Los militares que dispararon contra Javier y Jacob están identificados, pero siguen libres y sin ser acusados (Tamaulipas)

Alberto Pradilla/Animal Político
12 abril 2021

Javier y Jacob son dos de las 10 personas muertas a manos del Ejército en Nuevo Laredo durante los últimos meses, según el Comité de Derechos Humanos del municipio. No hay militares detenidos ni formalmente acusados por sus casos.

Tamaulipas, el 27 de febrero. Salió de casa junto a tres amigos después de pasar la tarde en familia, pero fue acribillado por disparos del ejército. Los militares que apretaron el gatillo reconocieron su responsabilidad ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque se excusaron afirmando que la víctima iba armada y les había atacado. Las pruebas efectuadas por el Ministerio Público desmintieron esta versión. A pesar de que han transcurrido más de un mes desde aquel homicidio los uniformados siguen en libertad y sin que se haya formalizado una acusación en su contra.

“No puede ser que sigan libres. Estamos pidiendo justicia para que paguen por lo que hicieron. Yo antes pensaba que el ejército estaba para protegernos”, dice su viuda, Angélica, de 26 años.

En los últimos meses se han registrado al menos diez muertes a manos del Ejército en Nuevo Laredo, según datos de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos del municipio tamaulipeco. Los últimos casos son el asesinato de Javier, ocurrido en febrero, y la de Jacob Rodríguez, de 21 años, tiroteado el 10 marzo cuando acudía con su esposa embarazada para realizar una ecografía, según reveló El Universal. No hay un solo militar detenido ni encausado por estos hechos.

A esta serie de asesinatos se le suma la muerte de dos personas tras recibir disparos de la Guardia Nacional el pasado 8 de abril.

Javier era comerciante, trabajaba con su hermano en una boutique donde vendían ropa y zapatos. Le gustaba el fútbol, era seguidor del América y pasaba los fines de semana viendo películas y series con su esposa Angélica. Apenas hace ocho meses habían sido padres y su plan era ver crecer a la familia. Todo se vino abajo el 27 de febrero, cuando los soldados dispararon contra el vehículo en el que viajaba el joven y acabaron con su vida.

“Este es un dolor muy fuerte. Él siempre fue responsable con su familia. Teníamos el anhelo de ver crecer a nuestro niño y nos lo arrebataron”, dice Angélica.

El relato de los hechos según el parte de los militares fue que alguien les atacó desde el vehículo en el que viajaba la víctima con otros tres amigos y que ellos se limitaron a repeler la agresión. Según esta narrativa, que quedó por escrito en el parte adjunto a la carpeta de investigación, en el coche se incautó un arma larga y varios cargadores. Sin embargo, el MP realizó pruebas de radizonato de sodio, que determinan si alguien disparó un arma por los restos de pólvora que quedan en las manos, y dieron negativo. Es decir, ahí solo apretaron el gatillo los militares.

En su declaración, el cabo Ranulfo Citlalan Martínez y el soldado José María Ortiz reconocieron haber disparado hacia las llantas del coche, aunque siempre argumentando que fue en defensa propia. El teniente Alejandro González Leyva, que estaba al frente del operativo, negó haber usado su arma.

Tras probarse que nadie les había agredido habrá que determinar de dónde salió el arma que dicen los soldados que incautaron en el coche. Los tres sobrevivientes aseguran que se la sembraron y, de hecho, uno de ellos fue detenido y posteriormente puesto en libertad ya que el juez no creyó en la versión del ejército.

“Le sembraron un arma y no quisieron ayudarle cuando estaba herido. ¿No tienen sentimientos?”, dice Angélica. Su esposo estuvo 35 minutos con constantes vitales después de recibir dos balazos. Ella cree que si la hubieran conducido rápidamente al hospital quizás hubiese logrado salvar la vida.

Además de las pruebas realizadas por el MP que descartan la agresión previa existe otro dato relevante que muestra la responsabilidad del Ejército. Días después de los hechos, una delegación castrense visitó a Angélica y le ofreció una indemnización y hacerse cargo de los gastos funerarios. Según le dijeron, aceptar la ayuda no implicaba desistir del proceso penal. Pero ella no se fía y rechazó el ofrecimiento.

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