Médicos sin Fronteras. Las indocumentadas que viajan en ‘La Bestia’ saben que serán agredidas y solicitan inyecciones anticonceptivas para evitar los embarazos. https://www.milenio.com/politica/aumentan-violaciones-contra-hombres-y-mujeres-migrantes
La unidad móvil de Médicos Sin Fronteras alertó sobre el incremento de violaciones sexuales tanto a mujeres como hombres migrantes que se trasladan en La Bestia. Algo que había quedado atrás, ahora vuelve a reaparecer. Los migrantes lo cuentan con miedo, tienen miedo. Ante los retenes en carreteras, transitan ahora por rutas de mayor riesgo. Candy Lizbeth Hernández, integrante de la organización que atiende indocumentados que esperan el tren y que están en la Casa del Migrante de la Diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz, revela que los migrantes se previenen para esa violencia sexual. “Las mujeres solicitan anticonceptivos para prevenir embarazos, pues saben que serán violadas, saben que las van a violar” y en el caso de los hombres esos abusos van en aumento.
“Nos han tocado pacientes víctimas de violencia sexual: los asaltan, los desnudan, los secuestran y violentan sexualmente; nos toca otorgar medicación para prevenir infecciones de transmisión sexual, como el VIH”.
Las agresiones ocurren desde la zona de El Ceibo y Tenosique, en Tabasco, hasta Coatzacoalcos y Las Choapas, en Veracruz.
Los indocumentados llegan para atención por traumas, “al momento de correr de la migra o para subir al tren se esguinzan”. A los niños se les atiende de picaduras de moscos, hongos en los pies, infecciones, enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
José Luís, de 11 años, está en una esquina de la colonia Nueva Obrera de este municipio, acompañado de su madre y dice que va a EU. Él es uno de las decenas de infantes que pasan sin registro por la localidad.
El coordinador de la Casa del Migrante, Alfonso Delgado, dice que “el número de menores de enero a febrero pasó de 12 a 60 niños y en lo que va de julio llevamos 20 niños acompañados.
“Hay casos especiales, cuando llegan niños solos porque algunos de sus familiares no pudo subir al tren: son de 13 a 14 años, tenemos otro de 8 años. Aquí esperan a su familiar”.
En el albergue hay 30 literas, 60 espacios para dormir. Todos duermen en ese espacio sin privacidad: hombres, mujeres y niños.
En algunas casas se rentan cuartos para migrantes: un sanitario repleto de excremento, una cubeta con agua por si alguien quiere bañarse, un cartón y un rincón para dormir en el piso. Todo por 20 pesos al día.
Las historias que se cuentan aterran: “Hace nueve días en La Bestia llegamos a Reynosa. Se subieron unos encapuchados armados, nos bajaron y nos seleccionaron en tres grupos: los que llevaban contactos con alguien de EU, las mujeres y otro que mandan de regreso en otro tren a Monterrey”.
Al primer grupo se lo llevaron para extorsionar a sus familiares, las mujeres fueron violadas y al tercero, antes de montarlos en el tren, fue pegado a una pared y retratado. Los amenazan que ya no los quieren ver ahí, pues de lo contrario los matarían.
Pese a los retenes en carreteras, máxima apuesta del gobierno federal para contener la migración, el flujo no disminuye: “En marzo tuvimos, mil 100; abril, mil 90; mayo, 998, y junio, mil 105… No sé qué está pasando”, cuenta el Alfonso Delgado.
Alicia Hernández es la cocinera de ese albergue y acusa que el gobierno simplemente no ayuda en nada: “Hace como un año gente del gobierno trajo bastantes donaciones, hace un año”. Ni antes ni después lo ha vuelto a hacer y menos hoy que siente sobre su cabeza la presión de Trump.
Afirman que el en el Laboratorio de Germoplasma se almacenan semillas y se evalúa su calidad para posteriormente producir plantas con genética mejorada
Guadalupe Adrián/Foto Daniel Sandova/Novedades Yucatán
Debido al despido masivo del personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Yucatán corre el riesgo el funcionamiento del Laboratorio de Germoplasma forestal a nivel peninsular, que se tiene desde hace 12 años, cuyo fin era la conservación genética de los recursos naturales.
El entonces encargado del lugar, Luis Gerardo Herrera, quien es uno de los despedidos, dijo que en el lugar se almacenan semillas y se evalúa su calidad para posteriormente producir plantas con genética mejorada que puedan ser útiles para las comunidades.
“Al ser despedido se frena un convenio con el gobierno de Cuba, a cuyo personal capacitábamos, porque al no contar con recursos, México brindaba la asesoría necesaria en esa materia”, explicó.
De igual manera se dejará de apoyar a los productores de plantas para la ejecución correcta de los recursos genéticos con que se cuenta, por lo que se dejarán de producir plantas como caoba y cedro que sirven para la reforestación de zonas dañadas por el hombre.
Este laboratorio está cerrado desde el 1 de julio al ser Luis Gerardo Herrera el único que está a cargo de esa área, que además apoyaba a alumnos que realizaban prácticas profesionales al contar con convenio de colaboración con varias universidades locales y nacionales como la UTM, Uady, y Universidades de Coahuila y México.
En total fueron 13 empleados despedidos que ayer se manifestaron de manera pacífica en las puertas de la dependencia para solicitar su finiquito correspondiente por los años trabajados o la renovación de sus contratos, debido a que actualmente solo cuatro personas realizan todas las actividades.
El jefe del departamento de restauración, Rogelio Guerra, explicó que de manera verbal fueron despedidos por lo que desde el 1 de julio no les permitieron acceder a sus equipos de trabajo.
“Actualmente tenemos más de 200 beneficiarios en diversos proyectos desarrollados en alrededor de 30 comunidades desde el 2015 y que se finiquitan algunos en 2024, los cuales están estancados al no haber personal que supervise su continuación debido a que solo dejaron a cuatro personas para que operan todas las actividades tanto administrativas como operativas de la dependencia”, indicó.
El 16 de agosto del 2014, el Congreso Nacional Indígena publicaba la segunda declaración sobre el despojo de nuestros pueblos, donde exponían a manera de metáfora, 24 espejos del despojo territorial y la guerra contra los pueblos a nivel nacional estructurada en una relación intrínseca entre violencias políticas del estado, a decir; la militarización, las reformas, la creación de leyes etc., y las violencias destructivas y anónimas del capitalismo; desde el actuar de las grandes corporaciones -mineras, petroleras etc.- hasta las del crimen organizado en su gran diversidad de carteles. A 5 años de dicha declaración, la guerra no solo se ha agudizado, sino que ha permitido la continuidad de la militarización y el despojo, so-pretexto de la lucha contra el crimen organizado.
El despliegue de la Guardia Nacional previsto para el 30 de junio del presente año, se ha adelantó para el pasado martes 18 de junio (1) debido a los acuerdos tomados entre el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, y Mike Pence secretario de gobierno de EU. La intimidación de una guerra arancelaria impulsada por el presidente Trump a México puso a temblar al estado, sus instituciones y alguno que otro despistado y liberal dentro de esta geografía. Ante esto, detener el flujo migratorio en 45 días fue la condición del gobierno estadounidense para frenar la causa de lo que podría ser una “crisis económica por el alza a los aranceles en el futuro”.
Unas semanas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en conferencia matutina junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una propuesta nombrada “Plan de desarrollo integral: El Salvador, Honduras, Guatemala, México” como respuesta para combatir el fenómeno migratorio en Centroamérica. Dentro de dicho plan resalta la posibilidad de establecer una interconexión eléctrica entre los países de dicha región que implicaría la construcción de un gasoducto de 600 km para “la integración entre el sur de México y América Central para llevar el exceso de gas natural y bajar el costo”, además, una terminal de gas natural y una central energética en el puerto Cortés en Honduras, el mejoramiento de infraestructura fronteriza en 950 km entre Guatemala y México, y una conectividad ferroviaria de 710 km desde la ciudad de Hidalgo en Chiapas, hasta en el puerto de la libertad en el Salvador (2) que pueda conectar, de la misma manera, Guatemala, Honduras, el Salvador y México. Sumémosle a esto, los proyectos de inversión en presas hidroeléctricas, en proyectos de parques eólicos y paneles solares, minería etc., como parte de la continuidad del proyecto Mesoamérica financiado por distintas corporaciones -como la petrolera EXXON, SHELL, ETC- y también por el Banco Mundial, (3) impulsados y justificados, de la misma manera, por la CEPAL.
El 14 de Junio se publica en el diario oficial de la federación el decreto en el que se crea el organismo “público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ” (4) órgano que asumirá la dirección de la construcción de la diversidad de proyectos dentro Plan de Desarrollo Integral para el Istmo. Una semana antes, pobladores de distintas comunidades del estado de Oaxaca y de diferentes organizaciones sociales se habían reunido en un encuentro denominado “el Istmo es nuestro”, para rechazar la propuesta del canal interoceánico del gobierno federal.
A partir de las negociaciones el 5 de junio en la Casa Blanca, estas iniciativas, tanto de la CEPAL como del Corredor Interoceánico, se han acelerado para proteger los intereses no solo del vecino del norte, sino de las propias corporaciones. Este complejo de megaproyectos implica la materialización de un entramado económico con variables políticas netamente neoliberales que lo único que intentan es “resolver” la crisis dentro de los mismos marcos que la generaron. Crisis que se presenta ahora como migratoria, energética, política y económica.
Como respuesta al éxodo migratorio, se efectúa en estos momentos el despliegue de la Guardia Nacional -que comenzó el martes 18 de junio- que implica la movilización de 6000 elementos, así como 825 agentes del Instituto Nacional de Migración (5) en distintos puntos estratégicos de paso de migrantes en la zona sur-este.
Ante este panorama, el viernes 14 de junio renuncia Tonatiuh Guillen, comisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas de migración con fuertes críticas hacia las políticas anti-migrantes del gobierno estadounidense. Ante esta deserción, asume la responsabilidad Francisco Garduño, quien había fungido como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a nivel Federal, a decir pues, un especialista en cárceles (6). Y entra en escena, el nombramiento de Kevin McAleenan como jefe del departamento de seguridad de los Estados Unidos, y la posibilidad de que Thomas Homan, ex director de la agencia migratoria conocida como ICE, asuma este cargo en los próximos días, quien ha sido conocido también como el nuevo“zar fronterizo”, que, además de defender la separación de familias de los migrantes en el proceso de detención, promete redoblar 4 o 5 veces la inspección y deportación de migrantes, y fortalecer(7) los nuevos campos de concentración instalados ya en la frontera sur de este país. Esta ha sido la respuesta del gobierno de Trump al flujo migratorio, la militarización no solo de la frontera norte, sino el reacomodo del Comando Sur en Guatemala y la capacitación de este comando a militares hondureños en diferentes tareas, “incluyendo salas de limpieza, calificación de armas, registros de vehículos y puntos de control táctico” (8) con intención de combatir el éxodo y otras amenazas internas. Las prácticas de militarización y detención de migrantes han llegado a puntos extremos similares a los campos de concentración Alemanes del siglo pasado, como afirma David Brooks, “hemos entrado a lo que yo llamaría un sistema de campos de concentración… y la definición de eso es la detención masiva de civiles sin un juicio”. Por cierto, “la semana pasada se reveló que el gobierno de Trump usará una base militar en Oklahoma que fue campo de concentración para japoneses-estadunidenses internados durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a unos mil 400 niños inmigrantes no acompañados”. (9)
El éxodo migratorio no puede entenderse sin la formula despojo-militarización, que en clave geopolítica se traduce como zonas de sacrifición (territorios estratégicos en recursos naturales, culturales) y zonas de acumulación, puntos geográficos que se “desarrollan” a costa de otros puntos geográficos y que descansan sobre una lógica común; la violencia del capital, respaldado por los diferentes tipos de estado (desde los progresistas como Nicaragua hasta los neoliberales) y la injerencia de estrategias de contrainsurgencia, principalmente de Estados Unidos.
Es precisamente ahí donde entra la militarización de México con la Guardia Nacional. El control territorial del sur no es más que un esfuerzo de cuidar un proceso de reordenamiento territorial a favor del capital y sus grandes corporaciones, el Tren Maya y el Plan de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el de Centroamerica, se incertan ahora en la llamada “economia verde ó capitalismo sustentable” (10) como “nuevos espacios globales, en los cuales el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero” (11), un proceso de industrialización que implica la construcción de grandes zonas maquileras, -estrategicas a nivel global- y proyectos de “desarrollo”. El mismo papel que cumplirian las Zonas Economicas Especiales, sólo que ahora, con un nombre más amigable.
II
La década de los 80´s y 90´s estuvo marcada por una fuerte violencia entre grupos guerrilleros y ejércitos estatales auspiciados y asesorados por las distintas instituciones y departamentos de seguridad del gobierno gringo. Tanto el pentágono, el departamento de defensa y la CIA cumplieron un papel especifico en contrarrestar a los grupos insurgentes a partir de la instalación de bases militares en todo territorio centroamericano, esa estrategia en lenguaje militar se ha denominado “dominación de espectro completo”, que implica control y vigilancia de todo el globo a través de 5 comandos especiales, como ya sabemos, de Guatemala a la Patagonia vigila el Comando Sur. Centroamérica ha sido un laboratorio de contrainsurgencia impulsado por estos distintos departamentos de seguridad estadounidenses, que han llevado a imponer, en esa región tan estrecha, cerca de 28 bases y centros de operación militar. La estrategia de “dominación de espectro completo” no solo ha servido para combatir las subversiones, sino también para vigilar y controlar los recursos naturales. Renán Vega Cantor y Felipe Vega lograron retratar el establecimiento de las bases militares y centros de operaciones gringas en Latinoamérica a través de su investigación “Geopolítica del despojo; Biopiratería, genocidio y militarización” y “Los economistas neoliberales, nuevos criminales de Guerra” (12) . La distribución de centros de operación y bases militares se distribuye de la siguiente manera:
México:
1).- Bases de Chicomuselo y Juquipilas en Chiapas, con 600 efectivos. Se funda como parte de la iniciativa Mérida, y la militarización del sur de México, sumado a los 14000 militares que se encuentran en Chiapas.
2).- Academia Estatal de formación y desarrollo policial en las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de Puebla. El FBI y otras agencias gringas tienen participación directa.
Guatemala:
3).- Fondo de mantenimiento contra el narcoterrorismo, en San José Guatemala creada por el comando SUR.
4).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo en Champerico, creado por el comando Sur. Cuartel-centro de operaciones y muelle con inversión de 1.75 millones de dólares.
5).- Centro de Operaciones contra el narcoterrorismo en Tecun Uman, creado por el comando sur con una inversión de 1 millón de dólares.
6).- Centro de entrenamiento de fuerzas especiales Kaibiles. Poptún. Comando Sur y operaciones especiales Sur con una inversión de 1.15 millones de dólares, funciona como centro de operaciones y base aérea.
Honduras:
7).- Centro anti-narcóticos. Comando Sur. Contrato asignado en junio de 2010 por 1.2 millones de dólares.
8).- Puerto Castilla, Comando Sur. Con una inversión de 350 mil dólares.
9).- Base aérea y militar Sotocano y Palmerola. Se origino para contrarrestar la revolución sandinista y el movimiento guerrillero en el Salvador.
10).- Fuerza de tarea conjunta BRAVO-Sotocano.
El Salvador:
11).- Fuerza de tarea conjunta el Águila, base aérea de Comalapa.
12).- Locación de operaciones avanzadas Miraflores, por el Comando de operaciones especiales Sur.
Belice:
13).- Centro anti-narcoterrorismo. Callao Hunting y Callaos Sapodilla. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 1´750.000 dólares.
14).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo. San Pedro. Cuartel, centro de operaciones, muelle, almacenamiento de combustibles y dispensario, financiado por el Comando Sur con una inversión de 1.5 millones de dólares.
Nicaragua:
15).- El Bluff Bluefields. Construcción de un cuartel contra el narcoterrorismo por parte del comando sur, que aportó 1 millón de dólares.
16).- Cuartel contra el Narcoterrorismo. Isla Cuerno. Comando Sur con una inversión de 500 mil dólares.
17).- Corinto. Cuartel y muelle. Comando Sur con una inversión de 3.9 millones de dólares.
Costa Rica:
18).- Base Antinarcóticos. Liberia. Construcción por el Comando Sur en 2009. Construcción de un radar y hangar por EEUU. USEN.
19).- Base Naval Punteras. Calderas, Costa Rica. Creación de escuela de guardacostas. El Comando Sur aportó 2009 1,5 millones de dólares para la construcción de muelles e instalaciones.
Panamá:
20).- Centro contra el terrorismo. Isla Grande, Panamá. Cuartel, centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el Comando Sur por 3.5 millones de dólares.
21).- Centro contra el narcoterrorismo. El porvenir, Panamá. Centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el comando sur por 3.5 millones de dólares.
22).- Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Piña. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 4 millones de dólares.
23).-Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Obaldía. Inversión del Comando Sur por 3.5 millones de dólares. (13)
Los mapas muestran el reparto de dichas bases militares aquí mencionadas.
La militarización y control de Centroamérica permitió que en esta región se practicaran todo tipo de tácticas y estrategias de contrainsurgencia que fueron, en todos los aspectos, los generadores de la violencia que hoy repercute y expone sus efectos en el fenómeno migratorio.
Por otra parte, en el territorio dominado por el estado mexicano, la distribución del ejército se da a través de 46 zonas militares distribuidas a lo largo y ancho del país(14). Del estado de puebla a Chiapas encontramos por lo menos 10 zonas a cargo de esta institución castrense. Aunado a esto, de los 266 centros de operación de la Guardia Nacional, tan solo Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco se establecerán 50 de estos centros operativos, los cuales fueron los primeros en funcionar -desde el 18 de Julio- debido a la crisis migratoria.
La crisis que se presenta ahora ha venido acompañada de estrategias de “desarrollo integral” como respuesta a dichas problemáticas, no sin antes, como en el caso mexicano, militarizar la zona del problema con un muro de contención contra las y los despojados. Pero estas propuestas de desarrollo integral lo único que hacen es agudizar la violencia propia del capitalismo, mostrando una cara más amable. No olvidemos que fue la CEPAL – mediante sus análisis desde el enfoque de la economía política o capitalismo con rostro humano- quien propuso y dio las pautas “científicas” para el desarrollo de Centroamérica mediante el proyecto Mesoamérica. No podemos obviar que “desarrollar integralmente una zona” en el lenguaje de la economía política, es simplemente la continuación de la reproducción del actual modo de producción que tiene como fundamento el despojo permanente mediante la violencia.
III
Y, como era de esperarse, a poco más de una semana del despliegue de la Guardia Nacional, los efectos de la represión comienzan a hacerse notar, la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denuncio el hostigamiento y violencia con la que han actuado los elementos de la Guardia Nacional sobre migrantes y defensores de derechos humanos en los últimos días (15), no solo en la zona norte del país, sino sobre todo en la parte sur, donde el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional han actuado en redadas contra los migrantes (16). Y, como se previa, la zona sur-este del país, se ha vuelto un muro de contención militar en contra de las personas que vienen migrando.
En los últimos meses, distintas organizaciones sociales y comunidades han denunciado al gobierno federal y al Intituto Nacional de Pueblos Indigenas por llevar acabo consultas amañadas (17) con la clara intención de darle continuidad a proyectos de despojo.
Por otra parte, el Congreso Nacional Indigena registra 117 asesinados desde su creación en 1996 y 11 desaparecidos, en tan solo 5 meses del actual gobierno se registaron 10 asesinatos contra miembros del CNI (18). Hay una guerra declarada contra el zapatismo, que no implica solamente el refuerzo de la militarización en territorio del EZLN, sino la agresión permanente hasta el asesinato de quienes se oponen a la toma del estado como forma de organizar la vida.
Pero es una imagen la que muestra la realidad de la guerra que ya esta en curso y de la que se avecina. El 26 de junio aparecieron muertos Oscar Martinez de 25 años y su hija Valeria de 23 meses de edad en los limites del Rio Bravo, en el norte del país al tratar de cruzar la frontera. La Organización Internacional para las Migraciones publico un estudio nombrado “Fatal Journeys Missing Migrant Children” donde señalan que son tres las cusas de muerte en el paso de migrantes en méxico 1).- Accidentes en el tren llamado la bestia, 2).- las causas desconocidas como desaparición y 3).- la violencia, (19) y afirman, que en 5 años, del 2014 a la fecha suman 1907 muertes registradas de migrantes, pero se les olvido explicar las causas puntuales que originaron la violencia y el despojo de quienes ahora migran, y el papel de las fuerzas armadas en dicho proceso.
La imagen del asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, de los pueblos Xincas y Mayas en Guatemala, de las y los estudiantes y pobladores reprimidos y asesinados en Nicaragua, de la crisis política en Panamá y de los despojos territoriales en Costa Rica, nos muestra que es precisamente esta violencia de la clase criminal transnacional, las corporaciones y sus actores ilegales y legales, su vinculo con las instituciones del estado y la militarización y para-militarización, los factores que han obligado a las personas a abandonar sus territorios y/o resistir hasta ser asesinados.
Centroamerica y el sureste mexicano se nos presentan como un mosaico de imágenes, cada mosaico enfrenta su propia versión de la crisis e intenta salir de ella. La guerra que esta en curso y la que viene será la guerra de lxs nadie, de lxs dueños de nada, de lxs despojadxs y excluidxs, de lxs desplazadxs por la violencia de los estados, de lxs asesinadxs por las balas del capital, de lxs encarceladxs por las grandes corporaciones, de lxs desaparecidxs por el crimen organizado transnacional, la guerra que viene será la guerra de lxs nadie, de aquellxs que, como dice Galeano, cuestan menos que la bala que lxs mata.
//www.proceso.com.mx/588245/despliegue-de-la-gn-en-la-frontera-sur-quedara-listo-el-martes-ebrard
//www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf
//www.centralamericadata.com/es/projects/acceso_servicio Y ver también http://projects.bancomundial.org
//dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562774&fecha=14/06/2019
//www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/14/el-martes-concluye-despliegue-de-la-gn-en-la-frontera-sur-ebrard-6053.html
//www.forbes.com.mx/amlo-ya-tiene-al-sustituto-del-jefe-del-instituto-nacional-de-migracion/
//www.nytimes.com/2018/08/07/magazine/kevin-mcaleenan-says-the-border-patrol-doesnt-make-the-laws.html, ver también //www.jornada.com.mx/2019/06/16/politica/004n2pol
//www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1883162/honduran-soldiers-complete-us-army-led-security-forces-training/
//www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/17/politica-de-trump-prepara-campos-de-concentracion-para-migrantes-5899.html
//www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/13/lo-que-esconde-el-tren-maya-la-cuarta-transformacion-de-las-fronteras-mexicanas/
Renán Vega Cantor y Felipe Martin Novoa “Geopolítica del despojo; biopiratería, genocidio y militarización”. Editorial CEPA. Colombia 2016. Renán Vega Cantor “Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra”. Editorial IMPRESOL. Febrero 2014, Colombia.
Para más información revisar las investigaciones arriba mencionadas y el documento del Comando Sur titulado “United State, Southern Command, strategy 2018 Partnership for the Americas”. Disponible en: https://www.resdal.org/ultimos-documentos/usa-command-strategy.pdf y también; https://www.southcom.mil
//www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/262602/ZONAS_MILITARES.pdf
//twitter.com/Tlachinollan/status/1143947916647661568
//www.animalpolitico.com/2019/06/casa-migrante-sonora-guardia-nacional/
//desinformemonos.org/las-consultas-a-pueblos-indigenas-son-solo-las-trampas-del-poder/
//www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/17/la-guerra-contra-el-congreso-nacional-indigena/
//publications.iom.int/system/files/pdf/fatal_journeys_4.pdf
Naucalpan, Méx.— Con las sillas de ruedas que utilizan sus hijos, padres de familia y vecinos de Satélite protestaron en contra de la orden que emitió el juez cuarto en materia civil de Naucalpan, para desalojar la casa-hogar San Luis Gonzaga para niños y adultos con parálisis cerebral.
Con pancartas y coreando la frase “¡No al desalojo!”, “25 niños con parálisis cerebral se quedarán sin hogar” y “¡Ustedes son mi voz!”, externaron su rechazo a la resolución del juicio civil que ganó la empresa Residencias Modernas, filial de Frisa, que ordenó el desalojo de la casa-hogar que opera desde hace casi tres décadas en Circuito Oradores, también conocido como avenida Fuentes de Satélite.
En el juicio que interpuso Residencias Modernas, “quedó demostrado con escrituras que la propietaria de este predio es mi apoderada”, señaló al abogado Oscar Alzaga Alcántara.
Explicó que en la Gaceta de Gobierno del 25 de mayo de 1987, la Legislatura del Estado de México ordenó al ayuntamiento de Naucalpan donar el predio de 2 mil metros cuadrados a la casa hogar para niño con parálisis cerebral, donde desde hace 29 años opera este albergue que presta atención médica a 25 personas de 12 a 60 años de edad.
El desalojo de la casa-hogar, inició el 2 de julio; sin embargo, se suspendió luego de que el abogado ejecutor del juzgado cuarto de lo civil, representantes legales de la empresa Residencias Modernas, autoridades del DIF estatal y autoridades municipales, así como visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, constataron que no había condiciones para sacar a los internos a la calle, pues no había ambulancias, tanques de oxígeno ni un sitio que los recibiera.
Berenice Rosano Torres, madre de uno de los internos, señaló que la mayoría de los pacientes no tienen familiares, sus padres fallecieron o simplemente los abandonaron en esta casa-hogar. Por ello dijo, es urgente que intervenga el gobernador Alfredo del Mazo Maza e incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque “el predio era propiedad estatal y en el juicio resultó ser propiedad privada”, al hacer referencia a la Gaceta de Gobierno del 25 de mayo de 1987.
En el Estado de México no hay una casa igual o similar, ni pública ni privada, que acepte, que cuide y atienda a estos pacientes, por lo que con este desalojo, la mayoría de las personas con parálisis cerebral y cuadripléjicos quedarían en situación de abandono, apuntó Berenice Rosano.
La protesta, a la que se sumaron vecinos de Satélite y Fuentes de Satélite, restringió la circulación de Circuito Oradores, por casi cuatro horas, en las que recibieron el apoyo de automovilistas que accedieron a que les pintaran los cristales de sus autos con lemas a favor de la casa-hogar San Luis Gonzaga.
Cabe señalar que en el mismo predio de 2 mil metros cuadrados, que Frisa reclama como suyo, además de la casa-hogar San Luis Gonzaga, opera una escuela para niños con síndrome de Down y la escuela para niños con autismo Autismax, que esta semana decidió irse de este lugar.
Después de 7 años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe Preventivo que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista, que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores.
Texto y fotos: Lydiette Carrión
Foto de portada: Hector Guerrero/ Archivo
BACANUCHI, ARIZPE, SONORA.- La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace 3 años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.
A la comunidad jamás se le informó nada. Este 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población.
El biólogo Germán González Siqueiros recita a la comunidad de Bacanuchi el informe que Grupo México entregó para abrir la presa de desechos tóxicos de la mina de cobre. Este informe fue redactado en 2012 y aprobado en 2013; el histórico y terrible derrame ocurrió en 2014. La presa de jale opera desde 2015. La gente, que apenas se recuperaba del derrame de 2014, se enteró del proyecto hace un año y medio porque vio la construcción, y porque Grupo México quitó el camino comunitario a Cananea. Hace un año, la comunidad, apoyada por la Organización Poder, interpuso un amparo que, en septiembre pasado, fue otorgado por la Segunda Sala de la SCJN.
La reunión de este 5 de julio de 2019 es resultado de ese amparo.
Al lado del biólogo se encuentra Dulce María Villarreal, suplente por ausencia del delegado de la Semarnat en Sonora, quien guarda silencio durante todo el evento. Del otro lado se encuentra Cristina Martin, directamente enviada por el nuevo titular de Semarnat, Víctor Toledo. Al frente, un centenar de personas de la comunidad y de poblados también afectados río abajo; hay observadores de derechos humanos, y también dos enviados de Grupo México: un notario y lo que parece ser un guardaespaldas.
El biólogo da el informe con la ayuda de un powerpoint. Este trámite debió haberse realizado por 2012, antes de que Semarnat aprobara el proyecto. Pero se lleva a cabo en 2019, después de que Grupo México obtuvo aprobación, compró ejidos, movió caminos, construyó una presa tan grande que tan sólo la corona es de ocho kilómetros de circunferencia y el muro de 117 metros (a lo lejos recuerda el muro de hielo de Juego de tronos) y le permite albergar el equivalente de 102 millones de pipas con desechos tóxicos. Es decir, unas 51 mil veces el derramado en 2014. Si la presa se reventara, sumergirá por completo Bacanuchi.
El biólogo Germán González lee con voz somnífera el informe que Grupo México entregó en aquel 2012 a la Semarnat, para que se aprobara su proyecto. Según su dicho, el proyecto contempla los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Recalca que las presas de jales (es decir, de desechos y lodos tóxicos) son usadas en todo el mundo. Que el diseño lo hicieron con un software muy moderno. Y que por eso se aprobó.
Los pobladores de Bacanuchi y de comunidades río abajo escuchan, mientras se abanican con revistas o papeles el calor del mediodía bajo la resolana del kiosko. La reunión es lenta; pero pobladores, mujeres amas de casa, hombres de botas y sombrero no quitan la atención: saben que es de vida o muerte, literal.
Visita de Semarnat a Bacanuchi, para presentar el informe preventivo de Grupo México para construir Presa de jales de la mina Buenavista del Cobre. Foto: Lydiette Carrión.
Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión:
“¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN.
“Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?”
Un hombre lanza: “¿Cómo no revirtieron la autorización, si ustedes la aprueban en 2013 y en 2014 se dio el derrame?”
Óscar Pineda, investigador de Poder, toma la palabra, otorgada por María Elena Bustamante. Se levanta y entrega un sobre color manila con todas las observaciones halladas: los volúmenes del vaso contenedor de la presa de jales que presenta Semarnat no son los mismos que los que han sido conseguidos vía transparencia. Hay discrepancias, de 1 mil 700 millones cúbicos a 2 mil 40 millones cúbicos.
Agrega que no se contemplan normas vinculadas a la salud humana. Tampoco se contempla el impacto acumulado del derrame de 2014, ni de las décadas y siglos de explotación minera.
No es posible hablar de la nueva presa de jales sin mencionar el desastre de 2014. Es imposible, a pesar de que las autoridades piden eso. Juan Flores, un joven originarios de Bacanuchi, explica: lo que más les importa es la salud. Cuando ocurrió el derrame de 2014, las autoridades les prometieron construir un pequeño hospital o clínica para dar seguimiento médico. No solo no construyeron nada, sino que el pequeño centro de salud que tenían ahora está cerrado.
Juan Flores también advierte que hay corrientes de agua donde antes no había. Eso, explica, son ya las filtraciones de la presa. ¿Qué software revisa eso? Porque saben que el agua lleva cadmio, plomo, arsénico y fierro, todo el tiempo.
Héctor Vega, profesor investigador de la Universidad de Sonora, pregunta: “Acaban de decir que la empresa manifestó que se realizarían análisis de agua y aire periódicos para monitorear el medio ambiente. ¿Por qué no presentan ustedes los datos?”
Y más cuestionamientos: en el informe elaborado por la empresa en 2012, se advierte que la presa tendría un fondo protegido contra la filtración de minerales y tóxicos. Pero a nosotros nos consta que no es así. En 2015, que comenzó a operar la presa, no tenía recubrimiento alguno. ¿Por qué no han dado seguimiento? Tampoco tiene pileta de recuperación, como asegura el documento que Grupo México entregó.
Por otro lado, la empresa ha construido 15 pozos alrededor de arroyos que van hacia el norte (es decir, del lado contrario a los escurrimientos). Esos pozos no son para recuperar escurrimientos tóxicos, sino para llevarse el agua limpia, sospechan los pobladores.
Pero Mario Salcedo, ejidatario, es quien mejor explica el sabor de la reunión: “oiga”, advierte al biólogo, “de todo lo que dijo, a mí no se me pegó nada”, dice, mientras se lleva la mano a la cabeza. “Nada, pero sé de un derecho: el derecho a la vida. Estoy hablando por los niños.” Aquí, remata: “nos están matando”.
Cristina Martin es amistosa: recalca todo el tiempo el interés de escuchar, de dialogar. Se compromete a que la Semarnat revise si Grupo México cumplió con todo lo que aseguró que haría para prevenir un nuevo desastre; revisar temas específicos de Salud, agua, y sobre todo, hacer una próxima reunión, esta vez extensa, que incluya a todas las comunidades (esta, al ser mandatada por la Scjn y luego implementada por un juez de distrito tenía limitaciones: solo los 42 firmantes del amparo) tenían voz y voto.
Los que estuvieron en 2014, recuerdan que en aquel entonces la Semarnat no accedió a dialogar con la población. “Se metieron a hablar con los de la mina, los funcionarios, y nada más”, “firmaron todo en secreto”, recuerda Héctor Vega, académico.
Para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, se tendrán que talar casi 132 hectáreas de selva, según un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo para Pemex.
En vísperas de la reunión de información que se llevará a cabo el próximo jueves, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reveló esta información que Pemex reservó al abrirse el proceso de consulta.
La Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que la obra tendrá efectos adversos y que la etapa de mayor daño es la de preparación del sitio, que incluye el desmonte, despalme y las actividades de mejoramiento de suelo afectando directamente los factores ambientales, vegetación y fauna. (Foto: @rocionahle)
No hay plazas nuevas para abatir este rezago de solicitudes
Anilú Salazar Mejía / El Noticiero de Colima
Cada año hay alrededor de 700 aspirantes al puesto de maestro, pero ese es el universo de la gente desempleada para este trabajo, dijo el dirigente de la Sección 39 del Snte, Heriberto Valladares.
Asimismo, señaló que no hay plazas nuevas para abatir este rezago de solicitudes, “como magisterio local sólo tenemos los que cada año se están jubilando, más de 80 compañeros de todo tipo de trabajadores y la mitad son docentes”.
“En la medida que se tienen estas jubilaciones, es la gente que está ingresando, pero sí hay un regazo, porque a los egresados del Isenco no se les ha dado trabajo”, dijo.
Se le cuestionó si es momento de cerrar un tiempo la formación de maestros para evitar el desempleo y destacó que no es conveniente, porque si bien los egresados no tienen la posibilidad de trabajar como maestros, “sí tienen un nivel académico para trabajar en otra cosa. En tanto, la Normal hace la función de sacar un perfil de un estudiante”.
Comparado con 2018 hay un incremento en delitos como feminicidio
Filiberto Ramos / El Sol de Toluca
Durante los primeros cinco meses de 2019, los delitos que afectan directamente a la mujer han registrado una tendencia creciente en el Estado de México.
Actualmente se acumulan 2 mil 348 denuncias ante el Ministerio Público, mientras que en el mismo periodo de 2018 la cifra fue de mil 651 ilícitos, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Lo anterior refleja un incremento de 697 agresiones denunciadas, aunque es necesario precisar que en el conteo de 2018, respecto a homicidios dolosos de mujeres, los datos del SNSP no publican las cifras respectivas.
En el concentrado de ambos periodos, realizado por El Sol de Toluca, se consideran todos los delitos sexuales, incluidos los feminicidios.
POR MES
Según las cifras, el mes que acumula en 2019 el mayor número de querellas de este tipo es mayo, que concentra 549 denuncias ante el Ministerio Público.
Mientras que marzo terminó con 503 denuncias y febrero con 481 delitos registrados en contra del sector femenino de la entidad, siendo los tres meses con la tasa más alta.
Durante el 2018, la cifra por este tipo de delitos en mayo fue de 383, es decir que en el mismo periodo de este año hubo una alza del 31.3% en dichos ilícitos. La tendencia es similar en el resto de los meses.
POR DELITO
En lo que se refiere al desglose por tipo de delitos cometidos, en los primeros cinco meses de este año, el abuso sexual fue el más denunciado, pues se registraron mil 67 casos.
Los delitos de violación, ocupan el segundo y tercera causa por la que más denunciaron las mujeres entre enero y mayo de este año, con 607 hechos en la violación simple y 357 en la violación equiparada.
Otros delitos sexuales como acoso y hostigamiento acumularon una cifra menor en el desglose global de los primeros cinco meses del año.
Tomando de referencia el delito de abuso sexual, por ser el más alto, comparado con el mismo periodo de 2018, la cifra arroja que ese año hubo 727 carpetas de investigación iniciadas.
Lo que indica que este año hay un crecimiento en el ilícito de 340 casos más y un alza porcentual del 46.7%.
En todos los casos, los delitos tuvieron crecimiento en comparación con el mismo periodo del 2018, indican las cifras del SNSP.
FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS
Este delito aunque no es de los que acumularon mayores cifras a nivel local, si es de las que tienen una tasa alta a nivel nacional.
Pues en los primeros cinco meses de este año, el Estado de México concentró 38 tipificaciones, y es segundo lugar sólo por debajo deVeracruz que registró 76 carpetas de investigación.
Durante los primeros cinco meses de 2019, la entidad es el puntera en el país con 159 homicidios dolosos, seguido por Guanajuato con 117 hechos.
EDADES
Según los rangos de edades calculados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las agresiones de este tipo contra mujeres, es más alta entre femeninas de 18 años y más, con el 70% de los homicidios tipificados como feminicidios.
En tanto, el 30% de las carpetas de investigación que ha llevado la FGJEM en el año, han sido de jovencitas de 17 a cero años, revela el informe.
Los efectivos empezarán a incorporarse en el transcurso de la semana y será de manera paulatina
Redacción / 8columnas
Nicolás Romero, Méx.- Para reforzar la fuerza pública municipal, la vigilancia y operatividad en el territorio, 450 elementos de la Guardia Nacional llegarán a Nicolás Romero, se informó en la Tercera Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
Se tiene contemplado que los efectivos empiecen a incorporarse en el transcurso de la semana y será de manera paulatina.
De acuerdo con el Presidente Municipal, Armando Navarrete, y con estándares internacionales, en Nicolás Romero se necesitan por lo menos mil 200 policías, por el número de habitantes que hay en el territorio municipal, cifra que asciende a 410 mil personas.
Para cuidar la integridad de la población y como parte de las 5 acciones de la estrategia de seguridad que se aplica en el municipio, desde el primer día de su mandato se tienen operaciones coordinadas con los distintos niveles de gobierno.
“Para eso son las mesas que se tienen todos los días a las 8 de la mañana y, de manera adicional, está lo de la Guardia Nacional, estamos a semanas, a días de que esto pueda darse en nuestro municipio.
“Lo que tenemos, por lo pronto, es el respaldo del Ejército, que ha sido contundente, y de la Policía Militar. También debo reconocer que hay una excelente disposición de la Fiscalía, ha habido muy buena coordinación, es lo que ha fluido muy bien”, refirió Navarrete en la reunión sostenida en el Palacio Municipal.
También destacó que la ciudadanía debe tener claro que la seguridad es un tema que compete al Estado, es decir, a los tres niveles de gobierno, no sólo al municipal.
“Y, cuando hablamos del Estado, hablamos de los tres niveles de gobierno y hablamos de los tres poderes, porque también hemos tenido casos donde la Policía hace su trabajo, la Fiscalía hace su trabajo y, de pronto, por un vacío legal, los delincuentes terminan saliendo libres”, detalló el Munícipe.
El Gobierno de Jalisco actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición (SISOVID) donde pasó de 7 mil 504 personas desaparecidas a sólo mil 752, esto lo hizo sin presentar mayores evidencias que expliquen cómo y por qué de la noche a la mañana, 5 mil 752 desaparecidos se convirtieron ahora en “personas no localizadas”; integrantes del colectivo Por Amor A Ellxs exigen que se aclare esta “re-clasificación” en la que se asegura que en la mayor parte de las denuncias por desaparición presentadas en el estado: No hay ningún delito que perseguir.
Darwin Franco Migues / Somos el Medio
El Sistema de Información de Víctimas de Desaparición de Jalisco (SISOVID) tardó casi cuatro meses en actualizarse, desde que se presentó en marzo de este año, y cuando lo hizo “desapareció” de la estadística oficial a 5 mil 572 personas que se habían denunciado como desaparecidas, ya que ahora éstas sólo son reconocidas como “no localizadas”, lo cual –conforme a la Fiscalía General de Jalisco- deja a la entidad con tan sólo mil 752 desaparecidos.
El único criterio que aparece como fuente en este cambio de “estatus” de las personas denunciadas como desaparecidas en Jalisco, es lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual define a una Persona Desaparecida como: “la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”; y a una No Localizada como aquella: “persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.
Sin embargo, para que se pueda darse esta tipificación legal deben existir los suficientes indicios y pruebas para descartar realmente la comisión o no del delito de desaparición, lo cual es la clave entre ambas consideraciones legales; en consecuencia, la Fiscalía General de Jalisco tendría que tener una avance realmente sólido para poder afirmar que 5 mil 752 personas realmente están como “no localizadas”, si esto no es así, cada una de las personas aún deben ser consideradas como desaparecidas y, por ende, la sospecha de que son víctimas de un delito debe seguir estando latente, lo cual genera obligaciones legales de investigación y de búsqueda para la Fiscalía Estatal.
En respuesta a esta “re-clasificación legal” de las denuncias, el colectivo Por Amor A Ellxs señaló en un comunicado:
“La Fiscalía es omisa en hacer públicos los criterios que utilizaron para determinar qué personas están en calidad de Desaparecidas y cuáles como No Localizadas. Exigimos conocer la razón por la cual hicieron esa diferenciación y los criterios para esa división de los casos. Sabemos que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizan con nuevos elementos a la velocidad que deberían, por lo que nos extraña que, sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas no localizadas”.
Por ello, exigieron que la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Desapariciones acaten la Ley General de Desaparición, particularmente el artículo 89 que determina que para establecer la presunción de un delito, y así determinar si una persona es considerada Desaparecida o No localizada, se deberán atender los siguientes criterios:
II. Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delitode desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito;
III. Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito;
IV. Cuando, aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona.
Esto último es importante para las integrantes del colectivo Por Amor A Ellxs, por las siguientes razones:
“Si después de 72 horas de interpuesta la denuncia, no hay noticia de la persona, se presume la comisión de un delito, y debe considerarse a la persona como desaparecida”.
Si la Fiscalía no tuviera elementos fehacientes para sostener tal “re-clasificación legal” estaría cometiendo una falta grave a la Ley de la materia y, a la par, evidenciaría que la baja notable en las personas que consideran oficialmente como desaparecidas, en realidad, no tiene ningún sustento pericial dentro de las carpetas de investigación que actualmente deberían estar investigando, las cuales según su propio registro estatal ascienden a 7 mil 504 desapariciones.
Pues el propio colectivo Por Amor A Ellxs le hizo a la Fiscalía General de Jalisco esta acotación:
Recordamos a las autoridades que, a pesar de que hay una diferenciación en la Ley entre una persona Desaparecida y una No Localizada, están obligadas a buscarlas de la misma manera.
Más allá de lo que las autoridades manifiestan en el SISOVID, las denuncias por desaparición en Jalisco siguen en aumento, pues del 1 de enero al 31 de mayo de 2019 se han presentado en la Fiscalía General: mil 974 denuncias en las cuales se reportó la desaparición de 2 mil 181 personas desaparecidas (mil 600 hombres; 579 mujeres y 2 sin género determinado); la Fiscalía, sobre éstas, aseguró haber “localizado” con vida a 937 y 109 sin vida; tan sólo en este año, con o sin su “re-clasificación” continúan sin volver a casa mil 135 personas.
Empleados eventuales con hasta 10 años de antigüedad fueron despedidos de Conafor en Sinaloa, el pasado primero de julio
Redacción / El Debate
Culiacán, Sinaloa.- Personales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realizó una rueda de prensa, para dar a conocer su situación laboral por la cual atraviesan apartir del primero de julio, esto debido a que de manera poco sutil les dijeron el viernes 28 de junio que ya no se presentarán a trabajar apartir del lunes 1ro de julio.
En total son 14 los empleados de la Conafor los que fueran cesados, de las áreas operativas, administrativas y staff.
Cabe señalar que la mayoría de los empleados son eventuales pero con antigüedades de hasta 10 años laborando para la dependencia, y es por ello que exigen se les liquide conforme a derecho.
El sentir de los ahora, extrabajadores de la dependencia, es la incertidumbre de la liquidación, por que se rumora que solo serán finiquitados, más no liquidados.
Entre los afectados se mencionó que se encuentra una compañera con 7 meses de embarazo, la cual no pudo asistir por motivos de salud (tenía cita médica).
También hicieron mención que hay varios programas y apoyos, los cuales quedarán parados para su ejecución debido a la falta de personal en la gerencia estatal de la conafor.
El asesinato de la defensora de derechos humanos María Cristina Vázquez Chavarría fue condenado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Vázquez Chavarría, quien fue asesinada en la Ciudad de México, colaboraba en un movimiento vecinal de una colonia de la Ciudad de México.
Además, participó en denuncias públicas relativas al uso del espacio público, la corrupción urbanística y la inseguridad en la zona.
A través de un comunicado, ONU-DH señaló que con la muerte de Vázquez Chavarría ya son 13 los defensores de derechos humanos asesinados en México durante 2019.
La ONU-DH exhortó a las autoridades de la capital mexicana a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de la activista y dar con los responsables.
El organismo también detalló que la investigación debe realizarse con perspectiva de género y deben agotarse todas las hipótesis en torno al caso.
La ONU-DH expresó sus condolencias y su solidaridad con la familia, amistades y colegas de Vázquez Chavarría; además, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar su seguridad.
El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) detectó en 12 separos de Querétaro que existen factores de riesgo en materia de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El riego se concentra en la falta de presupuesto para alimentos, de reglamentos y manuales de procedimientos, de servicio médico y medicamentos, de personal de seguridad, y de capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos.
En los separos de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Santiago de Querétaro, Tequisquiapan y Tolimán es donde persiste el 52.08% de factores de riego.
MNPT consigna en su informe irregularidades relacionadas con la falta de privacidad en las entrevistas y comunicaciones telefónicas de las personas detenidas, inexistencia de registros de las visitas de supervisión por las autoridades superiores al área de separos y ausencia de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad física.
El Informe de Seguimiento 2/2018 del MNPT fue dirigido a los Presidentes Municipales de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar; Cadereyta de Montes, León Enrique Bolaño; Colón, José Alejandro Ochoa Valencia; Corregidora, Roberto Sosa Pichardo; El Marqués, Enrique Vega Carriles; Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo; Huimilpan, Leticia Servín Moya; Pedro Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz, San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero; Santiago de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero; Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, y Tolimán, María Guadalupe Alcántara de Santiago.
Dicen que va a afectar la economía local y cuestionan al alcalde de Tláhuac por no haber hecho una consulta entre la población, aunque hubiese sido «a mano alzada».
Calificaron de corrupto al alcalde por permitir la entrada del Oxxo a Mixquic
Revista Digital Nosotros, 05 de julio de 2019
La construcción de un «lugar sin identidad» fue suspendida un par de horas por pobladores de San Andrés Mixquic, famoso mundialmente por la conmemoración de Día de Muertos, en la alcaldía Tláhuac, en protesta por la inminente presencia de estas tienditas de la esquina que tienen de todo y se puede consumir café, refrescos, sándwiches y hotdogs, llamadas Oxxo.
La tienda de conveniencia estará ubicada en el perímetro de la iglesia de Mixquic
A decir de los manifestantes, la presencia de la tienda Oxxo afectará irremediablemente la economía del lugar, por lo que calificaron de corrupto al alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, por haber autorizado la entrada de dicha tienda de conveniencia a un lugar donde por los usos y costumbres sus pobladores debieron haber sido consultados.
Protesta por la inminente apertura de un lugar sin identidad en un pueblo emblemático de Tláhuac por su tradición de conmemoración de Día de Muertos
«Aunque fuera a mano alzada, como lo hace López Obrador, pero ni eso se dignó hacer aquí Vite», dijo uno de los manifestantes.
Como esta obra, a diferencia de muchas otras que son suspendidas por los perrunos inspectores del Jurídico para sacar dinero, no fue clausurada, la clausuraron los vecinos
El caso es que siendo corresponsal bancario, en Oxxo es posible hacer pagos a tarjetas de crédito, pagar servicios y hacer recargas telefónicas, lo que hace que se incremente el número de transacciones en las tiendas.
Desde la apertura de su primera tienda, en 1978, ha tenido un crecimiento vertiginoso que le llevó a ser la cadena de tiendas de conveniencia más grande del país y de América con poco más de 12 mil unidades en operación.
Los cargos públicos sólo sirven para que sus usufructuarios se embolsen cuantiosas sumas de dinero, así que la tienda Oxxo abrirá sus puertas más temprano que tarde
El controlador de estas tiendas es la regiomontana Femsa, propietaria también de Coca-Cola Femsa y accionista de Heineken.
Con un promedio de más de mil aperturas de tiendas al año, la cadena abre la cortina de un Oxxo cada 8 horas en promedio y atiende cerca de 9.5 millones de clientes al día en sus unidades.
De acuerdo con Interbrand, la cadena de tiendas de conveniencia es la tercera marca más valiosa del país, con un valor de 43,877 millones de pesos. En primer lugar se encuentra la cerveza Corona, que vale 84,123 millones de pesos y el segundo lugar lo ocupa Telcel, con un valor de 60,862 millones de pesos.
Boca del Río, Ver.- Aunque se estima que cerca de 3 mil 400 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por motivos de feminicidios en los últimos ocho meses, en abril del 2020 se tendría un censo exacto de la población en estas condiciones, informó la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), Fabiola Alanís Sámano.
En el marco de la instalación de la primera mesa técnica estatal de acceso para la justicia de las mujeres y niñas en casos de muertes violentas, señaló que el compromiso es identificar y visualizar la cantidad de menores y adolescentes que se han quedado en la orfandad para darles cobijo y arropamiento.
Preció que a nivel nacional se instalarán 32 mesas de trabajo donde uno de los temas centrales será cuantificar el número de menores y adolescentes en esta situación a través de la coordinación con los institutos estatales, las fiscalías y dependencias encargadas en brindar atención, protección y seguridad a las mujeres.
Dijo que no hay registros exactos de la cantidad de menores que se encuentran en condiciones de orfandad, pero según estimaciones, en los últimos ocho meses cerca de 3 mil 400 niñas, niños se han quedado en esta situación. “Iniciamos en Veracruz está es la primera mesa de acceso a la seguridad, protección a la vida de las mujeres y las niñas y con ello también a sus hijas e hijos, se van a instalar a nivel nacional 32 y a más tardar en el mes de abril ya tendremos una cifra nacional”, declaró.
Otro de los temas importantes a debatir dentro de las mesas de trabajo, será garantizar que exista una coordinación adecuada entre todas las dependencias para promover la atención a las mujeres en situación de violencia. “Se trata de avanzar en lo que tiene que ver con las medidas de protección, es importante garantizar que cuando una mujer solicite una orden de protección se le de inmediato, se apliquen los protocolos, medidas de protección y atención”, agregó.
México y Afganistán se mantienen en el primer lugar de asesinatos de periodistas/Foto: Roberto Hernández
Agencia EFE.
México y Afganistán, los países donde más periodistas fueron asesinados en 2018, se mantuvieron como los lugares más peligrosos para el ejercicio de esa profesión en la primera mitad de 2019, con nueve y seis muertos respectivamente, según un informe de la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC).
En los dos países se concentró un tercio de los 38 periodistas asesinados en el mundo en la primera mitad de este año, cifra que en todo caso supone un marcado descenso del 42 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con PEC.
Las principales razones que hacen que estos dos países sean los más peligrosos para ejercer la profesión tienen que ver “con los grupos terroristas en Afganistány las bandas criminales en México”, dice.
Campaña Emblema de Prensa dijo que Pakistán, con cuatro víctimas mortales, ocupó el tercer lugar en asesinatos a periodistas, seguido de Brasil y Colombia, con dos en cada país.
Latinoamérica fue la zona con más asesinatos a reporteros, con 15 en total (los mencionados en México, Colombia y Brasil más uno en Honduras y otro en Haití).
Respecto a Oriente Medio, PEC comentó que esta zona ha experimentado cierta mejora en la seguridad de los trabajadores de medios debido “entre otras razones, a la disminución del conflicto en Siria y en Irak”.
A un mes de cumplirse 5 años del derrame en el Río Sonora los habitantes de las comunidades afectadas siguen con miedo y en pie de lucha.
Hoy además de justicia y remediación de daños ambientales quieren evitar que la tragedia se repita, pues Grupo México construyó en Bacanuchi una presa -el doble de grande de la de Cananea- de almacenamiento de desechos tóxicos.
Como este proyecto se hizo sin ni siquiera dar aviso a las comunidades, un grupo de habitantes interpuso en 2016 un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue en septiembre de 2018 cuando la SCJN emitió un fallo que fue considerado histórico al determinar que los pobladores habían sufrido una violación a sus derechos humanos, pues no fueron informados por Grupo México del proyecto.
Por este motivo la Corte obligó que la gente participara, por lo que este viernes 5 de julio a las 11:00 de la mañana autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acudieron a Bacanuchi a exponer el caso y oír a los habitantes.
“La presa ya está construida, el problema es que no se cumplió el derecho de la población a que estuvieran informados, que sepan cómo fue la autorización y escuchar las preocupaciones de las personas”, comentó Cristina Martín, titular de coordinación de delegaciones de SEMARNAT.
Durante la reunión se explicó que la nueva presa tiene una capacidad de 65,350,645.36 m2 y un vaso de almacenamiento de 3,326 hectáreas, así como una vida útil de 48 años.
Al finalizar la exposición que duró una hora, en la que personal de SEMARNAT hizo hincapié en que el proyecto “cumple con las normas mexicanas” los habitantes expresaron sus inconformidades.
A la hora de la sesión de preguntas y respuestas los pobladores destacaron que para ellos la obra representa una amenaza pues en caso de que la tragedia se repita los estragos serían mayores; la nueva presa tiene capacidad de contener 51 mil veces más desechos tóxicos que los derramados el 6 de agosto del 2014.
Entre las que alzaron la voz estuvo María Elena Bustamante. La mujer originaria de Bacanuchi comentó no estar tranquila y tener temor, pues además de la presa cambiaron la carretera y hoy el trayecto es más largo.
“El reclamo es que den a conocer lo que Grupo México está haciendo, no estamos tranquilos” comentó.
Juan Flores, otro de los pobladores, manifestó que lo que más le preocupa es el tema de la salud. “Se dice y menciona que el derrame de 2014 se debió a un tubo y a un descuido, mi pregunta es ¿qué nos asegura a nosotros que no habrá otro accidente?”.
Entre las inconformidades generales de las personas estuvo que la exposición de Semarnat estuvo plagada de tecnicismos que les impedían comprender correctamente el tema.
Por su parte el doctor Óscar Pineda, representante de la organización Project Poder, aportó algunos datos obre el tema, como que las dimensiones de la nueva presa “equivaldrían a 4 mil 157.5 canchas de beisbol y su capacidad de contención sería la de 102 millones de pipas de 20 mil litros de desechos tóxicos”.
De la misma manera, los agentes federales ya se encuentran en algunos otros municipios metropolitanos
Elizabeth Ibal / El Occidental
Arrancó operaciones formalmente este jueves el personal de la Guardia Nacional en conjunto con elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara con el fin de reforzar la vigilancia y proximidad en la capital de Jalisco. De la misma manera, los agentes federales ya se encuentran en algunos otros municipios metropolitanos.
Los recorridos de vigilancia estarán concentrados en puntos estratégicos de la ciudad para desplegarse en las tres regiones operativas del municipio, como por ejemplo en zonas como el Centro Histórico y colonias como Americana, Moderna, Lafayette, Providencia y Arcos.
Al igual que Oblatos, Huentitán, Jardines Alcalde, Santa Tere; y Polanco, 5 de Mayo y Zona Industrial.
El patrullaje conjunto tendrá como objetivo promover y fortalecer la cercanía con los tapatíos, donde los elementos de la Policía municipal serán el puente de acercamiento entre los elementos de la Guardia Nacional y la población.
La dependencia federal también inició operaciones en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; en tanto que en los próximos días iniciará el desplazamiento hacia los municipios de El Salto, Tlajomulco y el resto de las zonas prioritarias.
Es de mencionar que en Jalisco el encargado de la Guardia Nacional, es el Coronel Marcos Burgos Legorreta, mientras que el titular de la quinta región territorial compuesta por Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, es el general Eustargio Villalba Cortés.
LAS CIFRAS
1,865 efectivos efectivos llegaron el lunes a la entidad
410 serán comisionados en Puerto Vallarta
3,600 elementos tendrá Jalisco
La burocracia y el desconocimiento del sitio correcto dónde denunciar son otros obstáculos; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco ofrece ayuda en esos casos
Redacción / El Informador
Rebeca tardó más de tres horas en llegar desde el lugar donde vive, en Tlajomulco, a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en la Calle 14, para denunciar que un familiar suyo desapareció. Allí le dijeron que en ese sitio no se reciben denuncias de ese tipo, por lo que le pidieron que fuera a las oficinas de la calzada Independencia.
“Perdió todo el día y está toda triste y desilusionada porque no le resuelven nada. Nada más vino a decir que su familiar está desaparecido. ¿Tú crees que esa señora vuelve?”, dijo al respecto Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).
De acuerdo con el colectivo, al menos dos de cada 10 personas que se acercan a solicitar apoyo reconocen que no acuden a levantar sus denuncias porque desconfían de las autoridades. En estos casos, la organización les ofrece ayuda alternativa… con sus propios medios.
“En el colectivo han llegado muchas señoras que prefieren no denunciar porque no tienen confianza en la Fiscalía; lo único que quieren es encontrar a sus hijos. Como sea: vivos o muertos”, añadió.
Fundej también ha conocido casos de personas que desisten debido a los trámites, y otros de habitantes del interior del Estado que de plano desconocen a dónde hay que acudir a denunciar que un familiar ha desaparecido.
Antier, el gobernador Enrique Alfaro anunció que, hasta mayo de 2019, se contabilizaban siete mil 504 casos de personas desaparecidas; es decir, 387 más que las reportadas el pasado 25 de marzo, cuando se anunció la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparición.
Sigue simulación en freno a desapariciones: Fundej
Ángel García Trejo desapareció el 24 de marzo, cuatro días después de que el gobernador Enrique Alfaro anunció la estrategia integral en esta materia.
Es uno de los 387 casos de personas no localizadas que se agregaron del 20 de marzo al 31 de mayo. Ya hay siete mil 504 en toda la Entidad.
Guadalupe Aguilar, presidenta del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), afirmó que esta situación es un ejemplo de que continúa la simulación en el combate a este problema.
“Sigue la simulación de que va a haber, de que vamos a hacer un protocolo, de que vamos a hacer y deshacer, y no lo hacen. Nosotros ya sabemos cuántos y cuántos desaparecen y ellos hasta ahorita están hablando de las cifras”.
“Trejo”, como le decían sus amigos, tocaba para la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guadalajara. La última vez que se supo de él fue ese domingo a las 21:00 horas. Iba a la estación de autobuses de Zapopan, rumbo a Tepic. Sin embargo, no hay registro de que hubiera llegado a este punto ni de la adquisición de un pasaje.
Su madre, Patricia Trejo, se traslada cada siete o 15 días desde Querétaro para pedir información de los avances de la investigación, pero siempre regresa sin respuestas.
“Sé que hay muy pocos investigadores para los miles de casos de desaparición, pero llega un punto tan extremo de desesperación, porque ni con la fiscal se puede hablar, ni con el comandante que lleva el caso de mi hijo, ni con los agentes investigadores, los únicos que me llegan a atender son los del Ministerio Público, pero si la Fiscalía Especializada y el Ministerio Público no se comparten las líneas de investigación, entonces no hay avances. Nos bloquean”, expresó.
Para ella, no basta con que se anuncien más recursos, pues se debe aclarar en qué se gastan.
Familiares emiten recomendaciones
El colectivo Por Amor a Ellxs compartió, a través de redes sociales, recomendaciones de prevención y apoyo para las familias que se enfrentan a una desaparición.
Entre ellas destacaron las de autocuidado, redes de seguridad y plan de acción.
Por ejemplo, se resaltó que en caso de sospecha de desaparición hay que guardar la calma, hablar con los que pudieran haber tenido comunicación con la persona no localizada, determinar con certeza las circunstancias en las que se le vio por última vez y no denunciar hasta hacer búsquedas en Locatel, hospitales, centros de detención y el Servicio Médico Forense (Semefo), entre otras medidas.
En el documento, que se puede consultar en la cuenta de Twitter de Por Amor a Ellxs, se acentuó que antes de 72 horas nadie puede negarse a recibir una denuncia.
Se recomendó imprimir cinco copias de una fotografía, información básica sobre datos personales, media filiación, señas particulares, teléfono celular, tarjetas bancarias y autómovil.
Se agregó que se pueden solicitar las primeras diligencias, firmar éstas y el escrito de la denuncia sólo si se está conforme, y tomar nota de todo, incluso el número de averiguación y nombres de funcionarios como policías investigadores.
Gobierno federal, sin avances Jacobo Dayán (analista del Colegio de México)
El miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México indicó que aunque las autoridades federales han anunciado aumento de recursos y esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas, no se han registrado avances en esta materia.
“La ciudadanía sigue teniendo desconfianza con ir a denunciar. Estamos en el mismo punto que estábamos hace meses o años. Nada más con anuncios triunfalistas por parte del Gobierno federal y en los estados hay un caos”.
Recordó que en la última reunión, hace un par de semanas, entre la Federación y colectivos de víctimas, se repitió el discurso oficial de darle prioridad a los casos y que cuentan con todos los recursos. Sin embargo, dijo que esto no se ve reflejado en la realidad.
“Sigue siendo la prensa la que está reportando y no las fiscalías. Es obligación de la Fiscalía General de la República (FGR) recopilar la información de las fiscalías estatales. No tiene que ser el gobernador de Jalisco ni el de ningún lado el que salga a dar cifras, se tienen que dar cifras nacionales desde la FGR”, remató Dayán.
Hasta en cuatro meses les informarán si hallaron a Mario Alberto
Mario Alberto Barba trabajaba como chofer para una empresa de transportes en Guadalajara. El día 20 de junio lo contactaron por última vez a las siete de la noche cuando informó que venía de regreso del municipio de Minatitlán, en Colima. Hacia las diez se desconectó del WhatsApp y ya no supieron más de él. El hombre es una más de las personas desaparecidas que se han sumado a las más de siete mil 500 que han sido reportadas a la Fiscalía del Estado.
Durante el fin de semana no lo pudieron contactar; sin embargo, al lunes siguiente se dieron cuenta de que la camioneta en la que viajaba se encontraba en el mismo lugar desde el viernes, según el GPS del vehículo, por lo que un grupo de compañeros fueron a buscarlo.
“En ese sitio encontraron el GPS de la camioneta y las pertenencias del chofer tiradas. Desde ahí nos estuvimos moviendo para ver si alguien lo había visto para que lo ayudaran porque en ese trabajo es que los asaltan y los dejan tirados”, relató una compañera, que reservó su nombre.
Ni de Mario Alberto ni de la camioneta se supo más, por lo que se fueron a la Fiscalía los familiares para poner la denuncia por desaparición. Según dijeron, el trato de las autoridades fue el adecuado, pero no les resolvieron mucho.
Tras dos semanas de no obtener respuesta, finalmente el pasado lunes los contactaron de la Fiscalía para informarles que probablemente lo habían encontrado en un río a punto de desembocar en el mar.
Los restos se detuvieron en unas ramas y personas que caminaban dieron aviso a las autoridades, que rescataron más que nada restos óseos y una pierna aún con carne.
“Ahora dicen que cuatro meses se tardarían en realizar las pruebas de ADN, prácticamente son puros huesitos, en cuatro meses ya no va a haber nada”.
Lo que familiares y compañeros no comprenden es cómo tardarán tanto tiempo en informarles si se trata o no de Mario Alberto, ni si las autoridades continúan en labores de búsqueda de esta persona mientras llegan los resultados.
En medio del enorme desafío que el sistema de salud en México enfrenta, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 9 entidades federativas acumulan un adeudo 27 mil 411 millones de pesos, lo que representa un 88.7 por ciento de la deuda del instituto al cierre del 2018.
Entre las entidades figuran: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
El ISSSTE entregó al Senado y la Cámara de Diputados el Informe sobre el estado de sus finanzas y, por primera ocasión, incluyó el mapa de rango de adeudos que registran las entidades.
El Informe Financiero Anual también muestra por primera vez la disminución paulatina del subsidio que le entregaba el gobierno federal, durante el sexenio pasado, hasta generar una pérdida total de 32% entre los años 2012 y 2018, precisa.
La institución explica que la principal fuente de financiamiento del instituto corresponde a las cuotas y aportaciones de los seguros de Salud, de Invalidez y Vida y de Riesgos del Trabajo, así como de los Servicios Sociales y Culturales. Al cierre del ejercicio fiscal 2018 se registró un adeudo de tres mil 949.13 millones de pesos por esos tres seguros.
Por cuotas el adeudo es de mil 49.50 millones de pesos; por Aportaciones es de mil 947 millones 860 mil pesos; por Estancias, 128 millones 240 mil pesos; por Préstamos Personales, otros 667 millones 770 mil pesos; por Servicio Médico a Pensionistas, 150 millones 680 mil pesos y por Riesgos del Trabajo, cinco millones ocho mil pesos.
Pero además, al ISSSTE le corresponde recaudar las cuotas y aportaciones correspondientes al Seguro de Retiro, Cesantía de Edad Avanzada y Vejez, las cuales se transfieren a las Cuentas Individuales de cada trabajador y cuyo monto ascendió a 26 mil 954 millones de pesos.
El porcentaje contempla una suma de 30 mil 903.12 millones de pesos.
En el mapa que incluye el informe no establece los adeudos por cada una de las entidades federativas, sino que fija rangos y este primer grupo de nueve entidades está en el máximo nivel de adeudos superiores a los 91.06 millones de pesos.
En el rango de adeudos que van de 5.42 millones a 91.05 millones de pesos de adeudos al ISSSTE se registran los estados de Sonora, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
Sólo un grupo de cinco entidades debe menos de 100 mil pesos y son Baja California, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes y Colima.
Este fin de semana el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, concedió al ejido de Amilcingo la suspensión de plano sobre la operación del Gasoducto Morelos; así lo informó el Congreso Nacional Indígena.
«Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulsó nuestro hermano Samir, desde el inicio en la comunidad de Amilcingo.»
La suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca, para que no se contamine el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica; las suspensiones de planos de por lo menos 3 ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por 4 comunidades.
El Proyecto Integral Morelos
El 20 de junio del 2011, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. El megaproyecto consistía en la construcción de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto para proporcionar energía eléctrica a la industria de la región.
Esta central de ciclo combinado en el estado de Morelos, cuya inversión total se estimó en 1,600 millones de dólares, beneficiaría al país al crear 1,800 empleos durante la etapa de construcción y 30 empleos permanentes.
No obstante, desde que el proyecto se anunció, las comunidades de los tres Estados dijeron no al PIM, al sólo favorecer a las empresas españolas ABENGOA, ELECNOR y ENAGAS.
En 2014, habitantes denunciaron la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, al instalar un tubo con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, donde resultaron lesionados 5 ejidatarios.
En el mismo año, Comisariados Ejidales señalaron actos de corrupción por parte de la CFE. Asimismo denunció persecuciones y encarcelamientos como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses, y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante 4 años.
El 27 de febrero de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación No. 3 / 2018 por las violaciones a las garantías de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el Proyecto Integral Morelos.
Un año más tarde, el 22 de febrero, el activista y fundador de la radio comunitario de Amilcingo, Samir Flores, fue asesinado. Días antes, el 11 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, había advertido, en una carta pública dirigida a López Obrador, que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua, al anunciar la consulta pública sobre el PIM; podría generar mayor violencia.
Ante la suspensión , el Frente exigió a la CFE, al Presidente de la República y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el Proyecto Integral Morelos en tierras zapatistas.
«Nosotros decimos que esta pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir, castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozca y respete nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Esta pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México. Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país.»; concluyeron.
Rocío Méndez/MVS
La madrugada de este jueves, más de 100 trabajadores despedidos de Notimex, entre redactores, fotógrafos, camarógrafos, editores, reporteros —con experiencia de 25 a 30 años de servicio y algunos de ellos con premios nacionales de periodismo— piden reinstalación a sus tareas periodísticas al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los despidos arbitrarios. “El presidente se comprometió a no despedirnos, que iba a hacer la limpia de arriba hacia abajo; en Notimex ha sido al revés”, reclamaron a las puertas de Palacio Nacional.
Foto: Especial/MVS
Denunciaron que han sido expulsados por policías de la agencia de noticias, 70 trabajadores de base, 10 de honorarios, siete de confianza, seis directores de área y seis subdirectores, sólo bajo el argumento de medidas de austeridad.
Los inconformes señalaron que su expulsión de la agencia informativa del estado mexicano se ha dado en medio de una abierta violación a sus derechos laborales, sin respetar las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo vigente; además, ni siquiera se ha completado su liquidación. Entre las cláusulas del contrato colectivo de trabajo se establece que “en caso de despido, el trabajador deberá recibir la cantidad de tres meses de sueldo como indemnización y la prima de antigüedad que corresponde por ley” y que “cualquier reajuste de personal solo se podrá hacerse si se conviene con el sindicato y se paga a los trabajadores reajustados tres meses de salario”. Al grito de “fuera Sanjuana” los trabajadores despedidos de Notimex acusan que la nueva directora de la agencia, Sanjuana Martínez, ha integrado a su equipo a personas que “no cumplen con el perfil”; también demandaron su plan de trabajo aprobado por la Junta de Gobierno de dicho órgano del Estado.
Foto: Especial/MVS
En un documento difundido por los trabajadores despedidos, reclaman que “por 18 años fuimos víctimas de la corrupción de la gestión del secretario general del Sindicato, Conrado García Velasco y que confiamos terminaría con la llegada de Sanjuana Martínez. Sin embargo, nos sentimos agraviados, desilusionados y traicionados por las actuales decisiones que se han tomado, que hoy nos han dejado sin empleo, sin oportunidades reales de trabajo y sin sustento para nuestras familias”. Al momento gritan a las puertas del edificio de gobierno federal “alto a los despidos en Notimex” y “reinstalación, no liquidación”.
Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/trabajadores-despedidos-de-notimex-se-manifiestan-en-palacio-nacional/
Presentan organizaciones una herramienta de visualización cartográfica en línea que permite observar el avance de megaproyectos sobre los territorios indígenas y campesinos de la región.
Voceros de comunidades mayas denuncian este modelo de desarrollo que se basa en el despojo, y reafirman que el proyecto del Tren Maya forma parte de ese mismo proceso.
En los pasados 30 años, cuatro sectores económicos han crecido más allá de las necesidades de las poblaciones de la Península de Yucatán: inmobiliario, turístico, agroindustrial y energético. Su expansión responde a los intereses de las empresas que los lideran y se opone tanto a la reproducción y mantenimiento de la base de recursos naturales en la región como a la calidad de vida de sus habitantes, dieron a conocer Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A. C. (CCMSS).
El CCMSS y Geocomunes presentaron una herramienta de visualización cartográfica en línea que permite analizar la magnitud del problema que enfrentan los territorios de la Península de Yucatán y sus habitantes. Este visualizador permite observar las interacciones entre distintos megaproyectos, y el avance paulatino de los mismos sobre los ecosistemas y territorios indígenas y campesinos de la región.
Utiliza la herramienta de geovisualización de megaproyectos ne la Península de Yucatán aquí
Los impactos socio-ambientales en la Península estuvieron anteriormente motivados por ciertos polos de desarrollo, como fue el caso de Cancún, Quintana Roo, o Ciudad del Carmen, Campeche. Actualmente, los megaproyectos y un conjunto de políticas públicas relacionadas con la propiedad social de la tierra y el fomento a la producción en el campo están provocando un proceso generalizado de des-ruralización que atenta contra la permanencia de las comunidades campesinas mayas y la salud de ecosistemas únicos.
“Esta herramienta se encuentra albergada en las páginas del Consejo www.ccmss.org.mx y de Geocomunes (www.geocomunes.org) y está a disposición de toda la ciudadanía. Esperamos que sea útil para investigadores, activistas y comunidades campesinas e indígenas para fortalecer sus procesos de defensa del territorio. El Consejo tiene 25 años trabajando con las comunidades para fortalecer sus procesos organizativos y sus estrategias de apropiación territoriales a través del manejo sostenible de la tierra. Hoy, nuestro trabajo inevitablemente abarca también el apoyar los procesos de defensa de los territorios comunes”, mencionó Sergio Madrid, director ejecutivo del CCMSS.
El visualizador muestra que cuando la inversión en un sector deja de ser rentable, el capital transita hacia otros sectores. Así ocurrió cuando la crisis del sector agrícola (madera, chicle y henequén) redirigió las inversiones hacia el turismo y a la agroindustria de la soya transgénica, el sorgo y la palma de aceite.
Presentes en la reunión, voceros y voceras de comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo explicaron que esta lógica de inversión violenta y destruye su forma de vida y la base de los recursos naturales que la sustentan, obligándolos a desarrollar estrategias de defensa y protección de sus tierras y territorios, y de seguridad comunitaria: “Soy un hombre maya, habitante del territorio maya de Quintana Roo y quiero externar la gran preocupación que vivimos ante las amenazas a nuestro territorio. Diferentes proyectos despojan a nuestros pueblos, no solo de los territorios y de los recursos naturales, sino también de nuestras propias identidades como pueblos originarios. Estas amenazas nos llevan a tomar decisiones juntos, a reflexionar sobre lo que queremos. A organizarnos, defender y luchar por lo que nos han heredado nuestros abuelos y abuelas mayas que es un legado, una mirada distinta de la vida, que tenemos que defender de manera colectiva. Las formas de vida de los pueblos mayas nos permiten vivir de manera armoniosa con nuestro entorno y los megaproyectos que se imponen nos arrebatan esta forma de vida”, comentó Ángel Sulub, de Centro comunitario U Kuuchil K Chibalom, de Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El gran capital aumenta sus ganancias moviéndose de un sector a otro, adecuando el territorio a sus necesidades y afectando las dinámicas sociales a través de ingenierías del conflico que permitan el acaparamiento de la riqueza. Todas estas transformaciones involucran la inversión y establecimiento de nueva infraestructura de transporte, energética y habitacional. El conjunto de estas adecuaciones, obras y planes configura un mismo megaproyecto que se expande por toda la península.
Cada parte de este proyecto a gran escala encuentra sustento en las leyes, instituciones y políticas de Estado. El primer ciclo de expansión urbana fue posible gracias a la incorporación del suelo ejidal al desarrollo urbano impulsado por la Ley Agraria de 1992 y la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) de 1993. La nueva LGAH de 2016 ha favorecido un segundo ciclo de expansión urbana, de naturaleza vertical, con base en el modelo de ciudad compacta.
El turismo fue favorecido a partir de 1974 con la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Turismo en 1975, pero fundamentalmente, por la creación del Centro Integralmente Planeado de Cancún. Un segundo ciclo expansivo se consolidó a partir de la creación del Corredor Turístico de la Riviera Maya en 2000.
La reforma del sector eléctrico en 1993 que permitió la generación privada de energía eléctrica impulsó una primera expansión de la capacidad de generación; veinte años después, la Reforma Energética de 2013 y principalmente la subasta eléctrica de 2016 impulsan el auge de la producción de energía renovable en manos de la inversión extranjera.
“Los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos han llegado a instalarse en las tierras de propiedad ejidal, ocupan miles de hectáreas para la generación industrial de energía. El territorio donde se han empezado a construir es maya, es nuestro; nosotros hemos conservado nuestra selva baja como el hogar de muchos animales, para que las abejas recolecten la miel de las flores, para que las aves las llenen de semillas y de su cantos y para que los cenotes conserven la pureza de sus aguas. Lamentablemente, con la llegada de estas actividades a las que llaman desarrollo, nos arrebatan la tierra, nos engañan, nos acosa la inseguridad y nos persigue la pérdida de nuestra lengua y cultura”, afirmó Pedro Uc, de Buctzotz, Yucatán.
Complementariamente, la privatización de ingenios azucareros de 1988 contrajo la producción agroindustrial hasta 2001, cuando fueron expropiados por el Estado. Un nuevo ciclo agroindustrial inició en 2011, con la creación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo y el fomento a cultivos agroindustriales como la soya transgénica, que inició en ese año su fase experimental y que hasta el presente se cobró más de la mitad de los terrenos forestales del municipio de Hopelchén, Campeche. También se cuenta con el Proyecto estratégico de palma de aceite de 2016.
“Este tipo de proyectos están poniendo en peligro la vida del pueblo maya. Hay una fuerte tendencia a que la violencia en la zona norte de Quintana Roo llegue a los pueblos. Hay grupos delictivos, narcotráfico y los feminicidios han aumentado también. La violencia cada día está más cerca. Además de eso, los campesinos que vivieron durante varios años en la zona hotelera decidieron regresar porque no era una buena vida la que tenían pero ahora la tierra no produce. No quieren regresar a los hoteles, quieren vivir aquí, pero no hay agua y la tierra no da. Los proyectos no están pensando en la vida de nuestro pueblo campesino, que tiene fuerte relación con la selva, el campo. Todos los proyectos vienen de afuera, ninguno es para fortalecer a las comunidades. Por ejemplo la producción de renovables, ¿para quién es esa energía? Aquí el recibo de la luz es muy alto. Todo es para la zona turística. Este desarrollo simulado ha dividido a las comunidades. Hay quien dice que hay que vender. En Bacalar, por ejemplo, hay un crecimiento horrible, la identidad se está perdiendo. Cada día hay más gente de afuera, se está volviendo un nuevo Playa del Carmen. Solo con la idea del tren se está vendiendo y encareciendo nuestro territorio. Esto no lo toma en cuenta el gobierno. Este desarrollo mercantiliza nuestra identidad y nuestra cultura. Dicen que debemos sentirnos honrados porque visten nuestros bordados, nos admiran, pero no es cierto, no nos dignifica, nos vuelve objeto de comercio. En las ciudades somos las personas que sirven, ese es el tipo de trabajo que tenemos, no hay calidad de vida. Son ciudades para extranjeros no para nosotros, y eso se está agravando con la idea del tren”, explicó Wilma Esquivel Pat, vicepresidenta del Centro Comunitario U Kuuchil K Chibalom y habitante de Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El Tren Maya, un nuevo eslabón del mismo proceso
La dinámica conjunta de los cuatro sectores contemplados en el geovisualizador requiere de una infraestructura de comunicaciones y transporte consolidada y diversa, que otorga coherencia territorial a este conjunto de proyectos de inversión. El turismo, la expansión urbana, el agronegocio y la industria son articulados por autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos que facilitan el traslado de combustibles, personas y mercancías. A su vez los gasoductos y las líneas de transmisión eléctrica transportan la energía necesaria para el funcionamiento de estos sectores. La construcción de cada nuevo proyecto es precedida por una expansión previa de la infraestructura de transporte de personas, mercancías y energía.
“El Tren Maya expresa un nuevo impulso a la expansión urbana, turística, agroindustrial e industrial. Constituye un freno a la expansión del proyecto vial de la península de Yucatán, y al mismo tiempo la continuación de la consolidación de los corredores troncales proyectados desde 2006: el corredor México-Puebla-Progreso y el Peninsular de Yucatán. Por un lado, la ampliación de la oferta de transporte turístico y la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación fomentarán la expansión del tsunami turístico-inmobiliario hacia nuevos territorios. Por otro, el tren de carga asociado al proyecto turístico del Tren Maya, expandirá e intensificará el modelo actual de agroindustria exportadora”, concluyó Adrián Flores, investigador de Geocomunes.
Alrededor de las 4 de la tarde del domingo 30 de junio empezaron las detonaciones hacia el poblado de El Naranjo, en la sierra de Guerrero. Los disparos venían de los cerros que rodean la comunidad. Seis familias, de las casas más cercanas al área de tiro, salieron huyendo hacia la cabecera municipal. Los demás pobladores, unos mil 500, se atrincheraron en sus hogares y empezaron a repeler el ataque.
Así lo reportaron a Animal Político activistas del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y desplazados de otras comunidades, que recibieron los mensajes de alerta de sus amigos y familiares de El Naranjo, y zonas aledañas.
En esta región de Guerrero hay desde 2013 una disputa entre grupos del crimen organizado que pelean el control de territorios, donde tienen intereses ligados al cultivo y trasiego de drogas, pero también a la explotación de minas y de recursos forestales. En medio de esos pleitos ha quedado población civil.
“Los que están disparando son del mismo grupo que nos desplazó a nosotros, lo que quieren es sacar a la gente para tomar el control del territorio. La agresión fue, como en nuestras comunidades, contra población civil que no se mete con nadie”, asegura uno de los desplazados de un poblado de más arriba, a quien por seguridad llamaremos Marcos, y que estuvo 39 días en plantón, junto con otras 300 personas, afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal condiciones para el retorno a sus comunidades.
El desplazado señala que el ataque a El Naranjo es consecuencia de que no se ejecutaron las medidas de seguridad pactadas en el acuerdo firmado entre ellos y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), y por el que aceptaron volver a Guerrero y asentarse en Chichihualco.
“Justo en El Naranjo se había acordado que se colocaría un punto de seguridad, para evitar que el grupo armado quisiera ingresar a ese poblado y avanzar después a la cabecera municipal, donde estamos nosotros”, dice Marcos.
En el acuerdo referido, se incluía que la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob solicitara a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establecer un perímetro de protección para ellos, con tres puntos de vigilancia hacia la sierra y hacia Chilpancingo: en el Naranjo, el Carrizal y la Quebradora.
La subsecretaría de Encinas, dice Marcos, cumplió ya la parte de la ayuda humanitaria asentada en el acuerdo: apoyo para pagar renta de vivienda y alimentación, entre otras, “pero los puntos de control no se establecieron. De haber habido en El Naranjo uno, el grupo armado no pensaría en atacar el pueblo, pero no se ha actuado respecto a la estrategia de seguridad”.
Manuel Olivares, del Centro Morelos, señala que este avance es, de hecho, una especie de reto ante la llegada de la Guardia Nacional a Guerrero. “Este grupo armado había estado anunciando que tomaría más poblados, quieren controlar toda la zona hasta la capital, Chilpancingo, y han dicho que no van a permitir que entre la Guardia”.
La oficina de comunicación de Alejandro Encinas aseguró a Animal Político que ellos solicitaron desde abril que la Policía Federal brindara la seguridad a los habitantes del municipio de Leonardo Bravo, al cual pertenece El Naranjo.
Respecto a si solicitarán ahora la presencia de la Guardia Nacional, solo respondieron que “esa definición se hará en el gabinete de seguridad”. Animal Político solicitó una entrevista a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conocer su postura, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.
No se saldrán
La gente de El Naranjo, dijeron los entrevistados, está preparada para intentar repeler la agresión. Los pobladores ya sabían que el grupo del crimen organizado podía intentar avanzar hacia su pueblo, en su camino para tomar la cabecera municipal, Chichihualco.
Frente a los ataques a los poblados de más arriba, como Filo de Caballos, Los Morros y Campo de Aviación, los de El Naranjo decidieron que no se saldrían de sus casas. “Ellos ya vieron lo que nos pasó a nosotros. Nos salimos y lo perdimos todo. Los que nos atacaron se han robado lo que teníamos y no podemos volver a nuestras casas, por eso ellos han decidido que se van a defender, además porque son una comunidad muy unida, muy organizada. Incluso las familias que habían salido huyendo ya volvieron. Están resueltos a resistir”, dice Marcos.
Gracias a eso, asegura, es que hasta ahora el grupo armado no ha podido entrar a El Naranjo. Desde el domingo, unos 400 hombres organizaron la defensa del poblado. Los disparos cruzados con el grupo armado se prologaron hasta la mañana del lunes 1 de julio, sin que se reportaran personas muertas.
Después de eso ya no se han escuchado las detonaciones, pero los entrevistados denuncian que los atacantes permanecen en los cerros, al acecho de la comunidad. “No estamos seguros, pero debe haber unos 600 hombres armados rodeando El Naranjo, al menos eso es lo que nos reportan los pobladores de allá, porque nadie puede entrar a ver qué está pasando”, dice Manuel Olivares, director del Centro Morelos.
En conferencia de prensa, el comisario del poblado desmintió que haya seguridad pública apoyando a la población, como lo informó el gobierno la mañana de este martes, “en el pueblo no hay nadie, los únicos que están son los policías del pueblo, pero ¿para qué se meten en problemas ellos?”. Dijo también que la petición al gobierno es vigilancia ya sea de militares o de la Guardia Nacional en el tramo de Tres Cruces a El Naranjo.
En entrevista con Animal Político, Florencio Salazar Adame, secretario general de gobierno del estado de Guerrero, confirma que domingo y lunes se hicieron disparos, desde los cerros cercanos, a la comunidad de El Naranjo. Pero afirma que es mentira que las autoridades no estén actuando.
“La policía del estado, la policía rural están dando protección a la zona, no solo a la propia comunidad, sino a lugares próximos donde pudiera haber grupos de atacantes, incluso le hemos informado al ejército. Sí ha habido una respuesta del gobierno del estado en torno al tema de seguridad”.
El funcionario asegura también que es mentira que haya hombres rodeando El Naranjo, y subraya que hay presencia constante de la policía y del ejército para proteger a la población, que, en efecto, ha quedado en medio de las disputas entre grupos delincuenciales, como él los llama.
Animal Político: ¿Habrá vigilancia de la policía y del ejército en El Naranjo?
Florencio Salazar: Se da la vigilancia necesitaría. No podemos hablar de que sea una vigilancia permanente porque son miles de comunidades. Pero hay por zonas, por regiones, una vigilancia que permite la aproximación inmediata cuando hay un problema que pone en riesgo la vida de las personas.
AP: ¿A qué distancia está el punto más cercano donde hay policía o militares?
FS: La policía se trasladó recientemente para allá. No sé exactamente cuál es su ubicación, pero debe estar necesariamente en la proximidad, igual que el ejército.
AP: ¿La Guardia Nacional llegará a la zona en estos días?
FS: Todas estas cuestiones tienen que coordinarse con los respectivos mandos y con la Secretaría de Seguridad del estado, y cuando haya los acuerdos necesarios y estén las estrategias planteadas, irán a las zonas de mayor conflicto del estado.
AP: ¿El ataque a El Naranjo puede ser una repuesta a la llegada a Guerrero de la Guardia Nacional?
FS: No lo creo así, lamentablemente es una de las acciones que se han venido dando a lo largo del tiempo, igual en otras partes próximas a El Naranjo.
Los tres activistas “están presos por defender los derechos humanos, por crear condiciones dignas de vida para su comunidad”, criticó Serapaz. Foto: Tomada de /serapaz.org.mx
Por Ixtlixóchitl López / Proceso, 3 de julio de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) denunció el injusto encarcelamiento de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, miembros de la comunidad indígena purépecha de Nahuatzen, Michoacán, privados de la libertad desde hace siete meses.
A través de un comunicado, Serapaz exigió la liberación de los indígenas y señaló su encarcelamiento como “una clara muestra de intimidación y hostigamiento político hacia quienes defienden los derechos”, pues aseguraron que pese a estar acusados de robo, robo calificado y sabotaje, no se tienen pruebas en su contra.
Los tres hombres, explicó Serapaz, apoyaban al Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, una comunidad indígena ubicada en la región de la meseta purépecha de Michoacán, que ante la ola de violencia por parte del crimen organizado y la falta de voluntad del gobierno para atender esta situación, decidió organizarse e instaurar un gobierno comunitario.
Sin embargo, manifestó, desde su reconocimiento como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del gobierno de Michoacán y el gobierno federal en el año 2017, este Concejo ha sido objeto de una campaña de desprestigio, hostigamiento, amenazas y represión, por parte de los gobiernos estatal y municipal.
La organización fundada por Samuel Ruíz señaló el encarcelamiento ocurrido en noviembre pasado como un intento de desarticular la organización y el sueño comunitario y acusó al Gobierno de Michoacán como el principal responsable.
“Están presos por defender los derechos humanos, por crear condiciones dignas de vida para su comunidad y por defender la vida a través de la organización comunitaria.”, subrayó.
Por ello exigen la libertad de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, a quien consideran Presos políticos en defensa del territorio.
Ayuntamiento no respeta suspensiones de justicia federal: Afectados
Rafael Hernández Guizar / Página 24
Ciudadanos denunciaron violaciones a los usos de suelo en el municipio de Chapala, aseguraron que en el ayuntamiento no han respetado las suspensiones que les otorgó la justicia federal.
Se trata de un desarrollo llamado Hotel y Villas Monte Lago que se construye en el predio conocido como Chapinaya en Ajijic, una zona boscosa según se dijo por lo que de continuar habría un grave daño al subsuelo y por ende, a los mantos freáticos del lago que es considerado como sitio Ramsar, según indicó en entrevista Jaime González Campos, el abogado de los quejosos.
La denuncia que presentarán en unos días ante la Fiscalía General del Estado (FGE) irá directamente contra el presidente municipal Moisés Anaya, por simulación de actos jurídicos y falsificación de documentos, lo cual podría haber frenado la obra, pues se trata del dictamen de impacto ambiental.
“Hay una construcción donde el presidente municipal de la administración pasada emitió un dictamen apartado de lo permitido en la zona, y a la quejosa que representamos le presentamos un amparo para pelear el dictamen de trazos, usos y destinos y la licencia de construcción, nos concedieron la suspensión para que se suspendiera la obra y al constructor se le pidió una contragarantía, nosotros presentamos un recurso que resolvió el tribunal y solicitamos ya al ayuntamiento qu suspenda la obra porque no cumple con los requisitos de los planes parciales de Chapala y la substanciación del asunto, nos hemos percatado que no existen actos por el ayuntmaiento que tanto el dictamen y la licencia fueron emitidos de conformidad a la ley”.
Sin embargo, los ciudadanos resaltaron la mala fe del ayuntamiento al indicar que el documento se emitió el año pasado pero con fecha anterior.
Asimismo, solicitarán que entre en el caso el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por las omisiones que la actual administración ha sostenido al no presentar el juicio de lesividad que echaría abajo el desarrollo turístico, algo a lo que estarían obligados en el ayuntamiento pro la solicitud de los ciudadanos.
Cabe recordar que un juicio de lesividad es un procedimiento jurídico que las administraciones municipales pueden interponer para echar atrás determinaciones que la misma administración haya autorizado en el pasado, es decir, cosas como licencias o permisos que se tramitaron en tiempo y forma pero que causan perjuicio a la ciudadanía.
Por cierto que el desarrollo se compone de 74 habitaciones y 27 villas de cuatro niveles, lo que viola los planes parciales del ayuntamiento de Chapala y por ende, los usos de suelo.
Como parte de un proceso de acompañamiento psicosocial, estudiantes de la primaria Benito Juárez en Temacapulín, Jalisco, realizaron dibujos donde se observa la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, construida en el siglo XVIII, cubierta por el agua de El Zapotillo, mientras que a su alrededor, los pequeños temacapulinences y habitantes de esta comunidad, flotan en las aguas de esta presa.
Durante la reunión sostenida, el pasado 5 de marzo, entre el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, organizaciones y académicos que acompañan a las comunidades con Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del gobierno de México, Javier Guerrero, de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y representantes de la Comisión Nacional del Agua, dos pequeños habitantes de Temacapulín entregaron los dibujos a los representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Buenas tardes, mi nombre es Jimena, vengo representando a los niños de Temaca, para decirles que nos ayuden con la presa del Zapotillo; no queremos que nos inunden porque allá hay mucha seguridad. ¿A ustedes les gustaría que les inundaran su pueblo? A nosotros tampoco.”
“Mi nombre es Zabdiel, yo vengo de Temacapulín, y quiero pedirles que por favor nos dejen vivir tranquilos, felices en nuestro pueblo y que Conagua que no nos amenace con sacarnos de Temaca”.
Los dibujos fueron realizados por 30 estudiantes de entre 6 a 12 años, quienes desde su nacimiento han vivido con la amenaza de la inundación de su comunidad, por lo que han “mamado” la lucha contra el proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León.
Mega proyecto conocido por las constantes violaciones a los derechos humanos de la población y la falta de transparencia del destino de 40 mil millones de pesos, invertidos hasta el día de hoy.
Para Elvia Susana Delgado, doctorada en Ciencias Sociales en la tesis: Trauma Psicosocial y Resistencia en Comunidades Amenazadas de Despojo por la Construcción de las Represas “El Zapotillo” y “Las Cruces”: Vivir Bajo Amenaza; señala que para la comunidad de Temacapulín, el vivir desde hace más de 13 años con la amenaza e incertidumbre de ser inundados por la construcción de la presa El Zapotillo, el ser desplazados de su territorio, de las falsas promesas de gobernantes y las constantes amenazas por parte de servidores públicos de alto nivel, se ha traducido en impactos psicosociales negativos en diversos aspectos de sus vidas y dinámicas comunitarias.
La Doctora en Ciencias Sociales por parte la Universidad de Guadalajara, detalla en su investigación que después de darse a conocer la amenaza del desplazamiento y la inundación de su territorio, la salud de la población, sobre todo la de la tercera edad y menores de edad, ha sido afectada, ya que esto ha generado estrés sostenido, de donde resaltan la alteración emocional, acompañado de sufrimiento, miedo, tristeza, ansiedad, desmoralización y dificultades para afrontar la situación llevando a la población a condiciones de vulneración emocional y física.
Para Delgado: “la preocupación se asocia al estrés y agravamiento de síntomas de enfermedades crónicas degenerativas, en casos extremos algunas muertes en la población”.
El grupo más afectado son los adultos y adultas mayores; ejemplo de ello, es la muerte de 26 personas entre el 2005, año en que fue anunciado el proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León, y 2010, periodo donde incremento la tasa ordinaria de fallecimientos, afectando principalmente a mujeres.
Otro sector vulnerable de la población son los niños y niñas de Temacapulín. El 44 % de los infantes han presentado niveles de ansiedad por arriba de la media con respecto a su edad con manifestaciones físicas, problemas emocionales, estados de alerta y preocupación internalizada con respecto a su ámbito social. Esto ha generado, transtornos del sueño, pesadillas, irritabilidad, inapetencia y otros síntomas psicosomáticos, lo que ha generado que los pequeños crezcan con incredulidad y desconfianza a las autoridades.
Para la Doctora Susana Delgado, desde la perspectiva psicosocial, todas estas afectaciones solo tienen una solución que es la de garantizar el bienestar psicológico y la convivencia social sana de los habitantes con la cancelación del proyecto.
“Todas las afectaciones son producto de la amenaza de despojo, y esa amenaza no desaparecerá, en tanto no se decrete la cancelación definitiva del proyecto, puesto que en la psique no se negocia, las personas de Temaca ya tienen una aversión irreversible a la represa como producto de la imposición del daño y las ofensas que han sufrido todos estos años. Desde la perspectiva psicosocial, ya no es tiempo de negociar, al menos no para el sujeto y el colectivo a nivel psicoemocional. Desde la perspectiva psicosocial lo que le queda al Estado es reparar el daño cancelando el proyecto y dejando a las personas vivir en paz.”
Habla el estudio que después de tres años de haber decretado la alerta local y seis meses de la alerta Federal, existe un contexto de violencia y ausencia que las autoridades.
Rosario Bareño Domínguez / El Occidental
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) entregó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta el “Informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres en correspondencia con los mecanismos de alerta de violencia contra las mujeres y alerta de género”. en la que le señala que su foco rojo es la trata de personas.
Habla el estudio que después de tres años de haber decretado la alerta local y seis meses de la alerta Federal, existe un contexto de violencia y ausencia que las autoridades, deben atender con mayores esfuerzos.
Puerto Vallarta fue considerado como prioritario en función de la problemática sobre trata de personas y del número de casos de muertes violentas de mujeres registradas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es por esto que se activaron los mecanismos de alerta de género, tanto local como Federal.
De acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad enero-abril 2019, esta localidad se encuentra en el lugar 82 de los 100 municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres en el ámbito nacional.
Los centros turísticos que constituyen polos de atracción de trata de personas con fines de explotación sexual son los estados de Guerrero y Jalisco, tanto en Acapulco como en Puerto Vallarta se ha denunciado la presencia de distintas modalidades, incluyendo la explotación sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual.
En este documento, elaborado por la Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género, se examinaron los riesgos que enfrentan las mujeres en sus diferentes contextos socioculturales, geográficos y económicos.
Destaca que no se cumple con los indicadores de los mecanismos de alerta.
El patrullaje y la vigilancia en zonas de riesgo, sólo se adquirió un vehículo, pero falta informar de las actividades realizadas.
De igual forma, faltan avances en la mejora del alumbrado público en las zonas de riesgo; si bien se firmó un convenio para colaboración y derivación para la instalación de un refugio de mujeres en situación de violencia a un particular, falta revisión del mismo.
Con respeto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Federal), se encontró que no hay un grupo especializado de búsqueda y reacción inmediata.
Los colectivos solicitaron coordinación con estados vecinos para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, y no hay reportes de seguimiento de órdenes de protección.
La CEDHJ sugiere tener un presupuesto etiquetado para la aplicación de los programas, contar con un marco normativo que rija la política municipal en materia de igualdad de género.
Concretar la instalación de cuando menos un refugio o casa de medio camino para toda la región costa norte que sirva para el resguardo de mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos de manera inmediata y en condiciones dignas.
Le ordena al gobernador Antonio Echevarría, que dé con los responsables del asesinato de líder Wixárika
Redacción / Realidades
México, 3 Jul (Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 32/2019 al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, y al fiscal general de la entidad, Petronilo Díaz Ponce Medrano, por omisiones e irregularidades al investigar el homicidio de un promotor y defensor indígena de derechos humanos y del sitio sagrado de Wirikuta de nombra Margarito Díaz González.
Tras concluir su investigación, la CNDH contó con evidencias que acreditan violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, a la verdad y a recibir atención especializada a su condición de víctimas indirectas en agravio de ocho personas, y en el caso de dos de ellas al interés superior de la niñez.
Al tratarse de un asunto que, por su gravedad y naturaleza, trascendió la entidad Federativa e incidió en la opinión pública del país, la CNDH atrajo el caso, inició expediente de queja y solicitó a la Secretaría General de Gobierno de Nayarit medidas cautelares en favor de los familiares y de los habitantes de la comunidad Wixárika del estado, las cuales fueron aceptadas y atendidas.
Resaltó que la CNDH confirmó que el Agente del Ministerio Público no ha ejecutado su obligación de tomar las medidas indispensables para integrar las carpetas de investigación de manera eficaz, independiente, trasparente y oportunamente para aclarar los hechos e identificar, localizar y detener a los responsables para presentarlos ante la justicia.
De acuerdo con las actuaciones de la autoridad local y las diligencias practicadas, no se observa que se indaguen los hechos mediante líneas dirigidas a esclarecer el homicidio y, en su caso, determinar la responsabilidad de las personas involucradas, porque se concentró únicamente en realizar diligencias básicas.
Puntualizó que la Comisión conoció del homicidio del luchador social, ocurrido en septiembre de 2018, por un portal informativo de Internet, en el que se dio a conocer que el dirigente estaba en su casa con su familia, cuando fue ultimado por un desconocido que se acercó a la entrada y le disparó en la cara.
Margarito Díaz González, era representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta y defensor los sitios sagrados del Pueblo Wixárika, en la comunidad de Aguamilpa, municipio del Nayar en Nayarit e integrante de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, A.C.
Personal sindicalizado del área de servicios públicos del ayuntamiento de Puebla efectuó este martes un paro de labores en demanda de mejores condiciones de trabajo, y para denunciar acoso laboral por parte del gobierno de Claudia Rivera Vivanco.
Los inconformes del Departamento de Áreas Verdes y Jardines exigieron además la reinstalación de su compañero Odilón Flores Márquez, quien fue despedido de manera injustificada por denunciar los abusos de autoridad en la dependencia.
En respuesta, la presidente municipal amenazó con aplicar sanciones a quienes incumplan con su responsabilidad.
“Todos los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, seamos de base o confianza tenemos una obligación con quien paga nuestro salario que es la gente. Se le tiene que dar respuesta a la ciudadanía y si alguien no cumple, se aplicarán sanciones”, advirtió.
Posteriormente, la presidenta municipal dijo que su gobierno está abierto al diálogo con los inconformes.
Al término de la inauguración del Smart City Expo Latam Congress que se realiza en el Centro Expositor de Puebla, la edil expuso que analizará quienes están en horario laboral y quienes tomaron algún día a cuenta de vacaciones, para tomar las medidas necesarias.
Rivera Vivanco dijo que todos los que intente golpetear o generar inestabilidad en su gobierno les pondrá un alto.
A la pregunta si el exlíder sindical Israel Pacheco Velásquez estaría detrás de estas protestas, respondió que lo desconoce, pero a quien incumpla con su función habrá consecuencias.
La protesta inició alrededor de las 8 horas de este martes, en las instalaciones del departamento que se ubica en las calles 11 Sur y 4 Poniente.
Con pancartas en mano, el personal sindicalizado denunció que son acosados por sus jefes de área, por lo que piden a Rivera Vivanco que ponga orden en servicios públicos.
La mayoría de los manifestantes laboran en las áreas de parque y jardines, maquinaria pesada, alumbrado público y panteones.
Exigieron la presencia de la presidente municipal para que se comprometiera a reinstalar a su compañero rescindido, pues acusan que la cuarta transformación no puede llegar a Puebla sino hay una alcalde comprometida con sus trabajadores.
En las últimas semanas, trabajadores sindicalizados han parado labores en al menos tres ocasiones, principalmente el personal de limpia o naranjitas, como se les conoce por el color de su uniforme, por despidos injustificados.
El pasado 25 de junio, los inconformes bloquearon a primera hora la calle 11 Norte, de Reforma a la 4 Poniente, frente a las oficinas de Normatividad Municipal.
También frenaron la circulación de la Línea 2 del metrobús, por lo que usuarios tuvieron que caminar varias cuadras para tomar otro transporte público.
Un grupo de mujeres, de varias organizaciones, lanzaron este día la campaña #YoTampocoQuieroMorir, a raíz de la indignación que causó el asesinato de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, quien temía por su vida y días antes de su crimen solicitó ayuda de manera formal al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
En la carta de Nancy entregada en el área de atención ciudadana del gobierno, a inicios de mayo, dirigida al mandatario queretano, la mujer expresó sus deseos de continuar con vida, días antes de ser baleada cerca del colegio donde llevó a su pequeña hija, por sujetos que presuntamente fueron contratados por su exmarido.
“Sr. Gobernador, hoy toco su puerta en espera de ser escuchada.
“No quiero morir!!, es un hecho!! No quiero ser una de las mujeres que mueren en este país cada 160 minutos con una saña y violencia como nunca antes…”, escribió la mujer, quien además identificó a su exmarido de estar detrás de otro ataque que sufrió de manera previa, en abril pasado.
Las representantes de estas organizaciones lanzaron la campaña desde las puertas de las oficinas del gobernador de Querétaro, donde Nancy pidió ayuda antes de que la mataran, y desde donde exhortaron a otras mujeres a relatar, de manera anónima y a través de cartas, sus historias de violencia.
“En dichas cartas solicitamos a las mujeres que señalen la violencia sufrida, sus intentos de denuncia, la posible desconfianza en las autoridades y, de ser el caso, que también manifiesten sus experiencias cuando se presentaron a denunciar, es decir, si recibieron o no un trato adecuado por parte de los servidores públicos”, manifestó Laura Santos del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos, A.C., (Cleidh), una de las organizaciones que promueven la campaña.
El caso de Nancy no es el único donde han existido irregularidades, el Cleidh acompaña el caso de Marlene, mujer que fue localizada asfixiada, con una agujeta alrededor de su cuello y el otro extremo sujeto a la perilla de una puerta, es decir a un metro de altura, aproximadamente, no obstante, los elementos de la Fiscalía de Querétaro decidieron iniciar la averiguación como suicidio, aunque la posibilidad de colgarse de la puerta sea muy poco probable.
“Optamos por alzar la voz contra la violencia institucional, porque sabemos que el silencio no nos protegerá. Juntas nos unimos al clamor de Nancy porque nosotras no queremos que haya más mujeres violentadas y asesinadas, nosotras tampoco queremos morir”, agregó Laura Santos.
Otro caso que también causó indignación fue el de Ana Karen, mujer de 20 años que fue asesinada, pero que de inicio también fue considerado como suicidio por las autoridades, hasta la intervención de la agrupación “Colectiva de Mujeres Emergentes”, que esta mañana no participó en la campaña lanzada, pero que contribuyó a la sentencia del asesino de Karen.
“Lo manejaron como suicidio, de hecho, su asesino quedó absuelto, después de haber sido absuelto, él cometió un robo al mes y por lo cual es por lo que estaba preso, no por el asesinato de Ana Karen, lo cual nos parece todavía más grave y más indignante”, expuso Diana Arlette Chávez.
Con la campaña también buscan identificar, en la información de las mujeres que se animen a escribir sus relatos anónimos, las deficiencias institucionales que ha habido a lo largo de diferentes casos.
En este sentido, la integrante del Frente Feminista Nacional, Lilia Gutiérrez Leal, considera que el ejercicio podría derivar en la actualización de protocolos para incrementar o dotar de un presupuesto suficiente a las instituciones que atienden a las mujeres, pero sobre todo para llamar a la rendición de cuentas a servidores públicos omisos o negligentes con los casos de mujeres que sufren o sufrieron violencia.
Y es que ella observa que las autoridades tienden a actuar de manera reactiva, cuando los casos de violencia culminan en los extremos como el feminicidio.
“Es cuando ya públicamente se está mostrando interés, ya hay personas responsables en prisión, siendo procesadas por delito de feminicidio, pero volvemos al punto, ¿hasta ahí hay que llegar para que se tomen acciones? Las acciones preventivas son las que salvan nuestras vidas”, afirmó.
Dentro del pronunciamiento se señala que al menos nueve mujeres al día en el país son asesinadas por razones de género, que la cifra de feminicidios se duplicó de 407 en 2017 a 845 en 2018, y que a julio de este año ya iban 144 feminicidios.
En el caso del estado de Querétaro, según los datos que difunde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta mayo de 2019, habían sido registrados siete homicidios dolosos contra mujeres y sólo un feminicidio, ocurrido en abril.
“Las crecientes cifras de violencia contra las mujeres demuestran que la vida de estas es menospreciada, cuando no nos matan nos violentan de forma física, psicológica, económica, sexual, patrimonial e inclusive simbólicamente todos los días, estas violencias sólo son posibles gracias a la impunidad manifiesta de los delitos contra las mujeres, sobre los de índole sexual, realidad que se extiende por todos los estados de la República”, manifestó Santos, del Cleidh.
Marcela Robles Villela, de la Colectiva Juntas, dijo que la campaña está siendo respaldada por la organización Amnistía Internacional y detalló que en una primera etapa de la campaña se recibirán los textos mediante los sitios de internet y correos electrónicos de las organizaciones participantes, pero además colocarán buzones en establecimientos comerciales, como cafeterías del Centro Histórico de la ciudad.
Ivonee Daniela Roa Osorio, integrante del Cleidh, agregó que tienen previsto visitar colonias y barrios de la periferia en el municipio de Querétaro.
La duración de la campaña será aproximadamente de un mes, hasta finales de julio.
Las políticas “restrictivas” del gobierno de Donald Trump hacia migrantes y refugiados generan un clima de “persecución”.
Redacción / EL POPULAR
Defensores de los derechos de los migrantes, abogados, periodistas, refugiados y solicitantes de asilo son el blanco de una campaña de “acoso”, intimidación y amenazas por parte de autoridades de México y Estados Unidos, denunció este martes Amnistía Internacional (AI).
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que es la primera vez que denuncian la “criminalización y el acoso” de defensores de los derechos humanos en EU, pero que las políticas “restrictivas” del gobierno de Donald Trump hacia migrantes y refugiados generan un clima de “persecución” contra aquellos que defienden a estas personas.
Todos los involucrados, indica, son sujetos desde 2018 a interrogatorios, detenciones ilegales e inspecciones a sus computadoras y teléfonos celulares al cruzar la frontera.
¿Por qué nos hacen sufrir y nos revictimizan muchas veces? ¿Por qué los procesos penales duran mucho tiempo?
TAMAULIPAS.- El “horror” de Tamaulipas y el secuestro de su hijo la obligó a aprender los términos legales para presionar a las autoridades a encontrarlo, vivo o muerto. Rosa Icela Valdez Chaidez transformó su vida desde el 10 de marzo de 2014.
“Nosotros nos la pasábamos en la cocina, preparando tacos para vender, preparando comida porque esa era nuestra forma de vida, nosotros no sabíamos de cuestiones legales. Yo tengo una licenciatura en gastronomía y mi hijo también. Mi mamá nos enseñó a hacer comidas y toda la vida vivimos de eso”, explica.
El cambio de vida afectó a todo el entorno familiar, tuvo que irse desplazada a radicar a la Ciudad de México, donde anda “a salto de mata”, temiendo por su seguridad. Su hija que es ingeniera en mecatrónica, y actualmente estudia abogacía “para entender a las autoridades”.
“¿Por qué actúan de esta manera? ¿Por qué nos hacen sufrir y nos revictimizan muchas veces? ¿Por qué los procesos penales duran mucho tiempo? ¿Por qué aquí nadie se va por un secuestro a las cárceles? ¿Por qué no quieren acusarlos de secuestro? ¿Por qué no quieren ver las cifras reales, las estadísticas? ¿Por qué no se menciona a Tamaulipas con el horror que se vive todos los días?”, pregunta una y otra vez intentando encontrar respuestas a la situación.
Con la mirada triste recuerda cuando fue secuestrada junto con su hijo de 28 años de edad, Roberto Quiroa Flores Valdez.
“El 10 de marzo de 2014 un grupo armado nos secuestra a mi hijo y a mí. Nosotros vendíamos comida, teníamos un restaurante en la colonia Rodríguez, previamente se habían llevado a mi hijo en una ocasión, se pagó un rescate. La primera vez les pagamos dos millones de pesos.
“Y para el siguiente secuestro nos llevan a los dos, nos siguieron extorsionando porque ya todos los negocios están pagando cuotas. Todos los empresarios han sido golpeados por esta situación y se pagan cuotas para poder trabajar”, revela al mencionar que el fenómeno de inseguridad mantiene a Reynosa, Tamaulipas, a merced de los miembros de la delincuencia organizada.
“Mi esposo daba clases, era maestro. Él falleció, pero así era nuestra vida siempre. Él iba y venía a las escuelas dando clases. Y yo siempre estaba en mi casa haciendo comida y mis hijos me ayudaban.
“Nosotros en Tamaulipas, en específico en Reynosa, de donde somos, vivimos una situación muy triste de violencia, de secuestros, de desapariciones, de extorsiones, del año 2010 para acá hemos estado sufriendo esta situación”.
Rosa Icela ha perdido su patrimonio en la búsqueda de su hijo.
“Ellos a mí me liberan -continuó-, con la condición de ir a conseguirles más dinero. Porque como nos separan, se llevan a mi hijo, me dejan a mí y me dicen que yo tengo que ir con mi familia a vender lo poco que a mí me quedaba para poderles pagar el rescate.
“Se les paga el rescate y aun así no liberan a mi hijo. En esta ocasión se les pagaron tres millones de pesos, ellos pedían cinco millones o 200 mil dólares. Porque siempre te piden en dólares, allá en la frontera te piden rescates en dólares.
“Se consiguió como se pudo el dinero. Ahí se fueron todos mis ahorros de toda mi vida. De toda mi vida de trabajo y trabajo de mi hijo también, porque él estaba en la cocina, siempre cocinando”, agrega con voz apagada.
Interponer la denuncia contra los secuestradores de su hijo, quienes son miembros del Cártel del Golfo que opera en Reynosa, le ha significado ser llamada a declarar una y otra vez. Señala como uno de los participantes a Sergio Luna alias “El Loquillo”, quien tiene canciones que le componen jóvenes raperos de Reynosa.
Este hombre aparece en una fotografía donde está apuntando con un arma larga al hijo de la señora Rosa Icela, mientras se escucha la canción que le compusieron.
Otro de los que apunta como participantes es Cleofas Alberto Martínez “El Güero Cleofas”, quien si no es procesado por delito de secuestro teme que pronto quede libre.
Rosa Icela insiste en que en Tamaulipas las autoridades estatales no les permiten hacer búsquedas de desaparecidos. Pide que los 300 cuerpos localizados en el cementerio forense de Miguel Alemán sean identificados, así como los 200 cadáveres que están almacenados en el Forense de Reynosa.
“¿Qué hacemos con tantos cadáveres en el país, por qué no los identifican y los entregan?”, cuestiona una y otra vez. Agrega que decidió hincarse ante el Presidente de la República en el momento en que Karla Quintana, la comisionada Nacional de Búsqueda, daba unas cifras que no coinciden con la realidad.
“Dice que le dio un presupuesto a varios estados, le dio 11 millones de pesos al comisionado estatal Jorge Macías en Tamaulipas. Y yo pensé que iban a destinar ese recurso para identificar a tantos cadáveres que ya tienen y que no pensaban hacer más caravanas de búsquedas.
“Para qué van a buscar más cadáveres, más osamentas y más restos si no tienen lugar donde guardar los que ya tienen, qué van a hacer con más restos humanos y más cadáveres”, inquirió.
Para esta madre la búsqueda no concluirá mientras no encuentre a su hijo “si están vivos, que es lo que más deseamos. Pero si ya están muertos que nos entreguen los restos de nuestros hijos, aunque sea así los queremos, para ya poder descansar algún día, porque mientras no vamos a descansar.
“Los vamos a seguir buscando y los vamos a seguir buscando y que los gobernadores de todos los estados tomen conciencia, que se acerquen más a su pueblo, no nada más cuando piden el voto, porque no quieren dar respuesta, no quieren ayudar y nos prohíben que nosotros busquemos”, finalizó.
El próximo 8 de julio a más tardar, el Gobierno de Estados Unidos va deportar y retornará a cerca de 3 mil migrantes por la frontera con Nuevo Laredo y no hay recursos públicos federales o una estrategia para enfrentar este fenómeno social.
Con lo anterior se espera que en la frontera de Nuevo Laredo, estarán concentrados 7 mil migrantes más en promedio y se estima que la cifra pueda crecer.
Sostener a los migrantes en Nuevo Laredo, representa gastar cerca de dos millones de pesos mensuales para 4 mil personas que están actualmente varadas en esta frontera; Reynosa se gasta en las casas del Migrante un promedio de 750 mil pesos dando atención a 1,700 migrantes.
Lo grave, advierten las autoridades, es que desde el viernes 28 de junio, Estados Unidos está retornando y deportando 200 personas cada 24 horas por esta frontera de Tamaulipas.
Tanto el Instituto Tamaulipeco del Migrante como el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, dieron a conocer que, será necesario habilitar nuevos albergues al estimarse un alto índice de migrantes que estarían regresando a México a esperar la respuesta de asilo político.
En el mes de julio le corresponde a Matamoros recibir las deportaciones que suceden en Estados Unidos y hasta el momento, se han registrado 250 personas deportadas. Fotografía: Ángel Arias
Ángel Arias / Hoy Tamaulipas
En el mes de julio le corresponde a Matamoros recibir las deportaciones que suceden en Estados Unidos y hasta el momento, se han registrado 250 personas deportadas
Matamoros, Tamaulipas. – Durante el mes de julio, le corresponde a Matamoros recibir las deportaciones que se dan de Estados Unidos a este país, por lo que van en aumento.
De acuerdo a las primeras cifras, han llegado 250 personas deportadas en tan solo dos días, informó el administrador de la casa del migrante, Juan Antonio Sierra Vargas.
Resaltó que en un solo viaje llegaron 151 personas y este martes 99, lo que es un número bastante considerable para ser los dos primeros días.
Explicó que afortunadamente llegaron a buena hora de tal forma que tuvieron tiempo de documentarlos y de trasladarlos tanto a la casa del migrante como a la central de autobuses; añadió que es así como ya se tienen a los primeros 36 huéspedes de la repatriación masiva.
Manifestó que cuando los deportados llegan muy tarde se les dificultan la labor de traslado de las personas que así lo requieran a la casa del migrante.
En este sentido precisó que la prioridad es atenderlos rápido para poder apoyar a los que vienen porque, en definitiva, esto apenas empieza.
Comentó que además tienen en el albergue a personas que están en búsqueda de asilo en los Estados Unidos, por lo que esperan que se encuentren bien, que tengan una buena estancia, aunque esta sea breve.
Agentes de migración de Texas, cerraron el paso en el Puente Internacional Reynosa Hidalgo a consecuencia de unamotinamiento por parte de migrantes. Fotografía: Rosalía Quintá
Rosalía Quintá / Hoy Tamaulipas
La acción fue para presionar a las autoridades norteamericanas para que agilicen las solicitudes de asilo
Reynosa, Tamaulipas. – Agentes de migración de Texas, cerraron el paso en el Puente Internacional Reynosa Hidalgo a consecuencia de un amotinamiento por parte de migrantes, principalmente cubanos que pretendían ingresar a territorio norteamericano.
Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles cuando un numeroso grupo de migrantes se presentaron en el cruce entre Reynosa e Hidalgo Texas como medida de presión para que los agentes de migración agilicen el proceso de asilo humanitario que llevan a cabo y que en algunos casos llevan más de tres meses de espera.
Ante la llegada de los migrantes, los agentes de la Border Patrol se presentaron para establecer un operativo para impedir el cruce de los migrantes.
Los agentes cerraron las casetas de acceso tanto para peatones como automovilistas además de colocar una puerta de malla ciclónica como refuerzo al cierre de la frontera.
A consecuencia de esta situación cientos de automovilistas no pudieron ingresar a territorio norteamericano quedándose en la fila de espera.
Esta es la segunda ocasión que los migrantes han intentado cruzar a por la fuerza hacia Estados Unidos ante la desesperación que padecen por lo tardado que se está aplicando su cruce con fines humanitarios.
Cabe recordar que la semana pasada un grupo de migrantes cubanos y venezolanos denunciaron a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por tráfico ilegal de personas ya que acusaron que los agentes de dicho instituto están cobrando hasta mil 500 dólares para agilizar su proceso de ingreso a Estados Unidos.
México se desangra, sobre todo el rural e indígena. No se habla en sentido figurado. La sangre trasmina el polvo de las veredas y caminos. Las masacres se suceden una tras otra ante un Estado ausente, incapaz, omiso o cómplice.
No hay registro de la mayoría de estas matanzas. Los deudos, cuando pueden, recogen los cuerpos y los despiden casi en secreto. El terror del crimen organizado hoy es el mismo que inaugurara Felipe Calderón y continuara Enrique Peña Nieto. Los cárteles que se diputan el trasiego de drogas, armas y personas siguen trabajando sin alteración alguna. Para las comunidades empobrecidas no hay “cuarta transformación” que las salve de ser víctimas o, en algunos casos, ver que integrantes suyos se conviertan en colaboradores de estas mafias.
La violencia alcanza niveles grotescos. Se trata de crímenes de lesa humanidad en regiones donde no rige la Constitución ni las leyes mexicanas, la observancia de los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario. No hay medios de comunicación ni periodistas que den cuenta de lo que ocurre. Se trata, en efecto, de un fenómeno peor que la guerra, como dijera el sociólogo Daniel Jonah Goldhagen al documentar los casos de genocidio, eliminacionismo y otros tipos de agresiones contra la humanidad.
Hablamos particularmente de lo que ocurrió hace unos días en Tesopaco, municipio de Rosario, Sonora, en lo recóndito de la Sierra Madre Occidental, colindante con los municipios sonorenses de Quiriego, Yécora, Onavas y Cajeme, y los chihuahuenses Moris y Uruachi.
Un cártel quemó el pueblo de Tesopaco el día 19 de junio pasado. Los enfrentamientos entre cárteles rivales se sucedieron por el rumbo de Navojoa, Sonora, y el triángulo entre Sonora, Sinaloa y Chihuahua en horas y días posteriores, hasta el 21 de junio pasado, cuando se concretó una carnicería en las inmediaciones de Tesopaco. La plaza es de Los Salazar o Los Salazares, una facción de Gente Nueva, el brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Desde el inicio de la supuesta guerra contra el narcotráfico, la región del sur de Sonora y el norte de Sinaloa es controlado por Los Salazar. Provienen de la sierra de Chihuahua: del rumbo de Témoris, Guazapare. Bajaron el corredor de la sierra, de San Bernardo, Quiriego y se asentaron en Navojoa, Sonora, desde hace unos 15 años. También controlan la plaza de Ciudad Obregón. Hicieron alianzas con personas de Choix, Sinaloa.
Con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, preso y un Cártel de Sinaloa dividido, el Cártel de Juárez vio la oportunidad de correrse al sur y desplazar a su acérrimo enemigo. Mandó a su brazo armado, La Línea, a ocupar la plaza, defendida por Gente Nueva (facción Los Salazar). Verdaderos ejércitos privados con cientos de combatientes se enfrascaron en una guerra abierta. En las imágenes se pueden contar más de 160 sicarios con ropa camuflada, pertrechados como tropas de elite, previo a la confrontación.
De manera oficial, se informó que estos hechos sólo arrojaron daños materiales y heridos. Mentira.
Imágenes y videos del enfrentamiento del 21 pasado muestran, al menos, 15 cuerpos apilados luego de la refriega. La lucha es tan bestial que los ganadores castraron vivos a los derrotados que no tuvieron la suerte de perecer en el enfrentamiento. Luego los degollaron. Muchos de los sicarios de ambos bandos no rebasan los 18 años de edad: adolescentes envueltos (como víctimas y victimarios) en una espiral de la que sólo salen muertos; vidas truncadas, deshumanizadas, degradantes, ofrecidas a intereses que los rebasan y que ni siquiera alcanzan a imaginar.
Al final, los ganadores celebran bailando sobre los cuerpos desollados, cercenados y decapitados. Todos, armados con fusiles AK47 (cuernos de chivo), R15, Barret…
En medio de esta disputa, las comunidades tanto mestizas como indígenas: yoremes, yoemes, rarámuris. El terror paraliza todo desde Huatabampo y Navojoa, Sonora, hasta Choix, Sinaloa, y Uruachi, Chihuahua. Sus territorios son disputados como lugares de siembra de enervantes y zonas de trasiego de drogas, armas y personas. A la guerra económica que los despoja desde hace décadas, ahora los indígenas enfrentan una violencia extrema que los desplaza de sus montes, aguas, lugares sagrados.
Más de 160 sicarios llegaron a Quiriego, previo a tomar rumbo a Tesopaco. Los profesores tuvieron que encerrarse en la escuela hasta el día siguiente a las 11 de la mañana. Las graduaciones de los alumnos se suspendieron. Nadie asistió al cierre de cursos. Hay toque de queda.
Luego de estos enfrentamientos, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenó el despliegue de alrededor de 1 mil 800 elementos de la Guardia Nacional en todo el estado de Sonora, con énfasis especial en el sur de la entidad, donde ocurre la disputa.
Situaciones similares se multiplican por toda la geografía mexicana. Esta es la realidad de México. Muy lejos están de resolverse los problemas del país. En este muy complicado escenario, se estrena la Guardia Nacional. La bomba de tiempo –en efecto, heredada de las anteriores administraciones– que representan los enormes ejércitos privados está activada. Por verse si hay la diligencia, precisión y capacidad para desactivarla. El tiempo se agota.
Decenas de habitantes, buscan una solución a la crisis económica más personas se suman a la informalidad.
Díaz Ordaz.- La falta de empleo en la ciudad, nunca ha sido novedad, y es un problema al que se enfrenta la ciudadanía día con día, muchos habitantes de esta localidad han tenido que emigran a otros lugares, e inclusive hasta al vecino País, es por ello que quienes permanecen en este lugar han optado por buscar una solución al desempleo.
Muchos han optado por entrar al negocio del “tianguis”, pues hasta ahorita y según testimonios de los mismos diazordacenses es la opción más viable.
Ahora ya no es tan fácil conseguir artículos de segunda mano, pues cada vez es más complicado cruzar al vecino país a surtirse de productos.
A consecuencia de ello, deben de conseguir sus artículos en territorio mexicano, claro, más caros, por lo que han tenido que elevar sus precios, pero no tanto debido a la gran competencia.
Es normal ver durante en el transcurso de la semana, casas o banquetas abarrotadas de ropa de segunda mano.
“El comerciante Jaime González, dijo en entrevista para EL MAÑANA, que las ventas no siempre son buenas, que en ocasiones no sacas ni lo que inviertes en una paca de ropa o artículos eléctricos, lo que los tiene preocupados, pues si no hay venta no pueden abastecerse de nueva mercancía.
Antes podías encontrar en las pulgas del otro lado playeras y pantalones a dólar y lo vendías a 20 o 30 pesos y le ganabas, ahora el dólar casi está a 20 pesos y ya nada es de a dólar, por eso no es muy buena idea ir al otro lado”, expresó el comerciante.
El sector ambulante es el más cruel de los negocios, ya que sus propietarios carecen de seguro social o programas de apoya para mejorar su calidad de vida.
“Sería bueno recibir apoyo del gobierno y no me refiero a despensas o dinero si no que nos otorgue la oportunidad de poder crecer comercialmente”, manifestó.
El comercio ambulante no es muy benéfico para los establecidos, pero si bien es cierto ayuda un poco a la economía de los consumidores.
Durante mayo, el Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí rescató a 402 migrantes, mismos que fueron repatriados a países como Honduras, Guatemala y El Salvador.
Yolanda Camacho Zapata, representante del INM, comentó que la mayoría siguen siendo hondureños que buscan llegar al vecino país del norte.
Destacó que un fenómeno en ascenso son las niñas, niños y adolescentes, quienes ya ocupan un tercio de las repatriaciones.
“Se atendió a 402 rescatados migrantes, y tenemos una gran mayoría que fueron hombres (234), 58 niños, 41 niñas y 46 mujeres. Y los niños no acompañados fueron 23”.
Dijo que los menores migrantes rondan entre los 12 y 13 años de edad, y que algunos de ellos al transitar por la entidad, ya han cruzado por tres países, pues van en busca de sus familias.
Camacho Zapata, señaló que en este tipo de casos, el INM busca el apoyo de autoridades como los sistemas DIF o el Hospital del Niño y la Mujer para proporcionar una atención integral y especializada.
Texto: Ana Cristina Ramos / Fotos: Archivo/ Marlene Martínez y María Ruiz / PIE DE PÁGINA
En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.
El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar a la fase de explotación.
La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.
En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.
Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.
Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si esta infiltración es parte de ese requisito.
En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado.
Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación.
El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.
El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.
Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.
En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.
Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.
Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.
Exigen que se lleven a cabo las medidas necesarias a fin de que en nuestro estado podamos acceder al derecho humano a un medio ambiente sano
Este martes, representantes de comuneros, ejidatarios y activistas ambientales se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la Ciudad de México, a fin de exponer sus argumentos a favor de la conservación de la Sierra de San Miguelito, y en contra de los megaproyectos de muerte como lo son la nociva técnica de fracking en la huasteca potosina.
Roxana Hernández, integrante de la Alianza contra el Fracking, informó que entregarán un pliego petitorio además de solicitar una audiencia con el titular de la dependencia, Víctor Toledo Manzur, a fin de exigir que se lleven a cabo las medidas necesarias a fin de que en nuestro estado podamos acceder al derecho humano a un medio ambiente sano, así como para la protección de los recursos naturales, mismos que deben ser parte de los objetivos primordiales de cualquier gobierno que aspire a una verdadera transformación.
Resaltó que en esta manifestación se encuentran participando representantes de las comunidades de San Juan de Guadalupe y sus anexos, de Mexquitic de Carmona, así como organizaciones sociales en defensa de la Sierra de San Miguelito, reiterando que su protesta frente a la SEMARNAT es para solicitar la intervención de Víctor Manuel Toledo, titular de la misma, a fin de que implemente los mecanismos necesarios para la protección de la Sierra, evitando a toda costa el avance de los proyectos inmobiliarios encabezados por el empresario Carlos López Medina, quien pretende apoderarse de miles de hectáreas de la Sierra de San Miguelito, precisando que algunas estas hectáreas se encuentran en un Área Natural Protegida, según enfatizó la activista ambiental.
Su estrategia fue utilizar un contrato de arrendamiento, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso
De acuerdo con el asesor jurídico del FAO, Carlos Covarrubias Rendón, la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX), nunca obtuvo las licencias de uso de suelo, de funcionamiento y de construcción, durante el tiempo en que estuvo operando en un área de 136 hectáreas, las cuales hicieron pasar como parte del municipio de Cerro de San Pedro, siendo que en realidad pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El también activista ambiental manifestó que este acto por sí mismo implica una demostración del estado de ilegalidad en que la empresa operó con la más absoluta impunidad y sin que la autoridad ambiental actuara a favor de la legalidad y del medio ambiente.
Explicó que la MSX elaboró un contrato de arrendamiento con el ejido Palma de la Cruz, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso, ya que en la Cláusula Novena la empresa se deshace de los cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso cargado de metales pesados que por cientos de años van a estar generando drenajes ácidos, contaminando el aire el agua y la tierra, dejándoles absolutamente toda la responsabilidad a los habitantes del ejido.
Carlos Covarrubias refirió que de acuerdo con los compromisos que le impuso SEMARNAT a la MSX, como condición para poder operar su proyecto, la empresa ya debería de estar llevando a cabo la remediación del sitio, lo que es imposible, y que por lo tanto lo que hay que exigirle a la empresa son medidas efectivas de seguridad ambiental.
Indicó que por desgracia se sabe que la empresa no está dispuesta a invertir los millones de dólares que implica un proyecto de remediación, o mitigación, y que a fin de evitarlo está intentando hacer arreglos con los ejidatarios para concertar una indemnización por daños a sus tierras, inconformándose debido a que en este caso el problema no solo es ejidal, sino más bien de agravios a la biodiversidad, concluyó.
Leopoldo Pacheco, Jorge Torres y Paola De la Rosa / Plano Informativo
Coordinación será fundamental para la entrada del cuerpo policiaco
En total serán mil 375 nuevos efectivos de las diferentes corporaciones federales, los que se unirán en torno a las tareas de seguridad pública de San Luis Potosí, los nuevos elementos forman parte de diferentes cuerpos: 540 son elementos castrenses, 355 policías militares, y 480 efectivos adscritos a la Policía Federal. Del número total de elementos, 500 se asentarán en la ciudad capital.
Estado no se hará cargo de gastos de Guardia
El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovias, afirmó que San Luis está listo para recibir a los elementos que tendrán como sede momentánea las instalaciones del cuartel dl 40vo batallón de infantería de la 12/va. Zona Militar, pero ya se están gestionando los recursos para las instalaciones formales que tendrán.
Leal Tovías , rechazó que la Guardia Nacional, en sueldo y gastos tengan que ser cubierto por parte del Estado, y los Municipios donde estarán brindando su apoyo, pues dijo, la federación asume al 100 por ciento este gasto y únicamente solicita a los estados, instalaciones adecuadas donde tendrán su base estos elementos.
Por parte el alcalde Xavier Nava ofreció las Comandancias Oriente y Poniente para la pernocta de los elementos, precisó que hay capacidad para 100 y 50 efectivos, respectivamente.
Comandante de la Guardia Nacional se reúne con comisario municipal
La Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de la capital mantendrá coordinación constante de acuerdo al esquema de trabajo nacional, el titular de la DGSPM Edgar Jiménez Arcadia ya ha tenido acercamiento con el Comandante de la Guardia Nacional, aportando información que se requiera como autoridad municipal de los sectores de atención de la ciudad.
Guardia Nacional llegará a Zona Media
El delegado regional de Gobierno Federal en la Zona Media Kevin Aguilar confirmó el arribo de elementos, en el municipio de Rioverde se cuenta ya con un campamento ubicado cerca de la aeropista; al mismo tiempo se trabaja en la posibilidad de la construcción de una base militar para los municipios conurbados de Rioverde y Ciudad Fernández.
Triste inicio
Como un “triste inicio” calificó la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, presidenta de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social del Congreso, el comienzo de la Guardia Nacional (GN), sobre todo para San Luis Potosí, porque consideró que los elementos muy poco podrán abonar al tema de disminuir los índices de los delitos que se cometen nuestro estado, y por ende en salvaguardar la vida de los potosinos.
En el transcurso de la semana llegará a San Luis Potosí un contingente de mil 375 elementos de la Guardia Nacional. El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías declaró que se instalarán en la Zona Altiplano, Media, Huasteca y en la Zona Metropolitana, específicamente en los municipios de Matehuala, San Luis Potosí, Santa María del Río, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Puntualizó que los elementos de la Guardia Nacional se instalarán en la Zona Militar y en los sitios propuestos por los municipios, principalmente por el alcalde de la capital.
Dijo que la autoridad municipal propuso dos lugares que ya fueron revisados por el comandante de la 12/Zona Militar, Guzmar Ángel González Castillo.
“Son muy propios para equipos de reacción, independientemente de la 12a. Zona Militar, son instalaciones en donde puedan dormir, baños, agua, cocina, se busca una atención con mucha dignidad para todos los elementos”.
Destacó que toda la operación y el mantenimiento es por parte de la Guardia Nacional, lo único que hacen algunos ayuntamientos es presentar un local que tienen desocupado para que se adapte y puedan pernoctar.
“En su momento nosotros estamos aportando y consiguiendo terrenos para construir las bases operativas , en Villa de Reyes ya contamos con el terreno, en Matehuala ya lo entregamos a la Secretaría de la Defensa Nacional, y seguimos buscando terrenos propios”, afirmó.
Aseguró que en donde estén provisionalmente serán lugares muy dignos respetando los derechos humanos.
Leal Tovías, aclaró que en la entidad hay ya 600 elementos de la Guardia Nacional, y que los mil 375 vendrán a sumarse a las acciones de seguridad.
Alrededor de 250 empleados de la empresa Cervera Corona, ubicada en el Anillo Periférico iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido, como protesta por los bajos salarios que perciben y la extensión en su horario de trabajo, el cual no se compensa económicamente.
“Se expandió la jornada laboral pero lo que uno gana es lo mismo, a veces uno anda hasta las 12 de la noche trabajando y llegas aquí y ya te quieren a las 7:30 y si llegas tarde a veces te regresan porque llegaste tarde, entonces se pide que haya más visión, más sueldo y más vales de despensa, ellos piden mucho para la empresa pero para sus trabajadores dan menos, no respetan ni las vacaciones”.
Según mencionaron los empleados, quienes evitaron proporcionar sus nombres por temor a represalias, las irregularidades laborales que existen en la empresa iniciaron hace un año.
Los empleados reprocharon que San Luis Potosí se ubique en los primeros tres lugares de venta de cerveza y sea también el estado que menos paga a sus trabajadores.
El paro laboral se mantendrá activo hasta que llegue el gerente regional, la autoridad sindical y la autoridad laboral y se comprometan a atender sus peticiones.
Al momento son 56 rutas las que se encuentran sin servicio.
Sin los permisos necesarios y con anuencia de las autoridades locales, la plaza Terrazas Arena opera en Santa María Tepepan, Xochimilco. La alcaldía busca revocar un amparo que los pobladores consiguieron para que la construcción presente los documentos correspondientes
Texto y fotografías: Arturo Contreras Camero/ PIE DE PÁGINA
La tarde transcurre normal en la plaza Terrazas Arenal. Las parejas entran al cine, algunos niños juegan por los pasillos, musculosos brazos levantan pesas en el gimnasio y en los cafés las charlas siguen despreocupadas. Casi todos los que están aquí ignoran que la plaza no cuenta con los permisos necesarios para operar, y que su construcción tuvo muchas irregularidades.
“Pues sí hay sellos de clausura en la entrada de la plaza, pero la gente sigue viniendo, y nosotros seguimos abriendo”, admite un empleado de una tienda de muebles. Muchos de los sellos están tapados con bolsas de plástico y cinta adhesiva negras, que empatan el color de las paredes en las que están pegados, como para esconderlos de la vista pública.
Desde hace más de seis años algunos vecinos de la colonia Santa María Tepepan luchan para que se detenga la operación de la plaza. Lucharon para detener la construcción por la falta de estudios previos, pero hace tiempo se terminó.
Su victoria más reciente, consideran algunos de ellos, es un amparo del tribunal de lo contencioso y administrativo que obliga a las autoridades y a la plaza llevar a cabo los estudios de impacto ambiental, al uso de suelo, a la vialidad y de consumo de agua que se debieron hacer antes de la construcción del centro comercial, pero nunca se hicieron.
Si los estudios no logran ser satisfactorios, las autoridades deberían suspender la operación de la obra, y, como demandan los vecinos de la Unión Comunitaria por Tepepan, hacer una consulta al pueblo sobre el destino del inmueble.
“Ganamos el amparo, y entonces la alcaldía enfurece de tal manera que sus acciones dejan ver que está de lado de la empresa”, dice Alejandro Ortiz, miembro de la Unión Comunitaria. “(La Alcaldía) Meten un recurso de revisión en contra del Juzgado 10 de Distrito asegurando que los pobladores no tenemos el derecho de demandar nada, porque no hicimos los trámites en 2013 (cuando inicia la obra), sino hasta 2015 (cuando la construcción ya estaba avanzada)”.
Según explica Alejandro, los vecinos reclaman una consulta previa, libre e informada sobre la construcción de la plaza. Muchas de las familias de los habitantes del barrio, un antiguo pueblo engullido por la mancha urbana, han estado aquí por 100 o hasta 150 años, por lo que se consideran pueblo originario.
Además, piden que las autoridades competentes tomen en cuenta las afectaciones que causa la plaza a la comunidad, que son muchas.
“¡Es un plaza ilegal desde que inició!”, exclama José Asunción Flores Venegas, otro de los pobladores de Tepepan. “Los vecinos están afectados. Sus casas están con daños estructurales. Metieron anclas como de 5 u 8 metros que entraron a sus predios por debajo de la tierra. A la fecha no han sido reparados sus daños, no han sido cubiertos, ni económicamente ni con obras”.
Además, los vecinos reclaman el uso de agua de la plaza, que cuenta con varios restaurantes, salones de belleza y gimnasios. Así como el caos que ocasiona en las serpenteantes calles empedradas del poblado, que a lo mucho, cuentan con dos carriles de circulación.
Los vecinos aún están en espera del recurso de revisión de la alcaldía de Xochimilco, para determinar las acciones que tomarán.
Una plaza sin permisos
Alejandro Ortiz describe esta plaza como una mezcla entre lo kafkiano y lo irrisorio de los hermanos Marx. Y es que a lo largo de los años, los vecinos lograron suspender las obras varias veces, pero no servía de nada.
“Les ponían los sellos, dejaban de trabajar unos días, y poco a poco venían regresando hasta que iniciaban a construir de lleno y de nuevo venían a clausurar la obra. Así la terminaron”, cuenta.
Según los vecinos de la Unión Comunitaria de Tepepan la plaza no tiene manifiesto de uso y ocupación, un documento que entrega el gobierno para acreditar que un inmueble se puede utilizar. Tampoco tiene programa de protección civil, además de que los locales no cuentan con el uso de suelo necesario.
Santa María Tepepan, todo el pueblo, incluida la plaza Terrazas Arenal, está dentro de un polígono de conservación patrimonial, gracias a su plaza central y a la Parroquia de Santa María de la Visitación, una capilla colonial construida sobre un adoratorio prehispánico a la diosa Tonantzin.
“Ahorita la plaza ya está abierta, nosotros hemos estado presionando para que se cierre”, dice casi como un lamento José Asunción. Teme que a este pueblo, donde es raro ver edificios de más de tres pisos, le empiece a pasar lo mismo que a la colonia del Valle, a la Portales o a la Cuauhtémoc, que se han ido llenando de edificios de departamentos y plazas comerciales.
“Este pueblo tiene una tranquilidad muy pocas veces vista en la ciudad. No tiene empresas, ni plazas ni fábricas. Tiene calles muy estrechas. Es por lo que estamos luchando, por mantener esta tranquilidad”.
Pie de Página buscó obtener la postura de la alcaldía de Xochimilco, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta favorable de parte del área de Comunicación Social.
Culiacán, Sinaloa.- Vecinos del ejido Argentina 2 dicen estar desesperados porque desde el pasado viernes “tronó” un transformador que dejó sin servicio de energía eléctrica a varios domicilios de la comunidad.
Durante el mediodía de ayer, los afectados comentaron estar viviendo un infierno porque no soportan el calorón. Algunos estaban sufriendo dolores de cabeza y temían que los niños se enfermaran. Hubo quienes estuvieron durmiendo en el patio, con temor de que algo les pasara.
Algunas mujeres expresaron que casi no habían dormido durante el fin de semana, porque a falta de abanicos tenían que estar despiertas para espantarles los moscos a los niños. Hubo quienes mandaron a los menores de edad para las casas de otros familiares, por lo que les urgía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les solucionara el problema.
Los de la CFE fueron en dos ocasiones y en la primera parecía que todo marchaba bien pero al poco tiempo el transformador volvió a “tronar”.
Alto costo
La tortillería estaba trabajando con la ayuda de una planta de gasolina, pero el costo que le estaba generando al dueño del negocio era demasiado alto y no tendría utilidad.
“Estoy trabajando con la planta porque no quiero perder a los clientes pero por el gasto que estoy haciendo no estoy ganando nada, urge que nos den una respuesta”, comentó el propietario de la tortillería.
“En mi casa tenía a mi nieto y ya lo llevé con su mamá, porque lo subía a dormir a una carretilla, pero yo no dormía espantándole los moscos, él también se desesperaba”, comentó Guadalupe Pérez.
Mientras tanto, Concepción Rentería urgió que la Comisión Federal de Electricidad haga algo rápido, ya que les duele la cabeza por tanto calor, además de que ya se les había echado a perder toda la comida. Muchas amas de casa no sabían qué hacer de comer porque ante la falta de refrigerador todo se les echaría a perder rápido.
Humaderón
Además del terrible calorón, los habitantes de esta comunidad estaban molestos por la gran cantidad de humo que no les permitía respirar con normalidad, ya que en algunas tierras de cultivo queman soca. “No podemos estar dentro de la casa por el calor, pero tampoco podemos estar afuera porque hay mucho humo”, comentó otra vecina del lugar.
Otra queja de los pobladores es que el camión de transporte público pasa muy a lo largo y eso es muy molesto porque tienen que soportar el calor para estarlo esperando. Hacen un llamado al director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle, para que atienda esta problemática de forma rápida.
Sinaloa. La Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa ha registrado a más de mil 100 familias desplazadas por la violencia, luego de un censo reciente.
Explicó que el censo continúa, pues los casos no han cesado. Hasta el momento se contó con ese cantidad de familias, siendo la mayoría de la zona serrana de los municipios de Mazatlán, Rosario y Concordia. En Culiacán se tienen registradas 407 familias, las cuales pueden aumentar.
El censo se realiza con una metodología adoptada por la Universidad Autónoma de Occidente para contar con información precisa del problema. Este culminará en los meses próximos.
Aguacaliente de Gárate, Malpica, Mesillas y otros poblados se están viendo afectados por el estiaje
Mayrely Cortéz / El Debate
Mazatlán. La falta de agua potable no solo afecta a los habitantes de Aguacaliente de Gárate. El problema se ha extendido a la zona serrana, admitió el alcalde Felipe Garzón.
En El Palmito no cuentan ni con agua para uso humano, dijo.
Río Piaxtla, El Palmito, La Embocada, San Juan de Jacobo, El Verde y otros más se encuentran con un problema serio de estiaje.
El Ayuntamiento de Concordia solo cuenta con una pipa para abastecer en lo elemental a las familias de las sindicaturas y el municipio, que se encuentran desesperadas y en espera de abastecimiento del vital líquido.
Por lo pronto, los habitantes de las zonas afectadas seguirán buscando la forma de obtener agua, solo que en esta ocasión ahorrarán la mayor cantidad de líquido para cubrir sus necesidades hasta que se solucione el problema de reabastecimiento.
“No queremos pipas, queremos agua”, expresan vecinos de Aguacaliente respecto a la situación. Los residentes de esa comunidad llevan cuatro meses sin servicio de agua corriente y además deben esperar turno para obtener agua a través de pipas.
Problema cíclico
Los habitantes de Concordia han padecido históricamente el desabasto de agua potable durante la temporada de estiaje. Algunas comunidades como Tepuxta y San Juan de Jacobo requieren del suministro a través de pipas, ya que los pozos se quedan sin agua.
Los trabajadores cumplen una semana en huelga sin que el alcalde acceda a un diálogo para solucionar el conflicto
María Ibarra / El Debate
Escuinapa. A una semana de permanecer en huelga, trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa se dicen ignorados por la autoridad municipal, ya que han sido ellos, como base sindical, los que solicitaron una audiencia con el alcalde Emmett Soto Grave.
Julio César Rivera Garibaldi, secretario general del Sindicato de Jumapae, dijo que la situación sigue igual, las autoridades simplemente se han limitado a ignorarlos y tener un nulo acercamiento para cumplir con el pago de sus prestaciones laborales, que asciende a un millón 100 mil pesos.
“Ya mañana (hoy) cumplimos una semana en huelga, ninguna autoridad se acercó para intentar dialogar con nosotros y darnos alguna respuesta a nuestras demandas, que es el pago de nuestras prestaciones ya ganadas, que es el aguinaldo 2018 y las primas vacacionales. Fuimos nosotros los que tuvimos que acudir a su oficina a buscar al presidente municipal y preguntarle cómo iba con nuestro caso”, explicó Rivera Garibaldi.
Comentó que en el acercamiento que tuvieron con el presidente municipal les informó que realizan las gestiones ante el Estado, pero que no han tenido respuesta favorable sobre el pago de los 700 mil pesos que se habían comprometido en abril pasado a aportar para cumplir con la liquidación de sus prestaciones.
En pie de lucha
Aseguró que la base sindical ha decidido permanecer en huelga hasta ver reflejado el pago de sus prestaciones, porque ya ha transcurrido más de medio año y siguen en las mismas.
Rivera Garibaldi aclaró que como trabajadores de la paramunicipal, se han mantenido muy respetuosos con la población, ya que su huelga ha sido pacífica y sin afectar el servicio a la población. Los acueductos Baluarte-Escuinapa y Apoderado-Teacapán, así como el cobro en cajas de las oficinas no han sido suspendidos y siguen trabajando con normalidad.
“De parte de los trabajadores de Jumapae, queremos agradecer a los ciudadanos que se han acercado para darnos palabras de aliento; inclusive hay quienes se han acercado a apoyarnos con dinero o despensas; decirles gracias por entender que estamos haciendo estas acciones porque estamos exigiendo un derecho que ya hemos ganado y que no nos han cumplido”, expresó
El gobierno de Ecatepec donó tres terrenos que suman más de 20 mil metros cuadrados para construir una base de la Guardia Nacional, siendo el primer municipio que brinda certeza legal a la instalación en su territorio.
Redacción / 8columnas
A propuesta del presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, regidores y síndicos aprobaron la donación de tres terrenos que albergarán a la Guardia Nacional en el municipio.
En tanto, se espera el arribo de 400 efectivos de la corporación que entró en operaciones a nivel nacional este domingo.
Con 20 votos a favor y 2 abstenciones, el cuerpo edilicio decidió que el tema de la seguridad para los ecatepenses va más allá de cuestiones políticas, por lo que respaldaron la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Al término de la votación, Vilchis Contreras se puso de pie para aplaudir la decisión mayoritaria, ya que: “de esta manera Ecatepec envía un sólido mensaje sobre su ferviente deseo de participar en la transformación del país”.
Por petición previa del cuerpo edilicio, dicha solicitud será remitida a la Comisión de Bienes, en donde se determinará que la donación de dichos predios cumpla con el proceso de desafectación y desincorporaciones legales antes de pasar a manos del gobierno federal.
Vilchis informó que la elección de los predios recayó totalmente en autoridades federales, por lo que como representantes municipales estarán exentos de la operatividad de las bases.
Indicó que fue la Sedena quien se encargó de verificar que los terrenos cumplieran las especificaciones necesarias para la realización de la obra que correrá a cargo del gobierno federal.
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS
La donación consta de un terreno dividido en tres predios: de 5 mil 813.13 metros cuadrados, 7 mil 422 metros cuadrados y mil 349 metros ubicados, los cuales suman más de 14 mil metros cuadrados.
Los terrenos se encuentran en la colonia Haciendas Y Parques de Aragón.
QUERÉTARO, Qro. (apro).- Un grupo de mujeres, de varias organizaciones, lanzaron este día la campaña #YoTampocoQuieroMorir, a raíz de la indignación que causó el asesinato de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, quien temía por su vida y días antes de su crimen solicitó ayuda de manera formal al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
En la carta de Nancy entregada en el área de atención ciudadana del gobierno, a inicios de mayo, dirigida al mandatario queretano, la mujer expresó sus deseos de continuar con vida, días antes de ser baleada cerca del colegio donde llevó a su pequeña hija, por sujetos que presuntamente fueron contratados por su exmarido.
“Sr. Gobernador, hoy toco su puerta en espera de ser escuchada.
“No quiero morir!!, es un hecho!! No quiero ser una de las mujeres que mueren en este país cada 160 minutos con una saña y violencia como nunca antes…”, escribió la mujer, quien además identificó a su exmarido de estar detrás de otro ataque que sufrió de manera previa, en abril pasado.
Las representantes de estas organizaciones lanzaron la campaña desde las puertas de las oficinas del gobernador de Querétaro, donde Nancy pidió ayuda antes de que la mataran, y desde donde exhortaron a otras mujeres a relatar, de manera anónima y a través de cartas, sus historias de violencia.
“En dichas cartas solicitamos a las mujeres que señalen la violencia sufrida, sus intentos de denuncia, la posible desconfianza en las autoridades y, de ser el caso, que también manifiesten sus experiencias cuando se presentaron a denunciar, es decir, si recibieron o no un trato adecuado por parte de los servidores públicos”, manifestó Laura Santos del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos, A.C., (Cleidh), una de las organizaciones que promueven la campaña.
El caso de Nancy no es el único donde han existido irregularidades, el Cleidh acompaña el caso de Marlene, mujer que fue localizada asfixiada, con una agujeta alrededor de su cuello y el otro extremo sujeto a la perilla de una puerta, es decir a un metro de altura, aproximadamente, no obstante, los elementos de la Fiscalía de Querétaro decidieron iniciar la averiguación como suicidio, aunque la posibilidad de colgarse de la puerta sea muy poco probable.
“Optamos por alzar la voz contra la violencia institucional, porque sabemos que el silencio no nos protegerá. Juntas nos unimos al clamor de Nancy porque nosotras no queremos que haya más mujeres violentadas y asesinadas, nosotras tampoco queremos morir”, agregó Laura Santos.
Otro caso que también causó indignación fue el de Ana Karen, mujer de 20 años que fue asesinada, pero que de inicio también fue considerado como suicidio por las autoridades, hasta la intervención de la agrupación “Colectiva de Mujeres Emergentes”, que esta mañana no participó en la campaña lanzada, pero que contribuyó a la sentencia del asesino de Karen.
“Lo manejaron como suicidio, de hecho, su asesino quedó absuelto, después de haber sido absuelto, él cometió un robo al mes y por lo cual es por lo que estaba preso, no por el asesinato de Ana Karen, lo cual nos parece todavía más grave y más indignante”, expuso Diana Arlette Chávez.
Con la campaña también buscan identificar, en la información de las mujeres que se animen a escribir sus relatos anónimos, las deficiencias institucionales que ha habido a lo largo de diferentes casos.
En este sentido, la integrante del Frente Feminista Nacional, Lilia Gutiérrez Leal, considera que el ejercicio podría derivar en la actualización de protocolos para incrementar o dotar de un presupuesto suficiente a las instituciones que atienden a las mujeres, pero sobre todo para llamar a la rendición de cuentas a servidores públicos omisos o negligentes con los casos de mujeres que sufren o sufrieron violencia.
Y es que ella observa que las autoridades tienden a actuar de manera reactiva, cuando los casos de violencia culminan en los extremos como el feminicidio.
“Es cuando ya públicamente se está mostrando interés, ya hay personas responsables en prisión, siendo procesadas por delito de feminicidio, pero volvemos al punto, ¿hasta ahí hay que llegar para que se tomen acciones? Las acciones preventivas son las que salvan nuestras vidas”, afirmó.
Dentro del pronunciamiento se señala que al menos nueve mujeres al día en el país son asesinadas por razones de género, que la cifra de feminicidios se duplicó de 407 en 2017 a 845 en 2018, y que a julio de este año ya iban 144 feminicidios.
En el caso del estado de Querétaro, según los datos que difunde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta mayo de 2019, habían sido registrados siete homicidios dolosos contra mujeres y sólo un feminicidio, ocurrido en abril.
“Las crecientes cifras de violencia contra las mujeres demuestran que la vida de estas es menospreciada, cuando no nos matan nos violentan de forma física, psicológica, económica, sexual, patrimonial e inclusive simbólicamente todos los días, estas violencias sólo son posibles gracias a la impunidad manifiesta de los delitos contra las mujeres, sobre los de índole sexual, realidad que se extiende por todos los estados de la República”, manifestó Santos, del Cleidh.
Marcela Robles Villela, de la Colectiva Juntas, dijo que la campaña está siendo respaldada por la organización Amnistía Internacional y detalló que en una primera etapa de la campaña se recibirán los textos mediante los sitios de internet y correos electrónicos de las organizaciones participantes, pero además colocarán buzones en establecimientos comerciales, como cafeterías del Centro Histórico de la ciudad.
Ivonee Daniela Roa Osorio, integrante del Cleidh, agregó que tienen previsto visitar colonias y barrios de la periferia en el municipio de Querétaro.
La duración de la campaña será aproximadamente de un mes, hasta finales de julio.
-En los últimos ocho años suman de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, con 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, tanto hombres, mujeres y niños
Autoridades ministeriales, de manera conjunta con visitadores de derechos humanos y personal de la Cruz Roja Internacional, iniciaron trabajos de búsqueda en una fosa clandestina localizada en el norte de Veracruz, donde hay indicios de restos humanos en 72 lugares.
Se trata del procesamiento de 72 pares ubicadas en el predio “La Guapota” del municipio de Úrsulo Galván, las cuales fueron ubicadas en abril pasado y hasta ahora iniciaron los trabajos formales para descubrir cuántos cuerpos enterrados de manera clandestina se encuentran en la zona.
A partir de las 09:00 hasta las 15:00 horas, especialistas trabajan de la Fiscalía General del Estado, Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Desaparecidos; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Se trata de un predio de 2 kilómetros en los que colectivos de familiares de personas desaparecidas y la Cruz Roja Internacional comenzarán con la exhumación e identificación de restos humanos.
El lugar fue usado por grupos de la delincuencia organizada para llevar a cabo inhumaciones clandestinas, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) vigilarán la zona.
Fue en abril cuando autoridades de diversas dependencias y organismos anunciaron la localización de una fosa clandestina en la zona centro de Veracruz, donde fueron ubicados puntos positivos de posibles restos humanos.
El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, informó en esa ocasión, del hallazgo en un predio rústico donde se desconoce el posible número de cuerpos que fueron inhumados de forma clandestina por bandas criminales.
En conferencia de prensa realizada junto con representantes de la Secretaría de Marina y Ejército Mexicano, precisó que sólo se revisó el 10 por ciento del predio ubicado como resultado de una investigación ministerial que inició en el 2014.
En los últimos ocho años suman de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, con 518 cuerpos, 560 cráneos y 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, tanto hombres, mujeres y niños.
Entre esas fosas se encuentra la conocida como Colinas de Santa Fe del puerto de Veracruz, donde fueron ubicados 298 cuerpos de personas sepultadas de manera ilegal por delincuentes.
En la última década, Veracruz ha estado sumido en una lucha entre tres carteles de la droga: Los Zetas, El Golfo y Jalisco Nueva Generación y por la acción en su contra por parte de efectivos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Policía Estatal.
La Termoeléctrica de Huexca forma parte del Proyecto Integral de Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana
José Raúl Linares / Proceso
Foto: Margarito Pérez Retana
CUERNAVACA, Mor. (Apro).- Un juez federal concedió una suspensión a favor del ejido de Amilcingo, Morelos, y ordenó detener la construcción del gasoducto que abastecerá a la termoeléctrica Huexca –parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Lo anterior luego de obtener una victoria en materia agraria, en el litigio que mantienen sesenta comunidades aledañas.
Al respecto, los opositores señalaron que la resolución del Juez Noveno de Distrito en el Décimo Octavo Circuito, según el expediente 642/2019, protegerá a sesenta comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, quienes han rechazado la instalación de un gasoducto cuando existen riesgos por la actividad volcánica del Popocatépetl.
“Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, manifestó en un comunicado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire (FPDTAA).
A ellas, se suman 20 comunidades más quienes también mantienen su oposición al acueducto que abastecerá a la central energética, con lo cual sumarían 80 las comunidades que serán resguardadas por esta medida cautelar.
Los opositores al PIM recordaron que el proceso para emprender el juicio de amparo, fue impulsado por el activista Samir Flores Soberanes, asesinado sólo cinco días antes de la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner en operaciones el proyecto de energía que abastecerá al centro del país.
El revés judicial fue notificado el pasado fin de semana, antes de que el propio presidente López Obrador se volviera a manifestar en favor de concluir el PIM y la termoeléctrica. Del cual dijo sólo “faltan cien, 200 metros para conectarla” y existe una inversión de 20 mil millones de pesos que se perderían ante su cancelación.
“Por eso se llevó a cabo la consulta, el resultado fue que se utilice esa obra y no se pierda la inversión. Sin embargo, están pendientes de resolverse amparos y juicios legales y no queremos atropellar a nadie”, manifestó en el informe que ofreció con motivo del primer aniversario de su victoria electoral.
El FPDTAA resaltó la importancia del resultado judicial obtenido por el ejido de Amilcingo, ya que en siete años en que las comunidades de los tres estados han manifestado su rechazo no habían obtenido una resolución que permitiera, en lo que dura el juicio de amparo, tener protección jurídica contra los riesgos que representaría la obra.
“Ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social, aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación. Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal, de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuenta con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos”, indicaron los opositores.
“Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante 4 años”, añadieron.
La suspensión durará en lo que se resuelva de fondo el juicio de amparo respectivo, a lo que seguramente se sumarán los recursos que impulsen las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos, con ello “podemos tener un nuevo suspiro de que no seremos despojados en nuestros bienes naturales, salud y seguridad”.
La única forma que podría operar la termoeléctrica de Huexca es que el gobierno federal “pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos”, adviertieron los activistas. Y es que, según el Frente, ni las pruebas de violación a derechos de las comunidades, ni las posibles afectaciones al ambiente y la salud, han podido detener el Proyecto, sólo el derecho agrario, como esta vez.
El Juez Noveno de Distrito en Morelos dio la suspensión de plano al ejido de Amilcingo sobre la operación del Gasoducto Morelos, instalado con el uso de la fuerza pública, por lo que no puede operar en el resto de su trayecto hasta la termoeléctrica en Huexca.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala explicó que el fallo dado el pasado fin de semana se debió a que el 13 de abril de 2014 el tubo del gasoducto se instaló ilegalmente en las tierras de este ejido con la presencia de policías estatales, federales y elementos del Ejército, resultando baleados cinco compañeros.
Resaltó que de esta manera y tras siete años de lucha, protegerán a Amilcingo y otras 60 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), al no poder pasar el gas natural por esta comunidad hasta la mencionada termoeléctrica.
Recordó que este caso se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para no contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de tres ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado por cuatro comunidades de Atlixco, que es un precedente para el resto de las localidades no consultadas.
Hay 10 amparos de 11 comunidades
Comentó que existen diez amparos promovidos por 11 comunidades indígenas, reclamando la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la CNDH, donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, pero sólo el ejido de Amilcingo ha tenido la suficiente fuerza legal de pararlo, al tener cierta protección constitucional ante el despojo de sus derechos.
Exigió a la CFE, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las empresas involucradas no violar la orden judicial, cesar de imponer el PIM, esclarecer el asesinato de Samir Flores Soberanes, así como castigar a los responsables de tortura, dar justicia a los encarcelados y perseguidos, desmantelar los grupos de choque y que se respeten sus derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés.
Asimismo, responsabilizó al gobierno y empresas de cualquier acto de represión que puedan sufrir las comunidades afectadas y sus defensores, de manera directa o indirecta, por medio de grupos de choque o delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o intimidación de cualquier otra índole.
Familiares de víctimas exigen justicia ante el incremento de los feminicidios en México. (Foto: Cuartoscuro.com)
Redacción / Infobae
La entidad triplica la media nacional de asesinatos de mujeres por cada 100,000 habitantes
La incidencia delictiva en el país va al alza. El primer semestre de 2019 se convirtió en el más violento, al reportarse 14.603 homicidios dolosos, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por mes, junio fue el más sangriento al registrarse 2.560 asesinatos.
Las entidades con más homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes fueron Colima con 7.9 casos, seguido por Baja California con 7.4, Chihuahua con 6.3, Sonora con 5.3 y Guerrero con 4.7.
Dentro de estas crueles cifras, destaca una: la del feminicidio. Y Veracruz se ha convertido en la entidad más peligrosas para las mujeres.
En su Información sobre la Violencia contra las Mujeres Enero-mayo 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que 46,320 mujeres han sido víctimas de algún delito. El 61.20% de los casos fueron por lesiones dolosas, mientras que el homicidio doloso llegó al 2.45% y el feminicidio alcanzó el 0.84%.
Foto: Especial
Pero si consideramos que los homicidios en contra de las mujeres no siempre son catalogados como feminicidios (ya que depende de la tipificación que se realice en cada entidad) la suma de ambos delitos alcanza el 3.29% de los casos.
El informe detalla que el año 2018 fue el más violento en contra de las mujeres al registrarse 894 presuntos delitos de feminicidios. Sin embargo, durante los primeros cuatro meses de este 2019 (enero-mayo) ya han ocurrido 369 casos, poco menos de la mitad del total registrado el año pasado. Marzo de 2019 fue el mes más letal para las mujeres al registrarse 82 casos.
(Foto: captura de pantalla Informe SESNSP)Número de presuntos feminicidios por estadol, de Enero a Mayo de 219, de acuerdo con el SESNSP (Foto: captura de pantalla Informe SESNSP)
Veracruz destaca como la entidad más peligrosa para las mujeres, al reportar 76 feminicidios durante los primeros cuatro meses de este año. En segundo lugar está el Estado de México con 38 casos, seguido de Puebla con 25, mientras que Chihuahua y Nuevo León se encuentran en cuarto y quinto sitio, con 22 casos cada uno.
De acuerdo con el SESNSP, la media nacional de feminicidios es de 0.57 por cada 100 mil mujeres, pero Veracruz supera con mucho este promedio. En esa entidad ocurrieron 1.78 feminicidios, en segundo lugar se ubica Sonora con 1.29, Morelos con 1.25, Tabasco con 1.19 y Chihuahua con 1.12. La mayoría de las víctimas tenía 18 años o más.
Media nacional de feminicidios. Informe sobre la Violencia contra las Mujeres Enero-mayo 2019 (Foto: captura de pantalla Informe SESNSP)
En contraste, los estados con menos feminicidios son Michoacán con 0.12, Querétaro 0.09, mientras que Baja California Sur no reportó ninguno.
Pero al detallar el número de feminicidios por municipio, Ciudad Juárez (Chihuahua) se ubica como el más violento para el género femenino al registrar 11 casos en el periodo de enero a mayo de 2019. En segundo lugar se encuentra Xalapa (Veracruz) en donde ocurrieron 8 feminicidios en el mismo periodo. En el municipio de Centro (Tabasco) se reportaron 6 casos, mientras que en la ciudad de Chihuahua ocurrieron 5 casos.
Sin embargo, al hacer el comparativo del número de casos por cada 100 mil mujeres, el municipio con el promedio más alto de feminicidios es Xalapa con 2.95, seguido por Juárez que tuvo 1.47.
El caso de la Ciudad de México
(Foto: Arantza Durand)
La Ciudad de México se encuentra en el noveno lugar en el número de feminicidios con 11 casos. Aunque se encuentra dentro de la media nacional con 0.28 casos por cada 100 mil habitantes, es un delito que va al alza, por lo que las autoridades locales anunciaron la creación de una Fiscalía Especializada para investigar los delitos de feminicidios.
En mayo pasado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esta Fiscalía busca ser la mejor de su tipo en el país, a fin de fortalecer el acceso a la justicia para los familiares de quienes hayan sido víctimas de un feminicidio.
Destacó que además del crimen contra las mujeres, los familiares deben pasar un verdadero “viacrucis”, primero para que el delito se catalogue como feminicidio, y después para que se investigue y se castigue a los responsables.
La Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, se comprometió a construir una Fiscalía que realmente investigue a fondo, que sancione a los responsables de esos crímenes, que cuide la cadena de custodia y dé trato digno a los familiares de las víctimas.
En días pasados el gobierno de la Ciudad de México ofreció, por primera vez, una disculpa pública a los familiares de Lesvy Rivera Osorio, quien fue encontrada sin vida atada a una cabina telefónica ubicada en Ciudad Universitaria, el 3 de mayo de 2017; por las deficiencias en la investigación realizada en la administración anterior, derivado de la recomendación 1/2018 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene 30 días a partir de la reunión informativa del 25 de junio de 2019 para determinar si dará o no la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Minera Gorrión, SA de CV, para extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán.
Frente a la exposición de los representantes de la minera de los principales elementos técnicos, así como de los beneficios que, según ellos, el proyecto traerá a las comunidades, los señalamientos de representantes de organizaciones, asociaciones e investigadores de diversas instituciones públicas y privadas sistematizaron de manera puntal las afectaciones a las comunidades, a la cuenca hidrológica del Tecolutla, a la biodiversidad, al derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios, así como la falsedad de declaraciones en que incurrió la empresa al presentar la MIA .
La zona de Ixtaca es un descubrimiento de prospección que cubre un área con potencial de oro y plata dentro del Proyecto Tuligtic en el estado de Puebla, México, del cual Almaden posee 100 por ciento. Dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano, el Proyecto Tuligtic tiene 14 mil hectáreas y se encuentra a 95 kilómetros al norte de la ciudad de Puebla, a 150 kilómetros al este de la Ciudad de México y a 120 kilómetros al sureste del depósito de Oro y Plata Pachuca, con una producción histórica reportada de 1,4 billones de onzas de plata y 7 millones de onzas de oro. Tuligtic fue identificado y adquirido por Almaden en 2001 durante el programa de exploración regional del este de México a cargo de la compañía (http://www.almadenminerals.com).
Desde 2001 el Proyecto Ixtaca ha realizado una labor de exploración minera. En 2010 Minera Gorrión SA de CV confirmó la mineralización de la zona y en 2014 publicó el estudio de evaluación económica que prevé un proyecto minero a cielo abierto de oro y plata. De acuerdo con el estudio de factbilidad publicado en diciembre de 2018, se identifica un yacimiento con reservas probadas y probables de 73.1 millones de toneladas de mineral con promedio de 0.59 g/t de oro y 36.3 g/t de plata (http://www.almadenminerals.com).
La reunión informativa del proyecto denominado “Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca”: Bitácora 21PU2019M0014, promovido por la empresa Minera Gorrión, SA de C V, filial de Almaden Minerals, empresa canadiense, fue convocada por la Semarnat y realizada el pasado martes 25 de junio en el auditorio de la comunidad de Santa María Zotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Dicho acto se llevó a cabo como parte del proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental que la empresa ingresó el pasado mes de febrero para determinar la factibilidad del proyecto Ixtaca, en su fase de explotación.
La reunión se realizó en medio de una fuerte presencia de policía estatal y municipal y de irregularidades promovidas por la misma empresa, al acarrear un número importante de personas que, portando playeras y gorras amarillas, con la leyenda de “Sí a la Mina en Ixtacamaxtitlán”, llegaron desde tempano en autobuses, se instalaron en la entrada del auditorio, siendo los primeros en registrarse y entrar al recinto. Según dicho registro daban cuenta de pertenecer a una organización denominada FON, (Fomento Obrero Nacional) y que a decir de algunos entrevistados eran comerciantes de Puebla y la Ciudad de México. Su participación buscaba defender el empleo que la minera está ofreciendo, según algunos entrevistados, quienes viajaron con sus familias. Otro grupo que se destacó por sus overoles era del Proyecto El Cobre, de Minera Alondra SA de CV, del municipio de Actopan, Veracruz. En conjunto fueron la porra oficial de los representantes empresariales y los encargados de fustigar a los otros ponentes si se excedían algún minuto adicional cuestionando el proyecto, en función de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa.
Que no apruebe la MIA, demandan a la Semarnat
De las 22 ponencias registradas, 18 se ciñeron a la convocatoria y cuestionaron la MIA presentada por la empresa. Los representantes de organizaciones como el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, investigadores de la UNAM, de la UAM–Iztapalapa y Xochimilco, de la Iberoamericana de Puebla, del Grupo Poder y Fundar entre otros, enfatizaron en las inconsistencias de la MIA presentada por la minera y solicitaron a la Semarnat que no apruebe dicha Manifestación de Impacto Ambiental.
Entre los temas recurrentes estuvieron la disponibilidad de agua con la cual la empresa enfrentará el proceso de explotación, el ocultamiento de información a la propia Semarnat, el respeto a los derechos de las comunidades y pueblos originarios a ser consultados, la afectación a la biodiversidad, entre otros.
Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali, expuso que según la legislación vigente una MIA no puede aprobarse si hay falsedad en la información que el promovente otorga a la Semarnat. Desde el 7 de abril de 2015 la comunidad nahua y el ejido Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo en el cual un juez federal en 2015 realizó la suspensión de los títulos de concesión Cerro Grande y Cerro Grande 2 con número 219459 y 233434 respectivamente. Durante el trámite de ese juicio Minera Gorrión intentó dividir las concesiones, lo cual logró parcialmente. En el juicio de amparo se reclama la violación de derechos por parte del Estado mexicano a través de actos de la Secretaría de Economía, que otorgó las concesiones mineras 219469 y 233434. Las concesiones fueron otorgadas aplicando la Ley Minera expedida en 1992, violando los derechos al territorio y la consulta. En febrero 2018, la justicia federal dio un revés a la empresa canadiense Almaden Minerals que, a través de la división de sus concesiones, pretendía dejar sin efecto el amparo promovido por indígenas de la comunidad de Tecoltemi en Ixtacamaxtitlán, para evitar dos de sus proyectos extractivos. En abril de 2019 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la comunidad de Tecoltemi, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, contra la instalación de una mina a cielo abierto de la transnacional canadiense Almaden Minerals. La autoridad federal confirmó en el amparo con número de expediente 445/2015 que Tecoltemi es una comunidad indígena, bastando su auto adscripción al pueblo nahua para tal reconocimiento. En 2019 Minera Gorrión presenta una MIA sobre concesiones que no existen, enfatizó Diana Pérez.
Leonardo Durán del Consejo Tiyat Tlali, introdujo en los señalamientos la dinámica de cuenca. Se reitera por parte de la empresa, una y otra vez que se utilizará agua de lluvia para la explotación minera, afirmó, pero en la MIA no existe ningún estudio técnico que pueda sostener esa información, en función de la característica de la región. Se afirma también que no habrá impacto sobre la cuenca y el acuífero pero la explotación estaría solo a 2.4 kilómetros del río Apulco.
El municipio de Ixtacamaxtitlán, el más grande del estado de Puebla, en las partes más elevadas del territorio serrano, justo donde nacen las cuencas de los ríos que abastecen a parte de la sierra y a la capital, es donde se pretende realizar la explotación minera. Estos proyectos afectarán a las más de 250 mil personas que habitan la subcuenca del río Apulco, que también pertenece a la cuenca del río Tecolutla, clasificada por la Conabio como una Región Hidrológica Prioritaria, por su importancia para la conservación de la biodiversidad (Leonardo Durán, 2014).
Este tipo de minería utiliza, libera y genera grandes cantidades de tóxicos al ambiente, además de que provoca impactos irreversibles a las comunidades, el agua y la naturaleza. Para hacer este tipo de minería se requiere eliminar la cobertura vegetal, remover por completo el terreno y detonar grandes cantidades de explosivos, generando con ello nubes de polvo tóxico, drenajes ácidos y liberación de metales pesados. El paisaje es alterado por completo, dejando un escenario devastador. No hay manera de hacer este tipo de minería compatible con la vida de las comunidades y la preservación ambiental.
Las cifras del agua no cuadran, y así lo demostraron Alejandro Marreros Lobato, de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y otros ponentes que continuaron con el tema del agua, que es vital para las comunidades. Frente al discurso de la minera que no utilizará agua subterránea y que solo se abastecerá de agua de lluvia para su funcionamiento la desconfianza es total, pero además si el agua de lluvia no abastece el acuífero, las afectaciones a la cuenca se dejarán sentir.
Un proyecto sin afectaciones…
Según la empresa, el proyecto “contará con un depósito de jales secos, libres de cianuro después de filtrado, lo que reduce significativamente su huella. Se emplearán isotanques en circuito cerrado para el proceso de lixiviación. Se evita así el contacto de químicos con el medio ambiente”. “El Proyecto Ixtaca construirá y pondrá en operación un sistema de presas con capacidad para captar 1.8 millones de m3 de agua pluvial, misma que abastecerá a la mina en sus labores. La integridad de los acuíferos locales está garantizada, pues no se considera la extracción de agua subterránea ni descargas de agua residual. Tampoco se afecta al caudal ecológico ni se intersectará con escurrimientos permanentes” (http://www.almadenminerals.com).
“Una vez lograda la captación necesaria de agua, el sistema estará en disposición de las autoridades competentes para que se pueda abastecer agua a las comunidades aledañas. El beneficio adicional será que de manera paulatina el requerimiento de agua para la operación de la mina se disminuirá debido a la eficiencia de los procesos, lo cual permitirá que haya una mayor disposición de agua para que la autoridad la distribuya. Ello se traducirá en que se ofrecerá a las comunidades aledañas en promedio entre 500 y 2,000 m3 diarios, fortaleciendo la disposición de agua para la región” (http://www.almadenminerals.com).
Según la empresa no solo dotará de agua a las localidades, así como no afectará ningún área de importancia para la conservación de aves o región terrestre prioritaria; tampoco se afectará a ninguna especie en peligro de extinción o especial protección, pues habrá un plan de rescate de fauna y flora, así como de restauración de suelos. No se tiene contemplado la reubicación de poblaciones, aunque estas estén muy cerca de la explotación.
En fin, la historia reciente de los proyectos mineros a cielo abierto contraviene el paraíso que la empresa minera busca colocar para garantizar su inversión en la extracción de oro y plata, y si bien la oferta de empleo en la región se vuelve muy atractiva para una parte de los pobladores, lo cual ha generado división al interior de las comunidades, entre los que dicen sí y no a la mina, los daños que se pueden augurar para la vida de las comunidades y sus territorios son graves.
Organizaciones campesinas ligadas al EZLN impulsan una campaña global que tiene como propósito visibilizar la situación de violencia y despojo.
Ezequiel Flores Contreras / PROCESO
CHILPANCINGO, Gro. (Apro). – Miembros de organizaciones afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Consejo Nacional Indígena (CNI) impulsan una campaña global para denunciar lo que calificaron como una estrategia de exterminio contra promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la zona nahua de la Montaña guerrerense.
A mediados de mayo, se difundieron videos donde aparecen mujeres y niños indígenas portando escopetas y armas de palo para lanzar un grito desesperado ante la dramática situación de impunidad, violencia, desplazamiento forzado, desaparecidos y asesinatos que exhibe la omisión e indolencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Lo anterior, después de una serie de ejecuciones contra dirigentes del CIPOG-EZ que tienen su origen en un enfrentamiento armado, registrado el 27 de enero en el poblado de Zoyapexco, entre miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y presuntos delincuentes.
Los informes oficiales de ese entonces indican que sicarios del grupo delictivo Los Ardillos y la autodefensa de Paz y Justicia trataron de irrumpir en el poblado de Rincón de Chautla, bastión de la CRACPF, para desplazar a la policía comunitaria que opera en esta zona.
No obstante, los comunitarios repelieron la agresión y se registró un enfrentamiento que se prolongó varias horas dejando un saldo de 12 personas muertas: 10 del grupo de Los Ardillos y dos más de la policía comunitaria.
La cacería
Tres meses después, el sábado 4 de mayo, los promotores del CIPOGEZ, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián fueron privados de su libertad para después ser hallados sin vida en Chilapa.
Esta situación provocó que una semana después, fuera exhibido públicamente un video donde aparece un grupo de niños y niñas indígenas portando armas de palo y realizando ejercicios militares para enviar un mensaje contra los grupos delictivos de Los Rojos y Los Ardillos que operan en esta zona nahua, donde se padecen elevados niveles de marginación y pobreza ante la ausencia de servicios educativos, médicos y desarrollo.
“Por cada comunitario que maten, vamos a matar 10 sicarios”, advirtió un niño que encabeza la columna de menores indígenas.
En respuesta, el gobierno estatal condenó la incorporación de menores de edad a la policía comunitaria de la CRACPF.
“De ninguna manera justifica la incorporación de niños y niñas a las funciones de policía, y mucho menos, que se les induzca a participar en tareas que puedan implicar la violación de sus derechos humanos y otras acciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional”, expresaron las autoridades locales a través de un comunicado oficial y se enfocaron en visitar la zona para repartir dádivas sin resolver el problema de fondo.
Ante la postura del gobierno estatal, el 18 de mayo se difundió un segundo video donde ahora aparece un grupo de mujeres indígenas desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa y que forman parte de la CRACPF, donde se exhiben encapuchadas y portando rifles de bajo calibre.
Las víctimas responsabilizaron directamente al grupo delictivo Los Ardillos, que presuntamente lidera la familia del diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, de la ola de violencia en contra de los comunitarios.
También, reprocharon la omisión de la administración de Astudillo, quien se ha limitado a entregar dádivas a los desplazados, sin resolver de fondo la problemática ligada a las condiciones de marginación y pobreza en la que viven los pueblos originarios, indicaron.
Estas mujeres procedentes del poblado de El Paraíso de Tepila y que permanecen refugiadas desde diciembre pasado en Rincón de Chautla, son madres de los niños que previamente enviaron un primer mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, la comandanta Rosaura de la CRAC-PF de Paraíso de Tepila, advirtió que además de sus hijos, mujeres de 17 comunidades de los municipios de Chilapa y Hueycantenango están adquiriendo entrenamiento militar para confrontar al grupo delictivo de Los Ardillos que opera impunemente.
Ello debido a que los líderes de la banda afincada en el poblado de Tlanicuililco, municipio de Quechultenango, advirtieron que “van a exterminar” a los indígenas nahuas de esta franja de la entidad.
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para exigir al gobierno estatal y federal, “salvaguardar la seguridad y los derechos de los niños” en esta zona controlada por la delincuencia.
Mientras, el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Christian Skoog, afirmó en una visita que realizó el jueves 16 de mayo al puerto de Acapulco, que la violencia y pobreza afectan a la infancia de esta entidad donde los niños dejan las aulas para convertirse en buscadores de vida en fosas clandestinas, otros son reclutados por el narco para ser sicarios y algunos se convierten en policías comunitarios para enfrentar a la delincuencia.
Por ello, Skoog urgió a trabajar en la prevención de los delitos y promover la permanencia de los niños y adolescentes en las escuelas de nivel básico.
En lugar de que el gobierno estatal y federal asumieran el control de la zona indígena de Chilapa y Hueycantenango, el 24 de mayo, el dirigente de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, denunció públicamente la privación ilegal de la libertad y la posterior ejecución del comandante regional, Bartolo Morales Hilario, y del policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, ambos originarios de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa.
Las víctimas fueron desmembradas y los dejaron sobre la carretera que conecta la región Centro con la Montaña.
Sánchez Luna responsabilizó del doble crimen a los integrantes de la autodefensa denominada Paz y Justicia, considerada como brazo armado del grupo delictivo de Los Ardillos.
También, los dirigentes del CIPOGEZ, denunciaron que funcionarios estatales y municipales, intentaron sobornar a familiares de los dos comunitarios asesinados, con la entrega de un millón de pesos en efectivo.
A cambio del dinero, las autoridades pidieron liberar a tres presuntos responsables del crimen que los comunitarios mantienen retenidos hasta la fecha en el poblado de Rincón de Chautla.
Entre las personas privadas de su libertad, se encuentra Braulio Palatzin Tranquero, sobrino de Tranquilino Tecorral Palatzin, uno de los dirigentes de Paz y Justicia, quien es acusado directamente de entregar a comunitarios que fueron encontrados desmembrados sobre la carretera Chilapa – Tlapa, indicaron.
No obstante, el ofrecimiento económico de los funcionarios fue rechazado por las víctimas y los dirigentes del CIPOG – EZ quienes exigieron al gobernador Astudillo, la detención de Celso La Vela Ortega Jiménez, líder del grupo delictivo Los Ardillos y hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega.
Además, denunciaron que en el poblado de Xicotlán suman seis homicidios atribuidos al grupo antagónico de Paz y Justicia y en la comunidad de Coahuetlán, “otros tantos han sido secuestrados”, indicaron los dirigentes comunitarios.
A pesar de que las autoridades se comprometieron a blindar la zona para evitar más ataques contra miembros de la CIPOGEZ y la CRACPF, el lunes 3 de junio, un grupo armado ejecutó a Eugenio Máximo Hilario, comandante regional de la guardia comunitaria en el poblado de Hueycantenango, cabecera del municipio indígena de José Joaquín de Herrera.
Con este crimen, suman a la fecha cinco los miembros de la CRACPF y CIPOGEZ que son asesinados en menos de un mes en esta zona.
Actualmente, se mantienen un ambiente de tensa calma en esta zona indígena donde el problema de fondo aún no ha sido resuelto por las autoridades de los tres niveles.
El pliego
Los miembros de la CRAC PF, entregaron un pliego petitorio a representantes del gobierno estatal donde demandan obra social y garantías de seguridad para el desarrollo integral de la población ubicada en el triángulo del narco que conforman los municipios de Quechultenango; Chilapa y Hueycantenango.
Entre las peticiones destacan, 200 viviendas para Rincón de Chautla y Zacapezco y la pavimentación de un tramo de 5 kilómetros que une ambos poblados. También, la construcción de un aula escolar y un maestro para las mismas comunidades.
Sobre el tema de seguridad, demandaron retenes militares en los cruceros de Tula, El Jagüey, Atzacoaloya, Puente Alto y Cerro Partido hasta llegar a la cabecera municipal de Chilapa para que los ciudadanos puedan transitar libremente.
Ello debido a que esta ruta es controlada por células delictivas al servicio del grupo de Los Ardillos y los pueblos adheridos a la CRAC PF, no pueden circular por la zona por temor a ser ejecutados o desaparecidos, indicaron.
La campaña
En este contexto que se vive en la zona indígena de Guerrero, organizaciones campesinas ligadas al EZLN impulsan una campaña global que tiene como propósito visibilizar la situación de violencia y despojo que consideran va en “alarmante ascenso” en estas comunidades.
También, expresaron su descontento por el asesinato de los cuatro miembros del CIPOGEZ y el terrorismo generado por “narco paramilitares” en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera donde hay 20 comunidades cercadas poniendo en alto riesgo la vida de hombres, mujeres y niños, expresaron a través de redes sociales.
Por ello, anunciaron que a partir de esta semana van a emprender una serie de foros y dinámicas en redes sociales para exigir justicia y un alto a la barbarie contra las comunidades indígenas guerrerenses.
La central termoeléctrica Carbón II, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó irregularidades en los trabajos de instalación de dos precipitadores electrostáticos, lo que causa daños al medio ambiente por las altas emisiones de materia tóxica hacia la atmósfera, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En octubre de 2017, el Departamento Mecánico de la central, ubicada en Nava, Coahuila, notificó que los precipitadores de sus unidades 3 y 4 –encargados de eliminar emisiones contaminantes en el aire– presentaban fallas, lo que llevó a la empresa productiva a realizar el proceso para la adquisición, instalación y supervisión de los mismos, por un valor de 1 mil 96 millones 200 mil pesos, indica el más reciente informe de la ASF.
Aunque la Auditoría comprobó que la entrega de los precipitadores se realizó en la fecha pactada –el 18 de octubre de 2018– y por el monto acordado –920 millones 808 mil pesos–, los trabajos de instalación de ambos precipitadores presentan un retraso de 5 meses.
De acuerdo con el dictamen técnico que justifica la adquisición, se podrían generar fallas importantes en la operación de estos equipos, “lo que afecta directamente la producción de energía eléctrica y origina daños ambientales por las altas emisiones de materia tóxica hacia la atmósfera”.
Por ello, la Auditoría recomendó a la Unidad de Responsabilidades en la CFE o su equivalente llevar a cabo el procedimiento necesario “por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, suspendieron los trabajos de instalación de los precipitadores electrostáticos, sin que se justificara el motivo y que, además, no elaboraron el convenio modificatorio respectivo”.
Asimismo, se exhortó a la Comisión a realizar las acciones correspondientes para concluir, lo más pronto posible, la instalación y puesta en operación de los precipitadores electrostáticos, y así evitar afectaciones al medio ambiente o a la generación de energía del Sistema Eléctrico Nacional.
El presidente celebró que su homólogo estadunidense reconozca que ha disminuido el flujo migratorio ilegal a Estados Unidos. Foto: Benjamín Flores
Arturo Rodríguez García/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El reconocimiento a la política migratoria implementada en México y la anulación de la amenaza arancelaria sobre la producción del país anunciada ayer por el presidente estadunidense Donald Trump, fue objeto de reacción en el lado mexicano.
“Celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y, sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el fin de semana y particularmente ayer, de manera coincidente, antes de que iniciara el “informe” del mandatario mexicano, el ejecutivo estadunidense despejó el nubarrón arancelario admitiendo que el país está haciendo un buen trabajo en la atención a los flujos migratorios.
El presidente de México, por su parte, dijo celebrar también que se está adoptando en la comunidad internacional su propuesta de atender el fenómeno migratorio mediante cooperación para el desarrollo y creación de empleos en los países expulsores de migrantes
Además, López Obrador reiteró que intentará evitar la confrontación con su homólogo estadunidense, por lo que mediante el diálogo se propone seguir evitando una guerra de aranceles
El presidente de México, por su parte, dijo celebrar también que se está adoptando en la comunidad internacional su propuesta de atender el fenómeno migratorio mediante cooperación para el desarrollo y creación de empleos en los países expulsores de migrantes
Además, López Obrador reiteró que intentará evitar la confrontación con su homólogo estadunidense, por lo que mediante el diálogo se propone seguir evitando una guerra de aranceles
También te recomendamos
Trump agradece a AMLO disminución de migrantes en EU; descarta aranceles, por ahora
Luego, relacionó el tema con los indicadores internos:
“Ayer estuvo muy bien el peso, le fue bien a la Bolsa Mexicana de Valores… todo influye y da confianza. Por eso, agradezco incluso, que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenaza de aranceles”.
En su conferencia de prensa matutina, explicó que le importa más que no se afecte la economía mexicana a tomar las posiciones de Trump como una afrenta.
“Que no se genere conflicto y yo creo que a todos los mexicanos nos interesa que no tengamos pleitos ni confrontación con gobiernos extranjeros. Ya cuando sea insoportable, porque esté de por medio la dignidad y la soberanía, creo yo como lo expresé ayer que todos los mexicanos vamos a cerrar filas. Y vamos todos juntos a hacer valer nuestra dignidad y soberanía, pero no caer en ninguna provocación, ser prudente, nada de baladronadas. Lo cortes no quita no valiente”, concluyó.
Es la primera vez que la organización documenta la criminalización y el acoso a defensores de derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en Estados Unidos Foto: Eduardo Miranda
Redacción/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) acusó a los gobiernos mexicano y estadounidense por, presuntamente, llevar a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y acoso en contra de defensores de migrantes que intentan cruzar la frontera de ambos países.
De acuerdo con el semanario Zeta, AI ha documentado 23 detenciones de activistas, abogados y/o periodistas realizadas por autoridades de ambos países con el fin de revisar sus teléfonos celulares, computadoras e interrogarlos sobre su labor humanitaria.
En la presentación del informe “Salvar vidas no es un delito”, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que esta es la primera vez que la organización documenta la criminalización y el acoso a defensores de derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en Estados Unidos.
El documento muestra “el acoso en la frontera al que personas activistas que intentan cruzar la frontera para brindar ayuda humanitaria se enfrentan mediante interrogatorios por parte de las autoridades mexicanas que colaboran con las norteamericanas”, añadió Guevara Rosas.
Aunque la directiva dijo que esas políticas son resultado de la política restrictiva del gobierno de Trump, señaló que la administración mexicana tiene la misma responsabilidad por colaborar con el gobierno estadounidense en proveerles información sobre los cruces de estos activistas, quienes reportan haber sido detenidos hasta nueve horas por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes de forma arbitraria les niegan el acceso a México por contar con una alerta migratoria.
Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Foto: Benjamín Flores
Redacción/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización ciudadana Damnificados Unidos de la Ciudad de México exigió castigar a funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum “que propiciaron la opacidad” de las donaciones nacionales e internacionales para atender la emergencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
La demanda la hizo luego de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundidos el pasado 30 de junio. El organismo dijo que la gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los donativos por los sismos de septiembre del 2017 fue “limitada” y “opaca”.
En un comunicado, el colectivo aseguró que “más de 3 mil millones de pesos no pueden desaparecer así como así. No es posible que el gobierno secuestre la solidaridad que se manifestó con estos recursos y en Damnificados Unidos de la Ciudad de México no lo vamos a permitir”.
El colectivo lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió hablar del tema en su mensaje político de ayer en el Zócalo capitalino.
Luego, demandó que se esclarezca “cuanto antes” el destino de los recursos destinados “única y exclusivamente” a la reconstrucción de sus hogares y la atención de la población damnificada, como lo han manifestado desde su creación como colectivo.
Y sentenciaron: “Si el actual gobierno, federal y el de la Ciudad de México, no son capaces de transparentar estos recursos, incurrirán en complicidad con la administración anterior en la malversación de esos fondos”.
Ejemplo de construcciones
Damnificados Unidos aseguró que, desde el principio, denunciaron que el proceso de reconstrucción “estuvo acompañado de diversos actos de corrupción”, pero no ha habido “una acción efectiva del Estado para sancionar estas conductas”.
Incluso, afirmaron que, mientras el gobierno de Sheinbaum, mediante la Comisión para la Reconstrucción, “presume avances de artificio en el proceso de reconstrucción”, ellos siguen con la denuncia de irregularidades en las obras que benefician a las constructoras.
Por ejemplo, detallaron que en edificios que están a punto de terminar sus trabajos, “las empresas pretenden entregar departamentos sin condiciones de habitabilidad, incluso con daños ocasionados por la misma intervención de las empresas. Esto, con el silencio cómplice del comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero”.
Y mencionaron como ejemplos las obras en Insurgentes Norte 476 y Rincón del Sur 15 edificio 5. Ahí, dijeron, la empresa Darmi quiere diluir su responsabilidad con los damnificados al querer entregarles los departamentos sin los acabados mínimos para ser habitados. Ello representaría un endeudamiento para los damnificados.
También mencionaron a la empresa Planificaciones y Cimentaciones S.A de C.V. en el predio de Rancho San Lorenzo 32, en la colonia Los Girasoles III, en Coyoacán. Ahí, en edificios a punto de terminar obras, “las constructoras escatiman los recursos públicos que les fueron asignados para la rehabilitación con el objetivo de aumentar sus ganancias, condenando a las y los damnificados a no poder tener un regreso digno a casa”.
Damnificados Unidos consideraron que los recursos públicos y las donaciones “que han desaparecido”, deben ser empleados en su totalidad para cubrir las tareas urgentes que heredó la tragedia de los sismos de 2017.
Por último, adelantaron que este miércoles 3 tendrán una reunión con funcionarios del gobierno capitalino para tratar el tema.
Luego, reiteraron: “El dinero de las aportaciones voluntarias para la reconstrucción debe aparecer y ser utilizado para los miles de pendientes que existen en el proceso de reconstrucción, entre ellos, garantizar la habitabilidad de los inmuebles reconstruidos y reforzados”.
Una situación de alarma y caos es la que espera Tamaulipas para este este mes o inicios de Agosto, cuando poco más de 10 mil migrantes puedan arribar a la frontera de la entidad, principalmente Reynosa y Nuevo Laredo, para solicitar una visa humanitaria o de asilo a Estados Unidos, toda vez que en esta región del sur de Texas los solicitantes aún esperan la respuesta en suelo norteamericano.
Se trata de migrantes en su mayoría extranjeros que ya se encuentran en el país, y que buscan que la espera sea en Estados Unidos y no en México, y de acuerdo a José Carmona Flores, director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), esta frontera es la única del norte de México que aún no recibe a los migrantes solicitantes de visa en Estados Unidos, para que esperen ser llamados por un juez.
“Tener 10 mil migrantes para agosto sería ya una situación caótica en el Estado, ya que estos grupos que ya están en el interior del país, comienzan a decidir Tamaulipas porque aquí aún se les permite permanecer en Estados Unidos a esperar su respuesta”, explicó.
En las últimas semanas cientos de sudcalifornianos se han manifestado en Cabo San Lucas y en San José del Cabo, y las protestas van en incremento. El motivo es la reactivación de un antiguo conflicto social: la apropiación del Estero de San José del Cabo por parte de inversionistas particulares gracias a la intervención de diversas autoridades que desde hace tiempo han colaborado en la alteración del área de la Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo (REEESJC), declarada así el 8 de octubre de 1993 mediante un decreto del gobierno estatal, estableciéndose también como Área Natural Protegida bajo la Categoría de Zona Sujeta a Protección Ecológica.
Asimismo, mediante otro decreto de mayo de 2004 fue ratificada en su categorías de reserva y área natural, de este último documento cabe resaltar que por utilidad pública se estableció la prohibición de edificar asentamientos humanos en la reserva. Lamentablemente, de entonces a la actualidad este cuerpo de agua ha sido mermado, pues ha sufrido incendios, vertido de aguas negras, tala de palmares, desecación, así como la modificación de su poligonal para beneficio de los desarrollos inmobiliarios. Pero también ha sido objeto de una tenaz defensa por parte de la ciudadanía organizada en grupos como Amigos del Estero de San José y Rescatemos y Disfrutemos el Estero de San José.
Dos administraciones municipales, la de Oscar René Núñez Cosio (2008-2011) y la de José Antonio Álvarez Montaño (2011-2015), expidieron cambios de uso de suelo y permisos para extracción y traslados de tierra del área para dar entrada a la construcción de obra nueva. Varias autoridades más han estado involucradas en el deterioro del estero, ya sea directamente o por omisión y entre estas se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección de Ecología Municipal, entre otras; además de varios particulares a los que se les han vendido terrenos inmediatos al estero o se les han cedido, a través de la municipalidad, áreas interiores del mismo, para lo que se ha modificado en varias ocasiones la poligonal de delimitación de la reserva. Incluso hacia finales del siglo pasado y principios del presente el polígono fue transformado por otras administraciones municipales para la construcción del complejo turístico Puerto los Cabos y una marina.
Lo que reactivó el conflicto con la sociedad fue que, a partir del cambio de uso de suelo, el permiso de movimiento de tierra y una nueva modificación al polígono se liberó de este un espacio importante en las inmediaciones del cuerpo de agua, espacio en el que ahora se pretende erigir un gran hotel de lujo de la cadena Caesars Palace mediante Grupo Questro, que contempla un complejo de al menos 500 habitaciones en una edificación de seis niveles; con lo que se sellaría el destino de este espacio de agua dulce, vida silvestre y flora, que es hasta hoy considerado por los cabeños como el pulmón de San José del Cabo.
Ante este intento de ecocidio es necesario enfatizar y recordarle a nuestras autoridades que del decreto de 2004 se derivó el Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal “Estero de San José del Cabo” –que fue una actualización del programa de manejo de 1998– que la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología publicó en el número 35, Tomo XXXI, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 2 de junio de 2004 y que en uno de sus múltiples apartados señala que: “El desarrollo urbano y de proyectos de gran escala en las inmediaciones de la reserva representan un riesgo potencial sobre las características ambientales del cuerpo de agua y sus zonas colindantes”. Lo que además de poner en riesgo el estero afectaría al acuífero de San José del Cabo, al que este cuerpo de agua está conectado, y del que se abastece gran parte de la población del sur de la entidad.
La ciudadanía ha reaccionado enérgicamente ante este intento de despojo legalizado de manera turbia por diversas autoridades, que incluyen a la alcaldesa actual Armida Castro, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien se ha enredado en explicaciones insulsas acerca de la grave situación del estero, además de que culpa a sus antecesores de la crisis, pero sin dar una solución expedita y convincente a la ciudadanía que reclama este espacio como suyo y como factor para el equilibrio ecológico en la zona. La actitud de Castro, después de ganar el cargo público, no concuerda con lo prometido durante la campaña electoral previa a las elecciones de 2018; baste recordar sus promesas en un video que vuelve a circular en las redes (https://www.youtube.com/watch?v=yKnFl2gXUxg). Esperemos que a la alcaldesa no se le olvide que forma parte de un movimiento mayor y que no estar del lado de la ciudadanía, y más en asuntos en los que la gente debería por ley y por sentido común ser privilegiada, no es uno de los postulados del partido político que la llevó a su cargo público, pues como muchos otros funcionarios fue impulsada por la fuerza de Morena y la figura de Andrés Manuel López Obrador.
La alcaldesa debe tener presente que en la media península los conflictos sociales ante el despojo tienen una larga tradición y los sudcalifornianos saben unirse contra el deterioro de su medio ambiente. Así lo han demostrado en largas luchas contra grandes transnacionales mineras y contra otros desarrollos turísticos que intentaron ser emplazados en reservas ecológicas o áreas naturales protegidas, como contra los intentos de erigir un complejo turístico en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, asunto en el que estuvieron involucradas diversas administraciones federales, entre otros casos de despojo. Han sido los ciudadanos el fiel de la balanza entre los inversionistas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y todo parece indicar que en el caso del Estero de San José del Cabo la situación no va a cambiar.
La pregunta es qué va a hacer al respecto el gobierno federal de la “cuarta transformación” para respaldar a los sudcalifornianos ante el desinterés y la apatía mostrada por la administración municipal actual; pues de parte del gobierno estatal panista, al menos en la intervención de palabra del secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Ángulo, se percibe una tendencia a la defensa de la ciudadanía. El funcionario ha hecho diversos llamados a las autoridades municipales y federales para atender esta problemática y resolverla a favor de los sudcalifornianos, pero sus palabras no son suficientes. En este conflicto será fundamental el papel que tome el nuevo titular de la Semarnat, Víctor Toledo, pues el asunto no es menor y aunque debiera ser sólo una problemática ecológica de preservación del medio ambiente para el disfrute integral de los nativos y los turistas, todo parece indicar que tiene raíces profundas en el manejo de los poderes político y económico. En este sentido, de no resolverse a favor del entorno ambiental y de la ciudadanía, implicará un alto costo político para los objetivos nacionales de la “cuarta transformación”, pues es de todos sabido que la sociedad sudcaliforniana le cobra caro las afrentas a los partidos políticos. En Baja California Sur desde hace décadas aplica a cabalidad el dicho de López Obrador: El pueblo pone y el pueblo quita.
*Maestro en apreciación y creación literaria; literato, arqueólogo y diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
A SALVO. Los centroamericanos desistieron de su intención de llegar a la frontera. Fotografía: El Mañana
El Mañana
Se desisten de cruzar a EU, tras robo de pertenencias y dinero
González, Tam.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que la mañana de este lunes en este municipio elementos de la Policía Estatal rescataron a tres migrantes originarios de Guatemala.
Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas, cuando el personal de la estatal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera González-Zaragoza; ubicaron a la altura del kilómetro 3 a las personas, quienes solicitaron apoyo, deteniendo la marcha para asistirlos.
En el lugar se entrevistaron con dos hombres y una mujer que presenta un embarazo de 6 meses, quienes dijeron ser de origen guatemalteco, comentando que habían desistido en su interés de llegar a los Estados Unidos, debido a que en Cárdenas, Tabasco, les habían robado algunas de sus pertenencias y dinero, por lo que pedían asistencia para regresar a su lugar de origen.
Los Policías Estatales procedieron a trasladar a los centroamericanos al consultorio del Sistema DIF de Altamira para su valoración médica, en especial para conocer el diagnóstico del embarazo.
Posteriormente, los guatemaltecos fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en el municipio de Tampico, instancia que se encargará de analizar su situación en territorio mexicano.
Congreso aprobó por mayoría un punto de acuerdo que propone exhortar al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, a emitir un decreto
Joel Martínez Briones, integrante de “Tamatsi Colective”, refirió que en días pasados el Congreso del Estado aprobó por mayoría un punto de acuerdo que propone exhortar al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, a emitir un decreto para prohibir el uso de cañones antigranizo ultrasónicos en todo el territorio potosino, debido a que de acuerdo al testimonio de algunos agricultores del Altiplano, estos artefactos ahuyentan a las nubes, lo que provoca la pérdida de sus cultivos debido a la falta de lluvia.
El activista ambiental indicó que las empresas que utilizan este tipo de tecnología operan en Cedral, Vanegas y Matehuala, y que ya desde hace mucho tiempo se ha venido exigiendo que se prohíba de manera definitiva el uso de cañones antigranizo, los cuales han llevado a Cedral a padecer de sequía y graves daños en las siembras temporales, a causa del uso indiscriminado de estos aparatos por parte de los dueños de los invernaderos, afectando al ganado así como a las siembras temporales y a los pastizales.
Refirió que con el paso de las administraciones municipales solamente se han encontrado con oídos sordos ante este grave problema, por lo que la solución al mismo no se podrá realizar si la ciudadanía no se organiza dejando de lado cualquier diferencia política a fin de lograr que este punto de acuerdo aprobado recientemente no se convierta en letra muerta, enfatizando en que no basta con que se prohíba este altamente nocivo tipo de tecnología, sino que además se debe de sancionar a los responsables de estas prácticas ecocidas que no tienen ninguna justificación, precisó.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 1 de julio de 2019.- Al menos 11 trabajadores de confianza del Registro Agrario Nacional (RAN), fueron avisados verbalmente que sus puestos como trabajadores de confianza dejarán de existir a partir del 30 de junio a causa de un memorándum fechado el pasado 3 de mayo, emitido y firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La incertidumbre laboral de estos trabajadores que dicen haber obtenido su puesto desde hace seis años a través del Servicio Profesional de Carrera, comenzó el pasado 24 de junio, día en que Ismael Carrillo Ávila, quien dice ser comisionado especial de la dirección y jefe de la dependencia federal, les adelantó que habría recorte de personal. Se les comenzó a exigir firmar la renuncia voluntaria, lo que traería como consecuencia considerar su recontratación, de lo contrario enfrentarían el cese, mismo que no fue notificado el pasado viernes 27 de junio, por lo que los trabajadores acudirán a realizar sus labores como normalidad este lunes. El disgusto de los empleados se debe a que por retiro voluntario el RAN les ofrece a cada uno tres meses de sueldo más 20 días por los años que tienen laborando, cantidad de dinero que consideran se encuentra por debajo de la ley. Uno de los afectados, Jesús Barajas indicó que luego que los trabajadores hicieron público el problema interno, el comisionado de la dependencia se tornó molesto y les dijo que estaban siendo considerados, pero por haber denunciado públicamente «ya no». Los trabajadores indicaron que llegaron a sus puestos en distintos sexenios y consideran injusto que se queden personas de base y sindicalizados que no están preparados para realizar las funciones que se requieren en la dependencia. Jesús Barajas puntualizó que Carrillo Ávila no puede emitirles su cese ya que aún no es empleado de la estructura de la dependencia federal, pues está contratado vía outsourcing con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El hecho de que no ha sido nombrado oficialmente resulta sospechoso y debería causar incertidumbre para los usuarios, pues desde el mes de mayo el comisionado «les ha dado resolución a conflictos agrarios a través de la palabra y con un documento oficial, lo que a la larga traerá anomalías», dijo. En caso de ser necesario a partir de este lunes 1 de julio asistirán a solicitar un amparo y demandarán a la dirección, porque dijeron que no pueden irse solo así, debido a que no concluyeron el proceso de entrega-recepción.
SAN LUIS POTOSI, SLP., 1 de junio de 2019.- En los últimos cinco años, pobladores del ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz en el municipio de Mexquitic, sembraron 30 mil árboles en la parte que les corresponde la Sierra de San Miguelito, como parte de las estrategias ante la constante amenaza de despojo. Francisco Blanco, Secretario del Comisariado Ejidal, reveló que cerca de 400 hectáreas que les pertenecen fueron adjudicadas al Fondo Municipal de Mexquitic de Carmona, con el único propósito de entregarlas “en charola de plata” a los desarrolladores. Los ejidos que componen la Sierra de San Miguelito están en venta, insistió.
«Están vendiendo el uso común del ejido El Jaral y ya compraron cientos de hectáreas de San José de la Purísima, los fraccionadores y la Minera México, van a construir contenedores y maquiladoras, casas de campo y desarrollos inmobiliarios con acceso al libramiento, esto ya todo mundo lo sabe”. El ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz es uno de los 14 núcleos agrarios que aparecen en el área de estudio del Decreto de Área Protegida de la Sierra de San Miguelito emitido en septiembre del año pasado por el gobernador, Juan Manuel Carreras López. Recordó que los comuneros no aceptaron las condicionantes que pretende imponer la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), ya que afirmó, busca por un lado imponer el decreto y una determinación de protección ambigua; y por otro lado se despojaron cerca de 400 hectáreas al Fondo Municipal de Mexquitic de Carmona.
Pero lo más grave y lo que los tiene alerta es la manipulación de los ejidos de la zona, remarcó, por eso sembraron más de 30 mil árboles en los últimos cinco años y vigilan cualquier movimiento sospechoso en su parte de la Sierra de San Miguelito. Los constructores quieren usar la Sierra de San Miguelito como jardín y área de amortiguamiento, comprando en 40 pesos el metro cuadrado, “no tienen llenadera los ricos de San Luis Potosí, pero nosotros no los vamos a dejar entrar a la Sierra de Guadalupe Victoria y su Anexo la Cruz, que son casi dos mil hectáreas dotadas desde septiembre de 1929”.
RASTREO EN SITIO DE FOSAS REALIZADO POR PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE CHIHUAHUA EN CIUDAD JUÁREZ. FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA
A un año de las reformas bajo las cuales se crea la Comisión Estatal de Búsqueda, el gobierno de Javier Corral apenas realiza una consulta pública previa a la designación de su titular, la instancia opera con una encargada provisional del despacho desde hace tres meses
Rocío Gallegos/ LA VERDAD
Ciudad Juárez – Aun cuando el hallazgo de fosas clandestinas y el número de cuerpos encontrados en ellas van en aumento en el estado, el gobierno de Javier Corral mantiene a la Comisión Estatal de Búsqueda sin titular y sin gestionar el subsidio federal para dar seguimiento a la localización de personas desaparecidas o no localizadas.
La situación prevalece a casi un año de la promulgación de las reformas – el 21 de julio del 2018 – sobre las cuales se conformó y estructuró la Comisión.
Este rezago de la administración estatal fue exhibido en un reporte reciente del gobierno federal, donde también se ubica a Chihuahua entre los estados donde más se han localizado sitios de inhumación clandestina desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha, cuando se activó reporte oficial de entierros ilegales creado por el gobierno federal.
En el documento emitido por la Comisión Nacional de Búsqueda se menciona a Chihuahua como uno de los seis estados que tienen pendiente el nombramiento del titular de sus comisiones. Las otras entidades son Veracruz, Puebla, Morelos, Campeche y Jalisco.
Sobre esta condición, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua confirmó a través de su área de comunicación social que la Comisión Estatal de Búsqueda aún no cuenta con titular.
Hace tres meses que el fiscal César Augusto Peniche Espejel nombró encargada provisional del despacho a Laura Irene Moreno Espinoza, ex coordinadora de la Fiscalía Especializada de la Mujer, mientras el gobernador designa al comisionado, se informó.
El proceso para elegir a quien encabezará esta instancia inició hace apenas un mes, con la apertura de una consulta púbica por parte del Ejecutivo Estatal, para conocer y recabar la opinión de personas expertas, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil previa a la designación del de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua.
La condición que prevalece en la entidad fue conocida por el segundo reporte oficial del Registro Nacional de Fosas Clandestinas creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En el primer reporte, dado a conocer a mediados de mayo, por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), funcionarios federales olvidaron incluir a Chihuahua; sin embargo, en el segundo informe difundido hace unos días ya aparece el estado y entre los que concentran más éste fenómeno.
Fotografía: Mónica González / Pie de Página. Archivo
En el top de estados con más fosas
De acuerdo con el reporte federal, del 1 de diciembre del 2018 a lo que va del año, se han localizado 22 sitios de inhumación clandestina donde se localizaron 25 fosas en todo el territorio estatal. En mayo sumaban 17 lugares con entierros ilegales, de acuerdo con datos de la Fiscalía estatal.
En esos puntos de entierros ilegales se han encontrado 39 personas, se informó sin precisar cuántos de ellos fueron identificados y entregados a sus familias.
Con esos números, Chihuahua se ubica en el cuarto lugar de los estados donde se han localizado más sitios de inhumación clandestina, al concentrar el 10.62 por ciento de los 207 localizados en el país desde el 1 de diciembre del 2018, de acuerdo con los datos proporcionados. Solo es superado por Sinaloa, Guerrero y Veracruz.
A nivel nacional el número de fosas localizadas asciende a 426 en lo que va del gobierno de López Obrador, en las cuales se han localizado 551 cuerpos, se revela en el documento donde se consigan que el gobierno estatal aún ha gestionado el subsidio federal para la búsqueda de desaparecidos y que asciende a unos 11 millones de pesos.
Gráfica: Comisión Nacional de Búsqueda
Un informe presentado por la Universidad Iberoamericana (Ibero), denominado “Violencia y Terror”, revela que dentro del gran número de fosas clandestinas que han sido halladas en México se encuentran personas que fueron desaparecidas, ejecutadas y torturadas.
En el documento se menciona que las fosas clandestinas es un fenómeno “persistente, recurrente y extendido” y una clara evidencia de la violencia, impunidad, falta de transparencia y la crisis de derechos humanos en la que está sumergida el país.
… y Juárez, ‘un cementerio’
En el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda también se consigna que Ciudad Juárez está entre las localidades del país con más sitios de entierros clandestinos, al ubicarla en el lugar número dos, apenas superada por Mazatlán, Sinaloa.
En ese documento se menciona que en esta comunidad fronteriza se ubicó el 7.24 por cientos de los sitios localizados en territorio nacional desde el 1 de diciembre del 2018 a la fecha, tiempo que lleva el gobierno de AMLO.
Gráfica: Comisión Nacional de Búsqueda
Las fosas clandestinas en Chihuahua comenzaron a brotar en el 2007, revela la investigación periodística El País de las 2 mil fosas, un reporte especial de A dónde van los desaparecidos, dada a conocer en noviembre del 2018.
El pico más alto fue en 2015 durante la recta final de la administración de César Duarte, cuyo gobierno impidió la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para participar en el proceso de identificación de restos encontrados en fosas clandestinas.
En la información proporcionada por el equipo de investigación periodística se destaca que, entre 2006 y 2016, la Fiscalía del Estado de Chihuahua reportó el hallazgo de 194 fosas, 391 cuerpos, en 33 municipios. Según los documentos han sido identificados 216 cuerpos.
La activista Irinea Buendía encabezó en este municipio del oriente del estado de México una marcha para conmemorar el noveno aniversario del feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía, caso que sentó jurisprudencia, pues a partir de él la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace cuatro años que todo homicidio violento de mujer debe investigarse con perspectiva de género.
Irinea no ha conseguido justicia. El juez del caso ha sido cambiado cinco veces y el presunto homicida de Mariana, su pareja sentimental, el ex policía ministerial Julio César Hernández Ballinas, continúa bajo proceso en los juzgados del penal Neza-Bordo. Fue detenido hace tres años, pero no se le ha dictado sentencia.
Muchos otros feminicidios siguen impunes. Lidia Florencio Guerrero no ha recibido respuesta de las autoridades sobre los asesinos de su hija, Diana Velázquez Florencio. El martes se cumplirán dos años del homicidio.
Lourdes García Arizmendi vive en la zozobra, pues hace año y medio su hija Norma Dianey García García desapareció y no hay avance en la investigación.
Irinea y un grupo de activistas marcharon por el municipio de Chimalhuacán; protestaron frente a las oficinas del Ministerio Público, donde su ex yerno recibió protección para no ser inculpado.
En septiembre de 2011 el agente del Ministerio Público en turno determinó que Mariana, abogada de 29 años de edad, se había suicidado. Desechó las evidencias halladas en el lugar del crimen y la declaración de Irinea Buendía, quien aseguró que la muerte de su hija fue el desenlace de una vida de violencia marital.
El 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país emitió su primera sentencia sobre un caso de feminicidio. La SCJN ordenó reponer la investigación sobre el homicidio de Mariana y la sentencia sentó jurisprudencia al determinar que todo homicidio violento de una mujer debe ser investigado con perspectiva de género.
Hoy dicha acción es conocida como la sentencia Mariana Lima Buendía, y el 23 de junio de 2016 fue aprehendido Julio César Hernández Ballinas.
Sin embargo, el mandato de la SCJN no se ha aplicado en otros feminicidios, como el de Diana, o en la desaparición de Norma Dianey.
Lidia Florencio Guerrero recordó que su hija Diana Velázquez Florencio, de 24 años, fue ultimada el 2 de julio de 2017. Explicó que en la carpeta de investigación se violaron la perspectiva de género y la debida diligencia.
Cuando ella acudió ante el Ministerio Público éste ya había ordenado el levantamiento del cuerpo y su envío a la morgue del centro de justicia Neza-Palacio, pero pidió a la familia esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.
No se actuó conforme al protocolo a pesar de que Chimalhuacán es uno de los 11 municipios mexiquenses donde hay alerta de género desde 2015. Las otras localidades son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Chalco y Tultitlán.
Junto con familiares, amigos y organizaciones, Lidia Florencio alista para el 7 de julio una marcha en Chimalhuacán para recordar a Diana a dos años de su asesinato.
En tanto, Lourdes García recordó que su hija Norma Dianey García García, de 24 años, desapareció el 15 de enero de 2018. Desde entonces ella y su familia acudieron dos veces por semana a la fiscalía para conocer los avances de la investigación.
Hace cinco meses la autoridad ministerial prometió informarles de cualquier novedad. En pocas palabras, nos dieron a entender que ya no fuéramos. Lourdes sigue esperando encontrar a su hija con vida.
La fiscalía le ha dicho que Norma Dianey fue asesinada, pero nunca ha sido hallado el cuerpo. Lourdes García exige que se esclarezca el caso para tener una tumba donde llorar.
Ni Una Más en el Estado de México y Nos Queremos Vivas Neza, entre otras agrupaciones que apoyan a familias de víctimas, calculan que ha habido mil 790 mujeres desaparecidas de 2012 a 2018 y mil 540 feminicidios de 2014 a 2018 en la entidad.
La sentencia de la SCJN ordenó cuatro acciones: que todo homicidio violento de mujeres se investigue con perspectiva de género; segundo, sancionar a los servidores públicos implicados por obstrucción de la justicia; tercero, reparación del daño, y cuarto, capacitación de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Para Irinea Buendía la sentencia que se emita por la muerte de su hija Mariana tiene que llevar un mensaje de no repetición para que los hombres perversos, violentos y misóginos dejen de asesinar mujeres y niñas.
Toluca, Méx.- Inspectores del municipio de Toluca, que tienen como consigna el vigilar que se evite la proliferación de vendedores ambulantes en el centro histórico de la capital mexiquense, agredieron a fotógrafos de prensa que daban cobertura a la nota.
La fotógrafa de nombre Tania, dio a conocer “Me querían quitar la cámara porque estaba tomando fotos y al momento que Jorge, compañero fotógrafo se da cuenta, les dice que se calmen y se le fueron encima y lo golpearon y cuando estoy tomando fotos de que lo agredían, me llegaron a golpear por la espalda”, relató.
Los representantes de los medios de comunicación, solamente cumplían con su trabajo y los inspectores sin un protocolo de actuación agredieron e intentaron quitar las herramientas de trabajo de los mismos.
Ante los hechos, compañeros de diferentes medios de comunicación, reprobaron el actuar de los servidores públicos y pidieron que se actúe en contra de los mismos.
Mientras que la Defensoría de Habitantes inició una queja de oficio bajo el expediente número CODHEM/TOL/APC/12/2019, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de los fotorreporteros y las libertades de expresión y prensa en la capital mexiquense.
Tiene los patios de fraccionamientos vecinos llenos de unicel y basura
Víctor Trejo Olmos / Realidades
Bahía de Banderas, Nayarit. Lunes 01 de julio del 2019.- Inmobiliaria ARA no controla sus residuos de la construcción.
Exigen vecinos de San Vicente que la empresa disponga del servicio de recolección interno para evitar que los desperdicios lleguen hasta sus frentes y áreas comunes.
Las lluvias y los fuertes vientos que se han sentido en la Bahía de Banderas han provocado que este foco de contaminación se agrave.
“Hola buenas tardes quisiera denunciar una inconformidad y un llamado al ayuntamiento de Bahía de Banderas y a todas las instituciones para que solucionen o por lo menos hagan algo con la basura que está dejando y las cosas que está haciendo la constructora Ara o AltaVela en el nuevo fraccionamiento Valle Esmeralda ya que todo el día todos los días esto sucede no podemos levantar el unicel”.
Sin embargo no es lo único que llega a sus casas sino también graba, arena, bolsas de cemento, cartones o envolturas de pega piso, pisos, mortero y demás. “Están en construcción y ni siquiera tienen una malla que restrinja el pase a las personas o un letrero donde especifique obra en construcción ya que ni siquiera los trabajadores traen casco, chaleco o botas y ni mucho menos cuentan con medidas de seguridad”.
A la par del crecimiento inmobiliario vino el aumento de tiraderos clandestinos en los caminos saca cosechas de Bahía de Banderas.
Por no pagar el traslado y la disposición final fue fácil para las constructoras contaminar los caminos y de paso los drenes. Tal y como sucede en Valle Dorado en donde hay bastantes tiraderos de residuos de construcción, los cuales en tiempos de secas se consumen con los incendios y durante las temporadas de lluvias hay filtraciones y contribuyen al taponamiento de los pasos de agua ocasionando así inundaciones.
El Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno denunciamos la injusta detención y privación de la libertad de la compañera Silvia Reséndiz, quien es parte del colectivo Mexicali Resiste, alrededor de las 14:00 horas del pasado 30 de junio, cuando en compañía de sus dos nietos de 9 y 13 años de edad, intentaban cruzar la frontera de los Estados Unidos y llegar a la ciudad de Caléxico, California.
Nuestra compañera, junto con el colectivo Mexicali Resiste han luchado para detener el robo y privatización del agua por la empresa Constellations Brands en Mexicali, Baja California y este acto se suma a la persecución y criminalización que el mal gobierno de México ha estado haciendo en contra la lucha de nuestros compañeros, como fue el encarcelamiento de León Fierro, hijo de la compañera Silvia el año pasado y la detención de Jorge Benítez a quien le fueron retenidos sus documentos migratorios.
Condenamos la criminalización de la protesta social ejecutada por el gobierno capitalista de los Estados Unidos, y exigimos la inmediata liberación de la compañera Silvia Reséndiz y sus dos nietos, así como el cese de la persecución contra nuestros compañeros del colectivo Mexicali Resiste.
Responsabilizamos a los malos gobiernos de México y Estados Unidos por la integridad de la compañera y sus dos nietos
Atentamente
Julio de 2019
Por La Reconstitución Integral De Nuestros Pueblos
Mayapolitikon
“Licenciados fantasmas” maniobran para hacerse de 1800 hectáreas del ejido de Xkalakdzonot, comisaría de Chankom, Yucatán, en cuyas cercanías pasaría el llamado “tren maya”, en los alrededores del llamado “zona de cenotes”.
Con engaños, verdades a medias y visitas a domicilio especialmente a los ejidatarios más viejos, el comisario Sergio Noh Uc y una comitiva de cinco visitan y convencen de diversas maneras a que vendan sus tierras.
En este trabajo de convencimiento y recolección de firmas los acompaña la visitadora agraria María Valentina Pool Bolívar, quien está detrás de todo este movimiento, según vecinos de Xkalakdzonot que hablaron con integrantes de Múuch Xíinbal.
“Ha estado viniendo con frecuencia en los últimos meses, no precisamente para hacer su trabajo”, dijo una ejidataria.
“Acostumbra hacer lo que quiere en el ejido”, se quejaron los ejidatarios, quienes pidieron el anonimato para su seguridad.
Un grupo de inconformes con las ventas de las tierras, que por añadidura se hace a espaldas de una asamblea, manifestaron su descontento y su firme decisión de no vender.
Uno de los argumentos del comisario a los ancianos es el siguiente: “Ya estás viejo, pronto te vas a morir ¿no crees que es justo que disfrutes un poco de la vida con un poco de dinero?”.
Para desgracia de los opositores a la venta, muchos abuelos se dejan convencer y firman la hoja en blanco con que anda el comisario y que luego –como suele suceder– usará para formalizar un eventual fraude.
“Pero si nuestros abuelos hubieran pensado como esos que venden ahora, dónde estaríamos nosotros viviendo hoy día”, exclama una señora mayor.
Una asamblea informal –sin convocatoria, pero en la que se recogieron firmas– tuvo lugar el sábado 29 pasado y en ella se informó de la venta. Hubo discusión pero la mayoría de los asistentes vio con buenos ojos la venta y el ingreso que prometen. No se informó quién está comprando. Sólo un “licenciado”.
La propuesta es que cada uno de los 176 ejidatarios venda diez hectáreas al licenciado desconocido. Éste pagará 60 mil pesos a cada ejidatario por sus tierras, que equivale a seis mil pesos la hectárea y a sesenta centavos el metro cuadrado.
Un mapa contenido en la publicación del Cicy
Sin embargo, no todos están confiados, entre ellos los que se oponen a la venta. Una experiencia anterior les enseñó a desconfiar cuando se hable de vender. En una ocasión aceptaron vender una gran cantidad de cedros, pero luego el comprador no pagó lo prometido y muchos otros nunca recibieron su parte.
A todo esto no es ajeno el alcalde, Roger Cimé Mis. Según los inconformes, ha prometido pagar de sus propios bolsillos la mitad de lo que cueste la elaboración de los documentos de compraventa, “para ayudarlos”, pues se trata de tierras de uso común, no parcelada todavía.
Es del pueblo sabido que la visitadora agraria María Valentina Pool Bolívar es incondicional del alcalde de Chamkom. Según vecinos de esta cabecera, aunque está radicada en Valladolid, donde la ha asignado el Registro Agrario Nacional (RAN), ha comprado un terreno en esa cabecera.
Es el cuarto periodo de gobierno de Roger Cimé Mis, quien tiene fama de hacerle la vida difícil a sus enemigos políticos.
Con “alto grado” de marginación, Xkalakdzonot se ubica al sur de Pisté y su población no alcanza un millar.
La llamada Cuarta Transformación cabalga en unos aspectos pero gatea en otras, como en los asuntos agrarios en Yucatán donde el despojo de tierras continúa con ayuda de sus visitadores.
Cuatro meses después de que el procurador agrario en Yucatán, Alfredo Ramírez, prometiera en el Congreso local, en una reunión con representantes ejidales, poner en orden a los visitadores, estos siguen haciendo de las suyas.
Más de 10 perros que fueron envenenados fueron dejados en un predio que está cerca del centro de la población, aunque desde el pasado viernes los vecinos dieron parte a las autoridades, estas han hecho caso omiso y se ha convertido un fuerte foco de contaminación.
Desde la mañana del viernes, los vecinos de la Avenida Doctores del centro de esta población, detectaron que, en la entrada de un predio, había tres perros sin vida, por lo que al acercarse, se sorprendieron que más hacia dentro había mucho más, todos ellos con aparente muerte por envenenamiento.
Comentaron que acudieron a las autoridades locales a darles el reporte, pidiendo la presencia en el lugar del área de salud o de ecología, pues sabían que en poco tiempo comenzarían a entrar en una etapa de descomposición.
Pensando que atenderían de manera inmediata el problema, regresaron a casa y esperaron durante todo el día, pero no llego nadie, todavía el sábado esperaron que llegarán a levantar a los animales, pero tampoco lo hicieron, viéndose en la necesidad de hacer está denuncia de manera pública este domingo pasado.
Los habitantes afectados, exigieron que las autoridades dieran atención a este problema, pues varios animales ya comenzaron a abrirse y esto genera un fuerte olor a putrefacto, de lo contrario, en el transcurso de esta mañana acudieran a manifestarse.
Integrantes de cooperativas pesqueras denunciaron la presencia acumulada de metales pesados en las aguas de la región
Los pescadores integrantes de las cooperativas afiliadas a la Federación de cooperación pesquera del municipio denunciaron la presencia acumulada de metales pesados en las aguas de la región afectada por la contaminación en la región de los Bitzales.
En rueda de prensa en sus oficinas ubicadas en la villa Benito Juárez denunciaron el elevado porcentaje de metales pesados por litro tolerado por el ser humano y las constantes muertes de personas en sus comunidades.
Acusaron el abandono por parte de las autoridades del Estado y pidieron la intervención directa del presidente de la República.
En estudio reciente fechado el 19 de mayo demuestran la enorme carga de metales pesados en las aguas y la presencia de bacterias y virus que es avalado por el departamento acuícola del Instituto Tecnológico de Veracruz.
Las banderas serán colocadas en la Unidad Académica de Pinos, Centro de Capacitación y en el Campus de Guadalupe; actualmente son 200 trabajadores agremiados y una matrícula de 2 mil 300 estudiantes./Archivo
Karla Zapata/El Sol de Zacatecas
Derivado de la falta de acuerdos para el pago de la prima de antigüedad, esta mañana estalló la huelga la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), las banderas rojinegras fueron colocadas a las 10 de la mañana.
“Estamos en nuestro derecho de exigir un incremento salarial, esto no es de ahorita, nosotros tuvimos un proceso de emplazamiento de hace 30 días como lo establece la ley”.
Gonzalo Franco Garduño, líder del Sindicato Único del Sindicato de Trabajadores de esta institución (Sututez), informó que la prima de antigüedad desde hace dos años corresponde a un millón 800 mil pesos, para este año se solicitan dos millones 300 mil pesos.
Respecto al incremento salarial, agregó que se está ofreciendo un 3.4 por ciento que se autoriza desde la Federación “nosotros lo hemos aceptado, lo que está trabando es lo de la prima de antigüedad”, en lo global el incremento salarial representa un 5.5 por ciento.
Se convocará a las y los trabajadores a una marcha al mediodía de este lunes, partiendo de la Plaza Bicentenario, solicitarán una audiencia con la delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles “sabemos que con el Gobierno Federal es de los enlaces más cercanos ahorita”, mencionando además que aún existe incertidumbre sobre el presupuesto que viene desde la Federación.
Posteriormente se buscará un acercamiento Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Las banderas serán colocadas en la Unidad Académica de Pinos, Centro de Capacitación y en el Campus de Guadalupe; actualmente son 200 trabajadores agremiados y una matrícula de dos mil 300 estudiantes.
El líder sindical comentó que las clases finalizan durante el mes de agosto al ser cuatrimestres, por lo que ahora las y los estudiantes se encuentran en proceso de exámenes parciales.
“No nos quedaremos aquí en la puerta de la universidad, en los accesos, vamos a ir a buscar a las autoridades, porque luego no tienen tiempo de venir hasta acá, iremos a buscarlo. “
Gonzalo Franco Garduño, dirigente sindical
Resaltó que, a la llegada de Sergio Flores Gómez como rector de la Utzac, se apreció una disciplina financiera “férrea”, por lo que debe existir respaldo para las y los trabajadores, así como a la comunidad estudiantil, haciendo un esfuerzo grande por la optimización de recursos.
“Nosotros hemos puesto mucho trabajo en donde queremos que las cosas se equilibren”.
Finalmente, dijo que la Utzac es de las pocas o incluso la única institución en el estado que no tiene adeudos ante el Seguro Social, tampoco con el Infonavit.
Mexicali.-La activista Silvia Resendiz, directora del colectivo Mujeres Tierra, fue detenida en la Garita Internacional de Calexico, California, cuando cruzaba para hacer compras en esa ciudad estadunidense.
La detención se realizó la tarde de este domingo 30 de junio, alrededor de las 14:00 horas, al encontrase en compañía de sus dos nietos, Jonathan y Katia de 10 y 13 años de edad.
La información la dio a conocer León Fierro del movimiento Mexicali Resiste, quien advirtió que el arresto de su madre, en compañía de sus hijos, se debió a la lucha que emprendieron por la defensa del agua y la instalación de la empresa estadunidense Constellation Brands. Explicó que el gobierno de Baja California emitió una alerta roja en su contra y su familia, lo que provocó su propia detención en 2018 y el retiro de su visa de turista.
En redes sociales Fierro Resendiz denunció que hasta la 18 horas tiempo local su madre e hijas habian recibido malos tratos, incluidos la omisión de agua y alimentos.
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha emitido informacion oficial sobre el arresto de Resendiz y sus nietas.
Cuatro ductos arrojan constantemente una mezcla líquida gris al embalse. Foto: Jesús García López
Vierte empresa seis millones 625 mil toneladas de residuos tóxicos, por la extracción de minerales, a la Presa de Jales No. 9 ubicada en Guanajuato capital.
Jesús García López / AM, León GUanajuato, 01 de Julio de 2019
Guanajuato capital.- La empresa Minera Mexicana El Rosario (MMR) vaciará seis millones 625 mil toneladas de residuos tóxicos a la Presa de Jales Número 9, ubicada en Guanajuato capital, al término de su vida útil que podría ser el próximo año.
Los jales mineros son básicamente el sobrante de las rocas molidas, luego que se extraen los minerales de interés como oro, plata, cobre, bronce y zinc, principalmente.
En el acceso a la Presa de Jales hay un letrero que prohibe el paso. Foto: Jesús García López
El polígono utilizado como tiradero tóxico con una superficie de 59.2 hectáreas se ubica en la zona conocida como Cañada de Jojula, que pertenecía a la ex Hacienda de Bustos de la colonia Cata en la capital guanajuatense.
Peligrosidad de desechos
Un estudio comparativo de la peligrosidad de desechos en zonas mineras del centro y sur del país, realizado por la Sociedad Geológica Mexicana en 2010, arrojó que los jales se caracterizan por contener elementos potencialmente tóxicos como arsénico, cadmio, plomo, zinc y hierro, que podrían representar un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.
En la investigación se encontraron en menor medida elementos también peligrosos como bario, cromo, mercurio, plata, selenio, berilio, talio, níquel y vanadio, que no reflejan un riesgo por sus bajas concentraciones.
La empresa MMR dio a conocer el 15 de junio de 2018 que llevaría a cabo una segunda ampliación, que al parecer consiste en la elevación de la cortina de la presa para recibir una mayor cantidad de desechos de sus procesos industriales.
Árboles secos con lodos tóxicos
“Los principales impactos ambientales que se identifican en la realización de las obras son la pérdida de cobertura vegetal, pérdida de suelo fértil, cambios en el paisaje, desvío de agua de arroyo de su cause natural, incremento en la generación y disposición de jales, entre otros de menor magnitud en importancia”, informó la empresa sobre el proyecto.
Instalaciones de la empresa Minera Mexicana El Rosario (MMR) en la colonia Cata. Foto: Jesús García López.
En un recorrido que realizó am por la zona se pudo observar cómo el paisaje y el medio ambiente ha cambiado drásticamente por la presencia de lodos tóxicos, como árboles secos en las orillas del vaso de captación y poca vida animal silvestre.
Antes de llegar a la cortina de la presa, localizada a unos 650 metros en línea recta del centro de la colonia Cata (donde se ubica el templo del Señor de Villaseca), un portón de reja advierte que está prohibido el paso, y es obligatorio el uso de equipo de protección personal en caso de entrar.
Líquido con olor ácido
Sin embargo, por la parte alta del cerro se puede apreciar que cuatro ductos arrojan constantemente una mezcla líquida gris al embalse, que luego se convierte en un tono más claro, donde se alcanza a percibir un olor ácido.
Desde este punto se observan algunas de las viviendas de la colonia Cata, así como parte de las instalaciones de la minera que están sobre la carretera Panorámica.
Una presa con historia
Desde 1992 la Presa de Jales Número 9, ubicada en Guanajuato capital, entró en operación y por 20 años recibió tres millones 349 mil 200 toneladas de jales en su vaso de captación hasta 2011, según se detalla en el Estudio de Impacto Ambiental al cual am tuvo acceso.
Hasta 2006 el embalse recibía 434 toneladas de lodos diariamente, pero se estimó que si la molienda de minerales llegara a la cifra de mil 200 toneladas por día, su vida útil terminaría en 2020.
“Dicho incremento de producción para llegar a las mil 200 toneladas por día no se ha podido dar, y parece que al menos en lo que resta de este año 2012 no será aún posible, el escenario más probable puede ser el de un ritmo de producción de 600 toneladas por día”, se señala en el documento.
Profepa solicitó cambios en 2011
“En cuanto a la producción y beneficio de mineral, para la empresa el escenario de producción de mil 200 toneladas por día es el más deseable porque ofrece mayores rendimientos, más no en cuanto a la vida útil de la presa ya que le restarían ocho años”, añade.
Cabe señalar que en 2011 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) instruyó a MMR a trabajar en el reforzamiento de la presa de lodos, con base en un rediseño y la estabilización de los bordos de la estructura, lo cual fue acatado por la minera.
De igual forma se recomendó recuperar especies nativas en los sitios próximos a inundarse, para preservarlas.
Contaminación permanente
“Los residuos generados de plantas de beneficio de minerales pueden ser una fuente de contaminación permanente para el medio ambiente, ya que los residuos mineros contienen trazas de metales pesados, reactivos utilizados en el proceso y lodos”.
“Su disposición inadecuada podría contaminar suelos y cuerpos de agua superficiales y subterraneas”, se menciona en el estudio de impacto ambiental realizado por Víctor Manuel Quezada Aguilera.
Usan terreno de 50 hectáreas
El terreno donde se construyó la Presa de Jales es propiedad de la MMR de acuerdo a la escritura pública 1,242 del 28 de octubre de 2005, adquirido por la Sociedad Cooperativa Minero-Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato en 51 mil pesos, según la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de este municipio.
La propiedad anteriormente era conocida como Cañada de Jolula que formó parte del Rancho de Guerra o Estancia de Reforma con una superficie de 50.4 hectáreas, aunque la minera asegura en el Estudio de Impacto Ambiental que en total son 59.2 hectáreas.
Históricamente el predio perteneció a Amado Carrillo Hernández, quien a su vez lo vendió el 19 de febrero de 1985 a la sociedad cooperativa en cuatro millones 117 mil 230 viejos pesos.
Extracción de oro y plata
En las minas del grupo MMR conocidas como Cata, Rayas, San Vicente y San Ignacio, se han llevado a cabo en las últimas tres décadas explotación de oro y plata.
Desde el centro de Guanajuato capital hay una distancia de 4.7 kilómetros hasta el vaso de la Presa de Jales que se recorren en 20 minutos aproximadamente a bordo de un automóvil.
Labora empresa 21 años
El 24 de junio de 1998 nació la Minera Mexicana El Rosario (MMR) en la Notaría 11 de la ciudad de Chihuahua, según la escritura pública 2,179 otorgada por la federataria María de Lourdes García Mayagoitia.
La sociedad se constituyó con el objeto de explorar y explotar lotes mineros, así como realizar molienda, refinación, conversión y tratamiento de toda clase de minerales metálicos y no metálicos.
En una asamblea del 6 de octubre de 2004 sus accionistas, Robert Alexander Archer y la sociedad Magna Rosario Barbados LTD, vendieron el 99% de las participaciones sociales a la canadiense Great Panther Resources Limited, que actualmente sigue operando.
Extraen ‘ganga’ y ‘mena’
La minera extrae de tierras principalmente dos tipos de materiales que contienen oro y plata, conocidos como “mena” y “ganga”.
En el primero se obtiene argentita, pirargirita y calcopirita, mientras que en segundo cuarzo, calcita, pirita, dolomita y minerales arcillosos.
Niegan que jales sean peligrosos
Mariana Fregonese, vicepresidenta de Responsabilidad Social de la empresa canadiense Great Panther (socia estratégica de Minera Mexicana El Rosario), declaró en entrevista telefónica para am que los jales depositados en la Presa de Jales número 9 no son peligrosos.
Destacó que los estudios están sustentados en monitoreos realizados por laboratorios externos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aunque no mostró copias de dichos documentos.
La directiva de la empresa canadiense informó que a finales de 2018 recibieron por parte de las autoridades ambientales la aprobación para una ampliación de la Presa de Jales y que pueda operar por otro periodo.
Nueva empresa de lodos
“En diciembre de 2018 se recibió la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental para la ampliación de la presa y ésta fue autorizada para que la presa opere por nueve años más”, aseveró.
Aclaró que la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada para la primera etapa, aún no concluye y estaría amparando cerca de tres años más de la operatividad del embalse.
De igual forma explicó que no se están buscando otras opciones para una nueva presa de lodos, ya que el periodo de nueve años es suficiente para la operación proyectada.
Plantación de 5 mil árboles
“En el contexto de esta Manifestación de Impacto de los nueve años, digamos que da una vida más que suficiente para seguir trabajando en los siguientes años, entonces en ese sentido no nos podemos adelantar”, dijo Fregonese.
Destacó que como señala la Manifestación de Impacto Ambiental se han reforestado los bordos de la presa, pues desde que Great Panther tomó la operación de la minera se han plantado más de cinco mil árboles y el responsable de estas acciones es Minera Mexicana El Rosario (MMR), subsidiaria de Great Panther México.
“En Guanajuato hay un excelente ejemplo de una presa cerrada, que es la cancha de atletismo que se recuperó y se convirtió en un centro deportivo para la ciudad, asumir que todas las presas de jales terminan en un lugar tóxico… primero considerar la legislación ambiental”.
“Nosotros anualmente tenemos consultores externos que están revisando nuestro planes y asesorando a la empresa”, afirmó la Vicepresidenta de la minera.
Al detalle
1992 es el año que inició operaciones la Presa 9 de Jales.
6 millones 625 mil toneladas de residuos tóxicos dejará al término de su vida útil.
2012 hubo una primera ampliación.
2018 anunciaron una segunda ampliación.
5 kilómetros aproximadamente hay entre la presa y el centro de Guanajuato capital.
50 hectáreas aproximadamente es la superficie que tiene.
Es propiedad de la empresa Minera Mexicana el Rosario (MMR), filial de la canadiense Great Panther Silver.
La comunidad indígena de Santa María Ostula, en Michoacán, ha pagado con sangre y muerte la defensa de su territorio que se disputan poderosos intereses. Los periodistas Marcela Turati y Heriberto Paredes hablaron con DW
La Guardia Comunal, creada en 2009 en Santa María Ostula, fue fracturada poco después por el cártel los Caballeros Templarios, pero la comunidad se reorganizó y derrotó al crimen organizado cinco años más tarde. Foto: Heriberto Paredes
Deustche Welle, 01 de julio de 2019.
El fotoperiodista mexicano Heriberto Paredes Coronel llegó a la comunidad nahua de Santa María Ostula hace diez años. A lo largo de ese tiempo ha documentado con su cámara la lucha sin tregua de los pobladores por su territorio y ha sido testigo de la confabulación de grandes proyectos extractivos con grupos criminales y políticos corruptos para doblegar a la comunidad. Las fotografías integran una exposición titulada “¿Por qué vivimos en el paraiso?”, que se exhibe en la sede de Reporteros sin Fronteras, en Berlín, con el respaldo de la fundación Rosa Luxemburgo.
La inauguración de la exposición tuvo lugar junto con una charla con Paredes Coronel y la periodista mexicana Marcela Turati. Ambos participaron previamente en un congreso realizado en Frankfurt titulado “Geografías de la violencia”. Turati, que ha abordado en su trabajo las consecuencias de la llamada guerra contra las drogas y el crimen organizado, comenzó en 2016 un proyecto periodístico titulado “A dónde van los desaparecidos”, que revela la maquinaria de impunidad que ha convertido al país latinoamericano en uno de los más violentos del mundo.
“La desaparición de personas en México es una emergencia de tal magnitud, que debiera ser un escándalo internacional. En 12 años tenemos a más de 40.000 personas desaparecidas y todos los días desaparece gente. Aunque el gobierno ha declarado que esa es su prioridad y que las víctimas son primero, vemos que eso no se ve reflejado a nivel presupuestal. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda que tiene 43 empleados y sólo 13 de ellos van a ser asignados a buscar a personas desaparecidas”, afirma Turati.
La periodista mexicana Marcela Turati habló sobre su proyecto periodístico “A dónde van los desaparecidos”, que revela la maquinaria corrupta que hace de México uno de los países más violentos del mundo.Foto:DW
México es un gran cementerio
La periodista mexicana destaca que el mismo gobierno ha reconocido que México es un gran cementerio. “Hay por lo menos 26.000 cadáveres en las morgues sin identificar, más los que están en las fosas clandestinas que se buscan todos los días. Se necesita un mecanismo extraordinario forense que es lo que están pidiendo las organizaciones, que el gobierno ha aceptado”. Turati destaca que han llegado a México numerosos expertos forenses extranjeros. “Pero el nivel de desastre humanitario, de tantos cuerpos, en muchos casos de fragmentos de restos humanos, porque los cuerpos fueron calcinados o disueltos en ácido, hace que esto sea una tarea de la mayor prioridad para el gobierno, y aclararlo va a tardar mucho”.
La periodista, que ha acompañado a víctimas y familiares de desaparecidos durante los últimos años, se muestra escéptica. “No se investigan las desapariciones, no hay sanciones contra los que desaparecen personas y esto es una práctica común del crimen organizado, de funcionarios del Estado como policías, militares, policías federales y marinos, es como lo más económico para ellos”. Turati destaca que es necesaria una reingeniería real del Estado en la procuración de Justicia, pero hasta el momento no hay acciones gubernamentales en esa dirección. “En la nueva Fiscalía General de la República están los mismos funcionarios de siempre. No sabemos si ha sido sólo un cambio de nombre (antes se llamaba Procuraduría General de la República), porque no se ve que haya realmente un cambio de prácticas, de hábitos”.
El fotoperiodista Heriberto Paredes lleva diez años registrando con su cámara los acontecimientos en la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán. Foto: DW
El precio por vivir en el paraíso
En la comunidad de Santa María Ostula 34 personas han sido asesinadas, otras seis más fueron desaparecidas. La localidad se encuentra en uno de los territorios más ricos en recursos naturales, lo que explica que lleve más de cinco décadas en pie de lucha ante las ofensivas para robarles sus tierras ancestrales.
Heriberto Paredes llegó en 2009 a esa zona famosa por sus paradisíacas playas. “Cuando llegué me di cuenta de lo fuerte que era la organización de la comunidad, de cómo habían recuperado sus tierras, de cómo se mantenían organizados y unidos, todos en una misma línea”, dice Paredes Coronel, que quedó fascinado por la fuerza de esa comunidad indígena.
Apenas llegado a la comunidad, Paredes Coronel fue testigo de la brutal ofensiva del poderoso cártel de Los Caballeros Templarios, surgido en Michoacán. “Después de que habían recuperado sus tierras vino una etapa de violencia durísima contra ellos. Los Caballeros Templarios empezaron a secuestrar y a matar a gente específica que había coordinado la recuperación de tierras. Los más afortunados fueron balaceados, pero a muchos los quemaron, los atropellaron, fue una violencia y saña con un mensaje de odio para las familias de la comunidad”.
La comunidad fue víctima de un desplazamiento forzoso. “En 2014 volvió mucha gente, pero organizada y armada. Regresaron y recuperaron casas, tierras, todo”, afirma Paredes Coronel, que volvió a la comunidad ese año junto con los pobladores. Desde entonces la comunidad sigue en pie de lucha.
Don Apolinar Santos sostiene la fotografía de su hijo, Teódulo Santos, asesinado en 2012, uno de los mayores impulsores de la lucha por la recuperación de las tierras. La comunidad de Santa María Ostula es la que registra el mayor número de asesinatos a activistas medioambientales. Foto: Heriberto Paredes
Asesinatos a periodistas a niveles récord
Ambos periodistas coinciden en que la colusión de autoridades de las fuerzas de seguridad del Estado con la criminalidad organizada se traduce en impunidad y en que los crímenes no se investiguen. “Cambió el gobierno pero la violencia sigue, son las mismas dinámicas”, afirma Marcela Turati, al preguntársele por la violencia contra los periodistas en México. “La impunidad continúa, los asesinatos, las desapariciones y las amenazas contra periodistas siguen sin ser investigados, y es la mejor invitación para seguir haciéndolo porque nadie va a pagar por ello”. La periodista señala que otra cuestión preocupante es el mensaje que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador mismo. “En sus conferencias diarias, cuando se le cuestiona sobre corrupción o investigaciones periodísticas, lo primero que hace es acusar a los periodistas de mentirosos y corruptos, todas las semanas hay ataques, que son transmitidos en televisión, y que todo mundo ve”.
Según la organización Reporteros sin Fronteras, México es el país sin guerra más letal para periodistas. “Según las últimas estadísticas, dependiendo de la organización que se consulte, hay entre 7 y 14 periodistas asesinados desde que comenzó su gestión Andrés Manuel López Obrador, el 1° de diciembre pasado. Esto, más el nivel de impunidad y con el presidente atacando en televisión a la prensa, es una combinación perfecta para seguir atacando a periodistas”, concluye Turati.
Defensa del territorio ¿Porqué vivimos en el paraíso? El fotoperiodista mexicano Heriberto Paredes retrató a la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán. Se encuentra en la zona costera del Pacífico mexicano, y es posiblemente una de las regiones más ricas en recursos naturales de la entidad. La comunidad lleva décadas en pie de lucha por la defensa de sus territorio, de unas 1.250 hectáreas. Foto: Heriberto Paredes.Defensa del territorio Violencia en México México es considerado uno de los países más violentos del mundo y símbolo de ello es esta cacha de pistola, en donde se ve el emblema nacional, él águila y la serpiente. Los pobladores de Santa María Ostula han vivido años de violencia acosados por fuertes intereses que buscan despojarlos de sus tierras, entre ellos, proyectos extractivos, crimen organizado y políticos corruptos.Defensa del territorio Unidos somos más fuertes En 2015, un gran movimiento de autodefensas, policías y guardias comunales logró en meses lo que nunca había podido la policía municipal en décadas: erradicar la violencia y dotar a la población de una certidumbre de seguridad. Para los pobladores la defensa del territorio supone preservar su identidad y su medio de subsistencia, que es la agricultura. Foto: Heriberto Paredes.Defensa del territorio Bloqueo de vías Una de las estrategias de la comunidad para defender su territorio es el bloqueo de la carretera federal 200 que serpentea por la costa del Pacífico mexicano y cruza la comunidad. Se trata del paso de millones de camiones de carga entre el puerto de Manzanillo, Colima, y el más importante del país, el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Foto: Heriberto ParedesDefensa del territorio Las mujeres de Ostula A principios de 2015 hubo un proceso de reparto agrario, un largo anhelo de la comunidad tras la lucha por la recuperación de la tierra. Las mujeres lideraron el proceso que culminó con la asignación de tierras a 52 familias. Cada una recibió 2 hectáreas. Las primeras 25 representantes fueron mujeres que prometieron cultivar la tierra y no enajenarla, rentarla o venderla. Foto: Heriberto ParedesDefensa del territorio Socorro, siempre con una sonrisa Socorro es ejemplo de las mujeres que han permanecido firmes en la lucha. Ha asumido importantes cargos en la organización de la comunidad. “El día que le tomé esta fotografía me dijo: ‘Compañero, cómo ve, a ver si nos ayuda a traer materiales para empezar a discutir la autonomía en la comunidad, para que no se pierda la idea'”, recuerda el fotógrafo Heriberto ParedesDefensa del territorio Socorro, siempre con una sonrisa Socorro es ejemplo de las mujeres que han permanecido firmes en la lucha. Ha asumido importantes cargos en la organización de la comunidad. “El día que le tomé esta fotografía me dijo: ‘Compañero, cómo ve, a ver si nos ayuda a traer materiales para empezar a discutir la autonomía en la comunidad, para que no se pierda la idea'”, recuerda el fotógrafo Heriberto Paredes. Foto: Heriberto ParedesDefensa del territorio Fiesta de quince años Sara es hija de Teódulo, el maestro que enarboló la lucha por la recuperación del territorio y fue asesinado por los Caballeros Templarios. En esta imagen, cuando cumplió quince años, sus amigas le ayudaron en la celebración de la fiesta. Ahora Sara ya tiene 18 y quiere estudiar, pero no quiere irse de su comunidad. Foto: Heriberto Paredes.Defensa del territorio Cosmovisión La asignación de cargos religiosos al interior de la comunidad es una tradición que se guarda con celo. Las celebraciones religiosas son una mezcla de tradiciones de más de 500 años de antigüedad y conforman cantos y bailes en los que participan distintas comunidades de la región. Foto: Heriberto ParedesDefensa del territorio El xayacate, el guerrero El xayacate es el guerrero que lucha por que la comunidad se mantenga unida y fuerte para enfrentar cualquier desafío. La comunidad que habita el amplio territorio de Ostula ha ido construyendo una cosmogonía que difiere de la visión entre bien y mal de Occidente. Los xayacates, o indios rebeldes no aceptan la dicotomía entre lo bueno y lo malo y luchan contra esa simplista visión.
En conjunto representan más de cien millones de pesos.
TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria enfrenta casi 70 demandas laborales por parte de ex empleados o trabajadores en activo.
La mayoría de estas denuncias ante juzgados asciende a más de cien millones de pesos por despidos injustificados, así como por el no pago de prestaciones establecidas en la ley y en el Contrato Colectivo de Trabajo del sindicato de esta dependencia.
El abogado Benito Hernández Pérez, quien lleva el caso de al menos 60 de esas demandas, señaló que el 90 por ciento de estas tienen las bases jurídicas para ser ganadas.
Y es que, según explicó, en muchos de los casos de los despidos injustificados el argumento de la Comapa es, entre otros, el “necesito tu espacio”; “ya no rendiste como empleado”; “ya se cerró tu ciclo en Comapa”.
Imagen del video difundido por habitantes de El Naranjo en el que se escuchan disparos
Ezequiel Flores Contreras / PROCESO
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos 800 personas fueron desplazadas del poblado de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo, ante la confrontación que mantienen grupos armados por el control de las zonas de producción de amapola y la industria minera en la Sierra de la entidad.
Pobladores de esta franja denunciaron que desde ayer se registran balaceras en este lugar donde la autodefensa de Tlacotepec que lidera Onésimo El Necho Marquina Chapa intenta desplazar al grupo de Isaac El Señor de la I Navarrete Celis a pesar de que existe un operativo de la policía estatal y el Ejército para tratar de garantizar la seguridad.
No obstante, los desplazados que se refugiaron en Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, denunciaron que las autoridades estatales y federales se replegaron y se mantienen al margen de la batalla por la Sierra.
Incluso, habitantes de El Naranjo difundieron un video en redes sociales que documenta la magnitud del drama de este pueblo que permaneció dos horas bajo intenso fuego de metralla desde las 18:00 horas hasta que oscureció, indicaron.
Luego, esta mañana se reanudó la batalla y hasta el momento ninguna autoridad ha fijado una postura sobre este nuevo hecho de violencia que provoca otro desplazamiento forzado en la Sierra de Guerrero.
En octubre pasado, Proceso publicó el reportaje titulado Sierra de Guerrero: la amapola a la baja, la violencia al alza donde se indica que la recolección de goma de opio fue una “industria” que tuvo auge en los ochenta y noventa del siglo pasado en la región guerrerense de La Sierra.
Ahora, aunque ese precursor de la heroína está a la baja, la zona sigue siendo un territorio que se disputan los grupos del crimen organizado, pues además de la droga controlan la producción minera y la explotación forestal.
Y esa guerra criminal ha ido convirtiendo en fantasmas a los pueblos, donde ya no hay servicios públicos de educación, salud o transporte. Ya sólo quedan ahí quienes no se han podido ir.
Francisco Rodríguez: texto y fotos; Édgar de la Garza: Diseño; Quetzali García: Edición/ LA VANGUARDIA ESPECIALES
La distribución del agua se ha convertido en un mercado, donde no quedan claros ni los dueños ni los intereses. Al final del día, los campesinos y el medio ambiente son los únicos que pierden en estas transacciones
Únicamente 7 de cada 10 pozos son los que sí tienen medidor.
GOTA A GOTA SE AGOTA
Demanda de agua
185 millones de metros cúbicos de aguaes la demanda anual para la población de la Comarca, de los cuales 30 millones son para la industria.
Sin control
Únicamente 7 de cada 10 pozos son los que sí tienen medidor. Esto impide verificar la realidad de las cantidades de agua.
De todos y de nadie
No hay transparencia en la administración de los pozos, señalan especialistas. Se desconocen los dueños y el estado de la red de distribución.
Las oficinas del módulo de riego IX del Distrito de Riego 17 en La Laguna, en el poblado de Buen Abrigo, Matamoros, parece un salón de clases abandonado. Al fondo del sitio, un hombre que se dice canalero –encargado de distribuir el agua de los canales a las parcelas- se queja: “mire cómo dejaron. Saquearon todo”. En el lugar se miran hojas con cifras de distribución de agua tiradas en el suelo, hojas rayadas. En la pared, un mapa con la zona de distribución de agua y hojas que parecen el control de tomas, usuarios por tomas y cantidad de agua. “Se llevaron todo, hasta los lápices”, se vuelve a quejar el canalero que anda en muletas.
Apenas el día anterior, un grupo de usuarios del agua que se dicen parte de una segunda mesa directiva del módulo, se inconformaron en una reunión, se levantaron y comenzaron a llevarse todo. “Donde quiera hay intereses. Unos son del PRI, otros de Morena, es la polaca y se agarran del chongo”, narra el canalero, que no quiere ser identificado pero asegura que en 16 años distribuyendo el agua de las presas a los agricultores, los últimos seis han sido los peores. “Quieren el control, el poder, la posesión del módulo”, dice el hombre de unos cincuenta y tantos años.
El módulo IX es uno de 17 que forman parte del distrito 17 de la Comarca Lagunera, es decir, los puntos de entrega de agua común, de agua de las presas, agua de la que son dueños los campesinos, grandes productores, ejidos, y por la que surgen pleitos y disputas. Es tanto el interés por el control del agua, que cuentan que hasta los zetas alguna vez controlaron módulos de agua en el municipio de San Pedro.
Carlos Efrén Ramírez, investigador del departamento de riego y drenaje de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), menciona que los productores son los únicos que se golpean, no tienen transparencia y a la larga se perjudican.
Explica que los módulos eligen a su directiva, que tiene una función honorable, y ellos dividen el riego a los usuarios, pero insiste en que no hay transparencia. “Es de lo que siempre se quejan”, comenta.
Es común en cada ciclo agrícola que surjan los pleitos, las acusaciones de corrupción, los malos manejos. “Denuncian que dejan sin agua rodada a campesinos de la Luz, Guadalupe y Purísima”. “Dejan sin riego del tercer auxilio a ejido El Fénix”. “Denuncian huachicol de agua rodada”. “Acusan a presidente del módulo de El Porvenir de corrupción y malos manejos del agua rodada”. “Hay desviación de agua para los grandes estableros”. Son algunos de los titulares de notas de este año, pero que se repiten cada ciclo agrícola como si fuera manda.
Carlos Efrén Ramírez platica que en una ocasión, la Conagua le pidió que interviniera en el módulo 15, donde fue presidente y supervisó la entrega del líquido para las siembras.
Dice que propusieron varias formas de medir el agua, pues explica que los canales tienen escalas donde la Conagua y el gerente de módulo saben cuánta agua va a pasar, pero la escala no es transparente. La propuesta consistió en cambiar de escala para que se puntualizara cuántos litros por segundo pasan por el canal, y así cualquiera que pasara por el lugar supiera cuánta agua pasaba. Actualmente la escala sólo la interpreta el personal de Conagua y la directiva del módulo.
“No hay un programa, cada módulo tiene oficinas y proponemos que se deje por escrito quién sigue en el riego, a quién se está regando y quién sigue. Porque el canalero distribuye el agua, entonces le dice al productor ‘en tantas horas te voy a dar, de esta hora hasta mañana en la noche y en la noche te la quito y se la paso al otro; pero a quién, no hay un orden”, señala.
La Conagua entrega el líquido de manera volumétrica. En los puntos de entrega se tiene medido pero después del punto de entrega no hay medición, “y si no hay medición no hay control, si no hay control no hay transparencia y si no hay transparencia hay desacuerdos de todos los usuarios”, recalca Ramírez.
El investigador de la Narro explica que cada módulo define una cuota de riego, sin embargo, esa cuota se define “a sentimiento”. El gobierno federal entrega la red hidráulica al módulo para que los usuarios se hagan cargo de su mantenimiento y operación. En las asambleas se ponen de acuerdo para definir una cuota que no tiene bases, “es a sentimiento”. Este año los usuarios de agua pagaron mil 450 pesos por su derecho.
Para Ramírez, lo que debe de hacer el módulo es un recorrido por toda su red de canales para ir detectando rupturas, daños, deterioros.
“Localizarla y ver cuánto cuesta reparar. Aquí hay una fuga, aquí hay una compuerta deteriorada, cuánto cuesta repararla. De tal manera que saquen los costos de mantenimiento, correctivo y preventivo. Y esos costos deben ser prorrateados a los usuarios y de esa manera definir la cuota de riego, pero no lo hacen así”, afirma.
La falta de organización, interés y dirección, hace que el distrito esté completamente deteriorado.
El acaparamiento de agua
Francisco Jara Rosales es comisariado ejidal de Buen Abrigo, tiene 69 años y 40 como agricultor. Actualmente siembra sorgo porque dice que el maíz se “emplaga” mucho. Como muchos otros agricultores, se ha quedado sin agua para regar debido al descontrol, o como ahora, que no hay luz, las bombas no jalan y el agua sigue corriendo. “Una veces hasta que viene el riego de auxilio”, cuenta.
El comisariado dice que los problemas son de siempre. Como todos, don Francisco se lo atribuye a la política. “Ahora que son del PRI, que de Morena. Los del PRI ya van menos y ese es el problema. Quieren a la fuerza seguir ellos mismos”.
Francisco, con ese tono de quien lleva cuatro décadas en el negocio, sabe que un presidente de módulo tiene el control de agarrar más agua. Con más agua siembra más para su beneficio o comercia con el agua.
“Puras anomalías que hacen ellos, y el perjudicado es el productor. Ellos meten agua por otros lados, a las pequeñas”, platica. Recuerda el caso de un presidente de módulo que de la noche a la mañana ya tenía vacas y cuando lo quitaron del puesto, se le acabaron los animales. “Y son de los que andan en las broncas”, refiere sin decir nombres.
Para el comisariado, la corrupción viene “de arriba”. ¿De arriba dónde?, le pregunto al campesino. “De donde se mueve. Qué más puede hacer uno, echarle ganas al trabajo”, dice con aires de resignación.
Sin transparencia Se desconoce quiénes son los dueños del agua, el padrón de usuarios es algo que sin duda requiere de una revisión.Eterna guerra por el agua El módulo IX es uno de 17 que forman parte del distrito 17 de la Comarca Lagunera, es uno de los puntos de entrega de agua común, de las presas, agua de la que son dueños los campesinos, productores y ejidos
Ernesto Catalán Valencia, investigador en el área de ingeniería de riego del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), asegura que el tráfico de agua antes se daba por la parte oficial, pues existía la compra de volúmenes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Cuando los módulos fueron entregados a los usuarios, el tráfico lo comenzaron a hacer los grandes usuarios.
“Hay un acaparamiento del agua, obviamente, en todas las zonas de riego. El agua no es de uso público como dice la Ley de Aguas Nacionales. Antes se decía: ‘perdemos por las malas condiciones de los canales’. Pero es muy cómodo decir eso. Una gran cantidad sabemos que es agua que se está traficando. Se crea un mercado del agua, se utiliza como un commoditie más”, afirma el especialista.
Cuando le pregunto al comisariado Francisco Jara sobre los problemas en el campo, de inmediato suelta que ya no hay créditos como antes, y que ahora muchos tienen miedo de los siniestros, “y pa’ recuperar, es la bronca”, dice. Por eso muchos campesinos rentan o venden la tierra y el derecho de agua. Actualmente una persona puede rentar un derecho de agua en 12 mil pesos, cuando a una parcela se le invierte aproximadamente unos 20 mil pesos. “Tanto riesgo, tanto trabajo, mejor lo rentan”, insiste el campesino.
En Buen Abrigo, por ejemplo, de 114 ejidatarios, quedan unos 60, el resto vendieron sus derechos. Los más afortunados, los mantienen pero los rentan.
Un canalero, cuando inicia el ciclo agrícola, lleva en teoría un registro de los productores y les pide sus derechos de agua, pagan la cuota acordada, mide las parcelas e inicia la distribución. Hay productores, me cuenta un canalero, que llegan hasta con 60 derechos de agua, algunos suyos y otros rentados.
Dentro del ámbito ejidal es común escuchar que campesinos rentaron el derecho de agua. No obstante, no se tienen datos porque no hay registros, pero grandes productores están acaparando el agua porque demandan grandes volúmenes para sus cosechas.
Desde la reforma al artículo 27 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los ejidatarios pudieron vender la tierra. Los ejidatarios poco a poco se fueron deshaciendo de ellas y empezó un nuevo acaparamiento de la tierra, un neolatifundismo; sin embargo, de nada sirve que se venda la tierra si no venden el agua. “Ya no solo es acaparamiento de tierras, también del agua”, explica Carlos Efrén Ramírez, investigador del departamento de riego y drenaje de la Narro.
Ramírez ahonda en que los ejidatarios difícilmente viven con una hectárea y media de dotación para riego. Aunado a eso, los hijos de los productores ya no se dedican a la agricultura. Por consecuencia, quien tiene el poder económico adquiere las tierras, tiene derechos de agua y va acaparando. “Hay un acaparamiento del agua en la Comarca Lagunera, está bien detectado”, asegura.
Eso le pasó a Jesús Hernández, ejidatario que algunas veces sembraba algodón y otras mejor rentaba. “No alcanzaba pa’l chivo con una parcelita, mejor rentábamos”, cuenta desde su casa. Pero hace seis años un hijo se metió en problemas judiciales y tuvo que vender su tierra y derecho de agua para ayudarlo, por 180 mil pesos vendió lo que alguna vez a su papá le entregó el presidente Lázaro Cárdenas. “Ya estamos acostumbrados a que vendimos, ya no nos lamentamos de esos, fue por una necesidad”, menciona.
Necesaria reestructuración del campo
Para Ernesto Catalán Valencia, el minifundio no es funcional, pues no puedes tener una familia que se sostenga con una hectárea y media, por ello muchos campesinos rentan o terminan vendiendo sus hectáreas.
Para el especialista del INIFAP, se debe tener una propiedad máxima y una propiedad mínima que sea sustentable. Catalán cree que se mantienen los minifundios por una tema clientelar, una cacería de votos.
“Hay que mantener a la gente arraigada al campo pero en condiciones muy estáticas en el tiempo, muy quietas, sin evolución, entretenidos. Para que puedan ser manipuladas”, reflexiona.
Igual opina que en el campo desde hace muchos años debió haber una reestructuración, un redimensionamiento de las concesiones de tierra y de aguas. “Para dedicarse a la agricultura se tiene que poder vivir de ello, pero tampoco se pueden dar los acaparamientos, tampoco es sano en temas de economía”, explica.
Además, de los dueños de 2 mil pozos de agua subterránea, quienes extraen volúmenes de agua de hasta mil millones de metros cúbicos al año, están los usuarios de los 17 módulos del Distrito de riego 17 en la región.
Hay 33 mil cuentas originales, es decir, 33 mil usuarios o dueños del agua que corre cada año por los canales, la que se extrae de las presas. Los usuarios derechosos originales salieron del Reparto Agrario.
“Imagínense el control de los movimientos de la dinámica de 33 mil cuentas que nacieron en 1936; quiénes han sido los sucesores, a quiénes se han heredado o vendido. Algunos tenían dos familias una reconocida otra no, eso ha ido cambiando de manos. El padrón de usuarios es algo que sin duda requiere de una revisión”, comenta Óscar Gutiérrez Santana, gerente de Cuencas Centrales de Conagua.
-¿No sabe cuántos y quiénes son los dueños actuales? –pregunto al gerente.
-Con certeza no en algunos casos, en algunos casos figura en el padrón de usuarios el nombre del original dueño. Esa persona a lo mejor ya murió.
Gutiérrez Santana compara que es como con la luz, pues dice que muchas veces quien hizo el contrato fue una persona y ahí siguió el hijo, por lo que es probable que no haga el cambio porque siguen pagando.
Además, el gerente de Conagua explica que también es un asunto que le compete a las leyes agrarias, pues los derechos ejidales son gobernados por esta ley. “Tendríamos que ir al origen para que eso se actualice en términos de la ley agraria y a ver quién es quien tiene el derecho”.
Por todo lo anterior, reconoce Gutiérrez Santana, se habla del desorden de los módulos, pues en ocasiones complica saber quién es el verdadero derechoso. “Puede ser una viuda y no entiende del tema igual. Puede ser que a ella sin saberlo la hayan despojado del derecho y esté en manos de alguien que lo haya vendido”, ejemplifica.
Ante esta falta de certeza, el gerente de la Conagua reconoce que existe mucho oportunísimo y organizaciones que viven y lucran con el tema. “Tú vendiste, te engañaron, vente conmigo yo hago que se revierta el proceso y me das la mitad. En eso hay mucha efervescencia en el tema de la esperanza de que alguien les regrese, aun cuando hayan vendido legalmente”, menciona.
Ernesto Catalán del INIFAP cree que no se ha hecho presión para que se actualice el padrón de usuarios, debido a que la actividad tiene una cadena de suministros, es decir, un productor de carne o leche requiere de materiales de construcción, ferreterías, veterinarios. Esa cadena, dice, es grande y fuerte lo que impide al gobierno reacomodar los derechos de agua.
“Es un descontrol y una anarquía. Hay una inacción federal. La Ley de Aguas debería prevalecer para todos”, comenta.
Sin respuesta Pese a las quejas de los ejidatarios, son 200 los pozos que permanecen sin de verificación.
El desequilibrio
Ernesto Catalán investigador del INIFAP, refiere que la gente tiene derecho a sembrar un número determinado de hectáreas pero se expande, aumenta la frontera agrícola y paga para que le suelten más agua.
Para Catalán la región no debería ser 100 por ciento agrícola, pues provoca un desequilibrio que no es racional ni sustentable. Además, añade que la agricultura produce en proporción un 80-20 en término de beneficio económico, es decir, utiliza el 80% y la riqueza es de apenas 20%, cuando en la industria es a la inversa.
“Es necesario ponerle un límite ecológico a la actividad. Hay que acotar la zona lechera. Hay que acotar a su límite ecológico el agua subterránea”, sentencia el especialista del INIFAP.
Recuerda que han tenido reuniones con productores agrícolas, con miembros de cámaras donde les han explicado la tecnología para hacer más eficiente el recurso hídrico, pero resulta que cuando comprenden y aceptan la tecnología, en lugar de ahorrar, deciden ampliar la frontera.
Para el especialista en irrigación, Carlos Efrén Ramírez, el problema es un asunto de honestidad de la misma gente, un problema cultural y no necesariamente un problema técnico. Dice que las pérdidas se dan entre la misma gente cuando se exceden en las superficies de riego. “El módulo dice ‘te voy a entregar el agua para dos hectáreas’, pero luego resulta que preparan tres y se le tiró el agua y da la casualidad que se le tiró donde ya estaba preparado”, dice en tono sarcástico.
Pero agua hay: entre 800 y mil 50 millones de agua de las presas que van para el sector agrícola y otros 900 a mil millones de metros cúbicos del acuífero también se destinan a la misma actividad. Mientras que la demanda anual para la población de la Comarca es de 185 millones metros cúbicos de agua, de los cuales 30 millones son para la industria.
Pero con tanta agua, existe desabasto en decenas de colonias de la región. Para resolver dichos problemas, recientemente gobiernos locales y estatales, de Coahuila y Durango, han propuesto potabilizar y conducir el agua del sistema de presas (presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco), es decir, sacrificar una parte del agua rodada que le corresponde a los usuarios agrícolas para poder abastecer la demanda del líquido en las ciudades de la Comarca Lagunera.
El problema, dice Óscar Gutiérrez de Conagua, es que se tendría que discutir qué se va a hacer con los dueños actuales de esa agua, pues recuerda que en el pasado se han hecho propuestas parecidas e inmediatamente empiezan las descalificaciones. El problema, otra vez, es que se desconoce quiénes son los dueños del agua, pues el padrón no se actualiza.
Sin embargo, Ernesto Catalán considera que los planes de conducir el agua de la presa son como querer tapar un hoyo, pues es un remedio que no apunta a la extracción del acuífero. “Una solución integral es equilibrar el uso del agua en el acuífero. Usar lo que se recarga”, dice.
Asimismo, considera que la sustentabilidad no depende del agua de la presa, sino del acuífero. “Se puede repartir el agua de la presa, pero se entiende como para que no nos vayan a regular en forma seria, no nos vayan a cerrar los pozos”, platica.
Sobre temas de regulación, fue hasta el año 1992 que se publica la Ley de Aguas Nacionales que es cuando sale la obligación de tener medidor. Para el 92, dice Óscar Gutiérrez Santana, gerente general de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya se tenían 50 años de sobreexplotación del acuífero.
En ese año se da la reforma al 27 constitucional donde se regresa al esquema anterior, donde el ejidatario es un empleado del productor grande porque termina rentándole o vendiéndole la tierra. Al acaparar tierras, aguas y bienes, Ernesto Catalán dice que no hay racionalidad en el manejo, los modelos productivos se vuelven más intensivos, “le meten más vacas para producir más leche, racional sería que se pusiera un límite ecológico”, explica.
Para Gutiérrez Santana el problema es el cómo volver a la sustentabilidad. Refiere que se debe encontrar un camino y una solución con el menor impacto posible, y si es necesario se tendrá que hacer a costa de la reducción de la productividad o riqueza.
Así como no se tiene control del agua rodada y muchos usuarios utilizan más de la autorizada, igual con la extracción del agua de pozo. En los últimos ocho años, la Conagua ha realizado mil 800 verificaciones en los pozos, 200 verificaciones menos que el total de pozos que existen. Siete de cada 10 pozos tienen medidor.
Además, dichas verificaciones han sido con el apoyo de brigadas de otros estados. La última brigada, reconoce Óscar Gutiérrez, fue hace por lo menos dos años.
Para Gutiérrez Santana, hay que dirigir las acciones que necesita La Laguna y analizar las decisiones que se deben tomar. “Si aplicar la autoridad es lo único, lo hacemos. Si no proponemos soluciones que nos lleve a esa sustentabilidad lo que quedaría sería una solución de actos de autoridad”, dice.
Gerardo Jiménez miembro del colectivo ambientalista Encuentro Ciudadano Lagunero, señala que el modelo de producción agropecuario que ha adoptado la región, demanda más agua de la disponible. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al año se cultivan alrededor de 110 mil hectáreas de forrajes, alimento del hato lechero de 400 mil vacas.
Se calcula que una hectárea de alfalfa consume cerca de 20 mil metros cúbicos de agua al año.
“La alfalfa demanda mucha agua y estamos en una zona desértica. Las 40 mil hectáreas demandan más volumen que la recarga que necesita el acuífero principal. Se tiene que modificar el patrón de alimentación de la vaca”, opina.
PROPUESTA
El especialista Carlos Efrén Ramírez insiste en que se debería hacer un recorrido por toda su red de canales para ir detectando rupturas, daños, deterioros.
2
Anarquía y descontrol
Sostiene el investigador Ernesto Catalán. Señala que hay una inacción federal y que la Ley de Aguas debería prevalecer para todos.
3
Abandono
Francisco Jara Rosales es comisariado ejidal de Buen Abrigo. Se ha quedado sin agua para regar debido al descontrol,la falta de luz y bombas que no funcionan.
4
Pérdida
Jesús Hernández, ejidatario , “No alcanzaba pa’l chivo con una parcelita, mejor rentábamos”. Tuvo que vender su por una necesidad tierra y derecho de agua por 180 mil pesos .
Desorganización y pérdidas
Ernesto Catalán Valencia del INIFAP, refiere que a nivel nacional se estima que en los distritos de riego casi el 60% del agua que se conecta a las presas, se queda en el camino, es decir que sólo un 40% llega a las plantas. El resto se queda en el camino por problemas operativos, de infraestructura, de la red de canales o de la red dentro de las parcelas.
“Una parte se debe a malas condiciones de infraestructura y otra parte a la mala operación, de manejo”, señala Catalán Valencia. Y cuando habla de mal manejo, se refiere a las fallas en el uso del agua, al tráfico de agua, al mercado. “El agua a veces va por un lado donde no debe ir, todos los sabemos”, dice.
Según Carlos Efrén Ramírez, especialista en irrigación, se estima que en la pura conducción de la red de pierde 34% del agua, particularmente en los canales de la región Laguna.
Además, entre una parcela y otra no hay mantenimiento. Cada quien ve por su parcela y si no está en su parte, que lo limpie otro. “La red es de todos y no es de nadie. Eso genera muchas pérdidas”, afirma Ramírez.
El especialista del INIFAP refiere que la falta de organización entre los productores, provoca que se den riegos separados, lo que afecta el potencial del cultivo.
“La organización en el campo no es la óptima, hay una parcela aquí, otra acá, están separadas. Cuando pones parcelitas separadas, es como un oasis, las mismas plantas, el mismo hecho que estén separadas utilizan 70% más de agua”, asegura.
La razón es que hay mucha entrada de calor y aire seco lateral que arrastra el agua, mientras que cuando hay una superficie grande compacta, hay un equilibrio de todo y el consumo es el normal, explica el especialista.
También la disgregación de parcelas provoca estrés en las plantas y baja el rendimiento. “Una parcela separada sufre más”, comenta Catalán, especialista en el área de ingeniería de riego.
El campo en la región, es muy parecido a como estaba hace 50 años. No avanza, dice el investigador del INIFAP. Y sí, el ejido y la administración del campo, parece se quedó estancado en el tiempo.
“Es un descontrol y una anarquía. Hay una inacción federal. La Ley de Aguas debería prevalecer para todos”
Óscar Gutiérrez Santana,
gerente de Cuencas Centrales de Conagua.
“Hay que mantener a la gente arraigada al campo pero en condiciones muy estáticas en el tiempo, muy quietas, sin evolución, entretenidos. Para que puedan ser manipuladas”
Ernesto Catalán Valencia, INVESTIGADOR INIFAP
“Para dedicarse a la agricultura se tiene que poder vivir de ello, pero tampoco se pueden dar los acaparamientos, tampoco es sano en temas de economía”
Ernesto Catalán Valencia, INVESTIGADOR INIFAP
“Acaparan el agua, obviamente, en todas las zonas de riego. El agua no es de uso público como dice la Ley de Aguas Nacionales. Antes se decía: ‘perdemos por las malas condiciones de los canales’. Pero es muy cómodo decir eso. Una gran cantidad sabemos que es agua que se está traficando. Se crea un mercado del agua, se utiliza como un commoditie más”
Ernesto Catalán Valencia, INVESTIGADOR INIFAP
“Imagínense el control de los movimientos de la dinámica de 33 mil cuentas que nacieron en 1936. El padrón de usuarios es algo que sin duda requiere de una revisión”
Óscar Gutiérrez Santana, gerente de Cuencas Centrales de Conagua.
“La red es de todos y no es de nadie. Eso genera muchas pérdidas”
Carlos Efrén Ramírez, INVESTIGADOR
“Anomalías que hacen ellos, y el perjudicado es el productor. Ellos meten agua por otros lados. Ellos, los de arriba, de la política
Francisco Jara Rosales, COMISARIADO EJIDAL DE BUEN ABRIGO
“Si no hay medición (en los módulos) no hay control, si no hay control no hay transparencia y si no hay transparencia hay desacuerdos de todos los usuarios”,
Carlos Efrén Ramírez, INVESTIGADOR
Solo 60 de 114 ejidatarios de Buen Abrigo no han vendido sus derechos de agua. Esto se complica con la situación del campo en general, pues las nuevas generaciones no están interesadas en continuar las labores agrícolas de sus padres.
DURANGO.- Durante el último trienio casi se duplicó la cifra de denuncias por violación en la capital duranguense, en el comparativo con los primeros cinco meses.
Así lo reflejó la última actualización de la estadística de incidencia delictiva municipal, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los datos oficiales establecieron que durante el periodo enero-mayo del 2019 se interpusieron 55 denuncias por violación simple, ante las respectivas agencias del Ministerio Público dentro del municipio de Durango.
Para esas mismas fechas del año 2018, la Fiscalía General del Estado reportó al organismo federal la apertura de 39 carpetas de investigación por dicho delito; es decir, se trató de una diferencia del 17 por ciento.
Sin embargo, la diferencia es diametralmente opuesta al considerarse los datos del año 2017, cuando las autoridades duranguenses tomaron conocimiento de apenas 28 denuncias por violación simple; es decir, el crecimiento fue del 96 por ciento para el presente año.
Esta situación se presenta a pesar de que desde noviembre del año pasado la Secretaría de Gobernación declaró al municipio de Durango en Alerta de Género, precisamente derivado de las denuncias por violencia física y sexual en la capital duranguense.
Desde entonces presuntamente se realizan acciones para revertir la Alerta.
Mexicali.- Medio centenar de migrantes afroamericanos quedaron varados en la carretera a Mexicali después de cruzar el puente de peaje de San Luís Río Colorado, Sonora.
De manera inicial se reportó un accidente carretero la tarde de este sábado, alredeor de las 17.30 horas, a la altura del ejido Miguel Alemán en el Valle de Mexicali.
Paramédicos de la Cruz Roja rechazaron el accidente al confirmar que se trató de una falla mecánica del autobús cuando ingresó a la peninsula de Baja California.
En el camión se encontraron 49 personas en condición de migración, la mayoría haitianos, cuyo trayecto era desconicido por autoridades migratorias federales mexicanas y estatales.
De manera preliminar se dio a conocer que los migrantes se dirigen a la ciudad de Tijuana, a 200 kilómetros al sur donde permanecen varados, para solicitar refugio humanitario al gobierno de Estados Unidos en la garita de San Ysidro, California.
Hace un año se produjo una éxodo de haitianos procedentes de Brasil, se estima que fueron 30 mil hombres y mujeres, que hicieron esta petición a la administración de Donald Trump.
A los pobladores de Topolobampo los ignoraron. Semarnat autorizó la construcción de una fábrica de amoniaco sobre un humedal y ellos quieren recuperarlo
Gabriela Soto / El Universal
Gerardo Peña Avilés esquivó al personal de seguridad. Caminó con paso firme y en sentido contrario a la Suburban plateada en la que viajaba el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Era el encuentro que había buscado desde hace un año para contarle la otra versión de la historia: la lucha del pueblo indígena yoreme-mayo contra la empresa de capital suizo-alemán que construye la fábrica de producción de fertilizantes sobre el humedal protegido como Sitio Ramsar, en Topolobampo, Sinaloa.
El 9 de junio acompañó a los indígenas y pescadores que recorrieron 14 kilómetros desde casa hasta el Aeropuerto Internacional de Los Mochis.
Estaban los vecinos de la recóndita comunidad de Lázaro Cárdenas que viajaron en embarcaciones, los pobladores de Paredones y Ohuira que se trasladaron en autobuses, o los que se movieron en su propio auto. Mientras Gerardo Peña caminaba al encuentro, los aproximadamente 600 manifestantes abandonaban los puestos que tenían bajo el arco que da la bienvenida a Los Mochis, Sinaloa, y construyeron una muralla humana que bloqueó el camino del vehículo.
Tapizaron la vista de López Obrador con pancartas que repetían la misma consigna: ¡Aquí no!
Gerardo Peña, pionero de la lucha desde hace cuatro años, caminaba hacia el cerco humano, en la mano derecha sostenía el expediente con los documentos que, según él, comprueban las ilegalidades del proyecto. Llegó a la ventanilla del vehículo y estrechó la mano del copiloto.
Del encuentro recuerda esta conversación: “Presidente, bienvenido. Tenemos este problema: la planta de amoniaco no la queremos aquí. Lo están engañando. Aquí en el expediente le estoy describiendo las irregularidades, aquí están los documentos en los que la Semarnat lo rechazó al principio”. López Obrador no responde.
“Señor Presidente, ayúdenos con este tema, ¡revíselo, por favor! Estamos muy preocupados porque es la muerte de la bahía y además está todo lleno de ilegalidad”, dijo Gerardo Peña.
“Lo voy a revisar. Me comprometo a revisarlo”, responde el Presidente.
“Se lo encargamos mucho, Presidente, por favor”, le pidieron.
La lucha
Durante los más de 22 años que Alejandro Álvarez Armenta se ha dedicado a la pesca no había experimentado el miedo en este oficio. Ahora teme que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que construye la fábrica de producción de amoniaco anhidro, destruya el sistema de lagunas Santa María-Topolobampo-Ohuira, el mismo sitio donde él lanza su red de pesca cada temporada.
“Con lo de la planta tenemos miedo, porque se va acabar [el empleo], porque la planta va a tirar ahí sus desechos. Y hay biólogos que hicieron estudios y nos dan de tres a cinco años para que se acabe [la pesca]”, lamentó.
Alejandro Álvarez vive en la comunidad de Lázaro Cárdenas, que pertenece a Topolobampo. Aquí habitan aproximadamente 40 indígenas yoreme-mayos, a quienes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no les preguntó si querían vivir al lado de la fábrica que producirá 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, según la empresa.
Cansados de cinco años de protestas, en septiembre de 2018 interpusieron el juicio de amparo indirecto 528/2018, en el Juzgado Sexto de Distrito de Sinaloa, contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat por autorizar la construcción de la nave industrial sin consultarlos.
En la región de Topolobampo se localizan cinco comunidades: Lázaro Cárdenas, El Muellecito, Paredones, Carrizo Grande y Ohuira. En esta zona junto al Golfo de California habitan 10 mil 150 habitantes: 25% son indígenas y 12% habla una lengua originaria.
Viven en su mayoría cerca de alguno de sus 11 centros ceremoniales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
GPO construye la nave industrial en las lagunas Santa María, Topolobampo y Ohuira, un humedal al que en 2009 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas otorgó la denominación de Sitio Ramsar para la conservación de esos terrenos, de acuerdo con la página web oficial. En esta bahía, 3 mil hombres practican la pesca tradicional y de altamar.
A la lucha jurídica de los pobladores de Lázaro Cárdenas se unieron sus vecinos de Paredones, quienes acusaron también a la Semarnat de negarles el derecho a ser consultados en la decisión de autorizar la instalación de la fábrica al lado de su hogar, juicio de amparo indirecto 628/2018, lo que contraviene los postulados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
A esta inconformidad se alió la comunidad de El Muellecito, que considera que el gobierno quebrantó su derecho a vivir en un medio ambiente sano, e interpuso el juicio de amparo indirecto 724/2018.
“No hubo consulta indígena. En México, cualquier obra que se haga en un territorio donde haya [una] comunidad indígena necesita apegarse al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo”, explicó Rosendo Castro, ambientalista y miembro del Colectivo Ecológico Aquí No.
La empresa
La compañía fue constituida en 2013 por el empresario atunero José Eduvigildo Carranza Beltrán y Grupo Proman, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa; sin embargo, el sinaloense aseguró a medios que renunció a sus acciones en 2015.
En entrevista, Arturo Moya, director general de GPO, defiende que el “proyecto continúa avanzando de manera favorable” y que la construcción de la fábrica será en octubre de este año, al contar con “todos los permisos y trámites que el Estado mexicano requiere, así como el del Estado alemán”.
Proman es el segundo productor más grande de metanol en el mundo y uno de los principales productores de amoniaco, explica. La inversión inicial estimada asciende a mil 230 millones de dólares. Este proyecto contempla abastecer el mercado local de fertilizantes y exportar los excedentes al resto del continente americano, dice.
A pesar del rechazo de los pobladores a la instalación de la fábrica en su comunidad, sostiene que el proyecto energético no será reubicado.
“Contemplamos que en menos de un mes queden resueltos los dos amparos que aún están vigentes. De los tres amparos, uno fue archivado y tenemos el desistimiento”.
Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa, afirmó ser consultor del proyecto, mientras que Arturo Moya asegura que el involucramiento del exmandatario estatal, Mario López Valdez, fue “coyuntural”.
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ha manifestado su apoyo al proyecto extranjero. Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía del Estado, quien ha hablado antes del tema, negó conceder entrevista. La misma negativa se recibió por parte de Semarnat.
López Obrador ha manifestado el interés de reactivar las fábricas inoperantes de producción de amoniaco, un producto químico que es la base para la producción de fertilizantes, con el propósito de abastecer la demanda del campo.
Luego de la denuncia de la adquisición irregular de la planta Agronitrogenados, en la que está acusado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, el Presidente se refirió a la planta de Topolobampo.
“Hay en construcción una planta de fertilizantes en Sinaloa que no es suficiente, pero se está construyendo, creo que con capital alemán y suizo. Sería abastecer como 20%, 30% de la demanda”, dijo el 28 de mayo en su conferencia de prensa matutina.
A lo lejos se observa la plancha de cemento que cubre una fracción del humedal. Es la base en la que se edificará la futura nave industrial. Hace cinco años, parte de la Bahía de Ohuira fue rellenada con tierra y piedra y la superficie fue revestida con cemento que cubrió el bosque de manglar y zona de reproducción de la larva de camarón.
“El relleno causó alteraciones en las corrientes litorales de la laguna y arrojó una gran cantidad de materiales, sedimentos y lixiviados, que fueron incorporados al agua, afectando su calidad”, revela Diana Escobedo Urías, investigadora del Instituto Politécnico Nacional y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Sinaloa.
Ante la declaración del Presidente, Gerardo, pionero de la lucha, le dijo: “No vamos dejar la lucha en lo legal. Es más, vamos a poner más esfuerzo”.
Puebla, Pue.- Como parte del endurecimiento de las políticas de migración en el país por el gobierno federal, en los próximos días iniciarán operativos en hoteles y moteles del estado para buscar migrantes, adelantó el presidente de la fundación Pies Secos, Ricardo Andrade, luego que a nivel nacional se realicen dichos operativos ante el inicio de operaciones de la guardia nacional de manera oficial este día y el despliegue en la frontera para frenar su paso por México, que se considera por analistas como una presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En entrevista el representante de la fundación, que ha detectado en las últimas semanas el incremento de violaciones a los derechos humanos en el país tras el endurecimiento de las políticas migratorias, adelantó que tienen conocimiento que debido al trasiego de la delincuencia organizada de migrantes, ahora harán revisiones en hoteles y moteles en la capital y al interior del estado, para detectar cuáles utilizan para esconder a los migrantes, como sucedió en Veracruz con la detención de 600 migrantes.
“Lo que hace la delincuencia organizada es que los detecta desde la frontera, les llama a sus familiares, les cobran entre 4 mil ó 5 mil dólares por cada uno, les depositan la mitad y los van cruzando por carretera, por puentes en camionetas. Le buscan la manera, en lugares turísticos se las ingenian. Pero hay muchos retenes y tuvieron que cambiar las rutas”, explicó el representante de migrantes.
Afirmó que estos operativos iniciarán en los próximos días y esperan un incremento importante de deportaciones de migrantes en su paso por el país para tratar de llegar a la frontera de los Estados Unidos, que además de incrementar los retenes se han pedido que los viajeros exhiban su credencial de elector en autobuses para evitar el traslado de migrantes por el país.
Debido a la falta de regulación, coordinación y registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por Luis Videgaray Caso, a los donativos de 22 países para la reconstrucción en México tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, continúa la duda sobe el uso y destino de los recursos por más de 3 mil 413 millones de pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces titulada por Luis Videgaray Caso (2017-2018), no reguló, coordinó ni registró los donativos internacionales para la reconstrucción luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una revisión de la Cuenta Pública 2018.
“Se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, observó el órgano fiscalizador en una revisión de desempeño dictaminado el 6 de junio pasado.
“Las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la SRE no contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población”, acusó.
El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados que ocasionó daños en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Días después, el 19 de septiembre de ese mismo año, se presentó otro sismo de magnitud 7.1 grados que afectó escuelas, hospitales y viviendas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca.
De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el costo de la reconstrucción y rehabilitación se estimaba en 48 mil millones de pesos. El sector privado y la sociedad civil a nivel nacional e internacional contribuyeron con apoyo monetario para apoyar a la ciudadanía.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruyó a las dependencias de la administración pública federal para que los donativos fueran canalizados al Fideicomiso Fuerza México. De acuerdo con el Senado de la República, al 5 de diciembre de 2017, se contabilizaron aportaciones monetarias por un total de 3,413.4 millones de pesos en apoyo a las fases de urgencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017; además, algunos bancos realizaron campañas.
De ese monto otorgado por 22 países, fueron 3,234,169.5 dólares americanos; 48,494.0 euros; 20,161,550 pesos mexicanos; 600,000 dólares canadienses y 500,000 pesos filipinos.
Ex Canciller Luis Videgaray Caso. Foto: Cuartoscuro.
Sin embargo, los resultados de la fiscalización mostraron que en materia de regulación la Secretaría de Relaciones Exteriores, como miembro del Consejo Nacional de Protección Civil, “no estableció bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos internacionales”, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil.
Aunque la Cancillería implementó la “Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre y el Procedimiento” para coordinar la recepción de la ayuda internacional, esos documentos “solo regulan la organización y la operación de los centros de acopio que reciben donativos en especie, pero no el procedimiento de la administración, control y distribución de los donativos ni la recepción de las aportaciones en dinero”.
En materia de coordinación, la SRE, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda no se coordinaron para la oferta de donativos provenientes del exterior, ya que “careció de evidencia documental” del análisis de la capacidad y necesidad para determinar la recepción de apoyos internacionales.
La dependencia tampoco acreditó con documentación que recibió la instrucción de Hacienda, de canalizar los donativos en dinero al Fideicomiso Fuerza México, en incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.
Respecto de la gestión, la SRE no acreditó gestionar de los donativos internacionales, ya que “no contó con información confiable y oportuna que certificara que los apoyos arribaron a territorio nacional”, en incumplimiento del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria y de la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre.
Sobre el registro, la cancillería no inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo las donaciones internacionales con motivo de los sismos de 2017, por lo que “se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a la ASF que tuvo conocimiento, mediante las notas diplomáticas de las donaciones siguientes: 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de donativos en especie; las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y los 3,234,169.5 dólares americanos, 48,494.0 euros, 20,161,550.0 pesos mexicanos; 600,000.0 dólares canadienses, “sin que la dependencia acreditara que fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país, al no demostrar que llevó a cabo la regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos”.
La gestión de Hacienda en los donativos para atender a la población afectada por los sismos de 2017 también fue deficiente, determinó la ASF en otra revisión, ya que tampoco estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos; no se coordinó con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Fideicomiso Fuerza México para la recepción y distribución de los donativos; y no evidenció contar con criterios de confiabilidad ni mecanismos de actualización permanente.
Frontera entre México y Estados Unidos. Foto: Eduardo Miranda
Maurizio Guerrero/ PROCESO
NUEVA YORK (proceso.com.mx).- Al menos 13 menores de edad han muerto en los primeros seis meses de 2019 en su intento por cruzar la frontera México-Estados Unidos, lo que convierte a este año en el más mortífero en la historia moderna para los niños que emigran a territorio estadunidense, apuntó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La cifra de 13 menores de edad muertos hasta el 27 de junio de 2019 contrasta con los nueve niños muertos en los 12 meses de 2018, y con los cinco, ocho, dos y dos menores de edad fallecidos en los años 2017, 2016, 2015 y 2014, respectivamente.
Con seis meses transcurridos, el 2019 se ha convertido así en el año más mortal para los niños que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos, al menos desde que la OIM comenzara a sistematizar desde 2014 el conteo de migrantes fallecidos en el mundo.
Según el Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la OIM, hasta el 27 de junio se había reportado un total de 175 fallecimientos de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, de los que 107 son hombres, 20 son mujeres, 13 son menores de edad, y de 33 no existen detalles disponibles.
Entre irregularidades y acarreo el pasado martes se realizó en el auditorio de Santa María Zotoltepec, en Ixtacamaxtitlán, la reunión pública de información sobre el proyecto minero Ixtaca, que prevé la extracción de oro y plata a cielo abierto.
Dicha reunión tenía como objetivo que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, explicara a quienes serán afectados por el proyecto, en este caso habitantes de la sierra norte de Puebla, principalmente del municipio de Ixtacamaxtitlán, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) declarada ante la Semarnat.
Sin embargo, Minera Gorrión en lugar de aclarar cómo mitigará los daños ambientales que causará la mina a cielo abierto, aprovechó la oportunidad para hacer propaganda casi como si de una campaña electoral se tratara: decenas de autobuses y combis transportaron a personas para que llegaran temprano y acapararan el espacio antes de las 10 de la mañana, hora a la que empezaba el registro.
Las personas llevadas por la empresa minera portaban gorras y playeras de color amarillo, el mismo que identifica a la empresa, con leyendas como “Sí a la mina”, “Sí al proyecto Ixtaca”, “Sí al trabajo”.
Al inicio de la reunión la entrada al auditorio estuvo controlada por policías, aunque al final sí lograron entrar más de 1300 personas.
Un par de señoras apostadas en la orilla derecha del recinto, con todo el ajuar amarillo de Minera Gorrión, gritaban y callaban a los ponentes y una mostró en varias ocasiones una manta que daba su respaldo a la mina.
Por su parte ninguno de los opositores a la mina llevó pancartas ni lonas, y sentados escucharon pacientemente otra vez los argumentos de la empresa que ya han sido refutados no sólo en el tema legal, sino en cuanto a la afectación al medio ambiente y principalmente al agua.
Ya antes la reunión se había pospuesto, del 11 al 25 de junio, justo porque existían denuncias sobre la falta de había condiciones debido a la injerencia de Minera Gorrión.
De hecho, la ausencia y omisiones del Estado permitieron que desde hace años la empresa fuera ganando presencia en la comunidad e influenciando a la gente a través dádivas, incluyendo pintura para edificios, viajes para los hijos de los habitantes, talleres gratuitos, clases y cursos de verano, además de la promesa de trabajo.
En contraparte, la lucha legal contra la minera, encabezada por el consejo Tiyat Tlali y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ha sido de tal relevancia que podría abrir la puerta a que se discuta a fondo la ley minera en México, y sentar un precedente en cuanto al otorgamiento de concesiones.
La reunión
La reunión empezó con la participación de la empresa durante 45 minutos, para presentar el proyecto y explicar el impacto ambiental así como las medidas de mitigación, aunque los asistentes se quejaron por considerar que no hubo claridad en la información.
Posteriormente hubo una sesión de preguntas y respuestas y después 22 ciudadanos participaron como oradores.
Entre quienes advirtieron de las fallas y contradicciones del proyecto de Minera Gorrión hubo integrantes del consejo Tiyat Tlali, de Fundar y PODER, organizaciones que han acompañado la lucha legal de los habitantes que se oponen al proyecto y que, junto con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), publicaron en 2017 el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los Derechos Humanos: por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán en la cuenca del río Apulco”, donde revelan las mentiras de la empresa.
En la reunión también participaron personas del municipio, afectados directos e integrantes de la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra y el Agua, así como del Centro de Estudios para el Desarrollo Rura (Cesder), del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y de las universidades UNAM, UAM, BUAP e IBERO.
Felicitas, habitante de Santa María Zotoltepec, denunció que a ella y a su familia se les secó el manantial que tenían cuando barrenaron (durante la etapa de exploración), y a la fecha el agua no ha regresado.
Otras cinco personas afines a la empresa no tocaron el tema ambiental, sino que de alguna manera le hicieron propaganda hablando bien de la minería, de los explosivos usados para dinamitar el cerro y de las bondades de la empresa que, según un orador, es quien ha dado todo el dinero para reforestar la zona.
Otro de los ponentes, integrante del Colegio de Ingenieros de Mina, Metalurgistas y Geólogos de México A.C., preguntaba casi gritando a los asistentes si sabían que para construir el techo del auditorio y para hacer los celulares que tenían se necesitaban las minas. Esto les valió varias observaciones de los moderadores de la Semarnat que pedían no referirse directamente a los presentes ni a la empresa.
Aunque la reunión transcurrió en calma, sí hubo momentos de tensión por irregularidades en las que representantes de Minera Gorrión incurrieron, por tardarse más de lo debido, ser poco claros durante la sesión de preguntas y respuestas, promover su logotipo y usar diapositivas mientras respondían, lo que no estaba permitido.
El camino aún es largo
Aunque todos los argumentos presentados por Minera Gorrión fueron refutados durante las ponencias y las dudas no fueron aclaradas durante la sesión de preguntas, para la comunidad no queda más que seguir esperando las resoluciones legales.
El futuro del proyecto todavía es incierto y no sólo depende de si la Semarnat autoriza o no la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ingresada el 22 de febrero de este año, también será importante el desenlace del amparo que en abril de 2015 interpuso el ejido de Tecoltemi, a raíz del cual un juez federal ordenó la suspensión de las dos concesiones otorgadas a la empresa minera.
Ese proceso jurídico sigue y en marzo de este año una juez resolvió que las concesiones originales deben quedar insubsistentes, lo cual fue reclamado por la empresa y la propia Secretaría de Economía: de confirmarse esta sentencia la minera no tendría derecho sobre las concesiones.
Finalmente la reunión, a la que asistieron además observadores de la ONU, la CNDH, la CEDH, OXFAM y Peace Brigades International, no pareció cambiar la opinión de nadie, pero fue la primera ocasión en la que todas las posturas se encontraron en el mismo recinto, incluidas las organizaciones que acompañan a los opositores, con los líderes de Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals.
Se trata de un conflicto de tierras que involucra a 7 comunidades de Mexquitic, así como a 10 colonias de la capital
Este sábado, integrantes de varios colectivos se manifestaron frente al Congreso del Estado de San Luis Potosí, en apoyo solidario a comuneros y habitantes urbanos que se encuentran en riesgo de ser despojados de sus propiedades por parte de los proyectos inmobiliarios que afectan a comunidades pertenecientes a la Sierra de San Miguelito y Mexquitic de Carmona, así como a varias colonias del norte de la ciudad.
El asesor jurídico del FAO, Carlos Covarrubias Rendón, expresó que el motivo de esta visita al Congreso es a fin de exigir la intervención de los diputados locales para que dentro del marco de sus atribuciones impulsen un punto de acuerdo para evitar el despojo y proteger la Sierra de San Miguelito.
Reiteró que se trata de un conflicto de tierras que involucra a 7 comunidades de Mexquitic, así como a 10 colonias de la capital, y que debido a la gravedad del asunto es que se solicita la intervención del legislativo, a fin de hacer comparecer a los funcionarios que están involucrados en este conflicto.
Referente al tema de la Sierra de San Miguelito, explicó que lo se busca es que se ponga un freno a las pretensiones de la administración municipal, que a través de su Plan de Centro Estratégico de Población, pretende favorecer a los desarrolladores inmobiliarios perjudicando con esto a las comunidades de San Juan de Guadalupe, la cual a su vez forma parte de la Sierra de San Miguelito.
Destacó que en esta manifestación se encuentran presentes Comisariados, Representantes Comunitarios y gente con un peso específico en sus comunidades o colonias, ya que este es un tema que involucra el desarrollo urbano de la capital, así como su zona conurbada del lado de Mexquitic.
Próximo domingo iniciará operaciones de manera formal la Guardia Nacional
Jesús Lozoya Baeza / El Noticiero de Colima
Ya hay una propuesta de predio para albergar la Guardia Nacional en Manzanillo; es el Ayuntamiento el encargado de atender la solicitud, por lo que estamos a la espera de su análisis, informó Indira Vizcaíno, delegada del Gobierno Federal.
“Esperamos que pronto se resuelva el tema de los terrenos y en caso de que no sea Manzanillo, se atenderán las propuestas hechas por los ayuntamientos de Tecomán o Armería”, agregó.
Asimismo, señaló que el próximo domingo iniciará operaciones de manera formal la Guardia Nacional, tal como lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el estado de Colima está entre las primeras prioridades, así como el puerto de Manzanillo, ante el número de homicidios que registra.
“Hasta ahora algunos elementos de las fuerzas armadas y la Policía Federal se venían sumando a lo que sería la Guardia Nacional; otros se han inscrito para terminar el proceso de capacitación y todavía hay espacio para que acudan solicitantes ante las oficinas de la Secretaría de Marina o de la Defensa Nacional para formar parte”.
A través de una carta dirigida a Enrique Alfaro Ramírez, a su Gabinete de Gobierno y a los diputados(as) del Congreso del Estado de Jalisco, el Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo, el Colectivo de Abogadxs, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y Acción Colectiva de León, Guanajuato, y el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); exigió a las autoridades estatales no traicionar a Jalisco, al no cumplir su compromiso de no permitir que la cortina de la presa «El Zapotillo» se construya a 105 metros de altura.
Recordaron las más de 50 declaraciones contra la construcción del proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, la defensa del agua para Jalisco, el río Verde, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y los productores de los Altos de Jalisco; realizadas por el actual Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desde el año 2013 hasta a la fecha.
«Tristemente no nos sorprende el viraje en su postura ahora como Gobernador, aunque nos alarma que actualmente quiera imponer la presa con la cortina a 105 metros, honestamente esperábamos un poco más de usted como autoridad.»
Las organizaciones denunciaron las reuniones, a puerta cerrada, que han tenido con Enrique Alfaro, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para negociar y pactar una alianza en la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto: «Un buen gobernante no le da la espalda al pueblo, no incumple sus compromisos, no negocia a puerta cerrada el agua del río Verde.»
Resaltaron que con estas negociaciones entre Jalisco y Guanajuato, su gobierno está incumpliendo, totalmente, la Recomendación 50/2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el pasado 7 de enero; y que fue aceptada por el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, el 5 de febrero del año en curso.
«Usted sabe Enrique Alfaro que la Presa el Zapotillo no es la solución a mediano y largo plazo para el abastecimiento del agua, sabe que es una obra corrupta y muy costosa. Jalisco y su gobierno perderá más en caso de seguir adelante con este proyecto»; resaltaron las organizaciones.
Ante ello, solicitaron a el Gobernador de Jalisco dar a conocer a las comunidades afectadas y productores de los Altos, de manera inmediata, los acuerdos, estudios y propuestas técnicas entre el Gobernador de Jalisco y Guanajuato sobre la distribución del agua del río Verde y la Presa Zapotillo – Acueducto Zapotillo León.
Aunado a que se detengan las negociaciones de Jalisco con Guanajuato y se cumpla con la Recomendación 50/2018, específicamente las recomendaciones novena y duodécima donde se exige al gobierno mantenga reuniones periódicas, tanto informativas como de consulta con los representantes, asociaciones o grupos de la sociedad civil, expertos y profesionales interesados, o integrantes de las comunidades y se compruebe con peritajes técnicos independientes la seguridad y no inundación de la comunidad de Temacapulín con una presa con altura de cortina de 80 metros.
Desde el 2015 ñ, que fue anunciada la construcción del proyecto Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, iniciaron una lucha contra este megaproyecto, que hasta la fecha a costado más de 27 mil millones de pesos y que de concluirse, inundaría a estas comunidades así como miles de hectáreas de cultivo para beneficiar a las empresas y compañías nacionales y trasnacionales inversionistas del proyecto Puerto Seco o “Guanajuato Puerto Interior”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su breve saludo de este viernes en Osaka con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para agradecerle su “increíble” trabajo a la hora de contener la inmigración de centroamericanos en la frontera sur de México, según explicó hoy.
“Me reuní con México, con sus representantes, que han hecho un trabajo increíble. Lo aprecio y quiero darles las gracias por ello. Tienen 6 mil tropas en su frontera sur, es muy difícil entrar ahora”, dijo Trump durante una conferencia de prensa al término de su participación en la cumbre del G20, en Osaka.
El mandatario confirmaba así que este viernes conversó con Ebrard, quien representaba a México en la cumbre junto al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, antes de que comenzara la cita de jefes de Estado y de Gobierno en Osaka.
El jefe de la oficina del canciller mexicano, Fabián Medina, ya había informado este viernes del saludo en su cuenta de Twitter, en la que lo describió como un “encuentro amistoso” e incluyó una foto de Trump junto a Ebrard.
“La relación de México con nuestro vecino del Norte llegará a buen puerto en este encuentro”, tuiteó también Medina.
Ese contacto, agregó, fue para seguir con el diálogo que hubo hace varias semanas en Washington entre representantes estadounidenses y mexicanos, estos últimos liderados por Ebrard, para evitar que la Casa Blanca impusiera nuevos aranceles a México.
El acuerdo alcanzado en Washington implicó la ampliación a toda la frontera común de un programa que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México hasta que haya una decisión de las autoridades estadounidenses sobre su petición, un proceso que puede tardar meses o años.
Además, después de que se alcanzara ese pacto, México inició el despliegue de unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad compuesto por militares, marinos y policías- en la caótica frontera de ese país con Guatemala, para contener la entrada de indocumentados.
El pacto cerrado en Washington prevé que a los 45 días se inicie una evaluación de las medidas adoptadas y que se concluya a los 90 días, tras los cuales Estados Unidos podría imponer aranceles si no está satisfecho con el resultado en materia migratoria.
“México está haciendo un trabajo realmente (bueno)”, subrayó hoy Trump, y opinó que el país vecino también está intentando “anegar a los cárteles” de la droga.
Trump también confirmó que planea seguir adelante con su amenaza de hacer redadas masivas contra familias indocumentadas que se encuentran en el interior de Estados Unidos si no hay un acuerdo esta semana en el Congreso estadounidense para reformar el sistema de asilo.
“Deportaremos a grandes cantidades de personas a partir de algún momento después del 4 de julio”, el próximo jueves, aseguró el presidente.
FLUJO. Los migrantes tienen necesidades básicas, mientras tanto seguirá el arribo de esta comunidad a las fronteras. Fotografía: El Mañana.
Miguel Jiménez / El Mañana
Temen siga en aumento su arribo
Matamoros, Tam.- Las principales necesidades que tienen en estos momentos los migrantes que se encuentran varados en los puentes internacionales de Matamoros son las básicas, consideró la presidenta de la Asociación Civil “Ayudándoles a Triunfar”.
Gladys Edith Cañas Aguilar así mismo afirmó que la llegada de migrantes a las ciudades fronterizas como es el caso de Matamoros no se va a detener, pese a las miles de tragedias que se presentan al momento de intentar cruzar de manera ilegal el río.
La activista aseguró que lejos de detenerse esta migración, se han unido residentes de otros países que están llegando a Matamoros o las fronteras para cruzar a los Estados Unidos.
Manifestó que la última lista que se dio a conocer habían llegado dos mil 165 personas de diferentes nacionalidades.
“Pero ahora no sólo están llegando de Centroamérica, sino también ya hay Rusos, Haitianos, Africanos y Venezolanos, esto quizás por cuestiones de inseguridad y delincuencia que se está viviendo en sus países “, dijo.
Resaltó que en lo que se refiere a las condiciones en que se encuentran los migrantes no son las más adecuadas, les hacen falta los servicios básicos, sin embargo hay quienes tienen el sustento económico y se van a hoteles o en algunos otros lugares a esperar su turno.
Recordó que los riesgos a los que se enfrentan los migrantes inician desde que salen de su país, no sólo en la frontera se vive con este problema, ellos son conscientes de esos y aún así se arriesgan hasta llegar a la frontera.
Persiste el arribo no solamente de centroamericanos
Matamoros, Tam.- La migración de personas de otros países que llegan a la frontera con intenciones de cruzarse hacia los Estados Unidos no se detendrá pese a las tragedias, como la sucedida esta semana en Matamoros, donde un salvadoreño y su pequeña hija se ahogaron en el río Bravo, aseguró el Padre Francisco Gallardo López.
El responsable de la Casa del Migrante señaló que en estos momento el albergue de esta frontera se encuentra en una capacidad del 50 por ciento, teniendo familias centroamericanas e incluso una familia rusa.
Resaltó que durante el día, familias que se encuentran albergadas se van al Puente Nuevo a esperar por si les llaman para su entrevista por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
“Ya por la tarde-noche regresan al albergue donde pasan la noche ya que se sienten más seguros que pasar la noche en la entrada del Puente Nuevo, aunque hay quienes sí se quedan ahí esperando”, dijo.
Destacó que tragedias como lo sucedido el domingo en donde un padre y su hija se ahogaron en el Río Bravo, es parte de una desesperación que se tiene por querer ingresar a los Estados Unidos.
Gallardo López finalizó que lamentaron mucho esta pérdida en donde la familia quedó destrozada, la esposa inconsolable y no lograron cumplir su sueño.
No tenía autorizaciones ambientales: Covarrubias R.
El asesor jurídico Carlos Covarrubias Rendón, informó que en cerca de cien hectáreas ubicadas en el Ejido Palma de la Cruz la Minera San Xavier (MSX) dejó un tiradero clandestino sin haber tenido siquiera autorizaciones ambientales.
Señaló que son miles de toneladas de desechos sulfurosos los que fueron arrojados, mismos que ni tienen una posibilidad mínima de remediación, e indicó que en las autorizaciones de uso de suelo otorgadas en mayo del año 2,000, y las cuales fueron emitidas por el gobierno de Fernando Silva Nieto, se hizo pasar a Palma de la Cruz como parte de Cerro de San Pedro, y que además el gobierno federal convalidó este engaño en complicidad con representantes ejidales corrompidos que manipularon y se burlaron sin ningún pudor de la Ley.
Ante esta situación el asesor jurídico y principal representante del Frente Amplio Opositor (FAO), recordó algunas palabras del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su más reciente visita a nuestra ciudad, en las que refirió que a pesar de que a algunas personas ya se les ha olvidado, a él (AMLO), aún no se le ha olvidado que hubo autoridades que dieron permiso para una mina y que acabaron con el Cerro de San Pedro.
Destacó además que López Obrador se comprometió a que nunca más se va a permitir que se destruya el territorio, que se destruya la naturaleza y el medio ambiente, ya que no puede haber ningún interés personal o de grupo por encima del interés de la Nación, ni por encima del interés del pueblo, y ni mucho menos por encima de los intereses de los mexicanos de esta generación y de las que vienen después de nosotros, enfatizando que es por eso que se va a defender el medio ambiente.
En el mes de julio le corresponde a Matamoros recibir las deportaciones que suceden en Estados Unidos y hasta el momento, se han registrado 250 personas deportadas. Fotografía: Ángel Arias
Agentes de migración de Texas, cerraron el paso en el Puente Internacional Reynosa Hidalgo a consecuencia de unamotinamiento por parte de migrantes. Fotografía: Rosalía Quintá
Fotografía: Pulso
Fotografía: El Heraldo SLP
Fotografía: El Heraldo SLP
Fotografía: Plano Informativo
Fotografía: Pulso
A SALVO. Los centroamericanos desistieron de su intención de llegar a la frontera. Fotografía: El Mañana
Fotografía: Quadratín SLP
Fotografía: Quadratín SLP
Fotografía: El Mañana de Nuevo Laredo
Fotografía: El Heraldo SLP
FLUJO. Los migrantes tienen necesidades básicas, mientras tanto seguirá el arribo de esta comunidad a las fronteras. Fotografía: El Mañana.
Fotografía: El Heraldo SLP