Exigen certeza sobre los acuerdos de El Zapotillo
Juana María Ramírez
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, exige a las autoridades del Estado se respete la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para apegarse al proyecto original de la presa el Zaptillo y se les garantice el respeto a los derechos de las comunidades, que las autoridades cumplan con esta disposición y realicen todas las modificaciones necesarias para asegurar que sus derechos no sean transgredidos por este megaproyecto. La SCJN emitió una suspensión para que la cortina de la presa no rebase los 80 metros de altura.
Insisten los pobladores en la necesidad de que el estudio que lleva a cabo la UNOPS-PNUMA (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) incorpore la participación y contraloría ciudadana durante todo el proceso. Los pobladores de dichas comunidades señalan su desconfianza a todo lo que ocurre en torno de la obra, pues tanto el gobierno Estatal como Federal han derrochando los recursos de los contribuyentes en beneficio de unas pocas empresas, señalando directamente al convenio contraído con la UNOPS-PNUMA con un costo de 4.6 millones de dólares para la realización del estudio que lleva a cabo y que a final de cuentas llega tarde al conflicto, con lo que representa más dudas que certezas, ya que no será vinculante y carece de instancias de participación y contraloría ciudadana.
“Consideramos que las mesas o espacios de diálogo no son un dispositivo suficiente para mantener la interacción de los actores miembros de la sociedad civil con el proyecto, ya que a la fecha se han realizado muchas sin que sean tomadas en cuenta las alternativas generadas, por ello demandamos se especifique el mecanismo que usará la UNOPS-PNUMA para documentar y hacer valer efectivamente el derecho a la participación de los pueblos y actores involucrados en el conflicto de la presa el Zapotillo”, señalan.
Agua para león
Además recordaron el gasto absurdo con fondos públicos del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Enrique Torres López, quien en enero del presente año aseguró haber transferido alrededor de 700 millones de pesos a la empresa española Abengoa responsable de la construcción del Acueducto Zapotillo-León, que está en riesgo de quiebra y está siendo investigada por sus malos manejos, “Es inaudito que el Estado mexicano juegue el papel de rescate a las grandes corporaciones que despojan y privatizan el agua en el mundo”.
Señalaron que a tres años del compromiso que Aristóteles Sandoval hiciera como candidato y después reiterara como gobernador con Temaca, sigue sin cumplirlo, contrario a eso, posteriormente cambió de postura y había anunciado que las poblaciones irremediablemente tendrían que inundarse, anunciando una amenaza de desalojo forzoso de las comunidades, “contradiciendo con esto sus propias palabras, lo que hace evidente el doble discurso que siempre ha manejado el gobernador sobre el proyecto”, por lo que exigen una definición de una vez por todas, “Temacapulín no lo olvida y sigue de pie, luchando por la defensa de su territorio y los bienes naturales de los pueblos.