Ser otomí aquí y allá en los tiempos del COVID-19 (parte 1 de 2): La comunidad otomí en la Ciudad en México llama a solidarizarse
Ante la gravedad de su situación solicitan víveres, enlatados, agua, leche y artículos de aseo personal, papel de baño, alcohol y gel. El centro de acopio está en la Calle de Guanajuato 200, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc y la cuenta en la que se puede depositar apoyo económico es la tarjeta No. 4766 8412 0642 3694 de Citibanamex Saldazo, a nombre de Roberto Anastacio Pedro.
Colectivo Grieta, 13 de abril, 2020.
Se ha señalado que en tiempos de crisis como los que se viven hoy en día son las comunidades más vulnerables las que, por lo regular, llevan la peor parte. Y en el caso de la comunidad otomí que radica en campamentos en la Ciudad de México, la contingencia por la pandemia del COVID-19 está pegando con fuerza. En sus propias palabras “La situación que se está viviendo en este momento es muy difícil porque no hay para comer.”
Debido a la contingencia sanitaria no pueden salir a trabajar por lo que su única alternativa ante esta crisis ha sido buscar el apoyo de redes y organizaciones para recibir acopio y poder sobrevivir. “No hay para comer y los niños de la comunidad dependen de este apoyo solidario. El gobierno dice que tenemos que lavarnos las manos, cuando realmente no tenemos agua. El gobierno dice que hay que guardar distancia cuando tenemos que dormir apretados en un campamento,” explican.
“No tenemos donde vivir por eso tenemos que seguir viviendo en campamentos porque el mal gobierno no nos quiere dar una solución y mucho menos una vivienda digna”.
Hacer memoria del cúmulo de agravios
Las condiciones de precariedad a las que se enfrentan las familias otomíes que habitan estos campamentos no son resultado de su “mala fortuna” sino más bien del desmantelamiento del campo mexicano y la consecuente necesidad de emigrar, la falta de vivienda digna para las comunidades indígenas, la especulación immobiliaria y la gentrificación.
La lucha de la comunidad otomí por una vivienda digna es larga (aquí se puede consultar un breve documental sobre la vida de otros miembros de esta comunidad en el corazón de la colonia Roma) y, a menudo, ha estado articulada con otras iniciativas organizativas de los pueblos originarios, en particular con el CNI (Congreso Nacional Indígena).
La situación de crisis que se vive en el campamento ubicado en Roma 18 en la colonia Juárez, se puede remontar al sismo del 2017. Ese año, el sismo provocó daños estructurales en la casona en la que habitaban 90 familias otomíes y esto las orilló a tener que montar un campamento en la calle, tal como lo hicieron muchos otros damnificados por el terremoto. Sin embargo, lejos de poder acceder a fondos de reconstrucción de vivienda, la comunidad otomí fue despojada de su predio justo al momento en que cumplían un año de estar viviendo a la intemperie.
Dando muestra de la voracidad de las inmobiliarias ante la tragedia del sismo de 2017, la Inmobiliaria Eduardo argumentó que el “dueño original” del predio habitado por las familias lo había reclamado y tomó posesión del mismo con lujo de violencia y sin ningún documento legal de por medio.
Así el 19 de septiembre de 2018 un grupo de granaderos arremetió contra las personas del campamento y permitió que la Policía Bancaria e Industrial ocupara el predio y destruyera las pertenencias de estas familias que lo habían habitado por 20 años, incluidas sus artesanías, útiles escolares y uniformes de los niños, así como los papeles que podrían haber ayudado a defender legalmente su caso.
Desde ese momento, estas familias otomíes viven a la intemperie, sin acceso al agua y bajo la amenaza constante de desalojo, sufriendo el racismo y desprecio de los vecinos de la zona quienes, a menudo, han sido los primeros en solicitar que los quiten de ahí.
Hasta el momento, el desalojo se ha pospuesto en parte gracias a un documento que los ampara, además de la red de apoyo con la que cuentan a través del Congreso Nacional Indígena y las redes solidarias con quienes se organizan.
La amenaza del desalojo
Desde principio de este año, la comunidad otomí denunció el incremento de las agresiones por parte de los vecinos de la zona (una zona de alto poder adquisitivo), quienes empezaron a pedir un segundo desalojo bajo el argumento de que eran invasores, narcotraficantes, “rateros” y que “afeaban la calle”. Las compañeras otomíes denunciaron en ese momento que había vecinos quienes les habían puesto veneno de rata y quienes habían llegado hasta a echarles agua hirviendo desde sus ventanas a los niños de la comunidad quienes juegan en la calle a falta de un mejor lugar en dónde hacerlo.
A petición de algunos de estos vecinos también les clausuraron una fuente cercana que les había servido para abastecerse de agua para suplir sus necesidades básicas como el lavado de manos.
La demanda de la comunidad desde 2017 ha sido simple: vivienda digna. Ellos explican que esta vivienda no la quieren regalada, sino pagada, pero desde hace ya casi tres años, el gobierno de la Ciudad de México -en administraciones encabezadas tanto por Miguel Ángel Mancera como por Claudia Sheinbaum- no ha hecho más que darles largas y hacer promesas con las que no ha cumplido.
En un comunicado reciente denunciaron que, apenas tomó su cargo en el 2018 Larisa Ortiz Quintero al frente de la SEPI (Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes), la funcionaria recorrió tres predios habitados por comunidades otomíes (Roma 18 en la colonia Juárez; Guanajuato 200 y Zacatecas 74 en la colonia Roma) en donde prometió levantar censos, dar apoyos económicos y ayudar con carpas, pipas de agua y sanitarios móviles. Pero a decir del comunicado todo fue “pura promesa”: “Hasta la fecha no hemos recibido absolutamente nada. Desde la llegada de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19) la comunidad ha sido afectada ya que nosotros tenemos que trabajar en la calle para sostener a nuestras familias y vivimos al día”.
En el comunicado mencionaron los apoyos ofrecidos por la SEPI, al igual que por el gobierno del Claudia Sheinbaum, a los cuales no pueden acceder ya que están condicionados a su incorporación al padrón del SEPI o a la entrega de documentación que avale que tienen un local, requisitos con los cuales no cumplen, ya que su comunidad se dedica al comercio ambulante de artesanías, manzana de chamoy y limpieza de parabrisas en la vía pública. En el comunicado aclaran que “nadie de la comunidad de estos tres campamentos ha recibido nada del gobierno”.
La organización comunitaria y la supervivencia
El desmantelamiento del campo y la falta de oportunidades laborales hicieron que muchas de estas familias migraran desde su comunidad de origen, Santiago Mexquititlán, hacia la ciudad en busca de trabajo, escuelas y lugares donde habitar. Sin embargo, pese a que dejaron atrás su núcleo geográfico, algo que persiste entre los miembros de la comunidad otomí en la Ciudad de México es su sentido de identidad, en torno a la cual se organizan y apoyan. Ellos lo explican claro: “No es tan fácil corrernos porque tenemos organización.”
Los predios que han ocupado desde hace más de 20 años los han habitado, no como familias nucleares individuales, sino como una comunidad amplia con un tejido y una identidad firmemente establecida. Para vivir en la ciudad, las familias otomíes de los tres predios arriba mencionados se organizan para sortear las dificultades que les impone el día a día (las cuotas que cobran las alcaldías, los desalojos, etc.) También se organizan para acudir a las marchas, como las de cada 26, a las que acudieron en apoyo a las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, o las protestas por la memoria de Samir Flores Soberanes. También se coordinan en sus viajes para surtir productos, llevar a los niños a la escuela, etc. Todos los niños de esta comunidad asisten a la escuela Alberto Correa, una escuela autónoma otomí en la calle de Monterrey, en la colonia Roma, que también está bajo amenaza constante de cerrarse.
En este sentido, los miembros de esta comunidad explican que las opciones que se han abierto para ellos han venido de la organización: en el momento del desalojo fueron las organizaciones quienes los apoyaron y, hoy en día, son las redes y organizaciones quienes están apoyando con la campaña de víveres para que puedan sortear la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la situación es muy difícil.
En su comunicado explican que están sobreviviendo “gracias a la solidaridad de las organizaciones, colectivos e individuos y del pueblo consciente, ya que nos han apoyado con despensa y apoyos económicos. No nos han dejado solos.”
Sin embargo, esto no impide que denuncien la responsabilidad que tienen los gobiernos para proteger a quienes lo necesitan. Y así afirman en su comunicado: “Hoy queremos decirle al gobierno local y federal que si no nos mata el COVID-19, nos matará el hambre. Hacemos responsables a las autoridades de lo que nos llegue a suceder como habitantes de la comunidad, porque ustedes tienen la obligación constitucional de apoyar y ayudar a todos los pueblos y comunidades indígenas de México, y no sólo a quienes son parte de sus militantes u organizaciones del partido.”
Además de responsabilizar “a Claudia Sheinbaum Pardo, de la grave situación que vive la Comunidad Indígena Otomí, para hacer frente a la crisis de salud pública”, la Comunidad Indígena Residente en la CDMX invita a solidarizarse con ellos ya que su situación es grave debido a que en el campamento viven “varias personas adultas mayores, madres embarazadas, compañeras con capacidades diferentes, compañeros con padecimientos de salud, niños, y bebés recién nacidos.” Su solicitud es que la gente solidaria apoye a través del acopio de víveres, enlatados, agua, leche y artículos de aseo personal, papel de baño, alcohol y gel. El centro de acopio está en la Calle de Guanajuato 200, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc y la cuenta en la que se puede depositar apoyo económico es la tarjeta No. 4766 8412 0642 3694 de Citibanamex Saldazo, a nombre de Roberto Anastacio Pedro.
