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Impunes, casos de violencia obstétrica (Zacatecas)


MIRIAM SERRANO, FRANZELY REYNA Y ALBERTO MORONES/NTRZACATECAS.COM
Cuatro años se prolongó la lucha de María Guadalupe Acosta Carmona, quien busca que la muerte de su hija no quede impune y que el Hospital de la Mujer Zacatecana reconozca el daño que le causó a su familia.

Denunció que nadie le aclaró el deceso de su bebé, ocurrido a días de que naciera, mientras que ella aún padece las secuelas de la cirugía que le practicaron en este nosocomio, acompañada siempre por el dolor a causa de perder a su pequeña.

NTR Medios de Comunicación dio cuenta de los hechos desde que ocurrieron, en 2014, y ahora la afectada reitera que sigue sin obtener justicia.

Éste fue el primer caso catalogado como violencia obstétrica en el estado, ocurrido durante la administración de Miguel Alonso Reyes, con Gilberto Breña Cantú como director del Hospital de la Mujer; hoy, el funcionario es titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).

Archivada

En la silla que ocupó Gilberto Breña, cuando falleció la hija de María Guadalupe, hoy se encuentra Carlos Quevedo Sánchez. El actual director del Hospital de la Mujer Zacatecana desconoció el caso que arrastraba la administración anterior y la resolución que la CDHEZ emitió contra el nosocomio que encabeza, en 2016, el año de la transición.

Incluso, el funcionario aseguró que, al día de hoy, no tienen resoluciones por negligencia médica. Minimizó las quejas contra el hospital con la justificación de que los pacientes o familiares no admiten las explicaciones que se les dan sobre los procedimientos y las normas que aplican.

Sin especificar números sobre sus aseveraciones, afirmó que la tasa de mortandad de neonatos está por debajo de la media nacional y que la mayoría de estos fallecimientos son por malformaciones congénitas o porque los bebés son prematuros.

En entrevista, lo respaldó el subdirector Francisco Javier Basurto, quien añadió que muchas de las quejas que tienen los usuarios son por inconformidad o mala información.

Reconoció que la CDHEZ realizó investigaciones, pero presumió que la mayoría de las resoluciones son favorables para la institución y que, en lo que va del año, sólo tienen dos quejas interpuestas ante la comisión.

En contraste, reconoció que por la vía judicial hay “entre ocho y 10” investigaciones abiertas, aunque apuntó que éstas se deben a que el proceso judicial es muy lento.

Al igual que Quevedo Sánchez, expuso que tienen muchos casos de niños con malformaciones congénitas, por lo que calificó el número de defunciones de neonatos como variable; además, dijo que se debe considerar que este centro concentra pacientes de todo el estado e incluso de otros, como San Luis Potosí y Aguascalientes.

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María Guadalupe aseguró que se mantendrá en pie de lucha hasta que los responsables paguen. Como si el tiempo no hubiese pasado, recuerda con angustia cuando dio a luz a una niña, el 3 de julio de 2014.

El nacimiento fue por vía cesárea, pues el parto se complicó debido a que la bebé sufrió taquicardia. Acosta Carmona no olvida la confusión y que le dijeron que todo estaba bien después del proceso, pero nunca le dejaron ver a su hija.

En medio de la incertidumbre, vino el dolor físico. Luego de permanecer en el Área de Recuperación, la mujer sintió un dolor muy fuerte por el que ingresó nuevamente a quirófano, ya que le habían dejado residuos dentro de la matriz, por lo que señala que hubo negligencia en la intervención.

Acosta Carmona permaneció cinco días internada y, en todo ese tiempo, jamás pudo ver a su pequeña, con la excusa de que recibía atención médica.

Cuando la mamá fue dada de alta, le informaron que su bebé estaba en cirugía porque se le había reventado un intestino. Después la tuvo 15 minutos consigo y entonces se percató de que la herida de la operación estaba cubierta sólo por un pedazo de cinta transparente; no la habían suturado.

Ésa fue la última vez que la vio con vida. “Nadie me explicó qué sucedió”, lamentó la madre, luego el llanto cortó su voz. El 10 de julio de 2014 le informaron que la menor murió a las 11:55 horas, se la entregaron hasta las 15 y “con el cuerpo muy maltratado”, acusó.

La pequeña fue su cuarto hijo, el único que nació en el Hospital de la Mujer Zacatecana, en Guadalupe, y la madre calificó la experiencia como la peor que padeció en su vida.

Sin embargo, el calvario no terminó desde entonces. Dos meses después de los hechos, los problemas de salud de la mujer se intensificaron; contó que la herida de la cesárea le supuraba y sufría un problema intestinal, todo como consecuencia de una mala atención médica.

Desde entonces, Acosta Carmona debió someterse a varios tratamientos, con distintos especialistas, para obtener un poco de alivio a sus heridas, aunque la de la pérdida de su hija, reitera, no la puede superar.

Carencias

María Luisa Sosa de la Torre, representante de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges en Zacatecas, informó que una de las formas de violencia contra las mujeres es que existen deficiencias en los servicios de salud para el sector.

Señaló la falta de cobertura y la urgencia de la descentralización, pues dijo que la oferta no debe concentrarse en los hospitales de la capital y se debe mejorar la asistencia rural. Además, subrayó la necesidad de actualizar al personal, desde los pasantes hasta los especialistas, en atención focalizada a mujeres, para que respeten sus derechos.

Enfatizó que una de las peticiones que los colectivos feministas hicieron al gobierno del estado es que se ofrezcan todos los servicios médicos que las mujeres requieren, con especial cuidado en los relacionados con la ginecobstetricia.

En este caso, Sosa de la Torre criticó que el Hospital de la Mujer Zacatecana esté dirigido por un hombre, al considerar que “no es lo mejor” y que éste debe de demostrar que está capacitado, en todos los sentidos, para atender problemas específicos del sector y esto no se comprobó.

Tras varias iniciativas acumuladas en la llamada congeladora, hasta mayo de 2018, la LXII (62) Legislatura aprobó, con 22 votos a favor, el dictamen para adicionar y precisar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e incluir la obstétrica como una nueva modalidad.

La diputada María Elena Ortega Cortés, presidente de la Comisión de Equidad entre los Géneros, resaltó que con ello se determinó que agresiones como las que sufrió María Guadalupe son una forma de violación a los derechos humanos del sector.

Puntualizó que ahora se consideran como “actos constitutivos de violencia” no atender de manera oportuna y eficaz las emergencias obstétricas, así como obligar a parir en posición supina y con las piernas levantadas, ya que se tienen los medios para promover el parto vertical.

Asimismo, se incluye la obstaculización del apego entre madre e hijo sin causa médica justificada, al negarle la posibilidad de que cargue al bebé inmediatamente al nacer.

También se considera como violencia obstétrica que se altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración y la práctica innecesaria de cesáreas, sin que se tenga causa médica y el consentimiento voluntario y expreso de la paciente.

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En busca de respuestas, el 9 de septiembre de 2014, María Guadalupe acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), para interponer una queja en contra del nosocomio donde la atendieron. Además, el 12 del mismo mes y año, presentó la denuncia correspondiente ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Dos años tuvieron que pasar para que la CDHEZ le diera la razón. El organismo recomendó seis puntos a las autoridades de salud, entre los que están dar una disculpa pública a la paciente, indemnizarla, darle atención médica para sanar sus secuelas físicas y psicológicas e implementar una campaña informativa sobre el tema cada seis meses en el hospital.

Pero no se le cumplió. María Guadalupe añadió que también acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), donde la recibieron, y tampoco la apoyaron.

En cambio, comparó, fue acogida por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). La organización de la sociedad civil le brindó, de manera gratuita, asesoría legal y psicológica para continuar en lucha.

Siguen casos

La actual administración, que hizo secretario de Salud al ex director del Hospital de la Mujer, acumula más de cinco quejas por violencia obstétrica en la CDHEZ, informó la presidente del organismo autónomo, María de la Luz Domínguez Campos.

Cuando el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, tomó el mando, la queja que interpuso María Guadalupe contra el Hospital de la Mujer Zacatecana derivó en una recomendación por violencia obstétrica, en específico.

Domínguez Campos detalló que se vulneraron los derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia. La denuncia fue por la conducta del personal de nosocomio y se resolvió a favor de la afectada.

La CDHEZ recomendó que “se inscribiera a la mujer en el Registro Estatal de Víctimas para que, en un plazo de un año, se le indemnizara. Pero, hasta el momento, esto no ha sucedido. Se suscribió, además, que la víctima recibiría atención psicológica y médica por las afectaciones a su salud, lo que tampoco se ha hecho”.

Otro de los puntos establece brindar capacitación permanente a personal médico y enfermería para emergencias obstétricas, en relación con los derechos de los infantes, para el más alto nivel posible de salud durante el embarazo, parto y puerperio.

María de la Luz Domínguez anunció que, a cuatro años de sucedidos los hechos de la primera queja por violencia obstétrica en el estado, se enfocan en capacitaciones para el personal.

La comisión trabaja “en conjunto con la Secretaría de las Mujeres (Semujer) y de Salud (SSZ) para impulsar una campaña intensiva para la prevención de esta violencia, con todo el personal y servidores públicos del sector salud, para que se concienticen que deben dar un trato humanizado a las mujeres, pues en ellos se deposita la vida de personas”, refirió.

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Cuando NTR difundió el caso, personal del Hospital de la Mujer Zacatecana habló de las malas condiciones del lugar, como falta de camas y escasa higiene, así como de prácticas prohibidas, entre ellas la episiotomía, la administración de medicamentos para acelerar las contracciones, tactos innecesarios y ayuno obligatorio antes y después del parto.

Asimismo, se reveló la falta de preparación del personal y bajos salarios, abusos y humillaciones a pacientes, inexperiencia de médicos y falta de vigilancia a internos, lentitud en servicios y mal manejo de archivos.

Por ello, María Guadalupe recalcó que no se detendrá. Uno de sus principales objetivos es que cambie la atención en el nosocomio, pues confirmó que ahí reciben malos tratos, burlas, gritos, ofensas y “eso no debe ser”, además de que recordó las consecuencias físicas que padeció por las intervenciones a las que fue sometida.

Con tristeza, advirtió que nota riesgos en su empeño, por lo que responsabilizó a las autoridades del nosocomio si le sucede algo a ella o a su familia; aun así, advirtió, llevará el proceso hasta sus últimas consecuencias.

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