Operan en la clandestinidad y sin medidas de seguridad; extraen material pétreo de la región con mayor grado de conservación y diversidad en el estado. Imagen: Periódico Correo.
Staff Correo, 20 de junio de 2019
Xichú.- Un grupo de trabajadores desde hace dos meses comenzó a explotar la bocamina El Cristo, en la comunidad conocida como La Aurora, a cinco kilómetros de la cabecera de Xichú, dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, la región con mayor grado de conservación de la diversidad en el estado.
Correo corroboró que en relación a esa mina existe el Título de Concesión número 233899, correspondiente a una superficie de 298 hectáreas del lote “La Bonita”, a nombre Ma. Lucía Rivera, Miguel Antonio Delgadillo Acuña y J. Belén Orozco Velázquez, que tienen su domicilio en el estado vecino de San Luís Potosí.
Foto: Periódico Correo
Existe el precedente de otros intentos recientes de explotación ilegal por parte de personas provenientes de otras entidades, con el sólo argumento de que los titulares de la concesión les rentan el documento. Todo esto ha sido tolerado por las autoridades ejidales.
Dentro de sus actividades de vigilancia, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha detectado que en años recientes, personas presumiblemente allegadas a esos mismos concesionarios, han extraído clandestinamente material de otras minas del municipio, como El Zopilote, muy cercana a la cabecera, y otra llamada Griselda, en el ejido El Rusio.
Cuadro: Periódico Correo.
La última ocasión que se había documentado esta situación en la bocamina El Cristo, autoridades de la Reserva de la Biosfera interpusieron en septiembre de 2017 una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aunque a casi dos años aún no existe resolutivo.
Con la anuencia de las autoridades ejidales, desde hace semanas personas procedentes de Sanciro, San Luís Potosí, allegadas a J. Belén Orozco –uno de los titulares de la concesión-, reclutaron a una veintena de trabajadores y comenzaron a sustraer material de la mina.
Correo constató que las autoridades ejidales no cuentan con documentos que acrediten la existencia de los permisos que deben otorgar las autoridades ambientales federales para poder realizar ese tipo de actividades, pero aun así lo han permitido.
Foto: Periódico Correo
Violan leyes laborales
Aparte de no contar con los permisos en materia medioambiental, Correo corroboró que las condiciones de trabajo violan las normas laborales. Entre los trabajadores, en su mayoría jóvenes originarios de Sanciro, San Luis Potosí, y otros de Xichú, se ha observado que hay cuando menos un menor de edad, de nombre Sergio Jiménez, con apenas 17 años cumplidos.
Los trabajadores no cuentan con seguro, ni ningún tipo de prestaciones, y carecen de los elementos indispensables de seguridad. Ellos mismos han tenido que adquirir algunos tapabocas porque sus empleadores no les han dado equipo apropiado, ni siquiera mascarillas, por lo que respiran directamente los gases, la pólvora de las barrenaciones, así como los olores que desprende el metal. Y sumado a eso, en un tramo del recorrido tienen que sortear el fuerte olor a excremento de murciélago (ese guano, según expertos, contiene el hongo que genera histoplasmosis, una enfermedad respiratoria).
En el techo hasta hoyos hay, a los pacientes los dejan en el pasillo
Alejandro Payán Vázquez / El Diario de Querétaro
Las instalaciones de la unidad de rayos X del Hospital General Regional No. 1 del IMSS se encuentran en malas condiciones, en un recorrido realizado por esta unidad médica se aprecian hoyos en el techo, pacientes en espera en los pasillos y las largas filas para realizar este estudio.
La unidad de estudios del hospital se encuentra en la parte posterior del nosocomio, en la cual los pacientes esperan hasta dos horas después de su programación para la toma de placas.
“Nos dicen que no sirven todos los aparatos de rayos X, me tienen aquí desde las siete de la mañana y ya son las nueve y media y sigo esperando, no he visto que avance mucho”, comentó un derechohabiente que se encontraba en el pasillo.
Con cartones y cubetas en el piso, los pasillos están saturados de pacientes para realizar radiografías.
Los pacientes, que son formados en camillas junto a los elevadores, esperan, algunos con fuertes dolores, mientras personal médico les atiende y toma sus datos para agilizar el servicio.
Se solicitó información al IMSS sobre la situación de las unidades de rayos X, pero hasta el momento no han emitido alguna opinión al respecto.
CASANDRA REYES GARCÍA1,CELENE ESPADAS MANRIQUE1,ALEJANDRA GARCÍA QUINTANILLA2Y MANUELA TAMAYO CHIM1
El tren maya es un proyecto de infraestructura, relevante para la movilidad en la península de Yucatán. Sin embargo,se desconoce el impacto social y ambiental que ocasio-nará sobre ecosistemas de gran importancia biológica, ecológica y cultural como la Re-serva de la Biósfera de Calakmul. De ahí la importancia de dar a conocer los servicios que las selvas nos proporcionan y los impactos ambientales, que desarrollos como elca-so de la Riviera Maya, causan sobre los ecosistemas en la península de Yucatán.Palabras clave:Ambiente,Calakmul, conectividad, servicios,turismo.
Ante las declaraciones del 5 de febrero del director de FONATUR Arq. Rogelio Jiménez Pons “Es muy fácil decir de repente que no haya desarrollo. No podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria; tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio. Pero primero va la gente. No ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos; tiene que haber un equilibrio. Sí tiene que haber jaguares bien comidos, pero con niños robustos y educados y capacitados. Ése es el tema: muchas veces va a implicar afectar el medio ambiente, pues remediemos las afectaciones… ¿Cuál es la razón finalmente que un santón de la ecología lo quiera parar? yo no lo entiendo a no ser que sea de intereses” (Ramos 2019),queda claro que es importante que los biólogos difundamos mejor las razones por las cuales estamos preocupados por el impacto que el Tren Maya pueda tener sobre la selva del sureste mexicano, y las consecuencias de esto sobre el bienestar de todos. Nuestra preocupación es que al entrar el tren a la Reserva de la Biósfera de Calakmul y darle conectividad con el turismo masivo de Cancún y la Riviera Maya, esto pueda derivar en un colapso ecológico. Un colapso ecológico se define como una situación donde el ecosistema sufre una serie de cambios irreversibles que afectan a gran parte de sus organismos y resulta en una extinción masiva. Este colapso ecológico no sólo compete a la flora y fauna del lugar, sino que repercute directamente sobre todos los seres vivos, incluyendo los humanos, que nos beneficiamos de los servicios que la selva nos brinda. Son estos servicios los que no se han valorado en las sociedades occidentales actuales y que requieren ser visibilizados y señalados ante declaraciones como la arriba citada.
Servicios Ecosistémicos de la Selva
Dentro de los servicios más importantes que las selvas nos proveen,está el de ser los pulmones del planeta; la densa vegetación de la selva absorbe el dióxido de carbono y libera el oxígeno que respiramos. El dióxido de carbono es liberado al aire al quemar combustibles y es hoy en día uno de los principales gases de efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global. Los árboles lo absorben y lo fijan en sus troncos y raíces por un tiempo prolongado, siendo el arma más importante con que contamos para frenar el cambio climático.
Los árboles también regulan la temperatura del ambiente al captarla radiación del sol en sus hojas y utilizar su energía para construir azúcares en el proceso de la fotosíntesis. Para evitar sobre calentarse, las plantas liberan pequeñas gotas de agua por sus hojas, las cuales al evaporarse absorben gran cantidad de energía disminuyendo la temperatura en un proceso llamado transpiración. Esto hace que, en las horas de más calor, la diferencia de temperatura bajo un árbol y a pleno sol pueda llegar a ser de 10°C (Reyes-García y Espadas-Manrique 2016).
Otro de los grandes servicios es el de proveer agua. Se ha visto que las grandes extensiones de bosques o selvas favorecen la formación de nubes por el vapor de la transpiración (Moreira et al. 1997), promueven la lluvia localmente porque las masas de aire cargadas de agua chocan contra ellos e incluso se plantea la hipótesis de que los árboles liberan compuestos volátiles que favorecen la formación de gotas de lluvia (Andreae et al. 2002). También se ha visto que las raíces favorecen la infiltración del agua al manto freático. Todo esto contribuye aque las zonas de selva fomenten la recarga de agua al manto freático (Orellana-Lanza y Espa-das-Manrique 2016)
La fauna de las selvas contribuye al control natural de plagas, así como a servicios como la polinización. La polinización por vertebrados e insectos permite que las plantas puedan producir frutos. Este tipo de polinización es requerida por la gran mayoría de los vegetales que comemos, por lo que la muerte masiva de las abejas o los murciélagos podría atentar contra la producción de alimentos. Finalmente, los grandes mamíferos como el jaguar y el puma, controlan poblaciones de herbívoros ayudando a la regeneración de las plantas en los bosques.
También hay servicios ambientales de aprovisionamiento, que son tangibles, que se extraen de la selva, como madera, leña, frutos, plantas medicinales, colorantes, especias, animales para caza (ver revisión de servicios ecosistémicos en Myers 1996).
Por último, hay servicios culturales, pues la naturaleza es parte intrínseca del ser de los pueblos originarios, son un importante valor intangible no sólo para el bienestar de esos mismos pueblos (su derecho fundamental) sino para la selva misma, pues sus prácticas y pensamientos buscan establecer una relación de armonía, lo menos depredadora posible con la naturaleza. Además, independientemente de la cultura, se ha visto que el contacto con la naturaleza reduce el estrés y pro-mueve la socialización, haciéndonos más felices y sanos (James et al. 2015).
Posible colapso ecológico en el sur de la Península de Yucatán
Teniendo en cuenta la importancia de los servicios ambientales, es preocupante el efecto que puede tener la construcción de la ruta que recorre las estaciones de Tulum-Carrillo Puerto-Bacalar y Bacalar-Calakmul-Escárcega, denominadas Caribe I y Selva 2 respectivamente(Figura 1). Estas rutas atraviesan porciones de la península de Yucatán que aún albergan zonasde vegetación conservada, donde se encuentran dos de las áreas naturales protegidas más importantes de México: la Reserva de la Biósfera de Calakmul, que por su extensión de selva continua constituye la segunda reserva de selva más importante de América tropical, sólo después de la Amazonia y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, que alberga un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan cenotes y petenes, y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las vías acrecentarían la fragmentación y la pérdida de conectividad ecológica entre ambas Reservas. Cabe aclarar que, si bien nos preocupa salvaguardar los ecosistemas durante la construcción y operación del tren, esta puede ser la menor amenaza, si se compara con el efecto del llamado “progreso y desarrollo” que viene después.
En el corazón de la Reserva de Calakmul se encuentra una zona arqueológica que ha sido denominada Patrimonio Mundial Mixto por la UNESCO (Secreta-ría de Cultura 2014) y que se pretende potenciar como un nuevo atractivo turístico (Figura 2). Actualmente, la zona es de difícil acceso, debido a su rol principal en la conservación. Posee muy poca infraestructura en restaurantes y hoteles y recibe menos de 40 mil turistas al año. Al conectarla con el tren se espera que de los casi 17 millones de turistas que llegan al año a Cancún (Secretaría de Turismo 2018),unos 3 millones lleguen a visitar Calakmul. El crecimiento de la Riviera Maya nos da un claro ejemplo de lo que pasa con estos tipos de desarrollos. Ahí se ha tenido un crecimiento poblacional exponencial desde 1980, aumentando en un 70%; la gran mayoría de los habitantes han llegado de fuera del estado de Quintana Roo paral a construcción de la infraestructura hotelera, restaurantera, etc. y la prestación de servicios (datos 1980-2005; Rubio Maldonado et al. 2010). En el proyecto Riviera Maya se dijo en repetidas oca-siones que se iba a mantener un desarrollo responsable con el medio ambiente y de bajo impacto, y que traería consigo bienestar; pero la situación muestra un panorama donde la población local fue reubicada y donde la biodiversidad ha sido fuertemente impactada; muestra de ello son los ecocidios tanto en el mar como en la tierra, donde el coral, las selvas y los manglares han muerto (Revisado en Rubio Maldonado et al. 2010). Las promesas del desarrollo sostenible han sucumbido ante la constante presión de expandir la oferta turística, con una demanda de cuartos e infraestructura creciente. En las playas de Tulum aún no hay electricidad, acorde con la idea de que esas zonas no iban a desarrollarse para el turismo masivo. Sin embargo,los hoteles ya no son ecológicos. Ahora hay generadores de diésel para mantener los aires acondicionados que requieren los turistas, contaminando de ruido las playas día y noche, y que junto con los RAVES, inundan de ruido y luces una selva,donde quien tiene patas ya habrá corrido (Wiedeman 2019). ¿Es este el futuro que queremos para Ca-lakmul? ¿Puede este tipo de perturbación derivar en un colapso ecológico?
La vegetación primaria de la península de Yucatán prácticamente está restringida dentro de las áreas naturales protegidas, en su mayoría dentro del perímetro de la reserva de Calakmul (Figura 3). Este tipo de vegetación es el que no ha sido aun fuertemente perturbada ya sea por las personas o por causas naturales, como los huracanes. La vegetación primaria conserva por lo general una estructura más compleja y de mayor diversidad. Una gran parte de la Península está cubierta de vegetación secundaria, la cual ya ha sido fuertemente perturbada y se encuentra en algún punto de regeneración.
Los servicios ambientales de la selva se dan por sentados y se piensa que, si siempre han sido así, lo seguirán siendo. Sin embargo, antes también veíamos como la basura tirada en el mar desaparecía en su vasta extensión sin aparente consecuencia; mientras que hoy en día sabemos que hay islas enteras de basura y que las poblaciones de peces y mamíferos marinos han decaído a causa de la gran contaminación. Lo mismo sucederá con la selva, solo será visible su colapso cuando es-te se acerque al punto de quiebre, donde difícilmente podrá ser reversible. La destrucción de la poca selva que nos quede puede llevar a que los grandes mamíferos no tengan suficiente comida y refugio y mueran. Con esto los herbívoros aumentan, y disminuye la regeneración de la vegetación, que igualmente ya se habrá visto afectada por la falta de polinizadores y por el calentamiento en las zonas deforestadas. Esto deriva en que una vez que los grandes árboles mueran, no haya reclutamiento de individuos jóvenes. Entonces cambiarán las lluvias, se vaciarán los mantos freáticos, subirán las temperaturas y los cultivos no serán polinizados.
Si bien este escenario es catastrófico, ya la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que “es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental” (Sánchez y Planelles 2019). México es el primer país en elaborar y aplicar una ley General de Cambio Climá-tico (2012) y ha desarrollado estrategias comoel Programa especial de Cambio Climático 2014-2018(2014), ha firmado acuerdos internacionales donde se compromete a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la deforestación. Sin embargo, si, el proyecto Tren Maya no hace un análisis exhaustivo del impacto ambiental, social y económico que causaría, claramente impactaría en dirección opuesta a estos acuerdos. La destrucción de la selva impactará primero a los más pobres. Estos serán los primeros en ver la disminución de la miel en sus apiarios y de las cosechas en sus milpas. Por esta razón, es importante detenerse y hacer un verdadero análisis de los impactos del Tren Maya y modificar su ruta para salvaguardar la selva.
Referencias
Andreae M.O, Artaxo P., Brandão C., Carswell F.E., Ciccioli P., da Costa A.L., Culf A.D., Esteves J.L., Gash J.H.C., Grace J., Kabat P., Lelieveld J., Malhi Y., Manzi A.O., Meixner F.X., Nobre A.D., Nobre C., Ruivo M.d.L.P., Silva-Dias M.A., Stefani P., Valentini R., von Jouanne J. y Waterloo M.J. 2002.Biogeochemical cycling of carbon, water, energy, trace gases, and aerosols in Amazonia: The LBA-EUSTACH experiments. Journal of Geophysical Research107(D20): 8066. Doi:10.1029/2001JD000524
Diario Oficial de la Federación. 2012. Ley General de Cambio Climático.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf(consultado6 de junio 2019).
Diario Oficial de la Federación. 2014. Programa Especial de Cambio Climá-tico 2014-2018.http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/PECC-2014-2018.pdf(consultado 14 de junio 2019)
James P., Banay R.F., HartJ.E. y La-den F. 2015. A review of the health benefits of greenness.Current epide-miology reports2(2): 131-142
Moreira M., Sternberg L., Martinelli L., Victoria R., Barbosa E., Bonates L. y Nepstad D.1997. Contribution of transpiration to forest ambient vapour based on isotopic measurements. Glo-bal Change Biology3(5):439-450.
Myers N.1996. Environmental services of biodiversity. Proceedings of the Na-tional Academy of Sciences93(7):2764-2769.
Orellana-LanzaR.y Espadas-Manrique C. 2016.El Papel de la Cubierta Vegetal en la Conservación del Agua en la Península de Yucatán. En: Chávez-Guzmán M. Ed.El Manejo del agua a través el tiempo en la península de Yucatán, pp. 161-177. Universidad Autónoma de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Consejo de la Cuenca de La Península de Yucatán, Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP. Mérida, Yucatán,México.
Ramos C. 2019. Animal político. Nota de prensa. Tren Maya: el beneficio social compensa el impacto ambiental, justifica FONATUR. https://www.animalpolitico.com/2019/02/tren-maya-proyecto-construccion-comunidades-indigenas/(consultado 6 Febrero 2019).
Reyes-García C. y Espadas-Manrique C.2016.Oleadas de calor y el efecto de la vegetación en Yucatán. Desde el herbario CICY8:97-101.
Rubio Maldonado E., Murad Robles M. y Rovira Sanroque J.V. 2010. Crisis ambiental en la costa de QuintanaRoo como consecuenciade una visión limitada de lo que representa el desarrollo sustentable. Argumentos 23(63): 161-185.
Sánchez E. y Planelles M. 2019.Nota de Prensa. El País. https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html(consultado 13 Marzo2019).
Secretaría de cultura. 2014.UNESCO extiende la inscripción de Calakmul a Bien Mixto en la lista del Patrimonio Mundial.https://www.gob.mx/cultura/prensa/unesco-extiende-la-inscripcion-de-calakmul-a-bien-mixto-en-la-lista-del-patrimonio-mundial(consultado 13 Marzo 2019).
Secretaría de Turismo. Secretaría deTurismo. 2018. Reporte anual de turismo Quintana Roo 2017. http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%202017.pdf(Consultado 12 de Marzo 2019).Wiedeman R. 2019.Nota de prensa.The Cut. https://www.thecut.com/2019/02/who-killed-tulum.html(consultado 14 mar-zo2019).
Foto: Eduardo Miranda Caravana de Migrantes hondureños a su paso por el corredor migratorio de la costa de Chiapas, en el tramo de Pijijiapan – Arteaga, Chiapas.
Pedro Zamora Briseño / Proceso
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) acusó al estado de Tabasco de ser corresponsable en la “criminalización” de los migrantes y colectivos defensores de sus derechos.
En un comunicado difundido este jueves, las 87 organizaciones de 23 estados del país que conforman la Red TDT expresaron su apoyo a La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes ubicada en Tenosique, Tabasco, ante los diversos hostigamientos y amenazas en su contra, documentados en las recientes semanas.
“El estado de Tabasco es corresponsable en esta nueva forma de criminalización a las personas y colectividades defensoras de los derechos de migrantes”, denunciaron, y mencionaron que La 72 cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual manera, recordaron que, desde su apertura en 2011, La 72 ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna, con asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, y también ha denunciado a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas.
Todo ello con el objetivo de generar mejores condiciones de tránsito para las personas que se ven obligadas a hacerlo, mediante un trabajo totalmente gratuito con un alto sentido de dignidad.
“Desafortunadamente han recibido amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado y autoridades estatales y federales”, lamentaron.
Señalaron que les resulta “sorpresivo e inaceptable” que, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración, y tras los señalamientos públicos vertidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, “instancias públicas del estado de Tabasco busquen criminalizar y difamar a esta organización que es parte de la Red TDT”.
En este sentido, condenaron el reciente anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT) que “criminaliza a priori el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes”.
“Es claro que sus señalamientos en torno a lo que llaman la ‘detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño’, tienen el claro objetivo de criminalizar el legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, así como debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México”, manifestaron.
También calificaron de preocupante las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en las que se basó el comunicado de la UIFT.
Si bien Encinas negó en un tuit haber hecho esas declaraciones y mucho menos hacer trabajo de inteligencia financiera, “lo que se requiere es un posicionamiento institucional claro por parte del subsecretario, que en términos legales es el responsable máximo de temas de migración y derechos humanos en nuestro país”, recalcaron.
Y más: “Nos resulta muy llamativo que tras situaciones recientes que pretenden poner en entredicho la labor que realiza La 72, venga este acto intimidatorio y criminalizante desde el ámbito estatal”.
Concretamente citaron la nota de un periódico estatal, así como perifoneos locales, “en los que se realizan acusaciones infundadas contra el albergue, pero particularmente contra su director, Ramón Márquez”.
Además, puntualizaron, La 72 enfrenta de forma reiterada actos de vigilancia, acoso y amenazas, lo que constituye un mensaje muy claro para las personas y colectividades defensoras de migrantes.
“Por encima de la soberanía están los acuerdos con Washington, y será criminalizado quien suponga un obstáculo a los deseos de Trump”.
Por ello, demandaron el cese inmediato del proceso de criminalización contra La 72, personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.
Instaron al gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad, “que ha mostrado un profundo compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio, lo cual es emblemático del pueblo mexicano.
Asimismo, que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades.
Finalmente hicieron un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes.
“La historia de nuestro pueblo no debe estar escrita por un despotismo indolente, sino por una solidaridad receptiva y generosa”, remataron.
El documento está firmado por las 83 organizaciones civiles defensores de los derechos humanos, entre ellas la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jalisco); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hidalgo); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chihuahua); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México), y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Chilpancingo, Guerrero.- Para las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) en Acapulco y Chilpancingo este jueves fue el último día de clases del año escolar, por el riesgo de los universitarios ante la inseguridad.
El fin del ciclo escolar o de las clases lo hizo público el rector Javier Saldaña Almazán en una entrevista con reporteros en Acapulco:
“Hemos acordado con los directores que apliquen los exámenes, se entreguen las calificaciones lo más rápido posible y desactivar las actividades universitarias. (…) Desde ahora está desactivada la parte escolar. No queremos eso, pero más vale prevenir”.
La decisión es terminar las clases, aun cuando estén pendientes exámenes y clausura de cursos, que eso desahogará cada preparatoria o facultad, pero la idea es que a más tardar el lunes todas las actividades queden suspendidas.
Detrás de esta medida existen antecedentes de violencia reciente. Tres universitarios fueron asesinados la semana pasada. El maestro jubilado universitario, Carlos Gregorio Villarino Ruiz, murió por los golpes que recibió de unos asaltantes cuando le robaban su camioneta, al salir de una tienda de autoservicios ubicada al sur de la ciudad. A otras dos estudiantes de las facultades de Sicología y Derecho de Acapulco las asesinaron en la colonia Alta Progreso, cuando viajaban con su familia en un auto.
El rector expuso que la medida de adelantar las vacaciones en escuelas universitarias de estos dos municipios es preventiva. “Ya no queremos que sigan perdiendo la vida los universitarios”, mencionó.
Llamó a las autoridades a que redoblen esfuerzos, sobre todo en términos preventivos, en la prevención del delito. También exhortó a quiénes cometen los asesinatos: “El llamado es a todos, incluidos a ellos (victimarios), aunque luego a algunos no les guste, pero no hacen nada. Algunos actores políticos. El llamado también es a estos hombres que andan metidos en actos ilícitos, a que respeten la Universidad, incluso hay que decirlo así, aquí vienen hasta sus hijos”.
De acuerdo con las estadísticas que maneja el mismo rector, han asesinado a 36 universitarios en años recientes. En lo que va de este 2019 suman cinco casos: los tres de la semana pasada; la joven enfermera que era novia de uno de los miembros de la familia que se llevaron Tixtla, y de quienes aparecieron sus cadáveres en una camioneta abandonada en Chilpancingo, y el estudiante de Arquitectura que vivía en una Casa de Estudiantes de la Universidad ubicada en la colonia del PRI, ubicada también de esta ciudad, a quien asesinaron cuando salía de la vivienda para buscar qué cenar.
El Centro de estudios sobre las juventudes tiene cifras más altas de estudiantes universitarios asesinados: 44 jóvenes de 2014 a la fecha. Este registro es documentado por un grupo de estudiantes y docentes universitarios que estudian el juvenicidio.
Esta estadística de asesinatos definen los años de violencia hacia los universitarios.
Integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de San Martín Texmelucan protestaron en el Congreso de Puebla para denunciar que la presidente de ese municipio, María Norma Layón Aarún, pretende privatizar el servicio de agua potable.
Exigieron la intervención del Poder Legislativo local para rechazar cualquier proyecto que provenga del cabildo en el sentido de ceder el servicio hídrico a particulares.
Heriberto Bernal, uno de los habitantes inconformes, explicó que el temor a una privatización se fundamenta en un decreto que impulsó Norma Layón para tener mayor margen de intervención en el Sistema Operador de Agua Potable de San Martín Texmelucan (Sosapatex).
Consideró que el cambio impulsado por la edil responde a una tendencia nacional que busca favorecer a privados con el manejo de recursos naturales, por lo que los habitantes del municipio se encuentran “a la expectativa” del siguiente paso que dará la alcalde en la materia.
El agua no es un negocio, reclaman
Los inconformes se trasladaron de San Martín Texmelucan al municipio de Puebla para exigir que el servicio hídrico continúe en manos del Estado, al recordar que el acceso al agua es un derecho constitucional que no puede ser manejado como negocio.
La protesta inició en el zócalo de la ciudad capital con la exhibición de pancartas y mantas en las que se pudieron leer las consignas “el agua es vida, el agua es de todos”, “no a la privatización” y “el agua no es un negocio”.
Los manifestantes, la mayoría habitantes de las juntas auxiliares de San Martín, se trasladaron al palacio legislativo –donde los diputados se encontraban reunidos en sesión pública–, con el fin de demandarles su intervención.
Amenazaron con continuar con la protesta el viernes próximo durante la visita del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a San Martín Texmelucan.
Ayuntamiento descarta privatización
El ayuntamiento que preside Norma Layón emitió un comunicado a inicios de mes en el que descartó que busque la privatización del servicio, así como la desaparición del Sosapatex.
Además, aclaró que el decreto que otorgó más facultades a la presidente municipal aún no ha sido aprobado por el Congreso local y que los comités de agua potable de las juntas auxiliares continúan operando con normalidad.
Los inconformes se trasladaron de San Martín Texmelucan al municipio de Puebla para exigir que el servicio hídrico continúe en manos del Estado, al recordar que el acceso al agua es un derecho constitucional que no puede ser manejado como negocio.
La protesta inició en el zócalo de la ciudad capital con la exhibición de pancartas y mantas en las que se pudieron leer las consignas “el agua es vida, el agua es de todos”, “no a la privatización” y “el agua no es un negocio”.
Los manifestantes, la mayoría habitantes de las juntas auxiliares de San Martín Texmelucan, se trasladaron al Palacio Legislativo –donde los diputados se encontraban reunidos en sesión pública–, con el fin de demandarles su intervención.
Amenazaron con continuar con la protesta el viernes próximo durante la visita del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a San Martín Texmelucan.
Campo de agricultura industrial. Foto: Colectivo Grieta
Colectivo Grieta, 19 de junio de 2019.
Real del Castillo Nuevo, Valle de Ojos Negros, Baja California.- En los valles del norte de Baja California la aridez va acompañada de un tipo particular de agricultura. Casi ninguna de las legumbres y hojas que salen de esos campos se verá en una mesa en México. El trabajo de miles de jornaleros migrantes, principalmente indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como el agua y los nutrientes del suelo abastecen el mercado de exportación hacia los Estados Unidos dejando cuantiosas ganancias a las empresas agroindustriales.
En medio del paisaje del desierto, la entrada al Valle de Ojos negros está marcada por los verdes campos de la agricultura de exportación. El costo humano y natural de este color es muy alto. Foto: Colectivo Grieta.
Los campos de cultivo de uno de estos valles, el Valle de Ojos Negros, están ubicado a escasos 40 kilómetros de la ciudad de Ensenada. En este Valle, rodeado de cerros de hasta 1000 metros de altura, bajo un calor sofocante, se cultivan hortalizas. Aquí, un rancho de 50 ó 60 hectáreas se considera “chico”, y los hay de 100 o 150 hectáreas. No son los ranchos más grandes de la región, los ingenieros agrónomos y el conductor que nos guió, así como los pocos trabajadores con los que se animaron a hablar coinciden: en el siguiente valle hacia el sureste, el de La Trinidad, se pueden encontrar ranchos de 500 u 800 hectáreas.
Campos tecnificados. Mantas de nylon cubren el sistema de riego por goteo. Al final del ciclo agrícola este plástico se quema o se desecha como basura. Foto: Colectivo Grieta.
Pero al igual que otras partes del país, el tamaño de las parcelas es un engaño. Hay Sociedades Comerciales Agrícolas que poseen varias parcelas en cada valle e incluso en otros estados. Una de estas sociedades, la agrícola “Las Cabras”, basada en Sinaloa, posee tierras en Sonora, Sinaloa y Baja California. En el testimonio que recabamos se nos contó cómo de esta manera varios ranchos, cada uno de 200 o 300 hectáreas, pueden ser controlados por una misma empresa. Esta es la nueva cara del latifundio mexicano, amparado en la reforma salinista al artículo 27 constitucional, acorde a la acumulación de capital, las sociedades mercantiles agrícolas pueden explotar grandes extensiones de tierra.
La agricultura industrializada de esos valles ilustra al capitalismo en pleno. Miles de jornaleros agrícolas migrantes viven aquí. Unos de forma permanente, otros más, llegan cuando el trabajo se intensifica, en las cosechas de la cebolla, del chile, del jitomate o de las calabacitas. Datos del Ejido de Real de Castillo Nuevo (principal núcleo de población) indican que la población ronda los 3,500 habitantes. Pero en época de cosecha llegan hasta 8 mil jornaleros migrantes a trabajar los campos, unos por su propio pie, otros traídos por enganchadores. Los vimos pasar, atestando camiones de redilas y eso que aún faltan 2 meses para el pico de la producción de esta zona. Fue difícil hablar con ellos, algunos de los ranchos advierten explícitamente “Prohibido el paso a toda persona sin negocio, Bussiness only”. Donde pudimos entrar apenas se detenían a hablar; los ingenieros en cambio, con cierto orgullo técnico, platicaban la naturaleza del proceso de producción. Un dato aparece rápidamente, cuando empieza la cosecha de chiles, el pago es a destajo, 4 pesos por cada bote de chiles que el jornalero llene.
En una plática posterior, un ingeniero explicó que cada bote pesa 60 kilos y dos botes hacen una caja. Un jornalero con conocimiento y fuerza levanta hasta 80 ó 90 botes en un día, por sus manos pasan entonces alrededor de 5 toneladas de chile al día. Como eso sucede en agosto, los jornaleros trabajan bajo un sol ardiente, a temperaturas que alcanzan los 45 ºC. De acuerdo a las cifras del gobierno, el precio de cada tonelada en el mercado de exportación es en promedio de poco más de 1000 dólares, casi 20 mil pesos, aunque puede ser más si la calidad es “premium”. Por cada tonelada levantada, un jornalero recibe 66 pesos. Otro ingeniero platicó que aún sumando los jornales pagados durante la siembra y cuidado de las plantas, el pago a ingenieros, mayordomos y capataces, el gasto que hacen los dueños en salarios difícilmente supera los 500 pesos por tonelada. Esa es la tasa de explotación, 500 pesos en salarios por 20 mil pesos en valor comercial, unos 12 mil de esos pesos corresponden al valor producido por el trabajo agrícola.
En el caso del chile la producción por hectárea es alrededor de 50 toneladas por hectárea, pero nos explican que en otras zonas llega a ser de 60. Así, el valor de la producción en el mercado de exportación es de 50 mil dólares por hectárea, poco menos de un millón de pesos. Claro, que para producir a este nivel de tecnificación los capitalistas gastan mucho en maquinaria e insumos, están atados a ese mercado por varias vías. El precio de una libra de semilla comercial es de entre 2 y 3 mil dólares y alcanza para unas 5 o 6 hectáreas dependiendo de que tan denso se siembren. Pero la dislocación es mayor, esas semillas no germinan aquí, se contrata a otra empresa que germine las semillas y sólo entonces regresan camiones llenos de plántulas que los jornaleros han de sembrar.
Charolas con plantas de chile recién emergidas. Es frecuente que se pague a otra compañía por germinar las semillas comerciales en invernaderos. Los jornaleros comienzan sembrando estas plantas en los surcos. Foto: Colectivo Grieta.
Existe un mercado, literalmente subterráneo en el que una empresa puede comprar a ejidatarios pequeños sus derechos de extracción de agua, lo cual les permite bombear desde el subsuelo más millones de litros de agua que alimenten el cultivo en medio del desierto. ¿quién determina cuanta agua se extrae? En última instancia el mercado internacional… las necesidades humanas están en un segundo plano. El riego, junto a una aplicación masiva de fertilizantes e insecticidas hace que el suelo se vuelva más y más salino. Entonces cada rancho compra más agroquímicos, que prometen precipitar la sal para que no afecte tanto a las raíces de las plantas. No cualquiera paga este gasto, la inversión (máquinas, tractores, combustible, fertilizantes, salarios) por hectárea es de 300 a 400 mil pesos por año. Pero de cada hectárea producirá un millón de pesos de valor. Esta es la tasa de ganancia, por eso producir hortalizas en medio del desierto es un buen negocio, si puedes desembolsar ese capital.
El agua extraída del subsuelo se almacena en grandes reservorios a cielo abierto. Cada uno contiene miles de metros cúbicos. Las cuotas de extracción de agua se compran y se venden como una mercancía más. Parte de esta agua ni siquiera alcanzará los campos de cultivo y se evaporará sin más. Foto: Colectivo Grieta.
Pero nada de esto sucedería sin los jornaleros, sin el trabajo que ponen en cada parcela. Una jornalera, que pasó rápidamente a nuestro lado contó, casi sin detenerse que en otras zonas el pago por bote es incluso más bajo. Por si fuera poco, los trabajadores migrantes deben rentar los cuartos (“cuarterías” les dicen) donde viven, en condiciones de hacinamiento. Las escuelas en Real del Castillo Nuevo son pocas y si apenas dan abasto para la población residente, ni que hablar de los migrantes. Además, esta masa de trabajadores se va moviendo junto a los ciclos agrícolas por el norte de Baja California. En este aspecto la cosa no es mejor para los ingenieros -aunque reciben más paga- “yo trabajo aquí dos meses, en lo que las plantas se establecen, dan flor y el chile empieza a brotar, en ese momento la compañía me mueve a otro campo, que puede ser aquí en Baja California o en Sinaloa. Así vivo, me mudo cada dos meses, a mi familia casi no la veo”. Cuando lleguen a los supermercados estadounidenses los chiles Jalapeños, Serranos o Annaheim, nada de esto se verá, así son las mercancías capitalistas.
Cuarterías. En cada cuarto viven varios trabajadores o bien familias completas de migrantes nacionales. Foto: Colectivo Grieta.Cuarterias. Estas construcciones en serie son rentadas a los jornaleros agrícolas por los propios empresarios agroexportadores. La mayoría de las antenas de tv satelital son en realidad inoperantes porque los residentes no pueden pagar el servicio. Foto: Colectivo Grieta.
Hay ranchos familiares, claro, de hecho estos ranchos fueron mucho más abiertos a ser visitados y entrevistados que los grandes negocios. Pero en la disputa por el terreno de cultivo, por el agua y por la explotación eficiente de los jornaleros, predominan las empresas más grandes, algunas de las cuales tienen sus empacadoras directamente instaladas en el valle. Allí, todo se hace en función de la exportación, la cebolla se clasifica por categorías: jumbo, mediana, chica y chupón, de acuerdo a la demanda del mercado estadounidense. Como casi toda la producción, cruza por Tijuana o Mexicali y nada vuelve de allí. Solo los peores chiles, las calabazas “de rezago”, los jitomates “de la merma”, o las cebollas que no alcanzan el estándar de exportación llegan a venderse en los mercados de las ciudades como Ensenada o Tecate. Mientras tanto, en medio de las grandes plantaciones, encontramos pequeñas casas de gente que en otro tiempo fue ejidataria y se dedicó al campo, pero que ya vendió su tierra a algún rancho más grande. Esta población al igual que el resto del valle, compra verduras que se produjeron en algún otro lado, quizá incluso en China, al otro lado del Pacífico.
Plantas de chile Serrano en el Valle de Ojos Negros. Todos sus frutos serán exportados. Foto: Colectivo Grieta.
Aunque desde arriba se insista en que el problema es la corrupción, el corazón del capitalismo sigue estando en la producción. La prosperidad económica de los agroexportadores se construye de la explotación de los jornaleros, del deterioro sin cesar de la tierra y del agotamiento del agua, ya de por sí escasa, en medio de un desierto. Dilapidación pues de las fuentes fundamentales de la riqueza: el trabajo y la tierra. Por eso el CNI y los zapatistas dicen que la lucha es por la vida.
Apenas este 12 de junio, el Instituto Nacional de Migración (Inami) informó del retorno vía aérea de 108 hondureños desde Villahermosa
Redacción / Códice Informativo
Tenosique (México), 12 jun (EFE).- Deportaciones, criminalización, hostilidad y violencia hacia migrantes son los primeros efectos del refuerzo de las fuerzas de seguridad en Tabasco, sobre todo en la región colindante con Chiapas, denuncian este miércoles migrantes y activistas.
“Es una olla de presión. Ha habido muchísima persecución y detenciones masivas de forma cruel e inhumana“, dijo a Efe Alexandra Lestón, del Hogar de Refugio para Personas Migrantes La 72, con sede en el municipio de Tenosique, fronterizo con Guatemala.
Apenas este 12 de junio, el Instituto Nacional de Migración (Inami) informó del retorno vía aérea de 108 hondureños desde Villahermosa, capital de Tabasco.
“En su mayoría familias con niños, quienes tenían una condición de estancia irregular en México“, puntualizó el organismo.
Ello podría indicar que los migrantes están buscando nuevos puntos de entrada a México, pues habitualmente cruzan por la frontera entre Guatemala y Chiapas, más al sur.
La defensora de migrantes aseguró que los operativos y retenes con apoyo de militares y la Policía Federal son constantes y que estos se mantienen en el tramo carretero El Ceibo-Tenosique.
Y también por vía fluvial desde el río San Pedro en Guatemala hasta la zona del Pedregal (Tenosique), en territorio mexicano.
A decir de la activista, la estación migratoria en Tenosique, con capacidad para 70 personas, fue rebasada en su capacidad por cerca de 250 migrantes.
En tanto colapsaron los servicios consulares para asilo y visas humanitarias en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
“Vemos que el colapso de las instituciones es otra manera de frenar la migración porque no es posible tener acceso a una migración si no hay inversión en las instituciones“, evidenció.
Comentó que los agentes migratorios, la policía militar y la Policía Federal, vigilan la estación migratoria en Tenosique, lo mismo en los tramos carreteros de aquella ciudad fronteriza.
En la estación migratoria regional de Tenosique, la agencia Efe constató la presencia de elementos del Ejército y de la Policía Federal.
También corroboró el hacinamiento de ciudadanos centroamericanos que exigen su inmediata repatriación.
“No somos presos, solo buscamos una oportunidad de trabajo. Necesitamos que nos saquen de aquí, que el cónsul hondureño nos haga el favor de liberarnos“, dijo Joel Mejía, de nacionalidad hondureña.
Mayra Reyes, otra hondureña que viaja en compañía de su hija de 14 años, dijo sentirse prisionera de las autoridades migratorias.
“Parecemos prisioneros, aquí no se puede comprar nada, pedimos que nos despachen luego“, urgió la mujer.
Hombres, mujeres embarazadas, familias con niños enfermos, amanecieron bajo improvisadas carpas en el exterior de la estación migratoria.
En tanto, otro grupo permanece agolpado al interior de las mismas instalaciones en condiciones precarias de salud que es atendida por Médicos Sin Fronteras.
Lestón reveló que un grupo de Médicos Sin Fronteras, estuvo en la zona fronteriza y notificaron que las personas y familias migrantes detenidas “no tienen acceso a la salud” y que muchos, entre ellos niños, padecen infecciones.
Lestón expuso que la “criminalización y militarización” ya existía desde hace tiempo, incluso antes del choque diplomático de la pasada semana entre México y Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar el flujo migratorio.
Finalmente, se llegó a una acuerdo para evitar esta medida de graves consecuencias, que implica reforzar la seguridad en la frontera sur de México.
“Vemos que -López Obrador- no tiene ni la más mínima congruencia con el discurso de la cuarta transformación en materia de migración (?) pero entendemos que al final quien manda en política migratoria es Estados Unidos“, sostuvo.
La activista lamentó que México se convirtiera en el “muro de contención” de Estados Unidos, un discurso opuesto a lo prometido por López Obrador cuando ganó la presidencia de México.
Un grupo de salvadoreños habría sido atacado a tiros por supuestos policías en Veracruz, según informó una organización de defensa de migrantes. | AP/Ilustrativa
VERACRUZ.-Un grupo de salvadoreños habría sido atacado a tiros por supuestos policías en Veracruz, según informó una organización de defensa de migrantes.
En dicho altercado, ocurrido el día viernes, habría muerto una joven de 19 años y dos hombres fueron heridos de bala.
Este acontecimiento sería el primero registrado en el País, luego del operativo acordado con Estados Unidos para frenar la migración ilegal.
Sería la primera víctima mortal del plan integral para contener la migración”, escribió el activista Rubén Figueroa, de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano, en su cuenta de Twitter.
“Se intensifica la cacería de migrantes en la frontera Sur, elementos del Ejército Mexicano realizan patrullajes por caminos, brechas y veredas que son utilizados por migrantes en su intento por evadir los retenes migratorios”, agregó.
México se comprometió a reforzar su frontera Sur con el envío de unos 6 mil efectivos de la Guardia Nacional como parte de un acuerdo con Estados Unidos, esto con tal de evitar la imposición de fuertes aranceles en productos mexicanos.
Jorge Winckler, fiscal general de Veracruz, indicó que las personas que sobrevivieron al ataque dijeron que “tres sujetos, al parecer policías” a bordo de un vehículo que identificaron como una patrulla, comenzaron a perseguirlos tras pasar por un puesto migratorio.
“Durante la persecución se realizaron varios disparos”, agregó el funcionario en una rueda de prensa el martes.
Vecinos en la colonia Juárez exigen que se levante el campamento. Alegan ruidos, suciedad y delincuencia. Integrantes del campamento otomí dicen que los acusan sin razón.
Foto: Alberto Pradilla
Alberto Pradilla/ ANIMAL POLÍTICO
Lorenza tiene 28 años y teme perder sus escasas pertenencias. Todo lo que esta mujer puede considerar como suyo cabe en una tienda de campaña hecha con plásticos, por la que se filtra el agua si llueve demasiado. En el centro, hay un colchón en el que todavía duermen sus tres hijas; Maren, Viviana y María Laura. Las tres están cubiertas casi hasta arriba con varias mantas. A su alrededor el mobiliario es escaso. Apenas dos armarios, un televisor y un montón de cestas en las que se amontona la ropa.
Esta tienda de campaña se encuentra en el campamento otomí, ubicado a la altura del número 18 de la calle Roma, en la colonia Juárez.
“Queremos una vivienda digna y progresar”, dice la mujer. Explica que una de las cosas que más le duelen son los reproches cuando vende en la calle. Cuando le dicen que se busque un trabajo, que se regrese al pueblo, que es una india. “Si no fuese por los indígenas la gente no tendría sus casas. ¿Quiénes son los que las construyen?”, argumenta.
Son las 8 de la mañana. En el campamento los habitantes comienzan a desperezarse. Una mujer limpia la ropa en una pila. Otro joven ata los hilos con los que fabrica pulseras que luego venderá en la calle. En algunas de las tiendas hay carteles de apoyo a Marichuy, la candidata del Consejo Nacional Indígena, o de recuerdo a Samir Flores, activista contra la termoeléctrica de Morelos asesinado hace más de tres meses.
El campamento empieza a despertar, hay personas que comienzan sus rutinas y otros que no han dormido en toda la noche: son los que montan guardia para avisar si ven algo sospechoso.
Creen que pueden ser desalojados en cualquier momento.
Desde hace dos décadas, integrantes de la comunidad otomí, triqui y náhuatl residen en la colonia Juárez. Primero se instalaron en el predio de la embajada de España en tiempos de la República española (de 1931 a 1936, aunque estuvo en funcionamiento hasta el fin de la guerra civil, en 1939). El sismo de 2017 dañó el edificio y, un año después, fueron desalojados. Se establecieron en dos campamentos: uno en la calle Londres 7 y el otro en Roma 18.
La mayor parte de los integrantes del campamento proceden de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro.
“Desde chiquita yo estaba ahí. Ahí dentro estábamos más seguros. Aquí corremos riesgos, pasan los carros, no podemos estar seguros aquí afuera. Pasan borrachos, gente que no vive aquí y nos pueden hacer algo. Ahí lo teníamos cerrado”.
Joaquina tiene 22 años y no conoce otra vida que no sea la de la Juárez. Llegó con su madre cuando tenía dos años y ahora su hija, de 5, acude al colegio cada día tras dormir en una tienda de campaña. Dice que le gustaría tener una “vivienda digna” y que por eso se mantienen aquí, porque esperan que las autoridades les ofrezcan una solución. Viste traje tradicional otomí y dice sentirse molesta cuando le acusan de no ser indígena.
Estas mujeres relatan ser discriminadas. Aseguran haber sido insultadas por su condición de indígena y, al mismo tiempo, acusadas de no serlo.
La preocupación más urgente para ambas es otra. Lorenza y Joaquina tienen en mente lo ocurrido el pasado 30 de mayo. Sus compañeros de la calle Londres, con quienes compartían condiciones de vida, pero no organización, fueron expulsados en un operativo coordinado entre la alcaldía de Cuauhtémoc y la secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Ellos evitaron el desahucio. Pero no se sienten a salvo. Creen que en aquel momento eludieron el desahucio porque mantenían una mesa de diálogo institucional, pero no confían en las autoridades.
Temen que ocurra lo mismo con ellos. Son 80 personas las que siguen pernoctando cubiertos por precarios plásticos.
“El alcalde dijo la semana pasada que esta semana podrían venir. Tenemos el temor de que pueda ocurrir”, dice Diego García, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que acompaña al campamento.
“El miedo que tenemos todos es que lleguen, nos vayan a golpear, nos tiren las cosas como pasó con los otros compañeros”, dice Isabel, otra de las residentes en tienda de campaña. Ella vende artesanías. En concreto, unas muñecas cuyo precio oscila entre los 120 y los 240 pesos. Teme que si viene la policía no pueda recuperar el material para fabricar las muñecas. Es lo que les ha ocurrido a los que vivían en Londres 7. Según explica Roberto, uno de los expulsados, la alcaldía no les devolvió sus pertenencias. Únicamente seis familias de las que fueron desalojadas permanecen en un plantón en el Zócalo. “No tenemos otro lugar a dónde ir”, dice Roberto.
Reunión de los vecinos con el alcalde Núñez
La otra cara de la moneda son los vecinos de la zona. Exigen que se levante el campamento. Alegan ruidos, suciedad y delincuencia. Ellos fueron la razón de que se expulsase a los ocupantes de la calle Londres, según Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.
Los vecinos alegan que, tras el primer desalojo, se ha desatendido su petición de terminar con el trabajo. Según explica Alberto, uno de los residentes que comenzó a organizar reuniones contra la presencia del campamento, acudieron dos ocasiones a la audiencia pública de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaun. También solicitaron audiencia privada con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez.
Únicamente lograron una reunión abierta con Núñez. El encuentro tuvo lugar el jueves 13 de junio. Se celebró en la plaza Giordano Bruno, justo frente al campamento de la calle Roma. Acudieron vecinos y también algún representante de la comunidad otomí. Según Alberto Gutiérrez solo se llegó a un acuerdo: reforzar la seguridad. Ahora hay un policía permanente en la zona.
Sobre las demandas de los residentes, que se centran básicamente en la expulsión del campamento, no hay más novedades. En la alcaldía de Cuauhtémoc aseguran que el objetivo es celebrar otro encuentro. Si tuviesen previsto desalojar tampoco lo dirían.
A pesar de ello el rumor de que puede llegar el desalojo en cualquier momento está en el ambiente. Les llegó a los comunitarios, que el sábado convocaron una conferencia de prensa para denunciar su situación. También les ha llegado a los vecinos, en cuyas redes se extendieron los rumores sobre una posible expulsión.
No solo los vecinos se han reunido con las autoridades. Los miembros de la comunidad otomí aseguran haber mantenido reuniones con Larisa Ortiz, directora de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Según denuncia Diego García, recibieron una visita en la que la institución se comprometió a apoyar con agua y colchones. El agua llegó solo en una ocasión. La versión es corroborada por fuentes de la secretaría, que aseguran que están ejerciendo de enlace entre los comunitarios y otras instituciones como el Invi, el Instituto de Vivienda.
Los residentes en el campamento no han variado sus demandas: dicen que están dispuestos a levantar sus tiendas si se les garantiza una vivienda en la colonia. Aseguran que ofrecieron comprar el predio, que la ley tiene mecanismos de expropiación, pero que las autoridades no tienen voluntad.
Aunque mantienen posiciones antagónicas, comunidad otomí y vecinos tienen un punto en común: ambos se sienten abandonados por las instituciones. Después del desalojo del 30 la situación ha regresado a una tensa calma. Y eso inquieta a todo el mundo.
La sensación en el ámbito institucional es que no hay nadie que se haga cargo del conflicto. Animal Político preguntó al Gobierno de la Ciudad de México, a la secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Pueblos Indígenas y a la alcaldía de Cuauhtémoc. Cada institución pasó a la pelota a otra sin explicar algún tipo de plan para resolver el conflicto.
Mientras tanto, en la calle Londres, la desalojada, ya se han realizado las labores de limpieza. Lo mismo ocurre en el interior del predio. Esta zona está custodiada por agentes armados. Uno de ellos se identificó como policía del Estado de México. Se trata de una práctica habitual: subcontratar agentes públicos para custodiar terrenos privados.
“Parece que lo reactivo fue el poder del dueño del inmueble”, dice Alberto Gutiérrez, uno de los impulsores del grupo vecinal. Sospecha que se limpió una parte del terreno para poder construir, y que las diferentes instituciones van a darles la espalda.
Según los acampados, el predio es titularidad de una inmobiliaria llamada Eduardo S.A. de C.V. En la alcaldía de Cuauhtémoc, sin embargo, indican que el terreno todavía está en disputa.
No es fácil vivir en un campamento en mitad de la calle Roma. Isabel explica que no tienen agua corriente, que tienen que recogerla de la toma de un parque cercano. Dice que lo hacen de noche, porque si no los vecinos se molestan. También se queja de que los residentes les culpan de hechos en los que ellos, asegura, no tienen responsabilidad. Como los desperfectos en el pavimento, que ellos achacan a las tuberías que pasan por debajo.
“Aquí no hay drogas ni delincuencia, nadie de aquí roba”, dice la mujer. Explica, por ejemplo, que la víspera hubo un problema con cuatro jóvenes de la comunidad. Según su versión, alguien les acusó de robar en un Oxxo, aparecieron varias patrullas, un agente llegó a sacar un arma.
Es probable que la versión que tengan los vecinos de la calle sea completamente diferente.
Hay dos mundos completamente opuestos en una pequeña calle de la colonia Benito Juárez y solo coinciden en una cosa: creen que las autoridades no quieren abordar soluciones al problema.
A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que a 12 días de la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos para contener la migración centroamericana que transita por territorio nacional, se han implementado acciones administrativas que obstaculizan el libre tránsito, no sólo para esta población, sino también para las personas mexicanas.
Por lo que enviaron un mensaje al Estado Mexicano para que frene estas medidas “que ponen en riesgo a quienes habitan y transitan por el país”.
Lo anterior fue denunciado en respuesta al despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, con el fin de realizar acciones de control migratorio, lo que las organizaciones calificaron como una violación a la Constitución Mexicana y a la Ley de Migración, lo cual vulnera también la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Esto lo precisan así tras la emisión de la nueva regla que han impuesto las líneas de autobuses a sus usuarios, resultado del oficio No. INM/DGJDHT/213/2019 que fue emitido por la Secretaría de Gobernación, y en donde solicitaron a las compañías de autotransporte de pasaje y turismo que prestan servicios en el país, soliciten una identificación a todas las personas que usen sus servicios.
Al respecto, las organizaciones argumentaron que por ley, las compañías de transporte únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las leyes, y sí además lucran al hacerlo: “Si una persona indocumentada se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, eso no es responsabilidad de las compañías de transporte, ya que no son autoridades para verificar el estatus migratorio”, precisaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa.
Las compañias que han hecho pública esta nueva regla son: Grupo Flecha Amarilla de Autotransporte y Autobuses de Oriente ADO, quienes emitieron un anuncio al público en el que señalan que para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad (credencial del Instituto Nacional Electoral, Cartilla Militar, Pasaporte o Cédula Profesional, Licencia de Manejo), esto por disposición del gobierno federal, lo que es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación.
Ante esta situación las organizaciones denunciaron que en el país no existe, en la práctica, ninguna identificación que acredite la identidad en México, pues no se ha cumplido con la implementación de la Cédula Única de Identidad que señalan la Ley General de Población y su Reglamento, tanto para personas adultas como para menores de 18 años de edad, quienes bajo estas circunstancias tendrían que portar su acta de nacimiento para identificarse.
Además, estas medidas excluyen a millones de personas que viven en México que no cuentan con estos documentos y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte: jóvenes, personas jornaleras agrícolas de las cuales muchas son indígenas, inmigrantes con documentación migratoria; personas mexicanas retornadas o deportadas que no cuentan con documentos de identidad, o aquellas que no tienen su credencial del INE porque se las robaron, no lo han actualizado.
Finalmente, los firmantes explicaron que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial, pero hay muchas que aún no la tienen a pesar de haberse registrado; a la par, existe también un número indeterminado que no la han solicitado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte; y el uno por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.
Ciudad Juárez – Los militares que vigilan el bordo del río Bravo, para evitar el paso de migrantes hacia Estado Unidos, portan desde este miércoles un brazalete negro con las siglas GN (Guardia Nacional) en blanco y un escudo de la nueva agrupación creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para labores de seguridad pública.
Esta es la primera acción en la que se detectó a militares usando distintivo de la GN en los operativos que participan en la ciudad. Desde el pasado viernes se sumaron a labores antimigrantes en el estado de Chiapas.
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La Verdad
Fotos e Información: Alejandro Sánchez
Ciudad Juárez – Los militares que vigilan el bordo del río Bravo, para evitar el paso de migrantes hacia Estado Unidos, portan desde este miércoles un brazalete negro con las siglas GN (Guardia Nacional) en blanco y un escudo de la nueva agrupación creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para labores de seguridad pública.
Esta es la primera acción en la que se detectó a militares usando distintivo de la GN en los operativos que participan en la ciudad. Desde el pasado viernes se sumaron a labores antimigrantes en el estado de Chiapas.
A petición de autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), los militares, junto a policías federales, estatales y municipales, activaron desde el domingo un operativo para impedir el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense por el río Bravo.
Sin embargo, fue hasta este miércoles que los soldados portaron el logo de la GN. Esto ocurrió luego de que Francisco Garduño, nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, dijo el martes que se estaba desplegando a la Guardia Nacional –en su mayoría militares– en la frontera sur y en la frontera norte como parte de la implementación de controles migratorios.
En entrevista con medios de comunicación, Garduño explicó que los migrantes pueden ser detenidos por agentes de la Guardia Nacional, o la policía municipal o la estatal que participan en los operativos, para luego ser puestos a disposición de los agentes migratorios.
Esto último se empezó a registrar en esta comunidad desde hace dos días, cuando los militares comenzaron a interceptar a migrantes para entregarlos a oficiales de Migración, quienes los regresan al sur del país para resolver su situación migratoria o deportarlos, de acuerdo con fuentes consultadas.
Elizabeth Rodríguez Lezama / La Jornada de Oriente
Tehuacán. Puede ser que el gobierno insista en detener la migración, pero eso no amedrenta a los migrantes que procedentes de países de Centroamérica y hasta de África, buscan la manera de cruzar país para llegar a Estados Unidos, aún si ello implica arriesgar su vida, explicó Norma Romero Vázquez, líder de la organización Las Patronas de Veracruz.
De visita en esta ciudad para compartir su experiencia con estudiantes de la Universalidad Autónoma de Puebla (UAP), Norma Romero lamentó que desde el gobierno federal no se apliquen políticas de verdadero apoyo para los migrantes, ya que cuanto se anuncia solo queda en palabras.
La frontera sur está militarizada, las corporaciones policiacas llegan a sumarse a los grupos delictivos y a las autoridades de migración que desde siempre se aprovechan de la necesidad de las miles de personas que diariamente intentan entrar a suelo mexicano para seguir su viaje hacia Estados Unidos, manifestó.
Con ello no se impide la migración, lo único que ocurre es que las personas usen rutas más peligrosas, están entonces en riesgo de convertirse en números que se sumen a la lista de desaparecidos, advirtió la líder de Las Patronas, quien llamó a tener una mayor conciencia de solidaridad hacia esos grupos.
Si bien el número de personas que viajan en los trenes ha disminuido, para Norma Romero eso no significa que la migración vaya a la baja, más bien lo interpreta como una señal de que están viajando por otras zonas para así evitar demoras encontrarse con los militares o los policías.
El ofrecimiento de visas o permisos de trabajo por parte del gobierno federal es una mentira aseveró la activista al manifestar que hasta el momento no conoce a un solo migrante beneficiado con ese programa, lo cual es entendible porque México atraviesa por una situación difícil en materia de desempleo, por lo cual si no hay trabajo para los de casa, menos para quienes lleguen de fuera, consideró.
Sobre el reciente anuncio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que el gobierno se hará cargo de los albergues para migrantes, Romero Vázquez expuso su total desacuerdo al señalar que ello solo llevará a sembrar temor entre las personas que necesitan esos espacios.
A quienes critican a su organización por extender la mano a los migrantes, respondió recordándoles que se trata de personas que enfrentan situaciones muy difíciles en sus países de origen, al grado que prefieren morir antes de regresar a sufrir de hambre, miseria, dolor o inseguridad.
Las Patronas no solo atienden a los migrantes de otros países, en el tren viajan también paisanos que buscan cruzar a Estados Unidos, en los albergues reciben a gente de Chiapas, Oaxaca y otros estados que necesitan del apoyo, resaltó.
Para quienes forman parte de la asociación es evidente que algo muy grave ocurre en los países desde donde las personas deciden emigrar; anteriormente solo eran varones mayores de edad los que se arriesgaban en el viaje, luego les siguieron las mujeres también mayores de edad, pero con fuerzas para enfrentar la travesía.
Después a los grupos se unieron adolecentes, varones y mujeres; ahora ya son familias completas las que forman parte de los grupos migrantes incluyendo a niños y a adultos mayores, lo que es una señal de desesperación ya no tanto por encontrar un buen trabajo sino por huir de su país, observó.
Soldados y policías de los tres órdenes de gobierno, encabezados por agentes de migración, realizaron un operativo para impedir el flujo de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos por el río Bravo, dos días después de que en esa frontera norte López Obrador llamara a no maltratar a los migrantes
Por: En el camino / STAFF/ PIE DE PÁGINA
Soldados y policías de los tres órdenes de gobierno, encabezados por agentes de migración, realizaron un operativo para impedir el flujo de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos por el río Bravo, dos días después de que en esa frontera norte López Obrador llamara a no maltratar a los migrantes
Texto: Rocío Gallegos / LA VERDAD DE JUÁREZ
Fotos: Raymundo Ruiz y Alejandro Sánchez
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA – Militares y agentes federales, estatales y municipales fueron desplegados para vigilar el bordo fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Paso, Texas, como parte de un operativo que activaron el domingo pasado autoridades migratorias mexicanas.
Algunos soldados permanecieron fijos en algunos tramos, mientras otros patrullaban la zona en conjunto con policías de tres niveles de gobierno y oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes encabezan las acciones, se pudo apreciar en un recorrido por el bordo del río Bravo.
Algunos policías federales consultados indicaron que el operativo arrancó este fin de semana con la intención de desalentar el cruce de migrantes hacia Estados Unidos por esta región.
Los oficiales migratorios además abordaban a las personas que se encontraban en el lugar y les pedían identificación. Así lo indicaron también algunos hombres entrevistados luego de interactuar con los agentes.
Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, aseguró que se trata de un operativo encabezado por autoridades federales y que la intención es advertir el riesgo de cruzar hacia Estados Unidos por el río.
“Ahorita el río trae mucha agua, se abrieron las compuertas, y en los últimos días se ha visto a mucha gente migrante pasarse el río sin considerar el riesgo por el agua que trae la afluente”, dijo el funcionario.
Esta semana muchos migrantes atravesaron el río Bravo con niños pequeñitos, se busca evitar que se vayan a lastimar o hasta perder la vida por cruzar el río en zonas profundas, agregó el funcionario.
Las acciones con militares en el bordo fronterizo se implementaron a unos días de que el Gobierno de México activó el plan migratorio en la frontera sur del país, con el que busca contener el flujo de migrantes con operativos encabezados por militares con brazaletes de la Guardia Nacional.
De acuerdo con los datos proporcionados durante la presentación del plan, este contempla: despliegue de la Guardia Nacional (GN) en el sureste, contratación de más de 800 empleados a través del Instituto Nacional de Inmigración para atender migrantes, lanzar programas de la Secretaría de Bienestar en la frontera sur, identificar nueve puntos para recibir solicitantes de asilo que esperan audiencia en EU y mayor contacto con Honduras, Guatemala y El Salvador para abordar tema migratorio y el desarrollo en conjunto.
En la iniciativa no se dieron a conocer acciones para atender la situación que se enfrenta en frontera norte, en comunidades como Ciudad Juárez, donde se encuentran miles de migrantes varados, unos a la espera de poder cruzar a Estados Unidos y otros que lograron entrar a territorio estadounidense pero fueron retornados a México desde El Paso, bajo el programa Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) de la administración Trump.
En su gira por Ojinaga, comunidad situada en la frontera con Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fenómeno migratorio no debe atenderse con la fuerza ni con medidas coercitivas, pero presumió un plan con despliegue de militares en la frontera sur.
‘No debemos maltratar al migrante’
El operativo ocurrió horas después de que en Ojinaga, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo “no debemos maltratar a los migrante” y aseguró que eso se le ha dicho en dos o tres ocasiones al presidente Donald Trump y que eso se hará en México.
Al abordar el fenómeno de miles personas que han salido de sus países – principalmente de Centroamérica, López Obrador afirmó que se debe buscar una solución a esta situación no con fuerza ni con medidas coercitivas.
López Obrador llegó a la frontera norte la tarde del viernes pasado, como parte de una gira de dos días por el estado de Chihuahua, luego de que, por la mañana, en la Ciudad de México, informó sobre su plan para atender el fenómeno migratorio de miles de personas que viajan a través de territorio mexicano hacia Estados Unidos.
El despliegue de Guardia Nacional comenzó a documentarse desde este viernes, cuando elementos del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, destacamentados en la sierra de Chiapas, se colocaron un brazalete negro con las siglas GN (Guardia Nacional) e iniciaron patrullajes en los municipios Frontera Comalapa y otros de la sierra de Chiapas, que conforman una de las rutas de migrantes y traficantes de mercancía ilegal.
Fotografía: Publimetro
Foto: David Ernesto Pérez
Alertan crisis fronteriza por devolución . | AP
APOYO. Personal del INM fue acompañado por elementos de la Guardia Nacional. Fotografía: El Mañana
Muere periodista por un ataque a balazos en Tamaulipas | Pixabay
